Quizá no hay otra cuestión actual donde aparezcan las contradicciones del mundo en que vivimos como la alimentación. Necesidad absoluta para todos, la alimentación es un fenómeno industrial y cultural de gran envergadura además de un factor importante de impacto sobre el medioambiente. Leyendo las noticias de estos días relacionadas con el tema, encontramos, entre otros, un llamamiento de Unicef para paliar los efectos de la malnutrición en la salud de los niños en países con conflictos y la gala de las estrellas Michelin otorgadas a los restaurantes .

Nuestra relación con la comida es compleja. La decisión de qué comemos es una de las más esenciales que tomamos y la tenemos que tomar cada día. Como todos los animales, los individuos de nuestra especie deben buscar sin cesar lo que les permite obtener la energía y los materiales que les permiten vivir. En los países como el nuestro, esto lo tenemos hoy bastante bien resuelto. Sabemos más o menos lo que tenemos que comer y lo tenemos al alcance en mercados y tiendas, pero también sabemos que la comida puede ser una fuente de problemas para la salud y por eso nos preocupa la seguridad alimentaria. También sabemos que de lo que comemos dependerá nuestra salud futura y cada vez más sabemos por qué cada uno de nosotros reaccionamos de manera diferente frente a la comida. Conseguir una comida suficiente, segura y saludable es nuestro objetivo cotidiano.

Pero cuando decidimos lo que comemos no lo hacemos con una calculadora, lo hacemos con un bagaje de cultura personal e histórica que acaba determinando nuestras decisiones. La cultura ha ido construyendo unas reglas que definen una dieta que debe contener lo que necesitamos para poder vivir en el lugar en que vivimos y que sea seguro. Para una especie que puede comer de todo, como la nuestra, lo que se ha comido en el pasado sin problemas es una garantía de seguridad. Por lo tanto, la cultura gastronómica incorpora los factores básicos de nuestra alimentación adaptados al entorno local.

La gastronomía puede transformar y enriquecer estos aspectos culturales y en nuestro país se ha convertido en un fenómeno cultural y económico de primera fila. Por un lado, recupera productos, platos y sabores que se podían perder, y los presenta al mundo como una marca de calidad. Esto permite mantener una agricultura de alto valor añadido que necesita un proceso de certificación. Por otra parte, es un campo de experimentación en sabores y texturas con una gran capacidad de innovación. La gastronomía se ha convertido en un factor de importancia para el turismo y para la industria agroalimentaria de nuestro país, que representan conjuntamente alrededor del 50% del PIB.

Pero no podemos dejar de tener en cuenta que la producción de alimentos es una problemática global. En este contexto, la Unicef nos recuerda que en algunas regiones del mundo la malnutrición es la responsable de un tercio de las muertes infantiles y la FAO nos dice que puede afectar a unos 1.000 millones de personas e incluso en nuestro país aumenta con la crisis. Si hay una urgencia alimentaria, es esta. De cara el futuro, se añaden otras. Vamos aumentando la población, cada vez más en grandes ciudades, y hay un factor añadido, que es la preocupación por el medio ambiente. La agricultura es una actividad agresiva para el medioambiente y uno de los factores que más contribuyen al cambio climático. Nos preocupa que estemos comprometiendo la posibilidad de que futuras generaciones puedan acceder a la alimentación como nosotros. Por lo tanto, decimos que es necesario que la agricultura sea una actividad sostenible.

Está claro que hay cuestiones políticas y sociales en todo el mundo que intervienen en el problema de conseguir una nutrición adecuada para todos los humanos, que interfiere la especulación y que a la agricultura le pedimos quizá demasiadas cosas, además de que nos alimente. No hay solo una solución técnica al problema de la alimentación, pero nos podemos preguntar si debemos invertir nuestros esfuerzos en las propuestas de la gastronomía moderna o en agricultura intensiva. Puede que esta sea una más de las contradicciones de nuestro mundo desigual.

Quizá deberíamos aceptar que puede tener para nosotros muy poco sentido rechazar la gastronomía como una actividad minoritaria cuando es un factor cultural y económico de primera línea en un país como el nuestro. Pero puede tener todavía menos sentido rechazar los esfuerzos que se hagan para tener una agricultura productiva que proporcione una comida accesible al mayor número posible de la población mudial de forma sostenible. Por eso necesitamos que la investigación nos ayude a saber lo que debemos comer cada uno de nosotros, que lo podamos comer con seguridad y que lo hagamos de una manera adaptada y respetuosa de nuestro entorno y de forma lo más agradable posible. Pero, sobre todo, que trabaje para que no le falten alimentos a nadie ni ahora ni en el futuro.

Les prix alimentaires ont battu des records cette année. Il y a trois ans, ils avaient déjà entrainé des millions de personnes dans la famine. Pourtant, nous avons de la nourriture. Mais elle ne se trouve pas au bon endroit et au bon moment.

Lors d’une réunion à Dakar cette semaine, des experts internationaux ont examiné une nouvelle proposition controversée, émanant du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, cherchant à instaurer un nouveau système de stockage des céréales en Afrique de l’Ouest. Les pays du G20 ont récemment apporté leur soutien à cette idée lors d’une réunion à Washington.

Le PAM mettrait ainsi en place quatre structures de stockage des denrées alimentaires – au Burkina Faso, au Ghana, au Mali et au Sénégal – qui contiendraient jusqu’à 67 000 tonnes de nourriture, soit assez pour faire face à une crise alimentaire en Afrique de l’Ouest durant trente jours. Un approvisionnement supplémentaire pour soixante jours serait disponible grâce à un système “virtuel” soutenu par les négociants privés de la région. Cette réserve aurait un coût initial de 44 millions de dollars (environ 33 millions d’euros) et un coût de fonctionnement annuel de 16 millions de dollars (environ 12 millions d’euros).

Réaliser des stocks alimentaires publics est quelque chose de controversé, même lorsque les récoltes sont abondantes, et cette proposition a déjà attiré ses détracteurs. De nombreux experts craignent à juste titre qu’une importante réserve de céréales biaise les prix mondiaux. Dans de nombreux pays, les marchés agricoles sont des monstres de complexité, notamment en raison d’interventions étatiques. Il faudrait moins d’intervention, et non plus, allèguent ces experts, et les gouvernements ne devraient pas faire appel à un système de stocks pour maintenir des prix arbitraires, faussant les échanges et affectant la production.

Le dispositif du Programme alimentaire mondial tient compte de nombre de ces craintes. Conçu comme un compromis entre des économistes sceptiques à l’égard d’un Etat fort et des activistes convaincus que les variations de prix des denrées alimentaires doivent se faire en douceur, la proposition du PAM se concentre sur l’approvisionnement en nourriture pour de l’aide humanitaire et seulement sous des conditions particulières de prix mondiaux. Le dispositif concède à ces économistes que les prix du marché ne devraient pas être fixés de manière artificielle, tout en apaisant les activistes en reconnaissant que quelque chose doit être fait.

L’idée de stocks alimentaires à des fins humanitaires provoque pourtant des réserves. Dans un récent article pour le Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD), Christopher Gilbert soutient que, dans le cas où la population vulnérable est définie de manière trop large, les marchés pourraient recevoir de la nourriture dans des quantités qui nuisent aux agriculteurs locaux en provoquant une baisse des prix. Il ajoute que des programmes mal conçus peuvent avoir des conséquences sur la distribution alimentaire entre les ménages, certains en bénéficiant moins que d’autres.

Plus important encore, il souligne que les gouvernements doivent s’assurer de ne pas entreprendre des actions qu’il serait préférable de confier au secteur privé. Sur ce point, les dirigeants pourraient s’inspirer d’expériences asiatiques où des stocks privés sont généralement encouragés en période d’abondance et découragés en temps de crise.

Des stocks alimentaires à des fins humanitaires ont du sens en temps de crise – tant qu’ils ne perturbent pas les marchés internationaux ni ne portent atteinte aux agriculteurs locaux. Les millions de personnes desservies par les agences humanitaires devraient recevoir de la nourriture quand et là où elles en ont besoin. En Afrique de l’Ouest, la récente proposition du PAM pourrait au moins rendre ceci possible.

If the word crisis is vastly overused, to speak of a global food crisis is, if anything, an understatement.

The first signs of trouble appeared in 2000, when global grain stocks declined for the first time in several decades, but it was not until the spring of 2007 that the full gravity of what was occurring became clear. During that year, the prices of the principal food staples — rice, corn, soybeans and wheat — effectively doubled throughout the world. This was an unprecedented rise, and it reversed more than 50 years of declining prices. Grain prices dropped by 75 percent between 1950 and the end of the 1980s and then remained low into the first years of the new century.

The results were immediate and devastating: By the most conservative estimates, the number of hungry or chronically malnourished people rose by at least 100 million, to nearly one billion people — that is, to almost one-seventh of the world’s population. Food riots and other forms of unrest broke out throughout the world. One good result was that agriculture was restored to its rightful, central place on the development agenda after decades of being the poor stepchild (the proportion of U.S. foreign aid devoted to agriculture dropped from 17 percent in 1980 to about 3 percent in 2006).

But the root causes of the crisis have yet to be properly addressed. This is particularly serious because while global grain prices have declined substantially since 2008, they are poised to rise again. When they do — and specialists agree that they will, at least in the medium term — the costs in terms of both human suffering and political and social upheaval are likely to make the 2007 price crisis pale by comparison.

It is easy to mock the various conferences, emergency meetings and seemingly endless policy documents that have tried to mitigate the threat but so far have achieved little. In fairness, though, responding effectively will be extraordinarily difficult. Despite what some conspiracy-minded critics have alleged, the crisis has a number of drivers, each one of which would be challenging enough on its own, but which taken together seem to call for a radical restructuring that is hard to imagine in the current political climate.

These drivers include the diversion of grains in North America and Western Europe to biofuel production; higher energy costs, which translate into more expensive chemical fertilizers; and since 2000, financial speculation over staple crops, which causes price fluctuations.

As if this were not bad enough, these changes have been taking place during a period of very rapid population growth. And in some regions with dramatic demographic increases, like sub-Saharan Africa and parts of South Asia, climate change is threatening to lower crop yields at precisely the time that more staple foods urgently need to be produced.

Although everyone agrees there is a food emergency, there is little agreement on what should be done. The dominant approach, championed and to a considerable extent financed by the Bill and Melinda Gates Foundation — now the world’s principal private funder of agricultural research — holds that the global food crisis is fundamentally the result of both inefficient and insufficient food production. Therefore the solution is what Gordon Conway, the former president of another major philanthropic supporter of this effort, has called “the doubly green revolution.” Conway has defined this as harnessing “the power of science and technology not just for the better-off, or even the majority, but for those millions of poor and hungry who deserve and have a right to enough to eat.”

Arrayed against this view are the agroecologists, grouped around organizations and coalitions like the Right to Food movement in India and their intellectual supporters, like Olivier De Schutter, the U.N. special rapporteur on the right to food. They argue that agroecology — the application of ecological principles to agriculture — offers the possibility of increasing crop yields without resorting to expensive, patented inputs like chemical fertilizers or genetically engineered seeds, which are beyond the means of poor smallholder farmers in Africa or Asia. They also argue that the global food crisis is less a technical problem susceptible to a technical solution than a social and political crisis, whose roots and, by extension, solutions, lie in creating a fairer and more accountable world system.

For now, the technological approach remains in the ascendant. Whether it remains so much longer will depend to a considerable extent on whether its innovations live up to their advance billing, are financially sustainable and prove to be culturally acceptable to farmers in the poor world.

Both sides would probably agree that neither technical innovation nor agroecology can work unless governments are fully committed to reducing the number of hungry and chronically malnourished people. When governments have been committed, progress has been very rapid, as the examples of China, Thailand, Vietnam, Mexico, and, most brilliantly, Brazil, have demonstrated conclusively over the last three decades. When they have not been, as is the case, disgracefully, in India — where the malnutrition rate for children under five stubbornly remains at 46 percent, double the average in sub-Saharan Africa — conditions have deteriorated.

But if the global food crisis is real, it is not unsolvable. One of the greatest accomplishments of the 20th century was to make famine — for all of human history a scourge that seemed as inevitable as the other three horsemen of the apocalypse, war, plague, and death — a rarity. Today, famine is almost invariably the product of evil governments, North Korea being the obvious case, or of no government, as in Somalia. The hunger that maims and blights should be consigned to the past, just as the hunger that kills has been.

Food prices are at record highs and the ranks of the hungry are swelling once again. A warming climate is beginning to nibble at crop yields worldwide. The United Nations predicts that there will be one to three billion more people to feed by midcentury.

Yet even as the Obama administration says it wants to stimulate innovation by eliminating unnecessary regulations, the Environmental Protection Agency wants to require even more data on genetically modified crops, which have been improved using technology with great promise and a track record of safety. The process for approving these crops has become so costly and burdensome that it is choking off innovation.

Civilization depends on our expanding ability to produce food efficiently, which has markedly accelerated thanks to science and technology. The use of chemicals for fertilization and for pest and disease control, the induction of beneficial mutations in plants with chemicals or radiation to improve yields, and the mechanization of agriculture have all increased the amount of food that can be grown on each acre of land by as much as 10 times in the last 100 years.

These extraordinary increases must be doubled by 2050 if we are to continue to feed an expanding population. As people around the world become more affluent, they are demanding diets richer in animal protein, which will require ever more robust feed crop yields to sustain.

New molecular methods that add or modify genes can protect plants from diseases and pests and improve crops in ways that are both more environmentally benign and beyond the capability of older methods. This is because the gene modifications are crafted based on knowledge of what genes do, in contrast to the shotgun approach of traditional breeding or using chemicals or radiation to induce mutations. The results have been spectacular.

For example, genetically modified crops containing an extra gene that confers resistance to certain insects require much less pesticide. This is good for the environment because toxic pesticides decrease the supply of food for birds and run off the land to poison rivers, lakes and oceans.

The rapid adoption of genetically modified herbicide-tolerant soybeans has made it easier for farmers to park their plows and forgo tilling for weed control. No-till farming is more sustainable and environmentally benign because it decreases soil erosion and shrinks agriculture’s carbon footprint.

In 2010, crops modified by molecular methods were grown in 29 countries on more than 360 million acres. Of the 15.4 million farmers growing these crops, 90 percent are poor, with small operations. The reason farmers turn to genetically modified crops is simple: yields increase and costs decrease.

Myths about the dire effects of genetically modified foods on health and the environment abound, but they have not held up to scientific scrutiny. And, although many concerns have been expressed about the potential for unexpected consequences, the unexpected effects that have been observed so far have been benign. Contamination by carcinogenic fungal toxins, for example, is as much as 90 percent lower in insect-resistant genetically modified corn than in nonmodified corn. This is because the fungi that make the toxins follow insects boring into the plants. No insect holes, no fungi, no toxins.

Yet today we have only a handful of genetically modified crops, primarily soybeans, corn, canola and cotton. All are commodity crops mainly used for feed or fiber and all were developed by big biotech companies. Only big companies can muster the money necessary to navigate the regulatory thicket woven by the government’s three oversight agencies: the E.P.A., the Department of Agriculture and the Food and Drug Administration.

Decades ago, when molecular approaches to plant improvement were relatively new, there was some rationale for a cautious approach.

But now the evidence is in. These crop modification methods are not dangerous. The European Union has spent more than $425 million studying the safety of genetically modified crops over the past 25 years. Its recent, lengthy report on the matter can be summarized in one sentence: Crop modification by molecular methods is no more dangerous than crop modification by other methods. Serious scientific bodies that have analyzed the issue, including the National Academy of Sciences and the British Royal Society, have come to the same conclusion.

It is time to relieve the regulatory burden slowing down the development of genetically modified crops. The three United States regulatory agencies need to develop a single set of requirements and focus solely on the hazards — if any — posed by new traits.

And above all, the government needs to stop regulating genetic modifications for which there is no scientifically credible evidence of harm.

Las vacaciones de agosto empiezan con tres noticias relacionadas con la comida. La primera y más trágica es la hambruna de Somalia. Ya hacía décadas que en el mundo no se vivía una situación de hambre parecida pero la guerra constante, el pirateo y la falta de instituciones que faciliten el mercado y el crecimiento económico han hecho que reaparezca un fantasma que, gracias a Dios, es cada vez menos frecuente. Digo gracias a Dios pero tendría que decir gracias a las fundaciones Ford y Rockefeller, que entre los años cuarenta y setenta financiaron lo que se ha denominado la revolución verde: a base de mezclar variedades genéticas y de aplicar fertilizantes, plaguicidas y regadíos, la productividad del trigo, el arroz y el maíz se multiplicó por cinco mientras los precios se dividían por dos. El éxito de esta revolución permitió que países como India no sólo dejaran de sufrir las hambrunas de los sesenta, sino que en la actualidad exporten cinco millones de toneladas de arroz anuales.

Si bien la productividad agrícola ha aumentado espectacularmente, no se puede decir lo mismo de la eficiencia con la que distribuimos los alimentos. Y es que todos los supermercados del mundo tiran toneladas de comida cada día ya que llega la fecha de caducidad de los productos frescos cuando todavía no han sido vendidos. A todos nos gusta tener donde escoger cuando vamos a comprar y por eso los supermercados tienen más producto del que venden. Lamentablemente, eso implica que una parte sustancial de lo que producimos acaba en la basura.

Lo que nos lleva a la segunda noticia del verano: investigadores del Laboratorio de Síntesis Computacional de la Universidad de Cornell en Estados Unidos han presentado un ordenador que imprime comida. La técnica recuerda las primeras impresoras inkjet que tenían tres tubos de tinta de tres colores. El ordenador escupía microgotas contra un papel y la mezcla de las tintas permitía imprimir documentos o fotografías en una infinidad de colores. Pues bien, el equipo de Cornell ha utilizado esta técnica con el chocolate: la impresora escupe gotas de diferentes tipos de chocolate que, una vez solidificadas, crean bombones con infinidad de sabores. De hecho, en lugar de imprimir sobre un papel, lo hacen en tres dimensiones (una técnica que también se utiliza para producir objetos industriales de plástico) depositando microgotas de chocolate líquido que, al solidificarse, acaban formando un bombón con la forma deseada por el diseñador.

Al leer esta noticia me pregunté si algún día se inventarían impresoras láser de comida. Me lo pregunto porque las impresoras que sustituyeron a las inkjet fueron las de láser, que no escupían tinta líquida, sino partículas de polvo seco. Imaginamos que fuera posible deconstruir un pollo en sus partículas elementales: por una parte el agua y por la otra cada uno de los componentes de la carne, la piel, la grasa, etcétera. Todas estas partículas se podrían guardar pulverizadas dentro de unos cartuchos. Al no contener agua, este polvo podría ser almacenado mucho tiempo. Cuando alguien quisiera comer un pollo, utilizaría una impresora láser que, en un instante, lo imprimiría en 3D partícula a partícula, calentando cada píxel a la temperatura deseada. Además de producir sólo la comida necesaria sin necesidad de tirar nada a la basura, este procedimiento tendría otras ventajas. Primero, las personas con problemas médicos podrían imprimir comida sin los componentes perjudiciales. Por ejemplo, pan sin gluten, queso sin colesterol o carnes sin grasa. Segundo, a las personas que necesitan dieta, sus médicos o nutricionistas les podrían construir cada día su comida sin los componentes que no les convienen. Tercero, a los que tienen que comer poca sal pero no les gusta la comida insípida, el médico les podría ir reduciendo la dosis a base de imprimir la comida cada día con un poco menos de sal de manera que el paciente no se daría cuenta del cambio. Lo mismo pasaría con la gente de que tuviera que comer poco azúcar, poca grasa o poco de lo que sea. Cuarto, en lugar de tomar pastillas, a los enfermos se les podrían incorporar los fármacos directamente en la comida. Y quinto, al tener montañas de alimentos almacenados en polvo sin riesgo de pudrirse, los países ricos podríamos enviar impresoras cuando un país se encontrara en situación de emergencia, como es el caso de Somalia en la actualidad.

Lógicamente, todo eso es una pura elucubración porque todo dependería de que alguien fuera capaz de deconstruir la comida en sus componentes esenciales y eso no lo puede hacer nadie. Nadie… ¡de momento! Y es que sí que hay alguien que, de proponérselo, podría hacerlo. Se trata, ¿cómo no?, de Ferran Adrià, el protagonista de la tercera noticia del verano: cuando salga publicado este artículo hará dos días que El Bulli ha cerrado definitivamente. El mejor restaurante de todos los tiempos ha sido un centro de creación culinaria donde una de las mentes más privilegiadas y creativas que hay, la del maestro Adrià, nos ha dado cosas como la espuma, el aire, las esferificaciones o… ¡las deconstrucciones! Ferran ha imaginado maneras de manipular productos que nos han dado unos placeres hasta entonces inimaginables. Ahora El Bulli desaparece como restaurante y se convierte en una fundación dedicada a la creatividad. Quizás sea este el primer paso para obtener las impresoras de comida que permitan completar la revolución verde y erradicar, ahora ya definitivamente, el hambre en el mundo.

If the past is anything to go by, TVs the world over will show heart-wrenching pictures of malnourished Somali babies with distended kwashiorkor bellies; of flies feeding on their eyes; of mouths sucking at milkless breasts. Environmental experts will pontificate on the recurrent droughts in Somalia. Aid organizations will canvass the world’s rich to find the funds to feed the starving. Governments will make promises they won’t keep. What has been a tributary of refugees leaving Somalia and entering neighboring Kenya will become a flood. This will be channeled into refu­gee camps, which will overflow with rivers of human misery.

A couple of years ago, I was visiting my good friend Abdullahi Mohamed Shirwa, a respected civil society leader based in Mogadishu. He wondered aloud if the country would continue to exist, given the prevailing circumstances. A week ago, I received a call from him. He described the situation as “disastrous, almost beyond repair.” He asked: “Why are our people being left to die, starving — decade after decade?”

Nearly 170,000 Somalis have arrived in the refu­gee camps since January, according to the United Nations. Yet the suffering humanity fleeing the famine is indicative of the catastrophe awaiting an even larger multitude of Somalis. I am talking about those who have stayed behind, those from whom death harvests its daily dividend. After all, they are in worse need, desperate for help that they are not likely to receive. This is because humanitarian agencies are not allowed to reach these unfortunates. Access is being prevented by al-Shabab, the al-Qaeda-linked hard-line religionists who claim divine sanction — and who are declaring death on the cut-off hordes.

In a way, the current situation in Somalia is much worse than the one in 1992. During the famine then, warlords held the nation hostage. Millions of Somalis were caught in the middle, and hundreds of thousands died of hunger. In response to the crisis, the United States sent in the Marines to to do “God’s work,” as President George H.W. Bush put it. But that intervention was a half-measure, and the unfinished mission led directly to the calamity we’re living today.

The U.S. military action in Somalia resulted in the deaths in 1993 of 18 American service members; thugs supporting the warlord whom the Americans were hunting dragged corpses through the dusty alleys of Mogadishu. Humiliated, the United States withdrew. Al-Qaeda claimed credit for the attack and went about the business of recruiting terrorists nearly undisturbed, and was able to launch attacks on the U.S. Embassies in Tanzania and Kenya five years later.

By withdrawing, the Americans played into the hands of the disrupters of peace, ultimately privileging the terrorists. The United Nations rewarded the warlords with undeserved honor, describing them as leaders instead of treating them as criminals. The warlords were invited to a series of national reconciliation conferences to form a government, and Somalis equated this bizarre turn of events to the notion of entrusting a flock of sheep to hyenas. Only a fool thinks that no harm will come to his sheep.

After the United States left Somalia, the rest of the world stood by, leaving the warlords to profit from their criminality. Al-Qaeda strengthened its presence in the country. Foreign vessels entered Somali waters and engaged in illegal fishing, which caused piracy to balloon into an ugly reality. Somalia lived on mortgaged time, leased out to criminals of one sort or another, an ideal world for terrorists to flourish.

If we had had foresight and acted upon it; if the Marines had disarmed the warlords; if the U.N. Security Council had issued arrest warrants for the warlords early on, stopping them from prolonging the failure of the state; if the Security Council had dealt with the warlords — who had denied millions of starving people access to food — decisively, in the same way it dealt with the genocidal regimes in Serbia, Rwanda, Sierra Leone and Sudan, then al-Qaeda would not have established a secure base from which to plan terrorist attacks. Our country would not have been hamstrung by the enormity of our problem, nor would it have become the world’s worst humanitarian disaster.

For two decades, many alliances known by different names and belonging to different interest groups, all of them harmful to Somalia, have collaborated to destabilize the country. The Nobel Prize winner Amartya Sen has said that famines are easy to prevent and that they often disappear with the establishment of a multiparty democracy, a free press and an active political opposition. These elements of a democratic society can guard against famine or mitigate its disastrous consequences.

We don’t have any of that in Somalia. Instead, we know that the recurrence of droughts stems from political collapse — the failure of the governing class to deal with impending catastrophes, which often take years to materialize.

By the time drought is upon us, it is often too late. On my last visit to Somalia in February and March of this year, one could already see terrible times coming, a rainless season on the horizon. People were studying the arid desert winds for signs. Many people I spoke to couldn’t help forecasting a famine. The word, in fact, was on everybody’s lips in Galkayo, in the central region of the country. There, the wells had dried up, and wars were being waged over the right of the nomads to water their beasts.

To date, the world has taken only piecemeal steps to deal with the Somali people’s plight. So far, none has worked. It is time that the Security Council referred Somalia to the International Criminal Court for an in-depth investigation, as happened with other recent humanitarian disasters in Sudanand Libya, for example. Only the high-profile nature of such a prosecution could ensure that justice is done and Somalia can become a governable country.

The alternative is for the international community to prepare to return to Somalia in 10 or 20 years. Then, humanitarian agencies will have to negotiate for access to millions of starving Somalis with some new group of criminals bent on the physical elimination of their people, knowing that, as in the past, they can pursue their goal with impunity.

Across the Horn of Africa, people are starving. A catastrophic combination of conflict, high food prices and drought has left more than 11 million people in desperate need. The United Nations has been sounding the alert for months. We have resisted using the “F-word” — famine — but on Wednesday, we officially recognized the fast-evolving reality. There is famine in parts of Somalia. And it is spreading.

This is a wake-up call we cannot ignore. Every day I hear the harrowing reports from our U.N. teams on the ground. Somali refugees, their cattle and goats dead from thirst, walking for weeks to find help in Kenya and Ethiopia. Children who arrive alone, terrified and malnourished, their parents dead, in a foreign land.

From within Somalia, we hear terrible stories of families who watched helplessly as their children died, one by one. One woman recently arrived at a U.N. displacement camp 87 miles southwest of Mogadishu after a three-week trek. Halima Omar, from the region of Lower Shabelle, was once considered well-off. Today, after three years of drought, she barely survives. Four of her six children are dead.

“There is nothing in the world worse than watching your own child die in front of your eyes because you cannot feed him,” she said of her ordeal. “I am losing hope.”

Even for those who reach the camps, there is often no hope. Many are simply too weak after long journeys across the arid land and die before they can be nursed back to strength. For people who need medical attention, there are often no medicines. Imagine the pain of those doctors, who must watch their patients perish for lack of resources.

As a human family, these stories shock us. We ask: How is this happening again? After all, the world has enough food. And yes, economic times are hard. Yet since time immemorial, amid even the worst austerity, the compassionate impulse to help our fellow human beings has never wavered.

That is why I reach out today: to focus global attention on this crisis, to sound the alarm and to call on the world’s people to help Somalia in this moment of greatest need. To save the lives of the people at risk — the vast majority of them women and children — we need about $1.6 billion in aid. So far, international donors have given only half that amount. To turn the tide, to offer hope in the name of our common humanity, we must mobilize worldwide.

This means everyone. I appeal to all nations — both those that fund our work year in and year out, and those that do not traditionally give through the multinational system — to step up to the challenge. On July 25, in Rome, U.N. agencies will gather to coordinate our emergency response and to raise funds for immediate assistance.

Meanwhile, we must all ask ourselves, as individual citizens, how we can help. This might mean private donations, as in previous humanitarian emergencies in Indonesia after the tsunami or Haiti after the earthquake, or it could mean pushing elected representatives toward a more robust response. Even in the best of circumstances, this may not be enough. There is a real danger we cannot meet all the needs.

The situation is particularly difficult in Somalia. The ongoing conflict there complicates any relief effort. More broadly, sharply rising food prices have stretched the budgets of international agencies and NGOs. Operating conditions are complicated by the fact that the transitional national government of Somalia controls only a portion of the capital, Mogadishu. We are working on an agreement with the forces of Shabab, an Islamist militia group, to grant access to areas of the country that they control. Even so, serious security concerns remain.

We must also recognize that Kenya and Ethiopia, which have generously kept their borders open, face enormous challenges of their own. The largest refugee camp in the world, Dadaab, in Kenya, is already dangerously overcrowded with some 380,000 refugees. Many thousands more are waiting to be registered. In neighboring Ethiopia, 2,000 people a day are arriving at the Dolo refugee camp, also struggling to keep pace. This compounds a food crisis faced by almost 7 million Kenyans and Ethiopians at home. In Djibouti and Eritrea, tens of thousands of people are also in need — and potentially many more.

Even as we respond to this immediate crisis, we need to find ways to deal with underlying causes. Today’s drought may be the worst in decades. But with the effects of climate change being increasingly felt throughout the world, it surely will not be the last. This means practical measures: drought-resistant seeds, irrigation, rural infrastructure, livestock programs.

These projects can work. Over the last 10 years, they have helped boost agricultural production in Ethiopia by 8% a year. We have also seen improvements in our early warning systems. We knew this drought was coming and began issuing warnings in November. Looking ahead, we must ensure that such warnings are heard in time.

Above all, we need peace. As long as there is conflict in Somalia, we cannot effectively fight famine. More and more children will go hungry; more and more people will needlessly die. And this cycle of insecurity is growing dangerously wide.

In Somalia, Halima Omar told us: “Maybe this is our fate — or maybe a miracle will happen and we will be saved from this nightmare.”

I cannot accept this as her fate. Together, we must rescue her and her countrymen and all their children from a truly terrible nightmare.

Arot Katikov is the opposite of a thriving western baby. Looking much younger than he is, the boy can’t stop crying and vomiting, and he has diarrhoea. On arrival at Lodwar district hospital he is discovered to be suffering from malnutrition and one of its complications, tuberculosis. When Setina, aged 10 months, turns up at the same place, she faints with hunger. Her mother, Ngiupe, grabbed Setina and her brother and ran from their farm near the Ugandan border when Pokot raiders came and stole their cattle and killed their neighbours. Setina’s three-year-old brother died on the way to the hospital, and she is now lying in her mother’s arms, too weak to lift her head, her eyes glazing over as her mother rocks her to sleep or oblivion.

Further to the south, Somalia is suffering its worst drought in 50 years. This is the children’s famine. Running from conflict, and sick with hunger and thirst, people are fleeing to the borders or the aid camps, many children dying on the way or too weak to survive once they get there. In some areas one in three children is seriously malnourished and at severe risk of death. In October the rains will come, most likely bringing epidemics of malaria and measles. Some of the children just lie down and wait for death, which is likely; or mercy, which is elsewhere.

This week, while the famine was happening, every media outlet in the western world devoted itself to the circus surrounding a gang of communications reprobates. Public outrage over News International is justified, of course, and the abuse suffered by the family of a murdered girl cannot go unheeded. There can be no hierarchy of moral outrages, and the wrong done to Milly Dowler and her family and dozens of other victims should be its own category. But must it chase the possible death of 500,000 children off the front pages? We don’t have to find the Murdochs acceptable in order to find the famine intolerable, but it is no category error to think of them at the same time.

We are each of us children of many things, and one of the things I’m a child of is Live Aid. I was 17 in 1985. We had our arguments with it, but there was no doubting the sudden power of that idea, pushed hard by Bob Geldof, that our lives were bankrupt in the face of third world suffering. It didn’t make every pleasure a guilty pleasure, but it made a generation aware that there was a price to be paid for its satisfactions. Yet it is now obvious that this was a realisation we failed to make permanent. Too many of our own children don’t know where Somalia is and they don’t care, so long as the stories of celebrities and their misdoings can continue to upholster their privilege and entitlement, a world beyond right or wrong.

