El anuncio del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón de tempranos proyectos para modificar la regulación en materia de matrimonio y divorcio, abre puertas a la esperanza. Pensar que entre las primeras materias que considera necesario reformar están éstas, verdadero eje del Derecho de Familia, alienta la ilusión de una revisión imprescindible. Esperemos que esta expresión de contento no sea como la de aquel niño, verdadero campeón del optimismo, que cuando -por su mala conducta- recibió de los Reyes Magos, llenando una caja de cartón, una gran boñiga, en respuesta a su petición de un caballo, exclamó lleno de alegría: «Ya está por aquí el jamelgo».

Bien es verdad que la noticia aparece justificada como medida de mejora de la administración de justicia y el matrimonio, aunque, por de pronto, poco tiene que ver con ella. Los jueces no casan. Únicamente lo hacen los encargados del Registro civil y aun eso no en exclusiva, porque comparten esta función con todos los alcaldes y sus delegados. Encomendarlo a los notarios no sé si va a ser bien acogido por éstos, pese a la reducción de ingresos que padecen, especialmente si consideran que, tratándose de un acontecimiento social, habrán de hacer frente a numerosos asistentes invasores que, encima, rocían de arroz a contrayentes e invitados.

En cuanto a los divorcios, naturalmente se trata de circunscribir el cambio competencial a los de común acuerdo, a los que jamás puede hacerse responsable de las dilaciones y tardanzas que sufre nuestra sociedad. De cualquier forma, no olvidemos que no basta con la expresión de la voluntad disolutoria por parte de los cónyuges, sino que han de acompañar un convenio regulador de las consecuencias -muchas y muy trascendentes- de la terminación del matrimonio, para ellos y para sus hijos, así como para terceros, acreedores y otros. Este convenio ha de ser aprobado tras comprobar que abarca toda su extensión material de acuerdo con la ley, en cuyos márgenes se inscribe. Así se incorpora a la sentencia, para poder ser después ejecutado en los casos -abundantes- en que los concordantes olvidan cumplirlos.

Naturalmente, siempre que existan hijos menores o que estén incapacitados, el convenio ha de pasar por un filtro en defensa de estos intereses, a cuya protección no puede renunciarse. El hecho de que en la actualidad esté encomendada a los fiscales -de muy irregular eficacia por defectos legales para propiciar el conocimiento de los protegidos y por sus reiteradas ausencias debidas a la insuficiencia de medios personales- y se fundamente en equipos psico-sociales, que ni siquiera están incluidos entre el personal al servicio de la Administración de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no justifica que se prescinda de todo.

Está bien que el ministro llame la atención sobre estos temas, en los que la lentitud constituye uno de los defectos más llamativos. Pero no nos engañemos. La Justicia es mala, en primer lugar porque las leyes son malas. Textos incompletos, contradictorios y de infame redacción, complicados ahora por diversidades autonómicas de compleja aplicabilidad, propician interpretaciones diversas y aplicaciones distintas. La inseguridad jurídica está servida. La doctrina se construye al ritmo del recitado de un triste depende aplicado al quién, al cómo y al cuándo.

Por cierto, confiamos en que una mención en algún medio de comunicación de que se pretende aprovechar para regular matrimonio y divorcio la inclusión de la nueva normativa en la futura Ley de Mediación sea sólo un despiste informativo. Ya tenemos bastantes textos legales enmascarados bajo el título de leyes que nada tienen que ver con su contenido; lo que el gran jurista Federico Carlos Sainz de Robles llamaba «el perverso juego del escondite de las leyes».

En segundo lugar, es deficiente porque los administradores de justicia carecen de los conocimientos y experiencias suficientes al no existir la más que elemental especialización; de todos los componentes de los órganos judiciales: jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de toda clase. Los Juzgados de Familia, que de este ámbito jurídico sólo tienen el nombre ya que no existe requisito científico alguno para ocuparlos, existen en grandes capitales y pueblos -pocos- elegidos. En el resto, da igual.

Existe una tentación poderosa, de la que sufrimos consecuencias de tanto en tanto, de agilizar la Justicia, de imprimirle más velocidad, suprimiendo trámites y condiciones. Suprimir recursos, limitar los medios de defensa, rechazar la intervención de abogados o coartar sus intervenciones es posible que lleven más pronto a un final, pero no a la tutela efectiva de los tribunales que proclama y exige la Constitución. ¿O debemos defender las resoluciones al imperio de un cara o cruz, veloz e implacable?

Los temas de familia nos afectan a todos. Cuando hay paz y cuando no la hay. A todos. Y lo hacen en todo y cuanto nos es más querido y más vital. En nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestros hogares y en nuestra economía. Y aún después de esta vida, regulando nuestra sucesión.

Bienvenido sea el toque cornetín anunciando reformas urgentes en esta materia, en la esperanza de una eficaz labor con la colaboración de quienes puedan aportar conocimientos y experiencias en estas materias.

El rechazo de un alto cargo en la cultura española por Mario Vargas Llosa me ha hecho pensar una vez más en el tema de los escritores y la Administración. Paul Valéry, el poeta de El cementerio marino, dijo alguna vez que los escritores se refugian “en las fallas de la Administración”. Según eso, el poeta, el novelista, el ensayista, no son buenos funcionarios y ni siquiera aspiran a serlo: son infiltrados, parásitos, gente que aprovecha los tiempos muertos administrativos, las fallas, para convertirlos en los tiempos más vivos y estimulantes, como son los de la auténtica creación artística. Es decir, son personas astutas, que se sirven de los cargos burocráticos para transformarlos en becas literarias. Dicen que Valéry, por ejemplo, llegaba a su oficina, colgaba su abrigo y su sombrero, para que los demás pensaran que estaba ocupado en alguna parte, y volvía a salir.

En definitiva, sin embargo, el asunto no me parece tan claro. Basta con leer cualquier texto de Valéry para comprender que tenía una inteligencia, una capacidad de análisis, una cultura, superiores. Cuando dedicaba la mitad o la tercera parte de su jornada diaria a temas de Administración, probablemente obtenía resultados superiores. Pero si le hubieran ofrecido el cargo de director general o de ministro, probablemente habría escapado. Como lo hizo en estos días Vargas Llosa.

En nuestros juveniles años sesenta del siglo pasado, en París, Mario escribía hasta el final de las tardes y después corría a su trabajo en la Radio Francesa. Seleccionaba noticias, las traducía al español y las leía en los programas para España y América Latina. Después regresaba a su casa, dormía hasta el mediodía, tomaba un desayuno fuerte y trabajaba en su verdadero trabajo hasta las siete u ocho de la tarde. Ahora, con una obra difundida por todo el planeta, no necesita hacer concesiones de ninguna clase. El tiempo suyo es mejor y más útil, en el sentido más serio de la palabra, que cualquier tiempo institucional. Su error mayor, en épocas anteriores, consistió en creer que cambiar eso por los poderes presidenciales valía la pena. Tuvo la suerte de no salir elegido. Si hubiera ganado esas elecciones de hace ya algunas décadas, habría sido peor para él y peor, seguramente, para todos nosotros.

El paso de los creadores literarios, poetas, dramaturgos, novelistas, por las instituciones y las administraciones, ha sido largo, reiterado, de estilos y resultados enormemente diversos. Nuestro Alberto Blest Gana, por ejemplo, no escribió una línea de su vasta obra narrativa mientras estuvo a cargo de la legación de Chile en Francia y en tres o cuatro países concurrentes. Redactó oficios minuciosos, que pueden ser consultados en el Archivo Nacional de Chile, y cartas admirables. Si fuéramos anglosajones o franceses, más de alguien habría obtenido becas para analizar el estilo burocrático de don Alberto, para comentar su incesante correspondencia, para asuntos parecidos. El problema, en Chile, no es que no haya plata: es que no hay ideas, es que a nadie se le ocurre hacer algo así. Cuando viajó a París en 1870, don Alberto llevaba el grueso manuscrito de Durante la Reconquista atado con una cinta. La revolución de la Comuna lo obligó a instalarse durante meses en Versalles. El día en que fue despedido de la diplomacia por el régimen de Balmaceda, en mil ochocientos ochenta y tantos, desanudó la cinta de su manuscrito y reanudó su tarea. Había nacido en Chile en 1830 y murió en París en 1920. La salida del servicio exterior, como decimos hasta ahora, le dio una larga y fructífera segunda vida. De ahí salieron tres obras maestras, que nosotros, como buenos chilenos, desdeñamos y hasta cierto punto ignoramos: Durante la Reconquista, Los trasplantados, El loco Estero.

En esta etapa personal, en un cargo muy parecido al que tuvo hace más de cien años don Alberto, invento tiempo para escribir, para ser fiel a esa inocente manía (como decía, precisamente, don Alberto), pero me falta ocio para la lectura, cosa tan necesaria como el aire para un escritor. Me gustaría mucho, por ejemplo, releer de punta a cabo Durante la Reconquista, que leí en mis años de colegio, en la biblioteca de mi abuelo, y comenté a mi curso y a mi profesor, el padre Iturrate, en una hora completa de clase. Ésas eran lecturas y eso era pedagogía. ¿A nadie se le ha ocurrido crear una cátedra Blest Gana entre nuestros críticos pálidos, autistas, fumistas, bolañistas? A lo mejor existe en alguna parte, quizá en Valparaíso, quizá en Antofagasta.

El escritor burócrata perfecto fue el brasileño Machado de Assis, que tiene cátedras y academias en su tierra, pero que entre nosotros es un desconocido casi completo. Trabajó en el Ministerio de Transportes de la época del emperador Pedro II y ascendió hasta el puesto de director general. Obtuvo la condecoración de mayor jerarquía de su tiempo, la cinta imperial amarilla, celeste, verde cata (ya no recuerdo el color). Trabajaba en los amaneceres, antes de caminar hasta su oficina, y en las tarde, cuando regresaba, se metía a la tertulia de una de las librerías de Rio de Janeiro. Y era capaz, todavía, en las noches, de leer a Goethe en alemán, a Shakespeare en inglés, a Laurence Sterne y su caballero Tristram Shandy. Ahí tienen ustedes. A nuestros héroes verdaderos los conocemos mal o no los conocemos nada. En Río, Machado de Assis tiene una estatua frente al edificio de la Academia Brasileña de Letras. Uno de los recuerdos mejores de mis años maduros es el de un té con mis colegas brasileños, un chá con pastelillos de coco y de maracuyá, seguido de una mirada al escritorio, al sillón de trabajo, a fotografías y papeles del fundador de la institución, el hombre de la estatua junto a la entrada. A todo esto, habría que estudiar también los oficios administrativos del alto funcionario del Ministerio de Transportes. Y compararlos con los del consejero Ayres, uno de sus inventos mejores en la ficción narrativa.

El derecho a la defensa debe ser sagrado en una democracia. Es la garantía de que todas las personas deben poder defender sus derechos ante la imputación de un delito. Pero la democracia requiere que los derechos, incluso los más sagrados, no se sitúen al margen de la justicia, ni de la igualdad, ni de la propia democracia.

La ley debe ser igual para todos. Si no fuese así, perdería su legitimidad. Volveríamos a un mundo, a una sociedad en la que quien tiene recursos sortearía todos los obstáculos que la vida le ponga delante y actuaría con la impunidad que le da saberse poderoso. La condición social de los imputados no debería condicionar el ejercicio de sus derechos. Pero no es así. Quien no tiene medios no puede ejercitar ese derecho en las mismas condiciones que quien los tiene. Aunque existe el derecho a la justicia gratuita, la falta de medios hace que se desarrolle con enormes limitaciones. Y más en estos tiempos. Algunos abogados del turno de oficio tardan meses o años en cobrar los exiguos emolumentos que la Administración les proporciona por desarrollar su tarea. No pueden dedicar mucho tiempo a estudiar los sumarios de las personas a las que defienden, o a ir a visitarles a prisiones que están a muchos kilómetros de las ciudades, porque tienen que ganarse la vida y dedicar tiempo a causas por las que cobren al final de cada mes. Los abogados del turno de oficio son personas admirables en su mayoría, tienen un alto sentido de la justicia, pero en ocasiones se sienten maltratados por ello.

Por otro lado, las personas extranjeras, que no conocen nuestras leyes ni -a veces- nuestro idioma están terriblemente limitadas para ejercer sus derechos. Necesitarían de una mayor atención justamente por ello. Pero la tienen mucho menor. De la mano de estas limitaciones, hemos visto incrementarse los juicios de conformidad, en los que muchas personas aceptan condenas algo menos abultadas de la petición inicial por miedo a no poder costear la demostración de su inocencia. Antes no soportábamos la idea de que un inocente estuviese en la cárcel. Nos parecía mucho más difícil de asimilar que el hecho de que diez culpables estuviesen en libertad, Ahora no soportamos que alguien aparentemente culpable no esté en la cárcel, sin preocuparnos de las garantías que deben proteger su presunción de inocencia.

Las cárceles están habitadas mayoritariamente por personas pobres. Es verdad que la pobreza y la marginalidad son caldo de cultivo de conductas antisociales, pero el porcentaje de maldad humana que hay en nuestras sociedades no se corresponde con las que pagan por ello.

Nada mueve más al desconsuelo de quienes queremos creer en la justicia real, además de creer en la Justicia con mayúsculas, que ver cómo los poderosos manipulan los recursos que el Estado de derecho pone al servicio de todos, haciéndolos servir a sus intereses. No hay nada que produzca más desolación que ver cómo se condena a un juez, en nombre de los sagrados principios de la justicia, en un proceso tan condicionado por los intereses.

Intereses corporativos, en primer lugar. Es inaceptable que se defienda a gente que tiene comportamientos inaceptables solo porque forman parte de un colectivo respetable. La mayoría de los abogados, como la mayoría de los jueces y de los policías, incluyendo a sus máximos responsables, saben que bajo la respetable toga de algunos abogados, se esconden intereses no respetables. Hace mucho tiempo que todos los operadores policiales y jurídicos saben que serían imposibles la mayor parte de las operaciones de saqueo de dinero público, de fraudes a la hacienda pública, de fuga de capitales a paraísos fiscales, de ocultación de bienes a través de testaferros, de blanqueo de capitales, de corrupción de responsables públicos… si no formase parte de esas redes un entramado técnico-legal que les da cobertura, que obtiene suculentos beneficios de ellas, y que –en ocasiones- acaba situándose en la cúspide de las mismas. Y que se jacta de su influencia en todos los niveles de la justicia.

Cualquiera que se mueva en este mundo sabe de esto. Sabe que también existe corrupción en algunos aledaños de instituciones que deberían ser intocables. Muy minoritaria, pero muy efectiva. Algunos listados de personas implicadas en estas prácticas son conocidos por mucha gente en las más altas instancias. En las instancias que tienen la responsabilidad de investigarlo en serio. Que tienen la responsabilidad de atajarlo. Pero esta es una materia que se ha convertido en intocable. Nadie se atreve a dejar a algunos reyes desnudos. Muchos por un temor reverencial a entrar en determinados ámbitos. Otros porque dudan de ser respaldados en ese empeño. Hay demasiados intereses en juego y demasiado poderosos. También existe el miedo. El miedo físico, incluso.

Hay quien piensa que con el juicio y la sentencia sobre las escuchas de la Gurtel se está castigando a un juez singular, egocéntrico, ambicioso, poco cuidadoso con los procedimientos… Yo no lo creo. Se están santificando las reglas de un juego repugnante: el de la utilización de los principios del Estado de derecho para blindar hasta el infinito la cobertura legal de la delincuencia organizada de altos vuelos.

Cuando un imputado recibe en prisión la visita diaria de una corte de abogados de minutas millonarias, la mayor parte de los cuales no están personados en ninguna de sus causas, sin limitación de tiempo, sin control de sus actividades reales, hay quien quiere pensar que está asesorándose para su mejor defensa. Algunos no lo creen y deciden investigar. No hay mucha gente que se atreva a hacerlo. Casi nadie. A partir de hoy, mucho menos.

Un Estado implacable con los débiles y débil con los poderosos pervierte el sentido de la justicia, del derecho y de las leyes. Alguien debería pensar sobre esto.

Se ha hablado mucho durante estos días del congreso del PSOE, más de lo normal debido a las difíciles circunstancias por las que atraviesa el partido: nunca en democracia había tenido tan poco poder en las instituciones, acaba de perder en las elecciones generales cuatro millones y medio de votos y, por ultimo, era una incógnita saber cuál de los dos candidatos que aspiraban a la secretaría general resultaría ganador.

Las expectativas no han defraudado. Ha sido un congreso singular, especialmente seguido por los medios de comunicación y que tuvo su momento culminante al emitirse en directo por radio y televisión los dos largos discursos de los candidatos. Desde el sillón de casa, el sábado por la mañana, mientras en la calle apretaba el frío, pudimos ver y escuchar a Rubalcaba y a Chacón.

Ambos discursos fueron interesante, muy interesantes: no por su contenido, sino por su estilo. Se atribuye a Buffon, el célebre ilustrado francés del siglo XVIII, la conocida frase “el estilo es el hombre” (ahora deberíamos añadir, para ser tristemente correctos, “y la mujer”). La verdad es que no sé si hay para tanto pero, en todo caso, a veces el estilo dice más que el significado de las palabras e, incluso, delata aquello que estas pretenden astutamente esconder. El estilo suele revelar la personalidad de una persona porque en ocasiones los modos y las maneras dicen más que los contenidos. En este sentido, el estilo no es sólo forma, sino también fondo: a veces expresa lo más auténtico de nosotros mismos.

Gandhi tenía un estilo, Hitler otro: es evidente que las ideas del primero no podían sostenerse con el estilo del segundo y viceversa. Quizás son casos extremos. Pero demuestran la importancia del estilo de las personas. “El estilo es el rostro del alma”, decía Séneca. Exacto. Tanta es su importancia que, en ocasiones, mediante el sentimiento captamos la verdad que muestra el estilo cuando mediante la razón habíamos entendido lo contrario al escuchar el contenido de las palabras.

Pues bien, el sábado contemplamos dos estilos muy distintos de argumentación política que podríamos denominar, respectivamente, emocional y racional. Intentemos distinguirlos.

En la argumentación emocional se intenta convencer apelando a las creencias y utilizando la seducción como método para persuadir. Las creencias operan como dogmas, es decir, no necesitan demostración pues se da por supuesto que el auditorio las considera como verdaderas. La seducción se alcanza mediante gestos, ademanes, mímica y otros movimientos faciales o corporales con el fin de buscar la empatía del público y el asentimiento y adhesión a las creencias que se expresan. Se seduce utilizando las palabras más como metáforas y símbolos que como eslabones intelectuales de un razonamiento. La argumentación emocional va dirigida más al corazón que al cerebro y en su estilo debe predominar la vehemencia por encima de la precisión lógica.

Por el contrario, en la argumentación racional se intenta convencer mediante opiniones que se someten a la crítica y que no son exhibidas como verdades dogmáticas, sino como verdades plausibles, siempre dispuestas a ser revisadas si tras una nueva deliberación merecen ser consideradas como falsas. La principal virtud del discurso racional debe ser su consistencia, es decir, estar basado en argumentos coherentes, no contradictorios entre sí. El político que argumenta racionalmente siempre es algo escéptico y en lugar de buscar la adhesión incondicional a sus propuestas persigue la comprensión de los problemas que plantea. Más que agradar al auditorio, le gusta poner a prueba sus convicciones. El argumento racional va dirigido más al cerebro que al corazón y en el estilo de su exposición deben primar, muy por encima de la vehemencia, la precisión, la claridad y la elegancia enunciativa.

Naturalmente estos son dos modelos teóricos puros de argumentación política. En la práctica se mezclan siempre dosis de uno y otro que deben variar según el ámbito y las circunstancias en que se pronuncie el discurso. En un mitin electoral dirigido a los militantes de tu partido, el factor emocional suele y debe predominar. En cambio, en una conferencia o un artículo dirigido a un público más amplio, el factor racional es el que suele y debe prevalecer.

Un acto como el del sábado se situaba a medio camino. Por una parte, el público presente estaba compuesto por cualificados militantes, pero también se emitía en directo por los medios de comunicación. Por otra parte, cada candidato debía convencer al público mostrando un perfil propio diferenciado del rival. No era, por tanto, ni un mitin ni una conferencia. El factor emocional debía ceñirse al orgullo de partido, el racional a explicar las ideas que le distinguían de su contrincante.

Rubalcaba supo dosificar adecuadamente ambos elementos. Chacón, en cambio, hizo un mitin chillón, estridente y plagado de eslóganes que sólo desbordaba emociones y estaba vacío de contenido. Rubalcaba acertó y Chacón se equivocó: de tiempo y de lugar. El estilo es el hombre… y la mujer.

A finales de 1986 acabábamos de superar con éxito la «más importante y profunda crisis que ha tenido el sistema financiero español». Así la calificaba el profesor Álvaro Cuervo en un extraordinario libro titulado La crisis bancaria en España, 1977-1985. Causas, sistemas de tratamiento y coste. En efecto, aquella crisis acabó cerrando 58 bancos, que representaban el 28% del sector financiero español en su conjunto. De los conocidos siete grandes y cinco medianos bancos españoles hoy permanecen menos de la mitad y, según sus estimaciones, el coste de refinanciar la crisis con dinero público fue de 560.175 millones de pesetas, lo que suponía entonces cerca del 1,5% de nuestro PIB.

Tenemos grabado el análisis sobre cómo se salió de la crisis expuesto entonces por Javier Irastorza, otro gran maestro de la economía de quien, ya entonces, era su discípulo más brillante y buen amigo, Luis de Guindos. Por esas fechas, el hoy ministro de Economía aprobaba las oposiciones a técnico comercial del Estado y estaba enfrascado en traducir el libro del premio Nobel de Economía de 1986, James Buchanan, sobre la necesidad de independencia de la política monetaria respecto de los procesos electorales.

La crisis del sistema financiero español se superó bien. En los tres años posteriores, la economía española recuperó su capacidad de financiación y los agentes económicos ahorraban más de lo invertido. Según el Informe de cuentas financieras de la economía española del Banco de España, nuestra economía alcanzó un saldo positivo neto anual de capacidad de financiación interna del 1,4% de su PIB.

Pero hoy la crisis del sistema financiero es mundial y encuentra a España en una situación bien diferente. Y le ha tocado a Luis de Guindos lidiarla. Y sabe, como ha demostrado con la reforma aprobada en el pasado Consejo de Ministros, que la respuesta ya no puede centrarse sólo en meter dinero público procedente de los impuestos de los ciudadanos. Hay que buscar otros remedios más dinamizadores. Nuestra economía se caracteriza por una creciente e ingente necesidad de financiación exterior, con saldos negativos que han llegado a ser incluso de casi 100.000 millones de euros anuales, por encima del 9% del PIB.

Hoy España es el segundo país del mundo que más dinero debe al exterior, con una deuda neta con el resto del mundo de 1,264 billones de dólares. Sólo Estados Unidos debe más que nuestro país, con la diferencia de que su deuda representa el 21% de su PIB y en nuestro caso esa cifra es el 91% del PIB. Nuestra deuda neta de financiación exterior supera la de Francia, Italia y Grecia juntas (1,109 billones de dólares) siendo su PIB conjunto seis veces superior al de la economía española.

A esta realidad se une otra más grave: la financiación de nuestra economía se ha encarecido enormemente en los últimos tiempos. Y aquí se da una extraordinaria paradoja. Mientras nuestros grandes bancos (Santander, BBVA, Caixa) tienen una solvencia en rating y en core capital TIER 1, superior a los competidores -es decir, son más sanos-, les sale mucho más caro que a ellos obtener dinero en los mercados. Baste un ejemplo: El Santander tiene un rating AA-, superior al de JPMorgan, Barclays, City, Deutche Bank o UBS. Ninguno llega a tener doble AA-. Sin embargo, siendo menos solventes, se financian a tipos de interés anual de hasta 200 puntos básicos por debajo de nuestros grandes bancos. No se penaliza, en estos casos, la gestión de estas entidades. Se penaliza la duda en la capacidad de nuestra economía para recuperar la senda de crecimiento que nos permita devolver toda la deuda acumulada, en una situación en la que no contamos con autonomía monetaria ni de tipo de cambio.

La consecuencia es inmediata: falta liquidez para financiar préstamos a nuestras empresas y la poca que hay resulta muy cara. El resultado es que en 2011 se han cancelado más créditos que los concedidos, tasa negativa neta que no se producía desde 1965.

Devolver a España a la senda del crecimiento económico exige volver a abrir los cauces de financiación de nuestra economía. Y esto empieza por recuperar la credibilidad internacional. Pero a su vez, no es posible pensar en recuperar la credibilidad internacional si no transmitimos la seguridad de que haremos cuanto está en nuestra mano para reducir el déficit público, recuperar competitividad y mantener disciplina en el futuro. Todo ello exige a su vez importantes reformas: de flexibilidad laboral, de reducción sostenida del déficit, del sistema de financiación y gasto de las autonomías y los ayuntamientos. Estas reformas son, todas, absolutamente necesarias. Pero no suficientes.

Hace falta también una acción exterior fuerte que sepa trabar alianzas eficaces y que imponga que Europa haga su parte. Una vez convencida de nuestra sincera y consistente voluntad de reforma y cambio, Alemania y Europa deben buscar y aceptar fórmulas de mutualización de la deuda pública que armonicen los costes de financiación, de incrementar los recursos comunes a través de mayor aproximación fiscal y presupuesto común, y de realizar políticas fiscales de expansión en aquellos países cuyas finanzas lo permitan. Todo ello bajo unas nuevas reglas comunes de gobierno del ingreso y del gasto. Estamos convencidos de que Europa es consciente de esta realidad y que podremos contar con que así será, pero no será nunca sin que antes nosotros, junto a otros países europeos, cumplamos con nuestra parte. No se trata sólo de saber qué hay que hacer, sino de la secuencia de los acontecimientos.

En medio de la desolación que provoca nuestra economía y, sobre todo, el inaceptable nivel de desempleo, hay consistentes razones para la esperanza. Los emprendedores españoles han sabido afrontar la crisis exportando más y mejor. Desde 2008 nuestra economía ha aumentado un 30% sus exportaciones, cifra sin precedentes y envidiada por otras naciones europeas. Los contribuyentes han aceptado el sacrificio de una fuerte subida de impuestos. Y los votantes han respaldado con fuerza un cambio de rumbo, otorgando la confianza a un Gobierno presidido por Rajoy, con ideas nuevas y claras y equipos más capaces. Y ha sabido empezar por donde era necesario, impulsando una solución global, rápida y transparente que devuelva la credibilidad al sistema financiero español.

Hoy las dudas sobre la calidad de nuestros activos, singularmente el precio de los inmuebles y el suelo, hace más daño que la propia realidad. Se trata, pues, de poner en su valor real el precio de los activos de la mayoría de las entidades que lo han hecho bien y son solventes. Y junto a ello, impulsar con decisión, una salida mediante integración, de aquellas entidades, las menos, que lo han hecho mal y no son solventes. Ésta es la apuesta que el gobierno ha hecho. Y esperemos, por el bien de todos, que nuestro sistema financiero sepa responder pronto y bien. Si el impulso reformista, que va más allá del sistema financiero, no se empantana hay razones para confiar en que vuelva el crédito a nuestra economía.

Se pide a veces que se reforme la Constitución Española de 1978 con el fin de adaptarla a la nueva situación en la que nos encontramos, consecuencia de los cambios revolucionarios de los últimos años en nuestra manera de ser y de convivir. Pero no resulta fácil reformar una Constitución. Sin embargo, está al alcance de la mano de cualquier Gobierno conseguir, sin especial dificultad, la mutación constitucional, o sea, una forma diferente de leer el texto, dando a sus preceptos un nuevo sentido. Un cambio en la legislación ordinaria, por ejemplo, puede ocasionar la mutación constitucional, así como también se modifica el ordenamiento con la aparición en el horizonte de instituciones antes inexistentes.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, llevó a cabo una mutación constitucional al instaurar un procedimiento nuevo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial: en lugar de ser los jueces y los magistrados los titulares del sufragio activo para escoger a 12 de sus 20 componentes -que fue el sistema utilizado en 1980- todos los vocales son elegidos conforme a la regla de 1985, la mitad por los diputados y la otra mitad, por los senadores. El 10 de marzo de 1985 escribí un articulo sobre la transcendencia de la modificación legislativa: «Cambio constitucional sin reforma del texto». Terminaba mi análisis así. «A partir de ahora hablar del Poder Judicial puede ser una broma, que algunos consideran de mal gusto».

Afortunadamente, el nuevo ministro de Justicia, Gallardón, ha anunciado una nueva ley que nos hará retomar el buen camino.

Loewenstein escribe: «El derecho constitucional escrito (de Estados Unidos) ha sido a lo largo de las generaciones tan modificado por el uso Constitucional no escrito que los padres de la Constitución de 1787 tendrían realmente que hacer un gran esfuerzo para reconocer su creación». Y el historiador Seignobos advierte: «Las reglas resultan constantemente falseadas por la política o quebrantadas por crisis y revoluciones».

Mi opinión contraria en 1985 a la mutación constitucional se ha reforzado con los malos efectos que ha tenido la privación a jueces y magistrados de su derecho a participar en la elección de 12 vocales del CGPJ. Creo que en este asunto es oportuna y conveniente una reforma de la reforma, ya que un Consejo elegido por jueces y magistrados goza de mayor autoridad ante los titulares del Poder Judicial que el formado con la intervención de los parlamentarios.

Otra importante mutación constitucional es la generada en España con nuestra integración en la nueva Europa. En el preámbulo de la Constitución seguimos leyendo: «La Nación española… en uso de su soberanía, proclama…». Y en el artículo primero, apartado 2, se afirma: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Esto es el texto constitucional. Pero en el actual régimen político el pueblo español resulta condicionado en sus decisiones por los poderes comunitarios de Europa. Nadie puede analizar lo que tenemos olvidándose de que nuestro Gobierno se halla condicionado desde Bruselas, o desde Berlín. Incluso la temida intervención nos amenaza. Son puras ganas de ilusionarnos continuar afirmando que la Nación española, en uso de su soberanía, proclama o decide. Aquí la mutación constitucional es indiscutible.

Puede resultar que sea una prueba de optimismo referirse al rostro original (ya viejo) de la Constitución. Nada más. Las mutaciones llegan sin que unas trompetas las anuncien.

Puede ser que en nuestro país se produzca, de vez en cuando, algún milagro que no seamos capaces de valorar. Más aún: que no seamos capaces de reconocer. Después de negociar desde el pasado mes de octubre, el 25 de enero de 2012 la CEOE, la CEPYME, CC OO y UGT firmaron el II Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva, 2012, 2013, 2014. La repercusión mediática fue tristemente reducida: ni mención en la portada de la mayoría de los periódicos. No deja de sorprender, básicamente por tres motivos. Primero, por el inclemente bombardeo mediático sobre la “necesidad imperiosa y urgente de una reforma laboral”. Segundo, porque causa desconcierto que en la situación social y económica de España las organizaciones sindicales y empresariales alcancen acuerdos. Y tercero, porque lo acordado tiene importancia intrínseca, sin precedentes, posiblemente, en el escenario europeo.

No entraré en el debate de la “excepcionalidad española”, ni discutiré si su marco regulatorio, cuya reforma es imprescindible para activar la recuperación y crear empleo, es el responsable del pavoroso desempleo. Esa relación de causalidad entre ordenamiento laboral y creación de riqueza puede ser discutible. Pero no es este el debate. Lo que de verdad me extraña es que todos los días venimos escuchando que la reforma laboral es el asunto prioritario, a la vez que, con voz más o menos gruesa, se insinúa que para esta tarea los agentes sociales valen poco, “defienden intereses corporativos”, “no representan a nadie”. Pues bien, cuando se da prueba de lo contrario, es como si no hubiera pasado nada. Y la desgracia es que el desaire social acaba por condicionar la propia eficacia de los acuerdos. Más o menos pasó lo mismo con los acuerdos de pensiones. Eran vitales, hasta que se firmaron. Entonces pasaron a ser indiferentes.

En verdad, la “excepción española” es otra. Es que en las circunstancias actuales los sindicatos se dediquen a negociar y lleguen a acuerdos (metal, construcción, etcétera). Que asuman su compromiso social identitario: representar y defender los intereses de los trabajadores. Que acuerden cuando es posible y que no lideren la oleada de indignación cuando los pactos se atrasan, dificultan o entorpecen. No sé cómo estaría mi país si el paro y el abatimiento del consumo vinieran acompañados por la pasión y la tamborrada.

Las asociaciones empresariales y sindicales son “sujetos constitucionales” que defienden algo más que intereses particulares. “Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses sociales y económicos…”. Este anclaje constitucional justifica el apoyo institucional y es su comportamiento el que ha aportado modernidad, prosperidad y tolerancia a España. Merecen, pues, además de crítica -cómo no-, algún reconocimiento, aunque no fuera muy a menudo. Lo acordado, además, es ciertamente sustantivo. No es un simple pacto de legitimación.

Sé que la “reforma laboral” goza de una cierta vocación mística y por tanto no es fácil de concretar. Pero se han venido diciendo cosas incluso razonables: “Hay que promover la productividad y por ello no cabe la férrea indización salarial vía inflación”. Pues bien, no es que lo acordado sea una contención salarial, sino que, además, se modifica sustancialmente el sistema de fijación de salarios. Se “desnacionaliza”. A partir de ahora pasamos a considerar factores como “el objetivo de inflación del Banco Central Europeo”, “la tasa de variación anual del IPC armonizado de la zona euro” o “el precio medio internacional en euros del petróleo Brent”.

Parece que era eso lo que se venía “exigiendo”. Ahora ya está aquí, y lo que está aquí es el cambio más importante en la negociación salarial desde los Pactos de la Moncloa, cuando cambiamos inflación pasada por inflación prevista. Posiblemente es el primer acuerdo europeo que refleja formalmente la globalización de la economía. Necesitaría mayor reconocimiento, mayor aplauso.

Se dice, y es verdad, que hay que acercar la negociación a la realidad y que ello exige potenciar el convenio de empresa. Claro que sí. Pero primero recordemos algo: en nuestro país hay unas 4.500 empresas de más de 250 trabajadores, y hay también 4.500 convenios, más o menos, de empresa. Por supuesto que hay que promover la descentralización. ¿Y qué se pacta? Primero: “Los convenios sectoriales deberán propiciar la negociación en la empresa”. Segundo: “Se apuesta de forma decidida a favor de la descentralización de la negociación colectiva”. Tercero: “Hay que potenciar la flexibilidad en la empresa, para que esta pueda adaptarse a un mercado cambiante y competitivo”. No suena mal, ¿no? Sería saludable que no nos acostumbráramos a encontrar para cada solución un problema.

Promover la flexibilidad, potenciar la productividad, acercar la negociación a la empresa no se consigue simplemente por haberlo escrito. Va a exigir un considerable esfuerzo en comprensión y en sacrificio por parte de los futuros negociadores de los más de 5.000 convenios que tenemos. La rentabilidad del esfuerzo es mucho mayor cuando existe reconocimiento social a la tarea realizada. Cuando se refuerza y reconoce, social e institucionalmente, la función de asociaciones empresariales y sindicales. Y en eso estamos. En el convencimiento de que en nuestro país tan necesario como el crédito financiero es el crédito institucional.

Sospecho no haber sido el único en haber sentido un considerable alivio al saber que el elegido para dirigir el PSOE había sido Alfredo Rubalcaba. A mi modo de ver (y con la venia del profesor de Sociología) el Partido Socialista ha evitado el suicidio por los pelos. La candidata Chacón representaba lo peor del zapaterismo: el socialismo trivial y el socialismo tribal. Con un partido de hechuras chaconianas habría sido imposible saber qué votaba uno, si las multas lingüísticas de la Generalitat o el Ejército español, la amistad con Bildu o la vanguardia del feminismo, los monigotes de López Aguilar o los de la familia Pajín, los negocios de Roures o los de Botín. Es posible que la radiografía de Rubalcaba tampoco esté muy definida, pero da la impresión de una mayor solidez, como si fuera partidario de un socialismo adulto y no del socialismo adolescente que ha llevado a este país a la caricatura.

Sin embargo, el proceso electoral, por llamarlo de alguna manera, no auguraba nada bueno. Desde el primer momento ambos candidatos juraban a quien quería escucharles que iba a ser una disputa de ideas, un conflicto de políticas, dos modos de entender la dirección del país. O sea, un debate de ideas políticas. Los desconcertados seguidores tratábamos afanosamente de encontrar alguna idea entre los discursos, las frases cosméticas, los logos de agencia publicitaria, el autobombo, la perfecta vacuidad del lenguaje político a la española trufado de ejemplos futbolísticos. Era como buscar una moneda de oro en el vertedero. Muchos, por lo menos aquellos con quienes lo he comentado, pero también los que escriben en los periódicos, no hemos alcanzado a oír una sola idea en toda la campaña. Un orgánico de Zapatero decía en un programa de la tele que las ideas estaban colgadas no sé dónde, en las páginas inmateriales de cada candidato. Sería verdad, o sea que aún podrían haberlas escondido mejor. Lo cierto es que a las gentes poco preparadas nos ha parecido que la disputa, la campaña, la elección, iba sobre quién controlará los empleos y los sueldos del partido. Asunto relevante cuando se han perdido miles de poltronas, pero que, francamente, son una minucia comparada con los parados de verdad.

Y no es que no hagan falta las ideas acerca de la política española, o de la gobernanza, como dicen los enterados apoyando mucho la zeta, porque el país está hecho unos zorros. No solo económicamente, sino, sobre todo, anímicamente. Nadie cree una sola palabra que emane de un organismo oficial (si no trabaja en uno), nadie tiene la menor confianza en los partidos políticos (a menos que cobre de ellos), la universidad es un cetáceo muerto, nadie está haciendo proyectos para nada, porque,¿para qué? La tarea del PP no será otra que la de devolver credibilidad a las instituciones de la nación, ya que, de momento, la nación solo sirve para pagar deudas.

El viernes 3 de febrero este periódico publicó un artículo de Nathan Gardels que a mi entender establecía con agudeza la paralización intelectual y moral de algunas democracias como la italiana, la norteamericana y (añado yo) la española. En estas, los intereses económicos de los partidos están tan arraigados en el circuito del gran capital, son tan evidentes las relaciones de dependencia y clientelismo, que solo es posible una política demagógica como la de Zapatero antes de que le llamaran al orden. En estas democracias, escribe Gardels, “los políticos electos están tan en manos del sentimiento populista inmediato y de los intereses especiales organizados, que los partidos vacían de contenido la mera formulación de cualquier política que intente llegar a un compromiso por el bien común a largo plazo, incluso antes de que se someta a votación en el Parlamento. El proyecto de ley que sale adelante está desprovisto de sustancia y significado. Por consiguiente lo que permanece es el statu quo”.

