Este movimiento tiene, por emplear la terminología de Pierre Rosanvallon, un fuerte componente “contrademocrático”, no en el sentido de que se oponga a la democracia, sino porque aporta una forma de actuación democrática no institucionalizada, que expresa de manera directa las expectativas y decepciones de nuestra sociedad. Porque, además de la democracia institucional de legitimidad electoral, existe, y es necesaria, una forma de democracia de contrapeso, un contrapoder articulado a partir de los movimientos sociales, que sirva para mantener la lealtad al interés general por parte de las instituciones. Y a la hora de valorar el grado de participación política de una sociedad, no se puede reparar solo en el número de personas que votan en los procesos electorales, sino que debe tenerse en cuenta también la asistencia a las concentraciones y manifestaciones, el respaldo a iniciativas legislativas populares, la demanda de consultas ciudadanas, el activismo electrónico… Por todo ello, si analizamos lo que ha ocurrido en el último año en España, pero también en Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia, Portugal, Italia y, por supuesto, en países árabes como Túnez o Egipto, se puede concluir que la pasividad ciudadana es un mito.

Entre otras razones, porque frente a lo que en no pocas ocasiones se dice, el 15-M, además de un movimiento de protesta, lo es también de propuesta y ha contribuido a revitalizar el debate democrático, evidenciando la aspiración a que el discurso político que se expresa y construye en las plazas y calles sea escuchado en las instituciones de gobierno. Por eso, y aunque se ha hablado mucho de la influencia del opúsculo Indignaos, seguramente en el 15-M hay, de manera consciente o no, mucho más de Habermas que de Hessel; no en vano es Habermas el que reclama una democracia deliberativa en la que los procesos de formación de la voluntad política institucionalizada estén conectados y abiertos a una opinión pública no formalmente articulada.

Cabe recordar que las manifestaciones del 15 de mayo de 2011 fueron encabezadas con pancartas en las que se leía “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” y para alcanzar unos objetivos que en absoluto pueden considerarse “anti-sistema”. Es probable que, un año después, hayan cobrado todavía más legitimidad: 1. Eliminación de los privilegios de la clase política (supresión de privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones, eliminación de la inmunidad asociada al cargo, publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos, reducción de los cargos de libre designación…); 2. Lucha contra el desempleo (reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral, bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal, imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos, restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración…); 3. Derecho a la vivienda (ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos, que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas…); 4. Servicios públicos de calidad (supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos, contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera, contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, financiación pública de la investigación para garantizar su independencia, transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible, aplicación efectiva de la Ley de Dependencia…); 5. Control de las entidades bancarias (elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión, devolución a las arcas públicas de todo el capital público aportado a los bancos, regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria…); 6. Fiscalidad (aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias, eliminación de las SICAV, recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales, promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales -tasa Tobin-); 7. Libertades ciudadanas y democracia participativa (abolición de la Ley Sinde, protección de la libertad de información y del periodismo de investigación, referendos obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos, modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos) y 8. Reducción del gasto militar.

Este carácter propositivo del 15-M permite calificarlo como un movimiento político y no puramente populista, pues la preocupación por vigilar la acción de los poderes y someterlos a la crítica no se ha transformado en una mera estigmatización de los gobernantes. Desde luego no parece exagerado atribuir a este movimiento parte importante de la consecución de algunos cambios en el ámbito legal, como la obligación de que se haga público el patrimonio de diputados o senadores, el desbloqueo de una iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago o la aprobación de un Anteproyecto de Ley de Transparencia —poco transparente dicho sea de paso—.

Es, asimismo, bien conocida la actuación llevada a cabo por las asambleas y grupos vinculados al 15-M para que se conozca la precaria situación de miles de familias que han sido desahuciadas de sus viviendas o están pendientes de procesos que podrían desembocar en ese resultado. Al mismo tiempo se han paralizado varios desahucios y se ha presionado para que tanto el Gobierno como algunas entidades bancarias reconozcan la magnitud de este problema y esbocen algunas medidas para paliarlo.

Por todo ello, y sin olvidar la comisión de innegables errores organizativos, estratégicos y de funcionamiento, no parece exagerado concluir que este movimiento ha contribuido, en estos tiempos especialmente difíciles, a recuperar la promesa de la política de la que hablaba Arendt.

Miguel Ángel Presno Linera es profesor titular de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo e integrante de la Asamblea del 15-M de Pola de Siero (Asturias).

El Gobierno ha tenido la feliz iniciativa de someterlo a consulta pública (www.leydetransparencia.gob.es). En ese mismo espíritu de análisis y propuesta, haré un balance basado en la comparación de experiencias mundiales (es la ventaja de llegar de los últimos). Estamos en un momento en que el esfuerzo de todos puede llevarnos a crear el marco jurídico idóneo. Desde luego, no basta una ley para crear una cultura de la transparencia y para erradicar la corrupción, pero es un primer paso esencial.

Una ley del siglo XXI tiene que prever la divulgación en internet de toda aquella información que permita a los ciudadanos participar, controlar y con ello contribuir a una mejor gestión pública. Buena parte de esta información ya es objeto de publicidad oficial; se trata, ahora, de ampliar las materias y el alcance de dicha información, centralizarla y ponerla en formatos que permitan su fácil localización. El anteproyecto va en la buena dirección. Establece un criterio general de publicación periódica y actualizada de la información más relevante, pero además añade un listado de información que en todo caso debe ser divulgada, que incluye información institucional, organizativa y de planificación; información de relevancia jurídica (con la importante novedad de publicación de los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos —en este caso, con una limitación respecto a que la publicación se haga una vez emitidos los dictámenes preceptivos de órganos consultivos, que puede hacer la publicación solo testimonial— y de las memorias u otros documentos para su elaboración); y un listado de actos de gestión administrativa con repercusión económica y presupuestaria: contratos, convenios, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos, retribuciones y actividades privadas de directivos públicos o estadística, respecto de los que se prevé la publicidad detallada y actualizada. Es destacable, sin embargo, la omisión de la información sobre la agenda de los responsables políticos, que resulta fundamental para conocer las posibles influencias y prevenir casos de corrupción. En el caso de la Administración General del Estado se prevé la centralización de toda la información en un Portal de la Transparencia, que incluirá también otra información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. Les queda el reto a las comunidades autónomas y entidades locales de asumir este modelo, y a todos ellos de profundizarlo.

Respecto a la publicidad previa solicitud del ciudadano, la ley reconoce el derecho de acceso a la información a todas las personas, sin necesidad de motivar la solicitud. Se trata de un derecho que tiene límites para la salvaguarda de otros bienes públicos y privados. El anteproyecto los aborda distinguiendo dos categorías de limitaciones, unas absolutas y otras relativas sometidas a ponderación. En ambos casos se echa en falta un último elemento de flexibilidad que permita conceder el acceso en casos de especial relevancia del conocimiento público de la información. Ha de acogerse muy positivamente la regulación de las relaciones entre transparencia y protección de datos, basada en la prevalencia de la reserva cuando están en juego datos íntimos y de la publicidad cuando se trata de datos relacionados con la organización, el funcionamiento o el gasto públicos. En el resto de los casos, se prevé la ponderación entre los derechos afectados. Igualmente acertadas son la previsión de la motivación voluntaria de la solicitud y la de un breve plazo para que los terceros afectados, si los hay, puedan hacer alegaciones, lo que contribuye a una mejor ponderación.

En cuanto al procedimiento, se opta por un plazo de un mes, que se mueve dentro de lo razonable. En caso de no resolución, se establece la desestimación de la solicitud, lo que ya ha cosechado algunas críticas absolutamente inmerecidas, ya que es lo único razonable y la solución unánime en las leyes de los demás países (¿acaso estaríamos dispuestos a que se conociera por el mero transcurso del plazo para resolver nuestro historial clínico o el operativo de la Guardia Civil ante una inminente operación contra la delincuencia organizada?). Cosa distinta es que ante el silencio quepa recurrir (que para eso existe esa ficción jurídica, para no abocar a una espera sin límite) y exigir responsabilidad política y disciplinaria.

Tan importante como esta trama jurídica es el establecimiento de mecanismos organizativos que garanticen la eficacia del derecho: una buena regulación y práctica de la gestión de la información, formación de las autoridades y funcionarios competentes, guías ciudadanas que permitan a los ciudadanos el entendimiento del alcance del derecho, etcétera. Para la Administración General del Estado, el anteproyecto crea Unidades de Información, dejando al resto de administraciones libertad organizativa.

Finalmente, una de las grandes claves que marcará el éxito o el fracaso de la ley será la existencia de una institución independiente que haga «pedagogía de la transparencia» y dé una respuesta gratuita, rápida y eficaz a las reclamaciones de los ciudadanos. La experiencia comparada demuestra su necesidad, la ineficacia de confiar exclusivamente esta tarea a los órganos judiciales y la existencia de dos modelos principales: una institución dedicada solo a la transparencia o la unificación de las competencias sobre transparencia y protección de datos en una institución única; y la segunda cuenta con la ventaja de facilitar una interpretación uniforme de ambos bloques normativos, pero con el riesgo de conducir a una prevalencia de la privacidad, en el caso de que la institución haya nacido con esa lógica inicial, como sería nuestro caso. El Gobierno ha optado por la primera solución, si bien debe de haber estimado improcedente crear un nuevo organismo, en tiempos de recortes y supresión de organismos, por lo que ha atribuido esta función a una agencia ya existente, ahora renombrada como Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios.

El problema estriba en que en su configuración actual esta institución no reúne los requisitos de independencia necesarios, pues, por mucho que la designación gubernamental de su presidente sea susceptible de veto por mayoría absoluta en el Congreso, puede ser destituido libremente por el Gobierno, y su órgano de gobierno es un Consejo rector de representación ministerial mayoritaria. Con esta configuración, España se situaría fuera del modelo de autoridades independientes. Ciertamente, el anteproyecto prevé la modificación futura por el Gobierno del Estatuto de la Agencia, pero solo para adaptarlo a sus nuevas funciones. En realidad, habría que refundarla, y hacerlo mediante ley para evitar precisamente que el Gobierno pueda modificar dicha regulación. Otorgarle, de esta forma, el mismo rango que a la Agencia de Protección de Datos, con la que deberá entenderse y en no pocas ocasiones colisionar. El momento es ahora y en esta ley; el riesgo, en caso contrario, es el de frustrar tras décadas de espera los objetivos de una ley por lo demás apreciable con un órgano endeble y carente de auténtica independencia y, por ende, de credibilidad.

Emilio Guichot, profesor titular de Derecho Administrativo de Sevilla y experto en Derecho de la Información.

Efectivamente, en las sociedades con una cultura democrática asentada una Ley no es imprescindible para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer en todo momento las actuaciones de sus representantes, a saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos, o a conocer qué hospitales o qué colegios públicos funcionan mejor o peor. En definitiva, en una democracia representativa la transparencia, en cuanto derecho de acceso de los ciudadanos a toda aquella información pública sin la cual no es posible una auténtica rendición de cuentas de gobernantes a gobernados, es esencial.

Porque sin auténtica transparencia no es posible la exigencia de responsabilidades políticas e incluso jurídicas a los políticos y gestores públicos, por la sencilla razón de que los ciudadanos no tienen información suficiente para reclamarlas, ni los políticos incentivos suficientes para rendirlas, más allá de los que les exija su propia conciencia… Y ya sabemos lo que suele ocurrir cuando dejamos en manos de las personas y no del diseño de las instituciones este tipo de decisiones, pues, como recordaba James Madison en The federalist papers, si los hombres fueran ángeles no serían necesarios ni los controles internos ni los externos sobre el Gobierno. Por eso la rendición de cuentas (accountability) junto con los sistemas de contrapresos (check and balances) y la existencia de medios de comunicación auténticamente independientes son pilares fundamentales de una democracia representativa digna de tal nombre.

Parece evidente que en la actual crisis política e institucional española se ha producido una quiebra total o parcial de todos esos principios, lo que unido a la crisis económica y al fracaso del modelo organizativo territorial -problema autóctono y singular- está llevando a muchos españoles no ya al cuestionamiento de la idoneidad de su clase política sino al de la propia democracia representativa, tal y como se concibió en la Transición española. Esto es lo que significan movimientos como el 15-M o eslóganes como «No nos representan». Es una reacción lógica en la medida en que los ciudadanos perciben que en el sistema político actual no es cierto que sus representantes respondan fundamentalmente ante ellos, como se dice y como debería ser en un sistema democrático, sino que responden fundamentalmente ante otras instancias, ya sean la cúpula directiva de los partidos políticos, los poderes fácticos (no por difusos menos reales), o, en casos extremos, ante nadie (o ante Dios y la Historia).

En esta situación, la necesidad de transparencia en España es crítica. Y puesto que no podemos contar con una cultura de la transparencia en nuestro país (más bien podríamos hablar de una cultura de la opacidad) una buena Ley de transparencia es esencial y una oportunidad de regeneración que no debería perderse.

Efectivamente, si partimos de la premisa de que es muy difícil, por lo menos por ahora, transformar nuestro sistema democrático desde dentro -no parece que el ejemplo del harakiri de las Cortes franquistas vaya a cundir, ni siquiera a nivel autonómico, ni tampoco parece que tengamos a la vista a la vista un Torcuato Fernández Miranda-, me parece que devolver a los ciudadanos lo que es legítimamente suyo -el poder efectivo de exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes- es crucial. Y para eso es imprescindible tener la información pública.

El Poder en una democracia es público, tiene que serlo. La opacidad es una de las características propias de los regímenes no democráticos, y no me parece casualidad que en España, con su pasado dictatorial relativamente reciente, existan todavía tantas conductas tanto a nivel político como administrativo que la favorecen. Parece que nuestros políticos y nuestros gestores públicos tienen miedo de la transparencia, ya sea por inercia, por convicción, o incluso por razones menos confesables. De ahí la indudable oportunidad que supone el Anteproyecto de la Ley de Transparencia como herramienta transformadora de la forma de hacer las cosas del Gobierno y de las Administraciones Públicas a partir de la demanda real de los ciudadanos. Y si no creen que sean real echen un vistazo a las redes sociales. O al interés que ha suscitado la consulta pública del Anteproyecto de Ley. Por tanto, bienvenida sea la Ley si tiene esta finalidad y sobre todo si se la dota de capacidad real para conseguirlo.

Pero, lamentablemente, es ahí donde surgen las dudas, algunas de las cuales ya han sido puestas de relieve por diversas organizaciones nacionales e internacionales, en particular por la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación Europea). En definitiva, se corre el riesgo cierto de que la aprobación de una Ley alicorta y, lo que es peor, que sigue pensando en clave de procedimientos administrativos y burocráticos (por ejemplo ¿tiene mucho sentido mantener una institución como el silencio administrativo en el siglo XXI cuando se trata de pedir información por internet?) genere una importante decepción, ante las enormes expectativas generadas de que pudiese convertirse en la palanca para transformarlo todo. Y ciertamente no quedan muchas oportunidades más para recuperar, como decía al principio, la confianza de los ciudadanos y la credibilidad en las instituciones.

Así, por mencionar brevemente algunas de las principales cuestiones que convendría revisar, el hecho de dejar fuera de la Ley (por motivos formales comprensibles desde un punto de vista jurídico pero no desde un punto de vista político y ciudadano) instituciones tan opacas como los sindicatos, los partidos políticos o la propia Casa del Rey, por poner algunos ejemplos, no augura nada bueno. El que las excepciones al derecho de acceso a la información pública sean tan generosas y tan amplias tampoco, y no es consuelo que se deje su concreción a un futuro desarrollo reglamentario, que puede tardar meses o no publicarse nunca, como ha ocurrido tantas veces.

Lo mismo cabe decir de la falta de reconocimiento del derecho a la información pública como un derecho fundamental, lo que le dotará de menor protección en caso de conflictos de intereses con otros derechos que sí ostentan dicha categoría, como el derecho a la protección de datos. Y, lo que es peor a mi juicio, volvemos a encontrarnos ante una Ley que puede incumplirse sin muchos problemas, como tantas otras normas bienintencionadas e inservibles que pululan por nuestro hipertrofiado ordenamiento jurídico. Especialmente grave me parece la inexistencia de un organismo independiente con participación de la sociedad civil que supervise el cumplimiento de las disposiciones, o la ausencia de un Plan de acción concreto y ambicioso para implantarla. Tampoco se aprecia la existencia de incentivos adecuados que puedan poner en marcha un círculo virtuoso de la transparencia.

En definitiva, una buena Ley de Transparencia y buen Gobierno, que tiene potencialmente una gran capacidad de transformación, debe ser concebida desde una perspectiva más ambiciosa que la de una mera Ley administrativa y burocrática más. Necesitamos un salto cualitativo. Su finalidad debe ser devolver a los ciudadanos, a través de la información, el poder de gobernarse a sí mismos a través de sus representantes libremente elegidos. En definitiva, de recuperar la esencia de la democracia representativa. Nada más y nada menos.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado y directora gerente de Iclaves.

La transparencia contribuye a reducir la corrupción, es positivamente correlativa con el desarrollo humano y mejora el rendimiento de los servicios públicos. Con un electorado bien informado las elecciones ganan valor. En suma, es un importante elemento de participación ciudadana y de calidad democrática.

La lectura detallada de la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno genera razonables esperanzas de que en España se avance hacia un Gobierno más abierto y responsable. No obstante, los exigentes compromisos que la ley genera para nuestras Administraciones hacen que, en la práctica, el verdadero reto del proyecto sea la implementación efectiva de la norma.

En todo caso, la ley en sí significa un paso necesario y positivo. En primer lugar, es muy importante destacar que su ámbito de aplicación es realmente extenso, solo queda fuera el Poder Judicial (no el Consejo General del Poder Judicial, que sí está incluido) y la Casa del Rey; incluye incluso en sus obligaciones de transparencia a las personas físicas y jurídicas privadas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, ya que estarán obligadas a suministrar a aquella Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma. Además, el Gobierno se compromete a crear un gran Portal de Transparencia (aunque no dice de qué ministerio dependerá).

No obstante, para que todo funcione adecuadamente es preciso que las comunidades autónomas lo creen también y que los entes locales o bien generen el suyo o bien inserten su información en el portal autonómico correspondiente, o en el del Estado, y que se interconecten todos. ¿Lo harán? Ya veremos.

Es cierto que ahora existen páginas web que incorporan importante información de nuestras Administraciones. También existe todo un sistema de información de los contratos públicos a través del Perfil del contratista. Pero la ley intenta ir un poco más allá de la información económico-presupuestaria y estadística hasta ahora pública. Por ejemplo, exigiendo a las Administraciones que elaboren programas anuales y plurianuales en los que se fijarán objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, e incluso que se evalúen y publiquen los resultados de la evaluación. También se compromete a publicar los textos de los proyectos de ley y de los reglamentos, lo cual permitirá a los ciudadanos opinar sobre ellos antes de su aprobación definitiva. Por desgracia, no incorpora a la publicidad, por el momento, los informes finales derivados de las actuaciones de auditoría y fiscalización llevadas a cabo por los órganos de control interno de las distintas Administraciones públicas. Tampoco incluye las actas de las comisiones de contratación. Y, lo que es peor, no establece un sistema de sanciones por el incumplimiento de esta obligación de información activa.

En cuanto al derecho de acceso a la información pública, se reconoce de forma explícita como un derecho general, sin que para solicitar información sea preciso motivar la petición. El acceso a la información será gratuito y el procedimiento para ejercerlo será sencillo y ágil (respuesta en 30 días y silencio negativo). Los límites al derecho de acceso son parecidos a los de la legislación comparada, aun cuando la redacción final ha ido más allá de lo recomendable y ha considerado que no es información pública aquella que afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Además, en el artículo 10 limita el derecho de acceso a la información que perjudique la “política económica y monetaria” o el “medio ambiente”. Estas cláusulas tan genéricas deberían ser matizadas, pues una interpretación amplia puede dejar el derecho de acceso reducido a mínimos.

Para garantizar la legalidad de las decisiones de rechazo y evitar los abusos en la interpretación de los límites e inadmisiones se crea un recurso potestativo especial ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (reconversión de la previa Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios) o ante las agencias autonómicas, en su caso. Todo ello es un avance, sin duda. Pero el legislador se olvida, por el momento, de las sanciones a los políticos y funcionarios por incumplimiento de la norma.

Además, el derecho real es de acceso a documentos públicos, más que a información en general (por ejemplo, no se da acceso a informes y comunicaciones internas de carácter auxiliar para la toma de decisiones). Y, lo que es más discutible, no fundamenta el derecho de acceso en el artículo 20.1.d de la Constitución, con lo que no lo reconoce como un Derecho Fundamental (como hacen las más modernas constituciones), hecho que hará que prime la protección de datos sobre la transparencia en los casos de conflicto. Finalmente, la Agencia responsable de garantizar el derecho no es una agencia independiente, pues su presidente es nombrado y cesado de forma prácticamente libre por el Gobierno.

Otro gran paso adelante es el Título de Buen Gobierno que no solo afecta a los altos cargos de la Administración General del Estado, sino también a los autonómicos y locales. Por primera vez en nuestra historia estos altos cargos tienen todo un sistema de infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria (las tradicionales de la Ley General Presupuestaria y todas las nuevas, derivadas de la futura Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) y de faltas disciplinarias, con un sistema de sanciones claro y coherente (que no implica ninguna modificación del Código Penal).

Pero es importante destacar que la inhabilitación para ocupar altos cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años no impide que un ex alto cargo se pueda presentar a alcalde o concejal, o que sea diputado nacional o de comunidad autónoma. Por desgracia, además, la incoación e instrucción del posible procedimiento sancionador se deja en manos del propio Gobierno, ya que no se refuerza la independencia de la Oficina de Conflicto de Intereses y Buen Gobierno, ni se desarrollan, por el momento, sus competencias para la detección de oficio de casos de incumplimiento de toda esta normativa. Esta opción nos hace temer que, al final, las decisiones sancionadoras se puedan tomar con criterios de interés político-partidista.

Finalmente, no podemos obviar que esta ley, para que sea eficaz, además de las mejoras en su texto, requiere presupuestos que permitan desarrollarla, una mejora en los sistemas de archivo y en la trazabilidad de los procesos de toma de decisiones, una formación a los funcionarios en la norma y en los valores que representa, una reorganización de los datos existentes para que se publiquen de forma que sean reutilizables por la ciudadanía, el impulso y desarrollo del llamado Gobierno 2.0 a través del diseño e imple-mentación de plataformas de colaboración y el uso intensivo de la Web 2.0 y redes sociales, en suma, sistemas que faciliten la comunicación y la participación de los ciudadanos.

Por todo ello, podemos concluir que sin esta ley el progreso hacia un Gobierno abierto sería imposible, pero que solo con la ley, por desgracia, no basta. Felicitamos sinceramente al Gobierno de España por la iniciativa, pero esperamos y deseamos que se mejore la redacción y que el compromiso con la transparencia y el buen gobierno no se agote con la aprobación de la norma.

Antonio Garrigues Walker, Jesús Lizcano Alvarez, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta, integran el Comité de Dirección de Transparencia Internacional España.

El anteproyecto se ha abierto a las aportaciones ciudadanas en una página web específica que se ha colgado más de una vez. El modo de hacer las cosas es de por sí un síntoma de que no se ha interiorizado la esencia de lo que se dice que se va regular. Reducir la participación a un formulario (sin visualización del conjunto, sin registro, sin obligación de responder), y sin un amplio debate social y profesional, es una buena prueba de ello.

El canal tiene soporte digital, pero la mentalidad es profundamente analógica, centralizada y vertical. Está concebido casi como un trámite estético, pero no hay compromiso alguno de cómo se van a trabajar esas aportaciones, ni tampoco se abre un proceso de cocreación legal entre nuestros representantes y la ciudadanía. El anteproyecto nace con una decisión, de fondo, cuestionable. La regulación de la transparencia no pretende promover la participación ciudadana. Ni hacer que lo más nítido sea la antesala de espacios más dinámicos y de colaboración para la relación entre el Gobierno y los ciudadanos y sus organizaciones sociales y económicas.

Sorprende que la propuesta ignore un ámbito imprescindible, para dar un salto en la transparencia en la vida pública, como son las organizaciones políticas (partidos, sindicatos) y las instituciones representativas (parlamentos). Ni una palabra. Pretender transparentar la acción del poder ejecutivo sin afrontar la del poder judicial o legislativo, o el papel de los partidos en la sociedad, es regular por competencias, no por principios transversales. La propuesta del Gobierno no afronta lo fundamental: ¿qué requisitos, en términos de transparencia, acceso a la información y participación debería cumplir cualquier actividad política de servicio público?

Las disfunciones, imprecisiones e incoherencias que la ley va a dejar al descubierto en nuestra arquitectura democrática pueden, en vez de generar un saludable efecto de contagio, provocar lo contrario: nuevas (y viejas) áreas de opacidad que puedan seguir al margen de esta ley y que defrauden, aún más, las expectativas creadas en una ciudadanía cansada, irritada y desconfiada de nuestro sistema político. La norma propuesta llega tarde y es muy poco ambiciosa e innovadora en relación con los modelos europeos o norteamericanos. Se queda más que corta que la misma iniciativa del PP en la oposición. Parece que, para el Gobierno, internet es un fax mejorado y un sustituto más cómodo de la correspondencia en papel para la gestión de las incidencias. Para muestra, un botón: las palabras internet o redes sociales no aparecen en el articulado. Tampoco rendición de cuentas.

Hemos esperado mucho, demasiado, para tener una ley que proteja, estimule y aliente nuestro derecho a la información pública. Esperábamos que aprovechara el enorme caudal de potencia social, económica y tecnológica que tiene la liberación de los datos públicos. Que estimulara una profunda reforma organizativa en la creación, organización y prestación de los servicios públicos gracias a la incorporación de la cultura digital. No se trata de máquinas ni de programas simplemente. Se trataba de visiones, conceptos y estrategias que este anteproyecto ignora o desprecia. El e-government no es simplemente gobernar con tecnología, es otra manera de hacer, pensar y servir a los ciudadanos y ciudadanas desde el Gobierno.

Rajoy ha querido cumplir. Está muy bien. Pero no se trataba de un mojón político o parlamentario, sino de una auténtica revolución en la gestión de lo público y de la relación de la política con administrados y ciudadanos. Una adecuación a la vida móvil y digital de nuestra sociedad. Hay, además, una oportunidad extraordinaria para ser mucho más eficientes en el gasto si se cambian los flujos de comunicación, se horizontaliza la relación, se digitalizan procesos y se utiliza la tecnología de proximidad para hacer de la información y el dato liberado un nuevo modelo de gestión del servicio público. Hay ahorro y también oportunidades de innovación.

Hay quien dirá que es un primer paso, y lo es, especialmente en la lucha contra la corrupción y la mala gestión; que es mejor tenerlo a no tener ninguno, y tendrá razón. La cuestión es si este primer paso abre la oportunidad a los siguientes ,que deben ser urgentes y decididos. Creo, sinceramente, que para llegar lejos, a veces, hay que dar pasos cortos y continuados. Pero siempre que se cumpla una condición: que se sepa hacia dónde se va. Y, en este caso, no lo parece.

Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación

¿Qué harán dos españoles cuando se vean esta tarde? —Hablar de la crisis». Este chiste no tiene ninguna gracia, pero es muy actual y realista. La mayoría de nuestros encuentros intercambian una buena dosis de desesperanza; no creemos que hayamos tocado fondo y tampoco vemos salida. Es inevitable preocuparse y, compartiendo nuestra preocupación, de forma consciente o inconsciente, intentamos desahogarnos al menos un poco. Las noticas, sobre todo económicas, políticas, sociales y financieras, no nos ayudan a mejorar esta sensación tan negativa.

¿Qué podemos hacer? Ante todo, aceptar que podemos hacer algo. Cada cual en su ámbito de actuación. Involucrémonos. La solución se puede alcanzar, pero solo con las aportaciones de todos. Después de treinta y tres intensos años, asumamos de una vez que nuestra democracia ya ha madurado por fin, y, con ella, nosotros como ciudadanos. Solo así conseguiremos convertirnos en un país que pueda disfrutar de una democracia avanzada, en la que los ciudadanos seamos los verdaderos dueños y, como dueños que somos, ocuparnos nosotros mismos de salir del profundo bache en el que estamos.

Todas las democracias avanzadas del mundo son ya, en mayor o menor medida, transparentes, y cualquier análisis medianamente serio que hagamos nos lleva siempre a la correlación muy directa y marcada que existe entre transparencia y prosperidad. Esta transparencia solo la conseguiremos con un Gobierno abierto, participativo y colaborativo, tanto a nivel nacional como autonómico y local. Un Gobierno abierto publica on-line de forma proactiva toda la información pública, salvo contadas excepciones contempladas por ley. Un Gobierno participativo reconoce el enorme potencial del valor de las aportaciones ciudadanas para quien(es) tiene(n) que tomar decisiones públicas. Y, por último, un Gobierno colaborativo eleva el grado del valor de la participación ciudadana a la de verdaderos socios de la Administración en la identificación y búsqueda de objetivos públicos. Un ejemplo de actuación de un Gobierno abierto es el actual británico, que publica on-linecualquier gasto suyo superior a 25.000 libras o de administración local de más de 500 libras. Un ejemplo muy básico pero de valor absolutamente inmenso de aportación ciudadana sería el 091. De no ser por los ciudadanos, ¿cuántos vigilantes de todo tipo —policías, bomberos, guardas forestales, ATS, asistentes sociales, etc.— debería haber para cubrir con la misma eficiencia y eficacia cada hogar español, cada edificio público, cada carretera, camino, calle o autopista, cada bosque, playa o rincón de nuestra geografía? Otro ejemplo de colaboración ciudadana es Wikipedia, que con sus contenidos, enlaces y constantes actualizaciones ha hecho tan pequeñas a las enciclopedias tradicionales. Estos ejemplos, además de mostrar su importancia, nos permiten ver que las personas, a nivel individual, son básicamente buenas, altruistas y —cada vez lo compruebo más— sabias. El Gobierno de Cameron pretende ser participativo, por ejemplo, al afrontar el déficit usando Facebook y creando una web para que cualquier empleado público pueda hacer sugerencias. En las primeras 24 horas ya tenían más de 10.000, y al cabo de pocas semanas, cientos de miles. Estas fueron seleccionadas y publicadas on-line. Este enfoque contrasta con la práctica tradicional de encerrar en una habitación a un puñado de expertos.

Estos ejemplos no son más que un mero atisbo inicial de la nueva era que cambiará de forma radical la relación entre el poder y los ciudadanos y el papel de estos últimos. Esta nueva era llegará a España cuando los ciudadanos comprendamos primero que debemos ser el centro de gravedad del país y luego descubramos nuestra fuerza, hoy por hoy dormida o adormecida. La declaración Transforma España de la Fundación Everis menciona las cinco facetas fundamentales de dicho centro de gravedad: el ciudadano depositario responsable de los valores del país, el ciudadano elector, el ciudadano consumidor, el ciudadano financiador y el ciudadano productor de valor socioeconómico. Nuestra fuerza como ciudadanos se encuentra en las opciones que a nivel individual adoptemos, premiando conductas que consideraremos adecuadas y castigando las que nos perjudiquen. No tardarán en surgir aquí asociaciones cívicas que estimulen, agreguen y potencien estas posturas individuales. Ya las hay en los cinco continentes.

Es imprescindible incorporar la transparencia al conjunto de pilares básicos de nuestra sociedad para afrontar con éxito los problemas en los que nos hallamos inmersos. Veamos solo algunas razones: en primer lugar, la experiencia internacional que prueba que los países más transparentes son más prósperos. Una segunda razón es que nuestro sector público, que ya representa la mitad de nuestra economía (46% del PIB) y que cuesta una media de 10.000 euros a cada español independientemente de su edad y situación, se verá muy beneficiado por la transparencia para ser más eficaz, eficiente y económico, por ejemplo publicando todos sus contratos o el rendimiento de cada hospital, escuela y juzgado. Una tercera razón es que un país más transparente obtendrá financiación externa más barata. España paga casi 100 millones de euros al día por los intereses de su deuda (nuestra deuda). Una cuarta razón: la transparencia es el mejor caldo de cultivo para el desarrollo de empresas sólidas, nacidas en la libre competencia y que saldrán al exterior con posibilidades reales de éxito generando el tan necesitado empleo. Otra razón es que la transparencia es, con gran diferencia, el mejor antídoto contra la corrupción y el despilfarro rampante que tenemos. Por último, es necesario educarnos en transparencia para erradicar nuestra pésima cultura de aceptación y conformismo con la opacidad.

No pretendo formular las soluciones que resolverán nuestra crisis actual, pero estoy seguro de que todas tendrán como denominador común, de una u otra manera, la transparencia, que es una corriente universal imparable y ya una realidad en los países más desarrollados. La transparencia, en parte gracias a las nuevas tecnologías, acabará penetrando en nuestra sociedad, y los ciudadanos, entonces ya conscientes de nuestra enorme capacidad de actuación e influencia, ejerceremos nuestro papel de forma creativa, constructiva y responsable.

A partir de aquí y ahora, nos toca arrancar. Internet es una fabulosa ventana al mundo al alcance de todos e ideal para informarnos y luego empezar a actuar. Para iniciarnos podemos escribir la palabra «transparencia» en nuestro navegador y empezar a surfear libremente por la red. Un poco más adelante puede ser interesante ver los vídeos de conferencias del Personal Democracy Forum en español y en inglés. No tardaremos en comprender que, de haber tenido transparencia en España, la crisis habría sido mucho menos acusada, y sus efectos, no tan devastadores…

Me gustaría acabar con las palabras de una viñeta de Máximo: «Dijo el tirano: “¡Parad la Primavera!”». En la España actual, ¿se puede parar la transparencia?

Karl Emil Maximilian Max Weber (1864, Erfurt, Sajonia-1920, Múnich, Alemania) es seguramente el padre de la sociología moderna. Entre las múltiples materias que abordó -protestantismo y capitalismo, sociología de las religiones, historia económica de la antigüedad y el medievo, economía política, sociología de la música, epistemología- encontramos el mejor tratado de la burocracia pública. En España, sus tesis parecen haber experimentado una vuelta del revés (umstülpung) similar a la que Marx propinó en su día a Hegel.

En Economía y sociedad (1925), Weber sostiene que los sistemas modernos (es decir, las democracias capitalistas) crean la burocracia pública como reacción al Estado patrimonialista del antiguo régimen, para garantizar la imparcialidad y neutralidad de la Administración. Para ello, es fundamental proteger a la Administración de los políticos y capitalistas poderosos y, a la vez, a los ciudadanos frente a la misma Administración.

Argumenta que la burocracia protege al ciudadano del administrador definiendo detalladamente su área competencial y las reglas y procedimientos, eliminando así la posibilidad de favoritismos. Igualmente, el sistema incorpora mecanismos para que los ciudadanos puedan recurrir decisiones y dictámenes ante niveles superiores. Y la burocracia rompe con el pasado al segregar la función pública del patrimonio personal de los administradores.

Por otro lado, el modelo se diseña para proteger a los funcionarios de los políticos y asegurar su independencia. Garantiza a los administradores una carrera profesional vitalicia, limita el poder de los superiores para con los niveles subordinados y selecciona a sus empleados mediante criterios técnicos y competitivos.

La burocracia pública supone, sin duda, un avance espectacular para la Administración, acorde con la evolución del capitalismo y la democracia liberal durante el siglo XIX y la primera parte del XX, pero el advenimiento del macro-Estado productor de nuestros días la hizo entrar en crisis. Lo que era funcional para jueces, inspectores de tributos o fiscalizadores de procedimientos no lo era tanto para médicos, maestros u orientadores laborales. Por eso, muchos de los países más desarrollados han modernizado sus administraciones haciéndolas evolucionar respecto del ideal burocrático weberiano. Mantuvieron algunos elementos del mismo y flexibilizaron otros, especialmente en las áreas de provisión de servicios públicos. En la Administración española, esta modernización está, en buena medida, pendiente y, además, parece haberse desarrollado una patología específica que subvierte el esquema de Weber: la colonización de la política por la burocracia.

Si Weber levantara la cabeza y contemplara el actual Gobierno, es probable que no le pasara por alto que 11 de los 14 ministros son funcionarios, y nueve de ellos, de los altos cuerpos del Estado. El sistema que él caracterizó de forma tan precisa ha evolucionado de manera inesperada. El funcionario, al que el sistema debía proteger de la política, habría acabado por ocupar el espacio político, lo que responde a varios motivos.

