El pasado 5 de agosto, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Decisión (2011/491/UE) del Consejo, de 12/07/2011, relativa a la aplicación provisional del Protocolo sobre posibilidades de pesca, con su contrapartida financiera, previstas en el Acuerdo pesquero entre Europa y Marruecos, que expiró el 27/02/2011 y fue prorrogado hasta el próximo 27 febrero de 2012. De los 27 países, sólo Dinamarca, Suecia y los Países Bajos se opusieron a la prórroga. Austria, Chipre, Finlandia y el Reino Unido se abstuvieron.

Aparte de los detalles acerca de las modalidades de pesca, número de toneladas y de buques dedicado a cada modalidad, solicitud y expedición de licencias, especificidad de los buques atuneros y otros particulares, el Protocolo excluye las aguas marroquíes al este del Cabo Espartel, en Tánger, es decir, el Estrecho de Gibraltar y la costa mediterránea. Y respecto a la costa atlántica de Marruecos se establecen diversos límites en función de las especies a capturar; verbigracia, al sur del paralelo 30° 40′ N, para la pesca artesanal de corvina y espáridos; al sur del 29° N para la pesca demersal de merluza negra, etcétera. Ninguna limitación se establece para la pesca en aguas saharianas y saharauis.

Así las cosas, la pregunta obligada es ¿hasta dónde llega la zona atlántica de Marruecos? Porque ni las Naciones Unidas, ni ningún país del mundo, reconocen la ocupación por Marruecos de la antigua provincia española del Sáhara Occidental, abandonada unilateralmente en 1975 y de la que España es todavía formalmente potencia administradora, dada la nulidad, por inexistencia, de los llamados Acuerdos de Madrid, que ni han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado ni han sido registrados en las Naciones Unidas. Si ello es así, la ocupación resulta ilegal, puesto que desde el límite septentrional del paralelo 27o 40′ N hasta el límite meridional de la península del Cabo Blanco (21o 09′ N) y su respectiva prolongación en el mar hasta las 12 millas a partir de la línea de costa son aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental. Marruecos, por tanto, carece de títulos para hacer suya una riqueza pesquera perteneciente a un territorio no descolonizado e ilegalmente ocupado.

Dicho lo anterior, hay que destacar que el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos y Marruecos el 15/06/2004 excluye los productos obtenidos en territorio saharaui, como se encargó de precisar el 22/07/2004 el miembro de la Cámara de Representantes de EEUU, Joe Pitts, respaldado por el embajador Robert Zoellick, representante de Comercio de EEUU. En el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre la Asociación Europea de Libre Comercio (o EFTA) y Marruecos el 19/06/1997, también quedan excluidos los productos obtenidos en el Sáhara Occidental según precisaron dos importantes autoridades de países miembros de la EFTA, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Jonas Gahr Støre y el jefe de la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza, Martin Zbinden. Y es que, en efecto, se descubrieron importaciones ilegales de 20.000 toneladas de aceite de pescado en Noruega y de tomates en Suiza, ambos productos obtenidos en el Sáhara Occidental y falsamente etiquetados como productos de Marruecos.

Lo curioso es que la Unión Europea, que conoce la realidad de la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental, no ha querido introducir en el texto del Acuerdo pesquero ni del Protocolo una sola limitación y no parece que la labor de algunos europarlamentarios, como el español Raül Romeva y el británico Andrew Duff, que tratan de que en la posible renovación del Acuerdo se introduzcan cláusulas que excluyan las aguas saharianas o que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la legalidad del Acuerdo, esté teniendo éxito.

Pero, a decir verdad, tampoco el Gobierno español, hasta ahora, ha demostrado la menor preocupación por el expolio. Cuando el presidente Rodríguez Zapatero en el mitin que el 14/04/2007 ofreció en Canarias se refirió al Acuerdo pesquero y anunció que, por fin, los pesqueros canarios podrían volver a faenar en aguas marroquíes, Alberto Negrín, presidente de la Asociación Canaria de Amigos del Sáhara, alzó su voz para recordar que era aguas saharauis, no marroquíes, momento en el que fue detenido, llevado a comisaría y acusado de desórdenes públicos. Que Negrín fuera posteriormente absuelto nada modifica la postura gubernamental expresada por Zapatero.

Si la propia Unión Europea se preocupó de excluir del Acuerdo de asociación con Israel, de 20/11/1995, los productos etiquetados como israelíes pero originarios, en realidad, de la franja de Gaza y de Cisjordania y máxime cuando entre dicha Unión Europea y la Autoridad Nacional Palestina existe otro acuerdo euro mediterráneo de febrero de 1997, ¿por qué esa diferencia de trato con un pueblo, el saharaui, que lleva más de 35 años siendo objeto del despotismo colonial de Marruecos sin poder pronunciarse sobre su autodeterminación ni disfrutar de sus propias riquezas?

Se dice por algunos que el Sáhara Occidental no sería viable económicamente si alcanzara la independencia; argumento que obliga a la réplica en forma de interrogante: ¿por qué se explotan sus riquezas sin límite alguno?

Demos un par de vueltas a la vuelta a la pregunta: ¿es viable Marruecos sin los fosfatos que extrae de Bu Craa, yacimiento puesto en marcha por los españoles y que compran empresas españolas y norteamericanas, perfectamente identificadas? ¿Lo es sin el dinero que recibe de la Unión Europea por autorizar la pesca en unas aguas que no son suyas y donde pescan barcos marroquíes, españoles y del resto de Europa o sin el que recibe de los industriales españoles que se llevan las arenas de la costa sahariana para la construcción, o sin los cultivos extratempranos de los invernaderos de Villa Cisneros, la actual Dajla, que explotan empresas francesas, o sin el beneficio que reportan las tasas del Aeropuerto de El Aaiun, a donde llegan y de donde salen vuelos para España, o sin el beneficio que obtienen de las navieras españolas o extranjeras cuyos buques de carga o pasaje atracan en los puertos de la costa sahariana?

Ni por su población, ni por su extensión, ni por sus recursos económicos puede negarse a los habitantes del Sáhara Occidental -no se olvide que encuadrado en la República Árabe Saharaui Democrática- el derecho a su independencia, a la recuperación de los territorios -4/5 de la antigua provincia española están ilegalmente ocupadas por Marruecos-, sin que se les conceda siquiera salida alguna al mar y al disfrute de sus recursos naturales.

Mientras tanto, la represión del ejército, la policía y los colonos marroquíes continúa sin que la Misión de Naciones Unidas para el refrendo en el Sáhara Occidental -MINURSO- organice el referéndum para la que fue creada ni vigile el cumplimiento de los derechos humanos. Esto sin contar que los procedimientos judiciales abiertos por la muerte de españoles y saharauis a resultas de los marroquíes, en noviembre de 2010, al campamento pacífico en Gdeim Izik, en las afueras de El Aaiun, siguen paralizados, tanto en Marruecos como en España y que las condiciones de vida y trabajo impuestas en todo el Sáhara Occidental por las autoridades ilegítimamente ocupantes de dicho territorio siguen deteriorándose.

Si sorprendente fue que el Gobierno de España en su momento guardara silencio sobre las operaciones y las consecuencias de aquella represión, con un montón de muertos, heridos y desaparecidos -lo más seguro que enterrados en fosas comunes-, mujeres vejadas, jóvenes apaleados, niños sustraídos a sus familias, ciudadanos detenidos sin juicio, propiedades destruidas y robadas, acosos en las calles, allanamientos domiciliares, maltratos en dependencias policiales, desplazamientos forzosos, hasta el extremo de que nuestro Gobierno de entonces llegó a dar por zanjados los incidentes producidos con el argumento de que no se disponía de una información exacta e imparcial sobre lo sucedido, el actual Ejecutivo, a partir de las declaraciones de condena que, con los datos disponibles, emitieron el propio gobierno francés, el Parlamento Europeo y el Congreso y el Senado españoles, bien podría remediar la indolencia o incapacidad del anterior.

El constante expolio de los recursos naturales cuya propiedad corresponde sólo al pueblo saharaui es contrario al articulo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. Los intereses políticos, económicos, sociales y educativos de los territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado la plenitud del propio gobierno están por encima de todo en un sistema de paz y de seguridad internacionales. El artículo 1.2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 19/12/1966, declara que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin que en ningún caso pueda privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Y lo mismo proclama el artículo 16.2 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, según Resolución 3281 (XXIX), de 12/12/1974 de la misma Asamblea General, al decir que ningún Estado tiene el derecho de promover o fomentar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza.

El Sáhara Occidental se encuentra en un callejón sin salida. Una alternativa para conseguir una solución es el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática como han hecho ya muchos y muy importantes países -México, Sudáfrica, Nigeria-, dando a la misma incluso una salida al mar que habría de ser la zona ilegalmente ocupada por Mauritania hasta 1979. La solución pacífica del conflicto y la descolonización del Sáhara Occidental abriría nuevas perspectivas no sólo para el pueblo saharaui, sino también para el propio Marruecos y para el resto del Magreb que, sin duda, se beneficiaría del aumento de la estabilidad política y del comercio entre sus naciones. Seguir con la situación actual, privando a los saharauis del ejercicio de sus derechos básicos como pueblo, negándoles el derecho a la independencia, privándoles de sus recursos pesqueros y de sus fosfatos, impidiéndoles el ejercicio de los derechos humanos más básicos, puede dar lugar, tras más de 35 años de continua e ilegítima represión, a una reacción popular tan desesperada como explosiva y de consecuencias imprevisibles.

La MINURSO, Marruecos y el pueblo saharaui saben que el muro que divide el Sáhara Occidental no es impenetrable.

A recent 10-day naval exercise by Iran was intended to display a capability to close the strategic Strait of Hormuz should further sanctions be imposed that would affect Iran’s oil industry. The exercise was accompanied with the usual bluster, even threatening some unspecified action should the attack carrier USS John C. Stennis return to the Persian Gulf. Suffice it to say, the U.S. Navy will continue to operate its ships in international waters, which includes the Persian Gulf, whenever necessary to carry out its mission.

A more recent report indicates that Iran’s parliament is preparing a bill that would prohibit all foreign warships from entering the Persian Gulf unless they first request and receive permission from the Iranian navy. Such a flagrant violation of the internationally recognized “freedom of the seas” concept was likely sanctioned by the fanatical Ayatollah Ali Khamenei. It should be made patently clear to the Iranian theocracy that any interference with the peaceful movement of civilian vessels or warships in or out of the Persian Gulf will be considered an “act of war” and be dealt with promptly.

There should no doubt of our resolve and the U.S. Navy’s capability, along with our allies, to protect freedom of the seas and keep the Strait of Hormuz open. Soon the United States will have three carrier battle groups in the region: the USS Abraham Lincoln, USS Carl Vinson and the John C. Stennis. This awesome capability is similar to three battle groups we had assembled in August 1987, when we were prepared to shut Iran down for its aggressive actions in the Gulf reflagged tanker war, but could not get authorization to execute our plans. Had we attacked, we would not be in the position we are in today.

Now that all troops are out of Iraq, we still must not only address Iran’s latest maritime threats, but its expansionist agenda and its drive to achieve a nuclear weapons capability. The liberal foreign policy establishment has already leaped on the mistakes of the Bush administration for its controversial decision to invade Iraq as well as its conduct of the war. The case is being made that we should have learned our lessons and not forget the more than 4,400 American lives lost as well as the tens of thousands injured and the almost trillion dollars expended. They have a point. However, Iran was always the main threat.

There is no question that the bastion of democracy did not materialize in Iraq as the Bush administration has hoped. Instead, we now have an Iraqi administration, dominated by Iran, helped by the ineptness of the Obama administration.

The liberal foreign policy establishment thinks a wiser course for resolving our issues with Iran should be diplomacy rather than military action. They acknowledge that President Obama tried to engage the Iranian leadership with no preconditions, but was not only rebuffed, but ridiculed. Further, two letters said to have been sent to the Iranian leadership went unanswered.

The establishment should remember that Iran has been at war with the United States for more than 30 years. Its direct involvement in the bombing of our U.S. Marine barracks in Beirut in October 1983, as well as the Khobar Towers bombing of June 1996 in Saudi Arabia and the direct assistance it provided the Sept. 11 hijackers, cannot be dismissed. Nor can their direct assistance to the Iraqi militias, which accounted for many of the more than 4,400 fatalities we suffered.

With the latest Iranian bluster threatening U.S. warships, plus moving to declare de facto control over the entire Persian Gulf, the United States is being directly challenged. In the past when we have been challenged by the fanatical Iranian leadership, our leadership – from the Carter administration to the current one – has backed down. It is to be hoped that this great nation will not be let down again.

With our continued groveling, a window might be opened for direct negotiations, but what would it really mean? We are viewed by the fanatical mullahs as “infidels,” and therefore, any agreement would be meaningless. Furthermore, if our apparent negotiations with the Taliban are any indication of how the Obama administration would approach the Iranians, I fear “appeasement” would be the least of our concerns. Capitulation would most likely be the outcome.

At the end of the day, our issues with Iran can only be resolved by regime change. Our diplomatic and military actions must be coordinated to bring about such a change. They must include as a minimum the following:

c Bring action before the U.N. Security Council to condemn Iran’s latest potential intentions to interfere with either civilian or military ships transiting the Strait of Hormuz.

c Have the Security Council announce a declaration to keep the Strait of Hormuz open by all means available.

c Support the European Union in imposing sanctions on Iran’s oil industry both for exported and imported fuels.

c The U.S. and its allies should be prepared to enforce the “freedom of seas” concept throughout the Persian Gulf.

c The U.S. and its allies should be prepared to implement a coordinated strike plan against Iran’s nuclear infrastructure. Iran’s oil industry infrastructure should be held hostage to limit Iran’s response.

c The U.S. and its allies should be prepared to assist the “Green Revolution” opposition force uprising against the regime by both covert and overt means, including financial support.

Keeping the Iranian theocracy in power cannot be an option if any sense of stability is to be achieved in the Middle East. Further, any resolution of the Israeli-Palestinian conflict cannot be achieved with the Iranian theocracy remaining in power.

I laughed heartily as I read the news last night. British prime minister David Cameron accused my birth country, Argentina, of “colonialism” over the Falkland Islands. I originally read about his jibe on an Argentinian news site, and immediately searched for a report in English – I thought this had to be a hilarious “lost in translation” mistake. It wasn’t. Indeed, Cameron warned the British parliament: “What the Argentinians have been saying recently, I would argue, is far more like colonialism because these people want to remain British and the Argentinians want them to do something else.”

With this comment Cameron did a bit of historical “re-arranging the furniture”. He conveniently forgot to mention that the inhabitants of the Falkland Islands were expelled by an act of force in 1833, and the current population descends from the people brought by the British to replace the Argentinian inhabitants. By definition, this is an act of colonialism. Last night the Argentinian vice-president, Amado Boudou, hit back and qualified Cameron’s statements as “a fallacy, a clumsy outburst ignorant of historical realities”.

While I agree with Boudou that Cameron’s outburst is a fallacy, I believe this gauche pronouncement is a warning, and the product of fear. Cameron cannot possibly be afraid of a reprise of the 1982 war, which was a death rattle by a totalitarian dictatorship. However, he does seem to be afraid of the sudden and unexpected common front manifested in the actions undertaken by the member states of Mercosur to impede the entry to their ports of ships that fly the flag of the Falkland Islands.

Mercosur is an economic and political agreement between Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. Founded in 1991 by the Treaty of Asunción, its purpose is to promote free trade and the fluid movement of goods, people and currency among its member states. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador and Peru have associate member status, and Venezuela signed a membership agreement in 2006. For the past 10 years, Mercosur has been strengthening political co-operation and attempting to present a unified front on international trade and economic negotiations. However, its latest statement about the use of ports is a historical first. And ever since the leaders of Mercosur issued this joint declaration on closing ports, Cameron’s government has been escalating its fearful rhetoric.

Over a week ago Britain’s foreign secretary, William Hague, warned that the UK will resist any joint measures. The Uruguayan ambassador to the UK was summoned to the Foreign and Commonwealth Office for an explanation. Yesterday Hague started a visit to Brazil, where the Mercosur decision is said to have taken a central stage. His meeting with the Brazilian foreign minister, Antonio Patriota, must have been a disappointment, considering that Patriota issued this statement:

“Minister Hague knows that Brazil … supports the sovereignty of Argentina over the Malvinas and we support the United Nations resolution that calls for discussion about the issue with Argentina.”

Out of desperation and in a last attempt to change the outcome of this unusual united South American front, Cameron now warns about threats of colonialism and intervention. However, Cameron’s fear should also be contextualised on the home front. With his government marred by what Simon Hoggart defined as “unemployment figures climbing faster than a pantomime beanstalk”, Cameron must appear decisive on some front – any front. And unsurprisingly, his Falklands Islands bravado seems to have coincided with his crisis of credibility on the European Union. Nothing in Cameron’s outburst is fortuitous. Yesterday, as he posed for a photo op with the Italian prime minister, Mario Monti, he chose the occasion to issue more bombastic statements about the Falklands:

“The reason for holding a national security council – which also discussed other topics – is to discuss that issue, is to make sure nobody is in any doubt that Britain supports that right of self-determination, and we will go on doing so for as long as people in the Falklands want to continue in that way.”

If Mercosur presents a common front, Cameron will summon his European allies. However, despite Cameron’s histrionics, the weight of a South American alliance can never match the strength of the European Union and Nato. While many of us are observing this new form of political co-operation between members of the global south with increasing interest and enthusiasm, we should be afraid of a combined intervention by the UK and the European Union – more specifically their combined military, economic and sociocultural power, which has been used against many countries that defied colonial rule and western domination.

Leaving aside the legality of claims over sovereignty of the islands, Cameron is quick to emphasise his utmost respect for the self-determination of the Falklands inhabitants. His government should perhaps apply the same respect to the right of self-determination of South American nations, along with their wishes to associate and create alliances free from foreign intervention. After all, his government could start leading by example.

As the world finished celebrating the holidays of peace, the Iranian mullahs appeared again to be planting seeds of conflict in the Middle East. They have threatened to close the Strait of Hormuz, vital to global energy supply, as part of a military exercise. In doing so, Iran continues its high-stakes game of chicken with civilized countries around the globe.

While the United States can’t always stop foreign regimes from acting irresponsibly or irrationally, our lack of a comprehensive national energy policy can put our nation at inherent risk whenever dictators or tyrants decide to use their oil reserves as a weapon.

Iran’s capacity and willingness to block this strategic maritime passage carries global economic implications. Seventeen percent of the planet’s oil exits the Persian Gulf by way of the strait, and taking this supply off the market for any significant period of time would send shock waves around the world, propelling gasoline and heating-oil prices through the roof, wreaking havoc on already teetering national economies in Europe and here in North America and demonstrating to every industrialized nation that we remain vulnerable to rogue states that would do us harm.

Coupling this with the recent downing and capture of our Predator drone, it’s easy to conclude that any semblance of global stability has been set askew by Iran.

While some dismiss the mullahs’ activities as “saber rattling,” the overall instability in the region should give all Americans – and America’s allies – pause, especially considering our nation’s perilous position of energy dependence.

Thomas Friedman coined the phrase “petro-authoritarianism” for regimes that leverage their nation’s oil supply to enrich its leaders and strengthen its military to the detriment of the public’s general welfare. Iran’s mullahs certainly are not above such behavior, as evidenced by their aggressive use of oil profits to ensconce themselves in power as they pursue an ill-advised and globally threatening nuclear-weapons development program.

What’s more, with the recent withdrawal of U.S. and coalition troops from Iraq after nine years, the oil-rich region of southern Iraq is dangerously exposed to its revolutionary Iranian neighbors to the east. And though the United States retains significant strategic military capability in the region, there is little – short of war – that could be done to stop a zealous Iran from expanding its influence in Iraq. One has to wonder if the American military – or the American public – could stomach another long-term engagement in the region.

If the Iranians take any action – whether it’s an aggressive move into Iraq or a military exercise to shut down Hormuz – there would need to be a strong coordinated global response. There’s concern that any truly international multilateral response could be weak. Permanent U.N. Security Council members include those countries that may be conflicted on the Iranian issue as a result of their own strategic interests.

Famed philosopher George Santayana posited, “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.” For generations, the security and economic success of the United States has been dependent on the willingness of foreign – and often unfriendly – nations to sell their energy reserves on the global market. Predictably, we’ve paid a price for this dependency, from oil rationing during the world wars to the shortages of the 1970s and erratic price spikes in recent years. It seems that every time there is a global energy crisis, the debate for broader North American energy development increases, only to stall when the immediate threat simmers down.

Any national energy policy must include closer cooperation with our Canadian friends. Canada, a stable neighboring democracy with shared values, is an obvious ally as we look to mitigate risk. Canada, already our biggest energy partner, thinks it can send an additional 700,000 barrels of oil a day to U.S. refineries via the Keystone XL pipeline, nearly half of what the U.S. receives from the Persian Gulf. On the other hand, if the United States refuses to take on the additional Canadian oil supply, Canadian Prime Minister Stephen Harper has indicated his country will sell it to other countries, including China.

Additionally, the United States is blessed with considerable energy within its own borders and just off its coasts. It’s time to end the decades-long impasse and develop our domestic resources. Today, while U.S. companies are banned from coastal oil exploration, Cuba-sanctioned drilling is taking place just 50 miles from Florida. Natural-gas development is also possible throughout the Northeast and Midwest that could help power our nation and stabilize our economy while insulating us from geopolitical unrest. It is also vital for America to continue to innovate and invest in new energy technologies and research that possibly can create more efficient supply.

It’s time for the United States to act by strengthening its energy standing in the world. Doing so will fortify our economic and national security against unpredictable petro-authoritarians like those in power in Iran.

Se han cumplido ya 20 años desde que gracias a la mediación de la ONU, el Frente Polisario y Marruecos acordaran un alto el fuego que ponía fin a los enfrentamientos iniciados en 1975. Y ha pasado ya una década desde que el enviado personal del secretario general de la ONU, James Baker, presentara su primer plan de paz, que fue rechazado entonces por el Frente Polisario, que aceptó en cambio la segunda propuesta presentada dos años después, en 2003.

Por aquel entonces, cabe recordar, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba sus resoluciones sobre el Sáhara sin mencionar ya el referéndum prometido en el primer Plan de Arreglo de 2001, mientras que instaba a las partes a buscar una solución mutuamente aceptable.

Desde hace casi una década, pues, el Consejo de Seguridad se ha decantado porque las partes negocien una salida que no necesariamente ha de pasar por el referéndum, que ya no exige, mientras que se declara más bien favorable a explorar lo que podría dar de sí una fórmula de autogobierno dentro de un sistema de autonomía marroquí.

Entre junio de 2009 y julio de 2011 se han celebrado ocho rondas de negociación entre el Frente Polisario y Marruecos, sin que hayan avanzado lo más mínimo, hasta el punto de que Marruecos -que a partir de enero será miembro del Consejo de Seguridad por dos años- se ha negado a celebrar más reuniones por considerarlas estériles, dada la inamovilidad de las partes. Puede que al final se celebre una nueva ronda negociadora el próximo año, pero si no hay un cambio de posición de alguna de las partes, resultará también una ronda inútil, lo que nos lleva a un posible escenario de ruptura definitiva de las negociaciones. Mientras, la población saharaui refugiada en los campamentos de Argelia (llevan allí 36 años, más de una generación) ve perder su oportunidad de regreso a su tierra natal, por la falta de avances en la negociación. Así las cosas, convendría hacerse algunas preguntas en aras al realismo y con el ánimo de desbloquear la situación.

Hemos de partir del hecho incuestionable de que Marruecos no cederá bajo ninguna circunstancia a su propuesta de autonomía, y que el Consejo de Seguridad no impondrá nunca una solución distinta, guste o no. Simplemente es la realidad. Un reinicio de las negociaciones en 2012 debería partir de la propuesta marroquí de autonomía de 2007, que en un proceso negociador podría mejorarse. Pero es una negociación para conseguir un autogobierno que permita garantizar la identidad del pueblo saharaui, aunque sea dentro del Reino de Marruecos.

¿Significa esto que algunos saharauis han de renunciar a su deseo de independencia? La respuesta es que no, pero a partir de aceptar en primera instancia una fórmula de autogobierno. En España, hay sectores independentistas en el País Vasco y en Cataluña, pero expresan su proyecto de futuro aceptando una realidad autonómica, a la espera de que en un futuro se den unas mayorías y unas condiciones que hagan posible sus proyectos. En el Sáhara habría que partir de la misma base, con una población saharaui instalada en el territorio histórico, bajo soberanía marroquí, y con la libertad de expresión necesaria para que los sectores independentistas pudieran expresar sus anhelos, sin que las autoridades marroquíes ejercieran represión por ello. ¿Es esto viable? Nadie lo sabe con seguridad, pero las garantías de seguridad personal y de expresión son también un tema de negociación.

Para salir del atolladero hay que hacer nuevos movimientos y cambiar la perspectiva. En este sentido, sería interesante que el secretario general de la ONU convocara a Nueva York al rey de Marruecos y al líder del Polisario, Mohamed Abdelaziz, que por cierto lleva ya más de 35 años como secretario general del Frente Polisario. Necesitamos planteamientos nuevos y gente nueva. Al drama saharaui le falta renovación, y a los 20 años del alto el fuego, lo único que no es admisible es la vuelta a las armas. En los tiempos actuales nadie lo apoyaría y el Frente Polisario se quedaría solo y sin recursos. Sería suicida, y más dada la situación de inestabilidad que vive la región saheliana, con Al Qaeda de por medio.

Aceptar el autogobierno no es traicionar al pueblo saharaui. Pedir lo imposible y aceptar 30 años más de desierto es, en cambio, un mal favor a una población que tiene el derecho, después de tantos años, de retornar al Sáhara y ser protagonista de su destino, aunque inicialmente sea dentro del marco de una autonomía marroquí, eso sí, lo más avanzada posible. Quedará pendiente otro capítulo doloroso, que es el reconocimiento marroquí de que hace 36 años ocupó un territorio, desalojó por la fuerza a la mitad de su población y la bombardeó en su exilio. Una verdad histórica que será necesario admitir para empezar un lento pero necesario proceso de reconciliación.

Iran’s threat to close a vital international waterway if stricter sanctions are imposed on Iranian oil exports is more than just bellicose and provocative. It is also a test of U.S. will and commitment in the Persian Gulf at a time when our role in the region is changing.

The world has grown used to chest-thumping by Tehran, and there was nothing particularly noteworthy about the exercises conducted by Iranian armed forces last week to demonstrate their ability to close the Strait of Hormuz. But how the U.S. reacts to the threats is crucially important.

Iran’s large arsenal of mines would certainly present a challenge to shipping in the region if Tehran makes good on its threat. Iran has the ability to lay mines from many platforms: small boats, combatants, submarines, midget submarines, even merchant ships. And Western navies, including America’s, have long underinvested in minesweeping technology. The U.S. Navy and its allies would be challenged, therefore, to sweep the strait clear of mines laid in large numbers.

But there is no doubt that the United States can prevent Iran from closing the shipping route, through which much of the world’s oil travels. The U.S. and its allies could ultimately clear traffic lanes and destroy Iranian vessels attempting to lay minefields. As long as the major stakeholders in the global economy remain confident that the U.S. and its allies will keep the strait open, the impact of any Iranian attempt to close it will probably be mitigated.

It is important, therefore, for the United States to declare its commitment to using all necessary force to keep the Strait of Hormuz open. Such a declaratory policy would be explicitly defensive: If Iran violates international law by attacking shipping in transit through the strait, the U.S. will act in defense of international law to stop the illegal action and eliminate the capabilities of the violator to persist in such behavior.

Tehran would portray any such declaration as an act of aggression on the part of the “global arrogance” — as it calls the United States — and an escalation in the conflict. The Iranian regime has illegally seized a series of small islands in the strait belonging to the United Arab Emirates, and it uses them to claim that the whole Strait of Hormuz is Iranian territorial water. But even if Iran rightfully owned those islands, the argument that they constitute an archipelago under the principles of maritime law sufficient to grant Iran sovereignty over the strait is tenuous if not nonsensical.

International law has settled the question of who owns the strait: no one. All nations have the right of free transit for both military and civilian ships and aircraft. That is one reason it is important for the U.S. to announce its commitment now to defending international law by force if necessary.

Another reason to make such a declaration now is to ensure that Iranian bombast does not rattle the shaky global economy. The threat to close the strait is a form of terrorism aimed at generating a response based on fear rather than fact. The effectiveness of the terrorist tactic can be significantly reduced if the U.S. reassures the world that it can and will do what is necessary to keep international waterways open.

The last reason to make a strong declaration now is to eliminate one possible source of confusion between the U.S. and Iran during a time of rising tension. No American president would have any choice but to reopen the Strait of Hormuz and destroy Iran’s ability to threaten it further. But as tension between the U.S. and Iran increases, the risk of miscalculation will also increase. This is one of those moments when stability is best served by what might seem a provocative statement. The Iranian leadership at every level must be convinced that any attempt to close the strait will both fail and lead to disaster for Iran. The more the U.S. and its partners do to drive that fact home in Tehran, the less likely Iran’s leaders will be to try.

Iran’s leaders, finally, will look to actions behind America’s words. Now is the time to concentrate additional American naval and air power in the Persian Gulf region, as well as ensuring that U.S. forces already there have all necessary means of reconnaissance and surveillance to avoid surprises. If America’s ability to clear mines in the Strait of Hormuz is insufficient — as it appears to be — then we should immediately invest in that capability ostentatiously.

Some, even outside Tehran, would portray such actions as an escalation of conflict. They would not be. We must respond to provocation with absolute reassurance to the world that we will keep the strait open and with a stern warning to the Iranians that any attempt to close it will inevitably and disastrously fail. Displaying any kind of hesitation at this moment would be the real and dangerous provocation.

The past two weeks have seen a dramatic escalation in Iran’s war of words with the West.

Last Wednesday, Vice President Mohammad Reza Rahimi told Iran’s official news agency, IRNA, that new economic pressure currently being contemplated by the West would come at a steep cost. According to Rahimi, “not a drop of oil” will pass through the Strait of Hormuz — a key strategic waterway that serves as a conduit for as much as a third of the world’s oil — if additional sanctions are levied against the Islamic Republic for its nuclear program. Iran’s top naval commander, Admiral Habibollah Sayyari, has been even more explicit, warning publicly that his country stands ready to block the strait if necessary.

Iran has backed up these words with concrete action. On Dec. 24, it launched a very public 10-day naval war game in the strait. Dubbed “Velayat 90,” the exercise entailed a massive show of force intended to convey one clear message: that the Iranian regime is willing to shut down the Strait of Hormuz in the event of additional pressure from the West, or outright conflict with it.

Iran certainly has the ability to do so. As long ago as 2004, the U.S. intelligence community was estimating publicly that the Iranian regime could shut down the strait for brief periods of time, even with a Western military presence in the region. Additional investments in naval capabilities in the years since have only expanded Iran’s ability to choke off the flow of Mideast oil.

Doing so would have disastrous consequences, not least for Iran itself. The Islamic Republic currently ranks as the second largest producer in OPEC, exporting an estimated 2.4 million barrels of crude daily (mostly through the strait). In turn, oil and natural gas sales account for some 80 percent of the country’s hard-currency export earnings. A closure of the strait would be both self-defeating and ruinous for Iran’s energy economy.

But even as a bluff, Iran’s threats have a real impact. They have spooked jittery global markets and created a powerful disincentive for European nations to apply and enforce further economic pressure against Tehran. And while other Middle Eastern energy suppliers (most prominently Saudi Arabia) have pledged to offset any shortages that might result from Iran’s actions, those countries are also highly reliant on the strait to bring their crude to market — and would be neutered by its closure.

The West, in other words, needs to craft a strategic response to Iran’s brinksmanship. To do so, the United States and its coalition partners must convey two distinct messages to Tehran.

The first is that any attempt to close (or otherwise manipulate) the strait will be viewed by the international community as a casus belli. Iran’s leaders need to understand that a closure or narrowing of the strait, however temporary, would lead to an assumption of control of the waterway by U.S. and allied military forces. That, in effect, would make the very outcome that Iran is seeking to avoid — an embargo of its oil exports — a de facto reality, and put America and its international partners in an even more advantageous position to throttle the Islamic Republic economically.

The second is that the strait is not an exclusive Iranian purview. Tehran has long used its strategic geography to bully and coerce regional states dependent on the smooth flow of energy commerce. But this dynamic can be made to work against Iran as well. If Gulf states, working in concert with Washington, erect an independent security mechanism to police and monitor the strait, Tehran will find it much more difficult to use the waterway to its advantage.

Indeed, regional policy makers appear to be thinking much the same thing. The recent Gulf Cooperation Council summit meeting in Riyadh concluded with a communiqué from member states approving the creation of formal “union” — to include greater security cooperation and mutual defense against external threats (such as Iran). Helping Gulf nations translate that sentiment into a real architecture that constrains how the Iranian regime operates and exploits the strait should be a top priority for the United States.

Through their latest threats, Iran’s leaders hope to deter the international community from further expanding the economic pressure being levied in response to their persistent nuclear effort. That bellicose rhetoric is perhaps the clearest sign to date that sanctions are having a real effect on the Iranian regime — and that its leadership fears more of the same. Washington and its allies need to press their advantage by continuing to ratchet up economic penalties against Tehran. As they do, however, they also will need to craft a strategy for constraining Iran in the strait.

Tema: Los territorios de España en la costa africana son objeto de cíclicas reivindicaciones por Marruecos que afectan negativamente a las relaciones bilaterales hispano-marroquíes.

Resumen: El estatuto de las ciudades, islas y peñones de España en África es problemático, particularmente por lo que hace a las islas y peñones. En general, la posición de España sobre las reivindicaciones territoriales marroquíes ha sido reactiva, por lo que ha cedido la iniciativa siempre a Marruecos. En este ARI se propone que España tome una doble iniciativa: (1) diferenciar los estatutos entre las ciudades, por una parte, y los peñones e islas, por otra, con un desarrollo normativo interno específico para este último bloque de territorios; y (2) involucrar a la UE y eventualmente a Marruecos en la gestión medioambiental de las islas y peñones. De esta forma, la UE podría actuar de factor externo dulcificador de los temas territoriales bilaterales, que son los potencialmente más peligrosos para las complejas relaciones hispano-marroquíes.

Análisis

Una relación bilateral conflictiva, condicionada por la UE

Los incidentes de Agosto de 2010 en la frontera de Melilla[1] –que, junto a otros sucesos, llevaron a la anormal situación de un año sin embajador de Marruecos en Madrid– volvieron a poner de relieve los cíclicos problemas que las posesiones de España en la costa africana provocan en las relaciones con nuestro vecino del sur. Es cierto que las relaciones entre España y Marruecos –dos sociedades muy diferentes culturalmente, con malentendidos y aprensiones colectivas–[2] han sido tradicionalmente conflictivas y complejas, desde la independencia de este país en 1956, con ciclos de mayor o menor cooperación y conflicto. Estos ciclos tendrían como hitos la retrocesión de Tarfaya (1958), el conflicto y retrocesión de Ifni (1969), la Marcha Verde, los Acuerdos de Madrid y retirada española del Sahara (1975-1976), los continuos conflictos de pesca, el Acuerdo de Amistad y Cooperación de 1991, la crisis de 2001-2003 y la normalización iniciada en 2004, que ha llevado a la existencia hoy de una intensa colaboración bilateral con múltiples grupos de trabajo y comisiones mixtas en muy diferentes ámbitos.

De hecho, la mayoría de los aspectos conflictivos de las relaciones bilaterales han sido mediatizados por la participación de España y Marruecos en la UE, España como miembro desde 1986, Marruecos con un estatuto particular o especial, actualmente “Avanzado”. Esta involucración de la UE en lo que anteriormente eran temas puramente bilaterales –como, por ejemplo, los acuerdos de pesca– ha llevado a una sensible reducción de la conflictividad y, por tanto, ha aportado una mayor estabilidad a las relaciones en muchas temáticas.

Con todo, los temas territoriales permanecen enquistados en lo más profundo de estas relaciones, y pueden provocar –como ocurrió en 2002 con el conflicto de Perejil– una súbita escalada de conflictividad bilateral.

Los territorios en África, diversidad y terminología

España posee títulos jurídicos de soberanía, de diversa naturaleza, sobre determinados territorios en África, y que son objeto de permanente reivindicación marroquí. Se trata de la Ciudad de Ceuta, la Ciudad de Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alhucemas y las Islas Chafarinas.

A estas plazas, islas y peñones se suele unir el cuestionado islote de Perejil/Toura o Leila, cercano a Ceuta. Sin embargo, Perejil debe ser dejado al margen de este análisis territorial, ya que no entra en el conjunto de territorios referidos reivindicados por Marruecos, por entender que la isla o islote forma parte desde 1956 de su territorio. Pero, sobre todo tras los penosos incidentes de 2002, tiene desde ese año un régimen especial de no ocupación, con un nuevo estatuto internacional, al ser ahora reconocido por ambos Estados como un “territorio en disputa”.[3]

Por otra parte, las pretensiones marroquíes repercuten en la ausencia de delimitación de espacios marítimos, en particular en el Estrecho de Gibraltar, al estar la delimitación de estos espacios directamente vinculada a la presencia de las plazas y peñones referidos.

Estos territorios son conocidos bajo categorías y denominaciones diferentes. En realidad, se trata de territorios de muy distinta condición, pues tenemos junto a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, un peñón integrado en la costa marroquí (Vélez), otro peñón (que en realidad son tres islas en una bahía, Alhucemas) y un conjunto de islas cerca de la costa mediterránea marroquí y argelina (Chafarinas).

Para estas áreas del territorio español, las denominaciones que se utilizan son muy variadas, en ocasiones para referirse indistintamente a todos los territorios. Evidentemente, el uso de una u otra denominación no es cuestión neutral, y algunas arrastran la carga histórica, sobre todo militar, de estos territorios; en particular el término “presidios”, en ocasiones diferenciando los presidios mayores de Ceuta y Melilla, y los presidios menores de Vélez, Alhucemas y Chafarinas; “presidio”, prácticamente en desuso, hacía referencia a fortaleza que cumplía entre otras la función de cumplimiento de penas o de confinamiento.

Una denominación muy extendida como denominación genérica, aunque improcedente, es la de “enclaves”; su uso no es correcto jurídicamente, ya que un enclave debe estar completamente rodeado por el territorio de otro Estado, sin otra comunicación exterior que a través de ese Estado: la apertura al mar de las ciudades, islas y peñones, contiguos al territorio español, las excluye de este calificativo, que es aún menos apropiado legalmente si se completa como “enclave colonial”. En fin, aunque hoy constituyen un pleonasmo, ha sido común –así la Constitución española de 1931– referirse a las plazas y territorios “de soberanía”, probablemente para referirse a estas ciudades con estatuto diferente al de otras plazas o ciudades del protectorado español que no formaban parte del territorio nacional.

Marruecos, por su parte, utiliza indistintamente una batería de términos que subrayan un componente negativo o de ocupación ilegítima –enclaves, enclaves coloniales, presidios y territorios marroquíes bajo dominación colonial– o refiriéndose a las ciudades marroquíes e islas usurpadas, ocupadas o expoliadas en el norte del reino.

Además, Marruecos reivindica la existencia de un “contencioso territorial” con España, pretendiendo la retrocesión o al menos la revisión del estatuto de estos territorios.

Denominar el conjunto de los territorios de España en África como “ciudades, islas y peñones de España en el norte de África”, permite visualizar las situaciones diferenciadas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, por una parte; y la de los peñones e islas de Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas, por otra parte.

La evolución de los planteamientos de España y de Marruecos

Para España la mayoría de estos territorios forman parte del Reino desde su constitución como Estado, con presencia efectiva y continuada, y aunque en algún período histórico se ha cuestionado internamente su españolidad o propuesto su abandono, el planteamiento constante es el de pertenencia plena al Reino, cuyo territorio no está definido en la Constitución de 1978. Mantienen por tanto el mismo estatuto desde su integración en la Corona (por diversos modos de adquisición del título de soberanía, de origen histórico, cesión, conquista y ocupación de estos territorios, entre los que no figura una previa cesión por la entidad soberana preestatal marroquí); razón por la cual esta condición de parte del territorio nacional no se vio afectada por la existencia del Protectorado.

Hay que señalar que, jurídicamente, la posición española con sus diversos títulos de adquisición de soberanía y tratados de límites fronterizos de los siglos XVIII, XIX y XX, es sólida en Derecho Internacional, y de hecho nunca han sido territorios considerados internacionalmente como colonias o territorios no autónomos. Pese a la diversidad de los títulos de soberanía y de la naturaleza de los diferentes territorios, España mantiene una posición idéntica sobre todos ellos.

Para Marruecos, la no aceptación de sus fronteras fundacionales de 1956 es la consecuencia de un nacionalismo con componentes de irredentismo territorial, en busca de la consecución de las fronteras “históricas” y su “unidad natural” en un “Gran Marruecos”; en este sentido, la Constitución marroquí de 2011 (art. 42) se refiere a las “fronteras auténticas” del Reino de Marruecos. Este planteamiento identitario conlleva una permanente reclamación territorial hacia España, en búsqueda de la integridad territorial (tras Tarfaya, Sidi Ifni y el Sáhara), lo que supone que estos territorios deban volver algún día a la “madre patria” marroquí. Para Marruecos los tratados firmados antes de su independencia son el resultado de una política de fuerza micro-imperialista, por lo que en Derecho interno ha adoptado normas que no reconocen la soberanía ni jurisdicción territorial o marítima española de los territorios en la costa africana; tenemos un ejemplo reciente en la Declaración efectuada al ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, recordando la marroquinidad de estos territorios y el no reconocimiento de la “ocupación” española de los mismos, lo que motivó una Comunicación española sobre esta Declaración.[4]

El planteamiento jurídico-político puramente descolonizador, reivindicando las “últimas colonias en África”[5] no parece hoy activo. Es cierto que recurrentemente Marruecos ha reivindicado desde 1960 en distintos foros de la ONU su reclamación sobre Ceuta, Melilla y otros territorios. Sin embargo, si Ifni y el Sáhara español fueron incluidos en la lista de territorios no autónomos y por descolonizar, en cambio, las ciudades, islas y peñones nunca han entrado en dicha lista. Marruecos lo intentó formalmente en 1975, aunque el Comité no respondió a esta solicitud, que quedó frustrada; y desde entonces no ha vuelto a plantear abiertamente una solicitud de descolonización ante el órgano competente de la ONU, aunque puede reactivarla en cualquier momento y recabar los apoyos internacionales obtenidos en su día (OUA/UA, Liga de Estados Árabes y Unión Parlamentaria Árabe). En cualquier caso, en el marco del Derecho Internacional, parece jugar más el principio de integridad territorial, reclamado por Marruecos y por España al mismo tiempo, que el principio de libre determinación de los pueblos coloniales.

Es interesante destacar que una línea estratégica de la política exterior marroquí ha consistido en comparar las situaciones de Gibraltar con las de Ceuta y Melilla; pero esta comparación parece ahora abandonada. Se trata probablemente de una consecuencia colateral del desarrollo del gobierno autónomo gibraltareño y de la constatación de la necesidad de la autodeterminación interna en las negociaciones hispano-británicas, problemática que probablemente no es de interés proyectar tal cual sobre Ceuta y Melilla.