Evidentemente, cuando no se puede hacer política en serio, cuando el statu quo es tiránico, se hacen políticas aproximativas lo más inocentes que sea posible, como la Alianza de las Civilizaciones que podría ser una iniciativa de la Unesco, o la declaración irritantemente repetida de “federalismo” que solo tiene como finalidad dejar que cada tribu se reparta el dinero según su capacidad de chantaje, o las majaderías sobre el uso de “miembros” y “miembras” nacidas en cabezas totalmente poseídas por el vacío.

A la izquierda la corrompe el poder. La derecha no tiene por qué corromperse en el poder, no le hace falta, aunque lo haga. Por lo general los partidos conservadores tienen establecida de antemano su financiación y las corrupciones vienen de subordinados codiciosos, no de la misma dirección. Los partidos de izquierdas tienen enormes problemas para financiarse y si no se andan con cuidado es toda la estructura la que al final solo trabaja para mantener los sueldos de la burocracia del partido. Esta es la impresión que daba (a la gente sin estudios de sociología) la campaña de los socialistas. Eran dos modos de entender la gerencia del partido, no la del Estado. Y dos clientelismos que calculaban con quién les iría mejor. Por los apoyos que han recibido uno y otra, me parece que las ideas no, pero el retrato de la clientela ha quedado bastante enfocado. ¿Qué tienen en común, políticamente, Griñán y Chacón? ¿Opinan igual sobre las autonomías? ¿O Patxi López y Rubalcaba? ¿Ambos coinciden con Eguiguren, presidente de López? ¿Han hablado de política, realmente? Pues nos gustaría mucho conocer el contenido de sus conversaciones.

Tiene Rubalcaba unos ocho años para levantar los ánimos del partido. Es de esperar que elimine la demagogia guerracivilista que ha movido con extremada estupidez la corte de Zapatero hasta convertir a este país en una sociedad, según ese principio, con 12 millones de franquistas y mayoría absoluta. En su discurso final aseguró Rubalcaba que desea un país en donde ningún ciudadano sea mejor que otro y ningún contribuyente goce de más privilegios que los demás. Bueno, pues a ver qué hace con Cataluña y con el País Vasco. Habló de un país laico, veremos si es verdad: podría empezar exigiendo que las iglesias tributen al fisco como todo quisque. Algo dijo contra los bancos, pero ha sido el PP el que ha limitado los sueldos de los bancarios, la gente más detestada de este país después de los pilotos. Y así sucesivamente.

El camino será largo y sobre todo abrumadoramente aburrido. La izquierda ha dilapidado su capital histórico: la igualdad de todos ante la ley, la educación como herramienta de superación, la libertad de la mayoría y no solo de algunas minorías, la cultura como instrumento crítico, la lucha contra la corrupción y el parasitismo incluida la corrupción y el parasitismo sindicales, el rechazo de la ideología reaccionaria de los nacionalistas, la promoción de los mejores y la persecución de los enchufados… en fin, se podrían llenar seis folios de tareas pendientes, pero sobre las que nadie ha dicho una sola palabra en estas elecciones, o lo que hayan sido. Ni una palabra.

Uno desea lo mejor para Rubalcaba, no tanto porque ponga alguna ilusión en la renovación de la izquierda, cuanto porque sin una oposición sensata y verosímil los desmanes del poder son siempre más insoportables. Ayúdenos, señor Rubalcaba, que bien lo vamos a necesitar.

Dentro de la renovación general —que podría llamarse también saneamiento— a la que el Gobierno Rajoy está sometiendo a la política española, el capítulo exterior aparece un tanto anémico entre los grandes cambios que se anuncian en el terreno judicial, económico, laboral o educativo. En buena parte, porque el propio Zapatero ya había dado marcha atrás en aquellos proyectos suyos grandiosos y descabellados tipo Alianza de Civilizaciones o enfrentamiento con Estados Unidos, aunque fuera la crisis la que le quitó las telarañas de los ojos.

Hay una parcela en la política exterior española, sin embargo, donde el nuevo ministro tiene amplio espacio para enmienda. Me refiero a Gibraltar. Que García-Margallo parece dispuesto a ello nos lo advirtió con el «¡Gibraltar español!» con que saludó al excolega británico en Bruselas, en cuyo distrito electoral londinense están incluidos los gibraltareños. Dijo luego que había sido una broma, pero los ingleses no bromean con estas cosas y le respondieron reafirmándose en sus posiciones en la Roca. Lo que obligó a García-Margallo a exponer las suyas, que, sin ser revolucionarias, representan un cambio respecto a las de Moratinos. A saber: el Foro Tripartito debe convertirse en cuatripartito, «a fin de obtener más equilibrio y simetría», con ingleses y españoles debatiendo la soberanía de la colonia, mientras gibraltareños y autoridades andaluzas debaten los problemas locales de la bahía de Algeciras. Grandes y chicos, cada uno en su papel. García-Margallo lo complementa con una «vuelta a la Declaración de Bruselas de 1984», donde se acordó tal negociación. Los ingleses ya le han contestado que no negociarán la soberanía de la Roca sin el permiso de los gibraltareños, que es tanto como decir nunca. Es lo que han dicho siempre, sin que ningún ministro de Exteriores español haya conseguido hacerles cambiar de opinión. Es más, lo único que hemos conseguido a partir de Castiella, que cerró el paso al expansionismo gibraltareño, es reafirmarlos en su postura. Mientras, nosotros sólo hemos retrocedido en la nuestra.

Ya sé que lo que acabo de decir es duro. Pero más dura aún es la realidad. Los españoles perdimos Gibraltar dos veces. Primero, con el Tratado de Utrecht, por el que cedimos a perpetuidad «la plaza y puerto de Gibraltar a la corona inglesa», reservándonos la primera opción de adquirirla en caso de que Inglaterra decidiera desprenderse de ella. Y volvimos a perderlo cuando, al decidir Londres descolonizarlo, no fuimos capaces de hacer valer nuestros derechos, pese a que la ONU había decidido que la descolonización de Gibraltar tenían que hacerla el Reino Unido y España «teniendo en cuenta el principio de la integridad territorial de los países». Es verdad que la resolución añadía que se «tuvieran en cuenta los intereses de los habitantes». Pero no sus «deseos», como insistían los ingleses. Es más, la propia ONU declaró inválido el referéndum en la colonia organizado por Londres. Eso ocurrió el 19 de diciembre de 1967 y fue la cúspide de una batalla diplomática que significó nuestra única victoria en el contencioso de Gibraltar. A partir de ahí, todo han sido derrotas, hasta la esperpéntica visita de Moratinos a la Roca, a la que sólo faltó que llegara con bandera blanca.

Lo que quiero decir con ello es que nuestra retirada comenzó hace ya 45 años, cuando el sucesor de Castiella, Gregorio López Bravo, lanzó la peregrina idea de «pensar juntos» con los ingleses, como si los ingleses se dejaran influir por los pensamientos. Hombres prácticos, se ríen de las abstracciones. Lo cuento, junto a la batalla diplomática que narré como corresponsal, en un libro que acabo de terminar, para que quede como testimonio de nuestra única victoria en medio de tantas derrotas.

García-Margallo pretende ahora volver a la Declaración de Bruselas, firmada el 27 de noviembre de 1984 por el entonces ministro español de Exteriores, Fernando Morán, y su colega británico, Goffrey Howe. Por ella se «restablecía el libre tránsito de personas, vehículos y mercancías entre Gibraltar y su entorno» y «se abría un proceso negociador para solucionar todas las diferencias sobre Gibraltar». En ese «todas» supusimos estaba incluida la soberanía. Pero los ingleses se curaron en salud añadiendo que «el Gobierno británico mantendrá plenamente su compromiso de respetar los deseos de los gibraltareños». Fíjense en el negocio que hacíamos: a cambo de algo real, tangible, inmediato —la apertura de la Verja—, obteníamos la promesa de unas negociaciones sobre la soberanía de Gibraltar, condicionadas a que los gibraltareños las aprobasen. Del Tratado de Utrecht y de las resoluciones de la ONU, ni palabra. Nada de extraño que lo único que quede de la Declaración de Bruselas haya sido la luz verde dada a los gibraltareños para moverse por el campo de Gibraltar como Pedro por su casa, sin cambiar un milímetro la soberanía de la Roca. Y esa ha sido la tónica desde entonces: promesas inconcretas inglesas y concesiones tangibles españolas. Traducido a la práctica: avances gibraltareños y retrocesos españoles. García-Margallo quiere volver a esa Declaración. Incluso si lo aceptasen, ya han visto de lo que sirvió. Pero es que, además, lo han rechazado.

Parece difícil meter en la cabeza de un ministro de Asuntos Exteriores español, no importa de qué gobierno, que no recuperaremos Gibraltar negociando con los ingleses, que se niegan a negociar su incorporación a España, ni haciendo concesiones a los gibraltareños, que sólo se aferrarán a vivir como ingleses a costa de los españoles. Si Gibraltar vuelve un día a España será porque los ingleses lleguen a la conclusión de que retenerlo les cuesta más que mantenerlo. Y que no nos vengan con la milonga de la autodeterminación, de la que no hicieron el menos caso cuando devolvieron Hong Kong a una China mucho más dictatorial que España.

Podría argüirse que a estas alturas ocuparse de Gibraltar es un anacronismo. Pero lo verdaderamente anacrónico hoy son las colonias. Y cuando han desaparecido de los cinco continentes, resulta que queda una en Europa, en España. Siendo eso importante, sin embargo, lo más importante y triste en este contencioso interminable es que revela el fracaso de España como nación moderna, o voluntad común de un pueblo, y como Estado democrático, o armonía entre los intereses particulares y los generales. Las dificultades que está encontrando nuestra articulación autonómica es otra prueba de tal carencia, pudiendo decirse que, mientras los españoles sigamos dedicando la mayor parte de nuestras energías a la «guerra incivil» que de forma abierta o encubierta hemos librado durante los últimos dos siglos, no lograremos recuperar Gibraltar, que se convierte así en piedra de toque de España y de los españoles.

Pocas cosas me alegrarían más que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores tuviera éxito en su política gibraltareña, en vísperas de cumplirse el tercer centenario del Tratado de Utrecht (1713), por el que cedimos la fortaleza, obtenida, además, ilegalmente, pues la escuadra del almirante Rooke tomó posesión de ella en nombre del Archiduque Carlos de Austria, pretendiente al trono español. Pero esa sí que es agua pasada. Hoy, nos contentaríamos con que Gibraltar no siga creciendo a costa de España, como ha venido ocurriendo con nuestra aquiescencia, para mayor escarnio. Si somos capaces de aprender algo de esta lección, es que a los ingleses ni la mano, pues se quedan con el brazo, y a los gibraltareños, adiós, muy buenas. Que se cuezan en ese peñasco todo el tiempo que quieran. O puedan. Pues lo más chusco de todo es que España puede vivir perfectamente sin Gibraltar, pero Gibraltar apenas puede malvivir sin España.

Los socialistas no han procedido aun siquiera a preguntarse por las causas de la debacle del 20-N, cuando menos no se han tomado el tiempo suficiente como para plantearse la cuestión a fondo. Las menciones de trámite a los errores cometidos, sin especificar cuáles habían sido estos, resultaron desde el principio tan evasivas como las muestras de contrición por haber defraudado la confianza de los suyos. Las dificultades para asumir el fracaso en primera persona del singular hicieron el resto antes de que se convocara el 38.º congreso. Señalada la cita, la brújula socialista fue utilizada para dos cosas que poco tienen que ver con los desafíos de más largo alcance: los candidatos a la secretaría general la emplearon para identificar qué adhesiones les podían ser más asequibles y rentables de cara al cónclave de Sevilla, mientras que muchos de los demás dirigentes y militantes la usaban con el propósito de adivinar cuál de las dos opciones saldría vencedora y así tomar postura sobre seguro. Todo ha sido tan precipitado que, con excepción de los casos en los que la disyuntiva entre Rubalcaba y Chacón se solapaba con otras divisiones internas –como en la federación andaluza–, las diferencias no han cuajado en la formación de corrientes políticas que pudieran mantenerse como tales después del congreso.

Tras el escrutinio para la secretaría general y el refrendo obtenido por la negociada dirección, puede que los socialistas prescindan de la brújula. Resuelto el problema que les atenazaba, que era dejar atrás lo más ordenadamente posible la etapa Zapatero, el rumbo a seguir vendría determinado por el estrecho margen que les dejarían las circunstancias, incluida la mayoría absoluta del PP. Además, el hábito de emplear la brújula casi exclusivamente para orientarse en el laberinto de los equilibrios internos –dado que el sentido de la marcha quedó en manos del hiperliderazgo ejercido por el anterior secretario general desde que en 2004 accedió a la Moncloa– hace que nadie sepa ya interpretar las oscilaciones de la aguja en la intemperie.

Una de las señales más significativas de cuantas ofreció el congreso de Sevilla fue la elocuencia de los aplausos dirigidos a la recuperación de las señas de identidad y, en concreto, al distanciamiento respecto a la gestión conservadora de la crisis. Se trataba de una asamblea de delegados socialistas, y es lógico que los asistentes reivindicasen su autenticidad. Pero si nos atenemos a esos cuatro millones de votantes que el 20-N dieron la espalda al PSOE está claro que salieron en todas direcciones: hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia la abstención. Y qué decir de las motivaciones diversas que encarnaron esos otros siete millones que mientras tanto se mantuvieron fieles a las siglas. La implícita conclusión de que todo empezó aquel mayo de 2010 en que Zapatero viró bruscamente para eludir la intervención sobre España constituye, paradójicamente, motivo de pesar y de orgullo. Pero al margen de la simplificación que supone imputar a aquel momento la causa última del desastre electoral, más sorprendente resulta que sus dirigentes no sigan el hilo de la citada paradoja. Brújula en mano debieran preguntarse muy seriamente si el PSOE puede hoy corregir el viraje de Zapatero y recuperar credibilidad.

El hecho de que los socialistas fuesen desalojados de prácticamente todo el poder institucional en el plazo de seis meses propicia que se inclinen hacia una explicación unidimensional de lo que les ha sucedido, aferrándose casi instintivamente a la recuperación del control interno y de un mínimo tono vital. Pero una vez desechada la vía rápida ofrecida por Carme Chacón para restablecerse en la victoria, el partido de Rubalcaba corre el riesgo de acomodarse en una oposición útil como contrapunto más o menos crítico de la mayoría popular. Especialmente si las siempre entretenidas vicisitudes de la recolocación de los descolocados en la liza congresual contribuyen a prorrogar el estado de introspección. Por eso les vendría bien a los socialistas salir a campo abierto, y no precisamente en busca de las sombras que las sotanas proyectan en tantos ámbitos de la vida social. Porque este también sería un recurso evasivo respecto a la gran pregunta a la que la socialdemocracia –ese “partido socialista europeo” que preconiza Rubalcaba– debiera responder con algún rigor: cómo hacer del Estado de bienestar un sistema sostenible en la globalización. En otras palabras, qué aspectos del sistema de bienestar han de ser preservados como derechos universales y de qué modo financiarlos.

Han sido cuatro semanas de pasión y vértigo. Todo comienza cuando Carme Chacón decide presentar su candidatura a la Secretaría General del PSOE en Almería el pasado 7 de enero. Dos semanas después se celebran los congresos de las distintas federaciones y un dato aparece para sorpresa de todos: la candidata tiene el apoyo de la mayoría de los delegados de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y de Andalucía. Los partidarios de Rubalcaba -los que habían afirmado que hubiera barrido en unas primarias a Chacón- se dan cuenta de que todo está abierto, de que puede pasar cualquier cosa, de que, para su sorpresa, puede triunfar esa candidata que hasta entonces habían minusvalorado.

A partir de ese momento comienza una ofensiva que tiene varios momentos estelares: el primero convocar a todos los adalides de la generación felipista para revertir la situación; hay que superar las divisiones del pasado que fracturaron a guerristas y renovadores; lo esencial es impedir el triunfo de Chacón. La candidata comienza a ser denigrada públicamente a través de un escandaloso reportaje periodístico donde es presentada como un producto inconsistente en manos de poderes económicos y mediáticos ajenos al Partido Socialista; una candidata que no tiene personalidad propia ya que es un juguete en manos de su marido. El argumento es tan repugnantemente machista que los propios inspiradores se dan cuenta de que se puede volver en su contra. Lo que se pretendía presentar como una deslegitimación de la candidata puede aparecer como una muestra de juego sucio.

Dado que ni la presencia de Felipe González, apoyando a Rubalcaba, ni el reportaje lleno de insidias parecían suficientes, se entra en una nueva fase en la estrategia por impedir a toda costa el triunfo de Chacón. Y es aquí donde sólo cabe decir que tardaremos en saber lo ocurrido. A fin de cuentas sólo con 12 votos más hubiera triunfado Carme Chacón. Una docena de votos sobre un censo de casi 1.000 delegados es una cifra ínfima, y dado que había una bolsa considerable de indecisos pueden haberse producido cambios de última hora por los más variados motivos.

Hoy sólo cabe analizar qué significa el triunfo de Rubalcaba y qué implica para el futuro del PSOE. El triunfo se ha basado en el esfuerzo por lograr, dicho en palabras del hoy secretario general, que el PSOE vuelva a ser el PSOE. Es decir, un partido socialista, obrero y español.

Si el PSOE tiene que volver a ser el PSOE será porque había dejado de serlo (en el periodo de Zapatero) o porque corría el peligro de dejar de existir como tal (si ganaba Chacón).

Aquí está una de las claves para entender lo ocurrido. Se ha propagado el miedo a que una catalana se hiciera cargo de la Secretaría General del PSOE. Miedo por cierto compartido por una parte del PSC y de comentaristas catalanes que advertían del peligro de un PSC volcado en el PSOE, que produciría, a su juicio, una descatalanización del partido. Mientras antiguos presidentes autonómicos socialistas pensaban que dar el poder del PSOE a alguien del PSC era ir directos al suicidio, a la par antiguos consellers del Gobierno tripartito expresaban públicamente su preferencia por Rubalcaba: más valía un adversario ideológico claro que lanzarse a una aventura imprevisible donde los socialistas catalanes pasaban en poco tiempo de querer separarse del PSOE a amarlo locamente. Paradójicamente, los socialistas españoles más centralistas y los socialistas catalanes más nacionalistas querían evitar a toda costa el triunfo de Carme Chacón.

No parece aventurado imaginar que estos argumentos fueron utilizados una y otra vez durante las horas del congreso para evitar la victoria de Chacón. Sólo con convencer a unos pocos se desequilibraba la balanza.

Y, al final, con el apoyo inequívoco de los líderes de los años 80, lo consiguieron. Y al obtener la victoria pensaron que el orden volvía a reinar en Ferraz. Pero me da que es un orden muy frágil, que aventura grandes problemas en el futuro. El partido sale muy dividido generacional y territorialmente. Y requiere de un liderazgo con mucha mano izquierda. A Rubalcaba se le han reconocido muchas virtudes: capacidad de trabajo, experiencia acreditada, solvencia técnica… Pero entre esas virtudes nunca ha estado su capacidad de integración. Por eso suscitó la sorpresa general del personal cuando el otro día dijo que él era todo menos sectario.

Y la prueba de que la sorpresa estaba justificada se confirmaba al conocer los miembros de su Comisión Ejecutiva. Es evidente que estamos ante un equipo de incondicionales del candidato elegido, que no ha mostrado la menor voluntad de integración del equipo de la candidata derrotada. Continúa así la política seguida por Rubalcaba en la confección de las últimas listas electorales: marginar a las minorías discrepantes.

En esto Rubalcaba es coherente consigo mismo. Siempre ha preferido equipos homogéneos en torno a un líder. Y es coherente con un modelo donde el que gana se lleva entera la representación. Al que pierde se le pide, como a Bono, que se retire y dé todo su apoyo al ganador. Los delegados son libres de elegir al líder pero éste dispone de toda la capacidad para, como diría Weber, elegir a su séquito. Estamos ante un modelo que siempre me ha parecido muy cuestionable. Es muy positiva la competición por el liderazgo y la participación de los delegados en la elección del líder; en ese sentido lo ocurrido en el congreso del PSOE es ejemplar: ha habido incertidumbre hasta el final. Pero la democracia es algo más que la elección de un líder; la democracia exige el respeto a las minorías y un sistema electoral proporcional. Lo demás es puro presidencialismo.

Este problema se complica por lo ajustado del resultado. En la medida en que la diferencia ha sido tan pequeña, en que la candidata derrotada, a pesar de las insidias mediáticas y de la movilización de toda la vieja guardia felipista, ha estado a punto de alcanzar el poder, no cabe duda que las espadas se envainarán provisionalmente pero volverán a aparecer en muy poco tiempo. Máxime si tenemos en cuenta que el liderazgo elegido es de transición y es posible que haya unas primarias a la francesa para elegir el candidato a las próximas elecciones generales.

Entramos pues en un mundo que poco tiene que ver con el de Suresnes o con el del año 2000. Aquel secretario de Suresnes tenía 32 años y el hombre del 2000 40. Con Rubalcaba estamos ante la elección de un hombre de 60 años, duro, experimentado, trabajador y al que nunca le ha temblado el pulso para marginar, combatir o excluir a los discrepantes. Cuando este comportamiento se realiza con pequeñas minorías el personal no le da mucha importancia, pero cuando se actúa así con el 49% de los delegados de un congreso, todas las alarmas se encienden.

Y es aquí donde está el problema de futuro. Lo diré con un término muy utilizado en el pasado reciente: el liderazgo de una organización compleja exige un talante de apertura de miras, de capacidad de integración y de respeto al pluralismo. Nadie le negará a Rubalcaba la capacidad, como él mismo se atribuye, de «trabajar, trabajar y trabajar». La cuestión es que el estajanovismo puede servir para poner en marcha una máquina burocrática pero difícilmente hará funcionar una organización democrática.

Como regla ineludible, antes de cambiar una sola coma de nuestro ordenamiento, el legislador debe preguntarse, no sobre sus querencias, sino sobre la necesidad social de la modificación. La gaceta oficial no es una tienda de chucherías donde el goloso sacia sus caprichos.

Comprendo que los actuales dirigentes populares no estén conformes con la regulación vigente del aborto. No comprendo tanto que no lo estén por el mero hecho de ser conservadores; conservadora fue Simone Weil, la gran reformadora francesa en la materia; conservadores son la mayoría de Gobiernos de Europa Occidental y Estados Unidos y no han revocado las regulaciones liberalizadoras en materia de aborto que rigen desde el último medio siglo.

Pudiera pensarse que nuestra realidad es diferente; pudiera pensarse que la ley en vigor era, ella sí, capricho de unos sectarios mandarines, que legislaron en contra del sentir social, lo que ha tenido como consecuencia un aumento exponencial de los abortos, pasando a ser, casi, la primera ocupación femenina.

Pues bien, nada de eso es cierto. La Ley de 2010 pone negro sobre blanco, y ese es su gran acierto, pero a los actuales ojos gubernamentales ese es su gran pecado, la sexualidad y la maternidad como derechos de la mujer. Reconocer un derecho nunca es sectario, máxime cuando se reconoce y protege un derecho que ostenta más de la mitad de la población y de cuyo ejercicio nos beneficiamos, y gratamente, todos. No en balde, de forma abrumadora, todas las encuestas dan un altísimo nivel de conformidad con una (des)penalización del aborto respetuosa para con la mujer. Así y todo, cabría argumentar que, aun aceptando este derecho a efectos dialécticos, el aborto se ha enseñoreado de la vida femenina. Nada más lejos de la realidad; los abortos no han aumentado, ni tan siquiera entre las menores.

Si ello es así, es decir, si estamos ante un derecho, un derecho socialmente sentido y un derecho responsable y razonablemente ejercitado, ¿a qué viene la reforma anunciada por el ministro de Justicia en su primera comparecencia parlamentaria, autocalificada de progresista?

No habiendo motivos que avalen una reforma, la razón no puede ser más que puramente ideológica, y en el peor sentido del término. Descartada una imposición por afinidad política, como ha sucedido con la regulación del límite al déficit público, solo una ablación del pluralismo social avala la senda que parece decidida a andar a marchas forzadas la nueva dirigencia.

Digo ablación porque, si se deroga el sistema de plazos, consecuencia de entender el aborto como el ejercicio de un derecho, nos retrotraeremos a un sistema de indicaciones, es decir, de autorizaciones, lo que parte de la punición como norma y no de la libertad como realidad a proteger.

Se dirá -se ha dicho ya- que de lo que se trata es de proteger el derecho a la vida del nasciturus. Sin embargo, pese al alto interés que el concebido representa para la sociedad, quien no es aún persona carece de todo derecho. Si, como parece, se va a rehabilitar la Ley de 1985, no está de más recordar afirmaciones esenciales de la STC 53/1985: por un lado, el nasciturus encarna un valor y ningún derecho posee; por otro, la vida del nasciturus, como bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la mujer.

De este modo, lo que se enfrenta realmente es el derecho a la vida y la libertad de la mujer y el interés demográfico de la sociedad. O dicho de otro modo: en el drama del aborto no es una liza entre dos derechos a la vida, sino entre los derechos de una persona, la mujer, y relevantes intereses sociales. En este contexto, la solución jurídica, por la estrecha vinculación de la gestante con el nasciturus, no ha de ser muy difícil: ni la mujer ni quien la auxilia, salvo supuestos excepcionales de embarazos ya muy avanzados y fuera de las prescripciones médicas, han de verse, como ahora, impunes.

Anteponer a la mujer -y a quien la auxilia- un inexistente derecho de alguien que no es, por muy fuertes que puedan ser las convicciones, en todo caso minoritarias, se compadece mal con el pluralismo: supone recurrir al Derecho Penal para sancionar a quien actúa conforme a su creencia, creencia, que por lo demás, parece amparada por la ciencia y la ley.

No deja de ser curioso, incluso para quienes dicen defender la vida humana tout court, que ninguna legislación moderna, española u occidental, castigue igual el aborto que el homicidio. Y no deja de ser igualmente llamativo que no existe ningún texto normativo, nacional o internacional, que fije cuándo se inicia la vida humana prenatal.

Así las cosas, alterar la regulación actual en materia de libertad sexual y de interrupción voluntaria del embarazo parece un desafuero. Y, además, con la que está cayendo, es una clara maniobra de distracción.

Vaya por delante que estoy en las antípodas de aquellos que se manifiestan por las calles en defensa del juez Baltasar Garzón, que mi ideología y planteamientos jurídicos están muy lejos de los de otros juristas, como José María Mena o Carlos Jiménez Villarejo, que le apoyan. Vaya por delante que pocos abogados habrán presentado escritos tan duros contra resoluciones de Garzón en casos como el GAL, Pretoria, etcétera.

Vaya por delante que no hablo de oídas como otros, porque servidor ha vivido frente a Garzón situaciones de las más duras de la historia judicial española, como el careo fallido entre Roldán y el general Rodríguez Galindo, cuando este pronunció su ya conocida frase: «Soy guardia civil, y como guardia civil jamás me carearé con un superior del que solo espero órdenes, ni con un inferior, a quien yo se las doy».

Vaya por delante que personalmente, y como jurista, discrepo de la interpretación de la ley que hizo Garzón, tanto en el asunto de los abogados del caso Gürtel como en el de la memoria histórica, a cuya ley me declaro contrario. Lo digo para que quede claro el conocimiento personal y la discrepancia jurídica, en ocasiones muy dura, con el juez Garzón. Eso es una cosa y otra muy distinta creer que ha prevaricado en aquello de lo que se le acusa.

Lo cierto es que Garzón siempre ha interpretado la ley de forma extensiva, hasta el límite, por eso sus resoluciones han sido en ocasiones revocadas por los tribunales superiores.

Interpretó hasta el límite la ley en el caso Pinochet; en el de los desaparecidos en Argentina; cuando metió en prisión a Rafael Vera tras su paso por el Ministerio del Interior; cuando, antes de los Juegos Olímpicos, realizó la redada que acabó con la desarticulación de Terra Lliure, o cuando dictó el auto de ilegalización de Batasuna. Por cierto, entonces todos le aplaudieron, pero la verdad es que éramos una minoría quienes creíamos en aquella posibilidad y, cuando un grupo de abogados de víctimas del terrorismo entre los que yo estaba, elaboramos los informes sobre las finanzas de ETA encontramos muchos silencios, pero no el de Garzón, quien interpretó la ley y provocó el colapso financiero de ETA.

Veamos un ejemplo de diferencia entre lo que puede considerarse un error judicial y la prevaricación. El ordenamiento jurídico dice que solo podrán intervenirse las comunicaciones entre abogado y cliente cuando sea por orden judicial y en casos de terrorismo. Mi interpretación y la de la mayoría es que esta y significa que deben darse los dos requisitos. Luego, Garzón se equivoca, pero cuando él toma la resolución lo hace con el apoyo de los fiscales del caso, y, cuando resuelve la Sala de la Audiencia Nacional, hay un voto particular de varios jueces que lo interpretan como Garzón. Si Garzón ha prevaricado, la consecuencia lógica sería que todos esos jueces y los fiscales han prevaricado también, y eso no se sostiene.

Si hablamos de su interpretación al asumir la causa de la memoria histórica, podríamos decir otro tanto. La interpretación extensiva que hace Garzón es similar a la que utilizó para imputar a Pinochet y el hecho de que haya una ley específica de memoria histórica no impide la posible persecución penal a instancias de las posibles víctimas. A partir de ahí, podría decir todas las discrepancias que tengo sobre este tema y sobre el contenido jurídico de sus resoluciones, pero estoy convencido de que no hay prevaricación, sino que la norma es interpretable. En el caso de los cursos en Nueva York, podría afirmarse otro tanto porque no hay ninguna prueba de la relación directa entre la financiación de los mismos y los pagos al juez.

Por otra parte, resulta extraño que un juez que ha dictado resoluciones tan polémicas, de repente se convierta en triprevaricador, es decir, nunca había prevaricado y últimamente prevarica tres veces. Se equivocan quienes creen que han ido a por Garzón jueces de un determinado sector ideológico. Algunos de los que le han sentado en el banquillo son más de izquierdas que los que se manifiestan por las calles.

El problema de Garzón radica en que cuando lo que dicta nos gusta o coincide con nuestros planteamientos, lo aplaudimos, y cuando no lo linchamos. Si Garzón es un prevaricador, durante muchos años unos y otros han estado a su favor cuando la prevaricación les gustaba y en contra cuando no les favorecía. Para mí, Garzón es un juez con sus aciertos y sus errores, como otros muchos jueces. La diferencia está en la notoriedad de sus resoluciones, en las que habrá acertado y se habrá equivocado, como usted, como yo, como todos.

Si le absuelven, seguiré discrepando de él, pero más todavía con aquellos que, sin haber leído nunca una resolución suya, lo condenan de antemano por cuestiones ideológicas y no jurídicas, y sobre todo con aquellos que hipócritamente lo han ensalzado o lo han intentado destruir según lo que resolvía.

Mi confianza en el Tribunal Supremo es absoluta.

«¿Qué te parece la tumba de Grant?», le pregunta el detective retirado Nick Charles a su mujer Nora en la película The Thin Man, basada en la novela del mismo nombre de Dashiell Hammett. «¿La tumba de Grant? Me encanta. Estaba pensando en una igual para ti».

Todo indica que Hammett se inspiró en su propia relación de amor y odio con la escritora Lillian Hell- mman para plasmar la mezcla de complicidad y rivalidad, impregnada de ironía y golpes bajos, que caracteriza la convivencia entre Nick y Nora. Pero para desdramatizar la tensa alternancia entre los mimitos y los hachazos de su tormentosa experiencia real, Hammett introdujo como tercer personaje a un adorable fox terrier llamado Asta, que hacía las veces de mediador y válvula de escape en lo que, de haberles dejado solos, hubiera sido una inexorable Guerra de los Rose anticipada.

El trío funcionó tan extraordinariamente bien en los años 30 que la película, protagonizada por Myrna Loy y William Powell, tuvo una secuela, After the Thin Man, estrenada en la España de la Guerra Civil con el título de Ella, él y Asta. En esa segunda parte es en la que Nick le pregunta a Nora por unas personas a las que acaba de saludar y ella contesta: «No les conoces… gente respetable».

Qué duda cabe de que la extendida leyenda urbana según la cual Chacón y Rubalcaba mantuvieron años ha una relación sentimental ha reforzado el morbo político de esta sucesión de caricias y apuñalamientos que ha culminado en el apretado desenlace de ayer. En la guerra como en el amor todo termina pareciendo lícito. Y algo que concita tanta atención de la prensa y el público no puede dejar de tener continuación.

Máxime cuando acabamos de vivir un gran ejercicio de democracia interna que estimula la participación política y revitaliza no sólo al PSOE, sino al sistema constitucional en su conjunto. Todo apunta a que Rubalcaba llegó a Sevilla con el Congreso ganado gracias a su control del aparato de Ferraz y que el brillante discurso de Chacón -mitinero y demagogo, pero muy adecuado para la ocasión- le ha servido para recortar distancias pero no para ganar. Por eso los 70 delegados de ventaja que alguien tan ducho en el manejo de los peroles como Blanco otorgaba a quien ha sido su cómplice en la gestión del ocaso de la era Zapatero, se han convertido en sólo 22.

Aunque el desenlace pueda parecer muy similar al de julio del 2000, cuando el margen todavía fue más estrecho a favor de Zapatero, existen tres diferencias esenciales. En primer lugar, esta vez el que ha ganado es el candidato identificado con el pasado; y la outsider la que se ha quedado a las puertas. Por otra parte, la travesía del desierto -Chacón tuvo la malicia de identificar a Rubalcaba con ese desagradable sino- resultará bastante más ardua que entonces, porque el PSOE va a tener mucho menos poder autonómico y municipal en el que refugiarse. Por último, el vencedor carece de la proyección como candidato a tres años vista que hubiera tenido Bono, que pronto fue adquiriendo Zapatero y que sin duda se percibe en Chacón.

La suma de estos tres factores puede hacer del triunfo de Rubalcaba una victoria pírrica. Tanto si es capaz de integrar a Chacón y los suyos en la nueva dirección como si no, la dirigente catalana queda convertida en una especie de alternativa a la alternativa con el objetivo puesto en las primarias en las que se elegirá al futuro candidato. ¿Cuánto tardarán parte de los que han compuesto la precaria mayoría del vencedor en darse cuenta de la oportunidad perdida al atrincherarse en el pasado y desaprovechar la ocasión de elevar por primera vez a una mujer al liderazgo de uno de los dos grandes partidos nacionales?

A corto plazo este desenlace tiene ese punto masoquista que tanto complace al Gobierno de Rajoy: el PSOE renueva la confianza en el candidato que perdió los cuatro millones de votos, en el dirigente más detestado por los votantes del centro derecha y en el líder con tejado más quebradizo para ejercer la oposición. Basta fijarse en la pobreza de los mimbres de su discurso de ayer, atacando a los banqueros y al Vaticano -!!-, para que quede claro que Rubalcaba pretende disfrazar de cambio la simple satisfacción de esa toxicomanía que le impide vivir lejos del poder político.

Además, la gran víctima de la votación de ayer no es Chacón, sino Griñán que, jugando el partido en casa, no ha logrado imponer a su candidata, probablemente porque a la hora de la verdad el PSOE andaluz sigue siendo chavista, guerrista y felipista. Mal bagaje para afrontar un desafío electoral como el que le espera dentro de mes y medio. No me extraña pues que el español más contento con el resultado del congreso socialista sea Javier Arenas: ¿qué otra cosa podía venirle mejor sino una victoria por la mínima del adversario de su adversario que debilita a éste sin fortalecer al partido?

Por mucho que se hable ahora de unidad, los puñales van a quedar desenvainados. Lo del team of rivals de Obama y Hillary funciona cuando toca administrar una victoria. Pero cuando no hay poder que repartir y ha habido tanto juego sucio y subterráneo de por medio, lo que primarán, federación por federación, serán los ajustes de cuentas y las ansias de desquite.

Por eso en el juego de equilibrios y tensiones entre los vencedores y los perdedores de este Congreso, por sorprendente que pueda parecer, hoy me atrevo a pronosticar que habrá que contar con un tercer personaje que desde fuera del parlamento y del propio PSOE va a condicionar la estrategia de oposición de la izquierda. Me refiero a Baltasar Garzón, catapultado hacia el estrellato político -y si no al tiempo- por su arrollador triunfo mediático de esta semana sobre los timoratos magistrados del Supremo, que han aceptado dócilmente la inversión de papeles, permitiendo al acusado desviar la atención del único debate pertinente -el de su flagrante abuso de jurisdicción- y convertir a las víctimas del franquismo en testigos de cargo contra ellos.

La izquierda revanchista ha vivido sus quince minutos de gloria truculenta. El misterio de la embarazada sobre la que nunca se supo si «los falangistas» le dieron «un tiro en la tripa» o le robaron el hijo, se llevó la palma del impacto informativo. Cada atrocidad de la derecha de hace 75 años que se relataba dentro de la sala y cada insulto contra los miembros del tribunal proferido ante las cámaras en sus inmediaciones era una medalla que Garzón se colgaba ante ese sector de la sociedad que aún vive para el ajuste de cuentas, el resentimiento y la trifulca cainita. ¿Qué dirían los dirigentes comunistas, los líderes sindicales o los artistas militantes si al pairo de cualquier otro procedimiento judicial se montara una pasarela equivalente para los hijos y nietos de las víctimas de Paracuellos, la Modelo o el resto de los escenarios de los 50.000 asesinatos documentados por el hispanista Julius Ruiz en su reciente estudio sobre el Terror Rojo?

Garzón es más joven y apolíneo que Rubalcaba y más experimentado y astuto que Chacón. Desde el 93 quedó bien claro que se pirra por la política y que su único verdadero objetivo en la vida es el poder. Pronto va a tener, además, mucho tiempo libre. Si hasta ahora era un juez suspendido que ganaba tiempo con sus apaños internacionales, en el momento en que reciba una condena tendrá que colgar definitivamente la toga.

Esto es mucho más que un futurible porque así como no me extrañaría, conociendo algunas trayectorias personales timoratas, que este tribunal que se ocupa de su salto de la rana sobre la Ley de Amnistía se refugiara en algún confuso bosquecillo doctrinal para absolverle, parece imposible que no ocurra lo opuesto en relación con las escuchas a los abogados, dada la diáfana simplicidad de los hechos. Como bien acaba de decir el Rey, «el derecho de defensa del que deben gozar todos los ciudadanos» merece «especial protección»; y si eso es de aplicación a su yerno, que sigue estando libre como un pájaro, tanto más ha de serlo a quienes se hallen de forma cautelar en prisión preventiva.

