En España superamos los cinco millones de parados, una cifra inaceptable derivada de la crisis. Pero también en el problema del desempleo debemos mirar al campo, tanto en el análisis como en las propuestas. En Europa nos encontramos con un despoblamiento de las zonas rurales muy grave, y la agricultura o sector primario hace mucho que dejó de ser la base de la economía. Según el último censo de Eurostat, esta realidad es demasiado evidente: en solo ocho años, la UE ha perdido tres millones de explotaciones. Es decir, aproximadamente cada minuto ha supuesto la desaparición de una unidad agrícola y los puestos de trabajo que eso significa.

Y todo ello fruto de aplicar políticas productivistas que ya es hora de desterrar. La política agraria común (PAC) que ahora se está revisando ha sido responsable de ello al subvencionar durante mucho tiempo a las grandes unidades agrícolas, favorecer la intensificación y dejar que los precios los marque el libre mercado. Un modelo de potencias industriales que creyó que la agricultura también debería acomodarse a tal principio y que acabó con la economía rural y miles de puestos de trabajo.

Pero proveer de alimentos a la población, y a la vez cuidar bosques y paisajes, es un trabajo de lo más necesario. De hecho, es imprescindible. Y esa es la propuesta, porque hay espacio, posibilidades y mucho futuro: ruralizar la economía y recampesinizar el planeta obteniendo en el proceso muchos, pero muchos, puestos de trabajo dignos y rentables.

Aunque ni las condiciones de suelo, clima e historia son comparables, vale la pena recordar (como explican Albert Berry y Liisa L. North, profesores en la Universidad de York, en Toronto) «lo que hicieron los taiwaneses, los japoneses y los coreanos después de la segunda guerra mundial, cuando expropiaron las unidades agrarias de más de tres hectáreas y ejecutaron reformas agrarias radicales que formaron la base de la seguridad alimentaria de familias para el crecimiento y la diversificación económica posterior a nivel nacional». Con una cantidad de tierra suficiente como medio de vida para una familia (en Taiwán fue un poco más de una hectárea), con políticas fuertes de apoyo a este minifundio -aquí siempre despreciado- y servicios públicos apropiados, en los tres países la productividad agrícola creció, las condiciones de vida en el campo mejoraron rápidamente y -lo más importante- el empleo agrario aumentó considerablemente.

«Los tres países asiáticos mencionados -prosiguen Berry y North- no son los únicos cuyas experiencias han demostrado la relación positiva entre el desarrollo rural equitativo (basado en la pequeña y mediana agricultura) y el desarrollo económico nacional. En términos históricos podemos mencionar a Dinamarca, Finlandia o Noruega. (…) Las comparaciones latinoamericanas también nos prestan lecciones. Llama la atención el abismo entre, por un lado, las buenas condiciones de vida y la historia de paz social y política en la meseta central de Costa Rica, caracterizada por sus pequeñas y medianas propiedades cafeteras, y por otro la miseria, represión política y violencia que predominan en las zonas de plantaciones grandes de café en países vecinos como El Salvador y Guatemala».

Pensar e invertir en recuperar la pequeña agricultura no es un paso atrás, sino la base de una economía sostenible y equitativa, que además nos alimenta. Solo necesitamos atrevimiento (y poco presupuesto) para poner en marcha medidas de redistribución de la tierra frente a los grandes latifundios o monocultivos; ofrecer facilidades para acceder a tierras productivas; apoyar la desintensificación de tantas unidades agrarias sobredimensionadas; o evitar, cuando llega la jubilación de los actuales propietarios, el cese de actividades con la incorporación de jóvenes…

Estas medidas deberían venir acompañadas de políticas claras de protección de esta agricultura (promocionando los circuitos cortos de comercialización, precios remunerativos, aranceles en frontera, etcétera) y, lógicamente, con apoyos básicos de capacitación, asesoría técnica o irrigación. Pero siempre con claridad, sin fisuras, en favor de una agricultura basada en principios agroecológicos. Porque ya no hay dudas -tampoco científicas- de las bondades de esta forma de practicar la producción de alimentos. El Instituto Rodale, después de 30 años de investigación comparativa entre campos de cultivos convencionales y agroecológicos, concluye que estos últimos son (además de no perjudiciales para el medioambiente ni la salud de la población consumidora) más viables económica y energéticamente.

Si queremos salir de esta crisis y generar puestos de trabajo productivos en los países industrializados, si queremos combatir la situación de pobreza y hambre en muchos países del Sur, y si pretendemos dejar un futuro sostenible a nuestra descendencia habrá que replantearse la estructura socioeconómica en la que estamos, donde la ruralidad ha quedado trágicamente marginada en el fondo de una pirámide invertida que lógicamente se tambalea.

De nouvelles propositions, récemment dévoilées par la Commission européenne, cherchent à légitimer le maintien de transferts importants en direction des agriculteurs européens en les liants davantage à des pratiques respectueuses de l’environnement. Cependant, ces propositions sont inutilement coûteuses et maintiennent des politiques qui portent atteinte aux agriculteurs des pays en développement.

Selon les projets de la Commission, à partir de 2014 les paiements agricoles seront davantage liés aux objectifs environnementaux qui préoccupent les citoyens européens – comme lutter contre le changement climatique, une meilleure gestion des terres ou la préservation de la biodiversité.

Donner une plus grande priorité à encourager une agriculture plus viable au plan environnemental en Europe se fera au prix de la réduction de la production agricole, au moins dans un futur immédiat. Des propositions pour maintenir des pâturages permanents, diversifier les cultures et mettre en jachères des “domaines prioritaires” écologiques réduiront la production européenne de cultures arables, de porc et de volaille, notamment, en comparaison avec les niveaux de production en l’absence de ces contraintes.

Dans un récent article pour le Centre international pour le commerce et le développement durable, je démontre que les nouvelles mesures de greening – ou verdissement – auraient pour conséquence des prix plus élevés pour les consommateurs. Pour remettre ceci dans son contexte, cela représente une augmentation équivalente à plus de 2 % des 205 millions d’euros de coûts d’intrants perçus par les producteurs européens en 2009.

Bien que la Commission ait raison de chercher à améliorer la performance environnementale de l’agriculture européenne, les réformes suggérées ont de fortes chances de n’entraîner que de faibles bénéfices environnementaux, et ce pour un coût excessif. Exiger que tous les agriculteurs dans les 27 Etats membres suivent exactement les mêmes règles ne prend pas en compte le fait que les contraintes environnementales sont inégalement réparties et nécessitent ainsi un approche plus ciblée.

Selon les projets actuels, de nombreux paiements ne seraient que faiblement liés aux objectifs environnementaux – et dans la mesure où certaines subventions resteraient liées à la production, elles continueraient à être moins efficaces pour soutenir les revenus agricoles, tout en créant une concurrence injuste pour les agriculteurs dans d’autres pays, dont les pays en développement.

Les quelques réductions prévues dans les subventions pour le coton pour les producteurs grecs et espagnols pourraient provoquer une légère inflexion de la production européenne, mais ces paiements ayant un effet de distorsion des échanges continueront à porter préjudice aux agriculteurs d’Afrique de l’Ouest et d’autres pays en développement.

Le plan bienvenu pour éliminer les quotas de sucres mènera à une augmentation de la production européenne malgré des prix plus bas, puisque les revenus alloués par les producteurs et les sociétés de transformation de sucre sont réduits. Ceci contribuera à freiner les prix actuellement élevés du sucre, profitant aux pays qui dépendent des importations de sucre. Mais la fin des quotas pourrait mener à une chute dans les importations des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui jouissent actuellement d’un accès préférentiel au marché européen.

Les propositions de la Commission européenne sont décevantes par leur manque d’ambition. Elles manquent l’opportunité de mettre fin aux distorsions restantes sur le marché en ciblant des paiements directs plus liés à des objectifs environnementaux, et éliminant progressivement les paiements liés à la production.

Alors qu’ils étudient les plans de la Commission, les gouvernements nationaux et le Parlement européen ont désormais l’opportunité de préparer une politique agricole plus verte et plus juste – une qui produira des résultats pour les citoyens européens sans ébranler les agriculteurs étrangers. C’est une opportunité à ne pas manquer.

Los medios de comunicación recogen las protestas de los agricultores ante unos precios desajustados. Tras esta realidad, la palabra volatilidad parece resumir todo lo que pasa. Tanto la Unión Europea (UE) como, por primera vez, el G-20 tratan de la variabilidad de los precios agrícolas como problema de primera magnitud. La preocupación procede del alto poder desestabilizador del incremento agudo del precio de los alimentos básicos. Sin embargo, ni todo son precios, ni todo es volatilidad. Bajo una misma etiqueta se identifican problemas muy distintos, que requieren respuestas ajustadas a cada tema.

La alta volatilidad es intrínseca a la agricultura. Los alimentos tienen una demanda muy inelástica y pequeñas modificaciones de oferta generan respuestas multiplicadas en los precios. Acompañando a esta característica, los alimentos tienen una oferta errática por razones climáticas, sanitarias, por el carácter perecedero del producto, etcétera. Así, una demanda inelástica y una oferta variable forman una pareja explosiva. Ante esta realidad, se dispone de diversos tipos de medidas reguladoras de los mercados agrarios. Medidas que pueden dirigirse a controlar la oferta, a puentear ciclos bajistas, a controlar el riesgo, a estabilizar la renta, a estabilizar la producción, etcétera.

Pero cuando hablamos de volatilidad imaginamos unos mercados perfectos con ciclos que acaban compensándose. La Biblia ya nos lo explica. Se trata de ahorrar en época de vacas gordas para resistir cuando llegan las flacas. El problema está, sin embargo, en que las condiciones de mercado distan mucho de ser perfectas y puede que en estas circunstancias las vacas siempre sean flacas, algo que ya está ocurriendo con la ayuda de una crisis que hace más difícil cualquier margen de negociación.

La cadena alimentaria es altamente asimétrica con marcados signos oligopolistas en el eslabón de la distribución. Por ello, la mayor capacidad de negociación de una de las partes acaba imponiendo unos márgenes desequilibrados. Paradójicamente, las leyes de defensa de la competencia, nacidas para evitar las prácticas distorsionadoras del mercado, dificultan las alianzas comerciales del sector productor frente a unos clientes que no necesitan aliarse, dada su dimensión y alto nivel de integración. En otras palabras, estas leyes acaban defendiendo a los oligopolios. Es necesario romper este sinsentido equilibrando la posición de las partes. Puesto que sería absurdo fragmentar las grandes empresas de distribución, es preciso facilitar las alianzas y la negociación colectiva de precios desde las organizaciones de productores. La legislación comunitaria ya prevé la posible excepción agraria en determinados aspectos de las leyes de competencia. Se trata, pues, de desarrollar esta excepción y aplicarla. En esta misma dirección, conviene otorgar un mayor papel a las organizaciones interprofesionales y fomentar los mecanismos que faciliten las sinergias en toda la cadena alimentaria, tal como los códigos de buenas prácticas comerciales.

Están madurando, también, propuestas encaminadas a exigir que las relaciones comerciales se concreten a través de contratos dilatados en el tiempo, que den seguridad económica a los operadores y estabilidad a los precios. Incluso, dadas las fuertes oscilaciones de precios en materias primas, se está proponiendo vincular, total o parcialmente, durante ciertos periodos de tiempo, el precio pactado a indicadores objetivos de costes.

Otro elemento de distorsión procede de relaciones de comercio exterior no equitativas. Se trata de un tema espinoso y nada fácil de resolver. Por una parte, existe la voluntad de impulsar el comercio internacional como motor de eficiencia, pero ello requiere evitar formas desequilibradas de relación. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha fijado normas claras contra el dumping y ha establecido restricciones para el uso de limitaciones o barreras de acceso.

Sin embargo, la UE ha establecido crecientes requerimientos en el ámbito de la sanidad alimentaria, condicionantes medioambientales y normas sobre bienestar animal hacia una alimentación europea con altos estándares de calidad y sostenibilidad. Estas normas europeas (excepto las sanitarias) son muy difíciles de controlar en proveedores extranjeros y son difícilmente exigibles en el marco de las normas internacionales de comercio internacional, hecho que puede crear unas condiciones seriamente desiguales entre los agricultores europeos y sus competidores.

En el seno de la OMC debe revisarse la aceptación de estos condicionantes. Los países, por razones culturales, de calidad o sanidad, tienen derecho a fijar sus propias condiciones de producción y comercialización de alimentos. No se trata en absoluto de una barrera técnica impropia si los mismos condicionantes que se exigen al proveedor exterior son exigidos a los productores internos. No se trata de dificultar el comercio, sino de establecer relaciones equivalentes.

As trade embargoes go, this one probably won’t make it into the history books. It won’t have much impact on the economy or create shortages of critical goods. But a decision by the Egyptian Ministry of Agriculture to ban all sales of palm fronds to Israel this year was, at the least, not very neighborly.

Wednesday at sundown marks the beginning of the Jewish holiday of Sukkot, an autumn celebration of God’s providence and bounty. Part of the celebration involves gathering four plants, including a date palm branch or lulav, which is used during a prayer and other parts of a religious service.

For many years, Egyptians and Israelis alike have benefited from the yearly trade in the coveted tree branches. Egypt had an abundance of palm fronds and Israel was happy to pay for them. The arrangement worked so well that Egypt became the world’s largest supplier of Sukkot palm branches. Before the surprise announcement of the export ban, which included not only Israel but Jewish communities around the world, it was estimated that Jews would purchase 1.4 million branches from Egypt this season. The Israeli newspaper Haaretz reported that in the past, Egypt supplied about 40% of Israel’s Sukkot palms.

The announcement, which came just weeks before the holiday, was timed to leave Jews in the lurch on a holiday in which, historically, Jews used to bring offerings to the temple in Jerusalem on behalf of all the other nations of the world.

In the United States, Rep. Howard L. Berman (D-Valley Village) jumped into the fray with an urgent plea to the Egyptians to reconsider. They remained as unmoved as the Sphinx.

But the Grinch, if you’ll recall, wasn’t able to stop Christmas, and the Egyptians won’t be able to stop Sukkot either. Somehow, in the space of just a few days, enough of the sought-after greens were located in Israel, Spain and elsewhere. Now that the frond-buying season is fully upon us, no shortages are being reported.

And Egypt’s obstinacy has been a boon for farmers elsewhere in the world. Gus Nunez, a date grower in California and Arizona, isn’t complaining. His workers harvested 25,000 to 30,000 fronds, which were snapped up quickly. The only people who lost out in the end are the Egyptian farmers who had counted on the revenue and were denied the opportunity to sell their fronds.

In his letter to Egyptian Prime Minister Essam Sharaf, Berman wrote: “In light of the recent tensions between Egypt and Israel, there is a widespread perception that the reported ban on lulav exports was imposed for purely political reasons,” he wrote. “I sincerely hope this is not the case.”

But it’s hard to account for this kind of behavior on Egypt’s part in any other way. Only hatred and spite could move a government to act so irrationally and counterproductively.

There also may be an element of wanting to deflect the attention of the masses from the growing problems confronting Egypt. A scapegoat is always good for a little distraction, and Israel is a country Egyptians are always happy to blame, as we saw last month when protesters from Tahrir Square launched a violent attack on the Israeli Embassy.

Still, why would Egyptians want to prevent their date farmers from making a little extra money?

Unfortunately, there is more hatred of Jews in the Arab world than there is oil. Hatred is spewed and propagated in mosques, in media and by governments. This hatred and demonizing of Jews is the single greatest obstacle to peace. It makes impossible the kind of trust and confidence that is essential to good relations between neighboring nations. And it is a primary reason many Israelis don’t believe a Palestinian state is viable.

The Grinch who tried to steal Sukkot has been stopped in his tracks, but so has progress on bringing cooperation, peace and understanding to a troubled region. Maybe the Egyptians scored some points with the masses. Peace? Bah! Humbug!

Food prices are at record highs and the ranks of the hungry are swelling once again. A warming climate is beginning to nibble at crop yields worldwide. The United Nations predicts that there will be one to three billion more people to feed by midcentury.

Yet even as the Obama administration says it wants to stimulate innovation by eliminating unnecessary regulations, the Environmental Protection Agency wants to require even more data on genetically modified crops, which have been improved using technology with great promise and a track record of safety. The process for approving these crops has become so costly and burdensome that it is choking off innovation.

Civilization depends on our expanding ability to produce food efficiently, which has markedly accelerated thanks to science and technology. The use of chemicals for fertilization and for pest and disease control, the induction of beneficial mutations in plants with chemicals or radiation to improve yields, and the mechanization of agriculture have all increased the amount of food that can be grown on each acre of land by as much as 10 times in the last 100 years.

These extraordinary increases must be doubled by 2050 if we are to continue to feed an expanding population. As people around the world become more affluent, they are demanding diets richer in animal protein, which will require ever more robust feed crop yields to sustain.

New molecular methods that add or modify genes can protect plants from diseases and pests and improve crops in ways that are both more environmentally benign and beyond the capability of older methods. This is because the gene modifications are crafted based on knowledge of what genes do, in contrast to the shotgun approach of traditional breeding or using chemicals or radiation to induce mutations. The results have been spectacular.

For example, genetically modified crops containing an extra gene that confers resistance to certain insects require much less pesticide. This is good for the environment because toxic pesticides decrease the supply of food for birds and run off the land to poison rivers, lakes and oceans.

The rapid adoption of genetically modified herbicide-tolerant soybeans has made it easier for farmers to park their plows and forgo tilling for weed control. No-till farming is more sustainable and environmentally benign because it decreases soil erosion and shrinks agriculture’s carbon footprint.

In 2010, crops modified by molecular methods were grown in 29 countries on more than 360 million acres. Of the 15.4 million farmers growing these crops, 90 percent are poor, with small operations. The reason farmers turn to genetically modified crops is simple: yields increase and costs decrease.

Myths about the dire effects of genetically modified foods on health and the environment abound, but they have not held up to scientific scrutiny. And, although many concerns have been expressed about the potential for unexpected consequences, the unexpected effects that have been observed so far have been benign. Contamination by carcinogenic fungal toxins, for example, is as much as 90 percent lower in insect-resistant genetically modified corn than in nonmodified corn. This is because the fungi that make the toxins follow insects boring into the plants. No insect holes, no fungi, no toxins.

Yet today we have only a handful of genetically modified crops, primarily soybeans, corn, canola and cotton. All are commodity crops mainly used for feed or fiber and all were developed by big biotech companies. Only big companies can muster the money necessary to navigate the regulatory thicket woven by the government’s three oversight agencies: the E.P.A., the Department of Agriculture and the Food and Drug Administration.

Decades ago, when molecular approaches to plant improvement were relatively new, there was some rationale for a cautious approach.

But now the evidence is in. These crop modification methods are not dangerous. The European Union has spent more than $425 million studying the safety of genetically modified crops over the past 25 years. Its recent, lengthy report on the matter can be summarized in one sentence: Crop modification by molecular methods is no more dangerous than crop modification by other methods. Serious scientific bodies that have analyzed the issue, including the National Academy of Sciences and the British Royal Society, have come to the same conclusion.

It is time to relieve the regulatory burden slowing down the development of genetically modified crops. The three United States regulatory agencies need to develop a single set of requirements and focus solely on the hazards — if any — posed by new traits.

And above all, the government needs to stop regulating genetic modifications for which there is no scientifically credible evidence of harm.

Bajo el liderazgo del presidente francés Nicolas Sarkozy, el G-20 ha hecho de la volatilidad de los precios de los alimentos una de sus prioridades, y los ministros de agricultura de los Estados miembros se reunieron recientemente en París para encontrar soluciones. No es de extrañar: los precios mundiales de los alimentos alcanzaron máximos históricos a principios de año, lo que hace recordar un pico similar de los precios que se dio en 2008.

En todo el mundo los consumidores se han visto perjudicados, especialmente los pobres, para quienes los alimentos representan una gran parte del presupuesto familiar. El descontento popular debido a los precios de los alimentos ha alimentado la inestabilidad política en algunos países, particularmente en Egipto y Túnez. Incluso los productores agrícolas preferirían cierta estabilidad de los precios a los descontrolados aumentos y caídas de los últimos cinco años.

Los esfuerzos del G-20 culminarán en la Cumbre de Cannes que se llevará a cabo en noviembre. Sin embargo, en lo que se refiere a las políticas específicas, habrá que tener mucha precaución, porque hay una larga historia de medidas orientadas a reducir la volatilidad de los precios de las materias primas que han acabado por ser más perjudiciales que benéficas.

Por ejemplo, algunos bancos centrales con objetivos de inflación han reaccionado a los aumentos de los precios de las materias primas importadas endureciendo la política monetaria y aumentando de ese modo el valor de la moneda. Pero es necesario tener en cuenta los movimientos adversos de los términos de intercambio; no es posible combatirlos con la política monetaria.

Los países productores también han intentado controlar la volatilidad de los precios formando carteles internacionales. Sin embargo pocas veces han funcionado.

En teoría, las reservas públicas podrían amortiguar las fluctuaciones de los precios, pero eso depende de la forma en que administren esas reservas. Los antecedentes históricos no son alentadores.

En los países ricos, donde el sector primario de producción suele tener poder político, las reservas de productos alimenticios se utilizan como medio para mantener los precios altos, no bajos. La Política Agrícola Común de la Unión Europea es un ejemplo clásico –y es desastrosa para los presupuestos, la eficiencia económica y los bolsillos de los consumidores de la UE.

Por otro lado, en muchos países en desarrollo los agricultores no tienen poder político. Los países africanos establecieron juntas de comercialización para el café y el cacao. Aunque la idea original era comprar cosechas en años con exceso de oferta y venderlas en años con exceso de demanda y estabilizar de ese modo los precios, en la práctica el precio que se pagaba a los productores de cacao y café, que eran políticamente débiles, siempre estuvo por debajo de los precios mundiales en las primeras décadas de la independencia. Como resultado, la producción cayó.

Los políticos intentan a menudo proteger a los consumidores mediante controles de los precios de los alimentos básicos y la energía. Pero deprimir artificialmente los precios requiere generalmente racionar los productos. (La escasez y las largas filas pueden alimentar la furia política en la misma medida que los precios altos.) De otro modo, la política satisface el exceso de demanda mediante importaciones y eleva así los precios mundiales aun más.

Si un país es productor de la materia prima en cuestión, puede utilizar controles de las exportaciones para aislar a los consumidores nacionales de los aumentos de los precios mundiales. En 2008, la India limitó las exportaciones de arroz y Argentina hizo lo mismo con las del trigo, al igual que Rusia en 2010.

Las restricciones a la exportación en los países productores y los controles de precios en los países importadores exacerban la magnitud del aumento de los precios mundiales, debido a la cantidad artificialmente reducida que se sigue comerciando internacionalmente. Si los países productores y consumidores de los mercados de cereales pudieran acordar de manera cooperativa abstenerse de utilizar esas intervenciones gubernamentales – tal vez trabajando a través de la Organización Mundial del Comercio– la volatilidad de los precios mundiales podría ser menor.

Mientras tanto, deben adoptarse algunas medidas evidentes. Para empezar, deben abolirse los subsidios a los biocombustibles. Los subsidios al etanol, como los que se conceden a los productores estadounidenses de maíz, no cumplen las metas ambientales declaradas por los encargados del diseño de políticas, pero sí desvían cereales y con ello contribuyen a presionar a la alza los precios mundiales de los alimentos. Esto ya debería resultar claro para todos. No obstante, no puede esperarse realmente que los ministros de agricultura del G-20 sean capaces de solucionar el problema. Después de todo son sus electores, los agricultores, quienes se quedan con el dinero. (Debe decirse que los Estados Unidos son el mayor obstáculo en este caso.)

Probablemente sea mejor aceptar que los precios de las materias primas serán volátiles y crear formas de limitar los efectos económicos adversos – por ejemplo, instrumentos financieros que permitan cubrir los términos de intercambio.

Lo que los ministros de agricultura del G-20 han acordado hacer es establecer un sistema para mejorar la transparencia de los mercados agrícolas que incluya información sobre la producción, las reservas y los precios. En efecto, una información más completa y oportuna podría ser útil.

Sin embargo, el tipo de política más amplia en el que Sarkozy obviamente está pensando es hacer frente a los especuladores, a quienes se considera como desestabilizadores de los mercados de materias primas agrícolas. Es cierto que en años recientes las materias primas se han estado comportando cada vez más como activos y cada vez menos como productos. Los precios no están determinados únicamente por los flujos de la oferta y la demanda reales y los fundamentos económicos del momento (como las perturbaciones climáticas o políticas). Están determinados cada vez más también por cálculos relacionados con los fundamentos previstos a futuro (como el crecimiento económico de Asia) y los rendimientos alternativos (como las tasas de interés) –es decir, por los especuladores.

Sin embargo, la especulación no es necesariamente desestabilizadora. Sarkozy tiene razón en cuanto a que el apalancamiento no es necesariamente bueno simplemente porque el libre mercado lo permite y a que los especuladores ocasionalmente se comportan de manera desestabilizadora. Pero los especuladores actúan más a menudo como detectores de cambios de los fundamentos económicos, o dan las señales que mitigan las fluctuaciones transitorias. En otras palabras, son frecuentemente una fuerza estabilizadora.

Los franceses aún no han podido obtener el acuerdo de los demás miembros del G-20 sobre las medidas orientadas a regular la especulación en materias primas, como poner límites a la magnitud de las posiciones de inversión. Espero eso siga así. Matar al mensajero no es una forma de responder al mensaje.

Une fois n’est pas coutume. En dépit de quelques empaillages, au début de l’affaie, entre l’Espagne et l’Allemagne, les 27 ministres de l’agriculture ont décidé de faire jouer la solidarité européenne dans la crise de la bactérie tueuse. Et, comme un seul homme, ils ont approuvé le plan de soutien aux producteurs de légumes confrontés à un effondrement de leurs ventes en raison de l’épidémie de la bactérie ECEH. Sur fond de débats autour de la future politique agricole commune (PAC), qui doit être réformée en 2013, le fait mérite d’être souligné. La rapidité avec laquelle s’est manifestée cette solidarité européenne étant d’autant plus nécessaire que les maraîchers menacés de faillite réalisent leur chiffre d’affaires sur un laps de temps très court.

Pourtant, au matin du 7 juin, dans l’entourage du commissaire européen à l’agriculture, on se contentait d’“espérer” un appui politique au plan de soutien que Dacian Ciolos devait présenter quelques heures plus tard. La partie n’était pas gagnée d’avance.

Dans la perspective des débats sur la réforme de la PAC, tout ne serait donc pas perdu. Du moins peut-on l’espérer. Dans cette crise de la bactérie tueuse, les pays parmi les plus prompts à préconiser une forte réduction des dépenses agricoles n’ont pas été les derniers à réclamer une intervention européenne et même à faire pression pour que Bruxelles revoie à la hausse sa première copie… A commencer par les Pays-Bas, eux-mêmes grand pays producteur de légumes touché par la chute des prix.

Mais après tout, l’Europe, c’est aussi cela : pouvoir bénéficier de la solidarité communautaire lorsqu’on est confronté à une crise. Lors de celle de la vache folle, les Britanniques avaient été bien contents de bénéficier d’un soutien européen. Les Etats membres sauront-ils s’en souvenir ? D’autant que tout prête à penser qu’on va vers une fréquence accrue des crises climatiques, sanitaires, économiques.

Or les instruments de gestion de marchés pour faire face à la volatilité des prix et gérer des situations de crise sont, en l’état, le parent pauvre de la première ébauche de réforme de la PAC dessinée par Bruxelles. Le commissaire Ciolos marche, il est vrai, sur des oeufs en la matière, tant les pressions sont fortes pour réduire le poids de la politique agricole commune (aujourd’hui 55 milliards d’euros) dans le budget de l’Union.

S’il ne s’agit plus de gérer le marché agricole européen comme il y a vingt, trente ans, si les mécanismes de gestion des marchés ne peuvent plus consister en une intervention permanente, l’Europe peut-elle pour autant laisser son secteur agricole soumis aux aléas financiers ? La crise récente montre, si besoin était, que des “filets de sécurité” sont nécessaires. Or, “dans le cadre du règlement actuel fixé par le Conseil, nous avons peu de moyens pour agir vite et de façon efficace”, n’a pas manqué de rappeler aux Vingt-Sept cette semaine M. Ciolos, convaincu dans cette crise qu’une intervention rapide aurait davantage d’impact et serait moins coûteuse que si l’on tardait à agir.

“S’il ne faut pas surréagir à des difficultés qui seraient passagères, nous savons tous très bien qu’il n’est rien de pire que de répondre avec retard à des difficultés sérieuses quand on les voit poindre”, expliquait-il déjà en février, alors que la filière porcine, déjà touchée par la flambée des prix de l’alimentation animale liée à celle des céréales, voyait ses propres prix chuter. Bruxelles avait alors rapidement pris la décision de recourir au stockage privé. Ce levier n’a été actionné que trois semaines. Mais envoyé rapidement, ce signal a permis d’enrayer la spirale à la baisse du porc et même favoriser un rebond de 15 %.

