La muerte de Manuel Fraga y el juicio al magistrado Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo han sacado de nuevo de la oscuridad a los fantasmas del pasado. Por un lado, la constatación de lo difícil que resulta en la sociedad española tener una mirada libre hacia las experiencias traumáticas del siglo XX, recordar para aprender. Por otro, la incomodidad que produce a muchos el recuerdo de la violencia franquista, ejercida desde arriba, durante 40 años, por el nuevo Estado surgido de la sublevación militar y de la Guerra Civil, que puso en marcha mecanismos extraordinarios de terror sancionados y legitimados por leyes hasta la muerte del dictador. Más de un año después, allí estaba todavía el Tribunal de Orden Público (TOP), disuelto finalmente por un decreto ley de 4 de enero de 1977.

Con la muerte de Manuel Fraga la mayoría de los medios de comunicación nos regalaron la vista y el oído con unas cuantas horas de música celestial. El disco solo tenía cara A: hombre de Estado, político extraordinario, uno de los más importantes del siglo XX español, padre de todo lo bueno que puede exhibir la derecha actual en el poder. Pocos hicieron sonar la cara B, la otra cara del mismo disco, inseparable, compuesta con anterioridad, cuando la música tenía un solo director. Puede verse en los libros de historia, aunque únicamente en aquellos que no usan y abusan de ella para conformar o legitimar el presente a su gusto.

Fraga fue ministro de Franco, desde 1962 a 1969, y ministro del Gobierno de Arias Navarro que se formó tras la muerte de su caudillo, desde el 12 de diciembre de 1975 hasta el 1 de julio de 1976. Nunca fue ministro con la democracia. Su autoridad nació de la dictadura y tuvo después en sus manos durante unos meses, como ministro de Gobernación, todo el aparato represivo intacto, ese que cargaba en las calles contra los manifestantes, detenía y encarcelaba de forma arbitraria y sin garantías, torturaba en los cuarteles y comisarías y, si hacía falta, disparaba mortalmente a los trabajadores, como en Elda, Tarragona, San Adrián de Besós, Basauri o en el asalto policial a la iglesia vitoriana de San Francisco de Asís, una masacre que dejó cinco muertos y decenas de heridos. Y todo ello en apenas medio año, donde quedó al descubierto el talante reformista de los franquistas sin Franco, cómo trataban a opositores y huelguistas, “desórdenes callejeros” los llamaban, y la impunidad de las fuerzas armadas.

La historia de Europa del siglo XX proporciona abundantes ejemplos de políticos que transitaron desde las dictaduras a las democracias. Ocurrió en los países dominados por los fascismos hasta 1945, por el comunismo hasta 1989 y en Grecia, Portugal y España tras 1974-1975, los únicos lugares del continente donde seguían en pie dictaduras salidas del firmamento político de la ultraderecha.

Fraga no fue, por lo tanto, un caso excepcional ni caminó solo por la pedregosa senda que conducía del autoritarismo a la libertad. Y como otros muchos compañeros de viaje, tampoco tuvo que quitarse el caparazón franquista para distanciarse de los sectores más inmovilistas y participar en el cambio político.

En noviembre de 2005, 30 años después de la muerte del dictador, o 27 desde la aprobación de la Constitución, de la que dicen que fue uno de los padres, en una entrevista publicada en Corriere della Sera, hacía una desaforada defensa de Francisco Franco y de su régimen político, recordando a los italianos las excelencias del que fue durante tanto tiempo su jefe y los enormes beneficios que su sistema de gobierno (“ni fascista, ni totalitario”) dejó a todos los españoles.

Una explicación de ese tipo puede causar sonrojo, cosas de don Manuel, del hombre de Estado. Ocurre, sin embargo, que se refiere a una historia real de asesinatos, tortura y violación sistemática de los derechos humanos, que destruyó a familias enteras e inundó la vida cotidiana de miedo, humillación y castigo. Y todo eso, además de las circunstancias de la muerte y paradero de decenas de miles de víctimas, es lo que intentó investigar Baltasar Garzón, juzgado ahora por la Sala Penal del Tribunal Supremo, ante la indiferencia y el desprecio de muchos, hacia él, hacia las víctimas y hacia todos aquellos que quieren honrarlas.

Fraga tenía poderosas razones para pensar eso de la dictadura de Franco, antecedente necesario de la democracia, a la que él tanto dio, como nos ha recordado la música orquestada por sus seguidores ideológicos y de partido. Y así, a través de imágenes autocomplacientes, libres de zonas oscuras, jaleadas por los medios de comunicación más afines, dicen que esa historia, no otras, ya es pasado y hay que mirar al futuro. Mientras tanto, el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia insiste en que el régimen franquista, tenía razón don Manuel, no fue “fascista ni totalitario”. Y las políticas de gestión de la historia y memoria de ese pasado violento desaparecen con la excusa de la crisis, arrinconadas por los nuevos gobernantes. Y Garzón en el banquillo.

El Senado francés aprobaba a finales del mes de enero una ley que penaliza la negación del genocidio armenio con un año de prisión y una multa de hasta 45.000 euros. La ley, aprobada con poco entusiasmo y con la oposición de senadores tanto de la derecha como de la izquierda, ha vuelto a poner sobre el tapete el problema del tratamiento legal del negacionismo, a saber: ¿ es competente la clase política en la afirmación o negación de la verdad histórica?

Es este un asunto complejo en el que hay que distinguir tres problemas bien distintos: el juicio sobre los hechos, esto es, si hubo o no cámaras de gas, hornos crematorios o la muerte de millones de judíos o de armenios. En segundo lugar, el juicio moral sobre esos hechos, es decir, si estamos ante desgracias naturales, simples lances bélicos o, por el contrario, graves crímenes contra la humanidad. Finalmente, el tratamiento jurídico de esos juicios, a saber, si quienes nieguen los hechos y/o su calificación moral merecen una sanción penal específica, tal y como hace la ley francesa.

Los representantes del pueblo pueden desde luego hacer juicios morales. En la mal llamada ley de la memoria histórica española se proclama «el carácter injusto de todas las condenas y sanciones» efectuadas por el bando rebelde durante y después de la guerra civil. Ahí se condena la violencia franquista y las instituciones que se pusieron a su servicio.

El problema es si un Parlamento es competente a la hora de establecer la existencia de hechos. Una cosa es afirmar que Franco dio un golpe de Estado y otra cosa que ese golpe fue ilegal e ilegítimo y por eso merece condena. Una cosa es afirmar que hubo una masacre de más de un millón de armenios entre 1915 y 1917, y otra cosa, calificar a esa masacre de crimen execrable. ¿Qué decir? Pues que un Parlamento no puede hacer obra de historiador y establecer que los hechos tuvieron lugar. Si lo sabe es porque lo ha aprendido de los historiadores. A nadie se le escapa que si un historiador concluye que, de acuerdo con sus conocimientos, tal o cual masacre tuvo lugar, otro puede venir diciendo que de acuerdo a la información existente no se puede afirmar que la hubiera. Ese riesgo es tanto mayor cuanto el hecho más alejado está en el tiempo.

La polvareda que suscitan las leyes que condenan el negacionismo proviene de que lo que condenan es la negación del genocidio, un término ambiguo, que unos entienden como equivalente a masacre y otros como crimen contra la humanidad. Y no es lo mismo negar la existencia de una masacre, que negar que esa masacre fue un crimen contra la humanidad. El Parlamento es competente en el segundo caso, no en el primero.

Los defensores de esta penalización legal, dirigida a quienes nieguen el hecho del genocidio armenio, se apoyan en el Holocausto judío, cuya negación está considerada un delito en Alemania. Es verdad que esa ley lo que condena aparentemente es la negación de los hechos, pero lo que realmente persigue es la justificación de los mismos. Pensemos que los alemanes de la época conocían perfectamente los hechos. En su mayoría habían sido autores o cómplices o responsables por activa o por pasiva. Lo que, sin embargo, interesaba a los negacionistas era justificar el genocidio judío y la política nazi. Pero eso no lo podían decir a las claras porque los vencedores no lo habrían permitido, así que se instalaron en el terreno neutro o científico de los hechos. El legislador alemán les corta la retirada sabiendo que, al condenar la negación de los hechos, estaba condenando la frivolización de su sentido.

¿Procede entonces condenar a los negacionistas? Dejemos a los historiadores la tarea de discutir los hechos. Si hay algún historiador que niegue la guerra civil o la guerra mundial o la masacre armenia o las brutalidades de los españoles en Indias, pues que lo diga. El descrédito le vendrá no de una ley penal, sino de la comunidad de conocimiento. ¿Qué hacer entonces con el que niegue los hechos? Lo mismo que con quien niegue que dos y dos son cuatro o que es de noche cuando luce el sol. La sociedad debería tratarles como dementes; si no lo son y se comportan como tales para engañar, entender que no es que nieguen unos hechos que conocen bien, sino que están manifestando su acuerdo con los crímenes y con los criminales. Y eso es lo realmente condenable.

¿Y qué hacer con los que niega la gravedad de los hechos? Son apologetas del crimen. Negando que estemos ante un genocidio, en el sentido de un crimen contra la humanidad, están dando a entender que justifican el crimen y a los criminales. Sobre eso es competente un Parlamento que tiene armas legales para perseguir a esos apologetas del crimen. Si cunde la idea de que hay que intensificar la legislación contra los negadores de los genocidios, señal es de que se quiere atajar la creciente ola de frivolización del horror recurriendo al poder disuasorio del Código Penal. Habría que preguntarse, sin embargo, si la respuesta es la cárcel o el cultivo de la memoria, el castigo o la educación.

Algo funciona mal en un país que juzga a un juez por el hecho de juzgar crímenes tan evidentes como repugnantes. Algo profundo ocurre en un país que se permite perseguir los crímenes de las dictaduras latinoamericanas, pero hace una excepción con los propios. Esto es lo que evidencia el segundo de los juicios a Garzón, que España asume el franquismo como una realidad con claroscuros en vez de condenarlo como una mancha negra de su historia.

Esto va más allá de la benevolencia con las propias faltas. En el fondo, es una forma de asumir el mal, no de negarlo, sino de entronizarlo en lugar de conjurarlo. Esta asunción, además de condenable desde un punto de vista ético, es peligrosa. No ahora, porque las circunstancias no son propicias a la repetición de los crímenes del franquismo, sino por el mensaje y la actitud de quien los repetiría en otros contextos, aunque nadie, ni él, los desee. Pero ello no quita que esté dispuesto a recaer.

La historia no siempre avanza; al contrario, siempre llega un punto en que se tuerce y retrocede. Esta es la utilidad de la memoria. Para evitar que se pueda reproducir, Alemania y Europa tienen muy presente el horror nazi. España, en cambio, se niega la memoria y la condena de un régimen criminal. Por el hecho de juzgar a un juez, el Supremo emite un veredicto de absolución sobre el episodio más repulsivo de la historia moderna.

También es propio de la historia que, al igual que no sabemos cómo acabará, y ni siquiera podemos adivinar con garantías de fiabilidad como proseguirá, tampoco hay manera de saber cómo empezó. Cada vez que nos ponemos a averiguar las causas de un acontecimiento de primera magnitud, encontramos tantas y tan ramificadas como las raíces, por lo que acabamos desistiendo o simplificando. Esta constatación general no invalida los vínculos de causa-efecto entre el franquismo y la guerra que el dictador ganó con la ayuda de Hitler y Mussolini. Sin embargo, opino que se debería distinguir de una manera nítida entre los crímenes de la guerra civil y los del franquismo. No para condenarlos menos, sino para no caer en la trampa que pretende situar los de la dictadura franquista en el mismo plato de la equilibrada balanza que los de la guerra. De ninguna manera, el franquismo y sus actos criminales comienzan cuando se acaba la guerra y acaban casi a las puertas de la muerte del dictador. En los tres años de guerra, hay equilibrio del horror entre los dos bandos. En los 40 de la paz de los cementerios, sólo hay un criminal, un régimen criminal. Siempre que sale el tema, la derecha busca subterfugios para enmascarar esta realidad tan nítida y unir en un solo episodio la guerra y el franquismo. No deberíamos caer en esa trampa.

Precisamente por ello, ahora es más importante que nunca la memoria de la guerra. Quien no reconoce los crímenes de sus antepasados, quien no está dispuesto a pedir perdón, tampoco está legitimado para condenar los crímenes de los demás. Antes de condenar, es necesario limpiar las propias culpas, lo que no se hace a base de ocultar o enmascarar, sino poniéndolas al descubierto.

En este sentido, los catalanes todavía arrastramos una deuda con el pasado de la barbarie desatada en los primeros meses de la guerra. La propia guerra civil española desató una guerra civil catalana, con criminales y víctimas, que aún está lejos de ser contada, asumida y sobre todo condenada desde la vergüenza por el propio pasado. Que las víctimas de un bando en Catalunya hayan estado luego del lado de los vencedores tampoco debe enmascarar la condena de nuestros criminales.

Antes de dar lecciones de memoria y ética a España, Catalunya ha de haber cumplido los deberes con su memoria. Para exponerlo de una manera gráfica, hasta que no veamos en el cine y la televisión a los monjes de Montserrat corriendo monte abajo en 1936, mientras los milicianos los persiguen y matan como conejos, hasta que no sintamos el dolor de este horror en las entrañas, no estaremos en disposición de admirar la grandeza y la ejemplaridad del abad Escarré, uno de los que se escapó de la matanza, uno de los amigos catalanes de Franco, cuando, ya en el exilio abrazó fraternalmente a la Pasionaria y ambos se pidieron y concedieron el perdón.

De manera simbólica y elocuente, aquel abrazo pone fin a la guerra en el sentido en que abre el paso a la paz de la memoria y la reconciliación. Pero si eso sucedió en Catalunya, no ha pasado ni pasará en España. Al contrario. La pretensión de los jueces para enterrar la memoria debería ser contrarrestada por la condena y la ecuanimidad moral.

Desde la cultura y la ética, se debe denunciar este intento tan torpe, desenterrar los crímenes, señalar a sus culpables y, todos juntos, los herederos de los vencedores y los de los vencidos, concederse a la vez el perdón, así como unirse a la condena unánime del franquismo y sus crímenes. Es la única actitud decente ante la historia. Y ante el futuro.

In October 1998, British police officers arrested the Chilean general Augusto Pinochet while he was recuperating from back surgery at a London hospital. They were acting on an international warrant issued by the Spanish judge Baltasar Garzón seeking General Pinochet’s extradition to stand trial in Spain on charges of torture and murder. After a 17-month legal battle, General Pinochet was released on medical grounds, but Judge Garzón’s warrant paved the way for stripping the former dictator of immunity and prosecuting him in Chile.

Since the Pinochet arrest, Judge Garzón has indicted human-rights violators around the world. His actions helped make it possible to prosecute expatriate Rwandans for their role in the 1994 genocide and Chad’s former dictator, Hissène Habré, who was indicted for crimes against humanity by a Senegalese judge.

Yet Judge Garzón is now himself under legal attack for confronting Spain’s own dark history. He is on trial this week before the Spanish Supreme Court for daring to investigate crimes committed during the Spanish Civil War and the nearly four-decade dictatorship of Gen. Francisco Franco. The case against him is fueled by domestic political vendettas rather than substantive legal arguments and it could dramatically set back international efforts to hold human-rights violators accountable for their crimes.

In October 2008, in response to a petition from victims and relatives of those killed or tortured by Franco’s forces, Judge Garzón ordered the exhumation of 19 mass graves and charged Franco and his accomplices posthumously with the murder and disappearance of more than 114,000 people.

Shortly after Judge Garzón issued his edict, Spain’s chief prosecutor, Javier Zaragoza, challenged it, partly by claiming that it violated Spain’s sweeping 1977 amnesty law. This law, which the United Nations Human Rights Committee has urged Spain to repeal, was passed after Franco’s death in 1975 with the military’s support and forbade the prosecution of any crime “of a political nature” committed during the Franco years.

An appellate court ruled against Judge Garzón in late 2008 and the case appeared to be resolved. But several months after the ruling, two tiny far-right groups sued Judge Garzón for “prevarication” — knowingly overstepping his authority — in violating the amnesty law.

As international criticism grew, and supporters staged large protests backing Judge Garzón, the Supreme Court accepted two other spurious suits brought against him, despite the state prosecutor’s opposition to pursuing them.

Although Judge Garzón’s actions have always been controversial, they have been instrumental in the global fight against impunity. His pursuit of General Pinochet relied on universal jurisdiction, a legal principle asserting that heinous crimes like torture and genocide may be prosecuted in any country, regardless of who the victims or perpetrators were. Indeed, the current case against Judge Garzón shows just how necessary universal jurisdiction is when countries are unable to confront their own pasts.

Criminally charging judges for prevarication is extremely rare in Spain, and a conviction would disbar Judge Garzón for 20 years — effectively ending his career. The Supreme Court’s zeal to try him has little legal basis; rather, it reflects Spanish elites’ widespread unease with applying international legal principles to Spain’s conflicted history and a deep-seated animosity toward Judge Garzón that is as much personal as political.

While the Supreme Court has many justices appointed by the rightist Partido Popular (founded by one of Franco’s former ministers), Judge Garzón also has made powerful enemies on the left, because in the late 1980s he investigated government-backed death squads created to battle the Basque separatist group ETA. His findings helped bring down a Socialist government in 1996.

Judge Garzón’s prosecution has already had a chilling effect on worldwide efforts to hold human-rights violators accountable, and a conviction would be interpreted as an even stronger warning sign. According to Reed Brody of Human Rights Watch, the Haitian judge Carvès Jean is following Judge Garzón’s legal travails intently as he deliberates whether to indict Jean-Claude Duvalier for crimes against humanity or to adhere to Haiti’s statute of limitations, which would place those crimes off limits.

More disturbingly, due to Judge Garzón’s legal woes, the case brought by Franco’s victims and their families is now languishing. (The only exception is in Argentina, where a prominent human-rights lawyer, using universal jurisdiction, recently filed suit charging Franco with crimes against humanity.)

In his 2005 memoir, Judge Garzón wrote, “A system built on the corpses of those who are still awaiting justice so they can rest in peace is an illegitimate system and one that is condemned to eventually suffer the same fate.”

It would send a tragic and telling message to those victims — and others like them around the world — if the one person convicted for Franco’s crimes is the judge who dared to investigate them.

Como un árbol de piedra con dos ramas extendidas, se aparece a lo lejos rompiendo la armonía de un bosque frondoso, una descomunal cruz que se apoya sobre las entrañas desgarradas de la tierra. Cuando ya seamos el olvido que seremos, los habitantes de nuestra tierra seguirán contemplando, no sé si con resignación o fervor, ese monstruo petrificado por deseo de un dictador que acumula sobre su biografía la ingente cantidad de más de 200.000 asesinatos previamente anunciados y sistemáticamente ejecutados.

Las obras de la basílica sepulcral del Valle de los Caídos comenzaron el 1 de abril de 1940 con la significativa presencia de los embajadores de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Todo se desarrolló según la parafernalia del régimen, incluso el Caudillo activó el primer barreno. El decreto que acuerda su construcción es suficientemente expresivo. Se trataba de honrar a los que cayeron en el camino de Dios y por la patria, a sus héroes y sus mártires. Es difícil darle la vuelta a la historia.

Nuestro país ha demostrado tener una memoria selectiva. Los tiempos, las actitudes y las víctimas son evaluados conforme a criterios de pura oportunidad política. Se ha constatado de nuevo con ocasión del comunicado reciente de la organización terrorista ETA. Al conocer su texto, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos esfuerzos han sido decisivos para adelantar el final de la banda terrorista, pronunció una frase que comparto en su integridad: “Será una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria”. Me hubiera gustado que cuando se inició la Transición, y sobre todo cuando entró en vigor nuestra Constitución de 1978, alguien hubiera proclamado: “Será una democracia sin franquismo, pero no sin memoria”.

Una vez más nuestro país corre el riesgo de padecer una amnesia desgarradora que dificulte nuestra convivencia. Solo en España es posible una reacción semejante. En otros países el debate sobre sus convulsiones internas fue más maduro y transparente. ¿Qué ocultan o no quieren expresar los que se instalan en el desdén y en el reproche a quienes queremos rescatar la democracia de las ataduras del dictador? ¿Por qué no se posicionan de manera clara y sin tapujos en favor de la dictadura? Nada les impide sostener, con entera libertad, que su régimen fue una era prodigiosa que lanzó nuestro país hasta cumbres y metas nunca jamás alcanzadas. Si admiten generosamente que es posible que hubiera excesos pueden justificarlos acudiendo a la teoría de la legítima defensa. Si tienen problemas, su líder y san Agustín pueden sacarles del apuro: era necesario para salvar a España. No había otra alternativa que eliminar los miembros podridos.

Tapan sus vergüenzas dialécticas y sus carencias éticas bajo la demagogia más burda. Sostienen que es maniqueo decantarse por quiénes fueron los buenos y cuáles los malos. Para evitarlo se refugian en la más árida simpleza argumental. Con la más desenfadada demagogia, formulan preguntas que consideran demoledoras ¿A quién le importa esta antigualla? Lo que realmente importa a la gente es el paro. Doscientos mil asesinatos, previamente calculados y fríamente ejecutados, ¿a quién le importan? Nos importan a muchos que, como dice Thomas Mann, pensamos que “pasarlo todo por alto con elegancia, no siempre es lo más adecuado y les pone las cosas demasiado fáciles a los canallas”.

No faltan los conformistas y los calculadores. Se sienten incómodos con los que solicitamos verdad, justicia y reparación. Consultaron a lumbreras demoscópicas que les dijeron que no era un buen negocio electoral. Según sus sabias previsiones perderían votos. Efectivamente, tenían razón, más de cuatro millones.

La comisión de expertos, nombrada por el anterior Gobierno, ha dictaminado que Franco debe salir de la montaña horadada y José Antonio ocupar un puesto junto a los restos de los republicanos desenterrados subrepticiamente por sus asesinos.

Me desconcierta que se conceda la última palabra a la Iglesia. No soy especialista en derecho canónico, pero me permitirán manifestar mi perplejidad ante la sumisión de la dignidad democrática a los mágicos efluvios de una posible sacrali-zación de las piedras. La Iglesia no tiene nada que decir, en todo caso, aunque tarde, pedir perdón por su complicidad decisiva para que esta tragedia se consumase.

Sigo pensando que nunca es malo ni tarde para rectificar un error. En todo caso, si los poderes públicos deciden seguir calculando y claudicando, que dejen salir a las víctimas. Es insoportable que reposen junto a su asesino. Sabremos buscarles un espacio de dignidad democrática, donde, como en los cementerios emblemáticos de los países que han luchado por la libertad, puedan recibir el homenaje de sus conciudadanos. La montaña horadada y el risco que soporta la cruz pueden ser ocupados, cada 20 de noviembre, por los cánticos fascistas hasta que la maleza los cubra piadosamente sepultándolos en el olvido.

El bicentenario de su muerte, que ahora se cumple, ha pasado desapercibido para sonrojo nuestro y síntoma de lo enfermos que nos hallamos como país. Y de que no estamos a lo que hay que estar. Si nuestro hombre hubiera nacido más allá de los Pirineos, el olvido sería impensable. Y, sin embargo, su retrato en el Prado es uno de los mejores que existen en el arte de representar un ser humano, que es siempre una realidad personal compleja en un cuerpo vívido de biografías y honduras.

A diferencia nuestra, el retrato en cuestión ciertamente está a su altura, como anticipando y supliendo los desdenes. Goya lo realizó en 1798 y puso toda su técnica sutilísima al servicio de su predilección por nuestro personaje. Sin esta dilección el lienzo no sería ciertamente genial. Y como toda aproximación cordial, nos revela cuál resulta ser el drama vital del personaje. A nuestro político, a la sazón ministro de Gracia y Justicia, le duele España, nada menos. Ahí está la raíz de esa congoja y fatiga que el cuadro desprende con esa cabeza ladeada sobre su mano izquierda, a modo de báculo de desalientos. Y detrás, la estatua de Minerva como apuntando la sima inexorable que media entre el ideal y la realidad. Pero ese dolor íntimo, incisivo e incomunicable (¿acaso puede doler un país?) no le hace perder la compostura, propia de su origen asturiano. El secreto del cuadro parece pues radicar ahí: en un dolorido sentir que no impide -antes bien, ilumina- la ocupación por la mejora de la patria. Como si fuera este extraño dolor condición necesaria para toda acción política reformadora en España. Reparemos, si no, en su laborioso secrétaire de trabajo que Goya nos plasma repleto de quehaceres -informes, memoriales, legajos, ordenanzas- sobre el que apoya su codo. El cuadro es así trasunto de aquel bosquejo escrito que de él nos da otro pintor fiel amigo suyo, Ceán Bermúdez: «Era religioso sin afectación, ingenuo, sencillo, amante de la verdad, aficionado al orden, suave en el trato, firme en las resoluciones, incansable en el estudio, fuerte para el trabajo».

Hay pues en el lienzo, a pesar de su melancolía en torno, una feliz conjunción entre pensamiento y acción, como si fuera a la vez una apoteosis de la prudencia política que Goya -apagadas ya las luces de Carlos III- echaba tan en falta en su tiempo (Godoy, Carlos IV, la Parmesana, Caballero…). Y cuya pérdida hará zozobrar la obra apasionante de la Ilustración española, como siempre pasa con nuestras mejoras cosas. Dos siglos después, me parece que ese mismo menoscabo de la prudencia por parte de nuestras últimas administraciones explica la desdicha y marasmo actuales. Tal vez por eso, el olvido del bicentenario por nuestra clase política e institucional sea un fallo bien elocuente. Uno de esos lapsus memoriae de los que hablaba Freud, que reprime así la imagen de quien nos podía dejar en evidencia.

Pero el cuadro sigue impertinentemente ahí, con terquedad aragonesa frente a olvidos y silenciamientos. Ya advertimos que la diosa Minerva, símbolo de la sabiduría, coronaba la mesa del despacho del hombre de Estado. Y es que mucho ha leído nuestro personaje desde sus estancias en la Universidad de Oviedo, Alcalá y Avila. No sólo a los clásicos. Toda la Ilustración francesa ha pasado por sus ojos: Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire, Condorcet…. Aprende esforzadamente inglés para estudiar desde la estepa castellana a Adam Smith y los principios de la economía política. Todo ello lo incorporará luego a sus planes de mejora de la educación, de la explotación de las minas de carbón asturianas, del perfeccionamiento de la náutica, de la renovación de las leyes, de la estructura política… Nada de la república escapa a su interés y campo de acción: su curiosidad no tiene límites, como tampoco sus saberes enciclopédicos. Por ser ilustrado desprecia la política como interés particular sin la preparación necesaria. En su Diario anota, a propósito de la irresistible y temible ascensión del conde de Lerena, ya ministro de Hacienda, estas palabras descalificadoras que podríamos aplicar al prototipo de los hombres públicos de nuestro último septenio: «Hombre no sólo iletrado, sino falto de toda clase de instrucción y conocimientos en todos los ramos, y aun de toda civilidad, sin que los altos empleos pudiesen cultivar la grosera rudeza de sus principios». El tal ministro, pequeño detalle, ha reunido además una fortuna de 6.000.000 de reales. Que cada cual ponga cara y nombre a los lerenas que nos han dejado este erial tan yermo en el plano nacional, autonómico y financiero.

Pero nuestro prohombre no se desanima, a pesar de las ruindades circundantes: hay tanto por hacer que no puede detenerse en su camino de claridades y renovaciones. Por eso viaja de continuo y con gran esfuerzo en aquellas diligencias y pésimas posadas dieciochescas: León, Asturias, Sevilla, Aragón, Santander, Cataluña, Castilla, Galicia…. Ciudades grandes y pueblos pequeños, ninguno escapa a su mirada ilustrada. Años después, Unamuno, Azorín y Ortega aprenderán de él a acometer esas andanzas tan fecundas por nuestros paisajes. La política nace, pues, según nuestro hombre, a pie de tierra, pegada a las cosas, buscando lo mejor de ellas. Y así surge de cada periplo un informe de mejora o un plan de acción concreto. Otra vez, visión y gestión, teoría y praxis. Para nuestro político, andar es aprender a ver; y ver a su vez un acto de querer y, según el caso, transformar siempre desde el respeto a la textura de las cosas y realidades diversas, también las del individuo. Fue ese respeto cordial el que precisamente faltó luego a Azaña, tan lleno de desdenes que siempre anuncian imprudencias. Por eso nuestro héroe no comulga con la guillotina y escribe desde su personalismo cristiano a Alexander Jardine: «Jamás concurriré a sacrificar la generación presente por mejorar las futuras. Usted aprueba el espíritu de rebelión; yo no».

Y suspira, a cambio, por el constitucionalismo inglés. Ello no suponía pusilanimidad; todo lo contrario. La defensa del bien común y de la justicia social -ahí tenemos su memorable Informe sobre la ley agraria- le granjearán enemigos varios. Pocos políticos españoles habrán arrostrado tanta prisión y destierro interior como nuestro héroe: el castillo de Bellver será su celda, áspera, incómoda, incomunicada, durante casi seis años. En su Diario anota con resignación estoica y en total indefensión: «¿Quién podrá parar los golpes que la calumnia y la envidia dan en la oscuridad?». No sabía que un siglo después, demasiado tarde, Maeztu iba a acuñar como divisa: «Ser es defenderse».

Pero todo ello eran los pagos debidos de algo que se estila poco, no digamos en nuestra política: la dignidad de la coherencia. Por eso renuncia a los cantos de sirena de Godoy y luego a los de José I, quien le tienta con su sueño dorado: una Constitución al modo británico. Y él, tan europeo y admirador de la cultura francesa, no duda, sexagenario ya de salud quebrada, en ponerse al frente de la Junta Central plantando cara a Napoleón. Nos defiende, pues, a pesar de nuestras ingratitudes: no sabe de resentimientos ni de conceptos discutidos y discutibles, que explican tantos desafueros presentes. Y es que pocos habrán amado tanto nuestro país con sus luces y sombras, tal como él es. Por eso soñaba ilustradamente con lo que podía llegar a ser.

Baltasar Gaspar Melchor María de Jovellanos murió el 28 de noviembre de 1811 en Puerto de Vega, a refugio de una galerna del Cantábrico que le vio nacer. Huía por mar de las tropas napoleónicas ya en Gijón, a donde había retornado meses antes con el pie ya en el estribo. Cumplíase así aquella sentencia maldita de Ortega de que en España era difícil hasta morirse, especialmente para los grandes hombres. Sus últimas palabras, entrecortadas por el delirio agónico, resultan sobrecogedoras y a la vez egregias en su misterio: «Mi sobrino… Junta Central… La Francia… Nación sin cabeza… ¡Desdichado de mí!». Ahí queda eso.

Y ahora que sabemos por qué su bicentenario ha pasado tan desapercibido, podemos desagraviarle yendo a sus obras -a los Diarios, por ejemplo- que tanto nos mejoran personal y colectivamente. Y visitar, de paso, su retrato con esa mejilla reclinada que nos mira con dolorido sentir por la patria. Ojos ciertamente fatigados que solicitan que nos hagamos cargo de ella en estas horas tan graves aunque nos agote, de seguro, su sobrecarga. Y procurar así estar a su altura, como el pincel de Goya apunta y nuestro país olvida, como si pudiera permitirse semejante lujo en tiempos de penurias.

«Toda la noche oyeron pasar pájaros». Este hermoso aunque involuntario endecasílabo del diario de Colón corresponde a la víspera del descubrimiento y es uno de los mejores reflejos de la emoción con que amaneció el 12 de octubre de 1492. Esa emoción nos sigue acompañando y su quinto centenario se celebró como era debido hace ya casi veinte años. Sin embargo, al descubrimiento colombino siguieron otros muchos, al ritmo de la expansión de los pueblos europeos por todo el mundo. De ahí que la fecha que verdaderamente define la naturaleza de la empresa colonial española, diferenciándola de otras, sea probablemente el 21 de diciembre de 1511.

En aquel día, cuarto domingo de adviento, Fray Antonio de Montesinos, uno de los primeros frailes dominicos que llegaron a América, pronunció en la Isla Española (hoy de Santo Domingo) un sermón que se hizo famoso. Sus términos son conocidos, pero merece la pena reproducirlos parcialmente: «¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? (…) ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer y sin curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais (…) se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? (…) ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís?…». Estas palabras, pronunciadas en una fecha tan temprana —vivía aún Fernando el Católico— sorprenden hoy por su precisión y sensibilidad. Montesinos supo ser la sal del (nuevo) mundo y esa sal siguió escociendo durante los tres siglos de la dominación española.

¿Estos no son hombres? La pregunta desató una apasionada polémica que, atizada por una notabilísima libertad de palabra, duraría todo nuestro siglo de oro. Los hechos debatidos estaban en América, pero la «controversia de Indias» se decidía en España y allí viajó en dos ocasiones el fraile Montesinos a defender las tesis de los dominicos, acompañado la segunda de ellas por un compañero de orden cuyo nombre se haría célebre: Fray Bartolomé de Las Casas. Frente a ellos se alzaban los colonos españoles —los llamados «encomenderos»— y sus valedores en la corte, que pretendían apoyarse en la tesis aristotélica de que las gentes rudas y bárbaras estaban por naturaleza destinadas a la esclavitud. Como es sabido, esta polémica filosófica y teológica llegó a su punto culminante en 1550, con la disputa entre Las Casas y Sepúlveda en Valladolid.

Sobre el papel, la victoria de los dominicos fue casi completa. Las Leyes de Burgos de 1512 proclamaron la libertad de los indios, quienes habían de tener casas y haciendas propias y recibir por su trabajo un salario conveniente. En las Nuevas Leyes de Indias 1542, Carlos V dispuso que ni aun so título de rebelión se podía hacer esclavo a indio alguno. «Queremos —ordenaba el emperador— que sean tratados como vasallos nuestros de la Corona Real de Castilla, pues lo son». En el orden eclesiástico, un breve pontificio de 1537 proclamó que los indios eran libres, destinatarios del mensaje cristiano y capaces de sacramentos. En las aulas de la universidad de Salamanca, el también dominico Francisco de Vitoria partió de la libertad natural de los indios para establecer los cimientos de la disciplina que hoy llamamos derecho internacional. Por lo demás, la actividad de las autoridades civiles y religiosas españolas en América —que pretendía ser tutelar y civilizadora— no perdió impulso y continuó hasta el final de la etapa colonial, con las fundaciones del franciscano Fray Junípero Serra en California en el último tercio del siglo XVIII.

Y sin embargo… Sin embargo, como dijo un escritor argentino, nunca se ha legislado más ni cumplido menos. Los desmanes y los abusos de los conquistadores se denunciaron con apasionamiento por Bartolomé de las Casas, cuyas acusaciones se leyeron en todo el mundo y se convirtieron en la más eficaz munición de la llamada leyenda negra española. Por otra parte, cuando llegó la emancipación de las colonias americanas, no parecía que el dominio español arrojara un balance demasiado brillante, ni en términos generales ni, especialmente, en lo relativo a la situación de las poblaciones indígenas. De este modo, las nuevas repúblicas latinoamericanas, al construir sus respectivos relatos nacionales, rechazaron en gran medida la herencia española.

En la primera mitad del siglo XX, la leyenda negra de España en América fue objeto de una refutación inteligente y matizada, debida sobre todo a autores norteamericanos, entre los que destacan J. Brown Scott y Lewis Hanke; también la obra del español P. Venancio Carro O.P. merece aquí un recuerdo. Una parte de esa refutación resulta particularmente interesante a los efectos de este artículo y es la que compara el legado de España a América con el de otras colonizaciones europeas en todo el planeta.

Con sus muchos defectos, nuestra política indiana partía del interés por los indios y de su reconocimiento como personas. De ahí que la monarquía autoritaria y misionera de España les ofreciera lo que entonces se consideraba el más importante de los derechos: el acceso a la salvación eterna. Más tarde, los estados surgidos de la revolución francesa y de las revoluciones americanas ofrecieron a sus ciudadanos un nuevo valor supremo: la libertad. Pero en América latina, sin el primer ofrecimiento, el segundo no se habría dirigido a todos los ciudadanos. En cambio, las políticas coloniales que se desarrollaron en la América septentrional, y también en Oceanía, se desinteresaron de entrada y casi por completo de los indígenas, que fueron segregados del cuerpo social y acantonados en reservas que, como escribió un tratadista español, eran y son «museos vivientes sin influencia en el país».

En el modelo hispánico nadie quedaba excluido. Ciertamente, el tren era muy lento y además había mucha distancia entre la locomotora y el furgón de cola; pero ningún vagón quedó en vía muerta. Ello permitió la gradual incorporación de los indios al modo de vida de los españoles y así surgió también el mestizaje, al que el constitucionalista mexicano Rodolfo Reyes llamó «el milagro americano». Los Estados Unidos de América han ido y van por delante de México en muchas cosas; pero en México un indio, Benito Juárez —el zapoteca que vivió en castellano, como le llamó el propio Reyes— fue presidente ciento cincuenta años antes que Obama.