La gran estabilidad laboral de los funcionarios y su retorno garantizado a la plaza les permite la incursión en la política con costes muy inferiores a otras profesiones. El conocimiento de la maquinaria administrativa les habilita para conseguir buenas posiciones en el mercado en que se cooptan los cargos. Su organización en cuerpos les ha convertido en grupos de interés poderosos y cohesionados que operan, como lo hacen las llamadas profesiones fuertes, controlando la selección de nuevos miembros, administrando las barreras de entrada y monopolizando parcelas de desempeño laboral. Su sistema de selección, aunque competitivo y meritocrático, es poco permeable a cambios que impliquen nuevos conocimientos, experiencias y perfiles. Todo ello hace que en España exista un escaso trasvase entre el mundo político y el empresarial. No es de extrañar que nuestro país puntúe tan bajo en el índice de apertura de la Administración general que utiliza la OCDE.

En definitiva, en España -a diferencia del Reino Unido, que les prohíbe involucrarse en política- los funcionarios se han convertido en el vivero principal de gobernantes. La cosa tiene sus peligros. Por una parte, reduce la diversidad y pluralidad de las élites políticas. Lo óptimo sería contar con gobiernos que, compuestos por ministros de distintos orígenes, fueran un mejor reflejo de la diversidad social. A su vez, la funcionarización del Gobierno confiere a las relaciones entre política y Administración una espesa textura de interdependencias muy alejada del ideal de delimitación que imaginó Weber. Además, su hegemonía en los gobiernos tiende a dificultar la reforma de la Administración, hoy más necesaria que nunca. No es fácil que quienes deben ser reformados lideren la transformación del statu quo que les llevó a sus cargos. Tal vez eso explique que en nuestro país, a diferencia de otras democracias, esas reformas duerman en los cajones, gobierne quien gobierne.

“Cuando se incumple la ley, se vulnera la libertad de las personas”. Esta frase encierra el núcleo fundamental del Estado de derecho. Hoy en día, con demasiada frecuencia, muchos cargos públicos y muchos ciudadanos incumplen la ley y dicen defender la libertad. Un grave error, algo imposible en un Estado democrático de derecho como el nuestro.

En efecto, la más importante innovación que aporta el Estado de derecho, concebido en los siglos XVII y XVIII por los filósofos racionalistas, es que logra conciliar tres conceptos que hasta entonces parecían antagónicos: libertad, derecho y Estado. Hasta entonces, para muchos, la libertad era el derecho a hacer todo lo que a uno le diera la gana. Como ello generaba violencia y enfrentamiento entre personas, había que limitar la libertad. El encargado de limitarla era el monarca, el rey, dotado de la fuerza necesaria para imponer su ley natural que hacía derivar de la voluntad de Dios.

Por tanto, este monarca -el equivalente del Estado de hoy- imponía unas reglas -un derecho- que mediante la coacción -la fuerza física- negaban esta libertad personal: lo único permitido era cumplir la voluntad del rey, que amparaba su autoridad en la voluntad de Dios. El rey negaba la libertad de los individuos ya que esta dependía de su libre voluntad. El único ser libre era, pues, el rey, el soberano, que detentaba un poder absoluto sobre todos los hombres. Así pues, el poder político, el monarca, el Estado en definitiva, eran incompatibles con la libertad de las personas y el derecho no era otra cosa que la libre voluntad del rey. Libertad de las personas, derecho y Estado eran, pues, conceptos incompatibles.

Los teóricos de las ideas liberales y democráticas llevaron a cabo una subversión total de estos términos. De entrada, sostuvieron que la libertad individual no es el derecho a hacer todo lo que nos da la gana sino, como dijo Montesquieu, “el derecho a hacer todo aquello que las leyes permiten”. Ahora bien, no toda ley concede libertad sino que sólo son legítimas, es decir, sólo deben ser obedecidas, aquellas leyes que son el producto de la voluntad de los ciudadanos. En este punto, Rousseau completa la idea de Montesquieu al sostener: “La libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha prescrito”.

En otras palabras, las únicas leyes que conceden libertad en un Estado de derecho son aquellas en las que han participado todos los hombres en un plano de igualdad. Por ello, los únicos parlamentos que dictan leyes que deben ser obedecidas -leyes legítimas- son aquellos que han sido elegidos mediante el voto libre e igual de ciudadanos libres e iguales en derechos. Estas leyes son las de obligado cumplimiento para todos.

Y ahí radica una de las claves de este tipo de Estado: si todos están sometidos a la ley, por supuesto legítima, ello incluye también a los poderes públicos. Así pues, el soberano ya no es el rey, ni tampoco el Estado, sino sólo el pueblo, el conjunto de ciudadanos libres que expresan su voluntad creando derecho. Sólo el derecho, por tanto, puede establecer límites a libertad del individuo y el fundamento de estos límites está, precisamente, en los llamados derechos fundamentales.

¿Cómo puede entenderse que negar libertad a las personas, es decir, coaccionarlas, se fundamente en los derechos fundamentales, aquellos que, precisamente, conceden libertad? Distingamos. No todo poder de coacción en manos del Estado es legítimo sino solamente aquel que se justifica en la protección de los derechos de los demás. Kant lo expresó así: “Si el ejercicio de la libertad por parte de un individuo es un obstáculo para la libertad de otro, la coacción que se le opone, en tanto que obstáculo a quién impide la libertad, coincide con la libertad”.

Los anglosajones tienen un aforismo que permite entenderlo de forma aún más clara: “La libertad de mi puño acaba donde empieza la nariz de la persona que tengo enfrente”. Es decir, el límite de mi libertad se halla donde comienza la libertad del otro. En consecuencia, en defensa de la libertad de este otro, es legítima la fuerza necesaria para frenar el puño dirigido a romper una nariz dado que ya que sirve para proteger su derecho a la integridad física. O, con otro ejemplo, es legítimo el porrazo de un policía que persigue a un ladrón para restituir a su dueño la cartera robada. Es en esta medida que, si bien en sentido no jurídico se ejerce coacción, esta coacción no es otra cosa, desde el punto de vista jurídico, que libertad.

Por tanto, si bien no toda coacción proporciona libertad, es legítima la fuerza coactiva necesaria para que la libertad exista: se trata de la fuerza que se ejerce ante una determinada persona para impedir que vulnere los derechos de otra. En tanto que esta coacción está autorizada por la ley y es ejercida por los órganos estatales, el derecho, el Estado y la libertad, no solamente no son incompatibles entre ellos, sino que se identifican: la igual libertad de todos es, así, el contenido mismo del Estado de derecho, su objetivo único. Defender la ley es defender la libertad.

Ee 1934, Thomas Mann escribió la necrológica de Sammi Fischer, su editor húngaro judío de Berlín, el hombre que, en gran medida, había hecho que él llegase a ser escritor. Allí recordaba Mann la conversación mantenida con el anciano, ya muy enfermo, la última vez que se vieron:
—No es europeo —dijo Fischer, expresando su opinión sobre un conocido común.
—¿No es europeo? ¿Y por qué no?
—No comprende nada de las grandes ideas humanas.

Las grandes ideas. Esa es la cultura europea. Eso es lo que Mann había aprendido de Goethe y los mejores escritores del primer tercio del siglo XX de Cervantes. Esta es la tradición sobre la que se edifica la educación liberal, el sentimiento democrático y el humanismo europeo, creador de las grandes utopías modernas de la libertad y la igualdad. En él aprendió su oficio de poeta Antonio Machado. De ahí que su muerte en los últimos días de la guerra civil pudiera ser sentida como el final de un sueño y de una España que había tocado la gloria de la belleza y el pensamiento, como no lo hiciera desde el Siglo de Oro. «En el dolor de España —escribiría Altolaguirre al despedir al autor de Campos de Castilla— te he sentido».

Con el triunfo de Franco y el desguace del país liberal de Machado, España se alejaba de las grandes ideas y, dicho en palabras del editor de Thomas Mann, dejaba de ser europea. Pasaron los años y los españoles enterraron la dictadura pero la mala conciencia de su excepcionalidad en el viejo continente acompañó inmisericorde su caminar hacia la democracia. Quedó poco tiempo para las grandes ideas y la cultura democrática no dejó de naufragar en agendas que permiten llamar a cualquiera para decirle «esto me lo arreglas» mientras los demás deben enfrentarse al «vuelva usted mañana», dependiendo si supieron o no tomar el tren adecuado. Y algo, grave y excéntrico en las formas de construir regímenes sólidos en Europa, alcanzó niveles de mascarada cuando quienes se consideran ajenos a una nación, pasaron a redactar los certificados de buena conducta ciudadana no sólo en aquellos territorios donde se supone que disponen de un apoyo más o menos importante, sino que determinaron también cuál debía ser el perfil de una España con la que dicen mantener lazos casuales.

Para mayor desgracia, la recuperación de las instituciones democráticas y el fortalecimiento de una conciencia cívica basada en el ejercicio de la libertad se han visto golpeadas continuamente por la actividad terrorista y la infamia de un discurso de justificación que convierte a los asesinos en la encarnación de una Causa. En ningún otro lugar de Europa se hace de los criminales la expresión de una realidad nacional ni nadie piensa que a través de ellos se manifiesta la voluntad de un pueblo. En España, por el contrario, hasta el discurso eclesiástico desbocado ha engendrado mecanismos de defensa e imposición violentos: lo que podríamos llamar síndrome de Jerusalén, el sentirse mesías del nacionalismo más extremoso pertenece también a la ceremonia de la confusión político-religiosa del País Vasco.

Sufrimos ahora la gran impostura de que la comprensión de los fenómenos sociales olvida, alegremente, algunas verdades elementales que están por encima de los acontecimientos históricos y los condicionantes de los tiempos: el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a ni siquiera tener que dar explicaciones sobre lo que uno piensa, para poder vivir en paz con uno mismo, sin la compañía del miedo, de la marginación o del desprecio que destilan los portadores de las ideas dominantes y sus vehículos de expresión.

Sufrimos ahora la gran impostura de ver cómo los que han exigido su presencia en las urnas a golpe de pistola son convertidos en respetables demócratas, a los que, ya sin armas, no se puede juzgar por sus ideas, olvidándose de que el fascismo radica en el discurso no en la acción de poner bombas. Nada más equivocado que creer que el diálogo es posible con quien ha enterrado en sangre y en furia el lenguaje de la humanidad. Hemos visto mentir, envilecer, amenazar, secuestrar, matar, y nunca fue posible persuadir a quienes lo hacían de que no lo hicieran. Porque están seguros de sí mismos y porque no se persuade al representante de una idea absoluta, de un mesianismo sin matices.

De otro lado, los asesinos convertidos en héroes, por el simple hecho de entregar sus vidas más tarde, han llenado las páginas de nuestra historia. Saint Just no es inocente porque la guillotina le corte el cuello a él también. Trotsky no es un mártir porque ha sido previamente verdugo. El falangista que acabó con la vida de Ciges Aparicio no fue inocente porque su vida pudiera concluir en el frente ni porque su corazón estallara de fervor patriótico. Y el requeté que se embadurnaba de escapularios ensuciaba una fe al convertirla en excusa de la masacre.

Por una u otra causa, en España se ha instalado una confusión elemental: tantos años de nacionalismo violento que ha matado a cientos de personas en nuestro país han permitido al que no recurre a esa violencia física aparecer como demócrata, sin reparar en que la extrema derecha europea es calificada de antidemocrática cuando no mata a nadie, como ocurre con el Frente Nacional francés. Conviene insistir: lo antidemocrático es el discurso, no solamente la acción. ¿Por qué nos alarmamos cuando los franceses votan a Le Pen y ponderamos la calidad democrática del voto al nacionalismo vasco heredero de ETA? ¿O es que estos mismos nacionalistas no aplauden con entusiasmo la represión de grupos neofascistas, a quienes se requisan materiales, se cierran librerías o se mete en la cárcel por negar el Holocausto? Claro que hay ideas criminales, claro que hay ideas punibles. Simone de Beauvoir decía que había palabras que mataban, cuando se negó a firmar la petición de gracia a favor del escritor Brasillach fusilado por orden del general De Gaulle por haber colaborado con la Alemania nazi durante la ocupación de Francia. Hay ideas que pueden ser consideradas denigratorias de los derechos de los demás, como las xenófobas, y es obvio que son criminales en el sentido estricto del código penal.

En nombre de la pluralidad se nos cuela todo y hemos llegado a creernos que todas las opiniones son integrables, incluso aquellas que atentan contra la democracia, y quizás es la hora de poner ciertas ideas en orden, aprovechando la forma que ha adquirido el paisaje después de la batalla electoral. Los rasgos más pintorescos de nuestra situación proceden de la falta de voluntad política, de capacidad argumentativa, de coraje ideológico para enfrentarse a aquellos que nos han impedido ser una nación normal, equivalente en su conciencia propia a aquella que poseen naciones que ni siquiera necesitan recordar a cada instante que lo son, entre otras cosas porque en ninguna parte se han construido las naciones sobre la permanente negociación con quienes no las aceptan. Y como ocurre siempre al calor de la ausencia de respuestas políticas, los nacionalistas no se han conformado con decirnos quiénes son, sino que se empeñan en indicarnos lo que debemos ser los demás. Incluso cuando los demás somos la inmensa mayoría de la sociedad española. Quien esté libre del pecado político de haber considerado que una extravagancia arcaizante era una muestra de modernización y de calidad democrática española, que tire la primera piedra, antes de que todos los proyectiles estén a disposición de los de siempre.

Reformar el sistema electoral es una reivindicación social de esta legislatura que no debiera quedar aparcada. Si el que está vigente se ajustara proporcionalmente al veredicto de las urnas del pasado 20 de noviembre, Mariano Rajoy tendría hoy más urgencia en despachar con Rosa Díez y Josep Antoni Duran i Lleida que con los banqueros. Necesitaría la coalición o el apoyo explícito de la cuarta fuerza política en número de votos (UPyD) y la quinta (CiU) para poder formar un Gobierno con ciertas garantías de estabilidad. En su lugar, como es bien sabido, y dado que nuestro sistema electoral se sirve de dos reglas que distorsionan el resultado final (el sistema D’Hont y la circunscripción provincial), el Partido Popular dispondrá en el próximo cuatrienio de una holgada mayoría absoluta habiendo cosechado menos del 50% de los votos, y partidos como Amaiur o Esquerra Republicana disfrutarán de un altavoz desproporcionado en la política nacional, a pesar de no sumar entre ambos más que el 2,42% de las papeletas emitidas.

Que nuestra ley electoral necesita una revisión no es ninguna novedad. Lo que es nuevo es que dicha revisión, dada la victoria del PP, vaya a quedar en el baúl de los recuerdos tras el 20-N, justamente después de una legislatura marcada por la insatisfacción generalizada hacia nuestra clase política (tercer problema que más preocupa a los españoles después del paro y la economía) y el movimiento de los indignados, que tantas simpatías ha cosechado. La renovación de la vida política, la representatividad de las instituciones y el sistema electoral eran algunas de las reivindicaciones de este movimiento que solo atienden ahora las formaciones que como UPyD, IU o Equo salen perjudicadas en el reparto de escaños y, por tanto, no tienen ninguna posibilidad de abrir el debate.

La proporcionalidad de los votos es la base de la democracia: un ciudadano, un voto. Nuestro sistema transgrede tal principio exageradamente. Mientras que cada escaño de UPyD ha necesitado casi 230.000 votos, el PP solo ha requerido 58.230 y Amaiur, 47.661. Visto desde otro ángulo, al único diputado socialista por Soria salido del 20-N solo ha obtenido 16.058 votos. Los 10 de Madrid, 87.504 cada uno.

Puede, sin embargo, que no sea una mala idea incorporar ciertos correctivos para promover legislaturas estables y dar voz a los territorios menos poblados y periféricos. El sistema D’Hont se aplica en una treintena de países porque evita la excesiva fragmentación de los Parlamentos y los problemas de gobernabilidad. En España se suma, sin embargo, otro elemento mucho más distorsionador (la circunscripción provincial) que favorece con exceso a los partidos con alta concentración territorial de votantes, lo que tendría sentido en un país tan descentralizado como este si no fuera porque ya se dispone de Gobiernos y Parlamentos autónomos, además del Senado. Esta Cámara alta, por cierto, de importante representación territorial, cuesta 55 millones de euros anuales y su reforma, cuando no su desaparición, es una reivindicación que debería ser atendida. De su escasa relevancia tal como está hoy concebida da fe el mínimo interés que suscita su composición. De la necesidad de su reforma hablan también las urnas: se han disparado esta vez los votos para el Senado en blanco (1,26 millones; el 5,3% del total) y nulos (más de 900.000; el 3,71%).

De los dos grandes, solo el Partido Socialista ha mencionado en la campaña electoral alguna reforma del sistema, pero establecer listas abiertas, aun suponiendo una mejora de la representatividad política, no tiene el calado suficiente para la regeneración que se desea. Cambiar las reglas para el reparto de escaños o reformar el Senado tampoco sería la panacea, pero abriría una vía importante de regeneración en una democracia que como la española empieza a ofrecer síntomas de rigidez y partitocracia.

Es síntoma de rigidez la incapacidad para pactar un cambio de la Constitución que no sea por el procedimiento abreviado, como ha ocurrido recientemente con el techo para los déficits públicos. La sucesión de la Corona, eliminando la extemporánea preferencia del varón, y la remodelación del Senado son las reivindicaciones más demandadas desde que hace 33 años se aprobó la Carta Magna.

De la partitocracia hay abundantes señales. Las más obvias son los sistemas cerrados y casi siempre por aclamación mediante los cuales los partidos encumbran a sus líderes y la numantina resistencia de las grandes formaciones a perder los privilegios que les otorga un reparto de escaños evidentemente injusto. Porque la distancia que hoy castiga en escaños al PSOE frente al PP puede volverse en su favor en los próximos comicios y viceversa. Los partidos se aferran al poder conquistado y rechazan también la posibilidad de perder puestos de trabajo en los que colocar a los suyos, bien sea en las Diputaciones, bien en el Senado, bien en las Administraciones autonómicas.

En tales reformas tienen, además, los nuevos gobernantes una panoplia de posibilidades para aplicar sus planes de austeridad. Pero su necesidad no deviene de la mera coyuntura económica, sino de la imperiosa urgencia de profundizar en nuestros modos democráticos y de devolver a los ciudadanos su afecto por la política.

“Gobierno de técnicos”: el término se ha puesto de moda a raíz de que Lukas Papadimos ha sido nombrado primer ministro de Grecia, y Mario Monti está propuesto como presidente del Consejo de Ministros de Italia. Pero eso de “gobierno de técnicos” suena mal, muy elitista, con un fuerte tufillo antidemocrático. Y así ha sido otras veces. Pero si nos quedamos ahí, si no indagamos un poco más, creo que no vamos al fondo de la cuestión: no sólo no existe oposición alguna entre técnicos y políticos sino todo lo contrario.

Gobernar es un asunto complicado, muy complicado, para el que se necesitan conocimientos especializados. Rodríguez Zapatero dijo hace un tiempo algo así como que muchos en España estaban capacitados para ser presidentes del Gobierno. A mí me pareció que aquella frase era una solemne tontería aunque nunca dudé que la decía con total convencimiento y ahí están las consecuencias. En realidad pocos, o relativamente pocos, están preparados en España para presidir un Gobierno, como también son pocos –aunque más– los que están preparados para dirigir una gran empresa o un importante equipo de investigación científica o, en fin, a otro nivel, para ser entrenadores del Barcelona o del Madrid.

Ocupar un lugar de responsabilidad en una organización compleja requiere conocimientos adecuados. Los políticos no escapan a esta regla: ni el presidente del Gobierno ni el concejal de urbanismo de un municipio. Otra cosa es que, para desempeñar un cargo público, los conocimientos técnicos sobre una materia determinada sean una condición necesaria pero no suficiente. Además, el político debe estar también dotado de otras cualidades, las específicas de la acción política, como son capacidad de diálogo, de comunicación o de gestión públicas. Pero esto sucede también en todas las profesiones: suele denominarse adecuación al puesto de trabajo. Tampoco los políticos escapan, pues, a esta segunda regla.

Los políticos, por tanto, además de una solvencia técnica específica, deben tener una especial capacidad para ejercer funciones públicas. El actual desprestigio de la política y de los políticos no proviene tanto de que cuestionemos su legitimidad democrática, que nadie pone en duda, sino de que encontremos a faltar estas condiciones en el desarrollo de su actividad.

El proceso democrático en un sistema parlamentario consiste en que los ciudadanos eligen a los parlamentarios y éstos designan, directa o indirectamente, a los demás cargos públicos, desde el presidente del Gobierno a los altos cargos de la Administración. Una relación de confianza se establece así entre ciudadanos y cargos públicos: en esto reside la democracia política. El primer paso es, pues, la elección de los parlamentarios Para ello las direcciones de los partidos elaboran listas de candidatos. Pues bien, ¿se tienen en cuenta al elaborarlas los conocimientos técnicos de los candidatos propuestos? Dudo mucho que así sea, por lo menos en la mayoría de las ocasiones. Normalmente, uno consigue figurar en un lugar relevante de una lista electoral si previamente conoce los complicados vericuetos de los partidos, se comporta dócilmente ante el mando y calla a su debido tiempo.

Pero tampoco los ciudadanos votan una lista u otra según los conocimientos de los candidatos sino, en general, por otros motivos: el partido al que pertenecen, la ideología que defienden, su capacidad de argumentación, la empatía que trasmiten o, en el límite, su aspecto físico. Estamos en campaña electoral y sabemos que cuentan estos factores, no su nivel de conocimientos. A su vez, tampoco la designación de los altos cargos de la Administración, incluso los ministros, se debe en muchas ocasiones a su condición de personas preparadas sino a la necesidad de colocar a quienes se han quedado sin cargo. En todo este proceso, como se ve, lo que importa es saber deambular con habilidad por los pasillos de las sedes de los partidos, aunque no se posean especiales conocimientos, ni adecuación al cargo, ni siquiera experiencia alguna en un trabajo profesional previo.

Por tanto, ni a políticos ni a ciudadanos les importa el grado de preparación técnica de los políticos. De ahí que uno de los vicios más visibles de nuestras actuales democracias es la incompetencia y quizás por ello hemos llegado adonde hemos llegado. Desde esta perspectiva, mientras los procedimientos democráticos sigan funcionando, la presencia en los gobiernos de técnicos, de personas cualificadas por sus conocimientos y no por su adscripción a un partido, debería ser bien vista por todos: es el justo castigo a la ineptitud de los políticos tradicionales.

1. La indignación puede ser provocada por muy diversas causas. Personalmente, me la produce una opinión muy extendida y hasta muy popular: que los males que padecemos, que son muchos, proceden casi en su totalidad de la clase política. Ya este sustantivo, clase, referido a nuestros políticos tiende a discriminar a estos, como si se tratase de un sector de la sociedad al que debe darse de comer aparte.

Que nuestros políticos sean el reflejo fidedigno de nuestra sociedad es, quizás, la mayor objeción que puede hacérseles. Desearíamos que fuesen algo superiores. O que tuvieran mayor nivel para así guiarnos con más solvencia en las difíciles travesías de esta terrible e interminable crisis que afecta a tantos países, y al nuestro en particular. El reproche tan generalizado sobre la insolvencia de nuestros políticos tiene naturaleza de bumerán. Sabemos que no todos son corruptos, ni todos son escasos de luces, ni viven todos ellos de espaldas a los problemas de nuestra sociedad. Pero llevamos demasiados años de mala gobernanza a causa de erradas decisiones fundadas muchas veces en pronósticos irresponsables.

Olvidamos que esos políticos han sido elegidos por nosotros. Proceden de la sociedad a la que pertenecemos. La responsabilidad es, pues, de la sociedad; es nuestra. Si no cumplen sus obligaciones, tenemos la dichosa posibilidad, propia de las democracias, de sustituirlos por otros que, quizás, podemos suponer que sean mejores, o que se rodeen de profesionales más aptos. Ocho años de gobierno es, por lo que se ve, la cifra a la que la sociedad española parece haberse acomodado.

No vale, de ningún modo, la afirmación —tan extendida— de que todos los políticos son iguales, o que la clase política que padecemos es inservible. Con esas afirmaciones se está, en realidad, repudiando a nuestra propia sociedad. Es cierto que hay democracias mejores, con grandes partidos mucho más descentralizados. Sociedades como la que ya empezó a describir y a explicar, en pleno siglo XIX, el gran analista Alexis de Tocqueville en su libro La democracia en América. En Norteamérica los partidos dependen de elecciones individualizadas. La gente vota a personas concretas. Los representantes responden ante esas gentes que les han votado. Para que una ley sea efectiva debe el Ejecutivo convencer, a veces de manera individual, uno por uno en ocasiones, a aquellos representantes del pueblo del propio partido.

En nuestros sistemas europeos, y en España en concreto, rigen esa disciplina partidista y esa militancia sin fisuras que lleva consigo el deterioro del sistema. La nuestra es una democracia imperfecta. Pero es el justo reflejo de la sociedad a la que pertenecemos, herencia de siglos de caciquismo salvaje, hoy más o menos ilustrado.

2. Es legítimo y necesario achacar a los partidos su insensibilidad en temas tan importantes como la educación, la investigación, las humanidades. Pero esas deficiencias no hacen sino reflejar, como en un espejo, la carencia de motivaciones en esas materias que se descubren en la mayoría de los estamentos y clases de nuestra sociedad. Entre los principales valores de esta no se hallan ideales educativos, culturales o científicos.

Se vivió la bonanza económica y social como un golpe de fortuna que, de pronto, dio paso a la ruina, al cierre sistemático de empresas y negocios, a la penuria, al paro, a la estrechez. La historia bíblica de José el proveedor no parece haber regido en nuestra sociedad como prevención necesaria para los años de vacas flacas.

Se inicia ahora un período de elecciones en el que las responsabilidades sociales se pondrán a prueba. Dependerá de ellas encontrar a aquellos representantes que mejor puedan acometer las iniciativas que en esta difícil coyuntura económica y social sean precisas. Serán elecciones presionadas por las urgencias de una situación internacional, europea y española particularmente vulnerable.

Siempre he abogado por la renovación, sobre todo cuando el ideario de quienes regentan el poder presenta síntomas de claro agotamiento. Desearía un equipo de gobierno con clara voluntad de asumir esa crisis sistémica con los recortes que hagan falta. Pero que no sea esa la coartada para empezar el capítulo de restricciones en aquellos ámbitos en los que más necesitada se encuentra nuestra sociedad.

Los programas de los partidos deberían primar, de una vez, la educación en todos sus estratos, desde la primera a la segunda enseñanza; y de esta, a la formación profesional y a las carreras universitarias. Y la investigación, sobre todo en el terreno de la tecnología y de las ciencias, pero también en las humanidades.

Pero reconozcámoslo: no existe la suficiente presión para que nuestros políticos pongan estas materias en la cabeza de sus programas. No, no hay tal presión social. Las responsabilidades sociales no parecen tener vigencia en esos ámbitos que debieran estar, en varias legislaturas, en la unidad de cuidados intensivos.

En Alemania, si la evaluación en esos campos presenta síntomas de deterioro y decadencia, el Gobierno de la nación o el del estado federal se tambalean; deben atender a esas materias consideradas siempre prioritarias. Aquí, a lo máximo, las calificaciones raquíticas a las que los baremos europeos o internacionales nos tienen acostumbrados pueden suscitar, como máximo, un par de indignados artículos de opinión, quizás dos o tres editoriales de algunos periódicos.

Es muy fácil despotricar contra nuestros políticos. Es tanto como dar puñetazos contra un espejo. Desearíamos vernos reflejados en un conjunto dirigente que nos inspirase respeto, y a cuyas iniciativas atendiéramos con verdadero interés. No vale situarse en posición de minoría de edad y responder al disgusto que esos dirigentes nos producen con una revuelta que sea estéril.

3. Es comprensible que en zonas que padecen profunda depresión social prenda la llama que provoca un temible incendio (aunque casi siempre tiene por causa algún evento luctuoso). En tiempos de penuria hay que estar preparado para que un imprevisto sumerja a la sociedad en un caos de revueltas espontáneas.

Nunca será válida la consigna de situar el orden por encima de la libertad. Pero tampoco es posible olvidar, tras los terribles atentados de este comienzo de milenio tan inquietante, que la seguridad es un valor, y no únicamente una coartada —estilo Thomas Hobbes— de regímenes políticos ultraconservadores.

La crisis sistémica engulle a veces los mejores personajes de la política; las esperanzas que estos podían despertar son defraudadas, como está sucediendo en Norteamérica.

Queremos que estos últimos años de mala gobernanza en nuestro país den paso a opciones mejores. Se ha tocado fondo en la cuantía de errores provocados por la incompetencia y/o la frivolidad.

Sería deseable que la sociedad civil se evitase la comodidad de echar todas las culpas a los políticos como descargo de las propias responsabilidades. La sociedad debe hacer examen de conciencia; no solo sus representantes. Si bien demasiadas veces se prefiere achacar a otro los fracasos derivados de las propias faltas. Algunos de nuestros políticos practican con asiduidad este falso eximente. De este modo, sus propias decisiones erróneas terminan intensificando los desajustes sistémicos que un capitalismo desbocado está generando.

No hay, que yo sepa, estudios sociopolíticos sobre la contribución de la autocrítica a la democracia, acaso por la ausencia del material necesario para el imprescindible trabajo de campo. Pero el sentido común indica que se trata de una herramienta valiosa, por cuanto denota un reconocimiento de los errores, defectos o maldades propias, esencial para subsanarlos, corregirlos o superarlas, así como para que la ciudadanía tenga una percepción más atinada de la realidad.

Ahora bien, ¿sería concebible que ETA hubiera acompañado el anuncio del “cese definitivo de su actividad armada” con un relato autocrítico? Sería una muestra súbita de democracia, tras casi medio siglo de terror, que no resultaría creíble. Para la alegría de los demócratas basta con que cumplan lo que han decidido. Y tampoco sería satisfactoria esa autocrítica, ni la autoflagelación de los etarras, para la caverna mediática, cuya decepción por la noticia ha sido retratada con pulcritud por José María Izquierdo: “Desde la decencia, ¿por qué les molesta tanto que ETA no mate?”.

En cambio, entre demócratas, la falta de autocrítica por quienes piden el voto para el 20-N a los depositarios de la soberanía nacional, a fin de ejercer, en representación de ellos, el poder político, debería rechinar en el electorado, tanto como el usual “más eres tú” con que se obsequian entre sí los candidatos o sus secuaces. Sería curioso ¡y revolucionario! averiguar que los votantes fueran proclives a otorgar su representación a seres humanos capaces de admitir que no actuaron correctamente o que se equivocaron.

La gimnasia de la autocrítica debería ejercitarse también entre la ciudadanía, reacia igualmente a manifestar sus deficiencias. Los estudios de audiencia que apuntan al éxito cuantitativo de la telebasura o de programaciones audiovisuales que muy poca gente reconoce oír o ver, merecen ser tenidos en cuenta por los usuarios reales de tales productos, para hacérselo mirar por un especialista.

E igual cabe decir de una parte importante del electorado que, según las encuestas, parece prematuramente decantada para el 20-N en un determinado sentido, sin que, seguramente, haya realizado un análisis autocrítico de los pros y los contras de su decisión. Italia resulta paradigmática: ¿No debería ser autocrítico el electorado que sostiene en el poder a Silvio Berlusconi?

El talante deliberativo con que están actuando en España los indignados del 15-M, internacionalizados en el 15-O, con la impagable ayuda de Internet y las redes sociales, puede servir de ejemplo. Sobre todo, si son capaces de avanzar en la autocrítica, como lo han sido al acertar en la exposición pacífica de sus pretensiones y en la actuación contundente para impedir desahucios y dotar de utilidad social a inmuebles desocupados.

Frente a la reclamación de democracia directa y participativa, desde la derecha se acusa a los indignados de atentar contra la “democracia de las urnas” y se esgrime frente a ellos nuestro modelo constitucional de democracia representativa. Curiosamente, fue la derecha personificada por Manuel Fraga la que más abogó, durante el debate constituyente, en favor de una participación populista, mediante facilidades a la iniciativa popular para promover leyes, convocar el referéndum y reformar la Constitución.

Fueron la izquierda, los centristas y los nacionalistas quienes lograron restringir esa iniciativa popular, por entender -a la vista de lo ocurrido particularmente en Italia- que la derecha pretendía contrarrestar o anular desde la calle las normas progresistas que emanarían de las cámaras legislativas. Pero además de Fraga y los suyos, también defendieron una iniciativa popular parecida a lo que hoy reclama el 15-M el diputado republicano Heribert Barrera y el senador independiente Lluís María Xirinacs, ambos catalanes, ya fallecidos. Este último, que había propugnado la participación ciudadana “mediante referéndum, asambleas, manifestaciones…”, puso el dedo en la llaga cuando dijo -como auténtico precursor en 1978 de los indignados de hoy- que “los partidos tienen miedo al pueblo y lo quieren amordazar”.

Xirinacs calificó la democracia directa de tema maldito, porque “después de 40 años de prohibición de la democracia representativa, en la que los protagonistas son los partidos, estas asociaciones políticas tan importantes, e incluso, a mi juicio -precisó-, imprescindibles, han salido de sus jaulas como fieras hambrientas por causa del prolongado ayuno”. Y añadió: “Están crispados, son devoradores, especialmente los partidos de izquierda, por ser los más reprimidos”.

Acaso los constituyentes que sobreviven tendrían que hacer autocrítica por aquel exceso de celo, que limitó la participación popular, y avalar hoy una reforma constitucional en la línea que piden los indignados. El PP, si se dejara asesorar por Fraga, y si el veterano político no ha cambiado de criterio, debería estar de acuerdo.

Pero la autocrítica no es del gusto de los políticos. El 20 de octubre último, antes de que ETA hiciera público su comunicado, Carles Francino pidió en la SER a la abogada e integrante de la izquierda abertzale Jone Goirizelaia, una autocrítica sobre la actuación de Batasuna. La interpelada contestó con un socorrido “como todo el mundo”. Se me ocurre sugerir a Francino una mesa redonda en la que solo se admitan intervenciones autocríticas. Merecería la pena.

El principal partido de la oposición acusa al Gobierno de “connivencia” o “chalaneo” con ETA durante años, tacha sus desatinos y errores de aviesas “mentiras”, omite evidencias y contextos a fin de argüir que la quiebra en curso solo se ceba en España. La jerarquía católica azuza a sus medios y corifeos para acusar a quienes defienden el derecho al aborto de promover la muerte de infantes. Un expresidente del Congreso y padre de la Constitución se declara convencido de que el irresuelto encaje de Cataluña en España podrá resolverse sin recurrir a bombardear Barcelona como ha pasado “no sé cuántas veces”. Los soberanistas periféricos proclaman sin rebozo el “expolio” que sus patrias, edénicas víctimas, sufren a manos del Estado victimario. Demasiados políticos y economistas, periodistas y profesores, financieros y empresarios tejen de consuno una neolengua que, como en la pesadilla de Orwell, reduce el polifacetismo y la complejidad del mundo a una jerga tecnocrática y opaca.

Apenas citamos un ramillete de ejemplos de distinta envergadura y calado -entre la negligencia expresiva y el voluntario fraude- para ilustrar la pujante corrupción del discurso que hoy cunde, grave dolencia en la que Occidente empezó a reparar hará 10 años, cuando fue arrastrado a una guerra contra el eje del mal que aún colea, en pos de las espectrales armas de destrucción masiva. Alentado por la frivolidad ética y política que cierto posmodernismo auspicia, el trastorno ha ido cobrando visos de pandemia, y encuentra en la actual debacle uno de sus campos de acción dilectos. Bajo la manida palabra crisis -fetiche verbal de corte economicista que oculta más que revela- late una colosal quiebra de alcance global y epocal que afecta muy distintas facetas del presente: política y religión, moral e ideología, educación y costumbres. Cualquier época crítica suele tener un correlato discursivo, y la que ahora sufrimos conlleva una infecciosa crisis gramatical tan ubicua que tiende a pasar inadvertida, ya que compromete todas las vertientes de la vida pública, privada e íntima. Naturalizada por la costumbre, la infección ya ha devenido pandemia, y se sustancia de dos modos principales: bien como depauperación sistémica del lenguaje, bien como negligente y aun deliberada perversión de sus usos y discursos concretos.

