En efecto, esa ley podría haber evitado los últimos episodios reales, el del caso Nóos y el de la cacería de elefantes, que han escandalizado tanto a los españoles en las últimas semanas, y cuyas secuelas todavía no han acabado. De ahí que esa ley sea completamente necesaria y urgente en nuestro país, por varias razones. En primer lugar, porque la regulación que la Constitución incluye en el Título II -es decir, una decena de artículos- es bien parca y escueta, a diferencia de lo que ocurría en nuestras anteriores Constituciones monárquicas y de lo que ocurre en las de otros países europeos. En segundo lugar, porque al exigirse un procedimiento muy complicado, según el artículo 168, para poder modificar cualquier aspecto del Título II no hay más remedio que acudir a su complemente con una Ley Orgánica a fin de rellenar sus evidentes lagunas. Y, en tercer lugar, porque así lo establece el artículo 57.5 de la Constitución, el cual se puede entender que hace referencia a dos posibles leyes orgánicas: una Ley general, que podría incluir todos los supuestos que luego veremos, y una Ley especial para cada uno de los casos que se pueden plantear en el terreno de la sucesión a la Corona. Bien entendido que si se aprobase la Ley general que contemplase todos los supuestos posibles, ya no serían necesarias las leyes concretas para cada caso, según se puede entender del artículo citado.

Ciertamente, se ha podido afirmar que en Gran Bretaña, que es la madre de todas las Monarquías parlamentarias, no hace falta una ley escrita como la que he señalado. Por supuesto, pero es que España no es el Reino Unido, que se mueve por unos postulados tradicionales mucho más sólidos que los españoles. Allí se circula por la izquierda y aquí por la derecha. Allí, los jueces llevan pelucas, mientras que aquí solo portan togas, y, muchas veces, manchadas por el polvo del camino. Por lo demás, la regulación del Título II de nuestra Constitución sitúa a la Corona, como veremos, en una tercera etapa de la evolución histórica de la Monarquía.

En la primera, ya a partir de la Edad Moderna, en Europa se asienta la Monarquía absoluta, que es una forma de Estado en el sentido de que el Rey posee todos los poderes y el Estado se identifica con él. Valdría aquí la famosa frase que se atribuye a Luis XIV de Francia: «El Estado soy yo». Una segunda etapa en la evolución monárquica es la que nace con la Monarquía constitucional o limitada, que se convierte entonces en una forma de Gobierno. Esto es, el Rey comparte su poder ejecutivo con un Gobierno naciente y el legislativo con el Parlamento. Y, por último, nos encontramos con la Monarquía parlamentaria, que es una forma de la Jefatura del Estado. En otras palabras, el Rey está al margen de los tres poderes del Estado, puesto que no posee más que unas funciones simbólicas o moderadoras.

Por tanto, es necesario prever todos los aspectos que pueden adoptar las funciones que atribuye la Constitución a la Corona, porque van dirigidas a mostrar la ejemplaridad de esta institución, de acuerdo con la ética y las costumbres del momento actual. De este modo, podemos establecer siete cuestiones que debería regular la Ley Orgánica citada. En primer lugar, ésta debería ocuparse de la transparencia de la Corona, que se proyecta principalmente sobre dos cuestiones. Por una parte, debe haber una claridad absoluta en lo que se refiere a lo que se denomina en otras Monarquías como la Lista civil, es decir, lo referente al presupuesto detallado que atribuyen los presupuestos generales al Rey, como reconoce, por ejemplo el artículo 89 de la actual Constitución belga de 1994. Y, por otra parte, esta transparencia debe afectar igualmente a la vida privada del Soberano. Ahora bien, con esto no pretendo afirmar que el Rey no tenga derecho a una vida privada, sino que, por las necesidades de su cargo, la vida privada se encuentra muy condicionada por la necesidad de no perjudicar a la dignidad de la Corona. Todo exceso en la vida privada del Rey tiene inmediata repercusión en el propio Estado, y de ahí la cautela que debe tener el Rey en este terreno.

En segundo lugar, la Ley Orgánica debe establecer también la necesidad de que el presidente del Gobierno autorice -o sea comunicado previamente- los viajes privados del Rey, a los que evidentemente tiene derecho. Pero no puede ocurrir, como ha sucedido en algunas ocasiones, que nadie sepa dónde se encuentra el Monarca. Requisito que es exigido, en el caso del Rey de Suecia, por el artículo 1º de la Constitución de ese país.

En tercer término, deben regularse con cierto detalle las funciones que debe ejercer el Príncipe heredero. Por ejemplo, cuándo debe suplir al Rey, por enfermedad de éste o por su viaje al extranjero, aunque no en el caso de que se le inhabilite, que es una cuestión diferente. De este modo, debe quedar claro que el Príncipe heredero debería estar acompañado en sus actos oficiales por un ministro o secretario de Estado, que actúe como refrendante de sus actos, al igual que ocurre con su padre. Por consiguiente, sería necesario reconocer tanto un refrendo expreso como uno tácito. En este sentido, se puede consultar lo que dice el artículo 3º de la Constitución sueca, la cual llega incluso a reconocer en su artículo 5º que «si durante seis meses sin interrupción, el Rey ha estado impedido de ejercer sus funciones o no las ha desempeñado, el Gobierno lo pondrá en conocimiento del Parlamento, el cual resolverá si procede considerar que el Rey ha abdicado».

En cuarto lugar, también se deberían contemplar las consecuencias que podría comportar la petición del divorcio por parte del Rey o de la Reina, puesto que no sería bien visto la existencia de un Rey o Reina divorciados, que podría alterar el orden sucesorio en que se basa la Monarquía. Es más, el Rey o la Reina consortes cumplen unas funciones constitucionales que se verían también aludidas en este supuesto.

En quinto lugar, debería también regularse la diferencia entre la Familia Real y la Familia del Rey, puesto que no es lo mismo. En tal aspecto debería quedar claro quiénes son los miembros que componen la Familia Real, así como las incompatilbidades que son necesarias si pensamos que en la Lista civil se debe asignar una cantidad presupuestaria a cada miembro de la Familia Real. También, en este apartado, habría que establecer una regulación sobre los regalos que pueden admitir.

En sexto lugar, el supuesto de la abdicación del Rey, es necesario regularlo con mayor detalle del que establece la Constitución en su artículo 57.5. De todos modos, se pueden señalar algunos aspectos que se deducen del articulado de la Constitución. En el caso de la abdicación, sería necesaria, de no existir la Ley general, una Ley especial que no podría ser tramitada como una Ley Orgánica normal. Esto es, resulta impensable que tuviese que pasar por todos los trámites parlamentarios de Comisión, enmiendas, etcétera. De acuerdo con lo que establece el artículo 74.1 de la Constitución, debería bastar para aceptar la abdicación del Rey la mayoría absoluta de las Cortes, reunidos el Congreso de los Diputados y el Senado en sesión conjunta. Todas las Constituciones españolas, empezando por la de Cádiz, siempre han exigido una ley especial de las Cortes para aceptar la abdicación. Sea lo que fuere, es mucho más lógico que todos los detalles para aceptar la abdicación del Rey se regulasen en la Ley Orgánica general que estamos explicando, en lugar de esperar a una Ley especial.

Por último, en séptimo lugar, también se debería incluir en este marco legal la situación de los miembros que trabajan en la Casa Real, estableciendo sus incompatibilidades y los requisitos que garanticen su discreción.

Finalmente, creo que no es necesario hacer hincapié en que todo lo que he expuesto debe ir acompañado de la reforma de la Constitución, sin la cual no es posible que exista la igualdad del hombre y de la mujer en lo que se refiere a la sucesión de la Corona. Pero de eso ya nos hemos ocupado numerosas veces en este periódico.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

La crisis económica ya se ha convertido en una grave crisis social y empieza a ser algo más: una crisis cultural sobre la concepción de nuestro modo de vida. Hay una vaga percepción de que estamos entrando en un mundo distinto y peor. Todo ello crea incertidumbre, inseguridad y miedo. Es comprensible que en una situación así la cacería del Rey sea objeto de una censura generalizada, no tanto por el hecho en sí mismo sino por haber escogido una reserva exótica y elitista en plena crisis social.

La segunda vertiente del contexto es el caso Urdangarin. Hasta ahora la Corona era la más valorada de todas las instituciones políticas, bastante por encima de las demás: se percibía en la calle y lo corroboraban los sondeos. Pero los oscuros negocios del yerno del monarca han trastocado esta percepción. Ahí parece que no ha habido error, como en el caso de la desgraciada cacería, sino algo más grave: tráfico de influencias para enriquecerse, algo sin excusa ni perdón. Pero en un Estado de derecho todos somos iguales ante la ley. Y así se está conduciendo el caso Urdangarin: por los cauces judiciales, con luz y taquígrafos. El yerno del Rey es tratado como un ciudadano más, tal como debe ser.

En este caldeado ambiente, la cacería en el sur de África, que en otros tiempos apenas hubiera tenido importancia, ha sido la gota que ha colmado el vaso. ¿De forma exagerada? Por los hechos escuetos, sin duda. En cambio, contemplados en su contexto, es lógica la irritación de la opinión pública. Por esto el Rey ha pedido perdón.

Todo el asunto conduce a una cuestión de más largo alcance: ¿tiene sentido una monarquía en la Europa del siglo XXI? Creo que indudablemente la respuesta es no. Ni tiene sentido, ni la tenemos en España, ni la tiene ningún otro país europeo. Lo que tiene sentido es una monarquía parlamentaria, una forma política muy distinta.

Las monarquías se caracterizaban porque la soberanía, es decir, el poder supremo, residía en el rey, su único titular, como aún sucede en las monarquías árabes. En las monarquías constitucionales europeas del siglo XIX el rey compartía la soberanía con el Parlamento, entonces elegido sólo por una pequeña parte de la población. En las monarquías parlamentarias actuales, la soberanía reside en el poder constituyente del pueblo que, al aprobar una constitución, reconoce derechos a los ciudadanos y crea unos poderes constituidos para garantizar estos derechos. Pues bien, la Corona, cuyo titular es el Rey, es simplemente un poder constituido creado por la Constitución, el órgano que desempeña la Jefatura del Estado, sin ningún poder político efectivo, sólo con poderes formales que expresan la voluntad de los demás órganos. Este es el caso de España, como también de Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y los países nórdicos.

En las monarquías parlamentarias el rey es, pues, el jefe del Estado, como también en las repúblicas parlamentarias existe idéntico órgano. En el fondo, las monarquías parlamentarias son iguales a las repúblicas democráticas pero con un jefe del Estado no elegido por los ciudadanos sino nombrado de acuerdo con un orden establecido en la Constitución. Por esto el rey no puede tener poder: ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Este orden sucesorio preestablecido es el último residuo que conservan de las antiguas monarquías. En lo demás, de hecho son “monarquías republicanas”. Ya no se basan, como antes, en la religión o en la tradición histórica, ni tampoco están revestidas de un halo casi sagrado: son instituciones laicas, producto de una decisión racional del poder constituyente y que se justifican por su utilidad. Ni más ni menos que los demás poderes.

¿Qué debe, pues, exigírsele a un rey en una monarquía parlamentaria? Que ejerza adecuadamente sus funciones constitucionales. Nada más. Su vida privada, así como la de su familia, están cubiertas por el derecho a la intimidad en igual medida que los demás altos cargos del Estado. Ni el rey ni la familia real deben tener menos derechos que el resto de ciudadanos.

El problema es que la Corona española, como órgano del Estado, es demasiado opaca. Que el incidente de Botsuana coincida con la tramitación parlamentaria de la ley de transparencia puede ser una buena ocasión para rectificar. La Casa del Rey es el aparato administrativo de la Corona y habría que dotarla de la misma transparencia que los demás poderes. Quizás se ha acabado el tiempo del carismático juancarlismo y debe empezar el tiempo de una monarquía parlamentaria racionalizada, tan controlada por las leyes como los demás órganos constitucionales.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Todos los detalles sobre la rigidez de la pierna del Monarca tras su caída de madrugada en el bungalow y su propio conocimiento del proceso de artrosis que afectaba a sus caderas le llevaron a la rápida conclusión de que se había producido una fractura cercana a la cabeza del fémur, afectando probablemente a la inserción del psoas con el trocánter. El temor de Villamor era que si le ingresaban en cualquier hospital de la zona, aunque fuera para hacerle unas placas, terminara cediendo a la tentación de calmar sus dolores sometiéndose allí a una cirugía de urgencia. Y el fantasma que se le pasó por la cabeza es el mejor resumen de la imprudencia del viaje: cualquier operación de cadera, con hematoma de por medio, puede requerir de una transfusión que compense la pérdida significativa de sangre y en Botsuana más de un tercio de la población es portadora del virus del sida.

Han pasado casi 22 años desde aquel primer domingo de septiembre del 90 en que yo publiqué un artículo titulado Un verano en Mallorca en el que criticaba que en lugar de interrumpir sus vacaciones para implicarse en la búsqueda de una solución diplomática a la crisis desatada por la invasión de Kuwait por Irak, el Rey hubiera continuado todo el mes de agosto en Marivent «rodeado de una aristocracia de cuaderno de bitácora, en una atmósfera de superficialidad y necedades».

Mi tesis era que «ni el papel político de la Monarquía puede seguir pivotando tan esencialmente sobre las rentas del 23-F, ni la imagen de los miembros de la familia real depender de la discreción y sentido de la responsabilidad del paparazzi de turno». Tan insólito era criticar entonces lo que en ese artículo bauticé como «el escapismo del Rey», que EL MUNDO se agotó en los quioscos y muchos lectores se presentaron en nuestra destartalada sede fundacional buscando ejemplares.

A la mañana siguiente me llamó el entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, para invitarme a tomar café con él ese mismo día. Apenas llevábamos 10 minutos en su despacho de La Zarzuela cuando se abrió la puerta, entró el Rey y me planteó sonriendo la más nítida de las disyuntivas: «Bueno, qué… ¿amigos o enemigos?». Pocos minutos después remató la faena con una referencia pinturera a mi destitución como director de Diario 16 año y medio antes: «Es verdad que le dije a Juan Tomás de Salas -el propietario del periódico- que no se sentara a mi lado mientras tú siguieras siendo el director, pero no pensé que fuera a ser tan tonto de hacerme caso».

Aunque yo hubiera sido el más cínico de los folicularios, la campechanía del jefe del Estado, ese salir dando la cara al encuentro de los problemas, su desparpajo hasta para convertir una metedura de pata en elemento de complicidad con el perjudicado, su cercanía al preguntarte por la familia o hacerte depositario de confidencias políticas, me habrían ganado para su causa. Cuando mis hijos eran pequeños nos regaló uno de sus golden retriever y le pusimos de nombre Rex. Soy uno de esos millones de españoles a los que el acierto con que Don Juan Carlos ha ejercido en líneas generales sus funciones nos ha hecho monárquicos de conveniencia, pero tendríamos que volver a nacer -probablemente varios siglos atrás- para sentirnos súbditos, o no digamos cortesanos.

«No existe otra condición humana que necesite tanto de verdaderas y libres advertencias como la de los Reyes», sostiene Montaigne en su deslumbrante ensayo Sobre la experiencia. Siempre he pensado que lo mejor que los medios de comunicación podíamos hacer por la Corona era aplicarle el rasero de la normalidad institucional, informando con respeto de sus yerros y aciertos, sin incurrir en el empalagoso paternalismo inverso que aún practican los monárquicos profesionales. De ahí que EL MUNDO se hiciera eco en su momento de que el Rey no estaba en España el día en que aparecía datado con su firma el decreto de creación de la Universidad de la Rioja, estemos investigando los manejos de Urdangarin como un caso de corrupción más o dijéramos el domingo pasado sin pelos en la lengua que esta cacería en Botsuana había sido «un viaje irresponsable en el momento más inoportuno».

Y de ahí también que esa mañana me preocupara la muy diferente actitud de nuestros principales colegas, que o bien ponían el foco del problema en un asunto secundario como técnica de control de daños o bien directamente presentaban a Don Juan Carlos como víctima de una confusa campaña antimonárquica. Si se consolidaba esa brecha entre la opinión pública que bullía con furia a borbotones en las redes sociales y una opinión publicada postizamente atornillada a una interpretación extensiva del principio penal de que the King can make no wrong, sólo podía resultar lo enunciado en la segunda parte de ese párrafo de Montaigne sobre los monarcas mal aconsejados: «Como acostumbran a callarles todo cuanto les desvía de su camino, vense, sin sentirlo, hundidos en el odio y la antipatía de su pueblo; con frecuencia por motivos que habrían podido evitar, incluso sin menoscabo de sus placeres, si se les hubiera avisado y corregido a tiempo».

Afortunadamente no ha sido el caso y, junto a la influencia positiva de algunas voces duchas en los más diversos lances de la sociología de la imagen, ha prevalecido una vez más el instinto de supervivencia del propio Rey. Don Juan Carlos conoce como pocos los resortes emocionales de los españoles y comprendió que había llegado el momento de ceñirse el sayal de esparto y pedir perdón, con esa sencillez que es privilegio de los grandes, cual si de un miércoles de ceniza algo retrasado se tratara.

Para entonces EL MUNDO ya había desvelado que el paganini de la nueva excursión cinegética había sido una vez más Eyad Kayali, agente en Madrid del poderoso príncipe Salman, por el que necesariamente tuvo que pasar el contrato del siglo para el AVE Ryad-La Meca, obtenido por un consorcio de empresas españolas. Esta circunstancia hubiera permitido a Don Juan Carlos escurrir el bulto inscribiendo el viaje a Botsuana en esa especie de «compromisos sociales» que siempre rodean a los grandes negocios, pero prefirió con buen criterio no autoengañarse sobre el pulso de la calle. Todo se resumía en que el ciudadano medio, con un ojo en la prima de riesgo y otro en el peligro de perder su empleo, no podía comprender que en una semana especialmente complicada para España el jefe del Estado tuviera cuerpo de jota como para irse a pegar tiros a África. Veintidós años después, el problema volvía a ser «el escapismo del Rey».

Al pedirnos perdón a todos los españoles, Don Juan Carlos ha demostrado que él no es «el rey saltarín» -the skipping king- «escoltado de casquivanos calaveras» y «promiscuidades injuriosas para su reputación» que se describe en Enrique IV, ni el «rey despilfarrador» -the wasteful king- al que los dos jardineros de Ricardo II reprochan que «no haya sabido arreglar y adornar su país como nosotros lo hacemos con su jardín», sino un hombre falible en su buena voluntad y en su probada determinación de servir al Estado.

Aunque yo no me hubiera roto nada, el haber pasado exactamente con dos semanas de antelación -me operé el sábado anterior a Semana Santa- con la misma patología por el bisturí del mismo doctor, en el mismo quirófano y el haber recibido las mismas atenciones entrañables en la misma Unidad de Cuidados Intensivos, antes de ser trasladado a esa misma habitación 326 de ese mismo hospital cuasifamiliar, en el que se come por cierto como en los mejores restaurantes de alta gama, me otorga bastante conocimiento de causa como para alegar que cuando te dan el alta y uno sale aferrado a esas mismas muletas, consciente de sus fragilidades y sus dudas, después de haber practicado la subida y bajada de peldaños en esas mismas escaleras interiores, no se está para pamemas. Si el Rey dijo «lo siento» es que lo sentía, si añadió «me he equivocao» es que se había equivocao y si concluyó que «no se volverá a repetir» es que está decidido a ello.

Pero harían mal el Gobierno y la oposición en dar por zanjados estos cinco días que conmocionaron a España y volver a su rutinario zarandeo mutuo a costa de la crisis, como si nada hubiera sucedido. Ambos tienen una asignatura pendiente para cuya superación deberían tomar nota de la lógica con que el doctor Villamor resolvió el segundo de los dilemas que se le plantearon aquel viernes.

Una vez confirmado el diagnóstico de la fractura lo sencillo hubiera sido suturarla, estabilizarla y dejar al paciente unas semanas en reposo para ahorrarse cualquier potencial complicación. Algún reputado traumatólogo ha dado a entender que él hubiera hecho eso. Sin embargo, el doctor Villamor pensó que ya que el Rey pasaba por el quirófano su obligación era intentar que saliera con mejor calidad de vida que la que tenía al entrar. Puesto que durante meses había ido paliando los dolores y molestias que se derivaban de la artrosis de cadera del Monarca, haciéndole infiltraciones con los factores de crecimiento centrifugados a partir de su propia sangre, había llegado la hora de implantarle una prótesis.

Fue así como, después de superar unos minutos de canguelo por la responsabilidad que asumía y bajo la atenta mirada del guardaespaldas regio que disfrazado de enfermero permanecía en el quirófano, Villamor practicó con su bisturí electrónico una incisión de 10 centímetros -dos más que la mía, que para eso es el Rey- en el borde del glúteo derecho del paciente, por la que después procedería a insertar la cavidad de tantalio y politileno con su bola y vástago correspondientes.

Pensar que esos cuerpos extraños se van a alojar en tu mismidad física horadando tu carne y alterando tu estructura ósea mediante una violación quirúrgica produce a priori una especie de resistencia, rayana en la náusea mental: mientras pueda evitarlo yo no llevaré eso. Pero doy fe de que ya a los pocos días de efectuado el implante -anteayer me quitaron las muletas- las ganancias en la funcionalidad y movilidad de esa parte de tu cuerpo diluyen toda repulsión.

Eso mismo sucederá con la Monarquía cuando se inserte en el cuerpo original de su escueta regulación constitucional, con el que se las ha apañado hasta ahora, la prótesis legislativa que compense las erosiones y atrofias del paso del tiempo y mejore las prestaciones de la institución a los españoles. Esa prótesis es una ley orgánica, pactada entre PP y PSOE, que yo siempre he denominado «ley del Rey», cuyo contenido debería resolver desde las incompatibilidades de los miembros de la Familia Real hasta los regalos que puede aceptar el jefe del Estado, pasando naturalmente por una regulación sencilla y operativa de sus viajes privados al extranjero. Bastaría a este respecto que esos viajes fueran comunicados siempre de manera formal al Ejecutivo y que éste tuviera la posibilidad de desaconsejarlos o incluso vetarlos en circunstancias excepcionales. No se trataría de restringir el margen de maniobra del Rey, menos aún de humillarle, sino por el contrario de permitirle pisar sobre seguro en muchos aspectos cotidianos sometidos al ámbito de lo discutible.

Si un cirujano y su equipo han asumido sus responsabilidades, sacrificando la comodidad a la conveniencia, nuestros dirigentes políticos deberían hacer lo propio, pues no en vano han sido elegidos como médicos de la salud pública y en el fondo lo que ha quedado demostrado en esta crisis es que la fuerza representativa de la Corona prevalece de tal modo que, con las salvedades propias de la democracia, sigue siendo cierto lo que comenta el soldado Rosencrantz a su compañero de guardia ante el palacio de Hamlet: «Nunca exhaló el rey a solas un suspiro sin que gima con él -o contra él- la Nación entera».

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

Siendo el Rey la piedra angular de nuestro sistema constitucional, parece que el hecho bien merece algunas reflexiones, siquiera sea con la premura que el «tempus» periodístico impone, con el fin de enfriar los ánimos en una cuestión tan fundamental y en la que nos jugamos la tranquilidad de nuestro futuro.

Sea la primera referente al papel jugado por el Rey desde su acceso al trono hace más de treinta y seis años; como ha dicho Emilio Lamo de Espinosa, «sin duda los historiadores del futuro concluirán que el reinado de Juan Carlos I fue el periodo más brillante de la historia moderna de España e incluso puede que el periodo más brillante de la historia de España tout court», opinión que comparten nada menos que un 72 por ciento de los españoles.

En efecto, no es sólo que durante su reinado el Rey ha cumplido escrupulosamente todas y cada una de sus obligaciones públicas, y me refiero tanto a su papel simbólico como también a aquel otro, más trascendental si cabe, de moderar y arbitrar las instituciones, lo que en román paladino significa haber contribuido —a veces en momentos extraordinariamente difíciles— a que las aguas no se salieran de su cauce, a que las disputas no acabaran en incomprensiones y enfrentamientos y, sobre todo, haber sabido como nadie, y aunque a algunos les duela, ser el rey de todos los españoles. Es también que el mundo ha sido testigo y nosotros coprotagonistas del más largo periodo de paz, libertad y prosperidad que ha conocido la España contemporánea: el de su reinado. Parecería justo entonces poner en un platillo de la balanza la malhadada anécdota de días pasados y en el otro esta categoría de más de treinta y cinco años y después mirar el fiel.

Una segunda reflexión sería la de considerar cuáles son, dónde están y quién defiende mejor nuestros intereses, los del conjunto de los españoles, los de todos nosotros; no se trata de ser más o menos condescendientes con quien ha estimulado y tutelado el proceso de transición de una dictadura a una democracia con una determinación y una firmeza digna del mayor encomio; con quien ha sabido defender y mantener el régimen democrático en tiempos de turbación; se trata de considerar qué es lo que nos interesa más a los españoles: si tener en el pináculo de nuestra armazón institucional a un hombre bueno (en el sentido machadiano de la palabra), cercano y atento al sentir de su pueblo y siempre dispuesto y deseoso de contribuir a la consecución de los intereses españoles; alguien cuya principal divisa es la de mantenernos unidos y en armonía o por el contrario queremos representar una vez más la ceremonia de la disensión y la discordia. ¿O es que creemos que lo que a duras penas se le perdona al Rey por ser el Rey de todos, se le perdonaría a otro que, por definición, sería visto como el líder de sólo una parte?

Una tercera reflexión, especialmente pertinente, a mi juicio, en un mundo globalizado es la de pensar quién mejor para representarnos en el exterior, no sólo en nuestros intereses sino también en nuestros valores, que alguien que es respetado, escuchado y admirado en todas las latitudes. Con frecuencia —y con verdad— oímos la frase de que el Rey es nuestro mejor embajador; es verdad, pero es mucho más que eso: simboliza para el mundo el espíritu de reconciliación, de paz, de tolerancia y de progreso. ¿Puede pedirse algo más?

Una última reflexión: entre el alud de críticas escuchadas y leídas estos días pueden diferenciarse dos corrientes: primera la de aquellos que proclaman abiertamente y sin ambages su predilección por la República, corriente situada preferentemente en la izquierda, más cuanto más extrema y que parece el resultado de una mezcla de nostalgia y utopismo; la otra corriente, quizás más cauta, partidaria de la abdicación y preferentemente situada en la derecha, también más cuanto más extrema. Debe reconocerse sin embargo, que dentro de este grupo de partidarios de la abdicación se encuentran personas que de buena fe creen que es mejor comenzar ahora la andadura como Rey del Príncipe heredero, con una intachable hoja de servicios hasta el momento. A mi juicio, ello, a más de una ingenuidad, sería una gran equivocación, no solo por el viejo aforismo ignaciano «en tiempos de turbación, no hacer mudanza», sino porque en momentos delicados, y los actuales lo son, el Rey atesora experiencias y cualidades personales al ser reinstaurador y protagonista máximo del advenimiento de la democracia que difícilmente puede tener un heredero, por bueno que éste sea, y el que tenemos lo es y lo ha demostrado en estos días con una impecable y discreta conducta al sustituir a su padre en lo necesario y rechazar de plano cualquier intento de sembrar discordias familiares. Entre ambas, está ese muy mayoritario porcentaje de la población española que recurrentemente muestra su preferencia por la Monarquía encarnada en S.M. el Rey Don Juan Carlos por razones tanto pragmáticas como sentimentales, entre las que no hay que excluir el agradecimiento al saber en dónde estábamos cuando el entonces Príncipe de España se convirtió en Rey y se comprometió a lograr para todos los españoles los esperados y grandes cambios que luego se han convertido en realidad: democracia, libertad, progreso y presencia de España en el mundo.

Lo que ha sucedido días atrás ha sido, a mi entender, ante todo y sobre todo, una falta de sensibilidad ante la situación atribulada y en muchos casos dolorosa que está atravesando el pueblo español, más allá de las aficiones cinegéticas, poco populares en el mundo de hoy, o de la insuficiencia de comunicación de su Casa con el Gobierno de la Nación. Ante ello, lo que ha hecho el Rey ha sido pedir perdón al pueblo y declarar que no se volverá a repetir; desde luego no es un plato de gusto ver disculparse al Jefe del Estado, pero hay que reconocer que el efecto ha sido asombroso y fulminante, las lanzas se han tornado cañas. Esa muestra de humildad y de grandeza ha actuado como un lenitivo fulminante.

Lo que no queda muy claro es lo que no se puede volver a repetir, aunque creo, por lo dicho, que lo que no se repetirá nunca es esa falta de sintonía con su pueblo de quien ha sabido representarlo mejor que nadie. Por ello, quizás lo más sensato, lo más justo y lo que más nos conviene sea corresponder a la disculpa del Rey con un «borrón y cuenta nueva, Majestad».

Eduardo Serra Rexach, presidente de la Fundación Everis.

El clamor de todos los sectores sociales y sensibilidades políticas exige una investigación que esclarezca hechos. Que explique por qué se fue sin avisar. Cuántos días. En qué avión viajó. Pero el asunto va más allá del incumplimiento de sus funciones, algo por lo que cualquier trabajador sería despedido. ¿De verdad cree que con una disculpa en once palabras se arregla todo? Entonces es peor.

Porque la indignación suscitada por la travesura real proviene de la falta de solidaridad con su pueblo que este gesto demuestra. Cuando llegamos al 24 por ciento de paro y al 50 por ciento entre los jóvenes, cuando la economía está a punto de ser intervenida por seguir las recetas de la Merkel, cuando la gente ya no confía en nada ni en nadie, mientras los españoles sufren, el Rey se divierte. Matando. Por cierto que esto de las armas y la caza mayor parece ser una vieja pasión suya. Y si no que lo cuenten a ese pobre oso ruso de Vologda, al que, en 2006, drogaron con vodka y miel los anfitriones rusos para que nuestro Rey pudiera matarlo a placer.

La cuestión va más allá de una equivocación, como lo llaman medios y políticos. Porque en la crisis que estamos la gente necesita asirse a algo, a instituciones y personas en las que pueda depositar su confianza. Los datos dicen que españoles y europeos mayoritariamente no confían en gobiernos, ni en parlamentos, ni en partidos políticos ni en políticos. Y tampoco en los bancos, faltaría más. Ni siquiera en los medios de comunicación. Es en ese contexto cuando hacen falta instituciones con autoridad moral, en las que uno pueda pensar que se erigirán en defensores de valores y principios de decencia.

¿Y qué encontramos? ¿La Iglesia? ¿La Iglesia del obispo Reig que aconseja tratamientos psiquiátricos para curar a los descarriados gais? ¿Y la monarquía? En principio ese es su papel. Yo soy agnóstico en política. Lo de las formas de gobierno, república o monarquía, es un debate obsoleto, siempre que la monarquía obedezca a la soberanía popular. Porque hay repúblicas, bananeras o no, que se las traen. Pero resulta que las monarquías son caras y las pagamos nosotros y la publicidad de las revistas del corazón. Y aunque la nuestra sea de las rebajadas, algo tiene que hacer. Y lo que puede hacer es tranquilizar, moderar, mantener una altura de miras en el mundo podrido de la política actual. Si no, es puro parasitismo social que debería incluirse en el paquete de recortes de gasto público. Que sigan siendo reyes pero no viviendo como reyes.

Hasta hace poco esta monarquía, a pesar de su origen franquista, había funcionado aceptablemente, gracias a la Reina que tenía su experiencia del desaguisado de Constantino en Grecia. Siempre les dijo a sus hijos/hijas que ese privilegio se lo tenían que ganar con el trabajo de cada día, que lo de la gracia divina se lo llevó Franco a su tumba. A su marido se lo dijo cuando pudo porque él andaba por ahí como una moto. Aprobaron sin nota. Incluso se le atribuyó al Rey la salvación de la democracia, como puede atestiguar el general Armada. Pero recientemente la imagen de la institución se resquebraja. El duque de Palma se encuentra en un complejo proceso judicial de estafa y desvío de fondos, apartado de la familia real. Al pobrecito Froilán se le dispara un arma, otra tradición familiar (por cierto, ¿qué hacía un niño con una escopeta?). Su papa, el exduque de Lugo Jaime de Marichalar, también salió rebotado de la familia real, no sin antes hacer fortuna al servicio del emperador inmobiliario Robert de Balkany, propietario de los centros comerciales de La Vaguada en Madrid y Gran Via en Barcelona. Pobres y honorables infantas, no se merecían estos zoquetes. En ese contexto, sólo faltaba la elefantada de Su Majestad.

La cuestión clave es que España, en plena hecatombe económica por la ortodoxia merkeliana de Rodríguez Zapatero y de Rajoy, no se puede permitir una crisis de legitimidad en estos momentos. Pero esto no se arregla como creen los políticos populares y socialistas ocultando la podredumbre bajo la alfombra, porque las crisis institucionales no están en el Estado sino en la mente de las personas. Si se piensa que necesitamos autoridad moral por encima de los políticos desahuciados por los ciudadanos, y si la monarquía puede ayudar en este sentido, hay que recurrir a la reserva moral de la monarquía, al príncipe Felipe y la princesa Letizia. He tenido el honor de enseñar a don Felipe en la Universidad Autónoma de Madrid. Y puedo atestiguar su inteligencia, limpieza y ética. Él puede conectar con la nueva generación, muchos de cuyos valores comparte. El puede regenerar una institución que solamente tiene sentido si inspira confianza y confiere legitimidad.

El último servicio que don Juan Carlos puede hacer a la Corona y a su país es abdicar en su hijo. Ya.

Manuel Castells.

Ninguna de esas fotos me produjo tanto dolor, tanta perturbación como esta del periódico español. Tal vez porque desde niño no quiero a los seres humanos pero sí a los elefantes. O tal vez por lo que enmarca la foto: arriba el nombre del periódico, EL PAÍS, el único que ha llegado ser transnacional en nuestro idioma, pues ni La Nación de Buenos Aires, el diario de los Mitre, con lo grande que fue, lo logró: trascender las fronteras nacionales para ir a los cuatro rumbos del ámbito hispánico, por sobre el mismo mar. Y debajo de EL PAÍS el encabezado, el titular, insulso, banal, perverso: ‘El Rey es operado de la cadera al caerse en un safari en Botsuana’.

La tragedia era esa, que el Rey con mayúscula se había roto la cadera en un safari, no que acababa de matar a un animal hermoso, inocente, que ningún daño le había hecho. Para EL PAÍS la matanza de animales grandes por diversión en África es un simple safari: para mí es un asesinato. Y adentro del periódico, llenando dos páginas, la crónica banal del percance y otra foto del Rey con el mismo cazador y adelante de ellos dos búfalos que acaban de matar. Un destino habitual para la caza mayor, dice el correspondiente titular. “España es de los países que más trofeos de grandes especies importa de África. Matar un elefante en Botsuana sale por más de 44.000 euros”. Y que “los médicos le han tenido que colocar al Rey una prótesis que sustituye la cabeza del fémur y la zona donde esta se ensambla con la pelvis”, etcétera, en ese tono neutro, imparcial, que es el que le corresponde a un gran periódico.

De entonces acá, en las horas que han pasado, ha venido la condena en las redes sociales de Internet de muchos españoles indignados porque el Rey se está gastando el dinero público en diversiones cuando España pasa por uno de sus peores momentos, o porque la Casa del Rey no le informó al presidente de su viaje, o por razones así. ¿Y es que alguna vez le informó a alguien cuando se iba a Rumanía a cazar osos con Ceausescu? Todavía en 2004, tiempo después de la caída del tirano, seguía yendo a lo mismo. El 12 de octubre de ese año el periódico Romania Libera de Bucarest informó de su cacería en la región rumana de Covasna, al pie de los Cárpatos, en que mató a escopetazos a nueve osos, una osa gestante y un lobo y dejó malheridos de bala a varios otros animales que medio centenar de ojeadores le iban poniendo a su alcance, de suerte que los pudiera abatir sin riesgo alguno. Varios miembros de la policía secreta rumana disfrazados de campesinos e infiltrados entre los ojeadores protegían de los osos y de cuanto peligro se pudiera presentar al distinguido personaje. La cacería o masacre tuvo lugar desde el viernes 8 de octubre al domingo 10 y la organizó la empresa Abies Hunting, experta en safaris. El Rey había llegado al aeropuerto Otopeni de Bucarest en su jet privado, y escoltado por 10 patrullas de la policía y varios vehículos de acompañamiento protocolario se había trasladado a las cabañas que tenía antes Ceausescu para sus cacerías en la región. Los lugareños de Covasna le depararon al Rey español un cálido recibimiento folclórico vestidos con trajes típicos y lo agasajaron con palinca, un aguardiente de ciruela.

Así que lo de matar animales grandes como el elefante y los búfalos de la semana pasada no es cosa nueva: le viene de lejos al Rey. Y se la va a dejar de herencia, junto con un dineral, a su nieto, quien se acaba de herir un pie por andar jugando con escopetas. ¿Qué irá a cazar este niño cuando crezca y le permitan sus padres ir de cacería? ¿Elefantes? ¿Osos? ¿Búfalos? Ya no van a quedar. Para entonces su abuelo habrá acabado con todos. Aunque las posibilidades que tiene el niño en cuestión de reemplazar andando el tiempo a su abuelo en su altísima dignidad son pocas, alguna hay. Estaría perfecto ahí, como fabricado a la medida del puesto. Es el Rey que se merece España, el país que despeña cabras desde los campanarios de sus pueblos para celebrar, con la bendición de la Iglesia, la fiesta del santo patrono.

Fernando Vallejo es escritor. Autor de La virgen de los sicarios, ha ganado el último Premio FIL de la Feria del Libro de Guadalajara.

Lo que esa generación aportó a España fue la Transición, de la que el Rey fue protagonista. Recuerdo que Areilza le describió como «el motor del cambio». Pienso que hubo muchos más motores. El primero, el propio Franco, cuando le dijo que tendría que gobernar de modo distinto al suyo. Luego, una coyuntura económica favorable. Por primera vez, España tenía una clase media, y las clases medias, una vez satisfechas las necesidades elementales, quieren libertad, democracia, aunque la democracia, incluso en su nivel más desarrollado, sea solo la menos mala de las formas de gobierno, como advirtieron sus creadores. Pero bueno, mejor eso que nada. Y hubo también una coyuntura internacional favorable. Las que emergían como grandes potencias en el oeste, Estados Unidos y Alemania, se dieron cuenta de que España podía ser un gran problema si no se resolvía el asunto de la transición, pues el franquismo no podía sucederse a sí mismo. Así que pusieron manos a la obra de que la construcción europea no se hundiera por su extremo suroccidental. Washington se encargó de apuntalar a Don Juan Carlos; Bonn, a Felipe González. Recuerdo la gira del entonces Príncipe por Estados Unidos, en el avión presidencial que le había cedido Nixon, que era todo un endoso a su persona, cuando en España se debatía la sucesión de Franco. Y de sobra es conocido el apadrinamiento de Felipe González, no solo por parte de los socialdemócratas alemanes, Brandt especialmente, sino también de los cristianodemócratas, para que el principal partido de la oposición no fuera el comunista ni el de los socialistas del exilio, sino el de las nuevas generaciones crecidas bajo, y contra, el franquismo.

Así se hizo la transición, que podría llamarse también transacción, pues hubo para todos, con pactos transversales y esperanzas generalizadas en la inmensa mayoría, al comprobar que lo más temido, que volviéramos a la guerra incivil que veníamos librando por más de un siglo, no se cumplía. Y así empezó un reinado que, a trancas y barrancas, nos ha traído el periodo más largo de paz y de prosperidad en nuestra historia.

Pero que no hay mal, ni bien, que cien años dure, lo estamos comprobando los españoles. Los pactos están bien, muy bien incluso, al ser la base de la convivencia civilizada. Pero siempre que las partes estén dispuestas a cumplir lo pactado; y ha habido españoles no dispuestos a cumplirlo, es más, decididos a aprovechar las concesiones del resto para quedarse con todo. Tanto el Estado de las Autonomías como ese invento español de la «nacionalidad», que ofende a la gramática, pues la nacionalidad es más un adjetivo que un sustantivo, en vez de ser la solución de nuestro problema territorial, se han ido convirtiendo en un genio maligno que, una vez fuera de la botella, amenaza con devorar al que la abrió. Las autonomías se han tornado soberanías y sus estatutos particulares prevalecen sobre la Constitución. El resultado no es un Estado hecho y derecho, sino una casa de los líos, donde la menor cuestión se torna conflicto, ya entre las comunidades, ya con el Gobierno central. Sin que haya síntomas de que las tensiones amainen, sino más bien de lo contrario.

