A lo largo del mes de agosto han venido sucediéndose las noticias sobre un conflicto pesquero entre Cantabria y el País Vasco. En lo dicho por unos y por otros se echa de menos algún dato referente a la legalidad aplicable. Al fin y al cabo, más allá de las cuestiones técnicas o de los intereses afectados, se trata de una actuación de los poderes públicos.

Es una lástima que circulen conceptos como «veto a los pesqueros cántabros en las aguas interiores vascas» (EL CORREO, 23-8-08) sin que ninguno de los actores intervinientes se tome la molestia, al parecer, de explicar lo que sucede y de demostrar que, como es de esperar, la actuación de la Administración autonómica está plenamente ajustada a la ley y al derecho… o todo lo contrario, en su caso.

Que los consejeros responsables de Agricultura y Pesca de las comunidades limítrofes «vayan de la mano» siempre es positivo. Que las cofradías respectivas intercambien todo tipo de conversaciones, también. Pero lo esencial será que la Administración, cuando actúe, lo haga de un modo transparente, comprensible, eficaz y ajustado al ordenamiento jurídico (Art.103.1 de la Constitución española).

En este sentido, alguna explicación habrá de ofrecerse a la opinión pública por parte de ‘quien corresponda’ diferente a la reiteradamente aparecida sobre un hipotético «veto a los pesqueros de Cantabria en aguas interiores vascas», porque semejante cosa, dicha así, no resulta aceptable desde el punto de vista legal ni moral y por eso mismo es tan llamativa (o demagógica).

Habría que explicar, por ejemplo, que cuando hablamos de las ‘aguas interiores’ estamos refiriéndonos a la finísima franja de agua comprendida entre la línea de bajamar real y la llamada línea de base recta (definidas para todo el territorio nacional en el Real Decreto 2510/1977 de 5 de agosto) a partir de la cual se comienza a medir el mar territorial (de 12 millas). Más allá de tan escuetos límites no hay ‘aguas vascas’ ni ‘aguas cántabras’ sino ‘mar territorial español’ y después de éste viene la ‘zona económica exclusiva’ (hasta las 300 millas) que ya ni siquiera es objeto de la soberanía nacional.

Esta franja costera de anchura variable, aunque breve en todo caso, queda en efecto bajo la competencia exclusiva de las comunidades autónomas ribereñas, que ejercerán en ella la ordenación pesquera, tal y como establece el artículo 148.1-11 de la Constitución española y consecuentemente el artículo 10.10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco en cuyo desarrollo se aprobó la Ley 6/1998 de 13 de marzo, de Pesca Marítima.

Esta ley, similar a su correspondiente norma estatal (Ley 3/2001 de 23 de marzo, de Pesca Marítima) pretende una explotación adecuada y racional de los caladeros que sea compatible con la conservación de los ecosistemas marinos, para lo que determina (Art.11) que el Gobierno vasco podrá adoptar medidas tendentes a la fijación total del número de embarcaciones que puedan faenar, así como reglamentar el empleo de las diversas artes de pesca, los períodos y vedas, los tamaños mínimos, etcétera.
Dicho de otro modo. Que, sin que quepa efectuar por ello reproche alguno, la administración responsable deberá atender al interés general (protección de los recursos naturales y del ecosistema) controlando y limitando el esfuerzo pesquero en las zonas que le correspondan. Nada puede, entonces, oponerse a algún tipo de disposición normativa o de actuación administrativa en ese sentido. Nada. ¡en principio! pues, como ocurre con tantas otras cosas, la razón que se tenga sobre el ‘qué’ puede llegar a perderse a través del ‘cómo’.

En efecto, cualquier medida administrativa limitativa de los derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares (como es, por ejemplo, la retirada de las licencias de pesca profesional en determinadas zonas) debe llevarse a cabo a través de una resolución motivada «con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho» (Art. 54 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Huelga decir que tal resolución deberá ser, además, escrita y pública.

