Hace un par de décadas, me reuní en Londres con el promotor cultural Peter Florence. Hablamos de la necesidad de un festival que compitiese, al menos regionalmente, con el muy famoso y concurrido de Edimburgo, en Escocia. Pensamos en el país de Gales y su gran tradición. Como los escoceses hablan escocés, los galeses hablan galés y esto los distingue del mundo anglo-londinense. Se creó, pues, el festival en el pequeño poblado de Hay-on-Wye. Su patriarca sería un famoso residente local, Eric Hobsbawm. Su geografía, el paisaje de colinas rodantes y bosques esporádicos.

Hay se expandió de su primera localidad galesa a Belfast, Nairobi, Las Maldives, Kerala, Beirut y, en lengua castellana, a Segovia, Cartagena de Indias y Zacatecas. Patrocinado por la gobernadora Amalia García, el festival se mudó cuando el siguiente gobierno no le dio el mismo apoyo que Amalia. Xalapa, en cambio, recibió a Hay con entusiasmo. Hoy, Hay-Xalapa entra a su segundo año de vida, custodiado por el Rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo y animado por el muy atento y vivaz público de la capital xalapeña.

A la reunión de Cartagena de Indias concurrieron escritores latinoamericanos de la nueva generación. El boliviano Edmundo Paz Soldán, la argentina Claudia Piñeiro, el mexicano Xavier Velasco, la brasileña Nélida Piñón, los peruanos Mario Bellatin y Gustavo Rodríguez, el nicaragüense Sergio Ramírez, los españoles Carmen Posadas y Javier Moreno, el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa y los colombianos Belisario Betancur, Santiago Gamboa, y Juan Gabriel Vázquez. Amén del nigeriano Ben Okri, el italiano Bruno Arpaia y el norteamericano Jonathan Franzen, cuyo título más reciente, Libertad (Freedom) es una extraordinaria incursión en el mundo moderno de los EE.UU. A los personajes y la trama, Franzen añade, con “libertad”, historia y ética, política y noticia, sicoanálisis y ensayos fuera (sólo en apariencia) del contexto.

Junto con Sergio Ramírez y Javier Moreno, participé en un encuentro en el teatro Adolfo Mejía con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Abierta a un público que llenó el recinto, la conversación fue variada pero se ajustó al enunciado, “ideas para un mundo en transición”. Subrayo que el Presidente Santos se presentó en un escenario público, sin límite de entrada, y lo subrayo porque dudo que muchos jefes de estado latinoamericanos participen de manera tan libre en un evento abierto a todos. Ello sólo subraya la popularidad y respeto que los colombianos otorgan a Santos, rechazado sólo por los extremos de derecha e izquierda.

Es explicable. Santos ha negado a la guerrilla el apoyo de los campesinos a los que ha entregado tierras propias en lo que equivale a una reforma agraria colombiana. La narcoguerrilla ya no es el santo patrono del campesinado. Santos –como Cárdenas en México– les ha dado la tierra, no los narcotraficantes que así pierden su clientela agraria. A los pueblos de Colombia, Santos ha enviado soldados originarios del lugar, que cuentan con la amistad y hasta el parentesco de los habitantes locales. El presidente ha continuado, en estas condiciones, la lucha contra los narcos de derecha e izquierda, robándoles apoyo e inflingiéndoles las penas previstas por una legalidad en proceso de restauración.

No todo es perfecto. Colombia emerge apenas (a duras penas) de largas décadas de violencia. Santos ha optado por la ley como respuesta, aunque también con la fuerza cuando es (y lo es mucho) necesario. A los gobiernos vecinos, sobre todo a los de Caracas y Quito, Santos les ha tendido la mano, después de años de rechazo y enemistad. Si ellos no la toman, la culpa no será de Santos. Si la toman, el presidente colombiano podrá llevar adelante su proyecto: respetar la ley y contar con la ciudadanía.

En la reunión de Cartagena, Santos se unió, además, al proyecto esbozado por los ex-presidentes Cesar Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso. La legalización (o des-criminalización) de la droga. La política represiva, dijo Santos, es “una bicicleta estática”. Para Colombia, añadió Santos, se trata de un asunto de seguridad nacional “porque el narcotráfico alimenta y financia todos los grupos ilegales”. La política actual ha fracasado. Hay que cambiarla, y sólo se puede cambiar mediante un acuerdo internacional. Santos propone trascender las decisiones nacionales elevando el tema al ámbito global al cual pertenece.

Es notable que un presidente gobernante trate con tanto valor y claridad este tema. Las políticas contra el narcotráfico han dejado miles de muertos (cincuenta mil sólo en México). Han desacreditado a las fuerzas oficiales que ganan una y pierden tres. Han fortalecido a las bandas criminales que al cabo operan con impunidad. Se ha desconocido el destino de las drogas –los EE.UU.– y no se ha identificado ni a los usuarios ni a los distribuidores en territorio norteamericano.

Además los narcos financian la guerrilla colombiana. De manera que el asunto, ante todo, incumbe al Presidente Santos internamente. En vez de quedarse plantado allí, Santos ha tenido el valor y el buen sentido de elevar el tema a la comunidad y a las organizaciones internacionales. Veremos si, venciendo prejuicios y cegueras, prospera el desafío de Santos.

Colombia y su presidente, Juan Manuel Santos, van en caballo de hacienda. Hace un par de semanas, la Policía Nacional y el Ejército arrinconaron y ejecutaron a Alfonso Cano, el entonces jefe de las FARC, una narcoguerrilla que gracias al apoyo internacional y al financiamiento procedente del tráfico de drogas ha estado combatiendo al Gobierno colombiano desde hace 40 años. La muerte de Cano (este es su nombre de guerra) fue la cuarta de una serie de comandantes de alto nivel eliminados a lo largo de los últimos años: Raúl Reyes en Ecuador, Manuel Marulanda, Tirofijo, el jefe fundador de las FARC que murió de causas naturales agudizadas por la persecución, y Jorge Briceño o Mono Jojoy, el segundo de a bordo y principal jefe militar de las FARC. Para todos fines prácticos, estos golpes han descabezado a las FARC; los dos principales sobrevivientes del secretariado de siete miembros, Iván Márquez y Timoshenko, se encuentran en Venezuela y carecen de la autoridad necesaria para comandar realmente a los 6.000 o 7.000 combatientes aún presentes en las filas narcoguerrilleras. La desmovilización a la que llamó Santos, junto con una negociación con todas las FARC o frente por frente (a la que no ha llamado Santos, y con razón por ahora), puede llegar a desvanecer a la guerrilla más vieja de América Latina en los próximos meses.

Justo antes de esta proeza, Santos había cumplido con una de sus promesas de campaña más controvertidas (fue electo en 2010): desmantelar al servicio de inteligencia colombiano, conocido como el DAS, que había estado involucrado en una gran cantidad de escándalos de corrupción, de intervenciones telefónicas ilegales, de represión, durante las Administraciones anteriores. El presidente ordenó la creación de una agencia de seguridad y de inteligencia enteramente nueva; está por verse hasta qué putno será limpia y transparente; pero la desaparición del DAS representaba una condición necesaria, aunque no suficiente, para hacer desaparecer las prácticas del pasado.

Y sigue la mata dando. Apenas hace un mes, Colombia logró lo que había estado buscando desde hace más de un lustro: la ratificación de su Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Este último había quedado en suspenso desde principios del segundo mandato del presidente George W. Bush, a pesar de su deseo manifiesto de que se aprobara; también había permanecido en el limbo durante los primeros tres años de la Administración del presidente Obama, a pesar, también, de su deseo de consumarlo.

Los dos motivos de oposición del Congreso de Estados Unidos eran de índole y de validez diferentes: los sindicatos norteamericanos se opusieron al TLC por principio y por propósitos proteccionistas, pero activistas de derechos humanos tanto en el seno de los sindicatos como en la comunidad de ONG pensaban sinceramente que bajo la Administración de Álvaro Uribe, el anterior presidente de Colombia, el expediente del país en materia de derechos humanos dejaba mucho que desear y no autorizaba un cheque en blanco por parte del Congreso estadounidense. Al final, Santos pudo llegar a un acuerdo con Obama y con la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, según el cual el cumplimiento de una serie de criterios y condiciones en materia de derechos sindicales y humanos sería monitorizado a lo largo de un año después de que el TLC fuera ratificado.

Por supuesto que le sirvió a Santos el tipo de relación de confianza, aunque de sana distancia, que pudo forjar con grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, al grado que esta última llevo a cabo la reunión anual de su junta de gobierno de 2011 el mes pasado en Colombia. La razón de este acercamiento yace justamente en los avances que se han producido en materia de derechos humanos durante el primer año del mandato de Santos.

El capítulo más importante de esos avances, que solo prosperará plenamente si la guerrilla queda totalmente derrotada u obligada a capitular en la mesa de negociación, es la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras. Santos logró su aprobación por un Congreso en el cual lo apoya casi el 95% de los legisladores. Se trata de una iniciativa de inmensa importancia, dados los tres a cuatro millones de personas desplazadas durante la guerra colombiana de 40 años, la mayoría de ellos en el campo, los cientos de miles de víctimas que han dejado familias sin padres, esposos, hijos o hermanos. Reparar el daño a las víctimas y restituir pequeñas parcelas de tierras a sus antiguos dueños o usufructuarios es apenas justicia, pero es algo que nadie más en América Latina se había propuesto intentar a esta escala. Este seguramente es el principal compromiso de Santos, su promesa más audaz y apuesta más temeraria.

No es, sin embargo, su principal reto. Este reside en el intento de reducir la terrible desigualdad colombiana (el verdadero origen de sus guerras ancestrales), el carácter desastroso de su infraestructura, su infausto sistema de educación, y la pobreza de mucha de su población. A pesar del crecimiento económico sostenido que ha experimentado el país a lo largo del último decenio, sigue muy rezagado frente a naciones como Chile, México, Brasil y Uruguay en casi todos los indicadores económicos y sociales. Su clase media se ensancha, pero aún no representa la mayoría de la población, como sí es el caso en estas otras sociedades.

El contraste con Chile es especialmente revelador y muestra hasta qué punto cuenta el liderazgo político e intelectual. La larga y angosta nación andina presenta la mayor historia de éxito en América Latina de los últimos 20 años; su economía es pujante, manejó con habilidad y sin mayores trastornos la transición de dos decenios de Gobierno de centro-izquierda a uno de centro-derecha. No obstante, hoy la sociedad chilena está harta, su juventud aburrida, frustrada y resentida. El presidente Sebastián Piñera, un hombre de negocios exitoso y pensante, padece las tasas de aprobación más bajas de todos los mandatarios del hemisferio. Se ha visto acorralado por decenas de miles de estudiantes que a lo largo de todo el país protestan contra un sistema educativo de baja calidad, caro y discriminatorio y denuncian la represión desatada por una policía rebasada por el cansancio y la ausencia de mando.

Tanto Santos como Piñera son políticos procedentes del centro-derecha; ambos provienen de familias de abolengo y cuentan con experiencia en el mundo de los negocios. Poseen títulos universitarios de Estados Unidos, hablan un inglés perfecto, se sienten como peces en el agua fuera de sus respectivos países. Uno conduce de manera ejemplar a un país aún en parte disfuncional; el otro dirige un pequeño reloj de nación, como ningún otro en América Latina, pero de manera deficiente. En otras palabras, la política cuenta, o como dirían algunos: “¡Es la política, estúpidos!”.

¿Es la integración de América Latina un espejismo? Dos o tres conjuntos y algunos casos singulares escenifican el proceso. Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) -con quien la Unión Europea no ha logrado aún crear un Acuerdo de Asociación- es el más coherente. La cohesión centroamericana gana puntos. Las mayores dificultades se dan en la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia), bloqueada por serias dificultades internas, ideológicas y técnicas.

Deng Xiaoping, un presidente clave en la evolución china, sorprendió en 1988 con este vaticinio: “Se dice a menudo que el siglo XXI será el siglo del Pacífico, pero yo creo que podría ser también el siglo de América Latina”. Más de 20 años después, las relaciones comerciales y de inversión entre China y Latinoamérica han crecido espectacularmente, pero ¿está América Latina -una América ni genuina ni plenamente integrada- en condiciones de protagonizar el siglo XXI?

A corto plazo no parece fácil, pero tal vez pueda afirmarse que el camino se ha iniciado. México, Colombia, Perú y Chile trabajan en esa dirección a través de una asociación informal denominada Arco del Pacífico. Más de 200 millones de personas, más del 35% del PIB latinoamericano y más del 55% de las exportaciones de esa región al resto del mundo son sus credenciales. Por su lado, Brasil y Argentina tienen una ingente relación comercial e inversora con China. Tanto que en un lustro -salvo que Mercosur y la Unión Europea culminen el Acuerdo de Asociación, hoy en litigio- Pekín nos habrá suplantado.

Si un bloque como Mercosur y los cuatro Estados del Arco del Pacífico se coordinaran en su acción exterior, comercial y de inversiones, el presagio de Deng podría ser un hecho a medio plazo. En mi opinión, de esos países mencionados, la clave está en Colombia. Por población, territorio y recursos naturales, Brasil y México constituyen la avanzadilla, pero el tejido institucional mexicano está severamente dañado por la corrupción, la violencia y la ineficacia y no parece hallarse en vías de reforma.

Un país o grupo de países que aspire a ser relevante en este siglo no solo debe poseer una sobresaliente presencia exterior, sino también sólidas y confiables instituciones internas, sin las cuales la vertiente externa acaba diluyéndose. Quizás a algunos les resulte paradójico u osado, pero estoy persuadido de que Colombia está camino de convertirse en el socio ideal de Brasil para liderar el proceso. Tras un largo conflicto armado (aún no concluido) con guerrillas supuestamente izquierdistas y la masiva actuación criminal de bandas paramilitares auspiciadas por terratenientes, con la complicidad de sectores del Ejército durante la anterior presidencia de Álvaro Uribe, Colombia está comenzando a salir del abismo. La nueva Administración del presidente Santos (un centroderechista inteligente, convertido en reformador radical que goza de muy alta popularidad y que ha sabido integrar en su beneficio -y en el del país- a todas las fuerzas políticas existentes, con excepción de la izquierda, hoy desintegrada y cuya reconstitución es importante, también en beneficio del país) está llevando a cabo una revolución tranquila. La prensa local denomina el asombroso fenómeno “la metamorfosis” del presidente Santos.

Recién cumplido su primer año de mandato, el presidente ha normalizado la relación entre los tres poderes del Estado (el enfrentamiento entre Uribe y el Tribunal Supremo era constante) y está reformando el sistema judicial, amén de haber aprobado la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (con el fin de hacer justicia a los miles de campesinos extorsionados o/y asesinados en los años anteriores).

Además, significativos escándalos (megafraude en la sanidad pública, sistema crediticio, parapolítica-paramilitares, escuchas ilegales, narcotráfico, minería ilegal, corrupción carcelaria, exportaciones ficticias, subsidios agrícolas, entre otros) han sido denunciados y encausados, individual o conjuntamente, por el Gobierno, la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Como escribía en estas páginas el mexicano Jorge Volpi, “en Colombia, los jueces enfrentaron a narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y políticos -a veces con el costo de sus vidas- hasta tejer un sistema judicial verdaderamente autónomo y eficaz”. (EL PAÍS, 11 de agosto de 2011).

Y en política exterior, Bogotá ha normalizado las relaciones con Ecuador y Venezuela, puesto fin al incondicionalismo con Estados Unidos y potenciado Unasur, amén de actuar brillantemente, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad onusiano, en el ejercicio de la responsabilidad de proteger en el caso libio.

Dado el trágico panorama de Colombia durante décadas (asesinatos de sindicalistas, periodistas y activistas pro derechos humanos, entre otros, crímenes que aún tienen lugar aunque en mucha menor medida, y ahora se persiguen y condenan), es lógico que haya sectores de opinión escépticos que estimen que poco ha cambiado de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos. A ellos se les puede decir que, ciertamente, no todo ha cambiado por completo todavía, pero que legal, jurídica e institucionalmente, se ha modificado todo lo necesario para hacer posible el gran cambio definitivo: la consolidación de Colombia como Estado de derecho y sociedad moderna y normalizada. Una sociedad, desde luego con memoria histórica, pero reconciliada consigo misma y con el Estado, desde ahora un ente confiable y no temible. En definitiva, una Colombia que contribuya, en cooperación con sus hermanos latinoamericanos, a convertir en real el buen augurio de Deng Xiaoping.

Now that Congress is returning from the August recess with plans to vote on pending free-trade agreements, partisan bickering must not be allowed to kill the U.S.-Colombia Free Trade Agreement (FTA). The Colombia of President Juan Manuel Santos is a far different country from the Colombia of his predecessor, Alvaro Uribe. Liberals should recognize that some progress has been made on human rights concerns that kept them from supporting the agreement for nearly five years. It is time for the United States to recognize that progress by passing the bilateral FTA, which virtually eliminates tariff and other trade barriers between the two countries. Equally important is the political seal of approval that is perceived to go with it, which also might stall attacks on Mr. Santos‘ reforms.

Until now, labor unions and human rights activists, both with strong Democratic Party links, have conditioned support for the FTA on protections for labor leaders and progress on human rights. They had good reasons for this, given a staggering 2,800 murders of trade-union members in the past 25 years.

Since his inauguration, Mr. Santos has signed and wholeheartedly endorsed a victims law that includes reparations and the return of land to those who have been displaced by Colombia’s four decades of civil war. Breaking with Mr. Uribe, he defined victims not only as those attacked by the paramilitary, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and National Liberation Army (ELN), but also by Colombia’s security forces. All told, the law covers more than 4 million people. Mr. Santos also has demonstrated respect for the judiciary and ended official slandering of human rights activists.He and his vice president have supported labor rights protections and approved additional resources for the country’s attorney general to investigate and prosecute those responsible for abuses of labor and human rights.

Human rights groups acknowledge the changed tone and the importance of those new laws but disagree about how much actual progress has taken place on the ground over the past 10 months. They challenge the government to do more to protect activists. The question is what would be the best strategy to encourage further progress. When I traveled to Colombia several months ago, it already was clear that traditional political spoilers were organizing to undermine Mr. Santos‘ changes. The best way to encourage Mr. Santos to take further steps to end impunity and protect activists, political candidates and indigenous and Afro-Colombian communities is to approve the FTA, which his predecessor was denied.

I am a convert. Passing the FTA was never simply about trade and labor rights – as fundamental as they are – but also includes a broader relationship between the United States and Colombia, where extrajudicial executions, torture, impunity and violation of human rights are not acceptable. Colombia’s past failure to make sufficient progress on these issues raised legitimate questions about approving the FTA, but the balance has shifted.

Congress had postponed voting on the 5-year-old Colombia FTA, along with the Panama and Korea agreements, until a deal was worked out to allow separate votes on trade-adjustment aid and on the FTAs themselves. Democrats should join in ratifying the Colombia pact, and they should credit progress on human rights.

But that is just a start, and much more needs to be done. Mr. Santos should support faster civilian prosecutions of those in the armed forces responsible for massacres and extrajudicial executions, expose government officials with links to paramilitary and criminal and drug-trafficking groups, invigorate the early-warning system to protect human rights defenders and ensure that those displaced by the conflict who are given back their homes and land are protected under the law from new attacks. The risks here over the next several months are real, and close monitoring, hopefully, has been agreed to by the two governments.

During my trip, I traveled to the “consolidation zone” of Barrancabermeja. Community leaders there were still living with security threats from new illegally armed groups and guerrillas. They told me that victims who already had returned to their lands were still particularly vulnerable. Protecting these beneficiaries requires a major comprehensive strategic effort by the government.

Drug trafficking still benefits violent illegal actors, including the Cold War remnants in Colombia’s internal armed conflict. While rarer than in the past, abuses by government security forces still threaten human rights, and the few convictions for extrajudicial killings underscore the persistent impunity that undermines the rule of law. Gaps remain in protecting indigenous and Afro-Colombian rights and in strengthening the capacity of the attorney general’s office.

However, in a short amount of time, Mr. Santos has changed the direction of the state. Now is the time to act to prevent more conservative, dark forces from pushing him off course.

Forty years after President Nixon declared war on drugs, the soaring body count from narco-violence in Mexico seems to mock the very notion of progress in that effort. But what is most discouraging about the rampant brutality across our border is that it’s largely a consequence of one of the drug war’s greatest triumphs.

Colombia’s Cali cocaine cartel, once the richest and most powerful crime syndicate in the world, fell as a direct result of U.S.-led law enforcement and diplomatic pressure about a decade ago. Its toppling remains one of the most significant blows inflicted on modern organized crime.

But the giant cartel’s collapse left a power vacuum, and Mexican drug gangs are still fighting, with often grisly methods, to determine who will fill it.

The Cali cartel could be as ruthless as any other, but it preferred bribery to violence in the normal course of business. The vertically integrated corporate-style enterprise was run by four billionaires who reigned over a global monopoly that controlled every aspect of the drug trade, from jungle coca production to New York street sales.

In its prime, the cartel was a $7-billion-a-year criminal masterpiece that had bought off an entire country. Colombia was the original “narco-democracy” and a haven for narco-gangsters.

During the 1990s, Cali cartel lawyers rewrote portions of the national constitution outlawing extradition. Drug bosses picked who ran the Cali telephone utility and secretly donated $6 million to elect presidential underdog Ernesto Samper.

Millions of cartel dollars were spent building community police stations. The bosses financed a hospital and a law library. They owned and operated Cali’s professional soccer team. In a nod to civic sensibilities, they refrained from carrying out most contract killings within the city limits. Over time, they came to be known as “the gentlemen of Cali.”

But the gentlemen were deadly serious about removing impediments to their business. The cartel had its own intelligence force and the capacity to tap any telephone in Cali. Its paid sources included street cops, senators and members of the elite anti-narcotics task force. American drug enforcement agents complained that the cartel seemed always to be a step ahead of them. They called its intelligence wing “the Cali KGB.”

Besides a staff of local lawyers, the bosses hired top U.S. defense lawyers, including several former federal prosecutors in Florida and a onetime Justice Department official from Washington, who was later convicted of racketeering.

The cartel accounting department tracked and processed massive volumes of cash. Paper currency from sales around the world was shipped by the ton, often aboard disposable aircraft. Old jetliners, typically stripped-down Boeing 727s, were bought for a few hundred thousand dollars and abandoned on airfields from Bogota to the Amazon jungle after discharging multimillion-dollar loads of $10′s, $20′s and $100 bills.

A revolving door of former legislators, governors and mayors formed the cartel’s lobbying division. They were paid to arrange meetings for the bosses with politicians and to spread the word that the gentlemen of Cali would be generous to friends. Elected officials were constantly wooed with cash, cars, women and luxury vacations.

And the cartel had its own war department. The bosses once paid more than $1 million to hire a team of British mercenaries to hunt down rival drug lord Pablo Escobar, outfitting the commandos with better arms than those of most Colombian military units. They also employed about 150 bodyguards to protect the godfathers and their families.

Armed employees included a small team of sicarios, or assassins, paid to enforce cartel discipline and eliminate security risks. Whenever possible their victims were to “disappear.” Unlike beheaded Mexican corpses, often left on prominent display, victims of the Cali cartel typically went into the Cauca River, never to be seen again.

What made the Cali cartel most dangerous, and the greatest menace to U.S. interests, was the way it bought off the Colombian government.

Imagine a country in which its president sends an emissary to apologize to drug lords when American diplomatic pressure forces him to crack down on traffickers. Or where police hotlines for anonymous crime tips are monitored 24/7 by the traffickers themselves. That was Colombia in the 1990s.

So far, there is no evidence that Mexican drug gangs are financing presidential elections. Traffickers are not picking who runs the national telephone company. And gangland lawyers aren’t drafting legislation to block extradition of their bosses. Mexico is not the sanctuary that Colombia once was.

But Mexico remains in jeopardy. So does much of Latin America. Unless cocaine demand and its enormous trafficking profits fall, drug war successes are likely to generate similar patterns: simply forcing major narco-operations from one country to another.

Colombia es un país hermoso. Complejo, atribulado y esperanzado al mismo tiempo. Durante años asediado por una guerrilla que se decía izquierdista y liberadora y que ha evolucionado hasta convertirse en un colectivo de delincuentes y narcotraficantes. Es un país rico, muy rico, pero en el que las desigualdades sociales son ingentes y la distribución de la riqueza manifiestamente injusta.

Es una democracia parlamentaria liberal, con un fuerte Ejecutivo presidencialista -propio de Latinoamérica- distanciada de la América “bolivariana”. Goza de libertad de prensa, de asociación y de una judicatura independiente. Durante casi dos lustros ha sido gobernada por Álvaro Uribe, un político conservador de gran popularidad por su contundente combate contra la guerrilla, de tentaciones caudillistas, que no han fructificado gracias al buen juicio de las instituciones y de la sociedad colombianas.

No obstante, es asimismo un país donde los asesinatos de sindicalistas, periodistas, indígenas y defensores de derechos humanos -a menudo propiciados o amparados desde determinadas instancias del Estado y siempre auspiciados por quienes desean conservar, e incluso incrementar, privilegios abusivamente logrados- han sido moneda corriente en un clima de casi absoluta impunidad. La violencia ha sido protagonizada por las FARC -banda terrorista hoy felizmente debilitada y a la que la población ha dado la espalda-, y los paramilitares, terroristas financiados por terratenientes abiertamente hostiles al reparto de la riqueza espuriamente obtenida. No ha sido aún erradicada, si bien ha decrecido hasta cotas inimaginables hace poco tiempo. Hoy es posible sostener que el terrorismo de uno y otro signo desaparecerá a no mucho tardar gracias a la acción decidida de las diversas instituciones del Estado y de la sociedad civil organizada. Una parte de esta y significativos sectores sindicales continúan responsabilizando al Poder Ejecutivo y a los servicios de inteligencia (DAS) de un cierto tipo de terrorismo. Pero están anclados en el pasado. Un pasado reciente, pero pasado.

Echemos un vistazo al Ejecutivo. Juan Manuel Santos, derechista, accedió a la presidencia de la República hace escasos meses, tras ganar limpia y democráticamente los comicios. Su número dos, Angelino Garzón, centrista, es el vicepresidente. En coalición con otras fuerzas conservadoras, liberales y centristas, controlan más del 80% del Parlamento. La popularidad de Santos es nada menos que del 90%. Lamentablemente, la izquierda (Polo Democrático) obtuvo en la Cámara de Representantes tan solo el 3% de los votos y en el Senado, el 7,84%.

Santos y Garzón han sorprendido a propios y extraños al alejarse de los planteamientos del anterior presidente, Uribe. Santos -que no apoyó la primera reelección de su predecesor- entendió el papel que podría jugar la judicatura en una Colombia reformista cuando el Tribunal Constitucional falló (25-2-10) en contra de una segunda reelección de Uribe. De ahí que desde la investidura de Santos los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hayan iniciado una inédita etapa de colaboración.

El Ejecutivo respeta a los jueces. Algo insólito en el periodo uribista, donde el enfrentamiento con ellos era inclemente y constante. Periodo en el que, no obstante, el Tribunal Supremo, a pesar de numerosos obstáculos y trabas, fue capaz de sacar a la luz el entramado criminal de la parapolítica ultraderechista. Santos no solo ha firmado con el Supremo una paz mutuamente beneficiosa para ambos (y desde luego para el país) sino que logró consensuar en una semana el nombramiento de una nueva fiscal general, algo no conseguido en los últimos 16 meses. El Estado de derecho funciona y el Ejecutivo está promoviendo una serie de iniciativas legislativas y administrativas tendentes a la institucionalización de una estrategia activa de protección y garantía de los derechos humanos individuales y de comunidades indígenas que conduzca a la normalidad social y política. Destacan en este campo la Mesa redonda para garantizar los derechos humanos de los sindicalistas (septiembre de 2010), en la que los representantes sindicales deciden la agenda, la Mesa de diálogo permanente con las organizaciones sociales campesinas (noviembre de 2010), la Declaración conjunta hacia una política de derechos humanos y derecho internacional humanitario (22-11-10), firmada por el vicepresidente Garzón y organizaciones de la sociedad civil y del sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Tal declaración prepara la convocatoria en diciembre de 2011 de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos con el objetivo de una agenda común entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional con vistas a impulsar el respeto y promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

De modo que los primeros meses del Gabinete de Santos, sustentado por la mayoría absoluta del Parlamento, se han focalizado -amén de la tramitación legislativa de un estatuto de la corrupción para combatir esta lacra- en una estrategia que prioriza la cuestión humanitaria y de derechos humanos. La convicción y determinación del nuevo Ejecutivo colombiano para poner fin a las injusticias y barbaries del pasado es tal que incluso iniciativas legislativas como la prolongación de la ley de orden público -que prevé indultos o cese de procesos penales- explícitamente excluye de estos supuestos los delitos que comprometan la seguridad nacional, vulneren el derecho internacional humanitario o sean tipificados de lesa humanidad.

Además de los proyectos de ley mencionados, sobresale la ley de víctimas y de restitución de tierras, aprobada ya en la Cámara y que será ratificada en marzo en el Senado. Se trata del proyecto estrella de la actual Administración y de la que, con razonable orgullo, trató el 6 de diciembre el presidente Santos en Nueva York. Había sido invitado a la IX asamblea del Tribunal Penal Internacional por el fiscal jefe de dicha Corte, Luis Moreno Ocampo, quien al presentar a Santos, tras la intervención del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tradujo perfectamente la nueva realidad, al manifestar que “Colombia está pasando de ser niño malo a niño bueno en el contexto internacional”.

En ese acto neoyorquino la ley de víctimas se convirtió en el símbolo del relanzamiento y del compromiso gubernamental colombiano con la sociedad internacional. Santos fue explícito: “Vengo a proclamar nuestra decisión de combatir la impunidad en nuestro país y nuestro inequívoco respaldo a la Corte Penal Internacional. Vengo a expresarles que el Gobierno de Colombia tiene la más firme voluntad -y así quiero dejarlo claro- de reconocer y hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Colombia, hermoso país, complejo, atribulado y esperanzado al mismo tiempo, encara una encrucijada histórica. El actual Gobierno -dirigido por un político inteligente, derechista, pero no caudillista, y al que apoya la gran mayoría de la población- trabaja con convicción por reparar las graves ofensas y delitos, probablemente de lesa humanidad, perpetrados en el pasado reciente. Téngase en cuenta que la ley de víctimas no es un mero acto de solidaridad, sino que contiene, además, una mención expresa a la responsabilidad estatal en el conflicto armado. El Gobierno quiere cerrar heridas y compensar a víctimas, desplazados y despojados. Es consciente de que no es tarea fácil, dada la desmesura de la agresión y la inmediatez de la misma. Sin embargo, desde mi punto de vista y dada la ingente carga a soportar es éticamente lícito y políticamente correcto concederle un margen temporal.

No me corresponde a mí -español y socialista, pero ante todo demócrata- fijar los límites temporales de la confianza a otorgar a Santos, Garzón y su Gobierno. Tan solo me atrevo a pronosticar que la ley de víctimas y de restitución de tierras es la gran prueba y que si, como se espera, es ratificada en el Senado y sancionada por el presidente, se abrirá una nueva y definitiva página -limpia, digna y honrosa- que facilitará el camino a una nación que desea sanarse y de una sociedad que necesita recuperar valores perdidos. Abrirá la posibilidad de un pacto social que permitirá a los colombianos reencontrarse en paz, dignidad y justicia con ellos mismos.

It has been four years since the United States and Colombia signed a reciprocal trade agreement. Unfortunately, the agreement has yet to be implemented. In June 2007, then-President George W. Bush sent the agreement to Congress but the Democratic majority in the House refused to vote on it. The new Republican Majority in the House must ensure a vote on this agreement, as it will create U.S. jobs and make good on a promise to an important ally.

Passing the agreement would create U.S. jobs by eliminating tariffs on U.S. exports to Colombia. Tariff elimination would enable U.S. exporters to compete on a level playing field with exporters from countries such as Canada and those in the European Union whose products already enter Colombia duty-free because of their existing trade agreements. It also would level the playing field between the United States and Colombia. This is because most Colombian goods already enter the United States duty-free, while most U.S. exports to Colombia face significant tariffs.

Longtime opponents of free trade oppose passage of the agreement, arguing that Colombia should be punished for violence affecting union members. They contend that Colombia is particularly dangerous for union members. In fact, a study by the highly regarded nonpartisan Center for Strategic and International Studies showed that union members were less likely to be targeted than other Colombians. In recent decades, Colombia has suffered tremendous and heart-wrenching violence at the hands of drug lords and terrorists. The violence has touched nearly every corner of Colombia‘s soil as the government has struggled for control of the country. It has touched nearly every family. It is misleading to suggest that union members have been disproportionately affected by the violence.

Fortunately, violence against all people in Colombia has dropped dramatically over the past decade as terrorist groups such as FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) have been marginalized. Under former President Alvaro Uribe‘s leadership, the people of Colombia regained control of their country. At a time when the Colombian people are celebrating the gradual return of peace to their country, they must wonder why some in Washington say they have not done enough to deserve a trade agreement with America. Leaving Colombia at the altar waiting for the U.S. Congress to act sends the wrong message and undermines the image we would like to project of the United States as a fair and trustworthy friend.

More remarkable than the arguments deployed by free-trade opponents in their campaign against the agreement is the result they seek. By opposing passage of the agreement, they perversely punish Colombia by destroying jobs in America. In fact, they punish the very American workers whose interests they aim to represent. This makes no sense. Since the 1980s, Congress has given Colombia duty-free access to our markets. Failure to pass the agreement simply denies U.S. exporters the same duty-free access to Colombia enjoyed by our competitors, thereby costing American jobs.

In his State of the Union address last year, President Obama announced his goal of doubling U.S. exports over the next five years. To be credible and meaningful, this aspiration must connect to policy changes that actually will open foreign markets. In his speech last year at the Summit of the Americas, the president promised to treat Latin American countries as equal partners. A reciprocal trade agreement with Colombia offers the best way to demonstrate the president’s promise of “engagement based on mutual respect and common interests and shared values.” Conversely, opposing congressional efforts to move this agreement would undermine the administration’s credibility in Latin America.

The new Republican House leadership should be no less insistent in supporting the Colombia agreement than the Democratic leadership has been in opposing it. Moreover, by enacting the Colombia agreement, the president and Congress can demonstrate their ability to work together on important issues.

Colombia’s new president, Juan Manuel Santos, surprised many by reaching out to Venezuela’s Hugo Chávez after coming to office in August. He discusses the FARC, Venezuela and his country’s future with The Post’s Lally Weymouth. Excerpts:

Q. How will your presidency differ from that of your predecessor, President Álvaro Uribe?

A. When Uribe came into power, circumstances forced him to concentrate on security issues. He launched a very successful program called “democratic security” — security for every Colombian within the law and the constitution. In the last eight years, this has transformed the country. I come into power with a different set of circumstances . . . [and have to] concentrate on social issues — the fight against poverty and unemployment.

What do you plan to do to finish off the FARC [Revolutionary Armed Forces of Colombia]?

It is a concept we call “consolidation of the territory.” We come into a certain territory with the armed forces, we clean up, then we come in with the presence of the state — with teachers and doctors to get to a point where if the FARC wanted to come back, they would be rejected by the population. That has been working very well.

Recently you met with Venezuelan President Chavez. . . . How do you see working with Chavez? Do you trust him?

When the problems with Chávez started and he shut down trade, it had a very dramatic cost to our economy. So when I came into power, I said there is nothing worse than what is happening at this moment: no diplomatic relations, no dialogue, no trade and the apparent presence of the FARC in Venezuela. Even though I have had deep differences with Mr. Chávez, I have a responsibility to try to achieve at least normal relations with Venezuela. So I made an approach . . . [and] we had a meeting.

What happened?

First of all, we said let’s respect each other. We can think very differently, but if we respect our differences, [and] have good relations, our people will benefit. Things are going extremely well. Chávez called me two days ago and said that he had captured a very important drug trafficker. He asked if I wanted him, and I said [the United States had asked for him], so I said send him to them because that is what we are going to do. And he did that [Tuesday]. Trade is starting to flow again. He is starting to pay our exporters, which he had ceased to do. He is starting to help in terms of the security on the border.

So he is starting to stop giving the FARC bases in Venezuela?

I would say he is starting to deliver. He has said vehemently, and he repeated it to me two days ago — “I will not support the presence of any illegal group in Venezuela.”

What are you going to do about improving economic growth in your country?

Growth is going very well. In this year, I think we are going to grow about 5 percent. . . . We are going to concentrate on infrastructure, housing, agricultural business, mining and energy, and innovation.

You have had problems with the free-trade agreement with the U.S.

We have done everything we can. It is in the hands of the U.S. Congress. . . . People in Colombia don’t understand [why] if we are strategic allies, other countries have free-trade agreements that are not as strategic or as good allies. I hope that after November the free-trade agreement will be approved.

When the Republicans come to power?

Once you arrange your own internal political difficulties.

Are you trying to diversify your country’s trade?

Absolutely, yes. . . . We depend too much on the U.S. and Venezuela.

How can the FARC be disarmed?

The FARC can be taken to what I call the point of no return. They are very close to that. They are desperate.

As minister of defense, were you involved in the hostage rescue in 2008 [when Ingrid Betancourt and three Americans were freed from the FARC]?

Yes, it was called Operation Check, like in checkmate. It was a wonderful experience.

Colombia once enjoyed investment-grade status but no longer does, while other countries around you are investment-grade.

We are very close to investment-grade. The credit-rating agencies have all improved our outlook in the recent past.

Will you tackle your public-sector deficit?

Yes, we will do that gradually because we don’t want to choke the economy with a drastic reduction of public expenditure.

What do you think of the American administration?

I hope that the Obama administration understands that in today’s Latin America, Colombia can play an extremely important role. We want our relations with the U.S. to evolve into a partnership. We were for many years simply aid receptors. We now call ourselves strategic allies, which sounds very pretty but we don’t find the meat.

What should the meat be?

For example, having a free-trade agreement. . . . We can play a very important role in the region. Our success in fighting drugs is pushing the drug traffickers into other areas — Mexico, Central America, the Caribbean. We can help a lot there.

Is Plan Colombia finished?

In my view, it should evolve. It should not finish because we still have the drug problem. As long as you have yuppies here snorting coke in New York, you have coca production in Colombia.

Cuando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se quita la camisa roja y se pone el uniforme militar, lo que quiere transmitir a todo el mundo (en riguroso y obligatorio directo en su programa de reminiscencias castristas «Aló, presidente») es que la cosa va en serio. Tan en serio que siempre se sabe cuándo empieza, pero pocas cuándo termina. O qué propiedades van a cambiar de dueño en su transcurso, según su ciclotímica, instantánea y estatalizadora voluntad, que llega a lo patético cuando nacionaliza lo que ya pertenecía al Estado. O a qué asunto dedicará su atención particular, tras los debidos insultos a la oposición «escuálida» y al ente polisémico que denomina «imperio»: señoras con problemas de infertilidad curadas de milagro con la medicina socialista, plantas eléctricas que hacen la luz en un arrabal donde había tinieblas o educación para los «niños de la patria», la nueva especie, suponemos, de boli-venezolanos del futuro, todos con camisa roja.