La reivindicación marroquí reiteradamente ha manifestado que busca una solución por medios pacíficos y no por la fuerza, en negociación bilateral con España. Aunque esta línea se rompió con la ocupación militar de Perejil en julio de 2002, parece recuperada en la fase actual de las relaciones, en la que Maruecos apuesta por un “diálogo honesto, franco y abierto sobre el futuro” que “garantice nuestros derechos de soberanía y que tenga en cuenta los intereses de España”, como afirmó el Rey Mohamed VI en 2007. En cualquier caso, España siempre se ha opuesto a tratar bilateralmente la temática territorial con Marruecos en negociaciones directas sobre las ciudades y, en particular, rechazando la creación de la “célula de reflexión” propuesta por el rey Hassan II en enero de 1987 y reiterada en la ONU en 1995.

En la evolución histórica, la entrada de España en las Comunidades Europeas/UE y la aplicación del Derecho comunitario en Ceuta y Melilla, expresamente previstas en el Acta de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas (Arts. 25 y 155 del Acta de Adhesión y Protocolo nº 2), ha objetivamente reforzado la condición de estos territorios bajo soberanía española. Por lo que hace a las islas y peñones, aunque no se mencionaron en el Acta de Adhesión, forman parte de la UE desde el momento de la integración del “Reino de España”, por lo que al conjunto de los territorios se aplica el Derecho Comunitario, con especificidades. Además, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha determinado la aplicación al territorio del Reino de España (y por tanto también a todos sus territorios en el norte de África) de la cláusula de defensa mutua del Art. 42.7 TUE, lo que abre el paraguas de protección ya existente en el marco de la OTAN a Ceuta y Melilla. Igualmente, la adquisición del Estatuto de Autonomía de las ciudades en 1995 ha reforzado su particular condición en el seno de la organización territorial española.

Lo cierto es que Marruecos parece preferir ahora el término “anacronismo” para reclamar la finalización de la ocupación española, en lugar de “descolonización”, si bien en ocasiones utiliza mediáticamente el comparativo colonial: así en noviembre de 2007 con motivo de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, el primer ministro de Marruecos se refirió a la descolonización pendiente, comparando la Palestina ocupada con las ciudades de Ceuta y Melilla y las islas mediterráneas.

Por tanto, hay que contar con que siempre, dado el planteamiento territorial marroquí en el que la recuperación de Ceuta y Melilla es un “objetivo nacional”, se tratará de un tema abierto, y condicionado por factores internos e internacionales, abocado a provocar períodos de conflicto y cooperación en nuestras relaciones bilaterales con Marruecos, aparte de su utilización por Marruecos como medio de presión al hilo de otros asuntos. En este orden de ideas, hemos de asumir en la actualidad y previsible futuro un planteamiento marroquí que conjuga la reivindicación simbólica y, al mismo tiempo, la cooperación con España. Ejemplo de este planteamiento podríamos verlo en las protestas referidas por la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en 2007, seguidas a los pocos meses de la IX Reunión de Alto Nivel, con la celebración del calificado como mayor acuerdo financiero jamás suscrito por España.

Y aunque los planteamientos de Marruecos no van a alterarse, en el caso de España se puede introducir una dimensión diferente de acción exterior para incorporar estabilidad y seguridad en este decisivo componente de las relaciones bilaterales.

Separar el estatuto legal de las ciudades, del de las islas y peñones

La estabilidad hispano-marroquí en estos temas territoriales sólo puede venir de la mano de alternativas que exploren iniciativas, en un tema muy incómodo para España, pero que dada la reivindicación permanente marroquí, España puede y debe afrontar. En este campo se han barajado académica y políticamente muchas hipótesis.

La que en estas líneas se propone es la de diferenciar los territorios legalmente en dos bloques, y la de introducir en la gestión de uno de ellos a la UE, y, eventualmente, a Marruecos.

Así, se trataría en primer lugar de llevar a cabo unilateralmente un replanteamiento interno de nuestros territorios en África, diferenciando los estatutos internos, por una parte, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, que son ya entes territoriales sui generis con un estatuto particularizado –y que no es formalmente el de Comunidades Autónomas–, y, por otra parte, de los peñones e islas (Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas, Perejil excluido), sin estatuto legal evidente.

Este punto de partida obedece a la realidad jurídico-política diferente de ambos bloques de territorios y a una urgente necesidad de actuación española, pues el “bloque” de los peñones e islas tienen un estatuto internacional delicado y una muy endeble regulación en Derecho interno español.

En efecto, la posición española tiene un flanco discutible o polémico en el estatuto internacional de los peñones e islas. En particular, e independientemente de su manifiesta vulnerabilidad, plantean inconvenientes graves de delimitación terrestre –en el caso del Peñón de Vélez la creación de un istmo de arena en 1934 creó un problema de delimitación fronteriza por tierra con Marruecos– y marítima. A esto se añade una de por sí difícil explicación y justificación política, habida cuenta de su proximidad a la costa marroquí (Islas Chafarinas a dos millas de la costa, y Peñón de Alhucemas con sus dos islotes deshabitados a una distancia entre 200 y 800 metros de tierra firme), o incluso su integración en el mismo territorio terrestre (caso del Peñón de Vélez), aparte de la inexistencia de actividad económica ni población civil, y hoy única presencia militar. Aunque estas evidencias geográficas y militares tienen buena defensa desde el Derecho, la lógica de los medios de comunicación y de los foros intergubernamentales puede ir en contra de la lógica jurídica que España pueda esgrimir.

Pero, sobre todo, las islas y peñones son un caso único en España, pues tienen un indefinido estatuto jurídico interno. No sólo la Constitución no los menciona, sino que están completamente fuera de la organización territorial del Estado –autonómica, provincial, municipal y de las Ciudades Autónomas– con expresa exclusión en 1995 de las Leyes Orgánicas que aprobaron los Estatutos de Ceuta y de Melilla.[6] Así, el déficit regulador es aún más llamativo desde la entrada en vigor de los Estatutos de las dos ciudades, que han dejado a islas y peñones, por exclusión, dependiendo única y directamente del gobierno central. En realidad, se trata de territorios que no figuran explícitamente como “españoles” o “de España” en ningún texto relevante, siendo áreas del territorio que integran el Reino, administradas directamente por el gobierno/administración central.

Sin duda, la regulación más detallada es (o era) la militar, pero incluso aquí se observa un progresivo retraimiento normativo de Defensa en su regulación, que ya no contempla expresamente a las islas y peñones. No obstante, es cierto que las Islas Chafarinas tienen la especificidad normativa de constituir un Refugio Nacional de Caza,[7] que tras ser administrado por el ICONA, hoy lo es por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, quien gestiona la administración, conservación y uso público desde Madrid. Pero en la práctica es el Ministerio de Defensa la única administración efectiva y sobre el terreno sobre todos estos territorios.

Este vacío regulador en Derecho español de los peñones e islas provoca incertidumbre en muchos ámbitos: el reconocimiento y delimitación de espacios marinos y de aguas jurisdiccionales o de seguridad, la jurisdicción interna española aplicable –aparte de la militar– y la no previsión legal de actuación administrativa o de protección del medio ambiente en los peñones de Alhucemas y Vélez.

Así, para encarar estratégicamente el problema de los territorios de España en África, primero debería confirmarse claramente un estatuto jurídico diferenciado de los peñones, islas e islotes, con un nuevo régimen común regulador para Vélez, Alhucemas y Chafarinas; quedaría así contrapuesto a lo anterior, el estatuto diferente que de hecho actualmente poseen las dos Ciudades Autónomas.

Además, un diferente régimen jurídico interno para los peñones e islas tendría un efecto de compartimentación legal y política; ayudando, por ejemplo, a prevenir que, de entrada, un pequeño incidente, eventual crisis o cuestionamiento de estos territorios “menores” afecte directa y automáticamente a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, al no tener España claramente diferenciado el estatuto territorial interno de las islas y peñones en África.

La involucración de la UE

En segundo lugar, la separación de regímenes puede abrir la vía a la intervención de alguna forma de la UE en las islas y peñones, pues el marco interno diferenciado podría permitir una actuación de la UE específica, en particular en materia de medio ambiente. Incluso podría por hipótesis contemplarse una cierta asociación institucional de Marruecos en la gestión y aplicación transfronteriza de las normativas medioambientales de Marruecos, España y la UE a estas islas y peñones y su entorno –sin incluir a Ceuta y Melilla–.

De hecho, en materia medioambiental ya se aplica normativa europea en las Chafarinas, dado su altísimo valor ecológico, pues es un espacio natural protegido designado en 1989 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) al amparo de la Directiva 79/409/CEE. Además, desde 2006 es un Lugar de Interés Comunitario (LIC).[8]

Pero la temática territorial ya ha incidido negativamente en una mayor protección de Chafarinas, pues su constitución como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM-SPAMI), promovida en 2003, fue rechazada, argumentando la Secretaría del Convenio de Barcelona[9] que esta propuesta debía de ser formulada conjuntamente, por ser un área transfronteriza o sometida a una cuestión territorial; se trata de la evidencia de la necesidad de articular una cooperación con Marruecos, aunque sólo sea a efectos de protección medioambiental de estas islas. Igualmente nos encontramos con otro ejemplo de afectación negativa de la protección del medio ambiente en la decisión de excluir las Chafarinas del borrador de la Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente que establece la primera red de protección de aves marinas.[10]

Pero una estrategia de participación de la UE en la gestión compartida –sin afectar a la soberanía española– necesita, claro, un cierto acuerdo político con Marruecos. Sin embargo, éste no requiere forzosamente de tratados internacionales; tampoco es necesario acudir al instrumental de soft law que hemos desarrollado con el Reino Unido para el caso de Gibraltar, y con los que se ha tratado, mediante declaraciones y comunicados conjuntos, de establecer soluciones de cooperación práctica. Basta acudir a los medios que nos proporciona la Política Europea de Vecindad para desarrollar una cooperación transfronteriza en el marco de la acción exterior de la UE con el socio privilegiado que es Marruecos. De hecho, existe una tradición de cooperación transfronteriza en el marco europeo a través de varios Programas (MEDA, INTERREG, principalmente), en particular desde Andalucía.

El marco actual de la cooperación transfronteriza con Marruecos viene constituido por el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), que es el que permite encuadrar programas operativos conjuntos de cooperación. En este marco se nos ofrecen instrumentos y procedimientos de cooperación y gestión compartida, que de hecho están aplicándose en el Programa IEVA de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea 2007-2013, en el que participa España pero no Marruecos.[11] Este instrumental y estructura de gestión y administración común del IEVA son particularmente de interés para eventualmente localizar una cooperación hispano-marroquí medioambiental –materia que es prioritaria en el IEVA– en las islas y peñones.

Precisamente las cuestiones territoriales parecen ser las que han impedido que Marruecos acepte colaborar en los programas transfronterizos propuestos por España (Proyectos Andalucía-Área del Estrecho-Marruecos Norte y Costa Atlántica-Canarias-Marruecos Sur) en este marco de la IEVA. Los programas no fueron presentados en plazo, probablemente tanto por la inclusión de Ceuta y Melilla como zonas elegibles en el Norte, como por las salvedades de la Comisión respecto a las regiones del Sáhara en el proyecto del Sur de Marruecos. Las dotaciones fueron entonces reconducidas[12] al instrumento FEDER del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008-2013.[13]

Estas experiencias demuestran que Marruecos está dispuesto, por cuestiones territoriales, a renunciar a la cooperación con España y con Europa, ya en el marco internacional de protección del medio ambiente, ya en el marco UE de Vecindad y Cooperación transfronteriza. Igualmente que España renuncia a articular medidas internas de protección del medioambiente en “el territorio jurisdiccionalmente español en el Norte de África”[14] por razón de las reclamaciones marroquíes sobre estos territorios.

Precisamente, una mayor claridad de la posición legal interna sobre las islas y peñones y una abierta propuesta española de cooperación conjunta podría cambiar esta situación, y permitir una específica cooperación bajo normativa europea, iniciativa española que podría incluso llevar a crear un instrumento específico ad hoc para esta puntual cooperación transfronteriza hispano-marroquí. Esto podría permitir focalizar una actuación específica de cooperación y gestión común, por ejemplo, medioambiental, en las islas y peñones, lo que introduciría la novedad de un vector de intervención europea en lo que hasta ahora es una pura cuestión territorial bilateral. De esta forma, podría promoverse con Marruecos una específica cooperación en este grupo de territorios de las islas y peñones de España con estatuto interno español diferenciado y de alguna forma vinculado a la UE. Esta cooperación –no con las ciudades, sino con las islas y peñones– extraería de la dinámica puramente bilateral este aspecto de la cuestión territorial, incorporando así un cierto factor añadido de estabilidad para estos territorios.

Conclusión: Las pretensiones marroquíes otorgan a nuestros territorios en África un condicionante conflictivo único en nuestra política exterior. El caso de Perejil ilustra la sorprendente facilidad con que Marruecos y España asumieron tanto el empleo de fuerza armada como los consiguientes riesgos de escalada. La cuestión territorial confiere además una permanente inseguridad e inestabilidad al conjunto de las relaciones hispano-marroquíes. No obstante, la estrategia española –incluida la Estrategia Española de Seguridad–[15] no parece ser la de encarar explícitamente y sin complejos el problema.

En nuestra opinión, tomar la iniciativa legal de regular diferenciadamente nuestros territorios en África, y de involucrar a la UE –y en su caso a Marruecos– en el ejercicio de ciertas funciones en estos territorios, puede ofrecer un futuro marco de cooperación y estabilidad en las relaciones hispano-marroquíes.

La compartimentación normativa de las ciudades, islas y peñones en dos bloques con estatutos diferentes, podría ofrecer respuestas diferenciadas ante las reclamaciones marroquíes: si hoy por hoy la posición española sobre Ceuta, Melilla, islas y peñones es muy similar, un deslinde de territorios en la costa africana podría llevar a afrontar el espinoso pero inevitable aspecto de la reivindicación territorial marroquí, por una parte aislando la situación de las Ciudades Autónomas, plenamente integradas en la estructura autonómica, y, por otra parte, ofreciendo un marco de cooperación focalizado en islas y peñones, con intervención europea.

Esta propuesta permitiría a España tomar la iniciativa en estas cuestiones, en lugar de la política tradicionalmente seguida, que es reactiva: posición inmóvil a la espera de acontecimientos que luego obligan a una reacción y escalada. El tradicional planteamiento español no afronta la realidad de que se pueden producir cambios en la situación de las dos ciudades, por ejemplo, con la reconversión y modificación de sus respectivos Estatutos en Comunidades Autónomas (como prevé la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución) o con el traspaso de alguna competencia de gestión sobre las islas y peñones. Y que, de todas formas, dado el carácter esencial para la identidad marroquí de esta reclamación, el tema será objeto de reivindicaciones y escenificaciones constantes, con el riesgo de potenciales conflictos. Además, esta problemática territorial puede verse fácilmente contaminada por otros factores internos o internacionales, como la evolución de la situación del Sáhara o la puesta en marcha del nuevo proceso de “regionalización” en Marruecos, sin olvidar el impacto de la evolución de las controversias sobre Gibraltar, referente diferente pero inevitable.

La secuencia histórica de las relaciones bilaterales con Marruecos nos indica que la involucración de la UE en determinados temas dulcifica las asperezas bilaterales, haciendo descender la conflictividad hispano-marroquí allí donde entra el Derecho de la UE. Se trataría, por tanto, de introducir el aspecto territorial –que es el más conflictivo– en esta dinámica y, dentro de los temas territoriales, seleccionando los peñones e islas que ofrecen el flanco más problemático, planteando un marco nuevo y de futuro a estos fragmentos de Estado que cambie el sentido político y estratégico de su mantenimiento por España que, hoy por hoy, únicamente parece ser el de barbacana política de Ceuta y Melilla ante las reivindicaciones marroquíes. En suma, esta alternativa persigue una inteligencia de involucración de otros actores y de disminución de riegos, lo que puede plantear un futuro de mayor estabilidad al aspecto más problemático y voluble de nuestras complejas relaciones bilaterales con Marruecos.

[1] Comunicado 58-2010 del 2/VIII/2010 del MAEC en respuesta al comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos sobre un incidente ocurrido en el paso fronterizo de Tarhana en Melilla, http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Comunicados/Paginas/58comunicado20100802.aspx.

[2] Expresión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, del 4/VII/1991, BOE del 26/II/1993, Principio General 8, http://www.boe.es/boe/dias/1993/02/26/pdfs/A06311-06314.pdf.

[3] Comunicado de prensa conjunto hispano-marroquí del 22/VII/2002, hecho público por la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores.

[4] BOE nº 274 del 13/XI/2009, pp. 95491-95492, Comunicación de España del 10/IX/2008. relativa a la declaración formulada por Marruecos el 31/V/2007.

[5] Intervención del presidente de gobierno marroquí en la Asamblea General de la ONU, 29/IX/1995.

[6] Se suprimieron las referencias a Perejil y al Peñón de Vélez del Art. 2 del Estatuto de Ceuta, tras la Nota Verbal marroquí del 5/I/1987, que ya no aparecen en la Ley Orgánica 1/1995 de 13 de marzo (BOE nº 62 del 14/III/1995); también se suprimieron las referencias a las Islas Chafarinas y a Alhucemas en el Estatuto de Melilla (Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, BOE nº 62 del 14/III/1995).

[7] Creado por el RD 1115/82, BOE nº 130 del 1/VI/1982.

[8] Conforme a la Directiva 92/43/CEE, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, designándola la Comisión europea como LIC (ES6300001) en julio de 2006.

[9] Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, ratificado por España en Noviembre de 1998, BOE del 18/XII/1999.

[10] http://www.marm.es/es/biodiversidad/participacion-publica/PP_borrador_orden_zepa_marinas.aspx.

[11] Aunque está prevista su intervención, Programa Transfronterizo Cuenca Mediterránea aprobado por la Decisión de la Comisión C (2008) 4242, del 14/VIII/2008. Marruecos se ha adherido al Programa pero no ha firmado el Convenio de financiación (www.enpicbcmed.eu).

[12] Para no perder las dotaciones financieras y permitir la continuidad de la cooperación anterior 2000-2006, principalmente del Programa INTERREG III-A España-Marruecos, que incluye el Proyecto de la Creación de la Reserva de la Biosfera Transcontinental CRBT Andalucía-Marruecos, presentada a la UNESCO como primera reserva transcontinental del mundo, www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web.

[13] www.poctefex.eu.

[14] Expresión del Consejo de Estado, “Informe sobre las competencias de las distintas administraciones territoriales y órganos de la administración general del Estado en materia de protección de hábitats y especies marinas y de declaración y gestión de áreas marinas protegida”, Informe nº E 2 /2005 del 19/VII/2006, p. 31.

[15] Estrategia española de Seguridad- una responsabilidad de todos, aprobada por el Consejo de Ministros el 24/VI/2011

A pesar de los esfuerzos por mirar hacia otra parte y procurar no soliviantarse en exceso por los manejos británicos en la bahía de Algeciras, no pueden ni deben pasar inadvertidos por la gran influencia que ejercen sobre los gibraltareños. Este y otros aspectos del asunto confirman que cualquier solución del contencioso que sea realista y aceptable para España tiene que contar con el Campo de Gibraltar. Hasta épocas muy recientes esta causa unía a los españoles. Por desgracia, hoy en la zona, y como consecuencia de la errática y perturbadora política seguida durante décadas por nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, se advierten grietas en la opinión incluso dentro del Campo de Gibraltar. Hay quienes opinan que apoyar en todo a la Roca es imprescindible para aliviar la desigualdad económica entre la colonia y el «hinterland». Parece casi lo último que cabía esperar, aunque ya sabemos que este es un país donde los terroristas se aceptan como los buenos y en el que los colonialistas van convirtiéndose poco a poco en libertadores. Mientras tanto, Gibraltar se regodea con su situación y practica audazmente que lo pequeño es grande, y lo anómalo, ventajoso.

El Campo de Gibraltar ha contado siempre con ideas valiosas para hacer más viable la reivindicación española de la Roca. Es verdad que las soluciones a las que me refiero nunca se han adoptado por las autoridades nacionales, pero no lo es menos que tampoco han perdido vigencia. La propuesta más antigua y que ahora rebrota en la comarca es la de establecer una zona franca contigua a la colonia cuyo objeto principal sea elevar el nivel de vida de los campogibraltareños y al mismo tiempo doblegar el contrabando que origina Gibraltar. Evidentemente, si por lo menos se consiguiera que en el municipio inmediato, La Línea de la Concepción, no hubiera un solo precio de cualquier mercancía superior al que tiene en Gibraltar, otro gallo nos cantara. Así, por añadidura, se pondría fin a la vergonzosa irregularidad de que haya británicos que compren en España y vendan en la Roca productos españoles a la vez que vetan que se puedan adquirir también en la zona.

La segunda propuesta fue estudiada y preparada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en la época del ministro Castiella: crear una provincia que abarque desde Tarifa hasta Ronda y Estepona, formada por municipios de Cádiz y Málaga. El fracaso obligado de esta solución merecería un relato tan detallado de sus altibajos y curvas como los veraniegos artículos eróticos de Muñoz Molina.

Tras la transición a la democracia, la convicción de que la humillante situación presente era ya insostenible en el último cuarto del siglo XX se reflejó en la posibilidad, recogida en el texto de la Constitución, de crear en la zona una autonomía por el estilo de las que disfrutan las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Plenamente funcional y, al mismo tiempo, punto final de este lamentable asunto. La provincia no, pero la autonomía hubiera podido conjuntarse con un Gibraltar que disfruta de bastante menos libertad que Mónaco, y no digamos que Andorra. La presunción de europeísmo de unos ciudadanos encaramados en una roca nuclearizada con su base naval adjunta parece fruto del delirio de una mente descompuesta, sobre todo porque ambas partes enfrentadas pertenecen a la misma alianza militar.

Por último, otra nueva idea presente actualmente conjuga varias ventajas sobre las citadas antes, y ni implica privilegio como la zona franca, ni establece competencia con ninguna otra unidad administrativa similar como sucede con la provincia ni permite confundir la funcionalidad de una autonomía con el encasillamiento de modos de vida, identidades, valores y presiones contra el diferente, que tanto desfiguran la actual distribución del poder territorial en España. Se trata, además, de una idea que comprende tres cualidades: se basa en una realidad preexistente, requiere un esfuerzo constructivo mínimo y depende primordialmente de los campogibraltareños.

La bahía de Algeciras destaca en España por su belleza, pero también por su utilidad. Sobre la primera cualidad hay que advertir que hemos hecho casi todo lo posible por rebajarla y hasta destruirla. Las hermosas playas y las desembocaduras de los ríos Palmones y Guadarranque han sido maltratadas por los abusos de quienes decidieron o se aprovecharon del actual uso industrial preferente en la bahía. En un momento determinado de los años 60 estaban vivas las opciones de dedicar la bahía al turismo o a la explotación industrial, y se optó por la segunda. Tal vez hubiera sido mejor la primera, pero, por desgracia, preferirla habría sido una quijotada inútil. Nuestros vecinos de Gibraltar tiraban entonces directamente a la bahía todos sus residuos, tanto biológicos como industriales. En esas condiciones se decidió instalar una refinería, y tras ella vinieron otras industrias. Como consecuencia, la bahía ya no es lo que era, pues constituye la base del desarrollo que se ha registrado en la zona, aunque facilita los abusos de la colonia británica en lo que se refiere a la venta directa de petróleo a los barcos que se estacionan en las aguas adyacentes a la Roca, que son de titularidad española.

Aun así, la gran bahía sobresale pujante y hermosa como la Plaza Mayor que es del Campo de Gibraltar. Sus costas son compartidas por los cinco municipios siguientes: Algeciras, Los Barrios, San Roque, La Línea de la Concepción y Gibraltar. Todos ellos tienen población urbana distribuida en sus costas respectivas, y el total suma más de 257.713 habitantes; y lo que más importa: apenas hay solución de continuidad territorial entre estas diversas zonas urbanas. El Campo de Gibraltar de hoy es el mismo que nació en 1704, pero a una escala mucho mayor. Sigue siendo el histórico porque, salvo Gibraltar, los otros cuatro municipios fueron fundados después de la pérdida de la colonia, que cuando pasó a manos inglesas tenía alrededor de cinco mil habitantes.

Esta simple observación es muy reveladora, porque sin el nombre de tal los municipios citados poseen un carácter unitario de ciudad. Para completar el diseño de este casco urbano le sobran recursos técnicos a España, que tiene allí incluso una incipiente organización territorial propia con el nombre de Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar. Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y Tarifa abarcan, a su vez, la mayor parte rural del Campo de Gibraltar, con 58.872 habitantes.

Junto con la gran ciudad de la bahía, o de la gran bahía, hay que diseñar también el futuro de todo el territorio. La historia y la geografía han abierto un nuevo horizonte en beneficio de esta zona andaluza. El asunto de Gibraltar, que ha defraudado siempre las expectativas de esta población, lo ha hecho poniendo al descubierto lo que estábamos haciendo mal. La por tantos motivos deseable existencia de una ciudad costera de la bahía de Algeciras con medio millón de habitantes está al alcance de la mano. Sería la tercera o la cuarta ciudad de Andalucía por población y estaría entre las mayores de España. Las consecuencias demográficas, económicas, culturales, políticas e incluso logísticas de su consolidación se adivinan fácilmente. Hay que luchar por este logro, pero en caso contrario la misma dinámica demográfica puede completar el proyecto. La demografía nunca falla.

As U.S. Secretary of Defense Leon Panetta tours Asia this week, he will find a region increasingly nervous about its future. Not unlike Europe in the late 19th century, nations large and small are seeking to enmesh themselves in webs of protective relationships that in turn feed the insecurities of others. The result is a worsening of the risk cycle and the increased possibility that miscalculation or nationalist fervor will trump common sense.

How reducing the Pentagon’s planned expenditures by nearly $500 billion over the next decade will limit the U.S. ability to maintain stability in Asia is a major concern of Asian states and should be a central part of the American debate over the next several years.

The cause for most of the worry in Asia is not simply the growth in Chinese military power over the past decade. Rather, it is the ways in which China is now exercising its new abilities. In particular, given the importance of trade routes, the expansion of the Chinese Navy’s operations throughout the East and South China Seas is causing alarm.

In the East China Sea, where both the United States and Japan maintain significant naval forces, China has largely limited itself to probing around the territory of Japan and ostentatiously sending flotillas through waterways near Japanese islands. Yet a near crisis last year over Japan’s detention of a Chinese fishing vessel in waters around the strategically important Senkaku islands revealed that Beijing was not afraid to take on the region’s largest democracy.

By comparison, the smaller nations of Southeast Asia field a very limited naval presence in the waters that lead to the Malacca Strait and link the western Pacific to the Indian Ocean. In the south, Chinese ships have been far more active and have been charged with interfering with vessels from nations ranging from the United States to Vietnam. In one incident in June 2010, an armed Chinese maritime fisheries vessel trained its gun on a smaller Indonesian naval ship that had detained a Chinese private fishing boat in Indonesian waters.

Even the Indian Navy has felt China’s presence, with one of its vessels purportedly being challenged recently on the high seas after making a port visit to Vietnam.

However, China’s growing assertiveness is not being ignored by its neighbors, no matter how outgunned they may feel. Last month, the Philippines and Japan announced that they would undertake increased joint naval exercises and institute regular talks between maritime defense officials. In a meeting between the two countries’ leaders, the issue of freedom of navigation and stability in the South China Sea was among the key issues discussed.

Manila has claimed that China is interfering with its exploration for oil, while Japan’s worries about possible threats to free transit through strategically important waterways is pushing it to contemplate a larger role outside its traditional maritime neighborhood of Northeast Asia.

Nor have China’s moves resulted in a response from only Asian nations. This past July, the U.S. Navy conducted noncombat training exercises with Vietnam, continuing a trend of expanding maritime exercises with Southeast and South Asian nations, including Malaysia, Cambodia, India and Bangladesh.

Even more important, the United States and Australia have agreed to dramatically deepen their military cooperation, with U.S. forces getting access to Australian bases and the right to store supplies on the continent, along with more joint exercises and training.

Looked at from a height, Southeast Asia is increasingly resembling a multiplayer chessboard, where different players ally with each other at the same time, moving pieces around to try to secure territory. In this case, the jockeying occurs largely over contested 200-mile exclusive economic zones, guaranteed to countries by the United Nations Convention on the Law of the Sea. Territorial disputes over the numerous islets of the South China Sea have created a patchwork of overlapping claims, including Beijing’s own over the entire sea.

The competition over territory masks a larger issue, that of the balance of power in Asia. Beijing is trying to shape a favorable balance of power in the region by preventing smaller nations from allying with each other or creating effective partnerships with larger powers like the United States.

For all the increased joint training between the U.S. Navy and Southeast Asian states, China’s leaders may be calculating that Washington simply won’t go so far as to extend security guarantees to them. That would ultimately leave China as the dominant naval power in a region that expects a continued decline in the United States’s strength and ability to maintain its presence in Asia.

Whether things get out of hand in Asia seems increasingly to depend on China’s future actions toward its neighbors.

China’s leadership change planned for next year will be a period of potential instability and delicacy. An insecure or weak leadership may try to buttress its position by pushing its claims even further and harassing its neighbors. Alternately, many analysts in Washington and Asia fear that the Chinese military will have greater influence over the new leaders, and will be in a position to act on the aggressive statements sometimes made in the Chinese media by senior officers.

The resulting insecurity will only highlight the role that the United States continues to play in maintaining stability, and the dependence Asian nations large or small have on the forward presence of the U.S. Navy, Air Force and Marines. How to keep a credible U.S. presence in Asia under a significantly reduced military budget is the new challenge for Mr. Panetta. The answer, unfortunately, may well rest with Beijing.

La primavera árabe nos ha dejado un mensaje muy claro: el pueblo debe hablar. En el norte de África y en Oriente Próximo, el pueblo clama por su derecho a elegir sobre su futuro.

Pero existe un lugar en el que ese grito desesperado está siendo silenciado. El territorio del Sáhara Occidental, la última colonia de África, se halla bajo ocupación marroquí desde 1975. Hoy, el pueblo saharaui sufre represión, violencia y encarcelamiento si trata de reclamar sus derechos. Esto incluye su derecho fundamental a decidir el futuro de su país. Este derecho ha sido refrendado en repetidas ocasiones por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por extensión, por Estados Unidos.

Se han producido manifestaciones y protestas en el territorio desde el pasado mes de noviembre, pero han pasado prácticamente inadvertidas porque el Gobierno marroquí impide el acceso al Sáhara Occidental a toda la prensa internacional. La misión de paz de Naciones Unidas en el territorio no tiene potestad para monitorizar la situación de los derechos humanos. Ningún país en el mundo reconoce la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y, a pesar de ello, se permite que continúe.

Hoy estoy en Nueva York para dirigirme a la IV Comisión de las Naciones Unidas como un ciudadano de a pie que, cansado de ver cómo la injusticia perdura ante la pasividad de sus Gobiernos, se siente en la obligación de recordarle a sus líderes sus responsabilidades y para pedirles que:

1. Finalmente se dé la oportunidad al pueblo del Sáhara Occidental de votar libremente sobre su futuro, como garantiza el plan acordado con el respaldo de Naciones Unidas.

2. El mandato de la misión de paz en el Sáhara Occidental incluya la monitorización y protección de los derechos humanos básicos del pueblo saharaui.

Es extraordinario que sea la única misión de paz de Naciones Unidas desde 1978 que no incluya la monitorización de los derechos humanos. La ONU prometió al pueblo del Sáhara Occidental la autodeterminación en 1991, cuando el Plan de Paz acordado entre Marruecos y el Frente Polisario, que representa al pueblo saharaui, fue refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU. El Plan de Paz establecía la organización de un referéndum en un plazo de seis meses para decidir si el Sáhara Occidental debía ser independiente o formar parte de Marruecos. El referéndum nunca se convocó. A pesar de haberlo acordado, Marruecos hoy se niega a tener en cuenta siquiera la posibilidad de llevar a cabo un referéndum en el que se vote la independencia. Han transcurrido décadas de negociaciones en Naciones Unidas, se han adoptado numerosas resoluciones, pero la triste realidad es que el mundo no ha hecho nada para implementar lo que todos habían acordado: que el pueblo pudiera votar de forma libre y justa.

En vez de utilizar su asociación privilegiada con Marruecos para influir en el progreso de la situación del Sáhara Occidental, la Unión Europea elige ignorar la disputa y centrarse en las oportunidades comerciales. Por ejemplo, la UE paga a Marruecos para poder pescar en las aguas del Sáhara Occidental, infringiendo la legalidad internacional. Mi propio país debe hacer un examen de conciencia: como expotencia colonizadora, España debería ser el primero en presionar a la Unión Europea para que busque una solución. En lugar de ello, España elige proteger el acceso de su flota pesquera a las aguas del Sáhara Occidental.

Mientras Marruecos trata de posponer las negociaciones auspiciadas por la ONU e instala a colonos marroquíes en el territorio, 150.000 refugiados saharauis languidecen en campos de refugiados en el desierto del Sáhara, donde buscaron refugio tras la invasión de 1975. He tenido la oportunidad de visitar esos campos. La dignidad y el valor de los refugiados no pueden ocultar el desesperado sufrimiento que soportan, ni la desesperación de un pueblo al que la comunidad internacional prometió una libertad que nunca ha llegado.

Esta situación es vergonzosa. Pero tenemos la oportunidad de cambiarla. El enviado especial Christopher Ross ha estado trabajando para forjar un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario. Estados Unidos y Naciones Unidas deben decir a Marruecos que ha llegado la hora de permitir que el pueblo saharaui decida su futuro. Marruecos no puede retrasar este proceso indefinidamente, u ofrecer una aparente autonomía al territorio, que sigue estando lejos del derecho a votar por su independencia. En su discurso del 19 de mayo, sobre el futuro de Oriente Próximo, Obama mencionó varias veces la autodeterminación: el pueblo debe poder decidir su futuro. Esto es todo lo que reclama el pueblo saharaui. Se les ha prometido, pero se les ha negado continuamente. Treinta y seis años después, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene la posibilidad de cambiar esta terrible injusticia. Que hable el pueblo.

Tema: Desde octubre de 2010 Costa Rica y Nicaragua se encuentran enfrentadas en un litigio en la desembocadura del río San Juan. Este nuevo trabajo es la continuación del publicado en febrero de 2011 sobre el tema[1], y parte de analizar las medidas cautelares emitidas por la Corte Penal Internacional en el mes de marzo.

Resumen: La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las medidas cautelares ha sido una victoria relativa para Costa Rica, porque si bien prohíbe la presencia de cualquier tipo de personal en la zona, no se reconocen los daños sobre el río Colorado ni se sanciona el dragado del río San Juan por parte nicaragüense, al considerarlo concluido. Las disposiciones de la CIJ permitieron inicialmente calmar la tensión y mostrar confianza en la normalización las relaciones bilaterales. Pero a pesar de ciertos avances, como en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el área fronteriza, las provocaciones y acusaciones han continuado. De momento, cada gobierno se reafirma en sus posiciones y se observa una clara tendencia a ganar tiempo en espera de un fallo favorable de la Corte a sus posiciones particulares. Sin embargo, la coyuntura centroamérica, con las serias amenazas planteadas por el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, dificulta el mantenimiento de políticas basadas en el aumento de la tensión birregional.

Análisis: El 18 de noviembre de 2010, Costa Rica inició un proceso contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya alegando la incursión, la ocupación y la utilización de una minúscula isla fluvial costarricense, ubicada en la desembocadura del río San Juan, por parte del ejército de Nicaragua. Así fue como denunció a su vecino por dos incidentes separados: fuerzas nicaragüenses ocuparon su territorio para conectarlo con los suyos mediante la construcción de un canal que va desde el río San Juan hasta la laguna los Portillos (conocido también como la laguna de Harbor Head), y realizaron trabajos de drenaje en el río San Juan. La primera incursión tuvo lugar el 18 de octubre de 2010, en la que supuestamente Nicaragua taló árboles y depositó sedimentos por los trabajos de dragado; el segundo el 1 de noviembre cuando otro contingente de tropas nicaragüenses entró en territorio costarricense y estableció un campamento. Además, según el gobierno de San José, el dragado y la construcción del canal podrían afectar al cauce de las aguas del río Colorado, y causar daños mayores en los humedales y el ecosistema localizados en la región.

Costa Rica también solicitó a la CIJ una serie de medidas cautelares con el fin de evitar daños mayores, mientras la resolución del caso, a cargo del mismo alto tribunal, quedara pendiente de resolución definitiva. Así, Costa Rica solicitó las siguientes medidas:

• la inmediata e incondicional retirada de todas las tropas nicaragüenses de territorio costarricense;
• el cese inmediato de la construcción del canal a través de territorio costarricense; el cese inmediato de la tala de árboles, la remoción de la vegetación y de las tierras;
• el cese inmediato del vertido de sedimentos en Costa Rica;
• la suspensión de los trabajos de drenaje nicaragüense que llevaron a la ocupación de una parte del territorio de Costa Rica y a cometer posibles daños en el caudal del Río Colorado, de soberanía costarricense;
• la abstención de Nicaragua de cualquier otra acción que pudiera perjudicar los derechos de Cosa Rica y agravar la actual disputa.

Casi cuatro meses después, el 8 de marzo de 2011, la Corte emitió una resolución sobre las medidas cautelares planteadas por Costa Rica contra Nicaragua. De este modo acordó que:

1. las dos partes implicadas deberán abstenerse de enviar o mantener en el área en disputa, personal ya sea civil, policial o de seguridad, bien hasta que la disputa se haya resuelto en base a los méritos del caso o bien hasta que las partes hayan llegado a un acuerdo sobre el particular. En ausencia de cualquier tipo de fuerza de seguridad y para prevenir las actividades criminales en la zona las partes deberán cooperar con el fin de no provocar daños mayores e inalterables.

2. No obstante el punto anterior, considerando que conforme a la Convención Ramsar Costa Rica tiene bajo su responsabilidad el humedal Caribe Noreste – situado en el territorio en disputa y uno de los dos humedales del área conocida como isla Portillos- y está en posición de proteger dicho humedal de daños irreparables, Costa Rica está habilitada para enviar personal civil encargado de la protección medioambiental. Esto deberá ser hecho previa consulta con la Convención Ramsar y habrá que notificar a Nicaragua, además de tratar de encontrar soluciones conjuntas con Nicaragua al respecto.

3. Ambas partes deberán abstenerse de cualquier acto que pueda agravar o extender la disputa y dificultar su resolución.

4. Costa Rica y Nicaragua deberán informar a la Corte sobre su conformidad con las medidas provisiones adoptadas por la Corte.

Sobre la solicitud de Costa Rica de detener la apertura del canal artificial, la tala de árboles y el lanzamiento de sedimentos del dragado del río San Juan a la isla, la Corte concluyó que no era necesario dictar dichas medidas por considerar que las labores habían finalizado, según había informado el gobierno de Daniel Ortega durante las comparecencias ante la CIJ que se celebraron en enero. Además, en dichas comparecencias las autoridades nicaragüenses manifestaron su intención de no enviar ni mantener personal en el área en disputa. Con respecto a los posibles daños en el río Colorado, pese a la denuncia costarricense, la Corte no apreció un riesgo inminente e irreparable sobre sus aguas.

La Corte concedió además la plausibilidad al reclamo de soberanía que hizo Costa Rica sobre isla Portillos, el área en disputa. De este modo, Costa Rica tendrá tiempo hasta el 5 de diciembre de 2011 para presentar los alegatos escritos, en una memoria, que sustentan su demanda. El país demandado, Nicaragua, deberá responder en una contramemoria con un plazo que finaliza el 6 de agosto de 2012.

Ha sido una victoria, aunque no contundente, de Costa Rica, sobre todo por la plausibilidad concedida por la Corte a su soberanía sobre el territorio en disputa y la disposición de prohibir cualquier tipo de personal en la zona. Pero el no reconocimiento de daños en el río Colorado, disposición que puede volver a reclamar, y la no disposición de medidas contra las labores de dragado por considerarlas concluidas han mermado las peticiones de San José. Sobre todo teniendo en cuanta algunas noticias son confirmar sobre posibles nuevas labores de dragado en la desembocadura del río San Juan.

En cualquier caso la decisión sobre las medidas cautelares de la Corte es inapelable. Ambas partes se comprometieron a acatarla y manifestaron su confianza en que ésta permitiera normalizar las relaciones bilaterales. Las primeras reacciones de ambos presidentes y de miembros de los gobiernos de los dos países en litigio revelaron una inicial satisfacción en los dos bandos implicados, aunque cada uno le diera su personal punto de vista a las disposiciones adoptadas por el alto tribunal internacional. Ambas partes se presentaron como vencedoras ante sus opiniones públicas, en un intento por reforzar sus frentes internos: Ortega porque está inmerso en una larga campaña electoral que culminará con las elecciones el 6 de noviembre; Chinchilla por el paulatino retraimiento del apoyo a la gestión de su gobierno mientras que las únicas mejorías sobre su labor corresponden precisamente a los días posteriores a la detonación del conflicto con Nicaragua. En ambos casos apelaron a la vena patriótica

Del lado nicaragüense, su presidente Daniel Ortega dijo que no había ganadores ni perdedores, pero destacó que la Corte no mencionara la palabra “invasión”, en contra de las denuncias costarricenses. En igual sentido se expresó el ex comandante sandinista Edén Pastora (conocido en su día como Comandante Cero), el máximo responsable de la obra de dragado del río San Juan, que dijo que la sentencia de la CIJ no les acusaba de invasores pero “regañaba” a Costa Rica para que no siguiera profundizando en el conflicto limítrofe. El vicepresidente Jaime Morales, aseguró que la sentencia favorecía sin la menor duda a Nicaragua y se mostró a favor de restaurar las deterioradas relaciones bilaterales entre ambas naciones centroamericanas.

Por parte costarricense, la presidenta Laura Chinchilla afirmó que la resolución fue una contundente victoria para su país, mientras que el embajador de Costa Rica ante la OEA (Organización de Estados Americanos), dijo que la orden de no incurrir en actos que agraven el conflicto equivalía a ponerle un freno a Ortega. Además, el gobierno de San José tuvo la sensación de haber logrado algo que ni la OEA pudo realizar: que Ortega ordenara a sus tropas sacar los pies del territorio de la disputa. La presidenta de Costa Rica consideró además que se estaban dando las condiciones para normalizar las relaciones con Nicaragua y, tras efectuar varios sobrevuelos a la zona en conflicto una vez conocido el fallo judicial, confirmó que no había presencia nicaragüense en el área en disputa. Ortega había retirado a los militares nicaragüenses de un territorio del que juró que nunca saldrían.

