La lección fue aprendida y a partir de ese momento todo el proceso de construcción del Estado autonómico ha estado presidido por la búsqueda de una legitimidad que resultara aceptable para el conjunto de la sociedad española. Así ha sido a lo largo de más de 30 años. Pues no solo hay que tomar en consideración los dos pactos autonómicos (1981 y 1992), sino los que han precedido a las sucesivas reformas de la LOFCA así como los específicos que ha habido que alcanzar para la financiación de la sanidad. Lo que se ha hecho, lo hemos hecho entre todos. Y la valoración ha sido extraordinariamente positiva hasta fecha muy reciente. Ahí están los resultados de todos los estudios de opinión y las actas de la última conferencia de presidentes de comunidades autónomas celebrada en el Senado en el 2007. El Estado autonómico ha sido valorado de una manera generalizada no solo como el más legítimo, sino como el Estado más eficaz de toda nuestra historia.

Desde el 2008 empieza a cambiar la percepción que se tiene del ejercicio del derecho a la autonomía y desde el 2010 desciende significativamente la valoración positiva ciudadana respecto del mismo. No tiene nada de extraño. De los tres niveles de nuestra fórmula de gobierno, el estatal y el municipal son derecho natural, por así decirlo, mientras que el nivel autonómico es derecho artificial, que tiene solo 30 años. Hacer responsables a las autonomías de las dificultades por las que estamos atravesando es lo más fácil. Pero que sea lo más fácil no quiere decir que sea lo correcto. Las comunidades autónomas son una pieza esencial en la legitimación democrática del ejercicio del poder. En teoría, se podría prescindir de su concurso absorbiendo una parte de sus competencias el Estado y otra los municipios, pero en la práctica no es así. Los fantasiosos ahorros a los que hizo referencia la presidenta de Madrid si se centralizaba el ejercicio de competencias autonómicas son eso, pura fantasía, que carecen de cualquier aval científico. En el caso de que se decidiera imponer una centralización de dichas competencias, el coste de legitimidad resultaría insoportable. Hasta aquí hemos llegado con el concurso de todos y tenemos que salir también contando con todos. No hay fórmulas milagreras. La intervención de las comunidades autónomas es una de ellas. O se consigue un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, distribuyéndose de manera territorialmente equitativa los ajustes que sean precisos, o caminamos directamente hacia la desintegración del Estado. No podemos sustituir un Estado que se ha construido con la legitimidad de todos por otro impuesto unilateralmente por una mayoría parlamentaria, por muy absoluta que sea. El momento para pensar en una operación de esta naturaleza es el peor de los posibles. Hay otras crisis de legitimidad en órganos constitucionales, que afectan a la jefatura del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, que desaconsejan abrir otro frente tan deslegitimador como sería el desapoderamiento de las autonomías en beneficio del Estado.

No cabe duda de que estamos ante una situación de emergencia. Pero en tales circunstancias es cuando resulta más inexcusable la reafirmación de la legitimidad en el ejercicio del poder. No hay alternativa a buscar soluciones susceptibles de ser aceptadas por una mayoría muy amplia tanto en términos de población como en términos territoriales. Si no confiamos en nosotros mismos, difícilmente conseguiremos que confíen los demás. Y esto ocurrirá inevitablemente si damos marcha atrás en el ejercicio del derecho a la autonomía que ha sido el instrumento más eficaz en toda nuestra historia constitucional para legitimar el ejercicio del poder. Como dijo Miquel Roca en las Cortes Constituyentes, el derecho a la autonomía es lo que da sentido a la unidad política de España. A la unidad de una España democrática, por supuesto.

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional

No es extraño que dirigentes catalanes como Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida, desde sus posiciones nacionalistas excluyentes, hayan menospreciado a Andalucía, tildando su autonomía de “artificial”, jaleados por quienes, desde el PP, devotos de su única y patriotera nación española, coquetean, sin embargo, con comunidades autónomas de ribetes soberanistas, mientras amenazan a Andalucía, que siempre cumplimentó el mandato constitucional de solidaridad entre autonomías.

El signo de izquierdas de la nueva Junta de Andalucía, como consecuencia del sabio ejercicio del derecho al voto de los andaluces el 25-M, capaz de alterar los resultados anticipados por las encuestas demoscópicas, va a ofrecer una prueba más de la salud democrática de Andalucía: se va a ensayar, para salir de la crisis, un modelo de medidas socioeconómicas contrario a las privatizaciones de los servicios esenciales y que mantenga la prioridad de la educación y la sanidad en el sector público. Como explicó José Antonio Griñán en su discurso de investidura ante el Parlamento andaluz, reducirá en 2.696 millones de euros el presupuesto de 32.020 millones previsto para 2012, pero aseguró que buscará fórmulas para ahorrar, sin recortar derechos básicos adquiridos por los andaluces a lo largo de las tres últimas décadas.

Es preciso remontarse en el tiempo para entender de dónde proviene esa sabiduría electoral del pueblo andaluz, que le sirvió para salir de su historia de caciques, señoritos, miseria, abandono y engaño, perpetrada por la derecha tradicional española, y a la que de ninguna manera ha querido regresar, aunque los viejos lobos se vistieran ahora con la piel de cordero del “cambio” (¿el cambio suyo?, cabía preguntar). Prefirió el eslogan socialista —“Andalucía por el camino seguro”—, aderezado con la presencia en la Junta de Izquierda Unida, para consolidar un poder exigente, vigilante consigo mismo y capaz de erradicar conductas fraudulentas como las de los ERE.

Todo empezó cuando la Constitución abrió la puerta a las autonomías y Andalucía aprovechó la oportunidad para introducirse de lleno. No fue tarea fácil. Unión de Centro Democrático (UCD), comprensiva con el País Vasco y Cataluña (no así con Galicia, también nacionalidad histórica, pero con menos tradición nacionalista; azotada, como Andalucía, por el paro, la emigración y el subdesarrollo, y carente de una burguesía capaz de producir un partido análogo al PNV), puso todos los palos que pudo en las ruedas de la iniciativa andaluza, empeñada en equipararse al techo autonómico pactado para los estatutos de Gernika y de Sau.

UCD mantuvo la fecha del 28 de febrero de 1980 para la celebración del referéndum de iniciativa autonómica de Andalucía, comprometida por Adolfo Suárez con el líder andaluz Rafael Escuredo. Pero a partir de ahí trató de que la consulta a los andaluces demostrara el fracaso de quienes trataban de equipararse a los nacionalistas pata negra. Se aprobó urgentemente una ley sobre las diversas modalidades de referéndum, que acentuaba las difíciles exigencias constitucionales para el acceso al mismo nivel de autonomía de las nacionalidades históricas.

La necesidad de obtener más del 50% de síes sobre el total del censo en cada provincia significaba una barrera casi insuperable, especialmente cuando UCD, el partido que sostenía al Gobierno que convocaba el referéndum, pedía a los ciudadanos llamados a las urnas que se abstuvieran de votar. Y los votantes andaluces que, a pesar de todo, desearan votar, tenían que vérselas con la siguiente pregunta, políticamente siniestra, literariamente esperpéntica, y que parecía inspirada por los hermanos Marx: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. Ni una mención a las palabras “Andalucía” y “autonomía”, esenciales para votar.

El resultado favorable a la iniciativa autonómica de Andalucía desbordó todas las previsiones. El proceso concluyó con la aprobación del estatuto de autonomía en 1981 y con sucesivos gobiernos de izquierda en la Junta de Andalucía, desde las primeras elecciones autonómicas del 23 de mayo de 1982 hasta las últimas del 25-M. El libro Del consenso al desencanto, que publicamos a principios de 1981 Soledad Gallego-Díaz y yo, prologado por Juan Luis Cebrián, recogía en caliente aquella voluntad frustrada de frenazo político al pueblo andaluz, que sintetizó la entonces responsable de autonomías del PSOE, María Izquierdo Rojo: “Se trata pura y simplemente de una vuelta a las fuentes antiautonomistas de UCD, comunes a los planteamientos de toda la derecha más reaccionaria española”.

Bonifacio de la Cuadra.

A primera vista, el retraimiento autonómico, que afecta a todos los estatutos no refrendados, contrastaría con la efervescencia soberanista que podría desatarse en Catalunya y Euskadi. Lo cual, aun operando tan sólo como hipótesis o a modo de amago, propiciaría una mayor diferenciación entre unas y otras autonomías. La volatilidad ideológica de un Estado que ya nunca será de las autonomías y sus problemas financieros han realimentado la pulsión nacionalista. El pacto fiscal ha pasado de ser una aspiración a enarbolarse como la única forma de zanjar el contencioso sobre el retorno de los impuestos que pagan los catalanes cuando la Generalitat dice verse obligada a introducir recorte tras recorte. Por su parte, el abertzalismo presenta la situación económica en el resto de España como un lastre para las expectativas que podría albergar una Euskadi que ha vuelto a la recesión; una razón no exenta de jactancia que se añade a su periódico recordatorio de que persigue cortar amarras. La certeza de que el País Vasco está soportando la crisis mejor que las demás comunidades autónomas gracias al concierto y al cupo constituye un argumento definitivo para avalar la pertinencia del pacto fiscal. El nacionalismo tiende siempre a simular que está a punto de desatar el nudo. Pero continúa aferrándose al principio de realidad que indica que España no es un contexto fallido a punto de desmembrarse, porque sabe que ello arrastraría a Euskadi y a Catalunya.

El soberanismo no se basa tanto en el ansia por dotarse de un poder independiente como en el rechazo que provoca verse subsumido en el sistema constitucional con el mismo estatus que el resto de las comunidades autónomas. El desarrollo autonómico ha suscitado entre los nacionalistas la necesidad de diferenciarse de quienes se han dotado de un nivel de autogobierno similar al que ellos reivindicaban al comienzo de la transición. Por eso mismo, el retraimiento autonómico, preconizado abiertamente por Esperanza Aguirre y practicado por los dirigentes territoriales de su partido con responsabilidades de gobierno, devuelve en cierto modo a los nacionalistas la singularidad difuminada con el café para todos y, en esa misma medida, puede atemperar la tensión soberanista.

Aunque esa tensión se ve limitada también por la pluralidad social y política que representan Catalunya o Euskadi, tan o más diversas que lo que puede ser España en su conjunto. Fuera de ese amplio cauce central en el que la ciudadanía se manifiesta satisfecha de la autonomía realmente existente y predispuesta a recabar más atribuciones de autogobierno, la idea de un Estado propio o de un estatus político aún más diferenciado introduce la tensión en el seno de la propia sociedad vasca o catalana. De ahí que no resulte fácil imaginar que Catalunya se haga con el concierto y a las malas opte por retener el cupo mientras llega a un pacto con Madrid. Del mismo modo que el previsible cambio político que se dará en Euskadi tras la participación de la izquierda abertzale en los próximos comicios autonómicos difícilmente encontrará una fórmula de desenganche del Estado constitucional que no suponga la ruptura social y territorial del país de los vascos. En cualquier caso, hay una línea que los compromisos respecto al déficit no podrán traspasar sin cuestionar el carácter democrático de la España autonómica y sin poner en peligro su integridad territorial. Es la línea que Rajoy trata de sortear a su modo, aunque sin otra garantía que la de su contención verbal.

Kepa Aulestia.

Se trata de una crisis nacional que, en el fondo, es mucho más grave que la económica. Una crisis que se viene incubando hace largo tiempo: desde el fiasco del nuevo Estatut de Catalunya (2006), como es obvio, pero antes ya desde la LOAPA (1982) y, si queremos bucear en los orígenes, en realidad desde las guerras carlistas o desde la Constitución de Cádiz (1812), admirable, pero efímera. La prudencia aconseja quitar hierro, pero la cuestión es si, por negarnos a intervenir, no estaremos haciendo imposible la recuperación del enfermo.

Porque esto es actualmente España, un país enfermo. Ya lo estuvo, claro, fue el enfermo de Europa en la segunda mitad del siglo XVII, con síntomas parecidos a los de hoy: disgregación territorial; hundimiento económico provocado por una deuda astronómica y una economía improductiva; pérdida de influencia política en el mundo; retroceso de la cultura. El pasado nunca se repite y también existen diferencias evidentes, como el papel desempeñado por España en el mundo: puntero, entonces; irrelevante, ahora. Pero la tendencia a abandonar el barco es una constante que se repite, como también vuelven los intentos centralizadores que antaño culminaron con la llegada de los Borbones y hoy se insinúan en las posiciones extremas de la derecha o de la izquierda y en los medios de comunicación que las sustentan.

Vale la pena reflexionar sobre las palabras del señor Mas. Según él, las únicas comunidades autónomas que requieren un Estatuto especial son Cataluña y el País Vasco. Me permito discrepar de su opinión, aunque pienso que hay que concederle parte de razón. Desde el siglo XIX, Cataluña y el País Vasco se singularizaron con un perfil nacionalista específico: por ello lograron la aprobación de sus Estatutos de autonomía en la II República y por ello siguen constituyendo casos especiales. Sin embargo, su especificidad no es algo exclusivo y el problema no se resolvería satisfaciendo tan solo sus reivindicaciones, como si las de los demás fuesen algo caprichoso.

A ver si nos entendemos. Las 17 comunidades autónomas que fueron aprobadas al socaire de la Constitución son un disparate, si lo que se pretende es que cualquiera de ellas merece tantas competencias de autogobierno como Cataluña o el País Vasco. Es evidente que el café para todos promovido por la UCD pretendía disimular las transferencias estatales a dichas comunidades —que parte de la sociedad española de entonces (y de ahora) rechazaba— haciéndolas extensivas a todo el mundo. Pero entre los beneficiarios de esta ampliación infundada existen muchos grados y sería radicalmente injusto tratarlos por igual. Considérese el caso de Galicia. Es verdad que históricamente perteneció a Castilla-León durante siglos y que sus reivindicaciones autonómicas fueron más tibias que las catalanas o vascas, tanto en el XIX como durante la II República. Pero también es verdad que el gallego sigue siendo la lengua materna de la mayor parte de la población, algo que ya quisieran para sí Cataluña y, más aún, el País Vasco.

No obstante, con agregar Galicia a Cataluña y al País Vasco como territorios “especiales” tampoco sería suficiente. Si lo verdaderamente diferencial es la existencia de otras lenguas históricas junto al español, habría que añadir Baleares, la Comunidad Valenciana, Asturias, Navarra y Aragón, en orden decreciente por porcentaje relativo de hablantes de las mismas, a las autonomías singularizadas. Tampoco veo por qué la lengua debe ser el único rasgo diferencial relevante. Si lo que importa es el alejamiento geográfico, Canarias reclama un estatuto privilegiado frente a todas las demás. Y si lo relevante es el tamaño y el número de habitantes, Andalucía podría constituir perfectamente un Estado europeo medio, igual que Castilla, mientras que casi todas las demás solo tienen el tamaño o los recursos de un land alemán.

¿Es posible un país con regiones muy autónomas, bastante autónomas, algo autónomas y nada autónomas? Lo dudo. Este modelo, que recuerda al del sistema solar, está montado sobre el supuesto falso de que existe un centro y una periferia, cuyas zonas más extremas —donde la fuerza gravitatoria de la estrella central se debilita— podrían llegar a descolgarse: en otras palabras, que Madrid es como el Sol, y Cataluña o el País Vasco serían como Plutón, un planeta cuestionado que, desde 2006 (¡el año del Estatut!), ha sido reclasificado por la Unión Astronómica Internacional. Claro que en España el falso supuesto no deja de ser un supuesto operativo: obramos como si Madrid fuese el centro natural de España y no el centro de Castilla, por lo que los flujos económicos, las comunicaciones y la imagen del país convergen hacia dicha ciudad en claro detrimento de Barcelona, de Sevilla, de Valencia o de Bilbao, por ejemplo.

Otro modelo es posible. Mejor dicho: resulta imprescindible. Un modelo en el que todas las comunidades autónomas tuvieran las mismas competencias, pero en el que solo hubiese una media docena, precisamente las que figuran en el escudo de España, con algún agregado extrapeninsular. Son estas comunidades las que fundaron el Estado español, no en época inmemorial, según quieren los esencialistas, pero tampoco antes de ayer, sino entre 1469 (matrimonio de los Reyes Católicos) y 1512 (incorporación de Navarra) más o menos. Un modelo ibérico federal, que ya existió (incompleto, en ausencia de Portugal) y del que la España autonómica constituye una pobre caricatura.

Porque la primera condición de un Estado federal es la relativa igualdad —de derechos, de población, de recursos económicos— de los miembros federados. Sentado este requisito, los distintos Estados se asocian en beneficio mutuo, como ha sucedido en Alemania, en la India o en EEUU. Si dicha condición no se da, una de dos, o los miembros más débiles parasitan a los más fuertes o estos subyugan a aquellos. En España fueron los flujos financieros procedentes del Nuevo Mundo los que desequilibraron la balanza a favor de una sola de las partes, que tuvo que tirar del resto a su costa, hasta que, acabado el río de oro americano, la situación se invirtió de hecho, aunque no formalmente.

El debate debería abrirse ya, o que Dios nos coja confesados. Que nadie piense que en un mundo a la vez global y hostil, como el que nos circunda, podremos subsistir con el modelo vigente, el cual nos hace ser cada vez más pequeños e ineficaces, juntos o separados, poco importa. La España centralista se ha revelado un fiasco histórico, pero la ruptura pura y simple de los lazos comunes, con la que tan alegremente especulan algunos nacionalistas, dejaría a sus respectivas naciones fuera de su mercado natural, desvinculadas de los territorios de su mismo tronco lingüístico y/o cultural y además sería el embrión de futuras contiendas civiles derivadas de su bilingüismo irreductible. Se trata de un sueño imposible, el sueño de la razón que crea monstruos. En este asunto no se puede probar a ver qué pasa porque los pasos en falso acaban en el abismo. Y, sin embargo, algún paso habrá que dar o el tsunami que viene nos arrastrará a todos.

Ángel López García-Molins es catedrático de la Teoría de los Lenguajes de la Universitat de València.

Sin embargo, ahora el pensamiento conservador que recorre Europa -y que hace mella especialmente en estados y gobiernos débiles como el español- da un paso más allá y pone en riesgo autogobiernos nacionales y gobiernos municipales. El Gobierno del Estado lleva tiempo hablando de intervenciones o, al menos, del control del gasto de las comunidades autónomas, pasando por encima de tres conceptos para mí fundamentales: el ámbito competencial (que en el caso de Catalunya fija nuestro Estatut), los compromisos económicos y financieros del Estado aprobados en el mismo Estatut y, en tercer lugar, la poca o nula toma en consideración de que la componente mayor de la deuda y el déficit público corresponde en primer lugar al Estado y en segundo y tercer lugar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Lo que debería ser el primer objetivo, la reforma del Estado, se quiere convertir en una reforma solo de los gobiernos nacionales o regionales y de los gobiernos locales.

Ahora se habla (se amenaza) con una próxima normativa de prohibición de «las competencias impropias» de los ayuntamientos. La ciudadanía no sabe qué es eso y resulta imprescindible explicarlo. Detrás de la palabra «impropia» se esconden buena parte de las tareas que llevan a cabo los ayuntamientos en ámbitos como la educación, el fomento del empleo o la atención social. Es decir: los conceptos que más sentido dan a la política con mayúsculas que hacemos desde los ayuntamientos.

Si prohibir el ejercicio de las «competencias impropias» aporta un ahorro a los presupuestos públicos, ¿quiere decir que no se harán estas políticas? Si estas las sigue haciendo alguien, no hay ahorro porque justamente se ha demostrado a lo largo del tiempo que el uso de los recursos es más eficiente y eficaz cuanto más cercana es la administración que la presta respecto al receptor del servicio. ¿Se puede prohibir a los ayuntamientos prestar servicios ciudadanos si otra administración no lo hace? ¿La visión cortoplacista de las soluciones a la reducción de la deuda y el déficit, también hará cambiar el Estatut de Catalunya como la Constitución española? El artículo 84 del Estatut fija las competencias municipales, con el principio de subsidiariedad que también incluye, y que hace que los ayuntamientos tengamos que responder a las necesidades sociales que nadie más atiende. Creo que recortando competencias municipales no ahorraremos dinero ni reduciremos la deuda y el déficit. Solo ahorraremos y reduciremos si eliminamos la educación de 0 a 3 años, si no hacemos políticas de fomento del empleo o si no prestamos más servicios sociales que la atención primaria. Pero, entonces, debemos dejarlo claro sin recurrir al eufemismo que se utiliza. Detrás de la frase «prohibiremos las competencias impropias de los ayuntamientos» hay una realidad de extrema gravedad: no habrá políticas sociales básicas.

Justamente las grandes áreas de progreso en Europa se han basado históricamente en gobiernos municipales y regionales fuertes, que han desplegado competencias amplias (la Italia renacentista o las ciudades-Estado alemanas, bálticas o escandinavas). Justamente a escala local y regional es donde encontramos más herramientas para salir de la crisis. La crisis actual es mucho más que una crisis y discrepo de los que dicen que es una oportunidad (¡les regalo esta oportunidad!).

Estamos ante un cambio social y de un punto de inflexión político en el que podemos perder muchos derechos y bienes materiales conquistados a lo largo de siglos pero donde no podemos perder ni valores humanos, ni dignidad, ni democracia, ni los aprendizajes históricos que nos enseñan que la ciudad es el núcleo donde convive y progresa una comunidad, y que una nación es el espacio donde se forja una identidad y un futuro común. Y Europa, que es el único marco de solución al momento actual, ha sido siempre una amalgama de ciudades fuertes, de grandes regiones culturales y de estados-nación. Si las visiones cortoplacistas de reducción de la deuda y el déficit ponen en riesgo los gobiernos y las competencias de las ciudades y las naciones, habremos perdido en este proceso buena parte de nuestra identidad y del futuro de nuestros ciudadanos. Porque, como también la historia ha demostrado, el mundo municipal y el mundo regional son los espacios óptimos para las políticas de fomento de la actividad económica y de atención social que son las que nos harán salir del momento actual sin dejar en el camino nuestros valores.

Àngel Ros, alcalde de Lleida y secretario de Cohesión Territorial del PSC.

El pistoletazo de salida lo dio la FAES en 2010 con el estudio Por un Estado autonómico racional y viable. Simultáneamente una nutrida representación de conocidos financieros y líderes empresariales bajo el paraguas de la Fundación EVERIS hizo entrega al Rey (¡sí, sí, al Rey!), de forma inusual y sorprendente, el documento Propuesta Transforma España en el que se plantea la necesidad, entre otras cuestiones, de reordenar el modelo de Estado. Desde entonces la impugnación del papel de las CCAA ha ido en aumento.

La crisis económica ha proporcionado nueva —y falsa—munición a estos sectores. Se empieza diciendo que las CC AA tienen la responsabilidad del incumplimiento del objetivo de déficit y del volumen de la deuda pública para acabar afirmando que despilfarran y en consecuencia concluyen que se trata de “racionalizar”, de volver atrás, porque se ha ido demasiado lejos en el grado de descentralización.

Vayamos por partes, el Estado de las Autonomías ha facilitado un periodo de desarrollo social, económico y cultural indiscutible. Complejo, insuficiente, inacabado. Cierto. Pero de balance positivo incuestionable.

Tuve la oportunidad de asistir, con el entonces presidente de la Generalitat José Montilla, a la Conferencia de presidentes de CC AA que convocó el anterior presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La conclusión de la Conferencia fue que globalmente el desarrollo autonómico había sido un éxito. Voces de distinto color político pidieron seguir avanzando. Más autogobierno, mejor financiación. Nadie planteó retroceder.

Por otro lado, la descentralización producida ha comportado una convergencia en términos de bienestar como señala el estudio Autonomías y desigualdades en España (R. Gallego y J. Subirats) aunque la percepción de la ciudadanía no coincida siempre con esta realidad.

En estos momentos el ataque más profundo ha venido de las acusaciones —no fundamentadas— de irresponsabilidad fiscal y despilfarro de las CC AA y de ser responsables del incumplimiento del objetivo de déficit y del volumen de la deuda pública.

Veamos, el gasto público de las Administraciones Públicas (AA PP) se distribuye en 2010 y según Eurostat de la siguiente manera: 44%, la Administración Central (A. C.); 39%, las CC AA y 17%, la Administración Local (A L.) Pues bien, la distribución de la deuda entre las distintas administraciones es: del 77%, la A.C, muy por encima de su 44% de gasto, mientras que las CC AA son responsables del 39% de gasto público, pero tienen sólo el 17,5% de deuda pública.

Parecido análisis se puede hacer del déficit. El 8,5% de déficit de 2011 fue el resultado del 5,1% de la A.C., del 2,9% de las CC AA y del 0,4% de la A.L. Si la distribución del déficit entre las administraciones se hubiera hecho proporcional a su porcentaje de gasto, los objetivos del déficit hubieran sido: 3,74%, la A. C.; 3,31%, las CC AA; y 1,45% la A.L. Es decir, un reparto coherente con el porcentaje de gasto de cada administración nos dice que las CC AA cumplirían holgadamente con su objetivo de déficit mientras que la Administración Central lo incumpliría.

Las CC AA no cumplen los objetivos de déficit porque estos se han fijado arbitrariamente de forma que el margen para la A. C. está hinchado mientras se ha reducido el margen a las CC AA.

Vienen a cuento tantas cifras para demostrar la falsedad de las acusaciones que se lanzan, sin que esto signifique dejar de criticar determinadas actuaciones e inversiones, ni negar las posibles y necesarias mejoras de gestión y transparencia, ni pasar por alto los episodios de corrupción.

Piénsese, además, que a pesar que las partidas de Educación y Sanidad ascienden aproximadamente al 70% del presupuesto de cada Comunidad Autónoma en España se está gastando per cápita mucho menos que se gasta en la UE en los capítulos de Sanidad, Educación o Dependencia. Además, hay que tener en cuenta que las CCAA actúan como primeros y principales responsables de dar respuesta a los problemas sociales que la crisis plantea. No son el problema son parte de la solución.

En la pasada legislatura diversas CC AA aprobaron nuevos Estatutos de Autonomía. Se trataba, y se trata, de aumentar el autogobierno para resolver desde la proximidad los problemas y las aspiraciones de la gente. Hoy el desarrollo y aplicación de los mismos está bloqueado. No se sabe que política hará el gobierno. Ni Rajoy ni ninguno de los miembros de su gobierno han comparecido en el Senado (cámara de representación de las CC AA) para explicar cual es modelo de Estado que el gobierno propone. ¿Cómo piensa desarrollar los nuevos Estatutos? ¿Avanzar en un sentido federalizante? ¿Dejarlo todo igual? ¿Recentralizar? ¿Cómo y en qué sentido reformar el Senado? El tiempo que lleva el Gobierno supura progresiva y preocupante recentralización.

A mi entender es necesario un salto cualitativo federal. Sé que no es fácil, sobre todo porque la derecha piensa que un estado federal es un estado débil (cuando países como Alemania lo desmienten) y a menudo expresa nostalgia de un Estado unitario. Sé, también, que no es fácil porque a la izquierda estatal le incomoda esta cuestión, por eso sus silencios son clamorosos. Los retrocesos y los silencios deberían abandonarse y encaminarnos hacia un horizonte federal.

Joan Saura es presidente de ICV y senador.

En efecto, los partidos europeos indistintamente llamados de extrema derecha, neofascistas o populistas, son todos nacionalistas. Las formas en que se expresa este nacionalismo son, principalmente, la xenofobia contra la inmigración y la defensa de la soberanía nacional frente a la Unión Europea. Según estos partidos, la crisis económica es debida a que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los nacionales del país y la UE les impone políticas de austeridad para pagar el despilfarro de los países del sur debido a que la moneda nacional ha sido abolida y en su lugar se ha adoptado el euro.

El nacionalismo siempre busca justificar los errores propios y cargar las culpas de lo que va mal en los demás, en este caso los inmigrantes y la UE, enemigos interior y exterior, respectivamente. El populismo siempre ofrece soluciones simples a problemas complejos. Para un ciudadano medio, poco informado y golpeado por la crisis, si se le promete que mediante la expulsión de los extranjeros y la salida del euro se resolverá la crisis económica y se reducirá el paro, tiende a creérselo. No saben que todo es bastante más complicado.

El pasado lunes, Felipe González advertía en un artículo en El País de este peligro: “El nacionalismo ha sido el virus que ha destruido a Europa durante la primera mitad del siglo XX. (…) Pues bien, de nuevo galopa esa bestia del nacionalismo insolidario, a lomos de esta crisis global (…)”. Muy cierto. De momento, estos partidos de extrema derecha cada vez tienen más fuerza electoral: han obtenido en las últimas elecciones entre un 15 y un 30 por ciento de los votos en Noruega, Holanda, Francia, Suiza, Finlandia, Austria y Hungría. Además, el avance puede ser muy rápido si se produce el efecto contagio: los partidos, conservadores o no, pueden ir adoptando posiciones nacionalistas para evitar este trasvase de votos. Es el giro que parece estar dando Sarkozy en la segunda vuelta de las presidenciales francesas para recuperar los votos obtenidos en la primera por Marine Le Pen.

En efecto, la líder del Frente Nacional, se presentó a las elecciones con un programa en el que destacaban la preservación de la identidad francesa, la salida del euro y el freno a la inmigración. Sus buenos resultados han forzado a que Sarkozy, cara a la segunda vuelta, inicie una deriva hacia posiciones en parte semejantes. Y si Sarkozy pierde, como indican los sondeos, y en las legislativas de junio sube el voto a Le Pen, es muy probable que la derecha francesa del futuro se impregne de las ideas xenófobas, antieuropeas y populistas. Si los conservadores franceses se dejan influir por las ideas lepenistas, la unidad europea está en peligro porque estas ideas pueden irradiarse a todo el continente.

Empezábamos el artículo aludiendo a la anécdota que protagonizó Puigcercós: nacionalismo y catalanismo son lo mismo. Cada uno puede dar a estas palabras el significado que quiera. Sin embargo, ambos términos pueden tener un sentido muy distinto y así lo muestra esta fase final del debate entre Sarkozy y Hollande. El corresponsal de La Vanguardia en París, Lluís Uría, nos lo relataba en su crónica del pasado lunes. Partía de una frase, muy gráfica aunque nada original, de Jacques Chirac: “El patriotismo es el amor a lo propio, el nacionalismo es el odio a los otros”. Aunque ni Sarkozy ni Hollande se atreven a rechazar esta distinción, sus interpretaciones de ambos términos son muy distintas.

Efectivamente, Sarkozy, aunque no lo reconozca, las interpreta en clave nacionalista: muestra su preocupación porque la identidad nacional francesa pueda quedar diluida en la globalización, habla no sólo de fronteras geográficas sino también de fronteras morales y culturales, es decir, de fronteras internas: ve enemigos por todas partes. En cambio, Hollande rechaza expresamente el nacionalismo y el soberanismo a los que opone el patriotismo, es decir, “amarse a sí mismo para amar a los otros, no tener miedo de nada, no temer nada en la competición mundial, en la Europa que se está construyendo”. Sólo considera enemigo al miedo.

Quizás en Catalunya podríamos aprender del debate francés: catalanismo y nacionalismo no son lo mismo. Catalanismo es amar a Catalunya, nacionalismo es odiar a España. Que cada uno escoja libremente el bando en el que quiere estar. Pero que antes estudie historia, conozca los datos de la actualidad y no se fíe de la propaganda. Yo, por supuesto, y no por las razones de Puigcercós, me considero catalanista.

Por Frances de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

No es que los muchos defectos del modelo estuviesen precisamente ocultos en tiempos de bonanza, pues eran evidentes para cualquiera que se molestase en tener los ojos abiertos, pero sin duda la prosperidad general permitió asumirlos como disfunciones inevitables, ni siquiera exclusivas de nuestro país y, a la postre, fácilmente negociables. La crisis ha venido a hacer añicos esta ilusión. Comprendemos ahora que esos defectos son trabas formidables que amenazan con gripar la maquinaria del Estado, hundir definitivamente nuestra economía y dejarnos a todos en la estacada.

Durante un tiempo confiamos en que bastaría con sustituir a los tripulantes al mando para que las cosas se solucionasen, como si éste fuese sólo un problema de gestión o de mera competencia técnica. Pero es necesario asumir que esta crisis deriva, como casi todas las verdaderamente complicadas, de un conjunto de incentivos perversos que afectan necesariamente a todo aquel que ocupe el poder jugando con las reglas ahora en vigor.

En un sistema político tan descentralizado como el nuestro, en el que las citas electorales que ponen en juego intereses vitales de los partidos (o mejor dicho, de quienes los controlan) se repiten cada pocos meses, no existen incentivos para ejecutar estrategias a largo plazo. Más aún, la dirección de esos partidos está apoyada en un extenso y trabado régimen clientelar que disuade de adoptar medidas de adelgazamiento y racionalización del sector público. Como hemos visto con los actuales Presupuestos, los recortes se centran en la inversión y en los servicios públicos esenciales, mientras se permite que las numerosísimas entidades y empresas públicas, al disminuir sus ingresos sin disolverse, sigan consumiendo el grueso de sus presupuestos en su propio mantenimiento. Un sistema de organización territorial abierto y en constante mutación fomenta que la ambición personal de poder se imponga siempre a la racionalidad y a la eficiencia.