En la autodenominada «bitácora revolucionaria» puesta en marcha por Chávez hace once años destaca el programa 295, dedicado el 22 de septiembre de 2007 a la «revolución petroquímica», que duró 8 horas y 7 minutos, aunque tampoco estuvo mal el 289 de aquel octavo año triunfal, un mes antes, con 7 horas y 41 minutos. Éste tuvo invitadas especiales, la escritora mexicana que acababa de premiar Elena Poniatowska y la senadora colombiana Piedad Córdoba, interlocutora privilegiada en los intentos de canje humanitario de secuestrados por la narcoguerrilla colombiana de las FARC, algunos de ellos felizmente liberados, aunque muchos más libres gracias a las acciones armadas del sacrificado, valeroso (y por fin eficaz) ejército colombiano.

Por supuesto, en la medida en que Chávez amaga con amenazas militaristas hacia Colombia cuando se acercan elecciones, o simplemente quiere acaparar portadas, resulta fundamental subrayar que ha sido el intervencionismo chavista el que, como en otros países iberoamericanos donde le han dejado o ha tenido oportunidades, ha actuado en la reciente política colombiana. La existencia de una frontera de 2.216 kilómetros entre Colombia y Venezuela, que va de la península de la Guajira, en el norte, a la populosa región andina, los Llanos del Orinoco y la selva amazónica, dista de facilitar el control territorial. Desde hace siglos diferentes grupos de población se han movido en esta frontera porosa (todavía discutida en el Caribe) o han hecho de ella la razón de sus negocios y supervivencia. Los indígenas del duro desierto de la Guajira circulan por ella como la tierra que en verdad les pertenece, y en Maracaibo, la segunda ciudad venezolana, o en las colombianas Barranquilla y Cartagena, la idea de pertenencia a una regionalidad caribeña conforma la fuerte identidad local, hostil a la prepotencia lejana de Caracas y Bogotá. Hacia el sur, entre el departamento colombiano del Norte de Santander y el estado venezolano del Táchira, con capitales en Cúcuta y San Cristóbal, lo que se configura es una integración transfronteriza que ha beneficiado a tres millones de habitantes, hasta que el oportunismo chavista la ha puesto en peligro.

Lejos de proteger los intereses nacionales venezolanos, las amenazas de Chávez y su ejército bien armado por los rusos y poblado de asesores cubanos (en 2007 impusieron el tenebroso lema castrista «Patria o muerte, venceremos») constituyen la negación de una tradición de buena vecindad, saturada como corresponde de tópicos y lugares comunes. Desde la primera década del siglo XX, la extraordinaria riqueza petrolera impulsó una importante emigración colombiana a la «Venezuela saudita», que miró hacia su vecino «pobre» con una mezcla de paternalismo y desdén. En sentido contrario, como había ocurrido desde los tiempos de Bolívar, el estereotipo del venezolano en Colombia fue el del nuevo rico, ignorante, rentista y vago. En los años setenta, cuando las caraqueñas tomaban vuelos chárter para ir a Miami a hacer la compra («mayameras»), los colombianos se consolaban con el tópico decimonónico según el cual Caracas era un cuartel, Bogotá una universidad y Quito un convento.

Es importante recordar que a pesar de que Venezuela tuvo una corta experiencia de guerrilla según el plan castrista y guevarista del foquismo y la plantación de «muchos Vietnam» en Iberoamérica, el potente petroestado venezolano, clientelar y bien armado, liquidó el intento sin mayores dificultades. No ocurrió así en Colombia, donde un Estado débil, que no había conseguido recuperar el control del territorio tras la aparición de guerrillas liberales rurales en la década de 1950, tuvo que asistir inerme a la fundación de las FARC, de tendencia marxista-leninista, en 1964, por el sanguinario Manuel Marulanda («Tirofijo»), hoy reverenciado por los radicales chavistas, y a la aparición de otras guerrillas, como el ELN (mandada largo tiempo por el aragonés «cura Pérez», excomulgado por la Iglesia católica y muerto en la montaña en 1998). De ese modo, un Estado débil y un ejército insuficiente en armamento y pie de tropa, disperso en una complicada geografía tropical como la colombiana, no lograron controlar las guerrillas antes de la aparición del narcotráfico, durante la década de 1980. Éste ofreció, sobre todo a las FARC, una oportunidad «empresarial» que determinó la estabilización relativa de la lucha por el territorio, hasta que la política de «Seguridad democrática» uribista dio por sentado que su control y la presencia del Estado hasta la última aldea constituían la expresión primordial de su existencia.

Algunos de los recientes logros colombianos en la lucha contra las FARC, más allá de su potencial capacidad de asesinar inocentes en las selvas o en algunas ciudades y en especial en Bogotá (asunto que dio origen a la «colaboración técnica» de los etarras), son en la actualidad puestos en juego por Chávez, en la medida en que su geopolítica considera la democracia colombiana tanto una entidad «oligárquica» como un peón de Estados Unidos. Contra su pretensión de lograr el control de otros países del hemisferio mediante alianzas económicas, militares y energéticas, Colombia —que produce cantidades cada vez mayores de petróleo— ha resistido sus acometidas entre la preocupación y el aislamiento, pues incluso Brasil parece tolerar sus excesos. Llevado por el delirio de la influencia propio del dirigente de un petroestado, el populista caudillo venezolano calcula con su mentalidad de llanero que va a mantener el control de la frontera y de los narcoterroristas. Semejante error puede convertir a Venezuela en un narcoestado, pues ya se sabe que ni siquiera en Caracas, con sus centenares de muertos en episodios violentos cada fin de semana, mantiene el control del orden público. No es de extrañar que el presidente colombiano, Santos, haya inaugurado mandato con preocupaciones a costa de un vecino tan distinto como distante.

The U.S. State Department is preparing to re-certify that human rights are improving in Colombia, thus freeing up further U.S. funds and technical assistance to battle guerrilla insurgents and the drug trade under Plan Colombia. But affirmations of success are misguided, as exposed in a recent report by the Washington Office on Latin America titled: “Colombia: Don’t call it a model.”

In an International Herald Tribune opinion article, Colombia can win Mexico’s drug war, Gustav A. Flores-Macías argues that Plan Colombia, along with concurrent reforms to that nation’s tax system and improved government accountability, was a success in reducing drug-related and insurgent violence. The reforms, Mr. Flores-Macías argues, increased funds devoted to antidrug efforts and more reliable security forces.

“As a result,” he writes, “Colombia has made significant strides in fighting drug traffickers, guerrillas and paramilitaries.”

But while the national police have worked hard to meet constitutional standards and significant damage has been done to guerrilla military capacity, grave human rights abuses have continued under Plan Colombia. These human rights abuses cannot be ignored.

Over the last 10 years, American taxpayers have spent over $7 billion, largely to fund the Colombian military. The United States should now consider the benefits of supporting a peace process to try to end a conflict that has raged for more than four decades.

Those who question the wisdom of reinvigorating efforts for a peace process cite former President Andres Pastrana’s failed initiative 10 years ago. But a new peace process does not have to begin with the territorial and tactical concessions Mr. Pastrana offered at the outset. It would be the wrong course to simply continue to underwrite former President Álvaro Uribe’s goal of a military victory under the new administration of his protégé, former Defense Minister Juan Manuel Santos, who was inaugurated on Aug. 7.

The moral argument for renewed U.S. support for peace should be evident, given the disturbing human rights record of the last decade.

Colombia now has more displaced persons (3-to-4 million depending on the source) than any other country in the world except Sudan. The military continues to be accused of serious human rights violations, including some 2,000 cases under investigation in which civilians were allegedly recruited, murdered and then presented as combat kills.

The intelligence service that reports directly to the president was just caught harassing human rights advocates and monitoring Supreme Court justices. A plea-bargaining plan to prosecute thousands of paramilitaries supported with tens of millions of dollars in funds from the U.S. Justice Department has convicted only one person in five years. Meanwhile, many paramilitaries who have been incarcerated while awaiting due process may be released after serving the maximum sentence of eight years, without facing trial for alleged atrocities.

A peace effort would also have other benefits. A multilateral initiative could reduce the suffering of civilians trapped in combat operations. Visible U.S. leadership for peace would deflate the anti-American bluster in the region.

A multilateral process could also define a more positive role for Colombia’s neighbors — accused by Colombia of harboring FARC rebels — by ensuring their support for bringing guerrilla leaders to the negotiating table and complying with agreements.

This strategy worked in Guatemala, where a sustained, multi-country effort reduced human rights violations and helped to end another 40-year, Cold War conflict.

Colombia’s improved public security in some cities and in controlling the country’s highways has created an inflated sense of achievement. But the murder rate (15,000 to 20,000 a year, depending on the source, in a country of 45 million) continues to be atrocious. The majority of Colombians beyond Bogotá and Medellín, especially Afro-Colombians, indigenous people and peasants trying to survive in the combat zones, have had a different experience of security under Plan Colombia.

The long-awaited military victory may be more distant than portrayed by those interested in keeping Plan Colombia in place. The FARC insurgency may keep itself going indefinitely with drug money. The next $7 billion from Washington could do a lot more for social development and a peace process in Colombia.

The meeting last week in Santa Marta, Colombia, between President Santos and President Hugo Chávez of Venezuela, in which both agreed to work together to reduce the escalating tensions, gives some hope. Washington should retool its outdated security strategy and forge a new plan that is more appropriate for the 21st century — renewed American leadership and multilateral engagement for peace and justice.

El pasado martes 10 de agosto, la quinta de San Pedro Alejandrino, en la antiquísima ciudad de Santa Marta, tesoro de la costa colombiana, fue escenario, sobre el mediodía, de una reunión de paz y reconciliación entre los presidentes de Venezuela y Colombia. Desde una ventana de esa quinta el Libertador Simón Bolivar vio por última vez la Sierra Nevada y olió el perfume de melaza que emanaban los trapiches. Allí, moribundo pero dictando cartas y proclamas, estampó su sentencia final: “Carajo, cómo voy a salir de este laberinto”, la frase con que García Márquez titulara su alucinante relato de esos días dramáticos de diciembre de 1830.

Todo en Colombia y Venezuela ha de tener algo de realidad y mucho de magia y la escena de ese martes no escapó a la historia. Hace pocas semanas Chávez insultaba a Juan Manuel Santos como personero de la oligarquía colombiana y este último, ministro de Defensa de Álvaro Uribe -estratega del triunfal combate a la guerrilla de las FARC-, acusaba al otro de ser cómplice de esta siniestra organización.

Para mejor entender, ante todo despejemos las claves ideológicas. Ni Chávez es la izquierda ni Uribe y Santos son la derecha.

¿Que Chávez es la izquierda por decir discursos contra Estados Unidos y nacionalizar empresas? Sería pensar muy mal de la izquierda si es que entendemos por ella una aspiración de justicia social dentro de la democracia liberal. Su régimen asfixia la libertad de prensa, ha derrumbado la economía venezolana y, lejos de bajar la pobreza, la ha elevado. Como es un populista, lo que sí hace es mantener subordinados a los pobres con una mezcla de amenazas y prebendas, que están en el manual de las herramientas que inventó Mussolini.

A la inversa, ¿son Uribe y Santos la derecha, como suele repetirse? ¿Lo son porque firmaron con Estados Unidos un acuerdo estratégico de ayuda para enfrentar a la guerrilla, cuando los demás vacilaban o apenas enviaban algún mensaje de solidaridad retórica? Combatir a esa narcoguerrilla ha sido el gran crédito de esta dupla de gobernantes que con su política de seguridad democrática le devolvieron a su gente la posibilidad de vivir en paz, lo que agradecen -más que nadie- los pobres de los barrios de las grandes ciudades o de esos pueblos que estaban tiranizados por caciques de la droga inmunes a la mano del Estado. De ahí la popularidad sin precedentes de Uribe, quien -pese a lo que gastó en combate- puede mostrar hoy que bajó la pobreza del 58,7% al 45,5%, la indigencia del 19,7% al 16,4% y el desempleo del 14,3% al 11,8%. ¿Esto es derecha?

Si observamos las relaciones con los Estados vecinos, es evidente que han estado envenenadas por la verborrea del presidente venezolano, maquillaje para sus complicidades con las FARC.

No igual, pero de consecuencias parecidas, ha sido la relación con Ecuador, cuyo presidente nunca ha agudizado sus conflictos, pero que en su momento quedó jurídica y políticamente obligado a asumir una actitud de dureza cuando las Fuerzas Armadas colombianas se introdujeron en la selva ecuatoriana y capturaron los ordenadores de Raúl Reyes, el conductor intelectual de la guerrilla, muerto en la operación. Los hechos mostraron luego que Reyes estaba violando la propia soberanía ecuatoriana, pues ejecutaba desde allí actos militares contra Colombia. Las famosas computadoras, que ahora vuelven a Ecuador, arrojaron una información cuya autenticidad ya nadie discute.

En pocos días el clima ha cambiado, en Colombia y en la región. Santos se ha ganado a la oposición, ha tendido puentes con los jueces que estaban enfrentados a Uribe y ha recompuesto la relación con Venezuela. Está, como dicen los franceses, en “estado de gracia”.Pero no nos engañemos. La guerrilla sigue allí y la bomba en el distrito financiero de Bogotá, estallada pocas horas después de la reunión de Santa Marta, es un claro recordatorio.

Tampoco olvidemos que si Álvaro Uribe mantiene su enorme popularidad es por los éxitos de su lucha contra la guerrilla. En ella Juan Manuel Santos va a seguir, porque lo cree, porque es el mismo que dirigió esa notable ofensiva y porque los hechos no le van a dejar margen. Su desafío es lograr que esas necesidades militares no lo lleven a los rompimientos del periodo pasado y que en el plano político encuentre una mayor comprensión.

Tiene una ventaja y es que ha quedado claro que los que viven inventando diálogos con una guerrilla que solo dialoga cuando tácticamente lo precisa, no han cosechado apoyo por esa vía de presunto humanismo que es solo un entreguismo a lo Múnich.

El presidente Juan Manuel Santos, por cierto, viene de la élite colombiana, pero lejos de descalificarlo lo ubica como heredero de una tradición liberal que lucha desde los tiempos coloniales por un republicanismo democrático.

Su tíoabuelo, Enrique Santos Montejo, fue un presidente liberal y su familia -y él mismo- han estado desde 1911 en El Tiempo batallando con la pluma por los mismos ideales. No ha sido la fortuna la fuerza de los Santos, que incluso ya no poseen la mayoría de su diario, sino su compromiso con Colombia. Del cual Juan Manuel es un nuevo testimonio, como ministro de tres Gobiernos de distinto signo, hoy rodeado, además, de un excelente Gabinete .

Los hombres siempre ponen su sello aunque las circunstancias son las que les elijen la tarea. A Uribe le tocó rescatar el Estado, recuperar el territorio, poner a los enemigos en retirada. Lo logró. Habrá tenido aciertos y errores, pero no se apartó de la legalidad y acató en silencio el fallo judicial cuando todo conducía a tentarlo en otro intento reeleccionista que hubiera sido nefasto.

A Juan Manuel le toca conducir una etapa distinta. Al enemigo en retirada deberá seguirlo acotando, ojalá que hasta su rendición final. Pero su desafío hoy mayor es que esta Colombia más segura pueda enfrentar mejor esos desafíos sociales que siguen pidiendo con urgencia atención.

Para la tarea anterior se precisaba de ese compromiso vital temerario, casi mesiánico, que mostró Álvaro Uribe desde su primer día.

Para este momento, se requiere de la flexibilidad del político y de la madurez del estadista. Ojalá que la frontera no se lo impida y que, adentro, entiendan los que tienen que entender.

Juan Manuel Santos is not wasting any time. Three days after being inaugurated as Colombia’s president, he met Tuesday with Venezuelan President Hugo Chávez; the two leaders restored diplomatic ties and reviewed how to better manage their countries’ often volatile relationship. U.S. relations with Colombia — Washington’s major Latin American ally over the past decade — may be on the verge of some important changes as well.

Chávez broke off diplomatic relations two weeks ago after Colombia publicly accused Venezuela of harboring rebels of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). But the tough charges were the last hurrah of Colombia’s outgoing “democratic security” president, Álvaro Uribe. Ironically, Santos — who was the notoriously hard-line defense minister under Uribe and won the presidency largely thanks to his immensely popular predecessor — is shifting gears and adopting the role of conciliator and diplomat in dealing with Chávez.

While Santos is familiar with Chávez’s unpredictability and knows as well as anyone where the FARC rebels are and what they are up to, he also knows the economic stakes for Colombia: Bilateral trade with Venezuela has dropped from $7 billion in 2008 to less than $2 billion today. Santos and Foreign Minister Maria Angela Holguin, who served as Colombia’s ambassador in Venezuela, intend to remain vigilant on FARC while using diplomacy to build confidence between the countries. One promising step was the leaders’ agreement to set up a “security commission” to monitor the often chaotic and violent border.

Yet in seeking to ease tensions with Chávez, Santos faces a fundamental dilemma: balancing a more diplomatic approach toward Venezuela with an overall strategic alignment with the United States. Chávez surely will continue to challenge such an alignment and try to curtail U.S. influence in the region. The Colombian “special relationship” with the United States, cultivated during the Bush administration, when Latin America often viewed Uribe as doing Washington’s bidding, does not help Santos’s pursuit of a more balanced foreign policy. Although the United States has been Colombia’s closest ally in fighting rebels and drugs, for Colombia the relationship often resulted in isolation from neighbors.

Santos is moving to distance himself from the man he recently praised as “Colombia’s second-greatest liberator” (behind Simon Bolivar). Domestically, Santos has made clear that he does not intend to govern in Uribe’s shadow. Several members of Santos’s able Cabinet had fallen out with Uribe. Notably, Santos has extended an olive branch to Colombia’s high courts, often the target of Uribe’s verbal attacks. He has extolled the virtues of the give-and-take of democratic politics and human rights guarantees. In his inaugural address, Santos outlined significant policy changes in health care, land redistribution and the justice system, and he stressed the importance of addressing Colombia’s severe social ills and creating jobs.

It won’t be easy to meet these goals. For all of its economic progress and increased foreign investment in the past seven years, Colombia has one of Latin America’s most unequal income distributions and highest unemployment rates. Santos may enjoy enormous goodwill, but it is not clear how hard he will push for transformation — or how willing legislators will be to go along with his proposals. But Santos knows that he must address these problems rather than attempt to ride Uribe’s security legacy. Santos himself said in June that Uribe built the runway and now Colombia can fly. Indeed, the changed emphasis is a tribute to the success of Uribe’s policies.

Rebuilding relations with Venezuela is part of a broader foreign policy strategy that includes more robust relations with neighbors and normalizing relations with Ecuador, which have been rocky since 2008. Santos, who made clear that Colombia should exercise regional leadership, is committed to deepening economic and political relations with Mexico, Peru, Chile and Brazil. He also intends to engage more directly with Asia (China in particular), where Colombia has been relatively slow in taking advantage of opportunities for economic cooperation.

Santos, who attended the University of Kansas and Harvard, is expected to maintain close ties with the United States. He would welcome congressional passage of the bilateral free-trade pact (which the Colombian Congress approved in 2006) and the continuation of the decade-long Plan Colombia aid, with a greater emphasis on the social questions that are so salient on his domestic agenda.

But for all of Santos’s knowledge of Washington, his foreign policy priorities seem to lie elsewhere. Colombians are tired of often-futile visits to Washington aimed at convincing U.S. lawmakers that they should back the trade deal. Santos’s inaugural address did not mention the United States. As president-elect he toured European and Latin American capitals but not Washington. For Colombia, it seems, as increasingly for the rest of Latin America, it is time to move on in the world.

Colombia estrena nuevo presidente, y con él, una nueva etapa política después de ocho años de uribismo. Precisamente Álvaro Uribe, en su último discurso de despedida, aconsejó no dejarse engañar por las recientes declaraciones de Alfonso Cano, máximo dirigente de la guerrilla de las FARC, quien había planteado conversar con el nuevo Gobierno sobre una agenda de cinco puntos: las bases militares de Estados Unidos, los derechos humanos, la tierra, el régimen político y el modelo económico.

La clase política se encuentra dividida en este tema, entre los que creen que con la fuerza militar será posible derrotar finalmente a la insurgencia, y los que creen que las guerrillas jamás serán derrotadas por completo, aunque sí debilitadas, por lo que hay que abrir un espacio para el diálogo y para encontrar una salida política negociada al conflicto.

El nuevo presidente Juan Manuel Santos tiene en sus manos la posibilidad de ponerle fin no solo al único conflicto armado de América Latina, sino también al conflicto más antiguo del mundo que no está en vías de negociación. Sin lugar a dudas, no va a repetir experiencias del pasado que no tuvieron éxito, y tampoco arriesgará su prestigio con tentativas que no conduzcan a buen puerto.

La pregunta, pues, es ¿qué podría hacerse de manera razonable para poner fin al conflicto, sin claudicar ante posibles exigencias inasumibles de la insurgencia y desde una perspectiva del Estado de derecho?

Esta pregunta va acompaña de una duda. ¿Está la insurgencia preparada para entrar a negociar sin maximalismos? Una atenta observación a todos sus comunicados y declaraciones de los últimos años, me llevan a afirmar que sí.

Las FARC han abandonado por completo cualquier aspiración de toma del poder por las armas, y plantean más bien un programa compatible con una democracia occidental, perfectamente asumible. No es tanto un problema de agenda como de metodología y de simbolismos asociados a la dinámica de la confrontación militar, como la necesidad de no resultar perdedores y de contribuir a cambios reales.

Colombia es un país con un 54% de la población por debajo del nivel de la pobreza, y ocho millones de personas en situación de miseria. Son datos objetivos en un país rico en recursos económicos y humanos, que además presenta altas tasas de crecimiento económico.

Pero esos datos reflejan igualmente la desigualdad en el reparto de la riqueza, y en esta desigualdad reside la razón de ser de la insurgencia, aunque con la contradicción de que su lucha armada origina un gasto militar desmesurado que impide invertir en planes sociales.

Se calcula que una Colombia en paz podría ahorrar entre un 2% y el 3% del PIB ahora dedicado a la guerra para inversión social, esto es, unos 3.000 millones de dólares anuales, suficientes para rebajar las tasas de pobreza a un ritmo superior al 1% anual.

Lo que en los últimos años propone la guerrilla es abordar temas que, de una manera u otra, deberá abordar el nuevo Gobierno si quiere tener una vocación social. Y parece que podría tenerlo.

Así, pues, puede darse una confluencia de intereses a medio plazo que propicien un diálogo entre ambos. Surge el interrogante de cómo hacerlo, pero para ello es necesario abrir un canal de comunicación que explore la manera más propicia, y con garantías de éxito.

El nuevo Gobierno no va a arriesgarse a entrar en una vía muerta, y me parece bien, así que la insurgencia deberá ser muy realista en sus planteamientos si quiere realmente lograr algo que le sirva a sus aspiraciones y al país.

En todo caso, Colombia necesita imperiosamente que termine la confrontación militar para atender a las múltiples necesidades que el país tiene en lo económico, lo político y lo social, y si eso pasa por abrir un espacio a un diálogo que conduzca a una negociación, bienvenido sea.

El presidente tiene la autoridad para intentarlo cuando lo considere oportuno, y la insurgencia tiene la obligación de ponerle fin a la confrontación actuando con el realismo político que impone el vivir en un siglo XXI nada propicio para el uso de las armas, pero sí para el ejercicio de la política de consensos.

Se produce en Colombia el traspaso de poder entre Álvaro Uribe y su sucesor Juan Manuel Santos. El primero termina sus dos mandatos con un alto índice de popularidad y en medio de una sensación generalizada de haber hecho bien las cosas en Colombia en los últimos ocho años.

En el ejercicio de todos sus cargos anteriores y como presidente se ha mostrado como un gestor muy eficaz exhibiendo un matizado perfil liberal. Al llegar a la presidencia se encontró un país sumido en la violencia y al borde del precipicio. Terrorismo, narcotráfico y pobreza eran los particulares ejes del mal en Colombia. Y haciendo buena la máxima de que la política es el arte de lo posible, se puso manos a la obra, sin estridencias ni autoritarismos innecesarios.

En el 2002, Colombia estaba más cerca de ser un Estado fallido que de asentar el Estado de derecho. Sencillamente, el Estado estaba desestructurado administrativa y políticamente. Transitar por sus carreteras era una misión de alto riesgo. El Estado apenas podía garantizar la seguridad en las grandes ciudades. En una parte del territorio, los terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) campaban a sus anchas.

Con Uribe se terminaron las concesiones a los terroristas. Nada de reconocimiento y posición de igualdad para negociar y nada de zonas desmilitarizadas, como había concedido Pastrana en el pasado con el resultado de una terrorífica espiral de violencia y sangre propiciada por las FARC.

Inmediatamente puso en marcha uno de sus principales logros, la política de seguridad democrática cuyo objetivo era reforzar la autoridad democrática en Colombia. A tal efecto dispuso e implementó con éxito la coordinación de todas las actuaciones del Estado a través del Consejo de Seguridad ganando en capacidad y rapidez de acción. También se redujo la burocracia que atenazaba a los departamentos regionales y fueron animados a fusionarse para poder funcionar de forma más eficaz. Y además se inició un proceso de fortalecimiento del sistema judicial y las instituciones armadas con los objetivos de vigorizar el imperio de la ley y de recuperar el control de aquellas partes del territorio donde se había perdido, a manos de terroristas y narcotraficantes. La perseverancia en esta política de seguridad ha dado sus frutos en la desmovilización de las AUC en el 2005, la marginación del ELN y el debilitamiento (próximo a la derrota) de las FARC.

A Uribe no le ha temblado la mano a la hora de luchar contra el terrorismo y así lo muestran las incesantes operaciones militares contra las FARC, las misiones de rescate de rehenes o bien las extradiciones a Estados Unidos de los principales líderes de las AUC. Durante su presidencia, ha promovido y acercado el Estado del bienestar a los colombianos. Por un lado, negociaba con el Banco Mundial y con el FMI para obtener los fondos necesarios para financiar lo que él denominaba sus proyectos de revolución educativa. Por otro, a nivel nacional fomentaba las microempresas y los préstamos blandos para reducir el desempleo. En sus empeños ha cosechado, de acuerdo con diversos indicadores, un éxito razonable en materias como educación, empleo y sanidad.

Y la combinación de sus políticas de seguridad y económicas se ha traducido en una mejora de los niveles de vida en Colombia y en una reducción apreciable de los índices de violencia y criminalidad.

Sus detractores hablan de los acuerdos con EEUU acusándole de vender Colombia. O bien señalan que sus malas relaciones con Venezuela elevan la tensión regional situándola al borde del conflicto. Pues no tienen razón. Lo que hizo Uribe en el 2009 fue intensificar su relación con EEUU al permitir su acceso a siete bases militares colombianas. Resultado, Colombia es intocable en la zona. E indudablemente era algo necesario para derrotar de forma definitiva a los violentos. Y también ante la agresiva actitud de Hugo Chávez, auténtico desestabilizador de la zona, cuyos vínculos con las FARC quedaron al descubierto en el 2008 tras la intervención del ordenador del número dos del grupo, Raúl Reyes.

Por parte de Uribe, no puede hablarse de enemistad con Venezuela, país con el que firmó en el 2004 un acuerdo para construir un oleoducto. Toda la rabia y la provocación constante caen del lado de Chávez que, por ejemplo, ha levantado estatuas en Venezuela a Manuel Marulanda, el jefe de las FARC, un asesino despreciable que en vida solo produjo dolor.

Hoy, Colombia es una potencia regional emergente por su desarrollo económico y por sus lazos privilegiados con EEUU. Hoy, en Colombia, los violentos saben que han perdido y terminarán con sus anacrónicas revoluciones en el basurero de la historia. Después de los dos mandatos de Álvaro Uribe, queda mucho por hacer, pero no es menos cierto que también se ha conseguido bastante, tanto como lo que era posible conseguir.

Desde hace al menos tres años la naturaleza de las relaciones entre Colombia y Venezuela ha cambiado. En ese sentido, la dinámica doméstica y fronteriza que tiene la lucha armada en Colombia y los profundos cambios político-militares en el mundo andino hacen que el entrelazamiento entre conflicto interno e internacional sea hoy más probable. Si a ello se suma el papel gravitante y contradictorio de Estados Unidos en las relaciones triangulares entre Bogotá, Caracas y Washington, entonces se tiene un panorama aún más complejo.

El dato más novedoso es la transformación del dilema de seguridad entre Colombia y Venezuela. Si bien el dilema de seguridad entre Bogotá y Caracas no es nuevo ni excepcional, ha alcanzado un grado de escalamiento inusitado. El hecho es que hoy ni Bogotá ni Caracas creen que lo que hace el vecino lo realice en clave de disuasión (deterrence, en nomenclatura anglosajona); esto es, no creen que el mensaje de uno al otro quiera decir: “No me ataques porque el costo de hacerlo será mayor para ti, pues yo usaré todo mi poderío en la represalia”. Lo que predomina es la percepción de que los dos procuran la reversión (-roll back, en nomenclatura anglosajona) del otro. Es decir, que Bogotá busca (con la ayuda de Estados Unidos) dar marcha atrás a la Revolución Bolivariana de Chávez y que Caracas busca (con la ayuda de las FARC) promover la caída del régimen político en Bogotá. Se ha construido entonces un dilema de seguridad exacerbado que es difícil de regular y manejar.

Más aún, ahora la relación bilateral ha entrado en una fase más peligrosa. Por decisión del Gobierno de Venezuela se han roto las relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá. En general, fuera de Colombia, se ha indicado que el presidente Álvaro Uribe, con la denuncia hecha, buscó extremar la situación a dos semanas de la asunción de un nuevo mandatario. Me quiero detener en el análisis del lado colombiano, sin reparar en el tema de las pruebas, su pertinencia o su alcance y quiero sugerir cuatro modos de entender lo sucedido.

Una primera interpretación se centra en la personalidad y el estilo del presidente Uribe. Audaz, inquebrantable y frontal o desmedido, intemperante y provocador son los calificativos que se usan para describirlo. En uno y otro caso, habría sido su carácter lo que le llevó a precipitar esta situación a la espera de la reacción de su contraparte venezolana.

Una segunda interpretación tiene que ver con la convicción ideológica de Uribe: el mandatario estaría queriendo terminar sus ocho años de mandato con la certeza de que actualmente hay un límite definitivo, interno y externo, en lo que esaceptable para Colombia en su lucha contra los actores armados.

En ambos casos, se trataría de decisiones individuales que, por conveniencia o convicción, ha tomado el presidente Uribe antes de terminar su gestión. En ambos casos el papel del presidente electo, Juan Manuel Santos, sería menor: silenciosa y pragmáticamente estaría aceptando la determinación de Uribe, presidente del cual hasta hace poco fue un ministro de Defensa de línea dura frente a Venezuela. Paradójicamente, un Santos moderado al frente del Ejecutivo podría tener la ocasión de rediseñar, quizás sobre bases medianamente más positivas, la relación hoy maltrecha.

Una tercera lectura remite más bien a que la situación actual podría ser el producto de una política de Estado. Uribe, más allá de su personal sentir, habría asumido el reto de llevar el caso a la OEA debido a que el aparato estatal civil y militar, y buena parte de la ciudadanía, estarían plenamente de acuerdo en la redefinición sustantiva de la relación con Venezuela. Ya nada debería ser como fue en el pasado: se trataría de reorientar completamente el vínculo colombo-venezolano en cada uno de los planos de la relación bilateral. El presidente entrante pudo haber dicho hace unos días que buscaba un gradual mejoramiento de las relaciones, pero ello no significa que Santos deje de asumir que, a partir de ahora, Venezuela deberá dar pruebas contundentes de cambio para, eventualmente, reabrir las relaciones. De algún modo, el Santos ministro fue un arquitecto clave de una estrategia activa de presión y denuncia contra Caracas: más aún, durante la última campaña presidencial indicó que como mandatario volvería a usar la fuerza contra un vecino si se presentara una situación como la que en marzo de 2008 (siendo él ministro) llevó al ataque en territorio ecuatoriano para dar de baja a un hombre clave de las FARC, Raúl Reyes.

Una cuarta explicación, que refuerza la idea de una política de Estado, es la que asume que, a pesar de las divergentes expresiones recientes en torno a Caracas, Uribe y Santos habrían concertado de cierta manera los pasos a seguir en el tema Venezuela. Se trataría -salvando las distancias y las diferencias- del esquema que en su momento usaba el PRI mexicano cuando controlaba el Gobierno y el Estado. El presidente saliente asumía los costos de medidas económicas impopulares (recortes, ajustes, etcétera) para que su sucesor gozara de más margen de maniobra y reforzara, a su turno, la política ya establecida.

Resulta esencial discernir con realismo y claridad qué postura ha sido la asumida en Bogotá. Las llamadas a buenos oficios de Unasur, Brasil, la OEA, España y Francia son y serán simples declamaciones si no se tiene más precisión acerca de lo que está sucediendo. Quizás todavía se trate, si predominaran las dos primeras opciones mencionadas, de encontrar salidas después del 7 de agosto, cuando tome posesión Juan Manuel Santos. Un estrecho espacio de distensión que pueda ser verificado, por ejemplo, por el Consejo de Defensa Sudamericano, puede abrirse si la tercera opción es la correcta. Pero es probable que no tenga sentido procurar una reapertura improvisada de las relaciones rotas si lo que se ha producido es el cuarto esquema: en todo caso, Suramérica se deberá preparar, en esa eventualidad, para una política de control de daños más que una de resolución de tensiones.

Mientras tanto, Estados Unidos poco aporta a la distensión: hace ya bastante tiempo que Washington ha dejado de brindar orden y apenas si agrega al desorden propio de la región con su escasa capacidad de desplegar una diplomacia constructiva para América Latina.

In March I wrote about the Obama administration’s contribution to the election campaign under way in Venezuela, where voters will choose a new national assembly in September. I predicted that certain things would happen before September, among them some new “discoveries” that Venezuela supports terrorism. Venezuela has had 13 elections or referenda since Hugo Chávez was first elected in 1998, and in the run-up to most of them, Washington has usually done something to influence the political and media climate.

The intentions were already clear on March 11, when General Douglas Fraser, the head of the US Southern Command was testifying to the US Senate. In response to a question from Senator John McCain about Venezuela’s alleged support for terrorism, Fraser said:

“We have continued to watch very closely … We have not seen any connections specifically that I can verify that there has been a direct government-to-terrorist connection.”

The next day he recanted his testimony after meeting with the US state department’s top official for Latin America, Arturo Valenzuela.

This made it clear that the “terrorist” message was going to be a very important part of Washington’s campaign. Even the Bush administration had never forced its military officers to retract their statements when they contradicted the state department’s political agenda in Latin America, which they sometimes did.

Unfortunately, the campaign continues. Last Thursday, Colombia‘s ambassador to the Organisation of the American States (OAS) accused Venezuela at an extraordinary meeting of the OAS of harbouring 1,500 guerillas, and asked for the OAS to take action. The timing was noteworthy to many observers. President Lula da Silva of Brazil noted that it “seemed strange that this occurs a few days before [President] Uribe [of Colombia] leaves office. The new president has given signals that he wants to build peace [with Venezuela]. Everything was going well until Uribe made this denunciation.”

Venezuela responded by breaking diplomatic relations with Colombia. It had previously cut off much of its trade with Colombia over the past two years, in response to Colombia’s agreement with Washington to expand its military presence at seven US military bases in Colombia. Since Venezuela had been Colombia’s largest trading partner in the region, it is possible that the new president, Juan Manuel Santos, was looking to improve relations for business reasons if nothing else. He had invited Chávez to his inauguration.

Of course, Uribe does not necessarily take orders from Washington, but it would be naive to assume that someone who has received more than $6bn from the US would not check with his benefactors before doing something like this. The fact that the US state department immediately took Colombia’s side in the dispute is further indication that they approved. Even Washington’s (rightwing) allies in the region did not take sides, with the government of Chile, for example, issuing a neutral statement; this would have been the normal diplomatic protocol for Washington too, if this were not part of a political and public relations campaign against Venezuela.

Other governments clearly saw Colombia’s action as a political move, and were upset with what looked like the OAS being manipulated for these purposes. President Lula was cited in the Brazilian press saying that the venue of the dispute should be moved to Unasur, because the US would tilt the negotiations toward Colombia and against Venezuela. Ecuador’s foreign minister, Ricardo Patiño, strongly criticised the head of the OAS, José Miguel Insulza, for not having consultation before granting Colombia’s request for a meeting of the OAS permanent council. Patiño said that Insulza had shown his “absolute incapacity” to direct the organisation and to “look for peace in the region”. Bolivia’s president, Evo Morales, had even harsher rhetoric for Uribe, calling him “a loyal representative of the US government, with its military bases in Colombia designed to provoke a war between Venezuela, Ecuador and Nicaragua.”

This dispute highlights the importance of the institutional changes that the left-of-centre governments in Latin America are trying to make. The increasing importance of Unasur, displacing the OAS, has become vital to Latin American progress and stability. For example, because of the influence of the US (as usual, with a handful of rightwing allies) in the OAS, it failed to take stronger action to restore the democratically elected government of President Zelaya of Honduras last year.

When Bolivia was having problems with attempts by the separatist, extra-parliamentary opposition – including violence and de-stabilisation efforts – it was Unasur that met in Santiago in September 2008 and threw its weight behind the democratic government of Evo Morales. When the US decided last fall to expand its presence at the military bases in Colombia, Unasur reached an agreement – which included Colombia – that prohibited these bases from being used for any actions outside of the country.

As to the substance of Colombia’s latest claims, guerillas and paramilitaries have been crossing the 2,000km border with Venezuela – much of it dense jungle, mountains and all kinds of difficult terrain – for decades. There is no evidence that anything has changed recently, and nothing to indicate that the Venezuelan government, which has extradited guerillas to Colombia, supports any armed groups – as General Fraser testified before he was apparently forced to take it back.

On Tuesday Insulza – perhaps feeling like he had gone too far to please Washington – told CNN en Español that “the guerrillas come and go, and it is quite difficult to ask just one country to control the border … Uribe says he doesn’t know why Venezuela doesn’t detain the guerillas, but the truth is that Colombia can’t control them either.” He might have added that the US, with all its vastly greater resources and superior technology, doesn’t have an easy time controlling the flow of drugs, guns, and people across its own much more manageable border with Mexico.

