Las instituciones europeas se enredan y se enredan al discutir sobre su ser, su esencia y su circunstancia, alumbrando con este modo de proceder un ovillo, es decir, un lío o multitud de cosas que carecen de trabazón o arte. De ahí la dificultad que padece el ciudadano para seguir los asuntos europeos y de ahí su desapego a la construcción europea que, importa subrayarlo, es tarea de máxima relevancia y gravedad.

Un ejemplo lo estamos viviendo en estos momentos como consecuencia de los acuerdos adoptados en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada a principios del pasado mes de diciembre. Al entrar en ella, la preocupación de estas personalidades consistía -una vez más- en dotarse de poderes para aparejar los mimbres de un sólido gobierno económico de Europa, de una mayor disciplina presupuestaria y de un más enérgico combate contra el déficit público. El objeto es hacer de Europa (especialmente de la zona euro) un espacio regido por las mismas reglas evitando así la actuación descoordinada de los gobiernos, causa de tantos quebraderos de cabeza. Dicho en otros términos: acabar con las alegrías de los gobernantes a la hora de rellenar cheques contra la cuenta de un futuro impreciso y a costa de las generaciones venideras.

Si el objetivo estaba claro, los medios para alcanzarlo suscitaban discrepancias. Por las informaciones con que contamos se acopiaban sobre la mesa básicamente las propuestas del jefe del Estado francés y de la canciller alemana más las procedentes de las propias instituciones europeas, en concreto del presidente del Consejo europeo y de la Comisión -para entendernos, de los señores Van Rompuy y Barroso-. Si se analizan sus respectivas posiciones, se advierte que el busilis de la cuestión estribaba en la manera más eficaz de procrear un cuerpo adecuado para albergar el alma del necesario gobierno económico europeo (aunque ellos emplean el infame palabro gobernanza, cursilada entre las cursiladas).

Pues bien, ese cuerpo ha de ser necesariamente un instrumento jurídico. En una Europa que se rige por unos tratados, que vienen a ser lo que es la Constitución en los estados nacionales, la primera ocurrencia consiste en reformar esos tratados incorporando este o aquel precepto de nueva factura. Pero tal operación no es fácil porque exige la unanimidad de los socios y en el recuerdo de todos se hallan las dificultades que acompañaron a la última reforma que se hizo de ellos -y que lleva el nombre de la capital portuguesa-. Fueron necesarios años para arribar a puerto, años que, al estirarse y estirarse, bien parecían esa «lucha por lo infinito» que cantó el poeta Rubén Darío.

Por si fuera poco, el veto de Reino Unido obligó a descartar esta vía. Un veto explícitamente anunciado en aquella asamblea por el jefe de su Gobierno, preocupado más por los negocios financieros, que en Londres cuentan con privilegiado escenario, que por los intereses generales de la Europa en cuyos afanes participa -se supone- de forma voluntaria.

Al cabo, la opción elegida ha sido la de un acuerdo entre los gobiernos de 26 Estados (todos menos Reino Unido). Un acuerdo que podemos calificar como extravagante de los tratados existentes. Y precisamos: extravagante en el sentido con que se ha empleado esta palabra en el Derecho histórico, y que remite a las constituciones pontificias que han vivido fuera del cuerpo jurídico canónico (Decretales y Clementinas). O, si se prefiere, un tratado apócrifo, como se dice del libro que no está incluido en el canon de la Biblia.

Dicho en términos jurídicos actuales, un acuerdo que se rige no por el Derecho Comunitario europeo, sino por el clásico Derecho Internacional (Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969).

¿Qué contiene este acuerdo? De momento no existe sino como proyecto pero sabemos, por los textos a los que hemos tenido acceso, que se ocupa de forma detallada de la disciplina presupuestaria y de la coordinación de las políticas económicas de los estados. A tal efecto se establecen reglas precisas para que los ingresos y gastos de los presupuestos sean equilibrados o arrojen superávit, así como las sanciones destinadas a amedrentar a los gobernantes que perpetren abusos o demasías.

Todo eso está muy bien. Sucede, sin embargo, que reglas precisas sobre disciplina presupuestaria y coordinación de las políticas económicas han sido aprobadas por el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, dentro de un paquete legislativo dedicado a modificar y ampliar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se trata de seis normas de Derecho derivado que con gran detalle definen las situaciones de déficit excesivo, el procedimiento de combatirlo a través de un sistema de alertas, las técnicas de supervisión y control que ejercen las instituciones comunitarias …

Por eso a quien lee el proyecto de nuevo Tratado (extravagante o apócrifo) le suena tanto la música como la letra. Y si hay tales coincidencias, ¿a qué viene afanarse en algo que ya está en el Derecho derivado de la Unión a la espera tan solo de la mano que (como al arpa) le diga levántate y anda?

¿No existen de verdad -preguntará el lector- aportaciones originales en el nuevo proyecto? Sí, las hay. En concreto, destacamos el deber de incorporar la disciplina presupuestaria a «disposiciones vinculantes de la naturaleza constitucional o equivalente», algo que los españoles ya hemos hecho al modificar el verano pasado el artículo 135 de la Constitución. O el papel que se atribuiría al Tribunal de Luxemburgo a la hora de analizar las demandas de un Estado que denunciara incumplimientos por otro del Tratado. O la entrada en vigor que se producirá «el primer día del mes siguiente al depósito del noveno instrumento de ratificación por un Estado cuya moneda sea el euro». O la creación de la Cumbre del Euro, que se reunirá al menos dos veces al año y cuyo presidente será elegido por los jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro.

Ahora bien, estas novedades ¿justifican el esfuerzo de crear un nuevo instrumento jurídico paralelo a los tratados actualmente existentes? El esfuerzo y, lo que es más inquietante, el peligro. En un magnífico artículo, publicado en esta misma página (A Europa siempre le falta un Tratado, 16-XII-2011), Araceli Mangas ha alertado ya de los problemas jurídicos que podrá suscitar la encomienda de gestión que hagan los 26 estados a las instituciones de la Unión Europea para controlar, supervisar y sancionar el cumplimiento de los nuevos compromisos. Por ejemplo, el que acabamos de ver referido a los pleitos ante el Tribunal de Justicia. Es uno de entre los muchos que sin duda se empezarán a acumular y enredar no bien unos juristas expertos echen su mirada escrutadora -y embrolladora- a los nuevos preceptos.

Ello sin contar con previsiones sencillamente disparatadas. Como la creación de un nuevo órgano -la Cumbre del Euro- cuyo presidente puede ser la misma persona que preside el Consejo Europeo, que actuaría así con dos uniformes. O una distinta, a añadir a las dos ya existentes, acaso para formar una Santísima Trinidad, como tal grávida de todos sus problemas teológicos.

¿Alguien piensa que agitando este trampantojo se van a resolver los problemas europeos? En verdad que, a veces, quien contempla este espectáculo se da en cavilar si el viaje de la construcción de Europa no será el imposible a Reims de la ópera rossiniana.

Cuando se adoptó el Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo declaró que con ese Tratado la Unión iba a disponer de un marco «estable y duradero» sin que pudieran «esperarse cambios». Sería el Tratado definitivo, el último… No había transcurrido un año y estalló la crisis financiera en 2008 y con ella se destapó el debate sobre la necesidad de reglas para un gobierno económico de Europa. La respuesta de Merkel en la Universidad Humboldt de Berlín fue tajante: «La política presupuestaria, fiscal y social deben seguir siendo nacionales» (27 de mayo de 2009). Europa, impasible.

Poco después, en diciembre de 2009, entraba en vigor el Tratado de Lisboa y a los dos meses, en febrero de 2010, estalló la segunda gran crisis, la de las astronómicas deudas públicas (Grecia, Irlanda, Portugal…). Entonces se toma conciencia del abismo entre el vacío de competencias para la gobernanza económica y la rígida y detallada unión monetaria. Sin embargo, no se adoptaron las medidas apropiadas al nuevo diagnóstico, centrados y distraídos como estaban todavía en el proceso de adopción de medidas para la primera crisis (junta de riesgo sistémico, supervisores europeos, directivas sobre adecuación y calidad del capital, etc.). Sin haber aprobado todavía tales medidas, la crisis griega hizo arreciar el debate para dotar a la UE de un poder fiscal y presupuestario para lo que se requería un nuevo tratado que modificara el elemental sistema de unión económica que había introducido el Tratado de Maastricht de 1992. Europa, lenta y rígida.

Una vez que Alemania se cayó de su caballo y se convirtió a la fe del imperioso gobierno presupuestario, pudo haberse hecho un acuerdo político o no normativo en el que los Estados se comprometieran a respetar el equilibrio entre ingresos y gastos públicos y a ciertos controles institucionales. Pero Alemania no se fiaba de sus socios y temía por su falta de exigibilidad jurídica. Claro que hace no muchos años ni Francia ni Alemania respetaron las rígidas normas de la unión monetaria sobre el techo del déficit excesivo y lograron burlarse del propio Tribunal de Justicia de la UE. Las normas, los tratados, son meros instrumentos y dependen al fin de la disposición de sus destinatarios para ser cumplidas. Europa, fe ciega en el Derecho.

En el Consejo Europeo de la semana pasada, con el acuerdo entre 23+3 estados no se ha refundado Europa ni hay una nueva Europa ni esas medidas son el bálsamo de Fierabrás… Son importantes y suponen una nueva atribución de derechos soberanos, pero no hay un antes o un después. La fiebre mediática adolece de megalomanía y vive todos los días bajo el síndrome de que todo es inédito e histórico, bajo el absurdo de la retórica del nuevo comienzo. La frustración de una Europa en constante refundación.

Lo más positivo del acuerdo del fin de semana pasado es la firmeza que han mostrado una amplísima mayoría de estados para sobreponerse al perenne veto británico. El Reino Unido nunca ha compartido la idea comunitaria. Es y siempre ha sido hostil a la integración europea: sólo aceptan el mercado interior desdibujado en una inmensa área de libre comercio. Europa es para ellos un buen instrumento de influencia en la globalización. Y los 26 estados han puesto fin a su ambigüedad.

Porque ante otros vetos (en Maastricht a la tercera fase de la unión monetaria o a la política social), se hacía el enjuague jurídico de incluir tales normas de excepción en el propio tratado de reforma, con la totalidad de los socios y en el que se aceptaba la excepción británica (o danesa) mediante la opción recogida en el propio tratado o protocolo de quedarse fuera (opt out) con una opción de sumarse al tren en marcha (opt in). Había unanimidad para acordar excepciones y las nuevas atribuciones formaban parte de los tratados o Derecho primario. Era la Europa a la carta a partir del menú pactado en los tratados.

Ahora la divergencia es mucho más fuerte. No se comparte la meta ni la ruta. Aunque se le parece, tampoco es un mecanismo comparable a los acuerdos de Schengen; éstos fueron un acuerdo internacional extramuros para anticipar y perfeccionar objetivos pactados por todos sobre libre circulación de personas.

Al órdago británico se ha respondido de forma audaz y muy arriesgada. No será un avance controlado con sus excepciones desde el marco o cauce de la UE, sino un tratado internacional ex novo entre un grupo de estados soberanos para hacer nuevas atribuciones de soberanía en materia presupuestaria. El proyectado tratado no es una cooperación reforzada tal como se regula en los tratados de la UE, pues ésta sólo se permite para desarrollos de Derecho derivado, vía que utilizarán en los ámbitos ya previstos en los tratados en vigor y con sus límites (no afectar al mercado interior) y que en materia del euro ya se encuentra previsto en el artículo 126 del Tratado.

Algunos periodistas, con muy buena voluntad, han dicho que es un «tratado intergubernamental». Todos los tratados europeos -Maastricht, Niza, Lisboa- son entre gobiernos. Pero el proyectado Tratado sobre el Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE) no se hace dentro de un subsistema internacional o paraguas de la UE. El futuro tratado a 26 pone en marcha una integración diferenciada, extramuros de los objetivos previstos en los tratados europeos; no reforma los tratados vigentes y no se rige por sus reglas de revisión (exigen unanimidad) sino por el clásico Derecho Internacional (Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969).

Además, resuelve un viejo dilema sobre si se pueden revisar los compromisos europeos al margen de los cauces de los tratados. Hay al menos un precedente antiguo en un tratado entre Francia y Alemania en 1957 tras la devolución del Sarre, modificando entre dos estados un tratado entre seis (Tratado CECA)… Y no pasó nada. La revisión al margen del Derecho europeo fue también la opción barajada en 1993 para el caso de que el segundo referéndum danés sobre el Tratado de Maastricht fracasase; un equipo jurídico, del que formé parte, tenía preparadas las opciones en caso de un segundo rechazo en Dinamarca. El Tratado de Maastricht no se haría con los 12, sino a 11 o a 10. Ahora, con el Tratado a 26 se lanza el mensaje de que no cabe la toma de rehenes: un Estado no le puede impedir a un grupo amplio defender el euro y garantizar su futuro. Es la expresión del conocido como teorema de Genscher -antiguo ministro de asuntos exteriores alemán-: nadie está obligado a hacer lo que no quiere, pero nadie pude impedir a los demás hacerlo.

También este futuro acuerdo sobre el MEDE reabre el debate que suscitamos algunos tras el Tratado de Ámsterdam en 1997, sobre si cabría una cooperación reforzada en ámbitos del tratado pero al margen del régimen establecido. ¿Qué norma impide a los estados que desean avanzar hacerlo mediante acuerdos ad hoc? Puesto que las cooperaciones reforzadas para el desarrollo de los tratados pueden hacerse fuera del marco institucional y jurídico de la UE (y así el Tratado de Prüm de 2005 sobre cooperación policial avanzada), con mayor razón una cooperación extramuros con nuevos objetivos y atribuciones de soberanía se puede hacer con un tratado internacional limitado a un grupo de estados miembros de una organización internacional (un precedente fue el tratado de unión económica y monetaria del Benelux).

Hasta ahí todo legal. En cambio, donde habrá que poner mucho cuidado en el futuro tratado es en la encomienda de gestión que le hacen los 26 a las instituciones de la UE para controlar, supervisar y sancionar el cumplimiento de los nuevos compromisos. La Comisión (incluido el comisario británico) ve muy reforzada su capacidad de guardiana de un tratado concluido por un numeroso grupo de estados miembros; el Tribunal (incluido el juez británico) tendrá competencia para declarar la compatibilidad de específicas normas constitucionales y legales con el nuevo tratado.

No es cierto que el Reino Unido deje de ser miembro de pleno derecho: lo seguirá siendo de la UE, con todos los derechos y obligaciones comunes como hasta ahora. De lo que no será miembro, como ya sucede, es del grupo de estados que pertenecen al euro y que se obligan por reglas específicas cada vez más diferenciadas.

Conviene puntualizar que el reciente Consejo Europeo de Bruselas sólo ha llegado a un acuerdo general sobre las orientaciones que debe tener el nuevo tratado. Por tanto, se abren unas negociaciones con unas instrucciones sobre las que se moverán las delegaciones; dan una idea aproximada. Habrá que esperar a ver los detalles antes de hacer análisis especulativos. Es bien sabido que el diablo se esconde en los detalles. ¿Será suficiente? Europa siempre inacabada.

The outcome of last week’s Brussels summit was economically inadequate and politically damaging for Britain. There was no real plan for jobs and growth, no credible plan for reducing deficits and no steps taken to properly empower the European Central Bank as the lender of last resort. The risk of further economic crisis remains but, inexcusably, the British government did little to address it.

Despite the best efforts of the prime minister to present Friday’s meeting as the last word on the issue, we still have the chance to make a bad situation better. There is a common view across Europe, as well as within the UK, that what happened was undeniably bad for business and bad for Britain. What is vital now is for Britain to chart a way forward economically, politically and diplomatically in Europe, or we will risk being locked out of the room and bereft of influence just as the economic storms worsen.

The best route for Britain to protect our national interest requires two immediate steps – first, to rebuild alliances and, second, to get a seat at the table. Before David Cameron’s decision to walk away from the summit, a number of countries were prepared to make a deal with Britain. Chancellor Merkel said recently that there was “a lot of common ground” between Britain and Germany, and we had potential allies in such countries as Poland, Sweden, the Netherlands and Denmark.

Cameron should now engage in a serious and concerted diplomatic campaign to repair the damage and secure the influence necessary as another year of fresh economic turmoil beckons. Part of that involves demonstrating Britain’s continued willingness to engage constructively on issues such as defence co-operation, climate change and completion of the single market.

Alongside this, if the government is to ensure that Britain has a voice on these crucial economic matters, it must seek what Labour was demanding in the runup to talks – a seat at the table in meetings involving the 26 others. Given that no firewall protecting the integrity of the single market was achieved last Friday, this step is now the best means of securing that and other safeguards.

Realistically, given the prime minister’s behaviour, he will now have to offer something in exchange. So Cameron could seek this seat at future meetings in exchange for supporting, rather than hindering, pragmatic accommodation on the access of the new group to EU institutions. We could and should have natural allies in the commission and in many smaller countries in this move.

Having flounced out of the room last week, only to have to start negotiating his way back in this week, would be a personal embarrassment for the prime minister, but it would be in the best interests of Britain.

In this he would be following the example of Margaret Thatcher, who was outvoted at the Milan summit in 1985 on the question of whether there should be a new treaty to bring in the single market. But, despite losing on the principle, she insisted on keeping Britain’s seat at the negotiating table. The end result was the Single European Act, which was highly beneficial to growth and jobs in Britain.

If Cameron thinks the summit was an end to Europe’s economic problems, he is dangerously naive. The collapse of the eurozone would have catastrophic consequences for Britain, so he must not simply walk away from the conversation.

The end of the summit was the beginning of a process. No treaty has yet been signed. The task of recovery must now begin in earnest.

For the last generation, despite the twists and turns of Conservative and Labour prime ministers, Britain has been determined to stay at the top table in Europe. Today, David Cameron, after months of posturing and disengagement, took the catastrophic decision to walk away.

We should be under no illusions about the import, the impact or the reasons behind the decision. The significance is that we have chosen to let 26 countries make crucial decisions without us. The prime minister’s apparent warning at the meeting that they “couldn’t use this building for their meetings” would be laughable if it was not tragic.

The impact cannot be precisely known but the scale of Britain’s isolation makes it hard to believe it will not be serious. The reality of the EU is that influence does not always come from rules but from strategic alliances. This government has been left in an alliance of one. And for what? Cameron went into this summit saying his first priority was to protect Britain’s financial services industry. Forty-eight hours later it is clear he achieved not one such protection.

Instead, he has delivered the reality that 26 EU countries will now meet to discuss financial services without our country being represented in the room. That is not in the interests of Britain.

And while Cameron tells us he made his decision to protect British business, it is British business that will lose when Britain is not involved in decisions about their largest export market.

The real reasons for this debacle are about internal Tory politics. Even before he entered Downing Street, Cameron pulled Conservative MEPs out of the centre-right grouping in the European parliament. It sent a clear signal he did not want to engage with anyone except mavericks from the extreme margins of European politics. In office, it has got still worse. As recently as March he was telling Angela Merkel he did not even want to be in the room when issues to do with the euro were being discussed. Europe got the message. Last week, when the leaders of centre-right parties in Spain, Germany and France met in Marseilles, Cameron was not invited.

Going into Friday’s crucial summit for jobs and growth, at a time of great peril for our country, the British government was bereft of influence and allies.

The truth is that Cameron never wanted a deal at this summit because he knew he was too weak to sell it to his Eurosceptic MPs back home.

When Geoffrey Howe resigned from Margaret Thatcher’s government, he complained that in European negotiations he felt like an opening batsman who found his bat had “been broken before the game by the team captain”. Today, Cameron didn’t even want to be on the pitch. Even before this summit began, he decided to pull stumps and retreat to the Eurosceptic pavilion.

Cameron could have been batting for British interests. Instead, he had put the Tory party’s self-interest ahead of Britain’s national interest. He could have built alliances over the preceding months, he could have insisted that a different deal was done rather than giving up on Thursday night. What was the alternative? He could have sought practical protections for our financial services industry rather than posturing. He could have insisted that crucial euro-area meetings affecting Britain should not take place without a British voice in the room. Instead, he has been too scared of his own backbenchers and too desperate to avoid a vote in parliament to stand up for Britain’s national interests.

So preoccupied with stabilising the Tory party, Cameron has done nothing to help deliver the stability and growth in the eurozone that is so crucial to Britain’s recovery. That should have meant support for the European Central Bank acting as a lender of last resort, and a recognition that ever greater collective austerity will never deliver the growth we need.

But neither of these steps were taken.

I fear that we will come to rue the fact that the summit was a political disaster and an economic failure for Britain and Europe. What does this mean for British politics? We know where the Tory party now stands. But it does not command a parliamentary majority.

Nick Clegg, the deputy prime minister and leader of the unashamedly pro-European Liberal Democrats, said before the summit that the key aim was to do “everything we can to avoid a great big split in the European Union” because that would be “bad for jobs and growth in this country”.

Can Clegg really look his party – or the country – in the eye and say this has not now happened? It is time for him and Liberal Democrats to ask whether this is really what they came into politics for.

Cameron has not wielded a veto as he claims. He has simply lost.

This is a terrible outcome for British business, British jobs and for Britain.

Este año ha sido extraordinariamente complejo para todo el mundo, también para la Unión Europea. El primer año de vida del Tratado de Lisboa ha coincidido con un periodo de crisis y con las duras medidas consiguientes.

Lisboa ha supuesto un gran cambio en lo que respecta no solo a la actividad de la Unión, sino también a su metodología de trabajo. Hay quien se muestra escéptico. Algunos críticos aducen que el tratado solo vino a complicar un escenario institucional ya de por sí complejo. Otros siguen defendiendo la opinión de que las relaciones entre las diferentes partes de la UE son un juego de suma cero: los beneficios que una institución obtiene, los consigue en detrimento de las otras. También oímos afirmaciones exageradas, como que la UE se desliza inexorablemente hacia el intergubernamentalismo.

Como miembro de la Comisión Europea responsable de Asuntos Internacionales y Administración, he participado en el proceso desde los primeros días de vigencia del Tratado de Lisboa. Y, en neto contraste con los agoreros, mi experiencia ha sido extraordinariamente positiva. Cuando este año surgió la crisis de la deuda soberana, el tratado permitió a la Unión tomar decisiones fundamentales en la mitad de tiempo.

El texto refuerza la democracia a nivel estatal y de la UE, atribuyendo un papel más importante a los parlamentos estatales y al Parlamento Europeo. Aumenta las competencias legislativa y presupuestaria del Parlamento Europeo. La codecisión entre el Parlamento y el Consejo, que representa a los gobiernos, es ahora el procedimiento legislativo habitual y el Parlamento tiene plenos poderes sobre el gasto. En ámbitos como la agricultura y el comercio, las políticas son puestas a prueba con un escrutinio democrático inédito hasta ahora, lo que supone más legitimidad y, espero, un aumento de la concienciación y de la aceptación públicas de las decisiones de la UE.

Pocas personas son conscientes de que los parlamentos estatales también han salido beneficiados del Tratado de Lisboa al adquirir nuevas competencias de escrutinio de las propuestas de la UE. A su vez, pueden plantear objeciones si consideran que un asunto dado sería mejor abordarlo a nivel estatal.

Asimismo, uno de los cambios más innovadores es la instauración de la iniciativa ciudadana europea, primer instrumento de democracia directa de la UE, que permitirá que, con el apoyo de un millón de firmas de ciudadanos de varios estados, se pueda pedir a la CE que intervenga en una determinada cuestión.

Aunque los parlamentos y los ciudadanos se hayan beneficiado del nuevo tratado, ello no ha supuesto pérdida alguna para otras instituciones. El Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno, lleva funcionando más de 30 años, pero ahora ha adquirido el estatuto de institución europea de pleno derecho. Su situación es única para tratar cuestiones estratégicas de gran envergadura que precisan el compromiso de los 27 estados miembros al máximo nivel. La crisis económica ha puesto de manifiesto los beneficios de contar con un presidente permanente del Consejo Europeo para garantizar la uniformidad y la coherencia. Así lo demuestra la sólida cooperación sobre gobernanza económica que existe entre el presidente de la Comisión, Jose Manuel Durao Barroso, y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. Al mismo tiempo, el Consejo de la UE, que reúne a ministros sectoriales de los gobiernos, es ahora más eficaz con la extensión del voto por mayoría cualificada.

El tratado también ha reforzado la capacidad de la Comisión para aprovechar al máximo sus competencias: su derecho de iniciativa legislativa, su indispensable capacidad técnica, su defensa del interés general y su protección del acervo legislativo. En lo que respecta a cuestiones como el mercado interior, los mercados financieros, la política social, la cohesión, la energía, el cambio climático, la agricultura y el transporte, la realidad demuestra que solo la Comisión puede lograr resultados. Dispone de los recursos, las redes y los conocimientos técnicos.

¿Y qué decir de la crítica sobre un intergubernamentalismo progresivo en la UE? Este debate frente al comunitarismo es una falsa dicotomía. La realidad es que la UE contiene elementos de ambos, siempre ha sido así y así seguirá siendo. En ello radica su carácter único y, de hecho, su genialidad.

En último término, todas nuestras acciones deben tener un objetivo común: una Unión más eficaz, más democrática y respetada en el escenario mundial. Como cualquier nuevo conjunto de normas, ponerlo en marcha ha llevado un tiempo. Pero un año después, percibo con claridad que funciona bien y que refuerza la democracia y la transparencia de la UE. Es solo un instrumento para agrupar a las instituciones, los Estados y los ciudadanos. Un instrumento con un gran potencial que deseamos utilizar en beneficio de todos.

Il faudrait tout d’abord établir une masse critique pour déclencher une réaction en chaîne qui rassemblerait les pays européens l’un après l’autre dans une Fédération européenne, ne laissant ainsi de côté que quelques fervents adversaires de principe.

Le besoin d’établir une Fédération européenne est clair. La crise économique actuelle ne fait que souligner ce besoin. Il faut par la même occasion avouer que le rapprochement qui se fait actuellement à la suite des nouveaux accords européens se trouve dans une impasse, dû au fait que les différences d’opinion sur le rôle futur de l’Europe sont trop vastes de pays en pays. Quelques-uns des pays sont fondamentalement opposés à l’unification européenne et tous les efforts pour trouver des compromis sont tombés à l’eau. L’ambition nécessaire pour faire passer les accords européens est disparue et on trouve à sa place un barrage de paroles bureaucratiques et incompréhensibles.

Il faut trouver un tout nouveau moyen de se rapprocher. Il faudrait offrir aux pays européens qui sont sceptiques, l’occasion de s’éloigner de la fédération future sans que l’on soit obligé de prendre en considération leurs souhaits en formulant de futurs projets d’unification de l’Europe, mais plutôt de les laisser à l’écart de la fédération pour pouvoir ainsi, par la suite, conclure des accords séparés avec eux et établir une collaboration à leur goût.

Malheureusement, jusqu’aujourd’hui les gouvernements des pays européens qui mènent le débat sur l’unification européenne ont été assez passifs en ce qui concerne les questions européennes, ce qui n’entraîne qu’une augmentation du pouvoir destructeur des sceptiques en matière de l’Europe. Or, si les gouvernements ne veulent pas mener le débat en faveur de l’unification européenne il faudrait que la communauté elle-même prennent en main cette tâche.

Pour nous sortir du marasme actuel il faudrait établir une assemblée de vingt à trente membres et les charger d’écrire une nouvelle Constitution fédérale pour l’Europe. Il faudrait que les membres de cette assemblée soient des fédéralistes convaincus et qu’ils représentent les diverses régions de l’Europe, qu’ils proviennent de différentes professions et qu’il y ait un nombre égal d’hommes et de femmes.

Il faut que la constitution établisse les institutions nécessaires pour faire fonctionner une Europe fédérale et il faut établir des lois distinctes pour définir les étapes nécessaires à l’adoption de la nouvelle constitution.

Il faudrait que la constitution soit aussi brève que possible tout en restant claire et minimaliste afin de la rendre facilement lisible aux gens. Il est à présumer qu’il y aura un vote populaire à ce sujet dans chaque Etat membre de la Fédération européenne et pour ce faire il est nécessaire que la constitution soit facile à comprendre. Il faudrait que la constitution comporte une provision permettant de la modifier à l’avenir sans nécessiter que la modification soit approuvée par chaque Etat membre.

GAGNER L’APPUI DU PUBLIC

Une fois le projet de constitution terminé, il pourra être introduit au public dans le but d’y trouver son appui. L’appui public existe présentement pour l’aggrandissement du territoire de l’Europe comme par exemple en ce qui a trait à la politique extérieure et à la défense militaire. Or, l’appui public ne vaut pas grande chose si les citoyens n’ont pas de projet concret pour voter pour ou contre. Voilà pourquoi il faut faire un projet de constitution même s’il faut le faire en dehors du gouvernement afin de pouvoir le présenter au public comme projet concret sur lequel faire son opinion.

Une telle initiative prise en dehors du gouvernement pourrait gagner l’appui des gouvernements ou les inspirer à être plus ambitieux dans leurs actions à l’égard de l’unification de l’Europe. Or, même si les gouvernements détournent le projet, celà ne voudra pas dire la mort de la constitution. Dans ce cas il faudrait mettre en marche des campagnes d’information à l’intérieur des Etats membres afin de gagner l’appui du public vis-à-vis de la réalisation de la Constitution européenne. Si nous réussissons à gagner l’appui incontestable du public pour la création d’une constitution fédérale il s’en suivra que les politiciens donneront leur accord.

Et ceci nous ramène à la question : quelle devrait être la dimension de la masse critique nécessaire à la mise en marche de la Fédération européenne? Le nucléus de l’Europe fédérale devrait être formé des pays suivants : la France, l’Allemagne et au moins trois autres pays. L’idée derrière ceci est de faciliter aux Etats qui forment le nucléus de la masse critique de la fédération future de créér la Fédération européenne à eux seuls et sans avoir recours aux autres Etats membres.

Or, la fédération n’est pas nécesairement limitée à seulement cinq Etats. Si la France, l’Allemagne et trois autre pays mènent la barque, il est probable que les autres pays de l’Union européenne les suivent, voulant eux aussi participer au processus et s’associer ainsi à la fédération. Chaque nouvel associé va entraîner les autres à le suivre créant ainsi une réaction en chaîne. Et ceux qui ne favorisent pas une Europe unie vont être écartés et ils ne pourront pas entrâver le travail des autres qui veulent avoir une Europe unie.

La rédaction de la constitution est simple en soi. Les institutions européennes existantes et l’exemple fourni par les autres Etats fédéraux du monde fourniraient l’appui nécessaire. Or, la plus difficile des tâches sera de gagner l’appui nécessaire pour la création de la masse critique nécessaire à l’unification de l’Europe. Et voilà où la France peut jouer un rôle décisif car la France est un pays incontournable en matière de l’unification de l’Europe. De plus, il existe en France une forte tradition de mobilisation de la société et cette tradition pourra servir à faire adopter la constitution. L’heure est venue de passer à l’action.

La historia del Tratado de Lisboa que entra hoy en vigor comenzó hace nueve años cuando los gobiernos signatarios del Tratado de Niza aprobaron una declaración -la 23- en la que hacían un llamamiento a una reforma en profundidad de las instituciones, las bases jurídicas y los procedimientos decisorios de la Unión Europea. Este «repensar Europa» venía motivado por dos razones. Por un lado, los Tratados fundacionales que databan de 1957 y habían sido parcialmente modificados en numerosas ocasiones, requerían de algo más que una puesta a punto. Por otro, la ampliación más ambiciosa de su historia exigía un nuevo pacto refundacional para la Unión Europea.

En esta tarea se afanó durante 2002 y 2003 una Convención que elaboró un proyecto de Tratado constitucional, finalmente aprobado por los gobiernos europeos en una Conferencia intergubernamental durante la primavera de 2004. Y aunque los españoles apoyamos abrumadoramente el Tratado constitucional en el referéndum celebrado el 20 de febrero de 2005, no corrió la misma suerte ni en Francia ni en Holanda. Se produjo un parón de casi dos años y fue necesario convocar otra Conferencia intergubernamental que abandonó el concepto constitucional, los símbolos e introdujo rebajas por doquier en numerosos capítulos donde la Convención había logrado significativos avances con el objetivo, saludable en sí, de lograr un acuerdo; lo que acaeció con la firma de un nuevo Tratado -conocido como Tratado de Lisboa- el 13 de diciembre de 2007. Vuelta a comenzar con el proceso de ratificación y nuevo traspiés en Irlanda durante la primavera de 2008. Nuevas deliberaciones, más cambios, más rebajas, serio riesgo de echar todo al traste como recordé en un pleno del Parlamento europeo cuando alerté que al Tratado le acechaba el mismo peligro que al pez del relato de Hemingway «El viejo y el mar»: que de él sólo quedaran las raspas al llegar a puerto… No fue así, aunque se introdujeron más cambios -siempre a peor-. Después, repetición del referéndum irlandés, esta vez con éxito, suspense con la sentencia del Tribunal constitucional alemán, incertidumbre ante la actitud del Presidente de Polonia, chantaje de última hora del Presidente de la República Checa hasta que la fumatta bianca anunció el fin de las hostilidades.

De este largo proceso, más propio de un guión de cine que hubiera satisfecho por igual a Woody Allen y Alfred Hitchcock, pueden extraerse varias enseñanzas. En primer lugar me parece obligado recordar, aunque pueda parecer obvio, las dificultades que la revolución numérica introduce en la Unión Europea. Tomar acuerdos a veintisiete y por unanimidad se ha convertido en una tarea más propia de Hércules que de vulgares mortales. La inexistencia de una opinión pública europea constituye otro lastre. Pondré un ejemplo: el Tratado Constitucional fue rechazado en Francia por ser demasiado «liberal»; en Gran Bretaña ese mismo texto hubiera sido rechazado por ser demasiado… «social». Por último y pese a que, hace más de cincuenta años, Jean Monnet nos instaba a pensar como europeos, lo cierto es que los intereses nacionales siguen primando sobre la ambición europea y algunos gobernantes encumbran la soberanía a cimas que harían enrojecer al mismo Bodino.

