La lección fue aprendida y a partir de ese momento todo el proceso de construcción del Estado autonómico ha estado presidido por la búsqueda de una legitimidad que resultara aceptable para el conjunto de la sociedad española. Así ha sido a lo largo de más de 30 años. Pues no solo hay que tomar en consideración los dos pactos autonómicos (1981 y 1992), sino los que han precedido a las sucesivas reformas de la LOFCA así como los específicos que ha habido que alcanzar para la financiación de la sanidad. Lo que se ha hecho, lo hemos hecho entre todos. Y la valoración ha sido extraordinariamente positiva hasta fecha muy reciente. Ahí están los resultados de todos los estudios de opinión y las actas de la última conferencia de presidentes de comunidades autónomas celebrada en el Senado en el 2007. El Estado autonómico ha sido valorado de una manera generalizada no solo como el más legítimo, sino como el Estado más eficaz de toda nuestra historia.

Desde el 2008 empieza a cambiar la percepción que se tiene del ejercicio del derecho a la autonomía y desde el 2010 desciende significativamente la valoración positiva ciudadana respecto del mismo. No tiene nada de extraño. De los tres niveles de nuestra fórmula de gobierno, el estatal y el municipal son derecho natural, por así decirlo, mientras que el nivel autonómico es derecho artificial, que tiene solo 30 años. Hacer responsables a las autonomías de las dificultades por las que estamos atravesando es lo más fácil. Pero que sea lo más fácil no quiere decir que sea lo correcto. Las comunidades autónomas son una pieza esencial en la legitimación democrática del ejercicio del poder. En teoría, se podría prescindir de su concurso absorbiendo una parte de sus competencias el Estado y otra los municipios, pero en la práctica no es así. Los fantasiosos ahorros a los que hizo referencia la presidenta de Madrid si se centralizaba el ejercicio de competencias autonómicas son eso, pura fantasía, que carecen de cualquier aval científico. En el caso de que se decidiera imponer una centralización de dichas competencias, el coste de legitimidad resultaría insoportable. Hasta aquí hemos llegado con el concurso de todos y tenemos que salir también contando con todos. No hay fórmulas milagreras. La intervención de las comunidades autónomas es una de ellas. O se consigue un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, distribuyéndose de manera territorialmente equitativa los ajustes que sean precisos, o caminamos directamente hacia la desintegración del Estado. No podemos sustituir un Estado que se ha construido con la legitimidad de todos por otro impuesto unilateralmente por una mayoría parlamentaria, por muy absoluta que sea. El momento para pensar en una operación de esta naturaleza es el peor de los posibles. Hay otras crisis de legitimidad en órganos constitucionales, que afectan a la jefatura del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, que desaconsejan abrir otro frente tan deslegitimador como sería el desapoderamiento de las autonomías en beneficio del Estado.

No cabe duda de que estamos ante una situación de emergencia. Pero en tales circunstancias es cuando resulta más inexcusable la reafirmación de la legitimidad en el ejercicio del poder. No hay alternativa a buscar soluciones susceptibles de ser aceptadas por una mayoría muy amplia tanto en términos de población como en términos territoriales. Si no confiamos en nosotros mismos, difícilmente conseguiremos que confíen los demás. Y esto ocurrirá inevitablemente si damos marcha atrás en el ejercicio del derecho a la autonomía que ha sido el instrumento más eficaz en toda nuestra historia constitucional para legitimar el ejercicio del poder. Como dijo Miquel Roca en las Cortes Constituyentes, el derecho a la autonomía es lo que da sentido a la unidad política de España. A la unidad de una España democrática, por supuesto.

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional

No es extraño que dirigentes catalanes como Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida, desde sus posiciones nacionalistas excluyentes, hayan menospreciado a Andalucía, tildando su autonomía de “artificial”, jaleados por quienes, desde el PP, devotos de su única y patriotera nación española, coquetean, sin embargo, con comunidades autónomas de ribetes soberanistas, mientras amenazan a Andalucía, que siempre cumplimentó el mandato constitucional de solidaridad entre autonomías.

El signo de izquierdas de la nueva Junta de Andalucía, como consecuencia del sabio ejercicio del derecho al voto de los andaluces el 25-M, capaz de alterar los resultados anticipados por las encuestas demoscópicas, va a ofrecer una prueba más de la salud democrática de Andalucía: se va a ensayar, para salir de la crisis, un modelo de medidas socioeconómicas contrario a las privatizaciones de los servicios esenciales y que mantenga la prioridad de la educación y la sanidad en el sector público. Como explicó José Antonio Griñán en su discurso de investidura ante el Parlamento andaluz, reducirá en 2.696 millones de euros el presupuesto de 32.020 millones previsto para 2012, pero aseguró que buscará fórmulas para ahorrar, sin recortar derechos básicos adquiridos por los andaluces a lo largo de las tres últimas décadas.

Es preciso remontarse en el tiempo para entender de dónde proviene esa sabiduría electoral del pueblo andaluz, que le sirvió para salir de su historia de caciques, señoritos, miseria, abandono y engaño, perpetrada por la derecha tradicional española, y a la que de ninguna manera ha querido regresar, aunque los viejos lobos se vistieran ahora con la piel de cordero del “cambio” (¿el cambio suyo?, cabía preguntar). Prefirió el eslogan socialista —“Andalucía por el camino seguro”—, aderezado con la presencia en la Junta de Izquierda Unida, para consolidar un poder exigente, vigilante consigo mismo y capaz de erradicar conductas fraudulentas como las de los ERE.

Todo empezó cuando la Constitución abrió la puerta a las autonomías y Andalucía aprovechó la oportunidad para introducirse de lleno. No fue tarea fácil. Unión de Centro Democrático (UCD), comprensiva con el País Vasco y Cataluña (no así con Galicia, también nacionalidad histórica, pero con menos tradición nacionalista; azotada, como Andalucía, por el paro, la emigración y el subdesarrollo, y carente de una burguesía capaz de producir un partido análogo al PNV), puso todos los palos que pudo en las ruedas de la iniciativa andaluza, empeñada en equipararse al techo autonómico pactado para los estatutos de Gernika y de Sau.

UCD mantuvo la fecha del 28 de febrero de 1980 para la celebración del referéndum de iniciativa autonómica de Andalucía, comprometida por Adolfo Suárez con el líder andaluz Rafael Escuredo. Pero a partir de ahí trató de que la consulta a los andaluces demostrara el fracaso de quienes trataban de equipararse a los nacionalistas pata negra. Se aprobó urgentemente una ley sobre las diversas modalidades de referéndum, que acentuaba las difíciles exigencias constitucionales para el acceso al mismo nivel de autonomía de las nacionalidades históricas.

La necesidad de obtener más del 50% de síes sobre el total del censo en cada provincia significaba una barrera casi insuperable, especialmente cuando UCD, el partido que sostenía al Gobierno que convocaba el referéndum, pedía a los ciudadanos llamados a las urnas que se abstuvieran de votar. Y los votantes andaluces que, a pesar de todo, desearan votar, tenían que vérselas con la siguiente pregunta, políticamente siniestra, literariamente esperpéntica, y que parecía inspirada por los hermanos Marx: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. Ni una mención a las palabras “Andalucía” y “autonomía”, esenciales para votar.

El resultado favorable a la iniciativa autonómica de Andalucía desbordó todas las previsiones. El proceso concluyó con la aprobación del estatuto de autonomía en 1981 y con sucesivos gobiernos de izquierda en la Junta de Andalucía, desde las primeras elecciones autonómicas del 23 de mayo de 1982 hasta las últimas del 25-M. El libro Del consenso al desencanto, que publicamos a principios de 1981 Soledad Gallego-Díaz y yo, prologado por Juan Luis Cebrián, recogía en caliente aquella voluntad frustrada de frenazo político al pueblo andaluz, que sintetizó la entonces responsable de autonomías del PSOE, María Izquierdo Rojo: “Se trata pura y simplemente de una vuelta a las fuentes antiautonomistas de UCD, comunes a los planteamientos de toda la derecha más reaccionaria española”.

Bonifacio de la Cuadra.

A primera vista, el retraimiento autonómico, que afecta a todos los estatutos no refrendados, contrastaría con la efervescencia soberanista que podría desatarse en Catalunya y Euskadi. Lo cual, aun operando tan sólo como hipótesis o a modo de amago, propiciaría una mayor diferenciación entre unas y otras autonomías. La volatilidad ideológica de un Estado que ya nunca será de las autonomías y sus problemas financieros han realimentado la pulsión nacionalista. El pacto fiscal ha pasado de ser una aspiración a enarbolarse como la única forma de zanjar el contencioso sobre el retorno de los impuestos que pagan los catalanes cuando la Generalitat dice verse obligada a introducir recorte tras recorte. Por su parte, el abertzalismo presenta la situación económica en el resto de España como un lastre para las expectativas que podría albergar una Euskadi que ha vuelto a la recesión; una razón no exenta de jactancia que se añade a su periódico recordatorio de que persigue cortar amarras. La certeza de que el País Vasco está soportando la crisis mejor que las demás comunidades autónomas gracias al concierto y al cupo constituye un argumento definitivo para avalar la pertinencia del pacto fiscal. El nacionalismo tiende siempre a simular que está a punto de desatar el nudo. Pero continúa aferrándose al principio de realidad que indica que España no es un contexto fallido a punto de desmembrarse, porque sabe que ello arrastraría a Euskadi y a Catalunya.

El soberanismo no se basa tanto en el ansia por dotarse de un poder independiente como en el rechazo que provoca verse subsumido en el sistema constitucional con el mismo estatus que el resto de las comunidades autónomas. El desarrollo autonómico ha suscitado entre los nacionalistas la necesidad de diferenciarse de quienes se han dotado de un nivel de autogobierno similar al que ellos reivindicaban al comienzo de la transición. Por eso mismo, el retraimiento autonómico, preconizado abiertamente por Esperanza Aguirre y practicado por los dirigentes territoriales de su partido con responsabilidades de gobierno, devuelve en cierto modo a los nacionalistas la singularidad difuminada con el café para todos y, en esa misma medida, puede atemperar la tensión soberanista.

Aunque esa tensión se ve limitada también por la pluralidad social y política que representan Catalunya o Euskadi, tan o más diversas que lo que puede ser España en su conjunto. Fuera de ese amplio cauce central en el que la ciudadanía se manifiesta satisfecha de la autonomía realmente existente y predispuesta a recabar más atribuciones de autogobierno, la idea de un Estado propio o de un estatus político aún más diferenciado introduce la tensión en el seno de la propia sociedad vasca o catalana. De ahí que no resulte fácil imaginar que Catalunya se haga con el concierto y a las malas opte por retener el cupo mientras llega a un pacto con Madrid. Del mismo modo que el previsible cambio político que se dará en Euskadi tras la participación de la izquierda abertzale en los próximos comicios autonómicos difícilmente encontrará una fórmula de desenganche del Estado constitucional que no suponga la ruptura social y territorial del país de los vascos. En cualquier caso, hay una línea que los compromisos respecto al déficit no podrán traspasar sin cuestionar el carácter democrático de la España autonómica y sin poner en peligro su integridad territorial. Es la línea que Rajoy trata de sortear a su modo, aunque sin otra garantía que la de su contención verbal.

Kepa Aulestia.

Este movimiento tiene, por emplear la terminología de Pierre Rosanvallon, un fuerte componente “contrademocrático”, no en el sentido de que se oponga a la democracia, sino porque aporta una forma de actuación democrática no institucionalizada, que expresa de manera directa las expectativas y decepciones de nuestra sociedad. Porque, además de la democracia institucional de legitimidad electoral, existe, y es necesaria, una forma de democracia de contrapeso, un contrapoder articulado a partir de los movimientos sociales, que sirva para mantener la lealtad al interés general por parte de las instituciones. Y a la hora de valorar el grado de participación política de una sociedad, no se puede reparar solo en el número de personas que votan en los procesos electorales, sino que debe tenerse en cuenta también la asistencia a las concentraciones y manifestaciones, el respaldo a iniciativas legislativas populares, la demanda de consultas ciudadanas, el activismo electrónico… Por todo ello, si analizamos lo que ha ocurrido en el último año en España, pero también en Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia, Portugal, Italia y, por supuesto, en países árabes como Túnez o Egipto, se puede concluir que la pasividad ciudadana es un mito.

Entre otras razones, porque frente a lo que en no pocas ocasiones se dice, el 15-M, además de un movimiento de protesta, lo es también de propuesta y ha contribuido a revitalizar el debate democrático, evidenciando la aspiración a que el discurso político que se expresa y construye en las plazas y calles sea escuchado en las instituciones de gobierno. Por eso, y aunque se ha hablado mucho de la influencia del opúsculo Indignaos, seguramente en el 15-M hay, de manera consciente o no, mucho más de Habermas que de Hessel; no en vano es Habermas el que reclama una democracia deliberativa en la que los procesos de formación de la voluntad política institucionalizada estén conectados y abiertos a una opinión pública no formalmente articulada.

Cabe recordar que las manifestaciones del 15 de mayo de 2011 fueron encabezadas con pancartas en las que se leía “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” y para alcanzar unos objetivos que en absoluto pueden considerarse “anti-sistema”. Es probable que, un año después, hayan cobrado todavía más legitimidad: 1. Eliminación de los privilegios de la clase política (supresión de privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones, eliminación de la inmunidad asociada al cargo, publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos, reducción de los cargos de libre designación…); 2. Lucha contra el desempleo (reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral, bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal, imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos, restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración…); 3. Derecho a la vivienda (ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos, que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas…); 4. Servicios públicos de calidad (supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos, contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera, contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, financiación pública de la investigación para garantizar su independencia, transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible, aplicación efectiva de la Ley de Dependencia…); 5. Control de las entidades bancarias (elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión, devolución a las arcas públicas de todo el capital público aportado a los bancos, regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria…); 6. Fiscalidad (aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias, eliminación de las SICAV, recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales, promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales -tasa Tobin-); 7. Libertades ciudadanas y democracia participativa (abolición de la Ley Sinde, protección de la libertad de información y del periodismo de investigación, referendos obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos, modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos) y 8. Reducción del gasto militar.

Este carácter propositivo del 15-M permite calificarlo como un movimiento político y no puramente populista, pues la preocupación por vigilar la acción de los poderes y someterlos a la crítica no se ha transformado en una mera estigmatización de los gobernantes. Desde luego no parece exagerado atribuir a este movimiento parte importante de la consecución de algunos cambios en el ámbito legal, como la obligación de que se haga público el patrimonio de diputados o senadores, el desbloqueo de una iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago o la aprobación de un Anteproyecto de Ley de Transparencia —poco transparente dicho sea de paso—.

Es, asimismo, bien conocida la actuación llevada a cabo por las asambleas y grupos vinculados al 15-M para que se conozca la precaria situación de miles de familias que han sido desahuciadas de sus viviendas o están pendientes de procesos que podrían desembocar en ese resultado. Al mismo tiempo se han paralizado varios desahucios y se ha presionado para que tanto el Gobierno como algunas entidades bancarias reconozcan la magnitud de este problema y esbocen algunas medidas para paliarlo.

Por todo ello, y sin olvidar la comisión de innegables errores organizativos, estratégicos y de funcionamiento, no parece exagerado concluir que este movimiento ha contribuido, en estos tiempos especialmente difíciles, a recuperar la promesa de la política de la que hablaba Arendt.

Miguel Ángel Presno Linera es profesor titular de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo e integrante de la Asamblea del 15-M de Pola de Siero (Asturias).

Se trata de una crisis nacional que, en el fondo, es mucho más grave que la económica. Una crisis que se viene incubando hace largo tiempo: desde el fiasco del nuevo Estatut de Catalunya (2006), como es obvio, pero antes ya desde la LOAPA (1982) y, si queremos bucear en los orígenes, en realidad desde las guerras carlistas o desde la Constitución de Cádiz (1812), admirable, pero efímera. La prudencia aconseja quitar hierro, pero la cuestión es si, por negarnos a intervenir, no estaremos haciendo imposible la recuperación del enfermo.

Porque esto es actualmente España, un país enfermo. Ya lo estuvo, claro, fue el enfermo de Europa en la segunda mitad del siglo XVII, con síntomas parecidos a los de hoy: disgregación territorial; hundimiento económico provocado por una deuda astronómica y una economía improductiva; pérdida de influencia política en el mundo; retroceso de la cultura. El pasado nunca se repite y también existen diferencias evidentes, como el papel desempeñado por España en el mundo: puntero, entonces; irrelevante, ahora. Pero la tendencia a abandonar el barco es una constante que se repite, como también vuelven los intentos centralizadores que antaño culminaron con la llegada de los Borbones y hoy se insinúan en las posiciones extremas de la derecha o de la izquierda y en los medios de comunicación que las sustentan.

Vale la pena reflexionar sobre las palabras del señor Mas. Según él, las únicas comunidades autónomas que requieren un Estatuto especial son Cataluña y el País Vasco. Me permito discrepar de su opinión, aunque pienso que hay que concederle parte de razón. Desde el siglo XIX, Cataluña y el País Vasco se singularizaron con un perfil nacionalista específico: por ello lograron la aprobación de sus Estatutos de autonomía en la II República y por ello siguen constituyendo casos especiales. Sin embargo, su especificidad no es algo exclusivo y el problema no se resolvería satisfaciendo tan solo sus reivindicaciones, como si las de los demás fuesen algo caprichoso.

A ver si nos entendemos. Las 17 comunidades autónomas que fueron aprobadas al socaire de la Constitución son un disparate, si lo que se pretende es que cualquiera de ellas merece tantas competencias de autogobierno como Cataluña o el País Vasco. Es evidente que el café para todos promovido por la UCD pretendía disimular las transferencias estatales a dichas comunidades —que parte de la sociedad española de entonces (y de ahora) rechazaba— haciéndolas extensivas a todo el mundo. Pero entre los beneficiarios de esta ampliación infundada existen muchos grados y sería radicalmente injusto tratarlos por igual. Considérese el caso de Galicia. Es verdad que históricamente perteneció a Castilla-León durante siglos y que sus reivindicaciones autonómicas fueron más tibias que las catalanas o vascas, tanto en el XIX como durante la II República. Pero también es verdad que el gallego sigue siendo la lengua materna de la mayor parte de la población, algo que ya quisieran para sí Cataluña y, más aún, el País Vasco.

No obstante, con agregar Galicia a Cataluña y al País Vasco como territorios “especiales” tampoco sería suficiente. Si lo verdaderamente diferencial es la existencia de otras lenguas históricas junto al español, habría que añadir Baleares, la Comunidad Valenciana, Asturias, Navarra y Aragón, en orden decreciente por porcentaje relativo de hablantes de las mismas, a las autonomías singularizadas. Tampoco veo por qué la lengua debe ser el único rasgo diferencial relevante. Si lo que importa es el alejamiento geográfico, Canarias reclama un estatuto privilegiado frente a todas las demás. Y si lo relevante es el tamaño y el número de habitantes, Andalucía podría constituir perfectamente un Estado europeo medio, igual que Castilla, mientras que casi todas las demás solo tienen el tamaño o los recursos de un land alemán.

¿Es posible un país con regiones muy autónomas, bastante autónomas, algo autónomas y nada autónomas? Lo dudo. Este modelo, que recuerda al del sistema solar, está montado sobre el supuesto falso de que existe un centro y una periferia, cuyas zonas más extremas —donde la fuerza gravitatoria de la estrella central se debilita— podrían llegar a descolgarse: en otras palabras, que Madrid es como el Sol, y Cataluña o el País Vasco serían como Plutón, un planeta cuestionado que, desde 2006 (¡el año del Estatut!), ha sido reclasificado por la Unión Astronómica Internacional. Claro que en España el falso supuesto no deja de ser un supuesto operativo: obramos como si Madrid fuese el centro natural de España y no el centro de Castilla, por lo que los flujos económicos, las comunicaciones y la imagen del país convergen hacia dicha ciudad en claro detrimento de Barcelona, de Sevilla, de Valencia o de Bilbao, por ejemplo.

Otro modelo es posible. Mejor dicho: resulta imprescindible. Un modelo en el que todas las comunidades autónomas tuvieran las mismas competencias, pero en el que solo hubiese una media docena, precisamente las que figuran en el escudo de España, con algún agregado extrapeninsular. Son estas comunidades las que fundaron el Estado español, no en época inmemorial, según quieren los esencialistas, pero tampoco antes de ayer, sino entre 1469 (matrimonio de los Reyes Católicos) y 1512 (incorporación de Navarra) más o menos. Un modelo ibérico federal, que ya existió (incompleto, en ausencia de Portugal) y del que la España autonómica constituye una pobre caricatura.

Porque la primera condición de un Estado federal es la relativa igualdad —de derechos, de población, de recursos económicos— de los miembros federados. Sentado este requisito, los distintos Estados se asocian en beneficio mutuo, como ha sucedido en Alemania, en la India o en EEUU. Si dicha condición no se da, una de dos, o los miembros más débiles parasitan a los más fuertes o estos subyugan a aquellos. En España fueron los flujos financieros procedentes del Nuevo Mundo los que desequilibraron la balanza a favor de una sola de las partes, que tuvo que tirar del resto a su costa, hasta que, acabado el río de oro americano, la situación se invirtió de hecho, aunque no formalmente.

El debate debería abrirse ya, o que Dios nos coja confesados. Que nadie piense que en un mundo a la vez global y hostil, como el que nos circunda, podremos subsistir con el modelo vigente, el cual nos hace ser cada vez más pequeños e ineficaces, juntos o separados, poco importa. La España centralista se ha revelado un fiasco histórico, pero la ruptura pura y simple de los lazos comunes, con la que tan alegremente especulan algunos nacionalistas, dejaría a sus respectivas naciones fuera de su mercado natural, desvinculadas de los territorios de su mismo tronco lingüístico y/o cultural y además sería el embrión de futuras contiendas civiles derivadas de su bilingüismo irreductible. Se trata de un sueño imposible, el sueño de la razón que crea monstruos. En este asunto no se puede probar a ver qué pasa porque los pasos en falso acaban en el abismo. Y, sin embargo, algún paso habrá que dar o el tsunami que viene nos arrastrará a todos.

Ángel López García-Molins es catedrático de la Teoría de los Lenguajes de la Universitat de València.

Sin embargo, ahora el pensamiento conservador que recorre Europa -y que hace mella especialmente en estados y gobiernos débiles como el español- da un paso más allá y pone en riesgo autogobiernos nacionales y gobiernos municipales. El Gobierno del Estado lleva tiempo hablando de intervenciones o, al menos, del control del gasto de las comunidades autónomas, pasando por encima de tres conceptos para mí fundamentales: el ámbito competencial (que en el caso de Catalunya fija nuestro Estatut), los compromisos económicos y financieros del Estado aprobados en el mismo Estatut y, en tercer lugar, la poca o nula toma en consideración de que la componente mayor de la deuda y el déficit público corresponde en primer lugar al Estado y en segundo y tercer lugar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Lo que debería ser el primer objetivo, la reforma del Estado, se quiere convertir en una reforma solo de los gobiernos nacionales o regionales y de los gobiernos locales.

Ahora se habla (se amenaza) con una próxima normativa de prohibición de «las competencias impropias» de los ayuntamientos. La ciudadanía no sabe qué es eso y resulta imprescindible explicarlo. Detrás de la palabra «impropia» se esconden buena parte de las tareas que llevan a cabo los ayuntamientos en ámbitos como la educación, el fomento del empleo o la atención social. Es decir: los conceptos que más sentido dan a la política con mayúsculas que hacemos desde los ayuntamientos.

Si prohibir el ejercicio de las «competencias impropias» aporta un ahorro a los presupuestos públicos, ¿quiere decir que no se harán estas políticas? Si estas las sigue haciendo alguien, no hay ahorro porque justamente se ha demostrado a lo largo del tiempo que el uso de los recursos es más eficiente y eficaz cuanto más cercana es la administración que la presta respecto al receptor del servicio. ¿Se puede prohibir a los ayuntamientos prestar servicios ciudadanos si otra administración no lo hace? ¿La visión cortoplacista de las soluciones a la reducción de la deuda y el déficit, también hará cambiar el Estatut de Catalunya como la Constitución española? El artículo 84 del Estatut fija las competencias municipales, con el principio de subsidiariedad que también incluye, y que hace que los ayuntamientos tengamos que responder a las necesidades sociales que nadie más atiende. Creo que recortando competencias municipales no ahorraremos dinero ni reduciremos la deuda y el déficit. Solo ahorraremos y reduciremos si eliminamos la educación de 0 a 3 años, si no hacemos políticas de fomento del empleo o si no prestamos más servicios sociales que la atención primaria. Pero, entonces, debemos dejarlo claro sin recurrir al eufemismo que se utiliza. Detrás de la frase «prohibiremos las competencias impropias de los ayuntamientos» hay una realidad de extrema gravedad: no habrá políticas sociales básicas.

Justamente las grandes áreas de progreso en Europa se han basado históricamente en gobiernos municipales y regionales fuertes, que han desplegado competencias amplias (la Italia renacentista o las ciudades-Estado alemanas, bálticas o escandinavas). Justamente a escala local y regional es donde encontramos más herramientas para salir de la crisis. La crisis actual es mucho más que una crisis y discrepo de los que dicen que es una oportunidad (¡les regalo esta oportunidad!).

Estamos ante un cambio social y de un punto de inflexión político en el que podemos perder muchos derechos y bienes materiales conquistados a lo largo de siglos pero donde no podemos perder ni valores humanos, ni dignidad, ni democracia, ni los aprendizajes históricos que nos enseñan que la ciudad es el núcleo donde convive y progresa una comunidad, y que una nación es el espacio donde se forja una identidad y un futuro común. Y Europa, que es el único marco de solución al momento actual, ha sido siempre una amalgama de ciudades fuertes, de grandes regiones culturales y de estados-nación. Si las visiones cortoplacistas de reducción de la deuda y el déficit ponen en riesgo los gobiernos y las competencias de las ciudades y las naciones, habremos perdido en este proceso buena parte de nuestra identidad y del futuro de nuestros ciudadanos. Porque, como también la historia ha demostrado, el mundo municipal y el mundo regional son los espacios óptimos para las políticas de fomento de la actividad económica y de atención social que son las que nos harán salir del momento actual sin dejar en el camino nuestros valores.

Àngel Ros, alcalde de Lleida y secretario de Cohesión Territorial del PSC.

El pistoletazo de salida lo dio la FAES en 2010 con el estudio Por un Estado autonómico racional y viable. Simultáneamente una nutrida representación de conocidos financieros y líderes empresariales bajo el paraguas de la Fundación EVERIS hizo entrega al Rey (¡sí, sí, al Rey!), de forma inusual y sorprendente, el documento Propuesta Transforma España en el que se plantea la necesidad, entre otras cuestiones, de reordenar el modelo de Estado. Desde entonces la impugnación del papel de las CCAA ha ido en aumento.

La crisis económica ha proporcionado nueva —y falsa—munición a estos sectores. Se empieza diciendo que las CC AA tienen la responsabilidad del incumplimiento del objetivo de déficit y del volumen de la deuda pública para acabar afirmando que despilfarran y en consecuencia concluyen que se trata de “racionalizar”, de volver atrás, porque se ha ido demasiado lejos en el grado de descentralización.

Vayamos por partes, el Estado de las Autonomías ha facilitado un periodo de desarrollo social, económico y cultural indiscutible. Complejo, insuficiente, inacabado. Cierto. Pero de balance positivo incuestionable.

Tuve la oportunidad de asistir, con el entonces presidente de la Generalitat José Montilla, a la Conferencia de presidentes de CC AA que convocó el anterior presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La conclusión de la Conferencia fue que globalmente el desarrollo autonómico había sido un éxito. Voces de distinto color político pidieron seguir avanzando. Más autogobierno, mejor financiación. Nadie planteó retroceder.

Por otro lado, la descentralización producida ha comportado una convergencia en términos de bienestar como señala el estudio Autonomías y desigualdades en España (R. Gallego y J. Subirats) aunque la percepción de la ciudadanía no coincida siempre con esta realidad.

En estos momentos el ataque más profundo ha venido de las acusaciones —no fundamentadas— de irresponsabilidad fiscal y despilfarro de las CC AA y de ser responsables del incumplimiento del objetivo de déficit y del volumen de la deuda pública.

Veamos, el gasto público de las Administraciones Públicas (AA PP) se distribuye en 2010 y según Eurostat de la siguiente manera: 44%, la Administración Central (A. C.); 39%, las CC AA y 17%, la Administración Local (A L.) Pues bien, la distribución de la deuda entre las distintas administraciones es: del 77%, la A.C, muy por encima de su 44% de gasto, mientras que las CC AA son responsables del 39% de gasto público, pero tienen sólo el 17,5% de deuda pública.

Parecido análisis se puede hacer del déficit. El 8,5% de déficit de 2011 fue el resultado del 5,1% de la A.C., del 2,9% de las CC AA y del 0,4% de la A.L. Si la distribución del déficit entre las administraciones se hubiera hecho proporcional a su porcentaje de gasto, los objetivos del déficit hubieran sido: 3,74%, la A. C.; 3,31%, las CC AA; y 1,45% la A.L. Es decir, un reparto coherente con el porcentaje de gasto de cada administración nos dice que las CC AA cumplirían holgadamente con su objetivo de déficit mientras que la Administración Central lo incumpliría.

Las CC AA no cumplen los objetivos de déficit porque estos se han fijado arbitrariamente de forma que el margen para la A. C. está hinchado mientras se ha reducido el margen a las CC AA.

Vienen a cuento tantas cifras para demostrar la falsedad de las acusaciones que se lanzan, sin que esto signifique dejar de criticar determinadas actuaciones e inversiones, ni negar las posibles y necesarias mejoras de gestión y transparencia, ni pasar por alto los episodios de corrupción.

Piénsese, además, que a pesar que las partidas de Educación y Sanidad ascienden aproximadamente al 70% del presupuesto de cada Comunidad Autónoma en España se está gastando per cápita mucho menos que se gasta en la UE en los capítulos de Sanidad, Educación o Dependencia. Además, hay que tener en cuenta que las CCAA actúan como primeros y principales responsables de dar respuesta a los problemas sociales que la crisis plantea. No son el problema son parte de la solución.

En la pasada legislatura diversas CC AA aprobaron nuevos Estatutos de Autonomía. Se trataba, y se trata, de aumentar el autogobierno para resolver desde la proximidad los problemas y las aspiraciones de la gente. Hoy el desarrollo y aplicación de los mismos está bloqueado. No se sabe que política hará el gobierno. Ni Rajoy ni ninguno de los miembros de su gobierno han comparecido en el Senado (cámara de representación de las CC AA) para explicar cual es modelo de Estado que el gobierno propone. ¿Cómo piensa desarrollar los nuevos Estatutos? ¿Avanzar en un sentido federalizante? ¿Dejarlo todo igual? ¿Recentralizar? ¿Cómo y en qué sentido reformar el Senado? El tiempo que lleva el Gobierno supura progresiva y preocupante recentralización.

A mi entender es necesario un salto cualitativo federal. Sé que no es fácil, sobre todo porque la derecha piensa que un estado federal es un estado débil (cuando países como Alemania lo desmienten) y a menudo expresa nostalgia de un Estado unitario. Sé, también, que no es fácil porque a la izquierda estatal le incomoda esta cuestión, por eso sus silencios son clamorosos. Los retrocesos y los silencios deberían abandonarse y encaminarnos hacia un horizonte federal.

Joan Saura es presidente de ICV y senador.

En efecto, los partidos europeos indistintamente llamados de extrema derecha, neofascistas o populistas, son todos nacionalistas. Las formas en que se expresa este nacionalismo son, principalmente, la xenofobia contra la inmigración y la defensa de la soberanía nacional frente a la Unión Europea. Según estos partidos, la crisis económica es debida a que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los nacionales del país y la UE les impone políticas de austeridad para pagar el despilfarro de los países del sur debido a que la moneda nacional ha sido abolida y en su lugar se ha adoptado el euro.

El nacionalismo siempre busca justificar los errores propios y cargar las culpas de lo que va mal en los demás, en este caso los inmigrantes y la UE, enemigos interior y exterior, respectivamente. El populismo siempre ofrece soluciones simples a problemas complejos. Para un ciudadano medio, poco informado y golpeado por la crisis, si se le promete que mediante la expulsión de los extranjeros y la salida del euro se resolverá la crisis económica y se reducirá el paro, tiende a creérselo. No saben que todo es bastante más complicado.

El pasado lunes, Felipe González advertía en un artículo en El País de este peligro: “El nacionalismo ha sido el virus que ha destruido a Europa durante la primera mitad del siglo XX. (…) Pues bien, de nuevo galopa esa bestia del nacionalismo insolidario, a lomos de esta crisis global (…)”. Muy cierto. De momento, estos partidos de extrema derecha cada vez tienen más fuerza electoral: han obtenido en las últimas elecciones entre un 15 y un 30 por ciento de los votos en Noruega, Holanda, Francia, Suiza, Finlandia, Austria y Hungría. Además, el avance puede ser muy rápido si se produce el efecto contagio: los partidos, conservadores o no, pueden ir adoptando posiciones nacionalistas para evitar este trasvase de votos. Es el giro que parece estar dando Sarkozy en la segunda vuelta de las presidenciales francesas para recuperar los votos obtenidos en la primera por Marine Le Pen.