On Thursday there will be an emergency meeting of Unasur, and hopefully a process of diplomacy will begin to resolve the dispute. Certainly there will be a better chance of success to the extent that Washington – and its political campaigns against governments that it doesn’t like – can be kept at a distance.

El próximo agosto toma posesión Juan Manuel Santos como nuevo presidente de Colombia. Tuvieron que esperar los colombianos para cambiar de primer mandatario; no habían esperado tanto desde los años cincuenta, cuando Rojas Pinilla permaneció en el poder casi una década. Desde entonces la reelección había sido proscrita, pero el presidente saliente, Álvaro Uribe, fue capaz de convencer a sus conciudadanos hace cuatro años de que era una buena idea. Lo intentó nuevamente este año y fracasó, por lo menos donde más importaba: en la Suprema Corte. Inhabilitado para buscar nuevamente la presidencia, logró, en los hechos, designar a su sucesor: Juan Manuel Santos.

Las lecciones de los comicios colombianos son claras y reveladoras. Los partidos tradicionales -el Liberal y el Conservador, fundadores y pilares del sistema bipartidista más antiguo de América Latina- casi desaparecieron, proceso que ya había comenzado con la victoria de Uribe en el 2002 como candidato independiente. Si bien Santos no contendió por alguno de los viejos partidos, se trata de un clásico insider por antonomasia -algunos podrían tildarlo de un oligarca-, y por tanto su triunfo no puede ser visto como prenda de renovación de la clase política colombiana. El carácter excluyente de la democracia colombiana en gran medida se mantiene.

La novedad en la disputa electoral provino del vertiginoso y efímero ascenso de Antanas Mockus en las encuestas, y en el entusiasmo que despertó entre los jóvenes y las clases medias de Bogotá y de las grandes ciudades. Tanto el ascenso como el entusiasmo, sin embargo, se desvanecieron rápidamente; aunque los ciudadanos se enviaron decenas de miles de mensajes de texto, de Twitter y en Facebook, no salieron a votar: la participación electoral fue la misma de siempre, esto es, menos del 50%.

Mockus innovó, no se dejó etiquetar, adoptó varias posturas originales, pero su ambivalencia ante Hugo Chávez, el incómodo y repudiado vecino de Colombia, sugirió cierta tibieza en el combate a las FARC y un tácito distanciamiento ante Uribe. Como la inmensa popularidad de Uribe se debió precisamente a su éxito en el combate a las FARC, a su resistencia frente a las embestidas de Chávez, y a la reducción notable de la violencia, cuando Mockus titubeó en su respuesta al posible proceso y extradición de Uribe, firmó su sentencia de muerte electoral.

Por último, mientras que algunos candidatos (como Germán Vargas Lleras) sí presentaron un programa detallado, extenso y original, y Santos mismo siempre ha sido un hombre de mucha sustancia, la mayoría de los principales retos del país fueron tratados solo retórica o superficialmente. Así, el mundo ha aprendido más de Colombia en esta elección de lo que Colombia ha descubierto de sí misma, y de su lugar en el mundo. Esto puede convertirse en un problema para Santos a la hora de las decisiones, a pesar del enorme mandato que recibió de las urnas.

¿Qué es lo que el mundo ha aprendido? En primer lugar, que Uribe siguió siendo tremendamente popular, a pesar de los escándalos de corrupción, de los servicios de inteligencia y de las acusaciones de violar repetidamente los derechos humanos en su combate a la guerrilla. Uribe trajo una paz relativa -gracias a su política de “seguridad democrática”- a un país en guerra de tiempo atrás, y a un precio que la mayoría de los colombianos consideraron aceptable. Secuestros, homicidios, atentados terroristas, asaltos y la delincuencia en general han decrecido; las guerrillas han sido heridas de muerte (si bien no destruidas), y aunque la producción de cocaína no ha bajado tanto, esto es visto por los colombianos como un problema de Estados Unidos y de Europa, no de su país.

Asimismo, la economía logró un buen desempeño durante los ocho años de Uribe, no obstante, la caída predecible de 2009. Uribe cuadró el círculo: entregó una cantidad suficiente de éxitos anhelados por la población colombiana, y en cuanto a aquellos que no alcanzó, fue capaz de vender con credibilidad la promesa de lograrlos en un futuro cercano.

En segundo lugar, esa inmensa popularidad resultó ser transferible al sucesor escogido, si lo escogía bien. Así fue. Santos carece de carisma, de vez en cuando le sale lo arrogante, y quizás cometió algunos errores durante las primeras semanas de su campaña. Pero posee una impecable trayectoria como ministro de Comercio, de Finanzas y de Defensa, como periodista honesto; a pesar de su estampa conservadora, había logrado vincularse a sectores progresistas tanto en casa como en el exterior.

Uribe, de manera tácita, y Santos, con estridencia, supieron convencer al electorado colombiano que no era oportuno cambiar de caballo a mitad del río. Para llegar a la otra ribera, era preciso terminar con las guerrillas, mantener una sólida alianza con Washington, desmantelar a los grupos paramilitares restantes, y contener a los llamados minicárteles. El mensaje caló y la continuidad ganó.

La interrogante ahora consiste en saber si, después de su victoria aplastante (en América Latina ni Lula ha conseguido un mandato de esta magnitud), Santos podrá desplazarse hacia el centro y adoptar un enfoque más socialdemócrata ante los descomunales retos colombianos.

Cuando lo conocí hace casi 15 años y presentó en Bogotá su versión de “La Tercera Vía”, era un discípulo convencido de Anthony Giddens y un admirador de Tony Blair. El brillo de ambos se ha desvanecido, pero la necesidad de una opción análoga para Colombia es más patente que nunca. Uribe ha construido los cimientos; Santos puede montar el andamiaje y comenzar a erigir el edificio. El indudable crecimiento económico de los años de Uribe ha sido de los peor repartidos en toda América Latina; Colombia se ha rezagado frente a países como Chile, Brasil y México en el empeño por convertirse en una sociedad de clase media.

Al mismo tiempo, hoy reúne todos los ingredientes para dar el último jalón: recursos naturales, mucha más seguridad que antes, buena imagen internacional, un equipo de Gobierno experimentado e ilustrado; y una oposición inteligente e imaginativa. Santos va a enfocarse mucho más que Uribe en el desarrollo social y económico, en buena parte porque lo puede hacer, justamente gracias a Uribe. Seguramente le prestará mucha más atención a la realidad y a la percepción interna y externa del déficit de respeto a los derechos humanos: entiende el problema, y lo quiere atender. También puede -y probablemente lo hará con gusto- librar una batalla ideológica contra la demagogia de Hugo Chávez, convirtiéndose en el abanderado de una alternativa moderna, progresista y democrática ante los países del ALBA, aprovechando los vacíos que, por razones diferentes en cada caso, han abierto México, Perú y Chile, y que Brasil difícilmente puede llenar, debido a su excepcionalidad de todo tipo.

Su mandato, su talento, y el legado que recibe, dan para todo esto. Solo falta que se atreva.

Si bien en Colombia no existen los títulos nobiliarios, casi siempre hay algo dinástico en nuestras elecciones presidenciales. En ellas suelen participar -y casi siempre ganan- hijos o nietos de ex presidentes de esta aristocrática república tropical. En las de este domingo participan Germán Vargas Lleras, nieto del ex presidente Carlos Lleras, y Juan Manuel Santos, primo hermano del actual vicepresidente, Francisco Santos, y además sobrino nieto de Eduardo Santos, presidente del año 1938 al 1942. Si en Colombia hubiera nobleza, Juan Manuel Santos sería, no digamos un duque, pero sí un barón o un vizconde, o cuando menos un caballero de la industria, gracias al diario El Tiempo, el periódico con más circulación del país, cuya propiedad ahora comparte la familia Santos con el Grupo Planeta. El Tiempo, sobra decirlo, apoya abiertamente la candidatura de su antiguo dueño, que se precipitó a vender sus acciones hace pocas semanas.

Según las encuestas, Juan Manuel Santos debería ganar la primera vuelta este domingo, por encima de Antanas Mockus, el candidato del Partido Verde. Santos presenta su nombre por el Partido de la U. Esta U, aunque no se lo diga, es solapadamente la U del apellido del presidente Uribe. Casi nadie sabe que su nombre oficial es “Partido de la Unidad Nacional”. No, para el común de las gentes la U es la inicial de Uribe. En Colombia, por asuntos de hipocresía electoral, el presidente en ejercicio no puede tomar partido por ningún candidato, pero la ley se incumple haciendo trampa por debajo de la mesa. Santos, para burlar la norma, y asesorado por un consultor venezolano experto en trucos electorales (J. J. Rendón) contrató avisos radiales con un imitador de la voz de Uribe. La voz dice que lo apoya. Cuando se le pregunta si no le parece que esto es un acto deshonesto y una burla a la ley, Santos contesta que es tan solo “una picardía”.

En mi país, desde los tiempos coloniales, las burlas a la norma (evadir impuestos, saltarse la fila, presentar como guerrilleros muertos en combate a pequeños delincuentes comunes) se ven como picardías graciosas, propias de pícaros casi literarios en la dura tarea de sobrevivir en un entorno hostil. Es de este tipo de “picardías” (y de otras aun más graves) de las que estamos hartos muchos colombianos. Y a este hartazgo se debe el ascenso prodigioso que han tenido en las últimas semanas un par de candidatos excéntricos. Se trata de dos doctores en matemáticas que resolvieron hacer una alianza electoral cuya bandera es elemental: respeto por las normas, honradez, legalidad.

Algunos les dicen “el binomio de oro”; otros, “la fórmula matemática”. Se trata de Antanas Mockus (licenciado en Matemáticas y Filosofía en la Universidad de Dijon y doctor honoris causa de la Universidad de París) y de Sergio Fajardo (Ph.D en Lógica Matemática por la Universidad de Winsconsin). Su diploma político, sin embargo, es más importante: convirtieron a dos de las ciudades más violentas y desprestigiadas de la tierra, Medellín y Bogotá, en dos ciudades que hoy, con todos sus defectos, son un ejemplo para América Latina. Un solo dato: después de Mockus la violencia en la capital de Colombia se redujo en dos tercios. Con Fajardo, Medellín pasó de 6.500 homicidios anuales (una cifra de país en guerra) a 650. No fueron milagros: fueron actos de inteligencia y coraje. Un ejemplo entre muchos: Fajardo dedicó el 40% del presupuesto municipal a la educación de los más pobres. Su consigna: “la vida es sagrada.”

La fórmula matemática consiste en que, en caso de ganar, Antanas Mockus sería el presidente y Sergio Fajardo, vicepresidente y ministro de Educación. No son dos profesores despistados sino dos ciudadanos ejemplares que se hastiaron de la política corrupta, de la violencia mafiosa, guerrillera o paramilitar. No son dos soñadores con la cabeza en las nubes sino dos hombres con los pies en la tierra que han demostrado que saben administrar con eficiencia y pulcritud los recursos públicos. Con ellos están otros dos ex alcaldes de Bogotá con mucho prestigio: Enrique Peñalosa y Luis Garzón. De Peñalosa se recuerdan las mega-bibliotecas que construyó en los barrios populares de la ciudad; de Garzón, su exitoso plan de “Bogotá sin hambre”, que les dio desayuno a los niños de todos los colegios populares, muchos de los cuales iban a la escuela sin haber probado bocado. A la sombra del Partido Verde estos cuatro ex alcaldes de las dos ciudades más importantes de Colombia han hecho una campaña prodigiosa que nos tiene soñando en un país más amable, menos iracundo.

Cuando sus porcentajes en las encuestas eran bajos (Fajardo el 9%, Mockus el 5%) los demás candidatos (la ex embajadora Noemí Sanín, el liberal Rafael Pardo, el ex guerrillero Petro, candidato de la izquierda) los veían como un fenómeno marginal de opinión, con asiento en las universidades y en la clase intelectual. Pero desde que Fajardo adhirió generosamente a la candidatura de Mockus, con la tesis de que “dos matemáticos no suman, sino que multiplican”, las posibilidades del Partido Verde han subido como espuma y hoy están empatados con Santos, el delfín de Uribe. Mockus y Fajardo le han aportado además a la campaña una dosis grande de cordialidad, de ironía y buen humor. No usan los ataques personales, las mentiras, las descalificaciones desdeñosas. Su estilo es amable porque en Colombia muchas veces la violencia física empieza con violencia verbal. Su cordialidad es desarmante.

Santos y Sanín son los candidatos del viejo establecimiento. Nunca han sido elegidos por voto popular, siempre nombrados por los mandatarios de turno. Han trabajado en gobiernos conservadores, liberales, uribistas… Ellos mismos han estado afiliados a distintos partidos o movimientos independientes. Son veletas de la política, capaces de las más grandes volteretas ideológicas con tal de adaptarse al gobernante de turno y conservar su porción de poder. Ambos fueron enemigos de Uribe, pero terminaron trabajando para él. “El que no cambia de opinión cuando cambian las circunstancias es un idiota”, declaró Santos, sin parpadear, y sin ver en esto ni la sombra de lo que significa: oportunismo político. Noemí Sanín pasó de denunciar a Uribe como paramilitar, a ser su embajadora en España.

El escenario más probable este domingo es que Santos y Mockus sean primero y segundo, con lo cual pasarán a la segunda vuelta, el 20 de junio. La propaganda negra ya intenta hacer ver a Mockus como alguien cercano a Chávez, simplemente porque no se le enfrenta con la furia verbal de los demás. Pero pocas cosas más distintas, en talante, en ideología y en políticas, que el viejo rector de la Universidad Nacional y el coronel golpista convertido al “socialismo del siglo XXI”. Será muy difícil que Mockus gane en una segunda vuelta.

El delfín Santos tiene a Uribe, tiene a los caciques, tiene la maquinaria de su partido. Cuenta incluso con el apoyo oculto de lo peor: los ex paramilitares y mafiosos de la droga, reciclados en impresentables movimientos políticos regionales. Tan impresentables son, que lo apoyan en silencio, sin poderlo decir abiertamente porque serían desautorizados por el candidato. En eso consiste también la picardía: en recibir el apoyo de los más corruptos, pero sin dejarlo saber en público.

A todo esto se oponen Mockus y Fajardo, con la sola arma de la razón y de las razones. No sabemos si será suficiente. La victoria de estos excéntricos sería un salto al vacío, dicen los más cercanos al presidente Uribe. ¿Dos profesores de matemáticas al gobierno de un país tan complejo? ¿Por qué no? Ya demostraron, en dos de las ciudades más complejas del mundo, que el problema de gobernarlas se podía resolver. Sería muy curioso que en Colombia se realizara el sueño de Platón: un filósofo al poder.

Cartagena de Indias. Cuatro negros discuten en la plaza Bolívar. «Tuvo que enseñar las nalgas para que lo escucharan», dice uno de ellos. Se refiere a Antanas Mockus, candidato a la presidencia por el Partido Verde. La respuesta no se hace esperar: «¡Enseña las tuyas para que te escuchemos!». Mockus, exalcalde de Bogotá, está a punto de cambiar la política con un guión de realismo mágico. Cuando gobernaba con éxito la capital bogotana, le pregunté al periodista Fernando Gómez si le veía potencial como presidente: «Ha sido excelente para la ciudad, pero es demasiado loco para el país». Ahora sus singularidades se han convertido en la sensatez de un país cansado de la violencia.
Profesor de filosofía y matemáticas, Mockus ha llamado la atención sin pudor académico: se desnudó en público, se casó montado en un elefante y se metió en una fuente para pedir perdón por dejar la alcaldía en su búsqueda de la presidencia. Curiosamente, estos arrebatos son los de un magnífico gestor urbano.

Para llegar a la presidencia, Mockus se asoció con otro exalcalde matemático, Sergio Fajardo, que transformó Medellín, ciudad de la Virgen de los Sicarios, en un sitio habitable, con espléndidas bibliotecas. Hijo de emigrantes lituanos, Mockus es el primer candidato a la presidencia de Colombia que no cree en Dios. «Soy agnóstico», informa este hombre que padece párkinson y utiliza la sinceridad como insólita estrategia política: «Los médicos me auguran unos 12 años de salud».

Su ideario es menos intrépido que su persona. Se trata de un liberal de centro, que ha llevado la ética a la arena pública. Su postura se resume en esta consigna: «La vida es sagrada, los bienes públicos son sagrados». Un opositor a la violencia y la demagogia: los fines no justifican los medios.

Los logros militares del presidente Álvaro Uribe permitieron que Colombia recuperara una soberanía amenazada. El precio fue elevado. El Gobierno ofreció recompensas por capturas y delaciones; aceleró la lucha, pero permitió que hubiera falsos positivos (más de 1.000 inocentes murieron como presuntos miembros del crimen organizado). Mientras tanto, los alcaldes matemáticos Mockus y Fajardo reconstruían el tejido social a través de la civilidad.

Uribe saldrá de la presidencia con una aprobación enorme. Este capital parecía suficiente para garantizar un Gobierno continuista. Con su estilo populachero, comparó su legado con un huevito que debe ser empollado por una gallina confiable. La gallina en cuestión es Juan Manuel Santos, exministro de Comercio Exterior, Economía y Defensa, miembro de la oligarquía de un país sin revoluciones sociales. «Si Mockus es verde, ¿de qué color es Santos?», preguntó el periodista Patricio de la Paz a Mercedes Maturana, representante de Mockus en Cartagena: «Santos no es de colores, es de apellidos», respondió ella, en alusión a las acaudaladas familias que lo respaldan. Santos cerró su campaña en el Centro de Convenciones de Cartagena con gran despliegue de salsa y vallenato. Una algarabía subsidiada. La sede de su campaña es una metáfora de sus recursos: el aire acondicionado es tan potente que el frío llega al patio.

La contienda más reñida de la historia colombiana tiene a seis candidatos con propuestas claras. Después del debate del 25 de mayo, el espectador mexicano anhela que nuestra política se colombianice. «Tenemos el peor sistema electoral con los mejores candidatos», dice Jaime Abello, director de la Fundación de Nuevo Periodismo, creada en Cartagena por Gabriel García Márquez. Se refiere a la posibilidad de fraude, compra de votos y conteos fantasma. Sin embargo, el sistema electoral colombiano también tiene ventajas: incluye segunda vuelta, presenta candidaturas dobles (presidente y vicepresidente) que mitigan el caudillismo y esta campaña duró solo tres meses.

El proselitismo para mañana ocurre en la era de las redes sociales. Los seguidores de Mockus trabajan a través de Twitter y Facebook (tiene 650.000 abonados, contra 180.000 de Santos). Con todo, el principal medio de comunicación del Caribe es el imbatible rumor.

Los sondeos auguran un empate técnico entre Mockus y Santos. Todo se decidirá en las adhesiones de la segunda vuelta. Hace unos meses esto hubiera sido impensable. Ante la ola verde que busca el cambio, el candidato oficialista contrató a expertos en publicidad negativa. El nombre del agnóstico Antanas fue escrito al revés: «Satanás». La respuesta del filósofo: pidió a sus seguidores que no hablaran mal de los adversarios.

Mockus llega a las reuniones con un lápiz amarillo para demostrar que la enseñanza es la más fuerte de las armas. El otro día pasé por su sede de campaña en Cartagena. En un pequeño cuarto, una decena de brigadistas mandaba mensajes desde sus laptops. Eran las once de la noche, pero ahí no hay horarios. El cansancio no era el de quienes llevan demasiado tiempo despiertos, sino el de quienes, a la muy colombiana usanza, se levantaron al amanecer.

Mañana Colombia demostrará lo que vale un lápiz.

L’élection présidentielle colombienne, dont le premier tour a lieu dimanche 30 mai, semble réserver des surprises inconcevables il y a six mois.

L’absence d’Alvaro Uribe, à qui un troisième mandat semblait promis, avec une élection facile, tant sa popularité semblait écraser les neufs candidats à sa succession, en est la principale. Le référendum d’initiative citoyenne visant à modifier une nouvelle fois la Constitution de 1991 pour permettre une deuxième réélection a été censuré par la Cour constitutionnelle par 7 voix contre 2, le 26 février. Démocratie défaillante et imparfaite, la Colombie est néanmoins un pays dont le système judiciaire, non sans reproches, garde à la fois une capacité d’action et une autonomie que nombre de pays pourrait lui envier.

Plus encore, le pays, englué dans un des conflits les plus anciens au monde avec les guérillas, rongé par le narcotrafic, incapable de démobiliser ou de marginaliser les milices paramilitaires se rêve souvent en démocratie libérale exemplaire. Au cœur de l’Etat colombien, coexistent et alternent des dysfonctionnements graves et des poches de légalité, sur fond de violence. Le pire y côtoie le meilleur.

L’empêchement de l’ancien gouverneur d’Antioquia a donc bouleversé une première fois le cours d’une campagne qui semblait écrite et jouée d’avance. Les résultats des élections parlementaires du 14 mars donnèrent une large majorité au congrès à la majorité gouvernementale. Néanmoins, deux primaires, organisées le jour même comme la loi le permet, annonçaient le changement aujourd’hui à l’œuvre. Dans les primaires du Parti conservateur, la défaite d’un protégé du président, l’ancien ministre de l’agriculture, Felipe Arias, au cœur d’un scandale de détournements de subventions publiques, battu par Noemi Sanin, ancien ambassadeur au Royaume-Uni et candidate présidentielle indépendante en 1988, retentit comme une perte d’influence du président.

UN RÉSULTAT INCERTAIN

D’autre part, les primaires du jeune Parti vert connurent une participation inattendue et, parmi les candidatures des trois anciens maires de Bogota, la victoire d’Antanas Mockus, personnage atypique, fut écrasante. Le Parti vert réussit même, ce jour-là, à faire élire neuf parlementaires. Dix ans après Ingrid Betancourt, cette organisation a choisi le vert et l’écologie pour marquer son refus du système politique traditionnel, sa volonté de s’affranchir des clivages établis, et parfois artificiels, et s’extraire d’un débat politique polarisé à l’extrême. Au regard de l’orthodoxie environnementale, la parenté avec l’écologie paraît lointaine. Pas d’avantage en fait que dans le cas de l’ancienne otage franco-colombienne. Une filiation fragile mais qui a du sens dans un pays en conflit.

A la vielle du premier tour de cette élection présidentielle, le résultat semble incertain. Juan Manuel Santos, ancien ministre de la défense d’Uribe, héritier d’une dynastie de la presse, après avoir été ministre dans plusieurs gouvernements, ne paraît plus assuré de triompher. Les enquêtes le donnent au coude-à-coude au premier tour avec le candidat Vert, et souvent battu au second. Le dauphin du président manque à la fois de charisme et d’autorité pour engranger les fruits de l’héritage.

En l’espace de deux mois, Antanas Mockus a donné corps a une stratégie politique longtemps théorisée par les opposants à l’actuel président, et notamment par Gustavo Petro, candidat de la gauche, de large alliance démocratique allant de la gauche jusqu’aux marges de l’Uribisme pour rompre avec la politique actuelle et poser les jalons d’une démocratie véritable. L’ancien recteur de l’Université nationale et deux fois maire de Bogota paraît bénéficier de cette large alliance, non pas des appareils qu’il refuse pour l’instant d’ailleurs, mais des électorats. Il bénéficie d’une part de ce que l’on appelle en Colombie le vote d’opinion. Un vote, ou plutôt un électorat, qui n’obéit pas aux consignes des partis, qui échappe au clientélisme et qui utilise son bulletin pour mieux dire son refus du système. Ce vote d’opinion se manifeste à chaque élection depuis deux décennies, alors même que la crise des partis traditionnels s’est approfondie, notamment depuis la victoire d’Alvaro Uribe en 2002, en partie obtenue grâce à ce vote-là.

REDÉFINITON D’UN PROJET DÉMOCRATIQUE

Antanas Mockus bénéficie de l’appui de larges secteurs de l’électorat. C’est incontestablement le candidat de la jeunesse, urbaine et surtout étudiante, qui utilise le maillage des réseaux sociaux pour faire de la politique. Il est ainsi un des hommes politiques les plus suivis sur Facebook à l’échelle planétaire. Sa candidature semble coaliser parfois des aspirations contradictoires. A l’écart de la polarisation de la vie politique, et ne bénéficiant d’aucun mandat ces dernières années, il n’a pas été une figure de l’opposition au pouvoir. Il semble néanmoins avoir été choisi, en tout cas dans les sondages, par ceux qui veulent changer de politique, mais aussi par ceux qui ne veulent pas de ruptures brutales. En fait, sa personnalité offre une opposition en creux avec l’Uribisme.

La politique dite de sécurité démocratique repose pour l’essentiel, mais pas uniquement, sur une offensive militaire contre les guérillas, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) principalement, et une mobilisation de l’ensemble de la société en appui à cet effort de guerre. Elle a été le pilier de la popularité de l’actuel président, même lorsqu’elle s’est traduite concrètement par des violations des règles de l’Etat de droit. La multiplication des scandales touchant des proches, sa majorité et les appareils de sécurité n’ont pas anéanti la popularité du président. Son aura n’a pas pâti autant que prévu ni des enquêtes judiciaires liées à sa réélection, en 2006, ni de la découverte d’assassinats d’innocents par les forces de l’ordre pour faire du chiffre dans l’offensive contre la guérilla et bénéficier des récompenses gouvernementales, ni de l’existence mise à jour d’écoutes illégales à grande échelle.

Antanas Mockus incarne un contraire subliminal. Son attachement à l’éthique, son légalisme dogmatique, sa probité apparaissent comme des garanties suffisantes à un changement démocratique, et même à un changement de la politique. Son alliance avec les anciens maires de Bogota, Enrique Peñalosa et Lucho Garzon, et aujourd’hui avec l’ancien maire de Medellin, Sergio Fajardo, son vice-président, illustre sa capacité de rassemblement, de respect du pluralisme politique et représente une capacité gestionnaire incontestable.

Ces caractéristiques pourraient paraîtres insuffisantes dans un autre contexte. En Colombie, elles redéfinissent un projet démocratique, basé sur un Etat impartial, le respect des lois et du pluralisme politique, alors même que la guerre a colonisé la politique. Mockus n’apparaît pas, qui plus est, comme un tendre face aux FARC, puisqu’il n’a jamais défendu des négociations sans conditions. Cette position rassure dans un pays où l’offensive militaire contre la guérilla n’est pas franchement contestée, elle explique a contrario la réserve des ONG engagées dans la défense des droits humains à son égard et d’une partie de la gauche, inquiète du flou sur les questions sociales.

Le mathématicien et philosophe francophone, d’origine lituanienne, a déplacé les lignes du débat, pour mieux l’ancrer dans l’histoire récente du pays, posant les termes d’un choix de principes : Etat de droit versus état de guerre sin fin. Dans un pays où chaque ouverture démocratique, depuis trois décennies, a donné lieu à des oppositions et des réactions d’une violence inouïe, au cœur même de l’Etat, l’espoir d’un avenir qui ne se résume pas à la fureur des armes semble porter.

L’ingénierie politique montée à la hâte a dépassé toutes les attentes au point d’être devenue une possibilité historique de changement. Une victoire d’Antanas Mockus couronnerait une aspiration colombienne ancienne : tenter de devenir une démocratie accomplie.

Las elecciones presidenciales que se celebrarán en Colombia el domingo serán únicas en varios sentidos. A pesar de las enormes presiones, el Tribunal Constitucional acabó con los planes de Álvaro Uribe de presentarse para un tercer mandato, al mantener la prohibición constitucional de ser presidente más de dos mandatos consecutivos. La ausencia de Uribe ha abierto el proceso electoral de modo imprevisto.

Si bien Uribe es ahora un pato cojo, sigue teniendo una influencia considerable y está esforzándose por mantener el tema de la seguridad nacional – principal énfasis de su gobierno-en el centro de la batalla electoral. Ha tratado de beneficiarse de las crecientes tensiones con la vecina Venezuela y confía en que su delfín, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, pueda unir las fuerzas de derechas del país para asegurar la continuidad de sus políticas.

Sin embargo, Colombia parece no desear la continuidad a cualquier precio; en lugar de ello, hoy parece preferir un cambio moderado con respecto a lo hecho por Uribe en la última década. Esta renovación viene en una forma que resulta inusual en la historia colombiana contemporánea. La alianza entre el candidato presidencial Antanas Mockus y el candidato a vicepresidente Sergio Fajardo ofrece la posibilidad de un cambio real, porque ninguno de ellos procede del ambiente político tradicional de liberales y conservadores. Provienen del mundo académico (ambos tienen doctorados en matemáticas).

Su experiencia principal (y exitosa) se encuentra en la política local. Mockus fue alcalde de Bogotá y Fajardo, de Medellín, y ambos desean que la gran prioridad del gobierno pase de la seguridad interna al fortalecimiento del imperio de la ley, la educación, la ciencia y tecnología, la productividad y un manejo sólido y sensato de las finanzas públicas. Ninguno tiene el respaldo de máquinas políticas urbanas ni turbias organizaciones armadas en las áreas rurales, sino de grupos independientes, ciudadanos sin inclinaciones ideológicas. Han movilizado de modo ingenioso a los jóvenes y han hecho un uso innovador de las redes sociales de internet.

La campaña de Mockus-Fajardo los retrata con orgullo como dos forasteros de la política, con todos los riesgos y beneficios. Su plataforma electoral, que promueve además cierto nivel de cambio generacional, se centra en su rechazo de la ilegalidad y la corrupción, temas de suscitan un amplio apoyo popular. Esta voluntad de cambio es la razón de que Mockus, hijo de inmigrantes lituanos, pueda llegar a presidir un país que ha recibido a escasos inmigrantes en el curso del siglo XX.

El fenómeno Mockus es, en varios sentidos, análogo al ascenso de presidentes alternativos en América Latina en los últimos años: Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, Mauricio Funes en El Salvador, Daniel Ortega en Nicaragua, José Mujica en Uruguay, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay y Hugo Chávez en Venezuela.

Pero Mockus es diferente. En contraste con Funes, Ortega, Mujica y Chávez, cuyas carreras comenzaron en movimientos guerrilleros o golpes de Estado fallidos, el pasado de Mockus es irreprochable. Nunca ha sido cooptado por intereses privados, sean políticos, económicos o criminales. Confía en sus instintos y gusta de las políticas públicas imaginativas, si bien esto preocupa a quienes temen el advenimiento de otro líder mesiánico.

Más aún, la sensibilidad de Mockus hacia los derechos humanos lo distingue de Uribe, que deja detrás un deplorable legado al respecto. Obviamente, las FARC – muy disminuidas como consecuencia de las acciones de Uribe, pero todavía violentamente opuestas a la democracia colombiana-siguen siendo fuente de inquietud para muchos colombianos. No obstante, dado que la dupla Mockus-Fajardo es verdaderamente centrista, el riesgo de cometer errores graves en este ámbito parece mínimo.

Las sombras sobre esta campaña electoral proceden no de las FARC, sino de la derecha: el candidato uribista Santos y la conservadora Noemí Sanín. El Partido Liberal, una coalición transversal de centroizquierda, y el izquierdista Polo Democrático no tienen posibilidades de victoria, aunque su apoyo a un gobierno de Mockus sería importante para una mayoría parlamentaria estable. A la inversa, las elecciones parlamentarias de marzo dieron a la dupla Mockus-Fajardo una mínima representación en ambas cámaras del Congreso, lo que implica que cualquier gobierno que formen necesitará todos los aliados legislativos que puedan encontrar.

Si Mockus se convierte en presidente, su plan de gobierno promete ser prudente: ni un salto al vacío ni inmovilidad ante la necesidad de emprender cambios profundos. Tres temas exigirán su atención: la potente subcultura mafiosa surgida en la última década, la necesidad de dar una nueva dirección a un modelo de desarrollo marcado por una amplia desigualdad, y evitar el aislamiento y las sobrerreacciones en las relaciones exteriores del país.

Puede que Colombia esté a punto de alcanzar un sueño largamente acariciado pero pospuesto a menudo: paz interna y menores tensiones con sus vecinos. Mockus parece la figura más capaz de hacer que estas posibilidades sean realidad.

Ha llegado el momento de que Estados Unidos ratifique el tratado de libre comercio con Colombia. Debe hacerlo por la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos y por el notable progreso que implica para los derechos humanos y la democracia en Colombia. Durante casi 40 años, este país suramericano ha librado nuestra guerra contra el narcotráfico, que ha pagado cara en bajas. Sin embargo, no hemos sabido ratificar un simple acuerdo de libre comercio cuatro años después de su negociación. Los colombianos están comenzando a desesperarse, y con razón. «Ha llegado el momento de decir si vamos a proceder con este acuerdo o no», dijo la semana pasada Luis Guillermo Plata, ministro de Industria y Trabajo, después de que Ron Kirk, el representante especial de comercio de Estados Unidos, se negara a especificar, en testimonio ante el Congreso, qué más desea Estados Unidos de Colombia antes de que el gobierno de Obama procure una ratificación. Se pensaría que Washington habría aprendido su lección del tremendo resentimiento que creó en Afganistán tras apoyar la lucha del país contra la Unión Soviética para después abandonarlo. El acuerdo de Colombia podría ser aún más frustrante, ya que favorece tan obviamente los intereses norteamericanos. Colombia quiere que el amplio acceso de sus exportaciones a Estados Unidos sea permanente. Los exportadores norteamericanos se beneficiarían más de los aspectos nuevos del tratado.

El presidente Obama ha pedido un nuevo impulso exportador por parte de Estados Unidos, a fin de recuperar puestos de trabajo perdidos. Sin embargo, el tratado colombiano está detenido por una oposición errada de los sindicatos y sus defensores demócratas en el Congreso. Obama está esperando el momento político adecuado para hacer algo que no les agradará. Tras poco movimiento durante el gobierno de George W. Bush, la espera ya ha sido demasiado larga. Los que se oponen al tratado con Colombia citan violaciones de los derechos humanos y el asesinato de organizadores sindicalistas, como motivo para bloquear el acuerdo. Grupos tales como Amnesty International y Human Rights Watch se han unido a sindicatos norteamericanos y colombianos, aún cuando el tratado comercial no tiene nada que ver con los derechos humanos. En verdad, al restringir el crecimiento económico de Colombia, los críticos del tratado están perjudicando a la clase obrera y a los pobres de Colombia. Los grupos de los derechos humanos también están impidiendo que el gobierno reciba los ingresos que necesita para proveer de servicios y de seguridad, el principal derecho de un ser humano. Eso en sí es errado, pero aún peor es que sus acusaciones sobre la situación sindical de Colombia son simplemente falsas. No hay matanzas sistemáticas de líderes y miembros de sindicatos, ni tampoco un ataque organizado ni sancionado por el Gobierno ni ninguna otra entidad.

Algunos miembros de los sindicatos han sido asesinados, pero tal como lo demuestra un estudio imparcial de dos académicos de la Universidad de Los Andes de Bogotá, Daniel Mejía y María José Uribe, la tasa de homicidios entre los colombianos en general, en 2008, fue seis veces mayor que entre los miembros sindicales. Utilizando las mismas cifras de los sindicatos, la tasa de homicidios entre miembros de sindicatos fue de seis por cada 100.000 personas, o aproximadamente igual a la tasa general de homicidios en Estados Unidos. Esto parece increíble, pero es cierto: los afiliados a sindicatos en Colombia pertenecen a la clase media y no viven ni trabajan en áreas rurales peligrosas ni en barrios deprimidos, donde tiene lugar casi toda la violencia de la guerrilla y del narcotráfico. E incluso esa violencia está decreciendo.

La violencia política relacionada con los sindicatos fue elevada en los años 90, pero tal como lo demuestran Mejía y Uribe, entre 2000 y 2008 no hubo vínculos entre el nivel de actividad sindical -de negociaciones salariales a manifestaciones callejeras- y el nivel de asesinatos de miembros sindicales. Ello coincide con las conclusiones de unidades investigativas especiales y de los tribunales, en las 334 condenas desde 2000, de que los motivos de dicha violencia se relacionaron, generalmente, con el robo o la pasión.

El asunto real en esta cuestión es ideológico. A los sindicatos no les gusta el libre comercio. Al aceptar un fallo judicial que no le permite postularse como candidato presidencial para un tercer período en mayo, el popular presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sentó un ejemplo de democracia. Ahora es necesario que Obama y el Congreso norteamericano sienten su propio ejemplo y reconozcan a Colombia como un valioso socio comercial.

El tiempo pasa rápido. Quedan tres meses para la consulta electoral colombiana que decidirá quién debe suceder a Álvaro Uribe, que el 7 de agosto dejará Casa Nariño, la bogotana sede presidencial de la república. Habrán pasado ocho años intensos, con un balance más que positivo. Tras su paso por el Senado, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, Uribe llegó a la presidencia en el 2002 con cerca de 6 millones de votos, el 54,5% del electorado. Siguió en el 2006 arropado por 7,3 millones de votos, el 62% de los electores . Últimamente su aceptación ha alcanzado, con altibajos significativos, un 68%, cota nada despreciable para los tiempos que corren.
Una decisión del Tribunal Constitucional del 26 de febrero declaró inconstitucional la ley que sometía a referendo una reforma de la Carta Magna que debía permitir un tercer mandato presidencial. Para unos, la decisión judicial representa un varapalo para Uribe. Para otros, es una muestra de su juego limpio y de respeto al Estado de derecho. La sentencia ha producido, además, como una sensación de alivio en el propio Uribe. A sus próximos ,que le animaban a seguir, les puede responder: «He hecho lo que he podido; no ha dependido de mí». Alivio por encima de ansias de perpetuarse en el poder. Lo que ha sabido Uribe es medir los tiempos, jugar con expectativas y posibilidades hasta el último momento y contener el comienzo de la carrera para la presidencia a fin de evitar distraer los esfuerzos de gobierno.
Para las cancillerías extranjeras, el mensaje también es claro. Más preocupado, Washington, el gran aliado, llevaba tiempo moviendo los hilos para apoyar la alternancia. Demasiados vínculos con los paramilitares enturbiaban los proyectos de futuro. No puede olvidarse que quien comenzó la recogida de firmas para provocar el referendo fue el senador Ciro Ramírez, hoy en prisión por sus vínculos con los paramilitares.

Caracas ha recibido la retirada con sabor agridulce. Por una parte, se quita de encima a un enemigo declarado. Las acusaciones mutuas, los rumores de golpes potenciados por uno o por otro, incluso las sospechas de intenciones de atentar contra sus vidas, han sido constantes. Pero el respeto que ha tenido Uribe por la decisión de un órgano judicial de su país pone en dificultades al absoluto dominador de los tres poderes del suyo que es Hugo Chávez. No digo nada de la opinión que puedan tener en La Habana: ya estarán preparando comunicados señalando que si no se alcanzó la paz con las FARC y con el ELN fue por culpa de Uribe. ¡Desde 1948 andan estos movimientos por las montañas de Colombia!
También estaba claro que con Uribe las conversaciones con los disidentes estaban estancadas. Incluso lo estaban con las voces más sensibles que pedían el intercambio humanitario. Sistemáticamente, las FARC le acusaban de «intransigencia innecesaria», a la vez que tampoco se mostraban excesivamente transigentes. Ya es hora de que vayan pensando en el 7 de agosto.

