Desde los indignados hasta profesores de economía, pasando por políticos, periodistas y tertulianos de todo tipo, cada vez son más los que se quejan de que la globalización y la economía de libre mercado hacen que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres, más pobres. Ante esta situación, piden un nuevo sistema económico con más intervención pública, menos libertad económica y más impuestos para los ricos.

Un aspecto curioso de estas quejas es que normalmente provienen de Europa o Estados Unidos. El problema es que nuestro egocentrismo occidental nos hace perder la perspectiva porque, si miramos el mundo en su conjunto, la pobreza y las desigualdades de renta no son cada día mayores sino ¡más bien al contrario!

Desde que el hombre inventó la agricultura, ahora hace 10.000 años hasta al principio de la revolución industrial en 1760, el 99,9% de la población de todos los países del mundo vivía en el umbral de la subsistencia. ¡Sí! Había reyes, césares, conquistadores o burócratas chinos inmensamente ricos, pero el 99,9% de los ciudadanos eran agricultores que trabajaban de sol a sol y que a duras penas podían comer, vestirse y tener una casa donde dormir. Fíjense si vivían cerca de la subsistencia que, cuando había una mala cosecha, la mitad de la población moría de hambre. Por lo tanto, durante miles de años no sólo la mayoría de la población era pobre sino que las desigualdades en el mundo eran pequeñas y constantes: todo el mundo era igual y pobre. Igual de pobre.

La cosa cambió radicalmente cuando, hacia 1760, llegaron la revolución industrial y el capitalismo. Primero en Inglaterra y Holanda. Después en los Estados Unidos y el norte de Europa. Después en Japón y en el sur de Europa. Las familias trabajadoras de lo que hoy conocemos como países ricos de la OCDE aumentaron el nivel de vida hasta el punto de tener cosas que los reyes más ricos de épocas anteriores no podían ni soñar: desde agua corriente en casa hasta electricidad, pasando por pasta de dientes, teléfonos, anticonceptivos, ipods, viajes baratos en avión, automóviles o cenas en restaurantes chinos, japoneses o italianos. La economía de mercado representó un milagro sin precedentes para la mayoría de los 1.000 millones de ciudadanos que hoy vive en estos países.

El resto del mundo, sin embargo, quedaba atrás y las desigualdades entre los 1.000 millones de personas cada vez más ricas y los 6.000 millones que permanecían igual de pobres, aumentaban sin parar. Pero entre 1950 y 1960 se despertó Asia. Primero fueron los pequeños dragones exportadores de Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Siguieron los tigres de Malasia, Tailandia o Indonesia. Finalmente, en 1976 muere el dictador Mao Zedong y China (1.300 millones de ciudadanos en población actual) abandona el marxismo maoísta e, introduciendo el capitalismo, pasa a abanderar la globalización a base de exportar e invertir por todo el mundo. Poco después, India (1.200 millones) abandona el socialismo de planificación y también introduce los mercados.

A partir de 1995, la África subsahariana, con 700 millones de habitantes, también ha empezado a desarrollarse ininterrumpidamente y, ya en la última década, América Latina ha retornado al camino del crecimiento que abandonó durante la crisis de la deuda de los ochenta.

Este masivo proceso de crecimiento, que está afectando a los países donde viven los 6.000 millones de ciudadanos más pobres del mundo, ha tenido dos consecuencias importantes. Primera, la pobreza en el mundo ha caído como nunca. Segunda, las diferencias entre ricos y pobres han disminuido de manera significativa.

¿Por qué dicen, pues, los indignados y los intelectuales que los apoyan que las desigualdades son cada vez mayores? La explicación es, una vez más, el egocentrismo que los lleva a fijarse sólo en las desigualdades dentro de sus propios países. Y es cierto que dentro de los Estados Unidos la distancia entre los ricos y los pobres ha aumentado. También lo han hecho las distancias entre los españoles ricos y pobres y entre los chinos ricos y pobres.

Pero cuando uno calcula las desigualdades en el mundo global, no basta con mirar la distancia entre americanos ricos y americanos pobres o entre chinos ricos y chinos pobres. Hay que mirar también la distancia entre chinos y americanos. Utilizando jerga económica, no sólo hay que mirar las desigualdades “dentro de los países” sino también las desigualdades “entre países”. Y el espectacular crecimiento de los enormes países emergentes ha hecho que la desigualdad “entre países” haya bajado tanto que ha acabado por empequeñecer las crecientes diferencias “dentro de los países”. La suma de las dos, lo que denominamos “desigualdad global”, ha bajado por primera vez en la historia.

Nuestra preocupación por la crisis que nos afecta tan duramente es una preocupación legítima y natural. Pero no nos tiene que hacer perder ni la perspectiva de la historia ni la enormidad del planeta donde vivimos. Y en este sentido, el fenómeno económico más importante de los últimos 30 años ha sido la exposición de los 6.000 millones de ciudadanos más pobres del mundo a las fuerzas del mercado. No es ninguna sorpresa ver que la consecuencia ha sido la reducción sin precedentes de la pobreza y una igualación de los niveles de vida entre los habitantes de nuestro mundo. El capitalismo y los mercados están generando un tsunami de prosperidad global que, estoy seguro, la historia acabará bautizando como el de la gran convergencia.

Los altos funcionarios de los bancos centrales no sólo deben estar por encima de toda sospecha de mal actuar, sino también parecerlo. Así que es de agradecer la decisión de Philipp Hildebrand, presidente de la Junta del Banco Nacional Suizo (BNS), en enero de dimitir por las acusaciones en torno a una transacción sospechosa realizada por su esposa. Pero, si bien su renuncia debe servir de precedente a seguir por los banqueros centrales  -de hecho, todoslos funcionarios públicos- de todo el mundo, las circunstancias que rodearon su salida huelen mucho peor que su causa.

El 15 de agosto de 2011, la esposa de Hildebrand, Kashya, cambió 400.000 francos suizos por dólares. El 6 de septiembre, Hildebrand  anunció que el BNS fijaría un tope para el valor del franco frente al euro, con lo que de facto forzó una depreciación del franco frente a todas las demás monedas importantes. Como resultado, el valor de la inversión de su esposa aumentó casi un 20%. Si bien Hildebrand arguye no haber tenido conocimiento de la transacción ese día,  renunció debido a que “no era posible ofrecer una prueba concluyente y definitiva” de que su esposa, una ex gerente de fondos de cobertura, haya realizado la transacción sin su conocimiento.

Un banquero central debe poner su dinero y el de su cónyuge en un fideicomiso ciego. Incluso si no sabía sobre la operación, Hildebrand cometió un error de juicio al no anularla de inmediato. Su renuncia se justifica, al igual que una mayor transparencia de las finanzas personales de los funcionarios de los bancos centrales  de todo el mundo.

Sin embargo, las circunstancias de la salida de Hildebrand podrían ser más preocupantes que su error de juicio. Hildebrand no era cualquier jefe de banco central: destacaba por su independencia, no sólo de la autoridad política, sino también del sector bancario. Habló muy temprano y muy a favor de mayores requisitos de capital para los bancos grandes, que también se opusieron a su heterodoxa  intervención en el  mercado de divisas.

Lo más importante, junto con el ministro de Finanzas suizo, Hildebrand presentó el “enfoque suizo” para la regulación bancaria. Este enfoque exige un nivel mucho mayor de reservas de capital para los bancos. En vez de seguir el nuevo requisito de reserva de 8% adoptado en otros países, el BNS exige ahora un capital social igual al 19% de los activos ponderados por riesgo, del cual un 9% se puede mantener como capital convertible, mientras que el 10% debe mantenerse como acciones ordinarias.

Cualquier economista consideraría prudentes estas políticas, pero le significaron pocos amigos en el mundo de los negocios. En un ataque sin precedentes, la importante revista suiza de negocios Bilanz lo acusó de tener una “mano temblorosa” en el timón del banco central. También fue atacado por un dirigente del derechista Partido del Pueblo Suizo (PPS).

Nací en el país de Maquiavelo, y aun así me resulta sorprendente el que, después de todos estos ataques a Hildebrand, el estado robado de la cuenta bancaria privada de su familia fuera filtrado a un vicepresidente del PPS, que lo hizo público. ¿No hubiera sido robado, o que el vicepresidente del PPS se hubiera negado a utilizarlo, dado su origen ilegal, si Hildebrand  hubiera sido más complaciente  hacia los intereses especiales?

Más importante aún, me pregunto si su sucesor en el Banco Nacional Suizo -y todos los demás jefes de bancos centrales- se plantea la misma pregunta. Después de todo, esta es una manera en que ocurre la captura del regulador. Cuando el objeto de ella no gusta de la regulación,  pone en peligro la carrera del regulador. Más a menudo, influye en la regulación tentando al regulador con la promesa de un lucrativo empleo futuro. Puesto que Hildebrand gozaba de independencia económica, este enfoque no habría funcionado muy fácilmente con él. ¿Recibió el palo en lugar de la zanahoria?

Afortunadamente, contamos con una buena prueba independiente. El jefe de la Autoridad Bancaria Europea, Andrea Enria, ha emitido nuevas regulaciones que no son amigables con los bancos. Si bien se puede debatir la conveniencia de reforzar las normas de contabilidad en medio de una crisis, su orden de que los bancos aumenten su capital está totalmente justificada, sobre todo en momentos en que el Banco Central Europeo los subvenciona con un muro de tres años de liquidez casi sin coste alguno.

El sector bancario no ha sido parco en  críticas. El presidente de la Asociación Bancaria Italiana incluso amenazó con demandar a Enria personalmente.

Si Enria tuviera que dimitir o -Dios no lo quiera- fuera obligado a renunciar por un escándalo en un futuro próximo, los reguladores bancarios en todas partes recibirían el mensaje: “Buen trabajo el que tiene usted allí… sería una pena si algo le pasara.”

Las fallas generalizadas y sistemáticas en el tema de la regulación representan los problemas evidentes de los que nadie quiere hablar cuando se trata de reformar el capitalismo occidental de hoy. Sí, se ha hablado mucho de la dañina dinámica política, regulatoria y financiera que originó el ataque cardiaco de la economía global en 2008 (con lo que comenzó lo que Carmen Reinhart y yo llamamos “La segunda gran contracción”.) ¿Sin embargo, es sólo un problema de la industria financiera, o es un ejemplo de una deficiencia más profunda del capitalismo occidental?

Consideremos la industria de los alimentos, en particular, pensemos en la mala influencia que a veces tiene en la nutrición y en la salud. Las tasas de obesidad se están disparando en todo el mundo, aunque entre los países más grandes, tal vez el problema es más grave en los Estados Unidos. Según los Centros para el control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos, aproximadamente una tercera parte de los adultos de ese país son obesos (indicado por el índice de masa corporal superior a 30). Lo que es todavía más sorprendente es que uno de cada seis niños y adolescentes son obesos, un porcentaje que se ha triplicado desde 1980. (Para su conocimiento: mi esposa produce un programa de televisión y de Internet llamado  kickinkitchen.tv que tiene como objetivo luchar contra la obesidad infantil.)

Por supuesto, los problemas de la industria de los alimentos los han puesto de relieve enérgicamente expertos en nutrición y salud, incluidos Michael Pollin y David Katz, e indudablemente también lo han hecho muchos economistas. Además, hay muchos otros ejemplos en una amplia variedad de productos y servicios en donde se podrían encontrar cuestiones similares. Sin embargo, me quiero enfocar en la relación que hay entre la industria de los alimentos y los problemas más graves del capitalismo contemporáneo (que sin duda ha facilitado el auge de obesidad en todo el mundo), y la razón por la que el sistema político estadounidense le ha dedicado muy poca atención al asunto (aunque la Primera Dama, Michelle Obama, ha hecho importantes esfuerzos para crear conciencia sobre el problema).

La obesidad afecta la esperanza de vida de muchas maneras, que van desde las enfermedades cardiovasculares hasta algunos tipos de cáncer. Además, la obesidad –ciertamente la mórbida- puede afectar la calidad de vida. Los costos no sólo los asume el individuo sino también la sociedad –directamente, a través del sistema de servicios de salud, e indirectamente, mediante la pérdida de productividad, por ejemplo, y mayores costos de transporte (más combustible de avión, asientos más amplios, etc.).

Sin embargo, la epidemia de la obesidad no interrumpe en absoluto el crecimiento. Los alimentos altamente procesados a base de maíz que tienen numerosos aditivos químicos son bien conocidos por ser un importante motor del aumento de peso, pero, desde una perspectiva convencional de contabilidad del crecimiento, son excelentes. Las grandes empresas agrícolas reciben dinero por producir maíz (a menudo subsidiado por el gobierno), y los procesadores de alimentos reciben dinero por añadir toneladas de químicos para crear un producto adictivo –y por lo tanto irresistible. Al mismo tiempo, los científicos reciben dinero por encontrar la mezcla exacta de sal, azúcar y químicos para hacer altamente adictiva la comida instantánea más nueva; los anunciantes reciben dinero por promoverla; y al final, la industria de la salud gana fortunas al tratar la enfermedad que inevitablemente se produce.

El capitalismo coronario es fantástico para el mercado bursátil, que incluye compañías en todas estas industrias. Los alimentos altamente procesados también son buenos para la creación de empleos, incluidos los de alto nivel en las áreas de la investigación, la publicidad y los servicios de salud.

Entonces, ¿quién podría quejarse? Ciertamente no los políticos, que son reelegidos cuando abundan los empleos y los precios de las acciones están a la alza – y obtienen donaciones de todas las industrias que participan en la producción de alimentos procesados. En efecto, en los Estados Unidos los políticos que osaran hablar de las implicaciones de los alimentos procesados para la salud, el medio ambiente o la sustentabilidad, se quedarían en numerosas ocasiones sin financiamiento para sus campañas.

Cierto, las fuerzas del mercado han alentado la innovación, que continuamente ha reducido los precios de los alimentos procesados, mientras que los precios de las frutas y vegetales que todos conocemos han subido. Es un punto razonable, pero pasa por alto el enorme fracaso del mercado.

Los consumidores reciben muy poca información en las escuelas, bibliotecas o campañas de salud; en cambio, los mensajes publicitarios los inundan con información errónea. Las circunstancias de los niños son especialmente alarmantes. Dado que en la mayor parte de los países hay pocos recursos para tener una televisión pública de alta calidad, los niños quedan cooptados por los canales que pagan los anunciantes, incluidos los de la industria de alimentos.

Más allá de la desinformación, los productores tienen pocos incentivos para confrontar los costos del daño ambiental que provocan. Igualmente, los consumidores no tienen muchos motivos para asumir los costos de salud relacionados con la elección de sus alimentos.

Sería suficientemente grave que nuestros únicos problemas fueran los ataques al corazón que provoca la industria de los alimentos y el fenómeno económico equivalente que facilita la industria financiera. Sin embargo, la dinámica patológica del marco regulatorio, político y económico que caracteriza a estas industrias es mucho más dañina. Necesitamos desarrollar instituciones nuevas y mucho mejores para proteger los intereses de largo plazo de la sociedad.

Por supuesto, el equilibrio entre la soberanía de los consumidores y el paternalismo siempre es un asunto delicado. No obstante, bien podríamos empezar a crear un equilibrio más sano que el que tenemos ahora mediante información pública más efectiva a través de una amplia gama de plataformas para que las personas puedan empezar a tomar decisiones de consumo y políticas mejor fundamentadas.

Se vuelve a preguntar por el futuro del capitalismo. ¿Sobrevivirá a la presente crisis en su forma actual? En caso de que no, ¿se transformará o tomará la iniciativa el Estado?

El término “capitalismo” solía significar un sistema económico en el que el capital y su comercio eran de propiedad privada; correspondía a los propietarios del capital decidir la forma mejor de usarlo y podían recurrir a las previsiones y las ideas creativas de los empresarios y de los pensadores innovadores. Dicho sistema de libertad y responsabilidad individuales daba poco margen para que el Estado influyera en la adopción de decisiones económicas: el éxito significaba beneficios; el fracaso; pérdidas. Las empresas podían existir sólo mientras los individuos libres accedieran a comprar sus productos y, de lo contrario, habían de cerrar rápidamente.

El capitalismo llegó a ser un triunfador mundial en el siglo XIX, cuando desarrolló capacidades para la innovación endémica. Las sociedades que adoptaron el sistema capitalista obtuvieron una prosperidad inigualada, gozaron de una generalizada satisfacción laboral, consiguieron un aumento de la productividad que maravilló al mundo y acabaron con la privación en masa.

Ahora el sistema capitalista se ha corrompido. El Estado gestor ha asumido el cometido de ocuparse de todo: desde los ingresos de la clase media hasta los beneficios de las grandes empresas y el progreso industrial. Sin embargo, el sistema no es capitalismo, sino un orden económico que se remonta a Bismark, al final del siglo XIX, y a Mussolini, en el siglo XX: el corporativismo.

En sus diversas formas, el corporativismo ahoga el dinamismo que contribuye al trabajo atractivo, un crecimiento económico más rápido, mayores oportunidades y menos exclusión. Mantiene empresas letárgicas, despilfarradoras, improductivas y bien relacionadas con el poder a expensas de emprendedores dinámicos y ajenos a él y prefiere objetivos declarados, como, por ejemplo, la industrialización, el desarrollo económico y la grandeza nacional, a la libertad económica y la responsabilidad de los individuos. En la actualidad, se ha llegado a considerar que compañías aéreas, fabricantes de automóviles, empresas agrarias, medios de comunicación, bancos de inversión, fondos de cobertura y muchos más eran demasiado importantes para afrontar por sí solos el mercado libre, por lo que han recibido ayudas del Estado en nombre del “bien público”.

Los costos del corporativismo resultan aparentes a nuestro alrededor: empresas disfuncionales que sobreviven pese a su flagrante incapacidad para servir a sus clientes; economías escleróticas con un lento aumento de la producción; escasez de trabajo atractivo y de oportunidades para los jóvenes; Estados en quiebra por las medidas adoptadas para paliar esos problemas y una concentración en aumento de la riqueza en manos de quienes están lo suficientemente bien relacionados para beneficiarse del pacto corporativista.

Esa substitución del poder de los propietarios y los innovadores por el de los funcionarios estatales es la antítesis del capitalismo y, sin embargo, los defensores y los beneficiarios de este sistema tienen la temeridad de reprochar todos esos fracasos al “imprudente capitalismo” y a la “falta de regulación”, que, según sostienen, necesita mayor supervisión y reglamentación, lo que significa, en realidad, más corporativismo y favoritismo estatal.

Parece improbable que un sistema tan desastroso sea sostenible. El modelo corporativista carece de sentido para las generaciones jóvenes que se han criado usando Internet, el mercado de mercancías e ideas más libre del mundo. El éxito y el fracaso de las empresas en Internet es la mejor publicidad para el mercado libre: los sitios web de redes sociales, por ejemplo, ascienden y caen casi instantáneamente, según sirvan bien o no a sus clientes.

Sitios como, por ejemplo, Friendster y MySpace intentaron conseguir beneficios suplementarios comprometiendo la intimidad de sus usuarios y fueron castigados instantáneamente con el abandono de los usuarios, que optaron por competidores más seguros como Facebook y Twitter. No hizo falta reglamentación estatal alguna para llevar a cabo esa transición; de hecho, si los modernos Estados corporativistas hubieran intentado hacerlo, actualmente estarían apoyando a MySpace con dólares de los contribuyentes y haciendo campaña con la promesa de “reformar” sus características en materia de intimidad.

Internet, como mercado de ideas en gran medida libre, no ha tenido piedad con el corporativismo. Las personas que se criaron con su descentralización y libre competencia de ideas han de considerar ajena a ellas la idea del apoyo estatal a las grandes empresas e industrias. Muchos son los que en los medios de comunicación tradicionales repiten la antigua consigna de que “lo que es bueno para la empresa X es bueno para los Estados Unidos”, pero no es probable que semejante consigna tenga demasiados seguidores en Twitter.

La legitimidad del corporativismo se está erosionando, junto con la salud fiscal de los gobiernos que han contado con él. Si los políticos no pueden revocarlo, el corporativismo se destruirá a sí mismo y quedará enterrado bajo las deudas y las suspensiones de pagos y de los desacreditados escombros corporativistas podría resurgir un sistema capitalista. Entonces “capitalismo” tendría de nuevo su significado verdadero, en lugar del que le han atribuido los corporativistas que procuraban ocultarse tras él y los socialistas que deseaban denigrarlo.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social, una fundación británica, publicó un gráfico alarmante que comparaba la depresión actual con recesiones y recuperaciones anteriores. Resulta que según un indicador importante -los cambios en el Producto Interior Bruto (PIB) desde que empezó la recesión- a Reino Unido le está yendo peor esta vez de lo que le fue durante la Gran Depresión. Tras cuatro años de depresión, el PIB británico había vuelto a alcanzar su máximo anterior; cuatro años después de que empezara la Gran Recesión, Reino Unido no está ni mucho menos cerca de recuperar el terreno perdido.

Reino Unido tampoco es la única. A Italia también le está yendo peor que durante la década de 1930, y con España dirigiéndose claramente hacia una doble recesión, tenemos a tres de las cinco grandes economías europeas como miembros del club de los “peores que”. Sí, existen algunas salvedades y complicaciones, pero esto constituye, no obstante, un asombroso fracaso de la política.

Y es un fracaso, concretamente, de la doctrina de austeridad que ha predominado en el debate político de las élites tanto en Europa como, en gran medida, en Estados Unidos durante los dos últimos años.

Y bien, en cuanto a esas salvedades: por una parte, el paro en Reino Unido era mucho más elevado en la década de 1930 de lo que lo es ahora, porque la economía británica estaba deprimida -principalmente por culpa de un regreso desacertado al patrón oro- incluso antes de que estallara la depresión. Y por otra parte, Reino Unido sufrió una depresión muy llevadera en comparación con la de Estados Unidos.

Incluso así, superar el historial de la década de 1930 no debería ser un reto difícil. ¿Acaso no hemos aprendido muchas cosas sobra la gestión económica a lo largo de los 80 últimos años? Sí, así ha sido, pero en Reino Unido y en otros lugares, la élite política decidió tirar por la ventana los conocimientos obtenidos a duras penas y confiar en cambio en ilusiones que le convinieran desde un punto de vista ideológico.

Se creía que Reino Unido, en concreto, era un modelo de “austeridad expansionista”, la idea de que, en vez de aumentar el gasto del Gobierno para luchar contra las recesiones, hay que recortarlo, y que esto induciría un crecimiento económico más rápido. “Los que sostienen que ocuparse de nuestro déficit y fomentar el crecimiento son de alguna manera alternativas se equivocan”, declaraba David Cameron, el primer ministro británico. “No puedes aplazar lo primero para impulsar lo segundo”.

¿Cómo podía prosperar la economía cuando el desempleo ya era elevado y las políticas del Gobierno estaban reduciendo directamente el empleo más todavía? ¡La confianza! “Creo firmemente”, manifestaba Jean-Claude Trichet -que por aquel entonces era el presidente del Banco Central Europeo y un firme partidario de la doctrina de la austeridad expansionista- “que, en la coyuntura actual, las políticas que impulsen la confianza acelerarán la recuperación económica en vez de obstaculizarla, porque la confianza es el factor clave hoy en día”.

Semejantes invocaciones al hada de la confianza nunca fueron plausibles; los investigadores del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones desacreditaron rápidamente la supuesta prueba de que los recortes en el gasto crean empleo. Sin embargo, la gente influyente a ambos lados del Atlántico colmó de elogios a los profetas de la austeridad, y a Cameron en especial, porque la doctrina de la austeridad expansionista encajaba con sus programas ideológicos.

Por tanto, en octubre de 2010, David Broder, quien prácticamente encarnaba la opinión común, alabó a Cameron por su audacia, y en concreto por “no hacer caso de las advertencias de los economistas de que una medicina repentina y fuerte podría frenar en seco la recuperación económica y volver a sumir al país en la recesión”. Más tarde, instó al presidente Barack Obama a “hacer una cameronada” y llevar a cabo “una reducción drástica del Estado de bienestar ya mismo”.

Sin embargo, por extraño que parezca, esas advertencias de los economistas resultaron ser totalmente acertadas. Y tenemos bastante suerte de que Obama no hiciera, de hecho, una cameronada.

Lo que no quiere decir que todo vaya bien en la política estadounidense. Es cierto que el Gobierno ha evitado una austeridad total, pero los gobiernos estatales y locales, que deben tener unos presupuestos más o menos equilibrados, han recortado el gasto y el empleo a medida que se acababa la ayuda federal, y eso ha sido un lastre importante para el conjunto de la economía. Sin esos recortes del gasto, ya podríamos haber estado en la senda del crecimiento autosostenible; tal y como están las cosas, la recuperación pende de un hilo.

Y puede que el continente europeo, donde las políticas de austeridad están teniendo el mismo efecto que en Reino Unido y donde muchos indicios apuntan a una recesión este año, nos lleve por mal camino.

Lo más exasperante de esta tragedia es que era totalmente innecesaria. Hace un siglo, cualquier economista -o, de hecho, cualquier estudiante universitario que hubiese leído el libro de texto Economía, de Paul Samuelson- les podría haber dicho que la austeridad frente a una depresión era una idea muy mala. Pero los que elaboran las políticas, los expertos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron, en gran parte por razones políticas, olvidar lo que solían saber. Y millones de trabajadores están pagando el precio de su amnesia deliberada.

From July 2005 until this past December, China’s renminbi (RMB) appreciated steadily. But then the RMB fell unexpectedly, hitting the bottom of the daily trading band set by the Peoples’ Bank of China (PBoC) for 11 sessions in a row. Though the RMB has since returned to its previous trajectory of slow appreciation, the episode may have signaled a permanent change in the pattern of the exchange rate’s movement.

As long as China was running a trade surplus and receiving net inflows of foreign direct investment, the RMB remained under upward pressure. Short-term capital flows had little impact on the direction of the RMB’s exchange rate.

There were two reasons for this. First, thanks to an effective – albeit porous – capital-control regime in China, short-term “hot money” (capital coming into China aimed at arbitrage, rent-seeking, and speculation) could not enter (and then leave) freely and swiftly. Second, short-term capital flows usually would strengthen rather than weaken upward pressure on the RMB’s exchange rate, because speculators, persuaded by China’s gradual approach to revaluation, bet on appreciation.

So why, if China was still running a decent current-account surplus and a long-term capital surplus, did the RMB suddenly depreciate, forcing the PBoC to intervene (though not very vigorously) to prevent it from falling further?

Many economists outside of China have argued that the December depreciation resulted from betting by investors that Chinese policymakers, facing the prospect of a hard landing for the economy, would slow or halt currency appreciation. But if that were true, we would now be seeing significant long-term capital outflows and heavy selling of RMB for dollars in China’s foreign-exchange market.

We see neither reaction. More importantly, the RMB’s slow appreciation resumed fairly promptly after December’s dip, while investors’ bearish sentiments about China’s economy remain consistent.

In fact, the RMB’s sudden fall in December reflects China’s liberalization of cross-border capital flows. That process began in April 2009, when China launched the pilot RMB Trade Settlement Scheme (RTSS), which enables enterprises, especially larger ones, to channel their funds between Mainland China and Hong Kong. As a result, an offshore RMB market, known as the CNH market, was created in Hong Kong alongside the onshore market, now dubbed the CNY market.

But, in contrast to the CNY, the CNH is a free market. Given expectations of RMB appreciation and a positive interest-rate spread between Mainland China and Hong Kong, the RMB had a higher value in dollar terms on the CNH than on the CNY market. That difference led to active exchange-rate arbitrage by mainland importers and multinational firms – one form of capital inflows from Hong Kong to the mainland. Correspondingly, RMB liabilities owed by mainland Chinese and multinationals increased, as did RMB assets held by Hong Kong residents.

Exchange-rate arbitrage by mainland importers and multinationals creates upward pressure on the CNY and downward pressure on the CNH. In an economy with flexible interest and exchange rates, arbitrage eliminates the exchange-rate spread quickly. But, because China’s exchange rate and interest rates are inflexible, the CNH-CNY spread persists, and arbitragers are able to reap fat profits at the economy’s expense.

Last September, however, financial conditions changed suddenly in Hong Kong. The liquidity shortage caused by the European sovereign debt-crisis led developed countries’ banks – especially European banks with exposure in Hong Kong – to withdraw their funds, taking dollars with them. As a result, the CNH fell against the dollar. At the same time, the shortage of dollars had not yet affected the CNY, which remained relatively stable.

The CNH therefore became cheaper than the CNY. Consequently, mainland importers and multinationals stopped buying dollars from the CNH market and returned to the CNY market. At the same time, mainland exporters stopped selling dollars in the CNY market and turned to the CNH market.

The dollar shortage created depreciation pressures on the CNY, which the PBoC declined to offset. The CNY was thus bound to fall, which it did last September.

Reverse arbitrage meant capital outflows from the Chinese mainland. Correspondingly, RMB liabilities owed by mainlanders and multinationals decreased, as did RMB assets held in Hong Kong. In fact, increases in financing costs and uncertainty about RMB appreciation prompted a partial sell-off of RMB assets by Hong Kong residents.

In short, because the RTSS made cross-border capital movements much easier, short-term flows have become a major factor in determining the RMB’s exchange rate. External shocks affect the offshore exchange rate first, and then feed through to the onshore exchange rate.

The RMB will continue to appreciate in the near future, owing to strong economic fundamentals, but the inherent instability of short-term capital flows will make its exchange rate more volatile. This change is bound to pose new challenges for decision makers in the United States and China, particularly as they engage in a fresh round of debate about China’s exchange-rate policy.

Is 20th-century capitalism failing 21st-century society? Members of the global elite debated that unusual question on Wednesday at the annual World Economic Forum.

There was a time, not long ago, when such a debate would have been held only among the protesters who annually shelter in igloos farther down the Alpine slopes. So it is encouraging that more than three years since the global financial crisis, a belated process of soul-searching has begun in search of the right lessons to learn from it.

In Britain, members of the Conservative-led government — not least the prime minister, David Cameron — have echoed the Labour Party’s call for a more responsible capitalism.

There is a great difference, however, between being willing to talk about an issue and being ready to act.

It is a difference between those who still believe that all governments can do is get out of the way and those who believe there is a real role for governments in first reviving our economies, and then setting the right rules for future success. The challenge therefore is not just to capitalism but also to politics.

At the Group of 20 summit in London three years ago, Prime Minister Gordon Brown and President Obama led concerted action to guide the world economy from the brink. Three years later, some governments are engaging in a short-sighted fiscal protectionism that can only lead to stunted growth.

If we learned anything from the 1930s, it was that governments cannot shrug their shoulders and watch as their own people are consigned to unemployment. I find it tragic and astonishing that some governments need to learn this lesson again.

Nor should we forget the causes of the current growth and debt crisis as we seek to put our economies on a more sustainable footing.

Both the United States and Britain suffered because their economies were overly reliant on the financial sector’s artificial profits; living standards for the many worsened while the economic rewards skewed to the top 1 percent; a capitalist model encouraged short-term decision-making oriented toward quarterly profits rather than long-term health; and vested interests — from giant banks to media moguls —were deemed too big to fail or too powerful to challenge.

We need to recognize that the trickle-down promise of conservative theorists has turned into a gravity-defying reality in which wealth has flowed upward disproportionately and, too often, undeservedly. To address properly the squeeze in middle-class incomes on both sides of the Atlantic requires fresh thinking from governments about how people train for their working lives and what a living wage should be.

Governments can set better — not necessarily more — rules to encourage productive businesses that invest, invent, train, make and sell real products and services. We need rules that discourage the predatory behavior of those seeking the fast buck through hostile takeovers and asset-stripping that do not have the interests of the shareholders, the employees or the economy at heart.  In Britain, the Labour Party is considering how we can raise the bar for corporate takeovers so that companies’ futures are not determined by just a handful of speculators.

And governments must remember they are elected to serve the people, not the powerful lobbies who can pay for access or influence. Too often the real enemies of market capitalism are some of the leading beneficiaries of the current model, which favors price-gouging cartels and consumer exploitation. In Britain, airlines need to be more upfront about  the true cost of their fares, and pension firms cannot continue to sign up customers for products that can chip away at their retirement income through exorbitant management fees.

As President Obama noted in his State of the Union address on Tuesday, it is neither socially nor economically sustainable for the wealthiest and most powerful to avoid paying their fair share. I support proposals for a financial transactions tax levied equally on the major trading centers from Hong Kong and Singapore to Wall Street and the City of London. The British government needs to show more leadership on this issue in Europe — and all members of G-20 need to help make it happen.

Britain loses billions of pounds in revenues because of outdated rules that allow our richest citizens to keep their money in off-shore tax havens. Tax authorities need to know about income and wealth hidden behind front companies, trusts and other complex financial products. If these rules cannot be changed by international agreement, progressive governments should go ahead and do it themselves.

As President Obama said in his State of the Union address this week, it is “common sense” to ask a billionaire to pay, proportionally, at least as much as his secretary in taxes. Indeed, in Davos this week, I will look around the room and ask myself who pays taxes at a higher rate — those eating the soup or those serving it?

In my country, I believe that changing the rules of capitalism will mean a change of government. But more generally, it will require a change in what citizens expect and ask of politics. The question is not so much whether 20th-century capitalism is failing 21st-century society but whether politics can rise to the challenge of changing a flawed economic model.

Al principio parece difícil de entender: el capital mundial fluye de los países pobres a los ricos. Los países con mercados emergentes generan superávits de cuenta corriente y las economías avanzadas, déficits. Uno esperaría que los países (jóvenes) en desarrollo, con rápido crecimiento y escasez de capital lo importasen del resto del mundo para financiar su consumo y su inversión. ¿Qué hacen entonces enviando capital a los países más ricos en lugar de importarlo?

China es un claro ejemplo. Con un superávit de cuenta corriente que promedió el 5,5% de su PBI en 2000-2008, China se ha convertido en uno de los mayores prestamistas mundiales. A pesar de su rápido crecimiento y promisorias oportunidades de inversión, el país ha enviado continuamente una porción significativa de sus ahorros al extranjero.

Y China no está sola. Otros mercados emergentes –incluidos Brasil, Rusia, India, México, Argentina, Tailandia, Indonesia, Malasia, y los países exportadores de petróleo del Medio Oriente– han aumentado significativamente sus superávits de cuenta corriente desde principios de la década de 1990. En forma colectiva, los países en desarrollo con escaso capital están prestando a las economías avanzadas que lo poseen en abundancia.

Muchos observadores creen que estos desequilibrios globales reflejan la integración financiera de las economías en desarrollo, junto con la falta de madurez de sus mercados financieros internos. Según esta interpretación, la demanda de activos de esos países no puede cubrirse –ni en términos cuantitativos ni en términos cualitativos– en forma local, por lo que destinan parte de sus ahorros a países como EE. UU., que pueden ofrecer una mayor variedad de activos de calidad.

Si bien es plausible, este argumento sugiere que, a medida que los mercados financieros crecen en los países en desarrollo, los desequilibrios globales deben disminuir. Pero ese cambio de sentido no se percibe en ninguna parte. ¿Por qué?

Un aspecto crucial de la globalización ha sido la liberalización del comercio. La participación del comercio exterior en el PBI chino se disparó del 25% en 1989 al 66% en 2006, en gran medida gracias a su incorporación a la Organización Mundial del Comercio en 2001.

La mayor parte de lo que China y otros países en desarrollo producen y exportan son bienes intensivos en mano de obra, como textiles e indumentaria. Esto ha permitido que las economías avanzadas, a su vez, produzcan y exporten productos más intensivos en capital y con mayor valor agregado. La globalización del comercio permitió que los países aprovechen la mayor eficiencia derivada de la especialización en sus sectores con ventajas comparativas.

Con un ligero esfuerzo mental, uno puede imaginarse que la producción y el intercambio de un país pueden afectar sus decisiones de ahorro e inversión. Una economía en la que la actividad productiva principal es la recolección de bayas, por ejemplo, tiene poca necesidad de inversión y acumulación de capital. Sus trabajadores perciben salarios, consumen, y ahorran parte de ese ingreso. Como el proceso de producción requiere poco capital, no hay demanda interna de inversión y, por lo tanto, no existen vehículos para canalizar el ahorro. En lugar de ello, la única forma de ahorrar es adquirir capital en el extranjero –en economías con una producción intensiva en capital y demanda de inversión. Esta economía siempre exportará sus ahorros.