Por lo demás, una partitocracia tan cerrada como la nuestra impide asumir responsabilidades por las derrotas. Los candidatos repiten hasta la extenuación, sin más aval que el apoyo del aparato del partido que, evidentemente, ellos han montado a su imagen y semejanza por la fácil vía de respaldar a su vez a aquellos fieles que han probado su lealtad en los momentos difíciles.

La consecuencia es una dirección política sin verdaderos incentivos para asumir reformas estructurales claves para el futuro del país. Pedir a los políticos que se olviden de sus intereses particulares y se sacrifiquen por el interés general es no comprender cómo funciona este sistema partitocrático que hemos construido entre todos. Los líderes con personalidad y visión de Estado capaces de asumir ese riesgo (y hasta de salir airosos) son muy escasos, y de cualquier forma no son los que selecciona y promueve este sistema.

No es necesario leer la última literatura económica para comprender la trascendental importancia del diseño institucional a la hora de explicar la prosperidad o el declive de las naciones. Es una idea tan antigua como Spinoza, cuya obsesión era construir el régimen político «de tal manera que los ciudadanos, sea cualquiera su carácter, prefieran el Derecho Público a sus comodidades particulares». Nuestro sistema no ha sido capaz de conseguir que nuestros políticos prefieran el Derecho Público a sus intereses partidistas, y está en camino de conseguir que a los ciudadanos de a pie les ocurra lo mismo. Medidas como la amnistía fiscal o los indultos a financieros y políticos corruptos no ayudan a generar la necesaria adhesión al sistema, imprescindible para garantizar su supervivencia.

Cuando un sistema político llega a este punto, está condenado a cambiar. Puede hacerlo inteligente o traumáticamente, tras un largo y agónico proceso de degeneración. En la mayoría de los casos suele pasar esto último. Las inercias creadas por los intereses en juego son demasiado poderosas como para que el cambio se haga desde dentro. Ahora bien, es necesario comprender que la temida intervención desde fuera por la UE o el FMI, de producirse, no solucionará ningún problema. Los acreedores se preocuparán solamente de lo suyo, no de refundar el Estado en beneficio de las nuevas generaciones. La simple amenaza de la intervención tampoco resultará lo suficientemente motivadora para emprender reformas clave. La reacción se limitará, como ya estamos viendo, a intentar aplacar a los acreedores sin poner en riesgo las propias prerrogativas, acudiendo antes que a eso, si es necesario, a las peores estrategias de la razón de Estado, como demuestra la citada amnistía fiscal.

El resultado más previsible, por tanto, será un escenario de creciente desafección y contestación social, en el que los nacionalistas intentarán aprovechar la oportunidad para forzar la máquina y lograr así su aspiración secular, fomentando aún más la crispacion y la dificultad de llegar a un consenso.

El cambio inteligente tiene pocas posibilidades, pese a que no se trata de refundar el Estado de arriba abajo. Reformar la actual estructura territorial no implica mayor centralismo, sino un federalismo moderno sin solapamientos, corresponsable y con competencias claramente deslindadas. Reformar nuestra partitocracia no implica acabar con los partidos políticos, sino extender a este ámbito la transparencia (cosa que no hace el actual anteproyecto), modificar nuestra ley electoral y garantizar una muchísima mayor participación ciudadana en la designación de candidatos. Con ello se trata simplemente de restaurar el principio de responsabilidad (o de la accountability, como dicen los anglosajones) que es, en definitiva, la clave de bóveda de todo diseño institucional que aspire a crear prosperidad. No son reformas técnicamente difíciles. Sólo exigen voluntad política. Pero los incentivos están en contra.

Ante este aparente bloqueo, ¿qué cabe hacer? Spinoza tendría una respuesta clara: saberlo, tomar conciencia de ello. No es infrecuente que, inmersos en profundos procesos de cambio político y social, los ciudadanos que los sufren no sean verdaderamente conscientes de su trascendencia. Suele ser precisamente esa ignorancia la que hace que las inercias se perpetúen y la degeneración final conduzca a rupturas indeseables. Ser conscientes del problema implica asumir que lo que aquí se explicita no es una mera opción política más que quepa descalificar, a veces de forma grotesca, como centralista o reaccionaria, sino un simple diagnóstico de la realidad. Y la realidad siempre se abre camino contra todos los intentos de negarla. Conocerla es el primer paso para que nuestra preocupación por lo inmediato ceda frente a nuestros futuros intereses colectivos.

Rodrigo Tena es notario y coeditor del blog ¿Hay Derecho?

Nuestra tradición administrativa debe mucho al modelo napoleónico, aquel en el que al empleado público se le elige por sus méritos en función de algún tipo de concurso público y el Estado le garantiza un sueldo vitalicio. Este sistema intentaba asegurar que aquellos de quienes depende el funcionamiento del Estado estuvieran bien cualificados y no sufrieran el capricho cambiante de los gobernantes.

Un ejemplo pueden ser los jueces. Según este modelo, es necesario que sean personas que no deban temer si cambia el Gobierno, porque sus decisiones tienen que ser independientes y solo basadas en la ley. Otra cuestión es lo que deben cobrar los funcionarios. La tradición inglesa, y siguiendo el ejemplo de los jueces, era que los magistrados de alto nivel fueran los funcionarios mejor pagados de la Administración. Y además había pocos. De esta manera se aseguraba que estuvieran muy concentrados en su trabajo y no tuvieran que preocuparse de nada más que de hacer su trabajo con la máxima dedicación.

Todo esto está lejos de la imagen castiza del funcionario que pasa unas oposiciones de base memorística y que lleva una vida basada en un sueldo miserable. Cuando esto ocurre, el estímulo para un trabajo eficiente desaparece: «Total, por lo que me pagan». La otra característica de la remuneración de los funcionarios es que el sueldo vitalicio se defiende en todos los casos aun cuando la función para la que está empleado desaparezca. Este sueldo para toda la vida se ve como un privilegio, de tal manera que, cuando el paro sube, se pueden bajar los sueldos de los funcionarios como una medida de solidaridad.

En términos generales, los sueldos y las condiciones de trabajo permiten atraer a los profesionales del más alto nivel posible. Nos quejamos a veces de la calidad de nuestros gobernantes. Si no pagamos bien a los que gobiernan no atraeremos a los mejores o quizá solo a aquellos que ven en el cargo una manera de sacar alguna ventaja personal o económica. También nos interesa que profesionales como los médicos estén muy bien pagados, porque en temas de salud queremos a los mejores. Y también nos interesa que tengan las mejores condiciones de trabajo. Todo esto está muy lejos del estereotipo tradicional de la función pública. En este entorno, los investigadores científicos han sido asimilados en general a los profesores universitarios. De hecho, en la mayoría de los países la investigación se hace prioritariamente en las universidades.

En la concepción del Estado decimonónico europeo los profesores han sido considerados parte de la función pública como todo empleado del Estado. Incluso la limpieza de los locales o la seguridad, que ahora se subcontratan, eran para funcionarios. Pero la función pública ha ido reduciendo su ámbito y nos podemos preguntar por qué se mantiene como funcionarios a los universitarios o los investigadores.

En el caso de la función docente o investigadora se podría argumentar, por un lado, que su independencia necesita las garantías que da la función pública, pero el Estado democrático tiene otras maneras de garantizarla. Y frente a una estabilidad rígida, una flexibilidad contractual puede abrir muchas posibilidades de que sean interesantes durante la carrera profesional. Por otro lado, también nos interesa atraer a la ciencia y a la universidad a los mejores profesionales posibles. No tiene sentido una ciencia basada en la mediocridad y queremos que los jóvenes que llegan al más alto nivel de formación encuentren maestros del pensar del más alto nivel posible. Ha habido progresos en esta dirección, como la aparición de complementos de productividad en los sueldos de profesores e investigadores, pero la concepción de estas profesiones sigue basada en el funcionariado.

Los investigadores ya saben que en su trabajo difícilmente se harán millonarios. No lo eligen por esta razón. En general, un joven se siente atraído por la investigación por la aventura intelectual que representa. Esto no quiere decir que el dinero no cuente, pero las condiciones de trabajo y la conciencia de que alguien le dará la oportunidad de competir para ir a más si hace bien el trabajo pueden ser más importantes que el sueldo.

Todo ello está reñido con la concepción clásica de la función pública. En nuestro país el sistema ICREA es un buen ensayo para uno de los estadios finales de la carrera científica, pero en su conjunto no tenemos un buen modelo de cómo escogemos, contratamos y pagamos a nuestros profesionales de la ciencia. Si los tiempos de abundancia no han servido para hacer las reformas necesarias, los tiempos de estrecheces nos obligan a ello.

Pere Puigdomènech, director del Centro de Investigación Agrigenómica (CSIC-IRTA-UAB).

Pero en medio de este galimatías, que viene acompañado de ese despliegue florido de anglicismos en que consiste la moderna cursilería, acaso no hayamos dedicado suficiente atención a dos hechos que tienen el aspecto de ser nubarrones despeinados dispuestos a encapotar nuestro futuro como comunidad política.

Me refiero, en primer lugar, a la opción por un Estado propio que un partido político catalán acaba de hacer en un congreso. Quiero subrayar que no estamos hablando de una organización cualquiera sino de aquella que ha compartido las riendas del poder con todos los gobiernos que en España han sido y son desde que existen los mecanismos democráticos. Un partido regional invariablemente cortejado y contemplado con los ojos codiciosos de la lujuria por sus hermanos mayores nacionales. Recibir una calabaza desde Cataluña ha sido una forma de labrarse el fin de los cambalaches parlamentarios y de las propias piruetas políticas; por el contrario, acogerse a su bendición era demostración de sutil templanza y de habilidosa flexibilidad en el manejo de la cosa pública. O, como se ha solido decir, de cintura.

En segundo lugar, debe citarse la manifestación que hace unos días recorrió las calles de Pamplona con una bandera que reclamaba «independencia» para el País Vasco y sus cuatro puntos cardinales. Reivindicación apoyada a distancia y con amor de padre por otro partido nacionalista, buen tejedor de glorias en la política española.

Es decir, estamos a principios del siglo XXI, varias décadas después del desmantelamiento de la farsa franquista, contemplando el espectáculo de unos partidos que representan a miles de ciudadanos, empeñados en el designio de comenzar una aventura como Estados. De la misma forma que el pequeño bote de un barco se echa a la mar en busca de la mar de aventuras sin pensar en que pueda quebrarse o romperse no bien se enfrente a la primera roca.

Ante esta situación es inútil invocar -para que acudan en nuestra ayuda- a los manes de la Historia, ni desempolvar títulos o blasones del pasado ni alegar cuentas y cuitas compartidas durante siglos. Nada de esto sirve a quien ha llegado a la determinación de buscar una andadura en solitario entre los vientos borrascosos y los peñascos de los Estados ya existentes.

Algunas plumas ilustres defienden que sería bueno disponer en nuestro texto constitucional de un mecanismo de secesión de una parte del territorio para que, por una vía pacífica y de mutuo entendimiento, cada cual emprendiera el destino que le pareciera más conveniente. Pero lo cierto es que tal previsión no consta en el Derecho político español por lo que cualquier medida que se tomara en esa dirección -que sería unilateral- supondría la ruptura grave de nuestro ordenamiento y también la irreversible quiebra del equilibrio en el que desarrollan su vida nuestras instituciones.

Con todo, teniendo en cuenta la población que anda detrás de esas pancartas, a lo mejor no es malo propiciar una salida de esta naturaleza a la que se diera su conformidad desde España. Eso sí: previo un finiquito minucioso que no dejara cuenta pendiente sin comprobar ni saldo sin cobrar.

A partir de ahí, desligados de la opresora monarquía española, ya podrían proclamar sus repúblicas independientes. Porque no sería cosa de entronizar un nuevo monarca extraído de las casas reinantes por la sencilla razón de que no quedan o están para pocos trotes o padecen una artrosis desbocada. Una república implicaría nombrar un presidente (a ser posible, sin antecedentes penales), buscar un palacio en cuyas ventanas cante el ruiseñor y unos guardias con uniformes vistosos como cristalerías de luces. El himno no es problema pues existe, lo mismo que las gargantas para cantarlo. Y la bandera ya ondea en sus edificios, tan solo se trataría de quitar la otra y en ello con un minuto sobra.

Nombrar ministros es coser y cantar y no digamos presidentes de tribunales de justicia, de cuentas, constitucionales… Colas harían los profesionales más distinguidos para atarse al ejercicio de estas responsabilidades aunque con ello pusieran en peligro su salud y su vida familiar. Coches oficiales habría que comprarlos a cientos con lo que el ramo, tan deprimido ahora por la crisis, volvería a conocer días de gloria y esplendor.

Habría que imponer a esa población entusiasta tributos e impuestos pero ésta los pagaría con entusiasmo; la lacra de la evasión fiscal no se conocería, pues que todo lo recaudado iría a parar al engrandecimiento de la nueva nación. A lo mejor crear un Ejército, comprar tanques, aviones de combate o buques de guerra, formar escuadrones, batallones y divisiones no gusta a algunos pacifistas pero hay que contar con ellos porque la pluralidad es una seña de la nueva república que se distingue así de la vieja monarquía que ponía grilletes por años a quienes no mostraban entusiasmo militar.

Pues ¿y diseñar una moneda propia? ¡Ahí es nada poder reivindicar la vieja prerrogativa de acuñar moneda! Eso sí que sería gloria y no verse obligados a aceptar exigencias foráneas para disponer de la calderilla del euro. A partir de ahí, sería innecesario endeudarse pero, si tal acaeciera, los virtuosos republicanos de la nueva nación adquirirían cualesquiera títulos que se les hiciera llegar. Si aun así, hicieran falta nuevos fondos, ahí estarían los mercados internacionales dispuestos a comprar el producto financiero más sólido y el de garantías más aquilatadas.

¡Adiós a los vaivenes de las primas de riesgo! Sólo por despedir a estos parientes, merece la pena iniciar la aventura de la independencia.

Porque, lector paciente, el discurso contrario, el que consiste en aclarar a quien no quiere oír que el nacionalismo ha sido el partero de las desgracias colectivas más aniquiladoras que ha sufrido la humanidad, que reproducirlo en los inicios de este siglo XXI es suicidio y homicidio a un tiempo, y añadirles que no hay sueño más placentero para las grandes empresas del planeta que la proliferación de Estados raquíticos, empinados en su ridícula poquedad, esforzarse en todo ello -digo- es sin más empeñarse en perder el tiempo. O, como se dice clásicamente, majar en hierro frío.

Con todo, al menos pluma en ristre, es obligado no darse por vencido, vestir las armas del combate y luchar contra estas sombras lúgubres del pasado.

Francisco Sosa Wagner es catedrático y eurodiputado por UpyD. Su último libro (con Mercedes Fuertes) se titula Bancarrota del Estado y Europa como contexto (2011, Marcial Pons).

El diagnóstico menos equivocado es, casi con seguridad, el último: nos hemos dado un Estado social inviable con la ayuda, o el concurso, o el ímpetu añadido, del esparcimiento territorial. No es recomendable, no obstante, tomar la parte por el todo. A partir del 2010, data en que se inicia la decadencia irreversible de Zapatero, se hizo muy popular la idea de que el gasto se podría contener indoloramente aplicando la tijera a algunas exuberancias de coloración, por así llamarla, local: embajadas en el extranjero, cambio de sexo gratis en la autonomía andaluza, demasiados coches con chófer en esta administración o la de más allá. Este optimismo era por completo infundado, y contenía además el mensaje peligroso de que podríamos seguir como antes con solo desmochar las gárgolas y los grotescos remates de que estaba erizado el perfil autonómico. En rigor, el cambio de sexo gratis, las embajadas, los coches de lujo, e così via, son, económicamente, menudencias o, hablando a la inglesa, peanuts. Por supuesto, están de más. Ahora bien, no se ahorrará en serio si no se hacen dos cosas mucho más empeñosas. La primera es reducir seriamente la agenda social. Una de las razones que explican por qué las comunidades autónomas se han pasado tres pueblos en materia de gasto es que las partidas presupuestadas por los gobiernos han rebasado con creces lo que nos podíamos permitir a la vista de nuestra capacidad productiva real. Al reventar la burbuja, nos hemos encontrado con nosotros mismos: resulta que habíamos estirado el pie más del largo de la sábana. En este sentido, un sentido genérico, las autonomías han sido el instrumento del gasto, no su origen.

Sí existe una inequívoca responsabilidad autonómica en la multiplicación innecesaria de funcionarios, de los cuales tendrán que suprimirse, o sí o sí, o, formulado alternativamente, o sí o Argentina y Uruguay, unos cientos de miles. La tragedia, con todo, no es meramente autonómica. También es nacional, puesto que, detrás de los funcionarios que redundantemente pueblan las regiones, se encuentran, quitando la excepción nacionalista, los grandes partidos de ámbito español.

Hace muchos, muchos años, que escribo con despego sobre el episodio autonómico. Me apresuro a aclarar que la raíz de mi discrepancia no es económica, sino más bien moral. Me explicaré por medio de un cotejo con otros países. Por ejemplo: la descentralización americana se justifica por un motivo histórico contundente. Los USA empezaron siendo una confederación que alcanzó la unidad política bajo la figura de una federación: los estados americanos son fases ontogénicas en el nacimiento de la colosal criatura americana. Pero La Rioja o Castilla-La Mancha no cuentan con un pasado político específicamente significativo, ni en ellas se han desarrollado los reflejos y el espíritu que confieren sentido a un Parlamento propio. No son, en fin, Texas o Virginia.

¿Más? Sí, y esto que añado es, para mí, lo más desazonador. Los defensores clásicos del federalismo han alegado que el desplazamiento parcial del autogobierno a unidades más pequeñas sirve para educar al ciudadano en las virtudes de la responsabilidad política. La participación en el gobierno de las cosas que se pueden tocar con la mano moviliza facultades que permanecen inertes o como dormidas cuando el centro del poder está distante. La idea, en teoría, está muy bien. Se da la circunstancia, no obstante, de que los que decían esto —Constant, Tocqueville o, en diferido, Ortega en «La redención de la provincias»— habían tomado como punto de referencia una forma de aproximarse a los asuntos colectivos… congruente con la época que les había tocado vivir. No conocían, no podían conocer, los efectos corruptores de la política social tal como esta ha venido practicándose durante los últimos decenios. Por desgracia, la descentralización nos ha sorprendido con el pie cambiado. La contigüidad entre administradores y administrados no ha servido para que los segundos controlen a los primeros, o estos eduquen a aquellos. Lo que ha ocurrido es que unos y otros, administradores y administrados, se han tomado la medida, han comprendido que sus intereses eran momentáneamente complementarios, y se han dedicado al deporte favorito de la socialdemocracia en su tramo descendente: hacerse favores trocando votos por dinero. No niego que el federalismo competitivo u otros esquemas por el estilo pudieran ser buenos también para España. Pero estoy hablando de lo que hay. Y lo que hay, qué le vamos a hacer, es lo único que hay.

Álvaro Delgado-Gal, escritor.

Las últimas declaraciones de la (ex) presidenta Esperanza Aguirre (expresidenta porque ni mental ni políticamente ya lo debería ser, después de su contundente discurso antiautonómico) no sólo no se adecuan a lo que en Catalunya o en el País Vasco se piensa. Es que ni siquiera se corresponden, estoy seguro, con el sentir de determinadas sociedades o comunidades autónomas de la España “intermedia”. Porque es un error pensar que sólo hay dos tipos de comunidades en el Estado: las históricas, es decir, las naciones en pleno sentido de la palabra, y el resto, entramados artificiales creados en un momento dado como respuesta al deseo de autogobierno de las primeras. Sencillamente no es verdad. Cuando Ernest Lluch escribió las Españas “vencidas” o cuando en la portada del último libro de Enric Juliana se puede apreciar un mapa con las Españas “asimiladas”, ambos conceptos no se referían únicamente a Catalunya, y mucho menos a Euskadi… La pluralidad del Estado no empieza en Vizcaya y acaba en Tarragona,

con finos tentáculos hacia Vigo o Sevilla. Un cuerpo “intermedio” autonómico ha ido tomando forma y altura y, con altibajos, ha ido consolidando una visión propia, un horizonte asentado en episodios históricos relevantes, tradiciones compartidas, lengua propia (viva que no muerta), agendas económicas y de infraestructuras y fenómenos antropológicos y sociológicos potentes… Valencia es un caso paradigmático. Y tiene la importancia de ser la pieza que podría hacer volcar la estructura del estado hacia un lado u otro. Los valencianos no somos un invento reciente, al menos no más que otros.

Si la expresidenta Esperanza Aguirre quiere devolver “sus” competencias, que lo haga. Allá ella y allá los madrileños. Tal vez incluso fuera lo más conveniente para sus intereses (¡y para los nuestros!). De hecho, en Estados Unidos, la zona de Washington, a diferencia de los otros cincuenta estados de la Unión, no dispone de estructura estatal, ni de cámara de representantes propia. Su vida depende directamente del Gobierno federal. Y no viven mal del todo. Ni siquiera el distrito de Columbia (es decir, el territorio donde se asienta la ciudad de Washington) dispone de senador alguno en la cámara senatorial de Estados Unidos.

Por ello, en este año 2012, la voz del presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, se ha de escuchar enérgica en defensa de la autonomía. Tendremos más o menos dinero, tendremos más o menos capacidad de acción, haremos las cosas con más o menos modestia (de nuevo, Enric Juliana), pero el presidente Fabra debería defender la idea de que ser valenciano no es un estado administrativo, es un derecho que muchos queremos seguir ejerciendo, empezando, es de suponer, por quien gobierna en el histórico palacio de la calle de los Cavallers.

Bien mirado, comparto la idea de Esperanza Aguirre: que Madrid devuelva sus competencias y que, de una vez por todas, no juegue con la doble ventaja de disponer de inversiones estatales por ser sede del Gobierno central (y del pensamiento radial de España) y de las inversiones regionales que le tocan en el pastel autonómico, que sea de una vez por todas, si así se decide, el distrito federal de España.

El resto de las comunidades, al menos las autonomías “intermedias”, seguiremos con nuestra historia, no como un paréntesis, sino como un paso más en el devenir de lo que fuimos y lo que seremos. Yo, al menos, no tengo ninguna vocación de paréntesis.

Josep Vicent Boira, profesor de la Universitat de Valencia.

Es indudable que si hubiésemos contado con un Estado eficaz podríamos haber hecho frente a la crisis económica con mucha mayor facilidad. Pero el Estado Autonómico, en estos momentos, presenta una grave inestabilidad que procede de tres causas principales. La primera consiste en que, tal y como se encuentra, es un Estado enormemente gravoso que, mal que bien, pudo funcionar mientras estábamos en el periodo de las vacas gordas. Pero ahora que éstas han adelgazado, hasta llegar a una situación de raquitismo, ese Estado, tal como está, ya no es funcional. En segundo lugar, desde el mismo momento en que el presidente Zapatero dio disco verde para que se reformase el Estatuto de Cataluña entramos abiertamente en una situación de turbulencias autonómicas. El Estatuto catalán y los de otras regiones que le imitaron después no han hecho más que debilitar las competencias del Estado-aparato, en beneficio de las Comunidades Autónomas.

Es claro que no se puede llevar a cabo una política general que abarque a todo el territorio en una situación de emergencia nacional como la que padecemos actualmente en España si existen situaciones jurídicas incomprensibles. Por poner un ejemplo, en los nuevos Estatutos, especialmente en el catalán, se incluyen cláusulas como la Disposición Adicional Tercera que trata de imponer criterios a las Cortes Generales, cuando todo Estatuto tiene una delimitación territorial muy concreta respecto a su vigencia.

Y, en tercer lugar, otra complicación es la que se ha producido con la política llevada a cabo por Zapatero y sus adláteres del Tribunal Constitucional, que han introducido un elemento distorsionador en el funcionamiento del Estado de las Autonomías. Esto es, se ha permitido que un partido con evidentes relaciones con ETA -que aún no se ha disuelto- represente una amenaza enormemente peligrosa para la futura integridad de nuestro Estado, desde el instante en que se ha introducido en las instituciones locales.

sea lo que fuere, parece que existe por estas tres razones que he expuesto una cierta unanimidad en señalar que algo hay que hacer con respecto al Estado de las Autonomías. Se han podido oír, en los últimos días, voces de todas las tonalidades. Podríamos resumir así las posiciones más sobresalientes que se pueden señalar.

En primer término, algunos mantienen que se deberían suprimir las Autonomías de forma radical, y volver a un Estado centralista y unitario, permitiendo exclusivamente una cierta descentralización administrativa. Al margen de la ideología que sustente esta posición, hay que indicar que es absolutamente imposible tomarla en serio. Las autonomías, con todos los defectos que se quieran, han contribuido al desarrollo económico de España, reduciendo las enormes desigualdades regionales que existían antes de ser aprobada la Constitución. Pero, además, hay que tener en cuenta que el Título VIII de la Constitución nació especialmente para resolver el problema de las dos regiones con mayor identidad en España, es decir, el País Vasco y Cataluña. Resultaría totalmente demencial suprimir a estas dos regiones la autonomía que consideran como intrínsecamente necesaria, mientras que no puedan llegar a la independencia.

La segunda posición, que suscriben muchos otros observadores, consiste en adoptar en España un Estado Federal. Por una parte, se dice con mucha frecuencia que nuestro Estado de las Autonomías es prácticamente federal. Lo cual es cierto y no es cierto. Lo es porque, al igual que ocurre con los Estados Federales, en España las Comunidades Autónomas tienen parecidas competencias a las de aquéllos o incluso más aún. Pero no es cierto porque uno de los rasgos que se pueden comprobar en los Estados Federales consiste en la igualdad entre todos los Estados miembros. Sin embargo, no resulta posible reconocer esta circunstancia en España, porque no existe una igualdad entre las Comunidades Autónomas, habiendo grandes diferencias entre unas y otras en lo que respecta a sus Estatutos.

Pero es más, la igualdad federal no la desean en absoluto ni los vascos, ni los catalanes. Aquí existe una ley sociológica que es diabólica y que consiste en que cuanto más se alejen Cataluña y el País Vasco de las otras Comunidades Autónomas más se querrán acercar éstas a las primeras. Mientras los unos hablan de los hechos diferenciales y de los rasgos identitarios, los otros hablan de agravios comparativos, porque corren a apoyarse en el artículo 14 de la Constitución, que afirma que todos los españoles son iguales. Por consiguiente, esta solución del Estado Federal, o Autonómico-Federal, es una pseudosolución, porque nunca la aceptarían ni los vascos ni los catalanes, ya que ambos quieren ser un poco más altos que los demás.

No queda, pues, más que una tercera posición. Se trata de racionalizar el Estado de las Autonomías, modificando la Constitución para señalar con toda claridad cuáles son las Comunidades Autónomas que se reconocen, lo que podría significar incluso que algunas Comunidades uniprovinciales pasasen a formar parte de otras más amplias, lo que ahorraría gastos. Habría que describir también con total exactitud cuáles son las competencias que debe mantener el Estado-aparato y cuáles son las competencias propias de las Comunidades Autónomas. Y habría que convencer a los españoles de que las dos regiones con mayor personalidad histórica, Cataluña y el País Vasco, deberían tener algunas competencias fundamentales más que las demás Comunidades. Pero no se puede ocultar que esta diferenciación podría provocar nuevos conflictos entre las Comunidades «artificiales», según las han definido Artur Mas y Duran Lleida, y las dos (o tres) naturales.

Ahora bien, es la propia Constitución la que ha originado este conflicto permanente, puesto que adoptó dos principios que, como si fuesen imanes del mismo signo, se repelen, en vez de atraerse. En efecto, se trata de los principios dispositivo y diferenciador, que se hallan contenidos en el artículo 2 de la Constitución. Por un lado, según el principio dispositivo, todas las regiones españolas que así lo deseen pueden acceder a la autonomía. Y, por otro, el principio diferenciador, que consiste en que se reconocen diferencias claras entre unas Comunidades Autónomas, denominadas nacionalidades, y otras, denominadas regiones. Tal diferencia se puede ver también claramente en otros artículos de la Constitución, lo cual favoreció la aparición de un tercer principio, que no se halla en la Constitución, el principio emulativo, mediante el cual todas las Comunidades Autónomas tratan de que no existan privilegios de algunas sobre otras y de llegar así a la igualdad entre ellas.

Así están las cosas hoy en España, y las consecuencias que podemos deducir son dos: una primera, que no se puede mantener la actual estructura caótica del Estado de las Autonomías, por ser enormemente gravosa e ineficiente. Y la segunda, que la única manera de resolver y racionalizar esta endiablada situación, no es otra que la de reformar el Título VIII de la Constitución, intentando el mayor acuerdo general, incluso con la convocatoria de un referéndum.

En resumidas cuentas, algo de esto reivindiqué hace 23 años, cuando no había una crisis económica como la actual, en el primer artículo que salió en la Tribuna de este periódico.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

El neocentralismo ha convertido el modelo autonómico en el chivo expiatorio del despilfarro público y de la crisis política, incluida la corrupción. Propone el retorno al Estado unitarista. La lenguaraz Esperanza Aguirre expresó hace unos días lo que piensa un sector minoritario pero influyente de la derecha española: que las autonomías devuelvan a la Administración central las principales competencias.

Con ello, supuestamente, nos ahorraríamos una porrada de dinero tan inmensa que casi no habría que hacer recortes. El neocentralismo pretende ignorar que en el mundo contemporáneo la eficiencia de los estados está ligada a la gestión descentralizada de los servicios y recursos. Pensemos, por ejemplo, en el modelo federal alemán. Pero, curiosamente, donde más aplausos ha encontrado la presidenta madrileña no ha sido en su partido, sino en el soberanismo catalán, que no se cansa de vilipendiar el mal llamado café para todos. Artur Mas ha aprovechado la ocasión para marcar nuevamente la diferencia entre las nacionalidades históricas, merecedoras del autogobierno, y las «artificiales», aunque sin precisar cuáles son. Este desatino subraya la regresión que, en términos históricos, representa el soberanismo en relación con el catalanismo optimista e integrador del siglo XX. Supone, además, un desprecio ante unas identidades territoriales que en España son muy complejas, sin menoscabo de la existencia de tres culturas nacionales diferentes de la castellana. Cualquiera que relea los debates constituyentes de 1978 verá que desde Miquel Roca a Jordi Solé Tura, pasando por Joan Reventós, los partidos catalanes defendieron que la autonomía era extensible a todos los pueblos de España sin excepción.

Pese a esta coincidencia con el nacionalismo español más castizo, el objetivo del soberanismo es, evidentemente, otro: la conquista del Estado propio. Ahora bien, tiene enfrente un obstáculo sociológico: resulta que la gran mayoría de los ciudadanos nos sentimos en grados diversos catalanes y españoles. Para superar el muro de la doble identidad, el soberanismo neoliberal no desaprovecha la menor ocasión para socializar argumentos de grueso calibre del tipo: «España nos roba, pero libres haríamos de Catalunya una de las economías más prósperas de Europa». En definitiva, la independencia como una gran panacea, según nos relataba ayer con fruición Xavier Bru de Sala, y en la que, por supuesto, florecerían los millonarios y los parados podrían, en el peor de los casos, convertirse en funcionarios del nuevo Estado.

Este tipo de cuentos de la lechera son de una enorme frivolidad. Primero, porque el relato parte de una premisa falsa: que la legalidad española es lo único que impide proclamar la independencia, pues los catalanes ya estamos casi todos de acuerdo. Segundo, se habla solamente de los fabulosos beneficios de la separación, pero jamás de los costes sociales y económicos de la ruptura y de un periodo de transición indeterminado (¿durante cuánto tiempo nos quedaríamos fuera de la UE?). Seamos serios, por favor. Si alguien deja a sus vecinos porque esgrime que le roban, ¿acaso estos van a seguir saludándole y entrando en su negocio o empresa? Tercero, se esconden informaciones esenciales, como el hecho de que, aunque la economía catalana se ha abierto al mundo y exporta, nuestro superávit comercial únicamente se produce, y de manera muy notable, con el resto de España (www.c-intereg.es). Cuarto, el repetido argumento de las balanzas fiscales esconde matices y sorpresas. Lo hemos visto en relación a los datos del 2009 suministrados torticeramente por el conseller Mas-Colell.

Hay un abanico de cálculos posibles en función del enfoque que se adopte, que va de un déficit de 16.000 millones a un superávit de poco más de 4.000, pasando por otras aproximaciones intermedias igualmente correctas. Hay un dato revelador del que CiU no habla y que indica hasta qué punto hemos de ser prudentes con las cifras. Desde que comenzó la crisis, la Seguridad Social gasta en Catalunya mucho más de lo que recauda: 1.200 millones ya solo en el 2009.

El problema de fondo es que el grueso del soberanismo es neoliberal y, por tanto, considera que cualquier déficit, sea entre grupos sociales o territorios, es ilegítimo. Entre tanto, nos vende un peligroso cuento de la lechera donde solo existen fabulosos beneficios mientras esconde los costes económicos, sociales y políticos de la ruptura. ¿Acabaremos por tropezar?