Depauperación lingüística. De entrada, tal crisis gramatical se manifiesta como un quebranto tangible y sistémicamente inducido de la facultad de empalabrar la realidad, y aqueja a la mayor parte de la ciudadanía y de quienes la instruyen, informan y ordenan. Las modulaciones del habla común delatan que la indigencia léxica, sintáctica y retórica medra a sus anchas, mengua que acarrea la de la aptitud para decantar un conocimiento lúcido, crítico y articulado acerca de la res publica; una sensible merma de la competencia y talante que el diálogo plural exige; y, en fin, la proliferación de patologías discursivas -de la anomia y el mutismo al desistimiento y la violencia- que socava los pilares de una sociedad compleja, plural y abierta.

Lo que semejante enfermedad pone en jaque es la salud de la convivencia y el sustento de la democracia misma, entendida como ideal cuya siempre imperfecta aunque indispensable persecución debe fomentar el uso público de la razón y sus frutos: la crítica y la pregunta, el difícil pero deseable equilibrio entre heterodoxia y ortodoxia, el benéfico cultivo de la duda responsable y de la sabiduría de la ilusión que postulaba Nietzsche. La búsqueda de la integral e integradora virtud cívica (areté) en el sentido griego requiere ejercitar con decisión el célebre “Atrévete a saber” (Sapere Aude que el progresista Kant propuso como divisa de la Ilustración). Pero hacia tan deseable horizonte, singularmente urgente en los días que corren, solo puede tenderse si la ciudadanía goza de los medios educativos y comunicativos imprescindibles para la realización de sus humanas potencias, en lugar del metódico y ofuscador adoctrinamiento que de facto padece. Hoy, como mañana y ayer, mujeres y hombres necesitan ser socializados y acogidos, a fin de que su innata fertilidad dé una fecunda cosecha.

Perversión del discurso. Si la mentada dimensión de la crisis gramatical atañe a las genéricas derivas que desde hace décadas vivimos, la segunda muestra un cariz mucho más ético y pragmático, ya que concierne al amplio y difuso territorio en el que a los sujetos les cabe ejercer su albedrío. Sometidas a sistémico deterioro, como hemos argumentado, las aptitudes empalabradoras sufren, además, abundantes perversiones y abusos, porque son los sujetos, los grupos y las instituciones quienes poseen la condicionada pero efectiva libertad de ejercerlas, amén de la responsabilidad de hacerlo de forma virtuosa.

La corrupción del discurso público se constata hoy por doquier, con tanta fuerza y tan disolventes efectos que urge atajar su contagio. La epidemia se manifiesta, por un lado, en la compartida incuria con que se expresan y piensan demasiados sujetos -próceres y poderosos incluidos-, y el daño que causa es proporcional a la inconsciente pereza que la impulsa. Ahí están, para ilustrarlo, la anemia léxica y la dejadez sintáctica; el decir vago y haragán; el arrogante desprecio de la complejidad y matiz; la saturación de tópicos y muletillas. Y en fin, sobre todo, la adopción de un habla renqueante, acomodaticia y canija, muy dada a acatar toda suerte de bogas y a sacrificar la belleza y precisión verbal en el altar de la neolengua economicista, tecnocrática y deshumanizada a que antes aludíamos, ese falsamente natural antiestilo en que encarna la racionalidad instrumental que combatieron con tanto ahínco los pensadores de Fráncfort.

Por otro lado, la perversión del discurso medra a manos de quienes adrede lo adulteran en aras del populismo, el mesianismo y la demagogia, cánceres de cualquier democracia y razón posibles. Son legión los dirigentes y portavoces dotados de público ascendiente -púlpitos o micrófonos, tribunas o tarimas- que trasgreden la más elemental ética comunicativa, ineludible sostén de la lealtad y la confianza que el convivir requiere. Con desfachatado cinismo, mandarines y gerifaltes tergiversan las certezas y probabilidades reconocibles, y confunden a cosa hecha la resabiada mentira -enunciación deliberada de una inteligible falsedad, como escribió Agustín de Hipona- con el desacierto o el yerro. La fractura de la confianza que de tal desmán resulta extiende su grangrena a la entera sociedad, y la deja en franquía para que la desvergüenza campe a sus anchas. Si la mendaz antiética del todo vale deviene al fin natural y objeto de aplauso y premio, como tantos persiguen, entonces no solo se malogra la comprensión de cada asunto en particular -y los consiguientes actos y decisiones-, sino la propia capacidad de empalabrar y conocer que ciudadanos y gobernantes precisan. Y lo que en suma se arruina es el cimiento de la comunicabilidad, la convivencia y la democracia, nada menos.

Desde Humboldt y Nietzsche sabemos que el ser humano lo es porque significa y habla, en la medida en que erige la entera civilización por medio de símbolos y palabras. Y que el polifacético discurso -con el verbo en su cima- no es simple vehículo para la expresión de lo ya ideado sin él, sino requisito del pensar y sus frutos. La moderna conciencia lingüística enseña que comprender y empalabrar van de la mano; y además -aunque no suele repararse en ello- que el discurso es hacedor de realidad: de sus hechos, procesos y circunstancias, allende la cruda materia. Él configura en buena medida la facticidad en que vivimos: el pasado y su memoria, el presente y su noción, el porvenir y su anticipo. De ahí la necesidad de atajar su corrupción. Y de ahí también, sobre todo, la urgencia de rehabilitar las Humanidades en general y la Ilustración en particular, el patrimonio de sabiduría que integra el legado crítico del Humanismo.

Ahora, cuando se acercan las elecciones generales y los partidos políticos presentan ante la ciudadanía sus programas, creemos que es un momento clave para recordar a nuestros conciudadanos que España, tras avances universalmente reconocidos, se ha quedado lamentablemente atrasada en el desarrollo de un gobierno abierto y transparente. La lucha por una mayor calidad de nuestra democracia exige que todos los partidos democráticos asuman mejoras institucionales en la rendición de cuentas de nuestros gobernantes, así como compromisos creíbles en relación a la implantación de dichas mejoras normativas.

No podemos aceptar que el compromiso por mejorar la situación de nuestra economía sea incompatible con las reformas institucionales que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental, antes bien, creemos que estas reformas son parte de cualquier paquete de medidas que pretenda hacer frente a los problemas estructurales de nuestra economía y a la desafección existente en nuestro sistema político. Por ello, desde nuestro compromiso con la calidad de la democracia y como actores cívicos que no se resignan a ser meros espectadores del proceso electoral, demandamos de los distintos partidos políticos españoles, ante sus compromisos electorales, que asuman las medidas que se recogen en el siguiente Decálogo por la transparencia y la integridad:

- 1. Tramitación urgente de una ley de transparencia y acceso público a la información, que incorpore procesos y órganos que den garantías de su adecuada implantación: España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley de este tipo. Los ciudadanos españoles tienen el derecho a saber, a conocer todo lo que se hace, cómo se hace, y cuánto se gasta para hacerlo, en cualquier institución pública, y por tanto a disfrutar de este derecho fundamental en los mismos términos que los restantes ciudadanos europeos. En el plazo máximo de seis meses a partir de la celebración de las elecciones generales debería comenzar la tramitación parlamentaria de esta ley de transparencia.

- 2. Creación de un portal nacional de transparencia pública. Paralelamente a la citada ley, este portal de transparencia debería poner a disposición de los ciudadanos, de una forma sencilla y directa, los datos básicos de los más de 20.600 organismos, instituciones y empresas que integran el abultado y complejo sector público español, es decir, no solo de las entidades fundamentales de ámbito estatal, autonómico, provincial y municipal, sino también del amplio elenco de los restantes entes públicos: empresas, organismos autónomos, fundaciones, agencias, mancomunidades, consorcios, etcétera, ya que son entidades todas ellas financiadas por los propios ciudadanos.

- 3. Exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción. Los partidos políticos podrían explicitar su integridad y dar una imagen pública más favorable evitando que procesados por corrupción pudieran formar parte de las listas electorales.

- 4. Reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas que presentan los partidos políticos. De esta manera los ciudadanos podrían así excluir a aquellos candidatos no deseados, o que no les ofrecen garantías de integridad y/o competencia.

- 5. Compromiso de los cargos públicos electos de formular y hacer pública su declaración de bienes e intereses. Todos los cargos públicos electos deberían así formular y hacer pública una información que ya es obligatoria legalmente en muchos casos y que, sin embargo, no se llega a cumplir adecuadamente en la práctica.

- 6. Modificar la normativa sobre financiación de los partidos políticos en línea con las recomendaciones del GRECO. En su último informe (mayo de 2011), el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa señala una serie de importantes deficiencias e insuficiencias en lo que respecta a la transparencia de los partidos políticos españoles en cuanto a sus fuentes de financiación y sus cuentas, evidenciando la necesidad de una mayor información acerca de los préstamos recibidos, las fundaciones y empresas vinculadas, las finanzas de las sedes locales, etcétera.

- 7. Establecer la obligatoriedad legal de rendición y publicación online de las cuentas de los partidos políticos, incluyendo el detalle de sus cuentas electorales. Dado que una proporción claramente mayoritaria de los recursos financieros de los partidos políticos es la aportada por los ciudadanos, deberían rendir cuentas a estos y hacer públicas dichas cuentas.

- 8. Aprobación de una ley para la protección al denunciante de prácticas corruptas e ilegales, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial. España debería ponerse a la altura de otros muchos países en cuanto a la protección jurídica de aquellos ciudadanos que con una conducta ética y solidaria se atreven a denunciar las prácticas corruptas o ilegales que existen fehacientemente en sus propias instituciones.

- 9. Respeto efectivo de los principios de méritos y capacidad, y eliminación de la libre designación y el cese discrecional en la Administración pública. El mérito debería asegurarse para el acceso a los altos cargos y a los cargos directivos de las fundaciones y las empresas públicas, deberían publicarse además los currículos de las personas que hayan accedido a esos cargos, fomentarse la carrera directiva profesional y eliminar cargos de asesores y eventuales.

- 10. Promover un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre partidos, ONG, asociaciones empresariales, sindicatos y medios de comunicación que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del Gobierno, y coordine las actuaciones en la materia.

Aparte de estas 10 medidas fundamentales que integran el Decálogo, sería conveniente que los partidos políticos asumiesen adicionalmente o apoyasen las siguientes actuaciones:

1. Creación de un órgano o consejo de transparencia e integridad, no remunerado, con representación plural de los partidos políticos, las instituciones públicas y la sociedad civil. Este órgano plural debería impulsar y velar por la transparencia pública, y promover el cumplimiento de medidas como las señaladas en el anterior Decálogo.

2. Propiciar la introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción.

3. Implantación efectiva por los partidos políticos de un sistema permanente de control interno para prevenir y detectar posibles actuaciones corruptas, así como el correspondiente régimen de sanciones.

4. Con vistas a fomentar los principios constitucionales de transparencia, eficacia y eficiencia de las instituciones públicas, se deberían llevar a cabo los siguientes programas de modernización:

a) Análisis y racionalización de los procesos administrativos con vistas a la simplificación de los trámites burocráticos de los servicios públicos, y publicación periódica de los correspondientes indicadores y resultados.

b) Desarrollo de la contabilidad analítica y el cálculo y publicación de los costes reales de las diferentes actividades y servicios de los organismos públicos

c) Evaluación y publicación de los costes y beneficios que proporciona cada una de las distintas instituciones públicas a los ciudadanos.

d) Establecimiento e impulso de un sistema de propuestas y sugerencias por parte de los empleados públicos para el ahorro de gastos en sus respectivas instituciones (con el posible establecimiento de premios o incentivos para las mejores iniciativas).

En resumen, la asunción y desarrollo de los principios y medidas anteriormente enunciados permitiría, por una parte, incrementar de forma importante el nivel de transparencia y eficacia de las instituciones públicas españolas; por otra parte, aumentaría el nivel de integridad y apertura informativa de los partidos políticos, lo cual contribuiría a una mejor imagen y un acercamiento a los mismos de los ciudadanos, y por supuesto contribuiría notablemente a combatir esa importante lacra social que es la corrupción, dado que el mejor antídoto contra la misma es sin duda la transparencia. Con todo ello, no solo no se daña la recuperación de nuestra economía, sino que, por el contrario, se ponen piezas fundamentales para el avance de la misma. Por todo ello, renovamos nuestra petición de que se incorporen estas medidas a los programas electorales, así como todas aquellas que favorezcan mayor transparencia, participación y rendición de cuentas de los poderes públicos y los partidos políticos.

La defensa de lo público hace vivir la democracia. Hay, por supuesto, opiniones en contra que parecen apoyarse en ese latiguillo de la libertad individual para fomentar la riqueza; de la libertad de emprender, de crear, que se oculta bajo la oscurecida palabra de liberalismo. No se puede negar la importancia de los llamados bienes de consumo que, al parecer, la economía y los economistas administran. Pero el verdadero sustento de la sociedad, de la vida colectiva tan importante como la vida de la naturaleza, es la educación, la cultura, la ética. Ellas son las verdaderas generadoras de riqueza ideal, moral y material.

La democracia, que nació como lucha hacia la igualdad por medio de la reflexión sobre las palabras y por el establecimiento de unos ideales de justicia y verdad, no puede rendirse a las privatizaciones mentales de paradójicos libertadores. Sin embargo, apenas se insiste en el hecho de que la crisis que padecemos es una crisis que tantos competentes expertos, siguiendo el principio de la libertad y la competitividad, no han sabido evitar, ni tampoco las diversas burbujas -sobre todo las propias burbujas mentales- que inflaban y aireaban. Burbujas que, parece ser, les han permitido construir sin que nadie les pida responsabilidades por sus liberadas y productivas ganancias.

No es, sin embargo, una discusión sobre problemas económicos, cuyos entresijos y burbujeos desconocemos, a lo que voy a referirme, aunque haya siempre un principio de honradez y verdad en el que, seguro, todos nos entenderíamos. Aludiré únicamente a una de esas frases vacías que hincha las palabras de ciertas oligarquías. Desde hace años, de nuevo en estos días, como manifestación del menosprecio por la enseñanza pública y por sus profesores, se habla de la libertad de los padres para elegir el centro en el que educar a sus hijos. Esa defensa libertaria no tiene que ver con el deseo de que se practique en la educación una verdadera libertad: la libertad de entender, de pensar, de interpretar, de desfanatizar, de sentir. Libertad que, por encima de todas las sectas, debería fomentar la combatida Educación para la Ciudadanía y la identidad democrática. Una libertad que enseñase algo más que la obsesión por el dinero y por el solapado cultivo de la avaricia. A lo mejor, esa educación les obligaba a dimitir a algunos personajes de la vida pública, por vergüenza del engaño que arrastran y contaminan. Mejor dicho: haría imposible que se dieran semejantes individuos.

Ese sermoneo se funda sobre todo en el fomento de la privatización de la enseñanza que alimenta el dinero y la desigualdad. ¿Pueden gozar de esa libertad todos los padres? ¿También los de los barrios más modestos de las grandes ciudades? ¿Pueden ser libres para mandar a sus hijos a esos colegios privados? Centros que proliferan por nuestro país y que apenas pueden compararse, a pesar de sus supuestas y publicitadas excelencias, con cualquier colegio o instituto público de Francia o Alemania. Por lo visto los padres franceses o alemanes ni siquiera se han planteado esa posible libertad que, lógicamente, no necesitan. En ese mismo derrotero andan algunas universidades, que anuncian sus excelencias pregonando que “los alumnos encontrarán las profesiones que les permitirán colocarse rápidamente en la empresa”. ¡Magnífico ideario para fomentar la vida universitaria, la pasión por el saber, el crear, el innovar! En el fondo, toda esa propaganda libertaria es fruto de planteamientos políticos, de dominio ideológico, de sustanciosos prejuicios clasistas, que con doble o triple moral predican libertad, cuando lo que realmente les importa, aunque quieran engañarse y engañarnos, es el dinero. Solo por medio de una ideología de la decencia, de la justicia, de la lucha por la igualdad, tan problemática siempre, puede alzarse el sistema educativo de nuestro país, de todos los países. No puedo por menos de citar un texto de Giner de los Ríos, entre muchos de los que podrían citarse del olvidado precursor: “El dogmatismo, el dominio sectario sobre los espíritus, el afán de proselitismo doctrinal, tantas otras formas de opresión y de coacción muestran cómo esa tutela se corrompe, y en vez de disponer gradualmente al hombre para su emancipación procura disponerlo para perpetuar su servidumbre”.

En este punto tendríamos que preguntarnos: ¿Quién privatiza a los políticos? ¿Qué palabras huecas, convertidas en grumos pegajosos aplastan los cerebros de los que van a administrar lo público, o sea lo de todos, si la corrupción mental ha comenzado por deteriorar esas neuronas que fluyen siempre hacia la ganancia privada? No se entiende bien cómo a esos destructores de la idea de lo público les votan aquellos que perderían lo poco que tienen en manos de tales personajes. A no ser que la mente de esos súbditos haya sido manipulada y, en la miserable sordidez de la propia ignorancia, esperen alguna migaja, algún botón del traje que viste el supuesto partido político que les arrastra.

Habrá, como digo, que ir estudiando las razones que mueven el comportamiento de esos padres de la patria que tienen el deber de organizar, no para su provecho y el de sus amigoides o amigantes, eso que se suele llamar, más o menos acertadamente, el bien común. Un pueblo “maravillosamente dotado para la sabiduría”, como decía Machado, y al que hay que dar ejemplo para que no pierda el sentido de la justicia, de la honradez. Es importante conocer en los defensores de la libre empresa, en los apóstoles de la privatización, qué empresa, ideología, fanatismo, les ha privatizado a ellos. Porque se trata de evitar que la patología individual de esos sujetos se convierta en patología, donde se hunde la vida colectiva.

Es un deber de la sociedad investigar y descubrir las razones ocultas de las privatizaciones. Parece que la raíz de todas ellas, con independencia de determinadas claves genéticas, brota también de la educación, de los ideales que, al abrirnos al mundo del saber y la cultura, hayan acertado a enseñarnos aquellos en cuyas manos está alumbrar la inteligencia y la sensibilidad. Las opiniones que se clavan en las neuronas y que determinan la forma de actuar sobre las palabras y sobre aquello a que esas palabras nos empujan, proviene de esos reflejos condicionados que, desde la infancia, han aprisionado nuestra manera de ver e interpretar el mundo.

Podemos intuir que la degeneración intelectual de buena parte de la clase política, y de los llamados emprendedores -los que, por ejemplo, emprendieron la destrucción de nuestras costas-, procede de esos conglomerados ideológicos en los que se mezclan, con la indecencia, alguno de los males a que se ha aludido. ¿Quién privatiza a los políticos? ¿Quién nos devolverá, en el futuro, la vida pública, los bienes públicos, que nos están robando?

Son como las meigas… No existen, puesto que sobrevuelan la realidad como ectoplasmas montados en las escobas del sudor de sus súbditos, pero haberlos, haylos.

A la corta, dan la vara. Luego se esfuman y la gente los olvida. Es, en efecto, como si nunca hubiesen existido. Vuelven, los menos, a sus profesiones, aunque raro sea el que la tiene. Otros acaban capitaneando las relaciones públicas de las empresas privadas. Algunos acaban entre barrotes. A los restantes se los traga el tiempo, ese antropófago.

Es una profesión horrible. Siempre en reuniones o poniendo buena cara, estrechando manos, sonriendo a troche y moche, acariciando a los niños, a las viejecitas y a los cesantes, sonriendo con mueca de robot a los fotógrafos, halagando a los del 15-M y el botellón, enfundándose camisetas de equipos de fútbol, estrechando durante un minuto interminable las manos de sus huéspedes ilustres como si fueran estatuas de sal, suscitando odios, aguantando insultos, hablando sin decir nada, espurreando flatus vocis (paz, democracia, rigor, negociación, diálogo, confianza, tolerancia, talante), esgrimiendo promesas en las que nadie cree, descuidando a la familia y asegurando que no hay motivo de alarma mientras la ciudad, la Bolsa, la deuda, el país, Grecia, Irlanda, Portugal, Europa, el euro, Afganistán, Libia, Siria, Irak, Yemen, Somalia, Fukushima, el Imperio y el orbe se desploman a su alrededor.

¿Son masoquistas? ¿Por qué, pudiendo vivir como la gente normal, eligen un oficio tan espantoso? No lo entiendo. Me lo pregunto a menudo. Ellos dirían que los mueve la voluntad de servicio, el deseo de ser útiles a sus semejantes, la búsqueda del bien común…

¡Bueno, bueno, déjense de gaitas, que ya somos mayorcitos!

Aquí hay gato encerrado. ¿Quiénes son las personas que peor lo pasan en este mundo traidor? Los reyes, los presidentes de Estados Unidos, los de los demás gobiernos, los ministros y los altos cargos, por ese orden y en ese plan.

No pueden tomarse una cerveza en la tasca de la esquina, no pueden ir al cine sin escolta, no pueden tirar los tejos a la vecina del quinto, no pueden decir que el del cuarto es un cabrón, no pueden quedarse en bolas en una playa nudista, no pueden (desde hace poco) viajar en business ni siquiera pagándolo de su bolsillo, porque sería ostentación y perderían votos, y no pueden, en fin, y para hacerla breve, tomarse las mínimas libertades y permitirse las pequeñas satisfacciones que están al alcance de la mano de cualquier persona del montón, por exiguo que sea su salario y humilde el trabajo que lo genere.

Yo preferiría ser cualquier cosa, barrendero, sepulturero, paleta, limpiabotas, sin techo, gorrilla, mozo de cuerda, asistenta o puta, dicho sea con toda clase de respetos hacia tan honorables menesteres, antes que político. Si uno se mete a eso corre el riesgo de llegar a ser director general, secretario de Estado, ministro, líder de la oposición, portavoz del Gobierno o, peor aún, jefe de éste.

Da lo mismo quién seas, dónde vivas y en qué ideología milites. Obama, Sarkozy, Aznar, Felipe, Bush, Cameron, Zapatero, Camps, Gadafi… Todos llegan al poder en loor de muchedumbres, entre aullidos de júbilo, aupados y paseados sobre el escudo por sus legiones, ¡sí!, ¡tú puedes!, ¡en ti confiamos!, ¡colócanos!, y todos, a la vuelta de unos meses, son vilipendiados, acosados, llevados a la picota, observados con lupa, puestos en solfa con las vergüenzas al aire, terminan, a veces, en el banquillo y rayan, siempre, al nivel del fango en las encuestas a las que responden, con sed de venganza y plebeyo encono, los mismos que los votaron, aclamaron y encumbraron. ¡Pues vaya ganas!

¿Conocen ustedes el nombre de algún político suizo? Los cargos públicos, allí, según me dicen (y si me han engañado, mal rayo parta a quien lo hizo), son por sorteo entre los votantes, no llevan aparejada remuneración alguna y a los seis meses prescriben. ¿No sería ése un buen sistema para evitar la corrupción, poner freno a los delirios de grandeza y salir de la crisis sin necesidad de estrujar los bolsillos de la gente adinerada ni de retorcer el pescuezo económico a la de a pie?

Lo malo de la democracia es que sale carísima, y más aún si corre pareja a una dinastía áulica. Los gastos se duplican. ¿Duplicarse? ¡Qué digo! En nuestro triste caso, el de Vandalia, Tontalia, Telelalia, Cigarria o Zangania, antes España, se multiplican por 17. ¿Será por gobiernos? Y todos regidos por un máximo denominador común: sus cuentas son las del Gran Capitán.

¿No sería mejor, puestos a admitir el trágala -irreversible, me temo- de esas autonomías que son motivo de pasmo en el resto del planeta, optar por un mínimo común múltiplo?

Pero dejemos las matemáticas de altura, que no están al alcance de quienes en nosotros mandan, y refugiémonos en el cálculo a palo seco, el de la cuenta de la vieja, para la que bastan los dedos, saber sumar y restar, y tener un poco, sólo un poco, de sentido común.

¿Para qué sirven los diputados, los asesores y el pachanguero bullebulle laboral -chóferes, secretarias, escoltas, jefes de prensa, soplones, escribas, mayordomos, palafreneros y pelotas- que surge por metástasis administrativa y burrokrática -con doble erre de asno y ka de okupa- alrededor de ellos?

Imaginemos una democracia con partidos -¡qué le vamos a hacer!-, pero sin diputados ni senadores (otra excrecencia inútil que nos sale por un riñón)… El PSOE, el PP, el PNV, IU, EA, CC y demás ingredientes de la sopa de ganso, letras y siglas que es el plato único de nuestro deplorable sistema electoral se embarcan en el chundachunda de los mítines y las campañas. Llega el gran día. Se abren las urnas. Los votantes votan. Escrutinio y reparto proporcional de la tajada. Uno de los partidos consigue la mayoría absoluta o relativa, pero estrictamente aritmética, sin el cambalache de las circunscripciones, el trampantojo trilero de Homs y la ley del embudo de las listas cerradas, y forma Gobierno a solas o en coalición. Su líder nombra ministros, éstos eligen a sus colaboradores y el engranaje se echa a andar ateniéndose al programa por el que se les ha votado. Las críticas al mismo, positivas o negativas, se formulan desde las diferentes tribunas de la sociedad. Si el Gobierno lo es de mayoría absoluta, sigue en el poder cuatro años, a no ser que él mismo, por lo que sea, lo disuelva y convoque elecciones anticipadas. Si es de coalición y sus socios le retiran la confianza, ídem. Y ya está.

¿No es eso, acaso, lo que sucede ahora, con un Parlamento en el que impera a rajatabla la disciplina de partido y en el que nunca hay ovejas que se desmanden? ¿No es eso lo que hicieron Suárez, Calvo Sotelo, Felipe y, últimamente, Zapatero? ¿Para qué marear la perdiz con las sesiones de los miércoles, las enmiendas y remiendos de las leyes, los debates sobre el Estado de la Nación y demás zarandajas autistas, ombliguistas, autofágicas y bizantinas, que sólo interesan, para justificar su sueldo, sus privilegios y sus bicocas, a quienes de todo eso se benefician?

rubalcabaha dicho que sobran las diputaciones. ¡Toma! Y los diputados. Y un montón de ministerios. Y los coches oficiales. Y los móviles. Y las tarjetas de crédito. Y los sindicatos. Y los militares. Y la fanfarria. Y las subvenciones. Y la cooperación. Y buena parte de los funcionarios, los alcaldes, los embajadores, los…

No sólo. También sobra el 80% de las leyes, normas, disposiciones, prohibiciones, preceptos, reglamentos, órdenes, trabas, trágalas y puñetas de distinta jurisdicción, dimensión e índole que estrangulan la actividad de los españoles, su espíritu de iniciativa y su libertad. Deróguense sin demora. Pongamos fin al Estado de Control y Tente Tieso.

El único político europeo, nos gusten o no sus salidas de madre y hasta de padre, que ha cogido el toro por los cuernos, ha estado a la altura de lo que la debacle europea exige y ha demostrado que tiene un par no sólo para satisfacer, si es que lo hace, a las velinas, ha sido Berlusconi, tan denostado por todo quisque, sin excluir a la derecha y a la derechona.

Termino. Quienes de verdad sobran, con muy pocas excepciones (no las menciono, pues están en la cabeza de todos los que no la han perdido), son los políticos, y ello, entre otras razones, por el peso de la evidencia -lean la prensa, escuchen la radio, pongan la tele, vayan al café, hablen con los taxistas- de que la política sólo es ya economía y los países son una empresa, una marca, un logotipo.

Yo no digo que eso esté bien ni mal. Sólo digo que es así y que, en consecuencia, deberían ser los contables y los empresarios quienes empuñaran las riendas de un mundo que se derrumba.

¿Qué tal si confiáramos el Gobierno a El Corte Inglés, Coca Cola y Zara, pongo por caso? Sería un tripartito.

Peor de cómo nos va, no nos iría. Eso es seguro. Lo malo es que ningún empresario con dos dedos de frente aceptará ese marrón.

¿Quo usque tandem abutere patientia nostra, señores de la política? No nos queda, ni les queda a ustedes, mucho tiempo. La desaparición del euro, el desguace de Europa y el corralito están a la vuelta de la esquina.

¿Me he vuelto loco y digo tontunas? ¡Ojalá! Seré el primero en alegrarme.

Bertrand Rusell, en sus Ensayos Escépticos, hace una dura y desencantada definición de la democracia. «Según la conciben los políticos, es una forma de gobierno, es decir, un método para lograr que la gente haga lo que sus dirigentes desean que hagan sin dejar en ningún momento de tener la impresión de no estar realizando sino sus propios deseos». Y no deja de tener razón porque es difícil encontrar políticos que verdaderamente estén buscando, por encima de todo, el bien de los gobernados. Políticos que no busquen su medro personal ni el aura social, sino que se entreguen a la hercúlea tarea de hacer más felices a los ciudadanos y más prosperas y libres las sociedades. Si así fuera, bien puede afirmarse que la política sería un oficio reservado a héroes y santos, pues heroicidad y santidad es vivir para entregarse a los demás.

Se produce frecuentemente un divorcio de la clase política con la sociedad. Se montan grandes estructuras burocráticas, gastos elefantiásicos, colocación de los afines y un cumplimiento laxo de los programas. De ahí el desapego social a la clase política y las reacciones tan preocupantes que se están produciendo de modo incontrolado, y que deben hacer reflexionar con urgencia y profundidad a los gobiernos y a la sociedad.

Hay una cualidad en los políticos que tiene un alto grado de exigencia: la responsabilidad. Ser responsable es algo exigible en toda actuación personal, pero cuando uno está donde está por elección de los ciudadanos para cuidar de la res pública, la exigencia se convierte en condición necesaria e imprescindible para desempeñar el cargo con decencia, pues la responsabilidad y la conciencia son inseparables. De las muchas acepciones que se atribuyen a la responsabilidad me quedo con la que nos dice que es responsable aquél que responde por sus actos, se hace cargo de sus consecuencias y aprende de ellas.

Si descendemos a nuestra experiencia patria, la verdad es que no hay datos que nos lleven a la satisfacción. Pensemos en el gasto público. Ya el hecho de que se plantee el que por ley, e incluso por ¡la Constitución!, se prohíba un endeudamiento excesivo, es un reconocimiento paladino de los «instintos suicidas» respecto al gasto de nuestros gobernantes. Parece evidente que un gobernante sensato y responsable, es decir, un buen gobernante, debería tener como lema inconmovible el no gastar más de lo que se ingresa, incluyendo los intereses y el capital de la deuda.

Sin embargo, nuestros gobernantes gastan de modo insensato y se endeudan hasta las cejas, dejando unas cargas insoportables a los que al final pagan el pato: los contribuyentes. ¿Es que nuestros gobernantes se han vuelto locos? Desde luego, con esas actuaciones demuestran poca cordura, pero creo que el motivo último de tales formas de gobierno irresponsable está en el clientelismo político, en la colocación de los próximos y en presumir de dar a los ciudadanos un bienestar que es ficticio e insostenible, aunque rentable en votos.

Todo ello tiene unas consecuencias nefastas. Dejar en la cuneta a miles de pequeñas y medianas empresas a las que no se puede pagar sus servicios. Más paro. Pero a esa primera cuestión de gasto irresponsable se añade una segunda no menos importante: las consecuencias de tales actuaciones respecto a sus promotores. Es la llamada responsabilidad posterior, la propia de una persona responsable. Pero si no es así, se pasa al otro estadio, que es la imputación de la responsabilidad. En el ordenamiento jurídico, el tema de la responsabilidad, política, civil, administrativa y penal, quizá sea desde los romanos el que más atención ha merecido por parte de los juristas.

El pueblo llano ha acuñado desde hace siglos un dicho que compendia mejor que 1.000 libros la esencia de la responsabilidad: «El que la hace la paga». Sin embargo, y en general, estamos viendo que no es así por esa teoría perversa de que todo se paga con la pérdida de votos. No es ni puede ser así, por justicia y ejemplaridad. Y no me estoy refiriendo solo al ámbito civil y penal, sino a la responsabilidad moral de los gobernantes respecto a los gobernados. Aún estoy por ver que, tras un mandato irresponsable, el castigado en las urnas se dirija a los ciudadanos para pedirles perdón o comprensión por sus errores. Por el contrario, incluso por mandato legal, se le da al irresponsable, unas gabelas como coche, personal de confianza, pensiones, etcétera, que resultan incomprensibles. No solo no la paga, sino que se le paga por lo hecho.

Algo tenemos que hacer para que todo esto cambie. No sería malo, por elemental, que hubiera auditorías independientes al finalizar los mandatos. Si logramos que en la política se imponga la responsabilidad y desaparezca la impunidad, habremos quitado razón al duro alegato de Rusell.

Las imágenes que nos llegan a través de la Historia del pasado siglo sobre asaltos o ataques a edificios emblemáticos como son los Parlamentos suelen estar cargadas de un gran dramatismo, de una fuerte conmoción escenográfica, como es el fuego o, directamente, de un notable equipamiento militar, como tanques o blindados, rodeando amenazadoramente dichos edificios. Sólo hay que recordar las instantáneas, cargadas de simbolismo, que nos han llegado de Boris Yeltsin, subido a un tanque, leyendo el 19 de agosto de 1991, apenas un par de años después de la Caída del Muro, una declaración en contra de la junta golpista formada por nostálgicos del comunismo y de la antigua URSS recién desmantelada. Un grupo de sediciosos que, al igual que en otros lugares, y en otras circunstancias similares de camino irrevocable hacia la democracia, intentaba en este caso acabar con las reformas emprendidas por la «perestroika» de Gorbachov.

También, en este año de celebraciones, felices o no felices, los españoles hemos recordado a menudo, treinta años después, nuestro particular asalto a un Parlamento. En aquella ocasión, se trataba del —universalmente— célebre Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 protagonizado por el teniente coronel Tejero. La escenografía que rodeaba a los representantes secuestrados, legítima y democráticamente elegidos por los ciudadanos al finalizar una larga dictadura, no se mostraba menos desafiante: guardias apuntando con sus armas a diputados, ráfagas de subfusiles, carros de combate y camiones de los sublevados.

Como penosa conmemoración o recuerdo de aquellos siniestros acontecimientos, con un simbolismo difícil de desentrañar, algunos, en este caso no elementos castrenses, sino civiles, llenos de ira, decidieron el pasado 15 de junio montar un cerco en torno al Parlament de Cataluña, para impedir la entrada a los diputados. Agresiones, insultos, zarandeos, escupitajos o, ya que estamos en el reino de lo metafórico, vergonzosas marcas sobre la ropa, imitando siniestros rituales medievales o estigmas no menos cargados de repugnancia y horror como los que utilizaban los nazis para señalar a los judíos por las calles o a otros individuos y colectivos en los campos de concentración. El presidente Artur Mas tuvo que utilizar un helicóptero para romper el sitio y más tarde declaró que se habían «traspasado unas líneas rojas». Y era cierto. Aunque no menos lamentable que algo tan elemental tenga que ser recordado en nuestras democracias de corta memoria. La democracia, efectivamente, tiene sus tabús, sus necesarias autodefensas, sus prohibiciones ontológicas y específicas. Y no necesita de muchos más adjetivos. Todos sabemos cómo acaban las democracias cuando se tiene la obsesión de adjetivarlas demasiado: democracia orgánica, democracias populares, democracia real.

¿Qué ha pasado para que no sólo haya tan poca memoria democrática, sino para que algunos muestren tanto desprecio e incluso enconado rencor por el hecho, por ese inmenso y perfectible privilegio, de gozar de Parlamentos en sistemas democráticos perfectamente instituidos e integrados en el concierto europeo y en más que razonable funcionamiento? ¿Cuál es el mensaje que se lanza a la desesperación de miles de ciudadanos de las revueltas árabes muriendo en las calles al reclamar sistemas democráticos que otros se dedican irresponsablemente a despreciar y arrastrar vergonzosamente por el lodo? Quizá la lectura más inmediata es la de niños-ciudadanos malcriados de nuestras democracias occidentales, cansados de jugar siempre con los mismos y monótonos juguetes regalados, caídos del cielo y llegados no se sabe cómo y bajo qué interesadas y malévolas maquinaciones. Se desean otro tipo de juguetes, normalmente abstractos, difusos, de brazo levantado, turbadoramente peligrosos. Ya lo dijo un teórico y jurista, cercano al nazismo, Carl Schmitt: «La democracia no está en la urna. Está en la plaza y la aclamación». También lo escupían de forma estremecedora, nada divertida, algunas pintadas de las «alegres» paredes del mayo del 68 francés (que acaban de recogerse en el volumen «Sed realistas, pedid lo imposible», Edhasa): «Propietarios de opiniones abstenerse, nada de oradores, nada de micrófonos». Lo dicho: ¿para qué las palabras? A brazo alzado.

