Tema: La gestión española de la migración temporal desde Marruecos se ha convertido en un modelo que las instituciones europeas y los organismos internacionales presentan como un éxito a imitar[1].

Resumen: La migración temporal con estancias repetidas a lo largo de los años es uno de los tipos de migración “circular” que la Comisión Europea propone impulsar hacia la UE, especialmente desde los países vecinos. En España, la gestión de esa migración procedente de Marruecos ha alcanzado un alto nivel de eficacia en su esfuerzo por adecuar los intereses de las partes implicadas y por ello está siendo puesta como ejemplo en variados foros internacionales. Sin embargo, otras formas de migración circular que se producen en otros países de la UE están ausentes en las relaciones entre España y Marruecos. En este ARI se proponen vías para ampliar el espectro de esa migración circular y para mejorar el impacto de la migración en las relaciones entre ambos países.

Análisis

La propuesta de la Comisión Europea

A principios de los años 90 los Estados europeos del centro descubrieron una nueva forma de migración procedente del Este de Europa, de los Estados ex comunistas que inauguraban libertad de movimientos hacia el Oeste. Se trataba, y sigue tratándose, de una migración de cortos períodos, en el que los inmigrantes se desplazaban sin familia, a veces durante los días laborales de la semana o durante los meses de verano, para pasar el resto del tiempo en su lugar de origen. Es una inmigración que afecta tanto a médicos como a obreros de la construcción, jornaleros agrícolas, camareros y cuidadoras de ancianos y niños, es decir, a inmigrantes de todos los niveles de cualificación. Y se trata de una migración espontánea, no gestionada por agencias estatales, que se mueve tanto en la legalidad como en la ilegalidad o la mezcla de ambas, con estancias legales pero trabajos ilegales. Esta experiencia de los años 90 continuó con variaciones en los 2000 en cuanto al origen y destino de esos flujos, mientras que los nuevos países miembros de la UE en el Este se convirtieron también en receptores de esa migración de ida y vuelta proveniente de países más orientales, como Ucrania y Moldavia, que venían a sustituir en algunos casos a los trabajadores emigrados hacia el oeste desde Polonia, Rumanía y Bulgaria.

En su búsqueda de nuevas fórmulas que permitan a la UE compaginar los intereses propios con los ajenos, la Comisión Europea presentó en el 2007 su Comunicación sobre Migración Circular y Acuerdos de Movilidad con Terceros Países (COM 2007-248 final) en la que planteaba la conveniencia de impulsar mecanismos legales y acuerdos internacionales para atraer una migración circular, o de ida y vuelta, con el objetivo expreso de luchar de esta forma contra la inmigración irregular y evitar la fuga de cerebros en los países de origen. La lógica implícita en la propuesta era la de que muchos inmigrantes se mantienen en el país europeo de destino incluso cuando ya no tienen trabajo o cuando su permiso se extingue, porque no pueden arriesgarse a volver al país de origen ante la incertidumbre de ser readmitidos más adelante. En las actuales circunstancias de rigidez en la concesión de permisos de estancia, el inmigrante que no puede arriesgarse a volver decide establecerse de forma definitiva, traer a su familia y romper los lazos profesionales con su país de origen. Con ello crea una presión sobre el mercado de trabajo y sobre el sistema de bienestar de los países europeos y a la vez causa una pérdida permanente de capacidad profesional en los países de origen. En buena parte, esta propuesta venía inspirada por la contemplación de esa migración circular de facto establecida desde el Este europeo y sus ventajas tanto para los países de destino, que conseguían una oferta flexible de mano de obra, como para los de origen, que conservaban su población y que obtenían a través de esa migración contactos profesionales, comerciales o empresariales, y mantenían vivas actividades económicas, como la agricultura, ejercidas por esos migrantes circulares.

Sin embargo, pese a estar proponiendo un mayor desarrollo de la migración circular, la propia Comunicación de la Comisión reconocía explícitamente que el concepto distaba de estar bien definido. Su definición de la migración circular como aquélla “gestionada de tal forma que permite movilidad legal de ida y vuelta entre dos países” deja demasiadas zonas de sombra, pero la serie de propuestas que la acompañan indican que la idea central es facilitar la “circulación” tanto en el sentido de la movilidad (de la misma forma en que se habla de la “circulación de vehículos”) como en el del movimiento circular de ida y vuelta. El nexo entre esto y la lucha contra la inmigración irregular es doble: el objetivo es ofrecer a los inmigrantes vías legales de entrada para estancias acotadas en el tiempo (ya sean meses para los trabajos de temporada o años para los que buscan una especialización profesional de alto nivel) con la garantía de que podrán volver a repetir su estancia, siempre y cuando cumplan la condición de regresar al país de origen al acabar el período del permiso.[2]

La experiencia española

España ha sido origen en el pasado de migrantes laborales circulares o de estancias temporales repetidas en otros países europeos: el caso más conocido es el de la vendimia francesa y las decenas de miles de españoles que participaban en ella (unas 80.000 personas al año), un número que se redujo hasta los 10.000 y que ahora, a consecuencia de la crisis laboral, vuelve a aumentar (a 14.000 en este año). Importante ha sido también en el pasado la migración temporal repetida a lo largo de los años desde España hacia Suiza en diversos sectores de actividad (turismo, construcción y agricultura). Como receptora de migración circular, España tiene una larga experiencia con la migración portuguesa en varias regiones del norte y oeste de la Península (Galicia, León, Asturias y Extremadura), una migración a la que se ha prestado poca atención por su carácter libre: como ciudadanos europeos, los emigrantes portugueses no requieren de ningún permiso para establecerse y trabajar en España. Tampoco se sabe mucho sobre la primera migración laboral marroquí de importancia hacia España, realizada en los años 80 y dirigida a las zonas agrícolas del Maresme catalán, en una época en que los ciudadanos marroquíes podían viajar a España sin necesidad de visado. Tanto en aquellos años como en los 90, tras la imposición del visado en 1991, cuando la migración irregular entre Marruecos y España era en la práctica una fácil elección, buena parte de los migrantes marroquíes que trabajaban a lo largo de la costa mediterránea en la agricultura, desde el Maresme a Almería, practicaban de hecho una migración circular, compaginando su trabajo y su estancia en España durante meses con el mantenimiento de su familia, su vivienda y su actividad agrícola en Marruecos. El marcado carácter masculino de la migración marroquí en España, compuesta durante muchos años por hombres jóvenes, está relacionado con esta práctica circular.

Cuando inmigrar irregularmente se hizo mucho más difícil debido a los cambios normativos y a la mayor vigilancia del Estrecho, básicamente desde el año 2002, este tipo de migración de ida y vuelta resultó imposible, especialmente para los inmigrantes que seguían siendo irregulares y que ya no querían arriesgarse a volver a Marruecos. A partir de entonces, la migración circular pasó a ser únicamente la que se regulaba a través de acuerdos internacionales y se canalizaba legalmente a través del contingente, excepto en el caso de los ciudadanos europeos. Rumanos, búlgaros, marroquíes, ecuatorianos o colombianos han nutrido el grueso de ese contingente hasta que los dos primeros pudieron migrar libremente desde enero de 2009, tras el fin de la moratoria a la libre circulación de trabajadores que varios países europeos, entre ellos España, impuso a Rumanía y Bulgaria en su entrada a la UE. En esencia, es una migración laboral agrícola de temporada, concentrada geográficamente en la costa mediterránea, más Huelva y Lérida. El número total de inmigrantes que utiliza este canal es muy pequeño en comparación con el flujo total de entradas aunque, tras las restricciones impuestas a la llegada de nuevos inmigrantes laborales a consecuencia de la crisis económica, se ha convertido en una de las escasas vías de inmigración legal.

Recientemente, el proyecto europeo de investigación Metoikos, cofinanciado por el Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales de Terceros Países, en el que ha participado el Real Instituto Elcano, ha estudiado la naturaleza y el impacto de la migración circular entre países limítrofes con la UE (Ucrania, Albania y Marruecos) y países periféricos de ésta, como Hungría, Polonia, Grecia, Italia y España (http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Home.aspx). La investigación ha encontrado varios tipos de circularidad que, en términos generales, corresponden a lo descrito al comienzo de este ARI respecto a Europa del Este: es decir, la migración circular afecta a todo tipo de categorías profesionales y se produce tanto en la legalidad como en la ilegalidad o la semilegalidad. Sin embargo, en el caso de la migración entre Marruecos y España, sólo existe un tipo de migración de ida y vuelta, la estacional agraria regulada estatalmente.

La inmigración circular marroquí hacia España

La primera peculiaridad que destaca del análisis del caso Marruecos-España es el muy pequeño tamaño en España de una migración de nivel educativo medio o alto procedente de Marruecos, un tipo de migrantes marroquíes que, sin embargo, sí se encuentra en otros países europeos y que nutren en buena parte la migración circular. De hecho, el nivel educativo de los migrantes marroquíes en España es el más bajo de entre los migrantes marroquíes en Europa,[3] incluyendo países donde esta migración es reciente, como Italia. Es difícil encontrar en España empresarios o profesionales marroquíes, lo que tiene un efecto negativo sobre la imagen de este colectivo y, por extensión, de Marruecos en España. También el número de estudiantes universitarios y de posgrado marroquíes en España es pequeño (2.590 en 2009) en buena parte porque el francés es el idioma culto en Marruecos, aprendido en la escuela, y el idioma vehicular en la Universidad de las carreras técnicas. Así, el licenciado en una ingeniería que desee preparar un posgrado o formarse profesionalmente en el extranjero, elegirá Francia en primer lugar, a la que de hecho se destinan gran parte de los graduados en carreras técnicas formados en Marruecos. Pero junto a la desventaja del idioma hay que señalar que la política de concesión de permisos de residencia para estudiantes no ha facilitado la presencia de estudiantes universitarios marroquíes en España. En cuanto a los empresarios o autónomos, la discrecionalidad en la concesión de permisos de residencia a los que desean emprender alguna actividad económica por su cuenta en España ha reducido a la nimiedad la entrada de inmigrantes por esa vía. La posibilidad de regularizarse arguyendo un trabajo como autónomo tampoco ha estado incluida entre los supuestos de la normalización del  2005, obviamente por el amplio margen al fraude que  habría abierto. Sólo en Ceuta y Melilla, por su vecindad a Marruecos y por la libertad de entrada en estas ciudades para los ciudadanos marroquíes de las provincias aledañas, se encuentran empresarios o trabajadores autónomos marroquíes. En cuanto a las profesiones universitarias, sólo muy recientemente han comenzado a contratarse médicos marroquíes en España, a raíz de su inclusión en el catálogo de profesiones de difícil cobertura, pero, en conjunto, los licenciados universitarios representan un escaso 10% de los inmigrantes marroquíes.

Las normas migratorias en España no favorecen que los inmigrantes puedan circular entre origen y destino de forma flexible de acuerdo con las oportunidades laborales o las necesidades vitales: en este momento, con un desempleo del 47% entre los inmigrantes marroquíes varones y del 51% entre las mujeres,[4] muchos de ellos optarían por volver a su país, donde la vida es más barata, si no fuera porque arriesgan perder su permiso de estancia en España si a lo largo de un año pasan más de seis meses fuera del país. Hay indicios de que puede estar produciéndose una salida de esa migración desempleada hacia otros países europeos del espacio Schengen, en los que la ausencia de controles fronterizos permitiría a los migrantes pasar tiempo fuera sin que se detectase en España. Incluso en el caso de los inmigrantes con un permiso permanente, ahora denominado de larga duración, las normas europeas les impiden pasar más de 12 meses seguidos fuera del espacio de la UE (directiva de 2003 sobre el estatus de los residentes de larga duración). La propia Comisión proponía en la citada Comunicación sobre migración circular que este período de 12 meses se alargara a dos ó tres años, pero no ha presentado una propuesta concreta para modificar la Directiva.

En este marco normativo y en el contexto de una eficaz política contra la llegada de inmigrantes irregulares desde Marruecos, la única migración de ida y vuelta que se produce entre ambos países es la gestionada desde las administraciones públicas, destinada a los trabajos agrícolas de temporada. Este tipo de inmigración está regulada por el Acuerdo sobre mano de obra firmado en 2001 entre España y Marruecos, que no fue activado hasta el año 2004. En ese año se produjo la primera experiencia importante: la contratación en origen de mujeres para la recogida de la fresa en Huelva, seleccionadas por la Agencia Nacional de Empleo marroquí, ANAPEC (la plantación y recogida de la fresa son tradicionalmente trabajos femeninos). Aquella experiencia fue un fracaso por varias razones: gran parte de las mujeres que recibieron su permiso de estancia temporal procedían de ciudades, no tenían experiencia agrícola y, sobre todo, no tenían intención de volver a Marruecos. Muchas de esas mujeres ni siquiera se presentaron a las fincas de fresas y un 60% de las contratadas no regresó a Marruecos. Este porcentaje de no retorno hacía insostenible el proyecto de contar con trabajadoras marroquíes de forma estable para las siguientes campañas. Por este motivo, en 2005, ANAPEC y las autoridades españolas implicadas adoptaron un acuerdo para revisar los criterios de selección: a partir de entonces sólo se seleccionó a mujeres rurales con experiencia agrícola y con hijos dependientes. También en ese año ANAPEC recibió importante ayuda europea, a través de los fondos MEDA, para su desarrollo institucional, que contribuyó de modo claro al perfeccionamiento de las capacidades de esta agencia y a la transparencia de sus procesos de selección. El resultado de los nuevos criterios de selección y de la mayor implicación de los empresarios españoles en ella ha sido un descenso hasta el 8% de los casos de no retorno, lo que ha hecho posible el mantenimiento del programa y el aumento del número de mujeres contratadas hasta un máximo de 16.000 en 2009. Junto a la zona fresera de Huelva, hay otras dos áreas, Almería y Lleida, que practican la contratación temporal en origen en Marruecos para labores agrícolas, pero con volúmenes muy menores. En Almería sólo 500 trabajadores, hombres y mujeres, fueron contratados de esta forma en Marruecos en 2009 y 120 lo fueron en Lleida.

La gestión de la migración marroquí de temporada desde Huelva, o, más exactamente, desde Cartaya, el centro de la zona fresera, se ha convertido en un modelo que la Comisión Europea, el Banco Mundial y la Organización Internacional de las Migraciones, junto a otras organizaciones internacionales, muestran a menudo como referencia de buena práctica que ha conseguido aunar los intereses de los empresarios agrícolas con la seguridad jurídica y los intereses de los trabajadores migrantes. El programa ha recibido ayudas europeas a través de dos proyectos sucesivos AENEAS de la Comisión Europea (Programme for Financial and Technical Assistance to Third Countries in the Area of Migration and Asylum) y recibe ahora apoyo a través de otro programa europeo, el M@res, dedicado a la gestión fronteriza. Uno de los resultados de estos proyectos ha sido la creación de un órgano estable de coordinación, FUTEH (Fundación para los trabajadores extranjeros en Huelva) en el que participan todas las instituciones locales y agentes privados o asociaciones interesados. La investigación realizada en el contexto del proyecto Metoikos ha encontrado un alto nivel de satisfacción entre todas las partes implicadas en esta experiencia, tanto en España como en Marruecos, incluidas las trabajadoras. Como media, éstas pasan 12 semanas en Huelva realizando un trabajo físicamente duro por el que reciben en conjunto, también como media, unos 2.800 euros, una cifra muy importante para una familia rural marroquí. La condición para la vuelta a Huelva en campañas sucesivas es el retorno a Marruecos al terminar el trabajo. Gran parte de las mujeres que participan son cabeza de familia, madres separadas o viudas con hijos dependientes, que quedan al cargo de otras mujeres durante su estancia en España. El predominio en Marruecos de la familia extensa facilita ese cuidado de los dependientes (sean niños o ancianos) por otros familiares.

La gestión de todo el proceso involucra a varias instituciones y organizaciones en España y a la Agencia Nacional de Empleo en Marruecos (ANAPEC). En España participan desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración al de Exteriores pasando por la Subdelegación del Gobierno en Huelva, los ayuntamientos de la zona fresera, los sindicatos y, claro está, los empresarios del sector. La coordinación de todas las partes implicadas es compleja y requiere funcionar de forma flexible y rápida para adaptarse al corto período en que la fresa debe ser recogida. Desde la perspectiva de las instituciones marroquíes, la principal demanda frente a una experiencia que, en conjunto, se percibe como muy positiva, es la de su ampliación hacia otros cultivos y otras áreas geográficas, de forma que más trabajadores y durante más tiempo puedan beneficiarse de ello. El predominio de la satisfacción no implica que no haya elementos negativos que podrían subsanarse, como la mejora de los alojamientos, una mayor oferta de clases de español o, como ya está estudiando el Ministerio junto con las empresas del sector y las instituciones locales, una mejor planificación de las campañas para dar más seguridad a las trabajadoras sobre su contrato futuro o la concatenación de campañas de diferentes cultivos para que puedan alargar su tiempo de contrato.

La crisis económica española ha tenido un impacto apreciable en el número de mujeres contratadas en Marruecos. Los trabajadores autóctonos abandonaron el sector a lo largo de los años 90 para incorporarse a otras actividades (construcción y servicios) pero la crisis iniciada en 2007 ha motivado la vuelta a la agricultura de muchos autóctonos o inmigrantes ya residentes en España, un proceso perceptible en 2009, coincidiendo con el agotamiento de las prestaciones por desempleo de los que perdieron su trabajo a lo largo de 2007 y 2008. En 2010 se contrataron en Huelva sólo 6.000 mujeres marroquíes, frente a las 16.000 del año anterior. En cualquier caso, hay que resaltar que desde la incorporación de Rumanía y Bulgaria a la UE, Marruecos es el único país no-UE en el que se sigue realizando esta contratación de inmigrantes para el sector fresero. Otro efecto de la crisis es la aparición de quejas entre autóctonos o inmigrantes residentes en España por la contratación de trabajadores extranjeros en origen y la insatisfacción de los que vuelven al sector por los bajos salarios que se pagan en él, en comparación con otras tareas agrícolas de temporada de las que no desaparecieron nunca del todo los autóctonos, como la recogida de la aceituna.

Conclusión: El español es un caso extraño en el contexto europeo de la recepción de migración circular desde países vecinos a la UE: por un lado, España cuenta con una experiencia bien gestionada, presentada como modélica en ámbitos internacionales y, en términos generales, satisfactoria para todas las partes implicadas.[5] Por otra parte, carece de la variedad y cantidad de migrantes de ida y vuelta o circulares que sí aparecen en otros países del borde exterior de la UE en sus relaciones con el Este o con el Sur. A pesar de la cercanía entre España y Marruecos, el movimiento circular es minoritario entre los migrantes porque las normas españolas lo dificultan. A su vez, las normas son el resultado de la recepción durante muchos años de flujos importantes de migrantes irregulares, lo que se ha traducido en una actitud de precaución tanto en el diseño legal como en la práctica administrativa. Quizá en este momento muchos de los inmigrantes desempleados (el 50% de los marroquíes) volverían a su país si las normas les permitieran retornar legalmente a España cuando aparecieran nuevas oportunidades laborales. El plan de retorno actual, incorporado al nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, exige un período mínimo de estancia fuera demasiado largo, tres años, lo que obliga al migrante a hacer una apuesta incierta a largo plazo.

Desde la perspectiva de las relaciones hispano-marroquíes es importante que España reciba también a otro tipo de migrantes del país vecino, imitando a Francia o a Canadá en su atracción de estudiantes universitarios y graduados marroquíes. Esto mejoraría la imagen de la sociedad marroquí en España, ahora asociada a un tipo de migrante rural de baja formación o analfabeto y a la vez la de España en Marruecos, ahora muy influida por las áreas de conflicto y también por la percepción de los propios inmigrantes marroquíes que se sienten minusvalorados. Los inmigrantes cualificados tienen menos dificultades de integración, sus experiencias laborales y vitales son más satisfactorias y, por ende, transmiten en origen una imagen más positiva del país de destino. Son además más influyentes como líderes de opinión.

Cuando España supere la crisis actual convendría diseñar una política de becas específica para estudiantes marroquíes, dirigida a carreras con buena salida en el mercado de trabajo (medicina, enfermería e ingenierías) y asociada a la apertura de ese mercado para los graduados o los posgraduados formados en España. Los permisos de trabajo en este caso podrían ser de un año, con la posibilidad, condicionada al regreso a Marruecos, de estancias laborales o formativas en años posteriores. De esta forma se evitaría la “fuga de cerebros” permanente, permitiendo a los profesionales que hicieran un grado o un posgrado en España adquirir en ella experiencia laboral y contactos útiles en Marruecos, dejando la puerta abierta a posteriores estancias en el país para actualizar la formación o establecer redes profesionales, comerciales o empresariales. El riesgo de que este esquema derivase en una nueva puerta de entrada a la irregularidad parece pequeño a la luz de la experiencia: los años de presencia de estudiantes universitarios marroquíes en España, con mayor concentración en Granada, no han producido un aumento de la inmigración irregular de ese origen. En la actualidad, la comunidad marroquí es, de entre todas las extracomunitarias procedentes de países más pobres, la que tiene menores porcentajes de irregularidad.[6]

Por último, cuando la situación económica y laboral española lo permita, convendría abrir el sector turístico a la inmigración de temporada desde Marruecos, diseñando un permiso de estancia temporal adaptado a las características de este sector. El permiso temporal actual está pensado para el sector agrícola y obliga al empresario a asumir obligaciones que están relacionadas con los bajos salarios de ese sector y con la ausencia de vivienda disponible en las zonas rurales, condiciones que no se dan en muchas de las ocupaciones turísticas.

Se trata, en definitiva, de lograr varios objetivos: utilizar la migración como un instrumento de avance en las relaciones hispano-marroquíes y de cooperación al desarrollo, atraer una inmigración cualificada evitando a la vez la fuga de cerebros en Marruecos y permitir a los migrantes en paro el retorno a su país con la posibilidad de volver a España, aunque hayan pasado fuera más de seis meses al año, cuando encuentren en ella oportunidades laborales. Sin duda, esto no permite dar satisfacción a la demanda migratoria que existe desde la juventud marroquí ni cancela de ninguna forma la necesidad de sostener y reforzar los esfuerzos en contra de la inmigración y el trabajo irregular, pero puede contribuir a mejorar el impacto en Marruecos y en España de la migración que España es capaz de absorber de forma ordenada.

NOTAS:

[1] Agradezco aquí las sugerencias recibidas de los asistentes al Seminario sobre migración circular entre Marruecos y España, organizado por el Real Instituto Elcano y celebrado en Madrid el pasado 13 de mayo, y especialmente las aportaciones de los participantes en la mesa redonda, D. Marcus González Beilfuss, director general de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, D. Abdelhalim El Fatihi, director de relaciones internacionales de la Agencia estatal de empleo marroquí, ANAPEC, y D. Manuel García Robles, gerente de la Fundación para los Trabajadores Extranjeros en Huelva (FUTEH) y responsable del proyecto AENEAS-Cartaya. La mesa fue moderada por el profesor y periodista Felipe Sahagún. Iván Martín realizó comentarios muy pertinentes a la presentación de los resultados del estudio Metoikos en España. En cualquier caso, las propuestas incluidas en este texto son sólo responsabilidad de la autora. El informe (en inglés) puede consultarse en http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Documents/CaseStudies/METOIKOScasestudySpainMorocco.pdf.

[2] Sobre la viabilidad de la migración circular y su impacto en origen y destino puede verse P. Fargues (2008), “Circular Migration: Is it Relevant for the South and East of the Mediterranean?”, CARIM Analytic and Synthetic Notes, 2008/40, www.carim.org; R. Skeldon (2009), “Managing Migration for Development: Is Circular Migration the Answer?”, The Whitehead Journal of Diplomacy, vol. XI, nº 1, pp. 21-33; A. Triandafyllidou (2010), “Towards a Better Understanding of Circular Migration”, METOIKOS concept paper, http://metoikos.eui.eu; y A. Venturini (2008), “Circular Migration as an Employment Strategy for Mediterranean Countries”, CARIM Analytic and Synthetic Notes, CARIM-AS 2008/39, www.carim.org.

[3] Sobre el nivel educativo de los migrantes marroquíes en España puede verse Héctor Cebolla y Miguel Requena (2010), “Marroquíes en España, los Países Bajos y Francia: Gestión de la Diversidad e Integración”, Documento de Trabajo nº 11/2010, Real Instituto Elcano, y, de los mismos autores (2009), “Los inmigrantes marroquíes en España”, en D.-S. Reher y M. Requena (eds.), Las múltiples caras de la inmigración en España, Alianza Editorial, Madrid, p. 251-287. Sobre el nivel educativo de los migrantes marroquíes en Europa véase Haut-Commissariat du Plan (2007), Les Marocains Residant à l’Etranger, Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques

[4] Colectivo IOÉ (2010), “El impacto de la crisis económica en la situación laboral de los inmigrantes marroquíes en España”, Notas Socioeconómicas de Casa Árabe, nº 11/2010, http://www.casaarabe-ieam.es.

[5] Esto no implica que esté exenta de críticas, formuladas desde ámbitos externos de observación. Algunos, por ejemplo, consideran inmoral la selección exclusiva de mujeres con hijos dependientes. Otros mencionan la debilidad de las mujeres ante los empresarios y señalan casos de acoso sexual o de incumplimiento del convenio. Véase, por ejemplo, F. Lmadani (2010), “ Migrations féminines marocaines. Pour un regard genrée”, http://codesria.org/IMG/pdf/Fatima_Ait_Ben_Lmadani.pdf; N. Messaoudi (2008), “12.000 mères marocaines pour la fraise espagnole”, http://www.rue89.com/2008/05/23/12-000-meres-marocaines-pour-la-fraise-espagnole; L`Observateur, 4-10/II/2011, “Le goût amere de la fraise espagnole”, http://www.ccme.org.ma/fr/images/stories/YMD/LObservateur_du_Maroc.pdf.

[6] También entre los inmigrantes chinos parece no existir irregularidad, pero en este caso hay indicios de menor fiabilidad de las cifras por la  tendencia entre ellos a no empadronarse, algo que no sucede entre los marroquíes.

La inmigración está otra vez de actualidad. El Partido Popular ofrece su contrato por la integración, con un catálogo de peticiones que se resume en que los inmigrantes deberían cumplir las leyes del país: ¡sólo faltaría! Pero esa iniciativa tiene de todo, menos de candidez. Ya que afecta a un ámbito, el de las elecciones municipales, donde se concentran todas las potenciales, o reales, disfunciones que la inmigración genera. Y, entre ellas, no es la menor la creciente guetización de las escuelas públicas de las ciudades con mayor proporción de población inmigrante. Desde esta óptica, cabe saludar muy favorablemente la propuesta de Iolanda Pineda, alcaldesa de Salt, solicitando a los municipios vecinos que acojan a parte de sus escolares inmigrantes, de forma que ninguna escuela supere el 50% en este tipo de alumnado. Como cabía esperar, la respuesta ha sido negativa, reflejando la extendida visión de que los problemas que pueda generar la inmigración deben solventarse donde aquella se concentra. Se fundamenta, además, en una posición miope que, en el fondo, todavía cree que la inmigración no es necesaria.

Porque el elemento cardinal de este debate es si necesitamos, y hasta qué punto, flujos inmigratorios. Y sobre este particular, el país continúa autoengañándose, creyendo, o deseando creer, en una realidad racial, religiosa y cultural que dejamos atrás hace tiempo, cuando decidimos no tener el número de hijos suficiente para atender las necesidades del mercado de trabajo o la financiación de nuestro Estado del bienestar.

Unas cifras permitirán situar al lector. A partir de los 90, la población de 16 a 29 años nacida en España comenzó a reducirse rápidamente, de forma que pasamos de los 9 a los 6,5 millones de jóvenes nativos entre 1990 y el 2008, un espectacular retroceso de 2,5 millones (un 27% de los efectivos iniciales). Una punción tan severa la salvamos parcialmente con la incorporación de inmigración que, entre esos mismos años, añadió 1,7 millones, aunque ello no ha impedido que, en conjunto, los jóvenes retrocedieran unos 800.000 efectivos. Por si ello no fuera suficiente, a partir del 2009, la situación ha empeorado, y, a la continua pérdida de jóvenes nativos (unos 465.000 menos entre el 2009 y el 2010), hay que añadir el retroceso de inmigrantes de esas edades que abandonan España (una pérdida cercana a los 130.000).

En suma, en los dos últimos años hemos reducido el contingente de jóvenes en cerca de 600.000 individuos, que hay que añadir al retroceso anterior. A partir de aquí, cualquier previsión demográfica, por conservadora que sea, sugiere que un país como el nuestro difícilmente va a poder continuar funcionando razonablemente bien con una punción tan importante en el mercado de trabajo juvenil. Y no solo porque una parte de los puestos de trabajo tienen características que demandan población joven, sino por lo que implica de pérdida de entusiasmo, innovación o capacidad de transformación de la sociedad.

Lógicamente, esta reducción altera de forma dramática la estructura de la población potencialmente activa. De hecho, en el debate sobre pensiones de estos últimos meses, la caída demográfica emergía como el aspecto clave de la inevitabilidad de la reforma. Pero no se destacó lo bien que hubiera sido deseable que, además del aumento relativo de aquellos con 64 y más años respecto de la población de 16 a 64, en ese grupo poblacional se ha producido una intensa redistribución, desde los más jóvenes a los de mayor edad. Así, mientras en 1990 los individuos de 16 a 29 años aportaban el 35% de los activos potenciales (de 16 a 64 años), en el 2010 esta cifra había caído hasta el 25%. Y esa dinámica negativa va a continuar los próximos años.

Hoy, con un mercado de trabajo tan deteriorado, es difícil elevar la vista hacia más adelante. Y más cuando hay que hablar de empleo o actividad juvenil. Pero es nuestra obligación, y la de los políticos, hacerlo. Y cuando se alza la mirada, lo que se vislumbra para la segunda mitad de esta década y más allá es un páramo demográfico, con una escasez crónica de jóvenes que va exigir nuevas entradas de inmigración, nos guste o no. Por ello, la iniciativa de la alcaldesa de Salt es de lo más sensato. Necesitamos, y necesitaremos, inmigración. Y hemos de conseguir, porque nos conviene, que se integre en nuestra sociedad y adopte nuestros valores. La escuela es el camino. Pero una escuela en la que el número de alumnos nativos sea el adecuado para facilitar ese proceso.

A ningún político le gustará proponer que hay que redistribuir la población escolar inmigrante. Y, probablemente, por un cálculo electoral mezquino, propuestas como esas caigan en saco roto. Pero, cuidado, no nos engañemos otra vez. Los políticos, y los países, se equivocan. Y sería un error, un craso error, continuar con la actual guetización de la escolaridad de los inmigrantes. Nos jugamos el futuro del país. Y, para muestra de lo que nos puede aguardar en unas décadas, recuerden la banlieue de París.

Con este título, hace ya muchos años, el Club de Roma publicó su famoso estudio. Las leyes de la física confirman que estos límites existen.

Los medios de comunicación han publicado recientemente que la población en España ha aumentado unos 5 millones de habitantes en los últimos 5 años. Puesto que la natalidad española sigue siendo baja, un elevado porcentaje de esos 5 millones corresponden a inmigrantes. Dudo mucho que la mayoría sean de individuos con puestos de trabajo asegurados y que no aumentan la cifra de los 5 millones de parados. Lo que es desde luego cierto, es que cualquier inmigrante, legal o ilegal, está cubierto por nuestro sistema sanitario, lo que, junto al número de turistas extranjeros que también lo utilizan, está produciendo un problema cada vez más serio desde el punto de vista económico y sanitario para la sanidad española. Esta misma mañana un excelente médico se me quejaba del número de enfermedades que aparecen debido a la inmigración, incluyendo la enfermedad de Chagas.

Las previsiones demográficas esperan que la población mundial para el año 2050, es decir, en poco más de 40 años, pase de los 6,8 mil millones de hoy a 9,1 mil millones. Desde luego, aunque sea alarmista, el problema es ¿cómo se va a dar de comer a estas personas? Esto necesitará una dedicación de los científicos y de los organismos implicados en las mejoras de la producción agrícola y ganadera, a fin de obtener estos alimentos, y mucho me temo que, debido a los incendios masivos de Rusia, que están conllevando una disminución de la exportación de trigo desde ese país, uno de los grandes graneros mundiales, podremos notarlo muy pronto. Así, no es de extrañar que el precio del trigo haya aumentado un 50 por ciento en la Bolsa de Nueva York.

Otro grave problema es el suministro de las fuentes de energías necesarias para los desplazamientos, mantenimiento del calor, construcción de las viviendas, y demás necesidades básicas.

Los expertos ya han planteado la conveniencia de consumir menos alimentos de origen animal puesto que, como es bien sabido, para la obtención de la misma masa, las proteínas animales requieren cerca de 10 veces más calorías que los cultivos de plantas. Además, el ganado produce un aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero, especialmente metano, aunque también anhídrido carbónico y otros, nocivos para el medio ambiente.

Ha llegado el momento de hablar con franqueza porque, como he dicho, los postulados del Club de Roma son cada vez más reales. Naturalmente, a mi avanzada edad no debería de preocuparme, pero sí por mis hijos, nietos y todos los demás jóvenes a los que debemos unas condiciones de vida adecuadas.

Los Barcos Nodriza siguen funcionando, como mencionaba de pasada el pasado 13 de agosto, en mi artículo de ABC «Todo sigue igual»; así el 4 de octubre los medios de comunicación publicaron la llegada de una veintena de pateras a las costas españolas con más de 300 inmigrantes que pretendían entrar ilegalmente. Ello me recuerda que en septiembre de 2006 ya escribí una carta a la entonces vicepresidenta Fernández de la Vega, parte de la cual reproduzco, sobre este problema:

«Respetada Vicepresidenta, no sé si la masiva llegada de cayucos es un problema de inmigración o de invasión. También sé que usted está más que preocupada, por eso me permito escribirle estas líneas.

Ayer me contaba una de mis ex colegas que acababa de venir de sus vacaciones en Canarias, que estaba muy impresionada por la cantidad de cayucos repletos de gente que habían visto. En realidad parece ser que sólo durante el pasado fin de semana, de acuerdo con los periódicos, han llegado 1.900 personas.

Me decía mi compañera que los ocupantes de dichos cayucos pagan 2.000 euros, o más, por su transporte. Asumiendo que sean 2.000 euros, estamos hablando de 2.800.000 euros, una cantidad inmensa en Senegal y demás ciudades de procedencia de estos inmigrantes ilegales. Desde luego, esto es muy preocupante, puesto que no se entiende muy bien de dónde viene este dinero y pienso que el Gobierno, por fin preocupado por la masiva llegada de cayucos y/o pateras, debería investigar de dónde procede este dinero que puede ser de origen más que sospechoso.

Además, este flujo de africanos presenta un problema muy grave para África ya que el emigrante legal o ilegal siempre es un poco más arriesgado y valiente que el conjunto de su alrededor, y en este caso, además, supone un riesgo personal de bastante calibre, y por otra parte representa generalmente un grupo que no puede desperdiciar el país de origen.

Yo no sé qué solución va a conseguir el Gobierno para averiguar este derroche e indagar el posible y preocupante origen de la financiación, pero desde luego hay que disuadir a las mafias que abusan de estas personas y evitar el problema de atracción que sin duda ocurre».