En efecto, la líder del Frente Nacional, se presentó a las elecciones con un programa en el que destacaban la preservación de la identidad francesa, la salida del euro y el freno a la inmigración. Sus buenos resultados han forzado a que Sarkozy, cara a la segunda vuelta, inicie una deriva hacia posiciones en parte semejantes. Y si Sarkozy pierde, como indican los sondeos, y en las legislativas de junio sube el voto a Le Pen, es muy probable que la derecha francesa del futuro se impregne de las ideas xenófobas, antieuropeas y populistas. Si los conservadores franceses se dejan influir por las ideas lepenistas, la unidad europea está en peligro porque estas ideas pueden irradiarse a todo el continente.

Empezábamos el artículo aludiendo a la anécdota que protagonizó Puigcercós: nacionalismo y catalanismo son lo mismo. Cada uno puede dar a estas palabras el significado que quiera. Sin embargo, ambos términos pueden tener un sentido muy distinto y así lo muestra esta fase final del debate entre Sarkozy y Hollande. El corresponsal de La Vanguardia en París, Lluís Uría, nos lo relataba en su crónica del pasado lunes. Partía de una frase, muy gráfica aunque nada original, de Jacques Chirac: “El patriotismo es el amor a lo propio, el nacionalismo es el odio a los otros”. Aunque ni Sarkozy ni Hollande se atreven a rechazar esta distinción, sus interpretaciones de ambos términos son muy distintas.

Efectivamente, Sarkozy, aunque no lo reconozca, las interpreta en clave nacionalista: muestra su preocupación porque la identidad nacional francesa pueda quedar diluida en la globalización, habla no sólo de fronteras geográficas sino también de fronteras morales y culturales, es decir, de fronteras internas: ve enemigos por todas partes. En cambio, Hollande rechaza expresamente el nacionalismo y el soberanismo a los que opone el patriotismo, es decir, “amarse a sí mismo para amar a los otros, no tener miedo de nada, no temer nada en la competición mundial, en la Europa que se está construyendo”. Sólo considera enemigo al miedo.

Quizás en Catalunya podríamos aprender del debate francés: catalanismo y nacionalismo no son lo mismo. Catalanismo es amar a Catalunya, nacionalismo es odiar a España. Que cada uno escoja libremente el bando en el que quiere estar. Pero que antes estudie historia, conozca los datos de la actualidad y no se fíe de la propaganda. Yo, por supuesto, y no por las razones de Puigcercós, me considero catalanista.

Por Frances de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

En efecto, esa ley podría haber evitado los últimos episodios reales, el del caso Nóos y el de la cacería de elefantes, que han escandalizado tanto a los españoles en las últimas semanas, y cuyas secuelas todavía no han acabado. De ahí que esa ley sea completamente necesaria y urgente en nuestro país, por varias razones. En primer lugar, porque la regulación que la Constitución incluye en el Título II -es decir, una decena de artículos- es bien parca y escueta, a diferencia de lo que ocurría en nuestras anteriores Constituciones monárquicas y de lo que ocurre en las de otros países europeos. En segundo lugar, porque al exigirse un procedimiento muy complicado, según el artículo 168, para poder modificar cualquier aspecto del Título II no hay más remedio que acudir a su complemente con una Ley Orgánica a fin de rellenar sus evidentes lagunas. Y, en tercer lugar, porque así lo establece el artículo 57.5 de la Constitución, el cual se puede entender que hace referencia a dos posibles leyes orgánicas: una Ley general, que podría incluir todos los supuestos que luego veremos, y una Ley especial para cada uno de los casos que se pueden plantear en el terreno de la sucesión a la Corona. Bien entendido que si se aprobase la Ley general que contemplase todos los supuestos posibles, ya no serían necesarias las leyes concretas para cada caso, según se puede entender del artículo citado.

Ciertamente, se ha podido afirmar que en Gran Bretaña, que es la madre de todas las Monarquías parlamentarias, no hace falta una ley escrita como la que he señalado. Por supuesto, pero es que España no es el Reino Unido, que se mueve por unos postulados tradicionales mucho más sólidos que los españoles. Allí se circula por la izquierda y aquí por la derecha. Allí, los jueces llevan pelucas, mientras que aquí solo portan togas, y, muchas veces, manchadas por el polvo del camino. Por lo demás, la regulación del Título II de nuestra Constitución sitúa a la Corona, como veremos, en una tercera etapa de la evolución histórica de la Monarquía.

En la primera, ya a partir de la Edad Moderna, en Europa se asienta la Monarquía absoluta, que es una forma de Estado en el sentido de que el Rey posee todos los poderes y el Estado se identifica con él. Valdría aquí la famosa frase que se atribuye a Luis XIV de Francia: «El Estado soy yo». Una segunda etapa en la evolución monárquica es la que nace con la Monarquía constitucional o limitada, que se convierte entonces en una forma de Gobierno. Esto es, el Rey comparte su poder ejecutivo con un Gobierno naciente y el legislativo con el Parlamento. Y, por último, nos encontramos con la Monarquía parlamentaria, que es una forma de la Jefatura del Estado. En otras palabras, el Rey está al margen de los tres poderes del Estado, puesto que no posee más que unas funciones simbólicas o moderadoras.

Por tanto, es necesario prever todos los aspectos que pueden adoptar las funciones que atribuye la Constitución a la Corona, porque van dirigidas a mostrar la ejemplaridad de esta institución, de acuerdo con la ética y las costumbres del momento actual. De este modo, podemos establecer siete cuestiones que debería regular la Ley Orgánica citada. En primer lugar, ésta debería ocuparse de la transparencia de la Corona, que se proyecta principalmente sobre dos cuestiones. Por una parte, debe haber una claridad absoluta en lo que se refiere a lo que se denomina en otras Monarquías como la Lista civil, es decir, lo referente al presupuesto detallado que atribuyen los presupuestos generales al Rey, como reconoce, por ejemplo el artículo 89 de la actual Constitución belga de 1994. Y, por otra parte, esta transparencia debe afectar igualmente a la vida privada del Soberano. Ahora bien, con esto no pretendo afirmar que el Rey no tenga derecho a una vida privada, sino que, por las necesidades de su cargo, la vida privada se encuentra muy condicionada por la necesidad de no perjudicar a la dignidad de la Corona. Todo exceso en la vida privada del Rey tiene inmediata repercusión en el propio Estado, y de ahí la cautela que debe tener el Rey en este terreno.

En segundo lugar, la Ley Orgánica debe establecer también la necesidad de que el presidente del Gobierno autorice -o sea comunicado previamente- los viajes privados del Rey, a los que evidentemente tiene derecho. Pero no puede ocurrir, como ha sucedido en algunas ocasiones, que nadie sepa dónde se encuentra el Monarca. Requisito que es exigido, en el caso del Rey de Suecia, por el artículo 1º de la Constitución de ese país.

En tercer término, deben regularse con cierto detalle las funciones que debe ejercer el Príncipe heredero. Por ejemplo, cuándo debe suplir al Rey, por enfermedad de éste o por su viaje al extranjero, aunque no en el caso de que se le inhabilite, que es una cuestión diferente. De este modo, debe quedar claro que el Príncipe heredero debería estar acompañado en sus actos oficiales por un ministro o secretario de Estado, que actúe como refrendante de sus actos, al igual que ocurre con su padre. Por consiguiente, sería necesario reconocer tanto un refrendo expreso como uno tácito. En este sentido, se puede consultar lo que dice el artículo 3º de la Constitución sueca, la cual llega incluso a reconocer en su artículo 5º que «si durante seis meses sin interrupción, el Rey ha estado impedido de ejercer sus funciones o no las ha desempeñado, el Gobierno lo pondrá en conocimiento del Parlamento, el cual resolverá si procede considerar que el Rey ha abdicado».

En cuarto lugar, también se deberían contemplar las consecuencias que podría comportar la petición del divorcio por parte del Rey o de la Reina, puesto que no sería bien visto la existencia de un Rey o Reina divorciados, que podría alterar el orden sucesorio en que se basa la Monarquía. Es más, el Rey o la Reina consortes cumplen unas funciones constitucionales que se verían también aludidas en este supuesto.

En quinto lugar, debería también regularse la diferencia entre la Familia Real y la Familia del Rey, puesto que no es lo mismo. En tal aspecto debería quedar claro quiénes son los miembros que componen la Familia Real, así como las incompatilbidades que son necesarias si pensamos que en la Lista civil se debe asignar una cantidad presupuestaria a cada miembro de la Familia Real. También, en este apartado, habría que establecer una regulación sobre los regalos que pueden admitir.

En sexto lugar, el supuesto de la abdicación del Rey, es necesario regularlo con mayor detalle del que establece la Constitución en su artículo 57.5. De todos modos, se pueden señalar algunos aspectos que se deducen del articulado de la Constitución. En el caso de la abdicación, sería necesaria, de no existir la Ley general, una Ley especial que no podría ser tramitada como una Ley Orgánica normal. Esto es, resulta impensable que tuviese que pasar por todos los trámites parlamentarios de Comisión, enmiendas, etcétera. De acuerdo con lo que establece el artículo 74.1 de la Constitución, debería bastar para aceptar la abdicación del Rey la mayoría absoluta de las Cortes, reunidos el Congreso de los Diputados y el Senado en sesión conjunta. Todas las Constituciones españolas, empezando por la de Cádiz, siempre han exigido una ley especial de las Cortes para aceptar la abdicación. Sea lo que fuere, es mucho más lógico que todos los detalles para aceptar la abdicación del Rey se regulasen en la Ley Orgánica general que estamos explicando, en lugar de esperar a una Ley especial.

Por último, en séptimo lugar, también se debería incluir en este marco legal la situación de los miembros que trabajan en la Casa Real, estableciendo sus incompatibilidades y los requisitos que garanticen su discreción.

Finalmente, creo que no es necesario hacer hincapié en que todo lo que he expuesto debe ir acompañado de la reforma de la Constitución, sin la cual no es posible que exista la igualdad del hombre y de la mujer en lo que se refiere a la sucesión de la Corona. Pero de eso ya nos hemos ocupado numerosas veces en este periódico.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

No es que los muchos defectos del modelo estuviesen precisamente ocultos en tiempos de bonanza, pues eran evidentes para cualquiera que se molestase en tener los ojos abiertos, pero sin duda la prosperidad general permitió asumirlos como disfunciones inevitables, ni siquiera exclusivas de nuestro país y, a la postre, fácilmente negociables. La crisis ha venido a hacer añicos esta ilusión. Comprendemos ahora que esos defectos son trabas formidables que amenazan con gripar la maquinaria del Estado, hundir definitivamente nuestra economía y dejarnos a todos en la estacada.

Durante un tiempo confiamos en que bastaría con sustituir a los tripulantes al mando para que las cosas se solucionasen, como si éste fuese sólo un problema de gestión o de mera competencia técnica. Pero es necesario asumir que esta crisis deriva, como casi todas las verdaderamente complicadas, de un conjunto de incentivos perversos que afectan necesariamente a todo aquel que ocupe el poder jugando con las reglas ahora en vigor.

En un sistema político tan descentralizado como el nuestro, en el que las citas electorales que ponen en juego intereses vitales de los partidos (o mejor dicho, de quienes los controlan) se repiten cada pocos meses, no existen incentivos para ejecutar estrategias a largo plazo. Más aún, la dirección de esos partidos está apoyada en un extenso y trabado régimen clientelar que disuade de adoptar medidas de adelgazamiento y racionalización del sector público. Como hemos visto con los actuales Presupuestos, los recortes se centran en la inversión y en los servicios públicos esenciales, mientras se permite que las numerosísimas entidades y empresas públicas, al disminuir sus ingresos sin disolverse, sigan consumiendo el grueso de sus presupuestos en su propio mantenimiento. Un sistema de organización territorial abierto y en constante mutación fomenta que la ambición personal de poder se imponga siempre a la racionalidad y a la eficiencia.

Por lo demás, una partitocracia tan cerrada como la nuestra impide asumir responsabilidades por las derrotas. Los candidatos repiten hasta la extenuación, sin más aval que el apoyo del aparato del partido que, evidentemente, ellos han montado a su imagen y semejanza por la fácil vía de respaldar a su vez a aquellos fieles que han probado su lealtad en los momentos difíciles.

La consecuencia es una dirección política sin verdaderos incentivos para asumir reformas estructurales claves para el futuro del país. Pedir a los políticos que se olviden de sus intereses particulares y se sacrifiquen por el interés general es no comprender cómo funciona este sistema partitocrático que hemos construido entre todos. Los líderes con personalidad y visión de Estado capaces de asumir ese riesgo (y hasta de salir airosos) son muy escasos, y de cualquier forma no son los que selecciona y promueve este sistema.

No es necesario leer la última literatura económica para comprender la trascendental importancia del diseño institucional a la hora de explicar la prosperidad o el declive de las naciones. Es una idea tan antigua como Spinoza, cuya obsesión era construir el régimen político «de tal manera que los ciudadanos, sea cualquiera su carácter, prefieran el Derecho Público a sus comodidades particulares». Nuestro sistema no ha sido capaz de conseguir que nuestros políticos prefieran el Derecho Público a sus intereses partidistas, y está en camino de conseguir que a los ciudadanos de a pie les ocurra lo mismo. Medidas como la amnistía fiscal o los indultos a financieros y políticos corruptos no ayudan a generar la necesaria adhesión al sistema, imprescindible para garantizar su supervivencia.

Cuando un sistema político llega a este punto, está condenado a cambiar. Puede hacerlo inteligente o traumáticamente, tras un largo y agónico proceso de degeneración. En la mayoría de los casos suele pasar esto último. Las inercias creadas por los intereses en juego son demasiado poderosas como para que el cambio se haga desde dentro. Ahora bien, es necesario comprender que la temida intervención desde fuera por la UE o el FMI, de producirse, no solucionará ningún problema. Los acreedores se preocuparán solamente de lo suyo, no de refundar el Estado en beneficio de las nuevas generaciones. La simple amenaza de la intervención tampoco resultará lo suficientemente motivadora para emprender reformas clave. La reacción se limitará, como ya estamos viendo, a intentar aplacar a los acreedores sin poner en riesgo las propias prerrogativas, acudiendo antes que a eso, si es necesario, a las peores estrategias de la razón de Estado, como demuestra la citada amnistía fiscal.

El resultado más previsible, por tanto, será un escenario de creciente desafección y contestación social, en el que los nacionalistas intentarán aprovechar la oportunidad para forzar la máquina y lograr así su aspiración secular, fomentando aún más la crispacion y la dificultad de llegar a un consenso.

El cambio inteligente tiene pocas posibilidades, pese a que no se trata de refundar el Estado de arriba abajo. Reformar la actual estructura territorial no implica mayor centralismo, sino un federalismo moderno sin solapamientos, corresponsable y con competencias claramente deslindadas. Reformar nuestra partitocracia no implica acabar con los partidos políticos, sino extender a este ámbito la transparencia (cosa que no hace el actual anteproyecto), modificar nuestra ley electoral y garantizar una muchísima mayor participación ciudadana en la designación de candidatos. Con ello se trata simplemente de restaurar el principio de responsabilidad (o de la accountability, como dicen los anglosajones) que es, en definitiva, la clave de bóveda de todo diseño institucional que aspire a crear prosperidad. No son reformas técnicamente difíciles. Sólo exigen voluntad política. Pero los incentivos están en contra.

Ante este aparente bloqueo, ¿qué cabe hacer? Spinoza tendría una respuesta clara: saberlo, tomar conciencia de ello. No es infrecuente que, inmersos en profundos procesos de cambio político y social, los ciudadanos que los sufren no sean verdaderamente conscientes de su trascendencia. Suele ser precisamente esa ignorancia la que hace que las inercias se perpetúen y la degeneración final conduzca a rupturas indeseables. Ser conscientes del problema implica asumir que lo que aquí se explicita no es una mera opción política más que quepa descalificar, a veces de forma grotesca, como centralista o reaccionaria, sino un simple diagnóstico de la realidad. Y la realidad siempre se abre camino contra todos los intentos de negarla. Conocerla es el primer paso para que nuestra preocupación por lo inmediato ceda frente a nuestros futuros intereses colectivos.

Rodrigo Tena es notario y coeditor del blog ¿Hay Derecho?

El Gobierno ha tenido la feliz iniciativa de someterlo a consulta pública (www.leydetransparencia.gob.es). En ese mismo espíritu de análisis y propuesta, haré un balance basado en la comparación de experiencias mundiales (es la ventaja de llegar de los últimos). Estamos en un momento en que el esfuerzo de todos puede llevarnos a crear el marco jurídico idóneo. Desde luego, no basta una ley para crear una cultura de la transparencia y para erradicar la corrupción, pero es un primer paso esencial.

Una ley del siglo XXI tiene que prever la divulgación en internet de toda aquella información que permita a los ciudadanos participar, controlar y con ello contribuir a una mejor gestión pública. Buena parte de esta información ya es objeto de publicidad oficial; se trata, ahora, de ampliar las materias y el alcance de dicha información, centralizarla y ponerla en formatos que permitan su fácil localización. El anteproyecto va en la buena dirección. Establece un criterio general de publicación periódica y actualizada de la información más relevante, pero además añade un listado de información que en todo caso debe ser divulgada, que incluye información institucional, organizativa y de planificación; información de relevancia jurídica (con la importante novedad de publicación de los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos —en este caso, con una limitación respecto a que la publicación se haga una vez emitidos los dictámenes preceptivos de órganos consultivos, que puede hacer la publicación solo testimonial— y de las memorias u otros documentos para su elaboración); y un listado de actos de gestión administrativa con repercusión económica y presupuestaria: contratos, convenios, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos, retribuciones y actividades privadas de directivos públicos o estadística, respecto de los que se prevé la publicidad detallada y actualizada. Es destacable, sin embargo, la omisión de la información sobre la agenda de los responsables políticos, que resulta fundamental para conocer las posibles influencias y prevenir casos de corrupción. En el caso de la Administración General del Estado se prevé la centralización de toda la información en un Portal de la Transparencia, que incluirá también otra información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. Les queda el reto a las comunidades autónomas y entidades locales de asumir este modelo, y a todos ellos de profundizarlo.

Respecto a la publicidad previa solicitud del ciudadano, la ley reconoce el derecho de acceso a la información a todas las personas, sin necesidad de motivar la solicitud. Se trata de un derecho que tiene límites para la salvaguarda de otros bienes públicos y privados. El anteproyecto los aborda distinguiendo dos categorías de limitaciones, unas absolutas y otras relativas sometidas a ponderación. En ambos casos se echa en falta un último elemento de flexibilidad que permita conceder el acceso en casos de especial relevancia del conocimiento público de la información. Ha de acogerse muy positivamente la regulación de las relaciones entre transparencia y protección de datos, basada en la prevalencia de la reserva cuando están en juego datos íntimos y de la publicidad cuando se trata de datos relacionados con la organización, el funcionamiento o el gasto públicos. En el resto de los casos, se prevé la ponderación entre los derechos afectados. Igualmente acertadas son la previsión de la motivación voluntaria de la solicitud y la de un breve plazo para que los terceros afectados, si los hay, puedan hacer alegaciones, lo que contribuye a una mejor ponderación.

En cuanto al procedimiento, se opta por un plazo de un mes, que se mueve dentro de lo razonable. En caso de no resolución, se establece la desestimación de la solicitud, lo que ya ha cosechado algunas críticas absolutamente inmerecidas, ya que es lo único razonable y la solución unánime en las leyes de los demás países (¿acaso estaríamos dispuestos a que se conociera por el mero transcurso del plazo para resolver nuestro historial clínico o el operativo de la Guardia Civil ante una inminente operación contra la delincuencia organizada?). Cosa distinta es que ante el silencio quepa recurrir (que para eso existe esa ficción jurídica, para no abocar a una espera sin límite) y exigir responsabilidad política y disciplinaria.

Tan importante como esta trama jurídica es el establecimiento de mecanismos organizativos que garanticen la eficacia del derecho: una buena regulación y práctica de la gestión de la información, formación de las autoridades y funcionarios competentes, guías ciudadanas que permitan a los ciudadanos el entendimiento del alcance del derecho, etcétera. Para la Administración General del Estado, el anteproyecto crea Unidades de Información, dejando al resto de administraciones libertad organizativa.

Finalmente, una de las grandes claves que marcará el éxito o el fracaso de la ley será la existencia de una institución independiente que haga «pedagogía de la transparencia» y dé una respuesta gratuita, rápida y eficaz a las reclamaciones de los ciudadanos. La experiencia comparada demuestra su necesidad, la ineficacia de confiar exclusivamente esta tarea a los órganos judiciales y la existencia de dos modelos principales: una institución dedicada solo a la transparencia o la unificación de las competencias sobre transparencia y protección de datos en una institución única; y la segunda cuenta con la ventaja de facilitar una interpretación uniforme de ambos bloques normativos, pero con el riesgo de conducir a una prevalencia de la privacidad, en el caso de que la institución haya nacido con esa lógica inicial, como sería nuestro caso. El Gobierno ha optado por la primera solución, si bien debe de haber estimado improcedente crear un nuevo organismo, en tiempos de recortes y supresión de organismos, por lo que ha atribuido esta función a una agencia ya existente, ahora renombrada como Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios.

El problema estriba en que en su configuración actual esta institución no reúne los requisitos de independencia necesarios, pues, por mucho que la designación gubernamental de su presidente sea susceptible de veto por mayoría absoluta en el Congreso, puede ser destituido libremente por el Gobierno, y su órgano de gobierno es un Consejo rector de representación ministerial mayoritaria. Con esta configuración, España se situaría fuera del modelo de autoridades independientes. Ciertamente, el anteproyecto prevé la modificación futura por el Gobierno del Estatuto de la Agencia, pero solo para adaptarlo a sus nuevas funciones. En realidad, habría que refundarla, y hacerlo mediante ley para evitar precisamente que el Gobierno pueda modificar dicha regulación. Otorgarle, de esta forma, el mismo rango que a la Agencia de Protección de Datos, con la que deberá entenderse y en no pocas ocasiones colisionar. El momento es ahora y en esta ley; el riesgo, en caso contrario, es el de frustrar tras décadas de espera los objetivos de una ley por lo demás apreciable con un órgano endeble y carente de auténtica independencia y, por ende, de credibilidad.

Emilio Guichot, profesor titular de Derecho Administrativo de Sevilla y experto en Derecho de la Información.

Nuestra tradición administrativa debe mucho al modelo napoleónico, aquel en el que al empleado público se le elige por sus méritos en función de algún tipo de concurso público y el Estado le garantiza un sueldo vitalicio. Este sistema intentaba asegurar que aquellos de quienes depende el funcionamiento del Estado estuvieran bien cualificados y no sufrieran el capricho cambiante de los gobernantes.

Un ejemplo pueden ser los jueces. Según este modelo, es necesario que sean personas que no deban temer si cambia el Gobierno, porque sus decisiones tienen que ser independientes y solo basadas en la ley. Otra cuestión es lo que deben cobrar los funcionarios. La tradición inglesa, y siguiendo el ejemplo de los jueces, era que los magistrados de alto nivel fueran los funcionarios mejor pagados de la Administración. Y además había pocos. De esta manera se aseguraba que estuvieran muy concentrados en su trabajo y no tuvieran que preocuparse de nada más que de hacer su trabajo con la máxima dedicación.

Todo esto está lejos de la imagen castiza del funcionario que pasa unas oposiciones de base memorística y que lleva una vida basada en un sueldo miserable. Cuando esto ocurre, el estímulo para un trabajo eficiente desaparece: «Total, por lo que me pagan». La otra característica de la remuneración de los funcionarios es que el sueldo vitalicio se defiende en todos los casos aun cuando la función para la que está empleado desaparezca. Este sueldo para toda la vida se ve como un privilegio, de tal manera que, cuando el paro sube, se pueden bajar los sueldos de los funcionarios como una medida de solidaridad.

En términos generales, los sueldos y las condiciones de trabajo permiten atraer a los profesionales del más alto nivel posible. Nos quejamos a veces de la calidad de nuestros gobernantes. Si no pagamos bien a los que gobiernan no atraeremos a los mejores o quizá solo a aquellos que ven en el cargo una manera de sacar alguna ventaja personal o económica. También nos interesa que profesionales como los médicos estén muy bien pagados, porque en temas de salud queremos a los mejores. Y también nos interesa que tengan las mejores condiciones de trabajo. Todo esto está muy lejos del estereotipo tradicional de la función pública. En este entorno, los investigadores científicos han sido asimilados en general a los profesores universitarios. De hecho, en la mayoría de los países la investigación se hace prioritariamente en las universidades.

En la concepción del Estado decimonónico europeo los profesores han sido considerados parte de la función pública como todo empleado del Estado. Incluso la limpieza de los locales o la seguridad, que ahora se subcontratan, eran para funcionarios. Pero la función pública ha ido reduciendo su ámbito y nos podemos preguntar por qué se mantiene como funcionarios a los universitarios o los investigadores.

En el caso de la función docente o investigadora se podría argumentar, por un lado, que su independencia necesita las garantías que da la función pública, pero el Estado democrático tiene otras maneras de garantizarla. Y frente a una estabilidad rígida, una flexibilidad contractual puede abrir muchas posibilidades de que sean interesantes durante la carrera profesional. Por otro lado, también nos interesa atraer a la ciencia y a la universidad a los mejores profesionales posibles. No tiene sentido una ciencia basada en la mediocridad y queremos que los jóvenes que llegan al más alto nivel de formación encuentren maestros del pensar del más alto nivel posible. Ha habido progresos en esta dirección, como la aparición de complementos de productividad en los sueldos de profesores e investigadores, pero la concepción de estas profesiones sigue basada en el funcionariado.

Los investigadores ya saben que en su trabajo difícilmente se harán millonarios. No lo eligen por esta razón. En general, un joven se siente atraído por la investigación por la aventura intelectual que representa. Esto no quiere decir que el dinero no cuente, pero las condiciones de trabajo y la conciencia de que alguien le dará la oportunidad de competir para ir a más si hace bien el trabajo pueden ser más importantes que el sueldo.

Todo ello está reñido con la concepción clásica de la función pública. En nuestro país el sistema ICREA es un buen ensayo para uno de los estadios finales de la carrera científica, pero en su conjunto no tenemos un buen modelo de cómo escogemos, contratamos y pagamos a nuestros profesionales de la ciencia. Si los tiempos de abundancia no han servido para hacer las reformas necesarias, los tiempos de estrecheces nos obligan a ello.

Pere Puigdomènech, director del Centro de Investigación Agrigenómica (CSIC-IRTA-UAB).

Pero en medio de este galimatías, que viene acompañado de ese despliegue florido de anglicismos en que consiste la moderna cursilería, acaso no hayamos dedicado suficiente atención a dos hechos que tienen el aspecto de ser nubarrones despeinados dispuestos a encapotar nuestro futuro como comunidad política.

Me refiero, en primer lugar, a la opción por un Estado propio que un partido político catalán acaba de hacer en un congreso. Quiero subrayar que no estamos hablando de una organización cualquiera sino de aquella que ha compartido las riendas del poder con todos los gobiernos que en España han sido y son desde que existen los mecanismos democráticos. Un partido regional invariablemente cortejado y contemplado con los ojos codiciosos de la lujuria por sus hermanos mayores nacionales. Recibir una calabaza desde Cataluña ha sido una forma de labrarse el fin de los cambalaches parlamentarios y de las propias piruetas políticas; por el contrario, acogerse a su bendición era demostración de sutil templanza y de habilidosa flexibilidad en el manejo de la cosa pública. O, como se ha solido decir, de cintura.

En segundo lugar, debe citarse la manifestación que hace unos días recorrió las calles de Pamplona con una bandera que reclamaba «independencia» para el País Vasco y sus cuatro puntos cardinales. Reivindicación apoyada a distancia y con amor de padre por otro partido nacionalista, buen tejedor de glorias en la política española.

Es decir, estamos a principios del siglo XXI, varias décadas después del desmantelamiento de la farsa franquista, contemplando el espectáculo de unos partidos que representan a miles de ciudadanos, empeñados en el designio de comenzar una aventura como Estados. De la misma forma que el pequeño bote de un barco se echa a la mar en busca de la mar de aventuras sin pensar en que pueda quebrarse o romperse no bien se enfrente a la primera roca.

Ante esta situación es inútil invocar -para que acudan en nuestra ayuda- a los manes de la Historia, ni desempolvar títulos o blasones del pasado ni alegar cuentas y cuitas compartidas durante siglos. Nada de esto sirve a quien ha llegado a la determinación de buscar una andadura en solitario entre los vientos borrascosos y los peñascos de los Estados ya existentes.

Algunas plumas ilustres defienden que sería bueno disponer en nuestro texto constitucional de un mecanismo de secesión de una parte del territorio para que, por una vía pacífica y de mutuo entendimiento, cada cual emprendiera el destino que le pareciera más conveniente. Pero lo cierto es que tal previsión no consta en el Derecho político español por lo que cualquier medida que se tomara en esa dirección -que sería unilateral- supondría la ruptura grave de nuestro ordenamiento y también la irreversible quiebra del equilibrio en el que desarrollan su vida nuestras instituciones.

Con todo, teniendo en cuenta la población que anda detrás de esas pancartas, a lo mejor no es malo propiciar una salida de esta naturaleza a la que se diera su conformidad desde España. Eso sí: previo un finiquito minucioso que no dejara cuenta pendiente sin comprobar ni saldo sin cobrar.

A partir de ahí, desligados de la opresora monarquía española, ya podrían proclamar sus repúblicas independientes. Porque no sería cosa de entronizar un nuevo monarca extraído de las casas reinantes por la sencilla razón de que no quedan o están para pocos trotes o padecen una artrosis desbocada. Una república implicaría nombrar un presidente (a ser posible, sin antecedentes penales), buscar un palacio en cuyas ventanas cante el ruiseñor y unos guardias con uniformes vistosos como cristalerías de luces. El himno no es problema pues existe, lo mismo que las gargantas para cantarlo. Y la bandera ya ondea en sus edificios, tan solo se trataría de quitar la otra y en ello con un minuto sobra.

Nombrar ministros es coser y cantar y no digamos presidentes de tribunales de justicia, de cuentas, constitucionales… Colas harían los profesionales más distinguidos para atarse al ejercicio de estas responsabilidades aunque con ello pusieran en peligro su salud y su vida familiar. Coches oficiales habría que comprarlos a cientos con lo que el ramo, tan deprimido ahora por la crisis, volvería a conocer días de gloria y esplendor.

Habría que imponer a esa población entusiasta tributos e impuestos pero ésta los pagaría con entusiasmo; la lacra de la evasión fiscal no se conocería, pues que todo lo recaudado iría a parar al engrandecimiento de la nueva nación. A lo mejor crear un Ejército, comprar tanques, aviones de combate o buques de guerra, formar escuadrones, batallones y divisiones no gusta a algunos pacifistas pero hay que contar con ellos porque la pluralidad es una seña de la nueva república que se distingue así de la vieja monarquía que ponía grilletes por años a quienes no mostraban entusiasmo militar.

Pues ¿y diseñar una moneda propia? ¡Ahí es nada poder reivindicar la vieja prerrogativa de acuñar moneda! Eso sí que sería gloria y no verse obligados a aceptar exigencias foráneas para disponer de la calderilla del euro. A partir de ahí, sería innecesario endeudarse pero, si tal acaeciera, los virtuosos republicanos de la nueva nación adquirirían cualesquiera títulos que se les hiciera llegar. Si aun así, hicieran falta nuevos fondos, ahí estarían los mercados internacionales dispuestos a comprar el producto financiero más sólido y el de garantías más aquilatadas.

¡Adiós a los vaivenes de las primas de riesgo! Sólo por despedir a estos parientes, merece la pena iniciar la aventura de la independencia.

Porque, lector paciente, el discurso contrario, el que consiste en aclarar a quien no quiere oír que el nacionalismo ha sido el partero de las desgracias colectivas más aniquiladoras que ha sufrido la humanidad, que reproducirlo en los inicios de este siglo XXI es suicidio y homicidio a un tiempo, y añadirles que no hay sueño más placentero para las grandes empresas del planeta que la proliferación de Estados raquíticos, empinados en su ridícula poquedad, esforzarse en todo ello -digo- es sin más empeñarse en perder el tiempo. O, como se dice clásicamente, majar en hierro frío.

Con todo, al menos pluma en ristre, es obligado no darse por vencido, vestir las armas del combate y luchar contra estas sombras lúgubres del pasado.

Francisco Sosa Wagner es catedrático y eurodiputado por UpyD. Su último libro (con Mercedes Fuertes) se titula Bancarrota del Estado y Europa como contexto (2011, Marcial Pons).

El diagnóstico menos equivocado es, casi con seguridad, el último: nos hemos dado un Estado social inviable con la ayuda, o el concurso, o el ímpetu añadido, del esparcimiento territorial. No es recomendable, no obstante, tomar la parte por el todo. A partir del 2010, data en que se inicia la decadencia irreversible de Zapatero, se hizo muy popular la idea de que el gasto se podría contener indoloramente aplicando la tijera a algunas exuberancias de coloración, por así llamarla, local: embajadas en el extranjero, cambio de sexo gratis en la autonomía andaluza, demasiados coches con chófer en esta administración o la de más allá. Este optimismo era por completo infundado, y contenía además el mensaje peligroso de que podríamos seguir como antes con solo desmochar las gárgolas y los grotescos remates de que estaba erizado el perfil autonómico. En rigor, el cambio de sexo gratis, las embajadas, los coches de lujo, e così via, son, económicamente, menudencias o, hablando a la inglesa, peanuts. Por supuesto, están de más. Ahora bien, no se ahorrará en serio si no se hacen dos cosas mucho más empeñosas. La primera es reducir seriamente la agenda social. Una de las razones que explican por qué las comunidades autónomas se han pasado tres pueblos en materia de gasto es que las partidas presupuestadas por los gobiernos han rebasado con creces lo que nos podíamos permitir a la vista de nuestra capacidad productiva real. Al reventar la burbuja, nos hemos encontrado con nosotros mismos: resulta que habíamos estirado el pie más del largo de la sábana. En este sentido, un sentido genérico, las autonomías han sido el instrumento del gasto, no su origen.