Pues bien, tras la emancipación americana, tanto España como las veinte repúblicas del nuevo continente siguieron durante largo tiempo una trayectoria histórica oscura, melancólica y descendente. Su entrada en la edad contemporánea fue todo menos brillante y exitosa; y las relaciones hispano-americanas fueron fragmentarias y poco relevantes. Hoy las cosas han cambiado. España se ha convertido en el primer inversor en América Latina y ha recibido una pujante inmigración latinoamericana. Sobre todo: tanto España como muchos países de la que podemos llamar nuestra América son desde hace años democracias estables que disfrutan de una creciente prosperidad económica. Quizá desde ese éxito compartido podamos volver la vista atrás y contemplar de manera distinta y más equilibrada las vicisitudes de la vieja «controversia de Indias», llegando al menos al acuerdo de que, como dijo Francisco de Vitoria al comienzo de su primera Relectio de Indis, tal controversia no fue inútil ni ociosa.

En diciembre de 1511, el cuarto domingo de Adviento, subía al púlpito de la iglesia de los dominicos en La Española (Santo Domingo) fray Antón Montesino para pronunciar un memorable sermón, que se convertiría en una de las primeras y más radicales denuncias de los abusos de la conquista española en Abya-Yala y en un antecedente del pensamiento latinoamericano liberador. Ha llegado hasta nosotros gracias a la profética e incisiva pluma de fray Bartolomé de Las Casas, que recoge lo sustancial de la prédica y las reacciones a la misma en el tercer libro de su Historia de las Indias (tomo II, M. Aguilar Editor, Madrid, s/f, páginas 385-395).

El sermón fue preparado por todos los miembros de la comunidad de Santo Domingo, quienes lo firmaron de su puño y letra para dejar constancia de la autoría colectiva y de la relevancia de tan decisiva pieza oratoria. Los dominicos lo habían preparado a conciencia a partir de sus propias averiguaciones sobre el “crudelísimo y aspérrimo cautiverio” al que los encomenderos españoles sometían a los indios en las minas de oro y otras granjerías, y tras escuchar numerosos testimonios sobre la “tiránica injusticia” y las “execrables crueldades” contra los nativos, tratados como animales “sin compasión ni blandura”, y “sin piedad ni misericordia”, según la descripción de De Las Casas. Tras tan concienzudo análisis de la realidad acordaron denunciar desde el púlpito el régimen de la encomienda por considerarlo contrario “a la ley divina, natural y humana”.

El vicario Pedro de Córdoba encargó pronunciar el sermón a fray Antón Montesino, uno de los primeros dominicos en llegar a la isla, afamado predicador, hombre de letras, muy animoso, “aspérrimo en reprender vicios”, “muy colérico en sus palabras” y “eficacísimo en sus frutos”. El templo estaba a rebosar. Ocupaban los primeros puestos las principales autoridades coloniales, entre ellas el almirante Diego de Colón, hijo del conquistador. También estaba presente el clérigo Bartolomé de Las Casas, en su calidad de encomendero. Ante un público tan cualificado, el predicador no tuvo pelos en la lengua y habló de esta guisa:

“Voz del que clama en el desierto. Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y creador, sean baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis, esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad, de sueño tan letárgico, dormidos? Tened por cierto, que en el estado que estáis, no os podéis más salvar, que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe en Jesucristo”.

Terminada la misa, Diego de Colón y los oficiales reales se dirigieron al convento de los dominicos para reprender al predicador por el escándalo sembrado en la ciudad, acusarlo de “deservicio” al Rey y exigirle que se retractase en público el domingo siguiente. Siete días después, fray Antón Montesino volvió a subir al púlpito y, lejos de desdecirse, se ratificó en las denuncias y afirmó que los encomenderos no podían salvarse si no dejaban libres a los indios y que irían todos al infierno si persistían en su actitud explotadora. El sermón provocó todavía mayor alboroto que el del domingo anterior, y los oficiales reales enviaron al rey cartas de protesta contra los frailes.

Fray Antón Montesino fue enviado a España para dar cuenta y razón de su sermón al rey. Tras muchos impedimentos, logró entrevistarse con el anciano monarca, a quien expuso un largo memorial de los agravios de los conquistadores contra los indios: hacer la guerra a gente pacífica y mansa, entrar en sus casas y tomar a sus mujeres, hijas, hijos y haciendas, cortarles por medio, hacer apuestas sobre quién les cortaba la cabeza de un tajo, quemarlos vivos, imponerles trabajos forzados en las minas, etcétera.

Aquel sermón no cayó en saco roto. Marcó el comienzo del cristianismo liberador, del reconocimiento de la dignidad de los indios y del respeto a la diversidad cultural y religiosa en Amerindia. Fue, asimismo, el germen de la teología de la liberación. Tres años después, Bartolomé de Las Casas renunciaba a su función de encomendero, se convertía en el defensor de los derechos de los indios y, según Fernández Buey, en el iniciador de la variante latina de la filosofía europea de la alteridad y de la tolerancia.

Debo comenzar diciendo que no he leído el nuevo libro de Pilar Urbano El precio del trono. He leído y releído, sin embargo, la entrevista que sobre el mismo le hizo Ana Tagarro para el XL Semanal de ABC. Conclusión: no voy a leer el libro. Lo que dice del Rey y la Reina ya lo conocíamos al haberlo contado, entre otros muchos, la propia Pilar Urbano. A lo que añadiría algo clave, que ella omite: Don Juan Carlos es, humanamente, más que ninguna otra cosa, un militar. Sus años de formación los pasó en las Academias Militares y donde se siente más a gusto es en la cabina de un avión, montado en un tanque o al timón de un barco. Incluso su vocabulario —¿recuerdan el bocinazo a Chávez?— es de cuarto de banderas. Libros, aulas y actos culturales le aburren. Como digo, un militar, y de los de antes, pues hoy los militares españoles se han puesto a la altura de los tiempos, que les exigen mucha técnica y muchas letras. Ello no impide, sin embargo, que Don Juan Carlos haya desarrollado un notable instinto político. Pero no para la política de los políticos, sino para la política de Estado. Una política que pone los intereses de la nación por encima de todo lo demás, incluidos los sentimientos personales, por no hablar ya de la ideología, algo de lo que el Rey pasa olímpicamente. Fue lo que le permitió nadar entre Franco y su padre y, luego, pilotar una transición dificilísima, para convertirse en referencia de casi todos los españoles. Respecto a doña Sofía, también olvida lo más importante: su doble condición de madre y de Reina, de la que nunca abdicará. La lleva, no como un deber, sino en su naturaleza. Junto con el Rey, forma una formidable pareja de «profesionales», a la que ni siquiera las anécdotas o habladurías hacen mella, al saberlo y sentirlo un pueblo español que creció bajo el lema de «la monarquía gloriosamente fenecida», pero que hoy se siente representado por ella al conocer su papel determinante durante los cambios de todo tipo experimentados por
el país y el mundo durante las últimas décadas.

Pero si de esto el último libro de Pilar Urbano no nos descubre nada nuevo, cuando intenta adentrarse —puede que para compensarlo— en terrenos poco hollados, como es el trasfondo de la política internacional y los turbios manejos que hay en ella, sencillamente desbarra. El poner a la CIA tras el asesinato de Carrero, con Kissinger directamente implicado en el atentado, puede aceptarse como reportaje de un joven periodista que intenta abrirse paso en nuestra dura tarea, pero no en el libro de una profesional prestigiosa. Y menos aún con las pruebas que presenta y los argumentos que usa, que no resisten el menor análisis crítico, empezando por decir que Carrero «se oponía a renovar las bases norteamericanas en España». En la gran foto que XL Semanal presenta de la periodista en su despacho, creo reconocer en la estantería del fondo las Memorias de López Rodó, muy próximo a Carrero. Le hubiera bastado leerlas con atención para darse cuenta de que quien, sin oponerse abiertamente, exigía un precio mayor por las bases era Castiella, ministro de Asuntos Exteriores, que estaba dispuesto a romper los Convenios si no nos lo pagaban y llegó a pedir la «desnuclearización del Mediterráneo», es decir, que soviéticos y norteamericanos dejasen de pasear por él sus megatones, lo que era muy fuerte habiéndoles cedido la base de Rota a la entrada del mismo.

Ello, junto con la política de descolonización, con Gibraltar como eje, le había llevado a frecuentes choques con Carrero, quien, el 7 de mayo de 1969, envió a Franco un memorándum en el que le decía textualmente: «Yo creo que el ministro de Asuntos Exteriores desea que los Convenios (con los Estados Unidos) no se renueven», y pasaba a enumerar las consecuencias que ello traería: los Ejércitos españoles se quedarían en condiciones de inferioridad ante los peligros que pudieran surgir en el Sahara o en las plazas norteafricanas. Para terminar: «¿Es que vamos también a romper con Estados Unidos, que es el único verdadero aliado que nos une a Occidente?». Puede que convenga añadir que el recién llegado embajador norteamericano en Madrid, Robert C. Hill, despachaba con Carrero, en vez de hacerlo, como hubiera debido, con Castiella, contra el que conspiraba abiertamente.

Marcelino Oreja, por aquel entonces director del Gabinete de Castiella, nos da cuenta en sus Memorias, no ha mucho publicadas, de los encontronazos entre Carrero y Castiella, de los que fue no sólo testigo, sino también mensajero en alguna ocasión, especialmente durante las negociaciones sobre la renovación de los Convenios, aunque el pulso venía de antes y se prolongaría después. Uno de los platos fuertes del libro La batalla diplomática de Gibraltar. Cómo se ganó. Cómo se perdió, que estoy terminando a la espera de la postura del Gobierno Rajoy en el contencioso y en vísperas del tercer centenario del Tratado de Utrecht, es este pulso entre el subsecretario de la Presidencia y el ministro de Exteriores, ante un Franco sin acabar de decidirse, según su costumbre, por uno u otro, aunque siempre atento a que la cosa no se le fuera de las manos.

NO había duda de que le agradaban los triunfos que Castiella estaba cosechando en el exterior, pero en su interior estaba más cerca de la línea conservadora de Carrero, que fue la que finalmente adoptó. Se lo había advertido a Oreja, cuando le vino con un mensaje de su ministro: «Sé muy bien, como militar, que no se debe luchar al mismo tiempo en dos frentes, y eso es lo que está haciendo (Castiella) con nuestro enfrentamiento con Gran Bretaña en Gibraltar y con los Estados Unidos con los Convenios».

Volviendo al tema que estábamos tratando, el asesinato de Carrero, ¿por qué iban a deshacerse los norteamericanos del defensor de los pactos con ellos en el Gobierno español, donde Castiella no estaba solo, sino que contaba con el respaldo de otros ministros importantes, como Fraga, Solís y Nieto Antúnez? Es verdad que Carrero nunca fue un simpatizante de la democracia parlamentaria ni un admirador de los Estados Unidos. Pero su carácter conservador le enfrentaba rotundamente a las veleidades neutralistas que circulaban por el régimen, no compartidas por su fundador, como demostró de palabra y hecho. Que el atentado ocurriera frente a la embajada norteamericana se debió a que la víctima tenía la costumbre de oír misa diaria a la misma hora en la iglesia que hay al otro lado de la acera. Y tomar la visita de Kissinger a Madrid por aquellas fechas como prueba de su participación en el atentado es, sencillamente, infantil. Si Kissinger hubiera tenido algo que ver con él, lo que habría hecho sería estar en la otra esquina del globo ese día. Puede que no sea tan inteligente como dicen, pero seguro que no es tan tonto como para aparecer en el lugar del delito al cometerse. No se le vio por Chile en el golpe contra Allende, y su estancia en Madrid demuestra precisamente que no tuvo nada que ver con el atentado contra Carrero. Respecto a que aquella España «tenía avanzado un programa nuclear que podía permitirle tener la bomba atómica en dos años», con «el Sahara como campo de entrenamiento (sic)», como se dice en la entrevista, prefiero no comentarlo para no ofender la inteligencia de los lectores. Solo apuntar que el enriquecimiento del uranio hasta convertirlo en explosivo nuclear es un proceso largo y complejo, como están comprobando hoy los iraníes.

Para resumir: sin duda quedan bastantes cosas por aclarar en la historia de España del último medio siglo. Pero la historia no es una película de buenos y malos. Es una compleja maraña de intereses, ambiciones, éxitos, derrotas, aciertos, errores, nacionales y personales, muy difícil de desenredar. Sobre todo en los periódicos. Este artículo es una muestra de ello.

El 25 de enero de 1942 realizó el general Franco una visita a la abadía benedictina de Montserrat. Allí, el abad mitrado, Antoni Maria Marcet, rodeado de obispos y superiores de órdenes religiosas, lo recibió como “instrumento de la Providencia”, agradeciendo a sus ejércitos, victoriosos “contra la furia de sus enemigos”, la devolución a los monjes de “sus templos y hogares y con ellos el ejercicio de los derechos de cristianos y españoles”. Franco, entronizado en la basílica bajo palio y en loor de multitud, recordó la Cruzada y mostró su alegría por haber liberado “a España de las hordas rojas”.

De nuevo bajo palio, de nuevo rodeado de cardenales, obispos y monjes, de nuevo en loor de multitud, el 1 de abril de 1959, Franco visitó otra abadía benedictina, recién construida en roca viva, bajo una cruz colosal erigida a la memoria de los caídos en la Cruzada. Allí, ante otro abad mitrado, Justo Pérez de Urgel, y su ilustre y nutrida audiencia, sentenció una vez más: “La anti-España fue vencida y derrotada”.

Y ahora, tantas décadas después de tan gloriosas efemérides, una comisión de expertos propone a un gobierno en funciones, incapaz de resolver por sí mismo el futuro de aquel horror de monumento, que negocie con la Iglesia católica el traslado del cadáver del general allí enterrado, de manera que se proceda a “resignificar” todo el conjunto monumental como lugar de reconciliación y de memorias compartidas. Donde los fundadores erigieron un monumento a la gloria de los que dieron su vida por Dios y por España, los expertos, previo el obligado trabajo de resignificación, quieren fundar, “sin destruir ni cambiar nada”, un Memorial a las víctimas de “los dos bandos”.

¿Puede dotarse a una gigantesca cruz sobre una enorme basílica de un significado no ya distinto sino contrario a lo que en sí misma significa? ¿Cabe la “relectura” de un monumento extrayendo de él un sentido contrario al que se deriva de su texto en piedra? Los expertos dicen que sí, porque “como no son las piezas, los soportes, quienes poseen la fuerza comunicativa sino el relato que emana de su fundación, lo que procede es un discurso que desvele el significado global del proyecto”.

O sea, las piezas y sus soportes, la colosal cruz y la basílica, son mudas, no dicen nada; lo que importa no es lo que en sí mismas significan, sino el relato que acompañó su fundación. Cambiemos, pues, de relato, y cambiará el significado del monumento.

No será “empresa fácil”, escriben, y por eso proponen abordar esa resignificación del Valle “de una manera global”, con una “actuación integral” que proporcione a los visitantes la relectura completa del conjunto monumental. Para lograrlo, los expertos sugieren la construcción de un Centro de Interpretación, situado a la entrada de la basílica, de la que se habrá retirado el cadáver del general Franco. El visitante, antes de entrar en lugar sagrado, habrá de tomar una especie de ducha laica, impartida en el Centro, de la que saldrá empapado de relectura y de resignificado. Y ¿quiénes serán los que impartan esa relectura, quiénes serán los muñidores de la resignificación? De eso nada se dice, pero es curioso que encarguen la tarea de resignificación a un centro oficial que necesariamente habrá de estar bajo control del Estado.

Dejando aparte discusiones teóricas sobre los límites de la interpretación y representación del pasado -ni aunque se arrepintieran todos los nazis se podría nunca reinterpretar Auschwitz como lugar de reconciliación- una cosa es clara en esta propuesta: los estragos que han provocado las amenidades posmodernas cuando reducen la realidad, pasada o presente, a mera construcción discursiva. Pues por mucha relectura y mucha resignificación que caiga sobre sus piedras, el Valle de los Caídos nunca será un monumento a la reconciliación ni un lugar de memorias compartidas. Es el monumento erigido al triunfo de la Nación Católica por un dictador, tras una devastadora guerra civil, resignificada, ella sí, como Cruzada en el relato mítico de los obispos. Eso fue en su origen, eso era a la muerte del dictador, eso es hoy, y eso será siempre que, bajo la sombra y el peso de la cruz, se mantenga en pie la abadía y no se derrumbe la basílica.

Hay, con todo, en el informe un motivo de esperanza para el futuro: el conjunto amenaza ruina y serán necesarios millones de euros para taponar las filtraciones de agua en la basílica y rehabilitar el deterioro de los grupos escultóricos. Dejemos, pues, que la madre naturaleza siga su curso y resignifique por sí sola como campos de soledad, mustio collado, todo el conjunto monumental. Abandonemos, con o sin Franco en su tumba, aquellos parajes a las nieves del invierno y a los soles del verano hasta que surja otro poeta que cante: “Este llano fue plaza, allí fue templo

Mira mármoles y arcos destrozados / mira estatuas soberbias que violenta / Némesis derribó, yacer tendidas / y ya en alto silencio sepultados / sus dueños celebrados…”

Nunca lucirá más hermoso que en sus ruinas el Valle de los Caídos.

En estos días tan tumultuosos políticamente el Ministerio de Defensa publica un libro cuya carencia se hacía sentir agudamente. Bajo la dirección y coordinación del catedrático Javier García Fernández aparece un grueso tomo titulado 25 militares de la República. Son biografías, escritas por otros tantos historiadores de primera fila, de una selección de generales o almirantes y jefes que permanecieron leales al Gobierno republicano en o después de la sublevación militar de 1936. Entre ellos figuran Aranguren, Asensio Torrado, Batet, Buiza, Casado, Cordón, Escobar, Gámir, Hernández Saravia, Hidalgo de Cisneros, Mangada, Martínez Cabrera, Menéndez, Miaja, Núñez de Prado, Pozas y Rojo. La lectura será imprescindible tras tantos años de desfiguración y desvirtuación de su papel en la Guerra Civil, acrecentadas en algunos casos por el malhadado Diccionario biográfico español que en la nueva legislatura probablemente no tardará en distribuirse.

No se recupera el honor de todos los biografiados. Para uno al menos, y que el Diccionario ha tratado de salvar por todos los medios, la evidencia primaria documental de época lo hunde en las simas del embuste y de la traición. A muchos españoles de las generaciones más jóvenes su nombre no les dirá nada. Se trata de Segismundo Casado, el hombre que el 5 de marzo de 1939 se levantó en armas contra una República a punto de colapsarse, que creó un sedicente Consejo Nacional de Defensa, que aglutinó en torno suyo a un pequeño arco de figuras de segundo o tercer nivel (salvo Miaja, el anciano socialista Julián Besteiro y el exsubsecretario de Gobernación y destacado miembro del PSOE Wenceslao Carrillo).

La sublevación casadista ha dado origen a discusiones sin cuento. También abrió inmensas heridas en las filas del exilio. Profundizó hasta límites infranqueables las divisiones entre socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos. Estuvo basada en una patraña de Casado y en una estrategia política de Franco.

La patraña consistió en acusar a Negrín de hacer el caldo gordo a los soviéticos y sus sicarios españoles y de prolongar la guerra sirviendo exclusivamente el interés de Stalin. De aquí la subpatraña que la sublevación se llevó a cabo para impedir que Negrín y los comunistas se hicieran con el control de los mandos de lo que quedaba de Ejército Popular.

La estrategia de Franco consistió en engañar a Casado haciéndole ver que una rendición inmediata no provocaría represalias entre los mandos militares que no hubieran cometido delitos de sangre. Lo que había detrás es fácil de identificar: Franco deseaba evitar cualquier evacuación de dirigentes políticos, militares y sindicales. Para ello necesitaba que alguien hundiera, desde dentro, las pequeñas posibilidades de resistencia. Así podría liquidar fácilmente la flor y nata republicana.

Casado se tragó el anzuelo. Engatusó a sus compañeros haciéndoles ver que no tendrían que temer demasiado de la victoria franquista y buscó aliados para su golpe en unidades próximas a Madrid. Las encontró en el Cuerpo de Ejército de Cipriano Mera, probado líder anarquista y políticamente analfabeto. Aprovechó el sordo rencor contra los comunistas y manipuló a la Agrupación Socialista Madrileña.

Franco terminó la guerra en beauté, gracias a una operación político-estratégica que le permitió copar a una inmensa cantidad de dirigentes republicanos. También a la masa combatiente. Todos formaban parte de aquella anti-España cuya eliminación física, política y psíquica había constituido el alfa y el omega de la rebelión de 1936. Casado se escapó a Inglaterra tras una serie de proclamas preconizando la resistencia numantina si no se recibían condiciones satisfactorias de paz. No las obtuvo.

En Londres, Casado escribió unas autojustificativas y falaces memorias, nunca traducidas al español. El manuscrito lo entregó el 21 de julio. Era profundamente anticomunista, pero no ponía en solfa a las democracias occidentales que tan poco habían hecho por la República. Hay que sospechar que alguna mano foránea le ayudó en su concepción. Como tras el final de la II Guerra Mundial y en el comienzo de la guerra fría los servicios secretos británicos le hicieron algunas ofertas, es posible que en 1939 ya estuvieran a favor de una labor de intoxicación.

Se conserva el borrador de una carta a Franco que Casado agregó a una misiva fechada el 9 de marzo de 1940 y dirigida al duque de Alba, a la sazón embajador en Londres. No se sabe si este la remitió a su destinatario, pero en ella Casado dejó constancia de la decepción que le había producido el comportamiento de Franco. El motivo de la carta fue el fusilamiento del general Escobar por quien Casado debió de tener un gran respeto. Acusó al Caudillo / Generalísimo / Jefe del Estado de haber faltado a la palabra dada. Una terminología dura entre militares.

Casado trapicheó como pudo, con trabajitos en la BBC, uno de los lugares en que los servicios especiales británicos solían aparcar a personajes y personajillos que pudieran ser útiles. Cuando terminó la II Guerra Mundial, emigró a América Latina. Allí pasó más de 15 años, en parte tratando de volver a España. Cuando lo hizo, en septiembre de 1961, nadie le molestó, pero dos años más tarde se le ocurrió solicitar el reconocimiento de sus derechos pasivos y la máquina judicial militar se puso en movimiento. Se le trató con guante blanco hasta cierto punto, pero no obtuvo lo que quería.

Enfermo, encerrado en su piso madrileño durante años y años, fue apañándose con sus ahorros hasta que amenazaron con agotarse. Entonces entró en contacto con el Ministerio de (Des)Información. Se prometió un gran éxito económico de una nueva versión de sus memorias. El problema es que no se acordaba de los hechos de 1939. Tampoco podía ir a hemerotecas. No sabemos si desde el Ministerio, entonces regentado por Manuel Fraga Iribarne, alguien le echó una mano. Sí sabemos que le ayudó uno de los subordinados de Cipriano Mera, también anarquista, un tal Liberino González.

En consecuencia, la nueva versión acentuó hasta extremos delirantes la presunta conspiración comunista, la vesania de Negrín y la larga mano de Stalin sobre la República. Todo muy en consonancia con el furibundo anticomunismo anarquista y franquista y, en particular, las necesidades de la guerra fría. Ya se habían expresado en términos similares renegados comunistas tan caracterizados como Jesús Hernández, Enrique Castro Delgado y Valentín González, El Campesino. También los inevitables poumistas, a la cabeza de los cuales se situó Julián Gorkín.

Casado no quedó muy contento con el resultado, una indicación tal vez de que la nueva versión no era únicamente de su propia pluma, pero no tenía escapatoria. Enfermo y sin dinero, se sometió. Cuando se almuerza con el diablo conviene manejar una larga cuchara. Casado no la tuvo. Jugó con los hechos, engañó a historiadores, “confirmó” los mitos esenciales de los vencedores, encubrió la gran operación político-estratégica de Franco, fue corresponsable de la hecatombe final republicana y, como buen traidor, hizo todo lo posible por desfigurar sus huellas en la historia. Un historiador anglo-norteamericano, Burnett Bolloten, le creyó y sentó escuela. Sus colegas pro y neofranquistas se frotaron de gusto las manos durante años.

Al final, si se encuentra la evidencia primaria relevante de época, los hechos del pasado quedan iluminados bajo nueva luz. La pregunta es: ¿por qué ha habido durante tanto tiempo un segmento de la literatura que ha hecho caso a la versión de Casado, que siempre fue en sí inverosímil? La respuesta se encuentra, a nuestro entender, en la conjunción entre las necesidades ontológicas del franquismo, su dependencia de una mitología ad hoc y la ideología de la guerra fría.

El Pasado sábado acudí como invitado al debate de un conocido programa de televisión para informar y defender la postura de mi madre a propósito del informe no vinculante sobre el futuro del Valle de los Caídos, elaborado por una comisión a instancias del Gobierno, que tiene únicamente discrepancias, con tres votos particulares, en su consideración nº 31, sobre la exhumación y traslado de los restos de mi abuelo, Francisco Franco.

En el espacio manifesté lo extemporáneo y estéril que me parece esta polémica, máxime en la situación tan crítica que vivimos. Lo único que pedí al moderador del debate era que se evitara el insulto hacia quien fue para mí un ser muy querido. La petición fue absolutamente respetada por el presentador, así como por mis dos contertulios a la derecha, y por Carmelo Encinas, ubicado a la izquierda. No puedo decir lo mismo de María Antonia Iglesias y Pilar Rahola. Las interrupciones constantes, así como los insultos permanentes a mi abuelo y a mi persona, fueron la tónica de su actuación, con un discurso plagado de tópicos e infamias. Imagino que su actuación avergonzaría a quienes en algún momento confiaron en ellas para desempeñar algún cargo o función. Los votantes ya se lo demostraron así a Rahola en su último y estrepitoso fracaso electoral.

Percibí odio y rencor por parte de personas a quienes no conocía, por sus prejuicios hacia mi nombre y lo que representa. Y ello me ha hecho dudar de que hayamos superado las dos Españas y pasado página. En esa línea populista, María Antonia Iglesias invocó a Fraga y Carrillo como artífices de la Transición, cuando todo el mundo sabe que ésta fue pilotada por el Rey y protagonizada por la clase media española, la misma que potenció mi abuelo, hoy tan expoliada e indignada.

Muchos allegados me han reprochado el que me callara en el programa y no defendiera a mi abuelo y su obra. Quisiera aclarar aquí las tres razones por las que obré así.

Primero: no podía bajar al nivel del insulto, la desinformación y la descalificación personal. Me educaron de otra forma.

Segundo: no era el objeto del debate al que había sido invitado.

Tercero: por pudor. Obviamente en este asunto soy subjetivo, aunque no quisiera.

No obstante, y aceptando todas las críticas de los que vivieron la era de Franco, no debía haber callado, ya que tras su exaltación a la jefatura del Estado (octubre de 1936), nadie fue fusilado, ni encarcelado sin un juicio previo y reconocimiento en sentencia (Causa general).

La primera Ley que promulgó fue el Fuero del Trabajo (3/1938). Además, durante su mandato se crearon la Seguridad Social, la paga extra, las universidades laborales, etcétera. Se construyeron pantanos, y viviendas sociales, se desarrolló un importantísimo plan forestal y se repartieron tierras entre los colonos. En 1975 España era la sexta potencia industrial, y con pleno empleo.

Si Franco levantara la cabeza tendría el gran dolor de ver el ingente número de españoles que sufre la lacra del paro, pero a su vez la inmensa alegría de comprobar que hemos sido capaces, entre todos, de cumplir el 36 aniversario de su muerte en paz y concordia, un periodo que, junto a su mandato, con el esfuerzo de nuestros mayores, constituye la etapa más larga de paz en la Historia de España, el objetivo más importante de su política.

Quiero pensar que no es un espejismo, que mirando hacia el futuro, con unidad, solidaridad, tolerancia, sudor y lágrimas, lograremos superar el abismo que se cierne ante nosotros. Sigamos todos juntos construyendo la paz.

Más de cinco millones de teselas componen la inmensa cúpula de la basílica del Valle de los Caídos. Los presos republicanos tardaron cuatro años en colocarlas. Entre otras imágenes, podemos ver en ellas a falangistas de camisa azul y pelo en pecho, requetés de camisas beige y boina roja, curas con sotana y santos españoles. La bóveda, como todo el siniestro edificio, es un relato franquista de la guerra y de la dictadura, es una foto de la mentalidad del dictador y del régimen nacional católico que él inauguró, fusilando, en 1936, y que terminó, fusilando, en 1975. Estéticamente, Cuelgamuros es irrecuperable para la democracia, pero al menos se debería establecer un sistema para que los turistas que visitan el templo y los españoles que tengan ganas de verlo puedan saber que en España hubo una dictadura que duró 40 años de miedo y que un dictador, Francisco Franco, dio un golpe de Estado para derrocar el democrático Gobierno republicano y procedió al exterminio sistemático de todos aquellos que se opusieron a él.

Franco ideó el Valle de los Caídos como un homenaje berroqueño y perpetuo a su propio régimen, como una inmensa tumba para alojar a los mártires que combatieron en el llamado bando nacional, en lo que el dictador definió como Cruzada, también como un mausoleo para él mismo. Ante la falta de quórum -muchas familias de franquistas se negaron a trasladar a Cuelgamuros los restos de sus muertos-, Franco rellenó el Valle con cadáveres de republicanos muertos en el frente o fusilados, en muchos casos exhumados de cunetas y fosas, desde luego sin el consentimiento de sus familiares. De manera que en aquel lugar siniestro tenemos enterrados una mayoría de españoles del bando nacional y, hacinados y sin identificar en su mayoría, una porción de republicanos. Todos ellos -más de 33.000 registrados y otros tantos sin identificar- presididos por el dictador responsable de los fusilamientos de algunos de los enterrados.

No parece sostenible desde el punto de vista democrático que un dictador que se mantuvo en el poder durante 40 años, con sus días y sus noches, permanezca entronizado como un héroe. No lo están sus conmilitones, Mussolini y Hitler. Pero resulta además un escarnio que ese dictador comparta lugar con aquellos a los que ordenó asesinar. De manera que me parece bien que se exhumen los restos mortales de Franco y se le entierre lejos de sus víctimas, y me parece bien que los restos mortales de José Antonio, víctima de la guerra, sigan enterrados allí, pero sin el trato de favor que hoy tienen.

La resolución de los expertos dice que la eventual exhumación de Franco deberá contar con la aquiescencia de los monjes benedictinos que regentan el siniestro lugar. No creo exagerar si digo que esos monjes son más franquistas que el propio Franco. He asistido a alguna misa en ese templo, misa preconciliar -pero no anterior al Concilio Vaticano II, no; anterior a Trento- y he podido comprobar el carácter profundamente reaccionario de sus homilías y los motivos por los que mandan rezar, todos los días en misa de once de la mañana, a los pocos fieles españoles y extranjeros que asisten a la ceremonia. En los días previos al último 20 de noviembre, los monjes benedictinos hicieron guardia bajo los luceros para impedir una supuesta exhumación de los restos de Franco, presuntamente urdida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero como traca de despedida. No me imagino, por tanto, a los monjes permitiendo la salida de los restos de Franco, pero es que no parece que entre las cien medidas que pueda tomar Rajoy, si es que algún día toma alguna, esté el traslado del féretro de Franco en cumplimiento de la recomendación de los expertos.

El Valle de los Caídos es un parque temático del franquismo. El horripilante conjunto fue construido en un país que se moría de hambre, de miedo y de frío, el dictador gastó en la erección de su megalómano delirio más de 1.000 millones de pesetas del año 59, cuando se concluyó la obra, después de 19 años de trabajos forzados de presos republicanos, en régimen de esclavitud. Solo dos de aquellos sobreviven hoy. Una cruz de 150 metros de alto, con brazos de casi 50 metros que tienen una anchura que permite que dos hileras de coches puedan ser aparcados en paralelo en su interior, una altura entre el suelo y la cúpula de dimensiones inhumanas, capillas dedicadas a las vírgenes patronas de los que contribuyeron a la victoria franquista en la guerra, una estética terebrante, un edificio que da miedo.

Cuelgamuros es la prolongación del franquismo por otros medios y no hay otra forma de corregir esa anomalía, impropia en un sistema democrático, de retirar los honores al dictador, que trasladar el cadáver de Franco lejos de los restos de sus víctimas.

Una gigantesca cruz de 150 metros de altura, cuyos brazos miden 46 metros, es visible a decenas de kilómetros de distancia del Valle de los Caídos. Allí están hoy enterrados J.A. Primo de Rivera, fundador de Falange española, y el general golpista y dictador hasta su muerte, Francisco Franco, quien mandó construir ese monumento de estética y significado netamente fascistas. Allí están sepultados decenas de miles de españoles (centenares de ellos sin el consentimiento de sus familiares), muertos en una delirante y criminal guerra civil, que terminó con la democracia y la República española.

Decenas de miles de prisioneros republicanos trabajaron allí con el obligado señuelo de la redención de penas (¡penas por cometer el delito de defender el orden constitucional!), excavaron 200.000 metros cúbicos de roca, sufrieron y murieron, para que los vencedores erigieran una basílica de 262 metros de longitud, regentada (cómo no) por monjes de la SICAR (Santa Iglesia Católica Apostólica Romana). Allí está enterrado desde 1975 el criminal mayor, el “sapo iscariote”, como escribió León Felipe Camino. También allí se congregan cada 20-N los nostálgicos de la barbarie.

El hasta ahora ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha rogado que no se meta en un cajón un informe elaborado por unos peritos, donde se propone una reconversión del Valle de los Caídos en un “centro de meditación” y de “memoria reconciliada”. Los que se van han tenido ocho años para hacer lo que no han hecho. Los que vienen dicen que hay asuntos más urgentes en España, lo cual, además de ser verdad, anuncia que no tienen la menor intención de hacer algo. La SICAR, como siempre, no sabe/no contesta: Rouco Varela se limitó a retirar sin más explicaciones de la comisión a su obispo representante.

Franco decretó la construcción del Valle de los Caídos para “…perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada (…), los heroicos sacrificios que la Victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya”. El Valle de los Caídos es un monumento del fascismo y la dictadura, que nadie venga con desodorantes y maquillajes, pretendiendo cambiar lo que no debe ser cambiado.

Eso me recuerda la visita que realicé a inicios de los 70 al campo de concentración de Dachau, aprovechando que pasaba por una carretera secundaria del norte de Baviera muy cercana del campo. Dachau era y sigue siendo un inequívoco lugar para la memoria de la brutalidad nazi, sin más aditamentos. En Dachau no hay nada ni nadie que reconciliar, sino solo que ver, mirar, recordar y quedar sumido por unas horas en el horror y la zozobra. Dachau, como Treblinka, Mauthausen, Auschwitz y tantos otros campos de concentración, están conservados para mantener la memoria nuda, sin edulcorantes ni moralinas.

Hay quien ha pedido colaboración para tal “reconversión” del Valle de los Caídos a la SICAR, la mayor suministradora de la ideología que mantuvo al régimen fascista del bando rebelde. ¿Habrá leído alguna vez, por ejemplo, la “Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero” de 1937? ¿Cómo pedir colaboración para reconciliar al pueblo a quienes justificaron un levantamiento militar contra la legalidad constituida, a quienes condenaron en vida y a muerte a decenas de miles de seres humanos en nombre de su cruzada contra el comunismo, el judaísmo y la masonería?

El Valle de los Caídos es un monumento fascista, construido desde y por el nacionalcatolicismo, que aspira a ser por decreto lugar de “memoria reconciliada” en un país donde la verdadera memoria ha sido negada y obstruida. Hace escasos meses la oposición tuvo que exigir aún que Millán Astray deje de ser definitivamente “hijo predilecto” de A Coruña. ¿Es eso memoria reconciliada? Quien propugne asimismo memoria reconciliada, puede ir denunciando el Concordato de 1953 –jamás derogado– y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Estado del Vaticano, pues solo puede conseguirse un marco real de convivencia entre todos los ciudadanos españoles sobre la base de una democracia real y de un Estado aconfesional y laico.

El Valle de los Caídos debe quedar como está, con su mastodóntica cruz y sus basílicas y grutas, como monumento a la barbarie y el fanatismo. Así, los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos tendrán ocasión de ver con sus propios ojos lo que nunca se debe ser, lo que jamás debe hacerse y consentirse.

EL 28 de noviembre se cumplirá el segundo centenario de la muerte de Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), uno de los más brillantes intelectuales y reformistas de la Ilustración española. Sorprende, sin embargo, que las conmemoraciones que se han programado para celebrarlo no respondan a la importancia histórica del personaje, pues los actos organizados no han ido más allá de los límites de Gijón, su ciudad natal, permanentemente orgullosa de su paisano.