Si el Tratado de Lisboa no supone el big bang soñado y anhelado ¿qué razones hay para apoyarlo? En una conferencia dictada en Berlín a finales de los años cuarenta, Ortega recordaba a un envejecido Miguel de Cervantes, desengañado por la usura del tiempo, quien afirmaba que en ocasiones la vida nos ponía ante la disyuntiva de «ser camino o ser posada». Utilizando la imagen cervantina, los Tratados actuales son posada, el de Lisboa es camino. Porque no cabe duda alguna de que con sus lagunas, sus imperfecciones, incluso con sus carencias, el Tratado de Lisboa es mejor, mucho mejor que los Tratados actuales. Porque frente al quedarse quieto, nos muestra un camino. El que proclama la Carta de los derechos fundamentales como el ADN de los europeos e incorpora, con especial incidencia, los derechos sociales; un camino más democrático donde el Parlamento europeo adquiere mayores competencias y se sitúa en pie de igualdad con el Consejo, donde por vez primera los Parlamentos nacionales participarán en la legislación europea para garantizar el respeto al principio de subsidiariedad, donde los ciudadanos tendrán voz para impulsar iniciativas populares. Un camino que aboga por la eficacia para que las políticas europeas constituyan un valor añadido en la vida de nuestros conciudadanos con procedimientos decisorios donde será más fácil aprobar que bloquear. Un camino que por vez primera desde los Tratados fundacionales modifica sus instituciones con la creación de un Presidente permanente del Consejo europeo en sustitución de las presidencias rotatorias y de un Ministro de asuntos exteriores, que al mismo tiempo es Vice-Presidente de la Comisión, con mayores capacidades políticas, financieras y operacionales. Por cierto que el reciente nombramiento de estos dos relevantes cargos ha dado lugar a declaraciones sorprendentes. Así, se ha tachado a Herman van Rompuy como un personaje «gris y ultraconservador».

¡Ultraconservador un democristiano belga epítome del centrismo! ¡Gris un político que ha logrado superar con sobresaliente la crisis más profunda de la historia reciente de Bélgica! Vaya despropósitos…
El camino que abre el Tratado de Lisboa es el que nos permitirá hacer frente al aumento de los riesgos estratégicos ligados al terrorismo y a la proliferación nuclear, el que deberá abordar la nueva situación creada en el mundo por la globalización y la revolución tecnológica, el que deberá dar respuesta a los retos del cambio climático. Y qué decir de la situación económica después del terremoto causado por la crisis financiera del año pasado. Europa se encuentra ante una tesitura frente a la que no cabe la política del avestruz: o apuesta por el crecimiento económico, la reforma de sus mercados, el logro de mayores cuotas de competitividad y un sistema eficaz de supervisión o será incapaz de afrontar con éxito la pujanza de la economía norteamericana y los nuevos vientos provenientes de China o India. Asentada en los principios y valores que unen a los europeos, la Unión deberá ser valedora de un modelo social que, con sus imperfecciones, presenta innumerables ventajas. En la tarea que comienza hoy, el Presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha obtenido la legitimidad política necesaria para poner manos a la obra. Cuenta además con el respaldo de su familia política, mayoritaria en el Consejo europeo y en el Parlamento. Le atañe la responsabilidad de evitar que Europa se enclaustrase en su ensimismamiento, se recree en sus crisis, espere a un mundo que no va a detenerse para que resuelva sus dudas y vacilaciones. Para esa tarea debe emprender el camino que traza el Tratado de Lisboa. Para los que queríamos y queremos más, nos queda el consuelo de lo que Paul Valery afirmaba de todo poema, «nunca se termina, sólo se abandona». Cuando llegue el momento, allí estaremos para retomar el camino.

Con las leyes pasa como con las salchichas: es mejor no ver como se hacen». Tal afirmación, atribuida al canciller prusiano Otto von Bismarck (1815-1898), bien podría trasladarse en la actualidad al terreno de la construcción europea, con el agravante de que tendría pleno acomodo no ya en el nivel legislativo de la Unión, sino en su propio nivel constitucional. Con otras palabras, no sólo resulta saludable para el buen dormir no profundizar en las maneras conforme a las cuales Europa legisla sin cesar en cuestiones de lo más variopintas (que abarcan desde el IVA aplicable a pañales y preservativos hasta cuestiones de lucha antiterrorista), sino que tal receta se extiende a las maneras conforme a las cuales aborda periódicamente, desde los 90, las sucesivas reformas de sus Tratados constitutivos.

La última, la del Tratado de Lisboa, es previsible que entre en vigor el mes que viene, tras la inadmisión por el Tribunal Constitucional checo del recurso de inconstitucionalidad contra el texto interpuesto en septiembre por 17 senadores, miembros del ala euroescéptica del Partido Cívico Democrático, fundado por el actual presidente de la República, Vaclav Klaus.

La reforma de Lisboa nos sitúa, una vez más (como antes las de Maastricht, Amsterdam y Niza), ante un texto de enorme complejidad, incluso para los más avezados en la materia. Dejando a un lado sus aspectos sustanciales, y tomando no ya como referencia la reforma en sí, sino los textos consolidados resultantes de la misma, nos encontramos ante un documento múltiple integrado por dos Tratados (el de la UE y del Funcionamiento de la Unión) y 37 Protocolos anejos, dotados todos ellos del mismo valor jurídico. La suma de ambos Tratados asciende a 413 artículos, a los que habría que sumar otros 54 procedentes de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, incorporada a aquéllos, como veremos, por la puerta de atrás, más todos los artículos de los referidos Protocolos (algunos de los cuales rondan o superan los 50 preceptos…).

Tal es la presentación de la salchicha en su escala constitucional. Pero centrémonos en cómo se ha elaborado. El proceso se remonta a la Declaración relativa al futuro de la Unión, adoptada en la misma Conferencia Intergubernamental que cerró las negociaciones de la reforma de Niza en diciembre de 2000. En dicha Declaración, se reconoció «la necesidad de mejorar y supervisar permanentemente la legitimidad democrática y la transparencia de la Unión y de sus instituciones, con el fin de aproximar éstas a sus ciudadanos». Cuatro años más tarde, se firmaba en Roma el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

Muy felices se las prometían los Estados signatarios cuando en diciembre de 2004 se publicaron los datos del último Eurobarómetro realizado en octubre y noviembre: los resultados de las encuestas mostraban el apoyo a la Constitución Europea del 68% de los ciudadanos participantes. Pero lo cierto es que al éxito del referéndum español celebrado el 25 de febrero de 2005 (76% de síes, pero con un índice de participación que apenas superó el 42%), siguió la debacle de los celebrados en Francia primero (mayo de 2005) y, poco días después (junio), en los Países Bajos.

Descartada la posibilidad de continuar, tal cual, con un proceso que exigía la ratificación de todos y cada uno de los Estados signatarios, se abrió un nuevo proceso cuyo producto resultante sería el Tratado de Lisboa, firmado el 27 de diciembre de 2007, y cuya entrada en vigor, como adelanté, se prevé para diciembre de 2009 o enero de 2010, salvado el último escollo, el checo, de las ratificaciones nacionales.

Veamos cómo se superó el derrumbe de la Constitución Europea con el Tratado de Lisboa y las dificultades que en su proceso de ratificación encontró este último, procedentes fundamentalmente de Irlanda y República Checa. Por decirlo brevemente, la operación de Lisboa consistió en meter por la puerta de atrás lo que no pudo entrar por la de delante. Esto es, se mantuvo prácticamente intacto el cuerpo de la Constitución Europea, la cual fue desnudada, eso sí, de revestimiento constitucional (en esencia, de toda simbología -himno, bandera, etc., pese a lo cual, tenemos himno, bandera, etc.- y terminología -leyes europeas, Ministro de Asuntos Exteriores- que pudieran llevar a la ciudadanía a sospechar la creación de una suerte de macro Estado).

Así lo entendió no sólo la práctica generalidad del mundo académico, sino alguien tan cualificado como Jean-Paul Jacqué, director del Servicio Jurídico del Consejo de la Unión, quien ha ejemplificado la operación en los siguientes términos: cuando un fabricante de automóviles no está satisfecho con las ventas de uno de sus novedosos modelos (i.e., la Constitución Europea), puede bien abandonar la producción y concebir un vehículo completamente nuevo, lo que conllevaría una importante inversión, bien, al precio de algunas modificaciones de diseño, volver a introducir el antiguo vehículo en el mercado presentándolo como totalmente nuevo (que es lo que el constituyente europeo hizo con Lisboa).

Prueba evidente de ello es la mencionada Carta de Derechos Fundamentales, desde 2000 solemnemente proclamada, pero sin eficacia jurídica vinculante. La Constitución Europea optó por incorporarla al texto del propio Tratado, aportando una mayor clarificación y legitimación de los límites del poder público frente al individuo, y reforzando su contenido constitucional en términos del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, según el cual «toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos […] no tiene Constitución»). Lisboa, en cambio, optó por incorporarla por la vía de la remisión: se limita a declarar que la Unión reconoce la Carta, «la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados»).

¿Qué ha sucedido con el de Lisboa? Desnuda la nueva reforma del revestimiento constitucional, muchos Gobiernos suspiraron aliviados por poder evitar el referéndum interno a la hora de proceder a su ratificación. No fue el caso del Gobierno irlandés, que, por imperativo constitucional, tenía que proceder a su convocatoria. Lo hizo en junio de 2008, con resultado contrario a la ratificación.

La solución a esta nueva crisis tardaría un año en llegar. Y, una vez más, por la puerta de atrás. El Consejo Europeo de julio de este año, «con objeto de devolver la confianza y responder a las preocupaciones del pueblo irlandés» (concernientes a su autonomía fiscal, su neutralidad militar y su soberanía sobre cuestiones sociales como el aborto), decidió abordar dichas preocupaciones en una Decisión que no tiene desperdicio: los altos mandatarios de los Estados de la Unión declaran primero que «su contenido es plenamente compatible con el Tratado de Lisboa y no requerirá una nueva ratificación de dicho Tratado», y añaden que «enunciarán después, cuando se celebre el próximo Tratado de Adhesión, las disposiciones de la Decisión en un Protocolo que se anexará, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales, al Tratado de la UE y al Tratado de Funcionamiento de la UE».

No hace falta ser experto en la materia, ni siquiera jurista, para advertir que algo huele mal en esta operación: 1) si la Decisión, que es un acto jurídico y no simplemente político, ni quita ni añade nada a Lisboa, ¿cuál es su sentido? 2) si, supuestamente, ni quita ni añade nada a Lisboa y, por ello mismo, no exige ratificación por todos los Estados miembros de la Unión (lo que implicaría abrir de nuevo el melón de las ratificaciones nacionales de la reforma de Lisboa), ¿a qué responde la necesidad de su ulterior incorporación a un Protocolo, que sí requiere la ratificación de todos los miembros de la Unión, anexo, además, a un Tratado que nada tiene que ver con el de Lisboa, como es el de adhesión de un futuro miembro (léase Croacia o Islandia)? Una de dos: o se ha tomado el pelo a los ciudadanos irlandeses, que el pasado 2 de octubre refrendaron en nueva convocatoria el Tratado de Lisboa sin ninguna alteración real del texto rechazado un año antes, o se ha tomado el pelo al resto de ciudadanos europeos, que han ratificado a través de sus respectivos Parlamentos un texto que con posterioridad ha sufrido alteraciones favorables a las pretensiones de Irlanda.

Por si fuera poco, el Consejo Europeo de finales de octubre ha repetido la operación ante las exigencias del Presidente checo, que había amenazado con retrasar su firma a la ley de ratificación hasta la celebración de las elecciones británicas, en las que una victoria del conservador y euroescéptico David Cameron podría degenerar en una nueva situación de crisis reformadora sin precedentes. Y, llegados a este punto de surrealismo diplomático y jurídico, no debería extrañar que la salida que se ha dado a la República Checa haya sido precisamente uno de los motivos de inconstitucionalidad esgrimidos por los senadores del Partido Cívico Democrático contra el Tratado de Lisboa. A saber, que la solución irlandesa suponía un añadido al Tratado de Lisboa que exigía, al igual que éste, la ratificación por el Parlamento checo.

La preocupación checa (o del presidente checo) era que la plena aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en la República Checa pudiera desembocar en una reivindicación de los bienes confiscados a ciudadanos alemanes tras su expulsión de los Sudetes finalizada la II Guerra Mundial. La solución a tal preocupación: otro acuerdo de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión por el que se comprometen, en el momento de la celebración del próximo Tratado de Adhesión y de conformidad con sus respectivos requisitos constitucionales, a anexar un Protocolo al Tratado de la Unión y al de su Funcionamiento por el que se extiende el régimen de excepción a la Carta que ya había previsto Lisboa para Reino Unido y Polonia.

Con lo cual, tendremos una Carta a la carta, ampliado el abanico de gustos bajo la sombra de un futuro Tratado de Adhesión que ya veremos en qué termina, pues el jefe de la diplomacia eslovaca, Miroslav Lajcák, se ha apresurado a adelantar que su país -con temores similares en relación con el abandono de tierras y hogares por la población húngara de la actual Eslovaquia- no podría aprobar la excepción para la República Checa en caso de no recibir la misma garantía por parte de la UE).

Buen apetito con la salchicha… y no tan felices sueños.

El Tratado de Lisboa ya ha sido ratificado por todos los países de la UE, excepto por uno: la República Checa. Este acto de rebeldía no se corresponde con la mayoritaria voluntad de este socio centroeuropeo -cuyo Parlamento le dio el visto bueno la pasada primavera- sino a la acomplejada actitud de Václav Klaus, presidente de la República, que no sólo aprovecha para torpedear la integración europea retrasando su firma -en un claro gesto autoritario que sobrepasa sus competencias- sino que además infunde temor a sus conciudadanos, invocando el espíritu de la Segunda Guerra Mundial, al imaginar patológicamente una Alemania revanchista que utilizará el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales para saltarse los Decretos Benes y recuperar las propiedades confiscadas a los casi tres millones de germano-parlantes que fueron expulsados de Checoslovaquia en 1945.

El presidente checo, que se negaba a firmar el tratado hasta que Irlanda se decidiera, movió ficha entonces al verse acorralado por el sí irlandés, e insinuó ambiguamente y sin convicción que tal vez lo firmaría si se aparta a su país de la Carta de los Derechos Fundamentales -como a Polonia y Reino Unido- pues según él, ese documento implica riesgo de invasión alemana. Además de que Klaus utiliza este asunto con poco fundamento, ¿tenía autoridad y competencia para presentar arreglos fuera de plazo?

Tuvo todo el tiempo del mundo durante las negociaciones, pero no intervino. Por tanto, su misión -si tuviera sentido del juego democrático- hubiera sido ratificar ya en la primavera, la decisión del mismo Parlamento que lo eligió a él como presidente, a pesar de tener distinta opinión. Eso le hubiera dado prestigio como político. Pero a Klaus le interesaba más llevar a cabo su plan magistral: destruir la UE mediante el secuestro de Lisboa, al menos, hasta la primavera de 2010. Una vez allí, le entregaría el rehén a David Cameron, y el líder conservador británico, también en contra de Lisboa, y presumible vencedor de las elecciones que se celebrarán en esa fecha en su país, materializaría su promesa electoral de celebrar un referéndum, que también presumiblemente y arrastrados por la inercia victoriosa de los conservadores, sería rechazado en masa. Entonces Bruselas, desmoralizada e incapaz de inventar un plan C de la nunca aprobada Constitución Europea, acabaría en un espectacular desmoronamiento del castillo de naipes europeo.

Este caótico escenario imaginado por Klaus, ya es casi imposible que se produzca, pero a pesar de que su plan magistral para enterrar Lisboa se haya ido quedando sin tierra, el praguense no suelta la pala. Claro, le queda una remota oportunidad si el Tribunal Constitucional checo aceptara tramitar el próximo 3 de noviembre la enmienda a todo el tratado que presentaron 17 senadores en septiembre, la mayoría, surgidos políticamente bajo el manto de Klaus. De tramitarse, el presidente tendría de nuevo excusa para no firmar hasta el final de la primavera -cuando el TC se pronuncie de nuevo- y continuar con su plan destructor, a pesar de los esfuerzos del europeísta primer ministro Fischer, que ha asegurado que Klaus firmará. ¿Tendría Bruselas un plan para liberar al rehén si esto ocurriera?

Lo más probable es que el Constitucional detenga la farsa de los senadores, y como Klaus lo sabe, a éste le han asaltado sus demonios con la tortuosa idea de que después de atreverse a un arriesgado y kamikaze secuestro sobre Lisboa -es decir, no firmar hasta el verano sin excusa ninguna- el líder conservador británico le traicione y no convoque el plebiscito. Tendría lógica, pues Cameron se arriesga también a una división tory. Y ahí el checo -después de todo el montaje- quedaría en ridículo ante sus conciudadanos, y difícilmente podría justificar su continuidad política en su país, cuya imagen de socio comunitario, habría quedado demasiado desprestigiada. ¿Es este temor el que le ha llevado a preparar a última hora el terreno para una inminente firma, con la excusa populista de los Sudetes, y presentarlo como un triunfo en su país?

Parece que sí. Klaus, aprovechando que la UE está desesperada por desplegar Lisboa, ha improvisado su plan B -a modo de salvoconducto- que le haga quedar bien en su país. Pero lo hace de la peor de las maneras, imaginando una guerra con Bruselas e imponiendo un ultimátum: firmar con condiciones. Y la UE con tal de no discutir y no perder más tiempo en recordarle que el asunto de los Decretos Benes ya se solucionó en el Tratado de Adhesión -o en vez de ponerle límites al autoritario presidente checo- ha preferido pasar por el aro de Mr. Klaus, como finalmente se hizo en la última cumbre de la UE, apartando a la República Checa de la Carta de Derechos Fundamentales.

Tal vez los secuestradores tengan las horas contadas si el próximo 3 de noviembre el TC checo detiene el plan primordial de Klaus. Pero de momento, el Tratado de Lisboa sigue bajo el zulo de las provocaciones de unos pocos, que en nombre de la democracia se aprovechan de ella para suprimirla.

Jens Stoltenberg, the recently re-elected Prime Minister of Norway, could not have been more frank. Asked if entry into the European Union was on his government’s agenda, he replied — almost with pride — that Norway was the only country that had twice rejected Brussels’ embrace. There were, he said, no plans to hold a third referendum. “I was there the last time it was defeated . . . and I don’t seek new defeats.”

He might have added that half of his “coalition of workers, farmers and dreamers” was against membership in principle and that, since Norway benefits from an agreement with the EU that provides the benefits of free trade without the threat of federalism, only diehards want to argue about going right in or staying right out. That is certainly the view of Hallvard Bakke, who left the Oslo Government to lead the successful “no” campaign in 1994. Yet the argument persists. In 1905 the union with Sweden was ended by a referendum that recorded 368,208 votes in favour of separation and 184 against. Norway believes it does better on its own.

Since then almost everything except the landscape has changed. Even the passion for independence has altered character. A hundred years ago it was the product of Norway’s romantic isolation. Now it is built around a popular determination neither to risk nor to share its prosperity — an annual national income of £60,000 per head — with its neighbours.

Iceland once felt the same, but its banks and self-confidence collapsed. If Reykjavik decides to wrap itself in the security of full EU membership, powerful voices in industry and the Foreign Ministry will argue that it would be folly not to follow suit. Liechtenstein will still share the privileges of special access to the single market. That, say devotees of union, is irrelevant. Liechtenstein is Ruritania. Norway — cloudless blue skies, piercing sunlight and snow- capped mountains — is Shangri-La with gas and oil reserves. Both blessings inhibit rational argument.

Nothing in any EU treaty, from Medina to Lisbon, limits Norway’s control of its natural resources. But access to oil and gas has a strange effect on the national psyche. And Norway has another national asset that encourages the belief that there is nothing to gain from amalgamation with less successful economies. Its Sovereign Wealth Fund, in effect the country’s collective investment portfolio, is valued at about £260 billion. That too is beyond the reach of Brussels.

A country that prudently husbands its earnings — contributing only 4 per cent of the income to subsidising the annual budget and spending the rest on national infrastructure, long-term pension provision and international good causes — does not think it has much to gain from a closer alliance with the profligate states of the European Union. Indeed, there are still people who argue against the economic access agreement. And they are beginning to make a fuss again.

Torunn Kanutte Husvik, the 26-year-old vice-president of the 30,000-strong Nei til EU, fears that the people, complacent in their prosperity, will allow what she quaintly calls “the power elite” to surrender Norway’s sovereignty by stealth. So she campaigns against “creeping integration as illustrated by the incorporation of European directives into Norwegian law”.

The current battle is over the proposal to share security data with the Union. Stein Ornhoi, a retired Socialist Party MP, describes the idea as more appropriate to a police state than to a democracy. For the longer term, Ola Elvevold, of Young Friends of the Earth, says Norway plans to reduce carbon gas emissions at a faster rate than the EU will even contemplate, and that, freed from continental entanglements, it will become an international influence for good. If the Norwegian public do demand that their government take a more detached view of Europe, their decision will be based on more material considerations than those advanced by Nei til EU.

The cry “It’s our gas and our oil”, combined with the implication that envious foreigners want to steal it, has a remarkably powerful effect on normally moderate people. And critics of cohabitation with the EU can also appeal to visceral nationalism with arguments that, although equally emotional, have more practical substance.

Highly subsidised farmers and fishermen swung the vote against membership in 1994. Discussions of a closer alliance, even if they ended short of full membership, are bound to reopen the question of the relationship with the Common Fisheries Policy. That is anathema both to old-style Norwegian patriots and progressive environmentalists. Norway’s conservation regime is superior to the European alternative.

Other comparisons confirm that Norway often does best alone. British trade unions want the Government to sign up to the full Maastricht social chapter in the hope that it will improve employment practices. Norwegian trade unions fear that to implement its provisions would drag their memberships’ terms and conditions down to EU levels.

To the rational observer, half in and half out seems exactly the right place to be — for Norway. Its economic agreement with Europe does come with strings attached, but none of them binds Oslo to policies that damage its national interests. Its relationship with the EU is exactly that which, 30 years ago, stickers in thousands of British motor-car rear windows were demanding: free trade without political union.

For Norway, Edward Heath’s promise has been kept. There has been “no unacceptable loss of sovereignty”. But as Norwegians will happily agree, Norway is special. An à la carte Europe is not available to Britain, although in Bergen and Oslo last week I dared not say why. Half in and half out of Europe is a status for small countries happy to remain on the margin of big decisions.

The two politicians have tended to be regarded as twin-like stubborn Eurosceptics, the last obstacles to the ratification of the Lisbon treaty. Still, on Saturday, Poland’s Lech Kaczynski put his pen to paper and ratified the widely expected treaty, formally justifying it with “the will of the Irish people”. At the same time, the Czech Republic’s Vaclav Klaus, who refuses to fly the EU flag outside his presidential residence, remains petrified in his opposition to Lisbon, even if now he stands alone. Those developments clearly show that Kaczynski’s and Klaus’s political agenda, despite apparent similarities, is actually quite different, and impossible to grasp fully without taking into account their political background in Warsaw and Prague.

Regarding President Kaczynski’s unexpected decision, perhaps taking a look at the election calendar in Poland can shed some light on it. In October 2010, Kaczynski is expected to run for another term as president, and his most likely rival will be the incumbent prime minister Donald Tusk, who has been in office since 2007, when his party defeated the Kaczynski brothers’ Law and Justice party (PiS). As every single poll gives Tusk a vast advantage over Kaczynski, the latter has to convince the voters that he is a politician of the centre, and not of the extremes. That, given his past record, will not be an easy task. Still, using Lisbon for promoting a friendlier, pro-European image, as advised by his spin doctors, obviously increases the president’s chances of re-election.

A huge majority of the Poles perceives the president’s opposition to Lisbon as yet another sign of his aversion to the European Union and its federal ambitions. If Kaczynski followed the steps of Klaus, and Poland was subjected to the same amount of pressure that had been exerted on Ireland prior to 2 October, the overwhelmingly pro-European Poles would be unlikely to provide him with another five-year term. The Polish far right’s recent disappearance from mainstream politics allows both the president and his party to shift safely towards the centre, now that law and justice’s hegemony on the right is unchallenged.

Klaus, on the other hand, plays the same game from an utterly different position. As he has already been twice elected president by parliament, Klaus’s career will die a natural death in 2013 if he does not find a way to reinvent his role on the Czech political scene. The centre-right Civic Democratic Party (ODS), which he founded, seems reluctant to endorse its former leader’s ideas, and it is very unlikely that Klaus would step into any important political office after he ends his second presidential mandate. Becoming a widely recognised martyr of the Lisbon treaty would surely help Klaus reposition himself in politics, launch a Eurosceptic party, or perhaps even head some new pan-European movement.

Contrary to his own party’s position, Klaus had steered six ODS senators to file a complaint against the Lisbon treaty with the Czech constitutional court. This move indisputably derailed the treaty’s ratification for at least a few weeks, if not months, but the Czech president knows that the court’s decision will presumably affirm the treaty’s legality.

Today’s emergency session of the Czech cabinet is seen by many as the last resort to overcoming the power crisis. If the president is not persuaded finally to sign the treaty, the government may reach for more decisive and spectacular measures, including a senate lawsuit against president Klaus for conduct against the constitutional order.

In anticipation of the court’s verdict, Klaus has set out his conditions to Brussels. Not only that he wants to obtain exemptions on the EU’s charter of fundamental rights for his country, just as Poland and the UK previously did, but he also demands that a few sentences which, in his opinion, will secure the Czech Republic against eventual lawsuits from the descendants of the Carpathian Germans, expelled from the country after the second world war, be added to the very same charter. Needless to say, if these requests are followed, the whole ratification process will probably have to be relaunched in all 27 member states.

Several commentators have suggested that some sort of secret accord exists between Klaus and the British Conservatives. According to this scenario, the Czech president would delay Lisbon’s deliberation until the UK’s upcoming general election and the Tories’ expected victory. Then, if David Cameron decides to allow for a referendum, as he had pledged earlier this year, the treaty’s fate would be at stake once again.

Still, this theory seems dubious. The bottom line is that above all, Vaclav Klaus was never much of a team player.

La UE renuncia con suma facilidad a defender valores o principios generales y, al contrario, sufre enormemente a la hora de seguir sus propios principios. De ahí que en no pocas ocasiones tienda a estar más cerca de los intereses que de los principios. El equilibrio entre unos y otros siempre estará determinado por la intensidad y la heterogeneidad de las preferencias de los Estados miembros y por la capacidad de la Unión de acomodarlas ofreciendo alternativas coherentes entre políticas e intereses. En el apasionante proyecto europeo encontraremos siempre mecanismos institucionales que fomentan la congruencia entre principios e intereses (posibilidades de negociar indefinidamente en el tiempo y de entrecruzar sin problemas las políticas sectoriales y los pagos que las deben mantener) y otros que la debilitan (heterogeneidad de intereses y coaliciones, derechos de veto en los procesos de toma de decisiones, múltiples niveles de autoridad y gobierno).

Pues bien, todo esto y algunas cuestiones más están en la naturaleza de un Tratado de Lisboa que ampara la esencia de la Constitución europea rechazada por Francia y Holanda en 2005, agilizando y democratizando el funcionamiento de la UE, y que lel pasada día 2 aprobó la reválida del segundo referéndum irlandés que tan necesaria era para que la Unión superara la parálisis institucional que las incomprensibles, por aceleradas e inoportunas, ampliaciones hacia el Este (2004 y 2007) generaron en su funcionamiento. Claro que los positivos resultados de la cita irlandesa (participación del 58% y votos a favor del sí de un 67,1%) se han conseguido gracias a diversos factores entre los que cabe destacar la durísima crisis económica y la recesión, después de veinte años de crecimiento constante, que ha llevado al país a tasas de desempleo que superan el 12% y que contraerá su economía en un 9% de aquí a finales de 2010, y un protocolo, blindado desde el punto de vista jurídico, similar a la solución que se adoptó con las garantías que se dieron a Dinamarca después de que votara ‘no’ al Tratado de Maastricht en 1992 y compatible con el texto de Lisboa, que incluye el mantenimiento de un comisario permanente irlandés en la Comisión Europea y garantías jurídicas que le permitirán conservar sus políticas de neutralidad militar, autonomía fiscal, familia y derechos sociales.
La Unión vuelve a caminar otra vez después de la parálisis en la que se ha visto sumida los últimos meses y aleja el peligro de que se reabra la controversia interna sobre el Tratado en los países que ya lo ratificaron y en los que se encuentran en vías de hacerlo, como Reino Unido, República Checa y Polonia. A principios de 2010 es probable que el citado Tratado, que modifica los de Maastricht y la Comunidad Europea, entre en vigor y, a pesar de que no solucionará de la noche a la mañana las múltiples carencias del proyecto europeo que nunca nos cansaremos de denunciar, Europa será más ágil y clarificadora en su funcionamiento, más democrática, más fuerte, más resolutiva y más transparente. Esto será una realidad y el texto comunitario así lo cristaliza cuando concede mucho mayor protagonismo y peso al Parlamento europeo; cuando ajusta el voto por mayoría cualificada, evitando que los países pequeños puedan bloquear una decisión comunitaria del conjunto; cuando señala que se sustituirá la presidencia semestral de la UE de un Estado miembro, que a España le corresponde desde enero del año próximo, por la presidencia del Consejo Europeo durante dos años y medio; cuando remarca la necesidad de elegir un presidente que lidere el proyecto europeo; cuando robustece y refuerza la personalidad jurídica de la Unión para firmar acuerdos internacionales, y, sobre todo, cuando haga posible que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión adquiera valor vinculante desde el punto de vista jurídico.

Los indiscutibles avances de la UE en los últimos años no han conseguido aún solucionar las numerosas cuestiones que dificultan y traban la realización de los ideales de un proyecto europeo que está muy lejos de consolidarse y que todavía corre el riesgo de fracasar estrepitosa e irremediablemente. Muchas y poderosas fuerzas internas en los diferentes Estados miembros (en unos más que en otros) conspiran un día sí y otro también para socavar los cimientos comunitarios. Para evitar que puedan conseguirlo, los ciudadanos europeos y nuestros representantes políticos, convencidos de la trascendencia que para unos y otros tiene la Unión, deberemos ser capaces de solucionar los múltiples problemas que retrasan la consolidación definitiva del mayor sueño transnacional de la Historia.

Superar la falta de unidad general en los grandes valores compartidos, el individualismo ciudadano y estatal, la baja participación democrática y el escaso nivel de conciencia política comunitaria; reconocer de donde venimos y por qué somos como somos después de seguir una dolorosa ruta histórica llena de obstáculos, masacres e injusticias; reivindicar la tradición cultural judeo-cristiana, el Derecho romano, el humanismo, la doctrina constitucionalista e internacionalista europea, etcétera, que tanto han coadyuvado a la creación de la civilidad europea; participar en el proyecto europeo sobreponiéndonos a la desinformación que, en numerosas ocasiones, los medios de comunicación en general realizan con respecto a los ciudadanos cuando se alinean con las críticas desmedidas de unos Estados contra otros que sólo generan resentimiento y rechazo; sobreponerse a las manipulaciones constantes que se ciernen sobre nosotros en cuestiones como la inmigración, las minorías, los derechos sociales o la diversidad lingüística; presionar a los partidos políticos que en lugar de fomentar el crecimiento de los valores compartidos se limitan a trabajar habitualmente por sus intereses y los de sus dirigentes; etcétera, son sólo una muestra de lo mucho que aún queda por realizar.

Recién pasada la tormenta irlandesa, debemos recuperar la idea de una Europa ideada y pensada como un todo con un claro modelo de integración política y con una idea diáfana del papel que quiere desempeñar en el mundo. Un Parlamento activo, equiparable al menos a la Comisión y al Consejo, defensor de los principios y derechos fundamentales de la construcción europea, de los valores de la solidaridad, la libertad, el imperio de la ley y el bien común, y árbitro conciliador de la igualdad de derechos y oportunidades con las necesarias obligaciones e intereses de Europa en el mundo, está mucho más cerca de ser una realidad.

Cuando desde ámbitos contrarios al Tratado, y a la propia Unión, se aboga por crear una Europa más justa, comprometida con la paz, el medio ambiente y los derechos humanos, no podemos dejar de adherirnos a unos deseos tan loables. Cuando desde los mismos círculos se apela a una ciudadanía cívica y racional que no debe conformarse con el Tratado, también nos sumamos a la proclama. Lo que no nos gusta tanto es que se identifique con ambas posturas a las fuerzas contrarias a la Unión y a aquellas que plantean lo ya citado fuera del proyecto común europeo. Consideramos, humildemente, que la única forma de solucionar las carencias del mismo es apoyando su consolidación, incluso bajo muchos parámetros nocivos y perniciosos que desde dentro se deben eliminar, y fomentando su desarrollo. Por eso nos alegramos del resultado irlandés, por eso tememos las maniobras de los que todavía deben apoyar el Tratado y por eso insistimos en la necesidad de que quiénes no crean en el sueño europeo se aparten del mismo.

En Praga, escasos días antes de que el pueblo irlandés se pronunciara favorablemente sobre el Tratado de Lisboa, 17 senadores, de derechas y partidarios del presidente de la República Checa, Václav Klaus, presentaron un recurso de inconstitucionalidad sobre ese mismo texto. El resultado se sustanciará entre bastidores, no ante los ojos del público ni del Parlamento. El Tribunal Supremo decidirá si el Tratado de Lisboa es compatible con la soberanía checa. Los telegramas de las embajadas y de los corresponsales en Praga van a leerse con mayor atención de la habitual en el resto de las capitales europeas y en muchas de fuera de Europa. Si el Tribunal checo tumba el Tratado, no entrará en vigor.

Si el asunto checo se demorase lo suficiente, el líder conservador británico David Cameron -que ha estado en contacto con Klaus- podría haberse convertido ya en primer ministro y estaría en condiciones de convocar su anunciado referéndum. Dejemos de lado el “pequeño detalle” de que el Reino Unido ya ha ratificado el Tratado de Lisboa. No hay situación mala que no sea susceptible de empeorar.

Hace tiempo que en Europa se reflexiona sobre la cuestión. Se han identificado tres estrategias. Dos son obvias; una tercera, menos. La primera es no hacer nada y dejar que en los misterios de los despachos del Tribunal Supremo checo el expediente siga su curso. La segunda hacer algo:resulta inverosímil que Václav Klaus pueda resistir las presiones que podrían ejercerse sobre él. Y hay en preparación una batería de actuaciones posibles, más o menos discretas.