Sí existe una inequívoca responsabilidad autonómica en la multiplicación innecesaria de funcionarios, de los cuales tendrán que suprimirse, o sí o sí, o, formulado alternativamente, o sí o Argentina y Uruguay, unos cientos de miles. La tragedia, con todo, no es meramente autonómica. También es nacional, puesto que, detrás de los funcionarios que redundantemente pueblan las regiones, se encuentran, quitando la excepción nacionalista, los grandes partidos de ámbito español.

Hace muchos, muchos años, que escribo con despego sobre el episodio autonómico. Me apresuro a aclarar que la raíz de mi discrepancia no es económica, sino más bien moral. Me explicaré por medio de un cotejo con otros países. Por ejemplo: la descentralización americana se justifica por un motivo histórico contundente. Los USA empezaron siendo una confederación que alcanzó la unidad política bajo la figura de una federación: los estados americanos son fases ontogénicas en el nacimiento de la colosal criatura americana. Pero La Rioja o Castilla-La Mancha no cuentan con un pasado político específicamente significativo, ni en ellas se han desarrollado los reflejos y el espíritu que confieren sentido a un Parlamento propio. No son, en fin, Texas o Virginia.

¿Más? Sí, y esto que añado es, para mí, lo más desazonador. Los defensores clásicos del federalismo han alegado que el desplazamiento parcial del autogobierno a unidades más pequeñas sirve para educar al ciudadano en las virtudes de la responsabilidad política. La participación en el gobierno de las cosas que se pueden tocar con la mano moviliza facultades que permanecen inertes o como dormidas cuando el centro del poder está distante. La idea, en teoría, está muy bien. Se da la circunstancia, no obstante, de que los que decían esto —Constant, Tocqueville o, en diferido, Ortega en «La redención de la provincias»— habían tomado como punto de referencia una forma de aproximarse a los asuntos colectivos… congruente con la época que les había tocado vivir. No conocían, no podían conocer, los efectos corruptores de la política social tal como esta ha venido practicándose durante los últimos decenios. Por desgracia, la descentralización nos ha sorprendido con el pie cambiado. La contigüidad entre administradores y administrados no ha servido para que los segundos controlen a los primeros, o estos eduquen a aquellos. Lo que ha ocurrido es que unos y otros, administradores y administrados, se han tomado la medida, han comprendido que sus intereses eran momentáneamente complementarios, y se han dedicado al deporte favorito de la socialdemocracia en su tramo descendente: hacerse favores trocando votos por dinero. No niego que el federalismo competitivo u otros esquemas por el estilo pudieran ser buenos también para España. Pero estoy hablando de lo que hay. Y lo que hay, qué le vamos a hacer, es lo único que hay.

Álvaro Delgado-Gal, escritor.

Efectivamente, en las sociedades con una cultura democrática asentada una Ley no es imprescindible para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer en todo momento las actuaciones de sus representantes, a saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos, o a conocer qué hospitales o qué colegios públicos funcionan mejor o peor. En definitiva, en una democracia representativa la transparencia, en cuanto derecho de acceso de los ciudadanos a toda aquella información pública sin la cual no es posible una auténtica rendición de cuentas de gobernantes a gobernados, es esencial.

Porque sin auténtica transparencia no es posible la exigencia de responsabilidades políticas e incluso jurídicas a los políticos y gestores públicos, por la sencilla razón de que los ciudadanos no tienen información suficiente para reclamarlas, ni los políticos incentivos suficientes para rendirlas, más allá de los que les exija su propia conciencia… Y ya sabemos lo que suele ocurrir cuando dejamos en manos de las personas y no del diseño de las instituciones este tipo de decisiones, pues, como recordaba James Madison en The federalist papers, si los hombres fueran ángeles no serían necesarios ni los controles internos ni los externos sobre el Gobierno. Por eso la rendición de cuentas (accountability) junto con los sistemas de contrapresos (check and balances) y la existencia de medios de comunicación auténticamente independientes son pilares fundamentales de una democracia representativa digna de tal nombre.

Parece evidente que en la actual crisis política e institucional española se ha producido una quiebra total o parcial de todos esos principios, lo que unido a la crisis económica y al fracaso del modelo organizativo territorial -problema autóctono y singular- está llevando a muchos españoles no ya al cuestionamiento de la idoneidad de su clase política sino al de la propia democracia representativa, tal y como se concibió en la Transición española. Esto es lo que significan movimientos como el 15-M o eslóganes como «No nos representan». Es una reacción lógica en la medida en que los ciudadanos perciben que en el sistema político actual no es cierto que sus representantes respondan fundamentalmente ante ellos, como se dice y como debería ser en un sistema democrático, sino que responden fundamentalmente ante otras instancias, ya sean la cúpula directiva de los partidos políticos, los poderes fácticos (no por difusos menos reales), o, en casos extremos, ante nadie (o ante Dios y la Historia).

En esta situación, la necesidad de transparencia en España es crítica. Y puesto que no podemos contar con una cultura de la transparencia en nuestro país (más bien podríamos hablar de una cultura de la opacidad) una buena Ley de transparencia es esencial y una oportunidad de regeneración que no debería perderse.

Efectivamente, si partimos de la premisa de que es muy difícil, por lo menos por ahora, transformar nuestro sistema democrático desde dentro -no parece que el ejemplo del harakiri de las Cortes franquistas vaya a cundir, ni siquiera a nivel autonómico, ni tampoco parece que tengamos a la vista a la vista un Torcuato Fernández Miranda-, me parece que devolver a los ciudadanos lo que es legítimamente suyo -el poder efectivo de exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes- es crucial. Y para eso es imprescindible tener la información pública.

El Poder en una democracia es público, tiene que serlo. La opacidad es una de las características propias de los regímenes no democráticos, y no me parece casualidad que en España, con su pasado dictatorial relativamente reciente, existan todavía tantas conductas tanto a nivel político como administrativo que la favorecen. Parece que nuestros políticos y nuestros gestores públicos tienen miedo de la transparencia, ya sea por inercia, por convicción, o incluso por razones menos confesables. De ahí la indudable oportunidad que supone el Anteproyecto de la Ley de Transparencia como herramienta transformadora de la forma de hacer las cosas del Gobierno y de las Administraciones Públicas a partir de la demanda real de los ciudadanos. Y si no creen que sean real echen un vistazo a las redes sociales. O al interés que ha suscitado la consulta pública del Anteproyecto de Ley. Por tanto, bienvenida sea la Ley si tiene esta finalidad y sobre todo si se la dota de capacidad real para conseguirlo.

Pero, lamentablemente, es ahí donde surgen las dudas, algunas de las cuales ya han sido puestas de relieve por diversas organizaciones nacionales e internacionales, en particular por la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación Europea). En definitiva, se corre el riesgo cierto de que la aprobación de una Ley alicorta y, lo que es peor, que sigue pensando en clave de procedimientos administrativos y burocráticos (por ejemplo ¿tiene mucho sentido mantener una institución como el silencio administrativo en el siglo XXI cuando se trata de pedir información por internet?) genere una importante decepción, ante las enormes expectativas generadas de que pudiese convertirse en la palanca para transformarlo todo. Y ciertamente no quedan muchas oportunidades más para recuperar, como decía al principio, la confianza de los ciudadanos y la credibilidad en las instituciones.

Así, por mencionar brevemente algunas de las principales cuestiones que convendría revisar, el hecho de dejar fuera de la Ley (por motivos formales comprensibles desde un punto de vista jurídico pero no desde un punto de vista político y ciudadano) instituciones tan opacas como los sindicatos, los partidos políticos o la propia Casa del Rey, por poner algunos ejemplos, no augura nada bueno. El que las excepciones al derecho de acceso a la información pública sean tan generosas y tan amplias tampoco, y no es consuelo que se deje su concreción a un futuro desarrollo reglamentario, que puede tardar meses o no publicarse nunca, como ha ocurrido tantas veces.

Lo mismo cabe decir de la falta de reconocimiento del derecho a la información pública como un derecho fundamental, lo que le dotará de menor protección en caso de conflictos de intereses con otros derechos que sí ostentan dicha categoría, como el derecho a la protección de datos. Y, lo que es peor a mi juicio, volvemos a encontrarnos ante una Ley que puede incumplirse sin muchos problemas, como tantas otras normas bienintencionadas e inservibles que pululan por nuestro hipertrofiado ordenamiento jurídico. Especialmente grave me parece la inexistencia de un organismo independiente con participación de la sociedad civil que supervise el cumplimiento de las disposiciones, o la ausencia de un Plan de acción concreto y ambicioso para implantarla. Tampoco se aprecia la existencia de incentivos adecuados que puedan poner en marcha un círculo virtuoso de la transparencia.

En definitiva, una buena Ley de Transparencia y buen Gobierno, que tiene potencialmente una gran capacidad de transformación, debe ser concebida desde una perspectiva más ambiciosa que la de una mera Ley administrativa y burocrática más. Necesitamos un salto cualitativo. Su finalidad debe ser devolver a los ciudadanos, a través de la información, el poder de gobernarse a sí mismos a través de sus representantes libremente elegidos. En definitiva, de recuperar la esencia de la democracia representativa. Nada más y nada menos.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado y directora gerente de Iclaves.

La crisis económica ya se ha convertido en una grave crisis social y empieza a ser algo más: una crisis cultural sobre la concepción de nuestro modo de vida. Hay una vaga percepción de que estamos entrando en un mundo distinto y peor. Todo ello crea incertidumbre, inseguridad y miedo. Es comprensible que en una situación así la cacería del Rey sea objeto de una censura generalizada, no tanto por el hecho en sí mismo sino por haber escogido una reserva exótica y elitista en plena crisis social.

La segunda vertiente del contexto es el caso Urdangarin. Hasta ahora la Corona era la más valorada de todas las instituciones políticas, bastante por encima de las demás: se percibía en la calle y lo corroboraban los sondeos. Pero los oscuros negocios del yerno del monarca han trastocado esta percepción. Ahí parece que no ha habido error, como en el caso de la desgraciada cacería, sino algo más grave: tráfico de influencias para enriquecerse, algo sin excusa ni perdón. Pero en un Estado de derecho todos somos iguales ante la ley. Y así se está conduciendo el caso Urdangarin: por los cauces judiciales, con luz y taquígrafos. El yerno del Rey es tratado como un ciudadano más, tal como debe ser.

En este caldeado ambiente, la cacería en el sur de África, que en otros tiempos apenas hubiera tenido importancia, ha sido la gota que ha colmado el vaso. ¿De forma exagerada? Por los hechos escuetos, sin duda. En cambio, contemplados en su contexto, es lógica la irritación de la opinión pública. Por esto el Rey ha pedido perdón.

Todo el asunto conduce a una cuestión de más largo alcance: ¿tiene sentido una monarquía en la Europa del siglo XXI? Creo que indudablemente la respuesta es no. Ni tiene sentido, ni la tenemos en España, ni la tiene ningún otro país europeo. Lo que tiene sentido es una monarquía parlamentaria, una forma política muy distinta.

Las monarquías se caracterizaban porque la soberanía, es decir, el poder supremo, residía en el rey, su único titular, como aún sucede en las monarquías árabes. En las monarquías constitucionales europeas del siglo XIX el rey compartía la soberanía con el Parlamento, entonces elegido sólo por una pequeña parte de la población. En las monarquías parlamentarias actuales, la soberanía reside en el poder constituyente del pueblo que, al aprobar una constitución, reconoce derechos a los ciudadanos y crea unos poderes constituidos para garantizar estos derechos. Pues bien, la Corona, cuyo titular es el Rey, es simplemente un poder constituido creado por la Constitución, el órgano que desempeña la Jefatura del Estado, sin ningún poder político efectivo, sólo con poderes formales que expresan la voluntad de los demás órganos. Este es el caso de España, como también de Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y los países nórdicos.

En las monarquías parlamentarias el rey es, pues, el jefe del Estado, como también en las repúblicas parlamentarias existe idéntico órgano. En el fondo, las monarquías parlamentarias son iguales a las repúblicas democráticas pero con un jefe del Estado no elegido por los ciudadanos sino nombrado de acuerdo con un orden establecido en la Constitución. Por esto el rey no puede tener poder: ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Este orden sucesorio preestablecido es el último residuo que conservan de las antiguas monarquías. En lo demás, de hecho son “monarquías republicanas”. Ya no se basan, como antes, en la religión o en la tradición histórica, ni tampoco están revestidas de un halo casi sagrado: son instituciones laicas, producto de una decisión racional del poder constituyente y que se justifican por su utilidad. Ni más ni menos que los demás poderes.

¿Qué debe, pues, exigírsele a un rey en una monarquía parlamentaria? Que ejerza adecuadamente sus funciones constitucionales. Nada más. Su vida privada, así como la de su familia, están cubiertas por el derecho a la intimidad en igual medida que los demás altos cargos del Estado. Ni el rey ni la familia real deben tener menos derechos que el resto de ciudadanos.

El problema es que la Corona española, como órgano del Estado, es demasiado opaca. Que el incidente de Botsuana coincida con la tramitación parlamentaria de la ley de transparencia puede ser una buena ocasión para rectificar. La Casa del Rey es el aparato administrativo de la Corona y habría que dotarla de la misma transparencia que los demás poderes. Quizás se ha acabado el tiempo del carismático juancarlismo y debe empezar el tiempo de una monarquía parlamentaria racionalizada, tan controlada por las leyes como los demás órganos constitucionales.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Todos los detalles sobre la rigidez de la pierna del Monarca tras su caída de madrugada en el bungalow y su propio conocimiento del proceso de artrosis que afectaba a sus caderas le llevaron a la rápida conclusión de que se había producido una fractura cercana a la cabeza del fémur, afectando probablemente a la inserción del psoas con el trocánter. El temor de Villamor era que si le ingresaban en cualquier hospital de la zona, aunque fuera para hacerle unas placas, terminara cediendo a la tentación de calmar sus dolores sometiéndose allí a una cirugía de urgencia. Y el fantasma que se le pasó por la cabeza es el mejor resumen de la imprudencia del viaje: cualquier operación de cadera, con hematoma de por medio, puede requerir de una transfusión que compense la pérdida significativa de sangre y en Botsuana más de un tercio de la población es portadora del virus del sida.

Han pasado casi 22 años desde aquel primer domingo de septiembre del 90 en que yo publiqué un artículo titulado Un verano en Mallorca en el que criticaba que en lugar de interrumpir sus vacaciones para implicarse en la búsqueda de una solución diplomática a la crisis desatada por la invasión de Kuwait por Irak, el Rey hubiera continuado todo el mes de agosto en Marivent «rodeado de una aristocracia de cuaderno de bitácora, en una atmósfera de superficialidad y necedades».

Mi tesis era que «ni el papel político de la Monarquía puede seguir pivotando tan esencialmente sobre las rentas del 23-F, ni la imagen de los miembros de la familia real depender de la discreción y sentido de la responsabilidad del paparazzi de turno». Tan insólito era criticar entonces lo que en ese artículo bauticé como «el escapismo del Rey», que EL MUNDO se agotó en los quioscos y muchos lectores se presentaron en nuestra destartalada sede fundacional buscando ejemplares.

A la mañana siguiente me llamó el entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, para invitarme a tomar café con él ese mismo día. Apenas llevábamos 10 minutos en su despacho de La Zarzuela cuando se abrió la puerta, entró el Rey y me planteó sonriendo la más nítida de las disyuntivas: «Bueno, qué… ¿amigos o enemigos?». Pocos minutos después remató la faena con una referencia pinturera a mi destitución como director de Diario 16 año y medio antes: «Es verdad que le dije a Juan Tomás de Salas -el propietario del periódico- que no se sentara a mi lado mientras tú siguieras siendo el director, pero no pensé que fuera a ser tan tonto de hacerme caso».

Aunque yo hubiera sido el más cínico de los folicularios, la campechanía del jefe del Estado, ese salir dando la cara al encuentro de los problemas, su desparpajo hasta para convertir una metedura de pata en elemento de complicidad con el perjudicado, su cercanía al preguntarte por la familia o hacerte depositario de confidencias políticas, me habrían ganado para su causa. Cuando mis hijos eran pequeños nos regaló uno de sus golden retriever y le pusimos de nombre Rex. Soy uno de esos millones de españoles a los que el acierto con que Don Juan Carlos ha ejercido en líneas generales sus funciones nos ha hecho monárquicos de conveniencia, pero tendríamos que volver a nacer -probablemente varios siglos atrás- para sentirnos súbditos, o no digamos cortesanos.

«No existe otra condición humana que necesite tanto de verdaderas y libres advertencias como la de los Reyes», sostiene Montaigne en su deslumbrante ensayo Sobre la experiencia. Siempre he pensado que lo mejor que los medios de comunicación podíamos hacer por la Corona era aplicarle el rasero de la normalidad institucional, informando con respeto de sus yerros y aciertos, sin incurrir en el empalagoso paternalismo inverso que aún practican los monárquicos profesionales. De ahí que EL MUNDO se hiciera eco en su momento de que el Rey no estaba en España el día en que aparecía datado con su firma el decreto de creación de la Universidad de la Rioja, estemos investigando los manejos de Urdangarin como un caso de corrupción más o dijéramos el domingo pasado sin pelos en la lengua que esta cacería en Botsuana había sido «un viaje irresponsable en el momento más inoportuno».

Y de ahí también que esa mañana me preocupara la muy diferente actitud de nuestros principales colegas, que o bien ponían el foco del problema en un asunto secundario como técnica de control de daños o bien directamente presentaban a Don Juan Carlos como víctima de una confusa campaña antimonárquica. Si se consolidaba esa brecha entre la opinión pública que bullía con furia a borbotones en las redes sociales y una opinión publicada postizamente atornillada a una interpretación extensiva del principio penal de que the King can make no wrong, sólo podía resultar lo enunciado en la segunda parte de ese párrafo de Montaigne sobre los monarcas mal aconsejados: «Como acostumbran a callarles todo cuanto les desvía de su camino, vense, sin sentirlo, hundidos en el odio y la antipatía de su pueblo; con frecuencia por motivos que habrían podido evitar, incluso sin menoscabo de sus placeres, si se les hubiera avisado y corregido a tiempo».

Afortunadamente no ha sido el caso y, junto a la influencia positiva de algunas voces duchas en los más diversos lances de la sociología de la imagen, ha prevalecido una vez más el instinto de supervivencia del propio Rey. Don Juan Carlos conoce como pocos los resortes emocionales de los españoles y comprendió que había llegado el momento de ceñirse el sayal de esparto y pedir perdón, con esa sencillez que es privilegio de los grandes, cual si de un miércoles de ceniza algo retrasado se tratara.

Para entonces EL MUNDO ya había desvelado que el paganini de la nueva excursión cinegética había sido una vez más Eyad Kayali, agente en Madrid del poderoso príncipe Salman, por el que necesariamente tuvo que pasar el contrato del siglo para el AVE Ryad-La Meca, obtenido por un consorcio de empresas españolas. Esta circunstancia hubiera permitido a Don Juan Carlos escurrir el bulto inscribiendo el viaje a Botsuana en esa especie de «compromisos sociales» que siempre rodean a los grandes negocios, pero prefirió con buen criterio no autoengañarse sobre el pulso de la calle. Todo se resumía en que el ciudadano medio, con un ojo en la prima de riesgo y otro en el peligro de perder su empleo, no podía comprender que en una semana especialmente complicada para España el jefe del Estado tuviera cuerpo de jota como para irse a pegar tiros a África. Veintidós años después, el problema volvía a ser «el escapismo del Rey».

Al pedirnos perdón a todos los españoles, Don Juan Carlos ha demostrado que él no es «el rey saltarín» -the skipping king- «escoltado de casquivanos calaveras» y «promiscuidades injuriosas para su reputación» que se describe en Enrique IV, ni el «rey despilfarrador» -the wasteful king- al que los dos jardineros de Ricardo II reprochan que «no haya sabido arreglar y adornar su país como nosotros lo hacemos con su jardín», sino un hombre falible en su buena voluntad y en su probada determinación de servir al Estado.

Aunque yo no me hubiera roto nada, el haber pasado exactamente con dos semanas de antelación -me operé el sábado anterior a Semana Santa- con la misma patología por el bisturí del mismo doctor, en el mismo quirófano y el haber recibido las mismas atenciones entrañables en la misma Unidad de Cuidados Intensivos, antes de ser trasladado a esa misma habitación 326 de ese mismo hospital cuasifamiliar, en el que se come por cierto como en los mejores restaurantes de alta gama, me otorga bastante conocimiento de causa como para alegar que cuando te dan el alta y uno sale aferrado a esas mismas muletas, consciente de sus fragilidades y sus dudas, después de haber practicado la subida y bajada de peldaños en esas mismas escaleras interiores, no se está para pamemas. Si el Rey dijo «lo siento» es que lo sentía, si añadió «me he equivocao» es que se había equivocao y si concluyó que «no se volverá a repetir» es que está decidido a ello.

Pero harían mal el Gobierno y la oposición en dar por zanjados estos cinco días que conmocionaron a España y volver a su rutinario zarandeo mutuo a costa de la crisis, como si nada hubiera sucedido. Ambos tienen una asignatura pendiente para cuya superación deberían tomar nota de la lógica con que el doctor Villamor resolvió el segundo de los dilemas que se le plantearon aquel viernes.

Una vez confirmado el diagnóstico de la fractura lo sencillo hubiera sido suturarla, estabilizarla y dejar al paciente unas semanas en reposo para ahorrarse cualquier potencial complicación. Algún reputado traumatólogo ha dado a entender que él hubiera hecho eso. Sin embargo, el doctor Villamor pensó que ya que el Rey pasaba por el quirófano su obligación era intentar que saliera con mejor calidad de vida que la que tenía al entrar. Puesto que durante meses había ido paliando los dolores y molestias que se derivaban de la artrosis de cadera del Monarca, haciéndole infiltraciones con los factores de crecimiento centrifugados a partir de su propia sangre, había llegado la hora de implantarle una prótesis.

Fue así como, después de superar unos minutos de canguelo por la responsabilidad que asumía y bajo la atenta mirada del guardaespaldas regio que disfrazado de enfermero permanecía en el quirófano, Villamor practicó con su bisturí electrónico una incisión de 10 centímetros -dos más que la mía, que para eso es el Rey- en el borde del glúteo derecho del paciente, por la que después procedería a insertar la cavidad de tantalio y politileno con su bola y vástago correspondientes.

Pensar que esos cuerpos extraños se van a alojar en tu mismidad física horadando tu carne y alterando tu estructura ósea mediante una violación quirúrgica produce a priori una especie de resistencia, rayana en la náusea mental: mientras pueda evitarlo yo no llevaré eso. Pero doy fe de que ya a los pocos días de efectuado el implante -anteayer me quitaron las muletas- las ganancias en la funcionalidad y movilidad de esa parte de tu cuerpo diluyen toda repulsión.

Eso mismo sucederá con la Monarquía cuando se inserte en el cuerpo original de su escueta regulación constitucional, con el que se las ha apañado hasta ahora, la prótesis legislativa que compense las erosiones y atrofias del paso del tiempo y mejore las prestaciones de la institución a los españoles. Esa prótesis es una ley orgánica, pactada entre PP y PSOE, que yo siempre he denominado «ley del Rey», cuyo contenido debería resolver desde las incompatibilidades de los miembros de la Familia Real hasta los regalos que puede aceptar el jefe del Estado, pasando naturalmente por una regulación sencilla y operativa de sus viajes privados al extranjero. Bastaría a este respecto que esos viajes fueran comunicados siempre de manera formal al Ejecutivo y que éste tuviera la posibilidad de desaconsejarlos o incluso vetarlos en circunstancias excepcionales. No se trataría de restringir el margen de maniobra del Rey, menos aún de humillarle, sino por el contrario de permitirle pisar sobre seguro en muchos aspectos cotidianos sometidos al ámbito de lo discutible.

Si un cirujano y su equipo han asumido sus responsabilidades, sacrificando la comodidad a la conveniencia, nuestros dirigentes políticos deberían hacer lo propio, pues no en vano han sido elegidos como médicos de la salud pública y en el fondo lo que ha quedado demostrado en esta crisis es que la fuerza representativa de la Corona prevalece de tal modo que, con las salvedades propias de la democracia, sigue siendo cierto lo que comenta el soldado Rosencrantz a su compañero de guardia ante el palacio de Hamlet: «Nunca exhaló el rey a solas un suspiro sin que gima con él -o contra él- la Nación entera».

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

Siendo el Rey la piedra angular de nuestro sistema constitucional, parece que el hecho bien merece algunas reflexiones, siquiera sea con la premura que el «tempus» periodístico impone, con el fin de enfriar los ánimos en una cuestión tan fundamental y en la que nos jugamos la tranquilidad de nuestro futuro.

Sea la primera referente al papel jugado por el Rey desde su acceso al trono hace más de treinta y seis años; como ha dicho Emilio Lamo de Espinosa, «sin duda los historiadores del futuro concluirán que el reinado de Juan Carlos I fue el periodo más brillante de la historia moderna de España e incluso puede que el periodo más brillante de la historia de España tout court», opinión que comparten nada menos que un 72 por ciento de los españoles.

En efecto, no es sólo que durante su reinado el Rey ha cumplido escrupulosamente todas y cada una de sus obligaciones públicas, y me refiero tanto a su papel simbólico como también a aquel otro, más trascendental si cabe, de moderar y arbitrar las instituciones, lo que en román paladino significa haber contribuido —a veces en momentos extraordinariamente difíciles— a que las aguas no se salieran de su cauce, a que las disputas no acabaran en incomprensiones y enfrentamientos y, sobre todo, haber sabido como nadie, y aunque a algunos les duela, ser el rey de todos los españoles. Es también que el mundo ha sido testigo y nosotros coprotagonistas del más largo periodo de paz, libertad y prosperidad que ha conocido la España contemporánea: el de su reinado. Parecería justo entonces poner en un platillo de la balanza la malhadada anécdota de días pasados y en el otro esta categoría de más de treinta y cinco años y después mirar el fiel.

Una segunda reflexión sería la de considerar cuáles son, dónde están y quién defiende mejor nuestros intereses, los del conjunto de los españoles, los de todos nosotros; no se trata de ser más o menos condescendientes con quien ha estimulado y tutelado el proceso de transición de una dictadura a una democracia con una determinación y una firmeza digna del mayor encomio; con quien ha sabido defender y mantener el régimen democrático en tiempos de turbación; se trata de considerar qué es lo que nos interesa más a los españoles: si tener en el pináculo de nuestra armazón institucional a un hombre bueno (en el sentido machadiano de la palabra), cercano y atento al sentir de su pueblo y siempre dispuesto y deseoso de contribuir a la consecución de los intereses españoles; alguien cuya principal divisa es la de mantenernos unidos y en armonía o por el contrario queremos representar una vez más la ceremonia de la disensión y la discordia. ¿O es que creemos que lo que a duras penas se le perdona al Rey por ser el Rey de todos, se le perdonaría a otro que, por definición, sería visto como el líder de sólo una parte?

Una tercera reflexión, especialmente pertinente, a mi juicio, en un mundo globalizado es la de pensar quién mejor para representarnos en el exterior, no sólo en nuestros intereses sino también en nuestros valores, que alguien que es respetado, escuchado y admirado en todas las latitudes. Con frecuencia —y con verdad— oímos la frase de que el Rey es nuestro mejor embajador; es verdad, pero es mucho más que eso: simboliza para el mundo el espíritu de reconciliación, de paz, de tolerancia y de progreso. ¿Puede pedirse algo más?

Una última reflexión: entre el alud de críticas escuchadas y leídas estos días pueden diferenciarse dos corrientes: primera la de aquellos que proclaman abiertamente y sin ambages su predilección por la República, corriente situada preferentemente en la izquierda, más cuanto más extrema y que parece el resultado de una mezcla de nostalgia y utopismo; la otra corriente, quizás más cauta, partidaria de la abdicación y preferentemente situada en la derecha, también más cuanto más extrema. Debe reconocerse sin embargo, que dentro de este grupo de partidarios de la abdicación se encuentran personas que de buena fe creen que es mejor comenzar ahora la andadura como Rey del Príncipe heredero, con una intachable hoja de servicios hasta el momento. A mi juicio, ello, a más de una ingenuidad, sería una gran equivocación, no solo por el viejo aforismo ignaciano «en tiempos de turbación, no hacer mudanza», sino porque en momentos delicados, y los actuales lo son, el Rey atesora experiencias y cualidades personales al ser reinstaurador y protagonista máximo del advenimiento de la democracia que difícilmente puede tener un heredero, por bueno que éste sea, y el que tenemos lo es y lo ha demostrado en estos días con una impecable y discreta conducta al sustituir a su padre en lo necesario y rechazar de plano cualquier intento de sembrar discordias familiares. Entre ambas, está ese muy mayoritario porcentaje de la población española que recurrentemente muestra su preferencia por la Monarquía encarnada en S.M. el Rey Don Juan Carlos por razones tanto pragmáticas como sentimentales, entre las que no hay que excluir el agradecimiento al saber en dónde estábamos cuando el entonces Príncipe de España se convirtió en Rey y se comprometió a lograr para todos los españoles los esperados y grandes cambios que luego se han convertido en realidad: democracia, libertad, progreso y presencia de España en el mundo.

Lo que ha sucedido días atrás ha sido, a mi entender, ante todo y sobre todo, una falta de sensibilidad ante la situación atribulada y en muchos casos dolorosa que está atravesando el pueblo español, más allá de las aficiones cinegéticas, poco populares en el mundo de hoy, o de la insuficiencia de comunicación de su Casa con el Gobierno de la Nación. Ante ello, lo que ha hecho el Rey ha sido pedir perdón al pueblo y declarar que no se volverá a repetir; desde luego no es un plato de gusto ver disculparse al Jefe del Estado, pero hay que reconocer que el efecto ha sido asombroso y fulminante, las lanzas se han tornado cañas. Esa muestra de humildad y de grandeza ha actuado como un lenitivo fulminante.

Lo que no queda muy claro es lo que no se puede volver a repetir, aunque creo, por lo dicho, que lo que no se repetirá nunca es esa falta de sintonía con su pueblo de quien ha sabido representarlo mejor que nadie. Por ello, quizás lo más sensato, lo más justo y lo que más nos conviene sea corresponder a la disculpa del Rey con un «borrón y cuenta nueva, Majestad».

Eduardo Serra Rexach, presidente de la Fundación Everis.

El clamor de todos los sectores sociales y sensibilidades políticas exige una investigación que esclarezca hechos. Que explique por qué se fue sin avisar. Cuántos días. En qué avión viajó. Pero el asunto va más allá del incumplimiento de sus funciones, algo por lo que cualquier trabajador sería despedido. ¿De verdad cree que con una disculpa en once palabras se arregla todo? Entonces es peor.

Porque la indignación suscitada por la travesura real proviene de la falta de solidaridad con su pueblo que este gesto demuestra. Cuando llegamos al 24 por ciento de paro y al 50 por ciento entre los jóvenes, cuando la economía está a punto de ser intervenida por seguir las recetas de la Merkel, cuando la gente ya no confía en nada ni en nadie, mientras los españoles sufren, el Rey se divierte. Matando. Por cierto que esto de las armas y la caza mayor parece ser una vieja pasión suya. Y si no que lo cuenten a ese pobre oso ruso de Vologda, al que, en 2006, drogaron con vodka y miel los anfitriones rusos para que nuestro Rey pudiera matarlo a placer.

La cuestión va más allá de una equivocación, como lo llaman medios y políticos. Porque en la crisis que estamos la gente necesita asirse a algo, a instituciones y personas en las que pueda depositar su confianza. Los datos dicen que españoles y europeos mayoritariamente no confían en gobiernos, ni en parlamentos, ni en partidos políticos ni en políticos. Y tampoco en los bancos, faltaría más. Ni siquiera en los medios de comunicación. Es en ese contexto cuando hacen falta instituciones con autoridad moral, en las que uno pueda pensar que se erigirán en defensores de valores y principios de decencia.

¿Y qué encontramos? ¿La Iglesia? ¿La Iglesia del obispo Reig que aconseja tratamientos psiquiátricos para curar a los descarriados gais? ¿Y la monarquía? En principio ese es su papel. Yo soy agnóstico en política. Lo de las formas de gobierno, república o monarquía, es un debate obsoleto, siempre que la monarquía obedezca a la soberanía popular. Porque hay repúblicas, bananeras o no, que se las traen. Pero resulta que las monarquías son caras y las pagamos nosotros y la publicidad de las revistas del corazón. Y aunque la nuestra sea de las rebajadas, algo tiene que hacer. Y lo que puede hacer es tranquilizar, moderar, mantener una altura de miras en el mundo podrido de la política actual. Si no, es puro parasitismo social que debería incluirse en el paquete de recortes de gasto público. Que sigan siendo reyes pero no viviendo como reyes.