Joaquim Coll, historiador

Ninguna fuerza política o social, ningún medio de comunicación, partido o grupo de opinión plantea la menor alternativa. A lo sumo, leves retoques del presente. El gap entre la realidad y la independencia es tan grande como el que separa la independencia de cualquier otra salida a un presente muy incómodo. Puede no ser del todo cierto, pero el mensaje del maltrato de Madrid, la impotencia del Gobierno catalán, el único nuestro, unido a las perspectivas de franca y rápida mejora de la economía, el mito de la Holanda del sur, opera sobre una multitud creciente e impaciente. Los síntomas de la ruptura están ahí. La caída económica y social se presenta como inevitable en caso contrario. La cristalización es posible. Puede no llegar o puede precipitar como por accidente. Sea como sea, los catalanes haríamos bien en planificar, prever escenarios y evitar la improvisación.

Uno de los argumentos de la incredulidad o síndrome Luis XVI consiste en afirmar que los ricos y los poderosos de hoy no lo permitirán porque saldrían perdiendo. Por el contrario, opino que este supuesto, tan extendido que se diría unánime, es falso. La independencia conlleva siempre y en todo lugar unas tales oportunidades de negocio que no tardaremos en ver como algunos de los que pasan por los más acérrimos opositores se apuntan con deleite. Llegado el hipotético caso, la independencia sería un pastel. Habría mucho que repartir. Comportaría un número indeterminado pero nada despreciable de nuevos millonarios. O de millonarios que se enriquecerían más allá de lo que con el estatus actual pueden soñar. Estaría por determinar si el negocio sería solo para unos pocos o para la nación, entendida como conjunto de ciudadanos, pero que habría mucho que repartir parece tan evidente que no se entiende que este sea, hasta donde conozco, el primer escrito que destapa el tema.

Por si alguien quiere ejemplos, comenzaremos por las concesionarias de la gran obra pública. Las actuales han crecido a la sombra del Estado central, que las adjudica vía BOE. Aunque algunas tengan participación de catalanes, lo más probable es que crecieran las propias que mantuvieran cercanía con el poder del nuevo Estado.

En todo el mundo, los estados dictan y ordenan dentro de unos límites pero con una enorme discrecionalidad. Solo hay que fijarse en las transformaciones del mapa de sectores clave como la energía o la banca dibujadas desde el poder central español. Ahora mismo, Argentina quiere recuperar YPF y lo puede hacer de la manera que más le plazca. Empieza por anular en cadena concesiones de exploración de nuevos yacimientos. Puede pagar o puede asfixiar a Repsol, o ambas cosas, pero el Estado argentino y la camarilla que lo gobierna tienen el mango de la sartén.

La independencia de Catalunya conllevaría la puesta en marcha de nuevos reguladores. Banco central, mercado de valores, de telecomunicaciones, redes de la energía, etcétera. Del mismo modo que el regulador español se ha cargado las cajas y las da a los bancos, un banco central catalán -siempre en la hipótesis que aquí se trata- podría obligar a los bancos a proveer un fondo destinado a recuperar las cajas. En todo caso, es seguro que el mapa financiero, la red eléctrica y el resto de servicios básicos sufrirían profundas transformaciones a corto o medio plazo. Se podría hacer con una perspectiva social, sobre todo si la independencia comportase, como sería probable, quedar de entrada fuera de las instituciones europeas y sus normas. Se podrían producir nacionalizaciones, con o sin posteriores reprivatizaciones a favor de compañías propias o cercanas. Las opciones de derecha e izquierda cobrarían mucho más sentido.

La independencia supondría la convocatoria de varios miles de plazas de funcionarios, además de los correspondientes medios y altos cargos, ya que el nuevo Estado proveería todos los servicios que hoy están en manos del Estado central español.

Finalmente, el tema primordial del crecimiento económico, vía exenciones y vacaciones fiscales a las empresas que se instalasen en Catalunya. Así creció Irlanda.

Sin duda, la opción mejor para España es el pacto fiscal. Y si no, la confederación.

Xavier Bru de Sal, escritor.

Es cierto que cuando el presidente habló en Cádiz se refería a ajustes económicos y no a otros de calado político como los que habría que aplicar para modificar el sistema territorial y competencial. Es más, Rajoy replicó a la presidenta madrileña afirmando que «ni se plantea» un debate sobre el Estado autonómico. Es más, son varios los mandatarios del PP que han puesto de manifiesto que no hay nada que reformar en la Constitución del 78. Es verdad que el zapato aprieta por el juanete de la economía; es verdad que el Gobierno tiene que concentrarse en reformar todo lo que sea necesario para salir del agujero de una deuda que impide el crecimiento y no hace más que aumentar el riesgo de una mayor deuda. Pero lo urgente no agota lo necesario, y pocos dudan de que la Constitución necesita una reforma que plasme todo lo que hemos aprendido de la aplicación de sus previsiones, muy abiertas. Y es que la Constitución se ha materializado siguiendo unas vías que no eran las únicas posibles a tenor de la literalidad del texto. Ya que se ha materializado esa concreta aplicación, ¿por qué no registrarla ahora por escrito y dotarla de un rango constitucional inapelable?

Es comprensible el miedo a la reforma de la Carta Magna, incluso a que el eventual proceso de modificación tenga menos adhesiones que las obtenidas en 1978 y que, por ello, el texto pierda legitimidad. Pero ese recelo esconde una realidad: el temor proviene de la certeza de que quienes en su día dijeron sí a la Constitución ahora podrían votar en contra del texto reformado. Pero ese no sólo pondría de manifiesto un sentir que ya existe entre la ciudadanía. Y no es hora de cerrar los ojos a la realidad.

España es ya, en todo menos en el nombre, un Estado federal. El problema es que le faltan algunas estructuras que sirven para que los estados federales estén más cohesionados. Porque si algo pretende una federación es reforzar la unión. No nos podemos dejar llevar por el abusivo mal uso del término federación que han hecho aquellos que, en realidad, quieren la confederación. La idea seminal del Estatuto catalán no era federalizar España, sino confederalizarla. Y hay una diferencia abismal entre federación y confederación. Federación es unión -«una mejor unión», como dicen los padres de la Constitución de EEUU-, entendida como valor político a proteger de forma especial. La confederación, por el contrario, no se somete al valor de la unión, sino que apuesta por mantener la asociación funcional de estados soberanos mientras sirva para algo, normalmente la defensa y la política exterior. Por esta razón las confederaciones tienden a desintegrarse o a acabar convirtiéndose en federaciones en toda regla. En EEUU tuvieron que pasar una guerra civil en la que se enfrentaron unionistas -los federales- contra secesionistas -los confederales-. Y Suiza ha completado el camino de la confederación a la federación, afirmando en su Constitución que el país helvético está constituido por los cantones y por los ciudadanos suizos.

Existen muchas constituciones federales que no cumplen el requisito de afirmar que la federación está constituida sobre la base de la alianza de estados preexistentes, y nadie les niega por ello la categoría de estados federales. Éste es el caso de Austria o Alemania.

Es comprensible que el recuerdo de la Segunda República haya llenado el término federal de connotaciones negativas. Pero si dejamos de lado los nominalismos, ésa es la realidad de la España autonómica actual, llena de bilateralismos entre las comunidades y el Gobierno central. Esa estructura debería ser la fuente del miedo. Y sin embargo no es así.

La razón última para abordar una reforma federal de la Constitución no radica en la necesidad de hacer un esfuerzo para integrar a los nacionalismos periféricos. Si no quieren integrarse no lo harán, y punto. Además, los nacionalismos nunca han sido federalistas. A lo más que están dispuestos es a una confederación de pueblos al estilo del Antiguo Régimen español.

La razón política última para una reforma federal es la contraria: poner punto final a la negociación permanente a la que nos aboca la actual Constitución por su estructura abierta. Apertura, por cierto, que se esfuerzan por mantener denodadamente los nacionalismos periféricos para poder así reforzar la bilateralidad de su relación con el Estado, establecerse en pie de igualdad en la relación con éste y mantener la esperanza de transformar las frágiles previsiones constitucionales en rebajas de la cohesión política interna.

España no puede continuar con un sistema de financiación autonómica sin claras previsiones constitucionales, sometida a una negociación permanente donde las comunidades reclaman cada vez más financiación para sí y menos para el Gobierno central y sus funciones. Tampoco puede continuar sin unas reglas claras, establecidas constitucionalmente, para garantizar la solidaridad interterritorial y acabar con los debates de las balanzas fiscales.

Es preciso reformar el Senado para que la representación igualitaria de los ciudadanos en el Congreso sea completada por una representación del pluralismo territorial en la Cámara Alta, con capacidad de veto en determinadas cuestiones. Y es preciso clarificar el reparto competencial, definiendo mejor el contenido de las competencias exclusivas, reforzando las necesarias para el Gobierno central en los cometidos nucleares de redistribución, estabilidad y dirección general de la economía.

No es malo que existan relaciones bilaterales entre las autonomías y el Gobierno central, pero el Estado no se puede estructurar sobre esa bilateralidad, porque supondría una desestructuración del mismo. España necesita articularse adecuadamente a través de unas estructuras horizontales en las que estén implicados todos y que sean más sólidas, permanentes, e institucionalizadas con mayor nivel constitucional que las conferencias actualmente existentes, que dependen del voluntarismo de sus componentes.

Si se procediera a una reforma federal de España, lo más probable es que los nacionalismos dijeran que no. Pero los actores principales de la política española podrían decir entonces: «esto es lo que hay». España dejaría de ser un bazar en el que todo es negociable, muchas veces debajo de la mesa, y sin que se sepa nunca con claridad si se negocia huevo o fuero.

Reforzar el sistema, dotándolo de mayor cohesión y articulando mejor la participación horizontal en el sistema -la función primordial del Senado- debiera ser de interés de todos los que pretenden que España afronte el futuro con mayor seguridad, con mayor articulación interna y con menor grado de inestabilidad.

Joseba Arregi fue consejero del Gobierno vasco y es ensayista y presidente de Aldaketa.

Aun así, disposiciones como, por ejemplo, las tendentes a reducir el déficit y controlar el gasto arrojan también otras lecciones, al margen de las que provienen de ver a un gobierno gobernar. Y entre esas lecciones está la evidencia de que en España sigue habiendo un Estado. La necesaria sujeción de las Comunidades Autónomas y las diversas entidades de la Administración local a unos parámetros establecidos por el Gobierno central permite que aflore lo que nunca tendría que haberse desvanecido; esto es, que lo mismo los entes regionales que los locales forman parte del Estado, son Estado. Y que, en consecuencia, sus actos de gobierno, y, en particular, los que atañen a la gestión presupuestaria, los realizan también en nombre del Estado. De lo que se deduce, claro, que todos ellos, con independencia de cuál sea su nivel, deben o deberían sentirse concernidos —desde la lealtad, el compromiso y la responsabilidad— por sus tribulaciones, que son, al cabo, las de todos sus ciudadanos.

Esa resurrección del Estado, sobra decirlo, no obedece a ningún milagro. Al contrario, deriva del estado de necesidad en que se encuentra el país y de la voluntad de ponerle remedio. De ahí que resulte sin duda más apropiado hablar de reconstrucción. Entre otros motivos, porque sólo se reconstruye lo que previamente ha sido destruido. No creo que merezca la pena perder ni un solo segundo en detallar lo ocurrido en España desde que estallaron las crisis financiera y económica hasta que las urnas decidieron que la culpa no era únicamente del hedor de las hipotecas basura o del capricho de los mercados; de todos es sabido y de muchos recordado. Pero lo que ya no suele tenerse tan presente, por cuanto la primacía de asuntos como el paro o la crisis —o incluso la corrupción— los relegan por lo general a un segundo plano, son otros aspectos de ese proceso de erosión sufrido por el Estado. Me refiero, en concreto, a todo aquello que, sin pertenecer ya al ámbito económico, guarda relación con el llamado modelo territorial y cuyos estragos van revelándose poco a poco en la medida en que determinadas actuaciones gubernamentales vienen a subsanar la herencia recibida.

Es el caso, por ejemplo, de los símbolos nacionales. El hecho de que en el balcón de la Casa Consistorial de la localidad barcelonesa de Sant Pol de Mar ondee la bandera española junto a la catalana y la del lugar no debería constituir noticia alguna, si no fuera porque la enseña nacional no ondeaba allí desde hacía años y porque su colocación se produjo tras el apremio de la delegada del Gobierno en Cataluña a la alcaldesa del lugar, de Convergència i Unió, para que cumpliera la ley. (Lo que no impidió, por cierto, que la bandera fuese quemada por los bárbaros irredentos de turno —al igual que lo fue un mes más tarde la del Ayuntamiento de Begues, también en la provincia de Barcelona— y tuviera que ser repuesta tras una nueva requisitoria). Añadan a lo anterior que la misma ilegalidad se da por lo menos en un centenar de municipios catalanes —por no hablar aquí de los del País Vasco donde ocurre otro tanto— y comprenderán hasta qué punto el desistimiento, cuando no la complicidad, pueden llegar a laminar el Estado.

Como lo han laminado las leyes que han regido y siguen rigiendo nuestro sistema educativo, tan permisivas con el derecho de cada una de las diecisiete porciones del queso hispánico a fijar sus propios contenidos, elegir su propio profesorado y educar, en suma, según sus propios criterios. Hace cosa de un mes, el ministro de Educación anunciaba la redacción de una «Carta de derechos básicos» cuyo propósito principal ha de ser el de reducir las diferencias de nivel entre educandos y garantizar que todos ellos, estén donde estén del territorio español, puedan acceder a una enseñanza de calidad. A falta de saber en qué acabará concretándose esa carta, es de esperar que entre los derechos básicos en ella recogidos figuren el de estudiar en la lengua común del Estado y el de recibir una enseñanza de la historia acorde con aquello que ha hecho de España lo que es, o sea, un Estado. Ni más, ni menos.

En un orden distinto, y reculando algo más en el tiempo, la negativa a permitir que el diputado de Esquerra Republicana Alfred Bosch forme parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso en representación del Grupo Mixto constituye asimismo una señal de ese fortalecimiento estatal. No por lo que atesore o deje de atesorar el diputado en cuanto a honorabilidad personal o méritos novelísticos, sino por el riesgo que conlleva, para la seguridad del Estado, que determinada información reservada pueda llegar a manos del representante de una formación que ha suscrito acuerdos electorales con una de las fuerzas políticas que integran Amaiur y se ha opuesto en todo momento a la Ley de Partidos con el argumento de que Batasuna y ETA no son uno y lo mismo. Por no aludir, simplemente, a lo paradójico que hubiera resultado confiar la seguridad del Estado a la lealtad del representante de una formación cuya máxima aspiración es destruir ese mismo Estado aunque sea por medios democráticos.

Y, en fin, sin movernos del tema vasco, esa reconstrucción del Estado a la que venimos refiriéndonos se refleja igualmente en la postura de firmeza que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, mantiene en lo tocante a una posible negociación con la banda terrorista o sus representantes en la arena política. Que después de los bandazos de estos últimos años, marcados por el imperio del relativismo y del pensamiento (¿?) deliberativo, volvamos a estar donde le corresponde a un Estado democrático, esto es, enfrentado al terrorismo, aunque este se presente ahora adormilado, cual lindo gatito, no deja de producir en la gran mayoría de los ciudadanos un enorme alivio, como se desprende del último estudio postelectoral del CIS.
Durante demasiado tiempo ese Estado de las Autonomías que es el nuestro ha evolucionado con la atención puesta en el encaje del complemento del sintagma, con la obsesión por encontrarle acomodo, sin reparar en el desgaste que tales manejos ocasionaban al núcleo mismo. Ya va siendo hora, pues, de que todo vuelva a su sitio, de que, más allá de las Autonomías, el Estado vuelva a ser Estado.

Xavier Pericay, escritor.

Esto de acabar con la existencia de un país que con toda razón histórica puede alardear de al menos quinientos años de vivencia común no es tarea fácil y los nacionalistas, cuya existencia, se pongan como se pongan, no alcanza en el mejor de los casos a una pequeña fracción de ese prolongado tiempo, y ello haciendo gracia de las volteretas y manipulaciones narrativas a las que han tenido que proceder para intentar justificar sus pretensiones, han debido practicar el arriscado arte del lanzador de honda que pretendía llegar a la luna con alguno de sus cantazos: nunca lo consiguió pero en el camino se convirtió en el mejor hondero de la comarca. En el imaginario nacionalista siempre hay una parábola rústica a mano. Y así, entre fingimientos varios, han ido consiguiendo pasar de matute lo que no estaba en la intención de la inmensa mayoría de los españoles: que la Constitución fuera solo un manto temporal, algo así como un breve cubre vergüenzas, para ocultar la táctica de pasos hacia otros horizontes; que en consecuencia los principios constitucionales no merecieran otra cosa que no fueran insinceras e interesadas adhesiones circunstanciales; que al final del proceso, alegando malos tratos y ofensas solo existentes en el relicario nacionalista —siempre excelso en el manejo del victimismo— hubiera que conformarse con la inevitable realidad de la desaparición de España.

La terquedad mostrada por los nacionalistas en la consecución de sus propósitos no ha tenido paradójicamente respuesta paralela en el denostado nacionalismo españolista y carpetovetónico que desmintiendo a sus críticos ha mostrado grados de paciencia, mansedumbre y flexibilidad tan dignos de loa como lejanos de los perfiles belicosos que con tanto entusiasmo como falta de verdad le atribuyen sus detractores. Por lo menos en este reciente vericueto de nuestra singladura, el que comenzó en 1978, nadie podrá acusar a los que se confiesan constitucionalistas de no haber intentado por todos los medios, incluso algunos que bordeaban por fuera el mismo territorio constitucional, el que los más renuentes pudieran tener a la nación española, sino como madre amantísima, al menos como refugio de calamidades y hogar en el que convivir pacíficamente las noches de invierno. Esfuerzo en gran parte inútil, como acontecimientos recientes ponen de manifiesto. El considerado como nacionalismo «moderado» de la coalición catalana Convergencia y Unión ha confesado ya sin ambages ni tapujos su independentismo en el último congreso de la componente mayoritaria del grupo, sin que la minoritaria haya proclamado convicciones diferentes y sin que el gobierno de la Generalidad de Cataluña, presidido por un distinguido convergente, haya hecho otra cosa que confirmar lo que ahora se conoce por la «deriva» secesionista en la que tanta relevancia cobra el clan Pujol. Basta con leer las respuestas que el Arturo Mas dedicó a la valiente y fundamentada intervención de Alicia Sánchez Camacho en la correspondiente sesión parlamentaria para comprobar hasta dónde han llegado las cosas. Y no muy diferente resulta la situación en el País Vasco, donde se expande la especie que la desaparición de la violencia de ETA —ya que no de ella misma— habrá de favorecer una masivo movimiento que en las elecciones regionales de 2013 llevaría a la presidencia del Gobierno vasco, con el apoyo de todos los nacionalismos y sus matices, a un personaje del que no se conoce otro «curriculum vitae» que no sea el de su historial delictivo y que responde al nombre de Arnaldo Otegi. En ambos casos, con alcances diferentes pero idénticas tácticas, se anuncian ya provocaciones para conducir a situaciones de hecho que, desde referendos ilegales hasta desobediencias cívicas, pudieran desembocar en una grave situación de colapso público, parálisis institucional y desmantelamientos de las estructuras básicas de funcionamiento de la España contemporánea. No hace falta añadir que tales planteamientos se hacen coincidir con una grave situación de fragilidad económica y social en nuestro país, con unos poderes públicos desbordados ante la urgencia de las demandas sociales y seguramente con poco margen de acción o de aguante para hacer frente a retos esencialistas.

Difícilmente se podrá recuperar en horas veinticuatro lo perdido en años por bondad o por desidia y seguramente más de una generación será necesaria para recuperar el sentido noble, libre, generoso y participativo de la nación española tal como lo entiende la Constitución del 78. Que el momento es grave lo revelan nerviosismos varios, unos relacionados con incidencias electorales —¿se imaginan al País Vasco presidido por una nacionalista radical procedente de ETA, como ya ocurre en San Sebastián y en Guipúzcoa?— y otros con ciertas medidas de excepción. Por ejemplo, la reclamación de que la Unión Europea se comprometa a no reconocer escisiones de los países que forman parte de ella. Reclamación esta tan bien intencionada como ingenua: la Constitución europea concede a los ordenamientos internos de los estados miembros plena capacidad para su organización y poco cabe esperar de una organización tan proclive a admitir en su seno estados divididos —Chipre— como a alentar en el exterior rupturas de la integridad territorial de otros estados —Kosovo y Montenegro—. Sin olvidar el poco entusiasmo con que sus más caracterizados miembros —Francia e Inglaterra—mostraron en su momento por la reunificación alemana. Lo que sea de España será cosa a decidir por los españoles, sin esperar que otros vengan a sacarnos del fuego las castañas que nosotros mismos dejamos allí consumir.

Claro que cabe recurrir sin timideces a la ley, para cuyo vigor la Constitución sigue contando con el beneplácito de la inmensa mayoría de los españoles. Como también habrá que recurrir sin engaños ni rebozos a la profesión de fe en la España constitucional, no como «tótem» para oponer a los de otros nacionalismos sino como manifestación racional y adecuada para el respeto a la libertad y el fomento de la prosperidad de todos los que vivimos en el solar patrio. Como también, con la máxima celeridad posible, será necesario recobrar los instrumentos que la Constitución pone al alcance de los representantes de la nación española para inculcar su vigencia en las nuevas generaciones: una educación transversal, que apunte tanto la unidad como la diversidad; un conocimiento adecuado de la lengua común y de las específicas de las comunidades que las tengan; una sentido unitario del propósito y de la existencia de una realidad denominada España.

Como bien escribiera James Madison en el número 10 de los «Papeles del Federalista», mucho cabe esperar de la unión y poco o nada de la desunión. Apenas a tiempo estamos de tomar las medidas oportunas, antes de que los que el americano llamaba «fraccionalistas» desguacen lo mejor de nuestra historia. No tenemos otra.

Javier Rupérez, embajador de España.

¿Cómo ha podido llegarse a esta situación? Pues por lo apuntado: por el endeudamiento creciente, al repartir el Estado del bienestar beneficios a cargo de inventario. Dicho de otro modo: estábamos financiando tales beneficios con deuda pública y privada. Deudas que hay que pagar. Con intereses. De donde vienen todas nuestras cuitas actuales. El Estado del bienestar español se ha convertido en un Estado de beneficencia. La beneficencia, como el filantropismo, es una de los más nobles rasgos humanos. Pero para practicarla se necesita que existan los medios necesarios para sostenerla. Medios que no existen en España, donde la productividad, la educación, la investigación, la fiscalidad, el esfuerzo y la cohesión social están muy por detrás de los del resto de las naciones avanzadas de Europa. No hace falta más que echar una ojeada a las estadísticas, desde el informe Pisa a los análisis del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Central Europeo, para darse cuenta de ello. Estábamos —estamos, mejor dicho— viviendo en una burbuja que nos apartaba de la realidad y nos llevaba derechos a la situación en que hoy se encuentran Grecia y otros países intervenidos. No lo digo yo, lo dicen todos los expertos y la propia Unión Europea.

Sin que valga echar la culpa a los especuladores, al neoliberalismo, a los mercados o a «Frau» Merkel. En todo caso, a la nueva situación internacional. No es verdad que la riqueza del mundo haya disminuido a consecuencia de la crisis. La riqueza global se mantiene. Lo que ha ocurrido es que se ha desplazado del «primer mundo» a los «países emergentes» (los Brics: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que hoy exportan e incluso prestan dinero a los ayer ricos. Ese es el gran cambio que ha ocasionado el hundimiento del Estado del bienestar en países donde no era sólido desde el principio. Pues los países del primer mundo que se han ajustado a la nueva situación se están salvando de la quema y mantienen su bienestar. Mientras que aquellos que rehúsan ajustarse se hunden.

¿Cuál es la solución en estos casos? Solo hay una: adaptarse a las nuevas circunstancias, hacerse a la idea de que lo anterior no sirve. Pero en las alocuciones de Méndez y Toxo el día de su tristemente célebre huelga, la idea que más repitieron fue: el Gobierno tiene que retirar sus reformas, no aceptamos sus ajustes, los combatiremos con todos los medios a nuestro alcance. Como postura personal, se entiende. Ambos son, con los banqueros, los más beneficiados de la situación anterior y es lógico que no quieran cambiarla. Pero como actitud general, incluso para la clase trabajadora que dicen representar, significa dispararse un tiro, no en el pie, sino en la sien. De ahí que no sea exagerado decir que los sindicatos son hoy la fuerza más inmovilista, más retrógrada, más reaccionaria en España, el mayor freno para ajustar el país a las nuevas condiciones que rigen en el mundo.

Y esto es lo que hay. Nuestro Estado del bienestar ha devenido en Estado paternalista de beneficencia, que distribuye favores entre sus súbditos menos favorecidos y entre los amigos. Algo que, si por una parte se presta a la corrupción, por la otra no favorece el desarrollo, al ser la iniciativa individual mucho más eficaz que la estatal, como está demostrado hasta la saciedad y ocasionó el desplome de los regímenes comunistas. Hay que recortar en todas las partidas, en unas más que otras, desde luego, siendo el primer y mayor problema de tal recorte que los remedios a largo plazo —como el fomento de la educación e investigación— no resuelven el problema inmediato, la creación de empleo, mientras que los remedios a corto plazo —como la subida de impuestos— no resuelven el problema a medio y largo, que es el de cambio de estructuras. Esperemos que el Gobierno haya tenido la fineza necesaria para equilibrar por dónde metía el bisturí, o el cuchillo de carnicero, donde era necesario, para que la operación sea un éxito.

La única buena noticia en este sentido es que el despilfarro en España ha sido de tal magnitud que hay margen para cortar en prácticamente todas las partidas. Empezando por las tres administraciones, donde se ha disparado literalmente con pólvora del rey, teniendo como tal al pueblo soberano, es decir, al contribuyente. Pero hay también que acabar con una serie de prácticas y tabúes, como el de la «ayuda al desarrollo», y no solo porque la caridad bien entendida empieza en casa, sino también porque se presta a todo tipo de chanchullos. O el de que todas las capitales de provincia deban tener tren AVE, aeropuerto, palacio de congresos y otros complejos suntuosos. Incluso en la ayuda a la dependencia habrá que afinar, pues la están recibiendo bastantes con medios propios para ella. O en el copago en sanidad, con las debidas excepciones, necesario no solo fiscalmente, sino también médicamente, al ayudarnos a no ingerir tantas medicinas como estamos ingiriendo. O en el poner coto al proliferar de universidades y alumnos repetidores, que representan un enorme lastre para la educación, sin aportar apenas a su calidad y eficacia. Por no hablar ya de todo tipo de actividades lúdicas y recreativas, en las que se han especializado nuestras autoridades de los tres niveles. El Estado no está para entretener a los ciudadanos, en primer lugar, porque ese no es su papel, y en segundo, porque si quiere entretenerlos a todos, se arruina, al ser tan varios los gustos en este terreno. Pero que es lo que ha ocurrido en algunos lugares españoles, si no en todos.

Hay, en fin, que cortar todo lo innecesario y concentrarse en lo imprescindible, eliminando el gasto improductivo al tiempo que se acentúa el productivo. Algo que requiere tanta firmeza como tacto, tanta visión como realismo. En esto chocamos con uno de nuestros mayores defectos, pues los españoles solemos dar más importancia a lo secundario que a lo principal, a la apariencia que a la sustancia. Lo «práctico» no ha tenido nunca buena prensa entre nosotros, y corregirlo va a ser aún más difícil que los recortes que tenemos que hacer. Pero ese es un tema que nos llevaría bastante más espacio que una Tercera de ABC.

Sin olvidar que la mejor pedagogía es el ejemplo, quiero decir que los recortes tienen que empezar por quienes los decretan para ser convincentes. Y ese tema requeriría toda una biblioteca.

José María Carrascal, periodista.

Los precedentes de este socio europeo no pueden llevarnos muy lejos, del mismo modo que las comparaciones obsesivas de algunos con el federalismo alemán o con el modelo canadiense resultan de escasa utilidad. Los esquemas de organización territorial son idóneos o no en la medida en la que ofrecen respuestas satisfactorias a las necesidades políticas de un país en un momento determinado. No hay dos federalismos iguales, como tampoco existe un modelo único para eso que se suele llamar Estado centralista. El Título VIII de la Constitución fue una solución inteligente y útil para soslayar un bloqueo que hubiese podido comprometer la buena marcha de la Transición pero, superada ya esa etapa, es necesario pararse ahora a evaluar con rigor los resultados. Los éxitos son evidentes: la descentralización política ha dado una respuesta satisfactoria a las aspiraciones de autogobierno de buena parte de las regiones, ha facilitado un desarrollo económico más equilibrado y, en términos políticos, ha ofrecido un sano contrapoder moderador. Pero los fracasos también saltan a la vista: la rápida expansión de las Comunidades Autónomas condujo, en ocasiones, a la multiplicación de estructuras administrativas caras, poco justificadas y con escaso control. Y, además, lejos de haber dado satisfacción a los más nacionalistas, nuestro modelo apenas ha servido para diluir algunas formaciones regionalistas marginales.

El modo en el que Dinamarca afrontó su reestructuración administrativa, en cambio, sí nos puede servir de ejemplo. La sociedad española se enfrenta ahora al reto de transformar el funcionamiento del Estado de las Autonomías para hacerlo perfectamente coherente con el modelo social que pretendemos mantener y mejorar. A partir de nuestra realidad, de nuestras necesidades y de nuestras aspiraciones hemos de ser capaces de redefinir el modelo para garantizar su viabilidad. Los retos siguen siendo los mismos de siempre: conciliar con eficacia la descentralización política y la unidad nacional, abrir espacio a las aspiraciones de singularidad sin merma de la solidaridad, articular las diferencias al tiempo que se proscriben los privilegios. Pero a todos ellos hay que añadir ahora uno más acuciante: el resultado tiene que contribuir a sostener con eficacia los niveles de bienestar alcanzados. Para conseguirlo, el diálogo fluido entre las grandes fuerzas políticas nacionales es imprescindible y urgente.

Mientras este gran acuerdo llega, aquellos que no parecen dispuestos a buscar una idea compartida de España no pierden el tiempo. Hace pocos días Oriol Pujol, nuevo secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, se explicaba con enorme claridad: “…sabemos que estamos entrando en un callejón que se va estrechando, porque las posibilidades de que la política española entienda y atienda los planteamientos del pacto fiscal son muy, muy, muy pequeñas”. Lo llamativo no es que se defienda con ahínco lo propio, eso lo hacen con cotidiana asiduidad todos los responsables políticos en cualquier parte del planeta, lo peculiar es que se pretenda en ocasiones mostrar un cierto sentido de Estado o una voluntad de acuerdo cuando, al mismo tiempo, se reconoce que el camino emprendido lo hace imposible. En el fondo, desde este punto de vista, la reclamación de un pacto fiscal o de un Estado propio no difiere mucho del planteamiento que guió la conformación de una mayoría excluyente para la aprobación del nuevo Estatuto; como cualquiera podía comprender, un camino abocado al fracaso desde sus torpes comienzos. Bien sea el reflejo de una táctica negociadora, bien la expresión de las más íntimas convicciones, la consecuencia lógica de tal enfoque es la autoexclusión de cualquier posible acuerdo.

La provocación forma parte de los malos hábitos de algunos políticos de todos los partidos, pero tiene una dimensión especial en la manera de hacer de determinados líderes nacionalistas. El nuevo líder convergente dio prueba de ello en su reivindicación de la independencia económica para Cataluña cuando apeló a una supuesta necesidad de huir de las “aguas podridas” de España que “ahogan”, esgrimió, a Cataluña. Mientras se exhiben los símbolos y los sentimientos propios como fundamento de la acción política, se ofende gratuitamente la sensibilidad ajena. Solo se puede entender a quienes así actúan asumiendo que lo que buscan es, precisamente, pudrir las aguas de la convivencia.

Gabriel Elorriaga es diputado del Partido Popular.

Pero don Gaspar de Guzmán era un hombre cabal, cargado de sentido común. Llegaba al puesto pletórico de vigor e ilusiones, determinado, como escribió su biógrafo John Elliott, «a salvar a Castilla aun a pesar suyo». Su bálsamo mágico eran las reformas que debían afectar prácticamente a todos los ámbitos de la gestión pública y la vida cortesana. Y sabía que tenía que actuar deprisa.

Así quedó plasmado en sus Artículos de Reformación de febrero de 1623 y en una serie de decretos complementarios en los que se afrontaba desde la creación de un sistema bancario nacional hasta la eliminación de dos tercios de los escribanos, recaudadores y alguaciles y la reducción de la cantidad máxima de platos -seis en el almuerzo, cuatro en la cena- que podían servirse a las damas de honor de Palacio.

Aunque se rodeó de un equipo de colaboradores leales y avezados, Olivares era, a ojos de un observador extranjero, «el solo maestro que guía todas las ruedas deste gran relox». Más tarde llegarían las frustraciones, la autoflagelación y los lamentos conmiserativos, pero pocas iniciativas reflejaron mejor ese gran impulso reformista de su primera etapa de gobierno como la edición de un libro llamado El Fernando o Sevilla restaurada, escrito por el Conde de la Roca.

