Informaciones publicadas recientemente por ABC han llamado la atención sobre la expansión del islam radical y los objetivos de quienes propugnan una desestabilizadora y fundamentalista interpretación de esta religión. La ausencia de exitosos atentados terroristas en nuestro país tras la masacre del 11-M no debe hacernos subestimar los riesgos y amenazas que el yihadismo aún plantea a la seguridad. El terrorismo de inspiración religiosa continúa representando una seria amenaza, como revelan las numerosas operaciones antiterroristas que han abortado la planificación de atentados en diferentes momentos. Pero además, ante dicha amenaza también es necesario prevenir una radicalización política y religiosa que puede llegar a constituir la antesala de esos atentados terroristas y de otras manifestaciones extremistas que favorezcan la consolidación de un ambiente propicio para el desarrollo del terrorismo. La respuesta antiterrorista no ha de circunscribirse a la alteración y contención de los planes terroristas elaborados por activistas y redes. También debe incidir en otros estadios previos y en fenómenos que en apariencia no guardan relación con la violencia, pero que, sin embargo, contribuyen a crear un idóneo caldo de cultivo para la progresión hacia el extremismo violento y para su reproducción.
Es por ello preciso valorar y confrontar adecuadamente la expansión de las corrientes ideológicas más extremas del islam sobre la que alertan los servicios de inteligencia. La complejidad de la respuesta ante algunas de esas actividades de propagación es considerable, ya que obliga a intervenciones sobre actores que actúan dentro de la legalidad o bordeando sus límites. Así lo ilustra el significativo incremento de congresos salafistas celebrados en España el pasado año, uno de los indicadores del expansionismo de un movimiento político-religioso ansioso de atraer voluntades hacia una ideología que en última instancia sirve de instrumento para la justificación de comportamientos radicales e incluso violentos. Estos congresos ofrecen entornos de socialización que facilitan la radicalización, o sea, la adhesión a idearios fundamentalistas e incluso su instrumentalización para desembocar en una radicalidad también violenta. Esas actividades, y las que desarrollan asociaciones legales como el Tabligh, Justicia y Caridad o Hizb ut-Tahrir, facilitan la inmersión en idearios radicales que pueden evolucionar hacia una radicalización violenta y la consiguiente integración en células terroristas. Incluso en aquellos casos en los que la progresión no alcanza esos niveles, el riesgo de que la radicalización devenga en amenaza posteriormente es también preocupante. Lo es porque la asunción de una ideología extremista puede dificultar la integración social de individuos fanatizados en la creencia de la preeminencia de una interpretación fundamentalista del islam sobre el orden constitucional.

Aunque la alienación social no es causa necesaria de la violencia, sí puede erigirse en factor propiciador de la misma en el caso de ser convenientemente manipulada por una ideología extremista que provoca percepciones de victimización —muchas de ellas imaginadas, tanto directas como indirectas—, además de conflictos identitarios que llevan a idealizar una determinada identidad grupal —la islamista radical—, demonizando a otras. La combinación de esos factores en un contexto de insuficiente integración puede devenir en movilización. Ante la manipulación y explotación del factor ideológico acometida por el yihadismo, David Omand, un destacado responsable de la inteligencia británica, definía esta ideología como «el arma más eficaz de la que disponen los terroristas», considerándola una corriente de pensamiento difícil de neutralizar y eliminar debido a su rápida expansión y adaptación a diversos contextos.

En esa línea, la ideología que se intenta expandir en España aporta un marco autojustificativo de conductas radicales además de servir para construir una identidad colectiva en la que la violencia puede llegar a erigirse en un componente primordial y unificador. Esa ideología se constituye en eje de un adoctrinamiento que contribuye a consolidar ideas y actitudes violentas, generando una subcultura de la violencia que reafirma las convicciones absolutistas y los comportamientos fanáticos en la raíz del terrorismo. Los contenidos doctrinales de esta ideología, compartidos por musulmanes de heterogéneo perfil sociodemográfico, facilitan su cohesión. A la luz de esa ideología basada en una interpretación excluyente y violenta del credo islámico, los actos terroristas son presentados ante los radicales como necesarios e inevitables con el fin de responder ante supuestos agravios. Son estos los motivos detrás de la decisión del Gobierno británico de impedir la entrada en el país de radicales sospechosos de incurrir en la glorificación del terrorismo. Esta polémica medida fue criticada por el Consejo Musulmán Británico aduciendo que no debería actuarse contra personas sobre la base de sus opiniones, minusvalorándose que ciertas opiniones incitan al odio e inducen a la comisión de delitos.
La realidad sociopolítica y cultural de España, definida por la existencia de una amplia comunidad musulmana y, por tanto, con un significativo colectivo de riesgo, así como por la reivindicación histórica de Al Andalus y por la permanencia de otros agravios construidos por el ideario radical, obliga a reflexionar sobre una problemática susceptible de agravarse en el medio y largo plazo si no se diseñan eficaces estrategias. La necesaria tipificación de nuevos delitos de terrorismo en el reformado Código Penal puede resultar insuficiente para responder a conductas que quizás encuentren mejor encaje en otras figuras delictivas, como la de la provocación al odio o a la violencia por motivos racistas, antisemitas, u otros referentes a la ideología, religión o creencias. Suele decirse que las creencias no delinquen, si bien nuestra legislación sí contempla acciones penales contra ideas que se traducen en actos externos que incitan al odio y a la violencia, evidentes estos en los discursos y actividades de determinados islamistas radicales. Existen precedentes en el ámbito nacional e internacional de cómo esa incitación al odio ha sido utilizada con objeto de penar conductas similares a las de ciertos portavoces del islam radical.

La mejora de nuestra legislación mediante la tipificación de los delitos de adoctrinamiento, captación y adiestramiento ha complementado otros tipos, como el de enaltecimiento, requiriendo aún todos ellos una jurisprudencia que delimite sus contenidos específicos y que facilite la acción probatoria. Mientras la jurisprudencia aporta un marco con el que enfrentarse más eficazmente al terrorismo de opinión, de colaboración y de acción, la amenaza yihadista exige además, y ya mismo, respuestas frente a quienes expanden una ideología radical en la raíz de esa triple dimensión terrorista. En este sentido, la concienciación de jueces y fiscales en torno a la verdadera naturaleza del fenómeno resulta decisiva, pues la experiencia demuestra que en la génesis del terrorismo se encuentran procesos de radicalización sobre los que también es preciso actuar. Las políticas antiterroristas deben combatir tanto la violencia como la ideología que la hace posible y que la justifica, actuación no exenta de dificultades. Por tanto, la intervención en tan sensible ámbito no puede limitarse al fundamental afianzamiento de ciertos valores democráticos y a la necesaria reproducción de contranarrativas por parte de actores no radicales con la intención de deslegitimar los idearios extremistas. Los intentos expansionistas de la denominada «yihad ideológica» alertan sobre la necesidad de actuar también frente a los riesgos que plantea la reproducción de una ideología radical con el potencial de generar en el futuro graves conflictos sociales e incluso manifestaciones de violencia.

España era el único de los países occidentales más seriamente afectados por la amenaza del terrorismo internacional -y desde luego el único de entre los que han sufrido un gran atentado yihadista- que no había adecuado sustancialmente su legislación a las características y evolución de dicho fenómeno. Tras los atentados del 11-S de 2001 en Nueva York y Washington o del 11-M de 2004 en Madrid, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Bélgica, al igual que Estados Unidos, Canadá o Australia fuera de nuestro inmediato contexto europeo, introdujeron novedades en el tratamiento jurídico del terrorismo. El propósito era disponer de instrumentos legales adecuados para, en el marco de los principios y procedimientos de una democracia liberal, prevenir y combatir con éxito las actividades terroristas directa o indirectamente relacionadas con Al Qaeda. Cuando dichas normas han traído excesos, como ha ocurrido en algún caso, los tribunales constitucionales o sus instancias equivalentes los han enmendado. Pues bien, con la nueva ley que reforma el Código Penal, publicada en el BOE el 23 de junio, se pone fin a esa excepción española.

Y creo que hay que felicitarse por ello. Cuando tuvo lugar la matanza del 11-M, España disponía de un sistema antiterrorista muy desarrollado a la vez que eficaz y eficiente. Ahora bien, eficaz y eficiente en la lucha contra el terrorismo de ETA y otras organizaciones terroristas de origen asimismo endógeno surgidas con anterioridad a la aparición, ya en la década de los noventa, del actual terrorismo internacional. Pero era un sistema deficiente no solo en recursos humanos y materiales, sino también en conocimiento policial -los funcionarios avezados a este respecto eran muy pocos, aunque sobresalientes- para hacer frente a esta última manifestación de violencia inspirada en una concepción del islam basada en la doctrina del salafismo yihadista. Por eso, inmediatamente después de lo sucedido en los madrileños trenes de cercanías se emprendieron importantes reformas en las estructuras de la seguridad interior española, para adaptarlas a los singulares desafíos que plantea ese terrorismo internacional. Dichas reformas incidieron, sobre todo, en facetas tales como el incremento en las capacidades de inteligencia policial, la coordinación entre agencias estatales de seguridad y el desarrollo de la cooperación internacional.

A la vista de que en España no se han vuelto a producir nuevos atentados atribuibles al terrorismo internacional, pese a que planes y tentativas de perpetrarlos han existido desde aquel infame 11-M, puede desde luego considerarse un éxito la combinación de las aludidas reformas en la seguridad interior española y la aplicación de la legislación antiterrorista hasta ahora existente. Sin embargo, hay algunos otros datos que, sin cuestionar la contrastada eficacia de las actuaciones orientadas a prevenir y erradicar el terrorismo internacional, plantean interrogantes sobre alguno de los aspectos relativos a su eficiencia. Por ejemplo, entre 2004 y 2009 fueron detenidas unas 450 personas presuntamente implicadas en actividades relacionadas con el terrorismo internacional, de las cuales solo alrededor del 40%, exactamente 180, fueron acusadas en la Audiencia Nacional. De 170 acusados durante ese periodo de tiempo respecto a los cuales se ha dictado sentencia, poco más del 60% recibió algún tipo de condena, en concreto 106. Lo que significa que solo uno de cada cuatro detenidos en operaciones contra el terrorismo internacional a lo largo de aquellos seis años fue finalmente condenado.

¿Cómo interpretar estas cifras? Para determinados sectores de las comunidades musulmanas en España pondrían de manifiesto que la policía, cuando de perseguir el terrorismo yihadista se trata, detiene de manera indiscriminada y revela islamofobia. En realidad, aquellos números muestran las limitaciones de actuar preventivamente sobre el terrorismo yihadista utilizando una ley pensada para el de ETA. A menudo, la evidencia que las fuerzas de seguridad conseguían bajo esas condiciones, cuando para evitar posibles males mayores anticipan sus intervenciones, pese a ser a todas luces elocuente, o bien no encajaba en los términos que hasta ahora delimitaban el terrorismo y tipificaban sus delitos asociados o bien no siempre era interpretada por los tribunales como correspondiente a tales especificaciones. Hay jueces, por ejemplo, que no han valorado como terroristas conductas de adscripción yihadista debido a la aparente ausencia de una estructura articulada entre quienes las llevaban a cabo, y que no consideran delitos de colaboración con una organización terrorista captar individuos o ser entrenado para cometer atentados suicidas en zonas de conflicto. Pese a que la mayoría de esos atentados se dirigen contra blancos locales y ocasionan víctimas sobre todo entre civiles musulmanes.

La falta de un conocimiento sustantivo sobre los actores, escenarios y tendencias del terrorismo internacional explica en parte ese tipo de razonamientos. Y sugiere que una razonable actualización, cuando no una especialización de los órganos jurisdiccionales concernidos, es más que conveniente. Hay desde luego jueces, tanto de instrucción como de sala, cuya puesta al día en estos temas es encomiable, al igual que debe elogiarse el empeño, en este mismo sentido, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Otro tanto cabría decir de las unidades dedicadas a combatir el terrorismo yihadista dentro de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y del Servicio de Información de la Guardia Civil. Pero una mejora en la eficacia a la vez que en la eficiencia de las labores de prevención y lucha contra dicho fenómeno, derivadas de una acción policial y judicial combinada, requería reformas como las que contiene la reciente modificación del Código Penal aprobada por las Cortes Generales. Cambios que, si bien responden a la necesidad de avanzar, sin merma de garantías, en el tratamiento penal del terrorismo relacionado de uno u otro modo con Al Qaeda, son además de valor añadido respecto al de ETA.

Tres son las principales novedades en la adaptación de la legislación antiterrorista española al terrorismo internacional que, en mi opinión, cabe reseñar. En primer lugar, hablar de grupos y organizaciones terroristas, en vez de hacerlo únicamente de estas últimas, como hasta ahora, se adecua mucho mejor al polimorfismo observable en la urdimbre del terrorismo global. Y es que en ocasiones encontramos células independientes, solo inspiradas por Al Qaeda, pero otras veces células vinculadas a esa estructura terrorista, sus extensiones territoriales o sus entidades asociadas, sin que sea fácil acreditarlo. En segundo lugar, incriminar específicamente actividades individuales y colectivas típicas, si bien no exclusivas, del terrorismo internacional, como organizar prácticas de entrenamiento o asistir a ellas, al igual que las de captación, adoctrinamiento, adiestramiento o formación orientadas a la incorporación a grupos y organizaciones terroristas o a perpetrar delitos de terrorismo, es fundamental para prevenir la radicalización y el reclutamiento yihadista. En tercer lugar, que el delito de financiación del terrorismo vaya a ser sancionado de manera autónoma debería facilitar el desbaratamiento de las tramas mediante las cuales movilizan recursos económicos y costean atentados los actores del terrorismo internacional.

Una última consideración. España también difiere de otros países europeos aludidos al inicio de este artículo porque esos cambios en la legislación antiterrorista, al contrario de lo que sucede con otras novedades acerca del terrorismo que asimismo incluye la reforma del Código Penal, no han emanado tanto de la reflexión y el debate internos como de una obligación impuesta desde la Unión Europea. En concreto, por una decisión marco de 28 de noviembre de 2008. Durante la legislatura posterior al 11-M no se oyeron suficientes voces entre las élites parlamentarias, los ámbitos judiciales o el sector de la seguridad, aunque sí de representantes de víctimas del terrorismo, que consideraran necesario modificar las leyes para adaptarlas al yihadismo global. Lo cual probablemente tiene más que ver con una cultura legal común a nuestras élites políticas y administrativas, cuya renuencia a legislar sobre este tipo de cuestiones inmediatamente después de incidentes críticos es además comprensible, que con idearios de partido. Pero la experiencia ha dejado claro que aquellos cambios eran imprescindibles y lo importante, llegados a este punto, es que nuestras instituciones han obrado en consecuencia.

La reivindicación del secuestro de los cooperantes españoles confirma la planificada escenificación con la que Al Qaeda pretende extraer el máximo rédito de su acción criminal. Como demuestran otros precedentes, varias son las fases que suelen apreciarse en este tipo de crisis, sugiriendo pautas de actuación por parte de los terroristas que deben ser valoradas con objeto de articular una eficaz gestión frente a tan sensible situación.

En una primera etapa, la violenta captura suscitó una sorpresa y una conmoción, alimentadas por la incertidumbre sobre la autoría del secuestro, que los terroristas han mantenido durante una larga semana. En este tiempo se ha especulado sobre la identidad de los responsables, el lugar en el que habrían sido escondidos los rehenes y las exigencias de los captores. Tras obtener una considerable atención mediática y después de prolongar la tensión durante este tiempo, ahora Al Qaeda ha intensificado el terror del secuestro asumiéndolo. La secuencia respetada sugiere que esta segunda fase precederá a una tercera en la que los terroristas volverán a elevar el nivel de su amenaza con sus reivindicaciones. La duración del estadio posterior, en el que se enmarcaría la finalización del secuestro, dependerá en gran medida de las motivaciones iniciales de los secuestradores.

A lo largo de este proceso el terrorista mide sus tiempos, acomodando sus necesidades de seguridad con su objetivo de manipular a diversas audiencias a las que dirige su terrorífico mensaje. El Gobierno, las familias, los medios de comunicación y la opinión pública conforman una red de actores a la que el terrorista intenta vincular entre sí, persiguiendo su sometimiento mediante tácticas con las que realzar el terrible impacto psíquico y emocional inherente a la privación de libertad de seres humanos. Por ello, desde la prudencia recomendada por el Gobierno, es preciso prever escenarios como los que los terroristas pueden contemplar en su afán por acentuar el horror de su acción.
En este sentido, resulta oportuno evaluar cuál puede ser el móvil del secuestro con el fin de perfilar una respuesta en la que, probablemente, el discurso público de las autoridades no debería variar en exceso con independencia de las motivaciones terroristas. Aunque declaraciones públicas y privadas no siempre coincidan, la posición oficial de un gobierno ante la coacción de Al Qaeda no admite margen de maniobra debido a los contraproducentes efectos que para la credibilidad del Estado puede provocar el desafío terrorista. Los esfuerzos por la compleja y humana conciliación del interés nacional y personal no deben ser ajenos a los efectos negativos que entrañan determinadas políticas ante el terrorismo. La imitación es uno de los riesgos posibles que se derivan del éxito terrorista, constatando que la seguridad futura requiere también la firmeza en el presente.

Ante la sensación de vulnerabilidad e impotencia del Estado que el terrorista busca generar, aquél debe enfatizar su capacidad y voluntad de rechazar inadmisibles extorsiones. De lo contrario, la debilidad manifestada podrá ser explotada por el terrorista en nuevos secuestros que obedezcan a una finalidad económica que permita financiar futuras acciones criminales, o al deseo de liberar activistas presos, o a la exigencia de modificación de una política y de un orden jurídico-político establecido -por ejemplo, la retirada de la presencia española en Afganistán o la recuperación de Al Andalus-, o a una intención puramente propagandística. A esta tipología ha de sumarse la hipótesis de un secuestro con una pretensión «ejemplarizante» en la que los secuestradores decidieran desde el comienzo el peor de los destinos para las víctimas con indiferencia de las reivindicaciones planteadas, consideradas por los propios terroristas como innegociables. Conviene valorar estos condicionantes para confrontar la próxima coacción de los terroristas, trasladadas quizás a través de imágenes y testimonios de los rehenes con objeto de agudizar una presión emocional que el paso del tiempo puede agravar.

La compleja problemática obliga al Gobierno a mantener una intensa atención a las familias de los secuestrados, consciente de que el terrorista pretende contraponer los intereses de ambos mediante tácticas que a menudo también involucran a medios de comunicación. En modo alguno debe aceptarse la difusión de responsabilidad y la transferencia de culpa que el terrorista desea trasladar al Gobierno mediante el secuestro de sus nacionales y a las que familiares y periodistas pueden contribuir si incurren en irresponsables pero lógicos comportamientos fruto de la coacción terrorista. Convendría pues que la actuación gubernamental examinara la coordinación de procedimientos con periodistas que deben ejercer su función social con ejemplar responsabilidad cuando está en peligro la vida de varios ciudadanos. El poder de la información se acrecienta en contextos en los que el criminal recurre a una táctica como el secuestro definida por su búsqueda de publicidad, requiriendo en consecuencia una gestión apropiada de quienes también están en el foco de los terroristas. Los medios de comunicación son inevitablemente un canal a través del cual el terrorista plantea sus exigencias y su intimidación, reclamándose por parte de aquellos una madurez que evite facilitar al terrorista instrumentos con los que ejercer con mayor eficacia su amenaza sobre las víctimas directas -los rehenes- e indirectas -la sociedad en su conjunto-.

Mientras el secuestrador se afana en generar contradicciones entre las voluntades de quienes son objetivo de su violencia, el Gobierno no debe renunciar al intento de ganar las voluntades de audiencias que prestan al terrorista su apoyo activo y/o pasivo. La diplomacia privada y pública del Gobierno es especialmente necesaria en una crisis que exige la cooperación de diversos estados y servicios de inteligencia con capacidad de influencia en la zona. A este respecto, si obligada es la prudencia desde nuestros medios al informar sobre el secuestro, también lo es la tarea de lograr que influyentes medios en el mundo musulmán presenten este hecho como lo que realmente es: la injustificable y repugnante violación de los derechos humanos de personas privadas de libertad cuando generosamente dedicaban sus recursos y energías a ayudar a desfavorecidos musulmanes. El correcto encuadre del secuestro por parte de significativos medios en el ámbito musulmán puede coadyuvar a contrarrestar parte del daño anhelado por los terroristas.

La implicación de Al Qaeda aporta al secuestro una dimensión con relevantes consecuencias para la credibilidad de la banda y de los países por ella amenazados. En estas circunstancias, la liberación de los rehenes contra la voluntad de los secuestradores, aunque compleja, debe guiar la estrategia gubernamental. Experiencias previas revelan que los contactos establecidos con los terroristas a través de intermediarios han servido precisamente para la localización de aquéllos ofreciendo oportunidades para el rescate de los rehenes sin contraprestaciones.

En un secuestro de estas características el éxito o el fracaso de su gestión se miden por los logros y costes implícitos al resultado final, pero también por la percepción de la determinación de Gobierno y terroristas. La inevitable incapacidad del Estado para proteger a todos sus ciudadanos no equivale a un triunfo para el grupo criminal, pero una errónea gestión del secuestro puede destacar sus vulnerabilidades. Por tanto, si el chantaje terrorista es amplificado y erróneamente interpretado por actores democráticos que pueden terminar actuando como altavoces de los secuestradores, se contribuirá a presentar esta acción criminal como una engañosa muestra de la capacidad de Al Qaeda para doblegar a un Estado democrático. El reto colectivo consiste en hacer todo lo humana y políticamente posible para salvar las vidas de nuestros compatriotas impidiendo al mismo tiempo la magnificación y legitimación de este grupo terrorista.

Primero oímos hablar de ellos en remotos países como Irán o Egipto. Luego en lugares todavía más remotos como Afganistán. Después nos dijeron que habían llegado a nueva York y habían derribado unos rascacielos altísimos, y nos costó creerlo. Parecía el argumento de un telefilme y no una noticia de verdad. Después supimos que habían llegado a Madrid y que una gran estación de tren donde yo mismo había estado a menudo era un montón de ruinas teñidas de sangre. Luego supimos que estaban en Barcelona, más tarde en Burgos y ahora están aquí, en nuestra propia ciudad, a la puerta de nuestra casa.

¿Pero están aquí realmente? ¿Son de verdad integristas o vulgares carteristas? El ministro Rubalcaba ha alimentado la confusión, diciendo que eran tan sólo delincuentes comunes, para a renglón seguido añadir que «se sospecha» que usen una parte del botín para financiar el terrorismo en el norte de África. Pero si su vinculación con el terrorismo únicamente es ‘tan sólo’, como dice Rubalcaba, «una sospecha que se está investigando», es un error calificarlos de islamistas ya desde el principio. Por el momento todos los indicios disponibles apuntan a una pandilla de delincuentes comunes. Sin embargo, la investigación no ha concluido y, precisamente por eso, hubiera sido más prudente cerrar la boca y no aventurar hipótesis.

Puede que los arrestados de Bilbao sean realmente integristas. En enero de 2005 ya fueron detenidos en la villa seis argelinos y un español, acusados por Garzón de suministrar dinero y documentos falsos a terroristas islámicos en Europa. En este caso, a diferencia del actual, las evidencias apuntaban ya desde el primer momento al terrorismo como actividad principal del grupo. Por otra parte, los autores de la masacre de Atocha también habían surgido de los ambientes marginales de la pequeña delincuencia, el contrabando, las drogas, etcétera. En lo que va de año las autoridades ya han desarrollados otras cinco operaciones como la presente contra islamistas o sospechosos de serlo. Aunque al final la investigación determinase que los arrestados de Bilbao son tan sólo unos vulgares granujas, aun así hemos de afrontar la existencia de un colectivo que pretende matarnos y volarnos en pedazos, de manera que hemos de tomar medidas enérgicas o arriesgarnos a que un día cualquiera, en hora punta, la estación de Abando termine igual que la estación de Atocha.

Ahora bien, todo lo expuesto apenas supone novedad alguna. Durante décadas hemos tenido que lidiar con gente violenta que deseaba matarnos y volarnos en pedazos. La única diferencia es que no se trataba de extranjeros llegados de tierras remotas, sino de nuestros propios paisanos, y convecinos. Ahora, enfrentados a otro terrorismo que mete a todos los occidentales en el mismo saco, resultaría irónico ver a los etarras y sus partidarios recibir una dosis de su propia medicina, pereciendo en el próximo atentado como cualquiera de sus antiguas víctimas.

El terrorismo islamista es un problema que ha de tratarse separado del fenómeno de la emigración. Antes que nada tenemos emigrantes a los que se debe integrar. A estas gentes les pasará lo de siempre: aunque la mayoría pretenden regresar a su país, gran parte de ellos acabaran afincándose entre nosotros, de manera que debemos planear desde ya su integración total en nuestra sociedad. Esta política tiene dos caras: la primera es la justicia social, que consiste en permitir que el emigrante y su familia accedan a los servicios sociales (educación, sanidad, paro, etcétera) y, sobre todo, que reciban por su trabajo el mismo sueldo que recibiría un español. El reverso de la moneda es que el emigrante cotice a la seguridad social, pague sus impuestos, obedezca nuestras leyes y renuncie sin reservas a determinadas costumbres ancestrales incompatibles con las nuestras, como la discriminación de la mujer y el integrismo religioso, entendiendo por integrismo la pretensión de imponer por la fuerza determinadas creencias y costumbres, en el contexto de un sistema político totalitario.