Hasta hace poco esta monarquía, a pesar de su origen franquista, había funcionado aceptablemente, gracias a la Reina que tenía su experiencia del desaguisado de Constantino en Grecia. Siempre les dijo a sus hijos/hijas que ese privilegio se lo tenían que ganar con el trabajo de cada día, que lo de la gracia divina se lo llevó Franco a su tumba. A su marido se lo dijo cuando pudo porque él andaba por ahí como una moto. Aprobaron sin nota. Incluso se le atribuyó al Rey la salvación de la democracia, como puede atestiguar el general Armada. Pero recientemente la imagen de la institución se resquebraja. El duque de Palma se encuentra en un complejo proceso judicial de estafa y desvío de fondos, apartado de la familia real. Al pobrecito Froilán se le dispara un arma, otra tradición familiar (por cierto, ¿qué hacía un niño con una escopeta?). Su papa, el exduque de Lugo Jaime de Marichalar, también salió rebotado de la familia real, no sin antes hacer fortuna al servicio del emperador inmobiliario Robert de Balkany, propietario de los centros comerciales de La Vaguada en Madrid y Gran Via en Barcelona. Pobres y honorables infantas, no se merecían estos zoquetes. En ese contexto, sólo faltaba la elefantada de Su Majestad.

La cuestión clave es que España, en plena hecatombe económica por la ortodoxia merkeliana de Rodríguez Zapatero y de Rajoy, no se puede permitir una crisis de legitimidad en estos momentos. Pero esto no se arregla como creen los políticos populares y socialistas ocultando la podredumbre bajo la alfombra, porque las crisis institucionales no están en el Estado sino en la mente de las personas. Si se piensa que necesitamos autoridad moral por encima de los políticos desahuciados por los ciudadanos, y si la monarquía puede ayudar en este sentido, hay que recurrir a la reserva moral de la monarquía, al príncipe Felipe y la princesa Letizia. He tenido el honor de enseñar a don Felipe en la Universidad Autónoma de Madrid. Y puedo atestiguar su inteligencia, limpieza y ética. Él puede conectar con la nueva generación, muchos de cuyos valores comparte. El puede regenerar una institución que solamente tiene sentido si inspira confianza y confiere legitimidad.

El último servicio que don Juan Carlos puede hacer a la Corona y a su país es abdicar en su hijo. Ya.

Manuel Castells.

Las últimas declaraciones de la (ex) presidenta Esperanza Aguirre (expresidenta porque ni mental ni políticamente ya lo debería ser, después de su contundente discurso antiautonómico) no sólo no se adecuan a lo que en Catalunya o en el País Vasco se piensa. Es que ni siquiera se corresponden, estoy seguro, con el sentir de determinadas sociedades o comunidades autónomas de la España “intermedia”. Porque es un error pensar que sólo hay dos tipos de comunidades en el Estado: las históricas, es decir, las naciones en pleno sentido de la palabra, y el resto, entramados artificiales creados en un momento dado como respuesta al deseo de autogobierno de las primeras. Sencillamente no es verdad. Cuando Ernest Lluch escribió las Españas “vencidas” o cuando en la portada del último libro de Enric Juliana se puede apreciar un mapa con las Españas “asimiladas”, ambos conceptos no se referían únicamente a Catalunya, y mucho menos a Euskadi… La pluralidad del Estado no empieza en Vizcaya y acaba en Tarragona,

con finos tentáculos hacia Vigo o Sevilla. Un cuerpo “intermedio” autonómico ha ido tomando forma y altura y, con altibajos, ha ido consolidando una visión propia, un horizonte asentado en episodios históricos relevantes, tradiciones compartidas, lengua propia (viva que no muerta), agendas económicas y de infraestructuras y fenómenos antropológicos y sociológicos potentes… Valencia es un caso paradigmático. Y tiene la importancia de ser la pieza que podría hacer volcar la estructura del estado hacia un lado u otro. Los valencianos no somos un invento reciente, al menos no más que otros.

Si la expresidenta Esperanza Aguirre quiere devolver “sus” competencias, que lo haga. Allá ella y allá los madrileños. Tal vez incluso fuera lo más conveniente para sus intereses (¡y para los nuestros!). De hecho, en Estados Unidos, la zona de Washington, a diferencia de los otros cincuenta estados de la Unión, no dispone de estructura estatal, ni de cámara de representantes propia. Su vida depende directamente del Gobierno federal. Y no viven mal del todo. Ni siquiera el distrito de Columbia (es decir, el territorio donde se asienta la ciudad de Washington) dispone de senador alguno en la cámara senatorial de Estados Unidos.

Por ello, en este año 2012, la voz del presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, se ha de escuchar enérgica en defensa de la autonomía. Tendremos más o menos dinero, tendremos más o menos capacidad de acción, haremos las cosas con más o menos modestia (de nuevo, Enric Juliana), pero el presidente Fabra debería defender la idea de que ser valenciano no es un estado administrativo, es un derecho que muchos queremos seguir ejerciendo, empezando, es de suponer, por quien gobierna en el histórico palacio de la calle de los Cavallers.

Bien mirado, comparto la idea de Esperanza Aguirre: que Madrid devuelva sus competencias y que, de una vez por todas, no juegue con la doble ventaja de disponer de inversiones estatales por ser sede del Gobierno central (y del pensamiento radial de España) y de las inversiones regionales que le tocan en el pastel autonómico, que sea de una vez por todas, si así se decide, el distrito federal de España.

El resto de las comunidades, al menos las autonomías “intermedias”, seguiremos con nuestra historia, no como un paréntesis, sino como un paso más en el devenir de lo que fuimos y lo que seremos. Yo, al menos, no tengo ninguna vocación de paréntesis.

Josep Vicent Boira, profesor de la Universitat de Valencia.

Es indudable que si hubiésemos contado con un Estado eficaz podríamos haber hecho frente a la crisis económica con mucha mayor facilidad. Pero el Estado Autonómico, en estos momentos, presenta una grave inestabilidad que procede de tres causas principales. La primera consiste en que, tal y como se encuentra, es un Estado enormemente gravoso que, mal que bien, pudo funcionar mientras estábamos en el periodo de las vacas gordas. Pero ahora que éstas han adelgazado, hasta llegar a una situación de raquitismo, ese Estado, tal como está, ya no es funcional. En segundo lugar, desde el mismo momento en que el presidente Zapatero dio disco verde para que se reformase el Estatuto de Cataluña entramos abiertamente en una situación de turbulencias autonómicas. El Estatuto catalán y los de otras regiones que le imitaron después no han hecho más que debilitar las competencias del Estado-aparato, en beneficio de las Comunidades Autónomas.

Es claro que no se puede llevar a cabo una política general que abarque a todo el territorio en una situación de emergencia nacional como la que padecemos actualmente en España si existen situaciones jurídicas incomprensibles. Por poner un ejemplo, en los nuevos Estatutos, especialmente en el catalán, se incluyen cláusulas como la Disposición Adicional Tercera que trata de imponer criterios a las Cortes Generales, cuando todo Estatuto tiene una delimitación territorial muy concreta respecto a su vigencia.

Y, en tercer lugar, otra complicación es la que se ha producido con la política llevada a cabo por Zapatero y sus adláteres del Tribunal Constitucional, que han introducido un elemento distorsionador en el funcionamiento del Estado de las Autonomías. Esto es, se ha permitido que un partido con evidentes relaciones con ETA -que aún no se ha disuelto- represente una amenaza enormemente peligrosa para la futura integridad de nuestro Estado, desde el instante en que se ha introducido en las instituciones locales.

sea lo que fuere, parece que existe por estas tres razones que he expuesto una cierta unanimidad en señalar que algo hay que hacer con respecto al Estado de las Autonomías. Se han podido oír, en los últimos días, voces de todas las tonalidades. Podríamos resumir así las posiciones más sobresalientes que se pueden señalar.

En primer término, algunos mantienen que se deberían suprimir las Autonomías de forma radical, y volver a un Estado centralista y unitario, permitiendo exclusivamente una cierta descentralización administrativa. Al margen de la ideología que sustente esta posición, hay que indicar que es absolutamente imposible tomarla en serio. Las autonomías, con todos los defectos que se quieran, han contribuido al desarrollo económico de España, reduciendo las enormes desigualdades regionales que existían antes de ser aprobada la Constitución. Pero, además, hay que tener en cuenta que el Título VIII de la Constitución nació especialmente para resolver el problema de las dos regiones con mayor identidad en España, es decir, el País Vasco y Cataluña. Resultaría totalmente demencial suprimir a estas dos regiones la autonomía que consideran como intrínsecamente necesaria, mientras que no puedan llegar a la independencia.

La segunda posición, que suscriben muchos otros observadores, consiste en adoptar en España un Estado Federal. Por una parte, se dice con mucha frecuencia que nuestro Estado de las Autonomías es prácticamente federal. Lo cual es cierto y no es cierto. Lo es porque, al igual que ocurre con los Estados Federales, en España las Comunidades Autónomas tienen parecidas competencias a las de aquéllos o incluso más aún. Pero no es cierto porque uno de los rasgos que se pueden comprobar en los Estados Federales consiste en la igualdad entre todos los Estados miembros. Sin embargo, no resulta posible reconocer esta circunstancia en España, porque no existe una igualdad entre las Comunidades Autónomas, habiendo grandes diferencias entre unas y otras en lo que respecta a sus Estatutos.

Pero es más, la igualdad federal no la desean en absoluto ni los vascos, ni los catalanes. Aquí existe una ley sociológica que es diabólica y que consiste en que cuanto más se alejen Cataluña y el País Vasco de las otras Comunidades Autónomas más se querrán acercar éstas a las primeras. Mientras los unos hablan de los hechos diferenciales y de los rasgos identitarios, los otros hablan de agravios comparativos, porque corren a apoyarse en el artículo 14 de la Constitución, que afirma que todos los españoles son iguales. Por consiguiente, esta solución del Estado Federal, o Autonómico-Federal, es una pseudosolución, porque nunca la aceptarían ni los vascos ni los catalanes, ya que ambos quieren ser un poco más altos que los demás.

No queda, pues, más que una tercera posición. Se trata de racionalizar el Estado de las Autonomías, modificando la Constitución para señalar con toda claridad cuáles son las Comunidades Autónomas que se reconocen, lo que podría significar incluso que algunas Comunidades uniprovinciales pasasen a formar parte de otras más amplias, lo que ahorraría gastos. Habría que describir también con total exactitud cuáles son las competencias que debe mantener el Estado-aparato y cuáles son las competencias propias de las Comunidades Autónomas. Y habría que convencer a los españoles de que las dos regiones con mayor personalidad histórica, Cataluña y el País Vasco, deberían tener algunas competencias fundamentales más que las demás Comunidades. Pero no se puede ocultar que esta diferenciación podría provocar nuevos conflictos entre las Comunidades «artificiales», según las han definido Artur Mas y Duran Lleida, y las dos (o tres) naturales.

Ahora bien, es la propia Constitución la que ha originado este conflicto permanente, puesto que adoptó dos principios que, como si fuesen imanes del mismo signo, se repelen, en vez de atraerse. En efecto, se trata de los principios dispositivo y diferenciador, que se hallan contenidos en el artículo 2 de la Constitución. Por un lado, según el principio dispositivo, todas las regiones españolas que así lo deseen pueden acceder a la autonomía. Y, por otro, el principio diferenciador, que consiste en que se reconocen diferencias claras entre unas Comunidades Autónomas, denominadas nacionalidades, y otras, denominadas regiones. Tal diferencia se puede ver también claramente en otros artículos de la Constitución, lo cual favoreció la aparición de un tercer principio, que no se halla en la Constitución, el principio emulativo, mediante el cual todas las Comunidades Autónomas tratan de que no existan privilegios de algunas sobre otras y de llegar así a la igualdad entre ellas.

Así están las cosas hoy en España, y las consecuencias que podemos deducir son dos: una primera, que no se puede mantener la actual estructura caótica del Estado de las Autonomías, por ser enormemente gravosa e ineficiente. Y la segunda, que la única manera de resolver y racionalizar esta endiablada situación, no es otra que la de reformar el Título VIII de la Constitución, intentando el mayor acuerdo general, incluso con la convocatoria de un referéndum.

En resumidas cuentas, algo de esto reivindiqué hace 23 años, cuando no había una crisis económica como la actual, en el primer artículo que salió en la Tribuna de este periódico.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Ninguna de esas fotos me produjo tanto dolor, tanta perturbación como esta del periódico español. Tal vez porque desde niño no quiero a los seres humanos pero sí a los elefantes. O tal vez por lo que enmarca la foto: arriba el nombre del periódico, EL PAÍS, el único que ha llegado ser transnacional en nuestro idioma, pues ni La Nación de Buenos Aires, el diario de los Mitre, con lo grande que fue, lo logró: trascender las fronteras nacionales para ir a los cuatro rumbos del ámbito hispánico, por sobre el mismo mar. Y debajo de EL PAÍS el encabezado, el titular, insulso, banal, perverso: ‘El Rey es operado de la cadera al caerse en un safari en Botsuana’.

La tragedia era esa, que el Rey con mayúscula se había roto la cadera en un safari, no que acababa de matar a un animal hermoso, inocente, que ningún daño le había hecho. Para EL PAÍS la matanza de animales grandes por diversión en África es un simple safari: para mí es un asesinato. Y adentro del periódico, llenando dos páginas, la crónica banal del percance y otra foto del Rey con el mismo cazador y adelante de ellos dos búfalos que acaban de matar. Un destino habitual para la caza mayor, dice el correspondiente titular. “España es de los países que más trofeos de grandes especies importa de África. Matar un elefante en Botsuana sale por más de 44.000 euros”. Y que “los médicos le han tenido que colocar al Rey una prótesis que sustituye la cabeza del fémur y la zona donde esta se ensambla con la pelvis”, etcétera, en ese tono neutro, imparcial, que es el que le corresponde a un gran periódico.

De entonces acá, en las horas que han pasado, ha venido la condena en las redes sociales de Internet de muchos españoles indignados porque el Rey se está gastando el dinero público en diversiones cuando España pasa por uno de sus peores momentos, o porque la Casa del Rey no le informó al presidente de su viaje, o por razones así. ¿Y es que alguna vez le informó a alguien cuando se iba a Rumanía a cazar osos con Ceausescu? Todavía en 2004, tiempo después de la caída del tirano, seguía yendo a lo mismo. El 12 de octubre de ese año el periódico Romania Libera de Bucarest informó de su cacería en la región rumana de Covasna, al pie de los Cárpatos, en que mató a escopetazos a nueve osos, una osa gestante y un lobo y dejó malheridos de bala a varios otros animales que medio centenar de ojeadores le iban poniendo a su alcance, de suerte que los pudiera abatir sin riesgo alguno. Varios miembros de la policía secreta rumana disfrazados de campesinos e infiltrados entre los ojeadores protegían de los osos y de cuanto peligro se pudiera presentar al distinguido personaje. La cacería o masacre tuvo lugar desde el viernes 8 de octubre al domingo 10 y la organizó la empresa Abies Hunting, experta en safaris. El Rey había llegado al aeropuerto Otopeni de Bucarest en su jet privado, y escoltado por 10 patrullas de la policía y varios vehículos de acompañamiento protocolario se había trasladado a las cabañas que tenía antes Ceausescu para sus cacerías en la región. Los lugareños de Covasna le depararon al Rey español un cálido recibimiento folclórico vestidos con trajes típicos y lo agasajaron con palinca, un aguardiente de ciruela.

Así que lo de matar animales grandes como el elefante y los búfalos de la semana pasada no es cosa nueva: le viene de lejos al Rey. Y se la va a dejar de herencia, junto con un dineral, a su nieto, quien se acaba de herir un pie por andar jugando con escopetas. ¿Qué irá a cazar este niño cuando crezca y le permitan sus padres ir de cacería? ¿Elefantes? ¿Osos? ¿Búfalos? Ya no van a quedar. Para entonces su abuelo habrá acabado con todos. Aunque las posibilidades que tiene el niño en cuestión de reemplazar andando el tiempo a su abuelo en su altísima dignidad son pocas, alguna hay. Estaría perfecto ahí, como fabricado a la medida del puesto. Es el Rey que se merece España, el país que despeña cabras desde los campanarios de sus pueblos para celebrar, con la bendición de la Iglesia, la fiesta del santo patrono.

Fernando Vallejo es escritor. Autor de La virgen de los sicarios, ha ganado el último Premio FIL de la Feria del Libro de Guadalajara.

Lo que esa generación aportó a España fue la Transición, de la que el Rey fue protagonista. Recuerdo que Areilza le describió como «el motor del cambio». Pienso que hubo muchos más motores. El primero, el propio Franco, cuando le dijo que tendría que gobernar de modo distinto al suyo. Luego, una coyuntura económica favorable. Por primera vez, España tenía una clase media, y las clases medias, una vez satisfechas las necesidades elementales, quieren libertad, democracia, aunque la democracia, incluso en su nivel más desarrollado, sea solo la menos mala de las formas de gobierno, como advirtieron sus creadores. Pero bueno, mejor eso que nada. Y hubo también una coyuntura internacional favorable. Las que emergían como grandes potencias en el oeste, Estados Unidos y Alemania, se dieron cuenta de que España podía ser un gran problema si no se resolvía el asunto de la transición, pues el franquismo no podía sucederse a sí mismo. Así que pusieron manos a la obra de que la construcción europea no se hundiera por su extremo suroccidental. Washington se encargó de apuntalar a Don Juan Carlos; Bonn, a Felipe González. Recuerdo la gira del entonces Príncipe por Estados Unidos, en el avión presidencial que le había cedido Nixon, que era todo un endoso a su persona, cuando en España se debatía la sucesión de Franco. Y de sobra es conocido el apadrinamiento de Felipe González, no solo por parte de los socialdemócratas alemanes, Brandt especialmente, sino también de los cristianodemócratas, para que el principal partido de la oposición no fuera el comunista ni el de los socialistas del exilio, sino el de las nuevas generaciones crecidas bajo, y contra, el franquismo.

Así se hizo la transición, que podría llamarse también transacción, pues hubo para todos, con pactos transversales y esperanzas generalizadas en la inmensa mayoría, al comprobar que lo más temido, que volviéramos a la guerra incivil que veníamos librando por más de un siglo, no se cumplía. Y así empezó un reinado que, a trancas y barrancas, nos ha traído el periodo más largo de paz y de prosperidad en nuestra historia.

Pero que no hay mal, ni bien, que cien años dure, lo estamos comprobando los españoles. Los pactos están bien, muy bien incluso, al ser la base de la convivencia civilizada. Pero siempre que las partes estén dispuestas a cumplir lo pactado; y ha habido españoles no dispuestos a cumplirlo, es más, decididos a aprovechar las concesiones del resto para quedarse con todo. Tanto el Estado de las Autonomías como ese invento español de la «nacionalidad», que ofende a la gramática, pues la nacionalidad es más un adjetivo que un sustantivo, en vez de ser la solución de nuestro problema territorial, se han ido convirtiendo en un genio maligno que, una vez fuera de la botella, amenaza con devorar al que la abrió. Las autonomías se han tornado soberanías y sus estatutos particulares prevalecen sobre la Constitución. El resultado no es un Estado hecho y derecho, sino una casa de los líos, donde la menor cuestión se torna conflicto, ya entre las comunidades, ya con el Gobierno central. Sin que haya síntomas de que las tensiones amainen, sino más bien de lo contrario.

Por otra parte, la democracia que nos hemos procurado es solo la mitad de ella, la de las libertades, pero la otra mitad, la de las responsabilidades, ni está ni se la espera, tanto a nivel individual como oficial, con unos partidos que hacen honor a su nombre, es decir, atendiendo solo a la parte que les afecta, olvidando por completo el bien general. La total incapacidad de nuestros partidos políticos de llegar a acuerdos transversales en los grandes temas de Estado es la principal debilidad de este. Y, encima, la crisis, una crisis que nos ha cogido como aquel tsunami a los turistas en la playa del Índico: desnudos. El euro nos hizo creer que éramos ricos y nos pusimos a gastar como locos, llegando al disparate de encontrar barato Nueva York. En fin, para qué voy a contarles, si lo conocen de sobra.

Se acaba una época. Se acaba una generación. Suárez anda en las tinieblas del alzhéimer, Fraga ha muerto, Carrillo desgrana su amargura, los Lópeces son un pie de página de la historia. Queda Don Juan Carlos, el gran superviviente; guste o no, nuestra mejor baza nacional e internacional, que igual nos consigue un gran contrato fuera que apacigua los ánimos dentro, habiendo conseguido que incluso lo llamen «un rey republicano», que ya es decir. Pero a veces siente el ansia irrefrenable de pegar tiros, a fin de cuentas es un militar, y de abatir elefantes o lo que se le ponga por delante. Para él es un deporte, un desahogo. Como el largarse de tanto en tanto. Cuando para las nuevas generaciones es un delito. O algo peor, una estupidez. Sobre todo, en los tiempos que corren.

Lo malo es que ha entrado en juego nuestro principal defecto. Que no es la envidia, pues envidia hay en todas partes. Lo que realmente nos daña, nos afecta, nos retrasa, al impedirnos ver la realidad, y nos hace cometer los mayores disparates, es confundir lo principal con lo secundario, dar más importancia a la apariencia que a la sustancia. Vamos con el paso cambiado y a menudo nos ponemos a nosotros la zancadilla. Ahora mismo, la cacería del Rey en Botsuana fue un error, de acuerdo. Un gran error, si quieren. Pero de ahí a pedir su abdicación hay aún más trecho que el que hubo en la salida de su abuelo por haber ganado la izquierda unas elecciones municipales. Y es que somos expertos en criticar a lo grande sin aportar soluciones. O en «disparar primero y apuntar después», como me dijo un colega inglés con sorna. «Sí, le respondí, y además, a cañonazos».
¿Qué quieren, que abdique en el Príncipe Felipe o que dé paso a la Tercera República? Lo que nos faltaba. ¿Se dan cuenta del formidable lío en que nos meteríamos? ¿Cuánto iba a resistir el nuevo Rey ante una izquierda crecida y unos nacionalistas insaciables? ¿Cómo íbamos a elegir un presidente, cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo en un director de TVE? Justo en medio del ataque más furioso de los mercados a la economía española y cuando hasta Cristina Fernández nos moja la oreja.

Me queda solo por señalar la calidad humana del Rey, su naturaleza espontánea, que le conecta de inmediato con sus pares o con el hombre de la calle, que lo percibe y agradece. Un don que no se aprende, se tiene o no se tiene. El misterio puede estar en que Don Juan Carlos se siente como un español más.

Por José María Carrasacal, periodista.

Ya en 1956 se produjo una tragedia cuando don Juan Carlos mató accidentalmente a su hermano don Alfonso de un disparo con un revólver de calibre 22. Ambos estudiaban el bachillerato en España, bajo la tutela de Franco, pero por vacaciones regresaban a la residencia familiar de Estoril, donde vivían sus padres. Al joven don Juan Carlos ya entonces le gustaba tontear con las armas de fuego. El 29 de marzo, jugando con su hermano don Alfonso, don Juan Carlos le disparó un tiro en la cara, causándole la muerte. Por muy jugando que sea, debe de ser una experiencia traumática terrible, que apartaría para siempre a cualquiera que la haya tenido del contacto con las armas de fuego. Sin embargo, el efecto esperable no se produjo y la tendencia fatal a accionar el gatillo sigue causando problemas al Rey y a la monarquía, cincuenta y seis años después.

Las armas de fuego siempre acaban disparándose; no sirven para nada, excepto para herir y matar. Hace unos días el nieto mayor del Rey, Felipe Froilán, de 13 años, estaba ejercitándose ilegalmente con una escopeta de cañón doble de calibre 36, en compañía de su padre, cuando se disparó accidentalmente en su propio pie, por lo que tuvo que ser trasladado a la clínica y operado. Los peligros de estas armas se multiplican en las cacerías. En 2007, un biznieto de Franco mató a un compañero cazando corzos en un coto. En su saña matarife, los cazadores frecuentemente disparan contra cuanto se mueve y matan a paseantes inocentes, como ocurrió en Girona en enero pasado cuando un cazador torpe y excitado mató a un joven de 24 años, confundiéndolo con un jabalí. Luis Bobé, un concejal de CiU, murió en otro accidente de caza en 2011. Cada año se producen en España más de mil heridos y decenas de muertos por disparos equivocados de los cazadores.

El rey Juan Carlos es un cazador empedernido, que dedica mucho tiempo, dinero y energías a la caza mayor. La última noticia al respecto llegó por el accidente que sufrió el 13 de abril durante una expedición cinegética para matar elefantes en Botsuana, en la que se fracturó la cadera derecha en tres fragmentos. Tuvo que ser trasladado en un vuelo especial de ocho horas a Madrid, donde fue inmediatamente operado y recibió una nueva cadera artificial.

La noticia recorrió rápidamente las redacciones y las redes sociales, subrayándose varios de sus aspectos bochornosos. La caza de elefantes está en principio prohibida en África desde 2010, aunque algunos Gobiernos la siguen permitiendo a cazadores ricos y compulsivos decididos a pagar grandes sumas de dinero por el placer de matar a un animal protegido. Todos estos gastos de cacería mayor, permisos, vuelos especiales y médico acompañante los paga el contribuyente español. Muchos se han sorprendido de que en una época de crisis y de enorme déficit y paro los escasos recursos públicos se dediquen a estas cosas. El Gobierno, que ha recortado un 25% el presupuesto de investigación, se ha limitado a un simbólico recorte del 2% en la asignación presupuestaria de la Casa Real. De todos modos, el Gobierno no sabe lo que hace, pues ni siquiera se había enterado del viaje africano del monarca. Parece que prefiere no enterarse. En el proyecto de ley de transparencia de los gastos públicos se empieza por declarar que esta ley no se aplicará a la Casa Real. Si hay que pedir transparencia al Estado, habría que empezar por arriba, por el Rey, y no por los secretarios de Ayuntamiento.

Desgraciadamente, no es esta la primera vez que las cacerías de don Juan Carlos exigen cuantiosos pagos a empresas como Abies Hunting y Rann Safaris, que ofrecen cacerías de animales normalmente protegidos a cazadores adinerados y sin escrúpulos. Todo el mundo ha visto la fotografía de don Juan Carlos y el cazador blanco Rann que lo acompaña junto al cadáver, apoyado en un árbol, del elefante que acaban de acribillar y que presenta una estampa incomparablemente más noble y hermosa que ellos. Don Juan Carlos ha cazado repetidamente en África todo tipo de animales que nadie debería cazar, desde leopardos y búfalos hasta elefantes.

La pasión matarife del Rey no se limita al continente africano. En 2004, por ejemplo, pagó 7.000 euros para matar en Polonia uno de los últimos bisontes vivos que quedan en Europa. En octubre de ese mismo año, la agencia Abies Hunting le organizó un viaje privado para matar osos en los Cárpatos. El Rey se hospedó en el antiguo chalé del dictador Ceausescu, y se dio el gustazo de abatir a tiros a cinco osos y otros animales protegidos. El escándalo estalló en la prensa rumana y rápidamente fue difundido a través de Internet. Apenas tres meses después, en enero de 2005, la prensa austriaca dio a conocer una nueva cacería de don Juan Carlos, llegado expresamente en avión privado a Graz con la correspondiente comitiva de guardaespaldas. En 2006 estalló el escándalo de la caza en Rusia de Mitrofán, un pobre oso del zoo local emborrachado con miel y vodka y puesto delante de don Juan Carlos para que lo disparase. La noticia de que el rey de España había ido hasta Rusia en avión especial a matar a un oso drogado enseguida dio la vuelta al mundo.

Aunque la caza tenía sentido durante el Paleolítico, lo perdió por completo tras la revolución del Neolítico, que tuvo lugar hace unos diez mil años. A partir de entonces, ya no se caza en defensa propia ni para comer, sino por aburrimiento, mala leche y exceso de testosterona. Los reyes de antaño, que habían empezado sobresaliendo en la guerra, se aburrían soberanamente en los insulsos periodos de paz y, como no sabían leer (ni había cine, televisión o Internet), entretenían sus ocios cazando los animales que sus servidores les ponían delante, al estilo Mitrofán. Hoy en día, la caza es anacrónica en todos los casos; además, es completamente inmoral cuando las víctimas son animales magníficos y escasos, como los que están en situación de protección o peligro de extinción.

Un artículo que publiqué en este diario hace seis años (El dedo que acciona el gatillo), acaba diciendo que “sería un buen momento para aconsejar al monarca que aparte el dedo del gatillo de una vez por todas”. Desgraciadamente, o nadie le dio el buen consejo o él decidió no seguirlo. Así como en cuestiones políticas el Rey ha tenido la prudencia de dejarse aconsejar por otros, en cuestiones como la caza ha preferido actuar al dictado de sus hormonas, por lo que ha seguido generando noticias que en nada contribuyen a su prestigio, ni al de la monarquía, ni al de su país.

La Casa Real replica que el Rey mata elefantes porque le da su real gana y que no tiene que dar explicaciones a nadie sobre sus cacerías, pues forman parte de su vida privada, en la que nadie tiene derecho a inmiscuirse. Eso es una obvia falacia. En primer lugar, las cacerías de don Juan Carlos de Borbón, lejos de ser actos íntimos que se realizan en un espacio privado, involucran a diversos países y continentes, vuelos especiales, comitivas oficiales e incluso ausencias públicas inexplicables. En segundo lugar, todos esos gastos extravagantes se sufragan con cargo a los impuestos que paga una población agobiada por la crisis. Además, a muchísimos españoles esas cacerías de elefantes en África o de osos en Rumanía les producen repugnancia estética e indignación moral. La época en que la real gana bastaría para justificarlas ha pasado ya.

Jesús Mosterín es profesor de Investigación en el CSIC.

A estas alturas de la historia, todos los países europeos han hecho su ajuste de cuentas con la monarquía. Bien se han constituido como repúblicas o bien han reducido la corona a la posición de un mero órgano del Estado carente de cualquier presencia en el ejercicio del poder. De ahí que en ningún país europeo la monarquía continúe siendo un problema para su Estado constitucional.

España es la única excepción. Tras la muerte del general Franco, España se constituyó democráticamente y no creo que puedan caber dudas acerca de la naturaleza democrática de la Constitución española. Pero no puede desconocerse que la voluntad constituyente del pueblo español expresada en la Constitución de 1978 no pudo extenderse a la Monarquía, que tuvo que ser aceptada como un hecho consumado a fin de que el proceso constituyente pudiera llegar a buen fin. La aceptación de la Monarquía fue una condición previa para que se pudieran celebrar las elecciones que acabarían siendo constituyentes del 15 de junio de 1977.

Es verdad que la definición que se hizo en la Constitución de la Monarquía como «Monarquía parlamentaria» en el artículo 1.3 viene inmediatamente después de la definición del principio de «soberanía nacional», que se dice expresamente que reside en el «pueblo español» en el artículo 1.2. Hay, en consecuencia, una subordinación de la Monarquía parlamentaria a la legitimación democrática del Estado. Con una reserva digna de mención: mientras en la fórmula tradicional en derecho comparado a la afirmación de la soberanía del pueblo sigue la consecuencia de que de dicha soberanía «emanan todos los poderes del Estado», en el artículo 1.2 de nuestra Constitución se dice «emanan los poderes del Estado». Posiblemente, el «todos» en la Constitución española era más necesario que en ninguna otra Constitución, a fin de que no cupiera duda alguna sobre el carácter de órgano pero no de poder del Estado de la Corona. Dicho carácter de órgano y no de poder se refleja después con mucha nitidez en el texto constitucional.

Pero lo decisivo no es el texto sino el contexto. La subordinación de la Monarquía al principio de legitimación democrática se inscribió en el texto constitucional una vez que se había tenido que aceptar la Monarquía como un presupuesto para el ejercicio del poder constituyente. Esta es la razón por la que, si jurídicamente podemos considerar que la posición de la Corona como órgano pero no como poder del Estado queda resuelta en el texto constitucional, políticamente no es así. Analizando el proceso constituyente en su conjunto y no solamente el texto constitucional en su redacción final, queda una cierta sensación de ambigüedad sobre el lugar del Rey en nuestro sistema político. Jurídicamente, el Rey es un órgano y no un poder del Estado. Esto resulta claro de la lectura de la Constitución. Políticamente, la presencia del Rey sigue gravitando sobre el ejercicio del poder. El Rey de España no ocupa en nuestro sistema político el mismo lugar que ocupan las reinas de Inglaterra u Holanda o el rey de Bélgica en los suyos. El rey Juan Carlos ha aparecido en los cables de Wikileaks como una figura política de primer nivel en el sistema político español, algo que no ha ocurrido con ningún otro monarca europeo.

Por eso estamos donde estamos. En ningún momento de nuestra historia constitucional, salvo en las dos Repúblicas, el poder constituyente del pueblo español se ha extendido a la Monarquía. El origen está en Cádiz. En Cádiz se aprueba una Constitución de la Monarquía Española y no de la Nación Española. No se constitucionaliza un Estado sino una Monarquía. Y así fue hasta 1931. A partir de esa fecha ya no se ha podido constitucionalizar una Monarquía sino un Estado. Pero el Estado ha sido constitucionalizado bajo forma monárquica y sin que el poder constituyente del pueblo español pudiera pronunciarse sobre ese extremo.