Tras el fallo

La sentencia del CIJ ratificó para algunos costarricenses la vieja y tradicional idea de que su país no sólo no tuviera, sino también que no necesitara, un ejército para cuidar sus fronteras. Sin embargo, para muchos otros costarricenses el conflicto con Nicaragua, al que hay que sumar las amenazas del narcotráfico, habría dejado en evidencia la necesidad de hacerse cargo de unas mínimas condiciones de protección del territorio y defensa nacional. La propia presidenta Chinchilla reconoció que Costa Rica había descuidado sus fronteras, no sólo las territoriales, sino también las aéreas y marítimas. De esta manera, el conflicto fronterizo con Nicaragua desencadenó la creación de una nueva Policía de Fronteras en Costa Rica. No se trataba precisamente de la creación de una nueva unidad dentro de las fuerzas de mantenimiento del orden público, sino de la reactivación de la Policía de Fronteras que fue desactivada durante el pasado gobierno. La vuelta a la actividad de dicho cuerpo fue anunciada el año pasado por la administración de la presidente Chinchilla después de estallar el conflicto con Nicaragua.

No faltaron diputados de la oposición que en contra de la opinión gubernamental se mostraron renuentes a apoyar este presupuesto extra de cerca de un millón de dólares para reforzar la seguridad en la frontera. Este enfrentamiento en el seno del Parlamento de Costa Rica debe ser visto en el contexto no del enfrentamiento bilateral sino en la dura lucha entre el gobierno y la oposición, que ya se materializó en agudos enfrentamientos parlamentarios y en la negativa de la oposición a reforzar al gobierno en el frente fiscal, autorizando aumentos de impuestos o mayores gastos.

El primer contingente policial costarricense se movilizó el 31 de marzo de 2011. De este modo, 153 oficiales empezaron a desempeñar funciones de vigilancia en la zona limítrofe con Nicaragua y también en la frontera con Panamá. Pero también para luchar contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de personas, que son los principales problemas fronterizos a los que se enfrenta el gobierno de Costa Rica y que son comunes a todos los países de la región, incluyendo México. También hay que subrayar que la colaboración binacional en materia de lucha contra el narcotráfico se mantuvo durante todo este tiempo en un marco de mutuo respeto, con la colaboración de la PCD (Policía de Control de Drogas) costarricense con la policía de drogas de Nicaragua, sin perjuicio del conflicto que ambos países estaban protagonizando, como afirmó el entonces ministro de Seguridad de Costa Rica, José María Tijerino. Además de la creación de este nuevo cuerpo, San José anunció el desarrollo de políticas de seguridad y paz para los próximos 10 años.

A pesar de la inicial calma tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia, poco tiempo después empezaron los cruces de acusaciones entre ambos gobiernos por las violaciones del espacio aéreo propio por parte del país contrario. También hubo ciertas declaraciones de miembros del gobierno de Chinchilla sobre la posibilidad de que Nicaragua hubiera instalado minas en la frontera del área en disputa y la consiguiente declaración de la posibilidad de enviar zapadores costarricenses a inspeccionar la región. Nicaragua rechazó la acusación y subrayó que las posibles municiones que se pudieran encontrar en la zona pertenecerían a grupos relacionados con el narcotráfico. Sin duda las actitudes de ambos gobiernos empezaban a ir contra el inicial espíritu de diálogo.

Pero no fue hasta abril cuando la tensión se elevó peligrosamente. Costa Rica envió funcionarios, junto a delegados de la Convención Ramsar de protección de humedales, a evaluar presuntos daños ambientales como consecuencia del dragado del río San Juan. Managua rechazó la misión ambiental, argumentando que se había violado su espacio aéreo y que también se vulneraba lo ordenado el 8 de marzo por la CIJ (punto 1 de las medidas cautelares), pero Costa Rica se remitió al mismo dictamen judicial para justificar su envío (punto 2 de las medidas cautelares).

La delegación medioambiental debía evaluar los daños y definir el programa de trabajo destinado a proteger el humedal. Pero el equipo enviado a la frontera no lo tuvo fácil. Algunas manifestaciones de jóvenes sandinistas en la desembocadura del río San Juan, según consta en la protesta del ministerio de Asuntos Exteriores de Costa Rica ante su homólogo nicaragüense, acosaron a los técnicos costarricenses supuestamente apoyadas por el gobierno de Ortega para impedir el trabajo de evaluación.

El gobierno de Nicaragua contrarrestó los efectos de la misión medioambiental con el anuncio realizado pocos días después de la implementación de un plan de protección y restauración de sus propios humedales ubicados en la desembocadura del río San Juan. De acuerdo con un informe oficial publicado en el portal electrónico gubernamental “El 19 digital”, el plan lo ejecutarán el ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua junto a organismos no gubernamentales ambientalistas.

A pesar de las acusaciones mutuas y de la creciente tensión existente, ambos gobiernos accedieron a reunirse el 12 de abril en la que sería la primera reunión bilateral en seis meses. Previamente y tras las sentencia del CIJ hubo un encuentro en la capital Guatemala en el  marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que abrió la expectativa de un posible encuentro entre el presidente de Nicaragua y la de Costa Rica, reunión que finalmente no se produjo. Esta nueva cita tenía como principal objetivo debatir acerca de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el cordón fronterizo con Nicaragua, según lo estipulado en las medidas cautelares de la CIJ (punto 1 de las medidas cautelares: “en ausencia de cualquier tipo de fuerza de seguridad y para prevenir las actividades criminales en la zona las partes deberán cooperar”), y no sobre el conflicto fronterizo propiamente dicho. Ambos países acordaron utilizar como plataforma el mecanismo de facilitación ofrecido por Guatemala y México a principios de año.

La desconfianza marcó el encuentro bilateral, en el que ninguna de las dos delegaciones aceptó cruzar la raya que marcaba el límite fronterizo entre ambos países creando cierto desorden y retrasando la cita. La desconfianza también se hizo evidente porque no llegó a ser una reunión a nivel de cancilleres, quedándose finalmente en una reunión de carácter técnico. La idea era aprobar un protocolo de acción para combatir de forma coordinada el tema del crimen organizado en la zona. Se buscaba coordinar esfuerzos contra las bandas de narcotraficantes que operan en la aislada y deshabitada zona fronteriza de selvas y humedales, utilizada por los carteles mexicanos para transitar la droga desde Sudamérica hacia Norteamérica.

Al final, los participantes resaltaron la voluntad para seguir conversando y acordaron volverse a reunir a principios de mayo, pero esta vez en territorio neutral, en Antigua (Guatemala). Para ello se aprovecharía la plataforma de facilitación de México y Guatemala, y más si se tiene en cuenta que ese último país ostentaba entonces la presidencia del SICA. Allí finalmente se acordó y se firmó un acuerdo de seguridad en el que se “establecen los principios y procedimientos para concertar las acciones necesarias para prevenir y enfrentar a la delincuencia trasnacional en el citado territorio”. Sin duda un sólido paso para avanzar en acuerdos para combatir al crimen organizado transnacional de manera conjunta.

Centroamérica

Todos subrayaron la importancia que el acuerdo tenía no sólo para Costa Rica y Nicaragua, sino también para América Central, una región azotada por la violencia de las maras, de los grupos de narcotraficantes y por otras formas de crimen organizado. Los facilitadores del encuentro, Guatemala y México, se encargaron de resaltar las ventajas potenciales de una solución al problema bilateral. A Guatemala, como presidencia pro témpore del SICA, le interesaba promover un acuerdo que pusiera de manifiesto las grandes dimensiones que está adquiriendo el narcotráfico y el crimen organizado en toda la región. Pero además, el especial interés de Guatemala en ayudar a la solución del conflicto, desde que asumió la presidencia del SICA en enero de 2011, responde, en buena medida, a la necesidad de evitar que el contencioso interfiriera, al desviar la atención de los gobiernos regionales y de las opiniones públicas, en su esfuerzo por sacar adelante la Estrategia de Seguridad Centroamericana – aprobada en abril de 2011 – y su presentación en una cumbre centroamericana de seguridad.

El estancamiento de las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua ha repercutido de forma negativa en el proceso de integración centroamericana que la región intentaba relanzar después de que éste quedara paralizado en 2009 a consecuencia del golpe de estado perpetrado en Honduras y que le costó el cargo a Manuel Zelaya. A la última cumbre centroamericana, celebrada el 16 de diciembre de 2010 en Belice, sólo acudieron cuatro de los ocho gobernantes convocados. Los presidentes de Costa Rica y Nicaragua estaban entre los mandatarios ausentes.

Sin embargo, cuando la presidente Chinchilla llegó al poder hizo gala de un discurso centroamericanista, además de declarar que uno de los objetivos de su gobierno sería recomponer las relaciones con Nicaragua, desgastadas por la tensa relación personal entre el ex presidente Óscar Arias y Daniel Ortega. De hecho, como presidente electa, una de los primeros actos que realizó fue una gira por Centroamérica. También como presidente electa anunció el importante paso de volver a la Comisión de Seguridad de Centroamérica del SICA, de la cual Costa Rica se había retirado durante el gobierno de Óscar Arias. Pese a ello, los incidentes en la frontera, que se desencadenaron justo cuando Ortega luchaba por asegurar su candidatura a la reelección, congelaron la agenda bilateral con Managua y enfriaron los contactos con el Triángulo Norte.

El acuerdo sobre la cooperación en materia de crimen organizado y narcotráfico firmado por San José y Managua abrieron nuevamente las expectativas centroamericanistas. El punto álgido fue la celebración en junio de 2011 de la Cumbre de Apoyo a la Estrategia de Centroamérica celebrada en Guatemala. Todos los países e instituciones participantes, entre ellos España y la UE, consiguieron alertar sobre lo que hay en juego en la región y tanto Laura Chinchilla como Daniel Ortega subrayaron los problemas de seguridad y la necesidad de atacarlos La costarricense propuso además la creación de un fondo de compensación destinado a lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Centroamérica. Una lucha que en la cumbre apareció como un frente común, y que es además el principal éxito de la reunión: la unidad. A partir de ahora queda mucho por hacer, por poner en práctica las propuestas y por empezar a recoger los frutos a corto y medio plazo, como se subrayó en el discurso de cierre de la cumbre.

Conclusión: Las medidas cautelares dispuestas por la CIJ no han sido capaces de poner fin a las fricciones, aunque leves, en isla Portillo. Si bien se puede interpretar como una victoria por parte de Costa Rica al admitir sus denuncias y reconocerla como responsable de los humedales del área, no ha castigado a Nicaragua por las labores de dragado que dieron pie a la disputa por considerarlos concluidos. Costa Rica además no ha sido capaz de demostrar los daños medioambientales que asegura que producen en las aguas del río Colorado, bajo su soberanía.

Al menos parece que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado van por el buen camino tanto a nivel regional como bilateral. No hay olvidar que es un tema que se ha vinculado al litigio en los humedales de isla Portillo desde el comienzo. Sin embargo, estos avances por sí solos no acaban de poner paz y calma en el área en disputa. El junio, Costa Rica volvió a acusar a Nicaragua de violar las disposiciones ordenadas por la CIJ. Después de varios avisos, el gobierno de San José denunció ante la Corte las esporádicas incursiones de integrantes de la Juventud Sandinista en el área en disputa. Dichas expediciones se suelen extender durante dos o tres días en isla Portillo y sus integrantes suelen izar la bandera nicaragüense y celebrar festivales en los que cantan y gritan consignas de soberanía con la intención de provocar a los vecinos, según afirman las autoridades de Costa Rica. Además, éstas también ven la mano del gobierno sandinista detrás de estos actos de provocación.

El anuncio formulado reciententemente por Edén Pastora, según habría recogido un medio de comunicación, acerca de la llegada de un tercer barco para continuar con el dragado del río San Juan en el cauce fronterizo con Costa Rica, provocó cierta extrañeza del lado costarricense. Principalmente porque las medidas cautelares que se anunciaron en marzo tuvieron en consideración el hecho probado de que las labores de dragado por parte nicaragüense habían finalizado. Sin embargo, hasta la fecha esta información no ha podido ser confirmada.

Por el contrario, en estos meses también se han dado algunos pasos positivos. Entre ellos se puede destacar el mensaje conciliador de la presidencia de Costa Rica hacia el gobierno vecino, al enviar una nueva embajadora, a la que Nicaragua recibió con beneplácito. También, aunque con más precaución, la propuesta de Daniel Ortega a  su homóloga costarricense, para la formación de una “brigada de ambientalistas” latinoamericanos para “proteger y desarrollar” el área en disputa.

En el futuro próximo es esperable más de lo mismo: la alternancia de hechos positivos con otros negativos, o, dicho de otra manera, de constantes avances y retrocesos, aunque en ningún caso se eleve hasta altos extremos la tensión. Aunque puede a medida que se acerquen las próximas elecciones presidenciales nicaragüenses, cuya primera vuelta tendrá lugar el 6 de noviembre de 2011, haya provocaciones por la evocación nacionalista en la búsqueda de votos. No debe olvidarse el carácter anticonstitucional de la candidatura de Daniel Ortega y la circunstancia de que el conflicto con Costa Rica ha permitido al actual gobierno a distraer a parte de su opinión pública de algunos de los problemas legales y políticos  que tanto le afectan. Mientras tanto, tampoco se pueden dejar de lado los avances logrados en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Another major border dispute has broken out between Israel and Lebanon, one that offers each country the choice of sharing prosperity or inflicting on each other an economic catastrophe. The Israeli Cabinet on Sunday approved the coordinates of an exclusive economic zone delineating waters up to 200 nautical miles off its coast in which it claims oil and gas exploration rights. The borders of the area overlap with those submitted by the Lebanese government six months ago to the United Nations in delineating its own claims for an exclusive economic zone. The overlap area in dispute consists of about 5.8 square miles.

What makes the dispute particularly charged is that probes in the past year by offshore rigs in Israeli waters south of the disputed area have uncovered vast reserves of natural gas and oil valued at many billions of dollars, with a potentially far-reaching impact on the Israeli economy.

When Israel first announced these finds, Lebanese officials claimed that the waters were Lebanese and that Israel was stealing its resources. Israeli officials in turn warned that any attempt by Lebanon – or the dominant Hezbollah faction – to strike at the offshore facilities would elicit “strong” retaliation. In the Lebanese proposal submitted to the U.N., there is, in fact, no claim on the area where Israel has already discovered gas, but there is evident hope in Beirut that similar finds will be made in its own waters.

Although animosity between Israel and Hezbollah keeps them constantly on the edge of armed conflict, the very vulnerability of oil rigs to land-based missiles or airstrikes would be a major restraining factor for both sides. Unlike Israel, Lebanon does not have any oil rigs off its coast, but it is clearly in Israel’s interests that Lebanon eventually does make significant underwater finds. It would be clear then to the Hezbollah leadership and Lebanon’s business community that any strike on Israel’s oil facilities would bring the immediate destruction of Lebanon‘s. If this deterrent did not exist, Israel’s facilities would be at constant risk.

In the wake of the dramatic gas discoveries in Israel’s waters, Lebanon hired a Norwegian firm to conduct a seismic survey on the border of Israel’s claimed exclusive zone.

Both Israel and Lebanon have concluded agreements with Cyprus regarding the western edge of their respective exclusive economic zones. But the maritime border between Israel and Lebanon has never been established. Israel is demanding that the dispute with Lebanon be settled in direct negotiations. However, Lebanon does not recognize Israel and is leaving the matter to be resolved by the U.N.

For long, a country’s territorial waters extended only three nautical miles from the shore, the effective range of a cannon shot. In 1982, a U.N. convention on the Law of the Sea extended territorial waters to 12 miles and established for maritime countries exclusive economic zones extending 200 miles offshore except where there is overlap with a neighboring country’s claims. Australia has the third-largest exclusive economic zone off its shores, behind only the United States and France. One of the major extant disputes is that between China and neighboring countries over the area of the Spratly Islands in the South China Sea.

The United States, the European Union and Russia don’t seem to agree on much these days. But in the volatile South Caucasus, they concur that Armenia and Azerbaijan need to sign an agreement on Friday if they are serious about finding a peaceful solution to the decades-old Nagorno-Karabakh conflict.

President Dmitri Medvedev of Russia has invited the Armenian and Azerbaijani leaders to the city of Kazan on Friday and expects they will finally put their signatures on a “basic principles” text they have been wrangling over since 2007. This will be the ninth meeting that Medvedev hosts with his Caucasian counterparts.

To some, the deal on the table may not seem like much. After all, it would still only mark the start of a process, not its conclusion. But if Medvedev can get them to put ink to paper, it will be a rare and significant step forward in this confrontation and a validation of the Russian leader’s persistence.

The signs seem promising. In a strongly worded statement issued at the May G-8 summit meeting in Deauville, France, Presidents Obama, Medvedev and Nicolas Sarkozy of France, representing the mediators of the “Minsk Group” charged with settling the dispute, highlighted the Kazan meeting and demanded no further delay. Indeed, time is running out because this autumn campaigning will begin in the region and in the Minsk Group countries for 2012 and 2013 elections, thus complicating matters for some and driving the issue lower on the priority list for others.

Nagorno-Karabakh has been pushed down the ladder for too long. It has often been described as a “frozen conflict” ever since a cease-fire deal was signed 16 years ago leaving Armenian forces in control of the mountainous territory and surrounding areas, at least 13 percent of Azerbaijan’s territory. However, shooting across the line has been killing dozens of people every year. Both Armenia and Azerbaijan have been trying to outdo each other buying sophisticated weapons — with Azerbaijan spending as much on arms as Armenia’s total state budget — in expectation of a major war. Pressure to reverse the status quo by force is especially increasing in Baku, Azerbaijan’s capital.

A final settlement would allow some 600,000 internally displaced people to return to their homes and offer a sense of security for the approximately 150,000 people currently living in Nagorno-Karabakh. It would put an end to fears of a regional war, in which, because of existing security accords, Russia could step in on Armenia’s side and Turkey on Azerbaijan’s, and Iran would be unlikely to stay on the sidelines. .

It is now up to President Serzh Sargsyan of Armenia and Ilham Aliyev of Azerbaijan to decide if war or peace is more threatening. They have done very little to prepare their people for peace and a lot to prepare them for war. But they could still convince their citizenry of the advantages of compromise. If a deal is forthcoming in Kazan, they will need to do a lot to prevent spoilers from surfacing.

The deal on the table includes withdrawal by Armenian forces of most of the Azerbaijani territory they occupy around Nagorno-Karabakh, the deployment of international peacekeepers, the establishment of an Armenian security corridor, return of displaced persons, interim status for Nagorno-Karabakh, and the promise of a “legally-binding expression of will” to determine the future status of the territory at the end of the process.

This is very balanced. But it will take 10 years or more to implement. Armenians and Azerbaijanis have spent the past two decades building up reservoirs of hate and don’t trust each other to respect their commitments. The Armenians want quick implementation to ensure that Nagorno-Karabakh gets independence, Azerbaijanis are in no rush to let go of a territory that Aliyev says will remain part of his country as long as he is president. Even with a deal, the United States, the European Union and Russia will have much to do after the ink is dry. They may have to begin the painstaking work of drafting a comprehensive peace agreement and start physical planning for implementation. The occupied territories have been destroyed, massive reconstruction will be needed, as will international peacekeepers. The E.U. especially will need to quickly provide civilian, military and economic assistance. If there is no speedy follow up to an agreement in Kazan, and firm international commitment to support it, the deal risks unraveling.

Or, if the presidents don’t sign, the international actors will have to start preparing for a renewal of fighting that would be drawn out. With so much violence already happening in the broader region, this is not an eventuality that the United States, the E.U. and Russia can afford.

Sudan, for now the vastest country in Africa, is once again on the verge of civil war. A 2005 peace agreement, brokered with American assistance, was supposed to resolve the issues that led to 22 years of fighting between the Arab-dominated North and secessionists in the South. But it has not.

In a January referendum, the South Sudanese overwhelmingly voted for independence. But the North’s occupation of the contested border region of Abyei this month could reignite the conflict between North and South — unless foreign powers, especially China, use their leverage to stop it.

The international community — particularly the United Nations and the United States — have been spectacularly ineffective in getting the Sudanese government to honor its own agreements. United Nations peacekeeping forces in Abyei have failed to protect civilians from attacks and keep the two sides apart. After 2005, the Bush administration concentrated mostly on the western region of Darfur and ignored the South. The Obama administration refocused its attention on the North-South conflict, but put all its energy into the independence referendum, at the expense of Abyei.

Abyei’s fertile grazing lands are used by both the Ngok Dinka people, the area’s permanent residents, and Misseriya Arabs, seasonal migrants from the North. A referendum held simultaneously with South Sudan’s independence vote was supposed to resolve the status of Abyei. But Sudan’s president, Omar al-Bashir, has obstructed a resolution: first by refusing to accept the borders recommended by the Abyei Boundaries Commission, on which I served; then by blocking the enforcement of a ruling issued by the Permanent Court of Arbitration in The Hague; and finally by preventing the Abyei referendum.

Mr. Bashir believes that transferring Abyei to the South would set a dangerous precedent for other disaffected areas, including Darfur, that are already seeking greater autonomy from Khartoum. American officials have unwittingly encouraged the Bashir regime to take a hard line by supporting successive compromise proposals rather than insisting that Khartoum adhere to the peace agreement and abide by the court ruling. Confident that it would face no concerted opposition, the North has now made the final, violent, push.

The Abyei occupation comes in the wake of Khartoum’s military build-up elsewhere along the border, as well as its recent escalation of fighting in Darfur. There is a real risk that the North will now simply occupy all contested border areas — and possibly the oil fields inside South Sudan — and refuse to leave unless pushed out. In the short term, this will unite public opinion in the North behind Mr. Bashir at a time when many there are assailing him for losing the South. But in the long term it will likely spread instability and violence to other parts of Sudan.

To prevent the Abyei crisis from igniting other conflicts, the international community must stop pretending that both sides are equally at fault. Carrots haven’t worked. Washington will need to wield sticks, such as canceling debt relief talks or suspending normalization of diplomatic relations, if Sudan does not withdraw its forces quickly. But ultimately, Washington has limited leverage over the Sudanese government, having reduced both its diplomatic and economic ties during the civil war.

The key player will be China. Beijing has considerable economic and political clout in Khartoum; at the same time, it is trying to build good relations with the Southern leadership in Juba. The occupation of Abyei is threatening Chinese oil operations along the border and inside South Sudan. The Chinese Foreign Ministry recently urged the two sides “to adhere to peace and restrain themselves” by fulfilling the provisions of the peace agreement.

This may sound like anodyne diplomatic jargon, but it is a sharp break from China’s usual silence about the domestic behavior of the Sudanese regime, and a departure from the support it gave Sudan in 2008 after the International Criminal Court indicted Mr. Bashir on genocide charges. This presents a rare opportunity for the United States and China to work together in pushing for a resolution in Abyei before the South formally declares independence on July 9.

First, Washington and Beijing must insist that Khartoum withdraw its forces and restore Abyei’s deposed civil administration. Second, they must stress that there will be no more compromises over agreements already reached. All Sudanese armed groups should leave Abyei and the surrounding territory, and be replaced by international troops with a more robust commitment to protect civilians.

A referendum is still the best way to confirm the will of Abyei’s permanent residents, but a fair vote is impossible today, given Mr. Bashir’s efforts to tip the region’s demographic balance by driving out Ngok Dinka and replacing them with Northerners. The international community could and should oversee a future vote, but only after ensuring the return of Abyei’s original inhabitants and guaranteeing the free and fair exercise of their democratic rights.

Del “nuevo tiempo árabe” no ha estado ausente el Sáhara Occidental. No lo ha estado porque tal vez haya protagonizado el primer brote de protesta con el campamento de Gdeym Izik en octubre-noviembre de 2010. Una protesta que ligaba las reivindicaciones sociales y económicas, derivadas de una crisis endémica de marginación, con otras más políticas que reclamaban el control de los recursos y el control de su destino por la población del territorio.

Como las revoluciones y revueltas árabes, dicha protesta estuvo protagonizada por la juventud, revelando su capacidad de organización y autogestión, hasta el punto de obligar al propio Estado marroquí a negociar con estos nuevos interlocutores y a realizar promesas, traicionadas con el levantamiento intempestivo del campamento cuando arrancaba otra ronda de negociaciones en Nueva York entre Marruecos y el Polisario.

Golpe de efecto del sector duro del régimen marroquí que temía que la negociación con el Polisario podría llevar algún día a concesiones que significasen el fin de sus intereses, enmascarado detrás de la defensa de la “integridad territorial”.

Entre las consecuencias de este acontecimiento está la emergencia de un nuevo liderazgo en el Sáhara. Aunque reprimidos y encarcelados los organizadores de la protesta, con ellos -o con su relevo- tendrá que vérselas, antes o después, el propio Estado marroquí, para dar una solución de fondo, junto con el Polisario, al problema. Está también la expresión de voces disidentes de la “unanimidad nacional”, como el informe crítico de la AMDH o la actitud decidida de una saharaui retornada a Marruecos, Gajmula Ebbi, hoy diputada del PPS, que contó la verdad de la traición de que fueron objeto los negociadores saharauis y ella misma, mediadora en la negociación, primero en los medios de comunicación españoles y finalmente también, tras muchas descalificaciones y acusaciones, en la prensa marroquí.

Hay que vincular la protesta de El Aaiún al inicio del “nuevo tiempo árabe”, porque han sido los jóvenes, con fórmulas imaginativas de convocatoria y organización, los protagonistas que han obligado a un poder autoritario a negociar. El “campamento juvenil” como fórmula de protesta lo vamos a ver reproducido poco más tarde en la Kasbah de Túnez o en la plaza del Tahrir de El Cairo, gracias a las imágenes difundidas por la cadena qatarí Al Yazira que se empleó a fondo en el desarrollo del conflicto sahariano como respuesta a la expulsión de Marruecos de la corresponsalía de esta televisión. Por ello, la protesta de Gdeym Izik es el primer levantamiento contra la hogra, contra la humillación de los pueblos árabes, que se encadenará cronológicamente con los de Túnez, Egipto, Yemen, Bahréin, Libia o Siria. Y también Marruecos, donde el Movimiento del 20 de Febrero inició una serie de manifestaciones por un cambio constitucional, contra la corrupción y por una monarquía parlamentaria, obligando al rey a prometer en su discurso del 9 de marzo una reforma en profundidad de la Constitución.

¿Dónde ha estado el Sáhara en todo este proceso? ¿Y los saharauis?

Puede decirse que bastante ausentes. Entre los presos liberados por el monarca como gesto de credibilización de sus promesas de cambio figuraban tres saharauis independentistas, del grupo de Ali Salem Tamek, pero en libertad provisional, en condiciones distintas a los demás. Siempre el Sáhara o los saharauis en condiciones de excepción. En las reivindicaciones de los jóvenes del 20 de febrero, el Sáhara no figuraba para nada, ignorantes de hasta qué punto encontrar una salida al problema sahariano es vital para la salud de Marruecos, “enfermo del Sáhara” como dijera el poeta marroquí Abdellatif Laâbi.

Pero tampoco han llegado las protestas por un cambio constitucional a las tierras del Sáhara. Los factores que han hecho que la región permanezca al margen del proceso han sido el desentendimiento, por parte de los sectores de la población oriunda partidarios de la independencia, de lo que consideran un asunto exclusivamente marroquí en el que no deben mezclarse, unido al clima de excepción que vive desde hace 35 años el territorio, al que no han llegado los aires de relativa apertura extendidos por las ciudades de Marruecos, así como la inexistencia de un sólido tejido asociativo que pueda animar y promover unas protestas similares a las que tuvieron lugar en las ciudades a las que llegó el Movimiento del 20 de Febrero.

Indirectamente, el problema del Sáhara sí está detrás de procesos en curso como el de la regionalización, a través del cual el Marruecos oficial trata de encontrar desde hace años una salida a la cuestión saharaui. En las conclusiones presentadas por la comisión encargada apenas se vislumbra la posibilidad de un verdadero autogobierno para las dos nuevas regiones en que se divide el Sáhara Occidental, lejos de las amplias competencias a un Gobierno regional de todo el territorio que planteaba la Iniciativa para la Autonomía en el Sáhara que Marruecos propuso en 2007.

El otro proceso en curso en Marruecos es el de la reforma constitucional. Solo un Marruecos democrático podrá hacer propuestas creíbles para lograr una solución negociada en el Sáhara como preconizan las Naciones Unidas. ¿Pero puede salir del actual proceso una nueva estructura democrática del régimen marroquí? Los más pesimistas auguran que no y los más realistas estiman que se dará algún paso positivo en la cesión de algunas de las prerrogativas del monarca, sin lograr una verdadera monarquía parlamentaria en la que el rey reine pero no gobierne.

Pero la verdad es que estamos ante un proceso que dependerá de la correlación de fuerzas. Y que sin duda no concluirá con el referéndum constitucional. Pues, si no se alcanzan los objetivos del Movimiento del 20 de Febrero, el proceso se prolongará mediante presiones, marchas y luchas hasta lograr sus objetivos. ¿Dónde estarán los saharauis en todo este proceso? ¿Al margen o intentando sensibilizar a ese movimiento de la justicia de las reivindicaciones saharauis de autodeterminación y de autogobierno? Una opinión marroquí que ha vivido bombardeada con la idea de que el Sáhara es marroquí y punto, no será fácil de sensibilizar sobre que hay una identidad saharaui que respetar, de que la política securitaria de Marruecos en la región ha sido nefasta, ignorando en todo momento a la población del territorio, marginada y excluida de los centros de decisión que le concernían.

Pero hay un camino común entre las aspiraciones de los saharauis y las del Movimiento del 20 de Febrero para acabar con la autocracia en Marruecos, que deben llevar al entendimiento y a la convergencia táctica. Sin democracia y sin solución definitiva, se mantendrá la política de violación sistemática de los derechos humanos que tanto denuncia el Polisario, permanecerá el imperio de la corrupción que deja el control de todos los asuntos en manos de unos cuantos caciques militares o civiles.

El “nuevo tiempo árabe” ha implicado un cambio decisivo y es que las poblaciones han revelado su politización, su interés por la cosa pública. Pero en Marruecos esas poblaciones jóvenes desconocen por completo la verdadera dimensión del problema del Sáhara, intoxicados con una visión chovinista que nunca les ha alertado de que allí viven unas poblaciones cuyas aspiraciones deben respetar y con las que deben concertarse.

Se hace imprescindible rehabilitar al saharaui ante el marroquí para evitar que este lo confunda con un enemigo de su país. Es necesario que los saharauis tiendan puentes hacia quienes representan una esperanza de cambio para Marruecos.

Tanto si la reforma constitucional lleva a buen puerto como si se queda a mitad de camino, los protagonistas del Marruecos de mañana deberán entenderse con los protagonistas del Sáhara de mañana para encontrar juntos una salida. Si esta es la de la autonomía o incluso la de un Estado libre asociado confederado con Marruecos, o la de la independencia, como ha sido el caso del Sudán del sur, harto de vivir en un Estado que no respeta sus derechos, dependerá de que Marruecos resuelva bien la ecuación de su reforma constitucional.

Para ello bueno será empezar por normalizar la legitimidad de todas las propuestas de salida al conflicto, así como el derecho de todos a defenderlas libremente, para que las personas como Ali Salem Tamek no vuelvan a encontrarse con su libertad restringida.

As far as the eye could see, thousands of displaced people were scattered, accompanied by what little they had left in the world. This surreal vista, which we saw visiting Abyei in January, had no shelters but had big beds and suitcases and dresser drawers sitting in the open or under trees. After years of displacement, thanks to the north-south war that raged in Sudan from 1983 to 2005, thousands of Sudanese had begun the long journey home. They hoped to vote that month in the referendum on southern independence.

But they never voted, because the government in Khartoum wouldn’t allow the plebescite to take place in Abyei, and they never resettled, because they had no support to return after so long. So thousands hunkered down in this Connecticut-size region between North and South Sudan, two historically separate territories that were lumped together at independence in 1956 and whose racial and religious divides have chafed since. Last week the long history of tensions ignited when Khartoum sent its army and allied militias to forcibly occupy the area. The regime engaged in aerial bombing, tank and artillery attacks. Its militias looted and burned villages.

The refugees are scattered, their dreams of returning to their ancestral homelands potentially lost forever.

The balanced international response — pressing both sides for compromise — would be understandable if this were a first in Sudan. But the main town of Abyei was burned and looted by government troops and allied militias in 2008 as well.

Maybe the usual balanced response would be understandable if this happened only in Abyei. But the list of dishonored agreements and massive human rights crimes in Sudan is shocking in scope. In Darfur, the Khartoum regime has cleared millions from their lands, allowing ethnic groups allied with the government to move into the deserted areas. In the oilfield areas of southern Sudan in the 1990s, the regime strategically killed and displaced hundreds of thousands of indigenous residents to facilitate Chinese oil exploitation. In the Nuba mountains during the late 1980s and 1990s, the vast majority of locals were forcibly displaced by Sudanese government attacks, and hundreds of thousands died.

The international community threatened real consequences during and after these incidents and after other targeted crimes against civilian populations. But the consequences never came.

Millions of lives hang on the question of whether the international context has sufficiently changed to end this pattern of empty threats. Sudan’s dictatorial regime is right next to ground zero of the Arab Spring. Despots in neighboring Egypt and Tunisia have felt the sting of popular revolution. Watching this, Khartoum has aggressively infiltrated protest groups, with state security agents systematically raping women involved in protest efforts and violently attacking public demonstrations.

The world has recently shown some willingness to act in Africa. When hundreds of thousands of civilians were threatened this year in Libya and Ivory Coast, governments around the world invoked the “responsibility to protect” doctrine to prevent massive loss of life. The initial objective of saving lives through robust military action after other, non-military measures failed was successful.

Sudan’s north-south and Darfur conflicts have produced more dead, wounded and displaced persons than Tunisia, Egypt, Libya and Ivory Coast combined. The focus in the United States and elsewhere has been on providing incentives for the Sudanese government to change its behavior and embrace peace in the South and Darfur. We supported President Obama and Sen. John Kerry in crafting these incentives.  We hoped that the carrots of debt relief, removal from the list of state sponsors of terrorism and an end to sanctions would help change Khartoum’s calculations.

But what’s happening to the people of Abyei is the regime’s unacceptable answer.

How long is the international community willing to tolerate this deadly dictator? President Omar al-Bashir has been indicted by the International Criminal Court for genocide, is escalating bombing and food aid obstruction in Darfur, and he now threatens the entire north-south peace process.

The responsibility-to-protect doctrine holds that when a sovereign government can’t or won’t protect its own people, or when it represents their biggest threat, the world must act. An escalating ladder of non-military consequences is supposed to be carried out before the last resort — military force — is considered.

We are not advocating military intervention. But the evidence shows that incentives alone are insufficient to change Khartoum’s calculations. International support should be sought immediately for denying debt relief, expanding the ICC indictments, diplomatically isolating the regime, suspending all non-humanitarian aid, obstructing state-controlled bank transactions and freezing accounts holding oil wealth diverted by senior regime officials.

We must proceed before Abyei ignites the next Darfur.

Las escaramuzas militares entre Tailandia y Camboya, que desde febrero se han cobrado más de dos decenas de vidas, causaron numerosos heridos y desplazaron a decenas de miles de personas se pueden atribuir principalmente a la política interna en ambos países. Con raíces en antiguas enemistades y el legado de la época colonial, la lucha está perjudicando a toda la región. Tan virulenta es la controversia que incluso una solución a corto plazo requerirá la mediación de terceros. Una paz segura dependerá principalmente de cuál sea el desenlace de la crisis política interna de Tailandia en los próximos meses y de la voluntad de Camboya de mantenerse al margen de este proceso.

El conflicto gira en torno a 4,6 kilómetros cuadrados que lindan con un milenario templo hindú conocido como “Preah Vihear” por los camboyanos y “Phra Viharn” por los tailandeses. Camboya insiste en que la tierra en disputa ha estado bajo su soberanía territorial, desde un caso de delimitación territorial decidido por la Corte Internacional de Justicia en 1962. En su veredicto de votos 9 contra 3, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el mapa de Camboya, elaborado por peritos franceses en 1904-1907, dictaminó que el área del templo se encontraba dentro de Camboya y que Tailandia (conocida como Siam hasta 1939) no se había opuesto anteriormente. Durante las audiencias, Camboya pidió a la Corte Internacional de Justicia que se pronunciase sobre los terrenos colindantes, pero los jueces limitaron su decisión sólo al templo, como Camboya solicitara originalmente.

El mapa creado por los franceses se ​​convirtió en el núcleo de la controversia, porque manipuló divisiones geográficas naturales. Tailandia rechaza el mapa, que va en contra de un acuerdo franco-siamés de 1904 que establece una demarcación a lo largo de una línea divisoria de aguas que separa los dos países. Más aún, la iniciativa cartográfica francesa tuvo lugar apenas una década después de que Siam cediera un puñado de territorios -la mayor parte de lo que es hoy Camboya occidental- a Francia, que en ese entonces pendía sobre Indochina como amo colonial. En ese momento, un vulnerable Siam se vio obligado a firmar una serie de injustos tratados con las potencias europeas a cambio de mantener su independencia.

Hasta hace poco, los reclamos en conflicto sobre los 4,6 kilómetros cuadrados no eran un problema grave. Pobladores y comerciantes de ambas partes comerciaban activamente y los negocios fronterizos no sufrían restricciones por parte las autoridades. Las tensiones bilaterales estallaron cuando la política tailandesa se recalentó después del golpe de estado militar de septiembre de 2006 que derrocó al primer ministro elegido democráticamente, Thaksin Shinawatra, acusado de corrupción y deslealtad a la monarquía.

En 2008, después de que la fuerza que representaba al autoexiliado Thaksin, el Partido del Poder Popular, asumiera el poder tras una victoria electoral, el gobierno de Tailandia firmó un comunicado conjunto de aceptación de la inclusión del Templo de Preah Vihear como sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO en Camboya. El comunicado se convirtió en una bandera de combate para los opositores de Thaksin, encabezados por la Alianza del Pueblo para la Democracia (PAD, por sus siglas en inglés).

El PAD denunció el registro de Preah Vihear por la UNESCO como una traición a la soberanía de Tailandia y lo utilizó para desestabilizar al gobierno pro-Thaksin. Cuando el PAD tomó el control de la Casa de Gobierno y los dos aeropuertos de Bangkok, los líderes de la protesta insultaron al primer ministro camboyano, Hun Sen, y le compararon con un hooligan. Para agravar las cosas, el miembro del PAD que cometió el insulto se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia después de que los opositores de Thaksin recuperaran el poder en diciembre de 2008, encabezados por el Primer Ministro Abhisit Vejjajiva y apoyados por el ejército.

En ese punto, las tensiones con Camboya se convirtieron en inevitables. Hun Sen tenía cuentas que saldar con la coalición anti-Thaksin formada por el Partido Demócrata, el PAD y el ejército. En 2009, Hun Sen designó a Thaksin como asesor económico del gobierno de Camboya y lo invitó a pronunciar un discurso público de alto perfil en Phnom Penh. La relación bilateral ha sido inestable desde entonces, alternando entre períodos de fricción y conciliación.

La serie de enfrentamientos armados en la frontera este año se origina en las provocaciones del PAD. Aunque algunos de sus miembros entraron en el gabinete de Abhisit, los líderes del PAD se sintieron traicionados y abandonados por él y algunos de sus poderosos valedores. Los seguidores del PAD, que visten camisas amarillas, regresaron a las calles, esta vez bajo la bandera del ultranacionalismo sobre Preah Vihear y una campaña nacional contra la corrupción. El PAD ha llamado abiertamente a un golpe militar para limpiar la política tailandesa.

Inicialmente, el PAD encontró poco apoyo. El ejército tailandés se mantuvo fuera de la controversia de Preah Vihear y el gobierno de Abhisit restó importancia a sus maquinaciones. Pero, cuando los “camisas rojas” anti-sistema y pro-Thaksin “camisas rojas” realizaron enormes protestas contra la represión por parte del ejército a sus compañeros manifestantes en abril-mayo del año pasado, los uniformados comenzaron a agitarse. Un punto de inflexión importante puede haber sido la alusión de los dirigentes “camisas rojas” al notorio silencio real ante la violenta represión del ejército, lo cual agravó los temores del ejército de una amenaza clara y presente a la monarquía.

El ejército tailandés abandonó su postura neutral y se volvió cada vez más beligerante. Descartó unilateralmente la presencia de observadores regionales en la frontera entre Tailandia y Camboya, un acuerdo mediado por el canciller indonesio Marty Natalegawa en febrero. El gobierno de Abhisit, congénitamente en deuda con el ejército, comprendió la señal que se le enviaba y renegó de la iniciativa de paz mediada por Indonesia. Fue un duro golpe no sólo para Indonesia, que ejerce la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia este año, sino también para la propia ASEAN, especialmente teniendo en cuenta la intención de la organización de convertirse en una Comunidad ASEAN para el año 2015.

Si se permite a la ASEAN un papel de mediación, la disputa entre Tailandia y Camboya puede terminar de regreso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que había delegado el tema en la ASEAN tras fuertes presiones de Camboya y Tailandia. Camboya quiere multilateralizar el conflicto fronterizo tanto como Tailandia intenta limitarlo a negociaciones bilaterales.

Aunque las batallas fronterizas entre Tailandia y Camboya han involucrado a tanques y artillería pesada, es poco probable que degenere en una guerra abierta y a gran escala. El marco de la ASEAN actúa como una red de seguridad y los intereses comerciales mutuos prevalecerán en última instancia. Pero continuarán los disparos esporádicos y el antagonismo verbal entre ambos bandos, a medida que los poderes fácticos de Tailandia cierren filas en giro a la derecha hacia los símbolos y las instituciones de la realeza, enmarañando a Hun Sen, que debería haberse quedado al margen, en el final del juego que se desarrolla en Bangkok.

Theme: The establishment of a human rights monitoring mechanism in the Western Sahara, preferably through an expansion of MINURSO’s mandate, would change the underlying dynamics of the conflict and allow for progress in the negotiation process.

Summary: The focus on human rights in the Western Sahara has increased the visibility of the conflict and the pressure to resolve it, creating opportunities to break the current impasse that third parties should seize. A human rights monitoring mechanism, preferably as part of MINURSO, could serve as a confidence-building measure. Moreover, a firm position regarding the parties’ human rights obligations would set a precedent for an international mediation with more muscle, thus changing the conflict’s underlying dynamics. Close coordination between Spain and the UK to establish a human rights monitoring mechanism would neutralise French opposition to it, alter the balance of forces within the Group of Friends of the Secretary General on Western Sahara (the ‘Group of Friends’) and give rise to the conditions necessary to increase its efficiency. At the upcoming April session, a Security Council decision to set up a human rights monitoring mechanism would allow for progress in the negotiation process, bringing closer the resolution of the Western Sahara conflict.

Analysis: In the last two years,theneed to establish a human rights monitoring mechanism together with the possible expansion of the current mandate of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) were the primary focus of the Security Council debates on Western Sahara. Unless prior agreement on the matter is reached, the debate is likely to resume with even greater intensity at the upcoming Security Council meeting to be held in April 2011. At this meeting, the Council will convene to consider the next report of the Secretary-General on the situation in the Western Sahara and decide on the extension of MINURSO’s mandate.