Pero lo que para cualquier otro se convertiría en un baldón infamante -hacer trampas en los procesos penales ciertamente lo es- en el caso de Garzón aparecerá como nuevo timbre de gloria. Porque, ¿a quiénes interceptaba las comunicaciones, sino a los que pretendían ayudar a eludir el pago de sus culpas a los corruptos de la Gürtel? ¿Y con qué propósito lo hacía, sino con el de destapar toda la podredumbre del Partido Popular, desde el círculo más íntimo de Aznar, hasta el de Rajoy?

Siendo tan encomiables los fines, estando tan certera y merecidamente orientadas sus pesquisas, los trucos baratos y zafias añagazas se convierten a ojos de sus arrobados seguidores en ingeniosos artefactos dialécticos, dignos del más cálido aplauso. Es el caso de cuando alega que aunque las escuchas eran indiscriminadas, luego se ocupó él mismo de preservar el derecho de defensa separando el trigo de la paja; o no digamos su argumento de que los delitos del franquismo, que su propio auto describía como de «motivación política», perdieron tal característica una vez que adquirieron la monstruosa condición de crímenes contra la Humanidad.

¿Cómo no se le va a permitir al nuevo dios justiciero, al hacedor mismo del radiante amanecer del progresismo, entablillar su escritura redentora sobre algunos renglones, digamos -je, je, je-, un poco torcidillos?

A mí el episodio de los pagos a través de la universidad de Nueva York me recuerda el primer terceto del soneto de Quevedo A un juez mercadería que el otro día me pasó con plácido sarcasmo Luis del Val: «No sabes escuchar ruegos baratos/ y sólo quien te da te quita dudas/ no te gobiernan textos sino tratos». Pues ya verán como cuando llegue la hora de juzgarlo se alegará que ese cohecho -todo lo impropio que se quiera, pero enorme y sonoro como un piano- no era sino un acto de justicia redistributiva, basado en definitiva en desviar una parte del dinero de los banqueros y grandes empresarios a los bolsillos de los portavoces de los desfavorecidos, vía diálogos trasatlánticos. Y que imponerles esa gavela precisamente a los implicados en sumarios bajo su jurisdicción tenía un valor de tasa preventiva con cargo a futuras impunidades.

Un clima social enrarecido por la recesión y el desempleo, la desorientación y el nihilismo, es el caldo de cultivo perfecto para que prendan los grandes demagogos. Garzón se acerca bastante a las características del sinvergüenza perfecto pues es audaz, inteligente, sectario hasta las cachas, carece por completo de escrúpulos y nada como pez en el agua en el río revuelto de la agitación callejera. Si ya se subió al púlpito de las manifestaciones contra la guerra de Irak para llamar asesino a Aznar, que a nadie le extrañe verle esta primavera exhibiendo las llagas de su martirio como aperitivo a las consignas que en las movilizaciones del 15-M y similares se lancen contra el capitalismo, la señora Merkel y los recortes sociales de Rajoy.

¿Quién puede servir mejor que él como eje de confluencia entre la izquierda parlamentaria, los sindicatos y los llamados movimientos sociales en una dinámica de oposición que contraponga el rugido de la calle a las mayorías absolutas del PP en el Congreso y el Senado? Y como su megalomanía no tiene límites, enseguida acariciará ser el candidato a La Moncloa en 2015 de un Frente Popular del siglo XXI concebido, si es posible, con el PSOE o alternativamente contra el PSOE.

Tal vez Rubalcaba y Chacón se arrepientan de haber contribuido a crear un monstruo así, pero no les va a quedar más remedio que convivir con él. Por si no fuera bastante pesadilla seguir teniendo que aguantarse el uno al otro, ahora resulta que su fox terrier se ha transformado en un rottweiler. ¿Cuánto tardará la casa común de la izquierda en parecerse a una novela no de Hammett, sino de Stephen King? Atención a este trío que dará mucho juego: ella, él y Balta.

Por previsible que fuera, por comprensibles que fueran sus causas, sigue resultando sorprendente la erosión de voto socialista cuando se observa en detalle.

El gráfico compara el autoposicionamiento ideológico de los votantes socialistas de 2008 con los de 2011. Encuentre usted las siete diferencias.

En primer lugar, hay una ligera disminución entre el extremo izquierdo de la escala -correspondiente a quienes se declaran de izquierda o de extrema izquierda (0, 1 y 2)- que, en su mayor parte, puede entenderse como una fuga del voto hacia Izquierda Unida.

Segunda diferencia: el voto de los que cabe identificar con el centroizquierda (3-4) ha bajado considerablemente. ¿Destino? Una pléyade de opciones: desde Cayo Lara, pasando por los partidos nacionalistas, hasta llegar a Rosa Díez.

La tercera diferencia, el centroderecha. Aunque de entidad escasa en 2008 entre los votantes del PSOE, lo es todavía más en 2011. Son unos pocos votos que sin duda se han reorientado hacia el PP, UPyD y partidos nacionalistas de centroderecha.

En los tres casos, en su mayoría se trata de votos que en 2008 tuvieron un cierto componente de voto útil. La falta de competencia electoral que en estos últimos comicios anticipaban los sondeos preelectorales y, sobre todo, el desgaste que arrastraba la marca PSOE desde mayo de 2010 han roto el hechizo del voto útil. Dicho de otro modo: quien en 2008 prefería votar a CIU, IU o UPyD pero cambió su voto en favor de Zapatero para evitar que ganase el PP no encontró, en estos últimos comicios, tantos motivos para hacerlo.

¿Y las diferencias cuatro, cinco, seis y siete? El voto de aquellos socialistas que, ideológicamente, se consideran de centro se ha desmoronado. Este es el elefante en la sala que algunos análisis poselectorales parecen obviar. La pérdida principal del electorado socialista ha tenido lugar, en su mayor parte, aquí: entre los que se definen como centristas.

Esta conclusión tiene derivadas políticas. Como también la tiene el análisis opuesto, aquel que señala que la fuga principal del PSOE proviene de aquella parte de su electorado más identificado con el ideario de izquierda y que se ha visto traicionado por las medidas económicas -poco propias de ese ideario- que adoptó el Gobierno de Zapatero en el último año y medio. La ventaja de este segundo análisis es que es sencillo y conduce a conclusiones sencillas: perder el voto de la izquierda implica recuperar el discurso de la izquierda. Un objetivo claramente identificable, una receta sencilla: desempolvar los apuntes de 1982.

Pero el elefante sigue estando ahí: la pérdida de votos por el centro, como causa principal de su debacle electoral, requiere análisis más complejos y derivadas todavía más difíciles de llevar a término. Primero, plantea un escenario de dos frentes: el principal, por el centro, y el segundo, por el centroizquierda. Este es un panorama poco alentador, complicado para una militancia desmoralizada tras una derrota histórica ya que pocas batallas se han ganado con dos grandes frentes abiertos. Y la receta es todavía más complicada:

1. Recuperar el atractivo entre aquellos que creen que el PSOE no sabe gobernar en tiempos de crisis. El partido socialista ha perdido buena parte de su credibilidad de Gobierno. Zapatero inspiraba poca o ninguna a un 65% de sus propios votantes y un 70% creía que improvisaba sobre la marcha. Estos datos son demoledores, y Rubalcaba no pudo, o no supo, distanciarse suficientemente de la sombra del presidente del Gobierno. Los estereotipos negativos que antes recaían sobre Zapatero, como la improvisación y la falta de confianza, alcanzaron al candidato socialista y, por defecto, a la marca PSOE.

El electorado de centro busca soluciones efectivas a la crisis, y solo será recuperable cuando perciba propuestas pragmáticas que le permitan obviar las casillas clásicamente identificadas como de izquierda o de derecha.

2. Recuperar el voto útil. Este es un elemento fundamental en cada una de las victorias socialistas. Su electorado, el que finalmente le vota, es heterogéneo -quizás el más heterogéneo de los partidos en las Cortes- y en una parte nada despreciable está compuesto por electores que tienen el corazón dividido entre otras formaciones políticas, algunas de izquierda, otras nacionalistas, otras ecologistas. El PSOE podrá empezar a recuperarlos a medida que vaya recuperando su credibilidad perdida y, por otro lado, a medida que el PP vaya desgastándose con políticas impopulares y referencias simbólicas alejadas del centro. Este voto útil no lo ganará el PSOE, se lo empujará el PP si adopta medidas orientadas a contentar a su electorado más conservador -véase el reciente debate sobre la Ley del Aborto-. Pero para eso, antes, el PSOE deberá recuperar su atractivo.

Pero ¿cómo se recupera el atractivo y la credibilidad? Eso es mucho más complicado que repasar las recetas de Keynes. Es más fácil, con las bases desmoralizadas, optar por el análisis sencillo: el frente principal está en la izquierda.

La muerte de Manuel Fraga y el juicio al magistrado Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo han sacado de nuevo de la oscuridad a los fantasmas del pasado. Por un lado, la constatación de lo difícil que resulta en la sociedad española tener una mirada libre hacia las experiencias traumáticas del siglo XX, recordar para aprender. Por otro, la incomodidad que produce a muchos el recuerdo de la violencia franquista, ejercida desde arriba, durante 40 años, por el nuevo Estado surgido de la sublevación militar y de la Guerra Civil, que puso en marcha mecanismos extraordinarios de terror sancionados y legitimados por leyes hasta la muerte del dictador. Más de un año después, allí estaba todavía el Tribunal de Orden Público (TOP), disuelto finalmente por un decreto ley de 4 de enero de 1977.

Con la muerte de Manuel Fraga la mayoría de los medios de comunicación nos regalaron la vista y el oído con unas cuantas horas de música celestial. El disco solo tenía cara A: hombre de Estado, político extraordinario, uno de los más importantes del siglo XX español, padre de todo lo bueno que puede exhibir la derecha actual en el poder. Pocos hicieron sonar la cara B, la otra cara del mismo disco, inseparable, compuesta con anterioridad, cuando la música tenía un solo director. Puede verse en los libros de historia, aunque únicamente en aquellos que no usan y abusan de ella para conformar o legitimar el presente a su gusto.

Fraga fue ministro de Franco, desde 1962 a 1969, y ministro del Gobierno de Arias Navarro que se formó tras la muerte de su caudillo, desde el 12 de diciembre de 1975 hasta el 1 de julio de 1976. Nunca fue ministro con la democracia. Su autoridad nació de la dictadura y tuvo después en sus manos durante unos meses, como ministro de Gobernación, todo el aparato represivo intacto, ese que cargaba en las calles contra los manifestantes, detenía y encarcelaba de forma arbitraria y sin garantías, torturaba en los cuarteles y comisarías y, si hacía falta, disparaba mortalmente a los trabajadores, como en Elda, Tarragona, San Adrián de Besós, Basauri o en el asalto policial a la iglesia vitoriana de San Francisco de Asís, una masacre que dejó cinco muertos y decenas de heridos. Y todo ello en apenas medio año, donde quedó al descubierto el talante reformista de los franquistas sin Franco, cómo trataban a opositores y huelguistas, “desórdenes callejeros” los llamaban, y la impunidad de las fuerzas armadas.

La historia de Europa del siglo XX proporciona abundantes ejemplos de políticos que transitaron desde las dictaduras a las democracias. Ocurrió en los países dominados por los fascismos hasta 1945, por el comunismo hasta 1989 y en Grecia, Portugal y España tras 1974-1975, los únicos lugares del continente donde seguían en pie dictaduras salidas del firmamento político de la ultraderecha.

Fraga no fue, por lo tanto, un caso excepcional ni caminó solo por la pedregosa senda que conducía del autoritarismo a la libertad. Y como otros muchos compañeros de viaje, tampoco tuvo que quitarse el caparazón franquista para distanciarse de los sectores más inmovilistas y participar en el cambio político.

En noviembre de 2005, 30 años después de la muerte del dictador, o 27 desde la aprobación de la Constitución, de la que dicen que fue uno de los padres, en una entrevista publicada en Corriere della Sera, hacía una desaforada defensa de Francisco Franco y de su régimen político, recordando a los italianos las excelencias del que fue durante tanto tiempo su jefe y los enormes beneficios que su sistema de gobierno (“ni fascista, ni totalitario”) dejó a todos los españoles.

Una explicación de ese tipo puede causar sonrojo, cosas de don Manuel, del hombre de Estado. Ocurre, sin embargo, que se refiere a una historia real de asesinatos, tortura y violación sistemática de los derechos humanos, que destruyó a familias enteras e inundó la vida cotidiana de miedo, humillación y castigo. Y todo eso, además de las circunstancias de la muerte y paradero de decenas de miles de víctimas, es lo que intentó investigar Baltasar Garzón, juzgado ahora por la Sala Penal del Tribunal Supremo, ante la indiferencia y el desprecio de muchos, hacia él, hacia las víctimas y hacia todos aquellos que quieren honrarlas.

Fraga tenía poderosas razones para pensar eso de la dictadura de Franco, antecedente necesario de la democracia, a la que él tanto dio, como nos ha recordado la música orquestada por sus seguidores ideológicos y de partido. Y así, a través de imágenes autocomplacientes, libres de zonas oscuras, jaleadas por los medios de comunicación más afines, dicen que esa historia, no otras, ya es pasado y hay que mirar al futuro. Mientras tanto, el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia insiste en que el régimen franquista, tenía razón don Manuel, no fue “fascista ni totalitario”. Y las políticas de gestión de la historia y memoria de ese pasado violento desaparecen con la excusa de la crisis, arrinconadas por los nuevos gobernantes. Y Garzón en el banquillo.

En ocasiones me he referido al dictum del premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1960, Peter Medawar, nacido en Río de Janeiro pero educado en Inglaterra, quien afirmaba que la economía no podía ser calificada como una actividad científica, puesto que no podía predecir. Muestras de la veracidad de este dictumquedan patentes a diario, y, desde luego, nuestro pasado reciente lo ha demostrado claramente. Por ello, a mi parecer, un número de cálculos y predicciones negativas de los especialistas en economía deben tomarse con cierto escepticismo y ojalá sean más positivos, ya que de otro modo el pesimismo se contagia de unos a otros, como estamos viendo estos días. Además, la crisis se está utilizando como excusa en muchos casos para evitar compromisos. Y tanto más cuantos más encuentros y cumbres se realizan. Pienso que encuentros como el de Davos, que está teniendo lugar estos días, son más que suficientes.

Desde mi punto de vista, en los momentos actuales es necesario, mejor dicho, vital, conseguir un cambio radical de actitud ante la crisis: hemos de pasar del pesimismo y la pusilanimidad por unas malas condiciones económicas, especialmente el paro, a un optimismo basado en la cooperación de todas las clases sociales. El momento que atravesamos no es ni comparable, en un orden de magnitud al menos, a la terrible situación española de 1939, terminada la Guerra Civil y las muchas ocasiones desde entonces, como bien describe el imaginativo Eduardo Serra en su reciente publicación «Las claves para transformar España», como consecuencia de su entrevista con más de ochenta personas preocupadas con Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. No solo disponemos de una agricultura floreciente, sino que además se van mejorando las condiciones para la eficiencia en la distribución de mercancías, además, y por encima de todo, disponemos de una juventud mejor formada que nunca. Es cierto que esta juventud lo está pasando muy mal, como todos sabemos, que se encuentra desalentada pensando que muchos años de estudio no les van a facilitar un buen trabajo. Por ello, en el Consell Valencià de Cultura llevamos ya varios meses consultando a una serie de expertos, incluidos rectores de universidades, para conocer la egresión de los estudiantes universitarios. Así, se está redactando un informe, que lleva por título «La idoneidad de los estudios impartidos por las Universidades públicas valencianas para la empleabilidad de sus egresados».A modo de resumen, este informe es consecuencia de la preocupación expresada por este Consell sobre la posible discordancia entre los conocimientos y habilidades adquiridos por los alumnos para obtener los títulos emitidos por las universidades valencianas y su posterior capacidad para obtener y mantener un puesto de trabajo, en el que desarrollar de una manera eficiente dichos conocimientos y habilidades. El tema es muy complejo, porque en la «empleabilidad» de los egresados de las universidades influyen multitud de factores. La primera idea que debemos tener clara es que no se trata, en absoluto, de un tema «valenciano» o «español». El problema afecta a todos los países del mundo, probablemente con mayor intensidad a los países desarrollados y a los que tienen lo que se denomina una «economía emergente».

Si hay una conclusión evidente, es que los estudiantes poseen unos conocimientos que les favorecen la creación de puestos de trabajo novedosos y de una sociedad mucho más preparada y organizada en su conjunto para realizar un esfuerzo masivo y evitar que unos pocos cometan excesos. Como he repetido en ocasiones recientes, incluyendo el último artículo que escribí para el ABC, tras leer las obras de John Keynes, es necesario ahorrar, pero también gastar, y esto es algo que está en el ánimo de muchos, incluso en muchos economistas.

Hace pocos días me encontré en uno de los locales que frecuento a un amigo que me comentó la enorme caída de ventas que ha experimentado su negocio, y que atribuía al espíritu timorato que nos ha dejado la crisis. Incluso me comentó que sus hijos y nueras, que disfrutan de puestos de trabajo bien remunerados, debido al ambiente propiciado por la crisis habían disminuido sus gastos considerablemente. Esta actitud debe cambiarse. También otros contertulios se animaron a opinar y me contaron un chiste, que puede resumirse así: llegó un señor a un hotel y dejó al recepcionista un billete de cien euros, como adelanto, y fue a ver la habitación en que pensaba alojarse. A requerimiento del recepcionista, un botones acompañó al posible cliente a la planta. Mientras tanto, el recepcionista llamó a su carnicero y le entregó los cien euros para condonar sus deudas; el carnicero, a su vez, llamó al electricista con el mismo propósito, y así el billete de cien euros pasó por las manos de una serie de empleados hasta que llegó a una chica «de vida alegre», quien lo dejó de nuevo en el hotel para también saldar su deuda. Al señor que buscaba alojamiento la habitación no le gustó, y decidió no alojarse. Pese a ello, el dinero circuló, que es lo que se necesita más que nunca.

De momento, parece que, afortunadamente, el Gobierno va a controlar las gratificaciones salariales de las entidades financieras, al menos de aquellas que perciban ayudas para su subsistencia, y va a perseguir la mala administración de los fondos públicos. Pero hay muchas más entidades que pueden colaborar. Así, por ejemplo, quiero recordar que hace ya más de medio siglo el profesor Pedro Laín Entralgo dijo que España podía permitirse el lujo de exportar científicos (y había muy pocos entonces) e importar jugadores de fútbol, lo que en su momento le costó su cese como rector de la Universidad Complutense. Creo que desgraciadamente el momento actual corrobora el dictumde Laín Entralgo. Quizá, y aun a riesgo de enfrentarme a muchos de mis compatriotas, pues sé que el fútbol despierta pasiones, creo que es otro sector que debiera ayudar, ya que los jugadores tienen mucho entusiasmo y pueden crear ilusión; además, tengo entendido que perciben salarios tan cuantiosos como los de los banqueros. Estoy seguro de que si se les pidiese o indicase, responderían con su espíritu deportivo, lo que sería muy de agradecer y eficiente.

Acabo de terminar una entrevista mediática y les he comentado algo de lo que indico en este artículo, y a ellos también he pedido su ayuda.

Ha habido cambio de Gobierno primero en Catalunya y ahora en España y el signo de los partidos gobernantes ha variado. Los nuevos gobiernos han tenido que empezar su trabajo en un entorno económico difícil y los presupuestos se recortan también en investigación. Hace tiempo que deberían haberse hecho reformas en la manera como se gestiona la investigación española. Optimizar cómo se gastan los recursos es ahora una necesidad absoluta y tendrán que cambiar cosas a la fuerza. Puede ser una oportunidad para hacer lo que no se había hecho hasta ahora, pero la ciencia es una actividad a largo plazo y necesita también de continuidad. Parece que los actuales gestores han entendido estos mensajes. Esperamos que sea así.

Las elecciones en el Estado español han llevado un nuevo partido al Gobierno. En el último periodo del anterior Ejecutivo se habían paralizado decisiones como las convocatorias, que son esenciales para los grupos de investigación de nuestro país. Había expectación por saber quiénes ocuparían los cargos de responsabilidad. Las primeras decisiones han sido poner en marcha las convocatorias y nombrar personas que conocen bien el mundo de la investigación y que envían un mensaje de continuidad. Incluso algunos han protestado porque la máxima responsable de la ciencia española, la secretaria de Estado Carmen Vela, les parece demasiado continuista. Haber esperado a que se definieran nuevas políticas para hacer convocatorias hubiera sido perjudicial.

Pero el sistema necesita cambios. De hecho, el ministro de Economía y Competitividad, de quien depende ahora la ciencia, ha afirmado que lleva una agenda agresiva de reformas. Una agresividad bien dirigida es lo que se necesita. La ley de la ciencia, aprobada con los votos de los principales partidos del Parlamento español, pese a sus limitaciones, contiene elementos que pueden permitir avanzar en las reformas. Se prevé una agencia para la gestión de la investigación, se insinúa la necesidad de reformar los organismos públicos de investigación y se abre la posibilidad de que los trabajadores de la investigación sigan una vía contractual. Ahora que tenemos las plazas de funcionarios congeladas, es cuando se mide el error de haber llenado nuestros centros y nuestras universidades de funcionarios elegidos con los criterios de siempre. La ley también prevé el respeto por los sistemas autonómicos de investigación, un proceso de coordinación de las políticas y la definición de una estrategia general. En el entorno autonómico, de un lado, y en el europeo, del otro, la existencia de una reflexión estratégica sobre las prioridades en investigación es una necesidad imperiosa.

Por lo tanto, unas dosis adecuadas de continuidad y reformas son saludables, y por ahora parece que las decisiones tomadas van en esta dirección. Está claro que preocupan los recortes de recursos. Unas reformas correctas pueden permitir optimizar los gastos. Quizá había demasiado dinero que no se distribuía de forma competitiva y ha acabado creando una maquinaria pesada que pierde energías por todas partes. Se han creado unos capítulos de personal desproporcionados y sin flexibilidad. Todo esto se puede reformar si hay voluntad. Se podría pensar que cuando hay más recursos es más fácil reformar, pero la experiencia demuestra lo contrario y ahora no se puede esperar más.

Pero también hay que decir que todo tiene un límite. El dinero destinado a investigación en nuestro país está por debajo de todos los parámetros si comparamos con los países del entorno en los que, sin embargo, la dotación se ha mantenido o incluso aumentado. Por debajo de un cierto nivel no es posible mantener programas ni renovar personal. Se puede acabar creando una fuerte hipoteca de cara al futuro, y cuestiona la credibilidad del sistema. Si a la primera de cambio las reducciones son brutales nadie se creerá que el nuestro es un país que apuesta seriamente por la investigación como base de una nueva economía. Por lo tanto, la situación necesita un nivel de financiación razonable.

Con este panorama, hay que desear acierto a quienes han de decidir adónde se dirige la ciencia en nuestro país. Hoy por hoy, ha habido recortes indiscriminados de sueldos y recursos. El nivel de calidad en la investigación a que hemos llegado debería permitir que los cambios que se pueden producir vayan marcando una dirección de la ciencia más eficaz y con prioridades claras que marquen las estrategias futuras. Y con esto puede haber también continuidad. Se pueden potenciar centros y grupos donde se hace la ciencia de la mejor calidad y apostar por temáticas que tengan más incidencia en la investigación y la economía. Iniciar nuevas formas de contratación, aunque sea con prudencia, podría dar un mensaje de esperanza a los jóvenes investigadores e indicar qué haremos cuando la economía se reactive. Si el sistema ha de adelgazar, más vale que pierda grasa inútil y quede listo para volver a la carrera lo antes posible.

La azucarada doctrina según la cual la lengua sirve sobre todo para entenderse es antiquísima y muy apta para la oratoria edificante, pero no debería dársele más crédito del quizá no muy generoso que le conceden los autores de esta clase de discursos. Cualquier observador atento sabe de sobra que el lenguaje no es casi nunca un medio para el acuerdo ni para la concordia, sino uno de los motivos de violencia más inagotables y traicioneros de que se tiene noticia. Y quien quiera consolarse creyendo que una lengua solo revela su rostro carnicero cuando se enfrenta a otras, hará bien en acudir al libro de los Jueces (12, 4-6), donde se narra con la mayor naturalidad cómo 42.000 efraimitas, que se esforzaban por disimular su condición, fueron degollados por los galaditas en los vados del Jordán al ser incapaces de pronunciar adecuadamente el primer sonido de la palabra shibbolet y no saber decir más que sibbolet: cuando la lengua es un cuchillo, con una sola letra basta.

La lengua fue durante siglos compañera del Imperio y madre del guerrero, y todas las lenguas maternas lo son por alguna victoria militar, próxima o remota, que decidió sobre cómo hablaría cierto número de generaciones futuras. De manera inevitable, también las lenguas pequeñas buscan un reino propio al que acompañar, y casi nunca renuncian a planes más o menos ambiciosos de expansión. En nuestros días la lengua sigue siendo compañera de imperios, repúblicas y principados, pero lo habitual es que se la aprecie más por su valor de cambio que por sus vibrantes resonancias marciales. A menudo se oye, por ejemplo, que las lenguas muy habladas y cuyo aprendizaje resulta atractivo son una fuente segura de ganancias, como el sol donde luce mucho, o como el nombre mismo de la nación (su marca, acostumbra a decirse, cambiando el ardor patriótico por el orgullo mercantil) cuando goza de prestigio por alguna circunstancia o episodio notorio, y casi siempre deportivo (las victorias en esta clase de torneos son, sin duda, el sucedáneo incruento de los triunfos guerreros).

Para aumentar el valor de la marca del país, el ser la cabecera de una lengua universal constituye una ventaja de las más envidiables y un tesoro al que conviene sacar todo el partido (o, como suele decirse con la mayor solemnidad, aunando codicia y pedantería, “todo el potencial”). Pero, naturalmente, no cabe montar una buena política de la lengua tan solo a base de cálculos contables. Del mismo modo que el orador guerrero o sagrado se desgañitará cada vez que se refiera a los mártires, el encargado de promocionar la lengua como referente de la marca nacional deberá invocar a menudo las glorias literarias muertas y vivas, ventajosas sustitutas de los héroes y los santos, y que constituyen, además, un apreciadísimo hontanar de valores culturales (cosa también promocionable de por sí), e incluso de valores en general.

No puede decirse que hayan faltado en España en los últimos tiempos agrias disputas lingüísticas. Y no faltarán nunca porque, allí donde haya lenguas irredentas, las consabidas pendencias identitarias serán siempre entretenimiento obligado de la opinión pública y nadie podrá permitirse el lujo de cancelarlas. Lo que resulta francamente llamativo ha sido la ausencia de todo debate en relación con el hecho lingüístico de mayor envergadura producido en muchísimo tiempo, a saber, la aceptación del incontrovertible principio según el cual el llamado bilingüismo (pero no el central-periférico, sino el referido al inglés) debería ser el día de mañana la condición normal de todos los súbditos. No se conoce, en efecto, a nadie que haya puesto en tela de juicio la bondad de dicho propósito, y lo único que está permitido discutir es la manera de lograrlo (o, como dirán los avisados, implementarlo) del modo más rápido y eficiente, aunque al principio resulte un poco pintoresco.

Como es lógico, tal bilingüismo se habrá de procurar sobre todo por medio de la enseñanza, y el que esta deba cursarse, de principio a fin, en inglés constituirá un dogma incuestionado sobre el que sería muy poco aconsejable expresar dudas: si el inglés llega a ser la lengua de la escuela, nuestra competitividad y excelencia darán un paso de gigante, porque no cabe ninguna duda de cuál es la lengua de la innovación, de la tecnología, de la globalización y, en general, del futuro. Ninguna escuela ni universidad podrá competir aceptablemente si no se proclama bilingüe, y lo que eso significa es que el inglés será la lengua en la que los súbditos aprenderán lo mucho o poco que lleguen a saber, y aquella en la que habrá de hablarse cuando se quiera transmitir seriamente cualquier clase de conocimiento. Puede que tal hallazgo traiga como consecuencia la reducción del castellano a una lengua de uso familiar (o, en el mejor de los casos, también literario), y quizá no haya nada de malo en ello. Es cierto que lo anterior se parece más a la diglosia que al bilingüismo propiamente dicho, pero no procede en absoluto que nos pongamos ahora sutiles ni apocalípticos porque, como debería saberse, con el futuro no se juega.

Que ninguno de los participantes en las recias campañas de defensa del castellano frente a las políticas lingüísticas periféricas haya dicho una sola palabra sobre la imposición escolar y universitaria del inglés no es algo que deba sorprender a nadie, porque los guardianes del español y las instituciones del ramo han practicado, por activa o por pasiva, el mismo asentimiento complaciente que el resto del público. Y poco importa que el llamado bilingüismo resulte casi siempre ridículo. La mayor parte de los maestros y profesores no saben, en efecto, suficiente inglés (ni es, por cierto, su obligación) y enseñan de manera tristemente balbuciente, pero se supone que este reto, como todos, se superará con el tiempo. Además, nadie ha dicho que el docente tenga que ser Demóstenes, y en esto radica seguramente lo decisivo de la cuestión: a nadie parece inquietar el que la enseñanza se lleve a cabo en las condiciones de indigencia verbal propias de una lengua que no dominan ni el profesor ni los alumnos, algo quizá poco importante en las múltiples actividades recreativas que llenan el horario escolar, pero no muy recomendable a la hora de enseñar, por ejemplo, historia o filosofía.

Oponerse, por un lado, al llamado bilingüismo y sentir, por otro, un poco de rubor o de risa floja al oír hablar con unción de la “marca España” son señales inequívocas de inadaptación a los tiempos y de poco espíritu competitivo. Aceptado sea. Pero puede que convenga tener en cuenta un pequeño detalle: si el producto que con tanto empeño se quiere promocionar en el exterior es una lengua cuyo mero uso denotará para sus hablantes maternos que no se está practicando ninguna actividad verdaderamente seria, entonces puede que una mercancía tan averiada pierda la mayor parte de su interés, y que la marca en cuestión no esté en condiciones de competir muy ventajosamente en el mercado global. Estudiar una lengua no empleada para nada tenido por provechoso y que se reduce a la literatura y al habla coloquial es como aprender una extravagante mezcla de latín y de caló, exquisito lujo inmejorable para eruditos sofisticados, pero no muy prometedor en un mundo competitivo. Semejante lengua no solo sería una mala compañera de cualquier imperio, sino también un producto nada fácil de colocar en el mercado y un pésimo logotipo para cualquier marca nacional. Lograr vender a otros lo que uno no quiere para sí exige mucha labia, mucha astucia y mucho disimulo; de lo contrario, tan solo se podrá ser competitivo en el mercado de segunda mano o de ocasión, donde las marcas tienen, qué duda cabe, mucha menos importancia.

“Mirar lo que se tiene delante de los ojos requiere un constante esfuerzo”, George Orwell.

Millones de españoles, parados o a la espera de encontrar su primer empleo, tienen puestas sus esperanzas en las reformas del mercado laboral, pero tales reformas, aunque necesarias, no son y nunca serán una “panacea” para resolver el masivo y vergonzoso problema que supone para España el desempleo.

En la actualidad, Alemania, con 82 millones de habitantes, tiene alrededor de 2,7 millones de parados (menos del 7% de la población activa), el nivel más bajo desde 1991, mientras que España, con 46 millones de habitantes, tiene más de cinco en paro (el 23%), lo cual supone el nivel más alto de los últimos 15 años. La economía española se contrajo entre 2007 y 2011 en términos similares al promedio de las de los 17 países de la eurozona, pero el índice de paro español superó en más de dos veces su tasa anterior, mientras que el de la eurozona se deslizó desde el 7,5% al 10,3%.

Algo funciona muy mal. El FMI tiene razón al calificar de disfuncional el mercado de trabajo español, pero también hay que echarle la culpa a un descompensado modelo económico, excesivamente basado en la construcción y el turismo, y a un sistema educativo incapaz de crear los cimientos de un modelo productivo más pendiente del conocimiento que de los ladrillos y el mortero.

Una reciente visita a Las Palmas de Gran Canaria confirmó estas apreciaciones. En 2011, las islas Canarias, una reproducción a escala del conjunto de España, aunque de una forma extrema, disfrutaron de una temporada turística récord, recibiendo 12 millones de visitantes; es decir, 1,5 más que en 2010 (el 21% del total de España y seis veces la población del archipiélago). Hace mucho tiempo que el turismo constituye el puntal económico de las Canarias; sin embargo, su tasa de desempleo es del 30%, muy por encima de la media nacional y el segundo más elevado después del de Andalucía. ¿Por qué la tasa de paro es aquí tan elevada a pesar de haber tenido la mejor temporada turística de la última década? Principalmente, por el derrumbe del inflado sector inmobiliario, que ha hecho que las islas dependan todavía más de un único sector. Lo mismo puede decirse de gran parte de España.

En los hoteles de las islas cada vez hay más extranjeros en puestos directivos, porque los canarios no saben hablar los idiomas que utilizan sus millones de visitantes. De manera que, por ejemplo, un hotel con una numerosa clientela alemana, en su recepción coloca a alemanes o a personas de otras nacionalidades que hablan alemán. Aunque hace ya unos 50 años que el turismo es la base de la economía canaria, los colegios de las islas y de gran parte del resto de España han fracasado estrepitosamente en la enseñanza de lenguas extranjeras. No han ido más allá de un nivel elemental, y a veces ni siquiera eso.

Como en el resto de las regiones, que se volvieron locas con la construcción, en las Canarias la tasa de abandono escolar temprano, la de quienes dejan las aulas a los 16 años para trabajar en el turismo y la construcción, es elevada. Los trabajadores de este sector, ahora en paro, poco más saben hacer, y no tienen prácticamente más alternativa que volver a clase a retomar los estudios. Esto explica que el índice de abandono escolar esté comenzando a reducirse.

Entretanto, en el otro extremo del ciclo educativo, las universidades continúan produciendo ristras de licenciados que con frecuencia terminan en empleos para los que están sobrecualificados, porque hasta la fecha el modelo productivo ha sido incapaz de crear un número suficiente de empleos que demanden su preparación. No es sorprendente que en 2011 una cifra considerable de españoles (62.611, según el INE), muchos con títulos universitarios, haya comenzado a emigrar, por primera vez en 30 años. Mis propios hijos, de 30 y 29 años, trabajaron inicialmente en España y ahora lo hacen en Londres y Berlín.

Durante la campaña electoral de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero prometió crear dos millones de puestos de trabajo y alcanzar el pleno empleo. Sin embargo, en los últimos cuatro años se han perdido más de dos millones de empleos. ¿De dónde van a salir los nuevos puestos de trabajo estables? Evidentemente, no de la construcción (se calcula que hay alrededor de 750.000 viviendas nuevas sin vender) y tampoco de las Administraciones públicas, que están reduciendo la cantidad de puestos de trabajo.

España ha acometido innumerables reformas laborales desde 1984, cuando se introdujeron contratos temporales para tratar de fomentar la creación de empleo, aunque esa medida acabara creando un mercado laboral completamente dual, formado por integrados (los que tienen contratos indefinidos) y excluidos (los que tienen contratos temporales).

Por sí solas, las reformas laborales, al margen de lo liberalizadoras que sean, no crearán empleo. El desafío radica en establecer una economía más diversificada que, basada en el conocimiento, dependa más de las exportaciones. Para ello hará falta una década: España tendrá que soportar durante mucho tiempo un elevado índice de desempleo.

¿Y si también estuviéramos metidos en una burbuja cultural? Diferente a la del ladrillo, porque implica a menos gente y no supone una desmesura financiera capaz de desestabilizar un país. Pero es importante, al menos para algunos, porque condiciona el presente y el futuro de generaciones, de sus élites, de los mandarines, de los que cortan el bacalao y luego se lo comen, y también de los que se alimentan de las sobras, que son muchos.

La burbuja de la cultura se parece tanto a las grandes galerías comerciales que se diría que son parientes. Viven de quienes compran y venden, pero sobre todo necesitan gente en movimiento. Una galería comercial sin paseantes –sin gente que mira, sin voyeurs– sería el preludio de su ruina. Lo más significativo de las burbujas es que uno no se entera de que vive en ellas hasta que explotan.

Empecé a pensar en esto sentado en una butaca del Liceu de Barcelona, impresionado por los esfuerzos de Jordi Savall por sacar adelante una ópera brillante y divertida, a la que le faltaba lo que no estaba en su mano darle: más ensayos, una escenografía decente, un vestuario adecuado, una luminotecnia digna…, en fin todas esas cosas que no dependen del artista sino de su circunstancia. Una ópera brillante; creada para que el público disfrute. Me estoy refiriendo a El gruñón bienhechor, obra del valenciano Vicente Martín y Soler, estrenada en Barcelona hace unos días y que recomiendo con entusiasmo cuando apenas le quedan dos días de representación.

Siento hacia Jordi Savall un respeto ilimitado. Los más sentidos elogios hacia su obra siempre los he leído en la prensa francesa, y gracias a ella he podido disfrutar de un par de antologías, dedicada una a la música de la época de los Borgia. La otra, Paraísos perdidos, un volumen soberbio de hechura y documentación, sobre el que empecé a preparar un artículo cuyo título pretendía resumir lo que sentía: “Una joya, es una joya”. No lo terminé y me arrepiento. Me admira Savall, no sólo por lo que hace sino por la capacidad para seguir haciéndolo en una sociedad que le importa un carajo lo que haga o deje de hacer. Falleció su mujer, Montserrat Figueras, notable cantante y musicóloga, y ni siquiera ese gesto caballeroso de convertir su desaparición en un homenaje a la cultura pasó de ser un acto casi privado. No penetró en la burbuja.

Aún guardo el libreto de otra obra de Martín y Soler, Vicente –confío que se conserve el nombre que usó toda la vida y no ese Vicent Martí i Soler, que me recuerdan al Ortega y Gasset castizo que hacía escribir en su editorial “Guillermo Dilthey”, pero que no osaba llamar “Manolo” a Kant. La ópera era Una cosa rara, que disfruté a comienzos de 1991 en el Liceu, y donde el propio Savall terminaba la presentación con una cita de La Fontaine que viene ahora como anillo al dedo: “La gracia, más hermosa aún que la belleza”. Ese Martín y Soler, salido de Valencia, que salta a Madrid, que cruza media Italia y se instala en Viena, vísperas de la Revolución Francesa, convertido en compositor de éxito. Las alucinantes memorias de Lorenzo da Ponte, el libretista de los grandes, nos ofrece relatos que ilustran sobre el mundo del arte entonces, sobre su dependencia de la servidumbre y el arribismo. Ahí nos habla de nuestro Martín y Soler, conocido como Martini lo Spagnolo, el compositor “entonces favorito de José”, el emperador.