Conviene recordar que la Ilustración fue una forma distinta de entender el mundo, que se extendió entre las clases cultas europeas a lo largo del siglo XVIII, especialmente en su segunda mitad. Uno de sus principales representantes, el filósofo Emmanuel Kant, la definió como la salida del hombre —de la humanidad— de la autoculpable minoría de edad, de su incapacidad para servirse de su entendimiento sin la guía de otro (llámese autoridad, señor, sacerdote, o como se quiera). La razón se convierte en el gran instrumento dedicado a la búsqueda de la felicidad, privada y pública, para lo que es necesario «remover obstáculos» como la incultura, el fanatismo, las flagrantes diferencias económicas y sociales, el reparto absurdo de la tierra en manos de unos pocos, las trabas que impedían la producción y el comercio, y un largo etcétera. El objetivo era el progreso, un concepto y una palabra que aparecen ahora.

La Ilustración supuso un avance muy notable en la secularización de la existencia frente al predominio anterior de lo religioso, y estableció muchos de los presupuestos mentales en los que se ha basado el mundo contemporáneo. En realidad, el uso ilimitado de la razón y la crítica de cuanto no se atenía a ella era una bomba de relojería contra todo lo heredado, de la que muchos ilustrados no fueron conscientes. La revolución francesa, el liberalismo y el final del Antiguo Régimen son hijos intelectuales suyos, lo mismo que la notable descristianización que se aprecia ya en ciertas áreas europeas en el siglo XVIII. Ello no quiere decir que la Ilustración no tuviera sus límites, ni tampoco que no hubiera posturas moderadas, como la de Jovellanos y la mayoría de los ilustrados españoles, cuyo objetivo no iba más allá de una reforma, aunque fuera en profundidad, de las estructuras sociales, económicas y políticas.

Perteneciente a la pequeña nobleza carente de títulos y con una posición económica no muy desahogada, Jovellanos se orientó hacia la magistratura, después de una formación vinculada al derecho canónico que permitía augurarle una brillante carrera eclesiástica. Tras varios años en la Audiencia de Sevilla (1767-1778), en los que tuvo lugar su conversión definitiva a las ideas ilustradas, obtuvo diversos cargos en la corte pero, a diferencia de otros grandes ilustrados de su época como Campomanes, Aranda o Floridablanca, no se apoyó tanto en su rango político cuanto en su prestigio personal y la audiencia que le concedían sus informes a los distintos organismos de los que habría de formar parte, bien fueran las Academias de la Historia, Bellas Artes, o de la Lengua, la Sociedad Económica Matritense o la Junta de Comercio y Moneda. Los años ochenta contemplan una amplia actividad de Jovellanos en Madrid: escritos diversos, artículos en periódicos como «El Censor», asistencia a las tertulias ilustradas…

A mediados de 1790, en plena reacción antiilustrada tras el inicio de la Revolución Francesa, fue alejado de la corte y enviado a Asturias. Pese a las fuertes oposiciones que encontró, sus dos grandes realizaciones fueron la apertura de caminos que facilitaran el comercio y la comunicación, y la creación del «Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía» (1794), prototipo de institución formativa de la Ilustración. En estos años, completó asimismo su importantísimo «Informe en el expediente de la ley Agraria».

En noviembre de 1797 fue nombrado ministro —secretario de estado— de Gracia y Justicia, un cargo en el que solo se mantendría nueve meses, pero en el que tuvo tres grandes objetivos: la reforma del tribunal de la Inquisición, ante la imposibilidad de abolirlo como le hubiera gustado; la reforma de los estudios universitarios, adaptándolos a los nuevos tiempos y a las ciencias experimentales; y la reorganización y ordenamiento de la legislación española, evitando la confusión de leyes, disposiciones y códigos existentes. Las razones de su caída hay que buscarlas en los muchos enemigos que tenía en la corte y en el clero.

Cansado y decepcionado volvió a Gijón, deseoso de concentrarse en la tarea de sacar adelante el Instituto, junto a otros proyectos como el de crear una Academia Asturiana, encargada de investigar cuestiones relacionadas con el Principado. En 1801 fue detenido y trasladado a Mallorca, en una nueva reacción contra los ilustrados más significativos. Allí permanecería prisionero hasta abril de 1808 en que, a resultas de la subida al trono de Fernando VII en virtud del motín de Aranjuez, se le concedió la libertad.

Tras ser tentado con diversos cargos por el gobierno de José I y algunos de sus amigos afrancesados, participó activamente en el bando patriota, siendo nombrado representante asturiano en la Junta Suprema Central. Volvió así a su querida Sevilla, y estuvo después en Cádiz. En 1810, al instaurarse la Regencia, consiguió que se le autorizara a regresar a su tierra, aunque hubo de permanecer más de un año en Galicia, ante la ocupación francesa de Asturias. Allí escribiría su «Memoria en defensa de la Junta Central». No pudo viajar a Gijón hasta comienzos de agosto, pero el regreso de las tropas francesas le obligó a huir por mar a Navia, al oeste de la costa asturiana, donde moriría días después.

Lo más destacable de Jovellanos es su actitud ilustrada, sus numerosas propuestas e informes para la reforma política y económica, así como la profundidad y belleza de sus escritos, en especial su prosa y sus diarios. Muchas de sus ideas no se llevaron a la práctica, por lo que simboliza plenamente la Ilustración española con sus proyectos, realidades y fracasos, hasta el punto de convertirse en una de las principales figuras de nuestro siglo XVIII.

¿Cómo se explica entonces el escaso eco de su centenario? Se me ocurren dos explicaciones bastante descorazonadoras. La primera es el notable debilitamiento de la cultura española y sus signos de identidad, bien sea en beneficio de efemérides y personajes de carácter local y regional, o algo peor, la deformación de la realidad histórica que supone el limitar a tales dimensiones a gentes que las trascienden, como Jovellanos. La segunda afecta a la propia índole de nuestro personaje, un intelectual vinculado a la política —¿no les suena raro?—, caracterizado por su independencia de criterio, avanzado en muchos aspectos pero conservador en otros. En definitiva, alguien difícilmente clasificable en A o B, lo que implica serios riesgos en un país tan polarizado como éste. Entre ellos el que ni unos ni otros se reconozcan en su figura, de forma que el recuerdo conmemorativo que pudiera propiciar no estimula las consabidas operaciones políticas de apropiación de la memoria. Seguramente es un peaje más a pagar por quienes no se identifican con una de las dos Españas.

Acabo de regresar de un viaje a las Filipinas (el vuelo tomó 27 horas desde Estados Unidos), donde fui a investigar el sistema de pensiones. Solo estuve en “Metro Manila” que comprende 15 ciudades con 16 millones de habitantes, de una población total de 90 millones. No pude visitar las bellezas naturales en el norte y en el sur.

En 1564 comenzó la colonización española que duró más de 300 años. Para que los frailes pudiesen identificar a los nativos, les dieron a escoger de una lista de nombres castellanos, que aún hoy perduran en los filipinos y en las calles; pero el castellano no logró sustituir a los dialectos indígenas. Manila floreció con los galeones que intercambiaban especies y mercancías chinas por el oro y plata mexicanos desde el puerto de Acapulco, pero el lucrativo intercambio desapareció a fines del siglo XVIII.

La derrota española en la guerra hispano-cubana-americana provocó la pérdida de Cuba y las Filipinas en 1898. Durante la colonia de EE UU se implantó el inglés como lengua oficial enseñada en las escuelas. La ocupación norteamericana fue interrumpida por la invasión japonesa durante la II Guerra Mundial; en 1945, Manila fue destruida por el bombardeo de MacArthur frente a la fuerte resistencia nipona, causando 150.000 muertes de civiles. Los filipinos alcanzaron la soñada independencia en 1946.

Hoy, casi nadie habla castellano, aunque la élite educada lo domina. La lengua principal es el tagalo (uno de los 165 dialectos existentes) con palabras españolas mezcladas que muchos filipinos creen que son parte del idioma vernáculo. El inglés es el segundo idioma, pero no todos lo hablan.

Casi todo lo relacionado con el comer es en castellano: mesa, silla, cubiertos, cuchillo, cuchara, tenedor, servilleta, merienda, vaso y botella. “Platos” típicos son el lechón, el adobo (de cerdo y pollo), la caldereta (de cabra) y el arroz caldo; se conservan tapas, puchero, leche, repollo, calabaza, harina (sin h) y jamón (con h), pan y mantequilla, carne, calamares, patatas, chocolate, limonada, azúcar (asúkal) y manzana, pera, uvas, papaya, melón y pomelo. Partes del hogar y los muebles continúan siendo llamados puerta, ventana, cama, sofá, aparador y escaparate. Los meses y los días de la semana son en castellano. Lo mismo ocurre en la ropa: pantalón, blusa, zapatos, camiseta, calzoncillo, sombrero, corbata y algunas palabras antiguas como chinelas y saya. También las familiares (padre y madre, abuelo y abuela, compadre y comadre), partes del cuerpo (cabeza, mano, brazo, lengua), oficios (carpintero, barbero, dentista, mecánico, basurero, juez, sastre, capitán), religión (iglesia, católico, Dios, Virgen María), negocios y servicios (botica, banco, hacienda, cementerio), animales (toro, caballo, pato) y flores (rosas, jazmín).

Se pide “permiso”, una característica nacional es el “amor propio”, los hombres tienen “queridas” pero no se usa “queridos”, y hay “guapos” pero no “guapas” (a pesar de la aparente inequidad de género ha habido dos “presidentas”). Si uno está “aburrido” se va a una “fiesta”, toma un “café” o una “cerveza” San Miguel y se despide con un “adiós”.

En la ciudad colonial (“Intramuros”) perduran las murallas casi intactas, el Fuerte de Santiago que domina el río, la iglesia de San Agustín (la más antigua del país), el manuscrito del héroe nacional José Rizal El último adiós y una mansión reconstruida (Casa Manila) con bellísimos muebles antiguos de rejilla y estupenda cerámica española. El Museo Ayala tiene la mejor colección de oro que he visto, y el Museo del Pueblo Filipino exhibe los restos del galeón San Diego hundido en 1600 con un centenar de piezas de vajilla española.

Filipinas es una sociedad multiétnica, gran parte de la población es de descendencia china, y muchos son ricos. Los dos hoteles más lujosos son el Sangri-la y el Mandarín. Chinatown se extiende dos kilómetros, flanqueada por dos puertas chinas, y atiborrada de establecimientos de todo tipo. El enorme cementerio chino está lleno de “apartamentos”, muchos de dos pisos, con aire acondicionado, cocina y baño. Para el día de difuntos los familiares van en la víspera, duermen en el piso superior, y al día siguiente preparan sus comidas y juegan al dominó o al majong frente a las tumbas de sus antepasados.

La influencia norteamericana es evidente, la comida rápida (McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Dunkin Donuts) ya está creando obesidad. El pasatiempo en Manila es el malling, pues el calor es abrumador y los malls tienen aire refrigerado. En Makati (el centro de negocios y de los grandes hoteles), el Greenbelt Mall se compone de cinco edificios inmensos, conectados por jardines tropicales, tiendas de marcas famosas y docenas de restaurantes.

El tráfico en Manila es horroroso (peor que en Ciudad México). Una distancia corta que el domingo se recorre en taxi en 20 minutos, toma una hora y media durante días de trabajo. El vehículo más popular es el jeepney, un híbrido con frente de jeep y alargado atrás para dar cabida a 16 pasajeros. Hay un tren elevado, siempre abarrotado, y los buses grandes son escasos.

Los filipinos son muy amables y corteses. Un gesto común de bienvenida es llevarse la mano derecha al corazón o una pequeña reverencia. A pesar de sus penurias lucen risueños y aman las “fiestas” y la música.

El 14 de septiembre de 1936, hace 75 años, Pío XI recibió en su residencia veraniega de Castelgandolfo a un grupo de unos 500 españoles, escapados del terror revolucionario. Transcurridos ya casi dos meses desde el estallido de la guerra de España, sería la primera toma de posición pública del Papa. Según los archivos secretos vaticanos recientemente abiertos, tres veces el secretario de Estado, Pacelli, había sugerido a su Santidad la conveniencia de una condena pública de la persecución religiosa, pero Pío XI se había limitado a las protestas diplomáticas del encargado de la Nunciatura (que no se cerró en toda la guerra) ante el Gobierno de Madrid y de Pacelli ante el embajador de la República en el Vaticano, Zulueta.

Pío XI, buen orador, solía pronunciar sus discursos sin papeles, pero aquel día no solo lo leyó sino que hizo preparar una cuidada traducción española, que se distribuyó a los asistentes.

Empezó con una sentida lamentación por las víctimas, pero en vez de sacar la consecuencia, que algunos de los presentes esperaban, de que aquello era una guerra santa, como estaban ya proclamando algunos eclesiásticos, expresó su horror por aquella guerra fratricida, “la guerra civil, la guerra entre los hijos del mismo pueblo, de la misma madre patria”.

Citando a Manzoni, añadió: “Bien se ha dicho que la sangre de un solo hombre ya es demasiado para todos los siglos y para toda la tierra, ¿qué decir en presencia de las matanzas fraternas que todavía se anuncian?”.

Por si fuera poco, hacia el final de su alocución el Papa formuló una velada acusación contra los sublevados: “Por encima de toda consideración política y mundana, nuestra bendición se dirige de modo especial a cuantos han asumido la difícil y peligrosa misión de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión, que es tanto como decir los derechos y la dignidad de las conciencias, condición primera y la base más sólida de todo bienestar humano y civil. Misión, decíamos, difícil y peligrosa, también porque muy fácilmente el esfuerzo y la dificultad de la defensa la hacen excesiva y no plenamente justificable, además de que no menos fácilmente intereses no rectos e intenciones egoísticas o de partido se introducen para enturbiar y alterar toda la moralidad de la acción y toda la responsabilidad”.

En el último párrafo del discurso exhortaba a amar a los enemigos, tal como manda el Evangelio: “Amar a estos queridos hijos y hermanos vuestros, amarlos con un amor particular hecho de compasión y de misericordia, amarlos y, no pudiendo hacer otra cosa, rezar por ellos”. Pío XI dijo repetidas veces, a lo largo de la guerra civil, que quería ser el padre de todos los españoles.

La mayoría de los prófugos españoles presentes escucharon emocionados las consoladoras palabras del Papa y guardaron con devoción el ejemplar que les dieron del discurso traducido, pero algunos ultraderechistas, partidarios del alzamiento, entre defraudados e indignados, dejaron escapar murmullos de desaprobación, y hasta hubo quien arrojó despectivamente al suelo el folleto recibido. Uno de ellos, Luis Antonio de Vega, un año más tarde recordaba sarcásticamente en el semanario donostiarra Domingo el discurso, que él atribuía a Pacelli: “Y entonces fue el discurso de vocablos de hielo, las frases que podían haber sido escritas o dictadas por el ministro de Estado de una potencia a quien no angustiara de un modo particular la infinita angustia de España, y cuya preocupación máxima fuera la de no comprometer a su país con alguna palabra imprudente”.

La propaganda rebelde difundió ampliamente el discurso de Castelgandolfo en lo que la favorecía, pero suprimió la alusión a los excesos de los que se decían defensores de la Iglesia. Es especialmente significativo el caso del obispo de Salamanca, Pla y Deniel. Al recibir la versión mutilada, la publicó tal cual en su Boletín Eclesiástico del 30 de septiembre, y la acompañó de su pastoral Las dos ciudades, sin duda la más importante, teológica y políticamente, de todas las cartas pastorales sobre la guerra civil. Cuando poco después le llegó el texto pontificio completo, lo hizo publicar en el número siguiente del Boletín, pero no se retractó nunca de aquella pastoral.

Parece ser que Franco, que todavía en su discurso de toma de posesión de la jefatura del Estado, el 1 de octubre, había hablado de separación de Iglesia y Estado, instalado en el palacio episcopal de Salamanca, la leyó y estimó aprovechable la ideología nacionalcatólica allí expuesta. Los demás obispos españoles, engañados por el texto manipulado del discurso de Castelgandolfo, se lanzaron a publicar pastorales de cruzada (¡ni Pío XI ni ningún sucesor suyo han calificado nunca de cruzada nuestra guerra civil!).

También a la zona republicana llegó el discurso de Castelgandolfo en la versión censurada y la prensa lo comentó como una bendición incondicional del alzamiento. Así se difundió en ambos bandos la falsa creencia de que el Papa había apoyado plenamente y desde el principio la rebelión.

Después de cuarenta años de dictadura, impuesta por el generalato sublevado contra la República a los vencedores y vencidos de la terrible guerra civil de 1936, la gran mayoría de los españoles teníamos hambre de libertad. Pero al mismo tiempo nos animaba un irrefrenable espíritu de concordia. Queríamos enterrar para siempre el endémico enfrentamiento entre las dos Españas y acabar con el maleficio que tan acertadamente había descrito Antonio Machado: “Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón”. Mirábamos hacia adelante para construir un futuro basado en la reconciliación como presupuesto imprescindible para una paz sincera y duradera. Por eso hicimos todo lo posible para enterrar cuanto pudiera poner en peligro la convivencia entre los españoles. En lo sucesivo no habría más que una sola España, la de la libertad, la democracia, la justicia y la solidaridad. O eso creíamos.

Tuve el honor de representar a Navarra en las Cortes constituyentes, la legislatura de los grandes y emocionantes momentos históricos. Recuerdo entre ellos el día en que el Congreso y el Senado dieron su aprobación a la ley de amnistía para poner punto final al endémico cainismo de nuestra historia reciente. Cuarenta años después se habían hecho realidad aquellas tardías palabras de “paz, piedad, perdón”, pronunciadas por el presidente Manuel Azaña el 18 de julio de 1938, cuando la suerte de del ejército republicano estaba echada.

En la Mesa del Senado hice amistad con Ramón Rubial, presidente del PSOE, que desempeñaba una de las vicepresidencias de la Cámara. Era uno de los pocos socialistas que tenían valor probado en la resistencia antifranquista, con veinte años de cárcel a sus espaldas. Hablamos mucho de nuestro trágico pasado, pero en sus palabras no había ni odio ni afán de revancha.

Fruto de aquel espíritu integrador fue la Constitución de 1978. No discuto la conveniencia de reformar aquellos aspectos que la experiencia de las últimas décadas ha demostrado que son manifiestamente mejorables. Pero sería una grave irresponsabilidad poner en cuestión los pilares sobre los que se asentó el gran pacto constitucional, como son –entre otros– el Estado social y democrático de Derecho, la atribución de la soberanía única e indivisible al pueblo español, la unidad nacional como fundamento de la Constitución, la monarquía parlamentaria, el reconocimiento del derecho a la autonomía de los diversos pueblos de España, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, la independencia judicial y la de los demás poderes, la separación de la Iglesia y el Estado, la supeditación al poder civil de las Fuerzas Armadas y los principios rectores del ordenamiento económico-social.. No debemos olvidar que la de 1978 es la única Constitución española elaborada por consenso, ni tampoco que fue la primera vez que el pueblo español, en referéndum, ratificó la obra de los constituyentes.

Por este motivo, resulta descorazonador que so pretexto recuperar la “memoria histórica” se hayan reabierto las viejas heridas del pasado. Bien está que se proporcione digna sepultura a los restos de quienes todavía reposan en fosas comunes. Pero no es de recibo que se trate de implantar como dogma de fe la idea de que la II República era un idílico régimen democrático, de forma que a cuantos consideramos que se trató de un clamoroso fracaso colectivo, previsible por su sectarismo, se nos acuse de ser herederos ideológicos de quienes se levantaron en armas contra aquel estado de cosas.

Una de las falacias más extendidas es la de definir la guerra civil como una confrontación entre los defensores de la libertad y un grupo de militares golpistas, secundados por quienes luchaban a sangre y fuego por los privilegios de la Iglesia y de la clase dominante. La verdad es muy otra. Los únicos que brillaron por su ausencia en la España republicana fueron los auténticos demócratas. Porque si en el bando nacional, el nuevo régimen se deslizó en un principio hacia los postulados de la Falange, más próximos al fascismo italiano que al nacional-socialismo hitleriano, en el lado republicano el único gran partido de masas era el PSOE, anclado en el marxismo, que en octubre de 1934 se había sublevado contra el Gobierno para implantar la dictadura del proletariado. Sin olvidar que, durante la guerra, el ejército “rojo” quedó en buena parte bajo el control del Partido Comunista.

Es cierto que hubo crímenes espantosos por ambas partes, que mancillaron los ideales de unos y otros. Aquí no vale decir “y tú más”. Pero no es de recibo que tengamos que rendir homenaje por su contribución a la causa de la libertad a quienes en las filas republicanas cometieron terribles crímenes contra la humanidad, como el genocidio de más de siete mil sacerdotes, frailes y mojas, asesinados por el mero hecho de serlo, el exterminio en Paracuellos de varios miles de personas y tantas otras matanzas. Por eso resulta sorprendente que socialistas y comunistas proclamen sentirse “orgullosos” de un pasado que nos avergüenza a todos.

Lo peor que nos puede pasar a los españoles de hoy es tener que dilucidar, setenta y cinco años después, si nuestros antepasados estuvieron en el bando de los “buenos” o  en el de los “malos”. Es lo que quiso evitar la Constitución. Durante el proceso constituyente se produjo la “refundación” de los partidos de izquierda, que renunciaron a su ideología originaria para insertarse en una democracia avanzada de corte occidental.  Por otra parte, las actuales formaciones del centro-derecha español nada tienen que ver con el régimen franquista. El colmo del dislate es decir que la dictadura se “reencarnó” en el nuevo régimen constitucional por imposición de los llamados “poderes fácticos”. Aquí el único residuo de la España negra es el terrorismo de ETA. Pero eso es otra historia.

Cuando un Jefe de Estado tiene la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, su condición de dictador no debiera admitir mucho debate. Se puede, naturalmente, explicar la situación que llevó a millones de españoles a apoyar en un determinado momento esa forma de gobierno y se puede valorar si fue excesiva la duración de un poder que muchos concibieron transitorio o si la paulatina reducción de las omnímodas facultades iniciales debió hacerse a un ritmo más acelerado. Lo que resulta estéril es que unos quieran negar o disimular la dictadura y otros pretendan ennegrecer sus perfiles para convertirla en tiranía.

Si de lo que se trata es de que las futuras generaciones valoren la vida democrática y rechacen todos los gérmenes de confrontación civil, hay que explicarles con toda veracidad que, con sus muchas imperfecciones, nuestra presente democracia es la más amplia, estable y duradera de nuestra historia y que su precedente más cercano, que es el de la Segunda República, sufrió la amenaza expresa de la dictadura del proletariado y estuvo a punto de desembocar en ella. Si la historia no se cuenta como fue, nuestros nietos acabarán creyendo que la Segunda República era un idílico paraíso en el que todos los estudiantes vivían en la Residencia de Jiménez Fraud, todos los trabajadores tenían trabajo en su propio término municipal y todos los españoles recitaban a Lorca y a Cernuda y respetaban las ideas y los derechos de los demás como si vivieran en Suiza, hasta que Franco y otros militares amigos suyos acabaron con la fiesta.

Las cosas, desdichadamente, no eran así, y Pedro Salinas, que no es sospechoso, se mostraba feliz de alejarse de «esta olla de grillos rabiosos» cuando en marzo de 1936 anunciaba a Guillén que iba a dar un curso en Boston: «Me encanta poder salvarme de este ambiente hispánico, cada día más envenenado, más sembrado de odios y rencores, más hostil a los gustos nobles y al trabajo alegre. Yo tengo la impresión de que todo va ¡aún! a empeorar y ese viaje es una verdadera salvación, yo así lo siento».

Es de Francesc Cambó la advertencia de que en 1936 «la invasión bolchevique se estaba adueñando del poder», y Fernando Chueca Goitia, prototipo de liberal, sostuvo por su parte que Franco no se impuso a la sociedad, sino que fue la sociedad la que impuso a Franco, a gusto y contento de todos, y que la responsabilidad histórica de la existencia de Franco la comparte «una fracción mayoritaria de la nación, porque en ella se encontraban, no sólo las llamadas derechas, sino buena parte del movimiento liberal y republicano, como lo demostraron las conductas de grandes prohombres de la izquierda intelectual». El hecho de que no quepan en este artículo no me impide añadir que se podrían aportar cientos de testimonios semejantes, desde Ortega a Madariaga y desde Gil Robles a Marañón, que no fueron precisamente panegiristas del Régimen.

Un Régimen que desembocó en la Monarquía de Juan Carlos I y en la democracia que la transformación económica, cultural y social de aquellos años había hecho definitivamente viable.

Como estos matices se escapan a quienes, en el mismísimo Parlamento y sin adecuada réplica, se aventuran a comparar el Régimen de Franco con el nazismo y generalizan su comprensible discrepancia con algunos puntos concretos, hasta el extremo de calificar un diccionario de cincuenta tomos como «un insulto a la inteligencia, a la ciencia y a la historia» y «una ofensa a la memoria de los ciudadanos demócratas de este país», conviene al buen sentido efectuar algunas puntualizaciones.

La mía es muy sencilla y tiene por objeto aclarar al hipotético lector joven de estas líneas que antifranquismo y democracia no son, ni mucho menos, términos equivalentes. Los demócratas de verdad que en virtud de sus propias convicciones criticaron, se opusieron y padecieron durante el Régimen de Franco no merecen ser confundidos con quienes, en su insensata pretensión de sustituirlo por otro tipo de dictadura, contribuyeron a reafirmarlo y obstaculizaron durante años la apertura democrática que tantos deseábamos.

Las hemerotecas no mienten, y algunos conservadores, a falta de grandes patrimonios que conservar, guardamos cuidadosamente publicaciones, entonces clandestinas, cuya lectura debería hoy producir rubor a quienes se proclaman herederos de aquellos luchadores o impedirles al menos la inverecundia de dar efecto retroactivo a su conducta democrática de hoy. No hace falta remitirse a los años treinta. Los comunistas españoles de los años sesenta y setenta creían en la aplicación creadora del marxismo-leninismo, consideraban que la revolución rusa de 1917 era una fuente de enseñanza en la que bebían revolucionarios del mundo entero, proclamaban que había sido correcta la línea revolucionaria del partido bolchevique, se atrevían a decir que Rusia era el país de mayor libertad política del mundo, sostenían impávidos que tenían excelente impresión sobre la situación de China y rendían homenaje a la transformación de la República de los Soviets en la forma política de la Dictadura del Proletariado. Miente quien diga que «Hora de Madrid» o «Mundo Obrero» fomentaban valores democráticos cuando, obsesionados con la huelga general, la proponían tanto para solidarizarse con terroristas procesados como para impedir la instauración de la Monarquía.

No lo estoy inventando: lo tengo delante. Es perfectamente comprensible que muchos de los que entonces reflexionábamos sobre el futuro de España deseáramos evolucionar, pero no en esa dirección. Por eso tuvimos que rectificar bastante menos que lo que rectificó el Partido Comunista para que todos nos encontráramos en la Monarquía democrática. Si el Rey Juan Carlos I logró una reconciliación que parecía utópica, ¿a qué viene retroceder ahora, sembrando de nuevo vientos de discordia?

Los relevos generacionales no justifican la ignorancia de la historia, y mucho menos que intente adulterarla una izquierda que tiene tanto que callar. Pretender que Largo Caballero era un demócrata que merece estatua e intentar que Franco no descanse definitivamente en paz en el lugar que la inmensa mayoría de los españoles de la época consideraron absolutamente natural es volver a cometer errores que no van a aportar nada positivo a la convivencia nacional. Los políticos están para resolver problemas, no para crearlos.

Con motivo de una intervención del presidente del Congreso en julio, se ha suscitado un debate acerca de unas palabras de Manuel Azaña pronunciadas en un discurso en plena Guerra Civil, reclamando a las generaciones futuras que recuerden el grito de los muertos que sólo piden paz, piedad y perdón.

Estamos ante uno de los textos de Azaña más citados y menos leídos. Recordemos el momento. Julio de 1938. El Gobierno le pide a Azaña que se dirija a la opinión pública y éste eleva el contenido del debate, se sitúa al final del discurso más allá de la coyuntura inmediata. Comienza narrando lo que, a su juicio, ha ocurrido desde el 18 de julio del 36.

Se ha producido un golpe militar contra el Gobierno legítimo de la República, que no ha triunfado por dos razones: porque una parte del Ejército español se ha mantenido fiel a la República; y porque muchos sectores populares han salido a la calle en defensa de la libertad. Por ello, ante el fracaso del golpe se ha iniciado una guerra civil en la que los golpistas cuentan con el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Y, a pesar de sus esfuerzos, los gobernantes republicanos no han conseguido convencer a las democracias europeas (a Inglaterra y a Francia) para que apoyen al Gobierno legítimo y no abandonen a su suerte a la República.

En ningún momento el pensamiento y la actitud de Azaña se pueden vincular a una Tercera España equidistante entre los unos y los otros; Azaña se mantiene fiel a su compromiso republicano y a su sentimiento nacional. «…Os permito, tolero, admito que no os importe la República; pero ¡que no os importe España! ¡Que podáis creer que es lícito seguir siendo neutrales cuando España está invadida y en peligro de que pase al dominio de un país extranjero! Eso no puede ser. Esa neutralidad equivale a la traición. Hay que llamarlos a todos, a todos, porque la bandera republicana ha adquirido el valor de la bandera de la independencia española y quien no se agrupe en torno suyo y no preste el auxilio que pueda, donde sea, falta a su deber; no ya a su deber de republicano, sino a su deber de español», dirá en otro de sus discursos.

Así pues, no hay en la actitud de Azaña nada semejante a una equidistancia entre los rebeldes y el Gobierno de la República. Pero, siendo fiel a ese compromiso, fue capaz de percibir el desastre que la guerra había provocado en la nación. Pocos advirtieron como él que había resurgido una cultura cainita, donde anidaban el odio y el miedo, y donde se fomentaba la cultura del exterminio del otro.

Este Azaña, atormentado por lo que estaba ocurriendo, es el que percibimos al leer sus Memorias políticas y de guerra. Las palabras que Bono leyó no se pueden entender como un aval a una equidistancia entre los golpistas y el Gobierno republicano; no hay tal, pero tampoco se puede olvidar que, como dice Garcés (Azaña) en esa gran obra de teatro que es Velada en Benicarló: «Admito, admiro y agradezco el alzamiento popular en defensa de la República. Pero usted no ignora que dentro de él han ocurrido abusos monstruosos. La crueldad, la venganza, hijas del miedo y de la cobardía me avergüenzan».

Cuando su interlocutor le replique que mayores atrocidades comenten los rebeldes, Garcés (Azaña) le contesta: «Pero esto no es una compensación. Ellos son la negación de la ley, nosotros somos el Gobierno, la legitimidad, la república. Una conducta noble, sin otro rigor que el de la justicia, habría robustecido la autoridad de nuestra causa. Yo estaba en Madrid la terrible noche de agosto en que fue asaltada la cárcel y asesinados por una turba furiosa algunas personas conocidas. Yo también hubiera querido morirme aquella noche o que me mataran».

Estamos ante la misma reflexión que Azaña realiza en sus memorias. Sabemos la conmoción que significó para él la muerte de Melquiades Álvarez y cómo deseó presentar su dimisión como presidente de la República, ante lo ocurrido aquella terrible noche de agosto del 36. Quizá por ello tiene más fuerza todavía su compromiso con la causa republicana. Se queda con la República, defiende sus valores, pero es consciente de que se ha incubado un odio que será difícil olvidar.

Las reacciones ante el texto leído por Bono reflejan un gran desconocimiento del pensamiento de Azaña. Un gran desconocimiento de los que tratan de situarlo en una tercera vía, equidistante entre los dos bandos y de los que desconocen que la conciencia de horror fue constante en los republicanos. Azaña, Fernando de los Ríos, Prieto Zugazagoitia; todos eran conscientes de la necesidad de recordar para no olvidar.

Fue tan larga la dictadura de Franco que este legado de los republicanos exiliados se fue perdiendo. Cuando llegó la Transición tampoco se recuperó, por ese deseo de pasar página. Fue tal el uso y el abuso del término nación por la dictadura, que son muchos los que no comprenden que para los republicanos la nación era la nación en armas, que se había manifestado a favor de la bandera republicana y que estaba dispuesta a luchar por defender la independencia de España.

Sería muy deseable volver a leer todo Azaña para recordar que la fidelidad a los valores republicanos no se realizaba desde una concepción ciega ante la barbarie. Azaña no hace como Unamuno y se sitúa frente a los Hunos y los Otros; no se va al exilio como Ortega; se mantiene en su puesto, pero no cierra los ojos. Es capaz de comprender que hay una enfermedad que anida en la conciencia española, que hace que la nación se haya construido en contra de la tolerancia, a favor del exterminio. Y esta es la lección que quiere transmitir a las nuevas generaciones: «Me levanté para decir que no es aceptable una política cuyo propósito sea el exterminio del adversario, exterminio ilícito y además imposible, y que si el odio y el miedo han tomado parte en la incubación de este desastre, habría que disipar el miedo y habría que sobrepasar el odio, porque por mucho que se maten los españoles los unos contra otros, todavía quedarán bastantes que tendrían necesidad de resignarse -si es que éste es el vocablo- a seguir viviendo juntos si ha de seguir viviendo la nación».

ÉSTA ES la clave. Si ha de seguir viviendo la nación es necesario superar la cultura del exterminio. Esto es lo que Franco combatió hasta el final de su dictadura, fundada justamente en la cultura del exterminio. Y esto es lo que la oposición democrática reclamó desde muy pronto: superar la cultura de la violencia, superar el clima de guerra civil, lograr la convivencia con el otro, y afianzar así una cultura de la democracia y de la tolerancia.

Azaña nunca se situó en un limbo de neutralidad moral. Pero fue consciente de que ser republicano no significaba cerrar los ojos ante la barbarie, ni consolarse porque mayor era la represión y la crueldad de los rebeldes, sin comprender que ellos (los republicanos) eran los representantes de la legitimidad, del Gobierno y de la ley. Los sucesos terribles de la retaguardia no le impidieron ser fiel a su compromiso, no le forzaron al silencio o al abandono, ni a la ceguera o al olvido; por ello llamaba a las nuevas generaciones a recordar para impedir la vuelta de la intolerancia, del odio y del apetito de destrucción, haciendo honor así a la lección que transmiten los muertos, que ya sólo quieren paz, piedad y perdón.

Uno de los acontecimientos más alevosos contra la libertad de expresión perpetrados por el Gobierno del Frente Popular en los días subsiguientes al golpe de estado del general Franco, fue la clausura e incautación de un centenar de periódicos de toda España, siendo el más significativo ABC. A media mañana del 20 de julio de 1936 Unión Radio informaba de la decisión del Gobierno de la República de cerrar el órgano monárquico de los Luca de Tena, sin que la orden fuese comunicada oficialmente a la dirección del diario, que estaba en manos del inefable Luis de Galinsoga.

Aquel 20 de julio el subdirector de ABC, Alfonso Rodríguez Santamaría, a su vez presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, y Rogelio González-Úbeda, director gerente, reúnen a los redactores, ante la incomparecencia de Galinsoga, y les ordena que abandonen el edificio de Serrano 61 ante la certeza de que el periódico iba a ser ocupado por miembros incontrolados del Sindicado de Artes Gráficas enviados por el ministro de la Gobernación. Unión Radio acababa de confirmar que habían sido incautados los periódicos ABC, «Ya», «El Debate» y «El Siglo Futuro», entre los de Madrid, y que la llegada de los nuevos ocupantes era inminente. Alfonso Rodríguez Santamaría sería detenido en su domicilio el 20 de agosto y fusilado en la Dehesa de la Villa.

ABC no aparecería hasta el 25 de julio dirigido ya por Augusto Vivero, un mediocre periodista olvidado que se había distinguido por su actuación en el asalto al Cuartel de la Montaña. Solo tres miembros de la plantilla anterior permanecieron en la Redacción, según nos contaría años después Serafín Adame, redactor del diario «Pueblo» en los sesenta, uno de los que entró con el equipo de Vivero.

El estilo panfletario que se imprimió al histórico rotativo ahuyentó enseguida a su público tradicional y en pocos días se produjo una caída en la tirada que alarmó incluso al Gobierno de José Giral, al ver que se frustraba su operación propagandística. El potencial nuevo lector del ABC republicano (15 céntimos de peseta) al que Vivero quería captar no aparecía, y los nuevos responsables aducían que la falta de papel y otras materias primas hacían imposible la salida del periódico en condiciones decorosas. Falso argumento que tiempo después nos desmentiría Rogelio González-Úbeda, director gerente de Prensa Española. La verdad, tal como puede apreciarse en la magnífica Hemeroteca onlinede ABC, es que el equipo entrante era un desastre sin paliativos y durante días estuvo viviendo de las bravuconadas de la nueva línea editorial y de los cuantiosos reportajes intemporales y apolíticos que tenía preparados la vieja Redacción, un extraordinario equipo de periodistas, muchos de ellos asesinados a lo largo de la Guerra Civil.