A riesgo de ser acusado de xenófobo, quisiera comentar algunos puntos más, cosa que mucha gente no se atreve, y no obstante, a quienes he leído el primer borrador de este artículo están de acuerdo. Es de todos conocido el elevado porcentaje de extranjeros en las cárceles españolas en proporción al número total de reclusos, y también ocurre lo mismo en relación al número de implicados en la violencia de género.

Tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam el 1 de mayo de 1999, ratificado por todos los Estados miembros y que incluía la libre circulación de ciudadanos, no es posible evitar la entrada masiva de ciudadanos de otros países miembros. Por otra parte, debido al idioma, a los ciudadanos suramericanos les resulta relativamente fácil permanecer en España legal o ilegalmente, lo que es cosa más complicada para los ciudadanos africanos. En este sentido, el pasado 21 de septiembre el máximo líder espiritual musulmán de Senegal, Serigne Mame Mor M’Backe, dio una charla en el Colegio de Médicos de Valencia ante más de 600 compatriotas para repetir el mensaje que un día antes dio en Alicante, e instarles a «aceptar las leyes e intentar adaptarse al país que nos permite desarrollar nuestra política de emigración».

En la revista Smithsonian de julio/agosto, un número para conmemorar los 40 años de la publicación, Joel Kotkin afirma que el incremento de la población estimula, inevitablemente, el crecimiento económico. La aseveración no es defendible. Lo que hace una economía fuerte es la productividad; y no una continua pirámide de población que mantiene su morfología con un incesante aumento del número de nacimientos, en un mundo de recursos limitados. Esta pirámide, con una población que dicen que crece porque aumenta la esperanza de vida media. Por lo cual un estudio adecuado y un programa consecuente deben de ponerse en práctica por el bien de todos, especialmente para los inmigrantes, muchas veces explotados por desaprensivos por no tener «papeles».

Al acabar la Guerra Civil española, y debido al apoyo del Ejército alemán a las tropas de Franco, España recibió a algunos nazis, que, al parecer, encontraron refugio aquí al finalizar la II Guerra Mundial. A través de los medios de comunicación, nos enteramos del gran número de mafiosos, muchos de ellos muy peligrosos, que han escogido España como lugar de residencia en que ocultarse de medios policiales y enriquecerse con negocios ilegales. No es de recibo el que se siga aceptando personas conflictivas para el país.

La nueva ley contra la inmigración irregular de Arizona, pese a que la aplicación de alguno de sus apartados ha sido paralizada cautelarmente por una juez, convierte en delito transportar a un inmigrante sin papeles o contratarlo y permite a la policía realizar identificaciones en base a la apariencia étnica y detectar a los inmigrantes irregulares para proceder a su expulsión. Ley que ha sido calificada de racista y va en dirección contraria a la reforma que desea aprobar el presidente Obama a fin de regularizar a los 11 millones de irregulares que viven en Estados Unidos, la mayoría de los cuales están empleados en la agricultura y el trabajo de doméstico, sectores que se desmoronarían si fueran expulsados.

La ley ha generado ríos de tinta, poniendo de relieve las contradicciones de la sociedad estadounidense que debate hace años la necesidad de regularizar esta bolsa de irregulares. Algo que ya intentó George Bush en 2007, pero que torpedearon sectores de su propio partido. Cada vez que se plantea la reforma, los congresistas y gobernadores ponen en la balanza los votos hispanos que pueden ganar en su Estado con la regularización y los que pueden perder de población anglosajona. La ex gobernadora de Alaska, Sara Palin, en cuyo Estado apenas hay hispanos, acusó a Obama de no tener cojones.

Los medios de comunicación españoles han reproducido las voces que califican la reforma de Arizona de racista sin advertir que la legislación española ya convirtió en delito en 2003 transportar un irregular aunque fuera sin ánimo de lucro, y que la policía nacional, pese a carecer de marco legal para ello, realiza de forma habitual controles selectivos en base a la apariencia étnica para detener inmigrantes sin papeles como los que realizará Arizona.

La penalización en España del transporte de irregulares fue incluida en el Código Penal por la Ley Orgánica 11/2003, que modificó la Ley de Extranjería y el Código Penal. Con dicha reforma, se incluyó el artículo 318 bis que castiga en su apartado primero con penas de cuatro a ocho años de prisión al que directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España. Queda claro que sí se penaliza el transporte sin ánimo de lucro, cuando en el apartado tercero del mismo artículo eleva la pena a los que realicen las conductas descritas en cualquiera de los dos apartados anteriores con ánimo de lucro. Así, quien lleve por España en su vehículo un inmigrante irregular, pese a hacerlo sin ánimo de lucro, puede ser condenado.

En cuanto a los controles selectivos realizados por la policía en bocas de metro como la de Lavapiés, calles cercanas a consulados latinoamericanos y parques son una realidad, tal y como ha denunciado reiteradamente el Sindicato Unificado de Policía, pese a que el Ministerio del Interior lo niegue. Dichas instrucciones se dan, bien por deseo de algunos comisarios de constar en las estadísticas como los más diligentes, bien porque hay plazas libres en los centros de internamiento y porque la coyuntura de relaciones con tal o cual país permite un incremento de las expulsiones. Así se siguen dando instrucciones orales a los policías para que localicen y trasladen a comisaría irregulares de tal o cual nacionalidad. El procedimiento para aplicar estas identificaciones y detenciones está señalado en la Circular 1/2010 de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que actualiza el procedimiento tras la modificación de la Ley de Extranjería.

Pero esta práctica de seleccionar en España en base al aspecto físico y trasladar a comisaría a quien no acredite el permiso de residencia, a diferencia de lo que ocurrirá en Arizona, carece de cobertura legal, lo que obliga a los agentes a actuar vulnerando la ley lo que ha provocado ya diversos procesos judiciales contra policías. Así la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Corcuera, establece en su artículo 20.2 que se puede trasladar a comisaría a un ciudadano que no acredite su identidad. Pero si el extranjero, pese a carecer de permiso de residencia, acredita su identidad mediante el pasaporte, la mencionada ley no autoriza su traslado forzoso a comisaría a fin de verificar si ha cometido una infracción administrativa que es lo que es carecer de permiso de residencia. Además la Ley de Enjuiciamiento Criminal sí que permite la detención preventiva y el traslado forzoso de personas sospechosas de haber cometido delitos, pero carecer de permiso de residencia no es un delito, es una infracción administrativa.

El otro elemento ilegal de esta práctica policial es la elección de ciudadanos a identificar en base a sus características raciales. Ello sí fue posible hasta hace un año y así lo había establecido la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2001 que consideró correcta la elección de una ciudadana de raza negra por su color, entre el resto que no lo era, en la estación de ferrocarril de Valladolid. Pero dicha sentencia fue desautorizada por el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 17 de agosto de 2009 (caso 1493/2006) que resolvió que dichos controles “tampoco deben efectuarse de manera tal que solo las personas con determinados rasgos físicos o étnicos sean señaladas. Lo contrario no solo afectaría a la dignidad de las personas afectadas, sino que además contribuiría a la propagación de actitudes xenófobas”.

El mundo ha dirigido su atención al Estado de Arizona (EEUU), donde una nueva ley de inmigración va a promover con carácter general la clasificación de los latinos a efectos policiales en función de sus rasgos raciales. Si bien los medios españoles han condenado esta norma, el tono de sorpresa y de indignación en general pasa por alto que lo que está a punto de ocurrir en Arizona es ya de lo más común y corriente en España.

La legislación establece que los agentes de Arizona han de verificar la condición legal de un inmigrante en el caso de que haya «sospechas razonables» de que se encuentra en el país de manera ilegal. Permite, asimismo, la detención de personas sin una orden judicial siempre y cuando haya una «causa probable» de que sean inmigrantes indocumentados.

Lo más grave es que la ley deja abierta la posibilidad de que la policía se base en el aspecto externo para establecer «sospechas razonables» y «causas probables», que tendrá como resultado que los latinos tengan que someterse a frecuentes comprobaciones de su identidad, aun el caso de que sean ciudadanos de EEUU con todos sus derechos.

Hace 18 años, en Valladolid, a Rosalind Williams le pidieron que se identificara sola y exclusivamente en razón del color de su piel. Cuando Williams -una afroamericana, ciudadana española desde hacía más de 25 años- preguntó por qué era la única persona a la que habían dado el alto, el agente le explicó que se limitaba a cumplir órdenes: se daba por hecho que tenía que parar a personas que tuvieran un aspecto como el de ella.

A raíz de que Williams llevara su caso a los tribunales, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó el año pasado que, si bien pueden realizarse comprobaciones de identidad en defensa de la seguridad pública, la prevención del delito y el control de la inmigración ilegal, las características físicas y raciales no pueden servir como justificación de los controles policiales. Y el Comité exigió al Gobierno español que tomara medidas para impedir la repetición de prácticas discriminatorias de esta naturaleza, algo que no se ha hecho hasta la fecha.

El caso de Rosalind Williams no es más que un ejemplo de cómo se ha utilizado la clasificación racial a efectos policiales como instrumento de la aplicación de la legislación en España. De hecho, desde 2001 los policías españoles han tenido la potestad de guiarse por las características físicas o raciales para determinar la mayor o menor probabilidad de que alguien sea de origen no español y se encuentre en el país de forma ilegal. Una decisión del Tribunal Constitucional dio su conformidad a esta práctica discriminatoria, sosteniendo que una persona de «raza negra» era «por tanto más probable que fuera extranjera».

El año pasado, brigadas de la Policía Nacional de diversos lugares de toda España recibieron instrucciones para que, en las redadas contra la inmigración, se centraran como objetivo en determinadas nacionalidades. En respuesta a una circular de enero del 2010 difundida por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, los sindicatos policiales hicieron constar su preocupación ante el hecho de que se esperara que los agentes alcanzaran unas cuotas determinadas de expulsión de inmigrantes y que realizaran controles masivos de identificación en lugares públicos donde se pensara que se reunían inmigrantes.

El Gobierno está en condiciones de atajar la identificación racial con efectos policiales sólo con que dé oficialmente instrucciones a todas las fuerzas de policía de que no pueden tener en cuenta las características raciales o cualesquiera otras características físicas para decidir a quién paran o a quién registran, salvo que cuenten con información específica y fiable sobre un sospechoso concreto.

Además, el Ministerio del Interior debería adoptar con carácter general iniciativas piloto como las lanzadas en 2008 en Fuenlabrada y Girona. En un periodo de seis meses, la policía de Fuenlabrada dio el alto a la mitad de personas que antes -entre ellas, muchas menos pertenecientes a minorías-, pero aumentó del seis al 28% el número de comprobaciones que descubrieron un delito u otras infracciones.

Por último, en la nueva ley de Igualdad se debería exigir a las fuerzas de Seguridad que identificaran y rectificaran con regularidad las pautas discriminatorias, especialmente en los controles de identificación. Ha llegado la hora de que España se fije más en lo que está ocurriendo dentro de sus fronteras y cambie su política de inmigración en pro de los derechos humanos y sus compromisos constitucionales.

No hemos avanzado mucho desde que la Revolución Francesa proclamó la fraternidad como lema para una sociedad más justa, o desde que Kant expresó su fe racional en el cosmopolitismo y en un derecho universal de hospitalidad hacia los extranjeros para lograr el progreso de la historia y la paz perpetua. Desgraciadamente, las crisis ahondan las fronteras, para que los «otros» no comprometan el bienestar de «nuestros» ciudadanos privilegiados. Ni siquiera somos capaces de ratificar convenios internacionales como el de protección de los trabajadores migrantes y sus familias aprobado por la ONU en 1990 y en vigor desde 2003. Y nos rasgamos las vestiduras cuando Haidar no logra volver a Marruecos por un problema formal de asunción de «su» nacionalidad que aprovechan las autoridades marroquíes para situarla en el limbo de quienes no pueden regresar a su país ni entrar en otro, sin vulnerar abiertamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país». Pero no a entrar en un país distinto del «propio».

Nadie discute hoy el eclipse de ese derecho del futuro. La libertad de circulación se limita al interior de los Estados, que ejercitan el viejo dogma de la soberanía impidiendo la entrada y permanencia de extranjeros en su territorio con ayuda de conceptos maleables que facilitan una aplicación discrecional e intensiva. Como el de «situación irregular», presente en muchos textos de derecho internacional e interno. Bajo el eufemismo de estar en esa «situación», el extranjero es regular o irregular, como los romanos distinguían entre res commercium y res extracommercium, las cosas que pueden ser objeto de derechos y las que no. Cosas o personas, qué más da, en esta asimétrica permisividad hacia el tráfico de bienes y dificultad en los flujos de personas.

Malos tiempos para hablar de la defensa jurídica de los inmigrantes, que llegan sin medios y sin orden, fruto de problemas estructurales de la globalización que, sin embargo, tratamos individualmente, escrutándolos uno a uno en la frontera aeroportuaria, devolviéndolos patera a patera desde el Sur, o persiguiéndolos por las calles de nuestras ciudades para certificar su «irregularidad» y pasaportarlos asépticamente a no importa qué destino. Y, encima, nos gastamos en ese proceso el dinero que no tenemos.

La Constitución dice que la justicia será gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, sin distinciones. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 trataba de «garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos». Entonces no se pensaba para mal en los extranjeros. Al contrario, imbuidos del espíritu constitucional, se extendió el derecho de justicia gratuita a las actuaciones administrativas en los expedientes de expulsión, rechazo en frontera o devolución, que tramita la policía. Después, las comunidades autónomas han ido asumiendo el coste de la justicia gratuita. Un coste alto y creciente sin una transferencia proporcional de recursos económicos. Un problema. Hoy, cuando el turno de oficio se tensa por demoras injustificables en los pagos y mayores trabas al reconocimiento del derecho, late la idea de que la litigiosidad se alienta por los peores motivos desde los abogados de oficio. Una imputación desafortunada que hay que relacionar con el valor superior de la justicia para evitar situaciones de indefensión.

La Ley reconoce a los extranjeros sin recursos derecho a asistencia letrada (abogado) y a representación procesal (procurador) en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español. El extranjero que en un momento se hallaba en España puede haber sido ya expulsado o devuelto a su país cuando hay que defenderlo para que pueda volver con la media familia, la media vida o los compromisos que ha dejado aquí. Sin embargo, sólo se le garantiza el nombramiento de procurador de oficio para que lo represente cuando es preceptiva su intervención, y no lo es ante los Juzgados que revisan las órdenes de expulsión o las decisiones de la policía: todo ciudadano puede comparecer ante ellos sin procurador, o conferir su representación mediante un poder. Pero, para quien ha sido expulsado o devuelto a su país es imposible acudir personalmente al Juzgado. Y otorgar desde fuera una escritura de poder será muy difícil aun contando con la posibilidad teórica de hacerlo por vía consular. Al extranjero sólo le queda su abogado de oficio, que lo defiende al límite. Puede que en ocasiones hasta más allá del límite porque este es el precio de apostar por el derecho de defensa.
En esta situación, hay Tribunales que consideran que los abogados de oficio no «representan» a nadie. Sólo «defienden». Así que inadmiten a trámite sus demandas y, como no hay cliente porque el extranjero no está debidamente representado, acaban imponiéndoles las costas del proceso al propio abogado, que es la única «parte» que tienen a mano; incluso lo sancionan por seguir recurriendo cuando ya debería saber que no se le va a reconocer la representación, que sus escritos en nombre del extranjero cuya defensa se le ha confiado no valen nada, que no siga intentándolo.

La conclusión es simple: para que sean viables estos recursos o se admite que el abogado puede asumir su representación o se deja al extranjero sin defensa, digan lo que digan las leyes que reconocen el derecho sin resolver el problema. Ni siquiera lo resuelve la nueva Ley Orgánica de Extranjería, insuficiente en éste y tantos aspectos. Como si quisiéramos un sistema con quiebras por donde recortar la defensa. Unas veces, la de no considerar al extranjero «debidamente» representado. Otras, la de entender que no justifica su falta de recursos económicos para litigar, porque no aporta el «certificado del INEM en el que conste la situación de desempleo o percepción de ayuda y período al que se extiende». Aunque haya sido retornado a un lugar donde no se conoce semejante documento, o aunque sea su situación presuntamente irregular en España, lo que le impide obtener certificados semejantes y por lo que necesita abogado.

En ordenamientos menos garantistas, estos problemas sonarán incomprensibles. Volando al país del gran sueño, se pone a la firma de los pasajeros un impreso de renuncia a cualesquiera derechos de recurso o apelación por la decisión de un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza, en referencia a mi admisión, y a impugnar toda acción de deportación, con la excepción de la solicitud de asilo. Algo tan simple como ese «papel» ahorraría aquí cientos de procesos. Muerto el recurso, se acabó la rabia. Dispónganlo así nuestros políticos; pero háganlo sin llenarse la boca del reconocimiento de derechos. Después, rendirán cuentas ante la ciudadanía, si hoy poco sensible al problema de la asistencia a los extranjeros, tal vez mañana; y, desde luego, oirán la voz crítica de los Colegios de Abogados que harán cuanto sea posible por salvaguardar el derecho de defensa de todos. Los abogados no somos «neutrales» cuando está en juego ese derecho fundamental. Algunos, incluso creemos todavía en el viejo lema de la fraternidad y en el ideal de un derecho cosmopolita en un mundo sin fronteras, o donde las fronteras sean un factor de inclusión y no de exclusión. Quizás la historia nos dé la razón y las civilizadas o bárbaras (de todo hay) formas de insolidaridad que aún practicamos sean vistas un día como algo parecido a la esclavitud o a la discriminación de la mujer, que tan fácilmente justificó la humanidad, con la ley en la mano, durante siglos.

Si analizamos la gestión de política de inmigración de los últimos años y los debates sobre este fenómeno, veremos que casi siempre se basaban en dos premisas falsas: que la inmigración había tocado techo y que, en el futuro, vendrían en menor cuantía y solo aquellos que tuvieran papeles. Se decía que habíamos tocado techo cuando era un 6% de la población, se repetía cuando era un 10%, y se dijo lo mismo al llegar al 14%. Además, la gestión del flujo de entrada no se basaba en la contratación en origen, sino en que llegaran como irregulares y luego, por arraigo o por regularización extraordinaria, darles papeles. No se planificaba el caudal, sino que el flujo se regulaba según el boca a oreja y la demanda laboral. Solo con el ministro Caldera funcionó a un ritmo suficiente la contratación en origen. Ningún grupo político se atrevía a reconocer que la caída de la natalidad, el crecimiento económico y la negativa de parte de la población a acceder a ciertas ocupaciones propiciaría esta llegada masiva.

ASÍ, NI SE HIZO el debate sobre qué tipo de inmigración contratábamos en origen ni, como sí hicieron en otras partes de Europa, si elegíamos que las comunidades se instalaran en sus propios barrios o si se realizaba una política de acogida planificada que distribuyera la inmigración. Construir barrios gueto habría sido un error. Pero fue un error no planificar su llegada, con lo que, bien los cascos antiguos de poblaciones con sus edificios sin rehabilitar –como es el caso de Vic–, bien barrios de las periferias de las grandes ciudades –como ha ocurrido en Salt– los acogían. En ambos casos los inmigrantes se convirtieron en mayoritarios, haciendo que la población autóctona se sintiera no solo forastera en su casa, sino también desasistida en los servicios públicos, dado que las administraciones respondían deficientemente a las nuevas necesidades. La inmigración, que fue la solución del problema demográfico, no es un problema en sí mismo, pero haberla gestionado mal ha dado problemas que solo se pueden resolver uno a uno.
El prototipo del vecino que se siente tentado por los cantos de sirena que lanza la xenófoba Plataforma per Catalunya es aquel que compró hace años un piso y, con la llegada súbita de gran cantidad de inmigrantes al barrio, ve cómo, además de las dificultades de convivencia a causa de los hábitos de algunos inmigrantes, su casa se devalúa y vale un tercio menos. La ley de barrios del Parlament de Catalunya ha esponjado y dignificado algunos de estos barrios, pero la mayoría sigue esperando.
Una de las quejas principales de los vecinos de esos barrios de mayor índice de inmigración es la inseguridad y la impunidad de quienes cometen reiteradamente hurtos y pequeños delitos. En el 2003 se introdujo un reforma en el Código Penal y en la ley de extranjería que establecía la expulsión casi automática de aquellos extranjeros a quienes se impusiera una condena de hasta seis años o, incluso, pese a no ser juzgados, cometieran un delito con penas previstas de hasta seis años. Las reformas fueron muy criticadas, pues concedían impunidad a los delincuentes, que sabían que, cuando la policía los detuviera, serían enviados a casa sin condena alguna. Afortunadamente, el Tribunal Supremo anuló dicha expulsión automática. Ese mismo año se introdujo otra reforma más lógica que, por desidia de las administraciones, no se ha aplicado. Es la consideración de delito de quien cometa cuatro veces la misma falta, lo que permitiría acabar con la impunidad en robos o hurtos. En manos de los responsable de Justicia, no de Interior, está la solución.

OTROS conflictos de convivencia deben resolverse con la mediación municipal y la aplicación de las ordenanzas, y sancionando a quien las infrinja. De nada servirían los contratos de integración que proponen CiU y el PP, dado que no se trata de que firmen un documento, sino que, día a día, cumplan las leyes. Son de difícil solución a corto plazo los problemas de convivencia con los gitanos de Rumanía. Jurídicamente, son ciudadanos comunitarios, pero dicho colectivo se resiste a abandonar su percepción de la vida nómada.
Hay otro instrumento importante que parece olvidado en este debate relativo a la integración de los inmigrantes, dado que uno solo se integra donde se siente partícipe. Es el relativo al derecho al voto en las elecciones municipales: los ciudadanos rumanos, al ser comunitarios, no solo podrán votar, sino también estar en las listas. La mayoría de latinoamericanos, por los acuerdos de reciprocidad, podrán votar, pero no concurrir como candidatos. Los de los países del Este no comunitarios, los africanos y los asiáticos, ni votar ni ser votados.
Ello generará una desigualdad de trato que no ayudará a crear cohesión social que solo se resolverá reformando la exigencia de reciprocidad que impone la Constitución. Por último, es importante no criminalizar a los inmigrantes sin papeles, dado que si hay tantos es porque España eligió la llegada irregular como principal mecanismo del flujo migratorio.

Que haya un debate público sobre la inmigración no es una mala noticia, y menos si lo que nos mueve en este debate es la preocupación ante la posible degradación del modelo de convivencia. Pero lo que hay que evitar a todas luces es aparentar soluciones fáciles y rápidas a un problema tan complejo como es el de la gestión de la inmigración. Entre otras cuestiones porque, situado el debate en este punto, la partida siempre la ganarán aquellos a los que no les importa dañar ni los principios democráticos ni mucho menos el respeto a los derechos de las personas. Haríamos bien en evitar recetarios con soluciones socialmente bien vistas, de fácil manejo, pero de consecuencias sociales y políticas imprevisibles.

Desde esta óptica, la única cosa de la que se puede responsabilizar al gobierno de Vic es de lo inapropiado de sus propuestas para los problemas que dice querer resolver. La limitación de la inscripción en el padrón puede ser perfectamente ajustada a la ley, como el informe Roca asegura, pero ni va a mejorar la convivencia ni va a incrementar la cohesión social ni va a permitir a los ayuntamientos afinar mejor en su política pública de la gestión de la inmigración. Eso lo sabe cualquier alcalde y concejal de nuestros municipios. Otra cuestión muy distinta es si consideramos que detrás de la propuesta de Vic hay la voluntad de expresar un malestar por las circunstancias que hoy condicionan las políticas de gestión de la inmigración. En este sentido, hay tres factores relevantes para el debate público.
El primero tiene que ver con la enorme desproporción entre las competencias reconocidas y los recursos disponibles de los gobiernos locales, por un lado, y la naturaleza y calado de las respuestas políticas que se deben dar desde el ámbito municipal para garantizar la cohesión social y la convivencia, por otro. No solo es una cuestión de falta de recursos presupuestarios, también lo es de falta de competencias para vertebrar las respuestas adecuadas. Ni los gobiernos locales ni los autonómicos –dicho sea de paso– tienen margen para hacer políticas de inmigración. Los municipios y las autonomías solo han podido desarrollar políticas sociales, que es como tener un equipo de bomberos –y encima con limitaciones de agua–, pero sin capacidad para desarrollar prevención para evitar incendios.
El segundo tiene que ver con la ligereza e ineficacia con la que el Gobierno central ha gestionado las políticas migratorias. Por un lado, la incapacidad –previsible– de controlar los flujos en las fronteras y, por otro, la voluntad política de dificultar la concesión de permisos de residencia y trabajo a los que querían venir y a los que ya estaban en el país. Se ha confundido la oportunidad de tener una población inmigrante regularizada plenamente con el miedo a provocar lo que se ha denominado efecto llamada. Se ha ignorado que el auténtico reclamo para la llegada de inmigrantes era un mercado de trabajo insaciable, y la prueba es que ahora que se acaba el trabajo se puede apreciar cómo los nuevos inmigrantes dejan de llegar. Los gobiernos europeos presionaron al Gobierno español para que no regularizase a toda la población inmigrante que vivía y trabajaba en España para evitar que pudiera tener una movilidad plena en el interior de la UE. Nadie consideró, sin embargo, los costes humanos y sociales de tener tantos miles de trabajadores en la economía sumergida y tantas personas en el limbo administrativo y legal. Hoy pagamos esas consecuencias. Lo evidente es que, con o sin papeles, los inmigrantes trabajaban y lo hacían porque alguien les daba trabajo. Y el Gobierno español –el actual y los anteriores– que no daba permisos de residencia tampoco era capaz de eliminar la ocupación en la economía sumergida. El resultado de una legislación severa y una gestión ineficaz fue la generalización de los sin papeles, algo que al perderse las posibilidades de ocupación ha generado una precariedad social extrema en muchas de nuestras localidades.

El tercer factor lo debemos relacionar con la creciente competencia entre los sectores populares para acceder a recursos sociales escasos. En este escenario se incrementa la percepción de la opinión ciudadana de que se da un trato favorable a los inmigrantes en detrimento de los autóctonos. Poco importa que sea cierto o no. La percepción social manda, y el temor a que pase factura electoral a los partidos democráticos está muy presente, y más en localidades donde ya hay agitadores de discursos populistas como Plataforma per Catalunya.
Todos estos son factores que pueden explicarnos mejor el porqué de la propuesta de Vic. Pero no la justifican. Si el gobierno de Vic quiere evidenciar las incoherencias del Gobierno español y la actual legislación en esta cuestión, no debería cargar contra los más débiles. Negar el registro en el padrón no acabará con los sin papeles, a lo sumo los hará estadísticamente invisibles. No basta que la medida no sea contraria a la ley, ni mucho menos que sea electoralmente rentable. Tiene que ser útil para mejorar las condiciones de vida en el municipio. Y eso queda lejos de la medida propuesta.

Presentación

El Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, el Real Instituto Elcano y la Fundación Alternativas, con motivo de la próxima Presidencia Española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010, colaboran en un proyecto denominado “Los retos de la Presidencia Española de la Unión Europea en 2010”.

Como parte de este proyecto se han desarrollado diversas actividades, entre ellas un análisis profundo sobre diversos temas que se consideran será de máximo interés durante la Presidencia Española en 2010.

El presente documento de trabajo es el resultado de esta colaboración conjunta. Sus autoras, Carmen González Enríquez, Investigadora Principal, Demografía, Población y Migraciones Internacionales del Real Instituto Elcano, y Alicia Sorroza Blanco, Investigadora, Política Exterior y Seguridad en Europa del Real Instituto Elcano, contaron con las aportaciones y comentarios de Joaquín Arango, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Este proyecto ha contado con el apoyo y el patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de Hablamos de Europa.

Resumen

La UE ha sentado las bases de una política europea de inmigración integral que abarca cuestiones tales como la gestión positiva de la inmigración y medidas para frenar los flujos irregulares de inmigrantes. Sin embargo, aún estamos lejos de una verdadera política de inmigración común europea, siendo este uno de los retos a los que España se enfrentará durante la Presidencia española en 2010.

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Hoy, el Congreso aprobará una nueva reforma de la Ley 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros, más conocida como Ley de Extranjería. Una reforma que el Gobierno debería haber realizado hace años para adaptarla a directivas comunitarias que no podían aplicarse con una simple modificación del reglamento, y que decidió demorar para evitar que el Partido Popular aprovechara el debate para agitar los miedos a la inmigración en el último tramo de la legislatura. Además, las sentencias del Tribunal Constitucional, anulando las restricciones a los derechos de manifestación, huelga, educación y justicia gratuita de los inmigrantes irregulares, exigían reformular diversos artículos.

La ley, que retorna estos derechos a los irregulares y se adapta a la normativa comunitaria en aspectos como la concesión del permiso de larga duración al extracomunitario que tiene dicho permiso concedido en otro país de la Unión o la regulación de la tarjeta azul para inmigrantes cualificados, es continuista con la actual, no aportando cambios en la gestión del flujo migratorio. Tiene sí, dos aspectos controvertidos que pueden calificarse como un retroceso: el endurecimiento de los requisitos para la reagrupación familiar y el alargamiento de 40 a 60 días del periodo que un extranjero puede permanecer en un centro de internamiento. Pero también tiene mejoras como el control judicial de dichos centros, la no expulsión de la mujer en situación irregular que es víctima de violencia de género -que ahora la policía al hacer el atestado tenía la obligación de iniciar expediente de expulsión-, y la concesión del permiso de trabajo a los hijos y cónyuges reagrupados que ahora llegan a España sin dicha autorización.

Digo que la ley aporta pocas novedades en la gestión del flujo de entrada más allá de introducir la participación de las comunidades autónomas en la concesión de permisos de trabajo, dado que mantiene el mayor avance de la anterior legislatura: el catálogo provincial de empleos de difícil cobertura. Listado de empleos que se pueden ofrecer a un extracomunitario que está en su país, sin tener que ofertarlo previamente a la población española y extranjeros con permiso permanente. Esta exigencia de tener que remitir a las oficinas de empleo cualquier puesto de trabajo demoraba la contratación, haciendo fracasar hasta 2005 las políticas de contratación en origen.

El redactado que se votará hoy es mejor que el que salió del Consejo de Ministros en junio y mucho mejor que el que presentó en diciembre el ministro Celestino Corbacho. Se hace difícil comprender, si el redactado debía de ser éste, por qué el ministro quiso introducir propuestas como la multa a quien alojara a un irregular, todo ello acompañado de un discurso que anunciaba la certeza de que cientos de miles marcharían. Pero la evidencia de que el texto haya mejorado no disculpa los retrocesos que se imponen, como la prolongación del periodo de internamiento o las restricciones a la reagrupación familiar que afectarán a los padres. Así, se permite la reagrupación de ascendientes mayores de 65 años que ya no pueden trabajar, pero, salvo excepciones por motivos humanitarios, ya no se permitirá a los menores de 65. ¿Qué pasará con los matrimonios en los que el hombre tenga 70 años pero la esposa 63? ¿No sería posible introducir una enmienda para que bastara con que uno de los dos tenga más de 65?

El texto actual es rechazado por motivos distintos por el PP y por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana. El rechazo de estos últimos se debe a las restricciones a la reagrupación, el alargamiento del internamiento y determinadas sanciones. El rechazo del PP se debe a que decidió que no le convenía votar a favor, para poder utilizar electoralmente los miedos a la inmigración en un momento como el actual. Pero afortunadamente no ha surgido en España un estado de opinión responsabilizando a los inmigrantes de la magnitud del desempleo, más cuando los estudios demográficos afirman que pasada la crisis serán necesarios más inmigrantes.

El Gobierno dice que la ley responde a la nueva situación del fenómeno migratorio, tras su fuerte crecimiento. Pero hay que decir que lo sustancial de la gestión del mismo no estará en la ley sino en el reglamento y, sobre todo, en su aplicación. De entrada, el Gobierno, ante la situación de desempleo restringió acertadamente hace unos meses los catálogos de empleos de difícil cobertura. Ciertamente, el incremento del número de extranjeros en España se ha frenado, pero no son ciertas valoraciones como las hechas tras la publicación de la última estimación del INE, que dicen que hay en España 17.000 extranjeros menos que en junio, si no se aclara que unos 25.000 extranjeros han obtenido la nacionalidad española en ese periodo. Pero el mayor reto actual, disminuya o no el número de extranjeros, no es sólo si se facilitará el arraigo a los más de 700.000 irregulares -ésta es la primera reforma que no va acompañada de un proceso de regularización- sino, también, cómo se tratará a los que pierdan el empleo. Si no se flexibiliza en el reglamento la renovación de los permisos a los desocupados, cientos de miles caerán en la irregularidad, y cuando obtengan un empleo no podrán acceder al mismo al carecer de permiso de trabajo.

El objeto de este documento es ofrecer una primera valoración del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Este Anteproyecto recibió informe conjunto de tres ministerios en sesión del Consejo de Ministros de 19 de diciembre, tras lo cual fue remitido a otros órganos del Estado para que emitieran a su vez informe sobre el mismo (Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Consejo Superior de Políticas Migratorias, Foro Social para las Migraciones, Comisión Laboral Tripartita, etc.). Posteriormente, el texto definitivo debería remitirse a Las Cortes como proyecto de Ley Orgánica, a pesar de que no todos los artículos de la reforma sean orgánicos.

Antes de avanzar en el contenido del Anteproyecto, quizá convenga algún apunte sobre el mencionado carácter orgánico de la Ley. La exigencia de ley orgánica para su aprobación deriva de la combinación del arts. 13 de la Constitución Española (CE), que efectúa una reserva de ley para la regulación de los derechos y libertades de los extranjeros, con el art. 81 de la Constitución, que especifica que tal reserva lo será de Ley orgánica cuando la ley regule los derechos fundamentales, en este caso de los extranjeros. Ello significa que existirán dentro de la ley preceptos orgánicos, los que regulen o afecten a los derechos fundamentales, y otros preceptos con rango de ley ordinaria; no obstante, esta distinción tiene otro efecto destacado: para aprobar una Ley que contiene preceptos orgánicos se necesita la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en una votación final sobre el texto de la Ley, lo cual generalmente obliga a negociar y consensuar el texto con otros grupos parlamentarios, como sin duda tendrá que hacerse en esta Legislatura visto que el Gobierno no cuenta con escaños suficientes en el Congreso para aprobar la reforma por sí solo. En todo caso, la Disposición Final 1ª del Anteproyecto sólo considera como orgánicos aquellos preceptos que ya lo fueran de acuerdo con la Disposición Final 1ª de la LO 8/2000 (en concreto, los artículos 1 a 9, 11, 15 a 25, 31.2, 53, 54.1, 57 a 64, la Disposición Adicional 2ª, la Disposición Derogatoria, el apartado 1 de la Disposición Final de la Ley Orgánica 8/2000 y las Disposiciones Finales 1ª, 2ª y 3ª Ley Orgánica 4/2000); el resto tendría rango de Ley ordinaria. Esta fórmula no está exenta de problemas, pues al establecer la Disposición Final el rango de los preceptos por referencia al texto anterior, los preceptos nuevos introducidos en la Ley quedan indeterminados y, en otros casos, podría discutirse si el nuevo contenido del precepto no afecta ahora a las materias que el art. 81 CE reserva a Ley Orgánica.