Por otra parte, la democracia que nos hemos procurado es solo la mitad de ella, la de las libertades, pero la otra mitad, la de las responsabilidades, ni está ni se la espera, tanto a nivel individual como oficial, con unos partidos que hacen honor a su nombre, es decir, atendiendo solo a la parte que les afecta, olvidando por completo el bien general. La total incapacidad de nuestros partidos políticos de llegar a acuerdos transversales en los grandes temas de Estado es la principal debilidad de este. Y, encima, la crisis, una crisis que nos ha cogido como aquel tsunami a los turistas en la playa del Índico: desnudos. El euro nos hizo creer que éramos ricos y nos pusimos a gastar como locos, llegando al disparate de encontrar barato Nueva York. En fin, para qué voy a contarles, si lo conocen de sobra.

Se acaba una época. Se acaba una generación. Suárez anda en las tinieblas del alzhéimer, Fraga ha muerto, Carrillo desgrana su amargura, los Lópeces son un pie de página de la historia. Queda Don Juan Carlos, el gran superviviente; guste o no, nuestra mejor baza nacional e internacional, que igual nos consigue un gran contrato fuera que apacigua los ánimos dentro, habiendo conseguido que incluso lo llamen «un rey republicano», que ya es decir. Pero a veces siente el ansia irrefrenable de pegar tiros, a fin de cuentas es un militar, y de abatir elefantes o lo que se le ponga por delante. Para él es un deporte, un desahogo. Como el largarse de tanto en tanto. Cuando para las nuevas generaciones es un delito. O algo peor, una estupidez. Sobre todo, en los tiempos que corren.

Lo malo es que ha entrado en juego nuestro principal defecto. Que no es la envidia, pues envidia hay en todas partes. Lo que realmente nos daña, nos afecta, nos retrasa, al impedirnos ver la realidad, y nos hace cometer los mayores disparates, es confundir lo principal con lo secundario, dar más importancia a la apariencia que a la sustancia. Vamos con el paso cambiado y a menudo nos ponemos a nosotros la zancadilla. Ahora mismo, la cacería del Rey en Botsuana fue un error, de acuerdo. Un gran error, si quieren. Pero de ahí a pedir su abdicación hay aún más trecho que el que hubo en la salida de su abuelo por haber ganado la izquierda unas elecciones municipales. Y es que somos expertos en criticar a lo grande sin aportar soluciones. O en «disparar primero y apuntar después», como me dijo un colega inglés con sorna. «Sí, le respondí, y además, a cañonazos».
¿Qué quieren, que abdique en el Príncipe Felipe o que dé paso a la Tercera República? Lo que nos faltaba. ¿Se dan cuenta del formidable lío en que nos meteríamos? ¿Cuánto iba a resistir el nuevo Rey ante una izquierda crecida y unos nacionalistas insaciables? ¿Cómo íbamos a elegir un presidente, cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo en un director de TVE? Justo en medio del ataque más furioso de los mercados a la economía española y cuando hasta Cristina Fernández nos moja la oreja.

Me queda solo por señalar la calidad humana del Rey, su naturaleza espontánea, que le conecta de inmediato con sus pares o con el hombre de la calle, que lo percibe y agradece. Un don que no se aprende, se tiene o no se tiene. El misterio puede estar en que Don Juan Carlos se siente como un español más.

Por José María Carrasacal, periodista.

Ya en 1956 se produjo una tragedia cuando don Juan Carlos mató accidentalmente a su hermano don Alfonso de un disparo con un revólver de calibre 22. Ambos estudiaban el bachillerato en España, bajo la tutela de Franco, pero por vacaciones regresaban a la residencia familiar de Estoril, donde vivían sus padres. Al joven don Juan Carlos ya entonces le gustaba tontear con las armas de fuego. El 29 de marzo, jugando con su hermano don Alfonso, don Juan Carlos le disparó un tiro en la cara, causándole la muerte. Por muy jugando que sea, debe de ser una experiencia traumática terrible, que apartaría para siempre a cualquiera que la haya tenido del contacto con las armas de fuego. Sin embargo, el efecto esperable no se produjo y la tendencia fatal a accionar el gatillo sigue causando problemas al Rey y a la monarquía, cincuenta y seis años después.

Las armas de fuego siempre acaban disparándose; no sirven para nada, excepto para herir y matar. Hace unos días el nieto mayor del Rey, Felipe Froilán, de 13 años, estaba ejercitándose ilegalmente con una escopeta de cañón doble de calibre 36, en compañía de su padre, cuando se disparó accidentalmente en su propio pie, por lo que tuvo que ser trasladado a la clínica y operado. Los peligros de estas armas se multiplican en las cacerías. En 2007, un biznieto de Franco mató a un compañero cazando corzos en un coto. En su saña matarife, los cazadores frecuentemente disparan contra cuanto se mueve y matan a paseantes inocentes, como ocurrió en Girona en enero pasado cuando un cazador torpe y excitado mató a un joven de 24 años, confundiéndolo con un jabalí. Luis Bobé, un concejal de CiU, murió en otro accidente de caza en 2011. Cada año se producen en España más de mil heridos y decenas de muertos por disparos equivocados de los cazadores.

El rey Juan Carlos es un cazador empedernido, que dedica mucho tiempo, dinero y energías a la caza mayor. La última noticia al respecto llegó por el accidente que sufrió el 13 de abril durante una expedición cinegética para matar elefantes en Botsuana, en la que se fracturó la cadera derecha en tres fragmentos. Tuvo que ser trasladado en un vuelo especial de ocho horas a Madrid, donde fue inmediatamente operado y recibió una nueva cadera artificial.

La noticia recorrió rápidamente las redacciones y las redes sociales, subrayándose varios de sus aspectos bochornosos. La caza de elefantes está en principio prohibida en África desde 2010, aunque algunos Gobiernos la siguen permitiendo a cazadores ricos y compulsivos decididos a pagar grandes sumas de dinero por el placer de matar a un animal protegido. Todos estos gastos de cacería mayor, permisos, vuelos especiales y médico acompañante los paga el contribuyente español. Muchos se han sorprendido de que en una época de crisis y de enorme déficit y paro los escasos recursos públicos se dediquen a estas cosas. El Gobierno, que ha recortado un 25% el presupuesto de investigación, se ha limitado a un simbólico recorte del 2% en la asignación presupuestaria de la Casa Real. De todos modos, el Gobierno no sabe lo que hace, pues ni siquiera se había enterado del viaje africano del monarca. Parece que prefiere no enterarse. En el proyecto de ley de transparencia de los gastos públicos se empieza por declarar que esta ley no se aplicará a la Casa Real. Si hay que pedir transparencia al Estado, habría que empezar por arriba, por el Rey, y no por los secretarios de Ayuntamiento.

Desgraciadamente, no es esta la primera vez que las cacerías de don Juan Carlos exigen cuantiosos pagos a empresas como Abies Hunting y Rann Safaris, que ofrecen cacerías de animales normalmente protegidos a cazadores adinerados y sin escrúpulos. Todo el mundo ha visto la fotografía de don Juan Carlos y el cazador blanco Rann que lo acompaña junto al cadáver, apoyado en un árbol, del elefante que acaban de acribillar y que presenta una estampa incomparablemente más noble y hermosa que ellos. Don Juan Carlos ha cazado repetidamente en África todo tipo de animales que nadie debería cazar, desde leopardos y búfalos hasta elefantes.

La pasión matarife del Rey no se limita al continente africano. En 2004, por ejemplo, pagó 7.000 euros para matar en Polonia uno de los últimos bisontes vivos que quedan en Europa. En octubre de ese mismo año, la agencia Abies Hunting le organizó un viaje privado para matar osos en los Cárpatos. El Rey se hospedó en el antiguo chalé del dictador Ceausescu, y se dio el gustazo de abatir a tiros a cinco osos y otros animales protegidos. El escándalo estalló en la prensa rumana y rápidamente fue difundido a través de Internet. Apenas tres meses después, en enero de 2005, la prensa austriaca dio a conocer una nueva cacería de don Juan Carlos, llegado expresamente en avión privado a Graz con la correspondiente comitiva de guardaespaldas. En 2006 estalló el escándalo de la caza en Rusia de Mitrofán, un pobre oso del zoo local emborrachado con miel y vodka y puesto delante de don Juan Carlos para que lo disparase. La noticia de que el rey de España había ido hasta Rusia en avión especial a matar a un oso drogado enseguida dio la vuelta al mundo.

Aunque la caza tenía sentido durante el Paleolítico, lo perdió por completo tras la revolución del Neolítico, que tuvo lugar hace unos diez mil años. A partir de entonces, ya no se caza en defensa propia ni para comer, sino por aburrimiento, mala leche y exceso de testosterona. Los reyes de antaño, que habían empezado sobresaliendo en la guerra, se aburrían soberanamente en los insulsos periodos de paz y, como no sabían leer (ni había cine, televisión o Internet), entretenían sus ocios cazando los animales que sus servidores les ponían delante, al estilo Mitrofán. Hoy en día, la caza es anacrónica en todos los casos; además, es completamente inmoral cuando las víctimas son animales magníficos y escasos, como los que están en situación de protección o peligro de extinción.

Un artículo que publiqué en este diario hace seis años (El dedo que acciona el gatillo), acaba diciendo que “sería un buen momento para aconsejar al monarca que aparte el dedo del gatillo de una vez por todas”. Desgraciadamente, o nadie le dio el buen consejo o él decidió no seguirlo. Así como en cuestiones políticas el Rey ha tenido la prudencia de dejarse aconsejar por otros, en cuestiones como la caza ha preferido actuar al dictado de sus hormonas, por lo que ha seguido generando noticias que en nada contribuyen a su prestigio, ni al de la monarquía, ni al de su país.

La Casa Real replica que el Rey mata elefantes porque le da su real gana y que no tiene que dar explicaciones a nadie sobre sus cacerías, pues forman parte de su vida privada, en la que nadie tiene derecho a inmiscuirse. Eso es una obvia falacia. En primer lugar, las cacerías de don Juan Carlos de Borbón, lejos de ser actos íntimos que se realizan en un espacio privado, involucran a diversos países y continentes, vuelos especiales, comitivas oficiales e incluso ausencias públicas inexplicables. En segundo lugar, todos esos gastos extravagantes se sufragan con cargo a los impuestos que paga una población agobiada por la crisis. Además, a muchísimos españoles esas cacerías de elefantes en África o de osos en Rumanía les producen repugnancia estética e indignación moral. La época en que la real gana bastaría para justificarlas ha pasado ya.

Jesús Mosterín es profesor de Investigación en el CSIC.

A estas alturas de la historia, todos los países europeos han hecho su ajuste de cuentas con la monarquía. Bien se han constituido como repúblicas o bien han reducido la corona a la posición de un mero órgano del Estado carente de cualquier presencia en el ejercicio del poder. De ahí que en ningún país europeo la monarquía continúe siendo un problema para su Estado constitucional.

España es la única excepción. Tras la muerte del general Franco, España se constituyó democráticamente y no creo que puedan caber dudas acerca de la naturaleza democrática de la Constitución española. Pero no puede desconocerse que la voluntad constituyente del pueblo español expresada en la Constitución de 1978 no pudo extenderse a la Monarquía, que tuvo que ser aceptada como un hecho consumado a fin de que el proceso constituyente pudiera llegar a buen fin. La aceptación de la Monarquía fue una condición previa para que se pudieran celebrar las elecciones que acabarían siendo constituyentes del 15 de junio de 1977.

Es verdad que la definición que se hizo en la Constitución de la Monarquía como «Monarquía parlamentaria» en el artículo 1.3 viene inmediatamente después de la definición del principio de «soberanía nacional», que se dice expresamente que reside en el «pueblo español» en el artículo 1.2. Hay, en consecuencia, una subordinación de la Monarquía parlamentaria a la legitimación democrática del Estado. Con una reserva digna de mención: mientras en la fórmula tradicional en derecho comparado a la afirmación de la soberanía del pueblo sigue la consecuencia de que de dicha soberanía «emanan todos los poderes del Estado», en el artículo 1.2 de nuestra Constitución se dice «emanan los poderes del Estado». Posiblemente, el «todos» en la Constitución española era más necesario que en ninguna otra Constitución, a fin de que no cupiera duda alguna sobre el carácter de órgano pero no de poder del Estado de la Corona. Dicho carácter de órgano y no de poder se refleja después con mucha nitidez en el texto constitucional.

Pero lo decisivo no es el texto sino el contexto. La subordinación de la Monarquía al principio de legitimación democrática se inscribió en el texto constitucional una vez que se había tenido que aceptar la Monarquía como un presupuesto para el ejercicio del poder constituyente. Esta es la razón por la que, si jurídicamente podemos considerar que la posición de la Corona como órgano pero no como poder del Estado queda resuelta en el texto constitucional, políticamente no es así. Analizando el proceso constituyente en su conjunto y no solamente el texto constitucional en su redacción final, queda una cierta sensación de ambigüedad sobre el lugar del Rey en nuestro sistema político. Jurídicamente, el Rey es un órgano y no un poder del Estado. Esto resulta claro de la lectura de la Constitución. Políticamente, la presencia del Rey sigue gravitando sobre el ejercicio del poder. El Rey de España no ocupa en nuestro sistema político el mismo lugar que ocupan las reinas de Inglaterra u Holanda o el rey de Bélgica en los suyos. El rey Juan Carlos ha aparecido en los cables de Wikileaks como una figura política de primer nivel en el sistema político español, algo que no ha ocurrido con ningún otro monarca europeo.

Por eso estamos donde estamos. En ningún momento de nuestra historia constitucional, salvo en las dos Repúblicas, el poder constituyente del pueblo español se ha extendido a la Monarquía. El origen está en Cádiz. En Cádiz se aprueba una Constitución de la Monarquía Española y no de la Nación Española. No se constitucionaliza un Estado sino una Monarquía. Y así fue hasta 1931. A partir de esa fecha ya no se ha podido constitucionalizar una Monarquía sino un Estado. Pero el Estado ha sido constitucionalizado bajo forma monárquica y sin que el poder constituyente del pueblo español pudiera pronunciarse sobre ese extremo.

En España hay una suerte de reserva implícita de poder en la Monarquía que ya no existe en ningún otro país europeo y que da relevancia constitucional a cualquier incidente que se produzca en el desempeño de las tareas constitucionales o en el ejercicio de actividades privadas por parte del Monarca y de los demás miembros de la Casa del Rey. Aquí está el origen de lo que estamos viviendo estos días.

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional.

El republicanismo es una forma respetable de Gobierno —a pesar de llevar en su corazón un defecto serio—. ¡Incluso en Inglaterra tenemos algún republicano que otro! En alguna ocasión me ha tocado debatir con ellos sobre los diferentes méritos de una monarquía constitucional y el republicanismo. La verdad es que es un debate bastante fácil de ganar.

Lo más sorprendente es que muchos republicanos perfectamente serios no parecen tener respuestas a las preguntas más fundamentales. Hasta tal punto que a veces pienso que el republicanismo «moderno» es una reacción atávica hacia los tiempos medievales. «Yo soy progre, luego ¿no puedo ser monárquico, verdad?». Pues sí, puede serlo.

Vayamos con las preguntas básicas.

El presidente de la República de Gran Bretaña (o de España) ¿sería un presidente ejecutivo o simbólico?

Si es ejecutivo será un político. Pertenecerá a un partido político. Luego quienes no militamos en su partido nos tocaría vivir con el hecho de que la máxima representación de nuestra nación sea un individuo cuya filosofía personal nos produce un serio rechazo. Hoy en día los socialistas británicos (¡quedan algunos!) e incluso los ciudadanos apolíticos saben que David Cameron no es su jefe de Estado. Me imagino que los socialistas españoles saben lo mismo del señor Rajoy. No voy a caer en la descortesía de nombrar a ninguna otra nación. Pero no hay que mirar muy lejos para ver cómo la controversia y el desprestigio que necesariamente rodea al político activo puede reflejarse en la imagen más amplia de su propio país.

¿Presidente simbólico? Dudo que haya muchas personas capaces de recordar los nombres de los presidente de países muy relevantes que tengan jefes de Estado de este corte. Y además normalmente son nombrados a dedo por las elites políticas.

Luego, de entrada, hay que escoger entre un político en activo —inevitablemente algo divisorio y controvertido— o un personaje de la sombra que apenas se nota. Ninguno de los dos cumple del todo con lo que necesita un Estado democrático moderno.
Todos pertenecemos a una nación. Bien es verdad que el modelo westphaliano del Estado nación se está diluyendo. Cada vez más nuestras naciones buscan la manera más eficaz de compartir su soberanía con otros para poder ejercer mayor influencia sobre los desafíos globales con los que nos enfrentamos. De eso trata la Unión Europea.

Pero, precisamente por eso, es más importante que nunca que conservemos y cultivemos esa sensación de pertenencia, de cohesión social y de identidad cultural que da la nación. No nos perdamos en el laberinto del «pueblo» global.

Algunos países hemos tenido la suerte de llegar (a base de trompicones de la historia) al siglo XXI con monarquías constitucionales que ni dividen políticamente, ni son una «sombra» que no se nota, sino que son un reflejo vivo de nuestra historia, de nuestro presente y nuestro futuro. (Y qué curioso que esas monarquías europeas se cuentan entre los «top ten» en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos y la defensa del Estado de Derecho en democracia).

Con cierta trepidación, y con la esperanza de no caer en la descortesía, voy a hablar de un país que no es el mío, del Reino de España.
España ha tenido una historia importante y agitada. Imperio. Riqueza. Miseria. Dictadura. República. Guerra Civil. Los altibajos de la historia de España culminan con su incorporación —un poco tarde— a la familia democrática europea. Su familia.

Toda esa historia —y en particular el último paso democrático— ha sido compartida y sufrida por diferentes Monarcas españoles en su propia carne.

Y las monarquías —igual que los países— evolucionan. ¿Quién hubiera pensado hace 50 años que si el primer hijo de los Duques de Cambridge es una hembra será Reina? ¿Quién hubiera pensado hace 50 años que el Príncipe de Asturias, en vez de casarse con una Princesa, se casaría con una mujer profesional que cumple profesionalmente con los deberes que conlleva el puesto?

La historia y el presente de nuestros países representan, en cierto sentido, lo que se podía llamar la «marca» nacional. Los turistas que vienen a nuestros países no vienen para admirar al señor Cameron ni al señor Rajoy. Los productos que venden nuestras empresas en el mercado global poco deben a nuestros partidos políticos. Nuestros políticos tienen un quehacer importante: se ocupan del «management» de día en día de nuestros países. Nuestras Familias Reales vuelan por encima del día a día y dan una nota de continuidad, de imagen y —¿por qué no decirlo?— de «glamour» a nuestras «marcas» nacionales. No hay más que fijarse a la atención que se presta en cualquier país extranjero a una visita oficial de los Reyes de España o de los Príncipes de Asturias. Eso en el plano internacional. Luego, en el plano doméstico, por lo menos en mi país (y creo que pasa lo mismo en España), cada año hay centenares de actos, inauguraciones y eventos donde la asistencia de un miembro de la Familia Real es más apropiado y mejor recibido por la ciudadanía. Acongoja bastante leer la lista de actos a los que asisten al servicio (nunca mejor dicho) de su país.

No quisiera caer en la trampa fácil de minusvalorar la clase política a la que tuve el privilegio de pertenecer durante muchos años. Ser político elegido es el máximo honor que le puede caber a un ciudadano en una democracia. Los sacrificios personales que hacen nuestros líderes políticos son enormes y las exigencias de sus cargos son de gran peso. Pero, todos los líderes políticos tienen (y necesitan) una oficina de prensa que busca sin parar oportunidades para que los jefes salgan en un contexto favorable en la prensa y la televisión. Y luego, ¡se casa Guillermo Windsor con Kate Middleton y consiguen la mayor audiencia televisiva de la historia! Por algo será.

Finalmente, conviene que recordemos que esas familias que tan eficazmente representan no solamente nuestras «marcas» nacionales, sino también la esencia más profunda de nuestros países son miembros, con todo lo que ello supone, de la raza humana. A veces les tocará pasar lo que mi Reina llamó un «annus horribilis». Buen momento para mostrar al mundo entero de qué madera está hecha la «marca» española.

Ha llegado a ser casi obsesivo el llamado «caso Urdangarín» en nuestros medios de comunicación: tertulias, columnas, editoriales, etcétera, y muy pocas veces respetando algunas reglas básicas no sólo de la democracia sino del sustrato de ésta, del Estado de Derecho.

La primera de esas reglas es la de las cuestiones «sub iudice», es decir, sometidas al enjuiciamiento de jueces y tribunales, y que, en tanto estén en dicha situación, merecen ellas y estos —los jueces y tribunales— un respeto por parte de la ciudadanía para que puedan realizar su labor sin presiones externas que la dificulten u obstaculicen, especialmente cuando se decreta el secreto sumarial. La segunda es aún más importante, me refiero a la «presunción de inocencia» en virtud de la cual un ciudadano (cualquiera, incluso el yerno del Rey) tiene derecho a que se le presuma, se le repute, inocente, en tanto no recaiga sobre él una sentencia condenatoria; lo contrario tiene el riesgo de acabar en el linchamiento (condenado y ejecutado sin proceso), un acto típico de la barbarie. Las informaciones periodísticas, por valiosas que sean, distan un buen trecho de los pronunciamientos judiciales; para aquellas puede bastar el rumor, el indicio o —incluso— la sospecha; por el contrario, estos, más lentos y reposados, deben basarse en pruebas sólidas e irrefutables. Por ello la culpabilidad o inocencia de las personas depende de estos y no de aquellas.

La democracia es un régimen que se hace día a día a base no sólo de leyes sino también y muy principalmente a base de tradiciones y costumbres que la van consolidando y fortaleciendo, y una de ellas es, sin duda, el respeto cotidiano y permanente a la independencia y al trabajo de los jueces. ¿Qué sucedería si el juez competente absolviera al señor Urdangarín?, ¿no estaríamos corriendo, en tal caso, el riesgo de que el linchado fuera el propio juez?, ¿es esto la independencia del Poder Judicial?

Supongamos, por el contrario, que el juez le declara culpable. ¿Debe tal pronunciamiento afectar a la Monarquía? La cuestión no es baladí; si la Monarquía es o no una institución positiva para la sociedad española es una cuestión independiente de las vicisitudes de los miembros y allegados de la Familia Real; otra cosa sería considerar que es una institución indiferente cuando no negativa, que se mantiene por consideración a una persona o a una familia, en ningún caso por cuestiones de fondo.

Hay muchos, quizás demasiados, representantes elegidos democráticamente que no ya sus familias, sino ellos mismos tienen comportamientos calificados por los jueces como delitos; es decir, son delincuentes y ello no afecta y no debe afectar a la democracia, institución que nos hemos dado los españoles con independencia de los comportamientos concretos de algunos de los que la encarnan. Podría decirse que estos comportamientos irregulares y delictivos son el precio de la libertad si no fuera porque en las dictaduras el precio puede y suele ser mayor.

A mi juicio, con la Monarquía debe suceder algo análogo; la Monarquía es una institución antigua, pero no es una institución vetusta, no es una antigualla inútil que debamos mantener tan sólo por motivos ornamentales puesto que no se corresponde con los tiempos modernos, ni tampoco respetar tan sólo por los méritos personales (que son muchos) del Restaurador, del Rey Juan Carlos.

Me explico: en Occidente y en el siglo XXI no existe, no puede existir, más legitimidad del poder que la democrática, la que otorga el pueblo en las elecciones y eso es lo que corresponde a una civilización como la nuestra, que hace tiempo se secularizó. Sin embargo, todos conocemos, vamos conociendo, sus imperfecciones, que las tiene como toda obra humana; en concreto dos defectos son casi inevitables: el cortoplacismo y el partidismo. Parece claro que sería conveniente algún mecanismo que evitara o al menos paliara estos defectos: una institución que, por definición, se fijara en el largo plazo y que representara un papel neutral o, dicho de otra manera, que en lo mucho que nos une a todos los españoles (que es más que lo que nos separa) nos representara a todos. Esa institución es precisamente la Monarquía; un contrapunto de los regímenes democráticos que al atenuar sus defectos perfecciona y complementa dichos regímenes; por ello vemos que entre el puñado de democracias más avanzadas en todos los terrenos del planeta hay un número nada desdeñable de monarquías.

Si de la teoría pasamos a la práctica, comprobamos que en España la Monarquía ha sido el régimen, con diferencia, más tradicional y también que ha tenido épocas de todos los colores: buenas, regulares, malas e incluso muy malas. Por el contrario, repúblicas hemos tenido sólo dos y si las juzgamos por sus resultados (y no por sus intenciones) no han podido ser peores; ambas generaron una gran inestabilidad, terminando la Segunda con la más cruenta guerra civil de nuestra Historia; si alguien lo duda que relea los testimonios de la época o las crónicas de los historiadores, especialmente los extranjeros, cuya objetividad es menos cuestionable. No se trata aquí de buscar culpables, pero sí de alertar de los riesgos que pueden amenazar nuestra convivencia.

Hace ya casi cuarenta años retornó la Monarquía con el firme y deliberado propósito de instaurar la democracia y poco después (en 1978) el pueblo español se dio libremente una Constitución que estableció un régimen democrático con la Monarquía como forma de gobierno (por tanto votada por el pueblo español); desde entonces los españoles hemos gozado de un régimen de paz, libertad y prosperidad sin parangón, no sólo en los últimos tiempos —siglos— sino en toda nuestra historia.

Un régimen, la Monarquía Constitucional, que nos ha permitido recuperar, casi en su totalidad, nuestro retraso secular; hoy —dejamos a un lado la crisis (pasajera, como todas)— nos codeamos, sin complejos, con los países más avanzados del mundo; se nos mira con respeto y en muchas ocasiones con admiración; en definitiva, nos hemos europeizado y con ello ha venido, como diría Ortega, la solución; naturalmente tendremos que seguir trabajando y esforzándonos, pero no parece tiempo —este que vivimos— de mirar hacia atrás con nostalgia y, menos, con ira.

En conclusión y —como digo— sin nostalgias de tiempos felizmente superados, se trata de encarar el futuro y decidir siempre lo que sea mejor para los intereses generales; como ha dicho reciente y acertadamente Juan Van Halen, «el dilema en España no es Monarquía o República, sino sistema útil y consolidado o aventurerismo con terribles precedentes».

En la democracia de masas la Monarquía encontró un inesperado apoyo a su prestigio en el nuevo carisma que la notoriedad, producida por los medios, presta.

Veamos, la comunicación es hoy un espectáculo comercial. Los medios construyen un escenario atractivo y apartado, pero siempre presente en la vida cotidiana. Habitado por actores que obtienen una suerte de carisma por su presencia pública, cuya celebridad atrae adhesión.

En realidad, la comunicación espectacular ha impuesto una nueva jerarquía social, en cuyo vértice se encuentran los que están aupados al escenario público. Las estrellas del cine, que abrieron el camino, los ídolos de la canción, del espectáculo y el deporte, algunos periodistas y los propios líderes políticos forman parte de esa especie de mitología de la “notoriedad” mediática. Este mecanismo ha facilitado las cosas a los monarcas parlamentarios. La pertenencia al mundo de los astros encumbrados por la celebridad genera aceptación de forma muy eficaz.

Pero, no se olvide, son los medios, los que elevan a esa condición y los que sostienen esa especie de consagración en la publicidad. Y a esta fórmula le es consustancial un intercambio. Los medios apoyan, fortalecen y mantienen a las personas que encarnan la realeza en la fascinación que induce la celebridad. El monarca parlamentario cede su imagen para un espectáculo mediático muy rentable. A ello sirven las bodas de los miembros de la familia real, los bautismos, entierros y funerales, con todo su fasto ceremonial. Es posible bajo esos parámetros una reciprocidad prolongada y fructífera.

Ahora bien, la propia dimensión espectacular —ergo comercial— de la comunicación plantea hoy problemas de peso a esa avenencia. En este sentido, cuanto más extremo y escandaloso sea material informativo, mejor.

Esa es la mecánica en la que se gestó todo el star system. Los primeros ídolos del cine se construyeron como tales por unas virtudes de belleza y carácter que les hacían encarnar arquetipos, estar fuera de lo común. Más tarde la imagen de las estrellas se transformó pues los industriales del cine comprendieron los mayores beneficios comerciales del realismo, de la síntesis good-bad, que se aplica tanto a los papeles vividos en la pantalla como a la vida privada, aireada por la publicidad. El intercambio entre los astros y los medios se acabó prolongando y alcanzando un espacio muy sustancioso en el acceso a unas vidas privadas, a veces tormentosas.

Pero este mecanismo, en el que se han aupado también las familias reales, se torna inquietante para estas. La práctica de un cierto voyeurismo masivo, puede ampliar la notoriedad, pero con un magno efecto negativo: la ruptura de una imagen simbólica muy necesaria también para su aceptación, como lo es la de encarnar los valores comúnmente queridos. Lo convergente es al tiempo conflictivo: la mercancía informativa escandalosa provoca la mirada generalizada y la venta, pero también el rechazo, la desafección. Acordémonos del affaire del actual heredero británico al trono.

La realidad española siempre sorprende. Aquí el espectáculo del escándalo no ha surgido por algún galanteo, algo más previsible. Ha surgido por un tema que nos desazona mucho más: las supuestas y presuntas irregularidades con que actuaba el entramado empresarial del yerno del Rey.

Aquí los valores de ejemplaridad, sobre los que asiente su notoriedad la Monarquía se han hecho cisco. No caben romanticismos que revistan el escándalo de un cierto encanto hacia el público, como ocurrió con Diana de Gales. La cosa tiene muy difícil solución: la fuerza mediática que conducía al carisma de la notoriedad tira ahora hacia el desprestigio. Y de qué manera. Si se agotan las reservas de legitimidad nos podríamos encontrar ante a una situación de vértigo.

Es evidente que en momentos de tribulaciones no deben hacerse cambios. Pero deshacer este efecto boomerang va a ser verdaderamente complicado. Pues solo el sentido de la responsabilidad de los creadores de la notoriedad, los medios de comunicación, puede parar esta debacle. La amenaza del “amarillismo” irresponsable no es poca cosa.

Lo primero es el derecho a ser informados. En un caso en el que, por supuesto, presunción de inocencia aparte, debe primar la máxima democrática de la transparencia. Cuya activación es la primera función de los medios.

Pero no deben pagar justos por pecadores. La prudencia obliga a establecer un cortafuego que disocie la institución de sus miembros, eventualmente involucrados en escándalos. Es imprescindible evitar que la culpabilidad de uno arrastre a una institución que ha contribuido al equilibrio en la democracia de un país como el nuestro, tan difícil de gobernar. Sería triste que se desperdiciara la sensatez y contención demostradas por el príncipe heredero, que es quién marca el futuro.

Pero, aun sorteado el actual escollo, la Monarquía se va encontrar siempre con una compleja precariedad. Solo una ejemplaridad exquisita impediría en el futuro esa reversión del carisma. Pero eso es muy difícil de garantizar en una familia hecha de humanos, al fin y al cabo. Se podría tratar de limitar su perfil mediático, de apartarla del escenario comunicacional. Pero la huida de la notoriedad mediática por temor a nuevos annus horribilis, su alejamiento de la empatía mediática: ¿no terminaría por destruir la base de su arraigo popular?

El titubeo de la Princesa de Asturias e incluso el estatismo de los reyes que no se mueven del umbral de la escalinata evocan imágenes de El ángel exterminador de Luis Buñuel. Como es sabido, el argumento de la película gira alrededor de un grupo de personas de la alta sociedad que acaban de salir del teatro y se dirigen a la casa de una de ellas para cenar y terminar la velada pero, sin que medie explicación alguna, no podrán salir de allí, enclaustrados por un muro invisible.

¿Podría la familia real quedarse encerrada en el palacio sin poder salir, como en la película de Buñuel, por su propia falta de acción?

El Príncipe Felipe y la Princesa de Asturias tienen como misión, de cara a conservar su posición, construirse un sentido, ya que hoy las dudas se acumulan en un paisaje en el que la liquidez no deja ninguna certeza en pie y nada indica que no les pueda erosionar a ellos. La calle piensa, reflexiona sobre lo que acontece y acumula dudas. Como en la tragedia de Hamlet, mientras existe la vacilación, la conciencia intentando entender los hechos, la acción no avanza, se ralentiza. De hecho, si Hamlet hubiera permanecido pasivo, si hubiera seguido dudando, no tendríamos tragedia y todos conocemos qué camino tomó Hamlet: pasar de las dudas a la acción.

Mientras todos están instalados en la duda, tanto en palacio como en la calle, la acción se pospone. Pero, ¿en dónde fija sus dudas el príncipe Felipe? Así como Hamlet define su existencia en los términos de otro, el príncipe de Asturias se define hoy por hoy no en el espectro sino en el capital simbólico de su padre, el rey Juan Carlos, y la Princesa de Asturias lo hace a través del Príncipe. Este es el drama de Letizia Ortiz, pero drama en el sentido pirandellieano, en el que toda representación está destinada al fracaso y no hay autor capaz de evitarlo, razón por la cual sus personajes van a tientas como la princesa de Asturias en las escalinatas de Marivent: solo el gesto del rey puede ponerla en escena.

En Letizia Ortiz no hay tragedia shakesperiana a la manera de Hamlet, hay drama. El drama es haber abandonado la elite mediática donde era sujeto menor de un gran relato para encontrarse como protagonista de la elite monárquica en manos de un autor que prometió escribirla en la Historia. Pero hete aquí que el autor, el Príncipe de Asturias, de momento parece bloqueado y entregado a la duda, muy lejos de la acción que espera de él la monarquía. Ese es el drama de Letizia Ortiz, que no puede ser una autora capaz de sacar al Príncipe Felipe de su bloqueo sino que, por el contrario, parece solo buscar un autor: su problema es no tener quién le escriba para poder representar su rol.

Mal que bien, el rey es autor de su propio relato. Su participación en la Transición terminó por darle sentido a la Corona frente a la sociedad, legitimando la élite monárquica. Lamentablemente, cuando el Príncipe Felipe sea coronado y nombrado jefe de Estado de España, no estará el rey Juan Carlos para ayudarle a escribir su relato —a menos que el rey abdique, claro está— que en mucho podría parecerse al que cuenta Antoine de Saint-Exupéry en El principito. Cuando el pequeño príncipe le pide al aviador que le dibuje un cordero, este fracasa una y otra vez ya que ninguno de sus dibujos conforma al principito. Hasta que el piloto dibuja una caja y le dice al niño que el cordero está dentro y el principito al fin ve lo que busca. Puede que el cúmulo de dudas que ocupan los días del príncipe Felipe acaben cuando sea capaz de dibujar una caja y contar que en ella está lo que se desea de su reinado. En esto sí podría ser útil Letizia Ortiz, ya que viene de trabajar durante años en otra caja, la de la televisión, que contiene, supuestamente, todo lo que se quiera ver en ella.

Por Miguel Roig, escritor, autor de Belén Esteban y la fábrica de porcelana (Península, 2010) y Las dudas de Hamlet, Península, 2011.

Un reinado es una especie de gran contenedor histórico, de paredes tenues y elásticas, pero con una indudable capacidad para influir en la definición de las preocupaciones y los objetivos de una o más generaciones de ciudadanos. Es claro que este concepto sólo alcanza verdadero sentido cuando se trata de reinados largos; en particular, hoy día, la sutil impronta de un monarca no gobernante necesita décadas para estamparse. Cabe añadir que precisamente esa larga permanencia de una persona en la jefatura del Estado representa uno de los valores añadidos más importantes de la monarquía. Por lo demás, desde el apuntado aspecto generacional, el concepto de reinado que aquí se sostiene se refuerza cuando el monarca alcanza una edad avanzada en el trono, en cuanto que parece que acompaña a toda una cohorte de sus compatriotas hasta el último recodo del tramo histórico que les ha tocado vivir.

No es coincidencia, en este sentido, que los únicos tres reinados de la historia de España en cuyo ejercicio el Rey ha cumplido setenta años hayan sido los muy relevantes de Felipe II, Carlos III y Juan Carlos I. Si el mundo tiene una imagen histórica de España, esa es la de Felipe II, como la de Francia es Luis XIV. Es más, sin el reinado de Felipe II resultaría probable que el Siglo de Oro español hubiera pasado como un brillante y fugaz meteoro, dejando huellas literarias y artísticas, pero no un verdadero símbolo político. Para quitar dudas, Felipe II se encargó de dejar para siempre ese símbolo en la piedra del Monasterio de El Escorial. Utilizando la notable frase del historiador de su fundación, Fray José de Sigüenza, con la construcción del monasterio «salió nuestra nación de infinitas rusticidades» y se puso al nivel de las grandes potencias culturales europeas. El reinado de Carlos III, por su parte, cumplió la importante tarea de instalar a nuestro país en la modernidad y en la Ilustración. Julián Marías, que le dedicó un libro, escribió: «La autoridad real nunca ha sido mayor que durante el reinado de Carlos III, monarca apacible y bondadoso, enormemente respetado pero no temido, enemigo de la violencia y promotor de la cultura y la prosperidad nacional».

¿Qué decir de la España del Rey Juan Carlos? Una perspectiva interesante se obtiene mirando desde aquellos días inciertos de finales de otoño de 1975, en los que muchos pronosticaban que Don Juan Carlos tendría un mandato breve y turbulento. Entre aquellas dudas e incertidumbres empezaron a entretejerse las redes invisibles del reinado, que acabaron recogiendo y sosteniendo a la inmensa mayoría de los españoles. La gran empresa histórica que fue la Transición tardó mucho en consolidarse y aquellos años de riesgos compartidos fueron decisivos para que surgiera y se espesara la capa de adhesiones con que los ciudadanos han ido rodeando al Monarca. Sin embargo, con ser fundamental esta dimensión política de la Corona, no es la única que aquí interesa. La larga presencia del Rey en casi todos los eventos, imágenes y sonidos que componen el álbum nacional de cada año ha hecho que su figura se introduzca en las biografías de personas muy alejadas de la política, representando un papel de efecto equivalente al de esa función social discreta, pero indispensable y ordenadora, que es propia del calendario.

En suma, hay tres generaciones de españoles para las que el reinado de Don Juan Carlos simboliza los mejores años de su vida. Bajo el concepto unificador de reinado que aquí se utiliza caben tanto los éxitos colectivos conseguidos entre todos como la aportación de cada uno a la obra común. No puede ser este artículo un catálogo razonado de esos éxitos, pero sí procede al menos la enumeración de algunos de los más importantes: la aprobación de una Constitución que ha hecho posible la libertad política y la estabilidad gubernamental; la creación de una sociedad civil próspera, cohesionada e instintivamente democrática en un país secularmente asolado por el conflicto, el pesimismo y la pobreza; la introducción de un original sistema de autonomías territoriales que hoy ocupa un lugar destacado en el panorama comparado de los federalismos; y la formación de unas Fuerzas Armadas altamente profesionales, políticamente neutras e inmejorablemente valoradas por los ciudadanos.

Según lo más arriba razonado, el reinado de Don Juan Carlos es probablemente la más importante de las claves históricas que permiten descifrar la gigantesca masa de hechos de las últimas décadas y determinar las causas de los éxitos enumerados. Sentada esta premisa, no resultaría difícil establecer el enlace entre el concepto de reinado y el de monarquía parlamentaria, que obviamente constituye su matriz.

Sin embargo, en este punto resulta necesario hacer una precisión. Cuando empezó la Transición, el recuerdo de la monarquía parlamentaria se había evaporado casi por completo, porque sus últimas noticias databan de 1923. Esa laguna en la memoria histórica hizo que muchos no fueran capaces de ver la institución monárquica a través de la persona que la encarnaba. Así, a medida que el reinado de Don Juan Carlos iba arrojando resultados cada vez más positivos, creció también el número de los que decían ser juancarlistas pero no monárquicos. ¿Qué les impedía dar el paso de lo transitorio a lo permanente? Para algunos, la monarquía aparecía demasiado teñida del arcaísmo propio de las causas románticas y poco racionales. Una de las mejores cabezas de nuestro siglo XX, Jaime Guasp, contestaba a esa objeción con el siguiente argumento: «La monarquía es una institución clásica. El romanticismo empezó siendo cosa de poetas que llevaban el pelo largo. Hoy son los políticos los que llevan el pelo largo».

Las cosas han cambiado desde los primeros tiempos de la Transición. Tras treinta y seis años de reinado de Don Juan Carlos y diez legislaturas de las Cortes Generales, todos nos hemos familiarizado con la monarquía parlamentaria. Es indudable que el reinado pasará a la historia como un paradigma en su género, como en su género y época lo fueron los reinados de Felipe II y Carlos III. Pero además —y este es uno de los principales logros de Don Juan Carlos— su reinado dejará delicadamente impresos sobre la realidad social española los perfiles de esa gran institución clásica que es la monarquía parlamentaria.