La tercera tiene rasgos de los que las anteriores carecen. Saldría a la calle, sería conocida. No hace el juego a las maniobras que se resuelven a puerta cerrada, que es lo que busca Václav Klaus. Y aplica a rajatabla los dos principios fundamentales para el funcionamiento de la Unión Europea: atenerse al pie de la letra a la legalidad vigente y respetar los compromisos políticos públicos aceptados por la República Checa. Pondría a prueba la voluntad de liderazgo en las instituciones.

La maniobra checa se produce afortunadamente en un momento óptimo. La nueva Comisión Europea está por constituirse. Si se forma bajo los criterios del vigente Tratado de Niza estará compuesta por un número inferior a 27 comisarios. Si lo es bajo el Tratado de Lisboa, revisado, la compondrán 27 miembros. Al menos un país quedará fuera. No puede ser Irlanda. Pero sí la República Checa. Ya se ha insinuado públicamente.

La futura Comisión debe abordar importantes asuntos. Uno es primordial: la preparación de las próximas perspectivas financieras. Ningún Estado puede permitirse el lujo de no tener voz en la Comisión. Es difícil no pensar que el Gobierno checo pondría en marcha todos los medios a su disposición para evitar tan catastrófica situación.

El presidente Klaus ha creado un problema para todos los checos. Es justo que sean ellos quienes aporten la solución con arreglo a las reglas de la democracia checa, que prevén incluso la posibilidad de destitución en ciertos supuestos. Nadie desde el exterior puede hacer ese trabajo por ellos. ¿Y quién va a atreverse a influir desde fuera sobre un Tribunal Supremo?

Si el Tribunal falla contra los recurrentes, Klaus se verá políticamente desautorizado. Esto es importante por si aún quisiera retrasar la ratificación, por improbable que ello parezca. Si el Tratado de Lisboa entra en vigor, los checos tendrán su comisario. Los detalles técnicos no interesan aquí. Si el Supremo acepta el recurso, Lisboa se habrá perdido, con o sin comisario checo. A cada cual sus responsabilidades.

En esta perspectiva es, pues, esencial que la Comisión se forme rápidamente. También que la opinión pública y el Parlamento Europeo entiendan los motivos de tal proceder. La tentación es acomodar al Parlamento y postergar la formación de la Comisión para cuando el Tratado de Lisboa entre en vigor. ¿En este año? ¿En algún momento del año que viene?

Ahora bien, lo que los 17 senadores checos han hecho es, pura y simplemente, un acto de agresión contra la Unión Europea. Y eso es también lo que tiene en mente el británico David Cameron. Existe el derecho y el deber de defenderse. La UE aparece ante el exterior con harta frecuencia como un tigre de papel. Sería lamentable que también apareciera como temerosa de arreglar a la luz del día los asuntos esenciales de su propia casa. Intensificaría la curiosa estrategia de un sector tory.

Incluso si al Tribunal Supremo checo no le gusta el Tratado de Lisboa, lo mejor que puede hacer es abrir la puerta para que Václav Klaus lo ratifique. Es el único que prevé la posibilidad de separación de la Unión. Así quedaría expedito el camino para que la totalidad del pueblo checo aborde las dos cuestiones esenciales. ¿Podría la República Checa vivir sin la Unión Europea? ¿En qué medida encarnan Václav Klaus y sus hombres el interés nacional? Lo demás es ofuscación y genera indignación en un país que en su momento protagonizó la Primavera de Praga.

Sí, ha leído bien: interdependencia. Porque eso es lo que acaba de declarar Europa al quedar despejado el camino para la entrada en vigor del Tratado de Lisboa tras el voto afirmativo de los irlandeses en segunda convocatoria. Decidida de nuevo a dejar una impronta nunca recorrida en la historia, Europa, a diferencia de Estados Unidos en 1776 y de tantos países en los siglos XIX y XX, no ha declarado la independencia, sino la voluntad de recorrer unida el futuro.

Alguien podría afirmar que eso ya lo había hecho con los tratados de Roma, Maastricht, Ámsterdam o Niza. Claro que sí, pero no con la fuerza constitucional, casi fundante, que encierra el de Lisboa. ¿Por qué? La razón es sencilla: el Tratado de Lisboa se parece tanto a la Constitución Europea elaborada en la Convención, que ha heredado de ella los elementos esenciales (principios, valores, objetivos y derechos) que definen por primera vez en la norma fundamental de la Unión el modelo europeo: una democracia supranacional (la primera en el devenir de las construcciones políticas) basada en el Estado de derecho y en la economía social de mercado. Negro sobre blanco.

Antes de esa Constitución o de su herencia -Lisboa- sabíamos por y para qué estábamos juntos, construyendo sucesivamente una unión aduanera, una zona de libre cambio, un mercado interior y, en fin, una moneda única, cada vez con más elementos de política exterior e interior comunes. Pero ni lo habíamos escrito, ni votado ni, en consecuencia, declarado formalmente.

Ahora lo hemos hecho, poniendo en un Tratado, más allá de la mera suma de factores nacionales, el máximo común denominador de 27 países dispuestos a ser más en los próximos años. De la mano de esa interdependencia, Lisboa va a llevarnos a una Unión Europea más democrática y eficaz.

Con él se crearán nuevas figuras institucionales -como el presidente estable del Consejo Europeo o un “ministro de Asuntos Exteriores” que, al margen de su título oficial, el común de los mortales terminará llamando de esa manera. Más importante que lo anterior: con el nuevo tratado, la Unión Europea tendrá más competencias (por ejemplo, en energía y cambio climático, ¡ahí es nada!), tomará muchas más decisiones por mayoría -en detrimento de la desesperante unanimidad- y adoptará casi toda la legislación, incluido el presupuesto, de forma bicameral por un Consejo formado por los Gobiernos y un Parlamento Europeo elegido directamente en las urnas.

Y aún más relevante que todo lo dicho: la ciudadanía europea pasará de ser una bella noción dotada de ligero contenido a ser sujeto de unos derechos hasta ahora nunca enunciados en el nivel de la Unión, gracias a una Carta de Derechos Fundamentales jurídicamente vinculante.

Habrá en Europa y fuera de ella quien no celebre la entrada en vigor del Tratado de Lisboa -como tampoco lo hizo con la elaboración de la Constitución- porque lo considere el paso hacia un federalismo que atenta contra la inmutable permanencia de los Estados nacionales que componen la Unión. Estará en su derecho. Pero, con toda seguridad, las grandes mayorías empezarán a notar el cambio para bien que implica Lisboa más pronto que tarde.

Todavía más en una época de crisis económica y financiera de la que sólo puede salirse reforzando el modelo social europeo inscrito en el Tratado, cuando los nuevos interlocutores de Europa (empezando por Obama) necesitan para combatir el cambio climático o solucionar conflictos una UE auténtico actor global gracias a los instrumentos de Lisboa, o cuando la gente demanda mecanismos de democracia participativa como la Iniciativa Ciudadana incluida en la nueva norma comunitaria, que permitirá a un millón de europeos instar a la Comisión a presentar un proyecto de ley.

A España le tocará desarrollar Lisboa cuando ejerza la Presidencia de la UE en el primer semestre de 2010, liderando el inicio de una nueva Europa. Es una coincidencia de calendario que, sin embargo, hace justicia a nuestro país e interesa a la Unión.

Hace justicia porque, sin el referéndum sobre la Constitución Europea convocado por el Gobierno de Zapatero en 2005 -en el que los electores respaldaron un texto desbloqueado por el mismo presidente al llegar a La Moncloa-, el proceso que ha desembocado en el Tratado de Lisboa habría embarrancado sin remedio: nuestro sí fue un argumento clave para seguir adelante tras el no en Francia y Holanda.

E interesa a Europa porque una aplicación ambiciosa del Tratado tendrá su mejor impulsor en un país netamente proeuropeo como España, encabezado por un Gobierno europeísta que cuenta con un amplio consenso político y social para esa tarea.

Lisboa no es el fin de la historia en la construcción europea. De hecho, habrá que seguir profundizándola en el futuro (pienso, por ejemplo, en un Gobierno económico y social que cuente con un Tesoro comunitario) hasta conseguir la plena unión política.

Pero, de momento, con el nuevo Tratado la Unión Europea -ya con personalidad jurídica propia- ofrecerá, entre otras cosas, un teléfono al que llamar y, sobre todo, un alma. Interdependiente, por supuesto.

Y ya es bastante para los tiempos que corren.

Tras el sí de Irlanda en el referéndum del pasado viernes, el Tratado de Lisboa -fruto del lavado y centrifugado del fallido Tratado Constitucional europeo- abandona la vía muerta y emprende su programado trayecto. El resultado, después del triunfo del no de hace poco más de un año, ha sido contundente: un 67% de votos a favor del sí.

Cierto es que no son los ciudadanos irlandeses los únicos que lo retenían; una batalla jurídica de altos vuelos marcada por el activismo judicial de la Corte Constitucional alemana ha animado el debate sobre los límites de las reformas y la consistencia de nuestros estados en el marco de una organización que ha venido, hasta ahora, demandando más y más atribuciones del ejercicio de competencias soberanas. Y tras la adhesión de los irlandeses, aún falta que rubriquen el Tratado el presidente de Polonia y el presidente de la República Checa: los parlamentos de ambos países ya han ratifacado el texto, pero sus jefes de Estado se resisten.

El Tratado de Lisboa, redactado al modo tradicional -abandonando experimentos inútiles y dañinos-, devuelve el tren europeo a sus raíles. El texto incluye modificaciones a los vigentes Tratados de la UE y de la CE, hasta el punto de hacer desaparecer el nombre de Comunidad Europea y su subjetividad diferenciada, pasando a titularse Tratado de funcionamiento de la UE. La Unión Europea existente sustituye en la personalidad internacional y sucede en derechos y obligaciones a la Comunidad Europea, que desaparecerá en pocas semanas.

Previsiblemente, el Tratado podría entrar en vigor en noviembre de este mismo año, con lo que se salvaría el embrollo que se produciría si no lo estuviera para la toma de posesión de la nueva Comisión Europea. De hecho, la infausta reelección de su presidente, José Manuel Durao Barroso, se tendría que haber producido el pasado julio y, sin embargo, se ha retrasado hasta hace sólo unos días, para que así se conozca ya el resultado del referéndum irlandés cuando haya que escoger a los 25+1 integrantes que conformarán su Ejecutivo, ya que un resultado negativo en Dublín hubiera conllevado tener que ejecutar la decisión vigente de reducir el número de comisarios respecto del número de estados (27) miembros de la Unión.

Pero con Lisboa en vigor en fechas próximas, esa angustia desaparece, ya que hasta 2014 (fecha de las siguientes elecciones al Parlamento Europeo y, por lo tanto, de la formación de la nueva Comisión europea, que nace siempre tras esos comicios) no habrá que reducir el número de comisarios en un tercio previsto, si bien cabe el que finalmente no se reduzca si se toma la decisión -por unanimidad- de revisar la composición de la Comisión.

El buen entendimiento entre Francia y Alemania en 2006 y 2007, junto a múltiples negociaciones bilaterales, permitió en el semestre alemán de Presidencia dejar pactado el Tratado mediante un detallado Mandato que rescataba los elementos valiosos del pecio constitucional hundido para llevarlos al tren convencional que se cerró, ya bajo Presidencia portuguesa, en Lisboa. Existe un amplio consenso sobre el papel decisivo que cobró la seriedad y discreción de la canciller Angela Merkel. Como se dice entre los jóvenes, los europeos «le debemos una» a la canciller alemana.

El Tratado de Lisboa aporta avances de gran importancia, como la personalidad única de la Unión -que facilitará su acción internacional y su visibilidad- y la fusión de la Unión Europea con la Comunidad Europea, con la subsiguiente eliminación de la estructura de pilares, algo que será muy positivo, pues una de las razones de la complejidad de los Tratados procede de la arquitectura internacional de la UE, por la dualidad de la Unión y de la Comunidad así como la estructura en pilares. La delimitación de competencias puede contribuir a clarificar entre los políticos y los medios de comunicación quién hace qué, ya sea la UE, ya sean sus estados miembros, ya sean las regiones de éstos. Sin duda, es fundamental que cada cual asuma sus responsabilidades.

Asimismo, el Tratado admite la iniciativa popular para movilizar a la Comisión, introduce el mecanismo de alerta temprana de participación de los parlamentos nacionales y reconoce la fuerza obligatoria de la Carta de los Derechos Fundamentales de Niza, aunque permitiendo las llamadas excepciones polaca y británica. Estas tres novedades pueden propiciar un mayor interés social por la integración y favorecer el debate público.

Es evidente que este proceso de integración, que nació bajo el impulso y la fuerza del apoyo ciudadano, no tiene desde hace años aliento popular, aunque ahora, claro, tampoco necesite expresarse de la misma forma que tras la Segunda Guerra Mundial. Con todo, la falta de sintonía entre ciudadanos y proceso de integración es una realidad; hay un cierto desapego acerca del rumbo y contenido de las políticas europeas. Claro que la opinión pública muestra una posición de indiferencia e impotencia no menor respecto la política interna de cada país.

La eficacia de la Unión puede mejorar con la ampliación de la mayoría cualificada para la toma de decisiones en numerosos ámbitos. Y también la creación de una Presidencia estable y fuerte de Consejo Europeo nos hará más eficaces, poniendo fin al sistema de rotación semestral en esa institución, con lo que asegurará coherencia, visibilidad y continuidad.

Claro que ello le aguará la fiesta al Gobierno, ya que España ocupa a partir del 1 de enero próximo el semestre de Presidencia europea, lo que ha sido anunciado por una destacada vocera socialista como «el mayor acontecimiento planetario» y «una esperanza para muchos seres humanos». Si para el 1 de enero se ha elegido a ese presidente de la UE, muchos ministros españoles tendrán reuniones que dirigir, pero ni Zapatero podrá presidir ya el Consejo Europeo ni Moratinos, el Consejo de Asuntos Exteriores.

Otras novedades que aporta el Tratado de Lisboa son la capacidad del Parlamento para decidir sobre la totalidad del presupuesto, o la cláusula de solidaridad y las cooperaciones estructuradas en Seguridad y Defensa. Del conjunto de reformas institucionales, sin entrar en detalles, se deduce el reforzamiento intergubernamental, lo que se traduce en una realidad de hecho desde la gran ampliación que ya ha incidido en su dinámica. La eliminación de la parafernalia constitucionalista deja al desnudo lo que realmente suponía aquella reforma: máximo control por parte de los estados y reforzamiento de éstos en el sistema institucional. Pero también la mayor democratización y eficacia del sistema institucional (más materias a decidir por mayoría cualificada y en codecisión con el Parlamento Europeo) es el contrapunto que permitirá nuevos equilibrios y nuevas dinámicas en la Unión.

EL INICIO de la ruta del Tratado de Lisboa conllevará una actividad de vértigo en la Unión y en los estados que van a gestionar la Presidencia rotatoria del Consejo de Ministros. Una de las primeras medidas que corresponderá a la actual Presidencia sueca será la notificación a los terceros estados y a las organizaciones internacionales de la sucesión o sustitución legal de la Comunidad por la Unión. Y, a continuación, el nombramiento del presidente del Consejo Europeo. Y, además de su nombramiento, habrá que ir barajando los nombres de otros cargos, como el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, que simultaneará esa cartera con la vicepresidencia de la UE.

El presidente de la Comisión, el portugués Durao Barroso, presentará formalmente la lista oficial de su colegio de 25+1 (el Alto Representante) tras la entrada en vigor (de otro modo no podrían ser 27). El relieve que está teniendo estos días es fugaz, ya que el declive del presidente de la Comisión será visible al tener que competir con el presidente permanente del Consejo Europeo y su vicepresidente, quien recibirá instrucciones de los estados y del Consejo Europeo, sin guardar el deber de independencia de todo comisario. Otros nombramientos y aprobación en cascada de nuevos reglamentos del Consejo, de la Comisión y del Parlamento se multiplicarán tras la entrada en vigor del Tratado, así como decenas de normas de aplicación de los preceptos reformados.

Toda la maquinaria estaba preparada esperando la fumata blanca de la católica Irlanda. Claro que las medidas inmediatas a adoptar a lo largo de noviembre y diciembre por Suecia no agotarán el protagonismo de España en su semestre. Nuestro país tendrá mucho que hacer en el rodaje del nuevo texto, y su Presidencia será decisiva para que se encarrilen las innumerables reformas del tren de Lisboa. Ya habrá ocasión de comentarlas cuando llegue el acontecimiento que esperaron los siglos y que se produce automáticamente cada no muchos años.

Lo que ahora importa es que el referéndum irlandés pone fin a la pesadilla constitucionalista y a las incertidumbres sobre la evolución del sistema de integración. Gracias, Irlanda.

El presidente checo, Václav Klaus, 68 años, se formó en Praga y amplió luego sus estudios de economía en la universidad de Cornell, Nueva York. Trabajó desde 1971 a 1986, 15 años, repetimos, 15 años, en el Banco de Checoslovaquia. No se tiene noticia de que fuera molestado por el poder soviético, lo que da idea del sentido de la flexibilidad que bañaba el alma de este adaptable gestor. La vinculación actual entre Klaus y los hombres de Cheney es manifiesta. Tiene, naturalmente, pleno derecho a apuntarse a la secta que le guste más. Pero este colaborador asiduo del Cato Journal no debe disfrazarse de probo mandatario mientras se atiene cada día a las instrucciones recibidas del otro lado del mar.

Klaus sufrió una suerte de insuficiencia cardíaca en la noche del 4 al 5 de noviembre, al resultar elegido Barack Obama. La estrella de Obama comienza, sin embargo, a declinar (ojo, puede subir pronto, prepárense). En todo caso Klaus parece decidido a parar y derribar del caballo al tratado de Lisboa. Europa es una creación tan única, tan estrambótica, que permite a un tipo sin título alguno, cuyo parlamento ha autorizado el tratado, a ponerle una bomba bajo el caballo. Europa es el respeto a la ley, a la aplicación de la norma. Países más prácticos hubieran solucionado el problema tiempo ha, por medios expeditivos… Pero la Unión Europea no hace esas cosas. Permite que la suerte de 500 millones de ciudadanos dependa primero de tres millones de insulares, después del humor de un insufrible, pesadísimo señor. Europa cumple la norma, aplica la ley. Esa es, perdonen, su rara especificidad, su calidad.
Los hombres de Cheney sonríen. Pero saben que son una fracción de-la-derecha-de-la-derecha americana. Han mandado pero ya no mandan. Lech Kazczynsky, presidente de Polonia, único que quedaba con Klaus, se dispone a firmar. Polonia había aprobado el tratado pero su presidente arrastraba los pies. Tras el voto de Dublín, ya no los arrastra. A veces, la torpeza de un recalcitrante es ilimitada. El amor infinito de Klaus a sí mismo, su ego verdaderamente loco, hacen lo demás.

Europa es esperada en la mesa en la que se toman las decisiones. Dos gigantes, Estados Unidos y China. Cuatro semigigantes, Japón e India, detrás Rusia y Brasil. La Unión Europea ha estado ausente. Casualmente estos ocho años. Gracias al Tratado de Lisboa podrá llegar.

Con el tratado en marcha, habrá un presidente del Consejo Europeo nombrado para cinco años (dos y medio, reelegible por otros dos y medio). El Consejo es el órgano máximo de la Unión junto al Parlamento Europeo (mandato de los parlamentarios, también de cinco años). Un cargo clave, el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: un verdadero ministro. Durante 10 años, un español sumamente capaz, Javier Solana, ha mantenido esas dos carteras (Exterior y Seguridad) dotándolas de vida y contenido. Es necesario que Europa acierte en esos dos nombramientos. No a Tony Blair, sin duda el peor.

En la mesa de los siete, Europa representará prioritariamente unos valores: defensa de la paz, rule of law, derechos humanos, sistema democrático, economía de mercado vigilada muy de cerca por el Estado… América cree en esos valores, pero ella es el gendarme, está ahí para aplicar a todos, empezando por sí misma, unas reglas de gobernanza global. Si Europa despierta, será para levantar esa bandera: un sistema basado en reglas. Reglas que se cumplen siempre. O casi. Cuando no se cumplen, las cosas giran hacia el caos.

El segundo punto es la búsqueda de la paz por medio de acciones precisas. Más de diez despliegues europeos se mantienen hoy, desde Afganistán a los Balcanes a Líbano. Al margen del tratado, Solana ha puesta en marcha la Agencia Europea de Defensa, responsable de movilizar las capacidades y desarrollar la base industrial y tecnológica de la defensa, también de la seguridad.

Nada de esto podrá realizarse sin acuerdo con Estados Unidos. Europa ha de estructurar su capacidad militar y conseguir la interoperabilidad de sus fuerzas. Ese lento camino no puede intentarse al margen de la potencia hegemónica, su aliada. Un solo dato: el gasto de la OTAN asciende al 75 por cien del gasto de defensa mundial. Los BRIC, Brasil, Rusia, India, China, representan el 15 por cien. La UE no llega al 18. Estados Unidos pasa del 47.
Europa cuenta con dos potencias nucleares medianas. Existen oficialmente otras tres, Estados Unidos, Rusia y China, aunque se admita, de hecho, que India, Israel y Paquistán estén ahí. Europa será aún la aliada fiel de Estados Unidos durante 80 o 100 años (no hay fidelidad si no es de doble dirección). Posiblemente China se mantenga durante ese plazo como potencia de segundo nivel. Las grandes líneas estratégicas tardan tiempo en cambiar. Antony Beevor explicaba una excepción: en 1917, Estados Unidos enviaba una fuerza expedicionaria a Europa, para luchar contra los imperios centrales. Fue pertrechada con armamento francés y británico. Veintitantos años después, la América de Franklin Roosevelt entregaba a la US Navy un buque al día, mientras que 350 aviones nuevos salían cada semana de Boeing y sus semejantes. En 1938 Estados Unidos asignaba el 2 por cien de su PIB a defensa; en vísperas de Normandía, 1944, pasaba al 40 por cien.

Si los europeos son capaces de hacer volar en 2010 su gran avión de transporte, A400M, la señal será captada por el mundo. Este avión-símbolo garantizaría a Europa la capacidad de despliegue que no tiene. El fabricante del avión, Airbus Military, filial de EADS, tiene a su cabeza a otro español, Domingo Ureña. El A400M situaría en Kabul, en poco más de 48 horas, dos divisiones, soldados franceses, británicos, alemanes, italianos, españoles… Si Europa no emite esa señal correrá el riesgo de ser desbordada por sus rivales. No puede perder ese tren.

Hay una tercera cuestión, también dependiente del tratado. De la durísima crisis no se saldrá sin instituciones reforzadas, en algunos casos nuevas. Un grito, como el de Antígona, cruza el planeta. ¡Ah, mercado, qué crímenes terribles se cometen en tu nombre! Mas de un 14 por cien de la riqueza del mundo, de su PIB anual, 75.000.000 millones de dólares, se esconde en lugares ignotos, Gibraltar, Islas Caimán… Son paraísos fuera de la ley. En junio de 2009 había 1.416 millones de habitantes en el mundo con menos de 1.5 dólares diarios para la totalidad de sus necesidades, datos de NN UU. La regulación del sistema financiero -efectiva, fechada-. puesta en marcha el mes pasado en Pittsburgh, será esta vez real, parece ser.

Aquí aparece una decisiva institución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde los años 1950, la Europa engolfada en sus comodidades, en sus flaquezas y miserias, se ha formado sobre una base que antes o después se dejará ver. Unión siempre en movimiento, nunca concluida, fundada en el Derecho. Esa es quizá la cara mejor de Europa.
Así es como en este círculo, la vida del tratado de Lisboa, por fin a salvo, los hilos se trenzan y se vuelven a trenzar: Váklav Klaus, el A400M, el estado de derecho, la guerra y la paz…

El clima que envuelve el segundo referendo sobre el Tratado de Lisboa, que se votará hoy en la verde república, parece salido del reparto de una comedia irlandesa clásica, hecha de ingenio, chismorreo, sátira, peleas domésticas y orgullo familiar. Los europeos miran ansiosos a los irlandeses, y los irlandeses ven la televisión con una pinta de Guinness al alcance de la mano, pendientes de las reformas económicas que se avecinan y que bucearán más, si cabe, en sus esquilmados bolsillos.

El futuro del taoiseach (primer ministro), Brian Cowen, y de su Gobierno de coalición pende de tres delgados hilos: el referendo de hoy, una reforma legal para controlar los activos tóxicos de los bancos y los austeros presupuestos que debe aprobar el Parlamento en diciembre, con nuevos impuestos y recortes en el gasto público para afrontar la profunda crisis fiscal. Si fracasa en alguno de estos puntos de la agenda, la confianza internacional en la recuperación de Irlanda sufrirá un serio revés, y el país se verá forzado a ir a unas elecciones legislativas que, con toda probabilidad, perdería el Fianna Fail, partido que lidera Cowen. Desde que Irlanda consiguió zafarse de la tutela británica, en 1921, el actual Gobierno marcha en cabeza de la impopularidad. La economía se encuentra sumida en una profunda recesión y el desempleo alcanza ya el 12%. El Fondo Monetario Internacional estima que, para finales del 2010, el producto interior bruto caerá un 13,5%, uno de los peores desplomes en un país de los que forman parte del club de las economías ricas.

Los observadores coinciden en que, de los tres objetivos mencionados, la aprobación del referendo debería ser el más fácil de conseguir, pese al rechazo que obtuvo el año pasado. La campaña del Fianna Fail We’re stronger with Europe (Somos más fuertes con Europa), o Yes, for Ireland’s future (Sí, por el futuro de Irlanda) no ha calado tanto entre los jóvenes y su partido abstencionista (los llamados «ateos del voto»), al que todavía se le atribuye un 20% junto con los pacifistas y los ultraconservadores, ni en las comunidades pesqueras, que ven cómo su industria adelgaza desde que las potentes flotas española y portuguesa ingresaron en la Unión Europea.

Con todo, parece que la campaña afirmativa está ganando posibilistas. El Gobierno irlandés y los principales partidos de la oposición han formado un frente común y, según los últimos sondeos, la consulta será aprobada por más del 45% del censo de electores. El cambio en el estado de ánimo de los votantes se atribuye a las garantías jurídicas exigidas por Dublín a sus socios europeos en el sentido de que la firma del tratado no alterará las leyes irlandesas que prohíben el aborto y tampoco interferirá en su neutralidad militar o en su sistema fiscal.

También cuenta con el compromiso de nombrar a su comisario en Bruselas, lo mismo que los restantes estados miembros, un protocolo especialmente importante para los países pequeños.

No solo políticos, también existen compromisos privados con el tratado, como los de Ryanair, la compañía aérea de bajo coste, que ha gastado medio millón de euros en la promoción del voto afirmativo. A su vez, Intel, el grupo electrónico estadounidense, ha aportado otros 200.000 euros a favor del yes. En sus motivaciones está que un nuevo fracaso en la consulta podría enfriar el ánimo inversor y agravar la crisis.

¿Qué ocurrirá si los augurios optimistas naufragan y el tratado es rechazado? Un imaginario de escalofrío que nadie se quiere plantear, puesto que los 27 países miembros de la Unión Europea no cuentan con un plan alternativo. La UE se quedaría con el Tratado de Niza como instrumento básico y con tremendas dificultades de gestión, lo que probablemente abocaría a una nueva crisis política como la provocada por el rechazo de la Constitución Europea. El no irlandés bloquearía futuras ampliaciones de la UE, además de echar por tierra la reputación del país como uno de los más entusiastas del club europeo y también uno de sus mayores beneficiarios. El no irlandés llevaría, con toda probabilidad, a la conclusión de que abrir una nueva ronda de conversaciones constitucionales conduciría a peores resultados que los anteriores. Sobre todo, una UE sin el espíritu de Lisboa acarrearía a los ojos del mundo entero el estigma del fracaso y la pérdida para Europa de su credibilidad global, lo que dejaría las manos libres a Estados Unidos y China para tomar decisiones sin contar con ella.

Además, los valores y principios que siempre han emanado de la comunidad europea se volverían opacos, y sus objetivos, imprecisos. La Carta de Derechos Fundamentales quedaría reducida a un simple código de conducta, y la UE no estaría capacitada para firmar la histórica Convención de Derechos Humanos.

Provocar o evitar este cúmulo de desgracias está en las manos, y en la intención de voto, de poco más de tres millones de irlandeses. Muchos de ellos no han leído el texto del tratado sobre el que deberán decidir hoy, pero el caso es, sin echarle mayor carga dramática, que este parque natural de Europa que es Irlanda se asemeja, hoy por hoy, a una mina a la deriva para la política europea. Como decía Pat Cox, ex presidente del Parlamento Europeo, «ha llegado la hora de la indecisión irrevocable».

Tomorrow Irish voters will be asked whether they want their parliament to change the constitution in order to allow for the ratification of the EU’s Lisbon treaty, the majority of those who voted having said no to the same question 15 months earlier. The Irish government’s decision to hold a second referendum has been criticised, particularly – but not only – by those opposed to the treaty, for not accepting that no means no.

Yet those in support of the treaty argued that its rejection by 53% of those who voted, was due to lack of knowledge about, or misunderstandings of, the treaty and its implications – in other words, in this case no didn’t mean “no”, it meant “don’t know”. As with all forms of voting behaviour, the referendum results only tell us how people voted, not the more interesting question of why they did so. But opinion polls following the referendum support the argument that many voted no because they were unfamiliar with it and did not want to vote for something they didn’t understand.

It is a persuasive argument – after all the government claimed this was the problem in June 2001 when the treaty of Nice was rejected by a referendum. In response to the “Nice I” referendum outcome Bertie Ahern (then the Taoiseach) established a National Forum on Europe, modelled on the Forum for Peace and Reconciliation. The forum continued its work after the second Nice referendum, and was widely praised for enriching the debate on Ireland in the EU, and for its non-partisan approach.

Governments often talk about the importance of having a broad public debate on European Union membership, but rarely has the rhetoric been accompanied by a concrete measure like the Irish national forum. Yet instead of reviving the debate in the forum following the rejection of the Lisbon treaty, Brian Cowen took the decision to close it (ostensibly for financial reasons) and to move the debate about Ireland and the EU back to the Oireachtas. This move was criticised by anti-Lisbon campaigners as a calculated strategy to strangle debate, as well as by supporters of the treaty who claimed it was a false economy and would be disastrous in the long-run.

The decision to close the forum certainly seems at odds with the argument that the original “no” to Lisbon was largely due to unfamiliarity with the treaty – surely this would make a non-partisan debate more important, not less important? Nevertheless, the closure of the forum hasn’t meant a shutting down of debate – if anything it’s been quite the opposite. Irish voters have been bombarded with messages from Sinn Féin and Libertas, urging voters to stand firm on their original answer, and from the government and all other major political parties claiming that a second no would be disastrous for Ireland.

Indeed, the confrontational, even aggressive nature of the debate has piqued the public interest, with salacious reports that Declan Ganley and Proinsias de Rossa almost ended up in a fist-fight after a radio debate got rather heated. The result is that the proportion of “don’t know” responses in opinion polls leading up to the referendum is substantially lower than during the first campaign, meaning that whatever the outcome of Friday’s vote it cannot be blamed on lack of information.

Perhaps then, the forum did its job and ran its course. Its discussions were rarely spectacular but neither were they about point scoring and obfuscation. They were, however, based on a recognition that the debate about the EU and Ireland’s place in it (or for that matter any other member state) was not and should not be solely a precursor to a vote. Its closure is a blow because citizens deserve to have access to an ongoing debate about the EU whether there’s a referendum or not, and because on Saturday even though voting on Lisbon in Ireland will be over, the debate won’t be.

El 2 de octubre, los votantes irlandeses acudirán por segunda vez a las urnas para decidir si aprueban el Tratado de Lisboa. En las capitales europeas cunde el nerviosismo a medida que se acerca el día de la votación: el futuro de la Unión Europea está de nuevo en manos de unos votantes imprevisibles. En dos de las tres últimas ocasiones en que se les ha pedido a los irlandeses que votaran sobre un tratado europeo, han rechazado la propuesta.

Para la UE lo que está en juego no puede ser más importante. El Tratado de Lisboa fue el compromiso alcanzado por los dirigentes de los países miembros a raíz del rechazo de la Constitución Europea en referendos populares celebrados en Francia y los Países Bajos en 2005. En las negociaciones sobre el Tratado de Lisboa se ha derramado mucha sangre, sudor y lágrimas, y su rechazo por segunda vez por los votantes irlandeses dejaría a la Unión en una situación de grave parálisis política y de deterioro institucional.

Durante la campaña actual para el referéndum de Irlanda ha habido un resurgimiento del conflicto entre una constelación ya conocida de fuerzas. En el bando del sí figuran todos los principales partidos políticos, los sindicatos, la comunidad empresarial y una amplia red de grupos de la sociedad civil. Su campaña ha estado mejor coordinada y ha sido más intensa que la última vez, con vistas a movilizar el máximo número de apoyos y lograr una gran participación de votantes, que, según la mayoría de los comentaristas, ayudaría al bando del sí.

En el bando del no figura una coalición dispar procedente tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, incluidos los ultracatólicos y los marxistas recalcitrantes, que ha intentado provocar histeria sobre supuestas amenazas que van desde el servicio militar hasta la eutanasia, pasando por el aborto. Pero ese bando parece carecer del dinamismo y del vigor de que dio muestras, y con éxito en las urnas, la vez anterior.

La razón principal del decaimiento de los euroescépticos es que Irlanda ha quedado traumatizada por la catástrofe económica sufrida durante el año pasado. La arrogancia de los años en que se hablaba del Tigre Celta es un recuerdo lejano, en vista de que la actual es la peor recesión de la historia de Irlanda como Estado independiente. Los economistas calculan que el crecimiento irlandés se contraerá hasta un 8% en 2009 y auguran que el año próximo habrá otra pronunciada reducción.

El déficit presupuestario de Irlanda es ahora el mayor de la Unión Europea y la deuda pública se ha disparado, pues el Gobierno se ha esforzado por compensar el pronunciado descenso de los ingresos. El sistema

bancario irlandés estuvo cerca del colapso total en septiembre de 2008 y sólo se salvó gracias a una garantía estatal de 400.000 millones de euros para todos los depósitos bancarios. En fecha más reciente, el Estado se hizo cargo de las responsabilidades de promotores inmobiliarios sin escrúpulos con la creación de un banco malo que podría hacer cargar a los contribuyentes irlandeses con una montaña de deuda durante los próximos decenios.