Ese puede ser un ejemplo extremo, pero ilustra un punto más general sobre la manera en que el comercio afecta los flujos financieros. Los países que producen y exportan bienes más intensivos en mano de obra –tal vez debido a su mayor apertura comercial, o al crecimiento más rápido de su fuerza de trabajo y de la productividad, situaciones que ocurren en China– pueden experimentar un incremento en el ahorro, pero una suba menos que proporcional en su demanda de capital.

Los países ricos, por el contrario, pueden exportar más bienes intensivos en capital y tienen, por lo tanto, una mayor necesidad de inversión. Pueden entonces estar importando más capital –y aumentando su déficit de cuenta corriente– sencillamente porque están produciendo bienes más intensivos en capital.

Con un aporte de los países en desarrollo –en especial China, India y los países de la antigua Unión Soviética– de aproximadamente 1,5 miles de millones de trabajadores a la economía mundial desde principios de la década de 1990, no es difícil entender el impacto potencial de este efecto. Después de todo, gran parte de esa fuerza de trabajo fue absorbida por industrias intensivas en mano de obra que eventualmente fabricaron productos en forma masiva para exportarlos al resto del mundo. De hecho, esa impresionante incorporación de trabajadores ayudó a reducir el precio relativo de los bienes intensivos en mano de obra, que cayó aproximadamente un 15% entre 1989 y 2008.

A medida que los países en desarrollo incrementaron la producción y exportación de bienes intensivos en mano de obra, sus superávits de cuenta corriente aumentaron –aproximadamente en 3,6 puntos porcentuales en promedio entre 1989-1993 y 2002-2006. El superávit de cuenta corriente chino aumentó casi 11 puntos porcentuales durante el mismo período, el de India lo hizo en 2,5 puntos porcentuales, y el ruso, en 7 puntos. Esos países, así como otras grandes economías con superávits, como Brasil, Arabia Saudita e Irán, experimentaron un aumento simultáneo en el contenido de mano de obra de sus exportaciones.

Este patrón contrasta con el de Estados Unidos y muchos otros países avanzados, que han experimentado un deterioro de sus resultados de cuenta corriente a medida que su producción y exportaciones se tornaron más intensivas en capital.

Muchos dudan que China esté exportando más bienes intensivos en mano de obra en vez de mejorar sus exportaciones en términos de intensidad de uso del capital y habilidades. Pero las estadísticas de comercio sugieren lo opuesto, tal vez porque la incorporación de China a la OMC llevó a reducciones en los aranceles que liberaron más producción intensiva en mano de obra.

De hecho, esos datos pueden estar subestimando la verdadera intensidad de la mano de obra china y sobreestimando la intensidad del capital y las habilidades incorporados en sus exportaciones. China ha experimentado un rápido crecimiento del comercio de maquila: el ensamblaje de insumos intermedios –importados desde países como EE. UU. y Japón– con elevadas proporciones de capital y habilidades. Así que, mientras las exportaciones de estos bienes terminados pueden aportar a los contenidos de capital y habilidades propias de China, el verdadero papel desempeñado por ese país solo se dio en el proceso intensivo en mano de obra del ensamblaje.

La estructura productiva de un país puede determinar en gran medida el capital que ofrece y necesita. Entonces, la posibilidad de flujos de capital hacia países ricos que producen y exportan bienes más intensivos en capital no debiera ser tan desconcertante, después de todo.

The World Economic Forum’s annual gathering is normally little more than a toast to the benefits of increasing global GDP, trade, and investment. But this year’s meeting comes at a time when economic expansion can no longer be taken for granted, and when the uneven benefits of past growth are sparking mass social unrest.

So it is little wonder that doomsday scenarios about the “seeds of dystopia” and the risks of “rolling back the globalization process” are being dangled in Davos. The world’s economic and political leaders stand warned: do globalization better, or it will be derailed by the growing legions of the discontented.

Leaders would be unwise to ignore this warning. Discussions in Davos must go beyond how to rectify the imbalances in developed countries’ debt-to-GDP ratios. They must finally pay attention to the wider imbalances generated by unfettered globalization.

Popular anger is directed not only at the bank bailouts, soaring public debt, and bleak employment prospects of recent years. All around the world, people have fallen afoul of a two-track economic process whereby whole industries have been sacrificed to cheaper imports, whole regions have been consigned to abandonment or degradation, and whole populations have been frozen out of economic progress.

Nowhere are these imbalances more evident than in the global food system. Globalization has been wholeheartedly embraced in the service of feeding the world: bilateral and multilateral trade agreements have been put in place to allow food to flow from food-surplus to food-deficit regions.

Yet this model has failed spectacularly. The food bills of the Least Developed Countries (LDCs) increased five- or six-fold between 1992 and 2008. Imports now account for around 25% of their current food consumption. The more they are told to rely on trade, the less they invest in domestic agriculture. And the less they support their own farmers, the more they have to rely on trade. Countries that fall into this vicious cycle leave their citizens vulnerable to historically volatile prices on international markets, which means increased hunger and insecurity.

Despite the persistent challenges of hunger and food inequality, people are told to embrace more open markets, more trade, and more globalized economic processes. Yet open markets do not function as perfectly as many at Davos would like to think. Food moves where purchasing power is highest, not where the need for it is most urgent.

This blind embrace of globalization from above means missing out on key opportunities that do not fit the dogma. If we were to support developing-world small landholders, who are often the poorest groups, we could enable them to move out of poverty and enable local food production to meet local needs. Trade would complement local production, rather than justifying its abandonment.

Trade and investment agreements are the gateways through which globalization passes on its way to redefining a country’s economic landscape, and they are increasing at an impressive pace. There are 6,092 bilateral investment agreements currently in force, with 56 concluded in 2010 alone.

That growth reflects the flawed economic model of the pre-crisis years, which relied on indifference to where growth came from, how sustainable it was, and who was benefiting from it. If we are to learn anything from the ongoing crisis, it must be to start asking the right questions.

Every new bilateral agreement, every chapter of globalization, should be measured against new criteria. How sustainable and how evenly spread will the macroeconomic benefits be? Will they facilitate genuine development and provide dignified opportunities to those who become economically displaced?

An EU-India free-trade agreement is now imminent – and could be the litmus test for how we reengage with globalization in the wake of the crisis. Some estimates suggest that the proposed tariff liberalization in the dairy and poultry sectors could threaten the livelihoods of 14 million very poor households in India, half of them landless.

Globalization involves winners and losers – that has been established. But losing out, for a subsistence farmer, means sinking into dire poverty and hunger. Is the denial of a vulnerable population’s right to food an acceptable byproduct of a trade deal? Should the primary goal be to multiply the interests of powerful multinationals? Are these the economic processes that we want, or need?

These are the questions that leaders must ask at Davos. Globalization can survive the crisis. But not as we know it. Globalization must be taken back for the interests of the many.

La situación actual de la economía es realmente preocupante, tanto en lo que concierne a la propia realidad económica, como a la teoría y los modelos económicos que supuestamente sirven para mejorar dicha realidad. Quizá sea necesario repensar, y por qué no, rehacer a fondo tanto una como otra, comenzando por cambiar algunos de los principios y postulados económicos que, como fruto de una larga inanición intelectual en este terreno, se vienen asumiendo convencionalmente desde hace ya muchas décadas.

Sería necesario partir de cero en muchos casos, y plantear supuestos de base diferentes (decía Einstein que buena parte de su éxito científico radicó en pensar a diario durante un rato de forma diferente -incluso opuesta- a los demás). Quizá sea el momento de que los economistas nos demos un sincero y realista baño de humildad, reconozcamos que una buena parte de nuestros modelos no sirven para mucho (no hay más que ver la cruda realidad), y comencemos a pensar diferente y a formular nuevas propuestas y planteamientos. Nos vamos a permitir exponer algunas ideas para el debate en este contexto.

En el terreno más teórico y axiomático, una primera y posible vía sería adoptar una cierta visión multidisciplinar, y aprovechar así el bagaje de otras disciplinas. Un ejemplo podría ser el de la medicina, y comenzar así a pegarnos más a la realidad y formular una economía basada en la evidencia, aprovechando el ya largo recorrido de la medicina basada en la evidencia. También habría que aprender de la física y la termodinámica, y proyectar en nuestro campo el concepto de entropía; la aplicación de la entropía económica en muchos de los planteamientos y decisiones, podría evitar la adopción de medidas claramente anentrópicas y desordenadas, tanto en las políticas económicas, como sobre todo en las monetarias.

En el ámbito de los macromodelos internacionales, convendría ir trazando a largo plazo una hoja de ruta para la futura existencia de una moneda única mundial, la solución más natural a los múltiples problemas monetarios a escala global (formulada por el ya desaparecido premio Nobel Robert Mundell), la cual evitaría los gigantescos costes actuales derivados de la existencia de tantas monedas, y desaparecerían para siempre las crisis monetarias internacionales.

Continuando con esta orientación supranacional de la economía, y ya en un terreno más inmediato, se debería urgir la adopción de medidas fiscales globales, como la tasa Tobin, que contribuiría a dar estabilidad y mayor coherencia a los mercados financieros, sobre todo a los gigantescos mercados especulativos de divisas y otros activos financieros. En estos mercados, el dinero ha dejado de tener la función de instrumento de cambio y de financiación de la economía real, para convertirse en descomunales mercados con vida propia, con miles de millones de operaciones diarias, que no pagan además impuestos. Un gravamen mínimo sobre dichas transacciones permitiría redirigir una muy importante cantidad de recursos desde esta economía financiera especulativa a la economía real, la más cercana a las personas, y también a los Estados, que necesitan perentoriamente una gran cantidad de esos recursos.

Por otra parte, deberíamos adoptar como principio vital de nuestra sociedad, el de la transparencia, de forma que fuesen totalmente transparentes nuestras instituciones públicas, nuestros gobernantes, y también nuestras empresas. Habría que institucionalizar que todas las entidades públicas (más de 21.000 en España) pasaran por un análisis coste-beneficio que justificase la utilidad y la conveniencia de las mismas. En el terreno de las empresas, sería interesante, por ejemplo, que se fomentase el conocimiento público del 10/10 en sus escalas de retribuciones, es decir, que se publicase la cifra o proporción que representan las retribuciones totales del 10% del personal que más gana (directivos, consejeros, etcétera) en las empresas, respecto al 10% de los empleados más modestos y menos retribuidos. Como decimos los investigadores de cualquier disciplina, obtengamos la información. Y a ver qué ocurre…

Entrando ahora en el terreno de las mediciones económicas, nunca hemos entendido del todo por qué en los cálculos del índice de inflación o del coste de la vida no se tiene en cuenta un coste fundamental para un gran número de ciudadanos como es el que pagan por alquilar el dinero, es decir, los intereses que pagan por los préstamos (por ejemplo, las hipotecas), y que suponen una parte significativa del coste de la vida de muchas personas y familias; en el IPC sí se incluyen en cambio otros alquileres, por ejemplo, los que se pagan por las viviendas u otros bienes, pero no así el del dinero. Además, constituye un predicado fundamental de la política de los bancos centrales que hay que subir los tipos de interés para combatir la inflación, lo cual pensamos que es apagar el fuego con gasolina, ya que ello aumenta realmente el coste de la vida para los ciudadanos, aunque esto no aparezca en los índices de precios (ello aparte de que una subida de los tipos de interés perjudica no solo a los ciudadanos, sino también a las empresas -las no bancarias- ya que encarece sus costes financieros, y también a las instituciones públicas, que han de pagar más por sus préstamos y deuda pública emitida). Sería bueno en este sentido un replanteamiento de la medición del IPC, o al menos probar a calcular paralelamente otro IPC, en el que se pueda añadir el coste del uso de dinero como un componente más del mismo. Y a ver qué ocurre…

Siguiendo con las mediciones económicas, habría también que rehacer algunas formulaciones básicas a la hora de medir el crecimiento y la actividad económica, cuestionando el PIB y otros indicadores de culto en los organismos internacionales, y adoptar oficialmente (o al menos de forma paralela o complementaria) otros de los numerosos índices existentes, más refinados y menos entrópicos que el PIB. Deberían publicarse paralelamente unas y otras mediciones. Y a ver qué ocurre…

A un nivel más sociológico, habría que fomentar estructuralmente la generación de ideas y la canalización de iniciativas de los ciudadanos, que saben mucho de muchas cosas, y que estarían dispuestos a aportarlas si alguien les preguntase, o al menos les escuchase; por ejemplo, en el terreno de la crisis económica, habría que consultar a una muestra representativa de los cinco millones de trabajadores desempleados, a los más de un millón de pequeños empresarios, etcétera, para así conocer y hacer públicas sus opiniones y propuestas, facilitando los debates y unas enormes sinergias sociales. Igualmente habría que buscar la colaboración de los más de tres millones de ciudadanos que son empleados públicos, preguntándoles y fomentando -incluso incentivando- sus ideas e iniciativas con vistas a ahorrar gastos en los servicios o centros en los que trabajan, a detectar lo superfluo, a evitar despilfarros, etcétera.

En resumen, habría que asumir que la principal riqueza económica nacional es de carecer intangible, y se deriva de la enorme cantidad de información, ideas y creatividad que tienen los ciudadanos de este país; habría que canalizar dicha participación y publicar los resultados. Y a ver qué ocurre…

Y en el terreno de la profesión económica deberíamos ser más valerosos muchos de los economistas investigadores y académicos, y dejar de escribir e investigar bajo el perverso imperio de las elitistas revistas JCR, dedicándonos a hacer investigaciones más realistas y útiles socialmente (que son a veces las más simples) y escapar a esa obsesión de publicar artículos supuestamente científicos, cargados de complejas ecuaciones matemáticas, que sirven para muy poco, y que además tienen muy escasos lectores.

Sería bueno en este contexto, finalmente, que los responsables económicos a nivel nacional e internacional tuvieran una cierta dosis de arrojo, inconformismo y espíritu de innovación, no exento lógicamente de prudencia; no se trata de derribar el entramado económico, financiero y fiscal imperante, sino dar entrada paralelamente a nuevos análisis, cálculos y estimaciones diferentes a los convencionales. Y a ver qué ocurre…

Los mercados en ascenso han tenido unos resultados asombrosamente buenos en los siete últimos años. En muchos casos, han superado con gran diferencia a los países industrializados avanzados en crecimiento económico, proporción de la deuda respecto del PIB, política fiscal anticíclica y evaluaciones por parte de las agencias de calificación y los mercados financieros.

Sin embargo, al comenzar 2012 los inversores están preguntándose si los mercados en ascenso no irán a tener una corrección, desencadenada por una nueva ola de actuaciones para eliminar los riesgos. ¿Experimentará China una caída brusca? ¿Afectará a América Latina una bajada de los precios de los productos básicos? ¿Se extenderán los problemas de la Unión Europa en materia de deuda soberana a países vecinos, como, por ejemplo, Turquía?

De hecho, pocos son los que creen que se pueda mantener el rápido crecimiento económico y los elevados déficits comerciales que Turquía ha experimentado en los últimos años. Asimismo, unas altas tasas de aumento del PIB en el Brasil y la Argentina en el mismo período podrían invertirse pronto, en particular si bajan los precios de los  productos básicos, perspectiva nada remota, si la economía china empieza a flaquear o los tipos de interés reales mundiales aumentan en este año. A su vez, China podría tener una brusca caída, cuando su burbuja inmobiliaria estalle y los bancos del país se vean obligados a afrontar los préstamos fallidos.

No se trata de una exagerada elucubración catastrofista. El Banco Mundial acaba de empeorar los pronósticos económicos sobre los países en desarrollo en sus Perspectivas económicas mundiales para 2012, publicadas en este mes. Por ejemplo, se pronostica que el aumento anual del PIB del Brasil, que se estancó en el tercer trimestre de 2011, ascienda al 3,4 por ciento en 2012, menos de la mitad de la tasa de 7,5 por ciento registrada en 2010. Como reflejo de una desaceleración en la segunda mitad de ese año en la India, el Asia meridional está experimentando una desaceleración tras seis años intensísimos, con un crecimiento del 9,1 por ciento en 2010, entre  otras cosas. Se prevé que el crecimiento regional se desacelere aún más, hasta el 5,8 por ciento, en 2012.

La preocupación por que los resultados económicos de los mercados en ascenso padezcan problemas dramáticos en 2012 se basa en tres posibles líneas argumentales: empírica, literal y causal, todas ellas inciertas y débiles.

Históricamente, el argumento empírico está basado simplemente en la numerología: los mercados en ascenso parecen surgir en un ciclo de quince años.

La crisis internacional de la deuda que estalló a mediados de 1982 comenzó en México y después se extendió al resto de América Latina y a otros lugares. La crisis del Asia oriental llegó quince años después, al afectar a Tailandia a mediados de 1997 y extenderse desde allí hasta el resto de la región y otros sitios. Ahora han transcurrido otros quince años. Así, pues, ¿será 2012 el año de otra crisis de los mercados en ascenso?

La hipótesis de ciclos regulares de auge y depresión está respaldada por una ya antigua bibliografía erudita, como, por ejemplo, los escritos de la economista americana Carmen Reinhart, pero yo voy a recurrir a una fuente aún más antigua: el Antiguo Testamento y, en particular, la historía de José, que fue llamado por el faraón para interpretar un sueño sobre siete vacas gordas seguidas de siete vacas flacas.

José profetizó que llegarían siete años de abundancia, con cosechas excelentes gracias a un desbordamiento del Nilo, seguidas de siete años de escasez, con hambre resultante de la sequía. Su predicción resultó ser acertada. Por fortuna, el faraón había facultado a su funcionario tecnocrático (José) para que guardara grano en los siete años de abundancia y acumulase suficientes reservas para salvar al pueblo egipcio de la inanición durante los años malos. Es una enseñanza valiosa para los funcionarios gubernamentales actuales tanto de los países industrializados como de los países en desarrollo.

En el caso de los mercados en ascenso, la fase de los siete primeros años de abundantes corrientes de capitales se dio en el período 1975-1981, con el reciclaje de petrodólares en forma de préstamos a los países en desarrollo. La crisis internacional de la deuda que comenzó en México en 1982 sirvió de catalizador para los siete años de escasez, conocidos en América Latina como el “decenio perdido”. El año de cambio de la tendencia, 1989, se caracterizó por la primera emisión de bonos Brady (bonos denominados en dólares emitidos por países de América Latina), que ayudaron a esa región a capear la crisis.

El segundo ciclo de siete años de abundancia fue el período de corrientes de capitales sin precedentes hacia los mercados en ascenso comprendido entre 1990 y1996. A raíz de la crisis de 1997 en el Asia oriental, llegaron siete años de escasez de capitales. Después llegó el tercer ciclo de afluencias en el período 2004-2011, que persistió aún durante la crisis financiera mundial. Si la Historia se repite, ha llegado el momento de una tercera “parada repentina” de corrientes de capitales con destino a los mercados en ascenso.

¿Serán suficientes un par de datos y una parábola bíblica para que nos tomemos en serio la hipótesis de un ciclo de quince años? Tal vez, si tenemos algún tipo de teoría causal que pueda explicar esa periodicidad de las corrientes de capitales internacionales.

Aquí tenemos una posibilidad: quince años es el tiempo que transcurre hasta que los oficiales encargados de la concesión de préstamos y los gestores de fondos de cobertura abandonan sus puestos por haber sido ascendidos. La generación actual de jóvenes encargados de seleccionar activos sabe que hubo una crisis en Turquía en 2001, pero no la experimentó personalmente. Creen que quizás esta vez vaya a ser diferente.

Si los mercados en ascenso se desploman en 2012, habrá que recordar dónde se oyó hablar de ello por primera vez: en el antiguo Egipto.

More than three years after the global financial crisis, the world still has a nasty plumbing problem. Credit pipes remain clogged, and only central banks are working to clear them. But their ability to do so is waning, posing yet another set of risks for Western economies blocked by too little growth, too much unemployment, deepening inequality, and debt in all the wrong places. Fortunately, it is not too late to build broader pipes that compliment and replace the damaged infrastructure.

The current situation embodies two narratives that seem contradictory, but are not. One speaks to the reality that most large companies with access to capital markets have no problem securing new funding. In fact, they have been remarkably successful in lengthening their debt maturities, accumulating cash, and lowering their future interest payments. In sum, they now have “fortress” balance sheets.

The other narrative speaks to an opposing, but equally valid reality. Too many small companies and households still find it difficult to borrow at reasonable terms. This includes those reliant on bank credit, as well as many mortgage holders with very high legacy interest rates and balances that exceed their homes’ market value.

From every angle, the extremity of this state of affairs – in which those with access to credit do not need it, and those who do cannot get it – is highly problematic. If left unattended, it leads to a gradual, and then accelerated, renewed deleveraging of the economic system, with the highest first-round costs – a longer unemployment and growth crisis – borne disproportionately by those least able to suffer them. In the next round, as the system slowly implodes, even those with healthy balance sheets would be impacted, accelerating their disengagement from a deleveraging world economy.

All of this slows social mobility, tears already-stretched safety nets, worsens inequality, and accentuates genuine concerns about the functioning and sustainability of today’s global economic system.

This is not just about socio-economic issues. There is also a political angle. With two competing, yet simultaneously valid narratives, ideological extremes harden. The result is even greater dysfunction in both process and content, ruling out any sustained policy attempt to make things better.

The problem has become acute in Europe, whose crisis has been belatedly recognized as reflecting something more than turmoil in the eurozone’s weakest countries. It also reflects broad-based contamination, resulting, most recently, in France’s loss of its vaunted AAA sovereign credit rating.

In the process, the efficacy of pan-European rescue mechanisms is being undermined. And, as fragilities increase – and as a financial wedge is driven into the eurozone’s core (Germany and France) – growth and employment prospects dim.

Central banks have recognized all of this for some time, prompting them to take enormous reputational and operational risks to slow the process. They have implemented a host of “unconventional policies” that previously would have been deemed unthinkable, even outrageous – and that can be seen in the enormous growth in their balance sheets.

In the last four years, the United States Federal Reserve’s balance sheet has more than tripled, from under $1 trillion to a mammoth $3 trillion. The growth relative to the size of the economy is even more stunning – from slightly more than 5% of GDP to 20%. The Bank of England’s balance sheet is also at 20% of GDP. And both seem to be itching to do even more.

The European Central Bank is often viewed as a laggard. No longer. Its balance sheet has now doubled, to a whopping 30% of GDP – and it, too, appears set to do even more. Mario Draghi, the ECB’s new president, recently said that he expects heavy take-up on the next three-year long-term refinancing operation, a powerful tool to pump cheap liquidity into the banks.

Unfortunately, the economic outcomes have come nowhere close to matching the intensity of these efforts. Effectively, the central banks have been unconventional bridges to nowhere, owing mainly to their imperfect tools and other government agencies’ inability or unwillingness to act. At some point – and we are nearing it – bridges to nowhere become a standalone risk: they can topple over.

Rather than just pumping liquidity into clogged pipes, countries can and should do more to build a more effective network of compensating conduits. In doing so, their main objective (indeed, the test for effectiveness) would be the extent to which new private-sector investment is “crowded in.”

It is high time to move on five fronts, simultaneously:

• Countries such as Spain and the US need to be more forceful in unblocking the housing sector by making overdue decisions on burden sharing, refinancing, and conversion of idle and foreclosed housing stock.
• Countries with excessive debt, such as Greece and Portugal, need to impose sizeable “haircuts” on creditors in order to have a reasonable chance to restore medium-term debt sustainability and growth.
• In several Western countries, public-private partnerships should be formed to finance urgently needed infrastructure investment.
• Regulators should stop bickering about the future configuration of key financial institutions, and instead set a clearer multi-year vision that is also consistent across borders.
• Finally, governments should inform their electorates explicitly and comprehensively that a few contracts written during the inadvisable “great age” of leverage, debt, and credit entitlements cannot be met, and must be rewritten in a transparent way that strikes a balance between generations, labor and capital, and recipients and taxpayers.

Such policies would allow healthy balance sheets around the world, both public and private, to engage in a pro-growth and pro-jobs process. They require leadership, focus, and education. Absent that, plumbing problems will become more acute, and the repairs more complex and threatening to virtually everyone – including both the “one percenters” and those who worrisomely are struggling at the margins of society.

El esquema de ducha escocesa al que nos hemos venido acostumbrando ha continuado estas primeras semanas del 2012. Unos días, el Tesoro español consigue favorables tipos de interés, reduce la prima de riesgo y el euro se refuerza. Otros, la calificación de la deuda se rebaja, el dólar se encarama y las bolsas resisten a duras penas. Y todo ello en medio de un temporal de noticias contradictorias. Mientras EEUU parece tomar aliento, la confianza empresarial en Alemania continúa al alza y el crecimiento de China se ha moderado menos de lo esperado, en Gran Bretaña se anuncia un 2012 desesperante, el PIB se contrae en el área del euro, la crisis de la deuda griega no ceja y el Banco Mundial anticipa una recesión global. ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos encaminamos? Para comprender qué nos aguarda, conviene recordar que estamos sufriendo las consecuencias de un triple choque, reflejo de la crisis actual del área del euro y de la influencia de factores subyacentes, que operan de forma menos evidente.

En primer lugar, los excesos acumulados en la etapa expansiva y el cambio de sentido de los motores del crecimiento continúan operando negativamente hoy. Entre los primeros, hay que citar el aumento del endeudamiento privado (desde el 150% al 300% del PIB entre 1998 y el 2008), los excesos de la construcción, residencial y no residencial, y la acumulación de deuda con el resto del mundo, a través del progresivo aumento del déficit exterior. Todos ellos estrechamente vinculados y que, de hecho, expresan el mismo fenómeno: un gasto por encima del ingreso, que tuvo que ser financiado con endeudamiento. El boom pasó, pero la deuda queda. Y su presencia lastra nuestro crecimiento, tanto para el sector privado no financiero (que desea reducir dicho endeudamiento), como para el mismo financiero (obligado a reducir y sanear sus balances, deteriorados por activos inmobiliarios difíciles de realizar). El boom pasó, pero recuperar la pérdida de competitividad acumulada entonces está costando sangre, sudor y lágrimas. El boom pasó, pero el excesivo empleo en la construcción y una oferta desmedida se traducen, ahora, en forma de una importante pérdida de ocupación y viviendas pendientes de venta.

Además, los motores del crecimiento anterior se han gripado y, lastimosamente para todos, no se les espera en muchos años. En el principio fue el euro, y la posibilidad de endeudarnos aparentemente de forma ilimitada con el exterior, lo que se tradujo en un crecimiento del crédito bancario jamás contemplado en nuestra historia (entre 1998 y el 2008, un aumento cercano al 20% anual acumulativo). Y, tras esta avalancha de crédito, vino el alza de los precios inmobiliarios, el crecimiento del sector y el del consumo. Y, finalmente, la inmigración, que se sumó al proceso espoleando la actividad. Crédito, construcción y consumo e inmigración. Estos son los tres pilares de la década prodigiosa. Los tres se fueron para no volver, al menos en la próxima década.

Por si ello no fuera suficiente, un primer choque exterior desarboló el débil proceso de reabsorción de esos gigantescos excesos. Fue en otoño del 2008, cuando Lehman Brothers quebró. El tsunami atlántico desató un pandemonio mundial y, en especial, en España. Un país como el nuestro, enormemente endeudado, se enfrentaba a la peor de las pesadillas posibles: que cortaran el crédito. Y ello fue lo que, sucintamente, ha sucedido con la crisis financiera internacional y la restricción financiera mundial que comportó. Este primer choque provocó nuevas caídas del empleo y de la actividad y, en especial, desencadenó el crecimiento del déficit y la deuda públicos, que obligaron a la adopción de medidas contractivas en mayo del 2010 por parte del Gobierno de Zapatero. Los problemas generados entre 2008-10 por ese colapso se dejan sentir todavía hoy, sumándose a los heredados de la expansión.

Finalmente, en verano del 2011, cuando tras ímprobos esfuerzos nos habíamos vuelto a poner de pie, y contemplábamos un horizonte algo más positivo, otro tsunami, esta vez mediterráneo, nos ha golpeado. Italia entró en el ojo del huracán y, a su estela, España se ha visto arrastrada por la crisis de la deuda.

Aunque los efectos de ese último maremoto son, quizá, los más perceptibles hoy, no olviden que ese golpe se superpone a los dos anteriores y, en especial, a la desaparición de los pilares de la expansión de los años 2000. Sobre este trasfondo se superponen los efectos de los dos tsumanis exteriores, el del 2008 y el del 2011. Acumulación de desequilibrios y débiles bases del crecimiento anterior subyacen, todavía hoy y por un largo período de tiempo, a las dificultades actuales.

Este 2012 tan complejo resume el efecto combinado de los ajustes provocados por ese triple choque. Pero si de esta historia emerge una lección para todos, es que hay que avanzar, lo más rápidamente posible, en la reabsorción de los desequilibrios actuales. En este mundo cambiante, nada es imposible. Y menos aún, otro golpe exterior.

En su clásica Fábula de las abejas o A vicios privados beneficios públicos(1724), Bernard Mandeville, el filósofo y satírico británico de origen holandés, describió –en verso– una sociedad próspera (de abejas) que de repente optó por hacer de la austeridad una virtud y abandonó todo el exceso de gasto y el consumo derrochador. Entonces, ¿qué ocurrió?

¡La propiedad despreciada,

abandonadas las glebas,

la maravilla cual Tebas

con música edificada!

La más suntuosa morada,

lujo de sus moradores,

con carteles delatores

se ofrece al mejor postor.

Sobran artista y pintor,

poderosos y constructores.

Los escasos habitantes,

devotos de la templanza,

hoy luchan por la pitanza,

si por el dispendio antes (…)

(Traducción de Alfonso Reyes)

Se parece mucho a la situación en la que se han encontrado muchos países avanzados, después de que se lanzaran planes de austeridad provocados por la crisis, ¿verdad? ¿Será Mandeville un profeta válido para nuestros tiempos?

La Fábula de las abejas tuvo muchos lectores y suscitó grandes polémicas, que han continuado hasta hoy. Los planes de austeridad adoptados por los gobiernos en gran parte de Europa y en otras partes del mundo y la reducción del gasto en consumo también por los particulares amenazan con producir una recesión mundial.

Pero, ¿cómo podemos saber si Mandeville está en lo cierto en relación con la austeridad? Su método de investigación –un largo poema sobre su teoría– no resulta convincente precisamente para nuestros oídos modernos.

El economista de Harvard Alberto Asesina ha resumido recientemente la documentación sobre si la reducción de los déficits estatales –es decir, los recortes de gastos o los aumentos de los impuestos o las dos cosas– siempre provoca semejantes efectos negativos: “La respuesta a esa pregunta es un rotundo ‘no’ ”. A veces, incluso con frecuencia,  las economías prosperan en gran medida después de que se reduzca profundamente el déficit del Estado. A veces –tan sólo tal vez–, el programa de austeridad aumenta la confianza de tal modo, que desencadena una recuperación.

Debemos examinar este asunto con detenimiento, teniendo en cuenta que la cuestión planteada por Mandeville es, en realidad, estadística: el resultado de la reducción del déficit estatal nunca es del todo previsible, por lo que sólo podemos preguntarnos qué probabilidad hay de que semejante plan logre restablecer la prosperidad económica, y el problema mayor al respecto es el de explicar la posible causalidad inversa.

Por ejemplo, si las pruebas de una futura fortaleza económica hacen preocuparse a un gobierno por el recalentamiento económico y la inflación, podría intentar enfriar la demanda interna aumentando los impuestos y reduciendo el gasto estatal. Si sólo logra evitar en parte el recalentamiento económico, podría parecer a los observadores casuales que la austeridad ha fortalecido, en realidad, la economía.

Asimismo, el déficit estatal podría disminuir no por la austeridad, sino porque la anticipación por parte del mercado de valores del crecimiento económico propicie unos mayores ingresos por el impuesto sobre las plusvalías. Una vez más, parecería, al examinar el déficit estatal, que se trataba de un caso de prosperidad propiciada por la austeridad.

Jaime Guajardo, Daniel Leigh y Andrea Pescatori, del Fondo Monetario Internacional, han estudiado recientemente planes de austeridad aplicados por gobiernos de diecisiete países en los treinta últimos años, pero su planteamiento difirió del de investigadores anteriores. Se centraron en el propósito del gobierno y examinaron lo que los funcionarios habían dicho en realidad, no simplemente la tónica de la deuda pública. Leyeron los discursos sobre el presupuesto, examinaron los programas de estabilidad e incluso estudiaron las entrevistas hechas a figuras gubernamentales en los noticieros televisivos. Consideraron planes de austeridad sólo aquellos casos en que los gobiernos aplicaron subidas de impuestos o recortes de gastos porque les pareció que ésa era una política que podía rendir beneficios a largo plazo y no como reacción a las perspectivas económicas a corto plazo y porque pretendieran reducir el riesgo de recalentamiento.

Con su análisis descubrieron una clara tendencia por parte de los programas de austeridad a reducir el gasto en consumo y debilitar la economía. Esa conclusión, de ser válida, constituye una severa advertencia a las autoridades actuales.

Pero los críticos, como, por ejemplo, Valerie Ramey, de la Universidad de California en San Diego, creen que Guajardo, Leigh y Pescatori no han demostrado exhaustivamente su tesis. Según Ramey, es posible que sus resultados reflejaran una clase diferente de causalidad inversa, si los gobiernos tienen más tendencia a reaccionar ante niveles elevados de deuda pública con programas de austeridad cuando tienen razones para creer que las condiciones económicas podrían hacer que la carga de la deuda resultara particularmente preocupante.

Puede que eso no parezca probable: lo lógico sería que unas perspectivas económicas malas inclinaran a los gobiernos a aplazar –en lugar de acelerar– las medidas de austeridad y, en respuesta a sus observaciones, los autores sí que intentaron tener en cuenta la gravedad del problema de la deuda estatal tal como la interpretaban los mercados en el momento en que se ejecutaron los planes y obtuvieron resultados muy similares. Ahora bien, Ramey podría estar en lo cierto. En ese caso, nos parecería que a los recortes de gastos estatales o a los aumentos de impuestos suelen seguir malos tiempos económicos, aun cuando la causalidad sea la inversa.

En última instancia, el problema que plantea la evaluación de los programas de austeridad es el de que los economistas no pueden hacer experimentos enteramente controlados. Cuando los investigadores ensayaron el Prozac en pacientes deprimidos, dividieron sus sujetos al azar en grupos de control y experimentales e hicieron muchos ensayos. Eso es algo que no podemos hacer con la deuda nacional.

Así, pues, ¿hemos de concluir que el análisis histórico no nos brinda enseñanzas útiles? ¿Debemos volver al razonamiento abstracto de Mandeville y algunos de sus sucesores, incluido John Maynard Keynes, quien pensaba que había razones para esperar que la austeridad produjera depresiones?

No hay una teoría abstracta que pueda predecir cómo reaccionarán las personas ante un programa de austeridad. No tenemos otra opción que la de examinar la documentación histórica y la estudiada por Guajardo y sus coautores sí que revela que a las decisiones gubernamentales deliberadas de adoptar programas de austeridad han solido seguir épocas duras.

Las autoridades no pueden permitirse el lujo de esperar durante decenios a que los economistas conciban una respuesta definitiva, que podría no encontrarse nunca, pero, a juzgar por la documentación de que disponemos, parece probable que los programas de austeridad en Europa y en otras partes den resultados decepcionantes.

Tema: En el último año ha resurgido la cuestión de si el posicionamiento de Pekín ante Occidente obedece a una singularidad estratégica de China.

Resumen: Este análisis, en primer lugar, perfila el reciente posicionamiento chino en relación con el mundo occidental. En segundo lugar, presenta un panorama general de los distintos foros y diálogos internacionales en que participa China como parte de ese impulso.En tercer lugar, reflexiona sobre una probable singularidad estratégica en el ascenso chino.

Análisis: En diciembre Pekín anunció la creación de dos históricos fondos de inversiones para la UE y EEUU, respectivamente, y Pekín y Tokio anunciaron que usarán sus respectivas monedas en sus intercambios comerciales bilaterales. Ambas son decisiones estratégicas que se suman a la solicitud de la UE a China en noviembre para que aporte alFondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), lo que subraya el creciente protagonismo chino.