Su planteamiento se basaba en establecer un paralelismo entre las glorias de Fernando III el Santo, conquistador de la ciudad del Guadalquivir, ocupada hasta el siglo XIII por los árabes, y las de un Felipe IV a quien la acción de Olivares debía legar para la posteridad el epíteto de el Grande. De ahí que el frontispicio que servía de portada a la obra representara por dos veces al Conde Duque echándose encima, cual nuevo Atlas, toda la carga de un globo terráqueo que incluía las vastas posesiones de un Imperio en el que aún podía decirse que no se ponía el sol.

La primera viñeta representaba a Olivares desnudo, como símbolo del «desinterés» que regía sus actos. En la segunda, se le veía vestido con el manto de piel de Hércules -que según la mitología había relevado a Atlas en la tarea de soportar el peso del mundo- para dejar constancia del «valor» con que afrontaba su cometido. ¿Sería capaz tan empeñado y esclarecido paladín de invertir la tendencia aparentemente inexorable que marcaba el declive del poderío español? A responder esa pregunta dedicó Elliott su monumental biografía, no por casualidad subtitulada El político en una época de decadencia.

Nadie discute, hoy como entonces, ni la limpieza ni la energía de los propósitos de Mariano Rajoy. Respecto a lo primero ya se encarga él mismo de subrayar que ha llegado al poder sin «depender» de nadie y sólo cabe objetar que si bien esa desnudez garantiza la ausencia de intereses ocultos a su alrededor, también implica una gran desprotección ante las inclemencias atmosféricas. Y en cuanto a lo del valor, no es ya que se le supone -pues hay que tener muchos redaños para afrontar un desafío de este calibre-, sino que lo ha demostrado al tomar decisiones arriesgadas, contrarias incluso al interés inmediato de sus votantes.

La cuestión, hoy como entonces, es si el designado por el destino podrá con la carga que le ha tocado soportar o acabará flexionando las rodillas como terminó haciendo Olivares, abrumado por el peso de los acontecimientos y sin otro consuelo que la alegación de que «en otras manos hubiéramos perecido más presto». Por eso ahora que en menos de una semana, coincidiendo con el balance de los primeros 100 días de Rajoy, se han acumulado el contratiempo andaluz, la crónica del fracaso de una huelga anunciada y la presentación de los presupuestos más temidos y esperados de nuestra historia democrática, conviene desempolvar el concepto de «sostenibilidad», tan en boga durante la pasada legislatura, para auditar algo más que la armonía entre desarrollo económico y protección del medio ambiente.

¿Es sostenible nuestra democracia? La mera formulación de esta pregunta puede parecer una provocación capciosa, y no faltará quien le atribuya propósitos desestabilizadores. Pero no es casualidad que, zancadillas de Almunia y Monti al margen, la hipótesis de que España tenga que quedar bajo la tutela de algún tipo de mecanismo de rescate internacional se baraje con insistencia en círculos comunitarios; o que Le Monde nos haya caracterizado en su principal titular de portada como «la gran preocupación de Europa».

Desde un punto de vista estrictamente financiero la duda es si la política de disciplina asumida por Rajoy no llega demasiado tarde y no es insuficientemente enérgica, habida cuenta de la magnitud de la brecha fiscal abierta durante la segunda legislatura de Zapatero. Es decir, si cuando han aparecido los bomberos el edificio en llamas aún conserva la suficiente solidez estructural como para resistir sin derrumbarse el tratamiento de choque -las mangueras de agua a presión- que la voracidad del incendio obliga a utilizar.

La fuerte caída de los ingresos por IVA, e incluso por IRPF, a pesar de la subida de tipos decretada en diciembre, son inquietantes síntomas que indican que puede haber ya vigas maestras tan gravemente dañadas como para que secciones enteras de la casa común se desmoronen cual meros decorados teatrales. Ese es el riesgo del solvente ajuste presupuestario adoptado anteayer: que el enfermo esté demasiado débil para aguantar una terapia tan agresiva.

Aun con todo y con eso nadie puede discutir que Rajoy y sus ministros tienen una hoja de ruta bien definida para intentar sacar a España de la ruina en la que la han encontrado. La ortodoxia de su plan de ajuste está fuera de duda y lo único en cuestión es el ritmo con que lo están afrontando: demasiado suave desde la perspectiva de Bruselas, temerariamente duro para la oposición y algunos expertos. La clave va a estar en su habilidad a la hora de manejar el acelerador o el freno según las incidencias que vayan surgiendo en la ruta, pues de la misma manera que al encontrarse la caja mucho más vacía de lo esperado tuvieron que recurrir a la imprevista y traumática subida del IRPF, antes o después tendrán que complementar todos los ahorros de este Viernes de Dolores con medidas de impulso que nos saquen del hoyo de la recesión.

«Los proyectos necesitaban tiempo y de esto era de lo que menos había», escribe Elliott al referirse a las bien encaminadas reformas económicas de Olivares. He ahí la cuestión crítica: el Gobierno necesita tiempo para que la reforma laboral pase de destruir más empleo a crearlo, tiempo para que el saneamiento bancario impulse la reapertura del grifo del crédito, tiempo para que la reducción del gasto público libere recursos que dinamicen el sector privado, tiempo para que la bajada del precio de la vivienda reactive el mercado inmobiliario y, por ende, el sector de la construcción; tiempo para que el plan de pagos a proveedores dé oxígeno a las Pymes y reviva el consumo…

¿Concederán Europa y los mercados a Rajoy ese margen para que sus medidas maduren y ofrezcan frutos? Todo indica que será así, pues las demás alternativas son peores desde el punto de vista de la estabilidad del euro, siempre y cuando el Gobierno logre dominar a nuestros demonios interiores. Por eso hay que considerar tan positiva la derrota sindical a raíz del rotundo fracaso de su convocatoria de huelga general del jueves.

La precipitación de esa convocatoria, la ansiedad con que han comenzado el acoso al Gobierno, sin concederle ni los 100 días de rigor, como si temieran precisamente que el paso del tiempo pueda demostrar que las reformas son adecuadas y dejarles a ellos en evidencia, se ha vuelto como un bumerán contra los sindicatos. No ya porque sólo una cuarta parte como mucho de los asalariados haya secundado el paro, sino porque ese fiasco les ha obligado a mentir con descaro y la luz de los focos ha mostrado a unos líderes vociferantes y faltones, dispuestos a empujar al país hacia la bancarrota con tal de defender los privilegios de sus decenas de miles de funcionarios y liberados. Aunque no le guste el aceite de ricino que se le ha prescrito, la mayoría de la sociedad española sigue respaldando sin fisuras al Gobierno en el frente de la política económica.

Mucho más preocupante en orden a garantizar la sostenibilidad del actual modelo de democracia es la cuestión territorial. Todas la cábalas sobre las causas del fracaso del PP en Andalucía tienen sentido. No retiro ni uno solo de los elogios a la ejemplar trayectoria política de Javier Arenas, pero ahora resulta obvio que se equivocó planteando una campaña de perfil bajo y no acudiendo al debate de Canal Sur. También es cierto que el Gobierno no fue consciente, y la impericia del CIS y los sondeos privados contribuyeron a cegarle, de la decepción desmovilizadora que la subida de impuestos había producido en su electorado. Pero por encima de todas esas consideraciones la clave de lo que ha ocurrido es que los andaluces han votado con la conciencia de que en tanto en cuanto la Junta siga manteniendo el gasto público que determina su modus vivendi, el Estado seguirá pagando la factura.

Las autonomías han sido hasta ahora un centro de gasto y una plataforma de poder sin responsabilidad. Y está por ver que los mecanismos de la Ley de Estabilidad vayan a funcionar. Una cosa es decir que se impondrán multas e incluso se intervendrá a las comunidades que incumplan el déficit y otra cosa es ver entrar a los hombres de Montoro en un palacio de San Telmo ocupado a medias por Griñan y Valderas.

Insisto en que el proyecto político de Rajoy estará cojo mientras no incluya una reforma del Estado que, modificando la Constitución o utilizando la vía de las leyes de bases, recorte competencias a la mayoría de las comunidades y adelgace drásticamente su despliegue administrativo. No sólo para mejorar así nuestros ratios de eficiencia, sino para salir al encuentro del gran problema político que se está gestando y desactivar la bomba de relojería que le estallará al Gobierno entre las manos si sigue empeñado en no hacer nada.

El vencedor moral de las elecciones andaluzas no ha sido ni el líder del PSOE ni el de IU, sino Durán Lleida. O para ser más exactos, su discurso de que la solidaridad acaba allí donde empieza la cultura del subsidio. Así como la retórica independentista sólo cala en una minoría, será difícil encontrar un ciudadano que no se oponga a que Cataluña tenga que asumir recortes aún más duros que los emprendidos por la Generalitat para que Andalucia no los haga.

A menos que Rajoy desmonte antes la barra libre del café para todos, será por esta vía por la que la exigencia de Mas de un pacto fiscal aparecerá cargada de razón a los ojos de muchos observadores neutrales. Y si combinamos el subsiguiente dilema con los previsibles escenarios en el Pais Vasco, tanto decirle «sí» como decirle «no» puede equivaler a patalear sobre el abismo.

Todo el andamiaje reformista de Olivares se vino abajo por la cuestión territorial. Esa crisis fue la que demostró que el valido del Rey estaba políticamente desnudo. Y, curiosamente, el episodio que psicológicamente dio la puntilla a sus esperanzas no fue ni la sublevación de Portugal, ni la sangrienta rebelión de Cataluña, ni el atrincheramiento vasco contra su Unión de Armas, sino la abortada conspiración de su pariente el Duque de Medina-Sidonia para separar Andalucía de Castilla. Aunque detuvo y castigó a los culpables, la mera hipótesis de que en lugar de la «Sevilla restaurada» le tocara tener que legar al Rey una «Sevilla rebelada» le sumió en la más profunda de las depresiones. Sólo le quedaba pedir a Dios que le liberara de su pesada carga porque él ya no podía «hacer de las piedras pan».

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

El estudio sobre las balanzas fiscales que hace poco dio a conocer el consejero Andreu Mas-Colell según el cual los catalanes aportamos en el 2009 al resto de España unos 16.000 millones de euros (el 8,4% del PIB catalán), que no regresaron de ninguna forma, ha servido para remachar la tesis padana de “nos roban”. La forma como ha sido presentada esta información es muy censurable porque se han escondido deliberadamente datos que matizan sustancialmente el análisis. De hecho, el PSC, bajo cuyo gobierno la Generalitat realizó por primera vez el estudio de esas cuestiones, ha manifestado su desacuerdo por el método empleado. Solo se ha ofrecido una fórmula, una balanza, cuando anteriormente se publicaron cuatro. Y, claro, se ha elegido la que ofrece un mayor déficit. En cambio, se ha censurado la que hasta ahora se consideraba como la más certera, la que se socializaba en el debate político, pues esta vez daba un resultado inaceptable para CiU: la reducción del déficit catalán al 0,4%. Sin duda, lo que ha sucedido es muy grave desde los principios de una sociedad abierta y, sin embargo, quien ha tenido que defenderse y justificarse son los socialistas, acusados por algunos de hacer el juego al españolismo.

Aunque el discurso nacionalista ha colonizado los medios, esa fortaleza expresa también mucha angustia. Es evidente que el independentismo económico ha logrado estos últimos años una influencia en la calle muy importante. Y que se muestra muy decidido a conquistar una mayoría sociopolítica de ahora hasta el 2014, fecha que se avecina clave por muchas razones. Primera, porque todo apunta a que en Escocia puede celebrarse un referéndum sobre su pertenencia al Reino Unido, lo que evidentemente va a estimular otras demandas. Y, segunda, porque en Cataluña hay un sinfín de iniciativas promovidas por plataformas y entidades parapolíticas con el fin de que se celebre ese año una consulta oficial, coincidiendo con el 300 aniversario de la caída militar de Barcelona, el 11 de septiembre de 1714. Ahora bien, salta a la vista que la tensión y los argumentos de “lesa humanidad” que hoy se utilizan desde el soberanismo, con el fin de convertir al independentismo a la mayoría de ciudadanos que se sienten en grados diversos catalanes y españoles, no se pueden mantener durante mucho tiempo. Tienen fecha de caducidad: la forma como se resuelva el asunto del pacto fiscal. De aquí viene la angustia.

El problema mayor para los que somos federalistas es que se está socializando un relato en base a la exageración y al engaño deliberado. Un caso clarísimo es el propagado argumento sobre el supuesto límite a la solidaridad que tienen los länder alemanes, utilizado para subrayar que Cataluña vive una situación inaudita en Europa. En boca de los dirigentes de CiU hemos leído y escuchado repetidamente esa afirmación. Duran Lleida lo dijo en sede parlamentaria, el pasado 16 de marzo. Artur Mas declaró eso mismo a Le Monde un mes antes, Entretanto, un auténtico ejército de opinadores lleva meses propagando ese bulo por tierra, mar y aire. Pues bien, es mentira. Ni en la Constitución alemana ni en ninguna sentencia de su más alto tribunal hay un límite preciso a la solidaridad. Lo que se preserva, con una fórmula de nivelación financiera bastante compleja, es que el orden de las regiones en cuanto a su capacidad financiera no varíe tras el ejercicio de la solidaridad. Sin duda, sería bueno que el modelo federal alemán se trasladase a España. Y también que el cálculo económico del cupo vasco y navarro convergiera con el modelo general, ya que no solo es injusto sino tremendamente perverso para el conjunto del sistema autonómico.

Todo esto se enmarca en un momento muy delicado para la federación nacionalista, pues en 2013 toca revisar el modelo de financiación acordado en 2009. En los próximos meses, Artur Mas va a tener que elegir entre dos caminos, ambos llenos de dificultades. O alcanza un acuerdo con el PSC, lo que significa una apuesta por una nueva mejora de la financiación autonómica en el marco de la LOFCA, en la línea del modelo alemán. Posición que probablemente también podría suscribir autónomamente el PP catalán. O CiU se mantiene inflexible en su posición de partida: un pacto fiscal muy próximo a la fórmula del concierto económico, pero condenado al fracaso político y, por tanto, a aumentar el grado de frustración. Ello con el apoyo de ERC y, sorprendentemente también, de ICV, coalición que aparece cada día más fracturada por la pulsión independentista que encuentra eco entre los jóvenes provenientes de las clases medias lustradas, electorado que se disputa en parte con los republicanos.

A fecha de hoy, es difícil saber cómo se resolverá ese dilema, aunque es cierto que los convergentes llevan años sorteando tesituras parecidas. Ahora bien, nunca como hasta ahora se había tensado tanto la cuerda de los argumentos favorables a la independencia, con declaraciones de mucho peso como las de Jordi Pujol. Y es que, más allá de la política partidista, existe un movimiento ciudadano transversal que está trabajando para forzar un escenario de ruptura y empujar a Artur Mas a convocar una consulta ciudadana con la que quebrar la legalidad española. Muchos creen que el escenario de crisis profunda que vivimos hace que el momento sea óptimo. Es fácil echar la culpa de los recortes y de las dificultades económicas de los catalanes al expolio que, afirman, sufre Cataluña. Desde el independentismo neoliberal se juega a alimentar el espejismo de que, sin España, Cataluña pronto se convertiría en una próspera y competitiva Holanda de sur. La angustia que viven muchos soberanistas es que no saben cómo CiU resolverá su dilema político.

Joaquim Coll es historiador y coautor de A favor de España y del catalanismo (Edhasa, 2010).

Para ello el Govern está preparando la primera etapa: proponer un pacto fiscal al Estado en la línea del concierto económico. Ahora bien, ni la misma Convergència lo cree posible. Oriol Pujol, nuevo secretario general, declaraba estos días: “Las posibilidades de que la política española entienda y atienda los planteamientos del pacto fiscal son muy, muy, muy pequeñas”. Repetir tres veces el adverbio “muy” indica una confianza mínima, por no decir nula. ¿Es el pacto fiscal, por tanto, una mera excusa para dejar transcurrir un tiempo y pasar a plantear definitivamente la independencia? ¿O es que no hay acuerdo interno en Convergència acerca de su necesidad? Difícil respuesta.

Pero la más relevante decisión del congreso no ha sido esta independencia aplazada sino otra cuestión en la que hay unanimidad: la España de las autonomías ya no resulta útil y debe reclamarse que Catalunya sea tratada como una excepción respecto a las demás comunidades, especialmente desde el punto de vista fiscal. Este será el aspecto más conflictivo en los próximos meses y años, irresoluble en el marco constitucional de hoy y muy difícilmente solucionable en un marco futuro.

En efecto, ello es irresoluble porque supone que las finanzas de la Generalitat deben regularse mediante una ley específica que no sea la común a todas las demás comunidades, a excepción del País Vasco y Navarra, es decir, la Lofca. La exclusión de Catalunya del sistema general para disfrutar de un trato singular y privilegiado resultaría ser contrario al principio de igualdad reconocido en la Constitución y requisito básico de todo Estado federal como el nuestro.

Llegados a este punto debemos preguntarnos si es bueno para todos, para los catalanes y para el conjunto de los españoles, mantener la incertidumbre sobre esta pugna entre la Generalitat y el Estado. En el plano económico, por ejemplo, se crea inseguridad respecto a inversiones futuras en Catalunya. En el político, el Estado no puede admitir la demanda, entre otras razones, porque la Constitución no lo permite. Además, los mismos dirigentes del partido que gobierna la Generalitat no creen que pueda tener éxito porque conocen perfectamente sus infranqueables límites. Y, por último, en el hipotético caso de que se consiguiera este trato singular, el partido que gobierna la Generalitat pasaría a reclamar la independencia de Catalunya, tal como ha propuesto en su congreso. Con lo cual sigue el conflicto. Volvemos a estar en tiempos parecidos a la reforma del Estatut.

En realidad, el planteamiento de este asunto oscila entre el surrealismo y la candidez angelical de quien piensa que los demás son tontos. En el fondo, la cuestión que propone Convergència es la siguiente: hago una propuesta imposible para que no me la admitan con el objetivo de sublevar a los míos contra quien la rechaza y así cargarme de razón para formular otra propuesta, la que realmente me interesa, pero que hoy es implanteable porque quizás la perdería en voto popular. Esta parece ser la famosa transición nacional, una transición en la que ya empezábamos a estar los catalanes desde 1980 cuando en las manifestaciones convergentes se coreaba el lema “Avui paciència, demà independència”.

Pero los tiempos no están para experimentos ni para política ficción. Los tiempos están para resolver problemas muy complicados y hasta dramáticos. Entre las soluciones, una de las más necesarias es la reforma del Estado de las autonomías. A nadie se le ha pasado por la cabeza suprimir las comunidades o reducir su autonomía pero sí alcanzar un funcionamiento más eficiente y menos costoso. Y del Estado de las autonomías forma parte el Estado central que también debe ser reformado con los mismos objetivos. Ese es el debate. Pues bien, la famosa transición nacional catalana puede frenar este proceso porque es imprescindible la participación de la Generalitat en las mismas y si se limita a ir sólo a lo suyo, a conseguir un pacto fiscal para ella excluyendo a los demás, la reforma del conjunto se hace imposible.

Por tanto, quizás ha llegado el momento de saber cuál es la voluntad de los catalanes: si constituirse en Estado independiente o integrarse definitivamente en España. Si hay que consultar a los catalanes – por métodos democráticos y legales, faltaría más- que se haga y pronto, pero dejemos de marear la perdiz. Esta transición anunciada, que puede durar años, no hará otra cosa que impedir las reformas necesarias para solucionar la crisis económica. Sepamos, pues, cuanto antes, a qué atenernos. No es bueno estar en una transición indefinida. Cuando es estabilidad lo que se precisa, las transiciones cuanto más cortas mejor.

Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Nada más puestos en marcha la Constitución y el Estado de las autonomías que consagra se hizo evidente que el sistema diseñado para su financiación dejaba mucho que desear y condenaba a Catalunya a un drenaje de recursos que dificultaba la prestación de determinados servicios públicos, como la educación o la sanidad, a unos niveles similares a los del resto del Estado sin incurrir en un déficit sustancial. Si a ello se añade un trato discriminatorio en las inversiones en infraestructuras, no es de extrañar que la economía catalana y el nivel de vida de sus habitantes perdiera posiciones constantemente. Y, lo que es más grave, que se estrangulara su potencial de creación de riqueza así como el papel de locomotora de la economía española que tradicionalmente desempeñaba.

Pronto nos apercibimos del agravio y se oyeron unas primeras quejas. Las iniciales, formuladas con voz queda y tono amistoso al confiar en que todo había sido un error de cálculo y que se atendería a la solidez de nuestros argumentos. En vano. Sí que de vez en cuando se modificaba el coeficiente de participación en algunos de los impuestos, pero no transcurrían muchos días hasta que se evidenciaba que lo que se nos daba con una mano se nos retiraba con la otra. No es de extrañar que paulatinamente aumentasen los decibelios con que manifestábamos nuestras reclamaciones y se empezasen a oír vocablos más agrios. Pero quienes podían atenderlas hicieron oídos sordos. Encima, se empezó a tildarnos de insolidarios y egoístas cuando por la vía fiscal una parte no desdeñable de nuestro PIB se desviaba hacia otras latitudes. La situación fue haciéndose desesperante y la confianza en que por la vía del diálogo se podría reparar el entuerto inicial se erosionó. Hasta que las fuerzas políticas catalanas emprendieron la vía, ya más contundente, de la reforma del Estatut, que incluía unas disposiciones destinadas a reforzar las finanzas públicas y limitar el drenaje de recursos. No hace falta recordar las rocambolescas peripecias y el afeitado, en palabras de Alfonso Guerra, que precedieron a su aprobación final. Pero incluso así acontecimientos recientes demuestran que la interpretación que desde el Gobierno central se hace de sus disposiciones lo convierte de facto en papel mojado, cuando menos en lo relativo a la financiación. De tal manera que entre la población catalana crece el convencimiento que solo nos quedan dos cartuchos para corregir el agravio, que ya casi merece adjetivarse de histórico. El primero es reclamar un concierto económico similar al que tan bien protege a los presupuestos públicos de las economías vasca y navarra.

Arregi considera que esta pretensión no se puede conceder porque supondría la quiebra del sistema. Pero no tanto por el concierto, sino por la forma de cálculo del importe a pagar, el denominado cupo, al Gobierno central por los servicios que presta a las dos autonomías. Nada obligaría a que, en el caso del hipotético concierto catalán, el cupo fuera tan favorable a nuestros intereses, por lo que la imposibilidad que aduce no parece tan evidente.

Una parte importante de la población cree que si el primer cartucho fallase solo quedaría la independencia. Algunos, porque así se matarían dos pájaros de un tiro: se resolvería nuestra asfixia económica y a la vez se alcanzaría la eclosión de las ambiciones nacionalistas. Otros, quizá por la sola primera razón. A esos los denomina Arregi «nacionalistas de bolsillo». Y lo que pretende con su artículo es convencerles de que, en lugar de acudir a remedio tan drástico, emulen al bíblico Job, se carguen de paciencia y perseveren en su empeño predicando la justicia de sus reclamaciones, que él no niega. Si, como en el tango, 20 años no es nada, tampoco treinta y tantos es una enormidad, viene a decir.

Lo curioso del caso es que en Euskadi los nacionalistas de bolsillo, esta vez silentes, proliferan más que en Catalunya. Sabido es que tanto los votantes del PP como los del PSOE defienden con uñas y dientes el concierto económico y sobre todo el exiguo cupo que, gracias a causas que con metáfora arbórea explicó Arzalluz, han de pagar a Madrid. Y no lo hacen por su amor, perfectamente descriptible, al árbol de Gernika sino por su convicción de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. En cuanto a los catalanes, dice Arregi, han de comprender que, les guste o no, en esta tragicomedia les toca ser pacientes, o sea asumir el papel de Job, el santo Job.

Por Antoni Serra Ramoneda, economista.

La implantación de una fórmula de copago farmacéutico en Catalunya ha suscitado de nuevo la diatriba pública –que no debate– sobre la financiación parcial de los servicios públicos mediante la aportación económica de sus usuarios reales. La solución del Gobierno de la Generalitat debería ser entendida como puntual y provisional, toda vez que no resuelve el problema de la sostenibilidad del sistema, ni las posibilidades del copago tendrían que reducirse a una medida tan lineal. Sin embargo, el objetivo de que las instituciones –los partidos– afronten una reflexión a fondo sobre todos estos temas para idear un modelo alternativo, solidario y eficiente, parece muy lejos de lo posible. Los acontecimientos avanzan de manera imparable sin que ofrezcan un instante para la revisión sosegada, racional y consensuada del Estado de bienestar. Ejercicio tras ejercicio se van adoptando decisiones mediante la acumulación de ajustes parciales que buscan, antes que nada, efectos inmediatos en el control del déficit. Las circunstancias resultan idóneas para el oportunismo. Ya nadie se atreve a cuestionar una decisión u otra calificándola de improvisada, si acaso son otros los epítetos que se emplean. Esta reforma parcelada y caótica del Estado de bienestar impide imaginar siquiera el resultado final, de modo que frente al oportunismo se alza la voz tremendista de quienes auguran el triunfo de la ley de la selva. La socialdemocracia se ve arrastrada por una dialéctica maniquea sobre la justicia social, mientras que los liberal-conservadores van deconstruyendo el Estado heredado guiados por la intuición que inspiran los mercados.

Esta manera de reformar el Estado de bienestar, condicionada por la precipitación y el desorden, representa un problema mayor que la orientación que adopta cada medida. Los riesgos que comportaría la ralentización política de los procesos de cambio no constituyen sólo un argumento de oportunidad; forman parte de una realidad cuyas amenazas no pueden ser ignoradas. Pero la carencia de contrapesos sociales e institucionales que, manteniendo un ritmo vivo en las reformas, fuesen capaces de equilibrarlas acaba dando lugar a una nueva forma de razón despótica en la gobernación del país. Según esa razón, se trata de recuperar la confianza externa e interna mediante un activismo reformador. Establecido el marco general de lo que hay que cambiar –sistema financiero, mercado de trabajo, servicios sociales– y fijada la regla básica de la consolidación fiscal, sólo cabe esperar que las medidas adoptadas surtan efecto. Pero curiosamente nadie se hace cargo de las consecuencias directas del impulso reformador, mucho menos de las colaterales. Mientras, al otro lado de la barricada, los tremendistas parecen esperar a que su profecía se cumpla y los hechos les den la razón.

Por precipitadas y desordenadas que sean las medidas de ajuste y reforma, todas portan el sello de su irreversibilidad. La socialdemocracia gobernante hasta hace poco se enfrentó a la crisis como si únicamente exigiera apreturas pasajeras, ahorros con retorno y un poco más de cuidado con la tesorería pública. La privatización de determinados servicios, de las relaciones laborales e incluso de algunas estructuras de la administración constituye una tendencia tan oportunista como inevitable. Pero desde el momento en que la socialdemocracia se retira del debate y pasa a ejercer de oposición deja la vía libre a la inercia reformadora. Lo más preocupante no es la privatización, sino la precarización que conlleve y los ámbitos que deje desatendidos. Las necesidades sociosanitarias que seguirá incrementando el envejecimiento de la población parecían atractivas en términos de rentabilidad empresarial, pero hoy ya no lo son. La creación y producción artística ocupaba un espacio amplio y diverso que se estrecha rápidamente e induce un cierto estado de opinión que convierte lo cultural en sinónimo de superfluo. El juicio al que está sometido el sistema educativo va demasiado cargado de desdén, y los defensores de la escuela pública no aciertan a contrarrestarlo.

El horizonte intuido es el de un sistema capaz de cubrir necesidades sociales básicas –decrecientes– que derive hacia cada usuario una parte –creciente– del coste de sus necesidades particulares en proporción a su también particular renta. El esquema podría dar lugar tanto a un modelo más justo que el que tenemos como a otro profundamente insolidario. Pero la primera condición de la justicia social en la globalización es que el Estado de bienestar se haga sostenible. En otras palabras, que el crecimiento económico permita una distribución de la riqueza capaz de cubrir un amplio catálogo de necesidades sociales. La socialdemocracia no debería ausentarse de la modulación del esquema referido oponiéndose a las reformas con trazo grueso.

Alguien que, sin ser catalán, vive no lejos de Barcelona ya me lo había comentado hace tiempo: el argumento del déficit fiscal que sufre Catalunya está haciendo mella incluso en personas que no son nada nacionalistas. Y el enfoque de la política nacionalista de los últimos tiempos está confirmando ese argumento: la mejor forma de convertir a los ciudadanos catalanes que no son nacionalistas, ni están por la labor, es el argumento del bolsillo.

He escrito alguna vez en estas mismas páginas que estoy convencido de que existe un problema de financiación de Catalunya y que conviene discutirlo. También estoy convencido de que la financiación autonómica en su conjunto es algo que se ha ido construyendo a trancas y barrancas -si algún déficit tiene la Constitución es el de no decir nada al respecto-, más como resultado de negociaciones bilaterales que con visión sistemática del conjunto y en base a criterios racionales.

Pero si comprensible es que Catalunya reclame una mejor financiación, la revisión incluso del conjunto del sistema autonómico, lo que no parece tan comprensible es la forma de plantearlo. Un sistema no se mejora con planteamientos que apuntan a su quiebra. Y plantear un pacto fiscal similar al concierto vasco

-y navarro- es apostar, tal y como se ha permitido que se desarrolle en la práctica el concierto vasco por medio del cupo, por la quiebra del sistema. Aunque quizá sea eso lo que se persigue.

Incluso la reclamación de una agencia tributaria propia sería asumible por el sistema, pues hay países federales en los que la recaudación de los impuestos regulados en la Constitución, los más importantes, es cuestión de los estados, de los länder o de las autonomías. Sabemos que en España si este planteamiento implica problemas no es por una cuestión de lógica del sistema, sino por la desconfianza mutua que existe entre el Gobierno central y las autonomías, o al menos algunas de ellas, las que puedan estar gobernadas por nacionalistas que quieren que se confíe en ellos pero que afirman que no quieren estar en España, desconfianza cuya responsabilidad es, al menos, compartida.

Pero los últimos movimientos del nacionalismo catalán, la aprobación de la ley de consultas no vinculantes, abriendo así la puerta al nacionalismo de bolsillo, a confiar en que la ciudadanía vote a favor de que se llene su bolsillo, no solo buscan solucionar un problema que requiere un arreglo con urgencia, sino que pretenden saltar sobre la realidad plural de la sociedad catalana apostando por la homogeneidad que puede producir coger a los ciudadanos por donde más duele, en especial en época de crisis: por el bolsillo.

Algunos sociólogos afirman que lo que caracteriza el momento presente es la acumulación de efectos no deseados de lo que la cultura moderna, en todas sus dimensiones, ha pretendido. Muchos políticos, sin embargo, siguen instalados en la causalidad lineal de la mecánica clásica: si se hace un esfuerzo de una cantidad determinada, el movimiento provocado es exactamente proporcional, calculada la resistencia, al esfuerzo inicial. Si consigo que los ciudadanos catalanes se conviertan en nacionalistas de bolsillo, al final terminarán siendo nacionalistas de corazón.

¿Y si las cosas no funcionan así? ¿Y si al final aparecen efectos no deseados por el nacionalismo catalán? Si algo caracteriza, además de lo dicho, a las sociedades actuales es que se han convertido en sociedades cada vez más imprevisibles, menos atadas a la tradición, más variables, menos fiables en sus comportamientos, lo que desespera a los políticos que tienen que desayunar todos los días las correspondientes encuestas para saber por dónde se les pueden escapar los votantes.

Lo que es terrible es que cada vez se tiene más la impresión de que a los responsables políticos lo que menos les importa es la libertad de los ciudadanos, que lo que menos les importa es garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, la libertad de conciencia, la libertad de identidad, la libertad de lengua, la libertad de sentimiento de pertenencia como aplicaciones actuales de la aconfesionalidad del Estado.

Pudiera ser que el nacionalismo de bolsillo le funcionara al nacionalismo catalán, y que dentro de poco tiempo hubiera una mayoría clara y suficiente para declarar la independencia de Catalunya. Pero entonces, como ya he escrito en estas páginas alguna vez, igual se le plantea a Catalunya el problema que desde el nacionalismo catalán se afirma que España no ha sabido gestionar: el plurinacionalismo de los catalanes, el hecho de que muchos ciudadanos catalanes, sin renunciar a sentirse catalanes, tampoco renuncian a sentirse españoles, plurales en su propia identidad, lejos del monismo y del reduccionismo identitario, y ello como garantía de su libertad de conciencia.

El nacionalismo de bolsillo, además, se puede encontrar con un problema añadido: ese bolsillo es insaciable, crece a medida que se va llenando, y el gobierno que lo promueve es, desde el principio, prisionero de lo que ha puesto en marcha.

La crisis económica ha hecho emerger problemas latentes en la sociedad española. Uno de los ámbitos a revisar serían las administraciones públicas, que a pesar de las positivas reformas realizadas en la etapa democrática todavía evidencian una notoria ineficiencia por su falta de adaptación a las nuevas exigencias de la democracia contemporánea, a la estructura autonómica de España y a las nuevas tecnologías que dominan la sociedad de la información.