Por Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Tanto desde el continente como desde el Mediterráneo fue, hasta 1492, la tierra deseada, el «non plus ultra».

Sus gentes se diferenciaron, según las zonas en las que vivieron asentadas, desde la prehistoria. Iberia, por aquel atractivo particular, fue invadida innumerables veces por quienes la alcanzaban desde sus mares o sus linderos pirenaicos. Tan repetidas inmigraciones (la última, el turismo) presentan, tras los cruces consecuentes, especímenes de todas las razas. Según se establecían fueron incorporando idiomas, dialectos y acentos a los lenguajes peninsulares, así como sus distintivas peculiaridades. La pasión musical espontánea, iluminada por un firmamento único, fue sumando ritmos, sonidos, armonías y bailes a un rico patrimonio de danzas y sinfonías.
Toda esta riqueza expresiva influyó, seductora, en las tierras que el ibérico conquistaba. Acostumbrado a venir desde lejos, aspiraba a seguir yendo lejos para conquistar y colonizar. El resultante repertorio musical iberoamericano, de atractivo máximo, incorporaba y fundía, además, los sones indígenas de tan extenso continente.

La Península Ibérica goza de un número de especies, vegetal y animal, endémicas —exclusivas no compartidas— en número no comparable a ningún otro país europeo; y sin recurrir a sus islas atlánticas o ciudades africanas. Por ejemplo, tiene quince veces más exclusividades que Francia, que la supera en superficie; 16 especies vegetales y animales únicas, contra 2. Lo que demuestra una vez más su atractivo; plantas, aves y animales defienden con persistencia única su hábitat, Iberia.

Sus gentes diferían —hoy la intercomunicación difumina las distancias— en caracteres, pasiones y entusiasmos, según el suelo, paisaje e historia local en que vivían; tanto como para que se produjeran antagonías extremas, entre amores regionales desmadrados, incluso guerras civiles, de radicalidad superior a las propias en Europa.

El único sistema que amansaba las iras era el monárquico representado por un Rey, personaje no perteneciente a estrato social ni geográfico preciso, siempre y cuando supiera que se debe a todos (y ejerza como tal), jamás a alguien o a uno cualquiera de los grupos. Tres eran los principios inalienables a todo ibérico: la unidad geográfica, el idioma común y la adoración a un Dios único. Nunca un Rey —ni siquiera Fernando VII, el peor— renegó de alguno de ellos.

Tuvieron que venir las Repúblicas para desautorizar tan secular convenio, con las consecuencias conocidas. Sólo el último de nuestros presidentes del Gobierno ha sido capaz de insistir en el probado despropósito.

Conviene recordar que, a principios del siglo XX, cuando las familias con ciertos posibles animan a sus hijos a asomarse a Europa, a ilustrarse en sus universidades y empresas, surgen estirpes, especialmente orientadas hacia la filosofía política, que se imbuyen del republicanismo de un sector continental. Alemania y Francia alimentan su sed intelectual.

Descendientes del filósofo español más importante del XX, y otros de ascendencia semejante, evolucionan hacia la ortodoxia histórica en la que hoy actúan brillantemente. Catedráticos de economía, PC en su juventud, o embajadores, semianarquistas en sus principios, lideran grupos de pensamiento que se suman al horizonte realista hacia el que ahora nos dirigimos oficialmente. Hay, sin embargo, entre aquellas estirpes, alguna que lleva el estigma antimonárquico enraizado en su espíritu. Hoy se intitulan «juancarlistas» y se sientan cerca del titular cuando pueden, pero, escaladores sinuosos hacia cualquier poder, seguirán sembrando confusión entre los ignorantes para peldañear hacia una hipotética consagración republicana. No cejan en, bien arrimarse a la prensa que consideran motor del futuro, bien enaltecer al rey concreto, en juego interesado, para sembrar la duda sobre sus herederos. Dominadas por la francmasonería, obsesionada con debilitar la unidad peninsular, atizan nuestras antagonías radicales.

Hoy sabemos que las monarquías europeas restantes —Reino Unido, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, Mónaco— representan a las democracias más firmes, serenas y ricas del Universo. Tienen la suerte, primero, de contar con dinastías imbuidas a lo largo de cientos de años del espíritu de su país en personalización genuina; y segundo, de no haber sufrido la invasión bolchevique que arrasó el Imperio Austro-Húngaro, Yugoslavia y Croacia incluidas, cuyas clases dirigentes —monárquicas— administraron durante milenios la fertilidad danubiana. Crearon artes, música, baile y exquisiteces diversas en ciudades de estética gloriosa: Praga, Viena, Splitz, etcétera, nos emocionan. La creación de belleza, así como la Fe en el Ser Supremo, ha sido expresión permanente de las monarquías.

Son solo ocho los reinos que comparten tal suerte; en España contamos, además, con Juan Carlos I, que, tras treinta y cinco años de reinado, y otros tantos, oído alerta, de ambientación, no es de izquierdas ni de derechas, sino, de modo campechano y natural, Fiel de la balanza, equilibrada con su paisaje, con los distintos caracteres y talantes de nuestra humanidad levantisca. Don Juan Carlos no pone cara: tiene la suya. Con mil expresiones distintas en función de lo que siente, jamás insulta a un español con la voz o con el gesto. Él, Rey de todos, hasta del más antimonárquico, es la imagen humana y aglutinadora de la España de hoy.

En su último discurso, ha cantado los valores ya probados del Príncipe de Asturias, quien, educado en tan experimentada trayectoria, incorpora el capital histórico que su idiosincrasia atesora.

Recordemos, en contrapunto, que Isabel de Inglaterra disfruta del respaldo (92 por ciento) de sus súbditos. No es alta, ni guapa ni lumbrera de las ciencias, pero cuenta con la exclusividad de su sangre batida secularmente por las galernas isleñas.

Don Juan Carlos tiene buena talla, es simpático, directo, y lleva fundiéndose con nuestras manías, amores y fobias desde hace sesenta años. No ha tenido un mal gesto; ha vivido, claro. Pero ¿se le han visto actitudes extemporáneas?

Jamás ha presumido; su humildad es uno de sus valores más cotizados. Él nota que en cada materia hay otros que saben más: los escucha día a día. Pero ninguno se siente como él, genuino representante patrio. Y eso se le aprecia, porque lo lleva dentro desde antes de nacer.

En resumen: que el esperado éxito político de un equipo gubernamental, elegido de entre los españoles sin requisito monárquico, no dé argumento a los politicastros para incitar a un pueblo, con milenaria vocación de reino, hacia una república, hipotéticamente armonizadora entre sus partidos.

Resulta invaluable el regalo real del que disfrutamos: el Fiel de la balanzade equilibrios templa extremosidades, concilia distantes (Manuel F. y Santiago C.), pastorea el presente y siembra futuro.

Por Miguel de Oriol e Ybarra, doctor arquitecto de la Real Academia de Bellas Artes.

En los mismos días el Monarca resaltaba, en su alocución navideña, la importancia de respetar la «credibilidad y prestigio de nuestras instituciones», al tiempo que reclamaba «rigor, seriedad y ejemplaridad». «Todos, especialmente las personas con responsabilidades públicas —afirmó— tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar». Para finalizar con una comprometida declaración de moralidad pública: «Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La Justicia es igual para todos». Una igualdad ante la ley, propia de los regímenes constitucionales, aunque no está de más recordar su inviolabilidad. «La persona del Rey es inviolable —dice el artículo 56.2 de la CE— y no está sujeta a responsabilidad». De aquí la necesidad de que sus actos sean refrendados (artículo 64 CE). «The King can do not wrong», el «Rey no puede hacer mal».

Pero quiero ir más allá del Discurso de Navidad, toda vez que las presentes circunstancias han brindado la ocasión de recordar la vigencia de nuestra Monarquía parlamentaria. Hay varias y relevantes razones para seguir destacando sus bondades.

Primera. La Monarquía supone un modo sosegado, tranquilo y ordinario en la transmisión del poder político en la más alta magistratura del Estado, más allá de los sobresaltos vinculados a toda elección representativa. Tenía razón el politólogo Karl Friedrich (Gobierno Constitucional y Democracia), cuando argumentaba que el «constitucionalismo representa un complejo sistema para organizar adecuadamente la transmisión del poder». En el caso de las monarquías, reviste las ventajas de su carácter automático, sin solución de continuidad, sin que quede vacante, ni un solo momento, la máxima titularidad del Estado. «Le roi est mort, vive le roi», «The King is dead, long live the King», «¡El Rey ha muerto, viva el Rey!». Permanencia institucional, estabilidad política y referencia pública. He aquí sus virtudes.

Segunda. La Monarquía parlamentaria es plenamente compatible con los sistemas democráticos. Una Monarquía parlamentaria que, situada au dessus de la melée, fuera de la cotidiana refriega política, ejerce una impagable función relacional, arbitrando y moderando los poderes del Estado. «El Rey arbitra y modera —prescribe el artículo 57.1 CE— el funcionamiento regular de las instituciones…». Ya lo adelantaba Benjamin Constant (Principios de Política) al hilo de su teoría sobre el pouvoir neutre: «El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son tres resortes que deben cooperar… pero cuando descompuestos se entrecruzan, chocan y se traban, se requiere una fuerza que los ponga de nuevo en su sitio… La Monarquía constitucional tiene ese poder neutral». Una labor desglosada por Walther Bagehot (The English Constitution) en tres derechos: «El derecho a ser consultado, el derecho a animar y el derecho de advertir». Hoy la distinción relevante no es entre monarquía o república, sino entre Estados autocráticos o democráticos. Lo significativo es, afirmada la soberanía nacional (artículo 1. 2 CE), el cumplimiento, en una monarquía o república, de lo dispuesto en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadanode 1789: el respeto a los derechos fundamentales y la garantía del principio de separación de poderes.

Tercera. La Monarquía implica, en un Estado tan descentralizado como el autonómico, disfrutar de un aglutinador centro de referencia e imputación de la unidad del Estado, y, por ende, de su permanencia. De nuevo lo señala la Constitución: «El Rey es el Jefe del Estado (lo Stato significaba en sus orígenes lo que permanece, lo que no muda), símbolo de su unidad y permanencia…» (artículo 56. 1). Lo reseñaba Javier Gomá en una Tercera titulada La Majestad del símbolo: «Es grave y hondo el sentido de lo simbolizado: la unidad de la Nación española. En suma, nada más alto, grave e importante para nosotros».

Cuarta. La Monarquía satisface, en tanto que institución simbólica, una benefactora función de integración política. Smend (Constitución y Derecho Constitucional) lo afirmaba acertadamente: «El Monarca legítimo simboliza básicamente la tradición histórica de los valores comunitarios… cumple el papel que en una República sólo pueden desempeñar figuras históricas, o incluso míticas, como pueden ser un Guillermo Tell o un Winkelried». Se puede decir más alto, pero no más claro.

Quinta. La Monarquía es la forma tradicional en nuestro Derecho histórico desde la admirable Constitución de Cádiz de 1812 (Título IV) hasta la actual Constitución de 1978 («La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria» (artículo 1. 3). Por el contrario, las dos experiencias republicanas, explicita Stanley G. Payne (España, una historia única), resultaron fallidas: la I República terminó en un cantonalismo de fragmentaciones y enfrentamientos territoriales y la II dividió cainitamente a los españoles. «El Estado español es —señaló gráficamente Antonio Fontán— un Reino, o es un barullo».

Sexta. La Monarquía ha sido, a través de Don Juan Carlos, la impulsora de la reconciliación de los españoles enfrentados por una fratricida guerra civil y separados por cuarenta años de dictadura, así como del desmantelamiento de las rancias estructuras franquistas, del proceso de Transición Política sintetizada en la Carta Magna de 1978 —de motor del cambio lo calificó Charles Powell (El Rey, la Monarquía y la Transición a la democracia)—, del restablecimiento del orden constitucional tras el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y lo que es más significativo: de un exigente diario cumplimiento del deber. Esto es, satisfaciéndose no sólo la legitimidad de origen, sino de ejercicio. «Rex eris si recte facies», «Rey eres, si rectamente actúas».

Séptima. Y además, la Monarquía aparece, tras el desglose de las cuentas de la Casa Real, como una institución austera y económica. Baratísima, si la comparamos con los ingentes gastos de la República italiana o con los fastos de la V República francesa. ¡8,4 millones de euros anuales! Muy por debajo, además, de otras Casas Reales, como la inglesa o la holandesa. Y algo que se suele olvidar. El correlativo ahorro de no convocar más comicios electorales de los generales, autonómicos, locales, y europeos.
Siendo lo afirmado digno de mención, lo mejor de nuestra Monarquía parlamentaria es todavía otra cosa: ¡que funciona y funciona bien! Sólo los necios o suicidas se replantean frívolamente sus instituciones. Y este pueblo ni es necio, ni es suicida. Es inteligente y valora los logros alcanzados. ¡Felicidades por ello, Majestad!

Por Pedro González-Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos.

La Monarquía considerada como ornato y boato ya no funciona y aquí, el Rey, desde el primer momento, nos dijo que a la democracia había que llegar sin saltos en el vacío, ni quebranto de nadie. Por aquel entonces, el ejemplo portugués de la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 estaba muy cerca en tiempo y espacio y pese a ello, los españoles, muerto Franco, tuvimos la serenidad suficiente para que nada se rompiese. Se trataba de suplir con mano maestra una pieza quebrada por otra de necesario recambio y hacerlo sin acudir a la catástrofe. Fuimos nosotros, con el Rey a la cabeza, los que preconizamos el cambio inteligente que no el incendio, sin olvidar jamás que en semejante situación, el tumulto por el tumulto es una fórmula tan ingenua como inútil y que detrás de ella siempre está agazapado el espectro de un general del que los dioses nos libren.

Desde la perspectiva del tiempo, es evidente que la tarea de Don Juan Carlos fue gigantesca. No se trataba de dar la vuelta a la tortilla, sino de que hubiera tortilla para todos y a gusto de casi todos, lo cual era cosa nada fácil. Cuarenta años de somnolencia política desentrenan a cualquier sociedad, por madura que sea, y a los españoles que tenían hambre y sed de libertad hubo que convencerles de que no gritaran más de lo preciso durante el tiempo necesario que el cambio político requería.

Respecto a la Justicia que, en realidad, es de lo que entiendo un poco, me consta la preocupación del Rey por ella. Tan es así que cuantas ocasiones se le presentan -la mayoría, en las solemnes aperturas del año judicial-, pide especial atención para el buen funcionamiento de los tribunales y clama por una tutela judicial efectiva y ágil. De él son estás palabras escritas, en diciembre de 1981, con motivo de la aparición del primer número de la revista Poder Judicial: «Si, de acuerdo con el texto de las leyes, la justicia se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, quiero deciros que estoy orgulloso de ser tan dignamente representado».

Lo cual no quiere decir que comparta algunas ficciones jurídicas como, por ejemplo, la invocatio regi de que la Justicia se administre «en su nombre». Bentham afirma que la Justicia no se administra en nombre de nadie y, más modestamente, pienso que algo tan natural y universal tiene categoría suficiente para ser administrada en el suyo propio, aunque tampoco descarto que aquella declaración tuviera que ver con la función arbitral que la Constitución encomienda al Monarca.

No menos difícil de entender puede ser la prerrogativa que el artículo 56.3 de la Constitución concede al Rey cuando dice que su persona «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», proclamación, por cierto, que choca frontalmente con la declaración que Don Juan Carlos hizo en el último mensaje de Navidad y que tanto gustó, cuando, en clara referencia a su yerno, afirmó que «la Justicia es igual para todos». Nadie está dispensado de rendir cuentas ante la Justicia, aunque sea Rey y el argumento de que «todo acto del Rey se refrenda por el Gobierno» carece de peso, entre otras cosas porque el texto constitucional no distingue entre lo público y lo privado. Un rey que sólo responde ante Dios y ante la historia es un residuo autocrático inconciliable con una Monarquía parlamentaria, donde todo el mundo ha de estar dentro de la ley y bajo ella. No obstante, consuela pensar que, según dicen, al Rey no le hace gracia alguna que le llamen «irresponsable».

En trance de censurar, creo que la norma sucesoria del artículo 57.1 de la Constitución que, al igual que la hemofilia salta sobre las mujeres y que importó Felipe V en 1713, dando preferencia al varón sobre la mujer, es reprobable por contraria al principio de igualdad de todos los españoles expresado en el artículo 14 del propio texto constitucional. Si bien en su momento, como Ley Sálica, pudo ser oportuna, hoy es un precepto surrealista que va en contra de la realidad social y de la historia, ese río de sucesos que nunca se detiene ni mucho menos funciona marcha atrás.

Un rey debe saber que su poder es el instrumento de los fines de su pueblo. Ya lo dijo Raimundo Lulio, lo mismo que dijo que el desacuerdo entre el príncipe y los ciudadanos difícilmente alcanza a ser remediado. Los españoles, según síntomas ciertos -véase el sondeo que ayer publicaba este periódico-, lo que siempre han querido es un rey para todos y una Monarquía en la que todos quepan y puedan opinar, pensar, votar y contribuir al buen gobierno. Un rey, como el nuestro, que cultiva la sencillez hasta la campechanía y habla un correcto inglés, sabe que la institución monárquica no puede basarse sólo en el encanto personal ni se hace en los museos de figuras de cera, esas colecciones que no sirven más que para que, llegado el caso, haya que derretirlas a fuego rápido con el consiguiente calentón de cabeza y heladura de pies.

En la seguridad de que el director de EL MUNDO no me demandará, hoy me quedo con una frase que es suya y copio del libro Amarga Victoria: «(…) estos años de reinado de Don Juan Carlos han proporcionado a nuestro país la suficiente solidez institucional como para hacer frente a cualquier crisis originada por el comportamiento de sus hombres públicos (…)». Cierto. Lo mejor que ha hecho el Rey es que, siguiendo el consejo de sus verdaderos leales, pronto se olvidó de quién lo nombró y en seguida supo que su limitado poder debía estar al servicio del pueblo. Si el Rey goza de la confianza de los españoles y, a lo que se ve, el Príncipe Felipe también, es porque los ciudadanos encuentran en sus personas los caminos que habrán de llevarles a lo que buscan, algo que responde a cuándo un rey tiene vocación de serlo y conciencia de cómo y de qué manera debe serlo.

Don Juan Carlos I ya no es joven, aunque tampoco viejo, ese estado de vida que a decir del sereno Goethe le convertiría en un Rey Lear. Me preocupa que desde hace algún tiempo las peores arrugas del Rey de España no sean las de la cara sino las del alma.

Por Javier Gómez de Liaño, abogado y juez en excedencia.

Entre otras muchas cosas, Vaclav Havel -escritor, estadista, ciudadano ejemplar, persona valiente y buena, que acabamos de perder hace poco-, nos enseñó hace mucho tiempo que en esta vida teníamos que aprender a «vivir con huecos y fragmentos», no esperar que todo encajara con todo, sino saber que la realidad humana puede ser dura, compleja, cambiante y engañosa. Y aun así pactar con ella, pactar con los propios fracasos, para hacernos más fuertes, más conscientes, para seguir peleando contra toda resignación e injusticia y seguir confiando en la capacidad de las personas y de las instituciones democráticas que han costado históricamente muchos esfuerzos, sudor y lágrimas, de varias generaciones y que, como la tela de Penélope, son siempre perfectibles y sin final previsto.

Pensaba en ello mientras escuchaba el sábado el discurso de Navidad de nuestro Rey, en uno de los años más esperados por una opinión pública hipersensibilizada ante la prolongada crisis y con el agravante de las noticias constantes de que la corrupción codiciosa, que se ha ido conociendo sobre ciertos sectores del mundo político y económico, en esta ocasión había llegado, por primera vez, a tocar directamente a familiares de nuestra primera Institución. El discurso del Rey -que por lo demás será ampliamente comentado en sus detalles por todos los medios de comunicación-, estuvo una vez más, en mi opinión, a la altura de su responsabilidad y de sus convicciones, haciendo frente a los problemas nacionales y personales con los que se enfrentaba. Como decía el científico Richard Feynmann, «la integridad no consiste solo en no mentir, sino en mostrar en qué puede uno estar equivocado», y como norma científica bien puede ser aplicada a los asuntos públicos que a todos nos afectan.

El Rey no ha dudado en su larga trayectoria institucional en acomodar inteligente y políticamente la corrección necesaria con los principios que ha defendido desde el primer discurso de la Corona y el mensaje navideño de 1975 hasta hoy. A esa continuación y al tiempo rectificación si era preciso ante los cambios de la realidad, dediqué un breve estudio en el 25 aniversario de la Corona, precisamente como prólogo a la edición que Galaxia Gutenberg hizo de los mensajes navideños desde 1975 al 2000.

Además de insistir en estos discursos, año tras año, sobre el papel constitucional de la Corona, la unidad y pluralidad de España, la condena tajante del terrorismo de ETA -sobre todo en aquellos terribles «años de plomo» de los ochenta- y en la solidaridad con las víctimas, Europa y el mundo internacional, la recuperación de la propia historia evitando considerar al adversario como enemigo, la importancia de la alternancia y otras cuestiones y problemas -el paro juvenil, la emigración e inmigración-, más o menos coyunturales, hay desde siempre la preocupación por la calidad y el valor de las instituciones y por la importancia de una ejemplaridad ética pública, que no rompa «con el respeto a los valores morales y a las normas de conducta que deben regir» la vida de los hombres, debido a un «afán por alcanzar niveles económicos y sociales cada vez más sólidos y destacados» (1991). (Estábamos en plena era de la codicia acumulativa y de aquel dicho de un alto cargo político de que España era el país donde más fácil y rápidamente se podía hacer uno rico [¡!]) No es que se hiciera demasiado caso a tales mensajes, quizás, pero lo cierto es que el Rey cumplía con ese poder moderador y altamente simbólico que es esencial de la institución.

Ese poder moderador y simbólico, que da estabilidad y permanencia además de prestigio al sistema, es el que quisiera resaltar en un momento en que sobre todo en un sector joven, ya nacido en democracia, y falto de una conciencia histórica que vaya más allá de lo inmediato, prolifera el sentimiento de para qué puede hacer falta una Monarquía parlamentaria cuyo principio hereditario estaría en contradicción con el principio del mérito que, al menos doctrinalmente, es la base de una sociedad democrática. Y que es susceptible de generalizar el caso individual al colectivo institucional.

¿Cómo explicar o definir una institución como la monárquica en nuestra sociedad secularizada y meritocrática? Nietzsche ya señaló que «tan solo puede definirse aquello que no tiene historia». Y precisamente la monarquía occidental, que tiene sus raíces en la edad media y que atraviesa por etapas históricas tan diferentes como la medieval -con la idea siempre del rey gobernando junto con el «pueblo» y bajo el derecho natural-; la absolutista -con una soberanía que está en la cúspide del poder, pero con las limitaciones de las leyes fundamentales del reino y de la propiedad privada de las familias, además de las leyes divinas y el derecho natural-; la constitucional, en donde ya la soberanía o pertenece totalmente al pueblo o es compartida con el rey, y finalmente la actual parlamentaria, con soberanía exclusiva del pueblo español.

Y todos estos procesos rodeados de cambios económicos, sociales, demográficos y políticos que se configuran además de distintas maneras según las historias propias de cada región europea convertida en país y nación, y que van parejos con un cambio de mentalidades y de emergencia de grupos sociales que reclaman para sí la libertad y la igualdad ante la ley que durante siglos sólo había pertenecido a sectores privilegiados según las circunstancias históricas.

A partir del siglo XIX y especialmente en el XX, con la experiencia de los totalitarismos, se desarrolla una cultura política que, siguiendo una de las líneas principales de la Ilustración, pone el énfasis no en la dicotomía del sistema de gobierno «monarquía-república», sino en el de la «dictadura-democracia». Pues la realidad histórica demuestra que puede haber repúblicas dictatoriales y monarquías liberales y democráticas. La clave es que aseguren a los ciudadanos la libertad y la igualdad ante la ley, como derechos fundamentales.

Ya Montesquieu y los ilustrados habían insistido en que lo fundamental de un sistema político era que salvaguardara la libertad, para lo cual tenía que estar sujeto a ciertas limitaciones, y ello se podía lograr bajo una forma de gobierno o de otra. No siempre el poder del pueblo directo garantizaba la libertad, a veces lo contrario, como estudió Tocqueville. Lo que importaba era que fuera un régimen moderado, que unos poderes se contrapesen con otros, que sea posible el ejercicio de la libertad y el pluralismo social. Que la articulación entre poder y libertad esté plasmada en unas instituciones, fuertes y flexibles a la vez. Como señala entre otros Sternberger, no puede haber tampoco libertad sin Estado. Un Estado no intervencionista en la vida privada, pero que garantice el mantenimiento de las reglas de juego, la paz y seguridad suficientes para el desarrollo de los ciudadanos. Sólo bajo esas premisas, ya los ilustrados fundaron el principio de la nación, de la patria, del patriotismo, en el sentido constitucional: «Patria no era tanto el lugar de nacimiento, sino poder vivir en libertad bajo las leyes». En definitiva, la pregunta sobre el poder, como señaló Popper, no es tanto «quién debe gobernar» o «cuál es la mejor forma de gobierno» -en abstracto-, sino «cómo diseñar nuestras instituciones a fin de poder evitar o minimizar los daños que gobernantes incompetentes o deshonestos pueden causar». Y, como decía irónicamente uno de los grandes estadistas británicos, «la democracia es el peor de los regímenes posibles, si exceptuamos todos los demás».

La experiencia histórica y la historia particular de España en nuestro caso han demostrado que esa convivencia democrática se ha logrado bajo la monarquía parlamentaria, en una democracia basada en la soberanía del pueblo español, que tiene como cabeza y símbolo del Estado al Monarca. Desde el punto de vista de las formas políticas, sería para los clásicos un auténtico régimen mixto, el mejor de los posibles, un modelo de equilibrio, que evita entre otras cosas que la Jefatura del Estado esté sometida cada cuatro años a los vaivenes de toda política electoral, proporcionando una estabilidad y continuidad constante, al tiempo que es una Jefatura sometida a las limitaciones marcadas en la Constitución, incluido el refrendo.

Por lo demás, es el tipo de régimen adoptado por algunos de los países europeos de mayor desarrollo y goza de un prestigio internacional muy beneficioso para España. El discurso del Rey en 1975 resume y es ejemplo de una continuidad y una solidez flexible que se extiende hasta el de ayer noche: «La institución que personifico integra a todos los españoles -declaró en aquel momento fundacional-… El Rey es el primer español obligado a cumplir con su deber y con estos propósitos… deseo ser capaz de actuar como moderador, como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia. Que nadie tema que su causa sea olvidada; que nadie espere una ventaja o un privilegio. Juntos podremos hacerlo todo… Guardaré y haré guardar las leyes, teniendo por norte la justicia y sabiendo que el servicio del pueblo es el fin que justifica toda mi función». En estos principios y en el respeto impecable a la Constitución y a los españoles ha crecido y madurado el heredero, a quien el Rey dedica su último párrafo del discurso de cada año. Su ejemplaridad pública está a la vista de todos.

En 1919 el escritor satírico austriaco Karl Kraus publicó la obra Los últimos días de la humanidad, en la cual, ante la caída inminente del Imperio austro-húngaro, que le parecía presagiaba el fin del mundo, uno de sus personajes exclamaba: «El que tenga algo que decir, que dé un paso adelante y se calle». Pues bien, tras la reciente conmemoración del 33 aniversario de nuestra Constitución, que hace agua por todas partes, a diferencia del personaje de Kraus, creo que hay que dar un paso al frente y hablar.

En efecto, hablar sobre una de las pocas instituciones constitucionales que ha funcionado razonablemente bien en estos años, y que hoy se ve amenazada por la presunta conducta irregular e irresponsable de una persona relacionada con ella. Me refiero obviamente a la Corona, que es un órgano del Estado, y a la compleja madeja que están desenredando dos sagaces periodistas de este diario en búsqueda de la verdad de lo que ya se llama el caso Urdangarin, algo que sin duda podría afectar seriamente a la Monarquía española.

Sea lo que fuere, lo que pretendo explicar en estas líneas se refiere, especialmente, a lo que debe entenderse por Familia Real y por familia del Rey respectivamente, pues no son términos sinónimos. La confusión, de la que no ha estado ausente ni siquiera la propia Casa Real, debe aclararse cuanto antes, porque posee claras consecuencias constitucionales según se entienda una y otra acepción. Para conseguirlo, disponemos únicamente de tres instrumentos jurídicos: la propia Constitución, el Real Decreto de 27 de noviembre de 1981 sobre el Registro Civil de la Familia Real y el Real Decreto de 6 de noviembre de 1987 sobre el Régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes. Sin embargo, estas normas no son suficientes para regular el estatus no sólo del Rey, sino sobre todo de la Familia Real, tal y como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones aquí, desde la entrada en vigor de la Constitución. Por eso, tanto en varios artículos míos publicados en este diario, como en diversos editoriales y en las 100 propuestas que formulamos en vísperas de todas las elecciones generales desde hace 20 años, hemos reivindicado una Ley Orgánica sobre la Corona que regule el funcionamiento transparente de la Casa Real y las posibles funciones y deberes de la Familia Real.

Si se hubiese aprobado esta norma hace tiempo, es posible que no nos encontrásemos en la actualidad con una situación tan delicada como la que ha surgido a causa de las extrañas actividades del duque de Palma, el cual, en una entrevista que han pasado estos días por las televisiones y que fue hecha hace años, ante la pregunta que le formula Fernando Schwartz sobre cómo era su vida de duque consorte, respondió que «seguía el guión». ¿En ese guión se incluía la rapacidad para conseguir dinero, abusando de su nuevo estatus?

En cualquier caso, como todavía no existe esa previsión normativa, tenemos que valernos de lo que hay. De este modo, podemos afirmar que existe una gran diferencia entre la Familia Real y la familia del Rey. En efecto, la familia del Rey está formada, como cualquier otra familia, por todos los parientes del Rey, sin importar su mayor o menor cercanía o lejanía, en su situación parental con él. Por supuesto, la familia del Rey engloba a la Familia Real, pero ésta se diferencia de aquella por ser mucho más restringida y porque la caracterizan tres atributos que no tienen los demás familiares. Por una parte, todos los miembros de la Familia Real poseen una opción hereditaria al trono, que puede ser directa o indirecta. Es directa cuándo se trata de los descendientes del Rey, según lo que señala el artículo 57.1 de la Constitución, y es indirecta cuando se trata del consorte o la consorte de alguno de ellos, los cuales no podrán asumir funciones constitucionales, salvo, en su caso, la Regencia, según establece el artículo 58 de la Constitución. En segundo lugar, los miembros de la Familia Real se caracterizan también porque disponen de la posibilidad de ejercer una representación delegada del Rey, a efectos de acudir, representando a la Corona, a actos oficiales dentro y fuera de España. Y, por último, los miembros de la Familia Real son personajes públicos, cualidad que conlleva el que su esfera de privacidad sea mucho más restringida que la del resto de los españoles

Estos tres atributos, de acuerdo con el artículo 57.1 de la Constitución, el artículo 1 del Real Decreto sobre el Registro Civil de la Familia Real y el Real Decreto sobre el Régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real, se refieren por supuesto, además de al Rey, a la Reina consorte, a sus ascendientes del primer grado (ya fallecidos), a sus descendientes y, lógicamente, al Príncipe heredero y su consorte. Concretamente, la distinción entre la Familia Real y la familia del Rey la reconoce claramente también el Real Decreto sobre el Régimen de títulos, tratamiento y honores de la Familia Real, consagrando los cuatro primeros artículos a la Familia Real y la Disposición Transitoria Tercera a la Familia del Rey,

Desde finales del siglo XIX, se instituyó en la Monarquía española un Registro Civil de la Familia Real que rigió hasta 1931, que en esa época pudo parecer válido. Sin embargo, el actual Real Decreto de noviembre de 1981 que lo regula es claramente insuficiente. Se dice así que en él se inscribirán en el mismo los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación sobre Registro Civil, que afecten al Rey de España y a los demás miembros de la Familia Real. Ahora bien, no se incluye el divorcio de forma expresa, en parte porque no se concebía, cuando se aprobó el Real Decreto, que se diese esa posibilidad en la Familia Real, incluso aunque ya se había aprobado la legalidad del divorcio en España unos meses antes. En consecuencia, el divorcio de la Infanta Elena, a pesar de esta laguna, fue inscrito en el Registro Civil de la Familia Real el día 21 de enero de 2010, dejando de pertenecer a la misma, a partir de ese momento, don Jaime de Marichalar. Esto es, ya no forma parte de la Familia Real, pero sigue perteneciendo, en algún sentido, a la familia del Rey, porque es el padre de dos de sus nietos.

En consecuencia, si nos atenemos a la actual regulación que acabo de señalar, mientras que no se apruebe otra más completa mediante ley, no es posible excluir de la Familia Real, como se llegó a decir, simplemente con una decisión de la Casa Real, a la Infanta Elena y a la Infanta Cristina, e igualmente, a su consorte. Pues además de no ser legal, sería también una enorme paradoja, cuando existe un acuerdo general para que las mujeres puedan reinar, en igualdad de condiciones con los varones, que ahora se las discriminase en el orden sucesorio, dejando de pertenecer a la Familia Real, con la agravante de que ambas son mayores que el Príncipe heredero. Este despiste, por llamarlo así, que han cometido no sólo muchos comentaristas, sino también la propia Casa Real, es el mejor argumento para que durante la próxima legislatura que comienza hoy se apruebe por fin una ley que aclare todos los posibles puntos oscuros de la actividad de la Corona, incluido la financiación de la misma, en donde debe prevalecer una total transparencia. Sería también la ocasión para que se modifique de una vez el artículo 57 de la Constitución, para permitir que la mujer primogénita prevalezca sobre un varón nacido después que ella. España es la única Monarquía europea que todavía no ha hecho esta reforma, ya que Gran Bretaña acaba de aprobar también esta posibilidad que se considera ya como normal.

En definitiva, no es posible separar al consorte de la Infanta Cristina del seno de la Familia Real, mientras que no haya una resolución judicial que lo declare culpable. Sin embargo, éste podría y debería haber redactado, motu proprio, un comunicado, en el que renunciase a participar en todo acto oficial o representativo, mientras que no se demuestre su inocencia. De ahí su enorme torpeza en la escueta nota dictada a la Agencia Efe el sábado pasado, en la que comete dos graves errores. Por un lado, como siempre ocurre en estos casos, quiere matar al mensajero, culpando del daño que se está infringiendo a la Casa Real, únicamente a la prensa, en lugar de reconocer sus errores, Y, por otro, comete también un grave desliz al hablar de «sus actividades privadas», pues ya he señalado que un miembro de la Familia Real no puede dedicarse a los negocios como otra persona cualquiera. Por descontado, en el caso de Iñaki Urdangarin, como en el caso de cualquier otro español, debe presumirse siempre la presunción de inocencia. Pero cuando se pertenece a la Familia Real hay que exigir igualmente una clara ejemplaridad. Si la Monarquía tiene en la actualidad una posible superioridad sobre la República, lo cual es siempre opinable según cada cual, no podría ser otra que la de que los miembros de la Familia Real, comenzando por el Rey y el Príncipe heredero, sin pertenecer a ningún partido o grupo de interés, deberían servir como ejemplo a los ciudadanos. Mientras que esta cualidad se mantenga, la Monarquía será útil para los españoles, pero si deja de serlo, por las razones que sean, su fin estaría próximo. Conviene recordar que el yernismo se pudo dar en la dictadura de Franco, pero es incompatible con una Monarquía parlamentaria y democrática.

Como más vale tarde que nunca, la Casa Real ha reaccionado en las últimas horas con dos medidas por fin. Por un lado, el propio Rey ha decidido apartar a su yerno de los actos oficiales de la Corona y, por otro, el jefe de la Casa Real ha informado sobre cómo se distribuye le presupuesto anual de la misma.

En resumidas cuentas, si la bola de nieve de los presuntos irregulares asuntos privados del duque de Palma sigue engordando, implicando también a la Infanta Cristina, se pondría cada vez más difícil el futuro de la Monarquía. Ante ese horizonte desolador, si es que se quiere mantenerla, el Rey no tendría más remedio que tomar una decisión muy dolorosa para él y para todos los que hemos valorado positivamente su reinado. Como él conoce perfectamente, a veces la supervivencia de la Corona exige dejar paso franco a una nueva generación.

En las monarquías parlamentarias, el Rey carece de poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero ¿quiere eso decir que carece de poder? Se oye que la Corona tiene un valor simbólico; pero ¿qué quiere decir simbólico? ¿Es meramente simbólico, como si dijéramos decorativo o superfluo, o por el contrario el símbolo ostenta un poder real y efectivo, con los demás poderes, si bien de otra índole, encerrando incluso una posibilidad única y positiva?

El orden político durante la Edad Media europea se componía de una constelación de derechos privados. Antes de emerger la soberanía de los Estados modernos, cada persona, cada familia, cada municipio, se regía por su derecho singular consuetudinario. Los derechos familiares y personales, cristalizados por el demorado discurrir de la Historia, implicaban una posición política en aquella sociedad estamental. El resultado era un conglomerado vistoso y asimétrico de privilegios. El Antiguo Régimen fue una boscosa urdimbre de árboles genealógicos.

La Revolución Francesa borró todo vestigio personal del orden político, toda genealogía; en lugar del rey, la ley; en lugar de la persona concreta, la norma abstracta. Se levantó el formidable edificio del Estado de Derecho en su versión continental, que exigía el sacrificio de todo elemnto histórico y singular. Los gremios, las regiones, los fueros, las leyes especiales del mar o del comercio, las vinculaciones y dinastías debían ceder ante la solemnidad de una Ley general, intemporal. En mi opinión, el Estado de Derecho es una de esas «conquistas para siempre» de que hablaba Tucídides, como lo son el Estado del bienestar o el reconocimiento de los derechos fundamentales. En cambio, la versión francesa del mismo, de hechura neoclásica, que tanto desvío profesó a lo histórico y a lo concreto, es, según creo, susceptible de complementos o correcciones, como el mismo neoclasicismo. Nuestro tiempo ha alumbrado una razón histórica, un sentido para lo temporal y las formaciones asimétricas de la Historia, que ha alterado aquella geometría ilustrada, sin menoscabo de la igualdad.

La Constitución española de 1978 responde en sus principales rasgos a la esencia de la Ley general y abstracta. Desde el artículo 1 al 169, la Constitución es una ley que contempla casos típicos, sin referirse a situaciones ni circunstancias individuales. De ese modo, lo que la racionalidad garantiza en las modernas democracias está también asegurado en nuestra Constitución.

Pero al lado de la ratio intemporal, la Constitución española reconoce la existencia de ciertos sujetos históricos. Dos principalmente: las nacionalidades y regiones, cuyos derechos históricos la Constitución «ampara y respeta», conforme a su disposición adicional primera; y en el artículo 57 reconoce la restauración monárquica en cabeza del actual Rey. Los territorios históricos y la restauración van de la mano porque comparten una historicidad pareja. Con todo, hay entre ellos una diferencia esencial: los territorios forales son poderes políticos efectivos; en cambio, la Corona ostenta solo un poder simbólico. Quisiera referirme ahora a esto último.

Cuando alguno pregunta para qué sirve la monarquía, decimos normalmente que desempeña una función simbólica y con ello pretendemos haber zanjado la cuestión. Cabe preguntarse, sin embargo, qué es un símbolo, qué sucede con los símbolos, cuál es su contenido y eficacia y qué clase de símbolo es la Corona.

La esencia del símbolo estriba en ser un cuerpo sensible y concreto que se remite o señala un sentido inteligible y abstracto. El lado sensible del símbolo suscita un calor sentimental, un apego directo y espontáneo, del que carece el concepto puro; pero el sentido inteligible presta al símbolo una profundidad y gravedad que no pude venir del solo soporte sensible. Cuanto más concreto y particular es este apoyo sensible, más libremente se dispara el sentimiento de adhesión; pero también cuanto más alto y trascendente es el sentido, más intensa y total es la comprensión.

Dice el artículo 56 de la constitución: «El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia». La corona como símbolo reúne en grado eminente las dos características enunciadas de concreción y gravedad. Es grave y hondo el sentido de lo simbolizado; la unidad de la nación española. En suma, nada hay más alto, grave e importante para nosotros. Pero al mismo tiempo, la gravedad del símbolo está encarnada en lo más doméstico que pueda imaginarse: una familia. En las más complejas sociedades avanzadas, el Estado concentra un poder superlativo y un grado enorme de sofisticación técnica. Debido a las exigencias de administración del interés general, el Estado se estructura jerárquicamente como escala de poder coactivo creciente, pero en la cima, en lugar de la esperable apoteosis de fuerza y decisión, luce un símbolo desnudo. ¿Por qué un símbolo?