La integración del emigrante magrebí, iberoamericano, asiático, subsahariano, europeo oriental, etcétera, es el problema fundamental, que deber resolverse, aunque no esté vinculado a terrorismo alguno. El terrorismo es otro problema diferente, que se superpone al primero. Una política de integración exitosa reducirá la amenaza terrorista porque los emigrantes integrados no se dedicarán a poner bombas ni les ofrecerán ayuda a los terroristas. Sin embargo algunos emigrantes no podrán ser integrados de ninguna forma pues vendrán expresamente para organizar los atentados o la red de ayuda logística necesaria para cometerlos. Este problema es grave, pero no tanto como podría creerse. Forasteros en tierra extraña, sin poder contar con el apoyo de la comunidad emigrante ya afincada aquí, esos terroristas se moverán como peces fuera del agua y nuestras fuerzas del orden podrán neutralizarlos con relativa facilidad si permanecen alerta.

El gran problema de Occidente es que no podemos suprimir el terrorismo islamista en su origen porque su causa profunda, la crisis estructural total que sufre el Mundo Islámico, está fuera de nuestro alcance. El integrismo es, entre otras cosas, el intento de impedir por la fuerza la evolución interna de las sociedades islámicas. Como nosotros somos la inspiración para esa evolución, el contramodelo de la sociedad tradicional, nos atacan. Podríamos sacar nuestras tropas de todos los países islámicos, presionar a Israel para que firmase la paz con los palestinos, invertir grandes sumas para el desarrollo local y abstenernos de instigar golpes de estado o respaldar a dictadores corruptos. Deberíamos hacer muchas de estas cosas en cualquier caso, pues no somos totalmente inocentes, pero aun así nos atacarían. Sin embargo, esta situación no puede prolongarse eternamente. Las sociedades islámicas acabarán evolucionando, superando la crisis. Entonces el proyecto arcaizante del integrismo se desvanecerá. Por desgracia eso tardará como mínimo una generación, y entre tanto seguiremos sufriendo el terrorismo islamista.

Por Fernando Soteras, especialista en Defensa NBQ por el Ejército de Tierra de España, Defensa Biológica por la OTAN y Seguridad Biológica por la UE, y René Pita, profesor del Departamento de Defensa Química de la Escuela Militar de Defensa NBQ y del Departamento de Toxicología de la Universidad Complutense de Madrid (REAL INSTITUTO ELCANO, 26/02/09):

Tema: Este ARI aborda, de una forma genérica a la vez que integral, la posibilidad real de que la amenaza nuclear/radiológica, biológica y química (NRBQ) pueda llegar a materializarse por grupos terroristas que tengan como campo de actuación, tanto específico como derivado, nuestro país.

Resumen: El actual mundo globalizado en el que vivimos nos ha proyectado, de manera inexorable, hacia una nueva realidad llena de riesgos y de amenazas cada vez más inopinadas y complejas. Uno de estos nuevos riesgos lo constituye la posible adquisición y posterior utilización de materiales o agentes nucleares/radiológicos, biológicos y químicos (NRBQ) por parte de grupos terroristas. En este trabajo se abordan las diferentes características de cada uno de estos ámbitos, sus capacidades y carencias, así como el actual panorama de prevención y de respuesta de las administraciones públicas para gestionar adecuadamente los mismos.

Análisis: Hoy en día hablar del riesgo o la amenaza de sufrir un atentado terrorista en nuestro país es algo a lo que nos hemos llegado a acostumbrar con demasiada rapidez. La percepción de esa realidad es un hecho que ya está muy extendido entre los españoles y es por ello por lo que podemos contemplar que, de forma reiterativa y hasta habitual, esta preocupación sigue presente, pues continúa mostrándose en los diferentes análisis de riesgo y estados de opinión a los que, regularmente y con cierta periodicidad, se somete a la opinión pública.

Pero esa realidad no es ni homogénea ni integral, por lo que de ella podemos extractar otras realidades, no tan claras ni contundentes, y que se suelen materializar en una serie de incertidumbres, como: ¿es la modalidad de materialización de la amenaza siempre similar?, ¿los actores responsables de su materialización son siempre los mismos?, ¿identificamos esta amenaza con un método determinado de ataque?, ¿qué técnicas predominan actualmente? y ¿a qué nos tendremos que atener en un futuro próximo, si no inmediato? Todas estas cuestiones dejan abierta, de alguna manera, la posible correcta gestión de la amenaza y, por ello, la vuelven más actual y peligrosa, si cabe, en nuestros días.

Hemos hablado de la posible evolución de la realidad actual, y ello ha sido en parte debido al mundo globalizado en el que vivimos, caracterizado por el entorno súbito y paradójicamente cambiante, más reseñable aún entre algunos ámbitos específicos de la propia amenaza terrorista. Uno de esos ámbitos específicos de la amenaza es el que contempla la utilización de materiales o agentes nucleares/radiactivos, biológicos y químicos (NBQ/NBC o NRBQ/CBRN) por diferentes grupos terroristas. Es cierto que la posibilidad de materialización de la misma pasa indefectiblemente por la concreción de ciertos factores, como la capacidad de adquisición de los mismos, el conocimiento de su manejo, los métodos de diseminación/dispersión y la voluntad de su empleo final, y por todo ello, y sin duda alguna, la identificación y control de los anteriores factores pasarán a constituir la clave de la correcta gestión de la misma.

También es cierto que las realidades de estos cuatro ámbitos, antes mencionados, son bien diferentes en nuestro país, por lo que precisarían de un análisis separado y específico para cada uno de ellos, aunque bien es cierto que los efectos finales, considerados dentro de las denominadas “armas de destrucción masiva o armas de primer golpe”, se asemejan bastante por su capacidad de devastación, tanto en el ámbito humano como en el material. Una muestra de esa diversidad de efectos lo encontramos en el hecho de que si bien las armas químicas y biológicas no “destruyen” infraestructuras, sí son capaces de inutilizarlas durante largos períodos de tiempo por la persistencia de la contaminación (un claro ejemplo se puede encontrar en las instalaciones que resultaron contaminadas por el agente etiológico del ántrax maligno en EEUU en 2001).

Es necesario, por tanto, y llegados a este punto, diferenciar entre estas armas y los denominados “explosivos de gran potencia” (high-yield explosives), pues estos últimos sí suelen ser utilizados, de forma genérica, por los grupos terroristas identificados en nuestro país en la actualidad. La diferencia fundamental entre los mismos estriba en que los efectos de estos últimos son unidireccionales, momentáneos y, de algún modo, controlables en cuanto a la gestión de sus consecuencias, mientras que los citados en primer lugar son difíciles de detectar, identificar y controlar, tanto en su empleo como en sus efectos últimos, de ahí los problemas que supondría su uso. Veámoslos a continuación más en detalle.

La amenaza nuclear
Desde el punto de vista técnico es poco probable que un grupo terrorista pueda finalizar todas las fases que requiere la fabricación de un dispositivo nuclear, incluso en el hipotético caso de que fuese capaz de superar la primera fase, es decir, la adquisición de suficiente material fisionable adecuado a través del mercado negro. La opción de adquirir directamente un arma nuclear a través de un Estado patrocinador o del mercado negro supondría una grave amenaza de represalia para ese Estado, mientras que en la segunda opción existe la dificultad añadida de que el grupo terrorista debería acceder a los códigos de activación.

Con relación al mercado negro y a los materiales puestos en circulación en el mismo, es cierto que mucho se ha hablado últimamente, y de forma específica, de los “maletines nucleares” desde que en 1997 el general Lebed, ex asesor de seguridad nacional en Rusia, alertara sobre la supuesta desaparición de unas 100 unidades de los mismos. Pero la información sobre estas armas nucleares tácticas es muy difusa –de hecho, las declaraciones de Lebed fueron inmediatamente desmentidas por el gobierno ruso–, siendo este hecho aprovechado, en muchas ocasiones, por el terrorismo internacional para crear, en clara campaña de desinformación, el denominado “terror nuclear” –algo muy distinto a lo que entendemos por “terrorismo nuclear”–. De hecho, tras las declaraciones del general Lebed aparecían las primeras informaciones en los medios de comunicación sobre la adquisición de armas nucleares por parte de al-Qaeda.

Lo que sí es verdad es que la preocupación actual por los arsenales nucleares de la antigua Unión Soviética –y cada vez más los de Pakistán y la India– ha puesto en marcha iniciativas en el ámbito internacional que buscan mejorar el control y la seguridad de los mismos, lo que afecta directamente a nuestro país. De la misma manera, la Iniciativa de Seguridad frente a la Proliferación (PSI) busca coordinar las acciones internacionales para abordar y confiscar materiales relacionados con armas NBQ. Inicialmente, esta iniciativa se dedicó sobre todo a operaciones de interceptación marítima, aunque posteriormente su trabajo también se extendería a las aeronaves y los vehículos terrestres.

La amenaza radiológica

La amenaza radiológica se centra, a día de hoy en nuestro país, en la proliferación de elementos, fuentes y mecanismos, con componentes radiológicos, considerados de baja/media intensidad, pero susceptibles de formar parte de un sistema o dispositivo de agresión que pudiera, en última instancia, aprovecharse de sus propiedades radiactivas.

La incorporación de material radiológico a un artefacto explosivo improvisado (IED) permitiría que, además de los efectos mecánicos y térmicos de la explosión, se produjese una contaminación del área en la que este material es dispersado. Puesto que la contaminación radiológica no se puede “destruir” –a diferencia de la contaminación química y biológica–, el área afectada permanecerá inutilizada durante un período de tiempo que dependerá del período de semidesintegración de cada radioisótopo. Estos artefactos, comúnmente denominados “bombas sucias” –un tipo de artefacto de dispersión radiológica (RDD), denominado RDD explosivo–, intentan por tanto no sólo incrementar el número de víctimas físicas sino dificultar la mitigación de las consecuencias del ataque e incrementar los efectos psicológicos en la población afectada.

La proliferación de dispositivos con materiales radiactivos ha sido debida, en gran parte, al desarrollo exponencial de la tecnología de nuevas investigaciones en materiales y dispositivos, en el control de diferentes procesos industriales, en las técnicas analíticas, en la radiografía industrial y también debido a las enormes aplicaciones que tienen las radiaciones ionizantes en tan diferentes áreas. Todo ello ha posibilitado el uso de pequeñas fuentes radiactivas como parte de dispositivos de control, diagnóstico y análisis en diferentes áreas de la sociedad actual.

La gestión de la amenaza en España debería basarse, por lo tanto y principalmente, aun cuando haya mejorado de forma reseñable, en el control de la producción en origen y en la declaración de uso final de la misma; ello impediría el comercio ilegal y la derivación en el uso final, lo que hoy conocemos como posible empleo de tecnología de “doble uso”. También es necesario resaltar el necesario control de seguridad, mediante las derivadas autorizaciones e inspecciones en los contextos finales donde se utilizan dichos dispositivos, y en la cada vez más palpable inexistencia de una praxis profesional de empleo de los mismos. Por todo ello, este ámbito específico es uno de los más peligrosos en cuanto a ser susceptible de ser empleado por grupos terroristas. Prueba de ello, y de la diversidad de facetas presentes, la encontramos en la denominada como iniciativa Megaports del Departamento de Energía de EEUU, que busca detectar material radiactivo en el tráfico de contenedores, y que, aplicado a nuestro escenario nacional, ya está operativo en el puerto de Algeciras.

La amenaza biológica

La amenaza biológica representa a día de hoy uno de los campos con más potencial para ser utilizado desde el contexto terrorista, pues su desarrollo ha sido multidireccional, multifacético y exponencial con respecto a otros ámbitos científicos. Los extraordinarios desarrollos de la microbiología, la ingeniería genética y la biotecnología, en esta última década, han proyectado su protagonismo más allá de su clásico ámbito científico, otorgándole una relevancia sobredimensionada en muchas áreas, incluida la del terrorismo (“bioterrorismo”).

A la dificultad de detección de los agentes biológicos se une la complejidad de diferenciación entre un caso natural de uno intencionado, al igual que la posibilidad de “no reivindicación” del mismo (el caso reciente de los sobres enviados a las diferentes legaciones diplomáticas norteamericanas en Europa es un claro ejemplo de ello), lo que tendría consecuencias impensables en la actualidad. A este panorama se le unen las discusiones, en todos los ámbitos sociales, sobre los problemas éticos referidos a sus desarrollos de investigación (“bioética”), a sus ámbitos de empleo (“biopolítica”) y a su control y normalización (“bioderecho”).

El acceso a los agentes infecciosos y a las toxinas es cada vez más abierto en nuestro país, y el posible uso de ciertos vectores y el actual conocimiento en la conformación de ciertos sistemas para su aplicación está cada vez más al alcance del público en general, gracias a los desarrollos en investigación y tecnología, por lo que el origen y uso de esta amenaza vendría, principalmente, desde dentro de nuestra sociedad, por ser un desarrollo propio y característico de una economía de país desarrollado, y podría tomar hasta un cariz de sabotaje, confundiéndose con ello la dimensión y el propio objetivo último de la amenaza.

La amenaza química

Los análisis de la amenaza química, inicialmente basados en la posibilidad del acceso del terrorismo a agentes químicos de guerra “clásicos”, han dado lugar a análisis enfocados a estudiar la posibilidad de que recurran a productos químicos tóxicos de uso industrial (TIC) o bien atentados directos contra instalaciones que trabajan con ellos. Si bien, en general, los TIC no presentan la alta toxicidad de los agentes químicos de guerra “clásicos”, son de más fácil adquisición a través de la industria química y su uso podría llegar a causar un elevado número de víctimas –como ya ha ocurrido en distintos accidentes industriales–, y generar un ambiente de alarma social. Mención aparte suponen los avances en la industria química en la búsqueda de microrreactores, que permiten “miniaturizar” las tecnologías de producción y síntesis de sustancias químicas. Las actualizaciones de los análisis de la amenaza química, en un futuro no muy lejano, deberán tener muy en cuenta los avances en este tipo de tecnología.

Tras los atentados del 11-S, la industria química en general ha reforzado la seguridad de sus instalaciones con el fin de reducir las vulnerabilidades frente a posibles atentados terroristas contra las mismas. Los planes de emergencia exterior para accidentes industriales con sustancias peligrosas y los planes frente a accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en España podrían ser adaptables a acciones deliberadas, aunque sigue siendo necesario disponer de planes específicos para atentados terroristas que tengan en cuenta el equilibrio y coordinación necesaria entre la intervención de la Protección Civil y la investigación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

Los incidentes de diciembre de 2008, en los que distintas Embajadas norteamericanas en Europa recibieron sobres sospechosos de contener agentes biológicos o químicos, pusieron de manifiesto este hecho, puesto que en este tipo de incidentes se puede llegar a activar una gran cantidad de personal de distintos organismos –sobre todo en caso de que se produzca una sobrerreación–, cada uno con un protocolo de actuación distinto.

Conclusiones: Está claro que, tras todo el análisis expuesto anteriormente, la posibilidad real de materialización de esta amenaza en España nos la va a dar la combinación de dos factores específicos: las percepciones y las capacidades.

Las percepciones, a diferentes niveles, las constituyen todos los actores directamente involucrados en el riesgo, y que van desde el nivel estratégico político hasta el más inferior compuesto por la suma de las percepciones individuales de los ciudadanos. Este análisis del riesgo, basado en las percepciones, nos debería enseñar que no hay que despreciar ninguna de ellas, y que de la adecuada combinación e interpretación de las mismas, básicamente el espectro que se recorre entre una gestión en el ámbito de la ciencia o del arte, deberemos de obtener o diseñar la adecuada estrategia para hacer frente a esta amenaza.

Por otro lado, el análisis pragmático de las capacidades reales, tanto presentes como futuras, debe ayudar a conformar la percepción, y ello pasa indefectiblemente por un estudio en detalle no sólo de los actores involucrados en la materialización de la misma, sino también en el entorno que puede, de alguna manera, facilitar esa materialización. Esto supone la necesidad de incluir en el análisis a los denominados como “actores colaboradores” o “actores necesarios”, es decir, aquellos que facilitan la materialización de la amenaza, en alguna de sus fases previas, sin intervenir directamente en las mismas.

En España podemos afirmar que empezamos a tener una elevada percepción de la amenaza NRBQ, sobre todo por la voluntad de colaboración a nivel estratégico político, por la necesaria coordinación internacional en los niveles operativos y por la cada vez más presente percepción de la misma en la ciudadanía derivada del acceso abierto a la información relacionada y a la concienciación de su peligrosidad. En cuanto a las capacidades, resaltar que las mismas se están potenciando de forma exponencial debido a la proliferación de los “actores necesarios” antes mencionados, quienes están facilitando, de alguna manera, el desarrollo tanto tecnológico como metodológico para materializar un ataque de gran envergadura.

A veces la amenaza no se suele percibir por estar latente, pero ello no debe impedirnos el estructurar una prevención y una respuesta lo suficientemente seria como para conseguir que sea efectiva.

Resumen

Este análisis estudia la evolución del terrorismo yihadista en España después de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Para ello se ha seleccionado una muestra formada por las 28 operaciones antiterroristas más relevantes efectuadas desde entonces, sin incluir las relacionadas exclusivamente con el 11-M. A partir de esos datos se analiza el origen de los detenidos y su distribución geográfica, las funciones realizadas por las redes desarticuladas, con especial atención a nuevos planes terroristas, la vinculación de esas redes con organizaciones yihadistas superiores y los sistemas de movilización y reclutamiento empleados.

Introducción

Este documento de trabajo tiene como objeto ofrecer un análisis detallado de la evolución experimentada por el yihadismo en España con posterioridad al 11-M. Para ello, se examinan los resultados de las actuaciones policiales realizadas desde entonces, seleccionando una muestra de 28 operaciones.

A la hora de seleccionar la muestra de estudio no se han contabilizado las detenciones relacionadas con la investigación del 11-M, tanto las de individuos presuntamente vinculados de manera directa con los atentados (y que permitieron desarticular al comando), como las de personas que tuvieron una implicación presuntamente menor con la trama (por ejemplo, la operación Saeta en abril de 2005 y Sello I en junio de 2005). También se han obviado algunas operaciones policiales de carácter muy particular –por ejemplo, la detención de sujetos que estaban meramente de paso en España o la de un español-palestino, de dudosa salud mental, que supuestamente diseñó cohetes para Hamás–. Tampoco se han contabilizado las detenciones efectuadas por razones judiciales de individuos ya detenidos en operaciones policiales previas al 11-M –por ejemplo, algunos de los detenidos en la operación Lago en enero de 2003–. Sin embargo, sí que se han incluido en la muestra de estudio las operaciones Tigris y Sello II (en junio de 2005 y enero de 2007 respectivamente) donde, además de arrestar a sujetos presuntamente vinculados con los atentados de Madrid, se desarticularon dos redes activas de captación y envío de voluntarios a Irak.

El resultado final nos ofrece una muestra de estudio de 28 operaciones. A partir de ese material nuestro trabajo analiza las siguientes características de las redes desarticuladas: (1) el origen de sus miembros; (2) su localización geográfica; (3) las funciones realizadas; (4) los objetivos que perseguían; (5) la relación que mantenían dichas redes con el entramado yihadista global; y (6) los sistemas de movilización y reclutamiento.

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España, al igual que otras democracias de nuestro inmediato entorno europeo, tiene ante sí los desafíos que el terrorismo relacionado con Al Qaida plantea tanto a la seguridad nacional como a la cohesión interna de una sociedad abierta cada vez más diversa, en buena medida debido a la inmigración procedente de países cuyas poblaciones son mayoritariamente musulmanas. Pese a los más de cuatro años y medio ya transcurridos desde los atentados del 11 de marzo en Madrid, los riesgos y amenazas que se asocian con la urdimbre del actual terrorismo global no se han visto aminorados. Algunos de los indicadores que pueden utilizarse para valorar esos riesgos y amenazas son aplicables al mundo occidental en su conjunto, pero otros adquieren un interés mucho más específico desde la perspectiva española.

En primer lugar, los propios dirigentes de Al Qaida, Osama bin Laden y Ayman al Zawahiri más concretamente, se han venido refiriendo a nuestro país en términos decididamente agresivos desde al menos el año 2006. En esas alusiones hay una serie de contenidos recurrentes, entre los que destacan la pretendida obligación religiosa de recuperar Al Andalus, a fin de que forme parte de un renovado califato panislámico que se ambiciona instaurar mediante una estrategia terrorista, las reclamaciones sobre Ceuta y Melilla, o la presencia militar española en territorios de conflicto generalizado pero que se consideran de dominio musulmán. Además, los principales elementos de este discurso agresivo hacia España y lo español se ha consolidado en la retórica habitual de Al Qaida en el Magreb Islámico, como evidencian los numerosos comunicados que sus líderes han emitido desde inicios de 2007.

En segundo lugar, las operaciones policiales que se han venido sucediendo en nuestro país desde que ocurrieran los atentados del 11 de marzo ponen de manifiesto que el señalamiento de España como blanco del terrorismo relacionado con Al Qaida podía y puede materializarse en nuevos atentados. Quizá no sea ocioso recordar ahora que, durante la pasada legislatura, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han conseguido desbaratar a tiempo planes para perpetrarlos, en al menos tres ciudades españolas, que se encontraban en distintos estadios de planeamiento. Como ocioso tampoco será recordar que son más de trescientos los individuos detenidos a lo largo de ese periodo de tiempo por su implicación en actividades del terrorismo global, la mayoría de los cuales fueron procesados y enviados a prisión por orden judicial.
Estos individuos son fundamentalmente extranjeros que inmigraron a España en los últimos quince años, procedentes sobre todo, aunque no sólo, de Marruecos y Argelia, que es el epicentro de la actividad terrorista en el Norte de África. Sin embargo, no deja de ser significativo el monto de quienes tienen un origen surasiático, especialmente pakistaní, o incluso de quienes disfrutan de la nacionalidad española. Unas veces han hecho suya la ideología del salafismo yihadista, que es el marco de referencia común al conjunto de actores individuales y colectivos del actual terrorismo global, en los mismos países de que proceden y otras en el seno de las comunidades musulmanas que se han establecido en el nuestro.

Comunidades donde las actitudes positivas hacia Osama bin Laden como líder mundial, o hacia Al Qaida y la idea de yihad global que promueve esta estructura terrorista, aun siendo minoritarias, no son desdeñables.
Ahora bien, ¿que los riesgos y amenazas del terrorismo global no hayan remitido tras el 11 de marzo, ni en España ni para ciudadanos e intereses españoles en otros países, significa que somos más vulnerables? No, no es así. Cuando ocurrieron los atentados de Madrid, España disponía de unas estructuras de seguridad interior muy desarrolladas y altamente eficaces en la lucha contra el terrorismo de ETA y otras bandas armadas de carácter endógeno. Ahora bien, esas estructuras nacionales de seguridad interior no estaban igualmente adaptadas para hacer frente a los desafíos del mucho más novedoso terrorismo relacionado directa o indirectamente con Al Qaida, un fenómeno que se configura y extiende por buena parte del mundo durante los pasados años noventa y que llegó a establecer en territorio español una de sus principales bases europeas.

No es que no hubiese funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para ser más precisos del Cuerpo Nacional de Policía, que conociesen bien el terrorismo de Al Qaida y sus avatares. Los había, pero eran muy pocos y sin lugar a dudas precarios los medios con que contaban para su labor. Porque no se trataba de un problema al que políticamente se hubiese concedido la relevancia que merecía desde mediada la década de los noventa, pero especialmente tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington o aún más si cabe tras los de Casablanca en 2003, uno de cuyos blancos fue precisamente español. En cualquier caso, ocurridos los trágicos sucesos del 11 de marzo en Madrid y del 3 de abril de 2004 en Leganés, de lo que se trataba era de evaluar si el terrorismo global continuaba siendo una preocupación para España y, caso de ser así, poner los medios necesarios para neutralizarlo.

En esos momentos, una porción nada despreciable de la opinión pública parecía convencida de que lo acontecido en los madrileños trenes de cercanías había sido consecuencia del alineamiento del Gobierno del Partido Popular con Estados Unidos respecto a Irak. Y de que la retirada de nuestras tropas en dicho país supondría la desaparición de los riesgos y amenazas terroristas relacionadas con Al Qaida. En el otro lado del espectro político, diríase que era igualmente considerable la proporción de españoles para quienes detrás de los atentados del 11 de marzo no estaba tanto el terrorismo yihadista como el ya conocido de ETA. Entre esas dos visiones erróneas, ambas de las cuales tendían explícita o implícitamente a minimizar los problemas inherentes al terrorismo global, las autoridades del Ministerio del Interior concluyeron lo que había que concluir: que los riesgos y amenazas que planteaba ese fenómeno persistirían.

Los atentados de ese día dejaron claro que las funciones de información e inteligencia policial no estaban a la altura de las necesidades, que los problemas de coordinación entre Policía y Guardia Civil eran serios, y que la cooperación internacional estaba bien por debajo del óptimo en materia de terrorismo global. A casi nadie extrañará que se procediese a una adaptación de las estructuras de seguridad interior para mejor hacer frente a los desafíos que implica dicho fenómeno. Adaptación que consistió en adecuar cuantitativa y cualitativamente las capacidades de inteligencia policial, crear el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, establecer planes tanto generales como específicos de prevención y protección, e impulsar la cooperación con otros países occidentales y del mundo islámico, entre otras iniciativas de relevancia. Iniciativas que gozan de gran aceptación social y añaden valor a la lucha contra ETA.

