Vamos a seguir dando la batalla de la letra pequeña como han hecho estos días Casimiro García- Abadillo y Joaquín Manso con su minuciosa deconstrucción de la sentencia, y en especial de los probables falsos testimonios, fruto de meses y meses de investigación periodística. Pero si ustedes quieren entender a grandes rasgos, de forma a la vez amena y dramática, por qué Jamal Zougam fue condenado a más de 42.700 años de cárcel vayan a ver esta misma tarde la película de Robert Redford The Conspirator.

De entrada se darán cuenta de que el clima de confusión, el caos logístico y político, la escalada de rumores, la espiral de la consternación y el miedo que se desencadenó en Washington la noche del asesinato de Lincoln debió de parecerse bastante a lo que tuvimos la desgracia de vivir en Madrid la mañana del 11-M. Ningún gobierno de ninguna época en ninguna capital del mundo ha tenido nunca previsto un protocolo ni para el caso de que alguien asesine al presidente, mientras otro apuñala al secretario de Estado y un tercero se dispone a atacar al vicepresidente, ni para el supuesto de que exploten 10 mortíferas bombas en otros tantos vagones de Cercanías y cuatro estaciones distintas.

Al margen de pequeños errores como la perfecta iluminación de la habitación en la que convalecía Seward -fue la oscuridad del cuarto la que impidió a su apuñalador alcanzar ningún órgano vital- o la colocación del cuerpo agonizante de Lincoln en la cama a la que fue trasladado, en sentido inverso al de la realidad, hasta el más obseso especialista en el primer gran magnicidio de la edad contemporánea, reconocerá la exactitud y el esfuerzo por el detalle de la película de Redford.

Ese anhelo por la precisión es el que nos permite asistir a la detención de Mary Surratt tres días después del crimen del Teatro Ford como si se tratara de un documental rodado en aquel momento: el registro de la casa de huéspedes que regentaba, la torpe irrupción del hombre que resultaría ser el asesino frustrado de Seward, provisto de un pico; su extraña explicación de que la propietaria le había encargado cavar una zanja; el desmentido de Mary Surratt, quien dijo no conocerle; el descubrimiento de una foto del actor Wilkes Booth, autor material del magnicidio y amigo de la familia, y el arresto de todos los presentes. Así sucedieron los hechos, con una cadencia temporal muy similar a la detención de Zougam y su socio en el locutorio de Lavapiés.

La relación material de la viuda Surratt con los sudistas complotados primero para secuestrar a Lincoln y luego para asesinarle -su propio hijo era uno de ellos-, resultó ser mucho más estrecha e intensa que la de Zougam con el resto de los imputados en el sumario del 11-M. Sin embargo, la explicación que ella da a su joven abogado resultaría perfectamente extrapolable: «Llevo una casa de huéspedes, perdónenme por llenarla de huéspedes».

Quienes subrayan que en la condena de Zougam además de «la principal prueba de cargo» -los reconocimientos de C-65 y J-70- pesan el «suministro» de las tarjetas correlativas a la de la mochila de Vallecas y esas otras «pruebas circunstanciales e indirectas» que se derivan de su relación con integrantes del llamado grupo de Leganés, deberían tener en cuenta: 1.- Que en sede judicial ha quedado por dos veces acreditado que el teléfono en el que estaba esa tarjeta no podía conservar la hora del despertador como estableció la policía y, por lo tanto, no hay nada esencial que la vincule a los atentados. 2.- Que ese «suministro» consistió en una venta realizada por un dependiente a través del mostrador. 3.- Que, a pesar de los reiterados esfuerzos de la policía por amalgamarle a ellos -denunciados en su día por uno de los hermanos Almallah y por el confidente Cartagena- los únicos lazos probados entre Zougam y los otros implicados son los propios del comercio.

«Llevaba una tienda que vendía tarjetas de móviles en un barrio repleto de marroquíes, perdónenme por haber vendido tarjetas de móviles a marroquíes», podía haber declarado Zougam, remedando a la señora Surratt. Un tuitero buscó el otro día la elocuencia de la reducción al absurdo: «¿Habrían detenido a Isidoro Alvárez si las tarjetas se hubieran vendido en El Corte Inglés?».

Ser una católica sureña ya era en sí mismo un motivo de recelo en aquel Washington que vivía el final de la guerra civil -como ser un oficial judío en el París de comienzos del siglo XX o un tendero magrebí en el Madrid de nuestros tiempos- y la percha de la señora Surratt sirvió, tras su detención, para colgar tantas fantasías truculentas como las que enseguida se asignaron a Zougam. «Prejuzgada, sentenciada, condenada con antelación por cada emborronador de cuartillas dispuesto a escribir un párrafo sensacionalista y a apuñalar con impunidad a una mujer indefensa»: así la describió el único panfletista que se atrevió a reivindicar su inocencia bajo el seudónimo de Amador Justitiae.

Cuando el joven Frederick Aiken le dice a su novia que ha decidido asumir la defensa de la viuda Surratt, ella reacciona con el más elocuente de los monosílabos: «What???». Pero más allá de la hostilidad ambiental -pronto le expulsarán de su club social- el entusiasta abogado tuvo siempre claro dónde iba a estar la clave del juicio: «¡No me han dado la lista de testigos… en este procedimiento pueden hacer lo que quieran!», exclama casi al comienzo de la película.

Pese a que a la señora Surratt la juzgó un tribunal militar de forma bastante expeditiva, llama la atención que en ese punto crucial se garantizó mucho más su derecho de defensa, y en concreto el principio de contradicción, base de todo juicio justo, que en la vista oral del 11-M. Aunque en la película aparecen lógicamente resumidos, los interrogatorios a los dos principales testigos de cargo contra Mary Surratt -su huésped Weichmann y el tabernero Lloyd- se extendieron durante horas y los abogados pudieron ponerles en graves apuros tras investigar sus respectivos antecedentes como espía y como alcohólico.

Quien ejerció la defensa de Zougam no tuvo ni siquiera acceso a las verdaderas identidades de C-65 y J-70. Tampoco a sus expedientes como víctimas. Es evidente que si hubiera sabido que la primera se presentó en el consulado con una falsa acompañante, declaró que le había caído encima un cadáver en un vagón sin víctimas mortales ni heridos graves, cobró junto al marido 100.000 euros y fue contratada por el íntimo amigo del comisario general de la Policía Judicial; y sobre todo, si hubiera sabido que la segunda había sido considerada como impostora por el Tribunal de Evaluación del Ministerio del Interior tan sólo 15 días antes de su ataque de memoria sobrevenida casi un año después de los hechos, el interrogatorio habría sido muy distinto.

Si quieren experimentar una siempre saludable mezcla de indignación, estupor y vergüenza ajena, no tienen sino ver los vídeos de las escuetas declaraciones de C-65 y J-70 que circulan estos días profusamente por la Red -en 19 y 22 minutos respectivamente se ventiló la suerte de un hombre- y cotejar lo sucedido con su descripción en la sentencia de Bermúdez como «un interrogatorio muy duro que incluso rebasó lo tolerable, obligando a intervenir al presidente del Tribunal». Tal vez se trataba de una frase fantasiosa y encomiástica, destinada al libro de Elisa Beni, y con las prisas de la escritura a cuatro manos se le traspapeló al matrimonio y la mala novela mutó en prosa forense.

Ironías al margen, creo que sólo la posteridad valorará de forma adecuada la importancia que tuvo en la sentencia de Bermúdez la decisión de su mujer de escribir un libro sobre el juicio, pues es obvio que si al mismo tiempo hubiera absuelto a Zougam, la pareja habría sido linchada por las fuerzas gubernamentales: él habría perdido la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia y ella se habría quedado sin poder codearse con altos dignatarios en los ascensores. A veces creemos que sólo la bondad o la maldad mueven el mundo, pero ¿qué es la presunción de inocencia comparada con la ansiedad social?

También el general Hunter, homólogo de Bermúdez en el juicio contra los acusados de asesinar a Lincoln, actuó más como protector de los testigos de cargo que como evaluador ecuánime de su credibilidad. Tanto la película como esos vídeos muestran cómo uno y otro persiguen a priori destruir cualquier «duda razonable» que se interponga entre sus propósitos y la culpabilidad de los acusados. Fuera como fuera, había que condenarles. ¿Qué ocurría? Pues que también sobre Hunter pesaba la sombra del poder político, personificado en el secretario de Defensa Stanton, con el fiscal Holt -un Zaragoza como otro cualquiera- haciendo de dócil correa de transmisión.

Stanton, trasunto a la vez de Zapatero, Rubalcaba y toda la cúpula gubernamental, resume muy bien, con todo el empaque que Kevin Kline da a su sutil cinismo, cuál es la razón de Estado en una situación así: «Han asesinado a nuestro amado presidente, alguien tiene que ser responsable, la gente lo necesita». Y puesto que en el caso de los Surratt, el hijo se ha dado a la fuga, bien puede ocupar su lugar su madre: «Me sirve cualquiera de los dos».

Si Zougam se hubiera escapado en vez de continuar con su rutina, como si tal cosa, entre su domicilio y su locutorio, entre sus horas de gimnasio y sus planes de boda, quienes decidieron detenerle aquel sábado -con los efectos de todos conocidos- seguro que habrían buscado a otro de un perfil similar. Que ni siquiera pusiera pies en polvorosa cuando supo, como todo quisque, que la policía seguía la pista de la tarjeta telefónica del móvil de la mochila de Vallecas, es uno de los contraindicios más sólidos de su inocencia.

Una vez detenido, una vez criminalizado en los pasquines y en los medios de comunicación -las amigas de su novia le preguntan al abogado de Mary Surratt si es verdad que ella «escupe» a los soldados y lleva un «hueso» de un nordista a modo de colgante-, Zougam no podía ser inocente. Tras la reacción química que su detención desencadenó en la calle y en las urnas, su absolución habría dejado a todos los poderes del Estado a la intemperie. En qué momento se decidió endosarle no sólo la participación en la trama, sino también la autoría directa de la masacre, es algo que no sabemos. Probablemente cuando quedó patente que la versión oficial sólo conducía al callejón sin salida de la explosión del piso de Leganés y que ni siquiera había nadie que hubiera visto en los trenes a ninguno de los allí inmolados.

Entonces llegó la hora de las dos rumanas: de la que dice que Zougam pasó «como un loco» golpeándole en la espalda con la mochila sin pedir perdón, pero que no obstante le vio la cara; y de la que se acordó de todo cuando, en febrero de 2005, vio que se quedaba sin nada. Si la tesis de la película de Redford es que los dos testigos contra Mary Surratt mintieron para protegerse a sí mismos y una de las principales especialistas en el asesinato de Lincoln, Dorothy Kunhardt, va más allá y sostiene que Weichman había sido sobornado por Stanton, es fácil imaginar cómo se valorará la conducta de estas dos mujeres y sus lazarillos a medida que los intereses creados vayan despareciendo de escena.

Cuando llega el mazazo de la condena a la horca, los amigos del joven abogado de Mrs. Surratt le aconsejan que «la mejor opción es la botella y el olvido». Pero él no puede aceptar esa injusticia, intenta que un tribunal civil revise la condena y saca de la cama de madrugada a un veterano juez del distrito al que arranca una petición de habeas corpus que finalmente la Casa Blanca revocará. «¿Cree usted que es inocente?», le pregunta el magistrado. «No lo sé y si no tiene un juicio justo nunca lo sabremos», responde Aiken.

Si en España rigiera la pena de muerte, Zougam habría sido ejecutado tan expeditivamente como lo fue Mary Surratt. En su defecto, lleva casi ocho años en una celda de aislamiento a la espera o bien de que se declare culpable para mejorar su situación carcelaria, como ha hecho Trashorras, o bien de que la naturaleza vaya haciendo su trabajo de demolición hasta convertirlo en un muerto viviente. «Pronto estaré en silla de ruedas», explica hoy. Pues bien, las pruebas de su condena son mucho más endebles que las de la señora Surratt. ¿Nos conformaremos con que alguien haga algún día una película? Esperen a leer lo que publicaremos mañana para contestarme.

Escrito que, para su firma y rúbrica, brinda a Jamal Zougam un abogado de oficio a quien la condena de un inocente siempre le produjo viva desazón y que cada vez que una de esas sentencias se revoca y, por tanto, el fallo injusto se elimina, siente un alivio infinito. Tanto como cuando oye decir al director de este periódico que están decididos a seguir buscando la verdad hasta que el infierno se hiele.

Excmo. Sr. Ministro de Justicia:

Jamal Zougam, de 38 años de edad, como nacido el 5 de octubre de 1973, natural de Tánger (Marruecos), hijo de Mohamed y de Aicha, de estado civil soltero y titular del N.I.S. X-8524666, ante V.E. comparece y con los debidos respetos, EXPONE: Que con fecha de 31 de octubre de 2007, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia en la que se me condena a 42.922 años de prisión por los atentados cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004, al considerar probado que yo era miembro de una célula terrorista de tipo yihadista y que, como tal, fui autor de 191 homicidios consumados y de 1.856 homicidios en grado de tentativa. La sentencia de la Audiencia Nacional fue confirmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 17 de julio de 2008 y la pena la cumplo en el Centro Penitenciario de Villena (Alicante) en régimen de aislamiento, situación en la que me encuentro desde el 13 de marzo de 2004, que fue cuando preventivamente me encarcelaron.

Doy por hecho, señor, que V.E. conoce que mi condena, según los magistrados que la decretaron, se funda en la identificación que de mí hicieron tres viajeros de uno de los trenes, a los que se otorgó el estatuto de testigos protegidos con las claves J-70, C-65 y R-10, hasta el extremo de calificar sus testimonios de «claros, independientes y concordantes, sin fisuras (…)».

Pues bien, resulta y espero acertar si supongo que habrá leído la información, que esta semana, durante tres días consecutivos, el diario EL MUNDO ha publicado unas investigaciones en relación con esos testigos que me atrevo a calificar de terribles. La ligereza con la que procedieron los tres, uno de los cuales ni siquiera estuvo en el juicio, raya en lo inconcebible, aunque también confirma lo que desde el primer momento mucha gente pensó, o sea, que más que testigos protegidos, fueron elegidos y que sobre ellos algunos funcionarios policiales es muy probable que ejercieran una presión insoportable, sin descartar el precio, la recompensa o la promesa.

Estoy convencido, pues, de que atendida la publicación a la que aludo, hoy aquellas declaraciones no habrían de merecer opinión tan elogiosa de ser testimonios «de una firmeza y seguridad encomiables», que es como la sentencia calificó las deposiciones. Esto sin contar que el presidente del tribunal cercenó cualquier intento de cuestionar la fiabilidad de las dos testigos que comparecieron, pues por mucha que fuera la protección dispensada, ello impedía a la defensa conocer la identidad de las personas a las que interrogar y preguntar acerca de datos que, precisamente, hubieran permitido demostrar que esos testigos eran parciales e indignos de crédito. Si esos testimonios que sirvieron para condenarme hubieran sido examinados con el ineludible espíritu crítico y analizados meticulosamente, la conclusión no hubiera sido la alcanzada por sus señorías, aunque, a decir verdad, ya por entonces no eran pocos los indicios que apuntaban cuán peligrosamente estaban expuestas al error. Quiero pensar que si el tribunal hubiera conocido lo que hoy se sabe de tan amparados y blindados testigos J-70, C-65 y R-10, ninguno les hubiera merecido fe alguna.

Los abogados que me defienden han declarado que mi condena es el error más grave de la historia judicial española y también que, para hacer viable la revisión de la sentencia, van a presentar una querella por falso testimonio contra las dos rumanas, cuñadas entre sí, que comparecieron y pronunciaron mentira. Yo no soy nadie para decir si ese es el camino más correcto, que, a no dudar, lo es y no saben ellos, los señores letrados, lo muy agradecido que les estoy, pero, además de esa iniciativa, si me dirijo a V.E. es porque creo que la grandeza de su corazón no habrá de permitirle encogerse de hombros ante mi inocencia destruida por la justicia penal.

He leído, señor ministro, pues tiempo no me falta para hacerlo, que el recurso que le pido ordene interponer al fiscal general del Estado es excepcional y que el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, lo mismo que antes hiciera en otras, afirma que el juicio de revisión sólo es admisible en los cuatro supuestos legalmente tasados. No obstante, me reconforta saber que para tan alto tribunal la esencia del recurso es preservar el necesario y saludable equilibrio entre seguridad jurídica y Justicia o, lo que es igual, que, a la larga, lo trascendental es que la verdad material triunfe frente a la verdad formal.

He visto, también, que uno de los casos que permite la revisión es cuando se sufre condena a causa de testimonios que luego son declarados falsos en sentencia firme, pero se me ocurre si, tal vez, mi recurso no podría ir porque después de la sentencia que me tiene aquí encerrado ha sobrevenido el conocimiento de nuevos hechos que evidencian ser inocente; esto es, que la prueba de testigos y que fue la base de mi condena, ha quedado totalmente desvirtuada por las investigaciones publicadas.

Porque juro, señor ministro, que nada tuve que ver con ese terrible atentado. No hay ser humano que pueda decir que me vio, como tampoco lo hay que pueda afirmar sin mentir que yo estaba en los trenes. Esto lo vengo proclamando desde que me detuvieron y lo repito todos los días para mis adentros en la cárcel de Villena, donde vivo aislado en la celda durante 20 horas al día. Es lo mismo que declaré el 2 de julio de 2007, al final del juicio, cuando, en uso del derecho a la última palabra, afirmé que la Policía sabía que esos testigos no eran de verdad y que esperaba que algún día se demostrase que mintieron o se equivocaron. Mi madre Aicha y mi hermana Samira han dicho varias veces que la noche del 10 al 11 de marzo de 2004 yo la pasé en casa y que en la mañana siguiente, cuando la televisión y la radio daban la noticia del atentado, dormía junto a mi hermano Mohamed. Lo dijeron en la fase de instrucción del sumario e incluso en el juicio. Sin embargo, la sentencia no otorgó validez a esos testimonios.

Señor Ministro. Créame. Esta instancia es una súplica de Justicia. La formulo en nombre propio y en el de mi madre, que noche tras noche permanece en vela rogando al cielo que le ayude a conseguir que la justicia me exculpe de unos terribles crímenes que no son míos. Haga todo lo que esté a su alcance, que es mucho, para reparar el error. Nunca la inocencia estuvo más probada ni la culpabilidad menos demostrada como en mi caso. No se trata de menospreciar otros procesos con errores judiciales. Tan es así que le confieso que aspiro a que el mío sirva para levantar un dique eficaz contra la indolencia de quienes entienden que las sentencias erróneas son fenómenos aislados y los errores judiciales algo lamentable, pero natural y sin duda inevitable.

Si por ventura, previa formación de expediente, V.E. ordenase la interposición del recurso extraordinario de revisión, pese a las dificultades que ese juicio encierra, pues me consta que el principal escollo es eso que llaman santidad de la cosa juzgada, confío en que serán los propios magistrados autores de la sentencia de condena los primeros en celebrarlo.

Desconozco su nombre, señor, pues en breves días el actual ministro de Justicia dejará el cargo para ser ocupado por quien el nuevo presidente de Gobierno nombre, pero lo que sí sé es que atender mi ruego sólo pueden hacerlo personas de espíritu elevado, como lo tienen quienes piensen que admitir que se ha condenado a un inocente refuerza la autoridad moral del Estado. A un magistrado que hoy ejerce de abogado, le escuché decir que nada acrecienta más la confianza de un pueblo en la Justicia que saber que un condenado inocente puede lograr la revocación de la sentencia errónea.

Acabo, excelentísimo señor. Justificado, creo yo y lo creo con la humildad que he pretendido hacerlo, el error en que se incurrió al condenarme a las penas que extingo y sin perjuicio de las demás comprobaciones que V.E. estime convenientes, considero que es de rigurosa justicia poner término a los sufrimientos que con tal motivo vengo padeciendo.

Por lo expuesto;

SUPLICO A V.E. que, previa instrucción del oportuno expediente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 956 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por considerar que hay fundamento para ello, se sirva ordenar al Excmo. Sr. fiscal general del Estado que interponga el correspondiente recurso de revisión contra la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que aquí me tiene confinado. Es gracia que espero merecer de V.E., cuya vida guarde Dios muchos años y que de otorgarme impedirá la completa consumación de la condena injusta que me fue impuesta y evitará en lo posible los efectos de la cruel buena fe de quienes así juzgaron.

Otrosí de un letrado en prácticas: Frente a quienes defienden la excepcionalidad o carácter restringido del recurso de revisión, postulo su admisión con largueza, que es como el proceso de rescisión se concibió durante la Revolución Francesa una vez superada la falsa creencia de la imposibilidad de condenas injustas.

Segundo otrosí de una romántica licenciada. Como Bartolomeo Vanzetti dijo al juez Webster Thayer antes de ser condenado a muerte por un delito de asesinato que juraba y perjuraba no haber cometido, estoy convencida de que Jamal Zougam asumiría aquellas palabras de «No le desearía a un perro o a una persona, a la criatura más baja y desafortunada de la tierra, no le desearía a ninguno de ellos lo que sufrido».

Tercer otrosí de un apasionado jurisperito. El inhumano y degradante régimen de aislamiento que sufre Jamal Zougam en la cárcel de Villena y como él o parecidos a él, algunos internos recluidos en otras prisiones -el caso más reciente es el de un tal Lozano en el centro de Valdemoro-, bien merecería la intervención de los señores jueces de Vigilancia Penitenciaria, y hasta justificaría la aplicación a la aún secretaria general de Instituciones Penitenciarias, señora Gallizo, y a los directores directamente responsables, del artículo 533 del Código Penal que castiga a quienes impusieren a los reclusos sanciones o privaciones indebidas o usaren con ellos un rigor innecesario.

Que la crisis económica que deja ahora el PSOE es más grave que la del 96 salta suficientemente a la vista, aunque siempre le quedará la excusa de que tiene un origen internacional y se ha agravado a escala europea. Menos obvio resulta que también la crisis política que hereda Rajoy es más honda e intensa que la que recibió Aznar con toda la truculencia del terrorismo de Estado y la corrupción en el entorno mismo del Gobierno. Y, sin embargo, pasen y vean.

Mi indignación ante aquel comentario cáustico de Aznar al año siguiente de llegar al poder -«¿Te parece poco un Gobierno que no mate y que no robe?»- no podía dejar de tener, por desgracia, una dimensión cosmética. Los restos de los cuerpos torturados de Lasa y Zabala con sus apósitos sanguinolentos, el espanto en el rostro del secuestrado Marey, el chusco reparto de los fondos reservados, la huida de Roldán, la farsa de su captura, lo ocurrido en el Banco de España o en el BOE no eran asuntos fáciles de olvidar. De hecho, se nota -y es lógico- que a Felipe González aún no se le han olvidado.

Ahora las heridas no están oficialmente abiertas sino que se han cerrado en falso. La más trascendental, la que supura por dentro quemándonos constantemente las entrañas, es la del 11-M. No hay lugar al que vaya a firmar ejemplares de El primer naufragio o sesión de Twitter en la que intercambie unos cuantos mensajes en que no aparezca alguien con la ansiedad en el rostro o la zozobra en los 140 caracteres pidiendo noticias nuevas, anhelando avances en nuestra investigación periodística, preguntando si es cierto -como ha circulado profusa y estrafalariamente por la Red- que ya tenemos las pruebas de la conspiración que desencadenó la masacre.

Todos los españoles que conocen el sumario con un mínimo detalle saben que la sentencia de Gómez Bermúdez contiene errores materiales o falsedades tan palmarias como que la sustancia que se presenta como «componente exclusivo» de la Goma 2 ECO -el dibutilftalato- también forma parte del Titadyne o que el teléfono de la mochila de Vallecas no podía reflejar la hora de los atentados dadas sus características mecánicas. Una falacia molecular y otra falacia tecnológica. Toda la versión oficial que comenzó a construirse el 13-M cuando la detención de Zougam alteró las previsiones electorales del día siguiente, es un castillo de naipes basado en la mentira y la manipulación de pruebas.

¿Qué puedo yo decirles a todas esas personas que piensan que si al cabo de 13 años fuimos capaces de descubrir la verdad sobre los GAL, antes o después lo lograremos también con el 11-M? Pues que los medios de un periódico que respeta escrupulosamente la legalidad son muy limitados y lo que se atisba tras ese atentado que cambió la historia política de España tiene una envergadura enorme. Pero que, como estamos decididos a seguir buscando la verdad hasta que el infierno se hiele -«Until the hell frozens», que dijo Adlai Stevenson-, pronto podremos aportar nuevos elementos que al menos contribuyan a impulsar la revisión judicial de los hechos.

El principal cauce abierto hoy por hoy en esa dirección es la causa contra el ex jefe de los Tedax Sánchez Manzano, fruto de la querella que se planteó interponer durante la presentación del libro del químico Enrique Iglesias Titadyne. Fue la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M la que recogió el guante y ahora que la instrucción ha corroborado todas las sospechas sobre el ocultamiento de los restos de los trenes, su escamoteo al tribunal y las subsiguientes falsedades periciales, es de justicia reconocer que sin el tenaz idealismo de sus dirigentes y la competencia de sus abogados el comisario Manzano no estaría camino del banquillo, como de hecho se halla.

El papel de la Asociación de Ayuda es en la práctica el mismo que desempeñaron aquellos románticos e indomables integrantes de la acción popular que al personarse en los sumarios impidieron que prescribieran los crímenes de los GAL. De ahí que resulte especialmente obscena la discriminación a la que los organismos públicos vienen sometiendo a esta agrupación ejemplar que reúne a 700 víctimas o familiares de víctimas de los atentados de Madrid. Mientras la organización de Pilar Manjón, guardiana de la ortodoxia que le conviene preservar a Rubalcaba, y la intermitente AVT reciben pingües subvenciones de Interior y de la derrama del IRPF, la asociación presidida por Ángeles Domínguez ha tenido que apañárselas con los 250.000 anuales que en el pasado recibió de la Comunidad de Madrid para prestar servicios médicos a sus miembros.

Ahora que ese apoyo también se ha evaporado en el mar de los recortes y las intrigas intestinas del Gobierno regional -Esperanza Aguirre debería intervenir con urgencia-, la Asociación de Ayuda ha prescindido de sus escasos empleados, no puede ni pagar a sus abogados y se encuentra en la tesitura de echar el cierre. Sólo una movilización ciudadana en su favor en forma de donaciones particulares podría permitirle sobrevivir.

En la página 14 de nuestra edición de hoy tienen su cuenta corriente. Lo primero que yo haré mañana será ingresar 1.000 euros a título personal y desde aquí les pido que, cada uno en la medida de sus posibilidades, haga lo propio. Por modesta que sea, cada aportación sumará con las demás y sobre todo supondrá una inyección de moral para estas personas admirables que mantienen la llama de la búsqueda de la verdad encendida. Estoy dispuesto a salir a la calle con una hucha si hace falta, pues es la más noble de las causas.

Junto al fracaso del Estado en el esclarecimiento y castigo del 11-M lo peor del relevo emponzoñado que Zapatero entregará dentro de 15 días a Rajoy es, en el ámbito político, la desestabilización del modelo constitucional. El Estatuto catalán continúa en pleno vigor sin que durante los meses transcurridos desde la sentencia del TC se haya desandado ni un solo centímetro en el camino ilegal recorrido en su desarrollo normativo; y todas las hipótesis sobre los itinerarios en que puede desembocar el retorno de ETA a las instituciones producen escalofríos. Son otras dos heridas que supuran por dentro.

También en este terreno, y no sólo en el de la economía, el PP tiene un mandato claro que ha dejado de ser opción electoral para convertirse en obligación gubernamental. Si CiU quiere asociarse al proyecto reformista de Rajoy y obtener un trato preferente en el diseño y ejecución de la política económica -olvidándose por supuesto del pacto fiscal-, el PP debe tenderle la mano pero reclamando a cambio gestos significativos en relación a la política lingüística y otras áreas en las que está en duda su lealtad institucional. En cambio a los de Amaiur, ni agua. Hace bien Rajoy en excluirles de su ronda de contactos con los partidos parlamentarios y ojalá se hallara una fórmula bien fundada en derecho que les impidiera constituir grupo mientras se le permitiera hacerlo a UPyD.

Justo cuando parecía que los dos mandatos de Zapatero iban a quedar al menos preservados de la lacra de la corrupción en las altas instancias, EL MUNDO desveló los elementos básicos del caso Campeón. Un par de meses después, los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo han pedido que se abra una investigación penal sobre la conducta del ministro Blanco; es decir, que se le impute por cohecho y tráfico de influencias.

Ahora que han enmudecido los colegas que servían de altavoces a la tesis de que lo único que había contra el número dos del PSOE eran versiones contradictorias de un empresario delincuente, nosotros volvemos a aferrarnos al plano de la responsabilidad política. Sea penalmente culpable o inocente, no es de recibo que alguien que ha protagonizado las escenas de la gasolinera o ha movilizado sin el menor pudor a la Administración al servicio del interés particular de un amigo, pueda morir políticamente en la cama. Que Blanco siga siendo al día de la fecha ministro portavoz en funciones y vicesecretario general del PSOE da la medida final de hasta donde ha llegado el naufragio de la «democracia bonita» de Zapatero.

El cuadro general no puede ser por lo tanto más desolador. La fe en el Estado de Derecho está profundamente erosionada por la incapacidad policial y judicial de esclarecer la masacre de Madrid y por las sospechas de connivencia del Ejecutivo con los movimientos tácticos de ETA, corroboradas ahora por el propio Eguiguren. Simultáneamente, el descrédito y desprestigio de los políticos como presunto modelo de referencia social queda resumido en la línea de defensa de Blanco en relación al tráfico de influencias, calcada por cierto de la que tan execrable le parecía cuando brotaba del entorno de Camps: todos hacemos lo mismo. Aquí sólo faltaba que pariera la abuela y eso es lo que ha ocurrido con el caso Urdangarin.

La criatura ha resultado ser un rubio ex jugador de balonmano aprovechategui y trinconcete que, según hemos venido averiguando, se ha dedicado a pegar palos a lo largo y ancho de la geografía nacional, involucrando a su esposa la Infanta Cristina, utilizando a un asesor de la Casa del Rey y comprometiendo la propia autoridad moral de la Corona. Es cierto que sólo un juez podía detectar el trasvase de fondos desde un instituto con fines filantrópicos a las sociedades patrimoniales de sus promotores, pero sólo la habitual condescendencia de los medios hacia todo lo que concierne a la institución monárquica explica que hayamos tardado tanto tiempo en relacionar la frenética actividad de Urdangarin en el negocio del marketing deportivo con el auge de su tren de vida, palacete en Pedralbes incluido.

La línea de defensa que ya ha esbozado ante quienes le han pedido explicaciones es muy clara: él es un profesional que ofrece unos servicios, asume unos costes y corre unos riesgos en el marco de unos convenios de patrocinio por los que se fija un precio global que incluyen su propio margen de beneficio. Una vez que alguien llega libremente a un acuerdo con él, huelga toda justificación de gastos.

Pero más que una explicación eso es una burda coartada porque el Instituto Nóos no tenía ánimo de lucro y cuando se paga con dinero público debe haber una correspondencia entre lo que se da y lo que se recibe. Por lo que se refiere a los sablazos privados es muy elocuente lo que le sucedió al presidente del Villarreal, Fernando Roig, que de repente aparece en el top ten de la timoteca nacional por haber pagado un informe sobre el patrocinio de su estadio a razón de 69.000 por folio. Pero, según su propia versión, el acuerdo implicaba el compromiso de Urdangarin de traerle ese patrocinador que aportaría a las arcas del club hasta 35 millones en 10 años. ¿Y por qué no supeditó el pago de los 600.000 del ala más IVA a que cumpliera esa parte del trato? Pues muy sencillo, viene a decir Roig: porque no parece correcto dudar de la palabra del yerno del Rey. Y así con todos.

¿Cómo puede terminar esto? Si el matrimonio decide continuar unido -de marido o de esposa no se dimite por razones políticas- lo lógico es que la Infanta Cristina, corresponsable formal de mucho de lo sucedido y beneficiaria al 50% de lo así ingresado, renuncie a sus derechos sucesorios y ambos dejen de participar en los actos públicos de carácter institucional para no contaminar a la dinastía. Esto no tiene nada que ver con la hipotética responsabilidad penal porque, como escribe Javier Gomá en los últimos párrafos de su obra Ejemplaridad pública, los miembros de la Familia Real «no es sólo que sean fuentes de moralidad pública, como los políticos, sino que son su misma personificación y el espejo de la ciudadanía».

Una Monarquía Constitucional puede tal vez soportar que los policías no detengan a los delincuentes, que los jueces no condenen a los culpables sino a algún que otro inocente con cara de merecer 40.000 años de cárcel y que los políticos que deberían ser ejemplares no ejemplifiquen sino la corrupción y el abuso de poder. Lo insostenible es que, al mismo tiempo que sucede eso, resulte que quienes deben llenar de contenido la función simbólica que justifica delegar en una familia la representación de todas las demás, se conviertan en motivo de bochorno colectivo. «Un símbolo que no simboliza, ¿para qué sirve?», enfatiza Gomá. El Rey y los Príncipes de Asturias deberían tener muy en cuenta esta reflexión porque «la vulgaridad de vida banaliza la Corona y vacía el trono».

Quiero agradecer públicamente al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, su decisión arbitraria -en el sentido de innecesaria, libre y personal- de trasladar a un pleno de 15 magistrados, que se reunirá pasado mañana en la pasarela mediática de San Fernando de Henares, la potestad de resolver sobre la calificación jurídica del caso Faisán. Máxime cuando el criterio del juez instructor, Pablo Ruz, de considerar los hechos como un caso flagrante de colaboración con banda armada aparece sólidamente fundado en todos sus autos en la jurisprudencia de la propia Audiencia Nacional y del Supremo y cuando la Sección integrada por tres magistrados a la que le correspondía revisar sus decisiones y a la que estaba abocado el caso, se pronunció ya en sentido coincidente.

Sobre todo quiero agradecer al juez Bermúdez que al elevar en julio el caso a esta última instancia de su Sala enfatizara el presunto carácter dudoso de la cuestión, dando así beligerancia a la tesis de las defensas de los procesados Ballesteros, Pamiés y García Hidalgo -Fiscalía incluida- según la cual el tipo delictivo de la colaboración, castigado con hasta 10 años de cárcel, requiere que exista «adhesión ideológica» a la banda armada en cuestión. Como es obvio que ni el director de la Policía ni el jefe superior del País Vasco eran militantes de ETA infiltrados en las Fuerzas de Seguridad ni abertzales reprimidos a la espera de su gran ocasión, aquí «hay partido», que diría Rubalcaba.

Mi agradecimiento al juez Bermúdez adquiere además su pleno sentido a la luz de la inequívoca contradicción entre esta alambicada tesis y la mucho más canónica y comprensible para el común de los mortales que él mismo dejó plasmada, con cierto adorno, en la sentencia del 11-M que redactó de su puño y letra en la serenidad de un entorno familiar laborioso y literario: «Nótese que al ser el delito de colaboración un tipo penal residual que sólo exige que se realice voluntariamente una acción o aportación a la banda terrorista que facilite su actividad criminal… y ello prescindiendo de la coincidencia de los fines, pues lo que aquí se sanciona no es la adhesión ideológica… ni siquiera exige que el colaborador comparta los fines políticos o ideológicos de los terroristas, sino que basta con saber que se pone a disposición de esos criminales un bien o servicio, que se les está ayudando o facilitando su ilícita actividad».

Cualquiera diría que estas palabras, dedicadas a trompicones a un minero asturiano esquizofrénico, condenado por facilitar explosivos a un grupo aparentemente yihadista, tenían el don premonitorio de describir la conducta ignominiosa de unos mandos policiales capaces de ayudar al aparato de extorsión de ETA a eludir el cerco de sus subordinados para contribuir al proceso de negociación articulado por sus jefes políticos.

¿Estamos por lo tanto ante un inusual brote de fair play del juez Bermúdez para proporcionar todas las oportunidades legalmente permitidas a una tesis extravagante, alejada de la suya y hasta ahora sólo defendida dentro de la Sala por aquel José Ricardo de Prada que poco menos que pedía condecoraciones para los autores del chivatazo? ¿O se trata por el contrario de una obscena voltereta del propio presidente de la Sala para tratar de ayudar al Gobierno socialista y especialmente al candidato Rubalcaba aun a costa de traicionar sus propias convicciones, tan inequívocamente expuestas en una ocasión nada banal?

Muy pronto lo sabremos a la vista de cuál sea su voto y el de aquellos magistrados sobre los que ejerce mayor patronazgo e influencia. Pero la propia duda, más que razonable, suscitada ya sobre la intencionalidad de la maniobra tiene un patente efecto beneficioso que es el que da pie a mi gratitud, en la medida en que pone en valor las turbias relaciones de Bermúdez con el Ejecutivo socialista y arroja una potente luz retrospectiva sobre su conducta como juzgador del 11-M.

Gracias a esta jugada, como mínimo equívoca, muchos españoles han podido volver a poner sus ojos en la foto que refleja aquel acto de concupiscencia en el que los brazos rígidos de Rubalcaba penetran en el torso replegado de Bermúdez para fecundarlo con la medalla pensionada que elevó su sueldo de por vida. Manda narices, por cierto, que con esa imagen sobre la mesa Rubalcaba aún se atreva a identificarse con las reivindicaciones políticas de unos indignados que, junto a cosas insensatas, exigen algo tan básico como la separación real de los poderes del Estado.

Pero la actualidad de lo que aparece revestido de todos los atributos de una infame devolución de favores nos ha permitido además rebobinar la moviola de la memoria desde la comida de camaradería con el propio ministro Rubalcaba en Currito hasta aquellos días inciertos en los que el riesgo de perder la presidencia de la Sala, cuestionada una y otra vez por los vocales del CGPJ afines al PSOE, disparaba la ansiedad social de la esposa del juez. ¿Qué sería de ellos si perdían una dignidad y rango que les permitía compartir el ascensor con las más altas autoridades del Estado en las grandes ocasiones? Sí, sí, el ascensor; Elisa Beni lo escribió tal cual y no como metáfora.

Al volver a darle al play aparece el relato bien encadenado de la metamorfosis oportunista de un juez que se reunía con miembros de la dirección de EL MUNDO para expresarles su identificación con nuestra actitud ante el 11-M y prometía a las víctimas actuar contra los policías que habían manipulado pruebas y cometido perjurio; y pasó sin solución de continuidad a transformarse en agente del agit-prop gubernamental, presentando su remendada y remendona sentencia como un ariete contra quienes no nos aquietábamos con la inconsistente versión oficial.

O sea, en el Bermúdez de mi Yo acuso de junio de 2009: «Yo acuso al juez Javier Gómez Bermúdez de negligencia profesional, al incluir en la sentencia graves errores materiales de carácter fáctico en relación al resultado de la pericia de explosivos; de inconsistencia intelectual, al no reflejar en la sentencia las consecuencias lógicas de la prueba pericial por él mismo encargada; de incoherencia personal, al defraudar las expectativas por él mismo alentadas cuando comunicó a las víctimas que algunos policías irían «caminito de Jerez»; de frivolidad, imprudencia y posible revelación de secretos al colaborar con el libro de su esposa sobre el juicio; y de manipulación política al hacer una presentación sesgada, tendenciosa y distorsionada de la sentencia. Vergüenza sobre vergüenza».

Que Bermúdez haya vuelto a ponerse ahora en el candelabro en una pose tan comprometedora tiene un valor impagable pues va a terminar de abrir los ojos a muchos ciudadanos que ya tenían dudas sobre la calidad de la justicia impartida en la sentencia sobre la masacre de Madrid. Máxime cuando en los dos años y pico transcurridos desde aquel acto en el que presentábamos el libro de Antonio Iglesias Titadyn y en el que lo más aplaudido por las numerosas víctimas presentes fueron esas críticas dirigidas al presidente del tribunal, han ocurrido unas cuantas cosas de enorme trascendencia.

Primero vino la desestimación de la demanda civil del jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, que dio pie a que, tras una minuciosa instrucción, dos instancias judiciales acreditaran la «veracidad» de las revelaciones de EL MUNDO, pulverizando así gran parte de las pruebas en las que está basada la sentencia de Bermúdez. Casi inmediatamente llegó la querella criminal de la Asociación de Ayuda a las Víctimas contra el propio Manzano que yo mismo había alentado aquella tarde en la que de momento sólo podía acusarle «ante el tribunal de la opinión pública».

Poco después, tras un agónico forcejeo sólo saldado gracias a la determinación del presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, se obtuvieron los ansiados vídeos de la pericia de explosivos en los que la elocuente mezcla de estupor y cabreo de los expertos ante la aparición del dinitrotolueno y la nitroglicerina echa por tierra la premisa de que en los trenes estalló Goma 2 ECO «y vale ya».

A continuación tuvo que intervenir el propio presidente Zapatero para que el Ministerio del Interior pusiera fin a un año de obstrucción a la Justicia y, compelido también por el ultimátum de 10 días de la tenaz y competente Coro Cillán, se aviniera a entregar la relación de miembros de los Tedax que intervinieron en la recogida de los restos de los trenes. Fue el momento en que Rubalcaba quedó en evidencia como el mentiroso compulsivo que ha sido, es y será: está en su naturaleza.

Y fue durante las semanas previas a las vacaciones, con todos esos elementos formando ya un sólido cañamazo sobre el que es posible construir graves acusaciones penales, cuando la instrucción de la causa contra Manzano, a la que al fin se sumaron la AVT y -atención- la activa y respetada Unión de Oficiales de la Guardia Civil, empezó a dar frutos espectaculares.

El más trascendente de todos fue la declaración del artificiero identificado por el carné profesional número 80.938, quien aseguró que cuando entró en la sala en la que otros policías examinaban el teléfono Trium extraído de la mochila de Vallecas «el terminal estaba ya sin batería». Como sus compañeros no habían logrado encenderlo con una tarjeta de Vodafone, él mismo sacó de su móvil una de Movistar, la insertó y consiguió que funcionara. Al margen de la anécdota berlanguiana de que en ese mismo instante recibió una llamada personal, lo decisivo es que este testimonio liquida la remota posibilidad de que el cambio de tarjeta se hubiera realizado en los 10 segundos durante los que la memoria de ese modelo retiene la programación de la hora de la alarma. Es decir, que queda acreditado más allá de toda discusión que es falso que el teléfono estuviera programado para las 7.40, tal y como informó por escrito el comisario Manzano al juez Del Olmo.

Teniendo en cuenta que fue ese detalle, junto a la creencia -igualmente falsa- de que los cables estaban preparados para que la mochila estallara, lo que llevó a detener a Jamal Zougam aquel sábado día 13 en el que desde la sede del PSOE se le dio la vuelta a la tortilla electoral, estamos ante un punto de inflexión crucial. Tan crucial como para que mis últimas dudas se hayan disipado -he pensado mucho en ello durante el verano- y haya llegado al convencimiento de que ese hombre que la víspera de la masacre había visitado el piso que quería comprarse con su novia y se había machacado en un gimnasio mientras sus presuntos cómplices -con los que nadie llegó a relacionarle nunca- montaban las bombas, ese hombre que ha sido condenado a tropecientos mil años de cárcel sobre la base de dos testimonios oculares tan interesados como dudosos, ese hombre que lleva ya siete años y medio en prisión sometido a un implacable régimen de 22 horas de confinamiento solitario al día -quizá para que se suicide o se vuelva loco- es totalmente inocente y fue elegido como víctima propiciatoria por la trama policial que manipuló la investigación.

Admito que es tremendo lo que acabo de escribir. Pero más tremendo es que un montaje policial basado en falsedades relativamente fáciles de desmontar pasara primero el filtro de la instrucción judicial y luego el de la vista oral. Si la patente incompetencia de Juan del Olmo explica lo primero, la conducta del inteligente Javier Gómez Bermúdez requería de otra explicación y no bastaba barruntarla.

Ya que esto va de faisanes, resulta relevante señalar que, según los zoólogos, se trata de un ave habitualmente entretenida en picotear el grano por el suelo. Sólo en un supuesto de extrema necesidad despliega las alas para emprender el vuelo, revelando su verdadera condición. Esto es lo que acaba de ocurrir ante el riesgo extremo que para el candidato Rubalcaba entraña que se juzgue a sus subordinados por colaborar con ETA. Bermúdez no ha tenido más remedio que retratarse para cumplir su parte de lo que se esboza como un trato infame y quienes nunca dejaremos de buscar la verdad del 11-M debemos de felicitarnos al ver así iluminados tanto su cráneo maquinador como su toga de guardarropía o tal vez de alquiler.

Hace más de tres años, casi cuatro, que Jamal Zougam fue condenado a 42.922 años de prisión por los atentados cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en sentencia de 31/10/2007, consideró probado que Zougam era miembro de una célula terrorista de tipo yihadista y que, como tal, fue autor, además de otros delitos, de 191 homicidios consumados y de 1.856 homicidios en grado de tentativa.

Del asunto no tengo formada una opinión jurídica sólida. Sólo conozco los hechos según se relatan en la sentencia y los argumentos jurídicos que ofrece. También he estudiado la sentencia del Tribunal Supremo -la 503/2008, de 17 de julio- que, prácticamente, confirma la anterior. Y por innecesario que resulte, quede constancia de mi consideración por ambas decisiones jurisdiccionales. Se trata de un respeto sincero, distinto del que algunos dispensan únicamente a las resoluciones judiciales que les favorecen y plenamente compatible con la opinión de que tal vez determinados interrogantes que aquella tragedia suscita no reciben cumplida respuesta. Que unos se sientan satisfechos con las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo me parece legítimo y respetable, pero también lo es considerar que puede que no contengan toda la verdad sobre el 11-M, de la misma forma que las sentencias sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 o la de los GAL no aclararon las muchas dudas que siguen en pie en relación a aquellos esperpénticos sucesos. Nadie piense, pues, que en esta tribuna patrocino la arbitrariedad de los fallos judiciales recaídos. La Justicia es noción infinita y suponer que pudiera acariciar el mal, sea del signo que sea, sería tanto como negar su propia esencia y aun existencia.

Para los magistrados de la Audiencia Nacional, la principal prueba de cargo contra Jamal Zougam fue la identificación que de él hicieron tres viajeros de uno de los trenes, a quienes se otorgó el estatuto de testigos protegidos -J-70, C-65 y R-10-, hasta el extremo de calificar sus testimonios -folio 583 de la sentencia- de «claros, independientes y concordantes, sin fisuras (…)». También sirvió de prueba que la tarjeta hallada en el teléfono móvil de un artefacto explosivo desactivado era una de las 30 que fueron vendidas en el establecimiento de telefonía regentado por Jamal Zougam y un socio.

A juicio del Tribunal Supremo -antes lo había dicho el profesor Enrique Gimbernat en un artículo publicado en este diario el 13/11/2007-, la sentencia de instancia, en la valoración de la prueba, es respetuosa con las reglas de la lógica, con las máximas de la experiencia y con los conocimientos científicos. Sin embargo, la defensa de Zougam entiende que no se tuvieron en cuenta causas objetivas que imposibilitaban la credibilidad de los testigos, como que éstos, con anterioridad a los reconocimientos fotográficos, ya habían visto la imagen de Jamal Zougam publicada ampliamente en prensa y televisión a raíz de la detención del propio Jamal el día 13 de marzo, de manera que los testigos estaban sugestionados y condicionados.

«Juro que nada he tenido que ver con ese terrible atentado, nadie puede decir que me ha visto, como tampoco puede afirmar sin mentir que yo estaba en los trenes», repite una y otra vez Jamal Zougam, la última desde la cárcel de Villena, donde permanece aislado en la celda 20 horas al día. Lo mismo que dijo durante y al final del juicio -2 de julio de 2007- en el turno de última palabra, para concluir que «la Policía sabe que esos testigos no son de verdad (…) y espero que se consiga demostrar que mintieron o se equivocaron».

En la página web del Centro sobre Condenas Erróneas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern, en Illinois, bajo el epígrafe Causas y remedios, se sostiene que las identificaciones equivocadas de testigos oculares, sean de buena fe, sean fruto del perjurio, son la principal causa de condenas erróneas en el sistema judicial de los Estados Unidos. He aquí la clave del drama de las sentencias erróneas basadas en la prueba testifical. Los expertos de la llamada psicología del testimonio señalan que en los crímenes horrendos es muy difícil que el testigo acierte en la identificación mediante la exhibición de álbumes fotográficos y que prefiere que alguien, normalmente la Policía, le ayude a poner la cara del autor. Tan grave es el problema que la Asociación Americana de Medicina Legal ha llegado a dictaminar que las identificaciones erróneas son la causa del 80% de las condenas a inocentes.

La madre de Zougam, una empleada de hogar, lleva años en lucha desesperada por defender la inocencia de su hijo. Como nos recordaba Casimiro García-Abadillo, Aicha, que así se llama la mujer, se parece a aquella emigrante polaca, protagonista de la película de Henry Hathaway Yo creo en ti, que dedicó los últimos años de su vida en demostrar, y lo consiguió, que su hijo Majcek no era culpable del asesinato por el que fue condenado. Lo mismo que Aicha, Samira, hermana de Zougam, sostiene que la noche del 10 al 11 de marzo de 2004 su hermano la pasó en casa, justo en la habitación que hay enfrente a la suya, que en la mañana del 11-M, cuando la televisión daba la noticia del atentado, Jamal dormía junto a su hermano Mohamed. Ni madre ni hermana declararon en fase de instrucción. Aicha sí lo hizo en el juicio, al igual que el hermano Mohamed Chaoui. Sin embargo, la sentencia -folio 583- no da validez a esos testimonios porque «la madre no ha declarado antes en la causa y el hermano lo hizo en la policía sin referirse a esta cuestión».

Como en el caso de Tillie Wiecek, la abnegada asistenta por horas de aquella película, estoy convencido de que Aicha y Samira ofrecerían todos sus ahorros a quien aportara datos sobre las razones que aquellos tres testigos protegidos, especialmente las dos amigas rumanas, tuvieron para declarar en contra de Jamal Zougam y que tan relevantes fueron para condenarle. Lo mismo que confío en que pueda haber algún periodista comprometido, al estilo de James MacGuire, que después de escribir lo que no sería más que «una pequeña historia agradable de interés humano» sobre los límites de la abnegación de una madre y de una hermana, se apasionara con el caso e investigara quiénes son, en verdad, esos testigos protegidos y cuándo y cómo aparecieron en el escenario procesal de la tragedia.