Porque los otros Poderes se imponen por su propia fuerza y disfrutan de toda la capacidad coactiva del Estado; en cambio, la Corona, a fuer de símbolo, es un poder no coactivo. Si es difícil la adhesión sentimental a la organización completa, jerárquica y técnica del Estado, resulta más fácil para un símbolo que ofrece la estampa de una amabilidad no coercitiva.

La Corona presenta un rasgo que solo a ella le es propio. La Corona es un símbolo personal y concreto. Las personas concretas son capaces de suscitar un sentimiento que no producen un símbolo abstracto o una idea general, por estimable que sea. El respeto o incluso el entusiasmo hacia el orden constitucional, cuando se dirigen a una persona, se ensanchan en un rico surtido sentimental que va desde la simpatía, la adhesión o la identificación hasta el mismo amor.

Es conveniente ahora llamar la atención sobre el tenor del artículo 57: «La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón». Un individuo es nombrado por su gracia completa, nombre y apellido. Juan Carlos Borbón es el único nombre propio personal mencionado en toda la Constitución. En la norma abstracta, se menciona a una persona concreta. A diferencia de la bandera, el escudo, el himno, la moneda, que son ejemplares de un símbolo abstracto, el Rey y su familia son personas particulares. La Monarquía se realiza mediante una familia concreta, con unos miembros corporales y contingentes. La más alta magistratura es una de esas genealogías que fueron abrogadas por los revolucionarios y que ahora se injertan pacíficamente en el cénit del Estado de Derecho. Un símbolo concreto, sin perder nunca su entronque con lo sensible, remite a una instancia de sentido superior; si además es personal, atrae, eleva y peralta hacia eso otro simbolizado, cautivando los sentidos con la exhibición de lo tangible. Sin necesidad de amenaza y de coacción, sin el temor como guía de obediencia y respeto, por propio impulso y movimiento, comprendemos en la persona el sentido abstracto sin perder el encanto de lo sensible.

La Corona es una institución, pero una institución que se contrae a una persona o una familia. No puede aislarse lo institucional y público de lo personal-privado. Se dice que la Corona es la institución más valorada por los españoles en las encuestas, pero ¿puede separarse la institución de la persona, cuando la institución es personal, es familiar? Según la Constitución, la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad, pero, bien mirado, tiene la responsabilidad de su significado. De ahí que pertenezca a la esencia del símbolo la fidelidad a lo simbolizado. Porque lo que no es solo símbolo, si pierde su simbolismo, puede tener la utilidad de su eficacia o de su función; pero un símbolo que no simboliza ¿cómo lo llamaremos? El oficio del Rey en un Estado plenamente democrático es esa fidelidad a su sentido, ejerciendo la doble función de suscitar la adhesión de los ciudadanos por su ejemplaridad sensible y al mismo tiempo señalar con gravedad intachable la seriedad de lo simbolizado. Lo que hemos llamado fidelidad del símbolo a su significado tiene, en teoría política, un nombre: ejemplaridad. Lo contrario a la ejemplaridad no es, en el símbolo, la corrupción o la perversión, sino la banalidad.

Querría hacer unas reflexiones a raíz de las múltiples noticias que vienen sucediéndose en los medios de comunicación (no en todos, eso sí) sobre los negocios de don Iñaki Urdangarin, marido de la segunda hija del Rey, a través del Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que no obstante conseguía que el duque de Palma y sus socios se lucraran con el dinero procedente de varias administraciones públicas, y por tanto de los contribuyentes españoles.

La primera reflexión parece evidente: la trayectoria profesional que justificaba la posibilidad de estos negocios del Sr. Urdangarin (en tiempos deportista profesional) así como su actual puesto de trabajo en Washington en una multinacional española del sector de las telecomunicaciones está indisolublemente ligada a su condición de yerno del Rey. Con esto lo que quiero decir es que las administraciones públicas que contrataban «a dedo» (aunque fuera bajo la figura del convenio o mediante contratos con entidades instrumentales financiadas por ellas) al Instituto Nóos para realizar distintas actuaciones en el ámbito de la comunicación y los deportes lo hacían precisamente atendiendo a dicha condición. Ayudaba el socio, Diego Torres, avispado profesor de ESADE, y la existencia de una junta directiva donde aparecía nada más y nada menos que una Infanta de España y cuyo tesorero era Carlos García Revenga, que trabajaba para la Casa Real. Casi nada.

Si hubiera sido de otra forma, es decir, si el Instituto Nóos hubiera tenido un prestigio o una trayectoria profesional propia más allá de la de su presidente y su junta directiva, las administraciones públicas implicadas hubieran elaborado los correspondientes pliegos para la contratación de los servicios que ofrecían, aunque hubieran tenido que competir, eso sí, con otras empresas que hubieran podido prestar servicios similares posiblemente de forma más económica. Incluso descontando la voluntad política de los respectivos presidentes autonómicos o alcaldes de favorecer un instituto con este caché.

La prueba de que esto fue así es que existió un primer contrato que ganó el Instituto Nóos por el procedimiento negociado con el Gobierno de las Islas Baleares por un importe menor de 60.000 euros, donde el propio Instituto confeccionó las tres ofertas que exige la Ley de Contratos del Sector Público. Debió de parecer poco dinero para tanta grandeza y a partir de entonces el Gobierno balear prefirió acudir a la socorrida figura del convenio (que la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe si su objeto equivale al de un contrato, como sería el caso) dadas las escasas probabilidades de que el Instituto Nóos, con su inexistente solvencia técnica y económica, pudiera ganar un contrato público por una cantidad importante, incluso echándole mucha buena voluntad, es decir, forzando la contratación.

Con independencia de la opinión que merezca la oportunidad de realizar unas jornadas sobre turismo y deporte por importe de 2,3 millones de euros, decidida por el Gobierno autonómico de Jaume Matas, cuya trayectoria de despilfarro y de corrupción es bastante impresionante, lo cierto es que el instrumento jurídico para hacer esta contratación con dinero público está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, tratándose de un procedimiento bastante complejo y necesariamente abierto a la competencia. El Instituto Nóos o cualquiera de sus instrumentales, no estaba en condiciones de ganar concursos públicos de este importe. Pero incluso de haberse ganado estos contratos hubieran quedado sometidos al control de la intervención de la comunidad autonóma balear, que. aunque a estas alturas ya sabemos que no era gran cosa, sin duda era mejor que ningún control en absoluto, que es básicamente a lo que equivalía una entrega de dinero muy importante mediante convenio a un instituto privado a cambio de la realización de unas jornadas (o un observatorio más tarde)

En cuanto a los contratos o acuerdos con el Gobierno autonómico de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia (por no mencionar a los clubs deportivos, Aguas de Valencia, la empresa privada que tan atenta resulta con la Generalitat de la que depende su concesión y su negocio, etcétera) la historia es básicamente similar, aunque los mecanismos utilizados para la entrega de la nada despreciable suma de 3,4 millones de euros fueran un poco distintos, al parecer contratos con la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA) por parte del Gobierno autónomo y con la Fundación Turismo Valencia, perteneciente al Consistorio, que actuaron como obedientes entes instrumentales para financiar al Instituto tres ediciones del Valencia Summit.

Y así, a medida que pasan los días, van saliendo también otros contratos de menor importe con otros gobiernos autonómicos y con ayuntamientos. La historia es siempre la misma: administraciones públicas que entregaron importantes sumas de dinero público sin prácticamente ningún control mediante convenios o contratos realizados por entidades instrumentales al Instituto presidido por el Sr. Urdangarin en base a su figura y conexiones familiares por motivos que podrían resumirse en una frase: en España a la hora de hacer negocios importa más el who you know (a quién conoces) que el what you know (qué conoces, o qué sabes hacer). Pero claro que aquí hay un matiz importante; estamos hablando de dinero y contratos públicos y de conexiones con la más alta magistratura del Estado español, por lo menos mientras éste siga siendo una monarquía. En definitiva, nos tenemos que preguntar si es razonable invertir el dinero de los contribuyentes para que un político local se de el gusto de posar junto a la hija, el yerno -o incluso a los nietos del Rey si se da el caso- en una recepción porque otro resultado visible de estas inversiones brilla por su ausencia. Pero un momento, ¿no se supone que estas apariciones institucionales ya sean a nivel estatal, regional o local es precisamente una de las contraprestaciones -valga la expresión- que se reciben a cambio de mantener el presupuesto de la Casa Real? Claro está que sin Instituto Nóos por medio a lo mejor la lista de prioridades institucionales de la familia Urdangarin no hubiera sido exactamente la misma.

Sigamos. Presuntamente el Sr. Urdangarin no sólo recibió dinero público por procedimientos poco ortodoxos, sino que lo desvió a empresas suyas patrimoniales, si bien esta cuestión está sub iúdice, aunque a medida que avanzan las investigaciones los indicios son más demoledores, paraísos fiscales incluidos. En cualquier caso, que una persona con su puesto de trabajo y sus conexiones familiares tuviese tan siquiera la tentación de utilizar el dinero de los españoles no ya para hacer negocio de lobby a través del Instituto Nóos -lo que ya me parece muy cuestionable- sino para su enriquecimiento personal, invita también a algunas reflexiones. Efectivamente, cabe pensar que el modelo de sostenibilidad de la monarquía española no resulta muy adecuado cuando la familia política de la Familia Real tiene estas veleidades. Por otro lado, el que la Casa Real no haya impedido ab initio este tipo de conductas, prohibiendo tajantemente el aventurerismo empresarial con cargo a la institución parece muy grave, pues es de suponer que a menos la Infanta sí tenía conocimiento de las actividades de su marido, dado que figuraba en varias de las empresas. El que además las actuaciones realizadas se hayan dirigido fundamentalmente a obtener dinero público resulta especialmente dañino para la institución, y todo esto con independencia de la suerte judicial que corra finalmente el Sr. Urdangarin pues el mal ya está hecho.

No obstante, la segunda reflexión y última es la que me parece más importante en la gravísima situación de crisis política e institucional que estamos viviendo, por no hablar de la económica. El Sr. Urdangarin es un ciudadano español más, y como tal carece de cualquier privilegio ante las leyes españolas. La única figura que goza de inviolabilidad ante los tribunales de Justicia es la del Rey, y el Sr. Urdangarin, según nos recuerdan estos días con insistencia, ni siquiera es miembro de la Casa Real por lo que no goza de privilegio o inmunidad alguna frente a las leyes y los Tribunales españoles. Conviene no olvidarlo, máxime teniendo en cuenta que el 82% de los ciudadanos españoles han manifestado en el último barómetro del CIS (el de febrero) su opinión de que los españoles no son iguales ante la ley.

Por esa razón, me parece que una muy buena medida para demostrar lo contrario es que este español tenga los mismos medios jurídicos para defender su inocencia que el resto de sus compatriotas, ni más ni menos. Contando con que tendrá una legión de abogados expertos a su disposición que le facilitarán la tarea y que no están precisamente al alcance del bolsillo del contribuyente común. Mi opinión personal es que la subsistencia de la monarquía -si es que todavía tiene opciones- depende en gran medida de que sea así, frente a los que puedan pensar que, al contrario, debe de hacerse todo lo posible para que el Sr. Urdangarin no pise ni el juzgado ni la cárcel si llegara el caso. Porque entonces nos habremos quedado ya sin Constitución y sin Estado de Derecho definitivamente y ¿de qué sirve entonces una monarquía constitucional?

Juan Carlos I es rey de España desde hace 36 años. En enero próximo cumplirá 74. El reinado es largo, pero no tiene una edad avanzada ni impedimento que le impida ejercer sus funciones como jefe de Estado. El prestigio y la estima de que dispone el Rey son muy considerables. Felipe de Borbón, príncipe de Asturias y de Girona, el heredero del Rey, cumplirá 44 años. Es una persona preparada, responsable, madura, nada controvertida, pero en principio puede esperar (Isabel II subió al trono en 1953 y tiene 85 años; el príncipe de Gales tiene 63 y es un personaje polémico). Sin embargo…

La historia tiene etapas. La vida es ondulante, como sentenciaba Montaigne. La institución de la monarquía española ha bajado un poco por debajo del nivel de aprobado en el barómetro del CIS. Es la primera vez. El hecho podría ser anecdótico si no fuera que el caso Urdangarín, duque de Palma y yerno del Rey, presenta todos los síntomas para convertirse, en poco tiempo, en un escándalo de primera magnitud, de aquellos que martillean con insistencia durante mucho tiempo. Portadas de diarios, detalles, ramificaciones, implicaciones, declaraciones, condenas morales, una serie interminable de golpes.

SI LA PREVISIÓN de calvario judicial y mediático, tan generalizada, se cumple –insisto en el condicional–, el prestigio de la Casa Real se verá inexorablemente afectado, como señalaba Carlos Elordi hace unos días en estas mismas páginas. Nadie sabe hasta qué punto, pero es probable que de forma muy considerable. A medio plazo, puede ser fatal para la casa de Borbón. En el horizonte, la posibilidad de que al hijo del Rey le pase lo mismo que al padre, que no reinó nunca, si bien por motivos bien diferentes. El padre, por los avatares de una historia trágica y convulsa; el hijo, por un escándalo que puede convertirse en huracán.

Si añadimos que la monarquía tiene enemigos de notable capacidad entre los poderosos de Madrid, dispuestos a expandir el republicanismo desde la derecha y forzar de paso otros cambios en la Constitución, contando que la izquierda se acabaría sumando, el cuadro que podría resultar en términos de cuestionamiento es de incertidumbre, tensión y desestabilización.

Es más, la popularidad de Juan Carlos I convive con una muy extendida consideración según la cual la monarquía es un anacronismo, un retraso impropio de un país avanzado. Nada más lejos de la realidad, como se demuestra en Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda o Bélgica, todos ellos países nórdicos y con índices de bienestar envidiables, que compaginan sin problemas modernidad y tradición monárquica. Que para unos cuantos entre los primeros de la clase la Monarquía sea motivo de orgullo invalida cualquier argumento sobre las ventajas intrínsecas de las repúblicas sobre las monarquías parlamentarias. Lo invalida sobre el papel, no en la sociedad española.

Debería bastar un ejercicio de imaginación muy sencillo, que consiste en una lista de los políticos que habrían podido ser presidentes de una hipotética república (Fraga, Guerra, quizá Mayor Oreja, Bono…), para decantarse sin ambigüedades ni dudas por la ecuanimidad y la ponderación de Juan Carlos. Sin embargo…

En caso de que los próximos pasos de la justicia comporten el encausamiento del duque de Palma (vuelvo a insistir en el condicional), de poco valdrá la consideración de que no forma parte, en sentido estricto, de la Casa Real. De poco valdrá recordar que un suegro, aunque sea el Rey, no es responsable de los actos de su yerno. De poco también que Iñaki Urdangarín desapareciera del protocolo y los actos oficiales, fuera apartado de la familia o incluso que se separara de la infanta Cristina. El desprestigio de la institución sería inexorable. Aunque resistiera y no sucumbiera de entrada, quedaría tocada, quién sabe si de un final irrevocable.

PARA CONJURAR el peligro, si lo que es previsible se vuelve real, quizá lo mejor sería que el Rey se planteara ceder el testigo al Príncipe de Asturias. En toda democracia, los cambios en la cúpula del poder, en este caso de la representatividad, actúan como factores insustituibles de limpieza. Abrir una nueva etapa es casi siempre la única manera de pasar página. Poner la institución a cubierto antes de que se desencadene la tormenta, o antes de que se convierta en implacable, es preferible a sufrir una mala última etapa para un reinado que sin duda merecerá la aprobación e incluso el aplauso de la historia.

¿Puede suceder tal cosa? No es sencillo bajar del trono. El padre del Rey, Juan de Borbón, no cedió sus derechos dinásticos hasta después de que su hijo lo ocupara. Es natural y humano que nadie quiera renunciar a una dignidad tan alta. Un sacrificio de este tipo requeriría una grandeza de ánimo extraordinaria, que sin duda sería muy bien valorada y consolidaría la institución. No hay que correr. Sólo prepararse para cuando llegue el momento.

Tras el paréntesis impuesto por la última fase de la campaña electoral –en la que los grandes partidos no hablaron de corrupción– el asunto Urdangarín ha vuelto con fuerza a los diarios. Con nuevos detalles que amplían, y mucho, sus dimensiones y ramificaciones, pero también con una novedad respecto de la precedente ola de informaciones y opiniones en torno al caso: la de que algunos de esos diarios –El Mundo o Público, por ejemplo– ahora se esfuerzan por dejar claro que no hay que achacar al Rey el comportamiento de su yerno, aunque sí le piden que explique su posición ante un escándalo que, por lo que se ha contado hasta el momento, se parece demasiado a los que han salpicado la crónica negra de estos últimos años.

LA ÚLTIMA VEZ que la Casa Real salió a la escena pública al respecto fue a mediados de noviembre para declarar que Carlos García Revenga, secretario personal de las infantas Elena y Cristina, actuó a “título estrictamente privado” al ejercer, tal y como reveló la prensa, también como tesorero del Instituto Nóos, la empresa presidida por Iñaki Urdangarín y eje de la trama societaria que la justicia investiga porque sus actividades podrían haber incurrido en prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y evasión de capitales. Unos días antes la Casa Real había pedido en otro comunicado oficial que Urdangarín fuera “tratado como un ciudadano más” si un día tuviera que afrontar la justicia.

A las filtraciones del sumario se ha añadido un largo informe de la Agencia Tributaria que describe con detalle las prácticas llevadas a cabo por la trama societaria de Urdangarín, entre otras cosas “para desviar dinero público”. Pero el yerno del Rey –que como consorte ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono– aún no ha sido imputado. Y eso no ocurrirá, si debe ocurrir, al menos hasta que el Gobierno del PP tome posesión y nombre un nuevo fiscal general del Estado. Este deberá decidir no solo si su departamento asume las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, sino también la jurisdicción a la que se asigna el caso, que podría finalmente ser la Audiencia Nacional, pues los supuestos delitos habrían sido cometidos en distintas autonomías, cuando menos en Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.

Mariano Rajoy tendrá por tanto que desempeñar un papel importante en el encauzamiento de la cuestión. Aunque no pocos de los antimonárquicos más activos se inscriben en los ámbitos de la derecha, caben pocas dudas de que el nuevo presidente del Gobierno optará por una línea de defensa de la estabilidad institucional. Pero necesita que previamente el jefe del Estado se pronuncie sobre el futuro de Urdangarín en cuanto miembro de su institución.

En ese sentido, en los mentideros madrileños se barajan hipótesis que van desde el divorcio de la infanta Cristina –que quienes aseguran conocerla descartan absolutamente– hasta la renuncia por parte del investigado duque de Palma a su condición de miembro de la familia real. Puede que estemos en vísperas de un anuncio que no tiene ni un remoto precedente en las más de tres décadas de la reinstaurada Monarquía española. Pero todo indica que los acontecimientos hacen inevitable un paso de esa índole.

Muchos españoles aceptarían, aunque con razonamientos distintos y no todos benevolentes, que el Rey dejara caer a su yerno. La pregunta q ue quedaría en el aire después de ese gesto, y a la espera de la conclusión de un eventual procedimiento judicial que puede durar bastante tiempo, es la que se refiere a los daños que el asunto ha provocado ya y puede provocar aún a la institución monárquica.

LO CIERTO ES QUE no ha agrandado significativamente el círculo de los antimonárquicos militantes, que sigue estando formado por los mismos columnistas de ciertos medios y algún político aislado como Iñaki Anasagasti, a los que cabe sumar, aunque sus planteamientos no son idénticos, a los partidos de la izquierda republicana, encabezados por IU. Pero frente a eso el escándalo ha tenido, y sigue teniendo, una difusión extraordinaria. No solo por la cantidad de páginas que le dedican los diarios, sino, sobre todo, por el enorme impacto que tiene en la red de medios digitales. Que nadie, por mucho poder que tenga, puede controlar.

Con un elemento adicional: los jóvenes son los principales usuarios de la red. Y es justamente la negativa valoración de la Monarquía por parte de los jóvenes la que ha provocado que por primera vez la institución haya resultado suspendida, con una nota de 4,89, en el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La actitud de las generaciones que no vivieron la transición ni el 23-F ni tienen casi referencias del papel que entonces tuvo el Rey es la principal fuente de preocupación sobre el futuro de la Monarquía. Porque a la postre son los estratos poblacionales con los que más debería identificarse el sucesor, el príncipe Felipe, para que su acceso a la Corona tuviera un sólido apoyo popular. Nada indica que el asunto Urdangarín vaya a hacer tambalear ahora a la Corona. Los problemas pueden surgir más adelante.

Cardiff, 23 de octubre de 2011. Las Tertulias Hispano-Británicas de 2011 tocan a su fin. El copresidente español, Luis Atienza, pide a uno de los contertulios de su país que esboce algunos de los asuntos que pueden ser sometidos a debate dentro de un año. Este foro de discusión fue creado a raíz de la visita de la Reina de Inglaterra a España en 1988 y surgió bajo el patrocinio de los Soberanos de ambos países. Es, sin duda, el de mayor relevancia entre los encuentros bilaterales de este tipo que mantiene España con otros países. En respuesta a la petición de Atienza, el ponente sugiere, entre otras cuestiones, debatir en otoño de 2012 el problema constitucional que afrontan el Reino Unido y el Reino de España por la reforma de sus leyes de sucesión.

La cuestión, en esa fecha, era que la reforma para conceder igualdad de derechos en la línea de sucesión a las mujeres implicaba una reforma constitucional en el Reino Unido que afectaba, además, a otros quince estados de los que el Monarca inglés es igualmente soberano. Y no hablamos de Escocia o Gales, que también. Hablamos de Canadá, Jamaica, Australia o Nueva Zelanda, entre otros. El Rey de Inglaterra es soberano sobre países que agrupan a 134 millones de habitantes, de los que solo 62 millones son ciudadanos del Reino Unido. El reto era poner de acuerdo a los gobiernos de esos dieciséis países.

Enfrente estaba —y está— el problema español. Nuestros padres constitucionales de 1978 tuvieron la prudencia y el buen criterio de dar la máxima protección a la Monarquía dentro de la Carta Magna. Junto con el Título Preliminar y el Capítulo II Sección I del Título Primero —referido a los derechos fundamentales y las libertades públicas—, el Título II, «De la Corona», está sometido a una especial protección en el procedimiento de reforma de la Constitución. Así, para el resto de la Carta Magna, una posible reforma se guía por el artículo 167 de la Constitución y requiere de una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras y un referéndum cuando así lo soliciten una décima parte de los miembros del Congreso o el Senado. El pasado mes de agosto vivimos una reforma de este tipo. En cambio, para los tres apartados antes señalados hay una triple protección. Cualquier reforma de ellos está tasada en el artículo 168 y requiere una mayoría de tres quintos y la inmediata disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones. Constituidas las nuevas Cortes, deberán ambas Cámaras ratificar la reforma por una mayoría igualmente de tres quintos. Y después se celebrará un referéndum sobre la reforma propuesta.

La urgencia para ambas reformas deriva de que, en el caso británico, es previsible que los Duques de Cambridge tengan descendencia a corto plazo, y la posibilidad de que esa descendencia sea femenina, precediendo a una posterior descendencia masculina, crearía un problema constitucional que una reforma a priorievitaba. En el caso español, los Príncipes de Asturias ya tienen dos hijas, y la Infanta Leonor es, en el imaginario popular, «la heredera». Y lo es pese a que la Constitución vigente establece con toda certeza que si los Príncipes de Asturias tuviesen un hijo varón el sucesor de Don Felipe sería él. Y por más que cueste imaginarlo hoy, no olvidemos que por la sucesión de una mujer al trono, en detrimento de un varón, los españoles tuvimos tres guerras civiles en el siglo XIX entre los partidarios del Infante Carlos María Isidro y sus descendientes (los «carlistas») y los defensores de Isabel II y sus descendientes (los «liberales»).
Hay constitucionalistas que sostienen que una reforma después de haber nacido un hipotético hijo varón de los Príncipes no implicaría retroactividad sobre ese Infante mientras Don Felipe no haya sucedido al Rey. Y ello porque no se es Príncipe Heredero hasta que no se es el primero en la línea de sucesión, lo que ningún hijo de Don Felipe será mientras reine Don Juan Carlos y Don Felipe sea su heredero. Pero otros constitucionalistas sostienen que la línea de sucesión establece la posición de cada uno al nacer, y, al cambiar el orden sucesorio habiendo nacido ya un nuevo Infante, se le estaría desposeyendo de unos derechos que están consagrados constitucionalmente.

Dejaré ese debate sobre la mesa de los constitucionalistas, entre los que no me cuento. La cuestión es por qué no somos capaces de hacer de forma inmediata una reforma sobre la que los dos grandes partidos están ampliamente de acuerdo, para la que tienen una mayoría sobrada, y para la que el momento procesal idóneo se dejó pasar con la última disolución de las Cortes. Esta última ha sido una de las convocatorias electorales anunciadas con más antelación. Zapatero fijó el pasado 29 de julio la fecha de los comicios. Se podía haber aprovechado el periodo de casi cuatro meses que iba hasta la celebración de los mismos para hacer una reforma que ni el Gobierno ni la oposición plantearon. Lo que crea ahora una situación de incertidumbre constitucional. Porque en la situación de crisis que vivimos es inimaginable que se puedan disolver las Cortes en mitad de esta legislatura para proceder a esa reforma. Hay prioridades mucho más relevantes para la vida cotidiana de los españoles a las que hay que atender. Pero tampoco se puede despreciar el pináculo de nuestra democracia constitucional y, por dejadez, llegar a una situación en la que podamos encontrarnos con Don Felipe como Rey y un hijo varón como Heredero constitucional. Y no es que yo tenga nada contra la preferencia del varón en la sucesión. Me atrevería a mantener un debate en defensa de salvaguardar las actuales normas sucesorias. Pero sí creo que, una vez que se ha establecido en el imaginario popular la idea de que la Infanta Leonor está llamada a ser la sucesora de Don Felipe en la titularidad de la Corona, mantener esta línea de sucesión tal y como queda establecida en el artículo 57.1 de nuestra norma superior implicaría crear una crisis constitucional innecesaria. Una crisis provocada por la desidia de los dos grandes partidos. Estamos creando un problema que podríamos haber resuelto ya de forma expedita.

Cuando nos reunimos en Cardiff el pasado 23 de octubre parecía imposible lograr un consenso entre los dieciséis países de la Commonwealth de los que el Rey de Inglaterra es también Monarca. Hacía cinco meses que el Príncipe Guillermo se había casado, y había preocupación por los problemas que podría generar el nacimiento de una hija de los Duques de Cambridge. Cinco días después la reforma estaba hecha. Y no solo esa reforma, también se había limitado —aunque no suprimido— la discriminación de los católicos en la Monarquía británica: no podrá haber Soberanos miembros de la Iglesia Romana, pero al menos sí podrá haberlos casados con católicos. Y frente a tan sustancial reforma, tenemos el caso de los Príncipes de Asturias, que se casaron en 2004. Siete años —y dos hijas— después la reforma no ha sido acometida. Y a nadie parece preocupar. Será que algunos prefieren dejar que se pudra el asunto y, cuando surja el problema, verse desbordados por los debates en nuestra televisión basura propiedad de extranjeros que tan claramente han demostrado su voluntad de acabar con el mayor símbolo de progreso y estabilidad que tiene hoy España: su Corona.

La Monarquía Constitucional es útil, y goza de plena vigencia en la España de la segunda década del siglo XXI. No es una realidad anacrónica o caduca; muy al contrario, constituye una herramienta válida y necesaria —hoy como ayer— para el correcto funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Como instrumento teórico, la Monarquía, como tantas veces se ha insistido, proporciona una Jefatura de Estado que se sitúa más allá de la política partidista, y otorga a la Nación un elemento tangible que representa tanto su continuidad en el tiempo como su proyección al futuro. Al mismo tiempo, ofrece una plataforma relevante sobre la que sustentar la representación de los intereses internacionales y si — como es nuestro caso— viene avalada por el prestigio de quien la representa, puede ser un sólido punto de referencia en momentos de crisis. Durante el reinado de Juan Carlos I, la Monarquía ha representado, en efecto, fiel y canónicamente, esos principios, erigiéndose en un elemento central del éxito español desde 1978.

Hoy en día, sin embargo, la gravísima alteración de los elementos sustantivos que constituyen la base de la convivencia de los españoles en las últimas décadas —no debemos olvidarlo—, en gran parte propiciados por la esencial labor del Rey durante la Transición, dificulta y erosiona la labor de la Corona como agente moderador de las instituciones, e integrador del conjunto de la sociedad española. La Monarquía Constitucional solo puede operar adecuadamente en unas condiciones en las que la mínima voluntad de responsabilidad del resto de los poderes del Estado se dé por garantizada, o ante una crisis exógena, en la que pueda hacer valer su prestigio acumulado, sin con ello coartar el papel central de los ciudadanos en el proceso político. Cuando la temperatura de la convivencia se eleva hasta niveles insoportables, y eso sucede, además, como fruto de la vacuidad de la clase política, o de actitudes irresponsables del propio gobierno democráticamente elegido, la Corona pasa a encontrarse en una situación extremamente delicada. Por un lado, se convierte en el argumento de prestigio que todos esgrimen interesada y egoístamente; por otro, cada una de sus intervenciones es interpretada en términos del más puro oportunismo político partisano, sin atender al necesario sentido de Estado que informa la acción de la Institución. Y cualquier análisis desapasionado y centrado de las palabras y actitudes del Rey en los últimos meses, sobre el complicado momento que atraviesa España, no puede sino incidir en la hondura constitucional de la labor de la Corona ante los gravísimos problemas del presente. Lo triste es que Don Juan Carlos predica en el desierto. De hecho, en lo que parece un proceso de irresponsabilidad que quizá no debería sorprender en nuestro país, tan dado a los maximalismos como refractario a posturas constructivas, tanto la Corona como sus representantes están siendo víctimas de un ataque sin precedentes, beligerante e indiscriminado. Un ataque que pretende

convertir al Rey nada menos que en uno de los responsables principales del proceso de innegable degradación política que ha experimentado nuestro país en los últimos años.

Pero no nos engañemos, en 1978 los españoles nos dotamos de un régimen democrático con el que los ciudadanos pasábamos a ser los responsables de la vida política nacional, los protagonistas de nuestra propia historia. Poco más de treinta años después de aquel momento decisivo, España vive —es dolorosamente cierto— una profundísima crisis, política, social, económica y de valores, cuyo origen no es el objetivo de estas líneas, pero que tiene mucho que ver tanto con la frivolidad de gran parte de la clase política española como —en concreto— con la insoportable levedad del actual gobierno, y con su dramática evanescencia doctrinal. Ambas realidades íntimamente vinculadas con las propias decisiones colectivas del conjunto de los españoles. La crisis a la que nos enfrentamos supera los escenarios imaginables más tenebrosos que hace cinco o seis años hubiésemos podido imaginar, y requiere reformas estructurales profundas. De eso no hay duda. Pero, aunque su gravedad en todos los órdenes no se pueda exagerar, el ataque a la Corona no solo es terriblemente injusto, sino que encierra en su seno algunas de las gangrenas que se sitúan en la génesis de la endémica inestabilidad política de nuestro país desde la Guerra de la Independencia.

Los españoles no podemos conformarnos con enmendar nuestro sistema político cada veinte o treinta años. Como dijo Don Juan Carlos en su discurso de la pasada Nochebuena, España es una gran Nación. Comportémonos como tal. Ante cada dificultad, por muy significativa y atemorizante que sea, no podemos arrumbar los logros y éxitos del pasado y lanzarnos por el camino fácil de ver en cambios de régimen soluciones fáciles que no supondrían sino recaer en nuestros peores vicios del pasado. Las grandes naciones no son solo aquellas con un pasado glorioso, son aquellas que saben actuar con responsabilidad, serenidad y determinación ante las adversidades. Aquellas que son capaces de darse una organización política lo suficientemente firme como para resistir los envites de los tiempos difíciles, sin el doctrinarismo que impide reformar, modular y adaptar las instituciones ante al auge de nuevos desafíos. Ese es el secreto del éxito de las grandes democracias de nuestro mundo. En ese sentido, la Monarquía no puede ni debe ser entendida como una solución transitoria para un momento concreto. Es una institución con sobrada capacidad y vigencia para seguir sirviendo a nuestro país, hoy y en el futuro. Ese es un bagaje que no podemos arriesgarnos a desperdiciar.

Y en 1978 los españoles nos dimos, en efecto, una organización política con voluntad de perdurar en el tiempo y conjurar definitivamente el fantasma de la perpetua interinidad de nuestras constituciones en el pasado. Un sistema que asumía en su seno la realidad de que los tiempos cambian, y que las instituciones deben adaptarse a su compás. Nuestro problema real es que, en los últimos años, esa realidad, que hasta entonces había sido una plataforma operativa sobre la que se habían construido la prosperidad y estabilidad ganada por los españoles desde la Transición, ha sido tornada interesadamente en la excusa para desvirtuar, pervertir y hacer inservible el propio concepto perdurable de la Nación Española. Nuevos estatutos de autonomía amenazan, aupados por la perenne cesión de los partidos políticos nacionales, la propia integración y continuidad del Estado como un agente viable para articular la vida en común de los ciudadanos de este país, así como la igualdad de los españoles, y el mismo imperio de la Ley. Nos hemos lanzado a una arriesgada carrera en la que se quiere convertir a los jueces en historiadores, y a estos en comparsas serviles de una puesta del pasado al servicio de un programa político destructivo. Mientras tanto, el esfuerzo de tantos años por construir una base económica sólida para el conjunto de la sociedad, y hacer a España competitiva internacionalmente, se ha desmoronado. Es un hecho; en todos los órdenes se ha iniciado un proceso de alteración silenciosa del orden constitucional, sin precedentes en su corta historia. Se ha puesto en cuestión a la postre nuestra capacidad para continuar siendo en el futuro un país digno de ser vivido; ese proyecto sugestivo de vida en comúndel que hablaba Ortega.

Los discursos adormecedores que sitúan al Rey como parte del problema no solo yerran en el diagnóstico, sino que pretenden anestesiar nuestra propia e insoslayable responsabilidad. Yo soy de los que creen firmemente que la Monarquía ha jugado un papel central en configurar el éxito de nuestra historia reciente, y que debe contar con el apoyo de todos en los momentos tan difíciles que atravesamos. El día de su proclamación como Rey, Don Juan Carlos afirmó que la mejor forma de que los españoles ganásemos nuestro futuro era mantenernos todos unidos. Esa fórmula es tan válida hoy como ayer, como lo es la propia Monarquía. O como diría Margaret Thatcher, el que crea que un político puede hacer las funciones de Jefe del Estado mejor que el Rey debería conocer a más políticos.

Nuestro sistema político se asienta felizmente, transcurridos más de treinta años de esta España constitucional, con el devenir de los tiempos. Una circunstancia que inviste a la Constitución, y a los poderes y órganos del Estado, del poso institucional y del respaldo ciudadano que el tiempo brinda a las obras humanas. Hoy conmemoramos una fecha dotada de especial significación: el veinticinco aniversario del Juramento de la Constitución por Don Felipe de Borbón, en sesión extraordinaria, solemne y conjunta de las Cortes Generales, un 30 de enero de 1986, de conformidad con el artículo 61.2 de nuestra Carta Magna. En dicho precepto se afirma: «El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey». Ese mismo juramento no es sino el referido al Monarca: «El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas» (artículo 61.1). Pocas veces la prestación de un juramento disfruta pues de tal relevancia: la promisoria adhesión de Don Felipe al vigente orden constitucional. Detengámonos en su trascendencia político-constitucional.

Primera: constitucional. La Monarquía parlamentaria se asienta en la legitimidad histórica —«La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica» (artículo 57. 1)—; pero, sobre todo, en la legitimidad legal-racional normativa, la característica de los regímenes constitucionales. Una Constitución erigida sobre la idea de la soberanía nacional —«La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (artículo 1. 2)—, basamento del principio democrático, donde el Rey ya no es un órgano soberano, sino un poder constituido, el titular de un órgano constitucional: la Corona. Una Corona sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1). Nada queda del Rey como Princeps legibus solutus y menos de L´Etat c´est moi. En el proceso de racionalización de la Monarquía parlamentaria, el adjetivo es sustantivo; la Monarquía parlamentaria no es una forma de Estado, como en las Monarquías absolutas, sino una forma de gobierno. No es casual, en suma, lo prescrito en el artículo 56.1 CE: «El Rey ejerce… las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Una realidad que es predicable de la Corona, del Monarca y, por ende, de Don Felipe, como Príncipe heredero. Si bien, mientras que el origen del juramento del Rey se encuentra —puntualiza Torres del Moral— en una práctica pactista del Antiguo Régimen (el Monarca juraba fidelidad a sus súbditos, pero éstos hacían lo mismo respecto al Rey, fijándose derechos y deberes para ambas partes), el del Príncipe heredero es más propio de los nuevos tiempos, de los regímenes constitucionales. Los Parlamentos eran entonces los que juraban fidelidad al Heredero; hoy es el Heredero, en forma inversa, quien lo hace ante las Cortes Generales. Un juramento que carece, no obstante, de efectos constitutivos o declarativos del statusy condición de Príncipe heredero. No crea titularidades, obligaciones, ni derechos. No asigna efectos atributivos a la titularidad del Heredero, que ya lo era desde antes. Se es Heredero en virtud del principio sucesorio definitorio de la Monarquía, y de naturaleza ordinariamente automático, nunca por el juramento. Estamos ante un compromiso, ante una fórmula de integración, ante una garantía moral, ante una condición, eso sí, para cumplir las funciones constitucionales.

Si el Monarca jura, al momento de su proclamación, desempeñar sus funciones, guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, la lógica constitucional invita a que el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad —dieciocho años (artículo 12 CE)—, preste semejante juramento. Y decimos semejante, porque a los mentados contenidos se añade el de fidelidad al Rey, consecuencia de la condición de Don Juan Carlos como titular de la Corona. «Fiel y obediente —decía la Constitución de 1812— al Rey».

Segunda: histórica. El juramento de Don Felipe es una constante, dentro de las competencias no legislativas de las Cortes Generales, a lo largo del constitucionalismo: desde Cádiz (1812) hasta la Constitución de la Restauración (1876). Nuestras Constituciones han previsto, en el mismo precepto, el juramento del Príncipe heredero, junto al del Rey y la Regencia. La única matización se producía en la Constitución de Cádiz: por un lado, se pormenorizaba su forma y contenido; y, por otro, se prescribía su prestación antes de la mayoría de edad. Aunque, y este sí es un hecho relevante —reseña Jorge de Esteban—, es la primera vez desde el inicio de nuestra Monarquía constitucional en el siglo XIX, que un Príncipe heredero ha cumplido dicha exigencia. Una razón para regocijarnos, por lo que explicita de acomodación del texto de la Constitución a la realidad política del país. Un juramento que se reproducirá, en su día, cuando Don Felipe sea proclamado Rey, no por, sino antelas Cortes Generales.

Tercera: simbólica. Los símbolos, como demostró García Pelayo, satisfacen una función integradora y exteriorizadora del compromiso de los órganos del Estado, en este caso del Heredero de la Corona, con la Constitución, con los demás órganos del entramado institucional y con los ciudadanos. De esta suerte, el juramento de Don Felipe expresó su explícita adhesión a los principios y valores constitucionales.

La reseñada naturaleza del juramento de Don Felipe se resaltó en el Acuerdo del Consejo de Ministrosde 27 de diciembre de 1985, que tomaba conocimiento de su inmediata mayoría de edad, y solicitaba la constitución de una sesión extraordinaria y conjunta de ambas Cámaras de las Cortes Generales: de un lado, su dimensión jurídica, en tanto que «acto de naturaleza constitucional que se proyecta sobre el conjunto de las instituciones estatales y, muy particularmente, sobre los restantes órganos constitucionales»; y, de otro, una faceta simbólica, pues «son las Cortes Generales, como representantes del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado y en el que reside la soberanía nacional, quienes hayan de recibir compromiso de tanta relevancia». Una obligación, recuerda Óscar Alzaga, que se remonta a Alfonso VI que, sin heredero masculino, trató de facilitar el acceso al trono de su hija Doña Urraca; y a Alfonso VIII, en vida de su padre Sancho III, que recibía el homenaje de las Cortes, poniendo coto a las aspiraciones de su tío Fernando II de León. Por más que las circunstancias de hoy son muy distintas: en la época preconstitucional el juramento buscaba remediar la inseguridad jurídica en materia sucesoria, lo que requería que el Heredero fuera reconocido como tal en vida del Rey; en la actualidad manifiesta, en cambio, su inequívoco compromiso con el ordenamiento constitucional.