¿Quiere esto decir que está todo hecho? Claro que no. Quizá sea hora de plantearse, por ejemplo, si nuestra legislación antiterrorista adolece de limitaciones, ajenas a la imprescindible garantía de derechos y libertades, a la hora de tratar el terrorismo internacional. Por otra parte, las medidas tomadas para adaptar las estructuras de seguridad interior ante los desafíos del terrorismo relacionado con Al Qaida deberían imbricarse en una estrategia nacional contra el terrorismo de carácter multifacético e interministerial, que se formalice de manera consensuada y esté en consonancia con una estrategia de seguridad nacional más amplia. Aunque lo más urgente es, probablemente, elaborar y poner en marcha, más allá de las actuaciones de índole policial o penitenciaria al respecto, un plan integrado para prevenir los procesos de radicalización yihadista en determinados ámbitos de las comunidades musulmanas y muy especialmente entre la emergente segunda generación.

Parece que ya lo sabemos, pero permítaseme recordar muy brevemente los antecedentes de este serio asunto. El pasado 19 de enero, 14 personas fueron detenidas por la Guardia Civil en Barcelona, debido a las fundadas sospechas, sobre las que el Centro Nacional de Inteligencia había sido oportunamente advertido por servicios secretos extranjeros, de que se estaba preparando una serie concatenada de atentados suicidas en el metro de la capital catalana y quizá también contra otros blancos. Atentados que habrían resultado altamente letales, pues sus posibles autores pretendían ejecutarlos en horas de la mayor afluencia de gente.

La Audiencia Nacional ha procesado ya a 10 de esos individuos, por su presunta implicación en esta tentativa, acusados de delitos correspondientes a actividades terroristas, al igual que a un undécimo relacionado con aquellos y que fue arrestado con posterioridad en los Países Bajos. Salvo uno que tiene nacionalidad india, el resto son todos paquistaníes. Todos varones, con una edad media de 36 años, aunque el mayor de los imputados llega a los 64 y el más joven se queda en los 26. Algunos eran inmigrantes con residencia en la capital catalana, que frecuentaban una mezquita denominada Tarek ben Ziyad. Otros habían llegado desde Pakistán, a través de países europeos como Suecia, Alemania y Portugal, para intervenir en la ejecución de los atentados previstos sin que sus tránsitos individuales llamaran la atención que hubiesen suscitado al desplazarse juntos.

Pues bien, Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), grupo cuyo nombre de nada sonará a quienes no estén al día sobre la evolución del fenómeno terrorista, pero que es bien conocido para los especialistas en estos temas, ha reclamado su responsabilidad en la fallida tentativa de perpetrar una masacre terrorista en los transportes públicos de Barcelona a inicios de este mismo año. Lo ha hecho mediante un vídeo con formato de entrevista, posiblemente grabado hace unas semanas, el pasado agosto, y difundido a finales del mismo mes. En dicho vídeo, uno de los seis miembros que componen el directorio de ese grupo islamista radical, y que además es considerado como principal portavoz del mismo, concretamente Maulvi Omar, responde con estas palabras a una pregunta sobre si la organización armada a que pertenece podría llevar a cabo ataques contra Occidente: “El de Barcelona fue conducido por 12 de nuestros hombres. Ellos estaban comprometidos con Baitulá Mehsud y TTP ha reclamado ya la responsabilidad”. Respecto a los motivos para haber intentado perpetrar una acción de esas características en dicha ciudad, añade: “A causa de la presencia militar de España en Afganistán”. Baitulá Mehsud, a quien se menciona en estas declaraciones, es el máximo dirigente de Tehrik e Taliban Pakistan y, por cierto, a él se refiere nada menos que como emir uno de los ahora encausados en la Audiencia Nacional, precisamente el experto en explosivos y que había pasado varios meses en Pakistán antes de volver a Barcelona, poco antes de que a su vez lo hicieran los supuestos terroristas suicidas, según la documentación de que se dispone.

Pero ¿qué es Tehrik e Taliban Pakistan? ¿Dónde se encuentran sus bases? ¿Acaso está vinculado con Al Qaeda y su urdimbre de terrorismo global? Tehrik e Taliban Pakistan es un heterogéneo conglomerado formado como tal a finales de 2007 y al cual se adscriben algo más de 30 grupos establecidos en el sur de Waziristán pero que recientemente se ha extendido hacia el norte, sobre todo dentro de las denominadas zonas tribales de Pakistán, fronterizas con Afganistán. Es decir, en los mismos territorios, carentes de una autoridad estatal efectiva, que son en la actualidad epicentro del terrorismo global, donde se encuentran asentadas tanto la propia Al Qaeda como al menos una docena de grupos y organizaciones relacionadas con esta estructura terrorista, que actúan en aquella demarcación y fuera de ella. Por lo común, estas entidades y hasta otras 20 o 30 más a las que Al Qaeda proporciona liderazgo, entrenamiento y recursos de distinto tipo, ejecutan luego por delegación actos de terrorismo que no están al alcance de esta última o no desea llevarlos a cabo por sí misma. No es anecdótico a este respecto que Tehrik e Taliban Pakistan, con los entre 30.000 y 35.000 miembros de que se estima dispone, se localice en ese entorno, pues mantiene una alianza con Al Qaeda y está estrechamente ligado a los talibanes afganos. Además, el sur de Asia es desde hace casi dos años el principal escenario del terrorismo global y TTP se implica tanto en atentados que se cometen en suelo afgano como en localidades paquistaníes. Pero también es la región en que se planifican y preparan otros a cometer en Europa. Es el caso de los ocurridos en Londres en julio de 2005 o, según todo indica, los fallidos de Barcelona en enero de 2008.

Así las cosas, para entender de dónde procede la fallida tentativa de atentar en la metrópoli catalana hay que remontarse, a mi juicio, al mensaje dirigido a los europeos por Osama bin Laden, a través del sitio islamista de Internet Al Ekhlaas, aparecido con fecha 29 de noviembre de 2007. Mensaje en el cual se presentaba por una parte a los gobiernos de Europa como vasallos de Estados Unidos y por otra se hacía un llamamiento a los europeos para que presionasen a sus autoridades nacionales con el fin de retirar las tropas de Afganistán. Pero en el que también se incluía una evidente amenaza: “Estamos determinados a continuar tomándonos la revancha sobre los que no son justos y a expulsar a los ocupantes invasores”. Nada tiene pues de extraño que, ante la limitada capacidad operativa de Al Qaeda o el deseo de no arriesgar efectivos propios en determinadas iniciativas, sus dirigentes acordasen con los de Tehrik e Taliban Pakistan que miembros de esta última organización materializasen esa amenaza en uno o varios países europeos. Curiosamente, apenas unos días después de que se produjeran las detenciones en Barcelona, el canal qatarí de televisión Al Yasira hizo pública una entrevista con el líder de TTP, Baitulá Mehsud, hombre más bien rudo y no particularmente instruido, mostrando su voluntad de atacar ciudades del mundo occidental: “Rezo a Dios para que nos conceda la capacidad de destruir la Casa Blanca, Nueva York y Londres. Y tenemos confianza en Dios. Muy pronto, seremos testigos de los milagros de la yihad“. Es de suponer que dicha entrevista se realizó antes del 19 de enero.

¿Y por qué entonces Barcelona como blanco específico? En primer lugar, en esta ciudad se concentra la mayoría de los aproximadamente 40.000 paquistaníes que residen legalmente en España, lo que reproduce, en el contexto catalán, ambientes existentes en, por ejemplo, determinadas localidades o barrios del Reino Unido. Ambientes de impronta surasiática en los que resulta mucho más fácil mimetizarse a individuos procedentes de las ya aludidas zonas tribales y entrenados por Tehrik e Taliban Pakistan, por cierto en campos de adiestramiento exclusivamente mantenidos al efecto, para convertirse en terroristas suicidas. Ambientes en los que se desenvuelven además movimientos islamistas de orientación rigorista y excluyente, sólidamente establecidos en Pakistán e introducidos en la diáspora paquistaní, a menudo hostiles a la integración de los inmigrantes de su mismo credo y cuando menos ambivalentes en relación con el terrorismo denominado yihadista. Ambientes, en suma, que favorecen las condiciones en las que se producen procesos de radicalización violenta y la creación de células extremistas locales que pueden proporcionar cobertura a terroristas procedentes del exterior. En segundo lugar, el hecho de que en España estuvieran próximas unas elecciones generales, concretamente las celebradas en marzo de este mismo año, explica quizá que la oportunidad para perpetrar una serie de atentados suicidas altamente letales en nuestro país fuese vista por los terroristas de TTP como temporalmente más favorable a sus propósitos. Pero ésta es una mera conjetura, pues todo parece indicar que también había otros países y otras ciudades en su punto de mira.

Cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, España disponía de unas estructuras de seguridad interior muy desarrolladas y altamente eficaces en materia de lucha contra el terrorismo. No en vano, la actual democracia española se ha visto afectada desde su mismo inicio por las actividades de distintas organizaciones terroristas de origen endógeno, aunque ninguna de ellas ha persistido tanto a lo largo del tiempo ni ocasionado tantas víctimas o consecuencias sociales como ETA. Esta banda armada, inspirada ideológicamente en el nacionalismo étnico, persigue tanto la independencia política como la uniformidad cultural para un País Vasco en el que incluyen cuatro provincias españolas y tres demarcaciones del suroeste francés. Haciendo frente a la misma, en un contexto marcado por los procesos de democratización y descentralización territorial, es como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han perfeccionado, durante más de tres décadas, sus capacidades para prevenir y combatir el terrorismo dentro del Estado de derecho. Es más, cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo, ETA se encontraba en uno de los peores momentos de su trayectoria, si no decididamente el peor de todos, debido principal aunque no exclusivamente a la eficacia de la policía española.

Ahora bien, las estructuras nacionales de seguridad interior no estaban igualmente adaptadas para hacer frente a los desafíos del mucho más novedoso terrorismo relacionado de manera directa o indirecta con al–Qaeda, un fenómeno que se configura y extiende por gran parte del mundo durante los años 90 del pasado siglo. Sin embargo, esta es una afirmación que debe ser convenientemente matizada. Recuérdese, por ejemplo, que en apenas dos días los servicios del Cuerpo Nacional de Policía dedicados a la información exterior pudieron identificar a buena parte de los principales autores materiales de la matanza en los trenes de cercanías que circulaban a primeras horas de aquel día con destino a la madrileña estación de Atocha, deteniendo a unos y localizando finalmente el piso de la cercana localidad de Leganés donde terminaron por suicidarse otros menos de un mes después, el 3 de abril, al percatarse que la policía los había localizado y rodeaba el inmueble en que habían buscado refugio. Esta operación, aunque no consiguió aprehender a los terroristas, que ante esa posibilidad optaron por inmolarse causando el mayor daño posible, impidió muy probablemente que quienes cometieron los atentados del 11 de marzo perpetraran otros, dentro o fuera de Madrid, en los meses siguientes.

Es menester asimismo recordar que, en el otoño de 2001, concretamente a partir del mes de noviembre de este año, la policía española desmanteló por orden del juez Baltasar Garzón –el conocido magistrado de la Audiencia Nacional que ya en aquellos momentos destacaba en ese órgano por prestar atención al problema del terrorismo global y su incidencia para España– la célula de al–Qaeda que se había establecido en nuestro país durante la década precedente, cuyos ligámenes con la célula de Hamburgo, en la que se integraban buena parte de quienes perpetraron los atentados de Nueva York y Washington en septiembre de aquel mismo año, se hicieron manifiestos muy poco después de sucedidos. Esas y otras actuaciones policiales fueron posibles porque los correspondientes servicios policiales de información habían investigado sobre ese entramado de terrorismo internacional desde el inicio de los 90 y pudieron presentar ante los tribunales suficiente evidencia incriminatoria en relación con el mismo. Antes de que ocurriese la masacre del 11 de marzo, contando desde enero de 2001, las FCSE habían detenido a unas cuantas docenas de individuos por su implicación en actividades terroristas de orientación yihadista. Además, para esa fecha habían iniciado distintas investigaciones que culminaron, a partir del último trimestre de este año, en sucesivas nuevas operaciones policiales contra el terrorismo global y en la práctica de numerosas detenciones.

Por tanto, la policía española estaba mal adaptada para hacer frente a los riesgos y amenazas del actual terrorismo global no tanto porque este fenómeno fuera mal conocido en relación con nuestro país por los pocos funcionarios que se ocupaban del mismo, sino precisamente por esto último, porque eran sólo unos pocos los funcionarios que se ocupaban del mismo, siendo además muy precarios los medios con que contaban para llevar a cabo su labor. En este sentido, hay que destacar la labor llevada a cabo en aquellos años por el entonces responsable de la Unidad Central de Información Exterior del Cuerpo Nacional de Policía, el comisario Mariano Rayón y por el luego también comisario Rafael Gómez Menor. Las cosas hubieran sido probablemente de otro modo si con la debida oportunidad se hubiese tomado la decisión de conceder al problema del terrorismo global la relevancia que merecía desde al menos mediados los años 90, pero especialmente tras los atentados del 11 de septiembre en EEUU y aún más si cabe tras los de Casablanca en mayo de 2003, uno de cuyos blancos fue español. Una decisión que, debidamente informada por los servicios de inteligencia y por las unidades policiales de información, era en última instancia política. Pero que no tomó el Gobierno español que por entonces formaba el Partido Popular (PP). Quien fuese su presidente, José María Aznar, reconoció, en el epílogo de un libro de memorias publicado al poco de abandonar su cargo, tras las elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004, que “quizás los propios éxitos conseguidos en la lucha contra ETA en los últimos años nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista”. Habrá quien piense que es fácil hacer ahora estas consideraciones y traer a colación citas como esa, a posteriori, después de ocurrido lo ocurrido. En mi caso, sin embargo, debo recordar que en enero de 2003 concluí un libro en el que afirmaba textualmente esto: “al–Qaeda ha utilizado el territorio español como una de sus principales bases europeas. Es probable que sus ciudadanos y gobernantes se conviertan en blanco del terrorismo global”.

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A falta de que las investigaciones policiales y judiciales ahonden en el conocimiento de la supuesta trama terrorista recientemente frustrada en Barcelona, hoy ya se puede decir que no parece casualidad que los tres presuntos suicidas paquistanís detenidos llegaran a Catalunya a través de Suecia, Alemania y Portugal por separado –las fuerzas de seguridad buscan a otros dos terroristas huidos de una célula compuesta por no menos de 12 miembros–. A la ventaja operativa que implica la llegada al espacio Schengen por diferentes vías, con el fin de procurarse clandestinidad, hay que sumar el hecho de que, al igual que ocurre en Barcelona, en las principales ciudades de esos tres países existen importantes centros islámicos de la corriente tabligh, movimiento fundamentalista al que pertenecen.
El terrorismo es, por definición, una actividad colectiva. Por eso, hay que pensar que esos presuntos suicidas llegados desde Pakistán contaron con una red de apoyo logístico tras aterrizar en Europa antes de reunirse con el núcleo de la célula en el barrio del Raval. Es en ese estadio de la actividad terrorista donde el yihadismo explota al máximo la ayuda solidaria entre correligionarios, o nusra, en lengua árabe.

CUANDO Mahoma llegó a Medina en el 622, huyendo de la hostilidad que sufría en La Meca, recibió la solidaridad o nusra de algunas tribus para expandir el islam como credo y como germen de una organización política. En el acervo islámico, esa cooperación goza de un hondo arraigo. Aprovechándose de ese código cultural, los yihadistas explotan doctrinal y operativamente ese principio de solidaridad por filiación religiosa para intentar involucrar a una parte de la comunidad musulmana en la consecución de sus objetivos. El fin es ganarse el corazón de los musulmanes para lograr complicidad ideológica, económica y logística, y, por tanto, lograr mayor eficacia terrorista.
No en vano, la nusra económica ya facilitó, en el año 2002, que ciudadanos paquistanís financiaran desde España tanto el atentado contra la sinagoga de la isla tunecina de Yerba, donde murieron 22 personas, como el asesinato del periodista Daniel Pearl en Karachi. Queda probado que la generosidad de varios simpatizantes fue esencial para recaudar el dinero necesario para esas acciones mortíferas.
Los integrantes de la célula desmantelada en Barcelona se habrían servido de la nusra proporcionada por los miembros de las comunidades tabligh que tan fuerte implantación tienen en varios países europeos. Al menos, esos tres presuntos suicidas procedentes de Suecia, Alemania y Portugal habrían sido acogidos y protegidos en su periplo europeo hasta llegar a Barcelona. Se habrían procurado secretismo gracias a la cooperación de sus cómplices, sin necesidad de exponer su identidad al espacio público, dificultando sobremanera la actuación de las fuerzas de seguridad europeas. En este caso, solo la dicha de que los servicios secretos franceses contaran con un infiltrado entre los medios radicalizados del movimiento tabligh posibilitó la actuación policial preventiva en Barcelona.
Tras esta operación antiterrorista, la moderación aconseja no anatemizar al conjunto del movimiento tabligh existente en España, especialmente activo en Catalunya, La Rioja, Andalucía y Ceuta. Su acción misionera difunde un mensaje de vuelta a los orígenes puros del islam y alejado de las posturas violentas del yihadismo. No obstante, y teniendo en cuenta que toda violencia política comienza por la ideología, sería positivo que los tablighis que viven en sociedades democráticas hicieran una pedagogía constante para explicar por qué bajo el paraguas de sus circuitos de predicación ya se han colado numerosos jóvenes inquietos que tenían intenciones siniestras. Un ejemplo paradigmático es el del líder de los atentados que hubo en Londres en julio del 2005, Mohammed Siddique Khan, quien frecuentaba la mezquita de Dewsbury, centro neurálgico del Tabligh en Europa.
El presunto líder del grupo desmantelado, Maroof Ahmed Mirza, habría asumido responsabilidades como segundo imán de la mezquita Tareq ben Ziad de Barcelona, lugar donde se profesa el islam conforme a la escuela tabligh. Pero, como es habitual, las personas que frecuentan su entorno no saben nada sobre los hechos imputados. A su vez, tres días después de la operación policial, un portavoz de la Federación de Paquistaníes de Barcelona exigía la libertad sin cargos de todos los detenidos por ser, en su opinión, inocentes.
La carrera violenta de la banda Baader-Meinhof en Alemania o la de las Brigadas Rojas en Italia cesó principalmente porque los terroristas fracasaron a la hora de garantizar una solidaridad colectiva continuada entre sus potenciales seguidores, y porque estos simpatizaron mayoritariamente antes con el Estado que con las causas políticas que defendían los primeros.

POR ANALOGÍA, difícilmente Europa se verá libre de tramas yihadistas mientras el código islámico de la nusra siga practicándose entre la comunidad musulmana sin reflexionar sobre las intenciones de quien se beneficia de esa ayuda solidaria. El silencio colectivo y las manifestaciones victimistas sin pruebas hacen flaco favor a la lucha antiterrorista y a la convivencia en democracia.

Es preciso ir más allá de la polémica suscitada en torno a la reciente detención en Barcelona de doce individuos, diez de los cuales han sido ya imputados en la Audiencia Nacional por su presunta integración en las redes del terrorismo internacional y por estar preparando atentados tanto dentro como fuera de esa ciudad. Los hechos son exponente de un problema de radicalización violenta y reclutamiento yihadista que afecta a las comunidades inmigrantes de origen paquistaní en España. Esto sorprenderá a muchos, pues la amenaza que ese terrorismo supone para nuestro país suele asociarse con grupos norteafricanos. Magrebíes son la gran mayoría de los detenidos en España por su implicación en actividades de terrorismo yihadista y entre quienes perpetraron el 11-M. Aquí viven unos 800.000 marroquíes y decenas de miles de personas más nacidas en otros países de la ribera sur del Mediterráneo con poblaciones predominantemente musulmanas. Paquistaníes hay algo más de 50.000, de los que quizá entre un tercio y la mitad estén en Barcelona.

Pero ocurre que la diáspora paquistaní en sociedades occidentales, además de reflejar la diversidad social y política del país de procedencia, es especialmente permeable a las ideas yihadistas y a la infiltración de organizaciones terroristas relacionadas con Al Qaeda. En el Reino Unido, donde hay no menos de 700.000 paquistaníes o británicos descendientes suyos, lo saben muy bien. Los atentados del 7 de julio y otros sucesos posteriores están ahí. Ahora bien, el problema afecta también a otros países europeos, como España, donde aquellas comunidades paquistaníes son más reducidas. En 2003, un paquistaní fue detenido en Logroño, donde habitan miles de compatriotas suyos, y condenado tres años después por utilizar el locutorio que regentaba para enviar dinero a miembros de Al Qaeda e incluso haber realizado pagos para la comisión del atentado suicida que tuvo lugar en la isla de Djerba en 2002. En 2004, esta vez en Barcelona, fueron detenidos otros diez paquistaníes, cinco de ellos condenados el pasado año por financiación del terrorismo yihadista y delitos conexos. Algún paquistaní más ha sido detenido en Madrid, sospechoso de ligámenes con el terrorismo yihadista.

¿A qué obedece esa receptividad hacia las doctrinas y los actores del terrorismo yihadista en las colectividades de origen paquistaní asentadas entre nosotros? Para empezar, Pakistán es el epicentro ideológico, organizativo y en buena medida operativo del terrorismo global. En dicho país se reubicó Al Qaeda tras perder su santuario de Afganistán a finales de 2001, concretamente en los territorios tribales al noroeste del país, donde la autoridad estatal es prácticamente inexistente y aquella estructura terrorista se beneficia tanto de una orografía montañosa como de la tolerancia de una población local de etnia pastún y afín a Tehrik e Taliban (Fuerza de Talibán), que ejerce sus dominios algo más al sur, siempre junto a la frontera occidental del país, en Waziristán. Allí están sus líderes, dispone de centenares si no miles de miembros y continúa planificando atentados, a veces para ser cometidos por sus propios elementos pero mucho más a menudo facilitando que lo hagan grupos afiliados o células locales relativamente autónomas.

Pakistán es, por otra parte, el país del mundo donde tiene su base un mayor número de organizaciones terroristas asociadas con Al Qaeda. Algunas de ellas adheridas desde su inicio al Frente Islámico Mundial para la Yihad contra Judíos y Cruzados, creado a instancias de Osama bin Laden en 1998. Entre esos grupos cabe mencionar Lashkar e Tayiba (Ejército de los Puros), Harakat ul Yihad al Islami (Movimiento de la Yihad Islámica), Harakat ul Muyahidín (Movimiento de los Combatientes Sagrados), Jaish e Muhammad (Soldados de Mahoma) y Lashkar e Yangvi (Ejército de Yanngvi). Unos llevan a cabo actos de terrorismo en el propio país, que durante este año pasado se cuentan por centenares, pero otras han extendido sus actividades hacia Asia del Sur, Asia Central o el Sureste Asiático. Sin olvidar los acreditados ligámenes que unas u otras de esas organizaciones tienen en Norteamérica y Europa, donde es altamente probable que dispongan de células durmientes constituidas por individuos de origen básicamente paquistaní o surasiático, a los cuales habrían entrenado en habilidades terroristas y adoctrinado en el ideario yihadista.

Y es que a la reproducción de una subcultura yihadista dentro y fuera de Pakistán contribuyen decisivamente no pocas de las miles de madrazas o escuelas coránicas que hay en el país. En muchas se adoctrina a niños y adolescentes en una concepción rigorista, fundamentalista y antirracional del credo islámico, influenciada por una corriente estricta de pensamiento religioso denominada deobandi, asimilable al wahabismo saudí, hegemónica en algunas provincias, compatible con la ideología común a Al Qaeda y los demás componentes del movimiento yihadista global. A esos centros religiosos, que reciben chiquillos y muchachos del propio país a cuyas familias no se les ofrece escolarización pública, son también enviados temporalmente numerosos hijos o nietos de inmigrantes paquistaníes que viven en Europa, sustrayéndolos así de la educación que les correspondería y propiciando su radicalización. También acuden desde distintos lugares del mundo jóvenes musulmanes y conversos en proceso de radicalización, que resuelven su crisis de identidad haciendo suya una mentalidad extremista.

Pero si de propiciar la radicalización violenta en la diáspora paquistaní se trata, es menester aludir al Tabligh Jammaat, muy presente entre los surasiáticos de observancia suní que viven en Europa Occidental. Los postulados del Tabligh coinciden con el movimiento yihadista global en sus objetivos y, si bien no abogan por el uso de la violencia, tampoco es infrecuente que los individuos detenidos en Europa por actividades de terrorismo yihadista hubiesen estado o continuasen estando vinculados a congregaciones de aquella entidad fundamentalista. Como tampoco es inusual que los grupos y organizaciones relacionadas con Al Qaeda utilicen las reuniones y los viajes organizados por el Tabligh para detectar individuos susceptibles de ulterior radicalización y reclutamiento. En este sentido, el Tabligh actúa como una agencia inhibidora de la efectiva integración social de los inmigrantes paquistaníes o de sus descendientes y propicia ámbitos de radicalización aprovechables por los terroristas. No es extraño que la presunta célula yihadista desmantelada en la capital catalana este mes se desenvolviera bajo el influjo del Tabligh.