Confieso que he disfrutado ante ese Gruñón bienhechor, o de “buen corazón”, como han traducido sin pensárselo mucho. Me emocionó la voluntad terca de Jordi Savall para sacar adelante a un autor olvidado, la magnífica actuación del aragonés Carlos Chausson, pero el conjunto resultaba de una pobreza llamativa que solemos justificar diciendo que la directora escénica es hija del gran Peter Brook, y los decorados de no sé quién, que me recordaron una película mediocre a la que una serie de felices casualidades convirtió en magnífica. Me estoy refiriendo a Johnny Guitar, de Nicholas Ray. Olvídense de eso, aquí estamos ante un homenaje, necesario y oportuno, al ideal ilustrado. El arte de jugar, sea al ajedrez o a las herencias, para terminar exhibiendo la necesidad de ser feliz, el único objetivo decente que tiene el ser humano y que es incompatible con hacer infelices a los que te rodean.

Pero mientras uno disfruta sentado en una butaca del Liceu le cabe pensar ¿qué demonios quedará de todo esto? La media de edad resulta inquietante, la ausencia de jóvenes, escandalosa, y sin embargo el Liceu es la institución cultural más importante que tiene Barcelona. No sólo porque no hay teatro al que asistan tal cantidad de espectadores, sino porque aúna tradición, modernidad y cultura, elementos nada fáciles de sumar. No es cosa baladí el que los grandes restaurantes de la burguesía catalana, que yo llegué a conocer, no hayan sobrevivido. Una sociedad que no conserva lo suyo está llamada a inventárselo; tarea de la que se encargan los historiadores sumisos, a vellón la línea.

No podemos decir que nuestro mundo se ha acabado, porque nosotros no tuvimos mundo propio, apenas si llegamos de refilón al que acabó en la catástrofe continuada de guerra y postguerra, pero al que la transición y el pujolismo dieron el golpe de descabello. Como ocurrió con los denostados toros y se disimuló ante los celebrados correbous. ¡Qué humillación para la dignidad ciudadana ese trágala de botarates!

Pero es verdad, disfrutando de una representación operística dieciochesca, en el Liceu, con la voluntad inconmovible de Jordi Savall y una orquesta falta de ensayos, y unos cantantes inseguros entregados al ímprobo trabajo del apuntador, que salvó la representación –deberían exhibir su nombre como elogio–, uno se pregunta si la burbuja cultural que nos envuelve no ha llegado el momento de pincharla, o al menos de ayudar a que estalle, para que de una vez estemos a la altura real de nuestra cultura, modesta y con pretensiones, como corresponde.

Freud, ya entrado en el último tramo de su vida, muy colgado de frustraciones y querencias, escribió El malestar en la cultura. Fue en 1930 y aún lo quedaba lo peor por sufrir; el exilio, el cáncer, y ese desprecio del perro, que él entendió como antesala de su muerte, un suicidio terapéutico bien llevado. Él hablaba con longitud de onda “en la cultura” y en el arte como “refugio fugaz”. Nosotros, más limitados a la contemporaneidad, debemos referirnos a lo evidente “de la cultura”. No es lo mismo, porque en él, un pesimista clásico, había un ansia de felicidad como máxima aspiración humana que quizá nosotros no sentimos. Lo nuestro sencillamente es sobrevivir en un mundo donde la burbuja cultural está a punto de estallar y que si no la pinchamos, no es por falta de ganas sino por algo más cruel, por falta de talento para sustituirla. Y también de valor, de audacia.

Cuando me enteré de que uno de los debates del próximo sarao cultural barcelonés sobre “la novela negra” tratará de por qué hay perros policías y no gatos, me acordé de la indignación que le entró a un puñado de intelectuales españoles allá por 1985, cuando el mundo no era ancho y ajeno sino pequeño y familiar. Entonces a una dama culta, que acaba de fallecer, Natalia Seseña, que ocupaba lugar muy principal en las fundaciones y los fondos para la cultura progresista de la época, se le ocurrió hacer una exposición de abanicos, para que los talentos literarios del momento pusieran unas líneas entre las varillas. Un recurso que conocieron Campoamor y Bécquer, y que gozaron las señoritas de antaño. Recuerdo la indignación de Rafael Sánchez Ferlosio ante aquel dislate intelectual. La cultura se anquilosaba, ni siquiera se desmoronaba, y nosotros soplábamos para que la burbuja no se cayera. Quizá ahí empezó a imaginarse un mundo que sólo existía en la voluntad de disfrutarlo. ¿Acaso es muy diferente a lo que planificaron los reyes del ladrillo antes de que se nos rompiera el espejo?

En una época de incertidumbre, pero a la vez fascinante, aparece la idea de gestión como concepto fuerza y catalizador de todo tipo de esfuerzos en el intento de organizar una empresa, sea esta privada o pública. Es indudable la diferencia en la gestión de una empresa pública y otra privada. Son distintos los intereses y los objetivos. Pero solo en parte, ya que la dimensión técnica que ambas exigen tiene un sustrato común y una metodología semejante. Por lo tanto, hablar hoy de gestión empresarial no es sinónimo de empresa privada, ya que la empresa ya no puede interpretarse solo como una unidad económica sino que ha pasado a ser un concepto de organización. Y así, podemos decir que la gestión empresarial es un producto del siglo XX que ha entrado en una fase más humana, teñida de psicosociología y de una reflexión más templada. No es ajena esta evolución a la del pensamiento contemporáneo, sometido a los vaivenes de la era industrial e informática.

Dirigir una empresa significa una actividad global que requiere tanto la experiencia y el sentido común como la filosofía y la organización del trabajo. La finalidad de la gestión concierne a la parte racional de la actividad humana y es una adaptación permanente al cambio. Gestionar mal es un peligro para la libertad, porque eso significa dejar que una fuerza distinta de la razón condicione la realidad.

Esto no supone un cambio de bando vergonzante de los intereses sociales. Hoy es posible y necesario superar la tradicional relación hostil y un tanto esquizofrénica entre técnica organizativa (gestión eficiente) y progreso de los trabajadores. Esta dicotomía ha sido generada tanto por la presencia de elementos ideológicos no depurados como por la ausencia de análisis dialéctico. Actualmente se dibuja un perfil de técnico y de funcionario con talento, la posibilidad de un conocimiento culto y humanista de la gestión, libre de contingencias mecánicas por la explosión de la informática, y liberado también de la beligerancia social, ya que no tiene porqué plantearse en términos de conflicto sino de diálogo y comunidad de intereses. Una empresa, privada o pública, se administra, en su especificidad, según algunos principios comunes: organización, estrategia, poder y control. Cada empresa se articula en torno a su propia misión. Y el gestor tiene que saber quién es, dónde está y dónde va, antes de ir a la acción.

Con la crisis, se habla excesivamente de financiación y economía, pero menos de calidad, concepto que antes era la idea catalizadora de todo proceso productivo. Hay que volver a hablar de calidad y evaluación de la calidad, marcar objetivos claros de mejora y de rendición de cuentas, elaborando indicadores de gestión y de rendimiento. Ahora que aparece la racionalidad como imprescindible en la gestión pública, es el momento idóneo de transformar la amenaza en oportunidad, introduciendo cambios organizativos profundos, gestión estratégica, planes de calidad y mejorar la distribución interna de recursos.

Posiblemente este artículo sea excesivamente teórico y el lector exija una mayor concreción. Pues bien, aunque sea al final, pienso y digo que la administración pública en general es una empresa sin jefes y sin organización; está deficitaria de planificación y de objetivos claros. Sin embargo, hay funcionarios magníficos insuficiente motivados y otros funcionarios, los menos, incumplidores de su función y profesionales del escaqueo. Lo perverso del sistema es que ambos grupos de funcionarios son igualmente tratados, lo que desmotiva aún más al probo funcionario. Una de las causas de esta situación es la indefinición del concepto y de la función del directivo profesional en la administración pública. El EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) toca esta cuestión por primera vez pero no la resuelve. Otro factor incidente es la excesiva politización de la administración, lo que resta posibilidades a la implantación de una más eficaz y eficiente profesionalización. Y, por último, no es menos perjudicial para este reto la corrupción (de políticos y funcionarios), y lo que aún es peor, la excesiva tolerancia social con la corrupción.

Con el artículo ya finalizado, percibo la gravedad del asunto tratado, por lo que volveré a reflexionar sobré él.

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El problema de fondo que late en todo el artículo anterior y en éste es el análisis de los niveles políticos de las administraciones y de las relaciones entre política y administración. Ambos campos están muy relacionados ya que la política, por medio de las administraciones públicas, administra los recursos de la sociedad. Por eso, la Administración necesita de la política para llevar a cabo sus funciones principales.

Según el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Creo que esta declaración es un buen espejo donde mirarse todos para saber qué podemos esperar y qué debemos exigir a la Administración.

A nivel territorial, la Constitución de 1978 divide la Administración pública en tres niveles como consecuencia de la definición de un Estado fuertemente descentralizado:

• Administración General del Estado: es la administración central de todo el Estado español, encargada de llevar a la práctica el programa del Gobierno y de satisfacer los intereses generales.
• Administración autonómica: compuesta por todos aquellos organismos que gestionan competencias atribuidas total o parcialmente a las regiones y nacionalidades de España.
• Administración local: comprende las competencias que tienen atribuidas los municipios, las diputaciones provinciales o forales y los cabildos insulares.
• Otras Administraciones: por ejemplo, la Universidad.

En todas las administraciones públicas mencionadas anteriormente existe la problemática funcional y competencial entre políticos y funcionarios. Como una referencia del proceso habido desde el siglo XVII, tras el final de la monarquía absoluta y su sentido patrimonial de la Administración Pública, la doctrina política liberal gira alrededor de la idea de la protección y la libertad del individuo. De ello se deriva la separación de poderes: política y administración. Posteriormente, Max Weber consolidará el modelo legal racional weberiano de una Administración que está separada del y subordinada al poder político. Con Weber, sólo el político es responsable porque usa valores e ideologías. No así el funcionario, que ejecuta las propuestas del político.

Actualmente, tras la Segunda Guerra Mundial, la Administración se vuelve más compleja y se necesitan funcionarios con una mayor cualificación técnica en las distintas dimensiones de la Administración. Esta fase se conoce con el nombre de Nueva Gestión Pública. En ella se producen una serie de reformas administrativas que involucran una gestión por objetivos, usa indicadores de gestión, tiene un claro enfoque hacia el cliente de los servicios, no desprecia la externalización de aquellos servicios no esenciales, sin perder nunca el control y la propiedad del proceso. Y sobre todo, utiliza la evaluación como instrumento para mejorar los procesos productivos de servicios.

En teoría, el sistema debería funcionar perfectamente, ya que conceptualmente y competencialmente el asunto está claro. Sin embargo la percepción social es que funciona mal. En mi opinión, dos son los grandes problemas de la Administración: uno por comisión, la corrupción; y otro por omisión, la eficacia-eficiencia.

La corrupción es un abuso de poder que supedita el bien general al beneficio propio. Mediáticamente brilla más la corrupción de los políticos, pero históricamente es más constante la corrupción de los funcionarios. Aún más, los políticos no podrían corromperse sin la cooperación necesaria del funcionario, mientras que éste goza de mucha más autonomía para sus tropelías. El exceso de burocracia, que suelen mostrárnosla como una consecuencia de la complejidad, no es más que la telaraña que oculta la corrupción. Si hubiese una gestión ágil y transparente no habría corrupción.

La eficacia-eficiencia (hacerlo bien optimizando los recursos) es una consecuencia de la ausencia de auténticos directivos, con todo lo que la Nueva Gestión Pública conlleva, y de una inexistente coordinación político-administrativa que nos arrastra a la estéril compartimentación de servicios, que sirve para justificarse los políticos y funcionarios pero que deja a la sociedad sin una respuesta rigurosa a sus demandas.

Todavía no has aparecido para presentarte a la Secretaría General del PSOE, pero espero que no te demores mucho, pues el tiempo corre en tu contra y en el de todos los afiliados, puesto que los delegados han sido elegidos, mientras los elefantes del PSOE están tejiendo sus redes para apoyar a los dos candidatos presentados.

No me extraña que te dé miedo presentarte con una candidatura frente a dos aspirantes del aparato del partido, ahora dividido, al margen de los grandes medios de comunicación, al margen de las familias territoriales que controlan la organización tanto de cargos públicos como orgánicos.

Como sabes este Congreso está diseñado con precipitación desmedida, como para salir del paso; sus delegados serán de manera abrumadora cargos públicos y orgánicos cooptados por los aparatos provinciales que están a verlas venir, y, sobre todo, a defender con uñas y dientes sus puestos, por lo que la militancia apenas estará representada y solo unos pocos de la dirigencia decidirán los resultados electorales.

Te recuerdo que desde hace muchos años nos hemos acostumbrado, en el PSOE, a no pedir responsabilidades cuando se pierden las elecciones, tanto a los candidatos como a los dirigentes. El verbo dimitir no se conjuga y eso que llevamos desde los noventa perdiendo Ayuntamientos, Diputaciones y CC AA. ¿Y qué decir de las últimas debacles de mayo y noviembre? ¿Alguien ha dimitido? Todos estos perdedores nacionales, autonómicos y locales son los que van a decidir el Congreso entre dos candidatos perdedores. ¿Y esta es la perspectiva de renovación y cambio?

Dicen unos y otros que van a abrir el partido a la sociedad y a los simpatizantes, pero ¿no sería, de entrada, más sencillo y práctico comenzar a abrir el PSOE a los militantes que hoy están olvidados y preteridos?, lo que ha convertido a la mayoría de los mismos a ser afiliados, pero no simpatizantes del actual PSOE.

Como bien conoces la disidencia y la crítica han sido yuguladas en estos últimos años de zapaterismo. La reflexión ha sido sustituida por la sumisión y la genuflexión. Todos los que han estado en los poderes del Estado y del partido han participado en estas políticas, y, de manera notable, los dos candidatos que se presentan a secretario general.

¿Cómo pueden decir los dos candidatos que estaban en desacuerdo con ciertas medidas económicas que se aprobaban en los Consejos de Ministros y luego votaban a favor? Sería creíble lo que dicen ahora si hubieran dimitido en su momento y hubiesen preparado una alternativa. No se puede hacer borrón y cuenta nueva de todos los desaguisados cometidos por los Gobiernos de Zapatero que han sido numerosos y abundantes y de todo ello fueron partícipes los actuales candidatos que prefirieron seguir gozando de las mieles del poder a pronunciar una palabra en contra.

Ninguno de los dos candidatos, que se sepa en estos años, ha hecho o ha propiciado reflexiones teóricas de lo que debe ser el socialismo democrático en España, en la coyuntura internacional actual tanto en Europa como en el mundo. Tampoco les hemos visto aportaciones, más allá de lugares comunes, sobre el presente y el futuro del Estado de bienestar, solos o en compañía de otros líderes europeos frente al proteico liberalismo que inunda el mundo político y económico. Han hecho todo lo contrario.

La nueva dirigencia que va a elegir el Congreso si tú, tercer candidato, no lo remedias será otra dirección reproducida por partenogénesis, es decir, el propio aparato se reproduce a sí mismo sin colaboración externa.

El socialismo español necesita una catarsis, y estarás de acuerdo conmigo que no cabe hacer experimentos con candidatos agostados y agotados. El PSOE necesita un nuevo Suresnes.

Como candidato despegado de todas las adherencias negativas del pasado inmediato del PSOE debes encarar los nuevos retos que pasan: A) por una transformación profunda del funcionamiento interno del partido, haciéndolo más democrático en la medida en que permita que la afiliación pueda participar directamente en la elección de los cargos públicos mediante primarias. B) Por una exigencia de responsabilidades a los perdedores de elecciones. C) Por una limitación de los mandatos de los cargos en las instituciones. D) Por plantear debates en conferencias, seminarios, congresos en todas las federaciones sobre el futuro del Estado de bienestar, cuyos pilares son la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales y la vivienda. E) Por debatir el futuro del Estado de las Autonomías sin complejos nacionalistas para hacerlo más eficaz, solidario e igualitario, alejado de privilegios, disfunciones y despilfarros. El PSC tendrá que repensar alguna vez qué quiere ser de mayor, si confederal, federal o independiente. F) Por liderar las relaciones, los debates y las políticas comunes con los partidos socialdemócratas europeos.

Debe ser un Congreso rompedor el que celebremos sin abjurar de nuestros logros en los últimos 38 años, pero teniendo en cuenta que ya no valen el buenismo y la juventud alegre y confiada del zapaterismo. Muchos afiliados y simpatizantes esperamos que abras unas puertas cerradas, no tengas miedo a perder, porque habrás demostrado coraje, arrojo y valentía frente a lo establecido, que es aburrido, previsible y sobre todo un inmenso error.

Es frecuente que se confunda el precio de un bien con su valor. Influyen prejuicios, un conocimiento superficial o un deseo aspiracional de emulación. También es habitual malvender lo que ha costado mucho lograr. Algo de esto es lo que ha sucedido en el Consejo Europeo del pasado 30 de enero. El presidente del Gobierno iba con un importante activo -son sus palabras y las de miembros de su Gobierno- y ha malvendido el acuerdo que sindicatos y patronales firmábamos días antes.

Ante los primeros ministros conservadores equivocó el precio -una huelga general que le parece inevitable- con el valor del consenso social y la responsabilidad. Solo faltaba el señor Van Rompuy, animando a coger de nuevo “el toro por los huevos”, tal y como hizo cuando celebró la valiente, por impopular, reforma laboral del anterior Gobierno.

Anoten un detalle y denle la importancia que consideren: el acuerdo de las pensiones se rubricó el día anterior a la llegada a Madrid de la canciller alemana, encuentro muy importante para nuestro país. El día anterior al encuentro en Berlín del presidente del Gobierno con la señora Merkel y en tiempo para su primer Consejo Europeo, actos no menos importantes, sindicatos y empresarios volvimos a cumplir con nuestra responsabilidad. Esperábamos que fuese una contribución que fortaleciese la posición de nuestro país para reclamar otras políticas que no arruinen a la sociedad española y le arrebaten derechos y bienestar. Pese a lo sucedido, no cejaremos en el empeño por lograrlo.

En nuestro país se ha producido un cambio político, un Gobierno conservador ha sustituido a uno socialista. Pero la severidad de la crisis pronto ha disipado las fábulas que precedieron al cambio y no ha tardado en aparecer el personaje del Torquato Tasso de Goethe lamentando que “de lo que uno es, son otros quienes tienen la culpa”.

Tras mi primera entrevista con el presidente del Gobierno -días antes de su investidura- afirmé que lo mejor era que, por la vía del diálogo, pudiéramos contribuir a resolver los problemas, y si no fuese así, deseaba que el presidente acertara. Esta afirmación, sincera, llamó la atención de alguna de las personas que más se han empleado en propagar el odio contra las organizaciones de trabajadores. Treinta y cinco años de democracia parecen no ser suficientes para que se entienda que UGT no es la oposición de ningún Gobierno. Como tampoco somos la oposición en las empresas.

Sindicatos y patronal hemos alcanzado un acuerdo difícil, como lo fue también el de las pensiones. Pero es una decisión que podemos explicar y los trabajadores la entenderán. La falta de acuerdo, cuando nuestro país se encamina hacia los seis millones de parados, es algo que difícilmente hubiéramos podido explicar.

El acuerdo solo tiene un propósito: que el despido sea la última opción en la empresa. La contención salarial, la flexibilidad, el compromiso de que una mayor parte de los márgenes empresariales se dediquen a inversión productiva, la vigilancia de los precios de los bienes y servicios esenciales, en particular de los que son competencia de las Administraciones públicas, solo tienen un objetivo: que no se siga destruyendo empleo.

Con su firma corroboramos algo sobre lo que se ha insistido: que deberían explorarse las posibilidades de mejora que ofrecen nuestras normas laborales, reformadas recientemente. Para asuntos como el convenio de empresa, la flexibilidad en la contratación o en las empresas -si son esos realmente los problemas que se quieren resolver-, nuestra regulación permite buscar soluciones por la vía del diálogo y el consenso social.

No obstante, se pueden preguntar por qué ahora ha sido posible lograrlo con prontitud. Es posible que las distancias antes fueran mayores porque, como ustedes y Borges saben, el espacio se mide por el tiempo y hoy el tiempo, al menos el tiempo político, no sé si es más o menos breve, pero sí es distinto. No ha sido así para nosotros.

También hemos intentado preservar algo vital: la negociación colectiva. Lo saben bien quienes quieren extirparla de las relaciones laborales, el ministro de Economía encabeza el pelotón: “El sistema de negociación colectiva ha sido la principal razón de la pérdida de competitividad que hemos sufrido en la última década”. Por ahora son solo sus palabras, esperemos que no se conviertan en decisiones.

Tras lo sucedido en el Consejo Europeo, tenemos el derecho a que el Gobierno acredite su voluntad de diálogo. Es su obligación tomar la iniciativa, convocar a sindicatos y patronales para esclarecer sus propósitos y, si esa es su voluntad, asentar el consenso social. Y quizás no estaría de más reflexionar sobre comportamientos recientes.

Mientras el PSOE se encamina hacia su 38º congreso, gran parte del debate y los comentarios en los medios de comunicación se han centrado en las diferencias que existen -si es que existen- entre los programas de los candidatos, y en quién estaría mejor situado para enfrentarse a Mariano Rajoy como líder de la oposición. Ambas son cuestiones importantes: si el partido pretende convertirse rápidamente en una alternativa creíble de gobierno necesita tanto un programa sólido como un líder capaz y con autoridad. Sin embargo, me parece que el reto más importante que afronta el próximo secretario general -ya sea Carme Chacón o Alfredo Pérez Rubalcaba- es la reforma del propio partido. El año pasado, votantes de siempre del PSOE le abandonaron no solo porque había perdido su credibilidad y sus metas, que también. Muchos votantes se alejaron por la forma de hacer política que estaban viendo en los socialistas.

Históricamente, desde luego, todos los Gobiernos, con el tiempo, acaban perdiendo su sentimiento de rebeldía y convirtiéndose en gestores del statu quo. Forma parte del péndulo natural de la política democrática. Por desgracia, los partidos que pierden contacto con las preocupaciones de sus gobernados tienden también a ensimismarse cada vez más en sus batallas políticas internas. Y entonces, la política aparece en los medios como un culebrón que narra el ascenso y la caída de distintas facciones, ideológicas, regionales o vinculadas a personalidades. Para el ciudadano medio, a todos los efectos, los que se dedican a la política de partido, tanto a nivel nacional como a nivel local, parecen más preocupados por promover sus propios intereses y carreras que por defender el bien público o cambiar la sociedad.

Los votantes dieron la espalda al PSOE en las últimas elecciones porque tenían la sensación de que el partido ya les había dado la espalda a ellos. Para recuperar su confianza, el partido tendrá que demostrar que es capaz de cambiar.

El obstáculo que afronta el PSOE es aún más complicado por las tendencias sociales y culturales que están transformando las sociedades del siglo XXI. Desde el punto de vista demográfico, ha aparecido una nueva generación de posibles votantes. Un estudio comparativo internacional llevado a cabo por el Center for American Progress ha descubierto que la llamada “generación del milenio” siente menos deferencia y “lealtad” con respecto a algún partido concreto y está menos inclinada a pensar que la política tradicional de partidos es la única o incluso la mejor manera de cambiar la sociedad. En España, además, la generación del milenio ha crecido en democracia y, en gran medida, la da por descontada, por lo que tiene menos vínculos emocionales con el PSOE como “garante” de la Transición y la modernidad del país.

Asimismo, han surgido nuevos retos y el abanico de cuestiones que preocupan a la gente ha variado. Hoy, grandes sectores de la sociedad -jóvenes y viejos, hombres y mujeres, gais yheterosexuales- están más preocupados o interesados por “cuestiones concretas” -la educación, el desarrollo, el medio ambiente, el genocidio y los crímenes de guerra, los derechos de los animales, etcétera- que por la gama tradicional de políticas que suelen abordar los partidos progresistas. Por desgracia, los grandes partidos políticos están a menudo esclerotizados y son lentos e incluso resistentes al cambio. Esta falta de voluntad de abrirse a nuevas ideas, nuevas personas y nuevas formas de hacer las cosas ha creado oportunidades para que los nuevos movimientos sociales y los partidos pequeños atraigan cada vez a más adherentes.

El PSOE debe esforzarse por atraer y aliarse con los ciudadanos que comparten su visión y sus valores en general, pero nunca han pensado que el partido es un lugar natural en el que desarrollar su activismo.

Lo bueno es que los partidos progresistas de todo el mundo ya se han enfrentado a estas dificultades en el pasado y esos retos han contribuido a reforzar su empeño y sus apoyos. Además, las derrotas históricas son muchas veces el mejor momento para iniciar el proceso de renovación. La rabia y la frustración que suelen sentir los fieles del partido, si se encauzan bien, impulsan el proceso con más fuerza, incluso aunque las perspectivas sean terribles.

En Estados Unidos, por ejemplo, tras la derrota de John Kerry en 2004, los expertos pusieron en duda que los demócratas fueran a poder volver a tener alguna vez la mayoría en unas elecciones presidenciales, dado que muchas de las energías progresistas estaban agrupadas en torno a organizaciones ajenas al partido, como MoveOn. Sin embargo, bajo la dirección de Howard Dean, el partido emprendió un doble proceso de renovación. En primer lugar, una iniciativa de organización comunitaria permitió a los miembros y simpatizantes dar rienda suelta a sus sentimientos de frustración con el partido mientras llevaban a cabo actividades positivas que mejoraban sus comunidades (y, al mismo tiempo, dejaban claro a los escépticos que el objetivo central del partido era verdaderamente mejorar la vida de las personas). En paralelo, el partido invirtió en infraestructuras políticas modernas, como los últimos sistemas de medios sociales y gestión de datos, y amplió su presencia física en todo el país. Estas inversiones de tiempo y recursos permitieron al partido mantener un diálogo más constructivo con sus miembros y simpatizantes y cultivar y aumentar su energía y entusiasmo. El resultado fue un modelo de organización comunitaria puerta a puerta y persona a persona que despertó admiración, revolucionó la forma de hacer política, llevó a los demócratas a la victoria en las dos Cámaras del Congreso en 2006 y sentó las bases para la histórica campaña del presidente Obama en 2008.

En Europa, también, los progresistas han innovado para reanimar y fortalecer su movimiento. Con Andrea Nahles, los socialdemócratas alemanes iniciaron “conversaciones sobre temas concretos” con personas de fuera del partido para ampliar sus apoyos. El Partido Democrático Italiano y, en los últimos tiempos, el Partido Socialista Francés han celebrado primarias abiertas que atrajeron a mucha gente a las urnas y proporcionaron financiación a sus respectivas organizaciones -¡la gente pagó para participar en la votación!- e información de contacto sobre los interesados en entablar diálogo con la dirección. Tradicionalmente, los partidos parlamentarios europeos se han resistido a estas tácticas, porque piensan que esa apertura a los partidarios informales debilita la relación con ellos y los incentivos para que se conviertan en militantes. Sin embargo, en todos los casos mencionados, los miembros y militantes vieron que tenían el poder de dirigir conversaciones, tender la mano a posibles partidarios y administrar el proceso político. En vez de quedarse marginados o devaluados, se sintieron reforzados y dinamizados, con un nuevo sentimiento de orgullo respecto a su partido. En resumen, la renovación y la apertura no tiene por qué ser necesariamente una cuestión de suma cero, sino que todo el mundo puede salir ganando.

El congreso de este fin de semana debe representar también un nuevo comienzo, no un final. Si el nuevo secretario general está dispuesto a abordar la política de renovación y abrir el partido a nuevas personas, nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas, el PSOE volverá a ser el garante de la modernidad de España y un ejemplo para los progresistas de todo el mundo.

Uncido inexorable con la coyunda de mi condición de juez al yugo de la inquietud nacional en torno a la Justicia, quisiera yo con este breve apunte ofrecer a la visión pública lo que considero uno —uno entre tantos— de los datos históricos con vigentes consecuencias institucionales positivas que, más allá de los frecuentes y empobrecedores anclajes solitarios en acontecimiento tan excepcional como el que perfiló la Segunda República y la Guerra Civil, permiten observar la permanencia sustancial de nobles formas de ser y pensarse cuajadas en el siglo XIX y continuadas en el XX, no dañadas en su más profundo sentido ni por aquel tiempo agitado, primero pleno de ilusión y esperanza y después seguido de tragedia, ni por la posterior dictadura de casi cuarenta años.

De los clásicos tres poderes del Estado, el judicial es el que el ciudadano percibe con más intensidad cuando se ve directamente alcanzado por él. Este formidable poder está en manos de unas personas concretas y determinadas, los jueces, cuyo pensamiento sobre sí mismos y sobre la función que desempeñan se convierte así en una importante circunstancia social. En España los jueces han cristalizado los elementos esenciales de su estar en el sistema a través de un texto legal cuyas raíces no pueden ser más ricas en una visión tópicamente progresista: es bajo la vigencia de la Constitución Liberal de 1869 cuando se dicta la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 («de larga vida y llorada memoria», en expresión del profesor Alejandro Nieto), en la que, con las interferencias en que fue generosa nuestra historia en función de sus fuertes oscilaciones políticas, se alumbra la figura legal del juez que todavía respira en la actualidad: un juez de carrera, en la que ingresa por oposición y con un razonable estatuto de inamovilidad e independencia.

A estas notas legales considero que deben añadirse dos caracteres subjetivos: el juez en España es persona con una conciencia muy clara de su función, que considera consustancial a la idea de independencia (recuérdese que en los papeles de Wikileaks pudo leerse cómo la embajada de los EE.UU., preocupada por la atención de los jueces españoles al caso del periodista José Couso, transmite a Washington que las gestiones que realizaba el Ejecutivo español a favor de la tesis norteamericana les obligaban —dice literalmente— «a actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente») y asimismo cercana a la virtud de la austeridad, no siempre anhelada, pero en todo caso derivada de que, habitualmente retribuida la corporación judicial con sobria moderación, incluso en algunas épocas llegó a serlo miserablemente.

Hombres —hoy también mujeres— con esta textura básica mantuvieron durante siglo y medio en pie la respuesta final en el edificio del Derecho en España y fueron capaces de asumir la ampliación y renovación de las estancias judiciales que demandaban las nuevas formas de vida. Así, cuando este relato comienza, la Justicia agotaba sus expresiones en el derecho civil, a la sazón un derecho de ricos, de pudientes, y el derecho penal, que constreñía normalmente a los desheredados de la fortuna, pero en el siglo pasado explosionaron y arraigaron dos nuevas manifestaciones jurisdiccionales: la laboral, que incorporó al ámbito de la decisión judicial todo el amplio campo de las relaciones entre trabajadores y empresarios, y la contencioso-administrativa, que nos habituó a considerar exigible que las decisiones de los poderes públicos fuesen residenciadas ante un juez idéntico al que se pronunciaba en las contiendas civiles y criminales. En ambos casos fueron los viejos jueces, los jueces de siempre desde 1870, quienes asumieron las nuevas tareas con solvencia y notorio éxito.

¿Qué acontece cuando esta consolidada figura del juez es afectada por el hecho histórico de que en el año 1978 el sistema político se constitucionaliza?

A mi modo de ver, tres son las grandes novedades que le van a afectar, aparte de la formidable innovación que supuso en sí misma la entrada en vigor de la Constitución. En primer lugar, el mandato constitucional que universaliza el derecho a la tutela judicial efectiva, que constituye el llamamiento a un potentísimo Juez como consecuencia de la garantía absoluta dada a los ciudadanos de que ningún otro poder del Estado, ni siquiera el legislativo, podrá impedir su derecho a poner en litigio cualquier conflicto que toque a sus derechos o a sus intereses legítimos. Las otras dos novedades a evocar tienen carácter orgánico, son el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

Si razonablemente podemos concluir que España goza de unos jueces técnicamente solventes, austeros, protegidos en su potestad para afrontar cualquier conflicto por el principio constitucional de tutela judicial efectiva y con un estatuto personal de protección de su independencia en manos de un órgano constitucional, cual es el Consejo General del Poder Judicial, ¿por qué, en estas condiciones objetivamente favorables, la opinión pública sigue viendo jirones en el paño de la Justicia?

Creo que hay en la actualidad al menos dos circunstancias que ensombrecen en la opinión ciudadana una eventual captación positiva de la Justicia. La primera, la de su politización: las dos instituciones que antes he nombrado están siendo objeto de una desgarradora descalificación pública por lo que se considera desviación partidista de sus decisiones. Lógicamente, en un entramado institucional tan complejo como el diseñado por la Constitución es inevitable que la opinión ciudadana no especializada extienda sin mayor matización esa idea peyorativa a todo el sistema judicial. La segunda circunstancia es la disfuncionalidad organizativa: se trata de algo no imputable a los jueces, que se ven obligados a insertarse en una organización que a mi entender requiere de ciertos niveles de funcionalidad que quizás algún día tuvo y que a veces con cierta liviandad en el raciocinio le fueron sustraídos: pienso en la vieja Justicia Municipal, en una renovación de la Justicia de Paz, en un eventual futuro de algo tan discutido como la atribución a los fiscales de la instrucción de las causas penales y, en fin, asegurarles el tiempo de serena reflexión preciso para administrar recta y sabia justicia o replantearse su selección siguiendo la tradición de unas pruebas objetivas y rigurosas, pero en las que no sea solo la memoria la casi exclusiva protagonista.

El almirante Philipe de Gaulle interrogó a su padre en una ocasión sobre cómo era posible que Churchill hubiese creído en él cuando solitario, con unos pocos miles de francos en el bolsillo y teniendo que abandonar en la Francia ya ocupada a su propia familia, que incluía una pequeña niña con incapacidad profunda, se presentó en Londres como adalid de una resistencia a la sazón invisible. El General De Gaulle dio la respuesta precisa

—Es que Winston tenía imaginación.

Quizás eso, una imaginación que a veces tanto escasea, es algo demandable para el buen provecho de la cualificada materia prima judicial de que dispone España. Hasta ahora los dioses siempre se la han prodigado al nuevo titular de Gracia y Justicia…

El asunto Spanair, tan triste, empezó precisamente por lo contrario, por la alegría: la alegría inconsciente e irresponsable de ciertas elites empresariales, políticas y mediáticas catalanas.

En la convulsa época de los gobiernos tripartitos, algún arbitrista tuvo la brillante idea de que para el futuro de Catalunya lo más importante era tener un gran aeropuerto intercontinental, un hub que conectara Barcelona con el mundo sin tener la humillante obligación de pasar por Madrid. La idea tuvo enseguida gran éxito: encajaba con la imaginaria disputa CatalunyaEspaña, música de fondo que alienta la política catalana desde hace más de treinta años.

En esas estábamos cuando varios centenares de empresarios –unos dicen cuatrocientos, otros novecientos, yo no me aclaro– se reunieron el 22 de marzo de 2007 en la escuela de negocios Iese, en principio un templo del liberalismo económico, y decidieron poner manos a la obra. Tantos empresarios juntos, y en semejante lugar, podían haber tomado decisiones más ligadas a su ideología e intereses: propuestas de reforma laboral o financiera, de reducción de las Administraciones públicas o de política energética. En todo caso, iniciativas que respetaran las reglas de la economía de mercado, un mercado internacional aeronáutico europeo donde es muy difícil penetrar.

En efecto, los hubs europeos están situados en Londres, Frankfurt, París, Amsterdam, Zurich y Madrid, no por razones políticas sino geográficas y económicas. Desde ahí conectan Europa con Norteamérica, Asia y Latinoamérica. Pero nuestros liberales empresarios, más obsequiosos con el poder político que fieles a sus ideas, dieron eco mediático y soporte social a la por lo visto ineludible necesidad de volar directamente a Nueva York, São Paulo o Pekín, sin incómodas escalas.

Un par de años después, la compañía aérea SAS perdía dinero a chorros con su recién adquirida compañía Spanair, de la que se habían desprendido poco antes sus fundadores Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz-ferran, de infausta memoria. Tanto perdía SAS que estaba dispuesta a venderla por el valor de 1 euro y encima se comprometía a capitalizarla. En definitiva, se trataba del conocido timo de la estampita. Nadie en el mundo, con dos dedos de frente, estaba dispuesto a picar el anzuelo y comprar Spanair. Hasta que a finales de 2008 un grupo de empresarios catalanes en la órbita de Femcat –una asociación nacionalista que sostiene la viabilidad económica de una Catalunya independiente– formó un consorcio sustentado en empresas públicas de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para adquirir Spanair.

Según los compradores, la compañía era económicamente viable y, sobre todo, un instrumento imprescindible para convertir el aeropuerto de El Prat en un hub intercontinental. La realidad fue que los nuevos propietarios compraron una ruina que al año siguiente ya tuvo pérdidas por valor de 186 millones de euros. Desde entonces estas pérdidas aumentaron y los poderes públicos catalanes tuvieron que inyectar 150 millones para retrasar la catástrofe. Tras su cierre del pasado viernes las deudas se acercan a los 400 millones.

¿Qué sucedió durante el tiempo transcurrido entre la compra y el abrupto cierre de la semana pasada? Desde el principio cayó un impenetrable muro de silencio sobre lo que en realidad estaba pasando. En privado, desde el primer momento, todos decían que el asunto acabaría muy mal. Nadie, sin embargo, alzaba la voz en público para advertirlo. Sólo había silencio, el silencio de una manada de corderos. Ese característico silencio, temeroso y cómplice, que suele extenderse por la sociedad catalana cuando están en juego las sagradas esencias de la patria. Como en el casi olvidado caso Millet: ¿Fraude en el Palau, en el Orfeó? ¡Catalunya! Callemos. Los medios de comunicación catalanes han dedicado muchísimas más páginas, y miles de horas más de radio y televisión, a los cuatro trajes de Camps que a los 32 millones de que se apropió Félix Millet, todavía hoy tan campante.

En el caso Spanair, no están en juego las reliquias históricas sino un nuevo mito: el de la independencia de Catalunya por razones económicas. Si somos una nación y queremos ser un Estado necesitamos que el aeropuerto de El Prat sea un hub y para ello es imprescindible dotarse de una compañía aérea propia. Comprémosla, Dios proveerá. ¿Cuántos informes sobre la viabilidad económica de Spanair se han encargado? ¿Aún más que sobre la viabilidad económica de una Catalunya independiente?

Hasta el desenlace final ha sido patético. Sólo faltaba una figura: el jeque árabe. Desde la crisis petrolera de los setenta, cualquier negocio con pérdidas multimillonarias acude como última ancla de salvación a este nuevo Dios: el rey mago del petróleo. Un recurso grotesco, infantil, la ilusión del niño en la cabalgata, la esperanza en el milagro.