El entonces presidente de las Cortes Generales, Gregorio Peces-Barba, resaltó lúcidamente el citado perfil del juramento, al dirigirse a Don Felipe: «Estáis simbolizando vuestro sometimiento al Derecho, vuestra aceptación del sistema parlamentario representativo, vuestro compromiso de servicio a las instituciones y a los ciudadanos y vuestra lealtad al Rey». En suma, ¡celebramos un cumpleaños constitucional! ¡El de un Príncipe constitucional!

La reciente visita de los Príncipes de Asturias a Perú ratifica el compromiso de España con el desarrollo de la región y el gran momento que atraviesan los países latinos que han abrazado la democracia como forma de gobierno. El porvenir de Iberoamérica es moldeado por el enfrentamiento continuo entre el cesarismo estatista y las fuerzas democráticas populares. Los valores democráticos, en este contexto, han creado estabilidad y progreso, promoviendo el surgimiento de una nueva clase media, auténtico motor de la transformación económica. Por eso, Don Felipe estuvo especialmente acertado cuando afirmó, durante su periplo limeño, que el mundo es testigo de un «milagro peruano». Este milagro, propio de los países que optan por la libertad, no se habría llevado a cabo sin una verdadera revolución democrática.

En el futuro, Don Felipe y Doña Letizia heredarán el liderazgo de la monarquía europea que más ha hecho por la democracia de su país en los últimos treinta y cinco años. Y también, sin duda alguna, la que más ha bregado por la unidad iberoamericana. Los Príncipes encarnan esa gran comunidad espiritual que une a Latinoamérica con España. En este sentido, Iberoamérica, antes que un conjunto de naciones, es un gran y único pueblo enlazado por los vínculos indestructibles del idioma y la religión. Si consolidamos política e institucionalmente el espacio iberoamericano ello será, en buena medida, gracias a la tenaz actividad que a lo largo de las últimas décadas ha desplegado la Corona española en ambos lados del océano. Los Príncipes, por todo ello, forman parte esencial del presente y el futuro de la hispanidad.

España es consciente que su destino está ligado al nuestro. Nunca ha dejado de estarlo. Socio estratégico en la diplomacia, el comercio y la política, el ejemplo de la Transición española es un acicate para las jóvenes repúblicas latinas, más aún ahora que nos internamos en la celebración del bicentenario de las independencias. Sí, el bicentenario ha de convertirse en el marco propicio para una nueva era dorada de la hispanidad, una hispanidad revitalizada que se caracterice por su carácter abierto e incluyente, propio de un mundo globalizado. Es en este escenario que los Príncipes de Asturias tienen ante sí el enorme reto de impulsar una hispanidad que no sólo se construya a partir de lazos empresariales o comerciales. Si existe una continuidad histórica entre nuestros países, ello se debe a que el mestizaje no fue un proceso exclusivamente material. El mestizaje hispanoamericano es, en esencia, una síntesis de valores, una fusión trascendental. Por eso, la hispanidad del siglo XXI ha de promover, antes que la suma de objetivos económicos coyunturales, principios comunes basados en los valores democráticos de libertad, justicia y solidaridad. Esta hispanidad abierta del tercer milenio, promotora del Estado de derecho y las instituciones, transformará la fisonomía política y cultural del continente, gracias a su compromiso con el liderazgo de valores y la democracia real.

La nueva hispanidad está formada por personas, no por territorios. Lo que importa son los seres humanos. Los millones de latinos repartidos por todo el mundo -más de 50 millones de ellos viven, por ejemplo, entre EEUU y Canadá- forman parte de la comunidad espiritual del hispanismo, sin importar en qué lugar se encuentren. Los latinos somos hispanóforos, portadores de la hispanidad en el nuevo orden global. La cultura no se circunscribe a un espacio determinado porque viaja con las personas. Se expande y enriquece, en un proceso de perpetuo mestizaje.

Doscientos años después de las independencias, la Corona española, en pleno siglo XXI, se ha convertido en una instancia de autoridad antes que un núcleo de poder. Se encuentra unida, además, a un nuevo modelo de Estado, distinto a la idea de imperio que rigió durante la época colonial. La Corona española es un pilar de la democracia. Los Príncipes de Asturias, en este sentido, encarnan una unión fundada no en el poder del imperio sino en el prestigio global de una corona voluntariamente comprometida con los valores fundamentales de la libertad. Los Príncipes, en Iberoamérica, no ejercerán jamás un poder real. Pero gracias a su defensa de la democracia, están llamados a jugar un papel clave en la construcción del gran espacio iberoamericano.

La autoridad espiritual que une a los hispanos en una gran comunidad transpersonal responde al concepto romano de maiestas, una noción incluyente, propia de grandes espacios abiertos, como es el caso de Iberoamérica. La majestad del pueblo latinoamericano supera la soberanía exclusiva y excluyente del Estado-nación, un concepto que compartimenta nuestros países y los divide en bloques que se contraponen unos a otros. La soberanía exacerbada divide, la maiestas acopla, suma, unifica. Así, el pueblo hispano disperso por el mundo tiene maiestas, grandeza espiritual, vocación de síntesis, capacidad de cohesión. A esta maiestas hispana ha de contribuir con su defensa de los valores democráticos el liderazgo público de los Príncipes.

Los Príncipes de Asturias son el símbolo de la tradición y la modernidad del gran espacio iberoamericano. Hace unos años, su matrimonio los convirtió en artífices de la renovación de la Monarquía española y hoy encarnan el futuro democrático de toda la hispanidad. Vivimos en una sociedad que prefiere el ausentismo político y se niega a tomar conciencia de los retos que impone la modernidad. Iberoamérica no debe plegarse a esta postura disolvente y evasiva. Es preciso asumir el gran reto social de nuestro tiempo: la expansión de la democracia en Latinoamérica. La Transición española culminó con la democratización positiva de una institución clave en el proceso: la Corona. Por eso, para consolidar y fortalecer sus instituciones, los latinos debemos apelar a su ejemplo y mirar el futuro con optimismo. Jóvenes, emprendedores y llenos de esperanza -como las repúblicas latinas-, los Príncipes de Asturias personifican la autoridad global de la monarquía española. Una autoridad capaz -muy capaz- de acallar la vocinglería primitiva del populismo demagógico. Y también, por qué no, de acompañarnos fraternalmente por el duro camino de la regeneración.

Del discurso de Navidad de Don Juan Carlos, me quedo con la expresa, animosa y comprometida declaración de voluntad: «… asegurar que sigo y seguiré cumpliendo siempre con ilusión mis funciones constitucionales al servicio de España. Es sin duda mi deber, pero es también mi pasión». Una referencia que ha traído a mi memoria las bellísimas palabras de Bertrand Rusell, cuando manifestaba en su Autobiography: «Tres pasiones simples pero extremadamente poderosas han gobernado mi vida: el anhelo de amor, el deseo de saber y una compasión abrumadora ante el sufrimiento de la Humanidad». Unas razones, las del renombrado filósofo inglés, a las que el Monarca ha sumado, desde el específico carácter de la Corona y su particularísimo status, una consideración añadida: la pasión de Rey. Un rico, absorbente y vitalicio entusiasmo, encauzado por el saber hacer, la contrastada experiencia y el obligado marco constitucional. Un histórico officium regis construido sobre el exigente hacer y actuar diario. Rex eris, si recte facies; rey eres —decía la máxima política— si actúas rectamente. Un oficio regio que requiere para su desempeño, como todas las obras humanas que se precien, de pasión. Ya lo adelantaba Honoré de Balzac en La Comédie humaine: «La pasión constituye todo lo humano. Sin ella, la religión, la novela, el arte serían inútiles». Pasión, en el caso del Rey, ¡en la mejor gestión de la Res publica! Al tiempo que la persuasiva alocución navideña nos confirma nuevamente la lógica interna de toda monarquía: las abdicaciones y renuncias son excepcionales y anómalas, forman parte de las «patologías institucionales».

La monarquía parlamentaria supone en esta España constitucional tres cosas. Primera: la Monarquía resuelve, como ninguna forma de gobierno, la compleja cuestión de la transmisión del poder político, inevitablemente problemática al producirse en el vértice de la organización jurídico-política del Estado; esto es, aquella que se da entre órganos constitucionales situados —Rey, Congreso de los Diputados, Senado, Gobierno, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial— en relaciones de estricta paridad y coordinación jerárquicas. Por más que la Jefatura del Estado goce de una superior dignidad formal. Lo afirmaba Karl Friedrich en su obra Gobierno constitucional y democracia: «El constitucionalismo representa un complejo sistema para organizar adecuadamente la transmisión del poder supremo». Este es el último sentido de la distinguida mención del Monarca a don Felipe de Borbón. Una referencia que no es, pues viene realizándose intencionadamente desde hace años, improvisada ni secundaria: «He contado… con el afecto de los españoles y con el activo apoyo del Príncipe de Asturias». Don Juan Carlos ha explicitado, desde su condición de cabeza de la Corona y padre de Don Felipe, el mandato de la Constitución de 1978: «El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos… vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona» (artículo 57. 2).

Segunda: en una monarquía parlamentaria el Rey, y así lo ha refrendado Don Juan Carlos durante su reinado, disfruta de un Poder Moderador nacido de la Constitución. En esta halla aquel su principal legitimidad —la legitimidad racional normativa acuñada por Max Weber— y su legalidad de obrar. Nada de caducos principios monárquicos ni de ancestrales soberanías compartidas, incompatibles con los regímenes democráticos. Así se dispone sin ambages en el texto constitucional: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (artículo 2.2); «Los ciudadanos y los poderes públicos —incluido el Monarca— están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» (artículo 9.1); y «El Rey… ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes» (artículo 56.1). Una realidad que Don Juan Carlos ha recordado asimismo, al invocar reflexivamente en su discurso el destacado papel de «nuestras instituciones en el marco de convivencia y estabilidad que asegura nuestra Constitución».

Y tercera: el Rey carece de Poderes Ejecutivos —encomendados al Gobierno («El Gobierno dirige —dice el artículo 97 CE— la política interior y exterior del Estado…»)—, Legislativos —asignados al Parlamento— («Las Cortes Generales representan —señala el artículo 66 1 y 2 CE— al pueblo español… ejercen la potestad legislativa, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno…») y Judiciales («La Justicia emana del pueblo —se apunta en el artículo 116.1 CE— y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley»)—. El Monarca disfruta así de auctoritas, pero carece de potestas; es decir, el Monarca «reina, pero no gobierna». Don Juan Carlos ejerce de esta suerte un Poder Moderador, un Pouvoir neutre —recordando a Benjamin Constant— tan pertinente en los sistemas constitucionales, en los que la Jefatura del Estado se encuentra audessus de la mêlée, al margen de la refriega política cotidiana entre partidos. Este es el significado de la Carta Magna de 1978, cuando prescribe: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…» (artículo 56.1 CE).

Poderes, pues, sí, y además constitucionales por naturaleza, pero de arbitraje y moderación, mientras actúa como integrador símbolo de unidad y permanencia del Estado, de enorme relevancia hoy, dada la intensa descentralización del Estado de las Autonomías. Estos son sus títulos para su recurrente llamada a la unidad: «Y para crecer como necesitamos, debemos proseguir y abordar juntos las reformas necesarias… sabiendo que juntos llegaremos siempre más lejos.» Y la necesidad, apuntada acto seguido por el Rey, de rearmarnos moralmente en favor de una regeneración individual como ciudadanos y colectiva como pueblo: «Necesitamos unidad, responsabilidad y solidaridad. Estos son los mejores aliados para vencer dificultades y alimentar nuestras esperanzas. Es preciso fomentar el ejercicio de grandes valores y virtudes como la voluntad de superación, el rigor, el sacrificio y la honradez».

Tenía razón Roland Barthes, el semiólogo francés, al afirmar en sus Mythologies que «lo que el público reclama es la imagen de la pasión, no la pasión misma». Pasión de Rey, pasión por el trabajo bien hecho. Pero una pasión que no requiere de sobresaltos, azaramientos ni precipitaciones, sino todo lo contrario: equilibrio, sensatez y moderación. Un poco de pasión —decía bien Stendhal en Vida de Henri Brulard— aumenta el ingenio, mucho lo apaga». Don Juan Carlos, como antes el Premier británico, Benjamín Disraeli, atestigua pues que «el hombre es verdaderamente grande tan solo cuando actúa apasionadamente». A mí, Don Juan Carlos me ha persuadido. Quizá porque, como decía La Rochefoucauld en sus Maximes, «las pasiones son los únicos oradores que persuaden siempre». Sobre todo, diría yo, cuando la pasión se pone en la forja de una convivencia más libre, más justa y más solidaria. La pasión de todos, la pasión de una Nación. La pasión de suRey.

La mejor forma de sobrellevar esta inmisericorde crisis económica es buscar el espíritu benefactor y hasta taumatúrgico del arte. El arte puede sanarnos un alma atribulada por la desazón y el temor. Nada mejor para escapar a las malhadadas noticias sobre la caída de los mercados financieros, el desmantelamiento del tejido empresarial, el galopante desempleo, la ausencia de competitividad, la reducción de las prestaciones sociales, la falta de productividad y la quiebra de algunas instituciones y administraciones públicas, que echarnos literalmente en los brazos salvadores del arte. Tenía razón Nietzsche cuando esgrimía, en El crepúsculo de los dioses, que «el arte es el gran estimulante para vivir». Y a tal efecto les recomiendo una de las excelentes exposiciones que pueden disfrutarse en la capital de España, y que me temo no está recibiendo la atención que se merece, más centrada —no lo voy a recriminar, pues son asimismo espléndidas— en las retrospectivas sobre Renoir y Rubens en el Museo del Prado, y en los fondos de la Duncan Phillips en la Fundación Mapfre. Me refiero a La Pintura de los Reinos, que puede verse también en el Museo del Prado y en el Palacio Real. Una ocasión para satisfacer dos necesidades. Una, académica, vinculada al conocimiento de la mejor Historia de España; de la Historia de España con mayúsculas y de verdad. La historia de la Corona y de los Virreinatos americanos. En palabras de su comisario, el hispanista Jonathan Brown, la Exposición es «un gran regalo para los españoles, que en general no son conscientes del inmenso potencial de creación cultural que tuvo España». Otra, estética, en aras del pertinente sosiego del alma y de un ponderado equilibrio de unos ánimos entristecidos; el arte como instrumento de atemperar las dificultades y las penas. Una pintura dominada por las ideas de la Contrarreforma y el Barroco católico. En resumidas cuentas, el arte como mejor marañonianaterapéutica.

En efecto, la Exposición La Pintura de los Reinos es una oportunidad para acercarnos al arte de la Monarquía hispánica. Aquella Monarquía que forjaba, durante el Imperio español de los siglos XVI y XVII, la representación artística más importante del mundo. Ahora que se habla tanto de la internacionalización, de la macluhiana aldea global, La Pintura de los Reinoses una ocasión para aproximarnos —al hilo de sus ciento veinticinco piezas— a la que podríamos calificar como la primera muestra de arte global de la Historia: el arte de la Monarquía hispánica. Del arte creado en la España peninsular, pero también del arte elaborado en la América española. De zambullirnos en el arte español, en su sentido más amplio, lo que era tanto como decir europeo y americano. Un arte hispánico por sus orígenes y fines, pero universal por su extensión y pretensiones. Un arte que iba de la peruana Cuzco a la flamenca Amberes, de las ibéricas Madrid y Sevilla hasta la azteca México y la filipina Manila. Estamos, pues, ante la primigenia exteriorización del arte universal. La lectura nacionalista de la historia del arte, de contornos impermeables y cerrados, no aparece en Europa hasta la derrota de las tropas de Napoleón y el Congreso de Viena. El nacionalismo político, que salvaguardaba la identidad propia, frente a las frustradas aspiraciones uniformadoras bonapartistas, requería de una pintura nacional. Una realidad que se consolida en Europa con la I Guerra Mundial. Unas expresiones artísticas globalizadas que se adelantaban ¡más de trescientos años! a la mundialización artística.

Los artistas de la Monarquía hispánica erigieron un arte universalizado antes del advenimiento cosmopolita de los pintores impresionistas, de los revolucionarios cubistas y del expresionismo abstracto. En suma, unos adelantados a su tiempo y a la modernidad. Un arte que se redefinía diariamente, matizaba a conveniencia, se reinterpretaba según el lugar, se transformaba con el tiempo y se acomodaba a las especificidades de cada territorio dentro del paraguas común de una Monarquía compuesta, diferenciada y plural. Lo que se constata, por ejemplo, en la visualización de la representación del poder: dominada mayoritariamente en la América peninsular por la omnipotente figura del Rey, en la América española —dada la limitación de los mandatos de los virreyes— exaltaba, por contra, la atemporal jerarquía eclesiástica. Una diversidad que alcanzaba, asimismo, a cada uno de los territorios. Poco tenía que ver el mantenimiento de la herencia precolombina en las ciudades del Perú, con la mayor europeización en el Nuevo Mundo. O las disimilitudes evidentes entre Manila y Potosí. Sirva como ejemplo la disparidad compositiva y de factura entre el majestuoso Retrato de Moctezuma de Antonio Rodríguez y la piadosa Comunión de santa Teresa de Juan Martín Cabezalero. Un acierto, por tanto, el ciclo de conferencias que ha organizado la Real Academia de la Historia y el reciente libro de Hugh Thomas con el título El Imperio español de Carlos V. Ya lo adelantaba Stevenson: «El arte es un juego, pero hay que jugar con la seriedad de un niño que juega».

Una Monarquía hispánica que disfrutaba —dependiendo de sus territorios en Nápoles, Flandes, Castilla y Aragón, Nueva España, Quito, Perú— de sus particulares ordenamientos, leyes e instituciones políticas, como de sus plurales artistas, motivos y significados. Una Monarquía compuesta y descentralizada en su ordenación político-territorial, y compuesta y descentralizada en sus manifestaciones artísticas según los Estados de aquí y de allí, según los gustos de unos y de otros. En una Monarquía donde conviven el centro y la periferia, los elementos centrípetos pero también las tensiones centrífugas, las herencias comunes y los legados desemejantes, la mayor internacionalización, pero asimismo la exaltación de lo particular. Donde hay identidades propias y dispares, pero simultáneamente compartidas y leales al Rey. Nadie escapa a esta liturgia homogénea, pero diversa: ni monarcas, ni nobles, ni validos, ni virreyes, ni clero, ni el pueblo. Una Monarquía hispánica forjada desde la mezcolanza, la yuxtaposición, el intercambio, la simbiosis. Una Monarquía, por tanto, globalizada, única y plural, donde conviven sincréticamente las Vírgenes sevillanas de Murillo y las Vírgenes mejicanas de Guadalupe, los ángeles pintados en Bruselas y en Manila, los retratos de los Virreyes de Perú y los gobernantes de Filipinas. La Exposición, permítanme una metáfora politológica, sería la prueba de un constitucionalismo flexible y elástico. Un constitucionalismo que se acomoda, sin sobresaltos, de forma sosegada y tranquila, a las singulares circunstancias de cada hecho, negocio o relación. Un constitucionalismo que bebería en las fuentes de Bryce en su obra Constituciones rígidas y flexiblesy en la noción de elasticidad constitucional. Así las cosas, hemos de ir aquí obligatoriamente más allá de Flaubert, cuando señalaba descreídamente que «la moral del arte consiste en su belleza misma».

Ya lo manifestaba la Constitución de Cádiz de 1812 en su artículo 1: «La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». La Exposición reiterada es una buena manera de conocer nuestro pasado, el mejor arte de los siglos XVII y XVIII, y de conmemorar —tras la fragmentación de la Monarquía hispánica— los procesos de independencia americana. Nos permite refrendar —como decía el pintor Manuel Viola— que «el objetivo final del arte es mostrar los tejidos internos del alma». En este caso, de la Monarquía hispánica, de nuestra historia y de su mejor arte.

La primera vez que vi a Don Juan Carlos fue en enero de 1975. Él todavía era Príncipe y Franco seguía vivo tras haberse recuperado, según todas las apariencias, de una grave enfermedad que había padecido el año anterior, cuando había transferido temporalmente el poder al Príncipe. Programé una entrevista en La Zarzuela y salí hacia las cuatro para asistir a la cita, prevista para las cinco. Al cabo de media hora el taxista me había llevado al teatro de la Zarzuela de la calle Jovellanos, en el casco antiguo de Madrid, y no al palacio situado a las afueras. Me contuve y, con la ayuda de un mapa, dirigí el trayecto a lo largo de la carretera de La Coruña, donde vi que había una buena entrada a la auténtica Zarzuela. Pero al llegar allí me encontré con una verja que nunca llegó a abrirse. Nos dirigimos a toda prisa a la entrada principal mientras yo repetía una frase que creo que era de Luis XVIII: «La puntualidad es la educación de los reyes».

Llegué tres cuartos de hora tarde a mi cita. Don Juan Carlos no pudo ser más considerado. «Mire —me dijo—, tengo que irme a ver a Franco para hablar de un posible viaje que quiero realizar a China. Quédese aquí, charle con mi secretario particular y yo volveré en media hora». Y allí me quedé, y hablé con su secretario particular, que era muy inteligente, y el Príncipe regresó y me concedió una excelente entrevista.

Le pregunté qué clase de Monarquía pensaba instaurar. «Una Monarquía muy moderna», me respondió, y así lo hizo. Nada de aquel viejo estilo cortesano que había dado al reinado del Rey Alfonso XIII un aire un tanto pomposo. Lo que hizo Don Juan Carlos fue implantar la Monarquía en noviembre de 1975, no como si fuese una restauración, sino algo bastante nuevo. Eso obedeció en parte a que él y Doña Sofía eran muy jóvenes en comparación con Franco y sus generales, que habían dominado España durante mucho tiempo. Pertenecían a una nueva generación. Franco había mantenido relación con personas jóvenes como Adolfo Suárez y también Fraga, quien por entonces tenía aún unos 40 años. Pero Don Juan Carlos pareció infundir un cambio muy refrescante a lo que parecía una institución bastante nueva, con la que la mayoría de los españoles nunca había tenido experiencia. De hecho, algunos viejos monárquicos mostraron su rechazo a la falta de ceremonia de Don Juan Carlos. Recuerdo que asistí a un congreso del partido de Fraga, creo que en Barcelona, y en la mesa a la que yo estaba sentado, los invitados criticaron muy duramente a Don Juan Carlos. Sus innovaciones les habían disgustado.

En cuanto Don Juan Carlos fue proclamado ante las Cortes y tuvo un Te Deum de acción de gracias, a la manera tradicional, en la iglesia de San Jerónimo el Real, se embarcó en los brillantes cambios que España necesitaba para convertirse en una democracia occidental. No es preciso detallarlos, pues son de sobra conocidos. Uno de los elementos esenciales del proceso que merece la pena recordar fue el denominado Pacto de la Moncloa, que relegó a la historia todas las discrepancias del pasado. No creo que esos cambios democráticos se hubieran podido materializar sin violencia de no ser por ese acuerdo.

Estos logros son los que afianzaron a Juan Carlos como Monarca. Fue un líder de máxima importancia en la instauración de la libertad y también de la Monarquía, una combinación que no siempre ha caracterizado a la vida monárquica. La restauración de la década de 1870 fue sobre todo una restauración de la dinastía, y no primordialmente de la libertad, aunque el Rey Alfonso XII fue benigno y útil. La de 1812 fue exactamente igual.

Desde la implantación de la libertad y de un pacto constitucional, Don Juan Carlos ha personificado otro aspecto importante de la política del país, y éste es que incluso la gente sofisticada e inteligente del siglo XXI desea un jefe simbólico que exprese y afirme su identidad. Los ingleses se alegran de tener dicha representación en la persona de la Reina. No existe ninguna lógica en el sentimiento de lealtad y afecto que la mayoría de la ciudadanía inglesa profesa a su actual Monarca. Pero no son solo las Fuerzas Armadas las que la consideran el gobernador supremo del Reino.

Como todos recordamos, la Monarquía fue hasta la Primera Guerra Mundial el sistema político dominante en todo el mundo. Algunas, como la austrohúngara, eran en efecto ancestrales. Otras, como la de Italia, se valieron de una antigua familia de la realeza, los Saboya, para dirigir la nación. Francia, el país más monárquico por naturaleza, había probado en el siglo XIX tres tipos de realeza: la bonapartista, la borbónica, cuyo principal linaje era eminentemente capetiano, y los Orleans. No estoy convencido de que éstas o, de hecho, ninguno de esos países hayan encontrado una sucesión adecuada a sus antiguas tradiciones. Hay un viejo chiste que cuenta que un hombre entró en una biblioteca pública de París y pidió una copia de la Constitución. «Lo lamento, señor —respondió el bibliotecario—, no guardamos periódicos».

Incluso Estados Unidos y México, al igual que otras presidencias de Latinoamérica, parecen sistemas monárquicos electos en los que todavía se advierten muchos de los símbolos de la realeza.

Curiosamente, lo que falta en todos nuestros sistemas es el planteamiento bicéfalo que caracterizó a dos de los Gobiernos más importantes de la Antigüedad: Roma, liderada por sus dos cónsules, y Esparta, regida por sendos reyes. En la política, la verdadera innovación es algo asombrosamente inusual. De ahí que la casualidad de que en la Inglaterra medieval hubiera dos cámaras parlamentarias haya afectado al mundo de tal manera que nunca vemos una constitución tricameral.

Estoy divagando. En solo 35 años, Don Juan Carlos ha impuesto una verdadera innovación política de la máxima importancia. Los dictadores nunca pueden prever a sus sucesores, y Franco fue lo bastante inteligente como para darse cuenta de ello. Recuerdo que don Adolfo Suárez tuvo la valentía de advertirle de la probable desaparición de su sistema antes de que muriera. Un Rey puede crear una institución que sobrevivirá. Esto se ha hecho para bien de muchas generaciones de españoles, y también de sus vecinos europeos que tanto los admiran.

En Inglaterra tenemos una preciosa poesía infantil:

Yo tenía un pequeño nogal

No daba fruto alguno

Salvo una nuez de plata

y una pera de oro.

La hija del Rey de España

vino a visitarme

y todo por mi pequeño nogal.

Confío en que la maravillosa innovación monárquica de Don Juan Carlos perdure al menos tanto como esa poesía, y que la pera de oro de la ecuación siga siendo la magnífica Constitución que Don Juan Carlos legará.

No creo constituir excepción entre los españolitos medianamente letrados a quien, cuando formulo la creencia de que la Monarquía es lo que mejor conviene a nuestro país, se le hace el conocido reproche: pero ¿cómo es posible que tú defiendas un sistema en el que una persona tenga derecho al Trono por el simple hecho de «ser hijo de su padre»? ¡Sin que lo haya elegido el pueblo soberano! Y, por supuesto, las preguntas y «aclaraciones» se suceden, si bien con no mucha originalidad. ¿Es que no estamos en una democracia? Y en una democracia, ¿la decisión no la tiene siempre el pueblo, que es el titular de la soberanía y que la manifiesta, fundamentalmente, a través del sufragio universal? Y como en algo hay que ceder en la actual situación de nuestro país, vienen las transitorias «concesiones»: «Yo no soy monárquico, sino juancarlista». Al actual Monarca hay que admitirlo por lo mucho que hizo en la Transición a la democracia, primero, y en un 23-F después. Y, claro está, si de esta forma de pensar no se sale, la consecuencia se ve llegar.

Y esa consecuencia apunta directamente al futuro más o menos próximo. De nuevo se cae en otra posición no menos simple. «Otra cosa es el Heredero, por muy establecido que esté en la vigente Constitución». ¿Por qué no se sometió a referéndum en su día y en forma aislada este tema? ¿Dónde está entonces la democracia? Con nueva «concesión»: el actual Príncipe Heredero tiene que ganarse el derecho a reinar. Lo que se requirió al padre hay que exigirloigualmente al hijo. Y todo ello por no entrar en el tema de «las circunstancias». La previa designación que Franco hiciera en su día, algo que, al parecer, constituyó algo fundamental para algún sector del Ejército. El apoyo que entonces obtuvo Juan Carlos en las grandes potencias internacionales. La creencia, luego no confirmada, de que «las cosas no iban a cambiar mucho». Y así un largo rosario para justificar a uno y, a la vez, cuestionar a otro.

Ocurre que, desde esta monocorde cantinela, cualquier tipo de respuesta puede resultar inservible. Hay que ir al fondo de la cuestión. Y aunque resulte no muy popular, el punto de partida consiste en la afirmación de que la democracia, con el sufragio universal a ella unido, no es el principio de la legitimación de la Monarquía. Y ello pese a la universalización que tal principio democrático adquiere como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y por esa universalización, desde entonces lo democrático pasó a ser lo generalmente admisible. Pero si eso es cierto, no lo es menos que la democracia tiene su ámbito. Ni está ni puede estar como único principio de legitimación y funcionamiento en todos los sectores y en todas las funciones de la realidad política y social. En la Universidad debe primar la meritocracia. En las competiciones deportivas no se somete a votación del público quién resulta vencedor. El Ejército tiene que respetar y hasta defender una democracia establecida, pero su funcionamiento interno no puede ser democrático. En el terreno religioso, la fe ocupa el primer puesto. Y así seguiríamos con otros muchos ejemplos.
Y en la Monarquía, el principio legitimador es el de la establecida sucesión. Una vez fijado, por las leyes o por la costumbre, el debido orden sucesorio, tiene pleno derecho a reinar quien suceda naturalmente a quien hoy reina. Sin más. Por ello, el sucesor, de entrada, no tiene «que ganarse nada». Deberá intentar obtener el mayor beneplácito de la opinión pública. Los ciudadanos gustan de Príncipes que conozcan sus problemas, aunque constitucionalmente no puedan resolverlos, que se acerquen a la España real y aprovechen para ello cuantos viajes resulten necesarios. Que oigan, escuchen y tomen buena nota de la situación de cuanto constituye la sociedad. Y todo ello de forma muy directa, sin conformarse únicamente con lo que le puedan decir las autoridades autonómicas. Es sabido que incomprensiblemente nuestra actual Constitución alude de forma harto escasa al Príncipe Heredero y deja sin regulación la naturaleza misma de una figura de notoria importancia: funciones, atributos, sentido de la representación del Rey, etc. Algunos constitucionalistas han señalado la necesidad de una breve consideración, quizá en una Ley Orgánica con pocos artículos. En este aspecto, coincidimos plenamente con esta necesidad defendida en no pocas ocasiones con el llorado Sabino Fernández Campo. Pero entendemos que, pese al casi olvido constitucional, el Heredero, «per se» y en razón de su «auctoritas», debe y puede desempeñar actividades de mayor alcance.
En el caso de la España de nuestros días, el país tiene, por fortuna, un Príncipe Heredero con una magnífica preparación válida para sus funciones de hoy y de mañana. Quizá Don Felipe de Borbón constituya el Heredero a la Corona mejor preparado y con el más completo currículo de nuestra reciente historia política. Piénsese que nuestro futuro Rey, y en lo que se nos alcanza, terminado su Bachillerato realizó los estudios preuniversitarios en un prestigioso College de Ontario (Canadá).

Vuelto a España, cumple con el importante paso por las Academias Militares de tierra, mar y aire, largo tiempo durante el cual, a más de la obtención de los títulos y despachos correspondientes, se familiariza con la vida castrense, algo de lo que se va a sentir profundamente dichoso. Nuestro Heredero, con los ascensos posteriores debidamente obtenidos, es también un militar que bien conoce a nuestro Ejército. A ello le sigue una necesaria y brillante formación académica. Cursa los estudios de Derecho y Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, recibiendo saberes de ilustres maestros. Por pura casualidad, uno de ellos, el profesor Francisco Murillo Ferrol, catedrático de Derecho Político, lo fue también en su día de quien estas líneas escribe. Y esta también larga etapa formativa se cierra con un máster de dos años en Estados Unidos, concretamente en Georgetown (por cierto, donde también se han formado algunos presidentes de aquella nación), con especial dedicación a la temática de relaciones internacionales. Dominando perfectamente cuatro idiomas, representa en pocas ocasiones a nuestro país en múltiples actos de alcance mundial y por deseo del Rey. Y, a la vez, sigue visitando toda nuestra geografía nacional, de Este a Oeste, por la gran diversidad de actos que preside. Con el desarrollo de los Premios Internacionales de la Fundación que lleva su nombre, el conocimiento y el prestigio de Don Felipe de Borbón tienen hoy, sin duda, un alcance que, repetimos, ningún otro Heredero ha poseído en nuestro país.

¿Se puede pedir más? ¿Qué es eso y en qué queda lo de que «se lo tiene que ganar»? Bueno, claro, para los no convencidos: la elección previa. En nuestra historia política reciente no ha habido nada más que un caso de un Rey elegido por las Cortes: el de Amadeo de Saboya. Pues bien, el 11 de febrero de 1873, y tan solo con dos años de reinado, envía un mensaje al Congreso renunciando a la Corona. Merece la pena una breve alusión a las razones que le llevan a tal decisión: «entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos(…) es imposible atinar cuál es la opinión verdadera y más importante todavía hallar el remedio para tamaños males». Y no hay que olvidar que por razones parecidas, aunque revestidas de legalidad, se destituyó a Niceto Alcalá Zamora como presidente de la Segunda República.

La pregunta es insoslayable. ¿Es eso lo que se desea para nuestro futuro? ¿Un Rey sometido, en su origen y después, a las variantes disciplinas de los partidos mayoritarios o de los pactos entre ellos? Si así ocurriese, ni sería Rey de todos los españoles ni se podría hablar de «arbitrar y moderar». Y hasta podríamos tener un nuevo Rey cada dos o tres meses. ¿O estoy en el error?

Hace unos días se leía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos una excelente tesis doctoral de ese buen profesional de la información que es Manuel Ventero. Somos muchos los que nos deleitamos, domingo tras domingo, con su amenísimo programa de entrevistas por título Siluetas. Una investigación centrada en el análisis lingüístico de los Mensajes de Navidad de Don Juan Carlos. Una tesis juzgada por los profesores Manuel Jiménez de Parga, Virgilio Zapatero, Alfonso Fernández-Miranda, Enrique Álvarez Conde y José Manuel Vera, que alcanzaba la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Un completísimo estudio periodístico, no exento de una parte dogmática jurídico-constitucional introductoria, que desgranaba las principales líneas y concretos contenidos de las palabras navideñas del Monarca, desde el lejano mes de diciembre de 1975 hasta el más reciente de 2009.

El exhaustivo trabajo de campo llamaba nuestra atención sobre una serie de consideraciones. Primera: los mensajes navideños se han erigido en un referente de primerísima mano para conocer la práctica totalidad de la política española, tanto nacional como internacional, así como los distintos avatares y preocupaciones de los españoles. Por más que no podamos olvidar -dada su trascendencia histórica, política y constitucional- otras alocuciones muy importantes del Monarca, dentro de los más de dos mil discursos y mensajes emitidos. A saber: el discurso de su proclamación como Rey, el 22 de noviembre de 1975, donde se atestigua ya una firme convicción: ser el Rey de todos los españoles; sus recordadas consideraciones ante el Congreso de los Estados Unidos, el 2 de junio de 1976, en las que Don Juan Carlos se comprometía a establecer en España una Monarquía parlamentaria; las palabras pronunciadas el 22 de julio de 1977, en la sesión de apertura de las Cortes Constituyentes, con aquellas inolvidables palabras: «La democracia ha comenzado»; el imperativo discurso la noche del 23 de febrero de 1981, que ponía felizmente término al golpe de Estado; los discursos de apertura de las diferentes Legislaturas de las Cortes Generales; o, en fin, los discursos anuales de apertura del Año Judicial o de la Pascua Militar. Segunda: los mensajes navideños son visualizados por la ciudadanía y la opinión pública como el mejor modo -por su carácter directo, inmediato, próximo y hasta íntimo- de saber de primera mano el parecer del Jefe del Estado. Unos discursos elaborados discrecionalmente desde la Casa del Rey, pero sometidos a la lógica consideración del Gobierno. Tercera: los mensajes navideños, ininterrumpidamente vistos y escuchados por los españoles (1975-2009), se han consolidado como costumbres constitucionales praeter legem. Así lo estima el propio Rey, que califica pronto tales comparecencias públicas de «tradicional ocasión» (1980) y de «gozosa costumbre de todos los años» (1982). Nos hallamos pues -en tanto que «expresión solemne del criterio político del Jefe del Estado»- ante la explicitación de actos interconstitucionales que expresan un poder de exteriorización de nuestro Poder moderador. Unos mensajes mayoritariamente elocuentes, en la mayoría de los casos persuasivos, pero también en ocasiones protocolarios y a veces incluso preceptivos. Cuarta: los mensajes navideños están cubiertos -en lo que atañe a la exoneración de responsabilidad política del Monarca- por el refrendo en su manifestación presunta. «The King can do not wrong», «El Rey no puede hacer mal», que señalan los textos políticos más clásicos. Quinta: los mensajes navideños nos confirman que Don Juan Carlos ha actuado escrupulosamente dentro de los perfiles de una Monarquía parlamentaria -au dessus de la melée- en el ejercicio neutral de sus funciones arbitrales y moderadoras encomendadas constitucionalmente.

Pero afirmado esto, resulta más llamativa aún su relevancia para aprehender cuál es en la España actual el lenguaje político de estos años de régimen constitucional. Como afirmaba acertadamente Virgilio Zapatero, cada sistema político dispone de su particularizado lenguaje, tanto el de los modelos autoritarios/totalitarios como el de los regímenes constitucionales, tal y como es el caso del sistema democrático instaurado, tras nuestra ejemplar Transición política, por la Constitución de 1978.

En efecto, basta detenerse en los iniciales discursos de Don Juan Carlos para apreciar la definitiva erradicación del autoritario lenguaje político franquista, y el paulatino, hasta llegar a nuestros días, definitivo afianzamiento de un auténtico lenguaje democrático. Así, mientras que el lenguaje de la dictadura se hilvanaba sobre la fratricida división de vencedores y vencidos, con las pomposas referencias a la España imperial, al victorioso Caudillo, al complot judaico masónico, al peligro rojo, al cáncer de los partidos, y hasta al oro de Moscú y a la pertinaz sequía, estos años constitucionales disponen ya de un intangible léxico democrático.

Así se vislumbra en el primero de los discursos navideños en diciembre de 1975, con una abierta apelación a la unidad y convivencia entre todos los españoles, mientras se apunta simultáneamente la necesidad de impulsar una Transición política pacífica e irreversible hacia la democracia. Y a partir de entonces, se construye el nuevo lenguaje constitucional/democrático, con las llamadas recurrentes a la reconciliación, la preservación de la unidad desde el reconocimiento de la rica diversidad, el respeto a los derechos y libertades fundamentales, la preservación de la Constitución como norma fundamental de convivencia y el respeto a la ley por parte de los poderes públicos y los ciudadanos. Y otras de semejante naturaleza: pacto, principios democráticos, consenso, diálogo, acuerdo, tolerancia, igualdad, solidaridad, justicia, construcción europea, etc.

¿Que cuáles han sido los temas más invocados por Don Juan Carlos? La investigación nos los desgrana puntualmente: unidad (en 33 ocasiones de la serie de 35 discursos), Monarquía (31), terrorismo (28), España (27), economía (27), desempleo (17), valores democráticos (26), democracia (23), Europa (23), políticas de Estado (22), Constitución (21), construir el futuro entre todos (21), Iberoamérica (19), paz (15), Transición política (15), política social (12), jóvenes (12) y familia (10). A los que se añade la enumeración de otros asuntos de relieve, calificados como menciones, al no alcanzar sin embargo la significación de temas nucleares: la convivencia (27), la libertad (26), los españoles residentes fuera del territorio nacional (26), el esfuerzo (24), la esperanza (22), la justicia (21) el progreso/avance (18), el sacrificio (17), la ilusión (16), el respeto (16), el respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (16), la generosidad (14), la solidaridad (14), la confianza (13), la responsabilidad (13), los jóvenes (12), la concordia (10), los inmigrantes (10), las víctimas del terrorismo (10), la estabilidad (8), los marginados y desfavorecidos (8), los enfermos (7) y los drogodependientes (4).

En suma, un esclarecedor estudio -al hilo de los mensajes de Navidad del Monarca- del lenguaje político de Don Juan Carlos. Lo que es lo mismo que decir, a tales efectos, del lenguaje de la democracia en esta España constitucional. Ya lo afirmaba clarividentemente Stendhal: «El estilo es el hombre».