He escrito este artículo movido por un solo sentimiento. Que la claridad, del tono que sea, se haga para una madre que noche tras noche permanece en vela viendo el espectro de un hijo que desde la cárcel de Villena, maltratado en una celda de aislamiento, pide ayuda para poder expiar unos terribles crímenes que dice no haber cometido. La madre y hermana de Jamal Zougam y su nuevo abogado se sienten capaces de combatir por revocar una sentencia que para ellos es equivocada. «En la lucha hallarás tu derecho», decía Ihering con el entusiasmo necesario para no caer en la resignación de que las sentencias erróneas son como una fatalidad inevitable.

Persista, pues, Aicha en su empeño. Hágalo con la ayuda de su hija. Está en su derecho de creer que los jueces que condenaron a Jamal se equivocaron o pudieron equivocarse. Para usted, nunca la inocencia estuvo más probada ni la culpabilidad menos demostrada. No se preocupe de que los jueces se molesten por alzar la voz contra su sentencia. Tenga esperanza en las últimas instancias que le quedan, empezando por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que el abogado de Jamal ha acudido.

Si por ventura su hijo tuviese la oportunidad de un recurso extraordinario de revisión, pese a las dificultades que ese juicio encierra -el principal escollo es la ficción del carácter sagrado de la cosa juzgada-, tenga por seguro que serán los propios magistrados autores de la sentencia de condena los primeros en celebrarlo. A la memoria me viene aquel pasaje de El profesor Bergeret de Anatole France: «No quería admitir su error. Una confesión de esa índole sólo puede hacerla una persona de un espíritu elevado». Se equivocan quienes piensan que admitir que se ha condenado a un inocente menoscaba la autoridad moral del Estado. Al contrario. Nada acrecienta más la confianza de un pueblo en la Justicia que saber que un condenado inocente puede lograr la revocación de la sentencia errónea.

Al abogado de Jamal Zougam, Eduardo García Peña, a quien no conozco, le digo que el proceso emprendido puede hacerle ganar un honor infinito. En esta noble profesión, defender a un inocente porque el abogado cree en su cliente, trae aparejado el prestigio, que no la fama, esa gloria en calderilla, a decir de Víctor Hugo. Ganar este asunto en Estrasburgo le convertiría en un vengador de la inocencia. Quizá sirviera también de enseñanza a esos jueces, afortunadamente pocos, que tienen la funesta propensión de contentarse con la verosimilitud en lugar de exigir certeza, con olvido de que la pena solamente se justifica si del juicio resulta incontrovertible que el acusado es culpable sobre la base de pruebas indubitables y más claras que la luz.

Termino con una reflexión a propósito del régimen penitenciario al que Zougam está sometido. Decía Cela -el Cela grande- que las cárceles se pueden mirar con tres lentes distintas. La del que pone la materia prima, o sea, el preso; la del que tiene la llave, o sea el juez y el funcionario, individual o en equipo; y la del espectador que mira y oye. No hace falta ser psiquiatra ni psicólogo y menos juez de vigilancia penitenciaria -yo lo fui- para saber que un aislamiento en celda por más de 15 días, al preso le da la vuelta como a un pellejo, aunque eso, por lo que se ve, poco o nada importa a algunos directores de prisiones, juntas de régimen, ilustrísimas secretarias generales de instituciones penitenciarias, fiscales y jueces de vigilancia penitenciaria, más interesados por el amansamiento del interno y, sobre todo, por la buena marcha del establecimiento.

- Por favor, una pregunta. ¿Usted prefiere la injusticia al desorden, tal como quería Goethe?

- No. Ni al revés, tampoco. A mí lo que me gusta es que la Justicia sea intransigente con la injusticia y el orden con el desorden.

Se cumplen hoy siete años de los atentados de Madrid y nadie ha conseguido olvidar a los 191 asesinados y más de 2.000 heridos. Aquel maldito jueves, muchas vidas fueron truncadas por el fanatismo y el odio. Entre todas, una de aquellas vidas robadas fue la de Sergio Sánchez López, de 17 años, hijo de Manuel y de María y hermano de Silvia. Conocí a María pocos días después, cuando, como presidente de la ACVOT y responsable del área socio-asistencial, empecé a recibir llamadas de víctimas de los cuatro atentados simultáneos. Llamadas desde Madrid, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Guadalajara, León, Palencia… Víctimas y familiares de víctimas de las que teníamos constancia al acudir al pabellón de Ifema de Madrid el viernes 12 con el equipo de psicólogas de que disponíamos para ayudar con nuestra experiencia. Reclamaban nuestra atención y durante muchos lunes el traslado a Madrid fue constante. Como decía María, no eran «los lunes al sol», sino «los lunes en autocar».

En esas visitas se fue gestando una amistad que llevó a la creación de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, de cuya junta directiva María López ha sido miembro durante años. María, al igual que Pilar, Isabel, Jesús, David…, inició su labor social y asociativa pocos días después de sufrir el asesinato de sus seres queridos, porque solo quien sufre las graves consecuencias de un atentado puede ponerse en la piel ajena. En nuestras largas reuniones discutíamos los expedientes, las secuelas psicológicas, las trabas jurídicas y también cómo sortear las presiones que desde determinados medios de comunicación se recibían constantemente. Incluso en los numerosos actos de homenaje en los que coincidíamos buscábamos un lugar en el que revisar las últimas novedades.

Llegó el 15 de febrero del 2007 y empezó el juicio en la Casa de Campo. En aquellas tensas jornadas buscábamos entre los asistentes a los correveidiles y portavoces de las teorías conspirativas que habían nacido y florecido el mismo 11 de marzo del 2004. No había ninguno, nadie. De aquellos que a partir de entonces tanto hablaron y hablan sobre lo ocurrido el 11 de marzo y que tanto predican sus propias y vendibles versiones de lo ocurrido no había ni rastro. Los que entonces no estaban son los que después han llenado tertulias, portadas y entrevistas hablando de un juicio al que ni siquiera tuvieron la valentía de asistir. No vieron en ningún momento las caras desencajadas de aquellas víctimas que asistían, todos los días, a un juicio que les traía terribles recuerdos, víctimas que estaban allí presentes con el único deseo de presenciar cómo la justicia aplicaba la ley a los autores.

Al mismo tiempo, el día a día de centenares de víctimas era el mismo: visitas a la oficina, reuniones con los abogados, pruebas periciales psiquiátricas y psicológicas… En resumen, sobrevivir para sobrellevar el dolor. Pero al sufrimiento causado por los terroristas se iba sumando el causado desde otros ámbitos: un diario que anunciaba en portada la más que probable exhumación de los cadáveres, entrevistas con los acusados de la masacre o la existencia de personajes que manipulaban el dolor ajeno y desconocido.

Víctimas de aquellos atentados a las que les habían asesinado un hijo tenían que ver cómo se les negaba el reconocimiento de sus secuelas psicológicas. Mientras tanto, víctimas de atentados muy anteriores en el tiempo aparecían 15 años después o aprovechaban la coyuntura para presentar lesiones aparecidas 20 años más tarde. Pero María nunca buscó beneficios personales. Nunca descolgó el teléfono para molestar a ninguna Administración exigiendo un trabajo o una vivienda para su hija. Nunca le escuché insultar a político alguno, y menos llamarles «p¿ barata» o «bajuno batasuno». Otros no podrán decir nunca lo mismo aunque se llenen la boca hablando de un dolor que no conocen.

Toda esa presión, unida a cierta crispación mediática, iba haciendo mella en muchas víctimas y María no era una excepción. Siempre me recordaba, mezclando educación e indignación, el día en que tuvo que escuchar por boca de ciertos demócratas amigos de las víctimas aquello de «meteros a vuestros muertos por el culo». Desde entonces no han cesado los ataques, incluso a nivel personal, contra muchas de las víctimas del 11-M.

La noche del pasado viernes 18 de febrero su enorme corazón no pudo resistir más. Un año antes murió Álvaro, a quien el asesinato de sus niñas y su esposa en Hipercor le marcó de por vida. Ahora ha sido María, una luchadora nata, una madre que siempre defendió la memoria de su hijo, la misma memoria que otros reclaman mientras exigen justicia, pero siguen dudando de las sentencias que no cumplen sus expectativas políticas y personales. El funeral de María López fue una nueva muestra de dignidad y el domingo 20 de febrero las rosas blancas inundaban el monumento en Fuenlabrada. A Manolo y a Silvia, un abrazo.

El pasado 24 de marzo, en Trípoli, tuve ocasión de mantener una entrevista privada con Abu Abdullah al Sadeq, el hasta hace muy poco emir o jefe supremo del Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL), una organización terrorista formada a mediados de la década de los noventa del pasado siglo y después asociada con Al Qaeda. Entre otras cosas -enseguida diré por qué- hablamos sobre Serhane ben Abdelmajid Fakhet, El Tunecino. Es decir, sobre quien fuera cabecilla de la célula operativa que preparó y ejecutó los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y algo más de tres semanas después, concretamente el 3 de abril, llevase a cabo, junto a otros componentes de la misma, un acto de terrorismo suicida en Leganés, episodio del cual se acaban de cumplir seis años.

Anochecía y los responsables de la fundación que preside Saif al Islam Gadafi, segundo de los hijos varones del autócrata mandatario de Libia y más que supuesto aspirante a su futura sucesión, a instancias de la cual llevaba yo varios días en el país -pese a que sus fronteras permanecían infranqueables para ciudadanos europeos con pasaporte de algún Estado integrado en el llamado espacio Schengen-, para tomar parte en un seminario sobre desradicalización de terroristas, se apresuraron a confirmarme que Abu Abdullah al Sadeq esperaba en casa de unos familiares, en una barriada popular de la capital norteafricana. En realidad, Abu Abdullah al Sadeq es el sobrenombre con el que se ha venido conociendo a Abd al Hakim Belhajj en su prolongada condición de máximo dirigente del GICL.

A finales de 2007, una parte de los miembros de este grupo decidieron fusionarse con Al Qaeda. Se trataba sobre todo de militantes que desde hace tiempo se encontraban en las zonas tribales de Pakistán y estrechamente vinculados a dicha estructura terrorista. Pero una sustanciosa parte del resto optó por hacerlo desaparecer en la práctica a lo largo de 2009, después de un complicado proceso de negociación entre sus responsables presos o en el exilio y las autoridades libias que se prolongó durante casi tres años. El propio Abu Abdullah al Sadeq había sido excarcelado por eso mismo el día anterior a nuestro encuentro, junto a otros destacados antiguos integrantes del directorio del GICL entre los cuales estaba también el segundo en la jerarquía del mismo, Khalid al Sharif y su principal ideólogo, Sami al Saadi.

Con Abu Abdullah al Sadeq cabía hablar de su trayectoria en el GICL o la decisión de abandonar la yihad terrorista contra el régimen libio tras involucrarse, al igual que decenas de los correligionarios que estuvieron a sus órdenes, en un denominado programa de diálogo y reconciliación puesto en marcha a inicios de 2007 por las autoridades de Trípoli. Pero había un asunto que adquiría especial interés desde una perspectiva española y reverberaba en mi cabeza mientras era conducido a la entrevista, en compañía de Rohan Gunaratna, director del Centro de Investigación sobre Violencia Política y Terrorismo de Singapur. Y es que, como recoge el sumario incoado en la Audiencia Nacional por los atentados del 11-M, existían indicios de un vínculo entre Abu Abdullah al Sadeq y Serhane ben Abdelmajid Fakhet.

Cuando, ya en casa de sus hermanos, surgió la ocasión de inquirir al que fuera emir del GICL sobre ese vínculo, su primera reacción, a través del intérprete que traducía del árabe al inglés y viceversa, fue negar que conociese a El Tunecino. Pero, al insistir en ello -había motivos para hacerlo-, Abu Abdullah al Sadeq, a buen seguro que consciente ya de los términos específicos de mi pregunta, admitió que sí, que conocía a Sernane ben Abdelmajid Fakhet. Entonces añadió, esta vez directamente en inglés, idioma que no le es del todo extraño: “No era miembro de nuestro grupo”. Al pedirle que me dijese de qué lo conocía, admitió, ahora a través del intérprete, que con El Tunecino tenía “relaciones sociales”. Lástima que Abu Abdullah al Sadeq no quisiese continuar la conversación y se excusara.

Desde luego, preguntar a Abu Abdullah al Sadeq por su relación con Serhane ben Abdelmajid Fakhet no era inocente. Existe un informe policial, elaborado con contribuciones de distintos servicios de seguridad extranjeros, incluido en la documentación judicial del 11-M, en el que se sustancia información referida a comunicaciones mantenidas a través de teléfonos móviles, unas semanas antes de aquella infame fecha, entre El Tunecino y el entonces emir del GICL. Éste se hallaba en aquellos momentos en el Este de Asia, donde sería detenido y finalmente entregado a las autoridades libias. El hecho de que haya reconocido su relación con el que fue cabecilla de la célula que perpetró los atentados de Madrid concede valor añadido a ese dato, pero es además significativo por otras razones.

Por una parte, confirma aún más -si cabe- que los terroristas del 11-M, lejos de constituir una célula independiente, tenían importantes e incluso decisivas conexiones internacionales. La propia sentencia por los atentados de Madrid puso claramente de manifiesto que dichas conexiones existían respecto al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM). Más recientemente he podido revelar los vínculos entre destacados miembros de la red terrorista del 11-M, incluido el propio Serhane ben Abdelmajid Fakhet, y el mando de operaciones externas de Al Qaeda en Pakistán, a través de Amer el Azizi (véase EL PAÍS, 17 de diciembre de 2009 y 11 de marzo de 2010). Ahora, es el propio líder del Grupo Islámico Combatiente Libio quien confirma sus relaciones con El Tunecino.

Por otra parte, esta misma confirmación invita a revisar las relaciones del GICL, o de algunos de sus más relevantes integrantes, con la red terrorista del 11-M. El propio Amer el Azizi permaneció durante la primera mitad de 2001 en el campo de entrenamiento Mártir Aby Yayhya, que el GICL tenía unos 20 kilómetros al norte de Kabul, en Afganistán, lo que consolidó sus ligámenes con dicha organización y con el GICM. En segundo lugar, fue un prominente miembro de aquella, Malek el Andalusi, quien ordenó a Mustafa Maymouni establecer una célula terrorista en Madrid en 2002, después de que delegados del GICL, del GICM y de su entidad análoga tunecina acordaran en Estambul, en febrero de ese año, llevar a cabo actos de yihad en países de los que procedieran o donde residieran sus miembros.

Por si fuese poco, el propio Mustafa Maymouni casó a dos de sus hermanas, respectivamente, con Serhane ben Abdelmajid Fakhet, el cabecilla de la célula operativa de los atentados de Madrid, y con Ziyad al Hashim, también conocido como Imad al Libi, un destacado miembro del GICL. Más todavía: en Trípoli pude asimismo confirmar, durante una conversación mantenida en la tarde del 23 de marzo con Noman Benotman, antiguo mando operativo de dicho grupo, que El Tunecino, minutos antes de suicidarse en Leganés, contactó por teléfono con otro destacado miembro de la misma organización que se encontraba en Londres. Algo suficientemente importante tenía que transmitir Serhane ben Abdelmajid Fakhet a este último, quien posteriormente dijo a mi interlocutor que habían hablado de “negocios”.

En suma, la interacción entre notorios miembros del Grupo Islámico Combatiente Libio y al menos dos de los individuos que desempeñaron papeles fundamentales en la red terrorista que perpetró los atentados del 11-M es manifiesta desde el origen de esta última en la segunda mitad de 2002 hasta su desaparición efectiva con el episodio suicida que siete de sus miembros llevaron a cabo en abril de 2004, hace seis años. Esta conexión se añade a las del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y el mando de operaciones externas de Al Qaeda. Pese a todo, aún hay quienes continúan hablando de los atentados de Madrid como si hubieran sido cosa de una célula local independiente o carente de nexo alguno con la urdimbre internacional del terrorismo yihadista. No será porque falte evidencia de lo contrario.

Las efemérides y los actos de homenaje tienen un sentido profundo que va más allá de lo formal, de lo protocolario. Si, además, es la efeméride de un hecho terrible y si el homenaje es a las víctimas de la violencia terrorista, esa percepción adquiere mayor relevancia si cabe. Rememorar lo ocurrido no supone reabrir heridas. Por el contrario, recordar es un acto de respeto, de justicia y de dignidad.

Por eso debemos empezar recordando aquel fatídico 11 de marzo de hace seis años, en 2004, en el que 192 personas fueron asesinadas, y 1.893 resultaron heridas, en Madrid. Un día en que esa ciudad se convirtió en la capital del dolor. Todos sabemos que los terroristas no tienen el más mínimo reparo, ni la menor consideración por la vida humana. Y este desprecio alcanza su máxima expresión, su mayor irracionalidad, en los atentados masivos, como el de Madrid. Los más de dos millares de familias afectadas directamente lo saben bien. Todas ellas continúan tratando de recuperar sus vidas tras el horror.

Aquel 11 de marzo, los terroristas no sólo acabaron con la vida de 192 personas, aquel día nos hirieron a todas las personas de bien. La sinrazón de la barbarie nos atacó a todos. En esos trenes iban ciudadanos de diversos países (49 de las víctimas mortales no eran españolas); perdieron la vida y quedaron heridas personas de distinta condición social, creencias religiosas (no pocos eran musulmanes) e ideología política; eran hombres y mujeres (algunas embarazadas); jóvenes y mayores… Han pasado seis años, pero parece que fue ayer. España y Europa reaccionaron conmovidas e indignadas. Y respondieron de la única manera que podían hacerlo, con unánime solidaridad y con un compromiso común hacia las víctimas y sus familias. Esa solidaridad y ese compromiso de los ciudadanos, de los Gobiernos y de las instituciones europeas se plasmaron en la declaración del 11 de marzo como el Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo. Igualmente, se aprobó la Directiva Europea sobre indemnización a víctimas de delitos violentos, de diciembre de 2004, que prestaba especial atención a las situaciones transfronterizas. En España, el Estado de derecho también actuó como debía y todos los terroristas fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Los culpables fueron procesados y condenados, están en la cárcel y lo estarán por muchos años.

Nuestro sentimiento común es, sin duda, de solidaridad con las víctimas, una solidaridad incondicional y de corazón. Todas ellas cuentan con nuestro respeto, el del Gobierno de España y el de la Unión Europea y sus instituciones. Y cuentan, también, con nuestro compromiso firme de que no retrocederemos ni un paso hasta acabar con la barbarie terrorista y, lo más importante, de que no dejaremos de hacer todo lo necesario, y más aún, para que las víctimas siempre, y en todos los casos, obtengan reparación y justicia. El recuerdo de esta fecha es parte de la dignificación de las víctimas porque, tal y como afirma Naciones Unidas, forma parte de la reparación integral y tiene tanto valor como la indemnización, el acceso pleno a la justicia, la información y la garantía de no repetición. La nueva Ley de Víctimas, que aprobará España en esta legislatura, igual que las iniciativas europeas que hemos mencionado, va en esa dirección, en la de garantizar mejor la protección integral de todas las víctimas del terrorismo.

Si bien es cierto que los terroristas consiguieron uno de sus objetivos, el de causar dolor, también lo es que no alcanzaron su principal propósito, sembrar el terror generalizado. Al contrario, los europeos, y los españoles en particular, dieron una lección de ciudadanía, de sentido común, de altura de miras y de racionalidad, durante los días y semanas posteriores al atentado; una actitud que no ha cambiado en estos seis años. Si lo que pretendían era que se generalizara un sentimiento antimusulmán o un incremento del racismo y la xenofobia contra el mundo árabe, o el islam, para justificar así sus ataques, debemos afirmar que no lo consiguieron.

Hoy, especialmente hoy, tenemos que afirmar que la Unión Europea mantiene un firme y enérgico compromiso con la seguridad. Un compromiso que, de ningún modo, puede ser ajeno a la defensa de la libertad. Más seguridad, sí, pero con derechos y libertades. Hemos avanzado mucho desde entonces en Europa y en España. Es verdad que la terrible experiencia del 11-M en Madrid, y la del 7-J en Londres, un año después, así como el antecedente del 11-S de 2001, nos ha obligado a permanecer alertas y más comprometidos que nunca con la paz y la seguridad en Europa y en el mundo. El terrorismo internacional, yihadista o islamista, sigue activo, capaz de hacer mucho daño, pero nosotros, los españoles y el conjunto de los europeos, estamos más preparados que nunca para combatirlo; siempre con respeto a la legalidad internacional sobre derechos humanos y a los valores y principios fundamentales del constitucionalismo democrático.

En suma, el valor central que inspira toda nuestra acción, tanto en la represión del terrorismo como en el apoyo a sus víctimas, es el de seguridad integral: una visión, defendida por Naciones Unidas y por la Unión Europea, que no opone seguridad a libertad, sino que considera a la primera como una condición básica para la existencia de la segunda. Y es, precisamente, el recuerdo de las víctimas de aquel 11 de marzo de 2004, y de todas las víctimas del terrorismo, lo que nos da fuerza para no retroceder, ni en la lucha contra el terror, tenga la naturaleza que tenga, ni en el apoyo a las víctimas.

Decíamos al comienzo que recordar es un acto de respeto, un ejercicio de justicia y de dignidad. En el Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del terrorismo, es una exigencia moral, un alegato a favor de la decencia y de los valores humanos. Decencia y valores que no poseen los asesinos. Principios que nos imponen la evocación de los que murieron, y el ejercicio continuado de solidaridad con quienes siguen sufriendo las consecuencias de la violencia terrorista. Dedicamos un día al año al recuerdo de las víctimas, de todas las víctimas. Y debemos trabajar el resto de los días del año para que se cumpla la ley y se haga justicia, que es la mejor manera de honrarlas.

No es casual que la ponderada sentencia sobre los atentados de Madrid aludiese a quienes fueron procesados y condenados por tales hechos, si exceptuamos a los criminales españoles de los cuales obtuvieron los explosivos, como “miembros de células y grupos de tipo yihadista”. Al contrario de lo que con frecuencia se da por descontado, dentro y fuera de nuestro país -supongo que en buena medida debido a lo excéntrico que entre los propios españoles ha sido el debate sobre los autores implicados en la matanza de los trenes de la muerte-, en tan importante documento judicial no existe mención alguna a “célula local”, “célula independiente”, “célula local independiente” o concepto de equivalencia similar. Y es que lo sucedido en España en aquella infame fecha de marzo de 2004, exactamente 911 días después de los atentados del 9/11 -11 de septiembre según la manera anglosajona de datar- en Estados Unidos, no fue el producto de una célula local independiente inspirada por Al Qaeda pero carente de conexiones con dicha estructura terrorista o alguna de sus entidades afiliadas. Tanto la composición misma de la red que preparó y perpetró los atentados de Madrid, como su recientemente acreditada conexión con el núcleo central de Al Qaeda, al igual que la estrategia subyacente a tales hechos, evidencian que el verdadero significado del 11-M fue otro.

En primer lugar, la red que estuvo detrás de los atentados del 11 de marzo, constituida entre septiembre de 2002 y noviembre de 2003, aglutinó en lo fundamental a cuatro colectivos preexistentes y relativamente reducidos de individuos. Dos de esos colectivos se encontraban especialmente interconectados, pues derivaban de la célula establecida por Al Qaeda en España a mediados de los noventa del pasado siglo. Esta célula fue sustancial pero no completamente desmantelada en los meses que siguieron a los atentados del 11-S, cuando su líder era Imad Eddin Barakat Yarkas, más conocido como Abu Dahdah. Un tercer colectivo de individuos que se incorporó a la red del 11-M estaba ligado a la fracción que el Grupo Islámico Combatiente Marroquí tenía en Europa occidental, sobre todo en Bélgica y Francia. El cuarto y último colectivo en integrarse estaba compuesto por algunos narcotraficantes convertidos en islamistas violentos. Se trataba, en conjunto, de varones, casi todos inmigrantes de origen norteafricano -sobre todo marroquíes-, nacidos entre 1960 y 1983, en su mayoría con entre 23 y 33 años cuando perpetraron los atentados. Al igual que otras de sus características sociales denotan una notable diversidad, tampoco todos interiorizaron una ideología yihadista y fueron reclutados en el mismo lugar, al mismo tiempo o mediante el mismo proceso.

En segundo lugar, tal y como desvelé en parte hace apenas unos meses, existía una conexión entre la red terrorista del 11-M y el mando de operaciones externas de Al Qaeda en Waziristán del Norte (EL PAÍS, 17 de diciembre). Este hallazgo, del que tuve indicios fundados a finales de 2008 en Reino Unido, se basa en la figura de Amer Azizi, quien fuera destacado miembro de la mencionada célula de Al Qaeda en España y lograse huir tras su desarticulación.

Azizi reclutó al iniciador en 2002 de la trama responsable de los atentados de Madrid. Estaba estrechamente ligado al menos a otros tres importantes miembros de esa trama, y se mantenía en contacto con el cabecilla operativo de la red local, es decir, Serhane ben Abdelmajid Fakhet, El Tunecino. Tampoco era ajeno al Grupo Islámico Combatiente Marroquí ni al Grupo Islámico Combatiente Libio, con cuyo entonces dirigente llegó a comunicarse este último en 2003. Cuando ocurrió el 11-M, Amer Azizi era el hombre de confianza del número tres en la jerarquía de Al Qaeda, el egipcio Hamza Rabia, junto a quien murió en diciembre de 2005 como consecuencia de uno de los ataques selectivos de la inteligencia estadounidense, mediante aeronaves no tripuladas, contra miembros prominentes de dicha estructura terrorista en los territorios fronterizos entre Afganistán y Pakistán.

En tercer lugar, la estrategia de los atentados de Madrid no procedía de la red que los preparó y ejecutó. Para entenderla, cabe recordar el conocido vídeo difundido por Al Jazeera el 18 de octubre de 2003, en el que Osama Bin Laden amenazó a España, y un mensaje de correo electrónico al semanario Al Majallah ocho días después. Hay quienes consideran que lo ocurrido se inspiró en dos documentos -”Yihad en Irak” y “Mensaje al Pueblo Español”-, publicados en diciembre de 2003 en Global Islamic Media Centre, pero para entonces la red del 11-M ya estaba formada y no hay trazas de que sus miembros los conocieran. Sin embargo, conocieron y siguieron las orientaciones remitidas por las Brigadas Abu Hafs al Masri/Al Qaeda desde Irán y quizá Yemen. Sin el segundo de los comunicados firmados con esa denominación, alusiva a quien fuera jefe del comité militar de Al Qaeda, que la célula operativa del 11-M recogió de Internet horas después de haber sido colocado, mal se comprende su posterior actuación. No pocos han dudado de la fiabilidad de esos textos, pero baste mencionar que el primero de ellos hablaba de la advertencia hecha con el atentado de 2003 en Nasiriya contra fuerzas italianas. Ahora sabemos que uno de los suicidas que lo cometió fue reclutado en España y trasladado por el mismo conducto por el que huyeron hacia Irak algunos de los implicados en el 11-M.

Así, lo ocurrido en Madrid hace seis años denotaba la continuada actividad de Al Qaeda tras el 11-S, instigando, aprobando y probablemente también facilitando la comisión de atentados espectaculares y muy letales en las sociedades occidentales. Esta actividad persiste, aunque se hayan detectado alteraciones notables en el alcance y los límites de las capacidades de Al Qaeda. Aquel 11-M resultó además indicativo de la reorientación que a partir de 2002 se observaba entre las organizaciones yihadistas norteafricanas afines a Al Qaeda y que culminó en la formación de su actual extensión regional magrebí. Asimismo, los atentados de Madrid fueron reveladores acerca de la movilización terrorista de inmigrantes de primera generación procedentes de países musulmanes. Lo que se añadía a la radicalización y el reclutamiento, constatado en otras naciones europeas, de jóvenes correspondientes a las llamadas segundas y terceras generaciones.

Además, los atentados en los trenes de cercanías revelaban mucho sobre el terrorismo global como un fenómeno polimorfo de componentes heterogéneos que interactúan entre sí, cuyos dirigentes reconocen una jerarquía de mando y control, pero que es flexible y se adapta a las circunstancias propias de una determinada situación, produciendo en ocasiones, como el 11-M, combinaciones excepcionales.

Con todo, los atentados del 11-M no sólo hablaban por sí mismos acerca de un terrorismo yihadista en transición, tras haber perdido Al Qaeda y sus entidades afiliadas el santuario afgano del que se beneficiaron hasta el otoño de 2001. También resultaron indicativos de la cambiante naturaleza de la amenaza del yihadismo global. No fueron unos atentados planificados, preparados y ejecutados sólo por Al Qaeda, como había sido habitual hasta 2002. Pero tampoco fueron producto exclusivo de una célula independiente. Más bien reflejaron la realidad de una amenaza compleja y compuesta, en la que confluyen diferentes grupos y organizaciones.

Por lo demás, el 11-M dejó una vez más clara la predilección del terrorismo yihadista por los sistemas de transporte público como blanco, una preferencia por el uso de artefactos explosivos y la determinación suicida de sus ejecutores. Alguno de los implicados en esos atentados había escrito su testamento.

Finalmente, lo sucedido hace seis años en Madrid puso de manifiesto que las directrices de Al Qaeda, las decisiones de sus organizaciones asociadas y las aspiraciones de las redes locales pueden converger, aprovechándose de oportunidades especialmente favorables para la ejecución en sociedades occidentales de actos de terrorismo global.

La pista que definitivamente relaciona los atentados del 11-M con el directorio de Al Qaeda apareció hace cuatro años, aunque es aquí y ahora cuando se publica por primera vez. Fue en un remoto lugar situado al noroeste de Pakistán, próximo a la frontera con Afganistán. Durante la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2005, un misil impactó contra una edificación situada en una pequeña localidad cercana a Miran Shah, capital de Waziristán del Norte. Ésta es una de las siete agencias que forman las llamadas Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA, en sus siglas en inglés), donde los principales dirigentes de Al Qaeda y gran parte de sus miembros se establecieron entre finales de 2001 e inicios de 2002, tras perder el santuario afgano del cual habían disfrutado desde 1996 hasta la intervención militar estadounidense semanas después del 11-S.

El misil al que me refiero había sido lanzado desde uno de esos vehículos aéreos sin piloto que la CIA estadounidense utiliza desde hace algunos años para abatir líderes de Al Qaeda cuya presencia se detecta en la franja que discurre a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Waziristán del Norte es, por otra parte, la demarcación donde, hacia fines de 2004 y comienzos de 2005, Al Qaeda tuvo que reubicar buena parte de sus integrantes y de sus instalaciones para el entrenamiento de terroristas. Lo hizo huyendo de la incursión que el ejército paquistaní llevó a cabo en el contiguo Waziristán del Sur entre la primavera y el otoño de 2004. En su nuevo asentamiento de Waziristán del Norte, Al Qaeda se ha venido beneficiando de la protección concedida por sectores talibanizados de las tribus pastunes autóctonas, en este caso de los Utmanzai Wazir y Dawr.

Como consecuencia del mencionado ataque perdieron la vida cinco individuos. Uno de ellos era Hamza Rabia, entonces jefe de operaciones externas de Al Qaeda y máximo responsable del planeamiento de atentados en Norteamérica y Europa. A comienzos de 2002, Osama Bin Laden había decidido dividir en dos mandos el entramado operativo de Al Qaeda. El otro mando, de operaciones internas, se dedicó a Afganistán y Pakistán. Al frente del mismo puso a Mustafa al Uzayiti, más conocido como Abu Faraj al Libi. El mando de operaciones externas fue encomendado al artífice del 11-S, Khalid Sheik Mohamed. Pero fue detenido en Rawalpindi en marzo de 2003. A partir de entonces, Abu Faraj al Libi pasó a implicarse también en las operaciones externas de Al Qaeda, cuya jefatura asumió, sin embargo, el egipcio Hamza Rabia. Ambos desempeñarán sus funciones en estrecha relación.

Pero, ¿qué tiene esto que ver con el 11-M? Pues que uno de los cuatro individuos que perecieron con Hamza Rabia en el referido ataque selectivo pudo ser identificado por servicios de inteligencia extranjeros como Amer Azizi. Un dato corroborado por hallazgos posteriores en Pakistán y el Reino Unido a los que no me referiré en esta ocasión. Amer Azizi, marroquí, había sido un muy destacado integrante de la célula establecida por Al Qaeda en España a mediados de los noventa y liderada desde 1995 por Imad Eddine Barakat Yarkas, es decir, Abu Dahdah, quien lo captó y envió a un campo de entrenamiento en Afganistán. Fue procesado en rebeldía por delitos de terrorismo atribuidos a dicha célula, ya que consiguió escapar de nuestro país tras la operación policial que la desmanteló en noviembre de 2001. Esto ocurrió al constatarse su relación con otra célula de Al Qaeda en Europa, la de Hamburgo, directamente implicada en el 11-S.

Amer Azizi aparece mencionado en al menos 141 de los 241 tomos correspondientes al sumario incoado en la Audiencia Nacional por los atentados del 11-M. Su nombre figura asimismo en ocho de las 30 piezas separadas que completan esa documentación judicial. En conjunto, esas referencias ponen de manifiesto, por una parte, los muy estrechos ligámenes que existían entre Amer Azizi y los individuos que desempeñaron papeles centrales tanto en la formación como en el desarrollo de la trama terrorista local que preparó y colocó las bombas que estallaron en los cuatro trenes que circulaban hacia la estación de Atocha. Por otra parte, revelan las relaciones de Amer Azizi con organizaciones norteafricanas insertas en la actual urdimbre del terrorismo global, a través de las cuales terminó por alcanzar posiciones de relevancia en el círculo de liderazgo de Al Qaeda.

Y es que Amer Azizi, a su regreso de Afganistán en el verano de 2001, reclutó a Mustafa Maymouni, igualmente marroquí, quien en 2002 creó el núcleo de la red que perpetró los atentados del 11-M. Otro marroquí, Driss Chebli, y Serhane ben Abdelmajid Fakhet, El Tunecino, ya cuñado de Mustafa Maymouni, pasaron a dirigir esa red cuando éste fue detenido tras haberse desplazado temporalmente a Marruecos en febrero de 2003. Al ser encarcelado Driss Chebli cuatro meses después, implicado en la aludida célula de Abu Dahdah, El Tunecino se convirtió en cabecilla local de los terroristas del 11-M. Pues bien, a El Tunecino también lo captó Amer Azizi. Además, como recoge el sumario 20/2004, un testigo protegido sostuvo que ambos se comunicaban en 2002 y 2003 por correo electrónico. Ese mismo sumario acredita los vínculos de Amer Azizi con otros destacados autores materiales de los atentados de Madrid, como Jamal Zougam o el huido Said Berraj.

Los lazos de Amer Azizi con entidades norteafricanas afines a Al Qaeda se consolidaron durante su estancia en Afganistán, pues el campo de entrenamiento al cual se incorporó, denominado Mártir Abu Yahyia, era una de las principales instalaciones adscritas al Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL). En ellas se adoctrinaba y adiestraba también a miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), una vez que dirigentes de ambas organizaciones terroristas decidieron a finales de los noventa coordinar sus actividades. Allí es donde Amer Azizi conoció a Abdulatif Mourafik, cuyo sobrenombre es Malek el Andalusi, miembro del GICL. Como resultado de la estancia en aquellas instalaciones y de los contactos que en su seno mantuvo, Amer Azizi se integró en el GICL, pero manteniendo fuertes lazos, cuando no una militancia dual, respecto al GICM.

En este sentido, adquiere una significación especial la reunión que en febrero de 2002 mantuvieron en Estambul delegados del GICL, del GICM y de una organización homóloga tunecina, algunos de cuyos destacados integrantes habían tenido relación con la célula de Abu Dahdah. Entonces acordaron ejecutar actos de yihad en países de donde procedieran o en los que residiesen sus miembros. Sobre dicho encuentro y la decisión estratégica adoptada en el mismo existe una nota de inteligencia incorporada al sumario 20/2004. El caso es que los atentados de Casablanca ocurrieron en mayo de 2003 y los de Madrid en marzo de 2004, y que las tramas de uno y otro se solapan notablemente. Es más, el aludido Malek el Andalusi fue quien encomendó a Mustafa el Maymouni, el iniciador de la red del 11-M, formar antes una célula para asimismo atentar en Marruecos.

Aunque lo ocurrido en nuestros madrileños trenes de cercanías continúa siendo presentado como muestra de lo que puede hacer una célula local independiente y formada por inmigrantes musulmanes autorradicalizados, la evidencia sugiere una interpretación distinta sobre los actores, su liderazgo y su estrategia. En la ejecución de los atentados del 11-M hay algunos individuos que fueron delincuentes comunes y es muy razonable inducir que en su preparación intervinieron miembros prominentes del GICM. Pero eso no es todo. La estrecha relación entre quienes desempeñaron papeles fundamentales en la red terrorista de Madrid y Amer Azizi, que en 2004 ocupaba un puesto clave en el mando de operaciones externas de Al Qaeda, tal y como he desvelado en este artículo, obliga a mirar no hacia un barrio de la capital de España, ni hacia la península tingitana, cuando nos preguntamos dónde se aprobó el 11-M, sino hacia Waziristán del Norte.

Cuando hace tres años traté de representar la pugna entre quienes buscábamos el completo esclarecimiento del 11-M y quienes contribuían al ocultamiento de la verdad en el duelo a sable que el 6 de marzo de 1898 mantuvieron los comandantes Picquart y Henry en la sala de doma de la Escuela Militar de París por una cuestión de honor, no podía imaginar que el presente imitaría tan rápidamente al pasado y menos aún que sería el propio comisario Sánchez Manzano quien actuaría como si, arrastrado por algún tipo de atracción fatal, pretendiera seguir el guión del caso Dreyfus.

Sólo la sensación de absoluta impunidad de quien se cree protegido por el aparato del Estado y esa mezcla de chulería castiza y arrogancia elitista del estilo de la que impregnaba a aquellos oficiales del Estado Mayor francés -el «Arca Sagrada», lo denominaban- explican el paso emprendido por el ex jefe de los Tedax al presentar una demanda civil de protección del honor contra EL MUNDO. Y encima con el mismo letrado que representó al general Galindo y a otros facinerosos de los GAL.

Nunca le agradeceremos bastante a este turbio policía con aires de galán maduro esa iniciativa ofuscada. No sólo por señalarnos públicamente como su antagonista, identificándonos así con el tenaz y honrado Picquart que investigaba las falsedades de sus superiores -y con quienes como Zola, Clemenceau o Jaurés le respaldaron-, sino sobre todo por proporcionarnos la oportunidad de ser parte en un procedimiento judicial sobre el 11-M, pudiendo ejercitar el derecho de defensa en toda su longitud y latitud legal.

Eso nos ha permitido solicitar y obtener, durante los varios meses que duró la intensa instrucción de la causa, la práctica de una serie de pruebas y diligencias que iban adquiriendo así el marchamo de la legitimación jurisdiccional. Han sido meses de contener la respiración mientras, episodio tras episodio, nuestro brillante y sólido abogado Juan Luis Ortega -para quien el caso ha supuesto una auténtica consagración profesional: de casta le viene al galgo- iba logrando judicializar algunas de las más notables revelaciones de EL MUNDO sobre el 11-M.

La trascendencia de la sentencia que desestima la demanda de Manzano, imponiéndole el pago de las costas, queda patente si repasamos la literalidad de las cinco acusaciones concretas que formulé en junio contra él durante el acto de presentación -mi «Yo acuso»- del libro Tytadin de Antonio Iglesias:

«Yo acuso al entonces comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas con flagrante incumplimiento de sus deberes profesionales 1) al transgredir los protocolos sobre recogida y almacena- miento de restos, 2) al asumir unos análisis que no le habría correspondido realizar, 3) al no poner a disposición de la Policía Científica los fragmentos obtenidos en los focos de los trenes, 4) al predeterminar la investigación con la muestra patrón de la Goma 2 Eco de la que presuntamente salió también el explosivo colocado en la Kangoo y 5) al proporcionar al juez Del Olmo, a la Comisión de Investigación parlamentaria y al propio tribunal del 11-M información falsa o gravemente errónea, perjudicando una y otra vez la búsqueda de la verdad de lo ocurrido».

Pues bien, todos y cada uno de estos extremos han quedado corroborados en la pulcra y articulada sentencia de la magistrada Ana Cristina Lledó Fernández. Respecto a la primera acusación, en el folio 35 se dice que los Tedax «recogieron múltiples restos y vestigios que estuvieron en contacto con los focos, incluidas impregnaciones de acetona y agua, pero en vez de ser trasladados primeramente al grupo [de Madrid] que era el cauce usual, el demandante ordenó el traslado directo de tales restos y vestigios a la Unidad Central sin el previo inventario y clasificación oportuna». Además se añade que a la perito de los Tedax no le llegaron las «soluciones acuosas» y que admitió que los «restos y vestigios de la calle Téllez estaban amontonados en una bolsa… sin clasificación ninguna».

Respecto a la segunda acusación, en el folio 33 se señala nada menos: «Que no obstante carecer el Laboratorio de los Tedax de instrumentos cualificados para realizar una pericial científica eficaz sobre las muestras de los focos de las explosiones, el demandante lejos de remitirlos para su análisis a la Policía Científica, que sí contaba con los medios físicos y humanos para ello, designó expresa y exclusivamente a una perito de los Tedax para llevar a cabo la analítica referida, la cual, como ya se ha expuesto, no expresaba componente alguno detectado».

Respecto a la tercera acusación, en el folio 34 se desmonta la coartada de Manzano, al hacer constar que declaró en el juicio del 11-M que «nunca» se habían enviado esos restos a la Policía Científica, «cuando lo cierto es que, como revela el oficio remitido a estos autos por la Dirección General de la Policía, entre el año 2000 y 2006 la Policía Científica realizó por petición de los Tedax 116 informes… inclusive 10 de restos de explosivo no pesable». El subrayado es mío porque he aquí una de las principales muestras de por qué tenemos que estarle tan agradecidos a Manzano: si el juzgado no los hubiera reclamado, EL MUNDO nunca habría logrado que el Ministerio del Interior le facilitara tales datos.

Respecto a la cuarta acusación y de resultas de un examen detallado de lo ocurrido con la metenamina -que aparece a la vez en las «piedras de Pulgarcito» y en la cantera de Manzano-, en el folio 37 se afirma que «la posibilidad de que el explosivo encontrado en la furgoneta Renault Kangoo y la muestra patrón de Goma 2 Eco entregada a la Policía Científica [por el jefe de los Tedax] provinieran del mismo cartucho es una teoría explicativa, que está basada en unos datos ciertos». Y eso que Su Señoría no aceptó como prueba el informe Iglesias por haber sido presentado fuera de plazo.

Respecto a la acusación quinta que es, en efecto, un cajón de sastre, la sentencia no sólo ratifica y cataloga aportaciones «falsas o erróneas» al sumario del 11-M que eran ya de dominio público como la entrega al juez Del Olmo de una réplica de la mochila de Vallecas haciéndola pasar por genuina -folio 28- o la pertinaz ocultación de la radiografía que mostraba que los cables de la mochila original estaban sueltos y por lo tanto era imposible que el explosivo estallara -folio 29-, sino que se detiene en dos de los más significativos descubrimientos de Casimiro García-Abadillo sobre ese teléfono anexo que en definitiva sustentó la versión oficial del 11-M.

Lo hace en el folio 27 cuando establece que Manzano «elaboró y remitió» al juez Del Olmo dos informes «en los que se concluye que no hay relación en el modus operandi entre la utilización de los móviles por ETA, sin hacer la más mínima reseña o mención del antecedente del comando Txirrita, desarticulado en Madrid, al que se le incautó material informativo sobre un teléfono móvil diseñado como iniciador o temporizador del artefacto explosivo, como resulta del informe obrante en estos autos y remitido por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil». El subrayado debería ser doble pues fíjense en lo inverosímil que resultaría que nuestros dos principales cuerpos de seguridad, tan poco propensos a colaborar entre sí, lo hicieran para ayudar a EL MUNDO a investigar el 11-M si no hubiera mediado la vía del apremio judicial.

Gracias de nuevo a Manzano empieza a perfilarse así que existió una trama policial integrada al menos por él mismo, por el comisario Santano -cuyos hombres falsificaron el informe del ácido bórico- y por los mandos de la UCIE que presionaron a Cartagena para que callara ante Del Olmo todo lo que sabía sobre contactos entre islamistas y etarras. Todos remaban en la misma dirección y perseguían idéntico objetivo: eliminar del sumario cualquier referencia a ETA.

El otro pasaje en el que la sentencia se centra en ese teléfono móvil que cambió la historia de España llega en el folio 30 cuando recuerda que en tres informes distintos emitidos a lo largo de un año y medio Manzano le comunicó a Del Olmo que «al ser encendido se pudo apreciar que en la pantalla tenía programadas las funciones de alarma-despertador y vibración, que la hora que marcaba el reloj era la correcta y que estaba programado para activar la función vibrador-despertador (donde estaba conectado el detonador) a las 7,40 horas».

A continuación su señoría añade que «los demandados» -o sea nosotros- han «avalado» mediante el «libro técnico del teléfono… y un dictamen pericial… debidamente aportado y ratificado en estas actuaciones» -el perito ya no sólo tiene el control de calidad de EL MUNDO, sino también el del juzgado- que eso «es imposible en cuanto que este modelo borra los datos almacenados al ser retirada la batería como aquí hubo de hacerse para extraer la tarjeta SIM». La juez Lledó concluye que hemos realizado «un ejercicio de investigación serio y riguroso» que ha desembocado en una «información veraz aunque [este extremo] no haya sido probado en el juicio y no se recoja en la sentencia».

¿Se dan cuenta ustedes de las implicaciones que tienen estas palabras? La juez está sugiriendo que si la misma prueba que se practicó ante sus narices se hubiera practicado ante las del tribunal del 11-M la sentencia tendría que haber reflejado que la sincronización operativa entre el teléfono de la mochila de Vallecas y los que presuntamente iniciaron las bombas que estallaron en los trenes fue un cuento chino inventado por Manzano para engañar al instructor.

Doy por hecho que esto dará pie a que ese gran jurista que es José María de Pablos proceda a una inmediata ampliación de la querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas pues su conexidad con lo que ya se investiga es patente. Pero quedamos también a la espera de lo que haga el magistrado Eloy Velasco, teórico continuador de la instrucción del 11-M, pues si no deja de tener importancia la red islamista que ayudó a huir a algunos imputados, es obvio que mucho más crucial resulta aclarar la falsificación de una prueba básica dentro del procedimiento principal. Veremos si es un juez de verdad o sólo un gallina.

Y estamos esperando también que el fiscal general del Estado actúe en consecuencia, reencontrándose con aquel magistrado justo que una vez fue. De momento él es el responsable de que ese súcubo de Bermejo al que ha instalado en la Fiscalía de Madrid pretenda meter tres años en la cárcel a Antonio Rubio, cuando como ciudadano y como servidor público debería descubrirse a su paso y agradecerle que publicara lo que Cartagena había ido contándole a la policía sobre el grupo que pretendía «hacer la Jihad en España y en Marruecos».

Cándido Conde-Pumpido ya tiene media cara de Eligio Hernández. Aunque sólo sea por soberbia intelectual no creo que, llegado el momento, vaya a permitir que se le ponga entera.

Menos claro me parece el caso del propio Manzano al que estos días hemos comparado con Amedo, pero en quien yo sigo viendo ante todo al desafiante comandante Henry. Los informes que envió una y otra vez al juez Del Olmo, haciendo que todo cuadrara en torno a la versión oficial, determinaron al fin y al cabo el curso del proceso de modo equivalente a como lo hizo el histriónico testimonio de Henry señalando al banquillo que ocupaba Dreyfus: «¡Ahí está! ¡Ese hombre es el traidor!». Y de la misma forma que Henry incurrió al fabricar pruebas incriminatorias en lo que la derecha antisemita definió como «una falsifica- ción patriótica», es obvio que la motivación de Manzano para manipular, obstruir y alterar la investigación del 11-M no fue crematística.

Tras verse descubierto, el tan altivo y puntilloso guardián de su honor Hubert-Joseph Henry se suicidó, cortándose la yugular con una cuchilla de afeitar en la prisión del fuerte Mont Valerien el 31 de agosto de 1898. Aunque el propio Rubalcaba haya visto tendencias suicidas en la más que imprudente temeraria, más que temeraria previsiblemente fatídica decisión de Manzano de presentar una demanda contra EL MUNDO, cuando tenía el más frágil de los cristales como techo, es evidente que hablamos en sentido metafórico. Si algún día me lo encontrara por la calle igual que se lo encontró Zapatero en aquel acto de entrega de condecoraciones hace tres años -«Tú eres Manzano, ¿no?… No te preocupes por lo que está pasando, no van contra ti sino contra mí»-, yo le diría que lo que se espera de él no es un sacrificio, sino la verdad. Porque es obvio que todo esto no se le ocurrió a él solito.

Zapatero llegó el jueves al despacho radiante. El 5-2 del Barça al Olympique le había reconciliado con su equipo tras unas semanas de inseguridad y otro tanto podía decirse de la confirmación del viaje de Obama a Estambul -menudas fotos nos vamos a hacer- para bendecir su Alianza de las Civilizaciones. Pero su sonrisa se quebró de forma súbita al ver el rostro inusualmente sombrío de su secretaria.

-¿Qué pasa, Gertru?

-José Luis, creo que antes de nada deberías leer el documento que acabo de dejarte encima de la mesa.

Era un informe secreto del CNI con un título enigmático a más no poder: «Hechos extraordinarios acaecidos durante la jornada de ayer en Madrid». El presidente empezó a leerlo de pie ante su mesa y en seguida quedó tan absorto en el relato que ni siquiera hizo ademán de sentarse.

Todo había comenzado la mañana anterior en el despacho del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Dos funcionarios habían entrado por la puerta del pasillo pocos segundos después de que el magistrado y su esposa, la periodista Elisa Beni, lo hubieran hecho a través de la puerta de la secretaría y habían sorprendido a ambos realizando gestos extraños -como si intentaran sentarse y no lo consiguieran- ante las dos sillas vacías delante de la mesa principal.