Por si fuera poco, aquel paquistaní detenido en Logroño en 2003, cuantos lo fueron en 2004 en Barcelona, el jefe y buena parte de la célula que acaba de ser desmantelada en el barrio de El Raval ya en 2008, al igual que tantos inmigrantes paquistaníes en España, proceden del Punjab, región fronteriza con la India y el disputado territorio de Jammu y Cahemira. Esta provincia destaca por la hegemonía de la estricta corriente deobandi, por ser desde los años noventa escenario habitual de violencia entre facciones suníes y chiíes, así como por la frecuente actuación de grupos y organizaciones relacionadas con Al Qaeda, que cuentan en la zona con infraestructura y se desenvuelven con extraordinaria facilidad debido a los niveles de apoyo que disfrutan entre la población local. En Lahore y otras ciudades de esa provincia paquistaní estuvieron entrenándose, seis meses antes del 7 de julio de 2005, al menos dos de los terroristas que perpetraron los atentados suicidas de Londres. ¿Anduvieron por allí algunos de los detenidos la semana pasada? ¿Habrá ahora, en aquel lugar del mundo tan alejado de este, paquistaníes domiciliados en Barcelona o en Logroño? ¿Haciendo qué?

La aparición de una célula de terroristas integristas en Barcelona es una mala noticia, pero no constituye ninguna sorpresa. Por suerte, la han desmantelado antes de que pudiera atentar. Desde la matanza de Atocha, la policía se mantiene alerta y a la vista están los buenos resultados de esa vigilancia. De todas formas, resulta preocupante que cada pocos meses descubramos a otro pelotón de fanáticos dispuestos a matar y destruir por… ¿Por qué?

Merece la pena reflexionar sobre las verdaderas motivaciones del terrorismo islámico contra nosotros. En los viejos tiempos, los grupos terroristas albergaban propósitos muy definidos: la independencia, la revolución, etcétera. Todo lo que hacían se justificaba por un objetivo último, claramente definido. Por su parte, el moderno terrorismo que brota del integrismo islamista también proclamaba abiertamente unos fines muy concretos: derribar a los gobiernos existentes en el mundo islámico, unificar todos esos países en un único imperio panislámico mundial, implantar la legislación religiosa llamada sharia en su versión más restrictiva y reaccionaria, y luego, probablemente, usar las riquezas del petróleo para extender el islam integrista por todo el mundo no musulmán.

Éstos son los sueños, o mejor dicho los delirios, del integrismo islámico. Obviamente podrían derribar a alguno de los gobiernos existentes, pero la mayoría han demostrado ser mucho más correosos y resistentes de lo que muchos se imaginaban. Algunos son dictaduras implacables, muy experimentadas en aplastar a sangre y fuego cualquier veleidad subversiva. Otros son más moderados y abiertos y pueden parecer más vulnerables. Pero poseen mayores apoyos entre la población que, por otra parte, teme mucho a los integristas. Éstos han intentado ‘vendernos la moto’ de que su islam es el islam a secas. Por lo tanto, esperan convencernos de que si la mayoría de la población no se muestra tan bestia como ellos es porque son gente tibia y de poco fuste, no porque el verdadero islam sea más moderado. En realidad sucede lo contrario: gran parte de la población contempla estupefacta el integrismo, que se parece muy poco a la práctica religiosa mayoritaria. Esas gentes coinciden con los integristas en la crítica feroz de los gobiernos existentes, pero a sus ojos los dogmas religiosos del integrismo rozan lo aberrante.

En última instancia el integrismo lo forman grupos pequeños, sin la consistencia ni la fuerza numérica para organizar una verdadera insurrección como la iraní de 1979. De ahí la omnipresencia del terrorismo, porque es la única táctica que está a su alcance. Sin embargo, la experiencia demuestra, sin lugar a dudas, que los métodos terroristas nunca son suficientes por sí solos para alcanzar el triunfo. Por lo tanto, el califato panislámico del que hablan los integristas está condenado a permanecer para siempre en el reino de la fantasía. Una civilización industrial y tecnológica requiere imperativamente una sociedad abierta y laica, que es lo contrario de la sharia. Durante los últimos dos siglos, innumerables déspotas de los cinco continentes han intentado hallar la cuadratura del círculo del desarrollismo reaccionario: una sociedad moderna en lo material y a la vez arcaizante e inmovilista en lo social. Todos han fracasado, igual que fracasarán la gerontocracia china, el patrioterismo granruso de Vladímir Putin y el integrismo islámico.

Todo lo anterior puede ser verdad, pero creer que eso va a detener a los integristas es un espejismo racionalista que nos lleva a confundir nuestros deseos con la realidad, como probablemente le ocurrió al presidente José Luis Rodríguez Zapatero con ETA. Por inverosímil que parezca su victoria final, los grupos terroristas no pueden detenerse en el camino sin perderlo todo. Si renuncian a las armas, no son más que una pequeña pandilla de fanáticos, condenados a desvanecerse en pocos años entre las masas que les negaron su apoyo. Por lo tanto, el mero hecho de sobrevivir es una victoria para el grupo terrorista: ‘Mato, luego existo’. Aunque jamás puedan ganar, pueden por lo menos impedir que ganen los otros.

Al llegar a este punto, comenzamos a entender por qué los integristas organizan atentados en nuestro país. En apariencia, poner una bomba en el metro de Barcelona es un acto carente de sentido, un despilfarro de recursos. En realidad, lo que estamos viendo es una resurrección de los métodos de los anarquistas europeos del Siglo XIX. Ellos nunca creyeron realmente que pudieran tomar el poder, de manera que se centraron en destruir la sociedad existente mediante atentados y magnicidios, hasta que todo se derrumbase y de entre las ruinas de la vieja sociedad pudiera surgir otra muy diferente. Los integristas usan los mismos métodos para el objetivo opuesto: pretenden impedir por la fuerza el surgimiento de una sociedad moderna. De esta forma, el único camino viable será el suyo, por eliminación.

Los anarquistas fracasaron. Los terroristas de izquierda fracasaron. Los integristas fracasarán también. Pero debido a la crisis general que golpea al mundo islámico, habrá de pasar por lo menos una generación antes de que desaparezcan. Es una conclusión pesimista, pero por desgracia la única realista. Nuestra policía deberá seguir alerta muchos años.

El terrorismo transnacional vinculado al islamismo radical se diferencia del terrorismo de corte social-revolucionario y etno-nacionalista sufrido en Europa desde los años 1970 (RAF, Brigadas Rojas, IRA, ETA) en algunos rasgos fundamentales: el perfil personal de los terroristas (de origen geográfico y cultural heterogéneo y difuso), las acciones criminales (potencialmente indiscriminadas y despiadadas), la organización (redes descentralizadas en lugar de estructuras fuertemente jerárquicas), la capacidad operativa (multiplicada por el carácter transnacional e independiente de las células) y la financiación (en gran medida a través de su propio entramado de fondos y empresas legales).

El terrorismo sin fronteras surge y se consolida en la década de 1990 y, para quienes hasta entonces pudieran haber inadvertido su existencia, se hace brutalmente presente a través de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Una fecha a partir de la cual gran parte de los estados democráticos del mundo occidental acentuaron la adaptación de sus políticas de seguridad y de su legislación antiterrorista a la intensidad y cercanía de la amenaza.

¿Y España? Frente a la amenaza del terrorismo yihadista, no se puede decir que exista en nuestro país una política de seguridad merecedora de tal nombre, pues el tema ha pasado desapercibido, tanto en el plano de las reformas legislativas, cuanto en el del debate público. Muy al contrario que la inacabable disputa política sobre cómo combatir (o, para otros, apaciguar) el terrorismo etarra. Y muy al contrario que la profunda e incesante discusión que se desarrolla en otros estados europeos sobre cómo mejorar las leyes para reforzarse frente al criminal desafío de las organizaciones terroristas de base yihadista. Por ejemplo, en Alemania, nación de la que hemos importado no pocos conceptos y políticas en materias criminales y de seguridad. Mientras en el país germano se iniciaba este debate, en España el anterior Gobierno se afanaba en reformar el Código Penal con la única finalidad de hacer frente a ETA. En nuestro país tanto daba decir terrorismo como decir ETA, así de ajena se percibía la activi-dad de Al Qaeda y sus equivalentes. Y, si se detenía en la costa mediterránea a un grupo sospechoso de preparar atentados, la oposición de la época lo tomaba a risa y atribuía la actuación policial a oscuros intereses partidistas.

El 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, el terrorismo fundamentalista consigue sembrar Madrid de cadáveres y destrucción. Los atentados de Madrid sacaron a la luz algunas certezas y algunas sospechas, unas siniestras, casi ninguna ilusionante, pero en todo caso dejó claro que para España el terrorismo yihadista no es una hipótesis lejana, sino una sangrienta realidad.

Con centenares de muertos y mutilados dolorosamente obvios para todos, se diría que la siguiente legislatura estaría protagonizada, entre otros asuntos relevantes, por la discusión acerca de cómo protegernos del terrorismo yihadista de manera eficaz y con el mínimo recorte de las libertades públicas. Pero no ha sido así: en los últimos tres años y medio, la cuota de atención en materia de terrorismo se la ha seguido llevando ETA, esta vez en una búsqueda buenista de la reconciliación (¿?) con los criminales etarras. Parecería como si se hubiera extendido la temeraria sensación de que, con las devastadores explosiones del 11-M y la ulterior retirada de nuestras tropas de Irak, ya estuviera pagado el tributo a los asesinos yihadistas. Grave error: cualquiera que tenga los ojos y los oídos abiertos a los mensajes de los profetas de Al Qaeda, sabe que España es para estos criminales un territorio a reconquistar.

El contraste entre la despreocupación que campea en España y lo muy en serio que se toma el asunto en otros países es llamativo, y también algo desasosegante. En Alemania, ya desde los días inmediatamente posteriores al 11-S se inició una concienzuda adaptación legal y operativa: Sicherheitspakete en 2001, Ley de Lucha contra el Terrorismo Internacional y nuevo parágrafo 129b del Código Penal en 2002, etcétera. En años más recientes han continuado las propuestas de reforma, como la creación de un fichero antiterrorista de ámbito estatal (Anti-Terror-Datei) que fue activado el 30 de marzo de 2007. El fichero, al que pueden tener acceso tanto la Policía como los servicios secretos alemanes, ya almacena datos sobre más de 13.000 miembros y colaboradores de organizaciones terroristas y de grupos u organizaciones que prestan su apoyo a una organización terrorista, así como sobre individuos adscritos al islamismo radical.

Otras medidas en discusión afectan a la modificación del artículo 87/a de la Constitución alemana para permitir la intervención del Ejército en caso de amenaza terrorista, la detención preventiva de potenciales terroristas (Gefährder) que no pueden ser expulsados del país, la aplicación del disparo mortal final en el caso de inminente amenaza terrorista, la modificación constitucional que permitiría al Ejército derribar un avión de pasajeros utilizado como bomba volante, la tipificación como delito de la estancia en un campo de entrenamiento yihadista, o la implantación de un fichero de personas convertidas al islam.

Sin duda, alguna de las medidas adoptadas o propuestas en Alemania, como el fichero de personas convertidas al islam, es manifiestamente criticable. Al menos desde la perspectiva española, donde una de las mejores bazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra el yihadismo radica en la discreta colaboración de musulmanes a quienes, naturalmente, repugnan las actividades criminales de los islamistas radicales. Una medida que estigmatizara indiscriminadamente a los musulmanes en general provocaría un trasvase de simpatías hacia los yihadistas. Lo que no sólo les reforzaría en términos de apoyo social y político sino que, más importante, debilitaría peligrosamente la eficacia de los servicios de información.

No se trata, por tanto, de copiar de manera irreflexiva las medidas que los sucesivos gobiernos alemanes han puesto en marcha. Pero sí debemos imitarles en el procedimiento. Por supuesto que a los políticos alemanes también les encanta aparecer en la ARD o la ZDF en las horas de máxima audiencia, pero al mismo tiempo se viene desarrollando una discusión científica seria en los medios de comunicación; y no digamos ya en las publica-ciones especializadas.

En cambio, la política española de seguridad, particularmente legislativa, frente al yihadismo, o bien se lleva en silencio como las afecciones vergonzantes, o bien no existe. Y no es que en esta materia convenga más la algarabía que la discreción, pero tampoco el silencio ni el cruzarse de brazos son una respuesta inteligente al terrorismo yihadista. Puede nuestro Gobierno seguir haciendo el don Tancredo mientras pone una vela a Santa Rita para que estos asesinos iluminados retrasen el siguiente golpe lo suficiente como para superar las siguientes elecciones, pero entonces será demasiado tarde para -Alá no lo quiera- unas docenas de víctimas o quien sabe si cientos.

Por lo demás, la ausencia de una discusión rigurosa en un período de cierto sosiego, se tornará sin duda en un poner precipitadamente patas arriba el Estado de Derecho en el momento en que cualquiera de las franquicias de Al Qaeda u otra organización adscrita a la red terrorista global actúe nuevamente en España. Tornará, al cabo, en uno de esos espectáculos de subasta electoralista en los que los partidos políticos rivalizan por proponer medidas penales a cual más dura, llamativa y, a la postre, probablemente ineficaz.

Frente al escenario de inmovilidad legislativa que hemos vivido en España durante los años posteriores a los devastadores atentados del 11 de marzo de 2004, procede seguir -aunque con mejor acierto- el mismo camino que nuestros vecinos alemanes comenzaron tras el 11-S: un debate profundo, tanto en la opinión pública cuanto en la comunidad de científicos sociales, sobre las mejores opciones de política de seguridad y política criminal disponibles. Un enfoque criminológico riguroso, para afrontar un problema que no es exclusivo de nuestro país sino que constituye una amenaza integral para la supervivencia de la civilización.

A nadie le sorprende encontrar una numerosa comunidad musulmana en Ceuta o Melilla, en las regiones del Levante o en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, pero descubrir un grupo nutrido en una tranquila capital de provincias del interior como lo es Burgos, amén de otros municipios de la misma provincia, y además dedicándose a organizar la ‘yihad’, lo cierto es que a más de uno le habrá resultado algo chocante. El ciudadano mejor dispuesto puede sentir un estremecimiento ante noticias como éstas. ¿Son todos los inmigrantes musulmanes terroristas en potencia?

Vamos a dejar las cosas claras sin remilgos: los inmigrantes musulmanes en España y en todo el mundo experimentan, igual que cualquier otro inmigrante, una fuerte nostalgia de su tierra de origen y a veces de su comunidad cultural más allá de su país de nacimiento. A una mexicana o un argentino no les dejan indiferentes las noticias de que una chica ecuatoriana ha sido brutalmente atacada sin motivo alguno en un tren de Barcelona. De la misma forma, a los musulmanes de cualquier origen no les hacen ni pizca de gracia las noticias catastróficas que les llegan sin cesar de gran parte del mundo islámico. Durante más de un siglo, los emigrantes irlandeses en EE UU y otros países financiaron y respaldaron con todos los medios a su alcance la lucha contra los británicos, incluso el terrorismo del IRA. Lo mismo le sucede a la comunidad judía mundial con el Estado de Israel. A muchos les repugna el integrismo religioso de los judíos ultraortodoxos, el aplastamiento de los palestinos o el nuevo muro de Berlín lejos de Berlín, pero eso no modifica sus sentimientos básicos favorables a Israel, al que contemplan como una ciudadela sitiada por océanos de enemigos. De la misma forma, la comunidad islámica contempla la invasión de Irak a través de los medios de comunicación y no le gusta. Da igual que sean moderados o radicales, laicos o fundamentalistas, integrados o marginados. No les gusta, no lo aceptan y muchos de ellos van a respaldar activamente la insurgencia con dinero o de otras maneras.

Para España esta situación plantea dos problemas. Primero, nosotros no estamos en guerra con EE UU. En buena hora nos desenganchamos del embrollo iraquí, pero Estados Unidos sigue siendo oficialmente nuestro aliado. Los inmigrantes musulmanes que residen en España son nuestros huéspedes. Por lo tanto tienen ciertas obligaciones con el país que les acoge, independientemente de sus sentimientos. No podemos permitir que organicen desde nuestro territorio la lucha armada contra un gobierno que es oficialmente nuestro aliado. Da igual que hablemos de guerrilla contra las fuerzas militares invasoras o de terrorismo contra la población civil. Si esto no les gusta, pues mala suerte para ellos, pero deben entender que están en nuestro país y que por lo tanto deben respetar nuestras normas.

El segundo problema y el más grave es que una vez creadas las organizaciones ‘yihadistas’ para luchar en Irak, puedan usarse para atacarnos a nosotros. La guerra de Irak no va a durar eternamente. Cuando se termine, la estructura ‘yihadista’ buscará nuevos objetivos y a lo mejor se dan cuenta de que es mucho más cómodo hacer la guerra santa a domicilio, sin tener que viajar a lugares remotos. En teoría, a los integristas les conviene no montar líos en el país donde intentan crear una base o santuario, para que las autoridades locales les dejen en paz. Por lo tanto, la lógica militar coincide con el viejo refrán de que el pájaro prudente no ensucia su propio nido, pero los fanáticos no suelen ser buenos en lógica ni en estrategia.

Todavía no he respondido a la pregunta clave: ¿Son todos los inmigrantes musulmanes terroristas en potencia? ¿Simpatizar con la insurgencia iraquí convierte a cualquier inmigrante musulmán en un futuro terrorista? Por supuesto que no, pero vamos a comprobarlo observando más de cerca a los ‘yihadistas’ arrestados en Burgos. No se trata de inmigrantes corrientes venidos aquí para ganarse la vida, que se hayan radicalizado después por la situación política mundial o por haberlo pasado mal en el país de acogida, sino de gente que venía ya radicalizada desde el principio. Su líder es un sujeto turbio, con múltiples antecedentes de violencia física, incluso en el ámbito doméstico. Estaba vinculado al terrorismo integrista desde hace años. Él y sus amigos buscaron un lugar apartado y discreto para organizarse en las sombras sin ser molestados, hasta poder reclutar a más gente y lanzar sus golpes con mayor contundencia.

Sufriremos la amenaza terrorista mientras el Islam siga en crisis y los musulmanes más radicales opten por buscar chivos expiatorios y perseguir quimeras sobre una mítica edad de oro, en vez de afrontar la creación de un futuro mejor. Occidente ha recibido a millones de inmigrantes musulmanes que provienen de países muy diversos, con estructuras sociales y familiares completamente distintas unas de otras, niveles de desarrollo sorprendentemente variados e idiomas sin la más mínima semejanza entre sí. Son un grupo demasiado heterogéneo para actuar unidos como un gigantesco ‘caballo de Troya’ islámico preparado de antemano para atacarnos desde dentro. Por otra parte, la mayoría no tiene la más mínima intención de hacer tal cosa. Podemos asimilarlos y de esta forma dejarán de ser una amenaza. Algunos de ellos por desagracia sí que van a optar por ser una amenaza, pero entonces hablamos de individuos concretos a los que podemos encarcelar o expulsar.

Introducción: las informaciones sobre la amenaza yihadista en Ceuta y su impacto sobre la opinión pública española

Entre los últimos meses de 2006 y los primeros de 2007 la ciudad de Ceuta ha sido objeto de numerosas noticias y algunos análisis que la señalaban como escenario de actividades yihadistas y como posible blanco de atentados. Los principales sucesos que han servido de base a estas informaciones tienen que ver con varias menciones relativas a Ceuta y Melilla incluidas en algunos comunicados yihadistas recientes, una operación policial contra un grupo de extremistas musulmanes desarrollada en Ceuta en los últimos meses de 2006 y diversas noticias relacionadas con los incidentes de terrorismo acaecidos en Marruecos entre marzo y abril de 2007 (saldados con la muerte por suicido de cuatro yihadistas y varios heridos).

Además de coincidir con el sentido alarmista que caracteriza a la mayoría de las noticias vertidas en la prensa nacional sobre las dos ciudades españolas enclavadas en el norte de África, las informaciones antes apuntadas parecen haber influido de forma considerable en la percepción social de la población española sobre la amenaza yihadista. Así, según datos extraídos del último BRIE (Barómetro del Real Instituto Elcano), con fecha de diciembre de 2006, el 71,6% de los españoles encuestados calificaba como “importante” o “muy importante” las noticias aparecidas en ese mismo mes referentes a posibles atentados dirigidos contra objetivos españoles para reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla.[1] Según las opiniones respecto al terrorismo yihadista registradas en diversos BRIE, las valoraciones sociales sobre el grado de amenaza han experimentado pocas oscilaciones entre las fechas inmediatamente posteriores a los atentados del 11 de marzo de 2004 y finales de 2006. Más concretamente, los porcentajes de encuestados que creían muy probable o bastante probable un nuevo atentado yihadista en España se han visto alterados en varias ocasiones aunque manteniéndose entre el 48% (cifra correspondiente a febrero de 2005) y el 42,8% (diciembre de 2006). No obstante, como Bermejo y Reinares sugieren en su análisis de los sondeos realizados por el Real Instituto Elcano, las valoraciones de diciembre de 2006 respecto a las informaciones difundidas en ese mismo mes sobre Ceuta y Melilla hacen sospechar que la población española podría atribuir mayor probabilidad de atentado yihadista en esos dos enclaves que en otra ciudades españolas ubicadas en la península. Aunque no existan datos directos a este respecto, un sondeo posteriormente realizado por Metroscopia en el mes de abril podría añadir algún apoyo empírico indirecto a la anterior suposición.[2] Aunque los datos de este estudio no sean íntegramente comparables a los registrados por el BRIE de diciembre de 2006, no parece casual que un sondeo elaborado muy pocos días después de los incidentes terroristas de Argel y Casablanca, y durante una semana cargada de noticias referentes a posibles atentados en Ceuta y Melilla, el 75% de los españoles encuestados afirmen que el riesgo de atentados yihadistas en España sea igual o superior al de marzo de 2004. Por su parte, durante la segunda mitad del mes de abril la prensa local de Ceuta, así como algunas autoridades municipales o el propio director de la Policía y la Guardia Civil procuraron rebajar las expectativas de riesgo que los medios de comunicación nacional trataban de atribuir a Ceuta. En este sentido conviene añadir que, efectivamente, las citadas expectativas mediáticas sobre la posibilidad de algún inminente atentado en Ceuta o Melilla a finales de abril no se correspondían con el sentir general de la población ceutí ni con el nivel de alerta activado por las propias fuerzas de seguridad (nivel 2); un nivel de alerta que, aún siendo ciertamente elevado, se hallaba igualmente extendido al resto del territorio nacional. Este y otros datos crean la duda sobre posibles exageraciones en relación al peligro de actividad yihadista en Ceuta (y en Melilla).

Dada la relevancia intrínseca del problema abordado, esto es, el peligro asociado a cualquier actividad yihadista, y teniendo en cuenta el impacto público suscitado por cualquier noticia referente a dicho riesgo en Ceuta y Melilla, así como la incertidumbre que frecuentemente acompaña a esa clase de informaciones, resulta imprescindible analizar el grado real de amenaza que pueda corresponder a esas dos singulares ciudades españolas. Como ya se viene indicando desde el principio, el siguiente análisis centra su atención en el caso particular de Ceuta y se organiza en dos secciones principales. En la primera de ellas se examinarán con cierto detalle las diversas evidencias e informaciones registradas durante los últimos años relativas a cualquier signo de actividad yihadista en Ceuta. A continuación, se agregarán una serie de indicaciones prospectivas sobre los distintos factores de riesgo que podrían hacer de Ceuta un escenario particularmente propicio para el yihadismo, así como una caracterización de las diversas funciones que podría prestar a los fines del movimiento yihadista global.

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Empeora para España la amenaza del terrorismo islámico, no sólo por los recientes atentados en Argelia y Marruecos, sino por las proclamas reiteradas sobre el propósito de recuperar Al Andalus para el Islam. Según la teoría islámica tradicional, toda tierra que ha sido islámica en el pasado ha de seguir siéndolo para siempre. Si los infieles se apoderan de ella, es una usurpación y hay que intentar recuperarla, igual que España persigue recobrar Gibraltar. Por lo tanto, da igual lo que haga o deje de hacer nuestro Gobierno. Para los radicales, atacarnos es un deber religioso.

Hay que resaltar que, para un integrista, Al Andalus es la totalidad de la Península Ibérica, incluidos el País Vasco y Navarra. Desde este punto de vista, Bilbao es tierra islámica usurpada por los infieles. Íñigo Arista, fundador del Reino de Navarra, no es más que un bandido que robó unos territorios que pertenecían al Islam.

Por supuesto, todo esto es un monumental disparate. Es como si el Gobierno español se volviera loco y pretendiera reconstruir el imperio gobernado por Felipe II, desde la Patagonia hasta California, Texas y Florida, sin olvidarnos de Portugal, Brasil, las Filipinas, Bélgica, Holanda, casi toda Italia, etcétera. El Corán prohíbe de forma explícita las guerras ofensivas. Si Dios lo hubiera deseado, afirma el libro santo, todos los seres humanos serían ya creyentes. Religión aparte, con la crisis interna que sufre el Islam, buscar además conflictos exteriores constituye una verdadera insensatez. Pero ¿una insensatez por qué? ¿Y para quién?

Existe un terrorismo islámico en Occidente porque existe una crisis terrible dentro del Islam, debida al fracaso de la modernización intentada bajo regímenes autoritarios. En las décadas de 1950 y 1960 esa crisis todavía no se había manifestado abiertamente, de manera que no existía terrorismo islámico. Otras culturas y otros países han sufrido crisis económicas muy duras y a la vez han experimentado el desgarro cultural entre tradición y modernidad, entre lo autóctono y lo foráneo, pero eso no les ha llevado a una ofensiva terrorista contra el resto de la Humanidad. Esta estrategia de confrontación violenta no es el resultado de una conspiración novelesca pero tampoco es algo espontáneo.