Spanair era económicamente viable como también lo es una Catalunya independiente. Eugeni d’ors, para impedir que su impetuoso interlocutor derramara la copa de champán, le advirtió: “Joven, los experimentos, mejor con gaseosa”.

A principios de la década de los 70, el PSOE, dirigido desde el exilio por Rodolfo Llopis, era un referente histórico sin mucha incidencia en el interior. El protagonismo en la lucha antifranquista correspondía al PCE y CCOO. Solamente en Madrid, Andalucía, Euskadi y la universidad se detectaban pequeños núcleos socialistas. En Catalunya el socialismo era representado por el Moviment Socialista de Catalunya (MSC), una organización no vinculada al PSOE. Las diferencias entre la visión que tenían de la realidad española la dirección del exilio y los militantes del interior quedaron plasmadas en el congreso, convocado por renovadores, de Toulouse en agosto de 1972, que sancionó la división entre un PSOE renovado y un PSOE histórico.

A partir de entonces, el PSOE (R) inició una intensa campaña de presencia internacional y de captación de nueva militancia, que culminó en enero de 1974 con su reconocimiento por la Internacional Socialista como único representante del socialismo español y, por tanto, legítimo heredero de las siglas históricas del partido de Pablo Iglesias. En octubre de ese mismo año se celebró en Suresnes el 13º Congreso del PSOE, que eligió una nueva dirección formada mayoritariamente por dirigentes del interior. En suma, las tesis de los renovadores se habían impuesto definitivamente a las de Llopis.

Suresnes marcó, pues, un punto de inflexión que permitió una mayor implicación del socialismo español en las luchas obreras y de oposición al franquismo, que no excluía la unidad de acción con el PCE, pero sin llegar a la «unión de la izquierda» que defendía François Mitterrand en Francia, y, en consecuencia, una mayor visualización del PSOE y la UGT, que se tradujo en un incremento progresivo de la militancia. El discurso moderno, pragmático, europeo, socialdemócrata en la práctica (aunque en aquellos momentos se negaba este calificativo), es decir, enraizado en los problemas del día a día de las clases medias y populares, fue fundamental para encarar con perspectivas de éxito el cambio político que se divisaba en el horizonte.

Como reconocía poco después (1976) el mismo Felipe González en una entrevista con Anthony Crosland, secretario de Asuntos Exteriores del Gobierno laborista británico, el PSOE acudiría con voz propia a las futuras elecciones, ya que la situación de España no era equiparable ni a la francesa (ya que el recuerdo de la guerra civil desaconsejaba cualquier alianza que pudiera equipararse al Frente Popular), ni a la italiana (donde el socialismo era muy minoritario) ni a la portuguesa (con un partido comunista muy fuerte). Señalaba también que había que solucionar las reivindicaciones históricas de Catalunya y el País Vasco para poder establecer una verdadera democracia.

Tras el último ciclo electoral, donde el PSOE y el PSC han obtenido los peores resultados electorales desde la reinstauración de la democracia en España (Alfredo Pérez Rubalcaba) y Catalunya (Carme Chacón), el socialismo carece de poder y de discurso. Como demostraron los dos últimos años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no hay propuestas efectivas para hacer frente a la crisis más allá del dictado de los mercados y de Alemania y Francia. Hay un creciente divorcio con un electorado que, elección tras elección, abandona la opción socialista. La España plural y el federalismo son palabras vacías en boca de algunos de los principales dirigentes socialistas imbuidos de un espíritu jacobino que no acepta las diferencias ni reconoce la diversidad cultural y lingüística. Faltan ideas, el discurso está desfasado de la realidad y es precisa una profunda renovación de caras y propuestas, tal como sucedió entre 1972 y 1974.

Pero, tal como se ha visto con la elección de los delegados provinciales al congreso del próximo fin de semana, lo que centra la atención no es la discusión de ideas o nuevas propuestas, ni el afán de renovación ideológica y política o la apertura del partido a los simpatizantes y posibles votantes, sino ver cuál de los dos candidatos a la secretaría general suma más representantes. Y es triste ver cómo en esta lucha por hacerse con el mayor número de delegados reaparecen los viejos tics jacobinos cuando no se duda en cuestionar la candidatura de Chacón porque es catalana y militante del PSC. Es una pena que el principal partido de la oposición en España no haya sabido leer el mensaje que le dirigen sus votantes y no lleve a cabo una profunda renovación de proyectos, de ideas, de discurso y de dirigentes.

Definitivamente, Sevilla no será un nuevo Suresnes y el PP disfrutará sin contratiempos de la plácida mayoría absoluta que Mariano Rajoy obtuvo en las últimas elecciones. Y desde Catalunya es de temer que no solo sigan sin respuesta las reivindicaciones históricas de Catalunya y el País Vasco que apuntaba González en 1976, sino que, además, seguiremos pagando -en forma de déficit de la balanza fiscal- la factura de la crisis económica. Que nadie se sorprenda si el derecho a decidir se abre paso cada vez con más fuerza.

No será quien suscribe estas líneas el que prohíba a nadie referirse a España como nación ni hablar de nación española. En una España en la que los nacionalismos, sobre todo los periféricos, han impuesto un discurso público en el que la referencia a Euskadi y Cataluña como naciones que componen el Estado plurinacional es obligatoria, no es de recibo que no se pueda hablar de España como nación, de la nación española.

Al mismo tiempo, y puesto que es conveniente no olvidar los demasiado cercanos tiempos en los que desde las más altas instancias del Gobierno central se afirmaba que el concepto de nación es «discutible y discutido», es preciso plantear el significado del término nación, en este caso aplicado a España. Pues tan cierto como que el término es discutible y discutido, es que se pueden y se deben distinguir algunas definiciones de nación que ayudan a precisar el lenguaje y a hacer explícito el sentido en el que se usa el término cada vez que se hace.

El término nación comienza a ser utilizado políticamente con el liberalismo, con la revolución liberal en Europa. Por eso es el concepto de nación en sus comienzos un concepto revolucionario. Como bien explica José Álvarez Junco -Mater Dolorosa-, los problemas de España para consolidarse como Estado nacional tienen que ver precisamente con las dificultades de los conservadores para hacer suyo el concepto de nación, que, por sus orígenes, les resultaba extraño. Cuando los conservadores hacen suyo el término es cuando España da un salto importante en su consolidación como Estado nacional.

Nación en el sentido liberal, revolucionario, es un concepto eminentemente político. Define a una comunidad política. Es la sociedad que se constituye en comunidad política para actuar como un sujeto político colectivo en virtud de su propia voluntad, y que queda representada en las instituciones decididas por la voluntad popular. Rompe con la encarnación de la nación por el monarca, por el rey.

Esta dimensión política se da ciertamente en sociedades que luego han sido culturalmente homogéneas, aunque en el momento en que se constituyeron como comunidad política no lo fueran. Esta realidad, ocultada por el devenir, convertido en mito, de Francia como paradigma del Estado nacional, debe ser rescatada para entender lo que significa la nación política: una comunidad en la que lo que une a quienes la conforman es la idea de ser ciudadanos, sujetos de derechos, y no pertenecientes a una comunidad lingüística o cultural. La Francia de la revolución francesa era una sociedad en la que convivían más de 90 lenguas y patois, y hay quien afirma que la definitiva homogeneización cultural y lingüística de Francia no se produce hasta 1918, sobre la fuerza de la frase mort pour la patrie: habría sido la experiencia de la Gran Guerra, como la siguen llamando los franceses, la que habría hecho la homogeneidad de Francia y de los franceses.

Pero sí es importante tener en cuenta que la experiencia española -la asunción por los conservadores del concepto revolucionario y político de nación- es una experiencia europea, en la que el concepto de nación se transforma al fusionarse con el segundo concepto de nación que nace en la modernidad: con el concepto romántico de nación. Este concepto subraya la comunidad de cultura y de lengua como lo constitutivo de una identidad colectiva. Y si bien este concepto romántico, en un principio -con Herder y Humboldt- era perfectamente compatible con una idea humanista y cosmopolita de la política, se viste de una ropaje directamente político con Fichte y sus Discursos a la nación alemana frente a la invasión napoleónica: un concepto cultural de nación se dota de un significado político en el que las dos tradiciones conceptuales de nación se fusionan para dar lugar a lo que el historiador alemán Hagen Schulze -Estado y nación en Europa- denomina la nación integral o imperial primero y luego total.

La comunidad política de la nación liberal es ahora una comunidad en la que al ciudadano se le sobrepone y se le impone -el imperialismo es de doble dirección, hacia fuera y hacia dentro de la propia sociedad- una identidad cultural, un sentimiento de pertenencia colectiva marcado por una misma lengua, una misma tradición, una misma cultura y una misma identidad. Esta fusión de concepto político y de concepto cultural es la semilla de la tragedia de Europa en el siglo XX.

La evolución de las sociedades democráticas europeas después de la Segunda Guerra Mundial va en la dirección de superar esa fusión y abrir posibilidades para que la identificación entre la identidad personal, la pertenencia al grupo por medio de la misma lengua y de la misma cultura, y el derecho de ciudadanía se ablande, se abra, de forma que, al igual que para gozar de los derechos de ciudadanía no es necesario ni ser católico, ni ser protestante, ni ser agnóstico o ateo, tampoco es necesario poseer una identidad obligatoria, ni poseer un sentimiento de pertenencia obligatorio. Los derechos humanos que están en la base de los derechos ciudadanos proclamados por todas las constituciones democráticas lo son sin consideración de lengua, cultura, identidad o sentimiento de pertenencia.

España ha hecho un gran camino, pese a todas las críticas de los nacionalismos periféricos, en esta dirección, aunque nada hay perfecto. El problema de España no reside tanto en la nación cultural española sino en los nacionalismos periféricos que en lugar de superar el nacionalismo español de finales del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, lo mimetiza, lo reproduce en los mismos defectos. Por eso, el problema del reconocimiento del plurinacionalismo de España no está en el Estado, sino en los nacionalismos catalán y vasco y el socialista vasco Jesus Eguiguren, que son incapaces de pensar Euskadi y Cataluña como entidades a su vez plurinacionales.

Lo que suele suceder con estas dinámicas históricas es que se refuerzan mutuamente. De la misma forma que los nacionalismos catalán y vasco reproducen el nacionalismo de Cánovas -y lo siguen haciendo aún hoy, aunque España ha cambiado radicalmente-, podría producirse que resurja un nacionalismo español mimético a los nacionalismos periféricos, volviendo la rueda a su estado inicial, algo que vendría muy bien a estos nacionalismos para legitimarse.

Pero España no necesita volver a un nacionalismo político-cultural cuando puede desarrollar un nacionalismo patriótico y un patriotismo constitucional eminentemente político, que sin negar la existencia y las grandezas -y miserias- de la tradición española, se enorgullece con razón de la conquista política y democrática llevada a cabo con la Constitución de 1978 que implica su constitución como comunidad política integrando e incluyendo distintas lenguas, identidades, culturas y pueblos. Nada más grande que este nacionalismo político, que esta idea de Nación política superadora, que no negadora, de identidades y culturas.

Como escribe acertadamente Maurizio Viroli -Por amor a la patria-, nada hay más grande que estar orgulloso de las reglas, leyes y normas que aseguran la convivencia de los distintos individuos en paz. Eso es la nación política, eso es la democracia, esa la gran cultura constitucional que nace con la revolución francesa y para cuyo abandono no existen razones de peso.

Esperemos que quienes empiezan a hablar ahora con fuerza de recuperar el discurso de la nación española sepan lo que están haciendo y tengan en cuenta la tradición europea de la que provenimos, con sus grandezas y con todas sus miserias, que tengan en cuenta que las grandezas están unidas al concepto de nación política, y que sus muchas miserias se deben a la trágica unión de los dos bien distintos conceptos.

Los partidos son instituciones básicas de la participación política. Pero en su funcionamiento interno están sometidos a un “régimen de excepción” que restringe el ejercicio de algunas libertades, desactiva controles propios de una democracia constitucional y contradice pautas de la representación política. La excusa es hacer más funcional la competición política, aunque en realidad sirve para blindar la posición de los que mandan en los partidos. Y mandan quienes imponen un tipo de intercambio clientelar: la permuta de adhesión política por puestos o gratificaciones particulares. Las consecuencias son previsibles y conocidas. Se sesgan las decisiones públicas para favorecer pretensiones privadas. Se alienta una selección negativa en la que cuenta como mérito la lealtad incondicional. De esta manera, quienes tienen que exigir cuentas son cooptados previamente por quienes tienen que darlas. Poco a poco una militancia profesionalizada suple a la voluntaria; la afluencia de ideas se sustituye por el aplauso. Al final, no queda más remedio que externalizar servicios como la producción de reflexiones y programas que se encargan a una nómina variopinta de expertos. Los partidos se convierten en instituciones zombis y despobladas.

Así las cosas, crece la disonancia entre lo que se cuenta fuera y lo que se cuece dentro, entre un relato público de legitimación y otro latente, funcional para el modus operandi que rige en el interior de los partidos. Mientras las cosas van bien, esta disparidad no escandaliza; como decía Maquiavelo, los hechos acusan y los resultados excusan. Pero cuando estos últimos no acompañan, una opinión pública inmisericorde diagnostica una triple crisis en el partido caído en desgracia. En primer lugar, una crisis de incumplimiento que evidencia la brecha entre lo que se predica y lo que en realidad se busca. Para camuflar esta inobservancia, los partidos recurren a racionalizaciones averiadas y hacen de la necesidad virtud, a lo que ayuda una clientela siempre dispuesta a decir amén. Y como el abuso de esos mecanismos distorsiona el campo de la percepción y dificulta asimilar información objetiva y externa, los partidos terminan siendo víctimas de una segunda crisis: la de insolvencia, muy notoria ante grandes cambios o fracasos sonados pues no saben qué les pasa ni por qué. Finalmente, atrapados en una dinámica de funcionamiento que invierte las prioridades institucionales y hace perder el norte, terminan padeciendo una crisis de impotencia que limita su capacidad de reaccionar para salir del punto muerto.

Aunque sea mal de muchos, no afecta a todos por igual. Perjudica más a los partidos que vinculan sus aspiraciones a razones de ética pública y a la capacidad del Estado democrático de convertirlas en realidad. Es decir, afecta más a partidos como los socialdemócratas cuando anotan fracasos como Gobierno o defraudan como partido. Y todavía más en la situación presente, en la que disponen de pocos recursos solventes a su alcance para reflotar las políticas de bienestar y están inermes frente a imperativos económicos que operan como si fuesen destino. Por eso los dirigentes del PSOE no se hacen cargo de la emergencia objetiva ni de su propia indigencia estratégica. Enfrentados a una situación tan crítica, no están en condiciones de encarar un debate franco a partir de una información apropiada que les ayude a procesar los problemas e identificar sus causas para intentar salir del atolladero. De ahí que hayan dado explicaciones tan poco verosímiles e inconsistentes sobre el descalabro electoral y que casi nadie se haya sentido responsable ni actuado en consecuencia. Al contrario, casi todos se ofrecen a pilotar nuevos proyectos, otro modelo de partido o lo que sea, con tal de seguir ahí a toda costa convencidos de que escampará.

¿Qué hacer para salir de este impassse? Desde luego, no improvisar un apaño entre jerarcas ni añadir cualquier novedad al repertorio. Y como no se puede rehacer en un fin de semana lo que se ha deshecho en años, este congreso, más que cerrar algo (en falso), debería iniciar un proceso constituyente. Lo llamo así para resaltar tanto el calado de la tarea como el sujeto llamado a protagonizarla. El quehacer es doble: recuperar lo que se había diluido y dotarse de reglas ciertas, algo inédito en todos los partidos. Para lo primero, la analogía con aquel congreso de Suresnes de 1974 puede valer. Al igual que ahora, entonces un PSOE desorientado se enfrentaba a un futuro de irrelevancia o centralidad. No estaban disponibles las recetas keynesianas de posguerra. Hubo que forjar itinerario propio, trazar un diseño ajustándose a las necesidades del país y valerse de ese criterio que suma realismo e impulso reformista. Cuando se actúa así, se suelen aprovechar las oportunidades de crear tanta justicia cuanta permiten el funcionamiento de la democracia y la economía, sin empecinarse en metas inviables o mal planteadas que empeoran los problemas. Esta manera de proceder ha distinguido a la socialdemocracia del resto de la izquierda, convirtiéndose en su apuesta más competitiva.

¡Recupérese el punto de vista genuino de la socialdemocracia¡ Y entonces no se darán bandazos, ni se rebuscará en el mercado de los principios a ver cuál agrada a la audiencia. Tampoco se caerá en el error de pretender ser más nacionalista, feminista o ecologista que cualquiera de los que han hecho de esas u otras franquicias la divisa de su propia identidad. Eso, además de avalar aquello que se corteja, es un síntoma de que uno no tiene nada propio que ofrecer. Ni habrá que resignarse al imperativo del “esto es lo que hay” ni tampoco escoltar a esa otra izquierda que con una gran niñez mental corteja la rebeldía e informalismo de quienes, muchas veces con motivo, andan soliviantados.

Hay una segunda razón para abrir un proceso constituyente en el PSOE: la necesidad de reglas. La participación política se canaliza a través de los partidos, pero influir en ellos desde fuera del núcleo dirigente resulta pretensión tan razonable como imposible. Si las oportunidades de participar están secuestradas por un poder constituido, ¿cómo no evocar un poder constituyente capaz de revertir ese poder ilimitado? Esa relación fraudulenta entre vida de partido y democracia solo se supera trasladando a su funcionamiento más garantías procesales para el ejercicio de los derechos y la intervención, porque de ello resulta un poder más controlado y repartido.

¿Y quiénes pueden protagonizar este proceso? Los que mueven los hilos para determinar los resultados del congreso están en otra cosa: el reparto de los remanentes del poder interno. No parecen estar en la disposición kantiana de “atreverse a saber”, poner las luces largas y fijar un horizonte de objetivos propios y precisos. No cabe esperar de ellos que tomen decisiones contrarias a sus intereses inmediatos. Ese es hoy el drama del PSOE: quienes deciden no tienen nada que decir y quienes tienen algo que decir no deciden. Así que para un cambio extraordinario hay que convocar a sujetos extraordinarios. Y estos son aquellos que, parafraseando al abate Sieyès en su memorable ¿Qué es el tercer Estado?, hasta ahora no han sido nada y desean ser algo, aquellos que quieren ser representados sin alienar sus derechos. Es la hora de los ciudadanos, de ese demos socialista alejado del trajín político interno, la hora de tantos socialdemócratas de convicción defraudados por una práctica política decepcionante. Si hubiera posibilidades de participar en serio, retomarían el compromiso sin convertirse por ello en “políticos de jornada completa”. A ellos afecta el porvenir de un partido que desde la Transición ha venido representando la posición en la que convergen una mayoría de españoles. También son PSOE; y sin su concurso, no se conforma una completa “voluntad general” de ese partido.

En manos de los delegados está que se inicie ese proceso. Una iniciativa razonable sería elegir una dirección de transición con el mandato de organizar en un año un congreso extraordinario que culmine dicho proceso y en el que participarían, en condición de compromisarios, una amplia representación de los afiliados (digamos, unos 2.000). En su elección y en las deliberaciones previas a ese congreso tomarían parte quienes se inscribieran en un censo habilitado a tal fin que fueran suficientemente representativos de los votantes. El objetivo es implicar a los electores en este camino de reforma e innovación. Que se abra esa puerta a la esperanza depende de la inteligencia política y el coraje cívico de los convocados al congreso de Sevilla.

Tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya sabemos cómo el Gobierno va a controlar el déficit autonómico. Ha decidido desarrollar la Ley de Estabilidad poniendo en marcha la vieja estrategia del palo y la zanahoria que tan bien hemos aprendido en Europa: ha ofrecido a los Gobiernos autónomos créditos y transferencias para afrontar los pagos inmediatos, a cambio de que acepten una mayor fiscalización de sus cuentas. Quien paga manda, así que los consejeros autonómicos han aceptado ampliar su liquidez a cambio de autonomía. Esta es la manera en la que el Gobierno concreta el principio de estabilidad presupuestaria recogido en la Constitución.

El Ejecutivo se está equivocando en la manera de plantear el control de los presupuestos autonómicos. Primero, porque la fiscalización por parte del Gobierno central del gasto de las regiones erosiona el control de los Gobiernos por los ciudadanos, al pretender sustituir las responsabilidades políticas por el establecimiento de multas y correctivos. Segundo, porque los créditos y transferencias garantizados a las CC AA pueden acabar promoviendo un comportamiento fiscal irresponsable en el futuro.

Desde una lógica política, la decisión del Gobierno de supervisar la gestión autonómica de los presupuestos con sanciones e intervenciones supone suplantar el control de las urnas por el de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Con un funcionamiento normal de la democracia, los políticos rinden cuentas en las elecciones por sus decisiones sobre gastos e ingresos. Así ha funcionado en Europa, cuyos ciudadanos expulsaron del poder a todos los Gobiernos a los que les tocó gestionar la crisis y así debería ser el mecanismo por el cual los Gobiernos autónomos fueran hechos responsables de su mala gestión.

Es cierto que, hasta ahora, este mecanismo ha funcionado peor en los Gobiernos autónomos que en el central, debido a que las competencias de los primeros sobre el gasto han sido tradicionalmente muy superiores a su capacidad para generar ingresos propios. Por ello, el aumento de la cesión de impuestos que se aprobó en el nuevo sistema de financiación de 2009 tenía como objetivo equiparar las competencias sobre el gasto y los ingresos de las autonomías. Esta es la dirección que deben tomar las reformas: profundizar en la visibilidad y en el ejercicio de la responsabilidad política de los Gobiernos autónomos, otorgando más capacidad a los ciudadanos para que controlen a sus Gobiernos. Con los nuevos planes de fiscalización del Ministerio de Hacienda, el control de los políticos en las elecciones pasará a convertirse en el rendimiento de cuentas de los consejeros de Economía ante el ministro de turno.

La segunda cuestión es saber si estos acuerdos conseguirán imponer un comportamiento fiscal responsable en las autonomías. Rajoy ha garantizado que no dejará caer a ninguna comunidad autónoma. Sin embargo, la zanahoria en forma de créditos y transferencias ofrecida por el Gobierno enseguida ha generado dudas a sus propios impulsores. Por eso el ministro se ha apresurado a presentar estas ayudas como medidas excepcionales y a apoyarlas en criterios de fiscalización algo desmesurados para hacer creíble la promesa de que en el futuro no habrá salvación, sino duras sanciones. Lo exagerado de algunos planteamientos iniciales, como el de la persecución penal, es proporcional al miedo que tiene el Gobierno de que el rescate presupuestario de las autonomías empeore las cosas más adelante.

El temor de Montoro es el mismo que el de Merkel: que el rescate de hoy promueva los comportamientos irresponsables en el futuro. Y de la misma manera que la canciller alemana pospone sine die la emisión de eurobonos, el ministro ha dejado en suspensión la posibilidad de que el Gobierno avale la deuda autonómica (los llamados hispanobonos) por temor a que ello erosione la calificación de la deuda española.

La experiencia de otros países descentralizados muestra que los rescates pueden erosionar la capacidad de los Gobiernos centrales para hacer creíble su firmeza. Existe abundante evidencia empírica de que las ayudas presupuestarias del Gobierno federal pueden acabar reforzando el comportamiento fiscal irresponsable por parte de los Gobiernos regionales. Un repaso de las sucesivas crisis de la deuda y su resolución en Argentina o Brasil durante los años ochenta y noventa dan buena prueba de ello. Nada hace pensar que en España haya de ser distinto.

En definitiva, las primeras concreciones de la Ley de Estabilidad pactadas con las CC AA auguran malos resultados en lo político y en lo económico. Si las medidas de fiscalización anunciadas por Montoro se aplican a rajatabla, será a costa de que los ciudadanos pierdan poder para influir en las decisiones políticas. Los Gobiernos autónomos acabarán utilizando las palancas políticas y su capacidad de negociación con el Gobierno central para evitar los futuros castigos por parte del ministerio. Si la promesa del Gobierno central de no facilitar más ayudas no resulta creíble, las CC AA no tendrán incentivos para controlar el gasto y esperarán de nuevo a que la Administración central les ayude ante futuras crisis de liquidez. El palo y la zanahoria de estos acuerdos solo habrán servido para apartar a los ciudadanos del control de sus Gobiernos.

Ante la nueva Legislatura, casi todas las miradas se dirigen a la economía, pero ni todo ni lo más importante es economía. La crisis económica es la sintomatología material de una crisis política e institucional, y ésta, de otra, intelectual y moral más honda.
De la obra política de Zapatero, lo peor no ha sido la gestión de la crisis económica, sino el proyecto de demolición del espíritu de concordia de la Transición, a través de un ensayo de ingeniería social, que siempre es abusivo y totalitario, y más aún cuando no se cuenta siquiera con la mayoría social. No se trata de una arriesgada atribución de intenciones. El Gobierno y su presidente lo declararon sin reservas. Proclamaron la insuficiencia y las hipotecas de la Transición y anunciaron una segunda; invocaron la herencia de la Segunda República; declararon su propósito de transformar la sociedad; y articularon un conjunto de medidas legislativas que ofendían al menos a media Nación y rompían la concordia dividiendo a la sociedad. En definitiva, sometieron a la Constitución a una especie de proceso de reforma de hecho sin reforma jurídica.

Sin embargo, apenas se habla de la concordia rota. Se diría que las elecciones ya han resuelto el problema, pero no es así. Dos palabras aparecen quizá más que ningunas otras en algunas de las obras clásicas de Cicerón: concordia y libertas, concordia y libertad. La concordia es el fundamento de la sociedad. Si se rompe, ya no hay sociedad sino disociación. La libertad consiste básicamente en legitimidad, en vivir bajo instituciones cuya legitimidad se reconoce, bajo leyes que se aceptan. Los romanos de la época de Cicerón, al menos el gran pensador y jurista, entendían por libertasla vida bajo las instituciones republicanas clásicas. Las dos, concordia y libertad, se encuentran hoy amenazadas entre nosotros, porque los Gobiernos de Zapatero atentaron contra ellas. En este sentido, no cabe omitir los recientes ataques a la Monarquía, aprovechando un episodio terrible y desdichado, que constituye el último bastión del espíritu de la Transición.

Es fundamental discernir con acierto entre lo que debe ser acordado entre las principales fuerzas políticas y lo que, por el contrario, debe quedar en el ámbito de lo disputado.

Aparte del déficit y el paro, esto es lo que hereda el actual Gobierno, y lo que, si no me equivoco, debería modificar. La mayoría absoluta, si no se abusa de ella, constituye una oportunidad magnífica. El resto depende de la renovación del PSOE y del acierto del PP. La renovación del PSOE tiene que consistir en una ruptura con el zapaterismo y su proyecto de ingeniería social.

Entre los ejemplos de este proyecto de ingeniería social se encuentran, y la nómina es bastante conocida, la nueva regulación del aborto, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de la memoria histórica, la ley de investigación biomédica, la ley de «muerte digna» aprobada en algunas comunidades autónomas y proyectada para toda la Nación, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el proyecto de ley sobre igualdad de trato y no discriminación. Se trata de un conjunto de medidas de naturaleza sectaria que, además de ser erróneas, han dividido a la sociedad. No han sido cortinas de humo sino la esencia misma del proyecto político de Zapatero. Su inmensa inanidad intelectual no significa que no consista en un proyecto deliberado y realizado con firme decisión. Pongamos el ejemplo del matrimonio. Se pretende que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo no obliga a nadie y que, por el contrario, respetaría la voluntad de quienes desean contraerlo. Sería la solución más liberal. Se afirma que la familia tradicional no ha sufrido ningún agravio. Sin embargo, no se trata de eso, no es una solución neutral, sino un ataque radical a la familia, ya que en el ámbito educativo habrá que postular esa idea del matrimonio y de la familia. Lo mismo cabe afirmar de la nueva regulación del aborto que deja de considerarlo como un delito, excepto en tres supuestos tasados, para convertirlo en un derecho de la mujer: el derecho a eliminar la vida humana que lleva en su seno.

Ante esta situación, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy se encuentra en una alternativa. O bien olvida todo este desaguisado, pero lo deja intacto o casi, para dedicar todas sus energías a la economía. O bien lo reforma. Lo primero podría venir aconsejado por la gravedad de la crisis económica, pero no alcanzo a entender la incompatibilidad entre acometer enérgicamente drásticas medidas económicas y, a la vez, derogar las medidas legislativas sectarias de Zapatero. También podría venir aconsejado por la conveniencia de no generar división en la sociedad cuando el drama económico (e institucional, por cierto) aconseja el consenso. Pero este consenso fue roto por el anterior Gobierno. De lo que se trata ahora es de recuperar la concordia perdida. Es posible que haya quien invoque la moderación y el centrismo para oponerse a estas medidas urgentes y necesarias, pero esta actitud sería, a mi juicio, suicida. Vendría a ser algo así como reconocer la hegemonía cultural (valga el eufemismo) de la izquierda y la reducción de la derecha a la condición de mero gestor de sus desastres económicos para, una vez remozados, entregar todo el poder hegemónico de nuevo a la izquierda cultural para que continúe con su proyecto relativista y, por ello, negador de todos los valores.

Asistimos a un intenso conflicto cultural entre una izquierda que, derrotada en el ámbito económico, se aferra a la hegemonía cultural, y una derecha que, triunfante en la ideología económica, parece conformarse con esa victoria y entrega a su rival la cultura. Parafraseando el conocido dictamen, cabría decir: «¡No es la economía, sino la cultura, estúpido!». Por lo demás, aunque se tratara de la economía, ella depende también de la cultura dominante, y si prevalece la «vulgata» socialista en el ámbito de las ideas, será muy difícil que se imponga el liberalismo en la práctica.

El triunfo de uno de los contendientes resulta decisivo, pero no depende de la política. En el ámbito político, basta con que ambos puedan disputarse libremente el dominio, en igualdad de condiciones.

En conclusión, sólo quisiera hacer una pequeña advertencia. Reformar la obra legislativa sectaria del anterior Gobierno no significaría incurrir en un sectarismo equivalente de signo opuesto, sino demoler el sectarismo y abrir la senda de la concordia perdida. Es, desde luego, el tiempo de la recuperación económica. Pero existe algo aún más urgente que debe ser recuperado: la concordia. Y, si se me permite, incluso la recuperación de la razón y del buen sentido. Hay dos formas de recuperar la concordia. Una, falsa y entreguista, que consiste en dejar que se consume la agresión. La otra consiste en corregir los abusos y restaurar la concordia. El Gobierno no debería sucumbir a la tentación de aceptar los hechos consumados con el pretexto de no reabrir frentes que otros irresponsablemente abrieron.

El Senado francés aprobaba a finales del mes de enero una ley que penaliza la negación del genocidio armenio con un año de prisión y una multa de hasta 45.000 euros. La ley, aprobada con poco entusiasmo y con la oposición de senadores tanto de la derecha como de la izquierda, ha vuelto a poner sobre el tapete el problema del tratamiento legal del negacionismo, a saber: ¿ es competente la clase política en la afirmación o negación de la verdad histórica?

Es este un asunto complejo en el que hay que distinguir tres problemas bien distintos: el juicio sobre los hechos, esto es, si hubo o no cámaras de gas, hornos crematorios o la muerte de millones de judíos o de armenios. En segundo lugar, el juicio moral sobre esos hechos, es decir, si estamos ante desgracias naturales, simples lances bélicos o, por el contrario, graves crímenes contra la humanidad. Finalmente, el tratamiento jurídico de esos juicios, a saber, si quienes nieguen los hechos y/o su calificación moral merecen una sanción penal específica, tal y como hace la ley francesa.

Los representantes del pueblo pueden desde luego hacer juicios morales. En la mal llamada ley de la memoria histórica española se proclama «el carácter injusto de todas las condenas y sanciones» efectuadas por el bando rebelde durante y después de la guerra civil. Ahí se condena la violencia franquista y las instituciones que se pusieron a su servicio.

El problema es si un Parlamento es competente a la hora de establecer la existencia de hechos. Una cosa es afirmar que Franco dio un golpe de Estado y otra cosa que ese golpe fue ilegal e ilegítimo y por eso merece condena. Una cosa es afirmar que hubo una masacre de más de un millón de armenios entre 1915 y 1917, y otra cosa, calificar a esa masacre de crimen execrable. ¿Qué decir? Pues que un Parlamento no puede hacer obra de historiador y establecer que los hechos tuvieron lugar. Si lo sabe es porque lo ha aprendido de los historiadores. A nadie se le escapa que si un historiador concluye que, de acuerdo con sus conocimientos, tal o cual masacre tuvo lugar, otro puede venir diciendo que de acuerdo a la información existente no se puede afirmar que la hubiera. Ese riesgo es tanto mayor cuanto el hecho más alejado está en el tiempo.

La polvareda que suscitan las leyes que condenan el negacionismo proviene de que lo que condenan es la negación del genocidio, un término ambiguo, que unos entienden como equivalente a masacre y otros como crimen contra la humanidad. Y no es lo mismo negar la existencia de una masacre, que negar que esa masacre fue un crimen contra la humanidad. El Parlamento es competente en el segundo caso, no en el primero.

Los defensores de esta penalización legal, dirigida a quienes nieguen el hecho del genocidio armenio, se apoyan en el Holocausto judío, cuya negación está considerada un delito en Alemania. Es verdad que esa ley lo que condena aparentemente es la negación de los hechos, pero lo que realmente persigue es la justificación de los mismos. Pensemos que los alemanes de la época conocían perfectamente los hechos. En su mayoría habían sido autores o cómplices o responsables por activa o por pasiva. Lo que, sin embargo, interesaba a los negacionistas era justificar el genocidio judío y la política nazi. Pero eso no lo podían decir a las claras porque los vencedores no lo habrían permitido, así que se instalaron en el terreno neutro o científico de los hechos. El legislador alemán les corta la retirada sabiendo que, al condenar la negación de los hechos, estaba condenando la frivolización de su sentido.

¿Procede entonces condenar a los negacionistas? Dejemos a los historiadores la tarea de discutir los hechos. Si hay algún historiador que niegue la guerra civil o la guerra mundial o la masacre armenia o las brutalidades de los españoles en Indias, pues que lo diga. El descrédito le vendrá no de una ley penal, sino de la comunidad de conocimiento. ¿Qué hacer entonces con el que niegue los hechos? Lo mismo que con quien niegue que dos y dos son cuatro o que es de noche cuando luce el sol. La sociedad debería tratarles como dementes; si no lo son y se comportan como tales para engañar, entender que no es que nieguen unos hechos que conocen bien, sino que están manifestando su acuerdo con los crímenes y con los criminales. Y eso es lo realmente condenable.

¿Y qué hacer con los que niega la gravedad de los hechos? Son apologetas del crimen. Negando que estemos ante un genocidio, en el sentido de un crimen contra la humanidad, están dando a entender que justifican el crimen y a los criminales. Sobre eso es competente un Parlamento que tiene armas legales para perseguir a esos apologetas del crimen. Si cunde la idea de que hay que intensificar la legislación contra los negadores de los genocidios, señal es de que se quiere atajar la creciente ola de frivolización del horror recurriendo al poder disuasorio del Código Penal. Habría que preguntarse, sin embargo, si la respuesta es la cárcel o el cultivo de la memoria, el castigo o la educación.

Las agendas políticas en Euskadi no han sido siempre coincidentes con las de los modos de ver y proponer prioridades de los grandes partidos españoles. La tradición ha sido más bien la contraria. Por eso ahora resulta en cierto punto sorprendente, también desde una mirada vasca, la expectativa generada en torno a una eventual adecuación del discurso del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy a las demandas relativas a la política penitenciaria.

El futuro de los presos de ETA no estaba en las primeras páginas de la agenda del proceso vigente. En esas primeras páginas estaban la imperiosa necesidad de un final declarado de la violencia, dictado por la no menos imperiosa necesidad de rehabilitación política de la izquierda aberzale. Estas primeras páginas constituían lo que la propia estrategia política del mundo radical asumía como fase unilateral. Una fase marcada por un vaciado de contenido de la estrategia político-armada que implicó el compromiso de ETA de suspender la actividad violenta en todas sus formas de modo definitivo. Se ha acompañado de declaraciones expresas que abogan por el reconocimiento de las víctimas de esa violencia y por la sustanciación de un nuevo movimiento social soberanista que agrupe bajo el paraguas de una nueva plataforma política a un espectro más amplio del núcleo duro de lo que fue Batasuna.

Son páginas importantes, pero se han pasado demasiado deprisa y no han dejado el poso debido. Desde luego no en materia de víctimas ni en la de la seguridad del proceso de liquidación de ETA. Pero quienes manejan esa agenda han llegado ya a la fase de reclamar bilateralidad. Y están haciendo de la situación de los presos la piedra clave de esa fase. El asunto del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en sus siglas en euskera) ni siquiera lo pusieron sobre la mesa en primer lugar las plataformas políticas de la izquierda aberzale (Bildu, Amaiur o la pendiente Sortu). Fue el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, quien meses atrás advirtió de que ese asunto debía acometerse superando la excepcionalidad de la disciplina de la dispersión y aplicando a la reinserción de los presos de ETA los mismos criterios sobre cumplimiento de condena y grados penitenciarios que están reconocidos para el resto de presos. El asunto ocupó su lugar en el decálogo de paz del lendakari Patxi López, que hizo suya esa reflexión.

No habiendo llegado primero a este debate, la izquierda aberzale ha elegido llevarlo más lejos. Reiteradamente, ha convertido la demanda de una amnistía en el eje de su discurso. Ha creado en torno a ella una actividad social que proyecta sistemáticamente y que protagonizó una manifestación el pasado 7 de enero en Bilbao, exitosa en volumen, pero decepcionante en sus contenidos. El reflejo de su agenda política en materia de pacificación quedó retratado en los mensajes y los silencios de esa jornada con tres elementos fundamentales e igualmente dificultadores de cualquier consenso: en primer lugar, la ausencia de cualquier atisbo de corregir la exigua e insuficiente apelación al dolor causado por la violencia de ETA; en conexión, la insistente tabla rasa con la que se califica al conjunto de condenados como presos políticos, tengan o no delitos de sangre; y, por último, la ya comentada difusión social de que es posible, oportuno y necesario un proceso de liquidación general de condenas por la vía del indulto global o la amnistía.

En esa estrategia, Sortu-Bildu-Amaiur no han cruzado agendas con nadie. Su hoja de ruta es la estrategia de la reivindicación porque la movilización activa les ha aportado siempre pingües rendimientos en términos electorales. Si de nuevo es ese el objetivo último, el horizonte temporal de las próximas autonómicas se sitúa en un año de plazo, lo que requerirá incorporar algún elemento al discurso (la verificación del alto el fuego lleva ya tiempo dormitando en un cajón y en el futuro próximo alguien la rescatará). Pero si hay una sincera disposición a obtener consensos, debe haberla a entender las agendas ajenas y sus hojas de ruta. Alberto Ruiz-Gallardón dibujó la del Ministerio de Justicia con nitidez y en ella no cabían amnistías, pero tampoco desdijo a sus correligionarios del PP vasco que admiten que la legislación penitenciaria es flexible y da juego a la reinserción.