This year Spain is not a Security Council member. However, as a member of the EU, and the ‘Group of Friends’ in particular, Spain will inevitably be drawn into the debate and will have to face demands for it to adopt a clear stance on the matter. As far as Spanish diplomacy is concerned, this is not only a challenge but also an opportunity to show leadership in multilateral settings by establishing alliances and launching initiatives that contribute to resolving a situation that is widely considered unsustainable. In Resolution 1920 of 30 April 2010, the Security Council also recognised that ‘the consolidation of the status quo is not acceptable in the long term’.

Human rights: A Stumbling Block on the Road to Peace?

There is concern that the increased focus on human rights might distract the attention of the Security Council from the political issues that are at stake in Western Sahara. Another criticism is that rather than being a demand driven by true concern, the Polisario Front’s insistence on the human rights issue is a tactical ploy to attack Morocco.

The focus on human rights in the Security Council debate on the Western Sahara must be seen in a wider context. Since the end of the Cold War, it has been the practice of the Security Council to link human rights to the maintenance of international peace and security. By way of example, Security Council Resolution 688 (1991) condemned ‘the repression of the Iraqi civilian population’, demanded that Iraq put an end to it ‘as a contribution to remove the threat to international peace and security in the region’ and expressed hope that a dialogue would ‘ensure that the human and political rights of all Iraqi citizens are respected’.

A more recent example is Security Council Resolution 1970 (2011).[1] After deploring ‘the gross and systematic violation of human rights, including the repression of peaceful demonstrators’, the resolution refers the situation in Libya since 15 February 2011 to the International Criminal Court (ICC) and underlines ‘the need to respect the freedoms of peaceful assembly and of expression, including freedom of the media’. Acting under Chapter VII of the UN Charter, Resolution 1970 calls for ‘steps to fulfil the legitimate demands of the population’ and urges the Libyan authorities ‘to allow immediate access for international human rights monitors’ and to ‘immediately lift restrictions on all forms of media’.

Ignoring the human rights situation in Western Sahara and failing to examine it by the standards applied to Libya at the upcoming April session would expose the Security Council to allegations of selectivity in the application of universally-recognised norms. This could seriously undermine its credibility and thus affect its capacity to maintain peace and security in the region.

Furthermore, by putting on the table of the Security Council the expansion of MINURSO’s mandate, the Polisario Front has integrated into its diplomatic strategy a recommendation made years earlier by international human-rights organisations (Amnesty International’s campaign goes back as far as 1992). Be that as it may, a Security Council decision to give a mandate to MINURSO to monitor human rights in Western Sahara and the Tindouf refugee camps (on Algerian territory) would require the consent of Morocco, the Polisario Front and Algeria, putting to the test the commitment to human rights of all three parties.

The Focus on Human Rights: Effect Rather than Cause of Conflict Irresolution

In 2006 the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) concluded in a confidential report leaked to the press[2] that almost all violations against the people of Western Sahara stemmed from the non-implementation of the right to self-determination. This suggests that rather than being the cause, the focus on human rights is an effect of the failure to find a political solution that allows self-determination. Against the background of broken promises to hold a referendum, the lack of viability of the armed struggle and a stalled diplomatic process, the right to self-determination has become a major campaign theme for Sahrawi activists on the basis of Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) adopted by the UN General Assembly in 1966.

In order to repress their activities and to intimidate the population of Western Sahara, the Moroccan authorities have used legislation prohibiting attacks on Morocco’s ‘territorial integrity’. In this context, violations of the rights of expression, association and assembly have occurred as well as unfair trials, ill-treatment, torture and police violence. Morocco has further restricted media access and expelled international observers. A 2008 Human Rights Watch (HRW) report[3] concluded that the ‘limits to Morocco’s progress on human rights are apparent in the way authorities suppress opposition to the officially held position that Western Sahara is part of Morocco’.

Human rights violations linked to the lack of a resolution of the conflict have also been documented in the Tindouf camps administered by the Polisario Front. For example, in September 2010, the police officer Mostafa Salma Sidi Mouloud was arbitrarily detained after publicly expressing support for the Moroccan autonomy proposal –which excludes a referendum with an independence option as advocated by the Polisario Front– and announcing that he would further promote it in the Tindouf camps.

Increasing the Visibility of a Forgotten Conflict

In a 2004 interview to the Public Broadcasting Service (PBS), the former US Secretary of State and Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara from 1997 to 2004, James Baker, pointed out that its low profile in the international order made the resolution of the Western Sahara conflict difficult to achieve. It would therefore seem fair to conclude that by raising its profile on the international agenda and making it more visible[4] the focus on human rights has added pressure to resolve the conflict, and thus the chances that it this might occur.

Three major events have strengthened international solidarity on the basis of the human rights discourse: the 2005 Sahrawi uprising (intifada), Aminetu Haidar’s defiance in resisting her expulsion from El-Ayoun through a hunger-strike in 2009 and the actions linked to the Gdeim Izik protest camp in November 2010. The challenge is to design diplomatic strategies that take advantage of the pressure and interest that the human rights issue has aroused to transform the relations between the stakeholders and break the impasse. In this endeavour, third parties play a key role.

The Need to Create New Dynamics to Make the Diplomatic Process Advance

The 2007 International Crisis Group (ICG) report, ‘Out of the Impasse’, anticipated that without a change in the underlying dynamics of the conflict, efforts to find a negotiated solution on the basis of the proposals submitted by Morocco and the Polisario Front were doomed to fail. Since then, several rounds of informal talks have not even yielded an agreement on the framework for negotiations: each party continues to reject the proposal of the other as the sole basis for future negotiations even though the Polisario Front has signalled its willingness to seriously engage with Morocco’s proposal if there is reciprocity.

In a letter addressed to the ‘Group of Friends’, dated 18 June 2010, that was subsequently leaked to the press[5] and which provided a glimpse of his frustration with Morocco’s attitude and lack of progress in the talks, the Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara, Christopher Ross, asked for support to overcome the current stalemate in the negotiations. Based on the assumption that in order to achieve this goal a change in the underlying dynamics of the conflict is required, three questions shall be briefly analysed: (1) the underlying dynamics of the conflict; (2) the potential role of third parties in changing these dynamics; and (3) the way in which human rights can fit into a strategy to break the impasse.

The Current Dynamics: The Same that Caused the Failure of the Baker II Plan

The failure of the Baker II Plan provides an insight into the dynamics that have undermined peacemaking efforts such as ‘the Security Council’s refusal to bring pressure to bear at crucial moments’.[6] As a matter of fact, in view of the Council’s lack of political will to back his peace plan with the determination needed to implement it, in June 2004 Baker resigned as Personal Envoy. Resolution 1541 gave stronger support to the search for ‘a mutually acceptable political solution’ than to the Envoy’s peace plan. Following a phase of autonomy, the Baker II Plan provided for a true referendum of self-determination –including an independence option– even though voter identification favoured Morocco’s political objectives. While acknowledging the power relations between the parties, the plan was a compromise proposal that sought to salvage basic principles of international law. Despite its initial reluctance, the Polisario Front accepted it but Morocco, the stronger party, flatly rejected the peace plan, stating that ‘the final nature of the autonomy solution is not negotiable’. Demonstrating a clear lack of impartiality, in 2007, the Security Council showed its preference for the Moroccan autonomy plan: Resolutions 1754 and 1783 welcome the ‘serious and credible Moroccan efforts to move the process forward towards resolution’ without referring, in a similar way, to the initiatives of the Polisario Front. In its statement on Resolution 1783, South Africa, a key diplomatic ally of the Polisario Front, warned that praising one proposal over the other would undermine negotiations.

By strongly supporting Morocco’s proposal in advance, the Security Council has ‘disincentivised’ its will to compromise and accentuated the power differential between the parties, transforming it into an asymmetric conflict with implications for the negotiating process: the Council has neither persuaded Morocco of the need to make concessions to achieve its objectives nor has it won the trust of the Polisario Front to engage in negotiations. In an interview published in March 2010,[7] Julian Harston, Special Representative of the Secretary-General for Western Sahara and head of the MINURSO from 2007 to 2009, confirmed that the international community had mainly put pressure on the Polisario Front. Against this backdrop, it seems fair to conclude that the Security Council and the ‘Group of Friends’ need to review their approach if they want to break the current stalemate.

Respect for Human Rights as a Confidence-building Measure

Security Council Resolution 1920 (2010) stresses the importance of ‘making progress on the human dimension of the conflict as a means to promote transparency and mutual confidence’. However, the confidence-building measures currently in place are aimed at facilitating exchanges between Sahrawis from the Tindouf camps and their relatives in the Western Sahara for humanitarian reasons and thus very limited in scope. In contrast, an effective human-rights monitoring mechanism that improves the well-being of the population could help build confidence between the parties to the conflict. Greater freedom of expression, association and assembly could open up spaces for a debate on the political options available without fear of reprisals, which could help build a climate of trust conducive to a more fruitful dialogue.

Albeit with different options, both the Moroccan peace plan and the one introduced by the Polisario Front foresee a referendum. However, without guarantees for the scrupulous respect for the rights of expression, association, assembly and movement, it is unlikely that a fair and free referendum can be held whose result will be accepted as legitimate by the population of Western Sahara. A human-rights monitoring mechanism could help restore confidence among the Sahrawi population in the UN-sponsored process, increasing the chances for a peaceful resolution of the conflict, easing tensions on the ground and creating hope in future opportunities. Moreover, the establishment of a human-rights monitoring mechanism could serve as a precedent to manage and negotiate other issues.

Supporting the establishment of a human-rights monitoring mechanism would be in Morocco’s interest, as well as in that of those partners, such as the US, France and Spain, who have strongly supported its autonomy proposal. While autonomy may be a valid option to fulfil the right to self-determination, it seems unrealistic to expect the Sahrawi people to accept any autonomy plan proposed by Morocco without ample, firm and credible guarantees of respect for human rights, power-sharing and democratic participation. As Bernabé López García pointed out in an article published last November,[8] without democracy, there will be no way out of the Western Sahara problem –and neither will it be solved without respect for human rights–.

The Human-rights Debate: A Turning Point for Change in Conflict Dynamics?

So far, the human-rights debate has followed the same dynamics that have driven the conflict. The positions between the parties are ‘quasi-irreconcilable’, as the Personal Envoy van Walsum used to say; the Security Council lacks the political will to impose solutions while advancing the goals of the stronger party in an asymmetric conflict; and the UN Secretariat lacks the courage and determination to assume its responsibilities and defend the principles it stands for, undermining, as a result, the otganisation’s credibility. As far as the Security Council is concerned, it has subjected the establishment of a human-rights mechanism to a consensus between the parties to the conflict. By taking this approach, the Security Council has provided Morocco with a veto power with regard to the protection of the human rights of a population living in a Non Self-Governing Territory that is under Morocco’s effective control without international legal recognition.

A more effective approach to protect the human rights of the Sahrawi population and to ensure progress in the diplomatic process would be to clarify that the defence of human rights is non-negotiable. The Council could create new dynamics that could mitigate the effects of the conflict’s asymmetric structure, set a precedent for a more forceful mediation and enhance the prospects of success in negotiations.

There is concern that Morocco might leave the negotiating table if pressured on the human-rights issue. But, so far, progress in the negotiation process has been dim anyway. Christopher Ross himself has warned that without greater political will, continuing the talks will only serve to discredit the UN. The protest actions at the Gdeim Izik camp and the forceful demands for economic, social, civil and political rights coming from Western Sahara and many parts of the Arab world suggest that any political solution must include respect for human rights if it is to achieve sustainable peace and regional stability.

What Can Third Parties do in April at the UN?

There is little to lose and much to win. Two concrete examples of how third parties could show a firm attitude with regard to human rights in April are: (1) a recommendation by the Secretary-General to set up a human-rights monitoring mechanism; and (2) a specific proposal for its implementation by the ‘Group of Friends’.

(1) The Secretary-General’s report: perhaps to avoid taking a clear stance vis-à-vis a divided Security Council, to date the Secretary-General has not included in his reports the recommendation made in 2006 by the OHCHR –which is also part of the UN Secretariat– that the UN should explore ‘the best way to ensure adequate and continuous monitoring of the human rights situation in the region’. In a report with obvious gaps, in April 2010 the Secretary-General recognises the duty of the UN ‘to uphold human rights standards in all its operations’ but does not provide any details on how MINURSO is complying with this duty. He reports allegations of human rights violations by both sides, which he forwards to OHCHR, but does not inform on any follow-up action. Neither does he mention the existing legal controversy with regard to the exploitation of natural resources in Western Sahara. Finally, he points out that MINURSO does not have a specific human rights mandate, but fails to indicate whether the mission should have one.

Perhaps the intention of the Secretary-General is to provide a semblance of impartiality. However, as elucidated in the 2000 Brahimi Report, impartiality in UN peace operations does not mean neutrality, but rather an unbiased adherence to the principles of the UN Charter, which include the respect for human rights.

A stronger commitment to human rights would be consistent with the special responsibility of the UN towards the population of a Non Self-Governing Territory which has been effectively deprived of the protections afforded by Article 73 of the UN Charter since Spain unilaterally withdrew from there as the administering power in 1976. In a conference on Western Sahara organised in 2007 by several universities in Madrid, Francesco Bastagli, Special Representative of the Secretary-General and head of the MINURSO from 2005 to 2007, argued that until the right to self-determination of the Sahrawi people materialises, the UN should act as its ‘defence lawyer’ in matters such as human rights and the exploitation of natural resources. In line with this approach, the next report of the Secretary-General on Western Sahara should take up the recommendations brought forward by the OHCHR in 2006, making them in this way a point of reference at the upcoming Security Council meeting.

(2) Is the Group of Friends unable to fulfil its functions? During the last two years, by ignoring the human-rights issue, the drafts prepared by the ‘Group of Friends’, rather than facilitating the process, have been divisive and controversial. The resolutions were only unanimously passed after hours of intensive debate aimed at finding a compromise language that would make it possible to include a reference to human rights but without using the term as such. This state of affairs brings into question the ability of the ‘Group of Friends’ to fulfil its functions. As a matter of fact, in their explanations of the vote on Resolution 1920, Nigeria, Uganda, Mexico and Austria advocated a review of the drafting process to make it more inclusive and transparent.

The drafts prepared by the ‘Group of Friends’ in 2009 and 2010 had to be re-negotiated when they reached the Council. In 2009, pressure by Costa Rica, Mexico, Nigeria and Uganda, together with a favourable British position, led to the introduction of a paragraph in the preamble of Resolution 1971 that used the term ‘human dimension’ to refer to human rights –an anomaly within the UN system–. Following threats by Mexico, Uganda and Nigeria in 2010 to abstain from voting, 18 hours of negotiations at the ambassadorial level and US mediation were required to add three lines to Resolution 1920 that, under a ‘constructive ambiguity’, remind the parties of their human-rights and international cooperation obligations. Importantly enough, the persistent and active diplomacy used by these non-permanent Security Council members opened spaces to negotiate the establishment of a human-rights monitoring mechanism.

Outlook and Options

The events related to the Gdeim Izik protest camp and the revolts in the Maghreb region have increased the pressure on the Security Council to establish a human-rights monitoring mechanism. As far as the incidents related to the Gdeim Izik camp are concerned, the difficulty in verifying conflicting reports on the number of victims without access to the territory, the press restrictions imposed by the Moroccan authorities and the impact of the raid on the camp on the political process suggest that a permanent UN human-rights monitoring presence is needed to ensure that the Security Council receives timely and reliable first-hand information of developments on the ground. The case of Gdeim Izik shows that currently MINURSO is not in a position to fulfil that role mainly for two reasons: (1) the absence of a specific human-rights mandate authorising the mission to investigate and verify allegations of violations; and (2) the obstacles (eg, restrictions on access) the mission faces in the implementation of its operations.

There are indications that things might move forward. In its explanation of the vote on Resolution 1920 (2010), the US urged the parties ‘to work with the international community to ensure full respect for human rights in both Western Sahara and in the Tindouf camps’. Presumably, in order to avoid further divisions within the Security Council on the expansion of MINURSO’s mandate and to build consensus, the UK has circulated a non-paper outlining alternative options. With a toll of 12 members of the security forces killed in events related to the raid on the Gdeim Izik camp, Morocco might reconsider its opposition to the deployment of international human rights monitors. Given the ongoing revolts in the region, the French veto to the term ‘human rights’ only serves to discredit its government. Criticism of its silence and collusion towards the revolts in Tunisia and Egypt suggest that France might have to review its diplomatic strategy. As a matter of fact, in an article recently published in Le Monde, a group of French diplomats demanded a more coherent foreign policy that should be developed with due regard to values of democracy and solidarity.[9]

Also in Spain, increasingly more voices recommend a review of the current diplomatic strategy for the Maghreb region (see, for example, the op-ed “Bucle marroquí” published in El País, 7/XII/2010).[10] Clearly, there is a gap between the political strategy and public statements on Western Sahara, which is narrowing down the scope for manoeuvre of Spanish diplomacy.

According to diplomatic sources, in the Group of Friends ‘the silence of Spain is deafening’. However, at a session of the Foreign Affairs Commission of the Spanish Congress of Deputies (Congreso de los Diputados) held on 18 November 2010, the Foreign Minister Trinidad Jiménez stated that Spain had requested a year earlier the expansion of MINURSO’s mandate in the field of human rights.[11] In a different instance, at a press conference held in Bolivia on 8 November 2010, the Spanish Foreign Minister suggested, in relation to the Gdeim Izik events, that the UK Presidency could convene the Security Council. However, the informative meeting of the Security Council on the matter, which was held on 16 November, took place at the sole request of Mexico.

In order to develop a more coherent foreign policy and increase Spain’s leadership capacity in international forums, a two-pronged approach could be helpful: on the one hand, a serious debate should take place in Spanish society to build the necessary consensus to close the gap between public statements and political strategy; on the other hand, different ways should be explored to translate the stated political strategy into diplomatic action. Regarding the latter, a possible course of action could be joining forces with the UK in its efforts to establish a human-rights monitoring mechanism, thus neutralising any possible opposition to it (including by France) and changing the balance of forces within the ‘Group of Friends’. By taking such an approach, Spain could contribute to making the ‘Group of Friends’ more balanced and therefore more able to prepare a draft resolution in April that is acceptable to all Security Council members and to play a constructive and relevant role to help resolve the conflict.

Which Human-rights Monitoring Mechanism?

It appears that the expansion of MINURSO’s mandate is no longer the central issue, but one of the available options to set up a human-rights monitoring mechanism. Even though MINURSO continues to be the preferred option (eg, by the Polisario Front and civil society organisations), there is also a willingness to negotiate an alternative mechanism as long as it is established as a permanent field-presence under the mandate of the Security Council. One of the relevant options discussed in this context is the opening of a Regional Office by the OHCHR.

(1) Restoring the credibility and legitimacy of MINURSO: currently only a few UN peace operations with a traditional cease-fire monitoring mandate (eg, UNFICYP in Cyprus) lack a human-rights component. In contrast, in addition to a cease-fire monitoring mandate, MINURSO also has the mandate to organise a referendum in accordance with the 1990 Settlement Plan. Comparatively, the UN mission deployed in Southern Sudan (UNMIS), where a self-determination referendum took place in January 2011, has a human-rights component with a specific mandate. In fact, MINURSO’s mandate implicitly contains human-rights responsibilities, such as maintaining law and order to ensure the necessary conditions for a free and fair referendum during the transitional period. Providing the mission with an explicit human rights mandate would bring that approach to its logical conclusion. In addition, such a mandate could help MINURSO –a mission discredited for its inability to implement a major part of its mandate– to restore its credibility and legitimacy, which are considered success factors in any UN mission. In terms of the available resources and knowledge of the ground, MINURSO would still be seen as the best option for effective human-rights monitoring. As a matter of fact, the OHCHR strongly supports the integration of human-rights components in all UN peace operations without MINURSO being an exception.

(2) A OHCHR Regional Office: The advantage of this option is that it would allow the issue to be framed as a measure to improve the human-rights situation in the context of regional development and modernisation. In contrast to expanding MINURSO’s mandate, establishing a Regional Office would avoid the contentious issue of the special status of Western Sahara, and thus, presumably, be more appealing to Morocco. However, usually OHCHR’s Regional Offices do not monitor the human-rights situation, but focus on technical assistance. Another concern is that the OHCHR lacks the power and leverage of the Security Council to negotiate agreements and ensure appropriate political follow-up of the issues identified. In fact, the OHCHR has been unsuccessfully negotiating for over two years in order to open a Regional Office in Rabat that would undertake capacity-building activities. Obtaining consent for effective human-rights monitoring in the Western Sahara and the Tindouf camps would be much more difficult.

Protecting Human Rights Through a Wide Interpretation of MINURSO’s Mandate

Until a human-rights mechanism with a specific and explicit mandate is established, MINURSO should explore different ways to increase the protection of the population of Western Sahara under its current mandate. The third parties should also work to ensure that MINURSO can implement its operations without access restrictions.

An interesting precedent is the expansion of MINURSO’s activities to support UNHCR’s family-visits programme without a change in the mandate. Moreover, the question arises whether a UN mission really requires an explicit human-rights monitoring mandate in order to report to the Security Council on the violations it might witness during its operations. In a 1993 report,[12] the understanding of the Secretary-General was that ‘while MINURSO’s current military mandate is strictly limited to the monitoring and verification of the cease-fire, MINURSO, as a United Nations mission, could not be a silent witness to conduct that might infringe the human rights of the civilian population’.

Conclusions: The third parties should use the current focus on human rights to make progress towards a resolution of the Western Sahara conflict. Separating the human-rights issue from its political context bears the risk of the conflict again falling into oblivion once the ‘technical’ human-rights questions are dealt with as part of a conflict management rather than conflict resolution strategy.

This year, South Africa, a traditional ally of the Polisario Front, is on the Security Council and will likely take a firm position in the debate. If the Group of Friends wants to avoid further damage to its credibility and legitimacy, it will have to propose a human-rights monitoring mechanism in its draft resolution in April. The most effective option to monitor human rights and change the underlying dynamics of the conflict would be to provide MINURSO with a human-rights component. In order to produce a balanced and useful draft resolution, this point of view should be represented in the ‘Group of Friends’. Spain would be the member the best placed to take on that role. It could do it as part of an independent foreign policy that takes into consideration Spain’s historical responsibility with regard to the Western Sahara conflict, its interests and strategic priorities, as well as universally-recognised legal principles. In this endeavour, the Spanish government would not only have the backing of public opinion but also a democratic mandate from the Congress of Deputies and several Autonomous Parliaments.

Notas:

[1] See http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/58/PDF/N1124558.pdf?OpenElement.

[2] See http://www.arso.org/OHCHRrep2006en.pdf.

[3] See http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/19/human-rights-western-sahara-and-tindouf-refugee-camps-0.

[4] See Salka Barca & Stephen Zunes (2009), ‘The Nonviolent Struggle for Self-determination in Western Sahara’, in Maria Stephan (Ed.), Civilian Jihad, Nonviolent Struggle, Democratization, and Governance in the Middle East, Palgrave Macmillan, New York.

[5] See http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201008/20/espana/20100820elpepunac_1_Pes_PDF.tiff.

[6] Anna Theofilopoulou & Jacob Mundy (2010), ‘Why the UN Won’t Solve Western Sahara (Until it Becomes a Crisis)’, Middle East Channel of Foreign Policy, 12/VIII/2010.

[7] See http://www.elimparcial.es/mundo/espana-nunca-ha-mostrado-una-voluntad-real-para-solucionar-el-conflicto-del-sahara-58880.html.

[8] ‘El suicidio de Marruecos’, El País, 9/XI/2010.

[9] See ‘La voix de la France a disparu dans le monde’, Le Monde, 23/II/2011.

[10] See http://www.elpais.com/articulo/opinion/Bucle/marroqui/elpepiopi/20101207elpepiopi_1/Tes.

[11] See http://www.senado.es/legis9/publicaciones/html/maestro/index_CO_658.html.

[12] ‘The Situation Concerning Western Sahara’, Report by the Secretary-General, 26/I/1993 (S/25170).

Tema: El establecimiento de un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, preferentemente mediante la ampliación del mandato de la MINURSO, cambiaría la dinámica subyacente del conflicto, permitiendo avances en el proceso negociador.

Resumen: El foco sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental ha aumentado la visibilidad del conflicto y la presión para resolverlo, abriendo oportunidades de superar el estancamiento actual que las terceras partes deberían aprovechar. Un mecanismo de supervisión de los derechos humanos, preferentemente por la MINURSO, serviría como medida de fomento de la confianza entre las partes del conflicto. Además, una posición firme respecto a las obligaciones de las partes en materia de derechos humanos sentaría un precedente para una mediación internacional más vigorosa, cambiando la dinámica subyacente del conflicto. Una estrecha coordinación de España con el Reino Unido para establecer un mecanismo de supervisión de los derechos humanos neutralizaría la oposición de Francia y equilibraría la relación de fuerzas dentro del “Grupo de Amigos del Secretario General para el Sáhara Occidental” (Grupo de Amigos), creando condiciones para aumentar su eficacia. Una decisión del Consejo de Seguridad a tal efecto en abril de 2011 permitiría avanzar en el proceso negociador para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.

Análisis: En los dos últimos años, el debate del Consejo de Seguridad sobre la situación en el Sáhara Occidental se ha centrado, por una parte, en la necesidad de establecer un mecanismo independiente para vigilar el respeto de los derechos humanos y, por otra, en la demanda de ampliar el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) a tal efecto. A no ser que se llegue a un acuerdo previo, todo apunta a que este debate se reanudará, con mayor intensidad si cabe, en la reunión que el Consejo de Seguridad celebrará en abril para considerar el próximo informe del Secretario General sobre la situación en el Sáhara Occidental y decidir sobre la renovación del mandato de la MINURSO.

Este año España no es miembros del Consejo de Seguridad. Sin embargo, como miembro de la UE y, en particular, del Grupo de Amigos, inevitablemente se verá implicada en este debate y se enfrentará a las exigencias de definir claramente su posición al respecto. Para la diplomacia española, esta situación supone, además de un reto, la oportunidad de mostrar su capacidad de liderazgo estableciendo alianzas e impulsando ideas en foros multilaterales que contribuyan a resolver una situación considerada por muchos como insostenible. En la Resolución 1920 del 30 de abril de 2010, el Consejo de Seguridad también reconoció que “la consolidación del statu quo no es aceptable a largo plazo”.

Los derechos humanos, ¿una piedra en el camino hacia la paz?

En vista de la importancia que está cobrando la defensa de los derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental, existe la preocupación de que la atención del Consejo de Seguridad se desvíe de las cuestiones políticas esenciales. También se critica que el énfasis sobre los derechos humanos no obedece a una preocupación sincera, sino que es una estratagema del Frente Polisario para atacar a Marruecos.

La atención a la cuestión de los derechos humanos ha de situarse en un contexto más amplio. Desde el final de la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad ha vinculado el respeto a los derechos humanos al mantenimiento de la paz y la seguridad. Un ejemplo es la Resolución 688 (1991) condenando “los actos de represión perpetrados contra la población civil iraquí”, exigiendo que Iraq pusiera fin a los mismos “a fin de contribuir a eliminar la amenaza a la paz y la seguridad internacionales”, y promoviendo el diálogo “con miras a garantizar que se respeten los derechos humanos y políticos de todos los ciudadanos iraquíes”.

Otro ejemplo más reciente es la Resolución 1970, que remite la situación imperante en Libia desde el 15 de febrero de 2011 a la Corte Penal Internacional e impone un embargo de armas tras deplorar “la grave y sistemática violación de los derechos humanos, incluida la represión de manifestantes pacíficos”.[1] Aprobada bajo el capítulo VII de la Carta de la ONU, esta resolución subraya “la necesidad de respetar las libertades de reunión pacífica y de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación”, pide que “se tomen medidas para satisfacer las demandas legítimas de la población” e insta a las autoridades libias a “permitir el acceso inmediato de veedores internacionales de derechos humanos” y “levantar inmediatamente las restricciones impuestas a los medios de comunicación de todo tipo”. Si en el próximo mes de abril el Consejo de Seguridad no abordara la situación de los derechos humanos en su debate sobre el Sáhara Occidental y no la examinara con el mismo baremo que ha aplicado en Libia, estaría haciendo una excepción que comprometería seriamente su credibilidad y, por tanto, su capacidad para mantener la paz y la seguridad en toda la región.

Por otra parte, al poner sobre la mesa del Consejo de Seguridad la ampliación del mandato de la MINURSO, el Frente Polisario ha integrado en su estrategia diplomática una recomendación formulada años antes por las organizaciones internacionales de derechos humanos. De hecho, la campaña de Amnistía Internacional (AI) se remonta a 1992. En todo caso, la decisión del Consejo de Seguridad de autorizar a la MINURSO a vigilar el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf (en territorio argelino) requeriría el consentimiento de Marruecos, del Frente Polisario y de Argelia, poniendo a prueba el compromiso con los derechos humanos de todas las partes.

El foco sobre los derechos humanos: efecto y no causa de la falta de resolución del conflicto

En 2006, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH) concluía en un informe confidencial filtrado a la prensa[2] que casi todas las violaciones de derechos humanos tenían su origen en la falta de realización del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. En vista de una promesa de referéndum incumplida, de la inviabilidad de la lucha armada y del escaso éxito de las iniciativas diplomáticas, la defensa del derecho a la autodeterminación se ha convertido en un eje importante de las campañas de los activistas saharauis sobre la base del Artículo 1 de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, adoptados por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1966.

Para reprimir sus actividades e intimidar a la población del Sáhara Occidental, las autoridades marroquíes han utilizado leyes que prohíben ataques contra la “integridad territorial” de Marruecos, lo que ha conllevado violaciones de los derechos de expresión, asociación y asamblea, además de procesos sin garantías judiciales, maltrato, torturas y violencia policial. Marruecos también ha impuesto restricciones a los medios de comunicación y expulsado a observadores internacionales. En un informe de 2008, Human Rights Watch (HRW) concluía que los límites a los avances que Marruecos ha realizado desde los años 90 en materia de derechos humanos se manifiestan en la represión de posiciones contrarias a la tesis de que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos.

También en los campos de refugiados de Tinduf en Argelia, administrados por el Frente Polisario, existen violaciones de derechos humanos vinculadas a la falta de resolución del conflicto. Por ejemplo, en septiembre de 2010, el policía Mostafa Salma Sidi Mouloud fue detenido arbitrariamente tras expresar públicamente su apoyo a la propuesta de autonomía marroquí –que excluye un referéndum con la opción de la independencia reclamada por el Frente Polisario– y anunciar que la promovería en los campos de Tinduf.

Aumentando la visibilidad de un conflicto olvidado

En una entrevista de 2004 ofrecida al Public Broadcasting Service (PBS), el antiguo secretario de Estado estadounidense y enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental de 1997 a 2004, James Baker, opinaba que una de las dificultades para resolver el conflicto provenía de la escasa importancia que se le atribuye en el orden internacional. El foco sobre los derechos humanos ha hecho el conflicto más visible y lo ha devuelto a la agenda internacional, aumentando así la presión para resolverlo.

Destacan tres acontecimientos que, sobre la base del discurso de los derechos humanos, han reforzado la solidaridad internacional: el levantamiento (intifada) saharaui de 2005, el desafío de Aminetu Haidar al oponer resistencia a su expulsión de El Aaiún mediante una huelga de hambre en 2009 y las acciones de protesta vinculadas al campamento de Gdaym Izzik en 2010. El reto estriba, pues, en diseñar estrategias diplomáticas que aprovechen la presión y el interés generados por las cuestiones de derechos humanos como revulsivo para transformar las relaciones y salir del estancamiento. En este cometido, el papel de las terceras partes es clave.

La necesidad de crear dinámicas nuevas para avanzar en el proceso diplomático

En un informe del International Crisis Group publicado en 2007 bajo el título Superar el Estancamiento, se vaticinaba que si la dinámica subyacente del conflicto no cambiaba, los esfuerzos por encontrar una solución negociada sobre las base de las propuestas presentadas por Marruecos y el Frente Polisario estaban abocados al fracaso. Desde entonces, sucesivas rondas de consultas informales bajo los auspicios de la ONU ni siquiera han logrado producir un acuerdo previo sobre el marco de las negociaciones: cada una de las partes continúa rechazando la propuesta de la otra como base de negociaciones futuras, aunque el Frente Polisario se ha mostrado más proclive a considerar la propuesta de la otra parte si hay reciprocidad.

En una carta al Grupo de Amigos, enviada en junio de 2010 y más tarde filtrada a la prensa,[3] el enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, dejaba entrever su frustración con la actitud de Marruecos y la falta de avances y pedía apoyo para salir del estancamiento. Si para lograr este objetivo resulta necesario crear dinámicas nuevas, cabe analizar, en primer lugar, las dinámicas existentes actualmente; en segundo lugar, el papel que podrían jugar las terceras partes para cambiarlas; y, por último, la manera de encajar la cuestión de los derechos humanos en una estrategia diseñada a tal efecto.

La dinámica actual: la misma que provocó el fracaso del Plan Baker II

El fracaso del Plan Baker II es un buen ejemplo de las dinámicas que bloquean los esfuerzos por resolver el conflicto. En junio de 2004, Baker dimitía de su cargo de enviado personal tras constatar la negativa del Consejo de Seguridad de respaldar su plan de paz con la fuerza necesaria para ponerlo en práctica: la Resolución 1541 daba mayor apoyo a la búsqueda de “una solución política mutuamente aceptable” que al plan de paz del enviado personal. Tras una fase de autonomía, el Plan Baker preveía un auténtico referéndum de libre determinación –incluida la opción de la independencia– con una identificación de votantes que favorecía los objetivos políticos de Marruecos. Si bien reconocía la relación de poder entre las partes, era una propuesta de compromiso que intentaba salvar principios básicos del Derecho Internacional. Con dificultades, el Frente Polisario la aceptó, pero Marruecos, la parte más fuerte, la rechazó tajantemente afirmando que “el carácter definitivo de la solución de autonomía no [era] negociable”. Dando claras muestras de parcialidad, en 2007 el Consejo de Seguridad ponía de manifiesto su preferencia por el plan de autonomía marroquí: las resoluciones 1754 y 1783 hacen referencia a “los esfuerzos serios y creíbles” de Marruecos –pero no del Frente Polisario– de encontrar una solución. En su declaración relativa a la Resolución 1783, Sudáfrica, gran aliado diplomático del Frente Polisario, advertía que elogiar una propuesta por encima de otra minaría las posibilidades de negociar un acuerdo.

Al apoyar la propuesta de Marruecos de antemano, el Consejo de Seguridad ha “desincentivado” su voluntad de compromiso y acentuado el diferencial de poder entre las partes en un conflicto asimétrico con implicaciones para el proceso negociador: ni ha persuadido a Marruecos de la necesidad de hacer concesiones para alcanzar sus objetivos, ni se ha ganado la confianza del Frente Polisario para negociar. En una entrevista publicada en marzo de 2010,[4] Julian Harston, representante especial del secretario general para el Sáhara Occidental y jefe de la MINURSO entre 2007 y 2009, confirmaba que la comunidad internacional había presionado principalmente al Frente Polisario. Ante esta perspectiva, si el Consejo de Seguridad y el Grupo de Amigos quieren ayudar a desbloquear la situación, tendrán que revisar sus planteamientos.

El respeto a los derechos humanos como medida de fomento de la confianza

En la Resolución 1920 (2010), el Consejo de Seguridad destaca “la importancia de lograr avances respecto de la dimensión humana como medio de promover la transparencia y la confianza mutua”. Sin embargo, las medidas que se aplican actualmente se limitan a facilitar reuniones entre saharauis de los campos de Tinduf y sus parientes en el Sáhara Occidental por razones humanitarias. Un mecanismo eficaz de supervisión de los derechos humanos podría contribuir a mejorar el bienestar de la población fomentando la confianza entre las partes del conflicto. Así, una mayor libertad de expresión, asociación y asamblea podría abrir espacios para un debate sereno sobre las diferentes opciones de futuro sin temor a represalias, creando un clima de confianza más propicio al diálogo.

Además, aunque con opciones diferentes, tanto el plan de paz de Marruecos como el del Frente Polisario proponen un referéndum. Sin una garantía de respeto escrupuloso a los derechos de expresión, asociación, asamblea y movimiento será imposible celebrar un referéndum libre y justo cuyo resultado sea aceptado por la población saharaui como legítimo. Por tanto, un mecanismo de supervisión de los derechos humanos ayudaría a restablecer la confianza del pueblo saharaui en el proceso auspiciado por la ONU, fomentando la posibilidad de una resolución del conflicto por la vía pacífica, relajando la tensión sobre el terreno y creando esperanza en las oportunidades de futuro. Por otra parte, un acuerdo sobre un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos serviría de precedente para negociar y gestionar otras cuestiones.

Marruecos y los socios que han apostado por su propuesta de autonomía, como EEUU, Francia y España, deberían, por su propio interés, apoyar el establecimiento de un mecanismo de supervisión de los derechos humanos Si bien la autonomía es una opción válida para realizar el derecho de autodeterminación, no es realista pensar que el pueblo saharaui la aceptará sin garantías amplias, firmes y creíbles de respeto a los derechos humanos, división de poderes y participación democrática. Como afirmaba Bernabé López García en un artículo el pasado noviembre,[5] “sin democracia, no habrá salida alguna al problema del Sáhara”; sin respeto a los derechos humanos, tampoco.

El contencioso en torno a los derechos humanos, ¿un punto de inflexión para cambiar la dinámica del conflicto?

El debate sobre los derechos humanos ha seguido la misma dinámica que ha marcado el conflicto. Las posiciones entre las partes son “cuasi-irreconciliables”, como decía el antiguo enviado personal van Walsum, el Consejo de Seguridad carece de voluntad política para imponer soluciones sobre la base del Derecho Internacional, favoreciendo los objetivos de la parte más fuerte en un conflicto asimétrico, y la Secretaría General de la ONU muestra excesiva timidez a la hora de asumir sus responsabilidades y hacer valer los principios que enarbola, minando la credibilidad de la organización. En lo que respecta al Consejo de Seguridad, éste ha supeditado el establecimiento de un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos al consenso entre las partes. Ha dado así poder de veto a Marruecos en cuestiones relativas a la protección de los derechos humanos de una población en un Territorio No Autónomo que, en gran parte, se halla bajo su control efectivo sin reconocimiento legal.

Un enfoque más eficaz para proteger los derechos humanos de la población saharaui y asegurar avances en el proceso diplomático consistiría en dejar claro que la defensa de los derechos humanos no es negociable. De este modo se crearían dinámicas nuevas que mitigarían los efectos de la estructura asimétrica del conflicto, se sentaría un precedente para una mediación más vigorosa y aumentarían las perspectivas de éxito en las negociaciones.

Existe la preocupación de que Marruecos abandone la mesa de negociaciones si recibe presiones pero, por otra parte, no hay grandes avances en el proceso diplomático. El propio Christopher Ross ha advertido que sin una mayor voluntad política, continuar las conversaciones sólo servirá para desacreditar a la ONU. Las protestas organizadas desde el campamento de Gdaym Izzik y las vehementes demandas de derechos económicos, sociales, civiles y políticos que provienen del Sáhara Occidental y gran parte del mundo árabe muestran que, para lograr una paz sostenible y estabilidad regional, cualquier solución política tendrá que incluir el respeto a los derechos humanos.

¿Qué se puede hacer en abril desde la ONU?

Hay poco que perder y mucho que ganar. Dos ejemplos concretos de cómo las terceras partes podrían mostrar una actitud firme en relación con los derechos humanos en el mes de abril serían: (1) una recomendación del secretario general de establecer un mecanismo de supervisión de los derechos humanos; y (2) una propuesta concreta del Grupo de Amigos para ponerla en práctica.

(1) El Informe del secretario general de la ONU: consciente de las divisiones en el Consejo de Seguridad, el secretario general todavía no ha recogido en sus informes la recomendación realizada en 2006 por la OACDH –que forma parte de su propia Secretaría– de que la ONU explore la mejor manera de establecer un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos en la región.En un informe con lagunas, en abril de 2010, el secretario general reconoce el deber de la ONU de promover las normas de derechos humanos en todas sus operaciones, pero no explica cómo la MINURSO está cumpliendo con ese deber. En dicho informe, el secretario general menciona denuncias de violaciones de derechos humanos por ambas partes y dice haberlas transmitido a la OACDH, pero no explica qué seguimiento se les ha dado desde allí. Tampoco menciona la controversia legal que existe en torno a la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental. Por último, señala que la MINURSO no dispone de un mandato en materia de derechos humanos, aunque no indica si lo debería de tener.

Quizá el secretario general pretenda proyectar una imagen de imparcialidad. Sin embargo, desde el Informe Brahimi (2000), la imparcialidad en las operaciones de paz no se entiende como neutralidad, sino como adhesión a los principios de la Carta de Naciones Unidas, lo cual incluye el respeto a los derechos humanos.

Un mayor compromiso con la defensa de los derechos humanos se correspondería con la responsabilidad especial de la ONU con la población de un Territorio No Autónomo que, tras la retirada unilateral de España como potencia administradora en 1976, se ha quedado de facto sin las protecciones que le confiere el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas. En una conferencia sobre el Sáhara Occidental organizada por las universidades públicas de Madrid en 2007, Francesco Bastagli, representante del secretario general y jefe de la MINURSO de 2005 a 2007, recomendaba que, hasta que se materialice el derecho a la autodeterminación, la ONU actúe como “abogado defensor” del pueblo saharaui en temas como los derechos humanos o la explotación de los recursos naturales. Siguiendo esta línea de pensamiento, el informe del secretario general de 2011 debería adoptar las recomendaciones de la OACDH, marcando pautas para el debate del Consejo de Seguridad.

(2) ¿Es incapaz el Grupo de Amigos de cumplir con sus funciones?: en los dos últimos años, en lugar de agilizar el proceso, los borradores del Grupo de Amigos han sido objeto de controversia por ignorar las cuestiones relativas a los derechos humanos Las resoluciones sólo pudieron ser aprobadas por unanimidad tras horas de intenso debate dedicado a acordar fórmulas de compromiso que hicieran referencia a los derechos humanos, pero sin mentarlos por su nombre. Esta controversia cuestiona la capacidad del Grupo de Amigos para cumplir con sus funciones. En sus intervenciones relativas a la Resolución 1920, Nigeria, Uganda, México y Austria abogaron por una revisión del proceso de redacción con el objetivo de hacerlo más inclusivo y transparente.

Tanto en 2009 como en 2010, los borradores preparados por el Grupo de Amigos tuvieron que ser renegociados a fondo en el Consejo. En 2009, la presión de Costa Rica, México, Nigeria y Uganda, junto con la posición favorable del Reino Unido, llevaron a la inclusión de un párrafo en el preámbulo de la Resolución 1871 que hace referencia a los derechos humanos por medio del término “dimensión humana”, lo cual no deja de ser una completa anomalía en el sistema de Naciones Unidas. En 2010, tras las amenazas de México, Uganda y Nigeria de abstenerse en el voto, fueron necesarias 18 horas de negociaciones a nivel de embajadores y la mediación de EEUU para añadir a la Resolución 1920 tres líneas en las que, con una fórmula de “ambigüedad constructiva”, se observa la necesidad de que las partes respeten los derechos humanos y cooperen con la OACDH. La diplomacia activa de algunos miembros no permanentes del Consejo lograba así abrir espacios para negociar el establecimiento de un mecanismo de supervisión de los derechos humanos.