Más allá de la naturaleza orgánica u ordinaria de los preceptos del texto legal, la necesidad e incluso la oportunidad de la reforma que propone el Anteproyecto se explica tanto por razones técnicas como políticas. Entre las razones técnicas se encuentran la adaptación al Derecho Comunitario de inmigración, desarrollado en los últimos años mediante diversas disposiciones aprobadas, o a punto de serlo, como la Directiva 2003/109/CE de 25 de noviembre de Residentes de Larga Duración, la Directiva de estudiantes, la Directiva 2003/110/CE de 25 de noviembre de tránsito y repatriación aérea, la Directiva 2005/71/CE de 12 de octubre de investigadores, la Directiva 2004/811/CE de 29 de abril de 2004 sobre la autorización de residencia a las víctimas de trata de seres humanos, o la ya pactada y luego publicada Directiva 2008/115/CE de 16 de diciembre de 2008 de retorno, etc. Igualmente, la necesidad de adaptar el texto legal a la última jurisprudencia constitucional (STC 236/207 y ss.), que declaraba inconstitucional algunos preceptos de la LO 8/2000, y también la necesidad de ajustar el mismo a los nuevos Estatutos de Autonomía que incluyen competencias sobre autorizaciones de trabajo o sobre aspectos como la integración (Cataluña, Andalucía, Valencia y Aragón). Estas últimas razones presentan también una dimensión política, como política es también la necesidad de adoptar algunas medidas dirigidas a gestionar mejor los flujos migratorios en un contexto de crisis económica, como era ya septiembre de 2008, cuando cobra impulso definitivo esta reforma legal. Obviamente, se ha aprovechado también para regular cuestiones que no habían sido abordadas en las Leyes anteriores, como la definición de lo que significa integración, o de retocar aspectos que necesitaban un reajuste.

En este sentido, el Anteproyecto presenta algunas novedades destacables como la reordenación del acceso por parte de los extranjeros residentes a ayudas públicas en materia de vivienda, la introducción de mayores restricciones al régimen de reagrupación familiar de los ascendientes y el acceso de los menores y de los cónyuges reagrupados al mercado laboral así como la admisión de la reagrupación familiar de las parejas de hecho, la vinculación de la validez de la autorización de trabajo al alta en la Seguridad Social, la introducción de nuevas infracciones por falsedad en la información al padrón y por reagrupación familiar de hecho, ampliación del internamiento a 60 días y regulación del regreso voluntario, la regulación del régimen de cooperación y coordinación administrativa y la creación de una base legal mínima para sostener las intervenciones en materia de integración social.

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Con la concesión de la sede de la Unión por el Mediterráneo a Barcelona, es tiempo de diagnósticos para conformar una nueva agenda relacionada con la movilidad humana. De momento, la movilidad se está interpretando en el marco de las relaciones internacionales como un instrumento de poder entre dos estados, usando a los ciudadanos como moneda de cambio. Esta situación es insostenible en tiempos de derechos humanos. Asimismo, los estados de recepción son los que tienen el control de la movilidad, fundamentada en los efectos que tiene sobre su sistema de bienestar, democrático y liberal, y su capacidad de gobernabilidad en términos no solo socioeconómicos, sino también de gestión de la diversidad cultural y religiosa. La movilidad se interpreta básicamente también como un acto individual (no familiar) y voluntario (no movido por la necesidad). Asimismo, no se puede tener un contexto de unión en un marco de unilateralidad política, que implica en términos conceptuales la unidimensionalidad con la que se definen los conflictos debidos a la movilidad. El principal reto es, pues, conseguir un contexto de interpretación que fomente una visión compartida mediterránea de la movilidad humana. Desde esta óptica, existen dos premisas que deben tenerse en cuenta.

EN PRIMER lugar, el movimiento de personas no es problemático en sí ni debería ser materia de discusión, salvo si tiene tres dimensiones que generalmente van juntas: una dimensión política (la mayoría de personas se mueven de estados no democráticos o con dificultades de consolidación democrática a democracias consolidadas), una económica (es un movimiento entre el tercer mundo y/o países en vías de desarrollo a países consolidados económicamente), y una social evidente (es un movimiento de personas atraídas por nuestros sistemas de bienestar y derechos sociales). Dicho de otro modo, el movimiento de personas entre democracias avanzadas, economías similares y derechos sociales mínimos, no forma parte de la problemática (pensemos en la movilidad humana dentro del espacio interior europeo o área Schengen).
Teniendo en cuenta esta primera premisa, nos podemos plantear una pregunta: ¿quién hace un problema del movimiento de personas? La respuesta nos invita a entrar en la segunda premisa: los países de acogida, que interpretan el movimiento en términos de efectos porque velan particularmente por mantener consolidadas las tres dimensiones: política, económica y social. Además, se añade en los argumentos de las consecuencias otra dimensión fundamental: la identitaria, que se vincula no ya tanto a temas de estabilidad como de cohesión social. Esto es, el hecho de que no solo se mueven personas, sino culturas y religiones, sirve a la mayoría de los estados de recepción como coartada para sus políticas de seguridad.
Estos dos puntos que forman parte del diagnóstico nos llevan a formular el siguiente argumento: hasta que no desaparezcan estas relaciones de poder claramente unilaterales (el norte controla el proceso político y tiene el monopolio de la interpretación de la movilidad humana), no se podrá tener un contexto adecuado apto para la innovación en la búsqueda de unión en el Mediterráneo. Esta unilateralidad tiene mucho que ver con el prefijo euro que se antepone siempre a mediterráneo y que debe desaparecer de una vez. En esta nueva etapa, unión implica corresponsabilidad e interdependencia, sobre todo en la interpretación de la movilidad humana. Como resultado de la unión se pueden llegar a compartir enfoques, preguntas, respuestas, conceptos. ¿Qué estrategias seguir para fomentar un contexto de unión?
Es un hecho cada vez más evidente que hasta que no se considere que la frontera de Europa empieza en el desierto sahariano y no en el Mediterráneo, algún engranaje del proceso de construcción de un enfoque mediterráneo compartido continuará sin funcionar. Esto también nos lleva a proponer el concepto de acervo mediterráneo en general, y en materia de inmigración en particular. Esto significa crear un directorio donde se engloben todos los vínculos creados y compromisos adquiridos hasta ahora a través de otros procesos anteriores, como el Proceso de Barcelona. ¿Hasta dónde se llegó en la etapa anterior? A la voluntad de cambiar el discurso de seguridad y estrictamente de control que existe por otro más centrado en el codesarrollo, en los derechos humanos, de cooperación y de corresponsabilidad entre países receptores y países de origen. Esta nueva orientación política debe convertirse en el signo de identidad de la Unión del Mediterráneo, que ha de desvincular de entrada la gestión de flujos y la gestión de fronteras.

EN DEFINITIVA, una visión mediterránea de la movilidad humana debe empezar a descargar a los países del sur de la presión que ejerce la UE del siglo XX. La UE del siglo XXI deber ser considerada un agente más que ayude a crear una red de interdependencia debido a la movilidad humana, donde nociones como inmigrante, situación irregular del inmigrante, tráfico, asentamiento, integración, codesarrollo, etcétera, se comparten y pierden todo significado que evoque fractura. Si la movilidad humana en el Mediterráneo forma parte de la fractura o de la solución es una asunto que también debe formar parte del enfoque compartido a construir. La forma como la Unión por el Mediterráneo comience a trabajar el tema de la movilidad humana decidirá el futuro de su éxito o fracaso.

En los últimos años, España ha sido un país excepcional en Europa por la intensidad y volumen de la corriente migratoria recibida. Esa excepcionalidad tiene una fecha y un lugar de nacimiento: el año 2000 en el Congreso de los Diputados. Desde ese año, España pasó de tener una intensidad migratoria muy inferior a la media de la Europa Occidental a tener una marcadamente superior. De acuerdo con datos de Eurostat, la intensidad de la migración internacional con destino a España (estimado como el número de inmigrantes llegados en un año sobre el total de la población), que se situaba a poco más de un tercio del nivel medio de los países europeos desarrollados, pasó a superar la media en más del 60% desde el año 2000. De hecho, en los años 2005 y 2006 la intensidad de la inmigración a España sólo fue superada por la de Irlanda y fue más del doble de lo que se dio en las economías más fuertes de la zona (Alemania y Reino Unido). No cabe duda alguna acerca de esta excepcionalidad a partir del año 2000.

Esta situación no puede ser explicada por los determinantes últimos de los procesos migratorios. Hubo un intenso crecimiento económico en España, muy marcado en el sector de la construcción que absorbe generalmente a la mano de obra inmigrante, pero el crecimiento fue también notable en otros países europeos y sin embargo no se correspondió con una llegada de inmigrantes tan intensa. España adolece de una estructura por edades de la población muy sesgada y que conduce a una importante reducción de la oferta de trabajo nativo en edades jóvenes. Sin embargo, otros países con los mismos desajustes demográficos no han atraído ni la tercera parte de inmigrantes que España en los últimos años. Italia es un buen ejemplo de ello. Tampoco diferimos mucho de nuestros vecinos de la Europa del Sur en el intenso cambio social que ha terminado provocando el abandono por parte de los trabajadores españoles de segmentos del mercado de trabajo que en otras épocas nos parecían atractivos. Todos estos factores, incluida la ventaja que España presenta para inmigrantes con un idioma común, explican de manera conocida el aumento de la llegada de inmigrantes a España, pero ninguno de ellos puede explicar la excepcionalidad del caso español desde al año 2000, entre otras cosas porque muchos de los factores mencionados ya existían antes de ese año

¿Cómo podemos, entonces, explicar esta excepcionalidad española? Pensamos que cabe buscar su origen en las consecuencias no anticipadas de las dos leyes orgánicas de Extranjería del año 2000 (04/2000 y 08/2000). En el artículo 12 (nunca retocado a pesar de las sucesivas reformas de la ley) se dice textualmente: “Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residen habitualmente tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. En similares términos se expresa el artículo referido a la educación obligatoria. A partir de esta ley se articula en España un sistema mediante el cual los inmigrantes, legales e irregulares, pueden acceder a derechos fundamentales (sanidad y educación) de manera muy sencilla: por el mero hecho de inscribirse en el padrón municipal. La inscripción en el padrón municipal es tan fácil, además, que no se exige ni siquiera la presencia física de todos los miembros del hogar a la hora de empadronarse. Es cierto que posteriormente hay que salvar algunas trabas burocráticas para contar con, por ejemplo, la tarjeta sanitaria, pero en líneas generales España se convierte desde el año 2000 en un país excepcional en Europa, en el país más “amigable” para los inmigrantes que, de manera sencilla, gozan de codiciados derechos sociales sin parangón en sus países de origen ni en otros países europeos. En la mayoría de estos países los inmigrantes irregulares tienen derecho sólo a la asistencia sanitaria de urgencias y a la atención médica a los menores de edad y mujeres embarazadas. La gran mayoría de los grupos políticos en España apoyaron esta ley, bien en su versión original, bien en la versión corregida que no cambió el artículo aquí mencionado, siendo todos, por tanto, responsables de sus efectos.

A tenor de los datos existentes, el efecto de la ley parece haber sido inmediato. Tan sólo en el año 2000, el número total de personas nacidas en el extranjero aumentó en 50% (sin incluir personas de la UE-15). Esta reacción, indicio de un muy eficaz flujo de información, llegó a afectar a algunos grupos de forma realmente espectacular (ecuatorianos o rumanos, por ejemplo, cuyo número aumentó en 6,5 y 4,4 veces, respectivamente, a lo largo del mismo año). Los ritmos de aumento continuaron siendo elevadísimos hasta el año 2003, a partir del cual la progresiva imposición de la exigencia de visado para la inmigración de latinoamericanos empezó a moderar el aumento, pero siempre a niveles considerables de inmigración.

¿Actúan los inmigrantes de forma tan racional como para diferenciar entre los distintos sistemas sanitarios y educativos a la hora de elegir su país de destino? Parece ser que sí, pues si sumamos este factor diferencial a todos los señalados anteriormente para explicar la atracción de inmigrantes en España, los derechos concedidos en la Ley de Extranjería (y sobre todo la facilidad con que se accede a ellos) serían como ese ingrediente de la receta que convierte un apetitoso plato en irresistible. Una encuesta reciente de Médicos del Mundo muestra cómo España es el país de la Unión Europea donde mayor es el porcentaje de inmigrantes (más del 78%) que conoce sus derechos en el sistema de salud público. La evidencia muestra, además, que en España no hay diferencias entre los inmigrantes irregulares e inmigrantes legales en el grado de utilización de los servicios sanitarios. El español es, pues, un servicio sanitario universal.

No entramos aquí a valorar argumentos a favor o en contra de la concesión de esos derechos; es indudable que fue una legislación muy avanzada desde el punto de vista del progreso social y los derechos fundamentales de las personas. El que no ocasionara polémica ni rifirrafe político entonces ni tampoco tras las sucesivas reformas de la ley, parece muestra de un consenso amplio. Tampoco entramos en la controversia acerca de si se debería haber previsto un mayor esfuerzo de financiación de servicios que aumentan el número de usuarios de manera exponencial. Parece obvio y las actuales estrecheces del sistema sanitario y educativo en muchas comunidades autónomas indican la existencia de desajustes profundos. Nos limitamos a señalar que nadie anticipó que esa concesión de derechos ha resultado ser el elemento definitivo para convertir a España en un país totalmente excepcional desde una perspectiva migratoria. El verdadero “efecto llamada”, sobre el que tanto se ha polemizado, parece ser esa generosa concesión de derechos.

Ahora que el Gobierno plantea, cada vez más abiertamente, el endurecimiento de la política migratoria (la reducción del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y las restricciones a la reagrupación familiar de inmigrantes van en ese sentido), la pregunta es: ¿debemos homologarnos al resto de los países de la Unión Europea y reformar los requisitos de empadronamiento que otorgan amplios derechos a los inmigrantes por el mero hecho de dicha inscripción? Suena duro, antisocial e injusto, pero esa reforma pondría fin a la excepcionalidad española en materia de inmigración. ¿Aceptaría la sociedad española un endurecimiento de los derechos de los inmigrantes en ese sentido? Si la respuesta es no, todos debemos ser conscientes de lo que ello implica.

Cinco semanas después de que el Partido Popular presentara en el Congreso un proyecto de reforma de la ley de extranjería, el Gobierno aprobó el pasado 19 de diciembre su propuesta para modificar la ley que deberá debatir ahora el Congreso. Una ley que debía haber sido modificada hace más de tres años en cumplimiento de directivas europeas relativas a los derechos laborales y sociales que deben tener también en España los extracomunitarios con permiso de trabajo de larga duración concedido en otro país de la Unión. Las sentencias del Tribunal Constitucional, que en el 2007 anularon las restricciones de derechos introducidas por la reforma que se hizo a finales del 2000, también exigían cambiar la ley. Posiblemente el temor de que el Partido Popular aprovechara el debate parlamentario para agitar electoralmente el fenómeno de la inmigración para desgastar al Gobierno ha sido una de las causas de que su reforma se haya demorado hasta ahora.

EL TEXTO de 70 artículos aprobado por el Consejo de Ministros incluye dos de los cuatro aspectos más relevantes que planteó el PP: alarga de 40 a 60 días el periodo de internamiento de aquellos cuya expulsión se tramita, y endurece las condiciones de la reagrupación familiar. Pero no introduce el llamado contrato de integración que solicitaba el PP, ni modifica la regularización por arraigo social de los irregulares, cuestión esta última que, como en tantas otras, dependerá, en la práctica, de lo que establezca el reglamento. Por ello, pese a que se ha anunciado como una reforma en profundidad de la ley, a excepción de los cambios de calado relativos a la reagrupación y las expulsiones, el cambio de política migratoria y de gestión del flujo anunciado por el ministro Celestino Corbacho se dirimirá realmente en el futuro reglamento y, sobre todo, en su posterior aplicación. Las importantes mejoras de derechos comentadas por la vicepresidenta Fernández de la Vega, relativas a los derechos de manifestación, asociación, huelga, educación, etcétera, que el PP recortó en el 2000, no significan apenas cambio, dado que dichos recortes nunca fueron aplicados.
La prolongación del periodo de internamiento de 40 a 60 días es una de las modificaciones más significativas, pese a que el cambio más importante no es este alargamiento en sí mismo, dado, que si la nacionalidad de alguien no se ha podido identificar en 40 días, poco más se podrá hacer en 60, sino el inciso que se añade indicando que el cómputo de este periodo quedará suspendido “en caso de enfermedad del extranjero o por otras causas no imputables a la Administración”. Como muchos de los que llegan en patera necesitan tratamiento médico o ingreso en un hospital, hasta que este no finalice no se les pondrá en marcha el cómputo de los 60 días. Las otras causas no imputables a la Administración pueden ser un cajón de sastre para hacer repatriaciones más allá de la fecha tope.
El proyecto dice que el extranjero en situación irregular o que sea sorprendido entrando irregularmente en España que denuncie a quienes le han traído al país o, en caso de redes de prostitución, a la red que lo somete, “podrá quedar exento de responsabilidad y no ser expulsado”. Una posibilidad discrecional de suspensión de la expulsión que ya está vigente y que, lamentablemente, el Gobierno apenas ha concedido. Por ello, una vez más, todo dependerá de la voluntad política del momento. Es preocupante, también, la modificación que considerará infracción grave el hecho de sostener económicamente a un extranjero en situación irregular.
Si es positiva la modificación de las condiciones de reagrupación familiar que permitirá trabajar de inmediato al cónyuge y a los hijos de 16 y 17 años –que actualmente llegaban con permiso de residencia pero sin permiso de trabajo– es, en cambio, negativa, desde un punto de vista humano, las dificultades a la reagrupación de los padres. Ello solo será posible cuando el extranjero lleve más de cinco años en España, y siempre y cuando los padres sean mayores de 65 años. Y a estos, en la práctica, les será imposible reagrupar con posterioridad a otros hijos.

EL PROYECTO no dice nada de las competencias que el Estatut de Catalunya concede ya a la Generalitat en materia de gestión de permisos. Por si acaso, se ha añadido un artículo, que será el 2 bis, que deja claro que corresponde al Estado la política migratoria “sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por los Estatutos de las comunidades autónomas”.
He comentado que lo sustancial de la política migratoria no ha sido tanto el enunciado de la ley como su reglamento y aplicación. Conseguir los visados de entrada era rápido y fácil para las contrataciones colectivas, pero para un pequeño empresario que reclamaba un trabajador, o para una familia que precisaba una asistenta, el visado podía demorarse nueve o trece meses y ello repercutía como un verdadero efecto llamada en los irregulares. Evidentemente ahora, con la crisis, debe disminuir la contratación de nuevos inmigrantes, pero es preciso que los que se seleccione consigan el visado en solo dos o tres meses. En hechos como éste se demostrará o no la voluntad de hacer que el flujo migratorio funcione.

Si un acierto tuvo la política migratoria de Jesús Caldera fue la creación de dos procedimientos de contratación en origen para trabajos estables. Uno, por medio del catálogo provincial trimestral de empleos de difícil cobertura que permite contratar a un extranjero que está en su país, sin tener que esperar que el INEM certifique que no hay parados dispuestos a ocupar el puesto. Hasta entonces, esta comprobación de que no hubiera españoles en paro, hacía pinchar la contratación nominal. El sistema se ha utilizado tanto para traer a trabajadores recomendados por otro inmigrante que está en España, como para regularizar a alguien que está sin papeles. Puesto que la aceptación de la propuesta era automática, acto seguido se tramitaba el visado desde el país de origen. Tras dos años de funcionamiento, este sistema se encalló en algunos países por la demora en la tramitación del visado -que puede tardar ocho meses-, y el pequeño empresario que necesita un trabajador o la familia que precisa una cuidadora no pueden esperar tanto tiempo. El otro sistema es la contratación colectiva de trabajadores seleccionados en origen, cuyos visados se tramitan rápidamente desde la Unidad de Grandes Empresas de la Secretaría de Estado de Inmigración.

La situación hasta ahora es que la contratación en origen para trabajos estables sí funciona para las grandes empresas, pero no tanto para el pequeño empresario. Y da la impresión de que se utiliza la demora en los visados para frenar el flujo. El sistema no es perfecto, pero permitió en 2007 traer a 200.000 inmigrantes. Y la consecuencia lógica al pinchazo de la construcción y al incremento del paro estaba siendo la eliminación de la construcción y otros trabajos de los catálogos provinciales, mientras en muchos lugares se iniciaban programas para recolocar trabajadores de la construcción en agricultura u hostelería. Pero más allá del paro actual -como bien explicaba en las páginas de Negocios de EL PAÍS, el pasado día 7, Alfonso Jiménez en el artículo La demografía impacta en la empresa- pese a la recesión, la caída demográfica de los años ochenta y noventa provoca que se vayan a necesitar cientos de miles de nuevos inmigrantes. Y todos sabemos que continúa habiendo una gran cantidad de empleos que muchos españoles, pese a estar en paro, rechazan por su horario o su poca consideración.

Pero el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en unas declaraciones que no pueden ser fruto de la improvisación, anunció la reducción “casi a cero” de la contratación en origen. Anuncio que gustó al PP, desconcertó a empresarios y sindicatos y desautorizó la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Pero con esta nueva propuesta, Corbacho vuelve a lanzar un mensaje que puede entenderse como una culpabilización a los inmigrantes del incremento del paro. Propuesta sin rigor, pero con una moraleja que penetra en la ciudadanía, como la que hizo hace unos meses sobre la invitación a marcharse a los inmigrantes en paro.

La propuesta de cobrar el subsidio de paro de golpe, a cambio de renunciar al permiso de residencia, olvidaba que los extranjeros más vulnerables a la hora de perder el empleo son los que poseen el permiso inicial o su renovación, es decir, los que se regularizaron hace tres años o llegaron después. Y quien ha cotizado sólo 15 o 30 meses, no tiene derecho a esas prestaciones que se estimaron suficientes para el retorno de 9.000 o 15.000 euros. A los que podría satisfacer la propuesta por tener derecho a una prestación importante son los que han cotizado cinco años. Éstos ya no están atados por el permiso de trabajo inicial a un sector, por lo que lo tienen más fácil para insertarse en otra actividad. Pero en el caso que no encontraran empleo, tras quedarse en paro, si llevan en España cinco años, en la mayoría de casos tendrán aquí a su familia, y es poco probable que renuncien al permiso de residencia y a todas las prestaciones educativas y sanitarias. Además, al estar aquí con familiares, soportarán mejor un periodo de desempleo dado que otros familiares trabajarán. Sugerir, como dijo Corbacho, que para solventar el paro cientos de miles de inmigrantes debían aceptar el subsidio y marcharse es mentir, dado que la mayoría de inmigrantes en paro no tienen derecho a ese subsidio. Anunciar que a causa del paro en unos sectores debemos reducir casi a cero la llegada de inmigrantes, también es faltar a la verdad.

Corbacho, con sus propuestas, recuerda a quien fue en 2002 el delegado del Gobierno para Extranjería, Enrique Fernández Miranda -el cual, argumentando que había 100.000 extranjeros inscritos en el INEM, eliminó la contratación nominal del llamado Régimen General- y lo que generó fue las mayores llegadas de irregulares. También anunció que se pagaría el billete de avión a decenas de miles de ecuatorianos para que regresaran a tramitar el visado y, ante lo disparatada de la propuesta, se le desautorizó. Corbacho, como cuando antaño Fernández Miranda repetía el mensaje de que la inmigración está tocando techo, miente a la ciudadanía. Y a la ciudadanía hay que explicarle que la inmigración, pese al paro en unos sectores, seguirá creciendo.

Parece que en esta ocasión es firme la voluntad del PSOE y el Gobierno de promover el derecho al voto en las elecciones municipales, en base a acuerdos de reciprocidad, para aquellos extranjeros que tengan residencia permanente en España. Una propuesta que el PSOE y el PP ya aceptaron en febrero y mayo de 2006, pero que después renunciaron a aplicar.

La reciprocidad al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales -votar y ser candidatos- está establecida en el artículo 13.2 de la Constitución, que permite regular el derecho al voto en estos comicios -en ningún caso para las generales y autonómicas- en base a convenios o tratados que permitan votar a los nacionales de países que concedan también el derecho al voto a los españoles allí residentes. Y es importante recordar que este artículo de la Constitución, que en el redactado de 1978 sólo reconocía el derecho al sufragio activo, es decir, votar, fue modificado en 1992 para adaptarlo a nuestros tratados con la Unión Europea, que establecen no sólo el derecho a votar en las municipales de los ciudadanos comunitarios residentes en otro país de la UE, sino también el sufragio pasivo, es decir, ser candidato.

Pese a que inicialmente se creía que para hacer esta modificación constitucional era preciso aprobarla por referéndum, el Gobierno consiguió los informes jurídicos necesarios para modificar dicho artículo mediante una simple ley.

Desde hace años, España tiene firmados acuerdos de reciprocidad con Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Noruega, si bien únicamente ha sido ratificado este último, por lo que en las pasadas municipales sólo pudieron votar y ser candidatos los miembros de los 26 restantes países comunitarios y los residentes noruegos. Ecuador, con quien todavía no se ha firmado convenio y cuya constitución vigente prohíbe el voto a los extranjeros, incluye en el proyecto de reforma constitucional, que ahora se debate, la extensión del derecho al voto a los residentes extranjeros, pero en cambio descarta el derecho a ser candidato. En otros países como Marruecos o Pakistán resulta impensable permitir votar a un extranjero.

Así, la reciprocidad genera una serie de contradicciones y agravios. Los ciudadanos de unos países -como es el caso de los comunitarios- podrán votar y a la vez ser candidatos; es decir, aspirar a ser concejales o alcaldes. En cambio, los de algunos otros países con quienes se firmen tratados podrán votar, pero en ningún caso estar en las listas. En cuanto a los de países cuyas leyes limitan el voto a los nacionales y los de países no democráticos, en ningún caso podrán votar.Para evitar las limitaciones de la reciprocidad, el 10 de julio de 2006 los diputados Diego López Garrido, en nombre del PSOE, y Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida, presentaron en el registro del Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que, tras instar al Gobierno a negociar con los países con mayor número de inmigrantes convenios de reciprocidad, proponía que se solicitara al Consejo de Estado un informe interpretativo sobre el artículo 13.2 de la Constitución que pudiera abrir la puerta al derecho al voto a los originarios de países cuyas leyes no van a permitir a un extranjero, o incluso a un nacional, como es el caso de las dictaduras, votar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la Constitución, que en la mayoría de los derechos que reconoce utiliza bien el sustantivo “los españoles”, bien el sustantivo “toda persona”, en el artículo 23, relativo al derecho a participar en los asuntos públicos utiliza el término “los ciudadanos”. Pero por los motivos que fueran, nada más registrarse en el Congreso esta proposición, el Gobierno y el mismo PSOE decidieron aparcar indefinidamente su tramitación.

Pese a las buenas intenciones de las declaraciones con las que el PSOE anunció hace unas semanas, en su congreso federal, el deseo de extender el derecho de voto en las municipales a los inmigrantes con residencia permanente, parece que en el mejor de los casos sólo podrán ejercer este derecho los inmigrantes originarios de algunos países latinoamericanos. Sin embargo, con la legislación de nacionalidad en la mano, puede darse la paradoja de que sea más fácil y rápido para éstos obtener la nacionalidad española con todos los derechos -sin perder la propia de origen- que beneficiarse de esta concesión del derecho de voto para las municipales. El artículo 22 del Código Civil establece que la nacionalidad española puede solicitarla aquel extranjero que lleve 10 años de residencia legal en España. No obstante, rebaja este periodo a sólo dos años para los iberoamericanos, filipinos y ecuatoguineanos. Es decir, un latinoamericano con dos años de residencia legal -cuando todavía no tiene la residencia permanente- puede solicitar ya la nacionalidad española. Trámite que antes tardaba 12 o 15 meses pero ahora, cuando más de 100.000 extranjeros lo solicitan anualmente, se demora dos o tres años, a no ser, claro, que se trate de futbolistas brasileños que consiguen jurar la Constitución al año.

¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que la propuesta de firmar acuerdos de reciprocidad, que mayoritariamente sólo se harán con Latinoamérica, servirá de poco si se exige para votar cuatro o seis años de residencia en España, pues en dicho periodo el latinoamericano, si lo desea, ya habrá alcanzado la ciudadanía plena tras la jura o promesa de acatamiento de la Constitución. En cambio, esta propuesta del derecho al voto en base a la reciprocidad margina a los inmigrantes africanos o asiáticos, los cuales, además, lo tienen mucho más difícil para acceder a la nacionalidad, no sólo porque se les exige 10 años de residencia legal en España, sino porque esta residencia legal debe ser continuada, y, lamentablemente, la mayoría de ellos, tras la obtención o renovación del permiso inicial, a causa de los laberintos burocráticos, han padecido periodos de irregularidad sobrevenida que les pone a cero el contador para la nacionalidad.

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la palabra ilegal significa “que es contra la ley”, y el término irregular, “que está fuera de regla”. Si nos referimos a la cualidad de una persona, veremos que el resultado es imposible, ya que nadie “es contra la ley” o “está fuera de regla”: lo único que puede ser tachado de ilegal o irregular es su acto o su conducta.
Un ejemplo: si alguien conduce demasiado deprisa, coge una cosa que no es suya o hace daño a otra persona, será ilegal o irregular su actuación, no él mismo. Esta reflexión se me plantea cuando leo las noticias publicadas con ocasión de la aprobación por parte del Parlamento Europeo, el pasado 18 de junio, y antes validada por los ministros del Interior de la Unión Europea, de la directiva llamada eufemísticamente “de retorno” –llanamente, de deportación–, ya que se han incorporado al acervo lingüístico colectivo expresiones como “los irregulares” o “los extranjeros ilegales”. Como ocurre con otras palabras modernas, quizá la Academia de la Lengua Española debería incorporar estas entradas en la próxima revisión de su diccionario, pero añadiendo junto a ellas una explicación: “Utilizado en ambientes xenófobos o por personas xenófobas”.

SIGAMOS CON la directiva. Les planteo el siguiente escenario: un país de África con grandes riquezas en materias primas, cuya explotación la hacen empresas europeas. En ellas trabaja personal europeo y, en un momento determinado, las autoridades de ese país deciden que sean sus propias empresas y su personal quienes gestionen esos recursos, para que, de esa forma, la riqueza generada se quede en el país. Al día siguiente, las autoridades dictan una ley que acuerda la expulsión del personal europeo residente en ese país, y, entretanto, se encarcela a los afectados durante seis meses, ampliables hasta 18. Se les hace saber su situación mediante un simple formulario, sin establecer motivos de hecho, y, ade- más, escrito en árabe o suajili, por ejemplo, y sin garantías de asistencia jurídica gratuita, sin un plazo determinado de control judicial –aunque, eso sí, sea revisable “lo antes posible”–, sin que puedan volver al país durante un plazo de cinco años y, finalmente, sin garantías de revisión estrictamente judicial de la decisión de expulsión. ¿Qué opinaríamos? Pues nos llevaríamos las manos a la cabeza, nos rasgaríamos las vestiduras y calificaríamos a dicho país de república bananera donde los derechos humanos y las libertades públicas no se respetan. Incluso habría quien abogaría por una acción de fuerza de represalia.
Ahora invirtamos el planteamiento: nosotros tenemos riqueza y trabajo, otros vienen a trabajar en lo que nosotros no queremos hacer, y, cuando la situación económica lo requiere, se aplica lo antes dicho. Entonces, nuestros gobernantes europeos, incluidos los de este país –salvo alguna honrosa excepción–, y la derecha española y europea en pleno dicen que debemos considerar esas medidas como necesarias para “fijar normas claras, transparentes y justas para establecer una política efectiva de retorno como un elemento necesario de una política de migración bien gestionada”, y eso se hace en el momento en que una de nuestras materias primas, el trabajo, se convierte en un bien preciado que debe ser conservado, pues la situación económica así lo requiere. Raro ¿no?
Lo dicho es para los adultos, pero el trato a los menores es más vergonzoso. A saber: “Antes de decidir la expedición de una decisión de retorno relativa a un menor no acompañado, se concederá la asistencia de los servicios adecuados distintos de las autoridades que hacen cumplir el retorno”. Esto es, no se prevé nin- gún organismo tutelar, y, además, los menores pueden ser tratados igual que los adultos en materia de privación de libertad para su deportación, aunque, “en la medida de lo posible”, se les facilite “alojamiento en instituciones con personal e instalaciones que tengan en cuenta las necesidades propias de su edad”. Con ello, la conciencia queda tranquila.

LA LEGISLACIÓN española se encuentra lejos de las previsiones de la directiva, pero ello sirve para que el presidente del Gobierno, el ministro de Inmigración y los dirigentes de la derecha ya planteen modificar nuestras leyes para ajustarlas a la directiva europea, de modo que las normas que hasta ahora nos parecen demasiado permisivas con los poderes gubernativos y que en alguna ocasión vulneran los derechos humanos se convierten en una referencia de bondad legislativa. Así, el debate en torno a la discusión y aprobación de la directiva ha reactivado otra vez la carga xenófoba de la ideología de la seguridad que lleva a relacionar delincuente con ilegal o viceversa.
Debemos tomar conciencia –como lo han hecho todas las oenegés que trabajan cerca de los inmigrantes, el alto comisionado de refugiados y dirigentes de países de Latinoamérica y África, e incluso la Iglesia– de que este modelo nos aísla claramente del resto del mundo, agravando aún más la incomprensión y el recelo hacia el modo de vida occidental, basado antes en los principios del Estado de derecho y en la primacía de los derechos humanos, y ahora en la defensa de privilegios y del estatuto de prima- cía económica.

Una emigrante americana quiere invitar a sus padres a pasar en España las vacaciones de verano -los afectos dolidos por la distancia, ya se sabe- y se pone a cumplimentar los requisitos exigidos por la Administración para obtener el visado de estancia temporal.

Las gestiones, obviamente, requieren pasarse algunas horas haciendo cola. La eficacia administrativa que publicitan los ministerios mediante costosas campañas publicitarias no afecta a las áreas gubernamentales encargadas de tratar a los emigrantes. Las instalaciones habilitadas a tal fin son de estética postfranquista, y los funcionarios destinados a dar y recibir información, folletos o cuestionarios son escasos y desganados.

Una vez que el emigrante llega a la ventanilla, algo que en ningún caso conseguirá si su jefe no le da permiso para abandonar en horas laborables su puesto de trabajo -único horario previsto por la Administración para materializar las obligaciones que le exige cumplir-, recibe una hoja sin membrete oficial en la que está toscamente mecanografiado el índice de documentos que debe ir preparando.

La hoja no alude a ningún párrafo de la normativa vigente ni menciona los derechos que el solicitante debe conocer en el caso de darse algún conflicto de interpretación. El documento se titula Modelo texto variable con requisitos que pueden ser exigidos.

La fórmula es una insólita declaración.

El Gobierno anuncia la ambigüedad de trato que ofrece al emigrante. No sólo omite cualquier referencia a la seguridad jurídica que debería ampararle como simple usuario de los servicios públicos, sino que hace ostentación de la ambivalencia de los criterios utilizados para dar curso a su petición.

“Requisitos que pueden ser exigidos”. ¿Por quién? ¿En qué casos? El documento no lo aclara. Tampoco el responsable de turno en la ventanilla: “Ya veremos”.