I once spent time with Unicef at a rehabilitation centre in Malawi where you could literally see the children crossing the threshold of survival, and just because people paid attention. We came from a generation that wanted that kind of carefulness to be part of a sense of how life had to be lived. It wasn’t a lifestyle choice, it was a categorical imperative, to make the world less indecent. But the last week has shone a light into the empty places of our conscience. With the hacking scandal, we can name the guilty parties and make a hoopla of doing so, but I ask the millions who read those papers and fed those empires and lapped up stories about dead little girls where they really stand in their moral crusade. And does it extend at all to the dead and dying little girls of Africa?

I’ve seen it there with my own eyes. They need high-nutritional food, Plumpy’nut it’s called, along with sanitised water and jabs against disease. Unicef is supporting 800 nutrition centres across Somalia and providing 1.2 million people with access to safe drinking water. The Unicef field workers have been up all night and I caught some of them on the phone, exhausted but determined, and shocked by the lack of western response. When I asked what it would take to save those half a million children they said about £37m. Less than the transfer price for your averagely brilliant footballing hero I thought, as I put down the phone.

This is the week when members of the rich old media proved their bankruptcy and the values of the country were put on trial. Other things happened. Fadumo came to one of the camps with her son, Ahmed, who looked like he might not make it. “We came today to receive Plumpy’nut, and, thanks to God, my son is thin, but he will get better.” The Unicef therapeutic teams are all around him in an instant, and then they move on to another, and yet another child waiting for love. Ahmed’s breathing is stable and there will be more food for him in the morning, won’t there? Ahmed may never own a mobile phone, but he too pleads for your outrage.

La escasez y el encarecimiento de los alimentos en el norte de África y en Oriente Próximo están agravando el hambre en el África subsahariana, donde han desembarcado los países árabes más ricos comprando tierras, a bajo precio, con el objetivo de cultivar lo necesario para dar de comer a sus propias poblaciones.

La hambruna devasta el cuerno del continente negro. Etiopía, uno de los países más hambrientos del mundo y donde más de trece millones de personas necesitan ayuda alimentaria internacional, ofrece paradójicamente tres millones de hectáreas de su tierra más fértil a ricos países árabes como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Kuwait o Bahréin y a sus fondos de inversión. A esta grave situación hay que añadir la avalancha de somalíes, 134.000 hasta el momento, que abandonan su país y se refugian en Etiopía y Kenia huyendo de la guerra, de la sequía y de la falta de alimentos. Se calcula que el 50% de los niños somalíes sufre desnutrición severa.

Esta nueva crisis alimentaria, iniciada ya en años anteriores, hizo que los dictadores de Libia, Argelia, Túnez o Egipto subvencionasen alimentos para calmar a sus poblaciones, utilizando incluso a algunos ejércitos para repartir pan. Ahora muchos de los países árabes del norte de África luchan por vivir en democracia mientras persiste el encarecimiento de los alimentos y se deteriora su situación económica, con un turismo que les ha abandonado y un tejido empresarial muy dañado.

No olvidemos que esta región es una de las principales consumidoras de trigo del mundo. El Gobierno egipcio reparte gratuitamente el equivalente a 2.000 millones de dólares al año en trigo; un 60% de las familias de ese país depende de esa donación, según ha publicado recientemente en el Herald Tribune Lester R. Brown, presidente del Earth Policy Institute.

Egipto produce trigo gracias al agua del río Nilo. Tras un acuerdo con sus vecinos Etiopía y Sudán, puede utilizar un 75% del flujo. Pero esta situación está cambiando con la llegada a los países más meridionales de compradores de tierras extranjeros.

Alimentos como el maíz, el trigo, la soja o el azúcar han incrementado espectacularmente sus precios en el norte de África y Oriente Próximo. La situación llega a ser tan desesperada que Naciones Unidas ha denunciado que en Yemen los niños tienen que recurrir a tomar khat, una droga que, al ser mascada, genera un estado de euforia leve y anula el apetito.

Por esto, los ricos países árabes antes citados, han decidido, además de importar alimentos, invertir en las tierras fértiles africanas desplazando a sus comunidades autóctonas, aprovechándose de que, en la mayoría de los casos, los campesinos subsaharianos no tienen documentos de compra o alquiler y que sus corruptos gobernantes miran hacia otro lado mientras sus cuentas corrientes aumentan día a día. Algunos de los países elegidos son Mozambique, Malí, Sudán, Uganda, Madagascar, Etiopía, Senegal, Tanzania, Camerún y Zimbabue.

Estas escandalosas compras ponen en peligro la futura alimentación de los africanos que se quedan sin tierras propias que trabajar y solo pueden aspirar, como mucho, a ser peones de los nuevos propietarios árabes. Naciones Unidas, a través de su organismo para la alimentación, FAO, ha lanzado en diversas ocasiones la voz de alarma diciendo que solo conservando las pequeñas explotaciones agrícolas se puede detener el aumento del hambre y la desnutrición en África.

A veces, estas inversiones son llevadas a cabo directamente por los Gobiernos de los países árabes, y otras muchas por empresas, fondos de inversión o de pensiones intermediarias, que además se convierten en grandes especuladores de esos cultivos, pasando a ser los protagonistas de la subida de precios de los alimentos, sin importarles en ningún momento las condiciones de trabajo de los autóctonos.

Uno de los millonarios más importantes del mundo, el saudí Al Amoudi, a través de la compañía Saudi Star, ha dedicado 2.000 millones de dólares a comprar tierras en Etiopía. En cuanto al Banco de Desarrollo Islámico, tiene planes de inversiones multimillonarias para el cultivo de arroz en Malí, Senegal y Uganda.

Por su parte, Libia posee cientos de miles de hectáreas también en Malí a través de su fondo de inversiones Libia Africa Investment Portfolio, empresa que controla la familia Gadafi. Otra de sus empresas, Malibya, ha comprado 100.000 hectáreas con la misma finalidad. Pero mientras los extranjeros compran tierras, miles de malienses se han visto en la necesidad de emigrar a otras zonas del país a causa de la sequía que están sufriendo, una de las peores de los últimos 20 años.

A estos datos fríos se les puede poner caras como la de esos 54.000 somalíes que el mes pasado decidieron dejar lo que tenían para salir caminando de su país, a través del desierto, en dirección a alguno de los campos de refugiados que Naciones Unidas tiene en los países limítrofes.

Cuando nací, en 1946, éramos 2.500 millones. Ahora somos 7.000 millones. En 65 años, la población mundial se ha incrementado en 4.500 millones de personas. Hay tantos humanos vivos en estos momentos como humanos han vivido en los últimos cuatro o cinco siglos, tal vez incluso más. La reducción de la mortalidad (infantil y adulta) y el alargamiento de la vida media de los supervivientes es la causa de tan espectacular incremento. Hacer proyecciones especulativas a 30 o 40 años vista no conduce a ninguna parte, porque los vectores que rigen el fenómeno son demasiado complejos. La demógrafa Anna Cabré no se cansa de repetirlo. Pero que ya somos 7.000 millones y que vamos in crescendo va a misa.

¿Cuántos alimentos demanda toda esa gente? Depende. Los casi 1.200 millones de indios vegetarianos o semivegetarianos precisan menos que los 500 millones de europeos omnívoros, tirando a carnívoros. No es que los indios coman menos (puede que también), sobre todo es que comen de forma más eficiente. Tras cada kilo de carne hay 10 kilos de grano o más. El pedazo de tierra que alimenta a 10 vegetarianos apenas alcanza para sostener a un solo carnívoro. El problema es que muchos asimilan el desarrollo a la hamburguesa, de modo que los 1.500 millones de chinos que quieren ser como los occidentales aspiran a comer tanta proteína animal como nosotros. Si ello ocurriera de golpe, los mercados mundiales de grano quedarían desabastecidos en pocas semanas.

Según la FAO, organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la agricultura y la alimentación, 1.000 millones de personas pasan hambre. Se estima que el número de hambrientos disminuyó ligeramente en la pasada década, pero vuelve a subir a raíz del mal momento económico. En todo caso, una de cada siete personas sufre hambre. Viene a ser un 15% de la humanidad. Si añadimos las mal alimentadas, el porcentaje supera el 20%. Me parece atroz. La derivación continuada de los alimentos disponibles hacia el engorde intensivo de ganado empeoraría el panorama. A menos, claro, que se incrementara la producción alimentaria.

Aquí colisionan concepciones e intereses contrapuestos. El industrialismo optimista (tal vez simplemente inconsciente) no ve problema alguno. La llamada revolución verde de la segunda mitad del siglo XX ya marcó el camino: abonos y fitosanitarios, maquinaria al por mayor, semillas seleccionadas y, más recientemente, plantas biológicamente modificadas (o sea, transgénicos). Me temo que las cosas no son tan sencillas. Todo eso pudo hacerse cuando la energía estaba tirada y cuando la Tierra aún podía tragarse agroquímicos sin parpadear. Esas vías están agotadas, saturadas, al menos. La única opción nueva y con posibilidades alternativas son los transgénicos, pero cuentan con sólidas oposiciones (fundamentadas unas, gratuitas otras).

Pienso que con los alimentos ocurre lo mismo que con la energía. Hay que volver la vista hacia la gestión de la demanda. Hasta ahora solo ha preocupado la gestión de la oferta, poner en el mercado tanto como el mercado pedía o era capaz de absorber. Eso es el pasado. El futuro de los 7.000 millones que somos ya y de los 10.000 millones que pronto seremos no puede depender de un suelo agrícola que ya no tenemos, de una energía de la que no disponemos y de una capacidad de carga que ya se agotó. El progreso del siglo XXI no es la iteración de los formatos del siglo XX y menos aún de los del siglo XIX.

Los occidentales comemos demasiado y desequilibradamente. Centenares de millones pasan hambre y sufren deficiencias proteínicas, mientras nuestros adolescentes se hinchan de grasas y proteínas animales en fast foods que proliferan por doquier. En Occidente propendemos a la obesidad deletérea en un mundo de gente famélica. ¿Dónde está el progreso? Pero tampoco me seducen los doctrinarios de la verdura cruda: somos una especie omnívora, por eso tenemos caninos (aunque sensiblemente atrofiados, detalle significativo). Lamentablemente, la manida dieta mediterránea es una vieja equilibrada opción que triunfa en los libros y retrocede en los hogares.

Según EL International Food Policy Research Institute, el 90% de las exportaciones de arroz y maíz, cereales básicos, depende de media docena de países. Cualquier disminución de su capacidad productiva derivada del cambio climático en curso sería fatal. En estos momentos, más que pensar en nuevas prótesis tecnológicas consumidoras de energía -y exaltadoras del efecto invernadero, por tanto-, convendría reorientar hábitos alimentarios, mejorar los sistemas de redistribución de las cosechas y relanzar la producción local. Son soluciones sociológicas que no favorecen la cuenta de resultados de según qué corporaciones, pero ¿quién dijo que estas organizaciones sean parte de la solución? De momento, más parece que sean parte del problema. La sostenibilidad, también en el capítulo alimentario, empieza por mirar las cosas de un modo distinto.

De las casi siete mil millones de personas en el mundo, alrededor de mil millones mueren de hambre debido a una larga lista de desafortunados sucesos y circunstancias locales, aunado a una demanda en constante aumento, patrones climáticos impredecibles y una gestión financiera deficiente. Además, la escasez de alimentos podría empeorar, pues se espera que la población mundial llegue los nueve mil millones para 2050 o antes.

Sin embargo, con los programas adecuados podemos producir alimentos suficientes para todos. En efecto, si se toman ahora las medidas apropiadas podemos erradicar el hambre.

Para cubrir la demanda esperada de los  próximos veinte años, el suministro global de alimentos debe aumentar en un 50%. Por lo tanto, necesitamos un crecimiento basado en la agricultura para incrementar el suministro y mantener precios asequibles mientras que se incrementan los ingresos de los agricultores pobres en los países en desarrollo.

Lo anterior se puede lograr mediante un programa dedicado a los agricultores de subsistencia que no solo mejore la productividad sino también reduzca la dependencia del clima y ofrezca instrumentos de financiamiento simples para alentar la inversión en nuevas tecnologías y equipos, una mayor propiedad de la tierra y un acceso más fácil a los mercados locales. Sacar a los agricultores de subsistencia de las condiciones precarias en las que viven equivaldría a reducir a la mitad el número de personas que mueren de hambre.

Sin embargo, un programa como ese puede funcionar solamente si las organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) trabajan conjuntamente con los gobiernos nacionales y con socios y donantes privados. La Unión Europea y otros países desarrollados están decididos a abordar el problema de la seguridad alimentaria global, y podrían adaptar fácilmente sus propios programas para participar en este proyecto más amplio.

Por ejemplo, la UE apoya el crecimiento de la agricultura y el desarrollo rural a través de dos tipos de instrumentos. Las iniciativas geográficas como el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) contribuye con la implementación de políticas agrícolas en los países de África, el Caribe y el Pacífico (el Instrumento de cooperación para el desarrollo ofrece una ayuda similar en América Latina, en Asia y en África del Sur). Dichos programas ya representan un gasto significativo –el actual FED, en aplicación desde 2007 hasta 2013, ha destinado más de mil millones de euros para apoyar la agricultura, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria tan solo en África.

El segundo tipo de instrumento es un fondo de emergencia para resolver eventos inesperados como desastres naturales, colapsos de los mercados e inestabilidad política. El Fondo alimentario ad hoc de la Unión Europea por mil millones de euros, que se creó en 2008 para responder rápidamente a los precios disparados de los alimentos en los países en desarrollo, es un buen ejemplo. Sus objetivos también incluyen impulsar la agricultura en el corto y mediano plazo en algunos países.

Como parte de un proyecto de la FAO en Burkina Faso, el Fondo alimentario de la UE ha ofrecido semillas de alta calidad a 100,000 agricultores vulnerables, lo que ha beneficiado a alrededor de 700,000 personas en medio de la creciente crisis alimentaria en la región de Sahel. Con la ayuda de la UE por un monto de 18 millones de euros, esta operación mejorará la seguridad alimentaria de aproximadamente 860,000 hogares rurales, o más de seis millones de personas.

De igual manera, dos proyectos de programas alimentarios en Mozambique, que suman un total de 2,5 millones de euros, están beneficiando a casi 50,000 agricultores y a alrededor de 300,000 familias rurales al incrementar la producción agrícola, mejorar las condiciones para la comercialización de los productos y tratar los problemas de la seguridad alimentaria que afectan los hogares del campo.

Además de estos instrumentos financieros, necesitamos mejorar el status quo mediante la inversión en la investigación y desarrollo necesarios para modernizar la agricultura y reducir el riesgo de malas cosechas. Mejor, es necesario desarrollar sistemas de producción de ganado sostenibles y tenemos que impulsar inversiones en la creación de capacidad, servicios de formación, acceso a los mercados y esfuerzos para fortalecer las cadenas de abastecimiento.

También es importante la investigación de medidas más efectivas para combatir las enfermedades transfronterizas de animales y plantas. La agricultura, después de todo, se tiene que ver en el contexto de un sistema ecológico integral, que también significa desarrollar métodos perfeccionados para conservar los recursos como el suelo, los bosques y la pesquería.

Para abordar la seguridad alimentaria global eficazmente, debemos cambiar la forma en que tratamos el desarrollo rural, lo que requiere adoptar un enfoque de abajo hacia arriba. Otra vez, pienso que la UE está a la vanguardia en los países en desarrollo en cuanto a las políticas que promueven el crecimiento económico de amplia base rural mediante el aumento de la producción primaria y una mayor eficiencia. En efecto, mediante la promoción de prácticas agrícolas y tecnologías que sean ambientalmente sostenibles e ingresos rurales más elevados, estas políticas también estimulan las actividades rurales no agrícolas.

Sin embargo, también se deben abordar los problemas de la punta del sistema alimentario. Una medida importante sería una mejor regulación de los mercados financieros globales a fin de terminar con la especulación de derivados que fuerzan el aumento de los  precios de los alimentos.  Además, necesita concluir urgentemente la Ronda de Doha de negociaciones comerciales mundiales de la Organización Mundial de Comercio; y la UE ha realizado una serie de acciones positivas en esa dirección al proponer grandes cambios a su régimen de subsidios a la exportación.

El gasto europeo en reembolsos por exportación ha disminuido considerablemente en años recientes –de un 30% en gastos agrícolas en los años noventa a menos de 1% actualmente (si se excluye el desarrollo rural). Esta enorme disminución es resultado de reformas sucesivas a la Política Agrícola Común de la UE, debido a los compromisos que la UE ha hecho con la OMC, y otros acontecimientos en los mercados mundiales. El año pasado, el gasto de la UE en reembolsos por exportación cayó en más de 40% respecto de 2009, a solo 400 millones de euros.

Cada vez hay más agricultores de subsistencia que tienen que dejar sus tierras debido a presiones que no pueden controlar, por lo que tenemos que encontrar la manera de equilibrar las necesidades y derechos de las poblaciones rurales y urbanas. Si no empezamos a hacerlo ahora las generaciones futuras no podrán tener un mundo ambientalmente sostenible donde las personas puedan vivir con dignidad.

Consider this paradox: according to conventional wisdom, hunger is supposed to decline as a country’s wealth increases. Yet in China and India, hunger appears to be growing even as incomes increase at phenomenal rates.

There are a few possible explanations: unequal distribution of wealth, inefficient or indifferent governments and aid agencies, and recent increases in world food prices. While these factors may play a role, at least part of the answer may be much simpler: we are measuring hunger incorrectly.

Suppose you want to figure out if someone has enough to eat. The standard approach is to compare the number of calories eaten to the number needed, with “need” defined by a statistical average across a population. In effect, policy makers tell people whether they are hungry based on whether the amount of calories they take in conforms to some externally imposed standard.

Of course, very few people actually conform to a statistical average. So what if, instead, you looked not just at how many calories people consumed, but at the food they chose to eat?

The best way to do this, we’ve found, is to start with a baseline, namely the share of calories people get from the cheapest foods available to them: typically staples like rice, wheat or cassava. We call this the “staple calorie share.” We measure how many calories people get from these low-cost foods and how much they get from more expensive foods like meat. The greater the share of calories they receive from the former, the hungrier they are.

The rationale behind this approach is straightforward. We are all familiar with the unpleasant sensations associated with hunger. These are the body’s way of telling us that we need more calories. Once those needs are largely met, people will switch to more flavorful, but more expensive, foods.

Imagine you are a poor consumer in a developing country. You have very little money in your pocket, not enough to afford all the calories you need. And suppose you have only two foods to choose from, rice and meat. Rice is cheap and has a lot of calories, but you prefer the taste of meat. If you spent all your money on meat, you would get too few calories. You might do this every so often, but usually you would spend almost all of your money on rice; when faced with true hunger, taste is a luxury you can’t afford.

But suppose you had a bit more money. You would probably add some meat to your diet, because now you can afford to do so while still getting the calories you need. You might even like meat so much that you start to switch away from rice even if you haven’t quite met your complete calorie needs, as long as you aren’t too far below.

Now think about the two approaches to measuring hunger. Researchers taking the standard approach would add up all the calories in the rice and meat you ate and declare you hungry if that total was less than your caloric need, regardless of the choices you made.

In the staple-calorie-share approach, however, they would look at the first case and say that since you were choosing to get almost all of your calories from rice, you must not be getting enough to eat; otherwise you would have switched to meat. But looking at the second case, they would say that since you are now eating some meat, you must be getting enough or nearly enough calories; otherwise, discomfort would cause you to seek more calories via rice. Thus, the decline in the share of calories from rice reveals that the person has had enough to eat.

In principle, both approaches can tell you who is hungry and who is not. So, why look at staple calorie share?

With the standard approach, you need to know how many calories the person has taken in and how many the person needs. But that need varies widely based on age, sex, activity level and dozens of other factors. Though some of the factors affecting calorie needs are measurable, many are not.

Moreover, it’s hard to know how many calories a person is actually getting, since health factors, including the widespread incidence of diarrhea, often mean that only a fraction of calories eaten are absorbed by the body.

The staple-calorie-share approach eliminates both problems. Your choice of foods reveals whether you have enough calories. Staple-calorie-share “need” is less variable across people; though one person may need more calories than another, they will both begin to switch away from staple foods when their needs are met. And your body isn’t fooled by how many calories you put into your mouth; the physical sensation of hunger is regulated by the amount of calories you actually absorb.

The staple-calorie-share method can give us a radically different view of who is hungry and who is not. The standard approach reveals that in China, the fraction of people consuming fewer than 2,100 calories increased to 67 percent from 53 percent between 1991 and 2001. However, the fraction who appeared hungry, as measured by staple-calorie share (using a threshold of 80 percent of calories consumed through staples), declined to 32 percent from 49 percent.

Thus, instead of 150 million more hungry people in China, there were actually almost 200 million fewer. Rising incomes have indeed made people better off; however, they have used their increased purchasing power to buy better-tasting foods, and nonfood items, rather than to increase calories.

None of this is to say that hunger is not a critical issue: no matter how you measure it, hundreds of millions of people around the world aren’t getting enough to eat. But aid money is a scarce resource, and policy makers have to decide whether it is best spent on food aid or other forms of vital assistance, like health care. Adopting a more nuanced and accurate measurement of hunger would be a big help in making those lifesaving decisions.

On ne nourrira pas 9 milliards de personnes en 2050  sans un retour à des fondamentaux du droit, de la philosophie et de l’économie.

Or le discours juridique a déserté le terrain des questions agricoles et alimentaires qui sont aujourd’hui posées sur tous les continents. L’expérience montre que le seul jeu de l’offre et de la demande ne permet pas à toutes les populations du monde de faire face à leurs besoins fondamentaux et vitaux. Le modèle économique libéral, poussé jusqu’à l’autorégulation des marchés, produit de la pauvreté en même temps que de la richesse.

Il est donc nécessaire de permettre aux Etats de prendre toutes décisions visant à faire face à cette pauvreté par des règles correctrices du marché. On ne peut pas à la fois enfermer une population à l’intérieur des frontières d’un Etat en limitant la possibilité d’une immigration vers d’autres cieux, tout en imposant un système visant à permettre aux marchandises de circuler librement et sans entraves. Si la population d’un Etat doit rester dans ses frontières, elle ne doit pas voir ses ressources quitter le territoire au profit des pays ou sociétés étrangers (captation de la terre productive, exportation…) et voir arriver des denrées vitales et rendues inaccessibles par des prix prohibitifs.

On ne peut pas davantage admettre qu’une personne ou qu’une entreprise dispose d’un monopole absolu sur un bien vital pour autrui. Or c’est pourtant ce qui se passe actuellement lorsqu’on “divinise” les innovations techniques en accordant un monopole sur des variétés végétales privatisées par un brevet ou par un certificat d’obtention végétale. Bien des populations, d’Afrique notamment, deviennent dépendantes de sociétés multinationales qui disposent d’un tel monopole absolu sur des variétés végétales dont l’origine peut même se trouver sur le territoire de ces populations. Le pillage de la biodiversité dans les pays du Sud, au profit de sociétés du Nord, revient à donner un droit absolu à ces dernières sur des populations du Sud.

Ce sont là deux exemples qui montrent ce qui se passe lorsque le droit est relégué au second plan derrière deux faux-semblants juridiques, certes utiles, mais insuffisants.

Le premier est un ensemble composé de lois de l’économie, de lois de la science et de lois morales (laïque ou religieuse) qui tiennent lieu de “droit”. Le monde est ainsi gouverné par un semblant de “droit” qui fait appel au marché (autorégulateur), aux innovations scientifiques et techniques (protégées par des monopoles), avec un zeste de valeurs éthiques (librement et souplement déterminées par les maîtres de ce marché et de ces monopoles). Le marché n’est pas juridiquement encadré ; il ne préserve pas les besoins fondamentaux des personnes les plus démunies et il ne permet pas de faire face à la pauvreté absolue de près d’un milliard de personnes dans le monde.

Le second faux-semblant réside dans une réduction du “droit” à ce qu’on nomme la “régulation”.

Or on peut dire que la régulation est au droit ce que “Bison fûté” est au Code de la route. La régulation assure la fluidité de la circulation des marchandises. Elle peut ainsi contribuer à éviter la surchauffe des marchés et à stabiliser les prix. Les instruments de régulation sont comme des thermostats permettant de régler la température. C’est d’ailleurs de là que vient la confusion car régler la température ou la circulation (régulation) et élaborer des règles sociales de comportement (droit), ce n’est pas la même chose. En “dérèglementant” l’économie, en particulier à partir des années 90, on a évincé le droit au profit d’une “régulation” qui, avec le modèle de la loi de l’offre et de la demande, est censée se faire d’elle-même (autorégulation).

Pour reprendre une idée développée par Kant, on peut dire que le droit se construit sur une distinction fondamentale entre “ce qui a un prix” et “ce qui a une dignité”. Cette distinction fournit un viatique utile au juriste et au politique. Ainsi, les matières premières agricoles,  parce qu’elles sont objet d’échanges, ont inévitablement un prix. Mais parce qu’elles sont vitales pour les êtres humains, elles relèvent aussi de la dignité des personnes dont  la première condition est le droit de chacun à l’existence. Il en résulte que le droit, dont une mission éminente est l’organisation sociale de la dignité des personnes, ne peut pas traiter les denrées agricoles comme des marchandises ordinaires.

Il faut donc penser un “droit” pour l’agriculture et l’alimentation qui tienne compte à la fois de “ce qui a un prix” et de “ce qui a une dignité”, avec l’objectif très clair d’assurer la sécurité alimentaire dans le monde.

C’est donc un grand chantier qui nous attend. Nous avons ainsi besoin que la philosophie mette le droit en mesure d’encadrer l’économie. C’est le défi qu’entend relever le programme européen “Lascaux”.

L’agenda du G20 agricole révèle une situation dont la gravité est désormais reconnue par la communauté internationale, en même temps qu’il témoigne de la complexité des enjeux agricoles mondiaux. Je salue la décision du président Nicolas Sarkozy de faire de la volatilité des prix agricoles et de la sécurité alimentaire les priorités de la présidence française du G20.

Depuis l’initiative prise au cours du sommet du G8 de l’Aquila en 2009, une question fondamentale est posée à l’humanité : dans un contexte environnemental et financier contraints, comment nourrir neuf milliards d’hommes, de femmes et d’enfants ?

Certains, à la suite du sommet de Pittsburg, ont tenté d’apporter une réponse en créant le Global Agricultural and Food Security Programme (GAFSP) doté d’un milliard de dollars, et mis en œuvre par la Banque mondiale. De son côté, l’Union européenne a mis en œuvre une initiative représentant un milliard d’euros.

Pourtant, aujourd’hui encore, alors que le monde produit assez d’aliments pour nourrir la population mondiale, plus d’un milliard de personnes continuent à avoir faim chaque année. Si les initiatives sont nombreuses, il semblerait que les divergences de vues, l’incapacité à s’entendre sur les remèdes à apporter, nuisent à l’efficacité de notre action. En témoignent les difficultés éprouvées à enrayer les récentes émeutes de la faim. Il ne s’agit donc pas seulement d’un problème technique mais aussi et surtout d’un problème politique.

Se donner les moyens de nourrir le monde, c’est là le sens même de la création de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les fondateurs de l’organisation se sont appuyés sur un constat simple : les hommes n’arriveront pas à se nourrir si l’agriculture mondiale n’est pas organisée.

Il n’y a évidemment pas de solution unique et univoque à un enjeu si complexe que l’agriculture dans le monde. Il s’agit à la fois de résoudre les causes concrètes et locales de la faim (les leaders africains ont montré l’exemple en décidant à Maputo en 2003 de consacrer au moins 10 % de leurs budgets nationaux à l’agriculture, la recherche, le développement et l’innovation, tout en garantissant aux citoyens l’accès à la nourriture produite), comme de s’attacher au fonctionnement des puissantes multinationales, afin de les ramener à leur objectif initial mais trop souvent oublié : nourrir la planète.

Le G20 consacré à l’agriculture jouera pleinement son rôle de gouvernance mondiale, en fixant les priorités et les feuilles de route pour les dix années à venir. C’est en effet sur le long terme que pourra être bâtie une gouvernance cohérente, respectueuse, porteuse d’emplois, accompagnant un développement efficace de l’agriculture.

A ce titre, je trouve le thème choisi par le G20 particulièrement pertinent. En effet, la volatilité des prix revêt assez bien les différentes facettes du problème : il s’agit d’un problème d’ordre financier (les marchés doivent être mieux régulés afin d’éviter les distorsions), auquel il faut inclure les paramètres d’analyse d’un cadre plus global. La volatilité est à la fois contingente de la production (produit-on et produira-t-on assez et dans quel but ?) et de l’organisation des territoires (quelles infrastructures pour exporter les productions et quelle organisation pour le monde agricole ?).

Les documents de préparation du G20 montrent qu’aucun aspect ne sera évité. Améliorer la transparence sur les stocks, développer des mesures d’urgence pour faire face aux fluctuations extrêmes (mécanismes de réponse rapide, augmentation des réserves alimentaires d’urgence), mettre l’accent sur les besoins des petits agriculteurs (principaux fournisseurs des citoyens les plus vulnérables), aller vers une meilleure utilisation du progrès scientifique : telles sont les propositions qui devront êtes négociées les 22 et 23 juin lorsque les ministres de l’agriculture du G20 se réuniront à Paris.

Reste à savoir ce que nous saurons et pourrons faire des conclusions du G20. L’objectif principal est de redonner à l’agriculture sa mission essentielle et vitale : libérer l’humanité de la faim. C’est au cœur de la réorganisation du secteur de l’agriculture, sans laquelle les améliorations ne se feront qu’à la marge : la spéculation sur les produits agricoles continuera et la volatilité ne sera réduite qu’à court terme.

Il faudra bien sûr restructurer les moyens afin de prendre en compte les missions renouvelées de la FAO, mais aussi faire preuve de créativité en matière de financement. Je réfléchis d’ores et déjà à des sources de financement alternatives et innovantes qui permettraient, comme Unitaid l’a permis pour le HIV-sida, la tuberculose, et la malaria, de concentrer les masses critiques indispensables à notre action.

Sur la base des diagnostics élaborés par les équipes de la FAO, des priorités clairement assumées et présentes dans la feuille de route du G20, je souhaiterais établir une nouvelle méthode de travail. Si je suis élu directeur général de la FAO lors des élections qui auront lieu le 26 juin, j’entends construire mon action en étroite coordination avec le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM). Cela implique de renouveler le pacte centenaire qui unit la FAO et les scientifiques, de renforcer les relations entre les grands groupes agro-alimentaires, les coopératives paysannes des pays les plus pauvres, les gouvernements des pays donateurs et récipiendaires, et les institutions multilatérales. L’interdépendance des acteurs est essentielle pour permettre à la FAO de jouer son rôle de tour de contrôle de l’alimentation et de la sécurité alimentaire dans le monde.

La faim et ses corollaires que sont la sous-alimentation, la dénutrition ou les carences alimentaires, peuvent être assimilés à la peste de notre temps mais nous en connaissons les remèdes : une alimentation saine et diversifiée, sans risque de pénurie ou déni d’accès.

Mon défi sera de renouveler les termes du mandat de la FAO, la motivation de son personnel, en faire l’institution qui saura rayer le spectre de la faim de nos peurs collectives. Je suis convaincu que l’organisation sortira renforcée de la prochaine élection et jouera un rôle majeur pour mettre l’alimentation et l’agriculture au cœur de la gouvernance mondiale.

The fight against hunger and poverty must be placed high on the agenda of governments, multilateral institutions and NGOs. In 2050, the world population will reach 9 billion. To ensure their needs, the UN Food and Agriculture Organisation (FAO) points to the need for a robust increase in world food supply. African production will have to increase fivefold. Latin American production will have to double.

The FAO estimates that 90% of those needs could be achieved with gains in productivity. But we also know that the problem of hunger is essentially a problem of access to food. The global challenges with respect to food supply are particularly complex, and the FAO can – and should – play a central role to fight hunger, stimulate the sustainable production of food, and enhance global food security.

Leadership – and partnership – in this arena have never been more urgently required. Hunger and poverty go hand in hand, so in addressing food supply we can help tackle the broader challenges of achieving global sustainable development at a time of increasing suffering and instability in many regions. Families are facing pressures over vulnerable food supplies with little hope for relief in the near future. Just this month the FAO forecast that high and volatile agricultural commodity prices are likely to prevail into 2012.