Perspectivas y opciones

La ola de revueltas en el Magreb y los acontecimientos relativos al campamento de Gdaym Izzik han incrementado la presión sobre el Consejo de Seguridad de establecer un mecanismo de supervisión de los derechos humanos. Las dificultades de contrastar las cifras de víctimas sin acceso al territorio, el bloqueo informativo impuesto por Marruecos y las repercusiones políticas del desmantelamiento del campamento mostraron la necesidad de una presencia permanente de la ONU en el territorio que proporcione al Consejo información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos. Actualmente la MINURSO no está en condiciones de cumplir con esa función por dos razones: (1) la falta de un mandato explícito de protección de los derechos humanos para investigar y contrastar datos; y (2) los obstáculos a los que se enfrenta a la hora de llevar a cabo sus operaciones.

Todo parece indicar que las fichas se están moviendo. La explicación del voto de EEUU en la Resolución 1920 pide a las partes que cooperen con la comunidad internacional para garantizar el respeto a los derechos humanos. A fin de evitar que el contencioso sobre la ampliación del mandato de la MINURSO vuelva a dividir al Consejo en abril, el Reino Unido ha iniciado un proceso de consulta para explorar otras opciones. El balance de 12 agentes muertos tras el desalojo del campamento de Gdaym Izzik podría hacer recapacitar a Marruecos sobre la conveniencia de desplegar observadores internacionales. Y con los vientos de revuelta y libertad que soplan en el Magreb, el veto de Francia al término “derechos humanos” es una fuente de descrédito para su gobierno. Las críticas recibidas por el silencio y la connivencia ante las revueltas en Túnez y Egipto sugieren que Francia tendrá que revisar su estrategia diplomática. De hecho, en un reciente artículo publicado en Le Monde, un grupo de diplomáticos franceses planteaba la necesidad de desarrollar una política exterior más coherente, que tenga en cuenta valores democráticos y de solidaridad.[6]

También en España hay cada vez más voces que aconsejan una revisión de la estrategia diplomática para el Magreb (véase, por ejemplo, el editorial “Bucle marroquí”, publicado en El País, 7/XII/2010).[7] Claramente, con respecto al Sáhara Occidental, existe una brecha entre las declaraciones públicas y la estrategia política que limita el margen de maniobra de la diplomacia española.

Fuentes diplomáticas comentan que, en el Grupo de Amigos, “el silencio de España es ensordecedor”. Sin embargo, ante la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados, la ministra de Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, declaraba el 18 de noviembre de 2010 que “el gobierno pidió hace un año… que se ampliara la vigilancia y el componente de derechos humanos en… la MINURSO. Siempre hemos sido igualmente exigentes con la defensa de los derechos fundamentales, de las libertades; y lo seguimos siendo ahora y se lo hemos dicho al gobierno de Marruecos desde el primer día”.[8] Asimismo, en relación a los acontecimientos de Gdaym Izzik, el 8 de noviembre de 2010, la ministra opinaba en una rueda de prensa celebrada en Bolivia que la Presidencia británica podría convocar al Consejo de Seguridad. Sin embargo, la reunión informativa del Consejo, que tuvo lugar el 16 de noviembre, se celebró a petición de México.

Para proyectar la imagen de una política exterior más coherente y aumentar su capacidad de influencia y liderazgo en foros internacionales, España debería, por una parte, abrir un debate serio y profundo en la sociedad española para lograr un consenso que permita ajustar las declaraciones públicas a la estrategia política y, por otra parte, traducir la posición declarada del gobierno en acción diplomática. Una opción sería sumarse a los esfuerzos del Reino Unido por establecer un mecanismo de supervisión de los derechos humanos, neutralizando cualquier oposición (incluida una eventual oposición de Francia) y alterando el equilibro de fuerzas dentro del Grupo de Amigos. Con esta estrategia, España aumentaría la capacidad del Grupo de Amigos de presentar en abril un borrador apto para el consenso y, por tanto, de desempeñar un papel constructivo y relevante en la resolución del conflicto.

¿Qué mecanismo de vigilancia del respeto a los derechos humanos?

La ampliación del mandato de la MINURSO ha pasado de ser la demanda principal a constituir una de las opciones para establecer un mecanismo de supervisión de los derechos humanos A pesar de la preferencia por la MINURSO, existe también la voluntad de negociar un mecanismo alternativo, siempre que éste se establezca bajo la autoridad del Consejo Seguridad y tenga una presencia permanente sobre el terreno. Una de las alternativas más importantes que se barajan es una Oficina Regional de la OACDH.

(1) Restableciendo la credibilidad y legitimidad de la MINURSO: actualmente, las pocas operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU que no vigilan los derechos humanos tienen un mandato tradicional de supervisar el alto el fuego (como UNFICYP en Chipre). En cambio, la MINURSO se estableció además para organizar el referéndum previsto en el Plan de Arreglo (1990). En Sudán, donde se celebró un referéndum de autodeterminación en el sur en enero de 2011, UNMIS tiene observadores de derechos humanos. También el mandato de la MINURSO contiene implícitamente responsabilidades relativas a los derechos humanos, como la supervisión del orden público para garantizar las condiciones necesarias para un referéndum libre e imparcial durante el período de transición. Dotarla de un mandato explícito de derechos humanos sería la conclusión lógica de esta fórmula. Tal mandato ayudaría a la MINURSO –desprestigiada por no haber cumplido gran parte de su mandato– a restablecer su credibilidad y legitimidad, factores clave para el éxito de una misión de paz. Además, los generosos recursos de los que dispone y su excelente conocimiento del terreno la convierten en la mejor plataforma para vigilar eficazmente los derechos humanos De hecho, la OACDH apoya fuertemente la integración de observadores de derechos humanos en las misiones de paz de la ONU y considera que la MINURSO no debería constituir una excepción.

(2) Oficina Regional de la OACDH: una Oficina Regional permitiría situar la problemática en el contexto de los esfuerzos por mejorar la situación de los derechos humanos como parte del desarrollo y la modernización en la región. Se evitarían así los escollos del estatuto específico del Sáhara Occidental –que se plantea con la opción de la MINURSO– facilitando el consentimiento de Marruecos. Sin embargo, habitualmente las Oficinas Regionales no supervisan los derechos humanos sino que prestan asistencia técnica. Además, la OACDH carece del poder del Consejo de Seguridad para negociar acuerdos y garantizar un seguimiento político de los problemas. De hecho, la OACDH lleva negociando –sin éxito hasta la fecha– más de dos años para abrir una Oficina Regional que realice tareas de capacitación y cooperación en Rabat. Obtener el consentimiento para una supervisión eficaz de los derechos humanos en ambos lados, sería mucho más difícil.

Proteger los derechos humanos mediante una interpretación amplia del mandato de la MINURSO

Hasta que se establezca un mecanismo de derechos humanos especializado, la MINURSO debería explorar vías de proteger mejor a la población saharaui y las terceras partes deberían hacer gestiones para que la misión pueda llevar a cabo sus operaciones sin restricciones de movimiento.

Un precedente interesante es la ampliación de las actividades de la MINURSO para apoyar el programa de visitas del ACNUR sin cambiar el mandato. Por otra parte, cabe preguntarse si realmente es necesario un mandato explícito en materia de derechos humanos para que cualquier misión de paz transmita al Consejo de Seguridad las violaciones que observe durante sus operaciones, o si implícitamente dicha tarea de información forma parte de su mandato. En un informe de 1993,[9] el secretario general entendía que “si bien su actual mandato militar se limita estrictamente a la vigilancia y verificación de la cesación del fuego, la MINURSO, en su condición de misión de la ONU, no podría ser testigo mudo de conductas que pudieran violar los derechos humanos de la población civil”.

Conclusiones: Las terceras partes deberían aprovechar el foco sobre los derechos humanos para avanzar en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Separar la protección de los derechos humanos del contexto político encierra el peligro de que dentro de una estrategia de gestión –que no resolución– de conflicto, una vez arreglado el tema “técnico” de los derechos humanos y aminorada la presión de actuar, el conflicto del Sáhara Occidental vuelva a caer en el olvido.

Este año, Sudáfrica, tradicional aliado del Frente Polisario, es miembro no permanente del Consejo de Seguridad y es de esperar que tome cartas en el asunto. Por su parte, si quiere evitar más daños a su credibilidad y legitimidad, el Grupo de Amigos tendrá que proponer un mecanismo de supervisión de los derechos humanos. En este sentido, la opción más eficaz para proteger los derechos humanos de la población saharaui y crear nuevas dinámicas sería la ampliación del mandato de la MINURSO. Por otra parte, para presentar un proyecto de resolución útil al Consejo, es importante que este punto de vista esté representado en el Grupo de Amigos. España es el único miembro que podría hacerlo como parte de una política exterior con señas de identidad propia, que tenga en cuenta su responsabilidad histórica y responda tanto a intereses definidos por la realpolitik como a principios legales. Para ello contaría, además de con el apoyo de la opinión pública, con un mandato democrático que emana del Congreso de los Diputados y de varios parlamentos autonómicos.

Notas:

[1] Véase http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1970%20(2011).

[2] Véase http://www.arso.org/OHCHRrep2006en.pdf.

[3] Véase http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201008/20/espana/20100820elpepunac_1_Pes_PDF.tiff.

[4] Véase http://www.elimparcial.es/mundo/espana-nunca-ha-mostrado-una-voluntad-real-para-solucionar-el-conflicto-del-sahara-58880.html.

[5] “El suicidio de Marruecos”, El País, 9/XI/2010.

[6] “La voix de la France a disparu dans le monde”, Le Monde, 23/II/2011.

[7] http://www.elpais.com/articulo/opinion/Bucle/marroqui/elpepiopi/20101207elpepiopi_1/Tes.

[8] Véase http://www.senado.es/legis9/publicaciones/html/maestro/index_CO_658.html.

[9] “La situación en el Sáhara Occidental”, Informe del Secretario General, 26 de enero de 1993 (S/25170).

South Korea’s air force has been dropping balloons with leaflets into North Korea describing the struggle to oust Moammar Kadafi in Libya and calling on the North Koreans to rise up against their oppressors.

This is a ridiculous exercise for the obvious reason that Libya is split by countless tribal and regional divisions. By contrast, North Korea is ethnically homogeneous and strongly united by a nationalist heritage deeply rooted in the struggles against the Japanese colonial occupation and three years of U.S. saturation bombing during the Korean War.

More important, the South Korean leaflet barrage illustrates the utter ignorance of the conservative ruling party in the South concerning the nationalist ethos of North Korea, and thus explains why the current hard-line U.S. policy toward Pyongyang, reflecting the same lack of realism, is not working.

The psychological cement that holds North Korea together is nationalism, and the key to understanding the strength of nationalist feeling in the North lies in a recognition of the traumatic impact of the Korean War. The North’s founding leader, Kim Il Sung, skillfully utilized his totalitarian control to enshrine himself as the defender of Korean sovereignty and honor in the eyes of his people, but he was able to do so primarily because memories of the war made his nationalist message credible.

The American visitor is reminded constantly that the scars left by the war are unusually deep in the North. The South suffered brutal but relatively brief anguish during the latter part of 1950, with Pyongyang using little close air support in its operations there. The North, by contrast, endured three years of heavy U.S. bombing in addition to the Yalu offensive on the ground.

The defiant distrust of the outside world that persists in North Korea today recalls the American Revolution flag that bore the motto “Don’t Tread on Me” and depicted a rattlesnake poised to strike. But soon after winning the Revolutionary War, the United States adopted a confident posture toward the world. North Korea, however, continues to feel defensive and embattled more than five decades after the armistice. This “permanent siege mentality” has been systematically kept alive first by Kim Il Sung and now by Kim Jong Il to fortify their domestic power.

North Korean leaders have been able to appeal for support in the face of a foreign threat by pointing to the many reminders that the Korean War is not yet over: the continuance of the U.S. economic sanctions imposed during the war until a partial relaxation began in 1999; the presence of U.S. forces in the South, still operating under the same U.N. command structure used during the war and still conducting regular military exercises with South Korean forces; and above all, the legal reality that the Korean War has not ended.

To the United States, the fact that the armistice has not been replaced with a permanent peace settlement is a mere technicality. But to North Korea, the unresolved stalemate with Washington over the terms of a settlement reflects an American-Japanese plot to stall for time while promoting the collapse of the North and its absorption by the South.

The reason that South Korean President Lee Myung-bak’s predecessors, Kim Dae-jung and Roh Moo-hyun, kept the peace so successfully for eight years, avoiding military tensions such as those of recent months, is that their policies were not based on the assumption of a North Korean collapse. Their goal was cooperation leading to a loose North-South confederation, a goal reaffirmed in the North-South summit meetings in which Kim in 2000 and Roh in 2007 affirmed that they sought confederation.

Lee’s first act on becoming president in 2008 was to disown the concept of a confederation. And I found on my Pyongyang visit in June 2009 that North Korea viewed this as proof that Seoul wants to promote a collapse.

Instead of trying to stir up a rebellion in North Korea, where there are no parallels to the Arab world, Lee should make it clear that he accepts the confederation commitment made by his predecessors.

What the ruling oligarchs of the Arab world have lacked is precisely the ethnic homogeneity and nationalist ethos that has given North Korea its staying power despite the ravages of famine and economic hardship. For this reason, it is the Arab world, not North Korea, that will continue to dominate American TV screens, while Seoul tries in vain to wish away the Pyongyang regime instead of pursuing the path of coexistence.

The mostly Christian and animist southern Sudan voted almost unanimously last month to secede from the mostly Muslim and Arab north.

Am I, a Northern Arab Muslim, supposed to celebrate, although I have been called by some southerners an oppressor, a colonialist and a slave-trader? True, my grandfather had slaves from the south, but was that my fault?

More than half a century ago, I saw the first southern Sudanese, when he visited my village, Wadi Haj (population 100), near the town of Argo, on the Nile River in Northern Sudan, south of the borders with Egypt.

An educational administrator, he was visiting the town’s schools, and was making courtesy calls to the village elders when we, young boys, curiously followed him from one house to the other.

We were curious for several reasons. First, although we were all black, we were surprised by how very black he was. A teacher at our school who had taught in the south told us, “All of them look like this.” The teacher showed us a gun that the government had given him when he was there to protect himself from threatening southerners.

Second, in a region that was 100 percent Muslim, non-Muslim visitors were a rarity. The southerner, who was respected and welcomed as a guest and as a government official, visited during Ramadan, the Muslim fasting month, and news quickly spread that “aljanoobi alkafir” (the infidel southerner) was eating during the day; some said “alabid alkafir” (the infidel slave).

Thirty years ago, during my last visit to my village before I immigrated to America, my father told me a family secret that I didn’t know: My grandfather, an Arab Bedouin chief who died before I was born, had a few slaves from the South. He freed them just before he died, and their children and grandchildren lived in a nearby village.

The following day, my father and I, riding on donkeys, visited their descendents. We were warmly welcomed and talked cordially about different subjects, but there was never a hint about slavery. After we left, my father advised me: “Befriend them; don’t talk about the past; open a new page; don’t call them ‘abids’; and when you come back from America, bring them presents.”

During my years in America, I had my share of being called the n-word (the equivalent of “abid”). But thanks to my father, I tried to stand on higher moral ground. I also realized that people all over the world and throughout history have been insulting each other. And since I had come to believe that the color of my skin doesn’t have anything to do with my identity (and that the core of my identity is my faith), I felt that I had “liberated” myself from this “curse.”

Throughout the years, I have had arguments with some black Americans about what I believe is their preoccupation with slavery, the color of their skin and the n-word. Many replied that I didn’t understand because, as one of them said, “Your grandparents were not slaves and your parents were not discriminated against in Alabama or Mississippi.”

For many years, I didn’t follow the details of events in Sudan. But when I learned that the U.S.-sponsored peace agreement in 2005 had ended the war between the north and the south and called for a referendum on the partition of the country, I interviewed about a dozen leading personalities from southern Sudan. I wasn’t ready for the surprises.

The first — was it really a surprise? — was how little I knew about my “brothers.” The second was that most of them wanted separation. The third surprise was their preoccupation with slavery, the color of their skin and the “abid” word.

I told them of my debates with black Americans. I argued that in America blacks are both northerners and southerners. I argued that the blacks in America suffered more under the whites than the southern Sudanese under the northerners, but they didn’t call for a separate country, that at present there was a black president.

Now, these are my questions about the U.S. role in Sudan’s partition:

First, why did the United States, as it has moved from slavery to reconciliation without breaking-up, not pressure all Sudanese leaders to keep their country united?

Second, why did the United States neglect the part of the 2005 peace agreement that says: “The Parties shall work toward …making the unity of Sudan attractive”?

Third, why did the United States not seek higher moral ground so that Sudan could be an example of religious coexistence and a bridge between the Muslim world and Africa?

A few months ago, Time magazine had a cover story with the question, “Is America Islamophobic?” It mentioned that more than half of Americans had a negative attitude toward Islam and Muslims and that almost half of them said that Muslims believed in ideas contrary to basic American ideals of freedom and justice. The magazine said Islamophobia influenced domestic and foreign U.S. policies.

I believe that my adopted country’s role in partitioning my native country was driven by Islamophobia. This makes me sad and angry.

Tema: Costa Rica y Nicaragua se encuentran enfrentadas en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia por un humedal en la desembocadura del río San Juan.

Resumen: Lo que empezó siendo un trabaja de dragado en la parte nicaragüense del río San Juan por iniciativa del gobierno de Daniel Ortega y la posterior acusación de Costa Rica de que se estaban produciendo importantes daños medioambientales en su territorio ha desembocado en un conflicto bilateral ampliamente sobredimensionado y con crecientes repercusiones internacionales. Esto ha sido así porque en él confluyen cuestiones políticas internas, especialmente visibles en una Nicaragua sumida en una intensa precampaña de cara a las próximas elecciones presidenciales. También se han ido añadiendo, por ambas partes, una serie de justificaciones post facto, como la violación de la soberanía nacional por la parte contraria, la disputa limítrofe por el trazado del río San Juan, los planes de obras faraónicas relacionados con la construcción de un segundo canal transoceánico paralelo al de Panamá y la acción o inacción frente al flagelo del narcotráfico, un problema cada vez más grave en América Central.

Análisis: El río San Juan, que delimita la parte más próxima al mar Caribe de la frontera común entre Costa Rica y Nicaragua, ha vuelto a ser protagonista de las desavenencias entre ambos países. Si bien se trata de una cuestión recurrente desde la independencia de los dos países, en esta ocasión y a causa de motivos de lo más variados ha renacido con un intenso vigor. Menos de dos años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallara sobre la soberanía y los derechos de las partes sobre la titularidad y utilización del río, el tribunal de La Haya volvió a celebrar audiencias para decidir sobre los últimos altercados. Aunque en esta ocasión no se trata de diferencias sobre el curso del río San Juan, sino de su desembocadura. Ya en la denominación comienzan las diferencias, dado que la zona del delta es conocida como isla Portillos por los costarricenses y Harbor Head por los nicaragüenses, y así aparece en los mapas de cada parte.

El río San Juan, con una extensión de 200 km, ha tenido una gran importancia histórica, sirviendo en la época colonial para el comercio entre las provincias españolas centroamericanas. Tras la independencia y el surgimiento de las nuevas repúblicas, el valor del río aumentó ante los diversos proyectos que hablaban de la posibilidad de construir un canal transoceánico, lo que provocó constantes altercados bilaterales entre Nicaragua y Costa Rica por su posesión. En 1858 se suscribió el Tratado de Cañas-Jerez, en el que los dos gobiernos acordaron el límite entre ambas naciones. El Tratado otorgaba a Nicaragua la soberanía sobre el cauce del río y a la vez reconocía a Costa Rica derechos de navegación con fines comerciales, con algunas restricciones, como la prohibición de navegar con buques de guerra. Estas condiciones fueron posteriormente ratificadas por los laudos Cleveland (1888) y Alexander (1897).

Durante más de un siglo la situación fronteriza parecía tranquila, pero en 1998 se produjeron varios incidentes bilaterales por la interpretación contradictoria que ambos gobiernos hacían del Tratado en lo relativo a los derechos de navegación en el río San Juan. No casualmente se volvía a hablar por aquel entonces de la ampliación del canal de Panamá y de la posibilidad de construir uno nuevo, mucho más barato y por el que pudieran circular navíos de mayor calado. La idea era hacerlo a través de territorio nicaragüense, al aprovechar como parte de su recorrido las aguas navegables del Lago Nicaragua y el cauce del río San Juan. Los viejos proyectos decimonónicos fueron desempolvados con la intención de convertirlos en una poderosa palanca para fomentar el desarrollo nicaragüense. Así fue como en septiembre de 2005, ante el desacuerdo con Nicaragua por la navegación del río San Juan, Costa Rica inició un proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya. La sentencia fue finalmente dictada el 13 de julio de 2009, cuatro años después de la denuncia inicial. El fallo de la CIJ estableció que aunque Nicaragua mantenía la plena soberanía sobre las aguas del río San Juan, Costa Rica gozaba de pleno derecho de navegación con fines comerciales, transporte de pasajeros y turistas en los 140 km del cauce fluvial en los que el río transcurre en la frontera entre ambos países.

Una vez conocida la sentencia, ambos gobiernos coincidieron en que la misma contribuiría a “des-sanjuanizar” las relaciones bilaterales y a sentar las bases para llevar a cabo el desarrollo económico de la zona. Sin embargo, el 24 de septiembre de 2009 el presidente Daniel Ortega, en plena discusión interna por su derecho a presentarse a la reelección, dio a conocer el Decreto y las Normas de Reglamentación para la Navegación sobre el río San Juan, conforme a la interpretación nicaragüense del fallo de la CIJ. La regulación propuesta no gustó del todo en San José, donde el gobierno costarricense tenía otras expectativas. Las normas nicaragüenses incluían la posibilidad de realizar determinados trabajos de dragado y limpieza del río para la recuperación del caudal y los humedales hasta su desembocadura en el Caribe. Se da la circunstancia de que este punto, la soberanía sobre los humedales, es precisamente el detonante de la crisis actual. Al año siguiente de conocerse el fallo de la CIJ, durante todo 2010, se sucedieron varias denuncias de los lugareños costarricenses sobre abusos de los militares nicaragüenses encargados de custodiar el río.

El 18 de octubre de 2010 Nicaragua inició formalmente los trabajos de dragado a lo largo de 33 km del cauce del río San Juan. Se trataba, según la interpretación del gobierno de Ortega, de limpiar el cauce del río para facilitar su navegación. Éste fue el detonante principal de la crisis actual. Costa Rica se había opuesto inicialmente al proyecto nicaragüense, argumentando que el dragado podía perjudicar las fuentes hídricas de su territorio, y también temía por las implicaciones medioambientales que pudiera acarrear la remoción de toneladas de sedimentos acumulados en el fondo del río. El gobierno de San José pidió a las autoridades nicaragüenses suspender las obras hasta que hubiera un estudio científico sobre su impacto ambiental. Posteriormente suavizó su posición y sólo insistió en que Nicaragua informara sobre el desarrollo de los trabajos.

Lo que empezó como un conflicto bilateral en torno a los posibles daños medioambientales se fue enredando con el inicio de acusaciones mutuas de incursiones en territorio ajeno y alusiones a la presencia de narcotraficantes en el área de conflicto. Tres días después de comenzar las labores de dragado, el gobierno de San José protestó ante el de Nicaragua por arrojar sedimentos en la orilla costarricense del río, afectando su soberanía nacional. Además, se hizo eco de una serie de denuncias de los vecinos de la zona que apuntaban al ingreso en territorio costarricense de militares nicaragüenses y otras personas extrañas. Costa Rica, que carece de ejército, mandó un grupo policial para verificar estas denuncias a un punto limítrofe entre ambos países, en isla Portillos. Casi simultáneamente, Daniel Ortega envió tropas militares a la zona, según él no como respuesta a las denuncias de Costa Rica sino para luchar contra el narcotráfico, un tema muy sensible en toda la región por la presencia de los cárteles mexicanos.

La presidenta costarricense Laura Chinchilla pidió la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Tras varios aplazamientos, su Consejo Permanente aprobó, el 12 de noviembre de 2010, una resolución que instaba a ambos países a retirar sus tropas y policías de la frontera y sentarse a dialogar. Nicaragua rechazó el acuerdo alegando que se extralimitaba la competencia del organismo. La principal consecuencia fue su amenaza de retirarse de la OEA, una actitud que no era nueva y en la que ha coincidido con declaraciones similares, en otros momentos, de Bolivia y Venezuela. Ortega también acusó a Colombia de liderar una conspiración contra su país junto con Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, todas ellas naciones “infestadas por narcotráfico”, por lo que el retiro de las tropas nicaragüenses sólo favorecería a los narcos. Dos días después, Costa Rica y México presentaron protestas diplomáticas por las palabras de Ortega. Se da la circunstancia de que Colombia mantiene también diferencias con Nicaragua por cuestiones limítrofes, y que los gobiernos de Guatemala y México han mantenido posturas contradictorias con Nicaragua y han apostado por impulsar un mecanismo informal de dialogo para propiciar la distensión entre Costa Rica y Nicaragua.

Costa Rica dio por acabado su reclamación contra Nicaragua en la OEA tras obtener, desde su punto de vista, el apoyo panamericano a sus reclamaciones. Aunque la resolución de la OEA no era vinculante, la presidenta Chinchilla aseguró que sería útil para respaldar sus gestiones ante la CIJ, organismo ante el cual presentó su queja el 7 de diciembre pasado. Costa Rica también solicitó algunas medidas cautelares contra Managua, comenzando por la retirada de las tropas presuntamente instaladas en su territorio, así como la suspensión de los trabajos de dragado.

Hasta ahora nadie había cuestionado la soberanía costarricense de isla Portillos (área en disputa, según el mapa), un área de humedales entre la laguna Portillos –conocida también como Harbor Head por ambos países– de soberanía nicaragüense y el río San Juan. Sin embargo, a partir de estos acontecimientos Nicaragua empezó a defender que sus tropas en isla Portillos –que ellos denominan Harbor Head como extensión de laguna Portillos– estaban acantonadas en su territorio nacional, lo que añadía un nuevo problema al diferendo limítrofe entre ambos países. Nicaragua aseguró que entre las labores de dragado estaba la limpieza un antiguo caño para volverlo a hacer navegable, caño que según Costa Rica nunca existió (en el mapa correspondería a la línea continua roja del área en disputa). Sobre la existencia de ese caño los nicaragüenses basan su reivindicación sobre la soberanía de isla Portillos.

Mapa 1. Zona disputada en el río San Juan

El área en disputa –isla Portillos– forma parte de lo que se conoce como isla Calero, que estaría formada por la isla Portillos más una parte del área de Costa Rica que aparece en el mapa.

Nicaragua se apoyó inicialmente para justificar su reclamación en los mapas del buscador Google, aunque el buscador se apresuró a corregir rápidamente su trazado. El gobierno de Managua anunció que en su momento presentaría una demanda contra Costa Rica ante el tribunal de La Haya y que denunciaría a su gobierno por los daños que causan en el río San Juan los desperdicios que abocan los ríos costarricenses, que solicitaría la libre navegación de sus embarcaciones por el río Colorado –un afluente del San Juan de soberanía costarricense– en las mismas condiciones que las lanchas costarricenses pueden hacerlo en una parte del cauce del San Juan y que seguiría defendiendo su derecho a construir un canal interoceánico utilizando en parte de su recorrido el cauce del río San Juan. Sin embargo, hasta la fecha, Nicaragua no han presentado ninguna demanda en la CIJ contra Costa Rica.

Los motivos del conflicto

Las repercusiones medioambientales fueron el primer detonante de las diferencias bilaterales ante el dragado de Nicaragua, que buscaba reforzar su soberanía sobre el curso fluvial en cuestión. Aunque posteriormente se han añadido otros factores, Costa Rica mantiene las implicaciones medioambientales como uno de los principales motivos de su desacuerdo con Nicaragua, y habla de ecocidio. Así, volvió a denunciar ante la conferencia de la ONU sobre cambio climático, celebrada a principios de diciembre de 2010 en Cancún, el daño a los humedales y la destrucción de sus bosques por el dragado nicaragüense. En Costa Rica se emitió una orden internacional de captura contra el legendario comandante sandinista Edén Pastora (el “comandante Cero”), responsable del dragado en tanto ministro de Desarrollo de la cuenca del río San Juan, por los supuestos daños ambientales. Los trámites judiciales contra Pastora siguen adelante en Costa Rica.

Existen varios informes que atestiguan la existencia de los daños medioambientales que argumenta el gobierno de San José. Un informe de la OEA sobre la zona y el impacto del dragado sobre la misma apunta a una creciente deforestación del área, mientras que la Fundación Neotrópica, una ONG costarricense, presentó ante la CIJ, durante las audiencias sobre el conflicto, los resultados de un trabajo sobre los costes medioambientales de la acción nicaragüense. Estas estimaciones tomaron como base un análisis previo de la Convención RAMSAR sobre los Humedales de Importancia Internacional, el único tratado multilateral y global relativo al medio ambiente que se ocupa de estos ecosistemas. También unas imágenes por satélite de la agencia de la ONU, UNOSAT, certifican algunos daños.

La mayoría de los expertos que han analizado el tema coinciden en que la crisis de isla Portillos se ha sobredimensionado. Algunos se preguntan por qué ha estallado ahora este conflicto y otros apuntan que, por parte de Nicaragua, se ha querido generar una crisis diplomática que permita estimular las pulsiones nacionalistas del pueblo nicaragüense y pueda ser utilizada como una herramienta electoral de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2011, donde Ortega pondrá en juego, si finalmente puede, su reelección. La apelación al nacionalismo también es un fenómeno visible en Costa Rica, donde la presidenta Chinchilla también espera bajar el tono de la conflictividad interna gracias a la instrumentalización del conflicto.

Los mismos expertos acusan a Ortega de ocultar los graves problemas que afectan a su país, como la corrupción y la crisis económica, para sacar a la luz un tema de soberanía y de defensa del interés nacional y poder ganar un poco más de apoyo de su electorado. El rechazo a la resolución de la OEA fue visto como una intención de prolongar la tensión interna e internacional en función de sus cálculos electorales, una campaña hacia las presidenciales que Ortega ha dado por iniciada, aunque por ley ésta sólo puede empezar seis meses antes. Ortega ha anunciado, además, que impedirá la presencia de observadores internacionales durante los comicios. Si el rechazo a la resolución de la OEA y la amenaza de romper con la organización han sido una herramienta electoral, por ahora éstas han obtenido un resultado positivo. En las últimas semanas se han producido en Managua multitudinarias manifestaciones universitarias donde se mezclaban consignas sobre la disputa limítrofe con otras en apoyo a la reelección de Ortega. Simultáneamente la intención de voto de Ortega pasó del 43,3% en octubre de 2010 al 47,2% en diciembre, aunque todavía la oposición no terminó de definir a su candidato o candidatos. Las elecciones todavía están muy lejos y la crisis puede enfriarse o escalar hacia un conflicto mayor, mientras la CIJ puede durar bastantes años en pronunciarse.

Lo que ha mostrado la crisis es la debilidad de la OEA y su escasa capacidad resolutiva, aunque después de varios intentos logró aprobar una resolución que se limitaba a pedir el diálogo entre las partes y la retirada de los efectivos armados. Pero la enérgica reacción de Nicaragua contra la resolución no se corresponde con su contenido. Además de rechazar el resultado de la votación, Ortega se enfrentó a muchos de los miembros acusándoles de estar “infestados” de narcotraficantes, y no le sentó nada bien la distancia que tomó Ecuador –su aliado en el ALBA–, que se abstuvo de votar. La actitud de Managua ha llevado a pensar que trata de prolongar la tensión en función de sus cálculos electorales, aunque esto ha conducido a un cierto aislamiento diplomático dentro de América Latina, y si bien amenazó con retirarse de la OEA, hasta ahora todo ha quedado en una bravata.

Mientras la OEA parece apostar porque el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua se resuelva con el tiempo, EEUU ha tratado de mantener un bajo perfil para no aparecer tomando postura por uno de los contendientes. Pocos días después de que los hechos empezaran a enredarse, Arturo Valenzuela, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, visitaba ambos países con la vista puesta en la lucha contra el narcotráfico. Aparentemente no tocó el tema, o al menos en público no lo hizo. Valenzuela viajó para revisar la cooperación antidrogas en la región. El narcotráfico está muy presente en Centroamérica, y más tras la lucha entre el Estado mexicano y los carteles de narcotraficantes. Según EEUU, el istmo que va desde Colombia a México es un gran territorio dominado por el narcotráfico y el crimen organizado. La agenda nicaragüense de la Casa Blanca ha estado en los últimos años centrada en la lucha contra el narcotráfico, mientras ha sido más cautelosa en los asuntos políticos. Ortega ha tratado de mantener buenas relaciones comerciales con EEUU, que compra el 60% de las exportaciones nicaragüenses, y ha consentido cooperar en temas de seguridad, al margen de su discurso antiimperialista y sus alianzas con Venezuela y Cuba. Ortega ha insistido, sin embargo, en la necesidad de que Washington destine más recursos para Nicaragua y la región para luchar contra el narcotráfico en el marco del plan Mérida suscrito con México en 2008, si bien la ayuda norteamericana ha crecido enormemente en los últimos años.

Costa Rica ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a ser una importante base del narcotráfico con una creciente infiltración de los cárteles mexicanos, como aseguró Phillip Springer, el representante de la DEA en San José. El narcotráfico irrumpió en el conflicto cuando el gobierno de Managua aseguró que el personal militar desplazado al área en discordia desarrollaba labores antinarcóticos. Habló de una operación contra una banda de narcotraficantes que opera entre Honduras, Costa Rica y Colombia, conocida como “Los Tarzanes”, de la que no se ha sabido después nada más. En su momento, Costa Rica rechazó estos argumentos asociando el incremento de efectivos militares nicaragüenses a la presencia policial costarricense. Cuando el gobierno costarricense pidió a su Congreso, a mediados de diciembre, autorización para el ingreso en sus aguas territoriales de buques de patrulla estadounidenses contra el narcotráfico, las alarmas saltaron en Managua, que asoció la autorización con una toma de partido en el conflicto fronterizo y como una posible petición de ayuda militar ante la falta de fuerzas armadas. Costa Rica negó la acusación alegando que sólo se trataba de un problema de narcotráfico. Tras la resolución de la OEA, Ortega aseguró que el narcotráfico dirige la política exterior costarricense y que los intereses de los carteles estaban detrás de la reclamación de Costa Rica contra la presencia de tropas militares en isla Portillos, y que la zona fronteriza en conflicto es un área de continua actividad del narcotráfico internacional, en su intento de establecer una ruta entre Colombia y EEUU, pasando por Panamá y Costa Rica.

Los problemas de límites

A lo largo de los siglos XIX y XX la mayor parte de los conflictos bilaterales en América Latina respondían a cuestiones fronterizas, al impreciso trazado de los límites entre dos países y a las reivindicaciones territoriales de cada uno de ellos. De este modo, hemos visto como las disputas por trozos de tierra, cursos de agua o salidas al mar en América Latina han llegado hasta nuestros días, añadiendo tensión a algunas zonas de la región. En algunos casos, muy pocos, estos conflictos terminaban en una guerra abierta, como fue el caso del conflicto de Cenepa que enfrentó a Ecuador y Perú en 1995. Sin embargo, en la primera década del siglo XXI se vio la emergencia de otro tipo de conflictos bilaterales, que respondían a cuestiones económicas (crisis de las papeleras entre Argentina y Uruguay o nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia que afectó a la brasileña Petrobrás) o políticas (conflicto entre Colombia y Ecuador tras el bombardeo de un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano). Pese a ello, algunos conflictos fronterizos siguen latentes y en algún momento pueden estallar, como ha ocurrido en el caso particular de Costa Rica y Nicaragua.

Nicaragua no sólo mantiene conflictos limítrofes con Costa Rica sino también con Colombia. En este último caso hay pendiente un diferendo por la soberanía de las islas San Andrés y Providencia y 50.000 km2 de plataforma marítima en el Caribe, que Managua reclama para sí y Bogotá considera propios desde hace más de 80 años. Nicaragua llevó su reclamación a la CIJ en diciembre de 2007. Si bien la Corte sentenció que Colombia tenía soberanía sobre tres islas dentro del área reclamada por Managua, dejó para un segundo proceso dirimir los límites marítimos bilaterales. La causa se complicó tras el anuncio de Honduras y Costa Rica de personarse, al reclamar parte de la soberanía sobre una porción de la extensa plataforma continental que Nicaragua reclama. Las tensiones por el diferendo llevaron al presidente nicaragüense a amenazar con adoptar medidas militares para prevenir cualquier acción colombiana. Posteriormente bajó el tono, especialmente por la superioridad de poder de fuego de las fuerzas armadas colombianas.

Nicaragua y Honduras libraron durante años otra batalla jurídica por la delimitación de sus fronteras marítimas en el Caribe, que concluyó con la fijación de los límites por la CIJ en 2007. Otorgó a la parte hondureña la soberanía que reclamaba sobre cuatro islas (los cayos Bobel, South, Savanna y Port Royal). Al trazar una nueva línea divisoria a partir de las costas de cada país, los jueces repartieron el resto de la razón entre ambos. Una vez fijado el trazado sobre los paralelos 15 y 17, defendidos respectivamente por Tegucigalpa y Managua, la decisión complació a las dos capitales.

El gobierno de San José, por su parte, propuso en 2007 al de Managua el arbitraje de la ONU para delimitar la frontera de sus costas del Pacífico, después que un pesquero costarricense fuese capturado en aguas que Nicaragua consideraba propias. Al rechazar Nicaragua la propuesta, Costa Rica solicitó a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar que reconozca la frontera marítima que ha establecido. Para ello, presentó en 2009 un mapa que para la cancillería de Managua es lesivo para el territorio nicaragüense.

Actualmente, la CIJ tiene pendientes varios casos latinoamericanos, algunos por cuestiones de límites y otros no, como el de Ecuador contra Colombia. El de Argentina contra Uruguay por la fábrica de pasta de celulosa en Fray Bentos se cerró con una sentencia en el fondo favorable a Uruguay. Desde la perspectiva limítrofe, además del contencioso entre Nicaragua y Colombia está el de Perú contra Chile por el trazado de la frontera marítima entre los dos países, que afecta a importantes caladeros de pesca. Aún puede llegar al Tribunal de La Haya otro contencioso regional: el protagonizado por Belice y Guatemala, país este último que reclama más de la mitad del territorio beliceño. La actual crisis de isla Portillos revela la vigencia de los roces diplomáticos por el trazado de las fronteras y las dificultades para obtener resultados de las negociaciones bilaterales, ya que en numerosas ocasiones los conflictos esconden pugnas por el acceso y explotación de importantes recursos naturales. En otras, sólo se trata de agitar sentimientos nacionalistas. Ante la falta de mecanismos regionales adecuados para resolver pacíficamente los conflictos de este tipo, los países implicados no tienen más remedio que poner sus miras y esperanzas en la CIJ, un mecanismo que parece legitimar a los líderes ante su opinión pública, pese al elevado coste y al largo tiempo que tardan los pleitos en resolverse.

La escalada del conflicto entre Costa Rica y Nicaragua

El último enfrentamiento entre Costa Rica y Nicaragua ha vuelto a mostrar la división del hemisferio americano. Por un lado están los países del ALBA (Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua), más algunos afines, caso de Argentina, y, por el otro, un grupo menos cohesionado y con perspectivas diferentes. En este caso particular, la draga que realiza labores de limpieza del lecho del río San Juan exhibe el rótulo de ALBANISA, una empresa mixta estatal de petróleo de Venezuela y Nicaragua. Esta empresa se encarga de asuntos muy diversos, desde la distribución de combustible venezolano en Nicaragua o la construcción de una refinería, hasta la adquisición de maquinaria de construcción, equipos de seguridad y la entrada en el sector hotelero. ALBANISA surgió en el marco de Petrocaribe, la empresa creada por Venezuela y su petrolera PdVsa con fines eminentemente políticos, que busca garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a los países del Caribe y América Central. Sin embargo, la cuestión va más allá y vale la pena preguntarse ¿qué busca el ALBA en la zona? Uno de sus objetivos estratégicos es la construcción de un canal interoceánico, un viejo proyecto que Ortega acarició en la década de 1980, tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Entonces trató de sacar adelante su propuesta con el auxilio de empresas de Japón y Brasil. La idea la volvió a defender recientemente, esta vez con el apoyo de Venezuela e Irán y de otros países que también puedan apoyar la iniciativa. Se trataría de un canal más moderno que el de Panamá y evitaría el atascamiento de este último.

Desde diciembre de 2010, y ante los avances nicaragüenses, Costa Rica inició la instalación de un sistema de defensa en las cercanías de isla Calero, en Pococí de Limón. Los trabajos incluyen la construcción de una red de helipuertos, la instalación de mallas para controlar el acceso a tres ríos de la zona fronteriza y la apertura de caminos que, por primera vez, darán acceso por vía terrestre a una región bastante despoblada. El gobierno explicó que los helipuertos permitirán dar apoyo logístico y movilizar al personal policial en caso de necesidad. Además, el Ministerio de Seguridad está instalando mecanismos para regular la navegación en los ríos costarricenses próximos a la frontera con Nicaragua, como el Colorado, el San Carlos y el Sarapiquí, mientras se prohibirá la navegación nocturna por esos ríos. Por su parte, el presidente de Nicaragua ha aprovechado la crisis para presentar a la Asamblea Nacional, como trámite urgente, tres proyectos de leyes sobre defensa y seguridad. Se trata de las iniciativas de Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Nacional, y Ley de Régimen Jurídico de las Fronteras.

Conclusión:La crisis de isla Portillos puede ser un gran escollo para el desarrollo del río San Juan y un retraso importante en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones ribereñas. Precisamente todo lo contrario de lo que se esperaba tras el fallo de la CIJ de 2009 acerca de los derechos sobre el río San Juan, y la consiguiente “des-sanjuanización” de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. De ahí que tenga todo el sentido el pronunciamiento de las cámaras empresariales de Centroamérica, incluidas las costarricenses, en torno al conflicto entre Costa Rica y Nicaragua, pidiendo que “en ningún caso se adopten medidas que sean restrictivas del comercio y la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países y dentro de la propia región centroamericana”. Cerca del 14% de las exportaciones costarricenses tiene como destino Centroamérica y, para ello, debe pasar por Peñas Blancas (frontera con Nicaragua). La presidenta Laura Chinchilla criticó esta declaración.

Actualmente hay una tensa calma entre Nicaragua y Costa Rica pero la realidad es que el primero mantiene su tesis de dragado y limpieza de un caño en la desembocadura del río San Juan, además de operativos contra narcotraficantes, lo que implica la presencia de un retén permanente de efectivos militares nicaragüenses. Por su parte, Costa Rica sigue hablando de incursiones militares, irrespeto a su soberanía, y daños ecológicos. Hace hincapié además en que se trata de una excusa para unos planes faraónicos entre los que podría estar un gran proyecto hidroeléctrico o un canal interoceánico. No obstante admiten que dichos planes están aún lejos de ser verdad, comenzando por la falta de la ingente inversión necesaria para llevarlos a cabo.