La intensidad del desplome de la economía ha ayudado al Gobierno irlandés en sus esfuerzos por conseguir el voto afirmativo. El Banco Central Europeo ha facilitado un salvavidas monetario que ha aportado una liquidez muy necesaria al sistema financiero y ha ayudado al Gobierno a contener la crisis de confianza creada por el desplome bancario. Los ministros del Gobierno y los representantes de la UE citan repetidas veces el ejemplo de Islandia, al señalar lo que le podría haber ocurrido a Irlanda si hubiese estado fuera de la UE.

Así, la segunda campaña para el referéndum ha hecho entrar en juego de nuevo la dimensión económica de la pertenencia de Irlanda a la UE, que estuvo en gran medida ausente del debate de 2008 sobre el Tratado. Irlanda se ha beneficiado desproporcionadamente de la generosidad de la UE durante sus 35 años de pertenencia a ella y en 2008 siguió recibiendo una suma neta de 500 millones con cargo al presupuesto de la Unión.

Cuando se recuerda a los votantes el posible coste catastrófico de quedar excluidos, y no ya sólo de la zona del Mercado Único, sino también de las estructuras de adopción de decisiones del Consejo de Ministros y del Banco Central Europeo, resulta claro lo que está en juego en el referéndum.

Además, el Gobierno irlandés ha obtenido garantías jurídicas de sus socios de la UE sobre las cuestiones que más preocupan a quienes votaron negativamente o se abstuvieron en el primer referéndum. Esos compromisos manifiestan que nada hay en los tratados que vaya a afectar a las prerrogativas irlandesas sobre el aborto, la neutralidad militar y la fiscalidad. El Gobierno ha conseguido también un acuerdo a escala de la UE por el cual, en lugar de reducir el tamaño de la Comisión Europea, se permitirá a Irlanda conservar un puesto permanente en la mesa de la Comisión. Ese éxito negociador ha brindado al Gobierno considerable margen de maniobra gracias al cual hacer una campaña más eficaz para el referéndum.

Esa combinación de garantías jurídicas y circunstancias económicas diferentes está contribuyendo a movilizar a una mayoría a favor del Tratado de Lisboa. Las encuestas de opinión hechas en las últimas semanas indican que el bando partidario del sí cuenta con una fuerte mayoría del 62% frente al 23%, mientras que los indecisos representan el 15% del electorado.

Pero el panorama dista de ser nítido. Las encuestas indican que los irlandeses son muy partidarios de la pertenencia a la UE y del proceso de integración. El problema estriba en que esas actitudes favorables varían considerablemente en intensidad y constituyen un bloque blando de apoyo a la UE; en el referéndum de 2008, ese bloque blando se desplomó en la semana final de la campaña.

Parece claro que un segundo rechazo del Tratado de Lisboa por el electorado irlandés hundiría a la Unión Europea en una nueva crisis y amenazaría con desbaratar los considerables beneficios en materia de legitimidad democrática y capacidad colectiva para la adopción de decisiones que se desprenden del nuevo Tratado. Todo indica que los votantes parecen ahora dispuestos a aprobar el Tratado, pero nadie debería dar por sentados los votos irlandeses en los últimos días de la campaña.

Mary Robinson, icono internacional en la defensa de los derechos humanos, recientemente condecorada por Obama con la Medalla de la Libertad, marcó un antes y un después en su país. Esta profesora de Derecho, miembro del Partido Laborista, de origen católico y casada con un protestante, fue la primera mujer en acceder a la presidencia de Irlanda en 1990. La independencia de Eire, el nombre de Irlanda en gaélico, en 1922, fue un largo sueño para muchos. Ya en el siglo XVIII, el protestante Wolfe Tone, uno de los padres del movimiento nacionalista, hablaba de romper con Inglaterra, «la causa eterna de nuestros problemas. Irlanda no será plenamente libre, próspera y feliz mientras no sea independiente». Pero con la independencia no se resolvieron todos los problemas; en realidad, se produjo un bajón económico, social y cultural que duró décadas. Hasta que en 1990 Robinson inauguró una era de éxitos que llegó a bautizar a Irlanda como el Tigre Celta. Y es que Irlanda puede ser, a veces, una tierra de contrastes. Después de siglos de pobreza e, incluso, de hambre, durante una década, entre 1995 y el 2005, llegó a ser la economía que más creció en el mundo occidental, hasta el índice de un 7% y un 8%.

Pasó a ser un país de recién llegados, cuando la emigración había caracterizado al país durante siglos. Las inversiones de multinacionales, principalmente norteamericanas, fueron decisivas en este cambio y también lo fue el boom de la construcción. Los países pequeños miraban a Irlanda como el modelo a imitar. Por si esto fuera poco, su éxito también fue político. En la época de Robinson se resolvió un problema de terrorismo endémico e Irlanda y Gran Bretaña se unieron para resolver las décadas de violencia y odio en el Ulster con el exitoso Acuerdo de Belfast en 1998 y el fin gradual de la violencia.
Mientras la situación en el norte de la isla se consolida políticamente, en cambio, la República pasa ahora por la peor crisis en el mundo desarrollado, en plena crisis global. La burbuja de la construcción ha estallado, las multinacionales están despidiendo a personal y los próximos cinco años se prevén verdaderamente difíciles. Irlanda ya no es la pequeña economía que ganaba a los gigantes. Los bancos habían corrido demasiados riesgos y, especialmente al final del boom de la construcción, se disparó su crecimiento económico en construcción y especulación de la propiedad. El primer ministro Bertie Ahern tuvo que dimitir, huyendo de acusaciones de corrupción, justo en el momento en el que la crisis empezaba y todos los problemas caían sobre el actual primer ministro, Brian Cowen, anterior responsable de economía y miembro del mítico Fianna Fail, partido fundado por De Valera, que ha mandado mayoritariamente en Irlanda. En este contexto, no es sorprendente que las encuestas muestren que el 85% de la población está insatisfecha con el Gobierno y que los rivales Fine Gael y laboristas vayan ganando terreno.
Ahora el Gobierno se ve obligado a aumentar las tasas, a rebajar el gasto público muy rápidamente y acaba de crear un organismo para pagar las deudas a los bancos. Se prevé que el paro llegue a un 15,5% en el 2010. Por otro lado, no podrá atraer una nueva oleada de inversión extranjera, ya que Irlanda es uno de los países más caros de la UE.
Al Gobierno le esperan tiempos difíciles con los sindicatos en los próximos recortes de sueldos públicos y de beneficios sociales a pensionistas y parados. El impacto en educación ya es impresionante. El editorial del prestigioso Irish Times denunciaba la escala de este impacto. Al menos 400 profesores serán despedidos, podrían ser miles, y se abolirán más de 100 clases para escolares con necesidades educativas especiales. Todos estos recortes en un país donde el gasto en educación es el segundo más bajo de la UE y con unas ratios de alumnos por profesor de las más elevadas.
El 2 de octubre, Irlanda celebrará el segundo referendo europeo, que es clave para el futuro de la UE. Los irlandeses rechazaron el Tratado de Lisboa, pero ahora probablemente lo aceptarán. Europa les ha resultado muy beneficiosa, no tanto por las ayudas que han recibido como por la importancia de formar parte de ella, porque eso ayudó a atraer multinacionales que vieron la isla como una buena base para exportar a Europa. «Un resultado negativo representaría una retirada espiritual de Europa y nuestro aislamiento económico», advierte el ministro de Economía, Brian Lenihan.

Además de una profunda crisis económica, no hay que menospreciar la profunda crisis religiosa por la que atraviesa el país. Después de los perversos escándalos sexuales en el seno de la Iglesia católica, que han estallado en estos últimos años y que afectaron a miles de personas durante décadas de fanatismo religioso, esta institución, primer signo de identidad irlandesa, pasa por las horas más bajas y ya se están empezando a escuchar replanteamientos profundos, que proyectan una nueva mirada a la historia. ¿Qué falló para que el país cometiera tantos errores tras la soñada liberación colonial?
Así pues, la isla de los santos y de los eruditos, como era conocida en época medieval, está viviendo un masivo cambio social, económico y de concepción propia, que quizá eliminará algunos santos, pero que hará bien en recuperar tantos sabios como pueda. Los va a necesitar para volver a impulsar el país hacia una buena dirección, pero con un impulso que, en esta ocasión, sea duradero.

Being Irish, it’s hard to imagine how it must appear to an outsider looking at our second referendum on the Lisbon treaty. At least somebody out there reading this must be jealous – we get to vote twice and you don’t get to vote at all. Perhaps the most interesting thing about our re-vote is the way in which it was regarded as a certainty after the original referendum. The votes were literally not counted before some Irish media personalities, and EU leaders, were speculating on a timeline for round two. You see, “no” results are never about the treaty. No. They are about domestic issues, or people are misinformed, or enemies of Europe have lied to the poor unsuspecting people. By contrast, “yes” votes are ringing endorsements of Brussels, based on informed, thoughtful analysis.

As such, we Irish behaved badly, and were therefore required as a matter of course to vote again. Nearly every EU leader agrees with this. Their own people must not vote, but the Irish must vote twice. It would be funny – a parody in fact – were it not real. It is what has become of the European Union, and it is the single most compelling reason to reject the treaty again.

Europe cannot go on like this. Opponents cannot continue to be treated as dissident enemies of the state (for a state is what this treaty creates) who must be undermined and smeared at every opportunity. I use my own experience not to beseech your pity in this regard, but as an example. In the last 18 months, as I tried to highlight these issues both in Ireland and around Europe, I have been attacked by EU leaders and officials variously as a CIA agent, a KGB asset, an MI5 plant, an agent of the neoconservative movement (the evils of whom are assumed in a Godwinesque fashion), a eurosceptic, a religious extremist and a neo-Nazi. I kid you not.

And what have we, the opponents of the treaty, been saying to merit this kind of attitude? Well, we think it’s anti-democratic. We think it sends more and more power to Brussels and sends nothing in the way of democratic accountability in the other direction. It creates a president, a job which is being fought over at this very moment in smoke-filled rooms around Europe without regard to the views of the citizenry. This person will be our spokesperson for years to come, and their views will largely determine the agenda, voice, and direction of an EU council that will be more powerful than ever. You and I have no say on who this will be. It creates a foreign minister in the same fashion. An EU diplomatic corps. It expands ever further the reach of the commission, that unelected bureau in whom is vested the sole power to initiate, conservatively, 60% of member state law. It vests in the European parliament the power only to amend or suggest certain approaches, and it continues the trend away from subsidiarity towards centralisation.

Our politicians love it. It’s easy to see why. Adam Smith’s invisible hand of profit guides their action, though in this case their profits are not directly financial. It is another step in the dramatisation of politics. Our leaders at home will continue to present themselves before us, but have fewer and fewer responsibilities. A single prime minister alone cannot be blamed for every irritating EU directive. Your local MP cannot take responsibility for decisions made in Brussels. Our leaders have a permanent pension home, and a chance to stride the world stage as leader of what would be the world’s second or third political power.

The Lisbon treaty makes politics easier for politicians, and makes political change harder to achieve for citizens. It locks in an economic approach as if history itself has ended. It locks in social legislation as if society has ceased to evolve. It treats the challenges of today as permanent, and ultimately, it redefines democracy as something Brussels aspires to, rather than something we all have a right to. Voting twice? If we say yes, voting once on anything may be a very rare privilege indeed.

We’ve been waiting and waiting, but the widely predicted European backlash — against capitalism, against free markets, against the right — has not come. There are no demands for Marxist revolution, no calls for nationalization of industry, not even a European campaign for what the Obama administration calls “stimulus” — a policy more colloquially known as “massive government spending.”

On the contrary: In last weekend’s European parliamentary elections, capitalism triumphed, at least in its mushy European form. Admittedly, these European polls are a peculiar species of election. Far fewer people vote in them than vote in national elections, and those who do cast ballots are far vaguer about what their deputies, once elected to the European legislature, actually do. The European parliament’s gradual accumulation of real power seems to have had no effect whatsoever on its popular image, which is still that of a do-nothing institution composed of clapped-out politicians who cost everybody a fortune in airplane tickets. As a result, fringe parties, including the so-called far right, always attract protest voters and do unusually well.

Nevertheless, European parliamentary elections provide the only cross-continental simultaneous political snapshot currently available. While national elections take place at different times and according to different rules, these most recent (and largest ever) European elections took place over a four-day period, according to the same rules, in 27 countries. This time around they told, with some exceptions, an unusually consistent story.

In France, Germany, Italy and Poland — four of Europe’s six largest countries — center-right governments got unexpectedly enthusiastic endorsements. In the two other large countries, Britain and Spain, left-wing ruling parties got hammered, as did socialists in Hungary, Austria and elsewhere. In some places the results were stark indeed: In London last weekend, I could hardly walk down the street without being assaulted by screaming newspaper headlines, all declaring the Labor government of Gordon Brown weak, corrupt, tired, arrogant and, yes, very unpopular. In some constituencies, European candidates of the ruling Labor Party finished behind fringe parties that normally don’t get noticed at all. So rapidly are British ministers resigning from the cabinet that it’s hard to keep track of them (four in the past week — I think).

But how is it possible that the European right is doing so well — and so much better than its American counterparts — during what is widely described as a crisis of global capitalism? At least in part, the Europeans are winning because their leaders have the courage of their economic convictions. While the European continental welfare states have certainly kicked into high gear over the past six months, there are few equivalents of either George W. Bush’s budget deficits or Barack Obama’s spending binge. And where there have been — in Britain, for example — the high spending has hardly bought popularity. The theoretical version of this Euro-American policy gap is the recent public spat between the economic historian Niall Ferguson and the economist Paul Krugman, both of whom are at least as well known for their newspaper polemics as for their academic writing. Very crudely, Ferguson and the German government think massive deficits and government borrowing will lead to inflation and ultimately the collapse of the currency. Equally crudely, Krugman and the American administration think he’s wrong.

For the record, Ferguson is, at least by origin, a British Tory. For the record, there aren’t any American Republican polemicists making the same arguments in quite as public a way. With a few exceptions, the American center-right’s loudest and most articulate voices have been focused almost exclusively on national security for the better part of the past decade. Lip service was paid to “small government” and “reduced spending” while successive Republican-led Congresses, hand in hand with a Republican White House, enlarged government and spent like crazy. How can they now criticize Obama’s possibly lethal budget deficits when their own were so vast, so recently?

None of this is to say that any of Europe’s conservatives would necessarily go down well in the United States (picture Silvio Berlusconi, paparazzi and teenage mistresses in tow, campaigning in Mississippi), and it’s also true that they don’t necessarily have much in common: Allegedly, German Chancellor Angela Merkel and French President Nicolas Sarkozy can hardly stand to be in the same room. But if nothing else, the success of the European center-right during the current crisis proves that there is something to their political formula. They are fiscally conservative. They are, if not socially liberal, then at least socially centrist. They haven’t been swayed by the fashion for big spending. They are trying to keep some semblance of budget sanity. And, at least at the moment, they win elections.

Estamos tan ocupados en contemplar lo que va a hacer la Administración Obama que nos olvidamos de nuestras propias tareas. En la Unión Europea, el Gobierno de la República Checa, que ostenta la Presidencia semestral de los Veintisiete, ha vuelto a aplazar la ratificación parlamentaria del Tratado de Lisboa.

Inicialmente, el motivo explícito era que la coalición de extraños compañeros de cama ODS (derecha eurofóbica-verdes-comunistas) subordina esta cuestión esencial para la UE a la votación previa del escudo antimisiles propuesto por el ya ex presidente George Bush en suelo checo y polaco. Sin embargo, el Gobierno checo ahora busca otros pretextos para dicho aplazamiento, a la vista del giro político en EEUU y de la crisis geopolítica del gas con Rusia, país al que pretende dejar fuera de su propuesta de ampliación de la UE hacia el Este.

El proyecto de instalación de un sistema antimisiles de la OTAN en la frontera Este de la Unión Europea es una decisión grave desde el punto de vista estratégico. El argumento avanzado es que se pretende evitar un posible ataque nuclear iraní. Pero esta explicación no es susceptible de convencer ni al más fanático neocon americano ni al menos imperialista ruso. Además, ¿dónde irían a caer esos hipotéticos misiles nucleares tras atravesar toda Rusia, entre otros países?

Una decisión de tal alcance no debería haberse planteado como una cuestión bilateral entre dos estados de la UE -la República Checa y Polonia- y EEUU, ya que afecta a todos los países aliados en ambas organizaciones. Así se comprende mejor que no se quiera ratificar el Tratado de Lisboa, ya que éste amplía la Política Exterior y de Seguridad de los Veintisiete a la Defensa, y establece mecanismos para su refuerzo.

Además, supone una ruptura total con la política que ha permitido estabilizar Europa y superar la Guerra Fría desde Helsinki en la década de los 70, uno de cuyos elementos fundamentales es un mundo libre de la amenaza nuclear. El arma más poderosa que transformó un continente dividido fue la cooperación y el diálogo pacífico, con firmeza. El Muro de Berlín, el telón de acero, no fueron derribados hace 20 años por divisiones de tanques sino por la fuerza de los valores. Un paciente y perseverante trabajo por la estabilidad con el método comunitario que, al reemplazar enfrentamientos nacionalistas y militaristas por valores compartidos de democracia y buena vecindad, nos ha permitido cambiar la faz de Europa. Su resultado está ahí: en la reunificación alemana, en el final del Pacto de Varsovia y en la ampliación de la Unión Europea hacia el Centro y Este del continente, precisamente su zona de mayor inestabilidad.

El ejemplo más visible de este éxito de cooperación es precisamente que Chequia, otrora sometido al yugo soviético, preside ahora la Unión Europea, mal que le pese al presidente Vaclav Klaus, que compara ambos bloques. Es irresponsable poner este activo en peligro; hoy no existe ni amenaza territorial soviética ni riesgo de guerra de las galaxias en el corazón de Europa. Por lo tanto, nuestros desafíos son frenar los descabellados proyectos bélicos nucleares de Corea del Norte o Irán, o contener la peligrosa diseminación a partir de Pakistán enfrentada a una India nuclear

Por ello, el llamamiento formulado en Estados Unidos en 2007 conjuntamente por los ex secretarios de Defensa Kissinger, Schulz, Perry y el ex presidente del Comité de Defensa del Senado Sam Nunn, merece consideración y apoyo. Recientemente, ha tenido una respuesta positiva en Alemania con un llamamiento suscrito por el ex presidente Von Weizsäcker, el ex canciller Schmidt y el ex ministro de Asuntos Exteriores Genscher. Alemania comparte con España la renuncia al uso de armas nucleares, biológicas y químicas, y tendría sentido que nuestro país elevara de modo claro su voz en un tema de un amplio consenso.

En esencia, el planteamiento consiste en una actualización de la visión formulada por los entonces presidentes de Estados Unidos y la URSS, Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov, de un mundo libre de la amenaza nuclear. Y ello requiere una ambiciosa agenda de negociaciones para reducir el arsenal existente de cabezas nucleares, el refuerzo del Tratado de no Proliferación (TPN), la ratificación por EEUU del Tratado de prohibición de Ensayos nucleares, la destrucción de todas las armas nucleares de corto alcance, la renovación del Tratado de reducción de armas Estratégicas (START) y la restauración del Tratado ABN, sobre la base de que el espacio debe ser utilizado para fines pacíficos.

Para la Unión Europea, la cuestión es decidir si queremos ser protagonistas en esta noble tarea. Para la Presidencia checa del Consejo, en particular, el desafío es ser consecuente con su lema una Europa sin barreras, al que ha añadido un oportuno subtítulo una Europa con reglas. Las reglas actuales son que la Presidencia del Consejo Europeo tiene una función moderadora y de impulso, como en una comunidad de vecinos, que es lo que somos, no en una Monarquía Absoluta temporal.

La actualización de estas reglas es lo que supone el Tratado de Lisboa, firmado por todos y ratificado ya por 25 estados miembros, y con una voluntad expresa de reconsideración por parte de Irlanda.Más aún cuando al mantenerse al margen del euro -mientras que su vecina Eslovaquia ha entrado el 1º de enero en la Moneda Unica-, la República checa se ha amputado de una función de dirección y liderzazo esencial frente a la crisis.

Por ello, no se comprende que el Gobierno de un país tan celoso de su soberanía como Chequia pueda decir que subordina su criterio a lo que haga otro estado como Irlanda, cuando éste se ha comprometido a volver a plantear el referéndum de ratificación del Tratado, con un cambio sustancial a favor de la opinión pública, después de ver lo que le ha ocurrido a su vecina Islandia. Ni se comprende que el presidente Klaus diga que, aunque el Parlamento checo ratifique el Tratado, él lo firmará cuando quiera.

En esta crítica no hay ningún tipo de animadversión. Tengo el orgullo de haberme dirigido como presidente del Parlamento Europeo en 1991 al entonces jefe de Estado checoslovaco para pedirle que se uniera a nuestra aventura, y tuve el honor de trabajar con el gran presidente checo Vaclav Havel para lograrlo. Como antecedente histórico que tanto les gusta citar a nuestros amigos checos, cabe recordar que, durante siglos, compartimos la empresa familiar europea de los Austrias.

De momento, los mensajes del vicepresidente de EEUU Joe Biden en Múnich y de la secretaria Estado, Hillary Clinton, en el Parlamento Europeo en Bruselas han sido claros en una línea de diálogo y negociación con Rusia. Es de esperar que los europeos de la UE no nos limitemos a ser espectadores pasivos y decidamos trabajar juntos con Obama en una política de cooperación y desarme, y no de confrontación y rearme.

Francia asume la Presidencia del Consejo tras el no irlandés. El azar ha escogido al país más idóneo para asumir tal desafío por su compleja relación existencial con Europa.

Con su síntesis de universalismo y chauvinismo, Francia resume la permanente tensión entre unanimidad y mayoría de la historia comunitaria. Ahora baja al ruedo Sarkozy, que no se arredra ante el toro europeo, como lo demostró con la ratificación parlamentaria del Tratado de Lisboa. Aficionado a la fiesta, tiene más el estilo aparatoso de El Cordobés que el impávido valor de José Tomás. Si el cartel estaba muy completo (economía, medio ambiente, inmigración, defensa, agricultura), el no irlandés le brinda la oportunidad de redondear la faena.

Los líderes europeos han decidido seguir haciendo camino. Tras escuchar al Taoiseach Cowen, aceptaron su petición de dar tiempo al tiempo para elaborar una propuesta con vistas al Consejo del 15 de octubre. Con ello, se respeta tanto la voluntad de los irlandeses como la de los demás. Tras constatar que más de 2/3 de los Estados han ratificado, se decide seguir, con el calificado espaldarazo británico y completar los procesos en Holanda, España, Chipre, Italia, Suecia, Bélgica. Es de esperar que el Gobierno de la República Checa, que sigue a Francia, sea más europeísta que su eurofóbico presidente.

En la construcción europea, estas crisis son la norma. Siempre se ha resuelto avanzando. Dinamarca rechazó Maastricht, negoció varias exclusiones y lo aprobó en un segundo referéndum. Ahora, tras ratificar Lisboa, tiene previsto un nuevo referéndum para integrarse plenamente. Irlanda rechazó el Tratado de Niza y por decisión propia, lo repitió. Se han celebrado 36 referendos sobre temas europeos, 27 positivos y 9 negativos, información útil para los agoreros que pretenden que cada vez que se consulta al pueblo dice que no. En ningún caso el resultado ha sido desmantelar la obra común o retirarse un Estado.

Ahora, el debate se plantea en términos de vivir de las rentas o afirmar la UE como un ente político con personalidad, capacidad y democracia. El no irlandés encarna esta disyuntiva. El apoyo a la membresía de Irlanda en la UE es abrumador. El sí, con mayoría de profesionales, dirigentes y jubilados, es del 98%; el no, apoyado más por jóvenes, mujeres y no activos, ¡supera el 80%! Más que un rechazo hay un deseo de que las cosas se queden como están en una Unión que ha aportado una prosperidad sin precedentes. La dimisión del europeísta Ahern como jefe de Gobierno para no entremezclar la campaña con un caso de posible corrupción avala que en las consultas referendarias no se responde tanto a la pregunta formulada como a quien la hace. En la campaña irlandesa estuvieron a favor del sí el Gobierno, todas las fuerzas políticas, (salvo el IRA), sindicatos y patronal, agricultores e iglesias. No obstante, se juzgó la campaña del no más convincente. Es la ventaja de hacer campañas demagógicas como la de la heteróclita coalición que va desde el IRA a notorios neocon USA, pasando por integristas religiosos, antimilitaristas y dos generosos multimillonarios.

La ventaja, si cabe, del desenlace es que ha recentrado el calendario en sentido democrático. De entrar en vigor el 1 de enero de 2009 para elegir los nuevos cargos, el objetivo ahora es llegar a tiempo para las elecciones europeas de junio, de las que tiene que surgir la nueva Comisión, con el Alto Representante de Asuntos Exteriores como vicepresidente y, en paralelo, el presidente del Consejo. Es mejor dar protagonismo a la ciudadanía que repetir la letanía de su alejamiento.

El sistema actual tiene un grave problema: lo que se negocia y se firma conjuntamente no se ratifica a la vez. Ni países ni ciudadanos están en igualdad de condiciones al convertirse el proceso en un angustioso vía crucis donde las decisiones favorables no cuentan, mientras que las negativas se computan como bloqueos y no como la necesidad de replantearse la propia situación. Sin poder participar en la decisión, el resto de Estados y ciudadanos ven sus derechos cuestionados, como le ocurre a las organizaciones de discapacitados que tienen ya las firmas necesarias para ejercer su iniciativa popular.

Además, se mezcla democracia directa y representativa sin que exista ninguna coordinación, lo que lleva a la devaluación sistemática de la segunda, cuando son igual de legítimas. Un sistema político para 500 millones de ciudadanos debe configurarse como una democracia representativa, como lo son todos los Estados miembros. Optar todos por la democracia directa, requeriría una norma europea sobre una consulta común y simultánea, ¿consultiva o decisoria? y modificaciones constitucionales en los Estados.

La recomendación más sensata para salir del presente atolladero es seguir haciendo camino y, en su momento, considerar las propuestas del socio irlandés para resolver su problema. Al decidir continuar con las ratificaciones, en cierto modo, se está aplicando el artículo 48.5 del Tratado de Lisboa que habilita al Consejo Europeo para decidir si 4/5 partes de los Estados han ratificado. Con ello, reaparece la decisión por mayoría. Si la affectio societatis es tan clara entre los irlandeses, la celebración de un segundo referéndum en Irlanda, país del euro, antes de plantear una relación especial del país con la UE tendría la ventaja de permitir expresarse a todos los ciudadanos en las elecciones europeas de 2009.

Antes de cualquier consideración, ¿cómo no indignarse con este no irlandés? Se dirá que no hace más que seguir el camino abierto por Francia y Holanda. Es cierto. Aunque Francia, una vez elegido Nicolas Sarkozy, se dedicó a reparar los desperfectos sacando adelante un tratado “simplificado”, que se convirtió en Tratado de Lisboa. Hay también quien dice que lo de Irlanda es la demostración de que Europa, tal como se construye, es incomprensible, por tanto, incomprendida por los pueblos. Éstos, se afirma, no quieren saber nada de esta Europa “burocrática” ideada por “las élites”.

Veamos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que dentro de los componentes de un no entran tantos ingredientes discordantes que cualquier juicio definitivo sería aventurado. Recordemos en el caso del referéndum francés la parte del no a Chirac dentro del no global. En Irlanda los pequeños propietarios temían la armonización fiscal, el clero la secularización, los neutralistas la creación de una defensa europea, etcétera. Y sí, Europa, tal como es, parece una creación opaca, lejana e incompleta, urdida a lo largo de las cumbres europeas, lejos de los pueblos. Y sin embargo…

Sin embargo, deberíamos empezar por poner freno a este negacionismo. ¿Irlanda? En Europa era el más pobre de entre los pobres y se ha convertido en uno de los más ricos gracias a esta “cosa” bruselense, hasta el punto de que su renta media supera a la de los ingleses. ¿No es esto la prueba irrefutable de que Europa equivale a progreso? Un poco de perspectiva histórica no es dañina. Por ejemplo, ¿quiénes se alegran de este no? La Liga Norte en Italia y Vaclav Klaus en Chequia, las dos corrientes más nacionalistas. La Liga de Bossi representa la revuelta de los pequeños y medianos empresarios ricos del norte de Italia que no quieren que sus impuestos (cuando los pagan) sirvan para corregir los desequilibrios con el sur. La Irlanda rica ya no quiere repartir. Se asemeja a la Chequia ultraliberal, para quien Europa sólo debiera existir como zona de libre intercambio bajo protección militar norteamericana. He aquí el debate europeo que habrá que abrir un día. Ya que si éste es el destino de la Unión, ¡disolvámosla dentro de la OTAN!

En fin, ¿quién no se da cuenta de que se puede decir no impune y gratuitamente? Pase lo que pase, no hay precio o sanción. Entonces, por qué abstenerse de decir no si las subvenciones siguen siendo las mismas y si para tranquilizar a los irlandeses hasta se les promete que podrán seguir practicando el dumping o competencia desleal en materia fiscal, con el que pueden atraer a empresas de toda Europa. Aún peor: para hacer volver a Irlanda al rebaño pensamos inmediatamente en concederle privilegios suplementarios. Así, fomentamos aquí y allí el no.

El Tratado de Lisboa no es un remedio milagroso. Permite simplemente que sea (un poco) gobernable un conjunto que en la situación actual no lo es, sustituyendo la actual regla de la unanimidad por la de la mayoría (la de los Estados en combinación con la de las poblaciones). Con él, puede retomarse el camino de políticas concretas, pero sin ocultar la actual ausencia de visión y de dirección política (que es otra cosa que la mera ampliación). La cuestión que se plantea de ahora en adelante es saber si los que quieren seguir avanzando no deben dejar a los partidarios del no con su no, es decir, en la cuneta.

En el momento en que comienza la presidencia francesa de la Unión, las consecuencias del no irlandés pueden verse de dos modos. O bien constatamos que todos los esfuerzos franceses y alemanes por poner en pie el Tratado de Lisboa se han desvanecido, y la presidencia francesa se ha visto afectada por ello. O bien recordamos que Europa ha avanzado siempre superando crisis sucesivas: la solución podría llegar de Francia, y ésta recuperaría entonces parte del liderazgo perdido. De momento, Nicolas Sarkozy ha manifestado su deseo de que ni se dramatice ni se subestime el no irlandés.

En el rechazo al dramatismo hay sin duda el deseo de que prosiga en otros países el proceso de ratificación. Irlanda y sus menos de un millón de electores estarían así frente a los casi 500 millones de habitantes del resto de Europa, y sin duda no podrían aguantar demasiado tiempo sin hallar el modo de ratificar. Al servicio de este proceso, el presidente francés ha dicho, dirigiéndose en particular a los checos, tentados de precipitarse por la brecha irlandesa: ¡No hay ampliación (hacia los países de los Balcanes) sin Tratado de Lisboa!

En el capítulo de la “subestimación” del acontecimiento nos encontramos con el credo del jefe del Estado francés: Europa tiene que ser vista como capaz de proteger a sus ciudadanos. De ahí el acento puesto en el proyecto del “pacto para la inmigración” (decisión que electoralmente le ha servido mucho en Francia). De ahí también la idea de encontrar una respuesta europea al problema de la independencia energética en general, y del precio del petróleo en particular. Aunque por ahora sin éxito, ya que Alemania se niega a fijar un tope al IVA sobre el petróleo. En este punto sin duda lleva razón: Europa debe dejar de preocupar. Pero para tranquilizar, antes tiene que ser fuerte.

En realidad, la cuestión central es la siguiente: el no francés de ayer, el no irlandés de hoy y, sobre todo, las encuestas de opinión (un tercio de los franceses están satisfechos con el voto irlandés, y otro tercio más pequeño se declara “insatisfecho”), ¿significan que los pueblos no quieren avanzar más?

Pues entonces hay que tener la valentía de enfrentarse u oponerse al escepticismo de los pueblos, ya que hay circunstancias en que no se puede esperar, y éste es el caso de la que vivimos ahora. La historia, por su parte, no espera. Y Europa tiene la necesidad de ir otra vez hacia adelante sobre cuestiones concretas (la energía, la inmigración, el clima y el medio ambiente, la relación con Rusia y con EE UU, la defensa…), pero también sobre una visión común del futuro.

Mientras esperamos, los europeos han elegido… esperar. Esta política de esperar es de mal augurio. Llegará, pues, el momento, para aquellos países que quieran avanzar, de tomar decisiones entre ellos. Schengen y el euro no conciernen a toda la Unión. La Zona Euro, en sí misma, constituye un espacio suficiente para quien quiera avanzar por el camino de la integración. Los que quieran esperar, que esperen. Pero que esto no impida que los demás se organicen. A menos que nos resignemos a la decadencia. Estaremos seguros de nuestra decadencia común el día en que tengamos claro que renunciamos a un destino común.

Mientras se acercaba el solsticio de verano en el hemisferio boreal, la Unión Europea se enfrentaba a una nueva crisis institucional. Esta vez, el problema ha sido un rechazo por referéndum a un nuevo tratado. No es novedad. Este tipo de percances ha estado surgiendo a menudo desde principios de la década de los 90. Entonces se puso la marcha directa hacia su más ambiciosa transformación desde el Tratado de Roma que fundó la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957, que reforzaría la modesta, pero decisiva, primera etapa de la historia de la integración europea.

Ahora, sin embargo, llueve sobre mojado. Se trata del fracaso del referéndum de Irlanda para aprobar el nuevo Tratado de Reforma (de Lisboa) que debía sustituir a la fenecida Constitución que en 2005 fue descarrilada por los electorados francés y holandés. Irlanda era el único país que se veía obligado constitucionalmente para hacerlo por esta vía, en lugar de usar el método parlamentario, como están haciendo prudentemente el resto de los 26 países de la UE. Escaldados por el desastre en Francia y Holanda, los gobiernos europeos habían optado por el método rápido de dar el visto bueno a un texto tan aburrido como el anterior, aunque menos largo. En esencia y en su contenido sintético, es una copia reducida de la Constitución, a la que se habían aplicado unos afeitados cosméticos para rebajar el aroma del federalismo.
Pero, como sucedió en el incidente galo-neerlandés, apenas una mitad (53,4%) de menos del 40% del electorado irlandés que se molestó en acudir a las urnas propinó una dolorosa bofetada a la profundización del proceso europeo. La rigurosa legislación de la UE requiere que, para que este tipo de acuerdos entre en vigencia, sean aceptados por todos y cada uno de los Estados miembros. La unanimidad ha sido de nuevo la sentencia del intento.