In fact, the bill for international food imports is expected to reach its highest level this year – $1.29 trillion – but the burden of that cost will not be shared equally. The UN-classified least developed countries will spend 30% more on food imports in 2011, raising their spending to roughly 18% of their imports, compared with a world average of around 7%. This situation is not conducive to global economic and social stability.

Brazil’s credentials in tackling hunger and poverty are well established. The Zero Hunger programme, created in 2003 and co-ordinated by Dr José Graziano da Silva, combined emergency actions with structural measures for food security. It was the starting point for all other policies implemented in the following years. Income transfer programmes such as Bolsa Familia – which supports more than a quarter of the population – combine food safety, access to education and health, and measures to foster local development, especially in rural areas.

The encouragement of family agriculture was fundamental to the success of social policies in Brazil. Family farming is responsible for 70% of food consumed domestically and represents 10% of Brazil’s GDP. These results would not be possible without agricultural research, agrarian reform and land tenure, technical assistance, and access to credit and insurance, among other things. With these, 32 million Brazilians (over 16% of the population) have overcome poverty.

Consistent with this, Brazil has been working internationally for a more balanced and socially equitable global order. Our approach is based on the construction of equal partnerships with developing countries worldwide.

Putting the fight against hunger and poverty as one of the top international priorities is a commitment made by my country. It was precisely for this reason that, as president of Brazil, last year I presented Graziano da Silva as a candidate to be the FAO’s director general.

No country can achieve sustainable development without improving the living conditions of its people; and the Brazilian experience shows that overcoming hunger requires co-ordinated actions, political will and the participation of all society. With Graziano da Silva’s FAO candidacy, Brazil reaffirms its commitment to the universal agenda of combating poverty and hunger.

Hace unos meses hubo también en Alemania una crisis alimentaria por la aparición de dioxinas en algunas granjas. ¿Recuerdan? La explicación se dirigió hacia la alimentación del ganado: piensos contaminados seguramente por la utilización de residuos procedentes de la elaboración de agrocombustibles. Los sobrantes después del procesamiento del maíz o la soja para elaborar etanol son, desde un punto de vista nutritivo, semejantes a las harinas de dichos cereales. Conocido como granos húmedos de destilería, este subproducto se utiliza como un ingrediente barato del pienso que se destina a la alimentación de la ganadería industrial.

Pues bien, repasando información al respecto, en primer lugar en el documental Food, Inc. (2008) se puede ver cómo un investigador veterinario, con las manos dentro del rumen de una vaca, explica que una alimentación excesiva de las vacas con granos en lugar de pasto o forrajes, como harían en su estado natural, es un factor que favorece la presencia de cepas de la bacteria E. coli en los estómagos de esos animales, y por lo tanto en sus excrementos. Ya saben, la E. coli de la epidemia de Alemania, que acusó precipitadamente a los pepinos andaluces y que ahora señala a brotes de soja, aunque por el momento no puede confirmarlo.

Con más concreción, en segundo lugar averiguamos que desde el 2007 científicos del Servicio de Investigación Agrícola de EEUU han estudiado qué les ocurre a los animales alimentados con los granos húmedos que los coches y la industria desechan. En su centro Roman L. Hruska de Investigación de Animales para Carne, en Clay Center, Nebraska, han determinado con 608 vacunos que los animales alimentados con estos subproductos mostraron niveles significativamente más altos en sus excrementos de E. coli O157:H7. Es decir, niveles más altos de una de las variantes graves de E. coli, perteneciente a la misma familia que la detectada en Alemania.

Cuando las vacas industriales que malviven encima de sus excrementos llegan a los mataderos con las patas y los cueros sucios, el salto de la bacteria a la carne es viable. Y ya tenemos carne picada con posibilidades de estar contaminada, como ocurrió en 1982 en EEUU. Desde entonces se estima que cada año hay en ese país 73.000 casos de infección y 61 muertes por esta variante de la bacteria E. coli.

Aunque también se han dado casos de contaminación de esta bacteria en botellas de zumo de manzana, en el agua, en espinacas -y queda aún abierta la hipótesis de la contaminación de vegetales en alguna fase de su larguísima cadena alimentaria-, e incluso teniendo en cuenta que esta infección deriva de una nueva cepa, hay preguntas clave que deben obtener respuesta. ¿Necesitamos correr estos riesgos? ¿Todos los alimentos han de tener pasaporte para recorrer el mundo? ¿Hay alternativas a la ganadería industrial y al consumo excesivo de carne? ¿Es buena idea esa de los agrocombustibles? Ya sabemos que la dedicación de muchas tierras sustituyendo comestibles por combustibles es uno de los elementos clave que, junto con la especulación financiera con los cereales, explica la subida de precio de la materia prima alimenticia que tanta hambruna provoca. ¿No parece todo un despropósito? Un modelo agroganadero que provoca hambre en los países empobrecidos del sur y sustos epidémicos en los países industrializados (dioxinas, gripe A, vacas locas…).

Así que, ya metido a investigador de hipótesis, me aventuro a lanzar varias recomendaciones a quien corresponda:

SBltRevisen, las autoridades higiénico-sanitarias correspondientes, el factor hamburguesa. Es decir, investiguen las granjas industriales y los acuíferos cercanos, para localizar el foco del contagio. Por si acaso.

SBltRevisen, las autoridades agroalimentarias correspondientes, este modelo de ganadería industrial que nos asusta día sí y día también y que tiene el único propósito de producir seudoalimentos aparentemente baratos. Por favor.

SBltRevisen, las autoridades políticas correspondientes, este modelo de alimentación global que guarda los mejores manjares para los coches y en el que lo que come nuestro ganado -y por tanto también los seres humanos- son los residuos. Por decencia.

SBltRevisen también un modelo que dedica el 50% de las tierras fértiles de Argentina a producir soja, o el 30% de las de EEUU a producir maíz, siempre en detrimento de la alimentación humana y de los campesinos que en esas tierras cosechaban su bienestar. Hoy desplazados a las periferias pobres de las urbes, sus parcos ingresos solo les permiten comer en el McDonald’s de turno… hamburguesas baratas. Por justicia.

Para acabar, dos proverbios. Uno de mi amiga Marta: «La mejor garantía de seguridad alimentaria son las políticas a favor de la soberanía alimentaria». ¿Y qué es la soberanía alimentaria? Lo explica el segundo proverbio, un dicho africano que me he permitido modificar ligeramente: «Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivará pequeños huertos… que alimentarán al mundo».

Face à la récurrence des crises alimentaires, la présidence française du G20 réussira-t-elle là où d’autres ont échoué ? A l’approche du sommet agricole des 22 et 23 juin, l’urgence d’adopter un plan d’action ambitieux ne fait plus aucun doute. Dans ce cadre, la France est appelée à jouer un rôle décisif auprès de ses partenaires : celui d’avancer des priorités à même de sortir le système alimentaire de l’impasse où il se trouve. Car c’est bien à une impasse à laquelle nous sommes confrontés.

Partant du diagnostic erroné liant la faim à un simple manque de nourriture au niveau global, les gouvernements se bornent depuis des années à augmenter la production agricole par des moyens industriels, tant pour nourrir les villes en expansion que pour alimenter un marché international, considéré comme solution miracle à l’”insuffisance” des productions nationales. Les efforts en vue de faire croître l’offre ont tenu lieu de politique de sécurité alimentaire.

Or, nous sommes chaque jour témoins de l’échec de ces “solutions” longtemps prônées. Les flambées des prix interviennent de manière répétée. La dégradation environnementale progresse. La pauvreté rurale et la malnutrition persistent. Ayons la lucidité de reconnaître là où nous nous sommes trompés : la faim ne résulte pas d’un problème démographique ou d’une inadéquation technique entre l’offre et la demande globale. Elle est d’abord le fruit de facteurs politiques qui condamnent les petits agriculteurs – principales victimes de la faim – à la pauvreté : accès insuffisant à la terre, à l’eau et aux crédits ; faible organisation des marchés locaux ; manque d’infrastructures de base ; pouvoir de négociation trop réduit face aux intermédiaires et à un secteur agro-industriel de plus en plus concentré.

Il faudra à la présidence française du G20 du courage pour remettre le système alimentaire mondial sur la bonne voie. Il lui faudra briser le “mythe technique” de la faim. Sa détermination sur les dossiers de la spéculation et de la régulation des marchés agricoles est de bon augure face aux défis immédiats. Mais les membres du G20 restent divisés sur les orientations agricoles du XXI^e siècle. Or, l’issue de ce débat aura des conséquences réelles pour l’ensemble de l’humanité.

Cinq priorités peuvent permettre à la présidence française de jouer un rôle capital dans l’amélioration à long terme de la sécurité alimentaire mondiale. En tant que rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, j’appelle donc le président Nicolas Sarkozy à faire siennes ces priorités dans les semaines à venir et à convaincre ses partenaires de les mettre en œuvre.

1. Réguler et rendre plus transparents les marchés des produits dérivés agricoles. L’impact de la spéculation financière sur la flambée des prix alimentaires est désormais largement reconnu, et ce phénomène doit être contrôlé au plus vite. Les Etats-Unis ont légiféré sur les produits dérivés il y a près d’un an. Le G20, sous présidence française, pourrait encourager les autres puissances économiques à leur emboîter le pas.
2. Encourager le développement d’infrastructures de stockage régionales. Les petits agriculteurs sont les premières victimes d’une volatilité des prix qui, à l’avenir, risque de s’aggraver encore. Face à l’instabilité croissante de la production liée aux changements climatiques, il est urgent de renforcer les systèmes de stockage régulateurs à l’échelle régionale. Actuellement, 30 % des récoltes dans le Sud – 40 % des fruits et légumes – sont perdues faute de moyens de stockage adéquats. Pourvu qu’ils soient gérés de manière transparente et participative, ces stocks peuvent être de nature à lisser les prix entre les périodes de bonnes récoltes et les périodes creuses, caractérisées par une hausse des prix. Le G20 doit encourager les institutions internationales et agences de coopération à davantage soutenir ces infrastructures de stockage régionales.
3. Appuyer la fourniture de biens publics. Pour renforcer la productivité des petits agriculteurs des pays en développement, il est nécessaire d’accélérer la fourniture de biens publics tels que les services de vulgarisation agricole ou la construction de routes reliant les agriculteurs aux consommateurs urbains. Il est également crucial d’aider les petits producteurs à s’organiser en coopératives et syndicats, afin de renforcer leur position dans les chaînes alimentaires et de les ériger en interlocuteurs des gouvernements dans la définition des programmes de soutien qui sont censés leur bénéficier.
4. Soutenir la capacité de tous les pays à se nourrir eux-mêmes par des stratégies fondées sur le droit à l’alimentation. Depuis le début des années 1990, la facture alimentaire des pays les moins avancés a été multipliée par cinq ou six du fait d’un manque d’investissement dans l’agriculture vivrière. La promotion continue d’une agriculture d’exportation a rendu ces pays très vulnérables à la volatilité des changes et aux flambées des prix sur les marchés internationaux. Cette tendance peut être inversée par la mise en place de stratégies nationales pluriannuelles, destinées à rétablir une agriculture vivrière efficace. Adoptées de façon participative, ces stratégies doivent inclure des mécanismes de suivi des engagements du gouvernement et obliger celui-ci à rendre des comptes à sa population. L’expérience de certains pays d’Amérique latine prouve que de telles stratégies axées sur le droit à l’alimentation peuvent améliorer la sécurité alimentaire de façon durable. Le G20 devrait réitérer ce message. Après d’autres, il doit reconnaître l’importance de cadres institutionnels et de gouvernance adéquats dans toute stratégie visant à la sécurité alimentaire.
5. Renforcer la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire. Afin d’améliorer la coopération entre Etats et la coordination des agences internationales, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a été réformé à la suite de la crise alimentaire de 2007-2008. Le CSA constitue aujourd’hui le seul forum alliant gouvernements, institutions internationales et société civile dans l’amélioration des politiques de sécurité alimentaire. Le G20 doit affirmer son soutien à ce pas important vers l’amélioration de la coordination des efforts au plan international. Il n’est plus acceptable que les politiques suivies dans les domaines du commerce ou de l’investissement international, par exemple, contre-disent les orientations prises dans le domaine du développement rural afin d’améliorer la situation des petits agriculteurs pauvres.

La faim n’est pas une calamité naturelle. Mais elle est, pour cela justement, un scandale qu’il faut faire cesser. La France a aujourd’hui une opportunité unique d’y contribuer de manière décisive. Je suis confiant dans le fait qu’elle saura la saisir.

Coincidiendo con la escalada de precios de los alimentos y sus evidentes consecuencias vuelve a reclamarse la regulación de los mercados de futuros sobre productos alimentarios básicos (cereales, soja, etcétera). El propio presidente francés, Nicolas Sarkozy, abanderó esta reivindicación en la última reunión del G-20. De hecho, se trata de un déjà vu, un objetivo que emergió con fuerza en la anterior crisis de precios de los alimentos (2007-2008) para ser olvidado cuando la burbuja especulativa se deshinchó. Sin embargo, ante las proclamas reguladoras, algunas voces han puesto el grito en el cielo defendiendo la lógica del mercado libre.

¿Son los mercados de futuros los culpables de tal desaguisado? Si eso es realmente así, ¿es la regulación de estos mercados la solución o parte de ella? ¿Qué es lo que debe regularse en los mercados de futuros? Vayamos por partes. Los mercados de futuros nacieron en Chicago en 1848 para estabilizar los mercados de cereales y dar seguridad a los agricultores. Esta es la función de un mercado de futuros sobre productos agrarios. Supone la compra de, por ejemplo, trigo al agricultor cuando este todavía no ha cosechado, con el compromiso de entrega a un determinado vencimiento futuro. El agricultor acepta un precio algo más reducido sobre los valores medios esperados, pero tiene la seguridad de obtener ese precio. Por su parte, el comprador obtiene hipotéticamente un mejor precio en relación con los valores medios esperados, aunque asumiendo el riesgo de que en el vencimiento el precio sea distinto del calculado. Se trata de una relación contractual que beneficia a ambas partes: en un extremo de la relación está el agricultor; en el otro, por ejemplo, una fábrica de harina.

Pero el comprador tiene un activo que puede vender a un tercero, y aquí entran la especulación y los especuladores. En este caso, la mercancía trigo es irrelevante. Simplemente, se trata de obtener un beneficio comprando y vendiendo un contrato, un papel con un valor asociado. Así, en este mercado confluyen dos tipos de operadores, los comerciales (agricultor y fábrica de harina) y los financieros. Los intereses de estos dos tipos de operadores son radicalmente distintos. Los primeros buscan la seguridad y desean la estabilidad. Por el contrario, las hipotéticas ganancias de los segundos nacen de la volatilidad de los mercados; dicho en otras palabras, su beneficio posible nace de la inestabilidad.

El especulador está atento a cualquier posible distorsión de las expectativas. Así, por ejemplo, el mercado del trigo se vio afectado en julio del año pasado por la pérdida de la cosecha rusa tras una sequía nunca vista. En pocos días se multiplicaron los contratos de futuros de forma extraordinaria, y el precio futuro del trigo se incrementó un 65% en poco más de un mes. Y con él el precio real también. En el resto del mundo había habido buenas cosechas y los estocs eran superiores a cualquiera de los siete años anteriores. Por tanto, no faltaba trigo. Pero, ante la subida de precios, Rusia cerró las fronteras a la exportación para proteger el abastecimiento interior. A su vez, en todo el mundo se inició una respuesta típica de retención del producto a la espera de nuevas subidas, trasladando así avariciosa e irracionalmente al infinito la evolución de las tendencias presentes. Es decir, había trigo, pero se generó el miedo al desabastecimiento: se había iniciado el círculo vicioso que alimenta una burbuja especulativa. Los contratos de futuros bajaron de volumen, probablemente los primeros compradores ya habían vendido y duplicado la inversión, pero los precios reales siguieron altos, incluso más altos que los futuros, y en un año el trigo se ha incrementado un 83%. Lógicamente, las tendencias no son infinitas y los precios acabarán bajando, probablemente de forma brusca, al irrumpir de golpe en el mercado la mercancía retenida.

La especulación en futuros agrícolas no es distinta de la especulación con cualquier activo financiero, pero con una diferencia relevante: se trata de alimentos. Un lujo que no podemos permitirnos. No tiene ningún sentido que el lucro de unos pocos especuladores ponga en peligro nuestra estabilidad económica y social tensionando algo tan básico como es el alimento.

Hace muchos años que se conoce el papel distorsionador de la participación de fondos especulativos en los mercados de futuros alimentarios, y en los años 30 ya se legisló sobre ello. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Los fondos financieros han encontrado mil caminos para burlar las restricciones, ante la pasividad de las autoridades monetarias. Sin embargo, el tema es demasiado importante. Hay que actuar. El objetivo no es otro que impedir el acceso al mercado de futuros a aquellos que no son agentes comerciales del sector.

Se argumenta que los fondos financieros añadidos aportan liquidez, y que sin ellos muchas operaciones no se realizarían. No creo que ese sea el problema. Se trata de que se realicen las operaciones que tienen base económica, solamente esas. Los mercados de futuros no son Las Vegas. Con las cosas de comer no se juega.

La régulation des marchés dérivés des matières premières est un des grands chantiers de la présidence française du G20. En matière agricole et alimentaire il y a manifestement urgence. Les indicateurs sont au rouge. Les prix des produits alimentaires de base explosent : le blé coté à 120 euros la tonne en février 2010 frise les 270 euros un an plus tard, dépassant le plafond atteint en 2008, tandis que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture annonce une crise alimentaire d’une ampleur similaire à celle de 2008. Le G20 finances attend les résultats de plusieurs rapports pour se pencher sur la question. La spéculation sur les marchés dérivés agricoles apparaît pour de plus en plus d’experts comme une cause majeure de la flambée des prix. Du coup tout le monde se réjouit : le G20 prend enfin ses responsabilités !

Mais y a-t-il vraiment de quoi se réjouir ? Transparence accrue sur les marchés, dialogue amélioré entre producteurs et consommateurs, étude des produits dérivés et de leurs mécanismes… Les propositions émises par la présidence française ne feront certainement pas trembler l’industrie financière. Elles ne permettront pas de contrer l’arrivée massive, sur les marchés à terme agricoles, des fonds de pension, des fonds indexés et autres produits de la finance, qui font feu de tout bois pour rentabiliser leurs portefeuilles et contribuent ainsi aux bulles spéculatives et à l’insécurité alimentaire. Elles n’inverseront pas la tendance à l’hégémonie des spéculateurs par rapport aux opérateurs économiques, ceux qui produisent et échangent réellement les produits agricoles et alimentaires, spéculateurs qui ne représentaient qu’un quart des positions d’achat en 1998 et les trois quarts dix ans plus tard. A minima faudrait-il envisager de restreindre les positions de chaque agent, de supprimer les marchés de gré à gré ou de les suspendre en période de turbulence.

Mais quand bien même y parviendrait-on, ces mesures ne changeront rien au problème de fond : la volatilité des prix agricoles. Pour néfaste que puisse paraître la spéculation sur les denrées alimentaires de base, elle n’est qu’un effet collatéral du démantèlement des politiques agricoles entrepris à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 1994. Les marchés agricoles ne sont pas parfaitement concurrentiels et efficients comme le supposent les modèles qui prônent leur dérégulation. Pour de multiples raisons, ils varient de façon brutale et chaotique, ce qui pénalise la rentabilité des investissement productifs, l’efficacité de l’organisation des filières, et in fine la stabilité des prix au consommateur et la sécurité de son approvisionnement. C’est pourquoi, depuis les pharaons et dans toutes les sociétés prospères, les pouvoirs publics ont régulé les marchés pour stabiliser les prix intérieurs. C’est pourquoi les Etats-Unis ont posé dès 1938 les fondements d’une politique agricole et alimentaire qui inspire encore aujourd’hui leur action. C’est pourquoi l’Union européenne, a mis en place dans les années 1960 une Politique agricole commune (PAC) permettant de stabiliser les prix et d’assurer la sécurité d’approvisionnement d’un nombre croissant de consommateurs à des prix raisonnables.

DÉMANTÈLEMENT DES POLITIQUES DE RÉGULATION DES PRIX AGRICOLES

Mais l’idéologie néo-libérale a poussé depuis les années 1980, sous l’égide de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI) puis de l’OMC, à démanteler tous ces outils de régulation, dans les pays du Nord comme du Sud. Les pays les plus riches ont toutefois pu préserver leur potentiel de production, par de substantielles aides directes aux agriculteurs, à la charge du contribuable. Ce qui n’a pas pu être le cas dans les pays les plus pauvres : leur potentiel de production s’est fortement dégradé, contribuant à accroître de façon dramatique leur dépendance alimentaire. Celle-ci devient insupportable avec la flambée des cours, jouant un rôle non négligeable dans les soulèvements actuels contre les régimes en place.

En parfaite continuité avec la doctrine de l’OMC qu’elle a activement soutenue, l’Union européenne s’apprête à porter un coup fatal en 2013 à sa Politique agricole commune. Les pays et grandes régions auront ainsi abandonné tous les instruments de politique agricole nécessaires pour gérer la sécurité alimentaire. Avec l’abandon des politiques régionales de stockage, les prix agricoles intérieurs sont désormais alignés sur des cours mondiaux de plus en plus volatiles. Les conditions sont alors réunies pour que les spéculateurs, dont c’est la raison d’être, puissent trouver de nouvelles opportunités de profits à court terme sur les produits financiers dérivés des marchés agricoles. La France ne s’y était pas trompée, puisqu’en 1936 elle avait interdit les marchés à terme agricoles, les considérant comme contradictoires avec la stabilisation des prix.

On mesure ici toute la vanité des discours des puissances du G20 : répondant aux préceptes néolibéraux, elles démantèlent les politiques de régulation des prix agricoles et offrent un nouveau champs d’intervention aux spéculateurs, pour se lamenter ensuite sur les conséquences de leurs propres choix. En pleine flambée des prix, elles ne proposent ni d’éteindre l’incendie, ni d’en traiter les causes, mais tout juste d’y voir un peu plus clair sur l’étendue du désastre. Ultime contradiction : le G20 finances vient d’appeler une nouvelle fois à conclure le cycle actuel de négociations de l’OMC, alors que l’accord en préparation prive définitivement les grandes régions de toute possibilité de protection face aux aléas des cours mondiaux, de stabilisation des prix et de réorientation vers une meilleure autonomie alimentaire…, qui sont pourtant les seuls moyens à même de réellement dissuader les spéculateurs.

Si hablamos con algún coreano de cierta edad, nos hablará de la estación de la cebada, que comienza en febrero y se extiende a través de los fríos meses de comienzos de la primavera hasta la primera recolección de la cebada de invierno. Pocos surcoreanos recuerdan ya esos meses de estrecheces, pero para los norcoreanos el hambre en el campo durante esa época del año es muy real.

En los últimos años, la procedencia principal de alimentos del exterior ha sido surcoreana, ya fuera mediante asistencia alimentaria directa (para el problema inmediato) o entregas de fertilizantes, pero este año, con una impaciencia y un enfado que van en aumento en Corea del Sur para con régimen norcoreano, no hay seguridad sobre los alimentos y los fertilizantes y algunos analistas de Seúl creen que una arriesgada sucesión política en Pyongyang, combinada con escasez de alimentos en el campo, podría superar la capacidad del régimen norcoreano para afrontarlos.

En los doce últimos meses se ha visto el comportamiento norcoreano más atroz en varios decenios. En marzo de 2010, un submarino norcoreano torpedeó a un barco surcoreano en alta mar y mató a 46 marineros… y hundió cualquier posibilidad de reanudación temprana de las negociaciones para aplicar el compromiso subscrito por Corea del Norte en 2005 de eliminar todos sus programas nucleares. Las invectivas y provocaciones de Corea del Norte contra Corea del Sur continuaron y en noviembre su ejército disparó proyectiles contra una isla surcoreana frente a la línea limítrofe septentrional, que ha servido de frontera entre el Norte y el Sur desde el armisticio de 1953.

Más recientemente, el régimen exhibió con orgullo unas modernas instalaciones de tecnología avanzada para el enriquecimiento de uranio. Según el científico americano que fue invitado a verlas, en contraste con la anticuada tecnología basada en el plutonio, dichas instalaciones parecían ser de vanguardia, lo que confirmó la sospecha de que Corea del Norte no tiene el menor interés auténtico de cumplir sus deberes en materia de desarme nuclear. Cuando se les preguntó por qué no incluyeron esas instalaciones en su declaración de programas nucleares, los funcionarios norcoreanos respondieron jovial –y absurdamente– que se habían construido por entero después del fracaso de las negociaciones nucleares en 2008.

Los norcoreanos mintieron por escrito no sólo a los Estados Unidos, cosa que han hecho repetidas veces en el pasado, sino también a China, Rusia, el Japón y Corea del Sur. Los chinos han instado a los EE.UU. y a otros países a reanudar las negociaciones nucleares, pero saben que lo que ha puesto en peligro el proceso ha sido la perfidia norcoreana.

Entretanto, el régimen no ha invertido casi nada para remediar las duras condiciones de las zonas rurales norcoreanas. Unos ríos no encauzados apropiadamente se desbordan periódicamente e inundan pueblos durante la estación de los tifones, casi igual que hace mil años. Los sistemas de riego siguen siendo toscos e insuficientes para afrontar las vicisitudes de las precipitaciones en la península de Corea, con frecuencia reseca y árida. Ese abandono ha dejado a los norcoreanos perpetuamente al borde de la supervivencia… y con frecuencia con las palmas de las manos extendidas hacia la comunidad internacional, en particular Corea del Sur.

Para los surcoreanos, la de ayudar a los norcoreanos hambrientos, que son parientes suyos, será una decisión mucho más difícil que para otros, que sólo ven un problema de seguridad en una zona lejana. Muchos norcoreanos están ya malnutridos, pues su peso y talla corporales son muy inferiores a los de los surcoreanos. Según grupos no gubernamentales y otros agentes humanitarios, muchos niños norcoreanos muestran signos de deficiencia mental a medida que la falta de vitaminas esenciales va pasando factura.

Los surcoreanos están llegando a convencerse cada vez más de que Corea del Norte no formará parte del concierto de las naciones durante mucho tiempo, de que tarde o temprano (tal vez en este decenio incluso), se desplomará y sus malnutridos habitantes pasarán a ser los futuros ciudadanos de una República de Corea reunificada. Por esa razón, las cuestiones que afronta la opinión pública surcoreana, mientras decide si prestar o no asistencia alimentaria, no son fáciles; de hecho, podrían ser verdaderamente desgarradoras.

La división de la península coreana hace 65 años fue una de las mayores tragedias –y la que más se ha prolongado– de la segunda guerra mundial. Nadie pensó que una línea trazada en el paralelo 38º para el objetivo táctico de organizar la rendición de las unidades japonesas ante las fuerzas americanas y soviéticas llegaría a ser una cicatriz a lo ancho de la península de Corea que crearía dos Estados separados, pero así fue y, a raíz de la guerra de Corea, dicha línea pasó a ser –y así ha seguido– una de las fronteras más fortificadas de la Tierra.

El pueblo coreano tiene el derecho histórico a determinar el destino futuro de su península, incluida la unificación, si así lo decide. La evolución de ese proceso cada vez más probable tendrá enormes consecuencias políticas y de seguridad para la región. ¿Aceptará China una península unificada por un aliado de los Estados Unidos? ¿Adoptarán los EE.UU. medidas para tranquilizar a China? ¿Cómo afectaría una Corea unificada a las actitudes del Japón?

Pero las decisiones reales –y sus consecuencias– corresponderán al Gobierno de Seúl. ¿Contribuiría la ayuda alimentaria a la supervivencia de un Estado que da a sus ciudadanos el trato más deplorable del mundo? En ese caso y si la denegación de la ayuda alimentaria tuviera como consecuencia una hambruna que el régimen de Corea del Norte no pudiera soportar, ¿qué significaría esa decisión para las posteriores relaciones entre los coreanos del norte y del sur de una península unificada?

En las próximas semanas, el Gobierno de Corea del Sur afrontará una de las disyuntivas más duras que pueden plantearse a un gobierno: la de si el costo a corto plazo en vidas humanas vale la pena por los beneficios (también en vidas humanas) a largo plazo que un desplome de Corea del Norte inducido por la hambruna puede tener.

La reciente alza marcada de los precios de los alimentos y las crecientes preocupaciones sobre la seguridad alimenticia provocaron ansiedad en todo el mundo. La posibilidad de no poder llevar comida a la mesa llena a los padres de una profunda sensación ominosa. Y, como los más pobres del mundo gastan una proporción cada vez mayor de sus ingresos en alimentos, son los más afectados, lo que plantea el riesgo de que años de progreso en materia de reducir la pobreza puedan revertirse.

Los factores aparentemente inalterables que generan estos aumentos sin precedentes de los precios de los alimentos –un cambio a dietas con mayor contenido de proteínas en muchos países, poblaciones en aumento, un mayor uso de biocombustibles y el cambio climático- sugieren que los precios elevados de los alimentos van a perdurar mucho tiempo. A falta de soluciones que alivien la creciente presión sobre los suministros, el hambre y la desnutrición aumentarán.

Claramente, la inversión en producción de alimentos debe aumentar en el mediano y más largo plazo. Pero existe una receta a la que los líderes pueden apelar hoy que podría contribuir a eliminar los obstáculos del lado de la oferta: más comercio. Esta propuesta puede desconcertar a algunos, pero la lógica es franca e irrefutable.

El comercio es la correa de transmisión a través de la cual la oferta se ajusta a la demanda. Permite que los alimentos viajen de tierras de plenitud a tierras de escasez. Y permite a los países que pueden producir alimentos de manera eficiente enviarlos a aquellos que enfrentan limitaciones de recursos que entorpecen la producción alimenticia.

Por ejemplo, el acceso a suministros internacionales de alimentos le permitió a Arabia Saudita abandonar su programa de 30 años de subsidios para la producción doméstica de trigo. Dada la carga financiera del programa y, más importante aún, el costo de la escasez de agua, los sauditas decidieron eliminar los subsidios por completo para 2016.

Cuando la correa de transmisión del comercio internacional que es la base de este tipo de decisiones se desajusta, el resultado es una turbulencia en el mercado. Es por este motivo que Indonesia, uno de los principales productores de arroz y maíz del mundo, recientemente decidió reducir las barreras comerciales a las importaciones agrícolas.

Hoy, el comercio de productos agrícolas está expuesto a una distorsión mucho mayor que el comercio de otros productos. Los subsidios que distorsionan el comercio, los altos aranceles a las importaciones y las restricciones a las exportaciones actúan como arena en los engranajes de la correa de transmisión y hacen que llevar alimentos al mercado –y, por ende, a la mesa familiar- resulte más difícil y costoso.

Las restricciones a las exportaciones, por ejemplo, juegan un papel directo en el agravamiento de las crisis de alimentos. De hecho, algunos analistas creen que este tipo de restricciones fueron la causa principal de los aumentos de los precios de los alimentos en 2008. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, fueron la razón más importante detrás de la escalada de precios del arroz en 2008, cuando el comercio internacional del grano cayó aproximadamente 7% (a dos millones de toneladas) con respecto a su récord de 2007. De la misma manera, el aumento de precio de los cereales en 2010-2011 está estrechamente vinculado con las restricciones a las exportaciones impuestas por Rusia y Ucrania después de que ambos países se vieron afectados por una severa sequía.

La mayoría de la gente se sorprende cuando se entera de lo poco voluminosos que verdaderamente son los mercados de granos internacionales. Sólo el 7% de la producción mundial de arroz se comercia internacionalmente, mientras que apenas el 18% de la producción de trigo y el 13% de la de maíz se exporta. Las limitaciones adicionales al comercio son una amenaza seria para los países importadores netos de alimentos, donde los gobiernos temen que este tipo de medidas puedan derivar en inanición.

Aquellos que imponen estas restricciones siguen una lógica común: no quieren que sus propias poblaciones sufran hambre. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué políticas alternativas pueden permitirles cumplir con este objetivo? La respuesta a ese interrogante consiste en más producción global de alimentos, más redes de seguridad social y más seguras, más ayuda alimenticia y, posiblemente, mayores reservas de alimentos.