Pero hay que recordar otra escenografía trágica y conocida: la noche del 27 al 28 de febrero de 1933, cuatro semanas después del nombramiento de Adolf Hitler como canciller del Reich, el edificio del Parlamento, el Reichstag, ardió. Aunque no cabe duda de que el incendio fue provocado, la autoría nunca llegó a resolverse. Los nazis presentaron el suceso como «un complot comunista», lanzando una campaña de terror y de represión contra los partidos políticos que se les oponían. Los derechos políticos garantizados por la Constitución de Weimar quedaron rápidamente suspendidos, derogando las más elementales garantías civiles. Lo demás es sabido. El individuo había dejado de existir, a partir de entonces sólo existía la masa, como igualmente anunció Canetti en su obra «Masa y poder». En un discurso pronunciado en 1926 por Hitler ante un selecto público del Hamburger Nationalklub —mencionado por Ian Kershaw en su monumental estudio dedicado a Hitler y el nazismo— el autor de «Mein Kampf» ya lo dejaría dicho: «Sobre todo, uno tiene que desechar la idea de que se puede satisfacer a las masas con conceptos ideológicos, la comprensión constituye una plataforma poco firme para las masas: la única emoción estable es el odio». Metido en la multitud, el individuo es «como una insignificante lombriz» que tan sólo siente «la energía de 200.000 personas luchando unidas por un ideal, que él mismo no logra comprender y no tiene por qué».

Quiso la casualidad que aquella triste foto de diputados zarandeados me pillara fuera de España. Invitada, en este semestre en que Polonia ocupa la Presidencia de la Unión Europa, a una serie de actos organizados por el muy activo y eficaz, a pesar de su corta vida, Instituto Polaco de Cultura de Madrid, aquel mismo día yo estaba paseando por delante del Sejm, el Parlamento polaco, junto a dos excelentes escritores de esa nacionalidad, Marek Bienczyk, autor de una maravillosa y melancólica novela sobre la ocupación alemana de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial («Tworki», editorial Acantilado), y con una no menos notable autora, Agata Tuszynska, biógrafa de grandes figuras de esa misma tierra, con todas sus variantes geográficas sufridas a lo largo de su atribulada Historia. Figuras de la relevancia de Isaac Bashevis Singer o Bruno Schulz, pero también de otras menos conocidas, como la cantante judía del gueto de Varsovia, Wiera Gran, de la que aparecerá este otoño en España, en Alianza Editorial, una biografía que ha causado un considerable revuelo en otros países europeos donde ha sido publicada. Agata me comentó que vivía justo al lado del Parlamento. Pensé inmediatamente en los dramáticos acontecimientos que habían sufrido los polacos, ese rosario de tragedias incesantes, difíciles de glosar para los no introducidos en la materia, hasta llegar a la democracia, hasta gozar de ese Parlamento, todo lo perfectible imaginable, como todos los Parlamentos del mundo. Para suavizar la tensión algo sombría de mis pensamientos recuerdo que le hice la broma a Agata de que podía haberse dedicado a la política. Así saldría cada mañana en su calidad de diputada, del partido que escogiera, directa hacia el Parlamento, recién levantada, con las ideas y los argumentos frescos, dispuesta a debatir con ardor lo que se pusiera por delante. Una noble profesión, plagada de escollos y decepciones, como cualquier otra, pero difícilmente imaginable aún en un gran número de países y circunstancias.

EL pasado 21 de agosto, este diario publicaba mi artículo Sociedad Digital. Repasaba entonces la extraordinaria revolución que las nuevas tecnologías han supuesto en nuestras vidas, asombrándome de que el único ámbito intocado fuera precisamente la política. Hubiera cabido esperar que, en su papel de orientadora de nuestros destinos, la política y sus actores intentaran explorar las oportunidades que ofrecen las tecnologías para mejorar su propia productividad y reducir costes. Pues bien, ha pasado casi un año — y qué año, ¡vive Dios!— pero nada. Claro que mis propuestas, quizás fruto de los calores de la canícula, eran bastante revolucionarias. Lo reconozco. Después ha venido todo lo que ha venido, y miles de «indignados», a partir de plataformas surgidas en las redes sociales, vienen expresando su hartazgo en una sinfonía cuyo último movimiento todavía está por venir.

Yo sigo instalada en mi desencanto y hoy me propongo adelantar otra pista, no menos rompedora, susceptible de dar un impulso a la participación ciudadana y de contribuir a la revitalización de nuestra anémica democracia capitalista sin capital. Dejo en mano de los economistas y de los expertos todo lo relacionado con las mareantes sumas que habremos de ahorrar a fin de restituirlas a quienes nos las prestaron durante esa borrachera general que asoló España durante los años del «gran botellón nacional» en el que todos —gobiernos, bancos, reguladores, empresas y ciudadanos de a pie— creímos ser ricos y nos apuntamos alegremente al «carpe diem», olvidando que eran otros los que pagaban la juerga y que algún día se acabaría el recreo.

Pero bueno, ahora que ya pasaron las elecciones y tenemos de nuevo una ingente pléyade de parlamentarios recién nombrados o confirmados y un techo presupuestario fijado a trancas y barrancas, sólo puede tener cierta actualidad repensar la preparación de los presupuestos y la distribución de asignaciones a las diversas partidas. Y ahí es donde quería yo llegar: nada menos que a la aplicación de la filosofía 2.0 a este reparto de la miseria presupuestaria, de forma que todos los ciudadanos pudiéramos colaborar expresando nuestras prioridades. Los tecnólogos hablan de las bondades de la inteligencia colectiva, y a lo mejor tienen razón.

La idea se me ocurrió al hacer mi declaración de Hacienda y tener que decidir si el 0,7 por ciento de lo que me corresponde pagar debería atribuirse a la Iglesia Católica, a fines sociales o sin asignación. Dada la inestimable capacidad de los equipos informáticos de la Agencia Tributaria y dado además que «Hacienda somos todos», se me ocurrió que el formulario del Borrador del IRPF debería incluir nuevas y más sofisticadas opciones de asignación que cada contribuyente debería poder cumplimentar. Quienes tengan total confianza en el Gobierno, no tendrían más que poner una cruz en la casilla «sin asignación». Por lo demás, se trataría de configurar en porcentajes las partidas de los presupuestos públicos, tanto de los del Gobierno central como de los autonómicos forales competentes en la recaudación tributaria. Cada uno de nosotros podría expresar en términos porcentuales más o menos elevados su particular interés/desinterés por la educación, la sanidad, la seguridad, los incentivos a la creación de empleo, la ciencia e innovación, las relaciones internacionales, la ayuda al desarrollo, la defensa nacional, las inversiones en infraestructuras, la gestión presupuestaria, la gestión administrativa, los servicios y equipamientos (luz, agua, limpieza, calefacción, equipos informáticos, etcétera), la justicia, las instituciones culturales, la ayuda a los dependientes, la igualdad de género, los espectáculos de calle, gastos imprevistos… En fin, estos no son sino simples ejemplos ilustrativos de la idea. Dejo fuera lo relativo a las Pensiones, fondo distinto que, en teoría, no se nutre de los presupuestos sino de las contribuciones. Estaría incluso dispuesta a que el Gobierno estableciera un porcentaje fijo a los gastos imprevistos. Cualquiera sabe lo difícil que es establecer su cuantía a priori. Pero eso sí, que no abusen. La cuestión es que el contribuyente reparta sus porcentajes como crea conveniente, asegurándose de que el total de los que asigna sume 100 enteros, ó 75 si la asignación para imprevistos establecida por el Gobierno fuera del 25 por ciento. Es un decir.

Llegados aquí, el sistema Padre de Hacienda, oportunamente adaptado, procesaría todos los datos, incluyendo las retenciones ya abonadas por cada contribuyente y el saldo a abonar. Sin más discusión ni trapicheo, quedarían así fijados los presupuestos anuales correspondientes a cada uno de los conceptos, asignándolos a los Ministerios, centros de gasto y autonomías, según proceda. Aquéllas que reciben los recursos presupuestarios del Estado, aplicarían escrupulosamente las mismas asignaciones según las opciones expresadas por los residentes en su Comunidad. O sea, como en el presupuesto familiar, pero en grande. Fácil, ¿no? El debate parlamentario sobre el presupuesto se limitaría a fijar el techo presupuestario para luego tomar nota y aprobar el resultado de la opinión de los ciudadanos, porque no creo yo que ningún partido democrático se atreviera a enmendarle la plana a toda la ciudadanía. Algo tan grave como si se traficaran los recuentos electorales.

Sería como un gran referéndum anual sobre algo tan importante como las cuentas públicas. Y desde luego, mucho más barato y eficaz. Los servicios públicos se esmerarían en atendernos debidamente por la cuenta que les trae, mejorándose indirectamente la productividad de todos y se crearía una sana competencia entre las instancias públicas que viven del presupuesto. Me dirá alguno que esta propuesta deja a los políticos relegados a un papel de meros gestores. No es verdad, ya que a ellos les corresponderá siempre implementar los presupuestos y eso implica la toma de miles de decisiones. A ello se sumaría una evaluación anual sobre los resultados obtenidos en la ejecución presupuestal —qué sesión parlamentaria tan jugosa—, permitiendo a los ciudadanos disponer de muchos más elementos para juzgar el buen hacer del Gobierno. Y, sin duda, tomaríamos buena nota. Como habrán notado los africanistas, esta democracia 2.0 se parece bastante a la «tontine», sistema que todavía hoy aplican muchas familias rurales africanas a la gestión de sus magros haberes. Eligen al miembro de la familia que les parece más inteligente o mejor dotado, le señalan sus prioridades, le entregan sus haberes y durante un período de tiempo le encomiendan su gestión. Transcurrido el plazo, los miembros de la tribu o de la comunidad de la «tontine» evalúan la gestión y además valoran si logró aumentar el rebaño de búfalos o si estos engordaron; según los resultados, prorrogan el encargo o cambian de gestor. El todo, al igual que con los presupuestos públicos, está basado en una cuestión de confianza, eso que ahora escasea tanto en nuestros pagos.

Como ya es demasiado tarde para poner en marcha esta modalidad de democracia 2.0, habría que esperar a la primavera 2012 para aplicarla a la Declaración de Hacienda 2011. Entre tanto, se podría avanzar una simulación para hacernos una idea de su funcionamiento. Comparto con los «indignados» el eslogan de «Mis sueños son vuestras pesadillas». Mis sueños son siempre surrealistas en las cálidas noches de verano.

Está en el ambiente que la percepción  generalizada respecto de nuestra clase política se mantiene bajo mínimos, hasta tal punto que, según los sondeos, es considerada el segundo problema nacional. La convicción creciente, cierta o no, de que los políticos están distanciados de los ciudadanos, constituyen una oligarquía con intereses propios distintos a los generales y se dotan de inaceptables privilegios, sigilosamente se va instalando entre nosotros. La simpatía que han sentido por los indignados (con los políticos) personas de un amplio espectro ideológico, contribuye a confirmarlo.

Y cuando decimos “políticos”, no nos referimos sólo a individuos sino también, aun con mayor motivo, a los partidos, los auténticos sujetos de la vida política.

Si esta convicción crece hasta hacerse ampliamente mayoritaria, la democracia entrará en zona de peligro. Las crisis económicas prolongadas, con los costes sociales consiguientes, son siempre un buen caldo de cultivo para todo tipo de populismos simplistas que suelen desembocar en salidas autoritarias. Por tanto, es necesario regenerar la democracia y una de las medidas más posibles y urgentes es la reforma electoral. Si esta reforma pretende ser eficaz en esta labor regeneradora debe aprovecharse para reformar los partidos políticos. Para comprender este alcance, apuntemos algunas características de los dos sistemas electorales clásicos, el mayoritario y el proporcional.

En el sistema mayoritario se elige un diputado por distrito y gana el candidato que ha obtenido más votos. Se trata, sin duda, de un sistema sencillo y claro, así es en Gran Bretaña y EE. UU. El sistema proporcional, más complejo, exige distritos amplios y se vota a listas de candidatos presentadas por los respectivos partidos. Mediante la aplicación de una fórmula matemática los votos obtenidos se convierten en escaños según criterios de proporcionalidad. Es la fórmula predominante en Europa, también la española en el Congreso y en todas las comunidades autónomas. Ambos sistemas tienen ventajas e inconvenientes.

El mayoritario permite una mayor proximidad entre electores y elegidos y, por tanto, un mayor conocimiento y control sobre el parlamentario, así como una más exigente rendición de cuentas al final de la legislatura. Sin embargo, tiene como desventaja fomentar que los diputados defiendan intereses puramente localistas y que se tienda al bipartidismo dejando marginadas las opciones políticas minoritarias.

La fórmula proporcional, en cambio, permite que el resultado en escaños refleje mejor el pluralismo político: las minorías pueden obtener más fácilmente representación y se frena el abstencionismo de quien no se identifica con los grandes partidos. Sin embargo, también presenta inconvenientes: primero, al votar a una lista se despersonalizan las elecciones, sólo se conoce al primero de la lista; segundo, y más importante, se otorga un gran poder a las direcciones de los partidos que son quienes confeccionan las listas de candidatos, de tal manera que, de hecho, a excepción del líder, en lugar de votar a candidatos se vota a una lista de perfectos desconocidos cuyo mayor mérito ha sido y seguirá siendo callar y obedecer.

Intentar corregir esta situación introduciendo en el actual sistema proporcional las listas desbloqueadas o abiertas no creo que sea un remedio suficiente si lo que se pretende es reformar los partidos y prestigiar la política. A mi modo de ver, la mejor solución consiste en encontrar un tercer modelo que combine las ventajas de los dos sistemas clásicos. En el sistema mixto, el sistema alemán, cada elector dispone de dos votos: uno para elegir por el sistema proporcional la lista nacional única propuesta por cada partido; y el otro para elegir a un candidato individual en cada pequeño distrito de acuerdo con el sistema mayoritario. Así, el ciudadano alemán sostiene una relación cercana con el diputado elegido directamente en su distrito mientras la fórmula proporcional aplicada a la lista nacional permite un mayor pluralismo en el resultado final que impide caer en las simplificaciones del bipartidismo.

Pero, además, esta fórmula mixta tiene otra ventaja todavía más interesante: los candidatos individuales que se presentan en los distritos cobran personalidad propia ante sus electores y se independizan, en cierta manera, de la dirección de los partidos que en su origen les designaron. Esta relación de proximidad diputado/ elector, mejora necesariamente la calidad  del diputado dado que está más controlado por los ciudadanos y, en su caso, la reelección no depende sólo de la voluntad del partido sino también de su propio éxito electoral. Los partidos, por decirlo así, se esponjan, se hacen más porosos y abiertos, dejan que la sociedad penetre en sus estructuras, sus diputados están cercanos a un público al que deben rendir cuentas. A su vez, la lista nacional permite mantener la columna vertebral de cada partido impidiendo que se disgregue.

En Catalunya corren aires de reforma electoral. No me extrañaría, sin embargo, que dicha reforma fuera gatopardiana: cambiarlo todo para que no cambie nada.

La desafección hacia los políticos y sus modales era ya tema habitual de conversación antes de que los chicos aparcasen las videoconsolas y las chicas se despreocuparan por la talla del sujetador para salir a la calle y luchar por su futuro, que es el de todos. Pero la clase política desoye las críticas y no ha reaccionado hasta que las pancartas se han plantado frente a los parlamentos. Mal para la política y peor para la democracia. La realidad es que los gobernantes pierden credibilidad, los partidos militancia y las urnas votantes. ¿Por qué? Sin ánimo de ser exhaustivo, he aquí algunas de las (mis) razones.

1. El síndrome de la primera fila. La ciudadanía opina que los privilegios que otorga a los políticos no se ven correspondidos por el servicio que deberían prestar y no prestan a la comunidad, como, por ejemplo, velar por el Estado del bienestar o controlar la especulación financiera. Es la primera fila gratis reservada a las autoridades en cualquier recepción, tribuna deportiva o acto público. O los coches oficiales, o los sueldos y dietas desproporcionados, o el saltarse las listas de espera y un largo etcétera que concierne desde el político o gerente local con tarjeta de crédito hasta consejeros, eurodiputados, ministros y el anacrónico cuerpo diplomático.

2. Marrones con dirección única. El ciudadano no entiende que los políticos no asuman sus responsabilidades y busquen siempre algún chivo expiatorio a quien responsabilizar del trabajo sucio, el cual a su vez descarga sus agobios en los subordinados y, al fin, los marrones recaen sobre el pueblo llano. Cuanto mayor sea la capacidad de las bases para deglutir sapos y menor la cantidad de problemas que se transmitan hacia arriba, más méritos dentro del partido y más posibilidades de figurar en las listas. Mal. Mal, porque de este modo la distancia entre Gobierno y gobernados solo hace que crecer.

3. El juego de la silla, pero al revés. Como los mandos intermedios son los que más contacto tienen con la realidad y más marrones acumulan a sus espaldas, se queman rápidamente. Por ejemplo, la supervivencia media de un gerente hospitalario no alcanza los tres años. En consecuencia, se genera una rotación de cargos sobre las sillas disponibles, pero, al revés de lo que ocurre en el juego, el número de asientos en vez de disminuir aumenta con cada movimiento. No hay justificación para la expansión inexorable del empleo en las administraciones, que con cada legislatura adopta formas más imaginativas y siempre más onerosas para el erario.

4. Cinismo del malo. Admiro a Diógenes y siempre me he preguntado por qué su escuela se asocia con la desvergüenza en el mentir o en la defensa de prácticas reprochables. Echamos de menos en nuestros políticos un poco más de la modestia y la indigencia ilustrada del gran filósofo moral y lamentamos el mal cinismo con el que cambian de chaqueta, mienten o menosprecian a un adversario mientras degustan canapés con cava. ¿Cómo es posible que el president Mas y su entorno mediático equipararan los incidentes del Parlament a la kale borroka? Decididamente, nos toman por estúpidos.

5. Mediocracia. Hoy, alguien que aspire a trabajar de administrativa/o en una universidad pública sabe que para competir ha de ser licenciado y saber idiomas. Nuestra clase media estudiosa o trabajadora no acepta que tantos políticos logren sus escaños con un currículo con el que jamás podrían competir no ya en la empresa privada, sino en los primeros escalones de la propia Administración. El resultado es un discurso político huero, cobarde, culturalmente pobre y técnicamente incompetente. ¡Si al menos no despreciaran cuanto ignoran, como escribiera Machado!

6. Apropiación de lo público. Los motivos de desafecto expuestos más arriba han conducido al deterioro de la relación entre clase política y sociedad civil. Los partidos en el poder utilizan las instituciones con fines electorales y para ello han extendido sus tentáculos hasta la médula de la justicia, la enseñanza o la sanidad. Así, lo público desaparece en favor de lo político como tan bien nos lo ha contado Alejandro Nieto en su Desgobierno de lo público. De ahí a la prepotencia y la corrupción hay solo un paso que muchos políticos ya han franqueado.

Este artículo no está escrito desde las ciencias políticas o la sociología, sino desde la trinchera de la experiencia y la observación atenta. Está escrito sin ánimo de venganza, a pesar de que tras más de 25 años de ejercicio profesional en un hospital y una universidad públicos me sobran motivos para ajustar cuentas con la burocracia político-sanitaria. Pero no. Necesitamos a los políticos, necesitamos buenos políticos. A fin de cuentas, preferimos su gobierno al de los teócratas o al de los militares. Pero eso no les da una patente de corso. Deben interpretar los signos de los tiempos. Diógenes, Rousseau o Francisco de Asís tenían algo de perroflautas y todo indica que han inspirado los aforismos neorrománticos y demoledores de los acampados. Y es que tienen razón: no hay pan para tanto chorizo.

La figura del ombudsman, nacida en Suecia en 1809 para controlar la actividad de la Administración, es una de las instituciones más sólidas de los sistemas democráticos. Su existencia es uno de los posibles requisitos de homologación democrática, como sucede con la candidatura de Turquía para su ingreso en la UE. Se argumenta que allá donde se legisla y se construye una Administración que aplica y gestiona la legislación, se requiere un ombudsman como garantía para combatir la “mala administración”.

El reciente reconocimiento normativo del Derecho a la Buena Administración abunda en la trascendencia de esta figura. Este derecho ya aparece en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 41, y se está reproduciendo en todos los nuevos ordenamientos democráticos. Consiste en que aquellos actos legales de las Administraciones que son expresión de “mala administración”, deben ser señalados y corregidos. La institución idónea para ello, para controlar, investigar y proponer medidas para subsanar los errores de las Administraciones, es el ombudsman.

El Consejo de Europa recomienda con fuerza la existencia de ombudsmen o defensores en los diversos niveles de la Administración. Así el Congreso de Poderes Regionales y Locales recomienda en su Informe de 2010 de forma categórica la existencia de ombudsmen regionales para garantizar los derechos humanos en los primeros escalones de la democracia. La Asamblea Parlamentaria del Consejo informó ya en el 2003 sobre el ombudsman, y ahora su Comisión Jurídica acaba de aprobar una propuesta de elaboración de un nuevo informe, haciendo balance del trabajo de los ombudsmen en Europa y con la finalidad de fortalecer su estatus ante las amenazas que se ciernen sobre ellos, como son la Ley Presupuestaria italiana de 2010, que conlleva la desaparición de los defensores locales, o propuestas como la anunciada por la presidenta de Castilla-La Mancha. También el Comisario Europeo de Derechos Humanos y la Comisión de Prevención de la Tortura apelan constantemente a la ayuda de los ombudsmen, también regionales, para que colaboren en sus trabajos, informes y visitas.

El Ombudsman de la Unión Europea potencia la red de ombudsmen regionales para su coordinación y para la mejora de la defensa de los derechos en el seno de la UE. Todos los defensores españoles forman parte de aquella red. Por su parte, el Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), fundado en 1978, es la única organización mundial para la cooperación entre más de 150 instituciones de ombudsman. El IOI está configurado y dirigido por defensores de diversos niveles, ejerciendo los regionales un papel decisivo en el intercambio de experiencias y en la gestión de los diversos niveles de colaboración.

En nuestro ordenamiento, la Constitución Española de 1978 establece un Defensor en su Título I y prevé en su Título VIII el desarrollo del Estado de las Autonomías con Estatutos, en los cuales se recoge el principio de autoorganización de sus instituciones y la creación de las Administraciones autónomas. Estas, de acuerdo con los elementos hasta aquí citados, deben ser controladas por los defensores autonómicos. Los defensores autonómicos, como comisionados de sus respectivos parlamentos, tienen la función de informar a la Cámara autónoma sobre la actuación de la Administración a partir de su labor de control y de defensa de los derechos. Si se diera la circunstancia de que solo el Defensor del Pueblo de España ejerciera la función supervisora, este daría cuenta a las Cortes Generales de la actuación de la Administración autónoma, con lo cual se pierde uno de los elementos fundamentales de la eficacia de la institución del Ombudsman: la denuncia y la información que este lleva a cabo ante la Cámara que controla al Gobierno que dirige la Administración, con la finalidad de que el Parlamento pueda actuar en consecuencia. Por esto, además de por su proximidad y conocimiento, los defensores autonómicos son más idóneos.

Es obvio que se debe dar una distribución de funciones entre el Defensor del Pueblo y autonómicos para evitar duplicidades, trabajando en colaboración, con un gran ahorro de dinero público, suprimiendo los constantes desplazamientos a las comunidades autónomas que el Defensor del Pueblo realiza, y dar un mejor rendimiento a la función de garantía de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece la necesidad de que el Defensor del Pueblo y el Síndic colaboren en el ejercicio de sus funciones. Y precisamente la sentencia del recurso del Defensor del Pueblo del Tribunal Constitucional ratifica la existencia de Síndic de Greuges y estipula la necesidad de colaboración entre los mismos.

El trabajo de los defensores autonómicos es una aplicación del principio de subsidiariedad, y facilita y potencia la calidad de la defensa de los derechos. Su papel es clave en aras del control de la Administración, en favor de la transparencia y la lucha contra la mala administración y corrupción. Un Gobierno que pretenda prescindir de esta figura puede ser sospechoso de opacidad y de querer evitar el control externo, así como de debilitar la calidad democrática de nuestro sistema político.

La Transición supo consolidar entre los españoles tres creencias básicas acerca de su país, que pueden expresarse así: España significa todos, significa iguales y significa libres. Todos quiere decir que España es una democracia auténtica, sin tacha; iguales, que nos tomamos en serio la igualdad de oportunidades; y libres, que el nuestro es un gobierno de leyes, que somos ciudadanos de un Estado que protege nuestros derechos mediante la aplicación justa de las normas. Es decir, la creencia de que España significa todos, iguales y libres se condensa en la creencia de que España es un Estado democrático, social y de derecho. Con los matices propios de cada sesgo o querencia, el éxito de la Transición fue consolidar como creencias comunes estas cosas, que inicialmente eran buenos deseos pero que pronto fueron leyes y políticas. Esas creencias han dado legitimidad y valor al sistema político de 1978.

Pero hoy estas creencias se han erosionado. Los españoles no están en absoluto seguros de la calidad de su democracia; ni de que exista igualdad de oportunidades ni de que las instituciones tengan verdadero interés en que la haya; y no están seguros de que el nuestro sea un gobierno de leyes previsibles e iguales para todos.

Éste es el legado profundo de los últimos años, haber debilitado las creencias en que se basaba nuestra convivencia política. En primer lugar, la deslegitimación de la Transición ha sido una actividad constante y consciente del Gobierno desde 2004. Se ha provocado un debilitamiento de las creencias sobre las cualidades morales de la democracia española. Constitucionalista (que no deja de ser una variante excelsa del término legal y cuyo contrario debiera ser imposible en un contexto democrático liberal) es una adscripción minoritaria, y en algunos lugares testimonial.

En segundo lugar, cada día es más patente la fractura de la sociedad española entre grupos amplios cuya capacidad de elección real diverge en razón de su posición de partida. Porque el deterioro de los servicios públicos esenciales y la cautividad en que muchos españoles se hallan de aquello que se les ofrece por las Administraciones, particularmente de la educación, anula en la práctica la movilidad social y la igualdad de oportunidades. Se ha generado un descreimiento profundo sobre la ecuanimidad de nuestro sistema de bienestar, comenzando por la incapacidad para producir empleo mientras persisten agravios comparativos inocultables; la utilización de las Administraciones para difundir un credo partidario ha sido evidente, al tiempo que se actuaba con clara irresponsabilidad fiscal y sin prestar atención a los efectos de la crisis.

Finalmente, el uso político de la Justicia y de las instituciones ha tenido episodios abochornantes que no han pasado inadvertidos para nadie. Se ha producido una sensación muy extendida de que en España la ley no quiere decir gran cosa cuando están por medio los políticos, la sensación de que el nuestro es un sistema sin límites fiables, en el que puede pasar cualquier cosa porque ni los procedimientos, ni las instituciones, ni las magistraturas son previsibles en su comportamiento, y en todo caso se reservan un margen de maniobra que raya en la arbitrariedad y que beneficia a unos pocos. Los españoles han visto que el Estado de Derecho puede ser suspendido, adormecido o utilizado a favor o en contra de pretensiones de partido sin que ello provoque las consecuencias que cabría suponer cuando el hecho de que esas cosas no pasen ni queden sin sanción constituye la garantía básica de la libertad de todos.

No es sorprendente, pues, que las series estadísticas del CIS registren un desplome apocalíptico de la confianza de los españoles en su sistema político. No porque hayan dejado de creer en una España de todos, de iguales y de libres, sino porque han dejado de creer que España sea tal cosa o aspire realmente a serlo. La alternativa a esa creencia es la anomia y el despeñamiento en un mundo hobbesiano: «Donde no hay ley no puede haber injuria».

Por todo esto, aunque pueda establecerse una similitud genérica entre las condiciones de acceso al Gobierno del PP en 1996 y las condiciones en que se encuentra España ahora, lo cierto es que las cosas son muy distintas: hoy no tenemos creencias compartidas, sólo una gran duda sobre lo que somos y sobre lo que podemos llegar a ser. Esa duda es la que hay que despejar. En estas circunstancias no será posible ejecutar una agenda amplia y profunda de reformas, capaz de sacar al país de la peor crisis económica e institucional que se recuerda en mucho tiempo y de adaptarlo a un contexto de restricción presupuestaria permanente a largo plazo.

De modo que el primer trabajo del próximo Gobierno de España ha de ser recuperar las creencias perdidas, porque sin ellas será sencillamente imposible ejercer el poder con legitimidad, con autoridad y con provecho. Los resultados del 22 de mayo ofrecen una oportunidad para empezar a trabajar en esa tarea.

Si no se acierta en ello pronto, cualquier proyecto de gobierno, por bien fundado que se encuentre, fracasará, porque carecerá de lo que es indispensable para gobernar: una presunción generalizada de que se gobierna mediante leyes y para el bien de todos por igual.

Con frecuencia se dice que Rajoy, como probable próximo presidente del Gobierno, va a tener que realizar la proeza de hacer muchas reformas en poco tiempo. Pero su tarea será aún mayor y más importante que hacer reformas. Tendrá que restaurar las bases de legitimidad del sistema, tendrá que volver a consolidar como creencias políticas lo que ahora está puesto en cuestión, tendrá que hacer posible que su victoria signifique realmente que dispone de poder para gobernar a favor de un país reconocible, vuelto en sí, con un soporte sociológico comprometido con los fundamentos de la democracia española de 1978. Un país que quiera ser y que quiera elegir su modo de ser.

Porque la creencia de que España existe y de que significa algo valioso, incluso extraordinariamente valioso, es lo único que permitirá pedir y obtener el apoyo necesario para transformar el sufrimiento que padecemos en sacrificio. Creo que ésa será la clave del éxito del próximo Gobierno: transformar el puro sufrimiento en sacrificio, es decir, transformar un padecimiento impuesto y sin sentido en un esfuerzo elegido que sirve a un bien superior.

La tarea de Rajoy no será hacer las reformas. Ésa es una tarea técnica compleja, pero relativamente menor en comparación con la genuinamente política que recaerá sobre él. Su tarea, la más difícil, será mantener unido al país alrededor de un consenso fuerte de alcance moral mientras las reformas se hacen. La tentación tecnocrática no es una opción viable dadas las circunstancias. Hace falta empuje político puro para regenerar un sistema muy dañado. Y será necesario hablar a la nación.

El movimiento del 15-M ha puesto sobre la mesa el debate en torno a la calidad ética y democrática de nuestro sistema político en un momento en que la incredulidad de la ciudadanía hacia la política institucional es cada vez mayor. Hemos podido constatarlo en las últimas elecciones municipales, con un 45% de abstención y un fuerte aumento tanto del voto en blanco (4,1%) como del voto nulo (1,72%). También son significativos los datos de los últimos comicios autonómicos en Catalunya, a través de los cuales se escogió un Parlamento que sólo representa al 54,83% de la ciudadanía. Tenemos, por lo tanto, una importante crisis de representatividad y, en consecuencia, de legitimidad. Este, sin embargo, no es el único problema de nuestra democracia. Tenemos también un déficit de funcionalidad. En otras palabras, las políticas públicas que están produciendo nuestros gobiernos no son capaces de dar respuestas satisfactorias a las expectativas y las necesidades de los ciudadanos.

Parece, pues, que cada vez se hace más necesario evaluar nuestra democracia y cuestionarse si puede haber otra manera de hacer las cosas. La evaluación de la calidad de las democracias, de hecho, se ha convertido en una práctica bastante extendida a lo largo de la última década. Diversas organizaciones internacionales han desarrollado índices para hacerlo (The Economist,Polity IV, Freedom House).Todos ellos, sin embargo, han tendido a vincular la democracia con el sistema político y sus instituciones, analizando cuestiones como el sistema electoral, la separación de poderes o los derechos y libertades individuales, siempre desde la óptica de la democracia liberal-representativa. En cambio, no se han detenido a analizar la calidad democrática de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos.

Para mejorar la calidad de nuestra democracia y hacer frente a la desafección política, sin embargo, no hay bastante con cambiar la ley electoral y llevar a cabo determinadas reformas al sistema. Hace falta que nos fijemos también con las características de los procesos de elaboración de las políticas públicas. Los políticos, de una vez por todas, tendrían que entender que el voto de los ciudadanos no es un cheque en blanco. La democracia no se construye cada cuatro años, se tiene que construir cada día. Para hacerlo hacen falta nuevas maneras de hacer política, nuevos estilos y nuevos instrumentos que permitan canalizar las demandas y que potencien que los poderes públicos no sólo gobiernen para el pueblo sino con el pueblo.

Diversos autores han teorizado sobre esta cuestión. Benjamin Barber publicó el año 1984 el libro Strong democracy: Participatory Politics for a New Age donde cuestionaba la democracia liberal-representativa. Recuperando los principios de la democracia antigua y siguiendo la tradición republicana, Barber apostaba por una democracia fuerte basada en la idea de una comunidad autogobernada de ciudadanos. Siguiendo esta tendencia, autores como Gutmann y Thompson (2004) o Habermas (1999) defienden a un modelo diferente de administración pública, capaz de elaborar sus políticas a partir de la deliberación. Una administración que escuche, fomente el debate y promueva la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.

Este nuevo modelo de democracia, que puede concretarse con matices y nombres diversos – participativa, deliberativa, directa-,ya se ha empezado a poner en práctica en algunos lugares. Hemos visto recientemente el caso de Islandia, si bien hay otras experiencias, sobre todo a nivel local, que ya hace tiempo que están trabajando en prácticas de profundización democrática que van mucho más allá de un simple referéndum. Ejemplos pioneros como el de los presupuestos participativos del Brasil han demostrado que es posible hacerlo. También en nuestra casa encontramos algunos municipios como El Figaró o Santa Cristina d´Aro que han apostado decididamente por otra manera de hacer política y han tenido éxito.

Es evidente que todavía hay mucho campo para recorrer y no hay recetas mágicas: hay que innovar para encontrar nuevas formas de hacer política que se basen en la transparencia, el rendimiento de cuentas y la participación. Los tradicionales consejos consultivos no son suficientes para hacer frente a este reto. Hay que pensar en otras formas de participación más flexibles, más abiertas y que realmente respondan a las necesidades de la población. Hace falta apostar por nuevos mecanismos que garanticen la pluralidad y la igualdad, que sean capaces de sistematizar las aportaciones de la ciudadanía, que lleguen a resultados concretos, que se apliquen sobre cuestiones realmente relevantes y que doten al pueblo de poder de decisión. Este nuevo modelo requiere voluntad política, tiempo y recursos, es cierto. Pero, al mismo tiempo, revierte en unas mejores políticas públicas, más creativas, más ajustadas a los problemas reales de cada territorio y, sobre todo, más justas.

Hace días hablaba con un amigo sobre lo que puede suponer en las generales este cambio que se atisba en el sentido del voto de los ciudadanos. Conveníamos que es pronto aún para afirmar que los millones de españoles hartos del bipartidismo van a utilizar su voto para elegir a una tercera fuerza nacional comprometida con el cambio que España necesita.

Decía mi amigo que las concentraciones en las plazas de toda España han sacado a la calle las reivindicaciones que desde UPyD veníamos haciendo en las institu- ciones en las que estamos presentes. Él, vasco como yo, hacía un paralelismo con lo que fue la salida a la calle del movimiento cívico contra el nacionalismo obligatorio; y concluía que una vez que se verbaliza una reivindicación política superando el corsé ideológico no hay quien la pare. Creo que es una reflexión correcta. Ahora se trata de trabajar para que los ciudadanos descubran la fuerza de su voto y la capacidad que éste tiene para romper los muros de silencio del bipartidismo obligatorio.