Pese a las propias debilidades materiales tercermundistas del gigante asiático, sigue sorprendiendo su posibilidad de apuntalar y estimular a las economías estadounidense y europea a la vez, particularmente si se considera que la economía del primer socio de la UE –EEUU– se apoya desde hace años en la compra de buena parte de sus bonos del Tesoro por Pekín. Paralelamente, para Latinoamérica (entendida ciertamente como parte del mundo occidental), China ha acrecentado su condición de socio comercial principal e interlocutor de creciente importancia, particularmente en un 2011 en el que Pekín ha participado más activamente en diálogos y foros internacionales acordes con su grado de actor central en los asuntos mundiales.

Esa tendencia tan clara del posicionamiento de Pekín, con gran énfasis en el último lustro, ha llevado a distintos analistas a discutir una vez más el carácter sui generis del ascenso chino, que tanto sigue distinguiéndose del ascenso de otras potencias de la época contemporánea, y en qué medida se explica a partir de singularidades de la cultura tradicional china.

Recientes posicionamientos estratégicos chinos

Los extraordinarios datos de crecimiento material de China pesan tanto como la capacidad de Pekín de planificar y reaccionar con medidas económicas. Tal dualidad se demostró una vez más el 26 de diciembre al anunciar Pekín y Tokio el uso de sus respectivas monedas en sus intercambios comerciales bilaterales y cuando dos semanas antes Pekín anunció el lanzamiento de dos fondos por valor de 225.000 millones de euros para inversiones en EEUU y la UE, respectivamente. Igualmente, fueron evidentes las expectativas que suscita Pekín cuando en octubre recibió la solicitud de ayuda de la UE para que contribuyera al FEEF.

Ciertamente, si bien la más reciente colaboración chino-japonesa no pone en duda la supremacía del dólar, marca un hito más para el yuan en su creciente avance internacional porque Pekín, durante los últimos años, ha ido estableciendo acuerdos similares con otros países. De tal manera, que a comienzos de 2012 se ha relativizado aún más la importancia de las proyecciones más famosas del Fondo Monetario Internacional que sitúan al PIB chino en paridad de poder adquisitivo en un primer lugar mundial en 2016, o la proyección de la consultora Goldman Sachs que estima que China lo logrará, en dólares corrientes, en 2027.

No es sólo el poder de influencia que se desprende de las reservas en divisas de 3,2 billones de dólares lo que hace a China situarse a la par con EEUU (exceptuando los asuntos bélicos) antes de lograr los indicadores para alcanzarle en el primer baremo de poder, que es el tamaño de la economía.

Los ya citados fondos chinos de inversión para la UE y EEUU por 225.000 millones de euros,respectivamente, se anunciaron con gran sentido de la oportunidad un día después de la más reciente decisión de la UE de profundizar en su integración. Y es ciertamente más practicable que ésta, porque la decisión de la UE lograda in extremis se traduce en un mapa de ruta en cuyo centro sigue un euro a merced de una impredecible valoración de los mercados y con la autoexclusión del Reino Unido. Lo cual a su vez lleva a una UE teóricamente más expuesta a ceder a eventuales demandas chinas.

Es cierto que Pekín no parece presionar (ni siquiera al parecer en privado) por lograr ventajas por vía excepcional, según afirman en sendos artículos publicados en diciembre el embajador de China ante la UE, Song Zhe, y el subdirector para Europa de la Academia China de Ciencias Sociales, Jiang Shixue. Sin embargo, es inevitable que en algún momento se fortalezcan estas demandas porque hay terreno abonado para Pekín. En éste se cuenta negociar el alcance de la última directriz de la UE del 23 de diciembre referida al medio ambiente y que afecta a la aviación comercial china,pasando por la solicitud de que se rebaje la presión por la revalorización del yuan o que se termine o soslaye el embargo de armas, o la consideración de China como economía de mercado, o que se aumente la cuota de poder de Pekín en el FMI. O que se suspendan las críticas por los derechos humanos en China.

El fondo de inversiones anunciado por Pekín en Occidente potenciará la tendencia reciente de adquisiciones, inversiones, arriendos y compras por el Estado chino y por compañías alentadas por él. En el caso europeo, entre varias operaciones, destaca la cesión en arriendo por 35 años del puerto griego de El Pireo a la compañía COSCO, destinada a ampliar significativamente las capacidades portuarias de distribución de mercancías chinas en el Mediterráneo.

A medio camino entre EEUU y Europa destaca el proceso de rescate de las prestigiosas marcas Volvo y Saab por la corporación china Zhejiang Geely ante la declinante gestión por Ford Motors. También destaca la compra de territorio en Islandia por un millonario chino (tipo de compra con precedente en distintos continentes). En el caso estadounidense el intento de compra de Yahoo por la china Alibaba, la mayor empresa de comercio electrónico china, o el ya citado anuncio del Banco Central de China, agudizan la preocupación tardía de Washington por incapacidades propias para competir en dinamismo comercial con el gigante asiático. Y se agregan al crónico desacuerdo por el valor del yuan respecto del dólar, que entre otros factores ha llevado a la reciente quiebra histórica del consenso dentro del partido republicano respecto de cuál es la política más adecuada hacia China en esta década.

La creciente intensidad de los contactos entre China y Occidente

Las decisiones de expansión estratégica de China al mundo se relacionan con la interacción y acceso a más información que se viene experimentando desde hace una década tanto en EEUU como en Bruselas y en cada capital europea. Por ejemplo, en diciembre se celebró en Washington, Texas y Misuri el cuarto encuentro de antiguos representantes demócratas y republicanos con sus homólogos del Partido Comunista chino, destinado a incrementar los niveles de confianza mutua. Es un tipo de reunión integrada en los más de 60 foros sectoriales bilaterales entre EE UU y China.

Un conocimiento en tiempo real igualmente refinado de la UE ha alcanzado Pekín. Por ejemplo, Pekín ya estaba bien informado desde sus 27 embajadas (y a través de los distintos idiomas de los países miembros de la UE) de los entresijos que llevaron a Bruselas a posponer la cumbre UE-China del pasado 25 de octubre y también de los detalles técnicos de la misión de Klaus Regling, director del FEEF, despachada un par de días después a Pekín a solicitar ayuda para apuntalar al euro. China también está informada por las numerosas delegaciones de académicos chinos que visitan nuestro continente con la misión específica de conocer mejor las perspectivas de solución de la coyuntura de crisis.

Por otro lado, y pese a la suspensión de la Cumbre China-Europa prevista para el pasado octubre y pospuesta sine die, se siguen incrementando los foros que China mantiene con la UE a distintos niveles. Por ejemplo, Pekín toma el pulso transversal del poder de EEUU tanto a través de sus numerosos centros y think tanks dedicados al estudio de EEUU, como a interactuar en una serie de diálogos directos con EEUU, tanto a nivel Track I como Track II. En los últimos años se han realizado los encuentros transversales denominados triálogos que comprenden relaciones bilaterales y trilaterales entre China, EEUU y la UE. Destacan el Trialogue21 impulsado por el East-West Institute y el China Institute of International Studies, así como el más reciente Trialogue organizado en Venecia en octubre pasado por el Aspen Institute y la Escuela Central del Partido Comunista de China.

Paralelamente, Pekín está adquiriendo una privilegiada relación con la otra parte de Occidente que es América Latina, tradicionalmente tan relacionada a Europa y a EEUU. Ciertamente, en relación con los polos de poder mundial importa recalcar el diálogo entre Pekín y Madrid sobre América Latina, así como el que se da entre Washington y Pekín sobre el subcontinente. Pero más aún importa recalcar la tendencia con la que ha concluido 2011, que es la clara acentuación de la relación del vínculo transpacífico de América Latina con China como centro. La baja asistencia de mandatarios a la última Cumbre Iberoamericana celebrada en Paraguay la explicaron algunos observadores españoles como clara muestra de una sobrecarga de la agenda y de una reorientación de la región hacia Asia Pacífico.

Pekín ha actuado con celeridad. En diciembre China fue la única potencia extrarregional que saludó la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que incluye a 33 países del continente reunidos por primera vez sin potencias extrarregionales. Pekín, además, ofreció su disposición a reforzar el intercambio y la colaboración con el organismo que en enero ya está celebrando sesiones para fundar las bases de su esquema organizativo. Más promisoria aún por su relación con Asia Pacífico, y con China en particular, aparece la Alianza del Pacífico, constituida en abril en Lima y que igualmente en diciembre celebró su segunda reunión. Agrupa a los países de habla española más relacionados con China a nivel político o comercial, como son Chile, México, Colombia, Perú y Panamá. La Quinta Cumbre Empresarial China-América Latina, celebrada en noviembre en Lima, no es sino una muestra más del grado de acercamiento Asia Pacífico con el gigante asiático.

O sea, que están dadas las condiciones para que China celebre cumbres al máximo nivel con América Latina, de la misma manera como Pekín ya hace con EEUU, Europa, África, los países de la ASEAN y la ex URSS.

¿Hay una singularidad estratégica china?

Ante la coyuntura internacional descrita y considerando los últimos 33 años de ascenso chino, surge una valoración estratégica nuevamente en boga aunque discutible. Ésta es: quizá los tres importantes polos de poder mundial (EEUU, la UE y China) podrían ser homologables en su dinámica de posicionamiento a los reinos combatientes previos a la primera unificación china hace más de 2.200 años.

Pero, a diferencia de ese posicionamiento estratégico tanto como táctico, ha de recordarse que si bien China ha acumulado el poder que tiene como resultado posterior del acercamiento de Washington a Pekín, en 1972, esa dinámica de ascenso no proviene tanto de utilizar las sinergias del nuevo socio, siguiendo la dinámica del pensamiento estratégico tradicional chino por el cual uno se puede valer de la energía del contrario (no pocas veces para beneficio común). Al fin y al cabo, recuérdese que China no tomó la decisión de ascender ni en 1972 ni en 1978, sino de avanzar. Recuérdese que varias de las medidas chinas se han ido adoptando sobre la marcha y con cautela y no han roto la paz en ninguno de los escenarios internacionales.

La más reciente pregunta sobre el excepcionalismo chino proviene de la argumentación de Henry Kissinger en su libro On China (con sus inevitables lagunas sobre la China profunda), el libro más influyente a nivel mundial sobre política internacional china publicado en 2011. Si nos aproximamos a China en clave kissingeriana significa que aceptamos la diferencia china en procesos clave tales como la percepción del tiempo y el espacio y, por tanto, que entendemos que los chinos planifican y negocian de manera distinta.

De hecho, por oposición a Occidente es cierto que se ha constatado que distintos funcionarios chinos tratan algunos asuntos críticos de manera holística tanto a nivel espacial como temporal, no pocas veces aceptando la continuación de una no solución. Y su actitud ante la aún fresca sucesión de Kim Jung-un en Corea del Norte, o las dilatadas negociaciones de Pekín con la UE sobre asuntos comerciales, lo vuelven a demostrar.

Por otro lado, Kissinger y otros observadores tanto de la dimensión política así como de la cultural indican que los chinos subrayan la importancia del juego del weiqi que, a diferencia del ajedrez, no posee una acción frontal orientada hacia el jaque-mate al rey, sino que está encaminada a rodear al adversario hasta incapacitar su movimiento y en buenas cuentas ganar evitando la batalla frontal.

Sin embargo, a la luz de la coyuntura se constata que las medidas chinas de apoyo económico y de estímulo inversor son globales. Se dan hacia las principales economías del mundo, pero también hacia el Asia Central ex soviética, hacia el Sudeste asiático, hacia América Latina, el mundo musulmán, Oceanía, Asia meridional y a África. La inevitable salida al exterior de una economía que necesita sacarle partido a sus 3,2 billones de dólares de reservas en divisas en momentos que coinciden con un bajón en el mundo desarrollado es pura lógica económica.

Por otra parte, si suponemos exageradamente que el juego de estrategia fundamental de los chinos es el weiqi y el de los occidentales el ajedrez, se puede desmontar simplemente pensando que tanto en el juego del weiqi como en el del ajedrez juegan dos actores, no una multiplicidad de ellos, como ocurre en la realidad en los procesos deliberativos de las democracias actuales y por supuesto que también en la instancia deliberativa máxima que es el Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista. También hay situaciones del ajedrez que se parecen al weiqi porque aquél puede igualmente ser opaco y flexible. Por ejemplo, los movimientos de EEUU de acercamiento al régimen de Myanmar y de apostamiento de tropas en la Oceanía norte se podrían entender como movimientos tácticos dentro de una noción influida por el weiqi.

Así, el concepto clave no es el weiqi o el ajedrez, que como bien han notado distintos glosadores del libro de Kissinger, también lo juegan los chinos, sino que principios filosóficos más generales, como las fuerzas del ying y el yang, del tao (dao), que por ejemplo conducen a desdecirse o rectificar con cierta facilidad, facilitando una gran flexibilidad y profundidad estratégica mayor.

Igualmente, Pekín no dispone de un tiempo ilimitado como se podría entender a priori por la obvia diferencia entre regímenes de dictadura popular como en el caso chino, a diferencia de los democráticos occidentales que se enfrentan a la prensa y a los partidos de oposición. Uno de los argumentos que se esgrimen en China para no atolondrarse ayudando a las economías occidentales es precisamente la preocupación de una reacción adversa de la población china. En verdad, la creciente magnitud de una opinión pública (no de una sociedad civil) es un factor muy importante cuando se avalúa el poder chino, no un mero ardid cínico de Pekín a la hora de sondear a Occidente. Al fin y al cabo, como les ocurre a muchos países en esta coyuntura, tiene un margen de maniobra limitado.

Conclusiones: Si se analiza detenidamente el año recién concluido se constata nuevamente que China sigue posicionándose en el tablero central de poder mundial sin seguir los trayectos de ascenso de las potencias precedentes. Por ello, deberíamos desprendernos de la idea de que China encarna un nuevo poder hegemónico. No sólo en esta década sería impracticable, puesto que sus indicadores básicos tercermundistas (puesto 101 de acuerdo al más reciente índice de desarrollo humano de Naciones Unidas) más el grado de incertidumbre de gestión interna que le plantea el puesto 75 en el índice internacional de transparencia internacional van en contra de su propio poder.

Por otra parte, la notable expansión material china, con iniciativas estatales y privadas de empresarios relacionados con el gobierno chino que siguen el hilo expansivo natural de la economía para asegurar el aprovisionamiento de materias primas y el aumento del know how tecnológico, fortalece la salida del subdesarrollo sacando el mayor provecho en las negociaciones, regateando o no según la ocasión.

Por lo tanto, así como se ha hablado de la “potencia indispensable” al referirnos a EEUU, se podría hablar de la “potencia astuta” al referirnos a China. Aunque sea por una astucia del sentido común de operar con recursos limitados. Al fin y al cabo, los 3,2 billones de euros de reservas en divisas le pertenecen a un país que engloba a casi un cuarto de la humanidad, con una población aún en el subdesarrollo y en proceso de envejecimiento antes de alcanzar el desarrollo.

He aquí la paradoja. China se ha convertido en una baza de reserva para la eventual estabilidad financiera mundial e incluso de la gobernanza global. Pero si bien China parece muy grande para el resto del mundo, éste es aún demasiado grande para China.

Lo que debiera llamar la atención es por qué Pekín se ha empeñado tanto en repetir los errores de las demás potencias en un sistema de economía global para el que no aparece aún la alternativa de la sostenibilidad.

Por último, EEUU y los países europeos más relacionados con China tienen una estrategia para China, aunque no hay una estrategia europea para China. En tanto, entre los países del conjunto de Iberoamérica, sólo Brasil tiene una incipiente estrategia para China. Y ciertamente Pekín dispone de estrategias para cada continente. De manera que el desafío habla por sí solo.

Durante un almuerzo reciente con el embajador de Nueva Zelanda en Estados Unidos, Mike Moore, China se convirtió en el centro de la discusión. El embajador, que tuvo ocasión de supervisar la entrada de dicho país en la Organización Mundial de Comercio cuando era su director general, afirmó que el experimento había sido un éxito. La incorporación de China había ayudado a sacar a 500 millones de personas (muchas de ellas chinas) de la pobreza, aseguró.

Esta es una opinión que, hasta cierto punto, comparto; sacar a tantas personas de la pobreza no es ningún triunfo insignificante. Tampoco me gustaría unirme a las filas de quienes critican todo el tiempo a China. No creo que la economía china vaya a derrumbarse de repente a corto plazo, ni tengo la secreta esperanza de que así sea. Dado lo mucho que depende la recuperación de la economía mundial de que China continúe creciendo, y dada la fragilidad actual de la eurozona, ese es un dato muy positivo.

Sin embargo, sí tengo dos objeciones que hacer al argumento del embajador:

En primer lugar, el objetivo fundamental de la OMC es hacer respetar las normas del comercio internacional, y, por muchos éxitos que haya deparado China con su incorporación, todavía no ha asumido el espíritu de lo que significa pertenecer a la organización.

Segundo, tanto en sentido literal como metafórico, China no vota.

El giro político hacia unas normas nacionales e internacionales de tipo liberal en el que muchos confiaban durante los años noventa está aún por llegar. Los empresarios y la nueva élite económica no se han levantado contra el Partido Comunista ni han exigido reformas democráticas. Muy al contrario, colaboran de manera eficiente con el partido-Estado, del mismo modo que tantos empresarios colaboraron con los regímenes fascistas en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Las economías políticas planificadas y controladas, por repugnantes que puedan parecer a algunos, suelen ser motores eficaces del desarrollo económico. Las democracias, como demuestran los recientes problemas habidos en India a propósito de la reforma de los comercios, pueden ser caóticas y problemáticas.

Además, gracias al aumento de su poder económico, China puede permitirse no tener en cuenta las normas del internacionalismo liberal. El Gobierno sigue dedicando todos sus esfuerzos a perseguir unos objetivos económicos neomercantilistas, llevando a cabo una manipulación sistemática de su divisa -que contribuye al desarrollo de inmensos superávits comerciales-, dificultando las inversiones extranjeras y el acceso al mercado interior de otros países y comprando activos estratégicos que van desde recursos naturales hasta deuda pública de los países industrializados.

Hoy, la capacidad del mundo industrializado de asegurar su futuro económico está en tela de juicio. Los progresistas, tanto en Estados Unidos como en Europa, llevan mucho tiempo afirmando que la inversión en ciencia, tecnología y conocimiento nos permitirá desarrollar los productos y servicios del futuro y, por consiguiente, ayudará a garantizar la prosperidad económica. Ahora bien, si se chantajea a nuestras grandes empresas y se les obliga a ceder capital intelectual a cambio del acceso al floreciente mercado chino, o si el Gobierno chino sigue negándose a hacer respetar las leyes de propiedad intelectual sobre los sistemas y programas que utilizan en China, ¿qué eficacia puede tener esta estrategia de renovación económica a medio plazo?

Los ciudadanos de las dos orillas del Atlántico se dan cuenta de todo esto, y cada vez son más numerosos los que están dejando de creer en un futuro mejor para sí mismos y para sus hijos. Lo irónico es que tener una relación más estrecha con los socios internacionales se ha vuelto más necesario precisamente en el momento en que la gente está dando la espalda a la globalización. El presidente Obama dijo hace poco que Estados Unidos es hoy una potencia pacífica, una afirmación que no gustó nada a los líderes europeos. Pero lo que de verdad se necesita es una estrategia transatlántica de crecimiento económico, que incluya un plan de acción constructivo y común con respecto a China, concebido para garantizar la igualdad de oportunidades en las relaciones comerciales, el acceso al mercado y las inversiones.

Este es un proyecto que debe reunir a su alrededor una alianza transatlántica progresista: una sucesora de la tercera vía más globalizada, más intervencionista y menos ingenua. Si somos capaces de hacerlo, reanimaremos nuestro movimiento, reforzaremos nuestra posición en las negociaciones comerciales internacionales y, sobre todo, ofreceremos una base sólida y sostenible sobre la que reconstruir nuestras respectivas economías.

El tiempo lo dirá, pero, para los progresistas, quizá sí vote China.

Good news! On economic freedom, America is in the global Top 10. Bad news: America is No. 10 – one blond hair ahead of Denmark.

According to the 18th annual Index of Economic Freedom, released Thursday morning by the Heritage Foundation and the Wall Street Journal, Hong Kong enjoys Earth’s freest economy. It invariably has topped this list since 1995. No. 2 Singapore leads Australia, New Zealand, Switzerland, Canada, Chile, Mauritius and Ireland. Agnostic on political freedom, the index evaluates fiscal discipline, taxes, regulations, monetary policy, rule of law, corruption and other measures of economic liberty.

America slid from No. 9 in 2011 to 10th place today. Indeed, this is the fourth consecutive year in which the United States fell a notch. Out of a perfect score of 100, America declined 1.5 points to 76.3. Denmark, No. 11, scored 76.2.

“As recently as 2008, the United States was ranked seventh, rated 81, and considered a ‘free’ economy,” Heritage notes. “Today, it is ‘mostly free’ – the runner-up category.” The index’s authors add: “Fading confidence in the government’s determination to promote or even sustain open markets has discouraged entrepreneurship and dynamic investment within the private sector.”

U.S. tax-and-spend scores are appalling: Among 179 countries surveyed, America is No. 127 in government spending and No. 133 in fiscal freedom. The U.S. suffers an “overall tax burden amounting to 24 percent of total domestic income,” the index states. “Government expenditures have grown to 42.2 percent of GDP, and the budget deficit is close to 10 percent of GDP. Total public debt is now larger than the size of the economy.”

Meanwhile, U.S. businesses moan beneath the regulatory rubble. “Over 70 new major regulations have been imposed since early 2009, with annual costs of more than $38 billion,” the index notes.

Another problem: “Corruption is a growing concern as the cronyism and economic rent-seeking associated with the growth of government have undermined institutional integrity,” the Index declares.

What fuels suspicions of American shadiness? Consider Big Labor’s waivers from Obamacare and the administration’s granting union payouts ahead of the contractually protected claims of Chrysler’s and General Motors’ secured bondholders.

Republican- and Democratic-approved subsidies for campaign donors in the ethanol and sugar industries also are as crooked as sidewinders. Solyndra’s $535 million contributions-for-loans-for-bankruptcy scandal could have been scripted in Caracas.

No. 7 Chile has surpassed America, confirming the wisdom of its reforms, including its social security system’s wildly popular and highly successful personal-account option. These were inspired by the ideas and disciples of the late, great economist and Nobel laureate, Milton Friedman.

Even No. 8 Mauritius is economically freer than America, the first time an African nation has left the U.S. behind.

Thankfully, America’s economy is not repressed, like the 10 least-free countries: No. 170 Equatorial Guinea, followed by Iran, the Democratic Republic of Congo, Myanmar, Venezuela, Eritrea, Libya, Cuba, Zimbabwe and – dead last – No. 179 North Korea. Alas, America is sinking toward these economic dungeons, not climbing away from them.

How can the U.S. reverse course and restore economic freedom? Uncle Sam should put down the fiscal fork and stop devouring national income. Repealing and replacing Obamacare, junking Dodd-Frank, enacting an optional 15 percent flat tax, and modernizing the slowly imploding Social Security system via voluntary personal accounts all would turbocharge U.S. economic freedom. So would firing Ben Bernanke and hiring Steve Forbes. The publisher would unplug Washington’s monetary printing press and, instead, implement sound money – ideally through the gold standard. This would trump Mr. Bernanke’s technique: prying monetary targets from a hat.

Free marketeers should campaign for economic liberty and hammer President Obama, the fiscally reckless George W. Bush-Karl Rove administration and congressional spendthrifts and uber-regulators of both parties. They jointly have battered this formerly pride-inducing aspect of American exceptionalism. Advocates of economic freedom should explain how to prevent the USA from slouching out of the Top 10 and begin ascending toward the No. 1 spot – right where America belongs.

En los 66 años transcurridos desde la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todas las economías de planificación central han desaparecido, en gran parte como resultado de la ineficiencia y el bajo crecimiento. Hoy en día, los mercados, las señales de precios, la descentralización, los incentivos y el rendimiento impulsado por la inversión caracterizan la asignación de recursos en casi todas partes.

Esto no es así porque los mercados sean moralmente superiores, a pesar de que requieren libertad de elección para funcionar eficazmente. Los mercados son herramientas que, en relación con las alternativas, ofrecen grandes ventajas con respecto a los incentivos, la eficiencia y la innovación. Pero no son perfectos; muestran un desempeño insuficiente ante ciertas externalidades (las consecuencias sin precio de las acciones individuales; por ejemplo, la contaminación del aire), las lagunas y asimetrías de información, y problemas de coordinación cuando hay equilibrios múltiples, algunos superiores a los demás.

Pero los mercados tienen debilidades más fundamentales. O, más bien, la mayoría de las sociedades tienen importantes objetivos económicos y sociales que los mercados y la competencia no están diseñados para alcanzar. En el mundo actual en acelerada globalización, los más importantes de estos objetivos -que se expresan en diversas formas a través del proceso político y de toma de decisiones en una amplia gama de países- son la estabilidad, la equidad distributiva y la sostenibilidad

Consideremos la estabilidad. Vivimos en un mundo de redes ampliamente descentralizadas y complejidad creciente: las redes electrónicas, las redes de cadenas de suministro y comercio, las redes financieras que vinculan los balances de entidades diferentes. Los incentivos del mercado hacen que los agentes operen o modifiquen partes de la red de maneras que maximicen la eficiencia a nivel local. Pero el supuesto -a menudo un artículo de fe- de que el conjunto se mantiene estable y resistente no tiene sustento teórico o empírico. De hecho, parece inexacto.

Por ejemplo, se ha sabido por algún tiempo que las redes que son eficientes a menudo no son resistentes, porque las redes resistentes tienen redundancias ineficientes. La resistencia es un bien público, creado por el tipo correcto de redundancia.

En una estructura descentralizada, la redundancia tiende a ser insuficiente en el proceso de optimización local. Es por eso que el tsunami que afectó a Japón el año pasado interrumpió muchas cadenas de suministro globales: eran (y siguen siendo) demasiado eficientes desde el punto de vista de poder soportar desastres.

En los mercados financieros, la optimización local parece conducir a un excesivo apalancamiento y otras formas de toma de riesgos que atentan contra la estabilidad del sistema. Se necesita mucha investigación para entender cuáles son las intervenciones o restricciones a la elección individual que se necesitan para estabilizar ciertos tipos de equilibrios del mercado. Pero, claramente, los mercados no lo hacen bien por sí mismos.

A continuación, consideremos cómo el cambio tecnológico que genera ahorros de mano de obra y la integración de varios cientos de millones de nuevos trabajadores en los mercados globales ha afectado la distribución del ingreso, la rentabilidad de la educación y las oportunidades de empleo en casi todo el mundo. En particular, la proporción del ingreso nacional que se destina al capital y el capital humano (personas con alto nivel de educación) está aumentando en un amplio frente, impulsando una creciente concentración de la riqueza.

Aún así, la distribución del ingreso varía ampliamente entre los países desarrollados. Por ejemplo, en EE.UU. el 20% gana, en promedio, 8,4 veces más que el 20% inferior. En el Reino Unido, la misma relación es de 7,2, y sólo 4,3 en Alemania (en comparación con la friolera de 12,2 en China). Estos resultados diferenciales reflejan combinaciones características de las fuerzas del mercado y los contratos sociales.

La distribución de los ingresos se ve influida por los impuestos y la política fiscal, que por lo general tienen efectos redistributivos, directamente y a través de la prestación de servicios sociales y seguros. Pero estas distribuciones también se ven afectadas por políticas e inversiones que se centran en la oferta, y eso produce educación y habilidades que coinciden (o no) con una estructura global de la demanda laboral en rápida evolución.

Parte del desafío es que la demanda de mano de obra pasa a la oferta, y no al revés, porque la movilidad laboral en la economía global es limitada. Suponer un nivel y composición constantes de la demanda de trabajo sería tan equivocado como tomar la demanda de pasajeros actual como un punto de referencia fijo en la planificación de los sistemas de transporte público. En este y otros casos, la oferta influencia la demanda con el tiempo (por ejemplo, Steve Jobs entendió esto mejor que la mayoría).

Por ello es fundamental pensar en la demanda potencial al abordar este tipo de problema de correspondencia. Al igual que con la estabilidad, no se puede confiar en los mercados para enfrentar eficazmente este problema por su cuenta. Las políticas públicas y la inversión en el sector público también importan.

La atención se está centrando cada vez más -y, en mi opinión, con razón-  en el papel del Estado, y en particular las cuentas generales del mismo. La experiencia en países en desarrollo y avanzados sugiere que las cuentas generales sustanciales y saludables están mejor posicionadas para hacer frente a los retos de estabilidad, distribución y sostenibilidad de hoy en día. Las ventajas son varias, como la capacidad de resistir crisis y adoptar respuestas contracíclicas, así como una capacidad de reciclaje de los ingresos hacia los hogares durante periodos como el actual, cuando aumenta la proporción del ingreso que se destina al capital (con consecuencias perjudiciales para la distribución).

Además, periódicamente los países deben ser capaces de adoptar y mantener inversión pública en tecnología, o participar en iniciativas de riesgo compartido, con el fin de adaptarse a las cambiantes condiciones de competencia o responder a crisis. La participación pública minoritaria puede proporcionar recursos públicos, al tiempo que mantiene los beneficios de la competencia, y asegurar que algunos de los beneficios lleguen al público general a través de los ingresos del gobierno.

Parte de esto va en contra de la ortodoxia vigente y puede provocar un debate saludable. Un enfoque relativamente centrado en la eficiencia y el crecimiento, al menos en muchos países avanzados, puede haber funcionado en las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los patrones de distribución eran benignos y la inestabilidad poco común. Hoy en día eso no es suficiente. Los retos de estabilidad, equidad y sostenibilidad han adquirido vital importancia, y como resultado puede ser necesario volver a pensar en el papel del Estado en relación con los mercados.

Reorientar los marcos de políticas hacia horizontes de tiempo más largos, con un enfoque más equilibrado y orientados al futuro en términos de estabilidad y equidad (sin perder de vista la eficiencia y la innovación) parece esencial para satisfacer las necesidades, esperanzas y expectativas de las personas en todo el mundo. De hecho, es clave para abordar la sostenibilidad, sobre la que me referiré el mes próximo.

La economía mundial está ingresando en una nueva fase, en la cual lograr la cooperación global será cada vez más difícil. Estados Unidos y la Unión Europea, complicados por la carga de sus grandes deudas y bajo crecimiento –y por lo tanto, preocupados por cuestiones internas–, ya no son capaces de fijar las reglas mundiales y esperar que los demás se adecuen a ellas.

Sumándose a esta tendencia, las potencias en ascenso, como China e India, valoran otorgan un gran valor a la soberanía nacional y la no interferencia en las cuestiones internas. Esto las torna reticentes a la hora de aceptar normas internacionales (o a exigir que otros cumplan ese tipo de regulaciones) y, por lo tanto, es poco probable que inviertan en instituciones multilaterales como lo hizo EE. UU. pasada la Segunda Guerra Mundial.

Como resultado, la oferta de liderazgo y cooperación globales continuará escasa, lo que exigirá una respuesta cuidadosamente calibrada en la gobernanza de la economía mundial –específicamente, un conjunto de reglas más limitado que reconozca la diversidad de las circunstancias nacionales y las demandas de autonomía en las políticas. Pero las discusiones en el G-20, la Organización Mundial del Comercio y otros foros multilaterales continuaron como si el remedio adecuado fuese más de lo mismo: más reglas, más armonización, y más disciplina en las políticas nacionales.

Si repasamos un concepto básico, encontraremos que el principio de «subsidiariedad» proporciona la forma correcta de pensar sobre las cuestiones de gobernanza global. Nos dice qué tipos de políticas deben coordinarse o armonizarse en forma mundial, y cuáles deben dejarse en gran medida en manos de los procesos internos de toma de decisiones. El principio demarca áreas en las que necesitamos una amplia gobernanza global de aquellas en que un reducido conjunto de normas mundiales es suficiente.

Las políticas económicas pueden dividirse, en líneas generales, en cuatro variantes. En un extremo están las políticas internas que no generan derrames (o generan derrames muy pequeños) fuera de las fronteras nacionales. Las políticas educativas, por ejemplo, no requieren acuerdos internacionales y pueden dejarse tranquilamente en manos de los decisores locales.

En el otro extremo se encuentran las políticas que implican los «comunes globales»: el resultado para cada país no está determinado por sus políticas locales, sino por (la suma total de) las políticas de otros países. Las emisiones de gases de efecto invernadero son el caso arquetípico. En esas esferas de política se puede argüir fuertemente en favor de establecer normas globales vinculantes, ya que cada país, por su cuenta, tiene incentivos para desatender su parte en el cuidado de los comunes globales. El fracaso de los intentos por lograr acuerdos globales nos condenaría a todos a un desastre colectivo.

Entre los extremos existen otros dos tipos de políticas que generan derrames, pero deben ser tratadas en forma diferente. En primer lugar, están las políticas de «empobrecer al vecino», a través de las cuales un país deriva un beneficio económico a expensas de otros. Por ejemplo, sus líderes restringen la oferta de un recurso natural para elevar su precio en los mercados mundiales, o implementan políticas mercantilistas que generan grandes superávits comerciales, especialmente en la presencia de desempleo y capacidad ociosa.

Debido a que las políticas de empobrecer al vecino crean beneficios imponiendo sus costos sobre otros, también deben ser reguladas en forma internacional. Este es el argumento más fuerte para fomentar una disciplina mundial mayor que la actual respecto de las políticas monetarias chinas o grandes desequilibrios macroeconómicos, como el superávit comercial alemán.

Las políticas de empobrecer al vecino deben distinguirse de las que pueden llamarse políticas de «empobrecerse a uno mismo», cuyos costos económicos se asumen principalmente en forma local, aunque también pueden afectar a otros.

Consideremos los subsidios agrícolas, las prohibiciones de organismos genéticamente modificados, o las normativas financieras laxas. Si bien estas políticas pueden imponer costos a otros países, no se implementan para extraer ventajas de ellos, sino porque otros motivos de políticas locales –como las preocupaciones distributivas, administrativas, o de salud pública– prevalecen sobre el objetivo de la eficiencia económica.

En el caso de las políticas de empobrecerse a uno mismo, los argumentos en favor de endurecer la disciplina global son mucho más débiles. Después de todo, no debiera estar en manos de la «comunidad global» decirle a cada país cómo ponderar objetivos que compiten entre sí. Imponer costos sobre otros países no es, en sí misma, una causa de regulación global. (De hecho, los economistas rara vez se quejan cuando la liberalización del comercio de un país daña a sus competidores.) Las democracias, particularmente, deben poder cometer sus propios «errores».

Por supuesto, no hay garantías de que las políticas locales reflejen con precisión las demandas sociales; incluso las democracias suelen ser secuestradas por intereses especiales. Por ello, la justificación de las normas globales es muy diferente en el caso de las políticas de empobrecerse a uno mismo, y exige requisitos procedimentales diseñados para mejorar la calidad de las políticas locales. Los estándares globales relacionados con la transparencia, la amplia representación, la responsabilidad y el uso de evidencia empírica, por ejemplo, no limitan al resultado final.

Distintos tipos de políticas requieren distintos tipos de respuestas en el nivel global. Actualmente se desperdicia demasiado capital político global en armonizar políticas de empobrecerse a uno mismo (especialmente en las áreas del comercio y la regulación financiera) y no se aplica suficiente sobre las políticas de empobrecer al vecino (como los desequilibrios macroeconómicos). Los esfuerzos excesivamente ambiciosos e incorrectamente dirigidos hacia la gobernanza global no nos harán ningún bien en un momento de escasez en la oferta de liderazgo y cooperación mundial.

Será uno de los debates centrales del 2012. No es un tema nuevo. Como recuerda Moisés Naím, la desigualdad fue escondida en algunos países (URSS y otros regímenes autoritarios), tolerada en otros (Latinoamérica) e incluso celebrada en algunos (EEUU). Ciertamente, hay una desigualdad razonable, meritocrática, la que dimana del talento, la innovación y el trabajo duro. Si hoy preocupa es por dos razones: la primera, que en las últimas décadas se ha disparado espectacularmente en la mayor parte del mundo; la segunda, que la crisis convierte esta desigualdad exagerada en insoportable y peligrosa.