Reste que pouvoir agir vite et opportunément suppose d’avoir quelques marges de manoeuvres. Face à la crise de la sécheresse que subissent les éleveurs de plusieurs Etats de l’Union, Bruxelles n’a aujourd’hui ni les moyens ni les outils pour agir. Le règlement issu de la réforme de 2003 de la PAC n’autorise le recours aux outils d’intervention que si les prix du marché tombent bien en dessous du prix du seuil de déclenchement de l’action publique communautaire. Or dans la filière bovine, ce prix est particulièrement bas : 1,50 euro le kilo de carcasse.

“Les outils à la disposition de la Commission aujourd’hui ne prennent en compte qu’un élément prix. Mais lorsqu’une crise tient avant tout à une réduction des marges des exploitations, comme c’est le cas dans l’élevage, elle n’est pas équipée. Les seuls instruments d’intervention possibles dans ce type de situation relèvent des Etats”, explique un expert bruxellois.

Quoi qu’il en soit, même si la Commission était outillée, elle n’aurait pas les moyens d’agir. “Actuellement, nous n’avons pas de mou sur la PAC. Pour les 210 millions d’euros destinés aux maraîchers, nous avons gratté les fonds de tiroirs”, relève-t-on dans l’entourage du commissaire.

Et on ne cache d’ailleurs pas espérer qu’à la faveur de ces crises les Etats membres, mêmes les plus libéraux, seront cohérents dans leur choix lors des arbitrages budgétaires à venir. Il y a de quoi en effet railler l’attitude quelque peu schizophrène de certains Etats, qui ont appuyé le choix fait ces dernières années de réduire la latitude de la Commission en matière agricole mais qui se retournent vers cette dernière en période de crise.

Quoi qu’il en soit des différences de dogme, des arguments pour ou contre le libéralisme et quelles que soient les passions déclenchées par ces débats, une réalité demeure, immuable, qui plaide résolument en faveur d’un minimum d’intervention dans l’agriculture : son exposition aux aléas climatiques et aux accidents sanitaires, qui empêche de traiter ce secteur de l’économie, fournissant notre alimentation, comme tout autre.

A new scramble for Africa is under way. As global food prices rise and exporters reduce shipments of commodities, countries that rely on imported grain are panicking. Affluent countries like Saudi Arabia, South Korea, China and India have descended on fertile plains across the African continent, acquiring huge tracts of land to produce wheat, rice and corn for consumption back home.

Some of these land acquisitions are enormous. South Korea, which imports 70 percent of its grain, has acquired 1.7 million acres in Sudan to grow wheat — an area twice the size of Rhode Island. In Ethiopia, a Saudi firm has leased 25,000 acres to grow rice, with the option of expanding. India has leased several hundred thousand acres there to grow corn, rice and other crops. And in countries like Congo and Zambia, China is acquiring land for biofuel production.

These land grabs shrink the food supply in famine-prone African nations and anger local farmers, who see their governments selling their ancestral lands to foreigners. They also pose a grave threat to Africa’s newest democracy: Egypt.

Egypt is a nation of bread eaters. Its citizens consume 18 million tons of wheat annually, more than half of which comes from abroad. Egypt is now the world’s leading wheat importer, and subsidized bread — for which the government doles out approximately $2 billion per year — is seen as an entitlement by the 60 percent or so of Egyptian families who depend on it.

As Egypt tries to fashion a functioning democracy after President Hosni Mubarak’s departure, land grabs to the south are threatening its ability to put bread on the table because all of Egypt’s grain is either imported or produced with water from the Nile River, which flows north through Ethiopia and Sudan before reaching Egypt. (Since rainfall in Egypt is negligible to nonexistent, its agriculture is totally dependent on the Nile.)

Unfortunately for Egypt, two of the favorite targets for land acquisitions are Ethiopia and Sudan, which together occupy three-fourths of the Nile River Basin. Today’s demands for water are such that there is little left of the river when it eventually empties into the Mediterranean.

The Nile Waters Agreement, which Egypt and Sudan signed in 1959, gave Egypt 75 percent of the river’s flow, 25 percent to Sudan and none to Ethiopia. This situation is changing abruptly as wealthy foreign governments and international agribusinesses snatch up large swaths of arable land along the Upper Nile. While these deals are typically described as land acquisitions, they are also, in effect, water acquisitions.

Now, when competing for Nile water, Cairo must deal with several governments and commercial interests that were not party to the 1959 agreement. Moreover, Ethiopia — never enamored of the agreement — has announced plans to build a huge hydroelectric dam on its branch of the Nile that would reduce the water flow to Egypt even more.

Because Egypt’s wheat yields are already among the world’s highest, it has little potential to raise its agricultural productivity. With its population of 81 million projected to reach 101 million by 2025, finding enough food and water is a daunting challenge.

Egypt’s plight could become part of a larger, more troubling scenario. Its upstream Nile neighbors — Sudan, with 44 million people, and Ethiopia, with 83 million — are growing even faster, increasing the need for water to produce food. Projections by the United Nations show the combined population of these three countries increasing to 272 million by 2025 — and 360 million by 2050 — from 208 million now.

Growing water demand, driven by population growth and foreign land and water acquisitions, are straining the Nile’s natural limits. Avoiding dangerous conflicts over water will require three transnational initiatives. First, governments must address the population threat head-on by ensuring that all women have access to family planning services and by providing education for girls in the region. Second, countries must adopt more water-efficient irrigation technologies and plant less water-intensive crops.

Finally, for the sake of peace and future development cooperation, the nations of the Nile River Basin should come together to ban land grabs by foreign governments and agribusiness firms. Since there is no precedent for this, international help in negotiating such a ban, similar to the World Bank’s role in facilitating the 1960 Indus Waters Treaty between India and Pakistan, would likely be necessary to make it a reality.

None of these initiatives will be easy to implement, but all are essential. Without them, rising bread prices could undermine Egypt’s revolution of hope and competition for the Nile’s water could turn deadly.

Summits are defined by their location. It is quaint that the 1933 World Economic Conference took place in the Geological Museum in London’s Kensington, at a time when international cooperation seemed as alien as a fossilized dinosaur. On these criteria, Deauville, in French Normandy, with the (slightly faded) elegance of a past era of elite luxury, ostentatious consumption, and sumptuous banquets, is also perhaps not an altogether fortunate choice for the G-8 meeting.

This year, the G-8ers are talking about interesting but peripheral issues, such as the economic impact of the Internet. Worse, they are talking about important issues, like food security, in a peripheral way.

The food issue emerged for the first time as a major theme at the July 2009 summit in L’Aquila, Italy, as a response to a commodity boom that was beginning to falter, but that has since reemerged with the force of a hurricane. Now the G-8 will discuss funding for palliative measures.

The issue of food is, however, intimately tied to a host of much broader economic issues, which the international community is not properly addressing. Even though the global economy today looks relatively robust in general, international economic cooperation is more fragile now than at any moment in the post-1945 world.

Weak food security highlights all of the major problems of the modern world non-order. Economic and financial nationalisms threaten. There is talk of currency wars, national management and regulation of banking, and growing demand for greater levels of trade protection. And all of these issues are inter-connected.

The discussion of monetary policy is especially divisive. Because of low interest rates in the United States, major financial institutions can borrow cheaply in dollars and then chase much higher returns in the major emerging-market countries.

The result creates an impossible dilemma for many of the world’s most dynamic economies. If they try to clamp down by raising domestic interest rates, they will only attract greater capital inflows. If they let the exchange rate rise, they might deter some capital inflows, but they would also penalize their exporters and push up domestic unemployment. Emerging-market policymakers in big countries such as Brazil, China, and Turkey routinely attack the US and its monetary policy as a source of inflation, social tension, and political instability.

The most obvious and dangerous consequence of low interest rates in the major industrial countries is their impact on commodity prices, which is especially pronounced for food and fuel. As many economists, notably Jeffrey Frankel, have shown, prices on these markets are established by an auction-like process; as a result, commodity markets transmit the effects of monetary expansion particularly quickly. By contrast, branded products, into which producers have sunk major investments in securing the market, have prices that are much stickier and do not reflect the effects of monetary policy as rapidly.

Higher food prices have had a major impact in expanding the area devoted to cultivation in many countries, and have led to higher output levels worldwide. Brazil, Russia, and China, but also Algeria, Egypt, and South Africa – indeed, all African countries that have maintained functioning governments – have seen dramatic increases in food production over the past decade.

This should be a happy picture: the world is now better able to feed itself. But the same economic stimuli that underpin higher food output also lead to supply problems, a decline in living standards, and massive social strains, especially in urban centers.

This is important to bear in mind, because rising food prices have historically been the trigger for political revolutions. The three revolutions that made the modern world, in France, Russia, and China, all had their immediate origins in food shortages, fear of hunger, and disputes about food pricing.

The panic about bread that swept France in 1789, and the inability of the government to guarantee supplies, destroyed the ancien regime. Louis XVI was contemptuously called “le boulanger,” the baker. Wartime inflation destroyed stability in the Russian empire in 1917, as farmers, worried about the declining value of their money, hoarded their output and let the cities starve. The Bolsheviks came to power on a promise of bread (and peace). China, too, was paralyzed by inflation after the Second World War, leaving it vulnerable to food panics.

Food prices are usually not limited in their effects to one country alone. Simultaneous revolutions swept Europe in 1848, in the aftermath of crop failures whose most notorious manifestation was the Irish famine. Price rises have been a major trigger of the discontent this year in the Middle East and North Africa. Though the Egyptian and Tunisian economies were expanding quite satisfactorily, people had to pay much more for food.

Moreover, it would be wrong to view this as a purely regional phenomenon limited to the so-called Arab Spring. The same kind of unrest, in which the countryside is pitted against the town, with both sides demanding more rights, could undermine the political order in China and other big emerging-market economies.

Recent decades have been replete with contagious financial crises that spread disorder from one country to another. The effects of globalized money are now producing a new whirlwind. The coming years or even months are likely to see new forms of these domino effects. As in 1848, the struggle for affordable food is producing discontent that transcends national frontiers, threatens established regimes, and fuels popular demand for a more just political order.

Los precios de los alimentos han superado en muchos casos los máximos alcanzados en julio de 2008. En aquel momento, se atribuyeron sus subidas a la demanda mundial en aumento de los productos básicos alimentarios, una importante depreciación del dólar de los EE.UU., las malas cosechas en algunas zonas del mundo y los biocombustibles, pero, ¿qué es lo que está haciendo subir rápidamente los precios en este momento?

Creo que ahora los factores fundamentales son algo diferentes de los que lo hicieron en 2008. El aumento de la demanda mundial de productos básicos para la alimentación humana y animal siguen contando mucho al respecto, como también los biocombustibles, pero las consecuencias a corto y a largo plazo son muy diferentes.

Al mejorar la situación económica de los países en desarrollo, una de las primeras cosas que ocurren es la llamada “transición dietética”. Al disponer de más ingresos, la población empieza a añadir a su cesta alimentaria más productos animales. Su producción requiere muchos más recursos agrícolas que una dieta basada predominantemente en los vegetales. De modo que, al aumentar los ingresos, la demanda de productos básicos alimentarios aumenta aún más rápidamente. Tanto el crecimiento demográfico como la transición dietética contribuyen a un aumento más rápido de la demanda y a unos mayores precios de los alimentos.

Las políticas de los Estados Unidos y la Unión Europea en materia de biocombustibles han propiciado la creación de industrias de biocombustibles con una importante capacidad de producción: principalmente etanol en los EE.UU. y biodiésel en la UE. En los EE.UU, la política gubernamental obliga a producir 48.000 millones de litros de etanol en 2011. La capacidad de producción ya supera ese nivel.

Como el Gobierno exige que se mezcle esa cantidad con gasolina, independientemente del precio del etanol, del maíz o de la gasolina, la demanda de maíz que crea no se debe en modo alguno a una reacción ante su precio. En términos económicos, dicha demanda es muy “inelástica”: se debe cumplir el mandato a toda costa.

Ésa es la situación en la que nos encontramos ahora, al menos a corto plazo. La inflexibilidad (o inelasticidad) añadida intensifica la reacción de los precios como una escasez real de maíz o la sensación de tal, ya sea en los EE.UU o en otra parte. Además, como se está utilizando casi el 40 por ciento del maíz de los EE.UU. para fabricar etanol, frente al cinco por ciento de hace unos años, sus precios han de subir para atender las demandas para piensos, exportación y  fabricación de etanol.

En resumidas cuentas, la versión actual de la política de los EE.UU. en materia de biocombustibles, con su prescripción fija de la mezcla, provoca un aumento mayor de los precios en caso de escasez de las cosechas… a corto plazo. Lo vimos en 2008 y estamos volviendo a verlo ahora.

Pero el rápido aumento de 2011 parece deberse a una mayor escasez de productos básicos que antes. En la primera mitad de 2008, los precios de los productos básicos subieron rápidamente… y se desplomaron con la misma rapidez en la segunda mitad del año. Muy bien puede ser que hubiera un comportamiento especulativo que contribuyese a la rápida oscilación.

Incluso con una producción normal de las cosechas en todo el mundo, acabaremos este año con unos bajos niveles sin precedentes en las relaciones entre existencias y utilización. Dichas relaciones son una causa primordial de aumento de los precios de los productos básicos, porque nos dan una idea del margen de que disponemos en caso de escasez en alguna parte del mundo. Esa relación nos indica esencialmente con cuántos meses de existencias contamos y actualmente asciende a un 15 por ciento, aproximadamente, en el caso de algunos productos básicos, es decir, dos meses de existencias.

¿Y qué decir del largo plazo? Con varios años por ajustar, es de esperar una fuerte reacción de la oferta ante los precios mayores de los productos básicos que ahora se dan en todo el mundo.

En muchas regiones del mundo, los rendimientos de las cosechas son sólo una fracción de los niveles de los EE.UU., incluso en zonas agrícolas con clima,  tierras y condiciones de producción similares. En los EE.UU., es habitual un desfase de un 20 por ciento, aproximadamente, entre las parcelas experimentales y los rendimientos reales de la misma zona. En muchas otras regiones, esas diferencias ascienden a entre el 40 por ciento y el 60 por ciento. En resumidas cuentas, hay enormes posibilidades de aumentar la producción en muchas partes de la Europa oriental, África y Sudamérica.

En la medida en que unos precios mayores de los productos básicos beneficien a los agricultores de esas regiones, éstos reaccionarán aumentando su producción, lo que acabará reduciendo la escasez, aumentando las relaciones entre las existencias y la utilización y atenuando los precios más altos. En realidad, en la medida en que los países en desarrollo permitan que sus agricultores disfruten de precios mayores, el resultado podría ser un importante estímulo para el crecimiento económico en las regiones rurales de los países en desarrollo, en las que vive la mayoría de los pobres del mundo.

Un problema es el de que con frecuencia los países en desarrollo intentan aislar sus mercados interiores de los precios mundiales, en particular de sus aumentos, para proteger a sus ciudadanos de las zonas urbanas, políticamente más poderosos. Esa política puede obstaculizar el desarrollo rural y reducir la mitigación de la pobreza.

Las historias a corto y a largo plazo son simplificaciones, pero no por ello dejan de transmitir la esencia de algunos factores decisivos que contribuyen a los cambios de precios. Las políticas de los Estados Unidos en materia de biocombustibles propician aumentos de los precios en casos de crisis de la oferta a corto plazo. A largo plazo, los mayores precios resultantes podrían llegar a ser un motor del desarrollo económico en las regiones rurales pobres del mundo. Esa distinción podría representar un cambio enormemente importante para millones de personas.

Los espectadores de Daytona 500 de febrero en Florida recibieron banderas verdes para agitar en celebración de la noticia de que los autos estándares de la carrera ahora usan gasolina con un 15% de etanol a base de maíz. Fue el inicio de una campaña de marketing televisiva que durará toda una temporada para venderles las ventajas de los biocombustibles a los norteamericanos.

En la superficie, el autoproclamado “enverdecimiento de NASCAR” (Asociación Nacional de Autos Estándares de Carrera) es simplemente un ejercicio transparente (y, uno sospecha, desafortunado) en una forma medioambiental de blanqueo para el deporte –llamémoslo “un baño verde”-. Pero la sociedad entre un pasatiempo adorado por los estadounidenses y el lobby de los biocombustibles también marca el último intento por inclinar a la opinión pública a favor de una política verdaderamente irresponsable.

Estados Unidos gasta unos 6.000 millones de dólares por año en respaldo federal a la producción de etanol a través de créditos impositivos, aranceles y otros programas. Gracias a esta asistencia financiera, una sexta parte de la oferta de maíz del mundo se quema en autos estadounidenses. Es suficiente maíz para alimentar a 350 millones de personas durante un año entero.

El respaldo del gobierno del rápido crecimiento de la producción de biocombustibles contribuyó a un desorden en la producción de alimentos. De hecho, como resultado de la política oficial de Estados Unidos y Europa, que incluye metas de producción agresivas, el biocombustible consumió más del 6,5% de la producción global de granos y el 8% del aceite vegetal del mundo en 2010, con respecto al 2% del suministro de granos y prácticamente ningún combustible vegetal en 2004.

Este año, después de una temporada de siembra particularmente mala, vemos los resultados. Los precios globales de los alimentos son los más altos desde que Naciones Unidas comenzó a llevar un registro en 1990, impulsados en gran medida por los aumentos en el costo del maíz. A pesar de las medidas que se tomaron recientemente contra la desnutrición, serán más millones de personas las que estarán mal alimentadas de las que habría habido en ausencia del respaldo oficial a los biocombustibles.

Ya hemos pasado por esto antes. En 2007 y 2008, el rápido aumento de la producción de biocombustibles causó una crisis de alimentos que incitó la inestabilidad política y fomentó la desnutrición. Los países desarrollados no aprendieron la lección. Desde 2008, la producción de etanol aumentó el 33%.

Los biocombustibles inicialmente fueron defendidos por los activistas medioambientales como una solución inmediata contra el calentamiento global. Empezaron a cambiar de opinión cuando una corriente de investigación demostró que los biocombustibles obtenidos a partir de la mayoría de los cultivos de alimentos no reducían significativamente las emisiones de gases de tipo invernadero –y, en muchos casos, causaban la destrucción de bosques para sembrar más alimentos, creando más emisiones netas de dióxido de carbono que los combustibles fósiles.

Algunos activistas verdes respaldaron los mandatos a favor de los biocombustibles, con la esperanza de que abrirían el camino para el etanol de próxima generación, que utilizaría plantas no alimenticias. Esto no sucedió.

Hoy, es difícil encontrar un solo ambientalista que siga respaldando la política. Hasta el ex vicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel Al Gore –que alguna vez hizo alarde de haber emitido el voto decisivo para el respaldo del etanol- dice que la política es “un error”. Ahora admite que la respaldó porque “tenía cierta afición por los productores de maíz del estado de Iowa” –que, no por casualidad, eran cruciales para su candidatura presidencial de 2000.

Es reconfortante que Gore ahora haya cambiado de opinión en vista de la evidencia. Pero existe una lección más amplia. Un coro de voces de la izquierda y la derecha se pronuncian en contra de un respaldo continuo del gobierno a los biocombustibles. El problema, como ha dicho Gore, es que “resulta difícil, una vez que se implementa un programa de esta naturaleza, lidiar con los lobbies que lo mantienen en pie”.

Los políticos no pueden frenar este tipo de comportamiento ávido de rentas. Lo que pueden hacer es diseñar políticas razonadas que maximicen el bienestar social. Desafortunadamente, cuando se trata de políticas a las que se vende como un freno al calentamiento global, una protección del medio ambiente o una generación de “empleos verdes”, tenemos una tendencia a tomar decisiones apresuradas que no pasan la prueba.

El respaldo del gobierno a los biocombustibles es sólo un ejemplo de una política “verde” de reacción automática que crea oportunidades lucrativas para un grupo de empresas que defiende sus propios intereses, pero hace muy poco para ayudar al planeta. Consideremos el respaldo financiero que se les brindó a las empresas de energía renovable de primera generación. Alemania estuvo a la cabeza del mundo a la hora de instalar paneles solares, financiados por 75.000 millones de dólares en subsidios. ¿El resultado? Una tecnología solar ineficiente y poco competitiva instalada en los techos de un país que suele estar bastante nublado, que proporcionó un irrisorio 0,1% de la oferta total de energía de Alemania y que pospuso siete horas los efectos del calentamiento global en 2010.

Dadas las apuestas financieras, no sorprende que las empresas de energía alternativa, las firmas de inversión “verde” y los productores de biocombustibles estén haciendo un fuerte lobby a favor de una mayor generosidad gubernamental, y que estén llevando su causa directamente a la población al resaltar sus supuestos beneficios para el medio ambiente, la seguridad energética y hasta el empleo –ninguno de los cuales resiste un escrutinio-. “El acuerdo con NASCAR llevará el etanol estadounidense a la estratósfera”, declaró Tom Buis, máximo responsable ejecutivo de Growth Energy, la asociación de comercio de etanol.

Al menos un grupo ya está vendido: los contendientes presidenciales. En Iowa el mes pasado, el posible candidato republicano Newt Gingrich se mofó de los “ataques de las grandes ciudades” a los subsidios al etanol. Y, en lo que debe ser música para los oídos de la industria, un funcionario de la administración Obama declaró que, incluso en medio de los precios más altos de los alimentos que el mundo haya visto hasta la fecha, “no existe ninguna razón para levantar el pie del acelerador” en cuanto a los biocombustibles.

En realidad, existes millones de razones –que sufren innecesariamente- para aplicar los frenos.

La régulation des marchés dérivés des matières premières est un des grands chantiers de la présidence française du G20. En matière agricole et alimentaire il y a manifestement urgence. Les indicateurs sont au rouge. Les prix des produits alimentaires de base explosent : le blé coté à 120 euros la tonne en février 2010 frise les 270 euros un an plus tard, dépassant le plafond atteint en 2008, tandis que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture annonce une crise alimentaire d’une ampleur similaire à celle de 2008. Le G20 finances attend les résultats de plusieurs rapports pour se pencher sur la question. La spéculation sur les marchés dérivés agricoles apparaît pour de plus en plus d’experts comme une cause majeure de la flambée des prix. Du coup tout le monde se réjouit : le G20 prend enfin ses responsabilités !

Mais y a-t-il vraiment de quoi se réjouir ? Transparence accrue sur les marchés, dialogue amélioré entre producteurs et consommateurs, étude des produits dérivés et de leurs mécanismes… Les propositions émises par la présidence française ne feront certainement pas trembler l’industrie financière. Elles ne permettront pas de contrer l’arrivée massive, sur les marchés à terme agricoles, des fonds de pension, des fonds indexés et autres produits de la finance, qui font feu de tout bois pour rentabiliser leurs portefeuilles et contribuent ainsi aux bulles spéculatives et à l’insécurité alimentaire. Elles n’inverseront pas la tendance à l’hégémonie des spéculateurs par rapport aux opérateurs économiques, ceux qui produisent et échangent réellement les produits agricoles et alimentaires, spéculateurs qui ne représentaient qu’un quart des positions d’achat en 1998 et les trois quarts dix ans plus tard. A minima faudrait-il envisager de restreindre les positions de chaque agent, de supprimer les marchés de gré à gré ou de les suspendre en période de turbulence.

Mais quand bien même y parviendrait-on, ces mesures ne changeront rien au problème de fond : la volatilité des prix agricoles. Pour néfaste que puisse paraître la spéculation sur les denrées alimentaires de base, elle n’est qu’un effet collatéral du démantèlement des politiques agricoles entrepris à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 1994. Les marchés agricoles ne sont pas parfaitement concurrentiels et efficients comme le supposent les modèles qui prônent leur dérégulation. Pour de multiples raisons, ils varient de façon brutale et chaotique, ce qui pénalise la rentabilité des investissement productifs, l’efficacité de l’organisation des filières, et in fine la stabilité des prix au consommateur et la sécurité de son approvisionnement. C’est pourquoi, depuis les pharaons et dans toutes les sociétés prospères, les pouvoirs publics ont régulé les marchés pour stabiliser les prix intérieurs. C’est pourquoi les Etats-Unis ont posé dès 1938 les fondements d’une politique agricole et alimentaire qui inspire encore aujourd’hui leur action. C’est pourquoi l’Union européenne, a mis en place dans les années 1960 une Politique agricole commune (PAC) permettant de stabiliser les prix et d’assurer la sécurité d’approvisionnement d’un nombre croissant de consommateurs à des prix raisonnables.

DÉMANTÈLEMENT DES POLITIQUES DE RÉGULATION DES PRIX AGRICOLES

Mais l’idéologie néo-libérale a poussé depuis les années 1980, sous l’égide de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI) puis de l’OMC, à démanteler tous ces outils de régulation, dans les pays du Nord comme du Sud. Les pays les plus riches ont toutefois pu préserver leur potentiel de production, par de substantielles aides directes aux agriculteurs, à la charge du contribuable. Ce qui n’a pas pu être le cas dans les pays les plus pauvres : leur potentiel de production s’est fortement dégradé, contribuant à accroître de façon dramatique leur dépendance alimentaire. Celle-ci devient insupportable avec la flambée des cours, jouant un rôle non négligeable dans les soulèvements actuels contre les régimes en place.

En parfaite continuité avec la doctrine de l’OMC qu’elle a activement soutenue, l’Union européenne s’apprête à porter un coup fatal en 2013 à sa Politique agricole commune. Les pays et grandes régions auront ainsi abandonné tous les instruments de politique agricole nécessaires pour gérer la sécurité alimentaire. Avec l’abandon des politiques régionales de stockage, les prix agricoles intérieurs sont désormais alignés sur des cours mondiaux de plus en plus volatiles. Les conditions sont alors réunies pour que les spéculateurs, dont c’est la raison d’être, puissent trouver de nouvelles opportunités de profits à court terme sur les produits financiers dérivés des marchés agricoles. La France ne s’y était pas trompée, puisqu’en 1936 elle avait interdit les marchés à terme agricoles, les considérant comme contradictoires avec la stabilisation des prix.

On mesure ici toute la vanité des discours des puissances du G20 : répondant aux préceptes néolibéraux, elles démantèlent les politiques de régulation des prix agricoles et offrent un nouveau champs d’intervention aux spéculateurs, pour se lamenter ensuite sur les conséquences de leurs propres choix. En pleine flambée des prix, elles ne proposent ni d’éteindre l’incendie, ni d’en traiter les causes, mais tout juste d’y voir un peu plus clair sur l’étendue du désastre. Ultime contradiction : le G20 finances vient d’appeler une nouvelle fois à conclure le cycle actuel de négociations de l’OMC, alors que l’accord en préparation prive définitivement les grandes régions de toute possibilité de protection face aux aléas des cours mondiaux, de stabilisation des prix et de réorientation vers une meilleure autonomie alimentaire…, qui sont pourtant les seuls moyens à même de réellement dissuader les spéculateurs.

“NGOs don’t mobilise people, desperation mobilises people,” said a Cambodian land activist as he related the experience of Boeung Kak villagers who were driven off their land by their own government to make way for corporate profiteering.

Such stories were abundant from all corners of the world this week at the World Social Forum in Dakar, Senegal. The forum, which celebrated its 10th anniversary this year, attracted representatives from civil society organisations, social movements and unions from more than 123 countries. Present among them were land rights activists and small farmers, who came to relate and decry the unfettered grabbing of their land.

Land grabbing emerged as the hot topic in this year’s forum. The phenomenon is defined as taking possession of and/or controlling a scale of land for commercial or industrial agricultural production, which is disproportionate in size in comparison to the average land holding in the region. Stories from Madagascar, Democratic Republic of Congo, Mali, India, Brazil and Mozambique illustrate that the phenomenon is widespread and the consequences can be dire. Land investments from overseas to secure food supplies and biofuels, speculation and resource extraction are the major drivers of this phenomenon.

Speaking through a megaphone under a plastic tent, peasant leaders from Mali exposed the acquisition of plots in their village by the Libyan government, which built a 40-metre long canal through their community. The canal runs through their traditional pastoral grazing land, cultivated plots and even their cemetery. “Not even our dead could rest in peace,” said the representative from Afrique Verte, a local NGO monitoring the issue.

In a world where the commoditisation of resources has become the norm, it is not surprising that communities are losing their most precious assets to the highest bidder. The spectre of a hungry world is being used to push the agenda for industrial agriculture, but in reality, the majority of the land is used for producing animal feed and agrofuels, as well as land speculation, rather than food crops. A World Bank report on land acquisitions shows that only 37% of this land is used to grow food.