El canciller costarricense René Castro realizó en enero de 2011 una gira por varios países europeos –entre ellos Alemania, España, Noruega y el Reino Unido– para dar a conocer su versión de los hechos, “hacer conciencia” según sus propias palabras, y solicitar un papel más activo de los europeos y de la UE en la resolución del conflicto. A la espera de las medidas cautelares que podría imponer el CIJ en breve, quiere tener todo el apoyo posible en el caso de que la tensión pudiera aumentar al negarse Managua a cumplir cualquier disposición de tribunal o hacer oídos sordos a la misma. Costa Rica, además, no descarta llegar hasta el Consejo de Seguridad de la ONU si no se satisfacen sus expectativas, en cuyo caso también necesitaría un importante apoyo de la comunidad internacional.

Paralelamente, Costa Rica y Nicaragua han aceptado la mediación de México y Guatemala para abrir un canal de diálogo y comunicación informal, con la única finalidad de rebajar la tensión. Nicaragua, mientras, ha abierto una cuarta draga que se sumará a las labores iniciadas en octubre pasado. Además, según algunas informaciones, también ha iniciado un programa turístico por la zona que incluye el recién dragado caño que conecta las aguas del río San Juan con la laguna de isla Portillos. No hay visos de que la tensión se reduzca aunque ninguno de los dos ve por ahora posibilidades de que haya un enfrentamiento armado.

Tema: Un acuerdo de paz en 2005, un período de transición de seis años y un referéndum en enero de 2011 pueden llevar al nacimiento de un nuevo país en África, fruto de la separación de la zona meridional de Sudán.

Resumen: Los próximos seis meses serán determinantes para la concreción de los términos de la independencia del nuevo Sudán del Sur. Pero la estabilidad y la paz en el resto del país siguen siendo muy frágiles. La atención de la comunidad internacional y de los actores regionales no sólo tiene que estar puesta en el sur sino también en el futuro del régimen de Omar Al-Bahir y en la situación de Darfur.

Análisis: La “República de Sudán del Sur” tiene muchas posibilidades de ser el nombre que reciba la nueva nación africana que nacerá tras los resultados del referéndum sobre la separación de 10 Estados meridionales de Sudán para conformar un nuevo país. Según los resultados oficiales, el apoyo a la separación rondó el 99%. Si éste es el nombre elegido, respondería a una cuestión de familiaridad y de conveniencia. Aparece ya en muchos sitios, como ministerios y administraciones del hasta hoy gobierno semiautónomo de Sudán del Sur, lo que facilitaría el proceso hacia la configuración del nuevo país.

No hay que olvidar, sin embargo, que el referéndum sobre la secesión de Sudán del Sur no es el final del proceso de implementación del Acuerdo Global de Paz, (Comprehensive Peace Agreement, CPA), firmado por el gobierno de Sudán y el Movimiento/Ejército de Liberación Popular de Sudán (Sudan People’s Liberation Movement/Army, SPLM/A) el 9 de enero de 2005. Aún quedarían seis meses más para dar el paso definitivo hacia la separación, un período en el que aún tienen que definirse los términos de dicha independencia. Y falta mucho por hacer porque de los cuatro protocolos y los dos acuerdos marcos que componen el CPA apenas se han implementado durante estos años. Sólo el protocolo de Machakos, sobre el establecimiento del período interino y la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para la celebración del referéndum, y el protocolo sobre la distribución del poder, con el establecimiento de un gobierno de unidad nacional, han salido adelante. Pero apenas ha habido progresos en materia de seguridad, desarme, desmovilización, distribución de la riqueza y en la solución del conflicto en los estados de Kordofan de del Sur y el Nilo Azul, y en la zona de Abyei.

El período de transición fue excesivamente lento en la consecución de los objetivos porque se fueron relegando las verdaderas causas de fondo de la larga guerra civil entre el norte y el sur, centrándose más en las relaciones de poder entre los actores en cuestión: el gobierno de Sudán y el SPLM/A. También por la falta de representatividad de muchas otras fuerzas no sólo del sur del país sino de otras partes de Sudán, a pesar de algunas incorporaciones a posteriori. Porque no hay que olvidar que el conflicto entre las regiones norte y sur de Sudán es una parte, aunque muy importante, de los muchos problemas que asolan a un país donde el reparto de los recursos naturales está exageradamente desequilibrado y donde existen, desde su independencia en 1956, profundas diferencias sociales, confrontaciones interétnicas y problemas religiosos. Todo forma parte de una realidad mucho más compleja donde el gobierno de Jartum, cuya zona de influencia geográfica se identifica con el norte y centro del país, se ha enfrentado durante décadas a las regiones periféricas en una guerra por el control de los recursos, acentuando las diferencias tribales con su apoyo y aliento declarados a las tribus arabizadas frente a los no-árabes, ya fueran cristianos, animistas o musulmanes. El régimen centralizado de corte islamista marginó a las periferias de la toma de decisiones y del proceso económico, y estos factores desencadenaron, entre otros, el levantamiento de la población Beja en el este y las protestas de los Nubas en el norte. También, la crisis de Darfur estalló en febrero de 2003 precisamente para coincidir con una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno central y el sur del país. Los rebeldes pretendían llamar la atención para que sus demandas y la situación de la región de Darfur también se tuvieran en cuenta en las negociaciones del proceso de paz.

En la propia introducción del CPA las partes reconocen que los protocolos firmados deben dar pie a un modelo para la buena gobernanza en Sudán y la solución amplia de los problemas del país, y una sólida base para preservar la paz y “lograr que la unidad sea atractiva”. Un principio, el de recuperación nacional, que nunca se aplicó plenamente en el período de transición y que pone de relieve que la secesión no era el fin último del CPA. Pero con la muerte en un accidente de helicóptero del líder del SPLM/A, John Garang, en julio de 2005, nada más instaurarse un gobierno de unidad nacional y firmarse una nueva Constitución nacional provisional, también murió su idea de un Sudán unificado. Su sucesor, Salva Kiir Mayardit, nunca ocultó su vocación independentista, aunque nada más asumir el cargo se comprometió a seguir la línea de Garang y trabajar para hacer atractiva la unidad para todos los habitantes de la región meridional. Poco a poco se empezó a cuestionar el compromiso con la unidad que profesaban algunos líderes del SPLM, quedándose en lo superficial. En cuanto al oficialista Partido del Congreso Nacional, se desentendió prácticamente por completo de su compromiso de hacer “atractiva” la unidad para la población de Sudán del Sur. La visita pocos días antes del referéndum del presidente sudanés, Omar Al-Bashir, a la capital de Sudán del Sur, Juba, como último intento por darle la vuelta a la votación llegó demasiado tarde.

Los seis años previos al referéndum se caracterizaron no sólo por la no implementación del CPA sino por la violencia intertribal principalmente en Sudán de Sur y con la injerencia de Jartum, armando a algunas de las tribus para dividir el sur, por la gran tensión y la precariedad en la zona de Abyei; por la crisis de Darfur, por los ataques del Ejército de Resistencia del Señor (Lord’s Resistance Army, LRD) en los estados de Equatoria Occidental, Oriental y Central, por las acusaciones mutuas de violaciones del CPA, por las restricciones a la libertad de circulación obstaculizando las tareas de supervisión y verificación de las misiones de Naciones Unidas en el país, y por las denuncias –sobre todo en el último año– de incursiones transfronterizas con aumento de las fuerzas militares de un lado y de otro. Además, las dos órdenes de arresto contra el presidente Al-Bashir por cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Darfur, y las elecciones presidenciales de 2010 añadieron más leña al fuego: unos comicios en los que Omar Al-Bashir fue elegido presidente de la República de Sudán, mientras que Salva Kiir Mayardit fue el más votado como presidente del gobierno semiautónomo de Sudán del Sur. Muchos opositores septentrionales las consideraron injustas, amañadas e ilegítimas. Y lo mismo ocurrió en el sur, donde varios partidos emitieron una declaración rechazando los resultados, y algunos iniciaron un enfrentamiento armado.

En esta situación de creciente inestabilidad pocos auguraban que el referéndum llegase a buen fin y en la fecha prevista, tanto por problemas técnicos como políticos. No era de extrañar que saltaran todas las alarmas meses antes de la consulta. La comunidad internacional alertaba sobre la bomba de relojería que iba a explotar y se auguraba como muy probable el estallido de cruentos enfrentamientos que darían lugar a un nueva y larga guerra. Pero no fue así.

En octubre, tres meses antes del referéndum, Salva Kiir Mayardit convocó una conferencia de reconciliación sur-sur, ofreciendo la amnistía a los líderes rebeldes que se habían levantado contra él tras los comicios de abril de 2010. Se acordó que, de votar por la independencia, se celebraría una nueva conferencia con todos los líderes de las diferentes tribus, etnias y partidos políticos para acordar la formación del nuevo país, seguida de unas nuevas elecciones. A los esfuerzos de Kiir le siguieron el de varios gobernadores de algunos estados sureños que convocaron varias conferencias de paz para mediar entre las disputas tribales y promover la estabilidad antes de la consulta. Así se logró la unidad necesaria para sacar adelante la consulta popular. El apoyo de varios organismos de Naciones Unidas, de la Unión Africana (UA) y de varios países e instituciones en el registro de electores y en los preparativos de la consulta fue también fundamental. También fue muy importante la labor de EEUU. La Administración Obama fue acusada dentro de su propio país de inacción frente a todo lo que estaba ocurriendo en Sudán hasta que en septiembre de 2010 Washington anunció una hoja de ruta para el país. En ella, a cambio de determinadas condiciones que debe cumplir el régimen de Al-Bashir, se compromete a iniciar el proceso que saque a Sudán de la lista del Departamento de Estado sobre los países que apoyan al terrorismo, y mejorar las relaciones bilaterales dándoles un impulso económico. También prevé el levantamiento de las sanciones impuestas a Jartum si da lo pasos necesarios para mejorar la crítica situación de Darfur.

Dos nuevos países

No nace un nuevo país sino dos, porque el norte de Sudán tampoco será el mismo. Ante todo, su dinámica económica se va a ver profundamente afectada ya que el sur –rico en petróleo, oro, cobre, agua y con un suelo fértil– ha sido el principal proveedor de recursos para el país durante décadas. Jartum luchará sin duda por hacer frente a una potencial pérdida del 70% de sus ingresos por petróleo, pero la fortaleza del régimen de Omar Al-Bashir se ha ido deshaciendo en los últimos años. La utilización continuada de métodos brutales, como la utilización de las milicias islamistas, para imponer su criterio a lo largo de todo el país, junto con la sistemática ruptura de los compromisos adquiridos, le ha dejado además como un actor en el que no se puede confiar. Sus opositores en el norte creen que está pagando un precio demasiado alto por la paz, además de arrastrar una inmensa deuda y llevar al país a un creciente aislamiento internacional. Su partido, el Congreso Nacional, está luchando desde hace tiempo por sobrevivir en numerosas regiones del país y no sólo Darfur, muchas de ellas desatendidas durante años para favorecer la zona denominada “triángulo árabe”. De ahí que la atención que a día de hoy se presta a la parte meridional y a su futuro debiera desviarse hacia la verdadera amenaza que está en el norte y en su potencial desarraigo, no sólo por la cuantía de las pérdidas económicas, sino también por el peligro de un golpe de Estado de corte radical islámico capitaneado o inspirado por Hassan Al-Turabi.

Al-Turabi es considerado el artífice del golpe de Estado militar que llevó al poder en 1989 a Al-Bashir, y bajo su influencia orientó a Sudán hacia un islam radical. Diez años después, Al-Turabi se separó del Congreso Nacional y fundó un nuevo partido opositor, el Congreso Popular. La degradación del movimiento islamista como él lo entendía, la entrada del país en el mercado del petróleo y sus nuevos lazos económicos, y el acercamiento de Jartum a determinados países occidentales fueron algunos de los motivos para alejarse de Al-Bashir. Desde entonces Al-Turabi ha estado entrando y saliendo de la cárcel. Jartum ha temido siempre su influencia y le ha acusado además de tener vínculos con uno de los grupos rebeldes de Darfur. Cree que muchos de sus simpatizantes siguen ocupando cargos de responsabilidad en el Ejército y en los servicios de seguridad, lo que ha dado lugar a purgas en estos cuerpos para prevenir golpes de Estado.

Pocos días después de la celebración del referéndum, las fuerzas de seguridad sudanesas detuvieron a varios miembros de su partido y a él mismo, después de haber hecho un llamamiento a una “revolución popular” si el gobierno no revertía las subidas de precios. El propio Al-Turabi habló sobre la posibilidad de que se produjera una sublevación como la ocurrida en Túnez, advirtiendo de un “baño de sangre, ya que todo el país está armado”.

Las posibilidades de que el sur sea un Estado fallido se han trasladado, por tanto, al norte. La zona meridional será por ahora un Estado débil, con algunos de los indicadores más bajos en cuestiones básicas, como salud y educación. Pero en los últimos tres años la transformación que ha sufrido la capital, Juba, ha sido impresionante a pesar de las dificultades. Además de multiplicar por 10 su población y de haber construido edificios gubernamentales, empresas, universidades, bancos y hoteles, ha demostrado tener capacidad para empujar recursos hacia otras provincias. Cuenta con una creciente sociedad civil y con un sector privado que empieza a funcionar y hay una creciente afluencia de emprendedores africanos de países vecinos, como Tanzania y Uganda, que puede contribuir al desarrollo de la economía. Pero aún queda mucho por hacer. Además de innumerables zonas deprimidas, el mayor peligro –aparte de sortear con éxito las próximas negociaciones– son las luchas intertribales (hay más de 50 tribus) que han caracterizado los años anteriores y que Salva Kiir Mayardit trata de encauzar.

A pesar de separarse del norte, en el sur van a tratar de no olvidar los problemas que afectan al resto de Sudán. A pesar de que fueron abandonando la idea de la unidad tras la muerte de Garang y que Kiir Mayardit dejó zanjada la postura al no querer presentarse como candidato a presidente del país en las elecciones de abril de 2010, el SPLM tiene importantes apoyos en el norte, sobre todo en las regiones fronterizas del  Nilo Azul, en Kordofan del Sur y en los Montes de Nuba. Un miembro del SPLM afirmó en diciembre ante los medios de comunicación que, de confirmarse la secesión, su partido no desaparecería del resto de Sudán sino que trataría de seguir siendo una fuerza política con peso para contrarrestar la política que Al-Bashir dejó entrever en los últimos meses previos al referéndum. El líder del Congreso Nacional dijo a sus partidarios que de concretarse la secesión del sur, cambiaría la Constitución por una enteramente islámica, eliminando la diversidad cultural y étnica, que establecería el árabe como lengua nacional, y el islam como la religión del país (todavía está vigente un gobierno de unidad nacional en el que participa el SPLM y una Constitución nacional provisional). El SPLM mantiene que el norte del país necesita una transformación democrática y diferentes políticas para las varias regiones y realidades del país.

Por lo demás, la nueva República de Sudán del Sur tiene el apoyo de la gran parte de la comunidad internacional, empezando por sus países vecinos, que serán los más directamente afectados ya sea por una separación en paz como por un aumento de la tensión. En general, y salvo algunas diferencias, todos aceptan la división del país y ven al nuevo Estado como un freno a la amenaza islamista que consideran materializada en el norte del país.

Perspectiva regional

A lo largo de estos años, el gobierno de Al-Bashir se ha descalificado ante los ojos de sus vecinos africanos e incluso de algunos Estados árabes, y la secesión se ha ido convirtiendo para la mayoría en la opción más aceptable. Algunos líderes árabes incluso mantienen la idea de que si se hubiera echado a Al-Bashir se podría haber salvado la unidad de Sudán. No hay que olvidar que la división del país sentaría un precedente en el mundo árabe y en la Liga Árabe, de la que Sudán es miembro.

Kenia, líder regional de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (Intergovernmental Authority for Development, IGAD) que auspició las negociaciones del CPA, tiene un particular interés en el éxito del proceso. Y, como potencia económica de la región, quiere obtener beneficio del desarrollo de un nuevo mercado y de la construcción de nuevas infraestructuras, entre ellas las relacionadas con el petróleo. Según algunas informaciones, existe un proyecto para la construcción de un oleoducto que conecte Sudán del Sur con el puerto de la isla de Lamu, en Kenia, aún en construcción, sorteando el oleoducto que transporta el petróleo desde el sur hasta desembocar en el mar Rojo por el norte del país. China, principal inversor en el país en el sector del petróleo, ha mostrado interés por este proyecto. De materializarse, sería un factor de desarrollo para toda la zona, no sólo para Sudán del Sur, sino también para otros países limítrofes.

Etiopía ha tratado de mantener una cierta línea neutral con respecto a la secesión, pero dio su apoyo militar al SPLM/A en los años 90, principalmente para contrarrestar los elementos islamistas de Jartum, percibidos siempre como una amenaza a la seguridad regional. Ésta sigue siendo su prioridad dada la volátil de la situación de Somalia, sus enfrentamientos con Eritrea y su fragilidad doméstica.

Uganda es también un miembro de la IGAD y su proximidad, lazos sociales y culturales le convirtieron en uno de los mayores apoyos del SPLM/A. En represalia, Jartum armó al LRA, una milicia armada que se creó en 1987 en Acholiland en el norte de Uganda, y que hoy día sigue sembrando el terror en varios estados de Sudán del Sur, así como en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Uganda. La relación entre ambas regiones es sólida, su comercio se ha triplicado en los últimos años y Juba se ha convertido en el primer importador de productos ugandeses.

La posición de Eritrea con respecto a la partición de Sudán es la más ambigua de los vecinos. Estuvo durante años fuertemente enfrentado con Jartum por apoyar a grupos yihadistas eritreos y dio su apoyo al SPLM/A. Pero la política de Asmara con respecto a Sudán estuvo, en general, condicionada más por sus hostilidades con Etiopía que por otros motivos, ya que los tres países estuvieron enzarzados en un complicado juego de políticas regionales. Eritrea ha confirmado que prefiere la unidad de Sudán a la división, aunque no se opondrá a ella. Trata, además, de mantener buenas relaciones con ambos gobiernos, aunque con quien tiene la frontera es con el norte.

Egipto siempre se ha postulado por la integridad del país sudanés y se opuso a incluir la autodeterminación en las negociaciones del CPA. Ha hecho más por hacer atractiva la unidad que el propio gobierno sudanés y en el último año redobló sus esfuerzos diplomáticos para prevenir la partición. Cree que un nuevo Estado en el sur y otro inestable en el norte serán una grave amenaza a la estabilidad regional. El máximo temor es la desintegración de norte en varios mini-Estados controlados por señores de la guerra y sangrientas tribus. En ese caso, lo que quedaría de Sudán, el denominado triángulo árabe, podría degenerar en una base de terrorismo global islamista. Egipto también teme el impacto negativo que la separación podría tener en el cauce del río Nilo, puesto que el nuevo país requerirá de más agua para su desarrollo económico.

China es otro de los países que sufrirá o se beneficiará de las consecuencias de una secesión en paz o un recrudecimiento de la inestabilidad. Durante la larga guerra civil de Sudán, China apoyó diplomática y militarmente a Jartum, incluso cuando EEUU impuso severas sanciones contra el régimen. Tras el acuerdo de paz de 2005, China no modificó inicialmente su postura a pesar de que la mayoría de sus intereses petroleros están en la zona meridional. No fue hasta 2008 cuando Pekín decidió abrir un consulado en Juba con un pequeño staff de cinco personas, aunque mantenía la idea de que una futura secesión sólo traería caos.

Pero no fue hasta los meses anteriores al referéndum cuando las relaciones dieron un importante giro. China se dio cuenta de que la secesión era cada vez más probable e inevitable, y por lo tanto le interesaba hacer sus apuestas en el sur sin descuidar el norte. Todo empezó tras la visita en agosto de 2010 de Anne Itto, subsecretario general del SPLM a China, que consiguió quitarles el miedo a la separación del país. Desde entonces, oleadas de funcionarios del gobierno semiautónomo de Sudán del Sur visitaron Pekín y el partido Comunista China envió delegaciones a Juba. Finalmente, en noviembre de 2010 elevó el consulado general a nivel de embajada.

Para los chinos la prioridad es el petróleo, pero también la estabilidad, y por ello reconocerán la independencia. También quiere mantenerse fiel a sus principios de no injerencia en asuntos internos y mantendrán en la medida en la que puedan la neutralidad. A Juba le basta, aunque aún perviven ciertas fricciones con los chinos. No hay que olvidar que durante la larga guerra civil que enfrentó al norte y al sur, el SPLMadvirtió a las compañías chinas en Sudán que podían ser un blanco militar por su papel de proveedor de ingresos al gobierno central y porque percibían que estaban explotando sus recursos naturales. También les han acusado en varias ocasiones de ensuciar lagos y tirar vertidos tóxicos en el campo, desatando las iras de los locales. Ahora, las relaciones han avanzado y el SPLM ha prometido mantener los contratos petrolíferos firmados por Jartum y proteger sus instalaciones a cambio del apoyo al referéndum. Mientras, China sigue beneficiándose de sus inversiones durante la guerra.

Incertidumbres

Lo que la mayoría espera es que nazca un nuevo país que será, además, la nueva frontera entre el mundo árabe y el mundo negro. Pero antes le esperan seis duros meses de negociaciones que definirán los términos de la secesión. Se teme que Jartum, como tantas otras veces, prolongue el debate para evitar acceder a determinadas cuestiones. Todos coinciden en que es en este período cuando hay más posibilidades de que haya algún tipo de enfrentamiento armado, aunque las posibilidades siguen siendo pocas.

Aunque ambas partes han tratado de rearmarse durante el período de transición, las fuerzas armadas del norte han sido objeto de varias purgas a lo largo de estos años para prevenir un posible golpe de Estado y ha conducido a una fuerte desmotivación. Les resulta muy complicado reclutar a nuevos hombre y muchos de sus integrantes ya no saben muy bien porqué luchan. El sur supera en número de militares al norte, acaba de inaugurar su nueva fuerza aérea y sus efectivos están mucho más motivados que sus vecinos del norte. Pero a ellos menos que a nadie les conviene meterse en una nueva guerra contra el norte. De todas formas, el tema de la seguridad deberá definirse en las nuevas negociaciones, sobre todo el desarme de las milicias árabes y el futuro de la denominadas unidades militares integradas (Joint Integrated Units) formadas por tropas de Jartum y del SPLA y establecidas en el CPA que, aunque su despliegue y progreso ha sido irregular, se mantienen en zonas críticas como Abyei.

Hay una gama muy amplia de otros temas por resolver: (1) el petróleo –sustento económico de ambas partes– y la deuda de 38.000 millones de dólares que deberán repartirse tras la separación; (2) el estatus de los ciudadanos de Sudán del Sur que viven en el norte deberá ser resuelto, pues sin una protección legal todo apunta a que pueden ser objeto de acoso y violencia y verse obligados a trasladarse al sur, que a su vez debería prepararse para acoger a más un millón de personas; y (3) debe aún establecerse la línea fronteriza y resolverse el estatus de la zona de Abyei, donde la tensión entre los Ngok Dinka –que prefieren unirse al sur– y los Misseriya –que apuestan por Jartum– ha crecido y más ahora que se inician las migraciones estacionales de los Misseriya hacia el sur, sin olvidar el estatus de los estados del Nilo Azul y de Kordofan del Sur.

El gran esfuerzo y la reacción de la comunidad internacional para sacar adelante el referéndum tienen que continuar durante los próximos meses. La IGAD, de la que forman parte seis países de África Oriental, y la UA deberán liderar las propuestas para la resolución de los términos de la separación del país: es fundamental la visión regional para ir acercando posturas. Los incentivos prometidos por Washington al régimen de Al-Bashir a cambio de que lleve a buen puerto las negociaciones posteriores al referéndum deberían ser suficientes para lograr un acuerdo. Pero el largo historial de promesas incumplidas deberá llevar a aunar todos los esfuerzos políticos y diplomáticos  de todos los actores internacionales.

Conclusión: El presidente sudánes Omar Al-Barshir afirmó antes de la celebración del referéndum que sería el primero en reconocer los resultados de la consulta. Así ha sido, aunque no de boca de él sino de su vicepresidente Osman Mohames Taha. Y no está todo dicho porque hay seis meses por delante para definir los términos de la separación. La manera en la que se resuelvan esas negociaciones serán determinantes para el futuro del Congreso Nacional en el poder, sobre todo por la incipiente amenaza de los seguidores del islamista y líder del Congreso Popular Al-Turabi, que creen que la paz se ha vendido muy cara, pero también por aquellos que temen un recrudecimiento del régimen de Al-Bashir como consecuencia de la secesión y por tanto un mayor aislamiento internacional y el alejamiento de cualquier posibilidad de reformas políticas en el país.

La mayor inestabilidad ahora está en el norte, mientras el sur se asoma como un nuevo Estado débil pero con futuro, y sobre todo con muchos apoyos tanto de los países vecinos como de la mayoría de la comunidad internacional. Sin embargo, la estabilidad no llegará a todo Sudán sólo si se sale airoso de las próximas negociaciones. Es indispensable que se den también los pasos necesarios para sacar adelante el proceso de paz en Darfur, donde crece alarmantemente la violencia mientras Jartum continúa bloqueando una y otra la llegada de ayuda humanitaria. Es, además, una de las condiciones impuestas por Washington a Jartum para que se levanten las sanciones económicas. Esta postura debería ser apoyada con contundencia por el resto de países y organizaciones involucradas en el país. Porque Dafur irradia inestabilidad a países vecinos como Chad, a Sudán del Sur que mantiene apoyos a algunos grupos rebeldes en la región, y a Jartum al que ha ido desgastando en los últimos cinco años, además de la crisis humanitaria a la que ha dado lugar.

Los próximos seis meses deberían ser también una oportunidad para introducir tanto en el norte como en el sur reformas políticas, empezando por evitar que el gobierno sudanés se mueva hacia una agenda más extremista como consecuencia de la partición del país. En el sur se necesita apoyo para desarrollar las instituciones políticas, judiciales y económicas que lleven la paz y la buena gobernanza, de manera que los nuevos ingresos procedentes del petróleo no lleguen acompañados de la corrupción. En ninguno de los dos casos será una tarea fácil.

Aún no se ha llegado al capítulo final. Aún queda mucho trabajo para asegurar que la paz y la estabilidad lleguen a todo Sudán.

Last Saturday evening, the weeklong referendum on self-determination for southern Sudan ended. Polling stations closed, ballot boxes were sealed and over the coming weeks, the vote will be tallied. The result, which is expected in mid-February, seems certain to split Africa’s largest country and create the world’s newest nation.

Despite violent clashes in the oil-rich Abyei region last week, which reportedly left more than 30 dead, the referendum in the rest of the country has been a resounding success. Turnouts were high with an overwhelming number of southern Sudan‘s 4 million eligible voters participating. The indefinite postponement of a referendum in Abyei has ironically served to postpone a potentially explosive source of conflict over oil revenues in the region.

Secession of the predominantly Christian South from the Muslim North would take place in July. The partition would represent the final stage of a peace process that successfully brought to an end Africa’s longest war, but as the violence in Abyei highlights, it carries with it dangers of a return to instability. Key to averting a slide back to civil war will be international recognition of a newly formed “Southern Sudan,” not just by the United Nations and global powers, but crucially from the African Union (AU). But with respect for colonial borders being one of the AU‘s founding principles and fear among many African leaders that southern Sudanese independence could encourage other secessions across the continent, the AU‘s position on recognition is far from clear.

In October, Muammar Gadhafi warned that the situation in Sudan “could become a contagious disease that affects the whole of Africa.” His concerns are keenly felt in countries such as Senegal, Angola, Tanzania and the Democratic Republic of Congo, where separatist groups are currently fighting for autonomy, but they also resonate across a continent where capricious colonial borders have divided tribes and clans for generations. While the AU‘s predecessor, the Organization of African Unity, reluctantly recognized Eritrea after it broke away from Ethiopia in 1993, the AU have not changed its position. Indeed they AU‘s position has been a key obstacle to Somaliland’s bid for international recognition since declaring independence from Somalia in 1991.

The African continent has grounds to be cautious. Recent experience in Europe suggests that a precedent set by one nation can embolden others. Indeed, Kosovo’s 2008 declaration of independence without agreement from Serbia or the United Nations may well have prompted South Ossetia and Abkhazia to break away from Georgia later that same year. The wider international community has also traditionally been reluctant to allow new nations to join its exclusive club. Although it should be noted that 30 new countries have been internationally recognized since 1990, most of them emerging from the dissolution of the USSR and Yugoslavia.

However, despite these concerns, international recognition would give the war-ravaged new state of Southern Sudan legitimacy, which, in turn, increases its chance of achieving security and stability. It would also allow the new nation access to bilateral aid and trade opportunities and a voice on the international political and diplomatic stage.

Southern Sudan‘s chances of gaining international recognition are boosted by the fact that the Comprehensive Peace Agreement (CPA), which brought Sudan‘s second civil war to an end in 2005, had tremendous political investment from the international community. The AU is a signatory and guarantor of the CPA, under whose terms last week’s referendum on self-determination was guaranteed. America also played an important role in negotiating the CPA, and Secretary of State Hillary Rodham Clinton recently spoke in favor of independence for the would-be new nation. It is expected that the United States will be among the first nations to recognize Southern Sudan. Less clear is the position of China, a key investor in Sudan and a strong ally of Sudanese President Omar Bashir.

Ultimately, no matter how unified the position of the international community and how much support it offers, the future of Sudan will be determined by the Sudanese people and their leaders. Every indication suggests that the predominantly Christian South has voted to secede from the Muslim North. In the past, Lt. Gen. Bashir has fiercely opposed southern independence, but has recently adopted a more moderate tone, stating that he would respect the outcome of the referendum. Despite these assurances, the situation remains precarious.

One source of conflict could arise over Sudan‘s substantial oil revenues. While a majority of Sudan‘s oil reserves will end up in the South, processing, refining and exporting the oil will continue to be done in the North. Much of the oil is situated in Abyei, a region on Southern Sudan‘s northern border, where violence erupted this week. Abyei’s participation in the referendum has been indefinitely postponed over disputes about voter eligibility.

General Secretary of the African Union Jean Ping acknowledged recently that the referendum will have repercussions for the entire African continent. “Sudan is a crossroads, a point of convergence between East, West and North Africa, as well as between Muslims and Christians,” he said. “If the last phase of the implementation process of the CPA is peaceful, orderly and credible, Sudan will serve as an example and further proof that Africa is capable of finding effective solutions to its problems.”

Voters in the territory have almost certainly opted for independence and the formation of a 54th African state. The international community should act swiftly to offer international recognition. Doing so would provide the newborn state of Southern Sudan with the legitimacy it will need as it takes its first shaky steps toward creating a stable, secure democracy in one of the poorest and most volatile places on Earth.

El referéndum que se inició el pasado domingo 9 de enero en Sudán conducirá a la separación del Sur del país y a la creación de un nuevo Estado. El Gobierno de Omar Hasan al Bashir parece aceptar la separación para evitar una nueva guerra y mejorar su imagen internacional.

Las cuestiones clave no son si el Gobierno de Jartum permitirá la secesión sino, primero, cómo garantizar una transición pacífica y evitar un nuevo conflicto entre el Norte y el Sur. Segundo, tanto el Norte como el Sur tienen por delante la tarea de construir sociedades democráticas que integren política y económicamente a sus diferentes identidades. Y tercero, cómo establecer nuevas relaciones con Egipto y Uganda desde los dos Sudanes.

Alrededor de cuatro millones de personas con pertenencia o relación a una de las diversas etnias de Sudán del Sur se registraron para votar, la mayor parte de ellas habitan el sur del país o integran la diáspora. Las principales etnias son los dinkas y los nuers, pero hay aproximadamente otras doscientas minorías. La votación se prolonga hasta el próximo día 15 de enero y una fuerza de la Organización de las Naciones Unidas de 10.500 personas entre personal militar y policial garantiza el acuerdo de paz y apoya la celebración del referéndum.

El Norte del país es fundamentalmente musulmán; el Sur es animista y cristiano. Durante la época colonial, Gran Bretaña organizó administraciones diferentes para cada parte. Grupos misioneros cristianos gestionaron el Sur por encargo de Londres. Sudán se independizó en 1956 y sucesivos gobiernos intentaron unificar el país bajo la hegemonía musulmana. Esto condujo a emigraciones masivas de sudaneses del Sur hacia Uganda y otros países, y a dos guerras civiles. La segunda comenzó en el año 1983, se prolongó durante 22 años y costó la vida a más de dos millones de personas y desplazó a cuatro millones.

En el 2005 se firmó un acuerdo de paz entre el Gobierno de Jartum y el Ejército Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (ELPS-M) que estableció un cogobierno en Jartum y un régimen semiautonómico para el Sur y la celebración del presente referéndum para que los ciudadanos de esta zona del país decidieran si permanecían unidos al Norte o accedían a la independencia.

La discusión entre el Partido del Congreso Nacional (PCN) y el ELPS-M para la preparación del referéndum ha sido limitada. Por tanto, cuestiones clave, como la forma en que se utilizarán las reservas petrolíferas, la demarcación de fronteras, el estatus que tendrán los ciudadanos del Sur que viven en el Norte y la desmovilización de los soldados, deberían ser negociadas en el futuro próximo. Tres zonas, las de Abyei, Kordofan del Sur y el estado de Nilo Azul, se tratarán separadamente.

El petróleo es una cuestión fundamental. La secesión supondrá que las fuentes quedarán en el Sur, pero la infraestructura para la exportación se encuentra en el Norte. Esta división obliga a las dos partes a alcanzar un acuerdo para que ninguna pierda, pero el cálculo de los beneficios y el impacto ambiental son cuestiones por negociar. Casi el 50% del petróleo es exportado a China.

El acuerdo de paz (Comprehensive Peace Agreement) del 2005 establecía que 180.000 soldados serían desmovilizados en un programa de desarme y reintegración social gestionado por las Naciones Unidas, pero la mayor parte de las tropas permanecen en las fuerzas armadas del Norte y el Sur.

Si bien desde el 2005 el Gobierno semiautónomo ha hecho avances en infraestructuras, casi todo está por hacer para construir un Estado viable. Para el Norte, la secesión le quitará recursos. Jartum tiene varios frentes conflictivos abiertos, entre otros el de Darfur, en el oeste del país. En el Sur también hay tensiones entre diferentes comunidades que acusan a los dinkas de querer acaparar el poder. En el año 2009 hubo fuertes estallidos de violencia entre grupos del Sur.

Más allá de sus fronteras, la división de Sudán tendrá un fuerte impacto en Egipto, al que lo unen lazos históricos y la cuenca del Nilo. A la vez, puede generar similares demandas secesionistas en otros países, como Nigeria o la República Democrática de Congo. Estos serían peligrosos procesos que los gobiernos, organizaciones multilaterales y líderes de movimientos nacionalistas deben estar preparados para negociar pacíficamente con el fin de evitar una cadena de conflictos armados.

El Acuerdo General de Paz (CPA) que se alcanzó en 2005 entre el sur de Sudán, en su mayoría cristiano, y el norte musulmán del país, puso fin a una de las más sangrientas guerras civiles de los tiempos modernos. Con una duración de de 22 años, dejó más de dos millones de muertos. Ahora, la CPA se enfrenta a su prueba más importante: el referéndum sobre la independencia del Sur, previsto para el 9 de enero.

El que nazca o no un nuevo estado en una de las zonas más estratégicamente sensibles del mundo es de sumo interés para los vecinos de Sudán y otros países. Hay en juego asuntos vitales: la lucha por el petróleo, la fuerte presencia de China en Sudán, el deseo de Occidente de que un estado mayoritariamente cristiano quiebre en la región la contigüidad de los regímenes musulmanes – y la consiguiente amenaza del radicalismo islámico-, la distribución regional de las aguas del Nilo y la posibilidad de que la independencia para el Sur pueda conducir a la desmembración total de Sudán a lo largo de líneas étnicas y religiosas.

El hecho de que Omar al-Bashir, presidente de Sudán, no esté especialmente dispuesto a aceptar el plan de las Naciones Unidas para reforzar su fuerza de paz en el país antes del referéndum genera preocupación acerca de sus intenciones. Sin duda estaría feliz de retrasar la votación y, si se lleva a cabo, impugnar su legitimidad.

No le resultaría muy difícil. Los preparativos para el referéndum están atrasados y son inadecuados. Las provocaciones y el incumplimiento de los acuerdos amenazan con convertir las dificultades técnicas y políticas del referéndum en un nuevo desastre para el país. Los 2,5 millones de sudaneses del sur que se sabe que viven en el Norte se encuentran bajo instrucciones expresas del Ejército Popular de Liberación de Sudán del Sur de boicotear el referéndum, ya que tiene motivos para creer que Bashir usaría su registro de amañar los resultados a favor de la unidad.

De hecho, si no es disuadido de manera convincente por la comunidad internacional, es extremadamente difícil creer que Bashir permitiría la secesión del Sur sin dar la lucha. Un punto de disputa crucial que podría desatar una nueva guerra es el futuro de la industria petrolera del país y la demarcación de la frontera Norte-Sur. Hasta ahora, los buenos oficios del gobierno de Noruega no han podido generar un acuerdo sobre la cuestión clave de la distribución posterior a la independencia de los ingresos petroleros entre el Norte y el Sur.

Dado que la mayor parte de la riqueza petrolera de Sudán está concentrada en el Sur, el control de la industria del petróleo y sus ingresos después de la secesión es un problema existencial para el régimen de Bashir y su capacidad para controlar su vasto y étnicamente diverso país. Es en las zonas fronterizas ricas en petróleo donde podría estallar una nueva guerra.

Como uno de los países más pobres y necesitados en el mundo, para el que el petróleo sería la única fuente de ingresos en los años venideros, no es realista esperar que un Sudán del Sur independiente rescate al endeudado Norte. Su propio reto es reformar toda la industria petrolera, que durante años ha sido brutal e irresponsablemente explotada por empresas chinas y malaya con consecuencias devastadoras para el medio ambiente.

El régimen de Bashir se ha visto descalificado a los ojos de sus vecinos de África y el mundo árabe a un grado tal que hace que la secesión del Sur sea una opción más aceptable que nunca para los principales actores regionales. De hecho, el mundo árabe en su conjunto parece haber renunciado a seguir intentando que Bashir entienda de razones. Algunos líderes árabes todavía juegan con la idea de que derrocarlo pueda salvar un Sudán unido, pero probablemente sea demasiado tarde para eso.

Después de no haber podido moderar a Bashir para que acepte un Sudán secular descentralizado o confederado, Egipto, actor árabe clave preocupado por la estabilidad de su frontera sur, ha llegado a aceptar la inevitabilidad de la secesión, siempre y cuando el nuevo estado se alinee con él en el tema de las aguas del Nilo.

Los temores de Egipto son principalmente la desintegración de Sudán en un caótico tapiz de miniestados controlados por señores de la guerra y sumidos en la anarquía y sangrientas disputas tribales. En ese caso, lo que quede de “Sudán” – Jartum, Gezira y los dos estados del norte – podrían degenerar aún más, probablemente convirtiéndose en una base para el terrorismo islámico global.

El África negra, en particular la Comunidad del África Oriental, no puede pensar en otra solución que la secesión. Para los miembros de la CAO, se trata de una cuestión de descolonización, ya que el pueblo del sur de Sudán ha sido esclavizado, deshumanizado y humillado durante siglos por los árabes.

Por lo tanto, como plantean los keniatas, la frontera entre el norte y el sur de Sudán se debería convertir en el límite entre el África negra y el mundo árabe. Preocupados por las tácticas dilatorias de Bashir, Kenia y Uganda han aconsejado a sus amigos del sur de Sudán no hacer de la demarcación de la frontera una condición previa para el referéndum, ya que hacerlo sólo sería funcional a las intenciones de Bashir.

La Secretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton definía con acierto el próximo referéndum como una “bomba de tiempo”. Sin embargo, también dejó en claro que el resultado, la independencia para el Sur, es “inevitable”.

No obstante, para evitar un cataclismo, EE.UU. y sus aliados deben desactivar la bomba mediante la aplicación de las disposiciones del Acuerdo General de Paz de 2005, que respaldan en su totalidad. Además, tendrían de su lado prácticamente a todos los actores regionales.

Pese a los errores y a la ausencia de un rumbo claro en la política del Estado marroquí, capaz de dar una solución duradera al conflicto del Sáhara, puede detectarse en sus maniobras un interés creciente por la temática de los derechos humanos. Entre los indicadores de esta tendencia, conviene señalar el caso Ould Salma (policía saharaui favorable a la oferta marroquí de autonomía del territorio, detenido por el Polisario), la retirada de la munición al personal armado durante el desmantelamiento del campo de Agadym Izik y el número de cámaras utilizadas ese día (para mostrar el horror de los asesinatos cometidos por los independentistas), e incluso la oferta de una “autonomía amplia” del Sáhara (que está por definir y, eventualmente, por negociar).

Esta tendencia pretende contrarrestar el esfuerzo, considerable y antiguo, de los independentistas saharauis en el terreno de la legitimidad y los derechos humanos. Estos venían llamando la atención sobre las desapariciones del periodo de conflicto abierto, hasta 1991, y sobre las humillaciones, vejaciones y torturas que, más o menos, han prevalecido después.

Esta competición entre los protagonistas representa una oportunidad histórica que podría contribuir a una salida aceptable al conflicto. Aunque, en principio, obedece a consideraciones de pura táctica, la pretensión del respeto a los derechos humanos debería contribuir notablemente a hacer prevalecer los arbitrajes equitativos basados en la norma de derecho, y a condenar, aislar y marginar los comportamientos maximalistas y violentos. Y, a fin de empujar a los actores a ser consecuentes con esta orientación, la presión de la comunidad internacional y de las opiniones públicas internacionales y locales sería bienvenida, pues contribuiría a deslegitimar las provocaciones y las regresiones.

El hecho de que Marruecos haya prohibido la entrada de observadores internacionales, periodistas y militantes pacíficos en el territorio objeto del litigio es algo que hay que denunciar. Conviene reconocer los progresos del Estado marroquí (disminución de la represión de los independentistas) y condenar sus aberraciones. Asimismo, reconozcamos a los independentistas el derecho a manifestarse y a recibir a los observadores internacionales, y prevengamos juntos el regreso masivo a la violencia primaria, como la ejecución, el 8 de noviembre, de los 11 (18, según algunas fuentes) agentes de las fuerzas del orden marroquíes.

Ciertos independentistas y sus apoyos internacionales invocarán el “derecho legítimo a la resistencia al ocupante” y alegarán que la violencia se ha dirigido contra agentes y sus auxiliares (los bomberos y el personal de las ambulancias que contribuyeron a desalojar a los ocupantes pacíficos de Agadym Izik). Esto no debe impedir que los amantes de la paz hagan todo lo posible por impedir un nuevo rebrote de violencia.

La responsabilidad de los pacifistas de toda clase es abrir la puerta a una solución equitativa, permanente y rápida al conflicto. Para esto, conviene trabajar en lo inmediato para volver a rebajar la intensidad del conflicto hasta su nivel más bajo. A muy corto plazo, para garantizar la primacía del derecho y las libertades de expresión y manifestación; y a corto plazo, para obtener un verdadero compromiso de las partes en la búsqueda de una solución definitiva.