Objetivamente, el asunto de los presos tiene la capacidad de apuntalar o hacer temblar el proceso de liquidación de ETA. Y, en esta perspectiva, la estrategia de presión constante y fijación de una expectativa irreal con un borrón y cuenta nueva solo será motivo de futuras frustraciones que alimenten las posiciones más extremas y quién sabe si la tentación redentora de algún iluminado dispuesto a liderar otro proceso revolucionario armado. A la izquierda aberzale le hace falta el valor de renunciar a un escenario que domina y encuentra cómodo en la denuncia y la exigencia a los demás. Porque puede serle útil a corto plazo, pero no es más que su propia versión de la ley del embudo y acabará provocando confrontación social.

Tema: El nuevo gobierno de Mariano Rajoy tendrá que reformular la política mediterránea española y adaptarla a las realidades de un vecindario norteafricano en profunda transformación.[1]

Resumen: Tanto si los procesos políticos que han desencadenado las revueltas árabes generan libertad y desarrollo como si acaban produciendo frustración y caos, la posición geoestratégica de España se verá afectada a medio y largo plazo. La inesperada y arrolladora ola contra el autoritarismo iniciada en 2011 muy probablemente seguirá recorriendo el Magreb y Oriente Medio durante años, y no es de esperar que esa tendencia se vaya a revertir. Eso debería llevar a una redefinición de la política exterior española hacia la región. Muy probablemente España sea el país de la UE que más tenga que ganar, en términos relativos, si las transiciones árabes conducen a una mayor prosperidad, más estabilidad y más democracia. Es el momento de que la política mediterránea española esté guiada por un enfoque realista, práctico y más coherente que el empleado durante los últimos años.

Análisis: El nuevo gobierno de Mariano Rajoy tendrá que reformular la política mediterránea española y adaptarla a las realidades de un vecindario norteafricano en profunda transformación. La inesperada y arrolladora ola contra el autoritarismo iniciada en 2011 muy probablemente seguirá recorriendo el Magreb y Oriente Próximo durante años, y no es de esperar que esa tendencia se vaya a revertir. Esta nueva etapa representa un gran desafío para los gobernantes a ambas orillas del Mediterráneo. Por un lado, las transiciones ya en curso en Túnez, Egipto y Libia –y aquellas que puedan sumarse en los próximos meses o años– se enfrentan a dificultades colosales, aunque no por ello imposibles de superar. Por otro lado, los diferentes ritmos de los cambios en función de cada país hace imposible diseñar una misma política para toda la región. Sin embargo, la llamada “primavera árabe” ha marcado un punto de inflexión que ofrece una oportunidad histórica para transformar el modelo de estabilidad en torno al Mediterráneo.

Frente a la crisis económica y a las incertidumbres políticas en las dos orillas del Mediterráneo, parece haberse instalado en el norte cierto pesimismo –en ocasiones rozando el fatalismo– sobre la inevitabilidad de que las transiciones árabes conduzcan al caos o al triunfo de opciones políticas contrarias a los intereses europeos. Sea ésa la estación final de la “primavera árabe” o no (y nada determina que tenga que serlo), ni el pesimismo ni la apatía son una opción para Europa si no se quiere que el peor escenario posible se convierta en una profecía autocumplida. Tampoco una actitud del tipo “esperar y ver qué pasa” contribuirá a construir una nueva estabilidad regional basada en el respecto a la dignidad de las personas y en la búsqueda de intereses comunes.

Es el momento de que la política mediterránea española esté guiada por un enfoque realista, práctico y más coherente que el empleado durante los últimos años. A pesar de los enormes esfuerzos realizados y de contar con excelentes profesionales de la diplomacia, la política mediterránea del gobierno socialista estuvo demasiada absorbida en dos ámbitos: los repetidos intentos de mediar en el conflicto de Oriente Medio y los esfuerzos por ubicar y conservar la Secretaría de la Unión para el Mediterráneo (UpM) en Barcelona. Siendo tan loables como legítimos ambos objetivos, ni España tenía la capacidad ni los medios para solucionar los conflictos israelo-árabes, ni la UpM ha generado resultados ni buena imagen en sus tres años y medio de existencia (sólo hay que recordar que su copresidente durante dos años y medio fue el depuesto Hosni Mubarak).

¿Qué está cambiando en los países árabes?

Un primer balance de lo ocurrido durante 2011 en los países árabes es, sin duda, sobrecogedor. Durante mucho tiempo, el mundo se había acostumbrado a la estabilidad que parecían garantizar unos Estados árabes fuertes y autoritarios. Sin embargo, en cuestión de un año cayeron tres dirigentes que llevaban décadas ejerciendo un poder casi absoluto; se iniciaron otras tantas transiciones políticas; se celebraron elecciones más democráticas de lo habitual y otras fueron programadas para los siguientes meses; se produjo una intensa pero corta guerra civil y se crearon las condiciones para que otras estallen; se llevaron a cabo una intervención militar extranjera y otra regional; dos revueltas sangrientas se alargaron sin visos de solución rápida; se realizaron reformas constitucionales de emergencia y otras se pusieron en marcha; se remodelaron algunos gobiernos impopulares; se celebraron dos referéndums constitucionales; y se tomaron medidas económicas para tratar de mitigar el descontento social. Todo eso en menos de un año.

A pesar de que esa primera oleada de cambios está acompañada de grandes incertidumbres y dudas sobre lo que pueda venir después, es evidente que se ha roto el statu quo que reinaba en el mundo árabe, y con él la apariencia de estabilidad de sus regímenes políticos y la imagen de apatía de sus poblaciones. Hubo quienes quisieron ver lo ocurrido en Túnez como un caso aislado, pero el tiempo se encargó de demostrar que era una consecuencia de fenómenos más profundos que harán insostenibles las actuales formas de gobernar en la región, basadas en el autoritarismo y la imposición. Un año después de que la sociedad tunecina forzara la caída del presidente Ben Ali el 14 de enero de 2011, ya no se puede vaticinar que cualquier otro país árabe pueda quedar al margen de la actual ola de cambios, por más que sus dirigentes anuncien reformas u ofrezcan subsidios a la población.

Cualquier diagnóstico que se haga sobre la evolución de las revueltas antiautoritarias árabes deberá tener en cuenta que los factores que han llevado a la profunda transformación social y política están ahí para quedarse y, en todo caso, para ir a más. Factores como la demografía, el papel más activo de las mujeres en la sociedad y la mayor conexión de los ciudadanos árabes con el mundo exterior gracias a las nuevas tecnologías de la información son una realidad incuestionable y tienen un gran poder de transformación estructural. En el fondo de las protestas está el malestar por una corrupción extendida y poco disimulada, por una clase gobernante depredadora de la riqueza nacional, por la ausencia de justicia social y por la falta de garantías para hacer respetar las libertades individuales y los derechos humanos.

Las movilizaciones prodemocráticas en los países árabes han demostrado la existencia de valores políticos comunes entre Europa y sus vecinos del sur más compartidos de lo que muchos creían. Eso debería dar paso a un mayor grado de confianza y cooperación del que existía con los regímenes autoritarios. Una vez perdido el miedo a pedir nuevos sistemas de gobierno más participativos y menos corruptos, las demandas de amplios sectores sociales árabes son claras y concretas: que las personas vivan con dignidad y tengan oportunidades para progresar y encontrar empleo, de modo que contribuyan al desarrollo de sus países y a su propia prosperidad personal y familiar. Los gobiernos que surjan de las actuales y futuras transiciones tendrán que responder a estas demandas con hechos concretos y resultados tangibles. De lo contrario, tendrán a las poblaciones en su contra.

¿Cómo pueden afectar esos cambios a España?

Tanto si los procesos políticos que han desencadenado las revueltas árabes generan libertad y desarrollo como si acaban produciendo frustración y caos, la posición geoestratégica de España se verá afectada a medio y largo plazo. Como puente de paso natural entre el norte de África y Europa y como único país de la UE que tiene frontera terrestre con el mundo árabe, ni puede ni debe abstraerse de las transformaciones en su vecindario meridional. Muy probablemente España sea el país de la UE que más tenga que ganar, en términos relativos, si las transiciones árabes conducen a una mayor prosperidad, más estabilidad y más democracia en la región. Contrariamente, también puede estar en la primera fila de los países europeos afectados en caso de estancamiento económico o de mayor represión en el sur, debido al aumento de la presión migratoria por razones económicas y políticas, así como de fenómenos asociados a la radicalización por la falta de expectativas.

En el actual contexto de dificultades para la economía española y la posición internacional del país, asumir un papel de liderazgo en la política euromediterránea puede ser vital para enganchar de nuevo a España al corazón de la UE y para recuperar peso internacional. En 1995 el gobierno de Felipe González tuvo un papel central en el diseño y lanzamiento del Proceso de Barcelona, la iniciativa más ambiciosa y mejor articulada hasta el momento para construir una región euromediterránea más próspera y estable. La conceptualización y el arranque del Proceso de Barcelona fueron posibles gracias a la coordinación de visiones y objetivos entre España y sus principales socios europeos, especialmente con la Alemania de Helmut Kohl. A partir de 1995, la combinación de un contexto regional cada vez más adverso y la falta de voluntad política a ambas orillas impidieron avanzar hacia el objetivo de crear una zona de paz, estabilidad y prosperidad en torno al Mediterráneo, tal como recogía la Declaración de Barcelona.

No obstante, a lo largo de 2011 se ha iniciado un cambio profundo en la relación entre los Estados y las sociedades del sur, desde el momento en que muchos árabes han pedido dejar de ser tratados como súbditos para convertirse en ciudadanos. El nuevo gobierno español presidido por Mariano Rajoy tiene una oportunidad como pocas para retomar el liderazgo español en el Mediterráneo con propuestas ambiciosas, valientes y acordes a las necesidades de una región cambiante. Semejante posición, bien coordinada con el resto de socios, redundaría en beneficio de los intereses españoles, de la UE y de la región mediterránea.

Definir objetivos, diseñar políticas

El gobierno español salido de las urnas a finales de 2011, junto con las fuerzas políticas y sociales que lo deseen, debería redefinir los objetivos de nuestro país en el entorno mediterráneo y, a partir de ahí, diseñar una nueva política de Estado hacia la región árabe. Las políticas aplicadas hasta la fecha por los anteriores gobiernos han mostrado sus limitaciones y su incapacidad de contribuir a un mayor grado de prosperidad y democracia en los países del sur, a pesar de los frecuentes discursos oficiales autocomplacientes en el sentido contrario.

Frente a los cambios históricos en un vecindario tan estratégico, cabe plantear algunas preguntas, de cuyas respuestas dependerá en buena medida si España será visto como un actor internacional fiable, eficaz y comprometido con valores universales como la libertad y la democracia en su entorno inmediato: ¿qué prioridad se debe conceder a las transiciones árabes dentro de la agenda internacional española?, ¿es suficiente adherirse a las propuestas que salgan de Bruselas o es necesario asumir un papel de líder para consensuar políticas europeas más ambiciosas que produzcan resultados?, ¿tiene España realmente interés en el éxito de transiciones genuinas hacia la democracia en el mundo árabe?, ¿cuáles deberían ser los objetivos a corto y medio plazo desde una perspectiva española?, y ¿qué hacer con iniciativas existentes como la UpM?

La posición geoestratégica de España adquirió mayor relevancia internacional desde la transición democrática con su incorporación a la Comunidad Europea y la adopción de la moneda única. Pocos acontecimientos en la historia moderna del país tienen el potencial de alterar esa posición como la ola de antiautoritarismo que se está extendiendo por el sur del Mediterráneo, tanto si se consolida como si fracasa. Durante el año transcurrido desde que se inició la “primavera árabe”, se han tomado algunas medidas simbólicas, como la visita del ex presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a Túnez, y se ha ofrecido asistencia –más voluntarista que eficaz, dadas las dimensiones de los retos– a algunos países del norte de África. Da la impresión de que aún no ha calado en el pensamiento político y estratégico de nuestro país una noción de los cambios que se avecinan, así como el vínculo existente entre la seguridad y el bienestar futuros de los españoles con lo que ocurra en las sociedades árabes cercanas.

Durante décadas, EEUU y Europa buscaron la estabilidad del Magreb y Oriente Medio mediante el apoyo a regímenes represivos y deslegitimados internamente. A cambio, esos regímenes debían garantizar la estabilidad de sus países, permitir el acceso a recursos (principalmente energéticos), mantener relaciones económicas y comerciales y no cuestionar las políticas de Israel. El problema de fondo es que ese apoyo, tanto europeo como estadounidense, no se tradujo en avances sustanciales hacia el buen gobierno y el Estado de derecho, ni contribuyó a generar oportunidades en unas sociedades repletas de jóvenes con muchas más aspiraciones que expectativas de una vida digna. Por ello, las nuevas realidades aconsejan revisar ese modelo de estabilidad cada vez más criticado y obsoleto. Sin duda, existe la tentación de buscar una versión más benévola de un autoritarismo menos feroz. Sin embargo, si se examinan bien las alternativas junto con las causas del profundo malestar, puede que unas democracias árabes no sean tan malas para los intereses occidentales, incluidos los de España.

Hay numerosos ejemplos de transiciones o revoluciones que empiezan con una agenda liberal y que luego tienen una deriva autoritaria como resultado de la gravedad de los retos políticos, económicos y de seguridad a los que se enfrentan las sociedades en transición. Ése es un escenario que desde España se debe evitar a toda costa que ocurra en su vecindario sur, con todas las medidas que estén a su alcance, tanto en sus relaciones bilaterales como a través de las políticas comunitarias. Para ello, es clave fijar una serie de objetivos, entre los que deberían figurar: la promoción de instituciones inclusivas y de la cultura democrática, donde los gobernantes sean responsables ante los ciudadanos; el diseño de políticas económicas viables y generadoras de prosperidad, mejorando su gobernanza económica y creando mecanismos de control y transparencia; impedir reveses antidemocráticos y prevenir la erupción de la violencia; y, en el corto plazo, evitar el colapso económico y el deterioro de las condiciones de vida.

Las economías de aquellos países árabes que han iniciado sus transiciones están sufriendo las consecuencias de la inestabilidad política, el frenazo en las inversiones, la caída del turismo y las movilizaciones laborales. Sin embargo, las actuales vacilaciones pueden dar lugar a un clima más beneficioso para una región cuyo rendimiento económico ha sido muy inferior al de otros mercados emergentes. En la mayoría de los países, los problemas económicos no proceden tanto de la falta de recursos como del mal reparto que se hace de los existentes. Hay una percepción generalizada de que sólo una minoría próxima al poder es la que se beneficia del crecimiento económico, mientras las clases medias se van reduciendo. La lucha contra la corrupción y el nepotismo serán aspectos clave para legitimar los gobiernos árabes. Los socios internacionales deben contribuir para que haya mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los asuntos públicos en esos países.

Para evitar el colapso de las economías de los países en transición, resulta imprescindible crear instrumentos de financiación específicos para la región. Entre otras cosas, urge facilitar créditos a los jóvenes y a las pequeñas y medianas empresas, que son las que pueden crear un mayor número de empleos. Ahí será importante el papel del Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Mundial y también la banca comercial y los fondos de inversión. Es cierto que existe un amplio escepticismo en las sociedades árabes en relación con el papel de las instituciones financieras internacionales y con las intenciones de los gobiernos occidentales. De ahí que los actores extranjeros deban actuar con cautela, construyendo nuevas relaciones de confianza a base de hechos.

Ha quedado patente que muchas de las reformas anunciadas por algunos regímenes árabes y alabadas por la UE fracasaron a la hora de crear sistemas políticos y económicos más inclusivos. Varios países árabes introdujeron medidas de liberalización económica desde principios de los años 90 que sólo sirvieron para favorecer a algunas elites y contribuyeron a aumentar la brecha entre ricos y pobres. El sector privado que surgió de esas medidas exhibe con frecuencia las peores facetas del “capitalismo amiguista”. Mientras los sistemas políticos árabes no ofrezcan más oportunidades y no garanticen más libertades a sus ciudadanos, habrá cada vez más contestación social. En ese caso se puede optar por reformar profundamente los sistemas políticos o por una mayor represión contra las poblaciones. Es cierto que las transiciones iniciadas se pueden truncar, pero no es realista pensar que, a la larga, la represión y la corrupción no conllevan un coste para los regímenes que las practican.

El delicado y complejo proceso de negociación de las Perspectivas Financieras de la UE para el período 2014-2020 será fundamental para la configuración de la política mediterránea de la UE. En este terreno, España debería tener un papel militante para que una importante cantidad de los recursos destinados a la Política Europea de Vecindad (PEV) se asignen de forma eficaz al norte de África. Esos fondos deben contribuir a que países como Egipto, Túnez y Libia tengan más opciones de éxito en sus transiciones hacia la democracia, pero también para que el resto de los países vean que existen incentivos serios para avanzar en la apertura política y transformar sus sistemas de gobierno. Más allá de los fondos que la UE pueda destinar a estos países, a la larga será mucho más importante intensificar las relaciones comerciales –incluida la revisión de los acuerdos agrícolas y la movilidad de las personas– que conceder ayudas.

Diseñar unas nuevas políticas hacia el Mediterráneo que sean realistas y orientadas a obtener resultados requiere replantearse seriamente la utilidad de la UpM con su actual estructura institucional –sumamente compleja y creadora de obstáculos y disfunciones–, así como el coste económico y político de mantenerla en el estado de cuasi hibernación en el que lleva desde sus inicios. Se hace necesario abrir un debate sobre qué puede aportar la UpM en el nuevo contexto regional y de crisis financiera, así como prever en qué condiciones empezaría a dar resultados concretos y a servir de marco útil para el diálogo político y la integración regional. En un momento como el actual, sería un desatino tratar de reactivar la UpM sin antes conocer la evolución de los nuevos sistemas políticos de la región. Si la Secretaría es capaz de encontrar socios para lanzar proyectos técnicos de cooperación que sean eficaces y viables, entonces debería contar con el apoyo necesario. De lo contrario, la UpM será un lastre para la política exterior española y un elemento distorsionador de las relaciones euromediterráneas, lo que requeriría “recomunitarizar” ese ámbito de la política exterior de la UE.

Hacia un mejor conocimiento de las sociedades árabes

Durante 2011 quedó en evidencia la limitación generalizada de los análisis y previsiones hechas sobre el mundo árabe, puesto que nadie fue capaz de prever la llamada “primavera árabe” ni de actuar con rapidez una vez que se había iniciado. Varios motivos pueden explicar esa incapacidad de previsión: el conocimiento incompleto y sesgado de las transformaciones ocurridas en las estructuras, preferencias y valores de esas sociedades durante los últimos años; los análisis basados en paradigmas obsoletos que ignoraban a las opiniones públicas de esos países; la corrección política que ha impedido plantear escenarios incómodos, aunque probables; y la confusión entre el deseo y la realidad en los procesos de toma de decisión. Está claro que cualquier política eficaz en el futuro tendrá que fundamentarse en un mejor conocimiento de las sociedades árabes, y no sólo en la información inmediata y en las ideas que transmitan sus elites. Sólo a partir del diálogo y del conocimiento se podrán analizar las oportunidades y riesgos y, de ese modo, será más fácil escoger las opciones políticas óptimas a corto plazo y que generen resultados a más largo plazo.

Nunca antes España había tenido tantos especialistas en el mundo árabe contemporáneo en los ámbitos de la administración, del mundo académico, de los think tanks, del periodismo, de las fuerzas armadas y de la cooperación, y nunca antes esos especialistas habían estado tan conectados a redes internacionales como ahora. Aún así, falta mucho por hacer para mejorar el conocimiento de las sociedades y de los sistemas políticos árabes a partir de un cuestionamiento crítico de lo que se da por hecho, basado en datos y en realidades concretas, y alejado de las visiones estereotipadas y de las explicaciones exclusivamente religiosas o culturales. Eso implica, entre otras cosas, que hace falta que muchos más españoles conozcan la lengua árabe y sus dialectos, así como los contextos sociales y culturales.

El nuevo gobierno del Partido Popular debería disponer de la experiencia que acumulan las instituciones españolas dedicadas al análisis de las relaciones internacionales y los instrumentos de diplomacia pública que trabajan con el mundo árabe. Los cambios regionales deben favorecer que desde el gobierno, las empresas y la sociedad civil española se apoyen las transiciones árabes, tanto por consideraciones morales como para defender mejor los intereses nacionales. A pesar de las dudas y de la complejidad de la situación actual, éste es el momento adecuado para que España se posicione y ofrezca asistencia a las sociedades árabes. Sólo mediante la búsqueda de intereses compartidos se podrá disipar la desconfianza y establecer nuevas relaciones más equitativas y mutuamente provechosas. El escenario contrario implica enfrentamiento y un terreno fértil para el radicalismo y la demagogia de quienes no desean el triunfo de las opciones democráticas.

Nuestro país cuenta con numerosos factores a su favor ante la nueva etapa, empezando por su propia experiencia de un rápido desarrollo económico y social tras una exitosa transición hacia la democracia. Haber pasado de un régimen autoritario a una monarquía parlamentaria le confiere un interés especial para los demócratas árabes, así como por demostrar que tener una monarquía y un gobierno responsables ante el pueblo no son realidades excluyentes. También cuenta con la experiencia de una eficaz reforma militar y del sector de seguridad, aspecto clave en el futuro de los países del Magreb y Oriente Medio. A eso hay que sumar que, en términos generales, España goza de buena imagen entre las sociedades árabes. En el plano económico, España cuenta con empresas altamente internacionalizadas en sectores vitales para dar respuesta a las demandas sociales en el sur del Mediterráneo, como son la construcción, las infraestructuras, el transporte, las manufacturas, las energías convencionales y renovables, el turismo, el sector bancario, la consultoría, entre otros. Las transformaciones regionales pueden traducirse en posibilidades de inversión, aumento de intercambios comerciales, transferencia de conocimiento, proyectos conjuntos y en otras ventajas económicas para nuestro país dentro del contexto europeo y mediante relaciones triangulares con otras regiones como América Latina.

Del mismo modo que las transiciones iniciadas en algunos países árabes requerirán muchos esfuerzos y aprender de los errores, Europa debe reflexionar sobre sus políticas del pasado para darse cuenta de que, cuanto más satisfechos vivan los habitantes del sur del Mediterráneo en sus propios países, mejor nos irá a un lado y al otro. Las transiciones políticas son períodos de inestabilidad, pero también ofrecen oportunidades. El año 2011 ha demostrado que algunos cambios antes impensables pueden ocurrir en el mundo árabe y que en ningún sitio está escrito de antemano que siempre tengan que ser a peor.

Conclusiones: Hay mucho en juego para el futuro de la sociedad y de la economía españolas, tanto si se truncan los procesos antiautoritarios en el mundo árabe, por la frustración y el radicalismo que eso necesariamente generaría entre sus poblaciones, como si avanzan gradualmente hacia sistemas participativos con separación de poderes y donde el desarrollo económico y social sea inclusivo. Contribuir al éxito de esas transiciones traerá grandes oportunidades para las economías europeas –y más si cabe para la española por su mayor exposición a los países árabes–. Por el contrario, permitir que dichas transiciones descarrilen hacia un autoritarismo renovado o hacia opciones políticas excluyentes o populistas sólo producirá inestabilidad y mayor malestar social. Si los acontecimientos van en esa dirección, en el peor de los casos España se encontraría en la frontera de una brecha más profunda entre el norte y el sur del Mediterráneo.

El nuevo gobierno español presidido por Mariano Rajoy tiene una oportunidad como pocas para retomar el liderazgo español en el Mediterráneo con propuestas ambiciosas, valientes y acordes a las necesidades de una región cambiante. Semejante posición, bien coordinada con el resto de socios, redundaría en beneficio de los intereses españoles, de la UE y de la región mediterránea. Cualquier política eficaz en el futuro tendrá que fundamentarse en un mejor conocimiento de las sociedades árabes. Sólo a partir del diálogo y del conocimiento se podrán analizar las oportunidades y riesgos y, de ese modo, será más fácil escoger las opciones políticas óptimas a corto plazo y que generen resultados a más largo plazo. Para ello, el nuevo gobierno debería disponer de la experiencia que acumulan las instituciones españolas dedicadas al análisis de las relaciones internacionales y los instrumentos de diplomacia pública que trabajan con el mundo árabe.

Los cambios regionales deben favorecer que desde el gobierno, las empresas y la sociedad civil española se apoyen las transiciones árabes, tanto por consideraciones morales como para defender mejor los intereses nacionales. A pesar de las dudas y de la complejidad de la situación actual, éste es el momento adecuado para que España se posicione y ofrezca asistencia a las sociedades árabes. Sólo mediante la búsqueda de intereses compartidos se podrá disipar la desconfianza y establecer nuevas relaciones más equitativas y mutuamente provechosas. El escenario contrario implica enfrentamiento y un terreno fértil para el radicalismo y la demagogia de quienes no desean el triunfo de las opciones democráticas.

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[1] Una versión anterior de este ARI fue publicada en la sección “Estudios Elcano”, Política Exterior, nº 145, enero-febrero 2012, pp. 142-152, véase http://www.politicaexterior.com.

Resulta evidente que el modelo actual de nuestro mercado de trabajo ha fracasado de forma rotunda. Una crisis económica que dura cuatro años pero que sus principales efectos se han dejado sentir en el empleo, generando un 23% de parados de la población activa y más del 45% de paro entre los jóvenes menores de 30 años, son hechos incuestionables que confirman esta afirmación. El problema es que precisamente esta realidad no es nueva. La hemos ido constatando en cada una de las crisis económicas que hemos padecido en nuestro país, década tras década, convirtiéndose en una serie histórica desdichada que siempre acaba retornando, incluso como las enfermedades peligrosas, de forma más virulenta. Y de ahí que todas las miradas se vuelvan a la legislación laboral.

La ley laboral, durante todos estos años de trayectoria democrática, ha intentado reescribirse, a modo de reformas, de forma constante, siempre sin olvidar el código genético que la impregna, como es el de la protección del trabajador y la búsqueda del equilibrio para facilitar la llamada paz social, pero en buena medida, y más durante los últimos años, sus objetivos importantes perseguidos de eficiencia empresarial y de justicia laboral (Barbash) han ido inclinando más la balanza hacia el primero que hacia el segundo, con la idea de que una ley laboral más flexible contribuye a mejorar la competitividad empresarial, que a la postre redundará en un mejor y más saneado mercado de trabajo. Se trata de un nuevo paradigma donde las relaciones entre economía y empleo son estrechas, y las medidas adoptadas por unos inciden en las de los otros.

Ejemplo perfecto de esta nueva realidad lo tenemos en el reciente Acuerdo (II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) que se firmó la semana pasada por los agentes sociales. Los valores de dicho pacto han pasado, a mi juicio, y quizás por los antecedentes de otras negociaciones fallidas, con más pena que gloria en la opinión pública, cuando realmente estamos en presencia de un acuerdo tremendamente positivo para nuestro país, con contenido real y con elementos hasta el momento desconocidos en el ámbito de las relaciones laborales de España. Se enciende, sin duda, una luz muy potente para sentar las bases de un cambio de modelo tan demandado por prácticamente todo observador y conocedor del mismo. Y se constata que el Gobierno hizo bien en dar margen a dicha negociación.

La actitud de los agentes sociales y su implicación en la mejora de la economía resultan definitivas para configurar una realidad laboral favorable al empleo, en la que la solidaridad y el esfuerzo común de todos los ciudadanos resultan indispensables, pero donde la responsabilidad ejercida por los que están al frente en el día a día de las relaciones laborales es el epicentro para comenzar un cambio normativo laboral necesario. Un cambio que vaya más allá de la reforma, a saber, la búsqueda de un empleo sostenible.

Pues bien, para comenzar, las partes firmantes del acuerdo, sindicatos y organizaciones empresariales, firman un pacto de moderación salarial tremendamente efectivo, con un cierto valor taumatúrgico al tratar, por primera vez en este tipo de acuerdos interprofesionales, de revisión salarial ligada a productividad o resultados de la empresa, y olvidando la indexación automática al IPC de cada año, con valores inferiores al mismo. Ello por sí solo ya nos ha favorecido en nuestra imagen en el exterior, verdadero caballo de batalla económico en estos momentos que estamos atravesando. También es novedosa la llamada a los negociadores de los convenios colectivos futuros a incorporar cláusulas de flexibilidad ordinaria y extraordinaria en el tiempo de trabajo (distribución irregular de la jornada anual hasta un 10%; bolsa de horas a disponibilidad del empresario; y racionalización y flexibilidad de horarios); en la movilidad funcional (olvidando el concepto de categoría profesional y propiciando los grupos); y, finalmente, en materia salarial (donde por fin se generalizan los conceptos variables del salario y se habla abiertamente de incrementos salariales ligados a productividad y resultados de las empresas). Toda una declaración de principios, valiente, detallada. Y, en fin, igualmente importantes son las ideas que se plasman en el documento sobre inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales, si bien en este punto se requerirá de desarrollo legislativo para que sea realmente eficaz.

Sin duda queda mucho por hacer, sobre todo en materia de ordenación más ágil de la negociación colectiva (donde la regla de la ultraactividad de los convenios es clave); en materia de contratación (con búsqueda de una regulación más flexible del tiempo parcial, trascendental para nuestro sistema productivo); en terminación de contrato (dando más certidumbre al empresario que quiera acometer estos procesos) y en intermediación laboral (facilitando la cooperación entre empresas y Administración). Pero creo que el camino que acabamos de comenzar es ambicioso y arroja esperanzas a lo que se pueda ver pronto, dado que todos están asumiendo sus responsabilidades para finiquitar, de una vez por todas, esta situación perversa del desempleo.

Que no nos den gato por liebre. No podemos reducir la responsabilidad de nuestros gestores a responsabilidad penal. Vaya por delante que comprendo y comparto la indignación ante el panorama de corrupción, despilfarro y de falta de responsabilidad de que ha hecho gala durante estos últimos años nuestra clase política, especialmente en el ámbito autonómico y en el local, que es donde han fallado más estrepitosamente los mecanismos de control que, teóricamente al menos, tenemos en nuestro Estado de Derecho. Mecanismos que, por cierto, no están en el Código Penal, sino bastante antes, en un conjunto de normas de Derecho Público. Porque no debemos olvidar que en una sociedad civilizada el Derecho Penal es siempre la última instancia a la que acudir cuando se trata de defender bienes o derechos jurídicamente protegidos. Y aunque a estas alturas nuestro Derecho positivo esté hipertrofiado y no sea un prodigio de claridad, lo cierto es que contiene bastantes normas sobre responsabilidad administrativa y patrimonial de los gestores públicos que han derrochado el dinero de los contribuyentes. Simplemente se trata de aplicarlas.

Estas normas están contenidas fundamentalmente en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, LO 2/1982, y en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que regulan la llamada jurisdicción contable que permite depurar y exigir responsabilidad a los gestores públicos cuya actuación haya producido perjuicios al erario público (vulgo, el dinero de nuestros impuestos) como parece que ha ocurrido en muchos casos que han llevado al Gobierno -aunque por ahora con poca concreción- a proponer algo así como un nuevo tipo penal para despilfarradores del dinero de todos.

Pues como ya adelanto en el título, no me parece que sea una buena idea. En primer lugar, porque supone que hay una serie de normas de Derecho positivo a cuya inaplicación sistemática nos resignamos. Eso, por no hablar de códigos éticos o de normas de buen gobierno que no sirven para nada.

En segundo lugar, porque establecemos unos estándares muy bajos para el cumplimiento de nuestro Derecho y de los valores que le sustentan. Si basta con no ser un delincuente para ser un buen gestor o un buen político, o simplemente para ser un gestor público o un político, o todavía más, si el no delinquir te convierte en un gestor ejemplar, pues apaga y vámonos. En tercer lugar, porque estamos judicializando hasta un extremo insoportable los principios básicos del funcionamiento de un Estado de Derecho y de la responsabilidad de nuestros políticos y gestores. ¿Quién va a decidir si el derroche de dinero público es o no delito? Pues nos tememos que la colapsada Administración de Justicia española.

Porque se ve que, sin amenaza de cárcel de por medio, nuestros gobernantes piensan que no hay forma de que se cumpla una serie de principios básicos de una gestión por cuenta de otros (los ciudadanos) y de exigir las correspondientes responsabilidades si no se hace así. Muy interesante. Parece que cuando hayamos conseguido legalizar y dejar en manos de los jueces la aplicación de los valores esenciales para garantizar el funcionamiento de una democracia y de un Estado de Derecho digno de tal nombre, ya podremos dormir más tranquilos. Porque para entonces habremos abdicado de todas nuestras responsabilidades, los políticos y responsables públicos de las suyas, y los ciudadanos y la sociedad civil de las nuestras.

Y ésta es la razón fundamental por la que permitir que nos cambien la responsabilidad que ya se puede exigir, tanto política como administrativa y patrimonial, por una responsabilidad penal futura es una muy mala idea, y equivale a dejar que nos den gato por liebre.

En mi opinión, lo que sencillamente ha pasado estos últimos años es que todas estas normas de Derecho positivo y códigos éticos que podrían haber evitado la proliferación de los casos de derroche de dinero público y hasta de corrupción no se han aplicado porque, sencillamente, no les ha interesado a quienes debían hacerlo. Son, como tantas cosas en nuestro maltrecho ordenamiento jurídico y lo que es peor, de nuestro sistema de valores democráticos, papel mojado. Y al no aplicarse hemos hecho dejación de nuestras responsabilidades. Todos.

Ha habido, desde luego, una irresponsabilidad política, pero en una doble dirección: la que incumbe a una clase política que mantiene en nómina no sólo a despilfarradores impenitentes sino también a imputados por casos de corrupción en listas electorales y en cargos importantes, pero también la de una ciudadanía que les ha seguido votando. Y aunque en algunos casos es verdad que los ciudadanos no tienen toda la información, o prefieren agarrarse como clavo ardiendo a la tan traída y llevada presunción de inocencia, o creen sencillamente que la alternativa es todavía peor, lo cierto es que los ciudadanos somos corresponsables, porque muchos de estos personajes han ganado las elecciones con mayoría absoluta. El que estas personas terminen finalmente absueltas -como acaba de ocurrirle a Francisco Camps, aunque sea por los pelos merced a un jurado popular en un juicio cuanto menos pintoresco y con un veredicto recogido en un acta que contiene faltas de ortografía- o con los delitos declarados prescritos, o incluso indultados como le ocurre últimamente a la gente importante de este país, no acaba con sus responsabilidades políticas. Y por supuesto, tampoco con las otras responsabilidades jurídicas que no son de carácter penal.

La existencia de dos candidatos a la Secretaría General del PSOE pone de manifiesto la diferencia en la importancia que cada candidatura atribuye a la necesidad de una profunda renovación interna: hay quien la contrapone incluso a la también necesaria “oposición útil”… Quizás porque se considera que la crisis actual es solo una crisis de la economía, y por tanto, la prioridad absoluta es la de contraponer alternativas a las medidas del Gobierno. Y esto es, sin duda, necesario. Pero no basta: ninguna propuesta socialista, por solvente que parezca, será creíble sin la renovación efectiva del PSOE y del propio proyecto socialista.

El PSOE acaba de sufrir la peor derrota de su historia, con un programa lleno de propuestas viables y un candidato con mucha experiencia. Es imprescindible partir de un análisis sereno y profundo de las causas de esta derrota, en el contexto más amplio de la renovación del socialismo europeo. La candidatura de Chacón defiende un “decálogo económico” con propuestas concretas más avanzadas que las de nuestro programa electoral, en línea con el potente discurso pronunciado hace unos días por François Hollande.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos, el PSOE debe demostrar mucha más coherencia entre el modelo de sociedad que defiende, sus iniciativas y su práctica cotidiana. Recuperar la bandera de la lucha contra las desigualdades y contra toda forma de injusticia exige diferenciarse claramente del PP, con el mismo lenguaje que usan los ciudadanos, estupefactos o indignados ante lo que sucede a diario. Y requiere también coherencia entre lo que se propone y lo que se hace dentro del propio partido.

La desafección hacia la “política” no puede separarse de la que generan los “políticos”… es decir, la provocada por actuaciones de personas que integran una organización política. Si dicha organización defiende determinados valores como elementos cruciales de la sociedad que aspira a construir, debe dar ejemplo de la aplicación cotidiana de tales valores.

El mejor Zapatero era, precisamente, aquel que recién llegado a la Secretaría General, contestaba así a los que le pedían más agresividad contra el PP: “No hay que dar caña, lo que hay que dar es ejemplo”. Y dar ejemplo, en política, requiere normas claras y mecanismos que garanticen más democracia, y mayor ejemplaridad. En esa línea, la candidatura de Chacón impulsó, desde el inicio, la elección directa, con el voto de afiliados y simpatizantes, de los candidatos a la presidencia del Gobierno, alcaldes y presidentes de comunidades autónomas: una propuesta que ha sido aceptada posteriormente por la otra candidatura. Además, se han presentado un conjunto de enmiendas a los estatutos del PSOE que apoyan muchos militantes: la posibilidad, ahora inexistente, de debates entre candidatos a la Secretaría General; las relativas a mejorar la transparencia y la exigencia de responsabilidades de todos los cargos socialistas, mediante un estatuto de rendición de cuentas y garantizando el acceso a través de internet a los informes del Tribunal de Cuentas sobre la gestión económica del PSOE…

Otras, permitirán mayor democracia interna mediante listas abiertas para la elección de delegados a los congresos y mejor reparto de responsabilidades, limitando la acumulación de cargos institucionales e internos. Aprovechando al máximo las TIC, se incentivará la participación de militantes y simpatizantes en la elaboración de iniciativas legislativas y en los debates relevantes. Asimismo, se exige la paridad efectiva en todos los órganos directivos del PSOE, liderando así el cumplimiento del marco legislativo impulsado por Zapatero.

Esta candidatura quiere fomentar también la actitud “vocacional” de la militancia, mediante la recuperación de una secretaría de formación y una mejor definición de las responsabilidades individuales, para así garantizar mayor presencia efectiva del PSOE en la sociedad, y mayor capacidad de interpretación de los desafíos actuales. La política no debería considerarse una actividad exclusiva que limite el propio desarrollo educativo y profesional. Recordemos que el declive del PSOE viene de mucho antes de la actual crisis: en 1995 perdió varias comunidades autónomas y Ayuntamientos que nunca recuperó, ni siquiera en los mejores momentos de Zapatero. La pérdida de voto urbano, de voto joven… Incluso del voto de los mayores, tiene mucho que ver con nuestra escasa actividad dentro de esos ámbitos.