En España hay una suerte de reserva implícita de poder en la Monarquía que ya no existe en ningún otro país europeo y que da relevancia constitucional a cualquier incidente que se produzca en el desempeño de las tareas constitucionales o en el ejercicio de actividades privadas por parte del Monarca y de los demás miembros de la Casa del Rey. Aquí está el origen de lo que estamos viviendo estos días.

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional.

El neocentralismo ha convertido el modelo autonómico en el chivo expiatorio del despilfarro público y de la crisis política, incluida la corrupción. Propone el retorno al Estado unitarista. La lenguaraz Esperanza Aguirre expresó hace unos días lo que piensa un sector minoritario pero influyente de la derecha española: que las autonomías devuelvan a la Administración central las principales competencias.

Con ello, supuestamente, nos ahorraríamos una porrada de dinero tan inmensa que casi no habría que hacer recortes. El neocentralismo pretende ignorar que en el mundo contemporáneo la eficiencia de los estados está ligada a la gestión descentralizada de los servicios y recursos. Pensemos, por ejemplo, en el modelo federal alemán. Pero, curiosamente, donde más aplausos ha encontrado la presidenta madrileña no ha sido en su partido, sino en el soberanismo catalán, que no se cansa de vilipendiar el mal llamado café para todos. Artur Mas ha aprovechado la ocasión para marcar nuevamente la diferencia entre las nacionalidades históricas, merecedoras del autogobierno, y las «artificiales», aunque sin precisar cuáles son. Este desatino subraya la regresión que, en términos históricos, representa el soberanismo en relación con el catalanismo optimista e integrador del siglo XX. Supone, además, un desprecio ante unas identidades territoriales que en España son muy complejas, sin menoscabo de la existencia de tres culturas nacionales diferentes de la castellana. Cualquiera que relea los debates constituyentes de 1978 verá que desde Miquel Roca a Jordi Solé Tura, pasando por Joan Reventós, los partidos catalanes defendieron que la autonomía era extensible a todos los pueblos de España sin excepción.

Pese a esta coincidencia con el nacionalismo español más castizo, el objetivo del soberanismo es, evidentemente, otro: la conquista del Estado propio. Ahora bien, tiene enfrente un obstáculo sociológico: resulta que la gran mayoría de los ciudadanos nos sentimos en grados diversos catalanes y españoles. Para superar el muro de la doble identidad, el soberanismo neoliberal no desaprovecha la menor ocasión para socializar argumentos de grueso calibre del tipo: «España nos roba, pero libres haríamos de Catalunya una de las economías más prósperas de Europa». En definitiva, la independencia como una gran panacea, según nos relataba ayer con fruición Xavier Bru de Sala, y en la que, por supuesto, florecerían los millonarios y los parados podrían, en el peor de los casos, convertirse en funcionarios del nuevo Estado.

Este tipo de cuentos de la lechera son de una enorme frivolidad. Primero, porque el relato parte de una premisa falsa: que la legalidad española es lo único que impide proclamar la independencia, pues los catalanes ya estamos casi todos de acuerdo. Segundo, se habla solamente de los fabulosos beneficios de la separación, pero jamás de los costes sociales y económicos de la ruptura y de un periodo de transición indeterminado (¿durante cuánto tiempo nos quedaríamos fuera de la UE?). Seamos serios, por favor. Si alguien deja a sus vecinos porque esgrime que le roban, ¿acaso estos van a seguir saludándole y entrando en su negocio o empresa? Tercero, se esconden informaciones esenciales, como el hecho de que, aunque la economía catalana se ha abierto al mundo y exporta, nuestro superávit comercial únicamente se produce, y de manera muy notable, con el resto de España (www.c-intereg.es). Cuarto, el repetido argumento de las balanzas fiscales esconde matices y sorpresas. Lo hemos visto en relación a los datos del 2009 suministrados torticeramente por el conseller Mas-Colell.

Hay un abanico de cálculos posibles en función del enfoque que se adopte, que va de un déficit de 16.000 millones a un superávit de poco más de 4.000, pasando por otras aproximaciones intermedias igualmente correctas. Hay un dato revelador del que CiU no habla y que indica hasta qué punto hemos de ser prudentes con las cifras. Desde que comenzó la crisis, la Seguridad Social gasta en Catalunya mucho más de lo que recauda: 1.200 millones ya solo en el 2009.

El problema de fondo es que el grueso del soberanismo es neoliberal y, por tanto, considera que cualquier déficit, sea entre grupos sociales o territorios, es ilegítimo. Entre tanto, nos vende un peligroso cuento de la lechera donde solo existen fabulosos beneficios mientras esconde los costes económicos, sociales y políticos de la ruptura. ¿Acabaremos por tropezar?

Joaquim Coll, historiador

Ninguna fuerza política o social, ningún medio de comunicación, partido o grupo de opinión plantea la menor alternativa. A lo sumo, leves retoques del presente. El gap entre la realidad y la independencia es tan grande como el que separa la independencia de cualquier otra salida a un presente muy incómodo. Puede no ser del todo cierto, pero el mensaje del maltrato de Madrid, la impotencia del Gobierno catalán, el único nuestro, unido a las perspectivas de franca y rápida mejora de la economía, el mito de la Holanda del sur, opera sobre una multitud creciente e impaciente. Los síntomas de la ruptura están ahí. La caída económica y social se presenta como inevitable en caso contrario. La cristalización es posible. Puede no llegar o puede precipitar como por accidente. Sea como sea, los catalanes haríamos bien en planificar, prever escenarios y evitar la improvisación.

Uno de los argumentos de la incredulidad o síndrome Luis XVI consiste en afirmar que los ricos y los poderosos de hoy no lo permitirán porque saldrían perdiendo. Por el contrario, opino que este supuesto, tan extendido que se diría unánime, es falso. La independencia conlleva siempre y en todo lugar unas tales oportunidades de negocio que no tardaremos en ver como algunos de los que pasan por los más acérrimos opositores se apuntan con deleite. Llegado el hipotético caso, la independencia sería un pastel. Habría mucho que repartir. Comportaría un número indeterminado pero nada despreciable de nuevos millonarios. O de millonarios que se enriquecerían más allá de lo que con el estatus actual pueden soñar. Estaría por determinar si el negocio sería solo para unos pocos o para la nación, entendida como conjunto de ciudadanos, pero que habría mucho que repartir parece tan evidente que no se entiende que este sea, hasta donde conozco, el primer escrito que destapa el tema.

Por si alguien quiere ejemplos, comenzaremos por las concesionarias de la gran obra pública. Las actuales han crecido a la sombra del Estado central, que las adjudica vía BOE. Aunque algunas tengan participación de catalanes, lo más probable es que crecieran las propias que mantuvieran cercanía con el poder del nuevo Estado.

En todo el mundo, los estados dictan y ordenan dentro de unos límites pero con una enorme discrecionalidad. Solo hay que fijarse en las transformaciones del mapa de sectores clave como la energía o la banca dibujadas desde el poder central español. Ahora mismo, Argentina quiere recuperar YPF y lo puede hacer de la manera que más le plazca. Empieza por anular en cadena concesiones de exploración de nuevos yacimientos. Puede pagar o puede asfixiar a Repsol, o ambas cosas, pero el Estado argentino y la camarilla que lo gobierna tienen el mango de la sartén.

La independencia de Catalunya conllevaría la puesta en marcha de nuevos reguladores. Banco central, mercado de valores, de telecomunicaciones, redes de la energía, etcétera. Del mismo modo que el regulador español se ha cargado las cajas y las da a los bancos, un banco central catalán -siempre en la hipótesis que aquí se trata- podría obligar a los bancos a proveer un fondo destinado a recuperar las cajas. En todo caso, es seguro que el mapa financiero, la red eléctrica y el resto de servicios básicos sufrirían profundas transformaciones a corto o medio plazo. Se podría hacer con una perspectiva social, sobre todo si la independencia comportase, como sería probable, quedar de entrada fuera de las instituciones europeas y sus normas. Se podrían producir nacionalizaciones, con o sin posteriores reprivatizaciones a favor de compañías propias o cercanas. Las opciones de derecha e izquierda cobrarían mucho más sentido.

La independencia supondría la convocatoria de varios miles de plazas de funcionarios, además de los correspondientes medios y altos cargos, ya que el nuevo Estado proveería todos los servicios que hoy están en manos del Estado central español.

Finalmente, el tema primordial del crecimiento económico, vía exenciones y vacaciones fiscales a las empresas que se instalasen en Catalunya. Así creció Irlanda.

Sin duda, la opción mejor para España es el pacto fiscal. Y si no, la confederación.

Xavier Bru de Sal, escritor.

Es cierto que cuando el presidente habló en Cádiz se refería a ajustes económicos y no a otros de calado político como los que habría que aplicar para modificar el sistema territorial y competencial. Es más, Rajoy replicó a la presidenta madrileña afirmando que «ni se plantea» un debate sobre el Estado autonómico. Es más, son varios los mandatarios del PP que han puesto de manifiesto que no hay nada que reformar en la Constitución del 78. Es verdad que el zapato aprieta por el juanete de la economía; es verdad que el Gobierno tiene que concentrarse en reformar todo lo que sea necesario para salir del agujero de una deuda que impide el crecimiento y no hace más que aumentar el riesgo de una mayor deuda. Pero lo urgente no agota lo necesario, y pocos dudan de que la Constitución necesita una reforma que plasme todo lo que hemos aprendido de la aplicación de sus previsiones, muy abiertas. Y es que la Constitución se ha materializado siguiendo unas vías que no eran las únicas posibles a tenor de la literalidad del texto. Ya que se ha materializado esa concreta aplicación, ¿por qué no registrarla ahora por escrito y dotarla de un rango constitucional inapelable?

Es comprensible el miedo a la reforma de la Carta Magna, incluso a que el eventual proceso de modificación tenga menos adhesiones que las obtenidas en 1978 y que, por ello, el texto pierda legitimidad. Pero ese recelo esconde una realidad: el temor proviene de la certeza de que quienes en su día dijeron sí a la Constitución ahora podrían votar en contra del texto reformado. Pero ese no sólo pondría de manifiesto un sentir que ya existe entre la ciudadanía. Y no es hora de cerrar los ojos a la realidad.

España es ya, en todo menos en el nombre, un Estado federal. El problema es que le faltan algunas estructuras que sirven para que los estados federales estén más cohesionados. Porque si algo pretende una federación es reforzar la unión. No nos podemos dejar llevar por el abusivo mal uso del término federación que han hecho aquellos que, en realidad, quieren la confederación. La idea seminal del Estatuto catalán no era federalizar España, sino confederalizarla. Y hay una diferencia abismal entre federación y confederación. Federación es unión -«una mejor unión», como dicen los padres de la Constitución de EEUU-, entendida como valor político a proteger de forma especial. La confederación, por el contrario, no se somete al valor de la unión, sino que apuesta por mantener la asociación funcional de estados soberanos mientras sirva para algo, normalmente la defensa y la política exterior. Por esta razón las confederaciones tienden a desintegrarse o a acabar convirtiéndose en federaciones en toda regla. En EEUU tuvieron que pasar una guerra civil en la que se enfrentaron unionistas -los federales- contra secesionistas -los confederales-. Y Suiza ha completado el camino de la confederación a la federación, afirmando en su Constitución que el país helvético está constituido por los cantones y por los ciudadanos suizos.

Existen muchas constituciones federales que no cumplen el requisito de afirmar que la federación está constituida sobre la base de la alianza de estados preexistentes, y nadie les niega por ello la categoría de estados federales. Éste es el caso de Austria o Alemania.

Es comprensible que el recuerdo de la Segunda República haya llenado el término federal de connotaciones negativas. Pero si dejamos de lado los nominalismos, ésa es la realidad de la España autonómica actual, llena de bilateralismos entre las comunidades y el Gobierno central. Esa estructura debería ser la fuente del miedo. Y sin embargo no es así.

La razón última para abordar una reforma federal de la Constitución no radica en la necesidad de hacer un esfuerzo para integrar a los nacionalismos periféricos. Si no quieren integrarse no lo harán, y punto. Además, los nacionalismos nunca han sido federalistas. A lo más que están dispuestos es a una confederación de pueblos al estilo del Antiguo Régimen español.

La razón política última para una reforma federal es la contraria: poner punto final a la negociación permanente a la que nos aboca la actual Constitución por su estructura abierta. Apertura, por cierto, que se esfuerzan por mantener denodadamente los nacionalismos periféricos para poder así reforzar la bilateralidad de su relación con el Estado, establecerse en pie de igualdad en la relación con éste y mantener la esperanza de transformar las frágiles previsiones constitucionales en rebajas de la cohesión política interna.

España no puede continuar con un sistema de financiación autonómica sin claras previsiones constitucionales, sometida a una negociación permanente donde las comunidades reclaman cada vez más financiación para sí y menos para el Gobierno central y sus funciones. Tampoco puede continuar sin unas reglas claras, establecidas constitucionalmente, para garantizar la solidaridad interterritorial y acabar con los debates de las balanzas fiscales.

Es preciso reformar el Senado para que la representación igualitaria de los ciudadanos en el Congreso sea completada por una representación del pluralismo territorial en la Cámara Alta, con capacidad de veto en determinadas cuestiones. Y es preciso clarificar el reparto competencial, definiendo mejor el contenido de las competencias exclusivas, reforzando las necesarias para el Gobierno central en los cometidos nucleares de redistribución, estabilidad y dirección general de la economía.

No es malo que existan relaciones bilaterales entre las autonomías y el Gobierno central, pero el Estado no se puede estructurar sobre esa bilateralidad, porque supondría una desestructuración del mismo. España necesita articularse adecuadamente a través de unas estructuras horizontales en las que estén implicados todos y que sean más sólidas, permanentes, e institucionalizadas con mayor nivel constitucional que las conferencias actualmente existentes, que dependen del voluntarismo de sus componentes.

Si se procediera a una reforma federal de España, lo más probable es que los nacionalismos dijeran que no. Pero los actores principales de la política española podrían decir entonces: «esto es lo que hay». España dejaría de ser un bazar en el que todo es negociable, muchas veces debajo de la mesa, y sin que se sepa nunca con claridad si se negocia huevo o fuero.

Reforzar el sistema, dotándolo de mayor cohesión y articulando mejor la participación horizontal en el sistema -la función primordial del Senado- debiera ser de interés de todos los que pretenden que España afronte el futuro con mayor seguridad, con mayor articulación interna y con menor grado de inestabilidad.

Joseba Arregi fue consejero del Gobierno vasco y es ensayista y presidente de Aldaketa.

Aun así, disposiciones como, por ejemplo, las tendentes a reducir el déficit y controlar el gasto arrojan también otras lecciones, al margen de las que provienen de ver a un gobierno gobernar. Y entre esas lecciones está la evidencia de que en España sigue habiendo un Estado. La necesaria sujeción de las Comunidades Autónomas y las diversas entidades de la Administración local a unos parámetros establecidos por el Gobierno central permite que aflore lo que nunca tendría que haberse desvanecido; esto es, que lo mismo los entes regionales que los locales forman parte del Estado, son Estado. Y que, en consecuencia, sus actos de gobierno, y, en particular, los que atañen a la gestión presupuestaria, los realizan también en nombre del Estado. De lo que se deduce, claro, que todos ellos, con independencia de cuál sea su nivel, deben o deberían sentirse concernidos —desde la lealtad, el compromiso y la responsabilidad— por sus tribulaciones, que son, al cabo, las de todos sus ciudadanos.

Esa resurrección del Estado, sobra decirlo, no obedece a ningún milagro. Al contrario, deriva del estado de necesidad en que se encuentra el país y de la voluntad de ponerle remedio. De ahí que resulte sin duda más apropiado hablar de reconstrucción. Entre otros motivos, porque sólo se reconstruye lo que previamente ha sido destruido. No creo que merezca la pena perder ni un solo segundo en detallar lo ocurrido en España desde que estallaron las crisis financiera y económica hasta que las urnas decidieron que la culpa no era únicamente del hedor de las hipotecas basura o del capricho de los mercados; de todos es sabido y de muchos recordado. Pero lo que ya no suele tenerse tan presente, por cuanto la primacía de asuntos como el paro o la crisis —o incluso la corrupción— los relegan por lo general a un segundo plano, son otros aspectos de ese proceso de erosión sufrido por el Estado. Me refiero, en concreto, a todo aquello que, sin pertenecer ya al ámbito económico, guarda relación con el llamado modelo territorial y cuyos estragos van revelándose poco a poco en la medida en que determinadas actuaciones gubernamentales vienen a subsanar la herencia recibida.

Es el caso, por ejemplo, de los símbolos nacionales. El hecho de que en el balcón de la Casa Consistorial de la localidad barcelonesa de Sant Pol de Mar ondee la bandera española junto a la catalana y la del lugar no debería constituir noticia alguna, si no fuera porque la enseña nacional no ondeaba allí desde hacía años y porque su colocación se produjo tras el apremio de la delegada del Gobierno en Cataluña a la alcaldesa del lugar, de Convergència i Unió, para que cumpliera la ley. (Lo que no impidió, por cierto, que la bandera fuese quemada por los bárbaros irredentos de turno —al igual que lo fue un mes más tarde la del Ayuntamiento de Begues, también en la provincia de Barcelona— y tuviera que ser repuesta tras una nueva requisitoria). Añadan a lo anterior que la misma ilegalidad se da por lo menos en un centenar de municipios catalanes —por no hablar aquí de los del País Vasco donde ocurre otro tanto— y comprenderán hasta qué punto el desistimiento, cuando no la complicidad, pueden llegar a laminar el Estado.

Como lo han laminado las leyes que han regido y siguen rigiendo nuestro sistema educativo, tan permisivas con el derecho de cada una de las diecisiete porciones del queso hispánico a fijar sus propios contenidos, elegir su propio profesorado y educar, en suma, según sus propios criterios. Hace cosa de un mes, el ministro de Educación anunciaba la redacción de una «Carta de derechos básicos» cuyo propósito principal ha de ser el de reducir las diferencias de nivel entre educandos y garantizar que todos ellos, estén donde estén del territorio español, puedan acceder a una enseñanza de calidad. A falta de saber en qué acabará concretándose esa carta, es de esperar que entre los derechos básicos en ella recogidos figuren el de estudiar en la lengua común del Estado y el de recibir una enseñanza de la historia acorde con aquello que ha hecho de España lo que es, o sea, un Estado. Ni más, ni menos.

En un orden distinto, y reculando algo más en el tiempo, la negativa a permitir que el diputado de Esquerra Republicana Alfred Bosch forme parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso en representación del Grupo Mixto constituye asimismo una señal de ese fortalecimiento estatal. No por lo que atesore o deje de atesorar el diputado en cuanto a honorabilidad personal o méritos novelísticos, sino por el riesgo que conlleva, para la seguridad del Estado, que determinada información reservada pueda llegar a manos del representante de una formación que ha suscrito acuerdos electorales con una de las fuerzas políticas que integran Amaiur y se ha opuesto en todo momento a la Ley de Partidos con el argumento de que Batasuna y ETA no son uno y lo mismo. Por no aludir, simplemente, a lo paradójico que hubiera resultado confiar la seguridad del Estado a la lealtad del representante de una formación cuya máxima aspiración es destruir ese mismo Estado aunque sea por medios democráticos.

Y, en fin, sin movernos del tema vasco, esa reconstrucción del Estado a la que venimos refiriéndonos se refleja igualmente en la postura de firmeza que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, mantiene en lo tocante a una posible negociación con la banda terrorista o sus representantes en la arena política. Que después de los bandazos de estos últimos años, marcados por el imperio del relativismo y del pensamiento (¿?) deliberativo, volvamos a estar donde le corresponde a un Estado democrático, esto es, enfrentado al terrorismo, aunque este se presente ahora adormilado, cual lindo gatito, no deja de producir en la gran mayoría de los ciudadanos un enorme alivio, como se desprende del último estudio postelectoral del CIS.
Durante demasiado tiempo ese Estado de las Autonomías que es el nuestro ha evolucionado con la atención puesta en el encaje del complemento del sintagma, con la obsesión por encontrarle acomodo, sin reparar en el desgaste que tales manejos ocasionaban al núcleo mismo. Ya va siendo hora, pues, de que todo vuelva a su sitio, de que, más allá de las Autonomías, el Estado vuelva a ser Estado.

Xavier Pericay, escritor.

Esto de acabar con la existencia de un país que con toda razón histórica puede alardear de al menos quinientos años de vivencia común no es tarea fácil y los nacionalistas, cuya existencia, se pongan como se pongan, no alcanza en el mejor de los casos a una pequeña fracción de ese prolongado tiempo, y ello haciendo gracia de las volteretas y manipulaciones narrativas a las que han tenido que proceder para intentar justificar sus pretensiones, han debido practicar el arriscado arte del lanzador de honda que pretendía llegar a la luna con alguno de sus cantazos: nunca lo consiguió pero en el camino se convirtió en el mejor hondero de la comarca. En el imaginario nacionalista siempre hay una parábola rústica a mano. Y así, entre fingimientos varios, han ido consiguiendo pasar de matute lo que no estaba en la intención de la inmensa mayoría de los españoles: que la Constitución fuera solo un manto temporal, algo así como un breve cubre vergüenzas, para ocultar la táctica de pasos hacia otros horizontes; que en consecuencia los principios constitucionales no merecieran otra cosa que no fueran insinceras e interesadas adhesiones circunstanciales; que al final del proceso, alegando malos tratos y ofensas solo existentes en el relicario nacionalista —siempre excelso en el manejo del victimismo— hubiera que conformarse con la inevitable realidad de la desaparición de España.

La terquedad mostrada por los nacionalistas en la consecución de sus propósitos no ha tenido paradójicamente respuesta paralela en el denostado nacionalismo españolista y carpetovetónico que desmintiendo a sus críticos ha mostrado grados de paciencia, mansedumbre y flexibilidad tan dignos de loa como lejanos de los perfiles belicosos que con tanto entusiasmo como falta de verdad le atribuyen sus detractores. Por lo menos en este reciente vericueto de nuestra singladura, el que comenzó en 1978, nadie podrá acusar a los que se confiesan constitucionalistas de no haber intentado por todos los medios, incluso algunos que bordeaban por fuera el mismo territorio constitucional, el que los más renuentes pudieran tener a la nación española, sino como madre amantísima, al menos como refugio de calamidades y hogar en el que convivir pacíficamente las noches de invierno. Esfuerzo en gran parte inútil, como acontecimientos recientes ponen de manifiesto. El considerado como nacionalismo «moderado» de la coalición catalana Convergencia y Unión ha confesado ya sin ambages ni tapujos su independentismo en el último congreso de la componente mayoritaria del grupo, sin que la minoritaria haya proclamado convicciones diferentes y sin que el gobierno de la Generalidad de Cataluña, presidido por un distinguido convergente, haya hecho otra cosa que confirmar lo que ahora se conoce por la «deriva» secesionista en la que tanta relevancia cobra el clan Pujol. Basta con leer las respuestas que el Arturo Mas dedicó a la valiente y fundamentada intervención de Alicia Sánchez Camacho en la correspondiente sesión parlamentaria para comprobar hasta dónde han llegado las cosas. Y no muy diferente resulta la situación en el País Vasco, donde se expande la especie que la desaparición de la violencia de ETA —ya que no de ella misma— habrá de favorecer una masivo movimiento que en las elecciones regionales de 2013 llevaría a la presidencia del Gobierno vasco, con el apoyo de todos los nacionalismos y sus matices, a un personaje del que no se conoce otro «curriculum vitae» que no sea el de su historial delictivo y que responde al nombre de Arnaldo Otegi. En ambos casos, con alcances diferentes pero idénticas tácticas, se anuncian ya provocaciones para conducir a situaciones de hecho que, desde referendos ilegales hasta desobediencias cívicas, pudieran desembocar en una grave situación de colapso público, parálisis institucional y desmantelamientos de las estructuras básicas de funcionamiento de la España contemporánea. No hace falta añadir que tales planteamientos se hacen coincidir con una grave situación de fragilidad económica y social en nuestro país, con unos poderes públicos desbordados ante la urgencia de las demandas sociales y seguramente con poco margen de acción o de aguante para hacer frente a retos esencialistas.

Difícilmente se podrá recuperar en horas veinticuatro lo perdido en años por bondad o por desidia y seguramente más de una generación será necesaria para recuperar el sentido noble, libre, generoso y participativo de la nación española tal como lo entiende la Constitución del 78. Que el momento es grave lo revelan nerviosismos varios, unos relacionados con incidencias electorales —¿se imaginan al País Vasco presidido por una nacionalista radical procedente de ETA, como ya ocurre en San Sebastián y en Guipúzcoa?— y otros con ciertas medidas de excepción. Por ejemplo, la reclamación de que la Unión Europea se comprometa a no reconocer escisiones de los países que forman parte de ella. Reclamación esta tan bien intencionada como ingenua: la Constitución europea concede a los ordenamientos internos de los estados miembros plena capacidad para su organización y poco cabe esperar de una organización tan proclive a admitir en su seno estados divididos —Chipre— como a alentar en el exterior rupturas de la integridad territorial de otros estados —Kosovo y Montenegro—. Sin olvidar el poco entusiasmo con que sus más caracterizados miembros —Francia e Inglaterra—mostraron en su momento por la reunificación alemana. Lo que sea de España será cosa a decidir por los españoles, sin esperar que otros vengan a sacarnos del fuego las castañas que nosotros mismos dejamos allí consumir.

Claro que cabe recurrir sin timideces a la ley, para cuyo vigor la Constitución sigue contando con el beneplácito de la inmensa mayoría de los españoles. Como también habrá que recurrir sin engaños ni rebozos a la profesión de fe en la España constitucional, no como «tótem» para oponer a los de otros nacionalismos sino como manifestación racional y adecuada para el respeto a la libertad y el fomento de la prosperidad de todos los que vivimos en el solar patrio. Como también, con la máxima celeridad posible, será necesario recobrar los instrumentos que la Constitución pone al alcance de los representantes de la nación española para inculcar su vigencia en las nuevas generaciones: una educación transversal, que apunte tanto la unidad como la diversidad; un conocimiento adecuado de la lengua común y de las específicas de las comunidades que las tengan; una sentido unitario del propósito y de la existencia de una realidad denominada España.

Como bien escribiera James Madison en el número 10 de los «Papeles del Federalista», mucho cabe esperar de la unión y poco o nada de la desunión. Apenas a tiempo estamos de tomar las medidas oportunas, antes de que los que el americano llamaba «fraccionalistas» desguacen lo mejor de nuestra historia. No tenemos otra.

Javier Rupérez, embajador de España.

La transparencia contribuye a reducir la corrupción, es positivamente correlativa con el desarrollo humano y mejora el rendimiento de los servicios públicos. Con un electorado bien informado las elecciones ganan valor. En suma, es un importante elemento de participación ciudadana y de calidad democrática.

La lectura detallada de la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno genera razonables esperanzas de que en España se avance hacia un Gobierno más abierto y responsable. No obstante, los exigentes compromisos que la ley genera para nuestras Administraciones hacen que, en la práctica, el verdadero reto del proyecto sea la implementación efectiva de la norma.

En todo caso, la ley en sí significa un paso necesario y positivo. En primer lugar, es muy importante destacar que su ámbito de aplicación es realmente extenso, solo queda fuera el Poder Judicial (no el Consejo General del Poder Judicial, que sí está incluido) y la Casa del Rey; incluye incluso en sus obligaciones de transparencia a las personas físicas y jurídicas privadas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, ya que estarán obligadas a suministrar a aquella Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento de la norma. Además, el Gobierno se compromete a crear un gran Portal de Transparencia (aunque no dice de qué ministerio dependerá).

No obstante, para que todo funcione adecuadamente es preciso que las comunidades autónomas lo creen también y que los entes locales o bien generen el suyo o bien inserten su información en el portal autonómico correspondiente, o en el del Estado, y que se interconecten todos. ¿Lo harán? Ya veremos.

Es cierto que ahora existen páginas web que incorporan importante información de nuestras Administraciones. También existe todo un sistema de información de los contratos públicos a través del Perfil del contratista. Pero la ley intenta ir un poco más allá de la información económico-presupuestaria y estadística hasta ahora pública. Por ejemplo, exigiendo a las Administraciones que elaboren programas anuales y plurianuales en los que se fijarán objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, e incluso que se evalúen y publiquen los resultados de la evaluación. También se compromete a publicar los textos de los proyectos de ley y de los reglamentos, lo cual permitirá a los ciudadanos opinar sobre ellos antes de su aprobación definitiva. Por desgracia, no incorpora a la publicidad, por el momento, los informes finales derivados de las actuaciones de auditoría y fiscalización llevadas a cabo por los órganos de control interno de las distintas Administraciones públicas. Tampoco incluye las actas de las comisiones de contratación. Y, lo que es peor, no establece un sistema de sanciones por el incumplimiento de esta obligación de información activa.

En cuanto al derecho de acceso a la información pública, se reconoce de forma explícita como un derecho general, sin que para solicitar información sea preciso motivar la petición. El acceso a la información será gratuito y el procedimiento para ejercerlo será sencillo y ágil (respuesta en 30 días y silencio negativo). Los límites al derecho de acceso son parecidos a los de la legislación comparada, aun cuando la redacción final ha ido más allá de lo recomendable y ha considerado que no es información pública aquella que afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Además, en el artículo 10 limita el derecho de acceso a la información que perjudique la “política económica y monetaria” o el “medio ambiente”. Estas cláusulas tan genéricas deberían ser matizadas, pues una interpretación amplia puede dejar el derecho de acceso reducido a mínimos.

Para garantizar la legalidad de las decisiones de rechazo y evitar los abusos en la interpretación de los límites e inadmisiones se crea un recurso potestativo especial ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (reconversión de la previa Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios) o ante las agencias autonómicas, en su caso. Todo ello es un avance, sin duda. Pero el legislador se olvida, por el momento, de las sanciones a los políticos y funcionarios por incumplimiento de la norma.

Además, el derecho real es de acceso a documentos públicos, más que a información en general (por ejemplo, no se da acceso a informes y comunicaciones internas de carácter auxiliar para la toma de decisiones). Y, lo que es más discutible, no fundamenta el derecho de acceso en el artículo 20.1.d de la Constitución, con lo que no lo reconoce como un Derecho Fundamental (como hacen las más modernas constituciones), hecho que hará que prime la protección de datos sobre la transparencia en los casos de conflicto. Finalmente, la Agencia responsable de garantizar el derecho no es una agencia independiente, pues su presidente es nombrado y cesado de forma prácticamente libre por el Gobierno.

Otro gran paso adelante es el Título de Buen Gobierno que no solo afecta a los altos cargos de la Administración General del Estado, sino también a los autonómicos y locales. Por primera vez en nuestra historia estos altos cargos tienen todo un sistema de infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria (las tradicionales de la Ley General Presupuestaria y todas las nuevas, derivadas de la futura Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) y de faltas disciplinarias, con un sistema de sanciones claro y coherente (que no implica ninguna modificación del Código Penal).

Pero es importante destacar que la inhabilitación para ocupar altos cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años no impide que un ex alto cargo se pueda presentar a alcalde o concejal, o que sea diputado nacional o de comunidad autónoma. Por desgracia, además, la incoación e instrucción del posible procedimiento sancionador se deja en manos del propio Gobierno, ya que no se refuerza la independencia de la Oficina de Conflicto de Intereses y Buen Gobierno, ni se desarrollan, por el momento, sus competencias para la detección de oficio de casos de incumplimiento de toda esta normativa. Esta opción nos hace temer que, al final, las decisiones sancionadoras se puedan tomar con criterios de interés político-partidista.

Finalmente, no podemos obviar que esta ley, para que sea eficaz, además de las mejoras en su texto, requiere presupuestos que permitan desarrollarla, una mejora en los sistemas de archivo y en la trazabilidad de los procesos de toma de decisiones, una formación a los funcionarios en la norma y en los valores que representa, una reorganización de los datos existentes para que se publiquen de forma que sean reutilizables por la ciudadanía, el impulso y desarrollo del llamado Gobierno 2.0 a través del diseño e imple-mentación de plataformas de colaboración y el uso intensivo de la Web 2.0 y redes sociales, en suma, sistemas que faciliten la comunicación y la participación de los ciudadanos.

Por todo ello, podemos concluir que sin esta ley el progreso hacia un Gobierno abierto sería imposible, pero que solo con la ley, por desgracia, no basta. Felicitamos sinceramente al Gobierno de España por la iniciativa, pero esperamos y deseamos que se mejore la redacción y que el compromiso con la transparencia y el buen gobierno no se agote con la aprobación de la norma.

Antonio Garrigues Walker, Jesús Lizcano Alvarez, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta, integran el Comité de Dirección de Transparencia Internacional España.

El anteproyecto se ha abierto a las aportaciones ciudadanas en una página web específica que se ha colgado más de una vez. El modo de hacer las cosas es de por sí un síntoma de que no se ha interiorizado la esencia de lo que se dice que se va regular. Reducir la participación a un formulario (sin visualización del conjunto, sin registro, sin obligación de responder), y sin un amplio debate social y profesional, es una buena prueba de ello.

El canal tiene soporte digital, pero la mentalidad es profundamente analógica, centralizada y vertical. Está concebido casi como un trámite estético, pero no hay compromiso alguno de cómo se van a trabajar esas aportaciones, ni tampoco se abre un proceso de cocreación legal entre nuestros representantes y la ciudadanía. El anteproyecto nace con una decisión, de fondo, cuestionable. La regulación de la transparencia no pretende promover la participación ciudadana. Ni hacer que lo más nítido sea la antesala de espacios más dinámicos y de colaboración para la relación entre el Gobierno y los ciudadanos y sus organizaciones sociales y económicas.