Una conclusión de la Ronda de Doha de negociaciones sobre el comercio global podría constituir parte de la respuesta a mediano y largo plazo para las crisis de los precios de los alimentos, ya que eliminaría muchas de las restricciones y distorsiones que embarraron el panorama del lado de la oferta. Un acuerdo en Doha podría reducir enormemente los subsidios del mundo rico, que obstaculizaron la capacidad de producción del mundo en desarrollo, y sacaron por completo del mercado a los productores de ciertas materias primas en los países en desarrollo. Se eliminaría el peor tipo de subsidios –los subsidios a las exportaciones.

Un acuerdo en Doha también reduciría los aranceles, aunque con ciertas “flexibilidades”, aumentando así el acceso de los consumidores a los alimentos. A nivel global, se producirían más alimentos donde se los pueda producir más eficientemente, creando así un terreno de juego internacional más equitativo y parejo.

Para ser claros: cuando se trata de afrontar la seguridad alimenticia, el comercio es parte de la solución, no parte del problema.

Durante diversos periodos de la historia se ha practicado el asedio, cuya finalidad era rendir por hambre a poblaciones. Hoy podemos decir que el hambre nos asedia, pues casi 900 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. Esta situación sucede cuando las personas no tienen acceso social, económico, físico y de forma sostenida a una cantidad suficiente de comida para llevar una vida activa y saludable.

El drama del hambre azota con especial crueldad al tercer mundo, pero una situación de inseguridad alimentaria podría llegar en un plazo de 40 años al primer mundo. Esto puede producirse si los líderes de países desarrollados y organismos internacionales no se dejan de palabras y suntuosas reuniones repletas de comida, y pasan a la acción para erradicar el hambre en los países subdesarrollados y a diseñar políticas eficientes de producción y distribución de alimentos a medio y largo plazo.

Los desajustes en la producción de cereales entre el 2006 y el 2008 motivaron un alza de precios que causó problemas en países desarrollados. Y ahora mismo asistimos a una cadena de levantamientos populares en países árabes del llamado segundo mundo, donde el deterioro de las condiciones sociales y alimentarias tiene mucho que ver en ello.

Garantizar la seguridad alimentaria se ha convertido en nuestros días no solo en un problema a escala global, sino también en una prioridad de los gobiernos relacionado con la seguridad nacional.

Es más fácil decirlo que hacerlo, pues son muchas las amenazas y retos demográficos, económicos, climáticos y políticos que se ciernen en el horizonte, entendiendo por tal el periodo 2010-2050.

La perspectiva demográfica es obvia: se calcula que la población mundial, en algún momento del lapso de tiempo mencionado, se situará en torno a los 9.000 millones de personas, y todas querrán comer.

Si para entonces el tercer mundo ve agravada su situación, y buena parte de su población no puede comer y beber, se desplazará, produciendo flujos migratorios masivos e incontrolados. Lo que incrementará las posibilidades de conflicto e inestabilidad en el sistema global.

Desde un punto de vista económico, hay que aludir a las economías emergentes y a la mejora de la calidad de vida en general en los cinco continentes. Un incremento de la población y del consumo significa que la demanda de alimentos aumenta, y se calcula que entre el 2010 y el 2050 crecerá un 70%. La competencia por superficies cultivables, agua, energía y la sobreexplotación de los caladeros puede llevar a que quizá no se produzcan suficientes alimentos. De cara a asegurarse la comida del futuro, países como China, la India, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí y otras monarquías petrolíferas se han lanzado a comprar tierras y recursos naturales, fundamentalmente en África.

Debido a factores relacionados con el cambio climático, en los años venideros se perderán áreas cultivables por culpa de la desertización y del descenso de las precipitaciones. Nunca sumar dos y dos fue tan fácil. Esto es, menos tierras fértiles, menos alimentos, menos pastos y, claro, menos alimentos disponibles.

Y el problema solo puede acrecentarse cuando la gestión de los recursos cae en manos no democráticas, que no dudan en usar el hambre como herramienta política para satisfacer sus intereses particulares.

Dado que no podemos ser marxistas de la rama de Groucho y decir «paren el mundo, que yo me bajo en esta estación», solo cabe empezar desde ya a afrontar con rigor este desafío, que puede marcar el destino de la humanidad.

¿Qué puede hacerse? Entre otras medidas, cabe proponer las siguientes.

Extensión de la democracia, pues solo un régimen democrático se somete al control público y se preocupa realmente por su población, favoreciendo su educación, alimentación y desarrollo. Un sistema internacional de democracias es esencial para la acción y coordinación política necesaria para abordar la seguridad alimentaria.

A ello ha de sumarse una inversión global y relevante en proyectos agrícolas I+D+i. El objetivo de estos es, por un lado, aumentar la productividad de las tierras y, por otro, mejorar los productos transgénicos, así como combinarlos con una transición hacia programas de selección natural asistida por marcadores (SAM). Al hacerlo, obtendremos cultivos ecológica y económicamente sostenibles con mejores y mayores producciones, reforzando la soberanía alimentaria de países en vías de desarrollo.

También los principales actores globales deben acordar una explotación coherente de los recursos marítimos e hídricos, así como aumentar las áreas agrícolas en el primer mundo. Por ejemplo, la UE tiene que replantearse su política agrícola común y cesar en sus incentivos a la no producción.

Hay mucho en juego. La estabilidad global, presente y futura, pasa por la seguridad alimentaria. Como dijo Laurence Dudley Stamp, «un mundo hambriento nunca podrá ser un mundo pacífico».

¿Qué debe hacer el G-20 para prepararnos con miras a afrontar crisis alimentarias, ahora y en el futuro? El Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, enumeró recientemente nueve medidas que el G-20 debería adoptar durante su actual presidencia francesa. Comprenden desde la mejora de la información sobre las existencias de cereales y la preparación de nuevos métodos de pronóstico meteorológico hasta el fortalecimiento de las redes de seguridad social para los pobres, pasando por la ayuda a los pequeños agricultores a fin de que aprovechen las licitaciones de compradores humanitarios, como, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos.

Si bien son dignas de beneplácito, dichas medidas abordan sólo los síntomas de las deficiencias del sistema alimentario mundial, sin tocar las causas profundas. Podrían mitigar las consecuencias de las subidas máximas de los precios, pero son insuficientes para evitar la reaparición de las crisis, cosa que se puede lograr, si el G-20 actúa en relación con ocho prioridades.

En primer lugar, el G-20 debe apoyar la capacidad de los países para alimentarse. Desde comienzo del decenio de 1990, el gasto alimentario de muchos países pobres ha aumentado cinco o seis veces, no sólo por el crecimiento demográfico, sino también por haberse centrado en la agricultura destinada a la exportación. Una falta de inversión en la agricultura que alimenta a las comunidades locales vuelve a dichos países vulnerables ante las crisis internacionales de precios, además de a la inestabilidad de los tipos de cambio.

Mozambique, por ejemplo, importa el 60 por ciento de su consumo de trigo y Egipto importa el 50 por ciento de sus suministros alimentarios. Los aumentos de  precios afectan directamente a la capacidad de esos países para alimentarse con un costo aceptable. Se debe detener esa tendencia permitiendo a los países en desarrollo apoyar a sus agricultores y, en los casos en que la oferta nacional sea suficiente, protegerlos de la competencia desleal de productores extranjeros.

En segundo lugar, se deben crear reservas de alimentos, no sólo para suministros humanitarios en zonas propensas a los desastres y con deficientes infraestructuras, como propone Zoellick, sino también como medio de apoyar unos ingresos estables para los productores agrarios y garantizar alimentos asequibles para los pobres. Si se gestionan las reservas de alimentos de forma transparente y participativa y si los países combinan a escala regional sus medidas al respecto, pueden ser una forma eficaz de aumentar la capacidad de los mercados de vendedores y contrarrestar la especulación por parte de los comerciantes, con lo que se limitará la inestabilidad de los precios.

En tercer lugar, se debe limitar también la especulación financiera. Si bien la especulación con derivados de productos alimentarios esenciales no es una causa de inestabilidad de los precios, la empeora en gran medida. Dicha especulación fue posible gracias a la desreglamentación en gran escala de los mercados de derivados de productos básicos que comenzó en 2000 y que ahora se debe detener. Las economías mayores deben velar por que dichos derivados queden limitados en la medida de lo posible a inversores competentes y expertos, que basen sus actividades comerciales en las perspectivas relativas a los fundamentos de los mercados y no principal o exclusivamente en la obtención de beneficios especulativos a corto plazo.

En cuarto lugar, muchos países en desarrollo con ingresos escasos temen que, una vez creadas, las redes de seguridad social lleguen a ser fiscalmente insostenibles por culpa de una pérdida repentina de ingresos por exportación, malas cosechas o pronunciados aumentos de los precios de los alimentos importados. La comunidad internacional puede contribuir a superar esa renuencia creando un mecanismo mundial de reaseguros. Si el pago de las primas corriera a cargo a partes iguales del país que desee asegurarse y de las contribuciones de los donantes, los países tendrían un incentivo poderoso para aplicar programas sólidos de protección social.

En quinto lugar, las organizaciones de agricultores necesitan apoyo. Una razón principal por la que la mayoría de los hambrientos figuran entre quienes dependen de la agricultura en pequeña escala es la de que no están suficientemente organizados. Constituyendo cooperativas, pueden ascender por la cadena del valor y pasar a la elaboración, el envasado y la comercialización de sus productos. Pueden mejorar su capacidad negociadora, tanto para la compra de insumos como para la venta de sus cosechas, y llegar a ser un sector importante del electorado político a fin de tener voz y voto en la adopción de las decisiones que los afecten.

En sexto lugar, debemos proteger el acceso a la tierra. Todos los años, se cede a inversores o gobiernos extranjeros una superficie mayor que las tierras cultivadas de Francia. Esa acaparación de tierras que se da sobre todo en el África subsahariana, constituye una importante amenaza para la futura seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas. Sean cuales fueren los aumentos de producción agrícola que resulten de dichas inversiones, beneficiarán a los mercados extranjeros y no a las comunidades locales. El G-20 podría pedir una moratoria de esas inversiones en gran escala hasta que se llegue a un acuerdo relativo a una normativa apropiada sobre el suelo.

En séptimo lugar, se debe completar la transición a la agricultura sostenible. Los episodios meteorológicos son una causa importante de inestabilidad de los precios en los mercados agrarios. En el futuro, es de prever que el cambio climático cause más crisis de abastecimiento y la agricultura es también un factor importante que contribuye al cambio climático, pues a ella se debe el 33 por ciento de todas las emisiones de los gases que causan el efecto de invernadero, si se incluye en el cálculo la desforestación para cultivos y pastos. Necesitamos sistemas agrarios que sean más resistentes al cambio climático y que contribuyan a mitigarlo. La agroecología brinda soluciones, pero se necesita un gran apoyo de los gobiernos para aplicar en gran escala los procedimientos óptimos existentes.

Por último, tenemos que defender el derecho humano a los alimentos. La razón de que exista hambre no es la de que no se produzcan alimentos suficientes, sino la de que se violan con impunidad los derechos de quienes la padecen. Se debe permitir a las víctimas del hambre tener acceso a los remedios, cuando sus autoridades no adopten medidas eficaces contra la inseguridad alimentaria. Los gobiernos deben garantizar un salario que permita vivir decentemente, una atención de salud adecuada y condiciones de seguridad para los 450 millones de trabajadores agrícolas del mundo imponiendo el cumplimiento de los convenios sobre los derechos laborales en las zonas rurales, sujeto a una supervisión independiente.

La del hambre es una cuestión política, no un problema puramente técnico. Naturalmente, necesitamos mercados, pero también una visión para el futuro que no se limite a remedios a corto plazo. El sistema alimentario mundial siempre necesitará bomberos, pero lo que necesitamos más urgentemente son arquitectos que conciban un sistema más resistente al fuego.

Hace 40 años Josep Pla escribía El que hem menjat, un libro que merece estar en la lista de los mejores de la literatura catalana. Con un estilo preciso describe su relación personal con verduras, carnes, pescados y algunos platos de la cocina tradicional. Pla lo consideraba un testamento de una cocina que desaparecía, y quería transmitir el placer que sentía ante una buena mesa. Paseando por nuestros mercados este placer se transforma en placer visual accesible. Que tanta gente tenga acceso a una alimentación de calidad de forma continuada y que la comida sea un placer cotidiano es una novedad en la historia de la humanidad. El reto es que no excluyamos de una alimentación suficiente a tanta gente como ahora, y que en el futuro la situación se mantenga y si es posible mejore.

Lo que comemos es el producto de 10.000 años de inteligencia y paciencia de miles de hombres y muchas más mujeres. Elegir las especies animales y vegetales que pueden ser cultivadas y que proporcionan el suficiente y adecuado alimento para la gente necesaria requiere una observación y una experimentación continuadas. El hecho es que poco de lo que comemos es salvaje, a excepción de la pesca, y ya sabemos que si seguimos como ahora pronto nos quedaremos sin ella. Con la acuicultura empezamos a hacer lo que se hizo con el resto de especies hace 10.000 años.

Desde los inicios de la agricultura los cultivos no han cambiado mucho. Lo que hemos hecho es llevarlos a cualquier parte del mundo y hacer que sean mucho más productivos. Hemos aplicado todos nuestros conocimientos para tener mejores razas de animales, mejores semillas, regadíos y técnicas agronómicas muy variadas. Hoy en día, una población muy pequeña de agricultores nos proporciona una comida que queremos que sea siempre suficiente, segura y sana. De estos hombres y mujeres depende nuestra supervivencia, y si no valoramos lo suficiente su labor tarde o temprano nos encontraremos con problemas.

Asegurar la alimentación de la humanidad ha sido siempre un reto complicado, pero, en términos globales, de momento la especie lo ha logrado. En los próximos años la situación se complicará. Primero, por el aumento de la población. Las proyecciones hablan de que llegaremos a un máximo de 9.000 millones de humanos en el 2050, de los que el 50% vivirán en ciudades de más de diez millones de habitantes. Habrá que producir más alimentos y mantener largas cadenas de transporte en las que puede haber accidentes o introducirse gente sin escrúpulos.

Sabemos también que la especie humana ha pasado por momentos muy difíciles y que en más de una ocasión ha estado cercan de la extinción. Por eso, nuestra fisiología está preparada para situaciones difíciles. Por esta misma razón, si comemos todo lo que queremos acabamos acumulando reservas y aparece la obesidad, que se está convirtiendo en epidemia. Así pues, habrá que producir alimentos que nos ayuden a llevar una vida sana. Podemos invertir todo lo que queramos en medicina, pero si nuestra alimentación es desequilibrada, nuestra salud no será buena. Por otro lado, en los próximos años nuestra preocupación por el cambio climático crecerá. La agricultura contribuye de un modo importante, y ella misma sentirá los efectos del aumento de la temperatura de la atmósfera.

Así pues, lo que comeremos dependerá de muchos factores y también de cómo seamos capaces de actuar. La cantidad de alimentos producidos y su calidad se basa no solo en mucha tecnología sino en las variedades de plantas que cultivamos y las razas de animales que criamos. Los progresos que estamos haciendo en el estudio de la biología de estas especies es espectacular. Pronto conoceremos el genoma no tan solo de todas las especies en que basamos nuestra alimentación sino también de las variedades más interesantes. Este conocimiento ya se está aplicando para tener cultivos más productivos, con mejores calidades y que permiten llegar mejor al consumidor.

Si todo va bien, probablemente comeremos lo mismo que ahora, quizá con menos carne y menos pescado salvaje. Es posible que tengamos más variedad de especies, que cultivaremos y transportaremos mejor. Esto debería dar lugar a una agricultura potente y variada que nos producirá alimentos que sabremos que están adaptados a nuestras necesidades individuales y que nos ofrecerá una industria que funcionará según normas estrictas de seguridad y de aprovechamiento del producto. Y procuraremos también que no se tiren alimentos. Por todo esto no parece que vayamos directos a una catástrofe. De hecho, desde la publicación del libro de Josep Pla se ha producido un renacimiento de la cocina de nuestro país y un creciente interés por la alimentación. El panorama se puede aclarar si hacemos lo que hemos hecho siempre: poner en primera línea de nuestros intereses la aplicación inteligente de lo que sabemos para tener los alimentos que necesitamos y hacer que este conocimiento llegue a todo el mundo.

L’allaitement maternel exclusif, pendant les six premiers mois de vie, continue de gagner du terrain dans les pays en développement. Après plus de 30 ans de lutte menée par les professionnels de santé et la société civile, ce succès reste fragile. L’industrie alimentaire, qui a beaucoup plus de peine à promouvoir les laits artificiels pour les nourrissons, cherche aujourd’hui de nouveaux débouchés.

Si l’industrie alimentaire ne vise plus autant les bébés de moins de six mois, par contre les enfants plus âgés sont davantage ciblés car la volonté reste de soumettre au marché l’alimentation de l’enfant. Et c’est là qu’intervient l’aliment thérapeutique prêt à l’emploi (ATPE*), encore écrit au singulier, mais qui risque demain de prendre des formes – et donc des indications d’utilisation – des plus variées.

Le concept de ce produit industriel – créé au départ pour traiter la malnutrition aiguë sévère (MAS) lorsque l’appétit de l’enfant est conservé – représente une avancée majeure en santé publique. L’ATPE permet en effet de soigner en ambulatoire (à la maison avec des consultations hebdomadaires au centre de santé) des enfants qui, sinon, auraient dû être hospitalisés pour des périodes de trois à quatre semaines. Trois-quarts environ des enfants en MAS peuvent être pris en charge hors de l’hôpital; pour le quart restant, le traitement hospitalier reste de mise. Guérir chez soi, dans sa communauté, est un mieux incontestable, car l’hôpital, s’il soigne et guérit, est malheureusement aussi un espace de contamination possible par des maladies infectieuses qui s’attrapent spécifiquement en milieu hospitalier. L’autre avantage majeur de cette nouvelle approche thérapeutique, c’est qu’elle permet de soigner des enfants malgré la pauvreté de leurs familles ou l’éloignement des structures de santé. Cette forme de traitement de la malnutrition aiguë sévère permet donc d’accroître fortement la couverture thérapeutique.

Jusque-là tout va bien. Le problème commence lorsqu’à ce concept d’ATPE (avec T pour thérapeutique) se substitue indûment celui d’aliment prêt à l’emploi (APE, aliment industriel sans objectif de traitement d’une maladie comme c’est le cas pour la MAS). Car aujourd’hui l’«aliment personnalisé» pour le petit enfant se cherche un nouveau marché. Il se présente comme ayant la double fonction d’alimenter et d’assurer le bien-être. D’aucuns rêvent à une consommation à large échelle de tels produits industriels, qui répondraient à toute une série d’indications, comme le développement intellectuel ou physique (une plus grande taille). On dépossède ainsi des familles de leur capacité à nourrir leurs enfants, selon les possibilités que leur offrent tant leur culture nutritionnelle que l’agriculture locale. Ce point a déjà fait l’objet de nombreux débats et combats, menés par les défenseurs du droit des peuples à se nourrir eux-mêmes.

C’est dans cette optique qu’il faut interpréter l’issue de deux réunions d’experts réunis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de produire des recommandations pour prendre en charge les enfants avec malnutrition aiguë modérée (MAM).

La première réunion a eu lieu à l’automne 2008, durant laquelle deux enjeux stratégiques se sont joués. Tout d’abord, une nouvelle définition extrêmement large de la malnutrition aiguë modérée, abandonnant le mot «aigu», a été proposée. En troquant le concept de MAM contre celui plus général de malnutrition modérée (MM), le marché potentiel passe de 60 millions à 200 millions d’enfants à travers le monde. Ce nouveau concept de MM regroupe en réalité deux problèmes très différents, et dont les causes divergent: la MAM (petit poids par rapport à la taille) d’une part et le retard de croissance (petite taille par rapport à l’âge) d’autre part. Cette nouvelle définition n’a pas fait l’objet d’un débat; elle a en réalité été présentée comme une bonne idée, ne prêtant pas à discussion pour les organisateurs de la réunion. Ensuite, certains experts ont tenté d’imposer l’ATPE (le Plumpy’nut de Nutriset en réalité), non seulement pour la prise en charge de la MAS mais aussi de la MM. Ce point n’a heureusement pas fait consensus. Toutefois, entre un aliment thérapeutique contre la MAS et la nutrition satisfaisante d’un enfant avec MAM, l’idée d’un aliment spécifique intermédiaire a bien été approuvée. Elle n’est pas fausse en soi mais peut ouvrir à des interprétations malencontreuses. Lors de cette première réunion, les tenants des approches éducatives basées sur l’utilisation de produits locaux, disponibles à des prix acceptables pour les familles, ont clairement senti qu’ils n’avaient pas voix au chapitre.

La seconde réunion s’est tenue au début 2010. Elle a ciblé exclusivement les questions relatives à la supplémentation alimentaire face à la malnutrition modérée, écartant d’emblée les autres composantes, d’après nous plus fondamentales. Lors de cette réunion, le représentant de Terre des hommes a fait circuler les résultats thérapeutiques obtenus en Guinée pour les enfants en MAM. Ceux-ci sont suivis chaque semaine jusqu’à récupération d’un poids normal. Le soutien éducatif et psychosocial des mères des enfants concernés est au cœur de l’approche thérapeutique. Les mamans participent au minimum une fois par semaine (durant trois à huit semaines) à des démonstrations culinaires pour la préparation de bouillies.

Eventuellement, selon les possibilités offertes par le Programme alimentaire mondial (PAM), des portions alimentaires sont distribuées aux mamans de façon hebdomadaire. Ces portions dites «sèches» (car il faut les diluer dans l’eau avant de les cuire et de les consommer) contiennent un prémix de farine, de sucre et d’huile, soit des ingrédients compatibles avec les habitudes culinaires des familles. Cette approche «éducative», promue par Terre des hommes et beaucoup d’autres acteurs – et recommandée par le ministère de la santé en Guinée – a fait l’objet d’observations minutieuses depuis 2008. Le taux de succès est majeur: 95% des enfants pris en charge retrouvent une croissance normale de leur poids.

Des lobbys de l’industrie alimentaire agissent pour imposer une solution thérapeutique qui passerait par un produit industriel prêt à l’emploi. Certains «experts» prétendent qu’il est impossible de soigner avec succès plus de 70% d’enfants souffrant de malnutrition modérée sans recours à ces produits commerciaux. Les résultats obtenus par l’équipe de Tdh et ses partenaires en Guinée réfutent ce point de vue.

Le défi que représente la faim dans le monde – et plus précisément la malnutrition des enfants – devient un enjeu commercial. L’appétit des marchands est plus aiguisé que jamais, depuis que la Banque mondiale a annoncé qu’il faudra consacrer 12 milliards de dollars par an contre la malnutrition dans les années à venir (en moyenne 350 millions de dollars annuels entre 2004 et 2007). L’utilisation d’un aliment thérapeutique prêt à l’emploi (ATPE) pour la malnutrition aiguë sévère est – comme nous l’avons explicité plus haut – un progrès indéniable de santé publique. Toutefois, si cela devait devenir la panacée pour tout problème nutritionnel, on irait vers une dépendance accrue à l’égard d’un produit souvent importé et une déresponsabilisation des familles et des communautés face à la protection et à la santé de leurs enfants.

* Un beurre de cacahuète mélangé à du sucre et du lait, enrichi en vitamines et minéraux, conditionné en petits sachets individuels, qui ne demande ni cuisson ni adjonction d’eau, consommable tel quel et qui se conserve longtemps, même dans les pires conditions climatiques. Un produit qui doit être considéré comme un médicament, en particulier en raison de la forte concentration en potassium qu’il contient.

La cosecha de trigo de Rusia se ha visto seriamente afectada por la severa sequía y la ola de calor que el país ha sufrido este verano. A los fondos especulativos les ha faltado tiempo para entrar masivamente en los mercados de futuros agrarios y provocar una espectacular subida de los precios del trigo. Rusia, para asegurar el aprovisionamiento de su población, ha paralizado las exportaciones de trigo hasta el 2011. Con ello ha añadido más razones para tensar los precios y el maíz y otros cereales se han sumado a las subidas.

Como era de esperar, se ha incrementado el precio de los piensos, poniendo de nuevo en dificultades a los ganaderos. Finalmente, el pan ha trasladado al consumidor los platos rotos. Todo se parece demasiado a la crisis de precios del 2007-2008 que dejó como secuela 200 millones más de personas desnutridas: no se trata solo de una estadística, son millones de toneladas de sufrimiento y la puerta para la inestabilidad social y política. En la pasada crisis el detonante fueron los agrocarburantes; esta vez podemos aventurar que ha sido el cambio climático, que cada vez muestra más evidencias.

Las crisis se parecen pero las condiciones actuales son distintas. Los países desarrollados, tras el impacto de la crisis económico-financiera, todavía no han activado suficientemente la demanda. Los precios del petróleo se mantienen a unos niveles relativamente altos pero dentro una tendencia más o menos estable. Los fletes marítimos están hoy cuatro veces por debajo de los valores que llegaron a alcanzar en el 2007, se han construido barcos y la demanda no es la misma. Y se dispone de estocs suficientes, algo que es decisivo frente a la especulación: los de la pasada campaña de cereales son los más altos desde el 2002. Dicho en otras palabras, hay cereales suficientes. Incluso, aunque se trate de un mercado global, la excelente cosecha local de este año puede generar alguna sinergia positiva.

¿Podemos decir, por tanto, que el tema no pasará de un susto? Probablemente, el precio del trigo bajará las próximas semanas y quizá al maíz le cueste algo más, aunque es difícil que se alcancen a medio plazo los precios iniciales. Sin embargo, es el segundo aviso de que las murallas de la seguridad alimentaria comienzan a tener algunas grietas. Son las que produce una demanda creciente tras el despegue de los países emergentes y un incremento incesante de la población, pero también el aumento de producción de agrocarburantes. Este año, Estados Unidos destinará a etanol el 35% de su producción de maíz, lo que no es irrelevante si tenemos en cuenta que EEUU concentra el 40% de la producción mundial de este cereal.

La demanda agrícola mundial no para de crecer. La agricultura ha sabido responder hasta ahora a ese tirón incorporando tecnología y nuevas tierras a la producción. Pero este proceso, real y aún con notables posibilidades de desarrollo futuro, ni es ilimitado por razones físicas y medioambientales, ni se va a producir de modo lineal. Mientras que la curva de demanda sigue una tendencia uniformemente creciente, la oferta muestra una ruta mucho más errática. Lo que nos sugiere nuevos estrangulamientos y con ello nuevas alarmas. Es hora de actuar.

Deben regularse los mercados de futuros para evitar que fondos meramente especulativos obtengan rápidos beneficios a costa de desestabilizar la economía y dificultar la seguridad alimentaria mundial. Hace años que esto se sabe. No esperemos a la tercera alarma.

Durante los próximos años los alimentos, el agua y la energía pasarán a ocupar un lugar preferente de nuestras preocupaciones económicas. Se trata de pilares estratégicos universales para nuestro desarrollo y bienestar. Es el momento de articular redes de coordinación y planificación global estableciendo prioridades entre las diversas opciones productivas y, sin duda, anteponiendo entre todas ellas la seguridad alimentaria mundial. Ello requerirá acuerdos dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio, que debe apostar por la introducción de vías de desarrollo comercial específicas en lo que respecta a productos estratégicos tales como los alimentos y la energía. Se trata de sostener ciertos grados de autoabastecimiento en base a la agricultura local.

Una de las lecciones comunes que las dos crisis de precios (2007 y 2010) nos han dejado es que cuando está en juego la seguridad alimentaria los países exportadores cierran las fronteras. Es el mejor argumento a favor de cierta capacidad de autoabastecimiento. Pero para que ello sea posible deberemos establecer entornos adecuados para que nuestros agricultores y ganaderos obtengan rentas estables y suficientes. En caso contrario, nos arriesgamos a tener que pagar mucho más caro el bocadillo de pan con tomate y jamón que compraremos en alguna parte lejana del mundo. Siempre y cuando en esta parte alejada del mundo tengan suficiente pan, suficiente tomate y suficiente jamón.

Ante las pavorosas inundaciones que está sufriendo Pakistán y la ola de incendios que han asolado los bosques de Rusia, es probable que los más escépticos frente a los efectos del cambio climático se estén tentando por primera vez la ropa. También es posible que los más conspicuos de entre ellos sigan argumentando que no se trata más que de episodios puntuales; que lluvias torrenciales y olas de calor ha habido siempre, incluso en Pesahawar y Moscú, y que nada de ello justifica el origen antropogénico de estos episodios climáticos extremos.

No sabemos, por desgracia, lo que opinarán los miles de muertos que al final de este verano infernal se contabilizarán en Rusia y Pakistán por los calores sofocantes y los ríos de lodo, respectivamente.

Así las cosas, ¿podemos establecer alguna certidumbre en relación con el manoseado asunto del calentamiento global? Sin entrar en los aspectos científicos de la cuestión, se me ocurren algunas evidencias que a continuación enumero, aunque, para mi desconsuelo, no son precisamente muy halagüeñas.

La primera de ellas, cada vez más palmaria, es que de la amenaza que supone una evolución negativa del clima no se librarán los países más septentrionales, los más fríos. Al contrario, y contra lo que algunos pensaban, la falta de adecuación de su cultura a las altas temperaturas puede hacerlos incluso más vulnerables que otros ante las situaciones extremas.

La segunda es que, además de los daños ambientales y humanos -sin duda los más importantes producidos por la ola de calor rusa o por otros fenómenos interrelacionados como las gigantescas inundaciones asiáticas- son cada vez más visibles los daños económicos inherentes a los mismos. Daños que, por simplificación y aunque no son los únicos, podríamos centrar en la crisis agraria con la consecuente subida del precio internacional de las materias primas y el corolario de hambrunas en los países más desfavorecidos.

La tercera se centra en el hecho de que a pesar del alto coste que para el mundo comporta el riesgo climático, los principales líderes mundiales no parecen ser conscientes de ello, o al menos no lo suficiente, a tenor del desastroso resultado de la Conferencia de Copenhague. Ni Obama ni los Gobierno ruso, chino, brasileño e indio apostaron lo más mínimo por llegar a compromisos serios con los que dar continuidad o sustituir al Protocolo de Kyoto. ¿Cambiarán de postura en la próxima reunión de Cancún?

La cuarta es que la vieja Europa, la única región planetaria con cierta sensibilidad hacia el problema y con planteamientos explícitos, no ha tenido capacidad para lograr del resto del mundo posicionamientos cercanos a los suyos, quizá por su debilidad interna y su falta de fuerza en la geopolítica.

¿Qué podemos hacer ante esta lamentable situación quienes creemos que nos enfrentamos en materia climática a uno de los grandes problemas de la Humanidad? Probablemente, la tarea prioritaria siga siendo la reiteración pública de nuestras convicciones, sin miedo a ser tachados de alarmistas. Consecuentemente, apoyar con firmeza y fortalecer las posturas de la Comisión Europea, desde la sensatez y sin demagogia, habría de ser la tarea básica de los europeos conscientes del problema.

Sensatez y falta de demagogia que equivalen a tratar la cuestión con la cabeza fría y con la economía a la vista, no tanto porque ésta sea el objetivo prioritario a preservar, sino por ser el soporte esencial del escenario en el que habrá de enfrentarse el problema. También porque las soluciones exigirán planteamientos económicos a todos los países que será necesario valorar y compartir.

Tenemos en España un buen ejemplo de cómo un exceso de demagogia y una falta de control económico han convertido una de las más interesantes herramientas de lucha contra el cambio climático -me refiero a las energías renovables- en una burbuja monstruosa que, al lastrar nuestras ya maltrechas finanzas con un fuerte déficit tarifario, frenará el resto de medidas a afrontar.

Pero centraré las líneas siguientes en otro plano ya aludido y afectado por el riguroso verano moscovita: la crisis agraria sobrevenida y que ha generado un incremento meteórico de los cereales en algunas lonjas mundiales.

En un mercado importador -España compra en el exterior la tercera parte de los cereales que consume-, las consecuencias pueden ser graves para nuestra economía ganadera, ya tocada del ala y más dependiente de las importaciones que ninguna otra potencia europea.