La democracia no se limita al voto periódico en los procesos electorales. Las administraciones públicas deben ser transparentes y rendir cuentas día a día. Al carecer las políticas públicas de un sistema de evaluación de su eficacia, no se sabe si se deben eliminar, reducir o ampliar servicios y con ello su financiación. Una ley de 2006 creó una Agencia supervisora, pero al ser secretas sus evaluaciones, era en sí misma inútil y despilfarradora. La opacidad y el oscurantismo de los procedimientos favorecen las prácticas corruptas de los cargos públicos.

Es urgente una ley de transparencia que establezca el acceso general a los procesos de decisión y a los documentos que manejan los funcionarios y cargos públicos (con un registro público y accesible en internet), tanto los que ellos mismos generan como los que solicitan a ciudadanos o empresas. Estos informes influyen en la toma de decisiones o son una fuente de conocimiento que debe ser compartida con la sociedad, pues se pagan con fondos públicos.

La gran mayoría de los interminables casos de corrupción que le han costado cientos de millones de euros a la ciudadanía han consistido en falsos informes. Naturalmente, el principio general del acceso debe tener ciertas excepciones o límites en relación con la seguridad del Estado y otras contadas circunstancias. Pero lo que es insoportable es el secretismo decimonónico de nuestras administraciones, que hacen que la calidad de la democracia española sea ínfima y propician la corrupción generalizada y el saqueo de los fondos públicos para su reparto a través de sociedades u otras redes entre familiares y clientela partidaria.

En materia de transparencia, España aún no está en Europa. Algún Estado europeo está peor que nosotros, cierto, pero la gran mayoría está mucho mejor y aunque la UE no es el modelo idóneo, por ejemplo, a ojos de un escandinavo, es un paradigma seguramente inalcanzable para la incuria y altivez de los corrompidos poderes públicos españoles.

En segundo lugar, la Administración General del Estado no ha sabido adaptarse al sistema autonómico, confundiendo una estructura cuasifederal con la excusa para hacer incluso dejación de las funciones propias de un Gobierno central. Los tres niveles de administraciones rivalizan en la prestación de los mismos servicios y han sido incapaces de conjugar Estado descentralizado con políticas integradoras. Es cierto que en la Constitución falta claridad en el reparto competencial y la laguna ha sido suplida parcialmente por el Tribunal Constitucional, pero lo que ha faltado es recíproca lealtad. La organización provincial fue una buena respuesta, acorde con las necesidades, ideas y valores propios de 1833, pero el sistema ideado por Javier de Burgos es insostenible. Hay que reconducir y ensamblar las funciones que cumplen las diputaciones y cientos de municipios con la moderna administración autonómica. Pero si, como decíamos, el Estado no ha sabido adaptarse al hecho autonómico, las autonomías han mimetizado por su parte el modelo estatal, cometiendo sus mismos errores y duplicando el sistema (subdelegados del Gobierno y delegados autonómicos, direcciones provinciales de cada Ministerio y direcciones territoriales de cada consejería…).

Las administraciones españolas -estatal y regional- tampoco han sabido o no han querido adaptarse a las consecuencias de la integración europea: no han digerido la atribución del ejercicio de competencias en exclusiva o de forma compartida a las instituciones de la UE, con la correlativa pérdida de competencias internas, confinadas en ocasiones a la ejecución administrativa y a la inspección.

Aunque los ordenadores han sustituido a las vetustas máquinas de escribir y la nueva Ley de Administración Electrónica facilita y extiende los procedimientos por esa vía, las administraciones públicas no han asimilado las consecuencias de la revolución tecnológica. Todavía hay demasiadas cargas administrativas sobre ciudadanos y empresas y no se han aprovechado los portales para facilitar una administración única. A su vez, la relación de puestos de trabajo no ha variado: ni se han creado nuevos empleos adaptados al cambio tecnológico ni se han eliminado otros superfluos. Es obvio que hoy se necesita muchísimo menos personal auxiliar, conserjes… En la Administración sobran muchos puestos de nivel medio o medio-bajo; por el contrario, se necesita atraer a personal altamente cualificado y, en todo caso, detener la sangría de los funcionarios de los cuerpos de élite hacia la empresa privada.

Y necesitamos abordar dos temas tabú. Uno: es rigurosamente falso que los problemas públicos o de atascos en la Administración se resuelven aumentando el número de funcionarios y de entes u organismos. Lo que debe hacerse es reformar y simplificar las leyes sustantivas o las procesales (caso de la Administración de Justicia).

El otro tabú es el de la inamovilidad del funcionariado público y su carácter de (discutible) derecho adquirido. La Constitución, con buen juicio y prudencia, se refiere a «las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones». Cuando Pérez Galdós escribió en 1888 su obra Miau, las cesantías eran el síntoma de una mala y politizada Administración que desaprovechaba «al servidor leal del Estado que podría enseñar al ministro la manera de salvar la Hacienda». El problema hoy lo tenemos al revés, debido a la invasión de las administraciones públicas por los partidos políticos, funcionarizando a cientos de miles de contratados con carné del partido como asesores-aduladores en cada legislatura (nacional, regional y municipal). Estos, junto con muchos funcionarios desaprensivos, se cruzan de brazos (nadie los va a despedir) propiciando a su vez la contratación de más personas que hagan el trabajo que ellos no hacen. Así se dispara el número de funcionarios y contratados y las cargas que tienen que soportar los ciudadanos en forma de impuestos. En ocasiones sobran funcionarios y en otras faltan, sin que la Administración tenga autoridad para redistribuirlos. Los empleados públicos tienen derecho al trabajo, pero no al puesto de trabajo.

Hay que deslindar las funciones de naturaleza pública o de imperio (iure imperii) que deben ser desempeñadas de forma imparcial (judicatura, cuerpos de inspección, diplomacia, abogados del Estado, ejército y seguridad…) del resto de puestos de trabajo que no requieren esa imparcialidad sino la competencia profesional (actividades iure gestionis como las sanitarias, docentes, jardineros, chóferes, auxiliares administrativos o informáticos, conserjes…), y que deben tener un estatuto laboral ordinario por no diferenciarse de tareas similares en el sector privado.

El Gobierno tiene muchos frentes abiertos. Uno de ellos es si quiere aprovechar las administraciones públicas como fuente generadora de crecimiento y de riqueza nacional o como una pesada carga dilapidadora de nuestra poca riqueza. Los estados no son ricos o pobres en función de sus recursos naturales. El abismo está originado por la mala organización, en contraposición a los países que se fundan en sólidas estructuras sociales y políticas con administraciones públicas profesionales, fuertes, ágiles y, en consecuencia, eficientes.

El consenso debería presidir las reformas sobre la sostenibilidad del Estado; pero los grandes partidos nacionales y regionales sólo se ponen de acuerdo para saquear los caudales públicos. ¿Nos podemos permitir tanto despropósito y despilfarro? ¿Es sostenible este Estado?

La unanimidad cada vez es más amplia. El pacto fiscal es el camino. Lo que toca. Por justicia y por necesidad. Y su debate es inaplazable. En Catalunya se da una clara conciencia porque la crisis ha evidenciado con toda su crudeza el desequilibrio entre lo que cualquier catalán aporta al Estado y lo que después recibe. El sobreesfuerzo que Catalunya debe hacer en nombre de la solidaridad interterritorial es un lastre para las finanzas del país que obliga al Govern a hacer amplios ajustes para mantener el Estado del bienestar y a la vez cumplir con el techo de déficit que se le impone desde la Administración central.

En suma, una situación de asfixia insostenible como Administración y como país que nos obliga a hacer una reflexión que nadie puede eludir: si bien en los últimos 30 años hemos conseguido las mayores cotas de autogobierno que nunca hayamos tenido, a la hora de resolver la financiación, el Estado no nos ha respondido y nos hemos atascado en un modelo que nos hace más dependientes. Tenemos una asfixia financiera y, por lo tanto, es necesario un cambio de modelo. Quizá por eso se puede decir que, a pesar del autogobierno, somos más dependientes que nunca.

Y este cambio pasa por el pacto fiscal, por acabar con el inviable déficit fiscal, que supera el 8% del PIB catalán. Me atrevo a decir que en Catalunya, en el diagnóstico, estamos todos de acuerdo. Tanto en la calle, donde ya hay una mayoría social, como en el ámbito político, donde buena parte de las fuerzas parlamentarias también caminan en este sentido. Sin embargo, aún falta concretar una mayoría política más amplia, y eso quiere decir sumar al partido socialista y, ¿por qué no? al Partido Popular, a la propuesta de un pacto fiscal que, para nosotros, debe pasar porque la Generalitat recaude, gestione y liquide todos los impuestos generados en Catalunya. El modelo que defendemos tiene grandes similitudes con el que rige en el País Vasco y Navarra, que apoyan populares y socialistas. Por eso nos cuesta entender que los mismos partidos que se posicionan a favor y defienden el concierto vasco y el convenio navarro puedan negarlo a los catalanes.

En las últimas semanas, el propio PSC ha movido ficha con su propuesta de financiación, y su primer secretario, Pere Navarro, hacía en las páginas de este diario un diagnóstico con el que coincidimos: las principales causas del déficit público de la Administración son la crisis y la disminución de los ingresos que esta ha comportado y, por lo tanto, es necesario recuperar un cierto nivel de ingresos y no solo ajustar los gastos para disminuir el déficit y salir de la recesión. Y también afirmaba, y estamos de acuerdo, que hay que hacer entender que la solidaridad no puede ser infinita; debe tener un límite en el tiempo y en la cantidad. Y también, añadía con acierto, hay que reducir muy significativamente el gran déficit estructural que Catalunya tiene con el Estado.

Lo que nos sorprende y desconcierta es que ahora los mismos socialistas que daban por buenos los cálculos de déficit del conseller Mas-Colell -que sigue el mismo método que el empleado en su día por el exconseller Antoni Castells- se desdigan y aseguren que el déficit fiscal de Catalunya podría ser inexistente.

Nosotros seguimos trabajando con la filosofía del déficit estructural que días atrás defendía Pere Navarro y que es la que tanto desde CiU como desde el Govern de Artur Mas se defiende desde el inicio de la legislatura. De hecho, los presupuestos catalanes del 2012 así lo reflejan: dentro del escaso margen que permite la complicada situación económica, se han incorporado nuevas figuras impositivas -como el copago en las farmacias o la tasa turística-, para no incidir solo en el gasto. Pero esto no es suficiente. El problema de fondo es el desequilibrio en los ingresos que percibe la Generalitat del Estado.

Con la mayoría social y política en Catalunya, ya solo será necesario que España nos responda. Pronto. Porque aquí y hoy solo hay una única agenda. Una agenda en la que conviven el pacto fiscal, el paro y la recuperación económica. Si hay consenso en que la recuperación y la lucha contra el paro son prioritarias, estaremos de acuerdo en que un pacto fiscal que nos dote de recursos también lo es.

El triste espectáculo de la semana pasada del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con un Gobierno del Estado exigiendo a las comunidades autónomas unos estrictos objetivos de déficit que no se aplica a sí mismo y atornillándolas sin tener en cuenta a aquellos territorios que ya hace meses que están aplicando políticas de estricta austeridad para enderezar sus finanzas nos reafirma en nuestro objetivo.

Catalunya necesita una independencia financiera que, a través de un aumento sustancial de sus ingresos, le permita controlar su déficit y a la vez crear riqueza y empleo. Un modelo que rompa la excesiva dependencia de la Administración estatal que hoy nos asfixia y nos hace inviables como país. Y el camino para llegar a eso es, sin duda, el pacto fiscal.

Ni la llamada sentencia es una sentencia sino un auto, ni su contenido avala la política de inmersión lingüística, como han interpretado la mayoría de políticos y medios de comunicación. La confusión, buscada o no, sigue siendo una de las características del derecho al uso de las lenguas.

Me refiero, naturalmente, al auto de la pasada semana dictado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ejecuta una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 9 de diciembre de 2010. En esta sentencia se reconocía el derecho de los demandantes a que el castellano sea, junto al catalán, lengua vehicular de la enseñanza. El caso provenía del lejano 2006, en el que un padre, en nombre de sus hijos menores, interpuso un recurso contencioso-administrativo porque en las escuelas de sus hijos la única lengua utilizada como vehicular era el catalán. El TSJC desestimó esta pretensión que, sin embargo, fue apreciada por el TS en la citada sentencia de 2010, dando así la razón al padre demandante y no a la Administración educativa de la Generalitat.

Como soporte jurídico de peso para apoyar su decisión, el TS aducía la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. Recordemos que en dicha sentencia el TC sostenía que, a pesar de que literalmente allí se dijera que la lengua vehicular de la enseñanza era el catalán, sin mencionar para nada al castellano, debía entenderse que este obviamente también era vehicular al ser lengua oficial. Como es sabido, la Constitución y la ley establecen que las sentencias del TC son vinculantes y de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos: jueces, parlamentos, gobiernos y administraciones públicas.

¿Cómo se debe ejecutar una sentencia? Básicamente, haciendo que se cumpla íntegramente “en sus propios términos”, en el sentido que determine el fallo. Si ello no sucede, según una temprana doctrina del Tribunal Constitucional, se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. ¿Ha sido ejecutada íntegramente en sus propios términos la sentencia del TS por parte del TSJC? No, lo ha sido sólo en parte.

En efecto, el auto en cuestión olvida una importante disposición incluida en el fallo: aquella que obliga a la Generalitat a “adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya junto con el catalán”. Un olvido significativo.

Pero hay más, el TSJC llega, incluso, a poner en cuestión la competencia del TS para hacer este pronunciamiento y se atreve a decir, sorprendentemente, que ello le convierte en un mero ejecutor del fallo del TC. Según su ley reguladora, los jueces están vinculados por las sentencias del TC, no sólo por el contenido del fallo sino también por la doctrina que se desprende de sus fundamentos Por ello es una sorpresa que el TSJC critique al TS por tomarse en serio esta obligación. Por tanto, el auto del TSJC, además de no ejecutar la sentencia en su integridad, reinterpreta el fallo, excediendo así en mucho de sus competencias.

Nos encontramos, por tanto, ante un auto elusivo: soluciona conforme a derecho un problema individual, dando la razón al padre de los alumnos, pero elude su responsabilidad de dar una solución general al conflicto planteado, al no imponer a la Generalitat el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar derechos sin tener que acudir a los tribunales caso por caso, una carga excesiva que no es justo atribuirla a los ciudadanos.

En efecto, los derechos deben establecerse de forma clara en leyes generales, iguales para todos. Si las lenguas vehiculares en la enseñanza son el catalán y el castellano, repartidas en una proporción adecuada y razonable, ello debe constar en la ley y no quedar casi oculto, de forma indefinida, en una sentencia del TC. El Parlament de Catalunya y la administración educativa de la Generalitat, si tuvieran un comportamiento leal con el derecho, ya deberían haber modificado la regulación lingüística, en este y otros aspectos, para adaptarla a la sentencia del Estatut. ¿De qué sirve una sentencia del TC si no se ejecuta?

Ahora bien, no hace falta ninguna resolución judicial para cumplir una sentencia del TC. Basta con un comportamiento de los poderes respetuoso con las reglas de la democracia: el Parlament debe cambiar unas leyes -la de política lingüística y la de educación- que se oponen a lo constitucionalmente declarado por los tribunales. Es su deber para no dejar a los ciudadanos en situación de constante inseguridad jurídica, al arbitrio del poder de turno.

El TS, con su mandato a la Generalitat para que adaptara su legislación a la sentencia del TC, pretendía salvaguardar los derechos lingüísticos de una manera general. El legislador abdica de sus funciones si deja al ciudadano abandonado buscando individualmente protección ante los tribunales. Este auto ha sido una ocasión perdida para solucionar el asunto. Habrá más ocasiones.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del pasado día 8 fue recibido con alivio por el Gobierno catalán a pesar de las muchas dudas que plantea. Tanto el president, Artur Mas, como la consellera de Educació, Irene Rigau, han insistido en que la interlocutoria «no toca» el modelo de inmersión. Es cierto que la interlocutoria no obliga (no puede) a modificar ninguna ley vigente, pero no es menos cierto que establece una cabeza de puente en el modelo que puede transformarlo en la práctica.

Hasta la ley de educación, la legislación catalana reconocía el derecho a recibir en castellano «la primera enseñanza», una expresión vaga que se interpretaba como referida a la educación infantil y el primer ciclo de primaria (los cinco cursos que van de P-3 a 2º de primaria, para entendernos). La ley de educación introdujo dos novedades a este respecto: redujo el derecho a recibir la enseñanza en castellano a un solo curso académico («el curso escolar en el que los alumnos inicien la primera enseñanza») y lo concretó en la mera recepción de «atención individualizada» en esta lengua. He aquí que el auto del TSJC sí que toca claramente el primer aspecto y podría afectar también al segundo.

Por un lado, el TSJC obliga a la Administración catalana a utilizar el castellano como lengua vehicular para los hijos de las familias demandantes no en un solo curso escolar ni en el conjunto de la primera enseñanza, sino «en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria». Por otro lado, habrá que ver si el expediente de la atención individualizada satisfará la exigencia original del Tribunal Supremo de que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de «forma proporcional y equitativa en relación al catalán».

El auto de TSJC llega en un momento en el que el Gobierno español tiene previsto promover el bilingüismo español-inglés en todo el sistema educativo y favorecer la educación trilingüe en las comunidades con dos lenguas oficiales, tal como explicó Mariano Rajoy en su discurso de investidura. Con el automatismo que viene siendo habitual, las fuerzas vivas catalanas han rechazado la posibilidad de un modelo educativo con tres lenguas vehiculares. En una entrevista emitida al día siguiente del discurso de Rajoy, Rigau declaró: «Si el objetivo es dominar tres lenguas, estamos de acuerdo. Con lo que no podemos estar de acuerdo es con que nos impongan la manera de conseguirlo. Nuestro proyecto tiene que mantenerse igual». (El pasado 8 de marzo, Mas reiteró su apuesta por el inmovilismo más literal: «Estamos donde estábamos y no nos moveremos de aquí».) El razonamiento de fondo siempre es el mismo: cualquier cosa que no sea la inmersión solo puede tener efectos destructivos para la lengua propia de Catalunya.

¿Realmente el trilingüismo resultaría tan dañino? Una ojeada a otros sistemas educativos plurilingües podría ser instructiva. Un caso poco estudiado que merece toda la atención es Andorra. Allí conviven tres sistemas educativos: el francés (que tiene el francés como lengua vehicular), el español (donde es vehicular el castellano) y el andorrano (cuya lengua es el catalán, aunque el castellano y el francés también son vehiculares). ¿Cuál es el impacto de este pluralismo vehicular en el conocimiento del catalán? La verdad es que no parece muy negativo. Según las encuestas, los jóvenes andorranos son tan competentes en catalán como sus colegas catalanes. Alguien podría argüir que comparar Catalunya con Andorra no es justo, porque allí la oficialidad exclusiva del catalán es un incentivo para el aprendizaje de la lengua del que no disponemos aquí. Es cierto, pero también es verdad que, como en Catalunya, la lengua mayoritaria de Andorra es el castellano, tanto si hablamos de la lengua materna de la población como si atendemos al uso social.

Acaso no hace falta falta ir hasta Andorra para comprobar la eficacia de los sistemas educativos plurilingües. En Barcelona existen escuelas que usan más de una lengua vehicular. Un ejemplo conspicuo es Aula, donde se practica no el trilingüismo sino el cuatrilingüismo. Según reza la página web de esta escuela, «los alumnos consiguen una correcta capacidad de expresión oral y escrita en catalán, castellano, inglés y francés», gracias a un proyecto que incluye el uso de estas cuatro lenguas como vehiculares para cursar diferentes materias.

Como se encargó de recordarle Albert Rivera al presidente de la Generalitat, esta escuela es la que frecuentaron Mas y sus hijos. Si este proyecto plurilingüe fue bueno para Mas y su prole, ¿no puede serlo para nadie más? El auto del TSJC no ha blindado la inmersión sino que ha abierto la puerta a usar el castellano como lengua vehicular más allá de la primera enseñanza y probablemente más allá del controvertible mecanismo de la atención individualizada. En lugar de insistir otra vez más en el inmovilismo de las líneas rojas, ¿no sería hora de empezar a evaluar alternativas plurilingües a la inmersión que no sean dañinas para el catalán?

Intentar extraer lecciones de la historia es siempre tentador. Buscamos respuestas que no tenemos y la historia suministra argumentos de cierta utilidad. A las puertas de la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, popularizada como la Pepa (pues se aprobó el día de San José), vamos a volver a escuchar la repetición de algunos tópicos. No cabe duda de que la Carta gaditana marcó el paso del antiguo régimen al sistema político liberal, que se puede resumir en los principios de soberanía nacional y división de poderes. Ahora bien, no debe confundirse esto con un régimen democrático, parecido al actual, ya que, entre otras limitaciones, el poder ejecutivo lo seguía ejerciendo el monarca y el sufragio universal excluía a buena parte de la población: mujeres, pobres, analfabetos, sirvientes, negros, criollos o indios. No todos los españoles de «ambos hemisferios» eran iguales en derechos.

Si bien la Constitución de 1812 otorgó importantes libertades modernas (de expresión, imprenta, reunión, propiedad y seguridad), dejó al margen una muy importante: la libertad religiosa. Las circunstancias históricas particulares, derivadas del enorme peso del catolicismo y, sobre todo, de la influencia del clero en la sociedad, impusieron al liberalismo español esta cortapisa, si bien fue compensada con la abolición inmediata de la Inquisición. Con todo, pese a sus limitaciones, la Pepa se incrustó en el imaginario popular del siglo XIX como un mito revolucionario. A ello ayudó mucho que fuese derogada con el retorno del absolutismo oscurantista de Fernando VII. Con el texto de Cádiz, pues, lo primero que se debe evitar es la confusión entre liberalismo y democracia, ya que para garantizar un sistema de derechos democráticos universales el liberalismo político es condición necesaria pero no suficiente.

Al lado de esta precisión, hay otro peligro en este año de celebraciones: la tesis de aquellos que quieren ver en Cádiz aquel momento histórico donde se materializa la construcción de una España uninacional. La invocación que desde posiciones neocentralistas se hace de la Constitución de 1812 es la mejor prueba de ello. Así, cuando tiempo atrás se puso en marcha el programa de actos reivindicativos de la Pepa, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, afirmó: «En el espíritu de 1812 la cohesión nacional y la libertad caminan unidas», «en Cádiz no hay provincia, no hay más que una nación, no hay más que España», y «en los revolucionarios [gaditanos] sobresale la defensa de la unidad nacional frente al federalismo».

Un primer aperitivo de este renacido historicismo nacionalista ya lo tuvimos en la pasada celebración de la guerra de la independencia, bicentenario que estuvo preñado en muchos libros, exposiciones y, particularmente, en los discursos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de un espíritu contrario a aquello que con tanto acierto recomendaba el historiador José Álvarez Junco cuando, avisando de lo que podía suceder, recordaba que «lo sustantivo de la guerra de la independencia no es la nación, sino la libertad». «Exaltemos, pues, aquel intento de establecer la libertad, en lugar de exaltar la nación», concluía el autor del excelente ensayo sobre la idea de España en el siglo XIX Mater dolorosa (2001).

En ambos casos, estamos frente a un discurso que identifica la unidad con el unitarismo. Una visión que esconde que, ya en Cádiz, se planteó otra idea de España, como la que hicieron algunos diputados catalanes, aragoneses y valencianos, que implicaba respectar la diversidad de las «provincias», de los antiguos reinos históricos, de «esas pequeñas naciones», como las llamó Antoni de Capmany, que habían salvado España, mediante las juntas provinciales, de ser derrotada frente al invasor francés. Si bien la conciencia nacional española es indudable en todos los diputados, no fue unívoca, tal como se manifiesta en un interesante debate sobre el artículo 12 de la Constitución, referente a cómo dividir España, que las circunstancias políticas no permitieron concluir. Habrá, pues, que estar prevenidos frente al martilleo de una vulgata historiográfica que no quiere reconocer que si el federalismo surgió a lo largo del siglo XIX fue justamente porque el discurso liberal gestado en Cádiz no pudo consensuar una idea monolítica del Estado.

La vieja dialéctica entre la España horizontal (compuesta y diversa) y la vertical (unitarista y asimilacionista) no se pudo resolver definitivamente a favor de la segunda. Como tampoco bajo las dos dictaduras militares del siglo XX. En cambio, como escribe Ricardo García Cárcel en Felipe V y los españoles (2002), la Constitución de 1978 y el modelo autonómico que se desarrolla es «una vía de encuentro entre aquellas dos Españas de la historia conflictiva». Y añade, acertadamente: «Porque, si algo se ha constatado, es que la victoria absoluta de una de ellas es imposible». Pues bien, ahora que soplan vientos cruzados de recentralización en un lado y de soberanismo en otro, creo que deberíamos tener bien presente esta reflexión.

En este año, pródigo en conmemoraciones nacionales, hay una que afecta específicamente a Navarra. Se trata del V centenario de su conquista de Navarra. Para unos se trató del reencuentro definitivo del viejo reino con la comunidad española. Otros, en cambio, lloran la pérdida de nuestra independencia nacional a manos de Castilla y reniegan de una nacionalidad —la española— impuesta a nuestro pueblo a sangre y fuego.

Es lo cierto que en 1512 Fernando el Católico ordenó al duque de Alba que ocupara el reino navarro. Se trataba de asegurar el éxito de la coalición anglo-castellana que, con la bendición papal (Liga Santa), se disponía a invadir la Guyena —la actual Aquitania—, que después de trescientos años de legítima posesión por la Corona inglesa había pasado a manos de los franceses. El duque cumplió la orden con eficacia. Juan de Albret y Catalina de Foix, sin presentar batalla, huyeron al Bearne, de donde eran señores soberanos.

La legalidad internacional de la época amparaba la acción militar. Estaba en juego la plenitudo potestatis del Papa, puesta en entredicho por Francia y unos cuantos cardenales rebeldes reunidos en Pisa con la intención de destituir a Julio II. Fernando el Católico pidió a los reyes navarros que permanecieran neutrales, mientras Luis XII les recordaba su corazón francés. Juan y Catalina se hallaban en una difícil disyuntiva. Si apostaban por Francia arriesgaban Navarra. Pero unirse a la Liga Santa suponía perder sus grandes dominios ultrapirenaicos. Intentaron jugar a los dos palos, mas la neutralidad es patrimonio de los fuertes. Al final, se fueron con el francés y perdieron Navarra.

Pero la historia no se detuvo en 1512. Las cortes navarras reconocieron en 1513 como rey a Fernando el Católico, previo juramento de los fueros. En 1515, el monarca decidió que a su muerte heredarían Navarra su hija Juana (la Loca) y quienes fueran sus sucesores en los reinos de Castilla y León. Y en 1516, el futuro emperador Carlos asumió el solemne compromiso de mantener a Navarra como «reino de por sí». De modo que la incorporación de Navarra fue por vía de unión eqüae principal (entre iguales), reteniendo cada su naturaleza propia en territorio, legislación y gobierno. Cuando ese mismo año, a la muerte del rey Fernando, el emperador Carlos se ciñó las coronas de Castilla, de Aragón y de Navarra se culminó el proceso de formación de la Monarquía española.

En todo esto, Euskal Herria ni está ni se le espera. Pero los abertzales son maestros a la hora de corromper la historia. El estado de Navarra —dicen— fue la Euskal Herria medieval. Por tanto, luchar por la independencia de Navarra es combatir por la liberación de Euskal Herria.

Para dar visibilidad a este nuevo planteamiento, los abertzales dieron a su coalición el nombre de Amaiur, que es la traducción al batua de Maya, pequeña población situada a tiro piedra de la frontera con Francia, llamada así desde el siglo XIV (antes se conocía por Meyer). En el castillo de Maya se encerraron en 1521 unos doscientos caballeros navarros, defensores de los reyes destronados. Nadie les molestó hasta mediados de 1522, en que después de dos días de asedio se rindieron el 19 de julio a una expedición de tropas castellanas y navarras leales al emperador. No hubo ninguna sarracina, pues en 1524 la mayoría de los asediados se acogieron al perdón general decretado por el emperador Carlos.

Pues bien, Maya fue el lugar elegido para la presentación de Amaiur. Junto al monolito que recuerda a sus nada heroicos defensores, los candidatos abertzales del 20-N sellaron su compromiso por la independencia de Navarra. Los defensores de Maya se habrían revuelto en sus tumbas al escuchar la soflama abertzale. Porque entre quienes asaltaron la fortaleza no sólo estaban los navarros de Luis de Beaumont, sino un buen número de soldados guipuzcoanos que un año antes habían contribuido decisivamente a la derrota del ejército de Francisco I en Noáin. Eran los mismos que, en 1512, habían aniquilado en Velate, al grito de ¡Santiago y cierra, España!, y bajo las banderas de Castilla, a una columna de 3.000 mercenarios franceses a los que arrebataron doce espléndidos cañones que insertaron, con anuencia de la reina Doña Juana, en el escudo de armas de la Provincia. Sin olvidar que Íñigo de Loyola cayó herido en 1521 en el castillo de Pamplona, cuando peleaba contra los franceses por la permanencia de Navarra en España, y que en 1512 en el ejército del duque de Alba formaban 3.000 alaveses, 2.500 a 3.000 guipuzcoanos y 2.000 vizcaínos.

De modo que si fuera cierto que Navarra perdió su independencia hace quinientos años, los responsables de ese hecho por el que los abertzales derraman lágrimas de cocodrilo, fueron los vascongados. He aquí la gran mentira de Amaiur.

Opino que la aspiración a un Estado propio será pronto hegemónica en Catalunya. En el objetivo del Estado propio han comenzado a confluir desengañados del autonomismo y partidarios de un nuevo marco constitucional que se fundamente en la soberanía popular de los catalanes o la reconozca. Si en la sociedad parece que ya son mayoría los partidarios de la independencia, los que no lo ven claro o se oponen dominan, hoy por hoy, el panorama de una forma que parece abrumadora. No durará mucho, ya que la aspiración al Estado propio va más allá del catalanismo que la alimenta y se nutre de ella.

¿Tiene razón Mas cuando se propone sumar en vez de asumir el riesgo de división? Depende. Si se trata de un truco para estar en el medio y no mover ficha, puede quedar desbordado. Si es una estrategia de convencimiento, con el fin de que más y más catalanes se den cuenta de que, con la autonomía y la sumisión forzosa al poder de Madrid, Catalunya decae, entonces la etapa del pacto fiscal está justificada.

Diría que los independentistas militantes se dedican más a enardecerse que a persuadir. Es como si pensaran que de catequizar ya se encargarán los separadores, y que la gran mayoría se sumará arrastrada por una especie de imperativo histórico en forma de marea imparable. Les parece tan potente el argumentario de una Catalunya que controla sus recursos y los invierte para convertirse en breve en un país escandinavo en pleno Mediterráneo, que ya no se toman la molestia de ir más allá. Esta flauta emite una sola nota y se preocupan mucho de reiterarla, no de enriquecerla con una partitura más completa y variada. Es por miedo a las disonancias.

¿Y los inconvenientes? ¿Y los riesgos? ¿Y las dificultades? ¿Y las alternativas a la independencia? Silencio. Parece que basta con señalar el maltrato del Gobierno central, el expolio fiscal y la viabilidad económica, de la que según se nos dice es difícil dudar, incluso con transitorio boicot comercial español. En mi opinión, esto es simplismo reduccionista. Por ejemplo, hay sectores, como el cultural, que pueden salir trasquilados.

No hay un solo escenario previsible, sino varios, y muy diferentes o con variables muy significativas. De esto deberíamos hablar, de los escenarios catalanes, de los españoles. Dejando al margen que no ha quedado claro que Catalunya pueda salir adelante sin el mercado hispánico, uno de los escenarios de mayor riesgo consiste en retroalimentar las peores pulsiones españolas. Para evitar la mutilación, todo estaba permitido pero lo ha dejado de estar mientras existan Europa y el Tribunal Penal Internacional.

La reacción que se prefigura consistiría en dejar a Catalunya fuera de la Unión Europea. Situados sin desearlo en este escenario, y contra lo que podría parecer a primera vista, quedar fuera -de la Unión, no de Europa, claro- conllevaría la oportunidad de convertirse en una plataforma de proximidad con exenciones fiscales que los tribunales europeos no podrían tumbar. Mejor dentro desde el primer momento. Pero si te dejan fuera, puedes nacionalizar la banca, la energía, los sectores estratégicos, construir el país que te parezca. Como un medio socio que opera dentro club pero no debe seguir las normas. Recordemos las políticas irlandesas en su momento. La manera de contrarrestar las ventajas competitivas que la eventualidad podría comportar consistiría en pedir a Catalunya que se reincorporase lo antes posible.

Queda por destacar el escenario de la doble nacionalidad. Si el final del proceso no es federal o confederal y llega el momento de declarar la independencia, convendría tener previstas las máximas facilidades para el reconocimiento de la doble nacionalidad, para que adquirir la catalana no comportase perder la española. Así, los ciudadanos con doble sentimiento de pertenencia no deberían optar por mutilar una de las dos lealtades.