La carne de cañón del terrorismo islámico la componen los parias, los desheredados, los desesperados, pero la dirección suprema del movimiento la forman gentes de clase alta que poseen un nivel cultural elevado, que nunca han pasado hambre ni necesidades de ningún tipo y que, por supuesto, jamás se suicidan en los atentados. Algunos son multimillonarios como Bin Laden, pero muchos pertenecen a sectores de las clases medias amenazadas por los cambios. Estos líderes no forman parte de un único complot. A menudo ni siquiera se conocen entre sí. Tan sólo en fechas muy recientes ha surgido una verdadera red integrista mundial: Al-Qaida. Por el momento, Al-Qaida es una organización-paraguas que intenta coordinar a grupos muy diversos.

Obviamente, su objetivo a medio plazo es absorber a todas estas facciones y grupúsculos en una única organización panislámica poderosamente estructurada. Pero estructurada… ¿para qué?

El objetivo de los líderes integristas es imponer por la fuerza una versión extrema de la sociedad tradicional que ellos creen que existió en algún pasado ideal, un pasado donde gentes como ellos eran la indiscutida clase dirigente. En cambio, si la modernización triunfa, la mentalidad, la ideología, las estructuras económicas y sociales cambiarán de tal manera que esa vieja elite será barrida por completo. Pedirles a los integristas islámicos del siglo XXI que acepten la modernización es como pedirles a los integritas carlistas del siglo XIX que admitiesen de buen grado un régimen republicano, laico y democrático de sufragio universal. Lo mismo con respecto a los derechos de la mujer.

El problema de los integristas es que sus objetivos son inmensamente ambiciosos pero sus medios son muy escasos. De ahí la necesidad de atentados espectaculares porque en realidad apenas disponen de otros recursos. Pueden seducir a ciertos individuos ofreciéndoles algo puramente negativo: chivos expiatorios, la venganza, morir matando para desahogar su rabia, etcétera. ¿Pero después?

Después, cuanto peor, mejor. De ahí los ataques a Occidente. Los integristas no pueden ganar. En los países occidentales nos imaginamos historias de miedo en las cuales los integristas se apoderan de un país, luego de los países vecinos y entonces es cuando vienen a por Al Andalus, es decir, a por nosotros. En realidad, los integristas no van a apoderarse de nada. Sólo saben matar y destruir. Terminarán igual que sus víctimas. Para tener esperanzas de victoria necesitan un cataclismo. Los ataques a Occidente buscan desencadenar ese cataclismo mediante una espiral de represalias mutuas. El Che Guevara pretendía crear muchos Vietnam. Los integristas sueñan con crear muchos Irak.

Al Andalus comienza en Ceuta y Melilla. En sus proclamas, sin miedo al ridículo, los integristas las ponen al mismo nivel que Palestina o Chechenia. En España se habla de la comunidad musulmana en ambas ciudades, de reforzar la seguridad policial. También de ayudar al desarrollo económico de los países islámicos, para de esta forma impedir que los integristas puedan reclutar partidarios. ¿Han pensado nuestros gobernantes en las medidas a tomar para eliminar las grandes bolsas de pobreza que existen en Ceuta y Melilla, antes de intentar arreglar países enteros?

ESPAÑA es hoy por hoy un país vulnerable. Muy vulnerable. Por dos motivos: en primer lugar, porque sigue estando en el punto de mira del yihadismo internacional; y, en segundo lugar, porque el Gobierno ni se ha preparado lo suficiente para hacer frente a esa permanente amenaza, ni ha educado a la población para resistirla, más bien todo lo contrario. Hoy, a los ojos de nuestros enemigos, somos más débiles que nunca.

Al Qaida no es una organización inocua que se contenta con infundir miedo sólo con sus siglas. Ha dado repetidas muestras de que busca actuar y que cuando puede y le conviene ataca sin compasión alguna.

Todos aquellos que creyeron que la utilización de sus siglas en el Norte de África, con la incorporación a su red del grupo salafista para la Predicación y el Combate argelino y la fusión de grupos dispares en Marruecos bajo la denominación de la Organización de Al Qaida en el Magreb Islámico, era una charada sin sustancia, deberían recapacitar y revisar sus análisis. Al Qaida no cede su nombre si no para la ejecución de atentados. Y atentados importantes y llamativos.

Tenemos constancia y dramáticas evidencias de la penetración del terrorismo islámico en nuestro vecino del sur. No en balde, antes del 11-M sufrieron su zarpazo en Casablanca. Y desde entonces, no ha habido año en el que los terroristas no hicieran acto de presencia. Los últimos, hace tan sólo unos días. No hay de qué extrañarse. Serafín Fanjul lo explicaba muy bien ayer en estas misma páginas: la naturaleza de los regímenes árabes y musulmanes desde el Golfo al Norte de África, su carácter autoritario y teocrático, la ausencia de reformas democratizadoras y la falta de expectativas de prosperidad, todo envuelto en un mar de corrupción, lleva a que la única oposición popular es el islamismo. Y donde hay islamismo, hay por desgracia terrorismo islámico.

No debiera extrañarnos que de las próximas elecciones en Marruecos saliera un Gobierno de corte islamista. De hecho, si los partidos islamistas marroquíes, legales o ilegales, han renunciado a asumir el control antes era por el miedo a revivir una situación a lo argelino, con golpe de Estado de por medio y los militares impidiendo por la fuerza su gobierno. Ahora saben, sin embargo, que las instituciones en Marruecos son débiles y sus miembros se encuentran divididos bajo un liderazgo relativamente amorfo, lo que significa para ellos menos obstáculos para llegar al poder.

Por otro lado, no podemos cegarnos ante el hecho de que el islamismo está sufriendo la radicalización de una buena parte de sus integrantes. Los últimos suicidas en Casablanca lo vuelve más evidente, pero baste con recordar que no ha habido ataque terrorista islamista en Europa sin la participación de algún marroquí. Sea como perpetrador, facilitador o entrenador. La cantera marroquí es para Europa lo que los saudíes representaron para América en el 11-S.

Es más, la táctica de los últimos suicidas, el tipo de cinturón explosivo, su carga limitada, lleva a pensar que su objetivo no era saltar por los aires más que para evitar ser capturados y, bajo interrogatorio, verse forzados a dar información y descubrir un plan mayor. Porque es seguro de que lo que planeaban era algo más grande. El asalto policial a la casa en la barriada de Fida se parece mucho a la operación en el piso de Leganés. Volarlo no era el objetivo principal de sus ocupantes. Querían ríos de sangre española antes de inmolarse. Esta operación de la policía marroquí arranca el 10 de marzo con la voladura suicida en un cibercafé, después de haber sido descubierto, de Abdelfatah Randi. La detención de su acompañante parece haber puesto sobre la pista de los terroristas de la casa de Fida.

Sintiéndose acosados, es probable que las tácticas de los terroristas hayan cambiado y sus cinturones estén listos para ser explosionados sólo en caso de necesidad, ante la eventualidad de ser capturados.

El Rey de Marruecos puede poner ahora a todas sus fuerzas de seguridad a perseguir a los terroristas e islamistas radicales, aunque es posible que sea ya demasiado tarde. La sofisticación de las bombas y la persistencia de los cinturones suicidas sólo se explica por el acceso a explosivos como, sobre todo, por el conocimiento de alguien o algunos para montar con éxito las bombas. Hasta ahora no se han producido explosiones accidentales o fuera de control. Los suicidas han detonado sus cargas y no se han producido fallos como los de Londres el 21-J cuando los detonadores no sirvieron para hacer explosionar las mochilas.

En todo caso eso no resuelve la marea de islamismo que se avecina en Marruecos. De hecho, la Monarquía que ha jugado siempre con el papel de descendiente directo del Profeta puede sentirse tentada no por una mayor represión, sino con que el actual Rey pase a convertirse en la cabeza del movimiento. Otra cosa es que los islamistas se lo permitan ya que muchos cuestionan su legitimidad religiosa.

Y lo peor de todo es que esto está sucediendo no en tierras lejanas de Irán o Afganistán, sino tan sólo a 14 kilómetros de la península y a una verja de distancia de Ceuta y Melilla. ¿Está haciendo el Gobierno sus deberes correctamente? Más que discutible. La hoja contable que nos presenta el ministro del Interior se basa en el creciente número de detenidos islamistas en España. Según el último informe de Europol del mes pasado, en el 2006 cincuenta y ocho terroristas islámicos sobre un total de ochenta y cinco. Lo que no suele señalarse desde el Ministerio es el altísimo porcentaje de detenidos que son puestos en libertad por falta de pruebas. Lo que lleva a pensar que la policía tiene instrucciones de abalanzarse sobre cualquier islamista sospechoso de pertenecer a una célula terrorista mucho antes de que se puedan encontrar evidencias sostenibles en un juicio para su culpabilidad. ¿Por qué? Posiblemente porque para este Gobierno su peor pesadilla sea un nuevo ataque perpetrado por islamistas en suelo español.

Se diga ahora lo que se diga, para el partido socialista con Rodríguez Zapatero a la cabeza, siempre hubo un vínculo causal entre apoyar la intervención en Irak y la matanza terrorista del 11-M. De ahí que se hiciera creer que una vez fuera del avispero iraquí, todos a salvo. Nada más falso y peligroso. Alguien tan poco sospechoso de pro aznarismo como el asesor especial sobre terrorismo del ministro Alonso, cuando éste estaba en Interior, Fernando Reinares, lo ha escrito recientemente en las páginas de «El País»: España es objetivo del terrorismo islámico por su política actual (estar en Afganistán) y por lo que representa para los islamistas (la nada retórica Al Andalus). La prueba está en las continuas referencias a nuestro territorio y las amenazas a nuestros intereses en los cada vez más numerosos comunicados alrededor de Al Qaida.

Puede que los Cuerpos de Seguridad y el Servicio de Inteligencia hayan reforzado numéricamente los puestos dedicados a combatir el terrorismo islámico, pero la apuesta política del Gobierno por la llamada Alianza de Civilizaciones inspira muy poca confianza en su voluntad de enfrentarse al fenómeno terrorista. No digo ya con la vergonzosa experiencia con ETA de la que somos testigos. España es vulnerable y con esteGobierno lo será cada día más. Es la debilidad lo que más incita a los terroristas. Y el señor Rodríguez Zapatero nos ha puesto a todos de rodillas frente al terror.

La evolución reciente del terrorismo yihadista en el Magreb obliga a repensar la amenaza que este fenómeno supone actualmente para España. Muy especialmente en atención al redimensionamiento de las redes del islamismo neosalafista originarias de los países norteafricanos, en particular de Marruecos y Argelia. Un 79% de cuantos individuos han ingresado en centros penitenciarios españoles entre 2001 y 2006 como sospechosos de estar implicados en actividades de ese terrorismo internacional proceden del norte de África. En concreto, el 40% ha nacido en Marruecos y un 31% procede de Argelia. Así, no resultará extraño que las organizaciones terroristas relacionadas con Al Qaeda que han venido constituyendo especial motivo de preocupación para la seguridad interior de nuestro país sean, precisamente, el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC).

En buena medida, los individuos y las células relacionados con el GSPC o el GICM que han desarrollado actividades terroristas en España están dedicados a la captación de personas, la movilización de recursos económicos y la facilitación de operaciones emprendidas, tanto dentro como fuera de nuestro país, por cuadros de aquellas entidades yihadistas o de otras relacionadas con las mismas, como Ansar al Islam o Al Qaeda en Irak. En los últimos cuatro años, docenas o quizá ya unos centenares de jóvenes a veces todavía adolescentes y de adultos aún no entrados en años han sido reclutados dentro de las colectividades musulmanas establecidas en España. En algunos casos, para trasladarlos luego a perpetrar atentados en determinadas zonas de conflicto armado. Otras veces, para enviarlos al desierto del Sahel, donde el GSPC dispone de campos móviles de adiestramiento en el uso de armas y explosivos.

Estos datos sobre individuos y grupos relacionados con el terrorismo internacional en nuestro país, así como la proximidad geográfica entre los países de la ribera sur mediterránea y la península Ibérica, que en buena medida explica aquellas evidencias, son fundamentales para interpretar el previsible impacto que un redimensionamiento de las tramas yihadistas en el Magreb puede tener sobre la seguridad interior de España, al igual que de Francia o Italia. Es en estas tres naciones donde las redes norteafricanas del terrorismo global se extendieron con especial notoriedad en el pasado. Pero ocurre que un redimensionamiento como ése está teniendo ya lugar en aquella región geopolítica del mundo. Y es que el GSPC ha culminado recientemente su proceso de internacionalización, pasando de ser una entidad afiliada con Al Qaeda a fusionarse con dicha estructura terrorista para convertirse en una extensión regional de la misma e incluso cambiar de nombre para denominarse ahora Al Qaeda en el Magreb Islámico.

Es un arreglo de mutua conveniencia con implicaciones para la evolución del terrorismo global tanto en el Magreb como al sur, este y norte de ese ámbito. El GSPC adquiere una cobertura que favorecerá su acceso a recursos económicos y humanos, compensando así la relativa debilidad en que se encontraba tras numerosas operaciones contraterroristas desarrolladas durante los últimos años en el norte de África y Europa occidental. Al Qaeda dispone por fin de una plataforma para introducirse en el Magreb y en el Sahel, así como mayor ascendencia sobre redes argelinas introducidas en algunas naciones europeas, incluida España. Además, la incorporación del GSPC a Al Qaeda y la aparición de Al Qaeda en el Magreb islámico conllevan un previsible efecto de sinergia que incide sobre la amenaza norteafricana del terrorismo yihadista, asimismo con consecuencias para nuestro país. Se está produciendo una absorción de grupos menos articulados y células independientes existentes en el Magreb o en territorio europeo.

Acontecimientos como los de ayer en Argel o los anteriores de Casablanca revelan cambios en el modus operandi del terrorismo yihadista en el Magreb, adaptando sus atentados al estilo habitual de Al Qaeda. También pueden interpretarse como preludio de una serie de atentados que la extensión regional de dicha estructura terrorista planea llevar a cabo en países norteafricanos y de la Europa meridional, incluida España. En febrero de este mismo año, Ayman al Zawahiri emitió un mensaje en el que, tras referirse a la evolución del movimiento de la yihad global en el Magreb y mostrar su respaldo a los “leones” que batallan en esos denominados márgenes occidentales del islam, añadió: “Pido a Alá que os conceda que mantengáis vuestros pies firmes para obedecerle y que os conceda su ayuda y su victoria, y así liberéis el Magreb islámico e icéis el estandarte de la yihad para que ondee victorioso sobre su tierra, y que Alá os conceda el favor de pisar pronto con vuestros pies puros sobre el usurpado Al Andalus”.

Más aún, la idea de recuperar violentamente Al Andalus ha permeado ya el discurso de las redes norteafricanas del terrorismo yihadista. En un comunicado fechado el 9 de enero de 2007, a poco de anunciar el cambio en su denominación por la de Al Qaeda en el Magreb Islámico, el GSPC se pronunciaba así: “Abrazamos la yihad para cumplir con un precepto divino ineludible que se nos impuso desde la caída de Al Andalus y la venta de Palestina, y desde que nos dividieron las fronteras que inventaron los invasores”. La amenaza terrorista de Al Qaeda en el Magreb Islámico se cierne sobre ciudadanos e intereses españoles en países como Marruecos, Argelia, Túnez o Mauritania. Pero también es una amenaza real en los confines del propio territorio español, muy especialmente respecto a lo que el propio Ayman al Zawahiri, en otro comunicado hecho público en diciembre de 2006, definía como la “ocupación española de Ceuta y Melilla”.

Tema: En este ARI se ofrece una aproximación a las fases y características presentes en los procesos de radicalización de extremistas musulmanes en España.

Resumen: Este ARI aborda la definición del fenómeno de la radicalización violenta para posteriormente analizar los procedimientos a través de los cuales se acomete este proceso. De ese modo se examinarán las principales características que emergen del análisis de las experiencias de radicalización de individuos que en nuestro país han apoyado y participado en acciones terroristas en el nombre de una manipulada y violenta interpretación del islam.

Análisis: El terrorismo es un tipo de violencia social practicado por individuos que tras acometer procesos de radicalización toman la decisión de perpetrar acciones violentas justificadas en función de diversos factores. Así pues, si el terrorismo es un método de acción al que se recurre tras asumir un conjunto de visiones radicales conducentes a la legitimación de acciones violentas, resulta oportuno y necesario analizar el proceso a través del cual los terroristas acometen esa radicalización.

El tránsito hacia la radicalización

Una mejor comprensión del tipo de terrorismo perpetrado por extremistas musulmanes que viene manifestándose en nuestro país requiere del estudio de las características de los procesos de radicalización acometidos por los activistas involucrados en dichas actividades de violencia. Ello obliga, en primer lugar, a definir el proceso de radicalización, pudiendo entenderse éste como el fenómeno a través del cual una serie de individuos optan por asumir un conjunto de ideas extremistas que desembocarán en la justificación e incluso, en algunos casos, en la realización de acciones terroristas.

Por tanto, de esta conceptualización se desprende que los procesos de radicalización comprenden diferentes estadios y resultados, pues el ideario adoptado por los radicales no siempre concluirá con la perpetración de acciones terroristas, circunscribiéndose en ocasiones a un apoyo que a su vez puede admitir matizaciones. De este modo, en ciertos casos la simpatía hacia quienes practican la violencia en nombre de unos ideales compartidos será total aunque sin llegar a incurrir en la propia práctica terrorista. Es también posible que el respaldo mostrado sea más bien crítico, esto es, sustentado en la justificación de los fines a la vez que se discrepa de los medios, o incluso condicionado a la selección de determinados blancos de las acciones terroristas.

Se aprecia pues la existencia de distintos niveles a lo largo del tránsito durante el cual el individuo asume un marco ideológico extremista que le lleva a justificar e incluso practicar acciones terroristas, siendo la duración de dicho proceso variable. Por lo tanto, en dicha transición se experimenta una progresión en la que una inicial afinidad ideológica con una causa se va consolidando como asimilación de un conjunto de visiones fundamentalistas y radicalizadas que son capaces de desembocar en la utilización de la violencia. La evolución gradual del individuo radical se ve influenciada por una serie de variables y figuras que serán analizadas a continuación, siendo conveniente resaltar en este punto que el carácter progresivo de la radicalización violenta supone que este proceso puede llegar a ser interrumpido.

Es por ello por lo que resulta especialmente importante la definición e identificación de indicadores tempranos de dicha radicalización que alerten sobre la asunción de planteamientos extremistas permitiendo su desactivación a tiempo de prevenir su culminación en acciones terroristas. En este sentido, debe destacarse que, al igual que ocurre con otro tipo de expresiones terroristas, no es la radicalización violenta un fenómeno mayoritario en nuestro país, pudiéndose concluir por ello que aquellos individuos que muestran un respaldo hacia el extremismo religioso o el terrorismo en el nombre del islam conforman únicamente una minoría.

Una homogeneizadora ideología neosalafista

Esta reducida pero significativa minoría insatisfecha con el contexto sociopolítico en el que vive es radicalizada a través de un adoctrinamiento que contribuye a consolidar ideas y actitudes violentas, generando una subcultura de la violencia que reafirma sus convicciones absolutistas y comportamientos fanatizados. Con ese fin, la ideología neosalafista que propugna la violencia como método para realizar la denominada yihad a escala global y la creación de un nuevo califato, así como la recuperación de territorios considerados como musulmanes, es instrumentalizada con el fin de constituirse en un vínculo homogeneizador. Así ocurre al ser éste un elemento que, compartido por una diversidad de activistas de heterogéneo perfil sociodemográfico, facilita su cohesión. Constituye este componente ideológico, basado en una interpretación excluyente y violenta del credo islámico, un poderoso factor motivacional que permite justificar acciones criminales que son presentadas como necesarias e inevitables con el fin de responder ante supuestos agravios sufridos por la nación islámica.

El ideario neosalafista legitima, por tanto, una estrategia de doble confrontación dirigida por un lado a aquellos gobiernos en países de mayorías musulmanas que son considerados como “apóstatas”, así como también hacia sociedades no islámicas definidas como “infieles” por los inspiradores y perpetradores de la violencia. Esta adscripción a una ideología que entremezcla componentes políticos y religiosos, que al confluir constituyen un eficaz factor de motivación, se ve complementada por la influencia de otras variables emocionales y racionales que también favorecen la radicalización, como se detallará más adelante.

Así pues, la referida ideología ha servido para homogeneizar la militancia y la dirección emprendida por individuos que precisaban de refuerzos que revalidasen los incentivos que les atrajeron al grupo hasta comprometerse con el mismo. Al igual que ha ocurrido con otros grupos terroristas europeos nacionalistas y de izquierdas, surgidos durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, para algunos activistas la ideología definida como yihadista aporta una útil retórica autojustificativa de acciones puramente criminales que carecen de un amplio respaldo social entre la sociedad en general y la comunidad de referencia en particular.

Debe insistirse en el carácter minoritario de la militancia yihadista en nuestro país, que puede facilitar la posibilidad de que en determinados momentos del proceso de radicalización surjan discrepancias entre los objetivos del individuo y los del grupo, conflicto de intereses que intentará solventarse promoviendo el isomoformismo en relación con las aspiraciones encuadradas en la referida ideología. Por lo tanto, ese marco ideológico aportado por el neosalafismo es utilizado con el fin de construir una identidad colectiva en la que la violencia se erige en un componente primordial. Será asimismo un elemento del que se beneficiarán quienes desempeñen tareas de liderazgo en el proceso de radicalización, al favorecer el desarrollo de una solidaridad que estrechará vínculos y lealtades.

Como el examen de diversas fuentes confirma, los líderes de los grupos simpatizantes con la causa yihadista han explotado tan útil instrumento con la finalidad de fortalecer la cohesión interna de los mismos, creando un ambiente favorable para la radicalización y para su culminación en la aceptación de actividades terroristas. Determinados líderes espirituales y otras carismáticas figuras han ejercido una notable y decisiva influencia sobre aquellos individuos que han formado parte de grupos vinculados a al-Qaeda en España. No debe olvidarse que en muchos de esos casos se trataba de jóvenes en una fase de desarrollo personal como la juventud, esto es, inmersos en un estadio propenso a una inmadurez que condiciona una rigurosa comprensión de la experiencias objetivas y que convierte a los individuos en particularmente vulnerables a la manipulación mediante diversos incentivos y presiones.

Es habitual en éste y en otros fenómenos terroristas que la radicalización sea especialmente eficaz en esa etapa juvenil que va acompañada de una relativización de los costes que la militancia trae consigo, puesto que en esa fase no suelen aparecer posibles condicionantes como relaciones de dependencia que incluyan matrimonio, hijos o un empleo fijo que pudiera verse en peligro como consecuencia del activismo. De hecho, resulta significativo que los factores que han favorecido la radicalización de muchos de los activistas vinculados a células compuestas por terroristas musulmanes han propiciado una respuesta por su parte que no fue compartida por otros miembros de una comunidad que también eran permeables a experiencias similares, entre ellos algunos de sus familiares más adultos.

Socialización en el odio y subcultura de la violencia

El proceso de radicalización viene determinado en una gran medida por la proximidad estructural, la disponibilidad y la interacción afectiva con otros integrantes del grupo terrorista, ejerciendo inicialmente estos factores una mayor influencia sobre el individuo que la propia ideología. Redes sociales de parentesco familiar y de amistad han facilitado la atracción y aproximación al entorno del grupo terrorista, determinando la progresión desde el estadio de la captación al del reclutamiento, tránsito precisamente posible como consecuencia de la radicalización. La socialización en el odio y la subcultura de la violencia que domina los procesos de radicalización se ve así canalizada mediante el establecimiento y desarrollo de lazos familiares y amistosos, sometiéndose también a la guía de líderes encargados de identificar lugares y entornos grupales en los que practicar el proselitismo.

Mezquitas y otras instituciones sociales, culturales y deportivas, así como locales comerciales y domicilios particulares han constituido ámbitos en los que avanzar en la radicalización de individuos que han encontrado en estos lugares ambientes propicios para gravitar hacia el terrorismo. Ha sido en localizaciones de ese tipo en las que, una vez seleccionados los potenciales adeptos, se ha perseguido su adhesión mediante el adoctrinamiento cuidadosamente guiado por parte de predicadores radicales y líderes espirituales erigidos en importantes modelos para los individuos en proceso de radicalización.

Este liderazgo suele revestirse de una aura de prestigio que le confiere respeto y admiración, incrementando por tanto el atractivo de la incorporación a una colectividad que, como ocurrió en el caso de una de las redes implicadas en la preparación de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, es además ensalzada con denominaciones tan reveladoras como la de “hermanos de los mártires”. Esta deliberada asociación con “mártires” considerados como “vanguardia de la nación musulmana” acentúa el interés del radical por materializar su conversión en prosélito, minimizándose así el coste de la incorporación al enmarcar el riesgo que la misma entraña en una más amplia y favorable perspectiva.