¿Acaso confía el Estado en la intuición del funcionario para detectar en el emigrante los rasgos que harán decisiva la necesidad, o la urgencia incluso, de un papel, una foto o un certificado?

Si a pesar de todo, el solicitante sigue empeñado en invitar a sus padres, deberá presentarse más tarde en la misma ventanilla, una vez que haya conseguido obtener, en otras ventanillas semejantes y haciendo colas parecidas, los siguientes documentos: “escritura pública o título de propiedad de la vivienda, contrato de arrendamiento, certificado o nota simple del registro de la propiedad, certificado municipal acreditativo del número de personas que conviven en el mismo piso, cualquier otro documento análogo que atribuya al solicitante la disponibilidad de la vivienda”.

El funcionario cansino explica al extrañado solicitante a qué se refiere el redactor del modelo texto variable cuando dice “cual quier otro documento”, pues puede servirle cuanto recibo de agua, gas o electricidad pueda reunir. Lo raro, sin embargo, es el etcétera que a bolígrafo añade el funcionario. Como si no bastara la “nota simple del registro de propiedad” que se le ha pedido, se deja al albur de la imaginación del emigrante la posibilidad de enseñar pruebas más fehacientes que corroboren de un modo irrefutable lo que se desea constatar.

Cuando el solicitante haya probado que está existiendo en algún lugar exacto de la geografía española, deberá demostrar el parentesco que tiene con los padres a los que quiere invitar y, a tal efecto, presentar la pertinente certificación de inscripción de nacimiento, “pública u oficial”, debidamente legalizada y, por supuesto, traducida.

La obsesión por los detalles que denota el modelo texto variable deja en evidencia hasta qué extremo el funcionario ha sido adiestrado en la técnica de descubrir los fraudes a los que, por lo visto, se ve sometido una y otra vez por emigrantes sin escrúpulos dispuestos a engañarle con tal de conseguir sus propósitos.

En el modelo texto variable se advierte, esta vez con letras mayúsculas, que “no se admiten copias escaneadas de ningún documento”. Y en el apartado de “pasaporte en vigor” recuerda que la copia del mismo debe estar compulsada por la Autoridad u Organismo Oficial con “sello legible”. Si el sello utilizado para certificar la autenticidad del pasaporte fuera una mancha borrosa, la copia sería rechazada o devuelta a su dudoso propietario.

Una vez “aclarado” el vínculo familiar con los invitados, debe certificarse que éstos existen, a su vez, en algún lugar, pues podría darse el caso de que los padres, aún viviendo, no pudieran demostrar que lo hacen en un domicilio concreto de su país, con lo cual no podrían recibir el permiso español para visitar a su hija durante las vacaciones.

Como el funcionario redactor del modelo texto variable ha caído en la cuenta de lo proclives que son, pese a todo, sus indolentes colegas de la ventanilla a dejarse engañar, debe imaginar nuevas exigencias para cada caso particular. Así, por ejemplo, si el emigrante desea invitar a un amigo o amiga, no estará exento de atravesar la sagaz inspección prevista por el reglamento. Como en este caso no puede existir el documento público que certifique la veracidad de la relación, el solicitante estará obligado a presentar una fotografía o cualquier otro “soporte audiovisual” que demuestre la existencia de esa supuesta amistad. También servirá, y así se afirma, una selección de la correspondencia que los amigos hayan intercambiado a lo largo de los años.

Es evidente que el modelo texto variable consagra un agravio claramente perjudicial para los padres del emigrante solicitante. Pues así como al amigo, para visitar España, le basta sentarse a escribir de vez en cuando alguna postal (pues no se detalla qué antigüedad o confianza deben reflejar las cartas para ser admitidas en ventanilla) o haberse hecho alguna foto o grabado unas escenas de compadreo, los padres, para visitar la misma España, han debido cargar durante años con los sacrificios de la paternidad y los gastos de educar a la hija que hoy, finalmente convertida en mujer, les invita a pasar con ella unos días de vacaciones.

No acaba aquí la relación de papeles que debe aportar el emigrante. Después de exigir el documento nacional de identidad, el pasaporte en vigor, la tarjeta de residencia -el original y la fotocopia-, el modelo texto variable incorpora la cláusula que puede contribuir definitivamente a dar por culminado el proceso iniciado por el emigrante el día que empezó a hacer cola en la ventanilla.

Además de los requisitos ya descritos, el solicitante debe obtener del presidente de la comunidad de propietarios del inmueble que habita un certificado que especifique el número de personas que conviven en la vivienda en donde el solicitante tiene previsto alojar a sus padres.

Esta es la más innovadora medida estrenada en el modelo texto variable por la Administración socialista de España. El requisito tiene un aspecto aparentemente inocuo, pero su rudimentaria redacción revela el alcance de una nueva arquitectura jurídica y política.

Hasta ahora, el vecino al que por turno le tocaba la presidencia de su comunidad se dedicaba a reclamar el pago de las cuotas, lidiar con albañiles, electricistas y fontaneros, aguantar al administrador de fincas con sus agoreras previsiones y desear el fin de su mandato.

Ahora, sin embargo, pertenece a la red social encargada de vigilar al emigrante, entrar en su domicilio particular (¿de qué otro modo podrá comprobar cuántas personas lo habitan?), y ejercer la potestad de certificar esto o aquello.

En suma, el modelo texto variable convierte al presidente de la comunidad de propietarios en un comisario político del Estado con el poder de conceder o denegar certificados de buena conducta. Así, de un modo espontáneo, mediante la requisitoria publicada en una hoja sin membrete oficial, los vecinos se incorporan a la red de movilización ciudadana impulsada por el Gobierno.

Un vigilante autorizado en cada edificio español contribuirá con su excitado celo a la arbitrariedad sancionada por el Estado y a su modo perfeccionará el maltrato psicológico dado al emigrante con el único fin de hacerle desistir por humillación.

Más de 1.300 agentes de nueve países europeos se han necesitado para desmantelar una de las mayores redes de traficantes de personas de Europa. Ha sido una operación compleja que ha logrado detener a 75 personas supuestamente implicadas en la extorsión de inmigrantes clandestinos que llegaban a pagar hasta 12.000 euros por entrar en la Unión Europea. Sólo gracias a la coordinación de Europol -la oficina de policía europea- y Eurojust -el servicio de cooperación judicial de la UE- se ha podido acabar con un negocio que se nutre de la desesperanza de tantas personas que sueñan con El Dorado europeo.

Ante el fenómeno de la inmigración irregular, los políticos tenemos dos opciones: mirar hacia otro lado y pretender que estos abusos no se producen, o buscar una solución. Durante años, el Gobierno del PP eligió mirar hacia otro lado y permitir que miles de inmigrantes se quedaran en nuestro país sin documentación y sin derechos, obligados a aceptar cualquier trabajo, a cualquier precio, para sobrevivir.

Desde que asumió el Gobierno el presidente Rodríguez Zapatero todos los socialistas españoles hemos trabajado por dar una solución al drama de la inmigración clandestina: potenciando la ayuda al desarrollo, firmando acuerdos de cooperación con los países de origen y de tránsito, y por supuesto convenciendo a nuestros socios europeos de la necesidad de actuar de forma coordinada, igual que ya hacemos en Europol y Eurojust. El señor Rajoy piensa que los socialistas no tenemos principios. Quizás debería preguntarse qué hizo él por los inmigrantes que ahora tanto le preocupan.

Nosotros hemos preferido afrontar el problema en vez de mirar hacia otro lado. Abandonarlos en un limbo jurídico y personal, dejados a su suerte sin medios para integrarse en nuestras sociedades después de haber atravesado el Estrecho engañados por las mafias, no encaja con nuestros principios.

Hemos peleado durante más de tres años para lograr una Directiva de Retorno europea que garantice el respeto a los derechos de los inmigrantes que deben regresar a sus países. Llegado el momento de la votación en el Parlamento Europeo había dos opciones: aceptar el acuerdo mínimo posible en un hemiciclo dominado por los conservadores, o volver al inicio de la discusión legislativa entre el Consejo y la Eurocámara, retrocediendo a 2005, cuando la Comisión presentó su propuesta. Cada uno de los eurodiputados socialistas españoles votó en conciencia, haciendo un ejercicio de responsabilidad. Sin ser el resultado que buscábamos, a la mayoría nos pareció urgente un marco común europeo, pues la Comisión estima que llegan entre 1,5 y 2 millones de inmigrantes a Europa cada año. Estas cifras no van a reducirse; muy al contrario, la inestabilidad global, la crisis alimentaria, el cambio climático y el imaginario de una Europa próspera empujarán a muchos más a venir, a menudo arriesgando sus vidas.

Hasta ahora, cada país europeo regulaba a su manera cómo se detenía, se retenía y se expulsaba a los inmigrantes irregulares. Y esto es a lo que la directiva ha puesto punto final, estableciendo un marco claro de garantías que todos los Estados deberán respetar. Con la aprobación de esta norma, el acervo comunitario ha incluido numerosas garantías de protección de derechos humanos para mejorar la situación en la que se encuentran los irregulares en muchos países europeos.

Creemos necesarias algunas aclaraciones a lo que se ha venido afirmando: la directiva garantiza en todos los casos la revisión judicial del procedimiento de expulsión y la comunicación por escrito de las decisiones de expulsión, en lengua comprensible y con indicación de las posibilidades de recurso judicial. Respecto a las condiciones del internamiento, garantiza el acceso de las ONGs. Además, los menores tienen garantizados en centros especiales de acogida sus derechos básicos (incluida la educación), y su repatriación sólo será posible, tras tomar en consideración el principio del interés superior del menor, a sus familiares, tutores o centros de acogida que cumplan los requisitos exigidos.

Numerosas instituciones internacionales (OCDE, Consejo de Europa y Comisión Europea) han elogiado el modelo español para gestionar la inmigración, que se basa en tres pilares: la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias, la apertura de cauces de migración legales y el apoyo a la integración en la sociedad de los inmigrantes que llegan, además de la cooperación con países terceros. En la Eurocámara hemos empezado a trabajar ya en la lucha contra las mafias a través de la Directiva sobre las sanciones a los empleadores de residentes ilegales y en la tramitación de un permiso único de residencia y trabajo, para que la inmigración sea una oportunidad tanto para los países receptores como de origen.

Europa seguirá siendo tierra de acogida y abanderada en la defensa de los derechos y libertades en el mundo. Europa no es una fortaleza, y muestra de ello es que en España hemos acogido en los últimos años un número de inmigrantes similar a la población de Irlanda, cuatro millones de personas. La inmigración que queremos es la de personas con derechos y obligaciones.

A fines de los noventa, mientras preparaba mi doctorado en Salamanca, descubrí que era latinoamericano. Durante los 30 años que viví en México jamás reparé en esa condición: sólo el contraste con mis anfitriones españoles, más directos y claros que mis compañeros costarricenses, venezolanos y colombianos, me hizo sentir parte de la comunidad bolivariana. La identidad, comprendí entonces, es mutable y se construye en perpetuo contraste con los otros.

Aun así, frente a los conflictos que desgarraban a otros países europeos, en esa época España lucía como un paraíso para los inmigrantes, en especial para los pocos que, como yo, disfrutaban de un visado. Salvo un par de ocasiones en que, con más torpeza geográfica que discriminatoria, fui llamado sudaca, siempre me sentí bien acogido, en casa.

Más o menos en esa época el presidente del Gobierno español proclamó: “España va bien”, y de la noche a la mañana miles de ciudadanos de países que no iban tan bien giraron sus brújulas hacia esa nación cuyos habitantes tanto se enorgullecían de su hospitalidad hacia los extranjeros, acaso porque aún no se topaban con ellos en cada esquina.

Han pasado diez años desde entonces y España ha dejado de ser aquel reducto. Sus grandes ciudades se han poblado de restaurantes mexicanos, peruanos y argentinos -por no hablar de marroquíes-, símbolos de los cientos de miles de latinoamericanos que ahora viven y trabajan, con o sin papeles, en sus tierras.

Como era natural que sucediera, el racismo y la discriminación han aumentado ante este flujo repentino, pero no de manera alarmante. Incluso, adelantándose a su tiempo y despertando la ira de la derecha europea, el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó una amplia regularización de indocumentados -para usar el término de los mexicanos en Estados Unidos- aunque, como me hizo ver José María Ridao hace poco, en términos económicos se tratase más bien de una regularización de empleos.

De forma predecible, la derecha no tardó en aprovechar el descontento o la simple molestia de ciertos sectores de la población -los parados o quienes de pronto se fijaban en el acento o el color de la piel en las filas de los servicios sociales- para obtener un beneficio electoral. Sin papeles y extranjeros ilegales comenzaron a llenar las primeras planas gracias a políticos sin escrúpulos que confiaban en ganar votos recogiendo -o de plano inspirando- el miedo de sus electores.

Menos previsible ha sido la forma cómo el actual Gobierno socialista ha reculado frente asus posiciones anteriores y, en vez de priorizar la defensa de los derechos humanos -uno de sus principios esenciales-, ha preferido congraciarse con la derecha europea.

Hay que repetirlo con claridad: el nacionalismo es -siempre ha sido- una fuente de discriminación basada en el más puro azar. Uno no puede decidir dónde nacer -el jus soli- o de dónde son sus padres -el jus sanguini-, de modo que el acta de nacimiento, el pasaporte y el DNI son instrumentos que el poder impone a los individuos de forma arbitraria: el biopoder denunciado por Foucault.

¿Qué diferencia a un niño nacido en Albacete de padres españoles de uno nacido en Madrid de padres ecuatorianos, aun si éstos son ilegales? Nada, excepto que uno de ellos puede ser enviado a un lugar que ni siquiera conoce y el otro no. ¿Y a un adulto peruano y uno español, ambos con empleos legales en Madrid? Nada excepto que, sin haber cometido delito alguno, uno puede ser internado durante semanas en una cárcel -desterremos el eufemismo un centro de detención- o expulsado del hogar que ha elegido libremente -repatriado- y otro no. Ambos trabajan, ambos pagan impuestos, ambos se ganan la vida. ¿Por qué esta injusticia? Porque a uno le hace falta un papel: eso es todo.

Mi amigo Nacho Padilla, también alumno de Salamanca, escribió un magnífico cuento para niños, Los papeles del dragón típico. Un día el dragón de los cuentos extravía sus papeles -aquellos que lo acreditan como dragón- y a partir de entonces ninguna princesa acepta ser raptada por él y ningún príncipe quiere combatirlo. Poco a poco deja de ser relevante y al final se desvanece. Carecer de papeles significa dejar de existir. O, en nuestro mundo, dejar de ser visto como humano.

La nueva directiva europea sobre inmigración, como las que existen en otros países -incluido, dolorosa y patéticamente, el mío, México-, legitima la discriminación de Estado. Todos odiamos las comparaciones con el nazismo, pero ello no impide denunciar la lógica fascista de este tipo de ordenamientos. Ahora nos parece monstruoso que se haya discriminado a los judíos a causa de su “raza”: un concepto inventado por el poder para legitimar la persecución. ¿No es igual de atroz discriminar a alguien por su “nacionalidad”, otro concepto igualmente arbitrario?

En su artículo 13, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Uno tiene derecho a vivir y trabajar legalmente en cualquier parte: interpretar este precepto de otra forma significa acotar, impunemente, la igualdad entre los seres humanos. Duele oír que los socialistas españoles hablen de regular la “inmigración legal” y rechazar la “inmigración ilegal”, porque en esta última sólo cabrían quienes han sido arrancados de su país contra su voluntad y, aun en ese caso, la ilegalidad sólo afecta a los tratantes, no a las víctimas.

Basta de hipocresías: la derecha ha ganado la partida desde el momento en que incluso la izquierda teme defender a seres humanos que sólo persiguen un mejor nivel de vida y cuyo único delito es no haber nacido en el lugar correcto. Hace unos meses viajé de México, donde ahora resido, a Barcelona, una ciudad tan importante en mi mundo imaginario como Salamanca. Por primera vez el guardia fronterizo me exigió mi boleto de regreso y me llenó de improperios al no poder mostrárselo. He vivido casi cinco años en España y no tengo dudas: también es mi país aunque no tenga -y quizás nunca vaya a tener- papeles para demostrarlo. De tenerlos, hubiese votado por los socialistas. Y ahora me sentiría doblemente dolido al constatar su olvido y su traición.

La geografía humana en Europa ha mudado su piel en apenas una década, y con especial incidencia en los países mediterráneos. Según algunos estudiosos, cuando este cambio afecta al 10% de la población, las sociedades tienden al reajuste. Es algo que está ocurriendo en nuestro país, donde la tasa de inmigración ya alcanza el 9,6% de la población, y donde en comunidades como la valenciana dicho porcentaje se sitúa en el 16%.

Esta realidad ha de ser asumida sin alarmismos, porque la historia del hombre es, también, la historia de las migraciones. Un fenómeno que en los últimos años ha crecido mucho más intensamente, al amparo de la pujanza de las economías occidentales. A ello se ha unido el abaratamiento de los viajes aéreos y la revolución tecnológica que ha hecho posible, ahora sí, que el mundo sea, cada vez más, la “aldea global” que ya prefiguró McLuhan.

En apenas siete años han llegado a nuestro país casi cuatro millones de personas. Lo que sitúa a España como el país con un mayor porcentaje de extranjeros de entre los cinco más poblados de Europa. Es decir, en términos relativos, España tiene más inmigrantes que Alemania, Francia o el Reino Unido, que son los países que han sido destino tradicional de la inmigración durante los últimos 50 años.

No podemos decir que haya sido una acogida conflictiva, sino, en general, armoniosa, al margen de ocasionales sucesos marcados por la xenofobia o el racismo. La sociedad española ha sabido y sabe convivir. Tal vez porque nuestro país, al margen de lo que sostienen los ya residuales puristas de las esencias étnicas, es un estado que ha recibido infinidad de influencias culturales a lo largo de su historia. Ese mestizaje es, además, el horizonte de todo el planeta.

España necesita a los inmigrantes. En términos económicos, y también en términos culturales o sociales. Basta con recordar el incremento de la natalidad, o la contribución al sostenimiento de las arcas de la Seguridad Social. O la entrada de la mujer en el mercado laboral gracias a la presencia de inmigrantes en el ámbito doméstico, tanto en la atención a la infancia como a la tercera edad.

Ahora bien, la inmigración desordenada puede ser una fuente de conflictividad social, máxime en tiempos como los actuales, cuando los vientos de crisis arrecian con fuerza, y la destrucción de puestos de trabajo afecta directamente a colectivos muy vulnerables como el de los inmigrantes.

Se puede decir que el fenómeno de la inmigración en ningún país ha sido resuelto de un modo satisfactorio. Si nos atenemos a la experiencia europea, podemos colegir que ni el modelo asimilacionista francés ha funcionado, ni el criterio alemán de considerar a los inmigrantes como trabajadores invitados, ni tampoco el modelo multiculturalista británico, que, como dice Sartori, es pernicioso, pues “divide, enfrenta y lleva directamente a un proceso cuyo fin posible es la antítesis del pluralismo”. En cuanto a quienes consideran exitoso el modelo norteamericano, debemos recordar que su estructura es de aluvión y que se asienta sobre la emigración europea o latinoamericana, dos regiones del planeta con unas bases culturales e históricas semejantes.

El caso europeo en este inicio del siglo XXI es diferente, y en España su intensidad lo convierte en novedoso. El Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero ha tratado, durante los últimos cuatro años, de amilanar a cuantos veníamos advirtiendo del descontrol de la política migratoria española, para acabar dándonos la razón a quienes exigimos la incorporación de España a la política común europea en materia de inmigración. Por cierto, incorporación que si no se hace para reforzar los derechos humanos, la dignidad de las personas y las garantías asentadas sobre la libertad y la igualdad, será un nuevo bandazo a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno socialista. Se puede estar sin papeles pero no sin derechos.

Recientemente se ha perdido en el Parlamento español una excelente oportunidad para reconducir esta situación con la iniciativa no legislativa del PP para poner en marcha el contrato de integración que ya existe en otros países europeos. Es difícil pensar que los partidos políticos representados en las Cortes españolas no puedan ponerse de acuerdo en un asunto tan importante. Pero no vamos a entrar ahora en el debate de las denominaciones sobre contratos de integración o pactos sobre inmigración. Es el momento de alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales. Vale la pena asentar las bases de la convivencia futura, cuyos pilares fundamentales son el respeto por la diversidad, la convivencia cultural armoniosa y el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos.

El tiempo empieza a correr en nuestra contra si no somos capaces de poner en marcha iniciativas entre las comunidades autónomas y el Gobierno central en la línea de las propuestas europeas. Todo ello, naturalmente, desde una postura de nítida defensa de los derechos y libertades frente a cualquier política restrictiva. Aunque ésta proceda de la Unión Europea.

Es imprescindible, además, alcanzar la máxima cooperación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Porque si bien la inmigración es competencia exclusiva del primero, las segundas tienen atribuciones en políticas como la sanidad, la educación, la vivienda, servicios sociales… de las que son titulares los inmigrantes. De manera prioritaria debe resolverse la contradicción existente entre un Estado central convertido en el gran recaudador de los ingresos que generan los inmigrantes al tiempo que las comunidades autónomas y los ayuntamientos asumen los gastos.

Llegados a este punto, es preciso encontrar un espacio para el acuerdo político. Sobre todo cuando ya se conocen las líneas estratégicas de la política migratoria europea. Ahora que el discurso de Rodríguez Zapatero empieza a acercarse a Europa, es el momento de abrir nuevas vías para la integración, que han de plasmarse en una legislación avanzada y de compromisos sociales e individuales para todos.

A través del reto de la integración el inmigrante tiene la posibilidad de acceder a una doble identidad. La de origen y la de destino. Por un lado, tiene que mantener su cultura, siempre que ésta sea compatible con los derechos y deberes que marca la Constitución española, y por otro lado, debe conocer lo mejor posible el país y la sociedad a la que se ha incorporado voluntariamente. El inmigrante debe tener la posibilidad de acceder a los conocimientos básicos de la sociedad de acogida. De su realidad plural y multilingüe, siquiera en un plano elemental. Se trata de los conocimientos imprescindibles para la vida en sociedad.

En este sentido, la Generalitat Valenciana está elaborando una iniciativa política cuyo objetivo último es fortalecer la convivencia y evitar cualquier resquicio para la xenofobia y el racismo. Y lo estamos haciendo en el estricto ámbito de las competencias autonómicas, desde la lealtad y complementariedad que exigen las políticas de Estado sobre la inmigración que debe fijar el Gobierno de la nación en colaboración con las Administraciones territoriales.

Europa ha marcado los límites de una política hoy por hoy imprescindible. La responsabilidad del Gobierno socialista debe reconducir sus propuestas migratorias hacia el respeto a esos límites. Y, finalmente, las comunidades autónomas tenemos la obligación de elaborar modelos que complementen tales actuaciones. No se puede perder un minuto más.

Si un cambio positivo tuvo la política de inmigración del exministro Jesús Caldera, en la anterior legislatura, fue la creación de un sistema de contratación en origen para aquellos trabajos en los que había falta de mano de obra española. Trabajos que se recogen en el catálogo de empleos de difícil cobertura, y por los que puede contratarse nominalmente y llevar a España a alguien del extranjero o a un extranjero que está aquí sin papeles y viaja a su país a tramitar el visado, sin tener que esperar meses a que el Inem acredite que no hay españoles dispuestos a cubrir aquel puesto. Se agilizó, también, otro procedimiento para las contrataciones colectivas de grandes empresas y sindicatos agrarios, que seleccionan en origen a los trabajadores. Este segundo sistema sigue funcionando con rapidez, mientras que el primero, la contratación nominal –utilizado por pequeñas empresas y familias que necesitan una asistenta o cuidadora de ancianos–, se atasca ahora en países como Ecuador o Marruecos en la demora de 6 o 10 meses de expedición del visado. Pero, a pesar de los problemas actuales con el visado, se regularon procedimientos para traer con papeles a los extranjeros que absorbiera el mercado, y el índice de irregularidad bajó, pasando de 1.647.011 extranjeros con permiso de residencia en enero del 2004, a 3.979.014 en enero del 2008.

Y ES QUE si una evidencia se ha demostrado desde que España empezó a atraer mano de obra extranjera en los 80 y 90, es que el mercado absorbe –indistintamente de si tienen o no papeles– a los trabajadores que necesita para cubrir aquellos puestos vacantes, bien por falta de mano de obra a causa de la caída de la natalidad, bien por el rechazo de la población a hacer ciertos trabajos. Cada vez que se ha querido restringir la llegada de nuevos inmigrantes regulares, con la excusa de que hay paro o que quizá ya son demasiados, lo que se ha logrado es un efecto llamada de aquellos irregulares que pueden entrar como turistas por Barajas o la Jonquera. Y si hay otra cosa que se ha demostrado cierta es que, lamentablemente, en tiempos de crisis como los que vienen ahora, muchas empresas se sirven de extranjeros con papeles o sin ellos para reducir costes, pues aceptan trabajos mal pagados que la mayoría de españoles rechazan.
¿Qué quiero decir con todo ello? Pues que por más que sea cierto que decenas de miles de extranjeros están perdiendo su trabajo en sectores como la construcción u otros dependientes de él, y que algunos miles puedan acogerse a los programas de retorno voluntario, cobrando de golpe el paro y renunciando al permiso de residencia, es inútil y contraproducente engañar a la ciudadanía con discursos como el del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que genera expectativas desaforadas sobre la eficacia de estos incentivos al retorno.
Una cosa es facilitar a los pocos que quieran regresar a su país su marcha, y la otra dar expectativas de que a medio o largo plazo vayan a marcharse un millón. Lo mismo ocurre con las propuestas de Corbacho para impedir el reagrupamiento familiar de los abuelos y los jóvenes de entre 16 y 18 años. El reagrupamiento familiar no es solo una forma tranquila de traer a personas con papeles. Es también un hecho de justicia ligado a la dignidad humana. Los ancianos pueden ser improductivos, pero tendrán aquí a los hijos y los nietos trabajando y contribuyendo. Por lo que respecta a los jóvenes de entre 16 y 18 años, son acogidos por el núcleo familiar que ya está aquí, y, al poder trabajar bien pronto, no son ninguna carga para la Hacienda pública, sino nuevos contribuyentes.
Afirmar que sería conveniente que marcharan un millón de inmigrantes o que ya no podemos acoger a los padres de los que sí tienen papeles, vivienda y estabilidad eco- nómica, es sugerir que esa gente sobra; es repetir, como hacía el PP mientras gobernaba, que no cabemos todos o que son una carga insoportable para el Estado del bienestar. Y recordemos que, mientras el PP decía esto, se producían las mayores entradas de irregulares que acababan encontrando trabajo y después obtenían papeles en regularizaciones extraordinarias.

PODEMOS entender la inquietud de Corbacho por el aumento del número de inmigrantes ya que él, cuando era alcalde, tuvo que gestionar la acogida de decenas de miles en L’Hospitalet de Llobregat, muchos más de los esperados. Pero esto no justifica este cambio brusco de discurso y subirse al carro de la controvertida directiva del retorno aprobada el día 18 por la Unión Europea, que permite internar 18 meses a un irregular y expulsar, a países diferentes del suyo, a menores. Es cierto que en algunos países de la UE el número de inmigrantes ha tocado techo, pero la mayoría de estudios demográficos coinciden en decir que, pese a la crisis, España, a causa de la baja natalidad, necesita aún a muchos inmigrantes. Y hacer irse los que sobrarán de la construcción para traer a otros a los que habrá que formar es un disparate. Lo que hay que hacer es flexibilizar los permisos de trabajo para permitir que, quien quede en el paro, pueda trabajar de inmediato en otro sector. Así damos los trabajos que se crean a los que ya están aquí y evitaremos que se conviertan en irregulares o que trabajen en la economía sumergida en un sector para el que no tienen permiso, mientras cobran el paro.

Tema: Los resultados educativos de los hijos de los inmigrantes españoles son ahora netamente inferiores a los de los autóctonos.

Resumen: Los niños y adolescentes inmigrantes suponen ya un 10% de los alumnos españoles en la enseñanza primaria y secundaria obligatoria y una buena parte de ellos procede de países con lenguas diferentes a la española y con niveles educativos generales inferiores a los españoles. El abandono escolar es más alto entre ellos y son minoría los que se incorporan al Bachillerato o a la Formación Profesional. El hecho de que, como muestra el estudio PISA, sus resultados educativos sean inferiores a los de los autóctonos produce como efecto estadístico un descenso en la media global española.

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La nueva directiva europea sobre inmigración ilegal, que propone unas normas comunes para la retención y expulsión de extranjeros sin papeles, se inscribe en la lógica de endurecimiento adoptada a partir del Consejo Europeo de Tampere, en 1999, y formalizada en el Programa de La Haya, en 2004. La directiva de 2005 sobre el retorno de extranjeros en situación irregular, ya muy severa, es hoy objeto de modificaciones sustanciales, siempre en el sentido de la restricción de las condiciones de entrada y del derecho de asilo. No en vano se han introducido cuatro disposiciones altamente simbólicas sobre el retorno voluntario, la retención, la readmisión y los menores.

La directiva pretende abrir la posibilidad de un retorno voluntario en un plazo de cuatro semanas. Pero la formulación es extremadamente ambigua: llama retorno voluntario a lo que en realidad es un retorno obligatorio. Así, el artículo 6, párrafo 2, sitúa al extranjero ante obligaciones permanentes, como, por ejemplo, las de tener que “presentarse regularmente ante las autoridades, depositar una garantía financiera, entregar documentos o residir en un lugar determinado”. Al adoptar estas medidas tan restrictivas, los Estados aceptarán muy probablemente aumentar su participación en la financiación del retorno, lo que confirma su voluntad de obligar a los extranjeros a regresar a sus países de origen.

En cuanto a la duración de la retención, la UE creó hace ya unos 10 años la denominada política de “externalización”, esto es, una serie de campos de internamiento prácticamente al margen del derecho. Ahora se trata de legislar la duración de la retención en el interior de la UE. Se fija en seis meses (artículo 14) el periodo de internamiento previo a la repatriación, aunque podrá ampliarse hasta los 18 meses. El proyecto inicial de la Comisión proponía una duración máxima de seis meses. Pero los Estados miembros, que aplican plazos de retención muy diferentes -que pueden ir desde los 32 días en Francia o los 42 en España hasta la detención ilimitada-, se han puesto de acuerdo en adoptar la media de… ¡18 meses!

Los partidarios del endurecimiento de las reglas presentan ese plazo como una victoria frente a los Estados más represivos, que practican la retención ilimitada. Pero ¿no implica también permitir a los más garantistas la posibilidad de pasar de 32 días a 18 meses? La armonización al alza del internamiento no puede ser un “avance”, y menos aún cuando, en ausencia de una estrategia de gestión común de la demanda migratoria internacional hacia Europa, parece más que probable que, de aquí a algún tiempo, haya que aumentar de nuevo el plazo de retención.

Esta disposición viene acompañada de otro cerrojo a la readmisión en el territorio europeo del extranjero expulsado. A partir de ahora, éste no podrá presentarse en las fronteras de la Unión hasta pasados cinco años, o más, si ha sido clasificado como amenaza para la seguridad (artículo 9). En la práctica, se trata de la institución de un verdadero delito de inmigración. Berlusconi, siguiendo las propuestas de los ministros neofascistas de su Gobierno, ha llevado esta lógica de penalización hasta sus últimas consecuencias al introducir en el código penal italiano un “delito de inmigración clandestina”, castigado con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión. Los responsables europeos dicen no aprobar tal decisión, pero ¿acaso no está implícita ya como posibilidad en la concepción de la inmigración ilegal como delito?

La tercera disposición concierne a los menores. Nadie ignora que éstos plantean un problema grave y que hay que legislar en la materia; prácticamente todos los países de la Unión deben hacer frente a esta nueva forma de inmigración. Lejos de nosotros la idea de arrojar la primera piedra contra la UE. Pero, ¿cómo reaccionar?

Dado que el derecho de los menores es uno de los más protegidos, no es posible equipararlo simple y llanamente con la lógica represiva que prevalece respecto a los adultos solicitantes de asilo. Ahora bien, el artículo 14 de la directiva establece que los Estados tendrán derecho a retener a los menores durante el mismo tiempo que a los adultos, aunque, añade, no será en “establecimientos penitenciarios ordinarios”. Pero esos “lugares específicos” no se definen en ninguna parte. La directiva pretende respetar el principio del “interés superior del niño” remitiéndose a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989). Pero, hay que recordarlo, la convención no prevé en lugar alguno la posibilidad de la detención de los niños a causa de la inmigración ilegal.

Por otra parte, en la directiva se perfila entre líneas una tendencia a la desjudicialización de los procedimientos de detención y expatriación extremadamente peligrosa. Así, el artículo 14, párrafo 2, postula que “las decisiones de internamiento temporal serán tomadas por las autoridades judiciales”, pero precisa que “en caso de urgencia podrán ser tomadas por las autoridades administrativas (…)”, para, a continuación, ser confirmadas por las autoridades judiciales en un plazo de 72 horas. Ahora bien, en la práctica, esta sustitución de la competencia de la autoridad judicial por la de la autoridad administrativa tenderá a sistematizarse e, inevitablemente, tendrá consecuencias nefastas en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere.

Esta directiva viene acompañada por una ofensiva de la futura presidencia francesa de la UE destinada a hacer aún más difícil la integración de los inmigrantes. Nicolas Sarkozy pretende imponer el “contrato de integración” existente en Francia a la asamblea de socios europeos. Se trata de codificar unas reglas de asimilación de las normas y costumbres de los países de acogida que los candidatos a la inmigración tendrán que adoptar obligatoriamente. Evidentemente, eso deja la puerta abierta a una arbitrariedad aún mayor de los Estados en la lógica de selección que quieren poner en marcha para la acogida de extranjeros. La presidencia francesa también quiere conseguir que se admita el principio del rechazo a las regularizaciones “masivas”, para evitar un “efecto llamada” que pudiera tener repercusiones en todos los países europeos.

Son propuestas muy problemáticas, pues aspiran a imponer un modelo identitario común (el “pacto sobre inmigración”) a naciones cuya política es diferente a la francesa, y a controlar el derecho de cada país a decidir su propia política demográfica. En efecto, ¿qué significa “masivo”? ¿Por qué nadie precisa las cifras? ¿Y es que las naciones europeas ya no tienen derecho a incrementar su población cuando lo necesiten mediante las regularizaciones?

Los contenidos de esta directiva europea y el de las propuestas francesas son muy inquietantes. La necesidad de legislar sobre los refugiados solicitantes de asilo y sobre la inmigración ilegal es evidente, pero ¿siempre hay que hacerlo desde una perspectiva únicamente represiva y arbitraria? En cualquier caso, la inmigración continuará. Y la destrucción progresiva del derecho de asilo no solucionará nada.

Desde el Tratado de Maastricht, Europa ha entrado en un ciclo globalmente negativo sobre el asilo. La reducción progresiva de este derecho conduce a restricciones importantes. Uno de los escándalos más inmorales de los últimos años es el caso de los refugiados iraquíes. Desde la invasión de Irak, más de 2,4 millones de personas han abandonado ese país. Entre 2003 y 2007, alrededor de 100.000 iraquíes pidieron asilo político en Europa, de los cuales 40.000 lo hicieron entre 2006 y 2007. ¿Es mucho? Pues bien, Siria, cuyo PIB es mucho más bajo que el de la UE, ha acogido a 1,4 millones de iraquíes.