Land has become one of the hottest commodities in the world market, particularly in Africa, where 70% of the global grabbing took place from 2006 to 2009, according to the International Food Policy Research Institute. Buyers prefer land that is easy to acquire and fairly fertile, with access to water resources. As most governments desire foreign direct investment in the elusive pursuit of a narrowly defined “economic growth”, the optimal transaction almost always comes at the expense of small farmers. .

Small family farms are considered economically “inefficient” because their yields feed their communities and not the global market. But family farms actually have higher productivity per hectare than their larger counterparts. Nevertheless, investment in them has been reduced in the last 20 years in favour of industrial farming.

In my home country of Brazil, we have seen the disastrous effects of this large-scale agricultural development model, where half of agricultural production is going to soy and sugar cane, to feed animals and cars, not people. The 90% increase in soy production in the last decade in Brazil comes at the cost of deforestation of the Amazon, displacement of traditional communities, and a massive rural exodus to urban slums. Yet it is the small farmer that feeds Brazil, with 60% of the food consumed nationally coming from family farms, according to the 2006 Agricultural Census.

Inherent in this predicament is the commodification of land, which stems from the neoliberal development model that drives policymakers. The very architecture of this global governance and economic system must be challenged and reformed. The time has come to reinvest in the kind of agriculture that actually feeds people. The notion that small farmers are unproductive renders them invisible; their contributions to their communities and local development go unrecognised and with that they go on tightening their belts, one notch at a time.

Land rights activists here at the World Social Forum call for global agriculture to work for people, upholding the right to food, supporting land reform that recognises customary rights and invests in small-scale production. We demand that our governments assume their responsibility to us, their constituents. Our needs should drive their actions, not a quixotic quest for corporate investment returns that have little chance of feeding the world’s poor.

Il fut un temps où les Etats africains soutenaient leurs paysans. Puis vint le temps de la sécheresse des Etats, surendettés. Ceux-ci furent mis sous tutelle par le FMI et la Banque mondiale. «Privatisez, libéralisez, ouvrez toutes grandes vos frontières», nous dirent-ils, en nous faisant clairement comprendre que, désormais, la gestion des affaires économiques de nos pays, ce n’était plus notre affaire.

C’est à ce moment que l’Etat disparut: plus d’encadrement, plus de crédits, plus rien pour nous, les paysans. Dans le même temps, l’Europe croulait sous les surplus agricoles. Et que croyez-vous qu’il advint? Ceux-ci furent déversés sur nos pays. Nous, les paysans, non subventionnés, non aidés, nous sommes retrouvés avec des produits trop chers, face à la concurrence déloyale de ceux, largement subventionnés, des paysans européens.

Les paysans, privés de moyens de subsistance, ont déferlé sur les villes, pour aller grossir les rangs des miséreux. On justifia alors l’arrivée massive de produits agricoles à bas prix, pour que les habitants des villes ne se révoltent pas. Mais en même temps, on tuait les paysans locaux.

Et puis les experts ont déferlé, pour nous aider. Ils nous ont dit qu’on n’était pas compétitifs, puisque nous utilisions encore la daba (la binette). Mais personne ne nous donnait rien; sans soutien, sans appui, nous avons été complètement livrés à nous-mêmes.

Les programmes d’ajustements structurels ont rompu le lien de confiance entre l’Etat et les paysans, qui fournissaient pourtant l’essentiel du produit intérieur brut. Nous nous sommes dit: comme il n’y a plus d’Etat, plus aucune structure pour nous soutenir, nous devons nous occuper nous-mêmes de nous.

C’est dans ce contexte que sont nées les organisations de producteurs agricoles telles que nous les connaissons aujourd’hui. Les mouvements de paysans, révoltés par leur situation, sont partis des villages, jusqu’au niveau national.

A cette époque, le statut de paysan était tellement dévalorisé que lorsqu’on demandait à un paysan: quel est ton métier, il répondait: «Je n’en ai pas», tellement il avait le sentiment de n’être rien. Nous avons franchi plusieurs étapes pour tenter de parvenir à améliorer notre propre situation. Mais nous devons continuer à nous battre pour survivre.

Notre nouveau défi: combattre l’accaparement de nos propres terres par des pays étrangers et des sociétés privées. Celles-ci sont bradées par nos propres autorités, souvent sous la pression des plus hauts responsables du pays. Nous tentons de faire pression sur nos élus locaux, pour qu’ils cessent de vendre nos terres aux plus offrants. Mais au Sénégal, le mouvement paysan qui lutte contre l’accaparement des terres est encore trop faible, notamment par manque d’informations.

Nous avons demandé que soit reconnue la propriété des exploitations familiales sur les terres qu’elles occupent, que les espaces de brousse, dans chaque village, soient reconnus comme propriété des villages, que les autres espaces qui entourent le village soient considérés comme des biens communautaires gérés par tous. Alors on nous a dit: avec ça, les investisseurs ne vont pas venir, car ils ne se sentiront pas sécurisés.

Alors, pour attirer des investisseurs, nous devons n’être rien chez nous? Si un investisseur vient chez nous, il doit pouvoir bénéficier de toutes les assurances. Pourquoi tout le monde doit être sécurisé, sauf nous? Pourquoi les paysans n’auraient-ils aucune garantie? Personne ne se préoccupe de nous; si nous avons des problèmes, on va à la mosquée ou à l’église pour prier, c’est tout. Mais l’économie doit être juste pour tout le monde, pas seulement pour les investisseurs étrangers.

Comment nourrir l’Afrique? Nous, les paysans, nous le savons: qu’on nous laisse simplement travailler, sans nous mettre perpétuellement des bâtons dans les roues, avec l’OMC, la Banque mondiale, le FMI, le bradage de nos terres, les semences transgéniques, et tous ces experts qui viennent nous fatiguer.

Hace ochenta años, en el otoño de 1930, Yosif Stalin implementó una política que cambió el curso de la historia, y derivó en decenas de millones de muertes a lo largo de décadas y en todo el mundo. En una campaña violenta y masiva de colectivización, puso la agricultura soviética bajo control estatal.

Stalin persiguió la colectivización a pesar de la resistencia generalizada que se había producido cuando las autoridades soviéticas habían intentando introducir por primera vez la política la primavera anterior. El liderazgo soviético entonces había recurrido a ataques con disparos y deportaciones al gulag para adelantarse a una oposición. Sin embargo, los ciudadanos soviéticos ofrecieron una resistencia masiva; los nómadas kazajos huyeron a China; los agricultores ucranianos, a Polonia.

En el otoño, los asesinatos y las deportaciones se reanudaron, complementados por la coerción económica. A los agricultores individuales se les gravó hasta que aceptaron la colectivización y a las granjas colectivas se las autorizó a apropiarse de los granos de semillas de los agricultores individuales, utilizados para sembrar la cosecha del año siguiente.

Una vez que se colectivizó el sector agrícola de la Unión Soviética, comenzó el hambre. Al despojar a los campesinos de su tierra y convertirlos en empleados estatales de facto, la agricultura colectiva le permitió a Moscú controlar a la gente, así como su producción.

Sin embargo, control no es creación. Resultó imposible convertir a los nómadas de Asia Central en agricultores productivos en una sola temporada de siembra. A partir de 1930, aproximadamente 1,3 millones de personas sufrían hambruna en Kazajistán, mientras sus magras cosechas eran requisadas según directivas centrales.

En Ucrania, la cosecha fracasó en 1931, por múltiples razones: mal tiempo, pestes, escasez de fuerza de tracción animal porque los campesinos mataban a su ganado antes que perderlo a manos del colectivo, falta de tractores, los asesinatos y la deportación de los mejores agricultores y la interrupción de la siembra y la cosecha causada por la propia colectivización.

“¿Cómo podemos esperar construir la economía socialista – preguntó un campesino ucraniano-cuando estamos todos condenados al hambre?”. Ahora sabemos, después de 20 años de análisis de documentos soviéticos, que en 1932 Stalin hábilmente transformó el hambre como consecuencia de la colectivización en Ucrania en una campaña deliberada de hambruna con motivos políticos. Stalin presentó el fracaso de la cosecha como una señal de la resistencia nacional ucraniana, que más que concesiones requería firmeza.

A medida que la hambruna se propagaba ese verano, Stalin refinó su explicación: el hambre era sabotaje, los activistas comunistas locales eran los saboteadores, protegidos por autoridades superiores, y todos estaban pagados por espías extranjeros. En el otoño de 1932, el Kremlin emitió una serie de decretos que garantizaban la muerte masiva. Uno de ellos les recortaba todos los suministros a las comunidades que no cumplían con sus cuotas de granos.

Mientras tanto, los comunistas se apropiaban de todos los alimentos a su alcance, como recordó un campesino, “hasta el último granito”, y a principios de 1933 las fronteras de la Ucrania soviética se sellaron para que la gente que pasaba hambre no pudiera buscar ayuda. Los campesinos moribundos recogían las cosechas de primavera bajo torres de vigilancia.

Más de cinco millones de personas murieron de hambre o de enfermedades relacionadas con el hambre en la URSS a principios de los años treinta, 3,3 millones de ellas en Ucrania, de las cuales unos tres millones habrían sobrevivido si Stalin hubiera interrumpido simplemente las requisiciones y las exportaciones durante unos meses y le hubiera otorgado a la gente acceso a las tiendas de granos.

Estos episodios siguen en el centro de la política de Europa del Este hasta el día de hoy. Cada noviembre, los ucranianos rinden homenaje a las víctimas de 1933. Pero Viktor Yanukovich, el actual presidente ucraniano, niega el sufrimiento especial del pueblo ucraniano – un asentimiento de la narrativa histórica oficial de Rusia, que intenta desdibujar los males particulares de la colectivización para que parezca una tragedia tan vaga que no tenga ni perpetradores ni víctimas evidentes-.

Rafal Lemkin, el abogado judío polaco que acuñó el concepto de genocidio e inventó el término, no habría estado de acuerdo: catalogó la hambruna ucraniana como un caso clásico de genocidio soviético. Como Lemkin bien sabía, tras la hambruna llegó el terror: los campesinos que sobrevivieron al hambre y al gulag se convirtieron en las próximas víctimas de Stalin. El Gran Terror de 1937-1938 comenzó con una campaña de asesinatos – dirigidos principalmente contra los campesinos-que se adjudicó 386.798 vidas en toda la Unión Soviética – de las cuales una cantidad desproporcionada ocurrieron en Ucrania-.

La colectivización dejó una huella profunda. Cuando la Alemania nazi invadió la zona occidental de la Unión Soviética, los alemanes mantuvieron las granjas colectivas intactas, a las que vieron como el instrumento que les permitiría desviar los alimentos ucranianos para sus propios fines, y hacer morir de hambre a quienes quisieran.

Después de que Mao hizo su revolución en 1948, los comunistas chinos siguieron el modelo estalinista de desarrollo. Esto implicó que unos 30 millones de chinos se murieran de hambre en 1958-1961, en una hambruna similar a la de la Unión Soviética. La colectivización maoísta también fue seguida por campañas masivas de asesinatos.

Incluso hoy, la agricultura colectiva es la base del poder tiránico en Corea del Norte, donde cientos de miles de personas padecieron hambre en los años noventa. Y en Bielorrusia, la última dictadura de Europa, la agricultura colectiva nunca se abandonó, y un ex director de granjas colectivas, Alexander Lukashenko, gobierna el país.

Lukashenko acaba de imponerse para un cuarto mandato presidencial consecutivo, entre la represión y el fraude. Al controlar la tierra, también controla los votos. Ochenta años después de la campaña de colectivización, el mundo de Stalin sigue con nosotros.

The news from this Midwestern farm is not good. The past four years of heavy rains and flash flooding here in southern Minnesota have left me worried about the future of agriculture in America’s grain belt. For some time computer models of climate change have been predicting just these kinds of weather patterns, but seeing them unfold on our farm has been harrowing nonetheless.

My family and I produce vegetables, hay and grain on 250 acres in one of the richest agricultural areas in the world. While our farm is not large by modern standards, its roots are deep in this region; my great-grandfather homesteaded about 80 miles from here in the late 1800s.

He passed on a keen sensitivity to climate. His memoirs, self-published in the wake of the Dust Bowl of the 1930s, describe tornadoes, droughts and other extreme weather. But even he would be surprised by the erratic weather we have experienced in the last decade.

In August 2007, a series of storms produced a breathtaking 23 inches of rain in 36 hours. The flooding that followed essentially erased our farm from the map. Fields were swamped under churning waters, which in places left a foot or more of debris and silt in their wake. Cornstalks were wrapped around bridge railings 10 feet above normal stream levels. We found butternut squashes from our farm two miles downstream, stranded in sapling branches five feet above the ground. A hillside of mature trees collapsed and slid hundreds of feet into a field below.

The machine shop on our farm was inundated with two feet of filthy runoff. When the water was finally gone, every tool, machine and surface was bathed in a toxic mix of used motor oil and rancid mud.

Our farm was able to stay in business only after receiving grants and low-interest private and government loans. Having experienced lesser floods in 2004 and 2005, my family and I decided the only prudent action would be to use the money to move over the winter to better, drier ground eight miles away.

This move proved prescient: in June 2008 torrential rains and flash flooding returned. The federal government declared the second natural disaster in less than a year for the region. Hundreds of acres of our neighbors’ cornfields were again underwater and had to be replanted. Earthmovers spent days regrading a 280-acre field just across the road from our new home. Had we remained at the old place, we would have lost a season’s worth of crops before they were a quarter grown.

The 2010 growing season has again been extraordinarily wet. The more than 20 inches of rain that I measured in my rain gauge in June and July disrupted nearly every operation on our farm. We managed to do a bare minimum of field preparation, planting and cultivating through midsummer, thanks only to the well-drained soils beneath our new home.

But in two weeks in July, moisture-fueled disease swept through a three-acre onion field, reducing tens of thousands of pounds of healthy onions to mush. With rain falling several times a week and our tractors sitting idle, weeds took over a seven-acre field of carrots, requiring many times the normal amount of hand labor to control. Crop losses topped $100,000 by mid-August.

The most recent onslaught was a pair of heavy storms in late September that dropped 8.2 inches of rain. Representatives from the Federal Emergency Management Agency again toured the area, and another federal disaster declaration was narrowly averted. But evidence of the loss was everywhere: debris piled up in unharvested cornfields, large washouts in fields recently stripped of pumpkins or soybeans, harvesting equipment again sitting idle.

My great-grandfather recognized that weather is never perfect for agriculture for an entire season; a full chapter of his memoir is dedicated to this observation. In his 60 years of farming he wrote that only one season, his final crop of 1937, had close to ideal weather. Like all other farmers of his time and ours, he learned to cope with significant, ill-timed fluctuations in temperature and precipitation.

But at least here in the Midwest, weather fluctuations have been more significant during my time than in his, the Dust Bowl notwithstanding. The weather in our area has become demonstrably more hostile to agriculture, and all signs are that this trend will continue. Minnesota’s state climatologist, Jim Zandlo, has concluded that no fewer than three “thousand-year rains” have occurred in the past seven years in our part of the state. And a University of Minnesota meteorologist, Mark Seeley, has found that summer storms in the region over the past two decades have been more intense and more geographically focused than at any time on record.

No two farms have the same experience with the weather, and some people will contend that ours is an anomaly, that many corn and bean farms in our area have done well over the same period. But heavy summer weather causes harm to farm fields that is not easily seen or quantified, like nutrient leeching, organic-matter depletion and erosion. As climate change accelerates these trends, losses will likely mount proportionately, and across the board. How long can we continue to borrow from the “topsoil bank,” as torrential rains force us to make ever more frequent “withdrawals”?

Climate change, I believe, may eventually pose an existential threat to my way of life. A family farm like ours may simply not be able to adjust quickly enough to such unendingly volatile weather. We can’t charge enough for our crops in good years to cover losses in the ever-more-frequent bad ones. We can’t continue to move to better, drier ground. No new field drainage scheme will help us as atmospheric carbon concentrations edge up to 400 parts per million; hardware and technology alone can’t solve problems of this magnitude.

To make things worse, I see fewer acres in our area now planted with erosion-preventing techniques, like perennial contour strips, than there were a decade ago. I believe that federal agriculture policy is largely responsible, because it rewards the quantity of acres planted rather than the quality of practices employed.

But blaming the government isn’t sufficient. All farmers have an interest in adopting better farming techniques. I believe that we also have an obligation to do so, for the sake of future generations. If global climate change is a product of human use of fossil fuels — and I believe it is — then our farm is a big part of the problem. We burn thousands of gallons of diesel fuel a year in our 10 tractors, undermining the very foundation of our subsistence every time we cultivate a field or put up a bale of hay.

I accept responsibility for my complicity in this, but I also stand ready to accept the challenge of the future, to make serious changes in how I conduct business to produce less carbon. I don’t see that I have a choice, if I am to hope that the farm will be around for my own great-grandchildren.

But my farm, and my neighbors’ farms, can contribute only so much. Americans need to see our experience as a call for national action. The country must get serious about climate-change legislation and making real changes in our daily lives to reduce carbon emissions. The future of our nation’s food supply hangs in the balance.

Ten years ago large areas of Zimbabwe’s commercial farmland were invaded by land-hungry villagers, led by war veterans and backed by President Robert Mugabe. The Zimbabwe supreme court ruled the land reform programme illegal, and since then images of chaos, destruction and violence have dominated global coverage.

But as Zimbabwe moves forward with a new agrarian system, a more balanced appraisal is now needed for the process that overturned a century-old pattern of land use dominated by a small group of large-scale commercial farmers. This means listening to the results of solid, on-the-ground research.

In our 10-year study in Masvingo province, we examined what happened to people’s livelihoods. “We got good yields this year. I filled two granaries with sorghum. I hope to buy a grinding mill and locate it at my homestead.” These are the words of Samuel Mafongoya, a Masvingo farmer who was one of the many beneficiaries of the controversial land reform process. Not every story was as positive, of course. The hard evidence was complex and nuanced. But it also contradicted the overwhelmingly negative images of land reform presented in the media.

At independence in 1980, over 15m hectares were devoted to large-scale commercial farming by about 6,000 farmers, nearly all white. This fell to about 12m hectares by 1999, in part through a modest land reform and resettlement programme largely funded by the UK. Formal land reallocation since 2000 has resulted in the transfer of nearly 8m hectares to over 160,000 households, mostly are ordinary people from nearby areas. If the “informal” settlements outside the official programme are added, the totals are even larger.

This major restructuring has had knock-on consequences, and there have been heavy hits on certain commodities and markets: wheat, tobacco, coffee, tea and beef exports have all suffered. However, other crops and markets have weathered the storm, and some have boomed. Production of small grains and edible beans has increased dramatically compared with the 1990s, and cotton production too has gone up. True, there are major problems in certain areas, but agriculture has not collapsed.

In Masvingo, reform saw more than a quarter of the land taken over by around 32,500 households on smallholder sites, 1,200 households on slightly larger sites, and 8,500 households in informal resettlement sites. It has resulted in a new composition of people in the rural areas, with highly diverse livelihoods, based on mixed crop and livestock farming. Another resettlement farmer, Petros Chakavanda, told us: “We are not employed but we are getting higher incomes than those at work.”

In fact, our studies showed that over half of the 400 households sampled are accumulating and investing, often employing labour and increasing their farming operations. And their activity is having a positive impact on the wider economy, stimulating demand for services, consumer goods and labour.

Others were finding the going tough. Joining the land invasions and establishing new farms in what was often uncleared bush was not easy. It required commitment, courage and much hard work. It is true that some new farmers have made it due to political connections and patronage. Yet, despite their disproportionate influence on local politics, in Masvingo they make up less than 5% of households. Remember too that since 2000 these new settlers have received very little external support. The government was broke and often focused its efforts on a few of the elite. Meanwhile, aid organisations shied away from the resettlement areas for political reasons.

We do not want to underplay the abuses that took place or the challenges that transition brings. However, our research has dispelled the assumption that Zimbabwe’s controversial reform was “all bad”. Solid empirical evidence has challenged the myth that there is no investment, that agricultural production has collapsed and food insecurity is universal, that the rural economy is in precipitous decline, and that farm labour has been totally displaced. There are many challenges ahead, but we believe it is possible to define a positive, forward-looking agenda for the future.

• Some names have been changed. Zimbabwe’s Land Reform: Myths and Realities, by Ian Scoones, Nelson Marongwe, Blasio Mavedzenge, Felix Murimbarimba, Jacob Mahenehene and Chrispen Sukume.

When the World Bank held its annual meeting last weekend, there was much discussion of trade imbalances and currency wars, but nothing about Nigerian palm oil. That’s a shame, because the bank’s loans for plantation agriculture in sub-Saharan Africa and other developing regions — some $132 million of which have gone to palm oil cultivation — have been humanitarian and economic triumphs. Yet now, under misguided pressure from environmental groups, the bank is turning its back on the program.

Palm oil, which is extracted from the pulp of the oil palm, is an essential food in sub-Saharan Africa and other poor regions. Accounting for almost 40 percent of the world’s vegetable oils, it is an indispensable source of vitamins and calories. The developing world is heavily reliant on palm as a source of nutrition because the plant thrives in tropical climates and yields significantly more fats and calories than other options. It gives the developing world — where hundreds of millions of men and women still live on a few dollars a day — the most caloric bang for the buck.

Nigeria’s palm oil industry, which once led the world, was moribund by the end of the last century. But thanks to the World Bank program, it is now one of the world’s largest producers, after Indonesia and Malaysia. In addition to providing food, the palm oil sector offers jobs, employing tens of thousands of Nigerians who earn wages similar to those of college graduates. In a country where most people have limited education, this sector has been essential to helping the broader Nigerian economy grow.

The industry is also diverse, as both small-scale landholders and a growing number of industrial farms have used the World Bank loans to invest in more efficient harvesting and production techniques. The revival of the palm oil industry gives Nigeria hope that its economy will not be forever hostage to petroleum production — and the pollution and graft that inevitably accompany it.

But the bank’s legacy of success is now in serious jeopardy. Under the leadership of Robert Zoellick, a former United States trade representative, the bank has wavered from its poverty-reduction mission and is increasingly focusing on achieving fashionable political and social goals. As Mr. Zoellick put it, “We are all committed to ensuring that positive developmental outcomes — including environmental and social sustainability — are at the core of all our activities.”

This is a huge, and disturbing, change in direction. The World Bank was conceived out of the wreckage of World War II, and its mission has always been simple: extend low-interest loans from rich nations to support development projects in poor nations. Of necessity, many of these loans support agriculture-related projects. These projects do two crucial things. First, they help poor nations feed their populations. Second, they generate goods that can be traded in global markets, thus linking the developing world economically with the wealthy world.

The results have been extraordinary. According to the bank itself, since its inception, life expectancy in developing countries has risen by more than 20 years. Adult illiteracy in poor nations has been cut in half since 1980. And over the past two decades, the number of people living on less than $1 a day, while unacceptably high, has dropped for the first time.

But in many cases this progress has now run afoul of environmental groups that often put ideology ahead of the needs of the poor. And, unfortunately, these groups have persuaded Mr. Zoellick to suspend all loans for palm-related plantation agriculture indefinitely as the bank undertakes a review of its policies.

The critics of palm oil production, mostly in the United States and Europe, claim that it contributes to the destruction of forests. Yes, Nigeria has a problem with deforestation — but that is primarily in the country’s north, and almost all palm oil plantations are in the south. The forest depletion in the north is generally due to climate problems and the population’s reliance on firewood for fuel.

Indeed, the expected drop in palm oil production because of the World Bank’s decision is likely to worsen deforestation, as a weakened economy will force more Nigerians to chop down trees for cooking fuel and shelter.

The environmental effects of palm oil production around the world should certainly be given consideration, but any new regulations should not impede poverty alleviation in the developing world, as poverty is the biggest driver of ecological harm. And there are many multilateral organizations that focus on environmental health, including several within the United Nations, that are far better equipped than the World Bank to handle the job.

Mission creep is a threat to any large bureaucracy. What has made the World Bank almost uniquely successful over the last half-century has been its sustained focus on the most important humanitarian goal: lessening poverty. The moment the bank takes its eye off economic growth, it loses its reason for being. The residents of the developing world will be the casualties.

Le bilan intermédiaire des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD, 2000-2015) est préoccupant. Malgré des progrès dans l’éducation et la santé, on reste loin du recul de moitié de la pauvreté d’ici à 2015. Ce constat résulte du choix des objectifs qui insistent sur la bonne gouvernance, l’éducation, la santé, la condition féminine, au lieu de mettre l’accent majeur sur les facteurs économiques. Car le développement s’apparente à l’art de la guerre. La victoire est à ceux qui concentrent leurs moyens sur les points décisifs.

Au niveau planétaire, les indicateurs sur la pauvreté montrent que l’Afrique au sud du Sahara et l’Asie (surtout l’Asie du Sud) abritent les plus lourdes concentrations d’extrême pauvreté. C’est donc sur ces régions que devrait porter l’effort principal, à une grosse différence près: la misère a reculé en Asie alors qu’elle ne baisse guère en Afrique subsaharienne, conséquence d’une faible croissance économique.

Second élément, la pauvreté est en général plus vive dans les villages que dans les villes. Or, dans nos deux régions, contrairement au Moyen-Orient ou à l’Amérique latine, les populations des campagnes sont encore prédominantes. En conséquence, la priorité à l’agriculture et aux infrastructures aurait dû s’imposer.

Cette négligence des paysans touche aussi bien les élites dirigeantes des pays concernés que les institutions internationales. La part de l’aide à l’agriculture est passée de 18% du total (8 milliards de dollars) en 1979 à 3,5% en 2004 (3,4 milliards). Le nombre d’agronomes américains dans les pays du Sud a chuté de 80%. La Banque mondiale se plaint de manquer de cadres dotés d’une solide expérience du terrain. Dans nos instituts de développement, les études rurales sont en baisse.

Les pays émergents d’Asie, comme l’Inde, la Chine et d’autres n’ont pas besoin d’une grosse aide, car ils ne manquent pas de ressources humaines et matérielles. La question est de mieux les utiliser. Leur base agricole est certes plus solide qu’en Afrique au sud du Sahara, mais ce sont surtout les zones irriguées qui ont profité de la Révolution verte introduite dans les années 1965-70: nouvelles semences, engrais chimiques, irrigation, outillage. Les terres non irriguées ou non irrigables sont restées en marge, car l’eau est le facteur clé dans la Révolution verte. En Inde, les salaires agricoles tombent à la moitié de ceux des districts avancés pour le même travail. Les activités hors de l’agriculture, négoce, transports, petites industries, construction de maisons en brique qui remplacent les murs en pisé, sont beaucoup moins répandues que dans les zones de la Révolution verte, ce qui restreint les possibilités d’emploi, perpétuant la pauvreté. De plus, de 1980 à 2004 dans la plupart des pays, on a noté un relâchement dans le développement rural, tendance qui n’est que partiellement corrigée aujourd’hui.

Au sud du Sahara, la situation ne cesse de se dégrader depuis 1970. La progression de l’agriculture ne suit pas celle de la population, d’où la hausse continue des importations de grain. Evoquer une Révolution verte sur le modèle asiatique relève de l’utopie car les conditions de départ sont trop différentes de celles de l’Asie vers 1965. L’Afrique est moins bien dotée en belles plaines alluviales irriguées ou irrigables. Les techniques agricoles sont d’une productivité plus faible. De vastes régions ignorent la charrue. Seules 5% des terres cultivées sont irriguées contre 30 à 70% dans l’Asie des années 1960. Les infrastructures, routes, électricité, sont elles aussi très peu développées. Même constat pour la recherche et les services agricoles.

Ces handicaps sont parfaitement surmontables à long terme, moyennant de gros investissements. De belles possibilités d’irrigation existent au Sahel, si vulnérable à la sécheresse, grâce aux fleuves Sénégal et Niger. Pourtant, au Mali, les périmètres irrigués par le Niger n’ont passé que de 60 000 hectares (ha) en 1960 à 85 000 aujourd’hui, face à un potentiel d’un million d’ha. Plus au sud, une meilleure pluviosité aidant, on peut défricher de nouvelles terres. En même temps il faut améliorer l’encadrement des paysans, développer les infrastructures rurales…

Une très grosse aide étrangère s’impose, mais encore faut-il qu’elle soit plus efficace et mieux ciblée que par le passé. En effet, depuis 1960, on ne compte plus les rapports très critiques des soutiens apportés à l’Afrique subsaharienne: expatriés de niveau discutable, gaspillages, corruption, extrême multiplicité des projets de développement…

En conclusion, on ne peut que partager l’opinion de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced): «Il est temps de repenser les OMD en remettant l’agriculture au centre d’une stratégie plus intégrée de développement.» (UNCTAD, Policy Briefs, no. 15, June 2010)

Nos ha tocado vivir un tiempo de aprendices de brujo. Hemos puesto en marcha una civilización que ha logrado incesantemente mejorar la vida de muchísima gente, pero tal vez apresuradamente. No podíamos medir las consecuencias de tantas cosas que estábamos haciendo en el planeta. Esta nave con la cual andamos por el universo tiene sus propias complejidades y ahora estamos aprendiendo, con dolor, que tenemos que modificar muchos aspectos de nuestro comportamiento para que la Tierra se mantenga sostenible.