Un informe del 2011 de la OCDE constata que la distancia entre ricos y pobres se ha agrandado en casi todos los países en los últimos 30 años. En las economías avanzadas, la brecha entre el 10% de la población más rica y el 10% más pobre se sitúa en 9 a 1. En algunas economías emergentes llega a 25 a 1 (México) y a 50 a 1 (Brasil). Un periodo de expansión y crecimiento sin precedentes permitió reducir la pobreza en algunos países -sobre todo, creando empleos-, pero aumentó la desigualdad. La explicación es que unos pocos se apropiaron de la mayor parte de los beneficios de ese crecimiento. En EEUU, la Oficina Presupuestaria del Congreso informaba de que la renta familiar del 1% de la población creció entre 1979 y el 2007 un 275%, mientras la del 20% inferior lo hizo solo un 18%, esto es, 15 veces menos. Tras los años de expansión, la crisis ha venido a acentuar las diferencias en algunos países, como en España.

La cuestión de la desigualdad está presente en el debate social desde antiguo. Las teorías de la justicia la han afrontado, desde el ángulo de la filosofía política, de manera recurrente. Menos frecuente ha sido tratar sobre sus costes económicos. La crisis global ha movido a los expertos a abordar el asunto a lo largo del 2011 desde esta perspectiva. Nouriel Roubini ha puesto de manifiesto sus efectos negativos sobre la demanda agregada y el crecimiento. La propia OCDE ha alertado sobre su potencial de creación de sentimientos proteccionistas.

El profesor John Roemer, de Yale, la ha relacionado negativamente con la innovación. Para Charles M. Blow, su existencia hace más difícil la recuperación. Muchos autores han puesto el acento en la disfuncionalidad económica que conlleva la captura de rentas por una reducida minoría de ejecutivos de las empresas. Roemer considera esta apropiación un fallo de mercado que confiere un exagerado poder político a muy pocos y, en la misma línea, Martin Wolf sostenía hace poco en Financial Times que los ultraingresos en la cúpula proceden de una quiebra en el control de los principales -inversores- sobre sus agentes -ejecutivos corporativos y financieros-. Las altas recompensas -añadía- son al mismo tiempo injustas e ineficientes.

Muchas de estas críticas se centran en el efecto destructor que la desigualdad tiene sobre la legitimidad del Gobierno y la generación de confianza. Está demostrado que una exagerada brecha en el ingreso lesiona la igualdad de oportunidades y la movilidad social. En los últimos tiempos, alerta la OCDE, la desigualdad está corroyendo, además, el contrato intergeneracional. Contra lo que a veces suele pensarse, quienes rondan o superan la edad de jubilación han tenido en estos años los crecimientos salariales más cuantiosos, en perjuicio de los jóvenes y los niños. Los efectos de todo ello son devastadores. En un reciente artículo, José Luis Herranz y Lola García muestran cómo la «osificación» de la desigualdad -el esfuerzo sin resultados- introduce en la sociedad los cuatro arquetipos de la desconfianza: depresión, agresividad, hipocresía y ventajismo. No son estos, desde luego, los atributos que nos sacarán de la crisis.

Un reciente titular de Los Angeles Times decía: Seis herederos de Walmart son más ricos que la suma del 30% de los estadounidenses con menores ingresos. El lema Somos el 99% de Occupy Wall Street resume la indignación de la mayoría de la población ante esta concentración de la riqueza y el poder en un reducido grupo de privilegiados que aglutinan las respuestas políticas y económicas a la crisis. Por eso, la gestión de la recuperación obliga a los gobiernos a construir y poner en práctica una agenda vigorosa de reducción de la desigualdad. Sin ella, la confianza social se seguiría deteriorando y las reformas estructurales que necesitamos adolecerían de un déficit de legitimidad que podría acabar por hacerlas inviables.

En su informe del 2011, la OCDE apunta las líneas maestras de una agenda de esta naturaleza: la concentración en la creación de empleo, la inversión en capital humano (educación como primera prioridad), la elevación de la fiscalidad de las rentas más altas, la mejora de la eficacia redistributiva del sistema tributario en su conjunto, el combate al fraude fiscal y el funcionamiento de servicios públicos esenciales inclusivos, sostenibles y de calidad. Es el camino. Solo saldremos de la crisis intentando ser menos desiguales.

A pesar de años de conversaciones oficiales sobre la necesidad de dar una respuesta global a los desequilibrios de cuenta corriente, siguió siendo uno de los principales problemas económicos del mundo en 2011. Sin duda, los desequilibrios mundiales se redujeron en tamaño en comparación con antes de la crisis, pero no desaparecieron. Ahora, algunos están volviendo a aumentar, junto con la desigualdad en muchos países. El vínculo no es casual.

A menudo se oyen llamados a la realización de un reajuste global mediante el cual los mercados emergentes con superávit de pagos -China es el país que se menciona con mayor frecuencia- estimularían la demanda interna, de modo que los países avanzados (el más grande es Estados Unidos) podrían reducir sus déficits y deuda pública con menos riesgo para la recuperación de sus economías. La demanda exterior neta que se crearía con una reducción de los superávits de la balanza de pagos en el extranjero compensaría en parte el debilitamiento de la demanda pública en EE.UU. y otros países con alto nivel de deuda, a medida que endurecen su política fiscal.

Sin embargo, la historia no debe centrarse solamente en los déficits de cuenta corriente en los países avanzados y los superávits en los países emergentes. Muchos mercados emergentes -como India, Sudáfrica, Brasil y Turquía- tienen en realidad déficits de cuenta corriente. También hay muchos países avanzados que exhiben un superávit de cuenta corriente: se ha hablado mucho del caso de Alemania desde el comienzo de la crisis de la eurozona, pero Japón, los Países Bajos, Noruega y Suecia se encuentran en la misma situación.

Así, mientras que el reequilibrio mundial requiere una reducción de los superávits, el problema no es simplemente una contracción de los superávits en los mercados emergentes con el fin de permitir un correspondiente descenso en el déficit de los países avanzados. Al entrar en el 2012, una reducción en el superávit de Alemania puede ser más urgente que una en China, ya que hacerlo generaría beneficios más inmediatos en Europa, donde se encuentran los mayores riesgos para la recuperación global.

Más aún, el renminbi chino está experimentando una apreciación real bastante fuerte, ya que la inflación en China está aumentando mucho más rápidamente que en los EE.UU. o la eurozona. De hecho, el euro “alemán” está perdiendo valor, a pesar de los grandes superávits de Alemania, porque es también la moneda de los países del sur de Europa, que tantos problemas sufren en la actualidad.

Los superávit de cuenta corriente chino y alemán se ven correctamente como un obstáculo para la recuperación, ya que restan a la demanda mundial potencial efectiva e influyen en que los “ahorros previstos” globales sean superiores a las “inversiones previstas”, lo que es una receta para el surgimiento de presiones recesivas. Sin embargo, la creciente concentración del ingreso y la riqueza al interior muchos países, sobre todo Estados Unidos, debería generar preocupaciones “keynesianas” similares.

Una creciente concentración del ingreso y la riqueza puede ser vista como un desequilibrio “interno” similar en algunos aspectos a los desequilibrios de cuenta corriente “externa”, ya que los grupos de mayores ingresos tienden a ahorrar una proporción mucho mayor de sus ingresos. El actual cambio de curso para gravar los mayores ingresos tenderá a provocar un aumento del ahorro total, lo que tendría que compensarse con una mayor inversión, mayores exportaciones netas, o un mayor gasto público para evitar presiones recesivas.

Si bien los niveles de desigualdad en el mundo varían mucho, parece ser general la tendencia hacia una mayor concentración en los grupos superiores, y son los cambios en la concentración los que terminan produciendo cambios en el ahorro previsto. Se debería esperar que la actual tendencia a la concentración del ingreso conduzca a una presión deflacionaria donde sea que ocurra.

Por supuesto, otros factores, como las políticas gubernamentales, pueden compensar esa presión. En EE.UU., las bajas tasas de interés y el consumo financiado con deuda por parte de los grupos de menores ingresos, alentados por la política del gobierno y las prácticas del sector financiero, compensaron el mayor ahorro en los grupos superiores durante los años previos a la crisis. Por lo tanto, a pesar de una concentración sin precedentes de los ingresos, EE.UU. exhibió un gran déficit de cuenta corriente. En China, las exportaciones netas y una fuerte inversión respaldada por el gobierno garantizaron una continua expansión. También en Alemania las exportaciones netas se incrementaron.

Sin embargo, los cambios del ingreso hacia los grupos de alto ahorro y el aumento de los superávits de cuenta corriente causan similares efectos inmediatos sobre el ahorro total mundial. Por supuesto, sólo los efectos inmediatos son similares. Mucho depende después de si un aumento en el superávit de cuenta corriente conduce a una mayor acumulación de reservas o más inversión directa en el extranjero, de cómo los diferentes grupos de ingresos repartan el gasto entre las importaciones y los bienes nacionales, y qué tipo de políticas macroeconómicas se estén llevando a cabo.

La historia completa de los desequilibrios ha de incluir la propensión a gastar en importaciones y productos nacionales en varios países, así como el balance entre ahorro público y privado. Más aún, es necesario complementar nuestras preocupaciones acerca de los “desequilibrios globales” con un análisis de cómo la creciente concentración de los ingresos puede estar provocando “desequilibrios internos” y presiones recesivas que son similares en magnitud.

Estos desequilibrios están relacionados, y ambos representan una amenaza para un crecimiento rápido y sostenible. Los desequilibrios mundiales y la creciente desigualdad interna deben ser analizados y debatidos en conjunto. Solo entonces se los podrá abordar con eficacia.

Estamos viviendo días de gran temor y preocupación alentada por muchos y distintos problemas, especialmente financieros y de falta de liderazgo; sobre todo a nivel internacional.

Si no recuerdo mal, Franklin Delano Roosevelt afirmaba: «A lo único que debemos temer es al miedo mismo». Ese es el que nos paraliza, y es lo que nos está ocurriendo debido en gran parte a muchos banqueros, políticos y aficionados a predecir en economía.
Es natural que todos intentemos aumentar nuestro bienestar y cambiar las cosas a nuestra conveniencia. Imagino que está en nuestros genes y ha permitido que sobrevivamos. En mi opinión y en la de muchos que me lo han comentado, tanto la señora Merkel como el señor Sarkozy están intentando salvar su carrera política a costa de Europa.

Ya he hablado alguna vez del excesivo número de las llamadas «cumbres» y de su coste, de las que, al final, se obtiene tan escaso rendimiento, excepto asustar y hacer la economía más difícil en la mayor parte de Europa y con consecuencias que afectan también a otros países. Esto debe corregirse. Es necesario, como he comentado varias veces, volver a la cultura del esfuerzo y crear nuevas ilusiones. Desgraciadamente, las inversiones de «capital de riesgo» son una iniciativa prácticamente inexistente en España y no se han beneficiado de este temor que empezó con los medios financieros.

Curiosamente, ya Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, decía aproximadamente y en forma abreviada:
«Las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros. Si el pueblo americano permite que los bancos privados controlen su moneda, las instituciones que floecerán en su entorno privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión».

Hace poco, en una entrevista, ya dije que podemos caer en recesión. Creo que las ideas de la señora Merkel, si son como yo las entiendo, parecen una receta para el desastre.

Consecuentemente con lo indicado anteriormente, quiero recordar que en el International Herald Tribunedel 3 y el 4 de diciembre se publicó un artículo de Paul Krugman, premio Nobel de Economía, titulado «Matando el euro», que debiera ser leído por los poderosos, y del que señalaré la idea de que algunas «lumbreras» americanas previenen contra el gasto amenazando a los Estados Unidos de que si gastan acabarán como Grecia, cuando Krugman piensa que es justo al contrario: si los líderes europeos continúan con los recortes aumentarán la crisis europea. Y añade que la insistencia en una mayor austeridad en USA y Europa va empeorando la situación.

En el Levantedel 7 de diciembre, hay también un artículo de mi amigo Camilo José Cela Conde sobre este punto de vista, que no tiene desperdicio.

Estas reflexiones son consecuencia de mi preocupación, como la de la mayor parte de los europeos, por la crisis, que a mi modo de ver no se cura ni se curará únicamente haciendo recortes. Hay que crear empleo, un tema sobre el que ya he escrito en algunos medios, y por el que últimamente he recordado las ideas de Keynes, que a mi parecer son esenciales para salir de la crisis.

Hay que construir, no más casas, pero sí más infraestructuras duraderas para el bien de la población, incluyendo ferrocarriles, protección de los bosques y plantaciones de nuevos arbolados para proteger el suelo, y disminuir el uso masivo del transporte de mercancía por carretera (creo que está cerca del 90 por ciento), además de luchar contra el calentamiento global.

En una Tercera del año 2000, hice referencia al «II Foro 2000: Invertir en Futuro», y recogía una intervención del entonces ministro de Educación, Mariano Rajoy, quien expuso ejemplos del éxito de la innovación en los Estados Unidos. Lo más importante, a mi parecer, fue su insistencia en afirmar que el estimular el I+D+i con beneficios no debe ser dirigido desde arriba, es decir, desde el gobierno a las empresas, ya que las propuestas las deben hacer los investigadores y los empresarios, tal como sucede en los EE.UU.

Espero que don Mariano y todo su Gobierno recuerden estas ideas y sepan mantener el contacto con la realidad y el pueblo. Pero, ciertamente, ese no es un trabajo aislado de los políticos. Todos tenemos la obligación de contribuir a la reforma económica.
Claro que para ello hay que volver, como ya he indicado, a la cultura del trabajo, del esfuerzo que aumenta la productividad, y a la del riesgo razonable, como deben tener todos los empresarios para abrir nuevos negocios. Es triste que la máxima aspiración de muchos jóvenes sea conseguir un empleo en la Administración, en algo seguro; aunque suponga renunciar a crear cosas nuevas, distintas, quizá incluso mejores. Estos cambios profundos han de realizarse, porque disponemos de una generación de universitarios mucho mayor que la que nunca ha existido en Europa, que desean incorporarse al mercado laboral y deben aportar sus conocimientos a la sociedad que ha realizado una enorme inversión en su formación.

En modo alguno debemos evitar confrontaciones a través de pagos a todos aquellos que debían defender a la sociedad, por ejemplo a grupos que se han olvidado de su deber crítico y defensivo. Ellos deberían estar con los indignados reclamando soluciones reales y justas a los trágicos problemas económicos con que se enfrentan muchas familias españolas. No se trata de condonar deudas sin más, pero sí, como ya reclaman muchas voces, y está poniendo en marcha Finlandia, de exigir a los responsables financieros, a aquellos en quienes confiamos el control de la parte económica de nuestro Estado del bienestar, asumir las responsabilidades de sus errores o decisiones de dudosa moralidad.

En estos días de recortes presupuestarios vale recordar que en marzo del 2000 los ministros de Ciencia de la Unión Europea se reunieron en Lisboa y declararon que en diez años la Unión Europea sería «la más competitiva y dinámica, donde la economía mundial estaría basada en el conocimiento». Y, desde luego, hemos de concienciarnos como sociedad de que la ciencia debe ser considerada un motor de la economía con mucha más trascendencia que la que se le ha dado. Entre otras cosas, porque los científicos mantienen la cultura del esfuerzo y la percepción de que las ayudas para su trabajo, que no siempre se consiguen, son consecuencia del duro trabajo de muchos años y el fruto de un estudio profundo y alejado de las mentiras. Porque en ciencia siempre has de publicar cómo has logrado tus resultados y otros han de poder repetirlos. Y si no, ¡sufrirás las consecuencias de tus errores!

Esperamos de los políticos que no sigan los consejos de Gottfried Scharz, un bioquímico, que en uno de sus artículos, con el revelador título «Cinco sencillos pasos para librarte de tu laboratorio», dice: «Mantén siempre la puerta cerrada y pon a tus visitantes en su sitio con signos tales como “esperar” y “no entrar”. Sobre todo, emplea a una secretaria muy fiel que guarde la entrada de tu oficina como un “pit bull”».

En un momento en que la incertidumbre todavía enturbia los mercados globales y muchos inversores eligen una total retirada, hay una parte del sector financiero que crece exponencialmente: los activos financieros que se rigen por la ley islámica pasaron de ser unos cinco mil millones de dólares a fines de los ochenta a, aproximadamente, 1,2 billones en 2011.

Esta clase de activos, que se destacan porque las instituciones financieras y sus clientes comparten los riesgos, se salvó de muchas de las consecuencias más graves de la crisis financiera mundial iniciada en 2008. Esta resistencia, sumada a una variedad de otras características fundamentales, explica los elevados rendimientos y la creciente popularidad del modelo financiero islámico.

Durante la crisis financiera global, una pequeña cantidad de instituciones financieras islámicas resultaron perjudicadas cuando la economía real se contrajo y algunos emisores de bonos islámicos incurrieron en impago. Pero como en el sistema de financiación islámico los riesgos son compartidos, estos instrumentos resistieron mejor la primera fase del contagio financiero que golpeó a la economía en 2008. Importantes economistas, como Kenneth Rogoff de la Universidad de Harvard, han sugerido que las finanzas islámicas demuestran las ventajas que supone la financiación con capitales propios y la coparticipación en los riesgos respecto de la tendencia convencional que favorece la financiación mediante endeudamiento.

Las instituciones financieras islámicas poseen diversas características distintivas que les confirieron una relativa estabilidad durante la crisis. Una de ellas es que en el modelo islámico se insiste en el respaldo de los activos, lo que asegura un vínculo directo entre las transacciones financieras y las actividades económicas reales. Los ahorros de las instituciones y los rendimientos de las inversiones están estrechamente vinculados, porque es el sector real, y no el financiero, el que los determina.

Esto crea un mecanismo de ajuste flexible para el caso de que se produzcan perturbaciones imprevistas. También asegura una equivalencia constante entre los valores reales de los activos y los pasivos, a la vez que prohíbe un apalancamiento excesivo y diversas formas de titularización complicadas. Además, las finanzas islámicas son más equitativas: prestamistas y prestatarios comparten los riesgos y las recompensas, lo que aumenta la importancia concedida a la búsqueda de objetivos a largo plazo y desalienta la asunción de riesgos excesivos en el corto plazo.

En síntesis, las instituciones financieras islámicas tratan a sus clientes como socios comerciales. Esto crea un fuerte incentivo a evaluar cuidadosamente los pedidos de financiación y a ayudar a los deudores en los malos tiempos, lo que reduce las presiones que obligan a vender activos a “precio de remate” y minimiza la probabilidad de contagio financiero. Por último, el marco financiero islámico protege los saldos de los depósitos y previene un crecimiento excesivo del crédito.

En este momento, los instrumentos financieros islámicos están disponibles en al menos 70 países y representan alrededor del 0,5% de los activos financieros de todo el mundo. Pero hay claras señales de que crecerán a ritmo veloz y continuo. En su informe de noviembre de 2011 sobre la banca islámica internacional, el Deutsche Bank proyecta que los activos islámicos crecerán a un ritmo anual compuesto del 24% a lo largo de los tres próximos años. Esta previsión se apoya en cinco razones principales:

• Las finanzas islámicas ofrecen a los ahorristas y a los inversores alternativas prácticas respecto de los instrumentos convencionales.
• La calidad de los servicios financieros islámicos está mejorando y su disponibilidad no se encuentra restringida a clientes particulares.
• La oferta de activos islámicos por parte de instituciones financieras multinacionales convencionales está creciendo, y estos activos concitan cada vez más interés en Londres, Luxemburgo y otras capitales financieras del mundo.
• El auge de los commodities generó en algunos países musulmanes un superávit que es preciso colocar a través de intermediarios financieros y fondos soberanos de inversión.
• Los instrumentos financieros islámicos pueden cumplir con las exigencias de la sharia (el sistema de derecho religioso y código moral del Islam) y al mismo tiempo enviar señales de cambio que se condicen con los acontecimientos recientes ocurridos en diversos países de mayoría musulmana.

Pero para concretar el potencial de las finanzas islámicas, se necesitan sólidos mecanismos de supervisión. Las instituciones financieras deben mejorar los métodos para la evaluación de los candidatos y la supervisión posterior a la concesión del préstamo. Otro problema es que, en muchos países, los títulos de deuda reciben un tratamiento impositivo ventajoso, lo que favorece el apalancamiento en comparación con la financiación con capitales propios y la adopción de sistemas donde se comparten las ganancias y las pérdidas. Es un aspecto que hay que modificar.

Además, las finanzas islámicas están subdesarrolladas en lo concerniente a hipotecas, seguros mutuos, alquiler con opción de compra y microfinanzas; hay que mejorar los procedimientos de insolvencia y bancarrota; y se deben establecer mecanismos para hacer frente a los impagos de “bonos islámicos”. Por último, las instituciones financieras islámicas deben responder ciertas inquietudes referidas a la gestión del riesgo de liquidez, el cumplimiento del Acuerdo de Basilea III (la norma reglamentaria más reciente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea), las normas contables internacionales y la gobernanza corporativa.

A pesar de los últimos informes que destacan el tamaño y el crecimiento de los activos e instrumentos financieros islámicos, su éxito dependerá, en última instancia, de la calidad de los servicios, de la innovación financiera continua y del uso de sólidas prácticas de gestión del riesgo. Si se encaran sus deficiencias, las finanzas islámicas pueden servir en muchos países en vías de desarrollo como estímulo para un crecimiento inclusivo.

Si el modelo islámico de financiación logra resolver sus principales problemas en materia regulatoria y de gobernanza corporativa, puede satisfacer las necesidades financieras y de inversión de más personas, llegar a más lugares y contribuir a mejorar la estabilidad financiera y los niveles de inclusión en los países en vías de desarrollo. ¿Quién podría negarse a algo así?

Meses atrás expuse aquí una intuición sobre el movimiento del péndulo de la historia, que ya no puede ir mucho más hacia la derecha, que pierde impulso, que ya se detiene o le falta poco y que no tardará en iniciar el retorno, aunque sea lento, hacia la izquierda. La crisis, provocada, vía desregulación, por la codicia de los que más tienen, es al neoliberalismo lo que la caída del muro de Berlín al comunismo estalinista. Ahora empiezo a poner en duda estas ideas. No por el resultado de las elecciones, y menos las españolas -que ya se daban por perdidas-, sino por el combate entre la pluma y la espada, que según Napoleón siempre gana la pluma, es decir, las ideas (aunque él expandió con sus triunfos militares las más modernas de su tiempo, que luego retrocedieron un siglo después de Waterloo). Cuidado con el optimismo de la razón, porque en ciertas regiones poco mapeadas el pensamiento se pierde y la intuición, siempre tan falible, guía sus pasos. El rumbo de las civilizaciones es siempre, siempre, indeterminado.

Dicho esto, y aprovechando que todavía no hemos dejado del todo atrás el paréntesis de las fiestas, trataré de precisar en qué consiste mi error de percepción. Quizá al péndulo aún le queda recorrido hacia la derecha, aunque sigo pensando que no mucho a pesar de que lo empujen las más poderosas fuerzas. Lo que falla es el impulso hacia la izquierda. No la disposición social de la mayoría perjudicada, sino las ideas, las convicciones, las concreciones. El discurso de la denuncia está hecho, pero la ausencia de planes alternativos viables desespera y paraliza. El simple no (a los recortes, al paro, a la mayor carga impositiva) no lleva a ninguna parte. La izquierda está desmantelada. Fueron Blair y Clinton los encargados de claudicar ante la embestida de Thatcher y Reagan. Después, a la derecha todo le ha venido rodado. Ahora que, tras el espejismo, conocemos los resultados, no hay en el mundo arsenal ideológico, académico o político capaz no ya de refundar, sino de reformar el capitalismo. La izquierda se aferra a la justicia, a la sensibilidad social, a la ética. Pero de poco le vale, porque no tiene programa. Y si no tiene programa, no tiene empuje para ayudar al péndulo a invertir el camino.

En el mundo, y de manera especial en Occidente, hay más riqueza que en el pasado, pero cada vez está peor repartida. El liberalismo clásico procuraba el máximo bienestar para el mayor número posible. Su heredero, el neoliberalismo, se propone concentrar la máxima riqueza en las menores manos posibles. La mayoría solo se puede oponer si se le presenta un programa que no implique más pérdidas de las que ya le sobrevienen.

Este programa no existe en ninguna parte del mundo. Hay ejemplos, modelos, pero todos son de países muy ricos, pequeños o medios, que mantienen excelentes niveles de bienestar social. Pero los caminos para llegar ahí parecen demasiado exigentes para la izquierda que claudicó. Si existiera un programa formulado, ni la abrumadora hegemonía de los medios de comunicación, adeptos al neoliberalismo, conseguiría impedir que se hiciera audible y cambiase el panorama. El problema es de altavoces, pero sobre todo de voces. También es práctico, pero antes teórico. Cómo crear más riqueza y distribuirla con equidad. Cómo ser más competitivos sin ser más egoístas.

A lo máximo que llegan los socialdemócratas más preparados es a hacerse eco de alguna de las soluciones que circulan para detener la agresividad de los mercados contra la deuda soberana. Michel Rocard, por ejemplo, acaba de publicar un artículo en Le Monde donde se propugna una vía sencilla para que el BCE deje dinero para financiar la deuda acumulada al 0,1% a otros bancos públicos, como el Banco Europeo de Inversiones, y estos lo presten a los estados al 0,2%. Esto, unido a la férrea disciplina que se implanta para no volver a gastar y derrochar más de la cuenta, podría propiciar tanto el cortafuegos a la asfixia de los altos tipos como una rápida recuperación de la zona euro. Supongamos que tenga razón. Se trataría de una solución técnica a un problema gravísimo, pero poco aporta al fondo de la cuestión.

El fondo de la cuestión tiene un precedente, remoto y sin duda parcial, en la embestida del Senado contra el pueblo de Roma. Empezó 21 siglos atrás. La codicia ilimitada de la clase dominante provocó varias guerras civiles y acabó, como todos sabemos, con la sustitución del anterior equilibrio de poderes para la monarquía militar de los emperadores, que tenían bajo control las ambiciones del Senado, generalmente en beneficio del pueblo.

No nos encontramos en una situación de riesgo similar, pero en bien de la democracia y la propia civilización es imprescindible reequilibrar. El desmantelamiento ideológico de la izquierda reformista, la ausencia de un programa alternativo, propicia todavía, contra pronóstico, un mayor desplazamiento del péndulo hacia la derecha. Los dos candidatos del PSOE representan ese pasado conformista y claudicante. ¿Cuánto tardaremos en encontrar un remedio?

En marzo de 2011, las catástrofes del terremoto, el tsunami y el desastre nuclear que se abatieron sobre Japón detuvieron la producción de componentes clave para muchas cadenas mundiales de suministro. La repentina interrupción en el flujo de esos materiales esenciales para el proceso productivo obligó a reevaluar la forma en que funcionan esas cadenas de distribución. Pero esas vulnerabilidades no están confinadas al sector manufacturero. También la industria financiera ha casi sufrido recientemente el colapso de su propia «cadena de suministro».

La caída de Lehman Brothers en 2008 no solo enturbió los mercados financieros globales, sino que además prácticamente paralizó el comercio mundial cuando los bancos mayoristas se rehusaron a financiarse entre sí por miedo a la quiebra de sus contrapartes. El sencillo sistema bancario del pasado, basado en la concentración de los ahorros minoristas para financiar necesidades crediticias, ha evolucionado hacia una cadena de distribución extremadamente compleja –y global– con riesgos de interrupciones interrelacionadas comparables a las ocurridas en Japón durante la primavera pasada.

Las cadenas financieras de abastecimiento y las del sector manufacturero comparten tres características clave –su arquitectura, sus mecanismos de retroalimentación y sus procesos. Su robustez y eficiencia dependen de la interacción de esos componentes.

En la arquitectura financiera actual, como sucede con otras cadenas de suministro, las redes interdependientes tienden a concentrarse en poderosos núcleos. Por ejemplo, tan solo dos centros financieros, Londres y Nueva York, dominan las finanzas internacionales, y son 22 participantes quienes realizan el 90% de todos los intercambios mundiales de divisas. Esta concentración es muy eficiente, pero también genera mayores riesgos sistémicos: si el nodo líder falla, el sistema entero puede caer.

Los mecanismos abiertos de retroalimentación garantizan la capacidad de la cadena de suministro para responder a un entorno cambiante, pero, en el caso de las cadenas financieras de distribución, los mecanismos de retroalimentación pueden amplificar los problemas hasta que el sistema completo falle. El colapso de Lehman Brothers disparó una explosión de ese tipo. El sistema financiero solo pudo salvarse gracias a los rescates gubernamentales.

Finalmente, los procesos dentro de las cadenas de aprovisionamiento y las interacciones de retroalimentación entre ellos, pueden lograr que el sistema sea mayor o menor que la suma de sus partes. Como una red completa incluye vinculaciones entre muchas subredes, las ineficiencias o debilidades individuales pueden incidir sobre la factibilidad del conjunto.

Al igual que las cadenas manufactureras de abastecimiento luego de los problemas en Japón, las cadenas financieras de suministro enfrentan presiones formidables para su reestructuración y adaptación a medida que la economía global se inclina hacia los mercados emergentes. A medida que eso ocurre, miles de millones de consumidores ingresarán a las clases medias de esos países, nuevas redes sociales evolucionarán, y el cambio climático ganará incidencia en el comercio internacional.

Además, las importantes reformas en la normativa imponen nuevos y mayores costos sobre el sector financiero. Los bancos y otras instituciones también se encuentran bajo presión para diseñar nuevos productos financieros que puedan ayudar al sector real a administrar riesgos más complejos y permitan inversiones en áreas como las tecnologías verdes y la infraestructura para las economías en desarrollo.

Además, la estabilidad financiera mundial ahora depende de una mayor cooperación internacional y la presión para el cumplimiento de las normas nacionales ha recrudecido. También resulta claro que los mercados emergentes están buscando modelos de crecimiento alternativos, ecológicos y sostenibles. Sus sectores financieros tendrán que funcionar de manera muy distinta a la del modelo actual, cuyo motor es el consumo.

En un mundo en que tanto el consumo como las finanzas deben crecer más lentamente para sobrellevar las restricciones globales ambientales y de recursos, ¿qué papel pueden desempeñar las finanzas para reducir el consumo adictivo, alimentado por un apalancamiento insostenible? Y, dado que las instituciones financieras tendrán que controlar y administrar el riesgo en una forma radicalmente distinta, tanto en forma interna como para sus clientes, ¿cuál es el rol de la distribución en un mundo en que el consumo, el ahorro y la inversión aumentarán su volatilidad?

La «producción» financiera es actualmente un proceso impuesto de arriba hacia abajo. Los instrumentos se diseñan en forma tal que su venta genera más beneficios para los ingenieros financieros que para los usuarios finales. Pero el crecimiento de las redes sociales interactivas ha inyectado un enfoque un poco más democrático a la innovación financiera. Millones de clientes bancarios con teléfonos móviles pueden proporcionar información inmediata sobre los productos y servicios que les gustan, y los que no. En el futuro, los sistemas de servicios a clientes y de gestión de transacciones recibirán más información de los usuarios con mayor frecuencia, así el diseño de los productos será más interactivo.

La estrategia actual en el sector financiero impulsa una competencia excesiva ya que la participación en el mercado se da a expensas de los rivales, a menudo minando la confianza de los clientes para obtener ganancias en el corto plazo. Sin embargo, el sector financiero, en épocas anteriores, ha demostrado que puede funcionar como un bien público y ofrecer servicios eficientes y dignos de confianza. Las cadenas exitosas de abastecimiento financiero en el futuro infundirán confianza en su oferta de servicios seguros, estables y eficientes a la mayor cantidad de clientes posible.

La innovación durante el último siglo se centró en los procesos, productos y servicios. Hoy, el sector financiero necesita una innovación de mayor magnitud, que incorpore modelos de negocios, estrategias y enfoques de gestión para recuperar la confianza en las finanzas. Así como Steve Jobs en Apple transformó la industria informática a través de productos con estilo y servicios altamente confiables, fáciles de usar y «con onda», las instituciones financieras tendrán que introducir nuevas cadenas de valor que generen confianza, adaptándose a las crecientes necesidades de los mercados.

Dados esos cambios profundos, los líderes financieros deberían pensar sobre cómo orquestar una nueva cadena financiera de suministro, la nueva «aplicación revolucionaria» para este joven siglo.

The protracted financial and economic crisis discredited first the American model of capitalism, and then the European version. Now it looks as if the Asian approach may take some knocks, too. Coming after the failure of state socialism, does this mean that there is no correct way of organizing an economy?

In the aftermath of the subprime crisis and the collapse of Lehman Brothers, fingers were pointed at the United States as an example of how badly things could go wrong. The American model had supposedly failed, its reputation weakened first by the Iraq invasion, and then by the financial crisis. Anyone who dreamed of the American way of life now looked stupid.

Immediately after Lehman Brothers’ collapse, German Finance Minister Peer Steinbrück put this diagnosis as a challenge not only to the US, but also to other countries – notably the United Kingdom – that had “Americanized” their financial system. The problem, Steinbrück argued, lay in over-reliance on highly complex financial instruments, propagated by globalized American institutions: “The financial crisis is above all an American problem. The other G-7 financial ministers in continental Europe share this opinion.”

Criticism of America did not stop there. Steinbrück’s successor, Wolfgang Schäuble, persisted in the same tone, attacking “clueless” American monetary policy, which was supposedly designed only to feed the American financial monster.

But such criticism ignores the problems faced by banks that did not use or deal in complex financial products. Bank regulators had long insisted that the safest possible financial instrument was a bond issued by a rich industrial country. Then came the eurozone’s sovereign-debt crisis, with its roots in lax government finance in some (mostly southern European) countries.

Critics now had a new focus. Naturally, many conservative Americans were delighted by the imminent failure of what they saw as Europe’s tax-and-spend model, with its addiction to a costly and inefficient welfare state.

They were not the only critics. The chairman of China Investment Corporation, Jin Liquin, commented skeptically on a proposed Chinese bailout of Europe, which he called “a worn-out welfare society” with “outdated” welfare laws that induce dependence and sloth.

Criticism of large European transfer payments may have some justification, say, insofar as French, Greek, and Italian civil servants could indeed retire young. And restrictive labor laws have indeed discouraged many firms from hiring new workers. But such criticism captures only one small part of Europe’s difficulties.

The fiscal problems of Greece and Spain were also the result of spending a great deal on high-technology and high-prestige projects: facilities for the Olympic Games, new airport buildings, high-speed train links. And Spain and Ireland before the crisis did not have a fiscal problem, owing to the rapid economic growth produced by a real-estate boom that seemed to promise a new era of economic miracles.

One of the most widely used Chinese terms of recent years is 幸灾乐祸 (xìng zāi lè huò), best translated as “schadenfreude”: somebody else – some other society – tripped on an enormous political banana peel. Asian critics looking at America and Europe could easily convince themselves that the Western model of democratic capitalism was collapsing.

But haven’t similar capital investments and soaring property prices also been an increasingly important part of China’s transformation since the 1990’s? Chinese citizens are now not only frustrated with the high-speed trains’ increasingly obvious imperfections and inadequacies, but are also wondering whether their government has set the right priorities.

Schadenfreude comes in several flavors. Russia’s Prime Minister Vladimir Putin and Argentina’s President Christina Kirchner liked to think that their versions of a controlled economy and society built in the aftermath of default on foreign debt offered a more viable alternative to cosmopolitan international capitalism. Both now face major problems with disillusioned populations.

In short, the world’s major economies share many more vulnerabilities than is commonly supposed. A response to global challenges based simply on schadenfreude may promote a short-term sense of well-being, as people often like to think how lucky they are to have escaped a mess that originated elsewhere. But soon they encounter their own banana peel; indeed, today’s global economy is a riot of slipping economic models. And tomorrow the cacophony will be even louder.

So, is there any absolutely sure way of organizing economic life? If the quest is for a way of securing perpetual security or dominance, then the answer is “no.”

Underpinning comparisons of different models is the wish to find an absolutely secure way of generating wealth and prosperity. In a market economy, however, competition rapidly leads to emulation, and high profits associated with an original innovation turn out to be transitory. From a longer-term perspective, there are only temporary surges of relative wealth, just as there are only temporary surges of apparent success in a particular way of doing business.