La influencia de figuras carismáticas

Debe destacarse como trascendental la influencia que en el proceso de radicalización de algunos de los extremistas musulmanes activos en nuestro país ejerció el contacto directo con otros personajes implicados en acciones violentas en contextos geográficos como Afganistán, Bosnia y Chechenia. Estos fueron presentados como modélicos referentes que además les permitían establecer vínculos de solidaridad con una más amplia hermandad musulmana. De ese modo lograba suplirse la ausencia de agravios directos evidente en una sociedad democrática como la española, donde, no obstante, el imaginario radical en torno a una particular versión del islam ha encontrado fuentes de confrontación habida cuenta del pasado histórico de una región, conocida como Al Andalus, todavía reivindicada hoy como territorio que debe ser “liberado” mediante la yihad con el fin de recuperar su carácter musulmán.

Así se desprendía, por ejemplo, de uno de los sumarios judiciales relacionado con causas contra terroristas musulmanes en el que se reproducía un sermón pronunciado en 2002 en una mezquita española abogándose por la “yihad con el fin de liberar no sólo los territorios palestinos sino todos los territorios árabes”. Existe constancia de que ya en ese época se alentaba a los jóvenes radicales a embarcarse en dicha yihad violenta, compromiso que podían acometer sin necesidad de viajar a lejanos destinos como Afganistán, sino más bien en lugares tan próximos como España y Marruecos en los que también aparecía justificado el terrorismo.

La relación directa con carismáticas figuras consideradas como prominentes dentro de al-Qaeda ha constituido otra valiosa herramienta que ha favorecido la radicalización de musulmanes en nuestro país. Este es el caso del sirio Mustapha Setmariam, que tras haber vivido en España y el Reino Unido, donde se relacionó con destacados predicadores radicales, recaló en Afganistán. Se tiene conocimiento de que ya en 2000 grabó en este país un video empleado para el adoctrinamiento y entrenamiento de radicales. En él, las indicaciones operativas relacionadas con la organización de células se combinaban con máximas ideológicas encaminadas a reforzar el compromiso individual de sus “alumnos”, entre ellas la siguiente: “El terrorismo es un deber y matar una regla. Todo joven musulmán debe convertirse en terrorista”.

Particularmente relevante fue también la influencia de otro carismático dirigente como el marroquí Amer Azizi, ex combatiente en Afganistán cuya huida de España logrando eludir a la policía española contribuyó a acrecentar su reputación en círculos extremistas. Sus compatriotas los hermanos Benyaich representaron también atractivos referentes para jóvenes radicales que encontraron en estos ex combatientes a figuras a las que venerar, suscitando en muchos de ellos el deseo de mimetizar su dedicación y entrega a la causa yihadista. En este sentido, enormemente revelador resulta el hecho de que cintas de vídeo en las que Abdelaziz y Salaheddin Benyaich, vestidos con indumentaria paramilitar, aparecen dirigiendo a un grupo de muyahidin en Chechenia, fueron utilizadas en el proceso de radicalización de algunas de las personas involucradas en actividades terroristas en nuestro país. Salaheddin Benyaich recibió refugio en los hogares de estos radicales en Madrid tras perder un ojo como consecuencia de su participación en acciones violentas en Bosnia.

Una dinámica similar a la descrita en relación con la influencia de determinadas y carismáticas personalidades puede verse favorecida por el retorno a Europa de combatientes procedentes de Irak, propiciándose con su llegada que veteranos con experiencia en una situación bélica de esas características reproduzcan narrativas y leyendas que seduzcan a individuos con el potencial de ser radicalizados. El ejemplar heroísmo y la superioridad moral que en determinados círculos se atribuye al suicido cometido por siete terroristas en Leganés semanas después del 11 M, ha sido utilizado también como fuente de inspiración para jóvenes inmersos en procesos de radicalización. Estos valores referenciales también han sido asignados a otros “mártires” con idénticas intenciones, como demuestra el material propagandístico en poder de integrantes de las redes terroristas en España y que incluía, entre otros soportes, un vídeo en el que se describía a los 19 suicidas del 11 de septiembre de 2001 como “un ejemplo de muyahidin que debería seguirse”, siendo definidos éstos como “jóvenes valerosos que lograron cambiar la Historia”.

El terrorismo como instrumento necesario, eficaz y honorable

La propaganda yihadista constituye una pieza clave en el proceso de radicalización al aportar argumentos doctrinales que legitiman postulados extremistas, tal y como evidencia la amplia documentación incautada a terroristas musulmanes en nuestro país. A través de grabaciones en vídeo y audio, así como libros, revistas, discursos extraídos de Internet y de otras fuentes diversas, entre ellas textos religiosos, se encuadran las acciones violentas en un marco que las justifica y las propugna. La difusión de la propaganda por parte de los radicales permite la expansión de violentas opiniones y reivindicaciones orientadas a persuadir mentalidades y a conformar voluntades, sustentándose para ello en agravios reales e imaginarios que mediante una agresiva retórica conducen a la exageración y al exacerbamiento de las tensiones entre el grupo y quienes son definidos como el enemigo.

La propaganda yihadista ha perseguido la deshumanización de los blancos de la violencia, esto es, la sociedad española, responsabilizándola de una supuesta agresión contra una nación musulmana que se presenta como victimizada y humillada. Especialmente indicativo de los propósitos perseguidos mediante la reproducción de esa propaganda resultaba la denominación de “judíos” que un destacado terrorista como Sarhane Ben Adbelmajid Fakhet, muerto en el suicido de Leganés, utilizaba para despreciar a los ciudadanos españoles. La cosificación del “enemigo” y la exaltación de la yihad aparecen como constantes del proceso de adoctrinamiento a través de una propaganda que incluía fatuas recitadas de memoria por participantes en unas reuniones que constituían auténticos rituales con los que reforzar los lazos establecidos entre el individuo radicalizado y el grupo. En ellas se entremezclaban consideraciones emocionales y racionales con la finalidad de definir la violencia como una respuesta carente de alternativas, y por tanto inevitable, a la vez que como un medio eficaz.

Con este fin, la propaganda incautada a extremistas musulmanes en nuestro país contenía abundantes discursos de imanes e incidía en las apelaciones a la eficacia de la violencia en escenarios como Afganistán, donde habría hecho posible “la derrota moral de la URSS”. Otros discursos protestaban sobre la “caída del mundo islámico como resultado de la ocupación de Palestina por parte de Israel”, denunciando también a Arabia Saudí por acoger tropas estadounidenses que “erosionaban la cultura y la identidad árabe”, concluyéndose por ello que “la yihad es el único camino para una sociedad que lo ha perdido todo”. La justificación moral del terrorismo se enfatizaba mediante preguntas retóricas como “¿Es aceptable matar a un palestino pero no a un americano?”, o a través de las siguientes palabras de Osama bin Laden: “¿Es posible pedirle al cordero que se mantenga inmóvil cuando el lobo está a punto de devorarlo?”.

Abundaban en la propaganda utilizada por los extremistas referidos, soflamas del dirigente del grupo terrorista al-Qaeda en los que se incitaba a la violencia contra “gobiernos tiranos”, “los cruzados y aquellos que han invadido los territorios musulmanes”. La apología del terrorismo se trasladaba también, estableciendo una comparación ventajosa con el conflicto iraquí, siendo frecuentes las imágenes de exitosos ataques terroristas contra las tropas extranjeras estacionadas en el país y referencias al idolatrado Aiman Al Zawhari. En consecuencia, la combinación de variados elementos propagandísticos enmarcaba el terrorismo como un método eficaz y necesario para la consecución de los objetivos ambicionados por los extremistas, presentándolo como un instrumento de acción honorable y prestigioso que reportaría beneficios personales y colectivos a sus perpetradores.

La invitación a la yihad tras la exaltación de la misma no se acomete en todos los estadios de la radicalización, decidiendo los guías del proceso el momento oportuno en el que la realización de atentados terroristas puede plantearse. De ese modo, como evidencian las investigaciones en torno a las redes terroristas en España, se modula el proceso de radicalización, dirigiéndose la evolución de los nuevos adeptos de manera calculada con el objetivo de evitar reacciones de rechazo como las que determinados postulados extremistas provocarían en el caso de no haber sido previamente preparados sus destinatarios.

Así pues, la eficaz transición que la radicalización implica exige ritmos en función de las personalidades que los encargados de controlar el proceso deben identificar y considerar. Ello obedece a que en la decisión de aproximarse y finalmente incorporarse a un grupo terrorista confluyen diferentes factores causales que pueden ser convenientemente manipulados por quienes controlan la radicalización en función de las coyunturas personales. En consecuencia, se observa un interés porque la radicalización sea deliberadamente estructurada, apreciándose una conveniente racionalización que permita explotar factores emocionales como el odio, la frustración y la venganza, sensaciones alimentadas y reforzadas con objeto de motivar la aceptación de planteamientos violentos y extremistas.

Son una vez más la red social y las interrelaciones personales las que facilitan el acercamiento a un grupo que a su vez canaliza sentimientos de frustración, alienación, odio y venganza como los que puede sentir cualquier ciudadano en ciertas condiciones sin que las circunstancias le aboquen inexorablemente a la radicalización violenta excepto en casos en los que dicho proceso sí se ve impulsado mediante una socialización como la que se ha descrito. Esas redes sustentadas en afiliaciones de parentesco y de amistad que canalizan la socialización, condicionando actitudes y predisponiendo a un radicalismo militante que llegue a incluir la opción de la violencia entre su repertorio de acciones, son particularmente eficaces en contextos sociales desestructurados y abrumados por la marginación, como evidencian los procesos de radicalización que se han manifestado en el célebre barrio del Príncipe, situado en la periferia de Ceuta.

La radicalización en las prisiones

El temor de las autoridades a que las prisiones favorezcan entornos en los cuales pudieran desarrollarse procesos de radicalización motivó la dispersión de los internos relacionados con el terrorismo musulmán después de que una célula fuera desmantelada en noviembre de 2004 en la cárcel salmantina de Topas. La dispersión de los internos en un total de treinta centros fue seguida de estrictas medidas de control en las comunicaciones de estos individuos ante la posibilidad de que su separación facilitara el adoctrinamiento de otros presos que pudieran encontrar en la ideología islamista un sugerente instrumento que les atrajera a idearios radicales.

La dispersión de presos fue una medida adoptada en los años ochenta con el fin de debilitar la cohesión interna de la organización terrorista ETA, facilitando procesos de desvinculación con la banda al aliviar la presión que sobre el individuo ejercía el grupo en condiciones de aislamiento. La eficacia de esta política penitenciaria en el caso de ETA ha quedado demostrada, si bien obliga a extremar la cautela a la hora de ser aplicada a personas que abogan por una interpretación fundamentalista y violenta del islam, ya que mientras la ideología nacionalista de la organización terrorista vasca difícilmente podía contribuir a la persuasión de nuevos adeptos, lo contrario puede ocurrir mediante la instrumentalización de un ideario neosalafista como el que han propugnado quienes en nuestro país han llevado a cabo actos de terrorismo yihadista. Así ocurre al constituir las prisiones un ámbito facilitador para que los reclusos se muestren particularmente susceptibles a la asunción de una ideología religiosa que permita la redefinición de las acciones criminales que tan negativas consecuencias han generado para ellos. Dicha ideología, convenientemente manipulada y adaptada a las circunstancias personales, puede servir para legitimar las conductas trasgresoras aliviando así el cuestionamiento personal que pueden motivar.

Conclusión: El terrorismo es un fenómeno grupal, de ahí que la decisión individual de implicarse en actividades terroristas deba analizarse desde la perspectiva de las dinámicas de grupo que tan decisivamente condicionan y determinan las opciones de los individuos. Obligado resulta aplicar este criterio al proceso de radicalización que precede al ingreso del activista en el grupo y que también le acompaña una vez se ha integrado en el mismo. Así ocurre puesto que la reafirmación de las visiones radicales asumidas precisa de una constante revalidación que alimente la militancia motivando su continuidad.

Por tanto, desde el punto de vista de la necesidad de comprensión del fenómeno terrorista conocido como yihadista, y de las respuestas con las que debe afrontarse este desafío, no sólo emerge cómo relevante la evaluación de los factores que facilitan y propician la radicalización violenta de los individuos, sino también aquellas variables que explican el mantenimiento del activismo y la permanencia de la adhesión a idearios radicales. De ese modo será posible comenzar a desentrañar las claves del proceso inverso al de la radicalización, esto es, la desradicalización que permita la desactivación de mentalidades fanáticas y el abandono de los postulados violentos. De nuevo el condicionante grupal resulta decisivo en este supuesto de desvinculación, pues como el estudio de diversas agrupaciones terroristas confirma, y la académica Donatella della Porta nos recuerda, son éstas entidades “avariciosas”. Ello supone que los líderes del grupo se esfuerzan en controlar los comportamientos individuales imponiendo sobre éstos mecanismos de desindividuación que coadyuven a la subyugación de su personalidad al tiempo que se persigue blindar la subcultura de la violencia restringiendo al máximo la relación con quienes son ajenos a un colectivo como éste, que intenta ser particularmente cerrado. En consecuencia, la presión aplicada sobre el individuo representa un influyente condicionante tanto en los procesos de radicalización como en los de desradicalización.

Empezaré esta vez por anticipar la respuesta que, en mi opinión, tiene el interrogante del título. Sí, efectivamente, España es hoy más blanco de Al Qaeda que antes de los atentados del 11 de Marzo de 2004. Incluso es probable que seamos ahora más blanco del terrorismo internacional que nunca antes y, por la naturaleza de los indicadores que lo ponen de manifiesto, no se trata de una situación pasajera. Basta con echar un vistazo a las alusiones específicas que sobre nuestro país ha realizado durante los últimos ocho meses Ayman al Zawahiri, quien ocupa el segundo lugar en la jerarquía de mando de Al Qaeda y es reconocido por el conjunto de actores individuales y colectivos que componen el movimiento de la yihad neosalafista global como su máximo estratega. Alusiones específicas que, no debe olvidarse, equivalen en la práctica a un señalamiento de blanco, instigan la comisión de atentados contra el mismo y advierten de que la propia Al Qaeda puede llegar a implicarse, directa o indirectamente, en su ejecución.

En julio del pasado año, Ayman al Zawahiri, subalterno de Osama Bin Laden desde hace más de una década, emitió un comunicado en el que, al precisar el sentido de lo que denomina “yihad por la senda de Alá”, añadió literalmente: “Una yihad cuyo objetivo es liberar Palestina, toda Palestina, y todo territorio que fue musulmán, desde Al Andalus hasta Irak”. Además de intentar por enésima vez entrometerse en la cuestión palestina y de enfatizar la centralidad que para Al Qaeda tiene la contienda iraquí, sus palabras implican una referencia agresiva e intemporal a España como blanco preferente, en la medida en que la práctica totalidad de su suelo ha de ser recuperado, como parte sustancial de un imaginario nuevo califato que unifique al mundo islámico, mediante actividades de guerra santa. Además, ese mismo comunicado aduce que los musulmanes son “hijos” de, entre otros, Yusuf Bin Tashfin, emir almorávide que aglutinó los reinos de taifas peninsulares para incorporarlos a su dominio norteafricano y en 1086 combatió victoriosamente a las tropas de Alfonso VI de Castilla.

Mucho más recientemente, en febrero de 2007, casi a un mes de cumplirse el tercer aniversario de los atentados de Madrid, Ayman Al Zawahiri reiteraba esa fijación suya con Al Andalus que implica la demarcación del territorio español como parte de los objetivos últimos de la yihad neosalafista global y señala a España como blanco. En esta ocasión lo hizo tras una referencia a la evolución de los grupos y organizaciones yihadistas en el Magreb, mostrar su respaldo a los “leones” que batallan en los denominados márgenes occidentales del islam y añadir exactamente esto: “Pido a Alá que os conceda que mantengáis vuestros pies firmes para obedecerle y que os conceda su ayuda y su victoria, y así liberéis el Magreb islámico e icéis el estandarte de la yihad para que ondee victorioso sobre su tierra, y que Alá os conceda el favor de pisar pronto con vuestros pies puros sobre el usurpado Al Andalus”. Aquí se indica cuál continuará siendo el principal foco de la amenaza que el terrorismo internacional supone para ciudadanos e intereses españoles, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Estas y otras citas belicosas sobre Al Andalus no son una novedad en el discurso fundamentalista que subyace al terrorismo global. Abdullah Azzam, mentor ideológico de Osama Bin Laden durante la guerra que enfrentó a los muyahidin y los ejércitos soviéticos en Afganistán, promotor luego de la yihad defensiva en otras zonas del mundo, ya a finales de los ochenta mencionaba expresamente a Al Andalus entre las tierras que fueron musulmanas y deben recuperarse. Adalides religiosos muy influyentes entre los seguidores de Al Qaeda tanto en países norteafricanos como europeos, casos de Abu Qutada y Mohammed Fazazi, han hecho frecuentes menciones al retorno de Al Andalus bajo dominio islámico. La misma idea es recurrente en no pocos documentos de orientación neosalafista incautados en operaciones policiales desarrolladas en territorio europeo desde hace años. Incluso los terroristas que reclamaron la autoría de los atentados del 11 de Marzo se presentaban como “brigada en Al Andalus” y a fines de ese mes grabaron un vídeo en el que afirmaban: “Continuaremos nuestra yihad hasta el martirio en la tierra de Tarek ben Ziyad”.

Pero es la frecuencia y agresividad con la que últimamente se evoca Al Andalus desde el directorio de Al Qaeda lo que resulta inquietante en perspectiva española. Esas alusiones, que se corresponden con una señalización de blanco y la instigación o posible facilitación de atentados terroristas contra España, adquieren particular significación en la actualidad por tres razones. En primer lugar, porque se combinan con otras muestras específicas de hostilidad hacia nuestro país, como la que el propio Ayman al Zawahiri hizo en diciembre de 2006 sobre la “ocupación española de Ceuta y Melilla” en un mensaje emitido por el canal de televisión Al Yazira. En segundo lugar, porque se combinan con amenazas genéricas igualmente proferidas por los líderes del terrorismo global y que incumben a España. Como cuando Al Qaeda amenaza a los países con tropas desplegadas en Afganistán o Líbano, donde hay soldados españoles. En tercer lugar, porque la idea de recuperar Al Andalus ha permeado ya el programa de las redes norteafricanas del terrorismo yihadista y, en concreto, de la recientemente constituida organización de Al Qaeda en el Magreb islámico.

El que España sea hoy más blanco de Al Qaeda que hace tres años es un indicador relevante que obliga a repensar la amenaza del terrorismo yihadista. Ahora bien, esta señalización no equivale a amenazas concretas y corresponde a las agencias de seguridad obtener la evidencia que permita elucidar peligros concretos y desbaratar eventuales atentados. Las insistentes llamadas de Al Qaeda para recuperar Al Andalus mediante acciones de guerra santa tampoco implican que España sea hoy más vulnerable que hace tres años. A lo largo de este tiempo se ha avanzado mucho en la adaptación de nuestras estructuras de seguridad ante los desafíos que plantea ese terrorismo global. Ahora bien, puede que la amenaza sobre ciudadanos e intereses españoles esté evolucionando a un ritmo no suficientemente compensado por los esfuerzos contraterroristas. Confiemos, de cualquier modo, en que el flujo y el consumo de inteligencia al respecto sean los adecuados para informar una certera toma gubernamental de decisiones en esta materia. El 11-M quedó atrás, pero Al Qaeda continúa teniéndonos en su punto de mira.

El juicio por la matanza del 11-M nos va a enfrentar a un tipo de delincuentes ‘inspirados religiosamente’ a los que no estamos acostumbrados; todos los terroristas se pueden catalogar paradójica y cruelmente como ‘asesinos altruistas’ que se ven a sí mismos movidos no por intereses personales entendibles según las reglas del egoísmo individual, sino que lo hacen al servicio de un propósito ideológico de orden político o religioso, movidos por un ‘fanatismo trascendental’ inasequible a la razón moral común y por lo tanto insensible a cualquier argumento ajeno a su propia lógica autista. Conocemos desgraciadamente el terrorismo etarra y su discurso político en el que se amalgaman confusamente nacionalismo y revolucionarismo marxista-leninista, pero no hemos conocido hasta ahora un terrorismo de inspiración teocrática que nos retrotrae a los tiempos de las cruzadas.

Para entender aunque sea aproximativamente el terrorismo islamista tenemos que acudir a la historia oscura de los totalitarismos del siglo XX. ‘El fin justifica los medios’ y ‘la mentira es un deber’ son dos de los principios tácticos esenciales de todo totalitarismo, tal y como han demostrado lúcidamente Raymond Aron y Robert Conquest. Según estos autores, el fanatismo doctrinal y el terror se combinan fácilmente con una gran flexibilidad en la táctica y en la práctica con tal de lograr sus objetivos, de ahí el permanente recurso a la mentira: explica Conquest que el totalitarismo no es tanto una moral a respetar como un entendimiento del poder y de la lucha por el poder en la que todos los medios pueden ser utilizados, amparados en la buena conciencia que da el ‘saber’ que el fin último es -supuestamente- moral, patriótico o incluso querido por Dios.

Debemos recordar cómo los nazis utilizaron sin reparos todas las técnicas de la propaganda y del engaño: manipulando el incendio del Reichstag, instrumentalizando el cristianismo a su favor -a pesar de que lo odiaban-; o cómo los comunistas soviéticos distinguían sin ningún empacho entre la llamada verdad superior (‘pravda’) útil para la lucha ideológica respecto de la verdad factual (‘istina’), completamente sacrificable a la propaganda.

En el mismo sentido grandes pensadores y juristas del Islam a los que los grupos terroristas se refieren han teorizado sobre la ‘santa mentira’ dirigida a salvaguardar la ‘unión de los corazones’ (‘taalib al-qulub’): «Las mentiras son pecado, salvo cuando son dichas para el bienestar de un musulman» (AI-Tabarani); «la mentira verbal está autorizada en la guerra» (Ibn Al-Arabi). En el chiísmo existe incluso un concepto específico, la ‘taqiyya’, que autoriza al creyente a renegar públicamente de su fe, en un contexto hostil, para salvarse; en la misma línea el salafismo suní se refiere a la ‘mentira de circunstancia’: «Está permitido mentir para evitar un mal más grande. La mentira es fea pero se puede utilizar para el bien. Se puede mentir a un infiel (‘kafir’) incluso fuera de la guerra para asegurarse un interés material». La ‘djihad’ puede exigir el engaño y la mentira para combatir a los infieles (Ibn Taymiyya).

El Islam clásico divide al mundo en tres espacios físicos y morales diferenciados. El primero sería ‘dar-al-Islam’, que es la tierra que ya es islámica y donde los infieles son tolerados en situación de inferioridad y se aplica plenamente la ‘sharia’. Otro espacio sería ‘dar-al-Harb’, que es la tierra en la que los musulmanes son débiles o minoritarios; en ella, para defenderse, pueden practicar la ‘taqiyya’ que permite la mentira y el disimulo para la obtención de ventajas. Una tercera sería ‘dar-al-Sulh’, espacio de transición. Las reglas morales que rigen en cada uno de estos espacios no son las mismas.

Estos esquemas ideológicos no son seguramente hoy en día compartidos por la mayoría de los musulmanes ordinarios, sin embargo sí forman parte del discurso del islamismo político y de los grupos teocráticos.

Desgraciadamente, el totalitarismo -teocrático, nacionalista o revolucionario- no es una realidad nueva para nosotros los europeos, lo hemos padecido en diferentes versiones, ha seducido a muchos en el pasado, y nos hemos visto obligados a reflexionar sobre él: Raymond Aron, Karl Popper, Robert Conquest y Hannah Arendt, que han estudiado la estructura mental del totalitarismo, han acordado una atención especial al papel fundador de ‘la idea’ como justificación de la lucha por el poder. Robert Conquest ha definido el totalitarismo como un subjetivismo ideológico llevado hasta el extremo. Karl Popper y Raymond Aron han demostrado que lo que caracteriza más profundamente al totalitarismo no es únicamente el recurso a la violencia y el absolutismo del poder estatal a su servicio, sino el culto mismo a la ideología, entendida en su sentido etimológico como la lógica de una idea total que lo explica todo sin lugar para las dudas, la ironía o la incertidumbre.

La sumisión a ‘la idea’ por encima de todo.

Paradójicamente, el mismo discurso fanático que justifica la autoinmolación y el suicido puede también justificar la simulación y la mentira para salvaguardar los propios intereses.

Vivimos tiempos en los que se va a poner a prueba la solvencia de nuestras instituciones democráticas.

Los secretos que saben más de dos personas son malos de guardar. Si el secreto es multilateral guardarlo es intentar coger agua con un capazo. Pero, si es un secreto a voces, su evidencia nos atonta y no reparamos en él. Y eso es bueno para el secreto mientras dura el atontamiento.

La connivencia con los diversos poderes e infrapoderes públicos norteamericanos de sus homólogos en los Estados atlantistas y muy especialmente en los de los promotores de la ilegal guerra de Irak era una sospecha razonable que, con el paso del tiempo, ha adquirido rango de certeza. No sólo por la aprobación del Informe Fava por parte del Parlamento Europeo en cuanto a los vuelos de la CIA, sino por las propias realidades nacionales. Tal es el caso de España.

En efecto, según la punta del iceberg que va aflorando desde 2002 hasta, según parece, después del 11-M, policías españoles visitaron a internos en Guantánamo. El objetivo era, al parecer, obtener información sobre el terrorismo islamista con destino final o intermedio desconocido, hecho que es en sí mismo irrelevante, dado que no cambia las cosas.