Esto es indispensable para el sostenimiento de todas las formas de vida, y con ello, la nuestra.

No somos tan poderosos ni tan sapientes como a veces lo creemos. En verdad, los juegos profundos de interrelación de la naturaleza y de las actividades humanas entrañan una hondura de misterios. En este sentido, tenemos que agradecer en primer término a los científicos que han dedicado su vida a indagar los secretos de la naturaleza. Esta es una dedicación que solo puede explicarse por una pasión por la causa humana.

Hoy en día, nadie puede desentenderse de los desafíos de convivir y de hacer sostenible el medio ambiente. Todos somos corresponsables.

Sin embargo, y paradójicamente, existe una responsabilidad mucho más grande por parte de aquellos que primeramente accedieron a los dones de la civilización moderna y contemporánea. Pero esta no es una causa nacional, es una causa universal. Nadie está exento. Ningún país, por poderoso que sea, puede asegurar la continuidad de lo que está en juego.

Por eso los acuerdos de carácter mundial son cada vez más necesarios. Estos acuerdos deben poder contar con la fidelidad de su cumplimiento por parte de todos los integrantes de la comunidad mundial, con sostenibilidad de recursos, con una preocupación latente pero organizada, y, especialmente, con un trabajo concertado de los hombres y mujeres de ciencia para poder hacer frente a desafíos como el de una gran ampliación del extensionismo agrícola.

Hoy sabemos muchas cosas que deberíamos hacer, pero que no sabemos aplicar en masa. Por ello, educar y formar gente es decisivo.

Necesitamos investigar mucho más y necesitamos elaborar un tipo de conocimiento que sea propiedad de la humanidad y que esté al servicio deliberado de toda la humanidad, es decir, que sea accesible a todos los pueblos

En esta parte de América tenemos desafíos que bien valdría la pena investigar con profundidad. Por ejemplo, nos hace falta saber enormemente más sobre el ciclo del fósforo; no solo nos envenenamos con mercurio, tenemos también graves problemas de plombemia y contaminantes tóxicos. Y esto sucede en esta región del mundo donde se halla una de las grandes reservas agrícolas en materia de alimentos de la humanidad y donde tendremos que duplicar la productividad para responder a la creciente demanda mundial de alimentos. Sin embargo, la forma de fertilización que aplicamos es impropia en relación con el respeto del medio ambiente. Y no sabemos dominar todavía vastísimos fenómenos de nutrición vegetal.

En este momento, el Uruguay tiene en el horizonte la angustia de lo que pase o no pase en el lejano Océano Pacífico. Un fenómeno como el del llamado El Niño puede repercutir en este país con una eventual sequía y esto sucede cada vez con más frecuencia.

Necesitamos que la ingeniería genética nos permita desarrollar vegetales mucho más fuertes para resistir la sequía. Pero todavía no tenemos la capacidad de hacerlo. A las grandes gramíneas, les tenemos que trasladar la resistencia que tiene el sorgo, pero tampoco sabemos hacerlo. Estas respuestas nos las tiene que proporcionar una investigación al servicio de la humanidad y no se trata de un sueño, pues es perfectamente posible.

El extensionismo agrícola es por un lado fundamental, pero no es suficiente.

Hay que incorporar intensivamente la investigación no solo con un sentido de actualidad, sino también para prever lo que va a venir. Para esto necesitamos de la ciencia. Todos estos esfuerzos tienen que ver con sustentar el medio ambiente para que el hombre pueda mantener y mejorar su vida, siempre con conciencia social, por lo menos en este continente, que es uno de los más ricos del planeta en recursos naturales.

Pero es también el más injusto en la Tierra porque distribuye mal los frutos de su riqueza. Y la vida nos ha enseñado que cuando hay penuria, los sectores más débiles de la sociedad son los que terminan pagando.

La cosecha de trigo de Rusia se ha visto seriamente afectada por la severa sequía y la ola de calor que el país ha sufrido este verano. A los fondos especulativos les ha faltado tiempo para entrar masivamente en los mercados de futuros agrarios y provocar una espectacular subida de los precios del trigo. Rusia, para asegurar el aprovisionamiento de su población, ha paralizado las exportaciones de trigo hasta el 2011. Con ello ha añadido más razones para tensar los precios y el maíz y otros cereales se han sumado a las subidas.

Como era de esperar, se ha incrementado el precio de los piensos, poniendo de nuevo en dificultades a los ganaderos. Finalmente, el pan ha trasladado al consumidor los platos rotos. Todo se parece demasiado a la crisis de precios del 2007-2008 que dejó como secuela 200 millones más de personas desnutridas: no se trata solo de una estadística, son millones de toneladas de sufrimiento y la puerta para la inestabilidad social y política. En la pasada crisis el detonante fueron los agrocarburantes; esta vez podemos aventurar que ha sido el cambio climático, que cada vez muestra más evidencias.

Las crisis se parecen pero las condiciones actuales son distintas. Los países desarrollados, tras el impacto de la crisis económico-financiera, todavía no han activado suficientemente la demanda. Los precios del petróleo se mantienen a unos niveles relativamente altos pero dentro una tendencia más o menos estable. Los fletes marítimos están hoy cuatro veces por debajo de los valores que llegaron a alcanzar en el 2007, se han construido barcos y la demanda no es la misma. Y se dispone de estocs suficientes, algo que es decisivo frente a la especulación: los de la pasada campaña de cereales son los más altos desde el 2002. Dicho en otras palabras, hay cereales suficientes. Incluso, aunque se trate de un mercado global, la excelente cosecha local de este año puede generar alguna sinergia positiva.

¿Podemos decir, por tanto, que el tema no pasará de un susto? Probablemente, el precio del trigo bajará las próximas semanas y quizá al maíz le cueste algo más, aunque es difícil que se alcancen a medio plazo los precios iniciales. Sin embargo, es el segundo aviso de que las murallas de la seguridad alimentaria comienzan a tener algunas grietas. Son las que produce una demanda creciente tras el despegue de los países emergentes y un incremento incesante de la población, pero también el aumento de producción de agrocarburantes. Este año, Estados Unidos destinará a etanol el 35% de su producción de maíz, lo que no es irrelevante si tenemos en cuenta que EEUU concentra el 40% de la producción mundial de este cereal.

La demanda agrícola mundial no para de crecer. La agricultura ha sabido responder hasta ahora a ese tirón incorporando tecnología y nuevas tierras a la producción. Pero este proceso, real y aún con notables posibilidades de desarrollo futuro, ni es ilimitado por razones físicas y medioambientales, ni se va a producir de modo lineal. Mientras que la curva de demanda sigue una tendencia uniformemente creciente, la oferta muestra una ruta mucho más errática. Lo que nos sugiere nuevos estrangulamientos y con ello nuevas alarmas. Es hora de actuar.

Deben regularse los mercados de futuros para evitar que fondos meramente especulativos obtengan rápidos beneficios a costa de desestabilizar la economía y dificultar la seguridad alimentaria mundial. Hace años que esto se sabe. No esperemos a la tercera alarma.

Durante los próximos años los alimentos, el agua y la energía pasarán a ocupar un lugar preferente de nuestras preocupaciones económicas. Se trata de pilares estratégicos universales para nuestro desarrollo y bienestar. Es el momento de articular redes de coordinación y planificación global estableciendo prioridades entre las diversas opciones productivas y, sin duda, anteponiendo entre todas ellas la seguridad alimentaria mundial. Ello requerirá acuerdos dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio, que debe apostar por la introducción de vías de desarrollo comercial específicas en lo que respecta a productos estratégicos tales como los alimentos y la energía. Se trata de sostener ciertos grados de autoabastecimiento en base a la agricultura local.

Una de las lecciones comunes que las dos crisis de precios (2007 y 2010) nos han dejado es que cuando está en juego la seguridad alimentaria los países exportadores cierran las fronteras. Es el mejor argumento a favor de cierta capacidad de autoabastecimiento. Pero para que ello sea posible deberemos establecer entornos adecuados para que nuestros agricultores y ganaderos obtengan rentas estables y suficientes. En caso contrario, nos arriesgamos a tener que pagar mucho más caro el bocadillo de pan con tomate y jamón que compraremos en alguna parte lejana del mundo. Siempre y cuando en esta parte alejada del mundo tengan suficiente pan, suficiente tomate y suficiente jamón.

Poor wheat harvests in Russia and Ukraine, along with devastating wildfires in Russia, have resurrected fears of a global food crisis. Some have blamed global warming for inducing a severe drought. But the real blame rests with poor agricultural performance over the long term in a region still hampered by communist experimentation. To react by banning exports, as Moscow has done and Kiev is considering, would be counterproductive. Combined with restrictions on the use of modern agricultural technologies imposed in the European Union and being proposed in the U.S., such bans really could lead to a global food crisis.

After the Russian revolution in 1917, the Bolsheviks socialized all agricultural markets. Although they directed their rhetoric against “middlemen,” their real aim was to squeeze farmers by paying them below-market prices and use the proceeds to finance state-owned industry. This “New Economic Policy” backfired spectacularly as farmers fed grains to livestock, or converted them into liquor and then sold both on the black market, thereby evading the Bolsheviks’ price controls.

Stalin dealt with such evasions first by denigrating independent farmers as greedy kulaks (the Russian word for fist) and then by starving them to death. As Soviet agriculture was collectivized and crops and livestock were confiscated, millions of peasants died. Russia and Ukraine have yet to recover fully from this assault on the countryside.

The contrast with China is stark. In the late 1970s, millions of peasants who had survived agricultural collectivization and Mao Zedong’s “Great Leap Forward” two decades earlier responded to his death by becoming entrepreneurs. In village after village, property was informally privatized. Output exploded, ensuring that attempts at sanctioning this illegal activity were carried out half-heartedly. Deng Xiaoping subsequently legitimized these bottom-up reforms in what became known as the “Household Responsibility System,” which provided a major catalyst for China’s modern economic take-off.

During the 1980s, Mikhail Gorbachev attempted similar reforms in Russia, but from the top down. These were not successful. After more than half a century during which entrepreneurship had been repressed, who would dare take the risks associated with farming and agricultural marketing?

In spite of the collapse of communism, it has been difficult to convert Stalin’s collectives into private farms. Although most of the farming industry is privately managed, rural property rights are poorly defined and access to commercial credit is limited. Also, bankruptcy law is ill-developed, which impedes the liquidation of inefficient operations and the transfer of real estate and other assets to efficient managers. All these factors undermine incentives to invest in productivity-enhancing technologies and good management. Former collectives are also subsidized, warping incentives further.

Fertilizer applications on Russian farms currently average 11 kilograms per hectare, which is below the amount needed to compensate for crops’ uptake of nutrients and is similar to levels in sub-Saharan Africa. As a result, soil fertility is declining with each passing year. Predictably, cereal yields in Russia (1,865 kilograms per hectare) are barely a quarter those of the United States (typically 7,000 kilograms per hectare or more), and similar to U.S. yields before the 1930s, when farmers began using hybrid seeds and synthetic fertilizer.

Russia and Ukraine have the potential to be far more productive, but to do so their governments must provide the right incentives to farmers to invest in land improvements and to use modern seed, fertilizer and pesticides. That means removing barriers to ownership and exchange. Banning exports has the opposite effect, curtailing farmers’ existing markets, then their incomes, then their incentives to invest, all of which would further reduce their low output.

World supplies of grains are also adversely affected by the EU’s restrictions on the use of biotechnology and pesticides. In addition to limiting production in the EU, these restrictions also spill over into exporting countries. Russian and Ukrainian producers, for instance, worry about falling foul of EU rules and so have additional reasons not to adopt beneficial yield-enhancing technologies.

To make matters worse, the U.S. Environmental Protection Agency seems to be following the EU’s example and is seeking to restrict a number of widely used agricultural chemicals. One of these is atrazine, a weed-killer that has been applied for more than four decades with no observable ill effects, and which the EPA itself reapproved four years ago. Such restrictions would further undermine global crop output.

Americans are accustomed to availing themselves of plentiful food at affordable prices, which most take for granted. But there is no such thing as a free lunch in the food economy. Removing the inputs that make bountiful harvests possible will inevitably drive up prices and, as the experience of Russia and neighboring countries demonstrate, place the world at risk of shortages.

No hace tantos años que las realidades rural y urbana eran dos mundos separados. Tras las murallas intangibles de la metrópolis industrial existía otro mundo poco conocido, percibido en blanco y negro, vinculado a una agricultura empobrecida capaz de enviar miles de emigrantes a la ciudad. Sin embargo, en las últimas décadas todo ello ha cambiado. Las comunicaciones han mejorado, facilitando la deslocalización industrial, la doble residencia y el turismo rural. A su vez, la telemática ha abierto las puertas a la deslocalización de los servicios. Así los dos mundos han pasado a solaparse: el mundo urbano ha pasado a ocupar el mismo territorio que el rural.

La realidad agraria también ha cambiado. La emigración rural a la ciudad no ha sido más que la expresión, socialmente costosa, de la profunda modernización del campo. Hoy, la industria agroalimentaria catalana ocupa el primer lugar entre las regiones europeas, una industria que ha nacido de un sector agrario emergente y competitivo. A pesar de ello, la realidad rural se sigue percibiendo en blanco y negro.

El solapamiento ha aportado notables efectos positivos, tales como la recuperación demográfica, la aportación de nuevas rentas, impulso a nuevas dinámicas culturales, recuperación urbanística de entornos rurales, valoración de los activos patrimoniales y paisajísticos, etc. Pero en sentido negativo se ha planteado el uso del territorio en términos competitivos y a menudo contrapuestos. La división ha quedado establecida entre los residentes que viven de los recursos del territorio, implicados en el desarrollo de las actividades agrarias, industriales y servicios locales, y los residentes de fin de semana o que desarrollan una actividad de servicios deslocalizada. En este último caso se valoran más, legítimamente, los aspectos estéticos que los funcionales.

Pero la atención exclusiva sobre el valor residencial puede conllevar el menosprecio a la actividad local y, a veces, directamente al enfrentamiento en lo que ha pasado a llamarse mobbing rural. Solo es aceptado como legítimo el turismo, como actividad paralela a la función residencial. Molesta la minería, la industria y, sobretodo, la agricultura que por su necesario despliegue territorial pasa a ser la culpable de un sinfín de inconvenientes desde el punto de vista del óptimo residencial. La agricultura como principal diseñadora de los paisajes que se pretenden valorar, es puesta en cuestión por aspectos concomitantes con la propia actividad (olores, instalaciones). Como arma de presión se usan, a veces, argumentos desproporcionados y descontextualizados de pretendida base medioambiental o se reivindica una agricultura tradicional (vuelve el blanco y negro) poniendo dificultades al desarrollo de una agricultura moderna. Cualquier transformación es repudiada (riego, concentración parcelaria, nuevas instalaciones) en tanto que modifica la postal que se considera formaba parte del precio de la nueva residencia. La contradicción es flagrante, puesto que la desaparición de la agricultura supondría también la degradación de los paisajes idealizados. Por el contrario, si esta no debe desaparecer, tendremos que poner las granjas en el paisaje y dar valor a los agricultores

La tecnología ha permitido saltos espectaculares en productividad; un numero menor de agricultores producen muchos más alimentos que antaño. Los progresos en competitividad han reducido extraordinariamente nuestro déficit alimentario. La agroalimentación sigue siendo un puntal estratégico de nuestra economía, y en una situación de crisis como la actual ha demostrado –tal como siempre se ha afirmado– que es un sector anticíclico capaz de resistir donde los demás sectores flaquean. La alimentación acapara casi una cuarta parte de nuestros gastos. Para responder a esta demanda podemos producir alimentos o importarlos. Teóricamente es posible abandonar la agricultura y comprar todos los alimentos en el exterior. Pero, sin duda, es el mejor y más absurdo camino hacia la pobreza, al despreciar los potenciales de los recursos propios, algo de lo que no vamos precisamente sobrados.

El mundo fantástico, con animales que ni ensucian ni huelen, donde la comida llega a la mesa por caminos esotéricos o milagrosos, no existe. Un mundo más confortable y más sostenible es posible, pero los progresos necesarios para avanzar en esta dirección tienen que desarrollarse a través de hitos sucesivos atendiendo a la complejidad de objetivos y los recursos en juego.

Es preciso, por tanto, desde posiciones realistas y abiertas, establecer relaciones positivadoras, en términos de pacto, entre las distintas sensibilidades y los diferentes intereses. Las sinergias son posibles y los objetivos a largo plazo pueden ser altamente coincidentes. Este pacto abre las puertas a la integración de todos los residentes en el territorio. La integración no es un problema de tiempo de residencia, simplemente es un tema de voluntad de escuchar, comprender y respetar la nueva realidad de acogida.

Le rapport sur les perspectives agricoles à l’horizon 2019 publié le 15 juin par l’OCDE et la FAO réaffirme l’inaltérable croyance de ces deux organisations dans les vertus du marché pour réguler les échanges agricoles et assurer une bonne répartition des denrées alimentaires. Le chapitre consacré aux prix et à leur volatilité est une profession de foi plaçant la confiance dans les marchés au centre des préoccupations. Certes, en 2007 et 2008, l’envolée des prix hors de proportion avec le déficit de production a pu ébranler cette confiance. La priorité est à la restauration de la confiance. Pour les auteurs, les variations de prix sont inévitables et de nouvelles poussées haussières sont à prévoir, ce en quoi ils ont absolument raison. Mais le point de vue défendu dans le rapport n’est pas tant de prévenir les crises que de maintenir la confiance dans les marchés en temps de crise. Les mesures proposées ont en effet pour objectif non pas de stabiliser les cours mais d’atténuer les effets négatifs des variations par des paiements aux producteurs, un subventionnement des denrées alimentaires pour les consommateurs les plus démunis et des facilités d’accès aux crédits pour les pays pauvres importateurs. Des mesures qui, pour les deux premières, étaient, il y a peu, condamnables de par leurs effets néfastes sur le bon fonctionnement des marchés deviennent, post-crise, des instruments de préservation de la confiance.

Si les aides publiques peuvent restaurer une confiance, ce n’est certainement pas vis-à-vis des marchés. La nécessité de ces interventions démontre si nécessaire l’incapacité des marchés à stabiliser les prix et à réguler les échanges de façon satisfaisante. A qui bénéficieront ces aides publiques? En l’absence de toutes autres mesures de régulation, les financements proposés sont de fait des subventions indirectes accordées aux intermédiaires et distributeurs et aux fonds spéculatifs.

Vous l’aurez remarqué, ici comme ailleurs, les augmentations des prix des matières premières agricoles sont rapidement répercutées sur les prix aux consommateurs. Mais le mouvement inverse tarde à se concrétiser. Après avoir atteint des sommets en juin 2008, les cours mondiaux des principales matières premières agricoles ont fortement diminué, revenant au niveau de 2006. Par contre, les prix à la consommation ont le plus souvent connu un recul beaucoup plus modeste. L’aide aux plus démunis se transforme ainsi en subvention aux intermédiaires et distributeurs utilisant les variations de cours pour conforter leurs marges.

La volatilité des prix agricoles soulève la question des effets, ou de la responsabilité, des fonds spéculatifs dans la dernière crise. Le rapport sur les perspectives agricoles reste sur ce plan très prudent. La hausse «pourrait avoir été amplifiée par la spéculation», la crainte des auteurs est qu’un encadrement des fonds spéculatifs pourrait faire plus de mal que de bien. Cette crainte n’est guère partagée au-delà des milieux financiers. La ministre française de l’Economie a appelé le 21 juin à un renforcement du contrôle des marchés des matières premières y compris agricoles. «L’Europe doit s’engager dès maintenant dans la régulation de ces marchés», affirme-t-elle dans une tribune du quotidien Les Echos, car la forte volatilité des cours des matières premières «constitue un frein à la stabilité financière et à la reprise».

La mise en cause des fonds spéculatifs par les sphères politiques n’est pas une nouveauté. En juin 2009, un rapport du Sénat américain dénonçait un excès de spéculation ayant déstabilisé les marchés à terme du blé et alimenté la hausse des cours. Les fonds indexés sont les premiers incriminés. La promotion de ces produits financiers, proposées par de nombreuses banques, s’appuie sur les perspectives à moyen et long terme d’augmentation de la demande alimentaire et des prix des matières premières agricoles. Toutefois, ces fonds indexés ne financent pas la production agricole, ils opèrent sur le marché virtuel des contrats à terme.

De plus, ces instruments financiers servent le plus souvent des stratégies de gains à court terme. En gonflant le volume des transactions, ils créent des bulles spéculatives que les propositions d’encadrement des fonds tentent de prévenir, sans succès jusqu’à présent. Les lobbies financiers se sont en effet fortement mobilisés pour contrer les projets de régulation. En l’absence de contrôle, les financements publics visant à amortir les effets des crises résultant des brusques variations des prix agricoles sont une subvention indirecte aux fonds spéculatifs. Ils permettent aux marchés virtuels de (mal) fonctionner au bénéfice des spéculateurs et au détriment des producteurs pour lesquels la fonction d’assurance des marchés à terme est fortement dégradée.

Les pays importateurs de denrées agricoles sont les grands perdants en période de forte augmentation des cours. La proposition pour remédier à cette situation est de renforcer, pour les pays les plus pauvres, les instruments de crédit tels que le «Exogenous Shock Facility» du FMI. L’objectif est de permettre un accès simple et rapide aux crédits d’urgence permettant de financer les surcoûts des importations. L’intérêt pour les marchés est de maintenir les échanges commerciaux en situation de crise. L’intérêt pour les pays concernés est de pouvoir faire face à l’urgence. Toutefois, pour être efficaces, ces facilités de crédit devraient intégrer le subventionnement des denrées alimentaires pour les populations les plus démunies. Les taux d’intérêt des prêts d’urgence sont faibles mais, il faut le souligner, le surcoût des importations reste à la charge des pays importateurs et creuse leur déficit.

La libéralisation des échanges initiée dans les années 1980 n’a pas, et ne peut pas, tenir ses promesses en matière de stabilisation des prix agricoles. Les marchés agricoles sont intrinsèquement instables du fait des aléas bioclimatiques et de leur faible élasticité. De plus, l’agriculture est le secteur qui concentre le plus grand nombre de déséquilibres immenses, s’agissant de la productivité des agriculteurs, des ressources disponibles, de la taille et de la concentration des opérateurs ou de la répartition des productions. La stabilisation des prix passe nécessairement par une réduction de ces déséquilibres qui ne pourra être réalisée que par la mise en place de politiques coordonnées au plan national, régional et mondial. La préservation de la confiance dans les marchés telle qu’elle est proposée par l’OCDE et la FAO ne peut qu’accroître les déséquilibres dont les effets sont de plus en plus marqués tant dans les pays du Sud que du Nord.

La comparación entre agricultura convencional y agricultura ecológica es un tema excesivamente controvertido, dado que se trata de opciones con espacio propio y, probablemente, sinérgico.
La agricultura ecológica surge como reacción frente al abuso de determinados agroquímicos y la evidencia de su nocividad. Ante ello, se propone una agricultura que solo use productos naturales, que no atente contra las condiciones de vida de la ganadería y sea cuidadosa con el entorno natural. Esta es la principal aportación de la agricultura ecológica: su sensibilidad y defensa de una agricultura sostenible frente a otras consideraciones productivas o comerciales. Esta batalla ya la ha ganado al poner en evidencia la soberbia tecnológica de algunos desarrollos.

Sin embargo, esta posición conlleva, cuando menos, tres fragilidades. La primera es comercial. Al tratarse de una opción económicamente más costosa, requiere un segmento de mercado que esté dispuesto a pagar más en razón de unas características determinadas de calidad. La segunda de ellas es su imposible generalización en la realidad actual; sus menores rendimientos no permitirían alimentar a toda la población mundial y sus mayores costes expulsarían del mercado a millones de demandantes que engrosarían el ya numeroso ejército de desnutridos. Un estudio del Instituto Francés de Investigación Agraria (INRA) concluye que, de media, durante 10 años los rendimientos de la agricultura ecológica en la región de Île-de- France fueron un 50% inferiores a los de la agricultura convencional. La tercera fragilidad es la evidencia de que natural no es equivalente a sano. La agricultura ecológica, para controlar las plagas, usa entre sus estrategias la del uso de productos naturales con funciones fitosanitarias; pero estos productos no son necesariamente inocuos; de hecho, los mejores venenos ya los había inventado la naturaleza. Tal como informa el experto en protección vegetal Jordi Giné, entre los productos fitosanitarios utilizados por la agricultura ecológica, recientemente se ha prohibido el uso de insecticidas de origen natural tales como la rotenona y la nicotina, y se ha limitado el uso del cobre como fungicida.
Por el contrario, la agricultura convencional ha apostado tradicionalmente por la productividad con la ayuda de la tecnología. Los éxitos en la erradicación del hambre de la llamada revolución verde han sido indudables, pero los abusos en el uso de agroquímicos y la pérdida de biodiversidad, también. Así, tras el gran salto adelante hacia una agricultura suficiente –capaz de alimentar al mundo hoy–, desde una posición más serena han emergido los objetivos de calidad hacia una agricultura sostenible –capaz de alimentar al mundo sin comprometer ni los hábitats ni los recursos de las futuras generaciones–. La más moderna tecnología se ha orientado a nuevas estrategias de lucha contra las plagas y a técnicas de producción amables con el medioambiente. Se van extendiendo los métodos de la producción integrada, que, sin renunciar radicalmente al uso de agroquímicos, dan prioridad a la lucha biológica contra las plagas –uso de depredadores del insecto plaga, técnicas de confusión sexual, etcétera– y al uso de material genético mejor adaptado. Por otra parte, se están generalizando las prácticas de no laboreo y se está desarrollando el conjunto de técnicas de la llamada agricultura de precisión, que circunscribe el uso de cualquier insumo, ya sea agua o un producto fitosanitario, a los requerimientos precisos del cultivo en un momento determinado, los cuales son detectados con biosensores o mediante teledetección y gestionados con las más avanzadas técnicas de la información y la comunicación. A su vez, desde la Administración se ha intensificado el control de los agroquímicos limitando el número de productos utilizables y definiendo los niveles y prácticas permitidas en su uso. En 1993 existían en la Unión Europea 973 sustancias activas autorizadas con finalidad fitosanitaria. Hoy, una vez revisadas estrictamente por la UE, restan solamente 313. Otro indicador nos ofrece el consumo de fertilizantes; desde 1990, el uso de fertilizantes nitrogenados en Catalunya ha disminuido un 42%.

Las técnicas agrícolas modernas proveen alimentos seguros en un proceso cada vez más exigente con los parámetros medioambientales y de bienestar animal. La tecnología está limando el hipotético conflicto entre producción de alimentos suficientes, salud humana y respeto al medioambiente. Este camino, como todos los que ha emprendido el desarrollo humano, no ha sido lineal y no ha estado libre de riesgos, pero los progresos están a la vista. Por ello, anatematizar la agricultura convencional desde la supuesta perfección puede situarnos en la esterilidad de la utopía y desprestigiar sin motivo una actividad que requiere una mejor valoración. La agricultura ecológica debe ser entendida como una opción de gran interés entre los segmentos de calidad de nuestra alimentación, pero sin establecerla como el único referente de una alimentación sana y sostenible.

In the past five years, as the phenomenon known as colony-collapse disorder has spread across the United States and Europe, causing the disappearance of whole colonies of domesticated honeybees, many people have come to fear that our food supply is in peril. The news on Wednesday that a Department of Agriculture survey found that American honeybees had died in great numbers this winter can only add to such fears.

The truth, fortunately, is not nearly so dire. But it is more complicated.

There is good news: While some areas are seeing a shortage of bees, globally the number of domesticated honeybee colonies is increasing. The bad news is that this increase can’t keep up with our growing appetite for luxury foods that depend heavily on bee pollination. The domesticated honeybee isn’t the only pollinator that agriculture relies on — wild bees also play a significant role, and we seem intent on destroying their habitats.

To understand the problem, we need to understand the extent of the honeybee’s role in agriculture. Humans certainly benefit from the way bees — and to a lesser extent, other pollinators like flies, beetles and butterflies — help plants produce fruits and seeds. Agriculture, however, is not as dependent on pollinators as one might think. It’s true that some crops like raspberries, cashews, cranberries and mangoes cannot reproduce without pollinators. But crops like sugar cane and potatoes, grown for their stems or tubers, can be propagated without pollination. And the crops that provide our staple carbohydrates — wheat, rice and corn — are either wind-pollinated or self-pollinated. These don’t need bees at all.

Overall, about one-third of our worldwide agricultural production depends to some extent on bee pollination, but less than 10 percent of the 100 most productive crop species depend entirely on it. If pollinators were to vanish, it would reduce total food production by only about 6 percent.