Pero Augusto Vivero, enloquecido por complacer a la nueva clientela que no llegaba, cometió un error que no se le iba a perdonar. En los primeros días de agosto publicó en las páginas gráficas, el peculiar huecograbado de ABC, y a gran tamaño, las fotografías de las momias de unas monjas desenterradas por incontrolados armados de la madrileña iglesia de las Calatravas. El escándalo fue mayúsculo. El propio Giral dio orden de suspender en la dirección de ABC al incompetente Augusto Vivero. Esas imágenes fueron reproducidas por la prensa extranjera, lo que contribuyó aun más al descrédito de la República, a decir por los despachos que llegaban desde las Embajadas al ministro de Estado Barcia Trelles.

A José Giral le dan un nombre: Elfidio Alonso, diputado por Tenerife, y le ordena al ministro de la Gobernación que proceda al relevo de Vivero. Sería Manuel Muñoz, atrabiliario director general de Seguridad, el encargado de hablar con Elfidio para que sin pérdida de tiempo tomara las riendas de ABC, lo que lleva a cabo el 13 de agosto después de conminar a Augusto Vivero a que abandonase el edificio.

Ese mismo día 13 de agosto Elfidio Alonso, instalado provisionalmente en el despacho que había ocupado Rodríguez Santamaría, llama a Manuel Espinosa, al que nombra redactor jefe con amplios poderes sobre la Redacción y con el encargo de que no se publique ni una sola línea que no haya sido autorizada por la Dirección, según había comprometido él mismo ante Manuel Muñoz. El periódico, dentro de su estrategia propagandística, se modera. Elfidio empieza a publicar artículos de colaboradores menos fanáticos. Incluso llega a contar con plumas realmente relevantes como la de Julián Marías, y él mismo escribe a diario el editorial, templado dentro de la locura del cambio de orientación que había sufrido ABC desde que fuera arrebatado a sus legítimos propietarios.

Pero Elfidio Alonso, a quien conocí en los años setenta durante una larga conversación junto con otros compañeros, hizo algo más. Durante el mes escaso de Vivero y su redacción mercenaria, el Archivo —el gran tesoro de la Casa— había sido utilizado sin orden ni concierto y la colección del diario se amontonaba desordenada y maltrecha por el suelo, con páginas arrancadas y otros atentados a la historia del periódico. Manuel Espinosa puso a dos personas de su confianza al cargo del Archivo y en pocas semanas las carpetas de fotografías y documentos, así como la colección encuadernada que hoy se conserva volvieron a su estado original, es decir, al riguroso orden imprescindible en este tipo de departamentos.

En la charla con Elfidio Alonso a la que hago referencia —él venía de almorzar con su gran amigo y paisano, el periodista de «El País» Juan Cruz— nos contó sustanciosas anécdotas de aquellos tiempos. El mismo día 13, al entrar en la Redacción a saludar a los redactores, varios de los cuales fueron despedidos, vio que la estatua del Fundador, obra de Mariano Benlliure, que presidía aquella sala, tenía sobre su cabeza de bronce una gorra de miliciano. Sin pensárselo dos veces la cogió y la arrojó al suelo, recriminando al anónimo autor de la fechoría con estas palabras: «Sepan ustedes que si estamos aquí es gracias a este señor». Pese a que desde la recuperación del periódico por sus propietarios el 28 de marzo de 1939, y en adelante, no era de buen gusto hablar de Elfidio Alonso, los más antiguos de la Casa lo recordaban como un hombre sensato, afable de carácter y, sobre todo, respetuoso con las instalaciones del edificio, que al final de la contienda quedaron en tan buen estado que el mismo día 29 de marzo pudo salir a la calle ABC, ya de los Luca de Tena.

Prensa Española, en un gesto sin precedentes en los anales del periodismo, publicó en fascículos a finales de los setenta «ABC, doble diario de la Guerra Civil» después de haber recuperado la numeración histórica del diario, interrumpida el 20 de julio del 36, aunque correlativa en la edición sevillana. Aquel coleccionable de carácter histórico, dirigido por Javier Tussel, ponía punto final al fatal desencuentro en la prestigiada cabecera durante la contienda que enfrentó a los españoles.

Por todo ello, al recordar los sucesos vividos en Serrano 61 hace hoy setenta y cinco años, que demolieron la idea fundacional y pusieron en serio peligro la permanencia de ABC, sus instalaciones y recursos materiales, es obligado recordar a quienes como Elfidio Alonso no permitieron su saqueo como ocurriera a otros colegas editados en Madrid que fueron víctima de la incuria reinante, cuando no pasto de las llamas. El 13 de agosto de 1936 fue decisivo en la historia de la Casa de ABC.

El 75. º aniversario del 18 de julio  de 1936 ha sido para mí una noticia inesperada: no recordaba que el lunes pasado conmemoráramos tan trágico acontecimiento. Pero la prensa me hizo caer en la cuenta de una fecha que no debe olvidarse porque significa el fin de una etapa de la historia de España y el desgraciado comienzo de otra, hoy felizmente superada.

No hay duda sobre quiénes fueron los responsables de lo acontecido aquel 18 de julio: los propios golpistas, los sublevados, la trama militar y civil que desde sus comienzos intentó derribar a la República para restaurar el antiguo orden. Los generales Sanjurjo, Mola y Franco, así como sus seguidores, fueron los principales culpables de la rebelión militar iniciada ese día. Ysi tuviéramos que encontrar corresponsables deberíamos apuntar hacia el Gobierno de la República, presidido por Casares Quiroga, que mostró una total ineptitud para prevenir y reaccionar con inteligencia ante el golpe militar.

Pero una cosa es la responsabilidad de la sublevación militar y otra la responsabilidad de lo acontecido durante la cruel guerra civil que enfrentó a las famosas dos Españas de Machado. Esta última responsabilidad, la de la guerra civil, es mucho más compartida y alcanza no sólo a quienes se levantaron contra la legalidad republicana sino también a quienes bajo la excusa de defender la democracia vulneraron todos sus valores y principios. En efecto, nada más empezada la guerra, el bando republicano se dividió entre quienes defendían el régimen político legítimo y quienes pretendían aprovechar las circunstancias para cambiarlo. Además, esta división inicial fue, quizás, el principal motivo por el que se perdió la guerra.

Muchos republicanos fueron conscientes de este grave error. Pocos, sin embargo, lo denunciaron entonces. Uno de ellos fue el periodista y escritor sevillano Manuel Chaves Nogales, en aquel tiempo director del diario republicano Ahora,hasta hace poco un perfecto desconocido. Gracias, especialmente, a Andrés Trapiello, María Isabel Cintas, Xavier Pericay y Arcadi Espada, sus escritos se están editando en España desde hace unos años. Son piezas de un gran interés literario y político. En esta ocasión es inevitable referirse a su libro de relatos breves sobre la guerra civil que lleva por título A sangre y fuego (Espasa, Madrid, 2006). Se trata de un volumen breve, escrito en el exilio francés entre enero y mayo de 1937, del que cabe destacar, en especial, su prólogo, insólitamente lúcido, sobre todo si tenemos en cuenta el temprano momento de su redacción.

Chaves se define como intelectual liberal, antifascista y antirrevolucionario. “Con el debido respeto – dice Chaves-todo revolucionario me ha parecido siempre algo tan pernicioso como cualquier reaccionario”. Y añade: “Mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la estupidez y a la crueldad. (…) Pero la estupidez y la crueldad se enseñoreaban de España (…) Idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos. (…) Un hombre como yo, por insignificante que fuese, había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los unos y por los otros”.

“Cuando estalló la guerra – sigue Chaves-me quedé en mi puesto cumpliendo mi deber profesional (…) Vi entonces convertirse en comunistas fervorosos a muchos reaccionarios y en anarquistas terribles a muchos burgueses acomodados. La guerra y el miedo lo justificaban todo. (…) Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y no había nada que salvar (…) Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros, los bandidos del Tercio y los asesinos de Falange, que a la de los analfabetos anarquistas o comunistas (…) Yo he querido permitirme el lujo de no tener ninguna solidaridad con los asesinos”.

Fatalista, Chaves advierte: “El resultado final de esta lucha no me preocupa demasiado. No me interesa gran cosa saber que el futuro dictador de España va a salir de un lado o de otro de las trincheras (…). El hombre que encarnará la España superviviente surgirá merced a la guerra, que hace sucumbir a los mejores. ¿De derechas? ¿De izquierdas? ¿Rojo? ¿Blanco? Es indiferente (…) Sea quien fuere, será un traidor a la causa que hoy defiende”. Y acierta al profetizar la llegada de “un gobierno dictatorial que con las armas en la mano obligará a los españoles a trabajar desesperadamente y a pasar hambre sin rechistar durante veinte años, hasta que hayamos pagado la guerra (…) Habrá costado a España más de medio millón de muertos (…). Cuando llegué a esta conclusión abandoné mi puesto en la lucha (…). Me expatrié cuando me convencí de que nada que no fuese ayudar a la guerra misma podía hacerse ya en España”.

Eso lo escribía Chaves a comienzos de 1937. Una España se levantó en armas contra la República confundiendo a esta con la otra España. Pero no había dos sino tres: a esta tercera España, que hasta la transición no fue una inmensa mayoría, le debemos la democracia. Entre sus precursores está el exiliado Manuel Chaves Nogales, muerto prematuramente en Londres el año 1944.

Hay aniversarios que se celebran  con muchos fastos y pompas, otros que se evocan con la punta de la pluma y otros más que se olvidan, ya sea voluntariamente o por haberlos expulsado la memoria de sus archivos. El del año 711 pertenece a esta última categoría. ¿Qué sucedió ese año? Que los árabes entraron en la península ibérica. Se cumplen ahora 1.300 años. Un cifra redonda, pero que ya no significa nada para las generaciones españolas de esta primavera de los indignados.Para los árabes tampoco. Esa entrada del islam en la escena española ha quedado completamente olvidada.

No llegaron para una simple visita de cortesía entre vecinos ni para un cambio de aires. Llegaron para quedarse.

De 711 a 1492, Al-Ándalus fue árabe, musulmana, judía, cristiana. Una excepcional armonía reunió las tres religiones monoteístas hasta la llegada de Fernando de Aragón, marido de Isabel la Católica, quien puso en marcha la Inquisición, que expulsaría a los no católicos de España tras perseguirlos ferozmente. En 1470, Isabel obtuvo del papa Sixto IV la bula que creó la Inquisición en España. Muchos judíos y musulmanes se convirtieron al catolicismo, pero de forma insincera, lo que llevaba a que fueran juzgados y condenados. La tortura estaba permitida (el agua, el potro y el fuego) y era una práctica habitual en aquellos tiempos.

La Inquisición duró hasta 1820. Había que obtener el arrepentimiento del acusado. Se levantaron piras. Se quemaron brujas, y luego judíos y musulmanes. Fue la época negra del catolicismo. Goya dio testimonio de ella.

El reino de los visigodos se derrumbó justo antes de la fecha fatídica de 711. Córdoba y Toledo cayeron en manos de los ejércitos musulmanes bajo la dirección de Tariq ibn Zayad, que cruzó el estrecho de Gibraltar. Sería seguido al año siguiente por el gobernador de Túnez, Musa, que se presentó en Granada y Málaga con 18.000 hombres. Durante los ocho siglos de esa presencia en tierras de España, se erigieron monumentos que constituyen hoy una parte importante del patrimonio histórico universal. La Alhambra (la roja) está considerada la acrópolis medieval más majestuosa del mundo mediterráneo; en cuanto a la gran mezquita de Córdoba, los historiadores la consideran “el testigo más prestigioso de la presencia musulmana en España”.

Cuando paso por Granada visito dos veces la Alhambra, una vez de día y otra de noche. Esa maravilla que da fe de la excepcional riqueza de una edad de oro de la civilización árabe. La época del árabe como lengua del saber y la inteligencia. Los tiempos de la apertura al mundo y a la cultura de los otros pueblos, una actitud recomendada por el Corán a los creyentes.

Esa época fértil en creación arquitectónica, en simbiosis cultural de judíos y musulmanes, ya no es muy recordada. El gran historiador francomarroquí Haim Zafrani (1922-2004) dedicó su vida a ese periodo. En una de sus obras, escribió: “He estudiado una etapa casi mítica de la edad de oro medieval durante la cual las élites musulmanas y judías se encontraban en espacios culturales de altísimo nivel”. A los visitantes de las artes árabes en Sevilla, Córdoba, Toledo o Granada les importa poco el origen de esa estética.

Los árabes de hoy saben poco de esa historia, pero no es que los manuales escolares la hayan olvidado, sino que enfrentados a las dificultades que tienen para mantener su lugar en la historia algunos han descuidado el pasado, han empujado la memoria hacia tierras lejanas.

¿Qué hacer? Sencillamente, recordar a los niños de España y el mundo árabe lo que fue aquella época, lo que aportó a la humanidad, y que aquellos a quienes se llama hoy, con un punto de desprecio, los moros tuvieron como antepasados a sabios, artistas, creadores generosos que celebraban el arte y la belleza sin pensar en atribuirse mérito alguno.

Es necesario que esa expresión, “los moros”, desaparezca de la lengua castellana. Es vector de racismo banal, ordinario, cotidiano. De nada sirve borrar las páginas de la memoria. Ciertas páginas de la historia hay que pasarlas, pero antes hay que leerlas. El olvido o la indiferencia no son una solución.

Victor Hugo canta esa época en Las orientales: “¡Alhambra! ¡Alhambra! Palacio que los genios doraron cual sueño de armonía lleno; baluarte de almenas ornadas y en ruinas, se oye en ti la noche de sílabas mágicas al sembrar la luna, por mil  arcos árabes, muros de trébol blanco”.

Las relaciones políticas y culturales entre España y el mundo árabe (y, más precisamente, el Magreb) deben preservarse, desarrollarse y mejorarse. Ser vecinos constituye a veces una deventaja (véanse las tensiones casi permanentes entre Argelia y Marruecos). Sin embargo, 14 kilómetros separan Marruecos y España. Gracias a esa distancia, la vecindad no es un problema. Queda la historia reciente de la presencia española en tierras marroquíes. Todo es posible. Basta buena voluntad política.

La Guerra Civil fue la consecuencia del fracaso de la Segunda República como modelo de convivencia democrática. A algunos, quizá, esta afirmación les pueda parecer muy inexacta al mantener que la Guerra Civil fue provocada por la rebelión de una parte del Ejército contra el gobierno legítimo de la República. Y esto, con ser parcialmente así, no es del todo cierto, puesto que las razones profundas del drama de la confrontación civil estuvieron en el colapso de la República, la destrucción de la democracia a lo largo de la primavera de 1936 y en el proceso revolucionario abierto del sector bolchevizado del Partido Socialista liderado por Largo Caballero.

La situación que se desarrollaba en España durante la primavera y los primeros días del verano de 1936 no ha tenido precedente alguno en la historia contemporánea, comparable sólo a situaciones de gravísimas crisis después de guerras desastrosas, pero sin parangón con ninguna democracia en tiempos normales de paz. El problema fundamental fue la creciente desaparición de la legalidad constitucional ante el estallido de una «situación prerrevolucionaria», algo nunca visto en ningún país europeo en tiempos de paz desde 1848, y que así ha sido admitido por la gran mayoría de los historiadores, incluso por los más favorables a las izquierdas.

El origen de esta situación fue la alianza de los partidos obreros revolucionarios -excepto la CNT- con los republicanos de izquierda. Alianza indispensable para que las izquierdas ganaran las elecciones de 1936, puesto que su intento anterior de arrebatar el poder por la fuerza durante la huelga revolucionaria de octubre de 1934 fracasó estrepitosamente. Y con todo fue una alianza contradictoria entre revolucionarios y republicanos; partidarios los primeros del colectivismo revolucionario marxista, en tanto que los segundos lo eran de una serie de reformas profundas de izquierda.

Pero lo cierto es que la España de 1936 fue el escenario más amplio e intenso de los movimientos revolucionarios de cualquier país del mundo en ese momento. Y ello fue debido al desmoronamiento de la legalidad republicana tras el triunfo algo más que dudoso del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, que dio paso en los meses siguientes a una gran oleada de huelgas sin precedentes, muchas de ellas sin objetivos normales sino buscando dominar la propiedad privada, con frecuencia acompañadas por la violencia y la destrucción de bienes; a la ocupación ilegal de tierras y haciendas, sobre todo en las provincias del sur, a veces legalizada de facto por un gobierno débil y desconcertado, bajo la presión de los revolucionarios y a una ingente oleada de incendios y destrucción de la propiedad.

En el ámbito religioso se produjo la ocupación ilegal y violenta de iglesias y otras propiedades religiosas, principalmente en el sur y en el este, que produjo el cierre de escuelas católicas provocando una crisis en la educación y en algunos sitios la supresión de las actividades religiosas normales y la expulsión física de los sacerdotes. La economía sufrió un declive notable con el descenso de la Bolsa, la huida de capitales, y en algunas de las provincias del sur el abandono del cultivo, con lo que se empobreció aún más el campo y el mundo rural. Sobre la libertad de expresión y el derecho de reunión, se impuso una censura férrea cercenando las libertades políticas, que dieron pie a miles de detenciones políticas arbitrarias de los afiliados de partidos de derecha o liberales. El orden público se vio conculcado por la impunidad de los delitos cometidos por afiliados de los partidos del Frente Popular, con muy escasas detenciones (ocasionalmente se detenía a cenetistas, que no formaban parte del Frente Popular).

La politización de la Justicia con la instrucción de proceder arbitrariamente a detenciones políticas; la ilegalización y disolución de grupos y partidos políticos enfrentados a las izquierdas, comenzando con la Falange en marzo y con los sindicatos católicos en mayo (el próximo objetivo fijado para julio era el partido monárquico Renovación Española); la manipulación del proceso electoral, con los desórdenes del 16, 17 y 18 de febrero, seguidos de la confiscación arbitraria de mucho escaños de los partidos de derechas por la Comisión de Actas de las Cortes en marzo y la exclusión de éstos en la repetición de las elecciones de mayo en Cuenca y Granada, fueron otros hechos que contribuyeron a la deslegitimación de la República.

Pero sin duda alguna que el factor determinante del colapso republicano fue la gran extensión de la violencia política, si bien ésta fue muy desigual y mientras que en algunas provincias hubo una mayor tranquilidad, la peor violencia se dio en las grandes ciudades. Violencia a la que contribuyó de manera notable la subversión de las Fuerzas de Seguridad a través de la reposición de agentes y oficiales de policía procesados y expulsados por sus acciones sediciosas en 1934. Precisamente sería uno de estos agentes, el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés, el que mandó el grupo que secuestró y asesinó al diputado y líder derechista Calvo Sotelo, y del que formaron parte miembros de la escolta personal de Indalecio Prieto. También fue notable la costumbre de nombrar «delegados de policía» a activistas de los partidos socialista y comunista, como personal de policía suplementario para funciones especiales.

Y si bien es cierto que los gobiernos de Manuel Azaña y de Casares Quiroga no estaban muy satisfechos con esta situación, tampoco quisieron actuar para cortarla, porque eso les hubiera costado el apoyo de los partidos revolucionarios, de cuyos votos dependían en las Cortes para mantener sus gobiernos minoritarios en el poder. Y esa alianza tácita entre los revolucionarios y los republicanos de izquierda, hizo imposible la aplicación de la ley o la Constitución. Muchas veces se ha dicho que la causa de la Guerra Civil fue la impaciencia de las derechas con las reformas de la izquierda. Pero si hubo un sector político que demostró paciencia ante las provocaciones, fueron las derechas de la Segunda República, quienes durante cinco años no reaccionaron -en general y salvo contadas excepciones- con violencia a la violencia.

Lo que tuvo lugar en 1936 no fue ninguna «reforma» sino un proceso prerrevolucionario violento. Se ha establecido que la sublevación de 1936 fue «una rebelión contra la democracia», y siendo ello cierto en el sentido de que los sublevados no tenían ninguna intención de restaurar la democracia de 1931-1935, porque para ellos no fue más que una utilización de la izquierda socialista para dar vía libre a un proceso revolucionario, sería mucho más exacto y certero si se dijera que fue una rebelión contra la destrucción de la democracia. Es indudable que si se hubiera mantenido la política constitucional y democrática de 1931-1935 no hubiera habido el menor peligro de guerra civil, salvo, quizá, por otra nueva insurrección -la quinta- de los revolucionarios.

Aunque durante 70 años las izquierdas españolas han condenado la insurrección militar en los términos más negros, la verdad es que entonces muchos de sus líderes la deseaban y hasta trataban de provocarla. Sin embargo y aunque el proceso revolucionario era evidente, no hubo golpe revolucionario de los caballeristas -el sector más importante del Partido Socialista-, que a sí mismos se llamaban «bolchevizados» y «leninistas». Ellos no tuvieron el instinto leninista para hacerse con el poder, sino que esperaban provocar una rebelión que presumían que sería fácilmente dominable, y que provocaría la caída de la izquierda republicana azañista, quien tendría que entregar el poder a Largo Caballero. Como de hecho así ocurriría en los primeros meses de iniciada la confrontación civil.

La crisis provocada por el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo; el modo como se hizo, la identidad de sus autores y la ausencia de respuesta del gobierno, culminaron la polarización de la sociedad y provocó el compromiso de muchos que, como Franco, hasta ese momento no se habían decidido a sumarse a la rebelión que unos pocos militares encabezados por Emilio Mola -el Director- pusieron en marcha tras las elecciones del 36. Y de repente la conspiración ganó mucho terreno.

El fracaso de la rebelión militar que dio paso a la Guerra Civil no fue un proceso en contra de la revolución, sino una contrarrevolución, que es una revolución en contra de ella, como afirma Joseph de Maestre.

Los traumas del periodo que media entre 1929 y 1945 han causado graves problemas en la memoria histórica, y no solo en la historiografía, de todos los países afectados. Al cumplirse los 75 años del inicio de la Guerra Civil es lo primero que conviene destacar. La forma especialmente trágica en que dicho problema fue vivido en nuestro país viene a cumplir el dicho fraguista de que Spain is different, pero en la misma medida que Alemania con la imposición del nazismo, Polonia o Austria al sufrir su invasión o Francia, en agitación permanente hasta ser a su vez invadida, lo vivieron cada una de manera diversa. Los años treinta estuvieron presididos en Europa por el ascenso en apariencia imparable de los fascismos, y ello fue determinante para el curso seguido en España por la crisis endógena, la cual fue resuelta mediante la interminable dictadura militar que tantos conocimos.

Lo que sí resulta específico de España es la pésima situación actual en el ajuste de cuentas con el pasado. Tras unos primeros tiempos en que de un modo u otro los países implicados restañaron heridas acudiendo a relatos simplificados que pudieron evitar a la convivencia la sombra de ese pasado todavía muy próximo, por ejemplo desligando al nazismo de las responsabilidades de la población en Alemania o presentando a una Francia o a una Italia unánimemente resistentes, llegó la hora de contemplar lo sucedido en toda su complejidad. Es lo que en Francia reflejaron filmes como Lacombe Lucien de Malle o Le chagrin et la pitié de Marcel Ophüls, por no hablar luego de los trapos sucios de Mitterrand; en Alemania, libros como Verdugos voluntarios de Goldhagen, o en Italia el reconocimiento del periodo 1943-45 como una auténtica guerra civil entre resistentes y musolinianos bajo la ocupación. Una vez establecida una imagen histórica veraz, a veces después de duras polémicas como la de los historiadores en Alemania, llegó una relativa pacificación, siempre presidida por el refrendo a los contenidos democráticos de esos años de hierro.

En España esto no está sucediendo, y la responsabilidad ciertamente no recae sobre el trabajo de los historiadores, desde distintas orientaciones y en áreas diversas. Entre tantas otras aportaciones, pensemos en las indagaciones casi policiales que han llevado a Ángel Viñas a adelantar un día la fecha de sublevación, centrándose en el verosímil asesinato franquista del general Balmes en Canarias, un obstáculo menos, en su reconstrucción de la España republicana en guerra o, de otro lado, en la línea de estudios sobre la violencia abierta por González Calleja.

De forma discreta, la Ley de Memoria Histórica proporcionó un aval del Estado para restablecer un equilibrio que a los demócratas les había sido negado en cuanto al reconocimiento de su papel en esa historia trágica, con una proyección bien concreta sobre el tema de los asesinados sin tumba. Al estudio pormenorizado de la represión franquista, diseñada de antemano y prolongada durante décadas con decenas de miles de muertos, lo que confirma la idea de un genocidio, siguió el esfuerzo de los descendientes por recuperar los restos de las víctimas de la “operación quirúrgica” anunciada por Franco desde noviembre de 1935. Faltó solo que ese esfuerzo se viera acompañado por la sugerencia de Ian Gibson: que la verdad y el dolor fueran asumidos por todos y para todos, que al lado de las trece rosas fueran sentidas las víctimas de la cárcel Modelo o Paracuellos. Manuel Azaña dio aquí una pauta de la cual la izquierda nunca debió apartarse. Otra cosa son las responsabilidades.

Más grave resulta que amplios sectores de nuestra derecha, esgrimiendo además la idea de una reconciliación entre españoles contra la Ley de Memoria Histórica, se hayan lanzado a repetir los argumentos franquistas para la legitimación del levantamiento militar. La satanización de Garzón, y la consiguiente celebración de su encausamiento, se hicieron en nombre de una visión del 36 que llevó ya a pensar en un alineamiento consciente con los vencedores. Todo análisis de la política republicana, de sus proyectos, ideas y frustraciones, ha sido sustituido por la descripción de un museo de horrores en que la República habría consistido de principio a fin. Los generales alzados, y sus comportamientos criminales desde el primer momento, desaparecen del mapa. Fueron simples instrumentos de una necesidad histórica que les obligaba a poner orden. Gil Robles o Calvo Sotelo no eran sino buenos ciudadanos que como notarios levantaban acta de un desastre, cuya eliminación correspondió a la espada.

De fascismos en Europa, de lo ocurrido en Alemania o en Austria, de lo que esa derecha proponía e impulsaba, de los pistoleros falangistas, ni palabra. Como además los malos de la película, caso concreto del crimen que costó la vida a Calvo-Sotelo, podían ser para el relato y en exclusiva los socialistas de la época, miel sobre hojuelas. Pueden matarse dos pájaros de un tiro, al destruir la imagen del PSOE como partido democrático y reemplazarla por la de heredero de una organización que ejecutó y avaló el crimen político. Aquí sí que respecto de la derecha democrática europea, por desgracia, Spain is different.

Hoy, 18 de julio, es el Día Internacional Nelson Mandela. Así fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre del 2009, día en el que nació el líder antiapartheid sudafricano en 1918, un hombre que durante 67 años (ahora tiene 93) dedicó su vida al servicio de la humanidad, siendo abogado defensor de los derechos humanos, estando privado de libertad durante 27 años y convirtiéndose en el primer presidente democrático de Sudáfrica en 1994. Además, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993. Un día como hoy de 1610 moría el gran pintor del barroco italiano Caravaggio, y el mismo día de 1924 moría el dramaturgo catalán Àngel Guimerà. En medio, en 1873, un 18 de julio Nicolás Salmerón se convertía en el segundo presidente de la Primera República española. Sin embargo, hoy no rememoramos ninguno de esos hechos. Desde 1936 recordamos, año tras año, que aquel 18 de julio fue el principio de la guerra. Y cuando se habla de guerra por parte de la sociedad catalana y española actual solo puede ser una: la guerra civil.

El 17 de julio de 1936, parte de las unidades militares españolas del protectorado marroquí se sublevaron contra el Gobierno republicano y consiguieron el dominio de todo el territorio español del norte de África. Pero fue un error: el 18 era el día señalado para perpetrar el golpe de Estado que se había estado preparando contra el Gobierno republicano para derribarlo de forma rápida y contundente e imponer una dictadura. Fue entre aquel sábado 18 y el domingo 19 cuando los militares que estaban resueltos a tomar el control de las grandes ciudades del Estado se movilizaron y atacaron los diversos pilares del poder democráticamente constituido. Las diferentes guarniciones militares del Estado intentaron hacerse con el dominio de las principales ciudades, y cayeron bajo su poder Pamplona, con el general Mola a la cabeza; las Canarias, dominadas por Franco antes de emprender el viaje hacia Marruecos para encabezar las tropas allí establecidas; Sevilla, bajo el poder de Queipo de Llano; Valladolid, que fue sometida por Saliquet; o las Baleares, controladas por Goded. Pero ni todos los núcleos importantes ni todo el país pudo ser sometido en su totalidad, y en especial no pudieron dominar las dos principales capitales: Madrid y Barcelona, ni otras ciudades y zonas importantes como Valencia, Bilbao o la mayor parte de Extremadura y Andalucía.

En Madrid, el general Fanjul no pudo salir con las tropas del cuartel, el de la Montaña, debiendo claudicar tras resistir hasta el día 20 rodeado por tropas leales a la República, guardias civiles, guardias de asalto y por los que en muy pocos días pasarían a ser conocidos como las milicias populares: elementos civiles armados que en buena parte hicieron que el golpe de Estado no triunfara.

En Barcelona, el domingo 19 los militares insurrectos quisieron llegar hasta los principales edificios públicos para controlarlos con varias columnas que fueron saliendo de los diferentes acuartelamientos de la ciudad, pero encontraron una fuerte y organizada resistencia. Las fuerzas de la Generalitat republicana, Mossos d’Esquadra y guardias de asalto, conocían sus planes y se habían preparado para frenar a los golpistas; la Guardia Civil se puso al lado del Gobierno democrático y aparecieron numerosos civiles, altamente politizados, que no dudaron en jugarse la vida. La tarde del 19 ya podía constatarse la derrota de las tropas insurrectas de Barcelona, que terminó haciendo completamente efectiva el día 20, cuando cayó el cuartel de Sant Andreu, haciendo que el pueblo se apoderara de 30.000 fusiles y por tanto estuviera fuertemente armado.

El fracaso del golpe de Estado en Barcelona marcó el futuro del resto del principado, donde en todas partes también se frustró, y animó a la República a hacer frente a lo que ya empezaba a parecer un hecho evidente: comenzaba una guerra civil.

El golpe de Estado se malogró: por error, las tropas de Marruecos se sublevaron un día antes, buena parte del estamento militar se mantuvo leal a la República, los militares insurrectos no siguieron en todas partes las precisas instrucciones del general Mola, muchos de los soldados que participaron lo hicieron engañados, buena parte del Estado se mantuvo republicano y las principales ciudades, con la ayuda básica de militantes de partidos y sindicatos de izquierdas, hicieron frente y vencieron a un ejército que a priori estaba mejor armado y preparado.

El 18 de julio de 1936 fue bautizado como el día del Alzamiento Nacional, festivo de obligatoria celebración durante los casi 40 años que se prolongó la dictadura, día de paga doble y día de evocación del valor y orgullo franquista. Pero el régimen hizo con esta jornada lo que Serrano Súñer calificó de «justicia al revés» respecto a aquellos que habían defendido la República y eran condenados a muerte o a penas de decenas de años de prisión: para ocultar las vergüenzas transformaron el estrepitoso y evidente fracaso del ejército insurrecto el 18 de julio en un día falsamente glorioso.

El 75º aniversario del estallido de la guerra civil resulta sombrío para los ciudadanos que nacimos en aquel fatídico 1936. Y es que esta efemérides nos lleva inevitablemente al universo de la memoria, a los recuerdos de una época de duras estrecheces. De la guerra en concreto yo guardo una sola imagen: en el comedor de mi primer hogar en Barcelona -la calle de la Princesa, rebautizada como Pablo Iglesias durante la República- las luces están apagadas, mi padre ilumina la estancia con una linterna y yo, en la falda de mi madre, asustado, escucho a lo lejos unos disparos. Es un flash muy breve pero imborrable. La memoria de la interminable posguerra es ya mucho más nítida y copiosa. Una memoria poblada de voces, de imágenes y sonidos. Y también de sabores.

Recuerdo los comentarios de mis familiares acerca del exilio de aquellos parientes cercanos que lucharon en el bando republicano, en contraste con el progreso social y económico de los que combatieron con los rebeldes. La división en el seno de miles de familias españolas fue uno de los capítulos más sórdidos de la contienda. Al margen de enfrentamientos ideológicos, el estallido de la guerra propició ocasiones de oro, mediante denuncias, para zanjar cuentas personales y saciar deseos de venganza. O para resolver cuestiones patrimoniales. Todos sabemos que los niveles de maldad a que puede llegar el ser humano siempre han sido infinitos. Pero también lo son los de bondad. Incontables familias de nuestro país albergan episodios de este género. También la de quien escribe estas líneas: un pariente, miembro de la CNT, salvó la vida de otro, falangista, que iba a ser ejecutado. «Ha sido gracias a la Pilarica, que ha escuchado mis oraciones y ha salvado a mi hijo», proclamaba la madre del camisa azul, muy franquista ella. «¿A la Pilarica?», replicaba mi abuela, creyente pero republicana. «¡Querrá decir que gracias a su primo el anarquista!»

Durante mi infancia, «antes de la guerra» era una expresión muy frecuente en el seno familiar. La frase plasmaba la nostalgia de los años en que no había estrecheces, de cuando se podía acceder con total normalidad a productos alimenticios básicos: pan, azúcar, arroz, aceite, judías… Para comprarlos, en los tiempos de la posguerra, hasta 1953, había que proveerse de las célebres cartillas de racionamiento. Las había de 1ª, 2ª y 3ª categoría. La distribución dependía de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (Comisaría de Abastos, decía el pueblo). El resto de productos se exhibían en los colmados de la ciudad como tesoros inaccesibles para la inmensa mayoría de los ciudadanos

Recuerdo la discreción, la prudencia, cuando no el miedo, de los que habían sido defensores de la legitimidad republicana, o sea, los rojos. Al contrario de lo que sucedía con los franquistas, y salvo con los más íntimos, los rojos no hablaban nunca de política. (Bueno, Franco tampoco, como es sabido: «Haga como yo, no se meta en política», le espetaría una vez a uno de sus ministros).

Recuerdo los carteles con la imagen del dictador que inundaban la ciudad: Salve, Caudillo de España. Franco, Franco, Franco. Franco, centinela de Occidente. Gloriosos Caídos por Dios y por España; ¡Presentes!

En las escuelas, monopolizadas por la iglesia católica, cómplice del Glorioso Alzamiento Nacional que no dudó en denominar Cruzada, las paupérrimas aulas (pupitres con su tintero incorporado donde mojar las plumillas) estaban presididas por las fotos de Franco y de José Antonio, a ambos lados del crucifijo. Recuerdo el escudo del águila, el distintivo máximo del franquismo. Se trataba de una adaptación del Águila de San Juan que figuraba en el escudo de armas de los Reyes Católicos. Bajo el lema de Una, grande y libre, el aguilucho franquista exhibía el yugo y las flechas de la Falange. Recuerdo, claro, los noticiarios propagandísticos que desde 1943 se exhibían obligatoriamente en todos los cines: el NO-DO. Muchos espectadores llegaban diez minutos más tarde para esquivar «la película de Franco», como definían algunos al famoso noticiario. No me olvido de otro cartel: Si eres español, habla en español, cordial mensaje creado en 1937 por los democráticos cerebros de los falangistas y que perduró durante unos años.

Recuerdo la música de La Generala -una fusión del himno real, el Oriamendi de los carlistas y el Cara al Sol- que precedía a los Diarios hablados de RNE (el parte, decían en casa, recordando los partes oficiales de guerra del cuartel del Generalísimo que se iniciaban con aquella ingeniosa mescolanza). Y las cornetas del basurero cuando llegaba a la altura de las casas en su carro de caballos. Y los avisos del empleado municipal de los pueblos, precedidos también de un trompetazo: por orden del señor alcalde se hace saber… Y recuerdo los amargos sabores de los largos años del racionamiento: pan negro («Franco, danos pan blanco»), el aceite de ricino, el agua de Carabaña… Periodista.

En el periodo de entreguerras del pasado siglo Gran Bretaña contaba con los mejores servicios de inteligencia del mundo. No sorprenderá que los relatos de sus triunfos figuren entre los best sellers del Reino Unido. El pasado año se han publicado tres obras sustanciales sobre ellos. Pero en ninguna se aborda uno de sus fracasos más resonantes, precisamente el relacionado con una España de la que, entre 1931 y 1936, se ocupaban cuatro sistemas de información británicos.

El más importante se dedicaba a la interceptación y descifrado de los telegramas y radiogramas tanto de países amigos como de adversarios potenciales. La Government Code and Cypher School, dependiente del Foreign Office, se centró sobre las actividades de la Comintern. La URSS era, como régimen antagónico al capitalista y proclive a exportar su revolución hacia Occidente, el adversario genuino. La operación se rodeó del más espeso secreto. Los mensajes, blue jackets, circularon solo por los niveles más elevados del Gobierno y entre altos funcionarios cuidadosamente seleccionados.