Defendiendo la igualdad en la diversidad, el PSOE debe reforzar y ampliar las organizaciones sectoriales, como espacio de encuentro con los no afiliados; además -en un mundo que cambia a gran velocidad- el PSOE necesita muchos más militantes que sean a la vez universitarios, científicos, profesionales, emprendedores o miembros de organizaciones sociales… Y, por supuesto, necesita más militantes en el exterior implicados activamente en los debates y en las decisiones sobre la globalización, allí donde estos se producen. Por eso, también proponemos que un representante de los militantes en el exterior forme parte de la dirección federal. Toda una señal de la apuesta por un enfoque global de nuestra renovación.

Son, todas ellas, propuestas encaminadas a convertir el PSOE en una organización creíble, atractiva y adaptada a los retos del siglo XXI, capaz de recuperar el apoyo de una mayoría social.

Ahora que desde el PP se ha proclamado que hemos de reconocer la honorabilidad de Francisco Camps, que hemos de resarcirle, Mariano Rajoy tendría que pronunciar un mensaje especial televisado a todo el país subrayando que es urgente, muy urgente, y es conveniente, muy conveniente, olvidar todo lo que hemos visto, oído y sabido durante el juicio. Si no lo hacemos, ni podremos reconocer la honorabilidad de Camps, ni conseguiremos creer en la justicia y en las instituciones.

Pero no va a ser fácil. Borrar de nuestra memoria lo escuchado en las cintas judiciales, prescindir de las pruebas documentales que conocemos, y, sobre todo, arrancar de nuestra cabeza el rastro de cómo nos pueden llegar a gobernar algunos de los que elegimos, costará mucho. De forma especial si además los rehabilitan y se les considera oficialmente honorables.

Con todo, el caso Camps sigue vivo pese a la sentencia. Quedan abiertas cuestiones mucho más importantes y trascendentes que unos simples trajes regalados (porque fueron regalados) por quienes recibían a dedo o en concursos públicos nada claros encargos multimillonarios de la Generalitat valenciana. La consideración de que no recibió los trajes “en función de su cargo público” es, en definitiva, una simple complejidad legal técnica por falta de confesión explícita o un error del jurado. Y si no es un error, sino una sofisticada inducción, en caso de que no se descubra, tal vez acabemos despachándola con el pobrísimo argumento de que esas cosas ocurren.

Pero lo que queda de cara al futuro es doble. Cómo evitar que se gobierne un territorio a puro golpe de derecho de pernada, cómo impedir que se administren bienes colectivos considerándolos propiedad privada personal disponible para los caprichos de nuestros representantes. Y cómo conseguir que los partidos políticos y sus medios de comunicación adláteres dejen de respaldar a los corruptos cuando son de su propia cuerda. Esas son las dos cosas, junto con la demostrada injusticia de nuestra justicia, que nos vuelve a plantear el caso Camps.

En este caso, los excesos del partidismo del PP cuando clama por la honorabilidad de Camps llegan a un nivel infame. Los trajes son únicamente el florón visible y escandaloso del hecho de gobernar sin ética. El populismo descontrolado de Camps, muy rentable electoralmente a corto y medio plazo, y muy rentable asimismo para los bolsillos de los amigos, lo consagró Eduardo Zaplana con Terra Mítica y fue continuado magistralmente por él. Pero ha convertido a la Comunidad Valenciana en la autonomía con la mayor deuda pública y los mayores impagos a privados de toda España; en el escenario del urbanismo salvaje más desaforado, y en un prototipo de cuando la actuación política funde los bancos y las cajas de ahorros propias- Con Camps, los grandes acontecimientos y obras han ido acompañados de dislates económicos que han enriquecido a su entorno, desde la Copa América y la fórmula 1 hasta la visita del Papa o la gestión de las aguas residuales. Como del cerdo, lo aprovechó todo.

Cuando Rajoy estaba en la oposición, llegó a poner a Camps como ejemplo de la buena gestión económica y dijo que encarnaba “el modelo que quiero aplicar para el Gobierno de España”. Estamos a la expectativa de ver si ahora, en pleno análisis crítico internacional de la descentralización española, le ratifica a la señora Merkel cuál es su modelo de presidente autonómico. También hay curiosidad por ver si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les dice a los representantes de las demás comunidades que, tras reintegrarle la honorabilidad a Camps, han de imitarle. Por cierto, la primera zancadilla a la política de endurecimiento del PP ante las autonomías ha venido precisamente por aquí. Tras difundir el mensaje de que cada comunidad debía espabilarse recortando para resolver sus problemas, Montoro tuvo que habilitar una ayuda especial y directa a la Comunidad Valenciana para evitar su suspensión de pagos, y eso le obligó después a flexibilizar su postura ante las demás.

La “no culpabilidad formal posiblemente no le servirá para nada al expresidente valenciano: es una personalidad pública de la cual todo el mundo se ha enterado de sus trapacerías habituales aunque no las haya castigado el jurado. En la nueva sociedad de la comunicación, ese tipo de pena, la divulgación de la verdad, suele castigar mejor que una multa. Camps, de momento, no queda inhabilitado, pero falta por ver, después del teatro organizado para festejar su victoria y de los discursos inmorales del PP ensalzándolo, qué nuevas responsabilidades públicas le encargan al empobrecedor de Valencia. De modo que es pertinente preguntarle dónde está su victoria. Pero nuestra derrota persiste: se nos puede gobernar así y fallar todos los controles, mientras los partidos insisten en defender a los indeseables de sus propias filas. Estamos muy lejos de ser un buen país democrático.

No sé qué me preocupa más, si el giro conservador de algunas de las propuestas del nuevo Gobierno, especialmente en materia de justicia, o el populismo antipolítico que se percibe en muchos de sus primeros gestos y discursos. Conservador y de vieja derecha es cargarse la ley que reconoce el derecho de la mujer al aborto de una legislación homologable a la mayoría de los países de Europa. Populista es endurecer las penas con la cadena perpetua excepcional y revisable, en un país con un sistema de penas de los más severos de Europa. Sectario y abusivo es pretender imponer la mayoría absoluta para cambiar leyes orgánicas, pactadas durante años con el PSOE, sobre las bases de nuestro sistema judicial.

Pero más allá de esta enumeración precipitada de temas sobre los que volveremos con más calma cuando lleguen los proyectos correspondientes, percibo preocupado que una peligrosa filosofía se esconde en muchas de las medidas y explicaciones que expone el nuevo Gobierno en sus nuevos planes. Una especie de condena y menosprecio a la política y, en especial, a la política partidaria.

Es significativo, por ejemplo, que uno de los primeros proyectos de ley ha sido el que pretende reducir la financiación pública de los partidos. Guiados de un populismo que practican como nadie, han decidido pegar un tajo a la financiación partidaria en la creencia de que las quejas ciudadanas contra la crisis y la política, lo avalan sobradamente. Es algo parecido a la persecución a los sindicatos y a los liberados sindicales cuando se pretende deslegitimar la protesta social y el papel representativo de las organizaciones de los trabajadores.

Bajo la ambiciosa expresión de regenerar la democracia, el Gobierno nos incluye una propuesta que ha sido recibida con alborozo por la derecha mediática: privar al Parlamento de la elección del Consejo del Poder Judicial. Por lo visto, el Parlamento contamina e intoxica al entrometerse en el sacrosanto e inviolable mundo de los jueces. Discutiremos sobre esta medida en su momento y sobre las intenciones ocultas de configurar un Poder Judicial corporativo, ajeno a la soberanía popular. Pero lo que interesa destacar aquí es la razón que se expone para esta propuesta. Se trata, se dice, de despolitizar la justicia, dando a entender que la intervención del Parlamento -y de los partidos, no se olvide- impregna de intereses espurios esta elección. Es muy grave que el sustrato de una medida tan controvertida y trascendente sea considerar que la política intoxica las instituciones, despreciando el poderosísimo argumento contrario, es decir, que la intervención del Parlamento dota al Consejo del Poder Judicial, de una legitimidad que jamás tendrá de otra manera, puesto que la participación de los representantes de la soberanía popular en el nombramiento de los órganos constitucionales, crea una relación directa entre estos y los ciudadanos a través de sus legítimos representantes.

Igualmente se envuelve en el argumento de la austeridad -indiscutible en los tiempos que corren- la supresión de órganos reguladores o entidades representativas sociales sectoriales. La no constitución del CEMA, un órgano de defensa de los telespectadores, frente a los contenidos ofensivos o para evitar los abusos publicitarios y mil cosas más, se ha justificado también desde esta filosofía que desprecia los mecanismos de defensa ciudadana o de intervención de la sociedad sobre los mercados. ¿Para qué tantos organismos reguladores? Se preguntan, tan retórica como significativamente nuestros gobernantes de hoy.

En el mismo trasfondo se incluye la búsqueda de tecnócratas para gestionar la política; la singularísima experiencia de Italia y de Grecia, ha favorecido esta idea que encierra, a su vez, un reproche extendido y peligroso a los políticos puros, que algunos llaman ahora despectivamente “políticos profesionales”, reclamando, al mismo tiempo a los “profesionales de verdad”, abogados del Estado, diplomáticos, economistas, etcétera, para ocupar las altas instancias del Estado.

Confunden todas estas ideas, causas y fines. El malestar con la política, los partidos o los políticos, integra una multitud de factores que reclaman respuestas de regeneración democrática, apertura y proximidad a los ciudadanos, ejemplaridad y entrega y un amplio abanico de reformas que nos permitan recuperar la confianza social perdida. Pero el camino es el contrario a esta filosofía que denuncio y que extiende nuestra derecha triunfante. El camino es el que nos reclama más política frente a los mercados. Más Estado y mejor regulación frente a la economía financiera causante de este desastre. Más Europa y más política internacional. Más gobernanza internacional de la economía, de la paz, del cambio climático y de tantas causas humanas pendientes.

No, mejorar la democracia no quiere decir menos política, sino más y mejor política. Mejor política no quiere decir menos partidos políticos, sino partidos mejores, más abiertos, más transparentes, con mejor inserción en la sociedad y mejores políticos, más formados y virtuosos, pero también, mejor tratados.

En pocos días se ha abierto, de nuevo, el futuro del PSOE. ¡Qué enorme necesidad de construir una oposición seria y constructiva y una alternativa de izquierda moderna a este Gobierno! Pero, también, ¡qué enormes oportunidades de hacerlo se vislumbran!

Hace unas semanas Carme Chacón presentó su candidatura a la secretaría general del PSOE en el pueblo almeriense donde nació su padre, con la voluntad de amortiguar su perfil catalanista, fraguado durante su meritoria y veterana militancia en el Partido Socialista de los Catalanes. Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba lo hizo en la sede de la UGT, en este caso reivindicando -aunque las razones puedan resultar más oscuras- una posición política que hiciera olvidar las medidas económicas tomadas por el anterior Gobierno con la loable intención de enfrentarse a la crisis económica.

Los dos aspirantes han intentado con gestos de un fuerte contenido simbólico debilitar los flancos que consideraban más débiles para conseguir sus aspiraciones, y lo han hecho con imágenes -tal vez recordando a Cassirer: «Al principio el lenguaje no expresa pensamientos o ideas, sino sentimientos y afectos»-, haciendo innecesarias las palabras, las ideas y por lo tanto evitando una crítica expresa a un pasado reciente en el que han tenido un protagonismo estelar.

No dudo del valor de los símbolos, ni de la capacidad de las imágenes para hacer comprensible una idea, un sentimiento, una situación concreta… Pero pongo mis reparos al refrán tantas veces invocado que da más valor a una imagen que a mil palabras. Paradójicamente, en este tiempo en el que la imagen domina impetuosamente la vida pública, las ideas, los discursos, las palabras adquieren mayor importancia para interpretar la realidad que vivimos.

No dudo de la voluntad, de la buena voluntad, de los dos contrincantes a la secretaría general del PSOE, pero adolecen los dos del discurso necesario para que los militantes, y los ciudadanos que son el objeto de deseo confesable de todos los partidos, puedan optar desde el análisis y la razón por uno de ellos. Sería conveniente que Carme Chacón nos dijera qué piensa sobre el futuro de la nación española. ¿Somos la suma de las comunidades autónomas o algo más y distinto? ¿España es una nación de naciones? Si es así como piensa, estaría obligada a decirnos cómo contempla el futuro de este equilibrio inestable. ¿Sigue estando abierta a la configuración de la España autonómica? Para un número sorprendentemente amplio de españoles este país sigue sin terminar de fraguar y, por lo tanto, es lícito y obligatorio proseguir con el manoseo de aspectos básicos para nuestra convivencia, y justamente esa realidad obliga a quien quiera representar al PSOE -primer partido de la oposición- a hablar muy claro sobre su idea de España.

Por otro lado, durante los últimos ocho años los socialistas catalanes optaron por una política de alianzas con los nacionalistas más extremos. Ciertamente, esa inclinación también la tuvo el PSOE sin que nadie, o muy pocos para nuestra desgracia, se opusiera dentro de la disciplina del partido. ¿No es radicalmente necesario reflexionar más seriamente sobre esta opción que inevitablemente impuso una pérdida de centralidad política? ¿Se puede substanciar el asunto diciendo sencillamente que fue un error? ¿Justo cuando la suma no da para gobernar?

En un ámbito de importancia distinta sería conveniente saber si considera que el PSC debe tener un mayor grado de autonomía en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y si así lo considerara, la pregunta a contestar sería: ¿Es posible extenderlo al resto de las federaciones del PSOE? Todo ello sin perjuicio del derecho indiscutible de Carme Chacón a optar por la secretaría general del PSOE y constatando que la indefinición anotada en este artículo no es, por desgracia, exclusivamente achacable a la candidata catalana.

También Alfredo Pérez Rubalcaba nos debería aclarar el significado de su presentación en la sede de la UGT. Parece que quiso distanciarse de las decisiones tomadas por Zapatero para combatir la crisis económica que tan duramente golpea a la sociedad española. Si éste fuera el caso, sería conveniente conocer las alternativas posibles, porque sería un golpe brutal para los socialistas saber que las medidas del anterior Gobierno eran inevitables, pero que no debieron ser tomadas por el partido en atención a su definición de organización de clase, olvidando la definición más canónica de lo que es un partido político realizada por Burke: «Un partido es un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo». Es evidente que el inglés pone el acento y da importancia superior al interés general, cuya búsqueda distingue a los partidos de las facciones, sobre el principio que aglutina a los integrantes del partido político.

Pero sería necesario también saber cómo vamos a modernizar el discurso del socialismo español para buscar una relación ventajosa con los sectores más dinámicos de la sociedad española que hemos ido perdiendo poco a poco desde hace más de 10 años, como demuestran fehacientemente las sucesivas elecciones municipales. Parece que lo primero es que los socialistas digan lo mismo en todos los lugares de España, pero para ello es imprescindible un discurso nacional, basado en una idea coherente de la nación española, perfectamente compatible con la España autonómica e incompatible con otros proyectos que en ocasiones han reivindicado algunos aprendices de brujo. Ayudaría desde luego que el Partido Socialista fuera federal y no una especie de confederación en la que cada cual en su ámbito hace y dice lo que considera, pareciendo que sólo nos unen una gran animadversión por el adversario político y unos intereses que tienen más de material que de idea política.

Por otro lado, el papel del Estado ha cambiado en las sociedades modernas y ricas en el siglo XXI, y nosotros lo somos a pesar de la crisis económica. Los ciudadanos no están dispuestos a renunciar a los beneficios del Estado del Bienestar, pero a la vez rechazan con contundencia la omnipresencia del Estado en las sociedades actuales, reivindicando una mayor autonomía individual en la definición de su propia vida. Ese nuevo papel no lleva al Estado a desaparecer, pero se verá obligado, lo quieran o no los nostálgicos de la toma del Palacio de Invierno y adláteres, a dimensionar su volumen y su presencia, no su legitimidad o su capacidad coercitiva y de dirección para enfrentarse a los nuevos problemas que nos plantea una sociedad en gran medida globalizada, cosida por los lazos tradicionales, pero cada vez más intensamente basada en las relaciones provocadas por las nuevas tecnologías que nos permiten a los ciudadanos tener menos tutelas hoy (las referentes a la herencia, los apellidos, los territorios, las identidades colectivas o religiosas) que las que pudieron intuir los padres de la Ilustración. En el mundo actual donde parecen predominar las contradicciones, las paradojas, el ser humano puede ser más dueño de su destino y de sí mismo que en cualquier otro momento de nuestra Historia, sin perjudicar su naturaleza solidaria, pública y cooperativa.

En esa nueva y en gran medida revolucionaria realidad, los partidos seguirán jugando el papel fundamental que han venido desarrollando durante los dos últimos siglos, pero de forma y manera muy diferente. Este momento lleno de incertidumbres, en el que han desaparecido las verdades absolutas, los libros rojos, verdes o amarillos, el PSOE puede ser un ejemplo si el debate se realiza sobre estos aspectos sustanciales para el próximo futuro de los ciudadanos o convertirse en una opción política prescindible e irrelevante durante muchos años si no lo hace y sigue perviviendo la imagen sobre la palabra, el gesto sobre la idea, el símbolo sobre el discurso. La palabra la tienen los afiliados pero la responsabilidad es de los candidatos.

Tengo en la retina dos imágenes de aquellos días de hace más de un cuarto de siglo en los que se dirimía, en un tremendo pulso subterráneo, la orientación no ya del socialismo español sino de lo que a partir de entonces sería nuestra cultura democrática.

La primera se corresponde con el momento en que pocos minutos antes de las 10 de la noche del sábado 22 de junio de 1985, acabado ya el entreacto de un programa que incluía otras composiciones, Alfonso Guerra hizo su aparición con un impecable traje beige en el palco del Teatro Real reservado para el Gobierno. Instantes después las manos cobrizas de Zubin Mehta comenzaban a extraer de la exquisita maquinaria musical de la Orquesta Filarmónica de Nueva York los primeros acordes de la Quinta Sinfonía de Mahler.

Durante la hora larga que duró la interpretación, y en especial durante el célebre adagietto popularizado por la película Muerte en Venecia, todas las miradas confluían una y otra vez en el vicepresidente como si fuera él y no el gran director indio quien estuviera recreando su composición favorita. Al final la patulea de altos, medianos y bajos cargos colocados por el PSOE en la Administración que habían desplazado a gran parte de los melómanos habituales del Real, reaccionaron con un impostado fervor místico, acompasando sus aplausos a las palmadas lentas y solemnes que brotaban de las manos de Guerra. En el apogeo de su poder, el vicepresidente que se las daba de mero «oyente» pero determinaba quién salía en la foto y quién no, era como un cómitre de galera marcando inflexible el ritmo al que debían remar sus sumisos galeotes. Puesto que a Alfonso le gustaba Mahler, todos entraban en éxtasis con Mahler.

Cuarenta y ocho horas después, el habitual boicot del vicepresidente a los actos vinculados a la Monarquía dejaba el campo libre para que fuera el superministro de Hacienda, Miguel Boyer, quien acaparara el protagonismo, durante la recepción que con motivo del santo del Rey se celebraba en los jardines del Campo del Moro. Sobre todo cuando coincidió en los grupos que se iban formando con una Isabel Preysler en la cima de su sex-appeal, con la que mantenía un incipiente romance. Yo estaba allí como director de Diario 16, pero mi condición de intermitente pareja de pádel de la aún marquesa de Griñón me había hecho además depositario de algunas de sus confidencias y detectaba muy bien el morbo que en aquel «país de porteras» -la expresión era del propio Boyer- suscitaba una relación con los máximos ingredientes a los que podía aspirar la prensa rosa.

Así como el idilio clandestino entre el propio Guerra y la joven sevillana María Jesús Llorente había sido seguido con incomodidad y desagrado por una alta burguesía que veía reproducido el mito del advenedizo con ínfulas, capaz de materializar en las lides amorosas su desquite de clase, el ya publicitado romance entre Boyer y Preysler suponía el maridaje entre la élite del poder y la rampante jet set: ahí estaba el embrión de lo que pronto sería conocido como la beautiful people. Pero el sesgo que tomaría el futuro de España no dependía de la relación de los dos gallos de pelea del Gobierno con sus respectivas nuevas parejas, sino de la que ambos mantenían simultáneamente con Felipe González.

Aquello era un ménage à trois similar al de Jules et Jim. Como en la película de Truffaut, Boyer aportaba al presidente la fantasía y la transgresión de un liberal lúcido y sutil disfrazado de socialdemócrata; pero Guerra encarnaba la certeza y la estabilidad, fruto de su control del partido de acuerdo con las esencias más ácidas de la izquierda. A Boyer le obsesionaba la apertura y modernización de nuestra joven democracia dentro del capitalismo occidental; pero Guerra, rehén aún de los mitos del marxismo, quería tirar por la calle de en medio y cambiar la faz de España hasta que no la reconociera «ni la madre que la parió». González mantuvo el doble juego cuanto pudo pero a la hora de la verdad -cuando Boyer le exigió que cumpliera su palabra de hacerle también vicepresidente y Guerra lo vetó- optó, como yo escribí entonces, por «quedarse con la legítima».

La firme y sonora dimisión de Boyer en aquellos primeros días de julio de 1985 zanjó la cuestión y dejó el camino expedito para que Guerra consumara la agenda intervencionista que ya había ido desplegando, a base de sustituir la separación de poderes -no en vano acababa de proclamar la «muerte» de Montesquieu- por la supeditación del legislativo y el judicial al ejecutivo a partir de un común origen partidista. Pese a que juristas de tanto renombre como variada adscripción advirtieron que eso suponía reproducir la tristemente célebre gleichstaltung o «coordinación de poderes» aplicada por los nazis, Guerra siguió adelante y perpetró la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hasta entonces aplicaba en su literalidad el precepto constitucional por el que ocho de los 20 vocales del Consejo General eran elegidos por el Parlamento y los otros 12 directamente «entre jueces y magistrados».

Burlándose del ánimo de los legisladores, Guerra argumentó que la Constitución no impedía que aunque esos vocales siguieran procediendo de la carrera judicial, también fueran elegidos por el Congreso y Senado. Un amedrentado Tribunal Constitucional, al que se le acababa de doblar la mano en el caso Rumasa, terminó dando por buena la trampa saducea, balbuceando que, si bien el sistema anterior era preferible, el nuevo también cabía en nuestra Carta Magna. Es significativo que así como la izquierdista Jueces para la Democracia se opuso, junto a las demás asociaciones judiciales, a esa usurpación de sus competencias, la Alianza Popular de Fraga -imbuida de la vieja visión estatista de la derecha autoritaria- terminó votando a favor de la reforma, a cambio de controlar a los vocales de la minoría.

Entre tanto, el propio TC veía amputada una de sus principales competencias mediante la eliminación del llamado recurso previo que permitía paralizar la entrada en vigor de una ley hasta que los magistrados no se pronunciaran sobre su constitucionalidad dentro de un periodo de tiempo tasado. Fue un episodio paralelo al debate sobre la primera Ley del Aborto aprobada por entonces por los socialistas. Ante las reticencias que los magistrados mantenían hacia una primera redacción que protegía insuficientemente al nasciturus, Guerra hizo pública su impaciencia: «Las leyes no pueden permanecer paradas por doce personas que además no han sido elegidas por las urnas».

Ésa era la clave: las urnas, los 10 millones de votos daban derecho a todo, se tratara de la expropiación de una empresa, de la puesta en marcha de una banda de terrorismo antiterrorista o del montaje de una trama de extorsión para financiar al partido. Estábamos ante un proyecto no totalitario pero sí totalizador que pretendía encauzar los resortes atávicos de la España acostumbrada a obedecer en beneficio de un sistema de partido hegemónico, similar al del PRI mexicano. Para Guerra era esencial neutralizar todos los órganos de control social del poder emanados de la Constitución -desde la Fiscalía al Tribunal de Cuentas pasando por los medios de comunicación-, colocando a los leales y aplastando a los díscolos.

Hay que reconocer que las fechorías legales que garantizaron el sometimiento del CGPJ y arrebataron al TC su gran arma preventiva fueron asumidas con gran indiferencia por una sociedad española que, falta de tradiciones democráticas, no era consciente de lo que representaban esos elementos de contrapeso institucional. Hablar de checks and balances entonces parecía un esnobismo yanqui. Reclamar límites legales al ejercicio del poder era predicar en el desierto. Sin embargo, el destino vino a regalarnos a los pocos empeñados en advertir lo que se nos venía encima un acto de soberbia política del presidente González que todos los ciudadanos entendieron.

Aún hoy me regodeo recordando la noticia que el día 25 de aquel julio del 85 transmitió lacónicamente la agencia Efe: «El presidente del Gobierno, Felipe González, y su familia iniciaron ayer un pequeño crucero por la costa portuguesa a bordo del yate Azor, de la Armada española, que fue utilizado habitualmente por el anterior Jefe del Estado». Muchos nos frotamos los ojos con estupefacción: ¡Felipe en el yate de Franco! Increíble pero cierto.

Eso lo comprendió todo el mundo. Sobre todo cuando trascendió que la nueva doña Carmen (Romero) se había trasladado en helicóptero desde Sevilla para unirse al séquito presidencial. En Diario 16 publicamos un «cuaderno de bitácora» de la genial Carmen Rico-Godoy, nada sospechosa de antifelipismo, con entradas inolvidables: «Lunes 32 de julio, 7 a. m. He dormido fatal. Me desperté bañado en sudor frío, soñando que mi señora intentaba estrangularme con un collar de perlas de cuatro vueltas. Era todo muy raro porque mi señora era como distinta y, según me apretaba el collar en mi nuez, me decía: ‘Paco, ésta me la pagarás’».

A partir de ahí fue más fácil explicar lo que estaba ocurriendo. Marcelino Camacho y yo acuñamos al unísono la tesis de que el «franquismo sociológico» revivía en la España felipista y todas las piezas fueron encajando poco a poco en el imaginario colectivo: puesto que González asumía los signos externos de la anterior dictadura, tal vez aspirara también a disfrazar de democracia una nueva dictadura.

Pero en el ínterin el destrozo institucional ya estaba hecho. Nunca dos cambios en las reglas del juego tuvieron consecuencias tan nefastas. Fue la politización del Poder Judicial, con sus vocales actuando como miembros de los «grupos» socialista y popular en el Consejo, lo que fue propiciando desde la obstrucción de la investigación judicial de los GAL y Filesa hasta la sentencia de conveniencia del 11-M o el reciente varapalo al instructor del Faisán, pues cada magistrado debía mirar por su futuro. Y fue la supresión del recurso previo la que permitió la entrada en vigor de leyes que resultaron ser flagrantemente inconstitucionales como la de la «patada en la puerta» de Corcuera o el Estatuto catalán, y de otras muy polémicas, pendientes de dictamen, como la que permite abortar a las menores sin consentimiento paterno.

Al anunciar la reversión de esas dos mutaciones legales, incomprensiblemente respetadas por Aznar durante su mayoría absoluta, el Gobierno del PP no sólo satisface a su electorado cumpliendo aspectos clave de su programa -y es fantástico que sea Gallardón, otrora verso suelto, quien protagonice esta feliz rima-, sino que está dando un paso decisivo para la ansiada regeneración de nuestra democracia. Nadie podrá volver a hacer de su capa un sayo por muchos votos que coseche en una buena vendimia electoral. La voluntad política siempre tendrá como límite el imperio de la ley y los jueces podrán aplicarla sin tener la sensación de estar jugándose la carrera. Paralelamente ninguna ley esencial entrará en vigor sin pasar el lógico filtro de la constitucionalidad. Esto es tan importante que, como ciudadano, casi diría que, el día que se materialice, estoy dispuesto a perdonarle a este Gobierno la subida temporal del tramo Arenas del IRPF.

Preparémonos para escuchar las demagógicas protestas de la izquierda y los nacionalistas, escudándose en la soberanía popular. Afortunadamente la sociedad española ya no es la de hace 27 años y ha aprendido la amarga lección de lo que sucede al permitir a los aparatos de los partidos secuestrar la democracia. Sin embargo, aunque creo que el debate va a ser fácil de ganar en la opinión pública, no deja de tener su gracia que de nuevo el Azor vaya a servirnos de oportuna metáfora didáctica pues, como pudieron leer el miércoles en este periódico, el escultor Fernando Sánchez Castillo lo ha comprado, desguazado y convertido en una instalación artística a base de chapa prensada.

Como bien recordaba Antonio Lucas, Umbral solía decir que mientras el Azor siguiera por ahí como un centinela varado vigilándonos a todos, la Transición no habría terminado de verdad. Su admirado Rajoy podría, pues, resumir perfectamente el sentido de su paquete de iniciativas políticas en la próxima comparecencia parlamentaria: señorías, hemos decidido desmantelar el puto barco.

Casi 40 años ya, y el Festival de Cómic de Angulema no ofrece síntoma alguno de agotamiento, al contrario. Durante cuatro días cada año, esta ciudad de 40.000 habitantes se convierte en una suerte de Megatebeópolis poblada por cerca de 200.000 almas, un auténtico delirio de viñetas en el que participan por igual aficionados, editores, autores y periodistas. No hay respiro, aquí en Angulema. Exposiciones, charlas, encuentros con los autores, mesas redondas, proyecciones de películas, cómics en vivo, conciertos dibujados y otras propuestas en torno a los tebeos amenazan con sepultar al peregrino, por no hablar de las gigantescas carpas repletas de puestos de venta donde uno puede dar con la novedad buscada, pero también lograr (tras largas colas, eso sí) la dedicatoria de su autor favorito, ese álbum inencontrable, ese original anhelado, ese fanzine recóndito…

El festival instituyó hace ya algunos años la figura del presidente anual, que recae en el autor premiado con el Grand Prix el año anterior, y que goza de ciertos poderes para la orientación de los actos culturales de cada edición. En esta ocasión el presidente es Art Spiegelman, el autor de Maus, una de las obras más influyentes para el devenir del medio en las últimas décadas. Suyo es el cartel de esta edición, una magnífica imagen que, además de rendir homenaje a personajes clásicos del cómic europeo, estadounidense y japonés, lleva la marca de la casa Spiegelman, el guiño conceptual, en este caso representando una viñeta del precursor del cómic en el siglo XIX, el suizo Rudolf Töpfer.

El jueves, cuando llegué a esta auténtica Babilonia de los tebeos, era el día perfecto para estar aquí: una jornada relativamente tranquila en la que uno podía pasear por los stands, hacer sus compras y ver las abundantes exposiciones (este año las hay hasta en la catedral) sin demasiadas apreturas. Pero ya desde el viernes, los trenes procedentes de París y Burdeos empezaron a llegar repletos y la marea humana en las calles de Angulema empezó a ser ya abrumadora. Cafés, tabernas y restaurantes, no hace falta decirlo, hacen aquí su agosto en enero.

En el Salón de Angulema hay una carpa de acceso restringido dedicada a la venta de derechos en cuyos puestos se afanan los editores españoles y de otros países europeos, estadounidenses y asiáticos. Parece que poco a poco se ha ido corrigiendo el tradicional desequilibrio por el cual los editores españoles se veían condenados a comprar derechos, pero apenas podían venderlos. Cada vez más los editores de otros países se interesan por las obras de autores españoles, y prueba de ello es el significativo éxito de ventas en Francia de El arte de volar, de Kim y Altarriba, Premio Nacional en 2009, y el interés que eso ha despertado en otros editores europeos.

Para un autor, lo que podríamos llamar la experiencia Angulema suele resultar agotadora: entrevistas, firmas, mesas redondas, presentaciones, contactos… Para reposar la fatiga del guerrero, siempre queda sumergirse en templos nocturnos como Le Chat Noir, un lugar donde se han cimentado muchas amistades y negocios con el tema de los tebeos por medio. Pero al final, cuando ya todos los bares echan la persiana, queda siempre el último refugio, el bar del Hotel Mercure, donde vuelven a juntarse los locales con los visitantes en un alegre tótum revolútum con aromas a cognac, vino, cerveza, champagne…

Atención: contra lo que pudiera parecer, Angulema no se queda sin tebeos tras el festival. Hay en la ciudad una Escuela de Cómic donde imparten clases los autores más prestigiosos del país. Existe también la llamada Ciudad Internacional del Cómic y de la Imagen, un impresionante museo que es como un sueño para cualquier interesado en la historieta. Y existe también La Casa de los Autores, un edificio de viviendas y talleres donde creadores de cualquier parte del mundo pueden venir becados en residencia para preparar sus proyectos. Bastantes de los autores españoles más interesantes de la última hornada han pasado por aquí.

En resumen: una salud de hierro, la de Megatebeópolis. Una capital de los cómics sin parangón en el mundo.

Ahora que lo políticamente correcto es denostar la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de la nación, ahora que, como un juguete roto, ha sido enviado al desván de la democracia española, o que si se le defiende es para poner el acento en sus avances en materia social y tratar de obviar sus últimas decisiones en el terreno económico, es quizá el momento apropiado para hacer una pequeña reivindicación de la figura del ya expresidente de la nación.

Zapatero ha cometido muchos errores al frente del Gobierno. Es probablemente justo acreedor de la derrota electoral de su partido, por su gestión demasiado efectista, más pendiente del titular de prensa que de la obtención de resultados tangibles. Es posible que al inicio de su doble mandato careciera de la preparación suficiente para ejercer el cargo. Se obcecó en negar la evidencia cuando la crisis se nos echaba encima. Adoptó en ese momento medidas de gasto incoherentes con las necesidades de la economía española. Debió hacer más caso a Pedro Solbes.

Y, sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, en los momentos decisivos en los que estuvo en juego el futuro de todos los españoles, supo estar a la altura de las circunstancias y demostrar amplitud de miras y sentido de la responsabilidad.

Si Zapatero, en mayo de 2010, se hubiera negado a aplicar los duros ajustes que requería la economía española para evitar el colapso, y por coherencia ideológica hubiera presentado su dimisión, se hubiera convertido en un icono para la izquierda, pero hubiera condenado a una generación de españoles a un futuro más sombrío.

Puso por delante el interés de todos los ciudadanos antes que el de su partido y el suyo propio. Y durante los últimos 18 meses concentró todas sus energías en la defensa de la economía española. En ese tiempo, un grupo reducido de personas de su equipo hicieron lo imposible para evitar que nuestro país se viera arrastrado por el huracán de la crisis de deuda soberana.

Es, obviamente, muy difícil explicar esto a la sociedad española, con cinco millones de parados y una situación muy complicada para muchos ciudadanos con problemas para llegar a fin de mes, pagar su hipoteca u obtener financiación para su negocio. Pero lo cierto es que, si hablamos desde el rigor económico, esas realidades no son achacables directamente a la gestión del expresidente, sino a las debilidades estructurales de la economía española desde hace 30 años, que se pusieron de manifiesto con la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Y en cambio sí que se puede afirmar que si Zapatero no hu

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biera tomado las medidas que ha tomado en este último año y medio, en especial en lo relativo a la sostenibilidad de las cuentas públicas, a la corrección de los desequilibrios estructurales y a la reestructuración del sector financiero, muchos españoles estarían peor ahora mismo.

Igualmente, habrá muchos que agiten el 8% que podría alcanzar el déficit en 2011 como señal de la incapacidad del Gobierno anterior, pero cualquiera con los conocimientos económicos y el rigor suficientes, el ministro De Guindos entre ellos, podrá explicar que esa desviación se debe al empeoramiento de la situación económica mundial después del verano, y al incumplimiento de los compromisos adquiridos por las Comunidades Autónomas, y no a un supuesto agujero encontrado por el nuevo Gobierno en las arcas del Estado.

Pertenece, asimismo, al juego democrático que un nuevo Gobierno emborrone el legado de su antecesor, para situar el listón más bajo a la hora de medir sus logros posteriores, esto se ha hecho siempre en todo el mundo, y es lógico, pero no debería impedirnos un análisis objetivo de los hechos: cualquiera con un mínimo de experiencia en ejecución de política económica sabe que un Gobierno que hubiera reconocido una desviación importante del objetivo de déficit automáticamente hubiera estado obligado a anunciar una batería de medidas para corregir la situación, pues de otra manera los mercados se lo comerían vivo. Y no cabía esperar esas medidas de un Gobierno en funciones, a punto de ceder el testigo a otro que había recibido el respaldo de una mayoría amplia de españoles.

El enconamiento y las disputas del día a día de la política crearon en el final de la etapa de Zapatero un clima en el que los medios únicamente se centraron en resaltar los errores cometidos, que sin duda también los hubo, pero es un acto de justicia reconocer aquello que en privado ahora admiten muchos: lo cierto es que el anterior Gobierno, en minoría parlamentaria y con una situación de franca debilidad en sus apoyos sociales, fue capaz, por citar solo unos pocos ejemplos, de avanzar de manera sustancial en una profunda reestructuración del sector financiero, y en especial de las cajas de ahorro, que pasaron de 45 a 15 entidades en solo unos pocos meses; llevó a cabo de forma consensuada una reforma estructural de calado, la del sistema de pensiones; se adelantó a los acontecimientos con una reforma de la Constitución, para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas, que van a tener que imitar muchos países europeos en los próximos años, y redujo una parte sustancial del déficit estructural y de la necesidad de financiación de la economía española, dos de los desequilibrios básicos de nuestra economía.

Sin esas decisiones, hace bastantes meses que el país se habría aproximado a un shock económico y político como el experimentado por algunos países vecinos en fechas recientes.

En mayo de 2010 cuando hubo que rescatar a Grecia, en las páginas de la prensa económica internacional se situaba a España como el siguiente en la lista de víctimas. En otoño de ese mismo, cayó Irlanda, y por los problemas del sistema financiero, inmediatamente se asumió que nosotros íbamos detrás. En primavera de este año era el turno de Portugal, y ¿cómo no asociar el destino de los países que comparten península? Este verano el epicentro se trasladó a Roma, y si llegara a caer Italia, adivinen quién vendría después…

Hemos estado en el lado bueno del precipicio todo este tiempo, y para no caer hemos tenido que hacer todos los ciudadanos muchos sacrificios, pero que nadie se engañe, si hubiéramos terminado en la misma situación que esos otros países, los sacrificios hubieran sido mucho mayores.

El camino está aún lleno de dificultades y sufrimientos, pero si el Gobierno de Mariano Rajoy completa las reformas pendientes en material laboral y culmina el proceso de consolidación fiscal, no es aventurado pensar que en dos o tres años estarán sentadas las bases para que España pueda retomar su imagen como historia de éxito dentro del proceso de construcción europea.