La verdad es que en España hay un desapego hacia la política y los partidos que está produciendo un deterioro alarmante en las instituciones democráticas. Si no hacemos algo para que los ciudadanos recuperen el control sobre los políticos, sobre los partidos políticos y sobre las instituciones, el desapego seguirá en aumento. Por eso las medidas de transparencia y austeridad que venimos proponiendo -y que hoy podemos plantear en 96 instituciones de toda España- no son solamente una exigencia económica. Es una cuestión de principios que tiene que ver con el buen gobierno. Un buen gobierno que gestione de forma transparente los recursos públicos; un buen gobierno que permita a los ciudadanos conocer en tiempo real los criterios con los que se hacen las adjudicaciones de contratos públicos; un buen gobierno que haga públicos sus presupuestos a través de internet, incluyendo su proceso de elaboración, aprobación, ejecución y liquidación; un buen gobierno que someta a esos mismos controles a las sociedades públicas después de revisar la necesidad de cada una de las existentes.

Los españoles necesitan saber cómo y en qué invertimos sus dineros. Por eso es preciso establecer en todas las administraciones -desde el más pequeño de los municipios hasta el Gobierno de la Nación-, un registro público y obligatorio, accesible por internet, de las subvenciones concedidas por todas las administraciones públicas a todas las personas físicas o jurídicas sin excepciones.

Es preciso acabar con esa masa ingente de cargos de confianza que en muchísimos casos sustituyen de forma irregular la tarea a realizar por los funcionarios que han accedido a la Administración con criterios de mérito y capacidad. Y en la misma línea de transparencia y austeridad, de buen gobierno, hemos de eliminar o reducir hasta el mínimo imprescindible todo tipo de órganos o consejos asesores que no sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de la actividad pública -no partidaria- atribuida.

Sé que estas propuestas no nos van a granjear muchas simpatías entre algunos de nuestros colegas en las distintas instituciones a las que llevemos el debate, que van a ser a partir del día 11 la totalidad de aquellas en las que estamos presentes. Pero no estamos en la política para ganar amigos en el stablishment sino para resolver los problemas de los ciudadanos. Y estamos acostumbrados a las reacciones porque a mí tampoco me han besado en el Congreso cuando he propuesto medidas de austeridad en el conjunto de las administraciones públicas o equiparación de nuestro sistema de pensiones al del común de los ciudadanos a los que representamos. En todo lo que tiene que ver con estos asuntos ha funcionado un pacto de hierro entre PP y PSOE al que se han sumado gustosas el resto de fuerzas parlamentarias.

Socialistas y populares siempre han rechazado nuestras propuestas e incluso nuestros argumentos contra el despilfarro y a favor de un sistema electoral justo que permita a los ciudadanos tomar el control sobre la política y romper con ese apaño del empate a cero que asegura que se reparten la tarta del poder político entre los dos por los siglos de los siglos. Por eso me abochorna que salga Rajoy ahora hablando de estas cosas como si acabara de descubrir la pólvora. ¿Qué pasa, que antes del 22-M no gobernaban en la mitad de las instituciones autonómicas y locales de España? ¿A qué tenían que esperar para meter mano al déficit y el despilfarro de decenas de ayuntamientos, sociedades públicas, fundaciones, cajas de ahorros y comunidades controladas por el PP?

Levantar las alfombras y abrir ventanas en todas las instituciones es una necesidad urgente. Pero no sólo para descubrir las cosas que están mal y corregirlas, sino sobre todo para poder respirar aire limpio. Para que los ciudadanos conozcan y distingan; para que no prejuzguen y condenen a aquellos que se dejan la piel haciendo las cosas bien al servicio de todos sus conciudadanos. Para que los golfos no extiendan su tinta negra sobre los miles de cargos públicos honestos y generosos que desde todos los rincones de España dedican de forma altruista su tiempo y sus desvelos a representar y defender con dignidad las instituciones democráticas. Hay que abrir las ventanas para poder exigir responsabilidades concretas; para que los ciudadanos sepan que no todos los políticos somos iguales, que es posible hacer otra política y hacer política de otra manera.

Esto es lo que significa regenerar la democracia: acercarla a los ciudadanos y devolverles el control sobre la política. Hannah Arendt dejó escrito: «Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político». Sin política, no hay democracia. Por eso llamamos a los ciudadanos a implicarse en la política para cambiar la democracia; llamamos a todos a sumar esfuerzos, a trabajar; que cada cual lo haga desde el lugar que le parezca más útil, pero que no deje de hacerlo. Para que nadie nos cierre estas ventanas que hemos empezado a abrir. Para poder respirar.

A casi nadie satisface el sistema actual de partidos políticos. Quizás, a nadie. Pero no se ha encontrado todavía una solución mejor de agentes en la vida política. Hace días expuse en estas mismas páginas que en la política hemos de distinguir entre los autores (que son los que sugieren la manera de actuar y la meta a alcanzar), los actores (o políticos en escena) y los agentes (o sea, los que movilizan las voluntades ajenas). Una representación política tiene que ser canalizada por medio de un agente que opere en la escena pública. Cuando este instrumento es de naturaleza política tenemos al partido; cuando sea de otra índole -profesional, financiera, cultural o religiosa-, tenemos a los grupos de presión.

La sociedad civil es una abstracción, incapaz, como tal, de sugerir programas de actuación política, promocionar candidatos o ejercer las funciones cívicas básicas; se compone de ciudadanos que se expresan políticamente con la ayuda de los grupos que potencian el quehacer individual. Los partidos son insoportables en cuanto pretenden monopolizar la representación de todos los grupos e intereses sociales, pero su supresión dejaría el campo libre a los grupos sociales más poderosos para imponer sus pretensiones a los sectores más débiles. Aquellos integran a una minoría de privilegiados y éstos se componen de la mayoría, pero sin capacidad de presencia en el escenario y sin recursos para afrontar con éxito el combate político.

A cualquier lector que carezca de la experiencia que los españoles adquirimos durante el franquismo, tal vez le atraiga la idea de un régimen sin partidos. Efectivamente -y hay que insistir en ello-, los partidos modernos son organizaciones mal estructuradas y que funcionan deficientemente.

La deformación oligárquica denunciada por Ostrogorski y Michels a principios del siglo XX es hoy un mal grave que afecta a las agrupaciones políticas. Pero la sociedad civil, como acabo de apuntar, autogobernándose con sus instrumentos propios, cuyos nombres nos eran machaconamente repetidos en una época no muy lejana -familia, municipio y sindicato- genera un orden menos estimable que el producido por el sistema de partidos, libremente creados y que compiten por el poder.

En el singular mundo de los Estados Unidos de América, donde el asociacionismo forma una trama social fuerte, ha sido posible reducir la función de los partidos al mínimo cometido de ser máquinas para captar votos. Fuera de Norteamérica, y desde luego en España, la poliarquía necesita para funcionar aceptablemente un cambio de cultura política, de usos y costumbres, en virtud del cual la participación de los ciudadanos se organice mediante el establecimiento de asociaciones, clubes de opinión, agrupaciones múltiples. Si se alcanzara una cota en la que más de la mitad de los ciudadanos estuviesen afiliados a dos o más entidades no políticas, los partidos podrían quedar marginados. Los miembros de la sociedad civil harían valer sus aspiraciones por medio de estos instrumentos no políticos de participación. Sería otra manera de ser y convivir.

Pero este cambio de cultura política no se advierte en España. En el mes de enero de 1988, escribí un artículo que titulé El ocaso de los partidos. En aquellos días un libro de Michel Offerlé, publicado en noviembre de 1987, me proporcionó un motivo para hacer una reflexión pública sobre un asunto que consideraba importante y que sigo estimando fundamental para la democracia nueva que deberíamos inventar para este siglo XXI.

Offerlé duda de la supervivencia de los partidos en un futuro no muy lejano. En su opinión, los partidos pueden desaparecer en virtud de los cambios profundos que han empezado a introducirse en la articulación y el funcionamiento de las sociedades posmodernas. Los ciudadanos se relacionan ahora con los gobernantes de un modo distinto a como lo hacían a mediados del siglo XX. Y la situación está experimentando una mutación radical. Los avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones proporcionaban una base para que se hicieran estos pronósticos, a finales de los años 80 del siglo XX. Ahora la base se ha ampliado. Somos y convivimos en un ambiente donde la intercomunicación instantánea predomina.

Un capítulo obligado en cualquier análisis que pretenda describir lo que nos pasa es el dedicado a la crisis de la representación. Las teorías al respecto, elaboradas en el siglo XIX o cuando, posteriormente, ni la radio ni la televisión configuraban los espacios públicos, o la informática no había aún aparecido, son formas caducas de entender la relación entre los actores y los espectadores. Hoy el gobernado interviene de otro modo, con la posibilidad, gracias a las nuevas técnicas, de renovar constantemente el mandato a los representantes, o retirárselo.

El elector quisiera que se dijese la verdad de lo que ocurre en su entorno. Pero los partidos continúan utilizando el lenguaje de la simulación, unos por razones estratégicas, otros por debilidad interna, sin que falten los interesados en presentar un panorama brillante que no se corresponde con el real. El ciudadano desearía que los partidos afrontasen y resolviesen los problemas que más le preocupan. Sin embargo, tanto en los Parlamentos como en los debates en los medios, los políticos profesionales se ocupan de asuntos marginales, o que la gente valora como tales, mientras que las cuestiones graves se aplazan indefinidamente o ni siquiera se plantean.

Hay que admitir unos hechos que pudieran ser consecuencias de los males criticados. Por ejemplo, el descenso de la militancia en los partidos, el renacimiento del individualismo, la aparición de los clubes de opinión y de los movimientos heterodoxos, el brote espectacular de los ecologistas, el desencanto generalizado. Todas estas cosas se registran, en las democracias pluralistas, con más o menos intensidad y extensión.

El abstencionismo en las elecciones es, quizás, la más potente llamada de atención. Vamos a comprobarlo aquí dentro de unos días. Y tendremos una prueba más de si el por ahora del título de este comentario se convierte lamentablemente en un largo tiempo.

¿Por qué las personas que ocupan puestos de responsabilidad? O mejor dicho, dado que las hay que no dimiten, ¿por qué razón se espera que lo hagan? No me refiero aquí, claro, a la causa inmediata de la dimisión -el acontecimiento que la desencadena-, sino a la razón que explica que en determinados casos se considere algo deseable, incluso ineludible. Pienso que para comprender el problema adecuadamente es imprescindible distinguir el error de la falta moral.

En caso de error, el fundamento de la dimisión no descansa, al menos no únicamente, en el reconocimiento de una falta de aptitud para el desempeño del cargo. Por este motivo no dimite nadie, sino que espera simplemente a ser destituido. La dimisión, por encima de cualquier otra cosa, implica el leal sometimiento a un principio fundamental para el buen funcionamiento de cualquier sociedad: el principio de responsabilidad. Ocurre que ciertos errores especialmente notorios en puestos de responsabilidad demandan que sea el propio protagonista el que se anticipe al cese. Es casi un pacto incluido de forma tácita en la aceptación del cargo. Toda prerrogativa lleva anudada de manera esencial una obligación, de tal forma que, incumplida ésta, decae aquella. El reconocimiento de esta circunstancia honra al dimisionario y evita que al descrédito profesional se una el moral. Cometer errores es una cosa, carecer de dignidad y de ética, aferrándose al cargo a cualquier precio, otra.

Precisamente por eso la dimisión por error puede ser rechazada, al menos en determinados casos, siempre que el que ha realizado la designación reitere la confianza. Éste es el único sentido de poner el cargo a disposición o de rechazar una dimisión -salvar el crédito moral-, pues el que de verdad quiere irse se va en todo caso. Sin embargo, esa confirmación tiene sus consecuencias, pues el que ratifica no sólo asume el riesgo futuro de que, debido a la falta de aptitud, se sigan cometiendo errores, sino que, por el principio de responsabilidad, también asume como propio el error cometido, con todo lo que ello implica.

La diferencia con la dimisión motivada por faltas de ética (por mentir, cometer un delito, o aprovecharse del cargo) no puede ser, por tanto, más evidente. La falta de competencia profesional pasa completamente a segundo plano, mientras que el principio de responsabilidad adquiere una relevancia todavía mayor. Pero la diferencia fundamental es que aquí el reproche moral existe desde el principio, antes de la negativa a dimitir. De ahí que la falta no pueda ser obviada, porque degradaría a quien tal cosa hiciese. El que pretende desconocer tal comportamiento lo asume como propio y queda contaminado en la misma medida, ya sea un jefe, una organización o partido, o incluso el mismísimo cuerpo electoral.

Por eso es muy frecuente que los jefes que no desean la dimisión de sus subordinados pretendan presentar como errores lo que son simplemente faltas de ética. En el caso del ministro alemán de Defensa, acusado de plagiar su tesis doctoral, la canciller Merkel alegaba que ella no había contratado un profesor ayudante, sino un ministro, como si lo que estuviera en juego fuese la calidad de la tesis o del trabajo realizado, y no la mentira. A los alemanes no les convenció la explicación y la canciller, por temor a verse contaminada, se vio obligada a aceptar la dimisión. Más consciente de las exigencias de su electorado fue Gordon Brown, que comprendió la dimisión de una ministra porque su cónyuge pagó un par de películas porno con dinero público.

Cualquier comparación con la situación española produce rubor. Aquí ni siquiera se pretende convertir la mentira en error (exceptuando el cándido intento de la vicepresidenta de la Generalitat de achacar a un error informático su condición de licenciada), sino que simplemente se niega la evidencia, y cuando eso resulta ya imposible, se pretende perdonar la falta de ética como si de un error subsanable se tratase. Si algo tienen en común nuestros escándalos cotidianos referentes a políticos y financieros es precisamente eso. Primero se lucha hasta la última instancia judicial negando los hechos, y cuando ya no es posible, siempre terminan llegando las próximas elecciones -o, como en el caso de Alfredo Sáenz, el pertinente acuerdo del Consejo de Administración- que todo lo sanan.

Cuando se trata de una empresa privada, allá los consejeros o accionistas que quedan contaminados, pero si hablamos de un representante público el tema es todavía más grave. Si el electorado no castiga una falta de ética está asumiendo públicamente la normalidad de esa conducta y de otras semejantes. Y ya no es sólo que se transmita a los representantes políticos un mensaje extraordinariamente peligroso -todo vale si se ganan las elecciones-, es que de esa manera nos degradamos nosotros mismos, como sociedad y como ciudadanos.

Llevamos algún tiempo tiempo hablando de la necesidad de plantear una economía sostenible, a partir del dogma de que el desarrollo económico no tiene ningún futuro: ni será capaz de alimentar a toda la población mundial, ni los recursos naturales lo pueden soportar ni los desastres sociales que le acompañan lo hacen deseable.

Como estas líneas no van a ir dedicadas a la economía, me voy a permitir una única pregunta: ¿no son sostenibilidad y equilibrio términos que se compenetran mal con el hombre, cuya humanidad surge precisamente de su desequilibrio inherente, que es el que le obliga a reinventarse una y otra vez sin pautas definidas naturalmente, con lo que va trasladando su desequilibrio estructural a todo lo que hace y produce?

Pero este artículo quiere reflexionar sobre la sostenibilidad no de la economía, sino de la democracia. Pensamos que, como ya conquistamos la democracia en la Transición, ya no nos debemos preocupar más por ella. Damos por descontado que las instituciones aguantan cualquier cosa. Lo único que parece preocuparnos es quién administrará el poder, qué partido será el responsable de gobernarnos durante algunos años.

Son las siglas las que nos importan, es la salud y la fortaleza de los partidos lo que parece preocupar sobre todo lo demás, y no la cultura democrática que insufla de vida a las instituciones democráticas.

La historiadora estadounidense Barbara Tuchman escribió hace muchos años un libro con el título The March of Folly, donde analizaba sucesos históricos en los que los protagonistas poseían los datos suficientes para tomar las decisiones adecuadas pero no fueron capaces de hacerlo. Sin querer comparar la situación actual de la democracia española con los casos que analiza la citada historiadora -la caída de Troya, la irrupción del protestantismo, la emancipación de las colonias de Nueva Inglaterra o la caída de Vietnam del Sur-, hoy puede estar sucediendo algo parecido en nuestro país.

Tanto gritaron unos que España se rompía, y tanto se burlaron otros de ese miedo preguntando si alguien había visto quebrarse a España, que quizá no nos demos cuenta de que, como Estado democrático y constitucional, nuestra nación se está descosiendo, deshilachando.

Tanto proclaman algunos unos valores y dogmas indiscutibles, y tanto contraponen otros una liquidez posmoderna a cualquier asomo de principio, que la solidez institucional y constitucional se va diluyendo poco a poco como azucarillos en el agua.

Un ejemplo puede valer para clarificar lo que pretendo decir. El debate, por llamarlo de alguna manera, sobre Educación para la Ciudadanía demuestra la falta de sentido democrático que nos acosa por todas partes. No debemos caer en la tentación de creer que quienes nacen en democracia, sólo por ello, están inmunizados contra cualquier peligro antidemocrático. Lo cierto es que la democracia necesita ciudadanos comprometidos que tienen que aprender a ser demócratas, porque esa cultura de libertad, respeto y tolerancia es la que acabará por insuflar vigor a las instituciones.

Por tanto, de una u otra forma, Educación para la Ciudadanía es necesaria en la escuela, la institución pública dedicada a la educación. Otra cosa es debatir con seriedad cuál debe ser el contenido de la asignatura, que ha de concentrarse en los elementos fundamentales de la cultura democrática, como por ejemplo la sumisión del poder al imperio del Derecho, lo que legitima el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado.

Ese sometimiento también subraya el significado último de la cultura constitucional, concebida como el pacto por el que diferentes concepciones de la vida pueden coexistir, regidas por una serie de reglas comunes fundamentadas en ese Derecho que establece los deberes y libertades fundamentales. Deberes y libertades, por cierto, que exigen a todo proyecto político autolimitarse en la medida que sea necesario para hacer posible la defensa de otros proyectos igualmente autolimitados.

Enseñar todo lo que implican esos principios es tarea fundamental en la educación si queremos que las instituciones democráticas no se nos vayan diluyendo paulatinamente entre las manos. Y en un lugar como España, que ha tenido la desgracia de soportar, fundamentalmente en el País Vasco pero también en el resto del país, la violencia terrorista de ETA, no hay nada mejor que recurrir a la memoria de las víctimas para comprender en su máxima expresión la excelencia de los principios fundamentales de la vida y la cultura democráticas en el marco del Estado de Derecho.

Me explico: con cada asesinato, ETA actúa contra el Estado de Derecho; con cada atentado, procura limar sus limitaciones e imponer su proyecto político totalitario; con cada extorsión violenta, menoscaba esa cultura constitucional que somete la voluntad popular al imperio de la ley, a la obligación de respetar la vida y la libertad individual de cada uno para pensar de forma diferente, para sentirse perteneciente al ámbito, al país o a la nación que tenga a bien, siempre y cuando no cuestione las reglas del juego, esto es, el marco que le obliga a autolimitarse para no pisotear la libertad del vecino.

En un país que ha sufrido el azote de ETA, en definitiva, la guía de la Educación para la Ciudadanía no debe ser otra que la filosofía política sustentada en la democracia y fundamentada en el recuerdo de las víctimas del terrorismo.

Pero nos encontramos lejos de ello, tanto que en estos momentos en que debatimos si la nueva marca política de Batasuna, llámese Sortu o Bildu, debe ser legalizada o no, nadie parece estar tomando en consideración qué constituye la democracia. Peor aún: estamos aplicando una concepción de rebajas de la democracia, una idea de la democracia vaciada de todo contenido, de toda significación, de toda relevancia.

Parece que el positivismo jurídico, con su idea de que la democracia son reglas y procesos, con su premisa de que lo que debe imperar sobre todo lo demás es la legalidad, con su argumento de que, por medios pacíficos, cualquier opinión es legítima, se impone contra cualquier otra concepción de la democracia que exija que ningún proyecto político totalitario tenga sitio en el sistema.

No hace falta recurrir al Derecho natural, fundadamente criticado por el positivismo, para afirmar que democracia y cultura constitucional requieren que ni el Estado, ni nadie dentro de él, pueda hacer determinadas cosas -lo que el Estado no puede hacer, en palabras de Ferrajoli-. De lo contrario, el principio de libertad de conciencia caería en el grave riesgo de quedar eliminado. El positivismo no borra la posibilidad, ni la necesidad, de contar con paradigmas reguladores. Puede haber una interpretación garantista de la cultura constitucional, condición inexcusable para la libertad fundamental de los individuos.

Pero no. Es mejor no preguntar si el proyecto político de Sortu es compatible con la libertad de los ciudadanos vascos plurales, complejos y diferentes entre sí. No hace falta exigirles que condenen el historial de terror de ETA, porque las historiografías grupales son distintas y en democracia no se puede pedir que nadie renuncie a la suya, aunque afirme explícitamente que su proyecto político consiste en que el futuro de una sociedad, la vasca, se construya sólo sobre su propia idiosincrasia, negando así a las demás la posibilidad misma de existir.

En síntesis: porque es bueno que ETA acabe, y como para ello es bueno que Sortu sea legal, pelillos a la mar… Al fin y al cabo, todas las constituciones se pueden cambiar, y la realidad del soberanismo está ahí y no se puede ni criticar -en un aplauso antidemocrático al totalitarismo hegeliano de que lo racional es lo real, y lo real lo racional-. La democracia es un juego en el que lo único que importa es el poder, y ya habrá alguien con capacidad de dictaminar que, siendo amigos suyos quienes administran ese poder, éste será por definición democrático.

Nada de esto pinta nada bien para la democracia española, entre otras cosas porque ni la crisis económica, ni el profundo imperialismo partitocrático que afecta a todos los resortes de la vida civil, ni los estertores de ETA y la reubicación del nacionalismo ante ese fenómeno están siendo aprovechados para fomentar una reflexión seria sobre la cultura democrática. Algún día puede ser demasiado tarde.

Dentro de poco se abrirán las urnas electorales en España y a depositar su voto deberán acudir los ciudadanos. Con este motivo, es oportuno reflexionar sobre quiénes son los actores, los agentes y los autores de la actual vida política.

Los personajes se presentan en dos grandes categorías: los individuos y los grupos. Dentro de los primeros, en cuanto actores, hay que hacer distinciones. Existen lo que puede llamarse hombres políticos. Son los que dirigen los asuntos públicos, los que aspiran a asumir los puestos dirigentes, los que tienen cierta versión exterior.

El estudio y la caracterización del hombre político conduce a poder hacer algunas puntualizaciones. Adviértase, en primer lugar, que no suele poseer una preparación técnica concreta. Charles Celier nos recordaba que, a veces, un ministro de Educación, por ejemplo, tenía que pronunciarse en una crisis militar, a altas horas de la madrugada, sin tener preparación técnica alguna sobre la materia. Esta advertencia académica nos pone sobre aviso de algo importante. La vida política no es sólo resultado de la actuación de una determinada técnica ministerial o, si se quiere, de unos burócratas. La misión del hombre político no es conocer técnicamente la mejor solución de los asuntos que se plantean a su departamento. Su papel es muy diferente.

Frank J. Goodnow distinguía entre creación y ejecución de la política: «En todos los sistemas políticos hay dos funciones primordiales o últimas de gobierno, a saber: la expresión de la voluntad del Estado y la ejecución de esa voluntad. También hay en todos los estados órganos separados, cada uno de los cuales se ocupa de modo principal del desempeño de una de esas funciones. Esas funciones son, respectivamente, política y administración». Al hombre político corresponde establecer una articulación con la opinión pública. No es que política y administración queden como compartimentos estancos o distinciones absolutas. Pero entre la creación o programa (en ocasiones técnico) y su ejecución, entre uno y otro momento del mismo proceso, se interpone un espacio, un intervalo que es precisamente el que tiene que rellenar el hombre político.

La misión, pues, de este actor de la vida política tiene varias vertientes. Hemos dicho que opera a modo de articulación entre técnica (que concibe el programa) y el denominado cuerpo político o conjunto de ciudadanos (al que se destina el programa). En segundo lugar, el hombre político recoge las aspiraciones de las diversas clases sociales. Formula a la Administración las directivas políticas, marca sus fines y sus límites. El hombre político es, además, árbitro de las aspiraciones de la ciudadanía y conductor de estos anhelos apoyado, ciertamente, en las ruedas técnicas del Estado. Pero no se piense que con esto acaba su misión. No es que sólo escuche la opinión, sino que la impulsa. Inspira formas y expresa las tendencias más o menos confusas y las aspiraciones más o menos vagas de sus gobernados. Si la soberanía se ejerce por la adhesión, es el político quien propone la fórmula de adhesión de las masas. En otros términos: se nos aparece como un crisol de las aspiraciones del cuerpo político; como una articulación entre las ruedas técnicas del Estado y las aspiraciones de interés general de los gobernados.

Hemos advertido que en la escena política cuentan también los ciudadanos, en el sentido de componentes activos de una sociedad. El modo como estos ciudadanos ejercen realmente una función efectiva es muy variable. El derecho del voto se suele señalar en todos los manuales de ciencia política como un cauce importante de tal actividad. Pero aunque esto sea así, no es sólo mediante la expresión que supone el voto la forma en que el ciudadano participa en la vida del cuerpo político. Junto con el voto, la formación de la opinión. La importancia es tal que no es necesario subrayarlo expresamente.

Con los hombres políticos en sentido estricto y los ciudadanos, hay que considerar la actuación de determinados individuos especialmente caracterizados. Nos referimos ahora a los agentes y a los autores. En efecto: bien por la influencia personal que estos individuos ejercen sobre la organización política, bien por los grandes medios de que disponen en su acción, la ciencia política debe estimar estas conductas. En el primer caso se encuentran los intelectuales profesionales de gran prestigio, que de una manera decisiva contribuyen a aquella formación de opinión aludida. Son esencialmente los autores. Entre los poseedores de grandes medios, apuntemos como ejemplos característicos a los directores de una cadena importante de periódicos, y a los dueños de las televisiones.

La complejidad y potencia de los actuales medios de movilización de voluntades ponen en duda la capacidad del ser humano solitario, o de la persona actuando individualmente, para ejecutar actos políticos. Se disipan estas incógnitas si distinguimos las tres clases aludidas de sujetos políticos: los autores, los agentes y los actores.

Autor es la persona que causa o produce un efecto. El agente suele concebirse también como el productor, el causante o el realizador de algo. Las fronteras entre la labor del autor y la del agente, en suma, no son fáciles de trazar. Sin embargo, en el autor predomina el aspecto de creación, de invención, mientras que en el agente destaca la idea de realización, de producción. El actor se limita a representar la obra concebida y dirigida por otros.

Otro día me ocuparé de los grupos políticos. En filosofía nos costaría mucho -como decía mi maestro- terminar de pintar los cuadros del autor, del agente y del actor. En política no es tan difícil. Pronto se levantará el telón de las elecciones municipales y autonómicas. Los personajes de la escena deben ser bien identificados.

Cada vez estoy más convencido de las bondades de poner un límite de dos mandatos al presidente del Gobierno de España. Con el tiempo, lo extendería también a los presidentes autonómicos. No sería necesaria, de momento, una reforma constitucional, ni siquiera la modificación de ley orgánica alguna. Bastaría con que se convirtiera en una buena práctica política o en un uso constitucional. Por más que suponga un recorte del libre acceso a los cargos públicos y del libre desarrollo de la personalidad amparados por nuestra Constitución, e incluso, a primera vista -sólo a primera vista, como en seguida veremos-, un ajuste poco democrático del propio sistema democrático, lo cierto es que esta medida acarrearía muchos más beneficios que pérdidas.

Una vez más, los norteamericanos, por cuyas venas corre la democracia, han ido por delante. Fue su primer presidente, George Washington, quien decidió no concurrir por tercera vez a las elecciones presidenciales en un momento en que lo tenía todo ganado y el riesgo de fragmentación de la joven nación, de no mantenerse él en el poder, era considerable. Su firme decisión, transmitida al pueblo americano en un discurso de despedida que preparó con su fiel colaborador Alexander Hamilton, marcó el destino político del país. Como comandante en jefe del ejército rebelde, George Washington era la encarnación misma de la revolución americana, contaba con el respaldo incondicional de un pueblo que lo tenía por un héroe, por un semidiós. Entre los propios founding fathers, Washington fue capaz de aglutinar caracteres tan complejos y opuestos como los de un Benjamin Franklin, un John Adams, un Thomas Jefferson, un Alexander Hamilton, un John Jay o un James Madison.

Uno de los mejores servicios que prestó Washington a su flamante nación fue precisamente éste de haber sabido abandonar a tiempo la Presidencia, no apostando por un tercer mandato que lo hubiera convertido en una suerte de presidente vitalicio, en un monarca camuflado, en un rey sin corona. Algunos historiadores señalan la edad como causa principal de su no concurrencia a una tercera elección. Me parece, sin embargo, que su propósito fue muy otro.

La última decisión que quiso adoptar Washington como presidente de los Estados Unidos de América fue transmitir el poder voluntariamente. ¡No morir siendo presidente! Su natural desapego al poder, ya puesto de manifiesto cuando renunció a todo cargo militar y regresó a su plantación de Mount Vernon al término de la Guerra de Independencia, lo convirtió en la piedra angular del republicanismo americano. Todo lo contrario a lo sucedido, años después, en el Viejo Continente con su coetáneo el general Bonaparte. Se cuenta que, tras haber poseído una corona y un continente y haber perdido ambas preciadas joyas, Napoleón comentó que a los franceses, en verdad, les hubiese gustado más haber tenido «otro Washington».

Esta idea de no perpetuarse en el poder estaba firmemente anclada en el corazón de los padres de la patria americana, aunque nada de ello dijera la Constitución de 1887. Así, Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia, dejó escrito que si «no se hubiese fijado algún límite, bien en la Constitución, bien suplido por la práctica, el mandato de presidente, nominalmente por cuatro años, habría acabado siendo, de facto, vitalicio»

Por eso, aunque no fue hasta 1951 cuando se ratificó la famosa enmienda vigésimo segunda que prohibió el tercer mandato presidencial, sólo un presidente en la historia de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, ha superado los dos mandatos, llegando incluso a ser elegido por cuarta vez, en una situación de grave enfermedad, que trató de ocultar por todos los medios y que pronto le trajo la muerte. Fue precisamente este hecho lo que, en buena medida, motivó la aprobación de la enmienda constitucional.

Un máximo de dos mandatos, de cuatro años cada uno, es más que suficiente para aportar experiencia, energía, estrategia a un proyecto de tanta envergadura como es gobernar un país civilizado. En ocho años, un presidente puede regalar a su pueblo todo lo que vale y tiene, manejar con destreza el timón de la nación, sin riesgo de apoltronamiento ni corrupción. Se quiera o no, el poder corrompe. ¡Vaya si corrompe! Largos años en el poder acaban generando tal multitud de enredos, trapisondas, embrollos y zalagardas que dificultan enormemente toda gestión transparente. Por lo demás, la moncloitis existe, en sus diversas denominaciones, y crece en la medida en que van pasando los años de residencia en cualquier palacio presidencial.

En ocho años se puede dar perfectamente la vuelta a un país, sobre todo si se aprovechan bien. Además, saber el tiempo límite que uno va a ocupar un cargo de gobierno permite una mejor planificación. ¡Qué difícil resulta ajustar el ritmo en una carrera sin conocer la distancia que se ha de recorrer! Toda persona necesita un mínimo de orden, y para ello hace falta una estimación aproximada de la duración de los acontecimientos.

Por otra parte, no es recomendable estar demasiados años tocando el dinero público, todavía más pegajoso que el que procede de los propios recursos. Se quiera o no, el dinero público se gasta de manera distinta al dinero que ha producido el propio sudor. Es ley de vida. No se trata de una cuestión de corrupción -que siempre existirá, por desgracia- sino de valoración. Lo que cuesta, se valora. Y el dinero público no cuesta tanto, por eso se gasta, incluso se derrocha, más fácilmente.

A esto hay que añadir que, siendo la forma política de España una monarquía parlamentaria, y teniendo, por tanto, como jefe del Estado, a un rey ad vitam, un mandato presidencial máximo de ocho años no es obstáculo para la buena marcha de las relaciones internacionales, que, como es sabido, exigen mucho tiempo y no menos paciencia al menos a ciertos niveles.

En nuestra joven democracia, Felipe González ha sido el único presidente que ha superado los ocho años de gobierno. Sin duda le sobraron los últimos, que lo aplastaron. El buen Felipe, agobiado por los escándalos de corrupción y terrorismo de Estado que se sucedieron en España durante la última etapa de su gobierno, nos dejó un país muy deteriorado, con un paro incontrolado, un déficit público desorbitante y una deuda sangrienta. En sentido contrario, José María Aznar fue modélico al hacer público su deseo de no ser reelegido meses antes del término de su mandato. Cuestión distinta es lo que le pasó, nos pasó después, por coquetear con la guerra de Irak.

Dos son las principales objeciones a esta limitación del mandato presidencial. La primera es que constituye, de suyo, una disminución innecesaria de la libertad de los ciudadanos para elegir a quien consideren conveniente en cada momento: es el pueblo en las urnas y no la ley ni la costumbre quien ha de poner a cada persona en su sitio, sea La Moncloa, sea su casa. La segunda objeción es que esta medida erosionaría el segundo mandato del presidente, convirtiendo a este en una suerte de pato cojo (lame duck), como llaman los norteamericanos al presidente saliente cuando existe ya uno nuevo electo. No sorprende, por ello, que Dwight Eisenhower, por ejemplo, estuviera en total desacuerdo con la aprobación de la vigésimo segunda enmienda.

En mi opinión, las dos objeciones son razonables, pero no son suficientes. La defensa de un sistema democrático no sólo debe quedar en manos del pueblo, sino que el propio sistema como tal ha de fijar sus mecanismos internos de autodefensa.

Un sistema democrático bien articulado debe estimular la renovación de la clase política en su conjunto y particularmente el relevo presidencial; de lo contrario se convierte en una oligarquía por más que esté legitimada en el plano formal por las urnas.

La segunda objeción es, en parte, más aparente que real ya que el partido político en el poder, no necesariamente el presidente, es el primer interesado en velar para que no se rebaje la calidad del gobierno en la etapa final con vistas a no sufrir una pérdida de votantes en la próxima cita electoral.

José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no es George Washington, tiene en su mano irse a tiempo. Dejará una España enferma, pero con evidentes posibilidades de recuperación. Y habrá acertado en algo determinante: dejar el poder voluntariamente, no por imperativo de las urnas.

A pesar de que la España actual y la que condujo al golpe fallido del 23-F sean tan diferentes, obviamente mucho mejor la de hoy, algunas coincidencias, sin embargo, debieran dar qué pensar. La más llamativa es, sin duda, el grado de descrédito que han alcanzado los respectivos presidentes de Gobierno, Adolfo Suárez y José Luis Rodríguez Zapatero, pero la diferencia más reconfortante es que, pese a que de nuevo se amontonen los juicios catastrofistas sobre la inviabilidad de la economía española, o la desmembración de España, esta vez nadie piensa en una salida que no se acople a la Constitución: la democracia representativa parece por ahora consolidada.

Pese a que la credibilidad de Felipe González se mantuviese tres legislaturas casi impoluta y la de su predecesor, Leopoldo Calvo Sotelo, se derrumbase de resultas del golpe antes de dos años, en realidad, nada tendría de extraño que no se hayan completado dos legislaturas y la confianza en el presidente y en el partido que lo sostiene se deterioren a gran velocidad. Lo mismo le ocurrió a Suárez que en menos de dos años a partir de una enorme popularidad descendió a mínimos, teniendo que enfrentarse a una fuerte hostilidad en su propio partido, en la oposición socialista, en las Fuerzas Armadas, incluso en el Rey al que debía su posición.

Aunque luego probablemente se arrepintiese, Aznar introdujo el precedente que bien hubiera merecido afianzarse, de que habría que limitar a dos legislaturas al presidente de Gobierno. Muchas tensiones y sinsabores se hubiera ahorrado el PSOE, y con él, los españoles, si Rodríguez Zapatero lo hubiera adoptado. Una de las virtudes de la democracia es que sustituye a los gobernantes sin provocar conflictos ni vacíos de poder. Donde esta falla, como ocurre en los partidos políticos, la persona que por su cargo monopoliza el poder suele designar de hecho al sucesor.

Para que el líder no se eternice, manejando las ventajas que proporciona su posición, no son pocos los que recomiendan limitar los periodos, como ya en 1951 prescribió una enmienda a la Constitución en Estados Unidos. En México, en la época de dominio del PRI, el presidente designaba libremente a su sucesor, el dedazo, como hizo Aznar con el suyo, pero con un mandato limitado a un sexenio.