«La mesa está ocupada», les había dicho el juez visiblemente alterado. Sin entender muy bien a qué se refería, el más veterano le había señalado el sillón que ocupaba siempre: «Pero ahí tiene el asiento reservado para usted ».

Bermúdez había rodeado la mesa, disponiéndose a ocupar su silla con respaldo alto de color negro, situada bajo dos grabados abstractos y un retrato del Rey. Pero cuando estaba a punto de tocarla había dado un paso brusco hacia atrás. «Señoría, ¿qué agitación es ésta?», le había preguntado el otro funcionario.

«¿Quién de vosotros ha hecho esto?», balbuceó el magistrado mientras la palidez se apoderaba de su rostro y daba tumbos hacia el sofá del otro extremo. La situación se hizo tan embarazosa que su esposa se vio obligada a intervenir: «Son accidentes que desde joven padece mi marido. Es cosa de un momento. Veréis cómo se repone en seguida. No os fijéis en él porque aumentará su delirio».

Los funcionarios hicieron ademán de retirarse, pero aún pudieron escuchar las recriminaciones de ella y la espantada reacción de él:

«¡Vergüenza para ti! ¡Y aún sigues turbado! ¡No ves que tu asiento está vacío!».

«¡No, no lo está! Mira mira ¿No lo ves? Pero ¿qué importa lo que digas?».

Zapatero sacudió incrédulo la cabeza, pero no pudo apartar la vista del siguiente párrafo en el que los servicios secretos le explicaban cómo prácticamente a la misma hora el fiscal general del Estado había aparecido en la cima de la espectacular escalinata de mármol de su palacete de la calle Fortuny y bajo la luz cenital de sus vidrieras había abierto los brazos para proclamar con pavor de viejo profeta: «Si los sepulcros nos arrojan su presa, los palacios se trocarán en festín de buitres».

Nadie entendió lo que quería decir. Según la información obtenida por el CNI, pocos minutos antes la recién promovida a la Fiscalía del Supremo, Olga Sánchez, había irrumpido desencajada en el despacho de Conde Pumpido y le había contado entre sofocos, gimoteos y sollozos que en el momento de acceder a su cubículo en el ala izquierda del edificio le había ocurrido algo rarísimo: su silla estaba ocupada por una forma semicorpórea con vagas facciones humanas. Había llamado a gritos a sus compañeros, pero ellos le habían dicho que no veían nada y la habían tomado por loca.

Pumpido le pidió que se tranquilizara y la invitó a compartir el espectacular canapé de diseño de cuero ocre situado enfrente de su escritorio. Cuando ambos hacían ademán de sentarse fueron repelidos por una fuerza magnética y atisbaron unas sombras recostadas sobre el mueble. Entonces ocurrió lo de la escalera.

A un par de manzanas de allí, en la sede del Consejo General del Poder Judicial, comenzaba entre tanto el pleno especial convocado por Carlos Dívar como preámbulo al examen a los candidatos a presidir la Audiencia Nacional. Siempre pendiente de estimular la concordia entre sus compañeros y fiel a su natural obsequioso, Dívar había dispuesto que se sirviera un vino español sobre la noble mesa de caoba extendida al pie de los tres luminosos ventanales abiertos a la calle Marqués de la Ensenada.

Todos los vocales estaban ya sentados por orden de antigüedad cuando el presidente accedió a la estancia desde su despacho atravesando la llamada «salita de fumadores» para bordear longitudinalmente la mesa hasta llegar a su cabecera bajo el dosel de terciopelo con el escudo de España. El secretario general Celso Rodríguez Padrón, situado inmediatamente a la izquierda de la presidencia, declararía luego que en el momento en que Dívar estaba sentándose, su trasero rebotó sobre el sillón de cuero marrón, discretamente repujado.

Tratando de ocultar su turbación, el presidente había permanecido de pie y no se le había ocurrido otra cosa que pedir a los demás que se levantaran para brindar por todos los aspirantes y en especial por el más polémico de ellos, el único que no había podido acudir al examen por hallarse fuera de España y sobre el que además pesaba una investigación disciplinaria.

Dívar comenzó pidiendo disculpas: «¡Amigos míos, nobles caballeros! No hagáis caso de mí. Si me conocierais bien no os extrañaría este súbito accidente. ¡Salud, amigos! Brindemos a la salud de nuestro amigo, el único que nos falta. ¡Ojalá llegue pronto! Brindo por vosotros, y por él, y por todos».

Apenas repuestos de su sorpresa por tener que levantar sus copas por un juez expedientado -ay, este Carlos y su caridad cristiana -, la veintena de vocales se disponían a sentarse cuando notaron que les ocurría lo mismo que le acababa de pasar al presidente.Era como si, aprovechando el brindis, otras tantas personas invisibles se hubieran colado en sus sitiales. Durante unos segundos todos se mantuvieron imperturbables, pero en sus asientos iban perfilándose formas fantasmagóricas de apariencia humana. Entonces Dívar se sinceró ante ellos: «Ahora dudo de mi razón viendo que podéis contemplar tales apariciones sin que vuestro rostro palidezca».

Fue la señal de la estampida. Pocos segundos después todos los miembros del CGPJ, encabezados por la rubia portavoz Gabriela Bravo, Gómez Benítez, Margarita Robles y el valenciano Fernando de Rosa, se esparcían despavoridos por la calle Génova.

Zapatero se llevó una mano a la frente -caray con los de las togas, ya me parecía a mí que estos tíos estaban como cencerros – pero su rostro adquirió un color cerúleo al seguir leyendo y comprobar que la cosa había ido a mayores.

Resultaba que el alcalde de Madrid había invitado a almorzar en el flamante nuevo ayuntamiento a los representantes de un grupo de comunicación. Juntos habían subido las escaleras con pasamanos de hierro verde que comunican la planta de su despacho con el comedor con vistas a la Gran Vía, desde el mismo ángulo con que la pintó Antonio López, y tras el aperitivo habían accedido a la mesa. Los periodistas no habían tenido ningún problema, pero habían contemplado estupefactos el lance por el que tanto Gallardón como el vicealcalde Cobo y su fiel Marisa, que le flanqueaban, se quedaban en cuclillas sin poder reposar sus traseros.

El alcalde se había erguido eléctricamente y, mientras todos los poros de su rostro supuraban pequeñas gotitas de sudor helado, se había dirigido a su silla vacía: «Yo no temo nada de lo que puedan temer los hombres ¡Vuelve a la vida y rétame a lid campal, pero no vengas como sombra!».

Estaba Zapatero leyendo, ya fuera de sí, que incidentes parecidos habían tenido lugar por la tarde en el Congreso, donde algunos diputados habían sido vistos gesticulando con horror ante sus escaños, cuando le interrumpió la secretaria.

-Perdón, presidente, pero es que está aquí don Mariano Rajoy

Zapatero hizo pasar, atónito, al jefe de la oposición. Rajoy se aflojó el nudo de la corbata, estiró el cuello y se mesó la barba.

-He venido sin avisar porque la gravedad de la situación es extrema.

El presidente le ofreció asiento, pero Rajoy movió bruscamente el brazo en ademán de vade retro.

-Ni lo intentes. En Génova también nos ha empezado a pasar. Ni siquiera a mí, que no he tenido nada que ver con todo este lío, me dejan sentarme. Hace un rato ha venido Federico Trillo a mi despacho y me lo ha explicado todo. Mira, esto es lo de la sombra de Banquo sólo que multiplicado por 193.

-Banquo, Banquo ¿No es ése un personaje de Macbeth?

-Sí, el fulano asesinado que vuelve en forma de fantasma y se sienta en la silla del rey. Esto es lo que están haciendo las víctimas del 11-M

-No te entiendo

-Bueno, a lo mejor sólo participan unos cuantos. Oye, los suficientes para la que nos están montando

-Pero ni los jueces, ni los fiscales, ni nosotros somos culpables de sus muertes.

-Ya, pero los tíos se han cabreado por el maltrato de este año y nos reprochan que no estemos haciendo nada por llenar las propias lagunas que reconoce la sentencia. Mira, lo que pone aquí Te he traído la traducción de don Marcelino Menéndez Pelayo.

Y Rajoy leyó con voz lúgubre mientras Zapatero sentía que sus cejas se iban quedando progresivamente rígidas:

«Siempre se ha derramado sangre. Desde que el mundo es mundo ha habido crímenes atroces. Pero antes el muerto, muerto se quedaba.Ahora las sombras vuelven y nos arrojan de nuestros sitiales».

(El 2 de octubre de 1897 el capitán Alfred Dreyfus, condenado por un delito que no había cometido, escribía desde la Isla del Diablo a su abnegada esposa Lucie, tratando de mantener viva su esperanza incluso si sucedía lo peor: «Porque como el fantasma de Banquo regresaré desde la tumba para daros ánimos a ti y a todos con toda mi alma y para recordarle a la Patria que también ella tiene un deber sagrado que cumplir». Se refería a la Cuarta Escena del Tercer Acto del drama de Shakespeare de la que proceden todos los entrecomillados de mi artículo de hoy. Sólo los clásicos le ayudaban a sobrellevar su injusto e inicuo cautiverio. Las pruebas contra él eran en apariencia mucho más consistentes que las que han permitido sentenciar a Jamal Zougam a 40.000 años de cárcel. La historia de ambos está muy bien reflejada en Call Northside 777, la película que hoy les entregamos. No dejen de verla.)

En Bruselas, sí. No en el barrio de Lavapiés ni en Morata de Tajuña. Fue cuando, casi cinco meses antes de que se produjeran los atentados de 2004 en Madrid, alguien adquirió una tarjeta prepago y facilitó para ello una serie de datos falsos, entre los que figuraba como fecha de nacimiento la del 11 de marzo de 1921.

Es significativo que en la azora 21 del Corán pueda leerse: “Si los infieles conocieran el momento en que no podrán apartar el fuego de sus rostros, ni de sus espaldas…”. Además, dicha compra, y por tanto la fijación del 11-M, tuvo lugar el 19 de octubre de 2003. Al día siguiente -ni uno antes, ni uno después- de que un canal qatarí de televisión emitiese un vídeo en el que Osama Bin Laden amenazaba a varios países occidentales, mencionando de manera expresa a España. Una circunstancia asimismo muy reveladora.

Importa aclarar que la aludida tarjeta prepago estaba inserta en el terminal de telefonía móvil encontrado en el dormitorio de la vivienda en que residía -insisto, en Bruselas- Youssef Belhadj, actualmente condenado a 12 años de prisión.

Constato de manera habitual que la inmensa mayoría de los asistentes a conferencias y seminarios en los que se habla del tema desconoce tanto ésas como otras evidencias fundamentales acerca de los terroristas que intervinieron en la planificación y ejecución del 11-M. Quizá por haber estado durante largo tiempo enredados en un debate excéntrico, elucidando si ETA estaba o no implicada en esos trágicos hechos, ha pasado desapercibido lo que los atentados de Madrid indican sobre la configuración del terrorismo global tras los del 11-S en Nueva York y Washington, o sobre la evolución de la amenaza que continuamos afrontando.

Cinco años después, mi impresión es que gran parte de los españoles sigue pensando que lo sucedido aquel infame día en los trenes de cercanías que circulaban hacia la estación de Atocha fue obra de una pequeña célula, constituida de manera espontánea y formada por inmigrantes magrebíes mal adaptados a nuestra sociedad, radicalizados a sí mismos y sin conexiones internacionales de importancia. Pero las cosas no son así.

En primer lugar, entre los implicados en los atentados del 11-M hay varios individuos, como Jamal Zougam y Serhane Ben Abdelmajid Fhaket, El Tunecino, o el huido Said Berraj, que estuvieron integrados en la célula de Al Qaeda establecida en España a inicios de los noventa o mantenían estrechos vínculos con su dirigente, hoy en prisión, Abu Dahdah. Éste quedó al frente de la célula cuando el más notorio de sus fundadores, Abu Musab al Suri, dejó Madrid para trasladarse primero a Londres, donde desarrolló labores doctrinales junto a Abu Qutada, y luego a Afganistán, donde en 1996 era ya miembro del círculo inmediato de Osama Bin Laden.

Esa célula fue sustancialmente desmantelada por la policía en el otoño de 2001, al constatarse su trabazón con la de Hamburgo, la de los suicidas del 11-S, alguno de los cuales estuvo poco antes en nuestro país. Ni aquellos tres individuos ni otros cercanos a ellos encajan en el perfil propio de unos terroristas que constituyen su propia célula local e independiente de manera espontánea, una vez radicalizados a sí mismos.

Al aproximarnos a la identidad de los condenados en sumarios abiertos por los atentados de Madrid se distinguen, en segundo lugar, dos destacados miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), formado hacia 1993 en Peshawar, Pakistán, y afiliado con Al Qaeda. En su campo de adiestramiento de Jalalabad, Afganistán, se enseñaba a utilizar móviles en explosiones simultáneas. A inicios de 2002, esa organización terrorista y otras dos norteafricanas de la misma orientación -como el Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL), alguno de cuyos notables entró en contacto con uno de los terroristas de Madrid- acordaron atentar en los países de donde procedían sus integrantes o en los que residieran.

Los atentados de Casablanca se produjeron en mayo de 2003 y los del 11-M en Madrid, diez meses después. Las redes terroristas de ambos casos se solapan parcialmente. Hassan el Haski, condenado aquí a 14 años, lo ha sido a 10 por lo ocurrido en aquella ciudad marroquí. Ningún miembro del GICM es, por definición, componente de una célula local surgida espontáneamente y carente de conexiones internacionales.

En tercer lugar, envuelto en el 11-M encontramos a un antiguo militante de la Yihad Islámica Egipcia (YIE), que en 2001, siendo su líder Ayman al Zawahiri, el actual lugarteniente de Osama Bin Laden, se fusionó con Al Qaeda. Hablo de Rabei Osman Es Sayed Ahmed, Mohamed el Egipcio, un notorio emprendedor de iniciativas a favor de Al Qaeda y el terrorismo global desde 1999 en Alemania, Francia, Italia, Bélgica y España, donde están acreditados sus ligámenes con algunos de quienes cometieron los atentados de Madrid. Por estos hechos fue condenado en Italia a ocho años de prisión.

Una investigación del Federal Bureau of Investigation (FBI) estadounidense, solicitada por las autoridades italianas, puso de manifiesto que, el 4 de febrero de 2004, es decir, cinco semanas antes del 11-M, El Egipcio activó por primera vez la dirección de correo electrónico que utilizaba normalmente, introduciendo en el formulario de registro un nombre imaginario, con domicilio ficticio y supuestamente nacido el 11 de marzo de 1970. Ocurrió en Milán. No en el barrio de Lavapiés ni en Morata de Tajuña.

Ciertamente, si repasamos el listado de cuantos han sido condenados por los atentados del 11-M o se suicidaron en Leganés el 3 de abril de 2004, hallamos unos cuantos marroquíes, originarios de ciudades como Tánger y Tetuán, inmersos en la delincuencia común y el narcotráfico, liderados por Jamal Ahmidan, El Chino.

Pero fueron expresamente movilizados para participar en los atentados y no constituyeron célula alguna de manera espontánea ni se radicalizaron solos. En cualquier caso, los rasgos comunes a estas personas son relativamente distintivos respecto al conjunto de quienes participaron en los atentados de Madrid y no debe tomarse esta parte por un todo más diverso. A la hora de explicar el amalgamiento de esos individuos caracterizados por su previa trayectoria delictiva con otros inmersos desde hacía mucho tiempo en grupos y organizaciones terroristas afines a Al Qaeda, dentro y fuera del territorio español, es preciso aludir a ligámenes afectivos de amistad, vecindad o parentesco que vinculaban entre sí a no pocos de estos terroristas.

A todo ello debe añadirse que Al Qaeda se hizo responsable de los atentados mediante un comunicado enviado el mismo día por las Brigadas de Abu Hafs al Masri al periódico en lengua árabe que es su destinatario habitual desde hace más de una década, donde fue validado.

Los escondidos en el piso de Leganés siguieron las directrices transmitidas posteriormente con esa rúbrica. Sin olvidar que, según todo indica, los terroristas del 11-M huidos recibieron ayuda no sólo del GICM, sino de Ansar al Islam y el entramado de Al Qaeda en Irak. Alguno de ellos cometió un atentado suicida en este país.

En suma, no parece que los atentados de Madrid fuesen obra de una célula local surgida espontáneamente y formada por un puñado de inmigrantes musulmanes radicalizados a sí mismos. Incluso que el 11-M ocurriese exactamente 911 días después del 9-11 -es decir, el 11-S- resultaría en exceso sofisticado para una camada así. Evidencias como las reseñadas y numerosas otras sugieren una realidad más compleja, que lo es también para una amenaza que persiste.

Cuando llega el aniversario del atentado que mató o hirió a un familiar, como ocurre hoy con la masacre del 11-M, es frecuente que todas las víctimas del terrorismo experimenten, desde el punto de vista psicológico, una alteración, en mayor o menor medida, de su estado de ánimo. Una alteración que puede ir desde sentir en días anteriores al aniversario una mayor irritabilidad, tristeza, desazón o desesperanza hasta experimentar episodios de ansiedad de mayor o menor gravedad. La recuperación psicológica que la víctima ha ido experimentando desde el momento del atentado va a depender de muchos factores, personales pero también sociales. La historia previa de cada persona, la adaptación paulatina de ésta, en la medida en que pueda, a su vida antes del atentado, y la recuperación de sus rutinas o del empleo, así como el apoyo social percibido y realmente recibido, son algunos de los factores que intervienen en que dicha recuperación se ponga en marcha y en que la víctima empiece a recorrer ese camino que supone un (re)hacerse de nuevo a la vida.

Cuando hablo de recuperación me refiero al necesario ajuste biopsicosocial que se debe experimentar. Es decir, a que tu vida no quede paralizada en el día del atentado, ni tu vida ni tu mente, siendo necesario para ello poner en marcha aquellos mecanismos psicológicos que hoy se conocen con el nombre de resiliencia; o, dicho de otra manera, la capacidad de algunos seres humanos de recuperarse de episodios padecidos especialmente traumáticos. Es éste un largo y árido camino, en el que lo fundamental es recuperar la confianza en el ser humano, confianza que se pierde, a veces para siempre como le ocurrió a Primo Levi, cuando alguien asesina a un familiar o intenta asesinarte brutal y fríamente. Esta desconfianza, esta desesperanza que se convierte en desesperación, te conduce irremediablemente a un túnel profundo del que solamente se sale con grandes esfuerzos personales y con muchos apoyos. Algunas personas, lamentablemente, no lo consiguen y su mente se queda petrificada en aquel horrible día, convirtiendo el resto de su vida en un mero ejercicio de supervivencia.

Si la muerte de un familiar se recuerda siempre, más aún se evoca la de aquel familiar (o los daños sufridos por uno mismo, en el caso de las personas heridas) que de repente vio segada su existencia para siempre de la forma más injusta y menos entendible, por la acción de otro ser humano que, doblegado a la sinrazón y al fanatismo, decide poner una bomba para causar el mayor daño posible o resuelve disparar un tiro en la nuca a alguien a quien no conoce, pero que en su imaginario totalitario forma parte de los ‘enemigos’ a los que hay que aniquilar. La sinrazón de la barbarie terrorista provoca inimaginables preguntas sin respuesta en las víctimas: ‘¿Por qué a mí?’, ‘¿Cómo es posible que alguien me haga daño?’ e, incluso, una de las más horribles: ‘¿Seré merecedor de este castigo?’. Y así hasta, en ocasiones, caer en una espiral en la que la propia víctima puede llegar a entender a sus verdugos, e incluso llegar a justificarlos. El sentimiento de indefensión después de un atentado es tal que se pierde la perspectiva de que la vida valga para algo o de que podamos hacer algo para controlarla.

Por si todo esto fuera poco, durante muchos años las administraciones han dejado de lado a las víctimas, produciéndose, especialmente en el País Vasco, casos especialmente flagrantes de victimizaciones secundarias realizadas por parte de las instituciones, que, en realidad, en vez de proteger a las víctimas se han dedicado con su inacción, omisión y a veces connivencia a justificar, comprender, entender o disculpar a los verdugos. Ahora, es verdad, se celebran con frecuencia aniversarios y homenajes, se organizan grandes ceremonias con mucha presencia de políticos y personalidades, y se pronuncian discursos en no pocas ocasiones demasiado demagógicos. Pero se sabe muy poco de las personas a las que se homenajea. Hablan las autoridades, pero se escucha poco a la víctima que necesita contar quién era su hijo, su hermano, su marido o el herido que quedó trágicamente mutilado. Hay aquí algo muy importante que con frecuencia se olvida. Todas las víctimas tienen nombres y apellidos. No se puede generalizar y, por ello, son especialmente necesarios los reconocimientos y recuerdos personalizados, lo mismo que la atención a las demandas de estas personas. Por eso es muy importante que quienes atienden a las víctimas del terrorismo sean personas preparadas y formadas para este tipo de situaciones. No vale cualquier profesional. Siempre es difícil escuchar el horror.

Y es preciso recordar. Es necesario desde el punto de vista social, y personal para cada víctima, que nunca se olviden de ellas. Recordar para no olvidar, recordar como compromiso ético profundo de que nunca más permaneceremos impávidos ante los asesinos, y recordar que cada uno de los asesinados tenía una vida. Recordar en los aniversarios lo que cada víctima recuerda todos los días, en todo momento. A Alberto Negro, a Luis Mari Uriarte, a Txema Aguirre, a Florencio Brasero, a Susana Ballesteros, a Sonia Cano, a Miguel Reyes, a Tinka Dimitrova…

Recordar para no olvidar que no se puede ser comprensivo, que no se puede ser tolerante, que no se puede ser neutral ante el terrorismo. Que no se puede mirar hacia otro lado. Recordar que, a pesar del miedo, muchas posibles víctimas siguen manteniéndose firmes sin dejarse intimidar. Y recordar, en fin, que aquéllos que se han convertido en héroes a la fuerza eran todos personas de a pie, gente corriente, hombres, mujeres y niños que un día cogieron un tren, subieron a su coche, se pusieron su uniforme, cogieron su almuerzo para ir a la fábrica, bajaron con su mochila las escaleras de su casa y fueron vilmente arrebatados de nuestras vidas para siempre, pero nunca de nuestros corazones.

Hay que recordar. Siempre.

Muchos ciudadanos saben qué hacían la mañana del 23-F. También se acuerdan de qué estaban comiendo cuando tres atentados sacudieron a EEUU. Porque fueron tres, y no uno. Y lo mismo sucede cuando aquella mañana llegaban noticias sobre lo ocurrido en Madrid, en cuatro atentados, porque Atocha, Téllez, El Pozo y Santa Eugenia suman cuatro. Aquel maldito jueves, 11 de marzo, en la recién estrenada Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT), inmediatamente comprendimos que algo muy grave estaba sucediendo a 600 kilómetros. A las nueve de la mañana nos pusimos en contacto con una persona en Madrid para ofrecer nuestro servicio jurídico, nuestro equipo psicológico, nuestro apoyo moral y asistencial. No en vano, la recién nacida ACVOT tenía una experiencia de 13 años de trabajo al servicio de otras siglas. La absurda respuesta obtenida nos convenció de que debíamos actuar, pues intuíamos que algo estaba fallando. Aquella misma mañana, nuestras psicólogas se desplazaron en dos coches hacia Madrid, hasta las instalaciones de su recinto ferial (Ifema), epicentro de reunión de las víctimas de la masacre. Trabajaron lo indecible, a pie de campo, atendiendo a muchas víctimas, sin saber que muy poco tiempo después aquellos contactos serían el embrión de una nueva asociación.

EL 17 DE MARZO, a nuestro pequeño despacho del Carmel llegaron un torrente de llamadas de víctimas del 11-M que solicitaban ayuda, comprensión, asesoramiento y calor. Asumimos, con decisión, entrar en la vorágine de trabajo impensable en aquellos momentos: con nuestros escasos recursos, dos miembros de ACVOT nos desplazaríamos constantemente a Madrid para cubrir las carencias de otros, que solo buscaban consecuencias políticas a lo ocurrido aquel fatídico jueves. Desde el 21 de marzo del 2003 hasta finales de noviembre del 2004, cuando el AVE era tan solo un proyecto, el barrio de Santa Eugenia y la asociación de vecinos de La Colmena se convirtieron en nuestra segunda sede, y Marisa y su gente, en los perfectos anfitriones: un horizonte de hombros sobre los que llorar, brazos que buscaban otros abrazos, preguntas con respuestas…
Y llegó la comparecencia de Pilar Manjón del 15 de diciembre, miércoles, ante la comisión de investigación del 11-M en el Congreso. En aquella intervención, muchos vimos reflejados nuestros pensamientos. Muchas víctimas, conociendo o no aquel discurso con antelación, no habríamos osado tocar ni una coma de todo lo que entonces se dijo.
A partir de entonces, y respondiendo a la solicitud de ayuda jurídica recibida por nuestros compañeros de la Asociación 11-M de Afectados por Terrorismo, durante el 2005 y el 2006 nos centramos en la preparación del juicio. En el seguimiento psicológico. En las periciales. En los contactos con cientos de víctimas del 11-M, en asambleas en diversas poblaciones madrileñas… ¡Cuántas gracias dimos y nos dieron por haber estado aquellas primeras horas en Madrid, consecuencia de la incoherente respuesta recibida a nuestro primer ofrecimiento! Y ello sin olvidar nuestra responsabilidad y nuestra labor con los cientos de víctimas residentes en Catalunya de otros atentados anteriores, de víctimas recién localizadas, de víctimas llegadas desde otros puntos de España.
La complejidad jurídica de lo ocurrido llevó a que José María Fuster-Fabra, responsable del área jurídica de la ACVOT, coordinara, en Madrid y en Barcelona, toda la labor en beneficio de las víctimas del 11-M residentes en Madrid, Guadalajara e incluso Catalunya. El área psicológica, con Sara Bosch al frente, preparó especialistas en atención a víctimas del terrorismo, en largos seminarios e inagotables jornadas. El área socioasistencial estuvo en contacto permanente para seguir ayudando a nuestros amigos de Madrid, los conocidos y los que se iban sumando. El área económica consiguió una ayuda extraordinaria de la Generalitat de Catalunya para acometer toda esa labor con los recursos suficientes. Catalunya colaborando activamente con la Asociación 11-M Afectados por Terrorismo.

DURANTE EL juicio se vivieron situaciones impensables por inverosímiles, como que algunos acusadores interrogaran con más saña a los policías que a los propios procesados. Mientras todo eso ocurría, la ACVOT estaba en Madrid, con sus compañeros víctimas de los atentados ocurridos aquel maldito jueves de hace cinco años. El área jurídica de la ACVOT ha utilizado todos sus resortes legales para intentar inculpar a los entonces presuntos autores. La psicológica ha atendido a todas las víctimas que recaían en sus temores al leer según qué portadas.
La labor de la ACVOT con centenares de víctimas del 11-M, a día de hoy, no ha terminado. Aún hay muchos recursos judiciales por resolver y mucho trabajo por hacer. Y también hay que seguir presentando propuestas para cambios legislativos y mejoras asistenciales.
Y para mostrar nuestro apoyo a las víctimas del 11-M, hoy a las siete de la tarde convocamos una concentración ante el monumento que la ciudad de Barcelona levantó en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo en el cruce de la avenida Meridiana con el paseo de Fabra i Puig. La ACVOT estará allí. ¿Nos vemos?

Tengo que preguntarle a Casimiro García-Abadillo si el motivo último que le impulsó a traerme el otro día un DVD con la película Call Northside 777 -«Mírala cuando puedas…te va a encantar»- fueron las artimañas del director del Chicago Times, interpretado por Lee J. Cob, para motivar a su equipo en el periodismo de investigación o más bien la evolución del reportero que lleva el peso del caso, encarnado nada menos que por James Stewart, al pasar de un distanciado escepticismo inicial al obsesivo compromiso con la búsqueda de una verdad que percibe y no termina de encontrar.

El matiz tampoco es decisivo porque ambos están juntos en la escena en la que los representantes del establishment político del estado de Illinois les acusan de «destruir la confianza del público en las instituciones para vender periódicos». ¡Cuántas veces no habremos oído eso en los últimos treinta años! Y aunque es el reportero el que responde -con una mezcla de cinismo y candor intransferible a cualquier otra actividad- que es cierto que «tal vez la cosa empezó siendo así, pero ya no lo es», el director asiente a su lado entre las volutas del humo de su pipa.

Más importante, de hecho, que el porqué es el cuándo. La película no ha podido llegar a mis manos en un momento más oportuno, pues la primera objeción que nada más empezar se cruza ante el empeño indagador del Times es que el Tribunal Supremo ya ha revisado el caso y dictado una sentencia definitiva. Exactamente lo que acaba de suceder con el 11-M.

Ñoñamente distribuida en España con el título de Yo creo en ti, Call Northside 777 es en efecto una película deliciosa, casi contemporánea y por lo que veo poco menos que gemela de Deadline USA, aquella inolvidable cinta, traducida como El cuarto poder, en la que Bogart hacía escuchar por teléfono al mafioso local el sonido de la rotativa, imprimiendo las pruebas de sus crímenes. Todo sugiere en realidad que Richard Brooks se inspiró en 1952 en el trabajo que había hecho Henry Hathaway en 1948 al llevar hasta las últimas consecuencias en Deadline USA el homenaje al periodismo como contrapoder y última esperanza de los ciudadanos más débiles que ya quedaba perfilado en Call Northside 777.

No hablo a humo de pajas. Por si hiciera falta un pretexto para que el cinéfilo y el amante del buen periodismo revisaran ambos filmes les hago partícipe de mi extasiado descubrimiento. ¿De qué me suena esa cara…?, me preguntaba yo nada más poner el DVD. Hasta que -¡eureka!- di con ello. Resulta que es la misma actriz -Kasia Orzazewski- la que en las dos películas interpreta el papel secundario clave para inspirar simpatía hacia la prensa.

Su personaje es casi idéntico en los dos casos: una anciana inmigrante de origen centroeuropeo que confía en el periódico en el que ha aprendido a leer. En Deadline USA será la señora Schmidt, o sea, la madre de la chica asesinada que aguarda durante horas en la antesala del director para entregarle la agenda de su hija. En Call Northside 777 es Tillie Wiecek, la abnegada asistenta por horas que friega suelos para probar la inocencia de su hijo y deposita sus esperanzas a partes iguales en la protección de la Virgen María y en el celo investigador de James Stewart. La única diferencia es que esta película fue el fiel reflejo de un hecho real.

Todo empezó el 10 de octubre de 1944 cuando la señora Majczek (Wiecek en la película) insertó un anuncio en el periódico ofreciendo 5.000 dólares de recompensa -todos sus ahorros- a quien aportara alguna pista sobre los verdaderos autores del asesinato de un policía cometido 12 años antes por el que habían sido condenados su hijo y un amigo, criminalizados por su perfil de polacos problemáticos. El curtido reportero James McGuire comenzó escribiendo lo que para él no era sino «una pequeña historia agradable de interés humano» sobre los límites de la abnegación de una madre, pero fue enganchándose en el caso hasta descubrir pruebas de cómo la policía había manipulado a la testigo de cargo clave.

El gobernador del estado tuvo que perdonar a Majcek e indemnizarle con 24.000 dólares que en justa correspondencia el buen hijo entregó íntegramente a su madre. Un final de película. Pero la historia, además de haber pasado al cine, figura como un caso de estudio en el Centro sobre Condenas Erróneas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern.

Se trata de un instituto especializado en la investigación de las causas de las equivocaciones judiciales o episodios de lo que técnicamente se conoce como justismord. Tal vez por la especial sensibilidad escandinava hacia la protección de los derechos humanos, la expresión procede del noruego y su traducción literal sería nada menos que «crímenes de la Justicia». Originalmente se empleaba para referirse a los condenados a muerte cuya inocencia quedaba demostrada a título póstumo -es decir después de la ejecución-, pero al haberse abolido la pena capital en toda Europa y gran parte del mundo el término sigue utilizándose por extensión cada vez que nueva evidencia demuestra la condena de un inocente.

De esta forma entre los más célebres ejemplos de justismord se consignan desde el caso Dreyfuss hasta los de los Seis de Birmingham o los Cuatro de Guildford. Bajo el epígrafe de España se citan el Crimen de Cuenca y el mucho más reciente caso Wanninkhof, en el que Dolores Vázquez fue condenada y permaneció en prisión hasta que las pruebas de ADN la exoneraron. Pronto tendrán que añadir al menos los cuatro años y medio de prisión padecidos por Galyoun, Almallah y El Akil, a quienes Gómez Bermúdez y sus compañeros -arrastrados por su perfil islamista o tal vez sólo musulmán- condenaron sin pruebas.

En la página web de ese centro universitario de Illinois, bajo el epígrafe Causas y remedios, se afirma taxativamente que «las identificaciones equivocadas de testigos oculares, tanto cuando son de buena fe como fruto del perjurio, son la principal causa de condenas erróneas en el sistema judicial de los Estados Unidos». Y se añade: «Nunca sabremos la dimensión del problema de los testimonios erróneos porque sólo es visible en los contados casos en los que después puede acreditarse la inocencia».

Cualquiera diría que las soluciones que a continuación se plantean parecen orientadas a impedir las manipulaciones policiales que dieron pie a la condena de Majcek, tal y como las reconstruye la película, y que tal vez han podido determinar la condena de Jamal Zougam, tal y como las comenta la sentencia del Supremo. Básicamente se propone una regulación legal de las diligencias de identificación durante la fase de investigación de un delito, de forma que la policía no pueda exhibir al sospechoso ante una testigo con anterioridad a la rueda de reconocimiento, como descubrió el Chicago Times que había sucedido, o que tampoco se puedan desplegar series de fotografías con una más grande que las demás o con una siempre en primer lugar, como ha ocurrido con Zougam.

El Supremo alega que todo eso carece de importancia, pues lo decisivo es que la identificación se confirme o no durante la vista oral. Pero a ver quién es el guapo de a pie -no digamos nada si eres inmigrante en situación dudosa- que se atreve a desdecirse cuando se le exhibe lo declarado y rubricado ante la Policía. Y, claro, como la jurisprudencia establece que, a diferencia de los testimonios de coimputados, las declaraciones de testigos oculares no requieren de ninguna corroboración adicional para dar paso a un veredicto de culpabilidad si resultan convincentes para el tribunal; y como la casación no es un segundo juicio en el que se pueda revisar esa credibilidad, pues, a partir de ahí, barra libre para que el policía que quiera incriminar incrimine, el fiscal que quiera imputar impute y el juez que quiera condenar condene.

El mejor antídoto frente a la justismord es, naturalmente -y así lo apuntan los expertos legales de la Universidad de Northwestern- el buen funcionamiento de la Policía Científica. En los 60 años que han transcurrido desde que se rodó Call Northside 777 el avance de la tecnología ha sido tal que las escenas en las que se trata de resolver el enigma ampliando un fragmento de una foto para identificar la fecha de la portada de un periódico que lleva un niño que acompaña a Wieczek-Majcek, a la testigo de cargo y a un par de policías, sólo producen ternura.

La pasión por el descubrimiento de la verdad es, sin embargo, la misma y la expectación que Hathaway pinta en el rostro de los periodistas, políticos y jueces que asisten al revelado de la foto mientras van dibujándose los rasgos de la fecha que demostrará el montaje contra el condenado, es sin duda intercambiable con la que debieron sentir los peritos designados por el tribunal del 11-M para analizar los exiguos restos de los focos de los trenes cuando en su cromatógrafo fueron apareciendo las huellas del dinitrotolueno y la nitroglicerina.

La diferencia en el desenlace estriba, claro está, en que cuando ni siquiera los hallazgos científicos son manejados imparcialmente el presunto antídoto puede convertirse incluso en un amplificador de la justismord. En este sentido produce vergüenza ajena contemplar calcificadas en la sentencia firme del Supremo dos afirmaciones objetivamente falsas incluidas por Gómez Bermúdez en su relación de hechos probados: que el análisis cuantitativo de esos restos de los focos de los trenes avala la tesis de que estalló Goma 2 ECO y que la presencia de esas otras sustancias ajenas a la composición de este explosivo cabe atribuirla a la existencia de algunos cartuchos de Goma 2 EC en Mina Conchita, cuando lo cierto es que todos los peritos coincidieron en la imposibilidad de ofrecer resultados cuantitativos de los focos por lo exiguo de la muestra y cuando lo cierto es que en el sumario consta que desde el año 92 el fabricante de la Goma 2 EC había dejado de incluir nitroglicerina en su composición.

¿Error del presidente del tribunal de instancia o mala fe para cuadrar el círculo? Lo irrebatible es que con el desguace de los trenes se destruyeron -«sorprendentemente» según el Supremo- pruebas decisivas, lo irrebatible es que existió un intento de manipular la instrucción introduciendo al menos una prueba falsa en el caso del Skoda Fabia, lo irrebatible -como acredita la llamada sentencia del bórico- es que existía una consigna «de la superioridad» para eliminar de la información suministrada al juez aquello que no encajara con la idea preestablecida de los hechos.

Es imposible no tener en cuenta todos estos antecedentes a la hora de analizar una sentencia del Supremo que al confirmar la absolución de los presuntos cerebros, al disminuir aún más el número de condenados y sobre todo al reducir a los integrantes de la ya literalmente desintegrada célula de Leganés a la insularidad y la autodeterminación de los terroristas «independientes», más parece haber hecho un control intelectual de daños que otra cosa. Quedan a salvo los escasos aspectos salvables desde la verosimilitud jurídica de la versión oficial de la Fiscalía, pero no queda ni mucho menos acreditado un relato fáctico medianamente coherente y consistente de lo ocurrido.

Puesto que el propio ponente Miguel Colmenero ha querido dejar constancia de la propia falibilidad al advertir que es preciso contemplar esta sentencia «dentro de los límites de la condición humana», nada tan lícito como compatibilizar su respetuoso acatamiento con la duda de si, a falta de otros culpables, no estamos en el caso de Trashorras y sobre todo en el de Zougam ante dos nuevos episodios de justismord a la española.

Cabe recordar, en relación al ex minero, que Gómez Bermúdez comentó con un miembro del Poder Judicial que se inclinaba por condenarle sólo por tráfico de explosivos y que en el último momento cambió de criterio; y también que la sentencia del Supremo subraya la importancia que ha tenido en su condena el testimonio de El Gitanillo, condicionado sin duda por el pacto con la Fiscalía que muy pronto le pondrá en la calle. Respecto a Zougam nunca sabremos si había restos de su ADN en los trenes, pero es elocuente que no los hubiera en ninguno de los otros escenarios en los que sí dejaron rastro los miembros del comando al que supuestamente pertenecía; y también lo es que todas sus relaciones con ellos sean de carácter indirecto o en todo caso periférico. ¡Qué grupo tan raro el de esta desorganizada «organización terrorista independiente» de Leganés!

Salvo los flecos aún pendientes en la Audiencia, estamos técnicamente ante un caso cerrado, pero en nuestra inteligencia y en nuestra conciencia el desafío sigue abierto. El Chicago Times logró poner en evidencia los errores judiciales del caso Majcek 13 años después de los hechos y 10 años después de la sentencia del Tribunal Supremo de Illinois. Tres ingredientes contribuyeron a ello según el relato que antecede a la palabra Fin en Call Northside 777: «La fe de una madre, el coraje de un periódico y la negativa a conformarse con la derrota de un reportero». Lo de la madre no depende de nosotros.

Mi nombre es Angeles Pedraza. Cuando el 11 de marzo de 2004 llegué a casa al final del que sin duda ha sido el peor día de mi vida, sólo pude sentarme y escribir en el ordenador: «Han matado a mi hija y no sé qué hacer».

Recibí repuestas de muchas partes del mundo. Más de cuatro años después, vuelvo a sentir la misma necesidad de aquel día. En esta ocasión, en vez de en el ordenador escribo en las páginas de un periódico y, en vez de lanzar mi petición de auxilio al ciberespacio, os la lanzo a vosotros, a la sociedad española, a todos los que me estáis leyendo: han matado a mi hija y no sé qué hacer.

Cuatro años después y sigo sin saber quién decidió que la vida de mi hija Miryam terminara aquella mañana maldita junto con la de otras 190 personas.

Alguien me dejó para siempre con la duda de si supe decirle a mi hija lo que la quería, lo que la necesitaba, de si supe demostrarle lo mucho que significaba para mí. Nuestra historia en común debería haberla interrumpido mi muerte, no la suya. Pero alguien decidió que no fuera así. Y la perdí en el mejor momento, con una sencilla despedida, como la de cualquier otro día, como si todavía nos quedaran muchos ratos juntas por delante. Sin saber que la próxima vez que la besara estaría fría como el mármol. De haberlo sabido la habría abrazado tan fuerte… de haberlo sabido le habría dicho tantas cosas, todas ésas que por darse por sabidas nunca se pronuncian… Pero alguien quiso que el silencio reinara en mi vida desde aquella mañana.

Yo tenía puesta mi fe en el sistema judicial. Pensaba que, para honrar la memoria de todas las personas inocentes asesinadas y heridas el 11 de marzo de 2004, todos los engranajes del Estado se pondrían en marcha. Que los culpables de idear y ejecutar aquella monstruosidad quedarían al menos apartados del resto de la sociedad, que responderían por lo que hicieron.

Pero no ha sido así.

La sentencia del juicio celebrado hasta la fecha desecha la autoría intelectual propuesta por la Fiscalía. Es decir, que no sabemos quién fue.

Quién arrebató tantas vidas y sembró tanto dolor en aquellas estaciones de tren. Porque para mí, es tanto o más culpable el que idea los asesinatos que el que los ejecuta.

Tras esa sentencia yo esperaba un clamor popular. Soy española, andaluza para más señas, y sé que el pueblo español es por encima de todo solidario.

Sé que el pueblo español es, «en el buen sentido de la palabra, bueno».

Esperaba un grito preguntando «¿Quién ha sido?» por cada calle, por cada plaza. Y sólo he encontrado el silencio. El silencio y mi desesperación.

¿Es posible que la sociedad española, que todos vosotros, los que estáis leyendo estas líneas, os resignéis a no conocer al culpable?

¿Es posible que quien ideara la muerte de Miryam pueda en el futuro sentar en sus rodillas a unos nietos que yo, porque él lo quiso así, ya no tendré?

Lo he pensado mucho y, finalmente, me he decidido a escribiros. Porque he llegado a la conclusión de que en realidad ha sido el veneno de la política el que nos ha paralizado, el que ha paralizado a España entera. Nos han hecho creer que el posicionamiento con respecto al 11-M es, a la vez, un posicionamiento de valores. Pero os han engañado.

El valor es el de la vida, el del amor que muchas personas sentían por aquellos que quedaron destrozados en un segundo. Y en defensa de esos valores, hay gente de todas las tendencias políticas. Y viceversa: hay también quienes anteponen el poder a cualquier otra cosa en todas las tendencias políticas.

Cualquiera de vosotros, ciudadanos, sea cual sea vuestra tendencia política, vuestro color, sois inocentes de los atentados del 11 de Marzo. Y quien lo ideó, sea cual sea su tendencia política o su color, es culpable. Eso es lo que importa.

He sentido decepción y, por qué no decirlo, en ocasiones hasta asco por ciertos miembros de todos los aparatos del Estado que han manipulado y mentido sin decoro. Y también he sentido decepción y asco por muchos políticos, de todos los partidos sin excepción, que han intentado utilizarnos a las víctimas para sus propios fines.

Pero también he conocido a quienes han antepuesto la verdad y la Justicia a sus propios intereses particulares. Y gracias a que también he visto esa cara noble del ser humano, tengo que deciros que todavía creo en vosotros.

Creo en la sociedad española, creo que me ayudaréis, que nos ayudareis a todas las víctimas a recuperar aunque sólo sea una pequeña parte de la paz que nos arrebataron unos asesinos y sus inspiradores.

Sé que el camino de la verdad será largo. Y necesito que me acompañéis.

Necesito que, todos juntos, dejemos de lado la política y sus intereses y nos guiemos tan sólo por la búsqueda de la Justicia. No penséis que conozco el camino; ya os he dicho al principio que no sé qué hacer. Pero sí que sé que no podré morir tranquila sin saber toda la verdad sobre el 11-M y que, paso a paso, no cejaré en mi empeño.

Se lo debo a Miryam. Se lo debo a todas las víctimas. Creo que se lo debemos todos.

De momento, me encuentro a la expectativa de sucesos que tendrán lugar en fechas próximas: el fallo del Tribunal Supremo sobre los recursos presentados a la sentencia de la Audiencia Nacional, el juicio conocido como del ácido bórico y alguna otra cuestión pendiente.

No es un respiro; en mi vida ya no los hay. Pero quiero dejar una puerta abierta a la independencia judicial, porque el día en que definitivamente deje de creer en ella, no sé a qué podré aferrarme.

Después, seguiré adelante con el que se ha convertido en el principal objetivo de mi vida: saber quién decidió que aquella gris mañana de marzo Miryam y otras 190 personas dejaran su vida en los vagones de unos trenes de cercanías.

Me despido de todos vosotros de la misma forma en que empecé, con una petición: por favor, ayudadme. Han matado a mi hija y no sé qué hacer.

La sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la causa incoada por el salvaje crimen del 11-M ha sido ejemplar desde más de un punto de vista, por lo que la reacción que merece no es sólo la del simple acatamiento. Hay que felicitarse además por su pronunciamiento. Ante todo, por el hecho de que ha resuelto en un plazo razonable un caso de extraordinaria complejidad de cuya solución estaban pendientes todos los ciudadanos y especialmente las víctimas del atentado. En segundo lugar, porque ha puesto fin a un largo período de incertidumbre artificialmente creado pero no por ello menos socialmente intolerable. Y también porque los magistrados que la han dictado han venido a demostrar que, entre nosotros, la independencia judicial puede resistir las presiones que es capaz de ejercer, directa o indirectamente, un juicio paralelo.

En este caso un juicio paralelo, elaborado en algunos medios de comunicación y asumido por significados líderes del primer partido de la oposición, pretendió sin éxito durante más de tres años orientar interesadamente la investigación de los hechos en una dirección distinta de la que seguían, con absoluta objetividad, el juez instructor de la causa, el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial.

En la fase plenaria del proceso esta anómala actuación dejó de ser paralela y se introdujo en los debates del juicio oral mediante ciertas acusaciones populares -que en ese momento desvelaron cuál era la verdadera finalidad de su presencia en el proceso- y defensas que cedieron a la tentación de poner al servicio de sus intereses la confusión que aquellas sedicentes acusaciones intentaron crear. Se produjo así una situación que obligó al Tribunal a desmontar en la sentencia las más llamativas falsedades de las historias confeccionadas al margen y en contra de la instrucción sumarial. Y de ese modo, ejerciendo su potestad jurisdiccional con la exclusividad que le otorga el art. 117.3 de la Constitución, el Tribunal ha puesto de manifiesto, para tranquilidad de los ciudadanos, que la independencia judicial es posible. Creo que ésta es una de las más importantes lecciones que cabe extraer de la sentencia del 11-M.

Sin duda, algún que otro aspecto de la sentencia puede ser discutible y será discutido ante el Tribunal Supremo puesto que el fiscal y otras partes han anunciado su propósito de interponer contra ella recurso de casación. Hay un punto, sin embargo, que me parece difícil pueda ser objeto de discusión y rectificación; me refiero a la declaración de hechos probados. Esta declaración es el fruto de la valoración de la prueba realizada por el Tribunal que presencia su práctica, valoración que ha de ser respetada por el Tribunal de casación si el primero la razona y su razonamiento se atiene a las reglas de la lógica y la expe-

riencia. Como la Audiencia Nacional ha razonado minuciosa e impecablemente la convicción a que ha llegado sobre los hechos tras el análisis de la prueba, es muy remota la posibilidad de que esa convicción sea sustituida por otra como resultado de las alegaciones que se hagan en el recurso de casación. Significa esto que el hecho probado que figura en la sentencia debe poner fin, ya desde ahora, a las dudas suscitadas en torno a la génesis y ejecución del atentado y producir, en consecuencia, el efecto pacificador que es propio de toda resolución judicial fundada en derecho.

A primera vista, la pacificación no parece muy segura en estos momentos porque algunos -naturalmente los que impulsaron o apoyaron el juicio paralelo- han decidido que la sentencia no cierra el conflicto porque, según dicen, no resuelve el problema de la “autoría intelectual” al haber quedado absueltos, por aplicación del principio de presunción de inocencia, los dos procesados a los que se acusaba de ser inductores del atentado. Pero como esto no es más que la expresión de un deseo frustrado, hay que confiar en que los ciudadanos de este país -los de buena fe que son la mayoría- reconozcan pronto en la sentencia la respuesta justa y equilibrada tanto a la atrocidad del atentado como a los bulos que siguieron a su comisión. Ayudará a lograrlo, en todo caso, una breve reflexión sobre extremos ya señalados en estos días que yo me limito a recordar.

1. La categoría de responsables de un delito a que se alude con la expresión “autores intelectuales” no existe en nuestro Derecho Penal. Según el art. 28 del Código Penal “son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento”, y son considerados autores “los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo” y “los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”. Estos son los términos que utiliza la ley para definir, clara y precisamente, las distintas clases de autoría. Intentar sustituirlos por otros puramente retóricos, por ejemplo, hablar de “autoría intelectual” en lugar de inducción, sólo sirve para que el discurso pierda rigor jurídico.

2. La sistemática contraposición, en un lenguaje fletado ad hoc, entre autores materiales e intelectuales puede hacer creer a las personas con escasa experiencia en la práctica de la justicia penal que es constante la presencia de inductores en los delitos que se cometen y que por ello una sentencia en que estos no son condenados es en cierto modo incompleta. Lo habitual es justamente lo contrario. En la generalidad de los casos la idea criminal nace en quienes finalmente la ejecutan. Y esto es particularmente visible en los pequeños grupos terroristas, muy cohesionados por un fanatismo compartido, cuyos miembros no necesitan que desde el exterior se les instigue a cometer los hechos que constituyen precisamente la razón de ser del propio grupo.