Desde septiembre de 1933 se captaron los mensajes entre Moscú y Madrid. Al principio, no se les prestó importancia. Más tarde el ritmo se aceleró. Los mensajes apuntaron en una dirección única a partir del verano de 1935. Los comunistas debían apoyar las reformas republicanas y luego el Frente Popular. Enfatizaban la moderación, la necesidad de no dejarse llevar por provocaciones de la derecha, el temor a una algarada anarquista, el respeto a las creencias católicas, etcétera. Todos fueron desestimados en Londres.

El segundo sistema era la organización de Inteligencia Naval (OIN), presente en los puertos, pero que siguió la evolución política general, sobre todo tras los acontecimientos de Asturias en 1934. Sus informes son una mezcla de agudeza (identificó la estrategia gilroblista de actuar a base de provocaciones a la izquierda) y de errores de principiante.

El tercer sistema era el más oculto: el Secret Intelligence Service (SIS o, como suele denominársele, MI6). Tenía un viejo pedigrí en España, en donde se había asentado, por la vía de la Inteligencia Naval, durante la I Guerra Mundial. Bajo la cobertura de oficinas de control de pasaportes continuó actuando hasta diciembre de 1923. Durante la guerra química en Marruecos envió informes muy detallados al Foreign Office y a la Inteligencia Militar. Más tarde, tuvo en Valencia un colaborador que informaba sobre relaciones hispano-italianas, la situación en el Mediterráneo y Gibraltar. Cuando, en octubre de 1935, el director del SIS solicitó un aumento de presupuesto, uno de los casos en que se basó fue el español. Ningún informe de esta fuente se ha hecho público. Sí se conoce, gracias a su historiador oficial, Keith Jeffery, que en abril de 1936 el SIS conectó con su homólogo francés, el Deuxième Bureau, y le dio la gran noticia de que “el establecimiento de un régimen soviético en la península Ibérica es algo que difícilmente cabe contemplar con tranquilidad”. Estimamos que esta información destila el carácter del análisis dominante en Londres.

Si así fue, se debió a un fenómeno más espectacular, y no suficientemente esclarecido, que se registró en la representación diplomática británica en España. Un tema cautivador para cualquier estudioso del papel de los diplomáticos en la creación o malinterpretación de realidades foráneas. La contrastación de la información diplomática de aquellos años debería constituir, en mi opinión, un case study poco menos que obligatorio en cualquier escuela diplomática o de inteligencia.

El embajador sir George Grahame había informado con agudeza, penetración analítica y gran conocimiento de las realidades españolas hasta el verano de 1935 cuando se jubiló. Grahame puso al descubierto las maniobras de la CEDA; su política de acoso, derribo y venganza, amén de su proclividad hacia soluciones parafascistas. Su sucesor, sir Henry Chilton, holló el camino inverso. Desde su llegada en el otoño de 1935 se dedicó a frecuentar los círculos monárquicos y se dejó intoxicar por algún que otro eminente político católico. Cuando no dio más de sí echó mano de interpretaciones de su primer secretario, tan indigente intelectual y políticamente como él, o del cónsul general en Barcelona (con su pronóstico sobre el establecimiento en ciertas partes de España de “Gobiernos locales de tipo soviético”). Está por determinar si Chilton oteó por dónde soplaban los vientos en Londres y se plegó a ellos o si también prefirió dejarse mecer por las certidumbres hiperconservadoras de la business community asentada en España.

¿El resultado? La embajada no contrarrestó ni los informes de la OIN ni los del SIS. El fallo en la apreciación de la situación política española en 1936 fue un clamoroso fracaso del aparato político, diplomático y de inteligencia británico en su conjunto. También un fallo humano. Es difícil pensar que sir George Grahame hubiese podido incurrir en él. ¿Y qué pasó con la única evidencia de primera mano, pura y dura, de que disponía el Gobierno británico, las interceptaciones de la Comintern? Fueron a parar a la papelera, en primer lugar del Foreign Office, luego a la de la historia. De donde conviene sacarlos.

«Seguramente es tan esencial no olvidar como no vivir movido por el dolor del recuerdo». «Olvidar no es, ni puede ser, no recordar, más bien exige que lo que hagas no esté marcado por los hechos del pasado, sino por el futuro que quieres abrir». Con esta lúcida visión personal y política de la huella que le dejó su oposición activa a la dictadura franquista se expresa Isidre Molas en su libro El meu temps de presó 1962-1963, publicado por Edicions 62.

En un país en el que la desmemoria instituida sobre el pasado más próximo ha calado en la generación presente, a pesar de los tímidos intentos llevados a cabo para evitarlo, viene bien conocer la visión de alguien que fue condenado por rebelión militar por unos hechos que desde la entrada en vigor de la Constitución son derechos fundamentales de la persona. Viene bien no olvidar cómo fue aquella dictadura, a fin de construir un futuro que no esté lastrado por los rescoldos que dejó en las actitudes y en el comportamiento político de la ciudadanía y en la débil fortaleza de las instituciones democráticas actuales. Pues no es seguro que, después de 33 años, el lastre haya desaparecido del todo. Incluso, a veces, parece que reviva.

Isidre Molas, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, vicepresidente que fue del Parlament de Catalunya y, en la actualidad, vicepresidente del Senado, autor, entre muchos otros, de un libro imprescindible sobre la Lliga Catalana, no ha escrito unas memorias al uso. Su tiempo de prisión es una reflexión personal y también política del contexto que rodea a un joven universitario de 22 años que es condenado por rebelión militar. Un delito que, en realidad, los únicos que lo habían cometido eran Franco, los militares golpistas y todo el entorno social, económico y eclesiástico que se alzó en armas contra el régimen democrático de la Segunda República. La rebelión militar por la que condenaron al joven Molas y que le llevó a un periplo por la prisión Modelo de Barcelona, además de las de Madrid, Calatayud y Soria, se basó en los siguientes hechos contenidos en los informes de la policía: ser persona con ascendiente en la Facultad de Derecho; haber sido sancionado académicamente por actos de rebeldía política, al haber pedido la amnistía de presos políticos; ser miembro del Front Obrer de Catalunya; y haber recibido octavillas en mayo de 1962 para promover la huelga general en Barcelona. Eso era, entre otros ejemplos, lo que el régimen entendía como rebelión militar.

No es una mirada épica, sino una contenida crónica personal sobre la privación de libertad por motivos políticos que padeció y un particular mural sobre los diversos grupos de oposición a la dictadura de Franco. Una mirada dúctil y en ocasiones irónica, de un hombre que, con lo que ahora ha decidido explicar, muestra un intenso mundo interior sobre sí mismo, su familia y la sociedad que le rodea. Una expresión, entre otras, de esta mirada acerca de su itinerario personal frente a la represión es el sentimiento de miedo. Es el recuerdo más vivo que afirma que le ha quedado: el miedo a ceder, a ser doblegado, a dar nombres, a la brutalidad de la Brigada Político Social de infausta memoria, el miedo a oír gritar tu nombre en la celda subterránea para que subieses arriba a diligencias, el miedo a perder y a no tener la fuerza e inteligencia suficientes para afrontar los interrogatorios, el miedo a ser seguido…

Otra mirada del profesor Molas es la que se proyecta acerca de la idea de libertad, sobre la que reflexiona a su paso por la prisión de Soria, donde, pensando en el futuro democrático, entonces todavía lejano, se plantea cómo habría de ser la organización de la libertad concluyendo que, a diferencia de lo que él mismo pensaba poco antes, la cosa no sería tan fácil, ni tan simple, como percibía en algunos nacionalistas vascos también presos, muy anclados en al primaria y sectaria idea de la sociedad unánime.

Porque, afirma, sin la libertad de cada uno para ser, opinar y vivir como quiera, salvo que infrinja el Código Penal, no habría ni democracia ni libertad de Catalunya, ni justicia social ni socialismo. Sin libertad personal todo sería flor de un día. «Ser partidario de la libertad propia no resulta difícil, lo que resulta difícil es admitir y luchar por la libertad de los otros». Soy de la convicción de que esta idea básica de la organización democrática de la libertad no encuentra todavía un arraigo fuera de toda cuestión en la sociedad española.

La lectura del tiempo de prisión de Isidre Molas y el de tantos otros revela que las libertades de las que gozamos deben mucho a todos aquellos que, como él, dieron lo mejor de sí mismos para recuperarlas ante un régimen político ominoso. Por ello, provoca envidia el esfuerzo que países como Francia o Alemania han hecho para dignificar a través de instituciones estables su respectiva memoria de la libertad, como signo de la calidad de su sistema democrático y de construcción de un futuro de libertad.

Antes de que terminara el régimen de Franco en 1975, escaseaba, por razones evidentes, el debate público sobre el carácter de la Segunda República española y su grado de responsabilidad en el estallido de la Guerra Civil. De acuerdo con la ideología impuesta por la dictadura, la República había sido una catástrofe, la culminación de la larga historia de degeneración que había caracterizado a España durante los siglos XIX y XX, desde la desgraciada aparición del liberalismo con la Constitución de Cádiz en 1912. Aunque la República tuvo un comienzo más o menos aceptable, proseguía el argumento, pronto se vio superada por una mezcla de separatismo regional, radicalismo social y violento anticlericalismo que destruyó cualquier perspectiva prometedora.

La crisis de la República se agudizó después de octubre de 1934, cuando los socialistas, hasta entonces moderados, pusieron en marcha una revolución sangrienta en Asturias, secundada por la Generalitat catalana, que proclamó su independencia. España se deslizó aún más hacia el caos cuando la coalición del Frente Popular ganó, por estrecho margen, las elecciones de febrero de 1936. Dicha victoria dio un poder sin precedentes a los grupos obreros y les permitió dominar de facto a sus aliados de clase media en los gabinetes que gobernaban España y que sólo eran republicanos en teoría. Según esta interpretación, el resultado fueron varios meses de huelgas, invasiones de explotaciones agrarias, batallas callejeras, quemas de iglesias y asesinatos políticos, que el gobierno del Frente Popular no quiso o no pudo controlar. La situación en España recordaba a la de Rusia en 1917, y su resultado habría sido similar: la caída del gobierno elegido a manos de los extremistas radicales, seguida de una revolución social a gran escala y la imposición de una dictadura del proletariado.

En los últimos años de la dictadura, los especialistas cuestionaron cada vez más esta línea argumental. Durante la transición a la democracia se fue sustituyendo por una valoración generalmente positiva de la República, que subrayaba sus virtudes y lamentaba la insurrección militar que la había destruido. Por primera vez, la imagen de la República en España estaba en consonancia con la que había predominado en la mayor parte del mundo exterior desde el final de la Guerra Civil, en parte debido a los sentimientos de culpa por haber abandonado a los republicanos a merced de Franco y sus aliados fascistas durante el conflicto.

Durante los años noventa, como reacción a este nuevo consenso favorable, Pío Moa y otros historiadores aficionados, entre ellos César Vidal, lanzaron una campaña revisionista que adquirió enorme fuerza, pese a que se limitaba a reciclar los argumentos de los propagandistas de Franco en una versión más moldeable. Aparte de Stanley Payne, no les respaldó ningún historiador profesional importante. No obstante, el revisionismo prosperó durante más de una década, desde 1990, año de publicación del tratado fundamental de Moa, hasta 2006, cuando sus argumentos principales quedaron desacreditados por la avalancha de literatura producida por la conmemoración conjunta de los dos aniversarios, el 70º del comienzo de la guerra y el 75º de la proclamación de la República. Las obras publicadas entonces establecieron de forma inequívoca un punto fundamental: que las declaraciones de Franco y sus acólitos sobre lo catastrófico de la situación reflejaban más la paranoia de sus propulsores que la realidad. En realidad, confirmó la literatura de 2006, la revolución social de 1936 no precedió sino que siguió a la insurrección militar. Lo mismo ocurrió con la desintegración del Estado y la sociedad. Igual que en la fábula de Hans Christian Andersen, en cuanto alguien gritó: “El emperador va desnudo”, el espejismo franquista y revisionista se hizo añicos. Esta es una lección que debemos tener en cuenta siempre que hablemos de historia y casi en cualquier otro aspecto de la vida.

La desaparición de la escuela revisionista de Moa dejó paso a la aparición gradual de lo que yo denomino neorrevisionismo. Algunos de sus elementos existían desde hacía mucho en forma embrionaria, pero ahora empezaron a articularse con más claridad. El neorrevisionismo pone en entredicho el prestigio mundial de la República de forma más indirecta y moderada. Es además un movimiento mucho más difuso que el revisionismo de Moa. No tiene un líder claro, ningún canon escrito ni una narración histórica definida. Sin embargo, a pesar de ese carácter indirecto, moderado y difuso, tiene posibilidad de convertirse en un poderoso movimiento historiográfico, una posibilidad que tal vez esté empezando ya a hacerse realidad.

¿Cuál es la manera más fácil de distinguir a los neorrevisionistas de los revisionistas? Fundamentalmente, que no propugnan las perspectivas catastrofistas que caracterizaban al franquismo-moaísmo. Tampoco las rechazan del todo, sino que prefieren permanecer neutrales o callados al respecto. Otro rasgo distintivo es que, mientras que todos los revisionistas utilizaban más o menos los mismos argumentos, y se diferenciaban sobre todo por la intensidad con la que los expresaban, los neorrevisionistas se dividen en dos corrientes de pensamiento estrechamente relacionadas pero diferentes. En líneas generales, la más antigua de estas dos corrientes se remonta a hace varios decenios y consiste en lo que podría llamarse una interpretación “purista” o “puritana”. Su base es que, si bien es posible que la República no fuera tan catastrófica para España ni mereciera la insurrección militar que desencadenó la Guerra Civil, su destrucción no es algo que haya que lamentar, porque nunca fue el magnífico modelo de democracia que aseguraban sus partidarios, sino una pseudodemocracia con graves fallos que violóconstantemente los principios democráticos más esenciales con la persecución injusta de sus adversarios, en especial mediante la censura frecuente y el cierre de sus publicaciones. Su carácter antidemocrático quedó demostrado de manera concluyente con la revolución de octubre de 1934, cuando los socialistas y sus aliados pretendieron derrocar al gobierno elegido democráticamente e imponer otro escogido por ellos.

La segunda línea de pensamiento neorrevisionista, más moderna, podría llamarse la corriente “comparativista”. Subraya el contraste entre la transición democrática que se produjo en España a partir de 1975, pacífica y fructífera, y la historia conflictiva, con su desastre consiguiente, de la República, en un nuevo intento de demostrar que la República no fue tan buena como mantienen sus defensores. Ambas líneas de argumentación son a primera vistaconvincentes, pero no soportan un examen detallado.

Para empezar por la interpretación puritana, no cabe duda de que la República tuvo mil fallos y, en ocasiones, se comportó de manera antidemocrática. La revolución de octubre de 1934, en especial, fue una absoluta catástrofe, que dañó gravemente las credenciales democráticas del régimen y sentó un precedente que los conspiradores militares de 1936 pudieron utilizar para justificar su propia insurrección. Aunque hubiera triunfado, la revolución de octubre habría tenido consecuencias desastrosas para la democracia española. No puede librarse de nuestra másmerecida condena. Lo único que podemos hacer es tratar de entender sus motivos situándola en el contexto de su época. Los años treinta del siglo XX fueron una de las tres o cuatro décadas más conflictivas de toda la historia de Europa, solo comparable a algún periodo durante las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, o a la época de la Revolución Francesa y Napoleón. En los años treinta, Europa estaba desgarrada por una guerra civil ideológica entre fascismo, comunismo y democracia. En octubre de 1934, parecía que estaban venciendo las fuerzas fascistas, que acababan de destruir dos grandes democracias europeas, la alemana y la austriaca, en ambos casos por medios pacíficos y legales. ¿Era posible que el gobierno centrista de España siguiera el mismo rumbo, dado el creciente poder de los elementos de derechas dentro de él? Es decir, la revolución de octubre fue, en parte, reflejo del miedo, pero también de la fuerza permanente del mito revolucionario en los círculos proletarios, la idea de que las masas podían con todo si se levantaban unidas.

Si es imposible disculpar por completo la revolución de octubre, es más fácil rechazar las otras acusaciones de los neorrevisionistas. Ningún régimen democrático de la historia ha estado jamás completamente libre de desviaciones ocasionales. El grado de perfección democrática depende no solo de la voluntad de sus dirigentes sino también de los retos que afronta. En épocas sin turbulencias, cuando la sociedad está tranquila y hay pocos problemas urgentes que exijan solución, es relativamente fácil seguir los lentos procedimientos legales que constituyen el corazón de cualquier democracia genuina, ya sea parlamentaria o presidencialista. Ahora bien, cuando la situación es la contraria, como ocurría en los años treinta, los gobiernos tratan casi siempre de encontrar atajos para alcanzar sus objetivos y tienden a favorecer a sus amigos y marginar a sus enemigos. Por tanto, al evaluar las credenciales democráticas de cualquier régimen, es preciso tener en cuenta tanto sus actos discutibles como sus iniciativas positivas y creativas.

La República, sin duda, censuró y cerró la prensa opositora en varias ocasiones, pero también construyó la primera democracia auténtica de España. ¿Cómo lo logró? En primer lugar, con la celebración de elecciones honradas, libres de las prácticas caciquistas que las habían corrompido en tiempos de la monarquía. Segundo, ampliando enormemente el electorado, sobre todo al convertir España en el primer país de mayoría católica que permitió el sufragio femenino. En tercer lugar, la República acercó el gobierno al pueblo al darle más dimensión a los gobiernos regionales. Cuarto, insistió en que todas las leyes importantes fueran aprobadas por el parlamento, y dejó los decretos para situaciones muy infrecuentes, de emergencia. Quinto, la República destruyó o debilitó las instituciones extraparlamentarias, los círculos cortesanos y el ejército, que en el pasado habían anulado tan a menudo las iniciativas democráticas. Desde esta perspectiva más equilibrada, la balanza se inclina claramente hacia la idea de que fue un régimen excepcionalmente democrático. Hay que ser verdaderamente puritano para pensar lo contrario.

La rama “comparativista” del neorrevisionismo dice muchas verdades, pero al mismo tiempo se olvida de otras igual de importantes. A pesar de las dudas que surgen de manera periódica en algunos sectores, me parece ridículo negar el éxito extraordinario de la transición española a la democracia. Es el hecho que habla más en favor de España en todo el siglo XX, y se ha convertido, con razón, en el modelo de todas las transiciones de regímenes autoritarios a democracias en el mundo. Sería una tontería debatir los méritos respectivos de los grandes dirigentes republicanos -Azaña y Prieto? y los de los máximos responsables del éxito de la Transición: el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez y Felipe González. Sin embargo, existen otros dos factores mucho más importantes. El primero es que resulta engañoso evaluar a una persona sin tener en cuenta el contexto en el que vivió. El segundo es que es preciso comparar todos los aspectos de los dos regímenes, no sólo los más convenientes para el argumento que deseamos defender. Por consiguiente, no debemos obsesionarnos tanto por la distinta suerte que corrieron como para olvidar que, bajo la superficie, ambos tuvieron un espíritu muy similar. Todas las cosas que aportó la Transición -más democracia, más igualdad social, modernización cultural, etcétera? habían sido también objetivos fundamentales de la República. Es más, resulta difícil pensar en un logro importante de la Transición que no tuviera parte de sus raíces en la República.

Ahora bien, si la República y la Transición tuvieron muchas semejanzas, sus épocas respectivas no pudieron ser más distintas. Como ya he dicho, los años treinta fueron uno de los periodos más turbulentos de la historia de Europa. Por el contrario, los años setenta y ochenta fueron tranquilos y decididos. Además, las condiciones también habían cambiado drásticamente en España y en varias de sus principales instituciones. En los años treinta, el Ejército conservaba sus tradiciones pretorianas decimonónicas e intervenía sin cesar en la política. Los movimientos obreros estaban aún poseídos por diversas mitologías revolucionarias, sobre todo los anarcosindicalistas, el movimiento más amplio, pero también, cada vez más, los socialistas, que eran los segundos. Los comunistas, aunque eran minoritarios, eran violentamente antirrepublicanos hasta que Moscú les ordenó adoptar la estrategia del frente Popular en 1935. En la derecha, los partidos más amplios no eran claramente revolucionarios -aunque los radicales empezaron a abrirse camino en ellos a partir de 1934-, pero varios partidos monárquicos de escasa importancia conspiraron para derrocar la República. Y luego estaba la Falange, todavía pequeña, pero que iba creciendo. La Iglesia Católica, hasta Juan XXIII, fue siempre rígida en cuestiones de doctrina, y no quería aceptar ninguna disminución del inmenso poder que había acumulado a lo largo de los siglos.

La economía española estaba en peor situación que nunca, debido a la Gran Depresión. La industria y los servicios no estaban desarrollados. Algo más de la mitad de la población seguía trabajando en el campo. Aproximadamente dos terceras partes de las mujeres adultas eran analfabetas. La situación internacional era amenazadora, y Mussolini hacía todo lo posible para desestabilizar la República.

El contraste con la situación en la que prosperó la Transición es enorme. A mitad de los años setenta, España era una de las naciones más avanzadas del mundo. El analfabetismo y el hambre estaban erradicados. Todas las instituciones fundamentales habían experimentado una evolución positiva. El Ejército ya no era pretoriano, sino que aceptaba la primacía del poder civil. Las organizaciones obreras habían abandonado sus viejos mitos revolucionarios. El catolicismo posterior al Concilio Vaticano II era menos rígido en los dogmas y estaba dispuesto a negociar un debilitamiento gradual de algunos de sus viejos privilegios. Como consecuencia, el feroz anticlericalismo de otros tiempos también se desvaneció. La monarquía desempeñó un papel crucial en el restablecimiento de la democracia, por lo que el republicanismo perdió su carácter sectario.

En resumen, dos contextos extraordinariamente distintos. Poner en tela de juicio la reputación de la República sobre esa base es tan absurdo como sería denigrar la República de Weimar porque tuvo menos éxito que la Alemania de Angela Merkel. La República fracasó o fue destruida, pero también lo fueron casi todos los demás elementos humanos y progresistas en los años treinta. Como es cada vez más evidente, España no es tan diferente como creíamos; en general, se ajusta a los modelos generales. En relación con el tema del que tratamos aquí, ya indiqué por primera vez hace 30 años que el índice de mortalidad de las repúblicas recién nacidas durante el periodo de entreguerras fue asombrosamente alto. De las 20 repúblicas que surgieron en Europa entre 1918 y 1931, solo una, la irlandesa, sobrevivió hasta la madurez. Las otras 19 fueron barridas o se autodestruyeron. Una vez más, el contraste con los años setenta y ochenta es tremendo. De las nuevas democracias establecidas en esos años en Europa, Latinoamérica y Asia, un número mucho mayor, casi todas sobreviven hoy, aunque algunas en versiones muy atenuadas. Sólo en África se aproxima el índice de mortalidad de las democracias recien nacidas al de la Europa de entreguerras.

Creo que todo esto es suficiente para arrojar los argumentos revisionistas y neorrevisionistas sobre la República a la papelera que les corresponde. Eso no quiere decir que su paso por la historiografía española haya carecido por completo de valor. Como sucede con todo el revisionismo histórico, si se aborda con inteligencia, puede ser útil, porque obliga a los defensores de la ortodoxia a reexaminar y perfilar sus posturas. No obstante, la próxima vez que alguien diga, como hizo hace poco el profesor Payne en ABC (April 16), que “La República es el principal mito histórico de todo el siglo XX”, debemos responder con seguridad: “¡No, señor! ¡La República no es ningún mito!” A pesar de sus muchos errores y defectos es, con la Transición, una verdadera gloria del siglo XX español. Fue vilmente asesinada por unas fuerzas atávicas y violentas que sumergieron su patria, primero en una cruenta guerra civil, y después en una dictadura que durante sus primeras dos décadas fue cruel y retrógrada.

Mario Onaindía, que sabía mezclar con eficacia el humor y la inteligencia, decía que a él lo que le hubiera gustado ser de verdad era hispanista inglés. Se refería, claro, a la posibilidad de observar los aconteceres de España, cuya historia le fascinaba, desde un punto de vista distante y sabio.

Por desgracia, podemos ver ahora que lo de ser anglosajón y analizar con distancia los episodios españoles no tiene por qué ir necesariamente unido.

No deseo herir la sensibilidad de Ian Gibson llamándole inglés, pero su posición fue por un tiempo la del hispanista, y años después la abandonó para lanzarse al ruedo de la bronca. Eso sí, hay que reconocer que se hizo español para alejarse de la obligada sobriedad que se exigía a su especie.

Ahora le ha correspondido a Paul Preston el turno de tocarnos las fibras sensibles. Preston ha decidido, al parecer, hacerse español y nos ha regalado un extenso catálogo de historias de horror que se agrupan bajo el sonoro título de El holocausto español.

La noticia del libro tiene un carácter mayor, tanto por la importancia del bagaje de Preston como por la recepción de que ha sido objeto. Se han llegado a decir sobre este libro cosas como que solo un extranjero podía escribir esto. Y se ha rendido pleitesía intelectual a su hiperbólica y desequilibrada narración de lo que sucedió durante la Guerra Civil de 1936. Lo de la hipérbole no viene porque se exageren los espantos vividos, sino por el nombre que le ha buscado, y lo de desequilibrada por la clasificación de los autores de esos espantos según estuvieran en un bando o en otro.

El uso de la palabra holocausto marca ya el libro desde su inicio, porque desde que los nazis procedieran al asesinato sistemático y ordenado de millones de judíos entre 1942 y 1945, conviene utilizar con cuidado el vocablo. Simplemente para entendernos mejor unos a otros. A mí se me antoja excesivo, aunque a la Real Academia Española (RAE) le baste para describir una gran matanza.

En España no hubo una acción sistemática de eliminación de un grupo social. Quizá con dos excepciones: los religiosos, que sufrieron en algunas zonas republicanas algo muy parecido al genocidio; y los masones, que padecieron lo mismo en la zona rebelde. De los primeros, murieron casi todos los que había en Lérida, por ejemplo; de los segundos, lo mismo entre los capturados por Franco. Los porcentajes de muertos en ambos grupos superan con mucho los registrados en las unidades de choque.

La espeluznante relación que ha hilado el autor con importantes ayudas locales tiene una intencionalidad evidente, que no oculta: la violencia cainita que se desarrolló desde el 17 de julio de 1936 y prolongó Franco hasta mucho después, no fue de la misma naturaleza en el lado rebelde que en el lado de quienes defendieron a la República.

De una forma muy sumaria se deduce de la lectura que los rebeldes emprendieron una tarea exterminadora como parte de un plan esencial a la naturaleza de su política, mientras que la violencia en el lado republicano fue, con excepciones que es preciso analizar, de reacción ante bombardeos, fusilamientos y otras salvajadas.

Es decir, hubo una violencia fría y programada frente a otra caliente e improvisada. Esto lo han dicho también otros historiadores, y Paul Preston lo asume.

Las herramientas para demostrarlo son variadas. La primera, la de la justificación de las violencias en el lado republicano. A las matanzas del puerto de Bilbao les preceden los bombardeos de Portugalete; al asalto a la cárcel Modelo de Madrid, le precede la carnicería de Badajoz; a la de Guadalajara, otro bombardeo. No sabemos, sin embargo, en realidad, qué es lo que precede a las matanzas sistemáticas en Castilla-La Mancha (salvo el odio a los terratenientes), o a la liquidación sistemática de pequeños comerciantes en Cataluña, por poner dos ejemplos. ¿Cabría la posibilidad de que, como ha descrito Fernando del Rey, los campesinos manchegos tuvieran claro a quiénes liquidarían en caso de conflicto, o la de que la acción de los anarquistas catalanes y los poumistas de Nin fuera tan programática como la de los rebeldes? En las proclamas de Largo Caballero también se pueden encontrar llamadas al exterminio de la clase enemiga.

Preston se extiende sobre las matanzas de Paracuellos, porque quizá sea el asunto que más ha desarbolado la teoría de la no planificación en el lado republicano, o sea, de la inocencia de los leales. Parece difícil demostrar que Azaña, Largo Caballero o el general Miaja y su ayudante Vicente Rojo estuvieran enterados del asunto. Pero en cambio es seguro que estuvieron al tanto los principales dirigentes anarquistas, como el ministro de Justicia, García Oliver, y todo el aparato del Partido Comunista de España. La literatura de la época señala incluso a Margarita Nelken, aún entonces en las filas socialistas, a la que Preston se esfuerza en desligar de toda complicidad. No fue un crimen del Gobierno, pero sí de una parte del aparato que estaba en él o lo sustentaba.

Es decir, que el asunto es complejo. Como lo es el del análisis de lo sucedido con los franquistas. Cada vez parece más difícil demostrar que la matanza que pretendían, bien expresada en las directivas de Mola (que se cumplieron), tuviera que desembocar en un exterminio, en un holocausto. Fue una tremenda escabechina que se prolongó hasta 1943 con un saldo de no menos de 150.000 muertos, que no es preciso multiplicar para que nos ponga los pelos de punta. Pero una matanza que, como bien ha demostrado otro inglés llamado Julius Ruiz, no tenía fines comparables a los hitlerianos. Preston insiste, para demostrar que tenía esos fines, en la más que excesiva teoría de la guerra larga, heredada de Dionisio Ridruejo e Hilari Raguer, según la cual Franco prolongó a propósito la guerra para matar con más comodidad. Una teoría que yo creo que ya está desacreditada por abundante documentación.

En el conteo de Badajoz, se incurre a mi juicio en un riesgo de sobrevaloración al hablar de más de 8.000 asesinados, siguiendo a Espinosa. ¿Es que nos parecen pocos 4.000 o 6.000? Es la misma técnica aplicada por César Vidal en Paracuellos, ya desenmascarada entre otros por Javier Cervera. (No puedo evitar sumar un dato a esta historia: Vidal incluye como víctima de Paracuellos a mi tío Manolo, con el que traté muchos años, y yo juro que respiraba).

El libro de Preston no es, por desgracia, una actualización rigurosa de lo sucedido durante la guerra, ni en los números ni en las razones. Y cojea en ocasiones de forma escandalosa, como cuando explica que en Cataluña y el País Vasco la represión se volcó sobre todo contra los nacionalistas, lo que contrasta con los datos que explican que en esas dos regiones el régimen de Franco mató proporcionalmente menos que en casi cualquier otra parte de España.

El trabajo de Preston contribuye a encender los ánimos de quienes consideran que las cosas de la guerra no se han liquidado bien, pero aporta irónicamente alguna perspectiva consoladora para creyentes en la justicia divina: en el epílogo se puede comprobar con satisfacción cómo los verdugos sufrieron su castigo. Unos murieron atacados por el cáncer; otros, se volvieron locos y mataron a sus propios hijos; otros, se arrepintieron de forma pública. ¿Castigo de Dios? Preston no cree que fuera cosa del altísimo, pero nos muestra que castigo sí tuvieron.

Lo que Preston no demuestra es que hubiera un holocausto; ni siquiera que hubiera una intención programática de exterminar. Franco, Mola (y tantos otros) fueron seres despiadados y asesinos, pero no anunciaron a Hitler, por mucho que sus intenciones fueran claramente homicidas.

Y de “los nuestros”, qué decir. Hubo de todo. Aunque tuvieran razón en defender el régimen legítimo.

La Universidad de Salamanca rindió, el pasado 29 de abril, un homenaje institucional al ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez González, descubriendo un vítor en el Claustro del Edificio Histórico, con la inscripción de su nombre y recogiendo las palabras «La concordia fue posible», que él mismo ha reconocido como base de su pensamiento. La idea de realizar este homenaje surgió hace meses en el ámbito de la representación estudiantil, y la propuesta inicial fue hecha por el presidente del Consejo de Asociaciones de Estudiantes.

Antes de presentar el contenido del homenaje es preciso comentar la singular ubicación del vítor dedicado a Suárez. Al entrar en el Edificio Histórico, antes de llegar al Claustro, se encuentra a la izquierda el vítor, en latín, a la Corona de España, otorgado a los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, en una sesión histórica en el Paraninfo, en 2002 —año en que Salamanca tuvo la capitalidad europea de la cultura—, y como muestra de gratitud por los ocho siglos de apoyo de la Monarquía a nuestro Estudio General. Y a continuación, y en primer lugar, ya en el Claustro, se encuentra el vítor a Adolfo Suárez, el más próximo a los Reyes y sobre la puerta del aula del destacado jurista Dorado Montero. Luego siguen, en el recorrido hasta el Paraninfo, el aula Miguel de Unamuno y la emblemática de Fray Luis de León, increíblemente conservada. En sus muros se suceden vítores a destacados profesores de la Universidad, vinculados algunos a la Transición, como Enrique Tierno Galván, Francisco Tomás y Valiente o Lamberto Echevarría.

Como presidente del Consejo Social y ex ministro de la Transición me correspondió glosar en una síntesis la obra política y la personalidad humana del ex presidente. Este fue mi homenaje: «Si el Rey Juan Carlos fue el motor del cambio, Adolfo Suárez fue su conductor, el líder político indiscutible de la Transición».

A un presidente hay que enjuiciarlo, ante todo, por su obra de gobierno. Y el balance del de Suárez asombra por su profundidad y grandeza. Su acción de gobierno se basa en dos principios esenciales y complementarios en su pensamiento: democracia y concordia. En más de una ocasión proclamó su objetivo de «levantar el edificio de la concordia nacional».

Y lo inició estableciendo la amnistía, articulada progresivamente con tres textos legales, que supuso la salida de la cárcel de presos políticos y la posibilidad de retorno de los exiliados, reconociéndoles sus derechos. Avanzó al conseguir aprobar por las últimas Cortes del Régimen anterior la Ley de Reforma Política, que representa el tránsito legal de la Dictadura a la Democracia, y la devolución de la soberanía política al pueblo español, y se consolidó en un referéndum aprobado por el 92 por ciento de los votantes, el mayor consenso logrado, en libertad, en la historia de nuestra patria. Y la concordia se afianzó asentando su Gobierno los pilares esenciales de la democracia: la recuperación de la libertad de prensa y de los medios de comunicación social efectuada de forma gradual; la libertad de reunión, manifestación y de asociación, que abrió la puerta a la legalización de los partidos políticos; la libertad de sindicación de empresarios y trabajadores, dejando sin efecto la sindicación obligatoria y el desmontaje de la estructura del Movimiento Nacional.

En el ámbito estrictamente político la concordia se asentó en tres acuerdos fundamentales:

—El diálogo con todos los dirigentes políticos representativos, pactando las normas electorales con la llamada Comisión de los Nueve, que permitió la convocatoria de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977.

—La legalización del Partido Comunista, la más difícil y arriesgada operación política de la Transición, con la oposición casi unánime del estamento militar y de buena parte de la derecha.

—Y la formación de la coalición UCD, que supuso una increíble capacidad de negociación con quince grupos políticos de la derecha, del centro y de la izquierda moderada, incluyendo a varias organizaciones regionales. Y fue esta Unión de Centro Democrático la que venció en las primeras elecciones democráticas.
Desde la base del indiscutible apoyo electoral, Adolfo Suárez levanta, con su segundo Gobierno, el gran edificio de la concordia nacional: el Estado Social y Democrático de Derecho bajo la forma de la Monarquía Parlamentaria que se asienta en cinco acuerdos históricos:

—La apertura a la nueva estructura del Estado de las Autonomías, que se inicia mediante el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña y el retorno de Tarradellas logrado en los denominados Acuerdos de Perpiñán, que, por primera vez en la Historia de España, consiguen la unanimidad de todos los partidos políticos catalanes y de todos los de ámbito nacional.

—El establecimiento de las bases de una economía social de mercado, que significó la implantación consensuada de una nueva política económica y laboral, y permitió encauzar, a través de los Pactos de la Moncloa, la situación económica gravemente deteriorada.

—La definición del carácter no confesional del Estado y la desaparición de las tensiones habidas al final del Régimen de Franco con la Iglesia Católica, estableciéndose una relación de sincera y fructífera colaboración mediante los Acuerdos Iglesia-Estado.

—La apertura de la política internacional a todos los países del mundo, estableciéndose relaciones diplomáticas plenas con Rusia y con los demás países del Este, así como con México. Y, sobre todo, aprobando en las Cortes con la unanimidad de todos los partidos políticos la iniciación de las negociaciones para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea.

—Y finalmente, la aprobación de la más compleja y atrevida manifestación de la concordia, la Constitución de 1978, cuyos avatares negociadores han llenado las páginas de muchos libros, y que logró ser apoyada —por primera vez en la Historia de España— por todos los partidos políticos, con la abstención lamentable del nacionalismo vasco.
Adolfo Suárez ha sido un hombre honesto y coherente en su pensamiento político, con una gran capacidad de seducción y de convencimiento en las relaciones personales, con un entrañable sentido de la amistad hacia sus colaboradores y de absoluta lealtad al Rey.