El riesgo de crisis en el sector de leche, carne y huevos, básico en nuestra dieta, es muy alto y puede acelerar el deterioro de las estructuras productivas en un mundo rural que ya vivió en 2007 una fuerte alza de precios generada por problemas climáticos en Australia y en el nordeste de China, dos grandes productores.

Las consecuencias de ese episodio son aún visibles: postración del sector ganadero y hundimiento de los mercados cerealistas hasta el pasado mes de julio. Ahora, si se confirma otro diente de sierra, asistiremos a otra vuelta de tuerca que sufrirán las explotaciones agropecuarias con unos cuantos miles más de ellas que se irán al garete.

Frente a la incertidumbre de los mercados, de poco sirven las políticas de desarrollo rural convencionales. Nuestro campo se enfrenta a un severo ajuste si no se adoptan decisiones que tengan en cuenta la evolución previsible de las realidades climáticas y económicas. Es obvia, por tanto, la necesidad de poner en marcha una intervención de mercados mucho más ambiciosa en la Unión Europea que limite las drásticas fluctuaciones de precios, paraíso de especuladores e infierno de los productores.

Parece obvio -aunque estemos en un mundo abierto comercialmente o quizá por ello- que España debería revisar con criterios estratégicos y climáticos su política cerealista, la cenicienta de nuestra agricultura, a pesar de que esto exija la revisión de las políticas de regadío, tabú de muchos analistas ambientales y agrarios. Parece también evidente la necesidad de intensificar la investigación y la competitividad en materia de alimentación animal.

Son muchas las tareas pendientes y todas ellas -intervención de mercados, investigación, regadíos- tienen costes notables. Pero la alternativa es aún más costosa: menor actividad agraria, mayor penetración alimentaria exterior y mayor deterioro del mundo rural con más paro y más desamparo.

No dudo que algunas de estas previsiones y propuestas sean erróneas e incluso inadecuadas. A buen seguro precisan de un análisis detenido, de debate y de matices. Pero lo que pretendía mostrar en estas líneas es cómo, para buena parte del sector agrario, la adaptación a las consecuencias globales del cambio climático obligará a intensificar los esfuerzos.

Es lo que toca. Vivimos tiempos difíciles y duros que exigen más esfuerzo y convicción y menos demagogia, aunque aquí sigamos instalados en un confortable sopor.

No sólo hay que comer para vivir: una buena alimentación tiene efectos protectores frente a algunas enfermedades, y malos hábitos contribuyen a su aparición. Las enfermedades cardiovasculares, determinados tipos de cáncer o la diabetes, entre otras patologías, son ya responsables de dos terceras partes de las muertes en todo el planeta y la proporción va aumentando.

De los diez factores de riesgo identificados como claves para su desarrollo, cinco están relacionados con la dieta y el estilo de vida: obesidad, sedentarismo, hipertensión, hipercolesterolemia y bajo consumo de frutas y verduras. Ante ello, es lógico que uno de los ejes principales de la investigación nutricional sea el estudio de las conexiones entre ciertos componentes de la dieta y un posible efecto protector frente a alguna enfermedad.

Los nuevos estilos de vida son en parte responsables del abandono de unos hábitos alimentarios que han formado parte de nuestra cultura alimentaria. El ritmo de vida actual, la gran oferta de alimentos, la falta de tiempo para cocinar o las pocas ganas de hacerlo, unidos a un escaso conocimiento en nutrición, hacen que se tomen decisiones erróneas en el consumo de alimentos. El problema debe abordarse insistiendo en la adopción de pautas alimentarias correctas, pero también pueden ayudar cambios en la composición de los alimentos, para mejorarlos, añadiendo compuestos saludables (fibra, fitoesteroles, isoflavonas…) o reduciendo los que en exceso tienen efectos negativos (grasa saturada, azúcar y sal).

Este contexto enmarca a los denominados alimentos funcionales, aquellos que, de una forma natural o por cambios en su composición, aportan un beneficio para la salud más allá de su valor nutritivo. ¿Qué es mejor? Sin duda, consumir los principios bioactivos en sus fuentes originales, o moderar la ingesta de los compuestos que en exceso son perjudiciales; pero en este tema, como en tantos otros, lo mejor puede ser enemigo de lo bueno.

¿Pueden los alimentos funcionales suponer riesgos de seguridad alimentaria? La respuesta no es fácil. Hablar de riesgos parece contradictorio, ya que por definición aportan un beneficio para la salud.

Pero pueden existir si son mal utilizados, en cantidades superiores a las recomendadas o si su consumo desplaza o interacciona con un tratamiento farmacológico. En función de la dosis, se puede pasar de efectos beneficiosos a efectos perjudiciales, y ya hay evidencias y polémicas varias sobre los riesgos del exceso de antioxidantes, omega 3 o isoflavonas, por ejemplo.

El tema es complejo, pues el uso depende en última instancia del consumidor, que puede no tener la formación necesaria para entender las recomendaciones y sus razones, lo que facilita que no las cumpla. ¿Hasta dónde podemos pretender que sea un experto en nutrición y que interprete correctamente la información que le aporta el etiquetado?

¿Es razonable que las etiquetas parezcan prospectos de medicamentos, con dosis, indicaciones, precauciones…?

El impacto social de los alimentos funcionales es innegable. Se asumen como beneficiosos los antioxidantes, el omega 3, los probióticos, etcétera, aunque muchos no sepan lo que son ni cómo actúan. Hoy es difícil introducir nuevos alimentos atendiendo sólo a los valores clásicos de seguridad, comodidad, apariencia y palatabilidad. El valor añadido es la salud, aunque sin perder lo de ayer. Se busca algo particularmente saludable…, pero debe demostrarse. Es decir, hay que estudiar la eficacia y las relaciones dosis/ efecto. Las diversas estrategias para tener alimentos funcionales abren también puertas a la investigación y la transferencia.

El reglamento europeo 1924/ 2006 ha cubierto un vacío respecto a qué y cómo se pueden hacer declaraciones sobre propiedades de los alimentos. Uno de sus puntos fuertes es que exige una evaluación científica para autorizarlas. Su objetivo es claro: proteger a los consumidores frente a afirmaciones sin fundamento y considerar los intereses de la industria en innovación y desarrollo, garantizando una competencia leal y evitando que concurran en el mercado declaraciones científicamente validadas y otras falsas o imprecisas.

En definitiva, hoy queremos alimentos en cantidad suficiente, a buen precio, sanos, nutritivos, con buen color, sabor y aroma, cómodos, poco afectados por tratamientos industriales y que aporten algún beneficio para la salud. En este último punto, los alimentos funcionales pueden ayudar, pero es importante que sus efectos estén avalados por estudios científicos y que el balance riesgo/ beneficio se haga caso a caso, valorando su necesidad y eficacia frente a los posibles riesgos.

En todo este contexto, la ciencia, la tecnología y la investigación tienen mucho que aportar.

“What’s the deal with fish oil?”

If you are someone who catches and eats a lot of fish, as I am, you get adept at answering questions about which fish are safe, which are sustainable and which should be avoided altogether. But when this fish oil question arrived in my inbox recently, I was stumped. I knew that concerns about overfishing had prompted many consumers to choose supplements as a guilt-free way of getting their omega-3 fatty acids, which studies show lower triglycerides and the risk of heart attack. But I had never looked into the fish behind the oil and whether it was fit, morally or environmentally speaking, to be consumed.

The deal with fish oil, I found out, is that a considerable portion of it comes from a creature upon which the entire Atlantic coastal ecosystem relies, a big-headed, smelly, foot-long member of the herring family called menhaden, which a recent book identifies in its title as “The Most Important Fish in the Sea.”

The book’s author, H. Bruce Franklin, compares menhaden to the passenger pigeon and related to me recently how his research uncovered that populations were once so large that “the vanguard of the fish’s annual migration would reach Cape Cod while the rearguard was still in Maine.” Menhaden filter-feed nearly exclusively on algae, the most abundant forage in the world, and are prolifically good at converting that algae into omega-3 fatty acids and other important proteins and oils. They also form the basis of the Atlantic Coast’s marine food chain.

Nearly every fish a fish eater likes to eat eats menhaden. Bluefin tuna, striped bass, redfish and bluefish are just a few of the diners at the menhaden buffet. All of these fish are high in omega-3 fatty acids but are unable themselves to synthesize them. The omega-3s they have come from menhaden.

But menhaden are entering the final losing phases of a century-and-a-half fight for survival that began when humans started turning huge schools into fertilizer and lamp oil. Once petroleum-based oils replaced menhaden oil in lamps, trillions of menhaden were ground into feed for hogs, chickens and pets. Today, hundreds of billions of pounds of them are converted into lipstick, salmon feed, paint, “buttery spread,” salad dressing and, yes, some of those omega-3 supplements you have been forcing on your children. All of these products can be made with more environmentally benign substitutes, but menhaden are still used in great (though declining) numbers because they can be caught and processed cheaply.

For the last decade, one company, Omega Protein of Houston, has been catching 90 percent of the nation’s menhaden. The perniciousness of menhaden removals has been widely enough recognized that 13 of the 15 Atlantic states have banned Omega Protein’s boats from their waters. But the company’s toehold in North Carolina and Virginia (where it has its largest processing plant), and its continued right to fish in federal waters, means a half-billion menhaden are still taken from the ecosystem every year.

For fish guys like me, this egregious privatization of what is essentially a public resource is shocking. But even if you are not interested in fish, there is an important reason for concern about menhaden’s decline.

Quite simply, menhaden keep the water clean. The muddy brown color of the Long Island Sound and the growing dead zones in the Chesapeake Bay are the direct result of inadequate water filtration — a job that was once carried out by menhaden. An adult menhaden can rid four to six gallons of water of algae in a minute. Imagine then the water-cleaning capacity of the half-billion menhaden we “reduce” into oil every year.

So what is the seeker of omega-3 supplements to do? Bruce Franklin points out that there are 75 commercial products — including fish-oil pills made from fish discards — that don’t contribute directly to the depletion of a fishery. Flax oil also fits the bill and uses no fish at all.

But I’ve come to realize that, as with many issues surrounding fish, more powerful fulcrums than consumer choice need to be put in motion to fix things. President Obama and the Congressional leadership have repeatedly stressed their commitment to wresting the wealth of the nation from the hands of a few. A demonstration of this commitment would be to ban the fishing of menhaden in federal waters. The Virginia Legislature could enact a similar moratorium in the Chesapeake Bay (the largest menhaden nursery in the world).

The menhaden is a small fish that in its multitudes plays such a big role in our economy and environment that its fate shouldn’t be effectively controlled by a single company and its bottles of fish oil supplements. If our government is serious about standing up for the little guy, it should start by giving a little, but crucial, fish a fair deal.

Go local. Eat organic. Buy fresh. Those food mantras continue to make waves among environmentally conscious consumers. But — as is often the case in these climate-conscious times — if the motivation is to truly make our diets more earth-friendly, then perhaps we need a new mantra: Buy frozen.

Several years ago, the three of us — two ecological economists and one food system researcher — teamed up in an effort to understand how to develop sustainable food systems to feed a planet of nine billion by 2050. As the focus of our study, we chose salmon, an important source of protein around the world and a food that is available nearly anywhere at any time, regardless of season or local supply.

We examined the salmon’s life cycle: how the fish are caught in the wild, what they’re fed when farmed, how they’re processed and transported and how they’re consumed.

And what did we find in our research? When it comes to salmon, the questions of organic versus conventional and wild versus farmed matter less than whether the fish is frozen or fresh. In many cases, fresh salmon has about twice the environmental impact as frozen salmon.

The reason: Most salmon consumers live far from where the fish was caught or farmed, and the majority of salmon fillets they buy are fresh and shipped by air, which is the world’s most carbon-intensive form of travel. Flying fillets from Alaska, British Columbia, Norway, Scotland or Chile so that 24 hours later they can be served “fresh” in New York adds an enormous climate burden, one that swamps the potential benefits of organic farming or sustainable fishing. (Disclosure: A nonprofit subsidiary of Ecotrust, the North Pacific Fisheries Trust, lends money to sustainable fisheries.)

Fresh fish is wonderful and healthful, and if it’s driven a reasonable distance to market, then its relative environmental impact is low. Fortunately for conscientious diners, when fish is flash-frozen at sea, its taste and quality is practically indistinguishable from fresh. More important, it can be moved thousands of miles by container ship, rail or even truck at much lower environmental impact than when air freighted. If seafood-loving Japanese consumers, who get most of their fish via air shipments, were to switch to 75 percent frozen salmon, it would have a greater ecological benefit than all of Europe and North America eating only locally farmed or caught salmon.

Is the future full of fish sticks? No. But when it comes to eating seafood from halfway around the world, we need to get over our fetish for fresh. With the challenges facing the world’s oceans mounting, buying frozen is a powerful choice that concerned eaters everywhere can make.

Lately more people have begun to express an interest in where the meat they eat comes from and how it was raised. Were the animals humanely treated? Did they have a good quality of life before the death that turned them into someone’s dinner?

Some of these questions, which reach a fever pitch in the days leading up to Thanksgiving, pertain to the ways in which animals are treated. (Did your turkey get to live outdoors?) Others focus on the question of how eating the animals in question will affect the consumer’s health and well-being. (Was it given hormones and antibiotics?)

None of these questions, however, make any consideration of whether it is wrong to kill animals for human consumption. And even when people ask this question, they almost always find a variety of resourceful answers that purport to justify the killing and consumption of animals in the name of human welfare. Strict ethical vegans, of which I am one, are customarily excoriated for equating our society’s treatment of animals with mass murder. Can anyone seriously consider animal suffering even remotely comparable to human suffering? Those who answer with a resounding no typically argue in one of two ways.

Some suggest that human beings but not animals are made in God’s image and hence stand in much closer proximity to the divine than any non-human animal; according to this line of thought, animals were made expressly for the sake of humans and may be used without scruple to satisfy their needs and desires. There is ample support in the Bible and in the writings of Christian thinkers like Augustine and Thomas Aquinas for this pointedly anthropocentric way of devaluing animals.

Others argue that the human capacity for abstract thought makes us capable of suffering that both qualitatively and quantitatively exceeds the suffering of any non-human animal. Philosophers like Jeremy Bentham, who is famous for having based moral status not on linguistic or rational capacities but rather on the capacity to suffer, argue that because animals are incapable of abstract thought, they are imprisoned in an eternal present, have no sense of the extended future and hence cannot be said to have an interest in continued existence.

The most penetrating and iconoclastic response to this sort of reasoning came from the writer Isaac Bashevis Singer in his story “The Letter Writer,” in which he called the slaughter of animals the “eternal Treblinka.”

The story depicts an encounter between a man and a mouse. The man, Herman Gombiner, contemplates his place in the cosmic scheme of things and concludes that there is an essential connection between his own existence as “a child of God” and the “holy creature” scuffling about on the floor in front of him.

Surely, he reflects, the mouse has some capacity for thought; Gombiner even thinks that the mouse has the capacity to share love and gratitude with him. Not merely a means for the satisfaction of human desires, nor a mere nuisance to be exterminated, this tiny creature possesses the same dignity that any conscious being possesses. In the face of that inherent dignity, Gombiner concludes, the human practice of delivering animals to the table in the form of food is abhorrent and inexcusable.

Many of the people who denounce the ways in which we treat animals in the course of raising them for human consumption never stop to think about this profound contradiction. Instead, they make impassioned calls for more “humanely” raised meat. Many people soothe their consciences by purchasing only free-range fowl and eggs, blissfully ignorant that “free range” has very little if any practical significance. Chickens may be labeled free-range even if they’ve never been outside or seen a speck of daylight in their entire lives. And that Thanksgiving turkey? Even if it is raised “free range,” it still lives a life of pain and confinement that ends with the butcher’s knife.

How can intelligent people who purport to be deeply concerned with animal welfare and respectful of life turn a blind eye to such practices? And how can people continue to eat meat when they become aware that nearly 53 billion land animals are slaughtered every year for human consumption? The simple answer is that most people just don’t care about the lives or fortunes of animals. If they did care, they would learn as much as possible about the ways in which our society systematically abuses animals, and they would make what is at once a very simple and a very difficult choice: to forswear the consumption of animal products of all kinds.

The easy part of this consists in seeing clearly what ethics requires and then just plain doing it. The difficult part: You just haven’t lived until you’ve tried to function as a strict vegan in a meat-crazed society.

What were once the most straightforward activities become a constant ordeal. You might think that it’s as simple as just removing meat, eggs and dairy products from your diet, but it goes a lot deeper than that.

To be a really strict vegan is to strive to avoid all animal products, and this includes materials like leather, silk and wool, as well as a panoply of cosmetics and medications. The more you dig, the more you learn about products you would never stop to think might contain or involve animal products in their production — like wine and beer (isinglass, a kind of gelatin derived from fish bladders, is often used to “fine,” or purify, these beverages), refined sugar (bone char is sometimes used to bleach it) or Band-Aids (animal products in the adhesive). Just last week I was told that those little comfort strips on most razor blades contain animal fat.

To go down this road is to stare headlong into an abyss that, to paraphrase Nietzsche, will ultimately stare back at you.

The challenges faced by a vegan don’t end with the nuts and bolts of material existence. You face quite a few social difficulties as well, perhaps the chief one being how one should feel about spending time with people who are not vegans.

Is it O.K. to eat dinner with people who are eating meat? What do you say when a dining companion says, “I’m really a vegetarian — I don’t eat red meat at home.” (I’ve heard it lots of times, always without any prompting from me.) What do you do when someone starts to grill you (so to speak) about your vegan ethics during dinner? (Wise vegans always defer until food isn’t around.) Or when someone starts to lodge accusations to the effect that you consider yourself morally superior to others, or that it is ridiculous to worry so much about animals when there is so much human suffering in the world? (Smile politely and ask them to pass the seitan.)

Let me be candid: By and large, meat-eaters are a self-righteous bunch. The number of vegans I know personally is … five. And I have been a vegan for almost 15 years, having been a vegetarian for almost 15 before that.

Five. I have lost more friends than this over arguments about animal ethics. One lapidary conclusion to be drawn here is that people take deadly seriously the prerogative to use animals as sources of satisfaction. Not only for food, but as beasts of burden, as raw materials and as sources of captive entertainment — which is the way animals are used in zoos, circuses and the like.

These uses of animals are so institutionalized, so normalized, in our society that it is difficult to find the critical distance needed to see them as the horrors that they are: so many forms of subjection, servitude and — in the case of killing animals for human consumption and other purposes — outright murder.

People who are ethical vegans believe that differences in intelligence between human and non-human animals have no moral significance whatsoever. The fact that my cat can’t appreciate Schubert’s late symphonies and can’t perform syllogistic logic does not mean that I am entitled to use him as an organic toy, as if I were somehow not only morally superior to him but virtually entitled to treat him as a commodity with minuscule market value.

We have been trained by a history of thinking of which we are scarcely aware to view non-human animals as resources we are entitled to employ in whatever ways we see fit in order to satisfy our needs and desires. Yes, there are animal welfare laws. But these laws have been formulated by, and are enforced by, people who proceed from the proposition that animals are fundamentally inferior to human beings. At best, these laws make living conditions for animals marginally better than they would be otherwise — right up to the point when we send them to the slaughterhouse.

Think about that when you’re picking out your free-range turkey, which has absolutely nothing to be thankful for on Thanksgiving. All it ever had was a short and miserable life, thanks to us intelligent, compassionate humans.

Is eating a hamburger the global warming equivalent of driving a Hummer? This week an article in The Times of London carried a headline that blared: “Give Up Meat to Save the Planet.” Former Vice President Al Gore, who has made climate change his signature issue, has even been assailed for omnivorous eating by animal rights activists.

It’s true that food production is an important contributor to climate change. And the claim that meat (especially beef) is closely linked to global warming has received some credible backing, including by the United Nations and University of Chicago. Both institutions have issued reports that have been widely summarized as condemning meat-eating.

But that’s an overly simplistic conclusion to draw from the research. To a rancher like me, who raises cattle, goats and turkeys the traditional way (on grass), the studies show only that the prevailing methods of producing meat — that is, crowding animals together in factory farms, storing their waste in giant lagoons and cutting down forests to grow crops to feed them — cause substantial greenhouse gases. It could be, in fact, that a conscientious meat eater may have a more environmentally friendly diet than your average vegetarian.

So what is the real story of meat’s connection to global warming? Answering the question requires examining the individual greenhouse gases involved: carbon dioxide, methane and nitrous oxides.

Carbon dioxide makes up the majority of agriculture-related greenhouse emissions. In American farming, most carbon dioxide emissions come from fuel burned to operate vehicles and equipment. World agricultural carbon emissions, on the other hand, result primarily from the clearing of woods for crop growing and livestock grazing. During the 1990s, tropical deforestation in Brazil, India, Indonesia, Sudan and other developing countries caused 15 percent to 35 percent of annual global fossil fuel emissions.

Much Brazilian deforestation is connected to soybean cultivation. As much as 70 percent of areas newly cleared for agriculture in Mato Grosso State in Brazil is being used to grow soybeans. Over half of Brazil’s soy harvest is controlled by a handful of international agribusiness companies, which ship it all over the world for animal feed and food products, causing emissions in the process.

Meat and dairy eaters need not be part of this. Many smaller, traditional farms and ranches in the United States have scant connection to carbon dioxide emissions because they keep their animals outdoors on pasture and make little use of machinery. Moreover, those farmers generally use less soy than industrial operations do, and those who do often grow their own, so there are no emissions from long-distance transport and zero chance their farms contributed to deforestation in the developing world.

In contrast to traditional farms, industrial livestock and poultry facilities keep animals in buildings with mechanized systems for feeding, lighting, sewage flushing, ventilation, heating and cooling, all of which generate emissions. These factory farms are also soy guzzlers and acquire much of their feed overseas. You can reduce your contribution to carbon dioxide emissions by avoiding industrially produced meat and dairy products.

Unfortunately for vegetarians who rely on it for protein, avoiding soy from deforested croplands may be more difficult: as the Organic Consumers Association notes, Brazilian soy is common (and unlabeled) in tofu and soymilk sold in American supermarkets.

Methane is agriculture’s second-largest greenhouse gas. Wetland rice fields alone account for as much 29 percent of the world’s human-generated methane. In animal farming, much of the methane comes from lagoons of liquefied manure at industrial facilities, which are as nauseating as they sound.

This isn’t a problem at traditional farms. “Before the 1970s, methane emissions from manure were minimal because the majority of livestock farms in the U.S. were small operations where animals deposited manure in pastures and corrals,” the Environmental Protection Agency says. The E.P.A. found that with the rapid rise of factory farms, liquefied manure systems became the norm and methane emissions skyrocketed. You can reduce your methane emissions by seeking out meat from animals raised outdoors on traditional farms.

CRITICS of meat-eating often point out that cattle are prime culprits in methane production. Fortunately, the cause of these methane emissions is understood, and their production can be reduced.

Much of the problem arises when livestock eat poor quality forages, throwing their digestive systems out of balance. Livestock nutrition experts have demonstrated that by making minor improvements in animal diets (like providing nutrient-laden salt licks) they can cut enteric methane by half. Other practices, like adding certain proteins to ruminant diets, can reduce methane production per unit of milk or meat by a factor of six, according to research at Australia’s University of New England. Enteric methane emissions can also be substantially reduced when cattle are regularly rotated onto fresh pastures, researchers at University of Louisiana have confirmed.

Finally, livestock farming plays a role in nitrous oxide emissions, which make up around 5 percent of this country’s total greenhouse gases. More than three-quarters of farming’s nitrous oxide emissions result from manmade fertilizers. Thus, you can reduce nitrous oxide emissions by buying meat and dairy products from animals that were not fed fertilized crops — in other words, from animals raised on grass or raised organically.

In contrast to factory farming, well-managed, non-industrialized animal farming minimizes greenhouse gases and can even benefit the environment. For example, properly timed cattle grazing can increase vegetation by as much as 45 percent, North Dakota State University researchers have found. And grazing by large herbivores (including cattle) is essential for well-functioning prairie ecosystems, research at Kansas State University has determined.

Additionally, several recent studies show that pasture and grassland areas used for livestock reduce global warming by acting as carbon sinks. Converting croplands to pasture, which reduces erosion, effectively sequesters significant amounts of carbon. One analysis published in the journal Global Change Biology showed a 19 percent increase in soil carbon after land changed from cropland to pasture. What’s more, animal grazing reduces the need for the fertilizers and fuel used by farm machinery in crop cultivation, things that aggravate climate change.

Livestock grazing has other noteworthy environmental benefits as well. Compared to cropland, perennial pastures used for grazing can decrease soil erosion by 80 percent and markedly improve water quality, Minnesota’s Land Stewardship Project research has found. Even the United Nations report acknowledges, “There is growing evidence that both cattle ranching and pastoralism can have positive impacts on biodiversity.”

As the contrast between the environmental impact of traditional farming and industrial farming shows, efforts to minimize greenhouse gases need to be much more sophisticated than just making blanket condemnations of certain foods. Farming methods vary tremendously, leading to widely variable global warming contributions for every food we eat. Recent research in Sweden shows that, depending on how and where a food is produced, its carbon dioxide emissions vary by a factor of 10.

And it should also be noted that farmers bear only a portion of the blame for greenhouse gas emissions in the food system. Only about one-fifth of the food system’s energy use is farm-related, according to University of Wisconsin research. And the Soil Association in Britain estimates that only half of food’s total greenhouse impact has any connection to farms. The rest comes from processing, transportation, storage, retailing and food preparation. The seemingly innocent potato chip, for instance, turns out to be a dreadfully climate-hostile food. Foods that are minimally processed, in season and locally grown, like those available at farmers’ markets and backyard gardens, are generally the most climate-friendly.

Rampant waste at the processing, retail and household stages compounds the problem. About half of the food produced in the United States is thrown away, according to University of Arizona research. Thus, a consumer could measurably reduce personal global warming impact simply by more judicious grocery purchasing and use.

None of us, whether we are vegan or omnivore, can entirely avoid foods that play a role in global warming. Singling out meat is misleading and unhelpful, especially since few people are likely to entirely abandon animal-based foods. Mr. Gore, for one, apparently has no intention of going vegan. The 90 percent of Americans who eat meat and dairy are likely to respond the same way.

Still, there are numerous reasonable ways to reduce our individual contributions to climate change through our food choices. Because it takes more resources to produce meat and dairy than, say, fresh locally grown carrots, it’s sensible to cut back on consumption of animal-based foods. More important, all eaters can lower their global warming contribution by following these simple rules: avoid processed foods and those from industrialized farms; reduce food waste; and buy local and in season.

There are two reliable ways of telling if you have won an argument. The first is if your disputants switch from discussion of the facts to accusations about motives; the second, more obviously, is if they descend to mere abuse.

Alan Dangour, a nutritionist at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, should therefore feel he has had an encouragingly uncomfortable week. He is the author of a peer-reviewed meta-study in the American Journal of Clinical Nutrition that concluded, from 50 years of scientific evidence, that so-called “organic” food was no healthier than conventionally farmed products. By the end of last week Dangour felt as if he had been covered with the brown stuff the organic lobby holds most sacred. He revealed that he had received “hate mail” and was “taken aback” by the “abusive” language used.

Ben Goldacre, an NHS doctor and author of the acclaimed book Bad Science, has had a similar week. In his newspaper column he had taken apart the Soil Association’s criticisms of Dangour’s paper – which was funded by Britain’s Food Standards Agency – notably its claim that the health benefits of organic food relating to the absence of pesticides “could not be measured by the evidence identified in the FSA paper”.

As Goldacre pointed out to the Soil Association: “Either you are proposing that there are health benefits which cannot ever be measured. In this case you have faith, which is not a matter of evidence. Or you are proposing that there are health benefits which could be measured, but have not been yet. In which case, again, you have faith rather than evidence.” Cue an avalanche of organic ordure on the “comments” section at the foot of the online edition of Goldacre’s column.

When I called him, he remarked: “In my experience the [comments of the] organic food, antivaccine and homeopathy movements are unusually hateful and generally revolve around bizarre allegations that you covertly represent some financial or corporate interest. I do not; but I do think it reveals something about their own motives that they can only conceive of a person holding a position as a result of financial self-interest.”

His linking of the organic movement with homeopathy is telling. They are cults masquerading as science, rather like the creationists of America’s Bible Belt – but at least the latter have the self-awareness to acknowledge their opinions are based on faith. The organic movement, philosophically, is based on an inchoate faith in nature, seeing any human interference with nature as in some way bad and destructive of the “roots” of creation.

As Luc Ferry, the French philosopher, wrote in The New Ecological Order: “The hatred of the artifice connected with our civilisation… is also a hatred of humans as such. For man is the antinatural being par excellence… This is how he escapes natural cycles, how he attains the realm of culture, and the sphere of morality, which presupposes living in accordance with laws and not just with nature.” Guided by Ferry’s insight that this philosophy is based on “hatred” of humanity – and I accept this is dangerously close to an attack on motives – we should hardly be surprised by the nature of the e-mails directed at Dangour and Goldacre.

Nor, indeed, should anyone have been in the least surprised by Dangour’s results. The more rational among the organic movement long ago stopped claiming as scientific fact that their products are better for humans. The Canadian Organic Growers, reacting less hysterically than the Soil Association, responded to Dangour’s survey by saying that it “didn’t make health claims based on the nutrition of organic food”. This is the scientifically responsible attitude; but it is also a deadly blow to the marketing of organic foods, which depends on yummy mummies continuing to believe that if Cecilia and Frederick are fed only organic foods, then the little darlings will grow up healthier and stronger. It is in this sense that the organic business – ordinary food at extraordinary prices – is nothing more than a tax on gullibility.

Such gullibility can have dangerous effects on your health, as well as your bank balance. A few years ago my wife decided we should have an entirely organic vegetable garden. To this end she refused all man-made fertilisers and ordered a truckload of pigeon droppings. What could be more natural? Neither was there anything unnatural in the germs I inhaled through the spores of our organic manure, thereby contracting psittacosis. This developed into “atypical” pneumonia, which was of course resistant to all standard antibiotics. Had a hospital doctor not guessed the cause and put me on a drip with the appropriate drugs – ooh, chemicals! – I could have become a fatal casualty of the organic movement. Obviously my wife might have ordered cow manure rather than pigeon poo; then I could have been felled by E coli instead.

Think about it from the other end: if chemicals and pesticides in foods are as dangerous for humans as the Soil Association claims, we should expect conventional farmers, who handle the stuff in industrial quantities, to be dropping dead before the rest of us with all sorts of chemical-induced cancers.

The most exhaustive analysis of this matter was published in 2004, a peer-reviewed paper by Professor Anthony Trewavas of Edinburgh University, entitled “A critical assessment of organic farming-and-food assertions with particular respect to the UK and the potential environmental benefits of no-till agriculture”. (Trewavas is an advocate of no-till farming, which avoids damage to the soil caused by ploughing; “organic” farmers must plough to destroy all the weeds which would otherwise have been killed by pesticides.) His paper revealed that “of 12 separate investigations on farmers involving in total about 300,000 people, 11 found that farmers had overall cancer rates very substantially lower than the general public”.

Trewavas concludes that “the reasons why farming is so healthy are not known, but these data indicate not only a null result for the hypothesis relating pesticide exposure to cancer, but a consistent result for the alternative, that pesticide exposure may protect against cancer”. I realise that publicising Professor Trewavas’s paper might itself cause medical problems, as Soil Association executives choke with rage, but I think this a risk offset by the benefits to the public as a whole.

The provocative professor also points out that in the period since 1950 – as pesticides and industrial farming took an increasing role in food production – “stomach cancer rates have declined by 60% in western countries”. This is generally ascribed to the fact that fruit and vegetable consumption has doubled in that period – but why did this change in diet occur? Because modern agriculture, aided by air freight, has been able to get such products to consumers at ever-cheaper prices all year round.

This just demonstrates the common-sense point that diet, rather than whether food is produced “organically” or not, is the key to healthy eating. It is that which lies behind the Ratner moment of the chief executive of Whole Foods, who confessed last week that he had been selling “a bunch of junk”. What the organic chain store boss was trying to say, I think, is that a high-fat diet is as bad for you when the food has an “organic” sticker on it as when it doesn’t.