Si todo esto se ha cumplido en el presente caso, como cabe esperar, alguien debería darlo a conocer (en la página web del Gobierno vasco, desde luego, no aparece reseña alguna) y de ese modo ‘desfacer el entuerto’ que supone contemplar cómo aparentemente las medidas que se adoptan para la protección de medio ambiente marino en las costas de Vizcaya son de aplicación ‘a los de fuera’ pero no ‘a los de aquí’.
Las empresas son por naturaleza competitivas, incluidas las dedicadas a la pesca. Los pescadores, como todos los demás, deberían actuar en el ejercicio de su profesión guiados por una clara conciencia ecológica, pero la conciencia es algo deseable, no exigible. Las cofradías, a pesar de su (arcaica) consideración como corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro, no son en realidad otra cosa que patronales de las que no cabe esperar un comportamiento propio de ONG. Las cofradías persiguen su particular interés, ni más ni menos.

La defensa de los intereses generales recae, para bien o para mal, en los hombros de la Administración. Son los gobiernos (cántabro y vasco en este caso) los obligados a realizar el interés general, no los intereses de ‘los suyos’. Que los pescadores, profesionales o aficionados, si no se pusiera coto a su actividad, esquilmarían el mar es evidente. Que las medidas para evitarlo deben ser, además de eficaces, justas y no discriminatorias, también.

Los conflictos y las tensiones entre las regiones españolas sobre la gestión de los recursos hídricos se han acentuado en los últimos meses. La incoherente e hipócrita política del agua desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente ha propiciado cuatro grandes males, el primero de ellos una falta de transparencia y veracidad por parte de prácticamente todos los grupos políticos, que sólo hablan de aquella parte de la realidad que les favorece. Un segundo e importante factor es el claro abuso de las subvenciones perversas, aquéllas que son negativas tanto para la economía como para el medio ambiente. En este tema no parece salvarse ningún partido. Todos, en la medida de sus posibilidades, están utilizando el dinero del contribuyente para poner parches y ganar votos en las siguientes elecciones, sin preocuparse de buscar soluciones sensatas y duraderas. De hecho, esta actuación ha proporcionado réditos políticos en regiones como Aragón y Murcia, en las que el tema del agua ha influido claramente en los resultados de las votaciones.

En tercer lugar, los actuales desequilibrios también encuentran una causa relevante en el caos existente en la gestión de las aguas subterráneas desde la Ley del Agua aprobada por los socialistas en 1985; un caos que tampoco mejoró durante los ocho años del Ejecutivo del PP. En cuarto lugar y no con menor importancia están las concesiones que el Gobierno de Zapatero hizo a Cataluña sobre el delta del Ebro. Independientemente de su posible inconstitucionalidad y eventual interpretación inadecuada por otras comunidades autónomas, estas concesiones han sido el catalizador para que casi todas ellas hayan establecido en sus respectivos estatutos que ‘el agua de esta región es mía’. De ahí que los conflictos se den tanto entre autonomías gobernadas por distintos partidos como entre las lideradas por el PSOE. Por ejemplo, Castilla-La Mancha y Extremadura han recurrido el Estatuto de Andalucía por el aprovechamiento del Guadalquivir.

Este triste panorama ha alcanzado un esperpéntico clímax con las recientes acciones para evitar las posibles restricciones de agua en la ciudad de Barcelona. El tripartito catalán tiene en su haber un cúmulo hasta ahora nunca igualado de medias verdades, contradicciones y ambigüedades. Por añadidura, los platos rotos de ese desaguisado van a ser pagados por todos los españoles a través de los Presupuestos del Estado. Esos platos rotos son actividades como la de transportar agua en barco. Esta actuación va frontalmente en contra de lo que recomienda la Directiva Marco del Agua de la UE: el beneficiario debe pagar el coste completo de las obras o actividades que le benefician.