El Tratado de Lisboa, llamado así por haberse aprobado por el Consejo Europeo al final de la presidencia portuguesa en diciembre del año pasado, debía proporcionar algunas mejoras institucionales para que la UE tuviera mayor consistencia y gozara de una exteriorización más ambiciosa en el nuevo entramado internacional. En cuanto a las funciones del ente colectivo, se ampliarían las competencias que pudieran ser aprobadas por mayoría cualificada. En suma, la nueva UE asumiría la funcionalidad de un Estado, con el objetivo de reforzar su presencia internacional, hoy identificada predominante por su poder ‘blando’, carente del necesario poder ‘duro’, que caracteriza a las grandes potencias.

A cambio de este nuevo intento, se habían eliminado las referencias directas a los símbolos reservados a los países (bandera, himno, lema). Pero este camuflaje no engañó a esa parte decisiva del electorado irlandés, cautivado por los temores de los sectores euroescépticos y la oportunidad cíclica de castigar a los gobiernos, aparte de las oportunidades de comicios normales. El resultado fue que apenas 100.000 irlandeses secuestraron la decisión de 500 millones de europeos que asentían al nuevo tratado mediante sus respectivos parlamentos.

Tras el drama, las explicaciones son múltiples, pero reducidas a un diagnóstico simplista: los europeos juzgan a la UE como una entidad distante y confusa. Demasiadas decisiones que atañen a sus existencias personales son tomadas por unos burócratas anónimos a los que no pueden controlar. Aducen que los miembros de la Comisión (teóricamente el ejecutivo de la UE, pero que cuece la legislación de la soberanía compartida) han sido nombrados directamente por los gobiernos, que a su vez han sido votados para una función nacional. Esos gobiernos se reúnen a puerta cerrada y por ese método redactan y aprueban tratados como el de Lisboa. Denuncian que los miembros del Parlamento Europeo (con funciones legislativas de co-decisión, dominadas por el Consejo) son mayoritariamente producto de listas forjadas por los partidos políticos.

En fin, culpan de la carestía de la vida a la introducción del euro. Tienen pánico ante la inmigración incontrolada, a la que acusan de la criminalidad. Expresan dudas intensas hacia la ampliación espectacular de 2004, que agregó diez miembros más.

Y ahora, ¿qué? Pues a repetir la historia. Se deberá construir un ‘plan C’ (convencer a Irlanda mediante ciertas concesiones) o uno ‘D’ (la marginación de Dublín) para corregir el fracaso del ‘A’ (la Constitución”) y su remedio, el ‘plan B’ (Lisboa). No será la primera vez, ni la última. Mientras tanto, la UE sigue su marcha. No ha pasado nada, dicen en Bruselas. Y éste puede ser el mayor peligro de ampliar la grieta entre las instituciones y los ciudadanos. Por un lado se les pide que voten afirmativamente. Si una tenue mayoría vota ‘no’, luego se encuentra una solución alternativa. Entonces, ¿por qué preocuparse? La amenaza no proviene del fatídico ‘no’, sino del desprecio del ‘sí’.

Ha ocurrido. Después de que Francia y Holanda rechazasen el Tratado Constitucional europeo, el no de Irlanda es el segundo golpe, y probablemente el decisivo, contra una Europa fuerte y unida.

El 12 de junio de 2008 tendrá que ser recordado como un día que hizo historia en Europa. Independientemente de los esfuerzos de rescate que se emprendan, no podrá ocultarse que la Unión Europea ha dejado de ser un actor serio en política exterior en el escenario mundial durante, al menos, 10 años (si no mucho más).

Esto sucede en un momento en el que los problemas de los Balcanes continúan sin resolverse, Estados Unidos experimenta un declive relativo, Rusia recupera fuerza, la política interior de Turquía está empeorando, Oriente Próximo -vecino directo de la UE- amenaza con estallar y el rápido ascenso de China e India como potencias emergentes va a definir la economía y la política del mundo en el futuro.

¡Pobre Europa! Con el referéndum irlandés se ha arrojado de manera ciega e innecesaria a un desastre político. Desde luego, la UE va a seguir existiendo y sus instituciones van a seguir funcionando, para bien o para mal, sobre la base del Tratado de Niza. Pero lo que no veremos ya durante bastante tiempo es una Europa activa, fuerte, capaz de decidir su propio destino.

Cuando medios británicos respetables como Financial Times advierten contra un nuevo psicodrama europeo y piden, en cambio, que se trabaje para obtener una “Europa de los resultados”, debemos considerarlo un mal chiste, no una alternativa seria. Ni mimos ni palos nos ayudan a convertir un asno en caballo de carreras, a no ser que estemos secretamente satisfechos con el asno. Y ése es exactamente el problema esencial de Europa: varios miembros no quieren tener más que un asno.

Por el contrario, unas instituciones que ya no funcionan se pueden reformar, y eso es lo que la UE intenta hacer, sin resultados, desde hace 20 años. Desde 1989, la historia ha hecho que la ampliación de la Unión Europea sea indispensable, pero, sin una reforma institucional, la Europa de los 27 no tiene más remedio que ofrecer resultados peores y cada vez más decepcionantes a sus ciudadanos.

¿Qué consecuencias tendrá el referéndum irlandés?

1. El 12 de junio se enterró, por ahora, la posibilidad de una política exterior europea fuerte, tan necesaria dado el estado actual del mundo. Las naciones-Estado volverán a controlar la política exterior. Lo mismo ocurre con la democratización de la UE y, por consiguiente, con una mayor proximidad a los ciudadanos y una mayor aceptación por parte de ellos. Desde esta perspectiva, la decisión irlandesa resulta especialmente grotesca, porque ha rechazado precisamente lo que exigía.

2. La UE se estancará. El proceso de ampliación se aplazará o se detendrá por completo, porque la UE ya no puede admitir a nuevos miembros sobre la base de la constitución de Niza. Los primeros en pagar el precio serán los Balcanes, y luego Turquía.

3. Los miembros pequeños y medianos de la Unión serán los que más caro pagarán el precio de la decisión irlandesa cuando vuelva a nacionalizarse la política exterior. Perderán influencia. No hay nada nuevo en ello si sólo nos detenemos en las políticas exteriores de Francia y Gran Bretaña. Pero el caso de Alemania es distinto. Alemania lleva mucho tiempo contemplando sus intereses estratégicos desde el contexto de una UE integrada. El bloqueo a largo plazo de una UE fuerte tendrá necesariamente que cambiar este punto de vista.

4. Como alternativa a una Unión Europea grande y fuerte, la relación franco-alemana volverá a primer plano. En el futuro, la estrecha cooperación entre estos dos países será, más que nunca, el centro de gravedad de la UE bloqueada. Ahora bien, con el Tratado de Niza eso desembocará en la desintegración interna de la UE y la formación de dos bandos: la UE de la integración y la UE del Mercado Común. En definitiva, dentro de la Unión volverán a surgir en la práctica la vieja Comunidad Económica Europea y el viejo Acuerdo Europeo de Libre Comercio.

5. Dentro de la Unión Europea en general, corre peligro de disminuir la solidaridad. La solidaridad no es una vía de dirección única. Irlanda, uno de los países que más se ha beneficiado en términos materiales de la idea de la unificación europea, ha rechazado esa idea. Por tanto, las negociaciones sobre las transferencias financieras en Europa, que son el núcleo de la solidaridad europea, serán mucho más duras en el futuro que hasta ahora (que ya lo eran bastante). Los países más pobres de la UE saldrán perjudicados.

Todavía existe una mínima posibilidad de evitar el desastre si Irlanda, con su no, se queda aislada dentro de la Unión. De no ser así, deberíamos pensar seriamente si, dentro del marco del Tratado de Niza y la base del Mercado Común, todas las partes implicadas y la propia Europa no estarían mejor con una separación: que los miembros partidarios de la integración política sigan adelante y los que están satisfechos con el Mercado Común se queden atrás.

Esta fórmula funcionó en el caso de la Unión Monetaria. ¿Por qué no con la integración política? En cualquier caso, unas cláusulas amplias de exclusión son mejores que los bloqueos duraderos y la desintegración del proyecto europeo.

El deseo de no poner obstáculos para la ratificación del nuevo Tratado de la Unión Europea, después de su difícil parto tras el frenazo del fracaso del Proyecto de Constitución Europea, ha impedido el necesario debate político y social para poder analizar su contenido y sopesar su valor en el camino actual de la construcción europea. Limitarse a señalar, como se hace habitualmente, que el nuevo Tratado -en realidad son dos, el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión- supone un paso adelante con relación al Tratado de Niza actualmente vigente porque integra la mayor parte de los contenidos del Proyecto Constitucional no es suficiente, aunque sea cierto.

Se ha desarrollado en 19 países el proceso de su ratificación parlamentaria sin la exigencia democrática de la participación ciudadana en el debate, la información y la clarificación de los aspectos y cambios del nuevo Tratado. Esto mismo ha ocurrido en Irlanda, donde los partidarios del no han citado como la primera causa de su oposición la dificultad para poder entenderle, y cuya oposición ha obligado a cambiar radicalmente la agenda de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que terminó ayer en Bruselas.

La alta abstención y la no ratificación irlandesa del Tratado de Lisboa es por tanto una consecuencia que no puede sorprender. Lo primero, ahora, si se desea seguir en el proceso de su ratificación y recuperar el regreso de Irlanda, es posibilitar que los ciudadanos conozcan los beneficios y las carencias del nuevo Tratado y de cómo afectarán a sus vidas. Entre las carencias hay que citar en el lugar más destacado la disminución del valor político y jurídico de la propia ciudadanía europea, lo que hasta ahora se ha ocultado o minusvalorado. El mandato de aumentar la «legitimidad democrática de la Unión ampliada», dado por el Consejo Europeo a la Conferencia Intergubernamental para la elaboración del nuevo Tratado, no se cumple y, por el contrario, supone un paso atrás claro y evidente respecto al Proyecto del Tratado Constitucional en el que el protagonismo de los ciudadanos en la creación y desarrollo de la Unión Europea se enfatiza en su artículo primero: «La presente Constitución que nace de la voluntad de los ciudadanos y de los estados de Europa de construir un futuro común crea la Unión Europea a la que los estados miembros confieren competencias para alcanzar sus objetivos comunes». Por el contrario, ahora el nuevo artículo primero del Tratado de Lisboa sustituye esta cita de la doble legitimidad de estados y de ciudadanos de la Unión por el siguiente texto: «Por el presente Tratado las Altas Partes contratantes constituyen entre sí una Unión Europea a la que los estados miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes».

Por tanto se da un paso atrás en la legitimación democrática europea, ya que ahora quienes crean la Unión Europea siguen siendo, como ocurría con anterioridad al Proyecto Constitucional, únicamente los estados como Altas Partes contratantes haciendo desaparecer la cita legitimadora de los ciudadanos, que quedan rebajados de sujetos legitimadores democráticos de la Unión a objetos o destinatarios de la acción de la Unión Europea como otros muchos. Ahora la ciudadanía queda subordinada a los estados reforzándose así la democracia representativa de los gobiernos e instituciones europeas frente a la democracia participativa de los ciudadanos.

El concepto de ciudadanía era antes un referente político y jurídico previo y prevalente sobre cualquier otro de la Unión Europea incluidos pueblos, naciones, regiones y comunidades locales y culturales. Por tanto, los estados europeos y las instituciones de la Unión debían desarrollar todas sus políticas europeas al servicio prioritario de los ciudadanos, cuyo predominio claro habría servido también para evitar confusiones y tensiones previsibles en el desarrollo de la Unión Europea y de los estados, recuperando así la dirección correcta en la construcción europea indicada por Jean Monnet: «No coaligamos estados, sino que unimos hombres».

La frustración por el paso atrás del nuevo Tratado de Lisboa, en relación con la ausencia de la ciudadanía como base democrática de la Unión, no impide reconocer que los dos tratados que lo integran mantienen el contenido material de la ciudadanía europea que existía en el Proyecto Constitucional, aunque de manera más confusa, por lo que, siguiendo el método posibilista del paso a paso, en la construcción europea existe también base suficiente para que el germen legitimador de la ciudadanía que no ha entrado por la puerta introduzca sus semillas por las numerosas ventanas-artículos de los nuevos tratados, donde se constata su presencia directa o indirecta. Por ejemplo, los artículos 10 y 11 del nuevo Tratado de la Unión posibilitan la iniciativa legislativa ciudadana y siguen el Proyecto Constitucional señalando que «todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos». También el nuevo Tratado de Funcionamiento de la Unión prevé la ampliación de los supuestos formales de ciudadanía a través de diversos mecanismos, como la cláusula abierta de ciudadanía, el desarrollo del principio de subsidiariedad, etcétera. Sin olvidar las posibilidades que se ofrecen para avanzar en la ciudadanía social y el estado del bienestar europeo.

Por tanto, el paso atrás de la ciudadanía europea es clave para todo el desarrollo democrático futuro y recuperable a condición de que los estados y las instituciones europeas faciliten e impulsen el ejercicio de una ciudadanía activa siendo conscientes de que, para avanzar en la construcción europea, se ha acabado la etapa del consenso pasivo de los ciudadanos. Ahora se necesitará como condición imprescindible su participación activa, lo que exige desarrollar previamente políticas comunes de educación e información europeas, ya que todavía no se nace ciudadano europeo, sino que se debe llegar a serlo.

La ciudadanía europea no se ha traducido todavía en una conciencia colectiva de los europeos por lo que, junto a la formación para la ciudadanía europea, es prioritario igualmente el desarrollo de un espacio común europeo de la información. Sólo así se creará una opinión pública europea, ahora inexistente, indispensable para la participación ciudadana.

El último frenazo irlandés nos indica claramente que el reto europeo de los próximos años es lograr la identificación de los ciudadanos europeos con la Unión, que se identifiquen con sus problemas y sus objetivos haciéndolos suyos, siendo conscientes de que el 60% de la legislación de los estados europeos, con repercusiones en la vida de los ciudadanos, tiene su origen directo o indirecto en la Unión Europea. Independientemente de las valoraciones sobre el método de ratificación de los tratados, de la forma de salir de este nuevo frenazo y de impedir que un solo país se convierta en árbitro del futuro de toda la Unión Europea, lo más urgente ahora es reconocer que el déficit democrático ciudadano esta impidiendo dar nuevos pasos europeos hacia delante.

En esta nueva y difícil etapa europea, España no debería perder el protagonismo en el desarrollo de la ciudadanía europea, que comenzó con su iniciativa de incorporarla formalmente en el Tratado de Maastricht y que ha continuado en la práctica, con el consenso entre el Gobierno y los principales responsables políticos, al posibilitar que los ciudadanos españoles fuesen los primeros en ejercer como ciudadanos europeos a través de su participación directa en el referéndum a favor del Proyecto Constitucional.

España no necesista repetir ahora la participación directa ciudadana para ratificar el nuevo Tratado de Lisboa, porque la mayor parte de su contenido se encontraba ya en el Proyecto Constitucional, pero debería seguir manteniendo el liderazgo de la ciudadanía europea, aprovechando el próximo proceso de ratificación parlamentaria para propiciar acciones y foros de información europea en España, e incentivar en el seno de las instituciones comunitarias iniciativas de desarrollo de la ciudadanía europea para recuperar el paso atrás del nuevo Tratado de la Unión. Sería además un camino acertado para que la Presidencia española de 2010 asegure y lidere el protagonismo español en el nuevo impulso democrático que la Unión Europea necesita.

El afán integracionista, sin duda bienintencionado, del euroentusiasmo, choca con la voluntad popular cada vez que la incómoda realidad, ya de las normas, ya de la opinión pública, obliga a consultarla. No faltará quien propugne, y precedentes hay de ello, repetir el referéndum irlandés hasta que “salga bien”, como se hacía en la dictadura de Mugabe. O argüir que un pequeño país no puede obstaculizar lo que otros más grandes pretenden conseguir, algo que recuerda la vieja terminología del “pueblo de señores”. Pero, felizmente, todavía fórmulas tan gruesas no son de universal aceptación y una “comunidad de derecho” como pretende ser la Unión Europea se debe considerar ligada por trámites tan enojosos como la unánime ratificación de los nuevos tratados por los Estados miembros y por la voluntad de sus pueblos directamente expresada, cuando así lo exigen sus normas constitucionales.

En los últimos tiempos, cada vez que se ha querido constitucionalizar la organización comunitaria, de manera expresa (caso del Tratado Constitucional de 2004) o tácitamente (caso del Tratado de Lisboa de 2007), el empeño ha naufragado allí donde se ha convocado un referéndum, salvo en los significativos casos español y luxemburgués. Franceses y holandeses, dos pueblos de dimensiones y tradiciones distintas, coincidieron a la hora de rechazar el proyecto de Constitución Europea. En la República Federal, corazón del europeísmo, hubo que manipular la interpretación del artículo 20 de su Ley Fundamental para evitar una consulta popular cuyo resultado se presumía negativo y nadie duda cuál hubiera sido la respuesta de británicos, suecos o checos.

La desconfianza en el veredicto democrático sobre el Tratado de Lisboa era tal, que todos los gobernantes de la Unión, en un alarde de confianza democrática, acordaron obviar las consultas populares. Solamente en Irlanda los imperativos constitucionales forzaron el referéndum sobre el tratado y, pese a la presión comunitaria y la opción unánime de la clase política, el pueblo lo ha rechazado.

Se ensayaron explicaciones múltiples ante hecho tan desconcertante como que la democracia no avalase la integración europea, olvidando que aquélla es un método de decisión libre y ésta el resultado de una decisión que, si es libre, no puede estar ya predeterminada. Se dijo que los franceses votaron contra Chirac y los holandeses contra la inmigración, y ahora se dirá que los irlandeses han votado para defender su atrayente sistema fiscal, como si tales cuestiones no fueran importantes motivos para razonar una decisión.

Pero eso son añagazas de avestruz a la hora de negarse a rectificar la senda equivocada que ha tomado la integración europea. Una equivocación sobrevenida según demuestra el hecho de que, con la excepción de Noruega, todas las ampliaciones de la Comunidad, ahora Unión, se hicieron con el entusiasmo de los adheridos, que sin embargo se muestran reluctantes ante los intentos de mayor integración.

Que las dificultades comenzasen con el Tratado de Maastricht, y no sólo en Dinamarca, o que casi todas las jurisdicciones constitucionales de los Estados miembros se muestren contrarias a las tesis integracionistas de la Corte de Justicia comunitaria, debiera haber incitado a la meditación. Pero el euroentusiasmo comparte con el paleocomunismo soviético y el neconservadurismo norteamericano dos errores fundamentales. Por una parte, cree conocer el sentido de la historia: la ineluctable unión política “cada vez más estrecha” como los soviéticos creían en el triunfo del socialismo y los neoconservadores en el de la democracia capitalista. Por otra, se considera legitimado para acelerarla en lo que estima buena dirección. El presidente Delors lo expresó claramente con términos de rancio sabor leninista. Cuando un pueblo -se refería entonces al británico- se resiste a cumplir su destino comunitario, debe ser obligado a ello. ¿Era otro el argumento soviético frente a Hungría en 1956?

Mientras la Comunidad, hoy Unión, avanzó por la senda de la integración funcional que le habían marcado sus fundadores, se generaron importantes solidaridades que fundamentaban la integración en los hechos. La situación cambió al hilo de dos importantes giros en la estrategia integradora. Por un lado, la obsesión neoliberal ha llevado a una visión de la competencia que interfiere gravemente en las instituciones y formas de vida ciudadanas, sin mostrarse capaz de resolver problemas reales de abastecimientos ni de precios. Por una vez, el presidente Sarkozy tenía razón al señalar que tratar de convencer de lo contrario al hombre de la calle era una tomadura de pelo.

Por otro lado, se pretendió sustituir la fuerza normativa de los hechos, la solidaridad real creada por el funcionalismo, por el progresivo remedo de unos embrionarios Estados Unidos de Europa, empeño de los diferentes proyectos de Unión Política desde Spinelli para acá. A ello han respondido procesos dispares, pero coincidentes. Por ejemplo, la marea creciente de un derecho comunitario, de calidad muy discutible, capaz de regular los asuntos más dispares, elaborado fundamentalmente por una tecnocracia lejana, cuando no ajena, a cualquier instancia de legitimación y control democrático y carente de la cercanía que proporciona el conocimiento de la realidad. O la inútil proliferación de instituciones comunitarias miméticamente calcadas sobre las de los Estados miembros. O la tentativa, ya medio abandonada, de reproducir a escala de la Unión la simbología nacional. En una palabra, el intento de crear la unión política europea sobre un inexistente demos, sin haber dejado que el tiempo permitiera fraguar, si es que podía fraguarlo, un verdadero ethnos europeo, el determinado por “la comunidad de afinidades espirituales, las habitudes, las facultades y convicciones”.

Porque, como la historia demuestra reiteradamente, la Constitución refleja la integración de la comunidad política, y no la genera, fracasó el proyecto de Constitución Europea y ahora el Tratado de Lisboa, intentos ambos de poner los hipotéticos resultados (la integración institucional) antes de sus inexistentes condiciones (la voluntad de vivir juntos). Si ahora, en vez de buscar añagazas para desvirtuar el rechazo irlandés, los responsables de la Unión centrasen su atención en cooperar intensa y eficazmente en problemas prácticos y acuciantes, como los abastecimientos energéticos, la defensa medioambiental y la cooperación policial, y lo hacen sin despliegues institucionales y normativos, la Unión progresaría y se afianzaría. Si, por el contrario, se empeñan en perturbar la vida ciudadana en el interior y remedar en el exterior la política de una potencia hegemónica con gestos, símbolos, normas e instituciones, avanzarán hacia el vacío y los pueblos les volverán progresivamente la espalda. Y, en una Europa felizmente democrática, son los pueblos quienes, en último término, imponen su voluntad a los Estados, los verdaderos señores de la Unión fuera de los cuales no hay democracia, es decir, gobierno de las mayorías, respeto de las minorías y solidaridad social.

After the Irish “no” vote, the question Europe faces is: does Germany really want to remain in this European Union? Yes, Germany. I write as someone who thinks the EU needs the institutional reforms in the Lisbon treaty and regrets that a majority of Irish voters rejected it – from a gallimaufry of motives, it seems, some having little to do with the real content of the treaty. But I was shocked by initial reactions from the German foreign and interior ministers, the tone and implication of which was: silly little Irish voters, go away and come back with the right answer, otherwise we’ll have to kick you out into the cold. (Foreign minister Frank-Walter Steinmeier suggested Ireland might “clear the way for an integration of the remaining 26″.) Or we Germans, French and other good Europeans will go ahead on our own, in a “core Europe”. The mailed fist was barely even graced with a velvet glove.

“It cannot be,” said interior minister Wolfgang Schäuble, an old advocate of a core Europe, “that a few million Irish make the decision for 495 million Europeans.” That would be right if the EU were a direct democracy; but it isn’t a direct democracy, or only in that lesser part of its legitimation that flows through direct elections to the European parliament. The EU – this EU, the only real, existing EU, the best EU we’ve got – is still mainly an indirect democracy: meaning that each democratic member-state has to reach its own decision in its own way. That’s time-consuming. As in a convoy, or an extended family, everything takes longer. Slower ships and curmudgeonly cousins must be attended to. But that’s exactly what it means to be a European Union, not a hegemon-dominated alliance or a United States of Europe.

It’s true that, even under the existing treaties, smaller groups of states who want to work more closely together in particular policy areas can do so. Hence the Schengen area (without border controls) and the eurozone. So Germany might want to suggest such an “enhanced cooperation” grouping for, say, economic governance in the eurozone. Fine. Go ahead. But on the EU’s central institutional arrangements and its external relations – the two big things the Lisbon treaty tries to address – this is, as soon as you stop to examine it, a complete non-starter. Worried about the EU being weak and divided, you would end up making it weaker and more divided.

Tactically, in any case, this was the worst possible way to respond. Nothing could be better calculated to ensure that the Irish say “no” a second time – assuming their government dares to ask them again, which it’s far from certain it will. The contrast with German reactions to the French “no” in 2005 is striking. When the French say “no”, Europe has a problem. When Ireland says “no”, Ireland has a problem. There’s one law for the big and another for the small.

Fortunately these were just first reactions. While frustration and private impatience remain, EU leaders, including the wise and consensus-building German chancellor, Angela Merkel, are now preparing to give the Irish government what it has been privately pleading for: time and space to work out what to do next. That’s the likely spirit of the European Council that convenes in Brussels today.

Inevitably, there’s talk of a plan B. The truth is that Europe is now working on plan D, and should be thinking about plan E. Let me explain. Plan A was to have a European constitution. What came out of the constitutional covention led by Valéry Giscard d’Estaing and the subsequent inter-governmental mill was already much less: no longer a constitution, just a “constitutional treaty”, or plan B. When France and Holland – two heartlands of a presumptive “core Europe” – said “no” to that, European leaders regrouped and went for plan C: the still more modest Lisbon treaty.

Now plan D is for the rest to go ahead and ratify, starting with Britain in the House of Lords last night, and then for the Irish government to come to the European Council in October with suggestions for a package they might take back to change their voters’ minds. For example, there might be “explanatory protocols” giving assurances on abortion, Irish neutrality, corporation tax and anything else held to have fed Irish fears. Many Irish voters particularly dislike the idea of losing their European commissioner, a concern shared by other small countries. You can’t change that without changing the Lisbon treaty, which would mean restarting the whole ratification round in 27 countries. But, ingenious euro-sages suggest, you might craft a crafty promise of restoring one commissioner per country, perhaps to be done, along with other revisions, as part of the accession treaty for Croatia in around 2010. (I call this the Croatian Gambit.) And so on.

Even if the Eurosceptic Polish and Czech presidents don’t deliver a coup de grace to the Lisbon treaty by engineering a second “no” (my hunch: they won’t), I would only give this plan D a 60-40 chance of success. If I were Irish, I’d be feeling pretty cussed by now. And if I were the Irish prime minister, I’d want to be pretty sure of winning before I risked my political life on a second vote. So we should be thinking of plan E as well.

Plan E has three parts. The first is to continue working under the existing treaties. The plain fact is that the enlarged EU of 27 is still functioning “under Nice”. It has not ground to a halt, as some predicted.

The second part is to see how many of the institutional changes that we really do need – to make an enlarged EU work better, and be more effective in the world – could be implemented without a new grand treaty. I’ve been asking this question of experts on the legal-institutional workings of the EU over the past few days, and the answer is: a surprisingly large number. I won’t bore you with the details, which would make a Jesuit blush, but it turns out that, given ingenuity and political will, things like a more consolidated foreign policy apparatus with a single head could probably be made to happen anyway. Where there’s a will there’s a way. So this would be what the Swedish foreign minister Carl Bildt has called “Nice plus”.

The third part of plan E is the most important of all. While resolving this decade-long institutional tangle as best we can, we would go on actually doing things that matter to Europeans and to the world. When the new US president is elected this autumn, he should find in his in-tray a memo from Europe spelling out what we see as the biggest challenges in the world and what we propose to do about them.

Plan D is the least-worst institutional way forward for now and the Lisbon treaty is still worth having if we can achieve it by all-round consent. But if we can’t, and if we pay attention to all three parts of plan E, then that E could stand not just for Exhaustion but also for Europe.

El Tratado de Lisboa está gravemente herido. La UE no lo está a pesar del rechazo irlandés. Los egoísmos nacionalistas, las interpretaciones sesgadas, el rechazo por el rechazo y la crítica constante a cualquier iniciativa comunitaria y al propio proyecto europeo no conseguirán eliminar la criatura, imperfecta pero mejorable, que concibieron los padres fundadores hace medio siglo. Reconociendo las múltiples carencias de la Unión; la necesidad de reformar el modelo económico y social europeo, combinando y fusionando la tradición solidaria del Estado social y la competitividad en una economía globalizada y evitando que la UE se reduzca sólo a un gigantesco mercado; lo perentorio de una verdadera política que supere los temores sobre la identidad de los individuos y que sea realmente paradigma de democracia, y unas estructuras más democráticas, transparentes y eficientes; no dejan de sorprendernos las posturas maximalistas de rechazo absoluto a lo que la Unión significa a la par que ‘alucinamos’ con las voces que abogan por derruir lo ya construido e iniciar un no se sabe qué. Es conveniente recordar que entre las visiones de Europa, que han oscilado siempre entre los entusiastas partidarios de un Estado federal capaz de convertirse en una superpotencia y los que desean que Europa sea sólo un gran mercado, existen múltiples posiciones más pragmáticas y razonables hacia las que debemos caminar.

Irlanda ha simbolizado el miedo a la pérdida de privilegios y al desconocimiento de lo que significa un Tratado de Lisboa al que se tilda de complejo y complicado. Tristemente, esto se ha convertido en una constante entre los países miembros, incluso en los recién llegados que tantos quebraderos de cabeza están dando a la Unión y en los que las vísceras nacionalistas contaminan cualquier tipo de discurso. Vísceras que están más presentes de lo que creemos en los Estados de la inmaculada Europa occidental y que se manifiestan en los diferentes nacionalismos integristas. Como se suele decir, la ocasión la pintan calva. Irlanda debe ser el punto de partida de una Unión que no es un Estado ni lo será nunca, aunque tenga competencias supranacionales, haya aprobado tratados y elaborado leyes que están por encima de las nacionales, sino un fenómeno supranacional e intergubernamental. Lo primero que tienen que consensuar los Estados miembros es qué es Europa y cómo debe ser gobernada. Lo que algunos consideran una hidra monstruosa de 27 cabezas debe iniciar una nueva fase en su andadura en la que se libre del lastre de quienes sólo quieren estar en el proyecto europeo para lucrarse a la par que torpedean las imprescindibles iniciativas políticas, sociales y ciudadanas que la Unión debe generar.

La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se inicia hoy ha pasado de ser rutinaria a convertirse en una reunión de gran trascendencia, ya que la negativa irlandesa demorará, en el mejor de los casos, la puesta en marcha del Tratado de Lisboa y paralizará el calendario de admisión de nuevos socios como Croacia. En la cumbre se decidirá seguir con las ratificaciones previstas (Bélgica, Chipre, España, Holanda, Italia, Reino Unido, República Checa y Suecia), única respuesta posible para transmitir normalidad y unidad en los tiempos venideros ante la crisis (una más) en la que ya se encuentra inmersa. En cualquier caso, la fecha prevista de entrada en vigor del Tratado (1 de enero de 2009) se demorará como mínimo medio año ya que, en principio, los 26 Estados socios de Irlanda no aceptan el ‘no’ por respuesta, tal y como se manifestó en la reunión mensual de Luxemburgo del pasado martes.

Después de más de cincuenta años de existencia de la Unión, la integración regional-nacional-estatal en Europa es una ilusionante y compleja realidad. Viejos y nuevos Estados-nación del continente se han sumado a ella y la han convertido en lo que actualmente es. Las permanentes crisis o el estado permanente de crisis de la UE son trastornos pasajeros de una robusta salud, aquejada en ocasiones de achaques superables, que choca con las previsiones negativas y los escenarios catastrofistas. Las carencias del todavía proyecto europeo no desmerecen el hecho de que la integración regional se haya convertido en elemento de desarrollo económico, en catalizador de una progresiva modernización y en mecanismo de convergencia para desarrollar los países más atrasados. El sistema político de la Unión es excesivamente burocrático y, en no pocas ocasiones, lento, ineficiente y costoso; la propia UE se ha convertido en un negocio muy lucrativo para los responsables políticos, para los grupos de poder económico y para todos los que se benefician de las dádivas y subvenciones comunitarias; la atracción que la misma ejerce sobre los ciudadanos cada vez es menor al percibirse que las decisiones se adoptan sin ninguna transparencia democrática por unas élites lejanas y difusas; el déficit democrático es una realidad que se manifiesta en la ausencia de debates de alcance global sobre temas que tiempo atrás dependían de los Estados; la integración europea ha reducido las opciones democráticas de los ciudadanos a la par que ha incrementado las de los gestores políticos; las políticas sociales y de bienestar cada vez son menos importantes. Todo esto es verdad y lastra la viabilidad de la Unión. Malo para la democracia y para la política, genera un estado inestable y peligroso al proyecto cuando los ciudadanos se sienten cada vez más alejados de lo que debieran considerar como propio.

Espíritu, identidad común integrada por muchas identidades, espacio político europeo y una Europa más política y ciudadana que económica tienen que ser los pilares de la Unión. Francia, Holanda, Irlanda son obstáculos necesarios para seguir definiendo un proyecto político supranacional que dé cobijo a ciudadanos diversos que quieren librarse de los yugos viscerales del nacionalismo destructor. En el siglo XXI, Europa tiene que ser un espacio en el que se desarrolle un modelo de sociedad fundado en los derechos individuales, con un alto grado de cohesión social y en el que el mercado sea un vehículo de prosperidad y desarrollo económico que repercuta en la vida de todos los ciudadanos y no sólo en la de unos pocos. Todo ello envuelto en un marco político asentado y protector. Por eso, el ‘no’ irlandés no es una catástrofe, como tampoco lo fueron los de Francia y Holanda, sino una nueva oportunidad para ‘definir el volumen’ de una Unión que debe modelarse con cincel de hierro eliminando todas las impurezas que arrastra.