Cierto que no se necesitaría este tipo de recambio automático, si en los partidos funcionase la democracia interna y fuesen los órganos establecidos los que efectivamente, juzgando únicamente sus cualidades, eligiesen a los candidatos. Desde una perspectiva democrática resulta patética la opinión unánime de los directivos del PSOE de que, solo si el presidente renuncia a presentarse, la sucesión se abre, sin que nadie se atreva a valorar la decisión que en la más estricta intimidad y con el mayor secreto tome Rodríguez Zapatero. Felipe González ha señalado lo evidente, que, en todo caso, este comportamiento se salta las normas establecidas.

El carácter poco democrático de los partidos, para decirlo de la manera menos hiriente posible, es el punto en que más claramente conecta la España de hace 30 años con la actual. Tras la muerte del dictador, fracasado el intento de organizar asociaciones políticas dentro de las estructuras del movimiento, la fracción reformista del franquismo impuso en las Cortes la última Ley Fundamental, la de la Reforma Política, que convirtió a España en una “monarquía parlamentaria” con dos Cámaras elegidas por sufragio universal, única forma de salvar la Monarquía que había instaurado Franco con el propósito de perpetuar su régimen.

Ahora bien, para celebrar elecciones con apariencia de democráticas, se necesitan partidos y tuvieron que improvisarse, uno, la UCD, desde el Gobierno y muchos otros, la llamada sopa de siglas, desde una sociedad civil por completo desarticulada. El único partido de la oposición con algún arraigo social era el comunista, pero por principio, nada democrático en su organización interna, férreamente controlado por su secretario general, Santiago Carrillo. El PSOE renovado estaba aún dando los primeros pasos en su refundación, haciendo encaje de bolillos para que el Gobierno no legalizase al PSOE histórico.

El hecho es que los partidos políticos surgen desde la cúspide, con un déficit democrático que muchos creímos que sería coyuntural -había que garantizar la gobernabilidad, mientras la sociedad se fuera adaptando a la convivencia democrática- pero que ha terminado por ser el factor principal de corrupción en la vida política española de los últimos 30 años. Y a ello ha contribuido de manera decisiva la ley electoral que dictó Adolfo Suárez con el objetivo de asegurarse la mayoría absoluta: listas cerradas y bloqueadas, sistema proporcional con correcciones de tal tamaño que lo desfigura por completo, al ser la provincia el distrito electoral, pero limitando el número de diputados a 350, lo que favorece a las que tienen menos habitantes en relación con las más pobladas. En suma, a nivel nacional, se beneficia a los dos primeros partidos a costa de los demás, y en la provincia a los partidos nacionalistas que con muchos menos votos pueden obtener más escaños que a partir del tercer puesto los partidos nacionales.

Con esta ley electoral, que con pequeñas modificaciones sigue en vigor, se llevaron a cabo las primeras elecciones del 15 de junio de 1977. El candidato a la presidencia del partido gubernamental fue el mismo presidente franquista que había dirigido la reforma desde el interior del régimen, sin tener siquiera el detalle de dimitir en el último minuto, como obligó a hacer a sus ministros. El partido gubernamental contó con el apoyo de los medios, la prensa del movimiento y sobre todo de la entonces única cadena de televisión pública, y en las provincias, donde la desarticulación social era aún mayor, el decisivo de los gobernadores civiles.

Con todo, los resultados fueron doblemente sorprendentes: el partido gobernante no consiguió la mayoría absoluta; el segundo partido más votado, no fue el Partido Comunista, sin duda el más arraigado en la sociedad, sino un PSOE recién renovado que parecía traer una brisa democrática rejuvenecedora. En la primera oportunidad que se les dio de manifestarse, los españoles imponen dos correcciones a la reforma oficial: por un lado, las Cortes elegidas se convierten en constitucionales, dispuestas a aprobar una Constitución claramente democrática que suponga el final de la legalidad franquista; por otro, al ser el socialista el primer partido de la oposición, nos libraba de la conjunción del franquismo reformista con el eurocomunismo, y entraba en el juego el PSOE, un partido todavía sin cuajar, pero del que se esperaba un aporte esencial a la democratización de España.

Hoy somos conscientes de que el lastre más pesado que arrastramos son los partidos políticos, totalmente desconectados de los ciudadanos. Ha quedado bien claro su papel en el deterioro de las instituciones, desde los Parlamentos, las universidades, a la justicia y al Poder Judicial, por completo incapaces de enfrentarse, paradójicamente, a los mismos problemas de entonces.

No se puede echar en saco roto las similitudes que se advierten entre los meses que precedieron al golpe y el último año. Si la primera crisis del petróleo puso de manifiesto la fragilidad de la industria surgida en la década anterior, la actual crisis ha puesto en cuestión el modelo productivo, sacándose de la manga una parodia de los Pactos de la Moncloa. Y el desconcierto que provocó en el Ejército el emerger del Estado de las autonomías, sin orden ni concierto, hoy está de nuevo en el ojo de mira de la sociedad española, pero ya no se identifica nacionalismo con izquierda.

Llevo pensando sobre la Democracia y España creo que desde 1931, fecha que no permite confusiones: 80 años, no está mal. Escribiendo en los periódicos desde 1962, aquí en ABC: hasta ahora mismo. En «El País» desde 1976, recién fundado, hasta 2007: lo dejé a raíz de un editorial apoyando al juez Garzón cuando removía los más tristes recuerdos de la guerra civil. También en «La Razón» y, antes, en periódicos que echo de menos: «Ya», «El Independiente», «el Sol». Y escribí libros sobre este tema desde mi Ilustración y Política en la Grecia Clásica, de 1966, luego reeditado como La democracia ateniense. Después otros. Los coroné en 1997, con mi Historia de la democracia y en 2006 con mi El reloj de la Historia.

¿Por qué ahora esto? El tiempo corre rápido, todo cambia, también el conocimiento de los hechos. Por eso me ha parecido oportuno escribir una Nueva Historia de la democracia, que he publicado hace pocos días. Vivo en varios planos, este es particularmente obsesivo. Y tenemos la obsesión de conocer, pensar este tema. De llegar, si es posible, a algunas conclusiones. Personales claro. Y olvidarlo luego —aunque la realidad de cada día nos lo recuerda—. En fin, he escrito una especie de testamento sobre el tema, una síntesis de lo que de él creo saber.

Créanme, es una especie de obsesión mental no sólo mía. Querría, de algún modo, echarla fuera, encerrada en un libro. Porque la obsesión sobre el problema político en general se obtiene desde lejos, pero el de España, lo vivimos. Queriendo o sin querer. Y ello sin hacer política, nunca la he hecho, pero las circunstancias me hacían, a veces, próximo testigo. De lo que he hecho, lo que más se parece a hacer política es la dura lucha que, durante muchos años, sostuve en defensa de la tradición humanística en la enseñanza contra las ideas de la izquierda pedagógica: contaminó primero al último franquismo, luego al socialismo. Primero ayudado por muchos, luego cada vez más solo. Y, a pesar de todo, no estoy completamente insatisfecho.

Hombres sensibles nos dejaron conservar algunos puntos. En la Secundaria y la Universidad seguimos, pese a todo, reducidos, desde luego, pero vivos.

Fui sobre todo un testigo, un capítulo en ese mismo libro reza así: «El autor de este libro se presenta como testigo». Un testigo que ve y sufre y trata de comprender. Es bastante amargo.

Yo veía las cosas de España, leía y escuchaba las del mundo, pero sobre todo, admírense, las de la antigua Atenas. Mucha desgracia y algunas esperanzas. Porque la lucha por un gobierno justo es connatural al hombre, es imitada tras largos siglos. Los tiranos pasan. Y hay momentos de esplendor. Es el terrible problema del poder, de cómo repartirlo, gobernar para bien de todos. Problema nunca resuelto, pero los fracasos nunca son definitivos. Optimismo a plazo lejano, en tantos momentos solo vemos la parte fea de la trama.

El problema es el de la libertad e igualdad, no una igualdad mecánica, aplastante, igualdad en la dignidad, con infinitas variantes. En lo espiritual y lo material. En Atenas el pueblo alcanzó la dignidad del poder, pero se acotaron áreas para que unos y otros se desenvolvieran y áreas de conocimiento y de belleza accesibles a los que quisieran y supieran acceder.

Claro que Atenas no fue insensible a las trampas del poder, de la ambición. Se metió en una guerra extranjera que no podía ganar. Los intereses de las clases se hicieron incompatibles, llegó la guerra civil. De otra parte, los que habían sufrido ese terrible fin de la democracia, me refiero a Platón y otros más, quisieron convertir la sociedad en una cuadrícula cerrada, científica decían. Otro desastre cuando, con el tiempo, vinieron planificadores, dictadores diríamos, ya religiosos ya políticos, infalibles se creían. Trajeron nuevas desgracias que todavía nos atormentan.

Pero yo sacaba de la historia de Atenas una lección optimista: una rebelión de los que se sentían oprimidos, una revolución, era susceptible de llegar con sus oponentes a un acuerdo humano: a una democracia. Y la historia nos hace ver que, en efecto, este esquema se ha repetido varias veces. Una revolución seguida de una conciliación trajo la democracia en Inglaterra y Estados Unidos. Claro que no es un esquema obligatorio, ha habido revoluciones no conciliadas que han traído, sin duda, algunas ganancias, pero no democracia, al menos no en un tiempo previsible, ni sin sufrimientos sin cuento. Son revoluciones sin conciliación final, por ejemplo, la francesa y la rusa. Algunas ganancias, sin duda, pero horribles sufrimientos.

Y entonces, con este espejo yo miraba al problema de España cuando a comienzos del siglo XIX caían la vieja monarquía y el imperio ultramarino. Venía, imparable, una revolución. Y en España ha habido no una revolución, sino un montón de ellas: y la terrible consecuencia que saca el que mira su historia desde 1812, desde aquella Constitución que fue en realidad una revolución, es que no hubo conciliación. Las revoluciones iban seguidas del contragolpe: de revoluciones en sentido contrario. Y cuando por unos años se hizo una conciliación, fue frustrada una y otra vez. En suma, la historia de España desde 1808 hasta ahora mismo es la historia de nuestras discordias.

Por supuesto, este es un simple esquema, y esto que escribo es un mero esbozo. En algún lugar me he expresado con más detalle. Aquellas Cortes, operando en un vacío de poder, eran un ejemplo de patriotismo y de deseo de renovación. Pero operaron sin prudencia. Eran un mínimo grupo de ilustrados que en realidad se representaban a sí mismos y a pocos más. No eran representativos del pueblo español del momento, no tenían a su lado un elenco de políticos que hicieran la conciliación con el pueblo. Este recibía a Fernando VII con arcos de triunfo. Y en uno y otro grupo el poder quedó en manos, en un caso, de revolucionarios exaltados, de comecuras y demagogos de café, en el otro, de los partidarios del monarca absoluto y de la horca.

¿Qué conciliación, qué democracia iba a haber? (y la había en Inglaterra desde el siglo XVII, en Estados Unidos desde el XVIII). Se imponían los espadones: los liberales triunfaban con los golpes militares, los otros más o menos. Y si Isabel II, tras María Cristina, intentaba una conciliación susceptible de lograr un reparto humano del poder, era enviada al exilio y sustituida por una República, la I, puro caos, cantones y federalismo, anticipo de desgracias.

Voy a saltos. La restauración, el mayor ensayo de progreso en siglos fue torpedeada de mil modos: la semana sangrienta, los líderes políticos asesinados, el socialismo, con Iglesias, más fanático, la huelga general del 17. ¿Cómo no iba a llegar Primo de Rivera en un país así? ¿Cómo no iba a caer y a ser sustituido por la II República, cómo ésta no iba a ser llevada por Azaña y Largo y los separatistas a una revolución indefinida, marginando a los socialistas de verdad como de los Ríos y Besteiro? Callo lo que siguió, ya lo saben. Es de libro.

Pero llego ya casi a nuestros días y no me queda espacio.

La transición parece no haber existido. Y el socialismo ha escogido, al final, el camino de la segunda República: alianza con los nacionalistas o separatistas, política a bandazos improvisados, irracionales, incompetentes, alianza con grupos de provocadores como los del 4 de marzo, otra con mínimos grupos fanático-mediáticos, que meten sus leyes en el Boletín Oficial. Así los de la zeja o esas feministas que nos imponen sus leyes del aborto y su español adulterado. Los más callan y temen.

Veremos qué arreglo tiene. Debería tenerlo en el sentido de la razón y la concordia. Y la democracia no es renunciable. Pero asomarse a su historia en el mundo y, sobre todo, en España no puede hacerse sin preocupación.

La democracia, por sí sola, no vacuna contra el totalitarismo. Democracia se opone a autocracia o dictadura, pero no a totalitarismo. Talmon escribió un ensayo titulado Rousseau y los orígenes de la democracia totalitaria. Democracia y totalitarismo no son, pues, incompatibles. Al final de La democracia en América, acaso el mejor libro que se haya escrito sobre la democracia, escribe Alexis de Tocqueville: «Las naciones de nuestro tiempo no pueden evitar la igualdad de condiciones en su seno, pero de ellas depende que esta igualdad las conduzca a la servidumbre o a la libertad, a la civilización o a la barbarie, a la prosperidad o a la miseria». Y Macaulay afirmó que «las instituciones democráticas puras conducirán, tarde o temprano, a la destrucción de la libertad, de la civilización, o de ambas». No la democracia, sino la democracia pura o radical. La democracia no garantiza la libertad, la civilización ni la prosperidad. Por supuesto, tampoco las impide. De ella nacen dos caminos, y depende de cada nación cuál de los dos toma: el de la libertad, la civilización y la prosperidad, o el de la servidumbre, la barbarie y la miseria. Tal vez no sea impertinente preguntarnos cuál de estas dos vías está transitando hoy la democracia española.

No encuentro razón para negar que en España la libertad, la civilización y la prosperidad se encuentren amenazadas. Tenemos, sin duda, instituciones democráticas, aunque su funcionamiento sea muchas veces defectuoso. Pero ya sabemos que eso no garantiza la libertad. Un amo democrático y, más o menos, benevolente no deja de ser un amo. Y no hay libertad si existe un amo. Tocqueville advirtió de que en los tiempos democráticos la ciencia del despotismo, antaño mucho más compleja, se había simplificado. Bastaba al déspota con amar la igualdad o, al menos, aparentar que la ama. Los ciudadanos rechazarán cualquier atentado contra la igualdad, pero aceptarán sumisos la entrega de su libertad al poder democrático.

Tres ejemplos domésticos: la intromisión ilegítima del Gobierno en la educación; la imposición de la memoria histórica; y la invasión de las costumbres, como hace, por ejemplo, el nuevo proyecto de ley de Igualdad de Trato. Corremos el peligro de la imposición estatal de una especie de «religión» laica y política. Condorcet escribió: «Los mismos que quisieron liberar a los hombres del yugo de la religión se arriesgan a convertirse en servidores de un culto no menos opresivo. A partir del momento en que es el poder el que dice al pueblo lo que hay que creer, nos encontramos con una especie de religión política, apenas preferible a la anterior». El poder temporal aspira así a imponer las creencias que le convienen. El poder podrá de este modo vigilarlo y controlarlo todo, hasta las conciencias. Es un camino, lento y seguro, hacia el despotismo. Se equivoca quien piense que los ciudadanos no necesitamos defender la libertad frente a nuestros representantes. La tradición liberal ha rechazado la pretensión de los Estados de determinar el contenido de la educación. Por lo demás, un Estado educador es casi una contradicción en los términos. Una cosa es el poder y otra la verdad. John Stuart Mill afirmó que el Gobierno debe promover y exigir una buena educación para los niños, pero jamás proporcionársela por él mismo. La función del Estado en la educación es garantizar el ejercicio del derecho a ella, pero nunca determinar su contenido. A menos que uno opte por el totalitarismo.

La verdad no depende del sufragio universal. Un buen Gobierno no se opone a que el conocimiento aumente, pero jamás puede legítimamente determinar lo que es verdadero o bueno. Si el poder público impone como verdad sus opiniones, destruye la libertad. Creo que lo ha sentenciado recientemente Tzvetan Todorov, en El espíritu de la Ilustración: «No corresponde al pueblo pronunciarse sobre lo que es verdad o mentira, ni al parlamento deliberar sobre el significado de los hechos históricos del pasado, ni al gobierno decidir lo que debe enseñarse en la escuela. La voluntad colectiva o soberana del pueblo topa aquí con un límite, el de la verdad, sobre el cual no tiene influencia. Esta independencia de la verdad protege al mismo tiempo la autonomía del individuo, que puede apelar a la verdad ante el poder. La verdad está por encima de las leyes. Por su parte, las leyes del país no son fruto de una verdad establecida, sino expresión de la voluntad pública, siempre sujeta a variación. La búsqueda de la verdad no depende de la deliberación pública, ni esta de aquella».

A veces, se diría que algunos atacan a la religión (cristiana) o a la Iglesia Católica para ocupar su lugar como poder espiritual. Pero si el poder espiritual y el temporal llegaran a reunirse en las mismas manos, la libertad sucumbiría irremediablemente.

Por lo demás, la lógica del Estado del bienestar conduce en la práctica a invalidar el criterio de Mill para delimitar cuándo la sociedad puede interferir legítimamente en la libertad de una persona. Todo lo que hago o dejo de hacer puede, en alguna medida, afectar a otros. Por lo tanto, todo puede ser regulado o prohibido. Parece que en esas estamos. Lo mismo cabe decir de la intromisión en las costumbres. Como el Estado aspira a regularlo todo, no puede dejar fuera nada, ni siquiera lo que el buen sentido encomienda al civismo o a la buena educación. Hay cosas que no se pueden imponer mediante el Derecho, o que, si se intenta, resulta contraproducente. Cedo la palabra a Amartya Sen, quien no es, creo, un ultraliberal: «La importancia ética de la libertad de un tartamudo a no ser menospreciado o ridiculizado en público puede ser muy importante y merecer protección, pero no es probable que sea un buen tema para que la legislación punitiva (con multas o encarcelamientos para los desaprensivos) suprima la violación de la libertad de expresión de la persona afectada. La protección de ese derecho humano tendría que procurarse de otra manera, por ejemplo a través de la influencia de la educación y la discusión pública sobre la civilidad y la conducta social». Dejemos de lado el detalle de que si se trata de un derecho humano, entonces deberá intervenir el Derecho. Salvo en esto, Sen tiene razón.

La libertad, la civilización y la prosperidad se encuentran amenazadas entre nosotros, aunque la mayoría, algo miope, solo repare en la tercera. Nadie sensato comparará nuestra situación con la que impusieron los totalitarismos del siglo pasado. Pero existe un totalitarismo, acaso más débil y benigno, pero no menos totalitario, que oprime directamente las conciencias sin necesidad de violentar los cuerpos. En este sentido, no es que la libertad nos esté siendo arrebatada; más bien la perdemos por desuso, por falta de afecto y apego a ella. Por eso, me parece mucho más urgente reivindicar hoy la libertad que la igualdad, pues está mucho más amenazada. En cualquier caso, no estamos ante un destino inexorable. De nosotros depende que la democracia nos lleve hacia la libertad, la civilización y la prosperidad, y no hacia la servidumbre, la barbarie y la miseria.

“Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de atender el clamoroso requerimiento de cuantos, amando la patria, no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política”. La frase podría haber sido pronunciada ayer por uno de esos tertulianos de la TDT que trasnochan y se enfurecen, pero la dijo Primo de Rivera al proclamar su golpe de Estado, el 14 de septiembre de 1923.

Los políticos han caído en la gran trampa en que se ha convertido el mundo. Se comportan como si las costuras del Estado-nación no hubieran reventado y ellos conservaran intacto el poder que tenían cuando los problemas acababan en la garita de aduanas. Los de ideario socialdemócrata prometen esto, lo otro y lo de más allá, sin hacer mención alguna a sus limitaciones. Lógicamente, al presentarse estas -que siempre parecen sobrevenidas aunque siempre hayan estado ahí-, el gentío las interpreta como un signo de debilidad y no como el estado de cosas. Cuando Zapatero explica las restricciones presupuestarias afirmando: “sé lo que tengo que hacer. Y lo voy a hacer”, sus palabras resuenan como las del diligente mayordomo que se dispone a abrillantar la plata. Pero como nunca lo vimos con traje de librea, tenemos derecho a pensar que manda y a exigirle en consecuencia.

Los políticos de signo neoliberal, por su parte, se muestran entusiasmados con la idea de llegar a ser genuinamente superfluos: quieren podar las instituciones, la riqueza del Estado y su capacidad de acción. Abogan por reducirlo a su mínima expresión, lo venden a pedacitos, recortan los servicios, sin ver que resultan tan absurdos como un tratante de ganado haciendo proselitismo vegetariano. En algunos casos, como el de las televisiones autonómicas, la ideología resulta indiferente: la más pura incoherencia guía sus actos. Primero las politizan para tenerlas a su servicio y gastan sumas millonarias en una programación insufrible; después, esgrimen el argumento de la escasa audiencia y su alto coste para justificar su privatización. Su ineptitud como gestores, lejos de llevarles a dejar el paso a alguien mejor, les sirve para demostrar la nulidad genética de los políticos y abundar en su propio desprestigio.

La dinámica de la globalización y el dogma neoliberal son dos cargas explosivas en los pilares de la política de carácter muy distinto. La globalización es un proceso histórico con implicaciones sociales, ecológicas, culturales, comunicativas, que se puede gestionar en beneficio de todos o en el de unos pocos. Sin embargo, los voceros del dogma neoliberal dan por supuesto que solo hay una globalización, la suya, y subsumen su ideología en el proceso para imponer con fatalismo la idea de que el viento de la historia nos conduce, cuando en realidad son ellos, que están remando. Eso no se llama globalización, sino globalismo, siguiendo la distinción establecida por Ulrich Beck: “el globalismo es la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político. La tarea principal de la política, delimitar bien los marcos jurídicos, sociales y ecológicos dentro de los cuales el quehacer económico es posible y legítimo socialmente, se sustrae a la vista o se enajena”.

Esa enajenación tiene también un sesgo cañí. La sociedad civil española, debilitada por 40 años de dictadura, no se ha fortalecido en democracia, entre otras cosas porque la estructura de partidos la ha suplantado. Esos clubes antidemocráticos y frecuentados más por arribistas serviles que por idealistas del bien común, han impuesto su visión partidista de la realidad. Convertidos en maquinarias de ganar elecciones y compitiendo por los mismos votantes -el exiguo cupo centrista que inclina la balanza-, se arrojan mutuamente a la cara escándalos de corrupción para deteriorar la imagen del otro. No perciben que, cuando las tramas putrefactas alcanzan cierta complejidad, los ciudadanos tienden a retener una sola idea: la política es el imperio del latrocinio y la impunidad. El corolario lógico de esta decepción consiste en abstenerse y contestar al encuestador del CIS que el tercer problema del país son los políticos.

Los medios de comunicación, actores políticos de primera magnitud, han encontrado en los escándalos la jugosa noticia que aúna el impacto -es decir, la audiencia- y el ennoblecimiento de actos informativos a menudo dictados por motivaciones espurias. Cuando los medios contribuyen a precisar al máximo las responsabilidades y a explicar la realidad en toda su complejidad resultan útiles socialmente. Dejan de serlo cuando extienden de forma genérica la mancha de la corrupción. E incurren en la más clamorosa negligencia cuando simplifican hechos y argumentos para que el tertuliano de turno brille con una confusa y enfática diatriba, en la que solo queda clara la frase: “los políticos dan asco”.

La ola antipolítica resulta particularmente visible en los medios de derechas, donde una doble motivación política, la coyuntural de desgastar al Gobierno y la estructural de apuntalar el dogma neoliberal, converge con la estrategia empresarial: la audiencia ultra -al fondo a la derecha y otra vez a la derecha- constituye un nicho de mercado, no mayoritario pero sí suficiente para hacer rentable un canal de televisión. Sobra decir que si con el tiempo arrastraran a ciertos sectores del PP hacia esas posiciones, su audiencia aumentaría en consonancia, reforzando su motivación política.

Ahora, formulemos un par de preguntas: si los políticos son culpables exclusivos de sus males, ¿por qué los ciudadanos recibimos el castigo de padecerlos? ¿Por qué culpa y pena no siguen caminos paralelos? La respuesta está en Valencia, donde cunde la interesada idea del aventajado alumno de Fabra, Francisco Camps, según la cual las urnas otorgan un impoluto certificado de penales a los más votados. Contra esta perversión disponemos de un arma defensiva: basta con no votarles. Así, culpa y pena volverán a caminar de la mano: serán los malos políticos quienes reciban su castigo, y no nosotros.

El ineludible vínculo entre representantes y representados compromete a los votantes. No solo debemos elegir con escrúpulo, también hemos de tener presente que la inhibición ante el deterioro galopante de la vida pública tiene consecuencias. Aquí todo el mundo se ríe cuando alguien cita la célebre frase de Franco “haga usted como yo, no se meta en política”, pero todos seguimos el consejo del dictador. Creo que las democracias más sanas son aquellas en las que los ciudadanos contemplan, no como un derecho, sino como un deber cívico, el dedicar algunos años de su vida a la política.

Pero el español es caso aparte. Su ira va en aumento mientras permanece sentado a través de los siglos. Si acaso, se levanta para llamar a una emisora y bramar contra los políticos, brindándonos la insólita imagen del demos contra la democracia. Porque no olvidemos que, en los regímenes parlamentarios, “política” y “democracia” son casi sinónimos: el deterioro de la primera equivale al de la segunda. Esa furia general, de puro antipolítica, resulta profundamente política, como indica la experiencia de aquella Italia hastiada de la corrupción de Tangentópoli que se echó en brazos de Berlusconi. Su primera victoria en 1994 fue sencilla, solo tuvo que despertar las fantasías ciudadanas, como relata Indro Montanelli en sus memorias: “La gente estaba enfervorizada con lo nuevo. Qué era eso nuevo en realidad nadie lo sabía, y gran parte de la opinión pública aceptó encarnarlo en Berlusconi. Para conquistar a la masa fue suficiente un lenguaje no político que camuflaba la nada”.

Pese a que los antipolíticos den la impresión de no tener recambio, saben que llegará por su propio pie y, como ignoran cuándo, solo se trata de mantener la tensión hasta que cobre cuerpo en el mesías más madrugador. Entretanto, los más honrados de entre nuestros representantes se quedan en un rincón recibiendo pedradas. Permiten que solo tengamos noticia de mayordomos diligentes, tratantes de ganado vegetarianos o corruptos indeseables. No se atreven a decir lo fundamental: que la solución para poner algo de orden en este caos no es menos política, sino más.

Trogloditas en el Ejército español, este era el título de un editorial en The New York Times publicado a propósito de la anécdota del general Mena, aquel que, en su discurso de la Pascua Militar de 2006, se equivocó de tiempo histórico y nos recordó otras épocas felizmente superadas. Falsa alarma. Un estrambote, un tanto patético, una anécdota que solo sirvió para poner de relieve que los militares participaban con total normalidad en el funcionamiento de la democracia española. De hecho, la consideración de los militares por parte de los españoles, según las encuestas, no ha hecho más que crecer, hasta convertir a este colectivo profesional en uno de los mejor valorados por la sociedad. Un camino paralelo a la profunda transformación y modernización de las Fuerzas Armadas españolas en estos años. Ahora, toca hablar de las cuestiones profesionales de los militares con la tramitación de la Ley de Derechos y Deberes en el Congreso de los Diputados.

La Constitución impone limitaciones al ejercicio de algunos derechos fundamentales por parte de los militares, incluido el derecho de sindicación. ¿Quiere esto decir que los trabajadores de las Fuerzas Armadas no pueden defender derechos profesionales, económicos o sociales? El propio Tribunal Constitucional, en una sentencia de 2001, establece que, aunque los militares no pueden organizarse en sindicatos ni ejercer la acción sindical, sí pueden tener asociaciones para defender esos derechos. Es oportuno recordar que, como afirma el Consejo de Estado en su dictamen sobre el proyecto de ley, este “viene a unirse a un considerable conjunto de normas de derecho militar que se ha aprobado durante la presente legislatura y la anterior”. Cierto.

En estos seis años hemos asistido al más intenso proceso de reformas militares de nuestra democracia con, entre otras, la Ley de la Defensa Nacional de 2005, que supone la adaptación a un nuevo escenario estratégico de seguridad, la de Tropa y Marinería de 2006, que hace viable una profesionalización del Ejército que estaba fracasando, o la de la Carrera Militar de 2007, que homologa la organización profesional y la enseñanza militar con las de nuestros aliados.

Si tuviera que elegir un cambio normativo que resuma este proceso reformista, optaría por la aprobación de las nuevas Reales Ordenanzas de 2009, un reglamento deontológico para unos militares que en las misiones internacionales deben enfrentarse a complejos dilemas, especialmente los relacionados con la protección de la población civil, una asignatura que las Fuerzas Armadas españolas están superando con muy buena nota. Ahora, este proyecto de ley incorpora “las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar” para las actividades de enorme dificultad que debe desempeñar, incluidas las ya habituales operaciones de paz en el exterior. Recuerdo experiencias como la vivida por una patrulla de militares españoles en Afganistán, en el otoño de 2009, que decidieron en una situación de emergencia, y de grave riesgo para ellos, declinar el apoyo aéreo por temor a causar víctimas civiles. O pautas de comportamiento, acompañadas de una excelente capacidad profesional, como las que hemos visto con los secuestros de pescadores españoles en el Índico. En definitiva, el proyecto de ley detalla un código de conducta que, después de muchas operaciones militares en el exterior, con la participación de miles de profesionales, refleja una larga experiencia de las Fuerzas Armadas españolas sin mancha en su hoja de servicios. Unas reglas de comportamiento que, sobre todo en las relaciones con la población civil, son esenciales en las habituales labores de estabilización o de mantenimiento de la paz, como está demostrando el cambio de estrategia en Afganistán.

La Ley de Derechos y Deberes tiene que regular también el ejercicio del derecho de asociación profesional, el derecho a constituir asociaciones para la defensa de los intereses de los militares, en el marco definido por el Tribunal Constitucional. “Nada permite afirmar que una asociación por el hecho de perseguir la satisfacción de intereses económicos, sociales o profesionales de sus asociados, se convierte en un sindicato o puede ser equiparado al mismo a los efectos del artículo 28.1 de la Constitución”, dice el tribunal.

Salvadas las limitaciones constitucionales que se derivan de la singularidad institucional de las Fuerzas Armadas, así como de la obligada neutralidad política a que deben atenerse sus miembros, la ley iniciará un régimen jurídico para este nuevo tipo de asociaciones militares que deberán ser suficientemente representativas. El proyecto de ley exige un mínimo de afiliados para poder participar en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, el órgano único de intermediación que regula la relación de las asociaciones con la Administración. Así, uno de los efectos de la ley será conocer el grado de representatividad de cada asociación. En fin, la ley resuelve una laguna que procede de la identificación que las Reales Ordenanzas de 1978 establecían entre asociaciones profesionales y sindicatos. No son posibles en el Ejército los sindicatos o la acción sindical, es decir, el ejercicio del derecho de huelga, la negociación colectiva o la adopción de medidas de conflicto colectivo, pero sí tienen derecho a defender sus aspiraciones profesionales, organizados en asociaciones para tal fin.

Con esta ley se cerrará un intenso proceso de transformación y modernización de nuestras Fuerzas Armadas con el que los españoles se muestran satisfechos, como reflejan las encuestas. El bien público que producen los Ejércitos y la Armada, el de la seguridad, no es una cuestión menor. Los militares lo saben y los españoles, también.

Las elecciones que vienen, que se rematarán con los comicios generales de 2012, aconsejan resaltar lo que tienen de expresión democrática, más que de constatación en las urnas de los resultados presagiados en los sondeos. La fiesta cívica que significan no se agota en la cantidad de votos que se emiten, se escrutan y otorgan el poder municipal, autonómico o estatal, sino que debe vincularse a un ámbito más ambicioso: la profundización de la democracia.

No son estos tiempos propicios para la épica de las ideologías, cuando quienes gobiernan abdican de los principios y promesas que esgrimieron para alcanzar el poder, en aras, ahora, de cumplimentar las exigencias económicas que los acreedores mundiales imponen, con el talante del cobrador del frac, y sin compromiso alguno de clemencia futura. Pero es preciso que los nuevos procesos electorales no ofrezcan un saco de propuestas a incumplir, sino de proyectos creíbles para la ciudadanía y que apliquen los valores democráticos.

El comportamiento reciente de los partidos invita a la desesperanza. La atención dedicada a las encuestas ha dejado en muy segundo plano la democracia de los avances sociales y los derechos humanos. Ha primado más asegurarse una mayoría parlamentaria para decretar y prorrogar el estado de alarma, rebajar la justicia universal o restringir la participación electoral que la dedicación al debate sobre el contenido democrático de cada uno de esos acuerdos.

Y ante cualquier profundización mediática de la democracia -como el reciente festival informativo de los papeles de Wikileaks, en el que ha participado EL PAÍS, gozosamente para sus lectores- los grandes partidos hacen cálculos electorales sobre el impacto que las puras noticias puede producir sobre sus votantes, con olvido doloso del derecho de los ciudadanos a conocer los engaños, pequeños y grandes, que se perpetran contra ellos desde el poder. Preocupados solo por los votos y sin reconocer ante la ciudadanía que han quebrantado la dignidad institucional a la que están obligados, objetan a quienes han cumplido con su deber democrático la falta de complicidad con los poderes públicos para mantener en secreto las mentiras oficiales, en nombre de la razón de Estado.

La obsesión por la mayoría y el olvido de la democracia lleva a los dos grandes partidos de ámbito estatal, ante reclamaciones de los nacionalistas periféricos, a pertrecharse tras la Constitución española y a invocar la llave que ellos poseen para reformarla. En una reciente obra, José María Ruiz Soroa asegura que las reclamaciones secesionistas o autodeterministas de una parte de la población “son plenamente legítimas y la democracia como sistema de gobierno y de sociedad debe de ser capaz de atenderlas” (El esencialismo democrático, Editorial Trotta y Fundación Alonso Martín Escudero, Madrid, 2010, página 166). Y añade: “De lo contrario, estaríamos ante un sistema constitucionalmente irreformable en un aspecto de su arquitectura (como es la delimitación de sus fronteras), cuando no existe ninguna razón sustantiva para que ese aspecto concreto sea tratado como intangible” (obra citada, página 173).

Este jurista considera inaceptable la apelación al procedimiento que la propia Constitución establece para su reforma, “puesto que resulta bastante claro”, razona, “que esas cláusulas de reforma constitucional no están al alcance de las minorías (…) a las que podrían interesar”, sino solo “de los partidos mayoritarios nacionales capaces de reunir las mayorías requeridas”. Desde su criterio de que la reclamación debe atenderse, “por incómoda y desagradable que resulte”, Ruiz Soroa plantea una fórmula original, que llevaría consigo la reforma constitucional, en su caso, solo al final del proceso.

Se trataría de establecer, mediante una ley ordinaria, el principio de que, “si en el futuro la representación parlamentaria de una comunidad autónoma, por una mayoría cualificada, solicitara del Gobierno central la apertura de un proceso de debate, discusión y decisión en torno a una posible secesión de tal comunidad autónoma, tal proceso se abriría obligadamente, conforme a los pasos y etapas establecidos en ese mismo texto”, entre ellos la “comprobación de la voluntad democrática clara de la población afectada, a través de un referéndum”. Y si el proceso condujera a la conveniencia de admitir la secesión negociada, “la nueva ley establecería la obligación del Gobierno de promover la reforma de la Constitución, de manera que se modificara la estructura territorial española” (obra citada, página 174).

La singularidad de esta audaz e imaginativa propuesta reside en que, inspirándose en el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá sobre la secesión de Quebec, Ruiz Soroa no vincula su validez democrática a la existencia de una mayoría favorable a la secesión, sino a la claridad de la decisión y a la evaluación cualitativa de la misma. Por ello, en cuanto al caso vasco, este jurista puntualiza que “difícilmente podría admitirse que en una sociedad donde se ha vivido intensamente un terrorismo activo de motivación secesionista durante un periodo muy prolongado de tiempo, puedan darse las condiciones de reflexión y deliberación necesarias, mientras no transcurra bastante tiempo desde el fin total del terrorismo” (obra citada, página 170). No bastaría la mayoría. La decisión democrática exige más matices.