During the Industrial Revolution in Western Europe in the late eighteenth and early nineteenth centuries, the pioneers and innovators in textiles, steel, and railroads were not, on the whole, rewarded with immense riches: their profits were competed away. The late nineteenth and the twentieth century produced a different sort of growth, because public policies and resources could be used to protect accumulated wealth from the otherwise inevitable erosion stemming from competitive pressure.

Behind the idea of a particular model of growth was the belief that a sensibly ordered state could somehow capture and eternalize the fruits of economic success. Like it or not, states cannot organize themselves in that way any more than individuals can.

“La expansión, no la recesión, es el momento idóneo para la austeridad fiscal”. Eso declaraba John Maynard Keynes en 1937, cuando Franklin Delano Roosevelt estaba a punto de darle la razón, al intentar equilibrar el presupuesto demasiado pronto y sumir la economía estadounidense -que había ido recuperándose a ritmo constante hasta ese momento- en una profunda recesión. Recortar el gasto público cuando la economía está deprimida deprime la economía todavía más; la austeridad debe esperar hasta que se haya puesto en marcha una fuerte recuperación.

Por desgracia, a finales de 2010 y principios del 2011, los políticos y legisladores en gran parte del mundo occidental creían que eran más listos, que debíamos centrarnos en los déficits, no en los puestos de trabajo, a pesar de que nuestras economías apenas habían empezado a recuperarse de la recesión que siguió a la crisis financiera. Y por actuar de acuerdo con esa creencia antikeynesiana, acabaron dándole la razón a Keynes una vez más.

Lógicamente, al reivindicar la economía keynesiana chocó con la opinión general. En Washington, en concreto, la mayoría considera que el fracaso del paquete de estímulos de Obama para impulsar el empleo ha demostrado que el gasto público no puede crear puestos de trabajo. Pero aquellos de nosotros que hicimos cálculos, nos percatamos, ya desde el primer momento, de que la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009 (más de un tercio de la cual, por cierto, adquirió la relativamente ineficaz forma de recortes de impuestos) se quedaba demasiado corta teniendo en cuenta la gravedad de la recesión. Y también predijimos la violenta reacción política a la que dio lugar.

De modo que la verdadera prueba para la economía keynesiana no ha provenido de los tibios esfuerzos del Gobierno federal estadounidense para estimular la economía, que se vieron en buen parte contrarrestados por los recortes a escala estatal y local. En lugar de eso, ha venido de naciones europeas como Grecia e Irlanda que se han visto obligadas a imponer una austeridad fiscal atroz como condición para recibir préstamos de emergencia, y han sufrido recesiones económicas equiparables a la Depresión, con un descenso del PIB real en ambos países de más del 10%.

Según la ideología que domina gran parte de nuestra retórica política, esto no debía pasar. En marzo de 2011, el personal republicano del Comité Económico Conjunto del Congreso publicó un informe titulado Gasta menos, debe menos, desarrolla la economía. Se burlaban de las preocupaciones de que un recorte del gasto en tiempos de una recesión empeoraría la recesión, y sostenían que los recortes del gasto mejorarían la confianza del consumidor y de las empresas, y que ello podría perfectamente inducir un crecimiento más rápido, en vez de ralentizarlo.

Deberían haber sido más listos, incluso en aquel entonces: los supuestos ejemplos históricos de “austeridad expansionista” que empleaban para justificar su razonamiento ya habían sido rigurosamente desacreditados. Y también estaba el vergonzoso hecho de que mucha gente de la derecha ya había declarado prematuramente, a mediados de 2010, que la de Irlanda era una historia de éxito que demostraba las virtudes de los recortes del gasto, solo para ver cómo se agravaba la recesión irlandesa y se evaporaba cualquier confianza que los inversores pudieran haber sentido.

Por cierto que, aunque parezca mentira, este año ha vuelto a suceder lo mismo. Muchos proclamaron que Irlanda había superado el bache, y demostrado que la austeridad funciona (y luego llegaron las cifras, y eran tan deprimentes como antes).

Pero la insistencia en recortar inmediatamente el gasto siguió dominando el panorama político, con efectos malignos para la economía estadounidense. Es verdad que no hubo ninguna medida de austeridad nueva digna de mención a escala federal, pero sí hubo mucha austeridad “pasiva” a medida que el estímulo de Obama fue perdiendo fuerza y los Gobiernos estatales y locales con problemas de liquidez siguieron con los recortes.

Claro que, se podría argumentar que Grecia e Irlanda no tenían elección en cuanto a imponer la austeridad, o, en cualquier caso, ninguna opción aparte de suspender los pagos de su deuda y abandonar el euro. Pero otra lección que nos ha enseñado 2011 es que Estados Unidos tenía y sigue teniendo elección; puede que Washington esté obsesionado con el déficit, pero los mercados financieros están, en todo caso, indicándonos que deberíamos endeudarnos más.

Una vez más, se suponía que esto no debía pasar. Iniciamos 2011 con advertencias funestas sobre una crisis de la deuda al estilo griego que se produciría en cuanto la Reserva Federal dejara de comprar bonos, o las agencias de calificación pusieran fin a nuestra categoría de Triple A, o el superfabuloso comité no consiguiera alcanzar un acuerdo, o algo. Pero la Reserva Federal finalizó su programa de adquisición de bonos en junio; Standard & Poor’s rebajó a Estados Unidos en agosto; el supercomité alcanzó un punto muerto en noviembre; y los costes de los préstamos de Estados Unidos no han parado de disminuir. De hecho, a estas alturas, los bonos estadounidenses protegidos de la inflación pagan un interés negativo. Los inversores están dispuestos a pagar a Estados Unidos para que les guarde su dinero.

La conclusión es que 2011 ha sido un año en el que nuestra élite política se obsesionó con los déficits a corto plazo que de hecho no son un problema y, de paso, empeoró el verdadero problema: una economía deprimida y un desempleo masivo.

La buena noticia, por decirlo así, es que el presidente Barack Obama por fin ha vuelto a luchar contra la austeridad prematura, y parece estar ganando la batalla política. Y es posible que uno de estos años acabemos siguiendo el consejo de Keynes, que sigue siendo tan válido hoy como lo era hace 75 años.

La macroeconomía moderna parece con frecuencia considerar que el crecimiento rápido y estable es lo más importante de la política económica. Los debates políticos, las juntas de los bancos centrales y los titulares de portada de los periódicos se hacen eco de ese mensaje, pero, ¿de verdad tiene sentido considerar el crecimiento como el principal objetivo social a perpetuidad, como dan por sentado ímplícitamente los libros de texto de economía?

Desde luego, muchos críticos de las estadísticas económicas habituales han propugnado mediciones más amplias del bienestar nacional, como, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer, la alfabetización, etcétera. Entre esas evaluaciones figuran el Informe sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas y, más recientemente, la Comisión sobre la medición de los resultados económicos y el progreso social, encabezada por los economistas Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi.

Pero podría haber un problema más profundo aún que la estrechez estadística: el de que la teoría moderna del crecimiento no subraye adecuadamente que las personas son seres fundamentalmente sociales. Para evaluar su bienestar, se basan en lo que ven a su alrededor, no en algún criterio absoluto.

Conforme a la célebre observación del economista Richard Easterlin, resulta sorprendente que las encuestas sobre la “felicidad” hayan evolucionado poco en los decenios posteriores a la segunda guerra mundial, pese al importante aumento tendencial de la renta. Huelga decir que el resultado de Easterlin parece menos verosímil en el caso de los países muy pobres, donde los aumentos rápidos de la renta permiten con frecuencia a las sociedades disfrutar de grandes mejoras en la calidad de vida, que probablemente guarden una marcada relación con cualquier medición aceptable del bienestar general.

Sin embargo, en las economías avanzadas es casi seguro que el criterio elegido es un factor importante en la forma como las personas evalúan su bienestar. En ese caso, el crecimiento generalizado de la renta podría elevar dichas evaluaciones a un ritmo mucho más lento de lo que sería de esperar examinando cómo un aumento de la renta de una persona respecto de otras afecta a su bienestar y, por citar un aspecto relacionado, el criterio elegido puede muy bien entrañar un cálculo diferente de las relaciones entre el crecimiento y otros imperativos económicos, como, por ejemplo, la degradación medioambiental, del que indican los modelos habituales de crecimiento.

Para ser justos, algunos pocos estudios, pero importantes, reconocen que las personas se guían en gran medida por criterios históricos o sociales en sus opciones e ideas económicas. Lamentablemente, dichos modelos suelen ser difíciles de manejar, calcular o interpretar. A consecuencia de ello, suelen emplearse principalmente en marcos muy especializados, como, por ejemplo, los intentos de explicar el llamado “enigma de la prima de las acciones” (la observación empírica de que a lo largo de períodos largos las acciones tienen un rendimiento mayor que los bonos).

Resulta un poco absurda la obsesión por lograr a perpetuidad el mayor crecimiento medio de la renta a largo plazo, sin tener en cuenta otros riesgos y consideraciones. Examinemos un sencillo experimento mental. Imaginemos que la renta nacional por habitante (o alguna medición más amplia del bienestar) vaya a aumentar un uno por ciento al año durante los próximos siglos. Se trata, aproximadamente, de la tasa de crecimiento tendencial por habitante del mundo avanzado en los últimos años. Con un aumento anual de la renta del uno por ciento, una generación nacida dentro de 70 años disfrutará de una renta media que será el doble, aproximadamente, de la actual. En el plazo de dos siglos, la renta aumentará ocho veces.

Ahora bien, supongamos que viviéramos en una economía que creciese a un ritmo mucho mayor, con un aumento anual de la renta por habitante del dos por ciento. En ese caso, la renta por habitante se duplicaría al cabo de sólo 35 años y un aumento de ocho veces tardaría sólo un siglo en producirse.

Por último, preguntémonos cuánto nos importa en realidad que se tarde 100, 200 o incluso 1.000 años en aumentar ocho veces el bienestar. ¿No tendría más sentido preocuparse por si lo conflictos o el calentamiento planetario podrían producir una catástrofe que afectara a la sociedad durante siglos o más?

Aunque sólo pensemos en nuestros descendientes, es de suponer que esperemos que prosperen y hagan una contribución positiva a la sociedad. Dando por sentado que disfruten de una prosperidad mucho mayor que la de nuestra propia generación, ¿qué importancia puede tener el nivel absoluto de renta?

Tal vez un motivo más profundo subyacente al imperativo del crecimiento en muchos países se deba al interés por el prestigio y la seguridad nacionales. En su influyente libro de 1989 Auge y caída de las grandes potencias, el historiador Paul Kennedy concluyó que a largo plazo la riqueza y la capacidad productiva de un país, en relación con las de sus contemporáneos, es el factor determinante esencial de su categoría mundial.

Kennedy se centró en particular en la potencia militar, pero en el mundo actual las economías logradas disfrutan de una categoría que abarca muchas dimensiones y en todas partes las autoridades están legítimamente preocupadas por la posición económica nacional en el mundo. Desde luego, una carrera económica en pos de la potencia mundial es un motivo comprensible para centrarse en el crecimiento a largo plazo, pero, si semejante competencia es de verdad una justificación fundamental para hacerlo, tendremos que revisar los modelos macroeconómicos habituales, que pasan totalmente por alto esa cuestión.

Naturalmente, en el mundo real los países consideran con razón que el crecimiento a largo plazo forma parte íntegramente de su seguridad nacional y su categoría planetaria. Los países muy endeudados, grupo del que actualmente forman parte la mayoría de las economías avanzadas, necesitan el crecimiento para que los ayude a salir del hoyo, pero, como propuesta a largo plazo, el argumento a favor de que nos centremos en el crecimiento tendencial no es tan convincente como muchas autoridades y teóricos económicos quisieran hacernos creer.

En un período de gran incertidumbre económica, puede parecer inapropiado poner en tela de juicio el imperativo del crecimiento, pero es que tal vez una crisis sea exactamente la ocasión de replantearse los objetivos a largo plazo de la política económica mundial.

La profunda crisis que padecemos no puede ya calificarse de económica, sino de social y política. Una detenida observación de su evolución revela la presencia de cierta brecha en el marco institucional de que nos dotamos hace más de dos siglos, como consecuencia de las distintas oleadas revolucionarias que cristalizaron en las cartas norteamericana y francesa.

Los mercados financieros, término con que se ha venido acuñando al conjunto de operadores económicos internacionales, está adoptando en este delicado contexto un rol alternativo al que hasta hoy habían desempeñado los tradicionales poderes públicos, legítimamente elegidos o designados. Con independencia de que tales mercados financieros hayan sido o no los causantes del actual estado de cosas, acaso por un déficit interventor de los entes reguladores internos y externos, es lo cierto que su función lleva camino de convertirse en un prius cardinal en el quehacer de la tríada de poderes surgidos tras el advenimiento de los Estados constitucionales, cuando no en su real sustituto.

Indudablemente, las necesidades económicas de las naciones precisan del decisivo aporte crediticio e inversor, máxime en el modelo de bienestar generado tras la última gran guerra, pero nunca como hasta ahora los acreedores se habían erigido en la clave de arco de la conocida modernamente por gobernanza, impidiendo de facto la celebración de referendos populares, haciendo caer sin sigilo a ejecutivos elegidos democráticamente de uno u otro signo o, en fin, difuminando subrepticiamente la participación uti cives, de la comunidad política en su conjunto, sobre su mismo futuro. En una estrategia que no cuesta calificar como de plutocrática se ha conseguido, incluso, hacer enmudecer hasta el mismo debate sobre estos graves asuntos en las universidades, donde no están siendo materia del sereno estudio y reflexión que se merecen, salvo contadas excepciones.

En este controvertido escenario, los Estados deben sin duda afianzarse sobre la fortaleza de sus propias instituciones y sus propios principios, sin caer en las mudanzas apresuradas que censuraba la máxima ignaciana para épocas de desolación. Y, para ello, quizá proceda volver la mirada a la regulación a escala internacional e interna del sector financiero, introduciendo en él rígidos controles que eviten la indigestión crediticia tolerada durante años, procediendo acaso a un paralelo acomodo del Estado prestacional al nuevo entorno económico, facilitando la consolidación de una sociedad moderna y competitiva, con servicios y coberturas sociales adecuadas a nuestras dimensiones, y no aquella en la que los lazarillos se empeñen en vivir del presupuesto.

Todos estos ajustes son enteramente posibles, creemos, con el uso de las herramientas dispuestas en nuestros ordenamientos contemporáneos, sin necesidad de que sean objeto de reemplazo por otros métodos y maneras que no permitan la plena participación ciudadana en ellos. Podemos y debemos profundizar en los mejores sistemas para encauzar dicha contribución social, algo que está en el ágora desde el pasado mes de mayo, pero sin suplantar a muchos o pocos inversores por quienes no lo son, porque la historia nos ha enseñado las consecuencias, no necesariamente benignas, de preterir al titular real de la soberanía.
Quienes componen los mercados financieros como partícipes de un fondo de inversión o cualquier otro producto, sin duda ambicionan que su dinero sea eficazmente gestionado y les reporte los correspondientes rendimientos, ganando o perdiendo conforme al riesgo implícito en toda operación comercial, pero ello no necesariamente entraña ninguna capacidad adicional para alterar el statu quo de un determinado país, salvo que el resto de la comunidad política, debidamente formada e informada, así lo decida en libertad. Lo propio puede predicarse de las agencias de calificación, que sirven como útiles instrumentos de medición de la evolución económica, pero que, al margen de su mayor o menor fiabilidad e independencia, no pueden ocupar lugares más allá del que se les reserva en dichos particulares ámbitos, como hoy acontece, aunque sus conclusiones puedan ser tenidas en cuenta en el disputa democrática.

Ni los mercados financieros ni las agencias de rating han exteriorizado jamás su propósito de suplantar la función reservada al principio democrático, aunque las recomendaciones de estas últimas puedan resultar, en ocasiones, rayanas en la intromisión en la función ejecutiva o legislativa. Han sido en buena medida los responsables públicos elegidos por vía democrática quienes, sorprendentemente, les reconocen en esta hora su papel preponderante y decisivo en nuestras sociedades, cediéndoles de forma insólita su propio espacio en lugar de someter los problemas que nos acosan a mecanismos legales y de gobierno bien conocidos, aunque con indudable coste electoral: la antes citada reforma profunda del sector financiero y el acomodo de nuestros gastos al nivel de nuestros ingresos y dimensión como nación.

Si la crisis es la etapa en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, según la célebre frase atribuida a Bertolt Brecht, evitemos al menos el mortinato y desde luego la vuelta a momentos históricos de los que procede aprovechar experiencias.

Remember America’s triple-A credit rating? The benchmark that was eroded during the debt-ceiling standoff last year? The highest-quality measure of creditworthiness matters greatly in this country and beyond. Yet it is still disturbingly unclear who is responsible for safeguarding what remains of this important national attribute.

A triple-A credit rating is what economists call a public good. By reducing borrowing costs and increasing the availability of financing, it is “consumed” and is of benefit to many. But this public good is also difficult to value holistically or to sustain properly.

America’s triple-A rating is vulnerable. Two of the three major rating agencies, Moody’s and Fitch, have given it a “negative outlook,” signaling real possibility of a downgrade in the next two to three years. Standard & Poor’s downgraded the U.S. credit rating late last summer in the context of the debt-ceiling debacle and, adding insult to injury, placed the nation’s lower, AA-plus, rating on review for possible downgrade.

With few sovereign triple-As remaining in the global economy, those deemed to have superior credit collect a consequential rent for providing “risk-free assets.” Indeed, some triple-A securities, such as short-dated German government instruments, carry negative interest rates.

The U.S. credit rating not only benefits financial conditions at home but matters to the global economy. It facilitates the intermediation of surpluses and savings today and for future generations. It is a key component of the nucleus of the international monetary system.

Further damage to America’s credit would weaken the global economy. It would push even more countries and companies to shift from “pooled insurance” to less efficient self-insurance. It would accelerate the disorderly transition to a global system with multiple, ill-defined, partial and incomplete reserve currencies. And it would further undermine the legitimacy of multilateral institutions.

In the aftermath of the S&P downgrade, some questioned the value of these considerations. After all, the global economy continued functioning without interruption; and rather than rise, the yields on U.S. government securities have fallen.

But skeptics should not question the value of what remains of America’s triple-A credit rating. What has happened so far — or, put another way, the calm that has been maintained — is a reflection of some peculiar factors that are unlikely to persist for many years.

The downgrade’s direct impact on U.S. Treasury yields was more than offset by the lowering of consensus growth projections and announcement-driven expectations that the Federal Reserve would keep policy rates floored at zero through at least June 2013. Both of these factors serve to lower the term structure of interest rates.

The United States benefited from at least three other factors: First, the European debt crisis has channeled to this country funds from investors seeking safety and liquidity. Second, because many investors use the ratings of two agencies as benchmarks, rather than just one, S&P’s downgrade did not automatically trigger widespread guideline restrictions. And, third, the U.S. and global economy benefited from the truism that you cannot replace something with nothing. No sufficient triple-A options exist to take over the national and global role of the U.S. economy. This leaves the U.S. and global economies insulated, at least in the short term.

Over time, though, these factors will shift and erode. That points up the need for more focused efforts to safeguard America’s rating, as does the fact that precedents suggest it takes at least nine years to restore a credit rating downgraded from triple-A.

The bad news? Few could say with certainty which, if any, public officials or agencies wake up every day worrying about America’s credit rating. This persistent vacuum is noteworthy at the national and multilateral levels. That must be addressed.

The good news is that the necessary actions are totally in line with the other major interests of the U.S. and global economies. Essentially, they involve reducing the medium-term burden of indebtedness while enhancing the economy’s ability to grow and prosper. America needs to work seriously at both.

Maintaining the U.S. credit rating should figure prominently among the new-year goals and resolutions of Congress, the administration and Washington’s bureaucracy. By addressing these issues, more will be accomplished than merely safeguarding a rating. The aspirations of millions frustrated by unemployment and underemployment, an increasing number of those in poverty, and the well-being of the global economy will all be better served, as they urgently should.

Por naturaleza soy bastante optimista, pero la primera década del siglo XXI ha puesto enormemente a prueba esa tendencia natural. El secuestro en 2000 de las elecciones presidenciales estadounidenses por parte del Tribunal Supremo, supuesto garante del orden constitucional en Estados Unidos; el crimen contra la humanidad del 11 de septiembre de 2011, que cometieron unos terroristas islamistas; la invasión de Irak, amparada en ideas completamente equivocadas sobre la responsabilidad de ese país en los atentados y sobre su supuesto arsenal de “armas de destrucción masiva”; la negativa a tomar medidas de relevancia para minimizar el cambio climático o la decidida eliminación por parte de Wall Street y de los funcionarios del Gobierno federal de los necesarios controles a la especulación introducidos por el New Deal en la década de 1930, son solo algunos de los fenómenos que, por decirlo de forma suave, me han hecho dudar de las motivaciones y mecanismos mentales de nuestros dirigentes políticos.

El 15 de diciembre pasado apareció en The New York Times un artículo que me llevó a contemplar el futuro de la raza humana con un ligero optimismo. Se titulaba ¡Trabajadores-propietarios de Estados Unidos, uníos!, y su autor, Gar Alperovitz, es profesor de Economía Política en la Universidad de Maryland. No le conozco personalmente, pero hace tiempo que le admiro, por haber publicado en 1995 The decision to use the atomic bomb [La decisión de utilizar la bomba atómica] un estudio muy documentado, que no solo demostraba el peso de los deseos de venganza por el ataque contra Pearl Harbor y la necesidad de salvar vidas de estadounidenses, haciendo innecesaria una invasión terrestre de Japón, sino que también explicitaba las motivaciones y consejos de los muchos científicos, militares y políticos que estaban a favor de lanzar la bomba en una zona poco poblada para demostrar a los japoneses el increíble poder de destrucción de la nueva arma sin necesidad de acabar con la vida de decenas de miles de personas inocentes.

El artículo del profesor Alperovitz en The New York Times evalúa la importancia de varias tendencias políticas de los últimos años que prácticamente nadie ha mencionado mientras el debate público se centraba en los planes de austeridad, la recapitalización bancaria, las ventajas y desventajas de recuperar las leyes reguladoras que mantuvieron las tácticas de Wall Street en niveles relativamente honrados entre 1940 y 1980, las considerables reducciones de las políticas de bienestar aplicadas después de la II Guerra Mundial en los países más desarrollados, y las políticas financieras de las grandes potencias y de la Unión Europea.

A continuación figuran algunos de los datos económicos e ideológicos que el profesor Alperovitz evalúa. En torno a 30 millones de adultos estadounidenses (de un total de 311 millones de habitantes) son copropietarios de empresas del tercer sector o de cooperativas de crédito. “Más de 13 millones de estadounidenses se han convertido en trabajadores-propietarios de más de 11.000 empresas pertenecientes a sus empleados, seis millones más del total de afiliados a sindicatos del sector privado”. En la Cleveland actual, una ciudad muy afectada por la decadencia de la industria metalúrgica de EE UU a finales del siglo XX, existe “un grupo integrado de empresas cooperativas, que en parte se mantiene por la capacidad de compra de grandes hospitales y universidades, lleva la voz cantante en la instalación local de paneles de energía solar, así como en la organización de servicios de lavandería verde y de un invernadero hidropónico de uso comercial, capaz de producir más de 13 millones de lechugas al año”.

Muchos Gobiernos municipales y estatales están invirtiendo en nuevos negocios locales y adquiriendo parte de los mismos. En la actualidad, unos 14 Estados están barajando seguir el ejemplo de Dakota del Norte, que gestiona eficazmente un banco público, lo cual permite a los empresarios solicitar créditos en su entorno, sin tener que recurrir a entidades lejanas y controladas por Wall Street. El autor añade también que unos 15 Estados están pensando organizar “algún tipo de sistema sanitario centralizado o de sanidad pública”.

A la luz de los ejemplos concretos que da el artículo, queda claro que en realidad solo una parte muy pequeña de la economía estadounidense utiliza las técnicas de gestión cooperativa, alabadas por el autor, que se basan en que el trabajador también sea propietario de su empresa. Por otra parte, creo que aplicar diversos planes de asistencia sanitaria centralizada en varios de los 50 Estados norteamericanos sería una pesadilla para los ciudadanos que se trasladaran de uno a otro. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, la introducción de planes estatales independientes sí podría ser útil para proporcionar unos pocos años de experiencia con normas diferentes, lo cual podría ayudarnos a decidir qué características son preferibles para un plan sanitario federal o nacional. Además, un plan de atención sanitaria centralizado para todo el país solo será viable cuando los estadounidenses superen, tanto los ridículos prejuicios que dictan que la gestión privada siempre es mejor que la pública como la disposición a preguntarse siquiera por qué en las últimas décadas las estadísticas sanitarias de muchos países con sistemas de salud nacionales son mejores que las estadounidenses.

En sus conclusiones provisionales, el profesor Alperovitz escribe que “aunque hace tiempo que la población estadounidense es partidaria del modelo capitalista, puede que eso también esté cambiando. En 2009, una encuesta Rasmussen indicó que los estadounidenses menores de 30 años estaban “divididos en dos mitades equiparables” en lo tocante a si preferían el capitalismo o el socialismo”. Esta referencia me parece desconcertante, porque la encuesta Rasmussen, que donde más se cita es en los noticiarios de la conservadora cadena Fox, ha sido criticada por muchas otras empresas demoscópicas, que la acusan de exagerar los porcentajes de sentimiento partidista republicano entre la población de EE UU.

Sin embargo, es bastante posible que desde el punto de vista de Rasmussen sea importante advertir a los amos capitalistas de que, en proporción, los adultos jóvenes no son tan antisocialistas como sus padres. Cuando el imperio soviético se derrumbó entre 1989 y 1990, afortunadamente sin mucha violencia, los intelectuales conservadores de Estados Unidos celebraron “el fin de la historia”, queriendo decir que la derrota soviética en la guerra fría demostraba que el capitalismo era el único modelo de desarrollo político-económico exitoso y que, con ligeras modificaciones, serviría de patrón principal para el conjunto del futuro humano.

No obstante, por desgracia, quienes dominaban la política estadounidense y británica en la década de 1990 no incluyeron entre sus ejemplos de modelos de futuro exitosos los de los países escandinavos. En su opinión, el Estado de bienestar había sido necesario para combatir los supuestos atractivos del modelo soviético. Cuando este fracasó de forma espectacular y total, pensaron que había llegado el momento de reducir los servicios sociales introducidos en sus países después de la II Guerra Mundial.

Yo creo que lo que el mundo necesita es una combinación flexible, que conjugue el capitalismo regulado que ejemplifica el New Deal estadounidense con los servicios sociales de los que curiosamente fue pionera la Alemania imperial de finales del siglo XIX y que los Gobiernos escandinavos del siglo XX desarrollaron, convirtiéndolos en norma. Hoy en día, y todavía más en el futuro próximo, el hecho de que la población mundial crezca con rapidez hace absolutamente necesario algún tipo de planificación a escala mundial para la utilización de unos recursos naturales limitados y para controlar de algún modo el cambio climático. También necesitamos desarrollar a escala internacional la economía cooperativa que el profesor Alperovitz nos dice que está aumentando en Estados Unidos con la intención de superar el desastre económico de 2008. Es una conjunción de elementos en modo alguno fácil, pero sí necesaria.

Today, fears are growing that China and India are about to be the next victims of the ongoing global economic carnage. This would have enormous consequences. Asia’s developing and newly industrialized economies grew at an 8.5% average annual rate over 2010-11 – nearly triple the 3% growth elsewhere in the world. If China and India are next to fall, Asia would be at risk, and it would be hard to avoid a global recession.

In one important sense, these concerns are understandable: both economies depend heavily on the broader global climate. China is sensitive to downside risks to external demand – more relevant than ever since crisis-torn Europe and the United States collectively accounted for 38% of total exports in 2010. But India, with its large current-account deficit and external funding needs, is more exposed to tough conditions in global financial markets.

Yet fears of hard landings for both economies are overblown, especially regarding China. Yes, China is paying a price for aggressive economic stimulus undertaken in the depths of the subprime crisis. The banking system funded the bulk of the additional spending, and thus is exposed to any deterioration in credit quality that may have arisen from such efforts. There are also concerns about frothy property markets and mounting inflation.

While none of these problems should be minimized, they are unlikely to trigger a hard landing. Long fixated on stability, Chinese policymakers have been quick to take preemptive action.

That is particularly evident in Chinese officials’ successful campaign against inflation. Administrative measures in the agricultural sector, aimed at alleviating supply bottlenecks for pork, cooking oil, fresh vegetables, and fertilizer, have pushed food-price inflation lower. This is the main reason why the headline consumer inflation rate receded from 6.5% in July 2011 to 4.2% in November.

Meanwhile, the People’s Bank of China, which hiked benchmark one-year lending rates five times in the 12 months ending this October, to 6.5%, now has plenty of scope for monetary easing should economic conditions deteriorate. The same is true with mandatory reserves in the banking sector, where the government has already pruned 50 basis points off the record 21.5% required-reserve ratio. Relatively small fiscal deficits – only around 2% of GDP in 2010 – leave China with an added dimension of policy flexibility should circumstances dictate.

Nor has China been passive with respect to mounting speculative excesses in residential property. In April 2010, it implemented tough new regulations, raising down-payments from 20% to 30% for a first home, to 50% for a second residence, and to 100% for purchases of three or more units. This strategy appears to be working. In November, house prices declined in 49 of the 70 cities that China monitors monthly.

Moreover, it is a serious exaggeration to claim, as many do today, that the Chinese economy is one massive real-estate bubble. Yes, total fixed investment is approaching an unprecedented 50% of GDP, but residential and nonresidential real estate, combined, accounts for only 15-20% of that – no more than 10% of the overall economy. In terms of floor space, residential construction accounts for half of China’s real-estate investment. Identifying the share of residential real estate that goes to private developers in the dozen or so first-tier cities (which account for most of the Chinese property market’s fizz) suggests that less than 1% of GDP would be at risk in the event of a housing-market collapse – not exactly a recipe for a hard landing.

As for Chinese banks, the main problem appears to be exposure to ballooning local-government debt, which, according to the government, totaled $1.7 trillion (roughly 30% of GDP) at the end of 2010. Approximately half of this debt was on their books prior to the crisis.

Some of the new debt that resulted from the stimulus could well end up being impaired, but ongoing urbanization – around 15-20 million people per year move to cities – provides enormous support on the demand side for investment in infrastructure development and residential and commercial construction. That tempers the risks to credit quality and, along with relatively low loan-to-deposit ratios of around 65%, should cushion the Chinese banking system.

India is more problematic. As the only economy in Asia with a current-account deficit, its external funding problems can hardly be taken lightly. Like China, India’s economic-growth momentum is ebbing. But unlike China, the downshift is more pronounced – GDP growth fell through the 7% threshold in the third calendar-year quarter of 2011, and annual industrial output actually fell by 5.1% in October.

But the real problem is that, in contrast to China, Indian authorities have far less policy leeway. For starters, the rupee is in near free-fall. That means that the Reserve Bank of India – which has hiked its benchmark policy rate 13 times since the start of 2010 to deal with a still-serious inflation problem – can ill afford to ease monetary policy. Moreover, an outsize consolidated government budget deficit of around 9% of GDP limits India’s fiscal-policy discretion.

While China is in better shape than India, neither economy is likely to implode on its own. It would take another shock to trigger a hard landing in Asia.

One obvious possibility today would be a disruptive breakup of the European Monetary Union. In that case, both China and India, like most of the world’s economies, could find themselves in serious difficulty – with an outright contraction of Chinese exports, as in late 2008 and early 2009, and heightened external funding pressures for India.

While I remain a euro-skeptic, I believe that the political will to advance European integration will prevail. Consequently, I attach a low probability to the currency union’s disintegration. Barring such a worst-case outcome for Europe, the odds of a hard landing in either India or China should remain low.

Seduced by the political economy of false prosperity, the West has squandered its might. Driven by strategy and stability, Asia has built on its newfound strength. But now it must reinvent itself. Japanese-like stagnation in the developed world is challenging externally dependent Asia to shift its focus to internal demand. Downside pressures currently squeezing China and India underscore that challenge. Asia’s defining moment could be hand.

Unfortunately, many new technologies and business models make money for investors without creating jobs for workers. That causes unemployment and increases what the blogger Clay Shirky calls “cognitive surplus” – unused brainpower.

I won’t argue about net job creation here (though I think most innovation fosters it in the long run, so long as the education system prepares people for the new jobs that result). But it is exciting to see a company designed to extract some of the highest-value cognitive surplus around, and to make money both for the company and its – well, they are not exactly workers. Call them members – or even sellers of their own cognitive surplus through an exchange set up for that purpose.

The story starts with yet another recent phenomenon: an increase in corporate transparency, whether companies want it or not. In the old days, most companies sold products and had specified spokespeople; more recently, many have added call centers, creating about 3.5 million jobs in the United States alone, and many more outside it.

But now employees of all kinds, not just those in customer support or public relations, have an online presence. Some mention their employer; most do not. This makes most employers a little nervous. Companies seem to have become fishbowls, their contents visible to customers and strangers alike. You could say that they have a larger “surface area,” composed of employees who interact with outsiders.

Insidr.com is now trying to make this phenomenon into a business. (I should disclose that I plan to invest in this company – not necessarily because I think that it will be the next hot IPO, but because I think that it exploits some interesting and accelerating trends. Moreover, I will inevitably learn a lot by being involved, and its business model will likely undergo several transformations while disrupting some existing ones. Along the way, one of its models is likely to work superbly well.)

The problem Insidr addresses is familiar to almost everyone; there are about 45 billion customer-service calls per year in the US, according to Insidr founder Antony Brydon, and six billion of those concern what the customer considers a problem. There are now also one billion tweets of complaint a year.

Insidr.com’s answer is not special access or a Twitter feed that will work until the volume overwhelms it, but rather a market for connecting current customers with former insiders who can tell them how to work the system. In other words, it is an open market for information, operating more or less parallel to the closed, non-market systems run by most companies.

Do you want, for example, to pay a service representative to do his job better? That would be a bribe. But it’s common in customer-centric jobs to tip your waiter, your barista at Starbucks, or the concierge in your hotel. If you can reach that same person after he has left his job for advice, both you and the former rep can benefit from a fair exchange.

Specifically, Insidr brings together consumers who have practical questions about how to deal with a specific company and (mostly) former employees of that company. For example, you want to know whether you can still get the unlimited-data-roaming plan that your friend has, but the company refuses to give you a straight answer. Somewhere, a former employee (or perhaps a knowledgeable phone-store saleswoman) knows the answer.

Amazingly, says Brydon, two companies have embraced the idea. Dish Networks now seems to encourage its employees to join the system, while a manager at another company has asked for a “white-label” version that would serve only it and its customers.

But, inevitably, the whole idea will make many companies anxious. Insidr lets users select the companies by posting questions, and adds the most-mentioned companies first; so far, it has 10, including AT&T, Bank of America, Sprint, and United Air Lines. I can imagine some advertisement of the future that boasts, “We’re so helpful that Insidr.com ignores us!”

The users post questions, with or without a reward. (Insidr gets a 50% cut of rewards when they are offered). “We originally thought that it would be mostly about information,” says Brydon, “and that the free answers would erode the revenue opportunities. But it has turned out to be more about relationships and connecting a person who needs help with a person who can and wants to help. This basic desire to help seems as important as the rewards. Questions are answered more quickly when there is a reward, but many of the workers help even when there is no reward.”

In fact, the free answers are a way for the “workers” to establish a reputation, and they make more money actually performing services, whether helping someone book a complicated flight route or get a new loan officer. In one case, a current United Airlines employee asked for a telephone number for a person, not a machine, in the company’s human-relations department.

By making the market for insider knowledge and access transparent and open, Insidr raises a lot of questions about why companies operate as they do. People inside companies are paid to provide a certain level of customer service on the assumption that they will help to sell products, instruct users how to benefit from them, and improve customer satisfaction.

But customers are generally stuck with one-size-fits-all service. Can Insidr.com do a better job by unbundling the market and allowing a more direct relationship between consumers and workers, and give more power to both of them vis-à-vis companies?

This brings to mind persistent retail-business disputes about who can sell and service products. Some companies insist on controlling distribution channels – in order to deliver a full-service product, they say, though sometimes the goal seems to be merely to control the price. That tension – between the manufacturer and authorized resellers on the one hand, and cheap resellers and independent third-party service companies on the other – continues today in many markets. With Insidr.com, that same tension will spread to consumer-service companies as well.