Madrid no ha querido ser amigo de Uribe, más por el burdo coqueteo que ha tenido con el dictador venezolano que por razones prácticas. A Chávez, para ayudar a mantener un equilibrio de fuerzas en la región, le vendimos modernas fragatas, a la vez que negábamos a Uribe la transacción de un batallón de carros AMX-30, material que él consideraba vital para asegurar el tránsito por sus carreteras y que podía ahorrar esfuerzos y vidas. A la vez, Chávez mantenía el equilibrio adquiriendo ingente material de guerra a Rusia, que ahora, con el precio del petróleo a la baja, no puede pagar. La leal amistad de Uribe con Aznar y ciertas afinidades en la forma de gobernar han podido ser causa también de este enfriamiento.
Colombia es un amigo leal. Miles de colombianos conviven con nosotros. Muchos sirven en nuestras propias Fuerzas Armadas y se han sacrificado por nosotros. Intentar poner barreras a estas circunstancias, que son más hondas que la propia hermandad entre los dos pueblos, es de ciegos. Hay que volver al peso específico que tuvo nuestra diplomacia en apoyar los procesos de pacificación y las inversiones españolas en Colombia , también hoy congeladas. También Madrid debe pensar en el 7 de agosto.

La sucesión no será difícil. Deberá cambiar el modelo de gestión, hoy muy personalizado en Uribe, para ir formando equipos de gobierno. Los candidatos en liza tienen buenas experiencias y han podido verificar cuáles son las ventajas y los inconvenientes del sistema que bajo el patrón de la seguridad democrática ha seguido su antecesor, que hasta ahora no se ha inclinado por ningún candidato.
Colombia, pese a los años de guerra interna y a que le han nacido estados dentro del Estado como las narcoguerrillas o los paramilitares, no ha perdido nunca su larga tradición de alternancia democrática. Acaba de reafirmarlo.Todos deseamos que la próxima cita electoral sirva para consolidar una sociedad colombiana más libre y más próspera. También todos nosotros debemos pensar en el 7 de agosto.

El acuerdo firmado el pasado 30 de octubre entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, para permitir la presencia de tropas y el estacionamiento de aeronaves de guerra norteamericanas en siete bases estratégicas colombianas, tendrá unas graves implicaciones en la determinación de la futura política exterior colombiana apenas comparables a las que resultaron cuando, a comienzos del siglo XIX, el país perdió el istmo de Panamá.

En los documentos internos del Pentágono de enero de este año, antes de existir cualquier negociación con Colombia, ya aparecían señaladas las bases como parte de la estrategia de “aseguramiento estratégico” de los Estados Unidos en el hemisferio suramericano.

Pasado el 11 de septiembre, los Estados Unidos resolvieron comenzar a levantar sus 800 bases en el mundo y construir un nuevo tipo de ellas, las denominadas “bases expedicionarias”, que les permitieran vigilar, desde corredores geográficos determinados, a través de distintos sitios de abastecimiento, distintas aéreas del mundo.

Los nuevos enclaves militares norteamericanos en Colombia y, más concretamente, la base de Palanquero, localizada en el corazón del país y considerada la fortaleza emblemática de nuestra Fuerza Aérea, cumplirá este objetivo de aseguramiento estratégico de Suramérica y la costa occidental de África a través de la isla de Ascensión, cercana a la ciudad de Recife en Brasil.

Aunque los cancilleres de los países firmantes del acuerdo han insistido en que las bases solamente reforzarán la lucha de Colombia contra el narcotráfico y el terrorismo, está claro que por el tipo de equipos que vendrán a ellas como aviones C-17, que cargan hasta 70 toneladas de material bélico, aviones Orion dedicados al espionaje electrónico, los poderosos aviones Awad, verdaderas plataformas volantes de inteligencia y los Boeing 707, los nuevos equipos no serán para transporte masivo de narcotraficantes, fumigación aérea de cultivos ilícitos o localización de terroristas en las selvas amazónicas.

Así lo han intuido los países del hemisferio que, reunidos varias veces en UNASUR, bajo el liderazgo de Brasil, han expresado su preocupación por esta peligrosa presencia norteamericana en la región. Ni siquiera las múltiples visitas de altos funcionarios del Departamento de Estado ni las cartas personales de Hillary Clinton a los mandatarios regionales han logrado atenuar la convicción que existe de que las nuevas bases no lanzarán operaciones en la zona. Y no es para menos.

Con excepción de las bases de Howard en Panamá y la de Manta en Ecuador, que acaba de ser levantada, nunca habían existido, hasta hoy, bases militares norteamericanas en Suramérica. Lo cual explica por qué el acuerdo firmado le hace daño no solamente a Colombia, sino al propio Gobierno de Obama que, con esta decisión, manda una señal equivocada, digamos “tradicional” para ser benignos, respecto al todavía esperado replanteamiento de sus relaciones con Latinoamérica.

Lo único más grave que los acuerdos ha sido la forma como se ha manejado la información sobre ellos, de manera casi clandestina, a escondidas de la opinión pública y sin la participación de los Congresos de los dos países. El de Colombia, inclusive, desconoció la recomendación que le hizo el Consejo de Estado -organismo asesor, según la Constitución, del poder Ejecutivo-, que le aconsejó, dada la trascendencia del tema, llevarlo a la discusión del Congreso de Colombia y someterlo después al análisis de la Corte Constitucional.

La mayoría de los medios colombianos, por su parte, han mantenido el asunto, de manera inexplicable, dentro de una especie de campana neumática, haciéndole indirectamente el juego al Gobierno del presidente Uribe, quien ordenó firmar el peligroso instrumento la madrugada del pasado 30 de octubre con la lánguida presencia del embajador de Estados Unidos como representante de su contraparte y los ministros colombianos responsables del tema.

El Senado colombiano, que estaría obligado a autorizar esta presencia de naves militares y tropas extranjeras, y el propio Congreso, que tendría que convertir en ley este acuerdo que nos compromete con una política hegemónica propia de los tiempos de la guerra fría, no han dicho, oficialmente, ni esta boca es mía. Y aunque en una primera etapa lo previsible es que los países del área guarden una prudente espera, es fácil prever lo que sucederá cuando desde las nuevas bases se empiecen a lanzar -como se hará porque para eso fueron establecidas- operaciones especiales de vigilancia electrónica sobre Suramérica.

Finalmente, no puede descartarse que las FARC aprovechen esta inoportuna presencia para comprometer militarmente a los Estados Unidos en la guerra colombiana, lo cual terminaría de complicar el efecto de internacionalización del conflicto interno colombiano que ha conseguido el presidente Uribe con esta decisión que no solamente compromete el futuro de la política exterior de Colombia, sino que ya tiene enredadas nuestras relaciones con Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Bolivia.

Hace medio siglo, cuando las guerras sin fin terminaron de desgarrarle las entrañas, se instaló en Colombia una paz que parecía por fin inquebrantable.

Después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, un pacto de paz permitió que el partido Liberal y el Conservador se alternaran en el poder durante 16 años. A partir de esa tregua, que empezó en 1957, la democracia colombiana se volvió estable y previsible.

En 1991, cuando era ya evidente que el narcotráfico tejía los hilos de la política y tendía a imponer a sus hombres en el poder, la Constitución fue reformada para impedir la reelección del presidente por un segundo periodo de cuatro años. Fue un triunfo importante para el buen resguardo de las instituciones y para evitar que la corrupción siguiera entrometiéndose en los asuntos públicos.

El liberal César Gaviria dio una lección de dignidad cívica al negarse a ser reelegido en 1995 pese a su decisiva popularidad. Había impulsado la Constitución de 1991 y le pareció que era su obligación dar el ejemplo.

Dos periodos más tarde, el ex liberal Álvaro Uribe Vélez aplastó a la guerrilla, acorraló a los carteles de Cali y Medellín y consiguió extraditar a decenas de jefes narcos. Sabía que a nada temen tanto los narcotraficantes como a ser juzgados en Estados Unidos, donde los esperan carceleros indiferentes a los sobornos y a las amenazas.

La sensación de paz se adueñó de Colombia y el éxito de las políticas conservadoras de Uribe hizo crecer su nombre en las encuestas. Continuar en el poder se convirtió para él en una tentación irresistible. Quienes lo cortejaban insistían en lo de siempre: que el presidente necesitaba más tiempo para completar su obra. Una reforma legislativa le permitió ser elegido por segunda vez.

Ahora, un “referendo popular reeleccionista” aprobado en el Congreso por abrumadora mayoría lo autoriza a presentarse como candidato para un tercer periodo. Hay plazo formal hasta el 30 de noviembre para que Uribe anuncie si eso es lo que lo quiere. Vaya si lo quiere.

Se trata de un sutil movimiento de ajedrez para que lo animen a lanzarse a una aventura sin riesgos. Las encuestas le dan entre un 63% y un 70% de aprobación y no hay el menor indicio de que esos índices bajen. Le bastará ser candidato para vencer en la primera vuelta, pero antes tiene que esperar. La realidad, no la buena voluntad de los votantes, está dándole algunos disgustos.

A comienzos de 2009 saltó a la luz la noticia de que los cadáveres de 19 jóvenes habían aparecido en dos pueblos del departamento del Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. El Ejército informó que se trataba de guerrilleros muertos en combate. Era, en apariencia, otro éxito militar de Uribe, quien ha exigido a las Fuerzas Armadas triunfos rápidos y contundentes en la lucha contra la guerrilla.

Pero las víctimas no eran guerrilleros sino campesinos y jóvenes humildes de las afueras de Bogotá, a quienes oficiales ambiciosos habían emboscado con promesas de trabajo y de una vida menos miserable en otros municipios. Así creían asegurarse los ascensos, licencias y medallas que el Gobierno había prometido a quienes “mejor sirvieran a la patria”.

El escándalo de los llamados falsos positivos conmovió a Colombia, y cuando se supo que no se trataba de un episodio aislado sino de una rutina macabra, cayó sobre la presidencia de Uribe una mancha difícil de olvidar.

¿Qué, de lo que hizo el presidente, fue tan distinto de lo que hicieron sus predecesores? Para empezar, nunca creyó que tuviera sentido negociar con los insurgentes. No había cumplido aún 30 años cuando su padre fue asesinado por una patrulla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Ese recuerdo amargo le marcó la vida.

Durante la campaña para su primera presidencia como candidato disidente del Partido Liberal, Uribe no negó la dureza extrema de las medidas que se aprestaba a tomar ni disimuló su perfil conservador. No estaba dispuesto a fracasar, y no fracasó, aunque los gastos militares subieron a las nubes. La suerte, además, se puso de su lado. El 26 de marzo de 2008 una enfermedad mortal acabó con la vida de Manuel Marulanda, alias Tirofijo, comandante y miembro fundador de las FARC.

La popularidad se le subió a la cabeza y el virus latinoamericano de la re-reelección empezó a contagiarlo.

Desde que aceptó la idea de un tercer mandato algunas cosas empezaron a salirle mal, sin embargo. Por primera vez en más de una década, la economía de Colombia tendrá en 2009 un crecimiento negativo. La pobreza se mantiene, y hay una diferencia abismal entre la calidad de vida de las clases sociales que están en los extremos.

Su defensa cerrada de los ideales conservadores sigue atrayendo a los inversores extranjeros, a los que Uribe transmite una firme sensación de estabilidad. Los votantes se declaran felices por vivir en paz después de décadas de guerras de todos contra todos. A la mayoría no le preocupa el precio de esa paz.

Allí donde todos fracasaron, Uribe ofrece resultados elocuentes. Los secuestros han disminuido en casi un 85%. Los jefes del narcotráfico han sido cazados gracias a un cuidadoso tejido de espionajes y delaciones.

Uno de los puntos más débiles de su Administración es la defensa de las fronteras con Venezuela y Ecuador, donde las guerrillas conservan sus principales santuarios. Para enfrentar el problema, Colombia ha aceptado 6.000 millones de dólares de Estados Unidos, que se comprometió a invertir en la guerra. La cifra puede aumentar si Washington instala en territorio colombiano siete bases nuevas, que se sumarían a la de Palanquero, una pista militar de 3.200 metros perdida en el centro del país, donde se están instalando equipos de inteligencia para enfrentar a las bandas de narcos que operan en el Pacífico colombiano.

Como era de esperar, el presidente venezolano Hugo Chávez montó en cólera. Cuando los representantes de Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) se reunieron en Bariloche el pasado 28 de agosto, Chávez reclamó que se revirtiera la alianza militar empleando su ya clásica retórica antiimperialista. Uribe defendió sus argumentos con firmeza y salió airoso ante el tribunal de pares que había llegado dispuesto a condenarlo.

Tuvo la astucia de exigir que los debates fueran televisados, para que la incontinencia verbal de Chávez delatara las torpezas de su discurso. Y una vez más salió airoso. En el documento final de la Unasur no aparece un solo renglón de condena a Colombia o de rechazo a las bases militares.

A diferencia de lo que le ha ocurrido a la mayoría de los presidentes latinoamericanos, que llegan al final de sus mandatos con un desgaste previsible, ninguna tormenta oscurece por ahora la popularidad de Uribe.

Sus aspiraciones no se detienen en la búsqueda de un tercer mandato, algo que sólo el 20 de noviembre quedará en claro. Lo que pretende es un lugar seguro en la historia.

Quizá lo tenga ya, pero falta mucho para saber si ese lugar es bueno o malo. Después de Napoleón, a quien Uribe admira, nadie desafía a las instituciones sin pagar un precio muy alto.

En nuestro país siempre se leen o escuchan con respeto las opiniones de otras personas y más si se expresan a través de la prensa. En ese contexto y sin ánimo de polemizar sobre las apreciaciones del periodista Miguel Ángel Bastenier, en relación con su posición adversa a la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, publicadas en la edición del diario EL PAÍS del 12 de octubre, no puedo dejar pasar por alto afirmaciones que vulneran la imagen de Colombia y de su democracia, pintándonos a los colombianos como una masa de tontos cuya voluntad es manipulable y a su presidente, democráticamente elegido, como un dictador.

Independientemente de la opinión que se tenga de la reelección presidencial, lo que no se puede es tratar de sustentarla sugiriendo que en Colombia existe una democracia espuria, donde eso que se llama opinión pública “se reduce a poco más de un tercio de sus 45 millones de habitantes, que son los que votan…”.

En nuestra nación la abstención electoral ha sido históricamente más alta que en otros países, pero ese fenómeno se explica por dos hechos: el voto no es obligatorio, en respeto a la libertad individual y, por otro lado, es un hecho notorio y público, reconocido por todos los partidos, que el potencial electoral está sobredimensionado porque los problemas de orden público han dificultado la actualización de los censos de votantes y las estadísticas siguen presentando como potenciales electores a un número alto de fallecidos.

La democracia colombiana es la más antigua y la más estable de América Latina, soportada en instituciones que se caracterizan por su fortaleza e independencia. Hemos elegido democráticamente a nuestros presidentes afrontando los embates del terrorismo y nuestro país ha sido una honrosa excepción de respeto a la voluntad popular aún en la década de los setenta, cuando el continente suramericano estaba literalmente tomado por dictadores.

Los medios de comunicación gozan de libertad plena, principio reconocido desde el comienzo de nuestra vida republicana y asentado en la conciencia colectiva de la nación, que se podría sintetizar en la frase de Belisario Betancur, cuando ejerció la presidencia de Colombia: “Es preferible una prensa desbordada que una prensa amordazada”.

Otra demostración palpable de la fortaleza democrática de nuestro país y de su pluralismo político es el hecho de que los dos últimos alcaldes de la ciudad de Bogotá, la urbe más grande de nuestro país y su capital administrativa y política, han sido elegidos en representación del partido Polo Democrático que congrega a ex militantes del movimiento guerrillero M-19.

Ninguna nación del mundo ha sufrido tanto los arteros golpes del terrorismo y del

narcotráfico como Colombia. Por lo mismo, la valoración que el pueblo colombiano le asigna a la seguridad como valor insustituible para el individuo y para la sociedad, no es el mero resultado de un ejercicio virtual que simula agresiones o hechos violentos como los que se ven en películas o series de televisión. No; es la experiencia de una tragedia vivida y sufrida como realidad lacerante y dantesca, que se manifestaba en más de 3.000 secuestrados al año; cargas explosivas colocadas en centros comerciales, en colegios o en aviones de pasajeros que estallaban en pleno vuelo, ciudades con las tasas de homicidios más altas del mundo y una ciudadanía que no se podía mover de un sitio a otro atrapada en el terror generado por grupos armados ilegales de todos los matices.

No es un acto de irracionalidad o de analfabetismo político el que los colombianos, cuando se les consulta su intención de voto en las próximas elecciones presidenciales prefieran a Uribe en una relación que supera varias veces a la suma de las intenciones de voto por los otros candidatos juntos, que son más de 15. Bastenier queda perplejo ante esa realidad, pero la respuesta es muy sencilla: Uribe le devolvió la seguridad a una nación que no quiere volver a perderla.

Si se quiere mostrar la realidad colombiana, no se puede dejar de mencionar los avances que en materia de seguridad, calidad de vida y crecimiento económico ha reportado nuestro país en los últimos siete años, gracias al liderazgo del presidente Álvaro Uribe. Es ésta y no otra la razón por la cual hoy en día, el presidente sigue contando con el respaldo y la confianza de más del 70% de los colombianos.

Como resultado de la gestión del presidente Uribe, nuestro país ha sido señalado hace apenas un mes como el de mejor clima para hacer negocios en América Latina por el informe Doing Business del Banco Mundial. En ocho años el PIB se ha duplicado, el indicador de nivel de pobreza ha disminuido 14 puntos y hemos conseguido una cobertura del 90% en régimen subsidiado de salud. Nuestro Gobierno ha dinamizado la economía y ha diseñado políticas para incentivar la inversión local y extranjera y generar empleo. Más de 170 empresas españolas afincadas en Colombia pueden dar fe del excelente clima de negocios que prima en nuestro país y del ambiente de seguridad que se respira.

En el Informe de Desarrollo Humano para el 2009 publicado por la ONU, se muestra el notable avance que Colombia ha tenido en la dimensión social, pasando de un IDH de 0,772 en el año 2000 a 0,807 en el 2007, lo que le permitió a nuestro país subir a una nueva categoría, la de desarrollo humano más alto. Allí se muestra que Colombia fue el país que registró el mayor avance después de China. Las condiciones de salud, educación e ingreso promedio de los colombianos han mejorado indudablemente. En el índice de pobreza humana, el país ocupa el puesto 34 entre 135 países y, como saben los analistas económicos, estos niveles tienden a ser más el resultado de políticas públicas permanentes que de bonanzas económicas ocasionales y momentáneas.

Colombia es hoy en día un ejemplo en la región y estamos seguros de que ésa es la realidad que ven los organismos multilaterales, que no son susceptibles de ser seducidos o hipnotizados y es también la imagen que el espejo devuelve a los colombianos cada mañana.

Algunos piensan que hay reelecciones buenas y reelecciones malas en América Latina, dependiendo del color del cristal ideológico con que se mire. Que lo que hace el ganso no tiene nada que ver con lo que hace la gansa. Me parece un error.

De acuerdo con la tradición agitada del continente, toda reelección ha dejado siempre un rastro negativo de violencia y desconcierto, quizás porque la voluntad arbitraria sigue oponiéndose tercamente al ideal en nuestra historia, y lo que se consuman son siempre los hechos aciagos. Pero el ideal suele volver por sus fueros, y nunca de manera pacífica ni ordenada. Es una especie de cadena perpetua, que va repitiendo sus eslabones, como si nunca se aprendiera de las lecciones de la realidad.

Es lo mismo con los golpes de estado. No hay golpes buenos y golpes malos. No hay asalto militar a los palacios presidenciales que merezca aplausos, ni nobleza alguna en sacar de su cama a un presidente. Porque cuando los sables se alzan contra la democracia, cualesquiera que sean las circunstancias, las instituciones sufren heridas graves que cuesta mucho sanar, no importan los deméritos de los presidentes derrocados.

Estamos, por desgracia, en una etapa de nuestra historia en la que los cambios constitucionales, que pretextan reformar las estructuras políticas para volverlas más abiertas, pasando de la democracia representativa a la participativa, llevan consigo necesariamente la prolongación de la estancia en el poder de los mismos presidentes que promueven esas reformas, una prolongación que se vuelve indefinida. Es como decirles a los pueblos que la pretendida modernidad constitucional lleva siempre al cuello la rueda de molino de la tiranía. Porque no hay prolongación de poder a largo plazo que no termine sacrificando la libertad.

¿Por qué no puede haber proyectos políticos que representen cambios justos de fondo, apertura de las estructuras institucionales, ampliación de los espacios de participación ciudadana, y que al mismo tiempo aseguren la alternancia en el poder?

La presencia indefinida del caudillo corrompe las aguas de la democracia, cualquiera que sea el contexto ideológico en que se dé la prolongación del mandato presidencial forzado por medio de reformas constitucionales. Es la ambición mesiánica de poder la que hace al caudillo buscar como quedarse a toda costa, sea de izquierda o de derecha, crea en el populismo benefactor o en el orden público y la seguridad nacional, sea en una situación de paz o de guerra. Es su idea obsesiva de que sin su presencia en la presidencia el proyecto que él representa se verá frustrado, porque nadie más tendrá la habilidad, o las agallas, para llevarlo adelante.

Es lo que he pensado ahora que se plantea, en apariencia ya de manera irreversible, la reelección por segunda vez del presidente Álvaro Uribe, fin para el cual se está moviendo toda la maquinaria institucional de Colombia. Un triple mandato que no se repite desde los tiempos del presidente conservador Rafael Núñez, quien pudo concentrar en sus manos todo el poder posible en los finales del siglo XIX.

Electo por primera vez en 2002, el presidente Uribe hizo pasar ya a la Constitución Política de Colombia por una reforma que le permitió la primera reelección, y ahora lleva adelante otra, mediante el complejo proceso de dictámenes de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, y votaciones en ambas cámaras del poder legislativo, para hacer posible un tercer mandato. Todo el poder del estado ha sido puesto al servicio de esta causa, un esfuerzo que merecería mejores motivos.

Y sucede entonces lo inevitable. Que comienzan a alzarse rumores de corrupción, de compra de votos entre los diputados y senadores, de violencia en contra de la libre voluntad de quienes están llamados por la ley a decidir. El dirigente del Partido Liberal, adverso a Uribe, Rafael Pardo, aspirante él mismo a la presidencia, ha denunciado que se están invirtiendo más de cien millones de dólares en la compra de votos legislativos para allanar el camino a la reelección.

En este contexto, las reformas terminan siendo legales pero no llegan a ser legítimas, por mucho que se amparen en el respaldo popular. Porque nadie duda de que el plebiscito que se necesita para sancionar las reformas sería ganado ampliamente por el presidente Uribe, quien tiene un apoyo cercano al 70% en las encuestas de opinión; y que lo mismo ganaría las elecciones presidenciales de 2010, seguramente en la primera vuelta.

Pero es allí donde reside precisamente la calidad del estadista, en saber rechazar las tentaciones del poder en la cumbre del poder mismo, y en la plenitud de la popularidad, como ocurre con el presidente Ignacio Lula da Silva del Brasil, que no tendría, sin duda, ningún problema para perseguir su tercer periodo, con más respaldo de los electores que el propio Uribe. Ya ha dicho que no, sin embargo, con gran sabiduría.

Frente a las necesidades éticas de América Latina, y en tiempos en que lo que se requiere son ejemplos de recta conducta en la política, ¿qué diferencia separa entonces al presidente Chávez del presidente Uribe, si ambos buscan quedarse en el poder a toda costa?

Si la reelección es mala para el ganso, tiene que serlo también para la gansa.

La enésima crisis en las relaciones entre Venezuela y Colombia culminó el 29 de agosto como las anteriores: sin ninguna resolución, con Álvaro Uribe fortalecido en su país pero aislado en el ámbito regional, y con Hugo Chávez volando hacia algún destino extraño de Oriente Próximo con la satisfacción de haber atraído los reflectores y la frustración de no haber logrado nada. Pero a diferencia de otros, esta vez el enfrentamiento televisado, verbal y en ocasiones casi físico, de Chávez y Uribe en la reunión cumbre de Unasur, celebrada en Bariloche, no será fácilmente olvidado ni perdonado. Porque en esta ocasión, había realmente algo de por medio, y el resto de América del Sur se sintió verdaderamente concernida.

El asunto es relativamente sencillo. Estados Unidos, a través de la DEA, su agencia antidroga, contaba hasta este año con una base aérea en el pueblo de Manta, en la costa ecuatoriana, desde la cual intentaba interceptar vuelos y embarcaciones procedentes de las zonas andinas del continente y destinadas por el narcotráfico a Centroamérica, México y Estados Unidos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, distinguido integrante del llamado ALBA (grupo compuesto por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Ecuador), amigo y aliado de Chávez, prometió cerrar la base cuando se venciera el acuerdo que le dio vida, en 2009. Cumplió su promesa, pensando tal vez que Washington no tendría más remedio que resignarse y marcharse de la región.

Pero “el imperio”, como le dice Chávez, no llegó a serlo por actuar de esa manera. Ni tardos ni perezosos, los norteamericanos se buscaron un nuevo anfitrión que les permitiera replicar, en versión mejorada, su presencia andina. Y lo encontraron en Uribe y Colombia, donde ya existen siete bases militares y aéreas bien acondicionadas, así como un destacamento militar y contractual estadounidense (con un techo de 1.400 integrantes, fijado por el Congreso de Washington). Sólo faltaba juntar ambas realidades: para ello se negoció el acuerdo entre las dos capitales que prevé el acceso del personal americano ya presente a las bases existentes. No serán bases de Estados Unidos; seguirán bajo control colombiano, pero ahora la DEA, la CIA, y el Comando Sur dispondrán de acceso a ellas. Si alguien pensaba que con la llegada de Obama a la Casa Blanca los intereses de Washington en la región se modificarían, desconocía la historia de la región. Y si alguien se imaginaba que el antiamericanismo de Chávez (él lo denominaría “antiimperialismo”) se desvanecería sólo porque un demócrata progresista de origen afroamericano ocupa el Despacho Oval, estaba soñando.

La única solidaridad subcontinental para con Colombia ha provenido de Perú; hasta el apoyomexicano, más alejado, ha sido tibio, en el mejor de los casos; a Brasil, en particular, le incomoda la cercanía militar norteamericana, aunque no la rusa o venezolana.

¿Por qué entonces aceptó Bogotá un acuerdo de esta naturaleza si sabía de antemano que provocaría la furia del caudillo de Caracas y la inquietud de casi todos los suramericanos? Por una sencilla razón: a pesar de su inmensa popularidad interna, Uribe se siente y se encuentra aislado y amenazado en la región, y no tuvo más alternativa que abrazar al único aliado que le queda.

A su oriente, Uribe se ve amenazado por Chávez, a través de sus compras masivas de armas, de su creciente y rara relación con Teherán, de su apoyo militar, financiero, logístico y propagandístico a las FARC, y de sus incansables ofensivas retóricas. No tiene mucho sentido hacerse ilusiones sobre la ubicación del corazón de Hugo Chávez. Detestaba a Bush, le repugna Uribe, desprecia a Juan Manuel Santos, pero nada de eso resulta decisivo: lo crucial consiste en su profunda simpatía por las FARC y la supuesta causa revolucionaria en Colombia. Mientras las FARC no triunfen en Colombia (algo que no parece ni remotamente factible), y Chávez siga en el poder, nada ni nadie lo hará cambiar de sentimientos. El problema no son Bush, Obama, Uribe, Santos o la “rancia oligarquía colombiana”; el problema son Chávez y las FARC.

Pero Uribe no sólo se enfrenta a la amenaza desde Venezuela; el caso de Ecuador es análogo, en la medida en que Correa y sus simpatizantes, sin emprender una carrera armamentista comparable a la de Chávez, guardan las mismas simpatías por las FARC, evidenciadas por el campamento de Raúl Reyes, destruido el año pasado por el Ejército colombiano, y por las relaciones entre la narco-guerrilla y la campaña presidencial de Correa de 2006.

Y por supuesto, Uribe padece un frente interno, a saber, precisamente el de las FARC, en plena desbandada, pero con un posible as bajo la manga: el acceso, vía Chávez, a misiles tierra-aire, que eliminarían la supremacía del Ejército en los cielos colombianos, clave de los triunfos contra-insurgentes. Ante peligros de esta magnitud, y frente a los interminables ataques retóricos y diplomáticos de Chávez, ¿qué querían los suramericanos (principalmente Brasil, Chile, Uruguay y Argentina) que Uribe hiciera? ¿Hacer la vista gorda, poner una vez más la otra mejilla, rendirse de plano?

En realidad, ni Obama ni Uribe cuentan con muchas opciones. Estados Unidos, en todo caso desde 2002, ha puesto la otra mejilla con Chávez, y este último no ha cesado un instante de perseverar en su agenda. Nadie en América Latina ha querido llenar el vacío que en teoría podría dejar Washington. Existe, sin embargo, una alternativa, remota, pero posible, que tal vez le permitiría a Bogotá y a Estados Unidos romper el aislamiento actual.

Empieza con mantener, por supuesto, la postura estadounidense de no agresión militar o encubierta a Venezuela, y sigue con la no reelección de Uribe en Colombia, algo que sin duda le traería más popularidad interna a Uribe, pero mayor soledad regional. Pero consiste, sobre todo, en una ofensiva diplomática en otra arena.

Se trataría de mostrar cómo Venezuela -y los demás países del ALBA- han generado una amenaza para la paz y la seguridad en la región, a través de varias acciones y medidas. Éstas incluyen la compra masiva de armas a Rusia, el apoyo al programa nuclear iraní (con posibles violaciones a las sanciones financieras impuestas por el Consejo de Seguridad), el apoyo reiterado a movimientos en otros países que buscan derrocar (Colombia, Honduras) o derrotar (Perú, El Salvador), o presionar (México, Chile) a Gobiernos en funciones, y la falta de respeto a los derechos humanos, y en particular a las libertades públicas y las garantías individuales.

Todo ello, y otras actividades, han contribuido a generar tensiones en el área que imposibilitan una convivencia pacífica y ordenada, factible y deseable a pesar de las diferencias ideológicas entre diversos regímenes. Por ello, de manera discreta pero firme y organizada, Colombia y Estados Unidos solicitan un comportamiento responsable y serio a la comunidad internacional, sobre todo a la Unión Europea y a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que deje de considerar como meras excentricidades los excesos de todo tipo de Chávez, y que le manifiesten una clara preocupación ante su conducta.

¿Serviría de algo? Quizá no, pero tampoco se pierde mucho, y sobre todo, se da un paso hacia la ruptura de la secuencia ya conocida: exabrupto del ALBA, respuesta de Washington y/o Bogotá, reacción furibunda y altisonante de Chávez, crisis diplomática y ruptura de relaciones, reculada de todos para volver a empezar meses después. Detener esa espiral mediante una escalada diplomática, esta vez iniciada por los adversarios de Chávez y del ALBA, obligando a cada quien a asumir sus responsabilidades, no es la peor idea que pueda surgir de la última pantomima de Bariloche.

Intentaré explicar parte de la reacción de algunos países de Suramérica -en especial, los del Cono Sur-, a la decisión soberana de que Colombia permita el uso de hasta siete bases militares a las tropas de Estados Unidos.

Si bien la recuperación de la base de Manta y la salida de los efectivos estadounidenses allí estacionados fue una determinación del Gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en buena parte del sur del continente se vivió como un logro geopolítico; en particular de Brasil. Suramérica retornaba a la “normalidad”; es decir, como en todo el siglo XX, no habría bases militares de Estados Unidos en América del Sur. EE UU, entonces, seguiría concentrando su presencia en instalaciones militares centroamericanas y caribeñas, en su proverbial mare nostrum. Cuando Colombia decide habilitar la presencia de soldados estadounidenses en bases del país después de negociaciones herméticas, la percepción es que Bogotá quiere convertirse en un puente de proyección militar estratégica de Estados Unidos en el área andina-amazónica; es decir, penetrar en terra nostra suramericana.

En la medida en que se fueron conociendo detalles sobre el uso de Estados Unidos de varias bases militares en Colombia el grado de perplejidad inicial se tornó en inquietud creciente. En esencia, el acuerdo se ha presentado en Bogotá como necesaria continuación y complemento de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y en Washington como indispensable sustitución de la base de Manta, como localizaciones para llevar a cabo “operaciones contingentes, logística y entrenamiento” y como puente para expandir el contacto entre el Comando Sur y el recientemente creado Comando Africano, de acuerdo al lenguaje específico del Pentágono.

Se entenderá que las señales que visualiza la región son distintas. Si bien para Bogotá el uso de las bases parece tener un sentido, para Washington tiene otros propósitos: el primero tiene argumentos locales; el segundo argumentos globales. Colombia se centra en la lucha contra el tráfico de drogas; EE UU en potenciales operaciones de mayor envergadura estratégica. El argumento que utilizó el presidente Álvaro Uribe en su gira informativa por América del Sur fue interpretado en el Cono Sur con mayor preocupación pues, de hecho, significaba algo así como “con cara gano yo y con cruz pierde usted”.

Bogotá ha venido reiterando internacional y regionalmente que el paramilitarismo está desmantelado por completo, que las FARC están ya acorraladas, que el ELN está, en la práctica, derrotado; que el Estado a través de sus fuerzas armadas recuperó soberanía territorial; que las cifras de decomisos de drogas, extradición de nacionales, erradicación química de cultivos ilícitos son récords que prueban los enormes avances del país. El planteamiento colombiano es que como todo va mejor es hora de incrementarla cooperación militar con Estados Unidos. Ahora bien, podría decir exactamente lo mismo si todo marchara negativamente o se mantuviera en un impasse irresuelto. En resumidas cuentas, bajo cualquier circunstancia, Colombia quería y quiere que haya tropas estadounidenses en sus bases.

El incidente de los lanzacohetes suecos con Venezuela y el papel que los medios de comunicación y especialistas colombianos le fueron dando al debate interno sobre las bases, fue generando la sensación de que el tema tenía menos que ver con algo interno vinculado a la lucha antidrogas y más con fenómenos exógenos y regionales.

Esa percepción no se ha creado afuera, sino desde Colombia: los argumentos favorables a las bases se colocaron en términos de los peligros que generan Venezuela y Ecuador para el país. Los vecinos ideológicamente más antagónicos no han amenazado con usar la fuerza contra Colombia a pesar de acontecimientos tales como el secuestro de Granda en Venezuela (2004) y la muerte de Reyes en Ecuador (2008). Ningún otro vecino (Panamá, Perú, Brasil) ha insinuado que vaya a desplegar la fuerza contra el país y nadie en Suramérica ha usado la debilidad de casi medio siglo de conflicto armado interno para obtener ventajas propias y en desmedro de Bogotá. Todo ello ha producido en la región una mayor intranquilidad respecto a los objetivos político-militares no ya de EE UU sino de Colombia.

En las últimas dos décadas -y en particular, después del 11 de septiembre- se ha producido un desequilibrio notable entre el componente militar y el diplomático en la política exterior de Estados Unidos. La militarización de la estrategia internacional de Washington ha implicado un desproporcionado gasto en Defensa -en relación a cualquier potencial adversario individual o hipotética coalición de desafiantes y en comparación a lo destinado a la diplomacia convencional-, una desmesurada preponderancia burocrática en el proceso de toma de decisiones y una ascendente autonomía frente a los civiles en la política pública del país.

En ese contexto, desde mediados de los noventa el Comando Sur ha ido ganando gravitación en términos de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Estacionado en Florida, el Comando Sur tiende a comportarse como el principal interlocutor de los Gobiernos del área y el articulador cardinal de la política exterior y de defensa estadounidense para la región.

El restablecimiento en 2008 de la IV Flota es apenas uno de los últimos indicadores de una ambiciosa expansión militar en la región que no contó con ningún cuestionamiento del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca. En ese sentido, el uso de varias instalaciones militares en Colombia fue considerado en el Cono Sur como un hecho que le permite al Comando Sur lograr parte de su proyecto de largo aliento: ir facilitando -naturalizando- la aceptación en el área de un potencial Estado gendarme en el centro de América del Sur. El mensaje principal es, en consecuencia, para Brasil y no para Venezuela. Más allá de las coincidencias políticas y de negocios entre Brasilia y Washington, Estados Unidos buscará restringir al máximo la capacidad de Brasil en el terreno militar y buscará acrecentar su propia proyección de poder en la Amazonia.

La reciente creación del Consejo Suramericano de Defensa (CSD), de inspiración brasileña, nunca fue plenamente bienvenida en Estados Unidos. Ahora bien, con una simple maniobra diplomática, Washington ha mostrado que el CSD es, por ahora, un tigre de papel.

América del Sur es una región desde la cual no se manifiestan amenazas letales a la seguridad de EE UU, en la que no hay naciones que intenten la proliferación nuclear, en la que no se divisan terroristas transnacionales de alcance global que operen contra intereses de Washington. Es una de las zonas más pacíficas del mundo, posee regímenes democráticos en todos los países y tiene, conjuntamente, un bajo nivel de antiamericanismo. Pero no podrá discutir por qué Estados Unidos necesita usar bases militares de Colombia. Ni Bogotá acepta debatir el tema -y de ahí la no asistencia de Uribe a la reunión de UNASUR en Ecuador- ni Washington necesita explicar su política a la región, porque no es parte del CSD. Para algunos observadores suramericanos la cuestión de las bases corrobora, una vez más, que América del Sur tiene capacidad inventiva pero carece de cohesión. Bogotá ha contribuido así a que Washington esterilice el significado y alcance inicial del CSD.

En vista de lo anterior, la preocupación de Suramérica con el tema de las bases debe entenderse como algo natural. No hubo sobrerreacción ni ningún país actuó en función de prejuicios o preconcepciones. Todo lo que ha venido ocurriendo ha dependido exclusivamente de lo que han dicho y hecho Bogotá y Washington. Más allá del juicio de valor que pueda producir el tema -esto es, ubicarse a favor o en contra del acuerdo bilateral- la realidad es que la opacidad y las inconsistencias de Colombia y Estados Unidos han conducido a que América del Sur se sienta hoy más vulnerable y alarmad

Como en la fábula del pastorcito mentiroso, el presidente de Venezuela grita una y otra vez que ya viene el lobo a comerse sus ovejas. El lobo, para él, es el Imperio Norteamericano, pero éste no vendrá a comérselas con sus propias fauces, sino que usará una especie de mano larga: Colombia. Sería mi país, definido por Chávez como “el Israel de América del Sur”, el encargado de atacar a la Revolución Bolivariana, ayudado por los gringos pero con un Ejército comandado por Álvaro Uribe Vélez, el viejo amigo de Bush.