Las previsiones nunca sobran. A veces, la historia se acelera. Pero mejor acabar teniendo los cuatro pies en el suelo. Sería necesario, antes de lanzar campanas al vuelo o desencadenar alarmas, profundizar en el conocimiento de los deseos de los catalanes. No basta con preguntar sobre un hipotético referendo, sino que conviene profundizar en las radiografías sociales. Estudiar el grado de convencimiento de unos y el consentimiento de los demás. Para empezar, habría que programar las encuestas con percepción más fina y pasar de tres opciones (sí, no, abstención) a cinco (a favor, más bien a favor, indiferente, más bien en contra, muy en contra). Tampoco está de más adquirir conocimiento sobre la determinación social: además de la adhesión a las alternativas, hay que saber qué estarían dispuestos a arriesgar o sacrificar los ciudadanos para lograr la independencia, o para evitarla. Se requieren focos, no penumbra.

Hay que poseer una buena dosis de ingenuidad para creer que tiene realidad y eficacia un precepto de nuestra Constitución de 1978. Es éste: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (artículo 1.2). Después de lo que está ocurriendo, día tras día, con Grecia y con nuestro país, es obvio que quienes mandan soberanamente en las viejas naciones europeas no son los respectivos pueblos de las mismas, sino una organización (habitualmente conocida como «Bruselas»), situada por encima de ellos. Hace unos días se publicó en la primera página de este periódico una noticia que hubiese escandalizado a nuestros antepasados del siglo XIX: «Rajoy obligado a un ajuste el triple de duro del que anunció… para cumplir con el 4,4% de déficit que exige Bruselas». Y nadie replicó. Hay que reescribir lo mucho que sobre soberanía se ha sostenido en Europa, una vez superado el feudalismo de la Edad Media.

Efectivamente fue Jean Bodin (1529-1596) quien introdujo el término «soberanía» en la enciclopedia de los saberes políticos. Lo hizo con una fe ciega en el poder absoluto del monarca. Escribió: «Pienso que no hay nada más grande en la Tierra, después de Dios, que los príncipes soberanos, y puesto que éstos son establecidos por Él, como sus lugartenientes, para mandar a los demás hombres, es menester estar en guardia respecto a su cualidad, a fin de respetar y venerar su majestad con toda obediencia y de sentir y hablar de ellos con todo honor, pues quien desprecia a su príncipe soberano desprecia a Dios, del cual son imagen en la Tierra». A pesar de estos excesos en el juicio, hay que reconocer que corresponde a Bodin el mérito de poner fin teórico al feudalismo y abrir el camino que condujo a la soberanía popular.

El corsé que significaba el sistema feudal al desarrollo económico posibilitó que la naciente burguesía reivindicase un poder central fuerte que concentrase en la mano del rey todas las fuerzas. Se ha sostenido, por ello, que la soberanía surge por un fenómeno de concentración de poder realizado por los monarcas.

En la ruta doctrinal suelen mencionarse las aportaciones de Thomas Hobbes (1588-1679), de John Locke (1632-1704) y de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), entre otros. Fueron contribuciones doctrinales de signo distinto que contribuyeron a que en la Revolución francesa del XVIII se hablase indistintamente de «soberanía de la nación» y de «soberanía popular». El artículo 3 de la “Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano”, aprobada en Francia el 26 de agosto de 1789, decía que «el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación».

Con esta creencia en que las naciones eran soberanas se actuó en Europa durante los siglos XIX y XX. Lamentablemente, se impuso en determinados lugares una concepción totalitaria de la soberanía, como ocurrió en la Alemania nazi y en la Italia fascista, quedando en el registro de pensadores funestos Schmitt, Chimiente, Rocco y Tamboro, entre los más conocidos, y en la nómina de personajes políticos que debemos olvidar Hitler, Mussolini y Franco.

Al finalizar la II Guerra Mundial, la concepción totalitaria de la soberanía entró en su fase última. Por un lado, el presidente de Estados Unidos Harry S. Truman leyó en el Congreso de la Unión, el mes de marzo de 1947, un mensaje en el que prometía «ayuda a los pueblos del mundo libre», amenazados de subyugación por minoría armadas en el interior de sus fronteras o por presiones exteriores. La postura del mandatario norteamericano fue replicada en la URSS con la denominada doctrina Brezhnev, favorable a una soberanía limitada en los territorios de su órbita de influencia, es decir en los países satélites. Con tal doctrina se intentó justificar la invasión militar de Checoslovaquia en el año 1968.

Mientras tanto, florecían en Europa las democracias pluralistas. La segunda mitad del siglo XX fue, en muchos lugares, un buen cultivo de la libertad ideológica. Pero la globalización económica iba a romper los esquemas de las visiones nacionalistas, quedando al margen de la trayectoria histórica las ideas de las soberanías nacionales. Ahora se iba a vivir y a convivir de otra manera. La revolución en los medios de comunicación (télex y afines) cambiaría radicalmente el funcionamiento de las sociedades.

El profesor Rodrigo Borja, que ocupó la presidencia de Ecuador entre 1988 y 1992, nos explica que la globalización de la economía mundial se expresa principalmente en la «apertura de mercados», en el «comercio libre», en el flujo internacional de capitales, en la formación de amplias zonas de libre intercambio, la eliminación de toda clase de barreras arancelarias y administrativas al comercio internacional, la integración de grandes bloques económicos, el libre flujo de mercancías, servicios, capitales y tecnologías entre los países, el fortalecimiento de las empresas transnacionales, el uso del dinero electrónico, la planetarización de los medios de comunicación, el intercambio de profesionales y técnicos, la internacionalización de la tecnología, el auge del turismo y otros fenómenos hasta hoy inéditos en la Historia de la Humanidad.

En este momento actual, los gobiernos europeos han de estar pendientes de que sus programas se aprueben por quienes mandan de verdad en la Comunidad. Algo parecido sucede, ante los gigantes todopoderosos, en otras zonas del planeta. Por lo que a nosotros se refiere, dentro de poco se colocará la idea de soberanía nacional en el armario de los recuerdos históricos, junto al feudalismo y -si no se interpreta que exagero- junto al hacha de piedra.

Nuestro horizonte político, en definitiva, está cargado de novedades. En el siglo XXI se convivirá de unas formas por ahora desconocidas.

La gran preocupación de la mayoría de nuestros ciudadanos hoy en día se centra en la crisis económica y en su situación laboral. En su capacidad para resistir a esta extraordinaria crisis sin perder lo que es esencial en sus vidas.

Un trabajo que les reporte unos ingresos dignos, suficientes como para mantener una vivienda y poder seguir haciendo la compra en el supermercado. Un cierto confort y desahogo en su vida. Y unos servicios públicos de calidad que no les generen más incertidumbres, si no que les den la seguridad de que sus hijos recibirán una educación de calidad, que sus familiares serán atendidos con todos los recursos disponibles si caen enfermos y que tendrán una segunda oportunidad si la vida les da un vuelco inesperado.

Reclamamos, también, que la distribución de los recursos públicos se produzca de forma justa. Que reciban nuestra atención tanto los que realmente los necesitan como quienes realmente los están pagando, fundamentalmente nuestras clases medias. Y que la contribución a su sostenimiento también sea equitativa.

Conviene aclarar que en nuestro país, como en muchos otros, la contribución se produce de dos formas; individualmente, quien más recursos tiene debe contribuir más; y territorialmente, si bien todos los ciudadanos pagan impuestos como individuos o empresas, los servicios del Estado del bienestar los acaban recibiendo en función del territorio donde viven.

Parece obvio, por tanto, que en esta situación de extraordinaria escasez económica reclamemos más que nunca un trato justo y equitativo. Tanto en términos individuales como territoriales. No podemos seguir permitiendo que unos pocos puedan evadir impuestos con total impunidad y que más de una quinta parte del PIB catalán, según algunas estimaciones, no contribuya al sostenimiento de nuestra sociedad. Pero tampoco debemos resignarnos a que la solidaridad territorial acabe perjudicando nuestras posibilidades de salir de la crisis.

Igualmente, para el PSC sigue siendo tan vigente como siempre nuestro compromiso con el avance del autogobierno, también en términos fiscales y financieros. Conscientes de que quizá sea este actualmente el denominador común de una gran mayoría de las fuerzas políticas catalanas en materia de autogobierno.

Estas razones hacían necesario que los socialistas catalanes pusiéramos en valor nuestra propuesta sobre el pacto fiscal que Catalunya necesita. He querido hacerlo personalmente y hacerlo al lado de uno de los grandes expertos en federalismo fiscal de nuestro país desde el punto de vista académico y padre del modelo actual, Antoni Castells. Un gran conocedor de las dificultades que entraña su diseño y posterior negociación.

Conscientes, en cualquier caso, de que el actual modelo ha supuesto un avance decisivo tanto en términos cuantitativos como cualitativos, pero resueltos a avanzar en cuestiones en las que creemos que todavía queda mucho recorrido, como, por ejemplo, nuestra autonomía tributaria o nuestra contribución a la solidaridad.

Conscientes de que las causas fundamentales de los déficits públicos de nuestras administraciones son la crisis económica y la extraordinaria caída de los ingresos que está produciendo. Y de que por lo tanto es necesario recuperar un cierto nivel de ingresos, y no solo recortar gastos, para salir del circulo vicioso de déficit, austeridad y recesión, y propiciar medidas de reactivación de nuestra economía si queremos volver a la senda de la creación de empleo. Por esta razón, no solo estamos comprometidos con aumentar los impuestos de forma estructural a los que más puedan aportar, si no también propiciar un trato justo en nuestras relaciones financieras con el resto de España. Un trato que no nos penalice por nuestra mayor capacidad económica o nuestro mayor esfuerzo fiscal.

Pensamos que es una propuesta ambiciosa, que apuesta por compartir la llave de la caja con la Administración central, pero garantizando la última palabra para la Generalitat. Una propuesta justa, que pretende limitar la solidaridad a aquello que es estructuralmente imprescindible y que aspira al mantenimiento de la ordinalidad una vez ejercida. Una propuesta posible que toma como referencia la principal garantía jurídica de nuestro autogobierno, el Estatut, y evoluciona a partir de ella; que apuesta por un camino transitable y no por llevarnos a un callejón sin salida.

Acojo con optimismo la reacción sosegadamente positiva del president Mas ante nuestra propuesta. Me propongo, no obstante, hacer partícipe de la misma al resto de fuerzas políticas catalanas. Con el convencimiento de que nos podemos llegar a entender, como en muchas otras ocasiones, con ICV-EUiA. Sin renunciar a convencer a ERC de las posibilidades de nuestro realismo. Resuelto a no volver a cometer el error de dejar de antemano al PP fuera de un posible pacto. Convencido de que en este tema, como en muchos otros de país, la acción unitaria de una gran mayoría de nuestras fuerzas políticas solo puede beneficiar al conjunto de los catalanes y las catalanas.

El otro día, saliendo del acto de entrega del Premio Umbral a Manolo Longares, hice un amago de contarle a Esperanza Aguirre el angustiado comentario que acababa de soltar el presidente de Cantabria ante un grupo de directores de colegios: «Vamos desnudos, no tenemos un euro, no aguantaremos otro año así…». Más en forma que nunca, la lideresa tomó su habitual atajo interruptor -si ya sé lo que me vas a contar, para qué perder el tiempo en escucharlo- y me espetó sonriente: «Mira, yo soy la que mejor está… y estoy de puta pena».

Mientras se zambullía en su coche en una Puerta del Sol repleta de ansiedades, pensé que los hechos están dándoles dramáticamente la razón a quienes como ella, Aznar, Bono, Rosa Díez o Eduardo Serra, a través del Informe Everis, han alertado en los últimos meses de que el modelo de Estado autonómico apenas esbozado en la Constitución del 78 y materializado en la práctica mediante el expansionismo de las propias comunidades, se está convirtiendo en una insoportable rémora para España.

El afloramiento de este último medio punto adicional de déficit autonómico que ha llevado el del conjunto del Estado a un descomunal 8,51% en 2011, debería ser la gota que colmara el vaso. Por un lado, es evidente que Elena Salgado -hoy no merece ni la máscara de Calamity Helen, a ver si se le cae la cara de vergüenza- engañó al PP en el traspaso de poderes. El propio Zapatero se siente muy incómodo y cree que debe una explicación personal a Rajoy, pues avaló que el déficit estaría en todo caso por debajo del 7%.

Pero al margen de esta falta de transparencia que implica una grave quiebra de la responsabilidad del Gobierno anterior, lo esencial es que se ha corroborado la tendencia de los últimos años en los que tanto el déficit como la deuda autonómica están creciendo de forma galopante, a un ritmo superior a los de las Administraciones central o local.

Números cantan. Según la contabilidad nacional, mientras el déficit de la Administración central ha bajado del 9,4% de 2009 al 5,1% de 2011, en ese mismo periodo el autonómico subió del 2% al 2,94%. O sea, que mientras Zapatero recortaba un 56% el desfase fruto de su derroche anterior, las comunidades, insensibles a todas las alarmas disparadas, lo incrementaban un 48%. Y es muy significativo que las autonomías hubieran sido deficitarias incluso en los tres años gloriosos -2005, 2006 y 2007- en los que tanto el conjunto del Estado como la Administración central tuvieron superávit.

En lo que a la deuda pública se refiere, si tomamos como base el inicio de la crisis en aquel último trimestre de 2007 posterior a la caída de Lehman Brothers, vemos que la de la Administración central se ha incrementado un 83% y la de las autonomías nada menos que un 125%. Si tomamos como referencia el último año en que ya braceábamos a la desesperada, la de la Administración central subió un 14% y la de las comunidades autónomas un 22%.

Habiendo sido 2011 un año de elecciones autonómicas, nada tan fácil para los entrantes en junio como echar la culpa a los salientes y a la viceversa. Pero el hecho de que -aunque los gobiernos de los socialistas Montilla y Barreda se han llevado la palma de la irresponsabilidad fiscal- haya sido una comunidad gobernada antes y después por el PP como la valenciana, la primera en ver su deuda degradada al nivel del bono-basura, sugiere que aquí hay problemas transideológicos, inherentes a los vicios del sistema.

Mientras que el Informe Everis ponía el énfasis en la dislocación del mercado interior, el presentado hace un año por Faes anticipaba que el Gobierno central tendría «serias limitaciones para instrumentar la política de estabilización», que ya se preveía inexorable, como consecuencia tanto de la dispersión de los ingresos fiscales, como de la «falta de instrumentos eficaces para disciplinar el gasto» de las autonomías.

Aquel trabajo continúa siendo el mejor vademécum de cómo los efectos bautizados como fly paper (expansión continua del gasto), spillover (derramas colaterales o fronterizas) o soft budget (laxitud presupuestaria) han encontrado terreno abonado en unas comunidades autónomas que basan gran parte de su financiación no en el respectivo esfuerzo fiscal, sino en el maná de las transferencias pactadas cada cinco años con el Gobierno central de turno.

Consecuencia de todo ello ha sido que así como desde el comienzo de la crisis el número de funcionarios de la Administración central -militares y policías incluidos- ha subido en 33.000, hasta totalizar 533.000, el de las autonomías ha crecido en 201.000 hasta sumar la desorbitada cifra de 1.769.000, sin que en la mayoría de los casos se ofrecieran nuevos servicios a los ciudadanos.

La verdad última es aún peor: mientras que las comunidades destinaban de manera desafiante estos recursos materiales y humanos a la abierta «clonación de entidades u organismos para replicar la planta del Estado», al mismo tiempo iban gestando un sector público autonómico sumergido a base de miles de empresas, fundaciones y unidades de todo tipo cuyo agujero adicional se calcula en unos 60.000 millones.

El que buena parte de las comunidades destine más de un tercio de su presupuesto a gastos de personal es bastante elocuente de la ineficiencia de un modelo excesivamente descentralizado. No en vano España es con diferencia el país de la UE en el que el gasto público regional tiene más peso en el PIB, superando en casi cinco puntos a un Estado federal clásico como Alemania. En cambio, el gasto público de los ayuntamientos, una instancia menos impregnada de fantasías identitarias y más en contacto con los problemas reales de los ciudadanos, es el más bajo de los 25, junto a los de Portugal y Grecia.

Los signos externos de este disparate insostenible están bien a la vista. En España hay 77 universidades -algunas de ellas con campus múltiples porque, claro, no es cuestión que los chicos de Tudela tengan que desplazarse 70 kilómetros para estudiar en la remota Pamplona- donde en 1975 había 28 y hoy bastarían 40. En España hay 13 televisiones autonómicas que cuestan 2.800 millones al año y que sumados a los 1.200 de RTVE suponen nada menos que 4.000 millones en mucha propaganda y poco servicio público. En España hay 12 defensores del pueblo autonómicos sin utilidad alguna, consejos consultivos, tribunales de la competencia que no vienen sino a entorpecerla y, por supuesto, una voraz clase política encabezada por los 1.228 diputados de los 17 parlamentos autonómicos que, según un informe de nuestro colega ABC, gastarán este año 400 millones para «legislar diarreicamente» -Eduardo Serra dixit-, produciendo seis leyes por semana.

Que hasta ahora la única gobernante que haya tenido la valentía de cerrar una televisión pública haya sido la presidenta del Consell de Mallorca Maria Salom, o que los defensores del pueblo autonómicos tuvieran los bemoles de reunirse recientemente para sellar el acuerdo de defenderse a sí mismos con los sillones bien pegados al culo, son dos elocuentes indicios de lo estéril que es esperar que el sistema se autorregule de forma significativa, ni siquiera en una situación desesperada para las finanzas públicas como ésta.

El Gobierno de Rajoy parece fiarlo todo a la Ley de Estabilidad con sus límites y sus mecanismos sancionadores para las comunidades que los vulneren. Pero al margen de que sólo en 2020 está previsto imponer algo parecido al equilibrio presupuestario, ya hemos visto a escala europea la inutilidad de tratar de intervenir cuando lo irremediable ya ha sucedido. Sería lamentable que mientras en la UE se camina hacia una armonización de las políticas económicas de los estados miembros, en España se permitiera a las comunidades seguir jugando a la ficción de la soberanía financiera.

Como bien dijo Aznar al presentar el informe de Faes, «pensar que basta con seguir haciendo política de vuelo corto con el modelo autonómico, sería sencillamente dar la espalda a los problemas». El punto crítico de las previsiones económicas que acaba de presentar Rajoy bajo la mirada recelosa de Bruselas es el recorte del déficit autonómico en unos 15.000 millones. Si los mercados nos castigan a partir de mañana, será por el escepticismo que produce ese empeño. Es verdad que el Gobierno central tiene la llave del endeudamiento, pero las comunidades han desarrollado todo tipo de trucos para mantener su glotonería estando oficialmente a dieta; y en el mejor de los casos nos encontraríamos con el súbito adelgazamiento de quien, conservando el mismo traje, no espera sino a que el endocrino se dé la vuelta para recuperar peso.

No basta adelgazar. Hay que cambiar de traje. Por eso urge que Rajoy modifique sus planes, mueva ficha y lance al ruedo el toro de la reforma del Estado. Es decir, que además de reformarnos a los ciudadanos en tanto que contribuyentes (arrebatándonos hasta un 12% de nuestra renta disponible), asalariados (reduciendo notablemente los derechos por despido y facilitando la rebaja de sueldos) y consumidores de servicios públicos (recortando prestaciones a diestro y siniestro), los políticos se reformen también a sí mismos, podando drásticamente el frondoso entramado que alberga los nidos de su poder.

Esto implica que el PP desempolve su programa de 2008 y promueva otra vez la reforma de la Constitución, invitando al PSOE a retomar su propia posición de 2004. En algún cajón de Moncloa debe seguir esperándoles a ambos el dictamen encargado por Zapatero al Consejo de Estado en el que se propone «la superación de la apertura del modelo autonómico».

Es cierto que introduciendo en el actual modelo «más evaluación, transparencia y rendición de cuentas» podrían ahorrarse a medio plazo hasta 24.000 millones como sostiene un solvente informe de UPyD. Pero ha pasado la hora de las medias tintas. ¿Por qué no promover listados excluyentes de competencias, leyes armonizadoras en la línea de lo que intentó hacer la LOAPA, eliminación de duplicidades a través de la llamada Administración única, fusiones entre comunidades autónomas, supresión de diputaciones, agrupación de municipios, mecanismos de corresponsabilidad fiscal y control presupuestario previo sobre todas las administraciones, sometidas en definitiva al arbitrio de la soberanía nacional?

Sólo una reforma constitucional de esa envergadura nos cargaría de razón a la hora de pedir a la UE más tiempo para proceder a un ajuste escalonado del déficit y sólo una reforma constitucional de esa índole proporcionaría a Rubalcaba el suficiente protagonismo como hombre de Estado para no fiarlo todo a la desestabilización callejera del Gobierno. Si la jugada salió redonda en Alemania, ¿por qué no en España?

Rajoy está demostrando coraje personal y determinación política. Nadie duda ya que es un hombre de una pieza. Pero esta semana ha quedado claro, y se le ha notado hasta en la impotencia del timbre de voz, que a su proyecto le faltan envergadura y ambición para responder a la dimensión del desafío que encara. El déficit oculto de un Estado desmesurado y fuera de control ha comenzado a emerger ante él igual que Moby Dick surgió ante el bote de remos del capitán Acab. ¿Qué podían sus frágiles arpones contra la imponente inmensidad de aquella pared blanca?

Presentando a la ballena como reencarnación del monstruo marino Leviatán, Herman Melville quería hacer suya la prevención de Thomas Hobbes frente a la imparable tendencia expansiva del Estado. Para dejar constancia de la escala de la amenaza incluyó en su novela la siguiente descripción de la Teología Natural de Paley: «La aorta de la ballena es mayor de diámetro que la tubería principal de la instalación hidráulica del Puente de Londres, y el agua que ruge al pasar por esa tubería es inferior, en impulso y velocidad, a la sangre que brota del corazón de la ballena».

Pretender domesticar a la fiera, arponeándola con leyes superficiales es como tratar de detener a flechazos el avance por la pradera del gran caballo de hierro. Rajoy no tiene otra que sedar a la ballena, llevarla a la mesa de operaciones y cambiar por completo ese sistema hidráulico. Ojalá la próxima conmemoración del bicentenario de La Pepa le ayude a entender cómo la resistencia a reformar una constitución inadecuada para su momento histórico, es el camino más seguro hacia el desastre.

Es indudable que, en el uso de sus funciones reglamentarias, cualquier diputado o grupo parlamentario puede llevar a cabo las propuestas más sublimes o más necias que se les vengan a sus preclaras y luminosas mentes; las mismas que tan a menudo alumbran, a veces de modo totalmente inesperado, disposiciones legislativas destinadas a enriquecer la vida de quienes debieran ser sus representados, subvirtiendo la realidad al convertir a estos en aquellos; es decir, en unos representados delante de los que, de forma harto sutil, resulta que no son en absoluto responsables. Sucede así porque es probable, por no decir seguro, que, si en vez de ser responsables ante la cúpula dirigente de su partido, los diputados lo fuesen ante sus electores, sus acciones habrían de estar mucho más medidas y decantadas de lo que suelen estarlo con más frecuencia de la considerada prudente.

Por poner a los lectores algún ejemplo que pueda cogerles de soslayo, se recordará aquí la ocasión en la que el hoy algo fragmentado Bloque Nacionalista Galego (BNG) llevó a la Cámara de Galicia una proposición gracias a la que, en sus pruebas de acceso a la universidad, los estudiantes gallegos pudiesen hacer sus exámenes en cualquiera de las tres normativas ortográficas entonces en vigor, más en otras dos que parecían asomar la oreja, o en cualquier otra que lo hiciese en el futuro. Cuando los grupos se disponían a votar a favor de tal medida, se levantó un irónico diputado independiente que, por considerarla en su más democrática extensión, pidió la aplicación de tal norma a los exámenes en español, inglés o francés. Al considerar que eso significaría la admisión de faltas de ortografía y que esa realidad sería la misma aplicada al caso del gallego, la propuesta del BNG, con gran escándalo, fue desechada. Nunca un partido nacionalista había pretendido hacer tanto por la destrucción del idioma que quería defender sin darse cuenta de que debería hacerlo de sí mismo y de unos dirigentes políticos que las hacían sin pensarlas.

UNIÓN PROGRESO y Democracia (UPD) lleva ahora a la Cámara española otra proposición no de ley en la que insta al Gobierno, como otrora hiciera el BNG, a que recupere por ley las denominaciones oficiales en castellano de provincias, ciudades, municipios y accidentes geográficos en las comunidades con lengua propia. A quien suscribe le vienen a la mente aquellos no tan lejanos tiempos del franquismo en los que algunos topónimos gallegos fueron objeto de castellanizaciones como las que ahora pudieran estar siendo reclamadas. Por ejemplo, Niñodaguia (niño da águia) es decir, Nido del águila, fue hermosamente traducido por Niño de la guía, con lo cual algo elevado se vio reducido a poco menos que una estampita de las hermanitas de cualquier orden religiosa surgida alrededor de la figura de un rubicundo y rubito infante, armado con una vela encendida para enseñarnos a todos el camino de la salvación.

Abundan los ejemplos de este tipo y en cualquiera de los territorios españoles con lengua propia, una geografía y un clima singularizados, por no insistir en otro tipo de diferencias, se podrían exponer ahora a tal respecto. Nos limitaremos a recordar otro en gallego: Burato da Londra devino en Agujero de la Alondra, cuando en gallego londra significa nutria y un burato fuese, en esta ocasión, una madriguera, que, en gallego, también se dice tobo. Sería curioso ver, por ejemplo, si a partir de la iniciativa de UPD nombres hermosos como el de Pazo da Golpelleira (Pazo de la Guarida del Zorro) podría incitar a Antonio Banderas a su compra. ¡Ah, qué cosas! Si eso es, como pretende UPD, bilingüismo real, que baje de nuevo el Pentecostés y que lo vea.

Como la propia UPD indica, los topónimos son patrimonio cultural inmaterial y mejor es respetarlos. Cuando las lenguas son utilizadas políticamente, cuando se convierten en un instrumento político, suelen armarse marimorenas que si llevan a alguna parte esta no suele ser nunca grata. No fue, la recuperación de topónimos, tal como afirma UPD, «una forma de esterilización cultural destinada a eliminar todo vestigio del adversario y su cultura», sino más bien una recuperación de la pureza de una realidad construida, como toda realidad humana, a base de palabras. Las lenguas no son enemigas de las otras lenguas, e históricamente el uso que propone la UPD es lo que ha podido convertir en enemigos a unos pueblos de otros. Si podemos aceptar con toda naturalidad que ahora algunos escriban y pronuncien Beijing en español, cuando siempre escribimos y dijimos Pekín, por qué no hemos de decir Lleida donde Lérida. ¿Tan poco esfuerzo se necesita en un caso y tanto en otro?

ESTÉNSE tranquilos los algo arrebatados miembros de UPD que ha de ser el uso, ha de ser la gente ,quien acabe imponiendo el topónimo que la conciencia colectiva dicte, no las disposiciones políticas. Ni siquiera las académicas han de hacerlo. Al menos si es cierto que las academias han de sancionar el uso, han de reconocer y fijar el uso de lo que la sociedad decida, pues son criterios sociológicos los que determinan las realidades lingüísticas y nunca estas o aquellas decisiones impositivamente tomadas.

No es por exceso de ambición, ni por ánimo de lograr lo imposible, pero debo confesar que apuesto tanto por la victoria del Real Madrid como por la del F.C. Barcelona. Habrá quien diga que esta afición poco inteligible surge de mis circunstancias personales: gracias a mi educación y residencia fuera de España carezco de manías excluyentes y tengo vínculos familiares tanto con la capital como con la Ciudad Condal. Vínculos, por cierto, a los que se suman dos hechos entrañables: dediqué un libro a la historia de Barcelona, y el fundador del Sky Club de Fútbol, predecesor del Real Madrid, era un pariente lejano.

Pero, insisto, mi capacidad de animar a ambos clubes es una actitud práctica y racional. Ambos respiran una honradez especial por ser clubes auténticos, propiedad de sus socios y no de un pez gordo de esos que contaminan el deporte con su vanidad. Claro que esa honradez cuenta cada vez menos: me parece una lástima que el Barcelona haya sustituido el anuncio de Unicef por el de Qatar Foundation en su camiseta, y que el Real Madrid prostituya su zamarra anunciando una casa de apuestas. También lamento la miopía nacionalista que a veces nubla la visión culé, pero en definitiva, cuando se encuentran los dos en un partido, siento alegría por los vencedores y piedad hacia los vencidos.

Mi reacción se debe sobre todo al hecho innegable de que ambos clubes son españoles. Aun desde una óptica separatista hay que reconocer el valor histórico de este hecho: España y Cataluña llevan medio milenio de suerte compartida. Es imposible, lógicamente, ser separatista sin reconocer que existe un país del cual separarse. Los vínculos de gustos, de cultura, de experiencias históricas comunes son más fuertes entre los españoles de todas las comunidades que entre nosotros y nuestros vecinos. Ello nos garantiza una simpatía recíproca y una identidad trascendental.

La identidad es como una tarta con varios niveles de relleno. Córtala por donde quieras y todos los niveles se exponen simultáneamente. Es posible sentirse catalán (o vasco o gallego) y al mismo tiempo español, europeo o ciudadano del mundo entero, y conceder la simpatía y el respeto correspondientes a todos los que comparten cada nivel de conciudadanía.

El fútbol, como dijo alguna vez un gran sabio, no es política, sino que es mucho más importante. Pero a veces sirve de guía para elaborar una estrategia política acertada. Para el nuevo Gobierno, la mejor manera de fortalecer la unidad de España sería reconocer, a través de las rivalidades futbolísticas, que la identidad española es conflictiva y que esa pelea es como un entrenamiento para que la nación -nacida de naciones- se vaya construyendo. Del conflicto nacen colaboraciones.

Remito al ejemplo del Reino Unido, donde los partidos de fútbol o rugby entre Inglaterra y Escocia comparten el mismo espíritu de desafío mutuo como los que disputan Madrid y Barcelona. El primer ministro británico, David Cameron, a pesar de ser conservador y de mantener una política inflexible de unidad nacional, ha acertado al darse cuenta de que la mejor política para contener el separatismo escocés es intentar reproducir, en el campo político, la atmósfera de los estadios de Wembley o Murrayfield. Así, no sólo admite que Escocia debe votar en un referéndum sobre la independencia, sino que pide que se convoque lo antes posible. Cuenta con el factor de que, aunque la mayoría de votantes escoceses optó por los independentistas en las recientes elecciones, sabían perfectamente al depositar la papeleta que esa independencia ni se lograría ni se buscaría con seriedad. Los sondeos más recientes apuntan a que hay más entusiasmo por una Escocia independiente en Inglaterra que en la misma Escocia.

Espero que el PP, que sigue una trayectoria semejante a la de los conservadores ingleses, siga el ejemplo de Cameron frente a los separatismos de Cataluña, Galicia y País Vasco.

Por supuesto, para un referéndum lo fundamental son la formulación de la pregunta y la denominación de los que tienen derecho a votar. En el caso escocés parece que la pregunta será algo muy sencillo y claro: «¿Quiere usted que Escocia siga formando parte del Reino Unido?». El problema de los votantes es más difícil de arreglar, ya que lo justo sería que todos los que tendrían derecho a ser ciudadanos de una Escocia independiente deberían poder votar. Pero, ¿quiénes son?

En españa, por ejemplo, habría que conceder la ciudadanía, digamos, de un País vasco independiente a todos los actuales habitantes de la comunidad, incluso a los que no tienen ascendientes vascos y aun a los que proceden de fuera de España. Luego hay que tener en cuenta el hecho de que hay varios vascoparlantes en Navarra, y es probable que un Estado vasco quisiera ofrecer a los navarros la posibilidad de pertenecer a la nueva entidad; pero la gran mayoría de navarros rechazaría la idea. En cuanto al País Vasco francés, es impensable que quienes allí se consideran efectivamente vascos sean admitidos en un referéndum español. Y en toda España hay una cantidad enorme de vascos dispersos por todas las autonomías. ¿Se les permitirá votar? Y si no, ¿cómo se justificará su exclusión? ¿Y qué será también de los vascos desperdigados por el mundo que no aparecen en los registros de residentes?

Sugiero que el Gobierno de Rajoy prepare una serie de consultas sobre la independencia en las regiones donde existen movimientos separatistas, y que se elabore, como paso preliminar, un registro de votantes que admita un solo criterio: que todos los ciudadanos españoles que se consideran vascos, catalanes o gallegos puedan registrarse. La autoidentificación es la única base admisible, ya que la identidad surge desde dentro, y no puede definirse por fórmulas burocráticas.

Los resultados de esas consultas, no me cabe duda, serán favorables a mantener la unidad de España. Hasta las elites nacionalistas saben en las entrañas que necesitan a España, ya que sin ella les abandonarían sus votantes, se interiorizarían sus odios y se quebrantarían sus partidos. Pero no es por eso por lo que el Gobierno debe autorizar las consultas, sino porque a fin de cuentas la democracia exige aceptar la decisión de una comunidad histórica si quiere separarse. Lo hicieron los checos cuando los eslovacos optaron por su independencia. Si los quebequenses hubiesen elegido la ruptura, los demás canadienses les hubieran felicitado amablemente. Aun en países mucho menos demócratas que el nuestro se han aceptado las secesiones -de Timor del Este, por ejemplo, en el caso de Indonesia, y de Sudán del Sur en el caso sudanés-.