3. Cuando un Tribunal penal declara que ha quedado probada la intervención en los hechos que juzga, como autores materiales o ejecutores, de unos determinados acusados y que, por el contrario, no se ha considerado suficientemente acreditado que otros, igualmente acusados, indujesen a aquéllos a realizarlos, no deja abierta y sin resolver cuestión alguna relacionada con la posible existencia de inductores. Con la declaración probada los jueces cierran definitivamente el debate sobre los hechos y las personas que en ellos participaron, sin que en adelante sean ya constitucionalmente legítimas elucubraciones no acogidas en el pronunciamiento judicial.

4. Con independencia de lo dicho en el apartado anterior, en la declaración de hechos probados de la sentencia del 11-M y en el análisis de la prueba que la precede hay elementos más que suficientes para que cualquier lector libre de prejuicios llegue a la conclusión de que los ejecutores del atentado estaban, desde el primer momento, absolutamente decididos a cometerlo, contaban con los medios personales y técnicos necesarios para ello y no recibieron más impulso para llevarlo a cabo que el que eventualmente pudiera derivarse de sus contactos con otros grupos terroristas del mismo signo ideológico, esto es, del islamismo radical.

A la luz de estas consideraciones, parece que el buen sentido debe hacernos confiar en un rápido cierre del conflicto que algunos desencadenaron. Seguirán alentándolo seguramente los profesionales de la mentira pero, eso sí, enfrentados a una sentencia pacificadora.

Pocas leyendas acreditan tanto el diagnóstico poético de Espriú cuando escribió que «diversos son los hombres, diversas las hablas y han convenido muchos nombres a un solo amor» como la del sabio y justiciero Salomón y esa zalamera reina de Saba a quien la tradición bíblica llama Makeda, la islámica Bilqis y la etíope Nikaule o Nicaula.

También la naturaleza de su relación va de menos a más en función del grado de hedonismo que impregna las respectivas culturas. Si hubiera que juzgar por el Primer Libro de los Reyes o el Evangelio de San Lucas cualquiera diría que todo quedó en una intensa confianza intelectual. Así el uno nos dice que «no había nada oculto que el rey no le contara» (I Reyes 10,1) y el otro que «ella acudió desde los confines del mundo a alabar la sabiduría de Salomón» (Lucas 11,31).

Más interesante empieza a ponerse el Corán cuando en el versículo 44 de la sura 27, llamada De las hormigas, describe su primer encuentro: «Se le dijo (a la reina): ‘¡Entra en el palacio!’. Cuando ella lo vio creyó que era un estanque de agua y se descubrió las piernas. Y él (Salomón) le dijo: ‘Es un palacio pavimentado de cristal’».

Pero el texto que realmente es capaz de colmar de forma coherente las intuiciones de nuestra fantasía es el Kebra Negast o Libro de la Gloria de los Reyes de Etiopía que, poniendo por delante que «ella quedó profundamente asombrada por lo sabio que era su entendimiento», enseguida añade lo mucho que le impresionaron también la «elegancia», la «estatura», «la sutileza de su voz», «la entonación de sus labios» o «la dignidad de sus órdenes». De ahí que, cuando ella habla ya en primera persona, todos podamos darnos cuenta de qué va la cosa: «Oh, cuánto me ha gustado la dulzura de tu voz, la belleza de tu andar y la gracia de tus palabras!… Miro hacia ti y veo que eres como una lámpara en la oscuridad, como una granada en el jardín, como una perla en el mar, como la Estrella de la Mañana en la noche, como la luz de la luna en la niebla…». Y así sucesivamente.

Sólo esta técnica de aproximaciones paulatinas permite captar también todo el significado de la honda comunión entre el juez Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal y ponente de la sentencia del 11-M, y su esposa, la periodista Elisa Beni, tal y como queda acreditada en su ya seguro best seller La Soledad del Juzgador que mañana será presentado en sociedad.

La interpretación bíblica basta para explicar el nivel de confianza que le permite a ella reproducir las conversaciones del juez con la fiscal Olga Sánchez -Chiquilla, para los amigos-, el abogado Endika Zulueta -al que, mira por dónde, Su Señoría estimula a asumir la defensa del único pez gordo al que luego absolverá- o el instructor Juan del Olmo, como si estuviera delante. ¿O acaso lo estaba? Permite incluso entender ese segundo párrafo de la página 344 -«Teniendo en cuenta que los jueces no habían vuelto a verse ni a hablar desde mediados de julio y que todo lo deliberado lo había sido por unanimidad…»- que, según muy diversos exégetas de la Ley Orgánica del Poder Judicial haría poco menos que ineludible la apertura de un expediente disciplinario por parte del CGPJ, pues fue por indiscreciones similares por las que el magistrado Miguel Moreiras terminó siendo expulsado de la Audiencia.

El acercamiento coránico a la mujer que enseña los tobillos al confundir la transparencia del agua con el engañoso efecto del suelo cubierto de espejos nos ayuda a entender la profunda satisfacción que nuestra colega exhibe cuando «mi juez» -o sea, su juez- la llama «cielo», deja constancia de que «prefiere mi cocina norteña» -o sea, su cocina norteña- y se cruza con ella «un estoy contigo -o sea, con ella – privado e intransferible». También explica la incontenible satisfacción que la autora parece sentir -«¡Qué pedazo de foto morbosa se están perdiendo!»- cuando el ascensor del Reina Sofía alberga a «tres parejas»: el ministro de Justicia con su esposa, el fiscal general del Estado con la suya «y nosotros». O sea, ellos.

En otro orden de cosas, también es el Corán el que introduce en el relato la figura del Hudhud o pájaro abubilla que va informando a Salomón de los movimientos de sus adversarios con la misma puntualidad con que una bandada de «palomas» transmite al matrimonio Bermúdez-Beni las opiniones que tanto en La Moncloa como en la calle Génova van suscitando los comportamientos del juez a lo largo de la vista oral. Con la misma puntualidad con que esa bandada de «palomas» les comunica también los avatares por los que paralelamente atraviesa el asunto que más obsesiona a ambos: la marcha de los recursos que mantienen sobre ellos la espada de Damocles de la anulación del nombramiento de Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal y por ende como conductor mediático del Tribunal del 11-M. Dicen, por cierto, las malas lenguas que cuando el juez Guevara leyó lo de las «palomas» su primera reacción fue comentar irónicamente que él habría decretado el ingreso en prisión de dichas «aves».

Probablemente sea esa sensación de estar sorteando juntos -ora ciñéndose a la derecha, ora haciéndolo a la izquierda- los peligrosos arrecifes de la política, lo que lleve a la señora de Bermúdez a comparar a «mi juez» con el doble campeón del mundo Fernando Alonso y a exclamar con la ironía de quien siente pasar la procesión muy dentro: «¡Qué controlable parece el Fórmula 1! ¡Qué poco vértigo da la velocidad! ¡Qué sencillas se hacen las curvas!».

Pero, como en el caso de Salomón y la reina de Saba, sólo una labor de cala y cata desde la intensa sensualidad africana del Kebra Negast nos permite absorber el sentido profundo de esta esclarecedora obra literaria y la verdadera dimensión de los lazos existentes entre los señores de Bermúdez durante esos días decisivos en los que, además de las especialidades gastronómicas «norteñas», ella cocinaba el best seller y él la sentencia del 11-M. Y es que, en el momento en que sus vidas se cruzaron, al igual que le ocurrió al hijo de David, Su Señoría dejó de necesitar tener abuela.

He aquí un breve florilegio sin ánimo alguno de ser exhaustivo: «Siempre he admirado el temple del juez… Parece un auténtico discípulo de Sun Tzu: ‘Utilizar el orden para enfrentarse al desorden, utilizar la calma para enfrentarse a los que se agitan, esto es dominar el corazón’… Nadie podría creer que una mirada tan clara, tan honesta pudiera cobijar al rastrero prevaricador que querían presentar… Ahí está, un juge en majesté, como titularían después los medios franceses… Si hay algo que no se le sube a la cabeza son los focos… Da bien en cámara, tiene una buena voz y cosas interesantes que decir con ella, es pedagógico en sus explicaciones, natural sin dejar de ser solvente, abreviando, es un personaje que gusta al medio, incluso al audiovisual que es el más complejo…». Y así sucesivamente.

De ahí que buena parte del libro de la señora de Bermúdez esté destinado a recopilar cómo «personajes de todos los ámbitos de la vida española, de cantantes a periodistas, de políticos a literatos, felicitaron al magistrado por su tarea». Así, nada menos que la vicepresidenta Fernández de la Vega, en plena vista oral: «Lo estás llevando magníficamente, estás dando un ejemplo impresionante, es un orgullo para este país». Así nada más que una «magistrado supertrabajadora» al final del juicio: «Eres el mejor. Hay qué ver con que par dijiste que lo acababas y lo has acabado… El que no quiera reconocerlo será por envidia».

A nadie puede sorprenderle, pues, que después de todo este baño con el pringoso jabón de las estrellas, la señora de Bermúdez, haciendo alusión a un viejo mote sobre el cráneo rasurado de su ídolo, llegue a proclamar triunfante, cual si se plantara con los brazos en jarras ante un colega: «Yo soy la mujer de Pelo Roto». O que una vez salidos del horno conyugal tanto la sentencia como el libro, la visita con las manos enlazadas al monumento a las víctimas que tanto significarán siempre en la trayectoria profesional de ambos vaya «acompañada por un escalofrío, por el acero de la pérdida, por la mera idea de no volver a sentirle».

Ese mismo «escalofrío» se dibuja en el aire una, dos, cien veces cuando temen que pueda escapárseles la plaza -es decir, el poder y la gloria- que tratan de arrebatarles los jueces Garzón y De Prada, a quienes ella cubre de improperios. «La eventualidad de que el nombramiento pudiera ser anulado de nuevo se mantuvo durante todo el juicio y la elaboración de la sentencia», confiesa con apenas reprimido espanto. Lady Macbeth termina criando tanta mala sangre que necesita ir «al médico». El siente que el apoyo de la Fiscalía al enésimo recurso ante el Supremo, que una de sus «palomas» relaciona con unas declaraciones suyas a EL MUNDO -más que inocuas, inanes-, es la gota que «colma el vaso» y da rienda suelta al único estallido de indignación, tal vez de cólera, que el libro pone en su boca: «¿Y no se podrá, alguna vez, trabajar rodeado de la serenidad necesaria? ¿No será posible?».

Mientras cocinan sus respectivos guisos, ambos saben que dependen del juego de mayorías tanto de la Sala Segunda como del Consejo del Poder Judicial y que, por ende, no les queda otra que encontrar la forma de contentar tanto al PSOE como al PP -o a lo que ella llama con superioridad arbitral «los dos bandos político-mediáticos en conflicto»-, aunque sea acertando con el punto de nieve.

Repasando estos pasajes que taladran transversalmente el relato, cualquiera diría que esa espada de Damocles que los Bermúdez sienten constantemente sobre su cabeza es la misma maldición de Tyrone Power que planeó sobre todo el elenco de Salomón y la reina de Saba, después de que el galán de Cincinatti muriera el 15 de noviembre de 1958 en Madrid, víctima de un infarto tras rodar en El Escorial la ardorosa escena de uno de los duelos a espada entre el, para muchos, rey usurpador y su hermanastro Adonías, encarnado por George Sanders. Al director de la película, King Vidor, nunca más volvieron a encargarle otra y el propio Sanders, trasunto perfecto por su mirada torva de Garzón -De Prada sería su lugarteniente Joab-, terminaría suicidándose en la Costa Brava. Yul Brynner, el gran Pelo Roto de Hollywood que finalmente protagonizó la superproducción, recordaría siempre con aprensión estos hechos y a su partenaire Gina Lollobrigida aún deben aparecérsele de cuando en cuando algunos fantasmas.

Podría alegarse ahora que, si bien el parecido físico entre los dos galanes de cráneo reluciente es irrebatible, yo estoy transformando a una pantera africana -Nigra sum sed formosa, dice con racismo adversativo la traducción al latín de la irrupción de Makeda en el Cantar de los Cantares: «Soy negra, pero hermosa»-, o en todo caso a una sensual belleza mediterránea como la Lollo en una institutriz rubia, pálida y larguirucha. Conste en mi descargo que antes que yo ya lo hicieron Tintoretto, Lucas de Heere o Piero della Francesca -en cuyos frescos de Arezzo, al decir de la teóloga Susan Durber, la reina de Saba «casi parece una rosa inglesa-, universalizando así el gran tema del amor, la vanidad, la seducción y la ambición.

Además, lo que me hace insistir en aquella película de la Metro como referencia, no es tanto el paralelismo entre los personajes como la extraordinaria elocuencia de dos pasajes de su argumento a la hora de terminar de entender tanto el plato recalentado que el pasado 31 de octubre nos sirvieron los Bermúdez como el dilema al que mañana mismo han de hacer frente. Y es que, en primer lugar, nada explica mejor el sentido y hasta la técnica jurídica de la sentencia del 11-M como la escena -rodada, por cierto, en las lomas de la localidad zaragozana de Valdespartera- en la que, a falta de cualquier otro recurso estratégico, Salomón ordena al ejército hebreo girar sus escudos hacia el sol para convertirlos en espejos tan engañosos como el suelo de su palacio y deslumbrar así a los atacantes egipcios, empujándoles hasta el barranco de la confusión.

Exactamente ésa ha sido la aportación de la ponencia en los 600 folios de sentencia. Bermúdez no tenía margen procesal para otra cosa, pues había que llegar a un veredicto a tiempo de que el Supremo pudiera afrontar la casación sin tener que poner en libertad provisional a los grandes condenados. Tampoco tenía margen político, pues ahí estaba la espada de Damocles de la anulación de su nombramiento. Y ahora sabemos que ni siquiera tenía margen personal, pues desde el primer momento que tuvo conocimiento de que no era el único que estaba «redactando» en casa, no pudo por menos que ser consciente de cómo recibirían los tirios o los troyanos la purrusalda de su reina de Saba si la sentencia dejara desnudo de argumentos a uno de «los dos bandos político-mediáticos en conflicto».

Con innegable habilidad, el Salomón que enseguida decidió partir el bebé giró entonces el escudo de su conciencia hacia el único sol presente en el firmamento -el de la patética instrucción de Del Olmo y Chiquilla-, arrastrando a sus colegas a la desagradable encrucijada de la aquiescencia o la discrepancia sin alternativa alguna que presentar a una opinión pública ansiosa de respuestas, y convirtió el apartado de «hechos probados» de la sentencia en un mero reflejo de los escritos con que el titular del Juzgado número 6 cerró el sumario, aplicando, eso sí, cierto «orden al desorden», según las técnicas de Sun Tzu cuyo dominio su mujercita le atribuye. Pese al abuso de los argumentos circulares -puesto que la mochila tiene que ver con la Kangoo, está claro que la Kangoo tiene que tener que ver con la mochila- y la inclusión de falacias tan vergonzosas como la apelación a un inexistente análisis cuantitativo de los restos de explosivos de los focos, es indiscutible que gran parte del pueblo hebreo e incluso algunos de los más sabios de entre las siete tribus quedaron, en efecto, deslumbrados.

Pero el virtuosismo del juez alcanzó el grado suficiente como para hacerle capaz de graduar el nivel de exposición de su conciencia a ese sol, no fuera a ser que con tanto deslumbramiento hubiera una epidemia de quemaduras en la piel y hasta casos de ceguera permanente entre los moradores de un lado del río que de ninguna manera podía desatender. Por eso en este periódico sabíamos desde el 11 de octubre que el juez Bermúdez le había dicho a un relevante cargo público -uno de los múltiples y variados visitantes de su camarote de los hermanos Marx- que si él fuera el director de EL MUNDO al día siguiente de la sentencia titularía en portada: «Absueltos los cerebros del 11-M». Nunca se ha visto mejor profecía autocumplida.

Y por eso uno de los más altos dirigentes del PSOE culminaba el otro día la expresión de una indignación exactamente opuesta, y por lo tanto simétrica, a la mía, ofreciéndome este razonable argumento jurídico: «¿Pero cuándo has visto tú una sentencia que empiece con que hay unos tíos subidos a unos trenes poniendo unas bombas? ¿Cómo han llegado hasta ahí? ¿Quién les ha enviado? Y, sobre todo, ¿por qué lo están haciendo? Nada de eso se nos dice».

No, Solomon and Sheba, Mac Millan and Wife necesitaban el empate. Otra vez la equis. Ni en el libro -que nos cubre de piropos a todos los periodistas relevantes de «los dos bandos»-, ni en la sentencia podía haber otros vencedores sino ellos u otros vencidos sino los impugnadores impenitentes del trono de su gloria y ese trío estrafalario de únicos condenados por el 11-M que, al fin y a la postre, forman el ex minero Trashorras, Zougam el del locutorio y el albañil Gnaoui.

Nunca tan pocos engañaron tanto a tantos. Pero mañana llega la prueba de fuego para la Bermúdez SL, y ésta es la segunda gran similitud, pues el envite del acto público de presentación del incunable equivale para el juez al órdago que la celebración del rito pagano en honor del dios del amor y la fecundidad -Rha-gon, en la película- en los extramuros de Jerusalén, supuso para Salomón. Aunque el ejemplo del Garzón conferenciante, reportero, titiritero y en sus ratos libres juez parezca estar cundiendo -Díaz Herrera al fin le pone en su sitio en el documentado volumen que lanza ahora La Esfera de los Libros-, quienes tienen encomendado por la Constitución el ejercicio de la función jurisdiccional como el austero culto de una religión monoteísta deberían apartarse por principio de cualquier sarao mediático bajo la intrínseca sospecha de idolatría. Pero si encima se trata del lanzamiento comercial del libro que su chica ha escrito gracias a sus confidencias de alcoba durante el frustrante juicio por la no aclarada mayor masacre de la historia de España, es inevitable que todas las miradas se claven en él como las del profeta Natán, el sacerdote Zadok y todos cuantos le habían apoyado se clavaron en Salomón cuando no sólo autorizó el sensual guateque de la reina de Saba, sino que anunció que estaría entre los asistentes.

Bermúdez debería interpretar el tantarantán que su colega Guevara acaba de dar a su tinglado con «lacerada» indignación como una advertencia idéntica a la que la joven Abisagh, celosa personificación de la pureza, dirige a Salomón, cogiéndole del brazo: «No vayas, no busques tu propia destrucción, te lo suplico…». El problema es que, aunque no tengan régimen de bienes gananciales, Bermúdez ha repartido ya poco menos que en mano las invitaciones.

Sólo la incomparecencia de Yul Bermúdez y el rápido desvío de los derechos de autor de Gina Lollobeni a las asociaciones de víctimas podría paliar el escándalo que produce el intolerable circo que están montando a pachas. En todo caso, hagan lo que hagan, aunque ningún rayo brotará del cielo para derribar la sentencia del 11-M cual si fuera el edificio de cartón piedra que en la superproducción de la Metro representaba al Templo de Salomón, pues la casación ante el Supremo no afecta ni siquiera a los más improbables de los «hechos probados», parece urgente que el CGPJ tome cartas en el asunto, como lo hizo el Consejo General de Patriarcas de Judea, para que el clamor que crece en la calle encuentre por una vez soporte institucional. Porque, como el propio Salomón Brynner admite en el pórtico de su decadencia, «todo Israel sabe ya que Dios ha abandonado al hijo de David».

El 3 de abril de 2004, ocho terroristas, miembros de una célula integrista musulmana, se suicidaron en un piso de Leganés. La sentencia de 31 de octubre de 2007 de la Audiencia Nacional estima que todas esas personas fueron autores materiales de la colocación de las bombas en la masacre del 11-M. Aunque esa afirmación de la sentencia generaliza demasiado, que todos, o al menos parte de los suicidas, intervinieron -como autores o partícipes- en la matanza de Atocha se deduce, entre otros muchos datos, de los siguientes.

En primer lugar, de que uno de los suicidas, Ahmidan, alias El Chino, había comprado a Suárez Trashorras más de 100 kilos de explosivos procedentes de la explotación asturiana Mina Conchita. En segundo lugar, de que las bombas explosionaron entre las 7.35 y las 7.40 del 11-M en los trenes temporizadas por teléfonos móviles, teléfonos que fueron encendidos, sin que se hicieran o recibieran llamadas, entre las 2.24 horas del día 10 y las 2.24 del 11 de marzo de 2004 («en un periodo temporal limitado e inmediatamente anterior a los atentados, imprescindible para programar la alarma del despertador»), bajo la cobertura de la Estación Base de Telefonía (BTS) de Morata de Tajuña, localidad en la que se encontraba una finca alquilada por El Chino y en la que fueron escondidos los explosivos procedentes de Mina Conchita en un agujero que se hizo en el suelo del cobertizo que había junto a la casa.

En tercer lugar, de que en el piso de Leganés se hallaron «comunicados y reivindicaciones de los atentados del 11 de marzo» y «cintas [conteniendo] grabaciones con reivindicaciones de los atentados del 11 de marzo», en las que aparecían «tres personas con la cara cubierta, portando una pistola y un subfusil y vestidos con unas túnicas blancas sobre las que llevaban chalecos con cartuchos explosivos», figurando «a sus espaldas, a modo de estandarte… un trozo de tela rectangular de color verde, también recuperada entre los escombros, con la leyenda en árabe: ‘No hay más que dios; dios es único y Mohamed su profeta’». Y, en cuarto lugar, de que uno de los miembros de la célula, Kounjaa, había dejado un documento de despedida -en el que se encontraron nueve huellas suyas- dirigido a sus padres, hermanos, mujer e hijas en el que afirma que «ha sido mi voluntad la que ha optado por el camino de la yihad [guerra santa]», anunciando su próxima autoinmolación: «Que sepas con certeza que yo he dejado a mis hijos no por deseo mío, sino por cumplir una orden de Dios… [confirmando] que yo he dejado este mundo porque no vale tanto como vosotros pensáis, y porque yo quiero encontrarme con mi Dios y que esté El contento conmigo».

En los trenes siniestrados fueron encontradas dos mochilas con bombas de las que, por los riesgos que ello entrañaba, no se estimó prudente su desactivación, pudiendo observarse por los policías que inspeccionaron una de esas mochilas, antes de su explosión controlada, que contenía un teléfono móvil, lo que acredita que ése fue el mecanismo que se utilizó para hacer estallar los vagones. Una tercera bolsa de deportes con un detonador y explosivos procedentes de Mina Conchita en su interior fue hallada casualmente en la comisaría de Vallecas dentro de uno de los grandes bolsones de basura en los que la Policía había introducido los efectos recogidos en la estación de El Pozo. Al encontrar este artefacto explosivo se procedió al desalojo de la comisaría, consiguiendo los artificieros desactivar la bomba en el cercano parque Azorín, hallando dentro de la bolsa un teléfono móvil que, igualmente, había sido encendido bajo la cobertura de la BTS de Morata y que tenía programado el despertador que temporizaba el explosivo a las 7.40 horas del 11 de marzo de 2004.

Gracias al hallazgo en la mochila de Vallecas de ese móvil con su correspondiente tarjeta prepago, se pudo llegar al ahora condenado por los atentados, Zougam, que fue quien, en su locutorio-tienda de la calle Tribulete, entre el 3 y el 8 de marzo de 2004, vendió esa tarjeta de la mochila con el número de teléfono 652282963 y otras tarjetas encendidas entre el 10 y la madrugada del 11 de marzo en Morata, tienda en la que también tienen su origen el soporte plástico de otra tarjeta encontrada en la finca de la mencionada localidad de Morata y otras dos que utilizaron dos suicidas del comando de Leganés para despedirse de sus familiares, comando que fue localizado por la Policía como consecuencia de la pista que se siguió a partir del teléfono encontrado en la mencionada mochila.

Sobre la mochila de Vallecas, varias defensas afirmaron que se trataría de una prueba falsa, alegando, por una parte, que, al no haberse encontrado en la misma estación de El Pozo, sino en la comisaría de Vallecas dentro de uno de los grandes bolsones que contenían los efectos hallados en esa estación, en realidad no habría procedido de los vagones, sino que alguna mano negra la habría introducido, bien en la comisaría, bien durante el «extravagante periplo» recorrido por dicho bolsón que fue llevado, primero, a la comisaría de Vallecas, después, a un pabellón de IFEMA y, finalmente, otra vez a la mencionada comisaría; y, por otra parte que, aun cuando esa mochila se hubiera encontrado realmente en uno de los vagones, «las deficiencias en la custodia policial y en el control judicial [de la bolsa con el explosivo] denotan irregularidades de tal entidad que impiden tener por cumplidas las garantías de identidad e integridad de la pieza», por lo que habría de ser rechazada como prueba de cargo, ya que la ruptura de la cadena de custodia habría permitido que la mochila fuera manipulada. El tribunal estima en su sentencia, convincentemente, que «no existe ruptura de la cadena de custodia», considerando, por ello, que «la prueba es auténtica».

Que la prueba es, efectivamente, auténtica se acredita también con las consideraciones que paso a desarrollar.

Cuando una prueba es falsa o ha sido manipulada por una tercera persona, ello se hace, naturalmente, para hacer recaer la responsabilidad sobre autores distintos de los que realmente cometieron el delito, por lo que, si las defensas hubieran tenido razón, llegaríamos a la inverosímil consecuencia de que se había inventado o alterado una prueba para conducir a los auténticos intervinientes en el delito, ya que se pudo identificar a éstos -a los miembros del comando de Leganés que luego se quitaron la vida- gracias al rastro que se siguió a partir del móvil contenido en la mochila.

Además, si se hubiera admitido la falsedad o la manipulación de la mochila -y, consiguientemente, del móvil encontrado en su interior, cuya tarjeta fue adquirida en el locutorio de la calle Tribulete y encendida en Morata, junto con otras tarjetas vendidas en el mismo establecimiento a los integristas-, se habría llegado a unas conclusiones que, simplemente, no tienen ni pies ni cabeza. Porque, si el creador o el manipulador de la prueba hubiera sido una persona ajena a los integrantes de la célula yihadista, aquélla tendría que haber robado a los integristas una de las tarjetas que compraron en la tienda de la calle Tribulete, para, después, seguirles sigilosamente y, al igual que esos integristas, encender el móvil bajo la cobertura de la BTS de Morata de Tajuña. Y si quien creó o alteró la mochila fuera uno de los miembros de la célula que encendió en Morata el móvil comprado en la tienda de Zougam, para así, e inexplicablemente, delatarse a sí mismo y delatar a sus compañeros, entonces tampoco se alcanza a comprender por qué acudió a un procedimiento tan complicado para identificar a los culpables: bastaría con que hubiera llamado a la Policía para decirle: «Los autores de la matanza de Atocha hemos sido El Chino y la banda de la que formo parte».

Otra prueba a la que acude la sentencia es la furgoneta Renault Kangoo de la que, según testigos presenciales, a las 7.00 horas del 11 de marzo, minutos antes del atentado, descendieron en Alcalá de Henares tres individuos, dirigiéndose al menos uno de ellos con una mochila o bolsa de deportes a la estación de Cercanías. En esta furgoneta se encontraron restos de explosivos y siete detonadores. También las defensas alegaron que la Renault Kangoo era una prueba falsa. Pero, independientemente de que la sentencia considera acreditado, con razón, que nunca se rompió la cadena de custodia de esa pieza de convicción, hay que señalar, otra vez, que las pruebas falsas se colocan para conducir la investigación a personas distintas de las que realmente cometieron el delito, mientras que los detonadores y restos de explosivos encontrados en la furgoneta que, al igual que los encontrados en la finca de Morata, en la mochila de Vallecas y en los restos del piso de Leganés, proceden de Mina Conchita, constituyen un elemento más, entre los numerosos, que incriminan a las personas -los suicidas de Leganés- que, como se ha expuesto al comienzo de esta Tribuna Libre, intervinieron realmente en el atentado del 11-M.

Como los trenes objeto del atentado fueron desguazados, incomprensible y negligentemente, el 13 de marzo, dos días después del atentado, la pericial sobre qué clase de explosivo estalló en los trenes ha tenido que efectuarse sobre restos de material poco indicativos. No obstante, después de una prueba pericial pública, oral y contradictoria practicada en el juicio con la participación de ocho expertos, el tribunal llega a la conclusión de que «todo o gran parte de la dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes el día 11 de marzo… procedía de Mina Conchita». Este resultado de la prueba pericial se ve corroborado, entre otras, por dos ulteriores consideraciones. En primer lugar, porque en la mochila de Vallecas que, como se ha expuesto anteriormente, era, junto a otras dos bolsas que no llegaron a estallar y que fueron explosionadas por los artificieros, una de las que debería haber explotado en los trenes y que, afortunadamente, pudo ser desactivada, se contenía un detonador y dinamita procedente de Mina Conchita. Y, en segundo lugar, porque si, como está acreditado por encima de cualquier duda posible, El Chino adquirió de Trashorras los explosivos y detonadores de esa explotación minera, que fueron trasladados a Madrid los días 5 y 9 de enero, y a primeros de febrero de 2004, por tres personas distintas, efectuando El Chino el último transporte de explosivo, desplazándose personalmente a Asturias, donde el 29 de febrero del mismo año, y en medio de una gran nevada, recogió la última carga infernal, escondiendo todo ese material terrorista en la finca de Morata, en la que, igualmente, se encendieron las tarjetas telefónicas entre el 10 y la madrugada del 11 de marzo, no se entiende cómo se puede defender verosímilmente que los yihadistas no emplearon en el atentado precisamente esos detonadores y ese explosivo con los que habían logrado hacerse con tantas dificultades, explosivo que es el único del que aparecieron rastros en el cuartel general de El Chino y su banda en Morata de Tajuña.

Todos estos indicios y datos, junto a los hechos incontrovertibles de que el 11 de marzo hubo verdaderamente en Madrid un atentado en cuatro trenes de Cercanías que costó la vida a 191 personas, resultando lesionadas otras 1.857, de que el 3 de abril de 2004 se suicidaron efectivamente ocho individuos pertenecientes a una célula yihadista que había reivindicado el atentado, y a la archidemostrada adquisición por El Chino, jefe de la célula, de explosivos y detonadores procedentes de Mina Conchita, y a pesar de las dificultades probatorias derivadas de que los principales intervinientes en la producción de la masacre -los suicidas de Leganés- habían fallecido, convierten el relato de la sentencia sobre lo realmente sucedido en la única explicación razonada y razonable de cómo tuvo lugar la matanza.

De los 28 acusados sólo tres -Gnaoui, Zougam y Suárez Trashorras- han sido condenados por su implicación directa en el atentado. También lo debería haber sido, teniendo en cuenta los Hechos Probados de la sentencia, Rafá Zouhier. Porque si el dolo eventual consiste en la conciencia de que el sujeto con su conducta está sometiendo al bien jurídico protegido -en este caso: a la vida y a la integridad física de posibles víctimas indeterminadas- a un alto riesgo de lesión, y ese dolo concurre en Trashorras, quien, como con razón afirma la sentencia, «conocía el radicalismo de Jamal Ahmidan y su grupo, su odio a todo lo occidental y sus ideas violentas, ideas que necesariamente tuvo que relacionar con las actividades terroristas de tipo islamista o yihadista de tipo homicida», también, y por los mismos motivos, ese dolo debería haberse afirmado respecto de Zouhier, quien, según la sentencia, conocía «el radicalismo de Jamal Ahmidan y su banda y sus tendencias radicales islamistas, así como que el explosivo que consiguiera a través de su mediación podía ser empleado en acciones terroristas, en general». Con otras palabras: si Trashorras es cooperador necesario en los atentados -como lo es-, igual calificación debería haber correspondido a Zouhier.

En definitiva, y salvo algunas pequeñas discrepancias como la que acabo de señalar, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 11-M ha de ser considerada una antológica lección de cómo llegar a enervar la presunción de inocencia de tres acusados mediante la coherente valoración de la prueba practicada en el juicio oral y de cómo aplicar el principio in dubio pro reo cuando, a pesar de todos los indicios y probabilidades respecto de algunos de los restantes acusados, esa presunción no ha podido ser destruida.

Por muy diversas que sean las circunstancias el corazón humano siempre responde de igual manera al mismo tipo de estímulos. Comprendo, pues, que a los pocos minutos del inicio de la lectura de la sentencia del 11-M algunos de los máximos dirigentes del PP sintieran la misma mezcla de estupor, decepción y congoja -si me pasó a mí, cómo no iba a pasarles a ellos- que debieron sentir el joven general José María Torrijos y sus más directos compañeros cuando aquel 2 de diciembre de 1831 todo empezó a ir mal desde que avistaron la costa malagueña.

Nada hay tan terrible como descubrir que se ha sido víctima de un engaño justo en el momento en que uno se dispone a consumar su gran cita con la gloria. El cuerpo humano lo somatiza. La primera reacción llega en forma de hormigueo circular en el estómago. Luego parece como si se bloquearan los pulmones, se encogiera la garganta y se obturara la epiglotis. Enseguida todo gira alrededor. Es el pánico, es la indignación, es el vértigo.

La sorpresa estupefacta que inicialmente invadió a los líderes populares al escuchar el tenor del sádico resumen judicial -¿desde cuándo las sentencias se «resumen» y, además, enfatizando asuntos tan laterales, 10 líneas entre 600 folios, como la hipótesis nunca investigada de que ETA hubiera tenido algún papel tangencial?- fue una sorpresa estupefacta equivalente a la que embargó a los conspiradores liberales embarcados dos días antes en Gibraltar, cuando fueron comprobando que su expedición había sido detectada por la policía fernandina, que en ningún lugar de la provincia de Málaga -ni siquiera en Alora, localidad natal de Javier Gómez Bermúdez- existía núcleo organizado alguno preparado para secundar su llamamiento a la insurrección y que en la playa de Fuengirola los únicos que les esperaban eran los soldados del Rey Felón, listos para cazarlos como a conejos.

Eso no era ni lo previsto, ni lo anunciado, ni lo esperado. Puede que en circunstancias así todo engaño tenga mucho de autoengaño, que sus expectativas nunca se hubieran construido sobre un fundamento real, que su propio idealismo y sus mismas ansias de quedar reivindicados ante la Nación fueran los principales mimbres de la trampa en la que acababan de caer. ¿Pero, entonces, qué sentido tenían los mensajes de Viriato? ¿Quién era, en realidad, Viriato?

La verosimilitud de los recados recibidos durante las semanas anteriores al Día D se basaba tanto en su procedencia como en su concreción. Desde el mismísimo entorno de la amistad o relación más íntima con dos de los miembros del Tribunal los dirigentes populares habían recibido cuatro confidencias: que Trashorras sólo iba a ser condenado por tráfico de explosivos, que la instrucción del juez Del Olmo sería duramente vapuleada en la sentencia, que habría deducciones de testimonios contra algunos policías, en línea con la alusión al «caminito de Jerez» -enclave del penal del Puerto de Santa María-, supuestamente esbozada por un magistrado ante una asociación de víctimas y que además…

Pues bien, nada de eso se estaba cumpliendo. Todo lo contrario. Mediocremente fundados o no, los ingredientes elegidos por el presidente de la sala para su alocución -la presencia real de los 61 objetos en el interior de la furgoneta «vacía», la autenticidad de la mochila de Vallecas pese a que nadie la viera en el tren o en el andén, la procedencia del explosivo «en todo o en su mayor parte» de Mina Conchita- parecían más bien destinados a proporcionar a aquella jauría de carniceros carlistones que aguardaba apostada tras los riscos de la playa de Fuengirola los elementos necesarios para maniatar a los prisioneros, someterles a un simulacro de juicio sumarísimo y proceder a su fusilamiento in situ, tal y como había sido previsto por los designios gubernamentales. De hecho aún no había concluido de hablar el magistrado, cuando Pepiño Blanco ya tenía marcadas y caracterizadas a sus principales víctimas: el condenado como «autor material» del «engaño masivo» a los españoles era Acebes, el responsable como «autor intelectual» Aznar y los «cooperadores necesarios» Rajoy y Zaplana. Así lo dijo enseguida, dejando para Del Burgo el papel de cómplice en el traslado de la dinamita intelectual de la intoxicación.

Con los mensajes de Viriato, azarosamente llegados a Gibraltar, había ocurrido lo mismo: demostraban tal conocimiento del estado de la guarnición, de la distribución de las tropas en la provincia y sobre todo del ansia de emancipación popular mediante el «rompimiento» de las cadenas del absolutismo que lo lógico era creerlos a pies juntillas. Por eso cuando el jefe de los desdichados expedicionarios descubrió que tras aquel seudónimo de patriota ibero no se escondía ninguno de sus correligionarios sino su antiguo superior y vieja Némesis, el gobernador de Málaga Vicente González Moreno -quien le había puesto el queso en la ratonera bajo directa supervisión del Consejo de Ministros-, el estupor, la decepción y la congoja alcanzaron su paroxismo.

A Torrijos ya sólo le quedaba agarrar con su mano izquierda al anciano ex ministro de la Guerra Francisco Fernández Golfín, poner la derecha sobre los dedos entrelazados del que fuera presidente de las Cortes durante el trienio liberal Manuel Flores Calderón y revisar que su amigo del alma el coronel López Pinto y su acólito favorito, captado entre los miembros de la sociedad de los Apóstoles de Cambridge, Robert Boyd, adoptaran el ademán necesario para componer la estampa de su martirio. Sólo les quedaba aguardar la caricia del viento en la pluma de Espronceda -«Helos allí: junto a la mar bravía/ cadáveres están, ¡ay!, los que fueron/ honra del libre, y con su muerte dieron/ almas al cielo, a España nombradía»- y la visita medio siglo después del pincel fotográfico de Antonio Gisbert, camino de su papel estelar en la ampliación de El Prado, bajo un monarca constitucional, en los albores del XXI.

Pero más o menos al mismo tiempo que sonaba la voz de «¡Apunten!», se escuchó en la sala, en las postrimerías de la vista pública, casi como leída entre dientes, la letra pequeña que lo cambiaba todo. Sí, la Kangoo, la mochila, Mina Conchita… todo eso había sido santificado por el Tribunal, pero los tres únicos acusados como inductores de la masacre, los tres únicos imputados con lazos de alguna consistencia con Al Qaeda, los tres únicos encargados -según la Fiscalía- de vengar con una masacre el apoyo de Aznar a la invasión de Irak, quedaban absueltos y con ellos también, en el plano político, los líderes del PP que se habían rebelado contra la caricaturesca e inconsistente versión oficial de los hechos. Viriato apretaba -¡vaya que si había apretado!-, pero no ahogaba. Las tres primeras confidencias eran falsas o al menos no se habían materializado, pero la cuarta era verdadera y ahora el estupor, la decepción y la congoja cambiaban de bando.

La orden de fusilamiento quedó de momento suspendida en el éter de la confusión. ¿Cómo era posible que El Egipcio, Belhadj, y Haski hubieran sido absueltos, cómo era posible que el relato de los hechos probados comenzara con los terroristas poniendo las mochilas en los trenes, cómo era posible que no se diera por buena ni una sola palabra del escrito de acusación sobre la génesis, planificación y organización de los atentados cuando lo que nos habían garantizado a nosotros era que…?

La programada orgía se había convertido en un coitus interruptus. Zapatero habló sólo de «mirar hacia delante», mientras Rajoy hacía compatible el respeto a la sentencia con el apoyo a nuevas investigaciones. La prensa oficialista proclamaba que estábamos ante un «caso cerrado», pero los grandes diarios de todo el mundo se empeñaban en llevarle la contraria: «In Madrid, no answers», diagnosticaba el Wall Street Journal.

Fueron las huestes gubernamentales las que por una vez se trocaron en ejército de Pancho Villa. Unos apuntaban hacia un lado y los otros hacia el contrario. Justo cuando la más meliflua de las voces del elenco destilaba inusitada bilis y juraba en arameo contra el bando «conspiranoico» -lo que hace la escasez de las audiencias-, sus mentores giraron 360 grados la torreta de sus cañones para acribillar al tribunal que había absuelto «por error» a El Egipcio y empujar a la Fiscalía, a punta de pistola editorial, a cambiar de criterio y recurrir la sentencia. Claro que sólo en lo accesorio -la pertenencia a banda armada- y de cara a la galería. Lo suficiente para que Conde-Pumpido pudiera engañar al personal, fingiendo que seguía persiguiendo a El Egipcio por «todo el daño que ha hecho», pero bastante menos de lo necesario para que el Supremo se replantee ese «daño» y esos «hechos» que, según la sentencia, no están acreditados «ni siquiera de forma indiciaria».

Rubalcaba instó a Rajoy a repetir con él: «ETA no ha sido», pero pronto se dio cuenta de que ‘Irak’ sólo tiene una letra más y de que ‘GAL’ tiene las mismas, por lo que volvió a ponerse la piel de cordero que últimamente luce con cierta donosura y protagonizó una comparecencia bastante razonable en la Comisión de Interior. Para frustración de los carniceros carlistones el anticlímax parecía haberse enseñoreado del escenario. Con Aznar vieron reabrirse el cielo de la inquina. La mera reafirmación de su diagnóstico ante la Comisión Parlamentaria, excluyendo las «montañas lejanas» y los «desiertos remotos» como lugares en los que se habría gestado la masacre, les dio el pretexto para tratar de culminar el fusilamiento contra la cúpula del PP en los términos previstos, como si en ese punto clave el Tribunal les hubiera dado la razón en lugar de alentar el escepticismo del ex presidente.

El resultado está a la vista de todos. A la voz de «¡Fuego!» Pepiño disparó su vídeo y tras el estruendo y la polvareda ni una sola de sus víctimas se tambaleó ni un ápice. La ceremonia de la ejecución pública transcurrió de acuerdo con los redobles de tambores planeados, pero a la hora de la verdad la munición suministrada por el Tribunal resultó ser poco más que balas de fogueo. El vídeo demuestra que lo que los dirigentes del PP pusieron una y otra vez en cuestión no fue la autoría material sino la autosuficiencia de los ahora condenados -«Tiene que haber alguien detrás», decía Rajoy a EL MUNDO ya en octubre de 2004- y que todas sus divergencias sobre la valoración de las pruebas por el instructor y la fiscal quedaron siempre flotando en el limbo de lo condicional: si esto se confirma… si esto se demuestra… Con ese material se podrá asestar algún que otro perdigonazo allí donde más escuece, pero es imposible matar políticamente a nadie. Si Salomón partió el bebé, el nuevo Viriato ha dejado con el mismo palmo de narices a ambos bandos.

Sobre relojes y relojeros

A partir de ahí todo ha sido ya cosmética. Tanto fundamento jurídico tiene decir en este momento que los propios suicidas de Leganés fueron los verdaderos «cerebros» de la masacre, como alegar que es imprescindible rastrear en los movimientos y conexiones anteriores de esos individuos, sin excluir gobiernos extranjeros, servicios de seguridad u organizaciones terroristas ajenas al integrismo islámico, para encontrar la mano que meció tan terrible cuna. Con la diferencia de que la lógica avala, además, esta segunda hipótesis.

Al margen de que, al atribuir ahora, de improviso, dicho papel a El Tunecino, la Fiscalía ha pretendido cambiar de caballo cuando el suyo ya se ha ahogado y ni siquiera le queda otro río que vadear que ese gran recurso que no piensa presentar, está siendo fascinante descubrir cómo de repente brotan los apóstatas de la doctrina de la «autoría intelectual» precisamente en los mismos predios en los que más arraigo obtuvo, como forma de parchear la patente falta de capacidad organizativa del comando de Lavapiés. No hemos sido ni los medios disidentes, ni el PP, ni siquiera las acusaciones particulares sino el ministerio público quien con esa u otras expresiones ha acuñado el concepto, delimitado su contenido y atribuido en falso las responsabilidades que ahora quedan pendientes de asignación.

En medio de toda la batahola de servilismo, camorra y ruido un único artículo ha planteado el asunto con brillantez y envergadura intelectual para llegar a conclusiones opuestas a las mías. Me refiero al texto de Manuel Conthe publicado el pasado martes en Expansión con el título de El espejismo del relojero. El nuevo presidente del Consejo Asesor de nuestras publicaciones económicas apela nada menos que a la «mano invisible» de Adam Smith y al «orden espontáneo» de Hayek para pedirnos a los liberales que no nos aferremos a un concepto tan intervencionista como el mito deísta del Gran Relojero.

No toda asociación de criminales precisa de un «señor X», individual o colectivo, por encima de los autores materiales de cada delito, viene a decirnos Conthe, e incluso trae a colación el sumario del caso Marey para cuestionar no la exoneración de González sino la condena de Barrionuevo basada, según él, «en conjeturas parecidas a las usadas por Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios: una flecha en movimiento sería inconcebible sin un arquero».

Pero este ejemplo tiene un esclarecedor efecto boomerang. Cualquiera puede comprobar, ante todo, que la sentencia suscrita en 1998 por seis magistrados de la Sala Segunda del Supremo -Conde-Pumpido entre ellos- basa la culpabilidad de Barrionuevo no tanto en deducciones escolásticas como en el testimonio de la gran mayoría de sus coimputados que aseguraron haber ejecutado y controlado el secuestro de aquel pobre viajante confundido con un etarra, siguiendo instrucciones del entonces ministro del Interior. Si el relato de El Gitanillo ha sido decisivo para condenar a Trashorras -y a partir de ahí el Tribunal ha encajado como ha podido las discordancias o insuficiencias de los análisis de los explosivos-, el de Sancristóbal, corroborado por los de Planchuelo, Alvárez, Damborenea y Amedo fue el que destruyó la presunción de inocencia de Barrionuevo. ¿O alguien duda de que si Zougam hubiera reconocido su participación en los hechos y declarado que Haski le encargó poner las bombas, Belhadj le dio el dinero para el atentado y El Egipcio supervisó todos sus pasos, los tres habrían sido condenados en vez de absueltos?

Lo que sí es cierto es que el secuestro de Marey habría sido posible sin la intervención de la cúpula del Ministerio y de hecho hay numerosos episodios anteriores dentro de la guerra sucia contra ETA fruto de ese «orden espontáneo» que en este caso se correspondería con el cabreo, frustración y agresividad de determinados sectores de las fuerzas de seguridad. Para que agentes de la policía o de la Guardia Civil cometan secuestros y asesinatos utilizando de manera aberrante los conocimientos técnicos que han adquirido durante su fase de formación y trayectoria profesional no hace falta, en efecto, ningún Gran Relojero. Pero ¿puede decirse lo mismo del mayor atentado de la Historia de Europa cuando la autoría material acaba de quedar atribuida a un grupo de fanáticos sin apenas antecedentes -hasta ese momento un grupo más bien contemplativo- en conjunción con raterillos de poca monta?

Es fácil decir eso de que aquí el más tonto hace relojes, pero cuestión diferente es ponerse a ello. El aserto de que «no hay reloj sin relojero» es, efectivamente, discutible cuando se utiliza como metáfora de los más diversos principios de causalidad, pero se vuelve irrebatible si lo aplicamos en su desnuda literalidad porque las piezas de un mecanismo sofisticado de precisión nunca se ensamblan solas. Y es que para poder consumar el 11-M, de acuerdo con la propia narración de la sentencia, alguien tuvo que fabricar previamente 14 «relojes de la muerte», convirtiendo los sistemas de alerta de los móviles en iniciadores de las bombas. Una idea tan simple como inabordable para un lego en la materia, como advirtió el tedax que desmontó el artefacto de la mochila de Vallecas.

ETA lo intentó varias veces sin éxito y si en julio de 2001 Trashorras y Toro -o más bien Toro y Trashorras- buscaban a alguien que supiera fabricar «bombas con móviles» es porque ni siquiera en los circuitos del hampa y/o el terrorismo abundaba ese know how. Es muy significativo que ni en Morata, ni en Leganés, ni en ninguno de los otros refugios de los islamistas se hallara ningún soplete ni restos del material necesario para efectuar las soldaduras de los bornes de los móviles con los cables de los detonadores. Como también lo es que cuando los escondidos en el piso de la calle Martín Gaite intentaron volar el AVE lo hicieran mediante un sistema mucho más rudimentario: eso implica que no eran ellos los que dominaban esa técnica y que habían dejado de tener acceso a quien les ayudó -y tal vez dirigió- con el trabajo.

¿Quiénes fueron los que montaron las bombas del 11-M? ¿Quiénes eran esos «europeos» que dijeron hablar en «búlgaro» mientras compraban los teléfonos que luego serían desbloqueados en la tienda de un policía? ¿Quiénes eran los extraños residentes en la casa de Morata en los días previos al atentado cuya identidad El Chino ocultó incluso a sus más estrechos colaboradores? Puesto que la sentencia ni siquiera intenta contestar a nada de esto, yo me inclino a pensar que no es que nuestro nuevo Viriato malagueño haya buscado engañar a todo el mundo al mismo tiempo, sino que -cabronada en la escenificación al margen- más bien ha tratado de impedir que nadie pueda fusilar ni ser fusilado por su postura en este asunto, no vaya a ser que el futuro nos depare a todos grandes sorpresas. Tal vez por eso mi balance final sobre su veredicto es que no me ha parecido ni bien ni mal, sino todo lo contrario.

Pues bien, decidamos insumisamente acatarla (¡vivan los oximorones!) con el planteamiento de algunas cuestiones. ¿Han dejado estos tres seres adornados con puñetas todo o casi todo claro, dadas las grandes incógnitas que les legaron el juez instructor del caso y su fiel Fiscalía? ¿O acaso han topado con al menos argumentos probatorios suficientes como para lograr que las víctimas quedaran satisfechas, los fiscales hallaran respaldo para sus acusaciones y el Gobierno y sus instituciones policiales se sintieran aliviados? Es decir, ¿han alcanzado el objetivo de que todo el mundo resultara razonablemente contento, siempre que naturalmente fuera ese uno de sus jurídicos objetivos? ¿Tutti o quasi tutti contenti? Es de temer que no, puesto que casi nadie parece estarlo.

Si la bolsa de Vallecas, la furgoneta Kangoo y otras presuntas pruebas hubieran sido rechazadas, ¿cómo se las hubiesen arreglado los tres togados para condenar a Zougam y a los demás? ¿Cómo hubieran podido justificar entonces el reparto de las indemnizaciones -muy justas por otro lado- a las víctimas? ¿Cómo hubieran podido anunciar a los bienpensantes la noticia de que ya podían dormir tranquilos, puesto que «la verdad» había quedado judicialmente asentada? ¿Cómo hubieran podido contentar a los partidarios de la especie que defiende que hay que mirar, prietas las filas como en otros tiempos, siempre al frente? Postura ésta tan aleccionadora por un lado como contradictoria por otro para quienes apoyaron la Ley de la Memoria Histórica.