De hecho, la situación real de Europa y el resto del mundo en materia de acogida o rechazo de los solicitantes de asilo está marcada por una profunda desigualdad: Europa recibe un número de solicitudes de asilo relativamente bajo comparado con los millones de personas que emigran en el interior de África, Asia y las regiones fronterizas con Europa. No hay una “explosión” del número de refugiados propiamente dicha; hay sobre todo un endurecimiento continuo de las reglas de entrada que incrementa objetivamente el número de rechazos y, en consecuencia, el número de “expatriables” en las fronteras. Pero esto no impide a la Unión seguir endureciendo aún más su legislación.

España es el segundo país del mundo, tras EEUU, en flujo migratorio y, si nos atenemos a los informes de Naciones Unidas de 2007, el décimo en número de residentes extranjeros con casi 4.500.000 -de ellos, el 33% no tiene permiso de residencia-. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2.073.658 estaban dados de alta en la Seguridad Social en marzo de este año.

Durante el periodo 2000-2006, más del 38% del crecimiento medio del PIB anual de España se puede asignar a la inmigración. Por comunidades, el efecto mayor se encuentra en Baleares (82,08%), La Rioja (69,61%), Comunidad Valenciana (60,41%), Canarias (55,21%), Murcia (54,18%), Cataluña (45,24%) y Madrid (44,80%). Estamos, por tanto, ante un fenómeno que no tiene vuelta atrás. Sus beneficios sociales, económicos, culturales y humanitarios están fuera de toda duda. Pero no es menos cierto que, por su novedad, es un fenómeno que requiere iniciativas novedosas.

La inmigración es intensamente beneficiosa para los países receptores. Pero su aporte a las regiones de acogida tiene su contrapunto en la descapitalización humana de los países de origen. Y más aún. Como ocurre en todo fenómeno social, una mala gestión puede trastocar todos los beneficios. El ejemplo más claro es la pésima gestión del fenómeno de la inmigración en los últimos años por parte del Gobierno socialista. Se ha pasado de la política de aventuras de la pasada legislatura al discurso de contención actual. Un cambio radical de posición mientras el número de personas en situación irregular continúa creciendo.

La inmigración es un fenómeno positivo. La suma de sus ventajas es muy superior a los peligros que acechan su mala gestión. Hay enriquecimiento cultural mutuo. La tolerancia se pone a prueba y se afianza. Las condiciones de vida de muchos de ellos se ven mejoradas. Las sociedades suman proyectos y propuestas, y establecen nuevos vínculos tanto desde el punto de vista humano como de las relaciones políticas. Y eso por no hablar de las ventajas económicas.

Los nuevos españoles han aportado más de un tercio del crecimiento económico de este país. Han generado superávit para los presupuestos públicos y han dinamizado la demanda de diversos sectores económicos. Han impulsado la demanda de bienes y servicios, especialmente en los capítulos de vivienda, alimentación y transporte. Y, además, las remesas enviadas a sus familias han ascendido a 8.300 millones de euros. Una cifra muy superior a la que España destina a cooperación exterior.

Sin embargo, el debate sobre las migraciones es complejo. Sus aristas afectan al lado humanitario de las sociedades. También al económico, al social y al cultural; pero especialmente al humano. En una sociedad moderna, los derechos van más allá de la Declaración de Derechos Humanos. No hay que blindar las sociedades ricas, pero hay que establecer los cauces legales para que toda persona que emigre a otro país pueda hacerlo con garantías jurídicas, laborales y sociales.

Sin entrar en el asunto de las competencias estatales o autonómicas, y dejando de lado los asuntos referentes a vigilancia de límites y fronteras, regulaciones o extradiciones, lo evidente es que las personas extranjeras que viven en España lo hacen en el seno de una sociedad democrática. Y ésta tiene sus normas, su historia y una capacidad propia de regenerarse, compartida por la mayoría y abierta al intercambio. A nadie se le debe obligar a formar parte de ella. Pero nadie tampoco debe atacarla. Hay que enriquecerla. Y eso es la integración: un compromiso voluntario del ciudadano con la sociedad de acogida. Ni un paso más. Pero tampoco ni un paso menos.

Este es el eje sobre el que gira la propuesta de inmigración de Mariano Rajoy para toda España, y que, en el ámbito competencial autonómico, la Comunidad Valenciana pone en marcha desde el respeto constitucional a las competencias, tanto estatales como autonómicas.

De lo que se trata es de que quien llegue pueda tener acceso al conocimiento de las nociones básicas para la convivencia en la sociedad española, y de que, a través de ese conocimiento, ellas mismas sean las que decidan el grado o la intensidad con la que quieran llevar su integración social, o de participar socialmente, sin necesidad alguna de renunciar a su cultura y a su modelo individual y social, siempre que no entre en colisión con la legalidad de la sociedad de acogida.

Los ciudadanos españoles tenemos una larga tradición de educación obligatoria. Desde la escuela se inculcan valores como el humanismo, la democracia, la participación o la solidaridad. Unos valores que, pese a su extensión por todo el mundo, no han cuajado de igual modo en todas las regiones del planeta. Y eso genera distorsiones internacionales. Pero en el actual fenómeno de la inmigración muchas de estas tensiones, aun cuando individuales, pueden irradiarse a sociedades aparentemente inmunes.

Muchos países europeos han dado ya esta paso. Sociedades avanzadas en países como Bélgica, el Reino Unido, Francia, Suecia o Dinamarca han hecho de la integración un compromiso entre la sociedad de acogida y el recién llegado.

Este es el caso del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que, dentro del marco constitucional de sus competencias, mediante una iniciativa legislativa, quiere ofrecer a los ciudadanos extranjeros la posibilidad de comprometerse voluntariamente. Un compromiso que agilizará enormemente el proceso de información sobre la sociedad valenciana y española y hará que las personas extranjeras recién llegadas puedan resolver con mayor facilidad sus dudas y buscar soluciones a sus problemas a través de las distintas organizaciones e instituciones públicas y privadas que estarán a su disposición con ese fin.

Una actuación del Gobierno de la Generalitat por la que se compromete a poner a disposición de los recién llegados los instrumentos necesarios para favorecer su integración, como cursos de idiomas, formación, contextualización social, etcétera. Y asume el compromiso de respetar la cultura de estas personas siempre que sea acorde con nuestro marco democrático-constitucional.

Por otro lado, los extranjeros residentes en la Comunitat Valenciana se comprometen a conocer y respetar los valores, principios y costumbres españolas y valencianas, así como a utilizar los medios que pone a su disposición la Generalitat para facilitar su integración.

Es una medida útil, integradora y beneficiosa para el conjunto de la sociedad valenciana y que debería ser tomada como ejemplo dentro del ámbito del Estado español, estableciendo unas pautas básicas de compromiso para todos los extranjeros no comunitarios que lleguen a España, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan, que podría ampliarse con las peculiaridades de cada una de ellas.

Un instrumento que, como su propio nombre indica, pretende impulsar la integración social de las personas inmigrantes que aquí residen, porque nuestra sociedad requiere de esa integración social para conformar un futuro sin tensiones sociales, ni discriminaciones por cuestión de raza, sexo o confesión, tal y como proclama nuestra Constitución.

Quisiera compartir con el lector una experiencia reciente. Es la primera vez que me ocurre en mi vida docente, que ya viene de lejos y que acabo de recuperar al reincorporarme como catedrático de Filosofía al Instituto San Vicente Ferrer de Algemesí. Hace escasos días, una alumna marroquí acudió a la sala de profesores. Inicié una conversación con ella, usando francés y español, pero era difícil. Mi alumna es de Rabat, se llama Hanna y no habla francés con fluidez, tan sólo árabe. Me interesé por su libreta, en la que identificaba objetos nombrados en español con las correspondientes palabras árabes, y al contrario. Le pregunté si podría hacerme una redacción, siquiera somera, sobre un tema. Y le propuse el siguiente: “¿Qué es bueno para ti?”. Me dio, como pudo, su palabra de intentarlo.

Desde ese momento, siempre que nos encontramos en el instituto corre hacia mí, con una enorme sonrisa, me dice en un mal español “Buenos días, profesor”, y tiende su mano para estrechar la mía.

Puede ser una anécdota, pero para mí tiene cierta trascendencia. En los últimos tiempos se escuchan demasiados mensajes repletos de rusticidad y sinsentido dirigidos contra los inmigrantes en suelo español. Y en particular desde aquellos que menos deberían hacerlo: políticos y partidos con importantes responsabilidades públicas. Y me pregunto cómo entendería Hanna el “contrato de integración” que planteó Rajoy en su programa electoral para las generales del pasado 9 de marzo. Y si le extendería de igual modo su mano en un saludo sincero y abierto.

¿Qué mejor contrato de integración, me pregunto, que el gesto inequívoco de cercanía y afabilidad de Hanna tendiéndome su mano por los pasillos de un instituto de este país? ¿Cuántas Hannas habrá felizmente en España? Muchas. Y todas ellas, estoy seguro, suspiran pensando en un país que no sólo las acoja con la frialdad de la ley, sino con el aliento humano por excelencia: el de la cordial hospitalidad, respetuosa y por ello respetable. Hanna no entiende, seguro, por qué ella puede suponer un problema para la sociedad española, ni en qué sentido pudiera representarlo para nadie. Por el contrario, valora los gestos sinceros de acogida, los gestos humanos de aproximación y afecto al otro, a nuestros próximos, a nuestros prójimos que vienen buscando en nuestro país lo que en ningún otro han podido encontrar: una vida propia y un respeto colectivo.

Naturalmente que hay que exigir legalidad al proceso de inmigración en España. Y también acuerdo entre las grandes fuerzas parlamentarias al respecto. Y ningún género de capricho, experimento o ligereza de nuestro país en el seno de la Unión Europea ni en las instituciones occidentales a las que se ha ido sumando. Claro que no. Pero Hanna no entiende, a buen seguro, a qué me estoy refiriendo en el párrafo anterior. En cambio, estaría encantada de que alguien, con atención, respeto y afecto, se lo explicase como ella merece: lentamente, con paciencia, con interés por su proceso de aprendizaje y adaptación… y con ganas, sí, también con ganas, de aprender el tesoro que ella esconde: su lengua, sus signos, su alfabeto, sus costumbres, el sentido de su vida, la libertad a la que tiene derecho, de la que ya disfruta o que quizá todavía deba encontrar. Precisamente porque yo no sé árabe puedo ilustrarme, siquiera un poco, del pasado y presente cultural que representa la lengua de Hanna.

Si esa actitud fuese comúnmente extendida entre la sociedad española, todo sería más fácil y más humano. Hay que reconocer al otro como a uno mismo para darse cuenta hasta el fondo de lo que somos y de lo que ignoramos ser. Y entonces, en ese momento exacto, nace el sentimiento más profundo de respeto y de dignidad entre iguales. Es por esto, porque somos iguales, porque ambos somos ciudadanos, tú y yo, por lo que no debemos nunca iniciar en nuestro país ningún “contrato de inmigración”. ¿Para qué? ¿Qué es lo acostumbrado en España? ¿Quién determina que ciertas cosas pueden ser consideradas costumbres universales de los españoles? La falacia es tan evidente que asombra pensar que a alguien que representa, y debe hacerlo con altura y dignidad, a tantos millones de españoles, se le ocurran cosas así.

Hanna tiene derecho a la Constitución; al disfrute de todos sus derechos y libertades y al cumplimiento de todos sus deberes; y se le puede exigir, lógicamente, el acatamiento de las leyes democráticas que rigen la convivencia española. Claro, precisamente porque es una ciudadana más de España, en igualdad de derechos y deberes que el resto de los ciudadanos. Por eso, no por algún extraño motivo ajeno a la razón democrática.

No es ninguna novedad. Los inmigrantes marroquíes interesan a los políticos españoles. Por diferentes razones. Son, después de los ecuatorianos, los más numerosos; son musulmanes; provienen de otra cultura; tienen mala fama y, para colmo, son ciudadanos de un país que mantiene un persistente, aunque de bajísima intensidad, conflicto territorial con España. Según el último Padrón Municipal de Habitantes (que incluye tanto a residentes como a personas «sin papeles»), el 1 de enero de 2007 había en España 582.923 personas de nacionalidad marroquí. Si la cifra de los «sin papeles» es de solamente 39.202 personas, lo que desmiente en parte la idea de que los irregulares marroquíes son los más numerosos, en cambio otra cifra señala que al 31 de diciembre de 2007, los marroquíes «con papeles» sumaban 648.735, es decir 100.000 más que el año anterior. Este dato que significa, geografía obliga, que la población marroquí en España aumenta y seguirá aumentando, se junta con otro: los servicios públicos de empleo estatal (el antiguo Inem) han señalado el mes pasado que casi uno de cada cuatro extranjeros que percibe la prestación por desempleo (el 22,5%) procede de Marruecos.

Estos números, el aumento de la inmigración marroquí y el paro, interpelan y emplazan a que haya un debate, desapasionado claro, sobre la integración de esta comunidad. Sin velarse la cara, sin escudarse, como lo hace el actual Gobierno, detrás de lo políticamente correcto, pero tampoco sin prejuicios que puedan herir sentimientos o sensibilidades.

La pregunta es: ¿puede una población musulmana llevar a cabo un exitoso proceso de integración en un país europeo de raíces cristianas? Si suponemos que los centenares de miles de ciudadanos marroquíes (y un poco más en el futuro) no van a ser expulsados de mala manera como lo fueron sus ilustres correligionarios los Moriscos, hay que comenzar a pensar en la integración de esta masa humana en un entorno que no siempre es hospitalario, y en un contexto de crisis económica.

La integración de los marroquíes en España es viable siempre y cuando se entiendan y se respeten ciertos parámetros. La sociedad receptora tiene que aceptar el hecho de que la integración no puede ser de ninguna manera una asimilación, que es la pérdida de valores forjados por la identidad propia por otros, ajenos. Salvo contadas excepciones, los marroquíes asentados en España, especialmente ahora que asistimos a una fuerte corriente de reislamización de las comunidades musulmanas arraigadas en el viejo continente, no se asimilan. Tampoco se integran si por ello se entiende cortar lazos administrativos con el país de origen.

El inmigrante de la primera generación no deja de mirar hacia Marruecos; las remesas que envía a su país (ayudas a la familia, compra o construcción de una residencia, ahorros en un banco marroquí que incluye un seguro para pagar el traslado y el entierro en su ciudad natal en caso de defunción) evidencian que quiere guardar un pie en su país de origen. Las primeras generaciones de inmigrantes siempre han tenido este tipo de mentalidad propia del exiliado. Hay que admitir que esta generación, que no deja de ser trabajadora y respetuosa con las leyes del país de adopción, está absolutamente perdida para la integración.

Pero otra cosa son los hijos, los que constituyen la segunda generación, los que han nacido o se han criado en suelo español y que mantienen, si excluimos los sentimientos, una relación superficial con el país de sus ancestros. Hablan mal el idioma de sus padres, se sienten extraños en suelo paterno, y si los marroquíes los consideran con afecto (y algún toque de celo) no están lejos de pensar, con razón, que son diferentes a ellos. Es hacia esta franja de marroquíes, que tiende naturalmente a la naturalización y a la radicación definitiva en España, a quien el Estado español tiene que dedicar una paciente y eficiente política de integración. De ello depende la convivencia entre población nativa española y población de origen inmigrante.

Desgraciadamente, por el momento, si excluimos la vigilancia de las fronteras y algunos acuerdillos de readmisión de inmigrantes ilegales con Marruecos y varios países subsaharianos, España no tiene ninguna política al respecto. Para decirlo coloquialmente, los ayuntamientos y las autonomías tienen que arreglárselas solos con sus moros, sean inmigrantes, recientes o futuros ciudadanos españoles.

Un comienzo de una política de integración sería pues, ya que el Gobierno central se jacta de tener superávit, la promoción de la vivienda social, una de las dos llaves (con el empleo) que abre la puerta a la integración. La vivienda social, que en España solamente existe para los jóvenes, ayudaría a desagregar los guetos que se han creado en diferentes puntos de la península y que han recreado, en miniatura, la vida social del país de origen. El Estado tendría además que esforzarse, como en otros países europeos, en sensibilizar sus fuerzas del orden sobre los derechos humanos y el estigma del racismo. Si no se siente protegido y respetado por el Estado, el inmigrante no confiará en él y llegará el día en que lo percibirá como una entidad hostil. Y por fin, y es el punto más sensible, el Gobierno debería resolver el problema de las mezquitas convenciendo a los ayuntamientos para que cesen las trabas puestas a su construcción en sus términos municipales.

Generalmente, la opinión pública española percibe estos templos como una agresión, cuando en realidad son la mejor respuesta a la proliferación de pequeños e incontrolados centros de culto (en garajes y casas particulares) donde, en muchos casos, se difunde una forma de Islam a años luz de las necesidades espirituales del inmigrante. Pero este esbozo de política migratoria no tendría éxito si no se impulsa otro segmento complementario. El Estado español debe comenzar a fomentar un Islam español y, subsidiariamente, formar sus propios imanes, que más allá de su labor de guías espirituales, podrían ser una útil brújula cívica que permite al inmigrante orientarse en su país de adopción.

Pero hay que advertir que esta política va irremediablemente a chocar con los propósitos del país emisor de esta inmigración, es decir, Marruecos. Rabat no tiene la más mínima intención de aligerar su censo poblacional ni de permitir que se rompa el lazo administrativo que une al inmigrante marroquí (aunque termine naturalizándose) con su país de origen. El Estado alauí no lo hace por altruismo ni por amor al prójimo, lo hace porque la suma de las remesas, un autentico maná financiero, que envían anualmente estos inmigrantes (que sin embargo no tienen representación parlamentaria en Rabat) es superior a los ingresos que genera la exportación de fosfatos, la primera industria exportadora del país. Por eso creó el Consejo Superior de los Marroquíes Residentes en el Extranjero, que es un poderoso instrumento para perpetuar esta dependencia, y que va, inevitablemente, a abocar al fracaso todas las políticas de integración que existen en los países donde reside una importante comunidad marroquí. Este Consejo, que desató una gran polémica en el momento de su creación, fue acusado recientemente por el prestigioso semanario marroquí Le Journal Hebdomadaire de albergar en su seno «agentes secretos» y chivatos de los consulados marroquíes. La reciente declaración de un responsable alauí de la emigración calificando la masa humana marroquí en el extranjero como la «17º wilaya» (región administrativa, Marruecos tiene 16 wilayas) fue tildada por el mismo semanario de provocación al hacer aparecer a los marroquíes como una suerte de quinta columna dentro de Europa.

Allí está la problemática de la integración. Por razones miserablemente pecuniarias, el Estado marroquí no quiere que sus ciudadanos expatriados se integren en sus diferentes países de adopción y terminen cortando los lazos administrativos (nunca sentimentales) con el país de origen. Pero el tiempo apremia. Si no hay una explícita política de integración de la inmigración marroquí, España se enfrenta a futuras convulsiones y problemas de convivencia. El ejemplo de la inmigración magrebí en Francia a partir de los años 50 es un terrible caso de fracaso. Los hijos de los magrebíes, educados como magrebíes en sus casas y como franceses en las aulas, siguen tres generaciones más tarde sin saber si son magrebíes o franceses. Aunque poseedores del pasaporte galo, estos ciudadanos franceses de segunda aún no han hecho la combinación entre la cultura de sus padres y la del país de adopción.

Ni magrebíes en el Magreb ni franceses en el país donde han nacido. Son estas generaciones abandonadas por el Estado receptor las que están detrás de las revueltas que han incendiado los barrios periféricos de las metrópolis francesas en 2005.

Definitivamente, la inmigración es el tema estrella en las preocupaciones de la Unión Europea y lo será cada vez de modo más acuciante. Por un lado, somos una ciudadela sitiada, pero por otro somos una ciudad abierta y necesitada de nuevos impulsos demográficos si queremos mantener nuestro estatus económico.

Y si es un tema central, parece necesario enfocarlo con el mayor rigor sin caer en demagogias o sentimentalismos. Si en la mayoría de nuestras actuaciones obramos de acuerdo con lo que viene en llamarse lo políticamente correcto, en la inmigración se agudiza esa tendencia puesto que los términos xenofobia y racismo surgen a la menor propuesta de sensatez y realismo. Por ejemplo, sería muy difícil lograr que, aquellos que claman contra el racismo al menor motivo, tuvieran, con agrado de vecinos en su comunidad de propietarios, a inmigrantes del Tercer Mundo. Pero lo políticamente correcto es la defensa indiscriminada de los inmigrantes sin mayores matizaciones. Y hay mucho que matizar.

Asimismo, y por ejemplo, no es políticamente correcto unir la delincuencia a los inmigrantes, cuando la cuestión no es esa abstracción sino los datos estadísticos. Y si éstos nos dicen que la delincuencia tiene autoría mayoritaria en los inmigrantes, pues a ello habrá que atenerse y si no es así, pues la equivalencia será errónea. Realismo y no ficción. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, según el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de circulación, pero la libertad para emigrar no se acompaña de un correspondiente derecho a entrar en otro país como inmigrante. De ahí que sea perfectamente legítimo establecer controles, condiciones y restricciones para la entrada y permanencia en el territorio y para el acceso a actividades profesionales a los extranjeros. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que es frecuente oír voces en la Unión Europea partidarias de la entrada indiscriminada de inmigrantes -en aras de los derechos humanos-, o si se quiere, voces contrarias a la legislación limitadora del ingreso de inmigrantes.

Es pacífico admitir que las causas de la imparable inmigración son fundamentalmente la desigualdad y la globalización. Como dice Seidman «los que claman antes nuestras puertas es porque tienen hambre». Los inmigrantes vienen en la mayoría de los casos, porque en sus países hay pobreza y en los países de acogida prosperidad. Esto es especialmente aplicable a los países del África occidental que tienen una situación económica peor que hace 30 años, con una población que desde 1980 ha pasado de 53 a 100 millones de personas y, simultáneamente, los países desarrollados tienen una tasa de natalidad escandalosamente baja y un envejecimiento progresivo de su población. Para Canadá, por ejemplo, se prevé que en 2030 el 100 por 100 del crecimiento neto de la población vendrá de los inmigrantes. Por tanto, hay un deseo (venir) y una necesidad (recibir) que han de conjuntarse armónicamente. Ahí está el núcleo de la cuestión.

Y si es así, como lo es, merece una fuerte censura, por parte de los ciudadanos, que los partidos políticos, especialmente los mayoritarios, no se pongan de acuerdo en el tema de la inmigración. Doctrina y procedimiento. Doctrina para saber a qué atenernos y procedimiento para encauzar la inmigración hacia metas de integración. Hay que ponerse de acuerdo. Y para ese acuerdo, puede ser útil repasar brevemente las políticas que se están poniendo en práctica en la Unión Europea, donde resulta llamativo como cada vez tales políticas son más claras, más rotundas, más exigentes y más consensuadas.

La Unión Europea camina hacia una política común de inmigración de modo progresivo, porque es necesaria desde el punto de vista positivo y porque no hacerlo nos llevaría al caos, desde el punto de vista negativo. Desde el Tratado de Ámsterdam (1999) hasta el Convenio Europeo de Bruselas (2006), pasando por Tampere (1999), Laeken (2001), Salónica (2003) y La Haya (2004) la Unión Europea está embarcada de un modo muy firme en dotarse de unos principios, unos recursos y unos procedimientos comunes que hagan de la inmigración algo positivo, para los inmigrantes y para los nacionales.

Puede ser útil recordar algunos de los principios básicos comunes que sentó en 2004 el Programa de La Haya. Destacaría cuatro:
La integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de los Estados Miembros.
La integración implica el respeto de los valores básicos de la Unión Europea.
Un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de acogida es indispensable para la integración.
La práctica de diversas culturas y religiones está garantizada por la Carta de los Derechos Fundamentales y debe quedar salvaguardada, a menos que dichas prácticas entren en conflicto con otros derechos europeos inviolables o con la legislación nacional.

Estos principios, más los otros que componen los principios básicos comunes, son de una claridad meridiana y no menor razonabilidad. Se sea de un partido político o de otro de signo distinto, y lo que no puede alegarse es un derecho global e indiferenciado de los inmigrantes a conductas y actuaciones contrario a los principios democráticos que inspiran nuestras Constituciones.

En línea con tales principios, los distintos países de la Unión Europea, que son tradicionales países de acogida, están tomando de modo progresivo medidas enérgicas y claras para lograr que los inmigrantes se integren en el país en el que desean permanecer, sin que ello suponga un atentado a sus derechos fundamentales como persona. Lo que parece inadmisible es que, en pro de lo «políticamente correcto», los inmigrantes no respeten los principios básicos de nuestros sistemas democráticos y no acepten la integración -con todas las salvedades lógicas- en el modo de vida occidental. No es que devolvamos a muchos de los países de origen de la inmigración sus propios métodos -que también es un argumento- sino que aceptar lo contrario es prestarse a situaciones altamente conflictivas y a un uso fraudulento de los valores democráticos para fines personales.

Pérez Menayo, en un interesante trabajo sobre los modelos político-jurídicos migratorios, hace una descripción analítica de las últimas reformas en la UE en materia de inmigración y, en todas ellas, se aprecia como signo común, la progresiva exigencia de que el inmigrante haga esfuerzos sinceros -dándole las ayudas oportunas- para integrarse en el país de acogida.

Por citar sólo el ejemplo de Alemania, la Ley de Inmigración dispone que la inmigración de cónyuges desde el extranjero sólo será posible si previamente han adquirido conocimientos del alemán (salvo ciudadanos comunitarios, de EE.UU., Japón y Australia) y son mayores de 18 años. Los inmigrantes obligados a participar en un curso de integración (clases de alemán, historia, derecho y cultura) tendrán que pagar una multa de hasta 1.000 euros, si no participan de modo regular. Los extranjeros jóvenes que quieran naturalizarse al cumplir 18 años tienen que demostrar que disponen de ingresos suficientes para mantenerse. Asimismo, se prevén clases de alemán de 600 horas. De modo similar, en Francia, la nueva Ley 911/2006 establece el «contrato de acogida e integración» por el que el inmigrante se compromete a seguir una formación cívica y lingüística.

En definitiva, esta política europea -que se complementa con la de atraer talento especializado- es una apuesta por la praxis y por la razonabilidad, que no debe verse enturbiada por criterios partidistas y, por tanto, miopes. Es necesario y urgente entre nosotros un pacto de Estado sobre un tema tan trascendente.

Durante las pasadas elecciones generales, los políticos conservadores situaron el tema de la inmigración como uno de los prioritarios de su campaña. La reiterada insistencia en esta cuestión del candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, en los debates televisivos fue buena prueba de ello. Valdría la pena recordar la importancia que tienen los mensajes de los políticos, multiplicados por los medios de comunicación, y remarcar, desde una perspectiva ética no partidista, la relevancia de sus opiniones como conformadores de la opinión pública: lo que dicen y có- mo lo dicen pasa a constituir realidad. Si lo que es un problema social –la integración o exclusión de los pobres– lo convertimos en un problema étnico o identitario, estamos desenfocando el tema y pescando votos con caña demagógica.

YA SABEMOS que el lenguaje de los políticos no es el de la búsqueda científica de la verdad, sino el de la persuasión para ganar votos, pero a este legítimo objetivo hay que ponerle limites éticos y primar los intereses públicos y las razones de Estado sobre intereses electoralistas. Esta ha de ser la línea que separe a un partido serio y responsable de otro demagógico.
Con la inmigración no se debe hacer demagogia, porque al hacerlo estamos creando fracturas sociales y poniendo bombas políticas. La novedosa llegada a gran escala de inmigrantes obliga, necesariamente, a que los problemas sociales existentes sean replanteados con un factor añadido más. Por eso, porque la inmigración es un elemento añadido, es pura demagogia exponer en forma de mensajes políticos que los problemas sociales existentes en materia de seguridad, educación y sanidad se deben a la llegada de inmigrantes. Sencillamente, porque esto es falso. Igual de falso que asociar paro e inmigración.
Si los ciudadanos oyen que los líderes políticos hablan de la inmigración constantemente como un problema, asociada a ilegalidad, a repatriaciones forzosas, a desconfiado acceso a la ciudadanía mediante un “carnet de puntos” o un “contrato de integración”, a delitos y crímenes, a pérdida de calidad de vida de los autóctonos y a restricciones en el acceso a servicios comunitarios, etcétera, estamos potenciando la xenofobia. Conformando un nosotros: ciudadanos de plenos derechos, legales y cívicos, frente a un ellos: inmigrantes ilegales incívicos y aprovechados.

¿ACASO NO trabajan duramente la mayoría de inmigrantes y pagan sus impuestos? ¿Quién es más ilegal, el inmigrante sin papeles que cobra salarios que ningún trabajador nacional aceptaría o el empleador que se aprovecha de esa situación? Es obvio que la inmigración debe ser regularizada en todas sus vertientes, pero desde una perspectiva de congruencia democrática entre deberes y derechos. Sin ilegalidades de ningún tipo. Explicando al conjunto de la sociedad que las tensiones se están produciendo porque existen sectores de la población, los más desfavorecidos, que están asumiendo los costes de la inmigración sin disfrutar de sus beneficios. Por no hablar del bajo nivel de gasto social existente en España, aunque la Administración socialista está haciendo esfuerzos al respecto.
Paralelamente, desde el punto de vista cultural, cívico y democrático, es conveniente abrir un gran debate social para interpretar el fenómeno de la inmigración en términos de oportunidad. Oportunidad para el inmigrante de mejora y para nuestra sociedad de acogida de progreso económico (saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social por ejemplo) y de progreso de la cultura cívica. De profundización de la democracia. Tratemos a nuestros inmigrantes como nos gustó o nos hubiera gustado que hubieran tratado a los nuestros en los años sesenta y setenta en los países de Europa a los que emigraron: con unos salarios que no sean de explotación y con buenos servicios para recompensar unos trabajos duros que ellos / nosotros no queríamos / queremos hacer. Es preciso desarrollar un modelo de sociedad, democráticamente avanzada, en el que los términos fragilidad econó- mica, precarización, pauperización social, exclusión social, xenofobia y/o racismo identitario no tengan cabida. Sean los ciudadanos blancos, negros, amarillos o cobrizos.

Y PARA lograrlo invito a nuestros políticos conservadores demagogos a que cambien por un día su traje y corbata (o el traje chaqueta de diseño) por un mono de trabajo y que hagan una jornada laboral como la siguiente: de las ocho de la mañana a las doce del mediodía, reparto de bombonas de butano en viviendas de bajo alquiler sin ascensor; de las 12.30 horas a las cuatro de la tarde, pinche de cocina en un restaurante, y, finalmente, de las 16.30 horas a las diez de la noche, cuidador de ancianos en una residencia especializada en demencias seniles.
Quizá hacer una jornada como esta les haría variar sus puntos de vista y les ayudaría a comprender que los inmigrantes no constituyen un todo homogéneo, sino que los hay de diferentes tipos, colores, cualidades y defectos. Como es normal. Que también entre ellos hay buenas y malas personas. Como es natural. Y que están interesados en conseguir un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Como todo el mundo.

Va ser a realmente difícil establecer con precisión cuál ha sido el efecto final de la entrada de la inmigración en campaña electoral en el resultado de las elecciones del 9 de marzo. En términos generales, la derrota del Partido Popular (pese a su incremento en el número de diputados) podría hacer pensar en primera instancia en el fracaso del uso político de la inmigración. Igualmente, la victoria del Partido Socialista (con mejora también de resultados) podría ser interpretada apresuradamente como el éxito de la estrategia del Gobierno en esta materia. Sin embargo, ni una ni otra cosa parecen confirmarse plenamente, y es muy posible que el tema de la inmigración no haya condicionado finalmente demasiados votos, pero sí ahondado un clima que podría pasar factura en el futuro. De todos modos, habrá que ver con detalle qué ha ocurrido en las grandes ciudades y barrios con presencias importantes de población inmigrante, y si allí ha habido un cambio significativo en el voto, aunque será muy complicado aislar la variable migratoria del efecto de los otros muchos temas sensibles que se emplearon en las elecciones como arma arrojadiza.

Sea como sea, la cuestión no debería ser olvidada sin más y, aunque el daño probablemente ya esté hecho, alguna lección tendrá que sacarse del empleo intensivo, por primera vez en la historia española, de la inmigración en una contienda electoral. En ese tiempo cuatro fueron los mensajes lanzados desde el PP que resultaron especialmente preocupantes: la tesis de que los inmigrantes no se esfuerzan en integrarse; el discurso de que los derechos de los inmigrantes amenazan los derechos de los autóctonos; la asociación entre inmigración y delincuencia y, por último, la idea de que aquí ya no cabemos más.

El poso que esas afirmaciones sin fundamentar puedan haber dejado en la sociedad española puede que no tenga un efecto político inmediato, pero sin duda no ayuda a sentar las bases de una convivencia razonable. Gabriel Elorriaga lo dejó muy claro durante la campaña al reconocer que la estrategia del PP pasaba por generar dudas entre el electorado socialista empleando el recurso al fantasma de la inmigración. La pregunta a hacerle ahora sería: ¿quién volverá a meter al genio dentro de la botella? Es más, ¿valió la pena el mal causado a la vista de los resultados? Quizás sería el momento de pedir algún tipo de responsabilidad por haber encendido un fuego incontrolable en época de sequía de ideas.

Con la intención de pescar unas decenas de miles de votos en río revuelto se empezó lanzando la propuesta de establecer un “contrato de integración” para los inmigrantes, algo que resultaría enormemente cómico (y así logró convertirlo con acierto alguno de los artículos publicados en EL PAÍS) si no fuese porque toca un tema enormemente delicado. De hecho, para muchos españoles la idea del contrato, y sobre todo el mensaje implícito que la acompaña (los inmigrantes no se integran y por tanto hay que forzarles a que se integren), puede parecer de entrada plausible. No hay que olvidar que la inmigración sigue siendo señalada como uno de los principales problemas entre la opinión pública (y el Partido Popular ha tomado buena nota de ello), aunque una cosa es que se perciba como problema y otra que sea vista necesariamente como negativa, siendo esto último lo que en realidad parece que se ajusta más al planteamiento de la derecha.

Sin embargo, y pese a la dificultad y el desconcierto que muchos ciudadanos muestran a la hora de encajar y aceptar totalmente el fenómeno de la inmigración, cada vez se reconoce y se valora más la imprescindible aportación de los inmigrantes a la sociedad española. Claro que siempre habrá quien (incluso entre el electorado de izquierdas) se deje seducir por ese discurso de aparente sentido común que afirma, por ejemplo, que los inmigrantes abusan de los recursos públicos y, de paso, de nuestra propia confianza. Y eso es justamente lo que más falta en estos momentos y lo que este tipo de propuestas como el contrato de integración minan completamente: la confianza. El desconocimiento, los miedos y la desconfianza mutua son los principales obstáculos para la integración, entendida como cosa de dos, los que integran y los que se integran, los que acogen y los que se acogen y reconocen la calidad de esa acogida cuando ésta es tal. Una integración que no debería ser más que el esfuerzo en un largo proceso de adaptación mutua para facilitar una convivencia armónica, algo que resulta tremendamente ilusorio pensar que se pueda imponer por decreto.