This wouldn’t mean the end of human existence, but if we want to continue eating foods like apples and avocados, we need to understand that bees and other pollinators can’t keep up with the current growth in production of these foods.

The reason is that fruit and seed crops that are most dependent on pollinators yield relatively little food per acre, and therefore take up an inordinate, and increasing, amount of land. The fraction of agriculture dependent on pollination has increased by 300 percent in half a century.

The paradox is that our demand for these foods endangers the wild bees that help make their cultivation possible. The expansion of farmland destroys wild bees’ nesting sites and also wipes out the wildflowers that the bees depend on when food crops aren’t in blossom. Researchers in Britain and the Netherlands have found that the diversity of wild bee species in most regions in those countries has declined since 1980. This decrease was mostly due to the loss of bees that require very particular habitats — bees that couldn’t adapt after losing their homes and food sources to cultivation. Similarly, between 1940 and 1960, as land increasingly came under cultivation in the American Midwest, several bumblebee species disappeared from the area. It is difficult to count and keep track of wild bee populations globally, but their numbers are probably declining overall as a result of such human activity.

Even if the number of wild pollinators remained stable, it would not be sufficient to meet the increasing demand for agricultural pollination. Could domesticated bees take up the slack? By looking at data from the Food and Agriculture Organization of the United Nations, we found that the number of managed honeybee hives increased by 45 percent during the past five decades.

Unfortunately, this increase cannot counteract the growing demand for pollination or the shortage of wild pollinators. Domesticated bees mainly produce honey; any contribution they make to crop pollination is usually a secondary benefit. In most parts of the world, they provide pollination only locally and not necessarily where it is needed most.

Thus a vicious cycle: Fewer pollinating bees reduce yield per acre — and lower yield requires cultivation of more land to produce the same amount of food.

Eventually, a growing shortage of pollinators will limit what foods farmers can produce. If we want to continue to enjoy almonds, apples and avocados, we have to cultivate fewer of them, more sustainably, and protect the wild bees that help make their production possible.

Les 29 et 30 janvier Le Monde a publié les opinions de cinq spécialistes sur le devenir de la politique agricole commune (PAC) : Michiel A. Keyser, Jean-Christophe Bureau, Jack Thurston, Nicolas-Jean Bréhon et José Bové. Les analyses des quatre premiers appellent à des mises au point au regard de la réalité des faits, ce qui conforte les positions de José Bové. Selon ces auteurs, l’Union européenne (UE) serait excédentaire en produits alimentaires mais, comme ces excédents ne seraient plus subventionnés, cela a réduit le dumping sur les pays pauvres. De plus l’UE maintiendrait une trop forte protection de son marché intérieur, donc des prix agricoles élevés qui pénalisent ses consommateurs et les exportateurs potentiels du Sud, cette protection y ayant même aggravé la faim. D’ailleurs la hausse récente des prix mondiaux justifierait de ne plus protéger l’agriculture de l’UE. Quant aux subventions de l’UE, critiquées à juste titre pour leur répartition inéquitable entre agriculteurs, elles devraient être fortement réduites et allouées en fonction des prestations de biens publics, notamment pour l’environnement.

Tous ces auteurs, comme les médias, ignorent le déficit structurel des échanges alimentaires de l’UE-27, qui est colossal et croissant puisqu’il est passé de 10,9 milliards d’euros (Md€) en 2000 à 24,4 Md€ en 2008 – et serait de 23 Md€ en 2009 sur la base des dix premiers mois –, notamment du fait du déficit en poissons passé de 9,6 à 13,3 Md€. Le déficit des échanges agricoles est lui-même structurel et croissant, étant passé de 7,2 Md€ en 2000 à 13,3 Md€ en 2008. Et, comme l’UE a un excédent alimentaire sur les Etats-Unis de 6 Md de dollars en moyenne de 2003 à 2008, elle reçoit donc une aide alimentaire structurelle massive du Sud.

Dire que l’UE ne subventionne pratiquement plus ses exportations agricoles c’est accepter la définition scandaleuse du dumping de l’OMC qui ne tient compte que des subventions à l’exportation et pas des subventions internes aux agriculteurs qui bénéficient aussi aux produits exportés. Ainsi, si les subventions à l’exportation des céréales ont baissé de 452 millions d’euros (M€) en 1995-96 à 96 M€ en 2006-07, les subventions internes aux céréales exportées ont été de 2 Md€ en 2006-07. Si les subventions à l’exportation des produits laitiers ont baissé de 2 Md€ en 1995-96 à 478 M€ en 2006-07, les subventions internes aux produits laitiers exportés ont alors été de 1,4 Md€. Et, si les subventions aux exportations de viande de volaille ont baissé de 116 M€ à 97 M€, les subventions internes aux volailles exportées, principalement aux aliments du bétail ingurgités, ont été de 241 M€ en 2006-07.

Face au déficit alimentaire croissant de l’UE, il est heureux qu’elle ait maintenu une protection élevée de ses produits alimentaires de base sinon ce déficit aurait été dramatique : le droit moyen sur les céréales reste de 50 % (95 € par tonne de blé tendre ordinaire au-delà d’un quota tarifaire de 3 millions de tonnes, et 172 € par tonne de farine), celui sur les produits laitiers est de 87 %, celui sur les produits sucrés de 59 % et celui sur les viandes congelées (bovine, porcine et de volaille) de 66 %. Cela n’empêche pas que les déficits de l’UE soient croissants en viande bovine depuis 2003 et en viande de volaille depuis 2005. L’UE a même été déficitaire de 7,7 millions de tonnes de céréales en 2007 pour 1,7 Md€ et, si elle est redevenue excédentaire en 2008 de 1,4 million de tonnes, elle est restée déficitaire de 161 M€. Et l’UE est déficitaire en sucre depuis 2007 et ce déficit, de 1,9 Mt pour 991 M€ en 2008, va augmenter puisque l’UE a accepté d’importer sans plafond ni droits de douane le sucre des pays les moins avancés et qu’elle a été condamnée par l’OMC en 2005 à éliminer ses exportations pour cause de dumping.

Moins protéger l’agriculture de l’UE ne serait pas non plus bénéfique aux paysans pauvres du Sud puisque cela les détournerait de produire des cultures vivrières alors qu’ils connaissent un déficit alimentaire croissant. En effet, si l’on exclut les cinq premiers pays du Sud exportateurs alimentaires nets (Brésil, Argentine, Thaïlande, Malaisie, Chili), le déficit alimentaire des autres pays du Sud a atteint 79 milliards de dollars en 2007. Celui de l’Afrique subsaharienne – région du monde la plus pauvre et souffrant le plus de la faim – était de 8 Md de dollars et même de 14 Md de dollars si l’on exclut ses échanges de café, cacao, thé et épices qui ne sont pas des produits alimentaires de base. D’ailleurs l’UE importe sans droits de douane leurs produits tropicaux et ils n’exportent pas ses produits alimentaires de base, sucre excepté.

On ne peut pas dire que les consommateurs de l’UE soient pénalisés par des prix alimentaires élevés puisqu’ils n’affectaient en 2006 que 15 % de leur budget à se nourrir (avec boissons non alcoolisées). Puisque le poids des prix agricoles dans les prix alimentaires est en moyenne de 20 % en France, cela correspond à 3 % du budget des ménages. Assurer aux agriculteurs de l’UE des prix rémunérateurs en supprimant les aides directes à ceux ayant des coûts de production inférieurs à la moyenne de l’UE impliquerait de relever les prix agricoles de 30 % en moyenne par rapport à leurs niveaux de 2006, ce qui relèverait à 15,9 % la part de l’alimentation dans le budget des ménages après six ans. Mais, avec une hausse du PIB/tête de 1,5 % par an à moyen terme d’ici deux ans, une fois sortis de la récession actuelle – il a augmenté de 2 % par an de 2000 à 2005 –, cela entraînerait une hausse de 9,3 % du revenu des ménages en six ans. Le poids de l’alimentation dans le budget des ménages plafonnerait à 15,6 % en année 6 et décroîtrait au-delà.

En contrepartie de cette modeste hausse de la part de l’alimentation dans le budget des ménages, ils paieront moins d’impôts pour financer la PAC, il y aura moins de chômeurs –donc plus de cotisations sociales et moins d’impôts pour les soutenir –, un environnement moins pollué – moins d’impôts encore –, une meilleure qualité des produits et un milieu rural plus vivant. Ces moindres dépenses publiques pour la PAC et ses dégâts dégageraient des ressources pour aider les citoyens défavorisés à supporter momentanément des prix alimentaires supérieurs.

Trois crises récentes ont démontré l’importance de l’agriculture comme filet de sécurité pour les victimes de chocs dévastateurs : la crise de la flambée des prix alimentaires en 2007-2008, la crise du chômage associée à l’effondrement des marchés financiers en 2009-2010, et la crise de destruction de l’économie urbaine en Haïti en janvier.

Quand la crise touche un pays à revenus moyens ou élevés, les populations victimes tombent dans les filets de la sécurité sociale. C’est le cas des programmes d’emploi garanti en Inde, de transferts en effectifs en Argentine, d’aide au logement au Chili, et de subventions à la scolarité au Mexique et au Brésil.

Quand la crise touche un pays à revenus bas qui n’a ni les moyens financiers ni la capacité administrative de mise en place de programmes de sécurité sociale d’amplitude suffisante, c’est le retour à l’agriculture de subsistance qui offre la seule option possible.

Ce fut le rôle de cette agriculture pendant la crise alimentaire, où les prix au consommateur ont explosé. Pendant la crise financière en Chine, 20 millions de chômeurs urbains sont retournés à leurs communautés rurales d’origine pour y survivre de l’agriculture. En Haïti, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime qu’un million de résidents urbains sont en train de chercher refuge dans les régions rurales pour y subsister de l’agriculture (Le Monde du 23 janvier).

Mais l’agriculture est-elle prête à remplir ce rôle vital ? On sait depuis longtemps que l’agriculture joue un rôle important pour déclencher la croissance industrielle et réduire la pauvreté chronique. On sait maintenant qu’elle joue un rôle important comme filet de sécurité sociale quand les chocs portent sur les prix agricoles, l’emploi et la survie dans les villes. Or cette agriculture, filet de sécurité sociale, est peu productive, et sa capacité à remplir son rôle est limitée, plus que nulle part, en Haïti, où les sols ont été minés par des siècles de pauvreté.

Retour en arrière

En Haïti, comme en Afrique et en Amérique centrale en période de crise, il faut que la capacité de production de l’agriculture de subsistance augmente de façon proportionnelle à sa charge humaine. Pour cela il faut mettre en place un programme d’aide rapide à sa productivité, qui consiste en semences améliorées, engrais chimiques, et assistance technique à ce type d’agriculture et d’agriculteurs de conjoncture.

C’est cependant une agriculture mal comprise et négligée, parce que méprisée en temps de croissance. Pour les agences de développement, l’agriculture de subsistance est un symptôme de sous-développement à éradiquer. Lui prêter attention est un retour en arrière. La subventionner est une voie glissante d’irréversibilité politique à éviter.

Le Malawi a cependant démontré comment les subventions aux semences et aux engrais permettent une réponse rapide – dès la récolte suivante – de l’agriculture de subsistance.

C’est ce qu’Haïti doit faire urgemment. Un effort rapide qui transcende la réticence des agences de développement à se préoccuper de l’agriculture de subsistance et la traite comme une activité productrice avec une fonction sociale vitale. Une subvention à l’agriculture de subsistance mobilise la capacité de production des réfugiés des villes et coûte moins cher que la prise en charge par l’aide alimentaire, même si elle était possible. Ce devrait être une priorité de la réponse à la crise actuelle.

C’est possible, et cela a été fait. Ce serait un instrument efficace pour réduire la souffrance d’un million de réfugiés des villes pendant une longue période de reconstruction de l’économie urbaine.

Dans un contexte où le réchauffement climatique fait débat et eu égard aux crises financière et alimentaire que nous avons connues récemment, il est plus que souhaitable de remettre à plat la politique agricole commune (PAC).

Durant plusieurs décennies, la PAC a été le fleuron de la construction européenne, un outil formidable pour garantir le revenu des populations rurales à une époque où les conditions pratiquées sur le marché agricole mondial étaient de plus en plus défavorables. Il est néanmoins grand temps de la redéfinir, non pour en modifier radicalement la finalité, qui est de veiller sur la santé des campagnes européennes, mais pour adapter ses modes d’intervention aux besoins de notre époque.

La PAC dispose de deux types de levier. Elle joue tout d’abord sur certains paramètres de l’échange commercial, comme les taxes douanières ou la sévérité des critères de qualité exigés, pour bloquer les importations. Seuls les pays très pauvres qui exportent de faibles volumes ne sont pas concernés par ces restrictions. Les exportations européennes ont elles-mêmes bénéficié de subventions significatives par le passé.

Dans le cadre des négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), on a substitué à ce mécanisme un système d’aides financières directes. C’est ainsi qu’est née la seconde catégorie d’instruments de la PAC, qui comprend les primes aux surfaces où l’on cultive les céréales les plus courantes et les subventions au développement local.

En réalité, la plupart des projets de réforme de la PAC présentés jusqu’à présent privilégient surtout l’élargissement du programme de primes à d’autres céréales, tout en intégrant une dimension écologique sous forme d’objectifs de réduction des émissions, d’amélioration du bien-être animal, etc.

Pour perdurer en restant légitime, ledit système de primes doit donc devenir la contrepartie d’une gamme plus large de prestations clairement identifiables : la sauvegarde du paysage et de l’héritage culturel, la contribution à la fixation du dioxyde de carbone, mais aussi le maintien du commerce et de toute une série de services dans les villages. Autant d’orientations qui exigeraient qu’une grande partie des ressources du budget affectée aux primes à la culture céréalière soit réallouée à d’autres formes d’incitations ciblées.

Décentralisation

La prochaine réforme de la PAC ne devra pas non plus négliger la question de son financement et des modalités de sa mise en oeuvre. On voit mal comment on pourrait compter sur Bruxelles pour décider, par exemple, de la hauteur et de la longueur que les haies devront respecter dans le Cotentin.

L’évolution devrait logiquement se faire dans le sens de la décentralisation, pour ne plus confier à Bruxelles que le soin de garantir une concurrence loyale et de fixer les normes minimales de qualité alimentaire, tout en incitant les pays membres à mettre la barre plus haut, à être “plus royaliste que le roi”. Il faudra inévitablement laisser aux Etats plus de latitude pour piloter la PAC sur leur propre territoire et tirer de nouveaux revenus du tourisme ou de l’immobilier.

De ce point de vue, l’UE avait déjà commencé à changer de modus operandi en 2007, en mettant en place un tout nouveau type de mécanisme très astucieux pour la promotion du “biofuel”, le carburant biologique. Grâce aux mesures volontaristes et aux subventions décidées par de nombreux pays de l’OCDE, les produits alimentaires sont maintenant capables de faire rouler les voitures.

La montée en puissance du biofuel devrait se poursuivre jusqu’en 2018, mais elle n’aura que peu d’incidence sur les quantités de gaz à effet de serre émises ou sur le degré de dépendance aux énergies fossiles. En revanche, le côté ingénieux du mécanisme, c’est qu’en faisant naître une demande “forcée” on a donné la possibilité au cours mondial du biofuel de varier dans une plage de valeurs quasiment illimitée, le tout sans avoir rien déboursé.

La hausse des prix mondiaux donne également à l’UE l’occasion d’abaisser sa garde protectionniste, une stratégie qu’on lui reproche depuis bien longtemps et qui a encore été dénoncée comme étant responsable de la persistance de la pauvreté et de la faim dans le monde, lors du cycle de négociations de Doha. L’accusation est caricaturale, car il est impossible de venir à bout de ces fléaux si les pays qui en souffrent ne décident pas d’abord de participer activement à leur éradication. En revanche, leur situation s’améliorerait sans aucun doute très nettement si l’UE facilitait l’entrée de leurs produits et de leur force de travail.

Mais le marché mondial des produits agricoles n’est pas seulement un lieu où se fixent des prix. En 2008, le brusque essor des carburants biologiques a provoqué une flambée des cours qui a plongé des millions de personnes dans l’indigence. En outre, le caractère interventionniste de la politique du biofuel est en complète contradiction avec le principe de libre-échange dont l’UE vante les mérites auprès de tous les pays en voie de développement. Elle est finalement inutile, car les toutes dernières crises semblent avoir définitivement marqué le passage à une situation de pénurie.

L’UE n’aura guère de difficultés à trouver des débouchés pour ses exportations agricoles, en Asie notamment, pour peu qu’elle arrive à se procurer les produits dont elle a besoin et que les autres pays ne faussent pas le jeu de l’échange par des mesures protectionnistes.

C’est précisément maintenant que l’UE a intérêt à renoncer à ses ruses habituelles pour jouer la carte du libre-échange. Que la nouvelle PAC mette en oeuvre toutes les solutions qu’elle jugera bonnes pour que la vie reste animée dans les campagnes européennes, soit, mais pas aux frais des pays les plus pauvres de la planète.

Mettre l’alimentation au coeur de la PAC est la stratégie que la France a choisie pour défendre la politique agricole commune (PAC). Il suffit de rappeler qu’il y a à peine un an, la PAC était présentée comme une boîte à outils pour mesurer le chemin parcouru ou plutôt le changement de direction. La France tente de donner du sens à une politique qui n’en a plus.

Réforme après réforme, la PAC a perdu toute légitimité. Elle est de moins en moins politique, puisque la PAC est avant tout un budget, sans autre stratégie que son démantèlement. Elle est de moins en moins agricole puisque le développement rural, second pilier de la PAC, est un patchwork qui mêle ruralité, environnement, accompagnement social, mais sans lien avec la production agricole. Enfin, elle est de moins en moins commune, puisque le cofinancement se banalise et que les droits de paiement prétendument unique (DPU) sont, en vérité, calculés par chaque Etat comme il l’entend.

Réforme après réforme, la PAC s’est transformée pour n’être plus qu’une politique d’assistance et de solidarité : les deux tiers des 50 milliards de la PAC sont consacrés aux “droits à paiement unique” (DPU), sorte de rentes accordées indépendamment des productions et des prix. Les agriculteurs réclament – avec raison – “des prix, pas des primes”, mais quand les prix sont hauts, ils touchent les uns et les autres. Alors DPU ou DPI (droits à paiement inique) ? Confidence d’un élu local : “Heureusement que les citoyens ne savent pas comment ça se passe, s’ils le savaient, cela exploserait.”

La PAC a aussi perdu tout soutien. Les agriculteurs n’y croient plus, contraints de défendre un système d’aides sans lesquelles ils ne pourraient vivre, mais qu’au fond, ils abhorrent ; les gouvernements sont las de débattre des dotations agricoles ; et l’opinion est de plus en plus critique à l’égard des subventions et du mode d’exploitation. En une génération, le paysan nourricier est devenu l’agriculteur pollueur.

La PAC n’a plus de sens. La PAC est morte, vive la PAAC, politique agricole et alimentaire commune. Sauver la PAC suppose cependant quatre conditions.

L’Etat doit faire sa révolution

La PAC ne sera sauvée que si l’opinion considère qu’elle est utile. Pas seulement profitable aux agriculteurs, utile aux citoyens et aux consommateurs. Il faut donc orienter les aides européennes vers ce qui les intéresse : l’alimentation.

Le citoyen est certainement heureux de savoir que la France est le premier exportateur européen de céréales et de sucre, mais il le sera encore plus si les prix de la viande, du lait, des fruits et légumes sont plus accessibles. En agriculture, il y a des secteurs qui parlent au coeur des citoyens et des soutiens qui vont au porte-monnaie des producteurs. Entre les deux, il faut choisir. La priorité alimentaire induit un nouvel équilibre des appuis.

Pour que la société adhère à une politique, elle doit être comprise. La PAC est illisible aujourd’hui. A quoi servent les 10 milliards versés chaque année à la France ? Même les agriculteurs ne le savent pas ! Plus le lien entre le produit brut et le produit consommé sera direct, et plus l’aide européenne sera admise.

Cela suppose aussi deux révolutions culturelles. L’Etat doit faire la sienne. L’Etat mène une politique agricole du XIXe siècle où l’essentiel était de calmer les jacqueries. Plan après plan, l’Etat a cessé de s’occuper d’agriculture pour ne s’intéresser qu’à la paix sociale. Il ne peut y avoir de PAC sans vision. Comment faire coexister deux modèles de production, celui qui réussit et celui qui rassure ?

Les agriculteurs aussi doivent faire la leur. La PAC sera au coeur des débats européens des deux prochaines années. Il leur faut impérativement trouver des alliances avec leurs partenaires européens et faire des propositions qui ne soient pas des retours en arrière. Certes, les agriculteurs sont avant tout des producteurs qui ne ménagent pas leur peine sans être payés en retour, mais le monde agricole doit ouvrir les bras et non pas fermer ses poings.

Aujourd’hui, l’agriculteur se pose avant tout en producteur de matières premières. Le reste ne le concerne pas. Les agriculteurs ne peuvent demander la solidarité des citoyens – car la PAC c’est aussi cela – s’il n’y a pas de solidarité interne et cette ouverture aux citoyens.

Cela fait longtemps que l’agriculture a cessé d’être une question seulement agricole. L’orientation vers l’alimentation est une chance que les agriculteurs doivent saisir. Ce sera la dernière.

En 2009, les revenus agricoles ont chuté dans l’ensemble de l’Union européenne, tout particulièrement en France. Les éleveurs laitiers, qui ont vu leurs prix baisser de 20 %, sont parmi les plus touchés. Malgré les 55 milliards dépensés par l’Union via la politique agricole commune (PAC), censée assurer aux agriculteurs un niveau de vie équitable, celle-ci n’a manifestement pas atteint son but.

Il y a encore peu de temps, les listes des bénéficiaires des aides de la PAC étaient considérées comme des secrets d’Etat. Pas de quoi s’étonner : elles révèlent que, loin de soutenir les petites fermes familiales comme peuvent le penser nos concitoyens, la PAC aide d’abord les plus grands propriétaires fonciers et l’agribusiness. Les données au niveau européen montrent que 85 % des aides versées vont à 17 % des plus gros bénéficiaires.

La raison en est que, sous la logique perverse de la PAC, les plus grandes exploitations aux terres les plus fertiles reçoivent le plus de soutiens publics. En plus d’aider les plus riches et les plus grosses entreprises à racheter leurs voisins, ces soutiens et subventions, qui se cristallisent dans le foncier et les droits à produire, créent une barrière à l’entrée : jeunes et nouveaux arrivants doivent acheter ces actifs et démarrent lourdement endettés.

L’agriculture moderne a permis une nourriture abondante, mais à un coût qui dépasse le simple poids financier de la PAC. Ce dernier quart de siècle, 40 % des oiseaux vivants sur les terres agricoles ont disparu. Les populations d’abeilles s’effondrent, mettant en danger la pollinisation nécessaire à une grande partie des plantes alimentaires. Les rivières et les mers ont été polluées par des engrais, des pesticides et des lisiers. Chaque année, les plus anciennes prairies naturelles sont transformées en cultures arables. De vastes zones humides sont asséchées, elles aussi perdues à jamais. La PAC a fait bien peu de chose contre cela. En France, par exemple, les aides données aux agriculteurs pour les aider à protéger l’environnement étaient de 380 millions d’euros, en 2008. Une somme bien faible par rapport aux 9,34 milliards de subventions qui leur ont été versées.

Les choses se sont quelque peu améliorées ces dernières années. L’Europe ne nuit plus aux agriculteurs des pays pauvres en y déversant d’énormes excédents subventionnés. Les agriculteurs produisent ce que demande le marché et ne prennent plus leurs décisions de productions en fonction de prix dictés par les gouvernements. Ces évolutions ont cependant été combattues à chaque étape par les syndicats agricoles et par les fonctionnaires des ministères de l’agriculture, qui leur semblent souvent affiliés.

En ce moment même, ces modestes progrès subissent l’assaut d’un nouveau vent protectionniste. Face à la croissance démographique et au changement climatique, le défi alimentaire mondial est, à juste titre, de retour sur l’agenda politique. Les prix élevés de l’hiver 2007-2008 ont posé des problèmes d’accès à l’alimentation dans les pays pauvres. Même les consommateurs européens, plus riches, ont senti la pression. Certains cherchent une réponse dans une plus grande autosuffisance de l’Europe. Pourquoi, arguent-ils, nous mettre à la merci des marchés mondiaux, alors que nous pourrions produire plus sur notre propre terre ?

Justifier une telle politique agricole sur ce raisonnement serait une erreur. Aussi séduisante soit-elle, l’idée d’une autosuffisance alimentaire est illusoire si elle s’accompagne d’une encore plus grande dépendance en importation de gaz russe, pour produire des engrais, et de pétrole du Moyen-Orient comme carburant.

Au lieu d’une nouvelle poussée d’intensification non pérenne, il nous faut encourager une agriculture plus axée sur la protection des ressources. Les changements climatiques vont accentuer les risques d’extrêmes sécheresses, inondations, mauvaises récoltes, et les tensions récentes sur les marchés pourraient n’être qu’annonciatrices de bien plus grandes discordes au milieu du XXIe siècle.

Il serait sage de préserver la fertilité de nos sols souvent surexploités, de conserver notre précieuse eau, de maintenir la biodiversité nécessaire à la pollinisation de nos fruits et légumes et, plus généralement, nos ressources écologiques pour un futur aussi incertain. En Europe, il y a peu de réserves de terres à mobiliser, et des fortes augmentations de rendement seront peut-être difficiles. Aider les agriculteurs des pays pauvres à améliorer leur productivité ne peut que participer à l’accroissement de la production globale.

A la suite de l’élection du nouveau Parlement européen et de la nomination de la nouvelle Commission, l’UE va, cette année, commencer un réexamen fondamental de sa politique agricole, qui représente 40 % du budget européen. Or, en plus d’aider un segment de la société, qui est en fait souvent plus riche que le citoyen moyen, le contribuable européen obtient peu de chose avec son argent. L’avenir est à une politique commune qui protège et préserve les ressources de l’Europe en reconnaissant le rôle de l’agriculture durable. Il faut pour cela une radicale réorientation de la PAC.

Certes, un tel changement sera combattu par ceux qui se sont habitués à recevoir des subventions sans contrepartie. Mais au moment où les budgets européens sont sous pression, il n’est pas souhaitable de continuer comme par le passé. En 2009, nous avons découvert où allait l’argent et avons pu voir l’iniquité et l’inefficacité d’un système qui, en 2008, a attribué 1 583 120 euros d’aides directes au prince Hans Adam II de Liechtenstein et 253 987 euros au prince de Monaco. Cette année, nous devons nous mobiliser pour mettre en place une meilleure politique.

Jusqu’en 2013, le financement de la PAC est garanti. Mais au-delà, le débat sur son avenir est ouvert. La diversité des acteurs qu’il implique le rend d’autant plus complexe.

Du côté des Etats, tout d’abord. Ceux du Nord – Royaume-Uni, Suède et Danemark notamment – souhaitent une forte baisse des budgets agricoles pour financer d’autres politiques communautaires. Ainsi les Pays-Bas ont présenté un projet détaillé où les budgets PAC serviraient à rémunérer des services “verts” (environnementaux) et “bleus” (eau). L’idée d’une renationalisation de la PAC, inadaptée à l’hétérogénéité des structures agricoles après l’élargissement, est centrale dans les positions de ces pays.

A l’opposé, les gouvernements français et polonais souhaitent maintenir une forte protection douanière, des outils de régulation et de soutiens publics et des budgets ambitieux financés par le contribuable européen. Ils ont l’aval de la Finlande et le soutien de nouveaux membres qui apprécient le flux croissant de subventions. La Roumanie, la Pologne et la Grèce, avec leurs nombreux petits agriculteurs, sont hostiles au fait de conditionner les aides à des bonnes pratiques et souhaitent eux aussi éviter une évolution des budgets vers le “second pilier” de la PAC, qui rémunère le développement rural et la préservation du milieu. Toutefois, cette convergence a ses limites car les nouveaux membres visent une redistribution de budgets bénéficiant actuellement à la France, à l’Irlande et à l’Espagne.

Deuxième catégorie d’acteurs : les think tanks, nombreux et actifs. Un large consensus se dessine entre eux sur le fait que “l’argent public doive aller à la fourniture de biens publics”. A leurs yeux, la PAC devrait évoluer vers une politique de rémunération de services fournis par les agriculteurs et non plus cibler une catégorie professionnelle pour des raisons historiques. Ce point de vue rejoint celui des organisations environnementales européennes, fortes d’une solide expertise et de très nombreux adhérents, comme BirdLife ou le WWF.