Enhorabuena, pues, al Tribunal. Han hecho justicia, puesto que mucha gente pretendidamente justa se ha quedado justamente sosegada. Bien sabido es que no importan los medios, sólo los fines. ¿Y qué mejor que al fin todo vuelva a su lugar natural? ¿No somos acaso todos hermanos? ¿No nos unen a los españoles -incluso a los disidentes- más cosas que las que nos separan? ¡Pues claro que sí! Haya pasado lo que haya pasado, háyalo tramado quien lo haya tramado, lo único que de verdad interesa es la concordia, el buen talante, el buen rollo, la estabilidad a cualquier precio. Que aunque todo haya podido cambiar, que todo quede aparentemente igual. ¿Habrá un lema más progresista? Y para ello, ¡qué mejor que el poder no mude de manos, siempre y cuando se encuentre entre las más mañosas! Y nadie más capacitado estará para decidir cuáles son estas, que un pueblo adormecido, aunque sea con narcóticos.

Mas volvamos atrás. ¿A qué arriesgada tarea se enfrentaron los tres magistrados? Nada más y nada menos que a la de la caza del Snark, esa huidiza criatura, cuyo peligroso intento de captura tan bien describió Lewis Carroll con sonoros y originales versos. Ahora bien, los que conocen el poema -cuya lectura es muy de recomendar (sería de aconsejar, por cierto, que los tres jueces estudiasen con detenimiento el Paroxismo (Fit) sexto, de los ocho de los que consta la epopeya, de título El sueño del abogado o, en su versión original, The Barrister¿s Dream)- saben que nada es más difícil de atrapar que un Snark «aunque lo busquen armados de dedales, lo busquen con cautela, lo persigan con tenedores y esperanza, aunque amenacen su vida con una acción del ferrocarril y aunque lo atraigan con sonrisas y jabón», descripción ésta no muy lejana de cómo en gran medida se condujeron en Madrid las pesquisas policiales.

Pero, ¿cuál es la dificultad y el peligro inherentes a la proeza de apresar un Snark? En primer lugar, que tal ser es muy esquivo; en segundo, que aquél que crea encontrarlo pueda él desaparecer también, dado que el tal Snark puede no ser sino un Boojum (o Bujum, para entendernos mejor), en cuyo desgraciado caso, «dulce y repentinamente» se esfumará el descubridor también. ¿No es tal amenaza como para poner los pelos de punta?

¿Con qué elementos contaban los tres arriesgados magistrados para localizar la guarida del Snark? Igual que en el poema sucedía, «disponían de un gran mapa que representaba el mar, sin los menores vestigios o mención de tierra alguna», pues «¿para qué los polos, los ecuadores, los trópicos y los meridianos? ¡Son meros signos convencionales!». En su caso el asunto resultó aún peor, en su mapa figuraban tierras que en ninguna parte se hallaban. No es de extrañar entonces que su navegación fuera de lo más accidentada. No obstante, a un lugar llegaron que prometía ser idóneo para iniciar su exploración, cuya vista sin embargo a ninguno placía, pues coronado de altos riscos y profundas gargantas se mostraba. No es de sorprender que los tres exploradores por momentos «se estremecieran al pensar que la caza pudiera ser un fracaso». Mas el buen ánimo pronto recobraron.

Muchas huellas hallaron de su pieza. Numerosos restos de sus hazañas acumular lograron. No obstante una duda siempre les embargaba, ¿serían de su perseguida presa esos vestigios o quizá de otras criaturas que en aquel paisaje horrendo habían dejado sus terribles huellas? ¡Si capturasen al Snark, todo se había de aclarar! ¿Cómo la aventura acabó?

En lo alto de un risco, al pie de un abismo se erguía sublime una brava figura, era la de una fiscal. A los tres pares de oídos judiciales llegó el sonido de su triunfante voz: «¡Es un Snark!» Temieron todos fuera el anuncio demasiado bello para ser verdad. En efecto, unas ominosas palabras les pareció a continuación escuchar, «¡Es un Bu…!». Luego, silencio. Siguió después un suspiro que sonó como «…jum». Los jueces rebuscaron por todos los sitios, pero no hallaron «ni un botón, ni una pluma, ni un indicio que permitiese afirmar que hollasen el terreno donde [la fiscal] había encontrado al Snark». ¡Ambos se habían desvanecido!

¿Dónde pues se oculta el Snark? ¿En qué guarida se esconde quien tanto daño causó? Si tres hombres buenos no lo han podido encontrar, ¿qué valiente, sin que sea «dulce y súbitamente» fulminado, lo logrará?

Las sentencias penales se fundamentan en la verdad material, narran lo que está obje- tivamente probado que ocurrió, no lo que creen los jueces que ocurrió, ni lo que parece que ocurrió.

No existe, por tanto, la verdad judicial, sino la única verdad constitucionalmente posible sobre la comisión de un delito, que es la que está objetivamente probada en una sentencia. Cuando los jueces condenan a alguien por homicidio, por ejemplo, lo hacen porque existen pruebas objetivas que demuestran que, más allá de toda duda, realmente mató a la víctima. No es que lo crean así los jueces, o que parezca que la mató, sino que, salvo prevaricación, existen pruebas objetivas de que lo hizo.

La sentencia del 11-M establece, por tanto, lo que está probado que ocurrió y quiénes intervinieron en los hechos.

Pese a que el Tribunal Supremo puede volver a valorar las pruebas, mientras tanto no hay más verdad que la que narra la sentencia de la Audiencia Nacional, y después de la sentencia del Tribunal Supremo no habrá más verdad en cuanto a los hechos que la que allí se confirme o establezca.

El acatamiento de las resoluciones judiciales significa que la verdad sobre los delitos y sus responsables es exclusivamente la que establecen los jueces tras un proceso justo y conforme a las pruebas objetivas existentes.Quienes pretenden sustituir la única verdad constitucionalmente posible sobre los hechos del 11-M y sus responsables por su propia verdad, se sitúan fuera de la Constitución, porque, pese a lo que digan, no acatan la sentencia.

Otra cosa es la crítica legítima sobre la valoración de las pruebas hecha por el tribunal, valoración sobre cuya corrección se pronunciará el Tribunal Supremo cuando resuelva los recursos. La crítica seguirá, entonces, siendo legítima, pero, al igual que ahora, deberá partir del acatamiento de la sentencia, es decir, de que lo en ella narrado será la única verdad sobre lo que ocurrió el 11-M y sus responsables. Además, no existen las sentencias penales abiertas. Los jueces y tribunales tienen la obligación legal de resolver en las sentencias todas las cuestiones que han sido objeto del juicio.

En consecuencia, si una acusación planteó que ETA intervino en el 11-M y lo intentó probar, la sentencia tenía necesariamente que resolver esta cuestión y así lo ha hecho, explicando que no existe una sola prueba de su intervención.

Pese a la claridad de la sentencia a este respecto, algunos siguen manteniendo que el tribunal ha dejado abierta la “autoría intelectual”, pero esto no es verdad. En la sentencia sólo se atribuye a unas acusaciones no

identificadas la imputación a El Egipcio de la “autoría intelectual” del 11-M, pero acto seguido el tribunal niega que existan pruebas al respecto. En ningún momento, la sentencia deja abierta o sugiere que pueda haber inductores o autores ajenos a los integrantes del grupo de Leganés.

Llegamos, así, a un asunto central, a saber, el de la pertenencia a células o grupos terroristas yihadistas, que en la sentencia fundamenta, entre otras decisiones, la absolución de El Egipcio por haber sido condenado en Italia anteriormente. Al margen de que el Tribunal Supremo deberá resolver sobre la clara improcedencia de esta absolución por bis in idem si se confirma que no existe condena firme en Italia, porque, entonces, no hay cosa juzgada, lo preocupante es que en la sentencia se establece la identidad entre los delitos de asociación ilícita por el que El Egipcio ha sido condenado en Italia y por el que debería haberlo sido en España. Esta identidad se basa sólo en que en ambos casos se trata de “células yihadistas”, ya que el argumento añadido de que en la sentencia italiana “se habla de los atentados de Madrid” carece de la concreción necesaria para probar un vínculo entre las células de Milán y Leganés.

La sentencia establece, así, el precedente peligroso de que la mera afinidad ideológica yihadista permite considerar probado que los integrantes de diversos grupos, incluso en países diferentes, forman parte de una misma asociación terrorista, aunque no sea Al Qaeda. El argumento es preocupante, porque implica que una vez condenado en firme un integrante de uno de estos grupos, no puede volver a ser condenado por su pertenencia a otros grupos también yihadistas. La primera condena firme por asociación terrorista yihadista se convierte, así, en un escudo protector que le garantiza impunidad por las sucesivas integraciones en otros grupos yihadistas de cualquier parte del mundo.

Es urgente, pues, que nuestros tribunales entiendan que el terrorismo yihadista como el que causó la masacre de Madrid no suele seguir el esquema de una organización vertical, que es característico de otras organizaciones terroristas, sino el de grupos autónomos que no obedecen órdenes de personas u órganos transnacionales o nacionales, ni necesitan su apoyo logístico o económico para planear y ejecutar sus crímenes.

Por el mero hecho de ser yihadista, el grupo terrorista de Leganés no tiene por qué formar parte de la misma organización que el de Milán, ni éste que los de Casablanca, Pakistán o de cualquier otra parte del mundo, incluso si actúan dentro del mismo país. Más allá de Al Qaeda, el yihadismo suele estar formado por grupos dispersos sin una estructura común. En consecuencia, la condena firme por delito de asociación terrorista de un integrante de un grupo como el de Milán, no implica que esa misma persona no pueda ser condenada por su integración en otro grupo del mismo signo ideológico, aunque diferente, como el de Leganés. Sin prueba de su estructura común no hay identidad de hechos ni, por tanto, vulneración de la prohibición de penar dos veces lo mismo.

Otro tema cuya revisión es urgente es la interpretación del delito permanente, que suele aplicarse al de asociación ilícita. La absolución de El Egipcio por el delito de asociación terrorista también se apoya en la sentencia en su naturaleza de delito permanente. Esto quiere decir que es un delito que se perpetúa en el tiempo y que cualquier condena firme por este delito impide que la misma persona pueda volver a ser juzgada por pertenecer a la misma asociación terrorista. Quien, como El Egipcio, según la sentencia, se ha integrado en una asociación terrorista yihadista continúa cometiendo a perpetuidad el mismo delito y no puede, por tanto, volver a ser penado por pertenencia a ese grupo sin infringir la prohibición de penar dos veces lo mismo.

Ha llegado la hora de revisar esta interpretación. El delito de asociación terrorista está penado porque la mera integración en esa clase de grupos implica un peligro para la sociedad. Lo razonable es que los condenados en firme por este delito no puedan volver a ser penados por el mismo delito mientras están cumpliendo la pena impuesta, porque los poderes públicos pueden y deben neutralizar el peligro para la sociedad mientras tanto. En eso debe consistir la permanencia del delito, que no es lo mismo que su perpetuidad.

No es razonable que quien ha sido condenado en firme por integración en asociación terrorista no pueda volver a ser penado por el mismo delito si existen pruebas de que ha vuelto a integrarse en la actividad del mismo o de otro grupo u organización tras el cumplimiento de su condena, porque, en tal caso, ha vuelto a crear un riesgo frente al que la sociedad necesita protegerse de nuevo.

Una vez que finalice el plazo para recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, el trabajo realizado como fiscal por los atentados terroristas cometidos en Madrid y Leganés en 2004 habrá terminado para siempre. En el largo tiempo transcurrido desde aquel triste 11 de marzo de 2004, muchos acontecimientos, demasiados, han sucedido en la vida de España llenando de incertidumbre y desasosiego las vidas de los que sobrevivieron.

Las diferentes instituciones del Estado que hemos participado en la investigación de lo ocurrido (Juez Instructor, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Ministerio Fiscal) hemos soportado con mucho estoicismo el ataque virulento que diariamente se ha llevado a cabo por medios de comunicación de todos conocidos, que a la postre siempre obedecían intereses privados. Los ataques procedentes de algunos representantes de la soberanía popular o aspirantes a ello, democráticamente elegidos en las urnas, eran del todo punto inadmisibles.

Más allá de apoyar a las instituciones del Estado que trabajan por y para todos los españoles, estos representantes de la soberanía han tenido una visión minúscula y partidista de la labor que hemos realizado, con numerosísimas dificultades -que no es cuestión de enumerar en este momento-, en una soledad casi dañina, sin pensar nunca que nuestra única meta -el único fin de nuestro trabajo- era conocer la verdad judicial. No la política, periodística o mediática, que interesara a unos pocos, porque no es ése nuestro trabajo ni responsabilidad. Nuestro objetivo siempre fue recuperar la memoria de las personas que quedaron para siempre en el camino. Nuestro pensamiento siempre estuvo puesto en la cantidad de familias rotas por el dolor, su dolor.

Como en parte tuve ocasión de decir al final del juicio, la dignidad de los afectados y la memoria de las víctimas no han sido merecedoras del tratamiento dado en algunos medios de comunicación por personas que, a lo mejor, en su momento, pudieron aprobar la carrera de periodismo, pero que no tienen la altura y grandeza de una profesión tan importante en una sociedad democrática como la nuestra.

Estas personas han escrito o hablado a través del micrófono, sobre aspectos de la investigación que se pueden calificar de insultantemente espurios, con un interés crematístico ilimitado, con pretensiones de moralidad cuando ignoran el significado de esta palabra, con un desconocimiento preocupante de los datos jurídicos que alegremente utilizaron.

Son habladores o “plumillas de estómago agradecido” que han hecho bandera del insulto y la descalificación hacia algunos de los que hemos tenido el honor de servir a nuestros conciudadanos, todos funcionarios públicos, que desde aquel día hemos trabajado hasta el desvelo por y para la sociedad en general. Un día, aquel 11 de marzo, de gente abrumada y con una pena infinita por la masacre que acababa de ocurrir, por el terror sin límites que se ensañó con los inocentes. Un día terrible de caos, de colapso circulatorio. Desde entonces hemos venido realizando nuestro trabajo de forma honesta.

Y ha sido una labor incesante, con demasiadas renuncias desde la comisión de aquellos hechos execrables, por nadie buscados (nadie de bien) y por todos encontrados de forma tremendamente abrupta.

Como dice nuestro refranero, que es muy sabio, la “ignorancia es muy atrevida y normalmente da la mano a la osadía”, y se habla, opina, debate, discute y analiza con frecuencia de lo que se desconoce con una ligereza preocupante. Si bien, siguiendo con la sabiduría popular, “el tiempo pone a cada uno en su sitio, y da y quita razones”. Véase el contenido y fallo de la sentencia n.º 65/07 de 31-10-07.

Ha sido algo absolutamente repugnante, nauseabundo y mezquino. En última instancia, la investigación de aquella atrocidad, penosa no sólo por la carga de trabajo sino emocional, ha servido para poder desentrañar parte de lo ocurrido y dar la respuesta correspondiente a la sociedad del trabajo que se realiza en los tribunales, aquí dentro -en estrados- y no fuera, en otras instancias. Y, sobre todo, ha sido una satisfacción trabajar y luchar con y por personas que merecen la pena, compartir con ellos buenos y malos momentos, aproximar la frialdad de nuestras togas -que muchos así perciben- a los perjudicados-afectados-víctimas… Intentar explicarles, de la manera más sencilla, que a las personas hoy condenadas que cometieron y participaron en aquella felonía, se les exigen las responsabilidades correspondientes establecidas en nuestra legislación, sin venganza, sólo y únicamente con la aplicación estricta de la ley, aprobada democráticamente por los representantes en nuestro Parlamento. Ésa es nuestra diferencia y nuestra grandeza; pero sobre todo, y como ya dije al finalizar mi exposición en el juicio, transmitir a cada uno de los familiares de los fallecidos “que sus seres queridos, los que se fueron, no morirán del todo mientras los tengamos en nuestros corazones y no los olvidemos”. Desde la pequeña Patricia Rzaska hasta el más veterano de los fallecidos, don Rafael Serrano López. Y al resto de los afectados -heridos no sólo en el alma, todavía hoy aquejados de secuelas tan terribles- decirles que seguiremos con ellos en su recuperación física y anímica. Es hora, finalmente, de que el respeto y la tolerancia, base de nuestra convivencia, se instalen para siempre entre todos los españoles. Probablemente con ello se eviten otras agresiones.

Nuestro trabajo (el del juez, la Policía, la Guardia Civil, los funcionarios del juzgado), mi trabajo, vocacional, siempre merecerá la pena, aunque ni siquiera, ante tanto exabrupto, nuestros propios compañeros -en mi caso sólo de escalafón-, algunos asociados, se hayan acordado de nosotros.

La justicia humana, por más que se administre con el mayor empeño de equilibrio y reparación y dicte incluso sentencias de miles de años de prisión, será siempre imperfecta y comportará factores objetivos de frustración para unos y otros, además de una sensación de fracaso, porque nada puede extinguir la aflicción de una madre ni mitigar su duelo.

Pienso en los cientos de familias víctimas de los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid, como en las de Londres o Casablanca. El terrorismo, más allá de su espiral incontrolable e imprevisible, sigue siendo el azote que atormenta a las democracias y a ciertos países en desarrollo.

Oímos hablar de morir en la guerra desde la aparición del ser humano sobre la Tierra. Batirse por la propia tierra usurpada o la propia casa destruida es legítimo, sea cual fuere la ideología en cuestión. Pero morir en un tren, un café o un autobús sin ser soldado ni beligerante constituye ciertamente tal grado de novedad que el espíritu racional y los defensores de la modernidad se sienten impotentes.

El gran cambio de rumbo de la relación entre la vida y la muerte aconteció el día en que un anciano senil logró convencer a unos jóvenes de que renunciaran al instinto de vida y lo sustituyeran por el de muerte. Pero no una muerte cualquiera, sino una muerte que pasa por uno mismo y que traspasa, a continuación, el máximo número de personas cuya falta o error consiste en estar ahí en el momento en que el tránsito de un instinto a otro tiene lugar en una especie de trance; o, mejor dicho, en la calma y serenidad que proporciona el deber cumplido. El hecho de dejar de tener la misma percepción del cuerpo que respira, vive y espera ha trastocado los datos de la nueva guerra, la guerra innombrada, la guerra que se libra de manera invisible, la guerra que actúa por sorpresa, la guerra que golpea personas inocentes y cosecha de ello orgullo y arrogancia.

Si se ofrece una vida con tal de suprimir cientos de otras vidas, significa que sentimientos universales como son el miedo y la lucha por la vida – para conservar el cuerpo intacto y el espíritu saludable- se han deslizado desde un modelo de normalidad en dirección al espíritu de sacrificio de carácter mortífero. Cabe considerarlo desde la perspectiva de una patología rara, pero tal enfoque no nos ayudará a progresar. Se trata de una revolución que Occidente no había previsto y contra la que no puede luchar con eficacia. Se ha intentado todo para explicar el gesto de estos jóvenes que se convierten en bombas humanas haciendo estragos. Se ha dicho que el problema obedece a las chabolas de los suburbios y sus condiciones de vida miserables. Pero luego ha podido comprobarse que jóvenes de familias acomodadas, con estudios y sin frustraciones importantes, se han lanzado entre el gentío con explosivos atados al cuerpo. Se ha dicho que la razón de los atentados es el propósito de borrar las humillaciones que sufre el mundo musulmán. Y resulta que las primeras dianas dentro de una mezquita corresponden a musulmanes. Se ha dicho que hay que buscar la razón de los atentados en la venganza contra Israel que ocupa los territorios palestinos y pisotea los símbolos del islam. Se ha visto cómo palestinos de Hamas mataban a otros palestinos con los mismos métodos que las bombas humanas.

En consecuencia, ¿qué hacer?, ¿qué pensar? Cabe analizar el fenómeno desde la perspectiva política, religiosa, psicológica…

Da igual, nos quedaremos con las ganas.

Retendré aquí la noción de transferencia: el instinto de muerte expulsa el de la vida y se convierte en motor de ésta. La vida ya no está ahí, ya no es lo que es para las personas digamos normales;la vida se esfuma en el interior de la cabeza del futuro kamikaze y el goce que extraerá de ello es de carácter virtual; es experimentado de manera anticipada durante el lapso de tiempo necesario para prepararse para convertirse en un suicida-asesino. Vivirá en efecto tal goce intensamente, convirtiéndolo en una razón para abandonar este mundo aureolado por el mayor número posible de víctimas y más si cabe teniendo en cuenta que tales víctimas no son seleccionadas previamente, sino elegidas por el azar del anonimato.

Ahí radica el placer: el futuro suicida-asesino se paseará por la localidad, visitará los lugares de su próxima hazaña y se tomará por Dios. Es decir, se tomará por quien decide quitar la vida a unos y otros, quien decide dañar de por vida la existencia de un transeúnte a quien su acción arrancará una pierna o un brazo, dejará huérfano o morirá a la larga a consecuencia de las heridas recibidas. Actitud, ciertamente, más bien propia del reino de la fantasía y la magia.

Este asesino ya no puede encuadrarse en el esquema de la venganza o del robo para vivir; se halla en la misma entrada de las esferas de la divinidad que hacen de él un ser excepcional confiriéndole un estatus de los más excepcionales que general alguno ha alcanzando nunca si se exceptúa a Hitler y sus colaboradores, que planificaban la ejecución de millones de seres humanos cuya falta había sido nacer judíos o gitanos.

El suicida-asesino gozará del estado descrito mientras llegue el momento de trasladarse a otro lugar, allí donde ni ustedes ni yo sentimos deseos de ir en seguida. Extinto pues el miedo a la muerte, es como si se tratara de la muerte de Dios; entonces todo es posible y, en ocasiones, este posible se reviste de algunas referencias pseudorreligiosas que borran las pistas que persiguen investigadores y políticos.

Afortunadamente, no todo es perfecto. Existe el fracaso. Existe el palo en las ruedas que trastoca el rumbo de las cosas. Existe la vigilancia de la población, como ha sido el caso de estos últimos años en Marruecos, donde los aspirantes a la matanza fueron detectados por transeúntes o policías atentos. ¿En qué queda entonces la famosa transferencia? Porque no funciona. El instinto de vida recobra su lugar y sus derechos, y la bomba humana vuelve a ser un ser cualquiera, trivial, que tiene miedo y hambre, que quiere hablar con su familia, que jura que no volverá a empezar, etcétera. La vida, incluso los remordimientos y la moral, vuelven a visitarle.

La sentencia de Madrid sobre el 11-M no disuadirá ni amilanará a nadie. Quienes se aprestan a ejecutar acciones suicidas y asesinas se sitúan más allá de todo lo dicho en este y ante este tribunal. En último extremo no reconocen siquiera a los condenados por el tribunal de Madrid. No son sus hermanos de lucha. Son criminales porque han sido capturados. Han perdido el precioso instinto de muerte y se han convertido en personas normales. La prueba es que ninguno de ellos se ha dado la muerte en la cárcel e incluso algunos han vertido lágrimas porque no comprenden lo que les sucede. El instinto de muerte no soporta la derrota, la duda, el fracaso. Debe reservarse a los hombres superiores y no a cualquier golfo. Hay que merecerlo y llegar hasta el final de esta lógica infernal que devora cuanto toca.

Pero existe una paradoja: es menester haber sido lo bastante débil (y, por tanto, manipulable) para convertirse en un “hombre superior”. Aunque la contradicción no es absoluta: prosigue la lógica de la matanza. Cada uno de nosotros debe saberlo y permanecer vigilante.

Mártires. Consummatum est. Ya están en los altares los 498 nuevos beatos españoles. En Roma, por suerte, se guardaron bastante las formas. El Papa fue prudente. Vimos a Moratinos apaciblemente de rodillas al lado de Francisco Vázquez, nuestro embajador en el Vaticano. Hasta Martínez Camino tuvo alguna reacción sensata o diplomática frente a un grupo de ultras ondeadores de banderas preconstitucionales y proferidores de insultos. Ahora bien, se trataba de un acto muy excluyente, con olvido total de los muchos creyentes asesinados por los sublevados, entre ellos numerosos religiosos, sobre todo vascos.
Enhorabuena, por ello, a los católicos de Redes Cristianas, quienes, en el manifiesto publicado antes de la multitudinaria efemérides, señalaron que las beatificaciones les parecían muy inoportunas cuando la Iglesia aún no ha pedido perdón por la “posición beligerante” adoptada durante la contienda fratricida por la jerarquía eclesiástica. Jerarquía que proclamó, para más inri, que la sublevación era una “cruzada” contra los “sin Dios”. “Olvidar a los miles de maestros, sacerdotes, obreros, dirigentes, políticos, etcétera, que murieron víctimas de la represión franquista no solo es una injusticia –insiste el manifiesto–, sino que hace imposible la reconciliación y la paz”. Palabras mayores.
Razonando que la fecha de las beatificaciones no tenía nada que ver con el calendario político, el cardenal Rouco ha manifestado por su parte que a los nuevos beatos “tenemos que pedirles que intercedan por España, para que el bien de la reconciliación no se vea quebrantada por las circunstancias de España”. Hay que ser un cínico redomado para decir esto, ya que, si el país anda hoy asaz crispado, gran parte de la culpa le corresponde a los obispos, tan empeñados en que España se disgrega y en que la asignatura de Educación para la Ciudadanía es expresión nada menos que del “mal”.

MEMORIA. La Iglesia ha declarado a lo largo de la legislatura estar en contra de la ley de la memoria histórica, alegando que iba a reabrir las heridas de la guerra civil. ¡Ellos, que nada más proclamarse la República ya estaban en contra de la misma y que luego tuvieron la actuación que tuvieron! Hay que puntualizar, con todo, que Ricardo Blázquez no es ni Rouco ni Cañizares, y que sabe dialogar. “Comprendemos que otros quieran hacer por el estilo de lo que nosotros hacemos”, ha dicho el presidente de los obispos en alusión a dicha ley. Está bien.
La ley es ya casi un hecho, y hay que agradecer, una vez más, el apoyo catalán. Pese a las objeciones que todavía se le pueden hacer, creo que se ha dado un gran paso en adelante en una sociedad que en su momento optó por no romper tajantemente con el pasado y proceder por la vía del pacto a la consecución pacífica de una monarquía constitucional.
Por lo que toca al detestable Valle de los Caídos, es de desear que los restos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera sean devueltos pronto a sus familiares. ¿Y la desmesurada cruz del lugar? Sin duda sería demasiado esperar que un día la Iglesia entonara delante de ella su mea culpa, para que, de verdad, el monumento pudiera aludir a una verdadera reconciliación nacional. Entretanto, habrá que seguir pidiendo a la jerarquía que, por favor, trate de ser un poco más respetuosa con la historia.

MENTIRAS. Si el PP hubiera dicho el 11 de marzo que todo indicaba que los responsables del atentado eran los yihadistas, tan abiertamente hostiles a España aun antes de Irak (recordemos el aviso de Casablanca, la muchas veces expresada añoranza de Al Andalus, la rabia por la expulsión de los moriscos), es probable que hubiesen ganado las elecciones. Pero optaron por insistir en que la culpable era ETA, sin pruebas; por informar a periódicos y embajadas en este sentido; por llamarnos a los que no nos lo creíamos “miserables” (Acebes a las 13.30 horas del día 11), y luego por elaborar y mantener, a lo largo de la legislatura, la tesis conspiratoria. Con ello han envenenado estos cuatro años.
Y, lo más grotesco, siguen actuando como si sus palabras no estuviesen en las hemerotecas y en las grabaciones de sus comparecencias televisivas y radiofónicas. ¿Có- mo pueden tener la cara de proclamar ahora, después de la sentencia, que el partido “nunca ha mantenido la teoría de la conspiración”, y de seguir con la insinuación, ¡todavía!, de que detrás estaba ETA? Se trata de una de las grandes mentiras de la historia española, equiparable con la de la “Reconquista” y la de que los musulmanes y judíos expulsados y perseguidos no fuesen tan “españoles” como los cristianos.

POR SUERTE empiezan a abrirse fisuras en la fachada de la contumacia. En Paterna (Valencia), donde fueron fusilados unos 2.000 republicanos después de la guerra, el alcalde popular ha rectificado, después de un tropiezo, y dicho palabras aceptables. Y acabamos de ver la valentía de los diputados Nebrera y López-Medel, cuyos durísimos artículos, publicados en este diario, han provocado el histérico rechazo de su partido. Si siguen manteniendo los dirigentes del PP que ETA es el último responsable del 11-M, puede haber una desbandada. Yo lo espero anhelante.

Si hubieran matado a mi hijo, la justicia que yo esperaría recibir sería como sigue. Me gustaría que la policía detuviera a sus asesinos a partir de indicios y pistas fiables originados en la comisión del crimen. Me gustaría que durante su detención fueran tratados humanamente, como sospechosos y no como culpables. Me gustaría que un tribunal independiente les otorgara oportunidad de defenderse como ellos estimaran más conveniente. Me gustaría que la ley que se les aplicara no fuera una prerrogativa personal de nada ni de nadie: ni del juez, ni del gobierno, ni mía, ni de cualquier otro familiar de la víctima, ni de ninguna religión, tradición milenaria, creencia establecida o similar. Me gustaría que fuera una ley previa, escrita con tranquilidad y anterioridad a los hechos e ideada como solución legal óptima para el caso en cuestión por un grupo de personas elegidas por todos los ciudadanos para ese menester.

Si hubieran matado a mi hijo, me gustaría que las pruebas presentadas en el juicio implicaran lógica y necesariamente que, en efecto, son los acusados que se sientan en el banquillo los asesinos de mi hijo. Y me gustaría entender esas pruebas, para que no me cupiera así duda razonable de que ni son inocentes aquellos a los que se castiga, ni permanecen libres los asesinos de mi hijo.

Por eso, si hubieran matado a mi hijo el 11-M creo que, en lo relativo a mi idea de justicia y al funcionamiento del Estado de Derecho, tendría hoy motivos para sentirme reconfortado. En lo relativo al comportamiento de algunos conciudadanos, sin embargo, estaría lejos de sentir tal alivio.

Si hubieran matado a mi hijo, agradecería el calor y el cariño de los míos. De los más cercanos -la familia, los amigos- primero; y, después, de todos los que dicen formar parte de mi gente, de mi país o de mi patria, como ustedes prefieran. Sabría o creería saber que, en cuanto víctima, se me debe ante todo compasión, reparación y justicia. No sospecharía que nadie -al menos nadie de mi gente, de mi país o de mi patria, como ustedes prefieran- iba a regatearme el derecho casi sagrado que albergo a conocer quiénes fueron los que extirparon su vida. Sabría o creería saber que nadie iba nunca, bajo ningún concepto, a inmiscuirse en la tarea de la administración de la justicia persiguiendo no tanto aclarar quiénes mataron a mi hijo -para posibilitar así que yo reciba la justicia que merezco- como abordar otras empresas movidas por impulsos muy otros: ganar unas elecciones, perjudicar al rival, vender más periódicos.

Si hubieran matado a mi hijo, a todos aquellos que en vez de acompañarme en mi duelo y apoyar a las administraciones de seguridad y de justicia (cuyos miles de funcionarios no pertenecen a ningún partido, que yo sepa), a todos aquellos que, en vez de a eso, que no sólo era muy sencillo, sino que además era sencillamente su deber, se han dedicado a airear, emitir, publicar y expandir las hipótesis más extravagantes a lo largo de estos tres años -hipótesis que difícilmente podían estar movidas por el impulso del conocimiento de la verdad y por tanto por el deseo de hacer justicia, pues todas han resultado falsas y muy sospechosamente lo único que las unía era que apuntaban a ETA y beneficiaban las tesis políticas, no penales, de sus propaladores-, a todos aquellos Jiménez Losantos, Del Burgo, Acebes y demás les pediría que ahora hicieran algo muy sencillo, muy obvio y muy elemental: que volvieran a sus radios, a sus escaños y a sus editoriales y, con idéntica intensidad y pasión, rectificaran todos y cada uno de los datos y las interpretaciones que, en su día, se encargaron de vociferar y que hoy sabemos que son lisa y llanamente falsos. Y que pidieran perdón por su, digámoslo así, exceso de celo.

Porque si hubieran matado a mi hijo y ellos no tuvieran ahora el mínimo gesto de reconocer todos los errores y todas las conjeturas fallidas, entonces tendría que deducir que nunca persiguieron aclarar la verdad para hacerme así justicia, sino únicamente manosear mi desgracia en su propio beneficio. Y al desconsuelo irreparable de mi pérdida tendría que añadir ahora el dolor y la amargura de saberme utilizado, y nada impediría ya que no pudiera considerarles más parte de mi gente, de mi país o de mi patria, como ustedes prefieran.

(A Pilar Manjón y a todas las víctimas, con cariño y con vergüenza).

La sentencia del 11-M es modélica: examina los hechos que sucedieron, no los que pudieron haber sucedido y los ordena con criterio lógico para servirlos en prosa inteligible, antes de establecer las responsabilidades y sus penas. El fallo podría haber sido tan aceptable para el Gobierno como para la oposición, a condición de que el primero renunciara a la guerra de Irak como explicación de los atentados y la segunda descartara las teorías conspirativas y la participación de ETA. No ha podido ser. Da la impresión de que el PSOE no renuncia a reeditar aquella jornada de reflexión y pasar al cobro otra vez la misma letra, por si cuela. El PP, por su parte, muestra una querencia irrefrenable por colocarse en el espacio que más le perjudica.

El asesor del Ministerio del Interior en cuestiones de terrorismo, Fernando Reinares, había distinguido en diciembre de 2004 la causa de la excusa y desaconsejaba la creencia en conspiraciones complejas: «En este momento, hay dos circunstancias que están impidiendo que exista esa debida concienciación social y esa debida cobertura institucional. Una de ellas es la idea de que lo que ocurrió el 11 de marzo es una consecuencia de la guerra de Irak. Yo creo que esto no es así. La amenaza genérica contra España es muy anterior, la amenaza específica se materializa probablemente a inicios del año 2000. ( ) La segunda idea que se debe desechar es insistir en relacionar a Marruecos con la masacre y en que «al final, detrás de todo hay una relación de ETA o se encuentra ETA». (15-12-2004)

La guerra de Irak como causa había sido esgrimida ya tras los atentados de Casablanca, por el entonces jefe de la oposición, por el secretario de Organización del PSOE y por quien había sido presidente del Gobierno, Felipe González: «Aznar debe (de) ser la única persona de España que no ve relación entre los atentados y la guerra de Irak», dijo en un mitin de su partido durante la campaña de las elecciones municipales. Zapatero, ya de presidente, volvió a aludir a la guerra de Irak como causa del aumento del riesgo de atentado islamista (13-12-2004), aunque su acreditado relativismo le llevó a afirmar lo contrario durante su visita a Tony Blair, unos días después de los atentados de Londres: «Más allá de las posiciones y decisiones que cada país haya tomado sobre lo que fue la intervención militar en Irak, sí quiero decir que el riesgo es global, como acabamos de ver por el atentado en Egipto» (27-7-2005).

Tras la sentencia, el presidente del Gobierno ha mantenido una posición institucional, que debió ser seguida esa misma mañana por el líder de la oposición. De ahí para abajo todo ha ido a peor: el secretario de Organización del PSOE ha repartido sambenitos de «autor intelectual», «autor material» y «colaboradores necesarios» entre los dirigentes del PP, eso que el necesario laconismo del ‘sms’ sintetiza en: «Aznar, asesino». El ministro del Interior invitaba irónicamente a Rajoy a repetir: «ETA no ha sido», una frase que nadie pronuncia como él, tras haberla ensayado tantas veces durante el llamado ‘proceso de paz’.

Cuesta más entender lo de Rajoy, su innecesaria predisposición a apoyar investigaciones «sin límites» tras una sentencia que implícitamente declaraba insatisfactoria con esas palabras. Ya fue incomprensible que él mismo pidiese una comisión de investigación en el Congreso, aquellos ocho meses de pimpampún. ¿Para qué? La función de tal órgano no era otra que depurar responsabilidades políticas y el PP las había depurado hasta perder las elecciones.

No fue sólo por el atentado. La desastrosa gestión de aquella crisis merece capítulo aparte. Creo firmemente que Acebes no mintió, que aquellos tres días fue sólo un ministro desarbolado por el pánico, que trataba de empujar los hechos hacia el lugar en el que menos daño hacían. No trató de ocultarlos. Los dio a conocer en tiempo real (una imprudencia) y en sólo 72 horas la Policía detuvo a la práctica totalidad de los autores materiales que han sido condenados en la Casa de Campo. Los absueltos fueron detenidos después.

No tendría que dar facilidades para otra campaña como aquella. Nunca debieron estirar más allá de toda demostración posible teorías conspiratorias que tampoco les llevaban a ninguna parte. Supongamos la más paranoica de las hipótesis posibles (e imposibles): que unos terroristas islamistas en UTE (unión temporal de empresas) con ETA y en connivencia con mineros asturianos, guardias civiles, agentes marroquíes y militantes del PSOE urdieron la masacre para desalojar al PP del Gobierno. El ministro del Interior habría incurrido en una responsabilidad política por incompetencia más que notable. Esa versión arruinaría un balance muy positivo de los gobiernos del PP en su lucha contra ETA y, finalmente, no le beneficiaría ante la opinión pública. El personal muestra más simpatía por el payaso que da las bofetadas que por el que las recibe. Es un rasgo de carácter.

Aunque por antiguas razones profesionales he tenido relación con su dinámica e inteligente esposa -todos aguardamos con expectación su seguro best seller sobre cómo el gran hombre dirigió el megajuicio y fue gestando la sentencia-, debo ser el único periodista de cierto relieve que jamás ha intercambiado palabra alguna con Javier Gómez Bermúdez. En plena vista oral del 11-M un amigo común me propuso organizar un encuentro privado con él, alegando que mantenía múltiples contactos con muy diversos creadores de opinión. Aunque, como digo, esto me consta al menos desde la etapa en la que consiguió movilizar apoyos judiciales y mediáticos contra la ofensiva desatada para privarle de la plaza de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, a base de vincular sus argumentos técnicos con su idoneidad para conducir el juicio por el 11-M, yo respondí que prefería dejarlo para después de la sentencia, pues no quería correr el menor riesgo de que, caso de coincidir ésta con nuestras tesis, alguien pudiera inventar una nueva «conspiración» como aquella en la que me metieron con Garzón, Cascos y Amedo.

Pese a que la asignatura queda, pues, pendiente -reconozco que mi curiosidad se debilita cuando todo el mundo lee un mismo libro o ve la misma película-, dispongo, sin embargo, de los suficientes testimonios de referencia sobre su personalidad como para estar convencido de que si Yaveh se le hubiera aparecido durante la hora del sueño y le hubiera dicho: «Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré», Javier Gómez Bermúdez no habría dudado en responder: «Dale a tu siervo un corazón prudente para poder discernir entre lo bueno y lo malo». Y Yaveh, muy complacido por tal demanda, le habría contestado: «Ya que me has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para obrar con justicia, hago como me has dicho. Te doy un corazón sabio y prudente, como no ha habido antes de ti, ni lo habrá después».

Así es como describe la Biblia, en el tercer capítulo del primer Libro de los Reyes, la conversación que el Dios de Israel mantuvo en la colina de Gabaón próxima a Jerusalén con el segundo hijo del rey David y su última esposa Betsabé, el cual pronto subiría al trono con el nombre de Salomón. Aunque en su etimología hebraica Shlomo significa «pacífico», su acceso al poder fue al menos tan controvertido como la conquista por Gómez Bermúdez de la recurrida presidencia de la Sala de lo Penal que implicaba la de esta histórica vista oral. Y tan importantes como fueron para nuestro juez los apoyos de algunos miembros clave del Poder Judicial y destacadas figuras periodísticas frente a las impugnaciones de sus colegas Garzón -siempre Garzón- y De Prada, inicialmente respaldados por la prensa gubernamental, también resultaron serlo para Salomón las complicidades de dos muy influyentes personajes de su tiempo que le ayudaron a atajar las pretensiones de su hermanastro Adonías: me refiero al sacerdote Zadok y al profeta Natán.

Tanto es así que la gloria de Salomón, el rey sabio y justo que construyó el Templo, escribió el Cantar de los Cantares y deslumbró a la reina de Saba, siempre ha ido vinculada a esa pareja que apostó por él de forma rotunda. Hasta el extremo de que la letra del atronador himno de Haendel que desde hace casi tres siglos se canta en la abadía de Westminster cada vez que se corona a un monarca británico, y ahora ha sido adoptado como lema musical de la Champions League, se limita a decir: Zadok the priest/ and Nathan the prophet/ anointed Solomon king/ and all the people/ rejoiced./ Alleluia. O lo que es lo mismo: «El sacerdote Zadok/ y el profeta Natán/ ungieron Rey a Salomón/ y todos/ se regocijaron/ Aleluya».

Nadie viene tan sólo del vientre de su madre, pero no seré yo quien pida que ningún cargo público -y menos un juez- sea nunca rehén de sus lazos personales. Ahora bien, eso no significa que el magistrado tenga que olvidar los sentimientos y motivaciones que mejor conoce. Todo lo contrario. De hecho, Salomón adquirió su fama universal por una resolución en la que, además de a la «valoración conjunta de la prueba según las reglas de la lógica y de la experiencia», recurrió a la psicología del sentido común y sobre todo a su capacidad de interpretar los dictados del corazón humano.

La escena ha quedado recogida en los lienzos de Lucas Jordán, de Francisco de Urbino, de Rafael y de Poussin, en el maravilloso grabado de Gustavo Doré que hoy recrea Ricardo Martínez e incluso en el heterodoxo recipiente dramático de El círculo de tiza caucasiano en el que Brecht equiparó la disputa de las dos madres sobre el recién nacido al contencioso entre dos repúblicas soviéticas por la jurisdicción sobre un valle. El Salomón de esa función es, por cierto, la antítesis del siempre atildado, bien compuesto y fundadamente pagado de si mismo Gómez Bermúdez: un borrachín corrupto llamado Azdak que personifica los renglones torcidos de Dios y se cisca en «un Derecho que es tan tonto que hay que aplicarlo siempre con toda seriedad».

Quienes nunca hemos sido marxistas y siempre hemos considerado que hablar de «democracia formal» era un pleonasmo, no podemos, sensu contrario, despotricar contra una sentencia judicial en función de que nos guste más o menos. En un Estado de Derecho, fruto de la legitimidad democrática, hasta las resoluciones más erradas son la expresión de la Justicia y eso nos obliga -máxime cuando son recurribles- a contemplarlas como prueba de la fortaleza del sistema que defendemos. Tanto si nos dan la razón en todo, como si nos la quitan, como si -tal y como sucede en este caso- nos la dan en unas cosas y nos la quitan en otras.

Pero lo que no podemos aceptar es que, tal y como han escrito algunos de los pocos colegas que han reaccionado ante el fallo del tribunal con desapasionada serenidad, ésta sea una «sentencia salomónica». A menos, claro está, que la semana que viene Gómez Bermúdez y sus dos compañeros de Tribunal emitieran una nueva resolución de otros tropecientos folios en la que, a la vista de las reacciones de las partes a su primera sentencia, llegaran a conclusiones definitivas diferentes. Porque no podemos olvidar que Salomón sólo decide partir el bebé entre las dos rameras que lo reclamaban -en el caso de Azdak lo que disponía era tirar de él desde el exterior del círculo de tiza aun a riesgo de descoyuntarlo- para comprobar cuál es la reacción de cada mujer, al provocar una catarsis similar a la que, como ya relaté en su día, buscaba Hamlet cuando invita a unos cómicos a representar ante su madre, su padrastro y el resto de la Corte un asesinato muy parecido al perpetrado en Elsinor. La madre verdadera no puede aguantar la visión de su bebé a punto de ser descuartizado y eso pone en evidencia a la falsa.

Pese a la acepción vulgar del término, lo verdaderamente «salomónico», lo que sublima tanto al tercer y último Rey de Israel como al antihéroe brechtiano, no es el decreto por el que ordena partir la criatura, sino su entrega a la mujer que se opone a ello y es capaz incluso de cedérselo a la otra con tal de que el niño viva. Desde este punto de vista es muy elocuente el conformismo oportunista de la fiscal Olga Sánchez que, pese a ver rebatidas todas sus tesis sobre la génesis y organización de la matanza y obtener condenas por menos de un 40% de lo que pedía, se apresuró a declararse satisfecha con tal de poder esgrimir esa mitad escasa del trofeo obtenido contra algunos periodistas críticos a los que tantas ganas tenía. Mucho más coherente y digna de respeto ha sido en este caso la reacción de Pilar Manjón, que ha anunciado que acudirá al Supremo en pos de esa conexión con la Guerra de Irak que le ha negado la Audiencia.

Si nuestro periódico hubiera sido parte del procedimiento, desde luego que haríamos lo propio, persiguiendo objetivos opuestos. Y eso que si tuviéramos que valorar la sentencia al peso, es evidente que por muchas cortinas de humo que trace ahora el tridente gubernamental formado por Rubalcaba, Blanco y Garzón -siempre Garzón-, basta comprobar el baremo de la prensa internacional para concluir que la absolución de los tres cerebros, acusados formalmente de urdir y ordenar los atentados, inclina mucho más la balanza hacia nuestro escepticismo y afán de continuar buscando la verdad que hacia la credulidad y el conformismo de la mayoría de nuestros colegas.

Es más: emulando a la segunda prostituta, me atrevería a decir que, a la luz de la coherencia intelectual, si los hechos probados sobre la ejecución de la masacre hubieran transcurrido tal y como los describe el Tribunal, y teniendo en cuenta sus criterios de valoración de determinadas pruebas, sería más lógico que sus antecedentes fueran aquellos a los que se aferra Manjón -y de los que deserta Olga Sánchez- y que El Egipcio, Belhajd y Haski hubieran sido condenados a los mismos 40.000 años que les han caído a Zougam y Trashorras.

Claro que yo sigo cuestionando esa premisa, pero no porque haga de ingredientes como la autenticidad de la mochila de Vallecas, los objetos que había o no había en la Kangoo o la naturaleza y origen de la dinamita que estalló en los trenes un asunto de amor propio, sino porque la propia lectura detallada de la sentencia lo estimula en la medida en que su redactor emplea un nivel de exigencia absolutamente asimétrico al enfrentarse a la autoría material y a lo que la prensa gubernamental lleva años definiendo -a lo que se ve ahora, muy a su pesar- como «autoría intelectual».

El Tribunal ha sido muy laxo a la hora de dar por hecho que la bomba mal montada estaba en el tren de la estación de El Pozo, a la hora de considerar que puede haber más de 60 objetos en el interior de una furgoneta «vacía», a la hora de establecer porcentajes cuantitativos a partir de unos análisis de los restos de explosivos que sólo pudieron ser cualitativos y no digamos nada a la hora de dar por sentado, de forma poco menos que olfativa, que todos los muertos en Leganés pusieron bombas en los trenes y excluir, sin embargo, a Bouchar cuando es obvio que también habría fallecido allí si no hubiera tenido la suerte de ser el que bajara la bolsa de la basura y el que pudiera salir corriendo.

Mucho más estricto lo ha sido, en cambio, a la hora de establecer que el hecho de que el móvil adquirido con la falsa fecha de nacimiento del 11-M estuviera en casa de Belhadj no significa que Belhadj tuviera algo que ver con su compra, a la hora de asumir la interpretación de las palabras de El Egipcio más favorable a su presunción de inocencia o a la hora de valorar los indicios que podrían haber destruido la de Haski. Por no hablar de la inaudita y muy sospechosa candidez de los magistrados ante el papel de Antonio Toro. Eso sí que es un in dubio pro reo y lo demás son tonterías.

Pero Javier Gómez Bermúdez es un hombre honrado, Alfonso Guevara es un hombre honrado, Fernando García Nicolás es un hombre honrado. No me cabe ninguna duda de que todas estas unánimes apreciaron las alcanzaron en conciencia después de una minuciosa ponderación de los elementos puestos a su disposición por el juez instructor y de las pruebas practicadas durante la vista oral. Han tenido la suerte, eso sí -suele ocurrirles a esas personas agraciadas a la vez con los dones de la sabiduría y la prudencia- de que su conciencia haya coincidido tan oportunamente con su conveniencia, teniendo en cuenta las posiciones enfrentadas en la sociedad española y lo que el 11-M representó para el proceso democrático.

A diferencia de lo que ocurrió con las sectarias conclusiones de la Comisión Parlamentaria -amortizadas al día siguiente por la opinión pública como mera expresión de la mayoría aritmética de la cámara-, esta es una sentencia que no puede dejar plenamente satisfechos sino a quienes finjan estarlo por motivos tácticos, pero que tampoco deja totalmente insatisfecho a nadie. Cualquiera diría que el Tribunal hubiera tenido en la cabeza lo que destacaría cada partido o cuál sería el titular de cada periódico al día siguiente de conocer su fallo. Es una sentencia sin más vencedores que el propio Estado democrático y las víctimas a las que ofrece reparación y sin más vencidos que los 21 condenados por graves delitos. Estoy de acuerdo, eso sí, con ese colega que enfatizaba el otro día que la sentencia «pone a cada uno en su sitio», tanto a los que hemos aportado desde la independencia los elementos esenciales refrendados o rebatidos con mayor o menor acierto por los magistrados, como a quienes a base de servir de terminales de las intoxicaciones gubernamentales acabaron alegando que la «marca» que El Egipcio tenía en la frente era la prueba definitiva de su papel criminal en el 11-M.

Aunque no nos quedemos en absoluto convencidos por algunas de sus explicaciones sobre cómo sucedieron los hechos, y ya que los jueces tienen que ponerse muchas veces en la piel de los demás para así fijar su criterio, parece obligado ponerse por una vez en la suya. Reitero que han tenido mucha suerte al lograr que se produjera esa coincidencia, entre su conciencia y su conveniencia -¡eso sí que es una ciencia!-, pues ni siquiera el paréntesis del puente habría amortiguado el shock que en la sociedad española hubiera producido un veredicto que, además de la absolución de los tres falsos cerebros, hubiera incluido, por ejemplo, la mera condena a Trashorras por tráfico de explosivos, habida cuenta de la falta de «certeza absoluta» -así lo dice la sentencia- sobre qué fue lo que estalló en los trenes y la inclusión de una serie de alambicadas consideraciones sobre la naturaleza de su dolo. ¿Estuvo a punto de ocurrir eso y hubo algo que en el último momento hizo cambiar de criterio al Tribunal?