El trabajo que queda por delante es sobre todo el de la consolidación y ampliación de derechos, incluido el derecho de voto (qué distinto sería todo y qué distintas hubiesen sido las propuestas de estos días pasados si el conjunto de los inmigrantes pudiesen votar, al menos en elecciones municipales) y la adecuación de los recursos públicos a las nuevas necesidades de una sociedad que se ha beneficiado enormemente de la inmigración en los últimos años, sin atizar supuestas competencias e imaginadas imposiciones culturales que no resisten ninguna prueba analítica.

No me cabe ninguna duda de que la gran mayoría de los inmigrantes realizan un notable esfuerzo de adaptación a la nueva situación, en condiciones a menudo difíciles. Si los inmigrantes encuentran un espacio acomodaticio no dudarán ni tendrán argumentos para no redoblar ese esfuerzo. Para ellos la única exigencia válida es la del cumplimiento de las leyes (sin paternalismos, pero sin olvidar también la complejidad del contexto de muchos casos) y no la arbitrariedad de un hipotético decálogo de buenas costumbres españolas que nadie ha podido aún concretar.

La aplicación práctica de una medida como el contrato de integración (ya se ha demostrado en otros países europeos) puede dar pie a situaciones delirantes, además de discriminatorias. En realidad, con esta clase de propuesta se pondría bajo sospecha a todo un sector de población que integra ya la sociedad española, y en la que cotidianamente cada vez va a resultar más difícil separar nítidamente a los españoles para hablar de un nosotros y un los otros. (¿Cuántas familias españolas tienen ya a personas de origen extranjero entre sus miembros? ¿Cuántas personas se han convertido en españolas en los últimos años habiendo llegado de otros países? ¿Cuántos niños de padres extranjeros o parejas mixtas son plenamente españoles?).

Afortunadamente, por el momento no tendremos que ver el efecto de la puesta en marcha del contrato de integración, pero esperemos que la idea, y sobre todo el trasfondo que la acompaña, no hayan calado entre la opinión pública ni contaminen las políticas migratorias en curso o las que se puedan avecinar.

Al Gobierno de Zapatero le queda ahora la parte más difícil en esta nueva legislatura: apagar los rescoldos con políticas migratorias en lugar de hacer política de la inmigración. Quizás durante la campaña electoral ni Zapatero ni su partido transmitieron con suficiente decisión y claridad su idea de la inmigración y su proyecto al respecto, en un tema que deja poco margen de maniobra.

No es cierto, como se cansó de repetir Rajoy, que no se haya hecho nada. Entre otras cosas tenemos en marcha un buen Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración para el periodo 2007-2010, que seguramente podría ser reforzado con mayores medios. Podemos decir que en los últimos años ha habido un esfuerzo importante en un terreno que puede resultar políticamente resbaladizo, en tanto que la defensa de la inmigración no da votos, pero seguramente habría que hacer más visible lo que se hace y explicar más y mejor para qué se hace. En cualquier caso, mantener una acertada política migratoria no es tarea fácil, pero sí es posible hacerla pensando en la convivencia y no, como ha hecho el Partido Popular, en el previsible rédito electoral.

Al calor de la campaña electoral y de las opiniones de Mariano Rajoy sobre la inmigración, una de las mayores preocupaciones de estos días parece ser si las musulmanas en España llevan pañuelo porque quieren o porque las obligan. Y sin embargo, sería absurdo pensar que el proceso de pañuelización o hiyabización que está teniendo lugar en el mundo musulmán, incluso en el europeo, pueda resolverse en estos términos. La trampa es que hay dos cuestiones separadas: este proceso de hiyabización, por un lado, y la retórica anti-inmigración, que diría la antropóloga Verena Stolcke, presente en los partidos europeos del centro y de la derecha, retórica que se contagia a una buena parte de la prensa, incluida la gratuita, que es la que llega a más gente.

Lo que está pasando en el discurso del Partido Popular tiene que ver con lo segundo, naturalmente. Y se vincula al interés del PP en oponer un discurso diferente al del PSOE, que tiene una propuesta ya bastante restrictiva, bastante “europea”, con respecto a la inmigración.

El discurso del PP construye al extranjero como sospechoso de no cumplir las normas y las leyes, las escritas y las no escritas. Pero el argumento de más peso que usa la derecha para la exclusión es el del supuesto maltrato y la marginación sistemática de las mujeres de un grupo concreto de extranjeros, el de los musulmanes. Y la derecha española cree encontrar el símbolo de este maltrato en el pañuelo, convirtiéndose éste, una vez más, en el instrumento para la exclusión. La adjudicación de ese valor a ese símbolo parece una prueba irrefutable de la inadecuación, de la inferioridad, de esa cultura. Lo que hacen estas retóricas de la exclusión es “naturalizar” esa conexión. En el caso español, no resulta difícil, habida cuenta de las connotaciones negativas del ser marroquí.

Y en relación con ello, hay en España tres posturas con respecto al pañuelo: la anti-inmigración, que usa el pañuelo como parte del discurso de la exclusión del extranjero; la ilustrada, que lo tolera, pero que sostiene que desaparecerá con la educación y la integración de los extranjeros, y la que finalmente, no problematiza el asunto. La segunda, en realidad, alimenta a la primera, y siempre ha sido así. Es la que lo asocia con la extranjería y, en cierto sentido, con la miseria.

Pero ¿qué ocurre cuando el pañuelo no está asociado ni a la inmigración ni a la extranjería?, ¿cómo responde este discurso a los casos de las diputadas musulmanas, de las profesionales españolas, de origen español converso o marroquí o sirio, que han decidido llevar el pañuelo? ¿Por qué desangela tanto saber que el pañuelo puede ser algo elegido, y no precisamente pensando en la desigualdad sexual?

Si se contestara que el pañuelo es algo “elegido”, los islamófobos se quedan sin su argumento de mayor peso. En España el discurso de exclusión de los inmigrantes marroquíes y por extensión, de los musulmanes, se está escribiendo sobre el papel del pañuelo. Y es que el discurso que sostiene que el pañuelo hace referencia a la subordinación de las mujeres, es naturalmente, ideológico, y no está basado en ninguna correspondencia natural ni cultural. Esa conexión está construida, en los países de inmigración musulmana, para reforzar la diferencia de aquellos a los que no se quiere integrar. Antes pasó con los gitanos, es el mismo proceso.

La propuesta del PP de la regulación del pañuelo en la escuela en España no tiene base jurídica. Se puede optar por una ley a la francesa, y prohibirlo como símbolo religioso, poniéndolo al mismo nivel de otros. Esto sería considerablemente difícil en un país donde aún hay crucifijos en las aulas de muchos colegios públicos y donde en la enseñanza concertada y privada hay un fuerte peso de las monjas. O se podría traducir a nivel jurídico el argumento del PP, a propósito de la prohibición de todo lo que simbolice la subordinación de las chicas con respecto a los chicos. También sería complicado, pues habría que identificar todos estos símbolos, y prohibirlos en consecuencia: creencias, actitudes y otras formas de vestir.

El argumento del pañuelo, identificado con la discriminación de las mujeres e impuesto a éstas, es útil en España, en diferentes sectores. Primero, en la derecha, pues permite sostener un discurso excluyente con respecto al extranjero basándose en supuestos valores liberales y escondiéndose del racismo clásico. Segundo, tiene su utilidad para algunos miembros prominentes de la comunidad escolar, pues les permite poner la carga en las estudiantes, y no en las carencias que tiene la enseñanza pública, conectadas con su relación con la concertada, inédito caso español. Y tercero, para el común de la gente, proporciona una razón “objetiva” que explica la marginación de los marroquíes, incluso con respecto a otros colectivos de inmigrantes, más “integrables”, también desde el punto de vista del Partido Popular. Y esto, desgraciadamente, ha sido un éxito electoral del Partido Popular y de su maquinaria ideológica.

Una vez descartado el racismo científico, precisamente por su carácter acientífico, Marvin Harris describe bien el otro racismo, el folklórico (sic), tan antiguo como la humanidad y de fijo emergente siempre que un grupo endógamo se obstina en mantenerse al margen de la sociedad mayoritaria, empezando por los intercambios matrimoniales sin cortapisas: la automarginación sexual nunca viene sola, de ordinario aparece acompañada de tabúes alimentarios, en la vestimenta o en prejuicios que descienden a lo minucioso o lo cómico, ya se trate de los celos de propietario que no permite a su mujer ser atendida y explorada médicamente por varones, o la ridícula persecución en Arabia Saudí del Día de San Valentín, antesala de corrupciones, siendo -como es- en tal país más milagro que pecado caer en la tentación de la carne. Mientras, los saudíes siguen acudiendo a El Cairo en los estíos para tomar una «esposa de verano», puntualmente repudiada cuando llega septiembre, o recurriendo al nikah al-mut´a («nupcias de placer») que encubren malamente la prostitución. Pero denunciar la hipocresía de la sociedad islámica oficial y dominante no es el objeto de estas líneas.

Hace unos días, Mariano Rajoy ha hecho una propuesta de «Contrato para la integración» de los inmigrantes que, amén de moderado y sensato, puede tomarse como un medio de facilitar la estancia de los forasteros en España y la relación fluida y distendida con nosotros, algo más que deseable. Dejando aparte el obligado rasgar de vestiduras de la autotitulada izquierda ante cualquier medida que proponga el PP en toda sazón y lugar, o los mecanismos, grados y maneras que se arbitrarían para llevarlo a cabo, la cuestión crucial estriba en la acogida que han de dispensarle una parte de los afectados, los inmigrantes, porque -en contra de lo que se ha dicho: «los inmigrantes son los únicos protagonistas»- la otra parte somos nosotros, los españoles, también concernidos en este asunto. Y mucho. Obviamente, la interpretación del PSOE y de su sucedáneo IU acerca de obligar a los recién venidos a profesar de taurófilos, comer pipas o arrancarse por alegrías (ya quisieran), sólo constituye una salida por la tangente para eludir el fondo del problema: algún sector, numeroso, de inmigrantes ni se integra ni alberga la más mínima intención de hacerlo. ¿Pero cuál? Todos sabemos bien -fuera de chuscadas- que Rajoy se refiere a valores, a filosofía de la vida y a disposición a participar, o no, en un proyecto nacional común. Las elucubraciones jocosas ni siquiera denotan falta de ingenio, son mero escapismo de quien se inhibe -y amenaza con perseverar en la actitud, de ganar las elecciones- ante la realidad de gentes que no aprenden español, ni se les da un ardite de nuestra cultura o nuestras preocupaciones colectivas, no más interesados en los aspectos económicos que la permanencia en España les brinda.

El desarrollo de la propuesta ha de mostrar que tan sólo deben inquietarse los recalcitrantes en el desprecio al país que los acoge. Porque los procedentes de áreas culturales próximas (europeos en general), o muy cercanos a nosotros por razones obvias (los iberoamericanos), no tendrán, en el curso de una o dos generaciones a lo sumo, mayores dificultades para formar parte de nuestra sociedad a todos los efectos, aunque conserven los vínculos sentimentales que gusten con su patria de origen. Hasta aquí todo es normal, evidente, casi aburrido mencionarlo: los inmigrantes no componen una masa homogénea y huelga extenderse detallando las diferencias existentes entre un cardiólogo cubano, un electricista lituano y un bracero marroquí. Las necesidades, las expectativas y las posibilidades reales de unos y otros no son culpa de nadie, pero están ante nuestros ojos y fuerza es dar respuestas útiles, no declaraciones ideológicas a base de buenismo políticamente correcto que, a duras penas, encubre el oportunismo de una supuesta izquierda que, despojada de proletariado que llevarse a la boca y a la urna, sueña con utilizar a los inmigrantes a medio plazo como tropa de choque. Recientes acuerdos electorales entre el PSOE y el partido confesional islámico de Melilla apuntan en ese sentido: el partido del lo que sea está dispuesto a lo que sea con tal de arañar un diputado. Esperamos que los melillenses tomen buena nota.

Nunca se repetirá lo suficiente: debemos defender y potenciar los derechos y libertades individuales de los inmigrantes, no los de grupo que se arrogan los cabecillas de comunidades religiosas, en su nombre, con la finalidad patente de mantener en guetos apartados a sus fieles, reproduciendo la compartimentación de segmentos separados y yuxtapuestos -y con frecuencia enfrentados- que caracterizó nuestra Edad Media, eso que llaman «España de las Tres Culturas», «Espíritu de Córdoba», etc. Y que Dios nos libre de tan ultrarreaccionario regreso por el túnel del tiempo. So color de llevar a punta de lanza el multiculturalismo, cuyos orígenes divinos están por probar, en la práctica condenan a la marginación a los inmigrantes de una determinada procedencia (por desgracia, los musulmanes, si bien hinduistas y chinos, pese a su reducido número, parecen traslucir problemas similares). La pretensión, ya anunciada de conseguir un status especial para todos los musulmanes de la Unión Europea como grupo diferenciado y sin visos de integración, choca abiertamente con los principios que informan a la sociedad y la civilización europeas, desde la Filosofía griega y el Derecho romano hasta la Ilustración o la Revolución francesa. E intenta aplastar los derechos civiles y políticos de los musulmanes que, en Europa, se niegan individualmente a ser pastoreados por rabadanes cuya representatividad, por añadidura, es más que dudosa.
Bassam Tibi lo expresa bien: «la cultura política árabe en la que me he criado no conoce ni el concepto de individuo libre ni el de sujeto capaz de un pensamiento autónomo, porque la tradición ilustrada que antiguamente trataron de instaurar los filósofos musulmanes racionalistas del Medioevo (Averroes, Avicena, al-Farabi y otros), como continuación del legado griego, fue un intento frustrado ya desde sus comienzos (…). En mi infancia y como escolar en Damasco, más bien me enseñaron a poner en primer término mi pertenencia al grupo. «Soy árabe musulmán, luego existo». El concepto de individuo en tanto sujeto le es extraño al patrón cultural árabe (…), desde el punto de vista fundamentalista no puede ni debe existir diálogo alguno entre Oriente y Occidente. Tendencias de esta índole se definen como «conspiración occidental» y su finalidad sería adaptar el mundo del Islam al estándar occidental. Cuando un musulmán se convierte en demócrata liberal, para los fundamentalistas deja de ser musulmán».

Cuando el alfaquí al-Wanxarisi (siglos XV-XVI) exhortaba a los residuales musulmanes de España a fugarse al norte de África (muchos lo intentaron y consiguieron: no sólo hubo expulsiones) para no correr el riesgo de perder su fe, estaba manifestando el sentimiento central que anima a su sociedad (umma duna an-nas: una comunidad aparte de las otras gentes), pero imperativos económicos actuales (una comprensible ansia de alcanzar la prosperidad que sólo se halla en el denominado Primer Mundo) impiden poner puertas al campo y conservar a los muslimes en sus países de origen. Sin embargo, los gerifaltes de las comunidades en Europa pretenden mantener a su grey aislada e incontaminada de nuestra impureza, sin entender que hasta Huntington admite que las civilizaciones no tienen límites precisos, ni principio ni fin bien definidos: las culturas de los pueblos se interaccionan y solapan. En qué grado y modalidades es otra cuestión, sin que agitar el espantajo de la asimilación -que nadie busca, al menos a la brava , como en Arabia- sea parte suficiente para privar de razón a la propuesta del PP. Y acusar a éste de xenofobia es tan absurdo como retrucar inculpando a PSOE e IU por partidarios de la ablación, la poligamia, el asesinato de los musulmanes apóstatas, el ahorcamiento de homosexuales o el velo para las niñas de ocho años: ¿o no?

De los inmigrantes sólo se habla cuando conviene. Debería preocupar este hecho, pues existen de manera permanente. Sin embargo, su concreción en los discursos de los políticos, puntual y sumamente simple, difiere en mucho de la realidad espacial y temporal que ocupan. Por ello es poco menos que capcioso citarlos por conveniencia, sea para tranquilizar las conciencias de los propios del lugar o, al contrario, para poner de relieve una sensibilidad social políticamente correcta y acorde con los principios humanitarios de todos esos que se sitúan, normalmente, a la izquierda. Aunque, en ambos casos, el enorme tufo de interés interesante que destilan las declaraciones y posturas varias es tan grande, que puede muy bien sospecharse que lo que menos importa de todo eso son, precisamente, los inmigrantes.

Lo peor no es el discurso. Lo preocupante es el destino del mismo, el oyente. Y no es ninguna barbaridad afirmar que entre tanto receptor una buena parte piensa que los inmigrantes son una molestia. Siempre lo han sido. Vinieran del campo a la ciudad, se fueran a Suiza o Alemania, del norte o de toda África al paraíso occidental o de Sudamérica a la madre patria, siempre han engendrado desconfianza y molestia. ¿Quién no ha oído hablar de los paletos y de los pueblerinos? Ignorantes y brutos, faltos de cultura que, para decirlo todo, molestaban sólo con su presencia y a los que se les daba trabajo, sí, pero de ésos que son sucios, duros y que los ciudadanos urbanitas, acostumbrados al nivel de bienestar de la ciudad y el progreso, procuraban evitar. Sí, siempre han molestado. No es ninguna exageración. Aunque lo novedoso sea que los hijos y nietos de aquéllos que llegaron un buen día del campo a la ciudad se sientan molestos por la presencia de los que llegan ahora. Eso es lo peligroso. Que el germen, no del racismo, ni de la xenofobia, sino del desprecio y de la molestia ya se verbaliza en las calles. Sirve de tema de conversación. Sólo hace falta que alguien haga política sobre ello para que la gente normal pregunte a los inmigrantes: ‘Y tú, ¿a qué vienes aquí?’ Entonces sí que sería el desastre. Por fortuna, de momento sólo ha sido un tanteo.

Mientras tanto los inmigrantes callan, apenas se rebelan. Quizás su silencio se deba a que se les ha sometido a un complejo de culpabilidad que tan sólo se sacudirán cuando las generaciones venideras les sustituyan. Por eso no se atreven a pronunciar la verdad más absoluta: no quieren ser inmigrantes. Nadie lo quiere ser. ¿Quién en su sano juicio se marcharía de su casa, su barrio, su ciudad, su país, si en él tuviera oportunidades de poder comer todos los días, dar una educación digna a sus hijos, disfrutar de una vivienda y de un servicio de salud con garantías? Nadie, absolutamente nadie.

Y sin embargo, a pesar de eso, son muchos los que creen que dejan su subdesarrollo para fastidiarnos por aquí en Occidente. Se alega para ello que ha aumentado la delincuencia, que ya no es seguro andar por las calles. ¿Acaso no había delincuentes antes? ¿Eran las ciudades completamente seguras? Es rastrero e indignante caer en argumentos tan simples y estúpidos. Aún se dicen más cosas. Por ejemplo, que se les da de todo, que los servicios sociales -se subraya que los pagamos entre todos, los que no somos inmigrantes, claro- les dan el oro y el moro, es decir, transporte casi gratis, sanidad, educación y oportunidades. Y en vez de sentirnos orgullosos de nuestro sistema de protección social basado en la ‘so-li-da-ri-dad’ con los que menos tienen, manifestamos un egoísmo férreo porque sospechamos que nos van a quitar lo que es nuestro. Claro, como bloquean las urgencias ¿Solemne estupidez! ¿A nadie se le ocurre que lo que deberíamos hacer es exigir servicios sanitarios más completos y eficaces adaptados a las nuevas necesidades del momento? No, es preferible culpabilizar a los inmigrantes.

Por eso y por más, da mucho miedo que los inmigrantes formen ya parte del debate político. Sobre todo cuando se habla de condiciones, de limitaciones y no, porque no quieren o porque su inteligencia sea mínima, de auténticas políticas de intervención solidaria en los países en vías de desarrollo, que son los que más población pierden. No se denuncia abiertamente a nivel de Estado la enorme culpabilidad que sobre el fenómeno migratorio tienen el FMI y el Banco Mundial. Pocos cuestionan la humillación a la que el invento de la globalización somete a esos países que pierden población. Nadie se empeña en discursos que transgredan y contradigan la política del ‘amigo americano’ y de los grandes bancos centrales del mundo. No, es más fácil hablar de costumbres, de contratos estúpidos y, a la contra, de caridad mal entendida.

Por todo ello, y por todo lo que bulle en la cabeza de los ciudadanos corrientes, no es bueno que los inmigrantes aparezcan y desaparezcan a conveniencia del discurso político. Es peligroso. Muy peligroso.

Hace unas semanas, el tema de la inmigración irrumpió en la campaña electoral, con la propuesta del Partido Popular de instaurar un contrato de integración para los inmigrantes que quieran instalarse en España. Irrupción directamente determinada por los sondeos poco favorables al PP, que aparentemente cree que le puede beneficiar la utilización de la inmigración como chivo expiatorio de las inquietudes de la opinión pública ante la crisis económica. Sin embargo, no había razón alguna para convertir el tema de la inmigración en motivo de disputa, porque España, en la magnífica variedad de sus naciones, ha dado durante estos últimos años un ejemplo de democracia y solidaridad al resto de países europeos.
Así pues, acaba de romperse el consenso implícito establecido entre las fuerzas políticas estos últimos años sobre la inmigración. Es un giro que anuncia una reorientación de la vida política española, pues está claro que, con las dificultades económicas en aumento, algunos van a convertir la presencia de los inmigrantes en un tema de movilización electoral durante los próximos meses y años, enfrentando a los ciudadanos entre sí, jugando con los detestables resortes de la xenofobia, del racismo y del odio.
Pero ¿qué dice el PP? Que los inmigrantes que desean obtener la renovación de sus permisos iniciales de residencia están obligados a firmar un contrato de integración, por el cual dispondrán de los mismos derechos que los españoles, pero deberán comprometerse a cumplir las leyes, respetar las costumbres, aprender la lengua, pagar los impuestos, trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo.
Así formulada, esta propuesta indica al mismo tiempo la profunda perversidad que la inspira y la banalidad que la caracteriza. Nadie, ni mucho menos los inmigrantes, ha pretendido que estos deban tener derechos sin deberes, que no tengan que aprender la lengua del país o que tengan que transgredir los usos y costumbres. Nadie.

EN CAMBIO, hay una innovación: la obligación de regresar en caso de paro. La Italia de Berlusconi había avanzado esta propuesta, pero se reveló inoperante y el Gobierno ya no la aplica. En Francia, en el contrato de integración, que se aplica desde el 2007, no solo no existe esta fórmula, sino que, por el contrario, el Estado se compromete a ayudar al inmigrante a buscar empleo.
Ahora bien, si hacemos balance de la experiencia del contrato de acogida e integración en Francia, los resultados son más bien limitados. Siendo la inmigración legal de aproximadamente unas 100.000 personas al año, prácticamente todas están sometidas obligatoriamente al contrato. Resultados: un aprendizaje lingüístico poco eficiente por lo que respecta a los inmigrantes de los países francófonos, que son los más numerosos; aceptación escolar y formal de los valores de la República por parte de los extranjeros, obligados a balbucearlos sin captar su sentido profundo; un control de su trayectoria que se reduce a ajetreos administrativos, etcétera.
En resumen, un aumento considerable del control burocrático sin alcance pedagógico. Sin duda alguna, siempre es bueno considerar que hay que ayudar a los recién llegados a integrarse por la lengua y por el aprendizaje de los valores de la sociedad de acogida. Pero no hay que ocultar los inconvenientes.
En primer lugar, este tipo de contrato sigue siendo un instrumento administrativo: tiene poco sentido e impacto si no va acompañado de una verdadera política de ciudadanía e integración. No se puede exigir a los inmigrantes, por una parte, que respeten sus deberes y que se adapten a las costumbres del país de acogida si, por otra, no se garantizan sus derechos.

EN SEGUNDO lugar, esta idea de contrato formal comporta una concepción discutible de la integración, pues implica una diferenciación en la apreciación de los derechos y deberes de cada ciudadano. ¿Quién juzgará cómo y bajo qué criterios? ¿Será solo la Administración? ¿Cuáles serán las vías legales de recurso? Condicionar los derechos a un único juicio administrativo comporta efectos perversos, sobre todo si estos son “verificados”, como propone de forma aberrante el PP, en el momento de renovar el permiso de residencia.
En tercer lugar, estos contratos solo conciernen, de hecho, a una pequeña parte de los inmigrantes, pues muchos de ellos, temerosos de no ser seleccionados, preferirán de buenas a primeras la vía de la entrada ilegal y, por consiguiente, de la clandestinidad.

PUESTO QUE actualmente esta medida es propuesta al hilo de una campaña electoral tensa, también está claro que dejará huellas. Corresponde a un discurso retrógrado, represivo, guerrero, indigno de dirigentes que pretenden conducir a los ciudadanos hacia la tolerancia y el bienestar. Hacer declaraciones del tipo “hay que expulsar a quienes cometan delitos en España”, “yo no les daré la nacionalidad”, es realmente inquietante para la democracia, pues viene a ser como asimilar a todos los inmigrantes con delincuentes potenciales, aprovechados, mientras que se trata de personas que, en su inmensa mayoría, son trabajadores honestos. Naturalmente, hay que castigar a los delincuentes, rechazar la poligamia y otros rasgos pocos corrientes en los inmigrantes, pero no hay que mezclar todo eso con la inmigración.
En Francia, la experiencia del contrato de integración tiende a transformarse en simple formalidad burocrática, sin efectos reales sobre la integración de los inmigrantes. ¡Y con razón! La integración es un proceso largo, que no resulta de un examen caricaturesco, sino de la experiencia práctica, humana, en la vida cotidiana.

Es ciertamente saludable que en España dejemos de una vez de limitar el debate sobre inmigración a uno acerca de cómo frenar la llegada de flujos no deseados. Es saludable que empecemos por fin a plantearnos las oportunidades y los retos que plantea la integración de los inmigrantes que ya están y presumiblemente van a permanecer entre nosotros. Lo que no es tan saludable, sin embargo, es que este debate se plantee a pocos días de unas elecciones generales, y que lo haya inaugurado una propuesta de “contrato de integración” de tan dudosa legitimidad y eficacia como la que ha lanzado el Partido Popular. La única forma sensata de abrir este diálogo es plantearse previamente cuál debe ser el objetivo detrás de una política de integración, algo que a su vez requiere aclarar lo que entendemos por el concepto mismo de integración. Este, me temo, es un ejercicio que la reciente propuesta de contrato de integración no refleja.

Veámoslo cláusula a cláusula, como buenos juristas. El invento consistiría en exigir a los extranjeros que soliciten un permiso inicial de residencia o su renovación que firmen un documento en el que se comprometen a cumplir las leyes, a respetar las costumbres españolas, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo. Que se llame a la disposición o, peor aún, a la obligación de retornar al país de origen a quien no encuentra trabajo “cláusula de integración” es una broma de mal gusto, salvo que entendamos que la integración buscada no lo es en el país de destino sino en el de origen. Todo lo demás se reduce a una pura declaración de intenciones.

España, según esta propuesta, quiere que sus inmigrantes prometan que van a ser buenos y a cumplir con sus obligaciones legales, como si el rigor de la ley que se les aplica a ellos, como a todos los demás, no fuese suficiente garantía de que así será y sí lo fuese, en cambio, la promesa misma. España quiere que sus inmigrantes prometan que están dispuestos a convertirse en verdaderos españoles. Pero ¿cuáles son las verdaderas costumbres españolas: comer paella, escuchar flamenco, ir a misa los domingos, echar la siesta, ser aficionado al fútbol, conocer el himno patrio?

En realidad, aunque los inventores del contrato se empeñen en confundir a la opinión, la única medida específica de integración que se ha venido introduciendo desde finales de los noventa en algunos países europeos consiste en la obligación de aprender o seguir cursos de aprendizaje del idioma (entre 200 y 500 horas en Francia, unas 600 en Alemania) o de orientación cívica (6 horas en Francia, 30 en Alemania). Quién los debe sufragar, o si es mejor que tengan carácter obligatorio o voluntario, o si deben imponerse como requisito previo a la entrada, al otorgamiento de un permiso de residencia o a la obtención de la ciudadanía, son asuntos objeto de discusiones entre las distintas fuerzas políticas. Lo que, sin embargo, ninguno de estos países ha hecho es exigir y conformarse con una declaración de intenciones lingüísticas.

Pero tal vez esta falta de concreción de la propuesta del PP no sea tampoco casual. Superarla hubiera conducido, en nuestra España querida, a otros debates peliagudos de dudosa rentabilidad electoral -¿hacemos que aprendan castellano, catalán, euskera; repartimos las horas; en qué porcentaje?-, debates que no hacen sino recordarnos que el reto de la integración de la diferencia empieza con los que ya estamos y que es uno al que, hasta ahora, no hemos sabido dar en España una solución compartida.

El interés por la integración de inmigrantes no ha sido patrimonio exclusivo de ninguna fuerza política en ninguno de los países europeos con mayor tradición de inmigración. No lo debe ser tampoco en el nuestro. Después de todo, la adecuada integración de inmigrantes en las sociedades de acogida plantea un reto de verdaderas dimensiones constitucionales cual es asegurar que una sociedad, cada vez más plural, en sentido étnico, religioso y cultural, conserve un grado de cohesión mínima para garantizar no sólo la convivencia pacífica en el marco de instituciones y valores constitucionales compartidos, sino también la empatía y solidaridad como ingredientes esenciales de un Estado social de derecho alérgico a cualquier forma de estratificación.

Esta visión de la integración y de los desafíos que plantea es la que subyace en los Principios comunes fundamentales en aras de un marco común europeo para la integración de ciudadanos no comunitarios, aprobados por el Consejo Europeo de Ministros de Justicia e Interior del 19 de noviembre de 2004. De acuerdo con tales principios, la integración ha de ser entendida como un proceso dinámico, a doble vía, de acomodación recíproca por parte de inmigrantes y nacionales. Dicho proceso requiere garantizar la participación de inmigrantes en el mercado de trabajo así como dar visibilidad a la importancia de su contribución en dicho mercado. Facilitar que los inmigrantes adquieran el conocimiento básico de las instituciones del país de acogida y, sobre todo, de su(s) lengua(s) es también esencial para que puedan establecer lazos personales interculturales o disfrutar en igualdad de condiciones de las oportunidades del mercado laboral. Asegurar un adecuado acceso a la red de bienes y servicios públicos y privados, sin discriminación de tipo alguno, incluyendo los relacionados con la salud y la vivienda, son factores igualmente críticos, como también lo es procurar la existencia de foros compartidos de interacción y diálogo intercultural y una educación que dé a conocer las culturas y las creencias religiosas que conviven en la sociedad de acogida. Los mencionados principios aluden también a la conveniencia de fomentar la participación de los inmigrantes en el proceso democrático en general, y en la formulación de las políticas de integración, en particular.

Desde esta perspectiva, no resulta difícil identificar algunas de las muchas preguntas que ciudadanos y políticos con un interés genuino en la cuestión debiéramos estar planteándonos.

¿Son suficientes nuestras actuales políticas de lucha contra el racismo y la discriminación en una sociedad en la que los usos más comunes del lenguaje dan fe de la persistencia de una cantidad de prejuicios acerca del otro? ¿Qué se está haciendo en nuestras aulas para preparar a nuestros hijos a funcionar en la sociedad multicultural en la que van a vivir ellos y sus descendientes? ¿Podemos decir que encuentran los fieles de creencias religiosas minoritarias un ambiente propicio cuando, por ejemplo, la apertura de mezquitas es causa de protestas generalizadas en distintos puntos de nuestra geografía? Y no estaría de más tampoco preguntarnos por la suficiencia de cauces de participación ciudadana en un sistema que, como el nuestro, sobrepasa con creces la media europea en términos de años de residencia como condición de acceso a la nacionalidad o que, a diferencia de otros muchos, se ha mostrado persistentemente reacio a extender el sufragio local a los residentes permanentes no comunitarios. Todas estas serían preguntas que servirían para evaluar, así fuese en tono crítico, la suficiencia de la política de integración del gobierno actual.

Pero, claro, muchas de estas preguntas requieren para ser planteadas una modestia cultural y un espíritu de autocrítica que, electoralmente hablando, venden poco. Y lo que es peor, pueden requerir inversiones públicas que, electoralmente hablando, también venden poco, y, según a quién, todavía menos. Es mucho más fácil entonces sacarse de la chistera un invento de ingeniería de la integración, al que legalmente vestimos de contrato, cuya virtud, en el mejor de los casos, es su total inutilidad, y que, en el peor, ahonda los males que uno imaginaría quisiera curar.

La penúltima propuesta electoral del Partido Popular, referente a la intención de introducir en la legislación española sobre inmigración la exigencia de un contrato de recepción, integración o asimilación, le sitúa en la línea más dura y ultraconservadora de las políticas de inmigración que se están poniendo en marcha en algunos países de la Unión Europea.
Dicha propuesta, y la política migratoria implícita en ella, tienen como objetivo el endurecimiento de las condiciones de entrada en el territorio nacional y, en todo caso, para los inmigrantes con menos formación, y ello sin mencionar las posibles violaciones de los derechos cívicos de los inmigrantes que esos contratos de integración pueden conllevar. Porque, ¿qué ocurriría con los inmigrantes que no obtuvieran los resultados esperados en esas pruebas de integración? ¿Quizá se verían privados de las prestaciones sociales, a modo de incumplimiento contractual? ¿O tal vez serían sancionados con la expulsión del país?

TRADICIONALMENTE, cuando se plantea la necesidad de las políticas de integración, esta se entiende que está relacionada con el reconocimiento de los derechos, el acceso a los servicios sociales y el fomento de la participación de los inmigrantes en la vida social y política del lugar en el que residen. Es decir, la integración hace referencia a las necesidades reales y cotidianas de los inmigrantes y trata de facilitar su acceso a una ciudadanía plena y a la condición de sujetos plenos de la comunidad política en la que viven.
No es el inmigrante el que se integra o no, lo cual conduce a una distinción a priori entre los inmigrantes buenos y malos o integrables y no integrables, sino la sociedad y su organización política y jurí-
dica la que permite, facilita o no la integración y la aplicación del principio de igualdad para todos.
Sin embargo, con su propuesta, el PP intentar confundir los temas de la seguridad con los de la integración, abordando la inmigración exclusivamente desde la perspectiva del orden público y la seguridad y aportando una visión instrumental y clasista de la misma, que deja por el camino el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos más elementales. Olvida, además, que la integración no es una obligación de los inmigrantes, sino de la sociedad a la que deciden llegar a trabajar o vivir. ¿Acaso existe más prueba de integración que decidir vivir y trabajar en una comunidad diferente a la suya, con las dificultades que ello comporta? ¿Dónde quedaría, si no, el compromiso de nuestras sociedades democráticas con la libertad, la igualdad y la solidaridad?