Por ello, y haciéndome eco de otras voces, propugno la necesidad urgente de un pacto de Estado sobre el agua. Esa urgencia viene en parte motivada por la conveniencia de evitar que, con motivo de la Expo de Zaragoza, el Gobierno de España no vea aumentado su descrédito ante los expertos mundiales en la administración de los recursos hídricos. La Expo de la capital aragonesa, cuyo tema principal es conseguir una mejor gestión internacional del agua, espera recibir unos cuantos millones de visitantes de todo el mundo. Además, tiene previsto elaborar la denominada Carta de Zaragoza, con la que pretende ofrecer al mundo sabios consejos para una mejor gestión del líquido elemento. Esa iniciativa se va a basar, textualmente, «en un elenco de propuestas, casos exitosos, lecciones aprendidas, experiencias replicables y recomendaciones de actuación (…) para garantizar que este evento internacional mantenga su espíritu vivo y vigente en forma de un legado que quedará condensado en la Carta de Zaragoza. La Carta de Zaragoza surge de la decantación con visión de futuro, la síntesis ordenada, la revalorización final y el enunciado claro y conciso de los principales resultados del proceso».

Es decir, estamos ante una declaración más de las muchas que se han realizado desde 1977, cuando se formalizó la primera de la ONU en Mar de Plata (Argentina). Hace tres años, un conocido jurista del Banco Mundial publicó un resumen de todas esas declaraciones. El autor venía a decir que impulsar más no conducía a ninguna parte, aunque su opinión no es compartida por aquellos otros que creen que ese tipo de documentos contribuyen a crear un clima favorable para conseguir una mejor gestión de los recursos hídricos. De hecho, todo esto podría sonar bien si no se contemplase el triste espectáculo que hoy ofrece la política del agua española. Porque puede augurarse que la reacción de muchos participantes en la Expo será recordar al Gobierno español que se aplique en la resolución de sus propios problemas antes de recomendar al resto cómo actuar.

Quizá para evitar esa probable y lógica crítica, la web de la Expo también dice: «La Carta no apunta hacia los fracasos o los desatinos, ni busca rememorar diagnósticos reiteradamente presentados en distintos foros. Por el contrario, señala con claridad hacia el presente y el futuro». Una escapatoria tan ingenua como inútil. La única solución para evitar que continúe el desprestigio internacional de nuestro país en esta materia es promover ya un pacto de Estado sobre el agua.

Según parece, en la parte no costumbrista ni bullanguera de sus estatutos, varias comunidades autónomas están dispuestas a incluir “el derecho a disponer de sus ríos”. La locura colectiva nunca es una explicación, sino su ausencia, de modo que habrá que buscar otras razones para entender cómo también en estos asuntos se ha desatado la delirante carrera por “lo propio”. También ahora, por supuesto, decorada con apelaciones a la “libertad, la solidaridad, la igualdad”. Incluso, a la sostenibilidad. Sólo echo a faltar la identidad.

Ahora déjenme que les hable de una película. Quienes no se durmieron durante la proyección, quizá recuerden la historia que Lars von Trier nos contaba en Dogville. Una mujer, el personaje interpretado por Nicole Kidman, perseguida por unos gánsteres es acogida a cambio de algunos trabajos en un pequeño pueblo de las Montañas Rocosas. Más tarde, cuando las gentes de Dogville descubren la importancia de la refugiada para sus perseguidores, sus exigencias se desatan, hasta llegar a las fronteras de la esclavitud. Se convierten en los principales beneficiarios del aumento del precio de la protección. Poco a poco, su comportamiento resulta más miserable. El de todos. La protagonista no está amasada con mejor barro, como lo confirma su venganza final. El enfático director, respetuoso con nuestra imbecilidad, se siente obligado a subrayarlo por medio del narrador: “Seguramente ella se hubiera comportado de la misma manera si hubiera vivido en aquellas casas”.