Sorprende que la propuesta ignore un ámbito imprescindible, para dar un salto en la transparencia en la vida pública, como son las organizaciones políticas (partidos, sindicatos) y las instituciones representativas (parlamentos). Ni una palabra. Pretender transparentar la acción del poder ejecutivo sin afrontar la del poder judicial o legislativo, o el papel de los partidos en la sociedad, es regular por competencias, no por principios transversales. La propuesta del Gobierno no afronta lo fundamental: ¿qué requisitos, en términos de transparencia, acceso a la información y participación debería cumplir cualquier actividad política de servicio público?

Las disfunciones, imprecisiones e incoherencias que la ley va a dejar al descubierto en nuestra arquitectura democrática pueden, en vez de generar un saludable efecto de contagio, provocar lo contrario: nuevas (y viejas) áreas de opacidad que puedan seguir al margen de esta ley y que defrauden, aún más, las expectativas creadas en una ciudadanía cansada, irritada y desconfiada de nuestro sistema político. La norma propuesta llega tarde y es muy poco ambiciosa e innovadora en relación con los modelos europeos o norteamericanos. Se queda más que corta que la misma iniciativa del PP en la oposición. Parece que, para el Gobierno, internet es un fax mejorado y un sustituto más cómodo de la correspondencia en papel para la gestión de las incidencias. Para muestra, un botón: las palabras internet o redes sociales no aparecen en el articulado. Tampoco rendición de cuentas.

Hemos esperado mucho, demasiado, para tener una ley que proteja, estimule y aliente nuestro derecho a la información pública. Esperábamos que aprovechara el enorme caudal de potencia social, económica y tecnológica que tiene la liberación de los datos públicos. Que estimulara una profunda reforma organizativa en la creación, organización y prestación de los servicios públicos gracias a la incorporación de la cultura digital. No se trata de máquinas ni de programas simplemente. Se trataba de visiones, conceptos y estrategias que este anteproyecto ignora o desprecia. El e-government no es simplemente gobernar con tecnología, es otra manera de hacer, pensar y servir a los ciudadanos y ciudadanas desde el Gobierno.

Rajoy ha querido cumplir. Está muy bien. Pero no se trataba de un mojón político o parlamentario, sino de una auténtica revolución en la gestión de lo público y de la relación de la política con administrados y ciudadanos. Una adecuación a la vida móvil y digital de nuestra sociedad. Hay, además, una oportunidad extraordinaria para ser mucho más eficientes en el gasto si se cambian los flujos de comunicación, se horizontaliza la relación, se digitalizan procesos y se utiliza la tecnología de proximidad para hacer de la información y el dato liberado un nuevo modelo de gestión del servicio público. Hay ahorro y también oportunidades de innovación.

Hay quien dirá que es un primer paso, y lo es, especialmente en la lucha contra la corrupción y la mala gestión; que es mejor tenerlo a no tener ninguno, y tendrá razón. La cuestión es si este primer paso abre la oportunidad a los siguientes ,que deben ser urgentes y decididos. Creo, sinceramente, que para llegar lejos, a veces, hay que dar pasos cortos y continuados. Pero siempre que se cumpla una condición: que se sepa hacia dónde se va. Y, en este caso, no lo parece.

Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación

¿Cómo ha podido llegarse a esta situación? Pues por lo apuntado: por el endeudamiento creciente, al repartir el Estado del bienestar beneficios a cargo de inventario. Dicho de otro modo: estábamos financiando tales beneficios con deuda pública y privada. Deudas que hay que pagar. Con intereses. De donde vienen todas nuestras cuitas actuales. El Estado del bienestar español se ha convertido en un Estado de beneficencia. La beneficencia, como el filantropismo, es una de los más nobles rasgos humanos. Pero para practicarla se necesita que existan los medios necesarios para sostenerla. Medios que no existen en España, donde la productividad, la educación, la investigación, la fiscalidad, el esfuerzo y la cohesión social están muy por detrás de los del resto de las naciones avanzadas de Europa. No hace falta más que echar una ojeada a las estadísticas, desde el informe Pisa a los análisis del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Central Europeo, para darse cuenta de ello. Estábamos —estamos, mejor dicho— viviendo en una burbuja que nos apartaba de la realidad y nos llevaba derechos a la situación en que hoy se encuentran Grecia y otros países intervenidos. No lo digo yo, lo dicen todos los expertos y la propia Unión Europea.

Sin que valga echar la culpa a los especuladores, al neoliberalismo, a los mercados o a «Frau» Merkel. En todo caso, a la nueva situación internacional. No es verdad que la riqueza del mundo haya disminuido a consecuencia de la crisis. La riqueza global se mantiene. Lo que ha ocurrido es que se ha desplazado del «primer mundo» a los «países emergentes» (los Brics: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que hoy exportan e incluso prestan dinero a los ayer ricos. Ese es el gran cambio que ha ocasionado el hundimiento del Estado del bienestar en países donde no era sólido desde el principio. Pues los países del primer mundo que se han ajustado a la nueva situación se están salvando de la quema y mantienen su bienestar. Mientras que aquellos que rehúsan ajustarse se hunden.

¿Cuál es la solución en estos casos? Solo hay una: adaptarse a las nuevas circunstancias, hacerse a la idea de que lo anterior no sirve. Pero en las alocuciones de Méndez y Toxo el día de su tristemente célebre huelga, la idea que más repitieron fue: el Gobierno tiene que retirar sus reformas, no aceptamos sus ajustes, los combatiremos con todos los medios a nuestro alcance. Como postura personal, se entiende. Ambos son, con los banqueros, los más beneficiados de la situación anterior y es lógico que no quieran cambiarla. Pero como actitud general, incluso para la clase trabajadora que dicen representar, significa dispararse un tiro, no en el pie, sino en la sien. De ahí que no sea exagerado decir que los sindicatos son hoy la fuerza más inmovilista, más retrógrada, más reaccionaria en España, el mayor freno para ajustar el país a las nuevas condiciones que rigen en el mundo.

Y esto es lo que hay. Nuestro Estado del bienestar ha devenido en Estado paternalista de beneficencia, que distribuye favores entre sus súbditos menos favorecidos y entre los amigos. Algo que, si por una parte se presta a la corrupción, por la otra no favorece el desarrollo, al ser la iniciativa individual mucho más eficaz que la estatal, como está demostrado hasta la saciedad y ocasionó el desplome de los regímenes comunistas. Hay que recortar en todas las partidas, en unas más que otras, desde luego, siendo el primer y mayor problema de tal recorte que los remedios a largo plazo —como el fomento de la educación e investigación— no resuelven el problema inmediato, la creación de empleo, mientras que los remedios a corto plazo —como la subida de impuestos— no resuelven el problema a medio y largo, que es el de cambio de estructuras. Esperemos que el Gobierno haya tenido la fineza necesaria para equilibrar por dónde metía el bisturí, o el cuchillo de carnicero, donde era necesario, para que la operación sea un éxito.

La única buena noticia en este sentido es que el despilfarro en España ha sido de tal magnitud que hay margen para cortar en prácticamente todas las partidas. Empezando por las tres administraciones, donde se ha disparado literalmente con pólvora del rey, teniendo como tal al pueblo soberano, es decir, al contribuyente. Pero hay también que acabar con una serie de prácticas y tabúes, como el de la «ayuda al desarrollo», y no solo porque la caridad bien entendida empieza en casa, sino también porque se presta a todo tipo de chanchullos. O el de que todas las capitales de provincia deban tener tren AVE, aeropuerto, palacio de congresos y otros complejos suntuosos. Incluso en la ayuda a la dependencia habrá que afinar, pues la están recibiendo bastantes con medios propios para ella. O en el copago en sanidad, con las debidas excepciones, necesario no solo fiscalmente, sino también médicamente, al ayudarnos a no ingerir tantas medicinas como estamos ingiriendo. O en el poner coto al proliferar de universidades y alumnos repetidores, que representan un enorme lastre para la educación, sin aportar apenas a su calidad y eficacia. Por no hablar ya de todo tipo de actividades lúdicas y recreativas, en las que se han especializado nuestras autoridades de los tres niveles. El Estado no está para entretener a los ciudadanos, en primer lugar, porque ese no es su papel, y en segundo, porque si quiere entretenerlos a todos, se arruina, al ser tan varios los gustos en este terreno. Pero que es lo que ha ocurrido en algunos lugares españoles, si no en todos.

Hay, en fin, que cortar todo lo innecesario y concentrarse en lo imprescindible, eliminando el gasto improductivo al tiempo que se acentúa el productivo. Algo que requiere tanta firmeza como tacto, tanta visión como realismo. En esto chocamos con uno de nuestros mayores defectos, pues los españoles solemos dar más importancia a lo secundario que a lo principal, a la apariencia que a la sustancia. Lo «práctico» no ha tenido nunca buena prensa entre nosotros, y corregirlo va a ser aún más difícil que los recortes que tenemos que hacer. Pero ese es un tema que nos llevaría bastante más espacio que una Tercera de ABC.

Sin olvidar que la mejor pedagogía es el ejemplo, quiero decir que los recortes tienen que empezar por quienes los decretan para ser convincentes. Y ese tema requeriría toda una biblioteca.

José María Carrascal, periodista.

Los precedentes de este socio europeo no pueden llevarnos muy lejos, del mismo modo que las comparaciones obsesivas de algunos con el federalismo alemán o con el modelo canadiense resultan de escasa utilidad. Los esquemas de organización territorial son idóneos o no en la medida en la que ofrecen respuestas satisfactorias a las necesidades políticas de un país en un momento determinado. No hay dos federalismos iguales, como tampoco existe un modelo único para eso que se suele llamar Estado centralista. El Título VIII de la Constitución fue una solución inteligente y útil para soslayar un bloqueo que hubiese podido comprometer la buena marcha de la Transición pero, superada ya esa etapa, es necesario pararse ahora a evaluar con rigor los resultados. Los éxitos son evidentes: la descentralización política ha dado una respuesta satisfactoria a las aspiraciones de autogobierno de buena parte de las regiones, ha facilitado un desarrollo económico más equilibrado y, en términos políticos, ha ofrecido un sano contrapoder moderador. Pero los fracasos también saltan a la vista: la rápida expansión de las Comunidades Autónomas condujo, en ocasiones, a la multiplicación de estructuras administrativas caras, poco justificadas y con escaso control. Y, además, lejos de haber dado satisfacción a los más nacionalistas, nuestro modelo apenas ha servido para diluir algunas formaciones regionalistas marginales.

El modo en el que Dinamarca afrontó su reestructuración administrativa, en cambio, sí nos puede servir de ejemplo. La sociedad española se enfrenta ahora al reto de transformar el funcionamiento del Estado de las Autonomías para hacerlo perfectamente coherente con el modelo social que pretendemos mantener y mejorar. A partir de nuestra realidad, de nuestras necesidades y de nuestras aspiraciones hemos de ser capaces de redefinir el modelo para garantizar su viabilidad. Los retos siguen siendo los mismos de siempre: conciliar con eficacia la descentralización política y la unidad nacional, abrir espacio a las aspiraciones de singularidad sin merma de la solidaridad, articular las diferencias al tiempo que se proscriben los privilegios. Pero a todos ellos hay que añadir ahora uno más acuciante: el resultado tiene que contribuir a sostener con eficacia los niveles de bienestar alcanzados. Para conseguirlo, el diálogo fluido entre las grandes fuerzas políticas nacionales es imprescindible y urgente.

Mientras este gran acuerdo llega, aquellos que no parecen dispuestos a buscar una idea compartida de España no pierden el tiempo. Hace pocos días Oriol Pujol, nuevo secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, se explicaba con enorme claridad: “…sabemos que estamos entrando en un callejón que se va estrechando, porque las posibilidades de que la política española entienda y atienda los planteamientos del pacto fiscal son muy, muy, muy pequeñas”. Lo llamativo no es que se defienda con ahínco lo propio, eso lo hacen con cotidiana asiduidad todos los responsables políticos en cualquier parte del planeta, lo peculiar es que se pretenda en ocasiones mostrar un cierto sentido de Estado o una voluntad de acuerdo cuando, al mismo tiempo, se reconoce que el camino emprendido lo hace imposible. En el fondo, desde este punto de vista, la reclamación de un pacto fiscal o de un Estado propio no difiere mucho del planteamiento que guió la conformación de una mayoría excluyente para la aprobación del nuevo Estatuto; como cualquiera podía comprender, un camino abocado al fracaso desde sus torpes comienzos. Bien sea el reflejo de una táctica negociadora, bien la expresión de las más íntimas convicciones, la consecuencia lógica de tal enfoque es la autoexclusión de cualquier posible acuerdo.

La provocación forma parte de los malos hábitos de algunos políticos de todos los partidos, pero tiene una dimensión especial en la manera de hacer de determinados líderes nacionalistas. El nuevo líder convergente dio prueba de ello en su reivindicación de la independencia económica para Cataluña cuando apeló a una supuesta necesidad de huir de las “aguas podridas” de España que “ahogan”, esgrimió, a Cataluña. Mientras se exhiben los símbolos y los sentimientos propios como fundamento de la acción política, se ofende gratuitamente la sensibilidad ajena. Solo se puede entender a quienes así actúan asumiendo que lo que buscan es, precisamente, pudrir las aguas de la convivencia.

Gabriel Elorriaga es diputado del Partido Popular.

Pero don Gaspar de Guzmán era un hombre cabal, cargado de sentido común. Llegaba al puesto pletórico de vigor e ilusiones, determinado, como escribió su biógrafo John Elliott, «a salvar a Castilla aun a pesar suyo». Su bálsamo mágico eran las reformas que debían afectar prácticamente a todos los ámbitos de la gestión pública y la vida cortesana. Y sabía que tenía que actuar deprisa.

Así quedó plasmado en sus Artículos de Reformación de febrero de 1623 y en una serie de decretos complementarios en los que se afrontaba desde la creación de un sistema bancario nacional hasta la eliminación de dos tercios de los escribanos, recaudadores y alguaciles y la reducción de la cantidad máxima de platos -seis en el almuerzo, cuatro en la cena- que podían servirse a las damas de honor de Palacio.

Aunque se rodeó de un equipo de colaboradores leales y avezados, Olivares era, a ojos de un observador extranjero, «el solo maestro que guía todas las ruedas deste gran relox». Más tarde llegarían las frustraciones, la autoflagelación y los lamentos conmiserativos, pero pocas iniciativas reflejaron mejor ese gran impulso reformista de su primera etapa de gobierno como la edición de un libro llamado El Fernando o Sevilla restaurada, escrito por el Conde de la Roca.

Su planteamiento se basaba en establecer un paralelismo entre las glorias de Fernando III el Santo, conquistador de la ciudad del Guadalquivir, ocupada hasta el siglo XIII por los árabes, y las de un Felipe IV a quien la acción de Olivares debía legar para la posteridad el epíteto de el Grande. De ahí que el frontispicio que servía de portada a la obra representara por dos veces al Conde Duque echándose encima, cual nuevo Atlas, toda la carga de un globo terráqueo que incluía las vastas posesiones de un Imperio en el que aún podía decirse que no se ponía el sol.

La primera viñeta representaba a Olivares desnudo, como símbolo del «desinterés» que regía sus actos. En la segunda, se le veía vestido con el manto de piel de Hércules -que según la mitología había relevado a Atlas en la tarea de soportar el peso del mundo- para dejar constancia del «valor» con que afrontaba su cometido. ¿Sería capaz tan empeñado y esclarecido paladín de invertir la tendencia aparentemente inexorable que marcaba el declive del poderío español? A responder esa pregunta dedicó Elliott su monumental biografía, no por casualidad subtitulada El político en una época de decadencia.

Nadie discute, hoy como entonces, ni la limpieza ni la energía de los propósitos de Mariano Rajoy. Respecto a lo primero ya se encarga él mismo de subrayar que ha llegado al poder sin «depender» de nadie y sólo cabe objetar que si bien esa desnudez garantiza la ausencia de intereses ocultos a su alrededor, también implica una gran desprotección ante las inclemencias atmosféricas. Y en cuanto a lo del valor, no es ya que se le supone -pues hay que tener muchos redaños para afrontar un desafío de este calibre-, sino que lo ha demostrado al tomar decisiones arriesgadas, contrarias incluso al interés inmediato de sus votantes.

La cuestión, hoy como entonces, es si el designado por el destino podrá con la carga que le ha tocado soportar o acabará flexionando las rodillas como terminó haciendo Olivares, abrumado por el peso de los acontecimientos y sin otro consuelo que la alegación de que «en otras manos hubiéramos perecido más presto». Por eso ahora que en menos de una semana, coincidiendo con el balance de los primeros 100 días de Rajoy, se han acumulado el contratiempo andaluz, la crónica del fracaso de una huelga anunciada y la presentación de los presupuestos más temidos y esperados de nuestra historia democrática, conviene desempolvar el concepto de «sostenibilidad», tan en boga durante la pasada legislatura, para auditar algo más que la armonía entre desarrollo económico y protección del medio ambiente.

¿Es sostenible nuestra democracia? La mera formulación de esta pregunta puede parecer una provocación capciosa, y no faltará quien le atribuya propósitos desestabilizadores. Pero no es casualidad que, zancadillas de Almunia y Monti al margen, la hipótesis de que España tenga que quedar bajo la tutela de algún tipo de mecanismo de rescate internacional se baraje con insistencia en círculos comunitarios; o que Le Monde nos haya caracterizado en su principal titular de portada como «la gran preocupación de Europa».

Desde un punto de vista estrictamente financiero la duda es si la política de disciplina asumida por Rajoy no llega demasiado tarde y no es insuficientemente enérgica, habida cuenta de la magnitud de la brecha fiscal abierta durante la segunda legislatura de Zapatero. Es decir, si cuando han aparecido los bomberos el edificio en llamas aún conserva la suficiente solidez estructural como para resistir sin derrumbarse el tratamiento de choque -las mangueras de agua a presión- que la voracidad del incendio obliga a utilizar.

La fuerte caída de los ingresos por IVA, e incluso por IRPF, a pesar de la subida de tipos decretada en diciembre, son inquietantes síntomas que indican que puede haber ya vigas maestras tan gravemente dañadas como para que secciones enteras de la casa común se desmoronen cual meros decorados teatrales. Ese es el riesgo del solvente ajuste presupuestario adoptado anteayer: que el enfermo esté demasiado débil para aguantar una terapia tan agresiva.

Aun con todo y con eso nadie puede discutir que Rajoy y sus ministros tienen una hoja de ruta bien definida para intentar sacar a España de la ruina en la que la han encontrado. La ortodoxia de su plan de ajuste está fuera de duda y lo único en cuestión es el ritmo con que lo están afrontando: demasiado suave desde la perspectiva de Bruselas, temerariamente duro para la oposición y algunos expertos. La clave va a estar en su habilidad a la hora de manejar el acelerador o el freno según las incidencias que vayan surgiendo en la ruta, pues de la misma manera que al encontrarse la caja mucho más vacía de lo esperado tuvieron que recurrir a la imprevista y traumática subida del IRPF, antes o después tendrán que complementar todos los ahorros de este Viernes de Dolores con medidas de impulso que nos saquen del hoyo de la recesión.

«Los proyectos necesitaban tiempo y de esto era de lo que menos había», escribe Elliott al referirse a las bien encaminadas reformas económicas de Olivares. He ahí la cuestión crítica: el Gobierno necesita tiempo para que la reforma laboral pase de destruir más empleo a crearlo, tiempo para que el saneamiento bancario impulse la reapertura del grifo del crédito, tiempo para que la reducción del gasto público libere recursos que dinamicen el sector privado, tiempo para que la bajada del precio de la vivienda reactive el mercado inmobiliario y, por ende, el sector de la construcción; tiempo para que el plan de pagos a proveedores dé oxígeno a las Pymes y reviva el consumo…

¿Concederán Europa y los mercados a Rajoy ese margen para que sus medidas maduren y ofrezcan frutos? Todo indica que será así, pues las demás alternativas son peores desde el punto de vista de la estabilidad del euro, siempre y cuando el Gobierno logre dominar a nuestros demonios interiores. Por eso hay que considerar tan positiva la derrota sindical a raíz del rotundo fracaso de su convocatoria de huelga general del jueves.

La precipitación de esa convocatoria, la ansiedad con que han comenzado el acoso al Gobierno, sin concederle ni los 100 días de rigor, como si temieran precisamente que el paso del tiempo pueda demostrar que las reformas son adecuadas y dejarles a ellos en evidencia, se ha vuelto como un bumerán contra los sindicatos. No ya porque sólo una cuarta parte como mucho de los asalariados haya secundado el paro, sino porque ese fiasco les ha obligado a mentir con descaro y la luz de los focos ha mostrado a unos líderes vociferantes y faltones, dispuestos a empujar al país hacia la bancarrota con tal de defender los privilegios de sus decenas de miles de funcionarios y liberados. Aunque no le guste el aceite de ricino que se le ha prescrito, la mayoría de la sociedad española sigue respaldando sin fisuras al Gobierno en el frente de la política económica.

Mucho más preocupante en orden a garantizar la sostenibilidad del actual modelo de democracia es la cuestión territorial. Todas la cábalas sobre las causas del fracaso del PP en Andalucía tienen sentido. No retiro ni uno solo de los elogios a la ejemplar trayectoria política de Javier Arenas, pero ahora resulta obvio que se equivocó planteando una campaña de perfil bajo y no acudiendo al debate de Canal Sur. También es cierto que el Gobierno no fue consciente, y la impericia del CIS y los sondeos privados contribuyeron a cegarle, de la decepción desmovilizadora que la subida de impuestos había producido en su electorado. Pero por encima de todas esas consideraciones la clave de lo que ha ocurrido es que los andaluces han votado con la conciencia de que en tanto en cuanto la Junta siga manteniendo el gasto público que determina su modus vivendi, el Estado seguirá pagando la factura.

Las autonomías han sido hasta ahora un centro de gasto y una plataforma de poder sin responsabilidad. Y está por ver que los mecanismos de la Ley de Estabilidad vayan a funcionar. Una cosa es decir que se impondrán multas e incluso se intervendrá a las comunidades que incumplan el déficit y otra cosa es ver entrar a los hombres de Montoro en un palacio de San Telmo ocupado a medias por Griñan y Valderas.

Insisto en que el proyecto político de Rajoy estará cojo mientras no incluya una reforma del Estado que, modificando la Constitución o utilizando la vía de las leyes de bases, recorte competencias a la mayoría de las comunidades y adelgace drásticamente su despliegue administrativo. No sólo para mejorar así nuestros ratios de eficiencia, sino para salir al encuentro del gran problema político que se está gestando y desactivar la bomba de relojería que le estallará al Gobierno entre las manos si sigue empeñado en no hacer nada.

El vencedor moral de las elecciones andaluzas no ha sido ni el líder del PSOE ni el de IU, sino Durán Lleida. O para ser más exactos, su discurso de que la solidaridad acaba allí donde empieza la cultura del subsidio. Así como la retórica independentista sólo cala en una minoría, será difícil encontrar un ciudadano que no se oponga a que Cataluña tenga que asumir recortes aún más duros que los emprendidos por la Generalitat para que Andalucia no los haga.

A menos que Rajoy desmonte antes la barra libre del café para todos, será por esta vía por la que la exigencia de Mas de un pacto fiscal aparecerá cargada de razón a los ojos de muchos observadores neutrales. Y si combinamos el subsiguiente dilema con los previsibles escenarios en el Pais Vasco, tanto decirle «sí» como decirle «no» puede equivaler a patalear sobre el abismo.

Todo el andamiaje reformista de Olivares se vino abajo por la cuestión territorial. Esa crisis fue la que demostró que el valido del Rey estaba políticamente desnudo. Y, curiosamente, el episodio que psicológicamente dio la puntilla a sus esperanzas no fue ni la sublevación de Portugal, ni la sangrienta rebelión de Cataluña, ni el atrincheramiento vasco contra su Unión de Armas, sino la abortada conspiración de su pariente el Duque de Medina-Sidonia para separar Andalucía de Castilla. Aunque detuvo y castigó a los culpables, la mera hipótesis de que en lugar de la «Sevilla restaurada» le tocara tener que legar al Rey una «Sevilla rebelada» le sumió en la más profunda de las depresiones. Sólo le quedaba pedir a Dios que le liberara de su pesada carga porque él ya no podía «hacer de las piedras pan».

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

El estudio sobre las balanzas fiscales que hace poco dio a conocer el consejero Andreu Mas-Colell según el cual los catalanes aportamos en el 2009 al resto de España unos 16.000 millones de euros (el 8,4% del PIB catalán), que no regresaron de ninguna forma, ha servido para remachar la tesis padana de “nos roban”. La forma como ha sido presentada esta información es muy censurable porque se han escondido deliberadamente datos que matizan sustancialmente el análisis. De hecho, el PSC, bajo cuyo gobierno la Generalitat realizó por primera vez el estudio de esas cuestiones, ha manifestado su desacuerdo por el método empleado. Solo se ha ofrecido una fórmula, una balanza, cuando anteriormente se publicaron cuatro. Y, claro, se ha elegido la que ofrece un mayor déficit. En cambio, se ha censurado la que hasta ahora se consideraba como la más certera, la que se socializaba en el debate político, pues esta vez daba un resultado inaceptable para CiU: la reducción del déficit catalán al 0,4%. Sin duda, lo que ha sucedido es muy grave desde los principios de una sociedad abierta y, sin embargo, quien ha tenido que defenderse y justificarse son los socialistas, acusados por algunos de hacer el juego al españolismo.

Aunque el discurso nacionalista ha colonizado los medios, esa fortaleza expresa también mucha angustia. Es evidente que el independentismo económico ha logrado estos últimos años una influencia en la calle muy importante. Y que se muestra muy decidido a conquistar una mayoría sociopolítica de ahora hasta el 2014, fecha que se avecina clave por muchas razones. Primera, porque todo apunta a que en Escocia puede celebrarse un referéndum sobre su pertenencia al Reino Unido, lo que evidentemente va a estimular otras demandas. Y, segunda, porque en Cataluña hay un sinfín de iniciativas promovidas por plataformas y entidades parapolíticas con el fin de que se celebre ese año una consulta oficial, coincidiendo con el 300 aniversario de la caída militar de Barcelona, el 11 de septiembre de 1714. Ahora bien, salta a la vista que la tensión y los argumentos de “lesa humanidad” que hoy se utilizan desde el soberanismo, con el fin de convertir al independentismo a la mayoría de ciudadanos que se sienten en grados diversos catalanes y españoles, no se pueden mantener durante mucho tiempo. Tienen fecha de caducidad: la forma como se resuelva el asunto del pacto fiscal. De aquí viene la angustia.

El problema mayor para los que somos federalistas es que se está socializando un relato en base a la exageración y al engaño deliberado. Un caso clarísimo es el propagado argumento sobre el supuesto límite a la solidaridad que tienen los länder alemanes, utilizado para subrayar que Cataluña vive una situación inaudita en Europa. En boca de los dirigentes de CiU hemos leído y escuchado repetidamente esa afirmación. Duran Lleida lo dijo en sede parlamentaria, el pasado 16 de marzo. Artur Mas declaró eso mismo a Le Monde un mes antes, Entretanto, un auténtico ejército de opinadores lleva meses propagando ese bulo por tierra, mar y aire. Pues bien, es mentira. Ni en la Constitución alemana ni en ninguna sentencia de su más alto tribunal hay un límite preciso a la solidaridad. Lo que se preserva, con una fórmula de nivelación financiera bastante compleja, es que el orden de las regiones en cuanto a su capacidad financiera no varíe tras el ejercicio de la solidaridad. Sin duda, sería bueno que el modelo federal alemán se trasladase a España. Y también que el cálculo económico del cupo vasco y navarro convergiera con el modelo general, ya que no solo es injusto sino tremendamente perverso para el conjunto del sistema autonómico.

Todo esto se enmarca en un momento muy delicado para la federación nacionalista, pues en 2013 toca revisar el modelo de financiación acordado en 2009. En los próximos meses, Artur Mas va a tener que elegir entre dos caminos, ambos llenos de dificultades. O alcanza un acuerdo con el PSC, lo que significa una apuesta por una nueva mejora de la financiación autonómica en el marco de la LOFCA, en la línea del modelo alemán. Posición que probablemente también podría suscribir autónomamente el PP catalán. O CiU se mantiene inflexible en su posición de partida: un pacto fiscal muy próximo a la fórmula del concierto económico, pero condenado al fracaso político y, por tanto, a aumentar el grado de frustración. Ello con el apoyo de ERC y, sorprendentemente también, de ICV, coalición que aparece cada día más fracturada por la pulsión independentista que encuentra eco entre los jóvenes provenientes de las clases medias lustradas, electorado que se disputa en parte con los republicanos.

A fecha de hoy, es difícil saber cómo se resolverá ese dilema, aunque es cierto que los convergentes llevan años sorteando tesituras parecidas. Ahora bien, nunca como hasta ahora se había tensado tanto la cuerda de los argumentos favorables a la independencia, con declaraciones de mucho peso como las de Jordi Pujol. Y es que, más allá de la política partidista, existe un movimiento ciudadano transversal que está trabajando para forzar un escenario de ruptura y empujar a Artur Mas a convocar una consulta ciudadana con la que quebrar la legalidad española. Muchos creen que el escenario de crisis profunda que vivimos hace que el momento sea óptimo. Es fácil echar la culpa de los recortes y de las dificultades económicas de los catalanes al expolio que, afirman, sufre Cataluña. Desde el independentismo neoliberal se juega a alimentar el espejismo de que, sin España, Cataluña pronto se convertiría en una próspera y competitiva Holanda de sur. La angustia que viven muchos soberanistas es que no saben cómo CiU resolverá su dilema político.

Joaquim Coll es historiador y coautor de A favor de España y del catalanismo (Edhasa, 2010).

Para ello el Govern está preparando la primera etapa: proponer un pacto fiscal al Estado en la línea del concierto económico. Ahora bien, ni la misma Convergència lo cree posible. Oriol Pujol, nuevo secretario general, declaraba estos días: “Las posibilidades de que la política española entienda y atienda los planteamientos del pacto fiscal son muy, muy, muy pequeñas”. Repetir tres veces el adverbio “muy” indica una confianza mínima, por no decir nula. ¿Es el pacto fiscal, por tanto, una mera excusa para dejar transcurrir un tiempo y pasar a plantear definitivamente la independencia? ¿O es que no hay acuerdo interno en Convergència acerca de su necesidad? Difícil respuesta.

Pero la más relevante decisión del congreso no ha sido esta independencia aplazada sino otra cuestión en la que hay unanimidad: la España de las autonomías ya no resulta útil y debe reclamarse que Catalunya sea tratada como una excepción respecto a las demás comunidades, especialmente desde el punto de vista fiscal. Este será el aspecto más conflictivo en los próximos meses y años, irresoluble en el marco constitucional de hoy y muy difícilmente solucionable en un marco futuro.

En efecto, ello es irresoluble porque supone que las finanzas de la Generalitat deben regularse mediante una ley específica que no sea la común a todas las demás comunidades, a excepción del País Vasco y Navarra, es decir, la Lofca. La exclusión de Catalunya del sistema general para disfrutar de un trato singular y privilegiado resultaría ser contrario al principio de igualdad reconocido en la Constitución y requisito básico de todo Estado federal como el nuestro.

Llegados a este punto debemos preguntarnos si es bueno para todos, para los catalanes y para el conjunto de los españoles, mantener la incertidumbre sobre esta pugna entre la Generalitat y el Estado. En el plano económico, por ejemplo, se crea inseguridad respecto a inversiones futuras en Catalunya. En el político, el Estado no puede admitir la demanda, entre otras razones, porque la Constitución no lo permite. Además, los mismos dirigentes del partido que gobierna la Generalitat no creen que pueda tener éxito porque conocen perfectamente sus infranqueables límites. Y, por último, en el hipotético caso de que se consiguiera este trato singular, el partido que gobierna la Generalitat pasaría a reclamar la independencia de Catalunya, tal como ha propuesto en su congreso. Con lo cual sigue el conflicto. Volvemos a estar en tiempos parecidos a la reforma del Estatut.

En realidad, el planteamiento de este asunto oscila entre el surrealismo y la candidez angelical de quien piensa que los demás son tontos. En el fondo, la cuestión que propone Convergència es la siguiente: hago una propuesta imposible para que no me la admitan con el objetivo de sublevar a los míos contra quien la rechaza y así cargarme de razón para formular otra propuesta, la que realmente me interesa, pero que hoy es implanteable porque quizás la perdería en voto popular. Esta parece ser la famosa transición nacional, una transición en la que ya empezábamos a estar los catalanes desde 1980 cuando en las manifestaciones convergentes se coreaba el lema “Avui paciència, demà independència”.

Pero los tiempos no están para experimentos ni para política ficción. Los tiempos están para resolver problemas muy complicados y hasta dramáticos. Entre las soluciones, una de las más necesarias es la reforma del Estado de las autonomías. A nadie se le ha pasado por la cabeza suprimir las comunidades o reducir su autonomía pero sí alcanzar un funcionamiento más eficiente y menos costoso. Y del Estado de las autonomías forma parte el Estado central que también debe ser reformado con los mismos objetivos. Ese es el debate. Pues bien, la famosa transición nacional catalana puede frenar este proceso porque es imprescindible la participación de la Generalitat en las mismas y si se limita a ir sólo a lo suyo, a conseguir un pacto fiscal para ella excluyendo a los demás, la reforma del conjunto se hace imposible.