Leurs propositions mettent l’accent sur la rémunération de fonctions positives de l’agriculture extensive en matière de biodiversité, de protection de l’eau et des sols, de valorisation de paysages et de maintien d’un tissu rural, en particulier dans des zones à “haute valeur environnementale”. Les organisations de propriétaires fonciers sont aussi ouvertes à l’idée de rémunérer de tels services. Elles posent néanmoins la question de limiter ces paiements aux seuls agriculteurs, arguant que d’autres acteurs de la ruralité y participent.

Dans la plupart des pays, une telle évolution est en opposition avec la vision des principales organisations agricoles. En France, Wallonie, Espagne, Roumanie, Pologne, les syndicats majoritaires souhaitent que les budgets abondent des aides à la production et le soutien aux producteurs. Ils insistent sur le besoin de financements publics pour compenser des coûts salariaux supérieurs et des normes plus strictes que ce qui est imposé à leurs concurrents non européens. Face aux fortes fluctuations de prix, même le principal syndicat britannique souhaite le maintien d’aides au revenu.

Les consommateurs européens ne sont pas réticents à la régulation des marchés, même s’ils craignent, au final, les prix élevés que font planer les incitations au regroupement des producteurs pour contrecarrer le poids de la distribution. Echaudées par la période de prix élevés en 2008, où elles ont eu l’impression de payer deux fois en tant que consommateurs et contribuables, ces organisations ont évoqué la variation du niveau des aides en fonction des prix.

Cette idée est néanmoins jugée irréaliste par la Commission qui met en avant la rigidité du mécanisme budgétaire européen et ses annualités fixes qui privent de toute marge de manoeuvre en ce domaine. Consommateurs et producteurs se retrouvent aussi pour demander de plus ambitieux programmes d’aide alimentaire à destination des consommateurs nécessiteux, arguant des énormes budgets consacrés aux food stamps aux Etats-Unis.

Si les associations environnementales françaises sont maintenant très présentes dans le débat sur la PAC, elles restent souvent liées à la gauche paysanne. En revanche, les poids lourds que sont la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ainsi que la très conservatrice Coordination rurale demandent, eux, des prix rémunérateurs et garantis pour couvrir leurs coûts de production. Ces syndicats savent néanmoins qu’un tel scénario n’est plus crédible, l’Union étant, depuis 1992, dans un douloureux processus de réforme pour sortir des impasses créées par un tel mécanisme, générateur d’excédents et d’explosion budgétaire.

A gauche, la Confédération paysanne plaide pour le maintien de prix élevés grâce à la généralisation de quotas de production. Cette position, même si elle minimise les effets pervers des quotas et ne trouve guère de relais au niveau européen, propose un véritable mode de régulation. C’est moins le cas des positions d’autres syndicats, qui peinent à expliquer comment leur demande de prix garantis à un niveau plus élevé pourrait être mise en oeuvre.

La Commission devrait rendre publiques ses premières propositions à l’été 2010. Elles contiendront sans doute une baisse des budgets agricoles, mais le maintien de fortes aides aux revenus, réparties plus équitablement. Avec le traité de Lisbonne, le Parlement va également jouer un rôle majeur. Il est difficile d’anticiper sur ses futures orientations. Sa commission agricole semble proche des intérêts de la profession mais, dans l’ancien Parlement, elle a eu des positions assez erratiques.

Ce rôle accru du Parlement apporte une bouffée de démocratie face au Conseil, dont les décisions ont souvent été la somme d’égoïsmes nationaux. Mais les nouveaux pouvoirs des eurodéputés inquiètent de nombreux observateurs qui soulignent que le Congrès américain, tout puissant en matière agricole, a voté le Farm Bill de 2008, c’est-à-dire un empilement de mesures clientélistes arrosant tous les lobbies. Ce qui n’est certainement pas un modèle à suivre.

L’Union européenne a décidé de modifier en profondeur sa politique agricole en 2013. Les décisions qui seront prises auront un impact important pour l’emploi, les zones rurales, l’environnement, ainsi que pour d’autres secteurs économiques comme le tourisme.

Le tournant pris en 1992 a été funeste. Anticipant, pour obtenir des concessions, les conclusions de l’accord de Marrakech, la Commission européenne a transformé l’agriculture en monnaie d’échange pour l’industrie européenne, mais surtout pour les services comme les banques, les transports, les télécommunications, les assurances, la distribution ou le tourisme de masse. Cette décision a engendré la perte de centaines de milliers d’emplois agricoles et a provoqué une suite de crises sociales graves culminant en 2009.

Par ailleurs, elle n’a servi à rien puisque, depuis 2001, la machine de l’OMC est grippée. L’échec de la conférence ministérielle de Genève, début décembre 2009, confirme le non-sens de cette orientation libérale, vivement remise en cause par nombre de pays du G77.

Le libéralisme et l’ouverture des frontières imposés par les Etats-Unis, l’Europe et les pays émergents à travers l’Organisation mondiale du commerce se soldent par un constat d’échec. La crise globale, issue de la sphère financière, fin 2008, s’étend maintenant à l’ensemble des secteurs de l’économie. L’agriculture n’échappe pas à cette tourmente. L’effondrement du prix du lait sur le marché européen a engendré des milliers de faillites de paysans, particulièrement dans les grands Etats membres de l’est de l’Union comme la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne.

La PAC est devenue folle. Pour autant, faut-il se débarrasser de la seule véritable politique européenne ? Certes non, et, plus que jamais, l’Europe doit conserver et renforcer cette volonté de construire un avenir agricole commun à tous ses états membres et à toutes ses régions. L’objectif central de cette réforme doit rester de nourrir nos concitoyens avec des produits de qualité sur le long terme. Peut-on ignorer que, pour plus de 20 millions d’Européens, la question de savoir si l’on va manger à sa faim reste une réalité. Dans un contexte de chômage massif, la paysannerie doit cesser d’être considérée comme le réservoir de main-d’oeuvre, principalement à l’Est, pour les autres secteurs qui, en réalité, n’ont plus grand-chose à offrir.

Le secteur agricole reste pourvoyeur d’emplois stables dans de très nombreuses régions de notre continent. Les fonds structurels, les soutiens directs convenablement orientés, le développement rural doivent être mobilisés de manière à consolider les emplois agricoles et à soutenir les agriculteurs vers des techniques alternatives modernes qui respectent les sols, la biodiversité, les savoirs et qui participent activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Une véritable rupture est nécessaire avec la logique productiviste des fondateurs de la PAC de 1962. Si l’objectif central reste le même – nourrir et garantir l’accès à l’alimentation des Européens -, les moyens utilisés, critiquables mais compréhensibles dans le contexte de l’époque, comme élevage hors-sol, chimie, réification des animaux et des plantes, causent maintenant plus de dégâts qu’ils n’en suppriment. La page du productivisme doit être tournée.

Nous avons jusqu’à 2013 pour convaincre que la PAC doit se construire autour de la souveraineté alimentaire. La relocalisation de l’agriculture devient une nécessité. Pour y parvenir, l’Europe doit veiller à un équilibre interne de l’offre et de la demande. De nouvelles organisations communes de marché sont nécessaires pour renforcer celles qui existent à l’heure actuelle. Elles devront garantir un prix plancher couvrant les coûts de production en offrant une rémunération correcte aux producteurs.

La production devra être correctement maîtrisée et répartie entre les pays de l’Union, entre les régions et entre les paysans. Aujourd’hui, certains pays membres de l’est de l’Europe sont contraints d’importer de grandes quantités alimentaires pour couvrir leurs besoins. Certaines régions devront, par conséquent, désintensifier leurs productions hors-sol artificiellement dopées.

L’urgence climatique concerne également fortement l’agriculture, responsable de près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre. La séparation entre élevages et cultures a induit une utilisation irresponsable d’engrais chimiques dérivés d’énergies fossiles comme le pétrole qui produisent un des gaz les plus nocifs, le dioxyde d’azote.

L’agriculture est devenue dans sa forme industrielle hautement dépendante des énergies fossiles. Certaines civilisations ont disparu car elles n’ont pas réussi à s’adapter aux dégradations environnementales engendrées par leur propre production agricole. Fragilisées, elles ont été emportées dans bien des cas par un accident climatique.

La connaissance scientifique actuelle offre à nos sociétés le laps de temps nécessaire pour s’adapter et pour trouver des solutions acceptables et acceptées. L’échec de la conférence de Copenhague montre une complexité des enjeux planétaires. Des solutions, des innovations existent. Bien que marginales, elles sont probantes et doivent être vulgarisées et adaptées localement. Cela passe notamment par une meilleure articulation entre la recherche agronomique et les connaissances, les pratiques et les savoirs des paysans.

Pour relever l’ensemble de ces défis et redessiner une PAC cohérente, nous devons impliquer dans la réflexion l’ensemble des citoyens et non pas uniquement les acteurs économiques. L’organisation d’une rencontre européenne de type agora citoyenne sur l’avenir de la PAC et de l’alimentation est donc nécessaire et urgente pour dépasser les visions trop sectorielles.

En Copenhague se están escuchando muchas propuestas para reducir y mitigar las emisiones de gases que provocan el calentamiento del planeta. En algún momento pareciera que estamos en las páginas de los inventos del TBO, donde el doctor Franz ¡de Copenhague! presentaba ingeniosas máquinas como «el aparato limpianarices». Predominan las iniciativas que nacen desde los lobis de la agricultura industrializada, cuando, lamentablemente, esta tiene mucha responsabilidad en el calentamiento que queremos combatir.
Según los últimos informes de la organización GRAIN, la agricultura industrializada –la de granjas intensivas, cultivos bajo plásticos o monocultivos mecanizados– contribuye con el 50% de las emisiones totales de CO2. Esta cifra tan alta seguramente les sorprende, porque siempre nos imaginamos que la fiebre del planeta nace de las chimeneas de las fábricas y de los tubos de escape de los coches, que también.

Ser responsable de la mitad de las emisiones se alcanza sumando a la contaminación intrínseca de esta «agricultura» (fertilizantes, agrotóxicos y mecanización: tres pasos que necesitan petróleo) la deforestación de selvas y bosques para convertirlas en tierras cultivables, y otros requerimientos que conlleva el actual sistema de comercio, como la refrigeración y el excesivo embalaje. Más alguna locura como el caso de las patatas: en España, cada día importamos 220.000 kilogramos de patatas del Reino Unido y ese mismo día se exportan 72.000 kilogramos de patatas al… Reino Unido.
De entre las muchas propuestas para disminuir las emisiones que defiende la agroindustria destacan la expansión de los cultivos energéticos (los agrocombustibles) y la intensificación de la producción ganadera. La primera de las propuestas en principio haría disminuir la dependencia del petróleo, tal vez, pero solo a base de miles y miles de toneladas de caña de azúcar, soja o maíz que se cultivan precisamente con los métodos antes descritos, tan contaminantes. Invento 1, descartado.

El segundo, juntar a todos los cerdos y pollos en las menos granjas posibles, podría permitir –explican– producir biogás a partir de sus emisiones y ahorrarnos carbono en la atmósfera. Pero ignoran, en la contabilidad de gases que hacen, que concentrar así el ganado exige de nuevo dedicar muchas tierras fértiles y mucho transporte para alimentar este centralizado (y cruel) sistema productivo. En la actualidad, en un planeta en el que 1.000 millones de personas pasan hambre, es dramático pensar que un tercio de las áreas cultivables se dedican a producir piensos de engorde animal. Invento 2, descartado.
En cambio, disponemos por gentileza de la Madre Tierra de muchas hectáreas de pastizales que los rumiantes pueden aprovechar transformándolos en alimentos para personas, y sus excrementos permiten la restitución de estos pastos que retienen significativas cantidades de carbono. Un ciclo virtuoso delante de nuestras narices, doctor Franz.

Hay también en las calles de Copenhague otra propuesta que mira hacia la agricultura y llega defendida por movimientos campesinos como La Vía Campesina. Es tan sencillo como eficaz. GRAIN calculó que solamente incrementando la cantidad de materia orgánica (la parte fértil del suelo) en un 2% en todas las tierras cultivadas en el mundo, capturaríamos en el suelo hasta las dos terceras partes del exceso de carbono que ahora tenemos en la atmósfera. ¿Y eso cómo se hace? Pues con las herramientas más importantes, las directrices políticas, orientadas a apoyar una agricultura campesina y agroecológica, y con apoyos para mejorar la calidad del suelo. Las técnicas ya las conocen los pueblos campesinos. Mirar al suelo es una buena medida para aliviar el clima.
En pocos días veremos cómo algunas de las propuestas técnicas aquí mencionadas saldrán reforzadas políticamente. Podremos encontrarnos con acuerdos en la línea de Kioto, es decir, manteniendo el mismo paradigma de producción agraria pondremos un parche a la situación con mecanismos de compensación y depositaremos nuestra confianza en los milagros tecnológicos. O, lo que sería más sensato, con un enfrentamiento con las causas estructurales que el clima y el hambre nos piden a gritos.

Como he procurado explicar, un buen protocolo sería aquel que transformara progresivamente los modelos de producción agroindustriales en una agricultura a pequeña escala integrada en la naturaleza y cercana a los consumidores. Retomando reformas pendientes como la justa distribución de tierras para que esté en manos de los pequeños productores. Permitiendo el intercambio y multiplicación de las semillas y genética animal a favor de la biodiversidad, que es la mejor estrategia contra los cambios ambientales. Y potenciando con fondos públicos una investigación centrada en la agricultura ecológica. Según muchos especialistas, la agricultura sin petróleo, es decir, alimentarnos de productos locales y de temporada la población actual y la de aquí a 50 años, es posible. Siempre y cuando permitan demostrarlo.

Estos días asistimos a continuadas protestas de los agricultores. Nos explican que han perdido rentabilidad en sus producciones hasta niveles económicamente insoportables. Las movilizaciones son, sobre todo, un grito a favor de la supervivencia de la agricultura europea. Ante ello, la respuesta ciudadana frecuentemente es de incomprensión y, si a las protestas se le añaden unos grados de violencia, el rechazo puede ser importante (algo que deberían tener en cuenta los agricultores). Los agricultores saben que –a fuerza de mejoras de productividad sobre un suelo productivo invariable– han pasado a ser una minoría en la sociedad y temen que sus protestas se pierdan por falta de volumen.
No obstante, los agricultores tienen en sus manos un producto básico: los alimentos, que representan más de una quinta parte de nuestra cesta de la compra y son la materia prima del entramado económico vinculado a la cadena alimentaria. Pero los alimentos se pueden comprar en el extranjero. Este es el debate real de fondo. Es decir, ¿se considera estratégico contar con una agricultura europea moderna y de calidad o podemos delegar este tema en la importación?

La Política Agraria Común (PAC) nació para producir alimentos suficientes, estabilizar los precios y mantener estos a un nivel asequible para la población. Lógicamente, como condición necesaria debía garantizar un nivel de renta digno para los agricultores. La PAC cumplió sus objetivos, pero dejó dos vías de agua: los excedentes alimentarios y unos presupuestos excesivos. Durante los últimos 20 años, la PAC ha estado buscando el modo de acercar la oferta a la demanda y reducir costes presupuestarios. Ello ha coincidido con la emergencia del neoliberalismo, con una Unión Europea (UE) falta de recursos y plena de necesidades y con una población que lleva ya muchísimos años con la nevera llena, despreocupada de los riesgos de una agricultura con problemas.
Dentro del marco neoliberal, se ha buscado la forma de atender los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio desactivando buena parte de las medidas reguladoras de la agricultura. Sin embargo, en la realidad, ningún país desarrollado se ha atrevido a desproteger totalmente su agricultura, al temer su hundimiento, a pesar del hipotético diferencial tecnológico con los países menos desarrollados. En el caso europeo, para dar coherencia formal a esta realidad contradictoria, se ha usado el medioambiente como argumento prescindiendo de la función productiva de la agricultura. La PAC ha olvidado, así, que el primer objetivo de la agricultura es producir alimentos. Pero no llamar a las cosas por su nombre las acaba complicando y, a su vez, las palabras acaban reclamando su significado, perdiéndose por el camino las razones por las que fueron pronunciadas. Hoy las subvenciones agrarias están desvinculadas de la producción, de tal modo que las ayudas pueden obtenerse sin necesidad de producir alimentos, simplemente atendiendo algunas tareas de mantenimiento medioambiental. A su vez, un agricultor puede estar cobrando unas subvenciones por el hecho de haber cultivado años atrás, por ejemplo, cereales, aunque actualmente haya plantado manzanos. Algo tan rebuscado nadie lo puede entender. Se trata de un sistema económicamente caro e ineficaz, y que distancia al ciudadano medio de los argumentos para dicha protección.
Los mercados agroalimentarios, muy asimétricos, con una demanda fuertemente inelástica y una oferta sometida a imponderables climáticos y sanitarios, son altamente inestables sin una regulación adecuada. Y esto es lo que está sucediendo. Se han abierto fronteras y se han reducido las medidas de regulación. Como consecuencia, ha disminuido la rentabilidad de la agricultura europea y se han incrementado los riesgos derivados de unos mercados muy volátiles. Alto riesgo y baja rentabilidad son una pareja con poco futuro.

Ante ello, la UE, sin herramientas apropiadas, sin margen de maniobra, está dando palos de ciego, con medidas improvisadas y a veces contraproducentes desde un punto de vista de mercado único. En resumen, se están recogiendo los frutos envenenados de unas políticas desacertadas. Si se considera estratégico contar con una agricultura propia fuerte y dinámica, si se desea contribuir a la estabilidad de los mercados alimentarios, si se pretende facilitar el camino a la seguridad alimentaria mundial, deberá revisarse la actuación de los últimos años, donde ha habido progresos y propuestas positivas, pero también medidas que habrá que corregir. Se trata de recuperar la senda de la prudencia y la coherencia desde bases comunitarias, llamando a las cosas por su nombre. No se trata, en absoluto, de limitar el comercio internacional, sino de establecer los acuerdos comerciales con el realismo necesario que permita disponer de las medidas y las herramientas que hagan posible una agricultura estable y capaz de asumir los retos del siglo XXI.
Y, quizá, incluso nos salga más barato.

Normalement, les positions des uns et des autres sur la politique agricole commune (PAC) étaient attendues pour 2010, au lancement des négociations sur le budget européen et de la PAC de l’après-2013. Mais le dossier brûle depuis trop longtemps. La dernière révolte paysanne a été l’occasion de montrer la force de mobilisation du monde agricole. La Commission n’a pas tardé à répondre en mettant ses armes en batterie. Car tous les observateurs savent que l’ultime combat s’annonce.

L’enjeu : gardera-t-on, demain, un budget annuel de 50 milliards pour la PAC ? La Commission européenne, comme quelques Etats membres influents, considère qu’il est temps d’en finir avec cette politique jugée archaïque qui coûte (1 000 milliards d’euros en vingt ans tout de même) et ne fait que des mécontents.

Alors, comment en finir ?

- Par les prix. L’Europe doit se mettre au prix mondial. Comme pour le textile ou le charbon. Et avec les mêmes conséquences. Sachant que c’est impossible pour la plupart des agriculteurs, la solution est la restructuration qui pousse les agriculteurs à abandonner leur activité pour ne conserver que les plus productives.

Cela conduit à une agriculture hyperspécialisée installée là où les rendements sont les meilleurs et les prix compétitifs au plan mondial : le sucre et les betteraves en France, le lait aux Pays-Bas, le porc en Allemagne…

- Par le budget. La négociation qui s’ouvre offre une opportunité exceptionnelle d’en finir avec la PAC. Jusqu’à présent, il n’y a eu que des escarmouches. Aujourd’hui, les crocs sont sortis.

Jusqu’à présent, le budget de la PAC n’a jamais été vraiment discuté. Lors de la précédente négociation qui s’est conclue en 2005 et qui a servi à établir le cadre financier actuel, l’accord sur la dotation agricole avait été scellé quelques années auparavant dans le cadre de la grande négociation budgétaire sur l’élargissement, entre le président français et le chancelier allemand, puis avait été repris par les Quinze, laissant un goût amer aux plus virulents. La Commission avait pleinement respecté l’accord politique : le budget PAC 2007-2013 avait été fixé au niveau conclu entre les Quinze. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Pour la première fois, le budget de la PAC sera débattu au fond et coupé dans le vif.

- Par le poison. Car il existe une méthode beaucoup plus insidieuse pour casser la PAC : en la réformant et en élaborant un système de répartition des aides inique et même scandaleux.

Depuis 2003, les deux tiers du budget agricole sont affectés à des «droits de paiement unique» accordés à l’hectare, sans lien avec la production. Que l’agriculteur produise ou non, que les prix soient faibles ou élevés, il «touche» quand même ! Le budget communautaire n’organise pas autre chose qu’un système de rente. Qui peut défendre un tel système ? La PAC a été détruite par ceux-là mêmes qui l’ont réformée.

- Par les mots. La dernière accusation est de prétendre que la PAC ne présente aucune valeur ajoutée européenne. La première politique totalement communautarisée, qui a permis une restructuration totale du secteur, noue des solidarités insoupçonnées entre Etats membres et offre une panoplie complète d’enjeux (sociaux, environnementaux, culturels), mais n’a pas de valeur ajoutée ! Tous ces discours sont infamants. Humiliants pour les agriculteurs et indignes pour tous ceux qui croient à l’Europe. Mais à toute chose malheur est bon. Les hostilités sont déclarées. Même si le contexte n’est pas très favorable, il faut dès maintenant penser à la paix en trouvant la voie de réformes consensuelles.

Cuando la crisis de la globalización (crisis ambiental, social y alimentaria) nos enseña que hay que devolver el papel de gobernabilidad real a los estados, este –falto de práctica y con los mecanismos oxidados– traslada otra vez sus obligaciones al sector privado. O al menos esta es mi impresión al vivir en directo el desarrollo de la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria que se celebra en Roma desde el día 16 y que acaba hoy. Aunque con algunos contrapuntos interesantes.
Como decía, los gobiernos aquí reunidos –faltan muchos de los jefes de Estado responsables de perpetuar el hambre en el mundo, como los del G-8– trasladan al sector privado su fracaso en la resolución de la crisis crónica de la malnutrición. Es decir, apelan a las corporaciones de la agroindustria, de la investigación, etcétera, a que centren sus negocios en resolver el hambre del planeta. Que ahí tienen también un futuro comercial.

A los gobiernos y administraciones, después de tantos años de fiascos y destrucción de cualquier política pública, se les ve muy confiados en nuevas tecnologías salvadoras que esperan que lleguen de la mano de las empresas privadas para producir más comida, para disponer de semillas mejoradas frente a las sequías o inundaciones o – y no es una broma– sembrar el cielo con espejitos para combatir el cambio climático. Seguramente por eso la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) organizó en Milán, unos días antes de la cumbre, una reunión con las principales empresas de la alimentación. Allí, el presidente de Nestlé delató a los culpables del hambre: «Los bienintencionados activistas, cuya hostilidad hacia las nuevas tecnologías alimentarias está agravando la crisis alimentaria mundial». Oído, aunque muchos de esos activistas entendemos que donde existe una verdadera sequía que combatir es en la adopción de políticas valientes que atajen las injusticias generadoras de pobreza. Porque, ¿quién dispone de los recursos productivos, quién controla el comercio internacional y quién marca los precios tan bajos que reciben los agricultores y ganaderos por sus productos?
Las respuestas a esas preguntas han quedado aclaradas en el Foro de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria organizado en paralelo a la cumbre oficial. En esta ocasión, desde muchas organizaciones sociales aquí presentes, se ha coincidido en denunciar dos realidades muy actuales que explican el porqué del hambre. Por un lado, cómo miles de campesinos y campesinas están siendo expulsados por la compra de sus tierras por terceros países. Un fenómeno que se conoce como el «nuevo acaparamiento de tierras». Países con políticas que se olvidaron de sus productores y confiaron una buena parte del abastecimiento de sus alimentos en manos del mercado están comprando tierras en países pobres para disponer de cosechas propias a precios ventajosos. Quizá por eso el lema del foro cita al jefe indio Lakota Tashunka Witko, cuando expresó que «uno no vende la tierra por la cual camina su pueblo». Y, en segundo lugar, los reclamos de las comunidades de pescadores artesanales que, bien por la presión de la pesca industrial sobre los recursos marinos bien por el desembarco de flotas extranjeras (Somalia es un claro ejemplo) o bien por una salvaje expansión de la acuicultura, tienen cada día mucho más complicado vivir de sus capturas. De pescado, me refiero.
La Cumbre de Roma ratificará entre otros temas un nuevo modelo para la gobernabilidad de la agricultura y la alimentación, basado en la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA), donde los estados se reservan –menos mal– la capacidad de ser ellos los que adopten las decisiones políticas, aunque ya adelantan que los fondos que se recauden para la lucha contra el hambre los manejará en su mayoría el Banco Mundial. Recordemos que esta entidad ha impulsado en los últimos años los proyectos y programas más neoliberales que el mundo en vías de desarrollo conoce y que tanto ha favorecido al capital empresarial.

Aun con todo, la valoración que hacen los movimientos sociales y las organizaciones rurales de la reforma es positiva. Se dispondrá de una buena oportunidad, porque el nuevo Comité de Seguridad Alimentaria contará con un espacio de consulta en el que podrá participar, obviamente, el sector privado, pero también la sociedad civil en un número significativo aún por determinar.
Una vez corroborada esta nueva arquitectura, en la medida en que la articulación de las organizaciones campesinas, indígenas, de pescadores, de mujeres rurales, de oenegés, etcétera, tenga capacidad para proponer, presionar y pedir resultados, tendremos garantías de mejores estrategias que llegarán construidas desde abajo y desde los verdaderos protagonistas. Serían, si se les escucha, políticas basadas en la soberanía alimentaria de los pueblos, en la agricultura a pequeña escala, sostenible ecológicamente y con prioridad en la comercialización local.

Is eating a hamburger the global warming equivalent of driving a Hummer? This week an article in The Times of London carried a headline that blared: “Give Up Meat to Save the Planet.” Former Vice President Al Gore, who has made climate change his signature issue, has even been assailed for omnivorous eating by animal rights activists.

It’s true that food production is an important contributor to climate change. And the claim that meat (especially beef) is closely linked to global warming has received some credible backing, including by the United Nations and University of Chicago. Both institutions have issued reports that have been widely summarized as condemning meat-eating.

But that’s an overly simplistic conclusion to draw from the research. To a rancher like me, who raises cattle, goats and turkeys the traditional way (on grass), the studies show only that the prevailing methods of producing meat — that is, crowding animals together in factory farms, storing their waste in giant lagoons and cutting down forests to grow crops to feed them — cause substantial greenhouse gases. It could be, in fact, that a conscientious meat eater may have a more environmentally friendly diet than your average vegetarian.

So what is the real story of meat’s connection to global warming? Answering the question requires examining the individual greenhouse gases involved: carbon dioxide, methane and nitrous oxides.

Carbon dioxide makes up the majority of agriculture-related greenhouse emissions. In American farming, most carbon dioxide emissions come from fuel burned to operate vehicles and equipment. World agricultural carbon emissions, on the other hand, result primarily from the clearing of woods for crop growing and livestock grazing. During the 1990s, tropical deforestation in Brazil, India, Indonesia, Sudan and other developing countries caused 15 percent to 35 percent of annual global fossil fuel emissions.

Much Brazilian deforestation is connected to soybean cultivation. As much as 70 percent of areas newly cleared for agriculture in Mato Grosso State in Brazil is being used to grow soybeans. Over half of Brazil’s soy harvest is controlled by a handful of international agribusiness companies, which ship it all over the world for animal feed and food products, causing emissions in the process.

Meat and dairy eaters need not be part of this. Many smaller, traditional farms and ranches in the United States have scant connection to carbon dioxide emissions because they keep their animals outdoors on pasture and make little use of machinery. Moreover, those farmers generally use less soy than industrial operations do, and those who do often grow their own, so there are no emissions from long-distance transport and zero chance their farms contributed to deforestation in the developing world.

In contrast to traditional farms, industrial livestock and poultry facilities keep animals in buildings with mechanized systems for feeding, lighting, sewage flushing, ventilation, heating and cooling, all of which generate emissions. These factory farms are also soy guzzlers and acquire much of their feed overseas. You can reduce your contribution to carbon dioxide emissions by avoiding industrially produced meat and dairy products.

Unfortunately for vegetarians who rely on it for protein, avoiding soy from deforested croplands may be more difficult: as the Organic Consumers Association notes, Brazilian soy is common (and unlabeled) in tofu and soymilk sold in American supermarkets.

Methane is agriculture’s second-largest greenhouse gas. Wetland rice fields alone account for as much 29 percent of the world’s human-generated methane. In animal farming, much of the methane comes from lagoons of liquefied manure at industrial facilities, which are as nauseating as they sound.

This isn’t a problem at traditional farms. “Before the 1970s, methane emissions from manure were minimal because the majority of livestock farms in the U.S. were small operations where animals deposited manure in pastures and corrals,” the Environmental Protection Agency says. The E.P.A. found that with the rapid rise of factory farms, liquefied manure systems became the norm and methane emissions skyrocketed. You can reduce your methane emissions by seeking out meat from animals raised outdoors on traditional farms.