Qué duda cabe, los habitantes de Dogville no constituían un ejemplo de civismo. La tentación inevitablemente protestante es atribuir su comportamiento a una naturaleza humana destruida por el pecado. El solemne director no la evita como explicación última, pero su diagnóstico más inmediato parece precipitarse en un sombrío pesimismo sobre la falta de carácter. Puede ser. Muchas veces, al escarbar por detrás de lo que parece miseria moral no encontramos más que pobreza de espíritu, personas que se embarcan en biografías demasiado grandes para su capacidad de gestión. No es un problema sin solución. En realidad, la solución es trivial. Si se quiere evitar el comportamiento miserable, la prudencia recomienda evitar situaciones que nos vienen demasiado grandes. El problema de Lord Jim no era su cobardía, sino su profesión. Si uno no está a la altura, no se mete a trapecista. Como siempre, dar un consejo es más sencillo que ejecutarlo. Cuesta reconocer en uno mismo la pobreza de espíritu y no es fácil resistir la vanidad de muchos retos. Por lo demás, ninguna salida es airosa y la excesiva cautela también tiene su reverso: por evitar los retos se evita la exposición al mundo y, con ello, la vida se empobrece.

Pero Dogville era un pueblo y los diagnósticos calvinistas ayudan poco a entender a los muchos. En tales casos, de nada sirven las ingenierías del alma. La vileza colectiva es algo más que un amasijo de vilezas. En realidad, bastantes cobardías compartidas se abastecen de baladronadas privadas. Sietemachos, los jugadores de hockey sobre hielo, en sus manifestaciones públicas se mostraban contrarios al uso del casco, aunque, con la boca pequeña, reconocían su necesidad. Querían que les “obligaran” a usarlo, a no tener que ser unos valientes, pero les faltaba valor para decirlo. Son muchos los ejemplos en los que elegimos libremente limitar nuestra libertad. También para ser más libres. Ulises, temeroso de su flaqueza ante los cantos de las sirenas, ordenó a su tripulación que le atara al mástil y bajo ninguna circunstancia atendiera a sus órdenes posteriores de liberarlo. Nuestras constituciones nos impiden votar ciertas cosas que podrían poner en peligro nuestras libertades. Los habitantes de Dogville, seguramente, no estaban orgullosos de sus vejaciones, y, acaso, en el fondo de sus almas, preferían no comportarse como lo hacían. Cada uno podía desear que todos vieran cancelada la posibilidad de decantarse por la parte más despreciable de ellos mismos. Pero, pensaban, qué puedo yo hacer. Si sólo cambio yo, nada cambiará y, además, me tomarán por imbécil, no sin razones, porque perderé mis privilegios con la refugiada. El final de esas historias es conocido: gana el peor de nosotros mismos. Lo contaba impecablemente Gil de Biedma, hablando consigo mismo en un poema: “Y si yo no supiese, hace ya tiempo, que tú eres fuerte cuando yo soy débil, y que eres débil cuando me enfurezco…”.

Volvamos a la política y al derecho a las aguas propias. Una circunstancia resulta llamativa en la reclamación de ese singular derecho. Todos dan gritos pero ninguno articula las palabras, ninguno es el primero en precisar su reclamación. Cada uno parece estar a la espera de lo que los demás hagan, para no quedarse atrás. Nadie es el primero porque todos quieren ser el último y poder añadir, como Groucho, “y dos huevos duros”. Pero, como en Dogville, no debemos pensar que estamos ante un inevitable designio de la naturaleza humana. Al igual que los jugadores de hockey, quizá preferirían que “les prohibiesen” hacer lo que no quieren hacer. Preferirían la política, lo público, aquello que no les obliga a comportamientos heroicos e irrelevantes. Pero, con las reglas del juego que tienen, no les queda otra. Defender el interés general, de todos, en el propio Estatuto es un camino seguro al fracaso. Es ésa la única parte no retórica de la reclamación de “un acuerdo entre los partidos de ámbito nacional”. Sólo es ésa, pero es fundamental, es la que relaciona a la política con la justicia, la que hace que en el debate democrático las consideraciones de igualdad y de justicia sustituyan al trapicheo negociador de “si no jugamos a lo que yo quiero, me llevo mi pelota”.