El regreso a la calma pasa por la cancelación de todas las hostilidades, el cese de la situación de terror y tortura, la liberación de los acusados detenidos sin bases serias y un juicio público y justo para los demás, la liberación de Ould Salma por parte del Polisario, la renuncia a todo acto violento y la autorización de los observadores y los periodistas extranjeros, así como de unas comisiones de investigación creíbles.

El objetivo a muy corto plazo consiste en garantizar el libre ejercicio de los derechos individuales. Estos derechos incluyen esencialmente el llamamiento público y pacífico a la independencia dentro de la zona controlada por Marruecos, y a la solución de la autonomía en las zonas bajo la responsabilidad del Polisario y/o Argelia.

El objetivo a corto plazo es la reanudación de unas verdaderas negociaciones que desemboquen en una solución definitiva, y que no pretendan solo dar el pego.

Este conflicto ha durado demasiado. Ha causado demasiados sufrimientos y ha privado a la región de un gran potencial de desarrollo e integración. El statu quo es inadmisible por parte del Polisario y de Argelia, pues inflige sufrimientos a los refugiados y hace a la población del Sáhara dependiente de donativos, sinecuras y de la voluntad de los señores de la guerra.

Tampoco es sostenible en el lado marroquí, donde el desarrollo del Estado de derecho es rehén del coste, los efectos materiales y el chauvinismo inducidos por el conflicto. Una condición clave para toda esta evolución sería que los actores civiles (prensa, organizaciones de derechos humanos y observadores locales y extranjeros) dejasen de anteponer sus servidumbres y clientelas a sus obligaciones para con la verdad, la neutralidad y la ética.

Les événements qui ont embrasé El-Ayoun, la capitale du Sahara occidental, le 8 novembre, devraient convaincre la diplomatie française de changer de cap sur un dossier peu connu, mais qui embarrasse jusqu’aux plus aguerris de ses diplomates. Depuis plusieurs années, à l’abri des portes closes du Conseil de sécurité de l’ONU, la France use du pouvoir de dissuasion que lui confère son droit de veto pour tenir les Nations unies à l’écart des questions touchant au respect des droits de l’homme dans le territoire annexé par son allié marocain en 1975.

Faute d’un mandat approprié, la mission de l’ONU au Sahara Occidental (Minurso) est restée aveugle tout au long des événements qui ont opposé le mois dernier les forces de l’ordre marocaines aux militants sahraouis – les troubles les plus graves depuis le cessez-le-feu de 1991. Le Conseil de sécurité de l’ONU, en charge de la paix internationale, s’est vu dans l’incapacité de faire la part des choses entre le mouvement indépendantiste du Front Polisario, qui a dénoncé sans preuve le massacre de 36 manifestants pacifiques, et le Maroc qui prétendait, sans plus de crédibilité, libérer les milliers de civils sahraouis soi-disant retenus en otage par des “ criminels ” dans un camp érigé en signe de protestation à proximité de El-Ayoun.

Si ces événements s’étaient déroulés en République démocratique du Congo, en Haïti ou au Soudan, des experts en droits de l’homme de l’ONU auraient immédiatement été dépêchés sur place pour établir une version objective des événements et informer le Conseil de sécurité, contribuant ainsi à apaiser les tensions. La présence d’observateurs de l’ONU aurait aussi pu s’avérer dissuasive pour les forces de sécurité marocaines qui ont à plusieurs reprises, selon notre enquête, passé à tabac des personnes arrêtées à la suite des troubles.

Toutes les missions de maintien de la paix de l’ONU établies depuis 1991 disposent de ces mécanismes, qui reposent sur le constat que toute paix durable s’appuie sur le respect des droits de l’homme. Partout ailleurs, du Darfour au Timor Leste, en passant par le Kosovo, la France soutient pleinement l’intégration croissante des questions touchant aux droits de l’homme dans les missions de l’ONU. Il n’y a que sur le dossier sahraoui que Paris s’arc-boute, persistant à défendre une anomalie historique.

Cette obstination française a un coût. L’ambassadeur de France à l’ONU, Gérard Araud, l’a appris à ses dépens, le 30 avril dernier, lorsqu’il a dû faire face aux pays du Conseil de sécurité tels que le Royaume-Uni, l’Autriche, l’Ouganda, le Nigeria ou le Mexique, qui sont favorables à un élargissement du mandat de la Minurso aux questions de droits de l’homme. A quelques heures de l’expiration du mandat de la mission de l’ONU, selon plusieurs témoins, le ton est monté.

Comment la France, qui se prétend le berceau des droits de l’homme, pouvait-elle s’opposer à toute mention des droits de l’homme dans la résolution, a demandé un ambassadeur occidental ? Son homologue chinois, un rien ironique, s’est réjoui de constater que Paris partageait désormais les réserves de Pékin sur tout débat des droits de l’homme au Conseil de sécurité. Après une vive réponse de l’ambassadeur français, suivie d’excuses toutes diplomatiques, la France a obtenu gain de cause, non tant par la force de ses arguments que par celle de son droit de veto.

Les diplomates français se défendent en affirmant que la question des droits de l’homme est devenue un chiffon rouge pour le Maroc, qui y voit une ruse du Polisario et de son soutien officiel algérien, pour embarrasser le Royaume chérifien. A en croire Paris, cette question est une diversion, qui ne fait que braquer Rabat, sans faire avancer les pourparlers entre les deux camps, par ailleurs enlisés depuis des années.

Mais au lieu de s’aligner sur Rabat, la France devrait convaincre le Maroc qu’il a tout à gagner à améliorer les conditions dans lesquelles vivent les Sahraouis sous son contrôle, souvent muselés et harcelés par les forces de l’ordre marocaines lorsqu’ils osent se prononcer pour l’indépendance. Les observateurs onusiens seraient aussi d’un grand secours pour les réfugiés sahraouis qui vivent près de Tindouf, en Algérie, dans des camps où le Front Polisario règne en maître et intimide ceux qui soutiennent le plan d’autonomie marocain – une situation mainte fois dénoncée par Rabat.

Le renouvellement du mandat de la Minurso, en avril 2011, offre à la diplomatie française une chance de corriger la situation. Il est temps que Paris reconnaisse que, sans un strict respect des droits des Sahraouis, garanti par l’ONU, les deux camps continueront à se livrer à des campagnes de désinformation qui ne font que compliquer les efforts du Conseil de sécurité en faveur d’une solution politique.

El pasado 8 de octubre el histórico  Comandante Cero, Edén Pastora, ex guerrillero sandinista, luego ex guerrillero de la contra de la CIA y actualmente hombre de confianza del reencarnado presidente nicaragüense Daniel Ortega, inició el dragado del río San Juan en la frontera con Costa Rica, procediendo luego a una incursión militar en la Isla Calero, en territorio costarricense, donde talaron una buena extensión de bosque y plantaron su bandera. Mera continuidad histórica, porque Nicaragua siempre ha tenido problemas fronterizos con Costa Rica, así como actualmente con Colombia y Honduras. En teoría el tema estaba zanjado desde una sentencia del Tribunal Internacional de La Haya de julio del 2009, en el que atribuía la soberanía de todo el cauce del río San Juan a Nicaragua pero exigía que cualquier obra en el río no tuviese efectos adversos sobre el ecosistema de Costa Rica.

Las fronteras están delimitadas por el tratado Cañas-Jerez de 1854 y el laudo emitido en 1888 por el presidente estadounidense Cleveland a petición de los dos países. Google Mapas complicó la historia atribuyendo una parte del territorio de Costa Rica a Nicaragua, aunque la empresa se apresuró a rectificar y desaconsejó iniciar guerras para defender las “Google fronteras”. Aunque en este caso no podía haber guerra. Porque, como dijo el ministro de Seguridad costarricense, “Costa Rica no tiene ejército y no va a resolver esto a balazos”. Efectivamente, Costa Rica, país de 4,7 millones de habitantes, abolió el ejército tras la guerra civil de 1948 y nunca más lo restableció. Es el único país del mundo (aparte de algunos minúsculos principados) que no tiene fuerzas armadas, tan sólo policía y mal equipada. Tan mal equipada, que mientras Nicaragua envió a la frontera modernos helicópteros artillados, la policía de Costa Rica tuvo que alquilar un pequeño helicóptero civil (color amarillo) para sobrevolar la zona. De hecho, la desmilitarización de Costa Rica fue clave para el desarrollo económico, social y político de este país. Ha tenido una democracia ininterrumpida y generalmente limpia desde 1948. Invirtió en bienestar social y tiene un sistema de cobertura universal gratuita de salud y educación. Yes el país más desarrollado de América Central (y en la parte alta de América Latina) con una economía modernizada (Intel tiene ahí su principal fábrica microelectrónica en la región) y un ecoturismo que ha hecho de la conservación de la naturaleza una buena fuente de divisas. Al no tener ejército se ha especializado en diplomacia y en ser terreno neutral en una de las áreas más violentas del planeta (con un presidente, Óscar Arias, premio Nobel de la Paz).

De modo que Costa Rica se ha convertido en interlocutor privilegiado cuando hay que mediar conflictos en el patio trasero de EE. UU. Fue un industrial de ascendencia catalana, el socialdemócrata don Pepe Figueres, quien institucionalizó la democracia y disolvió el ejército en 1948. Así se construyó el modelo pacifista de Costa Rica, que ha demostrado su viabilidad y sus beneficios para el desarrollo del país. El problema es que no todos son tan pacíficos.

Así, en 1955 el ex presidente tico Calderón intentó invadir Costa Rica desde Nicaragua ayudado por el dictador Somoza, con bombardeo de San José por aviones nicaragüenses. La inmediata formación de milicias populares y la presión internacional frenaron la invasión. Volvieron a sonar tambores de guerra en sus fronteras durante la revolución y contrarrevolución nicaragüense, conflicto en que miles de costarricenses, con la tolerancia de su gobierno, apoyaron al sandinismo, acogieron a los refugiados políticos (incluido Pastora) y sirvieron de base logística a los revolucionarios de Ortega.

Pero volvamos al río San Juan. El tema es que Nicaragua lo quiere dragar (con dinero de Chávez) para hacer un hipotético canal. Mientras no afecte a Costa Rica tiene derecho, y así lo reconocen los ticos. Pero ante la ocupación de su territorio Costa Rica recurrió a la Organización de Estados Americanos, que, por 22 votos contra 2, pidió la retirada de todas las fuerzas y la negociación directa entre presidentes. Costa Rica aceptó, Nicaragua rechazó y llevó el conflicto a La Haya mientras mantiene la ocupación. La razón es banal. Ortega quiere perpetuarse en el poder. Tras llegar a la presidencia en alianza con la derecha corrupta de Alemán, a cambio de dejarles seguir con el pillaje de lo público, hizo fraude en las municipales del 2008, destituyó a magistrados no adictos, nombró una Corte de Justicia y un Consejo Electoral afines y cambió la legislación para ser candidato en el 2011. Como escribía el destacado periodista nicaragüense Francisco Javier Gutiérrez en La Prensa de Managua el 18 de noviembre: “En el ortopédico diferendo con Costa Rica por el dragado del río San Juan, Daniel Ortega miente para distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas nacionales consiguiendo una fachada de legimitidad para su nefasta presidencia”. ¿Problemas nacionales? Una corrupción galopante, una crisis económica que ha enviado a la emigración a cientos de miles, incluidos 400.000 nicaragüenses en Costa Rica, un régimen asistido por donativos de la alianza bolivariana y una persecución insidiosa de la oposición democrática y de los periodistas que denuncian al régimen. Y la forma más fácil de unir al país es la movilización nacionalista contra la indefensa Costa Rica. De paso se deslegitima a la OEA para que no pueda enviar observadores a las elecciones del 2011 posibilitando así el fraude. Probablemente, tras obtener beneficios políticos del incidente, se retirarán las tropas nicaragüenses y la sangre no llegará al río. Pero se habrá envenenado el clima político de una región que necesita paz.Me embarga la tristeza al escribir esto. Porque yo dirigí el programa de asistencia técnica de Berkeley que formó los primeros municipios del sandinismo y recibí los parabienes del presidente Ortega, organicé comités de solidaridad con el sandinismo, estuve en Masaya y apoyé su revolución. Pero hace tiempo que aprendimos que la mejor forma de defender una revolución social es denunciarla cuando devora a sus hijos y abusa de sus hijas.

Los sucesivos gobiernos españoles parecen atrapados en una espesa red de ambigüedades cuando se trata de las relaciones con Marruecos. La ambigüedad nace de un pasado colonial que en Marruecos todavía escuece, lo que no sucede con Francia, que fue la principal metrópoli del reino alauí, y de una descolonización inacabada al traspasar el último Gobierno de la dictadura la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. No cedió la soberanía porque era un territorio por descolonizar, según las Naciones Unidas. Además, Rabat tiene otras herramientas para causar dolores de cabeza a Madrid: Ceuta y Melilla, emigración, narcotráfico, pesca…

El principal problema es que Madrid intenta articular las relaciones con Marruecos como si este fuera un Estado de derecho y democrático, cosa que queda lejos de la realidad como se ha puesto de manifiesto a raíz del desmantelamiento del campamento saharaui de El Aaiún. El último episodio de estas difíciles relaciones ha sido la petición parlamentaria de llevar a la Cuarta Comisión de la ONU, que trata de los procesos de descolonización, los expedientes de Ceuta y Melilla; de abrir comisiones donde se puedan denunciar los crímenes contra la humanidad cometidos por España durante el periodo colonial; de solicitar, en reciprocidad, el visado a los ciudadanos españoles que visiten Marruecos y de revisar a fondo y en todos los ámbitos las relaciones con España. La chispa que ha hecho saltar la indignación de Rabat ha sido la aprobación por el Congreso de una moción en la que -sin citar a las partes- se condenaban los incidentes de El Aaiún y se expresaba la preocupación «ante las informaciones sobre violaciones de derechos humanos» y se reconocía al Frente Polisario como el «legítimo representante del pueblo saharaui». Una moción que no iba más allá de la que aprobó la Eurocámara, en la que mostraba también su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en el Sáhara, pedía una «investigación independiente a nivel internacional» y denunciaba las restricciones a la información, pero no reprobaba a las autoridades marroquís. En suma, en Madrid y en Bruselas, una enorme exquisitez con Rabat.

El Gobierno español, que no se cansa de repetir que las relaciones con Marruecos son estratégicas y que ni en las peores circunstancias interrumpirá el diálogo, tendría que considerar si la mejor manera de mantener unas relaciones es aprobando todo lo que hace Rabat o, por el contrario, diferenciar las relaciones institucionales de lo que son conculcaciones claras de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Marruecos vive instalado desde hace más de una década en una transición paralizada por el miedo al ascenso del islamismo, por las prerrogativas del rey, que nombra ministros de confianza (Justicia, Exteriores, Interior…), por unas elecciones a menudo bajo sospecha, por unos índices de corrupción inaceptables que, en su vértice, apuntan al entorno real, y por una libertad de expresión en precario y limitada por dos temas intocables: la monarquía y la marroquinidad del Sáhara.

Rabat tiene argumentos para presionar a Madrid, pero también Madrid los tiene para presionar a Rabat, y no son los menos importantes recordar que España es la principal puerta de entrada de Marruecos -y de su inmigración- en Europa o que en los acuerdos de pesca entre la UE y Marruecos la posición de Madrid sigue siendo decisiva. Y, para desactivar el contencioso de Ceuta y Melilla, habría bastante con convocar un referendo -población musulmana incluida- que a buen seguro daría un resultado favorable a España. Pero Madrid no lo hará nunca porque sería tanto como admitir que los llanitos quieren continuar siendo británicos o que en algunas autonomías hay fuerzas que también lo reclaman.

En definitiva, el Gobierno español tendría que deshacer la ambigüedad, mostrar una posición más comprensiva y comprometida en la cuestión del Sáhara y del referendo de autodeterminación y, sobre todo, mostrar una voluntad decidida de no seguir subordinando sus relaciones a las presiones, y a veces el chantaje, desde Rabat. Unas buenas relaciones no se pueden basar en un quid pro quo cuando uno de los jugadores dispone de cartas marcadas, e incluyen la libertad de decir todo aquello que el otro hace mal de acuerdo con la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos. La realpolitik no puede llegar hasta el extremo de dar por buenas las explicaciones de Rabat sobre los sucesos de El Aaiún cuando a la prensa española se le niega poder informar sobre el terreno. Y esto es independiente de la posición respecto de todas las cuestiones bilaterales, incluido el conflicto del Sáhara. Es cierto que para cualquier ministro de Exteriores las relaciones con Marruecos son una patata caliente, pero la moción del Congreso, que tuvo el apoyo del PSOE, aun con su prudencia, es un primer paso en el buen camino. Para ir bien hay que dar los que siguen.

La brutal represión ejercida por Marruecos en el Sáhara ha vuelto a poner de actualidad un territorio sobre el que conviene hacer un repaso a su historia reciente. Hasta 1965 era una región desértica con escaso interés. Sin embargo, ese año cambió completamente la percepción sobre el territorio, al descubrirse en él los grandes yacimientos de fosfatos de Bu-Cra, los más importantes del mundo. Además, las prospecciones petrolíferas en sitios cercanos a la costa han insinuado la posibilidad de explotación de importantes pozos de gas y petróleo. Por no hablar de los abundantes bancos de pesca en su litoral. Todo ello hizo que el Sáhara se convirtiese a partir de los 70 en un enclave con grandes posibilidades económicas, lo que despertó el gran interés de Marruecos y también de sus aliados EEUU y Francia.

De otro lado, el asunto de la delimitación de su mar territorial -con una extensión que va desde el río Dra en el norte, hasta el cabo Blanco en el sur del Atlántico, que es superior a la de Marruecos- hace que tenga la mayor importancia. Para España, dicha zona marítima costera constituye la espina dorsal de las Islas Canarias. En una visita del presidente Zapatero al rey Mohamed VI se veía un mapa de Marruecos que incluía las Canarias como pertenecientes a la Monarquía alauí.

Establecer una delimitación exacta de las aguas que legalmente le corresponden a Marruecos, de las que forman parte del norte del Sáhara, y de las que son del archipiélago de Canarias, no es tarea fácil. La anchura del mar territorial está limitada a 12 millas desde la línea de base o bajamar, siempre que no exista enfrente la competencia de otro Estado, en cuyo caso habrá que aplicar el principio de la equidistancia. El problema se complica con la extensión de la Zona Económica Exclusiva, cuya anchura puede llegar a las 200 millas de la línea de base, y en el Sáhara se encuentra con la línea de costa adyacente del archipiélago de Canarias. Naturalmente, para España es necesaria una delimitación precisa y mediante convenio.

Si nuestro país no cedió la soberanía sobre el territorio saharaui, tampoco lo hizo sobre las aguas. Y en virtud del artículo 56.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Mar, mantiene dicha soberanía en la zona del Sáhara, lo que, claro está, no reconoce Marruecos. Surge así un conflicto permanente, al que hay que añadir el apoyo a la población saharaui que fue desplazada de su territorio. El problema es de difícil solución para España, ya que Rabat ha contado siempre con dos aliados fieles en la Casa Blanca y el Elíseo.

Veamos el proceso histórico. En los años finales del siglo XIX, Francia se puso de acuerdo con Inglaterra y, ante el desbarajuste tremendo de África, desde el Magreb a Ciudad del Cabo, se repartieron el continente. Estas dos potencias colonizadoras han sido las más déspotas, crueles, egoístas y expoliadoras de la criminal y sangrienta Historia moderna de África. También Bélgica, a la que en la Conferencia de Berlín de 1885 se le cedió el Congo, como propiedad privada del rey Leopoldo, es un ejemplo de colonización criminal, con torturas, mutilaciones y esclavitud. Ahí está la novela del reciente Nobel de Literatura, Vargas Llosa, que narra la inhumana y sangrienta colonización belga. A España, por un nuevo tratado, negociado en París y firmado el 27 de febrero de 1900, se le reconocía el territorio del Sáhara Occidental, pero dejando fuera y para Francia las ricas salinas de Lyil y la Bahía de los Galgos, ricas en pesca.

El Reino de Marruecos, que antes fue protectorado hispano-francés, siempre tuvo la ambición de extenderse por toda la costa Atlántica, hacia el sur, incluida Mauritania. Esa reivindicación será constante e incluso originará la guerra de Ifni (1957-1958). España, en las postrimerías del franquismo, llevó el caso al Tribunal Internacional de La Haya, que en 1975 hizo público su dictamen consultivo, según el cual no se habían encontrado lazos de soberanía de Marruecos ni de Mauritania, sobre el territorio del Sáhara Occidental. Luego no hay nada que se oponga a la autodeterminación saharaui. España debió entonces ceder el gobierno y el territorio al Frente Polisario, pero no lo hizo por temor a Rabat.

Hasta la segunda mitad del siglo XX, la población saharaui era fundamentalmente nómada y hospitalaria. Celosa de su independencia, amaba el desierto y no tenía ninguna sumisión al sultán de Marruecos. Pero las relaciones directas de los españoles con los saharauis fueron tardías. Hasta 1916 no se ocupó Cabo Juby y hasta 1920, La Guara, en cabo Blanco, que sería base de apoyo de los pesqueros canarios. En 1934, con el Gobierno de la República, se consiguió ocupar la mítica ciudad de Smara, en pleno desierto, consiguiendo una convivencia pacífica con las numerosas tribus nómadas saharauis.

Comenzó así una época de paz y amistad, que se vio perturbada cuando, en 1956, con motivo de la independencia del protectorado de Marruecos, el sultán Mohamed V comenzó una fuerte reivindicación internacional ante la ONU sobre el territorio del Sáhara español. Franco y Carrero decidieron establecer una política de permanencia indefinida en el territorio, llegando a originar una gran fricción jurídica en 1958, como fue el convertir en provincia española el Sáhara, con su capital en El Aaiún. El pueblo saharaui se sentía cómodo con la Administración española, pero pronto comenzaron a intervenir los nacionalismos locales, financiados por Marruecos contra España, apareciendo en 1973 el Frente Polisario como un movimiento independentista y de liberación nacional.

Entre España y el pueblo saharaui se interpusieron los intereses de Hasán II y su idea de un Imperio Cherifiano que llegase hasta el río Senegal. Le apoyaba en su ambición EEUU, que no veía claro el devenir político en España. Con la ayuda de la CIA, Marruecos preparó su Marcha Verde, que originó una penetración pacífica y pactada de 10 kilómetros en dirección a El Aaiún. El Gobierno español, con Franco moribundo, sin saber qué hacer y en una decisión secreta, firmó la orden de evacuar el Sáhara el 10 de noviembre de 1975. Se abandonó a su suerte al pueblo saharaui.

Por los acuerdos de Madrid, de 14 de noviembre de 1975, España cedía la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. El pueblo saharaui, debido al hostigamiento de esos dos países, abandonó su territorio, en una marcha trágica a través del desierto, en la que se desplazaron 300.000 habitantes, de los que llegaron finalmente a Tinduf (Argelia), unas 200.000 personas. Allí permanecen desde hace 35 años, olvidados del mundo y de la ONU, incapaz, por la influencia de EEUU, de organizar un referéndum ni de dar una solución al conflicto.

¿Qué puede hacer España? Todo menos mostrarse débil ante Marruecos y ante el resto del mundo. Bien es cierto que no se va a ir a una guerra por devolver el Sáhara a los saharauis, pero, ¿dónde está la conjunción planetaria entre Zapatero y Obama de la que hablaba la ahora ministra Pajín? Nada más simple que llamarle y pedirle que Marruecos contenga sus ímpetus hacia los pobres saharauis. Un país que se precie, con un Gobierno y un presidente serio, tomaría la iniciativa diplomática en la ONU y ante la comunidad internacional. Ya sabemos que en el Consejo de Seguridad no ha habido ninguna investigación ni sanción contra Marruecos, porque para eso está EEUU, para vetarla. En la Asamblea General sí es posible acusar a Marruecos, aunque para ello España debería adoptar una postura seria y firme.

la del sáhara es la larga trayectoria de un pueblo, con una personalidad y una cultura propias, y una tradición de independencia a través de los siglos que llega a un punto crucial de su Historia, que parece no tener retorno, en este mes de noviembre de 2010 cuando precisamente se cumplen 35 años desde que tuviera que abandonar su territorio, en el que había vivido durante siglos.

El asalto al campamento Gdeim Izik no ha sido sino un acto más de la postura de fuerza de Marruecos. La firmeza del ministro de Interior alauí que vino a España a ordenar silencio y manos quietas a Rubalcaba nos hace pensar si no le habrá advertido del peligro que supone para España el que se sepan cosas del 11-M bien guardadas por los servicios secretos marroquíes y que Rubalcaba bien debe conocer.

Las Naciones Unidas, esa organización que sólo está al servicio de los poderosos y que se ha quedado obsoleta en los tiempos que vivimos, no ha sido capaz de resolver nada, con el plan para el Sáhara de Pérez de Cuéllar, que estaba perfectamente detallado, ni con el del enviado espacial James Baker, de EEUU, ni con la actual Minurso (Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental). Solo podrá ser la comunidad internacional, movilizada por España, o mejor por el pueblo español -ya que el Gobierno de Zapatero se inhibe-, la única fuerza pacífica que puede presionar y pedir la justa reivindicación de un pueblo, a quien se le ha obligado a dejar su territorio y que vive aislado y abandonado en medio de las arenas del desierto.

Si a partir de la Carta Magna de la Descolonización de 1960 la ONU impulsó la independencia de todos los territorios de África bajo administración colonial, formando un mosaico de estados independientes a los que se les aplicó el principio del uti posidetis, es decir, el respeto a las fronteras coloniales, ¿cómo es posible que en el caso de España no se haya permitido mantener ese principio del respeto a las fronteras coloniales, delimitado por el Tratado de París de 27 de febrero de 1900, cuando tenía todos los requisitos para haber realizado la autodeterminación y la independencia del Sáhara Occidental y de su población?

Los errores históricos acaban pagándose, y en la actualidad España no puede tener sino mala conciencia por haber cedido el territorio del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Sólo le cabe a nuestro país alegar que en aquel momento se encontraba en una difícil transición política de un régimen dictatorial a otro en el que no se veía claro el futuro, y que las decisiones de gobierno, por consiguiente, deberían de considerarse nulas al estar contaminadas por el temor y la coacción política que indudablemente vician el consentimiento y hacen que no sea otorgado libremente. La nulidad plena de aquellos Acuerdos de Madrid y de las acciones de fuerza auspiciadas por Marruecos pondría el litigio en sus justos términos y haría viable una solución para esa pobre población errante, que le permitiese volver, si no a todo, a una parte considerable del antiguo territorio del Sáhara, donde hay sitio para todos.

La violencia marroquí contra el pueblo saharaui tiene muchas causas, pero dos pueden considerarse fundamentales. La primera tiene que ver con la causa del conflicto y la segunda, con su gestión. Una buena gestión de la gestión puede ayudar a paliar el conflicto, pero su solución definitiva no se conseguirá mientras no se aborde su causa última. El problema del gobierno de Rodríguez Zapatero es que ni aborda la causa del conflicto ni lo sabe gestionar.

Se dice por no quienes no tienen interés en encarar la causa verdadera del conflicto del Sahara Occidental que éste es «artificial» o «complejo». Pero no es ni lo uno ni lo otro. El conflicto del Sahara es un conflicto muy real producido por una causa muy simple: porque no se ha querido aplicar el Derecho Internacional vigente. Y este intento de eludir el Derecho Internacional para satisfacer una pretensión política tiene su causa última en los acuerdos de Madrid del día 14 de noviembre de 1975. Esos acuerdos se firmaron por tres gobiernos no democráticos, ni más ni menos, para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui cuyo censo ya estaba confeccionado. Se pretendía dar satisfacción a las pretensiones marroquíes de anexionar el territorio, pero sin respetar el Derecho Internacional que exige que esa anexión solo pueda llevarse a cabo si el pueblo saharaui así lo desea, pero no contra su voluntad. Ésta es una de las varias razones por la que estos acuerdos son nulos. Y por eso, en última instancia, solo la denuncia de esos acuerdos, como nulos que son, puede sentar las bases de una solución al conflicto que sea civilizada, pacífica y democrática. Todo lo acontecido desde 1975 ha sido un intento de gestionar una situación viciada de ilegalidad producida después de aquellos infaustos acuerdos. Esa gestión, tanto por España como por la comunidad internacional ha tenido protagonistas que unas veces han sido más hábiles y otros menos. Los más hábiles han intentado y casi conseguido superar la causa que desde el origen ha viciado este problema. Los más torpes, lejos de intentar y lograr superar las consecuencias del vicio de origen no han hecho sino ahondar en el mismo.

España, apenas unos tres meses después de la firma de los acuerdos de Madrid, el primer gobierno de la monarquía dio un primer paso para intentar solucionar el problema. El 26 de febrero de 1976, el representante español en Naciones Unidas dejó sentada la posición oficial del Gobierno, a saber, que estamos ante un conflicto de descolonización y que la misma sólo se producirá cuando la población decida su futuro libremente en un referéndum. Es decir, cuando se aplique el Derecho Internacional que prescribe, de forma inequívoca, y tal como afirmó el Tribunal Internacional de Justicia que la descolonización del Sahara Occidental debe realizarse mediante un referéndum de autodeterminación entre las poblaciones originarias del territorio. Aquel gobierno no se atrevió a denunciar los acuerdos de Madrid, entre otras cosas porque el firmante de los mismos seguía presidiéndolo, pero dio un paso para corregir una dirección equivocada.
En esa dirección finalmente se decidió a marchar el Consejo de Seguridad cuando en su resolución 690, de 1991, aprobó por unanimidad un Plan de Paz en el que mediante un referéndum de autodeterminación las dos partes podían buscar la satisfacción de sus pretensiones políticas de un modo legal, democrático y civilizado. Aquel plan de paz fue boicoteado por Marruecos. A pesar de ello, James Baker consiguió sacar adelante el plan de paz en 1997 con los acuerdos de Houston, aprobados por unanimidad del Consejo de Seguridad, pero en el año 2000, Marruecos volvió a boicotear el proceso. Y todo ello sin que el Gobierno de España ni las Naciones Unidas condenaran el obstruccionismo marroquí.

En el año 2003, España revitalizó el proceso al conseguir que el Consejo de Seguridad aprobara por unanimidad en su resolución 1495 el «Plan Baker». Sin embargo, la ministra de Exteriores Ana Palacio disparó en el pie al presidente de su Gobierno, Aznar, al acceder a la pretensión marroquí de rebajar el tono de la resolución del Consejo de Seguridad que, de «endosarlo» con fuerza ejecutiva, paso a «apoyarlo» sin fuerza coactiva. Después, todo ha ido a peor. La llegada de Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno y el nombramiento de Moratinos como ministro de Exteriores ha supuesto un retroceso en este proceso de solución. Para ello, se ha desmontado la política del Gobierno de Aznar y se ha obstaculizado el esfuerzo de Naciones Unidas para buscar una solución legal, civilizada, pacífica y democrática, la del referéndum de autodeterminación en la que el pueblo saharaui pueda decidir si quiere ser marroquí (con o sin una supuesta autonomía) o quiere ser lo que fue, libre e independiente. Para decirlo claramente, el gobierno de Rodríguez Zapatero quiere volver a la política del último gobierno de Franco, un gobierno no democrático, para volver a los acuerdos de Madrid. No es casual que Moratinos invocara esos acuerdos para justificar la firma del acuerdo pesquero de la UE con Marruecos englobando las aguas del Sahara Occidental. Y no es casual que la tragedia actual se haya desencadenado precisamente a partir de una protesta por el expolio marroquí de las riquezas naturales del Sahara Occidental en violación de lo dispuesto en el Derecho Internacional. Los sangrientos resultados de esta política están a la vista.

El Sahara ha vuelto a incendiar la opinión pública española. El foco: los sucesos acaecidos en las últimas semanas relacionados con el campamento de Agdamyn Izik, erigido a las afueras de El Aaiún, por un grupo de saharauis, para protestar por su situación social, política y económica, que llegó a albergar a más de 15.000 personas y que fue desmantelado por las fuerzas de seguridad marroquíes.

El 24 de octubre, el ejército marroquí mató a un joven saharaui e hirió a otras cinco personas cuando trataban de acceder al campamento. Además, y si bien a día de hoy no constan datos exactos sobre muertos y heridos, ni detenidos y desaparecidos, las operaciones de desalojo del campamento, el 8 de noviembre, costaron varias vidas, incluidos miembros de las fuerzas marroquíes, y un número que distintas fuentes estiman importante de heridos, detenidos y desaparecidos. Por último, las autoridades marroquíes, a raíz de estos sucesos, han prohibido la entrada en Sahara Occidental a periodistas, medios de comunicación y observadores independientes, muchos de ellos españoles, o los han expulsado.

Además de las torpezas cometidas por el Gobierno, la propia evolución de los acontecimientos y su reflejo en los medios de comunicación ponen de manifiesto —lamentablemente, una vez más de forma dramática— la multiplicidad y complejidad de elementos que confluyen en la percepción popular, y lastran el análisis y enjuiciamiento de cualquier asunto que atañe al Sahara Occidental. Porque emociones y sentimientos, historia y derecho, valores y «realpolitik», intereses y responsabilidades se mezclan y superponen, haciendo tanto más difícil cuanto más necesario un esfuerzo de ponderación.

Desde esta perspectiva, destacan cuatro ejes de análisis: derechos humanos; relaciones bilaterales España-Marruecos, con el Magreb (en particular Argelia) al fondo; responsabilidades de España; y, por último, escenario geoestratégico. Veamos esto de más cerca.

En materia de derechos humanos, y más allá de la justificada demanda de esclarecimiento de los últimos acontecimientos enumerados, es preciso no olvidar que la opinión pública española, así como una mayoría de los medios, parten de un maniqueísmo radical: saharaui (cualidad que, en general, solo se atribuye a quienes están en el campo Polisario), víctima; marroquí (todos los demás), ocupante y opresor. Y no es fácil formarse opinión, ya que ni Minurso tiene un mandato específico en materia de derechos humanos ni tampoco integra personal especializado de la ONU. Dicho lo anterior, la cuestión central, en este ámbito, es la situación de dos colectivos sensibles: la «población de oriundez previa a 1975» en el territorio controlado por Marruecos y quienes se encuentran más allá de la muralla que divide el Sahara Occidental de Norte a Sur, una minoría en la estrecha franja controlada por el Polisario, la mayoría refugiados desde hace decenios en los campamentos situados en Argelia, cerca de Tinduf (con dos generaciones adultas nacidas allí). Y lo que ha desaparecido en la violencia y la vorágine informativa es que los acampados, antes de los incidentes, no reclamaban de las autoridades marroquíes la independencia, sino trabajo y condiciones de vida dignas. Esta aspiración, compartida por ambos grupos de referencia, que debería ser tenida en cuenta, con carácter prioritario, en y para el acuerdo auspiciado por la ONU, queda relegada por el maximalismo de las posiciones de independencia o nada esgrimidas por la dirección del Frente Polisario. En cuanto a Marruecos, la credibilidad, tanto para las poblaciones afectadas cuanto de cara a la comunidad internacional, de la solución autonomista que propicia se juega de forma importante en la gestión de estas reivindicaciones; y lo sucedido el 8 de noviembre, con su corolario de trabas a la libertad y la transparencia informativas, incide negativamente en aquella.
Vayamos a las relaciones bilaterales España-Marruecos. Con perspectiva española, tienen, sin lugar a dudas, la máxima importancia, y su optimización debe ser objetivo de cualquier gobierno. Sin embargo, en este empeño no debe perderse de vista que, para Marruecos, España suma a su indiscutible peso propio el que le confiere ser Unión Europea. Ni la firmeza está reñida con la calidad del intercambio ni la optimización se alcanza con el respaldo acrítico de las actuaciones marroquíes. Por el contrario, España debe calibrar en esta relación cuestiones como la apuesta de Mohamed VI, heredada de su padre Hassan II, por el nacionalismo y la expansión territorial para asentar su legitimidad, o la subida del islamismo y su posible incidencia sobre la estabilidad del régimen. Tampoco puede España dejar en manos de las autoridades vecinas los derechos e intereses de ciudadanos españoles, ni debemos fomentar, por nuestro abandono en la UE de la bandera de los derechos humanos, que esta sea recogida por algún estado miembro con intereses contrarios a los nuestros en cuestión relacionada con «territorios carentes de autogobierno» en calificación de la Carta de Naciones Unidas. Con fuerza similar a la referida con Marruecos, debe discurrir la relación España-Argelia. Y este paralelismo debe ser utilizado para favorecer el mejor entendimiento entre los dos grandes países del Magreb, desde la apertura de la frontera común, cuyo cierre se erige en impedimento mayor del proceso de integración regional en el sur del Mediterráneo, fomentado por la UE, hasta la colaboración activa de Argelia en propiciar, en el marco de la ONU, una solución para el Sahara Occidental.

Mucho se ha escrito sobre las responsabilidades y los intereses de España. Desde el punto de vista jurídico, resulta dudosa la eficacia del total desligamiento de España de cualquier responsabilidad respecto al Sahara, originado en los Acuerdos de Madrid (concluidos en 1975 con Franco agonizante) entre España, Marruecos y Mauritania. Así, todavía hoy, el anexo del informe que periódicamente presenta el secretario General a la Asamblea de la ONU sobre territorios carentes de autogobierno incluye el Sahara Occidental bajo la rúbrica «España». Pero, más allá del Derecho, los españoles tenemos conciencia de una responsabilidad de naturaleza ética que nos interpela para contribuir, activamente, a la culminación del proceso de descolonización de ese territorio.

Finalmente, unas consideraciones geoestratégicas. Hoy, los argumentos de la guerra fría que presidieron las alineaciones de potencias y países de la región, en los años setenta y ochenta, han sido sustituidos por los derivados de la amenaza que supone el terrorismo internacional y su percepción. Los gobiernos de la ribera sur del Mediterráneo tienen conciencia de ser objetivo preferente de Al Qaida y las organizaciones regionales a ella afiliadas. Combatir a estos grupos se ha erigido en causa común de EE.UU., la UE y el Magreb, creando lazos, como los hoy existentes entre EE.UU. y Argelia, imposibles de imaginar en los años que vieron nacer al Polisario.

Desde nuestra pertenencia a la UE, nuestro compromiso con los derechos humanos, la importancia de la relación bilateral con Marruecos, nuestras responsabilidades, así como por razones geoestratégicas, España no debe favorecer, por acción u omisión, la consolidación a largo plazo del actual status quo, sino trabajar, desde una neutralidad activa práctica y sustantiva, y no solo retórica y formal, por el progreso y la culminación, con arreglo a derecho, de las negociaciones auspiciadas por la ONU.

Corea del Norte ha vuelto a centrar la atención mundial. Este martes su Ejército lanzó decenas de proyectiles de artillería contra la isla surcoreana de Yeonpyeong, cerca de la línea fronteriza entre las dos Coreas. Cuatro personas murieron y docenas resultaron heridas. La semana pasada, Siegfried Hecker, exdirector del Laboratorio Nacional de Los Álamos, reveló que científicos norcoreanos le habían mostrado una planta de enriquecimiento de uranio que podría servir a Corea del Norte para expandir su arsenal nuclear. Pero la mayor preocupación de Estados Unidos es el hecho de que la planta fue construida en un plazo inferior a 18 meses.

La pregunta que la comunidad internacional se hace cada vez que Pyongyang ataca a su vecino o muestra su último desarrollo nuclear es la misma: ¿por qué? Corea del Norte está localizada en el noreste asiático, una de las regiones del mundo con mejores perspectivas económicas. China y Japón son dos de las mayores economías del mundo. Corea del Sur es un país plenamente desarrollado. Corea del Norte podría beneficiarse de su localización y convertirse en el Vietnam del noreste asiático. Entonces, ¿por qué sus líderes parecen empeñados en evitar el desarrollo de su país y granjearse la antipatía de la comunidad internacional?

La principal razón que explica el comportamiento de Corea del Norte es la política de EEUU. Normalizar relaciones diplomáticas con Washington ha sido el objetivo fundamental de la política exterior norcoreana desde que Richard Nixon visitara China en 1972. Pyongyang ha mostrado repetidamente su deseo de establecer relaciones con EEUU. Así pues, ha evitado enzarzarse en provocaciones cuando la política de Washington ha sido más conciliadora. Tanto con Bill Clinton como con George W. Bush hubo periodos en los que Pyongyang colaboró con el OIEA en el control de su programa nuclear. Es más, Corea del Norte siempre ha mantenido la puerta abierta al diálogo con EEUU. Cuando lo ha habido, su comportamiento ha sido más constructivo.

Sin embargo, la política de Barack Obama se ha centrado en la presión económica. Hay una corriente de opinión en Washington que atribuye la decisión de Corea del Norte de comenzar a desmantelar su programa nuclear hace tres años a las sanciones de la ONU y del Departamento del Tesoro. Siguiendo esta lógica, una mayor presión forzaría a Corea del Norte a volver a ceder. No obstante, Kim Jong-il seguramente intuye que la política de Washington suele desarrollarse de acuerdo con una pauta bien marcada: presión seguida de diálogo una vez que las sanciones pierden eficacia. Mientras la Administración de Obama continúa deliberando sobre el formato de las inevitables negociaciones con Corea del Norte, Pyongyang puede seguir desarrollando su programa nuclear para tener una mejor baza en la mesa negociadora.

El estado de la política regional en el noreste asiático es la segunda razón de importancia a la hora de explicar las provocaciones de Corea del Norte. Este es un factor que EEUU a veces parece obviar. Sin embargo, líderes políticos y analistas asiáticos no dudan de que Corea del Norte tiene en cuenta el estado de la política regional antes de lanzar una provocación. El ataque a Yeonpyeong se produjo apenas 10 días después de que Seúl acogiera la última reunión del G-20, aplaudida en Asia como ejemplo del creciente poderío de la región.

Otros ejemplos de provocaciones norcoreanas al menos en parte relacionadas con la política regional incluyen el ensayo nuclear de octubre del 2006, que coincidió con el viaje del primer ministro japonés Shinzo Abe a Pekín, una visita clave tras las tensiones durante el mandato de Junichiro Koizumi. Asimismo, en el 2002 una patrulla de la Armada norcoreana hundió un buque surcoreano un día antes de la final del Mundial de Corea del Sur y Japón. Si nos remontamos a los años 90 del siglo pasado, el lanzamiento de un misil norcoreano sobre territorio japonés en 1998 tuvo lugar poco después de que Tokio y Washington relanzasen su cooperación en materia de seguridad. Incluso la primera crisis nuclear de 1993-94 fue en parte consecuencia de la normalización de relaciones entre China y Corea del Sur.