Toute l’ambiguïté des agences de notation tient à ce qu’elles tirent leur fonds de commerce de deux rôles irréconciliables, dont chacun pris séparément s’inscrit pourtant dans le jeu démocratique, mais dont la juxtaposition est source de tous les maux et de toutes les incompréhensions.

D’une part, les agences de notation s’inscrivent dans la tradition revendiquée de la liberté d’expression, consubstantielle à la démocratie. Les agences ne présentent les notes qu’elles attribuent que comme de simples opinions. En revanche, difficile de fidéliser le lecteur quand le contenu est indigeste et le style inepte. Comment alors expliquer la manne fabuleuse raflée par les agences au cours des dix dernières années à l’aune du faible intérêt de leurs analyses et de l’impéritie de leurs prévisions ?

L’explication est simple, elle tient au second rôle des agences, beaucoup moins concurrencé : celui de régulateur privé de fait, prélevant une rente lucrative sur la majeure partie des opérations d’appel aux marchés de la dette, au nom d’une délégation tacite de service octroyée par les régulateurs publics. En Europe comme aux Etats-Unis, les réglementations prudentielles, souvent inscrites dans les textes, rendent contraignant ou simplement rentable pour un grand nombre d’institutions financières de recourir aux notations des agences. En somme, les instances de régulation ont confié le boulot aux agences et l’ensemble des acteurs financiers s’est contenté de faire le service minimum, malgré la supériorité écrasante des moyens à leur disposition face aux quelques centaines d’analystes dont disposent les plus grandes agences.

Aujourd’hui, les agences ont beau jeu de décliner une responsabilité qu’elles n’ont ni officiellement réclamé ni explicitement accepté. Semblables à ces milliardaires américains qui réclament qu’on les impose davantage, les agences se disent d’ailleurs officiellement favorables à ce que le régulateur fasse retirer la référence à leurs notes de l’ensemble des textes réglementaires. Mais, dans le même temps, la Banque centrale européenne, de grandes institutions européennes et la dernière mouture de la proposition de réforme du risque bancaire continuent de rendre incitative la référence aux notes, en y liant le coût du capital des banques. Pourquoi cette schizophrénie ?

La cacophonie des régulateurs chargés d’assainir le système financier européen et de purger les agences s’explique en partie par leur incapacité à saisir la nature hybride des agences et à prendre un parti. Au fond, le seul argument qui devrait asseoir ou ruiner la fortune des agences, nourrir leur pouvoir et son éventuelle mise en cause, devrait être la qualité de leur opinion et celle de leurs analyses.

Si les notes étaient utilisées pour ce qu’elles devraient être, alors on pourrait enfin remarquer que, dans la crise souveraine qui sévit depuis deux ans en Europe, les agences n’ont jamais fourni la moindre opinion originale par rapport aux autres sources d’information, notamment les marchés financiers. A chaque fois, la défiance des investisseurs, qui notent avec leur argent comme on vote avec ses pieds, aura précédé la dégradation des agences, suivies de peu par la mise en place d’un ultime plan de sauvetage par les pouvoirs publics.

La réglementation des agences, ou plutôt leur dé-prescription par nos régulateurs, doit permettre qu’enfin elles bénéficient ni plus ni moins de la liberté de la presse. Alors, sans que nos régulateurs aient besoin de s’en mêler, leurs clients pourraient choisir s’ils préfèrent le New York Times ou Le Monde. C’est cela qu’il faut créer : un environnement propice à l’expression de points de vue contradictoires. Si l’information est un bien public, la dissension aussi. Dès lors que le terrain de jeu, ou celui de l’affrontement, aura été ramené à ses frontières légitimes, celles du débat d’opinion. Les agences mastodontes s’affronteront sur certains marchés aux agences microscopiques à l’expertise pointue et, partout, aux autres convoyeurs d’analyses et d’information : la presse générale et spécialisée, la recherche industrielle et universitaire.

Mais dans la crise profonde du système financier, c’est le fonctionnement de l’ensemble des acteurs du marché qui pose question. Il faut imposer aux banques une obligation de moyens dans la gestion de leur risque. Qu’elles utilisent le contenu de l’analyse des agences s’il est pertinent, mais aussi celui de leurs concurrents plutôt que les notes de l’une des agences, choisie au hasard ou, pis, à proportion de l’innocuité de ses avis.

Les réformes réglementaires en cours n’en finissent pas de ne pas choisir entre les deux voies antithétiques qui consistent soit à débrider la concurrence en levant les barrières à l’entrée, soit à renforcer le processus de validation des notations qui amplifie du même coup leur statut réglementaire. Il est éventuellement possible de défendre chacune des deux voies – faire des agences de simples pourvoyeurs d’opinion ou en faire des agents contractuels des autorités de supervision des marchés financiers -, mais pas de poursuivre les deux à la fois.

A cet égard, la lecture convenue du conflit d’intérêts des agences du fait de leur mode de rémunération est trompeuse et superficielle. Les grandes universités américaines, ruineuses et opulentes, utilisent d’ailleurs une grille de notation alphabétique très semblable à celle des agences. Payer pour être noté, ce n’est pas forcément biaiser la note. D’ailleurs, les Etats paient rarement pour leurs propres notes, souvent fournies “gratuitement” par les agences de notation. Comment dès lors reprocher leur partialité aux agences ?

Tout modèle suscite ses conflits d’intérêts. Comment imaginer qu’une agence de notation publique serait crédible lorsqu’elle livrerait son analyse d’un pays qui fait l’objet d’un plan de sauvetage ? Qui a oublié le fiasco des stress tests publiés au début de l’été et censés rassurer les marchés en prévoyant le pire, mais sans oser envisager le moins improbable, le scénario de défaut d’un Etat membre, la Grèce par exemple, parce que cela n’aurait pas convenu, en pleine négociation d’un plan de restructuration “volontaire” de sa dette ?

Et qui prête quelque crédit à l’agence de notation chinoise, dont les analyses innovantes peuvent convaincre lorsqu’elles concernent les Etats-Unis ou la France, mais prêtent à sourire lorsqu’elles touchent à la Chine (seule titulaire de la meilleure note mondiale) ?

Oui, tout le monde a ses conflits d’intérêts. Mais tous n’ont pas les mêmes. Au risque de paraître me contredire, je ne trouve pas l’idée d’une agence de notation publique absurde. Nos régulateurs doivent viser à créer les conditions d’une concurrence aussi dure mais aussi saine que possible sur le marché de l’opinion, en ne validant aucune des opinions mais en redonnant toute leur responsabilité à ceux qui utilisent ces opinions.

La Commission européenne a reporté sine die, le 15 novembre, le vote d’une proposition de Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur, visant à suspendre la notation souveraine des pays ayant requis une aide internationale ou dont la notation accentue l’instabilité des marchés.

Confía José K., quizá de forma irresponsablemente ingenua, en que al menos no lleguen a los castigos físicos. Nos recortarán, nos achucharán, nos encogerán, harán papiroflexia -mire qué bonita la pajarita que nos ha salido- con los papeles donde teníamos grabados nuestros derechos, nos cerrarán refugios y si dejan alguno, quizá algún hospital, nos cobrarán la entrada, primero, y cada latido advertido por el estetoscopio sonará con el clic de las cajas registradoras. Pero José K. espera, vaya usted a saber por qué, que no nos apaleen. Algo es algo, se dice mientras ve en el espejo del cuarto de baño esa cara agrietada por los años, sí, pero también por repetir una y otra vez la misma frase: ¿aún quieren más? ¿Aún quieren más? ¿Aún quieren más?

Mira nuestro hombre, un tanto encorvado, involuntaria muestra de sumisión, a los nuevos amos del mundo, tan triunfadores, tan pavos reales, con esa sonrisa de tampoco es para tanto. Y sí, efectivamente, tampoco es para tanto porque esos que vemos mandan muy poco, que más bien obedecen. ¿Y quiénes son, entonces, se pregunta José K., los que de verdad han conseguido que una señora alemana y un señor francés se repartan un pastel cada vez menos apetitoso y encima nos hagan creer que estamos construyendo una nueva Europa -quiénes, ¿nosotros?-, mientras sus banqueros aguardan a que lleguen los despojos de tanto sucio pig en sus modernos despachos con diseños de la Bauhaus o de Philippe Starck? ¿Quiénes son entonces los que han quitado a un primer ministro -repugnante, bien es cierto- para poner a un obediente empleado de banca? No se sabe, pero lo único que les caracteriza es que siempre, siempre, en cualquier circunstancia, quieren más. Y eso que ya lo tienen todo.

Así que José K. insiste: puede, incluso, que nos traten bien, piensa, hasta que nos den palmaditas en los mofletes, más bien resecas mejillas según pase el tiempo. Y es que ni tan siquiera necesitan azotarnos o amarrarnos con grilletes. Ya nos han vencido, derrotado, sometido, conquistado. No solo aquí, en este limitado terruño, no. Es sismo de dimensiones apocalípticas por cuanto sacude a todos y cada uno de los continentes. Incluso José K. tiende a pensar que de existir otras galaxias, también en ellas habrían vencido los mismos. Cierto que solo lo han hecho por nuestro bien, que hay que ver cómo hemos gastado tantos años, como unos irresponsables. Por eso vienen ellos -¿quiénes?- a poner orden en este patio de monipodio donde hasta los obreros tenían casa propia -ya ven- y se habían hecho crecer los derechos sociales de las minorías y los más desprotegidos. A tales desmanes, equivocadamente, sin duda alguna, se les había considerado avances de la humanidad. José K., asustado por la velocidad que le arrasa los pensamientos, empieza a verlos como cosas del pasado.

Y es que ahora ya no necesitan disimular. ¿Para qué? Si ya quitan y ponen primeros ministros y responsables de economía, en un mecanismo de puerta giratoria siempre en movimiento o de alegres, para ellos, tiovivos, hoy en Goldman Sachs o en Lehman Brothers, mañana ministros o gobernadores de bancos centrales para sin solución de continuidad, una vez cumplidos los encargos, retomar sus bien remunerados empleos. José K., con un punto de chulería, producto del enfado, advierte que tiene sus nombres y hasta sus fotos. Aquí están anotados, dice, este, ese otro y aquel de más allá. Y si eso practican esos chafalmejas a escala planetaria, qué no podrán probar en nuestra pequeña granja, minúsculo reducto este en una esquina del muy Viejo Continente.

Están a punto de lograr, por ejemplo, según ve nuestro hombre, que se haga cierto un sucedido nunca visto a lo largo de la historia: que lleguemos a creer moderno lo que ocurría dos siglos antes y antiguo lo que pasó en el siguiente. Un contradiós. Pero José K. lo ve aquí y allá el siglo XXI. Nos llevan al XIX y abominan del XX. Cuánto mejor aquellos años en que no había regulaciones de sueldos, edades, horarios o contratos. ¿No es excitante comprobar cómo crecía el capitalismo gracias a que aquellos miles de obreros de Manchester se dedicaban a lo suyo, a caerse muertos trabajando, y no a perder el tiempo en vacaciones y horas para el sándwich de pepinillo, que en nada benefician a la producción? Mucho más moderno, dónde va a parar, la vuelta al XIX. Y si me apuran al XVIII, al XVII o al XVI, y no les calienten, ruega José K., que estos nos llevan al antiguo Egipto.

Convertidos pues contratos, derechos, e incluso los sindicatos, esos entes demoniacos, en antiguallas inservibles del siglo XX que solo retardan el progreso y el futuro, pensemos en su abolición. Cuánto mejor salarios ridículos -400 euros y ya estás dando palmas con las orejas-; olvidarse de convenios colectivos y empieza a picar ahora que ya te diré. Si se me antoja. ¿Dicen que ya ocurre en Alemania, donde empleos a menos de esos 400 euros maquillan de forma vergonzante las cifras de un desempleo muy superior al confesado por el Gobierno de Merkel, mientras los otrora poderosos sindicatos alemanes miran hacia otro lado o quizá ya ni miren porque se han quedado ciegos, mudos y sordos? Pues eso me reafirma en lo que digo, insiste irritado José K., que ellos, esos seres innombrables, nos han desbaratado, pisoteado, laminado, aquí, allá y acullá.

No quiere nuestro hombre, ya la vena de la frente como una cuerda, perder el tiempo en duques hábiles de manos en distintas disciplinas, ruinosas necrópolis levantadas un día en honor de ridículos caudillos chocarreros, y ni tan siquiera le apetece mencionar lo larga que le quedaba la sisa o corto el tiro en sus galas al presidente pinturero. Prefiere pensar en cómo hemos de levantarnos, unirnos en el lado transparente de la Fuerza, y protegidos por armaduras -yelmo, gorguera, escarcelas-, chalecos antibalas -con kevlar, por supuesto- o trajes NBQ, sin olvidarnos de la imprescindible espada de láser, enfrentarnos, más pronto que tarde, a ese lado oscuro de la Fuerza que ahora todo lo domina y todo lo ensucia.

¿Y sabemos quién va a dirigir entonces esta batalla, desde la pura jugada de parchís, dada la desproporción de fuerzas, hasta llegar a la guerra de las galaxias? ¿Quizá el recio agricultor más de izquierdas que nadie será el que nos haga surcar los caminos necesarios para repensarnos la izquierda, española, europea y mundial, necesitada de finas herramientas para desarmar al maligno en este siglo XXI? ¿O será la líder pizpireta, sonrisa amable y compañera de figurillas atirantadas e incluso de raros ejemplares astures con tendencia a la caza del oso? ¿Entonces? ¿Tendremos que dejar nuestras vidas una vez más, tiembla José K., en manos de quienes tanto y tan sonoramente han perdido frente a ese enemigo que ni ahora, después de tan glorioso triunfo, sabe si sube o baja?

Es posible, es posible, medita pesaroso José K. ¿Y aguardamos el advenimiento de otro querube o volvemos a depositar vida y hacienda en el veterano sarmentoso y tatuado de cicatrices? Cree nuestro hombre que aún queda tiempo para resolver esa pregunta que le quema la lengua nada más plantearla. Ahora, ruega, déjennos un tiempo para llorar a nuestros muertos y rehacer los adentros. Es cosa de poco, lo prometemos. Para calmar el dolor, que un fantasma recorre el universo y la reconquista va a ser inclemente y cuajada de peligros.

“Yo… he visto cosas que vosotros no creeríais… atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Tannhäuser.

Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.

Es hora de morir”.

(Roy Batty, Blade Runner, Ridley Scott, 1982).

“Yo… he visto cosas que vosotros no creeríais… a multitudes despojadas de sus derechos más acá de Orión, y revolverse contra las injusticias y cantar al progreso en esa tierra que habitan los humanos, más allá de la puerta Tannhäuser”.

(Añadido de José K., diciembre 2011).

A new economic order is taking shape before our eyes, and it is one that includes accelerated convergence between the old Western powers and the emerging world’s major new players. But the forces driving this convergence have little to do with what generations of economists envisaged when they pointed out the inadequacy of the old order; and these forces’ implications may be equally unsettling.

For decades, many people lamented the extent to which the West dominated the global economic system. From the governance of multilateral organizations to the design of financial services, the global infrastructure was seen as favoring Western interests. While there was much talk of reform, Western countries repeatedly countered serious efforts that would result in meaningful erosion of their entitlements.

On the few occasions that such resistance was seemingly overcome, the outcome was gradual and timid change. Consequently, many emerging-market economies lost confidence in the “pooled insurance” that the global system supposedly put at their disposal, especially at times of great need.

This change in sentiment was catalyzed by the financial crises in Asia, Eastern Europe, and Latin America in the late 1990’s and early 2000’s, and by what many in these regions regarded as the West’s inadequate and poorly designed responses. With their trust in bilateral assistance and multilateral institutions such as the International Monetary Fund shaken, emerging-market economies – led by those in Asia – embarked on a sustained drive toward greater financial self-reliance.

Once they succeeded in overcoming a painful crisis-management phase, many of these countries accumulated previously unthinkable levels of international reserves as precautionary cushions. They extinguished billions in external indebtedness by generating and sustaining large current-account surpluses. And they increased the scale and scope of domestic financial intermediation in order to reduce their vulnerability to external storms.

These developments stood in stark contrast to what was happening in the West. There, unprecedented leverage, massive debt creation, and a seemingly infinite sense of credit entitlement prevailed. Financial excesses become the rule rather than the exception, facilitated by financial innovation and the erosion of lending standards and prudential regulation.

Suddenly, the world turned upside down: “rich” countries were running large deficits and, in some cases, tipping from net creditor status to net indebtedness, while “poor” countries were running surpluses and accumulating large stocks of external assets, including financial claims on Western economies.

Little did these countries know that their divergent paths would end up fueling large global imbalances, and eventually trigger a financial crisis that has shaken the prevailing international economic order to its foundations.

There is no restoring fully that order. Rather than recovering strongly, sluggish Western growth is periodically flirting with recession at a time of high unemployment and multiplying debt concerns, particularly in Europe. In an amazing turn of events, virtually every Western country must now worry about its credit ratings, while quite a few emerging economies continue to climb the ratings ladder. We can now consider the image of Western delegations heading to emerging countries to plead, cap in hand, for financial support, both direct and through the IMF.

At first blush, this unusual convergence between Western and emerging countries seems to reflect what advocates of a new international economic order had in mind. But appearances can be misleading, and, in this case, they are misleading in a significant way.

Advocates envisaged an orderly process in which economic convergence accompanied and facilitated global economic growth. They foresaw a collaborative process guided by enlightened policymaking. But what is occurring is far different and more unpredictable.

Rather than exhibiting enlightened leadership, Western policymakers have consistently lagged realities on the ground, with a bewildering mixture of denial, misdiagnosis, and bickering undermining their responses. Rather than proceeding in an orderly manner, today’s global changes are being driven by the disorderly forces of de-leveraging emanating from a Europe in deep financial crisis and an America seemingly unable to restore sustained high rates of GDP growth and job creation.

Multilateral institutions, particularly the IMF, have responded by pumping an unfathomable amount of financing into Europe. But, instead of reversing the disorderly deleveraging and encouraging new private investments, this official financing has merely shifted liabilities from the private sector to the public sector. Moreover, many emerging-market countries have noted that the policy conditionality attached to the tens of billions of dollars that have been shipped to Europe pales in comparison with what was imposed on them in the 1990’s and early 2000’s.

Fortunately, despite having lagged rather than led this process of consequential (and increasingly disorderly) global change, it is not too late for policymakers to catch up. But doing so requires more than just better national policymaking in Europe and America; it is also time for urgent and deep reform of the multilateral system and its main institutions. That process requires joint leadership by the emerging world as a true equal and partner of Western powers.

En la pasada década, los mercados emergentes se han convertido en el principal motor de crecimiento de la economía global. De acuerdo con HSBC, 19 de los países de mercados emergentes de hoy estarán entre las 30 economías más grandes del mundo en 2050, y serán más importantes que los actuales países de la OCDE.

Los mercados emergentes ya se han apoderado del 40% del PBI mundial y del 37% de la inversión extranjera directa (IED) global. Y, mientras que los países de la OCDE siguen estancados en 2011, los mercados emergentes están creciendo fuertemente. China este año superó a Japón como la segunda economía más grande del mundo, mientras que India atrajo una cifra sin precedentes de 80.000 millones de dólares en IED, el doble que en 2010. Petrobras de Brasil, que ya es una de las compañías petroleras más grandes del mundo, tuvo una OPI récord de 67.000 millones de dólares el año pasado.

La creciente riqueza de estas economías está atrayendo a una cantidad cada vez mayor de multinacionales de la OCDE. En Asia, la clase media hoy representa el 60% del total de la población (1.900 millones de personas). China se convirtió en el principal mercado automotriz del mundo en 2010. La persona más rica del mundo es de México. Y el rápido crecimiento económico está ocurriendo en un contexto de déficits reducidos, baja deuda e inflación bajo control.

Sin embargo, existe otra revolución, más calma, que lleva a las empresas de los países de la OCDE a los mercados emergentes: una innovación perturbadora. Por un lado, las multinacionales de los mercados emergentes se están destacando incluso en sectores de alto valor agregado y que demandan mucha tecnología; por otro lado, las empresas de los países de la OCDE vuelven a importar cada vez más innovación de las compañías de los mercados emergentes.

Según las Naciones Unidas, existen aproximadamente 21.500 multinacionales radicadas en los mercados emergentes. Algunas, como la compañía de cemento mexicana Cemex, la firma india de tercerización de tecnología de la información Infosys y el fabricante chino de baterías BYD ya son líderes en sus sectores. Los principales proveedores de las compañías de telecomunicaciones del mundo se encuentran en China, donde Huawei hoy compite cabeza a cabeza con Ericsson de Suecia. En 2008, Huawei registró más patentes que cualquier otra compañía del mundo, y terminó segunda detrás de la japonesa Panasonic en 2009.

En el sector de las telecomunicaciones, hoy hay una media docena de multinacionales de mercados emergentes entre las diez principales empresas a nivel global. Embraer de Brasil revolucionó la fabricación de aviones con un modelo comercial que otros luego imitaron. Tata de India vende autos por un 75% menos que sus competidores europeos. Mindray de China desarrolló equipos médicos al 10% del costo de sus competidores occidentales. Safaricom de Kenia está transformando el mercado con su servicio de banca móvil M-Pesa, al igual que lo hicieron multinacionales indias como TCS y Wipro.

Hasta el mundo digital se está viendo afectado por el crecimiento de los mercados emergentes. Facebook podría haber sido una empresa latinoamericana: uno de sus fundadores es brasileño. El grupo de Internet chino Tencent Holdings es el tercero en importancia a nivel mundial en términos de capitalización de mercado (45,000 millones de dólares en 2011). Su principal accionista financiero es otra multinacional de mercados emergentes, Naspers de Sudáfrica. Las dos compañías invierten conjuntamente en empresas nuevas -no en California, como Google, sino en los mercados emergentes-. En 2010, invirtieron 700 millones de dólares en el gigante de Internet ruso Mail.ru. Digital Sky Technologies de Rusia (que es propietaria de Mail.ru) está presente en compañías nuevas de Internet de mucha relevancia en Estados Unidos como Facebook, Zynga y Groupon.

Estas multinacionales de mercados emergentes no sólo son perturbadoramente innovadoras; también son masivamente frugales, lo que las convierte en competidores letales. Y están escalando rápidamente la cadena de valor: en 2010, según Booz & Company, Samsung de Corea del Sur se convirtió en una de las diez principales empresas del mundo en términos de inversión en investigación y desarrollo (I+D). Israel lanzó al mercado más de 4.000 compañías nuevas -y se posiciona en el segundo lugar en el mundo en cuanto a cantidad de empresas que cotizan en el NASDAQ.

En consecuencia, la innovación a la inversa por parte de las multinacionales de la OCDE hoy es moneda corriente. De hecho, las multinacionales de la OCDE en Fortune 500 hoy tienen casi 100 centros de I+D con sede en los mercados emergentes, principalmente China e India. El centro de I+D de GE en India es el mayor de la compañía en el mundo. Cisco invirtió 1.000 millones de dólares en otro centro en India. El centro más grande de Microsoft fuera de Estados Unidos está en Beijing. IBM hoy emplea a más personas en India que en Estados Unidos, y Siemens de Alemania instaló al 12% de sus ingenieros de I+D en los mercados emergentes de Asia.

Para entender la velocidad de este reposicionamiento global, consideremos que en 1990 más del 95% de la investigación y desarrollo se llevaba a cabo en los países desarrollados; una década después, el porcentaje de los países desarrollados había caído al 76%. Hoy, los mercados emergentes representan el 40% de los investigadores del mundo. Como subrayaba un informe de la UNESCO recientemente, China, que hoy invierte más de 100.000 millones de dólares anuales (2,5% del PBI) en I+D, está a punto de superar a Estados Unidos y Europa en términos de cantidad de investigadores. En 2010, el 40% de todos los estudiantes universitarios chinos cursaba carreras vinculadas a la ciencia o la ingeniería, más del doble del porcentaje en Estados Unidos.

Los países de mercados emergentes no sólo se adjudicarán la mayor parte del crecimiento global en la próxima década; también serán, y cada vez más, la fuente perturbadora de innovación y frugalidad. Para 2020, la geografía de la innovación, y la de la riqueza de las naciones, habrán experimentado un proceso de reequilibrio masivo.

Santa Claus came early this year for four former executives of Washington Mutual (WaMu), a large US bank that failed in fall 2008. The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) had brought a lawsuit against the four, actions that included taking huge financial risks while “knowing that the real estate market was in a ‘bubble.’” The FDIC sought to recover $900 million, but the executives have just settled for $64 million, almost all of which will be paid by their insurers; their out-of-pockets costs are estimated at just $400,000.

To be sure, the executives lost their jobs and now must drop claims for additional compensation. But, according to the FDIC, the four still earned more than $95 million from January 2005 through September 2008. So they are walking away with a great deal of cash. This is what happens when financial executives are compensated for “return on equity” unadjusted for risk. The executives get the upside when things go well; when the downside risks materialize, they lose nothing (or close to it).

At the same time, their actions – and similar actions by other bankers – are directly responsible for both the run-up in housing prices and the damaging collapse that followed. That collapse has impacted non-bankers in many negative ways, including through the loss of more than eight million jobs.

It is also leading to austerity – taxes are increasing and government spending is falling at the local and state level around the country. A difficult fiscal conversation still lies ahead at the federal level, but cuts and contractions of various types seem likely.

Some people argue that Americans need to tighten their belts. That’s an interesting discussion, particularly at a time with unemployment is still above 8% (with recent declines largely the result of many jobless workers’ decision to stop looking and drop out of the labor force altogether). Precipitate austerity is hardly likely to help the economy find its way back to higher employment levels.

But what about government support for the big banks? Is this contracting in the light of our current fiscal pressures? Unfortunately, it is not; much government support remains, implicitly through allowing banks to be “too big to fail,” and explicitly through various kinds of backing provided by the Federal Reserve.

The rationale – or perhaps we should call it ideology – behind supporting big banks is that they are needed for the economy to recover. But this position looks increasingly doubtful when the banks are sitting on piles of cash while creditworthy consumers and businesses are reluctant to borrow.

The same situation exists in Europe today, where the reality is even starker. Banks are receiving ever-larger bailouts, while countries that borrowed are cutting social programs and face rising social tensions and political instability as a result. Countries like Greece, Italy, and arguably Portugal over-borrowed, and now their citizens face severe consequences. But the bankers face no consequences whatsoever for over-lending.

To be sure, some major European financial institutions may now face difficulties, and – who knows – perhaps some of their executives will end up being fired. But does anyone think that the people who ran European banks into the ground will leave their positions with anything less than considerable wealth? There is no real austerity – now or possibly in the future – for leading bank executives.

The protesters of “Occupy Albany” issued a powerful consensus statement recently, which reads in part:

“The interests of those who purchase influence are rewarded at the expense of the People, from whom the government’s just power is derived. We believe that this failure in our system is at the core of many interconnected issues we face as a society, and its resolution is key to a just future. We therefore demand true democracy, decoupled from the corrosive influence of concentrated economic power, and we call all who share in this common goal to stand with us and take action toward this end.”

Big banks represent the ultimate in concentrated economic power in today’s economies. They are able to resist all meaningful reform that could really change their compensation schemes. Their executives want to get all the upside while facing none of the true downside.

But capitalism without the prospect of failure is not any kind of market economy. We are running a large-scale, nontransparent, and dangerous government subsidy scheme for the benefit primarily of a very few, extremely wealthy people.

Jon Huntsman, a candidate for the Republican presidential nomination, is addressing this directly – insisting that we should force the largest banks to break up and to become safer. No other candidate for the presidency is seriously confronting this issue head-on: just saying “we’ll let them fail” is no kind of answer when the failure of megabanks would cause so much damage.

We should learn from both the WaMu and the Occupy movement. In both cases, the lesson is the same: concentrated financial power is a gift that keeps on giving – but not to you.

Si miramos los patrones comerciales de los dos principales actores de la economía mundial, dos aspectos saltan a la vista. Uno de ellos es que mientras los Estados Unidos tienen un déficit comercial con casi todos los países, incluidos Canadá, México, China, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur y Taiwán, sin mencionar los países exportadores de petróleo, el déficit más grande lo tienen con China. Si los datos comerciales se volvieran a calcular tomando en cuenta el país de origen de los distintos componentes del valor agregado, el panorama general no cambiaría, pero sí las magnitudes relativas: mayores déficits de los Estados Unidos con Alemania, Corea del Sur, Taiwán y Japón, y un déficit dramáticamente más bajo con China.

El segundo aspecto es que Japón, Corea del Sur y Taiwán –todas hasta cierto punto economías de altos ingresos- tienen un amplio superávit comercial con China. Alemania ha equilibrado relativamente su comercio con China, que incluso ha registrado un modesto superávit bilateral en el periodo posterior a la crisis.

Los Estados Unidos tienen en un constante déficit comercial global que fluctúa entre el 3% y 6% del PIB. Sin embargo, mientras el total refleja déficits bilaterales con casi todos los países, el congreso estadounidense está obsesionado con China, y parece estar convencido que la causa principal del problema radica en la manipulación china del tipo de cambio del renminbi.

El problema de esta opinión es que no toma en cuenta las marcadas diferencias entre los Estados Unidos, por un lado,  y Japón, Alemania, y Corea del Sur, por otro.  Además, el valor real del renminbi (ajustado a la inflación) ahora está subiendo aceleradamente debido a los diferenciales de inflación y el aumento de los salarios chinos, en particular en los sectores exportadores del país. Esto modificará muy considerablemente con el paso del tiempo la estructura de la economía china y los patrones comerciales. Los eslabones más adelantados de las cadenas de valor agregado globales se desplazarán de China a países que estén en etapas más tempranas de desarrollo económico como Bangladesh, donde los ingresos son más bajos (aunque no provocará un gran cambio en la balanza con los Estados Unidos).

Una inquietud en cierto modo más delicada podría ser que la naturaleza del dólar como divisa de reserva hace que esté sobrevaluado con respecto a todas las monedas, no sólo frente al renminbi. Ello podría crear una presión adicional en la parte comercializable de la economía estadounidense, y por consiguiente podría ayudar a explicar por qué dicho sector no ha generado empleo neto desde hace dos décadas en ese país. Sin embargo, para explicar el desempeño respecto a Japón y Alemania, se tendría que afirmar que el euro y el yen se han devaluado, lo que no tiene sentido.

De hecho, el empleo generado por el sector comercializable ha sido en los servicios, en la parte superior de las distribuciones del valor agregado por persona, la educación y el ingreso. Como resultado, el crecimiento y el empleo en el sector comercializable han tenido un comportamiento distinto, pues ha habido un sano crecimiento pero el empleo se ha estancado. Por el contrario, en Alemania y Japón, el sector comercializable es una máquina de generación de empleo.

Las características distintivas de la economía estadounidense, al menos durante una década previa a la crisis que comenzó en 2008, fueron un nivel de consumo insosteniblemente elevado debido a un efecto ilusorio de riqueza; inversión insuficiente (incluso en el sector público); y ahorros que no compensaban la falta de inversión.  Ese consumo excesivo de los hogares y el gobierno estimuló la economía interna –y también gran parte de la economía global.

En varios países europeos que ahora encaran dificultades fiscales y de crecimiento, el patrón era en cierto modo distinto: la mayor parte del consumo  y el empleo excedente se daba en el sector gubernamental. Sin embargo, el efecto era similar, puesto que había una generación insostenible de empleo e ingresos; y una menor productividad y competitividad en los sectores comercializables de estas economías, lo que condujo a la creación de déficits comerciales, un PIB reducido, y una insuficiente creación de empleos.

Se podría argumentar que el euro ha estado y está sobrevaluado, y que eso ha obstaculizado la productividad de muchas economías de la eurozona en comparación con los países que no pertenecen a ella. No  obstante, las deficiencias relativas de productividad de la eurozona son más importantes para el crecimiento y no tienen nada que ver con el tipo de cambio.

Enfocarse en las divisas como la causa de los males económicos de Occidente, aunque no es del todo erróneo,  sí es excesivo. Los países en desarrollo han aprendido con el paso del tiempo que las mejoras de la productividad son lo que impulsa el verdadero aumento del ingreso y la expansión del empleo, no los movimientos en el tipo de cambio. A su vez, esto requiere de inversión pública y privada en activos tangibles en infraestructura física y de telecomunicaciones, capital humano y calificación, y una base de conocimientos y tecnología de la economía.

Por supuesto, es posible que los términos de intercambio de un país se desajusten con respecto a los niveles de ingreso y productividad, lo que exige un reequilibrio. No obstante, no basta restablecer los términos de intercambio, también se deben abordar los fundamentos estructurales de la productividad.

Todo esto no es algo particular a los países en desarrollo. La inversión insuficiente tiene costos de largo plazo y consecuencias por todos lados. El consumo excesivo solamente oculta dichos costos de forma temporal.

En los Estados Unidos, las deficiencias productivas han conducido a una desconexión con las cadenas de suministro global. Así pues, el desafío para ese país no es únicamente restablecer la productividad, sino también sus vínculos con las principales corrientes del comercio global.

El crecimiento de China –y más generalmente el de las principales economías emergentes- proporciona un impulso potencial importante. Eso se aplica claramente en el caso de Alemania, Japón y Corea del Sur. Los Estados Unidos y otros países también pueden aprovecharlo, pero solamente si la productividad en relación con los niveles de ingreso en áreas específicas del potencial de competitividad empieza a crecer.

Mientras la política económica estadounidense siga enfocada en los déficits, la demanda interna y los tipos de cambio, y retrocediendo en materia de apertura comercial, sus deficiencias de inversión seguirán sin resolverse. Esto significa que sus problemas de empleo y distribución del ingreso también continuarán sin atenderse.

La buena noticia, es que en un nivel  más profundo, los incentivos entre los países avanzados y en desarrollo están alineados. A las economías emergentes les interesa mucho el restablecimiento del crecimiento sostenible en los países avanzados, y están preparados para cooperar en ese proceso. Sin embargo, enfocarse en el tipo de cambio de estos países no es la forma correcta de hacerlo.

Las perspectivas para la economía mundial en 2012 están claras, pero no son auspiciosas: recesión en Europa, crecimiento anémico en el mejor de los casos en Estados Unidos, y una abrupta desaceleración en China y en la mayoría de las economías emergentes. Las economías asiáticas están expuestas a China. América Latina está expuesta a menores precios de materias primas (a medida que China y las economías avanzadas se desaceleran). Europa central y oriental están expuestas a la eurozona. Y las turbulencias en el Medio Oriente están causando graves riesgos económicos -tanto allí como en otras partes- a medida que sigue alto el riesgo geopolítico y, por tanto, los precios del petróleo limiten el crecimiento global.

En este punto, no hay duda de que habrá recesión en la eurozona. Si bien no es posible predecir su profundidad y duración, la constante contracción del crédito, los problemas de deuda soberana, la falta de competitividad y la austeridad fiscal implican todas una grave contracción económica.

EE.UU. -que crece a paso de tortuga desde 2010- se enfrenta a considerables riesgos a la baja debido a la crisis de la eurozona. También debe lidiar con un lastre fiscal significativo, el desapalancamiento en curso en el sector de los hogares (en medio de débil creación de empleos, ingresos estancados y la persistente presión a la baja sobre los bienes raíces y la riqueza financiera), el aumento de la desigualdad y el estancamiento político.

Entre otras economías avanzadas principales, el Reino Unido se encuentra en caída doble, a medida que la carga frontal de la consolidación fiscal y la exposición a la eurozona socavan el crecimiento. En Japón, la recuperación post-terremoto se diluye a medida que los débiles gobiernos se resisten a aplicar reformas estructurales.

Mientras tanto, son cada vez más obvias las fallas en el modelo de crecimiento de China. La caída de los precios inmobiliarios está detonando una reacción en cadena que tendrá un efecto negativo en las empresas de construcción, la inversión y los ingresos del gobierno. El auge de la construcción está empezando a estancarse, al igual que las exportaciones netas se han convertido en un lastre para el crecimiento, debido al debilitamiento de la demanda, especialmente de EE.UU. y la eurozona. Después de haber tratado de enfriar el mercado inmobiliario poniendo coto a los precios que estaban fuera de control, para los líderes chinos va a ser difícil reactivar el crecimiento.