Los irlandeses han dicho no. Esta vez al tratado constitucional de Lisboa, después de haber rechazado en el 2000 el Tratado de Niza, que obligó a los jefes de Estado europeos a modificarlo. Por supuesto, las élites políticas y financieras encuentran esta actitud muy poco educada, muy poco fair, muy poco “europea”. Unos dicen que un país con tan pocos habitantes no puede parar la marcha hacia delante de la Unión. Estos, desgraciadamente, no conocen la ley europea, según la cual no existe la regla de la mayoría absoluta porque no existe un solo pueblo europeo, sino 27 y pronto 30, implicados en el proyecto europeo, y cada uno tiene el derecho de decidir acerca de su porvenir. Europa no es una nación: es un conjunto de naciones libres y soberanas.
Otros dicen que los pueblos no son bastante maduros, que el tratado no ha sido bien explicado, que etcétera, etcétera. Bueno: el mero hecho de que uno de los pueblos que más se ha aprovechado de la Unión no quiera este tratado debería dar que pensar. Y, tal y como los sondeos lo demuestran, un referendo sobre el mismo texto hubiera dado el mismo resultado en Francia. Por eso, Nicolas Sarkozy no quiso consultar al pueblo.
Lo que pasa es muy sencillo: la confianza se ha perdido; los pueblos no creen en sus dirigentes políticos en lo que se refiere a Europa; la ven como algo abstracto, lejano, dominador, socialmente regresivo, financieramente destrozador, con un euro que hizo estallar el precio de la vida diaria, una competencia desleal de las sociedades europeas, una privatización del vínculo social insoportable para los pobres y las capas medias, y una impotencia política caricaturesca. Es lo que ha constituido el programa de los defensores del no en Irlanda hoy; ayer, en Francia y en los Países Bajos.
¿Cuáles son las lecciones de esta situación?
Primero, el rechazo de un poder supranacional, representado por los tecnócratas de Bruselas. ¿Por qué? A causa de la falta de consulta democrática sobre un modelo económi-
co concebido como una nueva religión, el liberalismo sin reglas, que hace de la competencia la única vía posible de la construcción europea, olvidando el empleo, el crecimiento, los servicios públicos, la educación para todos, la lucha real (y no retórica) contra la inflación.

SEGUNDO, la desconfianza ante la ampliación sin preparación suficiente a nuevos países, abriendo sus mercados a las multinacionales europeas pero echando a la calle a millones de ciudadanos que no encuentran trabajo en casa. Los cuales, para sobrevivir, huyen hacia los países europeos más desarrollados, donde son acusados de incrementar la competencia entre trabajadores. Lo que pasa con los rumanos en Italia, con los polacos en otros países, es emblemático de esta ampliación anárquica, hecha solo a beneficio de las grandes empresas europeas, que aprovechan por doquier la competencia a la baja de los sueldos.
Tercero, los irlandeses han dicho no porque, pese a lo que dicen los estrategas de café en Bruselas, Europa no es una marca deportiva o de moda: no se vende. Se vive, lo que es totalmente diferente. Eso es así porque mientras las élites no sepan ofrecer una verdadera alternativa positiva, social e identitaria a los europeos, el proceso global tendrá problemas.
Algunos empiezan a darse cuenta de la situación. El Gobierno español, uno de los más europeístas, ha hecho sonar la alarma al pedir al Banco Central Europeo que cambie un poco su política. La reacción del señor Jean-Claude Trichet, presidente de esta institución, ha sido tajante. Dijo, más o menos: nosotros, o sea, los miembros del consejo de dirección del banco, sabemos lo que hay que hacer, y nuestra política es la mejor posible. La independencia del banco es sagrada.
Luego, ¡no nos queda más que esperar la próxima crisis!
¿Qué van a hacer los dirigentes europeos ante el no irlandés? ¿Van a seguir diciendo que tienen toda la razón, que el pueblo irlandés no ha entendido nada y van a encontrar una argucia para desviar su votación?

SERÍA UNA catástrofe para Europa, pues la vía realista para volver a conseguir la confianza en este magnífico proceso de unificación europeo es pararse y replantear todo el proyecto. ¿No es totalmente satisfactorio el actual Tratado de Niza? ¿Por qué? Hasta la fecha, ha permitido un buen funcionamiento democrático de Europa. ¿Hay que mejorarlo? Si es así, esa reforma, ¿es realmente más urgente que la de la orientación económica global? Hay que plantearse esa simple cuestión: ¿es verdaderamente el problema de Europa un problema institucional? ¿No es una cuestión más profunda, más grave? Y no es esta: ¿qué Europa queremos?
La verdad es que tanto la derecha como la izquierda socialdemócrata han fallado ante esta cuestión. No tienen imaginación, han aceptado que todo el proceso europeo fuera dirigido desde las coacciones económicas, ahora monetarias, sin plantearse nunca la cuestión identitaria de fondo. Aún más: responsabilizan a la gente que quiere saber adónde vamos, tachándola de antieuropeísta. Plantear la cuestión del porvenir social de Europa es lo que los pueblos quieren. Las élites no lo han entendido. Y el resultado es la proliferación del rechazo de Europa. La única solución es, entonces, devolver el proyecto europeo a los pueblos y controlar, controlar más, a los tecnócratas que pretenden saber mejor que los ciudadanos cuáles son los intereses de todos. Hacer, en una palabra, de la ciudadanía europea algo más que una fórmula diariamente salmodiada, pero nunca realizada.

A clear majority of Ireland’s voters have said no to the Lisbon treaty. Almost all the other 26 EU members have ratified the treaty, or shortly will. The chancellor of Germany, Angela Merkel, has declared that it is indispensable to the functioning of an enlarged Europe. How can such contradictory positions be reconciled?

The Irish referendum result was not just about the treaty. It was an opportunity for voters to express their resentment about many things: the rumoured financial mismanagement of former taoiseach Bertie Ahern; the threat to reduce the common agricultural policy; rising fuel and food prices; and even obfuscation over the treaty itself.

But none of these are good reasons for dismissing the vote. It represents, from the country that has benefited most from the EU since it joined in 1973, the disturbing gap between public opinion and European leaders. The Irish result is a very loud wake-up call.

By any standard, the EU has been a success. It has brought the free movement of goods, services and people to nearly 500 million citizens. It has brought democracy, an independent judiciary and the rule of law to former dictatorships – without war or loss of life. It is the world’s largest source of development finance and foremost humanitarian aid donor. But it has failed to win the affection of many Europeans.

So what is to be done? The European Council, meeting later this week, should launch two working groups with a remit to report back by the end of the year, one to see what elements of the Lisbon treaty that were needed to make the enlarged union function efficiently could be introduced by cooperation between governments. Certainly some of the proposals in the field of foreign affairs, humanitarian intervention and development could be adopted under a Maastricht treaty provision. More effective scrutiny of EU legislation, to ensure the principle of subsidiarity is respected, could be achieved by closer cooperation between parliaments. Most parliaments had started to investigate what mechanisms would be necessary to sound early warnings on subsidiarity but abandoned these when the constitution got into trouble.

The second working group would propose steps to reduce the volume of EU legislation, simplify contorted language and provide explanatory memoranda. At least as important, the council should invite each member to report on what steps it has taken to include education in citizenship, both national and European, in school curriculums. UK citizens know very little about how the union works or what it has done.

The UK has long been a semi-detached EU member. The media rarely report anything from Brussels except scandal and scare stories. The government has never seriously tried to rebut these, nor to set out the vision of a free and prosperous Europe. In the Irish referendum, stories that the EU would impose permissive abortion laws on the republic, or jeopardise its neutrality swayed some votes. That is a reason to take seriously the EU’s inability to get the facts across.

And that is the lesson the European elites neglect at their peril. Paradoxically, the Lisbon treaty made moves towards greater accountability to both European and national parliaments. It was careful to recognise members’ historic legacies, like Nato membership, and allowed the UK to exclude itself from whole sections of the treaty. In all these respects, it was a considerable improvement on Nice and Maastricht, neither of which were subject to a UK referendum. But all of us have to take the democratic deficit seriously if the EU is to realise its potential for good in our troubled world.

Pretty much for as long as I’ve been paying attention to these things, Europe has been “in crisis” or “in chaos” or “in despair” because one or another European country failed to ratify yet another European treaty. Invariably, something cataclysmically important was at stake, such as the creation of a European currency. Often the difficult country was a small one — Denmark, say, whose voters rejected the treaty that helped create the European currency in 1992. At that time, France and Germany bemoaned the fact that some tiny number of Danes were “holding up Europe.” The Danes were duly sat upon, negotiated with and granted “opt-outs” until they voted the right way a year later. Order was restored — until the French themselves voted against the European constitution in a referendum in 2005. Whoops!

This week’s villain is Ireland, possibly the country that has benefited most from its membership in the European Union. During the first two decades of its membership, Ireland received some $50 billion from other European taxpayers, a sum that helped transform Ireland from an ancient basket case, famed for its tragic poets, into a 21st-century economic success, famed for its software companies. Dublin went from backwater to boomtown, the Irish began importing immigrants and, in one memorable moment, Irish per capita income surpassed that of Britain — and then kept going. It remains, remarkably, among the highest in the world. The decisive Irish rejection of the Lisbon Treaty last week thus has a certain poignancy: The country that owes more to “Europe” than any other has now blocked, possibly forever, a set of reforms that, in lieu of that rejected constitution, were meant to give “Europe” a real foreign policy face: a proper president, for example, and a minister of foreign affairs.

Why did the Irish say no? Part of the answer lies in the protest letter that one “no” voter in County Clare attached to his ballot paper. Given the opportunity to support or reject a unified European foreign policy, he chose instead to protest the fact that Aer Lingus, the Irish national airline, is no longer flying from Shannon Airport to Heathrow. “Pity the poor Eurocrats” who have to deal with that sort of sentiment, wrote Fintan O’Toole, an Irish Times editor, who also reported that a woman in Galway City declared that she wouldn’t vote for the treaty because she feared her sons would be drafted into the new European army — an army that, of course, the treaty would not create.

As is always the case in these situations, it seems that most voters hadn’t in fact read the treaty, or didn’t understand it, or used the referendum to express their feelings about something else altogether — such as the urgent need for direct flights to London. And although the mainstream of the Irish political class — every major political party, multiple business lobbies, even the Catholic Church — supported the treaty, they did so through bland and uninformative slogans (“Good for Ireland, Good for Europe”) that no one really understood.

But this, too, is now traditional: During doomed referendum campaigns, the political class, whether Irish or Danish or French, is always unable to sell some complicated institutional reform to the general public, and it is never able to explain to the voters why they should care. And perhaps this should no longer surprise anyone. Maybe someday there will be a country called Europe, whose citizens feel as deeply about the institutions of Europe as they feel about their own national institutions, but there isn’t yet. As a result, national referendums on European issues are easily hijacked by rumor, hearsay and single-issue campaigners, however insane or inane. More to the point, they will continue to be, at least for some time to come. So perhaps it would be better all around if Europe’s leaders came to terms with this and moved on. As it turned out, there was nothing wrong with a Europe in which some countries adopted a common currency and others did not. The same is doubtless true of “European” foreign policy, which is always at its most successful when several powerful nation-states — some combination of Germany, France or Britain, and two or three others — get together, make a decision and stick to it. By contrast “European” foreign policy is often at its weakest when it is carried out by functionaries who owe no allegiance to any particular electorate.

So pay no attention to the wailing in Brussels: If the most enthusiastic Europeans in Europe didn’t care enough to read the treaty they’ve just rejected, then maybe it’s just as well it didn’t pass.

Los ciudadanos irlandeses han dicho ‘no’ al Tratado de Lisboa el pasado jueves. La verdad, no creo que haya sido muy inteligente por parte del Gobierno irlandés hacer el recuento de votos al día siguiente, viernes 13 de junio. No soy nada supersticioso, pero los aficionados al cine de terror ya saben a qué me refiero. Y, desde luego, para el futuro del proceso de integración europea, no podía esperarse un resultado más terrorífico. Algunos, los radicales de uno y otro lado, los que tienen como todo programa político decir ‘no’ al progreso y a las soluciones razonables, aquí y en Dublín, estarán brindando con champán (los de la derecha) o con cava de supermercado (los de la izquierda).

Y es que, de nuevo en Irlanda, como antes en Francia y -quizá menos- en Holanda, en el caso de la fenecida Constitución europea, se ha producido ese extraño maridaje entre la extrema derecha, alentada y financiada por un reducido grupo de millonarios, temerosos de la subida del impuesto de sociedades, y la extrema izquierda, que, abandonado en el baúl de los recuerdos lo de ‘proletarios del mundo, uníos’, se entrega ahora a los brazos de los más rancios nacionalismos, frente a la mera idea de la solidaridad entre los pueblos de Europa, o la libre circulación de trabajadores y la mítica invasión de fontaneros polacos o albañiles rumanos.

Claro que, como es bien conocido, Europa es la culpable de todos nuestros males. ¿Qué harían nuestros gobiernos si no pudiesen echar la culpa a Bruselas de todos sus fracasos políticos y económicos? Según parece, nada bueno viene de allí, ni desarrollo económico, ni libertad, ni democracia, ni derechos, ni cooperación y ayuda internacional, ni operaciones para la solución de conflictos y el mantenimiento de la paz en zonas de guerra… Y, lo que es peor, hay allí, en Luxemburgo, un Tribunal de Justicia que se dedica a reprocharle a nuestros gobiernos sus incumplimientos legales e, incluso, a sancionarles con graves multas cuando no aplican la normativa europea y vulneran con ello gravemente los intereses y derechos de los ciudadanos. ¡Ah! Se me olvidaba: esta Europa del gran capital, también defiende la pena de muerte, quiere imponer -o prohibir, depende de la perspectiva- el aborto, la eutanasia, la segregación social, echar a todos los inmigrantes, imponer la jornada de 12 horas y, además, es etnocéntrica, judeo-cristiana y quiere -con mentalidad neocolonialista- imponer sus decadentes principios democráticos y el individualista concepto de la dignidad del ser humano a todos los pueblos en vías de desarrollo. El presidente de la República Checa -que no es un lidercillo cualquiera- ha llegado a comparar la Unión Europea con el Comecon (ya saben, el viejo mercado común que unía a la fenecida Unión Soviética con sus Estados satélites, que ni era mercado, ni era común y unía por la fuerza). ¡Qué horror!

¿Qué dirían los padres fundadores de las Comunidades Europeas si vieran y escucharan todo esto? Pues no crea mi atento lector que estoy exagerando. Todos y cada uno de estos argumentos han sido utilizados, de viva voz y por escrito, en los debates sobre el futuro de Europa de los últimos años y, sobre todo, en los debates que han tenido lugar con motivo de los referéndums de España, Francia, Países Bajos y Luxemburgo, sobre la Constitución europea, y ahora, en el referéndum sobre el Tratado de Lisboa en Irlanda.
El proyecto político europeo, que con tanta dificultad se inicia a mediados del siglo pasado, es todavía un proyecto en curso y, sobre todo, es un ideal de gobierno supranacional, de integración política y económica, de democracia, derechos, solidaridad y paz. Un gobierno establecido sobre una serie de valores que recogían incipientemente los Tratados fundadores, que desarrolló un poco más el Tratado de la Unión Europea, que crea -entre otras cosas- la ciudadanía europea, y que desarrollaban con extensión la fracasada Constitución europea y el ahora herido de muerte Tratado de Lisboa.

En este proceso, la Constitución europea fue elaborada a través de un larguísimo proceso de debate público que se inicia en el año 2001, tras la aprobación del Tratado de Niza, y tras haber pasado por una Convención redactora -formada mayoritariamente por representantes de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo- y una Conferencia Intergubernamental, formada por representantes de los gobiernos de los Estados, se culmina en el año 2004, con su firma en Roma por todos los jefes de Estado y de Gobierno el 29 de octubre de aquel año. Tras su fracaso en los referéndums de Francia y Países Bajos, en mayo y junio de 2005, hubo que buscar una fórmula sustitutoria que permitiese seguir adelante con el proceso de integración y sacase a la Unión Europea del impasse en el que se había metido. El Tratado de Lisboa fue el resultado genial de la presidencia alemana, pergeñado por la canciller Angela Merkel: la cuestión era elaborar un tratado que, sin ser -ni parecer- una constitución, mantuviese el contenido sustancial de la fenecida Constitución europea y lo introdujese, mediante un proceso ordinario de reforma, en el texto de los tres tratados vigentes. Pero, llegar a esta solución no fue nada fácil. Se necesitó un nuevo y largo proceso de reflexión y debate de tres años, que, tras superar enormes dificultades de última hora -unas muy serias y otras verdaderamente absurdas- se culminó felizmente con el acuerdo de Lisboa, en octubre de 2007.

El Tratado de Lisboa, pues, no es -no era- una salida exótica ni extemporánea. Era la solución final, el acuerdo de mínimos necesario para permitir a la UE funcionar con la mínima coherencia y agilidad posible, con 27 Estados miembros, muchos de los cuales no parecen creer en el proyecto político y económico en el que se han integrado. Y, si es así, ¿por qué han querido entrar en este proyecto?, ¿por qué permanecen en él?, ¿es, quizá, que no es tan malo como dicen sus líderes, con la mezquina intención de ganar elecciones, removiendo estímulos nacionalistas de corto vuelo, diciendo y aprobando en Bruselas cosas que luego se critican en la capital respectiva? Porque, mi querido lector, no te dejes engañar, la inmensa mayoría de las decisiones de la Unión Europea no son adoptadas por los ‘oscuros burócratas’ de Bruselas, sino por los ministros de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el Consejo de la UE, en buena parte de los casos en contra de la opinión de la Comisión Europea y del propio Parlamento Europeo, que luego son ferozmente atacados por esos mismos ministros.

Quizá ha llegado la hora de replantearse el proyecto europeo en su conjunto y de unir de verdad a los Estados que crean en el mismo, sin cinismo ni complejos, dejando para los demás otra forma de asociación que no impida avanzar en este proceso. Lo que no podemos ni debemos, por el interés común, es dejar que la mentira, el cinismo político y el oportunismo de determinados líderes políticos y sociales sin escrúpulos lo entierren aún en vida.

Irlanda ha dicho no al Tratado de Lisboa, que pretendía culminar una serie de trabajos sobre la unidad europea iniciados con la declaración de Laeken de 2001. Para los dirigentes de los Estados europeos, este proceso debía adecuar la Unión Europea a las nuevas realidades. Sin embargo, la que se pretendía fuera su resultante final acaba de ser rechazada por la única parte de los ciudadanos europeos a los que esta vez les había sido dada la oportunidad de decidir. El referéndum irlandés ha sido el tendón de Aquiles estatalista que los dirigentes europeos, con su esfuerzo silenciador de la ciudadanía, no han podido cubrir en su intento de dejar incólume, frente a la opinión europea, su nueva construcción.

Los líderes de los Estados europeos estaban convencidos de que ahora su concepción de Europa -término medio de opuestas tendencias pero con el dato común de renuncia a la primigenia Comunidad de Monnet y de Schuman- iba a triunfar. Para ello excluyeron de la participación directa a todos los ciudadanos de la Unión con una sola excepción, la de Irlanda, por imperativo constitucional propio. Y esa pequeña cantidad de ciudadanos ha respondido negativamente a la propuesta.

¿Qué ciudadanos son ésos? Los ciudadanos más mimados y mejor tratados de la Unión Europea. En 1992, el ciudadano de Irlanda tenía una renta per cápita inferior al 90% de la media comunitaria. Hoy, 16 años después, la renta per cápita de Irlanda llega al 130% de la media de la Unión. La segunda de Europa, sólo superada por la de Luxemburgo. El exquisito trato hacia los ciudadanos irlandeses ha llegado a extremos un tanto pintorescos como la demora por parte de la Comisión Europea de aplicaciones concretas que pudieran molestarles, como la reforma de la Política Agraria Común. Éstas quedaban pospuestas hasta después de la consulta.

¿Y qué es lo que ha llevado a los irlandeses a votar que no? ¿Por qué, a forciori, también hubieran votado que no los ciudadanos de otros Estados si hubieran sido convocados a las urnas? ¡La de cosas que vamos a oír y leer al respecto estos días después de la consulta de Irlanda! ¡La de excusas, la de repaños, la de pretextos! Pero, por supuesto, ningún mea culpa. Aunque, de hecho, sí que debería buscarse la existencia de una anomalía común. Es la misma o parecida razón que hace que cada cuatro años sea menor el porcentaje de ciudadanos que acuden a elegir a sus representantes al Parlamento Europeo. Cierto es que en cada país hay razones particulares. Pero ello no nos debe hacer cerrar los ojos a las razones comunes.

La estructura de la Europa unida tal como ha estado siendo construida entre 2001 y 2007 es para los ciudadanos demasiado lejana y abstracta. Tiempo hubo en que la unidad de Europa concebida como Comunidad era un ilusionante atractivo. Ahora, dicha ilusión común ha decaído. Lo común no se puede edificar dejado sólo a la dinámica de su propia evolución. Debe ser construido con una intensa pedagogía, con esmero y mesura, con dedicación, con esfuerzo. Así lo dijo cientos de veces Jean Monnet. Había que ejercitar constantemente la capacidad de persuasión, ese “martilleo constante de ideas simples, pocas en número y ampliamente difundidas”. Pero los dirigentes de los Estados europeos han optado por no hacerle demasiado caso. Han dejado de pensar en construir una Comunidad, para sustituirla por una estructura institucional formadora de una Unión de Estados con la que los ciudadanos poco pueden identificarse. La dinámica comunitaria ha sido sustituida por la dinámica estatalista. Una dinámica que no es nueva en el Tratado de Lisboa, pues ya se encontraba en el Tratado Constitucional. Los analistas que alabaron el Tratado Constitucional y que tanto se han inquietado con el de Lisboa no supieron ver que en el primero la dinámica estatalista ya desbancaba a la lógica comunitaria. Y una estructura no puede ser pesada y compleja si no está sustentada por una verdadera Comunidad. Dichos dirigentes no han formado partidos políticos europeos. Han puesto textos de decisiones europeas en las manos previas de los Parlamentos estatales. Siguen afirmando que el Parlamento Europeo elige al presidente de la Comisión, cuando quien en realidad lo elige es el Consejo Europeo. Hacen que el Consejo Europeo no sólo dé, como antes, directrices generales, sino que baje a lo cotidiano, con la competencia, además, de nombrar a los grandes cargos. Y después, han suprimido el principio de legitimidad ciudadana. Han reducido el derecho comunitario. Han acrecentado el derecho internacional. Al eliminar la Comunidad se han visto obligados a quitar la referencia a la bandera, al himno y a la ley europea como denominación, que poco importa, pero también han suprimido la mención al mismo derecho comunitario como predominio. Para frenar el descenso tratan de la cooperación reforzada, reparando poco en que ha sido y sigue siendo una cuestión bizantina a la que muy poco caso se va a hacer.

Los dirigentes estatalistas, en su conducta de estos últimos años han dado la espalda a tres grandes referentes de la Comunidad Europea: a los padres fundadores, a los intelectuales y a los ciudadanos.

A los padres fundadores que quisieron hacer una unión de seres humanos y no una coalición de Estados. “No coligamos Estados, unimos personas” fue el eslogan con el que Jean Monnet encabezó sus Memorias, convencido como estaba de que los obstáculos que separan a los seres humanos son, con frecuencia, artificiales.

A los intelectuales europeos como Jürgen Habermas, Ulrich Beck, Jean Baudrillard, Bronislaw Geremeck. Puede ser que Habermas piense acerca del referéndum irlandés lo mismo que de los noes francés y holandés. Que acaso no sea más que una protesta “dirigida hacia la totalidad de la clase política”, persuadido de que, sin una identidad política de los ciudadanos que sólo puede formarse en una esfera pública transnacional, Europa no puede adquirir capacidad de acción. En cuanto a Beck, afirmó que para construir una nueva Europa hay que impulsar la sociedad civil, de forma que deje de ser “el actor más débil en la política europea”. “Los ciudadanos europeos”, dice Beck, “han de dejar de ser el objeto para volver a convertirse en el sujeto de una europeización cosmopolita”.

Aquel 77% de los ciudadanos europeos que en 2002 manifestaba su europeísmo al desear una Constitución Europea, ¿no era la expresión de una fuerza colectiva de primera magnitud? ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo se haya deteriorado tan rico patrimonio político? ¿No será porque, entre otras cosas, se ha ofrecido a los ciudadanos lamentables espectáculos en desfavor de la unidad?

Los líderes europeos de estos últimos años no han sabido acrecentar pedagógicamente una Comunidad en la que se hiciera realidad la expresión de Tucídides: “Se llama democracia porque el poder no está en manos de unos pocos sino de la mayoría”. Hicieron bien en quitar la frase del frontispicio de la Constitución, pues no respondía a la realidad allí contenida. Quinientos millones de ciudadanos no pueden sentirse inmersos en la Unión Europea si no se consideran integrados en ella como Comunidad. Toda superestructura necesita una base que la sustente. No basta el juego calculador de los intereses. Dichos dirigentes se han comportado en estos años, destejiendo la Comunidad, como una Penélope nocturna. Y al no poder aplicar la expresión de Tucídides al conjunto ciudadano, hay que recurrir a un texto de Homero para poner un colofón clásico a su desafortunada acción de liderazgo: “¡Insensatos! Se comieron las vacas del sol. Y en tal punto acabó para ellos el día del retorno”.

Termino la conversación con el eurodiputado laborista irlandés Proinsias de Rossa -con el que trabajé codo a codo en la convención que elaboró la Constitución Europea- y cuelgo el teléfono sabiendo que el no ha ganado en el referéndum sobre el Tratado de Lisboa celebrado en su país. Retorno a mayo de 2005, cuando recibí en Beirut la noticia del no francés. Pero ahora la situación es más difícil.

La razón es sencilla: entonces era posible imaginar un plan b para recuperar los principales contenidos de la Constitución Europea, de forma que el escollo de París -y luego también de La Haya- pudiera solventarse presentando un texto pasado por las manos del Gatopardo. Así lo hicimos… y lo hicimos bien: el Tratado de Lisboa. Ahora, sin embargo, ya hemos gastado ese cartucho.

Me temo, además, que ni el Gobierno ni la oposición de Dublín van a presentar a los socios comunitarios una propuesta de cambios en el Tratado de Lisboa que abra la puerta a un segundo referéndum, como ocurrió con Niza. Primero, porque hasta el electorado que esta vez ha votado sí podría entrar en rebelión democrática; segundo, porque el no ha ganado por oposición a asuntos tan centrales del Tratado (como la toma de decisiones por mayoría) que retirarlos lo mataría, por temas que no están en ese texto o por oposición a la existencia misma de la UE.

Así que imagino que Irlanda va a decir algo tan sencillo como que el nuevo Tratado debe entrar en vigor por unanimidad y que no piensa convocar una segunda consulta por mucho que se le maquille, lo que por otra parte implicaría reiniciar su proceso de ratificación en todos aquellos Estados que lo han terminado ya (17).

Por eso creo que ha llegado el momento de la verdad en la construcción europea. De tirar la toalla nada, de poner las cosas en su sitio, todo.

Lo primero a hacer es proseguir el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa, porque todos los Estados miembros tienen el derecho y el deber de pronunciarse sobre el mismo. Una vez sepamos el número de Estados que lo suscriben, habrá que afrontar la gran decisión: el Tratado de Lisboa no entrará en vigor a 27, pero nada impide que aquellos que quieran establecerlo como acuerdo vinculante lo hagan a 26, 25 o 24. ¿Qué hacer, pues, con el Tratado ahora vigente y con los países incapaces de seguir la marcha? Dejar las normas actuales en funcionamiento para todos, paralelamente a la aplicación de las nuevas para casi todos, u ofrecer a los rezagados la negociación de un acuerdo multilateral con los que sí han decidido seguir hacia adelante. En los borradores de la Constitución Europea ya preveíamos un escenario como éste: ni jurídica ni políticamente es imposible y, racionalmente, es el más deseable.

De esa manera, no perderíamos todo lo ganado hasta la fecha tras más de cincuenta años de construcción europea, nadie quedaría aislado y, sobre todo, la UE no empezaría a oxidarse en un mundo que exige que los valores, los objetivos, los derechos, las políticas y las instituciones que contiene el Tratado de Lisboa, por herencia de la Constitución Europea, se apliquen en el día a día.

Sea como sea, el Consejo Europeo tiene que abrir el debate y los países pronunciarse con claridad. Podemos y debemos estar juntos sin desperdiciar nada de lo conseguido. Pero no es obligatorio que todos vayamos a la misma velocidad o a igual altitud en todo momento. Por interés y por principio democrático, ¿cómo aceptar con resignación que un puñado de votos pueda parar lo que casi 500 millones de ciudadanas y ciudadanos han decidido poner en marcha?

Si los países que han ratificado o van a ratificar el Tratado de Lisboa (como España, que se apresta a hacerlo en las próximas semanas) tienen ese coraje y actúan con inteligencia en esa dirección, no sólo solventaremos el escollo de Irlanda, sino que habremos dado un auténtico paso de gigante para culminar la unión política europea. Algo que podrían sancionar en las urnas las elecciones a la Eurocámara de junio de 2009.

Una cosa más: el pleno respeto por la decisión del electorado irlandés debe incluir también el pleno respeto por la figura del referéndum. Por favor, no disparemos sobre el pianista. El problema no es convocar una consulta popular (en España la ganamos holgadamente en febrero de 2005), sino que reside en otras cosas: la ausencia de información, la carencia de combatividad política de los europeístas y, ante todo, la ruleta rusa de un procedimiento asimétrico en la forma y en el tiempo regido por la unanimidad.

Por eso, lo mismo que propusimos en su día muchos miembros de la Convención, hace falta instituir la figura del referéndum europeo para que todo el cuerpo electoral vote el mismo día sobre el mismo tema, llegándose a un resultado de doble mayoría de papeletas y países.

No es el momento de tirar la toalla, sino de ser europeos valientes. Como constituyente europeo, creo que ya toca.

EL referéndum irlandés sobre el Tratado de Lisboa ha tenido en vilo a las instituciones comunitarias y a los gobiernos de la Unión durante un largo día. Ha sido un verdadero «Bloomsday» europeo, sucedido además unas pocas jornadas antes de la celebración anual de la transgresora novela de James Joyce. El relato del paso del tiempo durante un día ordinario en Dublín a través de su personaje Leopoldo Bloom es recordado en todo el mundo cada vez que llega el 16 de junio, la fecha en la que transcurre el Ulises. En el caso europeo, el Odiseo y protagonista de este flujo de inquietudes y ensoñaciones ha sido el propio proyecto de integración, que ha sufrido otro revés y ve agudizarse su crisis de confianza. Durante la jornada de referéndum, los líderes europeos han visto pasar delante de ellos veinte años de reformas de los Tratados, logros, transformaciones, adversidades y problemas alrededor de la construcción europea. Merece la pena no limitarse a convertir a los irlandeses en chivos expiatorios de los males de Europa y abrir la reflexión sobre lo ocurrido.

La celebración de una consulta popular sobre el Tratado de Lisboa y la baja calidad del debate público en el pequeño país del Eire han recibido críticas muy severas. Los irlandeses han sido los únicos en celebrar un referéndum para ratificar este pacto de rescate de la fallida Constitución europea, aunque su ejemplo puede animar al Reino Unido y a otros. Durante las últimas semanas, los proponentes del no en Irlanda han manipulado los contenidos del nuevo Tratado y han despertado miedos infundados en la población, invocando la pérdida de la neutralidad del país o futuras subidas de impuestos. Por su parte, los partidarios del sí, la mayor parte de la clase política, no han sabido movilizar a la población ni hacer pedagogía sobre los avances que supone el acuerdo de Lisboa. Muchos gobiernos europeos han caído en el error de tachar de ingratos a los irlandeses por haber dudado de la bondad del nuevo pacto, a la vista de la ingente cantidad de fondos comunitarios de los que se han beneficiado en los últimos años. En pleno nerviosismo, políticos europeos favorables al nuevo Tratado han adoptado un tono de superioridad para afirmar que no se debe permitir a un pequeño Estado hacer descarrilar una reforma valiosa que mejora el funcionamiento de la Unión Europea ampliada. Sólo falta que alguien desde Bruselas, París o Berlín cite ahora al dramaturgo alemán Bertolt Brecht, «el pueblo ha perdido la confianza del gobierno, el gobierno ha decidido disolver al pueblo y nombrar uno nuevo».

Los ataques furibundos a la libertad de Irlanda para decidir en referéndum sobre Lisboa son preocupantes. Los fondos europeos no son una limosna que convierte al que los recibe en esclavo agradecido de los donantes, sino parte de un contrato social paneuropeo inspirado en el valor de la justicia y con un impacto muy positivo en el conjunto del mercado interior. Irlanda no se ha convertido en uno de los países con mayor renta per capita de la UE gracias a este maná, sino por el buen uso del mismo, un conjunto de políticas económicas y fiscales acertadas y por hablar de modo preferente en inglés. En cuanto a las reglas del juego para aprobar la reforma, fueron decididas por los veintisiete miembros de la Unión durante el llamado rescate de la Constitución europea el año pasado. Se puede discutir el acierto de mantener la exigencia de unanimidad para ratificar las reformas futuras de los Tratados y reflexionar sobre la conveniencia de someter a referéndum un texto tan complejo, pero no cabe impugnar la vigencia de estas reglas por un resultado adverso a los intereses de muchos. Es una cuestión de «fair play». Irlanda tenía derecho a rechazar esta reforma e incluso a animar de forma indirecta a otros Estados a celebrar consultas populares. Al final, en un resultado muy apretado ha ganado el no, pero esta no es la conclusión más importante del «Bloomsday» vivido.

El episodio irlandés debe llevarnos a recordar la finalidad de la construcción europea, una continua profundización en la integración económica y política compatible con el respeto a las identidades nacionales, que se refuerzan y no se debilitan con el proceso supranacional. Por ello no cabe hacer una traslación automática de las categorías políticas de mayoría y minorías del plano nacional al europeo. Irlanda es un pueblo muy consciente del carácter muy diferenciado de su identidad, lo que no le ha impedido dar al mundo algunos de los mejores escritores universales en lengua inglesa -Swift, Wilde, Yeats, Shaw, Joyce-. Ha forjado su original carácter a través de adversidades y contrariedades, de las que siempre se han sentido parte sus más de cuarenta millones de primos con los que cuenta hoy en EEUU.

La jornada de votación ha puesto de relieve de nuevo la dificultad que atraviesa la Unión para superar la crisis de confianza de los ciudadanos hacia el difuso y mejorable modelo de gobierno europeo. Los propios líderes europeos son responsables de esta falta de transparencia y explicación sobre cómo nos gobernamos en buena medida desde Bruselas. Los actuales jefes de gobierno perdieron las formas durante la elaboración del Tratado de Lisboa en la segunda mitad de 2007 y protagonizaron una de las operaciones menos memorables en las seis décadas del proceso de integración. El pacto de salida del laberinto constitucional se hizo a partir de un mandato cerrado del Consejo Europeo a toda prisa y sin debates públicos, que incorporaba por la puerta de atrás la mayor parte de los contenidos de la fallida Constitución europea. En la elaboración del pacto de Lisboa se utilizó de modo deliberado un lenguaje oscuro para disfrazar su contenido (en comparación con algunas partes del articulado, el Ulises de Joyce es mucho más legible) y evitar así referendos. Se ha presentado como un acuerdo «técnico», cuando incorpora la reforma política de las instituciones de la Constitución y por lo tanto supone una importante redistribución del poder europeo, con avances notables pero también con países más y menos beneficiados.