Todos los que hemos compartido con él las responsabilidades de Gobierno durante la Transición, y hemos vivido juntos los momentos apasionantes de la construcción de la democracia; pero también hemos sufrido las horas de incertidumbre y de derrota política; y las de dolor ante los terribles atentados del terrorismo; todos los que nos comprometimos junto a él en el proyecto de una sociedad superadora de los enfrentamientos del pasado y de una España esperanzada que mirara al futuro con una concepción abierta y moderna e integrada en el espíritu europeo; todos los que cumplimos con nuestra obligación de servicio al pueblo español sabemos de la inteligencia de Adolfo Suárez, de su profunda intuición política, de su gran capacidad de diálogo, de su saber esperar con paciencia el momento oportuno, de su trato exquisito y de su simpatía arrolladora.

Como última expresión del homenaje a Adolfo Suárez quiero acabar diciendo que su gran objetivo —fallido— de construir y consolidar un partido de Centro ha sido elogiado por muchos historiadores, entre los que cabe destacar al hispanista Stanley G. Payne, que le ofreció esta emocionante dedicatoria en su libro «El colapso de la República»: «A Adolfo Suárez / y a los líderes y militantes / de Unión de Centro Democrático / quienes demostraron cómo construir / una democracia en España. / Su Historia fue breve, pero gloriosa».

La Generación de la Concordia que representó el sustento ideológico y social de la Transición, que ha permitido a España los treinta años de mayor libertad, democracia, desarrollo económico y justicia social, expresa de todo corazón nuestro homenaje a Adolfo Suárez. Y pedimos a todos los dirigentes políticos y sociales de la hora presente que vuelvan a retomar la senda del consenso y que este lema «la concordia fue posible» grabado ya en los muros seculares de la Universidad de Salamanca ilumine siempre la vida pública española.

La buena prensa -incluida la académica- de la que disfrutó la Transición está siendo sometida últimamente a duras críticas. Mientras que las valoraciones positivas del proceso culminado con la Constitución de 1978 subrayaban la utilización óptima o cuando menos satisfactoria de las posibilidades reales existentes para la democracia a la muerte de Franco, la drástica revisión a la baja posterior sostiene que la izquierda y el nacionalismo moderado bajaron las manos ante los herederos del régimen y desperdiciaron la oportunidad de enlazar institucionalmente el recuperado sistema de libertades con la legitimidad republicana derrotada en 1939. Esos lodos serían los responsables de la baja calidad de la democracia española actual.

Sin embargo, la gran mayoría de los protagonistas y testigos del trienio 1975-1978 que habían combatido a la dictadura y padecido el exilio, la cárcel o la marginación se resisten -30 años después- a ser descritos ahora como los isidros de un espejismo colectivo que les llevó a sobrevalorar las fuerzas del adversario y a despreciar las propias. No es preciso recurrir al principio de autoridad -el apoyo dado a la Constitución por los dirigentes comunistas, socialistas y republicanos supervivientes de la Guerra Civil- para tomarse a beneficio de inventario las gratuitas especulaciones sobre la supuesta existencia en noviembre de 1975 de un tsunami de posibilidades purificadoras de la sociedad y del Estado desaprovechado por la torpeza o por el temor de la izquierda antifranquista. Sostener que Dolores Ibárruri, Ramón Rubial, Santiago Carrillo, Josep Tarradellas y tantos otros miles de supervivientes del bando perdedor de la Guerra Civil vendieron su primogenitura por un plato de lentejas es una necedad o una vileza. El fracasado golpe militar del 23-F -cinco años y cuatro meses después de la muerte de Franco- es la mejor prueba del empinado camino que fue necesario recorrer para consolidar las instituciones democráticas. Y el acceso -siete años más tarde- a la presidencia del Gobierno del socialista Felipe González, secretario general del mismo partido al que perteneció Juan Negrín, último presidente de Gobierno de la Segunda República, mostró la eficacia de la estrategia aplicada por los supervivientes y herederos de los derrotados en 1939.

Los demoledores del mito de la Transición no suelen avanzar hipótesis contrafácticas sobre cómo debería haberse comportado la oposición tras la muerte de Franco. ¿Tal vez con el boicot a las elecciones generales de 1977? ¿Con el voto en contra de una Constitución que hacía suyas las declaraciones internacionales de derechos humanos, amparaba las libertades civiles y políticas, se inspiraba en la estructura territorial de la Constitución de 1931, reconocía la independencia judicial y garantizaba la aconfesionalidad del Estado aunque reinstaurase la monarquía y proclamase como rey al sucesor de Franco en la jefatura del Estado? ¿Con la incorporación a una lucha armada que ETA ya había iniciado?

La visión retrospectiva de la historia suprime del trienio de la Transición, con el ventajismo de conocer ex post sus resultados, las incertidumbres de quienes tuvieron que adoptar las decisiones eligiendo en encrucijadas con mil caminos. El determinismo ignora que nunca hay rumbos trazados de antemano: tampoco para la fantasiosa reconstrucción del sendero luminoso echado de menos por los debeladores de la Transición realmente existente. Esa concepción que excluye el azar y los efectos imprevistos de las acciones humanas ha permitido a políticos de la Transición reivindicar el mérito de haber trazado los planos arquitectónicos del edificio, al estilo de la pizarra de Suresnes de los socialistas o de la hoja de ruta de los consejeros áulicos del príncipe de España antes de la muerte de Franco. Otras explicaciones atribuyen a las cancillerías extranjeras el papel de deus ex machina del juego. Cabe desear -aunque sin demasiadas esperanzas- que la lectura de la documentada, ambiciosa e inteligente investigación del profesor Charles Powell sobre las relaciones entre España y Estados Unidos durante la Transición contribuya a devolver a los arcones ese fantasma.

Aunque la fuente de mayor interés del libro sea la documentación diplomática norteamericana recientemente desclasificada (tan iluminadora para el pasado como los papeles de Wikileaks publicados por EL PAÍS lo son para el presente), El amigo americano (Galaxia Gutenberg, 2011) analiza también comunicaciones e informes del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, examina archivos personales, transcribe entrevistas aclaratorias con actores de la Transición y se ocupa de las negociaciones sobre las bases. Por una ironía de la historia, la Europa de los setenta contribuyó a devolver a España la libertad que le fue arrebatada entre 1936 y 1939 por la acción combinada de la ayuda a los sublevados de la Alemania nazi y la Italia fascista y la hipócrita política de no intervención de Francia y Reino Unido. Las estrategias de la Casa Blanca y el Capitolio, sin embargo, fueron más vacilantes, menos claras y no tan influyentes.

La cronología de la transición española en el sentido amplio de la expresión -desde la proclamación en julio de 1969 de don Juan Carlos como sucesor de Franco a título de Rey hasta el triunfo electoral de los socialistas en octubre de 1982- marcha en paralelo con los mandatos de Nixon, Ford, Carter y Reagan, separados por vacíos de actividad de mayor o menor calado durante las etapas de transmisión de poderes entre las Administraciones saliente y entrante. La línea de continuidad de la política de Estados Unidos hacia España fue asegurar el mantenimiento de la alianza bilateral suscrita con el régimen en 1953 y admitir la inevitabilidad de algún tipo cambio democrático tras la muerte de Franco. Como observa Charles Powell, el respaldo legitimador para la dictadura que significó ese acuerdo -renovado en 1963 y 1970- fue el pecado original de la presencia americana en España, condicionada por la necesidad de suavizar las tensiones con el régimen (la susceptibilidad provinciana de sus ministros y embajadores les llevaba a creer que los editoriales de The New York Times o The Washington Post críticos con la dictadura eran ordenados desde el Despacho Oval) y de no irritarle con actos de reconocimiento a la oposición moderada. Las ideas-fuerza del Departamento de Estado sobre el futuro tras la muerte de Franco eran tan simples como vagas: promover un punto de equilibrio entre la estabilidad del antiguo régimen y el cambio, mantener las bases militares y facilitar el ingreso de España en la Comunidad Europea y la OTAN.

De esta forma, el decisivo periodo transcurrido entre la llegada del Rey a la jefatura del Estado y el referéndum constitucional sorprendió al Departamento de Estado con un conocimiento muy insuficiente del mapa político español y de sus problemas. El reforzamiento electoral de los comunistas italianos y franceses, la revolución de los claveles portuguesa de 1974 y la presencia de la Marina de guerra soviética en el Mediterráneo alimentaron las rígidas ideas de Kissinger (consejero de Seguridad y secretario de Estado con Nixon y con Ford) sobre los peligros del comunismo para la España postfranquista. Las dudas de Nixon sobre la capacidad de don Juan Carlos para “defender el fuerte” dejarían paso a una apuesta casi incondicional a favor de su figura; al igual sucedió con Kissinger, que inicialmente puso en cuestión la firmeza de ánimo y la inteligencia del Rey pero que le otorgó más tarde su plena confianza. El vehemente deseo americano de que el PCE no fuese legalizado antes de las primeras elecciones cayó en saco roto. Y el rey se convirtió en interlocutor principal del embajador Wells Stabler -muy por encima de la clase política- entre 1975 y 1977.

La riqueza de episodios (la marcha verde sobre el Sáhara o la sucesión de Arias Navarro) y anécdotas (todavía en junio de 1980 Suárez y Oreja intentaron que el presidente Carter a su paso por Madrid no recibiese a Felipe González) hace imposible resumirlos: los curiosos no tendrán más remedio que devorar El amigo americano. Siempre quedarán, no obstante, los discípulos -involuntarios- de Kissinger, que soltó al ministro Cortina a propósito de la revolución de los claveles una frase digna de algunos revisitadores de la transición española: “No sé nada sobre Portugal, pero tengo la impresión de que mi visión, que se basa puramente en el dogmatismo, es más acertada que la de los informes que recibo de Lisboa”.

En el 80º aniversario de la Segunda República

Era ya la madrugada del 14 de octubre de 1931, en pleno debate de la llamada cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes, cuando Manuel Azaña tomó la palabra para pronunciar uno de sus más importantes discursos, y con él la frase que siempre las derechas, sacándola de su contexto, más le han echado en cara: “España ha dejado de ser católica”.

Los elementos más moderados de la República y de la Iglesia no querían un conflicto. El 14 de septiembre se habían reunido Alcalá Zamora y Fernando de los Ríos, por parte del Gobierno, y el nuncio Tedeschini y el cardenal Vidal y Barraquer, por la Iglesia, y habían convenido unos “puntos de conciliación” en los que la Iglesia perdía privilegios, pero afrontaba el nuevo estado de cosas del mejor modo posible.

El Gobierno asumió lo convenido en su ponencia para la Constitución, pero cuando se debatieron los artículos tocantes a la cuestión religiosa las posiciones se habían exacerbado en ambas partes, y sumados socialistas y radicales tenían mayoría para una redacción muy sectaria.

Fue entonces cuando Azaña tomó la palabra para reconducir a las izquierdas a la ponencia moderada, aunque tuvo que agravarla con la concesión demagógica de la disolución de la Compañía de Jesús. Vidal y Barraquer, informando al secretario de Estado, Pacelli, reconocía que el discurso de Azaña había sido “el lazo de unión de los partidos republicanos hacia una fórmula no tan radical como el dictamen primitivo”.

Azaña explicó suficientemente en su discurso el sentido de aquella frase: “Para afirmar que España ha dejado de ser católica tenemos las mismas razones, quiero decir de la misma índole, que para afirmar que España era católica en los siglos XVI y XVII (…). España, en el momento del auge de su genio, cuando España era un pueblo creador e inventor, creó un catolicismo a su imagen y semejanza, en el cual, sobre todo, resplandecen los rasgos de su carácter (…), y entonces hubo un catolicismo español, por las mismas razones de índole psicológica que crearon una novela y una pintura y una moral española, en las cuales se palpa la impregnación de la fe religiosa (…). Pero ahora, señores diputados, la situación es exactamente la inversa (…). Que haya en España millones de creyentes, yo no os lo discuto; pero lo que da el ser religioso del país, de un pueblo o de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que rige su cultura”. De ahí que “el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español”. La Constitución, pues, tenía que ser laica.

Lo más curioso es que el cardenal Isidro Gomá sostuvo repetidamente lo mismo que Azaña, aunque con intención opuesta. En su carta pastoral, supuestamente para cumplir la orden del Vaticano de acatar la República, decía: “Hay convicción personal cristiana en muchos; convicción católica, es decir, este arraigo profundo que lleva con fuerza a la expansión social del pensamiento y de la vida cristiana, con espíritu de solidaridad y de conquista (…), esto, bien sabéis, amados hijos, que no abunda” (1931).

En su primera pastoral tras ser elevado a la sede primada de Toledo reconocía “la falta de convicciones religiosas de la gran masa del pueblo cristiano”, y aludiendo a Azaña decía: “Desde un alto sitial se ha dicho que España ya no es católica. Sí lo es, pero lo es poco; y lo es poco por la escasa densidad del pensamiento católico y por su poca atención en millones de ciudadanos” (1933).

En una de sus pastorales de guerra, La Cuaresma de España, reconocía: “La declaración oficial del laicismo, la eliminación de Dios de la vida pública, ha sido para muchos, ignorantes o tibios, como la liberación de un yugo secular que les oprimía (…). ¡España ha dejado de ser católica! Esta otra (frase), que pronunciaba solemnemente un gobernante de la nación, da la medida de la desvinculación de los espíritus (…). No florecía entre nosotros ya, como en otros días, esta flor de la piedad filial para con Dios que llamamos religión, que era de pocos, de rutina, sin influencia mayor en nuestra vida” (1937).

Si la conclusión de Azaña era que la Constitución tenía que ser laica, la de Gomá era que había que recatolizar España desde arriba. Pero al término de la contienda, en aquella pastoral que el Gobierno le prohibió, reconocía que la guerra fratricida no había dado el resultado esperado: “Y ¿por qué no indicar aquí que en la España nacional no se ha visto la reacción moral y religiosa que era de esperar de la naturaleza del Movimiento y de la prueba tremenda a que nos ha sometido la justicia de Dios? Sin duda, ha habido una reacción de lo divino, más de sentimiento que de convicción, más de carácter social que de reforma interior de vida” (1939).

Como un mentís a Azaña y a Gomá, el concordato de 1953 reafirmará: “La religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la nación española”.

La reciente conmemoración del treinta aniversario del golpe de Estado del 23-F debiera haber hecho resurgir en la memoria de los españoles la importante y decisiva actuación de Adolfo Suárez en la transición de la dictadura a la democracia, que tuvo su punto culminante en el arrojo y la valentía con que encaró aquel desgraciado y absurdo suceso acaecido en la tarde del 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados.

Cuando el agónico mantenimiento del antiguo régimen que había protagonizado el general Franco tocó a su fin con el relevo en la presidencia del Gobierno de Carlos Arias Navarro, nadie podía suponer que un hombre joven, a primera vista no dotado de las cualidades imprescindibles para encauzar un cambio político como el que requería España en aquel momento y que, además, se había destacado por el desempeño de diversos puestos en el, entonces, ya fenecido Movimiento Nacional de marcado carácter falangista, iba a ser, sin embargo, la persona que llevara a término la difícil tarea de pasar del régimen autocrático que había venido rigiendo los destinos de España durante cuatro largas décadas a la democracia que el pueblo español, mayoritariamente, ansiaba y que conllevaba la reconciliación nacional rota por la desafortunada guerra desatada en el año 1936.

Cuando la memoria recuerda los nombres de las personas que se barajaron en aquellos momentos para la presidencia del Gobierno se advierte la enorme diferencia en preparación y en teóricas posibilidades políticas que existían entre ellos y la persona de Adolfo Suárez, hasta el punto de que cuando se conoció la decisión regia que elevó a la presidencia del Gobierno a aquel joven político fueron muchos los que rechazaron, abiertamente, el acierto de tal designación y pusieron en seria duda la posibilidad de que fuera la persona capaz de llevar a buen puerto la difícil travesía de un régimen dictatorial y militarizado a otro de desarrollo de las libertades en el marco de una democracia en la que pudiera tener su asiento un Estado de Derecho.

Se suele decir por quienes creemos en la trascendencia del ser humano que «Dios escribe derecho con renglones torcidos», y algo parecido debió de ocurrir en aquellos difíciles momentos de imprescindible transformación de España en una moderna democracia regida por el Derecho, porque a esta altura de tiempo transcurrido se percibe con toda nitidez que ninguno de los hombres cuyos nombres se mencionaron en aquellos cruciales momentos para verificar el cambio de rumbo que requería el país hubiera sido capaz, pese a sus constatadas cualidades personales y políticas, de llevar a cabo, con la decisión y la fortaleza que requerían la circunstancias, la transformación de un régimen autoritario en un sistema de libertades propio de una democracia moderna.

No le fue fácil a Suárez realizar la tarea que le encomendó el Rey, pues fueron muchos los flancos a los que hubo de atender y hacer frente, en ocasiones, en situaciones harto peligrosas para el devenir del futuro que se pretendía para España. La postura del Ejército claramente adherida, por razón de la edad de quienes, entonces, constituían su jerarquía máxima, a los postulados del alzamiento militar capitaneado por Franco y por su inquebrantable adhesión al mismo, aunque ya hubiera fallecido, se erigió en su serio obstáculo a los proyectos modernizadores del nuevo presidente de Gobierno.

La propia sociedad civil, pese a que pudiera percibir y aun desear la necesidad de un cambio en el sistema político hasta entonces vigente, sin embargo, sobre todo en su clase media más conservadora, habituada a un discurso político enraizado en los postulados que propiciaron la victoria de las tropas que se alzaron en guerra en el año 1936, se manifestaba reacia a admitir determinadas medidas que supusieran la entronización dentro del aparato del Estado de ideologías y partidos políticos a los que se hacía responsable de los desmanes acaecidos durante la vigencia de la República instaurada en el año 1931, por lo que no fue tarea fácil el convencer a ese amplio sector social de la imprescindible necesidad de la legalización e introducción dentro de la vida política española de todos los partidos cualquiera que fuese su ideología, con excepción de los que encubrieran a actividades terroristas. Aquella famosa frase de Suárez, «hay que elevar a la categoría de normalidad aquello que en la vida real es normal», tenía que cobrar virtualidad, y a ello se dedicó con ahínco durante toda su actividad en la vida política.

A todas estas dificultades que hubo de afrontar el presidente Suárez se añadieron, ya en su última etapa de gobierno, el recelo, la desconfianza y las maniobras frente a su propia persona que se revelaron dentro del propio partido político que él había creado y que, como es lógico, supusieron un serio elemento en su derrumbe personal y político.

Sin desconocer los posibles errores que, sobre todo en su última etapa al frente del Gobierno, pudieron acompañarle, resulta injusto, sin embargo, olvidar la ingente tarea que desarrolló en la transformación de España en una democracia caracterizada por la implantación de un Estado Social y Democrático de Derecho que se plasma en la Constitución de 1978, que es, a día de hoy, la de mayor vigencia temporal de cuantas se promulgaron en nuestro país con anterioridad, si se exceptúa la de 1876.

Bien, pues a este hombre excepcional, al que una lamentable enfermedad mantiene en la penumbra sin que alcance a recordar todo lo mucho que hizo por este país, no se le ha rendido, todavía, a nivel nacional, el homenaje del que es legítimo acreedor. Es cierto que el Rey no solo le concedió el Ducado que lleva su nombre, sino que también le otorgó, entregándoselo además en un acto entrañable que inmortalizó el propio hijo del homenajeado en una extraordinaria fotografía, el Gran Toisón de Oro. Pero si hay quien reclama, con toda justicia, un monumento en el centro de Madrid para Juan Carlos I, parece que algo habría que pedir, también, para Adolfo Suárez, al que no se ha dedicado ni siquiera una avenida o una plaza importante en la capital de España, o una estatua en algún lugar emblemático, por más que en algún pequeño pueblo sí se le recuerde en alguna calle o centro escolar. Si el Rey fue el motor del cambio de la dictadura a la democracia, Adolfo Suárez fue el fiel y valiente ejecutor de ese cambio, dejando en el empeño, sin la menor duda, girones de su propia estabilidad física y mental que ahora le pasan factura, haciéndole vivir la última etapa de su vida en la ausencia total de un pasado tan decisivo para la actual convivencia de todos los españoles y del que él fue un protagonista de excepción.

Algo habrá que hacer, por tanto, para que la ingratitud no se enseñoree, una vez más, del pueblo español, que debe reconocer los méritos y las obras de quienes propiciaron su actual convivencia en democracia y paz. Y es importante que ello se haga ya sin esperar, como viene siendo desafortunada costumbre, a que la persona merecedora del homenaje público no esté en el mundo de los mortales.

Finales de los años 20. Cerca de Estella, al pie del Ega, el automóvil de Alfonso XIII circula en dirección a Madrid. El monarca siente sed y manda que paren el coche. Desciende del automóvil y dirige sus pasos, bajando por una pendiente, hasta la ribera del río. Se encuentra allí con una muchacha que lava la ropa y que va provista de comida y bebida para pasar el día. El Rey le pide que le dé de beber. La presencia de un extraño intimida a la joven que, como acto reflejo, se niega a complacer la petición. Alfonso XIII le espeta con solemnidad: «¿Sabes quién te lo pide?». La chica niega con la cabeza. El Rey imposta la voz para informarle. «Te lo pide el Rey de España». La muchacha se echa a reír, salpica con agua al impostor y le replica divertida: «¿El Rey de España? ¡Y yo que me lo crea! Lo he visto en el periódico y es mucho más guapo». Al día siguiente, en un periódico regional, aparecía este titular a toda página: «El Rey tratado de feo».

Por aquellas fechas, el monárquico José María de Areilza vio por primera vez y saludó a Alfonso XIII. Lo describe como un hombre de «cabeza pequeña, nariz prominente, prognatismo no muy acentuado, boca sensual bajo el negro bigote, y unos ojos vivísimos que lo inspeccionaban todo». Relata también el político de Portugalete: «En las nuevas generaciones, la Monarquía tenía pocos partidarios y la hostilidad al Monarca era grande, reflejada en chistes, caricaturas y canciones».

El 14 de abril de 1931 -hoy hace 80 años- se proclamó la II República española. Dos días antes se habían celebrado elecciones municipales que ganaron los partidos monárquicos. El resultado, traducido en actas de concejales, fue de 40.324 votos monárquicos y 36.282 republicanos y socialistas. En las grandes ciudades, Madrid y Barcelona entre ellas, los concejales republicanos se triplicaron y cuadriplicaron. Una curiosa hermenéutica de aquellos resultados interpretó el voto rural como caciquil y conservador y el urbano como consciente y libre. Su triunfo urbano animó a los republicanos a echarse a la calle con entusiasmo desbordante y proclamar la República.

Esto permite calificar los hechos de golpe de Estado. No en un aspecto técnico, porque no hubo violencia ni coacción; pero entonces, como ahora, unos comicios municipales tienen como objetivo la constitución de ayuntamientos, no un cambio en la forma de Estado. Habría sido necesario para ello la convocatoria de un referéndum, pero la voz de la calle fue estruendosa, con tantos decibelios que hizo añicos los cristales de las urnas. El propio Rey entendió que el vocerío, la explosión popular, expresaba un rechazo a su persona, y defenderse exigiendo la aplicación de la ley podría acabar en derramamiento de sangre. Los sucesos del 14 de abril de 1931 hay que encuadrarlos en un fenómeno inédito de psicosis colectiva.

Un factor que contribuyó a la unidad de las fuerzas opositoras fue el crack del 29 y su repercusión en España. El progreso económico de los felices 20 dio la vuelta como un calcetín. La Gran Depresión supuso que los inversionistas extranjeros retirasen su dinero de España, que los bancos estuvieran al borde del descubierto y que la peseta se devaluara. Del pleno empleo se pasó a una situación de catástrofe.

La dictadura primoriverista (de signo conservador más que fascista) cayó en enero de 1930 y la Monarquía un año y tres meses después. La coincidencia en el tiempo hace fácil la sospecha de que una y otra se necesitaban mutuamente. Su destino fue común: el Rey y el dictador acabaron en el exilio. Alfonso XIII había apoyado en un principio al general. Demasiado tarde le retiró la confianza.

Se crearon estados de opinión en contra de la Monarquía. Ortega, Marañón o Pérez de Ayala auspiciaron el advenimiento de la República. Fue el banderín de enganche para limpiar las impurezas de la realidad. Ortega, en un artículo publicado en El Sol con el título de El error Berenguer, y a manera de posdata, escribió una consigna demoledora: Delenda est Monarchia. Pero el filósofo no tardó mucho en advertir la demagogia republicana y, junto con Marañón y Pérez de Ayala, le dio la espalda al nuevo régimen y acuñó la celebre expresión «No es eso, no es eso». Ante la quema de iglesias y conventos y otros desmanes, los tres intelectuales rectificaron su posición y rechazaron «la imagen de la España incendiaria, la España del fuego inquisitorial».

La República que se inició hoy hace 80 años no cuenta ni siquiera como dato histórico para las nuevas generaciones. Algunos, sin haber vivido aquellos años, se muestran nostálgicos de una etapa que desembocó en la pesadilla de la Guerra Civil.

Avanzada la madrugada del día 14, el Gobierno provisional se enteró de la marcha al exilio de Alfonso XIII. Salió por la puerta del Campo del Moro, casi por la gatera, lugar que debió abrirle las carnes porque en Madrid había calado el dicho de que «hasta los gatos se han hecho republicanos».

En el manifiesto que dictó antes de su marcha, y que sólo publicó ABC, el Rey sintetiza su sentir desde la primera frase. «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo».

La II República constituye uno de nuestros horizontes míticos recurrentes cuando miramos al pasado inmediato. Pese al tiempo transcurrido y a disfrutar de un buen conocimiento del periodo, algunos sectores de opinión de nuestro país no se han desprendido todavía de las servidumbres inherentes a los metarrelatos maniqueos, ideológicos y simplistas -negativos o positivos- sobre aquella experiencia política. Esto no deja de sorprender en una democracia como la nuestra, sólida y madura a pesar de todos sus problemas pasados y presentes.

Los ciudadanos, y sobre todo las nuevas generaciones, tienen el derecho y la obligación de exigir a los historiadores comprometidos con la sociedad abierta y el pluralismo que les brindemos una imagen acorde con las complejidades de una época como aquélla, elaborada desde criterios científicos, serena, distanciada y libre de las instrumentaciones interesadas de la guerra de memorias que hemos padecido en los últimos tiempos. Desde este punto de vista, como cualquier periodo pretérito, la República ofrece un balance que no podemos reducir a tonos monocromáticos. Proclamada bajo vientos festivos y justificadas esperanzas reformistas tras el paréntesis de una dictadura -la de Miguel Primo de Rivera- que tiró por la borda más de un siglo de historia constitucional con la anuencia del Rey Alfonso XIII, la República pronto se trocó en un escenario propicio a la más erizada confrontación política, al sectarismo e incluso a la violencia, sometida a una escalada de rupturas y enfrentamientos que, a la postre, desembocaron en una sangrienta guerra civil.

Pese a todo, aquel desenlace no era inevitable, ni la insurrección de octubre de 1934, por más que gravísima, fue necesariamente su prólogo. Hasta el último momento la guerra se podría haber evitado si los altos responsables políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, hubieran gestionado la situación con pragmatismo, capacidad de diálogo y cordura. Que un ejercicio de esa naturaleza a la altura de 1936 pareciera en verdad difícil, no debe hacernos perder de vista el dato fundamental de que el detonante último de la guerra fue un golpe de Estado que fracasó y que dividió al Ejército y a las Fuerzas de Seguridad. De no haber mediado esa circunstancia contingente, la evolución del país podría haber sido muy distinta.

Ciertamente, la República todo lo tuvo en contra. De puertas afuera, llegó en el peor de los contextos internacionales imaginables, bajo los malos augurios vinculados a la crisis económica iniciada en 1929, el vertiginoso retroceso de la idea democrática de raíz liberal y el imparable avance de los regímenes y movimientos autoritarios y/o totalitarios (bolchevismo, fascismos, dictaduras militares de signo corporativo…). Ese marco abrió la puerta a la brutalización de la política y a la pérdida de confianza de los europeos -sobre todo los más jóvenes- en los sistemas parlamentarios y representativos. Los españoles no fueron ninguna excepción.

Bajo tales influencias, las causas endógenas también pesaron lo suyo en el triste devenir de la República, incluso bastante más que el contexto exterior. Al margen de las determinaciones estructurales (el atraso, la pobreza, el problema de la tierra, el analfabetismo…), que en realidad explican poco y contaron mucho menos de lo que se suele afirmar, la frágil estabilidad del régimen republicano tuvo que ver fundamentalmente con factores políticos. Sin duda influyó la guerra que le declararon sucesivamente los extremistas de distinto signo (anarquistas, comunistas, monárquicos autoritarios, socialistas revolucionarios, falangistas y militares desafectos…). Pero antes de que la violencia lo inundara todo, por lo menos hasta la primavera de 1936, lo que más condicionó la crisis de convivencia que caracterizó esos años fue el deficiente marco institucional que diseñaron los constituyentes de 1931; las lógicas de exclusión que se apoderaron de la escena; las retóricas de intransigencia y la consideración del adversario como enemigo irreconciliable; la débil asunción del pluralismo político y del principio del pacto, y, en fin, la escasa proclividad a cumplir las reglas del juego democrático y a respetar el principio de alternancia en el poder. Otros europeos -los menos- sí habían interiorizado a esas alturas las bondades del diálogo, la transacción y el consenso sobre los fundamentos básicos de la democracia parlamentaria (británicos, escandinavos, suizos, checos, holandeses, belgas… y pocos más). Desgraciadamente, los ciudadanos españoles y su clase política no formaron parte de ese grupo tan selecto como minoritario.

Confieso que, como economista, me ha causado asombro que cualquier medio de comunicación decida conmemorar como algo que históricamente merece positivamente la pena el LXXX aniversario de la llegada de la II República española. Conviene, se ve que ante demasiados olvidos, recordar qué golpes sucesivos se dieron por aquel nuevo régimen político a nuestra economía.

En primer lugar, en relación con la agricultura. Esta suponía, en 1931, respecto al total del PIB, el 24’2%. Como señalaba Flores de Lemus, del resultado de las cosechas dependía, en «lo fundamental, la coyuntura de España en lo que ella tiene de específicamente española», y esta influencia relativa pasaba a ser «mucho mayor que cualquier otro factor de la coyuntura». Por eso, «del resultado de la producción en nuestros campos irradia el poder que anima o deprime durante el año la vida económica de la nación». La II República alcanzó el poder, como lo definió críticamente entonces el profesor Torres Martínez, con un mito: el del «pan barato». Como la cosecha de trigo de 1931 había sido mala, decidió Marcelino Domingo importar trigo argentino, sin percibir que la depresión mundial reinaba, que podía saltar a España, y además que, como anunciaba «El Norte de Castilla», con su muestreo tradicional, la cosecha de 1932 iba a ser magnífica, como efectivamente sucedió. La llegada de estos embarques, sumados a las perspectivas agrarias, actuó conforme señala la ley de King, que naturalmente también ignoraba Marcelino Domingo: se provocó tal caída de precios, que se hundió el poder adquisitivo de los campesinos, y con él, el de todos los españoles.

Pero esto se ligaba con una fuerte contracción del gasto público, para tratar de evitar la caída de la cotización de la peseta, a pesar de que Keynes, en 1930, en Madrid, había señalado cómo esta caída, al facilitar las exportaciones, ayudaba a España a salir de la crisis. El déficit presupuestario fue, por eso, únicamente de un 0’2 por ciento en 1931, y de un 0’6 por ciento en 1932, del PIB. Con lucidez extraordinaria, Lluc Beltrán, en su carta a Keynes del 17 de noviembre de 1934 —publicada en los «Anales de la Real Academia de Doctores de España» 2009— decía textualmente: «Al iniciarse la bajada mundial de los precios en 1929, la peseta comenzó a bajar en consonancia, con la feliz consecuencia de mantener… la normalidad de nuestra actividad industrial. Sin saberlo, al contrario, en contra de nuestra voluntad, ya que en aquel momento se consideraba la bajada del cambio de la peseta, hacíamos lo que usted recomienda hacer en el capítulo 21 de su obra “Treatise on Money”. Las cosas seguían en este plan hasta 1932. Entonces, el tipo de cambio de la peseta dejó de seguir la tendencia de los precios mundiales. Al elevarse, dio lugar a una caída de los precios nacionales. Fue en ese momento cuando se empezaron a notar en España los efectos de la depresión mundial».

El freno planteado a las obras públicas y la crisis agraria provocaron de consuno un largo desempleo, descomunal para entonces, agravado por la política de Largo Caballero, favorable a la subida de los costes salariales, esencialmente en la agricultura al poner en marcha un arbitrio típico: la Ley de Términos municipales, de 28 de abril de 1931, por la que los empresarios rurales de cada municipio debían dar ocupación, con altos salarios, a los parados que existiesen en él. Una escalofriante anécdota que relataba «El Norte de Castilla» el 17 de noviembre de 1933 le proporcionó a Perpiñá Grau, en «De Economía Hispana» (Labor, 1936), la base para señalar cómo esta política motivaba que estuviesen «un número muy considerable de ciudadanos del interior con un tenor de vida medieval».

Alguien podría decir que la II República puso en marcha una Reforma Agraria para paliar eso. Pues bien, como sostuvo el profesor Torres, su base se encontraba en otro mito, el del «reparto». Al decidir liquidar el proyecto del Banco Agrario, por ese miedo reverencial que a la gran Banca española tenía Azaña, ¿cómo sin crédito iban a prosperar los nuevos propietarios? ¿De qué iban a vivir hasta que vendiesen las cosechas? ¿Y cómo podrían comprar desde abonos hasta la cebada para las mulas? Por eso, la Reforma Agraria nació muerta, y solo se orientó en forma de castigo político para quienes se sospechase habían tenido algún contacto con el golpe militar de Sanjurjo en agosto de 1932. Esto, como investigó muy bien el profesor Juan Muñoz, provocó una expropiación muy importante en los ruedos de los pueblos, o sea en pequeñas propiedades ajenas al latifundismo. Así se creó, adicionalmente, un clima de odios en muchas pequeñas localidades agrarias que, dentro de los planteamientos por Malefakis, explica bastante de mil sucesos sangrientos a partir de 1936.

Todo esto provocó un considerable aumento del paro, lo que acentuó las tensiones sociales, las cuales, a su vez, frenaban la expansión, al empeorar las expectativas empresariales. Y para agravarlo todo, gracias a la puesta en marcha del Estatuto de Cataluña, como explicaron con contundencia Larraz y Calvo Sotelo, se rompió el mercado interior y se alteró profundamente la marcha de la Hacienda.

La síntesis de todo lo señalado se encuentra en estas frases de Jordi Palafox en «Atraso económico y democracia. La II República y la economía. 1892-1936» (Crítica, 1991, págs. 179 y 181): «El impacto sobre la economía de la proclamación de la República fue brutal», porque los acontecimientos «provocaron una profunda sensación de inseguridad entre los sectores económicos con más poder».

Simultáneamente, se acentuó el intervencionismo, y los fenómenos de un fuerte corporativismo ajeno al mercado se generalizaron. Por eso sostiene Pedro Fraile Balbín, en su excelente trabajo «La intervención económica durante la II República» (en el volumen I de «1900-2000. Historia de un esfuerzo colectivo», Planeta. Fundación BSCH, 2000), que «el predominio de los responsables políticos sin formación profesional económica, o, lo que es aún peor, con las intuiciones que formaban el conocimiento común de lo económico en aquel tiempo, era patente entre todos los ministros desde 1931 hasta los últimos gobiernos».

¿Y el inicio de ese caos económico, que motivó que el PIB por habitante a precios de mercado disminuyese respecto a 1929 nada menos que un 9’5 por ciento en 1933, junto con un fuerte aumento de desempleo, es algo que merezca celebrarse? ¿O es que debemos olvidar eso que se llaman los costes sociales, los que pagan con dureza las familias para que, como fue lo sucedido entonces, se dictaminase con engolamiento que había sido un error la Restauración y no digamos la Dictadura de Primo de Rivera, a pesar de que no se contemplaba desde 1874 un caos económico tan considerable como el que surgió desde 1931?

Hace 80 años, en un 14 de abril como hoy, se proclamaba en España la Segunda República. En sus pocos años de vida democrática, fue un intento de modernizar a un país profundamente atrasado, sometido a un sistema de propiedad oligárquica, regido por una monarquía corrupta, que había avalado la dictadura de Primo de Rivera en 1923, un Ejército políticamente activo adicto al statu quo político asegurado por el rey Alfonso XIII, en el que la Iglesia católica, desde el púlpito y a través de la enseñanza, ejercía una intensa influencia.