No están solos. En el ámbito de las políticas, EE.UU., Europa y Japón, también han ido posponiendo las serias reformas económicas, fiscales y financieras que son necesarias para restablecer un crecimiento sostenible y equilibrado.

Apenas ha comenzado un tímido desapalancamiento privado y del sector público en las economías avanzadas, con un todavía tenso balance de los hogares, bancos e instituciones financieras, y los gobiernos locales y centrales. Sólo ha mejorado el sector empresarial de alta calidad. Pero, con tantos y persistentes riesgos de consecuencias prolongadas y las incertidumbres mundiales que pesan sobre la demanda final, y con una sobrecapacidad que sigue siendo alta debido en el pasado a un exceso de inversión en el sector inmobiliario en muchos países y el aumento de la inversión manufacturera en China en los últimos años, el gasto de capital y la contratación de estas empresas se han mantenido en silencio.

El aumento de la desigualdad -debido en parte a la reestructuración corporativa que ha eliminado empleos- está reduciendo más aún la demanda agregada, porque los hogares, los más pobres y quienes perciben ingresos laborales tienen una mayor propensión marginal a gastar que las empresas, los hogares más ricos y quienes perciben rentas de capital. Por otra parte, a medida que la desigualdad impulsa protestas en todo el mundo, la inestabilidad social y política podría representar un riesgo adicional para el desempeño económico.

Al mismo tiempo, siguen siendo grandes los desequilibrios de cuentas corrientes clave: entre EE.UU. y China (y otras economías de mercados emergentes) y, dentro de la eurozona, entre el núcleo y la periferia. Para un ajuste ordenado se requiere una menor demanda interna en los países que gastan en exceso con grandes déficits de cuenta corriente y menores superávits comerciales en los países que ahorran demasiado, a través de apreciaciones cambiarias nominales y reales. Para mantener el crecimiento, los países que gastan en exceso necesitan una depreciación nominal y real para mejorar sus balanzas comerciales, mientras que los países con superávit necesitan impulsar la demanda interna, especialmente el consumo.

Sin embargo, este ajuste de precios relativos a través de movimientos de divisas se ha estancado, ya que los países con superávit se resisten a la apreciación cambiaria a favor de imponer una deflación recesiva sobre los países con déficit. Las batallas de divisas resultantes se están librando en varios frentes: intervención de controles de cambio, flexibilización cuantitativa y controles de capital de los flujos de entrada. Y, con un crecimiento global más débil en el año 2012, los combates podrían convertirse en guerras comerciales.

Finalmente, las autoridades se están quedando sin opciones. La devaluación de la moneda es un juego de suma cero, porque no todos los países pueden depreciar y mejorar las exportaciones netas al mismo tiempo. La política monetaria se flexibilizará a medida que la inflación se convierte en tema ausente en las economías avanzadas (y un problema menor en los mercados emergentes). Pero la política monetaria es cada vez más ineficaz en las economías avanzadas, donde los problemas se derivan de la insolvencia en lugar de la falta de liquidez.

Mientras tanto, la política fiscal se ve limitada por el aumento de los déficits y las deudas, los “vigilantes” de bonos, y las nuevas reglas fiscales en Europa. Apoyar y rescatar instituciones financieras es políticamente impopular, y los gobiernos en casi quiebra no tienen el dinero para hacerlo en todo caso. Y, políticamente, la promesa del G-20 ha dado paso a la realidad del G-0: a los gobiernos débiles les resulta cada vez más difícil poner en práctica la coordinación de políticas internacionales, a medida que las visiones del mundo, las metas y los intereses de las economías avanzadas y los mercados emergentes entran en conflicto.

Como resultado de todo esto, abordar los desequilibrios bursátiles -las grandes deudas de los hogares, las instituciones financieras y los gobiernos- tapando los problemas de solvencia con financiamiento y liquidez eventualmente puede dar lugar a reestructuraciones dolorosas y posiblemente desordenadas. Del mismo modo, hacer frente a la débil competitividad y los desequilibrios de cuenta corriente requiere de ajustes cambiarios que eventualmente pueden llevar a algunos miembros a salir de la eurozona.

Restablecer un crecimiento sólido es bastante difícil sin el fantasma siempre presente del desapalancamiento y una grave escasez de munición política. Pero ese es el desafío al que se enfrenta una economía mundial frágil y desequilibrada en 2012. Parafraseando a Bette Davis en All About Eve: “¡Ajústense los cinturones de seguridad, que va a ser un año lleno de baches!”

En España superamos los cinco millones de parados, una cifra inaceptable derivada de la crisis. Pero también en el problema del desempleo debemos mirar al campo, tanto en el análisis como en las propuestas. En Europa nos encontramos con un despoblamiento de las zonas rurales muy grave, y la agricultura o sector primario hace mucho que dejó de ser la base de la economía. Según el último censo de Eurostat, esta realidad es demasiado evidente: en solo ocho años, la UE ha perdido tres millones de explotaciones. Es decir, aproximadamente cada minuto ha supuesto la desaparición de una unidad agrícola y los puestos de trabajo que eso significa.

Y todo ello fruto de aplicar políticas productivistas que ya es hora de desterrar. La política agraria común (PAC) que ahora se está revisando ha sido responsable de ello al subvencionar durante mucho tiempo a las grandes unidades agrícolas, favorecer la intensificación y dejar que los precios los marque el libre mercado. Un modelo de potencias industriales que creyó que la agricultura también debería acomodarse a tal principio y que acabó con la economía rural y miles de puestos de trabajo.

Pero proveer de alimentos a la población, y a la vez cuidar bosques y paisajes, es un trabajo de lo más necesario. De hecho, es imprescindible. Y esa es la propuesta, porque hay espacio, posibilidades y mucho futuro: ruralizar la economía y recampesinizar el planeta obteniendo en el proceso muchos, pero muchos, puestos de trabajo dignos y rentables.

Aunque ni las condiciones de suelo, clima e historia son comparables, vale la pena recordar (como explican Albert Berry y Liisa L. North, profesores en la Universidad de York, en Toronto) «lo que hicieron los taiwaneses, los japoneses y los coreanos después de la segunda guerra mundial, cuando expropiaron las unidades agrarias de más de tres hectáreas y ejecutaron reformas agrarias radicales que formaron la base de la seguridad alimentaria de familias para el crecimiento y la diversificación económica posterior a nivel nacional». Con una cantidad de tierra suficiente como medio de vida para una familia (en Taiwán fue un poco más de una hectárea), con políticas fuertes de apoyo a este minifundio -aquí siempre despreciado- y servicios públicos apropiados, en los tres países la productividad agrícola creció, las condiciones de vida en el campo mejoraron rápidamente y -lo más importante- el empleo agrario aumentó considerablemente.

«Los tres países asiáticos mencionados -prosiguen Berry y North- no son los únicos cuyas experiencias han demostrado la relación positiva entre el desarrollo rural equitativo (basado en la pequeña y mediana agricultura) y el desarrollo económico nacional. En términos históricos podemos mencionar a Dinamarca, Finlandia o Noruega. (…) Las comparaciones latinoamericanas también nos prestan lecciones. Llama la atención el abismo entre, por un lado, las buenas condiciones de vida y la historia de paz social y política en la meseta central de Costa Rica, caracterizada por sus pequeñas y medianas propiedades cafeteras, y por otro la miseria, represión política y violencia que predominan en las zonas de plantaciones grandes de café en países vecinos como El Salvador y Guatemala».

Pensar e invertir en recuperar la pequeña agricultura no es un paso atrás, sino la base de una economía sostenible y equitativa, que además nos alimenta. Solo necesitamos atrevimiento (y poco presupuesto) para poner en marcha medidas de redistribución de la tierra frente a los grandes latifundios o monocultivos; ofrecer facilidades para acceder a tierras productivas; apoyar la desintensificación de tantas unidades agrarias sobredimensionadas; o evitar, cuando llega la jubilación de los actuales propietarios, el cese de actividades con la incorporación de jóvenes…

Estas medidas deberían venir acompañadas de políticas claras de protección de esta agricultura (promocionando los circuitos cortos de comercialización, precios remunerativos, aranceles en frontera, etcétera) y, lógicamente, con apoyos básicos de capacitación, asesoría técnica o irrigación. Pero siempre con claridad, sin fisuras, en favor de una agricultura basada en principios agroecológicos. Porque ya no hay dudas -tampoco científicas- de las bondades de esta forma de practicar la producción de alimentos. El Instituto Rodale, después de 30 años de investigación comparativa entre campos de cultivos convencionales y agroecológicos, concluye que estos últimos son (además de no perjudiciales para el medioambiente ni la salud de la población consumidora) más viables económica y energéticamente.

Si queremos salir de esta crisis y generar puestos de trabajo productivos en los países industrializados, si queremos combatir la situación de pobreza y hambre en muchos países del Sur, y si pretendemos dejar un futuro sostenible a nuestra descendencia habrá que replantearse la estructura socioeconómica en la que estamos, donde la ruralidad ha quedado trágicamente marginada en el fondo de una pirámide invertida que lógicamente se tambalea.

A principios del mes pasado un grupo de estudiantes abandonó el popular curso de introducción a la economía, “Economía 10” de Harvard, que imparte mi colega, Greg Mankiw. Su queja: el curso propaga ideología conservadora disfrazada de ciencia económica y contribuye a perpetuar la desigualdad social.

Los estudiantes forman parte de un grupo creciente de protesta contra la economía moderna que se imparte en las principales instituciones académicas del mundo. Por supuesto, la economía siempre ha tenido sus críticos, pero la crisis financiera y sus secuelas les han dado nuevos argumentos que parecen validar las acusaciones de larga data contra los supuestos poco realistas de la profesión, la cosificación de los mercados y el menosprecio por los problemas sociales.

Por su parte, Mankiw, se dio cuenta que los estudiantes que protestaban estaban “mal informados.” La economía no tiene ideología, replicó. Citando a John Maynard Keynes, señaló que la economía es un método que ayuda a las personas a pensar claramente y a encontrar las respuestas correctas, sin conclusiones políticas predeterminadas.

En efecto, aunque se puede perdonar el escepticismo de las personas si no han estado inmersas durante años en estudios avanzados de economía, el curso típico de dicha materia en un programa de doctorado genera una desconcertante variedad de recetas de política dependiendo del contexto específico. Algunos de los enfoques que los economistas utilizan para analizar el mundo favorecen el libre mercado, pero otros no. De hecho, mucha de la investigación económica se enfoca en entender cómo la intervención del gobierno puede mejorar el desempeño de la economía. Además, las motivaciones no económicas y la conducta social cooperativa son cada vez más parte de los temas de estudio de los economistas.

Como señaló alguna vez el gran economista internacional, Carlos Diaz-Alejandro, “a estas alturas cualquier estudiante universitario sobresaliente que elija sus supuestos….cuidadosamente, puede producir un modelo sólido que genere casi cualquier recomendación de política que haya preferido desde el principio.” ¡Y eso fue en los años setenta! Un aprendiz de economista ya no tiene que ser particularmente brillante para generar conclusiones de política heterodoxas.

No obstante, a los economistas se les acusa de tener una ideología limitada porque son sus propios enemigos a la hora de aplicar sus teorías al mundo real. En lugar de comunicar la amplia gama de perspectivas que ofrece su disciplina, muestran una excesiva confianza en remedios particulares- a menudo aquellos que se adaptan mejor a su ideología personal.

Consideremos la crisis financiera global. La macroeconomía y las finanzas no carecen de las herramientas necesarias para entender cómo surgió y se desarrolló la crisis. De hecho, la literatura académica estaba repleta de modelos de burbujas financieras, información asimétrica, incentivos de las distorsiones, crisis que cumplían a sí mismas y riesgo sistémico. Sin embargo, en los años previos a la crisis, muchos economistas minimizaron las lecciones de estos modelos y favorecieron los modelos de mercados eficientes y que se autocorregían, que en términos de política, resultó en una supervisión gubernamental inadecuada de los mercados financieros.

En mi libro, The Globalization Paradox, pensé en hacer el siguiente experimento. Si un periodista pregunta a un profesor de economía si es un bueno para el país establecer relaciones de libre comercio con el país X o Y. Estamos seguros que el economista, como la gran mayoría de los de su profesión, le dirá entusiasta que apoya la idea de libre comercio entre dichos países.

Ahora dejemos que el periodista entre encubierto como estudiante en el seminario universitario avanzado sobre Teoría del Comercio Internacional. El “estudiante” va hacer la misma pregunta: ¿“Es bueno el libre comercio”? No creo que la respuesta sea tan rápida y sucinta esta vez. De hecho, es probable que el profesor se quede desconcertado por la pregunta. ¿“A qué se refiere con bueno”?, preguntará. ¿“Y bueno para quién?”

Entonces, el profesor dará una larga y tormentosa exégesis que finalmente culminará en una afirmación muy condicionada: “Así pues, si la larga lista de condiciones que acabo de describir se cumple, y suponiendo que podamos cobrar impuestos a los beneficiarios para compensar a los perdedores, el libre comercio tiene el potencial de acrecentar el bienestar de todos.” Si quisiera profundizar, el profesor podría añadir que el efecto del libre comercio en la tasa de crecimiento de una economía no es claro, y que depende de un conjunto de requisitos totalmente distintos.

Una afirmación directa e incondicional sobre los beneficios del libre comercio se convirtió ahora en una aseveración adornada con todo tipo de peros. Extrañamente, el conocimiento que el profesor imparte voluntariamente con gran orgullo a sus estudiantes de posgrado se considera inapropiado (o peligroso) para el público en general.

La enseñanza de economía a nivel de licenciatura tiene el mismo problema. En nuestro afán por mostrar las perlas de la profesión en una forma pulcra –la eficiencia de los mercados, la mano invisible, las ventajas comparativas- nos alejamos de las complicaciones y matices del mundo real, que han sido reconocidas por la disciplina. Es como si los cursos de introducción a la Física asumen un  mundo sin gravedad porque de esa manera todo es mucho más simple.

Aplicada apropiadamente y con una buena dosis de sentido común, la economía nos habría preparado para una crisis financiera y llevado por la dirección correcta para arreglar las causas. Sin embargo, la economía que necesitamos es como la del curso de seminario y no una de normas generales. La economía puede reconocer sus limitaciones y sabe que el mensaje correcto depende del contexto.

Los economistas no se vuelven mejores analistas del mundo real por minimizar la diversidad de los enfoques intelectuales de su propia disciplina. Tampoco los hace más populares.

Here we are, three years into the global financial crisis, and we’re still flying blind. We don’t even know what we don’t know. What we do know is that we’re stuck in a huge contraction of private credit; no one is making enough loans and investments to expand or start businesses and get the economy growing. The remedies applied by U.S. and European governments tried to treat the symptoms — bad debts, shaky banks, floundering businesses, people losing their homes, rising unemployment, currency wars — and not the disease.

Had those symptoms been the real cause of the crisis, “vulture capitalists” should have swept in by now. They should have spotted the signals that send knowledge of who is in trouble and — following the laws of supply and demand — picked up on the cheap the potentially lucrative remains of the nonperforming assets and transactions, correcting the deficiencies that led to them.

They would have bought a block of old houses and revamped it into a 20-story high-rise with two restaurants and ample parking.

They would have taken over an airline unable to fill its first-class section and rearranged it into a discount, no-frills option with twice the number of seats per plane. That hasn’t happened to any significant degree. Why?

Mechanisms in the United States and Europe to record and signal the crucial knowledge that determines whether it is reasonable to grant private credit — who has the property rights over the assets, equity and liabilities, and therefore holds the risks, and what the opportunities are — are no longer reliable. The knowledge system is broken.

You could say that the knowledge organized by property and transaction records plays the same role in credit that DNA plays in biology: it stores the long-term, measurable information that governs how the different cells of the body come together.

Balance sheets that once clearly signaled facts, allowing outsiders to infer what that company owned — and owed — have too often been mutilated. Some companies in difficult financial situations can legally resort to “off balance sheet accounting”— transferring the bad news to less visible ledgers, called Special Purpose Entities (SPEs) — or to sweeping information regarding their debts into illegible footnotes. When Enron collapsed, it had 3,500 SPEs.

In the United States, mortgages have been bundled into marketable liquid securities, sliced and diced in different ways, robo-signed into so many piles that it is difficult to identify who legally owns some 60 percent of them.

Much of the financing for mortgage bundling came from idiosyncratic financial derivatives that were not recorded in any standardized way. That makes it difficult to locate, value, gauge their risk and find the resources to cover that risk. The estimated notional amount of the world’s derivatives is some $600 trillion — 40 times what the United States produces in one year. That’s a lot of missing knowledge.

Accounting rules now allow companies in certain situations to establish the value of their assets using measurements other than market prices. Countries like Greece and Italy have borrowed through the “repo markets” short-term funds they don’t have to report as loans, making them look more solvent than they are. Knowledge has not only been debased and withheld, but distorted.

Having spent 150 years opening up their feudal, cloistered and nontransparent economies to allow markets to work, certain sectors of the financial industry, and others in governments in the United States and Europe, have devoted the last 15 years to shredding the very reforms that ensured that capitalism had the knowledge to function fairly on a global scale.

Economic activity has been allowed to cross from the rule-bound system of property, where facts and interests are recorded and built into useful knowledge, into the incomplete legal space of global finance, where arbitrary interests trump facts and paper swirls mindlessly.

How can anyone be comfortable extending loans if balance sheets don’t signal all the facts? If those who hold the assets and the risks cannot be easily located? How do you know which banks and countries are solvent, if you cannot determine how many toxic assets they hold; if the legal owners of mortgages can’t be found; if banks can’t clear their books because courts continue to stop foreclosures because titling is unclear; if there is little information on whether those who claim they can cover risk defaults have the assets to do so?

This, then, is not your usual financial crisis. The plummeting economy is the symptom. Diminishing knowledge is the disease. Without property and transaction records that allow us to infer potential benefits and losses, markets can’t work.

That’s what we’re trying to do in emerging markets today — and why we are emerging, from my native Peru to Tanzania, India and China. We are pushing to get people who have never been recorded onto the books, accepting standards so everyone can be held accountable, and thus bring our shadow economies under the rule of law.

In India, for example, the visionary former chief executive of Infosys, Nandan Nilekani, is working with the government to identify and locate every one of that country’s 1.2 billion people so they can earn the trust of businesses and banks.

Tanzania recently created Mkurabita, a program to formally record and update knowledge about assets, moving them from the informal to the formal economy. Starting in l990, my organization, the Institute for Liberty and Democracy, revamped Peru’s property system. Today, we know that informal real estate that was recorded according to law in l997 was on average worth 700 percent more by 2010; compare that to the New York Stock Exchange, which in the same period rose only 79 percent.

Following our reforms in Peru — designed to make enterprises in the shadow economy legally visible — the “Doing Business” project of The World Bank now provides emerging markets with data to help them put similar reforms in place.

Just about every emerging market — even Russia and China — has enacted laws in recent years to record assets and transactions.

We in the emerging markets now have more knowledge about our formal economies than ever before. That’s why the subprime drama that marked the beginning of the crisis in the United States and Europe is unlikely to happen to us.

As tragic as it was that a number of homeowners of modest means couldn’t meet their mortgage payments and some were forced to turn over their houses to their creditors, nonperforming debts estimated to be worth less than a trillion dollars were hardly enough to trigger a historic, persistent credit contraction. But they did, because the credit that was contracting was not anchored in bills and coins but in the knowledge contained in property reporting and signaling systems, which had deteriorated.

When that paper ceases to be reliable, when it no longer functions as a signal for collateral, as an enforceable guarantee, a credible assurance, or a reasonable measure of risk, then — Whoosh! — private credit vanishes. Just as your identity does when you step up to the immigration counter and discover you’ve lost your passport.

That’s what happened when the subprime crisis exploded. The derivatives that financed the nonperforming sub-prime mortgages were rapidly losing value, threatening to cause a run on the banks because there was — and remains— so little property knowledge about them.

When the United States tried to buy and remove them from the market with the Troubled Asset Relief Program (TARP), officials were unable to locate, classify and price them quickly. They too became a victim of the lack of knowledge. The government was forced to improvise, and the money was used instead to increase public credit, lower interest and shore upthe banks. That remedied the symptoms, but the disease remains.

In emerging and transitional markets, after having injected so many bills and coins into our economies in vain, it is easy to understand why there is no credit without knowledge — it’s not only about money.

Close your books, walk down a busy street and you will see that the businesses and the buildings that cannot get significant credit are those in the informal economy, not recorded in the property systems, the unknowables.

Instinctively, we are aware that what we know about the economy is pretty much what we record. Without records, there is no memory, no knowledge — and thus no grounds for trusting the markets.

Restoring order in the West is beyond the purview of specialists in finance, who do not necessarily have the knowledge, the inclination or the incentives to carry out the down-and-dirty job of repairing knowledge systems.

Fixing all this is a political endeavor. Politicians must muster the courage to rise above the narrow focus of financial adjustments and raise the issue of the recession to commanding heights. I am not calling for more or less regulation, or for injecting more money into the economy, or spending less. I am simply proposing to bring the world of finance under the rule of law and shine light into dark and disordered places.

That’s what the bold reformers did to sort out conflicting property claims after the California Gold Rush, to tame the Wild West, to rebuild war-torn Europe, to reassemble Japan’s feudal order into a market economy — and push China toward one — and to open up Eastern Europe after the fall of the Berlin Wall. Markets cannot work without the knowledge that organized property systems produce. That is how capitalism was built.

Once it is clear that this recession is about the organization of knowledge or, more precisely, the lack of organization, Western governments can step in to get the facts. That will allow them to target the disease without getting stuck in the left-versus-right controversy about regulation and government oversight. We need increased truth-telling; increased recognition of what exists and who owns it.

A menudo me preguntan si la reciente crisis financiera global marca el comienzo del fin de la era del capitalismo moderno. Es una pregunta curiosa porque al parecer  se presupone que existe un sustituto viable esperando tomar el relevo. La verdad de las cosas es que, al menos por ahora, las únicas alternativas serias al paradigma anglo-estadounidense dominante actual son otras formas de capitalismo.

Pareciera que el capitalismo continental europeo, que combina generosos beneficios sociales y de salud; y un horario de trabajo razonable, aunado a periodos de vacaciones largos, una jubilación temprana; y distribuciones del ingreso relativamente equitativas, parecería ser muy recomendable –pero carece de sostenibilidad. Se afirma generalmente que el capitalismo darwiniano chino, con empresas de exportación que operan en un ambiente de encarnizada competencia, una frágil red de seguridad social y una extensa intervención gubernamental, es el heredero inevitable del capitalismo occidental, aunque solo sea por el enorme tamaño de China y su tasa de crecimiento proporcionalmente  desmesurada. Con todo, el sistema económico chino está evolucionando continuamente.

En efecto, no es claro cuánto más seguirán transformándose a sí mismas las estructuras financieras, económicas y  políticas chinas, y si ese país en  última instancia mutará en una nueva forma de capitalismo. En cualquier caso, a China todavía le aquejan las vulnerabilidades financieras, económicas y sociales comunes de un país de bajos ingresos de  rápido crecimiento.

Tal vez, el asunto central es que en todo el panorama histórico, todas las formas actuales de capitalismo son finalmente temporales. El capitalismo moderno ha tenido resultados extraordinarios desde el comienzo de la Revolución Industrial hace dos siglos,  que sacó de la pobreza absoluta a miles de millones de personas. En términos comparativos, el marxismo y el socialismo autoritario han tenido resultados desastrosos. Sin embargo, a medida que la industrialización y el progreso económico se extienden en Asia (y ahora en África), algún día la lucha por la subsistencia ya no será un imperativo principal, y las numerosas fallas del capitalismo contemporáneo podrían parecer más importantes.

Primero, incluso las principales economías capitalistas no han podido valorar efectivamente los bienes públicos como el aire limpio y el agua. El fracaso para lograr concluir un nuevo acuerdo global de cambio climático es sintomático de esta parálisis.

Segundo, el capitalismo ha producido una gran riqueza pero, al mismo tiempo, extraordinarios niveles de desigualdad. La creciente brecha es en parte solo un efecto secundario de la innovación y el espíritu empresarial. Las personas no se quejan del éxito de Steve Jobs; sus contribuciones son obvias. Sin embargo, no siempre resulta así: una gran riqueza permite a los grupos e individuos comprar poder político e influencia, que a su vez ayuda a generar una mayor riqueza. Solamente pocos países –Suecia, por ejemplo, han podido interrumpir este círculo vicioso sin colapsar el crecimiento.

El tercer problema es la oferta y distribución de servicios médicos; un mercado que no logra satisfacer varios de los requisitos básicos necesarios para que el mecanismo de los precios genere eficiencia económica, empezando con la dificultad que encaran los consumidores para evaluar la calidad de su tratamiento.

El problema se agravará: con seguridad aumentarán los costos de los servicios de salud como proporción del ingreso a medida que las sociedades sean más ricas y más viejas, y probablemente rebasarán el 30% del PIB dentro de unas décadas. En el mercado de los servicios de salud, quizá más que en cualquier otro, muchos países están luchando con el dilema moral de cómo mantener los incentivos para producir y consumir eficientemente sin generar disparidades inaceptablemente grandes en el acceso a esos servicios.

Es irónico que muchas sociedades capitalistas modernas realicen campañas públicas para instar a las personas a poner más atención a su salud, mientras se promueve un ecosistema económico que induce a muchos consumidores a una dieta extremadamente malsana. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, un 34% de los estadounidenses son obesos. Es claro que la forma convencional de medir el crecimiento económico –que implica un mayor consumo- no puede ser un fin en sí mismo.

Cuarto, los sistemas capitalistas actuales subestiman considerablemente el bienestar de las generaciones futuras. Esto no ha sido importante en gran parte del periodo desde la Revolución Industrial, pues el continuo avance tecnológico ha superado las políticas miopes. En general, cada generación ha tenido mucho más éxito que la precedente. Sin embargo, como la población mundial está rebasando los siete mil millones, y los presagios de escasez de recursos se hacen cada vez más evidentes, no hay garantía de que se pueda mantener esta trayectoria.

Por supuesto, las crisis financieras son el quinto problema, tal vez el que recientemente ha provocado más exámenes de conciencia. En el mundo de las finanzas, la continua innovación tecnológica no ha reducido notoriamente los riesgos, y bien podría haberlos ampliado.

En principio, ninguno de los problemas del capitalismo es insuperable, y los economistas han ofrecido una serie de soluciones basadas en el mercado. Un alto precio global del carbón induciría a las empresas y las personas a internalizar el costo de sus actividades contaminantes.  Se pueden diseñar sistemas fiscales que ofrezcan un mayor margen de redistribución del ingreso sin que ello conlleve necesariamente distorsiones paralizantes, mediante una minimización de los gastos fiscales no transparentes y manteniendo bajas las tasas marginales. Lograr precios efectivos de los servicios de salud, incluidos los de los tiempos de espera, podría fomentar un mejor equilibrio entre la equidad y la eficiencia. Los sistemas financieros podrían estar mejor regulados, dando una atención más rigurosa a las acumulaciones excesivas de deuda.

¿Será el capitalismo víctima de su propio éxito en la producción masiva de riqueza? Por ahora, por muy de moda que pueda estar el tema de la desaparición del capitalismo, la posibilidad parece remota. No obstante, mientras sigan creciendo la contaminación, la inestabilidad financiera, los problemas de salud y la desigualdad, y mientras los sistemas políticos continúen paralizados, dentro de pocas décadas el futuro del capitalismo podría no parecer tan seguro como lo parece ahora.

Via a circuitous Internet chain – Paul Krugman of Princeton University quoting Mark Thoma of the University of Oregon reading the Journal of Economic Perspectives– I got a copy of an article written by Emmanuel Saez, whose office is 50 feet from mine, on the same corridor, and the Nobel laureate economist Peter Diamond. Saez and Diamond argue that the right marginal tax rate for North Atlantic societies to impose on their richest citizens is 70%.

It is an arresting assertion, given the tax-cut mania that has prevailed in these societies for the past 30 years, but Diamond and Saez’s logic is clear. The superrich command and control so many resources that they are effectively satiated: increasing or decreasing how much wealth they have has no effect on their happiness. So, no matter how large a weight we place on their happiness relative to the happiness of others – whether we regard them as praiseworthy captains of industry who merit their high positions, or as parasitic thieves – we simply cannot do anything to affect it by raising or lowering their tax rates.

The unavoidable implication of this argument is that when we calculate what the tax rate for the superrich will be, we should not consider the effect of changing their tax rate on their happiness, for we know that it is zero. Rather, the key question must be the effect of changing their tax rate on the well-being of the rest of us.

From this simple chain of logic follows the conclusion that we have a moral obligation to tax our superrich at the peak of the Laffer Curve: to tax them so heavily that we raise the most possible money from them – to the point beyond which their diversion of energy and enterprise into tax avoidance and sheltering would mean that any extra taxes would not raise but reduce revenue.

The utilitarian economic logic is clear. Yet more than half of us are likely to reject the conclusion reached by Diamond and Saez. We feel that there is something wrong with taxing our superrich until the pips squeak so much that further taxation reduces the number of pips. And we feel this for two reasons, both of them set out more than two centuries ago by Adam Smith – not in his most famous work, The Wealth of Nations, but in his far less discussed book The Theory of Moral Sentiments.

The first reason applies to the idle rich. According to Smith,

“A stranger to human nature, who saw the indifference of men about the misery of their inferiors, and the regret and indignation which they feel for the misfortunes and sufferings of those above them, would be apt to imagine, that pain must be more agonizing, and the convulsions of death more terrible to persons of higher rank, than to those of meaner stations…”

We feel this, Smith believes, because we naturally sympathize with others (if he were writing today, he would surely invoke “mirror neurons”). And the more pleasant our thoughts about individuals or groups are, the more we tend to sympathize with them. The fact that the lifestyles of the rich and famous “seem almost the abstract idea of a perfect and happy state” leads us to “pity…that anything should spoil and corrupt so agreeable a situation! We could even wish them immortal…”

The second reason applies to the hard-working rich, the type of person who

“devotes himself forever to the pursuit of wealth and greatness….With the most unrelenting industry he labors night and day….serves those whom he hates, and is obsequious to those whom he despises….[I]n the last dregs of life, his body wasted with toil and diseases, his mind galled and ruffled by the memory of a thousand injuries and disappointments….he begins at last to find that wealth and greatness are mere trinkets of frivolous utility….Power and riches….keep off the summer shower, not the winter storm, but leave him always as much, and sometimes more exposed than before, to anxiety, to fear, and to sorrow; to diseases, to danger, and to death…”

In short, on the one hand, we don’t wish to disrupt the perfect felicity of the lifestyles of the rich and famous; on the other hand, we don’t wish to add to the burdens of those who have spent their most precious possession – their time and energy – pursuing baubles. These two arguments are not consistent, but that does not matter. They both have a purchase on our thinking.

Unlike today’s public-finance economists, Smith understood that we are not rational utilitarian calculators. Indeed, that is why we have collectively done a very bad job so far in dealing with the enormous rise in inequality between the industrial middle class and the plutocratic superrich that we have witnessed in the last generation.

U.S. foreign policy is most successful when it projects conservative values of limited government, economic opportunity and respect for democracy and human dignity. Such values should guide the U.S. commitment to global development as world leaders, including Secretary of State Hillary Rodham Clinton, complete the fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, which began Tuesday in Busan, South Korea.

While much of the delegates’ focus is on the progress made in implementing the Paris Declaration on Aid Effectiveness, which concerns the local ownership of and accountability for overseas development assistance, this year’s forum should look beyond the old debate on traditional aid tools and donor funding commitments. The growing role of private investment and trade must be a central part of the forum’s agenda if it is to remain relevant and drive real, sustainable results toward reducing global poverty.

It is fitting that Korea plays host to this conference, as this country more than any other demonstrates how strategic aid investments can produce remarkable returns.

Following the Korean War, South Korea was poorer than two-thirds of sub-Saharan Africa. The United States made a strategic decision to invest in Korea’s infrastructure, education, health and agricultural programs. In addition, the U.S. trained thousands of Korean business leaders and government officials who helped guide the country’s industrialization through an aggressive export strategy.

Our investment paid impressive dividends. In 50 years, Korean literacy jumped from 13 percent to 99 percent, life expectancy from 54 to 79 years, and annual gross domestic product per capita from $152 to $17,078. Today, South Korea is one of our strongest military and political allies, as well as our seventh-largest trading partner, bringing in nearly $39 billion in U.S. exports annually.

The “Korean Miracle” was not an accident. The Korean government complemented U.S. assistance with a commitment to democratic governance, open markets and rule of law, creating an enabling environment for foreign direct investment and economic growth. Korea’s example should guide delegates at Busan to look beyond one-way aid flows. The lesson from Korea’s economic growth is to focus greater attention on how to better mobilize private capital to serve the needs of developing economies.

In areas of the world where the private sector is absent or weak, foreign assistance always will respond to the needs of the most desperate and vulnerable citizens. However, overseas development assistance should be viewed increasingly as a catalyst for private-sector investment and growth, not an end in itself. During President George W. Bush’s tenure in the White House, a revolution in U.S. foreign assistance was started, seen most clearly through the creation of the Millennium Challenge Corporation. Programs such as this recognize that aid can never be the primary driver for growth, but that aid can play a key role in creating the conditions that lead to economic growth by rewarding good governance and investing in critical infrastructure.

The international delegates at Busan must also recognize that the composition of global capital flows has changed dramatically in the past 40 years. While development assistance accounted for roughly 70 percent of all resources flowing to developing nations several decades ago, today 87 percent of the resources flowing into the developing world come from private sources. Therefore, aid programs must be designed with a much clearer intent to steer and to leverage these private capital flows, which are the primary driving force for growth in the developing world.

International trade, finance and investment policies, which for too long have been disconnected from development, should suffuse Busan’s development discourse. Today’s fastest-growing markets are in the developing world, which now accounts for half of U.S. exports and support 1 in 5 jobs in the United States. The engine of this growth is a growing consumer class in Asia, Africa and Latin America that is eager to purchase American goods and services.

Global economic competition in these emerging markets is fierce, and major U.S. corporations anticipate that the majority of their growth in the next decade will be driven by consumers outside of the United States. Therefore, a critical objective of U.S. aid efforts must be to develop improved finance and investment tools to support the greater entry of American businesses into burgeoning markets in the developing world. The calculation is quite simple: Today’s development investments secure tomorrow’s trading partners and market access, which will create expanded growth and jobs here at home.

The ongoing economic crisis and the persistent deficits of the United States have increasingly called into question the dollar’s role as the world’s anchor currency. Recent moves to internationalize China’s renminbi have led to anticipation of a looming shift in the global monetary system. Many prominent economists, including the members of a United Nations panel headed by the Nobel laureate economist Joseph Stiglitz, are recommending a “Global Reserve System” to replace the dollar’s hegemony. But the long history of global anchor currencies suggests that the dollar’s days on top may be far from over.

In ancient times, India ran a large trade surplus with the Roman empire. As Pliny wrote in the first century: “Not a year passed in which India did not take 50 million sesterces away from Rome.”  That trade imbalance implied a continuous drain on gold and silver coin, causing shortages of these metals in Rome. In modern terms, the Romans faced a monetary squeeze.

Rome responded by reducing the gold/silver content (the ancient equivalent of monetization), which led to sustained inflation in the empire. But the frequent discovery of Roman coins in India suggests that Roman coinage continued to be accepted internationally long after it must have been obvious that its gold or silver content had fallen.

In the sixteenth century, Spain emerged as a superpower following its conquest of South America. Between 1501 and 1600, 17 million kilograms of pure silver and 181,000 kilograms of pure gold flowed from the Americas to Spain, which spent the money on wars in the Netherlands and elsewhere. This increase in liquidity caused both an economic boom and inflation across Europe.

Despite this wealth, Spain became increasingly indebted, eventually defaulting three times – in 1607, 1627, and 1649 – and heading into sharp geopolitical decline. Yet Spanish silver coins (known as “pieces of eight” or Spanish dollars) remained the main currency used in world trade right up to the American Revolutionary War. In fact, Spanish coin remained legal tender in the US until 1857 – long after Spain itself had ceased to be a major power.

By the middle of the nineteenth century, the world was functioning on a bi-metal system based on gold and silver. But, following the British example, most major countries had shifted to a gold standard by the 1870’s.