La misma cantilena chavista se repite cada tanto, con una cadencia cíclica, así con Obama se haya vuelto mucho menos verosímil. Desde que es presidente ya van cinco veces en que Chávez “congela” las relaciones con Colombia y cada vez el embajador venezolano tiene que hacer las maletas para regresar a su país, acompañado por una estela de funcionarios. El caso es que lo congelado se descongela rápido en estos trópicos y al cabo de unos meses regresan todos, como si tal cosa, a tratar de reanudar el hilo de las relaciones entre dos países llamados “hermanos”, que comparten más de 2.000 kilómetros de frontera terrestre y cuyo comercio común llega a los 7.780 millones de dólares anuales.

Como en cualquier fábula, esta historia de la amenaza al Movimiento Bolivariano, para ser creíble, tiene que tener visos de verdad. Colombia ha hecho al menos dos operativos militares al estilo Israel, uno en Venezuela y otro en Ecuador. En Venezuela fue incruento: con agentes de civil y con ayuda pagada de funcionarios venezolanos, lograron llevar a la fuerza, desde Caracas hasta la frontera colombiana, al guerrillero Rodrigo Granda, que allí fue capturado por las autoridades locales y llevado a la cárcel por actos terroristas y secuestro, acusaciones que nadie, ni Venezuela, podía negar. Años después Granda fue de nuevo liberado, a petición del presidente Nicolas Sarkozy, para negociar la entrega de Ingrid Betancourt (cosa que no se dio, pues antes fue liberada en la brillante Operación Jaque), y se dice que ahora vive de nuevo oculto en Venezuela.

Lo de Ecuador fue más grave: Uribe ordenó bombardear con aviones y con asesoría estadounidense, el campamento del segundo de las FARC, Raúl Reyes, con un saldo de 23 muertos, entre guerrilleros y “visitantes bolivarianos” de México y Ecuador. Además, militares colombianos llegaron hasta allí y se llevaron algunos cadáveres para exhibirlos como trofeo en Bogotá. El presidente Rafael Correa, a raíz de esta violación de su territorio, rompió relaciones diplomáticas con Colombia y siempre ha sostenido que su Gobierno ignoraba la presencia de campamentos de las FARC en tierras de Ecuador. Esto es posible, pero poco verosímil, y lo más probable es que hubiera órdenes para que el Ejército ecuatoriano se hiciera el de la vista gorda ante esta tolerada “violación de su territorio” por parte de las FARC. Téngase en cuenta que las fronteras aquí son lejanas, selváticas y porosas, por lo que nada es muy definido y todo puede ser o parecer verdad, como en las fábulas bien construidas.

A pesar de estos dos episodios, muy pocos creemos que en los planes de Uribe y de Obama esté el deseo de organizar desde aquí una invasión armada a Venezuela y Ecuador. La fábula delpastorcito mentiroso es poco creíble en un territorio sin lobos o con un lobo preocupado en defenderse de otros predadores. En Colombia ya tenemos suficientes problemas de seguridad combatiendo a las FARC (apoyadas indirectamente por Chávez) como para abrir un frente internacional.

Pero aunque no se cumpla la fábula del pastorcito mentiroso, la hostilidad verbal de Chávez no deja de ser preocupante. Podría usarse otro refrán: tanto va el cántaro al agua, hasta que al fin se rompe. Quizá por primera vez, y como una curiosa celebración del Bicentenario de la Independencia, dos países liberados por Simón Bolívar (o tres, si contamos a Ecuador) podrían estar acercándose a un escenario bélico. Acudir al muy emotivo y popular expediente del nacionalismo ha sido siempre un buen recurso para los gobernantes. Chávez lo usa con tal asiduidad contra Colombia que uno quisiera un rey que de vez en cuando volviera a preguntarle por qué no se calla. Pero esto es imposible; el coronel Chávez tiene la verborragia de un pastor evangélico.

Uribe, en cambio, usa los modos más sinuosos y sutiles de un padre jesuita. Aunque en política interna puede ser tan locuaz y belicoso como el mismo Chávez, cuando se trata de política exterior ha tenido la sensatez de no usar los micrófonos. En un continente tan impregnado de cultura religiosa como el nuestro, el estilo del evangélico choca fuertemente con el estilo del jesuita. A mí, francamente, no me gusta ninguno de los dos, y de ese choque de talantes tan disímiles podría saltar la chispa que prenda una escaramuza de guerra en las fronteras.

El presidente Uribe es el único mandatario americano y no bolivariano que ha tenido también, desde la derecha, veleidades de reelección vitalicia. Ya hizo enmendar una vez la Constitución colombiana, para reelegirse, y en el último año ha hecho todo lo posible porque la cambien de nuevo para permitirle una nueva elección. Ha dicho también, en otras ocasiones, que está dispuesto a dejar el poder siempre y cuando no haya “una hecatombe”.

¿Qué mejor hecatombe que una guerra, en la que Chávez abriría un frente interno con el seguro apoyo de la guerrilla “bolivariana” de las FARC? Chávez es un militar que nunca ha combatido y tiene fama de combinar, según sus biógrafos, una gran valentía verbal con una honda cobardía existencial. Él debe saber que el Ejército colombiano lleva decenios combatiendo, mientras el Ejército venezolano nunca ha dejado de ser un gran consumidor de whisky. Chávez, con sus aviones norteamericanos envejecidos y sin repuestos, ha acudido a Rusia y a España para surtirse de armamento moderno. Pero Venezuela luce bastante vulnerable. Bastaría un ataque a sus pozos y puertos de exportación petrolera para secar en poco tiempo su casi única fuente de divisas.

Según el célebre adagio de Erasmo, “Dulce bellum inexpertis”, la guerra es dulce para los que no la han probado. Y si bien en Colombia hemos probado una guerra larguísima de baja intensidad, con la guerrilla, desde una breve escaramuza fronteriza que hubo con Perú, en 1932, y fuera de un batallón enviado a Corea por solicitud de Estados Unidos, no hemos tenido la muy amarga experiencia de la guerra. Esperemos entonces que la reiterada intemperancia verbal de Chávez no nos lleve a las vías de hecho. Sería un banquete para los vendedores de armas, y para todos nosotros una catástrofe de dimensiones impredecibles.

Siempre que viajo a Colombia regreso con el alma dividida por el dolor de un país que lleva cuatro décadas de guerra civil y la alegría y generosidad de sus habitantes que sobreviven a la violencia con una sonrisa estoica en el rostro. La prensa más solvente, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos denuncian a diario la nueva violencia desencadenada por paramilitares y otros grupos armados.

“Es que en Colombia no nos debemos aterrorizar por nada, aquí se están cometiendo desde hace varios años los crímenes más atroces de la humanidad. La destrucción de pueblos enteros con las masacres indiscriminadas de sus familias; el uso de las motosierras; el descuartizamiento sin piedad de las víctimas del narcotráfico y la guerrilla son apenas meros asomos de la cruda realidad que estamos padeciendo. ¿Qué decir de los niños de la guerra, que son arrancados de sus hogares y llevados a la fuerza para convertirlos contra su voluntad en criminales?”. (El Espectador. Opinión. 5 de noviembre de 2008).

En Colombia los ríos son las tumbas de los desfavorecidos de la guerra. Desde la violencia entre liberales y conservadores (siglos XIX y XX), ríos grandes y pequeños como el Magdalena, el Sinú, el San Jorge, el Cauca, el Atrato y el San Juan han venido arrastrando cadáveres flotando en el agua a merced de las aves rapaces llamadas gallinazos. A diferencia de las fosas de las últimas guerras europeas y españolas, donde los cuerpos se amontonaban como alimañas, en Colombia los grupos armados utilizan sus ríos como cementerios invisibles para evaporar sus víctimas.

Informes elaborados por Derechos Humanos (Human Rights Watch) divulgan las confesiones de familiares de las víctimas inocentes y sus verdugos paramilitares. Cuentan pescadores, familiares de los muertos y testigos de la epidemia mortífera que si la justicia de Colombia pudiera llamar a declarar a sus ríos serían cientos de miles los crímenes cometidos por paramilitares, guerrilla, ejército y narcotraficantes. Según otro expediente de 9.500 folios, difundido por la revista Cambio (2 de noviembre de 2008) se habla de 1.700 crímenes cometidos en una pequeña zona del país. La astucia de los asesinos consiste en hacer desaparecer los muertos sin dejar rastro. Sin embargo, la naturaleza colombiana resulta ser más sabia que sus crueles depredadores armados y la argucia que proponen no siempre funciona como pretenden. Es cierto que muchos de los ríos consiguen tragar por entero a sus muertos. Son los nuevos cementerios de agua de Colombia. Pero en una gran mayoría de casos los cuerpos, o partes de ellos, flotan y llegan a los recodos de la orilla. De toda edad y sexo. La mayoría sin identificación ninguna.

Los verdugos, desconfiados de que el agua no pueda borrar su sangre, descuartizan a sus víctimas, vivas o extintas. Mutilan sus cuerpos. Van llegando o apareciendo por partes. Vestidos. Desnudos. Despedazados. Llega una pierna. Después una cabeza. La mayor parte de los hombres y mujeres inocentes antes de ser matados fueron torturados. Quemados. Violados. Es fácil reconocer si han sido comidos por peces y aves o por la truculencia de sus torturadores. Algunos no aparecen. Otros vuelven a flotar pese a que la práctica utilizada con muchos de ellos consiste en amputar sus cuerpos, provocándoles todo el sufrimiento inimaginable, abrirles el vientre con machetes, arrancarles los órganos y llenarlos de piedras para que pesen y se hundan definitivamente en el olvido. El agua les sirve para borrar la identidad del escenario.

Miles de descuartizados bajan por los ríos. La magnitud de la tragedia hace que las autoridades realicen campañas para la identificación de cadáveres. Médicos, forenses y gente anónima recorren los campos tratando de identificar cadáveres desconocidos. A todas las familias de la zona les han matado a un ser querido que buscan desesperadamente sin encontrarlo nunca. Por eso las mujeres colombianas, huérfanas, viudas, hermanas y amantes se acercan de noche al río para esperar su cadáver.

Los pescadores son los primeros en descubrir los cuerpos. Desde la barca los empujan con una vara de madera y los arrastran a la orilla. Pero desde que también les dio por matar a varios de estos rescatadores de muertos, los pescadores saben que es mejor no sacarlos (El Tiempo, 23 de abril de 2007). Sólo las familias se atreven a desafiar la muerte yendo a diario a verlos bajar por el río para encontrar a los suyos o para socorrer a otros y, como dicen: “Hacerlos nuestros”. Necesitan su porción de duelo para seguir viviendo con dignidad. Y si no encuentran sus propios cadáveres o, con suerte, apenas consiguen algún recuerdo del desaparecido, adoptan a los muertos con los que tropiezan y les dan el nombre del hermano, hija, madre o marido. Cuando bajan sin cabeza o vienen sin brazos, recomponen sus cuerpos. Jamás dejan un cuerpo sin recomponer. A unos les dan los ojos. A otros las manos. Remiendan sus miembros con la idea de que en esta vida o en la otra los asesinos tengan que responder por las víctimas. El trabajo de tener sus muertos anónimos les alivia el dolor. Los llaman los “No Nombres (N. N.)”. Terrible y desgraciada abreviatura. Con las siglas N. N. (del latín nomen necio: nombre desconocido) los nazis abandonaban los cadáveres de judíos en los campos de concentración de Dachau, Bergen-Belsen, Auschwitz, Treblinka…

Los colombianos colocan lápidas y un número para que todos sepan que desde ahora el nombre desconocido es un muerto con dueño. O todavía mejor: un desaparecido que ha sido reencontrado. Cuando escuchan sollozos de voces recientes que van en busca de sus muertos, las mujeres les entregan los cadáveres recuperados para que las familias de las víctimas puedan vivir el luto por los seres queridos.

La señora Catalina Montoya Piedrahita (es famosa la bravura de la mujer colombiana) consiguió plantarse frente al asesino de su hijo:

“Dígame quién mató a mi hijo, cuénteme dónde lo enterró, en qué fosa, que yo voy y lo busco y saco los restos”.

“No señora”, le contestó un paramilitar curtido de Colombia, “nosotros no hacíamos fosas comunes. A toda la gente la tirábamos al río”. (El Colombiano, 19 de octubre de 2008).

No hay exclusividad para los cadáveres. Tampoco se trata de levantar un cementerio de desaparecidos. Consultores colombianos de la ONG Equitas piden que los restos humanos N. N. deban ser declarados Patrimonio Cultural de Colombia para que sean protegidos e identificados. Mientras tanto, cada uno de los cientos N. N. enterrados tiene su dueño N. N. elegido por un familiar adoptivo. Después lo bautiza: N. N. Federico, N. N. Aída Luz, N. N. Ana Frank, N. N. Roberto. Y añaden una placa de mármol que dice: “Gracias N. N. por el favor recibido”.

A recent report by the Government Accountability Office, commissioned by Sen. Joe Biden, has come to an unsurprising conclusion: After more than $6 billion spent, the controversial drug control operation known as Plan Colombia has failed by large margins to meet its targets.

The goal had been to cut cocaine production in Colombia by 50 percent from 2000 to 2006 through eradication of coca crops and training of anti-narcotics police and military personnel. In fact, cocaine production in Colombia rose 4 percent during that period, the GAO found. With increases in Peru and Bolivia, production of cocaine in South America increased by 12 percent during that period. In 1999 it cost $142 to buy a gram of cocaine on the street in the United States, according to inflation-adjusted figures from the U.N. Office on Drugs and Crime. By 2006 the price had fallen to $94 per gram.

President-elect Barack Obama won his historic victory by promising pragmatic, results-oriented solutions aimed at the common good. The recent report demonstrates that Plan Colombia does not fit those criteria.

The primary lesson for the new administration to take from Plan Colombia’s failures is something that many economists have been saying for years: Efforts to decrease the supply of drugs in America without major efforts to curb demand for them will only increase the profits of drug dealers and the associated crime rates.

The Office of National Drug Control Policy, under which Plan Colombia and other drug control programs operate, spends 65 percent of its $12 billion annual budget on supply-side efforts and only 35 percent on the demand side. In 1971, when the Nixon administration initiated the war against drugs, the pragmatic goal was to have the exact opposite: two-thirds of funding for treatment and prevention and one-third for law enforcement, crop reduction and drug interdiction.

During the Reagan, Clinton and Bush administrations, however, strict laws were put in place aimed at reducing the availability of drugs on the streets. These have served to give the United States the highest incarceration rates in the world, with over one in 100 Americans in jail or prison. Mass incarceration has broken up families and communities, at a huge economic cost. In general, it costs about $34,000 to lock someone up for a year and only $3,300 to provide year-long substance abuse treatment.

There are no magic bullets for the socially and medically complex problem of substance abuse. Still, several demand-side strategies have proven effective at achieving the key goals of the drug war: reduced consumption of drugs, improved health outcomes among substance users and a decrease in drug-associated criminal activity.

Of the first 100,000 drug users benefiting from President Bush‘s primary demand-side initiative — the $300 million Access to Recovery program — 71 percent successfully completed therapy and abstained from illicit drugs, according to the Office of National Drug Control Policy. Of those with criminal histories, 85 percent remained out of the criminal justice system. Other research has shown that drug treatment programs can reduce drug use by over 70 percent and criminal activity by 50 percent.

There is a simple strategy that Obama and his congressional colleagues could take that would save about $6 billion a year: Cut supply-side spending by the Office of National Drug Control Policy and require that two-thirds of its funding be spent on demand-side programs. While that is simple, it won’t be easy. Fighting against these basic, common-sense changes are entrenched special interests, including defense and prison contractors and prison guards unions.

A broad coalition of Democrats and Republicans got us into the drug-war morass. It will require a pragmatic, results-oriented administration to get us out. Plan Colombia and much of the supply-side programs in the war on drugs should be drastically scaled back.

Tema: Los golpes recibidos por las FARC la colocan en una profunda crisis estratégica. Sobre esta base, el futuro del grupo terrorista podría orientarse en tres direcciones: (1) la búsqueda de una salida negociada con el gobierno colombiano; (2) un paulatino proceso de desintegración que podría terminar en el colapso de la organización; y (3) una transformación estratégica de la guerrilla hacia el terrorismo urbano.

Resumen: El año 2008 pasará a la historia de las FARC como un Annus Horribilis en el que no sólo perdieron tres miembros de la cúpula de la organización –Raúl Reyes, Iván Ríos y Manuel Marulanda– sino también vieron como la Fuerza Pública rescataba un grupo de secuestrados que representaba uno de los activos de mayor valor político y estratégico en sus manos. Todo ellos mientras el número de miembros de la organización que abandonaban la guerrilla y se unían al programa de desmovilización del Gobierno continuaba creciendo. Pese a estos golpes, parece difícil que el nuevo liderazgo encabezado por Alfonso Cano opte por una salida negociada. Por el contrario, la guerrilla parece apostar por un cambio en su estrategia con dos rasgos básicos. De un lado, está renunciado a combatir abiertamente a la Fuerza Pública en el campo y parece apostar por convertir sus estructuras rurales en redes criminales orientadas a recolectar fondos destinados a sostener al grupo. Del otro, apuesta por incrementar su actividad en las zonas urbanas a través de ataques terroristas que hagan perder credibilidad pública al Estado y demuestren que se mantiene activa pese a los golpes recibidos.

Análisis: En noviembre de 2008 se cumplirá una década de la toma de la localidad de Mitú, capital del departamento de Vaupes, por un millar de guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Concebida como una demostración de fuerza, la operación marcó su mayor poder. Entonces, la guerrilla liderada por Manuel Marulanda, “Tirofijo”, tenía más de 11.000 combatientes agrupados en 70 frentes apoyados en una sólida infraestructura logística como resultaba evidente a la vista de los relucientes uniformes y el sofisticado arsenal de sus militantes. Diez años después, nada parece más lejano del actual estado de las FARC que esa imagen victoriosa. Según las fuentes, los efectivos de la organización se han reducido a unos 7.000 hombres, obligados a replegarse a las áreas más remotas del país. Simultáneamente, la situación logística de la organización se ha deteriorado, como demuestran los desertores que describen la escasez de alimentos y armas. En este contexto, aunque la organización mantiene nominalmente unas 70 estructuras, sólo una decena confronta a la Fuerza Pública, mientras la gran mayoría elude el combate y algunas sólo existen sobre el papel. Este agudo declive estratégico ha colocado el futuro de las FARC entre interrogantes, generando expectativas de que la guerrilla se vea obligada a buscar una negociación con el Gobierno o sencillamente se desmorone internamente. Pero, ¿cuán cerca está la derrota estratégica de guerrilla y la pacificación definitiva del país?

El declive estratégico de la guerrilla
El factor clave que ha hundido a las FARC en una crisis estratégica sin precedentes ha sido la dislocación de su estructura de mando. Bajo la presión de la campaña de seguridad de la administración Uribe, la guerrilla se vio obligada a operar de forma dispersa para hacer que sus unidades fuesen más difíciles de localizar. Esta dilución de su estructura militar incrementó las dificultades de la dirección para mantener el control efectivo de sus fuerzas. La capacidad de la Fuerza Pública colombiana para interceptar las comunicaciones electrónicas de la guerrilla hizo imposible que el liderazgo del grupo pudiese mantener un flujo de órdenes estable sobre las unidades a su mando. La organización tuvo que recurrir al envío por radio de correos electrónicos cifrados como único medio de conservar la seguridad de sus comunicaciones. Pero incluso con este tipo de procedimientos, la seguridad de los enlaces vía radio de la guerrilla se hizo cada vez más débil. Como alternativa, la utilización de correos humanos para trasladar órdenes no sólo resultó una opción muy lenta, sino que tampoco resolvió el problema de la fiabilidad. La capacidad de las fuerzas militares y policiales para recolectar información de fuentes humanas –reclutando guerrilleros decididos a desertar o infiltrando agentes en sus filas– hizo que abundantes mensajes de los comandantes de las FARC terminaran en manos de los analistas de inteligencia.

La muerte de tres miembros del Secretariado de las FARC en unos pocos meses asestó un golpe decisivo a su estructura de mando. La baja de Raúl Reyes durante un ataque contra su campamento en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo pasado, seguido por la caída de Iván Ríos a manos de su jefe de seguridad una semana después y la desaparición del fundador Manuel Marulanda, aparentemente por enfermedad a finales del mismo mes, dejó fuera de combate a tres de los siete miembros de la cúpula. El grupo encontró rápido reemplazo a estas bajas con el ascenso de Alfonso Cano a la cabeza de la guerrilla, mientras el Secretariado incorporaba como nuevos miembros a Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo y Mauricio Jaramillo “El Médico”. Un cambio tan amplio en un liderazgo que había permanecido estable durante largo tiempo dislocó los procedimientos de toma de decisiones de la organización. El resultado ha sido una parálisis aún mayor de las actividades de las FARC y dificultades crecientes para elaborar una nueva estrategia político-militar que permita a la organización responder a la campaña de seguridad del Gobierno.

La mejor muestra del deterioro de la estructura de mando y control de las FARC fue el éxito de la Operación Jaque a principios de julio, que permitió a la Fuerza Pública liberar a 15 rehenes, entre ellos la ex-candidata presidencial Ingrid Betancur, tres contratistas de seguridad estadounidenses y varios soldados y policías. Concebida dentro del concepto de “operaciones de información”, la acción estuvo dirigida a manipular la percepción del Frente 1° de las FARC responsable de custodiar a los secuestrados hasta convencerlo de que la dirección de la organización había ordenado su traslado y empujarle a entregar a los cautivos a una supuesta misión humanitaria, en realidad integrada por militares colombianos. El engaño privó a la guerrilla de un grupo de rehenes clave para su estrategia internacional, dado que las FARC habían aprovechado la relevancia mundial de los cautivos para agigantar su talla en el exterior y presentarse a gobiernos en América Latina y Europa como un interlocutor que debía ser tomado en cuenta. Pero además, la Operación Jaque demostró como la cadena de mando y las comunicaciones de la guerrilla habían sido vulneradas hasta permitir que la inteligencia colombiana manipulase el entorno informativo de una fracción de la guerrilla para empujarla a entregar voluntariamente al grupo de secuestrados políticamente más valiosos en manos de la organización.Una percepción de creciente destintegración que se agudizó después de que el congresista Oscar Lizcano secuestrado por las FARC durante ocho años pudiese escapar de sus captores a finales de octubre gracias a la ayuda de un mando de la guerrilla que escogió acompañarle en su fuga y entregarse a la Fuerza Pública.

El otro gran golpe contra la estrategia internacional de las FARC fue el hallazgo de dos ordenadores de Raúl Reyes. La información allí contenida revelo los contactos de la organización con los Gobiernos de Venezuela y Ecuador. Los documentos evidenciaron como Quito ofreció a la guerrilla apoyo político y garantías de seguridad en su territorio mientras Caracas iba aún más lejos suministrando armas y fondos a un grupo incluido en las listas de bandas terroristas de EEUU y la UE. Al mismo tiempo, los ordenadores de Reyes pusieron al descubierto las redes de colaboradores de las FARC en América Latina, EEUU y Europa. El resultado fue una quiebra generalizada de sus puntos de apoyo internacionales. Por un lado, los Gobiernos de Ecuador y Venezuela se vieron obligados a poner distancia, al menos temporalmente, con la guerrilla colombiana. Por el otro, los colaboradores de las FARC, de Costa Rica a España y de Chile a EEUU, fueron descubiertos y, en algunos casos, arrestados.

A medida que se acerca el fin de 2008, las FARC parecen tener síntomas cada vez más claros de encontrarse acorraladas. Dificultades logísticas, bajos niveles de operatividad y aislamiento político parecen los términos de una ecuación que coloca a la guerrilla en una posición de aguda crisis estratégica. Sin embargo, por paradójico que parezca, este giro del balance estratégico del conflicto colombiano no parece haber incrementado la voluntad del grupo armado para buscar una salida negociada, ni permite anunciar un rápido final de la violencia. Más bien, el debilitamiento de las FARC ha venido acompañado de una paulatina transformación de la organización, que ha perdido una parte sustancial de su peso militar; pero parece haber escogido una fórmula estratégica que le permitiría sobrevivir en el largo plazo y conservar suficiente capacidad operativa como para desestabilizar la vida política colombiana a través del uso sistemático del terrorismo. Dicho de otra forma, las FARC han sufrido un descalabro político-militar decisivo, pero prometen mantenerse como un desafío relevante para el Estado colombiano en el futuro próximo.

Para entender la resistencia de las FARC a abrir un proceso de negociación con el Gobierno, resulta imprescindible considerar su actual posición estratégica y el juego de poder desatado en su interior tras el reemplazo de Manuel Marulanda por el más sofisticado y urbano Alfonso Cano. Para empezar, los desastres militares, el crecimiento de las deserciones y el desprestigio internacional han colocado a la organización en una posición de debilidad que desincentiva al liderazgo a avanzar hacia una negociación, en tanto un movimiento de este tipo sea visto como una señal de debilidad. Más allá de la coyuntura estratégica de la organización, es necesario analizar la posición de Cano, aplastado por el legado de Marulanda. La orientación estratégica de la guerrilla está definida en el “Plan Estratégico para la Toma del Poder”, diseñado durante la VII Conferencia de las FARC en 1982 y completado en el Pleno Ampliado de la cúpula de la organización un año más tarde. Semejante documento, que trazaba la ruta para la conquista del poder según los principios de la guerra popular prolongada, ha perdido toda conexión con la realidad. Sin embargo, diseñar un nuevo documento de direccionamiento estratégico resulta políticamente casi imposible para un líder recién llegado como Cano en la medida en que podría ser interpretado por sus oponentes internos como una traición al legado fundacional.

Más allá de estos factores circunstanciales, al menos otras dos cuestiones se mantienen como obstáculos clave para que las FARC opten por abrir una negociación. Para empezar, es necesario considerar su rechazo frontal a cualquier diálogo con el gobierno responsable de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), en la medida que la guerrilla percibe que tal negociación equivaldría a admitir que la presión militar fue efectiva para empujarles a la mesa de conversaciones. La administración Uribe planteó la actual campaña de seguridad como un esfuerzo para obligar a las FARC a aceptar unos términos de negociación razonables, pero su cúpula se ha resistido a iniciar conversaciones ante el temor de que el mero hecho de sentarse a hablar legitime la estrategia de seguridad que la ha puesto al borde del colapso. A la hora de valorar la ausencia de cualquier perspectiva de negociación con las FARC tampoco se debe pasar por alto la extrema rigidez ideológica de la organización. Semejante inflexibilidad podría haberse acrecentado con la llegada de Cano a la cabeza del movimiento. De hecho, la doctrina bolivariana asumida por las FARC como nuevo credo ideológico le debe mucho al trabajo político del nuevo líder de la organización cuando en los 80 se convirtió en uno de los discípulos predilectos del teórico máximo del grupo, Jacobo Arenas. Resulta difícil imaginar a Cano arrojando por la borda los principios ideológicos que el mismo ayudó a crear para abrir unas conversaciones con el Gobierno.

Con la salida negociada aparentemente cerrada, ¿cuál es la alternativa de las FARC? Probablemente la modernización de la violencia política, que conduciría a la organización a abandonar los sueños de tomar el poder mediante la guerra de guerrillas y la empujaría a asumir las formas organizativas y los recursos tácticos de una organización terrorista inspirada en grupos clásicos, como ETA ó IRA, hasta movimientos globalizados, como el islamismo radical. En principio, algunos cambios en el comportamiento estratégico de la organización apuntan en esta dirección. Este proceso de innovación estratégica promete acelerarse bajo el nuevo liderazgo de Cano. El nuevo líder guerrillero representa una ruptura con la esencia de las antiguas FARC, inspiradas en el accionar guerrillero durante el período de “La Violencia” (1948-1958) e integradas casi en su totalidad por militantes de origen rural. De hecho, la nueva cabeza de las FARC es de origen urbano, obtuvo un grado en sociología y ha sido uno de los principales impulsares de la internacionalización del grupo.

La transformación estratégica de la guerrilla
Las FARC parecen estar transformando de manera sustancial el papel estratégico de sus estructuras rurales. Aunque mantienen una constante actividad militar, un número creciente de sus unidades en el campo parecen cada vez menos orientadas a lanzar ataques contra la Fuerza Pública y más centradas en la recolección de recursos a través de actividades ilícitas, como el robo de ganado, la extorsión, el secuestro y, sobre todo, el narcotráfico. Los frentes rurales parecen haber abandonado parcialmente su papel militar para asumir funciones logísticas. Dentro de este esquema, las unidades en el campo parecerían destinadas a convertirse en el soporte financiero de las FARC, en tanto sus actividades criminales generarían el grueso de los recursos que sostendrían el conjunto de sus actividades político-militares.

Este cambio en las funciones de los Frentes rurales ha sido acompañado por la puesta en práctica de un nuevo concepto de control territorial. Tradicionalmente, las FARC apostaban por desafiar la presencia del Estado en una determinada zona utilizando medios militares para expulsar a la policía y al ejército, destruir las instituciones locales y afirmar su control militar del área. Sin embargo, cada vez con más frecuencia, la guerrilla parece haber renunciado a destruir físicamente la presencia estatal y prefiere apostar por desarrollar una influencia más selectiva centrada en controlar aquellos sectores de población o aquellas actividades estratégicas de su interés. En ciertas áreas del suroriente, la organización ha estimulado la creación de redes de pequeños negocios que facilitan su control sobre la población o ha empleado testaferros para apoderarse de propiedades rurales de donde ha expulsado a sus legítimos dueños. Estas formas de penetración se desarrollan sin confrontar frontalmente al Estado, sino recurriendo a una mezcla de corrupción y coerción para debilitar las instituciones y controlar a la población.

El proceso de consolidación de la seguridad en ciertas zonas se ha enfrentado a la persistencia de una forma de poder paralelo desarrollado por la guerrilla en una forma semejante a como las formaciones paramilitares mantuvieron su control sobre extensas zonas norteñas. Esta tendencia se ha hecho visible en aquellas áreas donde las FARC mantuvieron históricamente una fuerte presencia. En estas regiones, la Fuerza Pública ha creado un clima de seguridad que ha permitido avanzar en la reconstrucción de las instituciones locales. Al mismo tiempo, las estructuras clandestinas de la guerrilla continúan activas, apoyadas en el terrorismo, para mantener amedrentada a la población. La capacidad de estas redes para condicionar la vida local o realizar actividades criminales, como el secuestro o el narcotráfico, es muy reducida en comparación con los tiempos en que las FARC mantenían un control militar. Al mismo tiempo, este tipo de presencia guerrillera es menos vulnerable a la estrategia tradicional de la Fuerza Pública orientada a destruir las unidades de combate de la guerrilla. El desmantelamiento definitivo de la amenaza de las FARC en esas zonas sólo será posible a través de un prolongado esfuerzo de inteligencia destinado a identificar y desmantelar sus estructuras clandestinas.

Entretanto, la organización parece haber girado una parte relevante de su esfuerzo armado hacia las ciudades. Durante los pasados meses, las FARC han incrementado sus acciones en Bogotá, Cali, Neiva y otras ciudades. En Bogotá, la gran mayoría de la veintena de ataques de los últimos dos meses se han orientado hacia la destrucción de blancos civiles con escasa protección. Un número de artefactos explosivos se han colocado en las calles o han servido para destruir autobuses de servicio público para generar un sentimiento de inseguridad. Otros ataques se han dirigido contra locales comerciales o sedes de compañías en lo que parece parte de una campaña para forzar el pago de extorsiones. En cualquier caso, semejante cadena de acciones ha puesto de relieve dos hechos clave. Por un lado, la construcción por las FARC de una infraestructura permanente en la capital para ejecutar acciones continuas. Del otro, la mejora de sus capacidades operativas hasta el punto de que han podido coordinar ataques simultáneos.

Se han incrementado las señales de un creciente esfuerzo de la guerrilla para ganar influencia en las universidades. A principios del pasado septiembre, un vídeo mostró a un grupo de encapuchados lanzando consignas de extrema izquierda a los estudiantes de la Universidad Distrital, una institución educativa en el centro de Bogotá. Más allá del consiguiente escándalo político, el incidente demostró que al menos parcialmente la guerrilla había tenido éxito construyendo algún nivel simpatía hacia sus planteamientos en ciertos sectores estudiantiles. El crecimiento de la influencia política de las FARC entre los estudiantes y otros sectores sociales fue uno de los factores que empujó a la organización a crear el Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia (MBNC), en 2000, como una estructura destinada a estimular movilizaciones sociales acordes con sus intereses. Una tarea entonces encomendada a Alfonso Cano. El incidente de la Universidad Distrital demostró el trabajo del MBNC y su rama juvenil, las Juventudes Bolivarianas, para conquistar adeptos en los centros de enseñanza superior. A mediados de 2008 se calculaba que había presencia del grupo armado en una veintena de universidades en cerca de una docena y media de ciudades.

El crecimiento de la presencia de la guerrilla en las universidades amenaza con convertirse en un desafío político y estratégico clave. La penetración entre sectores estudiantiles podría resolver las dos barreras principales que han frenado a la guerrilla en sus intentos de proyectarse hacia las ciudades. Para empezar, incluso teniendo en cuenta que la influencia de las FARC se limitada a sectores muy reducidos del estudiantado, la captación de esta exigua minoría puede ser suficiente para conseguir el pequeño número de militantes con perfiles urbanos y una fuerte ideologización necesarios para alimentar sus comandos urbanos. La posibilidad de que la guerrilla consolide su presencia en algunos centros de educación superior amenaza con crear “santuarios” de las FARC en el centro de algunas ciudades. Como en la mayoría de los países democráticos, la capacidad del Estado para intervenir en las universidades está restringida por ciertos factores políticos. Las universidades colombianas tienen una profunda tradición de autonomía que estimula un rechazo generalizado de docentes y estudiantes a la presencia de agentes de seguridad en los recintos educativos. Al mismo tiempo, al menos un sector de la comunidad universitaria vería como un atentado contra la libertad de pensamiento cualquier medida legal contra los sectores radicales que promueven el mensaje político de la guerrilla. Como consecuencia, una acción del Gobierno en este sentido terminaría provocando una radicalización del clima político que paradójicamente favorecería a la guerrilla. En consecuencia, las posibilidades del Estado para frenar la infiltración de la guerrilla en los centros universitarios son limitadas y están cuajadas de delicados dilemas políticos.

Finalmente, pese a que la información de los ordenadores incautados durante el ataque contra el campamento de Reyes permitió poner al descubierto la amplitud de las redes internacionales de las FARC, parece probable que la organización pueda reconstruir parte de estas estructuras en un plazo relativamente corto. De hecho, esta parece ser la tarea asumida por Ivan Márquez como miembro del secretariado de la organización que ha asumido la dirección de las actividades internacionales. Su esfuerzo se puede ver facilitado por el hecho de que el descubrimiento de las conexiones exteriores de la organización terrorista no ha traído grandes consecuencias para los individuos y gobiernos implicados. Caracas y Quito han salido indemnes pese a las pruebas que demostraban sus estrechos lazos con las FARC. En el caso de Venezuela, el descubrimiento de la provisión de fondos y armas a la guerrilla colombiana no ha tenido mayores consecuencias para la posición internacional del país. Desde luego, Rodríguez Chacín, como uno de los máximos artífices de la política de acercamiento a las FARC, renunció al Ministerio del Interior. Asimismo, tanto él como otros funcionarios civiles y militares venezolanos vieron sus bienes en EEUU congelados. Pero si se toma en consideración la gravedad de las evidencias contra Caracas, se puede afirmar que el Gobierno de Chávez salió prácticamente ileso del caso, como demuestra el que haya podido continuar vendiendo petróleo y comprando armas sin mayores dificultades.

Probablemente, la falta de consecuencias para Venezuela de que se descubriesen sus contactos con las FARC explica que las señales de simpatía hacia la organización hayan continuando repitiéndose en la región sin mayores problemas. Nicaragua no tuvo mayores inconvenientes en otorgar asilo político a dos guerrilleras de las FARC el pasado junio. Una decisión seguida tres meses después por la inauguración de una plaza pública en honor de Manuel Marulanda en el centro de Caracas. Semejante clima induce a pensar que Márquez podría no tener mayores dificultades en restablecer parte de los contactos exteriores del grupo. Entretanto, la llegada de una nueva administración norteamericana muy probablemente significará un giro sustancial de la política de Washington hacia Bogotá, lo que probablemente se traducirá en un debilitamiento de la posición internacional de Colombia. De este modo, la guerrilla podría esperar en el futuro próximo un giro del escenario internacional favorable a sus intereses.

Conclusiones

Una organización debilitada; pero no quebrada
Visto desde esta perspectiva, las FARC bajo Alfonso Cano podrían responder a la cadena de golpes sufridos a lo largo del año con una estrategia que combine una intensificación del activismo político y una escalada de acciones terroristas en las grandes ciudades para desestabilizar el escenario político colombiano. Dentro de este esquema, la guerrilla puede transformarse en una organización más pequeña, con menos recursos y una capacidad militar limitada. Un grupo muy distinto de aquel que asestó los grandes golpes militares de fines de los años 90. Sin embargo, las FARC intentarían compensar estas debilidades con un esfuerzo por manipular a su favor las protestas de ciertos sectores sociales y realizar acciones armadas selectivas para conmocionar a la opinión pública. Al mismo tiempo, la guerrilla redoblará sus esfuerzos para recuperar contactos internacionales con vistas a consolidar el apoyo de gobiernos radicales de la región y ampliar su proyección internacional fuera del continente. La nueva cúpula de la guerrilla trataría de ganar peso político al mismo tiempo que deteriora el clima político interno y hunde la credibilidad del Estado. Sin duda, el grupo armado tiene pocas posibilidades de llevar a cabo estos planes y alterar el curso de una guerra que claramente está perdiendo. Pero el mero hecho de que impulse semejante estrategia significa que las FARC están determinadas a continuar desestabilizando las instituciones democráticas colombianas en el futuro próximo.

La espectacular liberación de Ingrid Betancourt ha dejado al mundo literalmente boquiabierto y parece ser que ya se trabaja activamente en Hollywood en el guión para un posible rodaje. Sin embargo, más que una película nostálgica de cuando el mundo estaba dividido en dos bloques, el declive de las tristemente célebres FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, podría ser el argumento de un episodio del culebrón Chávez.

Sería un error, en efecto, intentar deshacer el intrincado ovillo de relaciones entre políticos, terroristas y milicias recurriendo a los instrumentos de la guerra fría: por una parte, un célebre rehén -icono del esfuerzo democrático de Colombia-, un presidente emprendedor, Álvaro Uribe, apoyado por los gringos de Washington, y una extraordinaria coalición encabezada por el Elíseo y los servicios secretos israelíes; por otra, las FARC, el imprevisible presidente-dictador venezolano Hugo Chávez, y el movimiento antiimperialista de Latinoamérica.