The general public, however, had already begun to call the organic bluff, perhaps one reason Whole Foods’ sales have suffered over three consecutive quarters in the United States and Prince Charles’s Duchy Originals has seen its profits slump. That noise – half-fart, half-howl – you heard last week was the organic balloon bursting.

La crisis económica ha sacudido a los ciudadanos de los países desarrollados por la convulsión que ha provocado en sus hábitos de vida y la incertidumbre que ha sembrado respecto al futuro. Pero tiene un componente mucho más cruel sobre los países pobres y las zonas marginales del mundo. Unas sociedades, tan desestructuradas como sus Estados, que ven como la necesidad primaria, la alimentación, se ve condicionada por las economías del primer mundo, sus intereses y sus modos de vida.

Recuerdo a mi abuelo repitiendo, «con las cosas de comer no se juega». Nuestro cerebro infantil no acertaba a ver nada más que en los juegos no debían utilizarse alimentos. Naturalmente, este principio de sabiduría popular tiene lecturas adultas que históricamente se han respetado, pero por increíble que parezca, puede que estemos en riesgo de poner en peligro. Digámoslo claro, la alimentación de las personas no es una opción civilizatoria, como tampoco es el aire que respiramos, y sí lo es internet. La alimentación es uno de los soportes básicos para la vida y el abastecimiento satisfactorio de la población es requisito para ejercer el más sagrado de nuestros derechos: el derecho a la vida. Los distintos sistemas de organización social que nuestra especie ha conocido, en los miles de años que llevamos en el planeta, tienen un objetivo fundamental y prioritario: garantizar que todos los individuos de cada comunidad tengan garantizada la alimentación. Nada especial, por otra parte, todos los animales, y hasta las plantas, hacen lo mismo.

Ello no obsta para que las hambrunas hayan sido datos históricos de cierta frecuencia. Permítaseme decir que las hambrunas del pasado eran coyunturales, esto es, debido a sequías, incendios, guerras, etcétera. Ninguna comunidad permanecía en un espacio donde no se pudiera garantizar la alimentación; asunto muy obvio, por otro lado. Sin embargo, las últimas décadas no ofrecen datos de hambrunas crónicas, las cuales aceptamos conmovidos, pero como si se tratase de algo incontrolable por la voluntad humana, como un terremoto o un meteorito. Todos sabemos que eso no es cierto, que el problema es una falta global de organización adecuada y un uso inmoral de conceptos como soberanía, territorialidad o fronteras. Hace siglos, cuando una comunidad comenzaba a ver como crónica la escasez de alimentos se desplazaba a lugares donde el abastecimiento fuese posible. En los últimos años las fronteras de los países pobres se han convertido en los barrotes de una gran cárcel donde mucha gente es condenada a morir de la forma más cruel posible: de hambre.

Aceptar estos datos demasiado repetidos; exponer tácitamente que nada es posible hacer, no sólo es moralmente reprobable, sino una ofensa a la inteligencia.

Días atrás se celebró en Nueva York la decimoséptima sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Pues bien, la agricultura y África son dos de los temas más importantes de la agenda. Hay mucho sabidillo escéptico sobre la utilidad de este tipo de reuniones, pero, como otros años, repito que el que no tenga alternativas, que tenga la decencia de callarse. La actividad agropecuaria, como es sabido, es la fuente del abastecimiento alimentario. Y nuestras recientes formas de organización social pueden poner en peligro el suministro de alimentos incluso a los países más estables.

En efecto, la alimentación, con distintas intervenciones públicas, dependiendo del contexto social y económico, se ha adquirido en los mercados, y las explotaciones familiares probablemente han sido la forma organizativa con mejores resultados en la Historia. Una deficiente comprensión de la globalización está poniendo en riesgo el alimento cercano físicamente a la casa. Si a los alimentos los tratamos mercantilmente, como si fueran teléfonos móviles, es posible que llegáramos a unas especializaciones de tal calibre que en cada país o región se produciría en un tipo de alimentos y el abastecimiento completo dependería de un gigantesco tráfico de incalculables costes energéticos y, además, cualquier crisis tendría inmediatos efectos mundiales. Esto es un despropósito que nadie puede defender sensatamente, especialmente cuando estamos viendo que grandes empresas, conscientes del valor estratégico de los alimentos, están adquiriendo millones de hectáreas de suelo cultivable a millones de familias, de modo que con esta evolución en algunos casos la provisión de alimentos, básica para ejercer el derecho a la vida, pasaría a convertirse en una actividad mercantil accesible sólo a quienes tienen dinero, como quien adquiere un televisor de plasma.
La globalización no es un axioma ni un principio religioso que o se acepta en su totalidad o se rechaza completamente. Antes al contrario, entre todos debemos corregir los errores previsibles y, si se puede, de forma anticipada.

Nuestros agricultores y ganaderos están en peligro de supervivencia y poco estamos haciendo por ayudarlos. Una cosa está clara, si no queremos poner en riesgo a la Humanidad entera, los alimentos, al menos los básicos, tienen que producirse lo más cerca posible de los consumidores; que el transporte sea mínimo. Y una segunda cosa, también clara, sólo las pequeñas explotaciones garantizan la estabilidad. Una red de decenas de millones de productores es más fácil que resista una crisis que una red de algunas decenas de productores. La producción de alimentos debe estar protegida y al margen de los criterios mercantiles que disciplinan la venta de cámaras fotográficas. Y esta protección debe ser tan intensa como sea necesaria. Cada granja que se cierra es una granja que no se recupera. Seamos sensatos, apreciemos el valor estratégico de los alimentos. Cada explotación que se cierra es un fracaso colectivo que las futuras generaciones nos recriminarán. Con las cosas de comer no se juega.

Even as the United States Agency for International Development sends hundreds of millions of dollars worth of food to developing countries, a strange but important nutritional problem is being overlooked: The children of women who suffer from severe stress and poverty sometimes seem to give up and refuse to eat. Studies suggest that this stems from maternal detachment — the breakdown of emotional connection between traumatized mothers and their children.

It isn’t a new phenomenon. In the 1920s, Dr. Josephine Baker of the New York State Department of Health observed something similar among a group of severely malnourished babies in the chronic ward of the New York Foundling Hospital. Typically, these infants died despite care and feeding. But when Baker took them from the hospital and sent them to nurturing foster homes, nearly half survived.

Likewise, during the 1980s, Sally Grantham-McGregor, a child health researcher working in Jamaica, demonstrated that teaching poor mothers the basic techniques of mothering — holding and playing, and communicating with smiles, gestures and questions — could help their ailing children achieve remarkable developmental gains. And these gains were much greater than those that could have been achieved with food and medical care alone.

Today, Unicef and the World Health Organization agree that counseling should be an important part of food aid programs. Once feeding programs are in place, it costs very little to train community health workers. One organization, Play Therapy Africa, which runs feeding and counseling centers in Ethiopia, is training aid workers in these methods in 50 centers. The one-time expense of $278,000 — the cost of training and monitoring the health workers — is a pittance compared with the millions of dollars spent on food alone.

Unfortunately, most aid economists overlook counseling. When the journal Lancet recently reviewed strategies to reduce malnutrition, these methods weren’t mentioned at all.

Vulnerable children require more than food and medicine; they need affection. To nurture them, we need to nurture the mothers on whom their lives depend.

Hubo un tiempo en que trabajé en una granja de cría de pollos.A decir verdad, hablar de granja es emplear un término excesivamente suave para referirse a la forma en que se criaban aquellos pollos y decir fábrica parece excesivamente cínico. Aquello era el séptimo círculo del infierno de los pollos, una cadena de producción que no dejaba de cloquear, que exhalaba un hedor vomitivo y que estaba anegada en la inmundicia, con un único objetivo: producir la máxima cantidad posible de carne comestible, con tanta rapidez y a un precio tan bajo como fuera posible, sin tener en cuenta ni la calidad, ni la crueldad, ni la higiene.

Aquellos seres vivos se criaban en unas naves enormes y se alimentaban a base de hormonas, antibióticos y grano de bajo coste, despachurrados los unos contra los otros encima de su propia porquería bajo una luz artificial, para pasar de polluelos a pollos con el tamaño en que se les sacrifica en el número mínimo de semanas (la duración de su vida es de sólo 40 días).

Hace 20 años así eran las cosas en aquella granja de un kibbutz (asentamiento de colonos en Israel, generalmente gestionado en forma de cooperativa), en pleno desarrollo de lo que ahora consideramos una revolución en la producción ganadera, cuando la ciencia, la economía y el apetito humano se combinaron para poner en marcha la crianza intensiva de animales a escala industrial en todo el mundo.

Aquellos pollos producidos en masa estaban enfermos, evidentemente.Había que bombear aire del exterior en aquella nave fétida para evitar que los bichos murieran asfixiados. Aún así, se morían en proporciones lastimosas por culpa de ataques al corazón y de pura tensión nerviosa, con unos huesos que con frecuencia eran demasiado débiles para cargar con el peso de sus cuerpos artificialmente hipertrofiados -eran las pérdidas-. Las crías muertas se apartaban a patadas hasta un montón que finalmente retiraba una excavadora.

No había necesidad de ser un científico para darse cuenta de que en aquella nave se estaba elaborando un producto lleno de enfermedades.

Ahora que se propaga la nueva gripe y, aun con mayor rapidez, se propaga el miedo, vale la pena tener presente que éste y otros virus que migran de animales a hombres están, en parte, creados por el hombre, que son consecuencia de nuestra avidez de carne barata, que son el resultado de tratar a los animales como si no fueran más que materia prima que hay que aprovechar de la forma que aumente más y mejor la producción y los beneficios.

Hay una tendencia a considerar una epidemia de gripe, igual que las plagas de la Antigüedad, como un accidente natural inevitable, un castigo que cae sobre el hombre desde lo alto. Sin embargo, nada hay de natural en esta forma de enfermedad; de hecho, es el resultado de un abuso de la naturaleza.

Las enormes granjas porcinas modernas, como las enormes factorías de producción avícola, son lugares ideales de incubación de enfermedades y muchos científicos están convencidos de que las mutaciones virales pueden tener relación directa con las modernas técnicas agroganaderas intensivas. Con unos animales debilitados apiñados unos contra otros en espacios sumamente reducidos, los patógenos se propagan con facilidad y crean tipos nuevos y virulentos que pueden transmitirse a los humanos. Cuando al lado de núcleos residenciales humanos densamente poblados se instalan poblaciones masivas de animales estabulados industrialmente, la posibilidad de que se produzca la catástrofe es muchísimo más alta.

La tensión que estas condiciones tan pésimas de vida causan en los animales producidos a escala industrial los vuelve más vulnerables al contagio, mientras que su concentración en unas pocas variedades de alto rendimiento ha degenerado en una erosión genética y ha debilitado su capacidad inmunológica. Hemos creado un ambiente en el que un virus leve puede evolucionar con gran rapidez hacia una forma mucho más patógena y contagiosa.

Hace seis años, hubo unos biólogos que advirtieron que la gripe porcina -llamada ahora nueva gripe- había entrado en «una vía evolutiva rápida». Un informe del Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos, difundido el año pasado, apuntaba a «pruebas incontrovertibles de movimiento de patógenos entre estas actividades a escala industrial». Un año más tarde, el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la alimentación acaba de pronosticar que el riesgo de transmisión de enfermedades de animales a humanos aumentaría con la producción animal cada vez más intensiva.

Durante el último brote de gripe aviar, los gobiernos y la industria ganadera se dieron mucha prisa en echar la culpa de la propagación de la enfermedad a aves no domésticas y a granjas de pequeñas dimensiones. Visto desde la perspectiva actual, resulta que las aves criadas en corrales de casas eran notoriamente más resistentes a un virus cuya transmisión podía rastrearse directamente en las enormes granjas industriales.

Personajes famosos del mundo de la alimentación, como los cocineros Jamie Oliver y Hugh Fearnley-Whittingstall, han despertado la conciencia popular sobre la forma en que se produce modernamente la carne. Sin embargo, esas campañas tienden a centrarse en el sabor anodino de la carne y en cuestiones morales o medioambientales como los residuos tóxicos producidos por la producción ganadera industrializada o por la cantidad de agua que se necesita para producir un solo kilo de carne de vacuno: 16.000 litros.

Se ha prestado mucha menos atención a la amenaza más directa que plantea a la salud pública la producción industrializada de carne, en la que no existe la menor preocupación por los fundamentos básicos de la cría de animales. Lo mismo puede decirse, a su vez, de la increíble transformación de los hábitos alimenticios mundiales en torno a la carne.

La humanidad es más carnívora en la actualidad de lo que lo ha sido jamás en toda la Historia, gracias a técnicas selectivas de cría, bajos precios de los granos en el mundo, redes mundiales de distribución y el desarrollo económico de China. En 1965, los chinos no comían más que cuatro kilos de carne por cabeza al año; en la actualidad, el ciudadano chino consume por término medio un total de 54 kilos al año.

El número de animales en el planeta se ha incrementado en cerca de un 40% durante los últimos 40 años pero, en lugar de encontrarse dispersas por el campo, estas unidades alimentarias se están concentrando de forma cada vez más acusada en edificios industriales compactos. El número de cerdos se ha multiplicado por tres hasta alcanzar los 2.000 millones de cabezas. En la actualidad, hay dos pollos por cada ser humano.

La producción industrializada de alimentos ha cambiado el régimen alimenticio del mundo, al que ha proporcionado unos recursos baratos y abundantes en proteínas. Ahora bien, eso no sólo tiene un coste moral y medioambiental sino también de salud a escala mundial: unos gérmenes que mutan y evolucionan en silencio en medio de la inmundicia.

La ganadería industrial es necesaria para dar de comer a un mundo que pasa hambre. Sin embargo, hacerlo sin desencadenar nuevas enfermedades exige una cooperación global mucho más intensa en bioseguridad, una regulación mucho más severa del comercio de carne y, por encima de todo, un cambio de los métodos con que producimos animales para la alimentación. La carne producida a escala industrial puede matarnos, incluso aunque nunca nos la comamos.

En 1953, los textos escolares del Reino Unido hacían hincapié en que la guerra contra los gérmenes se había ganado gracias a los antibióticos, con lo que podía proclamarse «la práctica eliminación de las enfermedades infecciosas como factor determinante de la vida social». A partir de esta hipótesis, la novela de Michael Crichton The Andromeda Strain (La amenaza de Andrómeda) imaginaba el mundo atacado por un microbio llegado del espacio.

En la actualidad, el mundo está otra vez atacado por enfermedades infecciosas. La plaga más reciente no la manda Dios ni llega desde otros planetas. Tampoco es que provenga sin más ni más de animales infecciosos ni de microbios extraños. Se debe también al hombre.

Los europeos despilfarran cada año ingentes cantidades de alimentos. El hecho de tirar una manzana por aquí o un litro de leche por allá posiblemente parezca insignificante. Sin embargo, todo ello se va acumulando y va adquiriendo dimensiones casi inconcebibles. Según el Grupo Europeo de Ética, la cantidad de alimentos desperdiciados en Francia podría alimentar a las personas desnutridas de la República Democrática del Congo y con los de Italia se podría poner fin al hambre en Etiopía.

El despilfarro generalizado de alimentos no es un problema exclusivamente francés o italiano. Se trata de un fenómeno derivado de nuestra forma de vida, que se ha extendido a todos los países desarrollados. En Reino Unido, de acuerdo a los cálculos de un organismo gubernamental, en torno a la tercera parte del total de los alimentos se tira de forma innecesaria, lo que supone un coste de más de 13.000 millones de euros al año para el consumidor británico. Sin embargo, el coste no sólo lo paga el consumidor, sino también el medio ambiente, ya que nuestros residuos alimentarios vierten cada año en la atmósfera miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero.
La responsabilidad de este despilfarro corresponde en parte al sector de la venta al por menor. Si bien alrededor de un tercio de la población europea vive sola en hogares unipersonales, la mayor parte de los artículos de los supermercados vienen en envases previstos para familias de cuatro personas. La escasa capacidad de almacenamiento y la confusión en torno al etiquetado de la fecha añaden aún más desechos a las enormes cantidades de alimentos despilfarrados procedentes de los supermercados. Debemos mejorar las directrices y la información relativa a los aspectos citados y, a este respecto, corresponde a los minoristas desempeñar el papel que les incumbe.
No obstante, el principal responsable es el consumidor. Debemos preguntarnos por qué cocinamos más de lo que podemos comer; por qué compramos tres pollos por el precio de dos aun cuando en realidad sólo necesitamos uno; por qué padecemos amnesia colectiva en relación con el buen gobierno de la casa de generaciones anteriores, las cuales sabían cómo planificar la compra y cocinar con las sobras.

Con un poco de reflexión y algo de moderación se podrían lograr grandes avances. En estos tiempos de crisis económica, son muchas las personas dispuestas a aprovechar cualquier oportunidad para disponer de un mayor margen de maniobra en el presupuesto de su hogar, si bien, lamentablemente, son muy pocas las que se dan cuenta de lo mucho que cuesta el despilfarro de alimentos. Se está tomando ya una serie de iniciativas interesantes en toda Europa, a menudo a escala local. En Reino Unido, el despilfarro de alimentos constituye una de las prioridades políticas y la campaña de las autoridades británicas titulada ‘LoveFood, HateWaste’ (‘Apreciar los alimentos, odiar el despilfarro’) ha dado muy buenos resultados.

Desde que se puso en marcha, hace dos años, se calcula que ha conseguido convencer a 1,8 millones de personas de que hay que reducir el despilfarro de alimentos. Concretamente, la campaña ha permitido evitar que se desperdicien 137.000 toneladas, lo que ha supuesto al consumidor británico un ahorro de 325 millones de euros. También ha evitado la emisión de 600.000 toneladas de gases de efecto invernadero; es decir, el equivalente a las emisiones de 600.000 vuelos de ida y vuelta de Madrid a Nueva York. Así pues, sin lugar a dudas, la reducción del despilfarro de alimentos tiene una incidencia tanto presupuestaria como medioambiental.

Sin embargo, existen también razones éticas para resistir al frenesí consumista, especialmente si se tiene en cuenta el considerable aumento de la población mundial, la cual, según Naciones Unidas, alcanzará 9.000 millones de habitantes en 2050. Ello va a suponer una enorme presión en la producción de alimentos. Debemos producir más, ejerciendo no obstante una menor incidencia en el medio ambiente. Los agricultores tendrán que adoptar nuevas técnicas y tecnologías de cultivo y, por otro lado, la investigación e innovación deben plasmarse en resultados concretos en la explotación.

Sin embargo, no tiene ningún sentido aumentar la producción de alimentos si seguimos despilfarrando enormes cantidades al principio de la cadena alimenticia. Esto sería equivalente a resolver el problema del abastecimiento energético construyendo un mayor número de centrales en vez de mejorar el aislamiento de nuestras casas. Son muchas las personas que se han dado cuenta de las ventajas que supone el ahorro de energía, tanto en lo que atañe a la factura de electricidad como a las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo mismo ocurre con los alimentos, por lo que quizá deberíamos llorar por la leche derramada, sobre todo si se ha echado a perder.

L a pasada semana tuvo lugar en Madrid una cumbre internacional sobre Seguridad Alimentaria organizada por la FAO y por el Gobierno de España. La citada cumbre ha pasado casi desapercibida, en parte debido a otros intereses informativos -meteoros de cierta intensidad, malísimos augurios económicos, espionaje político en Madrid y próximas elecciones autonómicas-, y en parte al poco interés que despiertan esas cuestiones entre nosotros. Despiertan poco interés, sí, y sin embargo, se estima que son cerca de mil millones las personas que pasan hambre, una de cada seis personas en el mundo. Además, tras las enfermedades gastrointestinales provocadas por la falta de agua potable, el hambre es la principal causa de mortalidad infantil, ya sea de forma directa o por agravar los efectos de las enfermedades. Pero es cosa sabida que las desgracias ajenas nos conmueven en proporción inversa a la distancia a que nos encontramos de quienes las sufren.

La cumbre ha constatado, una vez más, la gravedad del problema, a la vez que ha dado cuenta del empeoramiento de la situación durante los últimos años. También se han tomado decisiones, aunque nunca se sabe si tales decisiones se acabarán convirtiendo en actuaciones o no, y si las actuaciones, en caso de llevarse a cabo, son todo lo efectivas que debieran. Tradicionalmente, la forma en que los países desarrollados han abordado esta cuestión ha consistido en la donación de alimentos a los países deficitarios o, en el mejor de los casos, en ayudas al desarrollo agrícola. Ahora bien, no se ha tratado de actuaciones sostenidas en el tiempo, ni sus resultados han sido debidamente evaluados, de manera que en demasiadas ocasiones las ayudas han resultado ineficaces, cuando no contraproducentes.

La situación actual es especialmente preocupante. La producción de alimentos alcanzó durante 2008 su máximo histórico y, sin embargo, el pasado año se produjo una crisis alimentaria que agravó la situación de penuria de miles y miles de personas. Hoy, esa crisis ha remitido en parte (los precios de los alimentos han bajado un 30%), pero las nuevas circunstancias son poco alentadoras. La crisis financiera dificulta ya la obtención de créditos por parte de los agricultores para la adquisición de semillas y fertilizantes, con lo que es posible que la producción agrícola sufra un descenso durante los próximos años. Por otro lado, los menores ingresos fiscales van a tener como consecuencia, casi inevitable, una disminución de los recursos que los países ricos dedicarán a atajar el problema. Y además, la población mundial aumenta cada año de forma inexorable. Se estima que en 2050 habrá en el Mundo 9.000 millones de personas y que será necesario aumentar de forma significativa la producción mundial de alimentos para que pueda comer lo suficiente toda la Humanidad.

Ante esta situación se suelen proponer dos tipos de medidas de carácter contrapuesto. Por un lado, investigadores y técnicos especialistas en asuntos agrícolas proponen actuaciones que eleven la producción de alimentos. Entre estas actuaciones cabe citar el impulso a la investigación para el desarrollo de variedades de plantas más resistentes a la falta de agua y a las plagas y que proporcionen rendimientos más altos, o el apoyo económico de Occidente a las inversiones en infraestructuras y tecnología agrícola. Pero por otro lado, los movimientos altermundistas, de carácter ecologista o campesino principalmente, se oponen frontalmente a las políticas -que denominan incrementalistas- que persiguen elevar la producción de alimentos, y propugnan soluciones de muy diferente naturaleza. Estos inciden en la cuestión de la propiedad de la tierra, defienden la denominada ‘soberanía alimentaria’ y se oponen tajantemente a las innovaciones científicas, por considerar que dichas innovaciones hacen depender a los agricultores de todo el mundo de los intereses de Occidente y, más en concreto, de los de las grandes empresas del sector agrícola. El abucheo con el que, según relatan las crónicas, despidieron algunos participantes en la cumbre la intervención del economista Jeffrey Sachs constituye una imagen muy ilustrativa de esas posturas.

Es cierto que el aumento en la producción de alimentos no garantizará por sí mismo el final del hambre, y es igualmente cierto que persisten en numerosos países situaciones de grave injusticia social. Pero también lo es que sin aumentar de forma significativa la producción de comida no podrán alimentarse debidamente todos los seres humanos. Es imprescindible que se invierta en ciencia y tecnología agrícola, y también en infraestructuras y en formación.

Eso es imprescindible, claro que lo es, pero no será del todo efectivo si los países más afectados por el hambre no avanzan por la senda del desarrollo económico. Necesitan seguridad jurídica; necesitan que se respeten los derechos básicos, incluidos los de propiedad; necesitan que se minimice la corrupción; y necesitan poder acceder a créditos con facilidad. Y aunque haya quien no lo quiera aceptar, necesitan, por supuesto, que los países ricos (Estados Unidos, Japón, Noruega y Unión Europea) eliminen de una vez por todas los obstáculos -en forma de subsidios y aranceles- a la importación de alimentos de otros países. La exportación de alimentos es en demasiadas ocasiones la única fuente de riqueza de un país, no tiene por qué socavar las posibilidades de alimentar a la población propia y es fuente de desarrollo. Hoy son mil millones los seres humanos que sufren hambre y desnutrición; mañana podrán ser muchísimos más.

Just a few months ago, we were being told that this is a period of stark, unprecedented and unfolding food crisis, with looming shortages and huge global imbalances between demand and supply. Everyone who matters – from officials in international organisations to leaders of rich and poor countries – warned us of the terrible social, political and nutritional consequences of doing nothing, of the millions who would go hungry and the riots that would occur if the imbalances persisted or increased.

But now the whole problem has disappeared from the international radar, relegated to the inside pages of newspapers and perfunctory afterthoughts in politicians’ speeches. So what happened? Was it not such a problem, after all?

No, the “silent tsunami” has simply been overwhelmed in public awareness by the much noisier tsunami in the world of international finance, with the giant sucking sounds of possible bank collapses and enormous bail-outs grabbing all the attention. Yet the global food crisis is far from over, and is even likely to intensify in the near future.

One reason why many analysts decided that the food crisis may not be so intense is the global decline in crop prices that began sometime in the middle of last year. For about two years before that, commodity prices, including both food and non-food crops, had been increasing, and in the first few months of 2008 they soared. But in early June last year the prices of both oil and food crops fell, so that they are now lower than they were even a year ago.

When food prices were rising, there was much talk of the shifts in demand that were causing this trend. President Bush joined those who decided that this reflected the increased demand from China and India as their per capita incomes grew. This was a ludicrous argument because food consumption has actually declined in both countries. Both economies have shown even sharper declines in per capita food intake despite the continued presence of widespread hunger, because of increased income inequalities within these countries. In any case, that argument about more food demand from China and India quickly collapsed along with the fall in global prices. Now it is more than evident that the wild swings that have been observed in food and several commodity markets over this year have been the result of speculative forces, rather than any real changes in global demand and supply.

But despite this volatility and the recent price decline, the food crisis remains. And it does indeed reflect patterns of demand and supply – but not the ones that have been talked about. The basic problem now is not even one of absolute shortage so much as the inability to pay for food, and this problem will get worse for many developing countries and their poorer citizens.

Three problems now dominate the global food scenario. First, there is a crisis of cultivation, especially in the developing world. This is the result of two decades of policy neglect: falling public investment in agricultural research, extension and support; aggressive trade liberalisation that exposed southern farmers to heavily subsidised marketing by northern agribusinesses; financial liberalisation that reduced cultivators’ access to credit and made them prey to speculative forces that also affected prices. As a result, cultivation costs have increased even in years when crop prices are falling, and cultivation is becoming unviable in many countries.

Second, this has been associated with a depression in wages in developing countries, which means that mass purchasing power did not increase even when the economies were growing. So demand for food has not gone up, simply because the poor do not have the incomes to pay for it.

Third, there has been an increasing concentration of firms operating in global agriculture, with a few large agribusinesses coming to dominate both input and output markets. These companies are also the ones who benefit from government subsidies promoting ethanol, which divert land meant for food to the paradoxically more energy-intensive production of fuel for cars. This concentration is reflected in recent food-price trends: while world prices have fallen sharply in the past four months, retail prices of food in most developing countries have not fallen.

Unfortunately, each of these negative processes is likely to intensify. The financial crisis will reduce the ability of developing country governments to increase much-needed investment in agriculture or enlarge the distribution of affordable food. It will adversely affect wage incomes, reducing purchasing power further. And it will add to pressures for concentration in industry, including agribusiness.

In the middle of last year, we had a global outcry about the perilous state of billions of people in developing countries whose governments could not afford to provide enough food for them and who could not themselves earn enough to buy food at prevailing prices. These problems are now worse, but the global outcry is all about the multinational banks that are under threat. And several multiples of the money that could not be found to provide food for the hungry are quickly being delivered to bail out irresponsible finance.

The extraordinary rainstorms last June caused catastrophic soil erosion in the grain lands of Iowa, where there were gullies 200 feet wide. But even worse damage is done over the long term under normal rainfall — by the little rills and sheets of erosion on incompletely covered or denuded cropland, and by various degradations resulting from industrial procedures and technologies alien to both agriculture and nature.

Soil that is used and abused in this way is as nonrenewable as (and far more valuable than) oil. Unlike oil, it has no technological substitute — and no powerful friends in the halls of government.

Agriculture has too often involved an insupportable abuse and waste of soil, ever since the first farmers took away the soil-saving cover and roots of perennial plants. Civilizations have destroyed themselves by destroying their farmland. This irremediable loss, never enough noticed, has been made worse by the huge monocultures and continuous soil-exposure of the agriculture we now practice.

To the problem of soil loss, the industrialization of agriculture has added pollution by toxic chemicals, now universally present in our farmlands and streams. Some of this toxicity is associated with the widely acclaimed method of minimum tillage. We should not poison our soils to save them.

Industrial agricultural has made our food supply entirely dependent on fossil fuels and, by substituting technological “solutions” for human work and care, has virtually destroyed the cultures of husbandry (imperfect as they may have been) once indigenous to family farms and farming neighborhoods.

Clearly, our present ways of agriculture are not sustainable, and so our food supply is not sustainable. We must restore ecological health to our agricultural landscapes, as well as economic and cultural stability to our rural communities.

For 50 or 60 years, we have let ourselves believe that as long as we have money we will have food. That is a mistake. If we continue our offenses against the land and the labor by which we are fed, the food supply will decline, and we will have a problem far more complex than the failure of our paper economy. The government will bring forth no food by providing hundreds of billons of dollars to the agribusiness corporations.

Any restorations will require, above all else, a substantial increase in the acreages of perennial plants. The most immediately practicable way of doing this is to go back to crop rotations that include hay, pasture and grazing animals.

But a more radical response is necessary if we are to keep eating and preserve our land at the same time. In fact, research in Canada, Australia, China and the United States over the last 30 years suggests that perennialization of the major grain crops like wheat, rice, sorghum and sunflowers can be developed in the foreseeable future. By increasing the use of mixtures of grain-bearing perennials, we can better protect the soil and substantially reduce greenhouse gases, fossil-fuel use and toxic pollution.

Carbon sequestration would increase, and the husbandry of water and soil nutrients would become much more efficient. And with an increase in the use of perennial plants and grazing animals would come more employment opportunities in agriculture — provided, of course, that farmers would be paid justly for their work and their goods.

Thoughtful farmers and consumers everywhere are already making many necessary changes in the production and marketing of food. But we also need a national agricultural policy that is based upon ecological principles. We need a 50-year farm bill that addresses forthrightly the problems of soil loss and degradation, toxic pollution, fossil-fuel dependency and the destruction of rural communities.

This is a political issue, certainly, but it far transcends the farm politics we are used to. It is an issue as close to every one of us as our own stomachs.

A billion people around the world face a stark choice – to drink potentially lethal water or nothing. Sometimes when faced with these huge facts, we can feel that there is nothing we can do to change them.

When I first heard the remarkable story of Pump Aid, I was reminded of something Margaret Mead, the American anthropologist, once said: “Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it’s the only thing that ever has.”

Pump Aid is the story of three thoughtful, committed Zimbabwean teachers who saw several students die after drinking contaminated water, and believed that they could make a difference. Ten years later, Ian Thorpe, Amos Chitungo and Tendai Mawunga’s organisation has provided clean drinking water to one million people across Zimbabwe and Malawi via their brilliantly simple elephant pump. Brilliant because it can lift water from 50m, and produce a litre of water a second – enough to drink, cook with and even grow crops.

Simple because the pump uses nothing more complicated than rope and washers, so it can be fixed by the people who use it. Once a village’s application for an elephant pump is successful, Pump Aid provides materials and expertise, and villagers help to construct the pump. This means that 95 per cent of the pumps are working at any one time.

Pump Aid wants to help people beyond Zimbabwe and Malawi, and establish clean water supplies for eight million of the poorest people across Africa. There can be no greater cause – because dirty water kills. At any one time, half of all hospital beds in developing countries are filled with people suffering from water-borne diseases. Women in Africa spend, on average, a quarter of their day walking to fetch water. Girls often help, and that means they do not have the time to go to school.

This tragedy of wasted potential was brought home for me when I visited the village of Kedida Gamela in Ethiopia in October. Because the rains had failed, women were forced to walk for five hours a day to reach the nearest source of water, a muddy watering hole, shared by animals and people alike.

While I was in Kedida Gamela, rain fell for the first time in months. It began to form huge, dirty puddles, from which I knew those villagers would be forced to drink, inviting disease that could kill them or their children. Millions of people face the same daily dilemma. An elephant pump would transform their lives.