De los veintisiete estados miembros, solo a los irlandeses se les ha permitido votar sobre este Tratado. De un modo vicario, los europeos silenciados y ausentes del debate europeo se han expresado a través de los irlandeses, que con su rechazo al texto han puesto de relieve la preocupante distancia entre gobernantes y gobernados en la isla del Eire y en muchos países de la Unión. Ahora los líderes europeos deben encontrar un Plan B de lo que ya era un Plan B. Pero no basta con encontrar a toda costa una salida a cinco años de introspección y ensimismamiento colectivos. El proceso de ratificación de Lisboa debería fomentar y no impedir una reflexión permanente sobre la Europa que queremos, todo lo ilustrada, racional y profunda que sea posible y con la que se supere el torpe giro elitista con el que se ha hecho camino en los últimos meses. Más que hacer trampas burocráticas para inventar artificialmente un consenso, deberíamos ser capaces de despertar un anhelo en la ciudadanía que afirme el proyecto europeo, con la misma convicción con la que Molly Bloom pone fin a la novela de Joyce en su famoso soliloquio de síes concatenados: «yes I said yes I will Yes».

En las jornadas anteriores a la celebración del referéndum irlandés sobre el llamado Tratado de Lisboa la plaga de nuestros opinadores se ha agarrado a dos clavos. Si, por un lado, nuestros ‘todólogos’ han señalado que las razones que parecían inducir a muchos irlandeses a rechazar el texto en cuestión remitían a perspectivas mentales y horizontes ideológicos extremadamente dispares, por el otro han aducido hasta la extenuación que no parecía razonable aceptar que lo que decida un país pequeño, poco poblado y nada relevante determine lo que en el futuro ha de ser la Unión Europea.

A decir verdad, nada mayor hay que oponer, en sentido estricto, a esas dos afirmaciones, y ello por mucho que sea posible -que sea indispensable- darles algún revolcón. Y es que, y para empezar por la primera, lo suyo habría sido que nuestros opinadores hubiesen tenido a bien recordar que también son extremadamente dispares las razones que han invitado a tantos a respaldar el texto aprobado en Lisboa. No sólo eso: la idea de que los detractores del tratado son por definición gentes fuera del mundo, dramáticamente desinformadas y egoístas, tiene poco sustento: en esto de la desinformación más bien parecen despuntar los partidarios de aquél, por lo general dóciles ciudadanos dispuestos a acatar lo que dan por bueno las cúpulas dirigentes de los partidos con los que se alinean.

Por lo que a la segunda de las afirmaciones se refiere, lo que debe certificarse es un sorprendente silencio: Irlanda es el único Estado de la Unión Europea que ha organizado un referéndum con respecto al Tratado de Lisboa. Si alguien se pregunta por qué los demás no han seguido un camino similar, la respuesta parece sencilla: porque a los diferentes gobiernos, o a la mayoría de ellos, les sobran las razones para concluir que, a manera de lo que acaba de ocurrir, perderían esas consultas. No está de más agregar, claro, que Irlanda ha sido en el último decenio la niña bonita de la UE, el país en el que ésta parece haber operado los mayores prodigios. Si el tratado ha naufragado allí donde más lógico habría sido que los ciudadanos se declarasen hechizados por todo lo que llega de Bruselas, ¿qué es lo que no estará llamado a ocurrir en los muchos lugares en los que la UE realmente existente se percibe con menos entusiasmo?

Es urgente que, en un escenario como éste, de franca e interesada simplificación, escapemos a los muchos lugares comunes que nos acosan. Así, y en primer lugar, bueno será que nuestros ‘todólogos’ dejen de demonizar a los detractores del Tratado de Lisboa, y dejen, en particular, de colgarles el sambenito de antieuropeos: el tiempo dirimirá quién es quién. En segundo término, hay que plantar cara a la sugerencia, por momentos omnipresente, de que lo razonable y lo democrático es garantizar que la ratificación del Tratado de Lisboa se produzca vía parlamentos. O lo que es lo mismo: conviene colocar en su sitio a quienes, con lamentable descaro, sostienen que los referendos configuran un camino torcido a la hora de tomar las decisiones importantes.

A algunos nos gustaría certificar -dicho sea de paso- que el paseo militar que el patético referendo español de febrero de 2005 supuso sería literalmente impensable hoy, con una opinión pública, la nuestra, que pese al ejercicio de desinformación y manipulación al que se han entregado la mayoría de nuestros medios, parece haberse percatado, bien que tarde, de que no es oro todo lo que reluce en esta Unión Europea firmemente decidida a alentar la semana de ciento cincuenta horas.

Bueno será que denunciemos, en suma, cualquier intento de repetir el triste espectáculo al que hemos asistido desde que la mayoría de los franceses y de los holandeses rechazaron, en la primavera de 2005, el Tratado constitucional: sólo en virtud de un ejercicio de cinismo malsano puede afirmarse, en singular, que el texto sobre el que se han pronunciado los irlandeses es diferente del que rechazaron galos y neerlandeses. En paralelo, hay que asumir sin dobleces que el texto aprobado en la capital portuguesa el pasado otoño no es ese dechado de perfecciones que tantos aprecian y merece dormir, por un sinfín de motivos, en un cajón lateral de la mesa de algún alto funcionario de esos propicios a aceptar las presiones que emanan de algún ‘lobby’ transnacional.

Empeñarse en promover con argucias y malas artes el texto que muchos irlandeses acaban de rechazar se antoja, por cierto, pan para hoy y hambre para mañana. Y es que si, como tantos temen, el Tratado de Lisboa sale, pese a todo, adelante, pronto se hará evidente que la distancia entre ciudadanos y elites políticas en la UE empieza a ser inquietantemente alarmante.

A voter in County Clare, not content with putting an X beside the no option on the simple ballot paper in the Irish referendum on the Lisbon treaty, included a long letter of protest. Its message to the Irish government, which had campaigned desperately for a yes vote, was: “You forgot us in Shannon.” The anonymous voter was using the opportunity of a vote on the structural reform of the European Union to protest against the withdrawal by the newly privatised state airline Aer Lingus of its regular service between Shannon airport and Heathrow. You would have to pity the poor Eurocrats contemplating the wreckage of the results of eight years of negotiation and compromise. What could they possibly say to a voter whose message, however urgent, was not about qualified majority voting or enhanced cooperation, but the operations of a local airline?

Or to the woman in Galway City who told RTE radio that she entered the polling booth undecided but “I got a bit of information that, if I voted yes, my sons would be drafted into the army, so I voted no … Our sons are too good-looking for the army”? The irony is that the very absurdity of the woman’s fears make them almost impossible to address. If the Lisbon treaty had contained any provisions that could, by any stretch of the imagination, enforce the conscription of the woman’s handsome boys into a European army, those provisions could be removed or altered. Since it doesn’t, the task of understanding and appeasing the negative sentiment of Irish voters may be a hopeless one.

What can be said with some confidence is that the Irish vote was shaped by the confluence of two factors. One was the miserable nature of the yes campaign. Every major political party except Sinn Féin (which has just 7% of the vote in the Republic) urged a yes vote, as did the Irish Congress of Trade Unions, the Irish Business and Employers Confederation and, in effect, the Catholic church. The assumption seems to have been that Irish voters would simply follow their leaders. The main party campaigns consisted largely of putting up posters with the earnest faces of local or national politicians and bland slogans like “Good for Ireland, Good for Europe”. The implicit message was: “This document is complicated and virtually unreadable but, trust us, there’s nothing bad in it.”

This strategy betrayed an astonishing ignorance of the way the Irish, in common with most Europeans, currently regard their political class. Trust isn’t the most obvious feature of the relationship between governments and the governed. In the Irish case, this lack of faith was greatly enhanced by the scandal over his personal finances that brought down the long-serving taoiseach, Bertie Ahern.

“Bertie”, as he was universally known, was genuinely liked and trusted to the extent that when revelations about his personal finances first surfaced, most people gave him the benefit of the doubt. But as his explanations became steadily more outlandish, the sense of disillusionment and betrayal grew. In those circumstances, appealing to trust was a misjudgment that bordered on self-delusion. The benefit of the doubt no longer goes to the establishment.

The other decisive factor was, paradoxically, the very incoherence of the no side. It was made up of people who actually can’t stand each other. There were rightwing Catholics who warned (against the judgment of the Catholic bishops) that Lisbon would open the way to legalised abortion and prostitution, and leftwing liberals who have fought bitterly against those same people in previous referendums on abortion and divorce.

There were leftwing anti-militarists who warned that the treaty compromised Irish neutrality: we got “No” stickers with nuclear mushroom clouds, as if Lisbon is a suburb of Armageddon. And, in the form of Libertas – a mysterious group that emerged from nowhere with a great deal of money to spend – there were people with strong ties to US military contractors.

There were campaigners who warned that the European Union would take away the Republic’s low corporate tax rates, and activists who portrayed the union as a giant corporate conspiracy. Imported British Euroscepticism from the Irish editions of the Sunday Times and the Daily Mail sat alongside resentment of “foreign” influence from the EU.

Logic would seem to suggest that a campaign so riddled with self-contradiction, and so lacking in an agreed alternative vision, ought to be highly ineffective against the big machines of the main political parties. In fact the no campaign turned, more by accident than design, into a very efficient factory of fears. It was able to present voters with an extensive menu of anxieties. In a context where few voters were actually able to read the treaty (the biggest single reason given by likely no voters in an Irish Times poll was that they didn’t understand what they were being asked to vote for), the scattergun of negativity only had to hit one sensitive spot.

The biggest problem for the EU now is that what made the no campaign so effective is also what makes it so hard to deal with. In 2001, when Irish voters rejected the Nice treaty, it was possible to discern a relatively coherent message – mostly that voters were concerned about neutrality. Those concerns could be addressed by adding a declaration to the treaty and changing the Irish constitution. Nice was put to the people again and passed comfortably.

This time things are different. In the first Nice referendum, the turnout was so low that the government could just about get away with asking people to vote again. The turnout for Lisbon was much higher, so repeating the exercise would simply feed the perception that voters are being bullied. In any event, a second vote would have to be on an altered proposition. But to remove most of the things people objected to in the treaty, they would have to have been there in the first place. The treaty’s doom, in other words, is probably sealed by the fact that it’s not actually as bad as many Irish voters think it is.

It took hundreds of pages of the Federalist papers, a few dozen men locked for weeks in a sealed room in Philadelphia and a bloody civil war for the US constitution to be accepted. So the little local difficulties in France, the Netherlands and now Ireland must be seen in a broader perspective.

Anti-Europeans are lacing their champagne with Guinness as they celebrate the “no” vote and proclaim with W.B. Yeats “all changed, changed utterly”. Yet the EU, its Commission, existing treaties and directives will still be in place tomorrow. Europe has been here before and will be again.

Ireland’s “no” campaigners accused the wordy Lisbon treaty of introducing abortion and high taxes, and abolishing peat-cutting, union rights and Irish neutrality. Then Alistair Darling gave a speech saying that Ireland’s beloved Common Agricultural Policy should be pruned and Peter Mandelson promised to reduce agricultural protectionism to help the Doha trade talks. The chance to kick British bigwigs and their own former prime minister, now helping the authorities with their inquires, was too tempting.

As the money men, the Socialist Workers’ Party, the Unite union and Sinn Fein enjoy their weekend of joy, Ireland and the rest of Europe will wake up on Monday with a headache but not much else. Not a single Eurocrat will lose his job. The bloated 27-strong Commission may even breathe a sigh of relief as a little-noticed clause in the treaty cut its size. The loss of a guaranteed EU Commission seat for Ireland was one argument used by the “no” campaign to defeat the treaty – the first time that Eurosceptics have sprung to the defence of the Brussels bureaucracy instead of wanting it slimmed down.

The big losers are Turkey and Croatia. British Tory Eurosceptics hypocritically proclaim their support for Turkish accession, but know that demanding referendums on future treaties means an end to enlargement.

No EU treaty can come into force until all signatory nations ratify it. But Ireland represents 1 per cent of the EU’s total population and some old-fashioned democrats may feel that 1 per cent does not outweigh the rest of Europe’s nations which are saying “yes” to the treaty.

But the rules are clear. Had the Irish voted “yes” and the British Parliament voted “no”, it is unlikely that Open Europe and Stuart Wheeler would describe the Irish popular vote as superior to one by Britain’s sovereign parliament.

But amid the clamour from anti-EU campaigners in Britain and other nations to ignore sovereign parliamentary decisions, some way forward will have to be found.

So what now? First, the Irish Government must tell its 26 EU partners what happened and why. Secondly, other European nations must stay calm, despite the screeching of the “no” camp for instant repudiation of the treaty. Many countries have voted not once but twice for a new EU rule book. They will be sore that the French and the Dutch, and now the Irish, have blocked new rules deemed necessary to make Europe work better.

Thirdly, the Irish vote must not be ignored. Better a period of frustration than any drama about trying to move ahead without Ireland – Europe must be patient. The EU has spent far too much time this century talking about itself instead of doing what its people need. What a business leader needs and what a trade union leader needs are not the same. What a green politician thinks is not the same as a driver desires. Reconciling these differences is the art of politics, even if it is not as much fun as sitting on a grandly named convention discussing constitutional politics.

“Things fall apart, the centre cannot hold,” Yeats wrote, and its complacent political establishment may feel that Ireland is falling apart. Yeats added that “anarchy is loosed upon the world”, and an anarchic bust-up is what many Eurosceptics hope for. But it won’t happen. Europe will go on its summer holidays. Perhaps when it comes back, ways will be found to make the treaty work, or the parts of it that do not need any treaty change.

There are two ways forward. One would be to agree an explanatory protocol to the treaty giving clearer Irish opt-outs on issues such as foreign policy and taxation, to protect Ireland’s low corporation tax and longstanding neutrality. The other is for the EU to take a more ad hoc approach, using existing treaties to promote greater co-operation on immigration, the environment and cross-border crime and terrorism. This will require national governments to agree in the Council of Ministers – but that would leave a majority that is in agreement on a particular policy vulnerable to veto by a single government.

But as the old Irish joke has it, if you want to reach your destination, you shouldn’t start from here.

As the hysteria dies down, ways will be found to make Europe work, with or without the treaty. For both pro- and anti-Europeans, things have not changed so utterly at all.

Fear is stalking Europe’s chancelleries and boardrooms. There is bewilderment in Brussels and dismay in Dublin. Against all protocol and best practice, the people of Ireland have been given a free vote today on whether to accept a further centralisation of power and entrenchment of corporate privilege in the European Union. There are few things that make the blood of EU officials run as cold as the prospect of a referendum. But not only do the Republic of Ireland’s three million voters have a chance to do what has been denied to the rest of the union’s 490 million people and have their say on the laboriously constructed Lisbon treaty, alias the European constitution: the signs are that they might even throw it out – and sink the entire package for Europe as a whole.

Naturally, the Irish establishment has closed ranks and threatened the most dire consequences if Ireland dares to vote no. The new Irish prime minister, Brian Cowen, backed by all the main political parties and business barons, warned it would put the country’s economic future at risk; the former Irish EU commissioner Peter Sutherland, who now chairs BP and Goldman Sachs International, said the consequences of a no vote would be “devastating”; the French foreign minister, Bernard Kouchner, declared that the Irish would be the “first victims” if they voted the wrong way. And as the first poll to show the no campaign in the lead was released last week, the bullying and scaremongering was ratcheted sharply upwards.

The fact is that Europe’s political and business elite avoids giving voters a direct say wherever possible – because it knows it is likely to be turned over by a public that regards EU institutions as remote and unaccountable, whatever it feels about European integration in principle. The long-established practice has therefore been that whenever a referendum becomes absolutely unavoidable and the voters get the answer wrong, they are made to go back and vote again until they get it right. That was what happened to Denmark over the Maastricht treaty in 1992, and Ireland when it rejected the Nice treaty in 2001.

Alternatively, Europe’s rulers find a cunning way round whatever the voters have decided. That is what they thought they had done with the European constitution after France and the Netherlands voted it down three years ago. The name was changed, its provisions were turned into a series of opaque amendments to existing treaties, but in almost all other respects, the rejected constitution became the Lisbon treaty intact. The British government was miraculously released from its unwinnable referendum commitment and, as the constitution’s main author and former French president, Valéry Giscard d’Estaing, happily predicted: “Public opinion will be led to adopt, without knowing it, the proposals that we dare not present to them directly.”

The transparent subterfuge was, in the words of Green MEP Caroline Lucas, a “demonstration of breathtaking arrogance”. But it now risks coming apart at the hands of a hotchpotch coalition of trade unionists, nationalists, Catholics, farmers and the obligatory maverick businessman – opposed to everything from a loss of influence for small states, social dumping and privatisation, common corporate tax rates and the militarisation of Europe. Meanwhile, the Irish government is trying hard to avoid debating the issues, which it seems to regard as no business of the voters. As Sinn Féin president Gerry Adams said in Dublin this week, Cowen’s administration had been “unable to explain how the loss of vetoes, opening of health and education to competition and undermining of workers’ pay and conditions could be a good thing”.

No wonder it’s been struggling. But given the way debate about Europe has been framed in Britain over the past couple of decades, such issues have barely registered in London either. Criticism of the EU has been almost entirely dominated by a chauvinistic Euroscepticism that portrays all European politics through the absurd prism of outraged national identity and anticompetitive regulation. In reality, far from defending national or democratic sovereignty, the phoney patriots of the Tory right and the Murdoch press are determined to see the country further subordinated to the US and the City of London.

The terms of that debate will have to change if the creeping loss of democratic control and entrenchment of neoliberal orthodoxy in the Lisbon treaty is to be reversed. Not only does the treaty concentrate power still further in the commission and council, it effectively makes the liberalisation and privatisation of public services a constitutional goal, opens up transport and energy to enforced private competition, requires member states to boost their “military capabilities”, and sharply increases the powers of the European court of justice.

What that is likely to mean in practice can be seen from an extraordinary series of recent court decisions, which have effectively outlawed the right to strike where unions are trying to win equal pay for migrant workers and banned public bodies from requiring foreign contractors to pay such workers local rates. By doing so, the court has ruled that market freedoms are superior to the “fundamental rights” used to sell the Lisbon treaty to supporters of a social Europe. The impact has already been felt in Britain, where the pilots’ union was forced to abandon a strike at British Airways last month after its legality was challenged under EU law.

Naturally, neither Britain’s rightwing Eurosceptics – nor the government, for that matter – are bothered about the loss of these basic rights or the breakup of public services being driven from Brussels. On the contrary, Britain’s perennial role in resisting the kind of modest employment protection that has come out of Europe – along with the hope that Europe might eventually become a counterweight to the US – has convinced many progressive-minded people to cling to the Brussels agenda.

But subordination to the US or an undemocratic neoliberal superstate is no choice at all. Instead, political alliances need to be constructed for a different kind of Europe. If Irish voters are intimidated into backing the treaty today, public alienation from the EU will continue to grow, along with rightwing nationalism. But if they manage to boot it out, they could help kickstart the essential process of change and give a voice to millions across the continent.

Tema: los ciudadanos irlandeses acudirán a las urnas el próximo 12 de junio para ratificar o rechazar el Tratado de Lisboa, en el único referéndum al respecto convocado por un Estado de la UE.

Resumen: Partidarios y detractores del Tratado de Lisboa de toda Europa seguirán con preocupación cómo los ciudadanos irlandeses acuden a las urnas el próximo 12 de junio para ratificar o rechazar el Tratado de Lisboa, en el único referéndum convocado por un Estado de la Unión a este efecto. Si gana el “sí”, Irlanda se convertirá en el 16° país de la UE en ratificar el Tratado, lo que conllevará, con toda probabilidad, una aprobación sin trabas por parte de los Parlamentos de los 11 Estados miembros restantes. Los sondeos revelan que los partidarios del “sí” disfrutan de una frágil ventaja, pero existe un serio riesgo de que los irlandeses tradicionalmente europeístas voten “no”, lo que representaría el bloqueo de una serie de reformas que los Gobiernos de la UE consideran vitales para su futuro. Y, lo que es más importante, un “no” también representaría un severo golpe para la moral del establishment político de Europa, obligando a la UE a un nueva ronda de negociaciones sobre normas e instituciones. Lo más probable es que el referéndum se salde con un resultado muy reñido que vendrá determinado por el nivel de participación.

Análisis

Una carrera hasta el final

El 6 de mayo, los Gobiernos de la UE lanzaron un suspiro de alivio colectivo cuando Bertie Ahern, el taoiseach, o primer ministro de la República de Irlanda, dimitió como líder del Gobierno de coalición del país tras lograr un histórico tercer mandato consecutivo. Pese a que mantiene su popularidad, la autoridad de Ahern para hacer campaña a favor de un “sí” en el próximo referéndum resultó gravemente debilitada después de haber declarado varias veces ante el tribunal anticorrupción. Brian Cowen, su sucesor como taoiseach y líder del Fianna Fáil, partido mayoritario de la coalición gubernamental, se apresuró a poner en marcha la campaña para ratificar el Tratado, con la esperanza de que su período de gracia como nuevo líder y un aumento en la popularidad de su partido garanticen el éxito.

Cowen, un popular y duro político, cree con firmeza que el Tratado es vital para los intereses nacionales de Irlanda. Los países pequeños pueden ejercer una influencia desmedida en el sistema de la UE si son percibidos, como ha sido el caso de Irlanda, como miembros que muestran un gran entusiasmo. Cowen ha dedicado la considerable maquinaria de captación de votos de su partido a una campaña “puerta a puerta” para movilizar a los votantes. Aunque ha empezado con retraso –durante meses, los que han tomado la causa del “no” no han contado con prácticamente ninguna oposición–, la campaña ha conseguido recabar cierto apoyo a favor del Tratado. Los últimos sondeos independientes, realizados a mediados de mayo, revelan que el 41% de los votantes apoyará el “sí” mientras que el 33% votará “no” y el 26% permanece indeciso. [1] Desafortunadamente, los detractores del Tratado parecen estar movilizando a los indecisos hacia el “no”. Las campañas anteriores se han caracterizado por un cambio en la opinión de los votantes en los días previos al sondeo. Ambos lados reservarán sus argumentos más convincentes para el cierre del debate, con la esperanza de captar el interés de los votantes indecisos y decantar el voto a su favor.

Los esfuerzos de Cowen se ven fortalecidos por el hecho de que las empresas irlandesas, los medios de comunicación y los partidos políticos dominantes son, en su práctica mayoría, europeístas. Los principales partidos de la oposición también han emprendido campañas a favor del “sí”. Tanto el segundo partido más importante, el Fine Gael, como el Partido Laborista, han instado a sus votantes a “resistir la tentación natural” de utilizar las urnas para castigar al Gobierno en un momento de recesión económica mundial, de caída de los precios de la vivienda y de aumento de la inflación. Los Verdes, que en el pasado se habían opuesto a otros tratados de la UE, están ahora en la coalición de gobierno, por lo que han anunciado que no se opondrán a éste. Puesto que tanto las principales organizaciones comerciales como la Alianza Irlandesa para Europa –grupo que representa a la sociedad civil– están a favor del Tratado, su ratificación parece probable, por no decir que está garantizada.

No obstante, los partidarios del “sí” todavía están librando una dura batalla. Muchos votantes que normalmente apoyarían a los partidos de la oposición siguen estando divididos con respecto al Tratado en el período previo al referéndum, reacios a entregar al partido de Cowen una pronta victoria tribal. Además, gran parte del apoyo para el “sí” es “blando”, puesto que procede de grupos y organizaciones que representan a la clase media europeísta de Irlanda y distan mucho de emprender una campaña activa. Muchos de los votantes saben poco acerca de la UE y se muestran instintivamente recelosos a la hora de pronunciarse sobre un tratado internacional que pocos entienden y muchos consideran que no se les ha explicado con suficiente claridad.

Por consiguiente, podría darse el caso de que los irlandeses rechacen el Tratado. En tales circunstancias, Cowen ha recalcado que no convocaría un segundo referéndum. Si bien en el año 2002 el Tratado de Niza se sometió a una segunda votación, el Gobierno sostiene que esto fue un caso aislado, fruto de una participación electoral excepcionalmente baja y a la predisposición de los ciudadanos a acudir nuevamente a las urnas. Sin embargo, lo cierto es que nadie está realmente seguro de qué sucedería en el caso de un “no”. Las siguientes medidas a adoptar dependerían de las circunstancias exactas de la votación: el número de votantes y qué argumentos a favor del “no” podrían haber hecho inclinar la balanza.

Lo que está claro es que un rechazo irlandés minaría la voluntad política de los Gobiernos a la hora de aplicar un difícil conjunto de reformas institucionales que en el 2004 fueron acordadas como parte del Tratado constitucional. En efecto, la próxima cumbre de la UE, prevista para el 19 de junio, se celebrará en medio de una sensación de crisis, donde finalmente podría desentrañarse el débil consenso en torno a las reformas. Un rechazo irlandés también representaría una mala noticia para Gordon Brown, el acosado primer ministro británico, dado que provocaría un nuevo llamamiento a convocar un referéndum sobre el Tratado en el Reino Unido. Con esto, Brown podría sentirse tentado a abandonar la ratificación del Tratado, ahora en su fase final, y a declarar el fin del proyecto de reforma de la UE.

La campaña

Desde los inicios de la campaña, los votantes que se muestran decididos por el “sí” han tenido que hacer frente al hecho de que el Tratado de Lisboa carece de un gran proyecto –como el euro o la ampliación hacia el Este– que capte la atención de la opinión pública, sino que constituye en sí mismo un “plan B”, un intento de hacer avanzar la UE con respecto a su desastroso intento de aprobar un Tratado constitucional en el 2005. Como resultado de ello, el Tratado es, principalmente, un conjunto de reformas burocráticas, salvo, tal vez, por lo que se refiere a la Carta de Derechos Fundamentales añadida a su texto principal (en un excepcional momento de optimismo en la campaña, el comisario irlandés Charlie McCreevy dijo bromeando: “no existe un plan C”).

Enfrentados a la tarea de comunicar complejas reformas, los defensores del “sí” han preferido destacar las ventajas que comporta para la economía de Irlanda el hecho de pertenecer a la UE, la necesidad de conseguir que las instituciones europeas funcionen mejor y los perjuicios que un rechazo acarrearía para la influencia de Irlanda en Bruselas. Tales argumentos ya se han utilizado en otros referendos, pero es posible que resulten demasiado defensivos o trillados para motivar a los potenciales defensores del sí a acudir a las urnas en un día laborable. En campañas anteriores, una alta participación ha resultado decisiva para el triunfo.

Los referendos, por el contrario, tienden a impulsar las fuerzas contra el establishment. El Sinn Féin, el partido nacionalista con representación minoritaria que no logró unos buenos resultados en las últimas elecciones generales, podría ser el único partido de la oposición que haga campaña en contra del Tratado. Sin embargo, varios grupos antieuropeístas también han emprendido enérgicas campañas a favor del “no”. Un ejemplo de ello es Cóir, un pequeño grupo ultraconservador de activistas católicos que en el 2001 desempeñó un significativo papel en el rechazo irlandés del Tratado de Niza. Cóir y otros grupos advierten de que el Tratado transformará la UE en un super-Estado militarizado y antidemocrático, al tiempo que permitirá la privatización de los servicios públicos y pondrá fin a la soberanía de Irlanda y a su tradición de neutralidad. Estos grupos están mucho más motivados y comprometidos que la maquinaria de partidos establecidos. Como en otros referendos anteriores, cabe esperar que consigan entre un 30% y un 35% de votos negativos.

Libertas, un nuevo y eficiente grupo de presión, espera contribuir de forma significativa a dicho porcentaje intentando captar los votos más críticos de la campaña: el electorado moderado indeciso. Este grupo evita utilizar, en su mayor parte, los argumentos tradicionalmente radicales de veteranos militantes anti-UE. Si bien comparte la opinión mayoritaria de que la adhesión a la UE ha sido, a todas luces, positiva para Irlanda, también sostiene que la ratificación del Tratado de Lisboa pondrá fin a los buenos tiempos, puesto que reducirá el poder de votación de Irlanda en Bruselas, armonizará al alza sus bajos impuestos de sociedades y- privará al país de su representante “nacional” en la Comisión Europea.

Liderado por un acaudalado hombre de negocios, Declan Ganley, Libertas se ha convertido en la principal voz de la campaña a favor del “no”. El grupo de presión espera fomentar una especie de euroescepticismo del Tigre Celta entre un público cada vez más desconcertado ante una sucesión de referendos sobre la integración de la UE. Irlanda nunca ha sido europeísta a la ligera. Desde la década de 1990, varias declaraciones y protocolos especiales sobre la política de defensa, el aborto, así como una opción de no participación en la política de inmigración y controles fronterizos se han considerado decisivos para la aprobación irlandesa de los Tratados de la UE. De ahí que el pilar de la campaña emprendida por Libertas sea que el electorado debería votar “no” al Tratado de Lisboa con el fin de garantizar un protocolo especial para proteger el bajo impuesto de sociedades de Irlanda.

A los agricultores y a los sindicatos les ha resultado difícil pronunciarse sobre el Tratado y están dispuestos a utilizar el apoyo al referéndum como un motor para sus propios intereses, aunque no guarden relación con el texto del Tratado. Aunque el mayor órgano sindical, el Irish Congress of Trade Unions, ha hecho un llamamiento a favor del “sí”, no llevará a cabo una campaña activa al respecto. Por el contrario, un importante sindicato, el Technical, Engineering and Electrical Union, se opone firmemente. Sus miembros hacen referencia a casos recientes del Tribunal de Justicia Europeo como prueba de que la UE está socavando los derechos de los trabajadores (en 2007, el Tribunal dictaminó que las empresas de la UE podrían desplazar temporalmente a trabajadores a otros Estados miembros sin estar obligadas a pagarles los mismos salarios que perciben los trabajadores locales). El SIPTU, el mayor sindicato independiente del país, ha denegado su apoyo al Tratado, salvo que el Gobierno introduzca nuevas leyes que fortalezcan los derechos de negociación de convenios colectivos. Las tensiones entre el Gobierno y los sindicatos están aumentando ante las próximas conversaciones sobre el salario mínimo interprofesional nacional.

Los agricultores, que han apoyado otros Tratados como consecuencia de las ayudas financieras que durante años han estado recibiendo de la UE, se han indignado ante las propuestas que plantean abrir el mercado único a importaciones de carne de vacuno procedente de Argentina y de Brasil. Sin embargo, tales propuestas forman parte de un intento de Peter Mandelson –comisario de Comercio de la UE– por regenerar las conversaciones de comercio mundial y no guardan relación con el texto del Tratado. Algunos observadores temen que las propuestas de Mandelson se conviertan en una segunda “Directiva Bolkestein”: una polémica pieza legislativa de la UE que en el 2005 constituyó un factor sorprendente en el rechazo del Tratado constitucional en Francia y en los Países Bajos. [2] Dada la importancia de los votos indecisos, Cowen está intentando a toda costa evitar una yuxtaposición similar en Irlanda entre el Tratado de Lisboa y las propuestas de la OMC. De momento, ha logrado aplacar con cierto éxito los ánimos de los agricultores mediante sólidas garantías de que se opondrá a las propuestas, y argumentando que un voto afirmativo al Tratado le permitirá disfrutar de una mayor influencia a la hora de defender los intereses agrícolas irlandeses en Bruselas.

Los referendos anteriores han establecido la regla general de que en Irlanda se precisa una participación mínima del 40% para que un referéndum sobre la UE tenga validez. Por consiguiente, para ganar, los partidarios del “sí” deben ofrecer al electorado incentivos a favor del Tratado y explicar claramente qué podrían perder si votan “no” o sise quedan en casa. Ahora bien, si la campaña del “sí” se excede en sus argumentos de un brusco descenso de la influencia irlandesa en la UE con miras a fomentar la participación, corre el riesgo de que el tiro le salga por la culata. Los irlandeses irán a las urnas sabiendo que los Países Bajos y Francia rechazaron un Tratado de la UE, sin consecuencias adversas a largo plazo para ninguno de los dos países.

Las cuestiones que habían ocupado un lugar preponderante en los referendos anteriores –como la obligación irlandesa de integrarse en la política de defensa común de la UE– hasta la fecha no han conseguido acaparar el interés de la opinión pública. Esto podría ser una buena noticia para los partidarios del “sí”, dado que apunta al hecho de que ciertas cuestiones delicadas, como la neutralidad, podrían resolverse mediante garantías políticas, pero también podría significar que los votantes están adoptando una actitud apática en lo referente a la UE.

Conclusión: Los irlandeses registran sistemáticamente elevados niveles de apoyo a la UE. Sin embargo, en términos generales, ser europeísta no significa ratificar automáticamente cualquier tratado de la UE sometido a referéndum, lo que supondría una necedad. Cada uno de los cinco referendos sobre la integración de Irlanda en la UE celebrados desde 1986 se ha traducido en un asunto estresante, acompañado de una especie de curso acelerado sobre los asuntos de la UE impartido cada pocos años, pero que la opinión pública nunca ha llegado a retener aprehender. Los socios de Irlanda en la UE, aunque aliviados ante cada uno de los resultados positivos obtenidos, tienden a olvidar que ha sido un triunfo muy arduo de conseguir.

Un factor clave en el resultado será si los partidarios del “sí” pueden infundir en el electorado moderado indeciso la seguridad de que comprenden qué están votando y lo que hay en juego. [3] Ello no equivale necesariamente a conocer datos específicos sobre el Tratado. Salvo que los votantes estén razonablemente seguros, o se sientan tranquilizados por políticos en los que confían, el Tratado fracasará. El futuro de la UE podría depender de que a una próspera Irlanda de clase media, cuya existencia se considera como uno de los triunfos de la integración europea, le importe lo suficiente el día del referéndum como para ir a votar.

NOTAS:

[1] Pat Leahy, “Both Sides Gain and Race will go to the Wire”, The Sunday Business Post, 25/V/2008, http://www.sbpost.ie/.
[2] El borrador de directiva iba destinado a crear un mercado único europeo de servicios y no era relevante para el texto del Tratado constitucional. Sin embargo, muchos votantes del “no” se sirvieron de los referendos sobre el Tratado constitucional en Francia y en los Países Bajos para manifestar su oposición a los servicios de bajo coste ofrecidos por otros países.
[3] Richard Sinnott, “Voters’ Confidence in their Knowledge of Treaty is Crucial”, The Irish Times, 20/V/2008.

