Los políticos de profesión se han vuelto muy aburridos, lo que explica la aparición en todas las democracias occidentales de partidos rebeldes como Ciudadanos en España, el Frente Nacional en Francia, el Tea Party en EE.UU. o los independentistas catalanes o escoceses. Hay que entender a los votantes, que se aburren de escuchar la misma cantinela, en la derecha y en la izquierda. La política, desde el momento en que se ha convertido en un espectáculo, exige algo nuevo, pero no solo por razones superficiales. Los viejos programas reciclados sin cesar no aportan soluciones a situaciones difíciles, duraderas, y a veces hereditarias, como el desempleo de los jóvenes sin cualificación o la excesiva dependencia de las ayudas públicas por parte de algunos estratos de la población. Lo mismo sucede con la inmigración, un tema en el que los discursos simétricos y opuestos de la globalización o del nacionalismo no tienen efectos prácticos en nada, ya que los inmigrantes, en definitiva, deciden solos sus movimientos.
Sin embargo, no faltan las ideas, elaboradas y perfeccionadas por los economistas y los sociólogos en las universidades, los laboratorios, las fundaciones y los estudios y las obras publicadas. Pero es como si los políticos no leyesen nada ni consultasen a ningún experto, salvo a sus asesores de marketing y a sus fabricantes de eslóganes trillados. Esto hace que todavía resulte más estimulante una innovación fundamental, que Finlandia se dispone a probar: la renta mínima universal, a la que los economistas llaman a menudo «impuesto negativo sobre la renta». El concepto es antiguo y se atribuye con frecuencia a Milton Friedman, que lo defendió con ardor y talento en la década de 1980. Pero la propuesta ya existía en el mercado de las ideas, de padre desconocido. En el proyecto finlandés que debería llevarse a la práctica este año, cada ciudadano adulto, independientemente de su renta y su situación, recibirá una ayuda del orden de 800 euros. Cada uno será libre de utilizar esta suma como le plazca, teniendo en cuenta que cada persona, pobre o rica, es responsable de su destino y, si dedica su ayuda mensual a comprar vodka, es decisión suya, y el Estado no debería inmiscuirse. Esta ayuda implica, como contrapartida, la eliminación de la mayoría o de todas las ayudas sociales otorgadas hasta ahora por el Estado, según las rentas, y destinadas obligatoriamente a un fin específico, como las ayudas para la vivienda, la escolarización de los hijos, el aislamiento de las casas, etcétera. La supresión de las antiguas ayudas condicionales debería liberar suficientes recursos públicos para financiar la renta garantizada universal, ya que sería un juego financiero de suma cero. La burocracia que gestiona actualmente las ayudas sociales ya no tendría razón de ser, y desaparecería. Ya no sería necesario solicitar ningún tipo de ayuda, ni rellenar un expediente y que el burócrata competente lo examine y decida conceder o no la ayuda al solicitante. La renta garantizada automática debería aflojar la presión de la burocracia pública sobre los ciudadanos, y así invertir un siglo de socialización desde arriba. En la práctica, cada ciudadano deberá rellenar una declaración de impuestos, recibirá automáticamente su ayuda, cualquiera que sea su renta, e incluirá, en su renta imponible, el total de la ayuda. Por tanto, los más humildes que no pagan impuesto de la renta conservarán la ayuda en su totalidad, y los demás devolverán una parte, lo que, de hecho, introduce una cierta progresividad en la ayuda.
Como el diablo se esconde en los detalles, en Finlandia no saben todavía en qué umbral de renta podrá gravarse o no la ayuda universal; todavía no se sabe si esta ayuda sustituirá a todas las ayudas sociales actuales o si se mantendrán algunas como, por ejemplo, las ayudas a los discapacitados.
Resulta excepcional y extraordinario que todos los grandes partidos finlandeses aprueben esta iniciativa, por lo que no es ni de izquierdas ni de derechas. La izquierda puede tranquilizarse describiendo la ayuda generalizada del Estado para todos como una forma arquetípica de socialismo universal. La derecha puede verla como una disminución sin precedentes del control de la burocracia sobre los ciudadanos, una ampliación de la libertad de elección, y una devolución, sin condiciones, a los ciudadanos de una parte de sus impuestos.
El Gobierno finlandés espera que tenga efectos beneficiosos para el empleo y el crecimiento, porque una persona joven, o no tan joven, poco cualificada aceptará de mejor grado un empleo con una remuneración mediocre, sabiendo que además seguirá percibiendo su ayuda universal. Por analogía, el empresario dudará menos a la hora de contratar o de despedir, ya que la ayuda social desempeña el papel de amortiguador social. Como la riqueza nacional depende del número de personas activas, Finlandia espera que el crecimiento aumente. La ayuda podrá, llegado el caso, regular el flujo migratorio en función de si el Gobierno decide o no concederla solo a los ciudadanos y residentes legales. En resumidas cuentas, este proyecto es tan sencillo y apolítico que nos preguntamos por qué nunca se ha llevado a cabo, cuando los economistas alaban el procedimiento desde hace 50 años. Hay que tener en cuenta que la clase política y burocrática teme innovar y, más aún, perder parte de su influencia sobre la sociedad porque el abandono de las ayudas sociales específicas ya no permitirá comprar votos. Si la experiencia finlandesa resulta convincente, toda Europa seguirá su ejemplo, exactamente igual que, a principios de la década de 1980, el monetarismo estadounidense se impuso, atajando la inflación, y que las privatizaciones, inventadas en Gran Bretaña, se universalizaron. Un día no muy lejano, quizá se hablará de un modelo finlandés, lo que hará que la política habitual sea menos aburrida, que el Estado tenga menos peso y que los ciudadanos sean más responsables.
Guy Sorman