Por tanto, quizás ha llegado el momento de saber cuál es la voluntad de los catalanes: si constituirse en Estado independiente o integrarse definitivamente en España. Si hay que consultar a los catalanes – por métodos democráticos y legales, faltaría más- que se haga y pronto, pero dejemos de marear la perdiz. Esta transición anunciada, que puede durar años, no hará otra cosa que impedir las reformas necesarias para solucionar la crisis económica. Sepamos, pues, cuanto antes, a qué atenernos. No es bueno estar en una transición indefinida. Cuando es estabilidad lo que se precisa, las transiciones cuanto más cortas mejor.

Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

¿Qué harán dos españoles cuando se vean esta tarde? —Hablar de la crisis». Este chiste no tiene ninguna gracia, pero es muy actual y realista. La mayoría de nuestros encuentros intercambian una buena dosis de desesperanza; no creemos que hayamos tocado fondo y tampoco vemos salida. Es inevitable preocuparse y, compartiendo nuestra preocupación, de forma consciente o inconsciente, intentamos desahogarnos al menos un poco. Las noticas, sobre todo económicas, políticas, sociales y financieras, no nos ayudan a mejorar esta sensación tan negativa.

¿Qué podemos hacer? Ante todo, aceptar que podemos hacer algo. Cada cual en su ámbito de actuación. Involucrémonos. La solución se puede alcanzar, pero solo con las aportaciones de todos. Después de treinta y tres intensos años, asumamos de una vez que nuestra democracia ya ha madurado por fin, y, con ella, nosotros como ciudadanos. Solo así conseguiremos convertirnos en un país que pueda disfrutar de una democracia avanzada, en la que los ciudadanos seamos los verdaderos dueños y, como dueños que somos, ocuparnos nosotros mismos de salir del profundo bache en el que estamos.

Todas las democracias avanzadas del mundo son ya, en mayor o menor medida, transparentes, y cualquier análisis medianamente serio que hagamos nos lleva siempre a la correlación muy directa y marcada que existe entre transparencia y prosperidad. Esta transparencia solo la conseguiremos con un Gobierno abierto, participativo y colaborativo, tanto a nivel nacional como autonómico y local. Un Gobierno abierto publica on-line de forma proactiva toda la información pública, salvo contadas excepciones contempladas por ley. Un Gobierno participativo reconoce el enorme potencial del valor de las aportaciones ciudadanas para quien(es) tiene(n) que tomar decisiones públicas. Y, por último, un Gobierno colaborativo eleva el grado del valor de la participación ciudadana a la de verdaderos socios de la Administración en la identificación y búsqueda de objetivos públicos. Un ejemplo de actuación de un Gobierno abierto es el actual británico, que publica on-linecualquier gasto suyo superior a 25.000 libras o de administración local de más de 500 libras. Un ejemplo muy básico pero de valor absolutamente inmenso de aportación ciudadana sería el 091. De no ser por los ciudadanos, ¿cuántos vigilantes de todo tipo —policías, bomberos, guardas forestales, ATS, asistentes sociales, etc.— debería haber para cubrir con la misma eficiencia y eficacia cada hogar español, cada edificio público, cada carretera, camino, calle o autopista, cada bosque, playa o rincón de nuestra geografía? Otro ejemplo de colaboración ciudadana es Wikipedia, que con sus contenidos, enlaces y constantes actualizaciones ha hecho tan pequeñas a las enciclopedias tradicionales. Estos ejemplos, además de mostrar su importancia, nos permiten ver que las personas, a nivel individual, son básicamente buenas, altruistas y —cada vez lo compruebo más— sabias. El Gobierno de Cameron pretende ser participativo, por ejemplo, al afrontar el déficit usando Facebook y creando una web para que cualquier empleado público pueda hacer sugerencias. En las primeras 24 horas ya tenían más de 10.000, y al cabo de pocas semanas, cientos de miles. Estas fueron seleccionadas y publicadas on-line. Este enfoque contrasta con la práctica tradicional de encerrar en una habitación a un puñado de expertos.

Estos ejemplos no son más que un mero atisbo inicial de la nueva era que cambiará de forma radical la relación entre el poder y los ciudadanos y el papel de estos últimos. Esta nueva era llegará a España cuando los ciudadanos comprendamos primero que debemos ser el centro de gravedad del país y luego descubramos nuestra fuerza, hoy por hoy dormida o adormecida. La declaración Transforma España de la Fundación Everis menciona las cinco facetas fundamentales de dicho centro de gravedad: el ciudadano depositario responsable de los valores del país, el ciudadano elector, el ciudadano consumidor, el ciudadano financiador y el ciudadano productor de valor socioeconómico. Nuestra fuerza como ciudadanos se encuentra en las opciones que a nivel individual adoptemos, premiando conductas que consideraremos adecuadas y castigando las que nos perjudiquen. No tardarán en surgir aquí asociaciones cívicas que estimulen, agreguen y potencien estas posturas individuales. Ya las hay en los cinco continentes.

Es imprescindible incorporar la transparencia al conjunto de pilares básicos de nuestra sociedad para afrontar con éxito los problemas en los que nos hallamos inmersos. Veamos solo algunas razones: en primer lugar, la experiencia internacional que prueba que los países más transparentes son más prósperos. Una segunda razón es que nuestro sector público, que ya representa la mitad de nuestra economía (46% del PIB) y que cuesta una media de 10.000 euros a cada español independientemente de su edad y situación, se verá muy beneficiado por la transparencia para ser más eficaz, eficiente y económico, por ejemplo publicando todos sus contratos o el rendimiento de cada hospital, escuela y juzgado. Una tercera razón es que un país más transparente obtendrá financiación externa más barata. España paga casi 100 millones de euros al día por los intereses de su deuda (nuestra deuda). Una cuarta razón: la transparencia es el mejor caldo de cultivo para el desarrollo de empresas sólidas, nacidas en la libre competencia y que saldrán al exterior con posibilidades reales de éxito generando el tan necesitado empleo. Otra razón es que la transparencia es, con gran diferencia, el mejor antídoto contra la corrupción y el despilfarro rampante que tenemos. Por último, es necesario educarnos en transparencia para erradicar nuestra pésima cultura de aceptación y conformismo con la opacidad.

No pretendo formular las soluciones que resolverán nuestra crisis actual, pero estoy seguro de que todas tendrán como denominador común, de una u otra manera, la transparencia, que es una corriente universal imparable y ya una realidad en los países más desarrollados. La transparencia, en parte gracias a las nuevas tecnologías, acabará penetrando en nuestra sociedad, y los ciudadanos, entonces ya conscientes de nuestra enorme capacidad de actuación e influencia, ejerceremos nuestro papel de forma creativa, constructiva y responsable.

A partir de aquí y ahora, nos toca arrancar. Internet es una fabulosa ventana al mundo al alcance de todos e ideal para informarnos y luego empezar a actuar. Para iniciarnos podemos escribir la palabra «transparencia» en nuestro navegador y empezar a surfear libremente por la red. Un poco más adelante puede ser interesante ver los vídeos de conferencias del Personal Democracy Forum en español y en inglés. No tardaremos en comprender que, de haber tenido transparencia en España, la crisis habría sido mucho menos acusada, y sus efectos, no tan devastadores…

Me gustaría acabar con las palabras de una viñeta de Máximo: «Dijo el tirano: “¡Parad la Primavera!”». En la España actual, ¿se puede parar la transparencia?

Nada más puestos en marcha la Constitución y el Estado de las autonomías que consagra se hizo evidente que el sistema diseñado para su financiación dejaba mucho que desear y condenaba a Catalunya a un drenaje de recursos que dificultaba la prestación de determinados servicios públicos, como la educación o la sanidad, a unos niveles similares a los del resto del Estado sin incurrir en un déficit sustancial. Si a ello se añade un trato discriminatorio en las inversiones en infraestructuras, no es de extrañar que la economía catalana y el nivel de vida de sus habitantes perdiera posiciones constantemente. Y, lo que es más grave, que se estrangulara su potencial de creación de riqueza así como el papel de locomotora de la economía española que tradicionalmente desempeñaba.

Pronto nos apercibimos del agravio y se oyeron unas primeras quejas. Las iniciales, formuladas con voz queda y tono amistoso al confiar en que todo había sido un error de cálculo y que se atendería a la solidez de nuestros argumentos. En vano. Sí que de vez en cuando se modificaba el coeficiente de participación en algunos de los impuestos, pero no transcurrían muchos días hasta que se evidenciaba que lo que se nos daba con una mano se nos retiraba con la otra. No es de extrañar que paulatinamente aumentasen los decibelios con que manifestábamos nuestras reclamaciones y se empezasen a oír vocablos más agrios. Pero quienes podían atenderlas hicieron oídos sordos. Encima, se empezó a tildarnos de insolidarios y egoístas cuando por la vía fiscal una parte no desdeñable de nuestro PIB se desviaba hacia otras latitudes. La situación fue haciéndose desesperante y la confianza en que por la vía del diálogo se podría reparar el entuerto inicial se erosionó. Hasta que las fuerzas políticas catalanas emprendieron la vía, ya más contundente, de la reforma del Estatut, que incluía unas disposiciones destinadas a reforzar las finanzas públicas y limitar el drenaje de recursos. No hace falta recordar las rocambolescas peripecias y el afeitado, en palabras de Alfonso Guerra, que precedieron a su aprobación final. Pero incluso así acontecimientos recientes demuestran que la interpretación que desde el Gobierno central se hace de sus disposiciones lo convierte de facto en papel mojado, cuando menos en lo relativo a la financiación. De tal manera que entre la población catalana crece el convencimiento que solo nos quedan dos cartuchos para corregir el agravio, que ya casi merece adjetivarse de histórico. El primero es reclamar un concierto económico similar al que tan bien protege a los presupuestos públicos de las economías vasca y navarra.

Arregi considera que esta pretensión no se puede conceder porque supondría la quiebra del sistema. Pero no tanto por el concierto, sino por la forma de cálculo del importe a pagar, el denominado cupo, al Gobierno central por los servicios que presta a las dos autonomías. Nada obligaría a que, en el caso del hipotético concierto catalán, el cupo fuera tan favorable a nuestros intereses, por lo que la imposibilidad que aduce no parece tan evidente.

Una parte importante de la población cree que si el primer cartucho fallase solo quedaría la independencia. Algunos, porque así se matarían dos pájaros de un tiro: se resolvería nuestra asfixia económica y a la vez se alcanzaría la eclosión de las ambiciones nacionalistas. Otros, quizá por la sola primera razón. A esos los denomina Arregi «nacionalistas de bolsillo». Y lo que pretende con su artículo es convencerles de que, en lugar de acudir a remedio tan drástico, emulen al bíblico Job, se carguen de paciencia y perseveren en su empeño predicando la justicia de sus reclamaciones, que él no niega. Si, como en el tango, 20 años no es nada, tampoco treinta y tantos es una enormidad, viene a decir.

Lo curioso del caso es que en Euskadi los nacionalistas de bolsillo, esta vez silentes, proliferan más que en Catalunya. Sabido es que tanto los votantes del PP como los del PSOE defienden con uñas y dientes el concierto económico y sobre todo el exiguo cupo que, gracias a causas que con metáfora arbórea explicó Arzalluz, han de pagar a Madrid. Y no lo hacen por su amor, perfectamente descriptible, al árbol de Gernika sino por su convicción de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. En cuanto a los catalanes, dice Arregi, han de comprender que, les guste o no, en esta tragicomedia les toca ser pacientes, o sea asumir el papel de Job, el santo Job.

Por Antoni Serra Ramoneda, economista.

La implantación de una fórmula de copago farmacéutico en Catalunya ha suscitado de nuevo la diatriba pública –que no debate– sobre la financiación parcial de los servicios públicos mediante la aportación económica de sus usuarios reales. La solución del Gobierno de la Generalitat debería ser entendida como puntual y provisional, toda vez que no resuelve el problema de la sostenibilidad del sistema, ni las posibilidades del copago tendrían que reducirse a una medida tan lineal. Sin embargo, el objetivo de que las instituciones –los partidos– afronten una reflexión a fondo sobre todos estos temas para idear un modelo alternativo, solidario y eficiente, parece muy lejos de lo posible. Los acontecimientos avanzan de manera imparable sin que ofrezcan un instante para la revisión sosegada, racional y consensuada del Estado de bienestar. Ejercicio tras ejercicio se van adoptando decisiones mediante la acumulación de ajustes parciales que buscan, antes que nada, efectos inmediatos en el control del déficit. Las circunstancias resultan idóneas para el oportunismo. Ya nadie se atreve a cuestionar una decisión u otra calificándola de improvisada, si acaso son otros los epítetos que se emplean. Esta reforma parcelada y caótica del Estado de bienestar impide imaginar siquiera el resultado final, de modo que frente al oportunismo se alza la voz tremendista de quienes auguran el triunfo de la ley de la selva. La socialdemocracia se ve arrastrada por una dialéctica maniquea sobre la justicia social, mientras que los liberal-conservadores van deconstruyendo el Estado heredado guiados por la intuición que inspiran los mercados.

Esta manera de reformar el Estado de bienestar, condicionada por la precipitación y el desorden, representa un problema mayor que la orientación que adopta cada medida. Los riesgos que comportaría la ralentización política de los procesos de cambio no constituyen sólo un argumento de oportunidad; forman parte de una realidad cuyas amenazas no pueden ser ignoradas. Pero la carencia de contrapesos sociales e institucionales que, manteniendo un ritmo vivo en las reformas, fuesen capaces de equilibrarlas acaba dando lugar a una nueva forma de razón despótica en la gobernación del país. Según esa razón, se trata de recuperar la confianza externa e interna mediante un activismo reformador. Establecido el marco general de lo que hay que cambiar –sistema financiero, mercado de trabajo, servicios sociales– y fijada la regla básica de la consolidación fiscal, sólo cabe esperar que las medidas adoptadas surtan efecto. Pero curiosamente nadie se hace cargo de las consecuencias directas del impulso reformador, mucho menos de las colaterales. Mientras, al otro lado de la barricada, los tremendistas parecen esperar a que su profecía se cumpla y los hechos les den la razón.

Por precipitadas y desordenadas que sean las medidas de ajuste y reforma, todas portan el sello de su irreversibilidad. La socialdemocracia gobernante hasta hace poco se enfrentó a la crisis como si únicamente exigiera apreturas pasajeras, ahorros con retorno y un poco más de cuidado con la tesorería pública. La privatización de determinados servicios, de las relaciones laborales e incluso de algunas estructuras de la administración constituye una tendencia tan oportunista como inevitable. Pero desde el momento en que la socialdemocracia se retira del debate y pasa a ejercer de oposición deja la vía libre a la inercia reformadora. Lo más preocupante no es la privatización, sino la precarización que conlleve y los ámbitos que deje desatendidos. Las necesidades sociosanitarias que seguirá incrementando el envejecimiento de la población parecían atractivas en términos de rentabilidad empresarial, pero hoy ya no lo son. La creación y producción artística ocupaba un espacio amplio y diverso que se estrecha rápidamente e induce un cierto estado de opinión que convierte lo cultural en sinónimo de superfluo. El juicio al que está sometido el sistema educativo va demasiado cargado de desdén, y los defensores de la escuela pública no aciertan a contrarrestarlo.

El horizonte intuido es el de un sistema capaz de cubrir necesidades sociales básicas –decrecientes– que derive hacia cada usuario una parte –creciente– del coste de sus necesidades particulares en proporción a su también particular renta. El esquema podría dar lugar tanto a un modelo más justo que el que tenemos como a otro profundamente insolidario. Pero la primera condición de la justicia social en la globalización es que el Estado de bienestar se haga sostenible. En otras palabras, que el crecimiento económico permita una distribución de la riqueza capaz de cubrir un amplio catálogo de necesidades sociales. La socialdemocracia no debería ausentarse de la modulación del esquema referido oponiéndose a las reformas con trazo grueso.

Alguien que, sin ser catalán, vive no lejos de Barcelona ya me lo había comentado hace tiempo: el argumento del déficit fiscal que sufre Catalunya está haciendo mella incluso en personas que no son nada nacionalistas. Y el enfoque de la política nacionalista de los últimos tiempos está confirmando ese argumento: la mejor forma de convertir a los ciudadanos catalanes que no son nacionalistas, ni están por la labor, es el argumento del bolsillo.

He escrito alguna vez en estas mismas páginas que estoy convencido de que existe un problema de financiación de Catalunya y que conviene discutirlo. También estoy convencido de que la financiación autonómica en su conjunto es algo que se ha ido construyendo a trancas y barrancas -si algún déficit tiene la Constitución es el de no decir nada al respecto-, más como resultado de negociaciones bilaterales que con visión sistemática del conjunto y en base a criterios racionales.

Pero si comprensible es que Catalunya reclame una mejor financiación, la revisión incluso del conjunto del sistema autonómico, lo que no parece tan comprensible es la forma de plantearlo. Un sistema no se mejora con planteamientos que apuntan a su quiebra. Y plantear un pacto fiscal similar al concierto vasco

-y navarro- es apostar, tal y como se ha permitido que se desarrolle en la práctica el concierto vasco por medio del cupo, por la quiebra del sistema. Aunque quizá sea eso lo que se persigue.

Incluso la reclamación de una agencia tributaria propia sería asumible por el sistema, pues hay países federales en los que la recaudación de los impuestos regulados en la Constitución, los más importantes, es cuestión de los estados, de los länder o de las autonomías. Sabemos que en España si este planteamiento implica problemas no es por una cuestión de lógica del sistema, sino por la desconfianza mutua que existe entre el Gobierno central y las autonomías, o al menos algunas de ellas, las que puedan estar gobernadas por nacionalistas que quieren que se confíe en ellos pero que afirman que no quieren estar en España, desconfianza cuya responsabilidad es, al menos, compartida.

Pero los últimos movimientos del nacionalismo catalán, la aprobación de la ley de consultas no vinculantes, abriendo así la puerta al nacionalismo de bolsillo, a confiar en que la ciudadanía vote a favor de que se llene su bolsillo, no solo buscan solucionar un problema que requiere un arreglo con urgencia, sino que pretenden saltar sobre la realidad plural de la sociedad catalana apostando por la homogeneidad que puede producir coger a los ciudadanos por donde más duele, en especial en época de crisis: por el bolsillo.

Algunos sociólogos afirman que lo que caracteriza el momento presente es la acumulación de efectos no deseados de lo que la cultura moderna, en todas sus dimensiones, ha pretendido. Muchos políticos, sin embargo, siguen instalados en la causalidad lineal de la mecánica clásica: si se hace un esfuerzo de una cantidad determinada, el movimiento provocado es exactamente proporcional, calculada la resistencia, al esfuerzo inicial. Si consigo que los ciudadanos catalanes se conviertan en nacionalistas de bolsillo, al final terminarán siendo nacionalistas de corazón.

¿Y si las cosas no funcionan así? ¿Y si al final aparecen efectos no deseados por el nacionalismo catalán? Si algo caracteriza, además de lo dicho, a las sociedades actuales es que se han convertido en sociedades cada vez más imprevisibles, menos atadas a la tradición, más variables, menos fiables en sus comportamientos, lo que desespera a los políticos que tienen que desayunar todos los días las correspondientes encuestas para saber por dónde se les pueden escapar los votantes.

Lo que es terrible es que cada vez se tiene más la impresión de que a los responsables políticos lo que menos les importa es la libertad de los ciudadanos, que lo que menos les importa es garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, la libertad de conciencia, la libertad de identidad, la libertad de lengua, la libertad de sentimiento de pertenencia como aplicaciones actuales de la aconfesionalidad del Estado.

Pudiera ser que el nacionalismo de bolsillo le funcionara al nacionalismo catalán, y que dentro de poco tiempo hubiera una mayoría clara y suficiente para declarar la independencia de Catalunya. Pero entonces, como ya he escrito en estas páginas alguna vez, igual se le plantea a Catalunya el problema que desde el nacionalismo catalán se afirma que España no ha sabido gestionar: el plurinacionalismo de los catalanes, el hecho de que muchos ciudadanos catalanes, sin renunciar a sentirse catalanes, tampoco renuncian a sentirse españoles, plurales en su propia identidad, lejos del monismo y del reduccionismo identitario, y ello como garantía de su libertad de conciencia.

El nacionalismo de bolsillo, además, se puede encontrar con un problema añadido: ese bolsillo es insaciable, crece a medida que se va llenando, y el gobierno que lo promueve es, desde el principio, prisionero de lo que ha puesto en marcha.

La crisis económica ha hecho emerger problemas latentes en la sociedad española. Uno de los ámbitos a revisar serían las administraciones públicas, que a pesar de las positivas reformas realizadas en la etapa democrática todavía evidencian una notoria ineficiencia por su falta de adaptación a las nuevas exigencias de la democracia contemporánea, a la estructura autonómica de España y a las nuevas tecnologías que dominan la sociedad de la información.

La democracia no se limita al voto periódico en los procesos electorales. Las administraciones públicas deben ser transparentes y rendir cuentas día a día. Al carecer las políticas públicas de un sistema de evaluación de su eficacia, no se sabe si se deben eliminar, reducir o ampliar servicios y con ello su financiación. Una ley de 2006 creó una Agencia supervisora, pero al ser secretas sus evaluaciones, era en sí misma inútil y despilfarradora. La opacidad y el oscurantismo de los procedimientos favorecen las prácticas corruptas de los cargos públicos.

Es urgente una ley de transparencia que establezca el acceso general a los procesos de decisión y a los documentos que manejan los funcionarios y cargos públicos (con un registro público y accesible en internet), tanto los que ellos mismos generan como los que solicitan a ciudadanos o empresas. Estos informes influyen en la toma de decisiones o son una fuente de conocimiento que debe ser compartida con la sociedad, pues se pagan con fondos públicos.

La gran mayoría de los interminables casos de corrupción que le han costado cientos de millones de euros a la ciudadanía han consistido en falsos informes. Naturalmente, el principio general del acceso debe tener ciertas excepciones o límites en relación con la seguridad del Estado y otras contadas circunstancias. Pero lo que es insoportable es el secretismo decimonónico de nuestras administraciones, que hacen que la calidad de la democracia española sea ínfima y propician la corrupción generalizada y el saqueo de los fondos públicos para su reparto a través de sociedades u otras redes entre familiares y clientela partidaria.

En materia de transparencia, España aún no está en Europa. Algún Estado europeo está peor que nosotros, cierto, pero la gran mayoría está mucho mejor y aunque la UE no es el modelo idóneo, por ejemplo, a ojos de un escandinavo, es un paradigma seguramente inalcanzable para la incuria y altivez de los corrompidos poderes públicos españoles.

En segundo lugar, la Administración General del Estado no ha sabido adaptarse al sistema autonómico, confundiendo una estructura cuasifederal con la excusa para hacer incluso dejación de las funciones propias de un Gobierno central. Los tres niveles de administraciones rivalizan en la prestación de los mismos servicios y han sido incapaces de conjugar Estado descentralizado con políticas integradoras. Es cierto que en la Constitución falta claridad en el reparto competencial y la laguna ha sido suplida parcialmente por el Tribunal Constitucional, pero lo que ha faltado es recíproca lealtad. La organización provincial fue una buena respuesta, acorde con las necesidades, ideas y valores propios de 1833, pero el sistema ideado por Javier de Burgos es insostenible. Hay que reconducir y ensamblar las funciones que cumplen las diputaciones y cientos de municipios con la moderna administración autonómica. Pero si, como decíamos, el Estado no ha sabido adaptarse al hecho autonómico, las autonomías han mimetizado por su parte el modelo estatal, cometiendo sus mismos errores y duplicando el sistema (subdelegados del Gobierno y delegados autonómicos, direcciones provinciales de cada Ministerio y direcciones territoriales de cada consejería…).

Las administraciones españolas -estatal y regional- tampoco han sabido o no han querido adaptarse a las consecuencias de la integración europea: no han digerido la atribución del ejercicio de competencias en exclusiva o de forma compartida a las instituciones de la UE, con la correlativa pérdida de competencias internas, confinadas en ocasiones a la ejecución administrativa y a la inspección.

Aunque los ordenadores han sustituido a las vetustas máquinas de escribir y la nueva Ley de Administración Electrónica facilita y extiende los procedimientos por esa vía, las administraciones públicas no han asimilado las consecuencias de la revolución tecnológica. Todavía hay demasiadas cargas administrativas sobre ciudadanos y empresas y no se han aprovechado los portales para facilitar una administración única. A su vez, la relación de puestos de trabajo no ha variado: ni se han creado nuevos empleos adaptados al cambio tecnológico ni se han eliminado otros superfluos. Es obvio que hoy se necesita muchísimo menos personal auxiliar, conserjes… En la Administración sobran muchos puestos de nivel medio o medio-bajo; por el contrario, se necesita atraer a personal altamente cualificado y, en todo caso, detener la sangría de los funcionarios de los cuerpos de élite hacia la empresa privada.

Y necesitamos abordar dos temas tabú. Uno: es rigurosamente falso que los problemas públicos o de atascos en la Administración se resuelven aumentando el número de funcionarios y de entes u organismos. Lo que debe hacerse es reformar y simplificar las leyes sustantivas o las procesales (caso de la Administración de Justicia).

El otro tabú es el de la inamovilidad del funcionariado público y su carácter de (discutible) derecho adquirido. La Constitución, con buen juicio y prudencia, se refiere a «las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones». Cuando Pérez Galdós escribió en 1888 su obra Miau, las cesantías eran el síntoma de una mala y politizada Administración que desaprovechaba «al servidor leal del Estado que podría enseñar al ministro la manera de salvar la Hacienda». El problema hoy lo tenemos al revés, debido a la invasión de las administraciones públicas por los partidos políticos, funcionarizando a cientos de miles de contratados con carné del partido como asesores-aduladores en cada legislatura (nacional, regional y municipal). Estos, junto con muchos funcionarios desaprensivos, se cruzan de brazos (nadie los va a despedir) propiciando a su vez la contratación de más personas que hagan el trabajo que ellos no hacen. Así se dispara el número de funcionarios y contratados y las cargas que tienen que soportar los ciudadanos en forma de impuestos. En ocasiones sobran funcionarios y en otras faltan, sin que la Administración tenga autoridad para redistribuirlos. Los empleados públicos tienen derecho al trabajo, pero no al puesto de trabajo.

Hay que deslindar las funciones de naturaleza pública o de imperio (iure imperii) que deben ser desempeñadas de forma imparcial (judicatura, cuerpos de inspección, diplomacia, abogados del Estado, ejército y seguridad…) del resto de puestos de trabajo que no requieren esa imparcialidad sino la competencia profesional (actividades iure gestionis como las sanitarias, docentes, jardineros, chóferes, auxiliares administrativos o informáticos, conserjes…), y que deben tener un estatuto laboral ordinario por no diferenciarse de tareas similares en el sector privado.

El Gobierno tiene muchos frentes abiertos. Uno de ellos es si quiere aprovechar las administraciones públicas como fuente generadora de crecimiento y de riqueza nacional o como una pesada carga dilapidadora de nuestra poca riqueza. Los estados no son ricos o pobres en función de sus recursos naturales. El abismo está originado por la mala organización, en contraposición a los países que se fundan en sólidas estructuras sociales y políticas con administraciones públicas profesionales, fuertes, ágiles y, en consecuencia, eficientes.

El consenso debería presidir las reformas sobre la sostenibilidad del Estado; pero los grandes partidos nacionales y regionales sólo se ponen de acuerdo para saquear los caudales públicos. ¿Nos podemos permitir tanto despropósito y despilfarro? ¿Es sostenible este Estado?

La unanimidad cada vez es más amplia. El pacto fiscal es el camino. Lo que toca. Por justicia y por necesidad. Y su debate es inaplazable. En Catalunya se da una clara conciencia porque la crisis ha evidenciado con toda su crudeza el desequilibrio entre lo que cualquier catalán aporta al Estado y lo que después recibe. El sobreesfuerzo que Catalunya debe hacer en nombre de la solidaridad interterritorial es un lastre para las finanzas del país que obliga al Govern a hacer amplios ajustes para mantener el Estado del bienestar y a la vez cumplir con el techo de déficit que se le impone desde la Administración central.

En suma, una situación de asfixia insostenible como Administración y como país que nos obliga a hacer una reflexión que nadie puede eludir: si bien en los últimos 30 años hemos conseguido las mayores cotas de autogobierno que nunca hayamos tenido, a la hora de resolver la financiación, el Estado no nos ha respondido y nos hemos atascado en un modelo que nos hace más dependientes. Tenemos una asfixia financiera y, por lo tanto, es necesario un cambio de modelo. Quizá por eso se puede decir que, a pesar del autogobierno, somos más dependientes que nunca.

Y este cambio pasa por el pacto fiscal, por acabar con el inviable déficit fiscal, que supera el 8% del PIB catalán. Me atrevo a decir que en Catalunya, en el diagnóstico, estamos todos de acuerdo. Tanto en la calle, donde ya hay una mayoría social, como en el ámbito político, donde buena parte de las fuerzas parlamentarias también caminan en este sentido. Sin embargo, aún falta concretar una mayoría política más amplia, y eso quiere decir sumar al partido socialista y, ¿por qué no? al Partido Popular, a la propuesta de un pacto fiscal que, para nosotros, debe pasar porque la Generalitat recaude, gestione y liquide todos los impuestos generados en Catalunya. El modelo que defendemos tiene grandes similitudes con el que rige en el País Vasco y Navarra, que apoyan populares y socialistas. Por eso nos cuesta entender que los mismos partidos que se posicionan a favor y defienden el concierto vasco y el convenio navarro puedan negarlo a los catalanes.

En las últimas semanas, el propio PSC ha movido ficha con su propuesta de financiación, y su primer secretario, Pere Navarro, hacía en las páginas de este diario un diagnóstico con el que coincidimos: las principales causas del déficit público de la Administración son la crisis y la disminución de los ingresos que esta ha comportado y, por lo tanto, es necesario recuperar un cierto nivel de ingresos y no solo ajustar los gastos para disminuir el déficit y salir de la recesión. Y también afirmaba, y estamos de acuerdo, que hay que hacer entender que la solidaridad no puede ser infinita; debe tener un límite en el tiempo y en la cantidad. Y también, añadía con acierto, hay que reducir muy significativamente el gran déficit estructural que Catalunya tiene con el Estado.

Lo que nos sorprende y desconcierta es que ahora los mismos socialistas que daban por buenos los cálculos de déficit del conseller Mas-Colell -que sigue el mismo método que el empleado en su día por el exconseller Antoni Castells- se desdigan y aseguren que el déficit fiscal de Catalunya podría ser inexistente.

Nosotros seguimos trabajando con la filosofía del déficit estructural que días atrás defendía Pere Navarro y que es la que tanto desde CiU como desde el Govern de Artur Mas se defiende desde el inicio de la legislatura. De hecho, los presupuestos catalanes del 2012 así lo reflejan: dentro del escaso margen que permite la complicada situación económica, se han incorporado nuevas figuras impositivas -como el copago en las farmacias o la tasa turística-, para no incidir solo en el gasto. Pero esto no es suficiente. El problema de fondo es el desequilibrio en los ingresos que percibe la Generalitat del Estado.

Con la mayoría social y política en Catalunya, ya solo será necesario que España nos responda. Pronto. Porque aquí y hoy solo hay una única agenda. Una agenda en la que conviven el pacto fiscal, el paro y la recuperación económica. Si hay consenso en que la recuperación y la lucha contra el paro son prioritarias, estaremos de acuerdo en que un pacto fiscal que nos dote de recursos también lo es.

El triste espectáculo de la semana pasada del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con un Gobierno del Estado exigiendo a las comunidades autónomas unos estrictos objetivos de déficit que no se aplica a sí mismo y atornillándolas sin tener en cuenta a aquellos territorios que ya hace meses que están aplicando políticas de estricta austeridad para enderezar sus finanzas nos reafirma en nuestro objetivo.

Catalunya necesita una independencia financiera que, a través de un aumento sustancial de sus ingresos, le permita controlar su déficit y a la vez crear riqueza y empleo. Un modelo que rompa la excesiva dependencia de la Administración estatal que hoy nos asfixia y nos hace inviables como país. Y el camino para llegar a eso es, sin duda, el pacto fiscal.

Ni la llamada sentencia es una sentencia sino un auto, ni su contenido avala la política de inmersión lingüística, como han interpretado la mayoría de políticos y medios de comunicación. La confusión, buscada o no, sigue siendo una de las características del derecho al uso de las lenguas.

Me refiero, naturalmente, al auto de la pasada semana dictado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ejecuta una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 9 de diciembre de 2010. En esta sentencia se reconocía el derecho de los demandantes a que el castellano sea, junto al catalán, lengua vehicular de la enseñanza. El caso provenía del lejano 2006, en el que un padre, en nombre de sus hijos menores, interpuso un recurso contencioso-administrativo porque en las escuelas de sus hijos la única lengua utilizada como vehicular era el catalán. El TSJC desestimó esta pretensión que, sin embargo, fue apreciada por el TS en la citada sentencia de 2010, dando así la razón al padre demandante y no a la Administración educativa de la Generalitat.