The Bank of England stood ready to convert a pound sterling into an ounce of (11/122 fine) gold on demand. That system was disrupted by World War I, but Britain went back to a gold peg in 1925. As the Great Depression took root, however, the Bank of England was forced to choose between providing liquidity to banks and honoring the gold peg. It opted for the former in 1931.

Yet pound sterling continued to be a major world currency until well after World War II. Even as late as 1950 – more than a half-century after the US had replaced Britain as the world’s largest industrial power – 55% of foreign-exchange reserves were held in sterling, and many countries continued to peg their currencies to it.

Three things should be clear from this history. First, a global monetary system based on precious metals does not resolve the fundamental imbalances of a global economic system. Second, precious metals do not resolve the problem of inflation. And, finally, the anchor currency and the underlying eco-system of world trade often outlive the geopolitical decline of the anchor country by decades.

A new economic order was established after World War II, with the US as the anchor country. The Bretton Woods system linked the US dollar to gold at $35 per ounce, with other currencies linked to the dollar (though occasionally allowed to make adjustments).

The flaw in the system was that it underpinned global economic expansion for only as long as the US was willing to provide dollars by running up deficits – the same deficits that would eventually undermine America’s ability to maintain the $35/ounce gold price. In 1961, the US responded by creating the London Gold Pool, which obliged other countries to reimburse the US for half of its gold losses. But this arrangement quickly bred discontent, with France leaving the Gold Pool in 1967. The Bretton Woods system collapsed four years later.

Or did it? Despite the problems of the 1970’s, the dollar remained the world’s dominant currency, with successive generations of Asian countries pegging their exchange rates to it. As with the Bretton Woods system, a peripheral economy (for example, China) could grow very rapidly even as the anchor economy (the US) enjoyed cheap financing. China’s relative rise did not diminish the dollar’s role – and may even have enhanced it. Indeed, like the Japanese during their period of rapid growth, the Chinese have, until recently, resisted internationalization of the renminbi.

So, are we entering a post-dollar world? Despite all of the pain caused by the Great Recession, there is no sign that the world is forsaking the greenback. Investors remain willing to finance the US at rock-bottom interest rates, and the nominal trade-weighted index of the dollar has not collapsed.

Even if China replaces the US as the world’s largest economy within a decade, an anchor currency can be more resilient than the economic and geopolitical dominance of its country of origin. That is why the dollar will most likely remain the dominant global currency long after the US has been surpassed.

For the second time in three years, global economic recovery is at risk. In 2008, it was all about the subprime crisis made in America. Today, it is the sovereign-debt crisis made in Europe. The alarm bells should be ringing loud and clear across Asia – an export-led region that cannot afford to ignore repeated shocks to its two largest sources of external demand.

Indeed, both of these shocks will have long-lasting repercussions. In the United States, the American consumer (who still accounts for 71% of US GDP) remains in the wrenching throes of a Japanese-like balance-sheet recession. In the 15 quarters since the beginning of 2008, real consumer spending has increased at an anemic 0.4% average annual rate.

Never before has America, the world’s biggest consumer, been so weak for so long. Until US households make greater progress in reducing excessive debt loads and rebuilding personal savings – a process that could take many more years if it continues at its recent snail-like pace – a balance-sheet-constrained US economy will remain hobbled by exceedingly slow growth.

A comparable outcome is likely in Europe. Even under the now seemingly heroic assumption that the eurozone will survive, the outlook for the European economy is bleak. The crisis-torn peripheral economies – Greece, Ireland, Portugal, Italy, and even Spain – are already in recession. And economic growth is threatened in the once-solid core of Germany and France, with leading indicators – especially sharply declining German orders data – flashing ominous signs of incipient weakness.

Moreover, with fiscal austerity likely to restrain aggregate demand in the years ahead, and with capital-short banks likely to curtail lending – a serious problem for Europe’s bank-centric system of credit intermediation – a pan-European recession seems inevitable. The European Commission recently slashed its 2012 GDP growth forecast to 0.5% – teetering on the brink of outright recession. The risks of further cuts to the official outlook are high and rising.

It is difficult to see how Asia can remain an oasis of prosperity in such a tough global climate. Yet denial is deep, and momentum is seductive. After all, Asia has been on such a roll in recent years that far too many believe that the region can shrug off almost anything that the rest of the world dishes out.

If only it were that easy. If anything, Asia’s vulnerability to external shocks has intensified. On the eve of the Great Recession of 2008-2009, exports had soared to a record 44% of combined GDP for Asia’s emerging markets – fully ten percentage points higher than the export share prevailing during Asia’s own crisis in 1997-1998. So, while post-crisis Asia focused in the 2000’s on repairing the financial vulnerabilities that had wreaked such havoc – namely, by amassing huge foreign-exchange reserves, turning current-account deficits into surpluses, and reducing its outsize exposure to short-term capital inflows – it failed to rebalance its economy’s macro structure. In fact, Asia became more reliant on exports and external demand for economic growth.

As a result, when the shock of 2008-2009 hit, every economy in the region either experienced a sharp slowdown or fell into outright recession. A similar outcome cannot be ruled out in the months ahead. After tumbling sharply in 2008-2009, the export share of emerging Asia is back up to its earlier high of around 44% of GDP – leaving the region just as exposed to an external-demand shock today as it was heading into the subprime crisis three years ago.

China – long the engine of the all-powerful Asian growth machine – typifies Asia’s potential vulnerability to such shocks from the developed economies. Indeed, Europe and the US, combined, accounted for fully 38% of total Chinese exports in 2010 – easily its two largest foreign markets.

The recent data leave little doubt that Asia is now starting to feel the impact of the latest global shock. As was the case three years ago, China is leading the way, with annual export growth plummeting in October 2011, to 16%, from 31% in October 2010 – and likely to slow further in coming months.

In Hong Kong, exports actually contracted by 3% in September – the first year-on-year decline in 23 months. Similar trends are evident in sharply decelerating exports in Korea and Taiwan. Even in India – long thought to be among Asia’s most shock-resistant economies – annual export growth plunged from 44% in August 2011 to just 11% in October.

As was true three years ago, many hope for an Asian “decoupling” – that this high-flying region will be immune to global shocks. But, with GDP growth now slowing across Asia, that hope appears to be wishful thinking.

The good news is that a powerful investment-led impetus should partly offset declining export growth and allow Asia’s landing to be soft rather than hard. All bets would be off, however, in the event of a eurozone breakup and a full-blown European implosion.

This is Asia’s second wake-up call in three years, and this time the region needs to take the warning seriously. With the US, and now Europe, facing long roads to recovery, Asia’s emerging economies can no longer afford to count on solid growth in external demand from the advanced countries to sustain economic development. Unless they want to settle for slower growth, lagging labor absorption, and heightened risk of social instability, they must move aggressively to shift focus to the region’s own 3.5 billion consumers. The need for a consumer-led Asian rebalancing has never been greater.

“¿Sientes como chorrea la riqueza?” preguntan con ironía los manifestantes que ocupan Wall Street y partes de los distritos financieros de Londres a San Francisco. No son los únicos que están preocupados. La desigualdad de ingresos es un tema candente, tanto en los campamentos de protesta desperdigados por los Estados Unidos como también entre los manifestantes que han salido a las calles de Taipei, Tel Aviv, El Cairo, Atenas, Madrid, Santiago y otros lugares.

En casi todos los países, incluso en China, la desigualdad ha llegado a un punto tal que es imperioso reducirla. En esto coinciden los manifestantes, los expertos y los políticos de centroizquierda (es casi lo único en lo que están de acuerdo). Pero el debate sobre las causas de la desigualdad es complejo, a menudo caótico; y en cuanto al modo de resolver el problema, puede ser más complejo aún.

En los países ricos del norte globalizado, la brecha creciente entre los ricos y los pobres tiene sus orígenes en el cambio tecnológico, en la globalización y las fechorías de la banca de inversión. En los países no tan ricos del sur, la desigualdad es en gran medida consecuencia de un problema más tradicional: la falta de oportunidades de empleo para los pobres.

En un libro que saldrá publicado en breve, Cristóbal Huneeus (economista de la Universidad de Chile) y yo examinamos las raíces de la desigualdad en Chile y otras partes de América Latina y extraemos de ese examen tres recomendaciones de política: empleo, empleo, empleo. A lo largo del último cuarto de siglo, Chile supo consolidar la democracia, triplicar el ingreso per cápita y alcanzar los niveles de vida más altos de América Latina, incluyendo una cobertura casi universal en salud, educación y pensiones para la vejez. Sin embargo, la brecha entre los ingresos laborales de ricos y los pobres apenas se ha movido.

En Chile (y en otros países), el debate sobre la desigualdad suele girar en torno de cuánto dinero ganan quienes trabajan. Según las encuestas nacionales de hogares, un trabajador chileno que cobra el salario mínimo se lleva a casa 300 dólares por mes, mientras que un profesional en el 10% superior de la escala de ingresos suele obtener unos 2.400 dólares por mes. Pero esta diferencia de ocho veces es apenas la punta del iceberg de la desigualdad.

Porque resulta, además, que el trabajador pobre vive en un hogar donde, en promedio, sólo 0,5 personas tienen empleo; es decir, harían falta dos familias para asegurar una fuente de ingresos constante. Por el contrario, en el hogar del profesional más pudiente, el promedio de personas empleadas es cercana a dos.

Si a esto le sumamos algunas otras diferencias (la principal: las familias pobres tienen más hijos), el resultado será que el 10% más rico de los hogares gana en realidad 78 veces más (per cápita) que los del extremo inferior. Estas cifras explican por qué en las escalas internacionales de desigualdad Chile aparece siempre bastante arriba, a pesar de los logros alcanzados en otros ámbitos.

Dicho de otro modo: no sólo los salarios están mal distribuidos, sino también las oportunidades de empleo. Combínense ambos problemas y el resultado es una disparidad de ingresos de entre las mayores del mundo. Y no vaya a pensarse que Chile es un ejemplo aislado. Sudáfrica, otro país que se enorgullece por su ejemplar transición a la democracia, padece el mismo problema (aunque en su caso es aún peor). En América Latina, países como Colombia y Brasil (entre otros), también enfrentan una combinación similar: bajas tasas de empleo y altos niveles de desigualdad.

Las víctimas principales de este estado de cosas son las mujeres y los jóvenes, cuyos índices de desempleo son mucho peores que los de la población general. En muchas  familias pobres de Chile y otras partes de América Latina, la jefa de hogar es una mujer, que sólo cuenta con educación primaria y que tiene hijos pequeños, acceso limitado a servicios de guardería y pocas oportunidades laborales.

Éstas son las malas noticias (y son realmente malas). La buena noticia es que para reducir la desigualdad la única vía nos es modificar toda la estructura de salarios: podrían obtenerse resultados en menos tiempo creando puestos de trabajo para los pobres. En el mediano plazo, los salarios dependen de la productividad, que a su vez está íntimamente vinculada con la oferta de educación y formación de mejor calidad para los pobres (algo que sin duda los países latinoamericanos necesitan). Sin ir más lejos, Chile estuvo inmerso gran parte del año pasado en un acalorado debate nacional sobre cómo mejorar la educación.

Pero aunque las reformas educativas son urgentes e importantes, para ver sus frutos hay que tener mucha paciencia. Por contraste, las modificaciones en el empleo pueden reducir la desigualdad en menos tiempo (y el efecto puede ser grande). En nuestro libro mostramos que si los hogares pobres de Chile tuvieran el mismo acceso a puestos de trabajo que la clase media, la brecha entre ricos y pobres se reduciría a la mitad.

¿Cuál es, entonces, el mejor modo de crear oportunidades de empleo para los pobres? Una economía en crecimiento con poca inflación y financieramente estable es una condición necesaria, pero no suficiente. Se necesita también un marco laboral que favorezca la creación de empleos y lo que los países escandinavos denominan “políticas activas de mercado laboral”: una combinación de información, capacitación y subsidios que ayude a superar las fallas de mercado –a menudo muy profundas— que perjudican a los trabajadores jóvenes con habilidades y experiencia limitadas.

El problema es más político que económico. En la mayoría de los países latinoamericanos existe una larga tradición de desconfianza mutua entre los empresarios y los trabajadores; es sumamente difícil lograr que ambas partes consensúen cambios a las reglas del mercado laboral. Además, como muchos jóvenes desempleados no están registrados para votar, darles acceso al empleo está lejos de ser una de las prioridades del establishment político.

Igualdad a través del empleo: aunque como eslogan tal vez no sea el más llamativo, no sería mala idea pintarlo en banderas y lienzos y hacerlo ondear en las plazas y los parques ocupados, desde Wall Street hasta los más lejanos confines del planeta.

Tema: Está tomando forma un nuevo orden económico internacional en el que los conflictos económicos internacionales serán más habituales.[1]

Resumen: Los países emergentes continúan creciendo mientras los avanzados se han estancado. Esta salida de la recesión a dos velocidades está acelerando el proceso de convergencia en la economía mundial al tiempo que reconfigura los flujos comerciales y financieros, abre la puerta a nuevos conflictos económicos y redefine el equilibrio de poder político a nivel global.

Análisis

Introducción

La recuperación económica mundial se está produciendo a dos velocidades. Mientras que la mayoría de las potencias emergentes han capeado la crisis con gran destreza y ya en 2010 habían vuelto a los elevados niveles de crecimiento que registraron antes de la quiebra de Lehman Brothers, los países avanzados han vuelto a frenar su crecimiento y el futuro les depara altos niveles de desempleo y deuda en un contexto de envejecimiento de la población. Esto supone que, a la salida de la Gran Recesión (2008-2010), además de darse un desacoplamiento entre países avanzados y emergentes, se ha producido una importante aceleración de la tasa a la que los países emergentes están aumentando su peso relativo en la economía mundial en relación a EEUU, la UE y Japón.

Por lo tanto, aunque el cambio en el equilibrio de poder económico internacional a favor de los países de Asia (y en menor medida de América Latina) lleva varias décadas en marcha, la Gran Recesión los ha acelerado, haciendo que en los países ricos –especialmente la UE– experimenten un declive económico relativo mayor del que se esperaba hace tan solo un lustro. Aunque los países avanzados seguirán manteniendo niveles de renta per cápita superiores a los de la mayoría de las potencias emergentes y su peso en las instituciones económicas internacionales (y en los campos militar y tecnológico) seguirá siendo dominante, irán perdiendo presencia, poder e influencia en el mundo y serán más vulnerables que en al pasado ante las nuevas amenazas generadas por la globalización económica.

Este ARI estudia estas tendencias. Tras exponer brevemente por qué las perspectivas de crecimiento son mucho mejores en los países emergentes que en los avanzados se explica en qué ámbitos pueden aparecer conflictos derivados del nuevo orden económico internacional que se está fraguando.

Una recuperación asimétrica

Cuando en 2007 aparecieron los primeros síntomas de la crisis subprime en EEUU se planteó que tal vez los países emergentes, que tenían sólidos fundamentos macroeconómicos y sistemas financieros saneados, serían capaces de desacoplarse de los países ricos y no verse arrastrados por la crisis. Este desacoplamiento no se produjo porque la crisis llegó a las economías emergentes tanto por el canal financiero (en forma de reducción del acceso al crédito) como por el comercial (en forma de una menor demanda por parte de los países avanzados para sus exportaciones). Sin embargo, sí que parece haberse producido un desacoplamiento a la salida de la crisis, con crecimientos muy sólidos en prácticamente todos los países emergentes y mucho más lentos en los países avanzados (EEUU y Japón mantienen el crecimiento gracias a los estímulos monetarios y fiscales mientras que la UE se está desacelerando a gran velocidad debido a los ajustes fiscales y la crisis del euro).

Aunque los países emergentes se verán afectados por el frenazo de crecimiento en los países ricos (esta vez, sobre todo a través del canal exportador), sus principales retos pasan por no morir de éxito, por lo que están intentando tomar medidas para evitar el recalentamiento de sus economías, frenar la inflación y controlar las enormes entradas de capital que están recibiendo y que podrían generar burbujas en los mercados de activos y mayores apreciaciones en sus tipos de cambio. Esto contrasta con la situación de los países avanzados, que están ahogados por la deuda (pública y externa), no logran rebajar sus tasas de desempleo y se enfrentan a una década de duro desapalancamiento, escasa inversión y debilidad de sus sistemas financieros en un momento en el que deberían haber tenido unas cuentas públicas saneadas para hacer frente al envejecimiento de sus poblaciones.

Por lo tanto, por primera vez en la historia reciente estamos asistiendo a una situación en la que los fundamentos macroeconómicos y las expectativas en los países emergentes son positivos mientras que la mayoría de los países avanzados necesitan subsidiar su crecimiento para no caer en una nueva recesión. El hecho de que por primera vez la mayoría de los préstamos del FMI se concentren en la zona euro (y no en las economías emergentes), que se sucedan las compras de empresas occidentales por parte de los fondos soberanos de los países emergentes, que China acumule ya más de 3.2 billones de dólares en reservas (y sus adquisiciones de títulos de deuda supongan la salvación de los países europeos con problemas para colocar sus nuevas emisiones) o que cada vez más avances tecnológicos procedan de empresas multinacionales con origen en los países emergentes dan buena muestra de cómo está cambiando el panorama económico internacional.

Aunque China, la India y Brasil son los países que se llevar la mayoría de los titulares, la reconfiguración de pesos y fuerzas en la economía mundial va mucho más allá de los BRIC (Brasil, Rusia, la India y China). De hecho, este acrónimo creado en 2003 por el banco de inversión Goldman Sachs ya se ha quedado corto y obsoleto para dar cuenta del cambio en la geografía de la producción mundial y los cambios en los flujos comerciales y financieros que estamos presenciando. Hoy, hay muchos otros países emergentes (más pequeños) que están cobrando cada vez más fuerza. Así, el Servicio de Estudios del BBVA creó en 2010 el concepto EAGLES (Emerging And Growth-Leading Economies), que tiene la intención de sustituir al término BRIC. Los EAGLES son las economías emergentes que lideran el crecimiento global, tienen unos fundamentos económicos suficientemente sólidos como para hacer frente a posibles adversidades y se están convirtiendo en el principal destino de inversión a la salida de la crisis, demostrando que la tradicional dicotomía entre países ricos “estables” y emergentes “inestables” se está rompiendo.[2] Los EAGLES son un grupo no cerrado integrado por los cuatro BRICs y otras seis economías que en este momento el BBVA considera igualmente relevantes. Se trata de Corea, Indonesia, México, Turquía y Taiwán y Egipto, que podría quedar fuera de esta categoría si en el futuro no consigue mantener su crecimiento debido a los efectos de su transición política. Además, el grupo se irá modificando según cambien las perspectivas de crecimiento, pudiendo dar entrada a medio plazo a países como Tailandia, Sudáfrica, Nigeria, Argentina, Colombia, Malasia o Vietnam.

Lo que todos los EAGLES tienen en común es que se espera que cada uno de ellos contribuya más al crecimiento global en los próximos 10 años que la media de los países desarrollados grandes. Además, el BBVA estima que mientras que en la próxima década los países del G7 sólo serán responsables del 14% del crecimiento mundial, los EAGLES aportarán más del 50% (y China y la India aportarán la mayoría de este crecimiento).

Las predicciones que miran incluso más adelante (y que bien podrían equivocarse) no dudan en afirmar que, en términos económicos, el siglo XXI estará dominado por Asia (el XIX lo estuvo por Europa y el XX por EEUU y Europa) y que, aunque a la altura de 2040 EEUU y la UE todavía tendrán cierto peso en la economía mundial, se habrá consolidado un orden económico multi polar que, a medida que avance el siglo, tenderá a un declive relativo de la zona del Atlántico Norte y a un auge de la región de Asia-Pacífico. Así, distintos informes publicados en el último año coinciden en señalar que hacia 2050 Asia será responsable del 50% de la producción mundial, Europa y América del Norte de un 15% cada una y América Latina y África de algo menos del 10% cada una. La economía china doblará en tamaño a la de EEUU y Alemania será la única economía europea entre las 10 más grandes, por detrás de la India, Brasil, Indonesia, Rusia, Japón y tal vez Nigeria o México. Además, la India se convertirá en la mayor economía del mundo antes de 2050, ya que su población envejecerá más despacio que la de China.

En definitiva, en las próximas décadas asistiremos a la aceleración del proceso que el profesor de ESADE Javier Santiso ha bautizado como el rebalanceo de la economía mundial, que hará que la clásica distinción entre centro y periferia planteada por los teóricos del estructuralismo hace medio siglo quede cada vez más obsoleta. En particular, Asia volverá a recuperar lentamente el enorme peso económico que tuvo hasta la revolución industrial y no puede descartarse que muchos países de América Latina también ganen peso relativo en detrimento de los países europeos, Japón y, en menor medida, EEUU.

Esto no significa que los países avanzados vayan a perder su poder e influencia internacionales a corto plazo. De hecho, como demuestra el Índice Elcano de Presencia Global del Real Instituto Elcano (IEPG), la presencia de los países emergentes, aunque destacada en el ámbito económico, es todavía limitada en los campos militar, científico, social y cultural. EEUU sigue teniendo una enorme presencia global y los países europeos (que sumados superarían a EEUU en muchos de los indicadores si se tomaran como un todo) también mantienen posiciones destacadas en prácticamente todos los ámbitos. Como indican Ignacio Molina e Iliana Olivie, autores del estudio, resulta llamativo que países como la India y Brasil aparezcan con menor presencia global que pequeños Estados europeos como Bélgica y los Países Bajos. Ello se explica porque se trata de países grandes, en términos relativos, pero que todavía no cuentan con una gran vocación de presencia exterior.[3] En todo caso, lo que sí subraya el IEPG es que la tendencia apunta claramente hacia un aumento de la presencia de los principales países emergentes en todas las aéreas.

Este cambio en el equilibrio de poder en la economía mundial, que Fareed Zakaria ha bautizado como The Rise of the Rest, ya estaba generando conflictos en las relaciones económicas internacionales, así como en las instituciones de gobernanza global. Lo esperable es que, durante los próximos años, estos conflictos se intensifiquen. Por una parte, el rápido crecimiento de los países emergentes les llevará a demandar mayores cuotas de poder en las instituciones internacionales. Por otra, los problemas de endeudamiento y desempleo de los países avanzados podrían dar lugar a un auge de las presiones proteccionistas, que podría generar conflictos. Además, como los países avanzados tendrán que concentrarse en sus problemas económicos internos, es posible que dejen cierto vació de poder y liderazgo en la escena internacional que Brasil, China y la India podrían intentar aprovechar. A continuación señalamos los principales puntos de fricción que podrían aparecer en el campo económico, que requerirán mejorar la cooperación económica internacional para evitar conflictos.

Pugna por los recursos energéticos y alimentarios

El espectacular crecimiento de los países emergentes está poniendo cada vez más presión sobre los recursos energéticos y alimentarios mundiales. Buena prueba de ello son los elevados precios de las materias primas en los últimos años, entre los que además destacan las crisis alimentarias de 2008 y 2011, que vinieron precedidas por súbitas subidas en los precios del petróleo (en 2008 el crudo se acercó a los 150 dólares por barril y más recientemente, con las revueltas en los países árabes, a superado los 120 dólares). Más allá de los debates sobre cómo la especulación en los mercados de futuros o la política monetaria expansiva estadounidense inflan artificialmente estos precios, el principal factor estructural que explica su tendencia al alza es la creciente demanda procedente de los países emergentes (piénsese que el aumento de la renta per cápita se correlaciona casi a la perfección con el aumento del consumo de proteínas y electricidad). De hecho, la agencia internacional de la energía estima que hasta 2030 tan solo China y la India serán responsables de más del 40% del aumento de la demanda energética mundial, por lo que la actual tendencia no hará más que acelerarse.

En este contexto, será necesario aumentar la oferta de todo tipo de commodities para evitar que los precios continúen subiendo, lo que requiere ingentes inversiones que, por el momento, no se están produciendo al ritmo necesario. Pero más allá de que los países avanzados tengan que empezar a pensar en el fin del petróleo y los alimentos baratos, no es descartable que se produzcan conflictos geopolíticos por el acceso a los recursos. Las recientes inversiones chinas en África en los sectores primarios demuestran que el gigante asiático no confía suficientemente en los mecanismos de mercado para abastecerse. Además, algunos países del Golfo Pérsico han empezado a hacer inversiones similares para asegurarse el acceso al agua. En definitiva, dado que no hay una institución de gobernanza energética global capaz de mediar en posibles conflictos o asegurar la inversión a largo plazo para permitir saciar la demanda, podemos enfrentarnos a crecientes tensiones entre las grandes potencias.

Proteccionismo financiero ante las inversiones de algunos países emergentes

Una de las tendencias macroeconómicas más fuertes de los últimos años ha sido la acumulación de ahorro en los países emergentes, tanto por sus superávit por cuenta corriente como por las rentas derivados de las exportaciones de petróleo. Así, tanto los fondos de riqueza soberana, que ya manejan más de 3 billones de dólares, como las empresas públicas de los países emergentes han adquirido compañías occidentales o incluso deuda pública de los países ricos en grandes cantidades. Dichas adquisiciones de deuda no se limitan a la financiación del déficit por cuenta corriente estadounidense por parte de China. Ante la crisis de deuda soberana de los países de la periferia de la zona euro, China se está convirtiendo también en uno de los principales banqueros de muchos países europeos en problemas, incluida España.

Estas inversiones representan un balón de oxígeno para hacer frente tanto a la crisis fiscal de los Estados como a las dificultades de muchas empresas. Sin embargo, también se perciben como una amenaza porque dejan en manos de países que en ocasiones no son aliados tanto algunos sectores considerados estratégicos como la financiación del sector público. Así, las adquisiciones de deuda pública europea por parte de China suponen que el gigante asiático tendrá un instrumento de presión política para lograr ciertos objetivos de la UE (por ejemplo en el área de derechos humanos), al tiempo que permiten fortalecer el euro y, por tanto, minar la hegemonía del dólar en el sistema monetario internacional y aumentar la competitividad-precio de las exportaciones chinas hacia la zona euro, algo que a China también le interesa.

En el campo de las adquisiciones empresariales, ya se han producido varios episodios en los que los países avanzados bloqueaban (o ponían importantes restricciones a) la entrada de capital extranjero en sus empresas. El caso más sonado fue el bloqueo por parte del Congreso de EEUU de la adquisición de la empresa estadounidense Unocal por parte de la empresa pública china CNOOC en 2005, pero ha habido muchos otros casos donde EEUU, Alemania, Japón, Francia, Italia o Australia, entre otros, han obstaculizado la entrada de capital de los países emergentes en sus empresas alegando razones de seguridad nacional. China y Rusia, donde la entrada de inversión extranjera está mucho más restringida, también han bloqueado adquisiciones de empresas europeas y estadounidenses dentro de su territorio, lo que demuestra que este nuevo nacionalismo financiero es de doble dirección.

En los próximos años es de esperar que los fondos de riqueza soberana aumenten su volumen de activos por los altos precios del petróleo, así como que muchas multinacionales de los países emergentes tengan cada vez más músculo financiero. Por lo tanto, los intentos de compra “sur-norte” continuarán, sobre todo teniendo en cuenta que los países avanzados necesitarán crecientes cantidades de ahorro externo para financiar las emisiones de deuda pública conforme mayores porciones de sus poblaciones alcancen la edad de jubilación. Esta situación puede dar lugar a cada vez más tensiones, derivando incluso en un cambio de la regulación en los países avanzados para lograr un mayor control de las inversiones extranjeras en su territorio, lo que podría poner en peligro las bases de la globalización financiera.

Si el establecimiento de códigos de conducta comunes a nivel global se generaliza y es aceptado por todas las partes, no debería haber mayores problemas, pero nada asegura que esto vaya a suceder. De hecho, por el momento, existen acuerdos no vinculantes sobre cómo deben comportarse los fondos soberanos suscritos por los países de la OCDE, así como recomendaciones por parte de la UE y el FMI. Todas ellas intentan que las inversiones sean transparentes y no estén guiadas por criterios geopolíticos sino económicos y de rentabilidad a largo plazo. Pero, a día de hoy, nada puede asegurar su cumplimiento, y las tensiones volverán a aparecer cuando países “incómodos” intenten realizar adquisiciones en sectores considerados estratégicos en los países avanzados.

Abandono de la Ronda de Doha y auge de un nuevo regionalismo comercial

La Ronda de Doha de liberalización comercial de la OMC lleva estancada desde 2008. La imposibilidad de llegar a un intercambio de concesiones aceptable para los países avanzados y emergentes en las áreas de agricultura, manufacturas y servicios, unida al hecho de que el comercio internacional continua fluyendo tras superar el bache de 2009 generado por la recesión, han hecho que cerrar la ronda no sea una prioridad política. A los exportadores agrícolas no les urge lograr una mayor apertura de mercados para sus exportaciones porque los precios de las materias primas están altos, las grandes empresas multinacionales parecen cómodas con el actual nivel de liberalización comercial y los políticos en los países avanzados (sobre todo EEUU) están centrados en sus problemas económicos internos, por lo que han dejado de ejercer el liderazgo que sería necesario para avanzar. Pero más allá de estos factores coyunturales, lo que subyace a la crisis de Organización Mundial del Comercio (OMC) es el choque entre los países avanzados y los emergentes. Los primeros estaban acostumbrados hasta hace bien poco a dictar entre ellos las reglas del comercio mundial y ven con frustración que esto haya dejado de ser así. Los segundos, encabezados por Brasil, la India y China, consideran que el sistema comercial multilateral tal y como opera hoy no les permite extraer suficientes ganancias del comercio. Hasta la fecha, ha sido imposible superar este diálogo de sordos.

En este contexto, si no se logra un acuerdo de mínimos en la VIII cumbre interministerial de la OMC de diciembre de 2011 en Ginebra, las citas electorales en las principales potencias podrían posponer el avance de la ronda indefinidamente, o incluso llevar a abandonarla. Esto supondría un duro golpe para la credibilidad y legitimidad de la OMC, que, por el momento, es el foro que ha funcionado mejor para dar salida a los numerosos conflictos que se han producido entre los países avanzados y los emergentes en materia económica. Una OMC sin liderazgo podría acelerar todavía más los acuerdos comerciales bilaterales y regionales, llevando incluso a la fragmentación de la economía mundial en bloques rivales. De hecho, las principales potencias comerciales llevan ya varios años promoviendo alternativas de integración regional a la OMC y cerrando acuerdos preferenciales (recientemente la UE y EEUU han firmado sendos acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, así como con otras potencias emergentes; y China está haciendo lo propio en su área de influencia). Además, en la cumbre de la Organización para la Cooperación Económica en Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), el presidente Obama declaró que EEUU era una “potencia del Pacífico” y lideró la creación de un enorme área de libre comercio en la región que incluiría el 40% del comercio mundial. Al mismo tiempo, la UE ha iniciado negociaciones con la India, lo que demuestra que, aunque sigue defendiendo la utilidad de la OMC y la primacía del sistema multilateral, no quiere quedarse atrás en su acceso a los mercados asiáticos.

Si se consolida este nuevo regionalismo, la OMC podría dejar de ser una institución para la cooperación y pasar a ser una para el litigio (a través de su mecanismo de resolución de disputas), dejando de ser un foro multilateral para muchos de los temas que dominarán la agenda comercial del futuro, como la seguridad alimentaria, los temas medioambientales o el comercio de servicios de alto valor añadido.

Reforma del FMI

Por último, y aunque no se trata de un tema nuevo, la reforma de la gobernanza interna del FMI (su sistema de cuotas y votos) se convertirá probablemente en el asunto que mejor refleje la “batalla” a la que está dando lugar el cambio en el equilibrio de poder mundial derivado del auge de las potencias emergentes.

El papel del FMI en los próximos años será muy importante. Desde el estallido de la crisis financiera en 2008, y bajo el liderazgo de Dominique Strauss-Kahn, la institución ha vuelto a ocupar un lugar central en la economía mundial después de años de irrelevancia. Hoy, con Christine Lagarde al frente, es posible que incremente aún más recursos y diversifique sus instrumentos para dar respuesta a la inestabilidad que está generando la crisis de deuda de la zona euro. El FMI también ha recibido el encargo de supervisar el “Marco para el crecimiento sostenible y equilibrado” aprobado por el G-20, así como coordinar la reforma financiera con el Consejo de Estabilidad Financiera. Finalmente, sus renovadas –y para muchos heterodoxas– recomendaciones sobre la utilización de políticas contracíclicas para paliar los efectos de la recesión y el uso de controles de capital en economías emergentes, le están permitiendo recuperar cierto liderazgo intelectual a los ojos de los países que le retiraron su apoyo durante los años 90.

A pesar de estos cambios, la batalla que permanece abierta es la de la reforma de la gobernanza interna de la organización. Esta reforma, que ya se inició en 2006, tiene como objetivo dar más votos y cuotas a los países emergentes en su Consejo de Dirección para reflejar su mayor peso en la economía mundial. La necesidad de avanzar en la misma para mejorar la representatividad del FMI puede ilustrarse con una simple comparación. La suma de los PIB de Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia y Suiza sumados como porcentaje del total mundial es menor que la suma de los PIB de China, la India, Brasil, Corea y México (8,1% contra 11,9% medido a tipos de cambio de mercado y 5,8% contra 20,1% si se mide en Paridad de Poder de Compra). Sin embargo, antes de la reforma de 2006 estos cinco países europeos tenían el 10,4% de los votos del FMI mientras que los cinco grandes emergentes sólo tenían el 8,2%. Y como el crecimiento de las economías emergentes era superior al de las europeas (y tras la Gran Recesión lo está siendo todavía más) esta brecha, que de por sí es difícil de justificar, no hace más que aumentar.

Cada vez que se produce una reforma de votos y cuotas hay ganadores y perdedores porque, al tratarse de un juego de suma cero, el aumento de los votos de un país significa la reducción del los votos de otro. Tras la tímida reforma de 2006-2008, el G-20 dio un paso importante en su cumbre de Seúl en noviembre de 2010. Acordó trasladar un 6% de las cuotas (y por tanto un porcentaje de votos similar) desde los países avanzados a los países en desarrollo. Este ajuste llevará a China desde la sexta a la tercera posición, quedando sólo por detrás de EEUU y Japón en número de votos. Además, en una histórica decisión, los países europeos han acordado ceder definitivamente dos de sus ocho sillas en la Junta Directiva del FMI (sobre un total de 24) a los países emergentes. Los detalles de este acuerdo no se concretarán hasta 2012 y, en todo caso, tras esta fecha, los países emergentes seguirán demandando nuevos cambios, tanto de nuevas reformas de votos como de un cambio en las inclinaciones ideológicas que emanan de las recomendaciones de la institución.

En definitiva, el conflicto dentro del FMI está servido. Aún así, en los últimos años, se han producido cambios graduales que están siendo aceptados (con entusiasmo por algunos y resignación por otros) sin que las duras negociaciones minen la capacidad de acción de la institución.

Conclusión: Los países emergentes han sorteado la crisis mucho mejor que los desarrollados. Esta salida de la crisis a dos velocidades está acelerando el proceso de convergencia entre ricos y emergentes al tiempo que reconfigura los flujos comerciales y financieros a un ritmo sin precedentes en la historia económica reciente.

La reconfiguración del poder económico a nivel global aumentará las probabilidades de que se produzcan conflictos económicos transnacionales. En particular, estas rivalidades geopolíticas podrían traducirse en conflictos tanto dentro instituciones sólidas como el FMI y la OMC, como en los ámbitos energético, alimentario y de las inversiones directas, donde no existe un marco regulatorio firme que pueda servir como foro para negociar situaciones de conflicto.

Por ello, es necesario mejorar y legitimar las instituciones de gobernanza económica global, que son el único marco con el que cuenta la comunidad internacional para gestionar la crecientemente compleja interdependencia económica a la que nos enfrentamos.

Notas:

[1] Partes de este trabajo son extensiones del artículo “Nuevo reparto del poder económico tras la crisis”, publicado en el número 142 de la revista Política Exterior.

[2] Para un completo análisis de cómo el BBVA ha construido metodológicamente el concepto EAGLES, así como sus perspectivas de crecimiento y cambio futuras, véase http://www.bbvaresearch.com/KETD/ketd/esp/nav/eagles.jsp.

[3] Más información sobre el IEPG.