El rey Juan Carlos ha sabido mantener siempre un halo de prestigio en torno a su institución. Y así, han bastado gestos leves –siempre alejados del aspaviento y del grito– para que la Corona, dotada de gran influencia, ejerciese con discreción y eficacia la labor de arbitraje y moderación que tiene atribuida por la Carta Magna. Un quehacer sutil que era nuevamente descrito por Gregorio Peces-Barba en un artículo reciente: «En la Monarquía parlamentaria se puede decir que la ley hace al Rey y que este carece de cualquier poder, y no es ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Su influencia deriva de su autoridad, que es su capacidad para encarnar la ética pública incorporada al sistema político español, y por representar la unidad y la permanencia del Estado. No es su carisma el que legitima al poder, sino que es el poder organizado en la Constitución el que legitima la función real».

El último de los gestos de la Corona, que fue interpretado como una especie de invocación al pacto de Estado contra la crisis, fue el de recibir conjuntamente a los dos secretarios generales de los sindicatos mayoritarios. Aquella audiencia, una más en una secuencia de entrevistas con los principales agentes políticos, sociales y económicos, expresaba la preocupación regia por la recesión que estamos padeciendo y que nos deja como penosa secuela un desempleo exorbitante. Una vez más, el jefe del Estado se ponía al frente de la preocupación colectiva con propuestas suprapartidistas y de conciliación.
Ese discreto intervencionismo regio ha coincidido además esta vez con otros cambios de la Casa Real tendentes a dotar a la institución de mayor visibilidad. Al hilo de la sustitución del máximo responsable de comunicación de palacio por Ramón Iribarren, se anunció que la Zarzuela informará puntualmente de la mayoría de las actividades regias, incluidas las audiencias. Además, se emprenderá una campaña de cuidado de imagen, que podría incluir el ingreso de la Jefatura del Estado en las redes sociales, y una mejora y modernización de la página web.
Parece lógico pensar que a este aggiornamento no han sido ajenos los príncipes de Asturias, cada vez más activos en las tareas de representación de la Corona (sin que se pueda olvidar que la princesa de Asturias proviene de los medios de comunicación). En cualquier caso, no parece verosímil que, como se ha afirmado en determinados círculos, la operación obedezca a la intención del Monarca de preparar el terreno para una cercana abdicación que daría paso al heredero. Tal hipótesis carece por completo de sentido en este momento y ha sido desmentida oficiosa pero tajantemente por la Casa Real.

Es probable, además, que tras estos prolegómenos la Casa del Rey decida ir desvelando el desglose de los presupuestos que percibe de las arcas públicas, como ya hace, por ejemplo, la monarquía británica. De momento, las exigencias de transparencia formuladas en sede parlamentaria por algunas minorías políticas no han prosperado porque así lo han querido los principales partidos, pero no debería haber grandes obstáculos para esa publicidad: no en vano el sostenimiento de nuestra Jefatura del Estado representa para este país un gasto francamente exiguo en comparación con los de nuestro entorno.
En efecto, si se descuentan los gastos de representación y seguridad que sufragan diversos ministerios, mantener a la Monarquía española cuesta 8,9 millones de euros anuales –esta es la cantidad presupuestada en el 2009, que se mantiene congelada en el 2010–, lo que equivale a una aportación de 20 céntimos de euro por cada español. Cantidad que contrasta, por ejemplo, con los 235 millones que la republicana Italia destina a mantener la presidencia de la República; dividida esta cantidad entre los 58 millones de italianos, el coste anual es de algo más de 4 euros por ciudadano.

Otras monarquías europeas, como la británica o la sueca, significan un coste para el contribuyente mayor que la Casa del Rey de España. En el Reino Unido, la transparencia fiscal es muy alta: la reina publica en internet sus cuentas, que incluyen el pago voluntario del IVA. Según los últimos datos, Isabel II y su familia cuestan a los ciudadanos del Reino Unido 55 millones de euros anuales, 92 céntimos por ciudadano. El rey de Suecia, que goza de un presupuesto de 10,5 millones de euros, cuesta a cada súbdito –apenas nueve millones de ciudadanos– en torno a 1,16 euros al año.
Nuestra Monarquía resiste, pues, las comparaciones. Y es plausible que, cuando el reinado de Juan Carlos alcanza su plena madurez, el Rey sienta la preocupación por dejar perfectamente establecida y asentada la institución de modo que el hecho sucesorio no genere incógnitas ni abra extemporáneos interrogantes. Cuando concluya biológicamente la adhesión personal que suscita el Rey por su propia biografía –por los servicios prestados al régimen de libertades–, la funcionalidad bien engrasada de la institución debidamente adaptada a la modernidad ayudará sin duda al heredero a proseguir con eficacia la tarea de servicio que ha pautado su progenitor.

La primera petición de pacto entre  todas las fuerzas políticas, como única forma de salir de la actual crisis económica española, la leí hace un par de años en un artículo de Alfredo Pastor. Y, desde entonces, son innumerables y variopintos los pronunciamientos en igual sentido y por parecidas razones: que la crisis española es distinta en las causas – crisis del modelo de crecimiento-y anterior en el tiempo – comienzos del 2007-a la crisis financiera internacional, aunque agudizada por esta; que, al carecer de la palanca que constituye la política monetaria – no poder devaluar para exportar más-,España precisa aumentar su productividad para ser más competitiva; y que este aumento de productividad exige la adopción de unas reformas de calado en varios ámbitos, que son impensables sin un pacto nacional, semejante a los pactos de la Moncloa, que hicieron luego factible el pacto constitucional.

Y no porque con el pacto se haga una luz nueva, de efectos taumatúrgicos, que ilumine las entendederas de quienes lo otorgan, sino porque con el pacto de todos se neutralizan los perniciosos efectos electorales que se irrogarían al partido que intentase acometer dichas reformas por sí solo.

Más de dos años después de los primeros síntomas de la crisis, este pacto no ha sido posible por la deriva cainita de la política española, que en ocasiones bordea lo soez y tabernario. En esta situación, se ha escuchado la voz del Rey invocando la unidad de los partidos mayoritarios en un acto público, al tiempo que realizaba una serie de contactos ratificándose en tal sentido. Frente a esta iniciativa, la reacción de una parte de la clase política y de los medios de comunicación ha sido de desconfiada reserva cuando no de explícito rechazo, sazonado en ocasiones con la agresividad, el despecho, el sarcasmo y el desprecio que la derecha más montaraz reserva para la monarquía.

Razón alegada: que el monarca se ha extralimitado en sus funciones. ¿Es así? El artículo 56 de la Constitución dispone que “el Rey arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones”, lo que significa – en palabras del Manual de Derecho Constitucional coordinado por los profesores Miguel-ÁngelAparicio y Mercè Barceló-que “el rey no puede imponer su decisión a otros órganos, pero sí que puede influir en su adopción, limitándose a formular propuestas o iniciativas que pueden ser ratificadas o asumidas por los órganos a los cuales vayan dirigidas”, utilizando para ello, como instrumentos, “el consejo, la advertencia y la información”.

Si esto es así – que lo es-,¿cuál es la razón de fondo de la cerrada oposición al pacto de los dos grandes partidos españoles? El PSOE del presidente Zapatero no lo quiere porque este ha basado su política, desde su llegada al poder, en el intento de exclusión de la derecha mediante su marginación y el enfrentamiento cerrado. Tan es así que – cuando se vea con perspectiva su mandato-este será su mayor debe. Pero no le va a la zaga la oposición popular, enrocada en la descalificación sistemática del Gobierno, esperando que este se cueza en el fuego lento de la crisis, hasta que el poder caiga en sus manos como fruta madura.

Se trata de sendas manifestaciones de una misma concepción de la política, que se circunscribe a la pura lucha por la conquista y la preservación del poder, sin parar mientes de los daños que con este proceder se irrogan a los intereses generales. Lo que supone que, en la España de hoy, a la grave crisis económica que padece se le sobrepone una crisis política de enorme calado, que se manifiesta en una creciente desafección ciudadana.

Nadie duda que gran parte de los políticos ejercen su función con discreción y aseo. Pero también es evidente que las cúpulas de los partidos – integradas en gran parte por políticos de hoja perenne-se han convertido en unos mandarinatos atentos sólo a sus intereses electorales, ya que, al haberse profesionalizado la política – lo que hoy resulta inevitable a estos niveles-convierten la lucha por el poder en una refriega por su instalación personal, que tendrían difícil a la intemperie. El profesor Josep-Maria Colomer – presidente de la comisión de expertos para la Llei Electoral de Catalunya-ha denunciado este colapso, al atribuir el fracaso del proyecto  a “la sustitución de las listas cerradas y bloqueadas por alguna forma de voto que permitiese a los electores escoger no sólo un partido sino también algunos candidatos individuales”, añadiendo que “los partidos políticos están cerrados en ellos mismos, y a los que controlan la organización les da pánico que los ciudadanos puedan intervenir en la selección de sus representantes”.

Por ello, pese a ser inmune a la mística de la institución monárquica, añado a los dos argumentos con los que vengo defendiendo su vigencia en España (su aportación decisiva al éxito de la transición y su función vertebradora del Estado) una tercera razón: el quedar excluida, por su carácter hereditario, de la manipulación partidista. ¡Qué descanso!

La ceguera tiene muchas causas, también en la vida política. En unos casos la ambición, en otros la ofuscación y, casi siempre, la enorme distancia que mantienen los políticos con la sociedad, esa sociedad a la que unos llaman pueblo y otros ciudadanos.

La evolución de los partidos en estos últimos treinta años ha distorsionado tanto la vida política que, cualquier cosa que no nazca y muera en ellos, sea vista -por ellos mismos- como poco más o menos que una herejía, como una propuesta ilegítima, como una intromisión intolerable.

Para cualquier persona con inquietudes políticas y un mínimo espíritu crítico, es francamente curiosa la reacción que han provocado las palabras del Rey llamando a todos a «grandes esfuerzos y amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis». Porque esto es, exactamente, lo que el Rey ha dicho; y esto es, exactamente, lo que el Rey puede y debe hacer.

Según lo que dice el artículo 56.1 de nuestra Constitución de la Concordia de 1978, «el Rey… arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones… y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Ese arbitraje y esa moderación consisten, precisamente, en tener visión de largo plazo, ausencia de interés político partidista directo, olfato para identificar los intereses comunes de los españoles y capacidad para trasladarlos tanto a la opinión pública, como a las instituciones competentes. Con mayor o menor discreción, según requieran las circunstancias y el asunto.

Las palabras que les acabo de transcribir son casi idénticas a las pronunciadas por el mismo Rey durante su mensaje de navidad el pasado diciembre “… sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado, reforzando nuestra cohesión interna y proyección internacional…” y, si no me equivoco, trasladan lo que la inmensa mayoría de los españoles pensamos: que ya es hora de ver a nuestros políticos unidos en torno a los grandes temas de Estado. Hoy, muy especialmente, la crisis que asola nuestra economía.

No es competencia del Rey entrar en quien tiene o no razón en un asunto, ni tampoco señalar culpables de una determinada situación. Ni siquiera es competencia suya el proponer soluciones concretas… ni lo ha hecho. Como prueba de ello, baste recordar las desacertadísimas palabras de la vicepresidenta del Gobierno señalando la exclusiva competencia del Gobierno para proponer pactos de Estado -cosa increíble- o, las no menos desatinadas reflexiones que nos han sido trasladadas desde los «aledaños mediáticos» de mi partido -que nadie se ofenda, pero no encuentro manera más delicada e indirecta de decirlo-, señalando al Rey, casi, como un correveidile del Ejecutivo.

Yo tengo claro que la responsabilidad -que no competencia- de llegar o no a acuerdos reside siempre en el Gobierno; por eso y para eso es Gobierno. Por ello mismo, será responsable del éxito, si es que se produce. Tengo también claro que es responsabilidad de la oposición, no solo poner de relieve las carencias del Ejecutivo, sino también proponer soluciones alternativas y comprometidas -incluidos pactos de Estado-, muy especialmente en tiempos de crisis como el actual.

No hace tanto tiempo, quien es hoy Presidente del Gobierno, se afanaba en repetirle a quien entonces lo era, José María Aznar, la necesidad de un pacto de Estado para luchar contra ETA. Tras una inicial reticencia del Gobierno de entonces, ese pacto se firmó y se convirtió en una de las más poderosas armas con las que ha contado nunca la actual democracia española para luchar contra esa pandilla de asesinos. Desgraciadamente, por un interés partidista y una visión egocéntrica, el mismo personaje que propuso el pacto, Zapatero, se lo cargó cuando llegó a la presidencia pensando que con su sola presencia en La Moncloa se ablandarían los terroristas… Cometió un error que le acompañará siempre.

No quiero abundar más en ese asunto, salvo para decir que quien propuso el pacto fue la oposición, no el Gobierno, y que fue el Gobierno quien acabó haciéndolo suyo. Todos salimos ganando hasta que, una vez más, el Ejecutivo de Zapatero -esta vez otro- decidió acabar con él.

Por otro lado, no deja de ser curioso que las críticas recibidas por el Rey coincidan, también, con la publicación de encuestas que nos dicen que, al margen de las consabidas posibilidades de uno u otro de formar gobierno, ambos líderes nacionales, los dos únicos capaces de gobernar, están, los dos, valorados por debajo de sus respectivos partidos. Si yo fuera uno de ellos dedicaría un buen rato a reflexionar sobre este asunto.

Las palabras del Rey no favorecen a ninguno de los partidos, ni tampoco castigan a nadie; simplemente recogen el sentimiento de toda la sociedad española, le dan cuerpo y lo ponen encima de la mesa a través de su más alto representante. Eso no es algo que pueda hacer el Rey, es algo que debe hacer el Rey.

Hace ya años que renuncié a la representación política en las instituciones, pero no creo que nadie dude de mi compromiso con el Partido Popular, ni de mi derecho a opinar. Desde ese compromiso que es patente y mantengo firme, y desde esa libertad, felicito las palabras del Rey y me atrevo a decir que nadie debería, ante ellas, ponerse a señalar culpables o manifestar ofensas.

En estos momentos, lo único que caber es poner soluciones encima de la mesa, cada uno las suyas y de la forma más amable y constructiva posible. No hay mejor manera de poner de manifiesto las carencias del adversario que mostrando la más absoluta voluntad de llegar a acuerdos y aportando propuestas razonables ante problemas que exceden, con mucho, la lucha partidista.

Quizá sea bueno recordar que poco antes de aprobar la Constitución ya fuimos capaces de hacerlo… y salió bien. Quizá sea bueno recordar, para sosegar los ánimos, que el artículo 56 de la Constitución también existe.

La realidad desborda la ficción. Al menos en estos parajes nacionales. Inmersos en una severísima crisis económica, con una inasumible tasa de desempleo, una profunda recesión que dura demasiado tiempo y sin visos inmediatos de salida, con una imparable pérdida de competitividad y con unos mercados financieros que desconfían abiertamente de las medidas adoptadas, nos ponemos ahora a debatir, sesuda y hasta farisaicamente, sobre la habilitación constitucional y la pertinencia política de las recientes actuaciones y palabras de Don Juan Carlos en pro de una ineludible política económica común, de un consensuado acuerdo político y de un eficaz compromiso por parte de nuestras formaciones políticas y agentes sociales. Cuando lo que nuestra clase política, tanto la del Gobierno como la de la Oposición, la nacional y la autonómica, así como empresarios y sindicatos, deberían haber tenido es la competencia y generosidad para haber suscrito entre todos, hace meses, un amplio acuerdo de Estado en materia económica y social. Esto es lo que los ciudadanos, desencantados de tanta farfolla electoralista y aburridos del corto placismo político, tienen derecho a exigir de sus representantes. Pero no, aquí en lugar de gobernar, de dar respuesta eficazmente a las cuestiones que preocupan, nos adentramos en abstrusas disquisiciones jurídicas y politológicas sobre el sentido, la naturaleza y la competencia del Rey para hacer una llamada al inexcusable acuerdo, al inevitable consenso, al acuciante pacto, que nos permita salir, pronto y en buenas condiciones, de tan complejo atolladero económico.

Poner en duda la habilitación de Don Juan Carlos es desconocer la Constitución, el Derecho Constitucional comparado y la práctica política de estos años de régimen constitucional. Nadie pone en entredicho que en una Monarquía parlamentaria las competencias ejecutivas se encuentran en exclusividad en manos del poder del Ejecutivo -«El Gobierno dirige la política interior y exterior del Estado…» (artículo 97 CE)-, mientras que únicamente las Cortes Generales despliegan la función legislativa y fiscalizan al Ejecutivo -«Las Cortes Generales… ejercen la potestad legislativa del Estado… controlan la acción del Gobierno» (artículo 66.1 y 2)-. De aquí que se afirme que en una Monarquía parlamentaria el Rey reina, pero no gobierna, o expresado en términos académicos, que carece de potestas, pero goza de auctoritas. Mas no es esto de lo que estamos hablando. Aclarados tales perfiles constitucionales -frente a los que recelan de tales atribuciones, se encuentran también, por el contrario, los que añoran rancias potestades-, el Rey dispone por mandato constitucional explícito de sus propias competencias. Unas atribuciones que no pueden verse además sólo desde la perspectiva de su «derecho de ejercicio», sino de una «paralela obligación de cumplir» con lo previsto en la Carta Magna de 1978. Así que ni la Jefatura del Estado es una mera figura inerte y vacía, ni un decidido y activo agente de la vida política. Don Juan Carlos actúa, pues, de acuerdo con la Constitución. Su artículo 61.1 así lo permite argumentar: el Rey prestará juramento de «desempeñar fielmente sus funciones». ¡Si éstas se han de desempeñar fielmente, será porque se dispone previamente de ellas!

En efecto, el artículo 56.1 de la Constitución -precisamente el que abre su Título II dedicado a la Corona-, preceptúa que «El Rey… arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones… y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Es decir, el Monarca se halla al margen, en tanto que poder neutral -en la senda esgrimida por Benjamin Constant- y poder residual -en la clásica concepción de Dicey-, de la refriega política -situado pues au dessus de la melée-, y conformado como aquel poder moderador que Walter Bagehot concretaba en las potestades de advertir, animar y ser consultado. Unas potestades que se expresan en unas competencias de arbitraje y moderación. Dicho de otra manera, reinar no es exclusivamente, como nos recuerda gráficamente el profesor Jiménez de Parga, «contemplar el espectáculo desde el palco principal, recreándose en el juego de los autores, los agentes y los actores», sino que se interviene «arbitrando y moderando el funcionamiento de las instituciones». Obvio es recordarlo, dentro de las competencias concretas -no hay cabida para las viejas prerrogativas del Antiguo Régimen- que le son asignadas al Rey específicamente en la Constitución y las leyes. Es, por lo demás, lo que el Monarca lleva haciendo escrupulosamente durante todo su reinado: arbitrar y moderar. Nada, por tanto, novedoso. Nada fuera de sus tasadas y debidas competencias. Don Juan Carlos adecua sus acciones al marco constitucional. Frecuentemente tales competencias de impulso, estimulo y advertencia, se realizan -como apunta Jorge de Esteban- de manera confidencial o reservada; otras, como ahora, de forma más institucionalizada y notoria. Nunca ha habido en el hacer del Rey arrogación de competencias, ni se ha quebrantado ningún poder de decisión del Gobierno. Se ha circunscrito a cumplir lo que la Constitución le encomienda y reclama. No se añora, en suma, ningún poder de imposición, ni apoderamientos extra constitucionales, ni poderes implícitos, ni prerrogativas de reserva, sino la constitucional y contrastada capacidad de influir por parte de una Magistratura de autoridad.

Aclarada, pues, su habilitación constitucional, menos dudas plantea aún su conveniencia política. Nadie, salvo que se mueva por espúreos intereses meramente partidistas, puede minusvalorar la intensidad de la crisis. Una realidad, que según el último Informe del Centro de Investigaciones Sociológicas, angustia literalmente a los españoles. Háganse, les pido por ello, la pregunta al revés. Ante este estado de cosas, ¿es qué nada tendría que hacer, ni decir, el Jefe del Estado? ¿Es qué un Monarca parlamentario es inmóvil, ciego y mudo? ¿Debería el Rey situarse en «el palco para recrearse en el juego de la Política»? Desde luego que no. Y es que los mismos que se extrañan ahora en oír su voz, le espetarían acto seguido su silencio. Ya tuvimos ocasión de escuchar las palabras de Don Juan Carlos en el Mensaje de Navidad de 2009 -«… sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado, reforzando nuestra cohesión interna y proyección internacional…»-, y ahora en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación: «Es hora de grandes esfuerzos y amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis…». Esto es lo que el Rey puede hacer. Esto es lo que el Rey ha hecho. Esto es lo que el Rey ha dicho. Esto es lo que le demanda la Constitución. Y esto es lo que los españoles hemos presenciado y escuchado. Nada por tanto de conflictos entre poderes políticos o diferencias institucionales. Esto es, el Rey ha cumplido una vez más, acomodándose a la Constitución, con su deber.

Al Rey hay que concederle siempre el beneficio de la duda. Para eso está. Según la Constitución, carece de responsabilidad penal; ¿y si no puede cometer delitos, cómo va a poder meter la pata? Por eso a mí me pareció bien que en 2003 recibiera cordialmente al presidente independentista del Parlamento catalán Ernest Benach con su famoso «hablando se entiende la gente». Como también me pareció bien aquel abrazo que le propinó a Ibarretxe en 2004 en Vitoria, en plena operación secesionista del lehendakari, que enfadó tanto a Rosa Díez. Y como también me pareció bien que respaldara el proceso de paz y las conversaciones con ETA auspiciadas por Zapatero en 2007 con aquella referencia camuflada a cuenta del Ulster: «Hay que intentarlo… y si se consigue, se consigue».

Por eso ha vuelto a parecerme bien, ahora que el viento ha dado un brusco golpe a la veleta, que el sábado de la semana pasada, tras los atentados de Burgos y Mallorca, pronunciara la que sin duda será la frase del verano: «Hay que darles en la cabeza hasta acabar con ellos». Claro que para que, en este caso, me parezca bien, es imprescindible hacer una exégesis de lo que, en mi opinión, quiso decir.

Debemos descartar que el Jefe del Estado estuviera incitando a las fuerzas de seguridad a disparar en el cráneo a los terroristas de ETA; y menos si no es en el contexto de un enfrentamiento armado. Nadie debería atribuirle esa intención, ni siquiera si alguna vez se repitiera un episodio tan lamentable como aquella entrada y registro de la Guardia Civil en 1987 cuando murió la etarra Lucía Urigoitia de un tiro en la cabeza y luego el CESID asaltó subrepticiamente el piso del juez para sustituir las pruebas de balística y exonerar a los agentes de las imputaciones de homicidio. Es de Justicia subrayar que aunque el Jefe del Estado siempre ha respaldado la política antiterrorista de todos sus gobiernos, más allá de alguna que otra equívoca palmadita en la espalda a Barrionuevo, nadie podrá exhibir ni una frase ni un gesto equivalente a los antedichos que en aquellos años denotara complacencia con los crímenes de los GAL o cualquier otra manifestación de la guerra sucia.

Excluida pues la interpretación más literal de la frase, correspondería pasar a su sentido metafórico más obvio que es la invitación a golpear «en la cabeza» de la organización terrorista, es decir a actuar contra su cúpula directiva. Ahí se han quedado la mayoría de los comentaristas y esto es lo políticamente correcto, pero se trata de un enfoque que no termina de hacer justicia a las palabras del Rey o al menos no termina de extraer de ellas todo su potencial. Porque, de hecho, si de algo puede jactarse Rubalcaba es de haber desmantelado más veces y en menos tiempo que nadie el estado mayor etarra. Si hubiera querido decir sólo eso, el Rey se habría quedado corto, pues lo que ahora mismo se ha constatado es que ni la detención de Antza, ni la de Txeroki, ni la de Thierry, ni la de… han bastado para impedir que ETA haya cometido nuevos atentados y, sobre todo, tenga en mente cometer muchos más.

Lo bueno de la Monarquía constitucional, cuando su titular se comporta tan correctamente como en general viene haciéndolo Juan Carlos I, es que es un lienzo sobre el que cualquiera puede pintar y ver su propio retrato o diagnóstico de España. Por eso yo he creído entender; perdón, por eso yo he querido entender que la frase del Rey suponía un llamamiento a combatir lo que los etarras tienen «en la cabeza». Es decir, sus ideas, sus pretensiones, su proyecto. Esa sí que es una convocatoria que merece la pena, que atañe a todos los españoles y muy especialmente a todas las autoridades y que, como argumentaba el editorial de EL MUNDO del lunes, debe ser afrontada «con cabeza».

La prueba de que mi interpretación es mejor que las demás es que es la única que permitiría que el enunciado produjera el desenlace deseado. O sea que el «darles en la cabeza» sirviera para «acabar con ellos», toda vez que disponemos ya de suficientes elementos empíricos como para haber comprobado que ni la liquidación física de unos pocos o unos muchos terroristas, ni la tenaz captura de sus cúpulas directivas han permitido alcanzar tan anhelado objetivo. Sólo cortándoles las alas de la esperanza, haciéndoles ver la absoluta esterilidad del dolor que causan -y a veces también padecen-, demostrándoles por la vía de los hechos que jamás obtendrán sus pretensiones soberanistas y secesionistas, estaremos dándoles de verdad «en la cabeza». O para ser más exactos en el coco, donde más duele, justo debajo de la línea de flotación de la boina, en la funda mental.

Se trata de un ariete intelectual que hay que construir día a día, con lo grande pero también con lo pequeño porque todas las piezas son necesarias para hacerlo compacto y sin fisuras. O sea intimidador y creíble. Por eso me gustó que Don Juan Carlos fuera tan cordial en la audiencia del jueves con el alcalde de Calviá, Carlos Delgado, que ha estado a la altura de la ocasión, defendiendo los símbolos nacionales con su habitual falta de complejos. Y en cambio fue una lástima que no convocara para darle un tirón de orejas, de esos que él sabe administrar con campechanía como nadie, a la alcaldesa de Palma, la simpática y pizpireta Aina Calvo, por una iniciativa, consumada el propio lunes, que ha debido pintar la sonrisa en la comisura de los labios a los miembros del comando etarra, si es que continúan en la isla y leen los periódicos.

Me refiero al cambio de nombre de la Calle Mirador de Bahía en la zona residencial de La Bonanova, colgada sobre el puerto de Palma, que ha pasado a llamarse Carrer de Jean Batten. Y sobre todo a la justificación de la propia regidora, recogida por la agencia Efe, de que el problema era que el antiguo nombre «estaba en castellano». De hecho, el que los vecinos se enteraran apenas 72 horas antes y protestaran en vano, alegando que el cambio les va a costar a cada uno entre 800 y 1.500 euros en papeleo administrativo, no son sino agravantes específicos de la aplicación de un rodillo no ya municipal sino autonómico llamado Ley de Normalización Lingüística de Baleares.

¿Y quién era esa Jean Batten? Pues una aviadora neozelandesa que, después de haber realizado vuelos de mucho mérito, pasó los últimos años de su vida como anónima jubilada en Mallorca y murió olvidada por todos de resultas de la mordedura de un perro. Por eso cabe calificar de extraordinariamente oportuna la presencia del embajador de España en Auckland, don Marcos Gómez, en el acto de cambio de placa de la calle, pues es indiscutible que el sentido de identidad nacional y el orgullo patrio saldrán de este lance muy reforzados en Nueva Zelanda. ¿Qué sería de Nueva Zelanda si no fuera por los kiwis, los All Blacks y el Carrer de Jean Batten?

En Baleares, como en Cataluña -y en Galicia y en País Vasco hasta las últimas elecciones- se le llama «normalización lingüística» a la extirpación del espacio público de todas las expresiones de la lengua oficial del Estado y común a todos los españoles. Afecta hasta a las máquinas de café y en los principales municipios encuentra su complemento perfecto en la Ley de la Memoria Histórica. En el caso de Palma la corporación municipal presidida por Aina Calvo tiene previsto cambiar el nombre hasta a 130 calles por sus supuestas connotaciones franquistas. Los taxistas están de los nervios cambiando todo el día el GPS, pero el mensaje subliminal no puede estar más claro: esto de España y el español son reminiscencias de un pasado feixista con el que se debe ir rompiendo poco a poco.

Más allá de su apariencia frágil y aniñada, la alcaldesa Calvo -protegida de María Teresa Fernández de la Vega y con una razonable experiencia en la Administración central- pasa por ser persona de calidad. Por lo que me cuentan, ella justifica en privado algunas de estas iniciativas como concesiones al pacto municipal que ha dejado en manos de los independentistas del PSM la concejalía de Cultura y Toponimia. Por eso el ayuntamiento ha registrado el dominio Palma.cat, por eso el municipio subvenciona colonias de verano para que por 35 euros a la semana los castellanoparlantes solucionen su problema con chicos que les hablarán en catalán y por eso las propias formas lingüísticas mallorquinas están siendo eliminadas para dar paso al catalán canónico o normalizado.

Esto de los pactos y las mayorías es lo mismo que Montilla o el propio Zapatero alegan en relación a Esquerra Republicana que también forma parte del hexágono balear que lidera Antich. ¿Qué tienen en común todos los partidos, grupos y movimientos independentistas que, por las malas, por las buenas o por las regulares quieren desgarrar España? Pues que todos ellos convierten la supuesta lengua propia única en cimiento, o más bien coartada, del mito identitario sobre el que pretenden levantar un Estado. Piensan que cuando en Euskadi sólo se hable euskara y en Cataluña y Baleares sólo se hable catalán, la secesión será ya sólo cuestión de tiempo.

Es cierto que en la era de la globalización y la ósmosis permanente ese empeño es una quimera, pero cada vez que desde los poderes públicos se coacciona a las personas en beneficio de dichas lenguas propias -como si el español fuera algo postizo e impropio-, en lugar de poner todas las lenguas al servicio instrumental de las personas, se está alimentando el fuego sagrado de que hay una asignatura pendiente, un sueño que colmar, un desmán histórico que deshacer. Tan lógico es entonces que la gran mayoría de los creyentes en esa fe pretendan conquistar el paraíso por medios pacíficos, como que una minoría decida tomar el atajo de las armas. Sin tetas no hay paraíso, dice el más filosófico título jamás otorgado a una serie de televisión. Comprendo que lo llamativo sean las tetas, pero el busilis está en el paraíso.

Hace un año el Manifiesto por la Lengua Común a favor del bilingüismo y la libertad de elección de padres o comerciantes, firmado por académicos, empresarios, futbolistas, sindicalistas, toreros, cantantes o pintores de muy diversas ideologías pretendió pinchar el globo del soberanismo monolingüe que de manera tan artificial como implacable tratan de imponer los nacionalistas. El impacto en la sociedad fue enorme y en la mala conciencia de Zapatero, también. Pero en sus actos no tuvo consecuencia alguna porque él no quiere pactar nada con el PP y las cuentas siguen sin salirle a su PSOE si en ayuntamientos, autonomías o el propio Congreso de los Diputados no paga ese peaje a los separatistas.

Podrá alegarse que buscar el ADN del reguero de sangre que tantos días de luto ha proporcionado a España durante cinco décadas en el cambio de nombre de una calle suburbial remitida a las antípodas, es como mínimo un ejercicio intelectual arriesgado. Pero es que se empieza borrando de las placas de las esquinas las expresiones en español, se continúa eliminándolo de los carteles de información turística y las notificaciones administrativas y se termina proscribiendo su empleo como lengua vehicular en la enseñanza…

A este paso cualquier día vamos a ver al Gobierno de Zapatero respaldando un Estatuto de Autonomía en el que se atribuya el rango de nación a una parte de España, se consagre la bilateralidad en sus relaciones con el Estado y se establezca la primacía de su legislación sobre la de las Cortes Generales. Y a este paso cualquier comienzo de curso podemos encontrarnos con que los Reyes tengan que inaugurar las clases en un centro escolar en el que sea imposible estudiar en español.

¿Cómo? ¿Qué todo eso ha sucedido ya? No, no es posible. Sólo en el delirio de Jovellanos -«España… la Junta Central… nación sin cabeza…»- cabría imaginar un desaguisado así. Será el eco de las piedras del castillo de Bellver que rebota sus lamentos, dos siglos después de atenazar su libertad.

He estado en el Carrer de Jean Batten. Es un callejón sin salida desde el que se sigue mirando extraordinariamente bien la bahía y en el que casi la mitad de las viviendas tenían ya carteles -no, no es un recado a la aviadora- advirtiendo a sus potenciales asaltantes que deben tener «cuidado con el perro». Nada hay tan humano como el sálvese quien pueda. Pero no dramaticemos. A lo nuestro de ahora le puso música hace ya unos cuantos años Conchita Bautista: «Ca-becita loca, ca-becita loca, vas alborotando todo lo que tocas». ¡Ay esta alcaldesita de Palma, con lo buena chica que parecía!

Cada año, al madurar el mes de febrero, coincidiendo con la celebración del Carnaval, se presenta una excusa para meditar sobre un incidente peculiar en la reciente Historia de España, cuyo diferente desenlace habría cambiado ostensiblemente el perfil de la sociedad y la política españolas, apenas salidas de la larga dictadura franquista. Un programa, bien intencionado e interesante producido por Televisión Española, ha rememorado las horas cruciales del intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Si el final feliz del drama desencadenado por el teniente coronel Tejero hubiera sido diferente, algunas escenas insólitas ocuparían las primeras planas de los diarios y los telediarios. Un ejemplo:

El ciudadano italiano Giovanni Carlo Borbone, de 71 años, nacido en Roma el 5 de enero de 1938, jubilado del servicio de correos, ha recibido su nuevo pasaporte español de manos del cónsul general de España. Como primer beneficiado de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada por las Cortes Españolas, Borbone se mostró satisfecho y conmovido, apenas unas horas antes de tomar un avión que lo llevaría a una aldea cercana a Covadonga, en la Comunidad Autónoma de Asturias, donde planea residir.

El nuevo ciudadano español también se beneficiará de la Seguridad Social y los servicios sanitarios españoles. Podrá pasar cortas vacaciones subvencionadas en populares lugares turísticos, aunque en ‘temporada baja’. Los derechos son extensibles a su esposa Sofía, también de nacionalidad italiana, nacida en Grecia de ancestros británicos, con la que se casó en 1962. Sofía optará por la nacionalidad española cuando cumpla con los requisitos de residencia. Los hijos Felipe, Elena y Cristina reunirán la documentación necesaria para adquirir la nacionalidad española. No tienen planes precisos de traslado a España, ya que han desarrollado carreras prósperas en sus diversas especialidades. Son los primeros en la familia Borbone con títulos universitarios.

Giovanni ha recibido el pasaporte como nieto de Alfonso Borbón (el apellido fue italianizado por conveniencias sociales), por aplicación de la ‘ley de nietos’. Beneficia a los que tuvieran un padre o madre que hubiera nacido después de que el abuelo o abuela perdiera la nacionalidad española por motivos de exilio. El padre de Giovanni, Juan, ya podía recuperar su nacionalidad española por legislación anterior, porque su padre Alfonso la había gozado de origen, ya nacido en España.

Esta historia con final feliz comienza en 1931, cuando el abuelo de Giovanni se vio obligado a exiliarse a Italia por haber estado implicado en los acontecimientos políticos de la turbulenta década del 20. Al triunfar los partidos liberales e izquierdistas en las elecciones del 14 de abril, los partidarios de las formaciones conservadoras, que habían cooperado con la dictadura del general Primo de Rivera, debieron optar por el exilio. En la Roma convulsionada por el populismo de Mussolini nació Giovanni. Al tener que adquirir la nacionalidad italiana, Alfonso debió renunciar a la española, para ser empleado estatal y dar sustento a su familia.

Giovanni es la personalidad maquillada de Don Juan Carlos I de Borbón y Borbón, Rey de España desde 1976. Su familia es plenamente identificable. No es ficticio que Don Juan Carlos naciera como nieto e hijo de exiliados. El abuelo Alfonso XIII se vio obligado a abandonar España hacia un exilio incierto. Murió en el Grand Hotel de Roma el 28 de febrero de 1941. La II República española (1931-1936) y la contienda civil (1936-1939) no permitieron a su familia y descendientes regresar a España con normalidad. Franco hizo un pacto con don Juan para que su hijo Juan Carlos se educara en España, mientras él permanecía en un discreto distanciamiento en Estoril, cerca de Lisboa. El biznieto del imaginario Alfonso es el todavía Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón.

La familia real española disfruta de una especial ‘ley de memoria histórica’: todos los errores pesan a la hora de comportarse y tomar decisiones. Alfonso XIII ya había perdido el trono al respaldar el levantamiento de Primo de Rivera. El hermano de la Reina Sofía, el rey Constantino de Grecia, se hizo al harakiri político al plegarse al ‘golpe de los coroneles’ el 7 de enero de 1967, en un lamentable episodio muy similar a la anuencia de Alfonso XIII al levantamiento de Primo en 1922.

Cuando Tejero dio el golpe cubierto de tricornio y pistola en alto, la tentación de repetir el error revoloteó sobre la familia real. Por haber resistido (tanto como su padre bajo la sombra de Franco), hoy el rey Juan Carlos I no solamente es respetado y admirado en España, sino que se ha convertido en su mejor embajador y una parte de la identidad iberoamericana. Decir ‘el rey’ en América Latina (donde el exilio y el transterramiento no son la excepción) no es una referencia a Elvis Presley o al monarca de Suecia. Rey, en español, solamente hay uno.

He tenido ocasión de hablar con la Reina en dos ocasiones. La primera, en el verano de 1988, fue en el marco de una cena privada que reunió en torno a la pareja real a un grupo de personas etiquetadas de izquierda, desde Antonio Gutiérrez y Cristina Almeida al filósofo Emilio Lledó. Fue una larga reunión, dominada por el discurso del Rey, sorprendentemente franco, de la cual un genio perverso o una cortesana viperina filtró los supuestos contenidos al semanario Tiempo, haciendo de mí nada menos que el hombre de Herri Batasuna en Madrid, presentador de su candidato en un mitin electoral. Calumnia que algo queda.

La segunda oportunidad llegó a mediados de los años noventa, esta vez al ser llamado a participar como ponente en una de las sesiones en que la Reina recababa información de especialistas sobre temas que le preocupaban. En este caso, la Rusia postsoviética. Se trataba de una extraña puesta en escena, dirigida a subrayar la excepcionalidad del personaje. Sentada, no de frente, sino a la derecha de los conferenciantes, la acompañaba una mujer mayor a la cual susurraba de vez en cuando algo. “La Señora desea una ampliación sobre este punto”, decía entonces la acompañante al experto. Ella nunca se dirigía personalmente al ponente, salvo en los descansos. Tuve la suerte de que no quisiera ampliaciones mías y de comprobar en un entreacto que podía comportarse como una persona culta normal, de veras amable, preguntando y preguntando sobre la relación entre el poder del zar y el del basileus bizantino. En cualquier forma, la ceremonia me pareció el signo de que otra concepción del poder, la suya, se caracterizaba por un sentido estricto de preeminencia institucional.

(Anécdota final: detrás de la Reina, como en televisión, estaba sentado un coro silencioso de notables. Entre ellos, Joan Garcés, el que fuera colaborador de Salvador Allende. Al salir, tomando una cerveza, le pregunté: “¿Qué hacías aquí?”. Me respondió sonriendo: “¿Y tú?”).

He vuelto a ver a la Reina, esta vez de lejos, en el preestreno de la película El Greco. En esta versión de la vida del pintor inspirada en una novela de Stefan Andres escrita en 1936, El Greco pinta al Gran Inquisidor, los problemas que el cretense tuvo con el Santo Oficio son convertidos en un enfrentamiento entre dos concepciones de la religión y de la vida, con el inquisidor Niño de Guevara en posición de antagonista. Más allá de las inexactitudes, el filme de Smaragdis acierta al subrayar la influencia profunda de las concepciones estéticas y religiosas de la ortodoxia bizantina sobre El Greco. La escenografía bizonal del Conde de Orgaz enlaza con el milagro celestial contemplado por los mortales del icono griego que luego se divulgará en Rusia como la Pokrovskaia. Cristo mediador entre lo terreno y lo celestial. Esos ángeles ascendentes que disgustaron al Santo Oficio, ejecutores privilegiados de la voluntad de Dios. Y sobre todo Dios, personificado en el Espíritu, como Logos y como Luz, una luz de que hace partícipe al hombre para que su alma se eleve hacia Él. Enfrente, la oscuridad, el jerarca religioso privado de una auténtica fe y del acceso a la verdad por centrarlo todo en afirmar el prestigio de su institución.

