La victoria de Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía durante los últimos 11 años y una figura cada vez más autoritaria y polarizadora, en la primera ronda de las primeras elecciones presidenciales por voto popular del país, celebradas el domingo pasado, constituye un importante punto de inflexión en la vida política de un país que es candidato al ingreso en la Unión Europea desde octubre de 2005.
Nadie esperaba, y mucho menos el arrogante Erdogan, que perdiese ante Ekmeleddin Ihsanoglu, el desconocido ex secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica, que era el candidato conjunto del Partido Popular Republicano, de centro izquierda, y del derechista Partido de Acción Nacionalista (incondicionales de la vieja guardia laica a ultranza). Su partido de raíces islamistas, el AKP (Partido Justicia y Desarrollo), el único partido de carácter nacional, ha otorgado más poder a los turcos piadosos de las zonas rurales del interior y ha ganado las seis últimas elecciones generales y locales y dos referendos. Durante el gobierno del AKP, la renta se ha triplicado y las infraestructuras se han transformado con enormes proyectos: la línea de alta velocidad de 533 kilómetros entre Estambul y Ankara (cuyos trenes fueron construidos por la empresa española CAF) se inauguró en julio.
La elección de Ihsanoglu, especialista en el Islam, de 70 años, para representar a las fuerzas laicas, puso de manifiesto lo mucho que ha cambiado el panorama político en Turquía durante el gobierno del socialmente conservador AKP, que nunca se cansa de intentar controlar hasta el más mínimo detalle de la vida de la gente. En el último arrebato, el viceprimer ministro Bülent Arinc declaró que era indecoroso que las mujeres se rieran alto en público. Este no era un tema para tomarse a broma para Ihsanoglu, que contestó escribiendo en Twitter: «Tenemos que oír las risas felices de las mujeres».
El cargo de presidente (que antes era elegido por el Parlamento) es en gran parte ceremonial. Erdogan tratará de cambiar la Constitución turca para consagrar en ella poderes ejecutivos al estilo estadounidense. Esto le permitiría seguir ignorando el Estado de derecho y la separación de poderes. Esta constitución autoritaria fue redactada en 1982 bajo la tutela del Ejército, después de que organizase un sangriento golpe de Estado. No cabe duda de que necesita cambios en muchos aspectos, especialmente para acatar las normas de la UE que Erdogan incumplió cuando era primer ministro, pero no para dar a Erdogan carta blanca como presidente.
Las autoridades impidieron el acceso a YouTube y a Twitter a principios de este año cuando intentaron acabar con un escándalo de corrupción que salpicó al círculo de allegados de Erdogan. Varios miles de agentes de policía, jueces y fiscales que investigaban los casos de corrupción fueron destituidos o trasladados; la policía reprimió brutalmente las manifestaciones del parque Gezi en Estambul y las de los familiares afligidos de los 300 mineros que murieron en un incendio en una mina de carbón. En su informe más reciente (2013), Reporteros sin Fronteras hizo retroceder a Turquía al puesto 154 entre 180 países en cuanto a libertad de los medios de comunicación (ocupaba el puesto 95 en 2005). La mayoría de los medios son progubernamentales. Erdogan consideraba que la investigación de la corrupción fue organizada por su exaliado convertido en enemigo acérrimo, el clérigo Fethullah Gülen, que reside en EE.UU., cuyos seguidores, conocidos como Hizmet, lograron penetrar la policía y la judicatura. Erdogan permitió de buen grado que Hizmet facilitase su objetivo de debilitar al Ejército al presentar pruebas fabricadas y celebrar un juicio sin las garantías debidas que llevó al encarcelamiento en 2012 de 237 mandos castrenses acusados de planear un golpe. El Tribunal Constitucional puso en libertad a todos los oficiales en junio. El muy detallado relato de Dani Rodrik, yerno del liberado general Dogan, sobre este juicio al estilo estalinista es devastador.
Erdogan, al igual que Vladímir Putin, tiene un concepto mayoritario de la democracia, que se refuerza cada vez que gana unas elecciones. El AKP no ha logrado hasta ahora reformar la Constitución ya que no cuenta con el apoyo de dos tercios de los parlamentarios que necesita para hacerlo. Lo intentará otra vez después de las próximas elecciones generales, previstas para 2015, pero que se podrían adelantar.
El AKP ha propuesto la idea de cambiar la ley electoral para crear unos distritos electorales más reducidos, lo que probablemente le otorgaría más escaños, y para disminuir el umbral del 10% de votos que un partido necesita para lograr escaños en el Parlamento (en España se necesita un 5%). Esto beneficiaría a los partidos pro-kurdos con los que luego podría llegar a un acuerdo para reformar la Constitución.
William Chislett, investigador asociado del Real Instituto Elcano.