CRITICS of meat-eating often point out that cattle are prime culprits in methane production. Fortunately, the cause of these methane emissions is understood, and their production can be reduced.

Much of the problem arises when livestock eat poor quality forages, throwing their digestive systems out of balance. Livestock nutrition experts have demonstrated that by making minor improvements in animal diets (like providing nutrient-laden salt licks) they can cut enteric methane by half. Other practices, like adding certain proteins to ruminant diets, can reduce methane production per unit of milk or meat by a factor of six, according to research at Australia’s University of New England. Enteric methane emissions can also be substantially reduced when cattle are regularly rotated onto fresh pastures, researchers at University of Louisiana have confirmed.

Finally, livestock farming plays a role in nitrous oxide emissions, which make up around 5 percent of this country’s total greenhouse gases. More than three-quarters of farming’s nitrous oxide emissions result from manmade fertilizers. Thus, you can reduce nitrous oxide emissions by buying meat and dairy products from animals that were not fed fertilized crops — in other words, from animals raised on grass or raised organically.

In contrast to factory farming, well-managed, non-industrialized animal farming minimizes greenhouse gases and can even benefit the environment. For example, properly timed cattle grazing can increase vegetation by as much as 45 percent, North Dakota State University researchers have found. And grazing by large herbivores (including cattle) is essential for well-functioning prairie ecosystems, research at Kansas State University has determined.

Additionally, several recent studies show that pasture and grassland areas used for livestock reduce global warming by acting as carbon sinks. Converting croplands to pasture, which reduces erosion, effectively sequesters significant amounts of carbon. One analysis published in the journal Global Change Biology showed a 19 percent increase in soil carbon after land changed from cropland to pasture. What’s more, animal grazing reduces the need for the fertilizers and fuel used by farm machinery in crop cultivation, things that aggravate climate change.

Livestock grazing has other noteworthy environmental benefits as well. Compared to cropland, perennial pastures used for grazing can decrease soil erosion by 80 percent and markedly improve water quality, Minnesota’s Land Stewardship Project research has found. Even the United Nations report acknowledges, “There is growing evidence that both cattle ranching and pastoralism can have positive impacts on biodiversity.”

As the contrast between the environmental impact of traditional farming and industrial farming shows, efforts to minimize greenhouse gases need to be much more sophisticated than just making blanket condemnations of certain foods. Farming methods vary tremendously, leading to widely variable global warming contributions for every food we eat. Recent research in Sweden shows that, depending on how and where a food is produced, its carbon dioxide emissions vary by a factor of 10.

And it should also be noted that farmers bear only a portion of the blame for greenhouse gas emissions in the food system. Only about one-fifth of the food system’s energy use is farm-related, according to University of Wisconsin research. And the Soil Association in Britain estimates that only half of food’s total greenhouse impact has any connection to farms. The rest comes from processing, transportation, storage, retailing and food preparation. The seemingly innocent potato chip, for instance, turns out to be a dreadfully climate-hostile food. Foods that are minimally processed, in season and locally grown, like those available at farmers’ markets and backyard gardens, are generally the most climate-friendly.

Rampant waste at the processing, retail and household stages compounds the problem. About half of the food produced in the United States is thrown away, according to University of Arizona research. Thus, a consumer could measurably reduce personal global warming impact simply by more judicious grocery purchasing and use.

None of us, whether we are vegan or omnivore, can entirely avoid foods that play a role in global warming. Singling out meat is misleading and unhelpful, especially since few people are likely to entirely abandon animal-based foods. Mr. Gore, for one, apparently has no intention of going vegan. The 90 percent of Americans who eat meat and dairy are likely to respond the same way.

Still, there are numerous reasonable ways to reduce our individual contributions to climate change through our food choices. Because it takes more resources to produce meat and dairy than, say, fresh locally grown carrots, it’s sensible to cut back on consumption of animal-based foods. More important, all eaters can lower their global warming contribution by following these simple rules: avoid processed foods and those from industrialized farms; reduce food waste; and buy local and in season.

En las próximas cuatro décadas la población mundial crecerá en 2.300 millones de personas y se hará más rica. Satisfacer la demanda de los 9.100 millones de habitantes del planeta en el 2050 exigirá producir un 70 por ciento más de alimentos que hoy en día. Por tanto, a no ser que tomemos ahora las decisiones adecuadas, nos arriesgamos a que el día de mañana la despensa mundial esté peligrosamente vacía.

Sobre todo porque en los próximos años el sistema alimentario mundial debe hacer frente al creciente desafío del cambio climático – que puede reducir la producción agrícola potencial hasta en un 30 por ciento en Áfricay hasta en un 21 por ciento en el conjunto de los países en desarrollo-,y también afrontar plagas y enfermedades transfronterizas más graves que afecten a animales y plantas. Al mismo tiempo, el sector tendrá que hacer frente a una reducción de la mano de obra agrícola – ya que unos 600 millones de personas se desplazarán del campo a las ciudades-y a una mayor competencia por la tierra y los recursos naturales, incluyendo la procedente del sector de la bioenergía.

Nuestra respuesta a estos desafíos determinará cómo podremos alimentar al planeta el día de mañana. Pero igual de importante es ocuparnos de que la gente esté alimentada hoy en día. Esto supone acabar con la difícil situación de 1.020 millones de personas que actualmente sufren desnutrición, actuando de forma decidida para erradicar el hambre completa y rápidamente.

Con la revolución verde del pasado siglo, el mundo evitó una hambruna masiva en Asia y América Latina en la década de 1970, dedicando el 17 por ciento de la ayuda al desarrollo a proyectos de irrigación, sistemas de producción de semillas, fertilizantes y forraje, carreteras rurales e instalaciones de almacenamiento.

Al afrontar un desafío similar hoy en día, el camino que seguir debe ser necesariamente diferente. Además de impulsar la inversión en agricultura, necesitamos usar de una forma más eficiente la energía, los insumos químicos y los recursos naturales, y centrarnos más en las necesidades de los campesinos y las familias rurales que viven de la agricultura.

En este sentido, un reto importante será el del agua, ya que necesitaremos de forma simultánea ampliar la superficie de regadío usando proporcionalmente menos agua. La clave para cuadrar este círculo reside en la captación y almacenamiento de aguas y en técnicas que mejoren la eficiencia en el uso del agua.

A medida que disminuya la población rural y agraria, la agricultura será cada vez más intensiva en capital – y conocimientos-para producir más alimentos y de mayor calidad para una población urbana más rica y numerosa. Por tanto, se necesitarán inversiones importantes, porque los futuros aumentos de la producción deben proceder casi en su totalidad de incrementos sostenibles de los rendimientos y de una mejor intensidad de cultivo, más que de un aumento de la superficie cultivada. De ahí también la importancia de invertir en investigación y desarrollo.

Los campesinos necesitarán también capacitarse para aprender nuevos métodos y tecnologías, y ello requerirá invertir en educación y extensión agraria. Muchas de estas inversiones procederán del sector privado y de los campesinos.

Sin embargo, para que las inversiones privadas en agricultura sean atractivas, también se deben dedicar importantes cantidades de dinero público a infraestructuras, educación, tecnología y sistemas de extensión. Se necesitan inversiones en instalaciones y equipamientos. No tiene sentido producir alimentos a no ser que haya carreteras y vehículos que permitan llevarlos a los mercados, que exista un mercado, y que el producto pueda ser almacenado y conservado.

Pero ni la financiación ni las cosechas récord serán capaces por sí solas de asegurar que todas las personas tengan acceso a los alimentos que necesitan. Si la gente pasa hambre hoy en día no es porque el mundo no esté produciendo suficientes alimentos para todos, sino porque estos no son producidos por el 70 por ciento de las personas pobres cuyo principal medio de vida es la agricultura y paradójicamente no tienen lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

Por tanto, alimentar a todo el mundo en el 2050 requerirá también de estrategias de reducción de la pobreza, redes de protección social para productores y consumidores y programas de desarrollo rural. Se necesitará el establecimiento de un modelo de condiciones socioeconómicas que mejore el acceso de la gente a los alimentos. Y una reforma del sistema de comercio agrícola de forma que no sólo sea libre, sino equitativo.

Estos temas estarán presentes en los debates de la cumbre mundial sobre Seguridad Alimentaria que se celebrará en Roma del 16 al 18 de noviembre, y en la que los jefes de Estado y de Gobierno de los 192 estados miembros de la FAO decidirán sobre las políticas y estrategias que aseguren que todo el mundo tenga comida suficiente hoy y el día de mañana.

Considero que es nuestro deber, como comunidad global, hacer todo lo que esté en nuestras manos para desterrar el fantasma del hambre para siempre.

For a billion people worldwide, the daily effort to grow, buy, or sell food is the defining struggle of their lives. This matters to all of us.

Consider the world’s typical small farmer. She lives in a rural village, rises before dawn, and walks miles to collect water. If drought, blight, or pests don’t destroy her crops, she may raise enough to feed her family – and may even have some left over to sell. But there’s no road to the nearest market, and no one there who can afford to buy from her.

Now consider a young man in a crowded city 100 miles from that farmer. He has a job that pays pennies. He goes to the market but the food is rotting or priced beyond reach.

She has extra food to sell and he wants to buy it. But that simple transaction can’t take place because of complex forces beyond their control.

Meeting the challenge of global hunger is at the heart of “food security“– empowering the world’s farmers to sow and harvest plentiful crops, effectively care for livestock and catch fish, and then ensure that the food they produce reaches those who need it.

Food security represents the convergence of several issues: droughts and floods caused by climate change, swings in the global economy that affect food prices, and spikes in the price of oil that increase transportation costs.

So food security is not only about food, but it is all about security. Chronic hunger threatens individuals, governments, societies, and borders.

People who are starving or undernourished and can’t care for their families are left with feelings of hopelessness and despair, which can lead to tension, conflict, even violence. Since 2007, there have been riots over food in more than 60 countries.

The failures of farming in many parts of the world also have an impact on the global economy. Farming is the only or primary source of income for more than three-quarters of the world’s poor. When so many work so hard but still can’t get ahead, the whole world is held back.

The Obama administration sees chronic hunger as a key priority of our foreign policy. Other countries are joining us in this effort. Major industrialised nations have committed more than $22bn over three years to spur agriculture-led economic growth. On 26 September, UN secretary general Ban Ki-moon and I co-hosted a gathering of leaders from more than 130 countries to build international support.

Our approach will be informed by experience. We have spent too many years and dollars on development projects that have not yielded lasting results. But we have learned from these efforts. We know that the best strategies emanate from those closest to the problems, not foreign governments or institutions thousands of miles away. We know that development works best when it is seen as investment, not aid.

With those lessons in mind, our food security initiative will be guided by five principles.

First, there is no one size fits all model for agriculture. We will work with partner countries to create and implement their plans.

Second, we will address underlying causes of hunger by investing in everything from better seeds to insurance for small farmers. And we leverage the skills and perseverance of women, who are the majority of the world’s farmers.

Third, we will emphasise co-ordination on the country, regional, and global level, because no single entity can eradicate hunger on its own.

Fourth, we will support multilateral institutions, which have unmatched reach and resources.

Last, we pledge long-term commitment and accountability, and will invest in monitoring and evaluation tools that make our efforts transparent.

Our efforts in agriculture-led development will complement our commitment to providing emergency food aid when tragedies and disasters take their toll – as is happening now in the Horn of Africa, where drought, crop failures, and civil war have caused a devastating humanitarian crisis.

Revitalising global agriculture will not be easy. Indeed, it is one of the most ambitious diplomacy and development efforts our country has ever undertaken. But it can be done. It is worth doing. And if we succeed, our future will be more prosperous and more peaceful than our past.

Para 1.000 millones de personas en el mundo, el esfuerzo diario de cultivar, comprar o vender alimentos es el esfuerzo que define su vida. Eso es importante para ellos, y para todos nosotros.

Consideren a una de las pequeñas agricultoras del mundo. Vive en una aldea, se levanta antes del alba y camina varios kilómetros para recoger agua. Trabaja todo el día en un campo, a veces cargando a un bebé en la espalda. Si la sequía, las enfermedades o las pestes no destruyen sus cosechas, quizá tenga suficiente para alimentar a su familia y algo para vender. Pero no hay carretera que llegue al mercado más cercano y no hay nadie en la aldea que pueda darse el lujo de comprarle sus productos.

Consideremos a un joven en una ciudad a más de 100 kilómetros de distancia de esa agricultora. Cobra unos centavos en su trabajo. Va al mercado pero los alimentos allí se están pudriendo o los precios están fuera de su alcance. La agricultora tiene alimentos extra para vender, y él quiere comprarlos. Pero esa transacción sencilla no puede ocurrir debido a fuerzas complejas más allá de su control.

Hacer frente al desafío del hambre mundial está en el centro de la “seguridad alimentaria” -facultar a los agricultores del mundo para que siembren y cosechen cultivos abundantes y pesquen o cuiden efectivamente del ganado- y asegurar que lo que producen llega a las personas más necesitadas. La seguridad alimentaria representa la convergencia de cuestiones complejas: sequías e inundaciones causadas por el cambio climático, altibajos en la economía mundial que afectan a los precios de los alimentos y alzas en el precio del petróleo que aumentan los costes de transporte. La seguridad alimentaria también es seguridad nacional. El hambre crónica amenaza la estabilidad de los gobiernos y las sociedades. Las personas que no tienen nada para comer o están desnutridas y no pueden cuidar de sus familias sienten una desesperanza que puede llevar a la tensión, los conflictos, e incluso a la violencia. Desde 2007, se han producido disturbios a causa de los alimentos en más de 60 países.

Los fracasos de la agricultura en muchas regiones del mundo tienen un impacto poderoso en la economía mundial. La agricultura es la única o la principal fuente de ingresos para más de tres cuartas partes de los pobres del mundo. Cuando tantos trabajan arduamente cada día pero no pueden salir adelante es el mundo entero el que no progresa.

La Administración Obama considera el hambre crónica como una prioridad clave de nuestra política exterior. Otros países se nos unen en este esfuerzo. Las principales naciones industrializadas han comprometido más de 22.000 millones de dólares durante más de tres años para impulsar el crecimiento económico de la agricultura. El 26 de septiembre, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y yo organizamos una reunión de líderes de más de 130 países para lograr apoyo internacional.

Nuestro enfoque se basará en nuestra experiencia. Hemos empleado demasiados años y dinero en proyectos de desarrollo que no han rendido resultados duraderos, pero hemos aprendido de estos esfuerzos. Ahora sabemos que las estrategias más efectivas surgen de quienes se encuentran más cerca de los problemas, no de las instituciones o gobiernos extranjeros a miles de kilómetros de distancia. Sabemos que el desarrollo funciona mejor cuando se percibe como una inversión, no como una ayuda.

Teniendo en cuenta esas lecciones, nuestra iniciativa de seguridad alimentaria se guiará por cinco principios.

Primero, no hay un modelo que sirva para todos. Así que trabajaremos con países socios para crear y aplicar sus planes.

Segundo, atenderemos las causas fundamentales del hambre al invertir en todo, desde mejores semillas hasta seguros para pequeños agricultores. Es crítico que nuestras inversiones en agricultura apoyen la ambición y perseverancia de las mujeres agricultoras.

Tercero, ninguna entidad puede erradicar el hambre por sí sola. Pero si los interesados trabajan juntos -coordinando a nivel nacional, regional y mundial- nuestro impacto puede multiplicarse.

Cuarto, apoyaremos a las instituciones multilaterales que tienen el alcance y los recursos que se extienden más allá de cualquier país.

Por último, prometemos compromiso y responsabilidad a largo plazo. Para demostrarlo, invertiremos en instrumentos de vigilancia y evaluación que permitan que el público vea lo que hemos hecho.

Este esfuerzo puede alargarse durante años, incluso décadas, antes de que lleguemos a la meta, pero ofrecemos todos nuestros recursos y energía. Mientras realizamos este esfuerzo, mantendremos nuestro compromiso profundo a la ayuda alimentaria de emergencia, para responder al urgente llamamiento de socorro cuando ocurran tragedias y desastres, como sucede ahora en el Cuerno de África, donde la sequía, fracasos en las cosechas y la guerra civil han causado la peor crisis en 18 años.

Revitalizar la agricultura mundial no será fácil. En realidad, es uno de los esfuerzos de diplomacia y desarrollo más ambiciosos y completos que nuestro país haya emprendido jamás, pero puede hacerse y vale la pena hacerse. Y si tenemos éxito, nuestro futuro será más próspero y más pacífico que nuestro pasado.

A fuerza de ser proclamadas unánimemente, algunas afirmaciones se convierten en axiomas, en verdades indiscutibles. Pero la historia ha enterrado muchas de esas verdades evidentes y me atrevo a predecir cuál será una de las próximas: la idea de que el proteccionismo agrario –sin matices– de los países desarrollados es un gran freno al desarrollo de los países no industrializados.
Según ese axioma, la protección de la agricultura, además de distorsionar los flujos comerciales, deprime los precios agrícolas y limita las rentas posibles de los países que tienen en la producción agraria su principal baza comercial. Ello no impide que cuando se plantea una mayor liberalización, la agricultura surja siempre como actor en discordia. Uno de los protagonistas del fracaso de hace un año de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fueron las cláusulas de salvaguardia de los productos agrícolas.

PERO LO novedoso en ese caso fue que las posiciones intransigentes partieron de la India y no de los países desarrollados, entre ellos la Unión Europea y su política agrícola común. Conclusión: existe una repetitiva obstinación de la agricultura para dificultar los acuerdos de liberalización comercial.
Llegados a este punto, deberíamos preguntarnos si tal insistencia de la agricultura en dificultar la liberalización responde a la mera casualidad estadística o, simplemente, algo se está enfocando mal. Probablemente, la producción de alimentos sea algo demasiado sensible como para abandonarlo a la mano invisible del mercado.
Las soluciones de manual no siempre son afortunadas. Si se produjera una brusca desprotección de las agriculturas desarrolladas, los resultados podrían ser totalmente perversos. Teniendo en cuenta los costes diferenciales (por la calidad, por las exigencias sanitarias y medioambientales) de la agricultura europea respecto de las de países menos desarrollados, la desprotección produciría una fuerte caída de la oferta agrícola europea, un abandono masivo de la actividad (las dificultades actuales de la agricultura europea pueden ser un síntoma real de ello).
Dado que Europa es un gran productor de alimentos, la consecuencia sería un alza brusca de los precios agrícolas en el mundo y una desviación del comercio hacia los países con mayor poder adquisitivo (Europa, entre ellos), con el resultado paradójico de nuevas carestías en los países menos desarrollados, los beneficiarios teóricos del fin de las subvenciones a los agricultores de la UE. El ajuste sería largo y doloroso, con secuelas y resultados indeseables.

TRAS LA escalada de precios de los alimentos básicos del 2007 y el 2008 hemos podido apreciar las graves consecuencias económicas y sociales que el desequilibrio de los mercados agrarios puede acarrear. El hambre ha dejado de ser solamente un problema humanitario para pasar a ser un problema político de primer nivel y condición necesaria para la estabilidad mundial.
Aunque la actual crisis económica ha desactivado el boom de precios agrícolas, es necesario recordar que las causas que lo produjeron siguen todavía latentes. De hecho, la guerra de los alimentos del siglo XXI ya ha comenzado. La prensa se ha hecho eco de las compras estratégicas de terrenos agrícolas en países menos desarrollados, por parte de países emergentes, para garantizar el aprovisionamiento futuro.

EN ESTE contexto, el mundo no puede prescindir de la producción agrícola europea, ni Europa puede renunciar a unos grados determinados de autoabastecimiento alimentario ni de los beneficios y servicios aportados por una agricultura local viva.
Deben evitarse las formas más distorsionadoras del comercio, como las subvenciones a la exportación. Pero hay que cambiar de paradigma en lo que al comercio agrícola se refiere. Se trata de un tema complejo en el que deben tenerse en cuenta una multiplicidad de condicionantes, donde las soluciones óptimas siempre serán contradictorias. Sin embargo, la seguridad alimentaria mundial debe situarse en primer lugar. Estoy de acuerdo con Sirkka-Liisa Anttila, ministra de Agricultura y Bosques de Finlandia, cuando afirma: «El único camino a través del cual la Unión Europea puede ayudar a erradicar el hambre en el mundo es asegurando que su propio potencial productivo se mantiene adecuadamente».

Y EL CAMINO del sostenimiento de la agricultura europea pasa indefectiblemente por un cierto grado de protección y regulación de los mercados agrarios. Los argumentos no proceden de razones paternalistas próximas a la beneficencia, ni de subterfugios justificativos más allá de la actividad productiva. Las razones son de interés general por la importancia estratégica de la agricultura, como sector básico de futuro. Tengamos en cuenta que en el escenario del siglo XXI la agricultura juega del lado de las soluciones, tanto en el ámbito alimentario como en los de la energía y el medioambiente.
Por otra parte, para generar un desarrollo autóctono en los países menos industrializados, la cooperación de las naciones ricas debe dirigirse, sin hipocresías, hacia la capitalización de esos países, impulsando las infraestructuras (comunicaciones, regadíos), la adquisición de maquinaria y la formación. Y aportando sin reticencias apoyo tecnológico.

For someone of my generation, growing up under postwar food rationing, the idea that food would always be plentiful and cheap seemed about as likely as a portable phone that you could carry around with you.

For many of us the dire predictions of Thomas Malthus were all too credible. Malthus had advanced the dismal theory that human populations would always grow faster than their food supply. It meant you could forget all your grand ideas about progress. Every social advance was destined to be brought to nothing by famine.

The singular achievement of the agronomist Norman Borlaug, who died at the weekend, was to take away this age-old fear, at least for those of us in the rich West.

In a crop-breeding programme that won him the Nobel Peace Prize, he developed a clutch of wheat varieties with remarkably short stems. As a young farming journalist I remember writing about one of the first to appear in Britain, a diminutive variety called Hobbit.

Compared with the taller traditional wheats, the short-strawed types shifted a higher proportion of plant sugars into the seedhead or ear of the plant, where the grains were formed. In this way they were capable of producing dramatically higher yields. But to achieve them they needed huge amounts of chemical fertiliser. Borlaug once remarked that “if the high-yielding wheat and rice varieties are the catalysts that ignited the revolution, chemical fertiliser is the fuel that powered its forward thrust”.

His Green Revolution led to a near-doubling of wheat yields in India and Pakistan during the late 1960s. Altogether more than a billion people are believed to have been saved from starvation as a result of the new varieties.

Over the past 30 years Western governments have poured subsidies into the development of so-called high-yield grain production. One early result was the notorious grain mountains of the 1970s and 1980s which, far from alleviating hunger, did much to undermine the development of food production in poor countries. Borlaug intended his methods to be used for the benefit of people across the planet. Instead they were seized on by industrial countries with the wealth to pay for expensive seeds and fertilisers. Where they were used in developing countries, this often came at the cost of a crippling debt burden.

Today Borlaug’s ideas underpin the global food system. Three quarters of the world’s cultivated land is sown to grain crops and oilseeds. Most are dependent on massive amounts of oil energy in the form of nitrate fertilisers, pesticides, diesel fuel and heavy machinery.

Though the Green Revolution has undoubtedly given the world more food, it has brought with it worrying consequences. An investigation into agriculture funded by the World Bank concluded that the benefits have been unevenly distributed. Equally disturbing, the revolution has led to widespread environmental damage that may reduce the planet’s capacity to feed future generations.

No less than 1.9 billion hectares of farmland has been degraded by modern grain-growing techniques. Growing annual grain crops such as wheat over lengthy periods inevitably leads to soil damage. The land must be ploughed and cultivated each year, and for long periods is left bare, a condition that seldom arises in nature. Stripped of vegetation cover, the soil’s organic matter starts to burn up or oxidise, releasing carbon into the atmosphere and adding to the greenhouse gas burden. The process is hastened by heavy inputs of chemical fertiliser and pesticides. With the loss of organic matter the soil’s structure is weakened so it becomes unstable and subject to erosion, either by wind or rainfall.

Around the world soils are eroding at a faster rate than at any time in history. Each year the weight of soil washing downstream in rivers is estimated at four tonnes for every man, woman and child on the planet. For all our technology, civilisation continues to depend on a few centimetres of topsoil. At this rate of loss the future for humanity is grim.

For all the high hopes of the 1960s, it is hard to see Borlaug’s system as more than a partial success. Its weakness is its reliance on a handful of annual crops that cannot be grown without massive inputs of fossil fuel. The sustainable methods called for in the World Bank report will almost certainly make greater use of perennial crops — principally grassland — to feed livestock.

One of the consequences of the grain surpluses produced by the Green Revolution is that more than half the world’s cereal crops are now fed to animals. Cattle, which as ruminants are adapted to grazing pastures, are now routinely confined to yards, or “feedlots”, and fed on grains. There is mounting evidence that beef and dairy foods produced this way are less healthy than those same foods produced from grazing animals. One unfortunate consequence of Borlaug’s breakthrough is that we are now degrading croplands on a global scale to produce meat and dairy products that are inferior to those we used to get from pasture.

While Borlaug’s revolutionary wheats run mainly on oil, the world’s grasslands — which are mostly made up of perennial species — are truly solar-powered. Once established perennial plants maintain their root systems from year to year. So they do not need the fertilisers and chemicals required for plants grown from seed each time. Unlike grains, grasslands will give us a secure and sustainable source of meat and milk. And as part of a mixed farming system, clover-rich pastures provide a non-chemical way of building up fertility on crop land.

But there is another more pressing reason for turning away from Borlaug’s grains and making more use of the world’s neglected grasslands. The shift to industrial grain production has added hugely to the level of greenhouse gases in the atmosphere. Properly managed grassland could reverse the process.

Grasslands that are grazed rotationally are able to capture large amounts of atmospheric carbon dioxide and lock it up safely in soil organic matter. Australian researchers estimate that if the world’s pasture farmers managed their grazing in this way, the amount of carbon captured could easily exceed total annual emissions. This will be the real Green Revolution. It could restore, not just our food supply, but the health of the planet.

If climate change and population growth progress at their current pace, in roughly 50 years farming as we know it will no longer exist. This means that the majority of people could soon be without enough food or water. But there is a solution that is surprisingly within reach: Move most farming into cities, and grow crops in tall, specially constructed buildings. It’s called vertical farming.

The floods and droughts that have come with climate change are wreaking havoc on traditional farmland. Three recent floods (in 1993, 2007 and 2008) cost the United States billions of dollars in lost crops, with even more devastating losses in topsoil. Changes in rain patterns and temperature could diminish India’s agricultural output by 30 percent by the end of the century.

What’s more, population increases will soon cause our farmers to run out of land. The amount of arable land per person decreased from about an acre in 1970 to roughly half an acre in 2000 and is projected to decline to about a third of an acre by 2050, according to the United Nations. With billions more people on the way, before we know it the traditional soil-based farming model developed over the last 12,000 years will no longer be a sustainable option.

Irrigation now claims some 70 percent of the fresh water that we use. After applying this water to crops, the excess agricultural runoff, contaminated with silt, pesticides, herbicides and fertilizers, is unfit for reuse. The developed world must find new agricultural approaches before the world’s hungriest come knocking on its door for a glass of clean water and a plate of disease-free rice and beans.

Imagine a farm right in the middle of a major city. Food production would take advantage of hydroponic and aeroponic technologies. Both methods are soil-free. Hydroponics allows us to grow plants in a water-and-nutrient solution, while aeroponics grows them in a nutrient-laden mist. These methods use far less water than conventional cultivation techniques, in some cases as much as 90 percent less.

Now apply the vertical farm concept to countries that are water-challenged — the Middle East readily comes to mind — and suddenly things look less hopeless. For this reason the world’s very first vertical farm may be established there, although the idea has garnered considerable interest from architects and governments all over the world.

Vertical farms are now feasible, in large part because of a robust global greenhouse initiative that has enjoyed considerable commercial success over the last 10 years. (Disclosure: I’ve started a business to build vertical farms.) There is a rising consumer demand for locally grown vegetables and fruits, as well as intense urban-farming activity in cities throughout the United States. Vertical farms would not only revolutionize and improve urban life but also revitalize land that was damaged by traditional farming. For every indoor acre farmed, some 10 to 20 outdoor acres of farmland could be allowed to return to their original ecological state (mostly hardwood forest). Abandoned farms do this free of charge, with no human help required.

A vertical farm would behave like a functional ecosystem, in which waste was recycled and the water used in hydroponics and aeroponics was recaptured by dehumidification and used over and over again. The technologies needed to create a vertical farm are currently being used in controlled-environment agriculture facilities but have not been integrated into a seamless source of food production in urban high-rise buildings.