Y si lo peor sucediese, y los catalanes o los vascos o los gallegos votaran para quebrar el Estado español, España seguiría en vigor a un nivel trascendental, como parte viva de la historia de todos los españoles. Sería para siempre la morada vital de todos, el marco de características culturales compartidas que son la herencia ineludible de nuestro largo pasado, juntas en el crisol español. Y las rivalidades deportivas, por supuesto, seguirán tan robustas como siempre, y seguirán siendo parte de esa conflictividad unificadora que es tan española. Así que apostamos tanto al Barcelona como al Madrid. Aun apostando sólo a uno, sea cuál sea, apostaremos a España.

Pero veamos, ¿tiene algún sentido que los referentes catalanes de las fuerzas políticas españolas mayoritarias se den la espalda en esta cuestión? ¿Mantienen puntos de vista tan alejados como para que no sea posible un acuerdo? Creo que no. Es más, en las actuales circunstancias resulta sorprendente que esto no ocurra, lo que solo es atribuible a unas inercias que impiden explorar otras vías. En un momento en el que CiU plantea abiertamente la llamada «transición nacional» hacia la independencia, en cuyo recorrido sitúa el logro del confuso pacto fiscal como primera estación, me pregunto: ¿por qué no hablan socialistas y populares? Es cierto que les separan muchas cosas. La primera, que el PSC es catalanista, mientras que el PP es una fuerza históricamente refractaria a esta tradición. La segunda, que pesan todavía muchos enfrentamientos recientes: el crispado proceso de reforma estatutaria y el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los populares. Pero en política los tiempos van muy deprisa. Y si Artur Mas, que en su día fue al notario, ha normalizado al PP facilitándole el acceso a las alcaldías de Badalona o Castelldefels y dándole la mitad del poder en la Diputación de Barcelona, la pregunta es: ¿puede el PSC, sin ser tachado de antipatriota, emprender un diálogo sobre financiación con el PPC? ¿Y sobre qué bases?

Pues bien, la base de este diálogo es el Estatut, que ahora el PP acepta tras la sentencia del Tribunal Constitucional y donde aparecen unas disposiciones en materia de financiación que, en gran parte, fueron recogidas en el modelo firmado en el 2009. Pero lo interesante, justamente, es que el Estatut va más allá y permite que la fórmula de la corresponsabilidad fiscal entre el Estado y la Generalitat dé un nuevo salto el año que viene, que es cuando toca revisar la LOFCA. Me parece que hay dos aspectos que permitirían a socialistas y populares alcanzar un acuerdo básico, ampliable a otros grupos autonomistas o federalistas, como son ICV-EUiA y Ciutadans. Por un lado, el Estatut habla de la creación de un consorcio tributario entre ambas administraciones para compartir la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos en Catalunya. Una de las posibles virtudes de este consorcio es que permitiría mejorar el sistema de anticipos, donde están los polémicos 1.450 millones de euros del Fondo de Competitividad, o reducir el impacto de las futuras compensaciones por un exceso de valoración (motivo por el cual la Generalitat debe ahora al Estado casi 800 millones). Su creación mejoraría la corresponsabilidad y la suficiencia fiscal, y evitaría el triste espectáculo de la deslealtad institucional. Por otro, PSC y PPC comparten la afirmación de que Catalunya necesita más recursos y que es de justicia que se reconozca el esfuerzo fiscal de los catalanes. En este sentido, la revisión de la LOFCA debería ir orientada a que Catalu-

nya, en palabras del diputado popular Enric Millo, conserve la misma posición relativa anterior a las aportaciones económicas de solidaridad con el resto de España. Una afirmación que ha sido también reiterada por la socialista Rocío Martínez. Solidaridad pero respetando la ordinalidad, este es el camino.

Pero es que, además de estas coincidencias, ambas fuerzas discrepan de la propuesta política de CiU. Los nacionalistas creen posible que, sin salirse de la LOFCA, Catalunya se separe del régimen común alcanzando un modelo parecido al concierto económico, propuesta que, la verdad, raya el ilusionismo jurídico. De entrada, porque queda fuera de lo que dice el Estatut y, probablemente, es anticonstitucional. Encima, las posibilidades de que políticamente prospere son nulas. Por tanto, lo sensato es apostar por una nueva mejora del modelo actual, lo que no es poca cosa teniendo en cuenta que desde el 2009 Catalunya está ya por encima de la media en financiación.

Creo que al PP catalán le interesa ir a Madrid con una propuesta propia, que se adecue a lo que dice el Estatut. Y al PSC le conviene romper el pimpón entre CiU y PP, que en esta cuestión puede acabar en un fatal descarrilamiento. En el 2013, pues, hay tres escenarios posibles: el inmovilismo, la frustración o el pacto. Los dos primeros se retroalimentan. Ahora bien, la alternativa al salto en el vacío que nos propone CiU no puede ser quedarnos sustancialmente como estamos, sino lograr que el modelo autonómico avance de nuevo hacia una corresponsabilidad fiscal de inspiración federal (aunque algunos jamás querrán llamarlo así).

Por Joaquim Coll, historiador.

Dirigir una empresa significa una actividad global que requiere tanto la experiencia y el sentido común como la filosofía y la organización del trabajo. La finalidad de la gestión concierne a la parte racional de la actividad humana y es una adaptación permanente al cambio. Gestionar mal es un peligro para la libertad, porque eso significa dejar que una fuerza distinta de la razón condicione la realidad.

Esto no supone un cambio de bando vergonzante de los intereses sociales. Hoy es posible y necesario superar la tradicional relación hostil y un tanto esquizofrénica entre técnica organizativa (gestión eficiente) y progreso de los trabajadores. Esta dicotomía ha sido generada tanto por la presencia de elementos ideológicos no depurados como por la ausencia de análisis dialéctico. Actualmente se dibuja un perfil de técnico y de funcionario con talento, la posibilidad de un conocimiento culto y humanista de la gestión, libre de contingencias mecánicas por la explosión de la informática, y liberado también de la beligerancia social, ya que no tiene porqué plantearse en términos de conflicto sino de diálogo y comunidad de intereses. Una empresa, privada o pública, se administra, en su especificidad, según algunos principios comunes: organización, estrategia, poder y control. Cada empresa se articula en torno a su propia misión. Y el gestor tiene que saber quién es, dónde está y dónde va, antes de ir a la acción.

Con la crisis, se habla excesivamente de financiación y economía, pero menos de calidad, concepto que antes era la idea catalizadora de todo proceso productivo. Hay que volver a hablar de calidad y evaluación de la calidad, marcar objetivos claros de mejora y de rendición de cuentas, elaborando indicadores de gestión y de rendimiento. Ahora que aparece la racionalidad como imprescindible en la gestión pública, es el momento idóneo de transformar la amenaza en oportunidad, introduciendo cambios organizativos profundos, gestión estratégica, planes de calidad y mejorar la distribución interna de recursos.

Posiblemente este artículo sea excesivamente teórico y el lector exija una mayor concreción. Pues bien, aunque sea al final, pienso y digo que la administración pública en general es una empresa sin jefes y sin organización; está deficitaria de planificación y de objetivos claros. Sin embargo, hay funcionarios magníficos insuficiente motivados y otros funcionarios, los menos, incumplidores de su función y profesionales del escaqueo. Lo perverso del sistema es que ambos grupos de funcionarios son igualmente tratados, lo que desmotiva aún más al probo funcionario. Una de las causas de esta situación es la indefinición del concepto y de la función del directivo profesional en la administración pública. El EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) toca esta cuestión por primera vez pero no la resuelve. Otro factor incidente es la excesiva politización de la administración, lo que resta posibilidades a la implantación de una más eficaz y eficiente profesionalización. Y, por último, no es menos perjudicial para este reto la corrupción (de políticos y funcionarios), y lo que aún es peor, la excesiva tolerancia social con la corrupción.

Con el artículo ya finalizado, percibo la gravedad del asunto tratado, por lo que volveré a reflexionar sobré él.

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El problema de fondo que late en todo el artículo anterior y en éste es el análisis de los niveles políticos de las administraciones y de las relaciones entre política y administración. Ambos campos están muy relacionados ya que la política, por medio de las administraciones públicas, administra los recursos de la sociedad. Por eso, la Administración necesita de la política para llevar a cabo sus funciones principales.

Según el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Creo que esta declaración es un buen espejo donde mirarse todos para saber qué podemos esperar y qué debemos exigir a la Administración.

A nivel territorial, la Constitución de 1978 divide la Administración pública en tres niveles como consecuencia de la definición de un Estado fuertemente descentralizado:

• Administración General del Estado: es la administración central de todo el Estado español, encargada de llevar a la práctica el programa del Gobierno y de satisfacer los intereses generales.
• Administración autonómica: compuesta por todos aquellos organismos que gestionan competencias atribuidas total o parcialmente a las regiones y nacionalidades de España.
• Administración local: comprende las competencias que tienen atribuidas los municipios, las diputaciones provinciales o forales y los cabildos insulares.
• Otras Administraciones: por ejemplo, la Universidad.

En todas las administraciones públicas mencionadas anteriormente existe la problemática funcional y competencial entre políticos y funcionarios. Como una referencia del proceso habido desde el siglo XVII, tras el final de la monarquía absoluta y su sentido patrimonial de la Administración Pública, la doctrina política liberal gira alrededor de la idea de la protección y la libertad del individuo. De ello se deriva la separación de poderes: política y administración. Posteriormente, Max Weber consolidará el modelo legal racional weberiano de una Administración que está separada del y subordinada al poder político. Con Weber, sólo el político es responsable porque usa valores e ideologías. No así el funcionario, que ejecuta las propuestas del político.

Actualmente, tras la Segunda Guerra Mundial, la Administración se vuelve más compleja y se necesitan funcionarios con una mayor cualificación técnica en las distintas dimensiones de la Administración. Esta fase se conoce con el nombre de Nueva Gestión Pública. En ella se producen una serie de reformas administrativas que involucran una gestión por objetivos, usa indicadores de gestión, tiene un claro enfoque hacia el cliente de los servicios, no desprecia la externalización de aquellos servicios no esenciales, sin perder nunca el control y la propiedad del proceso. Y sobre todo, utiliza la evaluación como instrumento para mejorar los procesos productivos de servicios.

En teoría, el sistema debería funcionar perfectamente, ya que conceptualmente y competencialmente el asunto está claro. Sin embargo la percepción social es que funciona mal. En mi opinión, dos son los grandes problemas de la Administración: uno por comisión, la corrupción; y otro por omisión, la eficacia-eficiencia.

La corrupción es un abuso de poder que supedita el bien general al beneficio propio. Mediáticamente brilla más la corrupción de los políticos, pero históricamente es más constante la corrupción de los funcionarios. Aún más, los políticos no podrían corromperse sin la cooperación necesaria del funcionario, mientras que éste goza de mucha más autonomía para sus tropelías. El exceso de burocracia, que suelen mostrárnosla como una consecuencia de la complejidad, no es más que la telaraña que oculta la corrupción. Si hubiese una gestión ágil y transparente no habría corrupción.

La eficacia-eficiencia (hacerlo bien optimizando los recursos) es una consecuencia de la ausencia de auténticos directivos, con todo lo que la Nueva Gestión Pública conlleva, y de una inexistente coordinación político-administrativa que nos arrastra a la estéril compartimentación de servicios, que sirve para justificarse los políticos y funcionarios pero que deja a la sociedad sin una respuesta rigurosa a sus demandas.

Por Mariano Berges, profesor de Filosofía.

Al mismo tiempo, y puesto que es conveniente no olvidar los demasiado cercanos tiempos en los que desde las más altas instancias del Gobierno central se afirmaba que el concepto de nación es «discutible y discutido», es preciso plantear el significado del término nación, en este caso aplicado a España. Pues tan cierto como que el término es discutible y discutido, es que se pueden y se deben distinguir algunas definiciones de nación que ayudan a precisar el lenguaje y a hacer explícito el sentido en el que se usa el término cada vez que se hace.

El término nación comienza a ser utilizado políticamente con el liberalismo, con la revolución liberal en Europa. Por eso es el concepto de nación en sus comienzos un concepto revolucionario. Como bien explica José Álvarez Junco -Mater Dolorosa-, los problemas de España para consolidarse como Estado nacional tienen que ver precisamente con las dificultades de los conservadores para hacer suyo el concepto de nación, que, por sus orígenes, les resultaba extraño. Cuando los conservadores hacen suyo el término es cuando España da un salto importante en su consolidación como Estado nacional.

Nación en el sentido liberal, revolucionario, es un concepto eminentemente político. Define a una comunidad política. Es la sociedad que se constituye en comunidad política para actuar como un sujeto político colectivo en virtud de su propia voluntad, y que queda representada en las instituciones decididas por la voluntad popular. Rompe con la encarnación de la nación por el monarca, por el rey.

Esta dimensión política se da ciertamente en sociedades que luego han sido culturalmente homogéneas, aunque en el momento en que se constituyeron como comunidad política no lo fueran. Esta realidad, ocultada por el devenir, convertido en mito, de Francia como paradigma del Estado nacional, debe ser rescatada para entender lo que significa la nación política: una comunidad en la que lo que une a quienes la conforman es la idea de ser ciudadanos, sujetos de derechos, y no pertenecientes a una comunidad lingüística o cultural. La Francia de la revolución francesa era una sociedad en la que convivían más de 90 lenguas y patois, y hay quien afirma que la definitiva homogeneización cultural y lingüística de Francia no se produce hasta 1918, sobre la fuerza de la frase mort pour la patrie: habría sido la experiencia de la Gran Guerra, como la siguen llamando los franceses, la que habría hecho la homogeneidad de Francia y de los franceses.

Pero sí es importante tener en cuenta que la experiencia española -la asunción por los conservadores del concepto revolucionario y político de nación- es una experiencia europea, en la que el concepto de nación se transforma al fusionarse con el segundo concepto de nación que nace en la modernidad: con el concepto romántico de nación. Este concepto subraya la comunidad de cultura y de lengua como lo constitutivo de una identidad colectiva. Y si bien este concepto romántico, en un principio -con Herder y Humboldt- era perfectamente compatible con una idea humanista y cosmopolita de la política, se viste de una ropaje directamente político con Fichte y sus Discursos a la nación alemana frente a la invasión napoleónica: un concepto cultural de nación se dota de un significado político en el que las dos tradiciones conceptuales de nación se fusionan para dar lugar a lo que el historiador alemán Hagen Schulze -Estado y nación en Europa- denomina la nación integral o imperial primero y luego total.

La comunidad política de la nación liberal es ahora una comunidad en la que al ciudadano se le sobrepone y se le impone -el imperialismo es de doble dirección, hacia fuera y hacia dentro de la propia sociedad- una identidad cultural, un sentimiento de pertenencia colectiva marcado por una misma lengua, una misma tradición, una misma cultura y una misma identidad. Esta fusión de concepto político y de concepto cultural es la semilla de la tragedia de Europa en el siglo XX.

La evolución de las sociedades democráticas europeas después de la Segunda Guerra Mundial va en la dirección de superar esa fusión y abrir posibilidades para que la identificación entre la identidad personal, la pertenencia al grupo por medio de la misma lengua y de la misma cultura, y el derecho de ciudadanía se ablande, se abra, de forma que, al igual que para gozar de los derechos de ciudadanía no es necesario ni ser católico, ni ser protestante, ni ser agnóstico o ateo, tampoco es necesario poseer una identidad obligatoria, ni poseer un sentimiento de pertenencia obligatorio. Los derechos humanos que están en la base de los derechos ciudadanos proclamados por todas las constituciones democráticas lo son sin consideración de lengua, cultura, identidad o sentimiento de pertenencia.

España ha hecho un gran camino, pese a todas las críticas de los nacionalismos periféricos, en esta dirección, aunque nada hay perfecto. El problema de España no reside tanto en la nación cultural española sino en los nacionalismos periféricos que en lugar de superar el nacionalismo español de finales del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, lo mimetiza, lo reproduce en los mismos defectos. Por eso, el problema del reconocimiento del plurinacionalismo de España no está en el Estado, sino en los nacionalismos catalán y vasco y el socialista vasco Jesus Eguiguren, que son incapaces de pensar Euskadi y Cataluña como entidades a su vez plurinacionales.

Lo que suele suceder con estas dinámicas históricas es que se refuerzan mutuamente. De la misma forma que los nacionalismos catalán y vasco reproducen el nacionalismo de Cánovas -y lo siguen haciendo aún hoy, aunque España ha cambiado radicalmente-, podría producirse que resurja un nacionalismo español mimético a los nacionalismos periféricos, volviendo la rueda a su estado inicial, algo que vendría muy bien a estos nacionalismos para legitimarse.

Pero España no necesita volver a un nacionalismo político-cultural cuando puede desarrollar un nacionalismo patriótico y un patriotismo constitucional eminentemente político, que sin negar la existencia y las grandezas -y miserias- de la tradición española, se enorgullece con razón de la conquista política y democrática llevada a cabo con la Constitución de 1978 que implica su constitución como comunidad política integrando e incluyendo distintas lenguas, identidades, culturas y pueblos. Nada más grande que este nacionalismo político, que esta idea de Nación política superadora, que no negadora, de identidades y culturas.

Como escribe acertadamente Maurizio Viroli -Por amor a la patria-, nada hay más grande que estar orgulloso de las reglas, leyes y normas que aseguran la convivencia de los distintos individuos en paz. Eso es la nación política, eso es la democracia, esa la gran cultura constitucional que nace con la revolución francesa y para cuyo abandono no existen razones de peso.

Esperemos que quienes empiezan a hablar ahora con fuerza de recuperar el discurso de la nación española sepan lo que están haciendo y tengan en cuenta la tradición europea de la que provenimos, con sus grandezas y con todas sus miserias, que tengan en cuenta que las grandezas están unidas al concepto de nación política, y que sus muchas miserias se deben a la trágica unión de los dos bien distintos conceptos.

Por Joseba Arregi, ex consejero del Gobierno Vasco, ensayista y presidente de Aldaketa.

Una referencia interesante la constituye la fortísima crisis que la mayor parte de Europa atravesó durante el convulso siglo XVII. Según los mejores historiadores de la época, la causa fundamental hay que buscarla en la profunda debilidad estructural que padecían las monarquías renacentistas. Su poder había crecido exponencialmente a expensas de las ciudades del continente, las viejas forjadoras de la civilización europea; en definitiva, a expensas de lo que hoy llamaríamos la sociedad civil. La virtud del autogobierno cívico claudicando paulatinamente frente a la rapacidad y al irresponsable exhibicionismo de los príncipes.

Durante la bonanza económica todo pareció ir bien. La burocracia crecía incesantemente multiplicando los puestos de cortesanos y funcionarios, ofreciendo así nuevas posibilidades de ascenso social. Los edificios públicos, los palacios, las escuelas, colegios y monasterios, proliferaban como caídos del cielo. Sin embargo, pagar todo eso no resultaba fácil, especialmente cuando las crisis financieras empezaron a convertirse en algo crónico. Los príncipes acudieron cada vez más al socorrido recurso de utilizar los oficios públicos como fuente de financiación, dejando libertad a sus usufructuarios para compensarse a sí mismos a costa de la nación. En toda Europa, no sólo en España, las monarquías siguieron la misma pauta. No había otra salida. La sutil línea divisoria entre los ingresos legítimos y la pura y dura corrupción se borró completamente. El número y cuantía de los impuestos se multiplicaban a la vez que las redes clientelares adquirían proporciones gigantescas, creando oficios sin aparente fin.

Como ha ocurrido siempre, el oficio creaba su propia función, y no la necesidad el oficio, por lo que el resultado final terminó siendo una burocracia parasitaria completamente insostenible. A partir de 1620 el malestar en todas las naciones de Europa es patente. Proliferan los memoriales exigiendo reformas. Los príncipes son conscientes del problema, pero su capacidad de autorreformarse es muy escasa. ¿Hay algo más difícil que el que una poderosa burocracia pueda reducirse y limitarse a sí misma?

Por eso, allí donde se logró, fue a través de una mayor o menor dosis de revolución, como en Inglaterra y Holanda, o incluso moderadamente en Francia, aunque no lo suficiente como para evitar la grande del final del siglo siguiente. En España, por el contrario, la burocracia era demasiado imponente como para poder ser retada por una sociedad civil muy débil. Durante las grandes crisis del XVII, mientras la economía se contraía, los oficios no sólo no disminuyeron, sino que crecieron cada vez más. El resto es historia conocida.

Hoy vivimos un momento muy semejante: la economía se contrae, los impuestos suben y los oficios no disminuyen (es más, el número de entes autonómicos se incrementó un 23% entre 2009 y 2011). Los que tienen que reducir esta burocracia política, que se extiende desde el Estado central hasta las CCAA, diputaciones y ayuntamientos, con su entramado de organismos y empresas públicas, cámaras legislativas, consejos consultivos, cajas de ahorro, órganos de control redundantes y demás parafernalia, son los mismos que la usufructúan. En ese entramado, como no podía ser de otra manera, ha penetrado la corrupción hasta lo más profundo de la red, en forma de comisiones, astillas y apaños de toda índole. Es éste precisamente el efecto más pernicioso de las burocracias parasitarias: su capacidad de contaminar con sus prácticas ventajistas casi todos los sectores sociales y de hacer cómplices por doquier.

La historia no tiene por qué repetirse, porque, a diferencia de la época de las cortes renacentistas, nosotros vivimos en una democracia. Con muchas limitaciones, sin duda, pero en la que la sociedad civil tiene un papel institucional que jugar. Pero debemos de ser muy conscientes de que, en esa tarea, la burocracia política, pese a representarnos, no va a ser nuestra aliada. El cambio político no arregla nada por sí sólo, como demuestran las tímidas medidas del nuevo Gobierno. Crear oficios es muy sencillo, eliminarlos, algo mucho más complicado.

Los memoriales, los estudios, los informes, son sin duda importantes para tomar conciencia de la gravedad del problema, pero no son el principal recurso en una democracia. No se trata de hacer ver educadamente a nuestro soberano la necesidad de la reforma, incluso en su propio beneficio. Se trata, por el contrario, de ordenar a nuestros empleados políticos que adopten las medidas necesarias para ello. Encontraremos resistencias, pero a partir de ahí es responsabilidad de cada uno hacer sentir el peso de su inconformismo y de su protesta por las vías que un Estado democrático y de Derecho ofrece. Sólo de ello dependerá el resultado final.

Por Rodrigo Tena es notario y editor del blog ¿Hay Derecho?

El escritor-embajador combatía el viejo cliché del español de sangre caliente, habitado por el odio, que se veía arrastrado a pesar suyo, como única manifestación de su personalidad, a adoptar posiciones extremas de guerra civil y no pudiera escapar a la maldición bíblica de la violencia y la sangre derramada. «No estamos condenados a ser cainitas y abelianos, verdugos y víctimas de nosotros mismos. Aquí está la prueba: la colonia española en Londres. Si fracasáramos, no digo los republicanos sino los españoles, será menester que con las lágrimas de Boabdil en los ojos nos dispongamos a abandonar por el foro el escenario del mundo y a llorar como mujeres lo que no supimos conservar como hombres».

Salvo el evidente machismo de la frase final, que resulta un tanto anacrónica con respecto al sentido común, no a las turgencias ideológicas de Bibiana Aído y las mujeres de la cuota, hay que rubricar esa España que pudo haber sido, que fue, y que resultó tronchada por las apetencias intolerantes. A los que nunca hemos estado en la equivalencia nos cuesta demasiado encontrar el talante del liberalismo y del reformismo social en la boca de quienes se levantaron con espíritu cuartelero y ánimo de guerra carlista a destiempo. Y sentimos que el franquismo, heredado de la voluntad de uno de los contendientes, nos llevara a la amputación moral de la idea de España, patrimonio considerado suyo por el integrismo más torpe y menos relacionado con el envidiable liberalismo conservador de Europa.

Resulta difícil de asimilar que, a falta de un sentido de pertenencia a una nación, por la que sólo podía transitarse en el camino de la adhesión al régimen, se consolidara el sarcasmo de una historia con marcha atrás despachada en el relicario del nacionalismo catalán o vasco, al que se han unido los caciquismos a lo Romanones o La Cierva que toman cuerpo, cuando astutos líderes regionales se dan cuenta de la inutilidad política del narcisismo nacional.

Esta hora de España con un nuevo gobierno dispuesto a tapar los agujeros de las arcas y baúles de la nación puede ser el tiempo de la normalización de un país, cuya cultura política estaba derivando hacia una situación dramática de exclusión, de competencia entre territorios, de creencia en que los derechos de unos españoles podían ser una agresión a los derechos de todos. Que la diversidad podía camuflarse de desigualdad según la zona en que se resida.

Los momentos en que una sociedad se interroga no son zonas históricas de lamentación, de incitación al conflicto artificioso. Por la igualdad de todos debe restablecerse la normalidad que nos vincule a nuestro entorno europeo y satisfaga el mandato constitucional, según el cual el poder radica en el pueblo español, del que derivan todos los poderes del Estado. No es una afirmación retórica de españolismo rancio, es la plasmación de una nación frustrada tantas veces y hoy capaz de realizarse en la constante perfección de lo que se acordó en los difíciles años setenta del pasado siglo.

Ahora que se anuncian cambios deberíamos detenernos a pensar cómo se nos ha arrebatado la posibilidad de ser españoles no meramente constitucionales, sino ciudadanos cuyo afecto por la patria se asienta en el terreno de las emociones, en el gozo de sentirse parte de una tradición que no se asume con el aire de una patética eucaristía, donde los imperios y las decadencias se transustancian en desvaríos fascistas o en melancolías regeneracionistas. Esa pérdida del ser de España no se refiere a una metafísica como la que atormentó a los noventayochistas y, después, a los ejercicios literarios de los vencedores en 1939. Es el sentimiento de orfandad y desgarro que se justifica con los glaciares de los artículos de una Constitución, porque la calidez de un afecto parece avergonzar a quienes proclaman su patriotismo. Hemos acabado por disponer de una España reducida —no elevada— a institución jurídica, y unas autonomías que han pasado a ser la centralidad del sentimiento nacional. Todo lo contrario a lo que se pretendía, seguramente, pero todo lo que debía ocurrir cuando se negociaba lo esencial del modo menos riguroso.

No se puede amar a un Estado o a una institución revocable a través de reformas de mayorías coyunturales. Por eso, los nacionalistas nunca plantean escenarios institucionales, sino que parten de una asunción indispensable y previa: la nación tiene que vivirse como comunidad de voluntad de sus ciudadanos. Sólo sobre esa base se constituye la reivindicación de una Carta de Derechos y Deberes, sólo sobre la aceptación y el fervor de ese espacio común, hecho de historia y proyecto, puede construirse algo duradero que vaya más allá de los meros acuerdos de oportunidad política.
Que nadie se equivoque. En plena crisis económica, el discurso nacionalista ha dejado a un lado la identidad mística y la sobreexcitación cultural. Estas últimas elecciones las ha ganado el nacionalismo en Cataluña defendiendo algo que los propios oradores, como Durán Lleida, llamaban «la cartera», que debía sumarse al corazón y a la cabeza en una Laicísima Trinidad. Los nacionalistas, una vez capturado el campo de su condición respetable, de que se les permita la constante negativa a ser españoles mientras forman parte de las instituciones del Estado, han pasado a otro nivel más peligroso y de sustanciosos réditos electorales. Un nacionalismo que va a basarse ahora en la reivindicación de un bienestar económico que no ha sido saqueado por la crisis, sino por el expolio de los españoles. La liberación del pueblo adquiere una textura mucho menos lírica que hace treinta años: precisamente por ello ha conseguido triunfar. Porque ha conseguido relacionar el sufrimiento de la gente con la condición de sometimiento de la verdadera nación, con el atentado a sus recursos, con el drenaje de sus fondos materiales. Una vez se ha aceptado por casi todos esa legítima identidad del nacionalismo, ¿podrá sorprendernos que crezca ahora sobre otra representación exclusiva, que será la de los defensores de las condiciones de vida, de los servicios públicos, de los niveles salariales de los catalanes frente a la avidez del fisco español?

Por Fernando García de Cortázar, director de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad.

El Gobierno de Rajoy ha comenzado su mandato tomando una serie de medidas -algunas muy discutibles- para tratar de no incrementar el déficit en que nos hallamos inmersos, y de reactivar, al mismo tiempo, la economía, con su secuela de cinco millones de parados que sobreviven como pueden. Por supuesto, todos sabemos que la crisis económica que afecta a Europa y, por tanto, a España, es consecuencia de la crisis financiera que surgió en los Estados Unidos, causada por los famosos créditos subprime. Todo eso es verdad, pero lo más grave es que tal desastre ha venido a aumentar la amplia manada de lobos que ya tenían atemorizada a la sociedad española. Porque la dramática situación que nos envuelve tiene un origen que es genuinamente español, porque la hemos creado nosotros totalmente por nuestra cuenta. La Constitución de 1978, como todas las constituciones, evidentemente no es perfecta, pero posee un carácter progresista y moderno que la hace bastante válida para regir nuestra convivencia política. Pero dicho eso, tiene, con todo, un vicio de origen que es el que nos ha llevado, en gran parte, a nuestra patética situación actual. Me refiero al Título VIII que trata de la Organización territorial del Estado y que es una verdadera calamidad nacional, como ya señalé, entre otros, desde el mismo momento de su aprobación. El llamado Estado de las Autonomías que posibilitaba se convirtió enseguida en el Estado de las Autonomías interminables, porque no se regulaba un diseño final de Estado, sino que era un Estado cambiante, que, sobre todo, por la existencia de partidos nacionalistas en las Cortes, se fue convirtiendo en un Estado de geometría variable. De esta manera, sufría uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, como es el de la seguridad jurídica, es decir, la certeza en las normas y en que las relaciones jurídicas son estables, permitiendo así predictibilidad de su aplicación por el Estado, a causa de que cada comunidad autónoma legislaba de forma continua e incoherente, olvidando al conjunto como si fueran compartimentos estancos. Lo peor ha sido que este desbordamiento legislativo y, por tanto, económico, ha producido una elefantiasis de cada comunidad autónoma, aunque ciertamente algunas más que otras, las cuales han acabado apoderándose del 70% del Presupuesto General del Estado, sobrepasando un déficit racional, como viene exigiendo la Comunidad Europea.

Se creaban así, en cada comunidad autónoma, órganos solapados con los propios del Estado, como defensores del Pueblo; consejos asesores; televisiones autonómicas; aeropuertos como los de Alguaire, Huesca, Albacete, Ciudad Real, Castellón o Murcia, que no tienen ni aviones ni pasajeros; universidades como la de Elche, creada en 1996, que dista de la de Alicante, erigida en 1979, 20 kilómetros, y 57 de la centenaria de Murcia; más de 4.000 empresas públicas para colocar a políticos y simpatizantes, que elevaban a las alturas la deuda autonómica… Se creaban todo tipo de cargos públicos, parlamentarios, asesores, consejeros, en proporciones desmesuradas, se consagraba la politización de las cajas de ahorro, y para qué continuar.

En suma, este derroche, este despilfarro, que estamos pagando ahora a un precio desorbitado, no se debe a las hipotecas subprime de Estados Unidos, ni a la falta de unidad fiscal de la Comunidad Europea, aunque hayan podido influir también. Se debe sobre todo al galimatías de nuestro Estado de las Autonomías interminables, en el que ni se especificaron las competencias propias del Estado y las propias de las autonomías, ni se ponía tampoco fin a las transferencias de las materias traspasables. Por otro lado, la Constitución había creado un Senado, como Cámara de representación territorial, antes de saber cuántas y cuáles serían las comunidades autónomas, esto es, se había puesto el carro antes de los bueyes, con lo que nadie sabe con exactitud para qué sirve el Senado en la actualidad, integrado por 266 senadores que aumentan ostensiblemente los gastos del Estado pero no tienen, la mayoría de ellos, un cometido concreto.

Así las cosas, ha habido tentativas de atajar esta desmesura, tratando de racionalizar semejante engendro de Estado, pero todas las veces han fracasado. La primera fue la que llevó a cabo el Gobierno de Calvo-Sotelo, con el Pacto autonómico de 1981 entre UCD y el PSOE, concretándose en la LOAPA, que, posteriormente, el Tribunal Constitucional declararía inconstitucional en varios artículos, acentuando así de forma irresponsable el desgobierno de España. La segunda fue en 1992 con el segundo Pacto autonómico firmado por Felipe González y José María Aznar, que llevaría durante el Gobierno de Aznar a cierta igualación de competencias en todas las autonomías. En ese periodo se pudo cerrar el diseño final del Estado autonómico, y se pudo haber modificado el Senado para que fuese un espejo que reflejase el mapa definitivo de las comunidades. Pero por las razones que sean no se hizo. Y, finalmente, una nueva posibilidad se plasmó durante el primer Gobierno de Zapatero, respecto a la idea de reformar la Constitución para enumerar en ella las autonomías, y modificar igualmente el Senado. El proyecto no pasó de una mera tentativa, porque el veneno del desacuerdo lo había introducido Zapatero, incluso antes de llegar a ser presidente, prometiendo a los nacionalistas catalanes, encabezados paradójicamente por el socialista Maragall, que aceptaría un nuevo Estatuto que aprobase el Parlamento catalán. En ese momento, el Estado de las Autonomías estaba sentenciado a muerte, pues el Estatuto que se aprobó en el 2005, a pesar del cepillado que se le hizo en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, aumentado por el tijeretazo del Tribunal Constitucional, ha convertido a nuestro Estado en algo inviable. Otras autonomías siguieron el mismo camino, imitando con sus nuevos estatutos al catalán. Si no hubiese sido por la crisis económica que azota a Europa y, especialmente, a España, mal que bien, hubiese ido renqueando el maltrecho Estado. Pero la crisis ha puesto de manifiesto que el actual Estado español es ingobernable y que es una auténtica fábrica de producir déficit, pues son principalmente las comunidades autónomas las que, como he dicho, lo producen en mayor medida.