¿Cómo acaban estas cosas? Como casi todo, mal. Les doy un ejemplo para que lo practiquen con los amigos. Subasten un billete de 100 euros, con la siguiente regla de juego: “El billete se lo queda el que más ofrece, pero paga el segundo en la puja lo que ha ofrecido”. Prueben, prueben. Al principio, todos quieren jugar, ¿quién no está dispuesto a conseguir cien euros a cambio de uno? Claro que, inmediatamente, otro pensará lo mismo a cuenta de dos euros. Al rato, el dilema será: “Prefiero pagar 23 euros a perder 22″. En cierto momento, alguien estará ofreciendo 97 euros para no pagar 96 y su reflexión ya será más calamitosa: “Cómo me escapo de aquí sin pérdidas”. Poco más tarde estarán ofreciendo más de cien euros y la fiesta llevará camino de arruinarse. Le llaman “efecto Macbeth”. Ya se pueden imaginar por qué.

A pesar del cenizo Von Trier, los seres humanos estamos dispuestos a asumir cargas personales por razones justas. No es buenismo antropológico. Tenemos pruebas empíricas y razones evolutivas para pensar que no somos unas malas bestias. Pero es tarea de la política dar cauce a esas disposiciones, dar forma institucional a la voluntad colectiva de establecer reglas que nos hagan más sencillo hacer lo que debemos hacer, que no obliguen a nadie a ser un héroe para ser un ciudadano. Mientras tanto, tristemente, al buen ciudadano se lo tomará por un gilipollas.

Cuando hay dos bandos de opinión tan acalorados como los que están enfrentando a fuerzas políticas, instancias mediáticas y colectivos ciudadanos de Aragón y Cataluña por la reclamación de los bienes de las parroquias que un día dependieron de la diócesis de Lleida y ahora pertenecen a la de Barbastro-Monzón, es difícil ser imparcial y hasta para los profesionales resulta imposible pretender ser objetivos. Con todo, dos museólogos: uno aragonés y otro catalán, intentamos consensuar algunas ideas a la luz del código de deontología del ICOM y de otros litigios patrimoniales acontecidos recientemente.

Este litigio se puede analizar desde infinidad de puntos de vista, algunos muy difíciles de abordar por su especificidad, como por ejemplo el derecho eclesiástico, y otros más inefables o subjetivos como las cuestiones identitarias y los derechos sociales sobre el patrimonio cultural. En el mundo, en España, en Cataluña y Aragón ha habido en los últimos años casos sonados de reclamación, restitución o reparto de colecciones (negro de Banyoles, Museo Clarà de Barcelona, etcétera), a partir de los cuales los museólogos podemos ir extrayendo lecciones que, si bien no son generalizables, quizá puedan servirnos para enmarcar el presente. Estas experiencias nos demuestran que los litigios en patrimonio casi nunca se resuelven a gusto de todos, y que acaban por no complacer a casi nadie si se dictan resoluciones políticas unilaterales o se opta por la vía legal, que a menudo lleva a eternizar el conflicto. En todo caso, desde un punto de vista estrictamente técnico, parece obligado recordar lo que nos dice el código de deontología del ICOM al respecto. Este código es un documento fundamental para los museos de todo el mundo. En él se establecen las normas mínimas de conducta y desempeño profesional para los museos y su personal. Fue aprobado en Buenos Aires (1986), modificado en Barcelona (2001) y revisado en Seúl en 2004. Recoge la experiencia de sus miembros así como la actualización de las “buenas prácticas” de los profesionales de museos. En distintos apartados se tratan principios básicos de la actividad museística, pero el capítulo 6 aborda claramente el tema de origen de las colecciones y la devolución de bienes culturales.

A partir de la lectura de estos principios básicos, cada uno de los dos bandos en litigio cree ver refrendada su posición en algunos términos; también debemos tener en cuenta que el código pretende ser universal y es fruto de un contexto internacional determinado en el que surge y perfecciona: el tráfico ilícito de bienes culturales, la expoliación patrimonial del Tercer Mundo, la restitución de patrimonio a las comunidades indígenas en América del Norte, etcétera; por eso, aunque sea difícil, queremos exponer algunos puntos de vista comunes, como posible camino a un acuerdo necesario:

1. El patrimonio de zonas culturalmente próximas debería ser un lazo de unión y de cooperación por encima de propiedades y situaciones coyunturales de disputa. Es accesorio (aunque debe tenerse en cuenta) saber de quién es cada cosa, pues parece más positivo pensar qué podemos hacer para difundir, conservar y comunicar mejor el patrimonio cultural. En todo caso, no hay que olvidar que los bienes en liza son de la Iglesia católica, y en su origen no eran propiedad ni de Aragón ni de Cataluña, sino de las parroquias de la Franja, por lo que seguramente lo más apropiado sería que estas piezas no estuvieran en museos de Barbastro ni de Lleida, sino en las parroquias para las que fueron creadas o algún otro emplazamiento situado propiamente en la Franja. No parece del todo mal encaminada la propuesta consensuada por parte de los respectivos gobiernos autónomos, de establecer un patronato de gestión común de estos bienes. Ahora bien, llama la atención que en aquella propuesta de acuerdo se especificase puntillosamente qué cargos e instancias quedarían representados en dicho patronato con voz y / o voto; pero entre los cuales no había ningún representante de los ciudadanos o asociaciones de la Franja.

2. Los generosos gastos que ambos gobiernos están realizando en beneficio de dichos museos, no deberían hacerse en mera competición a ver quién ofrece mejor escaparate para así reclamar con más fuerza los bienes en litigio. En general, a la hora de invertir dinero público en patrimonio (edificado y mueble) propiedad de la Iglesia o de cualquier entidad privada, debería preservarse la propiedad de la inversión y la reversibilidad de ésta respecto a la administración que la realiza. No deberían ofrecerse tantas inversiones públicas sin contrapartidas en la propiedad y / o gestión de las instituciones y colecciones favorecidas por las mismas. En Cataluña y Aragón se han emprendido en los últimos años grandes reformas de los museos diocesanos y otros enclaves del patrimonio eclesiástico a costa de los presupuestos públicos, tanto en la infraestructura como en la gestión, mientras que los obispados, en la mayoría de los casos, desempeñan la dirección de los centros resultantes sin aportaciones económicas significativas para su mantenimiento, e imponiendo condiciones de acceso al público que cargan precios de entrada, a menudo sin las rebajas y gratuidades de las que deberían beneficiarse colectivos profesionales y sociales que normalmente las disfrutan en los museos públicos.

3. La polémica sobre los bienes de las parroquias de la Franja puede ser positiva si hace que aragoneses y catalanes sean más amantes del patrimonio artístico, incitándoles a valorar y visitar los muchos museos, exposiciones, y bienes culturales de su entorno. Pero desgraciadamente, más bien está eclipsando la atención sobre muchos otros lugares patrimoniales, incluyendo museos públicos en situación de penuria, o que sólo reciben grandes inversiones para su construcción o reforma, y entran inmediatamente después en crisis para su mantenimiento cotidiano. Si el patrimonio en litigio es importante, el patrimonio que conservan los actuales museos de las respectivas comunidades también lo es; por tanto, deben recibir el mismo apoyo que los dos centros en cuestión. Muchas veces discutimos y gastamos energías profesionales en contiendas inútiles, que no producen ningún efecto beneficioso respecto el patrimonio. En el caso que nos ocupa, los profesionales deberíamos vigilar más para que las inversiones en equipamientos museísticos que se realizan contasen con las garantías necesarias para una gestión pública y sostenible de los equipamientos en cuestión y del patrimonio que quieren conservar y difundir.

4. Por último, y como posible vía de solución, podemos aceptar el criterio de que compartir patrimonio y colecciones entre diversos centros puede ser positivo, y aunque somos conscientes de que también generará algunos problemas (conservación, gestión, recursos, etcétera), en la situación de bloqueo actual quizá podría intentarse. Existen precedentes, como el litigio que (incentivado por enfrentamientos políticos) opuso durante años ante los tribunales a la Tate Gallery de Londres y el Museo Municipal de Arte de Dublín por el legado de Hugh Lane: años después de la independencia de Irlanda se llegó a un acuerdo por el cual ambos museos se repartieron esa colección de pinturas impresionistas, y quedaron algunas piezas en rotación cada seis años entre las dos instituciones. Evidentemente, para llegar a una solución sobre repartos deben tenerse en cuenta estudios técnicos sobre cómo salieron las obras en litigio de las parroquias de la Franja (no es lo mismo que fuesen trasladadas por las autoridades eclesiásticas, o que éstas las adquiriesen en compra venta).