Y una parte importante de esa responsabilidad habrá que atribuírsela al presidente que, en la hora decisiva, puso a su país por delante de sus intereses políticos. Por eso, ahora quizá suene un tanto atrevido, pero estoy convencido de que la figura política de José Luis Rodríguez Zapatero irá mejorando con el paso de los años.

Uno de los historiadores que más vigencia han logrado en los últimos decenios, contando su historia, recuerda cómo saltó en Salamanca de la Summa Theologica de Tomás de Aquino a los Escritos de Teología de Karl Rahner, para recalar quedándose definitivamente en Carlos Marx. Estos tres nombres, ¿reflejan los horizontes intelectuales que durante la segunda mitad del siglo XX han orientado la vida intelectual de la Universidad, cultura e Iglesia en España? ¿Siguen siendo presencias vivas que dan que pensar o son ya vieja historia agotada? ¿Han pasado los tiempos del pensamiento y de la razón pública para dejar nuestros destinos en manos de quienes llevan a cabo la investigación científica, la gestión política y la ingeniería financiera? Estas instancias, ¿son creadoras de todo lo que el hombre necesita para realizar su plena humanidad?

Una nación es más que un manojo de individuos, un saco de intereses y una suma de provincias; es una historia y una cultura desde las que viene, un proyecto y unos ideales que orientan la mirada de las personas y los esfuerzos colectivos. Son también criterios a la hora de programar, de ofrecer recursos y de tomar decisiones. Una matriz común en Europa hasta la era moderna hizo surgir acentos culturales diferentes en España, Francia, Rusia, Italia, Alemania, tanto en lengua como en arte, en ciencia como en filosofía. Fueron aportaciones diferenciadas a la historia común. Los nacionalismos lo envenenaron todo y su exacerbamiento en el siglo XIX desembocó en las dos guerras mundiales del siglo XX. España, ¿ha desistido de su propia historia, dignidad y cultura? ¿No tiene nada específico que ofrecer en el concierto de las naciones?

Estos tres nombres son el símbolo de orientaciones espirituales que han troquelado la vida espiritual española desde 1940 a comienzos del siglo XXI. En los decenios siguientes a la guerra dominaron una escolástica y un tomismo que estaban ya muy lejos de sus mejores fuentes y no acogían las fecundas relecturas del genio de Aquino que ya se estaban haciendo por esos años en Francia (Sertillanges, Chenu, Gilson, Maritain…). En 1959 se inician las sucesivas transiciones que convertirán a España en un país nuevo, comenzando con la transición económica de los planes de desarrollo y la convocatoria del Concilio Vaticano II por Juan XXIII en el mes de enero de ese mismo año. El Concilio, en principio un acontecimiento exclusivamente religioso, se convirtió para España en una palanca de transformación cultural, social y política. Él dio alma en un sentido y armas en otro a los grupos que reclamaban un cambio radical del régimen político y de las estructuras autoritarias anejas a él. Sin la maduración espiritual de las conciencias católicas por las orientaciones conciliares, el cambio acontecido en España hasta la Constitución del 78 hubiera sido bien distinto. Una convicción había guiado a los espíritus: si había sido posible una reforma a fondo en la Iglesia sin traicionar los orígenes, sino acrecentando la propia identidad católica, tanto más debería ser posible, y en nuestro caso necesaria, una reforma social y política que no fuera un retroceso, y menos una traición a nuestra mejor historia hispánica, sino un cambio y un progreso necesarios.

En ese trayecto de cambios y reformas la teología jugó un papel clave. Los nombres de teólogos franceses como H. de Lubac, Y. Congar, J. Daniélou… y los alemanes R. Guardini, K. Rahner, M. Schmaus, H. Urs von Balthasar, O. Semmelroth, J. Ratzinger… son el símbolo de una fe pensada a la luz de sus fuentes normativas y nutricias a la vez que en comunicación de fondo con la mejor cultura surgida en Europa durante los últimos siglos. Para España Rahner fue el rostro más significativo de esta renovación a través de sus siete tomos Escritos de Teología, editados a partir de los años 60 en la Editorial Taurus, la primera que publicó en España obras del joven profesor Ratzinger y luego Papa Benedicto XVI.
Rahner fue considerado por unos peligroso y por otros insuficiente. Estos últimos se marcharon con Marx, desde la convicción de que no eran tiempos de interpretar (teología), sino de transformar (política). Sectores de la Universidad y de la Iglesia quedaron fascinados por las nuevas propuestas: primero el eurocomunismo, R. Garaudy y S. Carrillo; después el socialismo de rostro humano; luego el humanismo del primer Marx. El derrumbamiento del proyecto socialista con el desenmascaramiento de sus inhumanidades ha dejado en vacío los correspondientes proyectos e ideales de quienes vivieron el entusiasmo revolucionario de esos años. ¿Nos quedan ya solo el mercado, la globalización, el turismo internacional y la técnica de internet con sus infinitas modulaciones?

Un pueblo y una sociedad no pueden vivir sin horizontes últimos de verdad, sentido y esperanza. Pensamiento, nunca impuesto desde la política, pero sí favorecido en su diversidad y libertad para que el dinamismo social y la sociedad civil susciten nuevas creaciones. Sin individuos y grupos críticos, minorías de sentido y personalidades ejemplares, la cultura, la Universidad y la Iglesia se degradan tecnificándose o politizándose. La gran víctima de esa situación es la esperanza. Los mayores enemigos del hombre hoy son la tristeza, la desesperanza y la duda de que la verdad y la justicia sean posibles, de que el hombre esté habitado por la trascendencia, sea realidad sagrada y tenga futuro.
Nos quedan nombres gloriosos, los Unamunos y Ortegas: lámparas que alumbraron en tiempos caliginosos, en medio de una población analfabeta en unos casos e inculta en otros. La admirable conquista del siglo XX es el acceso de todos los españoles a la cultura y de la gran mayoría a la Universidad. Ahora la relación entre pensamiento y población es distinta: han crecido las masas. ¿Cuáles son y dónde están los maestros para ellas? Las nuevas instancias creativas en la sociedad deben ofrecer pensamiento, razones y sentido, ser aguijones de justicia para este mundo y alumbrando horizontes de ultimidad, porque el hombre no se agota en el aquí y ahora. Porque lo último termina convirtiéndose en lo primero.

Logrados los objetivos formales de la democracia, hay que conquistar sus objetivos materiales, a la vez que esclarecer sus fundamentos morales, sus peligros y sus límites. Es necesario repensar las grandes creaciones y autores para no asfixiarnos en problemas de cada día. Tienen que volver a ser leídos los grandes autores, desde Platón, Aristóteles y Pascal a Husserl, Levinas y Zubiri. ¿Cómo fue posible que en programas de enseñanza secundaria se saltara de Aristóteles a Descartes? La decisión de dar por insignificante la aportación de quince siglos de cristianismo era manifiesta.

Los tres nombres simbolizan tres grandes herencias culturales irrenunciables: humanismo clásico, cristianismo moderno, movimientos sociales. Al repensarlos críticamente florecerán múltiples acentos nuevos: unos, por concentración en los temas esenciales; otros, por extensión a la novedad y diversidad de lo que va naciendo. España aún no ha superado ciertos escolasticismos remanentes: tanto el neoescolástico como el marxista. Mientras que Alemania y Francia editan las obras completas de sus genios del siglo XX, en España aún están vigentes acomplejamientos ideológicos. En ambos países se han editado las obras completas de Rahner; no en España. ¿Dónde queda la Compañía S. J., dónde los alumnos y amigos del maestro con los movimientos progresistas que se reclamaron de él? Él sumó en su persona filosofía y teología, cristianismo e historia, la espiritualidad de San Ignacio y el mejor pensamiento alemán de los cuatro últimos siglos. Con sus límites; ¿qué gran hombre no los tiene?

Hay que volver a pensar en España: desde ella y sobre ella, no solo para repartirla o enfrentarla. Por eso hoy en libertad crítica y fidelidad a la historia hay que volver a leer a Tomás de Aquino, Rahner y Marx. El rechazo o el silencio serían signos de ignorancia o de intolerancia: ambas mortales para la libertad, tanto de la persona como de la sociedad.

No creo haber escrito nunca un artículo sobre la Iglesia española. Lo he evitado siempre por varias razones. La primera y principal es que los artículos de opinión tienen una dificultad de aterrizaje; por mucho espacio que te den siempre necesitas más pista y acabas posándote bruscamente, con grave riesgo para el piloto y el aparato. La otra razón es la sensibilidad. Las religiones tienen la piel muy sensible y basta un tacto para que les parezca una agresión; ocurre con los Estados, cuanto más fuertes son, más exigencias tienen.

La Iglesia española, que fue tan fundamental para el franquismo durante los años cuarenta y cincuenta, sin dejar de serlo en la siguiente década se convirtió en un elemento capital en la erosión de esa misma dictadura. Para una institución que nunca aceptó la dialéctica, es algo encomiable y que merecería un trabajo que aún está por hacer: la Iglesia española, en el poder y en la oposición.

En España la transición de la Iglesia tiene un nombre, el cardenal Tarancón, un personaje que no sé muy bien si merecería un libro de historia o una gran novela, o las dos cosas. Posiblemente porque Enrique Vicente y Tarancón sea a la Iglesia española lo que Adolfo Suárez fue a la clase política. Cumplió un papel, hizo lo que parecía imposible y pagó por ello un precio. Se convirtió en chivo expiatorio cuando el ciclo, por decirlo de alguna manera, se cerró y llegaron nuevos tiempos para la política y para la Iglesia. Ninguno de los dos dejó memoria alguna, porque eran ágrafos, aunque es sabido que Tarancón, y probablemente Suárez, dejaron apuntes, notas, dietarios, que iluminarían un tiempo en el que todo se manejó entre muy pocas manos.

Inquietante, que quien fue mano izquierda del cardenal Tarancón, el jesuita Martín Patino, haga llamar al periodista Juan Cruz para explicarle, a estas alturas de la película, que las “memorias” de Tarancón las quemó él entre las brasas de una paella (era levantino de Burriana). Conociendo un poco a Juanito Cruz, a quien bautizó en cierta ocasión Octavio Paz, que le sufrió, como “más Cruz que Juan”, y en la experiencia que me consiente haber entrevistado largamente al padre Martín Patino, sorprende esta historia de la quema fallera de las “memorias” de Tarancón. Especialmente porque el reverendo me contó unas versiones que no tienen nada que ver con esto. Cabe pensar, tratándose de hombre tan avezado en los tratos con el poder –Martín Patino fue intermediario entre los servicios del CESID y la Iglesia, lo cuenta el coronel San Martín en sus memorias colmándole de elogios, y posteriormente Javier Solana, en ministro de Cultura, le otorgó una Fundación–, que las cosas están cambiando mucho. Vamos, que han ido cambiando tanto desde la defenestración de Tarancón que intentan borrar hasta sus huellas.

Los gobiernos de la democracia fueron muy generosos con la Iglesia. No voy ahora a entrar en ello, pero el fortalecimiento de la “enseñanza concertada” por parte del Ministerio de Educación de José María Maravall y sus planificadores (procedentes en general de la antigua Bandera Roja, organización con profundas herencias católicas), particularmente Álvaro Marchesi, responsable del deterioro de la Enseñanza Pública e inventor de la LOGSE, dejaron a la izquierda laica a los pies de los caballos, es decir, en amenaza de ruina pedagógica.

Somos un país en el que la democracia cristiana ha sido liquidada en las urnas, salvo en Catalunya, donde Unió vive un matrimonio civil, sin pasar por la vicaría, con Convergència, en la convicción de que separarse provocaría una catástrofe familiar. Pero ahora estamos ante otro asunto. El dominio de lo público. ¿Debe ser la religión una cuestión privada o exige exhibición? En España es obvio que la Iglesia ocupa un lugar preponderante, para eso no necesita legislación alguna, basta visitar ciudades y pueblos, construidos en torno a iglesias y catedrales. Pero ahora el debate ha subido de grados y ha entrado en lo privado. Un obispo, en Córdoba, clama contra la fornicación. ¡La fornicación, el fornicio! ¿De qué baúl habrán sacado a estos personajes?

Las opiniones de persona tan principal como el arzobispo de Valladolid, el de la voz inquietante, han cuestionado el derecho de una ciudadana conservadora a leer el pregón de Semana Santa al estar casada “por lo civil”. Sin entrar en el detalle de que casarse o no casarse represente condición ciudadana alguna, lo llamativo de este asunto es múltiple. Primero, si es verdad que el cándido arzobispo conversaba off the record. Ya sé que no pasa el gremio periodístico por su etapa más digna, pero ni siquiera a un arzobispo, acostumbrado a absolver, se le puede hacer algo tan zafio y chumacero. Esa carencia absoluta de principios nos acerca a la chusma tertuliana, tan libre y divertida ella. Pero luego está el derecho a expresarse. ¿Desde cuándo una persona que no se ha casado “por la Iglesia” puede ser rechazada en un acto social que, nos parezca mejor o peor, paga la ciudadanía, como es la Semana Santa?

En el siglo pasado ocurría con los cementerios. No hay ciudad ni pueblo de España que no guarde el brutal recuerdo de enfrentamientos entre la ciudadanía y la Iglesia ante la negativa a enterrar a los suicidas y a los ateos reconocidos; como si el cementerio fuera suyo, por más que se lo hubieran regalado. Los que hemos vivido la experiencia de tener que visitar los cementerios consagrados y los civiles durante los años del cólera tenemos un amplio y poco agradable anecdotario.

Debemos volver a una obviedad, o a lo que nos parecía una obviedad al comienzo de la transición. El espacio público es laico. Se puede ocupar, en ocasiones puntuales, con procesiones, manifestaciones, congresos o festividades religiosas, que por cierto imagino que deberán pagarse conforme a un canon que tendrá a su disposición el ayuntamiento. ¿O me equivoco? Los pasos de Semana Santa tradicionales, o la celebración del Año Nuevo chino, me parecen oportunidades magníficas para que cada comunidad, que paga sus impuestos, se exhiba orgullosamente. No sólo están en su derecho, sino que es socialmente recomendable.

Pero entonces entra una pregunta. ¿Deben ocuparse los ayuntamientos de que sus vecinos recen? ¿Existe un deber del orar ciudadano? Aquí es donde nos adentramos en territorio sensible, porque nadie tiene la menor duda de que eso pertenece al acerbo de cada quien, pero si ponemos el ejemplo concreto, entonces saltan las alarmas y empiezan los matices y las objeciones.

Voy a ello. En Badalona hay mil musulmanes, varones por supuesto, que se concentran todos los viernes a las dos de la tarde en un parque público. Para rezar. El rezo es algo que por más que se haga masivamente exige un recogimiento, o lo que es lo mismo, usted, que no es creyente o que es episcopaliano, ha de abstenerse de utilizar ese lugar público. A la derecha arrebatada que gobierna Badalona le parece algo inaudito. A la izquierda angélica le parece que esto es una bonita tradición, que lleva ya seis años. ¿Verdad que cuesta de entender?

Cuenta Bertrand Russell en sus memorias una de esas escenas que ilustran la singularidad del mundo religioso y la necesidad de ser muy humilde haciendo preguntas que probablemente no tengan una respuesta razonable. A Russell le detuvieron por objetor en la Primera Guerra Mundial, razón por la cual fue encarcelado. “Cuando llegué a la prisión, el guardia de la puerta me puso de excelente humor. Al tomar mis datos me preguntó cuál era mi religión, y cuando le respondí ‘agnóstico’ me pidió que le deletrease la palabra, al tiempo que comentaba con un suspiro: Bueno, hay muchas religiones, pero supongo que todas adoran al mismo Dios”.

Si el ejercicio del voto y los partidos representan cada vez menos a la democracia, si la cocina que parecía el último recurso de los perdidos se va convirtiendo en diseño de alquimistas golfos, nos quedaba como último reducto el territorio civil, laico, transversal. Está amenazado.

Uno. El seguro de enfermedad, privado o público (Sistema Nacional de Salud), produce un efecto perverso característico, mezcla de despreocupación y abuso, denominado por los americanos moral hazard, riesgo moral: una vez que los individuos están asegurados o cubiertos por la sanidad pública, consumen más asistencia de la que consumirían sin seguro y más de la necesaria. Dicho de otro modo, el saberse protegido y con acceso ilimitado a la asistencia modifica sustancialmente el comportamiento de las personas (aparece el, diría, síndrome de barra libre) y determina automáticamente un aumento de la demanda médica innecesaria, sin consecuencias beneficiosas en la salud. Puede afirmarse que cualquier seguro de enfermedad lleva intrínseco un incentivo al mal uso del propio seguro por el asegurado, en especial los sistemas públicos de libre acceso universal, que, dependientes de circunstancias e ideologías políticas, a menudo, hacen incluso alardes de gratuidad que anestesian la conciencia de coste de los ciudadanos.

Dos. La participación del usuario o copago nace para impedir o al menos moderar el moral hazard. A través del bolsillo del asegurado o del ciudadano en la asistencia pública, el copago pretende avivar la prudencia de aquel en sus decisiones de consumo y conciliar, en cierto modo, el seguro de enfermedad con la desaprensión. “Idealmente, los pacientes sopesarán el coste de su bolsillo frente al esperado beneficio, y solo utilizarán la asistencia precisa” (Rubin y Mendelson). Disuadir la demanda innecesaria o reducirla, o sea evitar o disminuir el despilfarro es el fin principal del copago, un fin que se complementa con otros dos derivados y secundarios: obtener recursos financieros adicionales (pocos: la recaudación por copago es en general corta) y contribuir a la orientación del consumo hacia servicios coste-efectivos, por ejemplo, en un sistema de copago modulado, su supresión en determinados actos (vacunaciones, control de la tensión arterial), o su reducción en los medicamentos más eficientes, podría animar la prevención o mejorar los tratamientos farmacológicos.

Tres. El uso del copago es literalmente universal. En Europa (todos los países, incluidos los adelantados en políticas sociales, como Suecia o Noruega) en América (Canadá, EE UU), en Asia (China, Japón, Singapur, etcétera) y en Oceanía (Australia, Hawai, Nueva Zelanda) la participación del usuario está incorporada desde hace largo tiempo a los sistemas públicos y a la sanidad privada, con las naturales diferencias nacionales de formas y cifras.

En España, se reduce a la prestación farmacéutica y, dentro de esta, a las personas en activo y sus familiares, que han de abonar el 40% del precio de las medicinas. Todos los pensionistas están exentos, seguramente más por motivos políticos que por su mayor necesidad de medicamentos y, la mayoría, escasa renta. Solo el horizonte de votos posibles explica que una persona activa con un sueldo bajo e hijos pequeños (también grandes consumidores de asistencia) pague el 40%, y los jubilados con pensiones superiores, más altas que el sueldo del activo, no paguen nada. El grupo de los pensionistas, que supone el 22% de los beneficiarios del Sistema Nacional, causa el 78% del gasto farmacéutico; en los activos, los porcentajes se invierten: el 78% de los beneficiarios y el 22% del gasto (indicadores de la prestación farmacéutica, Insalud, 2001).

Cuatro. El copago es muy eficaz. Decenas de rigurosos trabajos científicos evidencian la notable eficacia del copago. “La bibliografía es unánime en su conclusión: el copago produce una disminución del uso” (Rice y Morrison). Concretamente, el estudio más relevante, Health insurance experiment, financiado por EE UU y realizado por la Rand Corporation durante cinco años, de 1974 a 1979, con 17.000 personas por año en seis distintas zonas de ese país y que constituye ya una clásica referencia de autoridad, verificó que “todos los tipos de servicio (visitas al médico, hospitalizaciones, prescripciones, visitas al dentista, asistencia mental) descienden con el copago y que este menor uso de los servicios no ha tenido ninguna o muy escasas consecuencias adversas claras en la salud de la persona corriente, normal; incluso los días inactivos descendieron con el aumento del copago”.

Cinco. El economista americano Victor Fuchs afirma que solo hay una vía para contener los gastos asistenciales, y lo explica con esta ecuación: gasto sanitario total = cantidad de recursos consumidos por acto médico (radiografías, análisis, consultas, medicamentos, etcétera) – precio de estos recursos – cantidad de actos médicos. El primer término crece de modo indetenible alentado por los continuos avances tecnológicos y del conocimiento científico; el segundo término, el precio, puede refrenarse temporalmente, pero la tendencia a subir rebrota pronto. Queda, pues, el tercer término de la ecuación como “único camino viable”, dice Fuchs, para moderar el gasto: más pronto o más tarde será necesario disminuir el número de servicios, o sea, de actos médicos. Disuadir la demanda innecesaria, aplicar el copago, sería el primer paso forzoso.

Seis. El copago puede causar perjuicios. El informe de la Rand Corporation antes citado que evidencia la eficacia del copago consigna también que la salud “fue adversamente afectada entre los enfermos pobres” y de algún modo penalizados los ancianos y enfermos crónicos. Pero cabe suprimir o mitigar mucho tales daños con un copago modulado según la renta, la condición de la enfermedad o el coste / efectividad de los fármacos y procedimientos clínicos. La larga experiencia del copago en muchos países enseña que es posible un copago casi inocuo. El copago actúa como todos los medicamentos útiles: la actividad terapéutica va inevitablemente acompañada de efectos secundarios indeseables que obligan a tomar precauciones o administrarlos cuidadosamente, pero no por ello sería sensato desecharlos.

Siete. Ninguno de los políticos españoles que quieren convertir al copago en el villano sanitario habla, ni siquiera cita, la aflicción que padecen los enfermos en lista de espera, el retraso en ser diagnosticados o en recibir tratamiento con consecuencias para la salud lamentables y a veces muy graves, tanto o más que las que puede causar el copago, y sin modo de paliarlas.

En los sistemas de salud pública de libre acceso universal, como el español, se ha suprimido el precio en el momento del servicio y la asignación de los siempre escasos recursos (servicios médicos) entre los numerosos demandantes ha de hacerse por el tiempo de espera. Las listas de espera no son por consiguiente un fallo, si no un mecanismo esencial de dichos sistemas. Sin el tiempo de espera que regula la demanda no podrían funcionar. Pero los políticos no esperan: son atendidos en el acto por la sanidad pública, como lo son los acomodados por la sanidad privada. Solo los menos favorecidos sufren la espera, de modo que no es exagerado decir que los sistemas de salud de acceso universal a precio cero en el momento de la asistencia son sostenidos por el dolor de los pobres que esperan. Pero este es un hecho invisible para la sociedad (los mismos políticos escandalizados por el copago se cuidan de ocultar las cifras de las listas de espera) y los votos no lo sienten. El clamor contra el copago, sin embargo, es oído y agradecido popularmente.

Ocho. Desde luego, el copago no es una bala de plata capaz de acabar con los males de un sistema, nuestro sistema, en crisis permanente (nunca fue viable: todos los años, desde el primero, generó deuda) y ahora, invertebrado, con recortes, falto de equidad y politizado, está en clara decadencia. El Sistema Nacional de Salud requiere una reforma profunda y rápida que se plasme, como pide Javier Rey del Castillo, en una nueva ley general de sanidad.

Es indudable que el problema de la deuda acumulada en estos últimos años en España y que tiene su causa en un gasto público no siempre bien ponderado constituye el problema número uno de nuestra actual situación económica, que junto a una tasa insuficiente de crecimiento viene produciendo un descomunal nivel de desempleo que nos costará tiempo solventar. Todo ello ocasiona que las emisiones de nueva deuda y los préstamos internacionales a los que tiene que hacer frente nuestro país requieran altos tipos de interés que repercuten a su vez muy negativamente en la financiación de nuestra economía.

El Estado y las comunidades autónomas por su lado, con enorme ligereza y falta de rigor, en vez de dedicar el exceso de liquidez que existió hace unos años a verdaderas inversiones productivas, desaprovecharon esos años de bonanza, malgastando los caudales públicos en subvenciones de dudosa rentabilidad, infraestructuras millonarias, muchas de ellas de escasa justificación y gastos corrientes administrados con excesiva ligereza. Y también algunas grandes empresas, y no tan grandes, favorecidas por el dinero fácil y el crédito abundante de aquel entonces, se embarcaron asimismo en aventuras de arriesgado calibre, a través de elevadas operaciones apalancadas que ahora con el cambio de ciclo se encuentran seriamente comprometidas. En este clima de euforia desenfrenada es explicable también que las familias y los particulares se vieran tentados de jugar al derroche y a la especulación sin ponderar bien los riesgos que asumían.

El resultado de este festival ya lo conocemos, y ahora hay que pagar las consecuencias. El país en su conjunto debe mucho dinero y se lo debe, como es lógico, a quien se lo ha prestado. Ahora, al tener que enfrentarnos a nuestros acreedores, comprobamos que no están dispuestos a financiar nuestro déficit más que en unas condiciones y tipos de interés muy onerosos y por lo general de difícil cumplimiento, aunque afortunadamente en estos últimos días hayamos conseguido mejorar nuestras expectativas.

Desde el exterior se nos exige, por un lado, medidas de ahorro y austeridad, pero, por otro, señales de actividad y crecimiento que supongan garantías fiables de recuperación, de tal forma que seamos capaces en el futuro de devolver los dineros recibidos. Ardua labor, pues, la que tiene encomendada el actual Gobierno.

Se trata, en definitiva, de restaurar la confianza que en estos últimos años hemos perdido merced a la inexperta e imprudente labor de los gobiernos de la época. Tenemos, pues, de manera imperiosa, que asegurar a nuestros acreedores que somos un país serio y fiable y que estamos en condiciones de honrar nuestros compromisos prometiendo austeridad y reformas estructurales que nos ayuden a encontrar una nueva senda de crecimiento.

Debemos recurrir, sin género de dudas, a una dieta drástica de adelgazamiento del aparato estatal y será imprescindible repensar una estructura de Estado que hemos podido soportar en épocas de bonanza, pero que exige una seria y comprometida revisión, tema este que a buen seguro respaldarían millones de electores.

Necesitamos ahorrar, pero al mismo tiempo es preciso que volvamos a crecer y crear puestos de trabajo, y para eso se requiere que vuelva a fluir el crédito y que se atienda muy particularmente a los emprendedores y a la pequeña y mediana empresa, los verdaderos generadores de puestos de trabajo.

Es imprescindible igualmente que consigamos un marco de relaciones laborales homologable al de los mejores países europeos. Deberemos, sobre todo, fomentar la innovación y la competitividad, las dos grandes palancas que han de asegurar nuestro crecimiento, y desde luego será condición sine qua nonvolver a cultivar una ética de la decencia y el esfuerzo. Los sacrificios que están soportando ya los ciudadanos exigen a su vez que el poder político recupere la credibilidad y la confianza, que hoy se encuentra terriblemente dañada y deteriorada.

¿Con qué autoridad moral, nos podríamos preguntar, se puede exigir a los españoles unos duros programas de ajuste mientras se siguen contemplando, día tras día, tantos casos de corrupción, tanta inmoralidad y tanto descontrol en el manejo de los caudales públicos?

Se hace necesario no solo restaurar la confianza de los mercados, sino, antes bien, recuperar la confianza en nuestros gobernantes y en la clase política en general para dignificar nuestras instituciones.

No se me diga que la Justicia ya se ocupa de actuar contra los que de forma desaprensiva se valen de las estructuras del poder para realizar buena parte de sus fechorías. La corrupción encontrada en la conducta de algunas personas, siendo lamentable, no es quizá lo más grave y relevante. Gentes sin vergüenza y sin honor, por desgracia, siempre las habrá, y existen desgraciadamente en todos los países. Sin embargo, la corrupción más grave y peligrosa es la que podríamos llamar corrupción institucional.

Mi compañero en las tareas del Foro de la Sociedad Civil, el profesor Gaspar Ariño, en un luminoso trabajo que daremos a conocer en poco tiempo ha abordado esta cuestión con franqueza y hondura. Dice Ariño a este respecto: «Tenemos la convicción, muy generalizada hoy en España, de que la vida pública se ha corrompido». La crisis de la representación política es quizás una de las causas más palpables de esta situación. Y así continúa el citado profesor: «Cuando la representación política se falsea, cuando esa nueva burocracia partidista ocupa el Estado y vive su vida —casi siempre buena vida— al margen de los problemas de la gente, la democracia se corrompe, en el peor sentido, porque se convierte en algo falso, en mentira. Se produce entonces un abismo entre ciudadanía y clase política, y los ciudadanos, por lo general, se desentienden de la cosa pública, a la que raramente acuden los mejores. Esa es la peor de las corrupciones».
No saldremos, pues, airosos de la encrucijada en la que nos encontramos si desde el poder no se actúa con ejemplaridad. Para ello se necesita un liderazgo exigente y honesto, valiente y animador, que vuelva a ilusionar a los españoles que hoy se encuentran alicaídos y desesperanzados.

En otros momentos de nuestra historia, cuando al pueblo español se le ha convocado debidamente ha sabido responder. ¿Por qué no lo haría ahora? Sin la recuperación de la ética en la vida pública, sin la apelación a un esfuerzo justo y compartido, sin una verdadera regeneración de nuestra vida democrática, tantas veces prometida y siempre postergada, la tarea que tenemos por delante se hará extraordinariamente dolorosa y con una sensación siempre presente de que pagan justos por pecadores.

Sin embargo, no es momento para el desánimo y la frustración, pues aún existen en la sociedad española suficientes recursos para superar nuestras actuales dificultades. Venimos de una historia de éxitos en nuestro reciente pasado. Es tiempo, pues, para la esperanza, pero no hay tiempo que perder. Pongámonos a ello.

Algo funciona mal en un país que juzga a un juez por el hecho de juzgar crímenes tan evidentes como repugnantes. Algo profundo ocurre en un país que se permite perseguir los crímenes de las dictaduras latinoamericanas, pero hace una excepción con los propios. Esto es lo que evidencia el segundo de los juicios a Garzón, que España asume el franquismo como una realidad con claroscuros en vez de condenarlo como una mancha negra de su historia.

Esto va más allá de la benevolencia con las propias faltas. En el fondo, es una forma de asumir el mal, no de negarlo, sino de entronizarlo en lugar de conjurarlo. Esta asunción, además de condenable desde un punto de vista ético, es peligrosa. No ahora, porque las circunstancias no son propicias a la repetición de los crímenes del franquismo, sino por el mensaje y la actitud de quien los repetiría en otros contextos, aunque nadie, ni él, los desee. Pero ello no quita que esté dispuesto a recaer.

La historia no siempre avanza; al contrario, siempre llega un punto en que se tuerce y retrocede. Esta es la utilidad de la memoria. Para evitar que se pueda reproducir, Alemania y Europa tienen muy presente el horror nazi. España, en cambio, se niega la memoria y la condena de un régimen criminal. Por el hecho de juzgar a un juez, el Supremo emite un veredicto de absolución sobre el episodio más repulsivo de la historia moderna.

También es propio de la historia que, al igual que no sabemos cómo acabará, y ni siquiera podemos adivinar con garantías de fiabilidad como proseguirá, tampoco hay manera de saber cómo empezó. Cada vez que nos ponemos a averiguar las causas de un acontecimiento de primera magnitud, encontramos tantas y tan ramificadas como las raíces, por lo que acabamos desistiendo o simplificando. Esta constatación general no invalida los vínculos de causa-efecto entre el franquismo y la guerra que el dictador ganó con la ayuda de Hitler y Mussolini. Sin embargo, opino que se debería distinguir de una manera nítida entre los crímenes de la guerra civil y los del franquismo. No para condenarlos menos, sino para no caer en la trampa que pretende situar los de la dictadura franquista en el mismo plato de la equilibrada balanza que los de la guerra. De ninguna manera, el franquismo y sus actos criminales comienzan cuando se acaba la guerra y acaban casi a las puertas de la muerte del dictador. En los tres años de guerra, hay equilibrio del horror entre los dos bandos. En los 40 de la paz de los cementerios, sólo hay un criminal, un régimen criminal. Siempre que sale el tema, la derecha busca subterfugios para enmascarar esta realidad tan nítida y unir en un solo episodio la guerra y el franquismo. No deberíamos caer en esa trampa.

Precisamente por ello, ahora es más importante que nunca la memoria de la guerra. Quien no reconoce los crímenes de sus antepasados, quien no está dispuesto a pedir perdón, tampoco está legitimado para condenar los crímenes de los demás. Antes de condenar, es necesario limpiar las propias culpas, lo que no se hace a base de ocultar o enmascarar, sino poniéndolas al descubierto.

En este sentido, los catalanes todavía arrastramos una deuda con el pasado de la barbarie desatada en los primeros meses de la guerra. La propia guerra civil española desató una guerra civil catalana, con criminales y víctimas, que aún está lejos de ser contada, asumida y sobre todo condenada desde la vergüenza por el propio pasado. Que las víctimas de un bando en Catalunya hayan estado luego del lado de los vencedores tampoco debe enmascarar la condena de nuestros criminales.

Antes de dar lecciones de memoria y ética a España, Catalunya ha de haber cumplido los deberes con su memoria. Para exponerlo de una manera gráfica, hasta que no veamos en el cine y la televisión a los monjes de Montserrat corriendo monte abajo en 1936, mientras los milicianos los persiguen y matan como conejos, hasta que no sintamos el dolor de este horror en las entrañas, no estaremos en disposición de admirar la grandeza y la ejemplaridad del abad Escarré, uno de los que se escapó de la matanza, uno de los amigos catalanes de Franco, cuando, ya en el exilio abrazó fraternalmente a la Pasionaria y ambos se pidieron y concedieron el perdón.

De manera simbólica y elocuente, aquel abrazo pone fin a la guerra en el sentido en que abre el paso a la paz de la memoria y la reconciliación. Pero si eso sucedió en Catalunya, no ha pasado ni pasará en España. Al contrario. La pretensión de los jueces para enterrar la memoria debería ser contrarrestada por la condena y la ecuanimidad moral.

Desde la cultura y la ética, se debe denunciar este intento tan torpe, desenterrar los crímenes, señalar a sus culpables y, todos juntos, los herederos de los vencedores y los de los vencidos, concederse a la vez el perdón, así como unirse a la condena unánime del franquismo y sus crímenes. Es la única actitud decente ante la historia. Y ante el futuro.

España. Crisis financiera y económica. 2012. Soledad es una investigadora catalana casada con un político poco imaginativo. Cansada de vivir su realidad, se va al cine a ver su película favorita: Una mente maravillosa. A los pocos minutos, se duerme y revive su pesadilla.

Vive en un lugar cuya crisis fue provocada por una burbuja inmobiliaria alentada por créditos irresponsables. Primeros sudores. ¡Hay que cambiar de modelo de crecimiento! ¡No más ladrillo!¡Investigación! Decían los políticos. Uno de ellos cometió el error de querer imponer su modelo («economía social y sostenible»). Pero los modelos los determinan los inversores y el emprendedor. Lo más que pueden hacer los gobiernos es no poner trabas. Por supuesto, no tuvo éxito. Sudores fríos.

Entonces sube otro partido al poder y la apuesta es… ¿Biotecnología?¿Telecomunicaciones?¿E-nergías renovables?¿Ciencia en general? ¡No, qué va! De hecho, no solo hay recortes en I+D, sino que el tema desaparece del organigrama ministerial. La única apuesta es recuperar la deducción en el IRPF por la compra de vivienda habitual y mantener el IVA superreducido. And the winner is… ¡el ladrillo! Terrible déjà vu.

Ella sabe por qué no hay que recuperar esa deducción:

1. Aumenta muchísimo el déficit público. Si recortamos es o bien para ahorrar o bien para hacer una apuesta esperanzadora. Unos números nos situarán. En los últimos 10 años la medida ha costado 53.000 millones de euros (el 5% del PIB). En el 2009, antes de que se eliminara para rentas superiores a 24.000 euros anuales, dicha deducción costó 5.040 millones (cantidad similar a toda la inversión publica en I+D de ese año). Y prácticamente igual al esfuerzo que nos va a suponer la subida del IRPF (por cierto, a las clases medias, no a las altas, que no tributan por rentas del trabajo).

Recuperarla para todos los contribuyentes costará 1.500 millones, de los que 145 al año corresponden al hecho de recuperarla con efectos retroactivos para los que compraron vivienda en el 2010. Ello le supone un coste al Estado de más de 3.500 millones (145 millones anuales durante 24 años, la duración media de una hipoteca). Y, en este caso, ni siquiera sirve la justificación de fomentar la demanda de vivienda nueva y reducir así el estoc. ¡Nadie puede comprar ya una vivienda en el 2011! «¿Perdona?¿Alguien ha hecho un estudio riguroso del coste de esta medida y lo que se podría hacer con estos recursos si se dedicaran a otros aspectos más asociados al crecimiento a largo plazo? ¿Lo han hecho ustedes? Porque a mí, nadie me lo ha pedido», reflexiona para sí Soledad.

2. Ni siquiera está claro que esta deducción o el IVA superreducido del 4% fomenten la demanda a largo plazo. Dicho de otra forma, ¿son sensibles los consumidores a estas medidas? La respuesta es sí, pero solo a corto plazo. En Estados Unidos, se hicieron unas encuestas durante el periodo temporal de desgravación especial a la compra de vivienda (2009 y 2010), y el 75% dijeron que pensaban comprar de todas formas y que lo único que hizo la medida fue que se adelantaran. Exactamente lo mismo logró el anuncio de la eliminación de la desgravación a partir del 2011 en España. Las compras se anticiparon al 2010, y en el 2011 se paralizaron (y más sabiendo que el probable ganador de las elecciones iba a reintroducir dicha desgravación). El efecto neto es insignificante.

3. No favorece a las familias, sino que se capitaliza en menores reducciones de precios de la vivienda que solo favorecen a constructores, promotores y entidades financieras que reducen así sus pérdidas. Un documento de trabajo reciente del Banco de España estima que la eliminación de la desgravación reduciría el precio de la vivienda entre 7 y 8,5 puntos. «Es decir, yo, investigadora, que nunca he vivido por encima de mis posibilidades (y eso que era fácil, porque mis posibilidades no son muchas), vuelvo a hacer una generosa transferencia de renta a los colectivos que sí lo hicieron. ¡Fantástico!».

4. Discrimina en contra del alquiler y de otras formas de ahorro. El mismo documento del Banco de España estima que la eliminación de la desgravación aumentaría en 5,6 puntos la proporción del alquiler. Algo que todos los organismos internacionales recomiendan a España (un país con más de un 85% de propietarios).

5. Y un porcentaje tan elevado de propietarios reduce la movilidad laboral, lo que suele conducir a aumentos en la tasa de paro.

6. Es regresiva, únicamente las rentas más altas tienen suficiente capacidad adquisitiva para conseguir la máxima deducción legal.

7. Aunque se plantee como transitoria, luego cuesta mucho eliminarla (para muestra, un botón).

Se despierta horrorizada. Ojalá pasara como en aquella otra cinta de Woody Allen, y John Nash (Russel Crowe) saliera de la pantalla, porque: «¿Ven imaginación? Yo no».