Con los primeros decretos aprobados por el Gobierno de Alcalá Zamora y las leyes posteriores a la aprobación de la Constitución democrática del 9 de diciembre de 1931, ya con la coalición republicano-socialista presidida por Manuel Azaña, se iniciaba un proceso reformista que sentó las bases de aquella modernización, truncada por el golpe de Estado de Franco y la guerra civil. Un proceso que inició la reforma agraria para intentar un cambio en la estructura de la propiedad de la tierra que permitiese un nuevo sistema económico; que intentó establecer las bases para la separación entre la Iglesia y el Estado, excluyendo de la enseñanza a las confesiones religiosas; que procuró desvincular al Ejército de la influencia sobre el poder civil; y, que, a través de la Constitución, pretendió resolver, mediante la fórmula del Estado integral, la diversidad política de los pueblos y territorios del Estado, es decir, de resolver el contencioso histórico de la inserción de Catalunya y del País Vasco en España. Y todo ello en el marco de una Constitución que, como la alemana de Weimar (1919) y las constituciones de Austria y Checoslovaquia (1920), era expresión de aquel constitucionalismo de entreguerras que reconocía un amplio catálogo de derechos de libertad, políticos y sociales, a fin de construir un marco constitucional de garantía para la adecuada concurrencia de la libertad y la igualdad, como base esencial de la democracia. Una Constitución que aseguraba la racionalización de las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno y que creaba, bajo la influencia intelectual del jurista Hans Kelsen, el Tribunal de Garantías Constitucional para asegurar la prevalencia de la Constitución frente a los excesos del legislador. Y que consolidaba la República como la forma de gobierno más democrática.

Este proyecto reformista chocó desde el inicio con la radical y violenta oposición de los tres pilares del antiguo régimen monárquico: el Ejército, que ya se sublevó en 1932 con el golpe de Sanjurjo; el boicot de los terratenientes, que respondían al campesinado hambriento y analfabeto, con aquello de «si queréis, ¡comer República!», y la Iglesia del cardenal Segura, que apelaba a la cruzada contra la masonería y el comunismo. Todo lo cual no suponía nada nuevo bajo el sol: así había sido desde los inicios del siglo XIX, expresión de la frustrada historia del Estado español contemporáneo, impotente para afrontar el reto de llevar a cabo una revolución liberal. En este sentido, la Segunda República fue un intento de revertir aquella dinámica, que había hundido a España en la más pura marginalidad carpetovetónica. Frente al reformismo republicano, el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista representaron, en su manifestación más dura, una línea de continuidad con el pasado, al mantener anclada a la ciudadanía española en la condición de súbditos de dictaduras, regímenes autoritarios y pronunciamientos militares, como así había ocurrido a lo largo del siglo XIX.

A 80 años vista, afortunadamente, la situación es otra. Sobre todo porque esta ciudadanía dispone de bases democráticas para el ejercicio de la libertad, aseguradas por la Constitución de 1978.

Con la perspectiva que ofrecen las reformas republicanas de los años 30, hoy puede afirmarse que el Ejército está sometido al poder civil; que el sistema económico es socialmente más equilibrado, aunque la crisis financiera vigente ponga de relieve su profunda injusticia, la palpable inanidad de los controles institucionales y la escasa capacidad de maniobra del Gobierno para afrontarla. Pero sigue siendo una asignatura pendiente la separación de la Iglesia católica respecto del Estado. La aconfesionalidad proclamada por la Constitución, que debería asegurar la neutralidad del poder público respecto de la religión, contrasta con el tratamiento privilegiado que en materia económica, tributaria y, sobre todo, de enseñanza recibe el culto católico del Estado, a través de los inconstitucionales Acuerdos de 1979 firmados con el Estado Vaticano. Por lo que concierne a la realidad plurinacional que ya afrontaba la República, la Constitución de 1978 ha sido objeto de una restrictiva interpretación por el Tribunal Constitucional que ha desactivado en lo más esencial, la reforma del Estatut del 2006, lo cual deja de nuevo abierta la cuestión de la inserción de Catalunya en España. Tras el tiempo transcurrido, viejos problemas siguen ocupando un lugar en la palestra, cosa que no es muy edificante.

Entre 1910 y 1931 surgieron en Europa varias repúblicas, regímenes democráticos, o con aspiraciones democráticas, que sustituyeron a monarquías hereditarias establecidas en esos países desde hacía siglos. La mayoría de ellas, y algunas muy significativas como la alemana, la austriaca y la checa, se habían instaurado como consecuencia de la derrota en la I Guerra Mundial. La serie había comenzado en Portugal, con el derrocamiento de la monarquía en 1910, y la española fue la última en proclamarse. La única que subsistió como democracia en esos años, hasta el estallido de la I Guerra Mundial, fue la de Irlanda, creada en 1922. Todas las demás fueron derribadas por movimientos autoritarios de ultraderecha o fascistas.

El conocimiento que tienen la mayoría de los ciudadanos sobre esas repúblicas es, en el mejor de los casos, vago e incompleto. Se recuerda más cómo acabaron, las tragedias en las que desembocaron, que sus logros políticos o sociales. En el caso de España, aunque el interés por la Segunda República no se limita a los especialistas académicos, lo que se sabe fundamentalmente de ella son trozos sueltos, fragmentos divulgados por las militancias políticas, que muy pocos quieren o pueden juntar en una historia menos ideologizada y más sometida al escrutinio de las fuentes y del examen detallado de los hechos.

La historia de esas repúblicas, especialmente de la de Weimar y la española, ha sido eclipsada por su final y lo que siguió, el nazismo y una Guerra Civil. Casi ningún historiador acepta en la actualidad el planteamiento determinista de que esos regímenes republicanos estaban predestinados al fracaso desde el principio. Por el contrario, los análisis más fructíferos centran la atención en las opciones y viabilidad de consolidar sistemas democráticos en ese periodo, en la fortaleza de las estrategias antidemocráticas y en las buenas o malas políticas. Es una historia cargada inevitablemente de controversia, de interpretaciones discrepantes, pero que ha ido encontrando un terreno común sobre el que debatir y avanzar investigaciones.

Por razones obvias, la República de Weimar ofrece mucho más juego para el debate historiográfico y para el examen de los peligros del fracaso de la democracia en una sociedad industrial moderna. Alemania, pese a la derrota en la I Guerra Mundial, era el país más desarrollado económicamente y con mayores logros culturales y científicos del continente europeo. La República de Weimar, nacida de una guerra y del desplome del orden imperial, sobrevivió en sus primeros años a los estragos de una superinflación, al dictado de Versalles y al acoso armado desde la extrema derecha e izquierda. Al contrario de lo que pasó en Italia, que sucumbió muy pronto al fascismo, la República de Weimar fue capaz de resistir durante 14 años.

¿Fueron el fracaso de la República y el triunfo de Hitler inevitables? Cualificados historiadores que han tratado de responder a esa pregunta consideran que las posiciones antidemocráticas de las “élites políticas tradicionales” fueron un serio obstáculo para consolidar un sistema democrático. Buscaron desde el principio desafiar al régimen político que surgió de la derrota en 1918 y después de 1929 trataron con todos sus mecanismos de poder, que eran muchos, de explotar esa grave crisis económica para derribar la democracia e instaurar un Gobierno autoritario.

Mientras que en Gran Bretaña la gravedad de la crisis económica en 1930-1931 produjo un fortalecimiento del conservadurismo, en Alemania el arco conservador-liberal de votantes se rompió y fue a parar a las manos de los nazis, el partido antisocialista y antidemocrático más radical y que se había mantenido completamente al margen del Gobierno de la República. La derecha tradicional/ortodoxa proporcionó así el espacio político que el movimiento nazi necesitaba para prosperar.

Además, frente a lo que ocurrió en Gran Bretaña y en la Tercera República francesa, donde la crisis económica no llevó a las fuerzas políticas más importantes a plantear una alternativa al Gobierno parlamentario, la República de Weimar sufrió, casi desde el principio, una pérdida de legitimidad que se convirtió en los años de la Depresión no solo en una falta de apoyo popular al Gobierno, sino en una crisis de Estado. Tras contemplar varios tipos de soluciones autoritarias, incluida la restauración de la monarquía bajo el príncipe Guillermo o una dictadura militar, una “alianza de intereses”, como la denomina Ian Kershaw, entre las élites conservadoras y Hitler le dio el poder al dirigente nazi.

Los problemas que tenía que abordar la Segunda República parecían, en comparación con la de Weimar, menos acuciantes. España no había participado en la I Guerra Mundial; no tenía conflictos fronterizos que pudieran favorecer el surgimiento de movimientos nacionalistas extremos; los factores económicos no fueron tan determinantes en el desenlace final; y el fascismo y el comunismo, los dos grandes movimientos surgidos de la I Guerra Mundial y que iban a protagonizar dos décadas después la Segunda, apenas tenían arraigo en la sociedad durante los años de la República y no alcanzaron un protagonismo real y relevante hasta después de iniciada la Guerra Civil.

¿Por qué entonces la República no pudo sobrevivir? No hay, ni puede haber, una respuesta simple a la pregunta de por qué del clima de euforia y de esperanza de 1931 se pasó a la guerra de exterminio de 1936-1939. Para consolidarse como sistema democrático, la Segunda República necesitaba establecer la primacía del poder civil frente al Ejército y la Iglesia católica, las dos burocracias que ejercían un fuerte control sobre la sociedad española y a las que fue imposible controlar. Sus proyectos e intentos de transformar tantas cosas a la vez (el Ejército, la Iglesia, la tierra, la educación o las relaciones laborales) suscitaron grandes expectativas que la República no pudo satisfacer y se creó pronto muchos y poderosos enemigos. Frente a las reformas republicanas, las posiciones antidemocráticas y autoritarias crecieron a palmos entre los sectores más influyentes de la sociedad y la vía insurreccional ensayada por anarquistas en 1932 y 1933 y por los socialistas en octubre de 1934 significó una ruptura con el proceso democrático y el sistema parlamentario.

Mientras las fuerzas armadas defendieron a la República y obedecieron a sus Gobiernos, pudo mantenerse el orden y controlar los intentos militares/derechistas o revolucionarios de subvertirlo, aunque fuera, como en la revolución de Asturias de octubre de 1934, con un coste alto de sangre. El régimen republicano, evidentemente, presentaba enormes fisuras y como pasaba en casi todos los países europeos, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Pero el golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que decidieron derribarla en julio de 1936. Como en España, al contrario de lo que ocurrió con otras repúblicas del periodo, hubo una resistencia importante, militar y civil, frente al intento de imponer un sistema autoritario, lo que siguió al golpe de Estado no fue su triunfo sino una Guerra Civil.

España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y autoritaria. Bastaron tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y de desprecio por la vida del otro sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar el golpe militar y el carácter inevitable del conflicto armado, está claro que, comparado con lo que siguió, la República fue una etapa de logros notables.

Cada vez parece más difícil resolver la acritud de la discusión política y la ignorancia sobre esa historia. Es sintomático cómo la memoria de la Guerra Civil y la desmemoria y propaganda contra la República han impedido un debate sobre temas que, empezando por la relación entre el Estado y la sociedad, claramente conectan aquel pasado con nuestro presente y que deberían resultar familiares e importantes para nuestra actual democracia. Pero nuestros políticos no quieren ni les interesa ese tipo de retos. Y la enseñanza de la historia se ha quedado también al margen de esa necesaria empresa de construcción de una sociedad civil más democrática y mejor formada.

También la lluvia, la reciente película de Iciar Bollain, ha vuelto a recordarnos la brutalidad de la conquista del Nuevo Mundo por parte de la España del siglo XVI. La película hace un atrevido paralelismo entre esa colonización y la no menos sistemática y brutal que los países más poderosos siguen llevando a cabo en tantos lugares del mundo a través de sus negocios e industrias. Uno de los protagonistas de aquella conquista fue Cristóbal Colón. ¿Pero es Colón alguien que solo pertenece a la historia o un modelo aún vigente de la insaciabilidad y soberbia que siempre han caracterizado las relaciones de Occidente con el resto del mundo? ¿Quién era este oscuro navegante, qué esperaba encontrar en aquel viaje? ¿La gloria, el poder, la riqueza, la salvación de su alma, acaso todo a la vez? Entregó su vida entera a una aventura insensata y todavía hoy nos preguntamos la razón. Una aventura que llevó a cabo en las condiciones más penosas, si consideramos que para escoltar a la infanta doña Juana, hija de los Reyes Católicos, en su viaje matrimonial a los Países Bajos, la corona fletó 130 buques con miles de soldados a bordo. Se nos ha dicho que quería encontrar una nueva ruta a las Indias, para evitar a los peligrosos piratas del Mediterráneo, pero ¿de verdad era eso lo que buscaba? Hay quien piensa que era un hombre religioso en cuyos sueños se compendiaban algunas de las grandes aspiraciones del mundo cristiano de la época: “el comercio directo con Oriente, el contacto con los misteriosos reinos cristianos del Preste Juan y el remate al ideal de la Cruzada con la toma definitiva de Jerusalén”. Sin embargo, Cristóbal Colón también representa el modelo del hombre moderno, en que se combinan la mentalidad del científico y el naturalista con la del hombre pragmático que sueña enriquecerse. Todorov afirma que pueden darse tres móviles para la conquista. El primero, humano: la riqueza; el segundo, divino: la cristianización de los indígenas; y el tercero, relacionado con el conocimiento y el disfrute del mundo natural.

Cristóbal Colón fue un hombre situado a caballo entre dos mundos: uno, el moderno, que trata de regirse por la racionalidad y la observación; y el otro, el medieval, lleno aún de mitos y oscuros prejuicios. Esta alternancia de modernidad y tradición, podría explicar, al menos en parte, su compleja personalidad. Su despotismo, por ejemplo, no sería tanto el despotismo del que solo busca el poder y lariqueza, sino del que se cree investido de una misión superior y no duda en llevarla a cabo como sea, por pensar que sus cuentas no son con los hombres. Así era Colón, tan capaz de las observaciones más delicadas y conmovedoras, como de cortar las orejas y la nariz a un pobre muchacho al que cogen robando trigo.

Sus diarios son una prueba de esa personalidad contradictoria. Vemos en ellos a un hombre culto, aficionado a la lectura, dotado de un espíritu crítico y moderno; pero también a alguien que aún no ha abandonado la oscura noche del mito y cuya visión del mundo sigue condicionada por los más extravagantes prejuicios. Así, y junto a precisas descripciones de los lugares que visita, de su fauna y su flora, o de los indígenas que le salen a recibir, habla de personajes tan imposibles como los come-hombres y los hombres-perro, o se pregunta cuándo se producirá ese encuentro que tanto teme con el unicornio, del que ha oído hablar en el libro de viajes de Marco Polo. O dicho de otra forma, su travesía no tiene lugar solo por una geografía real sino también por una geografía soñada, y de hecho, al menos en dos ocasiones, cree haber encontrado el paraíso terrenal. Era un viaje real y simbólico a la vez.

De hecho, cuando los Reyes le reciben en Barcelona, a su regreso de su primera travesía, no lo hacen solo como si fuera un viajero ilustre, alguien portador de noticias acerca de nuevos mercados o países remotos con los que mantener relaciones provechosas, sino también como si viniera del mundo del mito. El hermoso relato que hace Björn Landström no puede ser más ilustrativo. La ciudad se engalana como para una fiesta, y cuando entra en el salón real los soberanos se levantan para recibirle, como habrían hecho con un igual. Acompañan a Colón las criaturas y productos de aquel mundo remoto. Varios indios casi desnudos, jaulas con cacatúas, pequeños perros que no podían ladrar. Arcas con algodón, áloe, especias y pieles de grandes iguanas. “Y grandes cestos llenos de oro: coronas de oro, grandes máscaras decoradas con oro, ornamentos de oro batido, pepitas de oro, polvo de oro”. Colón iba presentando estos bienes a los soberanos, al tiempo que les hacía el relato de sus aventuras. Les habló de los caribes devoradores de carne humana y de las sirenas frente a Monte Christi, aunque aseguró que no había visto ninguno de los monstruos que los cosmógrafos creían existentes en las islas al fin de la Tierra. Toda una representación, que Colón lleva a cabo como el más avezado de los escenógrafos, presentando su descubrimiento del Nuevo Mundo como el fin de la época de escasez.

Una cosa bien distinta era lo que había dejado atrás: tormentas, enfermedades, traiciones, la llegada a unas tierras extrañas y hostiles, donde nada era lo que había esperado encontrar.

Y aun así, repite ese mismo viaje hasta cuatro veces, sin que en ninguna de ellas le vaya mejor que en las precedentes. Esta repetida frustración y las numerosas penalidades que tuvo que sufrir le volvieron un gobernante altivo e implacable, que incluso tuvo que regresar a España para responder a las numerosas denuncias que se hicieron en su contra, tal como relatan las historiadoras Consuelo Varela e Isabel Aguirre. “Aplicaba la justicia sin juicios, no distribuían víveres entre los colonos y no permitía que se bautizara a los indígenas para poder utilizarlos como esclavos”. Puede que esos excesos tuvieran que ver con el fracaso de sus sueños, y con su incapacidad para aceptar sus errores.

De hecho, la historia de Colón no es sino una sucesión de equivocaciones. No había estado a las puertas de los reinos del Gran Khan, ni las tierras que había encontrado tenían nada que ver con el paraíso del que habla la Biblia. Tampoco había oro, al menos en las proporciones que esperaba, ni sirenas u otras criaturas fantásticas. Solo avidez, traición, enfermedades y muerte, la historia eterna de los hombres. Se equivocó en casi todo lo que hizo, especialmente en su trato con los pobladores nativos de las tierras descubiertas, a los que nunca hizo el menor esfuerzo por entender. Solo le importaba lo que veía, o lo que creía estar viendo: no lo que los demás podían ver u observar, ni siquiera sus otros compañeros de expedición. Se sentía superior a ellos, sobre todo a los indígenas, a los que siempre consideró poco más que animales.

Ese fue su mayor fracaso, y tal vez lo que más le acerca a nosotros, si consideramos el papel que seguimos cumpliendo con tantos pueblos. El Nuevo Mundo estaba en el corazón de los otros, y él, uno de los más grandes navegantes que ha existido, pasó a su lado sin apenas detenerse a mirarlo. ¿Sigue representado a esta Europa exhausta pero insaciable que somos?

En los últimos años de su vida don Claudio Sánchez-Albornoz, asustado ante el cariz que iba adquiriendo en Andalucía la rearabización de guardarropía y subvención, publicó en periódicos varios artículos de divulgación histórica con el fin de alertar y concienciar a la población española del contraproducente dislate en que políticos oportunistas y personajes más comerciantes que intelectuales estaban sumiendo a nuestro país, en aras de restaurar una imaginaria justicia histórica en la que la España real era desconocida y marginada, cuando no escupida, por gentes cuyos conocimientos eran tan reducidos como enormes sus ambiciones. Los arabistas que, a la sazón, tenían autoridad y medios para contribuir a la clarificación permanecieron mudos: no convenía luchar contra la corriente, por mucho que discreparan en la intimidad de la falsificación arrasadora.

El intento de don Claudio pasó inadvertido, por su fallecimiento, que impidió su continuidad, por escribir en diarios del norte que raramente llegaban a Andalucía («Acaso no hayan sido muy leídos al sur de Sierra Morena los ensayos en que desarrollé lo sabido sobre la realidad de la historia andaluza…», se lamenta el historiador) y, sobre todo, porque la avalancha contraria era demasiado fuerte. El pánico a de-sentonar con la moda, junto con la exaltación del tribalismo de taifa y sus pingües beneficios, indujo a parafrasear, para el propio coleto, a Quevedo: «Con la islamización… ¡chitón!». So pena de ser condenados al ostracismo moral —y lo que es peor: editorial— por los beatos adeptos de la nueva doctrina.

En horas veinticuatro el islam, en bloque y sin matices, fue prohijado por el progresismo hispano como parte de la «España perseguida por la reacción» y, de inmediato, canonizado en altares laicos, en batiburrillo deprimente: Blanco White, junto a los alfaquíes que persiguieron a Maimónides o Averroes; Antonio Machado, quemándose a la fuerza en la pira que Almanzor dedicó a los libros de al-Hakam II, los hosannas al pacifismo aureolando las degollinas de infelices campesinos cristianos en las aceifas estivales que organizaban los emires cada año, mientras pudieron. Monumento a la incongruencia, al desconocimiento y al olvido —por cierto— de las durísimas y hasta insultantes opiniones (insultos puros), documentos, escritos que los dirigentes comunistas, socialistas, republicanos dedicaron a los moros durante la Guerra Civil. Esta sí fue una reconversión industrial: el soplo benéfico del progresismo reconvirtiendo al islam —porque así convenía— en paradigma de tolerancia y pacifismo.

Hasta el 11 de marzo de 2004, berrido que nos despierta y testifica que tanta simpleza exige, al menos, aclaración y matices. El islam no puso las bombas de Atocha, pero sí —al parecer— los autores fueron musulmanes que decían actuar por y para su fe. Y, sin embargo, el embajador de Rodríguez en Washington —Sr. Dezcallar— se dispone a festejar el próximo 23 de marzo los mil trescientos años de la invasión árabe-musulmana en el Encuentro «East meets West» del Virginia Military Institute (Lexington, Virginia). No será el único. Y si todo quedara en abrazos protocolarios y retórica de circunstancias, bien estaría la cosa. Pero no, topicazos, medias verdades y la imagen folclórica e inane de la España forjada por los anglosajones protestantes están garantizados: «Una fusión entre dos mundos que empezó hace 1.300 años (…). Únete a nosotros para conmemorar las brillantes contribuciones resultantes de mezclar las culturas orientales y occidentales. El programa abordará el crucial relato de aquellos gloriosos hechos, cuando cristianos, judíos y musulmanes florecieron codo con codo en la Europa occidental, construyendo una sociedad que iluminó las Eras Sombrías…», reza el anuncio. Y todo a ese tenor.

Las dudas sobre al-Andalus —que una mera fecha nos induce a suscitar— empiezan por el comienzo mismo: la forma, el lugar y hasta los protagonistas. El profesor Joaquín Vallvé demostró hace años algo con claridad: la inconsistencia de las noticias y de la verdad oficial admitida en torno a la conquista árabe. La etimología de Gibraltar, la batalla del Guadalete y la misma existencia del personaje histórico Táreq ibn Ziyad quedaron en entredicho. Y otros muchos detalles anejos. El desembarco había sido por Cartagena, y la famosa rota visigoda habría tenido lugar en el Campo de Sangonera. Sin llegar a una conclusión definitiva sobre el asunto —Vallvé lo hace, y con fuertes razones— algo está muy claro: la fragilidad y falta de credibilidad de los cronistas árabes, respecto a los primeros tiempos de la Conquista, es clamorosa, empezando por que más bien se puede hablar de fuentes históricas que de crónicas en sentido estricto, fuera de la ordenación temporal. Díaz del Castillo, Cieza de León o Francisco de Xerez vivieron e historiaron los acontecimientos, fueron testigos de los mismos, en tanto que estos autores árabes escriben dos, tres, hasta nueve siglos (al-Maqqari) después de lo que narran. Y gustan de entreverar leyendas, chascarrillos, exageraciones, como si fueran historia. Pero no se trata de arremeter contra ellos, que, al fin, hacían lo que podían.

El problema es otro. Hace años que al-Andalus se ha convertido en diana fija de islamistas fanáticos y árabes en general, sean cuales sean sus intenciones inmediatas y visibles, máxime en el presente tobogán de inestabilidad que se corre por el norte de África como mancha de aceite, enarbolando la espada de internet, pero siempre con la amenaza islámica de fondo. Han cambiado los métodos, pero no los objetivos ni las convicciones de los actores. La recuperación de al-Andalus hace años que dejó de ser ensoñación chistosa de poetas para trocarse en objeto tangible de codicias colectivas. Palestina, primero —como meta más acuciante en orden cronológico y por imperativo geográfico—, y al-Andalus, en tanto que continuación del destino manifiesto de expansión islámica, constituyen los dos polos de atracción de islamistas moderados y extremosos. Al-Andalus desempeña un importantísimo papel, de bandera ideológica y refugio sentimental que justifique cualquier irracionalidad y sinrazón del tipo «como fue nuestro, es justo que lo recuperemos». El resultado de esta clase de juicios arbitrarios solo puede resultar desastroso, si se insiste con contumacia de neófitos, por parte española, en la resurrección del conmovedor y tierno al-Andalus que nunca existió. En otros tiempos, no demasiado lejanos, arabistas de primer orden como Asín Palacios o García Gómez pudieron disfrutar el lujo de embellecer y adornar su visión de las parcelas de al-Andalus que tocaban porque, de aquella, no había en España ni en el resto de Europa peligro islámico de ninguna clase y por ignorar cómo se utilizarían a posteriori, años después de su muerte, para recrear en la práctica un pasado detestable. Una cosa es dedicar un recuerdo amable y lo más documentado posible a esa parte de la historia de la Península Ibérica —como hemos reclamado en alguna ocasión—, y otra olvidarnos de quiénes somos realmente. Miro a mis antepasados y no veo más que gallegos, asturianos y leoneses: lo mismo que casi toda la población de Cádiz, Sevilla o Granada.

Estoy admirado de lo mucho que cambia nuestro pasado reciente. Ya nos habíamos acostumbrado desde nuestra más febril adolescencia a que la antigüedad y la modernidad fueran una continua caja de sorpresas. Desde los godos y su lista de reyes hasta los musulmanes, todo fue cambiando. Y el descubrimiento de América y la loca de Juana, que alcanzó a convertirse en símbolo de los nuevos comuneros de la Castilla radical. Y qué decir de los Austrias, que vuelven resplandecientes como si acabaran de desembarcar en Tazones. Los Borbones, mejor no tocarlos porque es tema sensible. Conforme nos acercamos al presente, la realidad histórica se transforma a mayor velocidad. El franquismo y la transición alcanzan lo vertiginoso.

Recuerdo cuando el canon de la transición lo marcaban Joaquín Bardavío, Pilar Urbano y Javier Tusell. Bardavío conoció muchas intimidades – había trabajado en servicios desde la época de Carrero Blanco-y salpicaba sus libros de detalles que parecían desvelar algo y que siempre favorecían a alguno de sus antiguos jefes, o de los nuevos. Pilar Urbano fue la Elsa Maxwell de la transición española, pero como ya casi nadie recuerda a la Maxwell, habré de ser más preciso. Algunos de nosotros la conocíamos como Pilar Suburbano por su peculiar modo de trabajar la información; su condición de supernumeraria del Opus Dei convertía sus columnas en benditas obleas que la gente se tragaba con una convicción que exigía mucha fe y muy poca caridad. A ella se debe, no obstante, el libro más importante sobre nuestro día más largo, que tituló Con la venia… yo indagué el 23 F (1982). Un gran libro.

De Javier Tusell, ya fallecido, sólo puedo ahora repetir lo que le dije en vida y en su jeta: que me era difícil distinguir su lado menos despreciable; si como persona, como político o como historiador.

Luego llegó la era de Victoria Prego. La transición era tal como la había contado Victoria Prego, y como lo suyo no era escribir sino hacer entrevistas, resultaba que las crónicas de la Prego eran fabulosas operaciones de montaje televisivo. Ella preguntaba, el protagonista respondía y ella montaba el capítulo. Como venía formada en las artes de pasamanería del viejo régimen, en el que su padre había sido notable cronista, sabía perfectamente cómo preguntar para que nadie se diera por aludido y todos quedaran contentos. Lo que tocaba la varita mágica de Victoria Prego se convertía en página para la historia.

De todos los vericuetos de la transición, el más inquietante es sin duda el 23-F. Por muchas razones, entre ellas que obligó a afrontar algo que la transición había sorteado hasta entonces: dónde estaba el poder. Fue nuestro día más largo, como el desembarco de Normandía, pero en ejercicio de maniobras. El 23-F radiografió al país en su conjunto como ningún otro acontecimiento de la iconografía oficial.

Fíjense si nuestra reconstrucción del pasado no será vertiginosa, que cada día que pasa no sabemos más del 23-F sino menos. Las últimas informaciones de las fuentes más fidedignas, y menos creíbles, resumen la gesta en la asonada de un picoleto tronado. Incluso seguimos dándole vueltas a si había un golpe, dos golpes o tres golpes. Una frivolidad de amateurs, porque todos los golpes de Estado, cuando triunfan, se unifican, pero si fracasan se parcelan. ¿Acaso el 18 de julio era el mismo golpe en la concepción de Sanjurjo, de Mola, de Franco, de Fal Conde, de Juan March, o de Cambó y Bertran i Musitu? Sólo estaban de acuerdo en el día, y no todos.

Y luego cuenta la edad. Un fascista longevo siempre es un anciano comprensivo, y por tanto liberal. Sirvió con Serrano Suñer, sirve con Alfonso Armada. ¿Acaso no vale también para Santiago Carrillo? Abuelos que enternecen a las almas cándidas.

Ya me imagino las necrológicas. Si tienen el vicio de leer las últimas entrevistas habrán descubierto otro fenómeno insólito: todos los protagonistas del 23-F lloraron en alguno de aquellos momentos trascendentales. Es la última aportación de nuestra historiografía doméstica. Los dioses, caídos o triunfantes, también lloran.

Incluso se hacen cada vez más confusas las razones del golpe. Ahora, menos que ayer, no sabemos a ciencia cierta si se trataba de acabar con Adolfo Suárez y su entonces protegido, Leopoldo Calvo-Sotelo, o si era contra la democracia, la Constitución y demás. El asunto se complica con la denominada trama civil del golpe. Nada menos que Alfonso Guerra se pregunta dónde están las cintas magnetofónicas de las grabaciones de aquella noche tan larga. ¿Es el mismo Alfonso Guerra que fue vicepresidente del Gobierno o un imitador chistoso? Porque si quien ejerció como número dos del Ejecutivo no tuvo acceso a los detalles, apaga y vámonos.

Cuando digo que el 23-F es la radiografía más precisa de la transición lo afirmo sumando evidencias, y la más brutal es aquella que atestigua que nuestras libertades, por frágiles que fueran, dependían de unos caballeros que se pasaron un montón de horas en la duda de si nos machacaban o nos mantenían como estábamos. Una democracia inerme es una parodia de democracia. Se jugaron nuestras vidas y nosotros estábamos mirando el tablero, hasta que nos dijeron que todo había ido bien, que podíamos seguir tranquilos. Fue aún más patético que la muerte de Franco. Entonces se había muerto el canalla y ahí estábamos esperando a ver qué hacían ellos, porque nosotros no estábamos en condiciones de hacer otra cosa que esperar. Cuando oigo a alguien contar lo del champán que se bebió a chorros en noviembre de 1975, tomo conciencia de que esa gente estaba aún más muertita de miedo el 23-F de 1981.

El 23-F fue otra dosis de realidad en unas castas que se empeñaban en inventarse un país inexistente. Apenas si hay nada escrito y verosímil sobre la trama civil del golpe, pero aún hay menos de las conversiones al socialismo militante de la radicalidad omnipresente. Aún recuerdo aquella errata feliz de El País cuando nombraron director general del Libro (1991) al columnista e historiador Santos Juliá. En el currículo periodístico había un error que hubo de ser subsanado: donde decía que había ingresado en el PSOE en 1981, debía leerse “que el historiador pidió el ingreso junto con otros intelectuales, pero no llegó a formalizar su ficha personal”.

Y cuando estábamos en estas llegó el relato. Se acabaron los Bardavíos, Suburbanos y Pregos, ahora la clave está en el relato. Si nuestra historia ha sufrido en los últimos años una manipulación tan descarada que resulta irreconocible para quienes la hemos vivido, ahora llegan las plumas.Buena gente. Legales y con muy buen rollo. La historia vista desde la profundidad psicológica de un escritor. Cuando usted dice “eso es incongruente, o inverosímil, o falso”, le responden: se trata de una novela. ¿Acaso un escritor no puede transformar la realidad e interpretarla? Es como apostar con los trileros; pierdes siempre. Cuando pones el dedo en la chapita y dices, eso es falso y además una manipulación, te replicarán que no valoras la creatividad literaria. Y cuando vuelvas a poner tu perplejidad en otra chapita delatora de una prosa agarbanzada, te rectificarán, porque son fieles a la historia.

Estamos en manos de frívolos convencidos de que al fin y al cabo la vida está hecha para los audaces y sostenida por los ignorantes. ¿Quién se creería hoy que España entera estuvo durante años discutiendo sobre la verosimilitud de la Guerra Civil contada por un escritor tan espantosamente manipulador y mediocre como José María Gironella? ¿Quién osaba negar entonces que aquel relato era literatura, no digamos ya historia? ¿Y si lo mismo ocurriera con Javier Cercas y su recreación del instante más largo de nuestra democracia? Porque el secreto de Gironella entonces y de Cercas ahora posiblemente se reduzca a una evidencia, dar a la gente lo que la gente quiere. ¡No me cuentes la verdad, chaval, házmela asumible! Héroes de papel para una sociedad encantada de conocerlos.

El 23 F, estrambote de una intensa tradición española -salpicada de asonadas, alzamientos, pronunciamientos y demás anomalías- fue el sarpullido final de un tiempo incierto, cuajado de ruidos golpistas y sacudidas terroristas.

“¡Quieto todo el mundo!” Con esas cuatro palabras de marras para la historia, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero un arquetipo galdosiano del golpista del XIX, pistola en ristre, al mando de un puñado de oficiales y guardias, interrumpió la investidura, como presidente del Gobierno, de Leopoldo Calvo-Sotelo, amedrentó a los diputados que estaban votando en el Congreso y metió el corazón de los perplejos españoles en un puño, durante las largas horas que duró el secuestro del Gobierno y la voluntad popular.

Si bien la asombrosa ausencia de daños personales y el buen hacer de los gestores de la crisis, empezando por el Rey, contribuyó a atenuar el drama, el castizo intento de golpe de Estado causó un grave perjuicio a la imagen de España y se aproximó más a un libreto del género bufo que a lo que cabe esperar de un país que se disponía a llamar a las puertas de las instituciones occidentales. Sin tratar de buscar razones al disparate, el deterioro económico y social, el terrorismo rampante, la no aceptación por el Ejército de la legalización del PCE y la -todavía suave- eclosión nacionalista, habían contribuido a crear, en los meses anteriores al 23F, un sentimiento generalizado de malaise, caldo de cultivo explotado desde la prensa de extrema derecha. El país venía evidenciando desconcierto mientras improvisaba avenidas y taponaba baches sin que a nadie se le pasase por la cabeza que quedaban cuentas por saldar, porque en 1978 se había intentado cerrar las heridas del pasado y nada parecía indicar que se fuesen a reabrir.

Y en esas estábamos, cuando unas docenas de guardias civiles, muchos sin saber muy bien lo que hacían ni lo que les esperaba, subían a las seis de la tarde por la Carrera de San Jerónimo camino del Congreso, donde se estaba celebrando la sesión de investidura.

(Lunes, 23 febrero 1981. 18,20 horas. ‘M30′. Congreso de los Diputados)

En la proximidad del hemiciclo, en una mesa casi camilla, sin brasero pero rebosante de papeles, Matías Rodríguez Inciarte, Eugenio Galdón, Alfredo Sánchez Bella y yo mismo habíamos estado suministrando munición de réplica al candidato, que se enfrenta a la oposición de buena parte de la Cámara y a la desgana condescendiente de algunos diputados de su propio partido. Calvo-Sotelo, acaba de terminar su intervención, se está votando y los periodistas, con su innata ansiedad, quieren saber ya quienes serán los nuevos ministros. En cuestión de minutos, mientras estiramos las piernas por la conocida M30 -pasillo circular que bordea el hemiciclo- vemos irrumpir a un viejo conocido del CESID, con antecedentes en la chapucera trama de la Cafetería Galaxia. En un abrir y cerrar de ojos me encuentro cuerpo a tierra, tirado en la moqueta, junto a un ingenioso diplomático que no descompone ni el gesto ni el nudo de su corbata. El guardia que nos vigila, metralleta en mano y claros síntomas de síndrome metabólico, acentúa nuestro temor a que nos descerraje un tiro si osamos movernos.

Tras un tiempo interminable, se relaja el rigor inicial y nos permiten ponernos de pie, con un destino: el bar del Congreso, donde van concentrando a los sediciosos que pululan fuera del, ahora silencioso, hemiciclo: escribidores de discursos, escoltas, fotógrafos, jefes de prensa, camareros. En fin, la fauna no electa. Aquello huele a Estadio Chile -sin Victor Jara- pero pronto se ve que la cosa va de sainete porque nos preguntan qué queremos tomar en aquella improvisada barra libre. Eugenio Suárez, editor de El Cocodrilo Leopoldo -autodenominado Semanario Socializante de Información General- pide un pipermín frappé. Aquello fue el acabóse porque, a los que tímidamente pedíamos una fanta de limón, esa pretensión se nos antojaba una provocación en toda regla. Pedir un pipermín en un golpe de Estado era llevar las cosas demasiado lejos. Según avanzaba la tarde, el bar del Congreso corría el riesgo de convertirse en el escenario de una película a caballo entre Almodóvar y Berlanga. Otra vez, La escopeta nacional.

La noche allí seguía discurriendo con singular rareza, entre rápida y confusa. Así que pasados los agobios iniciales, un pequeño grupo de héroes ocasionales se atrevió a desafiar a los golpistas abandonando el bar, en una dialéctica del ratón y el gato, escaleras arriba, escaleras abajo. El juego se interrumpe abruptamente, para mí, cuando me veo interceptado a la salida del baño de caballeros -la autoridad militar ha accedido a que se alivien los diputados- donde he aprovechado para recibir instrucciones del aspirante a presidente.