La pregunta que fácilmente surge es si es legítimo que funcionarios españoles (de policía, de exteriores o de agricultura, de la administración central, autonómica o local) puedan poner los pies en un lugar como Guantánamo, entrevistarse con algunos de los allí confinados y utilizar la información obtenida. La respuesta es obvia: no. Eso ya lo ha dicho con claridad la sentencia del Tribunal Supremo de 22-6-2006 (caso del talibán español), que fue absuelto de pertenencia a banda terrorista por la invalidez absoluta y radical de lo que se pretendía hacer pasar por pruebas de cargo, en esencia, las transcripciones de las “entrevistas” (sic) llevadas a cabo en aquel rincón cubano sin la menor garantía ante una persona ilegítimamente detenida.

Siguiendo el hilo de la doctrina de nuestro Alto Tribunal no cabe duda de que la detención en Guantánamo es una detención ilegal, diga lo que diga el Derecho norteamericano, que, como suele, tras dar un periodo de gracia, actúa censurando las desmesuras del poder. Sucede, además, que no es una detención cualquiera, sino la de contendientes -militares regulares o no- o civiles, ambos protegidos especialmente por convenios internacionales y en cada vez más Estados, como ocurre en España, por las leyes penales nacionales. La figura del combatiente extranjero u hostil no existe en Derecho Internacional y no es más que una finta retórica para eludir la debida protección de las personas privadas de libertad sin cobertura legal alguna. O dicho de otro modo: las definiciones que haga el fuerte de los débiles para nada vinculan a la comunidad jurídica; otra cosa es que la comunidad jurídica esté en condiciones de poder hacer valer sus normas ante el fuerte y despiadado.

De este modo, el que agentes españoles hayan viajado a Guantánamo a “entrevistarse” (otra finta retórica que enmascara la realidad) puede convertir a esos agentes y a quienes les han enviado y a quienes hayan conocido inmediatamente a posteriori tal viaje en cómplices de la injusticia caribeña.

No se trata, sin embargo, de un reproche moral. Se trata de algo más: se trata de delitos penales. Por un lado, si la información de tales detenidos ilegales ha sido utilizada en procesos en su contra abiertos en España -o que se vayan a abrir-, estamos ante delitos contra los derechos que protegen la detención de las personas y otros derechos cívicos. Si los datos de esas entrevistas sirven para constituir pruebas de cargo contra terceros, se rozaría, por su falsedad, el falso testimonio y, casi con total seguridad, la falsedad documental, pues el funcionario extendería un documento que no tiene atribución para hacer y pretendería hacer pasar por legítimo lo que no lo es.

Con ser eso importante, aún lo es más algo ya apuntado anteriormente. Los ciudadanos internos en Guantánamo no han perdido ninguno de los derechos que ostentan conforme a su nacionalidad y a los que les atribuye la comunidad internacional. Lo que digan las autoridades civiles o militares norteamericanas carece de valor si contraviene el Derecho Internacional, tal como ha reconocido recientemente el propio Tribunal Supremo de Washington. Sólo los bandidos carecen de protección del Derecho de Guerra, aunque no del humanitario ni, por supuesto, del Derecho de Gentes. Nadie ha demostrado que esos llamados combatientes enemigos sean sujetos ajenos a la protección del Derecho Internacional, por lo que, en consecuencia, son sujetos protegidos como militares, regulares o irregulares, o como civiles.

Ejercer cualquier acto de violencia, desde el genocidio a la deportación pasando por la tortura o la privación de derechos a los integrantes de esos colectivos, más allá de los que imponga una situación bélica, está penado en cualquier caso cuando España sea parte en el conflicto armado.

Recuérdese que España fue parte beligerante en Irak hasta junio de 2004, por lo que, al margen de la ilegalidad de la guerra, el tiempo bélico es el marco que diseña la ley para ampliar el castigo de esas actuaciones ahora descritas como entrevistas e informes.

La jurisdicción española no ofrece la menor duda al figurar en los convenios internacionales la obligación de perseguir y sancionar las infracciones cometidas por nacionales y/o aliados que puedan ser hallados para ser sometidos a juicio.

Por si fuera poco, como no es admisible -por imponerlo expresamente la ley- la obediencia debida de estos hechos, responderían quienes fueron, quienes los enviaron y quienes supieron de estas andanzas, callaron y aprovecharon los frutos de tales andanzas ultramarinas.

Tanto los vuelos de la CIA como los interrogatorios de Guantánamo (¿sólo ahí?) van a seguir dado mucho juego y unos frentes de verborrea y semántica dignos de mejor causa, que van a emplearse como la tinta del calamar. Sin remontarnos a los suevos o a los layetanos, un recordatorio de nuestra propia y nada lejana experiencia: la justicia es lenta pero inexorable. ¡O sea que barbas a remojar!

Es un verdadero placer estar hoy aquí. Agradezco mucho a la Fundación Manuel Giménez Abad su gentileza al invitarme, y por supuesto también a mi querido y admirado colega Rogelio Alonso, el profesor Rogelio Alonso, organizador de este encuentro.

Y por supuesto que, como siempre, es un verdadero honor compartir panel con Martha Crenshaw, con la profesora Martha Crenshaw, una verdadera maestra para mí, y participar en el mismo foro de otros maestros: David Rapoport, Alex Schmid, etcétera.

Hoy quería por segunda vez este trimestre -la primera lo hice el pasado mes de septiembre- tratar de proponerles una reflexión -ahora que tanto hablamos del modo en que se reacciona frente a ETA-; proponerles una reflexión sobre el modo en que estamos reaccionando en España a los riesgos y amenazas del terrorismo internacional, que es algo de lo que se habla mucho menos, y que tenemos menos sistematizado.

Y para empezar, quizá unas palabras muy rápidas acerca de la amenaza del terrorismo internacional, en el caso de nuestro país: ¿Por qué Al Qaeda, y el conjunto de grupos, organizaciones, entidades, vinculadas con Al Qaeda, continúa siendo una amenaza sustancial para España después del 11-M? De hecho, lo era ya antes del 11 de marzo. Y en la actualidad, esa amenaza procede -por ser ante ustedes sistemático, y no perderme en detalles-, procede básicamente de los tres componentes que configuran el terrorismo global en nuestros días. Procede directamente de Al Qaeda, es cierto que nuestro país no tiene a la amenaza de atentados planeados y ejecutados directamente por elementos de Al Qaeda como la principal de todas. Pero no es menos cierto… -hay otros países europeos donde sí ocurre, por ejemplo en el Reino Unido-. Pero no es menos cierto que bien hace poco, el pasado mes de julio, Ayman al-Zauahiri, el estratega, el “número dos”, por decirlo en estos términos, de Al Qaeda, nos ha vuelto a recordar a los españoles que nuestro país está entre sus objetivos preferentes, entre sus objetivos más significativos, a medio y largo plazo. En la medida en que ha vuelto a insistir en el objetivo de reconquistar para el Islam una serie de territorios que fueron dominio musulmán en el pasado, y que deben serlo en el futuro, como parte de ese califato universal al que aspira Al Qaeda, aunque esa agenda global la compatibilice el terrorismo global con otras agendas de carácter regional o local de los grupos u organizaciones asociadas con Al Qaeda.

Cierto que tenemos una amenaza, proveniente de Al Qaeda, que afecta a intereses y ciudadanos españoles en el caso, por ejemplo, de las tropas españolas destacadas en Afganistán, donde sí somos blanco de Al Qaeda, de la acción conjunta Al Qaeda talibán. Ahora bien, en el caso español, a semejanza de otros europeos (por ejemplo, Francia), la principal amenaza en términos de terrorismo global procede de grupos y organizaciones asociadas con Al Qaeda. Entidades afiliadas con Al Qaeda. Es decir, que han expresado acatamiento a Osama Bin Laden, y han expresado también su alineamiento con los objetivos últimos y con los métodos de Al Qaeda.

En el caso español, esta amenaza tiene varios nombres. Quizá el más significativo de todos ellos es el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, una entidad de origen argelino, que progresivamente ha ido ampliando su agenda al norte de África, no sólo al Magreb, sino a los territorios del Sahel, y que además, también recientemente se ha convertido en la extensión regional de Al Qaeda para el norte de África, siendo como es un grupo con abundantes conexiones en distintos países europeos, pero especialmente en los de la Europa meridional y algunos países de la Europa atlántica.

No es el único grupo, hay otros: el grupo islámico combatiente marroquí, crecientemente grupos de origen pakistaní. Es muy interesante, por ejemplo -fíjense qué dato más revelador-: a pesar de que el número de marroquíes residentes en España multiplica por diez al de argelinos, sin embargo, entre los detenidos y enviados a prisión por orden judicial, por asuntos relacionados con el terrorismo yihadista, con el terrorismo internacional; hay tantos argelinos como marroquíes.

Los sirios, que jugaban un papel determinante –hace poco he tenido ocasión de recordarlo con el comisario Ángel Soto, que sabe mucho más que yo de estas cosas, y que está hoy presente en la sala-, que tuvieron un papel determinante en la constitución de Al Qaeda en los años noventa, han ido paulatinamente dejando paso en términos de peso porcentual, de peso específico, a los de origen pakistaní. Y grupos como Lashkar-e-Toiba, autora de los atentados de Bombay, o Suni Terik, otros grupos de esta orientación, están ya presentes en España.

Por último, tenemos también un problema con células y grupúsculos que no mantienen una conexión orgánica ni un seguimiento directo, por parte de la propia Al Qaeda o de grupos asociados con Al Qaeda, y que surgen de manera autoconstituida. Y que, inspirados por los objetivos y animados por los métodos de Al Qaeda, pueden llegar a operar en nuestro país, y de hecho, han venido preparándose para hacerlo. Es el resultado, en buena medida, de esos procesos de radicalización que tienen lugar en distintos ámbitos, dentro de las comunidades musulmanas en España, y que tan magníficamente está analizando, precisamente, en tiempos recientes, el profesor Rogelio Alonso.

Por otra parte, quiero recordarles que hay agua para que este pez nade. Que en el ámbito de las comunidades musulmanas en España, ya sé que hay una encuesta reciente que alivia algo estos datos, pero los diferentes sondeos de opinión pública, los diferentes estudios que tenemos valiosos, con una metodología sofisticada, revelan que en torno al 13% de los musulmanes que viven en España exhiben actitudes, valores, que resultan positivos hacia Al Qaeda, hacia las actividades de Al Qaeda por considerarlas acomodadas a la ley islámica, y en general a la comisión de atentados en defensa del Islam, aunque resulten muertos y heridos civiles.

Bueno, pues ése es, grosso modo, el panorama de fondo. Si quieren, después entramos en algún detalle al respecto. Pero lo que me trae ante ustedes hoy es otra cosa. En relación con esto, ¿cómo venimos respondiendo en España, después del 11 de marzo? Hay otros países que también han sido afectados por algo semejante: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, en particular. Y observamos diferencias importantes respecto a la conducta de unos y otros.

¿Acaso somos blandos con Al Qaeda? Y en todo caso, ¿por qué me pregunto si somos blandos con Al Qaeda? Podría preguntarme si somos duros con Al Qaeda.

Pero si me pregunto: ¿Somos blandos con Al Qaeda?, es porque existe en el mundo la idea, bastante generalizada, de que… Bastante generalizada entre las élites políticas, los medios de comunicación, los círculos académicos, los profesionales de la seguridad, de que precisamente España es blanda con Al Qaeda. Es un modelo de país que ha optado por una política blanda hacia el terrorismo global, de apaciguamiento, y no de confrontación. Un modelo, pues, distinto al modelo estadounidense, al modelo británico, al modelo australiano, a otros modelos semejantes.

Esta es una idea que también comparten en España algunos sectores de la oposición política. Y si me permiten, les desgrano [la idea] muy rápidamente. El argumento es básicamente este: después del 11 de marzo, los españoles se sintieron intimidados, muy acobardados. La gente atribuyó los atentados a la presencia de tropas españolas en Iraq. Tendió a transferir la culpa, la dirigió no hacia quienes perpetraron los atentados, sino hacia el Gobierno, que había enviado tropas a Iraq. Lo penalizó electoralmente. Optó por una opción apaciaguadora, que garantizara que se disipara esta amenaza de futuros atentados. Y de hecho, diría el argumento, de hecho, fíjense ustedes: apenas transcurridas cinco semanas desde los atentados de Madrid, y sólo veinticuatro horas después de que el actual presidente de Gobierno tomara posesión, se ordenó el regreso de las tropas españolas de Iraq, con lo que en primer lugar, aparentemente –aparentemente-, el Gobierno español reaccionó al 11 de marzo en el sentido deseado por Osama Bin Laden, de acuerdo con su amenaza pública de octubre de 2003: reaccionó de acuerdo a las predicciones de los estudios estratégicos yihadistas publicados en Internet en Global Islamic Media a finales de 2003. Y reaccionó de acuerdo a como habían requerido los autores del 11 de marzo, que habían exigido el abandono de las tropas españolas de Iraq.

Quienes están convencidos… (Y créanme que esta es la idea más generalizada fuera de nuestro país, y no se nos detrae un ápice por nuestra pasada experiencia de confrontación con respecto a ETA.) Están convencidos de este argumento aquellos que además, miran a otro tipo de iniciativas desarrolladas desde el Gobierno español, y las interpretan en términos exclusivamente de apaciguamiento, como de un modelo apaciguador. Por oposición, insisto, al de confrontación.

Por ejemplo, así interpretan la iniciativa esa de la Alianza de Civilizaciones. Que no es una iniciativa muy conocida, pero sí en algunos ámbitos especialmente cultivados de nuestro entorno.

Por tanto, se dice: hemos capitulado en Iraq. Hemos adoptado una política de apaciguamiento. Todo eso se evidencia de que el Gobierno español actual es blando con Al Qaeda. Y por si faltaran elementos para dar plausibilidad a este argumento, todo un ideólogo de Al Qaeda va y publica en un lugar de Internet un elogio del actual gobierno español, por sus movimientos en este sentido.

Es más, y dicen: por tanto, un gobierno blando con Al Qaeda, una opinión pública favorable a todo eso, que electoralmente se hizo manifiesto el 14 de marzo. Es un ambiente en el que lógicamente, no vamos a encontrar demasiados signos de confrontación en relación al terrorismo global. Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, han introducido después de Bali, después de Nueva York, después de Londres, nueva legislación antiterrorista. España no ha introducido nueva legislación antiterrorista.

Y además, se dice: fíjense que todo esto condiciona la labor de otras instituciones. Por ejemplo, la condena a los dirigentes, hoy miembros de Al Qaeda, de la primera célula de Al Qaeda en España, ha sido interpretada mundialmente como una condena muy blanda. O incluso se han dado casos de sentencias que al final han puesto en libertad a individuos que sí han estado en Afganistán y sí han asistido a campos de entrenamiento, y han estado y han acudido a observar el adoctrinamiento y el entrenamiento proporcionado por los talibán. Unos grupos, un movimiento alineado, asociado formalmente con Al Qaeda.

Se nos dice además: en todo el mundo, en Australia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, se están fortaleciendo los controles fronterizos, porque la inmigración ilegal está muy asociada a la penetración y a la mimetización de individuos de origen terrorista. España es justamente lo opuesto: en España se produce un proceso de regularización masiva de seiscientos mil inmigrantes ilegales, incluidos trescientos mil de origen musulmán.

Entiendan que el argumento que se hace de nosotros es un argumento muy poderoso. Muy poderoso. Y que por tanto, merece la pena pararse un momento a pensar en qué medida estos elementos y algún otro que voy a añadir pueden ser razonablemente discutidos como adecuados para lo que entiendo es la política gubernamental en materia de prevención y lucha contra el terrorismo internacional.

No voy a entrar ahora en la reacción de la sociedad española, al asunto en si es una sociedad apaciguadora o no. Solamente recordarles que el margen de victoria del Partido Socialista el 14 de marzo fue un margen de apenas unos pocos puntos porcentuales -no estamos hablando de un gran vuelco electoral-, que continuaba una tendencia de voto que se venía detectando en las semanas anteriores.

No voy a recordarles que la opinión pública sí, en los meses siguientes al 11 de marzo, atribuyó los atentados causalmente a la presencia de tropas en Iraq, y exclusivamente a eso, pero que progresivamente, ha ido evolucionando. Y hoy, por ejemplo, ya llevamos más de un año durante el cual entre el sesenta y el setenta por ciento de los españoles considera que el terrorismo internacional es para nuestro país no una amenaza grave, sino extremadamente grave. Ha habido, pues, un reposicionamiento.

No van a dejar nunca de preocuparme la falta de algunas reacciones que sí alimentarían la tesis de esa sociedad apaciguadora. Por ejemplo, a mí siempre me remueve el pensar cómo es posible que el GEO que murió en el segundo atentado… Porque España ha tenido no uno, sino dos atentados de terrorismo relacionado con Al Qaeda: el primero, el 11 de marzo, y el segundo, el 3 de abril, en Leganés; un atentado en toda regla. Los terroristas fueron a inmolarse, pero a causar el mayor daño posible. Y de hecho, mataron a un policía. Un agente de los Grupos Especiales de Operaciones, que recordarán.

Y siempre me ha llamado la atención que a pesar de que su cadáver fue profanado, de acuerdo con un ritual takfir, y brutalmente profanado, apenas hubo reacción de repulsión o reacción alguna respecto a este asunto.

Por lo demás, el verdadero impacto social del 11 de marzo, como saben todos ustedes, ha sido el dividir a la sociedad española, el dividir a las élites, dividir a los partidos, y dividir hasta a las víctimas del terrorismo.

Básicamente, en función de la atribución de responsabilidades o de quién estaba en última instancia detrás, qué conspiraciones lo explican, ese tipo de cosas. Todo gran atentado tiene sus teorías conspiratoriales, y el 11 de marzo no fue menos.

Pero permítanme muy brevemente entrar en el tema de Iraq, en el tema de la alianza de civilizaciones, y en el de la adaptación a nuestras estructuras de seguridad interior a la amenaza del terrorismo islamista, que son los tres grandes ámbitos de los que podemos hablar cuando tratamos de dar sentido a la política gubernamental en esta materia.

¿Se cedió ante Al Qaeda saliendo de Iraq? Bueno. Para responder a esta pregunta, creo que, en primer lugar hay que recordar algo evidente: la salida de Iraq era un compromiso político adquirido, todos sabemos, por el actual presidente del Gobierno, desde prácticamente cuando se enviaron las tropas. Era un compromiso adquirido, y además reiterado durante la campaña electoral. El PSOE nunca consideró que la invasión y ocupación de Iraq tuviera que ver nada con un plan antiterrorista, y tampoco consideró legal la invasión y ocupación de Iraq.

Por lo tanto, difícilmente puede acusarse al presidente del Gobierno español, o al Partido Socialista, de complacencia con el terrorismo o de ser blandos con Al Qaeda, por haberse opuesto a esta invasión o por querer sacar las tropas de Iraq.

Puede afirmarse que la decisión de abandonar Iraq fue una respuesta a un compromiso adquirido, y entiendo perfectamente que hubiera sido muy costoso para el Partido Socialista el no haber cumplido ese compromiso. Pero caben algunas cautelas. Y cabe alguna reflexión al respecto.

Por ejemplo, cabe preguntarse si esta respuesta, que está ajustada a ese compromiso político, que está ajustada a una ética de la convicción, por utilizar términos s los que les gusta referirse el entorno del presidente del Gobierno, fue una decisión ajustada también a la ética de la responsabilidad.

Y esto, en función de dos elementos, que creo inexcusables a la hora de evaluar esa decisión. Y tienen que ver con las cambiantes circunstancias, tanto en Iraq como en España, entre la adquisición del compromiso de sacar las tropas y el momento efectivo en el que salen las tropas. ¿Qué quiero decir?

Pues miren: en el momento en el que el presidente del Gobierno español ordena salir a las tropas de Iraq, seguimos sin tener ninguna evidencia de la relación entre Sadam Husein y Al Qaeda. Pero para ese momento, ya Al Qaeda está plenamente operativa en Iraq, a través de Unicidad de Dios y Guerra Santa, que después se transformará en la Organización de Al Qaeda para la Guerra Santa en el País de los dos ríos, y Ansar al-Sunna, su derivación, Ansar al-Islam, etcétera, etcétera.

Y la mayor parte de sus víctimas, además, son la población local, después de desintegrado el estado, desintegrados sus aparatos de seguridad; la única posibilidad de seguridad frente a esta situación era la que proporcionaban las tropas internacionales desplegadas en el país.

Esto, me he preguntado muchas veces si pudo haber sido tomado en consideración por el presidente del Gobierno antes de tomar su decisión y ejecutarla sólo veinticuatro horas después de asumir el cargo.

Incluso el obispo caldeo de Bagdad pidió a España y a otros países que no hiciéramos ese tipo de cosas, y lo argumentaba diciendo: “Nosotros estábamos contra la guerra -nosotros, los iraquíes- desde el inicio. Pero ahora es importante que los contingentes extranjeros se queden en Iraq, si nos abandonan sería peor, dada la situación general de desintegración del estado, de las estructuras de seguridad y de la galopante acción violenta, tanto de la resistencia como de los grupos terroristas vinculados con Al Qaeda”.

Sin embargo, el presidente del Gobierno español no tomó en consideración estos cambios, y de hecho, durante una visita oficial a Túnez, meses después, hizo un llamamiento a que otros países siguieran el ejemplo español.

Yo me pregunto qué hubiera ocurrido si el resto de los países que estaban en Iraq en ese momento hubieran seguido el ejemplo español. Dada, insisto, la actividad terrorista, la creciente presencia de Al Qaeda, y la situación de caos general.

El otro elemento que se introduce como nuevo son los atentados del 11 de marzo. Entre el compromiso adquirido y la decisión efectiva ocurren los atentados del 11 de marzo.

Y claro, pese a que era bien previsible que la salida de Iraq iba a ser celebrada por Al Qaeda y por sus entidades como una gran victoria (la batalla de Madrid fue un éxito, decían en sus propias palabras), pues no se adoptó ninguna cautela ni en términos de tiempo, ni de explicaciones para que esta atribución propagandística por parte de los terroristas fuera un hecho, ni tampoco para que el conjunto de la sociedad de nuestro entorno fuera a entender otra cosa que la existencia de una relación directa inmediata de los atentados y la salida de las tropas. Otros países no han hecho las cosas con el mismo tempo, con la misma cadencia, por ejemplo, Italia. Y por tanto ni han dado tanto pábulo a los terroristas, ni se han ganado una reputación internacional como apaciguadores o como gobiernos que han cedido al chantaje de los terroristas.

Hay otros factores, sin embargo, que permiten contrarrestar esta imagen de España y del Gobierno español. Los terroristas del 11 de marzo, no sólo exigían a España que saliera de Iraq. También exigían a España que saliera de Afganistán. Y no sólo no salimos de Afganistán, sino que el número de soldados españoles en este país se multiplicó por seis en el verano de 2004.

Esto sería un dato que refutaría el hecho de que el Gobierno español capituló ante los terroristas, ante Al Qaeda tras el 11 de marzo.

Cabe, sin embargo, debatir por qué abandonamos otro tipo de iniciativas internacionales, a pesar de contar con un respaldo de Naciones Unidas. Por qué abandonamos Libertad Duradera, por qué abandonamos otro tipo de iniciativas colectivas.

Y cabe también debatir sobre las razones que nos llevan a excluir del discurso político, sistemáticamente en España, la función antiterrorista que implica la presencia de nuestras tropas en algunos lugares del mundo. Como por ejemplo, Afganistán, donde si estamos es, sencillamente, porque se trata de que el país no vuelva a caer en manos de los talibán y a erigirse en santuario de Al Qaeda.

La Alianza de Civilizaciones, esta idea a la que aludía antes como muestra, se dice, de esa política, como expresión de esa política apaciguadora. Como saben, es una iniciativa planteada ante la Asamblea de Naciones Unidas, seis meses después del 11 de marzo, por parte del presidente del Gobierno español. Y es una iniciativa que de antemano les digo que ha contribuido de manera muy significativa a mejorar la imagen de España en el mundo islámico.

Una imagen de España que estaba en ese mundo muy deteriorada por alineamiento con Estados Unidos en la guerra de Iraq, y también a través de la propaganda emitida por parte de Al-Jazeera, como consecuencia del encarcelamiento y de la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional contra un miembro de la primera célula de Al Qaeda en España, que resultó ser el primer periodista que entrevistó a Bin Laden, curiosamente, después del 11 de septiembre, y que es un ciudadano español, de origen sirio, y de nombre Tayseer Allouni, y todos ustedes lo conocen bien. Y que ha hecho proclamas, tanto él personalmente como Al Jazeera, proclamas suyas que ha leído Al Jazeera, en el sentido de que cada vez que la policía española interviene redes de terrorismo islamista, está en realidad actuando acosando a las comunidades musulmanas en nuestro país.

Dicho esto, el montón de apoyos que ha concitado la Alianza de Civilizaciones dista mucho de ser satisfactorio. Hay menos de cuarenta gobiernos que la han respaldado, y algunos no contribuyen a darle crédito.

Especialmente, algunos del mundo islámico donde no está ni siquiera permitido erigir un templo judío o cristiano.

Tampoco creo que el copatrocinador, el primer ministro turco, haya dado a la iniciativa el crédito necesario, especialmente con las renuencias a recibir al Papa en visita oficial, que sólo han sido aliviadas, y muy parcialmente, de manera tardía.

Pero además, es que creo que hay problemas serios de concepto. Y que tienen implicaciones que no debemos desdeñar.