Como soporte jurídico de peso para apoyar su decisión, el TS aducía la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. Recordemos que en dicha sentencia el TC sostenía que, a pesar de que literalmente allí se dijera que la lengua vehicular de la enseñanza era el catalán, sin mencionar para nada al castellano, debía entenderse que este obviamente también era vehicular al ser lengua oficial. Como es sabido, la Constitución y la ley establecen que las sentencias del TC son vinculantes y de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos: jueces, parlamentos, gobiernos y administraciones públicas.

¿Cómo se debe ejecutar una sentencia? Básicamente, haciendo que se cumpla íntegramente “en sus propios términos”, en el sentido que determine el fallo. Si ello no sucede, según una temprana doctrina del Tribunal Constitucional, se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. ¿Ha sido ejecutada íntegramente en sus propios términos la sentencia del TS por parte del TSJC? No, lo ha sido sólo en parte.

En efecto, el auto en cuestión olvida una importante disposición incluida en el fallo: aquella que obliga a la Generalitat a “adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya junto con el catalán”. Un olvido significativo.

Pero hay más, el TSJC llega, incluso, a poner en cuestión la competencia del TS para hacer este pronunciamiento y se atreve a decir, sorprendentemente, que ello le convierte en un mero ejecutor del fallo del TC. Según su ley reguladora, los jueces están vinculados por las sentencias del TC, no sólo por el contenido del fallo sino también por la doctrina que se desprende de sus fundamentos Por ello es una sorpresa que el TSJC critique al TS por tomarse en serio esta obligación. Por tanto, el auto del TSJC, además de no ejecutar la sentencia en su integridad, reinterpreta el fallo, excediendo así en mucho de sus competencias.

Nos encontramos, por tanto, ante un auto elusivo: soluciona conforme a derecho un problema individual, dando la razón al padre de los alumnos, pero elude su responsabilidad de dar una solución general al conflicto planteado, al no imponer a la Generalitat el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar derechos sin tener que acudir a los tribunales caso por caso, una carga excesiva que no es justo atribuirla a los ciudadanos.

En efecto, los derechos deben establecerse de forma clara en leyes generales, iguales para todos. Si las lenguas vehiculares en la enseñanza son el catalán y el castellano, repartidas en una proporción adecuada y razonable, ello debe constar en la ley y no quedar casi oculto, de forma indefinida, en una sentencia del TC. El Parlament de Catalunya y la administración educativa de la Generalitat, si tuvieran un comportamiento leal con el derecho, ya deberían haber modificado la regulación lingüística, en este y otros aspectos, para adaptarla a la sentencia del Estatut. ¿De qué sirve una sentencia del TC si no se ejecuta?

Ahora bien, no hace falta ninguna resolución judicial para cumplir una sentencia del TC. Basta con un comportamiento de los poderes respetuoso con las reglas de la democracia: el Parlament debe cambiar unas leyes -la de política lingüística y la de educación- que se oponen a lo constitucionalmente declarado por los tribunales. Es su deber para no dejar a los ciudadanos en situación de constante inseguridad jurídica, al arbitrio del poder de turno.

El TS, con su mandato a la Generalitat para que adaptara su legislación a la sentencia del TC, pretendía salvaguardar los derechos lingüísticos de una manera general. El legislador abdica de sus funciones si deja al ciudadano abandonado buscando individualmente protección ante los tribunales. Este auto ha sido una ocasión perdida para solucionar el asunto. Habrá más ocasiones.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del pasado día 8 fue recibido con alivio por el Gobierno catalán a pesar de las muchas dudas que plantea. Tanto el president, Artur Mas, como la consellera de Educació, Irene Rigau, han insistido en que la interlocutoria «no toca» el modelo de inmersión. Es cierto que la interlocutoria no obliga (no puede) a modificar ninguna ley vigente, pero no es menos cierto que establece una cabeza de puente en el modelo que puede transformarlo en la práctica.

Hasta la ley de educación, la legislación catalana reconocía el derecho a recibir en castellano «la primera enseñanza», una expresión vaga que se interpretaba como referida a la educación infantil y el primer ciclo de primaria (los cinco cursos que van de P-3 a 2º de primaria, para entendernos). La ley de educación introdujo dos novedades a este respecto: redujo el derecho a recibir la enseñanza en castellano a un solo curso académico («el curso escolar en el que los alumnos inicien la primera enseñanza») y lo concretó en la mera recepción de «atención individualizada» en esta lengua. He aquí que el auto del TSJC sí que toca claramente el primer aspecto y podría afectar también al segundo.

Por un lado, el TSJC obliga a la Administración catalana a utilizar el castellano como lengua vehicular para los hijos de las familias demandantes no en un solo curso escolar ni en el conjunto de la primera enseñanza, sino «en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria». Por otro lado, habrá que ver si el expediente de la atención individualizada satisfará la exigencia original del Tribunal Supremo de que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de «forma proporcional y equitativa en relación al catalán».

El auto de TSJC llega en un momento en el que el Gobierno español tiene previsto promover el bilingüismo español-inglés en todo el sistema educativo y favorecer la educación trilingüe en las comunidades con dos lenguas oficiales, tal como explicó Mariano Rajoy en su discurso de investidura. Con el automatismo que viene siendo habitual, las fuerzas vivas catalanas han rechazado la posibilidad de un modelo educativo con tres lenguas vehiculares. En una entrevista emitida al día siguiente del discurso de Rajoy, Rigau declaró: «Si el objetivo es dominar tres lenguas, estamos de acuerdo. Con lo que no podemos estar de acuerdo es con que nos impongan la manera de conseguirlo. Nuestro proyecto tiene que mantenerse igual». (El pasado 8 de marzo, Mas reiteró su apuesta por el inmovilismo más literal: «Estamos donde estábamos y no nos moveremos de aquí».) El razonamiento de fondo siempre es el mismo: cualquier cosa que no sea la inmersión solo puede tener efectos destructivos para la lengua propia de Catalunya.

¿Realmente el trilingüismo resultaría tan dañino? Una ojeada a otros sistemas educativos plurilingües podría ser instructiva. Un caso poco estudiado que merece toda la atención es Andorra. Allí conviven tres sistemas educativos: el francés (que tiene el francés como lengua vehicular), el español (donde es vehicular el castellano) y el andorrano (cuya lengua es el catalán, aunque el castellano y el francés también son vehiculares). ¿Cuál es el impacto de este pluralismo vehicular en el conocimiento del catalán? La verdad es que no parece muy negativo. Según las encuestas, los jóvenes andorranos son tan competentes en catalán como sus colegas catalanes. Alguien podría argüir que comparar Catalunya con Andorra no es justo, porque allí la oficialidad exclusiva del catalán es un incentivo para el aprendizaje de la lengua del que no disponemos aquí. Es cierto, pero también es verdad que, como en Catalunya, la lengua mayoritaria de Andorra es el castellano, tanto si hablamos de la lengua materna de la población como si atendemos al uso social.

Acaso no hace falta falta ir hasta Andorra para comprobar la eficacia de los sistemas educativos plurilingües. En Barcelona existen escuelas que usan más de una lengua vehicular. Un ejemplo conspicuo es Aula, donde se practica no el trilingüismo sino el cuatrilingüismo. Según reza la página web de esta escuela, «los alumnos consiguen una correcta capacidad de expresión oral y escrita en catalán, castellano, inglés y francés», gracias a un proyecto que incluye el uso de estas cuatro lenguas como vehiculares para cursar diferentes materias.

Como se encargó de recordarle Albert Rivera al presidente de la Generalitat, esta escuela es la que frecuentaron Mas y sus hijos. Si este proyecto plurilingüe fue bueno para Mas y su prole, ¿no puede serlo para nadie más? El auto del TSJC no ha blindado la inmersión sino que ha abierto la puerta a usar el castellano como lengua vehicular más allá de la primera enseñanza y probablemente más allá del controvertible mecanismo de la atención individualizada. En lugar de insistir otra vez más en el inmovilismo de las líneas rojas, ¿no sería hora de empezar a evaluar alternativas plurilingües a la inmersión que no sean dañinas para el catalán?

Intentar extraer lecciones de la historia es siempre tentador. Buscamos respuestas que no tenemos y la historia suministra argumentos de cierta utilidad. A las puertas de la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, popularizada como la Pepa (pues se aprobó el día de San José), vamos a volver a escuchar la repetición de algunos tópicos. No cabe duda de que la Carta gaditana marcó el paso del antiguo régimen al sistema político liberal, que se puede resumir en los principios de soberanía nacional y división de poderes. Ahora bien, no debe confundirse esto con un régimen democrático, parecido al actual, ya que, entre otras limitaciones, el poder ejecutivo lo seguía ejerciendo el monarca y el sufragio universal excluía a buena parte de la población: mujeres, pobres, analfabetos, sirvientes, negros, criollos o indios. No todos los españoles de «ambos hemisferios» eran iguales en derechos.

Si bien la Constitución de 1812 otorgó importantes libertades modernas (de expresión, imprenta, reunión, propiedad y seguridad), dejó al margen una muy importante: la libertad religiosa. Las circunstancias históricas particulares, derivadas del enorme peso del catolicismo y, sobre todo, de la influencia del clero en la sociedad, impusieron al liberalismo español esta cortapisa, si bien fue compensada con la abolición inmediata de la Inquisición. Con todo, pese a sus limitaciones, la Pepa se incrustó en el imaginario popular del siglo XIX como un mito revolucionario. A ello ayudó mucho que fuese derogada con el retorno del absolutismo oscurantista de Fernando VII. Con el texto de Cádiz, pues, lo primero que se debe evitar es la confusión entre liberalismo y democracia, ya que para garantizar un sistema de derechos democráticos universales el liberalismo político es condición necesaria pero no suficiente.

Al lado de esta precisión, hay otro peligro en este año de celebraciones: la tesis de aquellos que quieren ver en Cádiz aquel momento histórico donde se materializa la construcción de una España uninacional. La invocación que desde posiciones neocentralistas se hace de la Constitución de 1812 es la mejor prueba de ello. Así, cuando tiempo atrás se puso en marcha el programa de actos reivindicativos de la Pepa, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, afirmó: «En el espíritu de 1812 la cohesión nacional y la libertad caminan unidas», «en Cádiz no hay provincia, no hay más que una nación, no hay más que España», y «en los revolucionarios [gaditanos] sobresale la defensa de la unidad nacional frente al federalismo».

Un primer aperitivo de este renacido historicismo nacionalista ya lo tuvimos en la pasada celebración de la guerra de la independencia, bicentenario que estuvo preñado en muchos libros, exposiciones y, particularmente, en los discursos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de un espíritu contrario a aquello que con tanto acierto recomendaba el historiador José Álvarez Junco cuando, avisando de lo que podía suceder, recordaba que «lo sustantivo de la guerra de la independencia no es la nación, sino la libertad». «Exaltemos, pues, aquel intento de establecer la libertad, en lugar de exaltar la nación», concluía el autor del excelente ensayo sobre la idea de España en el siglo XIX Mater dolorosa (2001).

En ambos casos, estamos frente a un discurso que identifica la unidad con el unitarismo. Una visión que esconde que, ya en Cádiz, se planteó otra idea de España, como la que hicieron algunos diputados catalanes, aragoneses y valencianos, que implicaba respectar la diversidad de las «provincias», de los antiguos reinos históricos, de «esas pequeñas naciones», como las llamó Antoni de Capmany, que habían salvado España, mediante las juntas provinciales, de ser derrotada frente al invasor francés. Si bien la conciencia nacional española es indudable en todos los diputados, no fue unívoca, tal como se manifiesta en un interesante debate sobre el artículo 12 de la Constitución, referente a cómo dividir España, que las circunstancias políticas no permitieron concluir. Habrá, pues, que estar prevenidos frente al martilleo de una vulgata historiográfica que no quiere reconocer que si el federalismo surgió a lo largo del siglo XIX fue justamente porque el discurso liberal gestado en Cádiz no pudo consensuar una idea monolítica del Estado.

La vieja dialéctica entre la España horizontal (compuesta y diversa) y la vertical (unitarista y asimilacionista) no se pudo resolver definitivamente a favor de la segunda. Como tampoco bajo las dos dictaduras militares del siglo XX. En cambio, como escribe Ricardo García Cárcel en Felipe V y los españoles (2002), la Constitución de 1978 y el modelo autonómico que se desarrolla es «una vía de encuentro entre aquellas dos Españas de la historia conflictiva». Y añade, acertadamente: «Porque, si algo se ha constatado, es que la victoria absoluta de una de ellas es imposible». Pues bien, ahora que soplan vientos cruzados de recentralización en un lado y de soberanismo en otro, creo que deberíamos tener bien presente esta reflexión.

El republicanismo es una forma respetable de Gobierno —a pesar de llevar en su corazón un defecto serio—. ¡Incluso en Inglaterra tenemos algún republicano que otro! En alguna ocasión me ha tocado debatir con ellos sobre los diferentes méritos de una monarquía constitucional y el republicanismo. La verdad es que es un debate bastante fácil de ganar.

Lo más sorprendente es que muchos republicanos perfectamente serios no parecen tener respuestas a las preguntas más fundamentales. Hasta tal punto que a veces pienso que el republicanismo «moderno» es una reacción atávica hacia los tiempos medievales. «Yo soy progre, luego ¿no puedo ser monárquico, verdad?». Pues sí, puede serlo.

Vayamos con las preguntas básicas.

El presidente de la República de Gran Bretaña (o de España) ¿sería un presidente ejecutivo o simbólico?

Si es ejecutivo será un político. Pertenecerá a un partido político. Luego quienes no militamos en su partido nos tocaría vivir con el hecho de que la máxima representación de nuestra nación sea un individuo cuya filosofía personal nos produce un serio rechazo. Hoy en día los socialistas británicos (¡quedan algunos!) e incluso los ciudadanos apolíticos saben que David Cameron no es su jefe de Estado. Me imagino que los socialistas españoles saben lo mismo del señor Rajoy. No voy a caer en la descortesía de nombrar a ninguna otra nación. Pero no hay que mirar muy lejos para ver cómo la controversia y el desprestigio que necesariamente rodea al político activo puede reflejarse en la imagen más amplia de su propio país.

¿Presidente simbólico? Dudo que haya muchas personas capaces de recordar los nombres de los presidente de países muy relevantes que tengan jefes de Estado de este corte. Y además normalmente son nombrados a dedo por las elites políticas.

Luego, de entrada, hay que escoger entre un político en activo —inevitablemente algo divisorio y controvertido— o un personaje de la sombra que apenas se nota. Ninguno de los dos cumple del todo con lo que necesita un Estado democrático moderno.
Todos pertenecemos a una nación. Bien es verdad que el modelo westphaliano del Estado nación se está diluyendo. Cada vez más nuestras naciones buscan la manera más eficaz de compartir su soberanía con otros para poder ejercer mayor influencia sobre los desafíos globales con los que nos enfrentamos. De eso trata la Unión Europea.

Pero, precisamente por eso, es más importante que nunca que conservemos y cultivemos esa sensación de pertenencia, de cohesión social y de identidad cultural que da la nación. No nos perdamos en el laberinto del «pueblo» global.

Algunos países hemos tenido la suerte de llegar (a base de trompicones de la historia) al siglo XXI con monarquías constitucionales que ni dividen políticamente, ni son una «sombra» que no se nota, sino que son un reflejo vivo de nuestra historia, de nuestro presente y nuestro futuro. (Y qué curioso que esas monarquías europeas se cuentan entre los «top ten» en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos y la defensa del Estado de Derecho en democracia).

Con cierta trepidación, y con la esperanza de no caer en la descortesía, voy a hablar de un país que no es el mío, del Reino de España.
España ha tenido una historia importante y agitada. Imperio. Riqueza. Miseria. Dictadura. República. Guerra Civil. Los altibajos de la historia de España culminan con su incorporación —un poco tarde— a la familia democrática europea. Su familia.

Toda esa historia —y en particular el último paso democrático— ha sido compartida y sufrida por diferentes Monarcas españoles en su propia carne.

Y las monarquías —igual que los países— evolucionan. ¿Quién hubiera pensado hace 50 años que si el primer hijo de los Duques de Cambridge es una hembra será Reina? ¿Quién hubiera pensado hace 50 años que el Príncipe de Asturias, en vez de casarse con una Princesa, se casaría con una mujer profesional que cumple profesionalmente con los deberes que conlleva el puesto?

La historia y el presente de nuestros países representan, en cierto sentido, lo que se podía llamar la «marca» nacional. Los turistas que vienen a nuestros países no vienen para admirar al señor Cameron ni al señor Rajoy. Los productos que venden nuestras empresas en el mercado global poco deben a nuestros partidos políticos. Nuestros políticos tienen un quehacer importante: se ocupan del «management» de día en día de nuestros países. Nuestras Familias Reales vuelan por encima del día a día y dan una nota de continuidad, de imagen y —¿por qué no decirlo?— de «glamour» a nuestras «marcas» nacionales. No hay más que fijarse a la atención que se presta en cualquier país extranjero a una visita oficial de los Reyes de España o de los Príncipes de Asturias. Eso en el plano internacional. Luego, en el plano doméstico, por lo menos en mi país (y creo que pasa lo mismo en España), cada año hay centenares de actos, inauguraciones y eventos donde la asistencia de un miembro de la Familia Real es más apropiado y mejor recibido por la ciudadanía. Acongoja bastante leer la lista de actos a los que asisten al servicio (nunca mejor dicho) de su país.

No quisiera caer en la trampa fácil de minusvalorar la clase política a la que tuve el privilegio de pertenecer durante muchos años. Ser político elegido es el máximo honor que le puede caber a un ciudadano en una democracia. Los sacrificios personales que hacen nuestros líderes políticos son enormes y las exigencias de sus cargos son de gran peso. Pero, todos los líderes políticos tienen (y necesitan) una oficina de prensa que busca sin parar oportunidades para que los jefes salgan en un contexto favorable en la prensa y la televisión. Y luego, ¡se casa Guillermo Windsor con Kate Middleton y consiguen la mayor audiencia televisiva de la historia! Por algo será.

Finalmente, conviene que recordemos que esas familias que tan eficazmente representan no solamente nuestras «marcas» nacionales, sino también la esencia más profunda de nuestros países son miembros, con todo lo que ello supone, de la raza humana. A veces les tocará pasar lo que mi Reina llamó un «annus horribilis». Buen momento para mostrar al mundo entero de qué madera está hecha la «marca» española.

Ha llegado a ser casi obsesivo el llamado «caso Urdangarín» en nuestros medios de comunicación: tertulias, columnas, editoriales, etcétera, y muy pocas veces respetando algunas reglas básicas no sólo de la democracia sino del sustrato de ésta, del Estado de Derecho.

La primera de esas reglas es la de las cuestiones «sub iudice», es decir, sometidas al enjuiciamiento de jueces y tribunales, y que, en tanto estén en dicha situación, merecen ellas y estos —los jueces y tribunales— un respeto por parte de la ciudadanía para que puedan realizar su labor sin presiones externas que la dificulten u obstaculicen, especialmente cuando se decreta el secreto sumarial. La segunda es aún más importante, me refiero a la «presunción de inocencia» en virtud de la cual un ciudadano (cualquiera, incluso el yerno del Rey) tiene derecho a que se le presuma, se le repute, inocente, en tanto no recaiga sobre él una sentencia condenatoria; lo contrario tiene el riesgo de acabar en el linchamiento (condenado y ejecutado sin proceso), un acto típico de la barbarie. Las informaciones periodísticas, por valiosas que sean, distan un buen trecho de los pronunciamientos judiciales; para aquellas puede bastar el rumor, el indicio o —incluso— la sospecha; por el contrario, estos, más lentos y reposados, deben basarse en pruebas sólidas e irrefutables. Por ello la culpabilidad o inocencia de las personas depende de estos y no de aquellas.

La democracia es un régimen que se hace día a día a base no sólo de leyes sino también y muy principalmente a base de tradiciones y costumbres que la van consolidando y fortaleciendo, y una de ellas es, sin duda, el respeto cotidiano y permanente a la independencia y al trabajo de los jueces. ¿Qué sucedería si el juez competente absolviera al señor Urdangarín?, ¿no estaríamos corriendo, en tal caso, el riesgo de que el linchado fuera el propio juez?, ¿es esto la independencia del Poder Judicial?

Supongamos, por el contrario, que el juez le declara culpable. ¿Debe tal pronunciamiento afectar a la Monarquía? La cuestión no es baladí; si la Monarquía es o no una institución positiva para la sociedad española es una cuestión independiente de las vicisitudes de los miembros y allegados de la Familia Real; otra cosa sería considerar que es una institución indiferente cuando no negativa, que se mantiene por consideración a una persona o a una familia, en ningún caso por cuestiones de fondo.

Hay muchos, quizás demasiados, representantes elegidos democráticamente que no ya sus familias, sino ellos mismos tienen comportamientos calificados por los jueces como delitos; es decir, son delincuentes y ello no afecta y no debe afectar a la democracia, institución que nos hemos dado los españoles con independencia de los comportamientos concretos de algunos de los que la encarnan. Podría decirse que estos comportamientos irregulares y delictivos son el precio de la libertad si no fuera porque en las dictaduras el precio puede y suele ser mayor.

A mi juicio, con la Monarquía debe suceder algo análogo; la Monarquía es una institución antigua, pero no es una institución vetusta, no es una antigualla inútil que debamos mantener tan sólo por motivos ornamentales puesto que no se corresponde con los tiempos modernos, ni tampoco respetar tan sólo por los méritos personales (que son muchos) del Restaurador, del Rey Juan Carlos.

Me explico: en Occidente y en el siglo XXI no existe, no puede existir, más legitimidad del poder que la democrática, la que otorga el pueblo en las elecciones y eso es lo que corresponde a una civilización como la nuestra, que hace tiempo se secularizó. Sin embargo, todos conocemos, vamos conociendo, sus imperfecciones, que las tiene como toda obra humana; en concreto dos defectos son casi inevitables: el cortoplacismo y el partidismo. Parece claro que sería conveniente algún mecanismo que evitara o al menos paliara estos defectos: una institución que, por definición, se fijara en el largo plazo y que representara un papel neutral o, dicho de otra manera, que en lo mucho que nos une a todos los españoles (que es más que lo que nos separa) nos representara a todos. Esa institución es precisamente la Monarquía; un contrapunto de los regímenes democráticos que al atenuar sus defectos perfecciona y complementa dichos regímenes; por ello vemos que entre el puñado de democracias más avanzadas en todos los terrenos del planeta hay un número nada desdeñable de monarquías.

Si de la teoría pasamos a la práctica, comprobamos que en España la Monarquía ha sido el régimen, con diferencia, más tradicional y también que ha tenido épocas de todos los colores: buenas, regulares, malas e incluso muy malas. Por el contrario, repúblicas hemos tenido sólo dos y si las juzgamos por sus resultados (y no por sus intenciones) no han podido ser peores; ambas generaron una gran inestabilidad, terminando la Segunda con la más cruenta guerra civil de nuestra Historia; si alguien lo duda que relea los testimonios de la época o las crónicas de los historiadores, especialmente los extranjeros, cuya objetividad es menos cuestionable. No se trata aquí de buscar culpables, pero sí de alertar de los riesgos que pueden amenazar nuestra convivencia.

Hace ya casi cuarenta años retornó la Monarquía con el firme y deliberado propósito de instaurar la democracia y poco después (en 1978) el pueblo español se dio libremente una Constitución que estableció un régimen democrático con la Monarquía como forma de gobierno (por tanto votada por el pueblo español); desde entonces los españoles hemos gozado de un régimen de paz, libertad y prosperidad sin parangón, no sólo en los últimos tiempos —siglos— sino en toda nuestra historia.

Un régimen, la Monarquía Constitucional, que nos ha permitido recuperar, casi en su totalidad, nuestro retraso secular; hoy —dejamos a un lado la crisis (pasajera, como todas)— nos codeamos, sin complejos, con los países más avanzados del mundo; se nos mira con respeto y en muchas ocasiones con admiración; en definitiva, nos hemos europeizado y con ello ha venido, como diría Ortega, la solución; naturalmente tendremos que seguir trabajando y esforzándonos, pero no parece tiempo —este que vivimos— de mirar hacia atrás con nostalgia y, menos, con ira.

En conclusión y —como digo— sin nostalgias de tiempos felizmente superados, se trata de encarar el futuro y decidir siempre lo que sea mejor para los intereses generales; como ha dicho reciente y acertadamente Juan Van Halen, «el dilema en España no es Monarquía o República, sino sistema útil y consolidado o aventurerismo con terribles precedentes».

En este año, pródigo en conmemoraciones nacionales, hay una que afecta específicamente a Navarra. Se trata del V centenario de su conquista de Navarra. Para unos se trató del reencuentro definitivo del viejo reino con la comunidad española. Otros, en cambio, lloran la pérdida de nuestra independencia nacional a manos de Castilla y reniegan de una nacionalidad —la española— impuesta a nuestro pueblo a sangre y fuego.

Es lo cierto que en 1512 Fernando el Católico ordenó al duque de Alba que ocupara el reino navarro. Se trataba de asegurar el éxito de la coalición anglo-castellana que, con la bendición papal (Liga Santa), se disponía a invadir la Guyena —la actual Aquitania—, que después de trescientos años de legítima posesión por la Corona inglesa había pasado a manos de los franceses. El duque cumplió la orden con eficacia. Juan de Albret y Catalina de Foix, sin presentar batalla, huyeron al Bearne, de donde eran señores soberanos.

La legalidad internacional de la época amparaba la acción militar. Estaba en juego la plenitudo potestatis del Papa, puesta en entredicho por Francia y unos cuantos cardenales rebeldes reunidos en Pisa con la intención de destituir a Julio II. Fernando el Católico pidió a los reyes navarros que permanecieran neutrales, mientras Luis XII les recordaba su corazón francés. Juan y Catalina se hallaban en una difícil disyuntiva. Si apostaban por Francia arriesgaban Navarra. Pero unirse a la Liga Santa suponía perder sus grandes dominios ultrapirenaicos. Intentaron jugar a los dos palos, mas la neutralidad es patrimonio de los fuertes. Al final, se fueron con el francés y perdieron Navarra.

Pero la historia no se detuvo en 1512. Las cortes navarras reconocieron en 1513 como rey a Fernando el Católico, previo juramento de los fueros. En 1515, el monarca decidió que a su muerte heredarían Navarra su hija Juana (la Loca) y quienes fueran sus sucesores en los reinos de Castilla y León. Y en 1516, el futuro emperador Carlos asumió el solemne compromiso de mantener a Navarra como «reino de por sí». De modo que la incorporación de Navarra fue por vía de unión eqüae principal (entre iguales), reteniendo cada su naturaleza propia en territorio, legislación y gobierno. Cuando ese mismo año, a la muerte del rey Fernando, el emperador Carlos se ciñó las coronas de Castilla, de Aragón y de Navarra se culminó el proceso de formación de la Monarquía española.

En todo esto, Euskal Herria ni está ni se le espera. Pero los abertzales son maestros a la hora de corromper la historia. El estado de Navarra —dicen— fue la Euskal Herria medieval. Por tanto, luchar por la independencia de Navarra es combatir por la liberación de Euskal Herria.

Para dar visibilidad a este nuevo planteamiento, los abertzales dieron a su coalición el nombre de Amaiur, que es la traducción al batua de Maya, pequeña población situada a tiro piedra de la frontera con Francia, llamada así desde el siglo XIV (antes se conocía por Meyer). En el castillo de Maya se encerraron en 1521 unos doscientos caballeros navarros, defensores de los reyes destronados. Nadie les molestó hasta mediados de 1522, en que después de dos días de asedio se rindieron el 19 de julio a una expedición de tropas castellanas y navarras leales al emperador. No hubo ninguna sarracina, pues en 1524 la mayoría de los asediados se acogieron al perdón general decretado por el emperador Carlos.

Pues bien, Maya fue el lugar elegido para la presentación de Amaiur. Junto al monolito que recuerda a sus nada heroicos defensores, los candidatos abertzales del 20-N sellaron su compromiso por la independencia de Navarra. Los defensores de Maya se habrían revuelto en sus tumbas al escuchar la soflama abertzale. Porque entre quienes asaltaron la fortaleza no sólo estaban los navarros de Luis de Beaumont, sino un buen número de soldados guipuzcoanos que un año antes habían contribuido decisivamente a la derrota del ejército de Francisco I en Noáin. Eran los mismos que, en 1512, habían aniquilado en Velate, al grito de ¡Santiago y cierra, España!, y bajo las banderas de Castilla, a una columna de 3.000 mercenarios franceses a los que arrebataron doce espléndidos cañones que insertaron, con anuencia de la reina Doña Juana, en el escudo de armas de la Provincia. Sin olvidar que Íñigo de Loyola cayó herido en 1521 en el castillo de Pamplona, cuando peleaba contra los franceses por la permanencia de Navarra en España, y que en 1512 en el ejército del duque de Alba formaban 3.000 alaveses, 2.500 a 3.000 guipuzcoanos y 2.000 vizcaínos.

De modo que si fuera cierto que Navarra perdió su independencia hace quinientos años, los responsables de ese hecho por el que los abertzales derraman lágrimas de cocodrilo, fueron los vascongados. He aquí la gran mentira de Amaiur.

Opino que la aspiración a un Estado propio será pronto hegemónica en Catalunya. En el objetivo del Estado propio han comenzado a confluir desengañados del autonomismo y partidarios de un nuevo marco constitucional que se fundamente en la soberanía popular de los catalanes o la reconozca. Si en la sociedad parece que ya son mayoría los partidarios de la independencia, los que no lo ven claro o se oponen dominan, hoy por hoy, el panorama de una forma que parece abrumadora. No durará mucho, ya que la aspiración al Estado propio va más allá del catalanismo que la alimenta y se nutre de ella.

¿Tiene razón Mas cuando se propone sumar en vez de asumir el riesgo de división? Depende. Si se trata de un truco para estar en el medio y no mover ficha, puede quedar desbordado. Si es una estrategia de convencimiento, con el fin de que más y más catalanes se den cuenta de que, con la autonomía y la sumisión forzosa al poder de Madrid, Catalunya decae, entonces la etapa del pacto fiscal está justificada.

Diría que los independentistas militantes se dedican más a enardecerse que a persuadir. Es como si pensaran que de catequizar ya se encargarán los separadores, y que la gran mayoría se sumará arrastrada por una especie de imperativo histórico en forma de marea imparable. Les parece tan potente el argumentario de una Catalunya que controla sus recursos y los invierte para convertirse en breve en un país escandinavo en pleno Mediterráneo, que ya no se toman la molestia de ir más allá. Esta flauta emite una sola nota y se preocupan mucho de reiterarla, no de enriquecerla con una partitura más completa y variada. Es por miedo a las disonancias.

¿Y los inconvenientes? ¿Y los riesgos? ¿Y las dificultades? ¿Y las alternativas a la independencia? Silencio. Parece que basta con señalar el maltrato del Gobierno central, el expolio fiscal y la viabilidad económica, de la que según se nos dice es difícil dudar, incluso con transitorio boicot comercial español. En mi opinión, esto es simplismo reduccionista. Por ejemplo, hay sectores, como el cultural, que pueden salir trasquilados.

No hay un solo escenario previsible, sino varios, y muy diferentes o con variables muy significativas. De esto deberíamos hablar, de los escenarios catalanes, de los españoles. Dejando al margen que no ha quedado claro que Catalunya pueda salir adelante sin el mercado hispánico, uno de los escenarios de mayor riesgo consiste en retroalimentar las peores pulsiones españolas. Para evitar la mutilación, todo estaba permitido pero lo ha dejado de estar mientras existan Europa y el Tribunal Penal Internacional.

La reacción que se prefigura consistiría en dejar a Catalunya fuera de la Unión Europea. Situados sin desearlo en este escenario, y contra lo que podría parecer a primera vista, quedar fuera -de la Unión, no de Europa, claro- conllevaría la oportunidad de convertirse en una plataforma de proximidad con exenciones fiscales que los tribunales europeos no podrían tumbar. Mejor dentro desde el primer momento. Pero si te dejan fuera, puedes nacionalizar la banca, la energía, los sectores estratégicos, construir el país que te parezca. Como un medio socio que opera dentro club pero no debe seguir las normas. Recordemos las políticas irlandesas en su momento. La manera de contrarrestar las ventajas competitivas que la eventualidad podría comportar consistiría en pedir a Catalunya que se reincorporase lo antes posible.

Queda por destacar el escenario de la doble nacionalidad. Si el final del proceso no es federal o confederal y llega el momento de declarar la independencia, convendría tener previstas las máximas facilidades para el reconocimiento de la doble nacionalidad, para que adquirir la catalana no comportase perder la española. Así, los ciudadanos con doble sentimiento de pertenencia no deberían optar por mutilar una de las dos lealtades.

Las previsiones nunca sobran. A veces, la historia se acelera. Pero mejor acabar teniendo los cuatro pies en el suelo. Sería necesario, antes de lanzar campanas al vuelo o desencadenar alarmas, profundizar en el conocimiento de los deseos de los catalanes. No basta con preguntar sobre un hipotético referendo, sino que conviene profundizar en las radiografías sociales. Estudiar el grado de convencimiento de unos y el consentimiento de los demás. Para empezar, habría que programar las encuestas con percepción más fina y pasar de tres opciones (sí, no, abstención) a cinco (a favor, más bien a favor, indiferente, más bien en contra, muy en contra). Tampoco está de más adquirir conocimiento sobre la determinación social: además de la adhesión a las alternativas, hay que saber qué estarían dispuestos a arriesgar o sacrificar los ciudadanos para lograr la independencia, o para evitarla. Se requieren focos, no penumbra.