Pero, en sentido contrario, también cabe imaginar la que se habría montado si los jueces hubieran acreditado que fue la invasión de Irak con apoyo de Aznar lo que llevó a Al Qaeda a encargar a El Egipcio y compañía que montaran el atentado. Va a ser inevitable que la sentencia haga las veces de arma arrojadiza de aquí a las elecciones, pero como se ha visto ya estos días tanto el PP como el PSOE tienen por donde agarrarla.

Total, que Javier Gómez Bermúdez ha demostrado ser muy listo, tener más cintura que Zapatero e incluso que Messi y Robinho juntos y no dar puntada sin hilo. Fruto exclusivo de su libre albedrío fue, desde luego, la manera sesgada y tendenciosa en que resumió la sentencia con todas las cámaras enfocándole, pues omitió cualquier alusión a las absoluciones clave, que cayeron al final como una especie de último mazazo, y se recreó en la descalificación de las dudas sobre algunas pruebas, ofendiendo así gravemente a aquellas personas en cuyo ánimo él mismo había contribuido a alentarlas. También cabe reprocharle, por supuesto, su finalmente abúlica encarnación de Poncio Pilatos tanto ante los claros indicios delictivos en algunos testimonios prestados durante la vista oral -el alférez Víctor, la mujer de El Chino, el propio Manzano-, como ante las patentes negligencias que han trufado la investigación policial y la instrucción judicial. Pero, claro, todo esto hubiera venido a desequilibrar aún más el fallo, en sentido contrario a la vigente correlación de fuerzas parlamentarias y mediáticas, con las imaginables consecuencias en uno y otro ámbito.

Con su cráneo privilegiado y reluciente, su mirada felina y su ademán enérgico, Gómez Bermúdez bien podría pasar por el Yul Brinner que en 1959 protagonizó la película de King Vidor Salomón y la reina de Saba. Aun edulcorado por las reglas comerciales del Hollywood de la época, el guión del filme no deja de recoger las alusiones críticas del Libro de los Reyes a esa segunda etapa de su vida en la que el sabio monarca se olvidó de quienes más le habían ayudado, dedicó más tiempo a construir su palacio que el propio Templo y terminó teniendo «700 mujeres y 300 concubinas que le desviaron el corazón».

No creo que los problemas del monógamo Gómez Bermúdez puedan llegar por ahí y menos después de los merecidos reconocimientos que les aguardan a su esposa y a él. Ahora que se ha convertido desde hoy y para mucho tiempo en una figura central de la sociedad española, sin riesgo alguno ya de perder su recurrida plaza sea cual sea la composición del CGPJ tras las próximas elecciones, sin otro techo profesional que la propia presidencia del Supremo, debería, sin embargo, tener en cuenta la reflexión del profesor emérito John Rogerson, experto en Estudios Bíblicos de la Universidad de Sheffield, quien sostiene que el Génesis atribuye a Salomón un pecado de soberbia, al vincular la exhibición de su sabiduría -siempre es peligroso pasarse de listo, dicho sea con carácter general- con el pecado de Adán y Eva de comer el fruto del árbol prohibido del conocimiento.

En todo caso, mientras él ajusta sus cuentas ante el espejo, nosotros debemos comenzar a ocuparnos de cómo mantener con vida esta media criatura que ha tenido a bien entregarnos.

No es pequeño reconocimiento, este del título, para una sentencia tan compleja como la que ha enjuiciado los crímenes del 11-M. Sobre casos más sencillos las he leído yo en las que la mezcla de farragosidad, jerga jurídica, mala sintaxis y abuso de gerundios hace imposible su intelección. Aquí, por el contrario, hay un relato de hechos que puede seguirse, unos razonamientos que resultan inteligibles y una ponderación de pruebas y de penas de la que apenas cabe disentir. Pero, más allá de su inteligibilidad formal, la sentencia dibuja un escenario tan coherente de lugares, fechas y personas, así como de sus relaciones y motivaciones, que dota al relato que los entrelaza de una autosuficiencia explicativa que hace superflua, y hasta perturbadora, la búsqueda de causas ajenas a las que en ella aparecen. Si es verdad aquello que nos enseñaron de que, cuando de dar explicación cabal de los hechos se trata, «no han de multiplicarse los entes sin necesidad», no hay más remedio que reconocer que la sentencia pone en el tablero todas las piezas que resultan necesarias y suficientes para jugar la partida. Se entiende todo, y nada queda sin explicación razonable. La verosimilitud del relato, muy superior a la que pudiera exhibir cualquier otro alternativo, constituye el mejor aval de la solidez de la sentencia.

Lo dicho vale también para lo que, según algunos, ha quedado sin explicar: la llamada «autoría intelectual». Se extendiera ésta o no a quienes de ella han sido exculpados -Rabei Osman, Youssef Balhadj o Hasan el Haski-, la sentencia aporta datos suficientes para encontrarla dentro del escenario que ella misma dibuja. Basta con leer la carta de despedida del terrorista suicida Abu Yusra Abdullah bin Ahmed Kounjaa, incluida en el párrafo 14.1 de la sentencia, para dar con la autoría intelectual última de los hechos juzgados. Su frase final -«que la maldición de Alá caiga sobre los injustos»- se suma a todo lo que la precede para apuntar, sin ningún género de dudas, al fanatismo religioso como explicación suficiente de lo ocurrido. Fuera el grupo mayor o menor, tuviera o no ramificaciones más extensas en el mundo islamista que las que han sido probadas, su carácter fanático da cuenta cabal de cuál fue el impulso inductor del crimen que cometieron sus integrantes. Con la experiencia que hemos acumulado en este país sobre actividades terroristas, cualquiera sabe que la mezcla de una máxima dosis de fanatismo y de una mínima de capacidad organizativa basta para explicar los atentados más horrendos. Y, si el fanatismo de este grupo concreto de islamistas se pone, además, en el contexto del yihadismo internacional, la pregunta sobre «autorías intelectuales» no explicadas en la sentencia se hace del todo impertinente. Búsquense, pues, si faltan, más actores o inductores, pero no una autoría intelectual ajena a la sugerida por la sentencia, pues no haría sino volver inexplicable lo que está bien explicado.

Y, sin embargo, tal autoría se busca, y, como se busca, habrá que encontrar alguna explicación, no de lo que ocurrió, sino de la insaciable curiosidad que impulsa a buscar una explicación alternativa que no estaría aún dada. Dos se me ocurren a mí. La primera es la inercia. La segunda, la expectativa.

Quienes insisten en seguir buscando lo que, según ellos, no se encuentra en la sentencia no lo hacen porque confíen en dar con algo nuevo en el futuro, sino porque no pueden desdecirse de lo que han dicho en el pasado. La inercia los empuja a tapar, con una nueva mentira, otra mentira ya vieja y, con una nueva manipulación, otra manipulación frustrada. Saben ellos que, fuera de la sentencia, no hay nada relevante, pero toman las absoluciones negativas que aquella hace de lo no probado como si fueran imputaciones positivas dirigidas contra alguien que no se atreven a nombrar, pero que «no anda en desiertos muy remotos ni en montañas muy lejanas». En este sentido, cuando Rajoy dice «apoyar cualquier otra (investigación) que permita avanzar sin límites en la acción de la justicia», no está esperando ninguna explicación que le pueda deparar el futuro, sino que se está declarando a sí mismo rehén de su propio pasado y del pasado de todos los suyos. No cree lo que dice. Sólo cree que tiene que decirlo.

Pero, al decir cosas como ésta, aunque sólo sea por inercia y sin convicción, acarician también una expectativa de futuro. No creen en la teoría de la conspiración que ellos mismos han fabulado, pero saben que a la gente le gustan las conspiraciones. Por qué dar, entonces, por cerrado un caso, si lo que a la gente le va es seguir buscando a los culpables más inverosímiles que imaginarse pueda. Hay muchos que creen que el hombre nunca pisó la Luna. En ellos tienen puesta su esperanza los fautores de la teoría conspirativa.

“¡Queremos saber!” fue el grito mayoritario de las manifestaciones del 12-M. Queríamos saber, porque las explicaciones que nos daban nuestros dirigentes nos sonaban a cuento chino. Algo más de tres años y medio después sabemos mucho más; sabemos, a través de una verdad procesal, prácticamente todo lo que ocurrió el 11-M y los pasos que siguieron los asesinos hasta los cuatro trenes de la muerte. Pero como es sabido, nunca llueve a gusto de todos. Y algo de eso ocurre con el lema de moda: la llamada “autoría intelectual”. Parece que la sentencia de la Audiencia Nacional es insuficiente porque no alude a la tal autoría.

Así las cosas, dos son los aspectos a dilucidar. El primero, qué es la autoría intelectual, y el segundo, sea lo que sea, qué hay de ella en la sentencia. Vayamos a por el primero. Hablar de autoría intelectual en Derecho Penal español no es hablar de nada; es un mero recurso retórico no jurídico y, por tanto, sin sentido ni propio ni directo. Está bien para una tertulia, pero no para una sentencia.

Nuestro ordenamiento recoge un modelo de autoría que se basa, en un principio, en la realización de propia mano del delito por parte de uno o varios delincuentes. Avanzando en la complejidad de los hechos, también es autor quien sin realizar personalmente los actos que integran un delito, manipula en determinados supuestos a terceros para que lo perpetren, o quien lo planifica y da la orden para que otros lo lleven a cabo. No hace falta bajar a la arena para ser autor, pues en estos casos complejos el cerebro tiene lo que se denomina el dominio del hecho, lo que hace que el delito le pertenezca.

En España, con la misma pena que a los autores, la ley contempla a los inductores. Inducir es causar por medios psicológicos en el autor material el deseo de cometer y llevar a cabo un delito concreto; inducir es, pues, convencer y que el convenido ejecute. Pero el inductor no tiene el dominio del hecho: depende de que el autor quiera actuar. De esta suerte, llamar indiscriminadamente autores intelectuales a una categoría de autores y a los inductores es una grave incorrección material. Y es una incorrección ética lanzar la piedra y esconder la mano, esto es, decir que la sentencia no refleja la autoría intelectual, pero no dar pista alguna de dónde está o quién la encarna.

La sentencia, sin embargo, sí establece quién ideó y quién ejecutó la masacre del 11-M, y de su texto, si se lee, claro, cabe extraer tres conclusiones. En primer término, y así empiezan los hechos probados, algunos de los que planearon y ejecutaron los atentados se inmolaron en Leganés: Serhane, El Tunecino, y Ahmidan, El Chino. No es ocioso que sea así cómo se da comienzo a la sentencia: es toda una declaración de principios; eso es lo que hay y punto. También es claro que algunos de los autores materiales juzgados también (co)idearon la matanza, ahí está Jamal Zougam. Finalmente, una frase lapidaria cierra las espitas a las imaginaciones calenturientas: ETA, vistas las investigaciones, no tiene ninguna relación con el 11-M.

Se dirá que el atentado del 11-M requería de un cerebro superior. De acuerdo, pero ello no quiere decir que tales cerebros estén fuera de la causa: los hubo y la mayoría se reventaron en Leganés. Si a lo que se quiere aludir es a una inducción, ésta resulta, por el devenir de los hechos, simplemente irreal. Otra cosa es el caldo del cultivo del yihadismo, pero esto no es ni autoría ni inducción de clase jurídico-penal alguna.

Como han puesto de relieve las investigaciones vertidas en el juicio, el yihadismo encuentra en Internet una fuente de inspiración e instrucción terrorista de primer orden. Pensar que Al Qaeda es como ETA, el IRA o la RAF alemana supone desconocer por dónde va el terrorismo islamista. O conocerlo, pero importarle una higa a quienes siguen en sus trece.

Por ello, hablar ahora de autoría intelectual es hablar como de una categoría diversa a lo juzgado y, por tanto, es sostener que la sentencia ofrece un enorme flanco al descubierto. O lo que es lo mismo: que el juicio del 11-M todo lo más es la primera estación en un largo viaje que fuerzas ocultas retrasan cuanto pueden. La autoría intelectual es, en fin, una cortina de humo, otra patraña desinformativa más.

En efecto, cabe preguntarse si la Audiencia Nacional ha obrado con el 11-M de forma diferente a como lo hace con ETA. ¿En cada condena por un atentado de ETA se menciona y castiga al autor intelectual, sea lo que sea esta categoría? Obviamente, no; no hay base para ello. Al no hacerlo así, ¿se acusa a los poderes públicos de abandonar vías de investigación? Que se sepa, no. Entonces, clamar aquí por un comportamiento contrario huele a chamusquina, a conspiración, pero de guardarropía. Por cierto, ¿quién es su autor intelectual?

La verdad material para el humano de a pie -que es para y por quien existe el Derecho-, no la verdad filosófica, significa dar cumplida respuesta al qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué, al igual que en el periodismo clásico. En el caso del 11-M, el qué, el cuándo y el dónde lo supimos todos aquel fatídico día de 2004. La sentencia recientemente dictada sobre el caso no ha podido agotar el quién, ni ha establecido el por qué, pero sí ha señalado a algunos autores materiales y ha establecido aparentemente cómo se produjeron los hechos. ¿Lo ha hecho, además, con respeto a todas las garantías? Eso, sin duda, lo dirán en su día el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, a donde llegarán, con total seguridad, los pertinentes recursos.

En ese sentido, uno de los motivos que tal vez se aduzca es el relativo a la misma nulidad de parte de la investigación y de la prueba de cargo esencialmente fundamentadora de algunas condenas, a lo que la sentencia dedica una atención preferente en sus páginas 499 a 545 en lo relativo a la llamada «mochila de Vallecas» y a los objetos de la furgoneta Kangoo, en tanto que «piezas de convicción», en respuesta a alegaciones de parte.

En el caso, la mochila con teléfono móvil y artilugio explosivo sin estallar, totalmente cerrada, procedente de la estación de El Pozo y sobrevenidamente aparecida en torno a las 1.30 horas del 12 de marzo en la comisaría madrileña de Puente de Vallecas -luego de haber sido trasladada desde la estación origen a dicha comisaría, desde ella hasta la de Villa de Vallecas y de allí, nuevamente, a Puente de Vallecas para a continuación viajar a Ifema, desde donde retorna a Puente de Vallecas-, se erige en fuente de información esencial para la investigación y, por lo mismo, en prueba de cargo esencial para las condenas -Vid. páginas 181 a 189 de la sentencia-.

Así, el examen del teléfono móvil allí encontrado sirve, primero, para localizar la partida de los nueve terminales vendidos por Bazar Top entre el 3 y el 8 de marzo «a uno de los miembros del grupo terrorista que no ha sido suficientemente identificado» y encendidos entre los días 10 y 11 en Morata, donde estaba la finca alquilada por Jamal Ahmidan, sin que después del 11 hayan tenido actividad, «pues fueron usados para temporizar y alimentar otras tantas bombas» -sic-. La tarjeta del mismo teléfono sirve, a continuación, para localizar el paquete de 30 vendidas por la tienda de Jamal Zougam, cinco de las cuales fueron conectadas a aquellos teléfonos vendidos por Bazar Top entre los días 3 y 8 de marzo; otra por los individuos que se suicidaron en Leganés y otra por Zougam.

Además, el detonador allí encontrado era idéntico a dos de los que aparecieron en la furgoneta Kangoo y a los que se localizaron en la finca de Chinchón y en el desescombro de la calle Martín Gaite de Leganés. En la furgoneta, por su parte, se hallaron, además de los detonadores, diversos objetos -Vid. páginas 177 a 181 de la sentencia-.

Además, y aunque en el relato de hechos probados de la sentencia nada se dice sobre ello -Vid. páginas 204 y siguientes-, lo cierto es que el teléfono aparecido en la «mochila de Vallecas» tuvo otra virtualidad adicional decisiva. Fue el origen del descubrimiento del piso de Leganés el 3 de abril de 2004, según declaró de forma muy detallada el comisario Gómez Menor -así identifica la sentencia al testigo que depuso de forma protegida con el número 14.620 el 3 de mayo pasado-, piso en el que en aquella fecha, y luego del dispositivo policial así originado, se suicidaron los que la misma sentencia considera autores materiales del atentado y en cuyos escombros se encontraron restos utilizados como nuevas piezas de convicción.

La declaración de ese policía, que incurre, sin embargo, en un flagrante error al pretender justificar su presencia en Madrid en marzo del 2004 «para preparar el juicio de la célula de Abu Dahdah» (sumario que sólo concluiría en julio de 2004 y cuyo juicio se señaló en febrero de 2005 para… el mes de abril siguiente, bajo la presidencia también de Gómez Bermúdez), puede consultarse en www.datadiar.tv y confirmar allí cómo y hasta qué extremo la «mochila de Vallecas» y la extraordinaria perspicacia y memoria del policía -en ese caso, sí, al detectar, luego de un simple vistazo en la lista de las 30 tarjetas de Zougam, un número secuencialmente relacionado en 12 dígitos con otro investigado por él años atrás- sirvieron para conducir la investigación hasta Leganés con el resultado conocido por todos.

Pues bien, la sentencia considera «real y válida» esta concreta prueba, sin otorgar trascendencia a la «deficiente documentación del hallazgo del explosivo en la comisaría de Puente de Vallecas» o a las denominadas por las partes «relevantes irregularidades en la cadena de custodia» -luego de lo que se califica como «extravagante periplo de los efectos»-, también aplicables a la furgoneta, vacía para unos y con 60 objetos para otros. Y ello porque los objetos existen y son auténticos, sin que se haya acreditado por las partes su falsedad, y porque las deficiencias advertidas en la cadena de custodia pueden subsanarse mediante el contraste de tales objetos con otros similares, aunque algunos destruidos, aparecidos en el lugar de los hechos, en la misma furgoneta, en Morata y en Leganés, según testimonios policiales -Vid. páginas 514 y siguientes-, así como, en el caso específico de la mochila por el carácter «casual y no previsto» del hallazgo en el inventario de objetos y efectos de las víctimas.

Lo suscitado por las partes era la ausencia de legitimidad de tales piezas de convicción en la medida en que no se habían respetado en su unión al procedimiento las normas procesales -artículos 282 y ss. y 334 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, que asegurasen, en origen, su autenticidad y, sobre todo, el lugar donde fueron halladas, mediante los oportunos y fidedignos inventarios. En otras palabras, se planteaba la duda sobre si tales pruebas no eran sino medios «prefabricados» para teledirigir la investigación en una línea no necesariamente coincidente con la total verdad de lo ocurrido. No se alegaba tanto la falsedad de la prueba, como la ilegitimidad en su obtención, basado ello en la ausencia de certeza en orden a la regularidad de su presencia procesal, con el consiguiente efecto de nulidad de todo lo derivado de ello por aplicación de la doctrina de los frutos del árbol envenenado.

En materia de incautación de efectos en registros, el artículo 574 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que los libros y papeles incautados como piezas de convicción sean «foliados, sellados y rubricados en todas sus hojas por el juez, el secretario, el interesado o los que hagan sus veces y por las demás personas que hayan asistido al registro», como garantía de autenticidad del legítimo origen de la prueba. El 336 exige para las piezas de convicción que se extienda diligencia comprensiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraran, describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar una idea global de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, debiendo acordarse su conservación o envío «al organismo adecuado para su depósito», según el 338.

En el caso, al menos en un primer instante, nada de ello se cumplió en ambos supuestos. ¿Significa ello que la prueba así ingresada en el sumario no lo ha hecho con plena validez y eficacia? En mi modesta opinión, la forma en que una prueba aparece documentada, con ocasión de su unión al sumario -que es objetivamente el problema suscitado-, no tiene nada que ver con el origen legítimo o ilegítimo de la misma en función de la eventual violación de un derecho fundamental en su obtención -artículo 11.1, LOPJ-, ni, a su vez, con su perjuicio sobrevenido derivado de una ruptura de las garantías propias de la «cadena de custodia» que afecte a su integridad y/o autenticidad.

Las cintas con el contenido de unas interceptaciones telefónicas pueden unirse junto con su transcripción bajo fe pública judicial, lo que garantiza su total autenticidad, y, al mismo tiempo, carecer de la oportuna cobertura judicial lo que determina su radical invalidez. En el caso de soportes informáticos intervenidos judicialmente, la salida de los mismos del control de la Secretaría judicial sin la oportuna constancia de contenidos provoca su inutilidad probatoria posterior. El Tribunal Constitucional, en alguna ocasión concreta -Auto 349/88-, ha restado relevancia constitucional a la omisión en diligencia de entrada y registro de los deberes formales del artículo 574 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ello, sin embargo, no priva de algún tipo de consecuencia a la circunstancia de omitirse el formalismo legal exigido, desde el mismo instante en que aparezca una pieza de convicción, para que goce de tal consideración y, muy en particular, de su consiguiente relevancia probatoria.

En el caso concreto de la «mochila de Vallecas», cuya existencia cierta es indubitada, su relevancia probatoria sería distinta -a la luz de la trascendencia que ha tenido para la condena-, según que, efectivamente, hubiese sido indubitadamente encontrada en los restos del vagón en la Estación de El Pozo, sin explosionar y allí mismo descrita, inventariada y fotografiada sin sombra de duda alguna, a haber sido, casual o por persona desconocida, oportunamente preservada en su integridad contra todo tipo de trasiegos y adecuadamente puesta a disposición de la autoridad policial para su artificiosa desactivación, sin presencia ni autorización judicial, y posterior unión a la causa para desplegar sus efectos imputativos.

La sentencia que comentamos en este aspecto resuelve el problema otorgando plena eficacia a la prueba a la que considera auténtica y válida pero lo hace, además, otorgándole el carácter de pieza de convicción original, al establecer que la encontrada en la comisaría de Puente de Vallecas el día 12 de marzo, a las 1.30 horas, es la misma bolsa que alguien innominado dijo ver, completamente cerrada en un andén de la estación de El Pozo -sin que fuera vista por quienes recorrieron hasta tres veces el tren y corroboró Sánchez Manzano-, ya que, al final, su contenido es similar al visual de otras bolsas explosionadas por la Policía en Atocha y en el mismo Pozo.

Y aquí es donde la sentencia realiza, a mi entender, un salto argumental quizá discutible ya que, para dotar a la mochila de tal condición de pieza de convicción localizada en el mismo lugar de los hechos, desvaloriza el incumplimiento de los deberes formales de constancia e inventario en el momento inicial de su hallazgo, ningunea las consecuencias de su «extravagante periplo» y tiene que realizar un considerable esfuerzo para encontrar elementos de semejanza entre unas bolsas y otras al objeto de terminar por concluir en su total identidad -color azul traslúcido de una bolsa de basura en todos los casos y existencia de un teléfono móvil en dos de los tres, con referencia al testimonio de diversos policias-. En resumen, la sentencia así argumentada trata de ganar solidez para fundamentar la condena al apoyarse en un efecto presuntamente aparecido en el lugar del delito cuando no existe plena certeza sobre ello.

Evidentemente, las circunstancias de un atentado terrorista de las características del 11-M no son las idóneas para favorecer el sosiego y la pulcritud que debe exigirse al trabajo de toda Policía Científica, mediante el acordonamiento de la zona y la preservación e inventario puntual, fiel e inmediato de todos los restos. Pero comprender las dificultades acaecidas en la jornada no puede hacer ignorar las consecuencias de ello derivadas en orden al momento y condiciones en que unas pruebas entran en la llamada «cadena legítima de custodia», lo cual sólo sucede cuando existe, entonces y no a posteriori, plena constancia de su ser y no de su posible exisitir.

En otras palabras, es muy discutible el efecto retroactivo del inventario de la «mochila de Vallecas», realizado luego de la desactivación practicada en Parque Azorín, tal y como se razona en la sentencia, pero ello desde la perspectiva de su fundamentación y no desde la óptica de la legitimidad de la prueba a la luz de la información existente al día de hoy, con todas las consecuencias que ello implica en orden a la consistencia y suficiencia argumentativa de las condenas.

Entre los muchos riesgos que entraña un atentado brutal como el del 11-M, el mayor es que la sociedad que lo padece se permita a sí misma embrutecerse hasta convertirse en la escoria que son sus atacantes. También, como toda crisis, le da la ocasión de ofrecer lo mejor de sí misma: lo hemos hecho los últimos tres años y ha cristalizado en la sentencia de la Audiencia Nacional. A los familiares de los 191 muertos esta afirmación puede hacerles torcer su mueca dolorida a perpetuidad. Ellos perdieron todo o casi todo y tal vez les resulte imposible concebir que el 11-M nos ha perfeccionado, pero así es: las mochilas atentaban contra todos; a los que no nos mató, nos hizo más fuertes.

No fuimos los primeros en padecer el terrorismo yihadista. Sí hemos sido, singularmente, el país que supo desde el minuto cero tras el atentado lo que debía hacer. Lo supimos en las horas urgentes: las de donar sangre, transportar heridos, doblar turnos en los hospitales. No dudamos en los tres primeros días, los más aciagos, aquellos en los que, justo es decirlo, hubo gente muy distinguida que falló, pero también millones de ciudadanos que creyeron en sus leyes y su sistema democrático. Lo supieron los forenses y los policías. No hubo razias, malos tratos ni brotes xenófobos populares. Tampoco dudaron los jueces, los fiscales, los abogados, los intérpretes, los periodistas, los miles de funcionarios que han trabajado para que el juicio del 11-M concluyera con éxito. Todos han de ser mencionados: no sólo porque Brecht ya nos puso al tanto de que César llevaba un cocinero en sus campañas, sino también porque la victoria es de todos. Pertenece a esta sociedad que ha esperado confiada la sentencia, es decir, la justicia. La respuesta colectiva ha sido modélica, como lo es la gente modesta que cumple con su deber sin alharacas y asegura: «Sólo hice lo que tenía que hacer». Sin embargo, se han despilfarrado tantas toneladas de sentido común en el camino de la lucha contra el terrorismo, que haberlo conservado merece un elogio.

Antes del 11 de marzo de 2004 había una disyuntiva planteada en todo el mundo: una elección moral con consecuencias legales que estaban resolviendo de forma equivocada otros países. El atentado de Casablanca se tradujo en redadas masivas, el Ejército argelino eligió la crueldad sangrienta, EEUU autorizó la tortura, arrojó a la papelera las Convenciones de Ginebra y abrió Guantánamo.

Esas actuaciones conforman un tipo de respuesta al terrorismo: la de un Estado ilimitado, desdeñoso con las garantías y la ley, cuyos gobernantes acopian poderes porque han dejado de creer en la presunción de inocencia. No ignorábamos la existencia de esa opción, ¿cómo desconocerla en el país de los GAL? Son las naciones que han visto a sus instituciones deslizarse hacia la escoria que persiguen aquellas de las que cabe esperar la lucidez necesaria en los momentos difíciles. El juez Barak, del Tribunal Supremo israelí, fue ejemplo de esa clarividencia en una histórica sentencia del año 1999 en la que condenó el castigo físico a presuntos terroristas durante los interrogatorios. Además de sus razonamientos jurídicos, dio argumentos políticos profundos: «Aunque una democracia debe luchar con una mano atada a la espalda, tiene no obstante otra mano superior. Preservar el imperio de la ley y los derechos individuales constituye la clave de su concepto de seguridad. Al final del día, ambos fortalecen su espíritu y le permiten sobreponerse a las dificultades».

Palabras que no conviene perder de vista en estos momentos en que todos los países se esfuerzan en comprender con exactitud la naturaleza de la amenaza terrorista para enfrentarse a ella. En Gran Bretaña se ha hablado de que la nueva ley antiterrorista, y ha habido varias desde el 11-S, pondrá sobre la mesa de nuevo el espinoso asunto de alargar la detención sin cargos de los sospechosos de terrorismo más allá de los 28 días que Blair arrancó a los lores. Quienes se oponen piden pruebas de que la prolongación de las detenciones ayude a prevenir atentados. Así ha de ser, pues en la valoración del peligro terrorista debe figurar siempre el gran riesgo al que se enfrentan las sociedades abiertas: la autoderrota. Sobrevendría si cediéramos parcelas de libertad a cambio de promesas de una seguridad que ni las dictaduras logran absoluta.

La «mano superior» de nuestra civilización no es una herencia genética: la repulsa a la tortura, las garantías procesales, la igualdad ante la ley, los derechos que protegen al individuo del poder abusivo, figuran impresos en los códigos legales. Ha costado siglos a la humanidad escribirlos, pero Abu Ghraib nos recordó que siempre están amenazados, no son indelebles y debemos repasarlos con procesos impecables en las circunstancias excepcionales. Porque es en esa tesitura cuando sobreviene la tentación de arrumbarlos: el vicepresidente de EEUU, Richard Cheney, señaló poco después del 11-S que la guerra contra el terrorismo se regiría por reglas distintas y que las agencias de información estadounidenses tendrían que adentrarse «en el lado oscuro» para trabajar. El dilema no cogía por sorpresa a nadie en España. Sin embargo, todos supimos que nuestra elección era el Estado de Derecho, una idea a menudo magullada por la grandilocuencia, pero explicada con sencillez por Locke: «Donde termina la ley empieza la tiranía». Donde termina la ley empieza el lado oscuro.

Y con la ley lo hemos hecho. Otros países han celebrado juicios por terrorismo sin pasar al lado oscuro, pero en ninguno han tenido lugar después de la conmoción social de un atentado tan exterminador como el del 11-M. En ninguno la acción de la justicia ha tenido que mantener su escrupulosa actuación al tiempo que se defendía de la calumnia. La iniquidad de estos tres años ha sido esa atroz campaña mediática que, con el apoyo de ciertos dirigentes políticos, se ha desarrollado sin aportar pruebas, sólo despertando sospechas delirantes y extendiendo la mancha de la difamación a quien cuestionara esa actitud. Hemos llegado al final a pesar de las víboras, que con la sentencia terminan de ahogarse en la ciénaga de sus infundios; a pesar de quienes defendían una instrucción ad infinitum para seguir engordando la talega donde guardan su fortuna; y también a pesar de quienes querrían un mundo sin ley, un planeta oscuro en el que todos seamos sospechosos hasta que se demuestre que somos culpables.

Hemos procesado a una treintena de acusados con la mano atada a la espalda de la democracia, los ojos vendados de la justicia, y los oídos sordos al hostigamiento de los falsarios. Se trata de una inmensa victoria en la lucha contra el terrorismo. Una victoria que es nuestra y es de una civilización, igual que Abu Ghraib fue motivo de bochorno para todo Occidente. Pero como el 98 nos legó a los españoles nuestro natural modesto y a temporadas acomplejado, al leer el juez Gómez Bermúdez la sentencia que ha condenado a los culpables y ha absuelto a los inocentes o a aquellos contra los que no había pruebas, no hemos sacado pecho. Sólo hemos erguido la cabeza, para mirarnos al espejo y susurrar serenos: «Hemos hecho lo que teníamos que hacer». A pesar de que, desde nuestra periferia geográfica y existencial, hoy podríamos mirar limpiamente al mundo entero y afirmar con orgullo: la nuestra sí es una misión cumplida.

Hay razones para felicitarse por la sentencia sobre el 11 de marzo. Como también hay motivos para cierta decepción. Entre las cosas de las que debemos felicitarnos destaca el mero hecho de que tengamos una sentencia emitida por un tribunal legítimo y tras un proceso esmerado. Todos los directa o indirectamente implicados en los atentados de aquel día intentaron eludir que la Policía los detectara y detuviera, que fuesen incriminados. Algunos, como sabemos, lo consiguieron e incluso hay quien continúa en paradero desconocido. Otros optaron por morir matando y se suicidaron cuando estaban rodeados por las fuerzas de seguridad, que habían localizado su escondite. Pero casi una treintena de personas fueron finalmente encausadas, con plenas garantías constitucionales, como se espera de la aplicación del Estado de Derecho en un país democrático. Y no todos los que han sufrido grandes atentados como los de Madrid pueden decir lo mismo.

Hemos también de felicitarnos porque, al haberse concluido el proceso con normalidad, las víctimas de esa masacre terrorista y sus familiares perciban que se hace justicia, incluso si sus valoraciones de la sentencia varían. Y porque, aunque desazona que esta conclusión incomode a algunas de esas víctimas, la sentencia deja muy claro lo que no fue el 11-M. Es decir, que no fue un atentado de ETA, como tampoco estuvo favorecido por funcionarios policiales o por servicios secretos foráneos. Pero hay que congratularse también de que la sentencia haya sido redactada con la prudencia debida para no relacionar lo sucedido aquel día con la guerra de Irak. Durante mucho tiempo, nuestra opinión pública ha estado polarizada: en un lado quienes daban crédito a la participación de la organización terrorista en los atentados de Madrid, en el otro quienes insistían en que lo que pasó fue debido a la participación española en la invasión y ocupación de Irak.

Ni unos ni otros estaban en lo cierto. Ni los fanáticos etnonacionalistas de pasamontañas y txapela participaron en el 11-M ni la amenaza del terrorismo yihadista para España ha desaparecido desde que nuestros soldados salieron de aquel infortunado país, hasta el punto de que posteriormente se han desbaratado nuevas tentativas para perpetrar atentados dentro del territorio nacional que estaban en diversos estadios de planificación o ejecución, por no mencionar las numerosas operaciones policiales desarrolladas en ese mismo ámbito contra grupos y células de neosalafistas. En este sentido, la sentencia por los atentados de Madrid proporciona una excelente oportunidad para el alivio de las divisiones internas que aquejan a la sociedad española desde que se perpetraron y muchos empezaran a señalar culpables donde no los había. Es también una magnífica ocasión para restaurar el consenso bipartidista en materia de política antiterrorista. ¿Estarán nuestras élites políticas a la altura?

Eludir referencias a la guerra de Irak en el caso del 11-M sirve para que el tribunal que ha juzgado estos sucesos prive a los terroristas de un pretexto. Pero, al mismo tiempo, es decepcionante que la sentencia no incorpore más información acreditada sobre el origen de la amenaza del terrorismo yihadista para España, que se remonta a los meses inmediatamente posteriores a los atentados de Nueva York y Washington, pues entre los individuos que ya entonces abogan por llevar a cabo actos de yihad en nuestro país, según la información policial que recoge la instrucción judicial de este caso, hay varios que desempeñan funciones operativas esenciales en lo que años más tarde ocurriría con los trenes de cercanías de Madrid. Así, el 11-M se presenta como un episodio aislado, sin antecedentes que vayan más allá de los preparativos específicos para atentar ese día. Esos antecedentes hubieran llevado a la urdimbre del terrorismo global.
Quizá por ello, los islamistas que participaron en los atentados de Madrid, en este caso de origen extranjero, aunque su atrocidad no hubiera sido posible sin la cooperación necesaria de delincuentes españoles, son caracterizados en la sentencia como «miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista». Pero en otras páginas del documento se alude a determinados procesados como miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, es decir una entidad afiliada con Al Qaida o, literalmente, con «grupos que forman» la red Al Qaida. El entramado de actores individuales y colectivos que intervinieron en la instigación, planificación y ejecución del 11-M queda desdibujado y reducido al condenar a los individuos a quienes aludo no por implicación en esos atentados sino sólo, aun cuando no es poco, por pertenencia a organización terrorista, pese a que pienso que la investigación policial y la instrucción judicial proporcionaban evidencia para la imputación en ambos delitos.

Y es que, entre las decepciones que suscita la sentencia del 11-M, señalaría aquí que, junto con una serie de condenas importantes, algunas de las cuales podrían haber sido más severas, hay absoluciones que considero sorprendentes, aunque no ignoro que las certezas del proceso penal no siempre coinciden con las evidencias que sirven para otros análisis. Aun así, llama la atención que Hassan El Haski, Youssef Belhadj y Rabei Osman hayan sido absueltos como inductores del 11-M. La sentencia reconoce al primero su «cualidad de dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí», pero añade que eso no le hace responsable de los atentados cometidos por miembros del mismo, pese a que en otra página se afirma que sus dirigentes en Europa mantenían reuniones para discutir sobre «pautas de actuación de la banda». ¿No puede entenderse esto como prueba indiciaria de especial relevancia si además hay individuos ligados con miembros de esa misma organización terrorista entre los implicados en los atentados de Madrid?

Youssef Belhadj y Rabei Osman son los dos únicos procesados que habían dejado constancia del día elegido para los atentados de Madrid tiempo antes de producirse. En el domicilio de Bruselas del primero, marroquí y, según la sentencia, «miembro de uno de los grupos que forman la red Al Qaida», se encontró un terminal de telefonía cuyo registro de adquisición, el 19 de octubre de 2003, falseaba la fecha de nacimiento del comprador para introducir la del 11-M. El dato es del mayor interés porque se efectuó exactamente al día siguiente de que un canal qatarí de televisión difundiera un vídeo en el que Osama bin Laden amenazaba a España. El segundo, egipcio, activó en el servidor Yahoo, el 4 de febrero de 2004, un buzón de correo electrónico en el cual registra como su fecha de nacimiento la del 11-M. Pese a ello y a que ambos mantuvieron una densa interacción como adalides, con otros implicados, en los atentados de Madrid, no han sido condenados por estos hechos.

Me consta que en la Fiscalía de la Audiencia Nacional trabajan con profesionalidad y denuedo en la aplicación de la doctrina de la prueba indiciaria para causas de terrorismo yihadista. Este se articula y desenvuelve de manera muy diferente a otros, por lo que sus impresiones delictivas son a menudo de naturaleza diferente al clásico hecho probado. Tras la sentencia del 11-M y otras precedentes, sin minusvalorar los avances en elacomodo de las instituciones judiciales al desafío del terrorismo yihadista, quizá sea este buen momento para reflexionar sobre una eventual adaptación de la normativa existente, pensada sobre todo para ETA, a fin de facilitar la investigación y la incriminación en delitos derivados de aquel complejo y transnacionalizado fenómeno. Acaso quepa, por ejemplo, una mayor actualización en los conocimientos sustantivos y los criterios de razonamiento que utilizan los tribunales, puede que contando con jueces especializados sólo en terrorismo yihadista.

Hay ocasiones en que la evidencia es tan insoportable que exige ser formulada para que la sociedad se vea reflejada junto a ella. Entonces hay que decidir si puede permitirse el lujo de que las culpas queden sin castigo. Si las felonías ni siquiera pagan el peaje del descrédito social, nada impedirá que vuelvan a producirse. Esa es la encrucijada en la que la sentencia del atentado de los trenes sitúa a la sociedad española.
Lo ocurrido en torno al 11-M ha quedado reflejado en la sentencia, que no deja resquicio para cuestionar lo sucedido y obliga a revisar lo que ha acontecido en España en los últimos tres años y medio. El resultado, en la parte que toca a los padrinos de la teoría de la conspiración, es la náusea.
La síntesis no es difícil: el PP, una vez que perdió las elecciones por su forma de gestionar el atentado, decidió persistir en el error, intentando que la deslegitimación de la victoria socialista fuera un atajo para recuperar el poder. A partir de ahí se estableció una espiral diabólica que retroalimentaba los intereses del PP y los de una pléyade de supuestos periodistas que han acreditado que la información no es para ellos más que un instrumento de sus intereses. El Mundo estableció líneas de investigación solo en la dirección de sostener su tesis, que se fue haciendo cada vez más perversa.

EL PRIMER axioma era la autoría de ETA, pese a que era imposible de defender: no ha existido nunca una evidencia que relacionara a la banda terrorista con el atentado. El segundo paso fue todavía más audaz y perverso: pretendía una conspiración de funcionarios públicos, exdirigentes socialistas y mandos enquistados en las fuerzas de seguridad que habrían sido instigadores o cómplices del atentado. La brutalidad de la acusación pretendía que se organizó el 11-M para desplazar al PP de la Moncloa.
Cada nueva diatriba de El Mundo, cada nuevo encargo a un confidente de cabecera, cada nueva insidia formulada sobre la manipulación de los hechos, ha tenido en la COPE su ventilador mediá- tico y en el Grupo Popular, la escenificación política: Mariano Rajoy, llegó a pedir la anulación de la instrucción del sumario.
La sociedad española, con una paciencia democrática franciscana, ha asistido a este espectáculo de irracionalidad sin poder hacer más que esperar a que la sentencia judicial zanjara una discusión imposible. No se puede establecer ningún mecanismo dialéctico fiable con quien no está sujeto a ninguna norma ética; con quien no se siente vinculado con la verdad y puede sostener una cosa y la contraria sin que le tiemble una ceja. Ahora hay una versión judicial de lo sucedido. Un auto impecable desde el punto de vista del derecho. Normalidad jurídica y constitucional acorde con nuestro Estado de derecho.
Los actuales dirigentes del PP pretenden que aquí no ha pasado nada. Tienen el cinismo, frente a las actas del Congreso y la testarudez de la hemerotecas, de pretender que ellos nunca cuestionaron ni al juez instructor ni los procedimientos. El cepillo de carpintero de esos comportamientos, la exigencia de responsabilidades políticas, la deben ejercer los ciudadanos ante la urnas. Allí se decidirá si los políticos que han tenido estos comportamientos pueden seguir en la política española. Nada más que decir de Rajoy y su equipo.
Y, ¿qué hacer con la jauría mediática que ha pretendido sostener lo que era imposible solo para satisfacer sus intereses? Nuestro sistema democrático consagra la libertad de opinión hasta el extremo de permitir la existencia de periodismo como el que practican la COPE y El Mundo. Los periodistas que han obedecido las consignas de estos ayatolás de la comunicación no han querido ejercer su cláusula de conciencia y han firmando cada crónica haciéndose cómplices de sus directores. Hace mucho tiempo que El Mundo y la COPE traspasaron los limites del periodismo sensacionalista para instalarse en la cumbre de la manipulación de la información.

LA ENCRUCIJADA a la que nos somete la sentencia es muy sencilla: ¿puede la democracia española permitirse el lujo de aparentar que aquí no ha pasado nada grave? ¿Podemos tratar a los obispos españoles, al director de El Mundo y a quienes han colaborado con él con indiferencia hacia sus responsabilidades en el desprestigio de las instituciones y en el encanallamiento de nuestra vida democrática?
Una sociedad que no protege sus principios es una sociedad indefensa. La sociedad española, sus instituciones, empresarios y políticos deben saber que permitir la simulación de honorabilidad de estos sujetos nos haría a todos cómplices de sus procedimientos. El Estado de derecho les permite hacer lo que han hecho con los límites de la comisión de delitos; la indignidad no siempre queda retratada en un comportamiento penalmente punible. Pero permitir que estos individuos pretendan ser como los demás españoles es, sencillamente, consagrar que comportamientos como los que han tenido sigan siendo posibles en el futuro.

En los tiempos que corren, malos tiempos para el Derecho y para el Estado de Derecho, resulta necesario exponer con cierto énfasis algunas elementalidades. Por eso, en la misma línea en que me expresé en estas páginas hace casi siete meses (en tiempo no sospechoso, por tanto), me parece necesario recordar algo básico y universalmente aceptado.

Las sentencias resuelven casos reales, pero tal como son presentados a los tribunales de Justicia. En concreto, las sentencias penales, como la que ayer se hizo pública, están para decidir si a determinadas personas acusadas de ciertos hechos se les absuelve o se les condena por esos hechos y, en este último caso, a qué pena o penas se les condena. Y lo que cuenta, como elemento delimitador de la sentencia, es la acusación, con sus fundamentos fácticos y jurídicos. La sentencia es una respuesta a una determinada acusación, no un libro de investigación exhaustiva sobre un suceso. Y la respuesta a la acusación obedece a reglas jurídicas exigentes: cualquier acusación sobre hechos no seriamente fundada en pruebas concluyentes determina la absolución.

En la sentencia de ayer sobre la matanza del 11 de marzo de 2004, muchos de los acusados han sido condenados, aunque buen número de ellos por los delitos menos graves que se les imputaba y absueltos de los más graves. Y se han producido netas absoluciones que algunos «expertos» no esperaban. La sentencia es rotunda y clara sobre muchos hechos, descarta sin vacilación teorías alternativas y resuelve motivadamente. Con todo, no arroja luz sobre algunos aspectos de la matanza que en absoluto carecen de importancia. Porque los acusados como inductores han sido absueltos y no hay pronunciamientos ni afirmaciones sobre la dirección superior del atentado, que, dada su naturaleza, es altísimamente probable, si no seguro, que existió. Pero esto no es una queja ni una crítica. Porque la sentencia no podía ser, y no ha sido, un estudio histórico de aquella carnicería, con exposición de todos sus antecedentes, circunstancias y protagonistas. Ninguna sentencia penal sobre un episodio complejo pretende exponer lo que se sabe al respecto con certeza, lo que permanece en completa duda y lo que cabe conjeturar con fundamentos más o menos sólidos. El tribunal no es un equipo de historiadores, sino un colegio de jueces centrados en una acusación y en unas pruebas que se les proponen.

No hace falta recurrir a casos antiguos o extranjeros para mostrar las lógicas limitaciones, en lo histórico, de las sentencias. El proceso sobre el golpe del 23-F en absoluto se refería a todo cuanto antecedió a aquella lamentable jornada y a todo lo que ocurrió hasta el fracaso del golpe. Y la correspondiente sentencia no pretendía sentar y no sentaba toda la verdad de lo ocurrido. Docenas de libros posteriores aún no han logrado arrojar plena luz sobre aquel pedazo de nuestra historia contemporánea. Del mismo modo, no sabemos mediante la sentencia sobre el GAL la verdad completa de aquella criminal e inmoral iniciativa. Los ejemplos podrían alargarse, pero estos dos bastan.

Cuando muchos, durante la instrucción y la posterior fase de juicio oral en el macroproceso sobre el 11-M, afirmaban que la sentencia nos proporcionaría la verdad acerca de una de las matanzas terroristas más atroces cometidas en el mundo occidental, me parece que estaban mostrando un gran desconocimiento (o quizá consciente desprecio) de lo procesal y de la experiencia histórica.

Ante una sentencia de gran extensión, el día siguiente es temerariamente inapropiado para comentarla y valorarla. El análisis jurídico de una sentencia penal requiere examinar con atento detenimiento, a la luz del Derecho, la relación entre los hechos probados y las condenas impuestas (o las absoluciones). Y para opinar con solvencia sobre los hechos probados y los que no se consideran probados es preciso conocer a fondo la instrucción y haber seguido perseverantemente las sesiones del juicio. No es mi caso.

Por tanto, nada más puedo escribir sobre el contenido de la sentencia. En cambio, puedo, y pienso que incluso debo, escribir acerca del incoado uso político de esa sentencia.

Un alto cargo del Ejecutivo, precisamente el secretario de Estado de Comunicación, señor Moraleda, ejemplificó hace días lo que es un aprovechamiento partidista al atreverse a afirmar que la sentencia judicial sobre el 11-M implicaría «otra sentencia política que pondrá en la picota a quienes han hecho creer a los ciudadanos que el PSOE tenía algo que ver con esos atentados». Además -añadió el dirigente gubernamental- «España volverá a ser ejemplo en el mundo por haber resuelto el peor atentado terrorista de Europa» (esta afirmación, evidentemente desafortunada por muchos conceptos, no necesita comentario).

No ha sido nada bueno que algunos dirigentes del PP, en vez de guardar el silencio que la prudencia exigía, se hayan mostrado críticos con las tesis del Ministerio Fiscal y promotores de lo que eran o parecían ser tesis opuestas. Pero sería más grave, para la sociedad y para el Estado, que desde el «Gobierno de España» (recién autodescubierto como tal, cabe añadir) o desde sus aledaños se dedicasen importantes esfuerzos a utilizar como propaganda política la sentencia de ayer. Tenemos muy serios problemas, que nada tienen que ver con el proceso sobre el 11-M, y los ciudadanos probablemente no aprueben que un «Gobierno de España» se desvíe de lo que más les preocupa (empleo, vivienda, inmigración, seguridad ciudadana) para dedicarse a rentabilizar electoralmente una sentencia.

Hace bastantes meses, salí al paso de muchas críticas e insultos al Juez de Instrucción. Pero defendí, desde luego, la libertad de opinión y de expresión para discrepar sobre la actuación judicial. Y defiendo esas mismas libertades respecto de la sentencia ahora publicada. Aquí me urge una aclaración: mi idea de defender las libertades intelectuales no es la de nuestros talibanes de la derecha y de la izquierda, que no admiten más que el propio talibanato y sus propios pequeños dogmas. Defender la libertad supone respetar en serio sus resultados. Y mientras que eso resulta compatible con el desacuerdo, es incompatible con la injuria a quienes piensan y hablan libremente y con su descalificación sumaria a base de dardos peyorativos y despectivos, sin razonamientos.

El respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 11-M -un respeto sincero, distinto del que algunos dispensan sólo a las resoluciones judiciales que les favorecen- no está reñido con ver ahora confirmado que esa sentencia no da respuesta a interrogantes históricos de importancia sobre aquella tragedia. Es legítimo y respetable quedarse plenamente satisfechos con la sentencia, pero también lo es pensar y decir que (como era perfectamente previsible, insisto) la sentencia no contiene toda la verdad sobre el 11-M.

La lectura pública de la sentencia del 11-M habrá producido sentimientos diversos, comenzando por la comprensible diferencia de actitud entre las víctimas y los demás ciudadanos. En los medios el aspecto más importante del fallo sería la supuesta implicación de ETA en los atentados, y de eso no voy a ocuparme porque ya lo han hecho y extensamente muchos otros. Descartado ese supuesto, malintencionado y delirante vínculo, las valoraciones a realizar sobre la conducta de quienes han defendido su existencia exceden al análisis del fallo, y ya los ciudadanos españoles formarán su propia opinión y la guardarán en su memoria para siempre.

Una sentencia que culmina un macroproceso por terrorismo no puede ser comparada cualitativa y cuantitativamente a la vez con otra, porque nunca habíamos vivido una tragedia de esa magnitud. Por volumen, puede recordar al ‘caso de la colza’, pero la naturaleza de los delitos enjuiciados lleva a medirla de acuerdo a la jurisprudencia sobre terrorismo. Como documento jurídico procesal que es, merece ser analizado de acuerdo con lo que debe esperarse de un fallo judicial, y más aún de éste.