La realidad, según se dice, supera frecuentemente a la ficción, de manera que sería aconsejable que durante los próximos meses los guionistas de Hollywood no dejaran de tener muy en cuenta este dicho. El terrorismo no es el tiempo atmosférico, resulta imposible realizar previsiones precisas. Hace seis meses, todos los analistas se mostraban concordes en considerar a las FARC como el único grupo armado presente en Latinoamérica con capacidad de globalizarse, es decir, con posibilidades de dejar sentir su presencia fuera de Colombia.

Desde hace años, en efecto, mantienen relaciones con el IRA y con ETA y entablan negocios con los banqueros libaneses de Hezbolá en Ciudad del Este. Y sin embargo, en el curso de unos cuantos meses, el Ejército colombiano, flanqueado por el estadounidense, consiguió hacer pedazos a la cúpula de la organización.

En mayo perdió la vida en un bombardeo en la frontera ecuatoriana el número dos de las FARC, Raúl Reyes, la eminencia gris del grupo. Poco después muere en su cama el propio fundador, Tirofijo. Defecciones y traiciones diezman a los militantes y el Ejecutivo admite que ha habido infiltraciones en su seno. En unos cuantos meses, la punta de diamante del terrorismo latinoamericano se convierte en un ejército a la desbandada, y si hoy Ingrid Betancourt está libre es precisamente gracias a la falta de comunicación y de coordinación que hoy caracteriza a la organización.

Resultaría prematuro, sin embargo, declarar el final de las FARC. No sería la primera vez que se las da por desahuciadas: en 1980, el número de sus militantes había descendido a 200miembros y la organización estaba sin blanca, hasta el extremo de carecer de dinero incluso para alimentar a sus poquísimos adeptos; sin embargo, Tirofijo tiene una intuición genial. Estipula un acuerdo con la narcomafia colombiana, gestionada en aquel momento por un puñado de individuos, ofreciéndole protección armada contra el Ejército a cambio de una porción de los beneficios del narcotráfico. Las FARC saben moverse en el interior del país y son unos maestros de la guerrilla. Es lo que le hace falta al cartel: mantener alejado al Ejército colombiano para multiplicar la producción de cocaína. La asociación funciona y las FARC se enriquecen.

El actual declive de la organización va unido a la política de erradicación de las plantaciones de coca en Colombia, a la hostilidad de la población civil vejada por secuestros e impuestos revolucionarios y al apoyo militar de los Estados Unidos. Pero el nuevo jefe, el antropólogo Alfonso Cano, de 60 años, podría guardarse un as en la manga: un acuerdo de cooperación con un protector ilustre, el presidente de Venezuela.

Chávez ha defendido en repetidas ocasiones la causa política de las FARC, llegando incluso a incitar a Uribe a reconocer a la organización como fuerza política a cambio de la promesa de su desmilitarización. Colombia y los Estados Unidos sostienen que Chávez protege a las FARC, un verbo diplomático tras el cual se esconde la convicción de que Venezuela es su auténtico patrocinador. En mayo, tras la muerte de Reyes, la Interpol recupera tres portátiles que contenían información relativa a una presunta oferta de 300 millones de dólares por parte de Chávez. En un correo electrónico se ventila la posibilidad de que las FARC adiestren a fuerzas venezolanas en las técnicas de guerrilla. ¿Con qué objeto? No faltan en Suramérica quienes creen que Chávez pretende convertir a las FARC en una milicia personal, en un Ejército en la sombra, oculto en la selva tropical que cubre la mayor parte de la frontera con Colombia. Es para ese ejército para el que hace poco Venezuela ha adquirido 1.000 AK-42 rusos, un arma predilecta por terroristas y guerrilleros pero que no pertenece a la dotación del Ejército venezolano.

Las condiciones económicas de Colombia y de Venezuela parecen confirmar la tesis de que las FARC, si no reconvierten, desaparecerán. El crecimiento es rápido en ambos países por más que la gestión de la economía sea distinta. El presidente Uribe, notoriamente pro americano, ha sido capaz de estimular el crecimiento económico a través de la exportación de manufacturas hacia Estados Unidos y del flujo de capitales extranjeros, que se han triplicado desde 2002, alcanzando los 6.300 millones de dólares. La pobreza y el desempleo han descendido y el índice de popularidad de Uribe ha subido hasta el 80%, gracias entre otras cosas a sus victorias contra las FARC y contra la criminalidad. Los asesinatos han descendido en un 40% y los ataques terroristas en un 77%. La producción de cocaína se reduce y a medida que se van erradicando las plantaciones, los cocaineros las desplazan al otro lado de las fronteras, en Perú, Bolivia y Venezuela.

El crecimiento económico venezolano, por el contrario, va unido al petróleo y al gasto público. No existe un sector privado, pues, al contrario, Chávez se ha esforzado por destruirlo. La economía está a merced de una inflación galopante, el 23% en 2007, casi el doble que en 2008, y se da una carencia crónica de productos básicos, desde la leche a la harina. La retórica anticapitalista del presidente alimenta la fuga de capitales. La criminalidad ha aumentado hasta niveles de récord, mientras que el índice de popularidad de Chávez ha descendido hasta el 40%. Y al presidente le hacen falta grandes esfuerzos para mantener buenas relaciones con sus vecinos antiimperialistas, como Evo Morales, sobre quienes pretende ejercer su propia influencia política.

Y así llega el inesperado final de este episodio del culebrón Chávez: las FARC impiden que la oposición contra Chávez alcance sus propósitos y a cambio obtienen vía libre para reconducir el narcotráfico proveniente de las nuevas plantaciones a través de Venezuela. La transición de grupo armado a narcomafia se concluye y al mismo tiempo se completa la de presidente a dictador.

The dramatic rescue of 15 hostages this month by Colombia’s special forces underscored how far Colombia has progressed — with the strong support of the United States — from a nation under siege by narcoterrorists and paramilitary vigilantes to one poised to become a linchpin of security and prosperity in South America.

As we meet today in Washington to discuss the United States-Colombia security relationship, we want to take stock of what has been gained over the past decade and commit our two nations to continue this progress.

The remarkable transformation of the security situation in Colombia can be credited in large part to the improvement in the capacity of its military and police — an improvement in which American security assistance has played a key role. The governments of both nations agree that this assistance should continue until the job is finished. Furthermore, we should also increase trade and investment by moving forward on the United States-Colombia Trade Promotion Agreement that is now before Congress. Growing prosperity and better standards of living are indispensable to achieving lasting stability in both countries.

Over all, our two nations should take care not to squander the investment we have already made — some $5 billion on the part of the United States plus significantly more in Colombian resources — now that these efforts are showing such promising results.

Consider that eight years ago, illegal armed groups involved in cocaine and heroin production controlled more than 70 percent of the Colombian countryside. Today the most dangerous and vicious of the groups — the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC — has seen a sharp drop in its strength and status. Once 18,000 strong, the group has lost half its forces along with whatever credibility and following it had elsewhere in Latin America. The other major militias, the National Liberation Army and the United Self-Defense Forces, no longer pose a serious threat.

Since 2002, Colombia has doubled the size of its security forces. Last October, the two of us observed Colombian troops conducting drills at their training base in the western city of Tolemaida. These brave men and women have pushed terrorists and drug traffickers into the farthest reaches of Colombia’s mountains and jungles. Mayors and police officers are now at their posts in every municipality.

Military pressure, combined with incentives for those who lay down their arms under Colombia’s demobilization program, has encouraged thousands of narcoterrorists to turn themselves in and share information with the government. Children once forced to serve in armed groups can now take advantage of reintegration programs that offer hope for a decent future. Violence has declined significantly — kidnapping, terrorist acts and attacks against trade unionists are down by approximately 80 percent.

While the cultivation and export of narcotics continues to be a problem, Colombia has eliminated two-thirds of its opium production and more than 500 traffickers have been extradited to the United States. In 2007, half a million acres of illicit coca crops were eradicated.

Even so, there are challenges ahead. The Colombian government must strengthen its authority in areas previously controlled by terrorists. Remnants of these bandit armies could continue their murderous ways as smaller, independent groups. That is why it is so important that American security assistance not be reduced — at least not until Colombia has control of its borders, and police departments, municipal governments and other government services are firmly established in all areas.

Other countries must also help. Over the years, FARC elements have operated illegally from across Colombia’s borders, and we will need those neighbors’ cooperation to eliminate the threat. And, as always, the United States and other nations must make a sustained effort to cut the demand for narcotics that finance these violent groups.

Finally, to achieve lasting peace and stability, Colombia must have more foreign investment and free trade. Congress’s approval of the trade promotion agreement would establish a commitment to open markets that would increase growth and investment. Moreover, it would allow American products to enter Colombia duty-free.

Colombia’s hard-won freedom from violence can be sustained only through economic prosperity. Together, as partners, we must see Colombia’s transformation to completion. In winning the war, we must also consolidate the peace.

La liberación de Ingrid Betancourt, junto con tres norteamericanos y 11 militares colombianos que llevaban muchos años como rehenes de las FARC, ha sido una hazaña de corte cinematográfico -la destreza, audacia y perfección del rescate hacía pensar en las proezas de Jack Bauer, el héroe de 24- por la que hay que felicitar, antes que a nadie, al presidente Álvaro Uribe, luego a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y a los anónimos oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia que la diseñaron y ejecutaron.

Esto parece obvio pero no lo es, pues cualquiera que haya ojeado la prensa y escuchado a los medios aquí en Europa en la última semana, diría que el verdadero héroe de la operación ha sido el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien, sin haber intervenido para nada en la Operación Jaque -así fue bautizado el salvamento-, salvo para obstruirla y demorarla, es quien hasta ahora le ha sacado mayor provecho publicitario. Pero, ya sabemos, la política y los políticos son así.

El rescate no sólo pone fin a los indescriptibles padecimientos a que fueron sometidos a lo largo de muchos años Ingrid Betancourt y sus compañeros de cautiverio en manos de la organización narcoterrorista en que se han convertido las FARC. Además, pone en evidencia la naturaleza criminal y sádica de esta guerrilla para la que hasta apenas ayer el presidente Chávez, de Venezuela, con amplios apoyos en América Latina y en Europa, pedía la legitimación política internacional y que fuera borrada de la lista de partidos, movimientos y grupúsculos terroristas en que aparece, en lugar prominente, en la Unión Europea, los Estados Unidos y la comunidad de países democráticos. Después de haber escuchado el testimonio de la propia Ingrid Betancourt sobre las condiciones en que transcurrió su cautiverio y la conducta y actitudes de sus verdugos, esperemos que nadie -nadie que no sea imbécil o cómplice, se entiende- pretenda todavía presentar a las FARC como un romántico movimiento de idealistas que ha tomado las armas para luchar por la justicia y la igualdad de los colombianos.

Pero la conclusión política más importante que se desprende de la Operación Jaque es la lucidez de visión y el coraje de ese gran estadista latinoamericano que es Álvaro Uribe, el primer gobernante colombiano que, enfrentándose para ello no sólo a sus naturales enemigos -la guerrilla terrorista, el extremismo antidemocrático, los comunistas, Cuba, la Venezuela de Chávez y la internacional de tontos útiles al servicio de la revolución para América Latina-, sino también a los gobiernos y partidos democráticos de buena parte del mundo que lo demonizaron y acosaron sin descanso todos estos años, ha demostrado en los últimos meses que las FARC no eran invencibles, ni siquiera populares, y que podían ser militarmente derrotadas, con el beneplácito y la resuelta colaboración del pueblo colombiano. No es de extrañar que Uribe, cuya discreción y casi mudez luego del rescate han sido casi totales, a diferencia del aprovechamiento frenético que ha hecho de él el mandatario francés, goce ahora de un 90% de popularidad, seguramente el más alto porcentaje de respaldo a un gobernante democrático en el mundo entero.

En las decenas de artículos y comentarios que he visto, leído u oído en la prensa a lo largo de la semana referidos a la liberación de Ingrid Betancourt, no he visto uno solo que recuerde la insolencia y la insistencia con que el Gobierno francés exigió al mandatario colombiano que evitara las acciones militares contra las FARC, y que diera muestras de apaciguamiento y buena voluntad contra la pandilla de asesinos, torturadores, secuestradores y narcotraficantes que anida bajo esas siglas, incluso liberando a uno de sus jerarcas, y las simpatías que mereció en la comunidad internacional la intromisión del presidente Chávez, de Venezuela, y sus afirmaciones de que sólo él era capaz de conseguir la liberación de los rehenes en manos de las FARC (sus amigos y cómplices, como demostraron los ordenadores capturados en el campamento de Raúl Reyes).

Nadie se acuerda ya, por lo visto, de que el Parlamento Europeo perpetró la ignominia, hace muy pocos años, de recibir al presidente Uribe con un bosque de carteles de vituperios en manos de diputados socialistas, comunistas y hasta algunos liberales, como a un enemigo de los derechos humanos, y que Al Gore, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, se negó a reunirse con él, alegando la misma razón. América Latina ha servido siempre a politicastros europeos y norteamericanos, y buen número de intelectuales, supuestamente demócratas, para darse un disfraz progre y una buena conciencia revolucionaria sin riesgo alguno. Es verdad que la capacidad del extremismo antidemocrático de izquierda para desacreditar y satanizar a sus adversarios es casi infinito, y, por ello, buen número de gobernantes y políticos latinoamericanos, temerosos de ser víctimas de esas campañas de desprestigio montados por la extrema izquierda, ceden y se dejan manipular y paralizar por unas supuestas fuerzas populares que, a menudo, como las FARC, resultan ser, a la postre, unos gigantes con pies de barro.

El presidente Álvaro Uribe no pertenece a esa clase de políticos acomodaticios, pusilánimes y sin principios que tanto abundan en América Latina. Desde que asumió el gobierno, dejó muy en claro que, en nombre de la legalidad y de la democracia, se enfrentaría a la guerrilla terrorista con resolución, a la vez que dejándole siempre una puerta abierta para negociar su rendición. Las fantásticas campañas lanzadas contra él en Colombia y en el exterior, y los atentados contra su vida, no lo hicieron cambiar un milímetro en esta línea de conducta que, muy pronto, fueron haciendo suyos sectores cada vez más amplios de la sociedad colombiana, a medida que, como resultado de aquella política, el Estado recuperaba las carreteras y regiones enteras del país, y un sentimiento de esperanza echaba raíces en la población. La Operación Jaque es la culminación de aquel progreso en la lucha contra la barbarie y el terror, y un ejemplo de lo que debe ser la conducta de un gobernante democrático frente a quienes han desatado una guerra a muerte contra la democracia y la libertad.

La lucha de Uribe contra el terror se ha llevado a cabo sin menoscabar en lo más mínimo la libertad de prensa, la independencia del poder judicial, la oposición parlamentaria y extraparlamentaria, y haciendo al mismo tiempo un esfuerzo continuo para desarmar a las fuerzas paramilitares y combatir la corrupción, muy extendida por desgracia en el aparato político y estatal, y aun en su propio entorno. Aunque ha habido errores y fallos, también en estos campos el progreso ha sido considerable, como lo comprueba cualquiera que vaya a Colombia y viaje por el país y hable con la gente, y lo haga con el espíritu abierto y sin prejuicios. Yo lo he hecho, varias veces en estos años, y cada vez tuve la impresión de que había un avance considerable y que no sólo la esperanza, también las instituciones y la economía mejoraban y las FARC retrocedían. Por eso me parecía una injusticia atroz que el gobernante democrático que con más talento y valentía defendía la libertad en América Latina tuviera en la escena internacional menos consideración y respeto que demagogos pintorescos y ruinosos para sus países como Evo Morales o Hugo Chávez.

¿Cambiarán ahora las cosas? Confiemos en que, por lo menos, algunos ingenuos abran los ojos y entiendan de veras lo que pasa en Colombia. Que la liberación de Ingrid Betancourt y sus 14 compañeros de martirio no fue una casualidad ni un milagro, sino consecuencia de una política inteligente, audaz y firme en defensa de la libertad. La única que corresponde a un gobierno democrático que no quiere suicidarse y entregar a su país al absolutismo y al terror.

¿Qué ocurrirá ahora? Si quisiera reelegirse por tercera vez, Uribe lo conseguiría con absoluta facilidad. Esperemos que no lo haga y que se retire al término de su mandato, para que no se diga de él que la codicia de poder enturbió la formidable tarea que ha realizado. Ahora ya sabe que sí hay en Colombia quien puede reemplazarlo con éxito en la política que ha llevado a cabo. Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, ha sido, en todo este tiempo, un colaborador, leal y tan firme como él en el objetivo por alcanzar, que es la pacificación de Colombia y el fortalecimiento de su democracia. Ambos están ahora más cerca que nunca en las últimas décadas.

On the day the Colombian military freed Ingrid Betancourt and 14 other long-held hostages, the Italian Parliament passed yet another resolution demanding her release. Europe had long ago adopted this French-Colombian politician as a cause celebre. France had made her an honorary citizen of Paris, passed numerous resolutions and held many vigils.

Unfortunately, karma does not easily cross the Atlantic. Betancourt languished for six years in cruel captivity until freed in a brilliant operation conducted by the Colombian military, intelligence agencies and special forces — an operation so well executed that the captors were overpowered without a shot being fired.

This in foreign policy establishment circles is called “hard power.” In the Bush years, hard power is terribly out of fashion, seen as a mere obsession of cowboys and neocons. Both in Europe and America, the sophisticates worship at the altar of “soft power” — the use of diplomatic and moral resources to achieve one’s ends.

Europe luxuriates in soft power, nowhere more than in l’affaire Betancourt in which Europe’s repeated gestures of solidarity hovered somewhere between the fatuous and the destructive. Europe had been pressing the Colombian government to negotiate for the hostages. Venezuela’s Hugo Chávez offered to mediate.

Of course, we know from documents captured in a daring Colombian army raid into Ecuador in March — your standard hard-power operation duly denounced by that perfect repository of soft power, the Organization of American States — that Chávez had been secretly funding and pulling the strings of the FARC. These negotiations would have been Chávez’s opportunity to gain recognition and legitimacy for his terrorist client.

Colombia’s President Álvaro Uribe, a conservative and close ally of President Bush, went instead for the hard stuff. He has for years. As a result, he has brought to its knees the longest-running and once-strongest guerrilla force on the continent by means of “an intense military campaign [that] weakened the FARC, killing seasoned commanders and prompting 1,500 fighters and urban operatives to desert” ( Washington Post). In the end, it was that campaign — and its agent, the Colombian military — that freed Betancourt.

She was, however, only one of the high-minded West’s many causes. Solemn condemnations have been issued from every forum of soft-power fecklessness — the European Union, the United Nations, the G-8 foreign ministers — demanding that Robert Mugabe of Zimbabwe stop butchering his opponents and step down. Before that, the cause du jour was Burma, where a vicious dictatorship allowed thousands of cyclone victims to die by denying them independently delivered foreign aid lest it weaken the junta’s grip on power.

And then there is Darfur, a perennial for which myriad diplomats and foreign policy experts have devoted uncountable hours at the finest five-star hotels to deplore the genocide and urgently urge relief.

What is done to free these people? Nothing. Everyone knows it will take the hardest of hard power to remove the oppressors in Zimbabwe, Burma, Sudan and other godforsaken places where the bad guys have the guns and use them. Indeed, as the Zimbabwean opposition leader suggested (before quickly retracting) from his hideout in the Dutch embassy — Europe specializes in providing haven for those fleeing the evil that Europe does nothing about — the only solution is foreign intervention.

And who’s going to intervene? The only country that could is the country that in the past two decades led coalitions that liberated Kuwait, Bosnia, Kosovo and Afghanistan. Having sacrificed much blood and treasure in its latest endeavor — the liberation of 25 million Iraqis from the most barbarous tyranny of all, and its replacement with what is beginning to emerge as the Arab world’s first democracy — and having earned near-universal condemnation for its pains, America has absolutely no appetite for such missions.

And so the innocent languish, as did Betancourt, until some local power, inexplicably under the sway of the Bush notion of hard power, gets it done — often with the support of the American military. “Behind the rescue in a jungle clearing stood years of clandestine American work,” explained The Post. “It included the deployment of elite U.S. Special Forces . . . a vast intelligence-gathering operation . . . and training programs for Colombian troops.”

Upon her liberation, Betancourt offered profuse thanks to God and the Virgin Mary, to her supporters and the media, to France and Colombia and just about everybody else. As of this writing, none to the United States.

Hace seis años éramos pocos quienes creíamos que se podía derrotar a las FARC. Esa discusión ha concluido y ahora el debate es sobre los problemas de la posguerra, que no serán ni pocos, ni fáciles de resolver. La desarticulación y derrota del más grande ejército del narcotráfico de Latinoamérica dejará daños que es necesario prever y enfrentar. Fue la cocaína lo que acabó con la guerrilla más antigua del continente, porque fue ésta la que le llevó a retar al Estado colombiano. Antes de eso, FARC y Estado convivieron en una guerra que fue largamente irrelevante.

Las FARC desperdiciaron la oportunidad de negociar, pese a que recibieron grandes concesiones territoriales y extendido reconocimiento político. En aquel momento, el Estado colombiano estaba desprestigiado por la corrupción del narcotráfico y deslegitimado por las violaciones a los derechos humanos. La política del presidente Pastrana con la que parecía “poner la otra mejilla” sirvió después para darle plena legitimidad al uso de la fuerza mediante el plan de seguridad democrática del presidente Uribe. Detrás de las banderas pacifistas que emergieron cuando la fuerza se convirtió en el recurso principal, no había sólo buenas intenciones, sino también pretensiones de legitimar al narcoterrorismo.

En Colombia fue necesario darle una oportunidad a la guerra. La paz negociada debe ser siempre el propósito fundamental en un conflicto, pero, en algunas ocasiones, pretenderla a toda costa puede significar la prolongación de la guerra.

Las fuerzas militares de Colombia saben ahora de las FARC, más que las FARC mismas. La exitosa operación de rescate se montó a partir de la pérdida total de mando y control por parte de la dirigencia narcoguerrillera. El rescate confirma que buena parte de los combatientes están abandonados y dejados a su suerte. Colombia tiene ya más de 40.000 excombatientes desmovilizados y cientos se rinden mensualmente. Otros miles, incluidos algunos dirigentes de las FARC, están dispersos en Colombia o en campamentos ubicados en países vecinos como Venezuela y Ecuador. Los peligros potenciales de fuerzas desmovilizadas y desarticuladas son ahora mayores que los que representa la guerra misma. No hubo batalla final y difícilmente habrá una rendición negociada formal y nacional, lo más probable serán acuerdos con grupos dispersos.

La consigna que inventaron los sandinistas cuando vencieron a la guardia somocista, puede ser de gran utilidad para los militares colombianos: “Implacables en el combate, generosos en la victoria”.

Colombia y los países vecinos se enfrentarán ahora a los problemas de una violencia fragmentada delictiva que se potenciará por el narcotráfico. Se acabó el juego de apoyos a una supuesta “violencia revolucionaria”; los campamentos guerrilleros en Venezuela y Ecuador son ahora un peligro para esos países: si no los desarman y someten a sus jefes pronto tendrán una gran plaga de narcotráfico y secuestro. En Venezuela especialmente el narcotráfico ha echado raíces; si su Gobierno no toma en serio el problema, pronto tendrá su propia guerra.

Siempre fue posible derrotar a las FARC, a los paramilitares e incluso a los grandes carteles. Los efectos violentos del narcotráfico se los puede reducir significativamente con el dominio territorial del Estado, pero derrotar a la droga no es posible. Ésta responde a poderosas fuerzas de mercado que están globalizadas desde hace mucho tiempo.

El ex presidente César Gaviria, hablando de los peligros de la posguerra en El Salvador, me dijo en una ocasión: “La violencia una vez echa raíces, cobra vida propia”. Colombia necesita reconstruir su infraestructura moral para desenraizar una violencia que se le volvió cultural. Esto nunca se entendió en El Salvador, por eso la violencia renació de forma brutal con las pandillas y la polarización política se impuso sobre la reconciliación. El Salvador es ahora un ejemplo de acuerdo de paz exitoso, con fracaso en el manejo de la posguerra. Colombia tiene, además de la política de seguridad democrática, un extraordinario arsenal de ideas sobre la reconstrucción cívica y la solidaridad, que han sido aplicadas por los últimos y actuales gobiernos de Bogotá y Medellín. Son todas estas experiencias las que pueden permitirle construir Estado y ciudadanía para tener una posguerra exitosa.

Es falso que la victoria en Colombia se deba a consejos norteamericanos; el fracaso de éstos en Irak lo comprueba. Los colombianos construyeron su propia política resultado de haber sufrido de forma continúa todas las violencias posibles: guerras entre sus políticos, brutalidad del Estado, paramilitarismo, poderosos carteles, guerrillas y narcoguerrillas. Es en realidad un país que tiene mucho que enseñar y que está demostrando que, sin pretender llegar al cielo, se puede salir del infierno.

A juzgar por sus derrotas militares y sus reveses políticos, el 2008 es el año negro de la guerrilla comunista más antigua y nutrida del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), creada en 1964, cuya decadencia tuvo una azarosa puesta en escena con la rendición, asesinato o captura de varios de sus líderes y la muerte de su fundador, el legendario Manuel Marulanda o Tirofijo, que personificaba la atormentada evolución del país. “Ha sido el peor semestre de su historia”, según el análisis del profesor colombiano Jaime Zuluaga.
En obvia decadencia ideológica, degradada por el narcotráfico y los secuestros, alejada de la realidad nacional, la guerrilla perdió incluso el apoyo táctico del presidente venezolano, Hugo Chávez, que el 8 de junio, en una declaración sorprendente, dejó de solicitar para ella el estatuto de insurgencia, la instó a abandonar la cruel industria de la extorsión y afirmó que jamás conquistaría el poder por las armas. Fue una rectificación pertinente y una invitación tardía a seguir el camino de la política y la transacción. Para Chávez y otros líderes del subcontinente, las FARC ya no son un movimiento popular invencible, sino un anacronismo sangriento e incómodo.

SEGÚN DATOS fiables, las FARC han perdido la mitad de sus efectivos en cinco años, unos 8.000 hombres. Diezmadas y acorraladas, deben superar además la muerte del comandante en jefe, que no solo provocó un relevo generacional, sino que abrió un período de lucha por el poder entre sus epígonos, divididos en dos sectores aparentemente irreconciliables: los campesinos militaristas, capitaneados por Jorge Briceño, y los guerrilleros de procedencia urbana que tratan de afianzar una nueva estrategia vinculada con la lucha política y la negociación, cuyo jefe de filas es Alfonso Cano, el presunto sucesor de Marulanda.
El rescate de Ingrid Betancourt y sus compañeros de cautiverio, en una brillante operación de contrainsurgencia, sin precedentes por su audacia y su precisa ejecución, confirma la fragilidad militar de la guerrilla y su precaria situación ante las cada vez mejor pertrechadas y profesionalizadas fuerzas gubernamentales, las cuales cuentan, además, con la sofisticada infraestructura de observación e información prestada por Washington. Fracasadas varias veces las negociaciones, la democracia en armas de que se jacta el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, prevaleció como única alternativa y ahora recoge los frutos. Los éxitos de la opción militar, juzgada inviable por los antagonistas del presidente, han fraguado en el país un frente popular antiguerrilla de inusitada eficacia.
En el campo militar, los rebeldes hace tiempo que perdieron la iniciativa, desbordados por los planes de contrainsurgencia que sufraga EEUU. Las réplicas revolucionarias en los Andes no son para mañana. En términos políticos, la guerrilla es un recurso de otra época que se empecina en la estrategia de campesinos en armas que sitian las ciudades hasta alcanzar el poder. Aislada diplomáticamente, incluida en la lista de organizaciones terroristas tanto por EEUU como por la Unión Europea, queda por saber si mantendrá su unidad bajo el mando de Alfonso Cano o proseguirá su fragmentación o rendición bajo la presión implacable del Ejército.
La liberación de Betancourt pone en evidencia los errores de juicio y el despiste ideológico de otros líderes americanos e incluso europeos, incluyendo al hiperactivo Nicolas Sarkozy, que llegaron a acusar veladamente al presidente colombiano de ser indiferente a la suerte de la secuestrada más célebre del mundo, o de retrasar su liberación, por no prestarse al espectáculo orquestado desde Caracas. Uribe siempre rechazó una intromisión exterior que implicaba otorgar a la guerrilla la soberanía de facto sobre una zona desmilitarizada del territorio nacional, humillante concesión para el intercambio de rehenes por guerrilleros presos.

LOS PASOS EN falso de los dirigentes suramericanos –no solo de Chávez y Evo Morales, sino también del ecuatoriano Correa o la argentina Fernández– se deben a prejuicios ideológicos o populistas enraizados en la izquierda oficial, que no tuvo en cuenta la realidad social y política colombiana, expresada de manera inequívoca en la creciente popularidad de Uribe, ni la confusión del romanticismo guerrillero con la delincuencia ni el desequilibrio de fuerzas. El error de confiar más en Chávez que en Uribe, como señala un analista argentino, agrieta más la fachada del panamericanismo y ofrece una amarga lección a los milenaristas de la insurgencia agraria, incapaces de analizar los irremediables fracasos históricos.
Tras el réquiem retórico de Chávez, quizá resulte prematuro especular con el principio del fin de las FARC, pero es evidente que los últimos hechos señalan un viraje tan espectacular como esperanzador en la guerra civil larvada que flageló al país durante medio siglo y le impidió alcanzar el despegue que conduce al desarrollo y que solo puede garantizar el sistema democrático. Con la liberación de Betancourt y los rehenes norteamericanos, Uribe sale tan fortalecido que la guerrilla está ante el dilema terminal de entregar las armas, paso previo para su reinserción social, según la oferta generosa del presidente, o exponerse a un final calamitoso y carcelario como el de Sendero Luminoso en Perú.

Betancourt, slight but still well-spoken, deftly discredited critics of President Álvaro Uribe’s two-pronged approach toward the Revolutionary Armed Forces of Colombia. Her support for Uribe’s carrot-and-stick policies — beefing up the military while offering to negotiate with the guerrillas — countered many of her self-proclaimed supporters, including human rights groups, Venezuelan President Hugo Chávez, leftist lobbyists in Washington and her own mother.

Betancourt was right to speak out. But Uribe will be wrong if he hears a siren song in her message.

Uribe has been toying with the notion of exploiting his incredible popularity — he is the only sitting Colombian president to be reelected — and changing the constitution to seek a third term. This would undermine the country’s admirably growing institutions and his own considerable legacy.

The constitution was already amended in 1995 to permit Uribe to run for a second term. “I think that one of [the] hardest blows given to the FARC, aside from this extraordinary [rescue] operation, is the president’s reelection,” the center-left Betancourt said Thursday. Colombia has a history of alternating between tough and conciliatory presidents, she noted, which has allowed the more than 40-year-old guerrilla movement to expand during each turnover.

She lauded Uribe’s ability to see through to fruition his “democratic security” policies. The carrot has been the demobilization of about 35,000 supposedly right-wing paramilitaries and nearly 12,000 left-wing guerrillas, with various levels of amnesty. The stick is the greatly improved Colombian military, aided in part by $5.5 billion in U.S. aid since 2000 under Plan Colombia.

That aid and the military have been criticized by human rights groups and some in Washington, but Betancourt left no doubt that she shares a favorable public perception of the military that is matched in polls here only by that of the Catholic Church. “Thank you, my army, of my country, for your impeccable operation,” she said. “I ask Colombians to believe in this army, which is going to take us to peace.”

She called on Chávez and Ecuadoran President Rafael Correa to remember that Uribe was democratically elected, while the FARC has almost no public support. As to her mother siding with Chávez earlier in supporting a failed mediation effort to win Betancourt’s freedom, she said that it was a maternal instinct to oppose a potentially dangerous rescue and gently chided her mother to thank Uribe.

Betancourt’s composure and sanguine analysis belie suspicions that she might have been overcome with appreciation for her saviors. Although she was kidnapped on a campaign trip in February 2002, she said this week that she may run again for president.

But her statements also belie the scorched-earth policies of otherwise well-meaning groups such as Human Rights Watch, which has persuaded many Democrats in Congress to oppose a pending free-trade agreement with Colombia on human rights grounds. In a news release regarding Sen. John McCain’s coincidental trip to Colombia this week, the organization asked him to “ignore the official spin and support threatened democratic institutions in Colombia” and called Colombia only “formally a democracy.”

Colombia has its issues. Some paramilitary forces have gone back into the drug trade, oddly in alliance with the guerrillas in some areas. Political violence continues, though it is way down as the military has asserted control over most of the country with only minimal rights violations. The much-improved justice system, meanwhile, has under Uribe won some 140 convictions in murder cases of union members alone, an unusual rate of success in human rights prosecutions.

What both Betancourt and Uribe understand is that the biggest challenge in Colombia is to build the nation, its unity and its institutions.

A third Uribe term would run counter to that. He almost surely would win, but the nation has a wealth of proven political talent, nearly all of which, including politicians from the leftist Polo Party, support the main lines of the president’s security policies.

Questions about the legitimacy of the last constitutional change already follow Uribe. Many of his supporters in the Senate who voted for it are being prosecuted, accused of alliances with paramilitaries. There is no doubt that the public wanted the measure, and Uribe is considering a referendum to make the point ex post facto. Let him do it and go out in glory. He should build the legitimacy of the presidency by letting it go to someone else.

Era un sábado de diciembre de 2001. El templado sol del atardecer abrazaba a cuatro hombres sentados con los pies en el agua en Isla Tesoro, el refugio de los presidentes colombianos en las Islas del Rosario. Andrés Pastrana dialogaba con su mano derecha, Camilo Gómez, a la sazón el Alto Comisionado de Paz y el hombre que más horas se ha pasado intentando negociar con Tirofijo y sus lugartenientes, y con el senador Juan Gabriel Uribe, un conservador leal entre los leales del presidente Pastrana. Testigo inmerecido, el abajo firmante. El proceso de paz estaba ya en un callejón sin salida y los tres personajes con voz autorizada discutían alternativas y -con mucho escepticismo- formas de hacer ver a las FARC que estaban perdiendo su última oportunidad. Era inútil. Trece meses antes, en esa misma isla, Pastrana había declarado a ABC algo que tuvo repercusión en su país: «Llegué con un mandato de paz. El peligro [para las FARC] es que mi sucesor llegue con un mandato de guerra» (ABC 16-11-2000). Todo apuntaba en esa dirección y el periodista interrumpió a los tres políticos preguntando si después de todas las humillaciones a las que las FARC habían sometido al Ejército colombiano había posibilidades reales de plantear batalla de nuevo. La respuesta -casi unánime- fue: lo más importante de este proceso de paz es cómo hemos reforzado y pertrechado al Ejército colombiano. El pasado miércoles, en el Guaviare, se dio la prueba incontestable de que las FARC podrán seguir matando, pero ya no son un opositor invencible. Que las selvas podrán seguir valiendo como escondite y dificultando enormemente la confrontación directa, pero que la inteligencia militar colombiana ha logrado penetrar su secretariado hasta el punto de infligir la más humillante derrota que imaginar se pudiese. El presidente Uribe ha logrado pasar una página dolorosa con toda la gloria.

Los acontecimientos de las últimas horas en Colombia no sólo son un éxito sin parangón para el presidente Uribe y la legitimidad republicana; son en igual o mayor medida una descalificación de ciertas políticas llevadas adelante en la propia Colombia, Venezuela o Francia. Actores como la senadora colombiana Piedad Córdoba, constantemente disfrazada con los atuendos que ella atribuye a los indígenas, y voz incansable en la defensa de la negociación con los terroristas para hacer concesiones a cambio de la libertad de los secuestrados. O como su conmilitón el presidente Hugo Chávez de Venezuela, necesitado de rellenar su currículo con actos de paz (¿hay paz cuando se cede ante un terrorista?). O como el presidente Nicolas Sarkozy, siempre ansioso de ocupar los medios de comunicación. Todos ellos fueron desautorizados el miércoles por el Ejército de Colombia en una operación de sus servicios de inteligencia de tal perfección que, como dijo una emocionada Íngrid Bentacourt en las pistas de la base aérea de Catam en Bogotá, «evoca las mejores operaciones del Mosad israelí».

Íngrid Betancourt fue secuestrada en febrero de 2002. Era una candidata presidencial sin ninguna posibilidad. Los sondeos le daban menos de un uno por ciento de intención de voto. Su audacia proverbial le llevó a penetrar en la recién suspendida zona de despeje que el Gobierno de Pastrana había concedido a las FARC desde enero de 1999 con voluntad de adelantar un diálogo. Oficiales del Ejército que la liberó hace dos días intentaron convencerla de que no podía avanzar por una carretera en manos de la guerrilla. A nadie escuchó. Aquel viaje se ha prolongado por seis años y cinco meses. Desde su cautiverio hizo repetidos llamamientos para que el Gobierno de Uribe rebajara su firmeza y buscase salidas negociadas con los terroristas. En una buena muestra de su instinto político, con las televisiones de medio mundo enfocando, Betancourt se cuidó mucho de hacer el más mínimo reproche a la política de Uribe el miércoles. Los legítimos llamamientos de su familia en defensa de una Betancourt dizque moribunda contrastaron felizmente con un rostro alegre, una mirada limpia y una imagen físicamente saludable que habrá de afrontar ahora una convulsión psiquiátrica latente para librar su alma de daños casi imborrables.

Uno de los mayores retos que afronta todo secuestrado es rehacer su vida familiar. Recuperar la vida conyugal es tan difícil para el secuestrado como para su cónyuge. El actual vicepresidente colombiano, Francisco Santos -víctima también de secuestro- y su mujer María Victoria, han dado amplio testimonio de ese drama. Y el actual canciller colombiano, Fernando Araujo Perdomo, que también estuvo secuestrado por las FARC seis años hasta que logró escapar, se encontró al llegar a casa que su mujer se había ido con otro entre tanto. Y yo he oído a Araujo mostrar comprensión hacia lo que hizo su mujer.

Propaganda; todo en las FARC es un acto de propaganda. Y los últimos golpes han sido todos un fracaso. El 5 de enero de 2007, el ya mentado Fernando Araujo, ex ministro de Desarrollo del Gobierno de Pastrana, escapaba de la guerrilla tras seis años cautivo. Dos meses después el presidente Uribe lo hacía su canciller en un golpe de imagen de gran éxito. El pasado 1 de marzo se conocía la muerte del número dos de las FARC, Raúl Reyes, que estaba cómodamente instalado en territorio ecuatoriano. De su campamento el Ejército colombiano se llevó su ordenador personal del que no dejan de salir informaciones tan valiosas que Hugo Chávez se ha apresurado a pedir a las FARC, tras años jaleándolas, que abandonen las armas. Cuando uno ve venir un tren, es prudente intentar abandonar la vía del ferrocarril. Y, al fin, el 12 de mayo moría Tirofijo, el jefe de los terroristas de las FARC. Todavía no sabemos con certeza en qué circunstancias. Sus hombres dicen que entre los cálidos brazos de su amante. Las autoridades colombianas sospechan que durante un bombardeo. Nunca lo sabremos. Todos los frentes de las FARC cuentan con pelotones dedicados a hacer desaparecer -incinerándolos, lanzándolos a los cocodrilos… como sea- todos los cadáveres de sus camaradas. Un guerrillero muerto es causa de desmoralización entre sus compañeros de armas.