Such buildings, by the way, are not the only structures that could house vertical farms. Farms of various dimensions and crop yields could be built into a variety of urban settings — from schools, restaurants and hospitals to the upper floors of apartment complexes. By supplying a continuous quantity of fresh vegetables and fruits to city dwellers, these farms would help combat health problems, like Type II diabetes and obesity, that arise in part from the lack of quality produce in our diet.

The list of benefits is long. Vertical farms would produce crops year-round that contain no agro-chemicals. Fish and poultry could also be raised indoors. The farms would greatly reduce fossil-fuel use and greenhouse-gas emissions, since they would eliminate the need for heavy farm machinery and trucks that deliver food from farm to fork. (Wouldn’t it be great if everything on your plate came from around the corner, rather than from hundreds to thousands of miles away?)

Vertical farming could finally put an end to agricultural runoff, a major source of water pollution. Crops would never again be destroyed by floods or droughts. New employment opportunities for vertical farm managers and workers would abound, and abandoned city properties would become productive once again.

Vertical farms would also make cities more pleasant places to live. The structures themselves would be things of beauty and grace. In order to allow plants to capture passive sunlight, walls and ceilings would be completely transparent. So from a distance, it would look as if there were gardens suspended in space.

City dwellers would also be able to breathe easier — quite literally. Vertical farms would bring a great concentration of plants into cities. These plants would absorb carbon dioxide produced by automobile emissions and give off oxygen in return. So imagine you wanted to build the first vertical farm and put it in New York City. What would it take? We have the technology — now we need money, political will and, of course, proof that this concept can work. That’s why a prototype would be a good place to start. I estimate that constructing a five-story farm, taking up one-eighth of a square city block, would cost $20 million to $30 million. Part of the financing should come from the city government, as a vertical farm would go a long way toward achieving Mayor Michael Bloomberg’s goal of a green New York City by 2030. Manhattan Borough President Scott Stringer has already expressed interest in having a vertical farm in the city. City officials should be interested. If a farm is located where the public can easily visit it, the iconic building could generate significant tourist dollars, on top of revenue from the sales of its produce.

But most of the financing should come from private sources, including groups controlling venture-capital funds. The real money would flow once entrepreneurs and clean-tech investors realize how much profit there is to be made in urban farming. Imagine a farm in which crop production is not limited by seasons or adverse weather events. Sales could be made in advance because crop-production levels could be guaranteed, thanks to the predictable nature of indoor agriculture. An actual indoor farm developed at Cornell University growing hydroponic lettuce was able to produce as many as 68 heads per square foot per year. At a retail price in New York of up to $2.50 a head for hydroponic lettuce, you can easily do the math and project profitability for other similar crops.

When people ask me why the world still does not have a single vertical farm, I just raise my eyebrows and shrug my shoulders. Perhaps people just need to see proof that farms can grow several stories high. As soon as the first city takes that leap of faith, the world’s first vertical farm could be less than a year away from coming to the aid of a hungry, thirsty world. Not a moment too soon.

Au mois de juillet, des experts anglais travaillant pour la Food Standards Agency ont publié un rapport suggérant que “les produits bio ne sont pas meilleurs pour la santé que les aliments ordinaires”. De nombreux médias ont repris ce message de santé plutôt hostile à l’agriculture bio.

En fait, le rapport complet dit seulement que les aliments bio n’apportent pas plus d’éléments nutritifs que les aliments produits de façon conventionnelle. Ce n’était donc pas une information santé à proprement parler, mais la simple affirmation que le surcoût des aliments bio n’est pas justifié si on considère uniquement leurs contenus en nutriments. Le rapport élude la question des insecticides, herbicides, fongicides et de leurs multiples résidus dans les aliments conventionnels, réelle question de santé pourtant.

Pourquoi préférer l’aubergine bio ? Parce qu’elle contient plus de fer ou de vitamine C ? Non ! Les nutriments importants (vitamines, oligoéléments et polyphénols) des légumes sont surtout présents dans la peau du légume, où se concentrent également les pesticides. Donc, si on veut se nourrir (sans risque) avec des aliments riches en saveurs et en nutriments non caloriques, on n’épluche pas et on achète bio.

Pourquoi préférer le pain bio ? Si on veut éviter les farines raffinées (pauvres en minéraux, fibres et vitamines), on préfère le pain complet. Mais c’est aussi dans l’enveloppe des céréales que se concentrent les pesticides. Si on veut du pain complet, il le faut bio.

Certains diront que l’agriculture conventionnelle respecte des normes pour les résidus de pesticides. Admettons. Mais que savons-nous de la toxicité de ces agents sur le long terme et de leurs interactions ? Or nous mangeons trois repas par jour et chaque fois plusieurs aliments contaminés par plusieurs pesticides. Ces agents s’accumulent dans nos tissus. On leur attribue un rôle causal dans des pathologies hormono-dépendantes (cancers du sein, infertilité masculine, anomalies du sexe des garçons), des maladies neurologiques (Parkinson), des lymphomes et autres cancers et leucémies. Précaution s’impose !

Mais laissons ces questions puisque le rapport anglais ne traite pas des pesticides. On y trouve une revue de la littérature, avec 150 études pertinentes, quelques calculs statistiques et une synthèse sous forme de deux grands chapitres : l’un concernant les produits végétaux (où 23 types de nutriments ont été analysés) et l’autre les produits animaux (10 nutriments analysés). Oublions l’analyse secondaire du rapport fondée sur une sélection (arbitraire) des meilleures études parce que, en statistiques, les grands nombres sont censés compenser les défauts techniques. Si des différences significatives entre les aliments conventionnels et les bio sont mises au jour dans cette marécageuse base de données, cela signifie qu’elles sont très résistantes aux facteurs de confusion et reflètent la réalité.

A propos des aliments végétaux, les experts observent des différences pour sept types de nutriments. Ils en concluent curieusement que c’est négligeable : moins de résidus azotés (dus aux engrais chimiques) dans les aliments bio, mais plus de magnésium et de zinc, ce qui est intéressant puisque nos populations tendent à en manquer ; plus de matières sèches dans les aliments bio, donc moins d’eau et plus d’éléments nutritifs, ce qui est confirmé par des différences significatives pour les sucres, les polyphénols (en général) et les flavonoïdes dans les aliments bio.

Pour les produits animaux, il y a des différences pour trois types de nutriments : plus de lipides, plus de polyinsaturés et plus d’acides gras dits “trans” dans le bio. Les experts concluent que c’est négligeable en termes de nutrition (fort contestable) mais insistent sur les trans. On distingue les trans industriels issus de l’hydrogénation des huiles végétales et les trans naturels produits lors de la rumination et présents dans les aliments animaux.

Les deux types de trans seraient, selon nos auteurs, également nuisibles pour la santé, car ils augmentent de façon identique le cholestérol sanguin. Or les trans diffèrent radicalement vis-à-vis des maladies cardiaques : les trans industriels sont associés à un doublement du risque, tandis que les trans naturels (ceux qui sont en plus grande quantité dans le bio animal) sont associés à une diminution du risque. Avantage au bio ! Cet exemple illustre aussi, pour ceux qui n’en sont pas encore convaincus, que le cholestérol ne joue qu’un rôle négligeable dans les maladies du coeur.

Tout cela indique qu’il est préférable de manger bio, qu’il s’agisse d’aliments végétaux ou animaux, surtout pour protéger sa santé, selon la formule classique “que tes aliments soient ta médecine”. Encore faut-il que cela soit acceptable pour le budget familial.

Une dernière question concerne l’opportunité de publier ce rapport en juillet. Y aurait-il quelque part et à l’approche des grandes négociations sur l’avenir de l’agriculture européenne une stratégie visant à décrédibiliser une agriculture qui ne soit pas industrielle et productiviste, exportatrice (plutôt que locale), prédatrice des ressources naturelles et dévastatrice pour l’environnement ? Assistons-nous aux premières escarmouches de la grande bataille qui s’annonce et dont l’enjeu pourrait être l’émergence d’un Monde Nouveau où Monsanto, Unilever et les autres ne seraient plus les rois de la fête ?

The G8′s $20bn initiative on smallholder agriculture, launched at the group’s recent summit in L’Aquila, Italy, is a potentially historic breakthrough in the fight against hunger and extreme poverty. With serious management of the new funds, food production in Africa will soar. Indeed, the new initiative, combined with others in health, education and infrastructure, could be the greatest step so far toward achieving the Millennium Development Goals, the internationally agreed effort to reduce extreme poverty, disease and hunger by half by 2015 .

During 2002-06, I led the United Nations Millennium Project, which aimed to achieve the Millennium Development Goals, for then-UN secretary general Kofi Annan. One cornerstone of the project was smallholder farmers, meaning peasant farm families in Africa, Latin America and Asia – working farms of around one hectare (2.5 acres) or less. These are some of the poorest households in the world, and, ironically, some of the hungriest as well, despite being food producers.

They are hungry because they lack the ability to buy high-yield seeds, fertiliser, irrigation equipment and other tools needed to increase productivity. As a result, their output is meager and insufficient for their subsistence. Their poverty causes low farm productivity, and low farm productivity reinforces their poverty. It’s a vicious circle, technically known as a poverty trap.

The millennium project’s hunger task force, led by two world-leading scientists, MS Swaminathan and Pedro Sanchez, examined how to break this vicious circle. The hunger task force determined that Africa could substantially increase its food production if help was given to smallholder farmers, in the form of agricultural inputs. The millennium project recommended a big increase in global funding for this purpose. Drawing on that work and related scientific findings, Annan launched a call in 2004 for an African “green revolution”, based on an expanded partnership between Africa and donor countries.

Many of us, notably current UN secretary General Ban Ki-moon, have worked hard to make this possible, with Ban repeatedly emphasising the special emergency arising from the global food, financial and energy crises of the last two years. The G8 announcement reflects these years of effort, and of course the boost from the leadership of US president Barack Obama, Spanish prime minister José Luis Zapatero, Australian prime minister Kevin Rudd, World Bank president Robert Zoellick, European commissioner Louis Michel, European parliamentarian Thijs Berman and others.

Now the key is to make this effort work. The lessons of history are clear. Getting seed and fertilizer to smallholder farmers at highly subsidized prices (or even free in some cases) will make a lasting difference. Not only will food yields rise in the short term, but farm households will use their higher incomes and better health to accumulate all sorts of assets: cash balances, soil nutrients, farm animals, and their children’s health and education.

That boost in assets will, in turn, enable local credit markets, such as microfinance, to begin operating. Farmers will be able to buy inputs, either out of their own cash, or by borrowing against their improved creditworthiness.

A consensus has now been reached on the need to assist smallholders, but obstacles remain. Perhaps the main risk is that the aid bureaucracies now trip over each other to try to get their hands on the $20bn, so that much of it gets taken up by meetings, expert consultations, overhead, reports and further meetings. “Partnerships” of donors can become an expensive end in themselves, merely delaying real action.

If donor governments really want results, they should take the money out of the hands of 30 or more separate aid bureaucracies and pool it in one or two places, the most logical being the World Bank in Washington and the International Fund for Agricultural Development (Ifad) in Rome. One or both of these agencies would then have an account with several billion dollars.

Governments in hunger-stricken regions, especially Africa, would then submit national action plans that would provide details on how they would use the donor funds to get high-yield seeds, fertilizer, irrigation, farm tools, storage silos and advice to impoverished farmers. An independent expert panel would review the national plans to verify their scientific and managerial coherence. Assuming that a plan passes muster, the money to support it would quickly be disbursed. Afterward, each national program would be monitored, audited and evaluated.

This approach is straightforward, efficient, accountable and scientifically sound. Two major recent success stories in aid have used this approach: the Global Alliance on Vaccines and Immunizations, which successfully delivers immunisations to young children, and the Global Fund to Fight Aids, TB, and Malaria, which supports national action plans to battle these killer diseases. Both have saved millions of lives during the past decade, and have paved the way to a new more efficient and scientifically sound method of development assistance.

Not surprisingly, many UN agencies and aid agencies in rich countries fight this approach. All too often, the fight is about turf, rather than about the most effective way to speed help to the poor. Obama, Rudd, Zapatero and other forward-thinking leaders can therefore make a huge difference by following up on their pledges at the G8 and insisting that the aid really works. The bureaucracies must be bypassed to get help to where it is needed: in the soil tilled by the world’s poorest farm families.

La alarma social que han causado en las últimas décadas diversos acontecimientos relacionados con la seguridad alimentaria –como las vacas locas o la presencia de dioxinas y pesticidas– ha podido contribuir a que se establezca de manera permanente una sensación de inquietud e inseguridad en la percepción del consumidor europeo. Además, estamos asistiendo a un notable aumento de noticias en los medios de comunicación que, de manera poco rigurosa, quieren trasladar a la opinión pública una sensación de peligro para la salud de los consumidores y el medioambiente como consecuencia del cultivo de variedades transgénicas y del consumo de sus productos. Como especialistas en producción vegetal y servidores públicos nos sentimos obligados a hacer 10 precisiones, cada una de las cuales podría dar lugar a muchos artículos:

1. Necesidades de rigor en las argumentaciones. Las afirmaciones que se hagan sobre los efectos en la salud humana y en el medioambiente deben basarse en resultados científicamente contrastados y de acuerdo con la metodología científica, que es universal. Aunque es legítimo que los gobiernos puedan tomar decisiones basadas en criterios estrictamente políticos, es significativo que la ministra de Investigación y Ciencia alemana, Annette Schavan, lamente que su colega de Agricultura haya prohibido las variedades transgénicas de maíz.

2. Impactos sobre el medioambiente. La inmensa mayoría de resultados publicados en revistas científicas –particularmente los que se derivan de estudios financiados por los ministerios españoles de Educación, Ciencia e Innovación, Medio Ambiente y Agricultura– concluyen que no hay efectos sobre la biodiversidad en las variedades transgénicas autorizadas hoy en nuestro país. También cabe destacar la imposibilidad de estas variedades de contaminar las especies vegetales silvestres.

3. Efectos en la salud humana. A pesar del buen número de estudios llevados a cabo, no se han demostrado efectos negativos sobre la salud humana ni de los animales domésticos tras un consumo generalizado de productos elaborados a partir de transgénicos en Estados Unidos y otros países, incluyendo el nuestro, durante más de una década.

4. ¿Es posible la coexistencia de variedades transgénicas y convencionales? Existen bastantes estudios científicos en toda Europa y particularmente en Catalunya sobre las distancias de seguridad que se tendrían que guardar entre campos para permitir su coexistencia.

5. Legislación en Europa y España. Como respuesta a la inquietud y las reticencias mostradas por algunos ciudadanos, Europa ha desarrollado una estricta legislación que avala la seguridad de los alimentos que pudieran contener productos obtenidos con variedades transgénicas. En este sentido, cabe destacar la labor hecha por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

6. ¿Qué opinión tiene la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria? Los documentos de la EFSA –disponibles en su web– dejan claro que la máxima autoridad europea en seguridad alimentaria avala el cultivo y consumo de las variedades autorizadas. Las más prestigiosas sociedades científicas –desde la Academia de Ciencias de Estados Unidos y la Royal Society of London hasta la Academia Pontificia Vaticana– han reconocido el interés de esta tecnología en sus obtenciones autorizadas. También son significativas en este punto las posturas favorables adoptadas por la FAO y una multitud de premios Nobel.

7. Agricultura, biotecnología y sostenibilidad. No entendemos cómo se puede defender que la agricultura, motor desde su origen del desarrollo de las sociedades, quede ahora excluida de las innovaciones que la biotecnología está aportando en otros campos, como la medicina humana, con beneficios evidentes que han sido bien aceptados por la sociedad. El reto de la agricultura moderna es ganar sostenibilidad y las plantas transgénicas pueden ayudar a esta finalidad.

8. Beneficios del maiz Bt. Es el único que ha sido autorizado para el cultivo comercial en Europa. Después de más de 10 años de cultivo en España ha representado para buena parte de los productores un aumento del rendimiento y del beneficio, y una reducción de los tratamientos insecticidas, tal y como ha demostrado un estudio llevado a cabo por personal experto de la Comisión Europea.

9. Variedades transgénicas y globalización. A menudo se atribuye a las variedades transgénicas los aspectos negativos de la globalización. Sin embargo, y en la línea de lo que propugna el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, deberíamos asegurarnos de que los derechos de la propiedad intelectual –patentes– no impidan que las mejores variedades y las más adaptadas a países en desarrollo sean accesibles a todos los productores de estas zonas, como se está pidiendo para muchos medicamentos destinados a mitigar sus enfermedades endémicas.

10. Transgénicos y consumidores. Las próximas obtenciones de plantas transgénicas que ya se anuncian –vacunas, medicamentos y alimentos para grupos con necesidades específicas– probablemente tendrán beneficios directos para la sociedad en general y tal vez esto hará que la percepción de estos cultivos sea más positiva. Entonces podremos analizar con más conocimiento los beneficios y riesgos de las plantas transgénicas caso por caso, sin criminalizar a toda la biotecnología aplicada a la agricultura. Un cuchillo puede utilizarse para cortar la carne, pero también para matar a alguien. Sin embargo, nadie aboga que se prohíba su uso.

Este Documento de Trabajo pretende aportar algunos elementos de reflexión sobre el proceso de refundación de la Política Agrícola Común (PAC) que, en principio, deberá materializarse a partir de 2013, al término de las actuales perspectivas financieras de la Unión. Parte de un análisis de las muy diversas propuestas que desde determinados medios, políticos y académicos, se han venido formulando desde 2007 al calor de la última reforma de la PAC, el denominado “Chequeo Médico” (Health Check), aprobado a inicios de 2009. A título de simples apuntes que faciliten una pronta toma de posición por parte española se formulan los principales ejes de esta posible refundación al tiempo que la estrategia a seguir por nuestras administraciones y sectores profesionales. El desafío es de enjundia: consolidar una “nueva PAC del siglo XXI” a la altura de los retos que imponen los ciudadanos europeos, la construcción de una Unión ampliada, unos mercados agrarios globalizados y, finalmente, el relanzamiento de la actividad económica general a fin de superar la presente recesión.

Leer artículo completo (PDF). Disponible en el Real Instituto Elcano.

Dos hechos han reavivado la polémica sobre la siembra de variedades transgénicas. El 22 de abril prohibía Alemania el cultivo de variedades de maíz transgénico derivadas del evento MON810 (resistente a insectos plaga, o ‘maíz Bt’). Poco después, el Gobierno vasco creó un sistema de autorización de cultivos transgénicos tan complicado que, en la práctica, los prohíbe. En torno a estos hechos y a los debates que, con cierto sesgo, se han generado al respecto, queremos hacer una breve reflexión sobre los aspectos científicos pero también políticos que aparentemente hay detrás de estas decisiones.

Debemos aclarar que, aunque se habla de transgénicos ‘en general’, toda la polémica actual rodea al maíz MON810. Fue autorizado tras un informe de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA) que, conforme a la información disponible, no implicaba riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. En los últimos años Francia, Grecia y Alemania han enviado a la AESA información adicional sobre este maíz. Pero, tras revisarla, ésta ha declarado que los nuevos datos «no invalidan el análisis de riesgos ya realizado». Es decir, que dicho maíz seguía siendo seguro, por lo que no procedía prohibir su cultivo. La Agencia Francesa para la Seguridad Alimentaria opinó igual, aunque el Gobierno francés actuó en otro sentido.

Por otra parte, datos publicados en revistas científicas de reconocido prestigio demuestran que el ‘maíz Bt’ es, en realidad, mucho más seguro para la salud humana que el convencional (o el ecológico). Esto se debe a que los niveles de fumonisinas (micotoxinas potencialmente cancerígenas) detectados en diversas pruebas de campo (Francia e Italia) y cultivos comerciales (España) son hasta 100 veces inferiores a los encontrados en las variedades no transgénicas (incluidas las ecológicas). Es importante señalar que las 62 alertas que entre 2003 y 2007 hubo en la Unión Europea por presencia de micotoxinas en maíz (en grano o en harinas), fueron de maíz ecológico o convencional, y nunca del transgénico.

Nos preguntamos: si este maíz está autorizado en Europa, ¿por qué algunos países, o regiones, deciden unilateralmente prohibir, o dificultar seriamente, su cultivo? Son muchos los datos que llevan a pensar que detrás de ese rechazo hay más razones económicas que científicas. Los productos agroalimentarios son estratégicos en cualquier sociedad y cualquier novedad beneficia a unos sectores en perjuicio de otros. Los todavía pocos transgénicos que hay en el mercado europeo son suficientes para haber tenido ya cierto impacto. El cultivo comercial del MON810 tiene efectos directos en el mercado del maíz para piensos y en los cultivos que se siembran cerca del maíz, particularmente en los ecológicos, considerablemente más caros que los convencionales y transgénicos. La legislación europea no obliga a etiquetar como transgénico un producto que tenga menos del 0.9% de contenido transgénico. Sin embargo, la agricultura ecológica, por definición, no acepta la presencia involuntaria de transgénicos, aunque sí acepta la presencia involuntaria de pesticidas y permite etiquetar ese producto como ‘ecológico’. Como resultado, el agricultor ecológico se ve obligado a etiquetar su maíz como transgénico y a venderlo a un precio más bajo.

Viendo las cosas desde una perspectiva más amplia, debemos señalar que Alemania, país autosuficiente en maíz, acaba de autorizar el cultivo de la patata transgénica Amflora producida por la multinacional alemana BASF, mientras prohíbe el del maíz MON810 de la multinacional estadounidense Monsanto. Sin embargo, España, que no prohíbe el ‘maíz Bt’, produce unos 4 millones de toneladas y necesita importar cuatro más. Euskadi, que sólo cultiva el 0,13% del total del maíz de España y donde la plaga del taladro (insecto que combate el ‘maíz Bt’) no es importante, no tiene inconveniente en declararse zona libre de transgénicos, a diferencia de Cataluña, que produce el 10,5% y donde el taladro es un problema serio para los agricultores. Recientemente Holanda ha propuesto en el Consejo Europeo separar los aspectos científicos de los socioeconómicos y políticos en la toma de decisiones sobre transgénicos.

Creemos que estos datos apuntan a razones más políticas y económicas que científicas a la hora de autorizar o no determinados cultivos. Invitamos a los lectores a reflexionar sobre algunas preguntas que pocas veces se hacen: ¿Es justo demonizar los transgénicos para evitar perjuicios económicos? ¿Cómo justificaremos aceptar cultivos cuando de verdad nos interesen (por ejemplo: tolerantes a la sequía, con mejoras notables para la nutrición de los consumidores)? ¿Y qué pasa con los agricultores a los que sí beneficia el maíz transgénico, con la industria alimentaria que obtiene ingredientes más ventajosos o con los ganaderos que logran piensos a precios asequibles? ¿Es bueno para los agricultores no poner pegas al maíz transgénico importado, pero impedir el cultivo propio?

En los últimos años se está desarrollando en numerosos lugares de Europa un movimiento plural que persigue la creación de espacios en donde no puedan ser cultivadas plantas transgénicas. Esta creciente geografía de zonas libres de transgénicos la componen actualmente 230 regiones y alrededor de 4.000 municipios, creando así un escenario en el que países como Austria, Grecia, Italia o Polonia devienen casi en su totalidad, como consecuencia de decisiones tomadas a nivel local, zonas libres de transgénicos. En este contexto, el 26 de noviembre del pasado año se debatió en el Parlamento español una proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que tenía por objeto declarar España como zona libre de transgénicos; recordemos que España es el único país europeo en el que se ha venido produciendo maíz transgénico de forma continuada y cuya extensión ronda las 80.000 hectáreas. La proposición fue rechazada con los votos de PSOE y PP alegando la pertinencia de los organismos transgénicos y la necesidad de proseguir su desarrollo bajo un control científico que habría de prevenir la posible aparición de problemas medioambientales. Días más tarde, el 4 de diciembre, se celebró una reunión de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea en donde se abordaron los criterios que rigen la comercialización de plantas transgénicas. Nuevamente salió a relucir el discurso que enfatiza la necesidad de proseguir con investigaciones que diluyan cualquier riesgo medioambiental o sanitario que las plantas transgénicas pudieran comportar, apuntando, asimismo, la pertinencia de investigar sus implicaciones socioeconómicas e incluso la idoneidad de establecer zonas libres de transgénicos en espacios que posean una biodiversidad que merezca ser preservada.

Sin embargo, más allá de un cierto sosiego que acaso podría desprenderse de esta llamada a la precaución científica, cabe afirmar que la retórica tecnocientífica que impregna el desarrollo de los cultivos transgénicos tan sólo constituye el envés de un discurso que, al promover una tecnologización de los problemas, descontextualiza social y medioambientalmente el propio modelo agrícola intensivo que irrumpe con la agrobiotecnología. Los discursos de la innovación tecnológica y del control científico vienen a conformar, en su interrelación, un escenario que se presenta desde una necesariedad que confiere a toda crítica de dicho modelo un sesgo antidesarrollista y una imperdonable falta de confianza en la innovación científica y en la seguridad que ésta habría de comportar. No obstante, las cuestiones que aquí se dilucidan tienen la suficiente trascendencia como para seguir reproduciendo discursos difícilmente sostenibles en un plano analítico (la descontextualización y despolitización de lo tecnocientífico, la posibilidad de que la incertidumbre pueda ser erradicada) y ajenos tanto a lo que la propia realidad de los cultivos transgénicos ha comportado desde su liberación comercial como a las controversias tecnocientíficas suscitadas sobre la seguridad de la transgenia.

La palabra clave es la coexistencia. La retórica tecnocientífica que atraviesa a la agrobiotecnología nos viene a decir que los cultivos transgénicos tan sólo son un modelo agrario que podría coexistir con los cultivos convencionales y ecológicos ya existentes. Sin embargo, los transgénicos por razones agronómicas, por el sistema de producción agrícola y por su posterior entrada en la cadena alimenticia (no olvidemos que los principales cultivos transgénicos, soja y maíz, atraviesan en forma de piensos y derivados gran parte de la producción de alimentos) parecen asemejarse a un fluido que atraviesa barreras, que se precipita sobre los otros modelos agrícolas; a modo de ejemplo, hay que decir que la producción de maíz ecológico en Cataluña y Aragón, debido a su contaminación con maíz transgénico, está prácticamente al borde de su desaparición. Ante esta presencia de fluidos transgénicos, difícilmente rebatible, se nos dice que habrán de fijarse umbrales que posibiliten legalmente la presencia de transgénicos en esos otros modelos. Pero la presencia de un umbral legitima ya de facto el modelo agrobiotecnológico, un modelo que no se caracteriza por coexistir sino por un progresivo precipitarse más allá de sí mismo descuidando o ignorando las consecuencias que esto ocasiona. Cabe afirmar, por ello, que quizás la cuestión no sea tanto negociar umbrales cuanto reivindicar la posibilidad misma de negar este modelo y, en consecuencia, de poder construir zonas libres de transgénicos, zonas ajenas a un modelo agrícola que ha emprendido una inquietante mercantilización de la naturaleza.

La continua remisión a un futuro transido de seguridad en donde la tecnociencia dictaminará una supuesta inocuidad de los transgénicos conlleva, por una parte, la preocupante asunción de que los actuales cultivos transgénicos no se han desarrollado una vez que el principio de precaución ha sido establecido; primero fueron los transgénicos y después un sistema de control que debe reconstruirse a medida que los problemas afloran: la agrobiotecnología no espera (el primer maíz transgénico cultivado en España está hoy prohibido) y la coexistencia deberá regularse en un contexto marcado ya por la contaminación transgénica. Por otra parte, la experiencia de los cultivos transgénicos ha sido ya lo suficientemente amplia como para que se continúe pidiendo informes sobre seguridad obviando la problemática ambiental y social que la transgenia ha comportado: pérdida de biodiversidad, contaminaciones por transgénicos, aparición de malas hierbas y de resistencias a los insumos agroquímicos que lleva incorporado el uso de transgénicos, creciente deforestación de tierras en países como Argentina y Brasil para plantar la soja transgénica que alimenta el ganado occidental, mercantilización del comercio de semillas que impide la reutilización de las mismas socavando así conocimientos y prácticas agrícolas de carácter local que poseen una historia dilatada y sobre la que habría de fundamentarse la soberanía alimentaria, etcétera.

La ignominia del discurso que justifica la agrobiotecnología sobre la base de una mayor productividad que vendría a ayudar a paliar el problema del hambre y la falacia de la promesa de una reducción de insumos agroquímicos vienen a enmascarar lo que subyace a la agrobiotecnología, que no es sino una reactualización del viejo sueño moderno de convertirnos en dueños y señores de la naturaleza. La reducción del debate a la búsqueda de una irrefutable seguridad tecnocientífica contribuye a ocultar el debate en torno al modelo de naturaleza y sociedad que reproduce la agrobiotecnología. La iniciativa de las zonas libres de transgénicos se aviene, por el contrario, a visibilizar dicho modelo mediante su negación misma y mostrar así la mercantilización de la existencia que comporta, la incertidumbre social y medioambiental que produce.