Bajo la acusación sumaria de un guardia: “Este señor ha hablado con el candidato” me arrestan y quedo inmovilizado, rodeado de efectivos con y sin uniforme. Tras un tira y afloja desigual, con las manos en alto y el DNI en la boca, me expulsan del Congreso y doy con los huesos en la calle. A partir de ahí, mi teatro de operaciones hasta la liberación de los diputados fue el Hotel Palace, desde donde pude ejecutar la encomienda del candidato en nuestro precario encuentro en el mingitorio. Fin del primer acto.

Tiempo después, vino el juicio a los culpables de la sedición, con toda clase de peripecias, como la tentativa de los procesados a negarse a bajar a la sala del juicio de Campamento, aprovechando el aniversario de la intentona. Pero no se salieron con la suya, los aventureros fueron juzgados, condenados y una parte de ellos, encarcelados. Mérito en el activo del Gobierno Calvo-Sotelo, firme con los fuertes, compasivo con los débiles. Porque no hubiera sido ni deseable ni inteligente juzgar a todo el Ejército y la Guardia Civil por la temeridad de una parte de sus miembros.

(Miércoles, 23 de febrero de 2011. ETA en tregua estratégica y la Guardia Civil formando tropas en Afganistán)

Han pasado 30 años. 21 gobiernos socialistas y 10 de centro derecha. El Rey goza de buena salud, Adolfo Suárez -el arquitecto de la transición- no recuerda el tiempo pasado y Calvo-Sotelo nos dejó, con un gran relato de este tiempo en su Memoria viva de la transición.

El Ejército español, con una imagen debilitada tras los experimentos, sin gaseosa, de algunos de sus generales el 23-F, se ha vacunado de la tentación de inmiscuirse en los asuntos políticos, se ha profesionalizado, está bien integrado en la estructura militar de la OTAN, y ha desplegado 100.000 militares en cuatro continentes, mientras la Guardia Civil forma a la policía afgana. Un cambio colosal.

ETA, con sus espasmódicas treguas de conveniencia, está acorralada y debilitada gracias a la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad y a la definitiva colaboración francesa que ha servido para variar el rumbo de aquellos tiempos pretéritos en que, para los políticos galos, el terrorismo era un asunto interno que debíamos resolver los españoles. Por fortuna, los dos grandes partidos, que no coinciden en nada, están de acuerdo en la lucha antiterrorista.

España, que se ha beneficiado de la copiosa ayuda comunitaria, no es un miembro decisivo de la, cada vez más, desmayada Unión Europea. La entente franco-alemana no tiene especial interés en una política exterior común y ha apostado por la cómoda mediocridad. Prueba de ello es la falta de pulso en cada ocasión en que Los 27 deberían hacer valer un único punto de vista. Las últimas, Túnez, Egipto y Libia.

La economía española; que ha conocido en estas tres décadas un desarrollo espectacular, con las empresas desplegándose de forma admirable por Latinoamérica; tras una crisis gravísima de paro y desequilibrio en las cuentas públicas y privadas, ha bordeado el rescate. Y parece que no van a bastar las reformas emprendidas y el enfermo va a tener que afrontar una impopular cura de caballo, con toda la intranquilidad social que ello pueda generar. Esa será una de las tareas prioritarias en las primeras semanas del próximo Gobierno.

Pero la modernización del país no tiene vuelta de hoja, los viejos demonios están bien enterrados, a pesar del empeño insensato en reabrir las viejas heridas de la guerra civil que todavía siguen enfrentando -¡70 años después!- a los españoles. El país tiene cuestiones territoriales pendientes que precisan repliegues y ajustes, sobre todo en los asuntos relacionados con la salud y la educación, las dos grandes cuestiones de ahora mismo.

Pero este inventario de urgencias poco tiene que ver con el panorama de aquel frío febrero de 1981 en que unos patriotas de guardarropía nos pusieron al borde del abismo durante unas larguísimas horas.

¡Qué falta de visión la de aquellos estrategas del golpe a la española, decirle a un país que acaba de recuperar las libertades y que estrena la democracia, que se quede quieto! Los millones de manifestantes que se echaron a la calle después de la fallida intentona dejaron claro que a los españoles no se les manda, tan fácilmente, que se queden quietos.

Tras cumplirse el 30º aniversario de la intentona golpista del 23-F, conviene recordar que aquel episodio se saldó con generosidad penal para los centenares de militares implicados -Antonio Tejero cumplió el máximo castigo, 15 años de privación de libertad, mientras la inmensa mayoría de guardias civiles a sus órdenes no pisaron la cárcel- y con total impunidad para la trama civil, a excepción del ultraderechista Juan García Carrés, condenado a dos años de prisión.

Las iniciales investigaciones sobre los golpistas civiles, cómplices o instigadores del 23-F, quedaron en nada, porque el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo se dio por conforme con sentar en el banquillo a las cabezas visibles de la asonada. Pero una circunstancia jurídica estuvo a punto de que aquella investigación se revitalizara unos años después.

Los siete periodistas autores del primer libro sobre el 23-F, publicado en marzo de 1981 por la editorial Punto Crítico, Todos al suelo: la conspiración y el golpe (Ricardo Cid Cañaveral, José Ángel Esteban, Rosa López, Juan van den Eynde, Fernando Jáuregui, José Luis Martínez y yo mismo) nos hicimos eco de aquella investigación incipiente y ello dio pie a cinco de los civiles aludidos en el libro a interponer una querella criminal contra sus autores, que fue admitida y tramitada por la justicia.

En el libro se identificaba a 12 militares y civiles, predecesores de los modernos “cornetas del Apocalipsis” que, bajo el seudónimo Almendros, publicaron, en las semanas anteriores al 23-F, tres artículos en el diario ultraderechista El Alcázar, favorables a un “golpe de timón”, mediante un “Gobierno de regeneración nacional”, al margen de la Constitución, que “tal y como está”, decían, “no funciona” y “hace ingobernable la nación”, por lo que prescindían de “Congreso, partidos, Gobierno” y apelaban “a las restantes instituciones del Estado”, en concreto, “al Rey y las Fuerzas Armadas”.

Los cinco civiles que se querellaron por injurias y calumnias fueron los ministros de Franco Federico Silva Muñoz y Gonzalo Fernández de la Mora; los también políticos del anterior régimen Jesús Fueyo y Luis Jáudenes, y el columnista de El Alcázar Ángel Palomino.

Pedían para los siete periodistas penas de cárcel y que indemnizáramos a cada querellante con medio millón de pesetas. Curiosamente, el ministerio fiscal no persiguió ni investigó al colectivo Almendros, pero acusó también a los periodistas de injurias y calumnias.

La incómoda situación de querellados nos permitía, en cambio, ejercer en el juicio la exceptio veritatis (demostrar que era verdad lo publicado), que reabriría la investigación sobre la trama civil. Teníamos una batería de pruebas e investigaciones preparadas.

Entonces recibimos la propuesta de los querellantes de retirar la querella si nos retractábamos. Nos negamos en redondo. Y durante más de 10 años se produjeron sucesivas suspensiones del juicio, hasta que, en noviembre de 1992, el tribunal presidido por la magistrada María Luisa Aparicio nos comunicó que había dado carpetazo al caso. Se archivaba, dado que los querellantes, que en 1981 promovieron la causa, habían producido “su paralización por un tiempo superior al plazo legalmente establecido”.

No menor fue la sorpresa de los antiguos querellados supervivientes cuando, en el ensayo, tan justamente celebrado, de Javier Cercas (Anatomía de un instante, Mondadori, Barcelona, 2009), el autor, para quien la trama civil del 23-F era, en realidad, “la placenta del golpe”, se atreve a asegurar (página 455): “… la supuesta trama civil fue denunciada apresuradamente en Todos al suelo: la conspiración y el golpe (…), por Ricardo Cid Cañaveral y otros periodistas, lo que hizo que los acusados presentaran una querella contra ellos; más tarde, algunos de esos periodistas se han retractado de sus acusaciones”.

Lo más pintoresco de esta afirmación es que se fundamenta en las páginas 225-228 del libro 23-F: la conspiración de los necios (ediciones Foca, Madrid, 2001), entre cuyos tres autores figura Jáuregui, uno de los siete querellados.

En las páginas que Cercas invoca no aparece la retractación de nadie. Por el contrario, se afirma que la causa prescribió porque “ningún juez se atrevió a celebrar la vista oral” y se hace una revelación sensacional. Se narra que pocos días después del 23-F, Jáuregui acudió al despacho del general Manuel Gutiérrez Mellado para contrastar con él la lista que íbamos a publicar sobre la trama civil del golpe. “Hasta donde yo sé, esa lista podría ser buena”, contestó el general, uno de los tres héroes del libro de Cercas -con Suárez y Carrillo-, magníficamente retratados en su obra. Jáuregui cuenta cómo una hora después se reunía con sus compañeros en la habitación 211 del hotel Victoria, donde se fraguaba Todos al suelo, y dijo: “Podemos publicar”. Y así se hizo.

Este detalle del libro de Cercas (junto a otros, como considerar a Gutiérrez Mellado diputado [páginas 8, 34 y 127], o afirmar que las cámaras de televisión “se desconectaron de forma casual” [página 19]) sugiere que tal vez habría sido preferible que el estupendo escritor hubiera seguido su inicial instinto literario de construir una novela.

Hacia finales de enero de 1981 fui a comer a casa de mis padres. Tras la comida, a la hora del café, pasamos a comentar, como siempre, la actualidad política.

Eran tiempos revueltos. Los atentados terroristas se habían cobrado 132 vidas en 1980: 89 atribuidos a ETA, 29 a diversos grupos de extrema derecha, siete a los Comandos Autónomos Anticapitalistas (una escisión de ETA), cinco a los Grapo, uno a Al Fatah y otro fallecido en dependencias policiales. A ello debe añadirse una grave crisis económica, de alcance mundial pero también específicamente española, además de fuertes tensiones dentro de UCD, el partido del gobierno, con un Adolfo Suárez muy cuestionado. Por último, existía un amplio descontento en el ejército, la Guardia Civil y la Policía – cuerpos todavía sustancialmente no democráticos, es decir, franquistas, cuyos componentes habían sido objeto de numerosos atentados: del número antes citado de muertos, 32 eran guardias civiles, 15 policías y 12 militares-.En definitiva, la tensión política y el desasosiego por el futuro de la democracia estaban en el ambiente.

Mi padre me sorprendió al decirme que todo esto se iba a arreglar muy pronto. “¿Por qué?”, le pregunté asombrado. Entonces me dio unas desconcertantes informaciones que no acabé de creerme. En efecto, me dijo que le había visitado un amigo que había estado la semana anterior en Madrid y, hombre muy bien relacionado, allí se había entrevistado con altos cargos políticos y militares. De resultas de ello, este amigo le había comunicado que dada la gravedad de la situación y para evitar un probable golpe de Estado militar, Suárez dimitiría y un general, de plena confianza del Rey, asumiría la presidencia del Gobierno con el acuerdo de todos los partidos. Así se daría un “golpe de timón” que permitiría acabar con el terrorismo, estabilizar la democracia y tomar medidas para mejorar la economía.

Mi inquietud era obvia: “Pero todo esto es inconstitucional, es decir, precisamente es un golpe de Estado…”. No, no, aclaró mi padre: “Todo será plenamente constitucional, el Gobierno será de concentración, estarán representados en él todos los partidos – también el comunista, me precisó, quizás para tranquilizarme, dado que yo era del PSUC-,y su presidente, el general en cuestión, será elegido de acuerdo con las reglas que establece la Constitución por el Congreso de los Diputados”. “¿Sabes quién es este general?”: “Sí, se llama Armada y es muy amigo del Rey”.

En aquellos tiempos se conocía el nombre de muchos generales, a los que se solía clasificar como franquistas o demócratas. Pero nunca había oído el nombre del general Armada y mi padre tampoco. La verdad es que mostré muchas dudas, todo me parecía muy inverosímil, no pensaba que una solución de este tipo reforzara la democracia, sino al contrario, la debilitaría, y, por supuesto, no me creía que los partidos, especialmente los de izquierdas, estuvieran de acuerdo con esta solución. En aquella época, por cuestiones de salud, mi padre apenas salía de casa y veía a muy pocos amigos. Ya en la puerta, le pregunté a solas a mi madre si alguien le había visitado: “Sí, anteayer vino Tarradellas, estuvieron hablando mucho rato”.

A los pocos días, los periódicos informaron de que Tarradellas había pasado una semana en Madrid y, en alguna declaración a los periódicos, había deslizado que era necesario “un golpe de timón” en el gobierno del Estado. También en aquellos días Adolfo Suárez nos sorprendió con el espectacular anuncio televisivo de su dimisión, de la que no precisó las razones. Al cabo de un par de semanas, los periódicos llevaban una pequeña noticia que, en otro momento, me hubiera pasado totalmente desapercibida: se informaba de que el general Armada había sido nombrado segundo jefe de Estado Mayor del Ejército. Caramba, caramba, por primera vez leía en el periódico el nombre de Alfonso Armada.

El relato de mi padre, en ciertos aspectos, tenía visos de realidad: quizás podía haber alguna relación entre la dimisión de Suárez y el nuevo cargo de Armada en Madrid. En otros, sin embargo, parecía puro rumor que no se estaba cumpliendo: Leopoldo Calvo-Sotelo había sido designado por su partido, que ya estaba en fase de demolición, para suceder a Adolfo Suárez. El ambiente político no había mejorado mucho, pero se tenía la impresión de que Calvo-Sotelo podía tener menos rechazo que Suárez por parte de sectores de la derecha, en especial los del ámbito empresarial, y estaba menos desgastado que Suárez frente a la cúpula militar.

Llega el 23-F, la esperpéntica entrada de Tejero en el hemiciclo pistola en mano, con tiros y todo. No dábamos crédito. Nadie serio podía estar implicado en tan cutre espectáculo. De madrugada, la radio dice que llega al Congreso el general Armada. Otra vez reaparece este dichoso nombre. Recuerdo la conversación con mi padre. Si Armada es el hombre del Rey, ¿vendrá a dar órdenes a Tejero para que se retire? ¿Es la “autoridad, militar por supuesto”, que se estaba esperando? Por lo visto no: Tejero ni hace caso a Armada. Treinta años después, todavía no se sabe realmente lo que pasó. Hay teorías para todo. Sólo he querido aportar un grano de arena a las muchas dudas.

Treinta años de investigación sobre el 23-F han servido para mostrar la complejidad del acontecimiento, enseñando casi todas sus caras y abordando su naturaleza incierta e impredecible. Porque, lejos de ser un rosario de causas y efectos encadenados de manera simple y determinista, la Historia suele abrirse en abanico, como el argumento de aquel fascinante cuento de Borges, El jardín de senderos que se bifurcan. Pero los hombres solemos caer en el error de simplificar la complejidad cuando queremos entender el mundo, por eso cubrimos al tiempo y a los sucesos que lo jalonan de un manto simple, tejido con el código binario de los buenos y los malos, los demócratas y los franquistas, los rojos y los azules. Una gradación de grises pulula por el lienzo de la realidad para recordarnos que las grandes palabras, los vastos y bastos términos, los impolutos conceptos no sirven cuando se trata de comprender un acontecimiento histórico complejo y poliédrico.

A poco que introduzcamos estas ideas en nuestra investigación del golpe llegamos a una doble conclusión: uno, que aquél órdago surgió de un contexto crítico donde muchos aprendices de brujo, dentro de la clase política y el generalato, condimentaron el caldo de cultivo, formaron la placenta, según Cercas, de la asonada; y dos, que el triunfo del golpe estuvo -al menos- a la misma distancia que su fracaso, por lo que no podemos vestir hoy de inevitable derrota golpista lo que fue un imprevisto, pero muy serio, reto a la continuidad de la recién nacida democracia.

En resumen: complejidad e incertidumbre, encrucijada y bifurcaciones, caminos de solución surgidos con la crisis y situaciones emergentes, inesperadas, producto de la coacción o interacción de esos caminos iniciales.

ETA desangraba al país, la crisis económica hipotecaba los bolsillos y el futuro de los españoles, Suárez estaba acorralado por la oposición y abandonado por muchos de sus propios compañeros de partido. Hasta el Rey, único asidero para el diezmado presidente, le restará su apoyo a finales de enero de 1981. Y todo ello en medio de un malestar militar creciente, con muchos generales escorados al franquismo donde hicieron carrera, dispuestos a dar un golpe duro, antimonárquico incluso, para volver -he ahí el papel de la nostalgia en la Historia- a una junta militar surgida de las cenizas del 18 de julio.

Al otro lado, en la orilla de la atribulada democracia, muchos políticos de todos los partidos, recién estrenados como representantes de la voluntad popular, veían a Suárez como una rémora que impedía la estabilidad democrática. Y es aquí donde la bifurcación de caminos surgida para llevar a cabo la ansiada sustitución de Adolfo Suárez tocó, rozó, interaccionó, se cruzó con la solución Armada del antiguo secretario de la Casa Real. Dicha solución consistía en la emergencia de un Gobierno de concentración formado por representantes de todos los partidos con una figura independiente -quién mejor que Armada, tolerado por los franquistas, respetado por los demócratas, hombre de confianza de Don Juan Carlos…- en su cúspide.

Esto no quiere decir que aquellos políticos fueran directamente responsables del golpe, pero sí es cierto que su afán por tocar poder, mezclado con el legítimo intento de reflotar una democracia anegada de problemas, trazaron un sendero propicio para el posterior aterrizaje de mesías con galones o tricornios. El Rey no fue ajeno a ese sendero, y su cacareado papel en el golpe no dista mucho del rol que otros políticos, empresarios y periodistas jugaron en aquel contexto: todos ellos, impulsores en su mayoría de la democracia surgida de las ruinas franquistas, podrían aceptar en momentos tan difíciles como aquellos un Gobierno de concentración -algunos, como Felipe González, lo dijeron públicamente antes y después del golpe- que garantizara la estabilidad democrática, siempre y cuando los pilares de la Carta Magna no se cuartearan y sus principios no fueran violados. Aquí cabía la versión constitucional de una solución u operación Armada que pululaba por algunos periódicos en ese incierto tránsito del año 80 al 81.

Pero el Rey eligió la vía de solución a la crisis propuesta por Suárez tras su dimisión: ni adelanto de elecciones generales ni Gobierno de concentración; el presidente sería Calvo Sotelo. Fue entonces cuando los planes golpistas se aceleraron.

Según afirman las sentencias del Consejo Supremo de Justicia Militar y del Tribunal Supremo, Armada ya se había atraído a los militares duros vía Milans del Bosch. Sus conversaciones se llevaron a cabo casi siempre a través de intermediarios, en un trasiego de información donde no faltaron tanto las medias verdades como las imprecisiones sobre puntos esenciales del plan -como el referido a la composición del Gobierno previsto tras la dimisión de Suárez – que acabaron haciendo fracasar, a la postre, la intentona. De aquel bullicio conspirador surgió la posibilidad de escenificar un Supuesto Anticonstitucional Máximo (S.A.M.) consistente en el secuestro del Congreso con los diputados dentro, la ocupación de Valencia por los tanques de Milans y de Madrid por los de la División Acorazada Brunete para, aprovechando esta sucesión de hechos consumados, presionar al Rey con el fin de que éste abriera la puerta de la Zarzuela al Gobierno de concentración definido por Armada.

Esa puerta de la Zarzuela quedó prácticamente cerrada para el antiguo secretario de la Casa Real después del famoso «ni está ni se le espera» que Fernández Campo le espetó al general de la División Acorazada Brunete, José Juste, cuando éste le preguntó si Armada, poco después del asalto al Congreso, ya estaba reunido con el monarca.

Pero, como dice en su libro Ricardo Pardo Zancada -comandante destinado en aquellas fechas a la Brunete, que apoyó a Tejero cuando el golpe ya había fracasado- la puerta de la Zarzuela no se cerró del todo, pues sólo quedó entornada. Refiriéndose a la posible masacre que en el Congreso podría darse si los asaltantes perdían los nervios, Armada logró mantener abierta una rendija en la puerta de la Zarzuela por la que intentaría colar su plan, vistiéndolo siempre con las galas constitucionales. Ante el fantasma de la masacre, el Rey acabó aceptando, por boca de su fiel Sabino, que como medida desesperada pudiera ofrecerle Armada a Tejero la vía del Gobierno de concentración como salida honrosa de la crisis. Sin mezclar el nombre de Don Juan Carlos en ello, por supuesto.

Y allá que se fue Armada, ya con la versión constitucional de su operación bajo el brazo, dispuesto a proponerle a Tejero un efímero exilio a cambio de que le dejara acceder al hemiciclo para proponerle a los diputados un Gobierno de concentración política con él como presidente -«estoy dispuesto a sacrificarme», dijo a sus compañeros-. Era la medianoche del 23-F. Pero al ver Tejero que entre los miembros de aquel Gobierno había centristas, socialistas, e incluso algún comunista, con rabia arrugó el papel, recordándole de paso a Armada que él no había asaltado el Congreso para aquello.

Es aquí donde la trama se descose, y el maridaje entre un golpe duro de corte franquista y una operación con inspiración política, basada en un Gobierno de concentración pretendidamente constitucional, salta por los aires sin remedio. Armada creyó que podía convertirse en gozne, bisagra entre ambas pulsiones, y que la síntesis de aquellos caminos con naturaleza tan divergente le traería, maduro y brillante, el fruto de la presidencia del Gobierno.

el ‘no’ de tejero cerró definitivamente la puerta de la Zarzuela a los desesperados movimientos de una operación Armada que ya no podía vestirse con las galas constitucionales. Tras el definitivo fracaso de Armada habló el Rey ante los españoles confirmando su apoyo y el del ejército a la legalidad vigente. Sólo cabía esperar que Milans cediera en Valencia y Tejero aceptara su derrota en Madrid. El golpe estaba en las últimas.

Si en los puntos cruciales de este relato -como la entrevista de Armada con Tejero la noche del golpe- introducimos la complejidad e incertidumbre postuladas al principio de este artículo descifraremos, sin ira pero con riguroso estudio, los aspectos fundamentales de un 23-F que, después de treinta años, ya no es un arcano. Los redundantes secretos aún no desvelados del golpe son, por tanto, más reclamo publicitario, más estrategia editorial, que verdadera aportación a la comprensión del acontecimiento, lo cual no impide que mañana algún papel volandero sea descubierto, analizado y expuesto ante el público para completar el mosaico del ayer, eternamente incompleto.

Relacionando complejidad e incertidumbre surge esta pregunta: ¿si Tejero hubiera abierto las puertas del hemiciclo al Gobierno de concentración de Armada, y si los diputados se hubieran abrazado a ese bote salvavidas, acaso quienes hoy son considerados villanos del golpe no habrían podido interpretar el papel de héroes colectivos para mayor gloria de sus propios egos?

La Historia, ese jardín de senderos que se bifurcan, tiene la respuesta, siempre que no la barnicemos con la pátina del sectarismo o de la pura simplicidad. Siempre que abandonemos, en fin, el código binario de los buenos y los malos, del idilio y/o la satanización de lo ocurrido para explorar las complejas aristas que forman el poliedro del ayer.

En este trigésimo aniversario de aquel 23 de febrero de 1981, nuestro comentario se limitará a un área de las muchas que concurrieron en aquel hecho histórico, del cual ya hicimos en su día, en un contexto académico riguroso, un análisis sociológico de la debida extensión y profundidad.

Recordemos, para empezar, la anterior intentona golpista (Operación Galaxia, 17 de noviembre de 1978), abortada apenas 20 días antes de la fecha prevista para el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978. Sus autores fueron condenados por un tribunal militar a las grotescas penas de siete meses (Tejero) y seis meses y un día (Inestrillas). En aquel preciso momento, el futuro 23-F quedó configurado como acontecimiento sociológicamente imparable. Aquella gravísima manifestación de corporativismo antidemocrático (judicial en este caso) se convertía en un poderoso factor motivador para otros golpistas, e incluso para los mismos, como así fue.

Sin embargo, en el intervalo entre ambos intentos (noviembre de 1978 y febrero de 1981), habían ocurrido tres hechos relevantes, que vinieron a modificar significativamente la autolimitación moral y la limitación imperativa del militar español.

El primero fue la propia Constitución (27-12-1978), pieza fundamental de la nueva limitación imperativa. El segundo fue la promulgación de las nuevas Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas (28-12-1978), que, entre otros elementos importantes, introducían un valiosísimo cambio cualitativo, al suprimir por primera vez para el militar español el nefasto principio de “obediencia debida” a todo tipo de órdenes incluso delictivas, que eximía de responsabilidad a quien las cumplía. En cambio, la nueva normativa establecía la disciplina estricta dentro de la ley, pero nunca fuera de la ley, excluyendo la obediencia a las órdenes delictivas. Este cambio modificaba la limitación imperativa (por tener las nuevas Ordenanzas rango de ley de obligado cumplimiento), pero también modificaba la autolimitación moral, por ser siempre las Ordenanzas, fundamentalmente, un código ético militar -como lo fueron las antiguas de Carlos III-, sin perjuicio de su nuevo rango legal.

El tercer hecho modificativo se produjo en el Código de Justicia Militar. La vieja eximente de obediencia debida aún se mantenía en aquel vetusto Código de 1945, con el consiguiente peligro de que alguien pudiera invocarla para justificar su obediencia impune a posibles órdenes delictivas. Problema que fue afrontado mediante la Ley Orgánica de Reforma del CJM (6-11-1980), que suprimía en este la vieja eximente de obediencia debida, rechazando así el cumplimiento de las órdenes constitutivas de delito, en particular contra la Constitución. Este decisivo precepto, al quedar ya instalado en el Código (y no solo en las Ordenanzas), modificaba específicamente la limitación imperativa del militar español, sin ninguna escapatoria posible para la obediencia fuera de la ley, y, especialmente, fuera de la Constitución.

Acertadísimo y oportuno cambio, ya que solo tres meses y medio después llegaba el 23-F. Gracias a tales reformas, ninguno de los insurrectos pudo alegar obediencia a las órdenes de sus jefes golpistas, pues el nuevo Código reformado -además de las Ordenanzas- les impedía obedecer aquellas órdenes, dado su evidente carácter delictivo y anticonstitucional. Por añadidura, el Tribunal Supremo pasaba a ser el órgano superior competente, en vez del antiguo Consejo Supremo de Justicia Militar.

Así, este conjunto de piezas legales configuraron los importantes cambios de la autolimitación moral y de la limitación imperativa que el militar español necesitaba perentoriamente en el difícil trance de la transición. Una vez más quedó claro que, en definitiva, es la sociología la que va señalando las reformas legales que en cada época es preciso introducir.

Como resultado de estos importantes cambios, el juicio a los golpistas del 23-F tuvo lugar en un marco objetivamente muy diferente al del caso anterior. A diferencia de las raquíticas penas entonces impuestas, esta vez las sentencias para los máximos responsables alcanzaron la pena máxima entonces vigente (30 años de prisión). Así, el hecho de que los más altos jefes insurrectos, incluidos nada menos que un capitán general (Milans) y el segundo jefe de Estado Mayor del Ejército (Armada), además del propio Tejero, recibieran la máxima pena establecida, significó la demostración de que aquella muy joven democracia española, aunque todavía frágil, inexperta y demasiado vulnerable a los golpes bajos, disponía ya, al menos, de un aparato judicial capaz de castigar debidamente a los que intentaran derribarla, por muy alta que fuera su graduación militar. Y que también disponía de la decisión necesaria para hacerlo así. Fue el paso decisivo hacia el definitivo final del golpismo histórico español.

Aquel Ejército de 1981, con su fuerte núcleo residual de autoritarismo antidemocrático, ha dado paso a este Ejército español del siglo XXI, libre ya de aquellas taras y abierto al mundo, con miles de sus profesionales, hombres y mujeres, asumiendo responsabilidades internacionales en difíciles tareas de seguridad y pacificación. En ciertas fechas conmemorativas conviene mirar por unos momentos hacia atrás sin ira y con justificada satisfacción.

Cuando no se dispone de información completa, la reconstrucción de hechos históricos presenta siempre lados de sombra. Es el caso del 23 de febrero de 1981 en España. El intento de golpe de Estado por parte de algunos militares permite, incluso tres décadas después, analizar mejor el contexto y las consecuencias políticas del fenómeno que el esclarecimiento completo de los hechos. Algunos hechos que hoy nadie parece discutir:

1) La existencia de un contexto enrarecido en buena parte de los cuarteles y sectores de la derecha franquista de la época por los atentados y secuestros de ETA, la incertidumbre de un modelo autonómico poco diseñado en términos legales, la crisis económica y las cifras de paro, y la percepción de que el presidente del Gobierno central, Adolfo Suárez, y una ya dividida UCD no controlaban la situación. La falta de reformas profundas en un ejército repleto de franquistas condicionó todo el contexto de la transición y el resultado de la Constitución de 1978, especialmente respecto al tema territorial (mal planteado y aún no resuelto).

2) Una labor de oposición radical por parte del PSOE que azuzaba frontalmente al Gobierno con el fin de desgastarlo y ocupar el poder tras las siguientes elecciones (como ocurrió a finales de 1982).

3) Una opinión favorable en algunos medios políticos y militares, pero también apoyada por el Rey, a la sustitución del gobierno Suárez por un gobierno de concentración presidido por un militar. Podía hacerse a través de cauces constitucionales (aunque tuviera una legitimidad política dudosa), pero quedó aparcada por la dimisión de Suárez a finales de enero de 1981 (para que la democracia no fuera de nuevo “un paréntesis en la historia de España”).

4) La existencia de diversas operaciones en marcha (Armada, vía constitucional; De Gaulle, golpe inconstitucional, con Tejero y Milans del Bosch entre otros), pero divergentes en cuanto a qué es lo que tenía que ocurrir después (gobierno de concentración; gobierno militar; retorno al sistema franquista).

5) La falta de un liderazgo militar claro en el golpe del 23-F, que de haberse dado hubiera sido más difícil de reducir. El papel del general Armada, ex tutor del Rey, jugando a dos bandas (Zarzuela y Milans) siempre bajo la perspectiva de ser el presidente del nuevo gobierno que se formase.

6) La decisiva intervención de determinados civiles (Laína) y militares (Gabeiras) en el fracaso del golpe .

Entre las sombras que quedan del fenómeno, que es difícil que se despejen en el futuro, pueden citarse:

1) Los apoyos militares operativos a la iniciativa final de Tejero de asaltar el Congreso.

2) El papel del Cesid, el servicio de inteligencia militar, en el golpe.

3) Las personas de la trama civil del golpe (empresarios, banqueros, periodistas, etcétera). Sólo fue condenado García Carrés, un ex dirigente de los sindicatos verticales franquistas.

4) El conocimiento pormenorizado del organigrama de las tramas golpistas en marcha.

5) El papel de la propia monarquía en las (largas) horas que van del golpe a la intervención televisiva que lo condena. Se trata de una tarde noche muy opaca en términos de información. Para los ciudadanos fue la noche de los transistores, pero más crucial fue la tarde noche de los teléfonos, especialmente la conversaciones entre la Zarzuela y las capitanías generales.

La inclinación pública de la monarquía hacia la defensa del orden constitucional fue ciertamente lenta.

Entre las consecuencias del golpe fracasado cabe destacar:

1) El reforzamiento de la monarquía como institución en términos democráticos. Adquiere una legitimación que no tenía por su origen franquista.

2) La reconducción del tema autonómico hacia premisas más uniformistas y homogeneizadoras por parte de los dos partidos mayoritarios españoles. Ello cristalizará, primero en la Loapa – después declarada inconstitucional en algunos de sus aspectos básicos-y después en los pactos de 1991 entre PSOE y PP y el desarrollo autonómico posterior. Se trata de una lógica que aún pervive en la falta de resolución actual del tema territorial.

3) El desprestigio definitivo de las fuerzas de extrema derecha y los sectores ultras del ejército, ambos nostálgicos del franquismo.

4) La necesidad de proceder desde el gobierno a una reforma del ejército que lo modernizará en términos técnicos y de personal y lo acercará a los ejércitos de otras democracias (política realizada en años posteriores por los ministros Oliart y, sobre todo, Serra)

5) La contribución a la precipitación de la crisis interna de la UCD, que impidió la consolidación de un partido centrista mayoritario (fenómeno también condicionado por el sistema electoral vigente).

Hoy resulta irrepetible un fenómeno como el del 23-F. El Estado español está integrado en la OTAN y en la UE; los generales participan y dirigen misiones internacionales de paz, hablan inglés, y por primera vez gozan de prestigio social y profesional. La democracia está totalmente consolidada. Sin embargo, el tema territorial, especialmente el reconocimiento de los autogobiernos de Catalunya y del País Vasco como realidades nacionales diferenciadas, sigue pendiente de solución. El 23-F contribuyó a que PSOE y PP desarrollaran las ambigüedades constitucionales en favor de una visión unitarista del Estado con hegemonía clara del poder central en la toma de decisiones. Esta ha sido su principal victoria.

Decía el embajador estadounidense en Chile, en un cable confidencial enviado a Washington a comienzos de 2007, poco después de la muerte de Pinochet, que los chilenos miraban con menos rencor al pasado, a su dictadura, que los españoles a la de Franco. El comentario, aunque superficial y bastante inexacto, puede servir para introducir algunas observaciones de historia comparada, de similitudes y diferencias entre ambas dictaduras, y sobre la forma en que son recordadas.

Pinochet aprendió muchas cosas de Franco. El dictador chileno, como antes había hecho el español, intentó imponer una visión histórica que legitimara la necesidad del golpe de Estado y lo presentara como salvador de la nación. Durante sus dictaduras, Franco y Pinochet festejaron el 18 de julio en España y el 11 de septiembre en Chile como un mito fundacional de “salvación nacional” frente a la revolución marxista. Esa versión oficial, establecida a partir del control de la educación, de la censura y de la persecución a quien se oponía públicamente, generó políticas de desinformación y de manipulación de la historia, muy difíciles de combatir durante las respectivas transiciones a la democracia.

El golpe de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, no provocó una guerra civil y su dictadura, de 17 años, duró 20 menos que la de Franco. Después de miles de asesinatos y de violencias masivas de los derechos humanos, ambos dictadores gozaron de amplios apoyos entre sus ciudadanos. Franco murió en la cama y nunca tuvo que preocuparse de responder a cargos sobre crímenes contra la humanidad. Pinochet sobrevivió 16 años a su Gobierno autoritario y su arresto en Londres, en octubre de 1998, abrió en Chile una profunda discusión sobre el pasado, en la que afloraron con toda su crudeza las historias y memorias enfrentadas de militares y de familiares de los desaparecidos y víctimas de la represión.

El legado de los crímenes de las dos dictaduras se abordó de forma muy diferente en los dos países. En España, tras la Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigación judicial o a exigir responsabilidades contra “los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Bajo el recuerdo traumático de la guerra, interpretada como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, y el del miedo impuesto por la dictadura, nadie habló entonces de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y la sistemática violación de los derechos humanos practicada hasta el final por Franco y sus fuerzas armadas.

En Chile, por el contrario, y pese a que la democracia, bajo la vigilancia y el corsé impuesto por el tirano todavía vivo, no pudo derogar la amnistía que se habían concedido los propios militares con la Ley de 1978, el primer presidente democrático, Patricio Alwin, decidió establecer una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. No se podía llegar a la reconciliación nacional, pensó Alwin, sin antes conocer y reconocer a los desaparecidos y víctimas de la violencia de las fuerzas armadas. Formada, bajo la presidencia del prestigioso jurista Raúl Rettig, por expertos en derechos humanos, pero también por partidarios de la dictadura, como el historiador Gonzalo Vial Correa, la Comisión entregó su informe, de 1.350 páginas, el 8 de febrero de 1991, menos de un año después del encargo oficial.

El informe Rettig, interpretado por los militares chilenos como un ataque a su honor y dignidad, fue un hito en el proceso de reconstrucción de la democracia y de la memoria colectiva. En España, durante la transición, y en la larga década posterior de Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No solo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las víctimas y encontrar sus restos.

Por eso, no resulta sorprendente que cuando comenzó a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres décadas después de la muerte de Franco, la necesidad de políticas públicas de memoria, como se había hecho en otros países, apareciera un enérgico rechazo de quienes más incómodos se encontraban con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la discordia y se ponían en peligro la convivencia y la reconciliación. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de él.

Para muchos españoles, el rechazo de la dictadura y de las violaciones de los derechos humanos no ha formado parte de la construcción de su cultura política democrática. Y por eso tenemos tantas dificultades para mirar con libertad, conocimiento y rigor a las experiencias traumáticas del siglo XX. Parece que estemos en un eterno debate y, en realidad, seguimos rodeados de miedos y mentiras. Y, lo que es más importante para el futuro, sin claras políticas educativas y culturales sobre los derechos humanos.