LA PROPUESTA del PP implica, además, plantear la problemática de la inmigración desde el punto de vista identitario, olvidando que la integración no es una cuestión de conflicto de identidades, sino de cohesión social. Todo lo de-
más, cumplir las leyes, aprender el idioma, integrarse en las prácticas sociales locales, etcétera, viene por añadidura. En situaciones de recesión económica y aumento de des- empleo, quienes resultan más severamente perjudicadas serán las capas sociales menos favorecidas y entre ellas están los inmigrantes, especialmente los de menos formación.
Para afrontar situaciones como estas son necesarias políticas sociales y un dotación económica suficiente para asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos, y no contratos o pruebas de integración que únicamente fomentan el enfrentamiento cultural y las reacciones xenófobas, principalmente, entre las capas sociales menos favorecidas.
En el caso de España, la implantación de un contrato de integración supondría también un agravio comparativo entre los diferentes colectivos de inmigrantes por su origen, raza o religión. Los inmigrantes latinoamericanos tendrían en principio más facilidades de superar con éxito dicha prueba o contrato: primero, por compartir con los españoles el idioma; segundo, por tener, en muchos casos, la misma confesión religiosa, y tercero, por afinidad de costumbres en cuanto provienen de países que han sido colonias españolas. Con lo cual la prueba en cuestión supondría ya un cierto estigma social, por ejemplo, para los inmigrantes procedentes de países musulmanes.

FINALMENTE, los actuales dirigentes del Partido Popular aportan una visión miope del fe- nómeno migratorio en su conjunto, de la necesidad económica y demográfica que los países europeos, y en concreto España, tienen y de la problemática humana que tras la inmigración existe y que plantea un reto importante al carácter universalizable de los derechos humanos y de las prácticas democráticas.
Más allá de la retórica populista y de la demagogia del miedo que han acompañado a la referida propuesta del contrato de integración, lo cierto es que, para la derecha española, la inmigración se ha de reducir a un simple depósito de mano de obra barata, vulnerable, integrada únicamente en las necesidades del mercado y fácilmente reemplazable.

Todas las referencias al “contrato social” realizadas estos días por dirigentes del PP señalan directamente a los musulmanes, reviviendo estereotipos negativos latentes en nuestra sociedad. Al ser preguntados sobre las supuestas “costumbres de los inmigrantes” que chocan con las “costumbres españolas”, han mencionado el uso del hiyab y la llamada del almuédano a la oración. Pizarro ha ido un paso más allá, hablando incluso de “cortar la mano a los ladrones”. ¡Como si los inmigrantes fueran cortando manos por ahí!

Resulta ilustrativo el enmarcar esta propuesta en el rechazo que la presencia del islam en nuestro país genera entre la derecha españolista. Asistimos a la emergencia de un revisionismo histórico anti-andalusí, unido a la reafirmación de los mitos fundacionales de la españolidad más arcaizante. En esta clave hay que leer las obras Al Andalus contra España, de Serafín Fanjul, El islam contra España, de César Vidal, o La Yihad en España, de Gustavo de Arístegui. Obras que responden a una orientación política explícita, y recurren a la práctica (francamente lamentable) de seleccionar aspectos negativos de un determinado periodo histórico para desacreditarlo.

Este discurso pretende que el islam es ajeno a la identidad española, que los musulmanes que vivieron en la Península durante ocho siglos eran extranjeros, que Al Andalus es una época maldita, en la cual la “verdadera España” fue arrinconada en los montes asturianos, desde donde inició una gloriosa reconquista. Vuelven Don Pelayo, Santiago Matamoros y el Cid Campeador como exponentes de la España eterna.

Recordemos las palabras de José María Aznar en la Universidad de Georgetown: “Los problemas de España con Al Qaeda comenzaron en el siglo VIII, cuando fue conquistada por los moros y rehusó perder su identidad”. Y en una clase posterior: “Yo apoyo a Fernando (el Católico), creo que fue un gran rey. Creo que estamos en tiempo de guerra. O nosotros acabamos con ellos o ellos acaban con nosotros”.

Resulta chocante ver cómo Aznar establece una conexión anacrónica entre el pasado y el presente, como si los musulmanes peninsulares de los siglos VIII al XV fuesen de Al Qaeda. Arístegui, por cierto, no se queda atrás, y se refiere a los almorávides y almohádes como “los primeros movimientos de corte islamista de la historia”, antecedentes del “islamismo radical” que, según la derecha, amenaza a la España cristiana.

Salta a la vista el papel que la religión juega en este discurso. También la Conferencia Episcopal se ha referido reiteradamente a esta hipotética “unidad histórica, espiritual y cultural de España”, basada en la romanización y la evangelización. Durante una peregrinación a la Iglesia de Santiago en Zaragoza, Rouco Varela afirmó lo siguiente: “En el fondo el alma de España vibra a través de la historia de su cultura, de todas las épocas gloriosas de su Historia. En todas ellas ha habido fidelidad de fondo a Cristo. España será cristiana y católica o dejará de existir como tal”.

Todo aquel que se oponga a esta mitología es automáticamente tachado de “anti-español” y “traidor a la patria”. De ahí que Mansur Escudero, presidente de Junta Islámica, haya sido calificado como “Don Julián”, y que la Fundación para la Defensa de la Nación Española afirme: “La Junta Islámica ha expresado su hostilidad hacia la tradición histórica y cultural española”. Y de ahí que, en una visita a Lorca, el presidente del Gobierno tuviera que suspender un acto a causa de la acción de un grupo de 300 manifestantes que gritaban “Zapatero, anticristo” y “España cristiana, no musulmana”.

Todo esto pone en evidencia la persistencia de una mentalidad arcaica en la España del siglo XXI. Cuando Aznar conecta su admiración por Fernando el Católico con la llamada “guerra contra el terrorismo”, está proyectando una mitología españolista reaccionaria en la geopolítica contemporánea. Vemos así cómo el nacional-catolicismo español resucita bajo el paraguas neocon del “choque de civilizaciones”.

No podemos pasar por alto el sentido último de esta conexión entre el pasado y el presente, como si se tratase de situaciones destinadas a repetirse. La presencia del islam en la España del siglo XXI es presentada como una reminiscencia de la “invasión musulmana” de la Hispania visigoda. Cuando se justifican la Inquisición y la expulsión de los moriscos con el argumento de que España estaba en guerra con el islam y de que aquéllos eran una “quinta columna”, es inevitable trazar un paralelo con la situación actual, en la cual es habitual escuchar que estamos en “guerra contra el islam” y que los ciudadanos musulmanes son “quintacolumnistas” que ponen en peligro la identidad española. La expulsión o el exterminio emergen como la solución final para asegurar el retorno a la España “inmaculada” de los antepasados.

Esto es una agresión directa a la verdadera España, la España democrática y plural, en la cual debemos aprender a convivir cristianos, budistas, judíos, ateos, agnósticos y musulmanes. Lo que hoy da cohesión a nuestra sociedad no es la mitología nacional-católica, sino valores compartidos como los derechos humanos y el laicismo, el pluralismo religioso y la igualdad hombre-mujer. Éstos son los cimientos de la España abierta que entre todos debemos construir, una tierra de convivencia con la cual todos podamos identificarnos.

Hace ahora tres meses, pronuncié la conferencia inaugural del congreso organizado por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos utilizando este título, ‘Los nuevos españoles: geografía de una inmigración sin precedentes’, porque subraya dos características de la corriente inmigratoria en España: su vocación de permanencia y su excepcionalidad, tanto en el ritmo de llegada como en la procedencia. La inmigración actual en nuestro país tiene tal intensidad que en el plazo de dos décadas ha hecho posible el asentamiento de cerca de cinco millones de extranjeros, según la estimación del INE a partir del Padrón Municipal de habitantes de enero de 2007. Se trata de un movimiento acelerado, ya que en el año 1998 los residentes extranjeros eran solamente 637.085. En otras palabras, en los últimos diez años la población residente extranjera se ha multiplicado por ocho, aproximadamente. Y aunque su distribución regional aparece claramente dominada por las comunidades más dinámicas económicamente, con el paso de los años los inmigrantes se han extendido por el territorio nacional, siendo muy numerosos en todas las provincias. La cornisa mediterránea, Madrid, Canarias y Baleares acogen al mayor número de residentes extranjeros; a continuación se sitúan Aragón y el País Vasco, cuya población extranjera ha crecido mucho proporcionalmente en los últimos cinco años.

La procedencia de los inmigrantes resulta también excepcional, por su variedad. Las comunidades más numerosas se caracterizan por la proximidad, geográfica y/o cultural de su país de origen. Por ello, entre las diez nacionalidades más frecuentes aparecen varias europeas, la marroquí y algunas latinoamericanas. Temporalmente, podemos distinguir varias oleadas de inmigrantes: una primera fase en la que ha predominado la inmigración de europeos jubilados, seguida de la llegada de marroquíes durante los años 90, de latinoamericanos en el período 1995-2005, y de los rumanos a partir de 2005. Como resultado, nos encontramos actualmente con cuatro categorías de nacionalidades de origen más representadas, que rondan los 500.000 residentes en el primer grupo (Marruecos, Rumania y Ecuador); en el segundo, los 300.000 (Reino Unido, Colombia y Argentina); en el tercero, los 200.000 (Alemania, Francia, Bolivia); y en el cuarto, Perú, los 150.000.

Con un 10% de población extranjera, España es, por primera vez en su historia contemporánea, un país de inmigrantes. Una transformación que ha tenido lugar en muy breve espacio de tiempo. En tales circunstancias, las políticas migratorias han tenido que formularse con carácter de urgencia, ampliando continuamente el marco de la legalidad y concediendo repetidas amnistías. La Administración española se ve obligada a divagar por un espacio complejo, ya que el ordenamiento de la inmigración tiene que tener en cuenta realidades económicas, sociales, diplomáticas, humanitarias, legales. Paulatinamente, el tratamiento de los problemas migratorios se ha ido descentralizando.

Si pensamos en las funciones que cumplen los inmigrantes en la España del siglo XXI, distinguiremos, sin ser exhaustivos, la económica, la demográfica y la cultural. Los inmigrantes desempeñan un papel importante en la nueva estructura económica de nuestro país, que se ve afectada por una modificación importante del mercado de trabajo a raíz de la aparición de un nuevo tejido empresarial, con los siguientes rasgos fundamentales: llegada de las multinacionales buscando mano de obra barata y sumisa, y un sistema político estable; reducción drástica de la empresa pública; proliferación de las pymes; reconversión industrial, robotización, industria ligera y transporte; transformación de la agricultura de subsistencia en agricultura especulativa; ‘boom’ de la construcción; consolidación del sector turístico. Al mismo tiempo, han tenido lugar dos transformaciones sociales de primera magnitud: la incorporación de la mujer al trabajo y el envejecimiento de la población. Se comprende que en esta nueva situación la creación de empleo haya sido superior a la oferta de trabajo de la sociedad autóctona. Sobre todo, se ha creado un número elevadísimo de puestos de escasa categoría y remuneración que los naturales no han reclamado y que los inmigrantes han aceptado como agua caída del cielo. Este tipo de trabajos se concentra, fundamentalmente, en el servicio doméstico, la hostelería, la construcción y, en las regiones mediterráneas, en la agricultura.

Sin solución de continuidad, los inmigrantes cumplen una función cultural y una función demográfica, esta última con un carácter extraordinario. Los inmigrantes han hecho posible que España supere con creces su límite histórico demográfico. Los españoles siguen siendo 40.000.000, pero los nuevos españoles son cinco millones más. En proyecciones de la población española a medio plazo se baraja la cifra de cincuenta millones de personas, gracias a la inyección inmigratoria y a su movimiento natural. La población inmigrante adopta pautas de fecundidad muy superiores a las de la población autóctona: los nacimientos de madre extranjera en España son ya superiores al 10,5% del total. Aunque las tasas de fecundidad de los inmigrantes tiendan a moderarse con el tiempo, la población inmigrante con vocación de permanencia está cambiando drásticamente las condiciones demográficas de nuestro país, ahuyentando la sombra del colapso demográfico. Al tiempo, los inmigrantes necesitan también cubrir sus necesidades, que, naturalmente, deberá facilitar el cuerpo social que los acoge: permisos de residencia y trabajo, puestos laborales, vivienda, educación, sanidad e integración, entre otras. En España se han multiplicado las actuaciones asistenciales y las asociaciones pro inmigrantes y de inmigrantes, que, junto con los gobiernos locales y regionales, prestan atención a estas necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo procedente del extranjero.

Finalmente, me interesa reflejar el crecimiento de la voluntad de los inmigrantes no nacionalizados de participar en la vida política de nuestro país, porque pienso que es la sociedad civil la que debe canalizar las inquietudes de la población inmigrante no naturalizada, con representación en foros a todos los niveles. Forzar su participación plena en la vida política sería banalizar todavía más la esencia de la democracia española, facilitando la creación de líderes ‘mediáticos’. Si los españoles hemos descubierto que nos resulta complicado compartir un ‘pasado común’, no parece honesto forzar la integración de los inmigrantes españoles no naturalizados. El respeto por cada comunidad étnica o histórica es fundamental en cualquier sociedad plural que no esté en descomposición.

En España, ser “del Este” se ha convertido en un estigma. Últimamente, el rechazo del extranjero, una lacra que existe en todas las sociedades, va dirigido de manera especial contra los trabajadores temporales o residentes que proceden de los antiguos territorios soviéticos, o sea, de los llamados “países del Este”.

Conozco varios hogares españoles que emplean a una asistenta rumana o rusa, mujeres con formación universitaria que no pueden sobrevivir en su país. En todos ellos escuché comentarios elogiosos a la par que aterrados sobre esas ayudantes domésticas, tipo: “La asistenta es un encanto, pero, siendo rusa, ¿no trabajará para una de esas bandas del Este?”.

Es cierto que un buen número de los grupos de delincuentes que se dedican al robo con violencia y a la prostitución proceden de distintos puntos de la Europa balcánica u oriental -generalmente de Rumania, Moldavia o Rusia-. Pero el hecho de que la prensa española, en vez de distinguir la historia y la tradición cultural de los distintos países que hace casi dos décadas salieron del totalitarismo, haya acuñado para todos ellos la inscripción “Este” (y que a los criminales, vengan de donde vengan, los haya llegado a llamar indiscriminadamente “bandas del Este” o “mafias del Este”) no favorece ni a la imagen que los españoles puedan formarse de las personas provenientes de los países poscomunistas ni a su anhelo de entender esos países, tan desconocidos durante décadas.

En la mayoría de los casos, estas bandas que se dedican al crimen organizado están formadas por antiguos policías de los regímenes comunistas, los cuales, mientras duró el totalitarismo soviético, sirvieron a la Securitate, la KGB y organismos semejantes. Se trata de individuos que, al trabajar para los servicios secretos, fueron entrenados para pegar, torturar, entrar en las casas en ausencia del propietario, registrarlas y confiscar objetos escondidos, en especial manuscritos, libros clandestinos y documentos comprometedores. Sin embargo, con la caída del comunismo y la llegada de la democracia, bastantes de esos hombres perdieron su trabajo de empleados de los diferentes ministerios del Interior y, aunque la mayoría encontró otras colocaciones o se enroló en las renovadas fuerzas del orden, algunos se organizaron en poderosas mafias que, hoy, en otro marco muy distinto, prosiguen la labor que durante años conformó su cotidianidad.

Paradójicamente, la cruel ironía que viven hoy los ciudadanos europeos que vienen de los países del Este es la de verse estigmatizados por culpa de quienes durante el totalitarismo les infligieron miedo y vejaciones, por culpa de aquellos que les humillaron y reprimieron su libertad.

Hace unos meses, acompañé a una pareja de escritores polacos que había venido en su coche a España para dar una gira de conferencias. Al ver la matrícula polaca, la policía nos hizo parar y bajar, para luego registrarnos e inspeccionar el vehículo hasta la última bolsa de plástico, sin dejar de exhibir ante nosotros sus cuatro ametralladoras. Tras un riguroso interrogatorio en el arcén de la carretera, nos dejaron marchar balbuceando algunas excusas, pero uno de los policías añadió que buscaban a las bandas del Este, sobre todo a las de los Balcanes, “los más violentos”. Le dije que Polonia está lejos de los Balcanes y le pregunté por qué decía que los balcánicos eran los más violentos. El policía me contestó que ya lo demostraron en las recientes guerras de Yugoslavia, y en ese instante fui consciente de que esa es todavía la opinión de muchos otros españoles

Y es que se suele pensar que los criminales balcánicos son los más salvajes, mientras que los eslavos practican una crueldad refinada y diabólica, como los métodos de la KGB de ayer y de la FSB de hoy. Un estereotipo tras otro estereotipo, una vez más.

Los criminales más violentos y temibles, comentaron luego mis acompañantes polacos, sean de donde sean, son los antiguos miembros de las policías secretas y de los aparatos represores totalitarios, de cuya mano los ciudadanos de los países ex comunistas sufrieron lo suyo en una época no tan remota. Convenimos que esos hombres, que han dedicado su vida a la violencia son básicamente los causantes de que en la actualidad los mismos ciudadanos que fuimos sus víctimas quedemos difamados por ser “del Este”. A estas alturas, está claro que ser del Este es una expresión que ha adquirido connotaciones claramente peyorativas.

¿Cómo deben sentirse en ese ambiente rencoroso las personas que vienen de esos países para residir en España? Experimenté dicha animadversión personalmente al acompañar a una empresaria y una diplomática, ambas de Praga, como yo, a un acto en Madrid. Por el camino, que hicimos en autobús, charlamos animadamente en checo y entonces noté que los viajeros nos escuchaban y observaban con curiosidad. Luego, al bajar, un hombre nos soltó una exclamación descarada sobre las mujeres “del Este”, acompañando sus palabras con un gesto obsceno.

Más tarde, en un taxi, el conductor, al oírnos hablar, nos preguntó de dónde éramos. Por miedo a causar una mala impresión, mis acompañantes contestaron evasivamente, hasta que una de ellas se hartó de su temor y dijo la verdad. El taxista exclamó: “¡Del Este, ya lo decía yo!”. Acto seguido, ambas mujeres se deshicieron en justificaciones diciendo que provenimos de una ciudad civilizada, cultural, piense en Kafka o Dvorak…

¿Por qué mis acompañantes sintieron la necesidad de justificarse como si se tratara de una grave acusación? Pues porque esos hombres, con sus miradas, sus gestos, sus insinuaciones, nos estaban tratando como si perteneciéramos a grupos de delincuentes o a redes de la prostitución “del Este”.

En parte, entendí la razón del rencor de los españoles por los “del Este” cuando, al día siguiente, fui a buscar una copia de mi partida de nacimiento al Registro Civil, ubicado en la madrileña calle de la Montera. Ya de madrugada (la cola para conseguir la documentación empieza a formarse alrededor de las seis), se podía observar a decenas de prostitutas pululando en ese lugar tan céntrico de Madrid, y entonces deduje que la mayoría habrían sido raptadas de Rusia, Ucrania y Rumania contra su voluntad para, una vez aquí, someterlas a una suerte de violencia cotidiana. Aquellas mujeres eran unas esclavas contemporáneas, víctimas de sus secuestradores y de todos los que permiten su condición. Ante un espectáculo semejante, cualquier ciudadano debe sentirse violento.

Parcialmente por culpa de ese fenómeno, la imagen de la mujer eslava se ha ido deteriorando en los últimos dos años, asociándose con alguien que se aprovecha de su físico. Existen series televisivas y largometrajes, españoles y otros, en los que una rusa o una polaca, consciente de su atractivo, se vende al mejor postor. Y conozco más de un caso en el que padres españoles se opusieron rotundamente a que su hijo se casara con una mujer eslava. ¿Qué es todo ello si no un nuevo racismo?

En una encuesta reciente de la cadena de televisión francesa France 24, los ciudadanos españoles fueron los que mostraron actitudes menos racistas de todos los ciudadanos europeos. Sin embargo, tras 20 años de residir en España sin ningún problema, observo un creciente número de actitudes como las que he tratado de describir.

No deberíamos olvidar que un inmigrante, sea del Este o no, ese extranjero que nunca acaba de comprender del todo el idioma y la cultura del país que le ha acogido, es un ser más vulnerable que los demás, alguien que con facilidad se siente humillado y maltrecho. Estigmatizar al débil es cometer una injusticia, por lo que urge reaccionar ya, evitando denigrar a un grupo de conciudadanos por las actuaciones delictivas de una minoría.

La inmigración vuelve a ser tema de campaña electoral. Y no es que no deba ser así, ya que las fuerzas políticas han de presentar sus propuestas para la gestión de la misma, o para resolver los déficits que genera el incremento de población; el problema es cuando se cede a la tentación de la consigna fácil, ligada a los prejuicios xenófobos, con la que solo se busca recoger el voto del miedo y del rechazo a los inmigrantes.
Este ha sido el caso de la consigna planteada por CiU: “La gente no se va de su país por ganas sino por hambre, pero en Catalunya no cabe todo el mundo”. Una consigna que falsea las causas del fenómeno migratorio, pues lo cierto es que la inmigración que hemos recibido, el momento y la cantidad en la que la hemos recibido, ha venido determinado por las necesidades de nuestro mercado laboral. Falsea también sus efectos, dando una imagen de saturación, cuando esta inmigración recibida ha sido la que ha posibilitado los altos índices de crecimiento eco-
nómico que hemos tenido. Y, lo que es peor, nos presenta la inmigración como algo negativo, algo de lo que debemos prevenirnos, algo que para nuestra sociedad constituye una amenaza. Es aquí donde reside el carácter xenófobo de la consigna.

PERO LA propuesta de campaña que está mereciendo más debate es la planteada por el PP: el contrato de integración que deberán firmar los inmigrantes que vayan a residir en España por más de un año. No es una propuesta novedosa; sigue los pasos de otra parecida que hizo CiU dos años atrás, y coincide con medidas impuestas en otros países. El contrato de integración lo planteó Sarkozy en el 2004, pero antes ya se había introducido en la ley de extranjería austriaca del 2002, y con nombres similares lo tenemos en otros países, como Bélgica (cursos de integración obligatorios), Holanda (estatuto de integración y examen de integración), Dinamarca (examen de integración), Reino Unido (examen de ciudadanía, aunque solo para el acceso a la nacionalidad), etcétera.
El contrato de integración lleva al examen de integración, y en varios países está ya legislado cómo se realiza y lo que sucede cuando no se supera. En Austria, por ejemplo, si dos años después de adquirida la residencia el inmigrante no supera el examen de alemán y de historia austriaca, es multado, y si no lo supera cuatro años después, pierde la residencia.
En estos países, las medidas tipo contrato de integración o examen de integración han sido, en general, introducidas por gobiernos conservadores, y cuando mayor desarrollo han alcanzado ha sido cuando se hallaba la extrema derecha presente en el Gobierno. Así ha sido en Austria, Holanda y Dinamarca, que, por otra parte, han sido los pioneros en este tema. Se trata de medidas ampliamente criticadas desde las entidades de defensa de los derechos humanos y desde las organizaciones que trabajan directamente con la inmigración y la integración.
Las críticas se realizan tanto por el concepto de integración que subyace en esas medidas como por sus efectos sobre la propia integración. El concepto de integración que expresan tiene un fuerte sesgo culturalista y asimilacionista, ya que la reduce a una cuestión de aprendizaje del idioma, de la historia y la cultura del país receptor. El aprendizaje del idioma, o los idiomas, es sin duda muy importante, pero la integración es sobre todo una cuestión de equiparación en derechos, en acceso igualitario al trabajo y los servicios, en participación democrática, etcétera. Así se está poniendo de manifiesto, no solo por parte de las organizaciones sociales, sino también de la propia Comisión Europea, cuyos documentos sobre políticas de integración se centran en aspectos como el acceso al trabajo, a la educación, a la participación, etcétera.
Sobre todos estos aspectos no es el inmigrante el que ha de ser examinado, más bien lo ha de ser la sociedad receptora. Por ello también son criticados los contratos y exámenes de integración, porque culpabilizan al inmigrante de la no integración, hacen recaer sobre él todo el peso de los malos resultados que puedan producirse en este terreno y desvían nuestra atención de las políticas de integración que se hacen y de los recursos que a ellas se le dedican. El efecto final del contrato de integración puede ser que se escamotee con mayor facilidad la carencia de políticas y recursos para la integración.
La integración avanza cuando se combate la discriminación y cuando se dedican a los servicios públicos los recursos adecuados, acordes con el aumento de población que la inmigración supone, la integración avanza. El aprendizaje del idioma o idiomas de la sociedad receptora también es importante, pero más que un asunto de mayor o menor interés de los inmigrantes, es una cuestión de los recursos que se dedican.

SI QUIEREN hablar de integración en la campaña electoral, los partidos políticos han de explicar los avances que van a introducir en la lucha contra la discriminación, los recursos que van a dedicar a los barrios en los que más se han concentrado los inmigrantes, las políticas de promoción de la participación, las nuevas medidas que desarrollarán para corregir las desventajas de las que parten los inmigrantes (en conocimiento del idioma, del entorno social, de los recursos, etcétera). Se trata en definitiva de cambiar la pregunta de partida: más que preguntarnos si los inmigrantes se integran o no, hemos de preguntarnos si la nuestra es o no una sociedad suficientemente integradora.

Dos son los rasgos destacados de la política de inmigración del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El primero ha sido la creación de un procedimiento de contratación en origen, en base a un catálogo de empleos de difícil cobertura. Sistema que se aplica ahora con rapidez en contrataciones realizadas por grandes empresas, pero que padece demoras que pueden ser de siete o doce meses en la tramitación del visado cuando el solicitante es un pequeño empresario. Demoras que continúan repitiéndose en numerosas provincias en las expediciones y renovaciones de documentos.

El endurecimiento del control de la inmigración irregular en el Estrecho de Gibraltar ha sido el otro gran rasgo de la política de inmigración de este Gobierno, lo que ha alejado los puntos de partida de los cayucos con dramáticas consecuencias.

Hay, además, otro hecho incuestionable: España ha pasado de tener 1.647.011 extranjeros con permiso de residencia en enero de 2004 a 3.740.956 a 30 de septiembre de 2007. Es decir, ésta habrá sido la legislatura en la que se ha producido el mayor incremento de extranjeros con permiso de residencia. Y simultáneamente se puede afirmar que hay ya cinco millones de extranjeros empadronados, lo que significará el 11% de la población.

Ante este evidente aumento del número de inmigrantes regularizados, el Gobierno ha actuado de manera vacilante, en ocasiones casi ocultando las cifras, para evitar que el PP le acusara de tener la puerta demasiado abierta, para luego declarar que la contratación en origen funciona a la perfección, mezclando datos de contratación para empleos estables con los de temporeros.

De la misma manera, siendo un hecho la generalización de las expulsiones de los senegaleses y otros africanos que llegan a Canarias, ante las críticas del PP por la llegada de más cayucos, el Gobierno en reiteradas ocasiones dio datos de expulsiones, devoluciones y denegaciones de entrada en las que mezclaba estos expulsados, con los de los rumanos a los que se impedía la entrada en La Junquera pero que más tarde entraban por otro puesto fronterizo.

Esta actitud dubitativa del Gobierno ha sido debida tanto a las críticas del PP y ciertos gobiernos europeos al proceso de regularización de 2005, que concedió permiso de trabajo a más de 575.000 extranjeros, como por el efecto mediático y la utilización política que hizo el PP de las situaciones vividas en Ceuta y Melilla en 2005 y del impacto de los cayucos llegados a Canarias.

La legislatura recién concluida comenzó con la aprobación del reglamento que desarrollaba la ley 14/2003 que modificaba de nuevo la 4/2000. Y, mientras en la anterior PP y PSOE pactaron dicha reforma, cuando el Gobierno socialista sondeó el reglamento el PP decidió rechazar el consenso. Y el reglamento creó el catálogo de empleos de difícil cobertura que facilitaría la contratación en origen.

El catálogo provincial de difícil cobertura es un listado trimestral de empleos en el que están aquellos que demandan extranjeros. Y fija un procedimiento de contratación, complementario al cupo, por el que aquel que desea contratar a un inmigrante que se encuentra en el extranjero para un empleo recogido en dicho catálogo, tras presentar la solicitud, su expediente es aprobado sin ser necesario que se certifique que para dicho empleo no hay españoles en paro, por lo que sólo queda pendiente la expedición del visado. Inicialmente, el sistema fue rápido y también fue usado para regularizarse por decenas de miles de extranjeros que no habían podido acogerse a la regularización de 2005, los cuales regresaban a su país para tramitar el visado. Pero al año de la puesta en práctica de este sistema, la mayoría de consulados empezaron a tardar cinco o diez meses en tramitar los visados. En cambio, las grandes empresas y sindicatos agrarios no han sido afectados por estas demoras y consiguen traerse rápidamente los trabajadores que precisan.

Esta demora no tiene otra explicación que la voluntad de frenar el caudal de inmigrantes, lo cual tiene el efecto de que puede ser más práctico dar empleo a un rumano o búlgaro sin permiso de trabajo -o intentar regularizar por arraigo a un irregular si éste ya lleva tres años en España- que esperar nueve meses un visado.

La caída de la natalidad, el crecimiento económico vivido estos años y la imparable demanda de mano de obra para el cuidado de ancianos han sido el efecto llamada para esta llegada de más inmigrantes, al igual que ocurría cuando sólo eran el 2% de la población. Pero persiste la creencia de que cuando se produzca una recesión, como ocurre ahora en el sector de la construcción, cientos de miles deberán marchar. Sin embargo, estas demoras en la concesión de visados, o las dificultades que tienen los reagrupados para conseguir el permiso de trabajo, provocan el efecto contrario. Generan que muchos empresarios que desean solucionar la falta de mano de obra se sirvan de nuevos irregulares, empleen en la economía sumergida a ciudadanos rumanos o a reagrupados que carecen de permiso de trabajo. No es ningún secreto que cientos de miles de mujeres latinas irregulares o reagrupadas sin permiso de trabajo, trabajan en la asistencia de ancianos, sector que demanda más y más personal.

Por lo que respecta al otro pilar de la política de inmigración, el control del Estrecho, ahora con la ayuda de la Unión Europea y el programa FRONTEX, su valoración es más compleja y no únicamente por el incremento de víctimas en el Atlántico. El Gobierno está vinculando la cooperación al desarrollo de los países subsaharianos con la aceptación de las repatriaciones de irregulares y con la promesa de que se van a dar fondos para formación y se crearán cauces de inmigración legal. Pero de poco sirve dar formación, si luego ese flujo legal es sólo de un millar de senegaleses o de varios cientos de ciudadanos de Ghana al año. Sin la ayuda de las remesas de los inmigrantes que permitirán el desarrollo de proyectos de los que se quedan, la formación sirve de muy poco.

Y por lo que respecta a Marruecos, este país asumió la parte más inhumana del reforzamiento de los muros de Ceuta y Melilla a cambio del apoyo de España a las tesis marroquíes sobre el Sáhara. Una vez reforzadas las vallas, Marruecos, pese a no reconocer formalmente dichas fronteras, las hizo efectivas de la única manera que un muro es disuasorio: disparando a quienes pretendían saltarlo.

Resalté antes la rapidez con la que España ha alcanzado los cuatro millones de extranjeros con permiso de residencia. Cifra que seguirá creciendo por más que la construcción experimente una recesión. Y ello porque esta recesión no se da en los otros sectores económicos y por la imparable demanda de mano de obra para el cuidado de ancianos. Esto exige ya el desarrollo de políticas de integración. Integración, para empezar, es evitar la segregación escolar con centros a los que sólo van extranjeros. Ciertamente, el Gobierno ha lanzado un ambicioso Plan de Integración, pero muchas de sus competencias están repartidas entre comunidades autónomas y ayuntamientos.

Lo que tendría un efecto inmediato sería abordar en la próxima legislatura el derecho de voto de los inmigrantes en las elecciones municipales. Algo que PSOE e Izquierda Unida-Iniciativa pactaron, pero de lo que el PSOE renegó después. No se comprende que un inmigrante pueda morir con uniforme español en Afganistán, pero no pueda elegir al alcalde de su municipio. Y esta segregación de derechos puede tener efectos perversos a la hora de distribuir recursos entre los barrios donde residen los votantes y aquellos donde residen los extranjeros que pagan impuestos pero no votan.

La próxima legislatura debería también reformar la Ley de Extranjería, tanto por la sentencia del Constitucional que ha anulado aspectos de la ley 8/2000, como por directivas comunitarias. Por ello es importante que durante la campaña electoral no se haga demagogia y se aborden cuestiones como las de los subsaharianos que no pueden regularizarse por arraigo al tener una orden de expulsión -tal vez se planteará una nueva regularización-, o se asuma acabar con las trabas burocráticas para facilitar permiso de trabajo a los reagrupados y para tramitar los visados. Mientras estas trabas persistan se alentará a la inmigración irregular y la economía sumergida.

Auspiciada por los Ministerios de Interior, Justicia y Asuntos Sociales, Metroscopia acaba de hacer pública una encuesta sociológica (La comunidad musulmana de origen inmigrante en España) en la que, por segundo año consecutivo, se nos informa de que la inmensa mayoría de los ciudadanos musulmanes que viven en nuestro país valoran las libertades, el estado de derecho, están en contra de la violencia, y se identifican con la forma de vida española y el respeto a las diferentes religiones. Es decir son ciudadanos “normales”. El 5% que se identifica con el discurso y las actitudes de los grupos integristas (lo cual, aunque nada deseable, no significa que vayan a poner una bomba), es el porcentaje habitual de tendencias radicales que lamentablemente se da en todas las sociedades, tal y como señaló en la presentación de este estudio su director y reputado sociólogo Juan José Toharia.

La encuesta es, por tanto, tranquilizadora y pedagógica. Pero una cuestión que no puede pasar por alto es ¿por qué ha sido necesario realizar esta encuesta? El simple hecho de hacerla nos muestra el nivel de preocupación o estigmatización que recae sobre las personas con identidad musulmana, en tanto que en absoluto se ha planteado tal requisito con respecto a otros colectivos ciudadanos de otras religiones.

Tener que llevar a cabo una encuesta sociológica para demostrar que los musulmanes son en términos generales ciudadanos “normales”, debería hacernos reflexionar hasta qué punto inquietante hemos llegado en todo lo relativo al mundo del islam. Y hasta qué punto la gran mayoría de trabajadores musulmanes pacíficos están sometidos no sólo a las durezas propias de la inmigración, sino también a una lupa escrutadora que con demasiada frecuencia los señala con el dedo por lo que son, no por lo que hacen. Incluso cuando es positivo, como en este caso, no deja de ser otra manera de colocarles en la primera línea, porque si se ha encargado dicha encuesta es que era necesario comprobar que no son un atajo de incivilizados, fanáticos integristas y violentos. Si hay que demostrar que son “normales”, es porque podría caber la posibilidad de que no lo fueran.

Podría incluso considerarse discriminatorio, pero dada la situación, la interpretación que debe prevalecer es que se trata de una muy necesaria reacción frente a esa sensibilidad social que evoluciona hacia la islamofobia. Y ante esto se imponía ofrecer un estudio científico y objetivo que contribuya a cambiar percepciones sociales nocivas y totalizadoras que ven a todo ese colectivo como amenazante, inasimilable y sospechoso. Por ello, la encuesta tiene un doble valor. Uno evidente, la demostración empírica de “su normalidad” en una búsqueda positiva por contener la intolerancia y discriminación contra los musulmanes; y otro subliminal y doloroso, que no debe escapársenos, como es conmover las conciencias sobre si es justo lo que estamos haciendo con la mayoría musulmana que vive en nuestras sociedades, al someterla a ese humillante escrutinio para convencer a nuestra sociedad sobre su “normalidad”.