Hace unas semanas, participando en un seminario donde se analizaba la reforma electoral que se está tramitando en el Parlamento, un prestigioso académico conocedor de estos asuntos decía que las leyes electorales, para ser objeto de reforma, necesitan haber colapsado previamente o que el sistema político haya quebrado. Yo no llego a tanto, pero reconozco que algo de cierto hay en esa afirmación.

El actual debate parlamentario (la reforma superó ayer el trámite de comisión en el Senado sin cambios) es el más intenso que nunca se había hecho sobre nuestro régimen electoral desde la aprobación de la vigente ley de 1985. El resultado será, también, la reforma más importante que se ha aprobado estos años. Sin embargo, en la opinión pública especializada, los medios de comunicación y los partidos políticos minoritarios, la impresión es que se va a desaprovechar una oportunidad para modernizar un modelo electoral que trae causa en normas preconstitucionales y que algunos ven como la última hipoteca que nos dejó el tardofranquismo. Hay elementos del sistema preconstitucionales, pero también es cierto que ello no ha impedido que el resultado de su aplicación durante estos 35 años haya sido francamente positivo.

Para no enredarse con las diferentes posibilidades electorales existentes, hay que decir que, a partir de los dos grandes sistemas electorales -el mayoritario y el proporcional-, las opciones mixtas que han ensayado los países democráticos de nuestro entorno son muy variadas. Por eso, al final se comprueba que decantarse por uno u otro tan solo depende de las circunstancias del país y de la importancia que se les dé a las normas tendentes a compatibilizar representatividad y gobernabilidad.

En España, cuando se habla del sistema electoral es frecuente hacerlo como si no existiese nada más que el proporcional que se utiliza para la elección de los diputados; sin embargo, hay que recordar que, entre otros, también existe un sistema mayoritario de listas abiertas y desbloqueadas para el Senado, aunque eso no suponga mucho cambio a la hora de la elección de unos u otros representantes.

Pero limitémonos al sistema proporcional del Congreso. Es cierto que la proporcionalidad del modelo está corregida. Tanto la designación de la provincia como circunscripción, como la asignación fija de un mínimo de dos diputados a cada una de ellas antes de hacer el reparto en función de la población, cuanto la opción por la fórmula D’Hondt para transformar los votos en escaños, son decisiones -una de carácter constitucional y las otras dos voluntad del legislador-, que se decantan por corregir la proporcionalidad a favor de la gobernabilidad y la estabilidad parlamentaria.

El resultado es que en estos años se ha conformado un mapa político del siguiente tenor: dos grandes partidos, entre dos y cinco partidos de corte nacionalista y, sobreviviendo con dificultad, dos pequeños partidos de ámbito estatal (IU y UPyD). Los dos grandes partidos se han alternado en el poder durante estos años y, cuando no han conseguido mayorías suficientes para gobernar en solitario, se han valido de los apoyos puntuales de los nacionalistas, que han cumplido esa función a cambio de una buena consideración para los intereses políticos de sus territorios.

Hasta ahora esta dinámica ha funcionado razonablemente bien (aunque los ciudadanos que no pertenecen a territorios con partidos nacionalistas se consideren agraviados), puesto que el desarrollo del Estado autonómico hacía que el Gobierno de turno tuviera recursos y posibilidades para satisfacer las necesidades de los partidos nacionalistas que funcionan como bisagra. Ahora bien: ¿qué sucederá cuando desplegado plenamente el Estado de las autonomías no queden transferencias o cantidades económicas que transferir? Cuando suceda que quien esté en condiciones de gobernar no pueda satisfacer las reclamaciones de aquellos que se prestan a ser aliados parlamentarios -por ejemplo, algo que podría suceder cuando CiU exija en Cataluña un modelo de financiación similar al Concierto Vasco para apoyar una investidura en Madrid-, habrán cambiado las condiciones políticas de nuestro país y, como decía al inicio de este artículo, surgirá con fuerza la necesidad de reformar el sistema electoral para que aparezca una fuerza política con capacidad de ser partido bisagra de carácter nacional.

Por eso las reformas electorales, de momento, difícilmente van a cambiar los elementos estructurales del sistema. No lo hacen porque los agentes políticos que han de impulsarlas se sienten conformes con el modelo y la gobernabilidad aún es posible. Si un día los dos grandes partidos se tuvieran que aliar para cerrar el paso a reclamaciones nacionalistas que pusieran en peligro la integridad de España, probablemente se empezaría a pensar cómo hacer para que la alternancia se pueda dar sin que los intereses generales estén en peligro.

Mientras tanto, nos tendremos que conformar con reformas que mejoren el ejercicio del derecho de sufragio, que corrijan prácticas fraudulentas en los empadronamientos o la emisión del voto, que mejoren el procedimiento electoral, que garanticen el derecho de sufragio en las elecciones municipales a los inmigrantes o que limiten los gastos electorales poniendo coto a campañas que parecen empezar el día después de celebradas las últimas elecciones.

Todo lo anterior no es poco. Es de una gran importancia porque afecta al ejercicio de derechos fundamentales y, de paso, perfecciona un régimen electoral reconocido como uno de los mejores de nuestro entorno político.

Fenómenos como Propública, la institución estadounidense sin ánimo de lucro que realiza periodismo de investigación de manera independiente están cambiando la forma de hacer periodismo y de acceder a la información. Y particularmente están haciendo algo que parece muy saludable para cualquier sociedad democrática, al permitir que los ciudadanos conozcan, sobre todo a través de Internet, hechos y datos que, tanto por motivos económicos como políticos, no suelen ser habitualmente accesibles para el público en general. Como dice Propública su misión es exponer los abusos del poder tanto si son realizados por los gobiernos como por las empresas y otras instituciones, usando la fuerza moral del periodismo de investigación para poner bajo la luz las conductas injustas e impulsar así las reformas necesarias para evitarlas. Conviene aclarar que Propública es una Fundación sin ánimo de lucro que recibe donaciones.

En España estamos, lamentablemente, muy lejos de estas iniciativas. La puesta en marcha de un proyecto tan importante como Propública, en cuanto a medios humanos y materiales, parece muy difícil dada la debilidad congénita de nuestra sociedad civil y la íntima relación de los posibles donantes, ya sean personas físicas o jurídicas, con el poder económico o político. Pero podríamos empezar por algo mucho más modesto y que sí que está a nuestro alcance: exigir transparencia a nuestros gobernantes y gestores públicos, dado que, al fin y al cabo, administran nuestros impuestos. Aquí sí que hay recorrido. Recordemos que hemos tenido a presidentes de comunidades que han negado a su Parlamento la entrega de copias de unos informes más que dudosos, atribuyéndose la potestad de entregar o no documentos… pagados con los presupuestos que elabora y aprueba ese Parlamento con los impuestos de los ciudadanos. Otros presidentes se han mofado de las peticiones de información de la oposición cuando se hacen preguntas sobre gastos desproporcionados, cuando no directamente sobre tramas de corrupción.

Este tipo de respuestas es algo sencillamente inaudito en una democracia. Si partimos de la base de que no existen fondos públicos que puedan gastarse al margen de los procedimientos legalmente previstos y las cuestiones consideradas como secretas o confidenciales son tasadas y absolutamente excepcionales ¿por qué una serie de informes patentemente innecesarios, cuando no directamente absurdos, encargados a personas de confianza por un presidente autonómico resultan ser secretos? ¿Por qué se burlan de los que piden cuentas sobre el precio exorbitante de servicios contratados con el dinero de todos? ¿Y sobre las relaciones de los gestores políticos con los que prestan esos servicios estando más que acreditada la existencia de dádivas y de favores? ¿Por qué ese desprecio y ese silencio, cuando no directamente esa burla y esa condescendencia -por no llamarla caradura- cuando se exige una información a la que se tiene derecho en el seno de las instituciones que supuestamente representan a los ciudadanos?

Pero podemos seguir. Nos enteramos con cierto asombro de que después de acudir al FROB hay cajas que van a hacer importantes reducciones de personal vía prejubilaciones, lo mismo que hay empresas con beneficios que acuden sin rubor a ERES que cofinancian los contribuyentes vía Seguridad Social.

No olvidemos que, como ciudadanos, pedir información, pedir datos sobre la gestión pública es pedir también responsabilidad, la accountability de la que hablan los anglosajones. Y proporcionarlos es la primera obligación de un gobernante responsable en una sociedad democrática. Es más, no sólo la transparencia es exigible, sino que hay que considerar que los datos públicos que manejan las Administraciones y los Gobiernos son activos que pertenecen a todos los ciudadanos. No se trata tanto de que nos prometan, por enésima vez, una Ley de Transparencia de las Administraciones Públicas que nunca llega, sino de implantar de una vez la cultura de la transparencia y la responsabilidad, ya que estamos hablando de uno de los requisitos esenciales de un Estado democrático de Derecho.

Desde el punto de vista económico la trascendencia es también muy importante dado que la accountability es uno de los mecanismos más efectivos para generar confianza en los mercados, como han demostrado los acontecimientos recientes. Parece evidente que la mejora de la calidad institucional y de la competitividad que lleva consigo un gobierno transparente y abierto son mecanismos muy eficaces para impulsar el crecimiento económico.

Toca, por tanto, exigir los mecanismos que permitan a los ciudadanos acceder a esta información de forma efectiva y además expresar su opinión sobre todos los proyectos públicos o privados que se apoyan en sus impuestos. Por eso, si nuestros políticos y gestores públicos no están acostumbrados a proporcionar información y a rendir cuentas, habrá que educarles. Y si la rendición de cuentas no nos satisface habrá que exigirles responsabilidades. Responsabilidades políticas, por supuesto, además de las jurídicas si proceden. No podemos permitirnos otra cosa. Es urgente imponer la cultura de la transparencia y de la responsabilidad en la gestión de los asuntos públicos y de nuestros impuestos. Puede que ya sea demasiado tarde.

El empeño del Gobierno de Zapatero por utilizar fórmulas jurídicas excepcionales de forma prolongada comienza a preocupar. Al menos a quienes defendemos una aproximación liberal kelseniana a los problemas políticos y seguimos pensado que el poder debe estar siempre limitado y reglado, controlado escrupulosamente por la legalidad que emana del legislativo de la nación. Por eso, son cada vez más las voces que expresan su malestar ante una deriva arbitraria que degrada la vigencia institucional de los principios formales nacidos de la deliberación legal para potenciar aquello que Carl Schmitt definía como la “decisión pura, que no razona, ni discute, ni se justifica”. Una decisión basada en el argumento inapelable de la seguridad y que invoca un Gobierno que no duda en erigirse en el único y supremo guardián del orden, pues, como decía su portavoz al justificar la prórroga del estado de alarma: “No son tiempos de palabras, señorías, sino de seguridades”.

Esta deriva decisionista nos obliga a convivir con una degradación formal de las exigencias regladas que impone la ley cuando regula los estados constitucionales de excepción. Algo que hay que relacionar con una acumulación de precedentes arbitrarios que resulta alarmante a la hora de juzgar el funcionamiento normal de nuestro Estado de derecho. Primero, fue el empleo arbitrario y generalizado del veto gubernamental frente a iniciativas aprobadas por una mayoría parlamentaria contraria a la voluntad del grupo socialista, y sobre el que después haré una consideración adicional. Después, el ejercicio -por primera vez en nuestra historia democrática- del estado de alarma previsto en el artículo 116.2 de la Constitución; instituto excepcional utilizado hace unas semanas como respuesta al cierre del espacio aéreo causado por el inaceptable y salvaje boicot de los controladores aéreos. Y ahora asistimos al uso prolongado del mencionado instrumento, a pesar de que se esgrime su conveniencia sin que concurra ya la urgencia de una respuesta proporcionada a una situación real, actual, objetiva y de grave anormalidad.

La prórroga del estado de alarma declarado por el RD 1673/2010, de 4 de diciembre, supone un paso más en la evolución decisionista a la que antes me refería. Se trata de un avance cualitativo que no puede ignorarse. Se invoca por el Gobierno la petición de prórroga por el doble de tiempo que se solicitó originariamente. Y lo que es más grave, sin que se den -más allá de una interpretación indiciaria e hipotética que hace el propio Gobierno-, los motivos que, vinculados al chantaje inaceptable de los controladores aéreos, propiciaron que el 3 de diciembre pasado, cientos de miles de ciudadanos vieran lesionada su libertad de movimiento y circulación al quedar atrapados en los aeropuertos de nuestro país. Habrá quien no dé importancia a esta última circunstancia, pero supone introducir en nuestro ordenamiento jurídico el precedente de un inédito estado de alarma indiciario. Por su propia naturaleza excepcional, los motivos que fundan el estado de alarma no pueden ser interpretables. Y mucho menos aducir, como ha sido capaz de hacer el Gobierno, que la excepcionalidad regulada por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, ha de ser contextualizada según los parámetros del siglo XXI.

El estado de alarma no puede quedar al arbitrio de los contextos, a no ser que queramos resucitar aquella sociología de los conceptos jurídicos a la que apelaba precisamente Carl Schmitt en su Teología política, la misma obra que definió al soberano como “quien decide sobre la situación excepcional”. Y menos aún fundar dicho estado de alarma en el temor interpretativo del Gobierno a que pueda volver a producirse una alteración del servicio público aeroportuario semejante al caos del pasado 3 de diciembre. Con ello, el Gobierno transforma un juicio hipotético en un supuesto fáctico. Lo hace sobre la base de una decisión fundada en elementos de convicción que surgen autorreferencialmente, esto es, aduciendo que concurre un riesgo potencial de inestabilidad futura del tráfico aéreo.

De poco importa el hecho de que a día de hoy los aeropuertos funcionen con normalidad y que se garanticen todos los servicios vinculados a la navegación aérea. Por lo visto, para el Gobierno la frontera entre el orden y el caos la decide él, y es capaz de afirmarlo en sede parlamentaria, con luz y taquígrafos, después de 35 años de irreprochable normalidad institucional, normalidad que hemos mantenido entre todos a pesar de convulsiones de muy diverso calado que han afectado a la paz social.

Aquí radica precisamente la inquietud que a muchos nos provoca el decisionismo del Gobierno de Zapatero: en que estamos ante un Ejecutivo que maneja la dialéctica normalidad-excepcionalidad a su conveniencia. Los límites entre el orden y el desorden son establecidos por él al margen de condicionantes reglados por la ley. Es el Gobierno quien decide guiado por la excusa finalista de evitar un daño potencial a la ciudadanía. De este modo, se actualiza postmodernamente el viejo principio “salus populi suprema lex esto”, aunque al precio de que se resienta nuestra normalidad democrática. ¿O acaso no es grave que admitamos que la normalidad pueda reinterpretarse ficticiamente como una excepción a través de una decisión constitutiva y polémica, que adopta autónoma-mente el Gobierno?

La prórroga del estado de alarma retrata al Ejecutivo con un rictus de arbitrariedad. Viste con autoritarismo su falta de autoridad y su incapacidad para resolver un conflicto laboral de acuerdo con los cauces ordinarios previstos por la legalidad de nuestro Estado de derecho. Lo más lamentable de la mencionada prórroga es que asume implícitamente que la soberanía, en cuanto poder supremo y originario de mandar, está subordinada tácticamente al predominio decisionista del Gobierno. Es más, el Ejecutivo asume el papel de guardián exclusivo de la normalidad o, si se prefiere, de garante directo y único del interés público: quien tiene la potestad para discernir a priori e, incluso hipotéticamente, cómo debe protegerse la paz, la seguridad y el orden ante situaciones límites de excepcionalidad.

Escapa de esta reflexión analizar la repercusión que esta línea argumental abre en España. Baste apuntar que convertir la excepción en norma es un gravísimo error democrático. Pone los cimientos para interpretar de forma cesarista el poder. Especialmente si, como es el caso, se hace cuestionando abruptamente la tesis de Kelsen de que la soberanía no es una propiedad fáctica sino instrumental: aquello que dota al ordenamiento jurídico del soporte de una validez autónoma que impide que tenga que subordinar su ejercicio al de otro orden superior. Esto tiene una enorme relevancia jurídica. La línea interpretativa espoleada por el Gobierno de Zapatero sobre la excepcionalidad debilita la capacidad del Parlamento para proyectar su visibilidad institucional como depositario en exclusiva de la soberanía. ¿Acaso podrá olvidarse el desprecio a la democracia deliberativa que supone escuchar en boca del Gobierno que sobran las palabras ante la necesidad de seguridades?

Y es aquí donde conviene relacionar lo dicho hasta el momento con la marginación institucional de las Cortes que se desprende de todo esto. Algo que, como se apuntaba más arriba, tiene que ver con que no se respeten por el Gobierno los mandatos aprobados por mociones o propuestas de resolución en el Congreso, o con el uso generalizado del veto que hace el Gobierno de Zapatero al acudir arbitrariamente al artículo 134.6 de nuestra Carta Magna, tal y como ha demostrado ochenta veces a lo largo de esta legislatura. Las preguntas que quedan en el aire son evidentes: ¿qué ha sucedido en el Gobierno para que se hayan olvidado las lecturas del republicanismo cívico para abrazar tan apasionadamente el decisionismo incubado durante el periodo de entreguerras en la República de Weimar? ¿Cuándo se echó a Pettit y se aposentó Carl Schmitt en La Moncloa?

El régimen electoral es una pieza clave del Estado constitucional, pues habilita la participación política de los ciudadanos, transforma sus votos en escaños y, en definitiva, hace operativo el principio democrático en las instituciones de nuestro Estado, que propugna como uno de sus valores superiores el pluralismo político.

Como hemos analizado en numerosas ocasiones, la Ley Orgánica 5/1985, vino a consolidar un sistema electoral cuyos parámetros principales se fijaron en la todavía franquista Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, recogidos en el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, que reguló las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. En 1978, esos parámetros pasaron a formar parte de la Constitución española y finalmente todos ellos fueron ratificados en 1985 en la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General).

Conviene recordar estos antecedentes para aquilatar correctamente el origen y las pretensiones de la Ley que pretendemos cambiar. Si los objetivos del legislador de entonces eran mantener un sistema que garantizara el bipartidismo, los del legislador del siglo XXI han de ser instaurar un sistema político que garantice la pluralidad, la igualdad de los electores ante la ley al margen de su opción ideológica y el control de los ciudadanos sobre los poderes públicos.

La Ley electoral actual consagra algunas magnitudes que en nada se corresponden con la España de hoy. Así, dentro del rango de entre 300 y 400 diputados que fija el artículo 68.1 de la Constitución, el artículo 162 de la LOREG opto por mantener la cifra de 350 diputados que ya figuraban en la Ley preconstitucional. Sin embargo, las peculiaridades de la distribución poblacional española y el crecimiento del padrón de habitantes desde 1977 han originado la segunda ratio entre diputados y electores más baja en los países europeos.

El artículo 68.2 de la Constitución consagró también una representación mínima inicial por provincia, de suerte que 100 escaños de la Cámara, más otros dos de Ceuta y Melilla, se asignan con independencia de la población, lo que determina que el número de votos necesarios para la atribución de un escaño presente importantes desviaciones de unas circunscripciones a otras.

Finalmente, y para garantizar el principio de proporcionalidad mandado por la Constitución, la LOREG optó por recoger, aunque sin nombrarla, la fórmula utilizada desde las primeras elecciones democráticas, conocida como regla D’Hont. Como se puede apreciar, tenemos un sistema electoral diseñado en el franquismo y en el que nuestros dos principales partidos políticos se sienten como en casa. Dado que es imposible en democracia imponer el partido único, han legislado lo más parecido, el bipartidismo. Y ambos tan a gustito.

Nuestra propuesta de reforma -que será debatida en el Pleno de esta semana como enmienda a la totalidad del texto que llegó de la Comisión Constitucional- recoge una buena parte de las recomendaciones del Consejo de Estado en aras de garantizar la igualdad de votantes y partidos políticos en el proceso electoral y de revalorizar la participación de los ciudadanos en la designación de sus representantes.

En relación con el primero de estos objetivos -la igualdad de los electores y partidos políticos-, se ha optado por el aumento del número de diputados a 400 y la reducción de la representación mínima inicial a un diputado. Al mismo fin contribuye la sustitución de la fórmula D’Hondt por el método Hare, que aporta un mayor grado de proporcionalidad al sistema.

Por lo que respecta al segundo objetivo -el refuerzo de la participación de los electores en la designación de sus representantes-, se modifica el sistema de listas de candidatos al Congreso de los Diputados, permitiendo que los votantes especifiquen el orden de preferencia de los candidatos incluidos en la lista; o sea, se implanta el sistema de listas desbloqueadas, instrumento fundamental para la regeneración democrática.

Nuestra propuesta de reforma persigue asimismo aclarar cuestiones relativas al censo electoral, reforzando las garantías para combatir los denominados empadronamientos fraudulentos con fines electorales. Por lo que respecta al procedimiento de votación del censo de españoles residentes en el exterior, se regula un procedimiento muy garantista que presenta la importante novedad de permitir a los españoles que viven en el extranjero depositar el voto en urna en el consulado durante los tres últimos días de campaña, sin perjuicio de mantener el voto por correo para todos aquellos que no puedan desplazarse a votar en la dependencia habilitada al efecto.

En relación con las campañas electorales, la reforma persigue, de un lado, evitar la injerencia de los poderes públicos en las mismas mediante la realización de campañas institucionales y de inauguración de obras; y de otro, reducir la publicidad y la propaganda durante el periodo electoral. Se reduce el límite máximo de gastos de publicidad que pueden asumir las candidaturas en campaña, y se congelan las subvenciones por voto/escaño y mailing a lo largo del año 2011. Es decir, se suprime el mailing con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La reforma incide también en la publicidad e información electoral en los medios de comunicación, manteniendo el respeto a los principios de pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa, en el conjunto de la programación de los medios de comunicación de titularidad pública durante el periodo electoral.

En suma, nos encontramos una vez más ante un debate de extraordinaria importancia para nuestro sistema democrático cuyo resultado final está cantado antes de iniciarse. El acuerdo férreo ente el PSOE y el PP (del que los nacionalistas son meros beneficiarios) para que no cambie nada y así garantizarse entre ambos la alternancia en el poder, hace imposible modificar un sistema electoral que se ha demostrado manifiestamente contrario a los principios constitucionales de igualdad ante la ley: el derecho activo de cada ciudadano de elegir a sus representantes en igualdad de condiciones y el derecho pasivo de los partidos políticos de ser elegidos también en igualdad de condiciones.

Esta reforma es clave para la regeneración democrática, para que los ciudadanos ganen el control sobre la política, para la recuperación de principios constitucionales que no son negociables. Garantizar la igualdad jurídica y la libertad individual requiere de reformas profundas de un sistema electoral que pervierte el propio régimen democrático. Por eso, además de las reformas antes mencionadas proponemos que las listas sean desbloqueadas para que cada ciudadano ponga una cruz al lado de cada candidato y ordene sus preferencias; reducimos los gastos en publicidad y propaganda electoral y se congelan de forma inmediata las subvenciones y suprimimos el mailing con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Unión Progreso y Democracia no va a cejar hasta conseguir estos objetivos, que no son ideológicos sino democráticos. Ni el PSOE ni el PP quieren cambiar una ley que les garantiza perpetuarse en el poder; pero ambos estarán más que dispuestos a cambiarla cuando necesiten los votos de un tercero para conseguir o mantener el poder. Nuestra condición innegociable será esta. A partir de ahí, podremos hablar. Queda dicho.

Me pregunto por qué los políticos no debaten con un mínimo de rigor los problemas que preocupan a los ciudadanos. Nadie duda de que el debate político en España no sólo es autista (en el sentido de que no interesa más que a los profesionales de la política y a los medios de comunicación que se hacen eco del mismo por entusiasmo seguidista o simplemente comercial), sino cada vez más desprovisto de argumentos que no hagan referencia a los rivales o busquen un fácil impacto mediático. En este ambiente de espectáculo ramplón, sospechas y acusaciones personales, los políticos y ciertos medios se encuentran en su salsa, como demuestra la proliferación de declaraciones, contradeclaraciones, rectificaciones, tertulias, vídeos electorales presuntamente transgresores, etc. Por el contrario, en aquellas pocas ocasiones en que los ciudadanos pueden encararse (en sentido literal) con sus representantes, la incomodidad de éstos es manifiesta, dado que a las preguntas de aquellos no se puede contestar con argumentos basados en la descalificación, el insulto, la provocación, cuando no directamente en la biografía del interlocutor.

La razón estriba en que en un régimen tan cerrado y partitocrático como el nuestro a los partidos les unen más cosas de las que les separan. En rigor, sólo les separa una cosa -quién ostentará el poder- pero, cada vez más, les une su interés en no hablar de determinados temas. Pongamos como ejemplo el régimen electoral. Es indudable que la reforma del sistema electoral en España lleva siendo desde hace muchos años una necesidad perentoria, pero ¿quién va a debatir sobre ello? ¿Los dos partidos que están claramente sobrerrepresentados en el Parlamento? ¿Los partidos regionales o nacionalistas que basan su éxito en conseguir siempre ser bisagra sobre la base de un sistema que les favorece casi de forma escandalosa? El problema es que, gracias a esa falta de debate, los intereses del pueblo terminan siempre por contar menos.

Lo mismo ocurre con otros muchos asuntos. En unos casos porque el historial de los partidos es semejante y nadie tiene legitimidad para realizar la más mínima crítica, como ocurre con el disparatado despilfarro de dinero público. En otros, porque el coste electoral de determinadas medidas puede ser lo suficientemente sensible como para decidir una elección cerrada, y conviene evitar no sólo tomarlas sino incluso hablar de ellas, esperando que el desgaste del adversario sea suficiente. Los ejemplos serían innumerables, pero basta recordar la trascendencia que tiene en este momento la inexistencia de debate público alguno sobre el coste del Estado autonómico y local.

Lo lamentable es que con todo ello se nos está hurtando el verdadero debate sobre las cosas serias que nos preocupan. Sobre la crisis, las causas estructurales del paro y los medios para eliminarlo. Sobre nuestro modelo territorial, su sostenibilidad y hasta su necesidad. Sobre el futuro de los servicios públicos y de nuestras pensiones. Sobre un sistema de educación pública que ha dejado de funcionar como ascensor social -problema gravísimo en cualquier sociedad avanzada-. Sobre una Administración de Justicia que hace aguas desde hace años y sobre la reforma de la Administración Pública y su adaptación a las necesidades actuales de gestión. En una palabra, el debate sobre el futuro de nuestros hijos.

De nuevo, como en épocas anteriores de crisis política e institucional, corresponde a la sociedad civil ponerse al frente y reclamar un debate serio sobre los temas que importan. No podemos permitirnos más ocurrencias, reuniones a diestro y siniestro con quien toque en cada momento sin un propósito conocido, invocaciones a la mágica palabra consenso sin saber para qué se pide, medidas legislativas al por mayor o propuestas de acciones en masa que se olvidan tan pronto se anuncian, sin que nunca se sepa qué fue de las anteriores que también se anunciaron a bombo y platillo. La enorme brecha existente entre los políticos y la realidad se demuestra por su ingenuo intento de solucionar todo a golpe de BOE (o del boletín autonómico correspondiente), como si fuera el Santo Grial, cuando lo que hay es una preocupante desvalorización de las normas jurídicas existentes, entre otras cosas por puro desconocimiento de quienes deben aplicarlas y por el deterioro imparable de la capacidad de ejecutarlas, empezando por la de las propias Administraciones implicadas y terminando por la del sistema judicial.

La buena noticia es que este debate ya está en marcha. Está en internet, en los periódicos y foros digitales, en los blogs de los ciudadanos o de los colectivos que se organizan para debatir sobre temas que conocen bien. Está en los congresos y foros profesionales. Está en algunos medios importantes, aunque todavía de forma incipiente y en formato de artículos de opinión. Entre todos tenemos que obligar a nuestros políticos a debatir públicamente sobre lo que nos interesa y a hacerlo con conocimiento y sin frivolidad. Tenemos las herramientas, las de la sociedad y el gobierno abiertos. No hay otras.

En los años 20 del siglo pasado Kelsen, en su obra Esencia y valor de la democracia, hacía una encendida defensa de los procedimientos y la institución parlamentaria para la pervivencia del régimen democrático. Decía el ilustre jurista austríaco que, puesto que es científicamente imposible fijar valores absolutos y la sociedad moderna se ha asentado sobre el principio de la tolerancia, la democracia encuentra su sustento más firme en el respeto a las formas, a los procedimientos y en la consideración a las instituciones del Estado.

Aunque la situación de nuestro tiempo está lejos de las circunstancias que dieron lugar al alegato en defensa de la democracia parlamentaria de Kelsen, lo cierto es que no viene mal recordar sus argumentos para reprender la desatención de las formas, los procedimientos y las instituciones que se produce en nuestra democracia parlamentaria.

Todos somos conscientes de que los partidos son los sujetos políticos más importantes de nuestro tiempo. Algunos, incluso, hemos llegado a la conclusión de que esa preeminencia de los partidos no tiene porqué ser mala siempre que se ejerza con equilibrio y moderación. Ahora bien, es totalmente inaceptable y produce un enorme daño al sistema político que instituciones como son el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo -que nada tendrían que ver con los órganos representativos de no ser porque éstos participan en la elección de sus miembros- estén atascadas y viendo cómo se erosiona su imagen por el manoseo que los partidos hacen de los tiempos para elegir a sus componentes.

No es menor el daño que se hace a la democracia parlamentaria con el descuido y falta de atención que se tiene con el Parlamento, sus potestades y reglas de funcionamiento. Es una pena que haya tan poca voluntad por parte de los grupos parlamentarios para reformar el Reglamento del Congreso y la Cámara tenga que aceptar resignadamente ataques a su autonomía, dejación de sus funciones y deba desarrollar el día a día a golpe de prácticas, usos y costumbres cuando lo razonable sería que hubiera una norma clara de organización.

El último caso, del que tengo constancia, ha sido la creación de una Oficina Presupuestaria mediante Ley. Dicha Oficina, en cuanto que órgano del Parlamento para el seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, es una reclamación y una necesidad desde hace muchos años en el funcionamiento de nuestras Cortes Generales. Desde luego que constituida y organizada en las condiciones correctas debería convertirse en un instrumento de primer nivel para la información y control que los parlamentarios hacen de una materia tan importante y tan compleja como son los Presupuestos. Sin embargo, en las condiciones en que se ha creado no sólo no adquiere la relevancia que debería, sino que se constituye sin el más mínimo respeto al principio de autonomía normativa de las Cámaras que establece el artículo 72 de la CE. Como se introduce en la vida parlamentaria por la puerta pequeña no queda más remedio que diferir su organización y funcionamiento a una Resolución de la Presidencia de las Cámaras, que supone un nuevo varapalo al Parlamento y sus reglas de funcionamiento.

Tampoco se hace ningún favor a la institución parlamentaria cuando se crean comisiones de funcionamiento interno mediante ley, se organizan procedimientos de control político de la acción gubernamental en la Unión Europea donde decisiones fundamentales son evacuadas por el Gobierno que se ha de controlar, o se subvierten los procedimientos legislativos y mediante enmiendas se introducen reformas de leyes que nada tienen que ver con el objeto de la iniciativa legislativa en trámite (verbigracia la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Todos sabemos que vivimos en una forma de gobierno de parlamentarismo racionalizado, donde por razones de necesidad para la gestión de la complejidad social y eficacia en el funcionamiento de las instituciones, el Ejecutivo ha adquirido una posición especialmente preeminente. Ahora bien, que el Parlamento abandone de forma tan exagerada las competencias, las formas y las funciones que le corresponden, supone una jibarización de la democracia que se traduce en descrédito para la política e irrelevancia de las instituciones. Pero -no lo olvidemos- el Poder nunca es una res nullius, y cuando se hace dejación de potestades aparecen los poderes informales que ocupan la posición y van transformando el sistema hasta que, un día, nuestra democracia se convierta en mera pantomima en manos de poderes ocultos que no responden ante nadie.

Una disposición transitoria de la ley de reforma política de 1976 instaba al Gobierno a regular las primeras elecciones a Cortes «para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores, a razón de cuatro por provincia y uno más por cada provincia insular: dos por Ceuta y dos por Melilla». Las elecciones al Senado se inspirarían en criterios de representación mayoritaria y las del Congreso de proporcionalidad, conforme a dos bases: por la primera, «se aplicarán dispositivos correctores para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara, a cuyo efecto se fijarán porcentajes mínimos de sufragios para acceder al Congreso»; por la segunda, «la circunscripción electoral será la provincia, fijándose un número mínimo de diputados para cada una de ellas».

En la última etapa de la dictadura, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, a la sazón director del Instituto de Estudios Administrativos, encargó a un grupo de juristas demócratas encabezado por Óscar Alzaga un borrador de ley electoral, una trasposición de la vetusta pero experimentada ley maurista de 1907. Sobre aquellos cimientos, la UCD emprendió una intensa negociación con los partidos que llevó a un sistema consensuado que cumplía tres requisitos: facilitar la formación de mayorías; permitir que minorías estatales relevantes -se estaba pensando en el PCE- lograran representación significativa; y otorgar a las formaciones nacionalistas, presentes solo en sus territorios, una representación relevante en la Cámara baja. Aquel acuerdo se plasmó en real decreto-ley de 23 de marzo de 1977, que ya fue la pauta de las elecciones del 15-J y más tarde en la ley orgánica de régimen electoral, que se promulgó en 1985.

Existe un consenso politológico bastante arraigado en torno de las teorías de Duverger según el cual no hay unos sistemas electorales mejores que otros: lo importante es su estabilidad y permanencia. Hasta ahora, el modelo español ha sido invariable. Pero de la misma forma que las formaciones nacionalistas han utilizado su peso parlamentario para negociar y obtener competencias para sus territorios e incluso para reformar los equilibrios del Estado de las autonomías, todo indica que las minorías no nacionalistas también podrían utilizar su peso para forzar reformas del sistema electoral.

De hecho, es probable que tanto IU como UPyD consigan incrementar su presencia en el Congreso en las elecciones del 2012, y ambos han emprendido campaña en demanda de una reforma que acentúe la proporcionalidad. El argumento, muy elemental, era resumido así por Gaspar Llamazares: «Los ciudadanos que votan a las fuerzas políticas minoritarias ven que es necesario multiplicar por diez el número de votos de las fuerzas políticas mayoritarias para tener un número equivalente de escaños. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta casi medio millón de votos cada uno de nuestros escaños, cuando al PSOE o al PP esos mismos escaños les cuestan unos 60.000. En definitiva, en estos momentos la aplicación de la ley electoral es un escándalo democrático…» Díez y Llamazares forman en el Congreso una Numancia resistente al sistema electoral ahora vigente. La diputada de UPyD ha invocado en más de una ocasión el informe del Consejo de Estado de febrero del 2009 redactado a instancias del Ejecutivo sobre las posibilidades de una reforma de la legislación electoral. Como fórmula correctora, Díez ha defendido algunas de las opciones que figuran en el informe: aumentar el número de diputados de 350 a 400, rebajar la representación mínima inicial de dos a un diputado por circunscripción y buscar una fórmula «más proporcional» que la del método D’Hont para calcular la atribución de escaños, como la del cociente Hare, por la que se decanta el Consejo de Estado, el método del resto mayor (o cociente Droop) o el método Sainte-Lagüe.

Muchos no compartimos en absoluto estas estridentes lamentaciones porque no creemos que los sistemas mayoritarios sean menos democráticos que los proporcionales. Pero tampoco hay argumentos potentes para cerrarse en banda a una revisión de la norma siempre que se haga con un consenso de intensidad semejante al constituyente. Lo que no sería razonable es que, ocasionalmente y de manera oportunista, una minoría con súbita capacidad de presión forzara la reforma de la ley electoral en su provecho… Como, sin ir más lejos, están intentando los liberaldemócratas de Nick

Clegg, que han impuesto a los conservadores esta condición para suscribir el pacto de gobierno que ha llevado a David Cameron a la jefatura del Gobierno.

Así las cosas, nuestro debate electoral debería plantearse preferentemente antes de que concluya la legislatura, con el fin de consolidar el consenso vigente o de forjar otro nuevo. Produce inquietud la expectativa de que el equilibrio político futuro pueda depender decisivamente de que se cambien o no las reglas de juego a mitad del partido.