Tema: La crisis alimentaria supone un fuerte retroceso en la lucha contra el hambre en América Latina y el Caribe.

Resumen: La crisis alimentaria no es de disponibilidad, es de carestía de los alimentos. El cambio de tendencia implica precios promedio superiores en los años venideros y ruptura de la seguridad de un abaratamiento continuado del abastecimiento alimentario, y un fuerte retroceso en la lucha contra el hambre en América Latina y el Caribe. Entre 2005 y 2007 el numero de personas subnutridas creció en 6 millones, alcanzando los 51 millones. Con las fuertes subidas de precios durante la primera parte de 2008 (cuyo efecto en la inflación sigue presente) es posible que hayamos retornado a los 53 millones de subnutridos de comienzos de los años 90.

Las políticas sociales iniciadas en la década de 1990 en algunos países han evitado que ese impacto haya sido más extenso y de mayor gravedad, si bien la sostenibilidad de dichos sistemas puede quedar comprometida en los países más vulnerables. Las oportunidades que abriría para la agricultura familiar y campesina un escenario de precios más elevados, se ven disminuidas por el riesgo de permanencia de una alta volatilidad y por la carencia o insuficiencia de políticas y medios para ayudar a esos sectores a mejorar sus capacidades técnicas y de inserción a los mercados. En términos de integración, la variedad de políticas ad hoc que han adoptado los países constituirán una dificultad adicional para avanzar en los procesos de integración. Igualmente la crisis ha favorecido la adopción del concepto de soberanía alimentaria por muchos países y dirigentes políticos, lo que a su vez tendrá consecuencias dentro y fuera de la región.

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China’s food supply appears to be awash in the industrial chemical melamine. Dangerous levels have been detected not only in milk and eggs, but also in chicken feed and wheat gluten, meaning that melamine is almost impossible to avoid in processed foods. Melamine in baby formula has killed at least four infants in China and sickened tens of thousands more.

In response, the United States has blasted lax Chinese regulations, while the Food and Drug Administration, in a rare move, announced last week that Chinese food products containing milk would be detained at the border until they were proved safe.

For all the outrage about Chinese melamine, what American consumers and government agencies have studiously failed to scrutinize is how much melamine has pervaded our own food system. In casting stones, we’ve forgotten that our own house has more than its share of exposed glass.

To be sure, in China some food manufacturers deliberately added melamine to products to increase profits. Makers of baby formula, for example, watered down their product, lowering the amount of protein and nutrients, then added melamine, which is cheap and fools tests measuring protein levels.

But melamine is also integral to the material life of any industrialized society. It’s a common ingredient in cleaning products, waterproof plywood, plastic compounds, cement, ink and fire-retardant paint. Chemical plants throughout the United States produce millions of pounds of melamine a year.

Given the pervasiveness of melamine, it’s always possible that trace elements will end up in food. The F.D.A. thus sets the legal limit for melamine in food at 2.5 parts per million. This amount is indeed minuscule, a couple of sand grains in an expanse of desert that pose no real threat to public health. Moreover, the 2.5 p.p.m. figure is calculated for a person weighing 132 pounds — a cautious benchmark given that the average adult weighs 150 to 180 pounds.

But these figures obscure more than they reveal. First, while adults eat about one-fortieth of their weight every day, toddlers consume closer to one-tenth. Although scientists haven’t measured the differential impact of melamine on infants versus adults, it’s likely that this intensified ratio would at least double (if not quadruple) the impact of legal levels of melamine on toddlers.

This doubled exposure might not land a child in the hospital, but it could certainly contribute to the long-term kidney and liver problems that we know are caused by chronic exposure to melamine.

On a more concrete note, melamine not only has widespread industrial applications, but is also used to buttress the foundation of American agriculture.

Fertilizer companies commonly add melamine to their products because it helps control the rate at which nitrogen seeps into soil, thereby allowing the farmer to get more nutrient bang for the fertilizer buck. But the government doesn’t regulate how much melamine is applied to the soil. This melamine accumulates as salt crystals in the ground, tainting the soil through which American food sucks up American nutrients.

A related area of agricultural concern is animal feed. Chinese eggs seized last month in Hong Kong, for instance, contained elevated levels of melamine because of the melamine-laden wheat gluten used in the feed for the chickens that produced the eggs.

To think American consumers are immune to this unscrupulous behavior is to ignore the Byzantine reality of the global gluten trade. Tracking the flow of wheat gluten around the world, much less evaluating its quality, is like trying to contain a drop of dye in a churning whirlpool.

More ominous, the United States imports most of its wheat gluten. Last year, for instance, the F.D.A. reported that millions of Americans had eaten chicken fattened on feed with melamine-tainted gluten imported from China. Around the same time, Tyson Foods slaughtered and processed hogs that had eaten melamine-contaminated feed. The government decided not to recall the meat.

Only a week earlier, however, the F.D.A. had announced that thousands of cats and dogs had died from melamine-laden pet food. This high-profile pet scandal did not prove to be a spur to reform so much as a red herring. Our attention was diverted to Fido and away from the animals we happen to kill and eat rather than spoil.

Frightening as this all sounds, the concerned consumer is not completely helpless. We can seek out organic foods, which are grown with fertilizer without melamine — unless that fertilizer was composted with manure from animals fed melamine-laden feed (always possible, as the Tyson example suggests).

We could further protect ourselves by choosing meat from grass-fed or truly free-range animals, assuming the grass was not fertilized with a conventional product (something that’s also very hard to know).

But as all the caveats above indicate, these precautions will only go so far. Melamine, after all, points to the much larger relationship between industrial waste and American food production. Regulations might be lax when it comes to animal feed and fertilizer in China, but take a closer look at similar regulations in the United States and it becomes clear that they’re vague enough to allow industries to “recycle” much of their waste into fertilizer and other products that form the basis of our domestic food supply.

As a result, toxic chemicals routinely enter our agricultural system through the back channels of this under-explored but insidious relationship.

So, sure, let’s keep the heat on China. And, yes, let’s take with a big dose of skepticism the Chinese government’s assurances that they’re improving the food supply.

At the same time, though, instead of delivering righteous condemnation, the United States should seize upon the melamine scandal as an opportunity to pass federal fertilizer standards backed by consistent testing for this compound, which could very well be hidden in plain sight.

El 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación. La lucha contra la plaga de la desnutrición ha contado con un largo periodo de progresos moderados, pero sostenidos. Ello no obstante, tras los espectaculares incrementos de precios de los alimentos básicos, este año se ha invertido la tendencia. Se ha producido un fuerte retroceso que nos ha situado de golpe años atrás. Según la FAO, en la actualidad son 923 millones las personas que pasan hambre en el mundo, 75 millones más que hace un año. Este retroceso evidencia la existencia de nuevas variables que dan al traste con el conformismo actual.
¿Qué hacer? Las estadísticas nos dicen algo que todos ya sabemos, que la clave de la lucha contra el hambre es el desarrollo económico y ello quiere decir formación, tecnología, infraestructuras, equipos, maquinaria. Desnutrición y subdesarrollo se retroalimentan y para romper la cadena hay que actuar sobre el eslabón del crecimiento económico. A pesar de ello, buena parte de los fondos en la lucha contra el hambre se destinan a actuaciones asistenciales; solo una parte se dirige a mejoras estructurales que modifiquen la capacidad de desarrollo del país asistido. Pero la asistencia es imprescindible. No por razones estratégicas podemos dejar de atender lo inmediato. Es más, cuando la necesidad es perentoria, lo inmediato no admite demoras ni semántica sobre prioridades.
En un símil próximo, Manuel Vázquez Montalbán decía no atreverse a fijar los límites que separaban la caridad de la solidaridad. En resumen, se dispone de unos recursos escasos para cubrir unas necesidades asistenciales urgentes y unos costosos objetivos de desarrollo económico a largo plazo.
Sin embargo, en el puzle del siglo XXI a favor de la opción del desarrollo, además de los recursos clásicos, contamos con una nueva pieza que no había sido considerada hasta ahora: se trata de internet. A veces, las cosas más evidentes aparecen invisibles a nuestros ojos. Internet y en general las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han roto todos los muros y fronteras virtuales hasta imponer la realidad actual de un mundo globalizado.
Años atrás, voces ilustres advertían de los riesgos de la sociedad dual, la conectada y la no conectada a las redes telemáticas (autopistas de la información). Hoy se está viendo que las TIC están siendo la puerta para integrar dos mundos reales, el conectado al bienestar y el desconectado de este bienestar.

¿CUÁL ES LA puerta que abre internet para lograr este objetivo? La respuesta es el conocimiento, que internet pone a disposición de toda la humanidad a un coste, en términos relativos, muy reducido. Hoy, teóricamente, cualquier habitante del planeta puede tener acceso con cierta facilidad, vía Internet, a la información de una biblioteca con más información que cualquier otra biblioteca del mundo 15 años atrás. Este acceso, a pesar de las múltiples barreras culturales y económicas que efectivamente existen, está provocando una dinámica de contagio del conocimiento en forma de mancha de aceite. Internet se ha convertido en la más importante herramienta de intercambio cultural, de comparación, de diálogo y de información de la humanidad. Se trata de un gigantesco club de usuarios donde todos son maestros y todos, a su vez, alumnos.
Por otra parte, internet abre las puertas al intercambio de servicios. Es el llamado offshoring o outsourcing internacionales o, dicho en otras palabras, la deslocalización digital. Las relaciones comerciales entre centro y periferia son casi tan viejas como la humanidad. El comercio de mercancías ha sido la base del intercambio económico entre la metrópoli y las colonias, entre países desarrollados y el llamado tercer mundo. Sin embargo, es una relación que con excesiva facilidad pasa a ser desigual. Por el contrario, el intercambio de servicios vía internet crea relaciones casi anónimamente más igualitarias y, por tanto, favorables al desarrollo de los países de la periferia. Un ciudadano de Nueva Delhi, por ejemplo, puede competir con un profesional cualificado de Los Ángeles con unas infraestructuras mínimas de comunicación, un ordenador y conocimiento. No importa que el interlocutor esté a 9.000 kilómetros de distancia o en el despacho de al lado, el coste es parecido, solo importa el conocimiento. Hoy es Nueva Delhi, pronto puede ser Luanda. Tal como dice Thomas Friedman, la subcontratación exterior no es solo cosa de traidores, también lo es de idealistas.

DE HECHO, garantizar el acceso económicamente accesible a las redes telemáticas de información y comunicación es la herramienta más eficaz en términos coste-beneficio para el desarrollo autosostenido. Algo que organizaciones como la Bill and Melinda Gates Foundation deberían considerar, dada precisamente su proximidad cultural con esta herramienta tecnológica.
En otro sentido, para nuestro país, esta nueva realidad es la puerta a nuevos retos e incertidumbres. Nos acercamos a un mundo distinto, multipolar, más desarrollado y, por lo tanto, más apretado. Ello requerirá muchos reajustes, no siempre fáciles. En cualquier caso, en un mundo sin fronteras, encerrarse en un imaginario castillo local es una ilusión que puede salir muy cara dentro de unos años.

The milk was marketed as pure and wholesome, and it looked fine to the naked eye. How were the mothers to know they were poisoning their babies? They had paid good money for it on the open market. It would take thousands of sick children before lawmakers did anything to stop it.

China in 2008? No, New York City in 1858. Missing from the coverage of the current Chinese baby formula poisoning, in which more than 53,000 babies have been sickened and at least four have died, is how often it has happened before.

The disaster unfolding now in China — and spreading inevitably to its trading partners — is eerily similar to the “swill milk” scandal that rumbled on in New York for several decades of the 19th century.

In a city growing fast, but lacking refrigeration, it was hard to provide sufficient milk. Fresh milk was brought in from Westchester and Orange Counties, but not enough to meet demand. In 1853, it was found that 90,000 or so quarts of cow’s milk entered the city each day, but that number mysteriously increased to 120,000 quarts at the point of delivery.

Some of the increase was due to New York dairymen padding their milk with water, and then restoring its richness with flour — just like their latter-day Chinese counterparts, who increased the protein levels in watered-down milk by adding the noxious chemical melamine. But the greater part was swill milk, a filthy, bluish substance milked from cows tied up in crowded stables adjoining city distilleries and fed the hot alcoholic mash left from making whiskey. This too was doctored — with plaster of Paris to take away the blueness, starch and eggs to thicken it and molasses to give it the buttercup hue of honest Orange County milk. This newspaper attributed the deaths of up to 8,000 children a year to this vile fluid.

In China, journalists have known of the poison milk for months, but weren’t allowed to spread the news because of the Olympics. Even worse, it has been only four years since China’s last baby formula scandal, when fraudsters in Anhui Province manufactured fake formula from sugar and starch, killing at least 13 babies. In the case of swill milk, the New York dairymen had been informed for decades that their milk was unsafe.

As early as 1842, a temperance crusader named Robert Hartley warned that city milk could be catastrophically tainted. Throughout the 1850s, newspapers published exposés of the distillery dairies and called for the city to close them. Some of the cows were so diseased from their alcoholic diet that their teeth rotted and their tails fell off. Their udders were frequently ulcerated, but they would be milked regardless.

Finally, in 1858, Tammany Hall sent Alderman Michael Tuomey to “investigate” a notorious swill milk dairy on West 16th Street. Tuomey sat down with the dairy owners and drank a glass or two of whiskey. He concluded that swill milk was just as good for children as ordinary milk, and anyone who refused to drink it simply had a “prejudice.”

Again, there are echoes with China. The Chinese government had exempted several of the nation’s biggest dairies from inspections, one of the reasons the scare was allowed to spread unchecked from baby formula to yogurt to the whole of the Chinese dairy industry and its exports. (The British candy maker Cadbury announced yesterday, for instance, that it had discovered melamine in some of its Chinese-made milk chocolates.) This isn’t just laissez-faire — it’s an approach to the food supply that is so deliberately hands off that it amounts to an invitation to swindling. Heads are rolling now, but too late for the sick babies.

The similarities between China today and New York 150 years ago shouldn’t come as a great surprise. Adulteration on such a scandalous scale occurs in societies with a toxic combination of characteristics: a fast-growing capitalist economy coupled with a government unable or unwilling to regulate the food supply. In such get-rich-quick societies, there is a huge temptation to tamper with food, particularly when margins are low. The rewards are instant, and it’s not always easy for consumers to detect the difference between the pure and the doctored — particularly with a substance like milk, which we have been taught to trust implicitly.

Such scandals are not bad luck. They are symptomatic of a deep failure of politics. Prime Minister Wen Jiabao’s hasty gestures — punishing the dairies, forcing the head of the food quality agency to resign — have done nothing to deal with the underlying regulatory vacuum.

In the end, New York milk was cleaned up. It took stronger food laws, better policing, the advent of pasteurization and the passage of the Food and Drug Act in 1906, 50 years after the worst of swill milk. Above all, it took decades, not months or years. China faces many more food scandals — to add to recent alarms like pesticide-laced dumplings and lard made from sewage — before it reaches the point where its citizens can routinely trust what they eat.

The American food supply is still flawed, as this year’s panic over salmonella in produce showed. But it’s worth remembering that it has been far worse. China’s present is America’s past.

Tema: El incremento en los precios internacionales de los alimentos está provocando tensiones económicas, sociales y políticas en diversos puntos del planeta. Este ARI comenta las múltiples causas que explican dicha subida y los desafíos que este nuevo contexto representa, focalizándose en los países productores de alimentos.

Resumen: La subida generalizada de las materias primas agrícolas es consecuencia de diversos factores, siendo los principales el incremento de la demanda como consecuencia del rápido crecimiento y el alza de los ingresos de países densamente poblados como China y la India (de carácter estructural), y una política de fomento a la producción de biocombustibles (en particular del obtenido a partir del maíz) que, junto al alza de los precios energéticos y el consecuente incentivo a la sustitución, generó más presión a los precios de granos y oleaginosas. Para los países pobres, importadores netos de alimentos, este nuevo escenario genera graves riesgos en materia de seguridad alimentaria. Sin embargo, y paradójicamente, también puede ocasionar importantes desafíos en aquellos países exportadores netos de alimentos por el impacto que el nuevo escenario de precios tiene sobre la pobreza y la desigualdad. Para mitigar esos efectos, resulta necesaria la implementación de programas de transferencia de ingresos y/o alimentos a los sectores más vulnerables. En un contexto financiero mundial incierto no debe soslayarse la posibilidad de utilizar otros instrumentos que, además de estimular la incorporación de valor a las materias primas exportadas por los países productores, contribuyan a contener el alza de los precios internos de los alimentos y generen recursos al Fisco.

Análisis: Excepto el breve período de la década de 1970, la segunda mitad del siglo XX estuvo caracterizada por alimentos baratos. Con la subida producida desde 2006 en los precios internacionales de los alimentos (profundizada a partir del segundo semestre de 2007), esta etapa parece haber finalizado. El nuevo escenario de precios ha generado, en los últimos meses, protestas y conflictos sociales y políticos en países con niveles de desarrollo muy disímiles. Egipto, Camerún, Burkina Faso, Pakistán, Indonesia, Marruecos, México, Haití  —con la caída del primer ministro—, Costa de Marfil, Argentina e Italia son sólo algunos ejemplos.

La subida de los precios internacionales de los alimentos y el petróleo representa, en términos agregados, una oportunidad para aquellos países exportadores netos de dichos productos; y un grave riesgo en materia de seguridad alimentaria (desnutrición, hambrunas, etc.) para los países subdesarrollados importadores netos (conjuntamente con posibles desequilibrios de la balanza de pagos).

Gráfico 1. Evolución del precio de la soja, trigo y maíz, enero 2000 – junio 2008

Fuente: elaboración propia en base a Bloomberg

También es importante tener en cuenta la situación dentro de los países a priori “beneficiados”. En aquellos con bajo nivel de desarrollo y alto porcentaje de personas viviendo en zonas rurales, con una agricultura básica de pequeñas explotaciones y escasa tecnificación, la nueva configuración de precios relativos tenderá a mejorar la situación de dichos productores. Esto eventualmente permitirá compensar el aumento de la pobreza en la población marginal urbana. Pero cuanto mayor sea el nivel de concentración en la tenencia de la tierra, con la consiguiente tecnificación agrícola y comercial, y más elevada la densidad poblacional urbana, más riesgos conlleva el nuevo escenario de aumento en los niveles de pobreza y empeoramiento en la distribución de la renta.

La primera parte de este trabajo analiza los factores que explican el alza en los precios de los commodities (con énfasis en los alimentarios). Posteriormente, se describen las consecuencias del nuevo escenario en el interior de los países productores de alimentos; repasando cuáles son las herramientas disponibles para mitigar los efectos en términos de pobreza y desigualdad en sus economías.

¿Por qué suben los precios de los alimentos?

Diversas causas explican el alza de los precios internacionales de los alimentos. La primera en orden de motivos tradicionales, pero hoy quizá la menos relevante desde el punto de vista estructural, es la depreciación del dólar desde 2002, al existir una correlación negativa entre el valor de la divisa estadounidense y el precio de los commodities. Si bien parte del aumento puede deberse a ello, midiendo el precio de los alimentos en otras monedas apreciadas respecto al dólar (como el euro) las subidas también han sido significativas. Por eso hay que atender a otros factores más profundos.

Existen aspectos explicativos relacionados con elementos coyunturales, como la sequía en Australia y las bajas cosechas en Ucrania y la UE, el descenso de los stocks mundiales de granos, y las restricciones a las exportaciones implementadas recientemente por distintos países (Argentina, Camboya, China, Egipto, Etiopía, la India, Kazajistán, Pakistán, Rusia y Vietnam). Estos son factores explicativos de una incidencia muy baja, ya que en el primer caso la menor producción se compensó con aumentos en otras regiones, y porque el descenso de los stocks y las restricciones a la exportación son el resultado y no la causa de la subida en los precios. Adicionalmente, de tratarse de elementos cuyo poder explicativo fuera alto y con posibilidades de reversión a nivel agregado, el problema que enfrentamos dejaría de serlo.

Uno de los principales motivos estructurales está relacionado con el incremento del ingreso y la demanda globales. El crecimiento económico de países como China y la India ha modificado su estructura productiva y social: las migraciones hacia las ciudades, el aumento del ingreso y la reducción de la pobreza han diversificado la dieta alimentaria de cientos de millones de personas, que pasan de consumir proteína vegetal a proteína animal. Asimismo, el desarrollo de sus industrias ha elevado la demanda de materias primas y energía, presionando los precios al alza.

El incremento del precio del petróleo y sus derivados eleva los costes de la producción agrícola, a través de mayores precios de fertilizantes y el combustible para la producción y transporte de los alimentos. Sin embargo, este efecto directo en el precio del petróleo no parece ser el más relevante. Como ha estimado D. Mitchell para EEUU, dicha subida explica apenas un 15%–20% del incremento del precio de los alimentos. Por otro lado, el efecto indirecto, a través del incentivo a la producción de biocombustibles, merece un análisis más cuidadoso.

Varios países han establecido en los últimos años objetivos de utilización de biocombustibles, mediante la implementación de incentivos fiscales y subsidios, combinados con altos aranceles a la importación. Como ha señalado el Banco Mundial, la UE ha establecido para 2010 una meta del 5,75% de biocombustibles, de modo que entre 2001 y 2007 la producción de biodiesel (principalmente a partir de aceite de soja y girasol) se multiplicó por seis. En EEUU, en 2005, se determinó un objetivo de utilización de 28.400 millones de litros de combustibles renovables para transporte en 2012 (incrementando a finales de 2007 la meta de etanol a partir de maíz a 56.800 millones de litros para 2022). Otros países de magnitud, como Brasil, China, la India y Tailandia tienen metas explícitas de utilización de biocombustibles.

Estas políticas, impulsadas por el alza del petróleo, han incentivado la producción de biocombustibles. Entre 2004 y 2007, un 70% del aumento en la producción mundial de maíz ?de 55 millones de toneladas? fue absorbido por el incremento en la demanda de biocombustibles sólo en EEUU, provocando un descenso en los stocks mundiales de maíz. Su utilización en la producción de biocombustibles (81 millones de toneladas en EEUU, más 5 millones en Canada, China y la UE) representa el 25% de la producción maicera de EEUU y el 11% mundial.

Se genera así una tendencia a un súbito cambio en los patrones geográficos de producción. En EEUU se sustituyeron otros cultivos (como la soja) en favor del maíz. El estímulo a los biocombustibles también ha reducido las áreas destinadas al trigo en Argentina, Canadá, la UE, Kazajistán, Rusia y Ucrania para aumentar la producción de oleaginosas para la obtención de biodiesel (el trigo y las oleaginosas crecen en condiciones climáticas y tierras similares). Tomando a los ocho mayores exportadores de trigo, mientras que el área cultivada decreció un 1% entre 2001 y 2007, la de colza y girasol se expandió un 36%.

Pero no toda la producción de biocombustibles tiene el mismo efecto sobre la sustitución de otros cultivos. Al hablar de biocombustibles aludimos al etanol (obtenido de la caña de azúcar, la remolacha o el maíz) y al biodiesel (a partir de aceites vegetales ?como soja, girasol, colza, lino, etc.? o grasas animales). El impacto asociado a la producción de biocombustible a partir del maíz o la soja, en países de clima templado y alta utilización de tierras fértiles, difiere respecto al producido a partir de cultivos de alto contenido energético, en países tropicales y subutilización de tierras. El etanol en Brasil se produce a partir de la caña de azúcar (con una eficiencia energética aproximadamente seis veces mayor que el maíz), y el incremento en la producción de etanol no ha tenido el “efecto colateral” de sustituir otros cultivos. Sin embargo, el efecto global en la disponibilidad y el precio de las principales fuentes de alimento continúa dependiendo de lo que ocurre en las zonas más fértiles.

Es saludable investigar en los biocombustibles para sustituir combustibles fósiles no renovables, con innovaciones tecnológicas que permitan en el futuro cercano obtener de forma económicamente eficiente combustibles a partir de la biomasa contenida en productos no alimenticios que no compitan directamente con la producción de alimentos. Pero resulta casi inevitable que surja una presión para que los países desarrollados replanteen sus objetivos de exigencia de utilización de biocombustibles, ya que el objetivo de seguridad energética comienza a afectar la seguridad alimentaria de otros países, con los consiguientes riesgos políticos y sociales.

La combinación de incentivos a los biocombustibles y altos precios del petróleo (que vuelve rentable la producción de combustibles a partir de alimentos), junto a los efectos ya mencionados, ha aumentado los vasos comunicantes entre los mercados alimentarios y energéticos. Es la primera vez que esta relación entre fuentes energéticas ?una para la vida o el capital humano y otra para las máquinas o el capital físico? queda tan de manifiesto, y las consecuencias de este renovado vínculo deben ser seguidas muy de cerca.

La tendencia reciente de los precios agrícolas sumada a las especulaciones acerca del precio de la energía y su interrelación con el coste de la comida, ha incentivado en los últimos tiempos la toma de posiciones financieras ?particularmente en los mercados de futuros de alimentos? por inversores institucionales. Sin embargo, el debate acerca del peso del componente “especulativo” en el alza de los precios de los alimentos no está claro. Resulta difícil cuantificar adecuadamente su magnitud, al tratarse de mercados de productos perecederos donde la transacción subyacente tiene lugar a un precio determinado por la oferta y la demanda y con un seguimiento razonable de stocks mundiales. Ello pareciera indicar que el impacto especulativo debiera estar limitado al corto plazo ya que los precios deberían convalidarse posteriormente. Sin embargo, en ese corto plazo podría existir una traslación del precio futuro al precio spot.

En momentos en los cuales el tema de los alimentos se ha posicionado en las instancias multilaterales, vale la pena mencionar también el efecto combinado que cierto desinterés en las últimas décadas de los organismos multilaterales para financiar proyectos agrícolas (el Banco Mundial redujo el porcentaje de los préstamos anuales destinados a la agricultura del 30% en 1980 al 12% en 2007) y las políticas de subsidios y precios sostén en los países centrales ?con el consecuente impacto sobre los precios internacionales? han tenido sobre los incentivos a la producción agrícola.

El nuevo contexto en los países productores de alimentos

El alza de los commodities ha incrementado los índices de precios mundiales. En una muestra de cinco países de América del Sur (Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay) la inflación promedio en los precios de alimentos se triplicó en 2007 respecto a 2006 (del 3,7% al 10,7%), aunque dicho traspaso no ha sido de la misma magnitud en todos los países del mundo. Esto se debe, en primer lugar, a que la proporción del ingreso total destinada a alimentos es sustancialmente mayor en los países en desarrollo: en Argentina ?que sigue siendo uno de los países con menor desigualdad de Latinoamérica? el 20% más pobre de la población destina en promedio un 49% de su ingreso a alimentos y bebidas. En segundo lugar, la incidencia del alza de las materias primas en los precios de los alimentos es menor en los países más desarrollados, ya que el nivel de procesamiento de los alimentos consumidos es mayor (provocando que el peso de la subida en la materia prima se diluya en relación a los otros costes de elaboración, como los salarios, el empaquetado, la publicidad, etc.). De esta forma, el efecto sobre los precios de los alimentos ?y sobre la pobreza y la desigualdad? será mayor en los países con menor nivel de desarrollo relativo.

La subida de precios internacionales incrementa el ingreso de los vendedores netos de alimentos (venden más de lo que consumen). De esta forma, el efecto neto sobre la pobreza dependerá de si las ganancias asociadas al alza de los precios más que compensan el incremento de la pobreza de los sectores urbanos compradores netos de alimentos. Según las estimaciones de M. Ivanic y W. Martin, que analizan los efectos para países de bajos ingresos con un alto porcentaje de población rural ?Bolivia, Madagascar, Malawi, Nicaragua, Pakistán, Perú, Vietnam y Zambia?, el impacto general de unos mayores precios de los alimentos es un incremento en los niveles de pobreza, dado que la mayoría de los pobres son compradores netos. En el caso de países productores de alimentos con menor población rural y alta concentración en la propiedad de la tierra, el impacto de la subida de los precios sobre la pobreza y la desigualdad sería esperable que fuera aún más pronunciado. Así, lo que puede ser una muy buena noticia para algunos ?se trate ya de grupos de personas o de países? se transforma en un gran inconveniente para muchos otros.

La aptitud de distintas respuestas de política económica

Desde los ámbitos multilaterales, todas las recomendaciones de política señalan la necesidad de que las medidas parciales de los países no lleven a un equilibrio general subóptimo. Se prescriben las recetas más habituales, como: (a) reducción de impuestos a los alimentos (aranceles de importación, IVA, etc.); (b) transferencia en efectivo a los sectores más vulnerables; (c) programas de efectivo por trabajo; y (d) programas de alimentación escolar. Teóricamente, se trata de recomendaciones acertadas. El riesgo es que si el mundo se queda sólo con esas herramientas y surgen problemas no previstos, la reacción será recurrir a instrumentos menos estudiados y urgentes. Ningún gobernante responsable se quedará de brazos cruzados o se limitará a lo técnicamente recomendable para el equilibrio general mientras contempla tensiones sociales o políticas. Por ello, la cuestión debe ser contemplada con mayor profundidad.

Existen diversos inconvenientes prácticos para implementar las recomendaciones de política más tradicionales. El primero y más claro es que exige un mayor y sustancial esfuerzo fiscal, en países con dificultades estructurales para elevar su recaudación y cuando la coyuntura financiera internacional debería motivar un comportamiento más prudente sobre las erogaciones. En un marco de crisis global, con la desaceleración del ritmo de crecimiento mundial y el impacto que los mayores precios del petróleo generan sobre la cuenta corriente en aquellos países que no son autosuficientes en materia energética, las dificultades de financiamiento constituyen un obstáculo no menor.

Adicionalmente, existen cuestiones vinculadas a la eficacia en la cobertura de los programas sociales. Dado que es esperable que en países de bajos ingresos la debilidad institucional genere complicaciones en la implementación y administración de los programas, se corre el riesgo de que con una focalización que reduzca los costes no se logre llegar de forma efectiva a la totalidad de la población vulnerable.

Si estos inconvenientes ?el difícilmente financiable coste fiscal o la baja efectividad? tornan inviables las soluciones canónicas, la emergencia degradará la calidad de las soluciones. Ya son varios los países productores que ante la subida de los precios internacionales y su impacto local han implementado medidas restrictivas a las exportaciones a fin de asegurar el abastecimiento interno (cierre o limitación de las exportaciones) o contener las presiones inflacionarias domésticas (mediante la implementación de improvisados derechos de exportación). El mundo pasará así de intentar fallidamente la mejor solución a otras claramente subóptimas, sin la posibilidad de analizar otras instancias.

Si bien pueden perseguir objetivos similares, existen diferencias sustanciales entre limitar o cerrar exportaciones o gravar las ventas externas. Pese a que ambas apuntan a contener los precios internos, el impacto es directo en el caso de los derechos de exportación pero indirecto en las restricciones a las ventas, ya que opera primero a través del efecto en cantidades. Ello hace que pueda demorar un poco más de tiempo y que sea difícil calibrarla. Adicionalmente, se hace más complicada la regulación tendiente a mantener el equilibrio deseado.

Segundo, si bien ambas importan una redistribución de los productores a los consumidores, las restricciones constituyen una redistribución general y no focalizada en los sectores más vulnerables. Adicionalmente, las limitaciones a las ventas externas imposibilitan el establecimiento de mecanismos que discriminen el tipo de producción ?por ejemplo en áreas marginales que comienzan a ser explotadas por los elevados precios externos? reduciendo aquellas producciones que requieren de incentivos en cuanto a su precio neto para ser llevadas a cabo.

Los derechos de exportación constituyen una política que no conlleva estas dificultades, que debe ser distinguida de las restricciones y que, en vista del contexto internacional y las posibles y desordenadas reacciones locales, merece ser estudiada en mayor detalle. El impacto en la pobreza y la distribución de la renta es sustancial. Un arancel a las exportaciones tiene un impacto inmediato y fácilmente cuantificable en los precios internos. Por otro lado, mediante la captación de una porción de rentas extraordinarias (debidas al contexto internacional de precios) provee recursos fiscales a los gobiernos para financiar programas que mitiguen el efecto de los mayores precios sobre la población más vulnerable. En el caso argentino, la implementación de derechos de exportación desde la mega crisis de 2002 ?explicada por la megadevaluación y luego por los extraordinarios precios internacionales? permitió fortalecer las cuentas fiscales, aportando el 2,5% del PIB en promedio cada año, en un contexto de fuerte crecimiento de los ingresos tributarios y consolidar un superávit promedio superior al 3% del PIB en el quinquenio 2003–2007 (la participación de este impuesto sobre el total de los recursos tributarios se mantuvo en torno al 10,5%).