Ante todo, el fallo es congruente, y la congruencia reside en dar respuesta a todo lo que se ha planteado en el juicio por las partes personadas, acusando o defendiendo. La congruencia, pues, no consiste en dar respuesta a las insidias que extraprocesalmente se hayan lanzado sobre los hechos, sino a lo que válidamente se haya expuesto en el proceso. Si alguien cree que su opinión externa al proceso -del juicio paralelo disfrazado de investigación periodística habrá que hablar en otro momento- no ha sido atendida, es que se autoproclama interlocutor natural de todo lo que acontezca en el Estado y entiende que el fallo se ha de ocupar también de eso, como si la sentencia no debiera guardar coherencia con el sumario -que la guarda en grado superlativo, a la vez que subraya la impecable tarea del instructor y de la Policía- sino con su propia colección de primeras planas de periódico. La ausencia de respuestas a los llamados autores intelectuales -que desplaza el análisis hacia el terrorismo islámico internacional- es coherente con el evidente hecho de que en el banquillo no se sentaba ninguno de los grandes impulsores de esas brutales acciones, sean en Madrid, en Nueva York o en Londres. No se condena a esos sujetos que tampoco han sido juzgados, por mucho que todos tengamos la convicción de que existen.

La calificación de acto terrorista es correctamente centrada en lo que debe ser la esencia de ese concepto: el terrorismo existe con total independencia de los motivos o fines de los terroristas, pues lo que decide la diferencia entre ese crimen y cualquier otro no es la causa que motiva al criminal sino la indefensión total de las víctimas, que son cosificadas, instrumentalizadas por el terrorista con el objeto de sembrar el pánico colectivo, el miedo en la vida cotidiana. De otra parte, la sentencia tiene que ser comprendida en el contexto de un sistema jurídico que ante todo acumula las acciones penales y civiles en un mismo proceso. Ese sistema de acumulación, que no es regla en Europa, hace que los fallos penales deban contemplar a la vez decisiones punitivas y de resarcimiento, calificar delitos consumados o intentados, pero también valorar la muerte, las mutilaciones, las lesiones o estragos como dramas físicos y morales de personas concretas: las víctimas. La valoración penal del terrorismo pasa por dos tipos de calificaciones. Por una parte, la que corresponde al hecho mismo de la pertenencia a la banda armada terrorista, como dirigente, como simple miembro o como colaborador más o menos externo. Por otra parte, tendrán que ser calificados todos y cada uno de los singulares crímenes que en la práctica de su actividad ejecuten los terroristas, y ahí la cantidad de imputaciones puede ser ilimitada.

Las penas que se han impuesto han de ser coherentes con los principios penales, singularmente el de legalidad, y las funciones, fundamento y fin que a los castigos quepa atribuir en la justicia penal. Esas penas, claro está, pueden satisfacer o no a las víctimas, y eso es perfectamente respetable. Ahora bien, ha de ser diferenciada esa percepción de la función que la pena ha de tener de acuerdo con los principios del derecho penal y sus reglas de interpretación y aplicación.

Por eso, es comprensible que lo que es prueba suficiente para una víctima puede no serlo a la luz de la jurisprudencia constitucional sobre la prueba de cargo válida y bastante, y lógicamente el Tribunal ha tenido que respetar lo que significa el Estado de Derecho también respecto de personas cuya conducta pueda parecer equívoca o dudosa para algunos. Es comprensible que la pena decidida quede por debajo de la que habría deseado la víctima, pero eso no puede ser motivo ni de escándalo ni de censura.

En el caso enjuiciado tenemos cientos de delitos de homicidio, de lesiones, de estragos, que se pueden imputar personalmente a sujetos concretos como responsabilidad criminal personal, sea como autor, coejecutor o cómplice necesario o no. Como ha sucedido en otras ocasiones parecidas de acumulación de crímenes en un mismo sujeto, la suma de penas arroja unas cantidades de años de prisión que desbordan cualquier esperanza de vida, y lógicamente muchos dirán que, a partir de determinada cantidad de victimas, que su número sea mayor o menor resulta irrelevante para la entidad de la condena. Ésa es una verdad formal irrebatible, pero también es cierto que no existe otro modo de imponer las condenas, salvo que se vaya a la prohibida cadena perpetua, que tampoco sería respuesta ‘simétrica’, pues nadie vive cientos de años.

Todo castigo parece siempre poco en estos casos, pero la función de la pena es ante todo afirmar la fuerza del derecho y del Estado ante el criminal, y no sólo ejercitar la venganza colectiva.

Con la lectura de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los atentados del 11-M concluye una ingente tarea procesal llevada a cabo por los jueces y fiscales de dicho tribunal durante tres años y medio, tiempo tan reducido que merece ser destacado como ejemplo de la tenaz labor de la Administración de Justicia española, que ofrece así una poderosa muestra de eficacia, bien distinta de la confusión que le atribuyen algunos incansables charlatanes. Por lo demás, se trata de una sentencia pionera en el panorama jurídico internacional porque cierra en primera instancia el enjuiciamiento de uno de los tres atentados terroristas más graves ocurridos en este siglo en Occidente, mientras los otros dos (Londres y Nueva York) siguen aún sin esclarecerse. Es, sin duda, la mejor manera de responder a la ansiedad de las víctimas.

Los indicios probatorios que sirven para plasmar la verdad procesal (los ‘hechos probados’) sobre lo ocurrido aquel día en Madrid difieren de los que habitualmente ocupan a nuestros jueces y fiscales en un doble sentido. En primer lugar, por las dimensiones del atentado mismo, han debido cotejar un sinfín de rastros de todo tipo (explosivo, ropa, llamadas telefónicas, uso de Internet, viajes, etétera) para perfilar la identidad de los autores. En segundo lugar, la configuración del nuevo terrorismo internacional yihadista es diferente de la que caracteriza al etarra que habitualmente ocupa a la Audiencia Nacional, por cuanto se basa en la generación de células o grupos reducidos de fanáticos afincados en países de Occidente, cuya activación y capacidad operativa se ve facilitada por el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Este alcance internacional puede dificultar sobremanera la persecución de quienes dan las órdenes para ejecutar los atentados y también la de los ejecutores mismos. Pues bien, ya en abril de 2006, el auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional concluyó la minuciosa tarea de investigación, que ocupa casi 1.500 páginas. El mérito corresponde desde luego a su titular, pero en igual medida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha cumplido a plena satisfacción su misión garantizadora de la legalidad. Los indicios probatorios que se señalan en dicho auto han debido contrastarse mediante los habituales instrumentos periciales, testificales y documentales a lo largo del juicio oral, en el que ha adquirido una relevancia superior el Ministerio Fiscal, preservando de nuevo el imperio de la Ley contra la estrategia de tergiversación intoxicadora de algunas defensas. Lo mismo puede decirse, en general, de la enérgica actuación del presidente del Tribunal, que ha dirigido las sesiones con pleno respeto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, con total imparcialidad.

Pero la dificultad de este caso no reside sólo en su extraordinaria dimensión, sino también en la inadecuación de nuestra legislación penal para encajar en sus normas la actividad del nuevo terrorismo internacional yihadista. En efecto, el Código Penal español (como muchos europeos) define el terrorismo en torno a tres elementos: la violencia, la actuación en grupo y la persecución de una finalidad ‘política’, descrita en los artículos 571 y 577 bajo la expresión «subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública». A diferencia de lo que ocurre con el terrorismo etarra, que sí actúa contra la Constitución vigente porque pretende segregar una parte del territorio nacional violentamente, al margen de cualquier procedimiento jurídico, los yihadistas carecen de una pretensión semejante. Su misión fanática consiste en expandir el terror en los países occidentales pero no con la finalidad de suplantar la autoridad política (al menos a corto o medio plazo) sino de ofenderla notablemente. Por otra parte, la mención del texto a «alterar gravemente la paz pública» sirve desde luego para subsumir en ella los atentados del 11-M, pero también para castigar -por ejemplo- a grupos de fanáticos futboleros o de seguidores antiglobalización, lo que indica una ambigüedad incompatible con el mínimo de seguridad jurídica que reclama el art. 25.1 de la Constitución para la órbita penal. Cabe añadir que la UE pretendió unificar la definición de terrorismo en los países miembros mediante la Decisión Marco de 13 de junio de 2002 (impulsada con ahínco por el Gobierno español de entonces), pero su intento se ha saldado con un rotundo fracaso, debido básicamente a que el texto adoptado resulta tan farragoso que bajo su tenor no cabría incluir atentados como los de Madrid o Londres, por la sencilla razón de que éstos habrían debido ‘poner en peligro’ a España o al Reino Unido como tales Estados, algo bien difícil de lograr mediante un atentado terrorista, por muy grave y execrable que sea.

En torno a esa ambigua definición de ‘grupo terrorista’, nuestra legislación distingue la responsabilidad penal de sus jefes o promotores (hasta 14 años de prisión), del integrante (hasta 12 años) y del colaborador (hasta 10 años). Independientemente de tal castigo, quienes participan en un atentado terrorista, como el del 11-M, sufren a su vez las penas por las muertes o lesiones causadas, en función de su respectiva participación. Aparte de los autores materiales, nuestro Código Penal considera igualmente responsables a los inductores (autores intelectuales), para cuya condena debe demostrarse que convencieron a aquéllos para que ejecutasen los atentados. Una de las ‘sorpresas’ de la sentencia es la absolución de ‘El Egipcio’ por este concepto. El Ministerio Fiscal consideraba probado que los atentados se produjeron bajo su inducción, mientras que el Tribunal explica de manera convincente -a mi modo de ver- que el nexo entre este terrorista y la masacre de Madrid no se puede establecer salvo por indicios equívocos. Esa falta de enlace cierto entre ‘El Egipcio’ y los ejecutores obliga a su absolución bajo los parámetros de la presunción constitucional de inocencia.

El fallo de la Audiencia Nacional responde fielmente a los postulados del Estado de Derecho. La responsabilidad individual aparece convenientemente matizada, condenando o absolviendo a los acusados en virtud de la prueba practicada y no de las insidiosas teorías conspirativas. Las víctimas resultan resarcidas no sólo en proporción al perjuicio económico ocasionado sino también al daño moral específicamente infligido por los autores del atentado, que les relegaron a la condición de meros instrumentos para la consecución de una finalidad terrorista. Estamos, por todo ello, ante una condena ejemplar, que es resultado de un proceso cuya enorme dificultad ha sido superada con notable éxito.

El juez Javier Gómez Bermúdez y sus compañeros del tribunal intentaron ayer con su sentencia ordenar el caos que ha acompañado a la instrucción del sumario del 11-M. La tarea era ingente puesto que tenían que construir un relato de los hechos probados a partir de los innumerables datos acumulados durante la investigación, de las declaraciones contradictorias de testigos, de las versiones interesadas de los acusados, de las hipótesis y suposiciones que han flanqueado la investigación y de las polémicas extrajudiciales que se han producido en todo este tiempo.

Los magistrados optaron en la sentencia por utilizar la misma técnica con la que hay que observar los cuadros impresionistas: mantener una mínima distancia con la pintura para poder ver la imagen en su conjunto en vez de ponerse tan cerca de cada uno de los puntos del dibujo que impidan tener una perspectiva global. Y consiguieron el objetivo de darnos una imagen suficiente de lo que ocurrió, aunque los que se han empeñado en examinar cada punto con lupa no se quedarán satisfechos. Los argumentos del tribunal, en coherencia con lo que ya se había visto durante el desarrollo de la vista, han desmontado las teorías más peregrinas que se habían desarrollado en torno a ese atentado, ratificando la validez de la mayoría de las pruebas.

Redes terroristas

En esa tarea de ordenar el caos, los miembros del tribunal han eludido entrar en la descripción y encuadramiento de las tramas islamistas que operaban en España y de aquellas que llevaron a cabo el atentado. Ha sido la gran diferencia entre la sentencia y el auto de procesamiento dictado por el juez instructor el 10 de abril de 2006. En aquella resolución de 1.471 páginas, el juez Del Olmo se extendía en la descripción de las diferentes redes del terrorismo islamista (los de Al Qaida, las tramas sirias, las norteafricanas, los que carecían de vinculaciones orgánicas, pero compartían lazos religiosos y de sentimientos, etc.), dibujaba vinculaciones y se explayaba en las motivaciones de los terroristas. Aquel contexto permitía afirmar que el 11-M había sido una consecuencia de la intervención militar en Irak -porque así lo mencionaban los autores del atentado en sus reivindicaciones-, pero también que las amenazas terroristas continuaban porque se había reforzado la presencia de las tropas españolas en Afganistán.

La sentencia, sin embargo, elude intencionadamente recorrer ese camino, un camino que lleva a la bronca política. «La existencia o no de un grupo terrorista -dice la resolución judicial conocida ayer- no depende de que se le pueda asignar o no un nombre, una determinada adscripción geográfica -local, regional, nacional o internacional- o de que tengan un tamaño determinado y una división interna en células, grupos o cuadrillas(…)». Es decir, el juez Gómez Bermúdez y sus compañeros rehusan intentar determinar si los autores del 11-M son o no son de Al Qaida, pertenecen al Grupo Islamista Combatiente Marroquí o a cualquier otra sigla. Penalmente, lo relevante es que eran un grupo terrorista y a eso se ajustan.

El resultado de esa decisión judicial son las críticas de no haber esclarecido la denominada «autoría intelectual» del atentado. En realidad sólo han cambiado el tipo de críticas: si hubieran sostenido la tesis de que el atentado fue respuesta a la presencia española en Irak hubieran recibido también reproches y si hubieran mantenido que Irak sólo fue la excusa, pero que el terrorismo islamista estaba presente en España mucho antes del 11-M e, incluso, del 11-S, entonces se hubieran llevado otra ración diferente de reproches.

Célula con contactos

En todo caso, la sentencia de ayer, aunque no entra en la clarificación de las tramas del terrorismo islamista, tampoco permanece ciega ante el fenómeno. Siguiendo la trayectoria personal que se describe de algunos de los terroristas encartados en el sumario, se puede ver la profundidad y extensión de esas redes por media Europa y por los países árabes. La resolución nos muestra a terroristas como Hassan El Haski, miembro de la cúpula del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, moviéndose por España, Francia, Bélgica o Holanda, participando en reuniones de alto nivel de este grupo que en los últimos tiempos está en camino de convertirse en una filial oficial de Al Qaida, como ha hecho otro grupo terrorista argelino.

Los terroristas que estaban alrededor de la célula que llevó a cabo el 11-M tienen contactos, relaciones y complicidades con otros islamistas radicales del norte de Africa, de los países citados anteriormente, además de Italia, Siria o Irak. El dibujo fragmentario que ofrece la sentencia sobre los autores del 11-M y los terroristas conexos no es el de una célula local aislada, el de un grupo de islamistas madrileños que deciden pasar a la acción por su cuenta, sino el de un foco con no pocos contactos en otros países y en otras redes yihadistas. Este dibujo es mucho más preocupante que la teoría de un núcleo local radicalizado.

La posible presencia formal de Al Qaida en el atentado de Madrid -más allá de la atracción religiosa e ideológica que este grupo y sus líderes pudieron ejercer sobre los autores de la masacre- no aparece confirmada en la sentencia, pese a que la resolución judicial tiene alguna contradicción al respecto. En el hecho probado número 11, la sentencia afirma que Yousef Belhadj «es miembro de uno de los grupos que forman la red de Al Qaida» y se describen sus actividades como financiero y reclutador de yihadistas en Bruselas, pero en los fundamentos jurídicos se sostiene que no está probado que el acusado sea dirigente «de uno de los grupos que se engloban bajo la denominación cada vez más genérica de Al Qaida».

En cualquier caso, la sentencia no trata de hacer la historia del terrorismo yihadista, sino de aclarar la autoría directa del 11-M y eso lo ha conseguido.

Aquel día muchas personas rectificamos sobre la autoría de ETA en la matanza. Recuerdo que, trascurridas varias horas e incluso la jornada completa para los más desorientados, era una hipótesis plausible pensar que los explosivos de los trenes en Madrid habían sido plantados por ETA. Después, esa sospecha ya acabó paulatinamente convirtiéndose en una insensatez. Quienes desde entonces la han continuado enarbolando desconozco si llegan a creérsela del todo o no. Lo que tengo claro es que la defensa de la autoría de ETA en los atentados del 11-M, en cualquiera de las versiones conspirativas que circulan, responde a unos intereses, mediáticos, partidistas o ambos. Hasta cierto punto es una defensa legítima, incluso si se persigue manipular a la opinión pública. En democracia ha llegado a ser legítimo manipular a la opinión pública, y, si no, observen cualquier campaña electoral. Sin embargo, es saludable darse cuenta de que es así, de que un determinado argumentario respecto de las circunstancias que gestaron el 11-M está indisociablemente ligado al interés de influir en la opinión pública en un sentido concreto.

Dentro de esos intereses, no debe de ser casualidad que quienes desde el Gobierno, el mismo 11-M, sesgaron la información para crear una percepción que culpara a ETA sean los mismos que después perdieron las elecciones del 14 y cuenten con las simpatías de quienes han construido y mantenido la teoría de la conspiración. Éstos, además, niegan la importancia y los riesgos del cambio climático, que no tiene nada que ver en este asunto, pero que demuestra que hay temas cuyo razonamiento político sólo es fiel a criterios ideológicos de confrontación izquierda-derecha, con independencia de los hechos.

No debe de ser nada agradable para algunos pensar que si desde primera hora hubieran sido honestos con las informaciones y hubieran llamado a la unidad de la población frente al intento islamista de sabotaje, los resultados electorales habrían sido bien distintos. El sentimiento de fracaso y la culpa, derivada esta última de saber que fueron lo más torpes que pudieron ser, son suficientes para mantenerse irreductibles en la teoría de la conspiración que vincula a ETA con el 11-M. Por añadidura, la conspiración sirve para erosionar a un Gobierno al que se considera ilegítimamente instalado en La Moncloa. Así que, como nadie ha instruido una causa judicial sobre si ETA compartía de algún modo la autoría de los atentados, como tampoco se ha instruido sobre si fueron los trabajadores del Kurdistán o el independentismo corso, pues que se mantenga el argumento hasta el fin de los días. Y ya encontrará el PP un candidato descontaminado del lastre de la conspiración para cuando le toque tener opciones de gobernar España.

La sentencia del 11-M refleja la convicción a la que ha llegado el tribunal después del estudio de las pruebas. Ni más ni menos. Lo que se ha juzgado es la autoría de los acusados en los hechos delictivos imputados. Los hechos delictivos son los atentados y consiguientes asesinatos del 11-M. Los acusados son en su mayoría individuos insertos en tramas yihadistas en España y algunos otros que participaron con apoyo o logística. De estos últimos, ciertos españoles y algún magrebí que, dedicados a la delincuencia del robo o de las drogas, aprovecharon la coyuntura yihadista para hacer lo que suelen hacer los criminales, beneficiarse ocasionando un perjuicio ilegal a alguien. Las condenas judiciales son un reflejo de la robustez de las pruebas y no de los hechos. La traducción de los hechos en elementos de prueba es una labor previa a los juicios, que en este caso se ha visto ensombrecida, ha perdido potencial, por el suicidio de buena parte del comando yihadista (autoría material) en un piso de Leganés. También, por la circunstancia de que la planificación de los atentados (autoría intelectual), como suele ocurrir con la criminalidad trasnacional, no ha sido íntimamente esclarecida y por tanto descrita con el detalle deseable en el sumario judicial. Las dificultades para ponerle rostro al planificador principal del 11-M derivan de que los autores materiales se suicidaron (algo podían haber contado en el juicio) y de que el ‘yihadismo’ tiene una estructura más global que local, donde los ejecutores no siempre tienen claro por qué atentan y cuáles son los condicionantes de su violencia, más allá de la nebulosa del paraíso rebosante de huríes.

Hay muchos aspectos a lamentar del 11-M. El más claro, nuestros conciudadanos asesinados. A distancia del dolor por ellos, el espectáculo tan bochornoso de ciertos políticos y medios de comunicación miopes, cuando no torticeros. Del mismo modo, triste la ausencia de juicio crítico o la presencia de pereza mental en alguna parte de la ciudadanía, que ha consumido versiones enlatadas de agendas políticas muy alejadas, precisamente, del ciudadano. A celebrar queda que policía, fiscalía y judicatura hayan acopiado pruebas dentro de las dificultades y presiones, se haya juzgado con garantías, sostenido las acusaciones (menos dos) y condenado en virtud de ellas. Hasta el momento, España ha sido el país de nuestro entorno donde mejor se han esclarecido atentados yihadistas. También aquél donde mayores efectos políticos han producido. A veces, no podemos evitar ser la cara y la cruz.

Me refiero a si está ya claro por qué los terroristas hicieron aquel día de 2004 lo que hicieron. Es probable que muchos de quienes se hayan adentrado en la lectura de este artículo, al igual que la mayoría de cuantos han declinado la invitación, lo tengan suficientemente claro y ante el interrogante del título hayan pensado de inmediato en, supongo, la participación española en la guerra de Irak. Pero quizá las cosas no sean tan simples como parecen. Después de todo, otros individuos de la misma ideología, el salafismo yihadista, han querido volver a perpetrar atentados similares en nuestro país y hace ya dos años que los dirigentes de Al Qaeda aluden a España de manera tan reiterada como agresiva, aun cuando ni tenemos ya soldados en suelo iraquí ni nuestro Gobierno está alineado con la coalición liderada por Estados Unidos que continúa desarrollando allí misiones militares.

Y es que para comprender lo ocurrido el 11-M es preciso remontarse a finales de 2001 e inicios de 2002. Eso se deduce de la documentación aportada en el sumario abierto en la Audiencia Nacional sobre los atentados de Madrid, cuya sentencia se espera esta misma semana. Fue en aquellos meses cuando se desencadenan dos procesos, carentes entonces de relación entre sí pero luego decisivamente trabados, que permiten entender mejor lo que sucedería dos años después en los trenes de la muerte. El primero tiene que ver con la descentralización territorial del terrorismo global tras los atentados de Nueva York y Washington, una vez que Al Qaeda perdiese su santuario afgano. El segundo, con algunos de los efectos que tuvo el desmantelamiento por parte de la policía española, poco después del 11-S, de la célula que los seguidores de Osama Bin Laden tenían en nuestro país.

Por partes. Se sabe que en febrero de 2002 tuvo lugar en Estambul una reunión a la que acudieron dirigentes de distintos grupos armados magrebíes de orientación yihadista. Adaptándose al nuevo escenario en que a partir de entonces se desenvolverá la urdimbre del terrorismo global, líderes de facciones marroquíes, tunecinas y libias pertenecientes a la misma convinieron en que, para llevar actos de yihad, en la acepción belicosa del término, no era necesario trasladarse a zonas en las cuales hubiese conflictos abiertos que afectaran a poblaciones de musulmanes. Es decir, convinieron en que no era necesario ir a Afganistán, Bosnia, Chechenia o Cachemira, por ejemplo. En que las acciones de yihad podían ser ejecutadas allí donde se residiera. Poco más de un año después ocurrieron los atentados de Casablanca, en los que ya hubo blancos españoles afectados, y apenas transcurridos dos, los de Madrid.

Al menos desde el otoño de 2002, pero bien puede ser que antes, se celebraban en Madrid reuniones a las que acudían sobre todo neosalafistas magrebíes y en las cuales había algún individuo de origen marroquí, bien conectado con las redes transnacionales del terrorismo yihadista y con el nodo turco a través del cual se trasladaba a individuos reclutados en países europeos como el nuestro para ponerlos a las órdenes de Abu Musab al Zarqaui, quien solía precisamente insistir en ese mensaje de que para ejercer la yihad no era necesario ir a zonas de conflicto donde había comunidades musulmanas en dificultades, ya que podían realizarse en el propio lugar donde se reside, con especial alusión a Marruecos y, aún más en concreto, a España.

Esto no es todo. Se sabe también que, igualmente a inicios de 2002, entre quienes habían sido miembros o seguidores de la célula de Al Qaeda establecida en España a comienzos de los noventa por Mustafa Setmarian existía un gran resentimiento hacia nuestro país, manifestado en deseos de venganza y en la voluntad explícita de perpetrar atentados. A mediados de esa década, este individuo, de origen sirio pero nacionalizado español, se trasladó junto a Abu Qutada, ideólogo de referencia en las redes del actual terrorismo global, que por entonces habitaba en Londres, para recalar finalmente en el círculo inmediato de Osama Bin Laden en Afganistán. Fue reemplazado por el conocido como Abu Dahdah, cuyo teléfono figuraba entre los manejados por la célula terrorista asentada en Hamburgo que ejecutó los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Esta última evidencia y otras muchas relacionadas con las actividades de la célula española de Al Qaeda que constaban a la policía precipitaron la decisión judicial de ordenar, a partir de noviembre de ese año, una serie de detenciones que dieron lugar a su práctica desarticulación. Buena parte de los integrantes de esa célula se encontraban en prisión cuando ocurrió el 11-M. Pero es revelador que algunos otros individuos relacionados con la misma, pero que no fueron incriminados en su día, se encuentran posteriormente implicados en los atentados de Madrid. Individuos que desde mediados de 2002 habían entrado en contacto con otros vinculados con las redes norteafricanas del terrorismo yihadista cuyas actividades habían sido reconducidas tras el encuentro de Estambul y meses después lo harían incluso con algún notable allegado de Al Qaeda que se encontraba en Afganistán.

Eso sí, la invasión de Irak favorecerá la colusión de unos y otros en el propósito común de atentar en España. Ese contexto les proporcionó además un pretexto inteligible y apoyos. En octubre de 2003, estrategas de la yihad global explicaron en Internet que éramos el blanco más propicio y Osama Bin Laden aprobó el atentado mediante un vídeo difundido por televisión. Al día siguiente quedó fijada la fecha del 11-M y no en Lavapiés, sino en Bélgica. Abu Muhammad al Ablaj, responsable de propaganda en Al Qaeda, anticipará en noviembre lo que iba a ocurrir. El día de la masacre, esta estructura terrorista la hizo suya con un comunicado de las Brigadas Abu Hafs al Masri. En este texto, al recriminar a nuestro país ser aliado de Estados Unidos, se aduce que el atentado era también “parte de un viejo ajuste de cuentas con la cruzada España”. Pero dejémoslo en que todo fue por lo de Irak, ¿o no?

Aún hoy me emociono al recordarlo: allí estaba un abogado de ideas conservadoras, hijo de la burguesía catalana, rodeado de más de 500 personas en el barrio más humilde de Madrid. Apenas conocían sus derechos, me sometieron a todo tipo de preguntas. Al terminar, la ovación más cerrada que jamás he oído en mi vida.
Estaba todo por hacer. Con Pilar Majón habíamos pactado no cobrar de las víctimas, y a ella la Comunidad de Madrid no le otorgaba subvenciones. En estas condiciones era difícil formar un equipo de abogados. Afortunadamente, en poco tiempo aparecieron magníficos voluntarios, Amanda, Paula, María, Antonio Segura y Antonio García, un grupo heterogéneo, pero unido por una idea común: hacer un juicio técnico alejado de influencias políticas, donde pagasen los culpables y se hiciera justicia a las víctimas.
Desde el principio supimos que habría una dificultad añadida: no solo las defensas tratarían de poner en tela de juicio los elementos probatorios. Por las primeras actuaciones de ciertas acusaciones, comprendimos que, con toda probabilidad, tendríamos también que luchar contra algunos que teóricamente estaban en nuestro mismo bando.

LA DECISIÓN fue contundente: apoyaríamos a la fiscalía, defenderíamos las pruebas prácticas en Instrucción y, estratégicamente, nos colocaríamos no solo como Asociación 11-M Afectados por Terrorismo, sino también en otros tres grupos de víctimas, lo que supondría el esfuerzo añadido de la presencia permanente de cuatro abogados del equipo en cada sesión. De no haber sido así, el efecto por el que tras los interrogatorios de la fiscal las propias acusaciones interrogasen contra las pruebas dejaría el camino muy libre a las defensas.
Cuando supimos en qué iba a consistir el juicio –el interrogatorio de los 29 procesados y, además, de casi 600 testigos y 100 peritos– nos repartimos el trabajo entre los seis.
Personalmente, y asumiendo la representación de nuestra asociación, me reservé desmontar la absurda teoría de la participación de ETA, y apuntalar la actuación policial, especialmente de aquellas unidades a las que, por su especial relevancia probatoria, más estaban atacando los defensores de la llamada teoría de la conspiración.
Fue significativo lo acontecido con el comisario jefe de los Tedax, interrogado por algunas acusaciones con más dureza que a los propios procesados. El motivo para mí era obvio: el laboratorio Tedax, del que depende el Centro Nacional de Datos de Bombas, había emitido un informe el mismo día 11 de marzo del 2004 en el que quedaba claro que los componentes del explosivo coincidían con la goma-2 eco, informe que no ha sido rebatido en nin- gún momento, sino que, con medios muy sofisticados, se ha apreciado un porcentaje mínimo de restos contaminantes de otros explosivos. Por ello, contra este policía se habían lanzado todo tipo de infundios.
Además, algo tuvo que hacer sospechar desde el principio sobre la autoría, como así lo afirmaron en la vista los responsables policiales. ETA acostumbra a avisar de la colocación de artefactos explosivos, aunque lo haga con horarios distorsionados para tratar precisamente de matar a al- gún tedax. Además, forzosamente debió de observarse que resultaba extraño que, mientras que ETA, en las instrucciones que da a sus terroristas, siempre ha prohibido la actuación directa en un mismo escenario de más de un comando por razones de seguridad, para perpetrar los atentados del 11-M hacían falta como mínimo cuatro.
Luego, otros datos acreditarían la inexistencia de conexiones etarras: el explosivo provenía de una venta realizada por delincuentes comunes; ETA tenía material de sobra, pues en 1999 había robado una gran cantidad en Plavin (Francia); jamás se había detectado el más mínimo contacto entre la estructura de ETA y grupos islamistas; nunca ETA se había provisto de material procedente de delincuentes comunes, etcétera.

PESE A ELLO, en el juicio los enfrentamientos han sido especialmente duros. Por mi parte, puedo asegurar que tengo la conciencia tranquila. He hecho exactamente lo mismo que toda mi vida en las vistas contra ETA: defender a las víctimas, colaborar con la fiscalía, apoyar a la policía y a la Guardia Civil.
En el juicio demostré que como mínimo en 10 atentados cometidos por ETA no se llegó a saber el tipo de explosivo. Aquí mi certeza es absoluta: nunca los abogados de etarras han puesto en tela de juicio la actuación en este tipo de informes policiales. Tuve la amarga sensación de que algunos, involuntariamente, les estaban abriendo un nuevo camino: tengo la convicción de que ningún favor se hace a la lucha antiterrorista mezclando estructuras que nada tienen que ver entre ellas.
He cobrado la mejor minuta de mi vida cuando Laura, que perdió a su padre, me traía agua o un café, cuando David me ayudaba por mi inutilidad con la informática, cuando Pilar me abrazó emocionada tras el informe. He liderado un heterogéneo grupo de abogados y me siento satisfecho del trabajo realizado.
Para mí, el verdadero patriotismo es defender el Estado de derecho, luchar por las víctimas sin orientarlas con intereses políticos. Lo que todos nos jugamos contra el terrorismo islamista o etarra es demasiado importante como para que nadie, sea del color que sea, trate de sacar rédito electoral.

Tema: Los atentados del 11-M han dado lugar a la aparición de numerosas tesis que ponen en duda la validez de la investigación judicial. Este análisis muestra como tales tesis presentan los rasgos característicos de las teorías de la conspiración injustificadas.

Resumen: Las tesis de la conspiración forman parte del folklore contemporáneo, pero no siempre son banales e inocuas. Se caracterizan por atribuir a una conspiración de agentes poderosos la ocultación de una verdad relevante y a veces logran gran aceptación. Su veracidad o falsedad debe ser probada en cada caso, aunque comúnmente el término se emplea sólo para aquellas que resultan injustificadas. El impacto emotivo que tienen los grandes atentados, como los del 11-S y el 11-M, favorece la aparición de tales teorías, que tienden a mermar la confianza pública en las instituciones. En ambos casos, sin embargo, las teorías que tratan de desmentir el resultado de la investigación oficial carecen de pruebas.

Análisis: La polémica sobre los atentados del 11-M ha introducido por primera vez en el debate público español el concepto de teoría de la conspiración, hasta el punto de que quienes han opinado sobre el tema se han visto clasificados como “oficialistas” o “conspiracionistas”. Estos últimos han logrado convencer duarante un tiempo a un sector numeroso, aunque minoritario, de la población española, lo que demuestra la importancia que pueden llegar a adquirir las teorías de la conspiración e induce a tomárselas en serio. Sin embargo, la comunidad académica internacional no ha solido hacerlo, ya que en general tales teorías son consideradas como elementos intrascendentes de la cultura popular, que permiten ganar dinero y/o satisfacer sus ansias de protagonismo a los lunáticos o desaprensivos que las propagan.

Los típicos teóricos de la conspiración acusan al Gobierno norteamericano de ocultar pruebas sobre un nave alienígena (que se habría estrellado en Nuevo México en 1947); niegan que el hombre haya pisado la Luna (el dinero de la misión Apolo se habría usado para otros fines); denuncian el control oculto del mundo por parte del grupo Bilderberg (personalidades internacionales que se reunen una vez al año para debatir confidencialmente); o afirman que Elvis Presley está vivo (habría fingido su propia muerte). Frente a tales tesis, lo mejor parece atenerse al sabio consejo de no discutir con lunáticos. Pero algunas teorías de la conspiración no son tan anodinas. La teoría de que los judíos controlan el mundo, cuya formulación clásica se halla en los Protocolos de los sabios de Sión (una falsificación publicada inicialmente en Rusia a comienzos del siglo XX y que muchos islamistas siguen creyendo genuina aun hoy) contribuyó decisivamente a los crímenes antisemitas del pasado, incluido el holocausto, y dificulta hoy un acuerdo definitivo de paz entre árabes e israelíes.

No todas las teorías de la conspiración son, sin embargo, falsas. Si entendemos por conspiración un acuerdo secreto entre varias personas para dañar a terceros, los actos terroristas son todos resultado de conspiraciones previas. Así es que el problema real es el que presentan las teorías de la conspiración injustificadas, pero no siempre resulta evidente si una teoría está justificada o no. Desde la perspectiva epistemológica el tratamiento más serio del tema se halla, a mi juicio, en un artículo del filósofo estadounidense Brian L. Keeley (“Of Conspiracy Theories”, The Journal of Philosophy, XCVI, 3, 1999, pp. 109-126), que por cierto toma como ejemplo las teorías surgidas en torno a un atentado terrorista, el de Oklahoma City en 1995. De acuerdo con Keeley, las teorías de la conspiración injustificadas se caracterizan por negar la interpretación oficial u obvia de los hechos considerados, pretenden revelar secretos bien guardados y se apoyan en los datos que no quedan suficientemente explicados en la versión oficial o incluso la contradicen, pero ninguno de estos rasgos implica que sean necesariamente injustificadas, algo que debe ser demostrado en cada caso. Ahora bien, es frecuente que tales teorías tomen direcciones peligrosas. Dado que los teóricos de la conspiración pretenden revelar secretos guardados por agentes poderosos, los argumentos que se utilizan contra sus tesis suelen presentarlos como pruebas adicionales de lo poderosa que es la conspiración a la que se enfrentan. Todo aquel que niega la conspiración, observa Keeley, es sospechoso de participar en ella, con el resultado de que la supuesta conspiración se va ampliando. Y en ello estriba el peligro de unas teorías que tienden a poner en cuestión la confianza en las instituciones sin la que una sociedad no puede funcionar: el escepticismo llevado al extremo conduce al nihilismo.

A menudo, añade Kelley, el atractivo de las teorías de la conspiración injustificadas se basa en que permiten dar una explicación sencilla y completa de grandes acontecimientos. Para mucha gente es difícil aceptar que el mundo se rige por la interacción de múltiples agentes que persiguen diferentes objetivos, sin que nadie pueda controlar los resultados. En particular, resulta difícil aceptar que acontecimientos con un impacto emocional tan grande como el que tuvieron en EEUU el asesinato de Kennedy o el atentado de Oklahoma City (el mayor antes del 11-S) puedan haber sido obra de individuos insignificantes.

Nos encontramos pues con que existen teorías de la conspiración banales (Elvis está vivo), otras que proponen una visión conspirativa de la historia (la conspiración judía) y otras que ofrecen una explicación alternativa de un hecho impactante (el atentado de Oklahoma City). A este tercer tipo pertenecen las teorías surgidas a raíz del 11-S y del 11-M. En el caso del 11-S, la versión oficial de los hechos se recoge en el informe de una comisión nacional de investigación, integrada por miembros de los dos grandes partidos, cuyos resultados han sido aceptados por los grandes medios de comunicación, pero ello no ha impedido que se difundan teorías que la niegan. A nivel internacional, el teórico de la conspiración que ha tenido más éxito ha sido el periodista francés Thierry Meyssan, quien ha vendido centenares de miles de ejemplares de su libro La gran impostura, traducido a más de 20 lenguas, en el que trata de probar que ningún avión se estrelló en el Pentágono. Y tampoco faltan en los mismos EEUU teóricos de la conspiración que hayan puesto en cuestión la versión oficial. Entre ellos se encuentra el profesor de filosofía James Fetzer, quien previamente se había ocupado de otro tema similar, el asesinato de J.F. Kennedy, y el profesor de teología David Ray Griffin. La argumentación de estos y otros teóricos similares se puede resumir en tres puntos:

(1) Descartan, por motivos técnicos, que el hundimiento de las Torres Gemelas y los daños en el edificio del Pentágono se debieran al impacto de los aviones secuestrados. Por supuesto, no pueden negar que dos aviones se estrellaron contra las torres, pero afirman que su hundimiento se debió a explosivos situados en el interior de las mismas.

(2) Sostienen que los atentados favorecieron los planes de expansión imperial del Gobierno Bush, al constituir un “nuevo Pearl Harbor” que permitió justificar el aumento del gasto en defensa y los ataques contra Afganistán e Irak.

(3) Argumentan que, puesto que el Gobierno de Bush se ha esforzado en que se aceptara una versión de los hechos que ellos consideran falsa y puesto que se ha beneficiado de lo ocurrido, es probable que miembros del Gobierno estuvieran implicados de alguna manera en los atentados, o al menos estuvieran informados previamente y no trataran de impedirlo.

Este esquema de argumentación se basa pues: (a) en una cuestión técnica, como es la resistencia al fuego de un gran edificio, sobre la que en realidad muy pocos expertos están en condiciones de opinar con fundamento; y (b) en el común pero no por ello menos falaz argumento de que si un crimen beneficia a alguien en algún sentido, aunque sea indirecto, ese alguien es sospechoso de haberlo cometido. De lo que no se aporta prueba alguna, por supuesto, es de que algún agente del Gobierno de Washington haya estado implicado en los atentados.

¿Hasta qué punto han calado en el público estas teorías? En EEUU las dudas de los ciudadanos se han centrado en la cuestión de si el Gobierno había tenido información previa sobre el proyecto terrorista. Una sorprendente encuesta de Zogby International en agosto de 2004 mostró que casi la mitad de los residentes en Nueva York creían que el Gobierno la tenía. Pero lo más inquietante resulta la opinión de los musulmanes. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, en el año 2006 más de la mitad de los indonesios, los egipcios, los turcos, los jordanos y los musulmanes británicos negaban que los atentados del 11-S hubieran sido perpetrados por musulmanes. En el caso de los musulmanes españoles, lo negaban el 35%, mientras que el 33% lo creía cierto. Un año después, la misma empresa encuestó a los musulmanes de EEUU, con el resultado de que el 40% creía que los terroristas habían sido musulmanes y el 28% lo negaba, porcentaje este último que se elevaba al 38% entre los más jóvenes y al 46% entre los más religiosos.

Respecto a los atentados del 11-M, también han surgido dudas sobre la versión oficial. Según una encuesta realizada en el otoño de 2006, el 23% de los españoles estaba en desacuerdo con la afirmación de que los atentados habían sido exclusivamente obra de islamistas, porcentaje que se elevaba al 53% entre los votantes del Partido Popular. En este caso el atractivo de las teorías de la conspiración reside en la aparente disparidad entre la magnitud del hecho mismo (el peor atentado de nuestra historia) y de su repercusión política (una contribución decisiva al resultado de las elecciones generales y por tanto al cambio del partido en el gobierno) y la personalidad de sus autores (un grupo de musulmanes, en su mayoría marroquíes, residentes en España). A pesar de que los atentados del 11-S habían demostrado la enorme capacidad de actuación de al-Qaeda, el hecho de que en el caso de los atentados de Madrid no haya indicio alguno de la participación de terroristas venidos del exterior ha llevado a los medios favorables a la teoría de la conspiración a insistir una y otra vez en que una acción tan maquiavélica no podía ser obra de unos “moros de Lavapiés”.

Esto responde no sólo a una actitud de desprecio racista hacia “los moritos”, sino a una exageración de las dificultades que planteaba la realización de los atentados. En realidad los conocimientos para montar los artefactos explosivos están ampliamente difundidos en el mundo yihadí, aunque el hecho de que no sepamos quien montó los artefactos se presta a la interpretación conspirativa. Y aun más extraña resulta la tesis conspiracionista de que sólo alguien muy avezado en el análisis de la política española pudiera haber previsto las consecuencias electorales de los atentados. En realidad, cualquiera que viviera en Madrid en el período de las manifestaciones contra la guerra de Irak habría tenido muy difícil no enterarse de que la oposición de izquierda había encontrado un gran argumento contra el Gobierno de Aznar en la crítica a su política favorable a la intervención en Irak, enormemente impopular. No sabemos si los terroristas del 11-M habían accedido en Internet a un documento yihadí, colgado a finales de 2003, en el que se afirmaba que en España la oposición a la guerra era tan fuerte que algunos ataques bastarían para provocar la retirada de las tropas españolas o, en el caso de que el Gobierno no lo hiciera, al triunfo en las siguientes elecciones del Partido Socialista, que tenía tal retirada en su programa. Es probable que en esa línea de razonamiento se encuentre la lógica criminal que condujo a los atentados. Y aunque los terroristas que cometieron los atentados no hayan leído ese documento, la idea de que una matanza en nombre de la yihad perpetrada justo antes de unas elecciones generales iba a perjudicar al Gobierno que había mandado tropas a Irak la pudieron concebir ellos solos, por muy poco atentos que hubieran estado a la reacción de la población española ante aquel conflicto. Un conflicto, además, que para ellos era importantísimo.

En la génesis de la teoría de la conspiración del 11-M el elemento crucial fue el resultado político de los atentados. José María Aznar había gobernado durante ocho años, con un balance muy positivo en opinión de sus electores, y las encuestas hacían bastante probable una victoria del PP en las elecciones del 14 de marzo. Pero en los tres días que precedieron a las elecciones se produjeron los atentados, el Gobierno defendió la probable autoría de ETA, las primeras pruebas y detenciones apuntaron hacia los yihadíes y el recuerdo de la campaña contra la guerra de Irak se actualizó, provocando una movilización de electores de izquierda que dio la victoria al PSOE. A partir de aquí pudo activarse una de las líneas de razonamiento más típicas de las teorías de la conspiración: quien se beneficia de los resultados de un crimen siempre es sospechoso. Si el 11-S favoreció los planes imperialistas de la Administración Bush, sostiene la perversa lógica conspiracionista, la Administración Bush es sospechosa, al menos, de haber dejado hacer a los terroristas. Y si el PP perdió las elecciones debido a los atentados, ¿qué cabe especular?

Algunos conspiracionistas han podido actuar influidos por el cálculo de réditos electorales, de cuotas de audiencia o de venta de periódicos, pero todo ello es secundario, porque la fuerza de una teoría de la conspiración depende mucho de la sinceridad con que es creída y es difícil pensar que llegue a arraigar en la opinión si los mismos que la propagan no la creen y la apoyan por motivos espurios. Este análisis no pretende poner en tela de juicio la sinceridad de nadie, ni pretende sostener que las versiones oficiales deben ser creídas sólo por serlas.

La versión oficial del 11-M, la que se desprende de toda la inmensa masa de pruebas acumuladas durante una exhaustiva investigación y se está imponiendo durante el proceso todavía en curso, sostiene la culpabilidad de un grupo de militantes yihadíes, y en cierta medida apunta a que la intervención en Irak actuó como detonante de la voluntad criminal de los terroristas, aunque evidentemente este es un punto muy secundario desde el punto de vista procesal. La teoría de la conspiración, en cambio, presenta a los yihadíes como meros ejecutores, como mucho, y postula la existencia de otros conspiradores que los habrían utilizado. Aunque en ciertos momentos se ha insinuado una participación de los servicios secretos marroquíes, o incluso de los franceses, el culpable en el que habitualmente se piensa es ETA, culpable real de más de 800 asesinatos terroristas e inicialmente designada por el Gobierno de Aznar como principal sospechosa de los atentados del 11-M.

A partir de ahí, entra en acción la perversa lógica de las teorías de la conspiración injustificadas y en concreto su tendencia, destacada por Keeley, a implicar a más y más agentes en su red de sospechas. ¿Si ETA es culpable, por qué no se ha podido demostrar su culpabilidad a lo largo de toda la exhaustiva investigación realizada? La lógica conspirativa lleva a suponer que por falta de interés en demostrarla por parte de los jueces, fiscales y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que se han encargado de ello. Y a partir de ahí se ha planteado la sospecha de que el propio Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no está interesado en que se pruebe tal culpabilidad, pues ello pondría en entredicho la legitimidad moral de su victoria electoral y haría imposible la política de negociación con la banda terrorista que inició en 2005.

Dicho esto, conviene destacar que lo que se ha difundido durante los tres últimos años en la sociedad española no es una teoría de la conspiración completa que ofrezca una explicación alternativa de lo ocurrido, sino unos argumentos que ponen en duda la versión oficial, tratan de implicar a ETA y se limitan a insinuar la posibilidad de una trama conspirativa en la que participaran otros agentes. “¡Queremos saber la verdad!” es quizá el lema más efectivo de la campaña contra la versión oficial, campaña que se ha visto reforzada al confluir con el rechazo a la negociación con ETA. A modo de ejemplo, recuérdese que en la masiva manifestación que se celebró en Madrid el 10 de junio de 2006, convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, los dos lemas de los convocantes fueron el ya citado de “¡Queremos saber la verdad!” y “Negociación, en mi nombre, ¡no!”.

Debemos, por tanto, distinguir tres elementos en la argumentación de los “conspiracionistas”: (1) la búsqueda de pruebas contra ETA; (2) la crítica de las pruebas en que se basa la versión oficial; y (3) las insinuaciones contra otros supuestos participantes en la conspiración.

Las pruebas contra ETA

En principio, sospechar que una organización terrorista que lleva 40 años asesinando haya participado en una matanza resulta obvio. En ese sentido, la decisión el Ministerio del Interior, regido entonces por el PP, de iniciar el mismo día de las elecciones una investigación sobre las posibles conexiones entre yihadíes y etarras resulta perfectamente coherente. Se entra, en cambio, en el terreno de la teoría de la conspiración injustificada cuando, después de que un enorme esfuerzo de investigación no haya revelado ningún indicio sólido de que en los crímenes del 11-M participaran criminales de ETA, se recurre a los argumentos más extravagantes, sin reparo en poner en cuestión la honradez de policías o jueces. Por otra parte, resulta difícil imaginar qué podría haber ganado ETA con su contribución a aquellos atentados. ¿Provocar un cambio de Gobierno que facilitara la aceptación de sus exigencias? Pero para que sus exigencias fueran aceptadas tenían que estar seguros de que su participación no sería descubierta. ¿Cómo podían estarlo? Y si se descubría ¿no le costaría ello el apoyo de incluso sus más feroces y obtusos partidarios?

La crítica de las pruebas oficiales

Como en el caso del 11-S, parte de las críticas de las pruebas se centran en detalles técnicos sobre los que sólo unos pocos especialistas están en condiciones de opinar. Para el común de los mortales, la posibilidad de que los incendios provocados por el impacto de sendos aviones bastaran o no para causar el derrumbe de las Torres Gemelas representa una cuestión inabordable. Simplemente vimos estrellarse a los aviones y luego vimos como se derrumbaban los edificios, así es que suponemos que hubo una relación de causa-efecto. De la misma manera casi nadie está en condiciones de opinar sobre los rastros de componentes que dejan distintos tipos de explosivos. Sólo sabemos que múltiples pruebas, y la sentencia judicial contra un menor que participó en el tráfico, demuestran que los yihadíes sospechosos de cometer los atentados adquirieron explosivos en una mina asturiana, y suponemos que esos fueron por tanto los explosivos utilizados.

Ahora bien, hay un punto esencial en la argumentación de los conspiracionistas sobre el cual puede formarse una opinión cualquier persona capaz de razonamiento desapasionado (una capacidad de la que supuestamente están dotados la mayoría de los seres humanos). Se trata de la bolsa recogida en la estación del Pozo e identificada horas después en la comisaría del Puente de Vallecas, la única bolsa colocada por los terroristas en los trenes que ni explotó ni fue explosionada más tarde por los Tedax y que, a través de las pistas proporcionadas tanto por el explosivo y el detonador que contenía, como por el teléfono móvil que habría debido poner en acción el detonador, como por la tarjeta del mismo, resultó crucial en el primer momento de la conspiración. La tesis de los conspiracionistas es que esa bolsa era una pista falsa, colocada por alguien que deseaba precipitar la detención de algunos yihadíes y lograr así el efecto deseado. Una tesis que en marzo de 2006 llevó incluso al líder de la oposición a dudar por un momento de la validez de la investigación realizada hasta el momento. En realidad, si lo que se discute es la certeza de que, en medio de la situación crítica provocada por los atentados, esa bolsa haya estado bajo control policial desde el momento en que se recogió del tren hasta el momento en que se identificó en comisaría, las dudas son posibles, aunque varios policías han testificado en el juicio que así fue. Un rasgo típico de las teorías de la conspiración es centrar la atención en detalles de los que se pretende sacar grandes conclusiones: si no hay absoluta certeza de que la bolsa en cuestión se encontró en el tren, entonces es posible que no fuera depositada por los terroristas, sino por obra de un maquiavélico agente que quería orientar la investigación. Cualquier lector de novelas policíacas recordará cosas similares, pero la lógica no es precisamente el punto fuerte de tales novelas. Lo importante es que las pistas proporcionadas por aquella bolsa encajan perfectamente con miles de otras pruebas: el detonador lleva a la mina asturiana en la que sin duda los procesados adquirieron un explosivo idéntico al de la bolsa, y el teléfono móvil y su tarjeta llevan también hacia ellos. No se trata pues de una simple pista falsa que condujera hacia unos falsos culpables. Si de verdad la bolsa hubiera sido colocada por alguien que no formara parte del grupo de terroristas yihadíes, ese alguien conocía perfectamente todos los detalles de sus movimientos, luego ese alguien muy probablemente formaba parte de una trama oculta que había dirigido las acciones de tales terroristas.