El ambiente de crispación actual no conducirá a nada positivo, los ánimos deben serenarse y se deben tender puentes de diálogo entre las partes en conflicto, especialmente dentro de la jerarquía eclesiástica. Pero como todo lo celestial tiene consecuencias terrenales, debemos instar a los diferentes bandos en liza a ceder algo en sus expectativas, ya que todos debemos velar por el patrimonio cultural y pensar, en última instancia, en lo que es más positivo para la sociedad, los ciudadanos y el territorio de la Franja: el disfrute y la conservación integral del patrimonio por encima de la propiedad material y perecedera de los seres humanos.

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Código deontológico:

El Código Deontológico del ICOM, en el capítulo 6, Los museos trabajan en estrecha cooperación con las comunidades de las que provienen las colecciones, así como con las comunidades a las que prestan servicios, dice:

Principio. Las colecciones de un museo son una expresión del patrimonio cultural y natural de las comunidades de las que proceden y, por consiguiente, no sólo rebasan las características de la mera propiedad ordinaria, sino que además pueden tener afinidades muy sólidas con las identidades nacionales, regionales, locales, étnicas, religiosas o políticas. Es importante, por tanto, que la política del museo tenga en cuenta esta posibilidad.

Origen de las colecciones: Cooperación.Los museos deben promover el aprovechamiento compartido de conocimientos, documentos y colecciones con los museos y organismos culturales de los países de procedencia de éstas. Se deben examinar las posibilidades de crear asociaciones con los países o regiones que han perdido una parte considerable de su patrimonio.

Devolución de bienes culturales. Los museos deben estar dispuestos a entablar un diálogo con vistas a la devolución de un bien cultural al país o comunidad de procedencia. Esto se debe hacer de manera imparcial, basándose no sólo en principios científicos, profesionales y humanitarios, sino también en las legislaciones locales, nacionales o internacionales aplicables, que han de preferirse a las acciones en el plano gubernamental o político.

Restitución de bienes culturales. Si un país o una comunidad de las que proceden objetos o especímenes piden su restitución y se puede probar no sólo que éstos han sido exportados o transferidos de otra manera, en violación de los principios de los convenios internacionales y nacionales, sino que además forman parte del patrimonio cultural o natural del país o la comunidad peticionarios, el museo interesado debe tomar las medidas rápidas pertinentes para cooperar en su devolución, si tiene la posibilidad legal de hacerlo. (http://icom.museum/ethics_spa.html)

La Comunidad Valenciana ha solicitado del Gobierno español la presentación, en Europa, de una traducción valenciana de la Constitución Europea, aparte de la catalana, aún a sabiendas de que la Generalitat catalana acepta como propia la versión de Generalitat valenciana.

El Gobierno español ha aceptado la petición de la Comunidad Valenciana y ha presentado cinco traducciones en Bruselas: La castellana, la vasca, la gallega, la catalana y la valenciana, siendo las dos últimas idénticas. Si no lo remediamos con sentido común y rigor lingüístico, a partir de ahora, en Europa, habría siempre cinco idiomas españoles, aunque dos de ellos sean el mismo.

El “independentismo” lingüístico valenciano es una opción respetable, como todos los independentismos y todas las ideologías, pero rompe por causas políticas de corto vuelo con una tradición científicamente sólida de unidad de la lengua.

Podemos preguntarnos: ¿Qué deben hacer ahora las Illes Balears: Declarar el balear lengua independiente? Habría que cambiar su Estatuto. Y lo cierto es que el catalán-balear es tan distinto y tan parecido al catalán de la Catalunya estricta como el catalán-valenciano.