La generación de recursos por vía del impuesto a un grupo de bienes primarios exportados permite atender la situación del ingreso de áreas marginales a la producción de esos mismos bienes por la vía de un subsidio o compensación, por ejemplo, por flete hasta puertos de salida o de otra índole que torne nulo el impacto de la retención en esas zonas y por ende no afecte el incentivo marginal a producir.

Finalmente, si la alícuota del derecho es decreciente en función del nivel de elaboración del producto, funcionan como un incentivo a la agregación de valor a los productos básicos y de compensación de las estructuras de aranceles de importación vigentes en los países importadores (con el consecuente impacto sobre la generación de empleo y los salarios), a la vez que permite sostener de forma genuina un tipo de cambio competitivo, evitando la apreciación nominal asociada a la denominada “enfermedad holandesa”. En términos de la dinámica de crecimiento y empleo, con su efecto en la pobreza, y de agregado de valor con su impacto en la desigualdad, no son éstos impactos desdeñables.

De acuerdo a las estimaciones de Díaz Bonilla, la eliminación de los derechos de exportación generaría un incremento en la desigualdad en la distribución del ingreso y la pobreza, con efectos sobre el empleo debido a la especialización productiva en sectores menos trabajo–intensivos y una precarización, en términos de valor agregado, de la canasta exportadora. Las limitaciones que los instrumentos comúnmente más aceptados pueden evidenciar dentro del actual contexto justifican el surgimiento de otros más heterodoxos, como los derechos de exportación. Sin embargo, es preciso analizar algunos aspectos de su potencial aplicación en detalle.

Su implementación, que tenderá a extenderse a más países si el contexto de precios elevados perdura, debe ser cautelosa. Primero, debe evitarse que una herramienta de fácil recaudación afecte la disciplina fiscal y se torne un sustituto de una gestión responsable y sustentable de las erogaciones. Segundo, debe contemplarse adecuadamente que, si bien se está introduciendo una distorsión, no esté tergiversando las señales de precios emanadas del contexto internacional e inducen a mayor producción. El objetivo es que la producción crezca a un ritmo mayor al consumo interno, que lo hace levemente por encima del crecimiento vegetativo a medida que el país se desarrolla. Si ello se logra, el excedente exportable es mayor cada año. Así, podrán rebajarse periódicamente los derechos, compensando por efecto de las cantidades la pérdida fiscal debida a la menor tasa y manteniendo las transferencias a los sectores vulnerables. Esto implica que en la medida en que aumente el crecimiento de la producción interna de alimentos (incrementando el saldo exportable) y el desarrollo económico permita una apreciación progresiva del tipo de cambio real, los derechos de exportación deberían seguir un sendero decreciente. Están claros los efectos nocivos de caer en un círculo vicioso en lugar de en el virtuoso descrito.

Respecto a la disciplina fiscal, existen dos riesgos. Uno es la pretensión, que puede ir in crescendo, de financiar con estos instrumentos otros programas sin relación directa. El segundo, asociado con el primero o que lo podría agravar, es actuar como si estos ingresos fiscales extraordinarios fueran permanentes. Si el esquema de impuestos a las exportaciones y subsidios a los estratos más expuestos a los precios de los alimentos y a compensaciones de zonas marginales se torna superavitario, la prudencia en el actual escenario mundial reclama que se utilice para constituir fondos de reserva. Esto es particularmente relevante si, debido no sólo a los crecientes precios sino a su elevada volatilidad, se opta por la implementación de un esquema de derechos de exportación móviles que acompañe a la evolución de los precios internacionales (calibrado en función de la evolución de los costes de producción del sector) que permita desacoplar los precios internos y brindar los incentivos de una manera más estructural, como un contrato de más largo plazo que no deberá ser arbitrariamente modificado.

Conclusión: El incremento de precio de los commodities agrícolas ha puesto al mundo frente a desafíos de magnitudes que hacía mucho tiempo no enfrentaba. Los riesgos son múltiples. Los más inmediatos y graves son los consiguientes aumentos en la desnutrición, las potenciales hambrunas y una mayor pobreza, dando por tierra con las mejoras globales de la última década. Lo anterior podría generar tensiones sociales e inestabilidad política en distintos puntos del planeta, existiendo varios indicios. Finalmente, enfrentados a esos escenarios, las repuestas de política económica de algunos gobiernos podrían incluir elementos que lleven a un equilibrio general subóptimo, agravando la situación global. Esto último no debería extrañar, ya que la reacción racional de cualquier dirigente ante la gravedad de los problemas enfrentados será privilegiar el bienestar interno inmediato, poniendo en un segundo plano los efectos secundarios (internacionales y de largo plazo). Por ello, al realizar recomendaciones de política económica, resulta imprescindible concentrarse en aquellas que ?más allá de su solidez teórica? resulten no sólo practicables sino también consistentes con la situación financiera mundial y los resguardos que todos los países ?en especial los menos desarrollados? deben tener. El riesgo de no contemplar estos elementos radica en que la potencial reacción ante el fracaso de las recetas tradicionales consista en medidas que empeoren indubitablemente el panorama general. Adoptar una perspectiva más realista a priori puede llevar a revisar los diagnósticos habituales sobre algunos instrumentos específicos, como los impuestos a la exportación a aplicarse en los países emergentes productores de alimentos y con desigualdad de ingresos.

Pocas sentencias han quedado tan anticuadas y en tan poco tiempo como aquella célebre de Bertolt Brecht según la cual “primero es el comer y luego viene la moral”. La pronuncia uno de los protagonistas de su Ópera de los tres centavos, en la canción ¿De qué vive el hombre?, a la que puso música Kurt Weil y que fue estrenada en 1928. En ella retrata las típicas hipocresías que fueron el objeto predilecto de sus denuncias. En este caso, una mafia de mendigos en el Soho londinense del siglo XVIII, que trataba de aprovecharse de la compasión de los paseantes. Esta afirmación tiene pleno sentido en el contexto de criticar la doble moral; al contraponer las necesidades fundamentales y los deberes de la conciencia, la urgencia de sobrevivir y el lujo de las sutilezas morales, sitúa el discurso moral en su suelo vital al que necesariamente remite. La moral no debe servir para hacer la vida imposible.

Reconozcamos que Brecht es un autor fascinante para obtener una imagen del mundo en el que esté claro dónde se encuentra el bien y dónde el mal; tiene toda la razón que le falta al capitalismo, pero hace agua cuando la complejidad exige ir más allá del anti capitalismo elemental y la crítica requiere mayor sutileza. En cualquier caso, uno siempre puede reconfortarse con sentencias tan elementales como la de “¿qué delito es el robo de un banco comparado con el hecho de fundar uno?”, también de la misma ópera.

Pero el anacronismo de esta frase está en otro registro. Su autor no pudo saber que un día casi toda la ética fuera a caber en la cesta de la compra y que la justicia alimentaria pudiera simbolizar todas nuestras preocupaciones en torno a la justicia en general. Hoy la moral parece haberse desplazado desde el dormitorio hasta el comedor. La moral ya no viene después del comer sino al mismo tiempo. La food justice se ha convertido hoy en un espacio en el que confluyen todas las exigencias morales. La comida es un ámbito de obligaciones especialmente intensas, respecto de nosotros mismos, de los demás, la naturaleza o los animales. Comer no es un acto privado, ética y políticamente irrelevante, sino una práctica cotidiana en la que el mundo se juega su destino, lo configuramos o lo destruimos, en la que literalmente nos comemos el mundo. Pensemos en el hecho de que con una metáfora alimentaria (la macdonalización) solemos referirnos al malestar ante la globalización. Con nuestra decisión acerca de qué comer, decidimos también cómo queremos vivir e incluso en qué clase de mundo queremos vivir.

En la justicia alimentaria se concentra buena parte de nuestros principales dilemas éticos y políticos: los problemas de la alimentación presente y futura de una creciente población mundial teniendo en cuenta la sobrecarga ecológica del planeta; la discusión en torno a las posibilidades de suprimir el hambre en el mundo mediante los transgénicos, con sus riesgos inherentes; el número creciente de personas que se alimentan de una manera insana, también y especialmente en el mundo más desarrollado. Se extiende la exigencia de una agricultura sostenible, de una política alimentaria respetuosa con los derechos humanos; coinciden en el tiempo las exigencias de justicia económica global y el desarrollo de una ética del consumo, lo que podría estar anunciando una nueva convergencia entre el gusto y la justicia.

El desarrollo económico que ha tenido lugar desde la segunda mitad del siglo XX ha conducido a una extensión social del bienestar anteriormente inimaginable. Por primera vez en la historia, gracias a la producción segura de alimentos y a su provisión en el mercado, una gran cantidad de consumidores de los países ricos dispone de los presupuestos materiales necesarios para poder comer lo que quiera. En las estanterías de cualquier gran supermercado está a nuestra disposición una enorme cantidad de productos a precios asequibles. La cuestión es quién vive en ese paraíso: nosotros los consumidores de los países ricos. Esa particularidad nos obliga a formular principios éticos en orden a la universalización de los bienes y nos sitúa frente a las contradicciones del mundo actual en lo que se refiere a las posibilidades y las realidades de la alimentación.

¿Es posible alimentarse mejor de lo que lo hacemos? ¿Cómo deberíamos comer y qué hábitos alimentarios deberíamos cambiar de modo que todos se pudieran alimentar bien?

En las relaciones que se establecen como consecuencia de la alimentación comparecen asuntos que tienen una fuerte dimensión de justicia, como la producción y provisión de alimentos. Pero el asunto se amplía con la progresiva toma de conciencia de que el consumidor está igualmente obligado a examinar su conducta de acuerdo con criterios de justicia. También el que come debe tomar en consideración el valor de justicia de lo que come, si está producido con equidad, si daña el medio ambiente, si pone en peligro su propia salud y se convierte por ello en una carga para otros, si lo hace responsablemente examinando sus consecuencias globales… Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades del ciudadano, del sujeto particular, del consumidor, en orden a modificar las injusticias globales en materia de alimentación? Mejorar el estado de la alimentación mundial no está al alcance de uno solo, por supuesto, pero tampoco de los grandes poderes; las autoridades políticas y económicas no pueden nada sin los seres humanos, sin los consumidores y sus microdecisiones cotidianas.

La clave está en la fuerza transformadora de los estilos de vida. La renuncia a consumir no es una estrategia practicable de sostenibilidad. Lo que se reclama cada vez con más fuerza es una modificación de nuestro estilo de vida. En el debate sobre desarrollo sostenible los consumidores ocupan ahora un lugar central; son considerados como verdaderos motores de todo cambio estructural en la medida en que tienen la posibilidad de “hacer política con el carro de la compra”. Andoni Luis Aduriz nos daba recientemente algunas pistas en estas mismas páginas.

La relevancia de la alimentación en orden a la sostenibilidad es manifiesta: según las estimaciones aceptadas, entre un 30% y un 40% de los problemas medioambientales son debidos directa o indirectamente al comportamiento dominante en el consumo. Una gran relevancia para la salud y el medio ambiente tiene, por ejemplo, el elevado consumo de carne; el uso de productos congelados también plantea graves efectos sobre la sostenibilidad; muchas enfermedades y alergias se deben a una mala alimentación, especialmente las que están vinculadas al sobrepeso. La alimentación sostenible tiene una clara dimensión ecológica. Podría mencionarse a este respecto la compra de alimentos con criterios de regionalidad, trazabilidad y estacionalidad. De este modo, por ejemplo, se minimiza el transporte y se fortalecen los circuitos económicos regionales.

Sabemos, por otro lado, que una cuarta parte de las basuras domésticas tienen su origen en el empaquetamiento de los alimentos. Los envases reciclables o los productos con poco envoltorio contribuyen a disminuir notablemente la cantidad de basura y el uso de energía.

Existe por tanto un contrapoder de los sujetos que es preciso activar mediante la información, los incentivos y las sanciones fiscales. Del mismo modo que la política requiere de los ciudadanos para su legitimación y la economía depende en última instancia del comportamiento de los accionistas y consumidores, las prácticas cotidianas de la comida actúan sobre las relaciones de poder que constituyen el complejo mundo de la alimentación (y, por añadidura, el mundo en general). Dentro de los espacios de juego existentes, nuestra libertad de determinar qué y cómo comemos establece límites reales a la industria y a la política.

Las costumbres alimenticias permiten al individuo configurar el tipo de vida que desea para sí y modificar su relación con el mundo. Cada uno de nosotros, en el ámbito de su conducta alimentaria, puede llevar a cabo una mejora del mundo, inapreciable pero insustituible. Comer es hoy un acto político global, una verdadera conspiración revolucionaria. Nuestras decisiones cotidianas en esta materia configuran el mundo, para bien o para mal. Brecht no hubiera formulado aquella simplificadora oposición de haber sabido que, actualmente, el comer se ha convertido en un asunto moral, en una cuestión de ciudadanía.

El problema del abastecimiento de alimentos a escala global no es nuevo, pero empeora. Y parece que, de momento, los organismos internacionales que dicen ocuparse de ello, algunos esporádicamente, no han logrado frenar el aumento del número de personas que pasan hambre en el mundo, en su mayoría agricultores. Pese a que la FAO se encuentra hoy cerca del objetivo de reducir a la mitad su proporción –el porcentaje de personas desnutridas–, en realidad el nú- mero total crece. Además, el encarecimiento del precio de los alimentos básicos tiende a agravar este desastre, puesto que se prevé que unos 100 millones de personas pasen a formar parte del colectivo de los que pasan hambre en el mundo.
En este contexto, la declaración de intenciones que los líderes del G-8 regalaron al mundo el pasado 8 de julio es un claro exponente de la inopia y la carencia de respuesta de los gobiernos de los países más ricos ante un problema que se agrava. El G-8 se limita a repetir el cuento neoliberal según el cual hace falta liberalizar aún más el mercado agroalimentario para terminar con el hambre en el mundo. Este cuento sería algo aburrido si no fuera porque la gravedad del problema reclama que la sociedad civil, consciente de ello, denuncie, denunciemos, lo que es una falsedad manifiesta: que la intención del G-8 cuando pide que la OMC liberalice más aún el mercado agroalimentario internacional sea paliar el hambre en el mundo.
Este fragmento del cuento, repetido una y mil veces, no puede convertirse en verdad, puesto que el G-8 olvida mencionar que ha sido la tendencia liberalizadora la que nos ha llevado a la situación actual de desabastecimiento a nivel global. Me remito al informe que la FAO publicó en el 2004: “Durante las últimas décadas, un puñado de corporaciones transnacionales, integradas verticalmente, han ganado un creciente control sobre el comercio, la elaboración y la venta mundial de alimentos”. Este escenario tiene graves repercusiones en la seguridad alimentaria de millones de personas, como, por ejemplo, “los pequeños agricultores y trabajadores sin tierra que conforman el grueso de la población con hambre crónica en el mundo”. “Para estas personas, la globalización de las industrias de la alimentación y la expansión de la gran distribución presentan tanto una oportunidad de acceder a nuevos mercados como un importante riesgo de aumentar la marginación e incluso de extremar su pobreza”, concluía la FAO en su informe de ese año.

LLEGADOS al 2008, todas las evidencias indican que la concentración de la producción y la distribución se agravan, con la consecuente degradación de las condiciones de vida de los agricultores de los países de la periferia. Sus mercados locales se desmantelan y se quedan desprovistos a causa de modelos productivos ajenos que abonan el campo a los abusos comerciales de las grandes multinacionales de la industria y la distribución alimentaria monopolística. Mientras, las 30 mayores cadenas de supermercados del mundo acumulan más de un tercio de las ventas de alimentos. Es necesario recordar que Catalunya no queda fuera de esta dinámica, puesto que cuatro cadenas aglutinan el 50% de la superficie comercial y del volumen de ventas del sector cotidiano. Además, el subdesarrollo rural en los países de la periferia, es decir, la carencia de carreteras, puertos, telecomunicaciones y una infraestructura adecuada impide a sus agricultores participar de un comercio internacional monopolizado por las grandes corporaciones.
Por lo tanto, ahora que el problema del hambre se agrava, ¿cómo tenemos que entender la “magnanimidad” con la que el G-8 nos presenta la receta de la liberalización, mientras propicia la tendencia a la concentración del mercado agroalimentario?
Cuando el G-8 delega en la ronda de la OMC, también sabe que ha sido este organismo el que ha actuado en la dirección contraria a la de propiciar una regulación de los mercados agroalimentarios que los haga más justos y equitativos a nivel global. Más bien los países más ricos han usado el sector agrario como moneda de cambio en beneficio de los intereses comerciales globales de otros sectores y de la concentración de los alimentos en manos de las multinacionales.

FRENTE A un modelo de distribución irracional y monopolístico que ha logrado el desabastecimiento de buena parte de la población mundial, la Unió de Pagesos de Catalunya ya formuló en su día que debe buscarse una alternativa al actual funcionamiento del comercio internacional de alimentos. Y no es otra que la de la soberanía alimentaria, que persigue, entre otros objetivos, primar la producción agrícola local para alimentar y proveer a la población; el acceso del campesinado y de los sin tierra a la tierra, al agua, las semillas y los créditos; unos precios ligados a los costes de producción; la participación de los pueblos en la definición de la política agraria, así como el reconocimiento de los derechos de las agricultoras que tienen una función esencial en la producción agraria y la alimentación. En definitiva, el derecho del campesinado a producir alimentos y a recibir un precio justo y el derecho de los consumidores a decidir qué quieren consumir, cómo y quién lo produce.

Hay muchos perdedores en nuestro nuevo mundo de gasolina y alimentos caros: los pobres en casi todas partes, las clases medias bajas, las compañías aéreas, las empresas de importación de alimentos… Y ahora aparece una nueva víctima: el sueño ecologista de conseguir un mundo más sostenible, equilibrado y equitativo. Esa visión de una Tierra armoniosa está amenazada por todas partes.

A algunos puede extrañarles esta conclusión. ¿Acaso los elevados precios del petróleo no recortan nuestras costumbres gastadoras? ¿No es positivo que entremos en un mundo sin Hummers? ¿No se nos está empujando a tomar medidas de ahorro energético? ¿No se nos está obligando a buscar fuentes de energía alternativas y más inteligentes: la energía solar y la térmica, la energía eólica y la de las olas?

Sí, todo eso es verdad. Pero, al mismo tiempo, también se está obligando a la población y las autoridades a adoptar políticas a las que el movimiento ecologista se ha opuesto, a menudo con éxito, desde hace 40 años. Desesperados por amortiguar el golpe que supone un petróleo a 130 dólares o más el barril y por prevenir el descontento popular, los Gobiernos están tomando medidas que dejan helados a casi todos los ecologistas.

La lista de retrocesos es larga. Mientras en el norte hay familias que vuelven a las estufas de leña, en los trópicos hay comunidades que talan bosques con más intensidad que nunca, y en India los más pobres queman estiércol y un queroseno de dudosa procedencia. Aún más, el Congreso de Estados Unidos recibe fuertes presiones para incrementar las perforaciones y extracciones en plataformas marinas delicadas desde el punto de vista ambiental, como el norte de Alaska y una franja del norte del Estado de Nueva York. Muchos Gobiernos quieren volver a la energía nuclear y preven construir decenas de nuevos reactores, que se unirán a numerosas nuevas plantas alimentadas por carbón.

Como es natural, los ecologistas se oponen, pero es dudoso que puedan oponerse en estos tiempos turbulentos a las presiones, los argumentos y las campañas en contra. Los argumentos sobre la seguridad nacional y la necesidad de reducir la dependencia de fuentes energéticas extranjeras e inseguras, las presiones para aumentar los subsidios a los combustibles en los países en vías de desarrollo y las campañas para reducir los impuestos sobre el petróleo y el gasóleo para los pescadores, los camioneros y las pequeñas empresas en los países industrializados.

Hasta hace poco, era posible alegar que una gran subida de los impuestos sobre el combustible podía ayudar a reducir nuestra afición a los todoterrenos devoradores de gasolina (además de incrementar las arcas del Gobierno). Hoy día, salvo entre las poblaciones más progresistas y acomodadas, sería imprudente el político que propusiera una cosa así.

Y luego está la decisión, muy controvertida, de incrementar la energía alternativa de moda, el etanol, sobre todo en su modalidad menos sensata, que es la de producir el combustible a partir de maíz. No sólo es mucho menos eficaz que el proceso a partir de caña de azúcar, y no sólo beneficia de forma desproporcionada a determinados intereses especiales agrarios y empresariales, sino que -al menos en el caso de Estados Unidos- ha tenido un efecto de sustitución negativo. Ahora que los agricultores del Medio Oeste de EE UU se han pasado al monocultivo y han convertido miles de hectáreas de soja y trigo en maíz, el precio de los primeros ha subido.

Esto nos lleva al derrumbe de la esperanza ecologista en que avancemos hacia una producción de alimentos más benigna con el medio ambiente (es decir, “orgánica”), con unos agricultores locales que cobran precios decentes (es decir, “comercio justo”) a unos consumidores agradecidos y más sanos. No sólo la crisis energética está colocando a muchos agricultores y pescadores contra las cuerdas, sino que el aumento de los costes de los alimentos en general y la demanda creciente de 1.000 millones más de asiáticos están reavivando los llamamientos a tomar unas medidas que los ecologistas siempre han detestado.

Así que no tengo la menor duda de que los argumentos en favor de la producción de alimentos transgénicos tienen muchas más posibilidades de ser aceptados hoy que hace 10 años; si hay que escoger entre las necesidades dietarias de 6.500 millones de personas (en 2050, quizá 9.000 millones) y los temores sobre los alimentos transgénicos, el resultado parece claro.

La demanda de alimentos permitirá vencer las aprensiones sobre el método de producción. Lo mismo ocurrirá probablemente con los llamamientos de algunas empresas agroquímicas para que se utilicen más fertilizantes y pesticidas. Cada lado asegurará tener la ciencia de su parte y recurrirá a sus propios expertos. Pero, al final, es muy posible que las consideraciones políticas y de seguridad pesen más que las preocupaciones ecológicas y de salud.

Las inseguridades sobre el abastecimiento de alimentos ya han hecho que los grupos agrarios de presión de tipo proteccionista, desde Francia hasta Japón, afirmen que sus políticas de altos aranceles sobre las importaciones de alimentos han estado muy justificadas, porque sólo con el mantenimiento (o incluso el refuerzo) de esas barreras pueden los países tener garantizada la presencia en la mesa de pan y manzanas en momentos de crisis.

Estas afirmaciones interesadas preocupan a los economistas del desarrollo, que dicen que la mejor forma de que Europa ayudara a África a prosperar sería permitir la importación de alimentos y, de esa forma, mejorar el nivel de vida de millones de cultivadores africanos de frutas, aceite de oliva, cereales, vino y otros productos. Pero por sólido que sea este argumento, las posibilidades de que se haga realidad y de que se establezca un régimen de libre comercio agrario mundial han disminuido.

Y aún no hemos hablado de las posibilidades de agitación política y social como consecuencia del encarecimiento del combustible y los alimentos, algo de lo que el Banco Mundial y la Organización Mundial de Alimentos llevan tiempo advirtiendo.

Se podría escribir otra media docena de artículos sobre todos los aspectos del problema. Lo único que hemos hecho aquí es señalar que las nuevas tendencias, con sus repercusiones tanto en los países ricos como en los pobres (salvo unos cuantos exportadores de petróleo), están erosionando, y van a erosionar aún más, muchas de las victorias conseguidas y de las teorías sostenidas por el movimiento ecologista.

La intensificación de las perforaciones de petróleo en zonas delicadas, el regreso de la energía nuclear, las presiones sobre los bosques tropicales y boreales, la preferencia por el etanol procedente de maíz, la posibilidad creciente de que se recurra a la agricultura transgénica y a un mayor uso de fertilizantes y el impulso dado al proteccionismo agrario del Primer Mundo son elementos que suscitan pesimismo entre los amigos de la tierra. Y deberían suscitarlo entre nosotros también.

Por supuesto, los ecologistas resistirán y, a largo plazo, es incluso probable que los desorbitados precios energéticos sirvan de aliciente para crear fantásticas tecnologías alternativas. A los lectores que vivan en comunidades con alto nivel de educación y de conciencia ecológica (y de renta), desde Seattle hasta Estocolmo, y que ya disfruten de las nuevas tecnologías inteligentes, este artículo puede parecerles demasiado sombrío. Pero es posible que no se den cuenta de lo privilegiada que es su situación en comparación con la mayor parte de la humanidad. En estos momentos, los tremendos aumentos de los costes del combustible y los alimentos están haciendo que muchos reclamen una rebaja de las exigencias en muchos frentes. Si esa tendencia prevalece, es muy probable que nuestro mundo se aleje cada vez más del sueño ecologista sobre una humanidad capaz de ordenarse de otra manera.

Quizá ese sueño no podía hacerse realidad ante nuestra continua expansión demográfica, el increíble aumento de la demanda de bienes y servicios que la acompaña y el agotamiento de varias reservas clave de materias primas. Sea o no así, la desagradable realidad actual es que las cosas no están mejorando, sino todo lo contrario, para los defensores de un planeta más limpio y acogedor.

La crisis alimentaria mundial refleja el fin de la ilusión de abundancia en la que hemos vivido desde hace 20 años. Los factores que la han originado son múltiples y complejos: un desequilibrio estructural creciente entre oferta y demanda producido por políticas equivocadas y por la demanda de los países emergentes, agravado por malas condiciones climáticas y por el precio del petróleo, que tiene un gran impacto en los costes agrícolas desde los fertilizantes al transporte, y amplificado por la especulación ante la escasez creada por las restricciones a la exportación y la debilidad de los stocks.

Otro de los factores causantes de la crisis, señalado con frases lapidarias, se atribuye al papel de los biocombustibles. Aunque habría que distinguir entre bioetanol y biodiésel, su impacto ha sido, en mi opinión, menor del que se les adjudica mientras que el de la especulación ha sido mayor del que se quiere reconocer.

En efecto, un 77% de aumento del índice de precios FAO en el 2007, no puede explicarse por los 20 millones de toneladas adicionales de cereales dedicados al bioetanol sobre una producción mundial de 2.100 millones. Debe haber otras causas más importantes, como las malas cosechas.

Por ejemplo, en Europa dedicamos a la producción de bioetanol 2 millones de toneladas, menos del 2% del total de la cosecha, pero ésta disminuyó 33 millones en el 2005, 11 en el 2006 y no se recuperó en el 2007.

Por ello la Comisión Europea insiste en mantener el objetivo del 10% de participación de los biocombustibles, basado en criterios estrictos de sostenibilidad y teniendo en cuenta los de segunda generación que no interfieren en la producción alimentaria. Y el Parlamento Europeo ha rechazado todas las enmiendas destinadas a suprimir o reducir este objetivo.

El cereal que más ha subido de precio es el arroz, que no se utiliza en la producción de bioetanol. El trigo se utiliza muy poco pero también ha subido mucho. Y, por el contrario, el azúcar ha bajado a pesar de que la caña que lo produce es la materia prima del etanol brasileño en plena expansión. Pero, como explicó el presidente Lula en Roma, la caña de azúcar de Brasil ocupa el 2% de las tierras agrícolas y sólo la mitad se dedica al etanol. Los datos de la producción de cereales desmienten que la expansión del etanol se haya hecho en detrimento de la producción de alimentos.

Es cierto que un 25/30% de la cosecha de maíz americano se dedica a la producción de bioetanol y ello ha influido, de forma difícil de cuantificar, en el aumento de su precio. Pero, aun así, el maíz es el cereal que menos ha subido en términos relativos.

El 99% de la producción es maíz amarillo, que no se usa para la alimentación humana. Y las exportaciones americanas de maíz no han disminuido porque la producción también ha aumentado. Si no se hubiese dedicado al bioetanol lo más probable es que no se hubiese producido y la oferta alimentaria no habría sido mayor.

No se puede estar en misa y repicando. Si se suprimen los subsidios a la exportación agrícola, parte de la producción buscará otra finalidad. Lo mismo ocurre en Europa: no se puede acusar a las exportaciones europeas de destruir las agriculturas de otros países y también de causar el hambre cuando ya no se exportan y se dedican a producir energía.

Por ello los biocombustibles no deberían ser el chivo expiatorio de los problemas alimentarios mundiales. Con las debidas precauciones pueden contribuir decisivamente a la descarbonificación del transporte y a generar recursos para los países en desarrollo, mientras se impulsan los de segunda generación.

En cambio, parece claro que la especulación en los mercados financieros de futuros ha actuado como acelerador de los precios. Un aumento de 400 a 1.000 dólares la tonelada de arroz en cinco semanas, no se puede atribuir a ninguna variable física y mucho menos a la producción de biocarburantes, que no lo consumen.

En plena escalada de precios, el capital de los fondos de inversión en productos agrícolas europeos se multiplicó por 5 y por 7 en los americanos. Lo mismo ocurrió con el número de contratos de futuros. El desplazamiento de las inversiones especulativas quedaba bien reflejado en los impúdicos anuncios de algunos bancos europeos invitando a sus clientes a invertir para “sacar provecho de los efectos del cambio climático y del encarecimiento de los alimentos”. Ante la protesta del Parlamento Europeo esos anuncios fueron rápidamente retirados.

En el caso de las tortillas mexicanas, producidas con maíz blanco, el propio gobernador del Banco Central reconocía que su carestía no se podía imputar a la producción de bioetanol americano a partir de maíz amarillo, sino al acaparamiento especulativo de los tres grupos agroindustriales que se reparten el mercado.

La crisis mexicana tiene mucho que ver con la disminución de su capacidad agrícola. Desde 1994 México ha triplicado su importación de cereales mientras 2 millones de hectáreas han ido al barbecho y 2 millones de empleos agrarios perdidos emigran a EE UU. Lo mismo ha ocurrido en muchos países en desarrollo. Se impulsó la agricultura de exportación aprovechando los bajos costes laborales en detrimento de la producción de alimentos para la población, destruyendo el equilibrio territorial y provocando la dependencia alimentaria, confiando en que los precios a la importación serían siempre bajos.

Hoy el 75% de los 3.000 millones de pobres son rurales y malviven de la agricultura. Pero ésta sólo recibe el 4% de la ayuda al desarrollo. Como se dice y repite, esta crisis es una oportunidad para impulsar el desarrollo agrícola, especialmente en África. Para aprovecharla hay que aumentar su productividad aportando insumos en vez de una ayuda alimentaría que no resuelve el problema de fondo y cuya disponibilidad depende de la cuantía de nuestros excedentes.

Pero no repitamos los errores del pasado. No bastará dotar de semillas y abonos a los pequeños agricultores africanos si siguen enfrentados a importaciones con las que no pueden competir. Y la producción no aumentará, más bien disminuirá, sin un enorme esfuerzo para adaptarse a las consecuencias, ya inevitables, del cambio climático en África. Ni servirá de nada aumentarla sin infraestructuras que permitan trasladarla a los mercados. A ello se refirió claramente el presidente Zapatero en Roma.

La situación es grave y no tiene solución única ni rápida. Casi todos los protagonistas de la reunión de Madrid, encuentro organizado por el Partido Socialista después de la Conferencia de la FAO en Roma, habían alertado a la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo de la nueva cara del hambre provocada por el incremento de los precios agrícolas. Y el Programa Alimentario Mundial nos acaba de pedir 100 millones de dólares adicionales para alimentar a la población palestina en Gaza y Cisjordania.

Los biocarburantes pueden contribuir a este nuevo desarrollo agrícola aumentando la inversión y generando precios rentables sin los cuales no hay desarrollo agrícola posible.

Forman parte de una respuesta a la crisis alimentaria que debe ser tan multidimensional y compleja como sus causas. Y sin olvidar que necesitamos alimentar a un 50% más de seres humanos y, a la vez, reducir un 50% las emisiones de CO2 de aquí al 2050.