Toharia también señaló el “desencuentro entre lo que ellos piensan de nosotros y nosotros de ellos”. Era una referencia a las encuestas sociológicas en las que los españoles, como el resto de los europeos, van recrudeciendo su rechazo contra los musulmanes. De hecho, desde el 2002, y de manera creciente, todas las mediciones sociológicas, nacionales e internacionales, muestran una actitud negativa hacia los musulmanes y una estrecha vinculación entre terrorismo e inmigración musulmana. Dado que esos sentimientos se presentan en función del patriotismo y la autodefensa (“defenderse del terrorismo”; como si la mayoría de los musulmanes no tuvieran que hacer lo mismo, cuando son ellos sus víctimas más numerosas) la islamofobia que engendran encuentra legitimación y desculpabilización social. De ahí que podamos hablar de una islamofobia inconsciente que no se entiende como discriminación sino como protección y autodefensa. Ese es el principal problema, que no se admite que exista, para afrontar esta nueva lacra que, según los informes de la UE, se refleja en creciente discriminación dentro de ámbitos tan sustanciales como el trabajo, la vivienda y la educación.

La normalización ciudadana de una serie importante de personas que son musulmanas, y que no desean dejar de serlo, entraña asumir un componente humano y una identidad que hoy día ya forma parte de la personalidad europea. Lo que no significa que desde esa identidad se dejen de aplicar los principios que el Estado de derecho impone. La primera premisa nunca debe excluir a la segunda. Y como la encuesta que aquí comentamos muestra, no se piensa que así deba ser. Por el contrario, emigran porque también desean vivir mejor en sociedades democráticas.

El respeto y la igualdad ante la ley son el mejor modelo de integración. Por ello, no perdamos la perspectiva de que, por el contrario, el caldo de cultivo para el odio y la radicalización son la discriminación, el rechazo y el desprecio hacia la cultura e identidad de un pueblo.

Se han presentado unos resultados muy optimistas sobre la satisfacción de los emigrantes musulmanes en España, pero cabe preguntarse qué sucede con las mujeres. En primer lugar, la migración de musulmanas no suele ser espontánea, sino que forman parte de ella como miembros de una familia: son esposas, hijas, madres, etcétera. Es por ello que no se les puede aplicar el tópico de que pertenecen al grupo de personas más emprendedoras de su comunidad, cosa que suele decirse de los varones. A menudo, además, ni siquiera han decidido su propia emigración. Una vez que esta se hace efectiva, hay que advertir que cada persona viene con su propia cultura y que, en principio, no parece que precisen de ninguna otra. En el caso de las musulmanas, se enmarca dentro de las directrices del islam. Pero hay otras inercias que interfieren en su adecuación a los mecanismos de adaptación (religiosa, cultural, social, etcétera) y a los usos de la población de acogida, esencialmente laica. Y todo ello sin dejar de pertenecer a la sociedad islámica de la que forman parte.
En España, la mayoría de inmigrantes provienen del Magreb y son de cultura islámica árabe y bereber. Aunque ambos términos no se relacionan demasiado a menudo con el concepto de cultura, vale la pena recordar que cada cultura tiene sus propios valores y su propia verdad.
Hablo aquí de las inmigrantes por motivos económicos que llegan con poca o nula preparación laboral fuera del hogar. Salvo casos excepcionales, su primera dificultad vendrá determinada por el desconocimiento del idioma, que en Catalunya se agravará por el doble uso del castellano y del catalán. Si no trabajan (o no las dejan trabajar), su relación con el exterior se realizará mediante el concurso del marido o de los hijos, y ello será difícil en determinadas ocasiones, como ir al médico, hablar con mediadores sociales, con los maestros de sus hijos, etcétera. Si los interlocutores son hombres, la comunicación puede llegar a ser una barrera infranqueable que la presencia de familiares contribuye a empeorar. Las pocas que trabajan accederán más fácilmente a la lengua, pero su dedicación al servicio doméstico limitará su aprendizaje al ámbito privado. Podrá haber un proceso de aculturación, pero será lento por la falta de interés mutuo de ambos colectivos. Del mismo modo, las emigrantes musulmanas no suelen relacionarse con españolas conversas al islam. Las diferencias sociales, económicas y culturales figuran entre los motivos, y lo mismo puede decirse de los varones y de las distintas asociaciones islámicas que, con frecuencia, solo agrupan a personas de una misma procedencia.

EN SU PRÁCTICA religiosa, la principal dificultad será el rezo en la mezquita. En su país, hay mezquitas solo para mujeres o entran en las de los hombres por una puerta distinta, utilizan una sala reservada o se colocan detrás. Pero aquí, y con muy pocas excepciones, se las excluye con la excusa de que no hay espacio suficiente ni siquiera para los hombres. La marginación de las musulmanas en Barcelona se manifestó en la retransmisión televisiva de la Fiesta del Sacrificio al final de la peregrinación a La Meca, el 10 de enero de 2006. Los medios de comunicación hicieron notar la ausencia de mujeres y acusaron a los musulmanes catalanes de discriminación y de machismo.
Otro punto es el del velo, cuyo uso está aumentando. Así reivindican su pertenencia a otra cultura, y no siempre lo hacen por motivos religiosos, sino como rechazo a un Occidente dominante y avasallador. Lamento que también se dé el caso de mujeres forzadas a vestirlo por voluntad del cabeza de familia, y esto es lo que se debe evitar, pero me congratulo de que el llamado problema del velo aquí haya sido esporádico y de que no se pueda hablar de un problema como tal.
La poligamia interfiere negativamente en la migración. A menudo, y sobre todo entre la población negra, el emigrante viene acompañado de una esposa y luego la reenvía a su país para que venga otra. Esto dificulta la aculturación y, a veces, el intercambio de tarjetas de la Seguridad Social entre ellas conlleva problemas sanitarios.

HAY ASPECTOS muy duros de la vida de algunas mujeres cuyo origen no se puede achacar al islam. Uno de ellos es el de la mutilación genital. En España, donde la población de riesgo practica la modalidad menos grave o ablación de clítoris, se detectaron los primeros casos en los años 90. Desde entonces, ha habido una lucha eficaz y las lesiones contra la integridad corporal o la salud física y mental de las personas ya está tipificada en el Código Penal. Pero algunas niñas han sido interceptadas a punto de viajar a sus países, donde era muy probable que las mutilaran, y no se puede bajar la guardia: hace poco se ha impedido que otras dos salieran por El Prat. Hay noticia de matrimonios forzados. Ojalá la mayor información que adquirirán las musulmanas restablezca su derecho inalienable a escoger a su pareja.
Acabo con una referencia a la violencia de género. Breve porque no es propio ni exclusivo del islam. Una vez más, hay que pensar en las dificultades que supone para las víctimas el desconocimiento del idioma, el miedo a que se descubra que carecen de papeles y el rol negativo que desempeñan algunos dirigentes del islam.

A pesar del empeño de algunas personas en negar la evidencia, hace ya tiempo que la educación escolar tiene que afrontar situaciones hasta hace muy poco completamente desconocidas. Un ejemplo es la movilidad del alumnado en las aulas. En Catalunya, año tras año, se incorporan a las aulas varios miles de alumnas y alumnos que proceden de todo el planeta. Esta incorporación no se hace al inicio del parvulario, sino que cualquier aula de la primaria o de la secundaria obligatoria puede recibir nuevo alumnado que desconoce la lengua de la escuela.

Además, no se trata de un fenómeno aislado, sino que, en algunas comarcas, se repite cada curso escolar en un gran número de las aulas de la escuela pública. No hace falta saber mucho sobre la educación escolar para comprender que esta situación dificulta enormemente la práctica educativa tradicional, la cual se tiene que modificar para atender adecuadamente al conjunto del alumnado. Y, para ello, se requieren nuevas formas de organización escolar y más recursos humanos y materiales.

Las aulas de acogida responden a esta doble necesidad: más recursos humanos y materiales y una nueva organización escolar. Su inicio se sitúa, a finales de los años sesenta, en la ciudad de Montreal y su función era la enseñanza del francés al alumnado extranjero que se incorporaba al sistema educativo de Quebec (Canadá). Posteriormente, se han extendido a la mayoría de los países occidentales que acogen alumnado extranjero.

Sin embargo, desde su concepción inicial hasta su puesta en marcha actual hay notables diferencias. Inicialmente, el planteamiento era muy sencillo: si este alumnado no conoce la lengua de la escuela, debe aprenderla antes de incorporarse a las actividades de enseñanza y aprendizaje. Por eso, debe pasar un cierto tiempo, el necesario para aprender la lengua de la escuela, en un aula especial.

Los problemas aparecen cuando la investigación, por cierto muy numerosa, muestra que, como mínimo, el alumnado extranjero tarda entre cinco y seis años en atrapar lingüísticamente a sus pares nacionales y que, por tanto, una parte de este alumnado no tiene tiempo para poder hacerlo. En otras palabras, no parece lógico que un alumno extranjero de once años, recién incorporado a nuestro sistema educativo, tenga que pasarse el resto de su escolaridad obligatoria en un aula especial aprendiendo la lengua de la escuela. Los conocimientos adquiridos sobre la escolarización del alumnado extranjero han modificado radicalmente la concepción de las aulas de acogida. Así, ya no se conciben como el lugar en el que el alumnado extranjero debe aprender la lengua de la escuela, sino como el espacio en el que se pueden acelerar usos lingüísticos para incorporarse activamente a las interacciones sociales que se producen entre alumnado y profesorado y alumnado y alumnado alrededor del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula ordinaria.

En muchos países, el aula de acogida es un nuevo recurso humano y material de las escuelas e institutos cuya finalidad es el apoyo lingüístico al alumnado extranjero en el aula ordinaria. Evidentemente, en esta concepción el aprendizaje de la lengua de la escuela y, en definitiva, el progreso académico del alumnado extranjero depende de todo el profesorado del centro, así como de la organización escolar de que se dota para optimizar todos los recursos humanos y materiales.

Las aulas de acogida de Catalunya responden a esta concepción y los centros escolares, en el ejercicio de su autonomía, deciden, mediante los planes de acogida que afectan a todo el centro, el uso del aula de acogida, de modo que hay centros educativos en los que el aula de acogida no es un espacio físico, sino un recurso humano y material que, en el marco de la organización escolar, apoya lingüísticamente a todo el alumnado en el aula ordinaria, mientras que, en otros, además de dicho apoyo, existe un espacio físico, incorporado a la organización escolar, en el que durante una hora o una hora y media al día el alumnado extranjero trabaja específicamente aspectos relacionados con la lengua de la escuela.

Finalmente, en algunos centros, ciertamente muy pocos, todavía podemos encontrar aulas de acogida tradicionales en las que el alumnado extranjero se pasa la mayor parte del tiempo semanal aprendiendo la lengua de la escuela.

La evaluación de las aulas de acogida existentes en Catalunya muestra que el planteamiento es adecuado y que el alumnado extranjero, en no más de dos años, adquiere las competencias de un usuario básico del catalán. Además, dicha evaluación evidencia que el factor que describe mejor las diferencias en los resultados lingüísticos del alumnado extranjero es su adaptación e integración escolar, la cual se relaciona, entre otras cosas, con su satisfacción en el centro escolar, con su autoestima y su autoimagen del esfuerzo individual que realiza y con su percepción sobre el esfuerzo educativo que realiza el profesorado.

Es común entre nuestros gobernantes hacer políticas específicas para los nuevos inmigrantes con el fin de demostrar que intentan su mejor inserción social. Esta actitud, no obstante, es inadecuada, tanto porque afronta a toro pasado los flujos migratorios concretos como por lo que supone de estigmatización de estos nuevos ciudadanos. Analizar las políticas de inmigración ha de ser distinto de establecer políticas para inmigrantes una vez entrados en el país. Para las primeras, es precisa la claridad de ideas acerca de cómo proceder ante las presiones migratorias en un mundo tan global como dual. Han de ser coherentes con las necesidades del mercado de trabajo y acompasables con las posibilidades sociales de integración efectiva (equipamientos necesarios y su financiación, que eviten los guetos), ya sea a través de selección de contingentes en origen o de visados temporales, según sea el objetivo de solidaridad que se tengan. Sin embargo, una vez el inmigrante legal reside en el país de destino, la diferencia con los locales debe ser mínima. Así, las políticas pú- blicas se tienen que basar en idénticas pruebas de necesidad y de medios para todo tipo de ciudadanos, independientemente de su origen.

ESTO IMPLICA que no tengan sentido ni las políticas sanitarias para inmigrantes –los condicionantes tropicales no son relevantes para su diferenciación–, ni las balanzas fiscales de lo que aportan y lo que reciben, ni las contabilidades generacionales. ¿Acaso la sociedad puede o quiere rechazar a un ciudadano por no contribuir a las finanzas públicas más de lo que potencialmente puede detraer? ¿Asumimos la selección de tipos concretos de inmigrantes, buscando para nuestro provecho entre los más productivos del tercer mundo y despreciando a los más desvalidos? ¿Utilizamos esta particular forma de evaluación económica coste-beneficio en otras categorías que usamos para la población autóctona, como niños, amas de casa y ancianos?
Si lo que pretendemos es ser solidarios, no hay que vincularlo a las necesidades del mercado de trabajo, ni su consecuente selección de los más capacitados. Pero tampoco debemos anclar a los inmigrantes en nuestro Estado del bienestar, como hacemos hoy, favoreciendo su permanencia y reagrupamiento familiar como forma única de recuperar en gasto social los tributos pagados, con desarraigo de sus países de origen.
Es convicción común que la inmigración es atraída por el bienestar del primer mundo. Pero qué tipo de primer mundo no resulta claro. De entrada, alguien podría pensar que cuanto más desarrollado estuviese el Estado del bienestar en el país de destino, más atractivo resultaría el país para el inmigrante. Pero hay evidencia de que el detalle del gasto social importa. Todo apunta a que entre renta monetaria a corto (sueldo) y renta diferida a largo (pensiones, y también la prestación gratuita inmediata como la atención sanitaria, que evita el gasto privado), el inmigrante prefiere la primera; es decir, da prioridad a la renta libre de impuestos para hoy, por encima de esta misma renta con los tributos destinados a financiar prestaciones futuras, aunque les sean generosas. Es lo que ocurre, sobre todo, en países con un Estado del bienestar que supone elevada presión fiscal (España incluida) y que, además, ofrecen servicios de corte universalista y prestaciones no contributivas que garantizan unos mínimos en cualquier caso, pese a que se tolere la economía sumergida y un cierto fraude empresarial.
Si se quiere repensar la política de inmigración, quizá debe hacerse aumentando los visados de inmigración temporales.
Hacerlo así, aumentaría las oportunidades para más candidatos a migrar, manteniendo un mayor retorno en forma de remesas y recuperación de capital humano mejorado, con mayor selección en origen. Sería diferente de la actual, basada en la recepción de los más atrevidos e insensatos, que se la juegan emigrando, porque se fijaría en los más necesitados y más complementarios del mercado de trabajo autóctono. Ayudaría, de paso, a desincentivar a quienes entran ilegalmente y malviven sin regresar a sus países por la dificultad de emprender el retorno, lo que acaba presionando las sucesivas regularizaciones, tan ineficientes como injustas.
Por lo demás, una mayor temporalidad favorecería políticas sociales menos complejas (lingüísticas, culturales, de acceso al crédito, de inversión en bienes duraderos, de vivienda…), y evitaría que, para amortizar los impuestos y cotizaciones abonados en su día, se utilizaran de forma recurrente e innecesaria los beneficios de la educación o la sanidad.

EN LOS últimos años, el flujo normal de 600.000 emigrantes al año, según el padrón, ya llega ahora a los 750.000. ¿Alguien puede aclarar a la ciudadanía qué contribución a la solidaridad universal arrojan estos números? ¿Qué significa este aumento y en qué sentido se mueve la redistribución social y de renta que se genera? La falta de repuesta es una prueba inequívoca de la carencia de una verdadera po- lítica de inmigración, aunque sin duda nuestros gobernantes muestren que hacen políticas para ellos, para estos nuevos entrantes, que aparentan mostrar tanta preocupación por ellos como los estigmatizan ante sus conciudadanos.

El asunto Shaima, la niña a la que se pretendía quitar el velo en una escuela de Cataluña, fue analizado por Vargas Llosa en estas páginas hace unas semanas. En su opinión, la cuestión trasciende el debate sobre el uso de los símbolos religiosos para convertirse en todo un caballo de Troya que alberga en su vientre el multiculturalismo, peligroso mal “para el futuro de la cultura de la libertad en España”.

Esta admonición, compartida por muchos, deja entrever una perspectiva de la libertad, la igualdad, la convivencia y el pluralismo que no concuerda con la aspiración a una sociedad abierta, libre, igual, universalista y plural. ¿Es necesario restringir el derecho autónomo e individual a manifestar la religión para proteger los derechos de la mujer? ¿Prohibir el velo para liberar? ¿Hay que desistir de las propias convicciones para ejercer el derecho a la educación? ¿Restringir la libertad en nombre de la igualdad de género?

El hombre es lenguaje de arriba abajo (Ricoeur) y el símbolo nos conduce al fondo oculto tras las apariencias, al espacio íntimo del ser humano, a la conciencia de cada cual. Quienes se arrogan atribuciones de intérprete creen ver en el velo de Shaima una amenaza para la democracia o una provocación fundamentalista islámica, pero posiblemente harían otra interpretación si el velo lo usaran las mujeres occidentales por estética o afirmación personal.

En este tema estamos ante el ejercicio coincidente de varios derechos y libertades fundamentales, entre otros, las libertades religiosa, de conciencia y de expresión y los derechos a la educación y a la propia imagen. Tanto la libertad religiosa y de conciencia como la de expresión podrán manifestarse individual o colectivamente, en público o en privado, sin más limitaciones que las requeridas por el orden público. A esto el Convenio Europeo de Derechos Humanos añade la seguridad pública y la protección de la salud pública y de los derechos de terceros. Además, cabe señalar que toda restricción o injerencia de las autoridades debe estar prevista en la ley, ser necesaria para una sociedad democrática y ser proporcionada a la finalidad que persigue.

Todo ello quiere decir que si prohibimos el velo a cualquier estudiante al considerarlo una peligrosa manifestación religiosa o de conciencia, habrá que demostrar en qué perjudica al orden público. Por lo tanto, habría que probar que la menor en cuestión (Shaima) ha mantenido una actitud proselitista perturbadora del orden y de la paz escolar o un análogo comportamiento ofensivo con las creencias de terceros. No es el caso.

Si además consideramos que el símbolo que porta la niña nace de ese espacio íntimo de su conciencia, que conforma su identidad, sería injustificable cualquier intromisión en esa esfera estrictamente privada.

Es cierto que las respuestas al uso del velo dadas por las escuelas públicas europeas de primaria y secundaria han sido diversas, como también es cierto que en muchas de esas respuestas puede entreverse el imaginario occidental sobre el islam y el miedo a su integración en nuestras sociedades.

No caben simplificaciones en esta variedad de situaciones. A la posible pregunta: “¿No es absurdo que se prohíba a las maestras lo que se permite a las alumnas?”, habría que contestar que la prohibición de uso del velo a una profesora, en beneficio y protección de alumnos menores de edad, tiene en cuenta no sólo la formación y desarrollo psicológico y la madurez de los potenciales afectados, sino que también considera la diferencia jerárquica entre profesor y alumno, distinta a la relación de paridad entre estudiantes.

En la mayoría de los casos, el velo es un símbolo asociado a una determinada religión que busca exteriorizarse en el ámbito público sin “invadirlo”, habitándolo. El “dominio público” no es un ente impoluto y neutral, más bien está compuesto por muchos ciudadanos cultural y religiosamente diversos. Pluralismo no equivale a exclusión ni a gueto. Los ciudadanos debemos reconocer los valores de las creencias y articular relaciones de reconocimiento no sólo en lo privado, sino también en el ámbito compartido de lo público. Entendido así, el pluralismo es especialmente relevante en la socialización y en la constitución de la identidad individual y colectiva.

También es posible adoptar otra postura: que los creyentes puedan portar el velo en sus escuelas privadas confesionales, puesto que de permitírselo en las públicas estaríamos “condenándolos a la infelicidad”. Posiblemente este último planteamiento incurre en un abusivo paternalismo, un paternalismo vuelto contra los derechos de la mujer, de la mujer autónoma que elige desde esa libertad negativa que defendió Berlin, el pertinaz profesor letón.

Las prohibiciones y exclusiones evocan las tesis fundamentalistas que tales medidas supuestamente pretenden combatir. Estaríamos ante una concepción laica del Estado entendida en su expresión más combativa y divisora, nada respetuosa con la heterogeneidad multicultural. Lo que además acarrea sus consecuencias conocidas y peligrosas: la radicalización de creencias y la exclusión silenciosa de parte de nuestros conciudadanos.

En relación con el caso de Shaima Saidani quisiéramos hacer varias precisiones. En primer lugar, la discusión sobre si la niña ha decidido ponerse el hiyab por sí misma o influida por sus padres es ociosa. Los padres tienen el derecho a vestir a sus hijos con vaqueros, con hiyab o como consideren oportuno hasta la edad en que ellos decidan por sí mismos. Todos actuamos influidos por múltiples motivos, y nadie en su sano juicio negaría el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
En segundo lugar, no se puede reducir el caso a la supremacía de la escolarización sobre la normativa de un determinado centro. Presentar desde esta óptica el problema es intentar ocultar su verdadera naturaleza. Lo que está en juego es mucho más importante: se trata del derecho a la diversidad cultural y a la libertad de conciencia.
Desde el punto de vista del Estado de derecho, la cuestión es clara: hablamos del derecho de los ciudadanos a su propia imagen, del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, del derecho a la diversidad cultural, del derecho de los individuos a vivir según sus valores religiosos. No se trata de aspectos secundarios, sino esenciales en la democracia, todos ellos puestos patas arribas por la normativa del colegio.

A PESAR DE la claridad del ordenamiento jurídico, asistimos a una corriente de opinión que pretende cuestionar estos derechos, llamando a la defensa de la identidad frente a lo que es presentado como un pluralismo amenazante. Los predicadores del odio prefieren situarse al margen de la ley y agitar el espantajo de la amenaza que se cierne sobre la sociedad occidental.
Cuando Josep Antoni Duran Lleida afirma que “la multiculturalidad deshace la cultura propia”, hay que leer literalmente sus palabras. Está afirmando que existe una cultura dominante que debe ser impuesta, que no cree en la libertad de las personas, que debemos vulnerar los derechos individuales para preservar una hipotética cultura colectiva. En la dialéctica entre lo local y lo global, su visión se corresponde con aquellos movimientos que defienden el cierre identitario. Una vez más, el sueño de las identidades puras, que creen protegerse mediante la represión de lo diverso.
Pero, ¿cuál es esta “cultura propia”? ¿Son la misma cultura la del joven rasta, el pescador ampurdanés, el musulmán catalán, el inmigrante japonés y la monja de clausura? ¿Todos los ciudadanos deben adaptarse a una supuesta “cultura dominante”?

POR MI PARTE, no me cabe duda de que cada vez somos más los catalanes que renegamos de la cultureta de Duran Lleida, de su clericalismo a la moda del siglo XIX. Los ciudadanos provenientes de Pakistán, de El Salvador, de Rumanía o de China tienen derecho a preservar su cultura, así como su religión. La legislación nacional e internacional sobre el derecho al uso público de símbolos religiosos es abrumadora. Estas son nuestras leyes, las mismas para todos.
Otros han aprovechado la ocasión para atacar al islam. La excusa es lo de menos, y el arsenal ideológico del orientalismo ofrece la imagen necesaria. Se repite el tópico del velo como símbolo de opresión de la mujer. Una vez más la misma falacia, el mismo etnocentrismo, el mismo estereotipo, el mismo desprecio hacia las opciones vitales de millones de personas. El intento de enmascarar la islamofobia en nombre de las pobrecitas musulmanas oprimidas no es sino una mala excusa, un tópico de la mentalidad colonialista.
En unas declaraciones especialmente violentas, Pilar Rahola ha llegado a calificar de “fundamentalista” a la pequeña Shaima y a sus padres por llevar hiyab, un insulto a miles de ciudadanas de este país. ¿Cómo es posible que TV-3 dé cobertura a semejante discurso? ¿No es uno de los cometidos de la tele pública, favorecer la convivencia?
La Junta Islámica Catalana ha criticado la imposición del hiyab allí donde se produzca. Ha defendido la libertad individual de las mujeres, sosteniendo que no se trata de un precepto estrictamente religioso, que no existe ningún versículo del Corán que convierta el hiyab en obligatorio.

NO SE TRATA, pues, de defender el uso de este velo. Lo que está en juego es mucho más importante. Lo que está en juego es el futuro de nuestras sociedades, la defensa de la diversidad frente a una concepción pequeñoburguesa de Occidente.
Se trata del respeto a la diversidad frente al fanatismo de aquellos que se permiten juzgar a los demás desde una posición de superioridad moral. Se trata de aplicar el artículo 18 de la Carta Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los artículos 13 y 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se trata de respetar el artículo cuarto de la Declaración universal de la Unesco sobre la diversidad cultural: “La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana”. Aunque tal vez el artículo quinto sea el que zanja la cuestión: “Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural”.

Un poco por imitación de lo francés y un mucho porque es fácil simplificar las posiciones, el reciente caso de una escolar marroquí cubierta con el pañuelo o hiyab en un colegio de Girona ha provocado un debate muy confuso sobre varios aspectos relacionados con la inmigración, los derechos y los deberes. Intentando huir del exceso de prejuicios que todos llevamos a cuestas, he pensado en lo que muchos expertos en Europa llaman los básicos: los valores nucleares que informan la vida de nuestras sociedades y a los cuales no podemos renunciar, pues, en caso de hacerlo, retrocederíamos y lanzaríamos por la borda conquistas muy costosas que tratan de preservar y ensanchar la libertad y la dignidad humanas. A partir de esta premisa, me hago la pregunta: ¿la presencia en la escuela pública de niños con prendas o complementos de significado religioso y/ o cultural es una amenaza para nuestros básicos y, por tanto, para nuestra convivencia?

Antes de ensayar una respuesta, consideremos que el uso de ciertas prendas relacionadas con los creyentes musulmanes – como aprecian los eruditos en la materia- puede tener distintas lecturas, según los contextos y los casos. Así, mientras el niqab o la burka (que esconden el rostro de la mujer) impiden la comunicación normal y se relacionan directamente con el sometimiento de la mujer a unas normas integristas, el chador y el hiyab tienen una significación más abierta y ambigua, no siempre única o preferentemente de tipo religioso. Ello aconseja prudencia de juicio a nuestra sensibilidad occidental, deudora de un progreso irrenunciable que todavía guarda en la retina las imágenes de nuestras madres y abuelas, sometidas a los rigores del machismo legal y estructural en la Catalunya y la España de no hace tantas décadas.

Precisamente porque asumo que la clara separación entre Estado e iglesias es un bien que debe mantenerse y profundizarse para blindar la democracia de fundamentalismos locales y de importación, intuyo que convertir en gran batalla el asunto del pañuelo en la escuela – como hicieron en Francia- es un error que nos distrae de otros frentes donde sí nos jugamos de verdad los básicos de nuestra sociedad. Debemos ser geométricos, económicos e inteligentes, y eso implica plantear sólo las batallas estrictamente necesarias para que nuestro sistema de reglas y valores no sea vulnerado ni distorsionado por fenómenos y factores de regresión. El derecho a la educación y la igualdad entre hombres y mujeres están en el primer cajón de nuestros básicos, es lo que debemos tener presente en todo momento a la hora de analizar estas situaciones. Como recuerda acertadamente Agustí Colomines, director de Unescocat, una cosa es acudir a la escuela con el hiyab y otra muy distinta sería negarse a participar en la clase de gimnasia o rechazar a los profesores que fueran mujeres. La presencia de chicas con hiyab puede y debe gestionarse evitando que la diferencia derive en conflicto, mientras que los otros dos ejemplos citados constituyen en sí mismos un desafío abierto que debe cortarse de raíz, en beneficio de nuestras libertades y del futuro de los hijos de los inmigrantes.

¿Dónde ponemos la raya? El pañuelo de las mujeres musulmanas no puede ser el campo de batalla elegido. Aunque los movimientos radicales de reislamización en Europa utilicen también los símbolos de identidad cotidianos para fidelizar a los inmigrantes más desconcertados y vulnerables al desarraigo, ello no hace del pañuelo algo sospechoso, faltaría más. Aunque ciertos imanes llegados a nuestros barrios dicten a los maridos cómo deben comportarse las esposas y las hijas a la hora de vestirse y salir a la calle, no podemos interpretar lo más visible como expresión exacta y unívoca de un tipo de actitud familiar en una comunidad dada. El problema es el imán integrista que revienta los básicos de nuestra sociedad, no el pañuelo que pueda lucir una mujer.

Gilles Kepel, analista acreditado de los movimientos religiosos contemporáneos, sostiene que se libra en Europa una guerra o fitna por la evolución del islam, entre los promotores de una fusión dialogante con los valores de la modernidad y los partidarios de una vía fundamentalista que propugna una sociedad separada dentro de un Occidente que considera “territorio infiel”. La única vía para asegurar cohesión social e integración es prestar apoyo a un islam abierto que, en igualdad de trato con las demás confesiones, no niegue los básicos que nos definen como europeos de hoy. Las batallas improcedentes o mal escogidas, como podría ser la del pañuelo, sólo sirven para alimentar de manera fácil los discursos islamistas radicales, siempre prestos a etiquetar de islamofobia o de prosionismo cualquier crítica. En otro sentido, la magnificación de asuntos como el del pañuelo también engorda cierto populismo xenófobo local, capaz de mezclar explosivamente conflictos reales con polémicas artificiosas.

No nos sirve aquí ni el hiperlaicismo francés jacobino ni el multiculturalismo buenista e inoperante. Debemos encontrar nuestro camino. Partiendo de esta realidad, el legislador catalán y español debería asumir que, tarde o temprano, habrá que pensar con coraje ciertos aspectos que hoy dejamos a la inercia, a la suerte y a la buena voluntad de los agentes sociales. La inmigración y la convivencia se merecen un poco más de valentía institucional.

Las declaraciones de los representantes del PP y de Convergència i Unió ponen de manifiesto cómo ambos partidos mantienen posiciones sobre (o más bien contra) la diversidad cultural que entran en conflicto con la legalidad vigente.

Duran Lleida (CiU) dice que “no pueden cerrarse los ojos ante los problemas que conlleva la inmigración”, y llamó al Gobierno a actuar para que la “cultura propia no pierda sus valores”. Con esas declaraciones, pone una vez más en evidencia las dificultades de su partido para aceptar que el pluralismo religioso no es algo que derive de la inmigración, sino de la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Shamia no es una inmigrante, sino una ciudadana española, tan catalana como el propio Duran. Asociar islam e inmigración es característico de aquellos sectores que piensan en nuestro país desde una óptica confesional, negando el hecho de que existen miles de ciudadanos españoles de confesión musulmana, y que no existe una cultura única en la que todos debamos uniformizarnos, sino diversidad de costumbres y de opciones vitales conviviendo en un mismo espacio.

Por su parte, Daniel Sirera (PP) rechaza el derecho de Shamia a llevar velo en la escuela apelando al respeto a “las tradiciones y la cultura propias”. “Hay unas normas de convivencia” que se tienen que cumplir “por igual para todos”, dice. Por supuesto que existen normas colectivas, pero desde el punto de vista del Estado de derecho esas normas vienen marcadas por la legalidad, que ampara el derecho a la diversidad cultural. Quien se sitúa fuera de la legalidad con su opinión es el señor Sirera.

Como ciudadano musulmán me honro en afirmar que no comparto la concepción de la “unidad cultural de Cataluña” expresada en las palabras de los señores Sirera y Duran. La cultura que defiendo es la de la libertad de conciencia y los derechos humanos, incluidos los derechos a la propia imagen, a la diversidad cultural y al pluralismo religioso. Apelar a una hipotética cultura dominante para coaccionar a las minorías constituye una reminiscencia de una época donde la identidad de una nación se forjaba en torno a conceptos como la raza, la religión o la cultura dominante.

Quiero invitar desde aquí a nuestros políticos a releer la ‘Carta Universal de los Derechos del Hombre’, sobre todo el artículo 18. Les invito a leer la Declaración universal de la Unesco sobre la diversidad cultural, cuyo artículo 5 dice: “Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural”.

Les invito a respetar la legalidad vigente y los derechos civiles de los ciudadanos, con independencia de su religión, sexo o procedencia, a no estigmatizar a ningún colectivo, a abandonar su sectarismo, su prepotencia para con las minorías. Pero por encima de todo, les invito a respetar a las personas, incluida la pequeña Shamia.

Casi siempre que aparece una noticia sobre mujeres musulmanas suele ir vinculada al uso del velo, e inmediatamente se le relaciona con la dependencia y la inferioridad de la mujer en el islam. Las mujeres musulmanas son para las sociedades occidentales un icono cultural vinculado al islam, pero casi nunca fuente de información sobre acontecimientos transformadores en la sociedad. ¡Y son muchas las mujeres de tradición islámica comprometidas en la lucha por otro mundo posible liberado de todas las opresiones, incluida la patriarcal!

El caso de Shaima revela que es el patriarcado social, a través de su abuela y de su madre, el que está imponiendo a la niña una manera de vestir. Quieren seguir practicando una manera de vestir que consideran fundamental para forjar la identidad de una buena musulmana desde pequeña. A nosotras, occidentales, nos cuesta comprender la adhesión deliberada de muchas mujeres a la identidad islámica sin que ello suponga sumisión y discriminación.

El velo tiene multitud de lecturas, no es su uso el que marca la diferencia entre las creyentes musulmanas de diferentes generaciones o de niveles culturales diversos. Con velo o sin él, las encontramos en la universidad, en la mezquita, ocupando puestos políticos… Como decía El Roto en un dibujo con dos mujeres con burka: “En Oriente llevamos burka para hacernos invisibles. En Occidente, lo llevamos para que se nos vea”.

El islam se ha ocupado de hacer una lectura patriarcal del Corán para tener a las mujeres sometidas, lo mismo que ha hecho durante siglos el cristianismo en Occidente o el budismo o el sintoísmo en Oriente. Las mujeres siempre hemos sido un problema para los intérpretes y mediadores masculinos de las religiones.

En una sociedad como la nuestra debemos respetar el principio de interculturalidad que se basa en el necesario conocimiento del otro tal y como es, no tal y como nos gustaría que fuese. Es una actitud que responde al principio de reciprocidad.

El derecho a la educación siempre es prioritario. Los niños y las niñas, en el día a día escolar, irán formando su identidad y capacidad de decidir cómo vestirse y, sobre todo, cómo convivir en libertad para socavar las distintas formas de patriarcado, en otras palabras, para luchar contra el pensamiento único.

El feminismo occidental está dividido en torno al uso del velo. Mientras que para algunas feministas, es signo inequívoco de sumisión y debe prohibirse para contribuir a la liberación de las mujeres musulmanas, para otras es una manifestación religiosa y cultural más, que no debe prohibirse por respeto a la diversidad religiosa y cultural. Prohibir el velo sería limitar el pluralismo. Encuentro muy acertada la propuesta de Sirim Ebadí: “A las mujeres hay que darles la misma libertad que a los hombres para ponerse la ropa que quieran. Tan negativo es exigirles que no usen el velo como que en algunos países islámicos les obliguen a ello. Llevar velo debería ser opcional”.