¿Es el andaluz una lengua distinta al castellano? Entre el castellano de Sevilla y el que hablan por ejemplo los leoneses, los vascos o los cántabros hay una diferencia sensiblemente mayor a la que existe entre el catalán de mis abuelos maternos, que eran de Monóvar, y el del presidente Marcelino Iglesias, que es de Bonansa, en la franja catalana-parlante de Aragón.

En realidad, la diferencia sensible es la que existe entre el catalán occidental o catalán-valenciano, desde el Pirineo leridano hasta Monóvar y Petrer, al sur del Reino de Valencia, y el catalán oriental, o catalán-balear, desde Girona hasta las Balears o entre la Catalunya vieja y la nueva.

El presidente Matas de Balears sala los artículos con la “s” en vez de la “l”, igual que hacían, tiempo ha, los catalanes de la Costa Brava y el Empordà, y el Presidente Iglesias dice xiquet i xiqueta por noi i noia (chico y chica) lo mismo que mi abuela monovera y que el Conseller en Cap, Josep Bargalló.

¿En qué cree el presidente Camps que hablábamos el presidente Iglesias, el presidente Matas y yo mismo en la reunión de la Eurorregión, a la que espero que asista él también algún día? En catalán, por supuesto. ¿En qué hablará él si viene? En el mismo idioma en el que hablamos siempre él y yo.

¿Cree de veras que va a hacer creer en Europa, durante muchos días, que Iglesias, Matas, Camps y Maragall hablan idiomas distintos?

La repoblación cristiana tras la reconquista de Jaume I, rey de Aragón y Catalunya, fue dispar entre Valencia y Baleares: la primera se repobló con leridanos, como atestigua la Porta dels lleidatans, la puerta pequeña -o románica- de la catedral de Valencia.

Las Islas se repoblaron con ampurdaneses, hartos de las razzias de los piratas moros instalados en las Balears y con cabeza de puente en las islas Medes, frente a la Costa Brava.

Agarrarse a la letra de un artículo del Estatut valenciano, que todos votamos en Cortes -socialistas catalanes incluidos- para declarar la secesión lingüística del valenciano respecto del catalán, es una barbaridad histórica inadmisible.

No se debería dar la impresión de que la derogación del trasvase del Ebro está en la base del intento de ruptura de la unidad de la lengua catalano-valenciana.

No debería dar la impresión de que los catalanes han ganado la guerra del agua y que ahora los valencianos se quieren resarcir declarando la guerra de la lengua. Con el agua y con la lengua no se juega.

Me consta que el president Matas intentó evitar la guerra del agua sin conseguirlo. Tenía que aplicar una directriz de gobierno basada en una consigna del siglo XIX: conectar la España húmeda con la España seca -consigna que hoy, a mi modo de ver, no tiene sentido-. Vamos a enfriar todos estos temas.

Espero que muy pronto podamos hablar de la lengua seriamente y que estemos a tiempo de evitar el ridículo en Europa.

Voy a pedir al presidente Marcelino Iglesias, al presidente Jaume Matas y al ex presidente del Parlament, Joan Rigol que medien en esta cuestión.

Vamos a actuar con mucha cautela pero con determinación. No vamos a emprender de inmediato acciones judiciales, pero llevaremos la causa del rigor lingüístico ante las instituciones europeas y la opinión pública. Si fuera preciso haremos lo procedente para que prevalezca la jurisprudencia que ha venido a reconocer la unidad de la lengua, sin prejuicio de su denominación legal.

Lo que debe imponerse, hoy por hoy, es el rigor. El Gobierno debería enderezar el absurdo generado, garantizando que este rigor se traduce adecuadamente en el Memorando que desarrolla la petición española de que las lenguas oficiales del Estado tengan, también en la Unión, el estatuto de lenguas oficiales. Es una ocasión para que se corrija el error y prevalezca la unidad de la lengua catalano-valenciana tal como establecen todas las instancias de autoridad lingüística.

Pido que no se eche leña al fuego. Echar leña es fácil. Apagar el fuego, no. Si el fuego se apaga pronto, la hierba renace a veces con mayor fuerza.