El presidente Uribe disfruta, con todo merecimiento, de su hora de mayor gloria. La víspera de la liberación de Betancourt, once soldados y policías y tres mercenarios norteamericanos -devueltos a su país sin posar ante las cámaras- recibía la visita del senador McCain en Cartagena de Indias. El candidato republicano sabe quién es un aliado fiable. El peligro es que el éxito termine de desbordar a Uribe. Ya una vez ha modificado la Constitución colombiana de 1991 en beneficio propio para poder ser reelegido. Su popularidad, antes de esta operación, le daba un respaldo superior al ochenta por ciento. Las voces que proponen una nueva reforma de la Constitución para que se «candidate» una tercera vez pronto serán clamor. Un periodista de Radio Cadena Nacional de Colombia decía el miércoles por la noche en Punto Radio que su país vivía este momento con una euforia sólo comparable a la victoria de España en la Eurocopa. Aconsejen al presidente mantener el símil. Aprenda de Luis Aragonés y retírese en el momento de máxima gloria o corra el riesgo de convertirse en el alter ego de Hugo Chávez -encorbatado.

Las imágenes del miércoles en la base aérea de Catam en Bogotá eran sorprendentes para un español que tiene en la memoria algunos de nuestros secuestrados liberados por las Fuerzas de Seguridad. El Himno Nacional sonando sin pausa: «¡Oh gloria inmarcesible! / ¡Oh júbilo inmortal! / ¡En surcos de dolores / el bien germina ya!». El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y sus generales haciendo arenga patriótica. Los soldados y policías reivindicando su condición tras una década de cautiverio en el caso de varios de ellos. Un sacerdote -de alba y estola- junto a los liberados e Íngrid Betancourt y su madre postrándose de rodillas en la pista y dando gracias a Dios. Qué orgullo ser colombiano…

Lo único importante hoy es que 15 seres humanos han recuperado su libertad secuestrada. Una gran noticia que conlleva una inyección de esperanza para el conjunto de una sociedad colombiana estigmatizada por la violencia. Tiempo habrá para conocer otros muchos detalles de la espectacular operación militar, de atender versiones matizadas a la oficial, de leer libros e incluso de visionar películas acerca de un rescate que ciertamente resulta muy cinematográfico. La denominada operación Jaque ha puesto en evidencia una vez más la extrema debilidad e ineficacia con la que operan los dirigentes guerrilleros de las FARC y, al mismo tiempo, muestra la renovada capacidad estratégica del Ejército de Colombia, unido al éxito social y político de gran calado del presidente Álvaro Uribe Vélez después de seis años de gobierno.
El rescate de Ingrid Betancourt, combinado además con el de tres mercenarios de origen norteamericano, supone la pérdida de las bazas de presión política más preciadas que mantenían los guerrilleros y abre, sin duda, una profunda crisis en el interior de la organización, con un cuestionamiento seguro del ya de por sí precario liderazgo de Alfonso Cano por parte de otros comandantes que no desaprovecharán la ocasión para intentar derribar al sucesor del recientemente fallecido Pedro Antonio Marín, conocido por sus alias Manuel Marulanda o Tirofijo, el viejo líder fundador al que nadie osaba cuestionar.
Ingrid Betancourt y sus compañeros de dramático cautiverio están por fin libres, en sus casas, con sus familias, sin apariencia de que se haya producido negociación ni cesión política alguna, sin derramamiento de sangre. Una operación limpia con detenciones. Un descuido guerrillero, un engaño que solo es posible cuando se tiene una muy abundante información fiable del enemigo. Los sofisticados satélites que apuntan a la selva colombiana, la inestimable ayuda de Estados Unidos, la infiltración de informantes en el propio secretariado de las FARC o las continuas deserciones han hecho mucho más vulnerables los hasta hace poco ilocalizables campamentos insurgentes ubicados en la espesa selva colombiana. Puede ser, tras un golpe de enorme trascendencia como este, ahora sí, el principio del fin de la guerrilla activa más antigua de América Latina, pero sin descartar acciones de violencia a la desesperada de los integrantes más convencidos de la continuidad del terror, con represalias para los más de 600 rehenes que aún permanecen en su poder.

UNA NUEVA derrota militar para las FARC, la más significativa y humillante, a sumar a los numerosos golpes de envergadura recibidos en el último año que proyectan en el futuro un triunfo político de gran magnitud del presidente Álvaro Uribe. Si sus índices de aceptación se acercaban el martes al 70%, no hace falta acariciar una bola de cristal esotérica para vaticinar una consolidación y aumento de ese porcentaje de apoyo aun con sus muy controvertidas decisiones. Además, el éxito de esta operación le libera de la presión externa que ejercían sobre él presidentes como Hugo Chávez, Daniel Ortega y Rafael Correa, o, en el ámbito interno, la senadora de oposición Piedad Córdoba, como interlocutores a los que se consideraba imprescindibles para lograr la libertad de Ingrid Betancourt.
Álvaro Uribe nunca ha dejado de ser fiel a su ideario político. Disidente del Partido Liberal, economista graduado en Harvard, con su padre asesinado por las FARC, en su primera campaña electoral, en los comicios presidenciales del 26 de mayo del 2002 anunciaba con vehemencia: “Yo voy a convencer a más colombianos de que el camino de la paz es el camino de la autoridad, porque los violentos van a sentir que hay un Estado fuerte que los frena”. Las conversaciones de paz del presidente conservador Andrés Pastrana habían fracasado con estrépito el 20 de febrero –tres días después se producía el secuestro de Ingrid Betancourt– y el entonces candidato Álvaro Uribe proponía la distribución entre un millón de colombianos de equipos de comunicación conectados a las redes de las Fuerzas Armadas para transmitir información. Antes, como gobernador del industrial departamento de Antioquia, impulsó en la década de los 90 la creación de las llamadas fuerzas Convivir, grupos privados de civiles armados que decían “autodefenderse” de las agresiones de las guerrillas, lo que se asimiló después por sus críticos como el nacimiento de los grupos paramilitares, precisamente denominados Autodefensas Unidas de Colombia.

EL REELECTO presidente tiene ahora el escenario despejado con todos los triunfos en su mano para modificar la Constitución, si quiere, y acceder así a un tercer mandato consecutivo en los comicios previstos para el 2010. Pero también podría darse el caso, si decidiera mantener como está el actual texto constitucional, que no le permite una nueva reelección, que dos de los candidatos a sustituirle en la presidencia fueran la liberada Ingrid Betancourt, opositora en el 2002 de Uribe, y el actual ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, artífice político del plan de rescate de Betancourt, hijo del editor durante 50 años del influyente diario liberal El Tiempo, Enrique Santos Castillo, y nieto de quien fue presidente de Colombia de 1938 a 1942, Eduardo Santos Montejo.

Though it may be losing the battle in Congress over free trade with Colombia, the Bush administration is close to recording a major success in Colombia itself. Thanks in part to billions of dollars in U.S. aid and training for the Colombian army, the FARC terrorist group — which has ravaged Colombia’s countryside for four decades — is close to collapse. Since March it has lost three of its top seven commanders, including legendary leader Manuel Marulanda. Laptops containing its most sensitive secrets have been seized by the Colombian government, and foot soldiers are deserting in droves.

Yet this achievement has come at painful costs — some of which are shamefully little known to Americans. That point was brought home to me recently by Luis Eladio Pérez, a spirited survivor of Colombia’s war against the FARC who has made the rescue of three of its American victims a personal cause.

American victims? Don’t be surprised if you have never heard of Marc Gonsalves, Thomas Howes and Keith Stansell; The Post has published only three substantial stories about them in the past five years. All three are U.S. citizens who were working for Pentagon contractor Northrop Grumman when their surveillance plane crashed in a remote Colombian jungle on Feb. 13, 2003. Since then, they have been hostages of the FARC, confined with chains and forced to endure a nightmarish life of isolation, disease and brutality.

The State Department and U.S. Southern Command routinely say that obtaining the men’s release is a top priority. In practice not much has been done over the years, largely because any action would be difficult or contrary to larger U.S. interests. The Americans are among the most prized of the more than 700 hostages held by the FARC; they are heavily guarded and nearly impossible to find in Colombia’s vast, triple-canopy jungle.

Even worse, from the perspective of the captives, their government and media rarely even speak about them. It’s not just The Post: Both President Bush and Secretary of State Condoleezza Rice have visited Colombia in the past year, but neither mentioned Gonsalves, Howes and Stansell in their prepared public statements.

Pérez, a former Colombian senator, could not help but feel the men’s distress. At the time Bush visited, Pérez was chained by the neck to Howe. Taken hostage himself in June 2001, Pérez lived with the Americans from late 2003 to late 2004, and then again from October 2006 until his release in February. The 55-year-old politician was freed in a deal orchestrated by Venezuelan President Hugo Chávez and appears to be in remarkably good health now. But he is anguished about those he left behind. “It hurts me to be here enjoying coffee and knowing that they are there in the jungle chained to each other,” Pérez told me. “I’m not happy to think of them rotting. I haven’t stopped one day trying to help them.”

Pérez came to Washington in part because the men gave him letters addressed to President Bush, House Speaker Nancy Pelosi, the presidential candidates and The Post, among others. FARC guards confiscated the letters, so Pérez is trying to deliver their messages himself. “They are asking the country to please not abandon them,” he said. “They are saying that they love their country, they love the flag, that they are rotting in the jungle and please do something for them.”

What could be done? Pérez wishes that Bush would consider the FARC’s demand that two of its members imprisoned in the United States — including one sentenced in January to 60 years for conspiring to hold the Americans hostage — be exchanged for the three men. He points out that Colombian President Álvaro Uribe has expressed a willingness to exchange FARC prisoners for hostages and that French President Nicolas Sarkozy has promised to accept FARC detainees temporarily in France if it will lead to the release of Ingrid Betancourt, a former Colombian presidential candidate who holds French citizenship.

Such suggestions get a cold reception in Washington, and for good reason. Among other things, the release of convicted FARC terrorists would undermine what has been a successful extradition program between Colombia and the United States and give a political boost to a crumbling movement. The implosion of the FARC has been a huge setback to Chávez, who was trying to rehabilitate it and use it as a vehicle to export his “Bolivarian revolution” to Colombia.

Therein may lie the Americans’ best hope. Pérez confirms that the FARC “is looking for a political solution” in conjunction with Chávez. He’s hoping its leaders can be convinced that such an end must begin with a unilateral release of the remaining hostages. “The FARC must make a decision,” Pérez said. If Betancourt or other hostages die, he added, “it will be the end of the FARC.” That would be a triumph for Colombia and for the Bush administration — but not much consolation for three American families.

Hace sólo unos días, se firmó el enésimo tratado para crear otro sistema más de cooperación de Suramérica. La anterior iniciativa se llamaba Comunidad Suramericana de Naciones (2004); la nueva que la sustituye se llama Unión Suramericana de Naciones (UNASUR, 23-5-2008). El presidente brasileño Lula da Silva puso como espejo de la iniciativa a la Unión Europea y trató de engatusar a su homólogo boliviano, Evo Morales, señalando a Cochabamba como la futura capital de la nueva experiencia unificadora, comparándola con Bruselas en el marco de la exitosa UE.

Lo previsible es que no haya sorpresas y que esa iniciativa se la termine llevando consigo el tiempo. Desde las iniciativas bolivarianas de panamericanismo, cuyo mejor y más constante ejemplo es la Organización de Estados Americanos, a UNASUR hay una espesa sopa de letras. Conviene aclarar que los dirigentes de aquel continente crean, ingresan, simultanean y se retiran de unas y otras organizaciones con facilidad. Despilfarran sus energías con floridas palabras sin dar pruebas de voluntad real de compartir soberanía. Con la misma facilidad que se increpan sus jefes de Estado y amenazan de guerra por toda Suramérica (febrero-marzo), se firman tratados de unidad eterna cuyos propósitos no van a cumplir (mayo).

La Comunidad Andina no impidió que se desataran el pasado febrero graves incidentes armados entre dos de sus cuatro socios. Colombia atacó por tierra y aire el territorio ecuatoriano que albergaba campamentos del grupo terrorista de las FARC. Es un hecho ilícito usar la fuerza contra un Estado, no respetar su soberanía territorial y, por consiguiente, Colombia violó el derecho internacional (art. 2.4 de la Carta de la ONU), aun usando la fuerza de forma limitada y focalizada en el grupo terrorista en un ataque de ida y vuelta. La violación fue un hecho grave, pero no ha perdurado en el tiempo (no hubo invasión con permanencia de tropas) y Colombia ha reconocido su ilícito.

Pero la violación del Derecho internacional por parte de Ecuador (y la conducta de Venezuela no difiere nada) no fue menor. Ecuador, como cualquier Estado, tiene derecho a ejercer con plenitud y exclusividad su soberanía territorial sobre las personas y cosas que se encuentren en su territorio. Pero la soberanía territorial es también una fuente de obligaciones internacionales: Ecuador, Venezuela y todo aquel que no sea un Estado gamberro tiene el deber de impedir en su territorio la formación de expediciones hostiles contra otros gobiernos (Res. 2625 de 1970).

La Corte Internacional de Justicia ha proclamado la obligación de todo Estado de no permitir a sabiendas que se utilice su territorio para la realización de actos contrarios a los derechos de otros estados. Un Estado serio debe proteger en su territorio también los derechos de los demás, y, en concreto, no puede utilizar ni dejar utilizar a terceros (grupos terroristas u otros Estados) su territorio de manera que esa utilización tenga por finalidad o por efecto atentar contra el Derecho a la integridad e inviolabilidad de Colombia. La soberanía no es absoluta, tiene límites y obligaciones.

Colombia tiene derecho a defenderse dentro de su territorio de los grupos terroristas formados en los años 60, como las FARC y el ELN. Y tiene derecho legítimo, con los límites del mismo Derecho Internacional, a usar la fuerza y el código penal contra quienes quieren imponer su voluntad mediante el asesinato y el secuestro al margen de las urnas. Cierto es que en Colombia todavía hay iniquidad, desigualdad y miseria para una parte de la población, aunque bastante inferior que la que siguen soportando los ecuatorianos y venezolanos; pero también lo es que el conflicto armado y el narcotráfico han contribuido a aquella situación y la han corrompido hasta enmarañarlo todo de forma casi irresoluble.

El conflicto parecía beneficiar a bastantes, sobre todo a los narcotraficantes, que encontraron en las FARC su brazo armado para vigilarles los cultivos de droga -pues han llegado a controlar el 40% de los municipios- a cambio del pago de armas y sumas ingentes de dinero. Los campesinos han sido las principales víctimas: trabajaban para los narcoguerrilleros que les aseguraban así el pancomer, aunque también les han obligado a sumarse a sus filas. Y como han sido el blanco de los paramilitares, millones de ellos han desembarcado en los últimos años como refugiados en Bogotá, sin medios para sobrevivir y cayendo en la delincuencia.

También hay que señalar que al existir conflicto armado, las Fuerzas Armadas cobraban un plus y ni se han dado la suficiente prisa ni han estado nunca convenientemente entrenadas y pertrechadas.Aun así, sus efectivos han cobrabado siempre menos que los paramilitares y con frecuencia han tenido que soportar las críticas de una ejemplar prensa libre y de organismos de derechos humanos y del poder judicial que, con riesgo para sus vidas, no han dejado nunca de denunciar sus excesos.

Como las Fuerzas Armadas estaban poco motivadas y debían respetar los derechos humanos, hubo guerra sucia y se permitió a las Autodefensas Unidas de Colombia -los paramilitares- toda suerte de matanzas.Las AUC, que defendían a los grandes ganaderos y hacendados, estaban formadas por quienes abandonaban el Ejército, pero también desertaban los narcoguerrilleros de las FARC y del ELN, atraídos por un mayor sueldo y el derecho al botín.

El presidente Uribe ha logrado su desmovilización con el incentivo, eso sí, de no indagar sobre su pasado criminal y su fortuna, de exoneración de toda responsabilidad penal, así como de la promesa de una reinserción social y política, escandalosa para cualquier demócrata. Con la ingente ayuda financiera y asistencia técnica de EEUU desde la época de Clinton, tras el convencimiento del nexo de las FARC con la producción de droga, el Plan Colombia ha formado al Ejército y se han fumigado campos de cultivo de droga, recuperando el control de amplios territorios en una lucha no siempre escrupulosa con los derechos humanos. Asimismo, se ha reducido la fuerza y moral de los narcoterroristas y se ha puesto en evidencia su falta de escrúpulos ideológicos: ha bastado poner precios astronómicos a las cabezas de los cabecillas terroristas para que se maten entre sí o se entreguen antes de que les maten sus subordinados y cobren la recompensa.

A pesar de los sufrimientos y pobreza que los grupos terroristas han provocado, Colombia posee una sociedad civil bien formada en todos los ámbitos, culta, con un dominio envidiable de la lengua española, muy sensible a los derechos humanos y que no ha decaído en su dignidad a pesar de las brutalidades y decenas de miles de muertos en medio siglo de conflicto. Existen evidentes deficiencias, pero el país tiene una Administración por encima de la media en Latinoamérica, algunas dignas universidades públicas y privadas y el Estado colombiano, a pesar de todo lo sucedido, se ha esforzado en mantenerse en la senda democrática y ha dado pruebas ejemplares de generosidad y perdón (con el M-19 y los paramilitares).

Quienes con frecuencia visitamos y trabajamos en Colombia hemos visto en los últimos años lo que supone recuperar la libertad y la seguridad para la ciudadanía. Por ello, ¿cómo dar crédito al Tratado de UNASUR cuando dos estados socios y vecinos (Ecuador y Venezuela desde 1999) prestan ayuda a los grupos terroristas colombianos? La proclama de integración de las naciones sudamericanas choca con la existencia de estados gamberros en la zona, de estados que viven al margen del Derecho Internacional y que no dejan vivir en paz al pueblo colombiano, su vecino y socio.

Para los estados de Latinoamérica, la soberanía es una noción absoluta, megalómana, que no se puede subordinar a ningún valor, ya sea la paz, los derechos humanos, la democracia, la inclusión social o la igualdad de oportunidades. Su concepción de la soberanía es la que circuló entre la Edad Media al siglo XIX. La sacralización de la soberanía por parte de estos dirigentes es una cortina de humo para seguir manteniendo la brecha de miseria material e intelectual de sus pueblos. Los repetitivos ensayos integracionistas nacen muertos por la persistente tendencia a ignorarlos al día siguiente aferrándose a la irrestricta soberanía e independencia, eje central del nuevo Tratado UNASUR.

En la UE hay una renuncia a ejercer unilateralmente determinados derechos soberanos por parte de los gobiernos, parlamentos, regiones y municipios, y se transfiere su ejercicio a las instituciones comunitarias. La mayoría de las decisiones se pueden tomar por mayoría cualificada; la norma europea tiene primacía sobre el derecho interno y se aplica directa e inmediatamente. Hay un Tribunal de Justicia con competencia exclusiva para declarar quién cumple o no, con autoridad sobre los estados y los particulares.UNASUR, en cambio, nace ligado al consenso y al derecho de veto, con instituciones sin poderes decisorios, sin Tribunal, con la prerrogativa de cada Estado a autorizar en su Parlamento cada norma… Más de lo mismo. ¿Servirá UNASUR para erradicar la ayuda al terrorismo y pacificar a su socio, Colombia? Entonces habrá valido la pena el viaje, aunque desde Cochabamba nunca se alcance a ver Bruselas.

El escenario actual de Colombia no anima a pensar que la muerte del octogenario y mítico Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, pueda suponer que en el horizonte inmediato se vislumbre el final de las FARC, ni tampoco un debilitamiento de su capacidad estratégica militar, pero sí es posible vaticinar aires de cambio en los ejes estratégicos de intervención política de la guerrilla en activo más antigua de América Latina. El goteo incesante de bajas singulares de la dirección, unido a las deserciones de cientos de combatientes –1.300 en lo que va de año– presagian un periodo de reflexión no exento de intensas turbulencias que podrían conducir a una fractura interna. Hay evidencias de vulnerabilidad y desconcierto que nunca antes se habían producido.
Las FARC encajan como pueden cada uno de los continuos golpes recibidos en los últimos meses, ocasionados desde distintos flancos. A la muerte del líder reverenciado, debe añadirse en la lista de símbolos desaparecidos la del número dos de la organización, Raúl Reyes, abatido en una emboscada del Ejército colombiano el pasado 1 de marzo en el interior de la selva ecuatoriana, operación que comportó una escalada de tensiones, todavía no cerrada, entre los gobiernos de Quito y Bogotá. Pero, además, el número cuatro del secretariado ejecutivo, Iván Ríos, caía asesinado a manos de su propio jefe de seguridad y la muy temida, con etiqueta de sanguinaria, Karina, viéndose cercada por las tropas del Ejército, prefirió rendirse junto a su novio antes que entrar en combate empuñando las armas que sí usó durante los últimos 20 años. Karina era una de las más buscadas, entre otras muchas causas, por ser la presunta asesina del padre del presidente Álvaro Uribe. Y, antes, la muerte en combate de El Negro Acacio, junto a otros 16 guerrilleros, considerado uno de los artífices de la transformación y fortalecimiento de las FARC en la década de los 90 a través de los ingresos por narcotráfico que repercutieron en una renovada capacidad de compra de armamento.
Durante años, la guerrilla se estuvo preparando para cuando la muerte de Tirofijo fuera un hecho cierto y no una fabulación. Pero, como enseña la historia, nunca una organización, por muy leninista que se defina, puede evitar secuelas traumáticas ante la desaparición del líder fundacional. Desde los años 50, a Tirofijo le habían dado por muerto en más de 15 ocasiones, confundiendo deseos con realidad. En una de sus muertes, en 1951, la prensa llegó a publicar detalles de su entierro, con fotos incluidas. Tal vez sea este, sin embargo, el momento más critico para quedarse huérfanos.

NO PARECE que la sucesión de un liderazgo sobre el que existía pleno consenso, al mantener los equilibrios internos, vaya a resultar nada fácil en la actual coyuntura. Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, próximo a cumplir 60 años, 30 de ellos en las FARC, nacido en el seno de una familia de clase media de Bogotá y con formación universitaria, debe enfrentar la pesada sombra alargada de un campesino que siempre se movió por olfato e intuición, aprendiendo de sus referentes de aquel 9 de abril de 1948, cuando asesinaron al político liberal Jorge Eliécer Gaitán, lo que encendió la mecha de otra etapa muy cruel para Colombia, conocida como la época de La Violencia, prolongada hasta 1960.
Nada es igual que entonces, aunque pudiera parecerlo. Hoy hay hasta tres generaciones muy distintas de combatientes que conviven en las FARC. Aquellas máximas de la revolución, la justicia social, la defensa de los excluidos, dieron paso a los asesinatos indiscriminados, a la toma de rehenes para ser usados como escudos humanos o a la vinculación con las mafias del narcotráfico a la búsqueda de un negocio altamente lucrativo. Hoy sabemos que Colombia es el segundo país con más desplazados del mundo, según el último informe de ACNUR. Una guerra interna que ya ha dejado a cuatro millones de personas sin su hogar y sin su trabajo, obligadas a vagar por los suburbios de Bogotá en busca de socorro, saltando fronteras, huyendo del fuego cruzado del Ejército colombiano y las FARC, sin olvidar la violencia de los grupos paramilitares, todavía muy activos, a pesar de lo que asegura el presidente Álvaro Uribe.

LAS POSIBLES negociaciones están hoy por hoy rotas, aunque este martes pasado las FARC aseguraran, sin abandonar su ya clásica retórica, que mantienen su disposición al intercambio humanitario de guerrilleros presos por rehenes secuestrados. Los gestos unilaterales al liberar en primer lugar a Clara Rojas y Consuelo González, y, días después, a cuatro exparlamentarios, no comportaron ningún avance hacia un proceso de diálogo que había generado no pocas esperanzas en todo el mundo. Al contrario: la fuerza de las armas venció una vez más a los esfuerzos diplomáticos con una acción torpe e ilegal ordenada por Álvaro Uribe. La muerte del entonces interlocutor guerrillero Raúl Reyes no ha devuelto la libertad ni a Ingrid Betancourt ni a ningún otro secuestrado. Y ahora resulta que, para el Gobierno, la autopsia al cadáver de Tirofijo vale casi tres millones de dólares “por interés nacional”. ¿Quieren crear un mártir? En Colombia, el mañana siempre resulta ser impredecible.

Descifrar las claves del conflicto colombiano, en el que vive el país desde hace mas de 40 años, no es fácil: lo previsto es imposible; lo imposible, posible.
No será por los intentos de solucionarlo, siempre asociados a periodos presidencialistas: León Valencia lo intentó por las bravas en 1964; Belisario, en 1984; Virgilio Barco, después, hasta 1990; el propio César Gaviria, entre 1990 y 1994. Pastrana llegó a ceder 43.000 kilómetros cuadrados en el Caguán, pensando que aquel espacio facilitaría el reencuentro. Fracasó. Uribe, en su segundo mandato que finaliza en el 2010, lo ha intentado y lo intenta con todos los medios a su alcance.
Marzo fue indiscutiblemente un mes terrible para las FARC. Empezó con la muerte de Raúl Reyes, en su santuario ecuatoriano, seguida una semana después por la de Iván Ríos, asesinado en circunstancias más que trágicas. Finalizando mayo, hemos conocido que este mes aún ha sido peor: el 26 moría de un infarto, según unas fuentes, a consecuencia de un bombardeo, según otras, el hombre que apagaba de un disparo de AK 47 un cigarrillo a 60 metros: Manuel Marulanda, fundador e indiscutible jefe del grupo, bautizado hacía cerca de 78 años como Pedro Antonio Marín en el pequeño pueblo de Génova, en el interior del país.

TAMBIÉN ha sorprendido el nombre de su sucesor: Alonso Cano, antiguo estudiante de Antropología convertido en una especie de pensador o ideólogo de la guerrilla, el más duro negociador, no obstante, en San Vicente del Caguán con los equipos de Pastrana. Todo apuntaba que sería Jorge Briceño, el mono Jojoy, el jefe militar, el llamado al relevo. En resumen, la rama política ha prevalecido sobre la militar: primera importante conclusión.
Pero no han acabado aquí las sorpresas. El hecho de que el anuncio de su muerte lo hiciese el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a una publicación de su familia es un indicio de falta de cohesión en el Gobierno. La noticia merecía ser anunciada por el propio presidente, por muy importante que fuese su descanso de fin de semana. Puede haber una segunda lectura: Santos quiso adelantarse al ministro del Interior, Carlos Holguin, que hacía unos días se había apuntado el éxito de la entrega de Karina, la tristemente mítica comandante del frente 47. Las elecciones presidenciales del 2010, casi a la vuelta de la esquina, pueden ser la clave de estos protagonismos. Segunda conclusión: tampoco es monolítica la posición del Ejecutivo de Uribe, como no lo son ni el poder legislativo ni el judicial.
No deja de ser cierto que las FARC han ganado en los últimos tiempos cierta consideración exterior de tipo político. El conflicto fronterizo de Colombia con Venezuela y con Ecuador fue una muestra de ello. El latente y cruel secuestro de Ingrid Betancourt, otra. Pero esta internacionalización, buscada a través de sus nuevos aliados venezolanos, nicaragüenses y ecuatorianos, se ha convertido en su mayor enemigo. Ha roto la cerrada y férrea disciplina interna, ha abierto las murallas intelectuales de sus segundos y terceros escalones de mando a las nuevas generaciones de combatientes. Las nuevas tecnologías –ordenadores y telefonía móvil– son sus verdugos. No lo pudieron imaginar. Error estratégico. Tercera conclusión.
Ahora, todos nos preguntamos qué puede pasar, cuando casi todos deseamos que se inicie el camino sin retorno a una definitiva paz social. Hay un primer plazo fijado: las presidenciales del 2010, plazo tanto para los que aspiran a suceder a Uribe como para los que sostienen que no puede haber solución con él. Hay otra referencia a tener en cuenta: el tratamiento jurídico y social que se ha dado a los desmovilizados de las autodefensas, más conocidos como paramilitares. La labor de depuración o desbroce jurídico de responsabilidades –de crímenes de lesa humanidad a conexiones flagrantes con el narcotráfico– deberá ser tenida en cuenta, si finalmente el secretariado de las FARC fija la vía de la reinserción como objetivo político.
Hay apoyo nacional. Hay apoyo internacional. Hay voluntad de llegar a una definitiva solución del conflicto. ¡Tirofijo habría cumplido este mes 78 años! El presidente Uribe quiere llegar también a la solución. Demasiados zarpazos han sufrido él, su familia y su entorno po- lítico. Ha maniobrado muy bien con sus aliados de EEUU, con los mandos de sus fuerzas militares, con su opinión pública, que mayoritariamente le respalda. Ha sabido atacar en todos los frentes posibles: el militar y policial, primero, pero también en el diplomático, el eco- nómico, el político, el psicológico.

ALGUNO DE sus métodos, como el pago de delaciones y traiciones, son poco éticos, muy del estilo de su aliado del norte. Pueden valer en determinadas situaciones de guerra total, pero dejan espirales de violencia de difícil cicatrización. Si hay indicios de acuerdo, deberá abandonar esta práctica y dedicar los 100 millones de dólares disponibles a reinserciones y otros objetivos sociales, sobre todo si quiere dejar una Colombia dispuesta a comenzar el largo camino de la integración… He dicho “comenzar el camino” porque la llama del conflicto la apagarán definitivamente las segundas o terceras generaciones, hacia el 2050. Parece lejos, pero un día hay que comenzar.
La muerte de Marulanda debería significar la apertura de un nuevo periodo, que llevase no solo la disolución del grupo armado más antiguo del continente, sino también a la de su hermano, el Ejército de Liberación Nacional. Colombia podría concentrar todos sus esfuerzos en combatir a su gran enemigo interno: el narcotráfico. Solo el día que acabe con él, recuperarán los colombianos todas sus libertades.
Quizá este día comenzó un 26 de marzo, en cualquier lugar de las “montañas de Colombia”, el habitual remite de un hombre que, a su manera, creía luchar por estas libertades y al que sus camaradas llamaron Tirofijo por su certera puntería con un arma. La historia dirá si su puntería política estuvo a la misma altura.

Last Sept. 27, 16-year-old Andres Damian Florez Rodriguez was on his way home from school when he was forced into a van by three armed men. Andres is the son of Jose Domingo Florez, a leader of the Coca-Cola bottling union in Santander. The assailants drove along, beating the boy while they received radio instructions. Then they gave him a message to convey: “Tell your papa that we won’t rest until we see [the union leaders] quartered in pieces.”

On March 22, Adolfo Gonzalez Montes, a member of the Barrancas local Union of Coal Miners, was found dead in his home, tortured and shot, after his union received death threats during a union conflict.

On March 9, Carlos Burbano, vice president of the National Hospital Workers’ Union in Colombia, was murdered in San Vicente del Caguán after leading a local peace march. His corpse was found in the city dump, his face disfigured with acid. He was one of four Colombian trade unionists killed in a single week. Their deaths were not random crimes in a dangerous country. Rather, the Colombian government has falsely denounced union activists as guerrilla sympathizers, opening the door for paramilitary groups’ death threats.

And these assassinations are not anomalies. Seventeen unionists have been murdered since Jan. 1 — up 70 percent over last year at this time — according to the National Labor School, a respected nongovernmental organization.

Against this backdrop, President Bush has sent the U.S.-Colombia Free Trade Agreement to Congress for ratification, over the opposition of the Democratic congressional leadership. What, then, is the fundamental test of globalization? Is it corporate profits alone?

Globalization and trade should lift up and promote democratic societies. They should empower the many and lift the poor. They should create a fundamentally better world.

That is at the heart of an emerging and hopeful new consensus on trade.

For decades trade rules have protected business interests but offered few enforceable protections for workers’ rights and human rights. Millions of good jobs have been shipped away from the United States, while living and environmental standards have been eroded in our trading partner countries. That is why we have fought to guarantee labor and environmental standards in our trade agreements.

But now the Bush administration’s determination to ram through this agreement with Colombia before it has the capacity to uphold the rule of law threatens all the progress that has been made.

It’s of little use to include a paper commitment to respect “freedom of association” when workers who organize and speak out for economic freedom — and their families — face an implicit death sentence. That is why working people in Colombian and American unions are united in opposition to ratification of this agreement.

President Bush and Colombian President Alvaro Uribe are pulling out all the stops to persuade Congress to approve the trade deal in this session. The Bush administration has mobilized its Cabinet to lead congressional delegations on sanitized field trips to Colombia. The Colombian government is reportedly spending more than $100,000 a month to lobby for the agreement.

The editorial pages of virtually every major American newspaper have weighed in with unusual intensity. They have heaped praise on the Uribe administration’s self-described successes and vigorously excoriated “bogus” claims about violence against unionists.

In fact, human rights groups say extrajudicial murders of civilians by the Colombian armed forces on Uribe’s watch are increasing. Growing evidence ties high-level members of the Colombian government to violent right-wing paramilitary groups. And, as noted above, Uribe administration officials have repeatedly — and falsely — labeled union leaders and human rights activists as guerrilla sympathizers, endangering their lives.

Supporters of the Colombia agreement have mocked statistics published by leading international human rights organizations, which show that more than 400 Colombian unionists have been murdered during Uribe’s tenure. The rate of impunity remains at roughly 97 percent, even taking government statistics at face value, and nearly half of the convicted assassins are not even in custody.

Colombia claims to be taking steps to reduce the violence. That’s good. But so far, it has done too little. And it has failed to bring its labor laws into compliance with international labor standards or enforce them effectively.

How many murders are “acceptable”? How many is too many? I can’t answer those questions with a number other than zero.

And I know this: Unless working people can exercise their right to lift their families out of poverty and exploitation, trade cannot strengthen democracy or advance a better world. And until they can exercise their fundamental human rights without fear that they will end up in a garbage dump, or their teenage son will be picked up at gunpoint, there should be no trade agreement with Colombia.

Tema: Bajo los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez, entre Venezuela y Colombia se ha reforzado una relación político-diplomática inestable y pendular que no sólo mantiene en jaque la buena marcha de las relaciones bilaterales sino la precaria estabilidad de la región andina.

Resumen: Las relaciones político-diplomáticas entre Venezuela y Colombia bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe (2000-2008) se han desarrollado en forma pendular, oscilando entre períodos de entendimiento pragmático y de fuerte tensión. El último impasse diplomático entre los dos gobiernos, a principios de marzo y a consecuencia de un hecho indirecto como la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano, no sólo situó las relaciones bilaterales al borde de la ruptura sino a las dos naciones a las puertas de un conflicto bélico con potencialidades de proyección a toda la región andina y de graves consecuencias hemisféricas. Al final, el impasse no llegó a mayores, ya que fue oportunamente desactivado. Y ahora los presidentes Chávez y Uribe se preparan para una Cumbre con el propósito de reafirmar su amistad y compromiso en torno a su compleja e importante agenda binacional común. Sin embargo, como en otras oportunidades, esta paz se muestra superficial y frágil. De allí que sea previsible, a más corto o largo plazo, un nuevo conflicto entre ambos gobiernos que ponga nuevamente en jaque las relaciones colombo-venezolanas y la estabilidad regional.

Análisis: Las relaciones entre Venezuela y Colombia experimentaron un cambio sustancial en los últimos 10 años del siglo XX respecto al pasado. Desde la independencia de ambas naciones en el siglo XIX hasta finales de la década de los ochenta del pasado siglo, los problemas limítrofes produjeron graves conflictos diplomáticos y opacaron el importante comercio bilateral. A partir de 1989 y 1990, con la firma de la Declaración de Ureña y del Acta de San Pedro Alejandrino por los presidentes Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Virgilio Barco de Colombia, se empezó a construir una relación especial entre ambos países bajo la tesis de la “desgolfización”, que permitió ir limando las tensiones y asperezas por los problemas fronterizos y limítrofes, y priorizando la integración económica, financiera y cultural. En 1999, la cooperación política-militar y el buen entendimiento colombo-venezolano –si bien no faltaron los roces y divergencias, especialmente en la zona fronteriza, durante la presidencia del venezolano Rafael Caldera– habían alcanzado un nivel sin precedentes. Ello explica que Colombia se haya convertido en el principal cliente comercial de Venezuela (después de EEUU) y que en suelo venezolano se llevaran a cabo importantes negociaciones de paz y canje humanitario entre representantes del Estado y las guerrillas colombianas. Incluso, a solicitud de Colombia, Venezuela –junto a España, Costa Rica y México– formó parte del grupo de países amigos para facilitar la búsqueda de una salida política al conflicto interno colombiano.

No obstante, desde que se inició el gobierno de Hugo Chávez, comprometido con la puesta en práctica de un proyecto nacional, regional e internacional de izquierda radical –el llamado socialismo del siglo XXI– y divergente con la democracia representativa prevaleciente en Colombia, la relación especial entre los dos países entró en un proceso paulatino de deterioro que fue resquebrajando, a la vez, todos los mecanismos binacionales acordados por los gobiernos que se sucedieron entre 1989 y 1999 a objeto de mantener la agenda común en un nivel óptimo y coherente. Esto dio lugar a una serie de conflictos políticos e impasses diplomáticos que se han ido profundizando, aunque sin el poder suficiente para producir una ruptura total y definitiva en la relación bilateral en virtud de que, pese a su visible deterioro, se ha mantenido entre las poblaciones y los sectores empresariales de las dos naciones un alto grado de integración, sobre todo en el área económica.

En tiempos de Andrés Pastrana
Entre 1999 y 2002, se conformó la pauta de la relación política oscilante que hoy en día prevalece entre los gobiernos de Venezuela y Colombia. El vínculo entre los presidentes Chávez y Pastrana empezó con buen pie, ya que el primero apoyó y colaboró con el segundo en el proceso negociador con las FARC. Días antes de tomar posesión formal de la presidencia, el 18 de enero de 1999, Chávez estuvo en la reunión que con el fin de apuntalar las conversaciones de paz con la guerrilla colombiana sostuvieron Fidel Castro y Pastrana en La Habana. Desde entonces, el mandatario venezolano siempre estuvo de acuerdo con las concesiones (en particular con la desmilitarización de una zona colombiana) y gestos de apaciguamiento otorgados al grupo subversivo por su homólogo colombiano, y en más de una oportunidad le manifestó su deseo y disposición de convertirse en facilitador de la negociación con las FARC.