A la vista del controvertido libro de Pilar Urbano, no es fácil que doña Sofía haya percibido esa dimensión de la biografía novelada de El Greco. Las críticas sobre éste o aquel aspecto de sus tomas de posición en las entrevistas dejan en la sombra el problema de fondo. Cuando la Reina aborda temas alejados del poder, dejando correr sus pensamientos, como en la mencionada sesión académica, muestra una mentalidad abierta, en la ecología o en la sensibilidad por el sufrimiento de los animales. Es una mujer vitalista, merecedora de la recomendación de Katantzakis en Zorba: “Corte la cuerda y sea libre”. En cambio, al entrar en juego la institución, su postura es preocupante, y no sólo por la serie de afirmaciones conservadoras. Interioriza su preeminencia institucional, y por eso no vacila en expresar ideas que contradicen lo ya legislado por el régimen democrático en cuyo vértice simbólico se encuentra.

Es la visita a Atenas, con un sentido patrimonial del poder que la impide asumir las responsabilidades de sus familiares inmediatos en la caída de la monarquía helena, hasta sentir “náusea” cuando visita el palacio hoy republicano, o la significativa afirmación de la página 273: los reyes no están “al margen”, sino “por encima” del Gobierno de turno. Para “ayudar”, sí, siempre sin “poder personal”, pero… Tal concepción culmina al descalificar a un republicano que admita el derecho a la herencia y niegue “los derechos de cuna”. Como si la magistratura regia fuera asimilable a una propiedad privada.

En fin, doña Sofía considera normal asistir por su cuenta a una reunión periódica de poderosos de la Tierra, el Foro Bilderberg, donde, según el libro, este año se discutió “el peligro chino”, y sobre cuyas discusiones impera un estricto secreto. Cuestión de más calado que el juicio crítico sobre el matrimonio homosexual. Como en la película sobre El Greco, oscuridad.

El alud de opiniones políticas, sociales y éticas expresadas en un libro por la consorte del jefe del Estado instan a una reflexión acerca de las funciones constitucionales de la Corona en una monarquía parlamentaria. Ha lanzado un amplio catálogo de consideraciones sobre reforma de la Constitución, el aborto, la eutanasia, la enseñanza de la religión, la abdicación del Rey, los republicanos, la homosexualidad, la violencia de género, las relaciones internacionales, los políticos, la libertad de expresión, etcétera. En una parte de estas opiniones adopta una legítima opción política muy conservadora e incluso, a veces, reaccionaria, y, en general, tributaria de un poso intelectual más bien primario.
Si bien –subjetivamente– nada le impediría hacer uso de esta libertad de expresión en un ámbito privado, no obstante, en tanto que miembro de la Corona, la emisión pública de opiniones de este calibre plantea –objetivamente– problemas acerca de la adecuada posición institucional de los integrantes de la Corona en una monarquía parlamentaria.

LA RAZÓN es evidente: el pronunciamiento público de un miembro de la Corona (no confundir con otros integrantes de la familia del jefe del Estado) sobre aspectos de interés general, que suscitan controversia en la sociedad y que, además, tienen expresión normativa a través de leyes aprobadas en las Cortes, compromete a la Corona en un debate del que siempre debería estar alejada. La propia naturaleza constitucional de la monarquía parlamentaria así lo exige, sin que dicho deber de abstención política tenga que estar prescrito en la Constitución. Es algo tan elemental que ni el Rey ni el resto de los miembros de la Corona pueden ignorar. ¿Por qué?.
Primero, a causa del estatuto constitucional de la Corona en la forma de gobierno de monarquía parlamentaria establecida por la Constitución. El Rey como jefe del Estado es el titular de la Corona y carece de poder político decisorio. Sus funciones son de arbitraje y moderación de las instituciones del Estado, su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad y, de acuerdo con ello sus actos han de ser refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros y el Presidente del Congreso. Por tanto, el Rey queda fuera del debate político. Y en este sentido, lo que es aplicable al Rey incluye también a los miembros que la Constitución prevé como integrantes de la Corona, incluida, entre otros, su consorte. Aunque ésta no pueda asumir funciones constitucionales, salvo que algún día pudiese ejercer las que corresponden a la Regencia (art. 58). Puesto que el deber de discreción y contención en las expresiones públicas que obliga al Rey se extiende al resto de los miembros de la Corona, que también deben quedar alejados de la controversia en asuntos de interés general.
En este sentido, el ámbito de la responsabilidad del jefe del Estado por mantener y preservar su posición supra partes no puede quedar reducido a su persona, sino que ha de abarcar al resto de los miembros que institucionalmente forman parte de la Corona.
En segundo lugar, porque los miembros de la Corona no responden políticamente de sus actos. En razón de la naturaleza hereditaria de la institución monárquica, no son elegidos ni puede ser revocados de su condición de tales por el electorado. En consecuencia, si deciden participar en el debate público se implican en el mismo desde una posición de privilegio, porque su posición no puede ser rebatida en términos institucionales.
Un tercer argumento que los miembros de la Corona no pueden olvidar, es que la institución monárquica no es democrática. En este sentido, su legitimidad no deriva de la historia sino de la Constitución. Esto es, de la voluntad del poder constituyente que a través de un acto racional normativo cristalizado en la Constitución de 1978, decidió dotarse de la forma de gobierno basada en monarquía parlamentaria, pero fundamentada en el principio democrático y, por tanto, en la soberanía popular. Esta es la legitimidad de Derecho de la Monarquía. Pero además es innegable que también existe una legitimidad de ejercicio, que probablemente encuentra su origen en el comportamiento objetivo del jefe del Estado el 23-F. Ahora bien, desde la más elemental premisa democrática, ninguna de estas legitimidades es inmutable. Porque la voluntad popular es la única que, en su caso, tiene capacidad decisoria al respecto.

FINALMENTE, otra cuestión que nadie puede ignorar es que las razones de esta opción institucional por la Monarquía, es obvio que fueron resultado de un determinado contexto político existente hace ahora casi treinta años. Un contexto en el que a pesar del fundamento democrático de la forma republicana de gobierno, la línea divisoria entre la ciudadanía española no pasaba entonces por decidir entre República o Monarquía, sino sobre todo entre democracia o dictadura. Y en el marco de una determinada correlación de fuerzas políticas, la monarquía fue una solución políticamente funcional. En esta funcionalidad se incluye la discreción de los miembros de la Corona. Luego, parece razonable que ello no debería ser olvidado por nadie, incluidos los más directamente implicados.

Vaya por delante mi convicción de que la Reina ha cometido un doble error. Primero, manifestar su opinión sobre temas políticos controvertidos, que dividen a los españoles y que han sido objeto de agrio debate e, incluso, de contestación ulterior pese a su resolución legal. Nadie en sus cabales puede negar a la Reina su libertad de opción, pero la cuestión no se plantea –en su caso– en términos de derechos y obligaciones, sino de prudencia.
En efecto, su posición institucional como reina le aconseja no entrar en el debate político, aunque sea en términos que son compartidos por buena parte de los españoles. Pues así como la familia real no vota en las elecciones, no debe tampoco participar en los debates sobre cuestiones que enfrentan a los distintos partidos, defensores de puntos de vista antagónicos pero igualmente legítimos.
El segundo error ha sido haber elegido a Pilar Urbano como periodista receptora de sus palabras. No me extiendo en este punto, pero, de hacerlo, me referiría al integrismo ideológico y a la instrumentalización de la amistad, incluyendo en esta palabra las relaciones de confianza. Lo que no obsta para denunciar, además, la existencia de un tercer error: nunca debieron permitir los servicios de la Casa Real que este problema llegara a plantearse. Algo ha fallado y debe corregirse.

AHORA BIEN, señalados estos errores, llama la atención la dureza extrema de la reacción provocada por ellos: su acritud y su radicalidad. Acritud, porque parece como si este viejo y complicado país –España– hubiese olvidado o no admitiese los señalados servicios prestados por la monarquía en el último tercio de siglo, entre los que figuran –por señalar solo dos recientes– haber rechazado las presiones de la derecha más arriscada, que exigía –sin conseguirla– una intervención activa del Rey en contra del Estatut de Catalunya y en contra de la ley que permite el matrimonio gay y el derecho de los homosexuales a la adopción, razón por la que no puede extrañar la inquina antimonárquica de esta derecha despechada. La contribución de la monarquía a la vertebración y a la estabilidad de España ha sido tan valiosa que, a su lado, palidecen las zonas oscuras que se dan en ella como en toda obra humana: hay más motivos de admiración que de desdén.
Y radicalidad, porque –tomando pie en las palabras de la Reina– se ha cuestionado la continuidad de la institución monárquica, como si nada significasen las más de tres décadas de trabajo discreto y callado de doña Sofía, desarrollado con invariable buen estilo.
Hay que desengañarse: esta reacción –su acritud y radicalidad– no parece normal. Y no lo es. Responde a dos causas poderosas:
Primera. El proceso de autodestrucción en que se halla inmersa España, al no admitirse tal y como es, no acertar a definir un proyecto compartido y no consumar –con una reforma constitucional imprescindible e inevitable– su marco de convivencia. En esta situación precaria, la función de la monarquía como factor de cohesión es –al igual que ocurre en Gran Bretaña y salvando las distancias– imprescindible. Y de ahí los ataques de que ha sido objeto, en los últimos tiempos, por parte de aquellos que –en el ejercicio de su derecho– abogan por la independencia de las que consideran sus respectivas patrias. Las patadas a la monarquía son patadas a España. En esta situación de progresivo deterioro, la reacción del Gobierno –en las personas del presidente y de la vicepresidenta– ha sido correcta, pero no puede decirse lo mismo de la posición adoptada por otros políticos y por la mayor parte de los medios de comunicación, que se han cebado en la noticia con una extremosidad y una demagogia que solo se explican en un país estragado por una televisión definida por la indigencia intelectual, la miseria moral y la conveniencia política. Tanto, que resulta inevitable invocar a Miguel Boyer cuando se refería a España como “un país de porteras”.

Y SEGUNDA. Las palabras de la Reina han infringido gravemente el canon progresista vigente en España, cuya vulneración acarrea la expulsión a las tinieblas exteriores de lo políticamente correcto, es decir, allí donde no existe salvación posible. Piensen –los que duden– en lo que habría sucedido si la Reina se hubiese pronunciado en un sentido contrario a como lo ha hecho. Habría protestado un sector –no mayoritario– de la derecha, pero habría recibido el condescendiente y protector apoyo de la izquierda.
He visto estos días la imagen seria y preocupada de la Reina. Lo siento. No se merece el mal trago que pasa. Si pudiese, le diría que no se preocupe, que un error lo cometemos todos. Y que, como persona valiosa que es, ha de procurar refugiarse en su trabajo –haciendo lo mismo que ha hecho siempre y de idéntica manera– y en su familia, en especial en sus nietos. Pero, sobre todo, le rogaría que no espere ninguna gratitud.
España no está en su mejor momento: lo que la derecha tiene de cerril tiene la izquierda de sectaria, hasta tal punto que sigue siendo cierto el viejo aserto de que no hay nada que se parezca más a la derecha española que la izquierda española. En efecto, ambas integran –en palabras de Jaime Gil de Biedma– “un intratable pueblo de cabreros”. Es lo que hay.

SE señala, y es verdad, la insustituible labor de Don Juan Carlos en el desmantelamiento de las asfixiantes estructuras franquistas y su decidido impulso -denominado justamente el «motor del cambio»- a la Transición política. Se afirma, y es cierto, su escrupuloso cumplimiento de las competencias asignadas en una Monarquía parlamentaria vertebradora del régimen constitucional instaurado en 1978. Pero no podemos ni debemos desconocer el relevantísimo quehacer de Doña Sofía, siempre al lado de Don Juan Carlos. No se puede comprender la Presidencia de George Washington sin su esposa, Martha Dandridge Custis. No se puede comprender tampoco el Reinado de Don Juan Carlos sin la presencia de Doña Sofía. De ella podemos afirmar con Víctor Hugo, que «cuando todo se vuelve pequeño, ella permanece grande».

Por tanto es secundaria la escasa atención que los constituyentes brindaron, expresa o tácitamente, a la figura de la Reina consorte en nuestra Carta Magna. Ésta se limita explícitamente -en su artículo 58- a hacer una mención a la «Reina consorte o al consorte de la Reina», quienes «no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia». Se trataba de evitar intromisiones y duplicidades en las atribuciones del Monarca. Se consagraba pues la interdicción de las competencias de la Reina consorte y la indisponibilidad de las competencias regias. Es decir, la preservación de un unitario ejercicio del officium regis, esto es, del difícil y complejo oficio de Rey. De aquí también que el mandato -artículo 32.1- por el que «El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica», sufre las lógicas excepciones relativas a los estrictos cometidos constitucionales de unos y otros. Un caso, por lo demás, el de la Regencia -dada la mayoría del Príncipe de Asturias- que el decurso del tiempo ha hecho inaplicable. Doña Sofía no ha tenido que desempeñar un papel semejante al de María Cristina de Borbón durante la minoría de edad de Isabel II, o de María Cristina de Austria hasta la mayoría de Alfonso XIII. Finalmente, la Constitución prevé implícitamente su participación en el supuesto, también hoy sin objeto, de la Tutela por minoría de edad (artículo 60).

Ahora bien, los ingleses saben que la comprensión de las instituciones no se agota en las tasadas funciones consagradas en la Constitución y en las leyes. La Política se halla vinculada a las prácticas, convenciones y costumbres de quienes ostentan los poderes políticos, pero también por quienes se encuentran cerca, y hasta disfrutan de ascendencia, entre los titulares de los órganos constitucionales. Y aquí la acción de Doña Sofía ha sido destacada, como diaria alter ego de Don Juan Carlos, en tanto que permanente consejera y fiel esposa (en la estela de Bárbara de Braganza). Y, por supuesto, en el papel de madre de Don Felipe, como Heredero de la Corona (en la línea de María de Molina). Acertaba Tomás Villaroya, al entender que «sólo el Rey es el Jefe del Estado dotado de poderes constitucionales: es necesario evitar intromisiones que puedan resultar molestas y suscitar recelos y aún animadversión»; pero al esgrimir simultáneamente, que «la Reina consorte no está despojada de toda posibilidad de influencia. La situación privilegiada no le prohíbe las sugerencias y consejos en sus conversaciones privadas; al contrario, dentro de la natural discreción, puede expresar el parecer que le merecen los negocios públicos y aún es conveniente que tenga conocimiento de ellos. Conviene que tenga alguna noticia de la vida política para participar en las preocupaciones del marido, para aconsejarle con exquisita prudencia».

Pero siendo ello cierto, la observación de la realidad nos lleva más allá. Doña Sofía lleva ejerciendo -disquisiciones de habilitación dogmática jurídica al margen- un amplio elenco de acciones que institucionalizan, exteriorizan y se integran en la Jefatura del Estado. Un ámbito donde, en una interpretación atinada de la realidad, las prácticas y convenciones constitucionales complementarias de la letra de la Constitución -las denominadas praeter Constitutionem- ocupan un lugar preferente.

¿Cuáles han sido dichos cometidos? ¿Cómo se han materializado? Las funciones más sobresalientes desarrolladas por Doña Sofía han sido de dos clases. Las primeras, de carácter simbólico. El artículo 56.1 de la Constitución dispone que «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia…». Pues bien, en los tradicionales aspectos simbólicos de la Monarquía, su labor ha sido de primer orden. Una acción simbólica añadida a la dimensión integradora de la realidad social y política por la Corona. La segunda, de naturaleza representativa. La Reina ha ejercido en infinidad de ocasiones, tanto dentro del territorio nacional como fuera de nuestras fronteras, como la mejor embajadora de la Corona y del Estado español. Sin olvidar, particularmente, su preocupación por el medio ambiente, la atención a los más débiles, su cercanía a los discapacitados, su interés por los problemas de la drogadicción, el cariño hacia los niños y su solicitud por la educación y la cultura. Unas tareas en las que llama la atención su naturalidad: «La Reina está dentro de la ceremonia pero por su tranquilidad y dominio de la situación parecería indicarnos que todo lo observa desde fuera».

Sin embargo, aparte de dichas reflexiones constitucionales, o de su profesionalidad tan traída periodísticamente, la cualidad que yo resaltaría es otra: ¡Doña Sofía es una gran española! Un caso de patriotismo adquirido, de mayor mérito si cabe -afirma bien Feliciano Barrios-, que el patriotismo de nacimiento. Así, cuando se pregunta a Doña Sofía si es griega, contesta con corrección, no exenta de firmeza, que ella es total y únicamente española. Doña Sofía ha asumido los dictados del artículo 6 de la Constitución de Cádiz: «El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles». Y lo ha hecho sin estridencias, sin vanagloriarse, ni sobresaltos ni atropellos. Con capacidad, discreción y elegancia. A veces, como la Penélope de Homero, tejiendo y destejiendo. En otras ocasiones, como en la cubista pintura de Fernand Léger, La couseuse, hilvanando y cosiendo los más sólidos hilos. Pero siempre, como La Encajera de Vermeer, la Reina actúa con dedicación y esmero. En suma, es la primera de nuestras Hilanderas velazqueñas. Doña Sofía ha sabido, en fin, encarnar el tacto y la inteligencia pedidos a los consortes de los Reyes por Die y Mas en sus Nociones de Derecho civil de las Familias Reales. Matrimonio de Reyes y Príncipes: «no debe aspirarse a ejercer ningún poder por sí mismo y debe rehuirse toda actitud que suponga ostentación; pero debe ser de ayuda, estímulo y, en definitiva, consejero confidencial». Ha seguido, en suma, los mejores ejemplos: el del Príncipe Alberto, marido de la Reina Victoria de Inglaterra, o el de la reseñada María Cristina de Austria.

Emanuel Schikaneder escribió para Mozart el libreto de La flauta mágica, un canto al poder transformador de la bondad humana. En el primer acto, Pamina y Papageno, dos de sus protagonistas, cantan que «todo ser humano que siente cualquier forma de amor, posee también un buen corazón». Doña Sofía es, también, esa mujer que sabe transmitir confianza y serenidad. Y, sobre todo, esperanza. Una llamada a lo mejor de nosotros que nos recuerda al personaje de Portia, la protagonista de El mercader de Venecia de Shakespeare, que restablece la cordura a través de la realización de lo justo: «la propiedad de la clemencia es… dos veces bendita: bendice al que la concede y al que la recibe». La Reina es, como en la creación del dramaturgo de Stratford-upon-Avon, cortés y clemente. Aunque hablando de una mujer que es y se siente española no hay como los versos de Antonio Machado para festejar su aniversario: «Vive quien ha vivido». Doña Sofía habita ya en la mejor historia moderna de esta España constitucional. En la más hermosa, la más genuinamente compartida y la más auténtica.

El republicanismo -según declaraciones recientes de Izquierda Unida- no es pasado». Pero el declive del republicanismo en España es uno de los pocos hechos políticos incontestables de nuestros tiempos. Y no es porque Juan Carlos sea un héroe de la historia moderna española -aunque sí lo es- ni porque su familia se haya comportado de una forma modélica -aunque sí lo ha hecho- sino porque España ya es una república: una república donde la Jefatura del Estado es heredable.

Hay muchas maneras de elegir a quien ejerce el más alto cargo del Estado. La diferencia entre una forma republicana de hacerlo y una aproximación monárquica no consiste en los aspectos formales de la transmisión del cargo, sino en el concepto ideológico que la sostiene. En las repúblicas lo hacemos mediante sistemas racionales. En las monarquías las bases del poder real son místicas -las doctrinas de elección divina, en el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, o de la identidad del emperador como dios, en el caso japonés- o el carisma personal, que ensalza al que lo tiene y le eleva por encima de los demás mortales.

Gran Bretaña sigue siendo una monarquía auténtica. Lo muestra la vida cuajada de ritos, solemnidades y ceremonias escandalosamente costosas que lleva la familia real inglesa. La existencia de una corte estancada por protocolos antiguos que carecen de sentido en el mundo de hoy conduce a la misma conclusión, así como la pervivencia de una aristocracia políticamente privilegiada, con sus propios representantes en la legislatura. En España, en cambio, gracias a las circunstancias históricas y al buen sentido del Rey, su familia y los funcionarios de la Casa Real, tenemos un sistema depilado del plumaje inútil. Las condecoraciones y títulos de nobleza no dan acceso a ningún tipo de poder político, sino reconocen dignamente -aunque no siempre con acierto- las contribuciones a la sociedad realizadas por los galardonados y sus familias. Charlar con un miembro de la Familia Real española es una experiencia agradable y normal, mientras que entrevistarse con uno de los Windsor es una tortura agobiante por lo aburrido de los intercambios permitidos y asfixiante por las reglas protocolarias. Hay sistemas aún más alejados de la tradición monárquica que el español. En Noruega, por ejemplo, no hay siquiera títulos de nobleza. En Bélgica el rey es explícitamente un ciudadano como los demás. En Suecia, y otros países, el rey no ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas que le concede la constitución española. Pero en España, tanto como en los países escandinavos o en Holanda, el Rey preside un sistema con los rasgos típicos y esenciales de una república de verdad: soberanía popular, garantizada por una Constitución, poder difuso, repartido entre varias instituciones, etcétera. No hay quien suponga que Dios haya elegido a Juan Carlos. Más bien, el pueblo confía en el método actual de elegir a su jefe del Estado por motivos prácticos, dictados por la razón.

A verdad decir, la herencia es una opción muy racional para elegir a un jefe del Estado moderno. Las pruebas más antiguas de la existencia de tal sistema son unos yacimientos arqueológicos en Sungir, en Rusia, de hace unos 20.000 años. Se introdujo por motivos comprensibles: quitarles poder a los tiranos aún más antiguos, o sea los varones alfa que mandaban por su fuerza y proeza y los chamanes que monopolizaban la autoridad espiritual. Que las calidades personales son heredables es un hecho científico, averiguado por las observaciones de la gente de aquel entonces y ampliamente comprobado por los descubrimientos recientes.

Las ventajas del sistema siguen siendo insuperables. Por no tener que someterse a la política, un líder heredero retiene su objetividad. Queda a la disposición de todos los ciudadanos, sin tener que involucrarse en coaliciones electorales ni caer en manos de los que le financiaron la campaña. Los jefes del Estado elegidos de otras maneras no parecen ofrecer perspectivas muy alentadoras. Suelen ser políticos desacreditados, elegidos por falta de nadie mejor, o militares elevados por golpes de Estado. En España, ¿a quién eligiéramos como presidente de la república, si no tuviésemos al Rey? ¿Un veterano de la política, como Felipe González o Manuel Fraga? Ambos son personas estupendas, pero todo candidato de ese tipo viene tachado de un pasado conflictivo. ¿Un gran artista, como Antoni Tapiès o Ana María Matute? Los votantes ni harían caso. ¿Un personaje destacado de la cultura popular? ¿Raúl? Los barceloneses declararían la independencia en seguida. ¿Julio Iglesias? ¿Almodóvar? España sería el hazmerreír del resto del mundo. Terminaríamos votando al Príncipe de Asturias. La gran gloria del sistema actual es que nos protege de la necesidad de elegir al jefe del Estado. Lo irracional sería insistir en destituir al sistema actual por prejuicios ideológicos.

No hay sino una manera más de evitar los inconvenientes de votar al jefe del Estado: seleccionarle al azar. Ese también es un sistema de respetable antigüedad, pero trae riesgos evidentes. Lo más probable es que salga un elegido aún menos aceptable que por las urnas. En las dinastías reales por lo menos se asegura que el jefe del Estado no sea un grosero como un Hugo Chávez o un Evo Morales.

La transmisión dinástica es una manera entre muchas de elegir a un monarca. En la antigüedad lo hacían los alemanes por votaciones del pueblo. La monarquía electiva es un sistema que sigue prevaleciendo en muchas zonas del mundo, donde se eligen jefes del Estado por plebiscitos poco honrados que confieren poder vitalicio o que renovelan el mando de un dictador. Jefes del Estado que disponen de poder Ejecutivo -aún los que disfrutan de sus cargos por periodos delimitados por las Constituciones de sus países, como los presidentes de Francia o de EEUU- se parecen mucho más a los monarcas clásicos que el de la mayoría de los reyes sobrevivientes en la actualidad, quienes, por lo menos en Europa, presiden sistemas plurales, donde el poder supremo se reparte entre varias instituciones. Franco sí que era un monarca de veras, «por la gracia de Dios», según rezaba en las monedas, sin lograr ser rey.

El rey Faruk de Egipto, cuando le echaron del trono en 1952, dijo que dentro de poco tiempo sólo quedarían cinco reyes en el mundo: rey de copas, rey de oros, rey de espadas, rey de bastos y el monarca británico. El sistema británico me parece menos duradero en el día de hoy que el español, ya que la mística monárquica es insostenible en una sociedad moderna y la familia real inglesa ha perdido categoría mostrándose humana, con todas las desgracias, ascos, fallos y estupideces que sufre la gente cualquiera. Es evidente que los príncipes William y Harry se aburren con las responsabilidades de su destino y que sus aventurillas son una especie de desafío a la nación, un grito de frustración que quiere decir que una república les vendría muy bien, liberándoles de un cargo poco grato. Todos los jóvenes de la familia real inglesa llevan vidas más o menos escandalosas. La princesa Beatriz acaba de comprarse un piso en Londres de siete millones de euros, supuestamente para poder ir a clase, pero su universidad queda a un par de horas de la casa. William utilizó un helicóptero del Ejército del Aire para llevar a su hermano a un guateque donde bailaba una estrella porno. Harry se vistió de nazi para asistir a una fiesta de disfraces. Todos -a pesar de haber experimentado el sistema de educación más largo y costoso de la historia humana y de disponer de oportunidades muy privilegiadas de apreciar el arte, la música, y la literatura- han terminado siendo lamentablemente tontos e insensatos. Sus payasadas socavan la imagen de los Windsor como una familia padrón para la sociedad inglesa.

En España, los Borbón se comportan mejor, pero son capaces de sobrevivir a errores de gusto o de educación mucho más graves que los que se permiten a los Windsor. Pueden permitirse el lujo de ser ordinarios, lo cual, paradójicamente, les hace insustituibles.

El Emperador Carlos V en Las Instrucciones de Palamós, de 4 de mayo de 1543, daba los siguientes consejos al entonces Príncipe Felipe: «Habréis de ser, hijo, en todo muy templado y moderado. Guardaos de ser furioso, y con la furia nunca ejecutéis nada. Sé afable y humilde. Guardaos de seguir consejos de mozos, ni de creer los malos de los viejos».

Pues bien, en un contexto histórico y constitucional incuestionablemente diferente, pero con el mismo ánimo de aconsejar el mejor hacer del Heredero, hemos conocido unas cartas remitidas por el Rey al Príncipe Don Felipe -que entonces contaba diecisiete años- durante su último curso en el College School of Lakefield (1984/1985) en Canadá. Unas exhortaciones que confirman lo que intuíamos: las claves del excelente reinado de Don Juan Carlos en estos años. Unas recomendaciones sobre la manera de comprender y ejercer la Monarquía parlamentaria en la España constitucional, que explican el porqué del sólido afecto de la ciudadanía a su Rey y la contrastada eficacia de nuestra asentada Monarquía. Vean las inteligentes -y asimismo cariñosas- exhortaciones de un Monarca, que es también padre, a su hijo y Heredero.

De entrada, su experimentada comprensión del papel de una Monarquía en un régimen constitucional. Ya no nos encontramos -el Rey lo explica con claridad- en los tiempos omnímodos del princeps legibus solutus est -donde la Corona de España se cimentaba sobre una concepción divina del poder- sino sobre un principio político radicalmente distinto: «La soberanía nacional reside en el pueblo español -dispone el artículo 1.2 de la Constitución de 1978- del que emanan los poderes del Estado». Hoy, la Monarquía, además de erigirse sobre la tradicional legitimidad histórica -«La Corona es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica…» (artículo 57. 1 CE), tras la renuncia de los derechos dinásticos por el Conde de Barcelona, un 14 de mayo de 1977, en el Palacio de la Zarzuela- se vertebra, en tanto que Monarquía racionalizada, sobre una legitimidad legal-racional nacida de una Constitución democrática. «La Monarquía -expresó Hernández Gil- que no dudó en promover el tránsito a la democracia, recibe de ella la proclamación legitimadora».

Y una circunstancia añadida relevante: junto a las dos referenciadas legitimidades, que podríamos denominar de origen, el Heredero habrá de saber ganarse una simultánea legitimidad de ejercicio. Expresado, según la conocida sentencia de Horacio, Rex eris, si recte facies; esto es, «Rey eres, si actúas como tal». O, de acuerdo con el rancio adagio medieval, «Vos no sois más que nos». Vean al efecto las clarividentes palabras de Don Juan Carlos: «Ya no es posible pensar que nos son dados graciosamente por nuestro nacimiento y nuestra situación todos los derechos y privilegios. Es preciso ganarlos, conservarlos y acrecentarlos día a día, con espíritu de entrega y de servicio. Hoy ya no se da nada que no sepamos merecer».

En segundo término, se desgranan las atribuciones de un Rey en una Monarquía parlamentaria. Unas competencias que el constituyente de 1978 prescribió en nuestra Carta Magna: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes» (artículo 56.1). Dicho de otra manera, el «Rey reina, pero no gobierna», ya que las Cortes Generales despliegan la función legislativa (artículo 66.2 CE), el Gobierno dirige la política interior y exterior del Estado (artículo 97) y los jueces asumen la función jurisdiccional (artículo 117. 1 CE). Es decir, en una Monarquía parlamentaria, por oposición al superado principio monárquico, el Rey no disfruta de potestas, sino que goza de auctoritas. Una auctoritas encauzada primordialmente a través de su configuración en tanto que símbolo de la unidad y permanencia del Estado -tan relevante en un país territorialmente muy descentralizado-, así como árbitro y moderador de la acción de las instituciones. En suma, nos retrotraemos a la formulación de pouvoir neutre que Benjamín Constant decantó en sus Principios de Política sobre el Poder moderador: «Cuando los tres poderes descompuestos, se entrecruzan, chocan y se traban, se necesita una fuerza que los ponga de nuevo en su sitio. Tal fuerza no puede residir en uno de los resortes en particular, porque se serviría de ella para destrozar a los demás. Es preciso que esté situada fuera y que sea, en alguna medida, neutral, a fin de que su acción se aplique en cuantos puntos se requiera y lo haga con un criterio preservador, no hostil».

Matizadas tales afirmaciones, más propias seguramente de las Monarquías constitucionales del siglo XIX -que aún conservaban ámbitos de poder ejecutivo-, que de las vigentes Monarquías parlamentarias, dichos rasgos serían los propios de la Monarquía española. Una forma no ya de Estado, pues el Rey no es copartícipe de la soberanía -que se incardina sólo en el pueblo español- y no encabeza los poderes ejecutivos, sino una forma de gobierno. Un Monarca, como apuntaba Walter Bagehot en La Constitución inglesa, que ciñe su actividad al «derecho a ser consultado, el derecho de estimular y el derecho de advertir los peligros de la decisión». Un Rey que no participa en la refriega política, pues la Monarquía se halla au dessus de la melée. De aquí su consecuente carácter irresponsable (artículo 56. 3 CE) y el imperativo refrendo de sus actos (artículos 56, 63 y 64 CE). Subra de Bieusses lo expuso en unas avezadas reflexiones, Ambigüités et contradictions du statut constitucionnnel de la Couronne, en tiempos de la elaboración de la Constitución: «La Monarquía no sabría ser democrática más que siendo parlamentaria… a fin de que todo poder efectivo no proceda más que del pueblo». Es responsabilidad pues de los poderes públicos que las instituciones funcionen. No pidamos a la Corona imposibles actuaciones, ni parciales declaraciones. No interpretemos sus silencios, ni juzguemos sus inacciones.

Y, por último, el Rey hace una invocación realista sobre las complejidades del oficio de rey: «De mí puedo decirte -prosigue Don Juan Carlos- que he tenido en mi vida momentos muy delicados, llenos de incertidumbre, en los que he debido soportar desaires y desprecios, incomprensiones y disgustos… Pero precisamente en estas circunstancias de prueba, que hay que soportar con la sonrisa en los labios, devolviendo amabilidades por groserías y perdonando para ser perdonado, me han permitido madurar, endurecerme y recibir las lecciones necesarias para que ahora pueda mirar hacia atrás con orgullo y satisfacción». Completadas con unas lúcidas reflexiones sobre el concreto modo de cumplir el cometido: «Hay que saber escuchar mucho, escuchar con atención, para no ofender a quien te hable… pero también hablar con medida, de manera discreta con amabilidad y buen tono, con sencillez y sentido del humor. Saber callar es tan difícil como saber hablar. ¡Y hay tantas maneras de callar mientras otro habla! Al que ha encontrado una buena manera de callar cuando las circunstancias lo aconsejan, casi todo el mundo lo entiende». Como prudentísimas son las admoniciones sobre la debida conducta de un futuro Rey: «No te canses jamás de ser amable con cuantos te rodean y con todos aquellos con los que hayas de tener relación… Has de mostrarte animoso aunque estés cansado; amable aunque no te apetezca, atento aunque carezcas de interés; servicial, aunque te cueste trabajo».

Y unas consideraciones sintetizadoras de la sabiduría de un reinado: «Piensa que te juzgarán todos de una manera especial y por eso has de mostrarte neutral, pero no vulgar; culto y enterado de los problemas, pero no pedante ni presumido… Haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago». Unos consejos, en fin, pertinentes. Como dice Tom Burns, en La Monarquía necesaria, «La Monarquía es necesaria, pero reinar en España no es tarea fácil».

En anteriores reflexiones aquí aparecidas prometí no entrar en las que entonces eran las primeras manifestaciones anti-monárquicas acaecidas en Cataluña. Pensaba que estábamos únicamente ante algo efímero y minoritario. Por ello llevé mis consideraciones a realizar algunas afirmaciones sobre la figura del Heredero de la Corona. Aunque no era tan inocente como para soslayar la afirmación de que, «una vez abierto el melón» era muy difícil precisar cuantas tajadas iban a cortarse. Y perdóneme el lector el símil popular, bastante veraniego, es cierto, pero, de igual forma, tan escasamente científico. Pues bien, se ha podido comprobar mi temor y la extensión que el tema ha tenido. Políticos, medios de comunicación, programas televisivos, empresarios y hasta obispos han dejado oír sus pareceres. Con plena legitimidad, por supuesto. Por ello entiendo que, en circunstancias tales, algo o mucho debemos añadir los estudiosos, aunque únicamente sea por el afán de clarificar algunos aspectos. Y a ello vamos. Desde tiempos pasados y en circunstancias menos fáciles, siempre hemos defendido que el estudioso de los asuntos de la polis no debía permanecer cómodamente aislado en campana de cristal, sino que su misión comportaba también alertar sobre todo aquello que podía dañar al bien común. Y cuando ahora estimo que así corresponde, lo hago omitiendo, por suficientemente conocida, la referencia a la labor de nuestro actual Rey en los procesos de traída de defensa de nuestro actual Estado de Derecho y de nuestras libertades. Peca de ingratitud quien de ello no quiera acordarse.

En primer lugar, habrá que aclarar que el principio legitimador de la Monarquía no es el democrático, con el sufragio universal como acompañante, sino otro bien diferente: el de la legitimidad hereditaria. Guste o no, en eso se basa esta institución que, justamente por partir de ahí, conlleva la garantía de la continuidad. No hay que «asustarse» por lo dicho. La democracia se babeliza, de forma más o menos verdadera, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia del peso de los vencedores. Con anterioridad, «lo moderno» era lo totalitario. Y, a la vez, el mundo conoce la gerontocracia (gobierno de los más viejos) como puede ocurrir en China. O la hegemonía del partido único como depositario de la ideología oficialmente establecida (por ejemplo, Cuba). O los imperios en los que el Papa tenía la última palabra. O la sumisión a los brujos-caciques en las zonas de tribus. Y así muchos ejemplos más. Por demás, reconocida la democracia como valor legitimador de nuestros días, no por ello deja de tener «su ámbito». Es decir, esferas en las que es valor único y, junto a ello, otras esferas en que priman otros medios de legitimación. Cualquiera puede entenderlo. En las competiciones deportivas resulta triunfador quien mejor marca o mejor resultado obtiene y no el que el público asistente decide en votación. En el Ejército, los sargentos no eligen por votación a los generales, ni dan la orden de ataque. En la sanidad, opera el cirujano y no el camillero y en una Universidad seria el personal administrativo o de servicios no debería votar un plan de estudios o un nombramiento de honoris causa, aunque tras el desastre de Maravall todo sea posible. En todos los ejemplos citados, se ha de respetar la democracia establecida, pero el funcionamiento interno debe tener otros principios.

En nuestra democracia con Monarquía parlamentaria, aprobada y refrendada por la Constitución, el Rey tiene unas funciones expresamente señaladas en los artículos 56, 62 y 63. Pregunto: ¿cuál de ellas ha dejado de cumplir? ¿En qué se ha extralimitado? ¿Cuándo ha caído en el «borboneo» que practicaran algunos de sus antecesores? Si así fuera, instrumentos establecidos hay para obligarle a dejar la Corona. Y si no ha sido (creo que al revés) no cabe la entrada de la elección. En nuestro azaroso pasado no hay más que un caso de «monarquía electiva» en la persona de Amadeo de Saboya. Y recuérdese el asunto. El pobre Amadeo, viéndose incapaz de gobierno por su atadura a los partidos que lo eligieron, nos manda a hacer gárgaras, retorna a su país y así se proclama la Primera República, de corte federal. ¡No consiguió ni aprobar un texto constitucional! El cantonalismo surgió por doquier, con Cartagena a la cabeza, y la entrada del caballo de Pavía en las Cortes puso fin a nuestra primera experiencia republicana. Claro que la segunda acabó peor…

Si los actuales «quemadores» anti-monárquicos lo que quieren de verdad es la República, también tienen medio constitucional para intentar lograrlo. Nuestra actual Constitución lo permite a través de su reforma regulada en el art. 168 que arbitra la forma de revisar el Título II y establecer lo que se quiera. Es difícil, pero no imposible si la mayoría de los españoles lo quisiera. Se me ha escapado lo que querer «de verdad». Porque si, como muchos piensan, lo que se esconde es la autodeterminación y la separación de España con un nuevo Estado, entonces, actuales «quemadores», las cosas ya no serán tan fáciles. Pedir que nuestra Constitución establezca el derecho a que España se destroce en pedacitos, me parece que es mucho pedir.

Y si se lograse la Tercera República, ¿se acabarían así los problemas con el País Vasco y Cataluña? ¿Cómo la defenderían en caso de riesgo? ¿Cómo lo hicieron con la Segunda? No me resisto a dos testimonios de la época.

Cuando en 1932 se discute en las Cortes el Estatuto Catalán, la voz y el razonamiento de Ortega muestra su escepticismo: el problema únicamente se puede «conllevar», no resolver: frente al sentimiento de una Cataluña que no se siente española, hay otro de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como «un trozo esencial de España». Pretender solventar este antagonismo de una vez, sería como «llevarlo al extremo del paroxismo (…) y hacerlo más insoluble que nunca» (3 de mayo de 1932). Y precisamente eso, hacerlo de una vez es lo que, por el contrario, intenta y consigue Azaña, que, con no pocas resistencias, logra que se apruebe el Estatuto el 9 de septiembre. Cuando el 17 de ese mes visitaba Barcelona para recibir el agradecimiento, no duda en proclamar que se estaba ante «un hecho de la historia universal».

Pero llegaría el final de la República y ya en plena guerra civil, el entusiasmo azañista se ha tornado denuncia por la insolidaridad del «Eje Barcelona-Bilbao» con la República, junto a los graves abusos libertarios de los sindicalistas (¡De esto, estoy seguro, no hablará la «Memoria Histórica»!) Y concluye con la trágica afirmación de que la cuestión catalana subsistirá con cualquier clase de régimen (monarquía, república, unitario o autonomista) «como la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del cuerpo español» («Causas de la Guerra de España»). Y uno tiene que preguntarse como principio y final: ¿se arregla este gran tema mediante los humos de las fotos de quien siempre han querido respetar y potenciar la diversidad sin dañar la unidad de España?