Las insinuaciones sobre la trama oculta de la conspiración

La mayor parte de los conspiracionistas no van más allá de incriminar a ETA y sembrar dudas sobre la versión oficial. Muy pocos se han atrevido a apuntar directamente hacia otros presuntos culpables. Sin embargo, como demuestra el caso de la bolsa de la estación del Pozo, si aceptamos la tesis conspiracionista hemos de concluir que existió una trama oculta capaz de seguir, o presumiblemente guiar, los pasos de los terroristas yihadíes y situar en el lugar adecuado pruebas que los incriminen, sin dejar el más mínimo rastro de su actuación. ¿De verdad se puede creer que ETA habría sido capaz de ello por sí sola? Una vez más, la perversa lógica de las teorías de la conspiración conduce a ampliar la supuesta trama y buscar nuevos culpables, como cuando los jueces de Salem cazaban brujas. La cuestión es que hace falta ser muy insensato para llevar la lógica conspirativa hasta el final. Sin embargo, algunos lo han hecho en España. En los micrófonos de la COPE el locutor Federico Jiménez Losantos ha aludido a “la implicación de los servicios españoles de la Policía, de la Guardia Civil” (citado en ABC, 9/VI/2006), aunque en otras ocasiones se ha mostrado algo más prudente: “casi mejor que sean los etarras los que hayan ayudado a los moros o los hayan llevado porque la otra alternativa son los servicios secretos españoles” (citado en ABC, 5/X/2006).

Conclusión: La teoría de la conspiración lleva pues a la aberrante suposición de que en el peor atentado de nuestra historia han estado implicados miembros de los mismos cuerpos y fuerzas de seguridad que durante décadas han luchado contra los terroristas de ETA y han pagado por ello un pesado tributo de sangre. Una suposición que carece por completo de base, como se ha demostrado en el juicio contra los terroristas en la Audiencia Nacional. Esperemos que la ya próxima sentencia abra los ojos a todos los que, de buena fe, dudaban de que los terroristas yihadíes hayan sido los únicos responsables del 11-M.

Terminado el juicio del 11-M con una práctica abrumadora de pruebas de todo tipo, sorprende cuando no preocupa y atemoriza que sigan existiendo voces que llaman a la confusión, la desconfianza, la sinrazón y, sobre todo, a un cuestionamiento no crítico del propio Estado de derecho.

Siempre resulta razonable y necesaria la crítica permanente al funcionamiento de las instituciones pero habrá de ser de carácter constructivo, que ayude a su perfeccionamiento y no a la destrucción de las mismas, como pretenden aquellos que, a través del ataque despiadado, sicalíptico y sin fundamentos a todo aquello relacionado con el 11-M, no han hecho otra cosa que socavar el prestigio y la respetabilidad de las instituciones que están llamadas a solucionar los conflictos al interior de la sociedad.

Antes del juicio oral, pensaba que al practicarse la prueba bajo la más amplia interpretación del principio de publicidad, se acallarían aquellas voces críticas de las que hablo, pero esa creencia inicial se sustentaba en una inadmisible ingenuidad: fui incapaz de comprender que los corifeos generadores de la campaña de desprestigio que se cernía sobre este proceso no querían “saber la verdad”, sino ocultar la misma por razones que son incapaces de confesar pero que habrán de ser puestas en evidencia si se pretende que la sentencia que se dicte en este procedimiento sea el final del litigo, no sólo el criminal sino, sobre todo el creado al interior de la sociedad española. Es necesario que la sentencia a dictar sea de aquellas que con su manto de concreción disipe definitivamente la “cortina de humo” que unos han generado en torno a este procedimiento y oscurantismo amparado en el desconocimiento general sobre cómo son y funcionan los procesos penales así como cuál es el marco regulador de la actuación del tribunal.

Profusamente se ha cuestionado que un órgano jurisdiccional no hiciese de prestidigitador aventurándose en investigaciones ridículas sobre supuestas pistas que sólo pretendían oscurecer más los hechos impidiendo depurar las responsabilidades surgidas de los atentados del 11-M; básicamente se ha hecho lo mismo que con el caso Bono recientemente aclarado por el Supremo.

Es necesario establecer las razones que sustentan el espectáculo grotesco del que venimos siendo testigos por más de tres años y consistente en un delirante análisis de la realidad que ha pretendido, con aciertos y derroche de medios, generar un perfecto encubrimiento de los responsables penales de los hechos con el fin encubrir a los responsables del mayor fracaso en la gestión de la seguridad interna de España.

Durante el juicio dirigimos nuestra acusación hacia quienes son responsables criminales de estos hechos; al mismo tiempo, realizamos cuestionamientos referentes al papel nefasto, irresponsable y carente de cualquier autocrítica que desempeñaron los entonces responsables políticos de nuestra seguridad con el fin de sacar las lecciones oportunas y así evitar que sigamos siendo un fácil objetivo del terrorismo yihadista.

La sentencia tendrá que cumplir también la función de establecer las causas del atentado, que deben dividirse en dos grandes grupos. De una parte, la voluntad criminal de unos personajes que distan mucho de ser aquellos pobres trabajadores inmigrantes vendedores de pañuelos que algunos nos han pretendido hacer ver. De otra, lo fácil que se lo pusimos o se lo pusieron quienes dirigían la seguridad en España.

Respecto de la primera de las causas poco o nada podemos hacer, pero respecto de la segunda podemos y debemos exigir que aquellas personas que ostentaban un encargo político en materia de seguridad sean finalmente sindicadas como responsables y apartadas de la cosa pública; sólo así se restaurará la confianza en las instituciones y en la cosa pública, que no en la publicada.

¿Cómo pueden venir a dar lecciones en materia de seguridad o exigir responsabilidades políticas al actual Gobierno aquellos que ni tan siquiera han tenido la gallardía de asumir las propias y que en una huida hacia adelante se han alineado con torticeras y retorcidas tesis de personajillos delirantes que no han pretendido otra cosa que lucrarse encubriendo a los responsables de estos hechos, sean penales o políticos?

Frente a la real y más que probada amenaza del terrorismo yihadista, una sociedad madura demanda de todos nosotros responsabilidad, claridad, seriedad y serenidad y estamos seguros de que el trabajo de “esos tres hombres solos” cumplirá una función social que irá más allá de lo meramente jurídico, porque de su decisión estará pendiente toda una sociedad que busca que se le dé una respuesta definitiva a los interrogantes surgidos a partir de esos atentados.

Todos esperamos una sentencia como la ley manda, es decir, una sentencia concreta, que no abierta; proporcionada, que no dura; ejemplar y ejemplarizante; ajustada a derecho y en cuya redacción habrá de cuidarse hasta el más mínimo detalle para evitar que exista aquella frase o párrafo que algunos esperan como última tabla de salvación después del paso de un rodillo probatorio con el que sus tesis se han visto aplastadas.

Una sentencia ajustada a derecho no puede incluir aquella frase que esperan los que se han alineado en contra del Estado de derecho; esa esperanza se justifica sólo en el deseo de unos por no tener que asumir responsabilidades políticas y legales, y de otros para impedir que se les acabe el macabro negocio que han generado a partir de esta tragedia. Lo lamentable es que en este empeño volverán a no escatimar esfuerzos que se centrarán en un ineficaz intento por condicionar al tribunal para que les conceda esa frase o ese párrafo que tan desesperadamente necesitan.

Por nuestra parte, no sólo confiamos en que la sentencia que se dicte será construida dentro de los criterios antes expuestos, sino también de los que desde ya garantizamos que la respetaremos y haremos nuestra desde el convencimiento de que el tribunal, excepcionalmente bien compuesto y plantado, dictará una resolución que no podrá ser “políticamente correcta”, que no podrá dejar a todos medianamente contentos, porque esta sentencia, por las razones aquí expuestas y defendidas en el juicio, está llamada a resistir el peso de los recursos y el paso del tiempo.

El día 12 de este mes de junio, durante el desarrollo del juicio oral en que se depuran las responsabilidades penales derivadas de la matanza del 11-M, se produjo un incidente entre el presidente del tribunal y una fiscal que me siento obligado a comentar. Difícilmente me pueden ser ajenas las relaciones entre jueces y fiscales. Es inevitable que pese sobre mí el hecho de que fui fiscal durante más de treinta años y magistrado cerca de dieciocho. Desde ahora adelanto que la noticia de lo ocurrido me ha llegado a través de los medios de comunicación, si bien la visión de las imágenes y la audición de las palabras por la televisión pueden haber completado lo que he leído en la prensa y aproximar mi conocimiento de los hechos al de un testigo presencial.

Ese día, la fiscal estaba terminando de exponer sus conclusiones definitivas y acababa de mencionar, visiblemente emocionada, nombres de víctimas del atentado. Quiso aludir entonces a la conducta que han tenido a lo largo del proceso algunos periodistas que no identificó, de los que dijo, deduciéndolo de la forma como han tratado a las víctimas, que carecen de la altura y grandeza propias de una profesión tan importante en la sociedad democrática. En ese momento, el presidente la interrumpió diciendo que tales palabras excedían los límites de un informe jurídico y, como la fiscal replicase haciendo referencia a “cosas” que se han publicado, seguramente para justificar lo que se proponía decir, el presidente la cortó de nuevo con el argumento de que en la sala no hay tiempo para reproches. Creo que esta actuación del presidente de Tribunal -que por lo demás, ha dirigido los debates de un juicio extraordinariamente complejo con encomiable energía y prudencia- vulneró el derecho de la fiscal a seguir haciendo uso de la palabra y obstaculizó el presumible ejercicio de funciones que la Constitución encomienda al Ministerio Fiscal.

Era fácil adivinar cómo iba a continuar la exposición de la fiscal: se había referido al comportamiento de ciertos periodistas y es evidente que algunos profesionales de la información se han entrometido en el proceso de forma intolerable. El presidente pudo, pues, imaginar sin riesgo apenas de equivocarse que la fiscal se disponía a hablar del juicio paralelo que se ha ido publicando desde poco después del atentado en medios de comunicación -en extraña sintonía con el Partido Popular- para los que ciertamente el dolor y la dignidad de las víctimas, ofendidas unas e instrumentalizadas otras, ha parecido significar bien poco. Un juicio paralelo confeccionado con sospechas sin fundamento, con datos falsos o irrelevantes, con descalificaciones de la imparcial y meticulosa labor del juez instructor y de los fiscales que han trabajado a su lado, con descabelladas acusaciones a la policía judicial -recuérdese la infame insinuación del traslado de los cadáveres de los terroristas a Leganés-, con algún testimonio capaz de cubrir de vergüenza al que lo prestó, con despectivos comentarios sobre informes periciales emitidos con científica honradez, con insultos soeces cuando al “investigador” de turno le ha parecido ser éste el medio más directo de convencer o movilizar a su público, etcétera.

Siendo así, ¿no tenía la fiscal el derecho de hablar de estas “cosas”, al menos de la estrategia difamatoria con que se ha intentado desautorizar la instrucción del sumario? ¿Se podía decir, para negarle ese derecho, que estaba traspasando los límites de un informe jurídico? ¿Era posible que en el informe de la acusación pública no se hiciese referencia a las mentiras con que, desde fuera del proceso, se ha pretendido ocultar o desvirtuar su objeto? La respuesta a estas preguntas no debe parecer dudosa a un jurista. Pero hay que añadir que, reduciendo al silencio a la fiscal no sólo se le cercenó un derecho, sino que se le cerró el paso para el cumplimiento de un deber.

En Art. 124.1 CE atribuye al Ministerio Fiscal, entre otras misiones, las de “velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. Proyectado este mandato sobre la situación creada por el juicio paralelo en el caso 11-M, es evidente que el Ministerio Fiscal no puede quedar silencioso. Probablemente un juicio paralelo como éste merece una reflexión sobre la necesidad de arbitrar medios legales capaces de evitar en el futuro hechos semejantes. Pero, con independencia de ello, es claro que los fiscales no deben dejar de denunciar, al evacuar los trámites que les incumben en el proceso, unos acontecimientos contrarios a la independencia judicial y lesivos para intereses sociales de suma importancia.

Un juicio paralelo al judicial es siempre una anomalía en tanto los que lo promueven asumen, de modo irresponsable y con escasa solvencia, funciones técnicas reservadas a un poder del Estado. Pero cuando alcanza tal intensidad y amplitud que cuestiona aspectos esenciales de la actividad judicial, se prolonga durante años y se orienta claramente a sustituir el esclarecimiento de la verdad por el establecimiento de una “contraverdad” favorecedora de intereses que nada tienen que ver con la correcta administración de justicia, el juicio paralelo se convierte en un ataque manifiesto a la independencia de los tribunales. Porque su resultado es la aparición de una opinión pública manipulada que no confía en las instituciones y que ejerce una indeseable presión sobre quienes, en el momento de juzgar, tienen que estar libres de cualquier condicionamiento que pueda afectar a su imparcialidad.

Por otra parte, esa pérdida de confianza a que me refiero, presente en eslóganes como el de “queremos saber”, tan profusamente utilizado en los últimos tiempos, lesiona un interés social cuyo valor no siempre se tiene en cuenta suficientemente: el de que los ciudadanos de una sociedad democrática confíen en sus jueces. A diferencia de los conflictos políticos, cuya solución es siempre transitoria porque está en función de la variable adhesión que prestan los ciudadanos a las distintas fuerzas en presencia, la solución de los conflictos en sede jurisdiccional tiene una indiscutible vocación de permanencia. Los conflictos que se traban entre particulares, entre éstos y la Administración pública o entre el Estado y los presuntos responsables de un hecho delictivo -que son los que dan lugar al proceso penal- se resuelven en términos jurídicos, decidiéndose de qué lado está el derecho y de qué lado no lo está, por lo que la contienda debe quedar definitivamente pacificada. Pero, para que esto sea posible, es imprescindible que los ciudadanos confíen en los jueces.

De ahí la gravedad de la conducta de los que, ante un proceso penal que no discurre por cauces acordes con sus prejuicios o intereses, se dedican desde los medios de comunicación u otras tribunas a poner en cuestión la imparcialidad o competencia del instructor que investiga los hechos, de los fiscales que colaboran con él y de los que realizan, bajo la dirección de aquéllos, las funciones policiales y periciales pertinentes. Dicha conducta opera en un sentido diametralmente opuesto al interés social de que a los jueces les rodee un clima de confianza para que los conflictos que resuelvan queden realmente pacificados.

Recapitulemos todo lo dicho y pongámoslo en relación con el incidente que nos ha servido como punto de partida. No conviene que le demos escasa importancia. El Ministerio Fiscal -no descubro nada, sólo recuerdo lo sobradamente sabido- es formalmente una parte en el proceso y, como tal, tiene los mismos derechos y deberes que las demás partes. Su situación procesal, sin embargo, se encuentra singularizada por la trascendencia de sus funciones y por la circunstancia de que las ejerce con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad. Esta singularidad no puede ser olvidada por los tribunales que deben estar especialmente atentos cuando los fiscales se aprestan a defender ante ellos los valores e intereses que les están encomendados.

La independencia de los Tribunales y la confianza en los jueces han sido agredidas en el juicio paralelo montado en torno a la tragedia del 11-M. La agresión no ha cesado puesto que en el juicio oral una parte supuestamente acusadora ha solicitado ya una “sentencia abierta” que, en su opinión, vendría impuesta por un proceso que considera desviado o incompleto; solicita esa parte, en definitiva, una sentencia desde una actitud de radical desconfianza. Los fiscales tenían y tienen mucho que decir sobre todo esto, por lo que no es razonable imponerles silencio cuando uno de ellos levanta la voz protestando ante unos hechos a los que difícilmente cabe encontrar precedentes en nuestra historia judicial y política.

Javier Zaragoza debe creerse muy listo. No tanto como su jefe, mi enemigo, el fiscal general del Estado, pero en el peldaño inmediatamente inferior. Desde luego hace falta estar muy pagado de sí mismo para después de haber sido cómplice de Garzón en el montaje contra los peritos honrados que denunciaron la falsificación del documento sobre ETA, el 11-M y el ácido bórico; después de haber hecho cuanto estuvo en su mano para intentar que los dos policías que hablaron con EL MUNDO sobre el tráfico de Goma 2 ECO, jamás esclarecido, pasaran la Nochebuena entre rejas; después de haber contribuido decisivamente primero a la rebaja de la condena a De Juana y luego a su excarcelación; y después de haber retirado su acusación contra Otegi por un flagrante delito de enaltecimiento del terrorismo, tras un simulacro de interrogatorio, tener todavía la caradura de aprovechar las conclusiones del Ministerio Público en el juicio sobre la masacre de Madrid para citar enfáticamente a Cicerón, alegando que «hay pocas cosas tan indignas como propagar la mentira, intentando presentarla como verdad».

Pero al abrir plaza de tal manera y poner el toro en suerte para que su pobre subordinada Olga Sánchez entrara a matar al día siguiente contra los periodistas que tras «aprobar la carrera» no están «a la altura» de su profesión, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional esta vez se ha pasado de listo. Y no ya por lo fácil que resulta argumentar que cuando el autor de las Catilinarias hizo ese comentario debía de estar pensando en pautas de conducta como la del propio Zaragoza. Si todo se quedara en eso, estaríamos ante el mero efecto bumerán de un adorno retórico atolondrado. Su verdadero problema es que al haber hecho esa referencia ante tres magistrados con la formación jurídica y la probable base humanística de Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás, corre el riesgo de que uno de ellos recuerde súbitamente cuál fue el caso que convirtió a Cicerón en el abogado más célebre de Roma y lo diseccione ante sus compañeros.

En el año 80 antes de Cristo el joven Marco Tulio tenía 27 años. Había llegado de Arpinum para abrirse camino en Roma y si hubiera existido el turno de oficio, se habría apuntado en la lista. Pero la dictadura de Sila no estaba para esas exquisiteces garantistas. La Justicia se ejercía en el Foro sobre plataformas al aire libre, de forma que era casi imposible que las emociones de una multitud muy politizada y fácilmente manipulable no contagiaran a los jueces. Por eso cuando el joven Sextus Roscius fue llevado a juicio ante la Quaesitio Inter Sicarios, una de las comisiones -salas, diríamos hoy- del Tribunal Penal de la República, nadie daba un denario por su suerte.

Se le acusaba nada menos que de parricidio, delito penado con una horrible muerte consistente en ser apaleado sin piedad, atado dentro de un saco junto a un perro, un gallo, una víbora y un mono y arrojado al fondo del río. Además toda la ciudad sabía del enorme interés del Gobierno en que fuera declarado culpable. Y aquel no era un Gobierno cualquiera, como tampoco el pulso de la calle era normal. Roma acababa de despertar de la más sangrienta de las pesadillas que se hacen realidad: las Proscripciones por las que Sila había puesto precio a la cabeza de todos sus enemigos y convertido en verdugos potenciales a los restantes habitantes de la urbe. ¿Quién podía siquiera atreverse a defender en esa atmósfera a Sextus Roscius? Cicerón lo hizo, denunciando la más sórdida de las conspiraciones.

Resultaba que el padre de Sextus Roscius, un rico propietario del mismo nombre arraigado en la localidad de Ameria, había sido asesinado junto a los baños de la Colina Palatina, durante su última estancia en Roma. Pese a que el periodo de las Proscripciones había ya concluido y a que la víctima era un abierto partidario de Sila, su nombre fue incluido retrospectivamente en la lista de los ejecutables. Eso permitió que sus bienes, valorados en seis millones de sestercios, se sacaran a subasta y fueran adquiridos por uno de los hombres de confianza del dictador, Cornelius Chrysogonus -nadie más se atrevió a pujar- por la ridícula suma de 2.000 sestercios.

Sin embargo los habitantes de Ameria abrieron una investigación por su cuenta, demostraron que era imposible que su convecino hubiera sido proscrito y empezaron a reclamar justicia. Fue entonces cuando se diseñó el plan para incriminar y condenar a Sextus Roscius, fabricando pruebas y comprando testigos falsos.

Siguiendo el hilo del cui prodest Cicerón descubrió enseguida que Chrysogonus había dispuesto de información privilegiada desde el mismo momento del crimen, a través de dos parientes del finado con los que éste tenía malas relaciones y que -¡oh coincidencia!- resultaron estar en Roma aquella noche. También descubrió que uno de los miembros de la comisión investigadora local, un tal Capiton, estaba a sueldo del magnate y, junto con los dos parientes, había recibido una parte del botín en forma de tierras.

En su discurso ante el tribunal y los miembros del jurado, Cicerón reconoció que Sextus Roscius tenía mal carácter, no se llevaba nada bien con su padre y podía temer ser desheredado. ¿Pero dónde estaban las pruebas materiales que acreditaran su crimen? En ninguna parte: todo lo que había alrededor era un reguero de indicios prefabricados contra él que, examinados uno a uno, carecían de consistencia alguna.

¿Quién había sido entonces el asesino? ¿Chrysogonus? ¿Los dos parientes de Ameria? A él no le correspondía la tarea de encontrar un culpable alternativo. Sólo podía subrayar quiénes habían sido los beneficiarios de esa muerte. Tal vez si las autoridades hubieran investigado los hechos con más celo, lo que simplemente era verosímil podría haberse comprobado. Él tenía una teoría pero, claro, no estaba en sus manos demostrarla. Por eso no alegaba lo que había ocurrido, sino que se limitaba a constatar lo que no había ocurrido.

Cuando el tribunal anunció la absolución de Sextus Roscius la muchedumbre que había escuchado con enorme atención los argumentos de la defensa, rompió en un cerrado aplauso que Cicerón siempre recordaría como uno de sus mayores timbres de gloria.

No estoy sugiriendo que si hubiera un Cicerón entre los esforzados letrados que, en condiciones muy adversas, han ejercido la defensa, todos los acusados del 11-M fueran a ser absueltos de todos los cargos que se les imputan. Tampoco que la mera evocación de este precedente, fruto involuntario de la fatua prosopopeya del fiscal Zaragoza, vaya a alterar la percepción que los miembros del tribunal tengan tras la vista oral de lo ocurrido en la masacre. Pero sí que, mirando las cosas desde el otro extremo del calidoscopio de la Historia, si los jueces romanos hubieran dispuesto de las opciones del derecho procesal español, su sentencia habría incluido la deducción de testimonio contra varios de los que conspiraron -como mínimo- para obstaculizar la acción de la Justicia y sembrar su camino de pruebas falsas.

En el caso de Sextus Roscius el veredicto sólo podía tener una cara: o era culpable y se iba al fondo del Tíber con medio zoológico comiéndole las entrañas o era inocente y volvía a su casa a pleitear para recuperar su patrimonio. En el macrojuicio que ahora concluye hay importantes posibilidades intermedias, pues no creo que nadie dude ni de que la trama asturiana traficaba con explosivos ni de que los amigos de El Chino y El Tunecino integraban una rudimentaria banda armada. El gran dilema jurídico y moral del tribunal estriba en determinar si las pruebas presentadas son suficientes para condenar a algunos de ellos por casi 200 asesinatos.

Es una lástima que, a diferencia del alegato de Cicerón, la requisitoria del abogado que ejerció la acusación, un tal Erucius, no haya pasado a la posteridad. Pero todo indica que, a falta del pan de la evidencia, su estrategia también debió consistir en repartir algunas tortas contra los sectores de la ciudad que no creían en la culpabilidad del acusado. Tendremos, sin embargo, que quedarnos con las ganas de averiguar si sus argumentos fueron aún más estrafalarios que algunos de los del fiscal Zaragoza.

En concreto su teoría de cómo Zougam, camuflando su identidad bajo una férula nasal, irrumpió cargado con dos voluminosas mochilas bomba en uno de los trenes y -tras depositar la primera- se bajó en una estación para desprenderse de la máscara, cambiar de indumentaria y volver a subir a un segundo convoy que llegaba con un par de minutos de intervalo para completar su siniestra siembra, parece francamente insuperable, excepto para los guionistas de las películas de Fantomas.

También su desdén por el método científico en la persecución de la verdad tiene difícil parangón. Es curioso repasar cómo la categórica certeza sobre la naturaleza del explosivo con la que la Fiscalía inició el juicio fue dando paso -cuando aparecieron componentes ajenos a la Goma 2 ECO- a muy diversas y pintorescas ocurrencias sobre la contaminación, para desembocar finalmente en ese encogerse de hombros con el que se abandona la partida que se va perdiendo. En el trecho que media entre los signos de interjección del «¡Vale ya!» y los del «¡Qué más da!» queda compendiada la crónica del naufragio que para el Ministerio Público ha supuesto la vista oral.

Ése es el verdadero trasfondo de la sobreactuación de Zaragoza y sus dos escuderos Olga La Llorona y Carlos Bautista, fan de Barrio Sésamo, arropados todos ellos por la prensa que ya emitió su veredicto antes incluso de que comenzara el juicio. Tan endeble y desairada se ha vuelto en lo sustancial su posición que todo su énfasis se centra en subrayar que no hay nada que pruebe la relación de ETA con la masacre. Al margen de que ninguna de las pistas que iban en esa dirección haya sido investigada, su impostada euforia equivaldría a la de Erucius si hubiera basado sus conclusiones en que no se había descubierto nada incriminatorio contra Chrysogonus, pese a ser el más favorecido por el asesinato.

Lo que tenía que probar Zaragoza no era la inocencia de ETA -a menos que los hábitos adquiridos durante la tregua hayan creado ya reflejos pavlovianos en la Fiscalía-, sino que la masacre se cometió con Goma 2 ECO suministrada por los asturianos. Y eso no lo ha conseguido. De ahí que el recurso dialéctico a la bronca sea el mejor síntoma de hasta qué punto su relato fáctico hace aguas por todas partes. Es la misma técnica con la que los partidarios de Sila calentaban al populacho en pro de los intereses de su bando.

Contando ya con ello, Cicerón apeló al comienzo de su intervención a la integridad el quaesitor o presidente del tribunal: «Y a vos, Fannius -sólo ha quedado el nombre del magistrado-, os suplico que despleguéis hoy ese gran carácter que el pueblo romano ha conocido ya cada vez que habéis ejercido la presidencia en este tipo de causas».

En el caso de Gómez Bermúdez el carácter ha quedado sobradamente acreditado durante estos cuatro meses de vista oral. Resta, sin embargo, por saber hasta qué punto él y sus compañeros se inclinarán por emitir un juicio salomónico en medio de la penumbra que sigue envolviendo los hechos y por dónde partirán la criatura de la versión oficial.

De todas maneras, antes de citar a un clásico, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional debería por lo menos haber tomado la precaución de rastrear el resto de sus pensamientos escogidos. Porque, tratándose de Cicerón, habría sin duda reparado en que la premisa con la que se ponía siempre la toga era la de que «no debemos permitir nunca que ni la pereza ni la presunción nos lleven a dar por hecho que nada es verdad, antes de comprobarlo».

Qué mal trago le aguarda al Ministerio Público como haya dos de los miembros del tribunal que le salgan ciceronianos.

Aquella mañana del 11-M alguien en Génova predijo que si la autora del atentado era ETA, el PP ganaría tres días después. Por eso las llamadas a los directores de periódico y a los embajadores para decirles que era ETA, la exigencia de una condena explícita de la ONU, programas en televisión sobre ETA, y la insistencia de Acebes en la “línea prioritaria” que, según decía, era ETA. Aún hoy sentimos los efectos de aquel error primigenio: los estrategas mediáticos siguen buscando conexiones, cada vez más pintorescas, entre ETA y los yihadistas; Acebes y los “peones negros” dicen que quieren saber “la verdad”, y Rajoy les da la razón con ambigüedad. Y cuando los fiscales fulminan, como hicieron el lunes y el martes en el juicio del 11-M, la “teoría de la conspiración” derivada de aquella obsesión original con ETA, al día siguiente se les acusa de vilipendiar a la prensa y a los políticos que la promovieron. El beneficio para los promotores es que dos o tres de cada diez ciudadanos dudan y desconfían. Pero el coste de poner en solfa a la Justicia, a los fiscales, a los policías, a parte de la prensa, a parte de las víctimas, a los servicios secretos, al Gobierno…, es demasiado elevado para justificar un pecado original que quienes nos dedicamos a la comunicación detectamos hace tiempo.

El error originario fue dar más importancia a los hechos que a las percepciones y a lo racional que a lo emocional. No es el huracán Katrina lo que hace descender la aprobación de Bush, sino la torpeza de su respuesta inicial. Y a la inversa: no son los recursos desplegados por Schroeder para resolver los efectos de las inundaciones en Alemania en 2002 lo que le ayuda en la reelección, sino que calzara unas botas de lluvia, se pusiera al mando y visitara zonas afectadas. No fue la dirección de los bomberos de Nueva York -muy controvertida, por cierto- lo que convirtió a Giuliani en el “alcalde de América”, sino su dominio de los símbolos del liderazgo y su valiente presencia en la Zona Cero a los pocos minutos del ataque.

La puesta en escena no es sólo marketing. Consiste en ofrecer a los ciudadanos el marco adecuado, la metáfora necesaria, como nos pide Lakoff, el pensador de moda entre los progresistas, en su librito No pienses en un elefante. En crisis exógenas los ciudadanos recurren a la narrativa de héroes y villanos. En los ataques terroristas, en principio, el villano es el terrorista y el héroe el Gobierno. La necesidad de una guía se hace apremiante, e incluso en casos como el de Beslán, cuando Putin responde brutalmente a los secuestradores y niños mueren en la “liberación”, el villano es el terrorista y no el Gobierno.

Este fenómeno se llama “rally ’round the flag”: cuando hay amenaza nacional, los ciudadanos se unen en torno a sus líderes, adoptan un “patriotismo de emergencia”, aplazan las disputas ideológicas y apoyan (en principio) a quien les gobierna. El marco del padre -estricto o protector, en la descripción de Lakoff- se aplica al instante. El efecto suele generar, si se gestiona bien, un incremento en los índices de aprobación de los líderes.

El atentado del 11-M, por tanto, no tenía por qué influir por definición en el resultado electoral en una dirección negativa para el Gobierno del PP. La dirección contraria era tan probable o más que la que finalmente tomaron los acontecimientos. Lo que los ciudadanos esperaban era coraje y sensibilidad. El Gobierno de Aznar y Rajoy apareció acobardado y arrogante ante los ciudadanos. Empeñado en que si eran los islamistas los ciudadanos les castigaríamos por el apoyo a la guerra de Irak, la comunicación fue marrullera y engañosa.

Veamos qué podría haberse hecho. Primero, aprovechar el caudal de apoyo público que nace naturalmente en esas situaciones: Aznar lo despreció y estuvo solo. Rechazó reunir el Pacto Antiterrorista, cortó la comunicación con la oposición y forzó un eslogan en la manifestación que los demás tuvieron que aceptar.

Segundo, mostrar fuerza, cercanía y confianza. En la fase de eclosión de la crisis, se observa el carácter. Aznar y Rajoy resultaron débiles, lejanos y mentirosos; a la defensiva. Basta recordar aquella sorpresa en la noche de reflexión. Ese hombre que entraba a la hora del Telediario, y que al tiempo que intentaba transmitir la potencia y la solvencia de un líder (“Me llamo Mariano Rajoy y soy candidato a la presidencia del Gobierno…”), denunciaba las manifestaciones “gravemente antidemocráticas” a la puerta de sus sedes. La imagen era tristemente coherente con la de sus compañeros de partido, que últimamente tenían que entrar en los auditorios por la puerta de atrás.

Tercero, al comenzar una crisis se exige buena disposición. Habría bastado algún guiño: por ejemplo, aplazar el debate sobre responsabilidades y ofrecer una comparecencia parlamentaria. Es cierto que los líderes que apoyaron la guerra de Irak cayeron en aprobación (Blair, Bush, Durão), o en elecciones (Berlusconi, Santana Lopes), pero del 11 al 14 no se dirimía una decisión política, sino una cuestión de carácter.

Cuarto, durante una crisis se dice lo que se sabe, sin enredar. Acebes tardó nueve horas y media en informar de la aparición de la furgoneta en Alcalá, doce en hablar sobre la bolsa con el artefacto desactivado, seis para contarnos la detención de los sospechosos y cinco para la aparición del vídeo reivindicativo. Sólo dos horas tardó en llamar mentiroso a Otegi, y diez minutos en desacreditar la llamada de ETA. Y mientras Acebes se aferraba a lo inverosímil (ETA), otras fuentes avanzaban lo verosímil (los yihadistas). En ausencia de información oficial creíble, los medios desplazaron su atención hacia la propia actitud del Gobierno. Y cuanto más hablaba Acebes, peor para él, paradójicamente.

Y quinto, la arrogancia se paga. Puedes ser tenaz, pero no arrogante. No debes situarte contra las víctimas. Ni siquiera cuando te gritan en la calle o cuando se manifiestan frente a tu casa. Las maniobras de autoexculpación se penalizan y se premian la buena disposición y la humildad.

Es dudoso que con una comunicación de crisis responsable y limpia el PP hubiera ganado las elecciones (los sondeos de aquellos días indicaban empate y una mejora del PSOE durante la campaña), pero se empeñaron en demostrar lo mismo que durante años, a propósito del Prestige, del Tireless, del Yakovlev o de la guerra de Irak: arrogancia y opacidad. Los ciudadanos perdonan uno y cien errores, pero cuando hay que demostrar carácter exigen líderes fuertes, cercanos y fiables. Justo lo contrario de lo que vimos aquellos cuatro días.

Hemos llegado al punto crítico del juicio del 11-M. La entrega del informe final de los peritos sobre las pruebas realizadas durante más de tres meses, a partir de los restos de los explosivos, supone el cenit del único intento consistente de determinar de forma científica cuál fue el arma del crimen desde que se cometieron los atentados. Ese resumen de 222 folios distribuido el miércoles marca, de hecho, la cota máxima hasta la que ha sido capaz de llegar nuestro Estado de Derecho para respaldar con elementos objetivos, en este aspecto crucial de lo sucedido, la sentencia que habrá de dictar el tribunal. Y el balance no puede ser más escandalosamente frustrante.

Resulta que después de la detonación de 12 artefactos -dos de ellos de forma controlada por los Tedax- con cerca de 200 kilos de explosivos en total, después de que los 192 fallecidos y casi dos millares de heridos de diversa consideración fueran víctimas de sus impactos, después de que más de una docena de vagones de decenas de metros de largo cada uno quedaran reventados o seriamente deformados, después de que amplias extensiones de muchos metros cuadrados en las vías, andenes y alrededores de las cuatro estaciones recibieran las impregnaciones de la deflagración, la única conclusión en la que -de forma expresa o implícita- coinciden los ocho peritos es que no se puede establecer de manera fehaciente qué es lo que estalló en los trenes… por falta de muestras suficientes.

La próxima vez que el alcalde de Madrid o cualquier dirigente del PSOE digan que la instrucción de este sumario fue «minuciosa» o «ejemplar» lo dibujaremos con orejas de burro y no se las quitaremos hasta que rectifique. Es más, independientemente de cuál sea la sentencia -en la que necesariamente el tribunal tendrá que suplir con intuiciones subjetivas esta falta de base probatoria- y tanto si se deduce testimonio como si no contra algunos de los responsables de este fiasco, nuestra democracia tiene desde hoy una asignatura pendiente: investigar a los investigadores. Concretamente, al jefe de los Tedax Sánchez Manzano, a su superior directo Cuadro Jaén, a la cúpula de la Policía Científica, al juez Del Olmo y a la fiscal Olga Sánchez. Además de -por razones distintas- al turbio coronel Hernando, responsable de la UCO.

Podrá tratarse de una investigación judicial, parlamentaria o administrativa, pero la dignidad nacional no puede permitir que queden sin contestar preguntas tan elementales como por qué no se recogieron muchas más muestras en los focos de las explosiones -es inaudito que no haya ni una sola procedente de las dos que se realizaron de manera controlada-, por qué no se redactaron los informes de los análisis supuestamente efectuados el propio 11-M por los Tedax, por qué no se entregaron a la Policía Científica los restos disponibles, por qué no se conservaron el agua y la acetona utilizados como disolventes de los componentes del explosivo analizado y por qué -interrogante monumental que el ciudadano medio formula entre atónito y consternado- se ordenó desguazar los vagones impregnados de restos de explosivo cuando aún no se había identificado cuál era su nombre y apellido.

Puesto que altos responsables policiales han incumplido una y otra vez la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la complacencia del instructor y la fiscal, sólo la comprobación de que ello se debió a un cúmulo de negligencias dignas de severas sanciones disciplinarias permitirá descartar otras motivaciones de carácter abiertamente delictivo.

Y es que el balance de la pericia, que -como ahora veremos- no se limita a concluir que no se sabe cuál fue el explosivo empleado, nos empuja sin remedio hacia tres desafíos a cual más vertiginoso: el de determinar la autoría de los atentados cuando el vínculo esencial de todos los imputados en este proceso con la masacre era esa Goma 2 ECO que, supuestamente, los asturianos entregaron a los islamistas; el de averiguar quién colocó las pruebas falsas destinadas a orientar la investigación en esa única dirección; y el de establecer quién escondió, manipuló o destruyó las pruebas verdaderas para evitar que se abrieran otras vías de pesquisa.

A modo de introducción a sus conclusiones diferenciadas los ocho peritos han entregado al tribunal la constatación de forma prolija y minuciosa -esta vez sí- de los resultados técnicos de todas sus pruebas analíticas. Y es en esa literatura estrictamente científica donde resalta, por encima de todo lo demás, la aparición reiterada de dos componentes que no forman parte de la única variedad de dinamita que se almacenaba en Mina Conchita en cantidad suficiente como para cometer los atentados: el dinitrotolueno (DNT) y la nitroglicerina.

Las divergencias surgen en la interpretación de esa presencia, pues mientras tres de los cuatro peritos designados por las acusaciones y las defensas se inclinan -en algún caso de forma rotunda- por argumentar que lo que estalló en los trenes fue Titadyn, o sea el explosivo utilizado habitualmente por ETA, los dos representantes de la Policía Científica se aferran a la tesis de una «contaminación», inicialmente atribuida a un defecto de fábrica y, una vez descartado éste, vinculada ahora a la «porosidad» de las bolsas en las que se guardaban las muestras.

El contraste entre las sucesivas declaraciones que los peritos realicen ante el tribunal y la audición de sus debates en los vídeos grabados en el laboratorio pueden resultar extraordinariamente ilustrativos. Basten como anticipo los apuntes de uno de los peritos independientes sobre la dispar actitud del jefe de la pericia, el policía Alfonso Vega, que «admitió con notable reticencia» el «hecho objetivo» de la aparición de la nitroglicerina en el resto de la estación de El Pozo, «mientras que acepta la hipótesis de la contaminación, hecho no probado, con absoluta convicción». Vega también es acusado por este perito de negarse a aportar -primero «con evasivas», después «tajantemente»- las cromatografías realizadas por él mismo al día siguiente del 11-M para poder así determinar por qué entonces no aparecieron ni el DNT ni la nitroglicerina. ¿O es que sí aparecieron?

El mero hecho de que desde la detección de estos elementos, ajenos a la Goma 2 ECO, todos los esfuerzos tanto de los peritos policiales como de los medios de comunicación que se prestan a servir de altavoces a la estrategia gubernamental, hayan ido encaminados a buscar como sea una explicación alternativa a la más elemental y obvia -es decir, que el DNT y la nitroglicerina formaban parte de la composición del explosivo que estalló en los trenes- pone en evidencia todo el sesgo de la investigación. Primero se estableció una teoría políticamente conveniente; luego se llenó el banquillo de los acusados con «sospechosos habituales» que dieran el perfil del islamista feroz y con confidentes policiales de los que se emplean como héroes o villanos, según convenga; y, a partir de ahí, el resto de la instrucción ha consistido en encajar en ese molde las sorpresas de la realidad -fruto a menudo de nuestras investigaciones periodísticas-, aunque fuera a martillazos.

El problema es que en este caso los golpes sobre esa fragua de Vulcano con luz y taquígrafos en que, para desgracia de la Policía y la Fiscalía, se ha convertido la pericia de los explosivos, están resultando tan ruidosos, groseros y faltos de tino que han terminado provocando una mezcla de indignación y jolgorio entre la comunidad científica. La apoteosis de todo ello es la teoría que este tal Vega y su subordinado exponen con un par de narices -hay que echarle, desde luego, valor-, según la cual partículas de DNT y nitroglicerina, procedentes de otros explosivos almacenados en el mismo lugar, primero se evaporaron en la atmósfera del laboratorio de los Tedax, luego quedaron sometidas a un proceso de condensación y por fin migraron hasta el interior de las bolsas en las que se guardaban los restos del 11-M, aprovechando la «porosidad» del polietileno.

Para que los jueces acepten esta descripción de las dependencias policiales como el cuarto de los juguetes del Cascanueces, en el que cuando las luces se apagan y las personas se van a la cama los objetos inertes cobran vida y emprenden la guerra por su cuenta, primero tendrán que empezar por perderse el respeto a sí mismos. ¿O es que lo que ocurría allí es que algunas moléculas de dinitrotolueno eran amigas de otras tantas de nitroglicol y estos últimos análisis les sorprendieron el día que se habían quedado a dormir en su casa? ¿O sucedió tal vez que, estando una molécula de nitroglicerina loca por los huesos de un cacho de pedazo de trozo de nitrato amónico, aprovechó la relajación nocturna del señor Polietileno para colarse de puntillas a través de su garita hasta el interior de la muestra M-1 donde la esperaba su amante?

En este contexto, en el que para mantener en pie el castillo de naipes de la versión oficial ha sido preciso recurrir al delirio de una hipótesis tan extravagante -¿por qué no suponer que los demás componentes que sí forman parte de la Goma 2 ECO también han llegado al interior de las bolsas por el mismo procedimiento, como si fueran oleadas de sin papeles en plena temporada de pateras de forma que ahora corresponda determinar si proceden de Senegal o de Guinea-Conakry, si se escaparon de un sumario por atraco o de una incautación a una banda terrorista?-, resulta extraordinariamente significativa la literalidad de la redacción del informe separado que firman los agentes de la Guardia Civil identificados como Z-43731-T y F-37053-V.

La mera circunstancia de que, a diferencia de lo ocurrido en los informes preliminares, estos representantes de la Benemérita no hayan suscrito el mismo texto que los peritos de la Policía ya tiene un valor referencial enorme. Máxime cuando en estos momentos ambos cuerpos están unificados bajo un único mando político y al servicio de un Gobierno cuyo presidente ya dio por aclarado el caso en diciembre del propio 2004. La sombra de la obediencia debida se proyecta pues -no podía ser de otra manera- sobre sus tres folios de conclusiones, en los que, sin embargo, estos agentes han tenido la habilidad de trufar importantes mensajes dirigidos a ese buen entendedor al que pocas palabras le bastan.

Lo más notorio es su dispar forma de referirse a la presencia de trazas de DNT y nitroglicerina en los restos de explosivo intacto que conservaban los Tedax -Leganés, mochila de Vallecas, Mocejón- y a la aparición de estos dos elementos en el resultado de la analítica de las muestras obtenidas en los focos de los trenes. En el primer caso, la Guardia Civil dice expresamente que «estos componentes minoritarios son ajenos a la propia composición del explosivo». En el segundo caso afirma que «en todas las muestras tomadas de los focos de explosión se detecta dinitrotolueno como componente explosivo». Y equipara su presencia, mediante el adverbio «igualmente», con la del nitroglicol o los nitratos.

En este punto esencial su opinión implícita queda, pues, mucho más próxima a la de los tres peritos independientes que se inclinan por que lo que estalló muy bien pudo ser Titadyn, ya que incluye el DNT y la nitroglicerina entre sus «componentes explosivos».

Respecto a la teoría de la suite del Cascanueces -traviesas partículas volanderas se infiltran donde no deben a través de descuidadas bolsas porosas-, los verdes se cubren ante los azules con un par de capotazos de solidaridad, subrayando «la falta de idoneidad» del sistema de almacenaje de los Tedax e incorporando la reflexión de que, en el caso de la nitroglicerina impregnada en el polvo de extintor de la estación de El Pozo, «la bolsa contenedora en la que se recibe no proporciona certeza» -es a lo más que llegan- «de que los componentes detectados procedan del foco o de una adsorción durante el almacenamiento».

Pero hay otro matiz importantísimo y es que, al referirse a esta disyuntiva y a enigmas tales como que en los restos de explosivo intacto se hayan detectado ahora elementos no constatados hace tres años o que en algunas muestras procedentes de Mocejón aparezca DNT y en otras no, la Guardia Civil no habla en ningún momento de «contaminación» y emplea, en cambio, en hasta siete ocasiones la palabra «alteración». ¿Y cuál es para estos técnicos el ejemplo más flagrante de «alteración»? Pues el lavado con agua y acetona que han sufrido las muestras de los restos de los focos. Es decir, una intervención física y deliberada de una mano humana. ¡Qué feliz hallazgo semántico! Que nadie me alinee a partir de ahora con ninguna teoría de la conspiración, porque en este mismo momento abrazo la muy benemérita doctrina de la «alteración» del 11-M.

La conclusión diferenciada de este informe de la Guardia Civil es, por último, devastadora para los planteamientos acusatorios de doña Olga Vale Ya. No, señora fiscal, en los trenes no «estalló Goma 2 ECO y vale ya», porque hasta la fuerza de seguridad más especializada en la lucha contra el terrorismo acaba de dictaminar que, al cabo de tres años de catastrófica instrucción, «con criterio científico es imposible conocer ni el número ni la naturaleza de los explosivos utilizados en los focos».

El dilema para el tribunal va a ser dramático pues, a falta de esta crucial evidencia, va a tener que decidir en gran medida a bulto -a partir de indicios contradictorios de muy inferior rango- sobre la condena o absolución de la mayor parte de los imputados. Con tal escenario en perspectiva, la queja por escrito de los musulmanes que han iniciado la huelga de hambre, denunciando que por motivos políticos la maquinaria mediática gubernamental lleva varios meses transformando su presunción de inocencia en presunción de culpabilidad, no deja de tener un bien documentado fundamento.

Respecto a su actitud, nosotros diremos lo mismo que dijimos en relación con De Juana Chaos: que ningún poder del Estado debe hacer la más mínima concesión a ningún justiciable que trate de obtenerla mediante medidas de presión, sean cuales sean las consecuencias de dicha firmeza. Veremos si quienes entonces pusieron todo su énfasis en el carácter preventivo del recluso, en lo desproporcionado de la petición fiscal respecto a lo que podía probarse contra él y, sobre todo, en la obligación humanitaria de velar por «el valor supremo de la vida», son ahora igual de coherentes.

A las 10 de la noche del 11 de marzo de 2004 el aún líder de la oposición José Luis Rodríguez Zapatero me hizo su tercera llamada telefónica de la jornada. Su tono nada tenía que ver ni con el abatimiento de por la mañana («Nunca sabes lo que te puede deparar el destino») ni con la tensa resignación de primera hora de la tarde («Que sepas que estábamos en empate técnico y que el domingo podía pasar cualquier cosa. Ahora ya no, claro»). Esta semana, repasando más de tres años después la transcripción de las notas que, con bastante detalle, tomé sobre la marcha, me he dado cuenta de su enorme relevancia informativa y de mi obligación de divulgarlas sin esperar a incluirlas en un hipotético futuro libro.

Esta fue la conversación, en la que él entró directamente en materia:

- Bueno, menudo vuelco ha dado esto…

- Lo dices por lo de la cinta coránica en la furgoneta y lo de la reivindicación islámica en Londres…

- Y lo peor es que el Gobierno lo sabe desde primera hora de la tarde y está ocultando la información.

- ¿Qué quieres decir?

- Me ha llamado Aznar a media tarde para contarme lo de la furgoneta. Mira, menudo personaje. Me alegro de no haber sido amigo suyo. Menudo personaje, es una mala persona. Mira la llamada que me ha hecho por la mañana. Ya te lo contaré porque no es para hablarlo por teléfono.

- ¿Tan grave ha sido?

- Me ha llegado a decir con todo retintín: «Bueno, espero que nadie dude de que esto ha sido un atentado…».

- Eso es por la tontería que dijo Ibarra de que la caravana de la muerte de ETA en Cuenca a lo mejor la había puesto el Gobierno.

- Pero, oye, cuando hay 200 cadáveres, ¿cómo se puede hablar así? Yo sé que tú has sido amigo suyo…

- No, tú estás siendo injusto con él y yo sigo siendo amigo suyo. Lo que no sé es si él sigue siendo amigo mío y si tú tienes algo que ver con ello…

- Saben desde hace horas que ha sido Al Qaeda pero no lo quieren reconocer… Mira, yo sé por medios policiales que se han encontrado ya incluso restos de uno o dos de los suicidas.

- ¿Estás seguro de eso?

- Es una información que nos llega de dentro. Oye, hemos gobernado durante 13 años y tenemos gente dentro.

- Creo que os habéis puesto de acuerdo sobre la manifestación de mañana…

- Bueno, de acuerdo por decir algo. Aznar me ha dicho que la manifestación la convocaba el Gobierno y que el lema lo ponía él. Chico, yo… ¿qué vas a decir? Pero lo lógico es que la manifestación la hubiéramos convocado los partidos. ¿No te parece que lo normal es que hubiera habido una reunión en la Moncloa de todos los partidos?

- En eso