Así las cosas, no caben más que dos posibilidades: una que podríamos llamar minimalista, y que consistiría, como me temo sea el proyecto del Gobierno de Rajoy, en tomar especialmente medidas económicas y en poner algún parche en la estructura del Estado. Pero tal solución es una falsa solución, pues a la larga volveríamos a caer en los excesos de algunas comunidades,que incluso querrían pasar de la autonomía a la soberanía. Por consiguiente, si el famoso sentido común de Rajoy debe imponerse ante los acechos de un derrumbe del Estado, no cabe más que coger el toro por los cuernos y reformar la Constitución, según la posición maximalista, que creo es la única realista en esta situación de emergencia nacional.

De esta forma habría que llevar a cabo una serie de decisiones dirigidas a conseguir la funcionalidad de nuestro Estado y a reducir drásticamente el déficit, que comienza a ser enormemente preocupante. Se seguiría la medida que se tomó en agosto para reformar el artículo 135 de la Constitución, pues, según este precedente, habría que adoptar al menos los siguientes puntos, que exigirían la reforma de la Constitución. En primer lugar, habría que agrupar municipios para dotarlos de un gobierno común, que redujese los gastos en cargos y en duplicidades. En segundo lugar, se deberían suprimir las diputaciones provinciales, pues no tienen ningún cometido especial en un Estado autonómico. En tercer lugar, habría que reforzar la unidad de mercado como condición para el crecimiento económico en todo el territorio nacional. En cuarto lugar, habría que establecer una diferencia clara entre las competencias exclusivas y excluyentes del Estado y las de las comunidades. En quinto lugar, habría que llegar a un acuerdo sobre la cuestión de si todas las autonomías mantienen las mismas competencias o, por el contrario, algunas de ellas deben alcanzar un nivel superior. Pero, en cualquier caso, se debe cerrar definitivamente el mapa o diseño del Estado, acabando con la inseguridad jurídica que ha sido típica en estos últimos años y que ha perjudicado tanto la funcionalidad de nuestras instituciones, además de crear la desigualdad entre los españoles. Entonces, y sólo entonces, es cuando se podrá reformar el Senado a la vista del diseño definitivo del Estado, reduciendo el número de senadores, que no deberían de ser más de cuatro o cinco por cada comunidad autónoma, es decir, convirtiendo entonces al Senado en la auténtica Cámara de representación territorial que establece la Constitución.

Estas reivindicaciones se pueden llevar a cabo, si hay voluntad política, cuando se dispone de una mayoría absoluta no sólo en las Cortes Generales sino también en 12 de las comunidades autónomas. De nada serviría que se aumenten los impuestos a los españoles, que en algunos casos podría llegar a ser inconstitucional, porque indudablemente tener que pagar el 52% de las rentas del trabajo posee claramente un carácter confiscatorio. No es extraño, por tanto que el Tribunal Constitucional alemán se haya pronunciado en este sentido en alguna ocasión. En definitiva, España no puede seguir adelante si no se reforma la Constitución en los puntos señalados y en otros más que, en su momento, habría que detallar. Aunque sea una vulgaridad, cabe decir, en este caso, que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. El que quiera entender, que lo entienda.

Por Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de El Mundo.

Semejante ostentación de simbología tuvo lugar —y no es ocioso recordarlo— en un acto de partido. Es verdad que quien hablaba era, a un tiempo, presidente de la República, y que la República en cuestión no era otra que la francesa, esto es, el paradigma mismo del Estado unitario. Pero, insisto, el acto respondía a la lógica partidista y no a la institucional y, aun así, la bandera y el himno de todos habían sido usados con absoluta naturalidad, sin reserva alguna y en la creencia de que lo común puede y debe ser compartido por cada cual. Diez días antes, algo más al sur pero sin salir de Europa, millones de ciudadanos habían decidido con su voto dar un vuelco insólito, por su magnitud, a la relación entre sus fuerzas políticas, otorgando una holgada mayoría absoluta al partido que había permanecido hasta entonces en la oposición y rebajando a unos niveles paupérrimos —sus peores guarismos en la presente democracia— a la formación que había estado gestionando durante siete largos años los destinos de los españoles. Como suele ocurrir en estos casos, el resultado electoral fue recibido con júbilo entre la militancia de la fuerza ganadora. O sea, con banderas al viento —del partido y de España, aunque también había alguna autonómica—, cánticos de alegría —entre ellos, el «yo soy español, español, español» o el «España, unida, jamás será vencida», nacidos como respuesta a otra clase de cánticos y consignas de naturaleza radicalmente distinta— y jaleos a los líderes del partido cuando estos se asomaron al balcón de la sede —en el que no se advertían sino las siglas y los colores de la formación— o cuando el futuro presidente del Gobierno dirigió a los congregados unas palabras de agradecimiento. Y, como también suele ocurrir, estas imágenes fueron retransmitidas por la televisión pública y glosadas por unos comentaristas invitados para la ocasión.

Entre las glosas, alguien tuvo a bien destacar, en alusión a los cánticos y proclamas de la calle, que acabábamos de asistir a una «explosión de nacionalismo español». Nadie le contradijo, aunque sí hubo quien discrepó del término y prefirió ver en la manifestación callejera un simple epígono de la campaña recién terminada. Al poco, la televisión conectó con la sede del principal partido nacionalista de una de las Comunidades Autónomas que componen, según la Carta Magna, la Nación española. Allí, el candidato —jubiloso por cuanto la federación por él encabezada había ganado por vez primera en su Comunidad en esta clase de comicios— ya no estaba en pleno discurso, pero sí en el uso de la palabra. O de la voz. Y es que el candidato cantaba, al igual que los demás dirigentes presentes en el escenario y al igual que los militantes y simpatizantes que abarrotaban la sala. No era, como en el caso anterior, un cántico peleón, de esos que sirven para animar la marcha o para matar la espera. Era un himno: el himno que los nacionalistas del lugar califican, sin ambages, de nacional. Y, al contrario también que en el caso anterior, no habían sido las bases del partido las que habían tomado la iniciativa de cantarlo, sino la dirección misma. Aunque mejor sería decir que, en esta clase de jornadas, el canto de marras siempre ha formado parte del guión. De ahí, tal vez, que ni las presentadoras de la cadena pública ni los tertulianos que las secundaban con sus comentarios juzgasen necesario referirse a ello.

Sea como fuere, lo acontecido en la última noche electoral demuestra hasta qué punto nuestro Estado de las Autonomías responde a unos parámetros completamente extemporáneos en lo tocante al uso de la simbología. Aquello que en cualquier país civilizado y en circunstancias de cierta solemnidad sería considerado normal —a saber, la exhibición de la bandera, y el canto o la escucha del himno— parece aquí reservado a las fuerzas políticas nacionalistas, con lo que, a la postre, los únicos símbolos exhibidos o cantados son siempre los de una parte, cuando no los de una parte de una parte. Los del todo, los que deberían unir al conjunto de los españoles, tienen escaso predicamento entre quienes podrían utilizarlos, esto es, los partidos de ámbito nacional. Ni siquiera en tareas de gobierno. En realidad, para ver la bandera y escuchar el himno uno tiene que acercarse en España a los actos organizados por otro tipo de fuerzas, las armadas. O a una competición deportiva de carácter internacional en la que participe nuestro país. La escenificación de un acto como el de Tolón, eminentemente político, deviene inimaginable por estos lares, a no ser que la bandera y el himno correspondan a una Comunidad Autónoma.

No se me escapa que existen sin duda prioridades más acuciantes que esta en la agenda del nuevo Gobierno. Pero no es menos cierto que las empresas solidarias, las que necesitan del esfuerzo de todos, resultan mucho más llevaderas cuando uno tiene la sensación de formar parte de un todo y no de una simple suma de partes. Y no digamos ya cuando algunas de esas partes no están por la labor de sumar, sino más bien por la contraria, como se ha comprobado en el reciente debate de investidura. En semejantes circunstancias, el uso natural y desacomplejado de una bandera y un himno comunes ayudan lo suyo.

Por Xavier Pericay, escritor.

Veamos si somos capaces de hablar con claridad y no crear más confusión: la presión del PP de Catalunya sobre el Gobierno de la Generalitat para cerrar las mal llamadas “embajadas” catalanas no tiene nada que ver con la preocupación por el gasto público del país. Esta es una obsesión del PP, como muestran las hemerotecas, muy anterior a la crisis. Lo que el PP quiere recortar no es el presupuesto sino la voluntad política de que Catalunya tenga voz internacional propia, por modesta y discreta que sea. Se trata, pues, de una batalla política contra uno de los símbolos más eficaces de la soberanía: la posibilidad de establecer un diálogo cara a cara con el mundo entero, de nación a nación –inter-nacional–, sin tutelas ni intermediarios. Ni que decir tiene que, desde el punto de vista político, tan legítimo es hacer todo lo posible por la internacionalización de Catalunya para avanzar en su proyecto nacional de modo tan pacífico como es hacer oír su propia voz, como lo es tratar de poner todas las trabas posibles para evitar que eso pase y, por lo tanto, que España hable en nombre de la “región española”, peculiaridades locales aparte. Los catalanes deben escoger lo que prefieran.

Ciertamente, la creación de unas delegaciones políticas del Gobierno de la Generalitat se podía hacer con mejor o peor acierto. Pero la vocación internacional ha estado presente, de una manera u otra, en todos los gobiernos catalanes desde 1980 hasta ahora. Jordi Pujol hizo recaer el peso del reconocimiento del país en su fuerte personalidad, estableciendo vínculos personales con los grandes hombres de Estado del momento. Así, se ahorraba entrar en conflicto con la diplomacia española. Desaparecido Pujol de la presidencia, de aquella red personalista no quedó nada. Y el tripartito, que por razones obvias no podía seguir la misma estrategia de fundamentar el reconocimiento internacional en su presidente, inventó las delegaciones. En algunos casos lo hizo con errores de mucho calado –como colocar a Apel·les Carod en París–, pero en el resto de los casos lo hizo con aciertos notorios como en Berlín o Londres –Estruch o Solano–. Y abrió otra delegación en Nueva York gracias a la cual –y sobre todo con el ahora lamentablemente desaparecido Catalan Center dirigido por Mary Ann Newman– la cultura catalana existe y es reconocida en los mejores círculos de esta gran ciudad norteamericana, capital de la cultura internacional.

Incluso el hecho de que la política catalana en el extranjero esté en manos de Unió, dejando aparte que pueda significar un retroceso en la ambición para la que nació, estoy seguro de que tiene que ver con la conocida vocación internacionalista de Duran Lleida. Duran hace muchos años que teje su propia red de relaciones internacionales, vinculada a la Internacional Demócrata de Centro –antes Democracia Cristiana–, particularmente en Europa y en América Latina. Pocos políticos en Catalunya se han preocupado tanto y tienen una agenda internacional tan extensa. Y quizás sí que en algún tiempo eso tuvo que ver con el proyecto personal de un aspirante a ministro español de Exteriores. Pero el caso es que nadie tiene que explicar a Duran hasta qué punto es importante la diplomacia para cualquier país que quiera y pueda serlo. Si Unió acepta desmantelar las delegaciones, bien sabrá por qué razón lo hace y con qué consecuencias.

Así pues, la farsa de reivindicar el ahorro contra las delegaciones catalanas –denominadas “embajadas” con el objetivo de atribuirles una dimensión que no tienen– no se sostiene desde ningún punto de vista. En primer lugar, precisamente, por su modestia. Imputarles todo el presupuesto de las oficinas comerciales, culturales o de turismo es pura y simplemente un engaño. Las delegaciones se habían instalado en oficinas ya existentes. Y, en cualquier caso, si la preocupación fuera económica, como se sostiene con hipocresía cobarde, que se compare con cualquiera de los instrumentos de representación del Estado, con sus casi doscientas embajadas, miles de consulados o su Instituto Cervantes. Espero que algún día la prensa del país lo explique con todo detalle. Además, imputar el gasto de las delegaciones a algunos recortes de servicios sanitarios o educativos no sólo es una frivolidad, sino una desvergüenza. ¿Por qué no se contrapone el cierre de quirófanos al presupuesto para la programación teatral o a la publicidad institucional en los medios de comunicación públicos y privados? Aunque hacerlo, por supuesto, seguiría siendo una frivolidad y una desvergüenza. Al fin y al cabo, toda la acción exterior del Gobierno de la Generalitat –no tan sólo la de las delegaciones– del año que ahora acaba no llega ni a las dieciocho horas de expolio fiscal. Y para el 2012, no pasará de catorce horas de expolio. Es decir, el Gobierno dedicará a la internacionalización poco más de lo que el Estado roba a los catalanes en media jornada de su trabajo productivo.

Ya he dicho en otras ocasiones que no tengo demasiada idea de en qué va a consistir lo de la nueva transición nacional que anunció Artur Mas en plena campaña electoral del 2010. Sin embargo, sea lo que sea, no tendría ninguna credibilidad al margen de una política de internacionalización de la Catalunya-nación. Es decir, que prescindiera de una Catalunya con voz propia en el mundo entero. Porque sí, tiene razón al PP en su obsesión para quererlas cerrar: ser reconocido por el mundo es uno de los principales atributos de aquello que se entiende por soberanía. Y sí, este es uno de los objetivos fundamentales de cualquier proceso de emancipación nacional. De manera que puedo entender muy bien la voluntad del PP, a pesar del cinismo de sus argumentos. En cambio, no comprendo cómo el Gobierno de CIU se acomoda tan dócilmente a la presión.

Ante al revuelo que están causando los continuos recortes al Estado de Bienestar que estamos experimentando en los últimos dos años y los que quedan por venir, es precisa una reflexión rigurosa que permita identificar qué significan esos recortes desde el punto de vista de la cohesión social. La ola neoliberal que nos azota está procediendo a desmontar lo que, como defendería Benjamin Constant, es un estado sustentado en la “garantía de los goces” del individuo moderno. Bajo la hipótesis de que el mantenimiento del conjunto de servicios que presta el Estado, tal y como lo hemos conocido hasta el momento, es insostenible financieramente, se trata de garantizar unos mínimos (en educación, en sanidad y en protección social), dejando el resto en manos del mercado y de la capacidad económica de cada familia.

COMO PODEMOS comprobar, las tesis neoliberales centran el punto de atención en la insostenibilidad del sistema y en el convencimiento de que un Estado así constituido solo contribuye a formar ciudadanos maleducados y acomodados, en el sentido de que disfrutan de unos servicios y de una protección tan elevada que terminan por disuadirles de adoptar posturas más creativas, innovadoras y productivas. Es decir, dicho en palabras más comunes, solo crea vagos. Vagos que, por cerrar el círculo, deben ser mantenidos por las clases productivas, por empresarios, autónomos o trabajadores. En este sentido, los impuestos, además de injustos, son considerados contraproducentes, pues dificultan el crecimiento y la reinversión y, en definitiva, la generación de riqueza y, por derivación, la creación de empleo.

Estas tesis olvidan otra de las funciones esenciales que cumple desde sus orígenes el Estado de Bienestar. El Estado, especialmente desde la época de la república de Weimar (1919) del New Deal (1933), no puede entenderse sino como una reacción a la presión que ejercía la incipiente Rusia soviética y los movimientos revolucionarios que se extendían por todo el mundo desarrollado. En concreto, la expansión del Estado moderno tiene sus orígenes en un acuerdo tácito entre las dos fuerzas en tensión que se encontraban en pleno conflicto en aquella época (el capital y el trabajo) y tiene como objeto la búsqueda de la paz social por medio de una cesión por ambas partes: el movimiento obrero aceptaba el sistema capitalista de corte democrático a condición de que el capital (a través de los impuestos) desarrollase un potente Estado de Bienestar que asegurase a los trabajadores ante determinados riesgos (desempleo, enfermedad y vejez) y que se universalizase el acceso a una serie de sistemas que se consideran esenciales (educación y salud). Igualmente, con la apertura de la democracia parlamentaria a los partidos de izquierda, se articulaba un sistema de negociación en el seno de las empresas, que garantizase la participación efectiva de los trabajadores, en la fijación de las condiciones de trabajo e igualmente en el reparto de las plusvalías generadas.

Gran parte de las medidas, reformas y recortes que se están implementando son presentados simplemente como una fórmula para reducir los enormes costes que supone el mantenimiento de los sistemas públicos de bienestar. Sin embargo, desde mi punto de vista, deben ser considerados igualmente como una cierta ruptura de ese pacto fundacional del Estado moderno. En este escenario, lo que es evidente es que los Estados, casi sin excepción (véase Islandia), han sido incapaces de someter y reconducir las demandas de estas fuerzas emergentes, encontrando serias dificultades para recuperar su papel armonizador y mediador entre los agentes en disputa. Esto es así porque los viejos estados europeos no pueden actuar más allá de sus fronteras, ni imponer al capital lejos de ellas los mismos criterios y acuerdos que aceptó hace cerca de un siglo para garantizar la paz social. Podríamos decir que actualmente las dos fuerzas en disputa no actúan en el mismo campo de batalla, sino en escenarios cruzados. Y no disponemos de instituciones políticas internacionales que sean capaces de volver a integrar en un mismo plano esa tensión histórica.

EN ESE JUEGO pendular que ha representado la tensión entre capital y trabajo, tenemos que aceptar que no está todo dicho acerca de la salida a esta nueva disputa que ha propiciado la crisis. Si aceptamos la función esencialmente negociadora y de intermediación del Estado, lo que no puede sorprendernos es que si sólo una de las partes en disputa ofrece argumentos y ejerce presión sobre él, no tenga otra salida que plegarse a sus demandas. Pero si, por el contrario, se da un vuelco a esa situación y los trabajadores y, en general, toda la población, salen de la fase de shock en la que se encuentran, podrán organizarse en torno a movimientos de reacción que traten de hacer conscientes a las clases populares no solo de las pérdidas (de protección, de condiciones de trabajo y de vida, etc.) que suponen las medidas que se han aprobado últimamente, sino de algo mucho más importante, la evaporación de gran parte de la capacidad negociadora que atesoraban ante el capital a través de la acción mediadora del Estado. En este nuevo escenario seguro que se encuentran nuevas alternativas de salida a la crisis que permitan reestablecer el equilibrio que nunca debió haberse perdido.

A primera vista, la cuestión que plantea el título de este artículo debería responderse con una rotunda negativa: la secesión de parte de un Estado por respecto al conjunto carece de cualquier relevancia en el plano de la ética política democrática, porque la determinación de las fronteras que corresponden a un concreto demos es una cuestión que excede de la democracia misma. En realidad, es una cuestión que la antecede y sobre la cual los principios normativos de la democracia no podrían aparentemente decir nada. La democracia se ocupa de las reglas de gobierno de un demos, pero la constitución territorial y personal de ese demos es algo previo a ella misma. Por ello, si un pueblo particular decide separarse del conjunto del Estado en el que hasta entonces vivía, la filosofía política no podría sino tomar nota de ello, sin poder valorar la corrección o no de esa decisión desde principio alguno.

¿Es así de simple? ¿Carece la secesión de cualquier relevancia moral? Una valiosa parte del pensamiento democrático contemporáneo lo cuestiona y afirma, por el contrario, que no puede hablarse hoy en día (y fuera de situaciones coloniales o de opresión de minorías étnicas) de un supuesto derecho a la estatalidad en virtud del cual una minoría nacional podría validamente reclamar la secesión del Estado en que vive, por la sencilla razón de que un tal derecho atentaría a los principios democráticos esenciales, sería autodestructivo de la democracia misma (Luigi Ferrajoli). De manera que, muy en contra de tal supuesto derecho, en las sociedades nacional y culturalmente complejas, lo que la teoría democrática proclama es una exigencia normativa para los nacionalistas de mantener la convivencia dentro del Estado realmente existente (vamos, de renunciar a la secesión) siempre que, claro está, ese Estado respete los mecanismos de tipo federal de protección de las minorías nacionales (Ramón Maíz). Para la democracia, la pluralidad nacional está mejor defendida en un Estado complejo que en uno secesionado que pretenda ser “el único Estado de una única nación”.

Para entender estas afirmaciones, que resultan inicialmente contraintuitivas, la vía más directa es la de interrogar a quienes reclaman la independencia nacional por el para qué de su reclamación. No por el por qué o el cómo de su petición (algo que remite a la prestigiosa idea de autodeterminación), sino por la finalidad de la pretensión de constituir un nuevo Estado: “La independencia, ¿para qué?”, esa es la cuestión relevante para opinar sobre las consecuencias morales de la secesión.

En 1990, en la declaración aprobada por el Parlamento vasco a favor del derecho de autodeterminación, se respondía con toda nitidez a esta pregunta: “El ejercicio del derecho de autodeterminación tiene como finalidad la construcción nacional de Euskadi”. Es decir, que la independencia no es un fin en sí misma, sino un medio para poder realizar una política, hacer un algo que ahora no sería posible. ¿Qué? Construir desde un poder político soberano un nuevo ciudadano que se ajuste al modelo de ciudadano nacional predeterminado y que se integre en una sociedad socioculturalmente homogénea en sus lealtades, valores y sentimientos. Tal como lo expresó el PNV en la declaración aprobada por su máximo órgano: “La libertad que reclamamos es libertad para restaurar nuestra personalidad colectiva a partir de valores creados a lo largo de una historia de milenios”.

No es difícil establecer un paralelismo entre esta finalidad confesa del independentismo nacionalista y la sugestiva distinción que hizo Benjamin Constant en 1819 entre la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos, y que se considera generalmente como la clave de bóveda de las democracias actuales, para ver que la libertad que reclaman los nacionalistas es un caso flagrante de libertad de los antiguos. Es decir, es la libertad del colectivo, del pueblo entendido como un todo homogéneo e intemporal, una libertad de la nación. Y es una libertad que se reclama para ejercitarla, precisamente, contra la libertad de los modernos, es decir, contra los individuos que componen ese pueblo y a los que se desea hacer objeto de un proceso personal de reconstrucción (de perfeccionamiento).

La pretensión de edificar un Estado uninacional que a su vez construya posteriormente una sociedad uninacional homogénea es una pretensión en radical oposición con las libertades personales que garantiza la democracia, entre las cuales la libertad de identidad pasa como libertad fundante. Es una pretensión que tuvo su momento triunfal en el pasado, cuando las exigencias democráticas no eran tan claramente percibidas como lo son hoy. Así se gestaron los Estados uninacionales que hoy son objeto de necesaria refacción mediante técnicas federales. Pero, pretender aquí y ahora volver a crear un Estado uninacional es tanto como caminar contra el entendimiento moderno de la libertad y la democracia.

Expresado en términos paradójicos: la secesión es inmoral porque quienes la piden son nacionalistas. Aunque es cierto que, si no lo fueran, no la pedirían. Y es que la inmoralidad no está en el qué, sino en el para qué.

El pasado 6 de noviembre Mario Vargas Llosa publicó un artículo en estas páginas para anunciar su voto a UPyD en las elecciones generales. El artículo suscitó un considerable revuelo, del que ya se ocupó muy atinadamente en su día la Defensora del Lector. Ahora mi intención no es reanudar una discusión ya cerrada sino analizar uno de los argumentos de Vargas Llosa a favor de UPyD, que los resultados del 20-N hacen especialmente relevante.

Según el insigne escritor, desde que nació como organización política, UPyD “ha combatido al nacionalismo -a los nacionalismos- con resolución y sin complejos”. Sin duda, UPyD ha combatido a los nacionalismos vasco y catalán con resolución y sin complejos. Lo que sorprende es que un autor tan perspicaz como Vargas Llosa no sea capaz de ver que este combate se ha producido desde una posición que es, a su vez, netamente nacionalista.

En enero de 2008 Rosa Díez visitó Barcelona y participó en un coloquio-almuerzo organizado por el Círculo Ecuestre. Preguntada por el carácter nacional de Cataluña, la líder de UPyD se expresó con resolución y sin complejos: “Cataluña no es una nación, lo diga o no el Estatuto. En España solo hay una nación, que es la nación española. Hay cosas que existen y otras que uno se inventa”. El problema es que cualquier analista con cuatro nociones claras de teoría del nacionalismo no dudaría en calificar de nacionalista (español) este postulado antinacionalista (catalán).

En este punto, la posición de UPyD no es distinta de la del Partido Popular. En el XVI congreso del partido, celebrado también en 2008, se aprobó una ponencia política con un apartado que podría haber redactado directamente Rosa Díez: “Creemos que España es la única realidad histórica y política de todos los españoles. Frente a lo que otros proponen, la España constitucional no es una confederación de naciones ni un Estado federal, sino una sola nación cuya soberanía corresponde única y exclusivamente al pueblo español”. Para remachar su tesis, el Partido Popular no dudó en forzar las posibilidades de la historia en clara sintonía con la doctrina franquista: la nación española se basa ante todo “en la herencia de la Hispania romana y visigoda”, y en cualquier caso la unidad española “quedó definitivamente consolidada a partir de 1516, con la llegada al trono de Carlos I”, como si después de 1516 nadie hubiera tenido que bombardear nunca Barcelona.

El pasado 20 de noviembre Vargas Llosa y otros 1.140.241 españoles votaron al partido de Rosa Díez. El problema es que el mensaje de Rosa Díez no caló en Cataluña, donde obtuvo poco más del 1% de los votos. Naturalmente, siempre podremos creer que en Cataluña el mensaje de UPyD lo vehicula el Partido Popular, pero tampoco podemos decir que el PP arrasara en esa comunidad (quedó tercero, con el 20,7% de los votos). Antes al contrario, quienes arrasaron en Cataluña fueron los que creen que en España no hay una sola nación, diga lo que diga la Constitución española. Treinta y seis de los 47 diputados en juego, para ser más exactos.

Ante estos resultados, ¿cómo hay que proceder? Descartando de entrada nuevos bombardeos, la primera posibilidad es ir repitiendo la cantinela. Digan lo que digan los catalanes, Cataluña no es una nación, etcétera. Es la receta para acelerar el efecto contrario de lo que se persigue, es decir, esa “desintegración” de España que tanto teme Vargas Llosa. La otra posibilidad es negociar (sí, una vez más) para seguir acomodando en España a los catalanes que consideran que Cataluña es una nación. En el caso de Cataluña, la acomodación pasa por un artilugio llamado “pacto fiscal”, que nadie sabe en qué consiste exactamente pero que recibe el apoyo mayoritario de los catalanes. Eso sí, el pacto fiscal no debe plantearse como una panacea. Cataluña sufre un déficit fiscal con España que resulta excesivo a todas luces (en Alemania estaría directamente prohibido), pero resolver el déficit fiscal no es lo mismo que resolver la crisis. El pasado 22 de noviembre, cuando Artur Mas anunció la segunda oleada de recortes en las cuentas catalanas, soltó aquello de que los sacrificios no serían necesarios si Cataluña recaudara, gestionara, liquidara e inspeccionara todos los impuestos generados en Cataluña. La verdad es que la política comparada no abona este postulado.

En España, las comunidades autónomas que gozan de concierto económico no han podido evitar los recortes. Y es evidente que en Europa ningún Estado soberano está a salvo de los mismos. Entre ciertos independentistas catalanes se popularizó un dicho: la autonomía que necesita Cataluña es la de Portugal. Pues bien, la “autonomía de Portugal” no ha permitido que Portugal sortee la crisis sin necesidad de severos ajustes presupuestarios.

En este sentido, los nacionalistas catalanes de CiU pecan de lo mismo que los nacionalistas españoles del PP. Atribuyendo la situación a la mala gestión de Zapatero (PP) o al déficit fiscal con España (CiU) ambos partidos están enfrascados en una suerte de mus local mientras la verdadera partida de póquer (¿o de ruleta rusa?) se está disputando en la calle Willy Brandt de Berlín.

La semana pasada (¿El Senado es inútil? Sí) concluíamos que actualmente el Senado es una cámara parlamentaria inútil pero que, previa reforma, podría resultar muy valiosa. La premisa en la que se fundaba esta conclusión era que en los estados centralizados los senados son perfectamente prescindibles pero que en los federales son necesarios.

Asimismo, todo ello se refuerza en nuestro caso porque, encima de tener un Senado con muy escasas competencias efectivas, su modelo es el de los estados centralizados precisamente cuando nuestro Estado es todo lo contrario, es un Estado descentralizado, un determinado tipo de Estado federal. Esto último hace que el actual Senado sea, además, una cámara desaprovechada si no se reforma en un sentido federal: entonces podría ser enormemente útil para que el conjunto de la maquinaria estatal resultara más eficaz.

Para que todo esto se comprenda bien intentaremos aclarar concisamente, primero, qué es un Estado federal y, segundo, en el caso de que el Estado de las autonomía tenga esta naturaleza, cuál sería el Senado más apropiado a la misma.

El fundamento jurídico de todo Estado federal es una constitución que exprese la voluntad de los ciudadanos de este Estado; no un pacto entre los territorios que lo componen. Esta constitución debe garantizar la igualad básica de derechos entre los ciudadanos, presupuesto de la unidad del Estado. Todo Estado federal se compone de dos esferas separadas, el Estado central y los poderes autónomos, cada uno de ellos con instituciones políticas y competencias distintas, lo cual da lugar a diversos ordenamientos jurídicos subordinados únicamente a la Constitución federal que asegura la unidad del Estado. Esta separación entre poderes no supone relación de jerarquía ni controles políticos entre el Estado central y los poderes autónomos sino, simplemente, ámbitos de competencia distintos cuyos eventuales conflictos deben ser resueltos sólo por los jueces. También es necesario que para cumplir con sus competencias específicas cada una de estas esferas de poder –central y autónomas– esté dotada de su propia hacienda.

Ahora bien, el Estado central y los poderes autónomos, aunque ejerzan sus funciones de forma separada de acuerdo con sus respectivas competencias, deben colaborar entre sí con la finalidad de contribuir de la mejor manera posible tanto a la realización de sus propios objetivos como a los fines del conjunto. Un Estado federal no es sólo la suma de poderes autónomos más un Estado central sino una estructura global y compleja cuyas piezas deben colaborar entre sí para alcanzar la mayor eficiencia posible.

Pero el federalismo no presupone sólo un conjunto de poderes que funcionan por separado sino también un conjunto de poderes integrados que colaboran y cooperan lealmente entre sí y en el que las instituciones territoriales participan en determinadas instituciones centrales del Estado. Por tanto, el Estado federal es un Estado unitario –en otro caso no sería un Estado– en el que la soberanía reside en todo un pueblo, basado en los principios de autonomía política, integración y colaboración entre las partes de acuerdo con el principio de solidaridad mutua. Una institución clave, aunque no la única, para esta integración en las instituciones centrales es el Senado. Naturalmente un Senado que sea representación de los poderes autónomos y que tenga, juntamente con la cámara baja o Asamblea, competencias legislativas, especialmente en aquellas leyes que pueden afectar o condicionar la esfera de atribuciones de las instituciones autonómicas. Así los poderes territoriales contribuyen a formar la voluntad estatal del conjunto.

A la vista de este modelo, ¿es nuestro Estado de las autonomías un Estado federal? En realidad cumple con todos los elementos menos con uno. Cumple al tener una Constitución común legitimada por la voluntad de los ciudadanos, unos derechos básicos iguales, instituciones centrales separadas de los poderes autonómicos, ordenamientos jurídicos distintos, competencias repartidas en cada esfera de poder, haciendas propias, instrumentos de cooperación. Lo que falta es el dichoso Senado, un Senado federal. Y también cultura federal, colaboración mutua, lealtad y confianza entre poderes, la sensación de navegar en el mismo barco. Ello no obstante, por todo lo dicho no cabe duda que España pertenece a la gran familia de estados federales europeos.

Sin embargo, aunque todos los estados federales tienen Senado, estas cámaras no siempre cumplen con eficacia la función participativa e integradora. Tratar esta materia exigiría otro artículo. De momento, sólo cabe apuntar que, en mi opinión, el Senado más adaptado a las funciones que hoy llevan a cabo los actuales estados es el alemán, compuesto por representantes de los gobiernos de los länder y con amplias funciones legislativas y de cooperación. Hasta ahora el Estado de las autonomías ha supuesto una amplia descentralización. En el futuro debe darse prioridad a la integración, a una mayor eficacia del conjunto. Para estas tareas un Senado reformado puede resultar muy útil.