Ver crecer a los otros que quieres es uno de los aspectos positivos del paso del tiempo. En contra de toda nostalgia por lo que dejamos atrás y por el camino transcurrido, el despliegue del presente puede proporcionar a veces ese sentido de espesor y conciencia de duración que nos hace sentir la propia existencia. Los 40 años del Príncipe son, desde luego, una especie de atalaya que sitúa el paso de la juventud a la madurez en primer plano. De aquel joven de 21 años con el que tuve el privilegio como docente de disfrutar durante mucho tiempo de su crecimiento intelectual y personal, al padre de familia feliz y responsable de ahora, media sin duda una gran distancia. Y, sin embargo, es posible que, como nos ha pasado a casi todos, ese cumpleaños significativo se sienta por dentro como algo que no atañe a nada sustancial, pues se sigue siendo la misma persona, por más que los demás se empeñen en colocarnos en otra dimensión. Pero sin duda ésta se ha producido. En estos días previos al cumpleaños, quizás las preguntas que más veces me han hecho desde los distintos medios de comunicación han girado alrededor de la educación del Príncipe, concretamente cómo se plantearon los Reyes la educación de Don Felipe, y, por otro lado, cómo será el futuro monarca. A la primera puede contestarse en parte con los datos empíricos, con los resultados que pueden observarse objetivamente; la segunda pertenece al ámbito de la futurología y no de la Historia, pero siempre se pueden aventurar unas líneas de actitudes o comportamientos acordes racionalmente con las que han precedido y con la propia formación. Se ha escrito tantas veces sobre la excelente preparación del Príncipe, sobre el proceso de crecimiento cognitivo y emocional de una persona inteligente, curiosa, inquieta, como ha sido y sigue siendo Don Felipe de Borbón, que siempre preocupa que los lectores acojan con cansancio o recelo tal repetición. O, peor, produzca esa repetición un movimiento de rechazo o escepticismo. Pero, sin embargo, es verdad que la educación del Príncipe, y de las Infantas, siempre fue vista por los Reyes como una prioridad que, además de ser rigurosa y profunda, tenía que ser en ámbitos comunes universitarios públicos, como un estudiante más. Eso sí, bajo el modelo del rigor y de la aplicación en todo lo posible, pues todos ellos han interiorizado desde siempre que habían nacido con unas responsabilidades y unos privilegios por tanto, pero de todos los cuales había que rendir cuentas en la Monarquía parlamentaria democrática consagrada en la Constitución de 1978.

Citando a la Ofelia shakesperiana: «Sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos ser», alguna vez ya escribí que si toda vida individual es un producto complejo de azar, necesidad y libertad, cuyos hilos se tejen y destejen hasta el último momento de esa vida, y cuyo conocimiento de sí y de la relación con los demás nunca está acabado o cerrado, en el caso de Príncipes e Infantas ese proceso tiene un peculiar carácter al sentir, desde el mismo momento de su nacimiento y como reflejo de la percepción de los otros, la cualidad de no ser nunca indiferentes, de estar siempre presentes en su función representativa, de no conocer la libertad del anonimato. De ahí la importancia de una educación en igualdad y al tiempo -como debía ser para todos- una educación con el impulso siempre a la excelencia. Esa ha sido la experiencia del Príncipe de Asturias.

Con motivo de su boda en mayo de 2004, intentaba yo describir en un artículo periodístico -Un Príncipe para el siglo XXI- la rica experiencia vivida ante un desarrollo que casi podía palparse de crecimiento interior y madurez intelectual y personal que no se limitaba al plano cognitivo, con ser este fundamental, sino que abarcaba a aspectos interiores de saber y de empatía, de serenidad y adquisición de criterios para poder distinguir y evaluar las distintas opciones que las circunstancias van exigiendo en la vida, así como sus consecuencias, incluyendo entre ellas las no queridas; el aprendizaje de saber aprender de los errores y de saber reconciliarse íntimamente con la certeza de la distancia que acaba siempre existiendo entre nuestras expectativas y planes más queridos y su proyección en la realidad, siempre cambiante. El joven que había elegido casarse con la persona que amaba, y de la que le constaban las cualidades que aseguraban el cumplimiento de su función como Princesa de Asturias, reunía sinceramente todo ese complejo aprendizaje, unido a su firme compromiso personal e institucional y al desempeño en la práctica de tareas representativas dentro del Estado.

En este cumpleaños festejamos no ya a un joven prometedor, sino a una persona madura, en el dintel todavía de la juventud anterior, pero que ya puede contemplar el tiempo hacia atrás y no sólo hacia adelante. Ello produce casi siempre un sabor agridulce, pero también enriquecedor. Y lo que hay hecho hacia atrás es una buena cosecha, con más luces que sombras, con más cosas buenas que malas, con una utilización del tiempo y del esfuerzo en construir una existencia con continuidad, que ha exigido disciplina, rigor, empatía, bondad, todo un plan de vida y de proyectos de futuro. «Cuanto más ocupado esté el tiempo -decía Bachelard- más corto parece». Ese tiempo es el bien irremplazable del que disponemos los humanos y que fragmentamos convencionalmente en fechas significativas para sentir que no se nos escapa gratuitamente, que lo seguimos viviendo y sobre cuyo paso efímero construimos mojones que nos pertenecen. Y por ello deseamos siempre que se cumplan muchos años con felicidad.

Por lo demás, como se ha puesto de manifiesto en estos días, la persona del Príncipe, sus características individuales, su personalidad y sus tareas institucionales responden en un amplio abanico a las expectativas que la sociedad española proyecta sobre el futuro. Una sociedad viva y en movimiento, inserta en un mundo que cambia rápidamente y que se enfrenta a desafíos múltiples, que pertenece al grupo de países desarrollados europeos democráticos y que, en su amplia mayoría, tiene bastante claro que la cuestión que importa, desde la experiencia de todo lo vivido en el siglo XX, es vivir en estabilidad democrática. Que esa estabilidad está garantizada por una monarquía parlamentaria, similar a las de otros países europeos, producto de una historia y unas coyunturas determinadas; una suerte de régimen mixto que combina la sucesión sin traumas ni luchas en la jefatura del Estado con la limitación estricta de sus poderes, favoreciendo con su fuerza simbólica, moderadora, representativa, un complejo equilibrio de poderes que es una característica primordial de todo régimen democrático.

Un ideal ilustrado de un régimen moderado, entendiendo la moderación como una articulación entre el poder de los gobernantes y la libertad de los gobernados, en beneficio siempre de la mayor autonomía de éstos, de la óptica de mejora y libertad de los ciudadanos. La Corona se inserta así como pivote esencial de una arquitectura constitucional y parlamentaria, con límites y contrapesos determinados, que ha dado tan buenos resultados a España en estos 30 años de joven democracia.

El Príncipe de Asturias ha crecido a la par de este desarrollo y su función institucional es garantía de estabilidad y de cambio ordenado. Que el Príncipe haya adquirido esa riquísima formación, teórica y práctica; que posea una estructura conceptual precisa y flexible a la vez, un anclaje cognitivo y valorativo que le da solidez y profundidad y que tenga la empatía y buen hacer que ha heredado y aprendido de Don Juan Carlos y Doña Sofía, tiende a dar seguridad a las incertidumbres inevitables que siempre provoca el futuro. Un futuro para el que le deseamos de todo corazón, junto con la Princesa de Asturias y las pequeñas Infantas, muchísimas felicidades en esta fecha tan redonda y tan pletórica de los 40 años.

Supongo que nadie podrá enumerar con precisión el caudal de recuerdos que en el día de hoy, al celebrar familiarmente sus cuarenta años de vida, pasarán por la mente de Don Felipe de Borbón y Grecia, Heredero de la Corona. Es posible que ni su propia persona. Puede que el regocijo familiar lo dificulte. Y puede también que el mismo capricho de aparecer y desaparecer que el ayer, lo pasado, somete a cualquier persona, impida la exactitud de la empresa. Pero ahí, en la distancia y en la objetividad ajenas a la legítima pasión que el interesado experimenta, se puede encontrar el análisis de lo ocurrido.
Y en esa línea, acaso lo primero a resaltar sea la suerte que el Príncipe tuvo por el momento de venir al mundo en la España de fines de los sesenta. Atrás, bastante atrás, habían quedado en el tiempo (aunque sin duda no en el sentimiento) los hechos cruciales de la primera mitad del siglo XX que tanto van a seguir pesando en nuestra andadura como nación y que supongo que el Príncipe conoce a fondo por sus estudios o lecturas: la caída del reinado de su antecesor Alfonso XIII, con sus múltiples secuelas, la llegada y crisis de la II República, la tragedia de nuestra última guerra civil y todo un largo tramo del régimen instaurado por el general Franco. Y su objetivo conocimiento me parece imprescindible para cualquier español que asuma algún tipo de responsabilidad política porque, de una forma u otra, todo ese tracto está histórica e ideológicamente bien unido y hasta constituye un necesario punto de arranque para entender plenamente el presente. No. Por mucho que «algunos expertos» se empeñen, España no ha nacido con la Constitución de 1978. El análisis de nuestro siglo anterior puebla numerosas bibliotecas dentro y fuera de nuestras fronteras. Y va de suyo que conocer es en este caso también asumir y superar. ¡Allá la responsabilidad histórica de quienes se empeñan en lo contrario resucitando divisiones y rencores!

La España de los ahora llamados «felices sesenta» ya no conoce la escasez, el racionamiento, ni la continua movilización. Tampoco el aislamiento, ni la imperiosa vigilia internacional. La suerte trae al mundo al Príncipe en el pleno auge de lo que de verdad interesaba ya al franquismo (que, por cierto, es una mentalidad generalizada y no únicamente una persona): la apatía propia de los regímenes autoritarios y la aceptación inquebrantable de un Caudillo con poder vitalicio. Por supuesto que con sectores que aspiraban a libertades inexistentes y por supuesto, igualmente, con la represión de quienes públicamente lo manifestaban de una u otra forma. Y los exilios exterior e interior. Y las tristes consecuencias que sufrieron los contendientes. No intentamos justificar nada. Únicamente recordar sin ira.

La España de los sesenta ha conocido ya el desarrollo y el titulado «milagro económico». El turismo nos había elegido como lugar preferente y con el turismo vinieron muchas más cosas. El español de entonces podía ya permitirse el pequeño veraneo, disfrutar del «seilla» y lograr que sus hijos accedieran a una Universidad que conoce pronto la masificación. Nadie obligaba a apuntarse a nada y las camisas podían tener el color que se quisiera. Y en las alturas gubernamentales, una derecha tecnocrática que, sin olvidar la lealtad a Franco, moderniza al país, comienza a mirar a Europa y… muestra bien pronto su confianza en el también Príncipe llamado Juan Carlos. Dejo a la que supongo intimidad familiar cuanto el actual Rey haya narrado al actual Heredero sobre sus nada fáciles relaciones, tanto con la persona de Franco cuanto con su padre Don Juan. Sacrificio hubo por doquier y mucho queda todavía por saber.

Pero cuando el feliz nacimiento ocurre, hacía ya años (1947) que el mismo Franco, en la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, y por las razones que fuere, había declarado que España, de acuerdo con su tradición, se declaraba «constituida en Reino». Y en el posterior desarrollo legislativo, de aquí se partiría siempre. Ciertamente se habló siempre de «instauración» y no de «restauración», con lo que se aspiraba tanto a desear un nuevo estilo de Monarquía, cuanto a esfumar las aspiraciones del asentado en Estoril. Los indicios se fueron afianzando en el proceso educativo de Don Juan Carlos. Y justamente un año después del nacimiento que comentamos, exactamente el 22 de julio de 1969, Franco le proclama como sucesor a título de Rey. Al día siguiente, Don Juan Carlos de Borbón jura todo lo jurable como sucesor ante el pleno de las Cortes.

Se había dado el gran paso. Pero quedaba el principio legitimador de toda Monarquía: el origen dinástico. Dos días después de fallecer Franco, el nuevo Rey asume la Jefatura del Estado y proclama que quiere ser el Rey de «todos los españoles». De vencedores y vencidos de antaño. De los de dentro y de los que podían volver. Las piezas de un gran proceso terminan con dos acontecimientos definitivos: la abdicación de Don Juan y la aprobación en referéndum del pueblo español de una Constitución en la que se establecía una Monarquía Parlamentaria. Un Rey que no gobernaba, pero que unía. Que no mandaba, pero que estaba llamado a moderar.

Todo lo anterior y algunas cosas más las ha recibido Don Felipe de Borbón. Es su caudal heredado. Que no es un caudal «democrático», sencillamente porque el principio legitimador de la Monarquía no es el sufragio universal. Como no lo es en el ascenso a general de división, obispo de una Diócesis, catedrático de Universidad o equipo campeón de la Liga. La democracia tiene su ámbito muy concreto y, muy posiblemente, romper ese ámbito (algo que presumo está ocurriendo en los momentos actuales) significa caer en la demagogia final. No hay que olvidar la meritocracia, la disciplina, la antigüedad o la fe. Cada cosa en su sitio, que diría el castizo.

Quien hoy cumple cuarenta años posiblemente pase a la historia como el heredero mejor preparado académicamente de la Monarquía española. Y resulta tan peligroso como absurdo lanzarle eso de «ser juancarlista, pero no monárquico» antes, bastante antes de que haya llegado su hora de reinar. ¿En virtud de qué? La labor hasta ahora desarrollada por iniciativa propia o por indicación del Rey, no puede ser más loable, ni más intensa. En su cumpleaños cada uno puede pedirle algo más, pero no negar sus méritos. En mi opinión, que lo antes posible ejerciera alguna función de mando en nuestro Ejército. De la forma más asequible, pero sabiendo que eso es beneficioso para su presente y para su futuro. Y algo más. El conocimiento directo de la problemática de los distintos sectores del país (médicos, empresarios, profesores, obreros, artistas, etc.) de forma habitual y mediante reuniones en las que oiga los auténticos problemas, sin ningún tipo de mediación. Si así lo hiciera, la felicitación de hoy sería doble. Sobre todo si, en su día, también se propone ser Rey de todos los españoles.

La Monarquía parlamentaria es un hallazgo de la Transición española, para nuestra Constitución de 1978, que se construía desde la evolución histórica, de las monarquías existentes, más representativas como la británica o las del norte de Europa, desde nuestra propia experiencia monárquica y republicana y desde una reflexión teórica, quizás todavía más intuitiva que racional. Probablemente entonces no teníamos en la cabeza todas las dimensiones y consecuencias de este modelo de Monarquía diferente de las anteriores.

Éramos conscientes de que, desde los orígenes del Estado liberal, la Monarquía española había ido dando tumbos desde Fernando VII a Alfonso XIII. Tras la esperanza frustrada de la Segunda República bien intencionada, abierta y progresista que pagó sus errores y las traiciones de militares y civiles, la horrible Guerra Civil y la no menos horrible represión posterior y los 40 años de dictadura franquista, con el daño que hizo a nuestra dignidad individual y colectiva, nos encontramos de bruces, muerto Franco, con la necesidad de reinventar nuestra convivencia. La recuperación de la soberanía popular y el impulso para la vuelta a la democracia los dio el Rey, que heredó los poderes del general Franco, con el apoyo de un gran pacto social entre los sectores abiertos procedentes del régimen que deseaban, de verdad, el restablecimiento de un sistema constitucional, europeo de libertades, y sectores de la oposición democrática represaliada y perseguida durante la dictadura. Fue un contrato social sui géneris, con un papel decisivo de don Juan Carlos que culminó bien en una Constitución, y después en treinta años de vida democrática con tres alternancias en el poder y un sistema consolidado, donde el Rey al cabo de esos años mantiene incólume su popularidad, aunque su status cambió con la Constitución y desde entonces carece de prerrogativa y no es ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial.

Al cabo de treinta años, estamos en situación de construir las líneas teóricas de esta Monarquía parlamentaria, porque existe el peligro y quizás también la tentación de situarla, en continuidad con la anterior etapa de su evolución, como Monarquía constitucional. Un signo que confirma esos augurios es que las viejas críticas republicanas se siguen aplicando a nuestra Monarquía parlamentaria. Así se acusa su carácter no electivo y, según esas críticas, no democrático, y que la sucesión se produzca en el interior de una familia, la familia real, sin ninguna intervención popular. También se afirma que es una institución cara y poco transparente. Incluso esos sectores, si son bienintencionados conceden que el rey Juan Carlos ha cumplido un papel decisivo en la instauración de la democracia y en la elaboración de la Constitución, para a continuación sostener que quizás ya sea bueno restablecer la República.

Es verdad que se trata de sectores muy minoritarios que no se pueden identificar con otros peor intencionados que hacen la crítica desde la extrema derecha, que no pueden soportar el sincero y constante apoyo del Rey a la Constitución y a la democracia. Un signo de que la Iglesia católica institucional está cayendo en brazos de uno de los sectores más radicales y extremistas de la derecha es que su emisora es la principal portavoz de esos grupos ultrarradicales. También son reprochables y muy minoritarias las críticas consistentes en quemar fotos del Rey. En este caso no puedo estar de acuerdo con los que engloban estos comportamientos en el ámbito de la libertad de expresión. Más bien entran de lleno en el límite del claro y presente peligro de provocar violencia, al que se refiere el buen juez Holmes. La crítica a la Monarquía es lícita siempre que se ofrezca desde la racionalidad y no desde la violencia real o posible.

Incluso he oído muchas veces a defensores sinceros de la Constitución decir que son juancarlistas pero no monárquicos.

Si partimos de una realidad sociológica donde el Rey y la Monarquía ocupan los primeros lugares en la aceptación pública, procede quizás preguntarse si existen unos rasgos de esta institución que la hacen diferente de las anteriores. ¿Es posible mantener una crítica republicana contra esta nueva forma de Monarquía?

Creo, sinceramente que la Monarquía parlamentaria tiene diferencias esenciales con la Monarquía constitucional y mucho más, con las monarquías preliberales de carácter absoluto. En este caso, el Rey no es poder del Estado, ni titular de la soberanía, sino sólo el supremo órgano de representación que expresa en su figura la unidad y permanencia del Estado. Por eso no le son de aplicación las críticas tradicionales republicanas que están fuera de lugar al referirse siempre a una Monarquía que compartía soberanía y prerrogativa con los poderes democráticos. Concluir de esta situación que entonces la Monarquía es inútil es igualmente incierto porque cumple un papel moderador y de consejo decisivo y con su prestigio incrementa la repercusión de nuestro país en las relaciones internacionales y con los países de la comunidad hispánica de naciones.

El valor de la Monarquía parlamentaria se apoya, a mi juicio, en tres grandes pilares, racionales y afectivos, que se dan en la Corona de España, en sus titulares y en sus sucesores.

En primer lugar, podemos señalar su origen democrático, que establece su legitimidad de origen que se complementa con la histórica, en la figura de don Juan Carlos, y en su continuidad con el príncipe de Asturias. El referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978 expresa esa aprobación democrática de la forma política del Estado español. Además, la legitimidad fáctica se expresa también por su contribución decisiva para que fuera posible la vuelta a la legalidad democrática, renunciando a ser un poder del Estado, favoreciendo la realización de unas elecciones libres y contribuyendo a las deliberaciones libres en las Cortes Generales hasta alcanzar la aprobación de la Constitución. Después su papel decisivo en la recuperación de las prerrogativas que los poderes legítimos, secuestrados en el Congreso, no podían ejercer con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, evitó la catástrofe que hubiera supuesto su triunfo, aunque sólo hubiera sido coyuntural. Como miembro de la ponencia constitucional puedo dar fe por propia experiencia de su exquisito respeto por nuestro trabajo, cuando todo el mundo quería aconsejarnos, cuando no presionarnos.

En segundo lugar, la legitimidad de ejercicio se afirma y se consolida con la vieja idea de Montesquieu del principio del honor que caracterizaba a la Monarquía (Vid. De l’Esprit des Lois V, Primera Parte, Libro II I-6). Naturalmente tiene un sentido distinto al que estableció el barón de la Bréde. Hoy, el honor de la Monarquía supone la lealtad y el respeto a la Constitución y a los principios democráticos que la inspiran. Ésa es la virtud central de un monarca en una Monarquía parlamentaria. No es necesario elecciones periódicas para ratificar el ejercicio legítimo de su función. Basta con la lealtad y el desarrollo de sus funciones de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, después del respaldo popular inicial.

Finalmente, en tercer lugar el ejercicio normal de sus competencias favorece la continuidad de las instituciones y esa función de expresar la unidad y la permanencia del Estado. La neutralidad de su magistratura por encima de los sectores políticos y de los gobiernos que puedan sucesivamente gobernar es garantía de estabilidad y de respeto a esa parte de la ética pública juridificada a valores, principios y derechos, o instituciones y procedimientos que configuran las reglas del juego.

La Corona está por encima y es garantía del pluralismo político, creando un espacio libre por donde todos pueden circular con la fuerza legítima que otorga en cada momento el principio de las mayorías. Al carecer de prerrogativa no compite, no puede crear conflictos con otros poderes como ocurre en las repúblicas cuando concurren una jefatura del Estado elegida por sufragio universal y un presidente del Gobierno elegido desde una mayoría parlamentaria, sobre todo cuando las dos figuras pertenecen a diferentes partidos.

La Monarquía parlamentaria es una institución tranquila, donde se practica el respeto a la soberanía popular y al principio de las mayorías, que expresan formalmente las decisiones tomadas en el Parlamento, en el Gobierno y en el Poder Judicial, lo que le permite moderar y arbitrar, con autoritas el funcionamiento normal de las instituciones. Es una institución que deberemos mantener, apoyar y respetar, porque impulsa y profundiza la tranquilitas ordinis que es condición esencial de una sociedad política bien ordenada.

En la fantasmagórica Corte que el pretendiente Carlos María Isidro instaló en Estella durante la Primera Guerra Carlista se creó un grupo de presión -poder fáctico, le llamaríamos ahora- pronto bautizado como los ojalateros.

Tan ocurrente denominación es atribuida en el capítulo 30 del segundo tomo de la monumental historia del conflicto escrita por Antonio Pirala al valiente capitán de caballería Carlos O’Donnell quien, harto de escuchar al regreso de sus acciones militares comentarios del tenor de «¡ojalá hubiesen atacado ustedes por tal o cual parte!», «¡ojalá hubiesen hecho tal o cual movimiento!», se encaró con algunos de estos individuos y les espetó: «Siempre están ustedes con ojalás. ¿Son ustedes ojalateros?»

Aunque al principio este despectivo remoquete recayó en el obispo Abarca, su compinche en la camarilla de don Carlos, el intrigante Arias Teijeiro y otros miembros de su clan, pronto, según Josep Fontana, se extendió a todos «los cortesanos que acompañaban al pretendiente sin contribuir a la lucha con otra cosa que los ‘¡ojalás!’ con que expresaban sus augurios de victoria». Más genérica es aún la acepción que el Diccionario Histórico del Carlismo de Josep Carles Clemente ofrece del término: «Se llamó así a los que lejos del combate soñaban con ganar la guerra sin más esfuerzo que el de su adhesión pasiva a la Causa».

Pero los ojalateros no se limitaban al escaqueo personal, sino que en lugar de situar el foco de sus cuitas en el bando enemigo azuzaban la inquina de don Carlos contra sus rivales en el propio, poniendo constantemente palos en las ruedas de aquellos que, como Zumalacárregui primero y Maroto después, daban la cara -y algo más- por la Causa.

No es de extrañar que esa actitud irritara a los combatientes dispuestos a morir «por Dios, por la Patria y el Rey», aunque según el propio Pirala a menudo ocurría que, sobre todo, daba pie al cachondeo y mofa por parte de la tropa: «Si al pasar los batallones por un pueblo o sus inmediaciones veían los voluntarios, entre las gentes que salían a verlos, alguno que creyesen ojalatero, principiaban a decir los unos: ‘¡Ojalá ataquen!’, y contestaban los otros: ‘…Y ganemos’. Esto producía la hilaridad en las filas, que comunicándose desde la cabeza a la cola eléctricamente, se convertían en una gritería infernal, haciendo que desapareciesen los ojalateros».

Cuando el pasado domingo nos desayunamos con el enorme titular El Rey se defiende en la portada de nuestro principal competidor, mi primera reacción fue amortizar la ocurrencia en ese mismo tono de broma. ¿Cómo que El Rey se defiende? ¿De quién se tiene que defender el Jefe del Estado si nadie que pueda inquietarle le ha atacado? Caray, ni que fuera el juez Del Olmo, víctima de los conspiranoicos secundados por el PP…

El hecho de que los tiros fueran precisamente por ahí, exprimiendo hasta la saciedad el ya exhausto limón de que si Jiménez Losantos pidió una mañana la abdicación del Monarca y que si Esperanza Aguirre intercedió por él durante una comida en el Palacio Real, no venía sino a confirmar la pertinencia de esa mirada burlona y desdeñosa. ¡Oh, cuánto ruido para tan pocas nueces, cuánto desagravio para tan poco agravio!

Pero llega un momento en que la insistencia en amontonar sobre tan anecdótico perchero ropajes tan diversos como la quema de fotografías del Rey en Cataluña, el encontronazo con Chávez en Santiago de Chile o la majadería que dijo Anasagasti sobre la imaginaria ociosidad de los Borbones, hace ineludible una clarificación sobre lo que comenzó siendo presentado más o menos jovialmente como el annus horribilis de la Corona y ha terminado convertido por algunos en una dramática ofensiva en toda regla contra su titular.

De todos los avatares de este 2007 que hemos dejado atrás, probablemente, lo que más haya entristecido a don Juan Carlos, como buen padre de familia, sea la crisis matrimonial de su hija mayor. Y lo siguiente, la torpeza con la que la Fiscalía manejó el episodio de la zafia viñeta de El Jueves, perjudicando objetivamente a los Príncipes. Pero claro, ni lo uno puede atribuirse a la pinza entre la COPE y las Juventudes de Esquerra, ni a Conde Pumpido lo ha nombrado Rajoy.

En todo caso, después de esta caravana de incidencias agrupadas en el tiempo, el prestigio de la Familia Real continúa intacto, y no digamos el del Rey. No hace falta comparar el caso con el de otras monarquías reinantes, ni tampoco ceder a la benevolencia que siempre rodea la celebración del momento en que alguien se vuelve septuagenario. No, si el 70 cumpleaños de don Juan Carlos está dando pie a un veredicto tan positivo sobre su trayectoria -notable alto, según nuestra encuesta de ayer- es porque los españoles son conscientes de los méritos objetivos contraídos durante sus 32 años de reinado.

Un reinado que ha incluido desde el 23-F hasta el 11-M, desde un incierto periodo constituyente hasta etapas de gran estabilidad democrática, momentos de grave crisis económica y días de vacas gordas, inmensas alegrías colectivas y tragedias que nos han partido el corazón. El Rey siempre ha estado ahí, en su sitio, con la serenidad del estadista, la determinación del militar y la empatía del ser humano cálido y cercano, buscando la respuesta adecuada a cada problema, unas veces desde el arrojo y otras desde la prudencia. Casi siempre ha acertado y cuando se ha equivocado en asuntos relativamente menores -algún que otro amigo o alguna que otra cacería de más- la rectificación ha llegado enseguida.

No es un ser providencial ni el Monarca perfecto. Eso no existe ante los ojos de un país desarrollado en una sociedad abierta. Seguro que la Historia proyectará también sombras sobre determinados aspectos de su conducta. Pero en conjunto, que es como se valora a los hombres públicos, su figura es la de la persona adecuada en el sitio preciso en el momento correcto. Y en la España de hoy esto es un secreto a voces que forma parte del acervo colectivo.

Por eso nadie con entidad y consistencia cuestiona de forma articulada y permanente -criticar tal o cual dicho o hecho del Rey no es sino parte de la lógica democrática- la forma en que ejerce sus funciones constitucionales. Por eso ni don Juan Carlos se encuentra bajo ataque, ni menos aún necesita espadachines que le defiendan, aportando vendas donde no hay heridas y creando una equívoca sensación de excusatio non petita.

Cuestión distinta es que haga falta o no desenvainar, siquiera sea a efectos dialécticos, todas nuestras mejores armas con un motivo de mucho mayor calado y trascendencia. Porque por inaudito que parezca en España no hay una ofensiva contra el Jefe del Estado, sino contra el Estado mismo. No es la forma en que el Rey ejerce sus funciones lo que se cuestiona y vitupera, sino la existencia misma de esas funciones. No es el comportamiento del titular de la Corona como Monarca constitucional lo que genera algaradas, pancartas ofensivas y rituales crematorios en los campus y en los estadios, sino la mera vigencia de esa Constitución. No es a Juan Carlos de Borbón y Borbón, nacido en Roma, criado en Estoril y proclamado en Madrid, sino a la España, patria común de todos los españoles, a la que se quema en efigie.

El Rey y los principales miembros de su Casa lo entendieron perfectamente y así quedó reflejado en una clarificadora crónica de Marisa Cruz en pleno aquelarre independentista: los ataques no van contra la persona, sino contra la unidad de España. También lo reflejaba ayer nuestra encuesta: la única amenaza real que la mayoría percibe contra la Monarquía no emana ni de la COPE, ni de la izquierda republicana, ni de los amigos abusones, ni de la telebasura, sino del separatismo rampante de los nacionalistas. ¿Por qué los nuevos ojalateros manipulan ahora la realidad e invierten los términos, presentando a don Juan Carlos como víctima individual de oscuras combinaciones y manejos en un presunto contexto de normalidad y estabilidad constitucional? Muy sencillo: por su mala conciencia y sus ansias de camuflar su propio papel en el actual proceso de erosión no de la persona, sino del ideal que el Rey alienta y encarna.

Porque si cada vez que el Rey hace un llamamiento al consenso, la unidad o el espíritu de la Transición, este grupo periodístico, estrechamente vinculado al Partido Socialista y con frondosas ramificaciones en el mundo económico, académico y cultural se limitara a desgranar su monótono ora pro nobis del ande yo caliente -¡ojalá ETA depusiera las armas o hubiera colaboración en la lucha antiterrorista! ¡ojalá los nacionalistas actuaran con lealtad y moderación! ¡ojalá se repararan todas las injusticias del franquismo sin que nadie se molestara!- podríamos identificarlo con esa primera fase en la que si los ojalateros no contribuyen al empeño común, al menos tampoco molestan demasiado.

Pero si examinamos con algún detalle lo ocurrido durante toda la legislatura caeremos en la cuenta de que estos ahora aguerridos paladines que presentan a un Rey a la defensiva y se aprestan a acudir en su socorro frente a una inventada coalición de extremismos opuestos son los mismos que pidieron y obtuvieron la cabeza de Redondo Terreros y el cese del pacto constitucional en el País Vasco; los mismos que asumieron sin reserva alguna la fantasía de que se daban las condiciones para emprender una negociación política con ETA; los mismos que aplaudieron que tanto el PSE como la Fiscalía vulneraran o al menos burlaran la Ley de Partidos; los mismos que celebraron que se colocara en vía muerta el Pacto Antiterrorista; los mismos que aprobaron las reuniones secretas con Batasuna para crear una mesa de partidos con el objetivo de cambiar el marco legal vasco; los mismos que se tragaron el anzuelo de que ANV podía ser al 50% terrorista y al 50% democrática; los mismos que justificaron la excarcelación de De Juana Chaos por supuestas razones humanitarias; los mismos que fingieron ignorar la ignominia de que el proceso de paz continuara después del atentado de la T-4.

Sí, los mismos a los que les pareció bien que Zapatero se comprometiera a aceptar de forma incondicional un nuevo Estatuto Catalán que en la calle nadie demandaba; los mismos que se conformaron con unas enmiendas parciales que limitaran el daño del engendro parido en el Parlament; los mismos a los que les pareció bien que por primera vez en un cuarto de siglo de democracia las Cortes aprobaran la reforma de un Estatuto sin el voto de la oposición; los mismos que anhelan ahora una sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional que en la práctica avale la autodefinición de Cataluña como nación, la consagración de sus privilegios y la merma de la solidaridad; los mismos que nunca levantan la voz ni porque en Cataluña ningún padre tenga el derecho efectivo de escolarizar a sus hijos en castellano, ni porque se multe a los comerciantes que no rotulen en catalán, ni porque se expulse de los medios públicos a los hispano parlantes; los mismos a los que les parece normal que Zapatero tenga como socios y presente como probables futuros aliados a quienes simultáneamente anuncian procesos de secesión con calendario incorporado y convierten hasta un partido de fútbol en un acto separatista.

Sí, sí, los mismos que han alentado que se remuevan las tumbas, se quiten selectivamente las estatuas y se revise sectariamente el pasado, legislando sobre la llamada Memoria Histórica; los mismos que han aplaudido la imposición sin más de las tesis gubernamentales en materias que deberían ser producto del acuerdo como la Educación, la Inmigración o la Política Exterior; los mismos que han caricaturizado hasta la saciedad a los contados socialistas partidarios de los grandes pactos de Estado; los mismos que han tildado de guerracivilista al primer partido de la oposición; los mismos que han acogido con entusiasmo la tesis del cordón sanitario contra el PP y predicado con el ejemplo; los mismos que ayer le rieron la gracia a quien englobó a sus adversarios en el saco de «la misma mierda» y hoy utilizan idéntica descalificación escatológica para quienes siguen sin aceptar la agujereada verdad oficial sobre el 11-M; los mismos que mañana, tarde y noche, por radio, televisión y prensa dividen maniqueamente a los españoles entre los adeptos progresistas y los reaccionarios desafectos.

O sea, que al Rey rogando y con el mazo dando como un metafórico martillo pilón, todos los días, golpe tras golpe, verso sin rima tras verso sin rima, en la cabeza metafísica de la «España posible» -dicho sea en homenaje a un clásico de nuestro ensayismo histórico- de Juan Carlos I.

¿Cuál era el verdadero móvil de los ojalateros? Pirala parece tenerlos bien calados cuando al final de ese capítulo ya mentado escribe: «Había personas que, aunque colmadas hasta más no poder de empleo, consideraciones y favor, temían que don Carlos, sentado en el trono, no tendría bastantes gracias para satisfacer su insaciable avidez, y por eso todo les causaba celos, todos les hacían sombra, y nadie que no fuese ellas solas podía inspirar confianza». Pretendían, en suma, la exclusividad del favor real, el monopolio del marchamo de patriotismo y el derecho de pernada sobre la lealtad a la Causa. Algo bastante difícil incluso en el seno de un mundo monolítico como el del carlismo y completamente imposible en una democracia pluralista.

Por eso nada me parece tan justo como que Pío Baroja se refiriera a estos individuos en las páginas de Zalacaín, el aventurero como hojalateros, incorporando a la ortografía de su denominación de origen esa primera letra que completa el juego de palabras que sin duda estaba en el subconsciente del capitán O’Donnell. Pues, en definitiva, lo más nefasto de este grupo no es el carácter insulso de su compromiso, sino la calidad tramposa de la mercancía que nos venden. Ojalá que en España caducara pronto, herrumbrosa, la hojalata.

Hasta ahora la afirmación según la cual los españoles éramos «juancarlistas» pero no monárquicos parecía canónica e irrebatible. Según semejante aserto, la Corona como institución que encarna desde 1975 la Jefatura del Estado resultaba -decían- transparente y sólo era visible su titular, S.M. el Rey, que, excepcionalmente -y sólo excepcionalmente-, se había ganado una legitimidad de ejercicio remanente del 23-F, y por sus extraordinarias virtudes personales. Siendo cierto este análisis, y cuando Don Juan Carlos ha alcanzado los setenta años de edad y treinta y dos de reinado -sólo superado en el empleo por Felipe V-, es imposible seguir sosteniendo, como quieren algunos sectores que aceptaron la forma monárquica del Estado a regañadientes, que la Corona dependa exclusivamente de la persona del Rey y que sin éste la Monarquía parlamentaria en España resultaría poco menos que inviable.

Ha sido el Monarca el que a lo largo de 2007 se ha encargado de demostrar que la Institución es capaz de alcanzar toda su virtualidad mediante el estricto desarrollo de sus capacidades constitucionales y simbólicas. Porque cuando todo parecía fallar -la seguridad en la Nación, la cohesión territorial, la política exterior- ha entrado en juego la Jefatura del Estado como un mecanismo naturalmente sustitutivo y autorizado de otras carencias institucionales y, singularmente, de las protagonizadas por el Gobierno. El hecho de que la Corona sea una instancia permanente, integradora, no partidista, e imante los valores tradicionales y actuales de la España que fue, es y puede ser en el futuro, dota a todo el sistema de estabilidad, lo hace fiable y reconocible y le confiere la solidez que en situaciones como la actual no tendría. El Rey y el Heredero de la Corona no votarán el próximo día 9 de marzo, y en esa abstención activa e institucional que les sitúa en el fiel de la balanza está la enorme e imprescindible potencia de la Monarquía.

¿Por qué ahora somos monárquicos cuando antes sólo éramos «juancarlistas»? Porque el Rey, a lo largo de 2007, ha logrado la plenitud estadista gracias a la naturaleza de la Institución y se ha mostrado a las nuevas generaciones como un activo constitucional al servicio del común, más allá -y en asuntos diferentes- del mítico Don Juan Carlos de la madrugada del 23 al 24 de febrero de 1981. Mi hijo mayor tenía entonces tres semanas de vida, y tanto su generación como las dos anteriores y las siguientes han abandonado ya las disquisiciones sobre la legitimidad de origen de la Monarquía para pasar a asumirla como un elemento estructural del régimen democrático, de tal manera que Monarquía es -para ellos, para la inmensa mayoría- sinónimo de Democracia y Libertad. El Rey ha sabido captarlo y ha salido a reivindicar el papel democrático de la Corona cuando algunos -personas y organizaciones- olfatearon que la almoneda en la que ha arrumbado el Gobierno socialista la Constitución de 1978 podía poner en cuestión la forma monárquica del Estado.

La Corona ha soportado este año tres duras pruebas: el comportamiento irresponsable de determinados medios de comunicación -algunas televisiones, singularmente- que han quebrado todas las convenciones acerca del respeto a los derechos a la intimidad e incluso al honor de la Familia Real; una torpe ley de Memoria Histórica que ha tratado de reverdecer los agostados laureles del republicanismo de 1931, y la animadversión de determinados ámbitos políticos instalados en el nacionalismo radical y en la derecha extrema, conniventes con el pánfilo sentido político del Ejecutivo y la falta de reacción del Partido Popular. A mayor abundamiento, el distanciamiento, tanto afectivo como político, del Gobierno de los valores de la Transición -reivindicados por el Rey de manera constante en sus múltiples intervenciones públicas- ha obligado a Don Juan Carlos a activar sus facultades constitucionales de arbitraje y moderación y su capacidad simbólica, alzándose así en santo y seña de un conjunto de principios y valores que son los que nos explican colectivamente.

La Monarquía en España funciona, no sólo porque su titular es un hombre de capacidad excepcional, uno de los mejores Reyes de nuestra historia, el de mayor sentido democrático y el mejor preparado para el ejercicio de las facultades que comporta la Jefatura del Estado, sino también porque la naturaleza de la Institución es la idónea para España -por historia, por idiosincrasia social, por emociones y por intereses, por prestigio exterior y seguridad en la proyección del futuro común-, de tal suerte que el Príncipe de Asturias se percibe sin más género de dudas que las propias del comadreo como la garantía de continuidad sobre la que no cabe discusión fundamentada. La capacidad centrípeta de la Corona y su arquitectura jurídico-constitucional, servida por la dinastía histórica, conforman hoy por hoy una de esas pocas certezas a las que aferrarse cuando tantas incertidumbres nos convulsionan.

En la próxima legislatura la demanda de reformar el artículo 57 de la Constitución para suprimir la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión y desarrollar la ley orgánica -prevista en el Título II de la Carta Magna- que norme distintos aspectos de la Corona todavía no objetivados será una prioridad que me atrevería a adjetivar de patriótica, porque esas consolidaciones legislativas harán desaparecer inquietudes e incógnitas que, aunque menores, siguen disturbando a la Institución mejor valorada por los españoles según los medidores demoscópicos más solventes.

El año que termina ha sido para el Rey -en lo político e institucional- prodigioso, en el que ha revalidado su carisma y durante el cual ha demostrado que la Monarquía es piedra filosofal del sistema de garantías incorporado por la Constitución de 1978. El modo en que Don Felipe, que cumplirá 40 años el próximo día 30, ha secundado a su padre y la manera en que el conjunto de la Familia Real se ha comportado han introducido a la Corona en la irreversibilidad social, política y cultural de España y lo han hecho ante las nuevas generaciones que no vivieron la transición, cuya referencia es ya doble: Don Juan Carlos como un icono actual e histórico de la libertad recuperada, y Don Felipe como apuesta segura de futuro. Buen balance para los setenta años del Rey -una vida llena- y sus treinta y dos en la jefatura del Estado -período largo y fructífero-, que serán más y aportarán tanta seguridad y convivencia en paz como han reportado estas tres últimas décadas. Y al fondo, los Príncipes de Asturias, paradigma, por razones personales y familiares, de los nuevos españoles, ciudadanos libres, desprejuiciados, con sentido responsable de su misión y en sintonía con las realidades de su tiempo histórico. Por eso ya somos monárquicos: porque la Corona ha rebasado la supuesta superioridad cívica de la República y porque la Monarquía ha resultado ser una institución, además de eficaz, eficiente. Gracias a un Rey excepcional que ayer cumplió setenta años en la plenitud de los grandes estadistas de nuestra historia.