Sin embargo, pronto surgieron desavenencias entre los presidentes Pastrana y Chávez. El Plan Colombia, estrategia de lucha contra la narcoguerrilla puesta en marcha por el gobierno colombiano desde septiembre de 2000, que preveía una inversión total de 7.500 millones de dólares aportados por EEUU, fue el principal tema de discordia pero no el único. También surgieron enfrentamientos –aunque esporádicos– a causa de las restricciones para la entrada a Venezuela de algunos productos colombianos, con el objetivo de proteger la industria nacional.

Tras los sucesos de abril de 2002, que mantuvieron a Chávez fuera del poder por unos días, el gobierno bolivariano emprendió un giro diplomático notorio –caracterizado por una actitud más moderada y apaciguadora– hacia Colombia y otros países con los cuales había mantenido fuertes enfrentamientos. El propósito de ese cambio estratégico fue lograr apoyo internacional y buscar oxígeno político y económico para neutralizar el acelerado proceso de debilitamiento del gobierno chavista tras el golpe de Estado, a pesar del retorno de Chávez al poder. De allí que cuando se inauguró la primera presidencia de Uribe, en septiembre de 2002, las relaciones colombo-venezolanas se encontraban reencauzadas y en buenos términos.

2000-2007: consolidación del péndulo bilateral
No obstante, como en tiempos del conservador Pastrana, pronto sobrevinieron los choques político-diplomáticos entre los dos gobiernos, ahora con más fuerza, ya que el nuevo presidente de Colombia mostraba, respecto a su homólogo venezolano, ideas y caminos políticos más antagónicos que su predecesor. El apoyo de Uribe a la invasión estadounidense de Irak y, en general, a la estrategia antiterrorista del presidente Bush, el incremento del Plan Colombia y sus efectos en los países vecinos, la defensa a la apertura económica y la no politización de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) –de la cual Venezuela salió en 2006–, así como las recurrentes denuncias y manifestaciones de preocupación lanzadas desde el gobierno y la prensa colombiana por los supuestos vínculos del presidente Chávez con los grupos subversivos y sus intervenciones en los asuntos internos de Colombia, constituyeron la principal fuente de disgusto y respuesta venezolana hacia su principal vecino andino durante los siete últimos años. El mandatario venezolano siempre rechazó con contundencia y verbo agresivo los alegatos vecinos, y atribuyó a una conspiración de la oligarquía colombiana la cada vez más evidente, permanente y activa presencia de guerrilleros colombianos en territorio venezolano. Para Chávez sólo se trataba de interesados rumores que forman parte de una orquestación internacional dirigida a crear una falsa impresión de lo que ocurre en el país, de una conspiración planificada por el imperio estadounidense –en la cual se inserta la elite colombiana– contra el gobierno legítimo de Venezuela.

Pese a los numerosos y fuertes impasses diplomáticos, durante esos siete años no sólo se mantuvo la relación entre los dos países, incluso con largos períodos de buen entendimiento político, sino también se incrementó sustancialmente el comercio binacional, alcanzando a finales de 2007 los 6.000 millones de dólares anuales. Esto fue posible por el grado de integración e interdependencia mutua –especialmente en términos económicos– entre colombianos y venezolanos, quienes comparten una de las fronteras más extensas y vivas del continente. Pero este entendimiento pragmático tuvo mucho que ver con la política uribista de evitar –en la medida de lo posible– las confrontaciones directas con el presidente Chávez y de propiciar oportunidades de diálogo y colaboración mutua, tanto en asuntos bilaterales como en aquellos de interés multilateral y hemisférico. Esto explica, por ejemplo, que en agosto de 2007 Uribe diera un claro voto de confianza a Chávez y aprobara que, junto a la senadora colombiana del opositor partido Polo Democrático Alternativo, Piedad Córdova, éste fungiera como mediador entre el gobierno y las FARC para un canje humanitario de un grupo de secuestrados por presos subversivos.

Una mediación, por cierto, que resultó para el presidente Chávez un excelente balón de oxígeno para su política doméstica y exterior, ya que ese papel no sólo le colocó en una situación protagónica en momentos en que su imagen se encontraba fuertemente cuestionada por su radicalización política y la toma de medidas impopulares, como el cierre del más popular canal de televisión y la propuesta de una reforma constitucional para perpetuarse indefinidamente en el poder y legalizar su modelo socialista autoritario, sino que le permitió minimizar el impacto adverso de varios escándalos de corrupción nacional e internacional (caso de la maleta en Argentina) en el que su gobierno se vio involucrado.

También en esta oportunidad funcionó la pauta del péndulo en la relación política bilateral y a fines de 2007 la tensión entre ambos gobiernos se hizo evidente por la decisión de Uribe de retirar a Chávez del papel de mediador ante las FARC, en vista de su fracaso y por la violación del protocolo que regía la operación. Ello produjo que Chávez decidiera congelar las relaciones diplomáticas con Colombia y continuar involucrado –sin autorización colombiana– en el canje humanitario, entendiéndose directamente con los jefes de las FARC. A pesar de que el gobierno de Uribe facilitó y prestó ayuda logística para las liberaciones de varios rehenes a principios de 2008 a instancias de Chávez, en territorio venezolano, dejó claro su malestar por la forma unilateral como actuaba su vecino.

La molestia colombiana fue aún mayor cuando Chávez lanzó públicamente la propuesta de sacar a la guerrilla colombiana de la lista de grupos terroristas y reconocerle la condición de fuerza beligerante. El gobierno colombiano rechazó la idea con firmeza, aunque mantuvo su política de no caer en las provocaciones de su vecino y se limitó a solicitarle una actitud de respeto y no injerencia en los asuntos internos de Colombia, de cesar sus agresiones verbales contra Uribe y dejar su evidente parcialización en favor de la guerrilla.

Esa nueva crisis de fin de 2007 y principios de 2008 entre Caracas y Bogotá fue realmente grave, pero todavía estaba por venir el conflicto diplomático que ha llevado las relaciones bilaterales a uno de los puntos más críticos en muchos años.

Al borde de la guerra
En el transcurso de los casi ocho años de oscilantes relaciones entre Chávez y Uribe, han sido muchas las veces que el presidente venezolano predijo o amenazó con una confrontación bélica entre los dos países, pero no fue hasta principios de marzo de 2008 cuando esa posibilidad casi se hizo realidad y no a causa del gobierno colombiano sino del venezolano que, en solidaridad con Ecuador, tomó una serie de medidas contra su vecino que pusieron a ambos, ahora sí, en una situación prebélica. En efecto, un día después de la incursión armada de fuerzas militares colombianas en territorio ecuatoriano contra un campamento de las FARC, que dejó muertos a más de 20 guerrilleros, entre los cuales estaba el comandante Raúl Reyes, número dos del directorio de las FARC, el presidente Chávez se hizo parte de esa crisis entre vecinos al cerrar su sede diplomática en Bogotá, expulsando al embajador colombiano acreditado en Caracas, ordenando la movilización de 10 batallones en la frontera occidental con Colombia y amenazando con el uso de cazabombarderos rusos. Chávez calificó la acción colombiana contra las FARC de “asesinato cobarde” y homenajeó con un minuto de silencio al líder subversivo fallecido, a quien llamó “revolucionario consecuente”.

La reacción presidencial fue duramente cuestionada dentro y fuera de Venezuela. Numerosos analistas y políticos, incluso dirigentes del partido opositor colombiano Polo Democrático, la consideraron desproporcionada. Nadie entendía por qué Chávez se involucraba de tal forma en un problema ajeno. Además, su actitud le ponía en clara evidencia respecto al lado que se ubicaba en un conflicto que afecta a los colombianos –y a toda la región andina– desde hace 50 años.

Pero de la misma forma inesperada como entró en el conflicto, el presidente venezolano salió de él y, para sorpresa de muchos, en la reunión del Grupo de Río celebrada el viernes 7 de marzo en la República Dominicana adoptó una actitud moderada, trató de conciliar a los gobiernos de Ecuador y Colombia, y echó para atrás las medidas de orden bélico adoptadas unos días antes. Posteriormente, dio por cancelado el conflicto diplomático con Colombia, llamó por teléfono al presidente Uribe y acordó con éste una próxima Cumbre bilateral para el relanzamiento de relaciones.

¿A qué se debió tan repentino cambio? Varios factores deben considerarse. Por una parte, desde el inicio Chávez se encontró en un callejón sin posibilidades de salida heroica, ya que Colombia aseguró que no movería un solo soldado a la frontera (y para una guerra se necesitan dos contrincantes). En segunda instancia, la decisión del presidente Uribe, manifestada justo antes de la Cumbre en la República Dominicana, de sustanciar un caso contra Chávez ante la Corte Penal Internacional por “patrocinio y financiación de genocidas”, basándose en las pruebas extraídas de los computadores incautados en la operación antiguerrillera en tierras ecuatorianas. Pese a que su contenido aún se encuentra en proceso de verificación por la Interpol, según el gobierno colombiano en ellas se hallan evidencias claras que involucran al presidente Chávez con las FARC, entre ellas un aporte venezolano a las guerrilla de 300 millones de dólares y de varios cientos de rifles usados. También se asegura que quedó registrado todo el proceso de liberación de rehenes y que éste habría sido planificado y coordinado por los guerrilleros conjuntamente con Chávez y la senadora Córdova, a objeto de obtener réditos políticos.

En tercer lugar, son de considerar las recomendaciones y llamamientos a la sensatez de otros líderes latinoamericanos, como el presidente dominicano Leonel Fernández, el de Brasil Lula Da Silva y el ex mandatario cubano Fidel Castro, todos preocupados por una escalada bélica que seguramente hubiese involucrado, con consecuencias impredecibles, al principal aliado colombiano, EEUU. Finalmente, está el hecho inocultable que la posibilidad de enfrentamiento bélico con Colombia, lejos de conjugar apoyo nacional y levantar el sentimiento nacionalista y anti-colombiano –que hubiese favorecido la imagen presidencial en un momento de gran descontento popular–, estaba propiciando un fuerte rechazo en la mayoría de los venezolanos, muchos de los cuales empezaron a manifestarse en las calles a favor de la paz. Según una reciente encuesta de la empresa venezolana Varianzas Opinión, el 89% de los venezolanos no apoyaría una guerra con Colombia.

Otros estudios de opinión recientes señalan que tras la crisis colombo-venezolana la popularidad del presidente Chávez ha bajado, mientras que la de Uribe se ha elevado a más del 80%. Además, según fuentes militares, dentro de las fuerzas armadas venezolanas prosperaba el descontento por la decisión presidencial; muchos oficiales no entendían por qué debían ir a una conflagración con la hermana República de Colombia y, peor aún, no tenían claro la definición del enemigo en este caso. ¿Cómo podían comprender que el enemigo es el gobierno legítimo de Colombia, que es el que combate el criminal negocio del secuestro, del narcotráfico, del sicariato y del terrorismo, que es todo lo que representan las FARC?

Conclusiones: Pese a haberse desactivado el estado prebélico y retornado las relaciones colombo-venezolanas al acostumbrado estado de entendimiento pragmático, es un error pensar que el conflicto de fondo entre los dos gobiernos se ha resuelto y que no existe la posibilidad de próximos impasses diplomáticos que pongan la relación bilateral, si no en pie de guerra, por lo menos al borde de una nueva ruptura, ya que ahora parece menos probable que la situación degenere en un conflicto bélico. Y no sólo por el rechazo popular en Venezuela contra esa posibilidad, sino porque el principal aliado de Chávez en un eventual guerra con Colombia, la guerrilla de las FARC, se encuentra en una situación política y militarmente precaria. Se especula, incluso, que el gobierno cubano estaría intentando convencer al presidente venezolano de la necesidad de admitir que la guerrilla colombiana, como movimiento armado, está políticamente derrotada y que lo que resta de su capacidad militar podría ser destruido relativamente pronto.

En todo caso, la tensión entre los gobiernos de Colombia y Venezuela continúa, aunque más veladamente. Ello se hizo visible en la reunión de cancilleres de la OEA del pasado 18 de marzo, cuando el representante de Venezuela se colocó al lado del canciller de Ecuador para lograr una resolución que condenara la incursión de Colombia en territorio ecuatoriano, lo cual finalmente no se logró. Los cancilleres del principal ente interamericano optaron por el “rechazo”, no por la “condena”, y acordaron, a favor de las demandas colombianas, la creación de un mecanismo de verificación que determine lo que está ocurriendo en materia de seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana. El órgano de consulta, siguiendo la pauta del Grupo de Río, también asumió el compromiso de combatir las amenazas a la seguridad de todos sus miembros provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas al narcotráfico.

El resquebrajamiento del entendimiento pragmático entre Uribe y Chávez puede volver a producirse en cualquier momento. Los resultados del examen de Interpol a las computadoras pertenecientes a Raúl Reyes pueden dar lugar a un nuevo desencuentro diplomático.

Es difícil comprender el empeño de Hugo Chávez de cazar peleas diplomáticas con Colombia cuando la sensatez política en el marco de una situación de creciente aislamiento internacional y de una coyuntura nacional que le es cada vez más adversa desde el punto de vista político, económico y social, aconsejan más bien una rectificación estratégica hacia un permanente entendimiento con su principal vecino comercial suramericano.

A mi modo de ver, ese empeño se debe, esencialmente, a la particular personalidad del presidente Chávez y a su creencia –al igual que la de Fidel Castro en los años sesenta– de que una confrontación exterior puede concitarle apoyo popular, especialmente en un año de elecciones regionales. Pero se trata de una visión errada, ya que en la actualidad, como manifiestan numerosos sondeos públicos, la mayoría de los venezolanos no quiere que el gobierno continúe consumiendo su tiempo y energías en inútiles peleas externas, ni que siga gastando dinero en su política expansionista internacional. Lo que quiere la sociedad venezolana es que el gobierno propicie paz interna y externa, que se dedique a gobernar y a mejorar la situación socioeconómica nacional.

Por último, no podemos olvidar que para el proyecto de expansión bolivariana en Suramérica el principal objetivo geoestratégico es Colombia, piedra angular de una futura “Gran Colombia”. De modo que es poco probable que el presidente Chávez cese en su intento de desestabilizar su gobierno e influir en el desarrollo de su política interna.

Tema: Los recientes enfrentamientos verbales y diplomáticos de los gobiernos de Ecuador y Venezuela con el de Colombia, y la declaración final de la reunión de presidentes del Grupo de Río colocaron el conflicto colombiano en el ámbito multilateral, lo que plantea nuevos retos para la región.

Resumen: Después de la sucesión de hechos producidos tras la incursión colombiana en territorio ecuatoriano, que acabó con la vida de Raúl Reyes, el segundo dirigente de las FARC, se ha producido un cambio sustancial en la dimensión internacional del conflicto colombiano. De manera especial, Ecuador y Venezuela están prácticamente obligados a revisar sus posiciones hacia ese conflicto y en particular hacia el grupo terrorista.

Al poner en evidencia la magnitud de la presencia de las FARC fuera de sus fronteras, la acción colombiana rompió los marcos que lo mantenían como un asunto interno e hizo imprescindible la construcción de instancias y el diseño de instrumentos apropiados para su tratamiento en el plano multilateral. Por consiguiente, además del golpe asestado en términos militares a las FARC, el gobierno colombiano ha logrado tomar la iniciativa y colocarse en una situación favorable para llevar a los otros países a un campo común en la búsqueda de soluciones.

Al contrario de otras ocasiones en que han estado en juego aspectos de seguridad y en que ha habido participación de grupos irregulares, en estos episodios no han tenido participación directa los gobiernos de EEUU y Cuba. Sin embargo, no se puede descartar su influencia en el desarrollo de los hechos y sobre todo en la definición de las posiciones de varios actores políticos y estatales.

Análisis: La reunión de presidentes del Grupo de Río, realizada el viernes 7 de marzo en la República Dominicana, logró desactivar el riesgo de enfrentamiento bélico al que se había llegado en el estrecho lapso de una semana. La declaración concertada por ellos, en una sesión que comenzó con agrias acusaciones y fuertes inculpaciones, permitió recoger por lo menos momentáneamente los estandartes de guerra que fueron exhibidos en esos días. Pero, como suele ocurrir en estos casos, lo más expresivo de la situación fueron los abrazos y los gestos de amistad que mostraron los mandatarios al concluir el encuentro. Tanto estos gestos como la declaración final inducirían a pensar que gran parte del problema se debió más a las declaraciones cargadas de adjetivos de los presidentes de Venezuela y Ecuador y a las denuncias arriesgadas del presidente y de otras autoridades colombianas. Pero sería equivocado considerarlo de esa manera, ya que el problema tiene unas raíces que han penetrado profundamente en cada uno de los tres países y de las que pueden brotar en cualquier momento nuevos troncos y nuevas ramas.

Es innegable que la cumbre presidencial permitió desactivar la inminencia del conflicto, bajó las tensiones hasta conformar un espacio de diálogo y negociación e incluso –por medio de las acusaciones y los enfrentamientos– hizo posible una catarsis que aparecía como necesaria para saldar ciertas deudas pendientes, tanto en lo personal como en las relaciones entre los países. Todo ello es claramente positivo, pero a todas luces insuficiente. Lo que se ha hecho, básicamente, es cerrar una etapa en la que el procesamiento del conflicto originado por la situación interna de Colombia fue parte de las relaciones bilaterales con cada uno de sus vecinos. La manera en que se produjeron los hechos durante la convulsionada semana colocó el tema en el ámbito multilateral o, por decirlo de otra manera, más allá de la voluntad de cada uno de los actores: lo internacionalizó.

Después de toda esta vertiginosa sucesión de hechos, quedan planteadas muchas preguntas, tanto acerca de los elementos desencadenantes como de la posible evolución y las salidas que se puedan encontrar para llegar a soluciones de fondo. Sobre los primeros se ha dicho mucho en estos días, e incluso la misma cita presidencial giró en gran medida en torno a ellos cuando cada uno de los mandatarios presentó y defendió decididamente su interpretación de los hechos. Aunque aún hay mucho que aclarar al respecto y a pesar de que es un puzzle al que se van añadiendo piezas en la medida en que se va armando, no cabe detenerse en este punto. Más importancia tienen los otros interrogantes, aquellos que hacen referencia a la nueva situación que se abrió con la reunión de Santo Domingo. La mayor duda en este sentido surge cuando se trata de avizorar las posibilidades reales que tendrán los países involucrados para enfrentar adecuadamente la nueva situación. Ésta requiere no sólo de la voluntad de las partes –que en la reunión de presidentes ha demostrado su importancia– sino también la construcción conjunta de los procedimientos y los instrumentos necesarios para consolidar el nuevo campo abierto.

Del conflicto interno al multilateralismo

Es necesario considerar que si el tema llegó a ser tratado en una reunión presidencial con otros objetivos, no fue necesariamente por la voluntad de uno de los gobiernos sino porque, literalmente, rebasó las fronteras. La transformación del conflicto colombiano en un tema multilateral era, por lo menos desde el inicio del Plan Colombia, uno de los objetivos del gobierno de Bogotá y, paradójicamente, también de las FARC. Por razones diametralmente opuestas ambos actores buscaban otro tipo de participación de los países vecinos y en general de la comunidad internacional latinoamericana. Reiteradamente, los gobiernos colombianos de la última década trataron de persuadir a sus pares ecuatorianos de que cambiaran su definición de neutralidad ante el conflicto por una acción más decidida en contra de un grupo que, con sus acciones terroristas y su alianza con el narcotráfico, amenazaba la seguridad de ambos países. Así mismo, en años más recientes, Colombia hizo esfuerzos por detener o al menos neutralizar el acercamiento del gobierno venezolano a ese grupo armado. En ambos casos se trataba de cerrar las posibilidades de que las FARC contaran con espacios de descanso y de consolidación de su retaguardia así como con facilidades para su abastecimiento.

Las FARC, por su parte, consideraban que obtendrían beneficios de la internacionalización del conflicto, ya que de esa manera se crearían las condiciones para interactuar en el mismo nivel con los gobiernos andinos. Una de esas condiciones era su reconocimiento como fuerza beligerante. Para esto, aludían como antecedente el reconocimiento del Frente Sandinista en la última fase de la insurrección nicaragüense, aunque para cualquier observador son enormes las diferencias existentes entre éste y una organización terrorista aliada al narcotráfico, así como entre el régimen autocrático somocista y la democracia colombiana.

Sin embargo, no fue por voluntad de estos actores que el tema saltó al campo multilateral. Fue más bien un resultado prácticamente inevitable de la dimensión alcanzada y que llevaba a que sus efectos se sintieran más allá de las fronteras colombianas. En realidad, éste ya había cobrado dimensión internacional desde mucho tiempo atrás, cuando las FARC comenzaron a utilizar territorio ecuatoriano y venezolano para desarrollar sus acciones y cuando entablaron negociaciones con el presidente Chávez para la liberación de los secuestrados. La respuesta ecuatoriana se expresó en la redefinición de su política de seguridad y defensa, en la que la protección de la frontera norte pasó a convertirse en el núcleo fundamental (lo que significó, entre otras cosas, cambiar aspectos básicos de unas fuerzas armadas que estaban concebidas para una guerra convencional). Mientras tanto, el gobierno venezolano optó por contar con las FARC como un elemento político al que podía recurrir cuando considerara conveniente, lo que significó otorgarle –por la fuerza de los hechos– carta de naturalización como actor político regional.

En esas condiciones era poco probable que el conflicto pudiera mantenerse dentro de las fronteras colombianas. Por ello, el último incidente derivó en los acontecimientos conocidos y el problema pasó de ser un tema de seguridad fronteriza y de negociación humanitaria a un asunto de los tres Estados e incluso del conjunto de los países latinoamericanos. La violación de la soberanía, esgrimida como el argumento central de Ecuador, y la necesidad de garantizar la seguridad frente a las acciones terroristas, eje de la explicación de Colombia, colocó a los dos países en una posición de enfrentamiento infrecuente. Por ello, lo que se inició como un incidente fronterizo que pudo haber sido gestionado dentro de los procedimientos establecidos llegó a hechos de gravedad desconocidos en la región, como la ruptura de relaciones de Venezuela y Ecuador (a los que se sumó Nicaragua) con Colombia. Ésa fue la manifestación de la nueva dimensión del problema, aunque también influyeron las características personales de los mandatarios.

Cuatro factores fueron claves para configurar esa situación. En primer lugar, la solución militar como eje de la política del presidente Uribe, avalada electoralmente en dos ocasiones y que constituye el principal soporte de la alta aprobación de su gestión en los sondeos de opinión. El fracaso de los diálogos de paz impulsados por su antecesor, Andrés Pastrana, llevaron a la mayoría de la población y a la opinión pública colombianas a respaldar la propuesta que sostenía la vía militar como única opción para acabar con las FARC y la violencia en general. Es difícil comprender que esta opción haya sido escogida por una sociedad que a la vez ha dado fuerte respaldo a la democracia como régimen político, pero una breve mirada a la historia reciente y sobre todo un recuento de los crímenes cometidos por las FARC permiten encontrar las explicaciones pertinentes. El gobierno colombiano pudo colocar la derrota de los grupos armados como el objetivo estratégico al que debían supeditarse todos los demás. Obviamente, las relaciones con los vecinos no podían dejar de adecuarse a ese objetivo, sobre todo si los escenarios de combate se encontraban en las zonas fronterizas. Cabe señalar que la ayuda militar, económica y tecnológica norteamericana fue decisiva en la materialización de este objetivo, lo que además introdujo un actor adicional en el escenario.

En segundo lugar, incidió de manera determinante la posición de neutralidad adoptada por los diversos gobiernos ecuatorianos. En términos estrictos, se quería aludir a no intervención, ya que no tiene cabida la neutralidad frente a un Estado asediado por grupos armados irregulares. De cualquier manera, Ecuador definió su política en torno a ese objetivo prioritario, lo que colocó a las acciones armadas para repeler a las FARC en un plano secundario, únicamente como una opción de última instancia y restringida a casos de violación flagrante de su territorio. Dentro de esa perspectiva definió sus relaciones con Colombia, lo que se tradujo en el establecimiento de protocolos y cartillas de seguridad que tendían a asegurar la vigilancia de la frontera y el apoyo a la población civil colombiana desplazada de las áreas de combate. Por otra parte, la libre circulación de personas entre los dos países hacía posible el paso de integrantes de miembros de la guerrilla en condición de civiles, al mismo tiempo que, como han argumentado reiteradamente los militares ecuatorianos, las limitaciones económicas y las características del terreno hacían imposible un control más riguroso de la zona fronteriza. La instalación de campamentos –inicialmente de reposo y de reabastecimiento, pero posteriormente de comando, como se comprobó con el que fue desmantelado en la acción del gobierno colombiano– fue uno de los resultados de ese conjunto de factores.

En tercer lugar, fue decisivo el papel desempeñado por el presidente Chávez, al mantener un enfrentamiento directo y constante con el gobierno colombiano y, sobre todo, al dar reiteradas muestras de acercamiento a las FARC. La relación con los dirigentes de esta organización parece haber ido más allá de los diálogos necesarios para lograr la liberación de rehenes, como lo certifica el homenaje público que rindió oficialmente a Reyes. Un acto de esa naturaleza, de alto contenido simbólico, no puede obedecer simplemente a la calentura que provocaba el conflicto que vivían los tres países en ese momento. Más bien parece ser una consecuencia de la búsqueda de aliados dentro de su estrategia de enfrentamiento con el gobierno norteamericano. Pero, aún cuando aquel acercamiento no hubiera existido en la realidad, se constituyó como una percepción generalizada en el contexto internacional y por consiguiente actuó como un factor político de importancia. No es desconocido que el resto de actores –de manera espacial los gobiernos de Colombia y EEUU– consideraron a esa alianza como algo más que una hipótesis, y en consecuencia actuaron en función de ella.

Finalmente, influyeron también los pasos dados por las FARC en los últimos meses, caracterizadas por la combinación de acciones de diverso tipo. Por una parte, la liberación selectiva de los secuestrados, con el gobierno venezolano como intermediario, les puso en posición de tomar la iniciativa en ese campo y colocarse como un actor que debía ser tomado en cuentas en el contexto internacional. Ello les permitió, además, poner en la agenda temas que hasta ese momento no tenían cabida, entre los que se destaca la iniciativa venezolana de reconocimiento como fuerza beligerante. Por otra parte, incrementaron su presencia en territorio ecuatoriano, lo que, además de darles mayor capacidad operativa, hizo que el conflicto traspasara las fronteras colombianas. Finalmente, frente a los problemas que enfrentaban en el campo militar por la ofensiva gubernamental, dieron más importancia a las acciones políticas orientadas a la búsqueda de apoyo en el plano internacional. La misma negociación de los secuestrados se convirtió en un factor de importancia en este sentido, especialmente por la participación de múltiples gobiernos y organizaciones que veían en ella la posibilidad de encontrar acuerdos humanitarios.

El nuevo escenario y su posible evolución

La reunión de presidentes del Grupo de Río ocurrió precisamente en el momento en que el conjunto de elementos descritos habían llegado al punto de inflexión. Por ello, aunque había sido convocada para otros fines, debió tratar éste como único tema y convertirse en el hito que marca un antes y un después para el conflicto colombiano. Desde ese momento pasó a ser un asunto regional que, en consecuencia, debe ser tratado de esa manera. Esto significa que es necesario desarrollar los instrumentos y los procedimientos para su procesamiento en ámbitos que han sido hasta cierto punto indiferentes a su existencia. De manera especial, la OEA deberá hacer uso de toda la creatividad que le sea posible para enfrentar un problema que le resulta desconocido. Pero también los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela deberán crear los instrumentos y procedimientos que hagan viable la conducción de la nueva situación, especialmente si se supone que el objetivo de todos ellos es establecer finalmente la paz en territorio colombiano. Sin embargo, esto se encuentra con tres problemas que pueden presentarse como obstáculos para alcanzar ese objetivo.

El primero de estos es el de la interpretación que cada uno de esos gobiernos da al concepto de paz. Aún si se asume ésta en su versión más elemental, como la ausencia de guerra o incluso de violencia para procesar las demandas políticas y sociales, siempre quedará un amplio margen para las interpretaciones. Sobre todo, es probable que más de uno considere que será necesario cumplir con un conjunto de condiciones para alcanzar la paz, y que entre éstas se cuente una serie de concesiones a los grupos armados. La idea de que éstos representan intereses legítimos y que producto de la exclusión y de las condiciones de vida de la población colombiana puede ser una de las ideas fuerza del gobierno venezolano y en menor medida del ecuatoriano. Esto chocaría frontalmente con la interpretación del gobierno colombiano y evidentemente con su convicción de la pertinencia e irrevocabilidad de la solución militar. Tampoco sería fácilmente aceptada por la opinión pública colombiana, que la consideraría una defección después de haber realizado enormes sacrificios a lo largo de los últimos años. Por ello, será de mucha importancia conocer los términos en que se producirán los diálogos entre los presidentes Uribe y Chávez, que comenzaron una semana después de la reunión de Río.

El segundo de esos obstáculos podría ser la permanencia de la controversia entre los gobiernos de Ecuador y Colombia. A pesar de que aceptó y suscribió la declaración de los presidentes en la reunión de Santo Domingo, el gobierno ecuatoriano ha mantenido el enfrentamiento con su homólogo colombiano y ha reiterado su decisión de “llegar hasta las últimas consecuencias” para que se condene explícitamente a Álvaro Uribe. La difusión de la información obtenida en el ordenador de Raúl Reyes (cuya autenticidad parece comprobarse por las fotos en que constan personas que visitaron el campamento en los días previos a su muerte) ha sido interpretada por los círculos gubernamentales ecuatorianos como la expresión de una confabulación en contra del país, lo que aleja las posibilidades de reconstruir la confianza necesaria para alcanzar algún acuerdo.

Finalmente, la propia evolución de los hechos y, sobre todo, su traslado al campo multilateral, estrechó el espacio en que se movían todos los actores. La incursión colombiana en territorio ecuatoriano puso al descubierto las deficiencias en el control de la frontera por parte de ambos países. Ya no será posible que ello ocurra en el futuro, mucho menos desde el momento en que se conforme la comisión de la OEA o cualquier cuerpo de intermediación multilateral. La nueva situación exige cambios de estrategia en ambos países. Por una parte, obliga al gobierno colombiano a desplazar fuerzas militares hacia la frontera, lo que llevará a cambiar la estrategia de “empujar” a las FARC hacia el sur. Por otra parte, obliga al gobierno de Ecuador a contar con controles más efectivos en esa zona, lo que de alguna manera significará introducir cambios en su política de neutralidad.

El gobierno venezolano también ha visto reducido su campo de maniobra, tanto en las acciones de mediación para la liberación de los rehenes como en el apoyo implícito que proporcionaba a las FARC. Tanto la iniciativa del presidente Chávez para normalizar las relaciones con Colombia, como la actitud que tuvo en la reunión de presidentes, cuando sorpresivamente cambió los insultos y las agresiones por un tono conciliador, pueden obedecer precisamente a la toma de conciencia de la reducción del espacio de acción. Esto querría decir que se trataría más de un cálculo realista sobre sus probabilidades que de un cambio de fondo en la posición que ha venido manteniendo, lo que dejaría muchas incógnitas hacia el futuro. Incluso esto sería así en el caso de que hubiera obedecido a presiones del ex mandatario cubano, Fidel Castro, que habría visto a un enfrentamiento regional como un riesgo para el proyecto ideológico que llevan adelante varios países latinoamericanos.

Así mismo, las FARC contarán con un contexto menos favorable que el que encontraron hasta ahora. Los cambios que deberán introducir los tres gobiernos serán un factor de importancia en ese sentido. De manera especial, la nueva orientación que deberá definir el gobierno ecuatoriano –aunque para ello seguramente pasará aún algún tiempo– significará por lo menos una reducción sustantiva de las facilidades que ha tenido para utilizar el territorio de ese país. Incluso las condiciones a las que estará sometidos el presidente Chávez en la nueva dimensión de las relaciones con Colombia será un factor adverso para este grupo.

Conclusiones: Los hechos recientes han desplazado el conflicto colombiano al ámbito internacional, y a esta nueva realidad deberán adecuarse las estrategias de todos los actores involucrados. Será muy poco probable que se puedan mantener las posiciones que venía sosteniendo cada uno de ellos y que desembocaron en la situación prebélica que se vivió durante la primera semana de marzo. Sin embargo, el proceso de adaptación y de construcción de la nueva institucionalidad y de los nuevos procedimientos que son necesarios no será algo que se pueda lograr en plazos relativamente cortos. Por el contrario, cabe esperar un proceso más bien largo y sujeto a avances y retrocesos. Las fricciones entre los tres gobiernos –y de manera especial entre los de Ecuador y Colombia– dejaron huellas profundas que tardarán mucho en cerrarse. Por ello, la única garantía de éxito se encuentra en la intervención de organismos multilaterales o en la conformación de instancias supranacionales que se encarguen del diseño de los mecanismos de solución y de la vigilancia de su cumplimiento. En la medida en que el conflicto ha saltado al campo internacional, la solución debe encontrarse en el mismo nivel.

Sin embargo, las reacciones generadas en Colombia y Ecuador serán un obstáculo para que esa mediación tenga un buen desenlace. En la opinión pública de ambos países prevaleció la posición de sus respectivos gobiernos, esto es, la de la seguridad como objetivo central en Colombia y la soberanía en Ecuador. Las opiniones discrepantes o críticas fueron minoritarias, lo que dejó apenas un estrecho margen para análisis que permitiera comprender adecuadamente este episodio que se inserta en una situación que es en sí misma compleja. De manera particular, el objetivo de defensa de la integridad territorial en el caso ecuatoriano relegó a segundo plano aspectos de similar importancia, como la presencia de las FARC y sus relaciones con personas y organizaciones del país o la incapacidad de las unidades militares y policiales correspondientes para detectar un campamento que, según todos los indicios, había sido instalado varios meses atrás.

Una perspectiva de esta naturaleza, que privilegia la soberanía territorial entendida únicamente como la protección frente a otro Estado, estableció un notorio desequilibrio con los otros aspectos mencionados. Al concentrarse la preocupación gubernamental en el ataque de las fuerzas regulares colombianas, perdió fuerza cualquier posición de rechazo y de condena que hubiera podido expresar el gobierno hacia las FARC. En realidad, fue mucho menos explícito en este aspecto y ha sido absolutamente renuente (de la misma manera que la Asamblea Constituyente que asumió las funciones del Congreso) a que se haga internamente una investigación sobre la información presuntamente contenida en el ordenador de Raúl Reyes. En consecuencia, han quedado muchos temas en la oscuridad y el gobierno no ha utilizado el momento para dejar sentada su posición frente al grupo terrorista.

Latin American nations and the Bush administration spent the past week loudly arguing over what censure, if any, Colombia should face for a bombing raid that killed one of the top leaders of the FARC terrorist group at a jungle camp in Ecuador. More quietly, they are just beginning to consider a far more serious and potentially explosive question: What to do about the revelation that Venezuelan President Hugo Chávez forged a strategic alliance with the FARC aimed at Colombia’s democratic government.

First reports of the documents recovered from laptops at the FARC camp spoke of promises by Chávez to deliver up to $300 million to a group renowned for kidnapping, drug trafficking and massacres of civilians; they also showed that Ecuadoran President Rafael Correa was prepared to remove from his own army officers who objected to the FARC’s Ecuadoran bases.

But in their totality, the hundreds of pages of documents so far made public by Colombia paint an even more chilling picture. The raid appears to have preempted a breathtakingly ambitious “strategic plan” agreed on by Chávez and the FARC with the initial goal of gaining international recognition for a movement designated a terrorist organization by both the United States and Europe. Chávez then intended to force Colombian President Álvaro Uribe to negotiate a political settlement with the FARC, and to promote a candidate allied with Chávez and the FARC to take power from Uribe.

All this is laid out in a series of three e-mails sent in February to the FARC’s top leaders by Iván Márquez and Rodrigo Granda, envoys who held a series of secret meetings with Chávez. Judging from the memos, Chávez did most of the talking: He outlined a five-stage plan for undermining Uribe’s government, beginning with the release of several of the scores of hostages the FARC is holding.

The first e-mail, dated Feb. 8, discusses the money: It says that Chávez, whom they call “angel,” “has the first 50 [million] available and has a plan to get us the remaining 200 in the course of the year.” Chávez proposed sending the first “packet” of money “through the black market in order to avoid problems.” He said more could be arranged by giving the FARC a quota of petroleum to sell abroad or gasoline to retail in Colombia or Venezuela.

Chávez then got to the plans that most interested him. He wanted the FARC to propose collecting all of its hostages in the open, possibly in Venezuela, for a proposed exchange for 500 FARC prisoners in Colombian jails. Chávez said he would travel to the area for a meeting with the FARC’s top leader, Manuel Marulanda, and said the presidents of Ecuador, Nicaragua and Bolivia would accompany him. Meanwhile, Chávez said he would set up a new diplomatic group, composed of those countries and the FARC, plus Mexico, Brazil and Argentina, for the purpose of recognizing the FARC as a legitimate “belligerent” in Colombia and forcing Uribe into releasing its prisoners.

In “the early morning hours,” the FARC envoys recounted in a Feb. 9 e-mail, Chávez reached the subject of whether the release of Ingrid Betancourt, a former Colombian presidential candidate who is the FARC’s best-known hostage, would complicate his plan to back a pro-FARC alternative to Uribe. “He invites the FARC to participate in a few sessions of analysis he has laid out for following the Colombian political situation,” the e-mail concluded.

Assuming these documents are authentic — and it’s hard to believe that the cerebral and calculating Uribe would knowingly hand over forgeries to the world media and the Organization of American States — both the Bush administration and Latin American governments will have fateful decisions to make about Chávez. His reported actions are, first of all, a violation of U.N. Security Council Resolution 1373, passed in September 2001, which prohibits all states from providing financing or havens to terrorist organizations. More directly, the Colombian evidence would be more than enough to justify a State Department decision to cite Venezuela as a state sponsor of terrorism. Once cited, Venezuela would be subject to a number of automatic sanctions, some of which could complicate its continuing export of oil to the United States. A cutoff would temporarily inconvenience Americans — and cripple Venezuela, which could have trouble selling its heavy oil in other markets.

For now, the Bush administration appears anxious to avoid this kind of confrontation. U.S. intelligence agencies are analyzing the Colombian evidence; officials say they will share any conclusions with key Latin American governments. Yet those governments have mostly shrunk from confronting Chávez in the past, and some have quietly urged Bush to take him on. If the president decides to ignore clear evidence that Venezuela has funded and conspired with an officially designated terrorist organization, he will flout what has been his first principle since Sept. 11, 2001.