Para ocupar espacios públicos de opinión como este, uno tiene que apoyarse en varios supuestos básicos. Que de ciertas áreas de la realidad solo cabe opinión, es decir, conocimiento capaz de persuasión y no de demostración rigurosa. Que lo opinable tiene que ver en especial con la acción o conducta humana, lo mismo individual que colectiva, y se encuadra así en el territorio de la ética y la política. Que las opiniones, y gracias a las emociones que suscitan, orientan el comportamiento humano en un sentido o en otro. Que ya solo por eso nos incumbe el deber de depurar nuestros prejuicios y apuntalar argumentalmente nuestras opiniones. Pero que no todas las opiniones son de igual valor y el sujeto cree que algunas de las suyas serían más valiosas que otras vigentes y por eso se decide a exponerlas al público. Y a dar este último paso le mueve asimismo la confianza de que sabrá escribirlas con cierta eficacia y, para qué ocultarlo, también la necesidad del aplauso ajeno.

Lo extraño es que entre nosotros tantas personas a quienes les sobra el saber preciso para enriquecer la opinión pública desdeñen esta tarea. O bien consideran que entrar en este terreno rebajaría enseguida la altura de sus ideas, forzadas a acomodarse al lector ordinario, o que sus reflexiones nada iban a alterar la conciencia de sus conciudadanos. O bien dan por sentado que conviene evitar los juicios en tribunas públicas para librarse de los diversos riesgos que ello podría acarrear (y entre esos riesgos, el de que “los suyos de toda la vida” comiencen a mirarles con recelo…). Lo cierto es que se contentan con cultivar para sí o entre muy pocos un saber que por su naturaleza es para muchos. Se limitan a contemplar su objeto de estudio desde todos los ángulos, menos desde ese en el que ese objeto muestra el sufrimiento que produce y demanda entonces una acción justa. Así llegan bastantes a tomar por teoría pura lo que es un conocimiento de y para la práctica o la acción. Aristóteles ya nos enseñó que en ética “no investigamos para saber qué es la virtud, sino para hacernos buenos”.

Pues bien, déjenme indicarles qué clase de académicos y qué tipo de problemas públicos -entre tantos posibles- echo más en falta en la arena pública de la opinión. Para empezar por uno mismo y sus colegas, mal se comprende que los estudiosos de la democracia dejemos pasar como si tal cosa las palabras que los últimos Sumos Pontífices o las autoridades eclesiásticas de nuestro país suelen dedicar a esta forma de gobierno. En este asunto uno duda si tales palabras encierran una penosa confusión sobre su naturaleza o una dosis notable de cinismo interesado. Siempre desde la convicción de ser los depositarios de esa Verdad que ilumina incluso las instituciones públicas, las re

-cientes encíclicas papales reprochan a la democracia que en ella la verdad sea dictada por la mayoría o varíe según los diversos equilibrios políticos. ¿No habrá que disipar cuanto antes tamaño disparate entre los católicos de este país que acogen esa enseñanza?

Cambiemos de tercio. Salvo los mismos pedagogos y titulados afines, me parece que no hay gremio asociado a la enseñanza en cualquiera de sus escalones que no acumule muy serios reparos contra el despotismo (tan poco ilustrado) de la pedagogía instalada entre nosotros durante los últimos 30 años. A decir verdad, no conozco a nadie que no comparta las críticas de sus dictámenes o, entre sus partidarios, a alguien que sea al menos capaz de replicar estas críticas con cierto fundamento. Y, sin embargo, estos juicios denegatorios por regla general eluden el pronunciamiento público y con él un debate que podría aclarar las cosas. De manera que prosigue boyante el blablablá didáctico, la jerga curricular, la pedantería de las “habilidades” y demás técnicas del vacío. Hace ya algún tiempo que esa marea alcanzó también a la Universidad a la hora de dictar métodos, evaluar méritos y medir rendimientos. Aliada con el proceso de Bolonia, pronto se harán notar aquí sus estragos.

Ítem más. Son legión los historiadores, sociólogos, filólogos o antropólogos locales que se han prestado a lo largo de todo este tiempo de nacionalismo obligatorio a recuperar las señas de identidad de sus respectivas regiones o directamente a su construcción nacional. Han fingido hacer ciencia cuando hacían política, y una política injustificable. De la historia han deducido presuntos derechos históricos, lo mismo que de la toponimia de su tierra han derivado políticas lingüísticas o del folclore en extinción derechos culturales. Pero ahí están también -unos más, otros menos- los que han consentido esos desafueros, pese a disponer de razones para ponerlos en la picota. Conozco a historiadores sabedores de falsas historias que, al no ser desmentidas, han acabado consagrando hitos nacionalistas creídos a pies juntillas; a sociólogos que se avergüenzan de la calidad de tantos sondeos cuyos increíbles resultados sustentan incuestionables derechos lingüísticos…, pero que tampoco chistan. Temen que su carrera profesional y hasta su sosiego personal saldrían malparados en cuanto asomaran la nariz fuera de sus clases universitarias.

Aún está caliente la sentencia sobre el Estatut catalán como para olvidarnos de que antes y después abundaron los comentarios despectivos y hasta amenazantes. Uno de los argumentos más voceados ha sido el de que el Tribunal Constitucional no debía recortar lo más mínimo de un proyecto de reforma estatutaria que había recibido los debidos plácets democráticos. Fue entonces cuando se notó la ausencia de filósofos jurídicos y constitucionalistas, siquiera de los contrarios a aquel argumento, que hubieran enseñado lo que el ciudadano común y políticos no tan comunes seguramente ignoran. En pocas palabras, que como la mera regla de la mayoría puede adoptar decisiones enfrentadas a los principios constitucionales de libertad e igualdad ciudadanas, una revisión judicial del máximo rango se encargará de reponer esos derechos conculcados. Como en tantos otros países, los redactores de nuestra Constitución establecieron que una institución minoritaria podría prevalecer sobre algunas decisiones mayoritarias…, justamente para asegurar entre nosotros la pervivencia del orden democrático. No consta que Cataluña quedara exenta de este cuidado constitucional.

Pero habrá que poner por ahora punto final. No se extrañen si incluyo en esta lista a los fonólogos, esos especialistas en los sonidos y entonación de nuestra lengua común. Lo entenderán a poco que reparen en el tono que han impuesto durante las tres últimas décadas los locutores sin rostro de las noticias en TV (pero también las azafatas de los vuelos e innumerables telefonistas) y lo comparen con el que todos empleamos en la vida diaria. Ha nacido una nueva entonación del español, exclusiva de aquellos profesionales, y nadie parece incomodarse por ello. Le dediqué un artículo en este mismo lugar en 1988 (Darse tono) que no tuvo más eco que el silencio. Que los signos de puntuación -con los ritmos y pausas que marcan- confieren su sentido a lo relatado, que no cabe improvisar altibajos musicales a voluntad y en cualquier lugar de la frase leída, todo ello se ha vuelto normas arcaicas. Mientras los demás hablamos, ellos “locutan”, que es un modo de mostrarnos que están por encima del hablante ordinario. Y, puesto que tan horrísono sonsonete no ha podido pasar desapercibido a los oídos de fonólogos o académicos de la Lengua, ¿cómo es que alguno de ellos no levanta su autorizada voz para acabar con esas otras voces que desentonan?

Y así sucesivamente.

Si hay una conclusión que suscita inicialmente el excelente estudio colectivo de Vargas-Machuca, Pérez Yruela y otros (Calidad de la democracia en España. Una auditoría ciudadana, Ariel, 2010) es la de que la democracia como sistema político de gobierno funciona en España casi automáticamente. Por una razón muy sencilla, porque la auditoría que han hecho de la calidad de la democracia en nuestro país concluye que el sistema democrático y su capacidad de producir decisiones eficaces merece una puntuación muy superior a la que acredita la sociedad civil que utiliza ese sistema. Leído en bruto, ello confirmaría la descripción que hace ya bastantes años presentó Joseph Alois Schumpeter de la democracia como un sistema que funciona razonablemente bien sobre la apatía y desinterés, siempre que los ciudadanos cumplan con su mínimo papel en la función, que es la de optar periódicamente entre las diversas élites políticas. La democracia sería el sistema de gobierno que permite a los ciudadanos desinteresarse de la política sin correr riesgos.

En efecto, la legitimidad de la democracia entre nosotros es relativamente alta (6,48), como lo es su capacidad para producir decisiones razonablemente bien aceptadas (5,10); por el contrario, la sociedad civil que soporta a ese sistema merece tan solo una nota de 4,17 y constituye la dimensión de peor calidad democrática de todas las tomadas en consideración. Y, añadimos, peor aún sería excluyendo de valoración algunos indicadores concretos que dudosamente pueden ser considerados válidos. En concreto, el indicador del “nivel de información política” de la ciudadanía, que es de los que le “suben nota” (7,97), está deducido directamente del nivel de “consumo televisivo” de la sociedad, lo cual entraña una inferencia más que atrevida. Cuando según la Encuesta Social Europea el nivel de interés por la política entre los españoles es bajísimo (el 3,77, el peor de Europa), resulta incongruente suponer que su nivel de información política sería altísimo. Máxime cuando esa misma “encuesta” nos dice que la incompetencia política de la sociedad española es espectacularmente alta (21,58, la más elevada de Europa). Si eliminamos este indicador, así como el de “influencia de los medios de comunicación para controlar al Gobierno” -que también “sube nota” (6,08) pero que es difícil admitir que tenga relación alguna con la calidad ciudadana en sí misma-, nos quedaría una pésima nota final para la sociedad de ciudadanos de 3,07.

Valorada desde un modelo normativo de democracia, la española resulta ser una sociedad extraña. En efecto, es la que se autoubica más a la izquierda de todas las del continente, y también es una de las que más reclama de su Gobierno un intervencionismo fuerte para corregir la desigualdad social (un 80% de los españoles lo creen necesario, mientras que en Reino Unido -con un peor nivel de desigualdad según índice Gini- solo lo cree el 58%). De esta combinación debería resultar una sociedad muy reformista y activa respecto a su sistema político, pero lo que aparece es todo lo contrario: una sociedad con el índice europeo más bajo de interés por la política, muy incompetente para comprenderla, con unos niveles de asociacionismo ciudadano y de capacidad crítica para con las decisiones públicas ínfimos. Pero, colmo de incongruencia, es también una de las sociedades europeas más satisfechas con su democracia (5,82, más que la francesa o británica, igual que la alemana) y una de las más “felices” del continente en general (7,69, nota solo superada por los países nórdicos).

Una interpretación plausible de estos datos contradictorios es el “cinismo democrático”: la sociedad asume una actitud de consumidora política y se ahorra los costes de la implicación. El sistema, a su vez, estaría funcionando de una manera aceptable a pesar de (o gracias a) la absoluta carencia de “virtud ciudadana” en la población.

La cuestión no es tan sencilla, sin embargo, como pone de relieve el dato que actúa a modo de bisagra para explicar por qué una sociedad de ideas acusadamente reformistas se abstiene sin embargo de interesarse en la política: que no es otro que el convencimiento difuso de que los ciudadanos carecen de influencia sobre los Gobiernos y sobre los partidos: solo el 12% de los españoles creen que los ciudadanos tienen influencia y control sobre los políticos, contra un 64% que opina que esa capacidad es nula o muy escasa. De esta forma, el comportamiento absentista no es una extraña anomalía, sino una respuesta racional a una percepción de autoinsignificancia política: ¿para qué implicarse si no sirve de nada?

Esta explicación es congruente con los resultados que obtienen en esta auditoría los indicadores de los mecanismos de control político de que disponen los ciudadanos y, en general, los que valoran la representación política por partidos y cargos electos. Sus notas son también bajísimas, porque los ciudadanos perciben a sus representantes como muy lejanos e insensibles a sus problemas, y les pagan con un alto grado de rechazo del funcionamiento de los partidos y de desafecto y desconfianza en los propios políticos.

Todo es congruente, sí, pero como pescadilla que se muerde la cola: los ciudadanos no se implican porque no creen que sirva de nada, y el funcionamiento defectuoso de la representación y responsabilidad no hace sino confirmarles en esa opinión. Un círculo vicioso en el que las instituciones de la representación y la sociedad civil refuerzan mutuamente el lado negativo de su papel como actores relevantes del sistema político en una retroalimentación constante. Pero es también, lo subrayan los autores, una mezcla peligrosa para la salud del sistema a medio plazo: el desafecto ciudadano es el que permite a los partidos políticos adoptar comportamientos cada vez más autistas, irresponsables y sectarios. Ni siquiera la corrupción directa tiene costes electorales o de contestación apreciables. Pero un tipo de comportamientos así no puede dejar de afectar finalmente al rendimiento de las instituciones políticas.

Aunque sea desde una órbita de pensamiento aparentemente muy lejana, otro reciente libro incide en los costes del desafecto. Aurelio Arteta ha reconstruido desde la teoría ética ese papel de “espectador indiferente” (¿tolerante?) que adopta tan fácilmente el ciudadano actual ante el mal social que tiene lugar en su derredor (Mal consentido, Alianza, 2010). El trasfondo social de esa indagación es el País Vasco de estos últimos 30 años, un país rebosante de espectadores desimplicados o pasivamente consintientes de un sufrimiento humano público e injusto. Pues bien, aunque las causas y mecanismos que llevan al ciudadano a convertirse en espectador sean muy complejos (y Aurelio Arteta los reconstruye con perspicacia), no puede excluirse que la generalizada desimplicación del ciudadano español por lo político haya jugado también su papel para producir ese desalentador resultado.

Hay más: tampoco está tan claro que la auditoría de calidad del sistema democrático ofrezca unos resultados muy superiores a los de la propia sociedad civil, por lo menos si se matizan algunos indicadores. En efecto, algunos han subido mucho la nota final de la democracia patria, pero no son de valor significativo. El indicador de “legitimidad difusa” de la democracia como sistema de gobierno (8,63) demuestra sí que la ciudadanía no tiene otro horizonte mental que la democracia, pero que nada dice sobre la calidad de esta. Y a los indicadores de imparcialidad, burocratización efectiva, selección, etcétera de la Administración pública, que sacan nota alta, les pasa lo mismo; porque si bien una estatalidad estable y una burocracia adecuada son condiciones de la democracia, no son rasgos característicos de ella ni indicadores significativos de su calidad como tal. Pero si eliminamos estos indicadores de nota alta y nos reducimos a los estrictamente referentes a la calidad del Estado de derecho y al funcionamiento de las instituciones propiamente democráticas, tendríamos también aquí bastante pobre calidad.

Con lo que, al final, una sociedad civil sin músculo democrático habría producido, a través de unas élites representativas caracterizadas por sus bajas atención y responsabilidad, unos rendimientos institucionales muy pobres.

Una y otra vez, con machacona insistencia, las encuestas indican que los españoles no se fían, o no valoran, a sus políticos. A pocos pueden extrañar estos resultados. La lealtad acrítica al “líder” se enseñorea en nuestro mundo político, llegando a veces a extremos que ofenden al sentido común (todavía resuenan, imborrables de la memoria, las manifestaciones de Leire Pajín encumbrando a “acontecimiento planetario la coincidencia de Barak Obama como presidente de Estados Unidos y de Rodríguez Zapatero en la presidencia de turno de la Unión Europea”, presidencia, dicho sea de paso, que pasó con más pena que gloria). Se hacen pronósticos, y si no se cumplen no pasa nada: se transmutan, como si se tratara de prodigiosos alquimistas, en corroboraciones (algo de esto hubo en las manifestaciones que miembros destacados del PSOE hicieron después de los resultados de las primarias de Madrid). ¿Qué valor tiene la palabra de quienes de manera continua violan ese razonable requisito que el filósofo Karl Popper defendió para intentar evitar los errores: “domeñamos cuidadosa y austeramente estas conjeturas o anticipaciones nuestras”, escribió en La lógica de la investigación científica, “por medio de contrastaciones sistemáticas: una vez que se ha propuesto, ni una sola de nuestras anticipaciones se mantiene dogmáticamente; nuestro método de investigación no consiste en defenderlas para demostrar qué razón teníamos”? Aceptamos, parece, que se oiga a través de un micrófono sin cerrar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, manifestarse grosera y vengativamente sobre alguien y aceptamos el argumento de que “se trataba de una conversación privada”. Y no se nos revienta el alma cuando vemos a políticos a los que se les hace una pregunta -o que se preguntan entre sí- y que “contestan” algo que no tiene nada que ver con la cuestión planteada y sí con alguna supuesta desvergüenza del partido opuesto. En el camino, la pregunta, que podía ser interesante, queda sin contestar.

Inmersos en semejante mundo, cuando el discurso ciego a cualquier tipo de contrastación es la pauta general, pienso en el legado que vamos a dejar a los que vienen, por edad, detrás de nosotros. ¿Qué ejemplo les estamos dando para convencerles de que deben ser fieles a la argumentación lógica y a la transparencia, a la capacidad de escuchar a “los otros”? ¿Cómo voy a decirle yo a mis alumnos, cosas del estilo de “defender vuestras ideas y actos racional y argumentativamente? No olvidar someter vuestras opiniones al juicio de los hechos. Podéis estar equivocados, y lo estaréis más de una vez”, si me pueden decir, “¿qué me dice usted, es que no ve lo que sucede ahí fuera, en la vida real?”.

Mientras pensaba en estas cosas, me vino a la memoria que este año se cumple el centenario de la publicación del primer volumen (los dos restantes aparecieron en 1912 y 1913) de una obra ejemplar por lo ambiciosa: Principia Mathematica, de Alfred North Whitehead (1861-1947) y Bertrand Russell (1873-1941). El objetivo último de esta obra era reducir toda la matemática -y la aritmética en especial- a los principios de la lógica, una de las más limpias construcciones humanas. El esfuerzo que sus dos autores emplearon en intentar llevar adelante este programa fue extraordinario. Desgraciadamente, fracasaron, como demostró, en particular, Kurt Gödel en su célebre artículo de 1931 (Sobre sentencias formalmente indecidibles en ‘Principia Mathematica’ y sistemas afines), en el que demostró que es imposible formalizar la aritmética en un sistema consistente de axiomas y reglas de inferencia.

Posiblemente algunos se pregunten si merece la pena celebrar una obra que no logró lo que buscaba. Sí, sin duda. Y por eso quiero recordarla, en esta época en la que tanto se honra a los vencedores (“nadie se acuerda de los que quedan en segundo lugar”, reza una frecuente, e injusta, frase). No consiguió su fin, pero por lo riguroso de sus análisis lógicos y la ambiciosa meta que perseguía se convirtió en una referencia obligada de toda la lógica y la filosofía de la matemática posteriores. Más aún, como refleja su título los Principia Mathematica hicieron posible el artículo de Gödel, que contiene uno de los resultados más profundos de la historia del pensamiento. En este sentido, es oportuno recordar lo que el 2 de julio de 1963 escribió una matemática estadounidense, Alice Mary Hilton, a Russell: “Estoy segura de que Principia Mathematica no será olvidado mientras exista una civilización que conserve los trabajos de las mentes realmente grandes”.

No sabemos mucho de los sentimientos de Whitehead, pero sí de los de Russell. En un libro delicioso, al que tengo especial aprecio, Apología de un matemático (1940), Godfrey Harold Hardy, recordó algo que le contó el propio Russell: “Puedo recordar a Bertrand Russell contándome un terrible sueño. Estaba en el último piso de la biblioteca de la universidad, y corría el año 2100. Un asistente de la biblioteca iba recorriendo los estantes llevando un enorme cubo de basura, iba sacando libro tras libro, les echaba un vistazo y, o bien los devolvía a su sitio o bien los arrojaba al cubo. Finalmente, llegó a los tres grandes volúmenes que Russell pudo reconocer como la última copia existente de los Principia Mathematica. Sacó uno de los volúmenes, pasó unas cuantas páginas, por un momento pareció sorprendido por los curiosos símbolos, cerró el volumen, lo sopesó en su mano, titubeó…”.

Me gusta recordar también el esfuerzo de Whitehead y Russell bajo otra perspectiva, una que presta más atención que a los resultados al método que siguieron. Principia Mathematica buscaba un fin, sí (reducir la matemática a la lógica), pero los medios, el procedimiento que se seguía en él, las técnicas y definiciones lógicas que se empleaban, eran inviolables, más importantes que el fin buscado, que, a la postre, acaso podría no ser cierto (no lo fue). En este sentido, es posible contemplar a los Principia Mathematica como una metáfora relevante para el presente, el presente de la llamada posmodernidad.

La modernidad que los ilustrados del siglo XVII defendieron rechazaba la idea de que el fin justifica los medios, manteniendo firmemente que los medios tienen primacía sobre los fines. Para ellos la obediencia a las leyes (leyes justas), proceder metódicamente de acuerdo a un método adecuado y transparente, era prioritario. Como insistió, por ejemplo, John Rawls en Teoría de la justicia (1971), la justicia es en última instancia seguir fielmente un procedimiento correcto, en, naturalmente, un sistema político y judicial democrático y no viciado. Por esto, la ciencia -en la que los fines se subordinan rigurosamente a los medios, a los procedimientos- fue el modelo más admirado en la modernidad, el ejemplo que debían imitar otras empresas sociales y culturales.

La posmodernidad ha cambiado esto. En ella, los medios se subordinan a los fines. Parece como si la fe en los medios, en el método, en los procedimientos, hubiese desaparecido. Todos esos políticos de los que hablaba al principio, constituyen un buen ejemplo de semejante espíritu. No importa dar la espalda a la racionalidad discursiva, no enfrentarse a las preguntas inconvenientes, dar la vuelta a los argumentos que ayer se utilizaban. Resistir es la norma. Resistir sea como sea, sin necesidad de mantener alguna coherencia interna. Los fines son el bien supremo, los medios un instrumento maleable y dúctil. Hay que vencer. Solo el ganador es valorado y recordado. El fin justifica los medios. Si hay que hacer trampas se hacen, y, naturalmente, se niega que se hacen (me viene aquí a la mente, todos esos futbolistas -y son, por desgracia, un modelo importante para la sociedad- a los que se ve levantar las manos y poner un gesto de inocencia, como si no hubiesen hecho nada malo, que sí lo han hecho, como se ve las más de las veces cuando se repite la jugada a cámara lenta).

No hay que esforzarse mucho en argumentar que poner los fines por encima de los medios constituye una perversión que puede destruir una sociedad. Tal vez sí que haya que detenerse más en señalar que el éxito en una empresa no es siempre lo único que se recuerda. También recordamos, debemos recordar, a los que se esforzaron en empresas exigentes. Aunque fracasasen. Como Whitehead y Russell en Principia Mathematica.

Tras dos años de reflexión, el PSOE y el PP han acordado promover cambios en el sistema electoral. Pero las reformas orientadas a aumentar la proporcionalidad -demandadas tanto por los partidos pequeños de ámbito estatal como sugeridas por el Consejo de Estado- se han quedado nuevamente en el tintero. El sistema electoral español es uno de los más “mayoritarios” dentro de los sistemas “proporcionales”. Si bien es ampliamente reconocida la disfuncionalidad que esto genera en términos de representación, sus defensores argumentan que, como contrapartida a la desproporcionalidad, existen claros beneficios para la estabilidad y la gobernabilidad política.

En efecto, la estabilidad defendida por los grandes partidos es, a primera vista, una cualidad positiva del sistema político, pues la fragmentación del Parlamento -inducida por una mayor proporcionalidad en el reparto de escaños- tendería a dificultar la construcción de mayorías.

No obstante, la disyuntiva entre proporcionalidad y estabilidad no debe exagerarse. Esta tensión se debilita al mirarse con perspectiva temporal; la estabilidad, desde un punto de vista dinámico, puede devenir en rigidez. Un sistema con poca proporcionalidad aumenta los costes (voto/escaño) para los partidos pequeños, generando barreras a la entrada para nuevos competidores. Esto dificulta una adecuada incorporación de las preferencias de los electores, ya sea directamente a través de los nuevos partidos o indirectamente a través del movimiento de las formaciones existentes ante la amenaza de potenciales competidores.

La estabilidad no solo debe asociarse a la construcción de mayorías en el corto plazo, sino también a la capacidad del sistema de adecuarse de manera flexible a las demandas de los ciudadanos en el largo plazo. Al igual que en la física, los materiales siempre deben mantener algún grado de flexibilidad para ser resistentes; la rigidez los vuelve vulnerables.

El sesgo mayoritario del sistema electoral español ha favorecido a los dos grandes partidos en desmedro de los pequeños. El coste de votos por escaño es al menos cinco veces mayor para IU y UPyD comparado con el PSOE o el PP. Conjuntamente, estos dos partidos mayoritarios han aumentado sistemáticamente su fuerza en el Congreso durante las últimas décadas, pasando del 80% de los diputados en 1989 al 92% en 2008. No sorprende, pues, que el sistema español se defina como bipartidista junto a países como Estados Unidos o Chile. De hecho, la experiencia de estos países ilustra algunas consecuencias no deseadas del exceso de estabilidad.

El caso de Estados Unidos ha sido ampliamente discutido. El país norteamericano muestra una escasa variabilidad de políticas entre gobiernos demócratas y republicanos. Las barreras a la entrada de terceros partidos -generadas por un sistema “mayoritario”-, junto a numerosas instituciones con poderes de veto, hacen que el sistema político norteamericano sea extremadamente rígido en cuanto a las posibilidades de cambiar el statu quo.

Al mismo tiempo, la desafección electoral es notoria: la participación electoral no sobrepasa los dos tercios en las elecciones presidenciales, y difícilmente sobrepasa el 50% en las legislativas.

El caso de Chile, aunque menos conocido, es aún más extremo. Dos coaliciones, que operan en la práctica como partidos dado su alineamiento parlamentario, se han repartido el Congreso desde el regreso de la democracia. La Concertación y Alianza han ocupado exactamente los mismos escaños en el Senado desde 1993, evidenciando una escasa competencia. Este inusual reparto es el efecto de un sistema electoral “proporcional” de carácter muy “mayoritario”, dado que los chilenos eligen tan solo dos diputados por distrito (“binominal”). El desinterés ciudadano por esta competencia pactada ha generado una baja sostenida del 30% en la participación y una fuerte desafección de los ciudadanos, particularmente entre los jóvenes.

La reforma al sistema electoral español debería considerar el grado de estabilidad y con ello el carácter bipartidista del actual modelo. Al respecto, las modificaciones que aumenten la magnitud de los distritos -sean estos tanto provincias como comunidades autónomas- tendrían un efecto positivo sobre la competencia y la flexibilidad del sistema de partidos. Esto se debe a que la elección de escaños es menos costosa en términos de votos, lo que beneficiaría a los partidos emergentes. No obstante, otras reformas en pos de una mejor representatividad podrían ser ambiguas en este mismo sentido. Por ejemplo, una de las propuestas de IU -disminuir el número mínimo de escaños por distrito de dos a uno-, tendría efectos contrarios en circunscripciones grandes y pequeñas. En las primeras, aumentaría el número de diputados elegidos, beneficiando la competencia. Pero en las segundas, aquellas provincias de menor población donde PP y el PSOE se reparten casi automáticamente las bancadas, disminuir el número de escaños solo contribuiría a aumentar la concentración de partidos.

Es cierto que la actual ley electoral impone estabilidad al sistema, pero dicha estabilidad no debe confundirse con rigidez. Un sistema estable garantiza la gobernabilidad, pero también debe permitir una evolución dinámica y flexible en la representación política. Un sistema rígido, por el contrario, no permite la canalización del conflicto, generando mayores inestabilidades en el largo plazo. La desafección ciudadana, sin duda, la primera de ellas.

Hace cuatro años, un informe del BID sobre el desarrollo en Latinoamérica lo relacionaba no tanto con la corrección o el acierto de las políticas -económicas, educativas, sociales, medioambientales, etcétera- de los gobiernos como con lo que llamaba «la política de las políticas». Se refería con esta expresión a los modos de hacer política, a los procesos mediante los que se discuten, adoptan, ejecutan y evalúan las decisiones de interés general. Su calidad depende de variables como la transparencia, la deliberación, el consenso, la protección frente a la captura por intereses particulares, la coordinación, la eficiencia, la visión estratégica e incluso la capacidad de rectificar. Estos atributos de lo que hemos empezado a llamar gobernanza influyen decisivamente, más allá del acierto técnico de tal o cual política concreta, en el desarrollo económico y humano de los países. Si usáramos este enfoque en nuestro entorno, descubriríamos probablemente ciertas claves de nuestra dificultad colectiva para afrontar la crisis y algunas causas de fondo de la desafección ciudadana respecto de la política. El reciente episodio del almacén de residuos nucleares puede servir para ilustrarlo.

En realidad, la controversia sobre la necesidad de esta infraestructura ha sido más bien escasa. La única alternativa para evitar la saturación de las piscinas que contienen los residuos de las centrales en funcionamiento sería su paralización total, y esta medida contaría con un apoyo muy minoritario. Lo que se discute, en realidad, es la ubicación, y es en este debate, apenas camuflado a veces con consideraciones técnicas, donde sale a relucir la baja calidad de nuestros modos de hacer política.

Curiosamente, en este caso la decisión de los afectados directos -los municipios que compiten por las contrapartidas a la instalación- es ignorada por los partidos en sus organizaciones de ámbito autonómico. Para estos, simplemente, es más cómoda la negativa a una instalación impopular que el esfuerzo que representaría la argumentación contraria. La perspectiva temporal se acorta drásticamente. Un asunto de capital importancia, cuyos efectos se proyectan a un futuro lejano, se valora en función de sus posibles efectos sobre algunos miles de votos dentro de ocho meses. El efecto, en términos de pedagogía política, es demoledor. Esos políticos que hoy dan lecciones de insolidaridad territorial son los mismos que tendrán que convencer mañana a los ciudadanos sobre la necesidad de instalar en su ciudad o barrio una prisión, un centro de atención a drogodependientes o cualquier otro equipamiento percibido como una amenaza.

Un puñado de anécdotas poco edificantes salpica el proceso de decisión. Un ministro de Industria que, cual mal estudiante, suspende la asignatura principal del curso. Una vicepresidenta del Gobierno que bloquea la iniciativa en el Consejo de Ministros de un modo que hace pensar en sus intereses de candidata a diputada por una determinada circunscripción. Un presidente de comunidad autónoma que no se pone al teléfono cuando le llama el ministro, probablemente temeroso de que la oposición local -del mismo partido que el ministro- le reproche alguna clase de debilidad. Un político de una comunidad autónoma vecina que se apresura a cantar victoria pero no explica cuál es la alternativa para el inminente desborde del depósito de una central instalada en su territorio. En definitiva, un sistema que muestra poca consistencia para afrontar, con madurez y eficacia, uno de tantos problemas colectivos complejos como pueblan la gobernanza contemporánea.

En este panorama, uno de los rasgos más preocupantes es la bajísima capacidad que muestra nuestra esfera pública para albergar consensos. Desde la transición, podemos constatar dos fenómenos aparentemente contradictorios. Por una parte, las diferencias ideológicas entre las fuerzas centrales del sistema político se han ido difuminando. Por otra, paradójicamente, se ha debilitado su aptitud para llegar a acuerdos sobre casi cualquier materia. La necesidad de diferenciarse induce a la producción de argumentos banales y formas crispadas y excluye, salvo en contadas ocasiones, el pacto. Lo peor es cuando entra en juego la dimensión territorial. Entonces, el cálculo electoral ocupa todo el espacio de la política, divide a los mismos partidos, como ocurre con el debate del agua, y traslada a su interior la insufrible retórica del agravio localista.

La democracia, recuerda Amartya Sen, es ante todo discusión. La existencia de posiciones discrepantes es un requisito para dos ingredientes fundamentales de la democracia: la deliberación pública y la alternancia en el Gobierno. Ahora bien, la discusión debiera basarse en el razonamiento y la argumentación, no en el puro interés táctico a corto plazo. La deliberación puede y debe conducir en ciertos casos al consenso. Una sociedad cuya «política de las políticas» no encuentra nunca el camino del acuerdo carece de un recurso colectivo imprescindible para afrontar con éxito los grandes temas de la agenda pública de nuestro tiempo.

La potestad legislativa, el control del Gobierno y el impulso político a la acción del poder ejecutivo son las funciones esenciales que dan sentido a los parlamentos democráticos. De cómo se ejerzan depende, y mucho, la calidad de las formas de gobierno basadas en la democracia representativa. En el juego institucional de frenos y equilibrios (check and balances) que caracteriza a las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, el control del primero sobre el segundo juega un papel decisivo para que la institución parlamentaria acredite su condición de órgano depositario de la soberanía popular, con independencia de que el Gobierno goce o no de una cómoda mayoría parlamentaria para dirigir la política del Estado y aplicar las leyes.

Sin ignorar que la evolución institucional de los sistemas democráticos ha ubicado al Parlamento en una posición no precisamente hegemónica, lo cierto es que en la lógica del sistema representativo, ya sea en los sistemas presidencialistas (Estados Unidos), semipresidencialistas (Francia,) o parlamentarios (España), el Parlamento tampoco puede comportarse como un mero correveidile del Gobierno. Y el ejercicio de la función de control es un buen test para demostrar que no le va a remolque. Porque en ello está en juego la relevancia del derecho fundamental a la participación política que ejercen los parlamentarios en nombre de la soberanía popular o, lo que es igual, la efectividad del ius in officium, esto es, el derecho al ejercicio del oficio representativo.

Esta reflexión general sirve como necesario preámbulo al comentario que suscita la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, 44/2010, de 26 de julio, por la que ha anulado diversos acuerdos de la Mesa de las Cortes valencianas, que desestimaban los recursos de reposición interpuestos contra resoluciones de dicha mesa por las que se inadmitían a trámite algunas preguntas formuladas al Gobierno valenciano por el Grupo Parlamentario Compromís (Esquerra Verda y Bloc Verds), y también una proposición no de ley presentada por el mismo grupo. El tribunal ha resuelto que las decisiones negativas de la Mesa de las Cortes, el órgano de gobierno del Parlamento valenciano, carecían de motivación, es decir, de una mínima justificación, razón por la cual violaban el derecho a la participación política en condiciones de igualdad del artículo 23.2 de la Constitución.

De las cuatro preguntas rechazadas por la mesa, dos de ellas versaban sobre la eventual realización de contratos por diversas consejerías del Gobierno con una serie de empresas relacionadas con la investigación judicial sobre el llamado caso Gürtel; una tercera se refería a unos vertidos tóxicos, y la última, a unas adjudicaciones de licencias de radio y televisión y a un plan de emergencia exterior. Por su parte, la proposición no de ley pretendía proponer el reconocimiento público a Francesc Bosch i Morata, que fuera consejero de Cultura del Consejo Provincial de Valencia durante la Segunda República. Respecto de las preguntas, el tribunal reconoce que la mesa no motivó su rechazo, limitándose a transcribir de forma lacónica y estereotipada los artículos del reglamento parlamentario, «sin especificar por qué procede su aplicación al caso concreto». E idéntica falta de justificación se produjo respecto de la proposición no de ley, al argüir, sin más, que su contenido no era propio de este instrumento de impulso a la acción del Gobierno, de tal manera que las Cortes, dice el tribunal, «desde la óptica de la representación democrática estarían obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las diversas fuerzas políticas» sobre dicho tema.

La facultad de formular preguntas al Gobierno es una de las formas habituales del control parlamentario sobre el Ejecutivo. Como recuerda el tribunal, se trata de una actividad del diputado o senador que «pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria, pues la participación en el ejercicio de la función de controlar la acción del Consejo de Gobierno y su presidente y el desempeño de los derechos y facultades que la acompañan constituyen manifestaciones relevantes del ius in officium del representante». Si ello es impedido con una manifiesta ausencia de justificación por parte del propio órgano de gobierno de la Cámara, no solo se viola el derecho de participación política del representante electo, sino que, implícitamente, también queda enervada la base democrática del sistema, que nunca puede permitir que sus instituciones actúen de forma arbitraria. Como ha reiterado el tribunal, el derecho de participación política de todos los ciudadanos queda vacío de contenido o sería ineficaz si el representante político se viese privado o perturbado en el ejercicio de sus funciones.

Dado que la legislatura de las Cortes valencianas no ha terminado, el derecho que el tribunal ha reconocido a los diputados de Compromís habrá de permitir que sus iniciativas sean estudiadas seriamente –ahora sí– por la Mesa de las Cortes y sus servicios jurídicos, a fin de reparar el daño causado.