En primer lugar, es muy discutible que en este momento de la historia el conjunto de la Humanidad, o cada uno de nosotros, podamos ser ubicados en una u otra civilización, en uno u otro ámbito civilizatorio.

En segundo lugar, fíjense que la Alianza de Civilizaciones está formulada como una Alianza de Civilizaciones, literalmente dice así, “entre el mundo occidental y el mundo árabe e islámico”. Claro, yo creo que esto es una desviación etnocéntrica que subraya una fractura especialmente interesante, o especialmente preocupante, para el mundo occidental. Pero no les comento lo que piensan los hindúes o lo que piensan los chinos de esta formulación. Y son una gran parte de la Humanidad, no lo olviden ustedes. Y además tienen sus propios problemas, con el mundo islámico. Y a veces, más victimizados que nosotros, como el caso de los indios. De los hindúes, perdón.

La Alianza de Civilizaciones está formulada desde el inicio aludiendo al terrorismo global, y después del 11 de marzo. Y es cierto que el eco que subyace detrás es el apostar por una serie de iniciativas de carácter colectivo, y que no hagan tanto énfasis en el uso de medios militares. Pero en el momento en que se formula (septiembre de 2004), ya es evidente que la mayoría de los blancos y la inmensa mayoría de las víctimas de Al Qaeda y de sus grupos y organizaciones afiliadas, son musulmanes.

Por lo tanto, hay un desajuste entre la formulación y la realidad ya del terrorismo internacional, para entonces.

Creo además que haber planteado la Alianza de Civilizaciones afirmando, por ejemplo (y digo textualmente palabras del discurso del presidente del Gobierno, en Nueva York): “Se puede y se deben conocer sus raíces [las raíces del terrorismo]”. Creo que es problemático, porque primero, estas palabras encajarían muy mal en el discurso político sobre ETA.

Y el Gobierno español, oficialmente no pone adjetivos al terrorismo.

Pero incluso si hablamos del terrorismo internacional, creo que es muy difícil remitirnos a raíces o causas últimas, salvo que el catálogo de éstas sea demasiado extenso e inabarcable.

Y en cualquier caso, tengo a veces la impresión de que relacionar terrorismo con desigualdades económicas, pobreza, o con conflictos regionales, como se hace, al calor de la Alianza de Civilizaciones, así en genérico, es algo que involuntariamente puede proporcionar justificaciones para la violencia. Y añadiré que después de lo que ha sido el informe presentado por el Grupo de Alto Nivel que ha desarrollado esa Alianza de Civilizaciones, también entiendo problemático que tratándose de una respuesta a un fenómeno de terrorismo internacional, relacionado con Al Qaeda, se haya hecho énfasis por parte del presidente del Gobierno español y el presidente turco, del primer ministro turco, en el conflicto árabe-israelí.

Porque, claro, porque el actual terrorismo global, ni surgió allí, ni evolucionó allí. Sino donde confluyeron el wahabismo saudí y la “yihad” afgana.

Otra cosa es que Osama Bin Laden y Ayman al-Zauahiri hayan tratado y estén tratando de beneficiarse de la disputa de Oriente Medio y del conflicto árabe-israelí. Pero yo creo que no hay por qué facilitárselo con diagnósticos que den pábulo a sus pretensiones.

El tercer ámbito que merece la pena subrayar en relación con la respuesta española a Al Qaeda es el que creo que es más consistente. Es el que tiene que ver con la adaptación de nuestras estructuras de seguridad interior, para hacer frente como es debido a este terrorismo. Es el menos conocido fuera de nuestras fronteras, pero es uno que especialmente interesa subrayar hoy.

Es algo desarrollado… Así como en los anteriores verán ustedes que el protagonismo es del presidente del Gobierno, que es en quien recae la responsabilidad última en materia de política antiterrorista, pero permítanme que les recuerde que nuestro gobierno en España es un gobierno colegiado. Colegiado.

La institución central en materia de política antiterrorista es el Ministerio del Interior. Y es ahí donde se han llevado a cabo las iniciativas más sólidas en materia de política, frente al terrorismo internacional. Básicamente en términos de incremento de capacidades de información y de inteligencia, que en buena medida empiezan ahora a rendir sus resultados: reforzamiento de la coordinación entre agencias estatales de seguridad; temas como la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista; de que por primera vez haya bases de datos mutuamente accesibles entre cuerpos, que se acabe ya con esa idea de que cada cuerpo tiene su propia base de datos, es algo incompatible con el principio del interés público. Ya tenemos planes especiales de prevención y protección antiterrorista, específicamente pensados en relación con el terrorismo internacional, por ejemplo, aquellos que tienen un componente de prevención y protección, frente a atentados nucleares, radiológicos, biológicos o químicos. Y se ha potenciado la cooperación internacional, en nuestro entorno de la Unión Europea, preferentemente con Francia, lógicamente. Pero bueno, el GSPC es –por ejemplo- una amenaza compartida.

Se ha potenciado la cooperación con el norte de África, muy especialmente con Marruecos, como es también lógico. Y, por supuesto, con Estados Unidos, que después de algunos altibajos en los últimos meses, ha vuelto a repuntar con fuerza, en buena medida, creo que por el buen conocimiento y gestión de estas cuestiones del comisario Miguel Valverde, al frente de la Comisaría General de Información.

Hay una discusión importante, posible, sobre por qué no ha habido ningún cambio legislativo en España otro que el relativo a sustancias explosivas, o lo que supone la transposición de decisiones de la Unión Europea, de los consejos JAI a nuestro país. Quizá aquí fiscales y profesionales, en general, tienden a decir que las disposiciones del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son suficientes a estos efectos y que no hace falta de momento introducir más elementos. Quizá hay elementos de otras legislaciones que sin vulnerar derechos y libertades pueden acomodarse mejor a las especificidades del fenómeno terrorista concreto al que estamos asistiendo en la actualidad.

Y desde luego también, permítanme recordarles que hay otras iniciativas en materia de prevención y lucha contra el terrorismo internacional que se han desarrollado en otros ámbitos aparte de Interior, por ejemplo, Exteriores; por ejemplo, Justicia (con la Dirección General de Asuntos Religiosos); Economía y Hacienda, el Banco de España, por temas de financiación del terrorismo.

Por tanto, uno diría, en general, verdaderamente, no puede afirmarse. Somos uno de los cuatro países europeos, con Francia, Reino Unido e Italia, que más individuos ha detenido en los dos últimos años, por su vinculación a actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. Y esto, a su vez, es un elemento que nos ha hecho demasiado visibles de cara a estos sectores, y que nos genera particular animadversión por parte de ellos.

Por tanto, en conjunto, no creo que podamos decir que España es blanda con Al Qaeda. Pero sí es evidente que hay disonancias en el discurso, y posibles disonancias también en la acción de distintos ámbitos gubernamentales. Creo que el hecho de que el presidente del Gobierno introduzca una serie de iniciativas, que después implementan los ministerios, pero que proceden de Moncloa, es una actitud en materia de política antiterrorista quizá inusualmente presidencialista. Tiene mucho que ver con una carencia que tiene España, y que no tienen otros países del mundo occidental (y lo van a comprobar enseguida, aunque uno pueda discutir los términos); pero España no tiene algo que Estados Unidos, por ejemplo, tiene, que es una estrategia nacional, coherente, integrada, interdepartamental, formalizada, a la que atenerse a la hora de hacer frente a este terrorismo internacional.

Muchas gracias.

Zaragoza, 30 de noviembre de 2006.

El pasado día 12 de este mes los habitantes de Ceuta tuvieron que lamentar que el nombre de su ciudad saltara una vez más a los medios convirtiéndose en sinónimo de conflicto y alarma social. Esta vez las noticias no trataban de pateras, asaltos a la frontera del Tarajal o de crímenes vinculados al narcotráfico sino de un problema todavía más inquietante. El suceso consistió en una espectacular operación policial desarrollada en el marginal y fronterizo barrio ceutí del Príncipe Alfonso que se saldó con la detención de once individuos, cuatro de los cuales serían liberados el pasado sábado.

Según indicaron fuentes del Ministerio del Interior, la operación se ordenó sobre la base de indicios bien fundados de que los detenidos pudieran formar parte de una célula «salafista-yihadista» motivada (aunque aún no preparada) para cometer futuros atentados en Ceuta y quizá en algún lugar de la península ibérica. En los días que siguieron a las detenciones se han podido escuchar y leer opiniones muy diversas sobre la llamada operación Duna. Por desgracia, y como viene siendo habitual en los últimos tiempos con cualquier información relativa a cuestiones de terrorismo, algunos de esos comentarios no son demasiado útiles para dar su justo valor a la amenaza recién detectada (¿y neutralizada?) en Ceuta.

Sembrar dudas

Algún medio de comunicación y algún líder religioso han coincidido en cuestionar la necesidad de una operación policial que esas mismas fuentes han descrito como una simple maniobra de maquillaje político para aparentar una (falsa) firmeza frente al islamismo más radical. Así, mientras unos persisten en el irresponsable juego de sembrar dudas sobre la profesionalidad y honradez de los jueces, de los miembros de las fuerzas de seguridad o de los servicios de inteligencia implicados en la lucha antiterrorista, otros perseveran en rebajar la gravedad de la amenaza yihadista, como hacía el actual presidente de la asociación Junta Islámica, quien aprovecharía los sucesos comentados para asegurar que no existe amenaza alguna contra España que provenga de las filas del radicalismo islamista. ¿Qué credibilidad cabe atribuir a todas estas dudas? O puesto con otros términos, ¿cuál es el riesgo real de terrorismo yihadista que entraña hoy la situación en Ceuta y, por extensión, en el resto de España (incluyendo también a Melilla)?

Las implicaciones de la operación Duna para la seguridad de los españoles pueden ser subestimadas mediante dos posibles líneas de argumentación. La primera línea apoyaría la tesis de que la operación policial fue «exagerada» o innecesaria pues la situación en Ceuta no encubre ninguna amenaza real de terrorismo. La segunda línea daría más crédito a esa amenaza pero la circunscribiría a Ceuta y Melilla interpretando dicho riesgo como mera consecuencia de las características excepcionales de las dos ciudades españolas que limitan con el mundo del Magreb.

A decir verdad, las informaciones que señalan a Ceuta (y a Melilla) como potenciales focos de irradiación de radicalismo islamista comienzan a ser abrumadoras. Así lo demostraba un análisis recientemente publicado por un grupo de investigadores académicos que se ocupan del fenómeno yihadista. El informe en cuestión (que puede leerse en http://www.jihadmonitor.org) acumulaba una variedad de pruebas de que la siempre problemática barriada de El Príncipe (la cual aloja a casi la mitad de todos los ciudadanos ceutíes de origen marroquí), ha visto incrementada en los últimos tiempos las actividades de individuos identificados con la corriente del salafismo yihadista, la misma que ofrece justificación al movimiento terrorista más amplio y letal de la historia.

Además, el análisis advertía sobre la posibilidad de que la propagación del ideario yihadista en El Príncipe culminara con la aparición de una célula terrorista dispuesta a realizar atentados en Ceuta o en cualquier otro punto del territorio español. En realidad, estas previsiones son coherentes con informaciones provenientes de otras fuentes y con informes originalmente confidenciales sobre la gravedad de la situación de Ceuta y Melilla que han sido elevados al Gobierno.

Conviene destacar también que el 23 de mayo de este mismo año apareció en la página radical Alansar un comunicado en la que se solicitaba a la comunidad virtual yihadista una declaración de «guerra» contra el «infiel» Estado español y a favor de la «liberación» de las «ciudades ocupadas» de Ceuta y Melilla. Volviendo al caso de El Príncipe, Ahmed Liaziz, probablemente el imam más influyente de Ceuta, afirmó tras conocer la noticia de las detenciones que hacía tiempo que corrían rumores de que algo se movía entre los sectores más radicales de la ciudad. Por último, la investigación que fue iniciada por la Policía en marzo de 2005 y que desembocó en las detenciones del día 12 ha aportado numerosas pruebas de interés. Diversas grabaciones demuestran que quienes luego serían detenidos insistían en sus reuniones más recientes en la conveniencia de atentar en Ceuta y que habían mantenido contactos con dos soldados de origen marroquí a los que se solicitaría ayuda para robar explosivos y obtener información de carácter estratégico. Entre los objetos incautados la Policía no pudo encontrar explosivos pero sí otras evidencias que acreditaban la militancia yihadista, como material propagandístico de Al Qaida, documentos falsos y una carta cuyo remitente era miembro de una red islamista que había sido desmantelada en junio de 2005 por enviar jóvenes voluntarios a combatir en las filas de Al Zarkawi, el penúltimo líder de Al Qaida en Irak.

Desde luego, la amplia concentración de población musulmana en Ceuta la convierte en un gran caldo de cultivo para el reclutamiento de yihadistas. También es cierto que un atentado en aquella ciudad entrañaría un enorme riesgo pues podría desestabilizar la convivencia provocando nocivos efectos de polarización social entre los diversos grupos étnicos que en ella cohabitan. Pero existen muchas objeciones que cabe plantear a la tesis de la excepcionalidad de Ceuta (y también de Melilla), al menos por lo que respecta al riesgo de atentados terroristas.

Los ceutíes no son radicales

De entrada, hay que aclarar que aunque las tensiones propias de entornos multiétnicos sean innegables, la mayoría de los musulmanes ceutíes no son radicales ni ven con buenos ojos la actividad proselitista de los nuevos salafistas (en realidad, los musulmanes de todo el mundo deben ser considerados como parte de la solución al problema del islamismo radical). En segundo lugar, es evidente que la amenaza yihadista no se circunscribe al contexto de Ceuta o Melilla. De hecho, la amenaza no tiene fronteras sino que es global y España entera constituye uno de sus blancos preferentes, como lo demuestran las diversas redes yihadistas desarticuladas antes y después de los atentados del 11-M en todo el territorio español: desde 2004 han sido neutralizados al menos ocho proyectos de atentados, algunos masivos, y sólo en 2006 se han practicado casi cincuenta detenciones relacionadas con el terrorismo islamista.

No se olvide que el último comunicado yihadista que pedía la «liberación» de Ceuta y Melilla demandaba una guerra contra el resto de España. A los fanáticos del Islam radical les sobran los motivos para odiar a nuestro país. Después de todo tenemos la desfachatez de perseguirles para evitar que nos asesinen e intimiden, enviamos nuestras tropas para que apoyen a la reconstrucción de Afganistán en contra de los talibanes y sostenemos y propugnamos la democracia y las libertades religiosas y de cualquier otra índole, lo que a ojos de los salafistas constituyen auténticas herejías. Por último, y como se recuerda a menudo en las páginas web y documentos yihadistas, los españoles y quienes conviven pacíficamente con nosotros mantenemos la ocupación de Al Andalus. Por lo tanto, Ceuta no es una excepción, sólo es parte de España; es decir, dar al harb: territorio de la guerra.

Quienes hace año y medio creyeron que el 11-M era una consecuencia directa de la guerra de Irak y la famosa foto de las Azores han vivido imaginando que, una vez dejado todo aquello atrás, podían dormir tranquilos.Quienes hace año y medio creyeron que el 11-M era una consecuencia directa de la guerra de Irak y la famosa foto de las Azores han vivido imaginando que, una vez dejado todo aquello atrás, podían dormir tranquilos. El terrorismo islamista nos dejaría a los españoles en paz. Nada más falso. En la guerra no hay nada peor que ignorar al enemigo, pero eso es lo que han sugerido que hagamos los actuales responsables de nuestro país.

España, sin embargo, no se ha vuelto un lugar más seguro. Al contrario, si se tiene en cuenta lo que dicen los jihadistas, la única conclusión posible es que España no sólo sigue en su punto de mira sino que vuelven a dedicarnos una atención que no nos imaginamos. En primer lugar, está la reciente carta del lugarteniente de Bin Laden, el médico egipcio Al Zawahiri, al jordano que está aterrorizando Irak, Al Zarqawi. En ella le muestra la disconformidad con las bestiales tácticas que el terrorista emplea en Irak, como los vídeos de las decapitaciones que según Al Zawahiri generan más rechazo que apoyo a la causa del Islam radical, y critica abiertamente los atentados cuyas victimas son musulmanes. Al Zawahiri le pide a Zarqawi que reconsidere sus actuaciones y se centre en el verdadero enemigo al que hay que castigar, a Occidente. En realidad la carta del dirigente egipcio de Al Qaeda no hace sino recoger un fuerte debate que se ha desarrollado entre los jihadistas desde los atentados en Arabia Saudí en mayo y noviembre de 2003. Muchas páginas web vinculadas al Islam extremista han recogido este debate sobre la legitimidad de asesinar a musulmanes y en la mayoría se muestra su apoyo a que lo que tiene que hacer es atacar a los occidentales. Y España es parte de ese Occidente al que tanto odian y al que tanto le gustaría ver bajo su dominación.

Un segundo elemento: Hay unas 50 páginas web vinculadas directamente a Al Qaeda y unas doscientas más a diferentes grupos jihadistas. En varias de ellas han crecido las referencias directas a nuestro país por razones varias, desde el rechazo que les provoca el matrimonio homosexual aprobado por el gobierno socialista, hasta – y no es baladí- las recientes condenas por el macrojuicio del 11-S y lo que se espera de la instrucción del sumario del 11-M. En las más de 2000 páginas web del mundo islamista radical que se abren y cierran en el ciberpespacio, las referencias a Al Andalus son continuas, pero los detalles específicos a la coyuntura de nuestro país son muy preocupantes.

En tercer lugar, la respuesta del gobierno de Rodríguez Zapatero para enfrentarse a la violencia en el mundo islámico, la llamada “Alianza de civilizaciones” tampoco es del agrado de los terroristas, pero no porque piensen que les supone una amenaza contra sus actividades, sino porque leen en ella una apuesta del gobierno español por los dirigentes del mundo árabe que ellos, los seguidores de Bin Laden, denuncian por corruptos y vendidos al capitalismo. Si Rodríguez Zapatero pensó alguna vez que su iniciativa podría aplacar el demonio que los terroristas islámicos llevan dentro, no tiene más que pedir al CNI lo que dicen de él y leerlo. O, más fácil y barato, navegar un rato por los sitios de Internet controlados por los extremistas musulmanes.

Y hay un factor más que los seguidores de la palabra de Bin Laden utilizan continuamente en sus discursos: la debilidad española. La debilidad, no la fuerza, es lo que incita su violencia, sus ataques y si de algo no cabe duda es que los terroristas piensan que España es débil. No sólo obtuvieron su particular victoria el 11-M y el día que Rodríguez Zapatero hizo público que había ordenado al ministro de defensa la retirada de Irak, sino que ven a España como un país profundamente enfermo. Da igual que se equivoquen o no, su percepción es lo que cuenta. Y quien lo dude que hojee sitios como la revista jihadista on-line Al-Asr, por citar solo un caso.

Muchos habrá que digan que los tres países castigados por el terror islamista son los que estaban en las Azores. No sólo sería una injusticia histórica con rusos, saudíes, turcos o balineses, sino que no es verdad. El intento de hacer volar parte de la red de trenes de Paris, desbaratado por la gente de Sarkozy, hace pocas semanas, o también el atentado frustrado en Holanda supera con mucho el marco de la guerra de Irak, quienes la apoyaron y quienes se opusieron a la misma. La jihad contra occidente comenzó mucho antes del derrocamiento de Saddam, aunque un Irak pacífico y libre sí que significaría un golpe mortal contra el jihadismo. Pero eso es otra historia.

El actual gobierno español ha actuado todo este tiempo como si estuviéramos a salvo, como si su retórica compensara el odio que los islamistas nos profesan. Ha evitado vincular la presencia de las tropas españolas en Afganistán con la lucha contra el terrorismo y prefiere dedicar una parte significativa de las fuerzas armadas a la atención a los desastres naturales antes que encomendarles nuestra defensa frente a una amenaza exterior real. No se ha atrevido a mirar de frente al terror. Es hora de que escuche lo que dicen los terroristas, porque eso es lo que se nos viene encima.

Un fantasma recorre España: el fantasma del islamismo. Más exactamente, del terrorismo islamista, aunque sea cada vez más difícil para los arúspices del multiculturalismo hilar casuísticas distinciones semánticas o filosóficas entre la causa y sus más indeseados efectos. Pero, a diferencia del fantasma comunista que inspiró la célebre frase del «Manifiesto» de Marx y Engels, el del terror islámico se pasea por nuestro país envuelto, no en las brumas asustadas de un orden caduco, sino a caballo de unas sospechas que parecen evidentes para una gran mayoría de ciudadanos, entre los que no se cuentan, por desgracia, muchos de sus representantes públicos.

El empecinado y torpe silencio de la comisión de investigación del 11-M atenta sólo a las posibilidades de canibalismo político que puedan derivarse de la pasarela de declaraciones de dirigentes públicos, contrasta de un modo manifiesto con la generalizada creencia de que numerosos puntos oscuros del atentado continúan pendientes de una aclaración que no parece al alcance de la miope mirada del Parlamento. Pero más allá incluso de que las circunstancias concretas de la matanza de los trenes puedan o no estar sujetas a duda razonable; más allá de que las conjeturas e indicios inevitablemente motivados por un apriorismo ideológico no puedan ser considerados en sí mismos probatorios de tesis alguna; más allá de lo que cada cual pueda atreverse o conformarse a pensar sobre la autoría material e intelectual de la masacre, lo que resulta ya cada vez más difícil es negarse a aceptar que el terrorismo islámico lleva meses, o años, tramando en España un tejido de preparativos y complicidades en el que de algún modo aparecen cosidos, por simpatía, proximidad o colaboración, los hilos de ETA.

El sumario abierto por el juez Garzón a raíz de la detención esta semana de una célula de terroristas musulmanes dispuesta a cometer atentados sangrientos, entre otros contra el propio estamento judicial, ha acabado poniendo de manifiesto datos como mínimo inquietantes sobre las relaciones carcelarias entre los presos de la banda vasca y los integristas islámicos. La forma en que estos últimos se han venido conduciendo en las prisiones, campando por sus respetos hasta el punto de recibir en alguna de ellas impune entrenamiento paramilitar, configura un escándalo del que por desgracia no sólo debería dar cuenta la bien vapuleada directora general Mercedes Gallizo, sino que alcanza en sus responsabilidades a los Gobiernos anteriores, bajo cuya inexistente vigilancia comenzó a desplegarse esta especie de subversivo ejército carcelario.

Pero el extremo más inquietante de la cuestión consiste en que, además de haber formado en las prisiones españolas verdaderos regimientos de combate con fuerte cohesión ideológica y religiosa, los fundamentalistas musulmanes parecen haber puesto sus ojos en algunos peligrosos activistas de ETA. Lo que hasta ahora eran sólo sospechas o datos indiciarios, negados con firmeza por las autoridades -el propio Ángel Acebes desistió de encontrar otros hilos más claros tras ordenar, ya en funciones, una investigación especial en los días posteriores al 11 de marzo-, se han convertido en siniestras pistas fehacientes al aparecer en los bolsillos del terrorista Abdelkrim Bensmail los nombres anotados de Harriet Iragi y Unai Parot, también conocido como Henry Parot. Es decir, el hombre que mató al fiscal Portero, al concejal Martín Carpena y al doctor Cariñanos, y el tipo que quiso volar la Expo 92 de Sevilla.

Es cierto que en derecho sólo puede darse por cierto aquello que es susceptible de ser probado. Y que no hay hasta el momento nada que certifique contactos entre los citados terroristas, y mucho menos datos que avalen una colaboración mutua. Pero ya llueve sobre mojado. Llueve sobre la promiscuidad carcelaria de etarras e islamistas, llueve sobre las casualidades de las caravanas que salieron el mismo día hacia Madrid con sendos cargamentos de muerte, llueve sobre el concurrido callejón del confidente Trashorras, llueve sobre el mapa en el que unos etarras habían señalado el corredor donde semanas después estallaron los trenes del 11 de marzo. Demasiada lluvia de casualidad como para no empapar el terreno de la sospecha.

Insisto: nada prueba hasta hoy que el 11-M fuese también obra de ETA, ni siquiera bajo la fórmula de la «subcontratación». Nada prueba que se tratase de una acción planeada o ejecutada de manera conjunta. Incluso es bastante posible, y probable, y plausible, que esa matanza concreta se decidiese sólo en las complejas tramas celulares del terrorismo internacional. Sin embargo, cada vez deja menos resquicios de duda la existencia de vasos comunicantes, de lazos empáticos y de fluidos corrientes entre un terrorismo y otro, y en especial entre los presos de ambas organizaciones, sin duda los más radicalizados por su propia situación de encierro en comunidad.

La ciudadanía asiste perpleja a las revelaciones de la impunidad con que se vienen moviendo elementos capaces de las mayores crueldades, ante la mirada impasible, atónita o despistada de agentes del orden, confidentes, espías y hasta autoridades penitenciarias. La irrupción -abrupta y expeditiva, como acostumbra- del juez Garzón en medio de la escena promete un salto cualitativo en el conocimiento e intervención de este auténtico ejército en las sombras que amenaza como nunca la paz y la libertad de los españoles. Conviene ser prudentes, no aventurar conclusiones y esperar a que, a falta de una comisión eficaz, los jueces de la Audiencia actúen según su contrastado buen criterio. Pero la hipótesis de una «joint venture» del terror es demasiado estremecedora como para que nadie, y menos que nadie el Gobierno, pretenda que nos quedemos tranquilos.