The quickest way to understand the uncertainty that holds sway as Ireland prepares for tomorrow’s referendum on the EU Lisbon treaty is to think of the “what have the Romans ever done for us?” scene from Monty Python’s Life of Brian. On the one hand, there are the equivalents of the People’s Front of Judea and the Judean People’s Front – a fissiparous array of small groups ranging from right-wing Catholics to Trotskyites – all anxious to strike a blow against the big boys in Brussels.

Like French and Dutch voters, who rejected the abortive EU constitution, of which Lisbon is a low-tar version, the Irish seem instinctively inclined to listen to dissonant voices, to rebel against their own political establishment and to scupper the best-laid plans of the Eurocrats.

But the question “what has Brussels ever done for us?” elicits a similar list to the one that Monty Python’s would-be revolutionaries have to concede. There’s the roads, the aqueducts, the sanitation – much of Ireland’s modern infrastructure was partly paid for by the European taxpayer. Even the treaty’s opponents agree that the EU has been crucial in Ireland’s belated emergence as a wealthy modern state. More than that, there is a sense in which the EU has been seen not as a threat to Irish independence, but as a vindication of it.

From the vantage point of Britain, with its deep vein of Euroscepticism, this may seem a paradox too far. How could attachment to the EU go hand in hand with the passionate nationalism that created the Irish state and that has remained, through the Troubles, much more than an historical vestige?

The answer is simple enough: before Ireland joined what was then the EEC in 1973, it was a very small country that still depended overwhelmingly on trade with its former ruler, Britain. In 1973, 55 per cent of Irish exports went to the UK. In 2005, just 17 per cent did. Of the thousand or so multinational companies now based in Ireland, just over a hundred are British.

From the Irish point of view, the EU made sense of independence, giving Ireland a seat at the European table that, for example, the Scots do not have. It also underwrote a peaceful social revolution that gradually transformed an agrarian, conservative country exporting beef, butter and Guinness, into a place that feeds much of the world’s appetite for Viagra (made in Co Cork), Botox (made in Co Mayo), and microchips (made by Intel in Maynooth, previously known only as the headquarters of the Catholic hierarchy).

The Common Agricultural Policy may not be popular in Britain, but in Ireland it bought off the politically powerful farmers, allowing the country to make radical changes while avoiding social conflict. So, if the EU has been so good for Ireland, why are the polls suggesting a real possibility that the Irish will vote “no” tomorrow, bringing the whole process of structural reform to a shuddering halt?

One reason is the treaty itself. Those in the UK who demand a referendum should be careful what they wish for – reading, analysing and voting on a 287-page legal document (“in the first subparagraph, the words ‘Without prejudice to paragraph 1 and Article 14(3),’ shall be replaced by ‘In accordance with Article 11(3)’”) is hard work. The polls suggest that the single biggest reason for voting “no” is that people cannot understand the document.

This wouldn’t matter so much if Ireland still had the rather authoritarian culture that the EU has helped to banish. With the Roman Catholic bishops all but advocating a “yes” vote, business and trade union federations both in favour and every substantial political party except Sinn Fein (which has only 7 per cent of the vote in the Republic) campaigning frantically for a “yes”, those who are confused are being asked to trust the great and the good who understand these things.

But trust is at a premium in Irish politics right now. The long-serving Prime Minister Bertie Ahern, once known as the Teflon Taoiseach, was forced from office last month by a drip-feed of revelations about his bizarre personal finances in the 1990s. Last week, while his successor Brian Cowen was out asking voters to trust the Government and vote “yes”, Mr Ahern’s answers to questions at a sworn inquiry in Dublin were being greeted with open and incredulous laughter in the public gallery. It is not a great time to be asking Irish voters for blind faith in their leaders.

Something else is going on too – a bit of a sulk. For a long time, Ireland was the EU’s little pet. Being poor and small and charming, we were showered with money (about €40 billion or £32 billion) and encouragement. We responded by being model Europeans and, to be fair, used the money to better ourselves. Now, the attention has all shifted eastwards and Ireland’s new wealth means that it is about to become a net contributor to the EU budget, rather than a big beneficiary. Although no one in Ireland says so publicly, EU solidarity looks a little different when the Irish taxpayer is building roads in Estonia than it did when the German taxpayer was building roads in Co Mayo.

The temptation to grab the spotlight, to make the EU notice us again, is strong. Add the opportunity, in these disgruntled times, to put up two fingers to the entire local establishment, and it becomes almost irresistible. But it is held in check by the fear that the Irish, so used to being liked in Brussels, will be written off as troublemakers and ultimately lose the little lustre that we still have. And then there is that pesky “What has the EU ever done for us?” question. The Eurocrats, damn them, have done rather a lot. We are poised between the pleasure of poking authority in the eye on the one side and the fear, on the other, of seeming like ungrateful sods.

Sorprende sobremanera el silencio con que, al menos entre nosotros, se está obsequiando al referéndum que, relativo al Tratado de Lisboa, debe celebrarse el 12 de junio en Irlanda. Tiene uno derecho a alimentar la sospecha de que al respecto pueden invocarse como poco dos explicaciones mayores: si la primera sugiere que, con incontenible frivolidad, se da por descontado el resultado, la segunda apunta que, vistos los antecedentes, se asume sin dobleces que un eventual “no” irlandés tendrá pronta, eficaz y contundente respuesta de la mano de una u otra argucia.

Lo cierto es que las encuestas que han ido difundiéndose en las últimas semanas invitan poco a las certezas. Aunque en primera instancia se daba por seguro que el Tratado de Lisboa iba a disfrutar de un general apoyo en Irlanda, las posiciones críticas con respecto a aquel han ganado terreno de manera llamativa, y ello hasta el punto de que ningún analista serio se atreve en estas horas a vaticinar el resultado del referéndum. Esto es tanto más significativo – hay que subrayarlo cuantas veces sea preciso- cuanto que sobre el papel Irlanda es el país de la Unión Europea que, en los últimos lustros, mayor provecho ha sacado de la pertenencia a esta. Son muchos los estudiosos que, acaso con poco distanciamiento crítico ante un proceso que exhibía numerosas dobleces, se han acostumbrado a hablar – no lo olvidemos- del “milagro irlandés”.

Que las cosas no están nada claras lo ilustra de manera fehaciente el hecho de que, frente a la desidia de los medios de comunicación, del lado de las instituciones de la UE se aprecia, en cambio, una activa e interesada movilización. Su manifestación más perceptible en estas horas es un no ocultado ejercicio de cortejo sobre Irlanda, encaminado a ofrecer a esta un sinfín de golosinas que permitan salvar con éxito el escollo del 12 de junio. Entre ellas despuntan garantías de que no ganará terreno una armonización en el impuesto de sociedades que gusta poco a los empresarios locales y, más aún, la decisión de retrasar unos días el debate sobre la reforma del presupuesto comunitario; al amparo de esta última se aleja en el tiempo la posibilidad de que se reduzcan ayudas importantes que hasta hoy han beneficiado, y notablemente, a la agricultura irlandesa.

No olvide el lector, por lo demás, cuál es el escenario general en el que cobra cuerpo el referéndum irlandés y cuál el tratamiento político que está mereciendo el Tratado de Lisboa. Uno y otro se ven indeleblemente lastrados por el designio, asumido por la abrumadora mayoría de los miembros de la UE, en el sentido de no organizar al respecto referendos. Parece servida la conclusión de que nuestros gobiernos, conscientes de los riesgos que asumirían, muestran un recelo irrefrenable sobre la perspectiva de una discusión pública del texto pactado el pasado otoño. Con él se revela también, por cierto, el propósito paralelo de ocultar que aquel es en sustancia el mismo que la mayoría de los votantes franceses y holandeses tuvieron a bien rechazar en el 2005.

Importa recordar, en lo que a esto último se refiere, que han proliferado en los cenáculos comunitarios un par de equívocos terminológicos que dan cuenta de manera cabal de las miserias que rodean al plan B, que a la postre se ha abierto camino. Así, y pese a la recomendación realizada en su momento a los responsables de los ejecutivos de la UE, y a los ministros de Asuntos Exteriores, en el sentido de que rehuyesen en todo momento la afirmación de que el texto promovido en Lisboa, en noviembre del pasado año, es en sustancia el mismo que se sometió a discusión en el 2005, la aseveración correspondiente es moneda corriente – sin ir más lejos- entre los portavoces del Gobierno español, al parecer todavía hoy orgullosos de lo que ocurrió al calor del desgraciado referéndum celebrado entre nosotros en febrero del año citado. Agreguemos – y vaya el segundo desliz terminológico- que a los responsables comunitarios se les sigue escapando con harta frecuencia lo de “tratado constitucional” y lo de “Constitución europea” a la hora de referirse al texto aprobado en la capital portuguesa.

Nada más sencillo que arribar a una conclusión sobre lo que tenemos entre manos: aun cuando el silencio mediático rebaja los efectos de lo que ocurre, las elites dirigentes de la Unión Europea nada están haciendo, antes al contrario, para mitigar la inequívoca mala imagen que arrastra aquella de un tiempo a esta parte. El proyecto de estas horas, un tanto patético, es el de una UE que porfía descaradamente en labrar su futuro sobre la base de lo que piensan esas elites – sobre la base, digámoslo mejor, de los intereses que blanden poderosísimos grupos de presión detrás de los cuales se palpa el aliento de grandes empresas transnacionales- y en abierta ignorancia de lo que reclama buena parte de la ciudadanía. Quiere uno creer que esto es pan para hoy y hambre para mañana, como debe uno adelantar que nunca han tenido mayor rigor, al explicar la triste realidad que nos ocupa, las palabras – invocadas muchas veces- de una vieja canción del grupo vasco La Polla Records: Políticos locos guían a las masas, que les dan sus ojos para no ver lo que pasa.

En el grandioso marco del Monasterio de los Jerónimos de Lisboa, los 27 líderes de los Estados miembros de la UE escucharon, el 13 de diciembre de 2007, en pie y respetuoso silencio el himno europeo. Después firmaron, bajo la bandera de las doce estrellas, el Tratado que lleva el nombre de la capital portuguesa y rescata buena parte de la Constitución Europea. Con este unánime gesto público los jefes de Estado y de Gobierno expresaban su adhesión a los símbolos que ellos mismos habían excluido del texto, so pretexto de calmar temores.

El Tratado emprendió el proceso de ratificación, difícil carrera de obstáculos con meta el 1 de enero de 2009. Hasta ahora, lo han ratificado nueve países: siete nuevos (Hungría, Malta, Rumania, Eslovenia, Bulgaria, Eslovaquia y Polonia), más Austria y Francia. Parece que el espíritu comunitario vuelve a ser juvenil. No obstante, el camino no es de rosas.

En Dinamarca y Suecia crece el debate, compartido por la Confederación Europea de Sindicatos, sobre las sentencias Laval y Rüffert del Tribunal de Justicia Europeo, y en Alemania es necesario enmendar la Ley Fundamental antes de votar la ratificación, con un posible recurso suspensivo ante su Tribunal Constitucional por violación del principio de subsidiariedad. Con todo, las batallas más duras se están librando en los países que no dieron el menor paso para ratificar la Constitución Europea. En Gran Bretaña, el Gobierno de Brown ha ganado el primer asalto en la Cámara de los Comunes, con la oposición frontal del Partido Conservador -miembro del Grupo PPE-, apoyado por el bombardeo sistemático de la prensa eurofóbica (en manos del australiano Rupert Murdoch y del canadiense Conrad Black, en la cárcel); el próximo asalto será en la Cámara de los Lores. En Polonia se ha triunfado sobre la feroz resistencia de los gemelos Kaczynski, pero queda la República Checa, que presidirá el Consejo el decisivo primer semestre de 2009 y donde está en el aire un recurso ante el Tribunal Constitucional que permitiría al eurofóbico presidente Klaus presidir la Unión.

En varios países se ha planteado la propuesta de aprobar por referéndum el Tratado de Lisboa, normalmente por los oponentes del mismo. En Francia, por algunos de los defensores de un no imposible de capitalizar; en Polonia como recurso frente al chantaje euroescéptico, y en el Reino Unido, donde los conservadores defienden un referéndum contra el Tratado mientras que los liberales proponen otro para saber si los británicos se quieren quedar en Europa.

Hasta ahora sólo está previsto celebrar un referéndum en Irlanda por razones constitucionales. De cara a esta batalla plebiscitaria, se están concentrando en la verde Eire las variopintas tropas del no, apoyadas por la artillería de la prensa en inglés y los fondos de un millonario caprichoso.

En el Parlamento Europeo, los extremistas de ambos lados defienden el referéndum como único método democrático con el argumento de que da la palabra al pueblo y lo demás son conspiraciones a sus espaldas. Denuncian la norma constitucional general de ratificación parlamentaria como un cambalache. Evidentemente, no plantean examinar el contenido del Tratado ni piden un referéndum europeo; su objetivo es conseguir un no en un país que lo bloquee. Por ello no hablan nunca de los sí que recibió el Tratado Constitucional, sólo existen los no; ni tampoco vale que sumados los votos ciudadanos en las cuatro consultas que se celebraron superaran a los negativos. Curiosa concepción del derecho a decidir: hay que tirar el dado hasta que salga el resultado que le gusta a uno, lo demás no vale.

Cuando se habla de democracia directa, conviene escuchar a los suizos. Son, sin duda, los que acumulan mayor experiencia. Tuve la oportunidad de debatir, invitado por la Fundación Jean Monnet en la Universidad de Lausana, con el Profesor Andreas Auer, experto constitucionalista helvético. En su opinión, hay diversos tipos de referéndum en el marco del proceso de construcción europeo: de adhesión, ampliación o ratificación. El de adhesión tiene sentido para el país que quiere entrar. El de ampliación -del tipo de la “enmienda turca” de Chirac aprobada en Francia para futuras entradas y que Sarkozy quiere suprimir- constituye un cerrojo suplementario a la unanimidad del Consejo y la aprobación del Parlamento Europeo.

El caso actual es el de integración por ratificación sucesiva de un Tratado negociado y firmado por todos los socios, con posibles referendos que no son iguales. En España son consultivos; en Italia, derogatorios; en Irlanda, vinculantes, mientras que la Ley Fundamental alemana ni los contempla, allí pesa todavía el resultado del celebrado en 1933. Estamos ante un método comparable a la ruleta rusa. Y es dudosamente democrático buscar el punto más débil o más proclive al no para tomar como rehén todo un proceso decisorio sobre un acuerdo firmado por diversos socios que implica a cientos de millones de ciudadanos.

Conviene aprender de la experiencia. Tendría más sentido proponer un referéndum europeo, que debería hacerse en todos los países el mismo día, o la ratificación parlamentaria simultánea. La cuestión ya se planteó al final de la Convención de Filadelfia ante la posible secesión del Estado de Nueva York, lo cual dio lugar a la aprobación por dos tercios, y cabe recordar que los norteamericanos después tuvieron su guerra de secesión. La Suiza federal surgió, por su parte, de la guerra del Sonderbund. Pero el gran éxito de la construcción europea es, precisamente, conseguir una unión voluntaria acabando con un estado endémico de guerra. Además, el presente Tratado prevé que un Estado pueda abandonar libremente la Unión, razón de más para que los eurofóbicos voten a su favor.

Mientras el Tratado de Lisboa va siendo ratificado, se desarrolla un trabajo paralelo, por la premura de calendario, de preparación de su aplicación y una campaña en sordina de cara a la elección de los nuevos cargos. En este contexto, tras la experiencia de la Constitución Europea resulta ilusorio suponer que un nuevo no nos volvería a colocar en la casilla de partida, y que la Unión Europea del ciudadano y el euro aceptaría repetir la misma crisis. Galileo tenía razón: “E pur si muove”.

Today the Bill ratifying the Lisbon treaty comes before the House of Lords, having comfortably surmounted all its hurdles in the Commons.

The Lords will have to consider whether to approve the treaty and whether to support the demand for a referendum before it can be ratified. The two issues are separate, although closely related, because most of those demanding a referendum have no great enthusiasm for referendums as such, but are opposed to the treaty and hope that a referendum would scupper it.

The first and main question for the Lords is whether the treaty is good for the UK and for the EU as a whole. I would give an unhesitating affirmative answer to both.

The first purpose of the treaty is to make the EU function more efficiently and effectively after the recent huge increase in the number of member states. As the UK has consistently been a strong supporter of enlargement it would be perverse to refuse to approve those changes.

For example, I welcome the reduction in the size of the Commission and the capping of the size of the European Parliament. Moreover, the reduction in the number of issues where unanimity is required means that a single country will no longer be able to block legislation in areas such as energy, intellectual property, transport and research, where Britain has always supported EU action.

In the sensitive areas such as taxation and social security Britain will retain its veto. In addition, the treaty provides the UK with an extension of its right to choose whether or not to be bound by EU legislation relating to criminal law, police and judicial process. Furthermore there is a specific protocol preventing the Charter of Fundamental Rights itself creating justiciable rights in the UK.

When you add to that the substantial increase in the voting power of the UK in the Council of Ministers, and the new powers granted to the national parliaments, it becomes clear that for the UK the treaty taken as a whole does not amount to a significant transfer of power to the EU institutions. If anything the balance of power will have shifted away from the Commission towards the member states.

This is well demonstrated by the provisions that strengthen the EU’s capacity to act as a single force on the world stage. The merging of the roles of Commissioner for External Relations and High Representative for Foreign and Security Policy will increase the power of member states. Neither this measure nor the creation of a permanent President of the European Council confers new powers on the holders of those offices. But these measures do provide much greater continuity and clarity in the carrying out of the EU’s increasingly important role in the wider world. They do not impose agreement among the member states where it does not exist, and they do not enable the EU to act as a single entity where there is no such agreement. But by creating a clearer structure and greater continuity they will make it easier to build consensus within the EU and make it probable that the EU will be able to speak with a single voice more often on the world stage.

It is clear that on climate change, security of energy supply and the environment, no one country can solve these problems on its own, and it is in the interests of us all to increase the chances of the EU being able to act collectively. That is what the Lisbon treaty will achieve.

What then of the referendum issue? I hope that peers will focus more on the real issues of principle and less on what the political parties have said, or even on the minutiae of the differences between the Lisbon treaty and its failed predecessor, the constitutional treaty. As it happens, I believe those differences are substantial, as the independent Dutch Council of State has determined, and the differences are even greater for the UK than the other member states, because of other special provisions and opt outs.

I am, however, in principle opposed to referendums, as they are incompatible with representative parliamentary government, the true hallmark of the British constitutional system. It is simply not true to say that referendums have become an unavoidable part of our constitution. There has only ever been one referendum across the whole of the UK. That was the 1975 referendum on whether we should stay in the EU, which took place not for high constitutional reasons, but to solve the problems of a government that was seriously divided and wanted to change radically the policy that it had previously strongly espoused.

Nonetheless, I recognise that there is a widespread view that on matters of the greatest constitutional importance a referendum should nowadays be held. In the case of this Bill the real question that should be asked on this basis is: does the Lisbon treaty involve a substantial transfer of power from the UK to EU institutions? On any fair analysis the answer must be an unequivocal No.

One only has to compare it with the Maastricht treaty or the Single European Act to see that the Lisbon treaty is infinitely narrower in scope. It is, nonetheless, important to ratify it because it implements the changes needed as a result of enlargement, and because it will also help to create, but not impose, a common European foreign policy. But constitutionally it is a minnow, not a whale.

I yield to nobody in my support for and admiration of the House of Lords and the way it exercises its powers. The House is fully entitled to reject the treaty if it is regarded as contrary to the national interest. But it would be piquant, to put it very mildly, for an unelected House to seek to impose a referendum, the ultimate manifestation of populist democracy, where the elected House has declined to do so.

New European treaties have always been occasions for disagreement in British politics but never before, as far as I’m aware, a pretext for civil disobedience. Those who climbed a crane in Parliament Square early yesterday morning to demand a referendum on the Lisbon treaty can therefore be credited with a first. Suffragettes chained themselves to railings to demand votes for women and a committed few went to prison for resisting the poll tax, but no one has flouted authority to stop the march of qualified majority voting or preserve the EU’s rotating presidency. MPs voting on a referendum tomorrow have been warned.

With all due respect, this is unlikely to find a home in the pantheon of political protest. Great acts of civil disobedience are carried out in defence of huge moral principles arousing strong public sympathy. Anti-treaty campaigners claim all of this, but are wrong to do so. They point to an unofficial ballot organised in 10 constituencies that indicates 88% support for a referendum as well as other surveys showing large majorities in favour. But when have opinion polls ever shown the public rejecting the offer of a referendum on any subject? What counts is the intensity of feeling, and the ballot’s turnout of 36% hardly suggests a mood of deep public disquiet.

For months, Britain’s rightwing tabloids have been attempting to whip up hysteria about the treaty, but all they have done is to make themselves seem obsessive and out of touch. Protests have been low-key and people have reacted with a mixture of resignation and indifference. If they accepted the argument put forward by the Sun, that Lisbon will be the end of Britain, they would have taken to the street in large numbers. The fact that they have not suggests that they recognise the treaty for the minimalist offering that it is.

Efforts to generate outrage at the government’s refusal to carry over the promise it made to hold a referendum on Lisbon’s ill-fated precursor, the EU constitution, have also fallen flat. Ministers are correct to argue that Lisbon is a weaker treaty – not that they should be proud of the fact. The real mistake was to have offered a referendum at all, for the constitution was also a minimalist document and should have been dealt with as such. Unfortunately, Tony Blair lacked the backbone to tell Rupert Murdoch to mind his own business. On that score, at least, Gordon Brown can be judged an improvement.

The effect of Blair’s error of weakness has been to allow anti-Europeans to trespass on the democratic high ground. What could be wrong with giving the people a say? Surely the government has only changed its mind because it thinks it will lose? In fact, there is nothing democratic about allowing one or two members of a club of 27 to block change wanted by the rest. What opponents of Lisbon are asking for is not democracy at all, but the right of a single-country veto to frustrate the will of the majority. It is understandable that they should do so because they know that any properly democratic system would have approved the old constitution, never mind Lisbon.

Even so, this debate has highlighted a real weakness in the way decisions are taken in the EU. Without giving credence to the bogus democratic arguments put forward by proponents of a national referendum, pro-Europeans ought to feel some degree of embarrassment at the way the Lisbon treaty is being railroaded through to ratification. What started as an effort to involve European citizens in a more open process of treaty change, including a European convention, has ended with a return to decision-making by the elite. It may be expedient, but it is still a retrograde step.

The problem is one of trust, or lack of it. Many European leaders are now reluctant to take the risk of holding a referendum on the EU because they don’t trust voters to judge the issues on their merits, or even consider the issues at all. As with the failed referendums on the constitution in France and the Netherlands, there is a feeling that people tend to see a vote on Europe as a cost-free opportunity to lash out at unpopular national governments or express some other generalised frustration at the state of the world. It is the fact that EU treaties appear so remote to the concerns of voters, rather than the idea that they pose any great threat, that tends to produce negative outcomes. The result is democracy without responsibility.

This is a structural problem the EU will need to address if it is to have a successful future. The need for further treaty change will not go away just because ministers in the UK and other member states find it politically inconvenient. There is something bizarre in hearing those who urge the EU to face up to a permanent revolution in the organisation of its economy suggest that its political structures can somehow stand still. Just as it has always done, the EU will need to adapt its institutions and procedures in the face of evolving policy challenges and the accession of new members.

There is a way for the EU to make the necessary changes while answering the democratic criticisms levelled against it, but it involves an element of risk-taking that doesn’t come naturally to most European politicians. The answer would be to put future treaties before voters in EU-wide referendums. The interests of member states would be accounted for because the texts would still have to be agreed unanimously through inter-governmental negotiation. Any country that felt unable to accept a positive result in a pan-European ballot would then be entitled to hold a national referendum on whether it wished to remain an EU member under the new rules. For those wishing to walk away, the Lisbon treaty rather handily provides a new exit procedure.

There is always the possibility that one or two countries could decide to exercise this option, and the UK would certainly be high on the list of potential candidates. But faced with a democratic vote that had real consequences, it is more likely that people would opt for the benefits of continued membership. Opinion polls suggest that would be the case even here in the UK. Either way, the need for change is real, because the greatest risk for Europe is surely the choice between political sclerosis and collapsing democratic legitimacy currently on offer. The lesson of Lisbon must be that we can’t go on like this.

Así sonaba a mediados del siglo pasado el estribillo del famoso fado de Amália da Piedade Rebordão Rodrigues, más conocida como la Reina del Fado. Con esta canción llena de melancolía, Amália Rodrigues quería transmitir la saudade, esa tristeza que nos produce el no saber qué es lo que ocurre en nuestra tierra cuando estamos lejos.

En el año 2000, otra Rodrigues, esta vez de nombre Maria João, transformó la saudade portuguesa en un sentimiento de entusiasmo por Europa y de fe en su progreso económico y social. Maria João Rodrigues, entonces ministra de Trabajo, no era la reina del fado pero nos cantaba las bondades que se obtendrían en la Unión Europea si los Estados miembros modernizaban su economía, el mercado de trabajo y el sistema de protección social, a la vez que reactivaban la lucha contra la exclusión social y la pobreza. En marzo de aquel año, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reunidos en Lisboa dieron impulso político a su programa de reformas económicas: acababa de nacer la Estrategia de Lisboa.

Ha sido también en Lisboa donde, el pasado 14 de diciembre, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea nos han dejado un nuevo tratado. No se trata de una Constitución Europea, sino más bien de un “tratado reformador” o “modificador”, pues se limita a modificar los tratados ya existentes. Aún así, el Tratado de Lisboa introduce cambios de hondo calado en todas las instituciones de la Unión. En el caso de la Comisión Europea, por ejemplo, establece que el número de comisarios corresponderá a dos tercios de los Estados miembros -es decir, 18 sobre un total de 27 Estados miembros-, y los comisarios serán elegidos de acuerdo con un sistema de rotación igualitaria entre los Estados miembros. Esta reducción del tamaño del Colegio de Comisarios ayudará a soslayar la “nacionalización” encubierta y permitirá una toma de decisiones más acorde con los intereses generales de la Unión Europea.

Además, el tratado establece una nueva regla de voto en el Consejo de Ministros que facilitará la toma de decisiones mientras que, el nuevo papel reforzado del Parlamento Europeo, junto con la creación del derecho de iniciativa ciudadana, reforzará la democracia participativa en la Unión y dará lugar a un mayor acercamiento al ciudadano europeo, potenciando la contribución de la sociedad civil al debate político.

También en el reparto de competencias entre distintos niveles de poder hay novedades. Quizás la más llamativa, aunque no necesariamente la más relevante, sea el “principio de atribución”, es decir, que la Unión Europea no pueda ampliar sus competencias a expensas de los Estados miembros sin el consentimiento de éstos; que los Estados miembros puedan recuperar competencias antes traspasadas a la Unión, o que los parlamentos nacionales puedan hacer escuchar su voz en virtud de un “mecanismo de alerta temprana”. Por otro lado, el tratado refuerza los instrumentos y la eficacia en la toma de decisiones en materia de libertad, seguridad y justicia, sienta las bases para la construcción de una Europa de la Justicia, y establece los instrumentos necesarios para dotar de coherencia y unidad de acción a la política exterior de la Unión.

En cuanto a la política de ampliación, el nuevo tratado establece con claridad tres condiciones de obligado cumplimiento por los países candidatos. En primer lugar, el criterio político, que incluye la democracia, el respeto de los derechos humanos, etcétera. En segundo lugar, el económico, que exige el funcionamiento de economías de mercado y obliga a tener capacidad para hacer frente a la competencia proveniente de los otros países de la Unión Europea. Y, en tercer lugar, el criterio de asunción del acervo comunitario, que implica capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión como, por ejemplo, aplicar el derecho comunitario en la legislación nacional o suscribir los objetivos de Unión.

En materia económica, el nuevo tratado reconoce oficialmente la existencia del Eurogrupo y clarifica qué tipo de vínculos han de establecerse entre los Estados miembros que han adoptado el euro a la hora de coordinar sus políticas económicas, presupuestarias y fiscales. En cuanto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, introduce un reequilibrio de poderes entre la Comisión y el Consejo; este último podrá oponerse a las iniciativas de la Comisión.

Para terminar, en el terreno social, se refuerza la dimensión social de la Unión al introducir nuevos derechos, objetivos, políticas y modalidades en la toma de decisiones: la Carta de Derechos Fundamentales adquiere valor jurídico; se asignan nuevos objetivos sociales, como el pleno empleo, la lucha contra la exclusión social o la supresión de la pobreza; y se consolida el papel de los agentes sociales, del diálogo social y del Consejo Europeo de Primavera dedicado al crecimiento y al empleo. En otras palabras, se revalida la Estrategia de Lisboa que lanzó en el año 2000 Maria João Rodrigues.

Éstos son, a grandes rasgos, los elementos innovadores del Tratado de Lisboa que -en coherencia con el llamado “método comunitario” de construcción europea a partir de pequeños pasos- constituyen todo un pequeño gran salto hacia adelante que tendrá, sin duda alguna, hondas consecuencias sobre la construcción europea y sobre la vida cotidiana de sus ciudadanos.

The House of Commons is about to do a proper job. For the next month it is not discussing the new European constitution or “Lisbon treaty”. That is sealed and delivered, and was so back in 2005. The Commons is discussing whether Britain should agree to it, and how. The debate is already angry and bad-tempered, an excellent sign.On this subject there are just two facts that matter. The first is that everyone but a fool (or a minister) knows that the new treaty is the rejected 2005 constitution in all but name. Its architect, the former French president Valéry Giscard d’Estaing, says so. The German chancellor, Angela Merkel, who negotiated its passage, says so explicitly. Even the pro-government Commons foreign affairs committee said so, at least in part, last week. As the pro-EU Tory Kenneth Clarke remarked in the Commons on Monday, the foreign secretary, David Miliband, would look less miserable if he abandoned his absurd denial, admitted reality and got on with the debate.

The second fact is that all three parties promised voters at the 2005 general election that their view on the restructuring of the EU would be sought in a referendum. Both Tony Blair and Gordon Brown pledged there would there be no question of “bringing it back with a few amendments” and pretending it was different. There were no ifs, buts or equivocations. There were no references back to previous referendums or debating points about the Single European Act. There was just an old-fashioned, cast-iron, read-my-lips, democracy-is-sacred, thundering great pledge.

Given the brutal mugging and facial disfigurement to which this pledge has been subjected by Brown’s ministers, it is probably best remitted to the private confessional. A more vigorous debate is whether, irrespective of pledges, there should be a referendum anyway. Parliament cannot now alter the Lisbon treaty, but it can accept or reject it and determine the means of ratification.

Any argument about any referendum is dogged by the outcome usually being predictable from opinion polls. At the present moment 80% of the public wants one, though opinion is evenly divided on whether the treaty should be approved. Nonetheless, its advocates do not want to take the risk. Thus to want a referendum is seen as opposing the treaty, and to argue against one is seen as defending it. The democratic case for a referendum as such is corrupted.

Hence the agony of the Liberal Democrats who, on this matter, are neither liberal nor democratic. They too pledged a ratification referendum. But they have never been able to see, hear or speak evil of Euro-centralism, and therefore hold that a referendum on the treaty (which might be lost) should not be risked while one on withdrawal from Europe (which might be won) can be. The party’s leader, Nick Clegg, wriggled and squirmed when asked yesterday if he would support the government and oppose a referendum. It was like asking a Catholic if he would support the Pope.

Referendums are customarily used to approve changes in a nation’s constitutional structure. In this they have replaced the traditional British way of reform of bipartisan royal commissions. Given the pace of centralisation in many European states, referendums have increasingly been used to limit centralisation, to reallocate and fix power vertically between tiers in a democracy.

Thus a referendum was used by the British government to validate Scottish and Welsh devolution. Blair pleaded for one to both France’s Jacques Chirac and the British electorate, to validate devolution upwards to a new and clearly more potent EU. The need for such validation had special force given the constitution’s extraordinary “passerelle” clause, enabling Europe’s new institutions to extend their powers without recourse to further treaty amendments. Blair rightly took the view that such a marked transfer of sovereignty should receive a specific democratic mandate.

Let us assume for the sake of argument that Blair was wrong and Brown and Miliband are right. Let us assume that the mechanisms by which Britons are governed can be determined not by British electors or partisan cabinets (or even royal commissioners) but by former French presidents at chateau seminars. This is what I call the “Holy Roman Empire” case for the treaty.

Let us further assume that subtleties of modern government are such that ordinary people cannot hope in future to understand them, and that they are best left to a sophisticated supranational oligarchy: the “Brussels Raj” case. Let us finally assume that the rights of Europe’s minorities – even of entire states – are too trivial to be allowed to impede interests with most leverage on the Council of Ministers: the “majoritarian dictatorship”. (I had better add the ontological, or Liberal Democrat, case: that because Europe exists anything tagged European is good.)

Assuming all this, what happens next? We all know the answer. People fed up with bureaucratic meddling in their lives will gradually withdraw consent from honest government. As under communism they will evade, fiddle and go apathetic. Faced with a torrent of Euro-directives – some possibly virtuous, on free trade, energy saving, public safety, terrorism, civil rights, building regulations and conservation – they will disregard them, as Mediterranean countries ignore or corrupt any public administration they do not like.

I do not want this sort of Britain. It will happen not because voters were cheated of a promised referendum. Most will just shrug and say: “Typical politicians.” It will happen because no attempt was made to persuade them of the worth of a substantial transfer of their democracy off-shore, as would have happened in a referendum campaign. This neglect was not oversight. It was because the government thought its persuasion might not work (despite the polls suggesting it might). It was the arrogance of political cowardice.

Such an exercise would have benefited both sides of the argument. I still think Britain is better off as a member of the EU. Being dragged by trade necessity into accepting its regulatory regime, like Norway or Switzerland, is not sensible in an ever-more integrated continental economy. Britain is also one of the few EU countries that regularly resists the heap of corruption and self-aggrandisement that is the Brussels commission.

This stance is tenable only if Britons are willing participants in this “ever closer union”, and many are unwilling. Not asking them will not increase their willingness. It will be worse than undemocratic, it will be foolish.