Así pues, Corea del Norte a veces reacciona a una mejora de las relaciones en el noreste asiático. Desde una perspectiva norcoreana, el acercamiento entre los países de la región a raíz de la actual crisis financiera es perjudicial, puesto que pone de relieve el aislamiento del Gobierno de Kim Jong-il. El papel más activo de Seúl en política internacional es otra daga en el corazón norcoreano, que hasta los años 70 del siglo XX competía con su vecino en materia económica y diplomática. Desafortunadamente para la comunidad internacional, las provocaciones militares y el desarrollo de su programa nuclear son la única manera que Pyongyang tiene de atraer la atención. No es de esperar un cambio de actitud hasta que EEUU y Corea del Norte se sienten a dialogar.

Los recientes hechos del desmantelamiento por la fuerza del campamento de Agdaym Izik revelan hasta qué punto los gobernantes marroquíes se han mostrado incapaces de comprender el sentido de las reclamaciones de sus organizadores, que pedían, junto a las reivindicaciones sociales de trabajo y techo dignos, el control de los recursos de su tierra. Y el fin de las corruptelas favorecidas durante 35 años por el “enemigo común”, la Administración marroquí local o central, en palabras del valiente editorial del semanario marroquí Tel Quel,el único que no ha cerrado filas con sus colegas de la prensa en Marruecos.

Obsesionados con la amenaza de lo que consideran la integridad territorial, convertida en el pilar fundamentalista del Estado, los gobernantes marroquíes no han sabido aprovechar esta ocasión que les brindaban los acampados para ir sentando, mediante la negociación, las bases de un futuro estatuto de autonomía que el propio discurso oficial pregona. No es que la negociación de las reivindicaciones concretas con los líderes del campamento hubiera desembocado en una salida definitiva a un problema que dura más de tres décadas, pero hubiera permitido enlazar con las negociaciones que sólo horas más tarde se abrían en Nueva York entre Marruecos y el Frente Polisario.

El discurso oficial de Marruecos se condensa en la Iniciativa para la negociación de un estatuto de autonomía en el Sáhara que Marruecos propuso en las Naciones Unidas en el 2007. Dicho documento prometía a las poblaciones del Sáhara la gestión democrática de sus propios asuntos a través de órganos legislativo, ejecutivo y judicial con competencias exclusivas. Se especificaban competencias sobre administración y policía local, jurisdicciones de la región, hábitat, educación, salud, patrimonio, control sobre sus recursos financieros, incluidas las rentas de explotación de los recursos naturales de la región. Todo ello, naturalmente, eran palabras que deberían ser objeto de negociaciones entre las partes y de ello podría haberse tratado en Nueva York, aunque desde que se planteó la iniciativa, hace tres años y medio, el Polisario se ha negado a tomar como punto de partida este proyecto, pues implicaba el reconocimiento de los atributos de soberanía de Marruecos: la bandera, el himno nacional, la moneda y la jefatura del Estado en la persona del monarca alauí.

Con mucha dificultad, Christopher Ross, el representante del secretario general de la ONU, había logrado que Marruecos y el Polisario se reunieran después de dos años de desencuentros, para continuar negociando. Poco nuevo parecía que iba a haber sobre la mesa, pues entre otras cosas, la Comisión Consultiva para la Regionalización que Mohamed VI nombró en enero pasado, aún no ha presentado sus conclusiones. Esta comisión deberá presentar un informe con propuestas para la descentralización de la gobernanza en Marruecos y para el diseño de un modelo de regionalización que contemple la región como una institución representativa capaz de la gestión de sus asuntos. Su tarea era también convertir el Sáhara en beneficiario de lo que el monarca llamaba la “regionalización avanzada”, lo que se entendía como la concretización de una suerte de autonomía con amplias competencias, en línea con la citada iniciativa.

Novedosa había resultado la propuesta presentada ante esta comisión por el Partido de la Autenticidad y de la Modernidad (PAM), conocido como el partido del amigo del rey, Fuad Ali el Himma, referida al tratamiento que dar al Sáhara. Contra lo políticamente correcto en Marruecos, se proponía denominar a la futura región Sáhara Occidental o Saguia el Hamra y Wadi ed Dahab (Río de Oro), todo un tabú en el reino. Pedía dotar a la región de un porcentaje de sus recursos naturales, concretamente de la pesca y los fosfatos, reforzando la participación de la población de la región en las instituciones locales y de seguridad, llegando hasta proponer – algo prohibido por la ley marroquí-la posibilidad de crear partidos regionales.

Si todo esto no era más que palabrería, sólo había que dejar pasar el tiempo para que las palabras se las llevara la próxima tormenta de arena. No hacía falta, desde luego, provocar la verdadera tormenta de violencia que ha desatado el desmantelamiento del campamento la madrugada anterior a las negociaciones de Nueva York. ¿Suscitaban temor entre los sectores del búnker estas conversaciones y hacía falta impedirlas?

¿Por qué precisamente el desalojo en ese momento? La versión que el ministro del Interior marroquí ha dado a la prensa es que un grupo de extremistas violentos había secuestrado a los acampados de Agdaym Izik, lo que obligó a las fuerzas del orden a liberarlos. Si eso era así, ¿cómo justificar entonces que las fuerzas del orden entraran al campamento sin armas? Si la tesis marroquí es cierta, ¿no corría el riesgo de enviar a la policía desarmada a un posible matadero? Como así fue. Diez gendarmes han perdido la vida, lo que nunca ocurrió en las cíclicas revueltas de Casablanca en 1981, Nador en 1984, Fez en 1990 o Ifni en el 2009.

Por el contrario, la violencia desatada entre los acampados contra quienes les obligaban por la fuerza a desalojar el campamento, ¿no sería más bien una reacción – excesiva, nadie puede negarlo, en razón de las víctimas entre los desalojadores-ante el pánico provocado por la irrupción perentoria e inesperada de la policía? Pues según otras versiones, parece una realidad establecida que las negociaciones con los acampados se mantenían cuando el campamento fue asaltado de madrugada y obligado forzadamente al desalojo.

Ahí está el meollo de la cuestión por la que se debe pedir una investigación al Gobierno marroquí: quién – y por qué-tomó la decisión del desalojo, con los riesgos previsibles, cuando había una vía abierta de negociación en el interior del campamento y pocas horas más tarde se iba a abrir una nueva ronda de negociaciones entre las partes, auspiciada por la ONU. Porque parece que fue una medida así la que provocó pánico, desconcierto, ira, impotencia, miedo y violencia. Sin duda desbordada, de un lado y de otro. Porque una cosa fue lo ocurrido en el campamento y otra bien distinta la que sucedió más tarde en la ciudad de El Aaiún, donde según han denunciado saharauis nada sospechosos de colusión con el Polisario, se produjo una auténtica “caza al saharaui”, convertido en sospechoso en bloque, con sus viviendas, negocios y almacenes saqueados por la población marroquí de la ciudad. Si el Gobierno marroquí quiere restablecer la maltrecha confianza entre los dos grupos humanos que conviven en el Sáhara Occidental debe también investigar la naturaleza y causantes de dichos desmanes. Que tienen también, como causa primera, el desalojo por la fuerza del campamento.

Esta decisión errónea no puede haber venido más que de quienes están contra la descentralización y la autonomía, los obsesionados con la desintegración nacional. He recordado en más de una ocasión la frase del historiador marroquí Abdallah Laroui en su epílogo a la edición española de su Historia del Magreb:”Sigo pensando, al leer la historia magrebí, que el comportamiento democrático no se convertirá en algo natural entre gobernantes y gobernados hasta que aquellos dejen de obsesionarse con el miedo a la desintegración nacional. Creer o hacer creer que el Estado está siempre en un tris de verse sumergido por la marejada desbordante de la barbarie es el mejor medio para que nunca surja entre la población una conciencia civil responsable”.

Tras lo sucedido, Marruecos ha tirado piedras sobre sus propios argumentos y se ha enajenado a la gran mayoría de cuantos saharauis creían en la vía autonómica. Las heridas abiertas ese lunes negro tardarán en restañarse si es que lo permite la nueva dimensión en la que ha entrado el problema.

Espero que la ministra de Cultura hiciera un minucioso informe dirigido a los copresidentes Zapatero y Rubalcaba sobre cuanto vio y escuchó el pasado lunes en el recital de Luis Eduardo Aute en el teatro Alcalá. Tanto por el hecho de que los conciertos de Aute son uno de los mejores termómetros del estado de ánimo de lo que podríamos llamar la generación de la Transición, como porque cada vez que presenta un nuevo disco, como era el caso, incluye -entre rimas, suspiros y juegos de palabras- claves de interpretación del presente más profundas que la mayoría de los ensayos.

Una vez que nuestro crítico musical ya ha rendido justicia al virtuosismo técnico que con el paso del tiempo ha ido arropando la producción y puesta en escena de lo que siempre ha sido un bello ritual sacro de conceptos y sonidos, déjeseme añadir, en el plano de la experiencia personal, que Quiéreme es una de sus más maravillosas canciones de amor -y vaya que si está alto el listón- y que, ahora que estamos en plena campaña catalana, nada refleja tan bien el embrujo de la Barcelona cosmopolita y menestral de los años 60 como su emocionante Somnis de la Plaça Rovira. Todo lo que él encontró en el barrio de Gracia -«on van viure els meus avis, on van néixer els seus fills»-, incluida la horchatería, la farmacia, el tranvía y el gran cinema, lo encontré yo, a una edad muy parecida a la suya, entre las calles Montaner, Aribau, París y Enrique Granados. Conste, pues, el añadido de mi firma a esa declaración de amor a una ciudad y a sus habitantes en una de las más bellas lenguas del mundo.

Pero lo que más ha tenido que interesarles a nuestros copresidentes de lo que les contara la ministra González-Sinde no es nada de esto, sino la reacción emocional del público cuando Aute dedicó al pueblo saharaui la canción Intemperie que sirve de título al disco. Cualquiera diría que la primera estrofa fue escrita pensando en que podría darse una situación como la que estamos viviendo: «Emboscado en las entrañas de una travesía / de cien mil desiertos que no admiten vuelta atrás / siento que el camino que he quemado cada día / me conduce, cuando acaba, a otro desierto más». No sólo la palabra «desierto» sino el propio concepto de un interminable viaje entre engañosas dunas cuyo itinerario desemboca siempre de forma fatal en la casilla de salida evocaron de inmediato el triste destino de este pueblo nómada irredento e hicieron aflorar la mezcla de solidaridad y mala conciencia que recorre de forma muy transversal a la sociedad española, justo cuando se han cumplido 35 años del infame abandono de nuestras responsabilidades coloniales.

Lo que empezó siendo sólo un rotundo aplauso fue fraguando en algo mucho más hondo que enlazó el bello alarido que Pilar Jurado incrustó en la canción Atenas en llamas con el estremecedor redoble de los 12 tamborileros de Calanda que irrumpieron en el teatro para sellar el homenaje a Buñuel y su perro calándaluz. Todo terminó de adquirir sentido -el sentido de la desazón- cuando el concierto concluyó con el nuevo «canto de las sirenas» que debe poner en guardia a Ulises: el de los camiones de los bomberos, el de las lecheras de la policía, el de las ambulancias, el de las alarmas antirrobo que ululan cada día entre los escollos de nuestra navegación urbana.

Si Aute captó como nadie esa triste impotencia de corazones encogidos con que presenciamos en el 75 los brutales estertores de la dictadura -«No sé qué estrellas son esas / que hieren como amenazas, / ni sé que sangra la luna / al filo de su guadaña»- o desnudó con mirada de águila la impudicia de la España del pelotazo de los 90 y del ladrillazo del nuevo siglo -«Míralos, como reptiles / al acecho de la presa / negociando en cada mesa / maquillajes de ocasión»-, ahora acaba de levantar acta de este invierno de nuestro descontento que empieza a durar ya demasiados años.

La suya es la perplejidad del idealista racional, desbordado por una maquinaria implacable que nadie parece a estas alturas en condiciones de controlar: «Y aunque sé que ya no existen mapas inocentes / voy a la deriva como va mi poca fe / en creer que puedo huir de la Hidra Inteligente / ese Pandemónium del Poder que nadie ve».

Hasta los mayores defensores del liberalismo político y económico tenemos que reconocer que cada día es mayor la sensación de que hay una serie de procesos como la globalización de las transacciones financieras, la contaminación medioambiental o, a escala continental, este extraño modelo de construcción europea, basado en una moneda única para 16 políticas económicas distintas, que se nos han ido por completo de las manos a los ciudadanos. Son ya demasiadas veces las que notamos cómo nos alcanza y oprime alguno de los tentáculos de un Leviatán universal al que ni siquiera somos capaces de ponerle rostro. Creer en la eficiencia de la mano invisible que regula los mercados empieza a requerir enormes dosis de entregada buena fe.

Todos los fracasos de la ONU, la OTAN, el Ecofin, el Eurogrupo, el G-7, el G-8, el G-9 y el G-20 empiezan a acumularse ya como capas freáticas de un recalentado asfalto en el que nos sentimos crecientemente atrapados, y la pregunta que va abriéndose paso es cuánto tiempo podrá aguantar nuestro modelo de sociedad si no se encuentran soluciones que permitan regresar al crecimiento y la creación de empleo y si no se habilitan mecanismos eficaces para gobernar los problemas que la globalización ha traído o acentuado. La paciencia humana no es ilimitada, la capacidad de encajar el sufrimiento o la injusticia tampoco.

Y hétenos aquí que, como suele suceder tan a menudo en la psicología colectiva, de repente un episodio minúsculo desde la escala planetaria que nos estamos acostumbrando a aplicar a todo, se convierte en el epítome de lo que es inaceptable que pueda perpetrarse ante nuestra pasividad, no digamos nada en nuestro nombre. Ese es el significado que ante la inmensa mayoría de los españoles ha adquirido el desmantelamiento del campamento saharaui instalado junto a El Aaiún y la subsiguiente represión marroquí. Se ha cruzado una de esas delgadas líneas rojas, uno de los límites morales que ciudadanos de muy diversas ideologías, pero con una experiencia histórica común, no pueden tolerar ver vulnerado.

Hace tiempo que en nuestro imaginario compartido hemos situado a los saharauis a mitad de camino entre los pobres negritos a los que iba cada año la colecta del Domund y los valerosos habitantes de la aldea gala de Astérix. Su desvalimiento, la desproporción de sus recursos frente a los de sus enemigos, su carácter de grupo étnico en peligro de extinción… todo ha movido a la sociedad civil a protegerles. La suya era la última causa romántica que podía abrazarse en nuestro entorno geográfico y de ahí los viajes a sus campamentos, la sistemática acogida veraniega de niños saharauis por familias españolas y el ritual de las manifestaciones con sus atuendos y banderas en las que el PSOE ocupaba siempre las primeras filas y controlaba los megáfonos.

Muchas personas me han comentado la fuerte tensión que dejaba traslucir el rostro inesperadamente sombrío de la casi siempre jovial nueva ministra de Asuntos Exteriores durante la conversación que mantuvimos el martes en La Vuelta al Mundo. No es difícil entender lo duro que está teniendo que ser para ella pasar de estar detrás de la pancarta a ponerse enfrente de los manifestantes. Sobre todo cuando eso implica dar por buena la zafia brutalidad desplegada una vez más de palabra y obra -ya lo hicieron durante la huelga de hambre de Aminatu Haidar- por las autoridades marroquíes.

Es indiscutible que hay muchos intereses estratégicos en juego. Que, al margen de si los fosfatos del Sáhara representan el 2% o el 12% del total de los que explota Marruecos, implantar un nuevo Estado en un territorio del tamaño de la mitad de España con sólo 300.000 habitantes de población sería difícilmente viable. Que además el Sáhara ocupa el extremo atlántico de una franja transversal que coincide con las rutas de penetración del islamismo radical en esa zona de África. Que la frustración y la falta de proyecto que para el ejército marroquí supondría tener que dejar el Sáhara sólo traería peores quebradores de cabeza a España y que la mera hipótesis de ver instalado en Rabat un gobierno integrista como el que hubiera ganado en Argelia si los militares no hubieran abortado la segunda vuelta de las elecciones del 91, supone para nosotros una pesadilla.

El Gobierno dispone, pues, de argumentos para defender una postura de neutralidad activa en el impulso del acuerdo entre las partes que apadrina la ONU e incluso se puede alegar que sólo en ese contexto será viable el ejercicio de la autodeterminación de los saharauis. Pero todo esto que resulta convincente cuando lo expone alguien ducho en la materia, debe ser compatible con una respuesta rotunda ante cualquier recurso a la violencia para afianzar un statu quo que sólo podemos aceptar como provisional. Eso es lo que se ha echado en falta desde el primer momento pues, por mucha confusión que haya sobre el número de muertos y las propias circunstancias del fallecimiento del ciudadano español arrollado por un vehículo policial, hay tres hechos que no tienen vuelta de hoja: la destrucción del campamento, las detenciones y torturas de docenas y probablemente cientos de saharauis y el apagón informativo que ahora se pretende mitigar abriendo una mezquina rendija que no garantiza ni la transparencia ni el pluralismo.

Todo esto era suficiente para haber formulado una condena expresa del comportamiento de Marruecos en su forma de administrar de facto el territorio del que España salió huyendo. Y sólo una mediación mucho más explícita al servicio del más débil con encuentros a nivel ministerial al menos con el Polisario, Marruecos, Argelia y Francia hubiera justificado una prudencia que todos hemos interpretado como debilidad y condescendencia. La falta de experiencia de la ministra de Exteriores, los patinazos de Jáuregui, el atolondramiento de Marcelino Iglesias y sobre todo el descarnado utilitarismo de Rubalcaba han transmitido la percepción de que este Gobierno y este PSOE son incapaces de proteger los intereses nacionales sin abandonar los valores que decían defender.

Desde mi punto de vista es más un problema de incompetencia que de cinismo político -por muy consustancial que este atributo sea al copresidente-, pero comprendo que los votantes del PSOE no puedan contentarse con esa explicación y que después de todo lo ocurrido en materia económica -total, para seguir hundidos en la miseria- tengan la sensación de que llueve sobre mojado. O que, por decirlo con las palabras de Aute, este es un Gobierno «perdido al norte, al este, al oeste y al sur» que, al haber renunciado una y otra vez a sus señas de identidad, está ya permanentemente «al albur de la intemperie». Sin techumbre intelectual, ni cobijo ideológico cualquier tormenta monetaria o viento del Sahel puede dejar su esqueleto macilento en evidencia. Y encima sin que ellos terminen de entender -véase la impotencia y desorientación de Zapatero en el pleno sobre el desempleo- ni por dónde les da el aire.

El colapso de la nueva izquierda, el republicanismo cívico, la democracia bonita y el buen talante no son sino el reflejo de la falta de rumbo del socialismo europeo, desalojado del poder de todos los grandes países de la UE e incapaz de ofrecer respuestas «progresistas» a la tremenda crisis que nos azota. Tras la caída del Muro de Berlín y el naufragio paulatino del llamado Estado del Bienestar ya nadie sabe cómo hacer política de izquierdas más allá de cuatro adornos destinados mayormente a molestar a las familias tradicionales. Por eso hay cada vez más ciudadanos de su cuerda decididos a dar la espalda al proceso electoral, tanto si comparece el PSOE de Zapatero como si lo hace el de Rubalcaba. «Lo que sucede es que ya no sucede nada / no sucede nada, nada, nada, nada / entre tú y yo». Cuidado porque el día que el centro derecha haga también suyo este estribillo de otra de las nuevas canciones de Aute, nuestra democracia estará vista para sentencia y no será sólo un Gobierno el que quedará «al albur de la intemperie».

Los revolucionarios del siglo XXI al parecer aprendieron de sus predecesores del siglo XX que el problema no eran los métodos sino los ideales, de modo que se deshicieron de los ideales y conservaron los métodos. Esto explica la conducta de algunos gobiernos latinoamericanos bullangueros. El aquelarre incluye al nicaragüense Daniel Ortega, que ha invadido territorio costarricense. Con el pretexto de dragar una parte del río San Juan que separa a los dos países, su ejército tomó una porción de tierra en la margen derecha. De acuerdo a un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la margen derecha pertenece a Costa Rica. La operación de dragado fue dirigida por Edén Pastora, un personaje salido de la ópera bufa que pasó de comandante sandinista a revolucionario caído en desgracia y de «contra» antisandinista a punta de lanza, ahora, del expansionismo del redivivo gobierno sandinista. Sostiene que los mapas de Google ubican a su campamento en territorio nicaragüense —un error que Google, convertido en una suerte de Papa Alejandro VI, cuya bula dividió el nuevo mundo entre España y Portuga</CW><CW-18>l en el siglo XV, ha corregido.

Costa Rica, que carece de ejército y era un símbolo de estabilidad y coexistencia pacífica cuando esos eran conceptos arcanos en América Latina, acudió a la Organización de Estados Americanos. A la reciente resolución de la OEA que solicita una retirada de las tropas sólo se opuso Venezuela; hubo un par de abstenciones de otros revolucionarios. Ortega afirma ahora que efectivamente se retirará… pero del organismo hemisférico, no de Costa Rica. Su táctica de apelar a la Corte Internacional de Justicia es poco sutil. Está subvirtiendo con desesperación los pocos pesos y contrapesos que quedan en Nicaragua para buscar la reelección de forma inconstitucional y sabe que el Tribunal de La Haya ya ha concedido a Nicaragua la soberanía sobre el río, y otorgado a Costa Rica derechos de navegación, así como la soberanía sobre la margen derecha. Calcula que para el momento en que el Tribunal emita una nueva decisión, hace rato que habrá sido reelegido.

Ortega pretende, aparentemente, desviar la desembocadura del río, que está en el Caribe, hacia territorio nicaragüense. Sin embargo hay interpretaciones más sombrías. En Tel Aviv, el diario «Haaretz», de centro-izquierda, ha llegado a afirmar, basado en fuentes israelíes, que existe un diseño venezolano-nicaragüense-iraní para construir un canal entre los océanos Pacífico y Atlántico. El ex vicepresidente costarricense Kevin Casas-Zamora me dijo que «la racionalidad de esto desde el punto de vista de Ortega no es clara. Los actos de un loco o sociópata nunca son enteramente claros. Con la regularidad de un reloj suizo, cada vez que se acercan las elecciones en Nicaragua, la clase política nicaragüense convierte al río San Juan en un tema».

Aparte de esta vieja disputa fronteriza, Ortega ha pasado el último año demoliendo todo obstáculo para su reelección, como hicieron Chávez, Evo Morales y Rafael Correa en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Está doblemente impedido de postularse porque la Constitución limita a los presidentes a dos mandatos no consecutivos (fue también presidente de 1985 a 1990). Al no reunir los votos suficientes en la Asamblea, Ortega logró que los jueces sandinistas del Tribunal Supremo votasen a su favor alegando que sus derechos humanos estaban siendo violados. Los jueces no sandinistas fueron emboscados por turbas oficialistas y luego, en la práctica, forzados a abandonar sus puestos. Ortega publicó una Constitución cambiada y extendió de manera ilegal los mandatos de sus aliados en el Tribunal Supremo.

No es indispensable ser arúspice para ver lo que se viene. Ortega cometió fraude electoral en las elecciones locales de 2008, cuando le robó el triunfo a Eduardo Montealegre, aspirante a alcalde de Managua. Ha extendido ilegalmente los mandatos de los miembros del Consejo Electoral que santificó la elección. «Ortega no sobreviviría si no fuera por el dinero que recibe de Hugo Chávez», me dijo Montealegre tras el fraude. «Equivale a un tercio del presupuesto nacional, y su designio es simplemente desmantelar la democracia y permanecer en el poder para siempre».

La invasión del territorio costarricense, país donde los inmigrantes nicas ya constituyen el 12 por ciento de la polación, es el último acto de matonería en la búsqueda del poder total. No sólo contra Costa Rica: también, y lo que es más importante, contra sus críticos internos, ahora aterrorizados de convertirse en «traidores» si denuncian lo ocurrido en la frontera y observando impotentes cómo su enemigo se hace fuerte en medio de la histeria nacionalista.

La transición marroquí es un proceso inacabable que se inició poco después de la muerte de Hasan II (1999) y no pinta que vaya a completarse de hoy para mañana. Más parece que forma parte del ADN de la democracia imperfecta que promueve el palacio real y administra el Gobierno. En esta transición sin límites, la libertad de expresión es un derecho elástico -se estira y se encoge a voluntad del poder-, el pluralismo está en vigor con matices y la disidencia está más o menos consentida según convenga en cada momento. Palacio hace y deshace, investido de un poder arbitral y sin topes, aunque Mohamed VI aparece a ojos de la UE, en general, y de Francia y España, en particular, como un gestor de la modernidad marroquí en progresión permanente.

Dentro de este Estado de derecho en construcción, el Sáhara Occidental apenas plantea incomodidades durante largos periodos de tiempo. El territorio funciona bajo la autoridad del Reino de Marruecos hasta las líneas de fortificación orientales, la opinión pública vive convencida de que aquella es tierra de indiscutible ascendencia marroquí y una parte rotundamente mayoritaria de la intelligentsia marroquí apoya la marroquinidad de la excolonia. Los refugiados de Tinduf (Argelia) -unas 150.000 personas- viven aparentemente resignados a su suerte en medio de la nada y el Frente Polisario alimenta el sueño de la nación irredenta.

Esta letargia histórica entraña un riesgo: que, de repente, el artificio salte por los aires. En estas se está desde que el Gobierno marroquí asaltó el campamento de Gdeim Izik, a las puertas de El Aaiún, se desencadenó la crisis y la represión se adueñó del escenario a juzgar por el interés del Gobierno marroquí en aislar la ciudad del resto del mundo. En un suspiro se ha pasado de la enfermedad crónica a la dolencia aguda, la derecha española se ha envuelto en la bandera, Rodríguez Zapatero y sus ministros se han escudado en la razón de Estado, y el Gobierno marroquí ha puesto en marcha la maquinaria de propaganda. Pero nada es tan sencillo como quiere cada parte que se crea; más parece que todo es bastante más complicado.

¿Por qué? En primer lugar, todos los mecanismos de autodeterminación que se han manejado soslayan una realidad: ni Marruecos ni el Frente Polisario aceptarán jamás una consulta con un resultado adverso a sus intereses. En segundo lugar, el Gobierno de España difícilmente puede tomar por su cuenta y riesgo un camino diferente al que se corresponde con los intereses generales de la UE y la condición de Marruecos de socio preferente de la Unión. En tercer lugar, Marruecos es una pieza importantísima para España en términos de seguridad de sus fronteras y control de los flujos migratorios. En cuarto lugar, Marruecos es un actor relevante, por no decir capital, en el dispositivo de seguridad diseñado por Estados Unidos para controlar la extensión del fundamentalismo islamista, cuya expresión más dinámica en la región es Al Qaeda del Magreb Islámico. En quinto lugar, no debe dejarse a beneficio de inventario la manipulación del conflicto por parte de Argelia y, como consecuencia, el riesgo que corren los refugiados de Tinduf de convertirse un día en una hipoteca de la que el Gobierno argelino quiera desembarazarse. Para acabar, la comunidad internacional mantiene sobre el terreno la Minurso, bajo mandato de la ONU, que se atiene a lo aceptado en su día por Marruecos y el Frente Polisario.

En las relaciones internacionales y en los conflictos surgidos al calor de los procesos de descolonización, nada es inmutable, pero conviene saber cuáles son los datos esenciales, insoslayables y determinantes. Al mismo tiempo, es saludable no ser prisionero de las palabras y las promesas de cada parte. Más allá de la buena educación y de los usos diplomáticos, las explicaciones dadas en Madrid por el ministro marroquí del Interior, Taib Cherkaui, no deben tomarse como pruebas de convicción bajo ninguna circunstancia. En cuanto a los testimonios aportados por las oenegés o los portavoces saharauis, hay que acogerlas con el respeto a que tienen derecho las víctimas de cualquier conflicto.

Justamente, es la dificultad en acercarse a una versión verosímil e independiente de los acontecimientos la que obliga a exigir a Marruecos que aplique a los sucesos de los últimos días la libertad de información que, al mismo tiempo, puede garantizar el respeto a los derechos humanos más que todas las promesas que se lleva el viento. De la misma manera, disponer de esta versión verosímil e independiente de la que ahora se carece puede ayudar a comprender que, después de decenios de sufrimiento, solo cabe ejercitar el realismo y trabajar por una solución intermedia, con garantías, entre el sometimiento absoluto del Sáhara y la independencia: esta solución se llama amplia autonomía. Tienen derecho a ello, más que nadie, quienes sobreviven en el pedregal sahariano y sueñan año tras año con la vuelta a casa.

Leo con estupor la declaración de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, afirmando que «España está desligada de toda responsabilidad en el Sáhara». Mayor aún es mi asombro cuando leo que esta opinión, radicalmente falsa desde una óptica jurídica internacional, se atribuye a los argumentos que el embajador Jaime de Piniés Rubio entregó oficialmente a las Naciones Unidas el 26 de febrero de 1976. Afortunadamente, el embajador Piniés dejó escrito un libro dedicado exclusivamente a esta cuestión y que tituló: La descolonización del Sáhara: un tema sin concluir. Aclaremos, pues, a partir de sus datos, lo que se dijo exactamente en la referida nota que se entregó al secretario general de la ONU:

«De acuerdo con las instrucciones recibidas de mi Gobierno, tengo la honra de poner en su conocimiento lo siguiente:

De acuerdo con lo previsto en el párrafo 2 de la declaración de principios de Madrid de 14 de noviembre de 1975, el Gobierno español, con fecha de hoy, da término definitivamente a su presencia en el territorio de el Sáhara y estima necesario dejar constancia de lo siguiente:

a. España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio, al cesar su participación en la administración temporal que se estableció para el mismo.

b. La descolonización del Sáhara Occidental culminará cuando la opinión de la población saharaui se haya expresado válidamente.»

Es decir, la salida de España del Sáhara puso término a nuestras responsabilidades como potencia administradora de facto. Pero para las Naciones Unidas, como el territorio no había sido descolonizado y ello no tendría lugar hasta que la opinión de la población saharaui se hubiera expresado válidamente, la cuestión del Sáhara debe seguir incluida en el orden del día de la Organización. Dicho de otra forma, España sigue siendo jurídicamente responsable de conducir el territorio a su plena descolonización mediante la aplicación del principio de autodeterminación.

Desde la óptica de la legitimidad internacional, el Sáhara es un territorio no autónomo que sigue en la lista de territorios objeto de descolonización. Esto implica que Marruecos no tiene soberanía alguna sobre el Sáhara. Además, el Informe Corell -que también menciona nuestra ministra de Asuntos Exteriores- aclara que debido a que Marruecos no está incluido como potencia administradora del territorio en la lista de las Naciones Unidas de territorios no autónomos, España sigue reconocida como la potencia administradora de iure y, como tal, sigue siendo responsable de conducir el territorio a su plena descolonización.

La base reconocida internacionalmente para conseguir que la opinión de la población saharaui se exprese válidamente es el censo realizado por España en el año 1974 donde se censaron 74.000 saharauis. Si la autodeterminación se lleva a cabo algún día, lógicamente, debe hacerse sin coacciones, sin la presencia de fuerzas armadas y sólo con observadores de Naciones Unidas, algo que necesariamente implica la retirada de las fuerzas armadas marroquíes del territorio, o bien una concentración de las mismas en determinados puntos para poder llevar a cabo la autodeterminación libremente.

Los fatídicos acuerdos de Madrid de 1975 habían liquidado todos los supuestos en que se había basado la muy acertada doctrina de la descolonización española hasta ese momento, que se basaba en aceptar las exigencias de la Comunidad Internacional para llevar a cabo la autodeterminación, llegando inclusive, si así lo deseaban, a la independencia, tal y como ocurrió con Guinea Ecuatorial. Sin embargo, los políticos de la España de 1975 dieron un giro a esta doctrina asentada. Todas las garantías y promesas que se habían dado a la población saharaui fueron olvidadas y España abandonó a los saharauis a su propia suerte. Es aquí cuando el embajador Piniés se empleó a fondo para encontrar una solución que fuera aceptable desde el punto de vista internacional y, además, para los nuevos intereses del Gobierno español. Ayudó en este proceso el cambio en el Ejecutivo que tuvo lugar justo después de haberse firmado los citados acuerdos de Madrid. En concreto, la entrada del conde de Motrico, José María de Areilza, que sustituyó al hasta entonces ministro de Asuntos Exteriores. La nota final que se preparó para el secretario general pudo hilar y cumplir al filo el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas y aquellas otras obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta.

Tras casi 35 años desde aquella nota al secretario general Kurt Waldheim, los hechos consumados se hacen cada vez más abrumadores en el Sáhara. Pero también es tozudo el compromiso que sigue en pie y es la responsabilidad de España para conducir el territorio a su plena descolonización mediante la aplicación del principio de autodeterminación. Esto no es un deseo de buenas intenciones. Es una obligación jurídica internacional. La ligereza de la ministra de Asuntos Exteriores al ignorar nuestra responsabilidad actual en relación a el Sáhara, independientemente de cualquier juicio de valor que se pueda formular al respecto, refuerza la conclusión con la que termina la introducción a su libro el embajador Piniés:

«…La frustrada descolonización del Sáhara está presidida por dos factores fundamentales:

1. La incompetencia de algunos de nuestros gobernantes que perdieron numerosas oportunidades para descolonizar el territorio y

2. La audacia y habilidad de la diplomacia marroquí.»

Desde que el embajador Piniés escribiera estas líneas, podemos observar como la habilidad de la diplomacia marroquí ha dado paso a la brutalidad de la bota militar que aplasta a los pobres saharauis y que aleja día a día la posibilidad de lograr una plena descolonización del Sáhara. Pero lo cierto es que no observamos cambio alguno en nuestros gobernantes. El último párrafo del libro del embajador Piniés dice así: «Para tranquilidad del Magreb es preciso acabar con este grave conflicto, dando a los saharauis su derecho a elegir su futuro sin coacciones de ningún género. Es justicia y sobre todo es su patria».

Tras el asalto al campamento de Agdaym Izik, el Gobierno de Marruecos ha invalidado por mucho tiempo la solución autonomista que defiende para el Sáhara Occidental. No solo porque la llamarada de odio entre los saharauis tardará en extinguirse, sino también porque, en su forma de reprimir las protestas, ha puesto de relieve el largo camino que le queda por recorrer para adquirir unas mínimas credenciales democráticas, condición imprescindible para que la solución autonomista sea viable.

Al sofocar por la fuerza las protestas de Agdaym Izik, Rabat perdió incomprensiblemente de vista que las reivindicaciones de los saharauis ofrecían, de manera implícita, una vía para mantener desactivado el conflicto. No reclamaban la independencia, por más que, seguramente, esa fuera la aspiración de los acampados, sino trabajo y vivienda digna. Es decir, colocaban en segundo plano la condición de ocupante de Marruecos para reclamar, en cambio, mejoras sociales. El Gobierno de Rabat no supo o no quiso entenderlo: en Agdaym Izik los saharauis interpelaban a Marruecos como Estado providencia, olvidando de manera momentánea que este era además un Estado ocupante, y quien les respondió fue el Estado ocupante, olvidando que podía haberse comportado como un Estado providencia.

En su configuración actual es difícil, por no decir imposible, entrever una salida negociada para el conflicto del Sáhara. La legalidad internacional respalda la reivindicación del Polisario y de los partidarios de un referéndum de autodeterminación que no restrinja ninguna de las opciones, incluida la independencia. Su argumento -avalado por diversas resoluciones de Naciones Unidas a las que Marruecos ha hecho caso omiso-, es que, antes incluso de la retirada de España, el Sáhara Occidental era ya uno de los territorios pendientes de descolonización cuya situación analiza el Comité de los 24 desde su creación por Naciones Unidas en 1961. En un doble juego propio de la dictadura, el Gobierno español, que formalmente concedía al Sáhara la categoría de provincia, informaba, sin embargo, a Naciones Unidas, admitiendo en el fondo que se trataba de una colonia.

Marruecos, por su parte, alega que la inclusión del Sáhara en la lista que maneja el Comité se debe a que su propia descolonización en 1956 no fue completa, puesto que la España franquista amputó arbitrariamente y disfrazó como provincia un territorio que no le pertenecía.

Pero, más allá de los argumentos jurídicos, lo que también dificulta cualquier salida negociada es la situación de hecho en la región, fijada desde el Acuerdo Tripartito de Madrid y el desenlace provisional de la guerra que se desencadenó en 1976. Mauritania renunció tres años después a su porción en el reparto del Sáhara, derrotada por el Polisario. Apoyado por Argelia, este se mantuvo en guerra con Marruecos hasta el alto el fuego de 1991 y controla la franja oriental del territorio, delimitada por el muro que ordenó construir Rabat y que divide el Sáhara de norte a sur. Los intentos de celebrar un referéndum que culmine la descolonización han fracasado por las acusaciones de falsear el censo con marroquíes a un lado del muro y con argelinos al otro que se dirigen ambas partes.

A este embrollo hay que añadir un factor adicional: el consenso interno en Marruecos acerca de su soberanía sobre el Sáhara limita el margen negociador de Mohammed VI, no ya para flexibilizar la postura marroquí, sino para correr el más mínimo riesgo de un desenlace adverso, ya sea militar o diplomático. Demasiada sangre, demasiados recursos ha enterrado Marruecos en el Sáhara como para que una derrota no ponga en peligro la estabilidad de la monarquía.

Esta limitación del margen negociador y, en definitiva, esta debilidad a la hora de sentarse en una mesa, es lo que Rabat intenta transformar en fortaleza a la hora de tratar con sus vecinos y aliados. Al haber unido la suerte del trono a una salida favorable a sus intereses en el conflicto, Marruecos los coloca invariablemente ante la tesitura de convalidar cualquier iniciativa que emprenda en el Sáhara o de responsabilizarse, en caso contrario, de una inestabilidad política de incalculables consecuencias. Las relaciones con España no escapan a este esquema, complicadas, además, por la condición de antigua potencia colonial, no solo en el Sáhara, sino también en el Rif. En la interpretación marroquí, ese es el hilo conductor que une el conflicto con el Polisario en el sur con la reivindicación territorial de Ceuta y Melilla en el norte: España solo aceptó descolonizar Marruecos a regañadientes, reservándose aquí y allá enclaves y territorios que le ayudasen a conservar mientras fuera posible una posición de supremacía. Las invocaciones a la historia son desestimadas por Marruecos.

Desde España, por descontado, la interpretación es diferente, en gran medida determinada por el hecho de que se tiene conciencia de haber colonizado el Sáhara, pero se ha extinguido por completo la de haber hecho otro tanto en el Rif, donde, sin embargo, se emplearon armas y métodos para reducir a la población que en nada desmerecen los utilizados por el rey Leopoldo y que han dejado profunda huella. Marruecos aparece, así, como una potencia que ha tomado el relevo en la ocupación del Sáhara, no como un territorio administrado colonialmente hasta 1956 que sigue reclamando su integridad territorial. Esta misma disparidad de percepción es la que se produce con respecto a Ceuta y Melilla, una obsesión irredentista que Marruecos emplea por razones tácticas cuando se contempla desde España, y una culminación de la lenta consecución de la integridad territorial -primero pequeños enclaves, luego Tánger, más tarde Cabo Juy y así indefinidamente- cuando se hace desde Marruecos.

Tomando en consideración esta profunda divergencia en las mutuas percepciones, no se pueden ignorar las dificultades para diseñar una política de España hacia Marruecos. Pero, aun sin ignorar esas dificultades, la respuesta del Gobierno español al asalto del campamento de Agdam Ikzir, más que resultar timorata o insuficiente en comparación con la aparente gravedad de los hechos, ha puesto de manifiesto las deficiencias del modelo de relación con Marruecos adoptada en 2004, tras la victoria electoral del Partido Socialista. Antes de esa fecha, el Gobierno del Partido Popular había roto con la estrategia de neutralidad activa asumida durante la Transición, sustituyéndola por la vieja visión africanista que aconsejaba atizar las diferencias entre Marruecos y Argelia para asegurar los intereses de España en el Magreb. Por esta vía, y ebrio de un arrebato patriotero, Aznar llegó al incidente armado con Marruecos y ensalzó, en cambio, los avances democráticos en Argelia.

Pero lo más sorprendente de la historia es que, por razones inexplicables, la diplomacia del Gobierno socialista que sucedió al de Aznar no intentó en ningún caso reconstruir la estrategia de la neutralidad activa sino reformular la visión africanista, aunque cambiándola de signo. Si Aznar se apoyó en Argelia en menosprecio de Marruecos, Zapatero se inclinó hacia Marruecos aunque, seguramente, no por mala disposición hacia Argelia, sino por simple diletantismo.

En las escalinatas del Elíseo durante un viaje a París, el presidente declaró su voluntad de resolver el problema del Sáhara en el plazo de seis meses. A los efectos que importan, no es que la diplomacia española no tuviera en cuenta la complejidad jurídica y sobre el terreno que hace muy difícil, por no decir imposible, entrever una salida negociada al conflicto; lo que no calculó fueron las consecuencias sobre la relación con Argelia, que exigió inmediatas explicaciones sobre el cambio de la posición española en el Sáhara. Y aunque parezca un trabalenguas, la respuesta fue algo así como que no había cambiado pero que, en realidad, había cambiado, o al contrario. Con el previsible resultado de que, al final, ningún actor en el conflicto sabe a ciencia cierta cuál es esa postura y, si la sabe, no la cree.

Tanto diletantismo de Zapatero en respuesta al patrioterismo de Aznar no ha resultado gratuito. Su precio ha sido alejar a España, primero de Argelia, ahora de Marruecos y, finalmente, también de cualquier contribución efectiva para poner fin a la tragedia del Sáhara.

Es cierto que España abandonó el Sáhara, literalmente y en el sentido más negativo, en febrero de 1976, cuando los últimos funcionarios civiles y militares españoles dejaron aquel territorio. Nuestro compromiso con la ONU y el Derecho Internacional era conducir al pueblo de la colonia a un referéndum bajo control internacional que garantizase el sufragio de la población adulta originaria del territorio. España se marchó sin cumplir sus obligaciones internacionales y dejó ilegalmente ese territorio en manos marroquíes tras la Declaración política del 14 de noviembre de 1975, en vísperas de la muerte del dictador Franco, en la que España ponía fin unilateralmente a «los poderes»como potencia administradora del Sáhara.

El Dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 16 de octubre de 1975, a petición de la Asamblea General para actuar conforme a Derecho en ese conflicto en que disputaban Marruecos, Argelia y Mauritania, declaraba que no había vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental, aunque hubiera habido ciertas relaciones entre ese pueblo y los sultanes de Marruecos en el pasado, y que tales vínculos históricos no impedían el ejercicio pleno de la autodeterminación mediante un referéndum. Como la propia Corte reconoció, se habían aprobado muchas resoluciones entre 1966 y 1973 en las que ni Marruecos ni los otros Estados de la región habían mencionado que el Sáhara fuera parte de su territorio. La Corte concluyó que el proceso debía ser «acelerado» a través de un proceso basado en un referéndum «mediante la libre expresión de la voluntad de las poblaciones del Sáhara Occidental» para determinar su estatuto político. La única que aceleró fue España no respetando su contenido.

El resto ya se sabe. España de forma unilateral e ilegal abandona su responsabilidad de organizar el referéndum. Se marcha y facilita la invasión militar de Marruecos y con ello desata la guerra. Hoy no somos potencia administradora pero España (no importa qué Gobierno cometió el desaguisado, las obligaciones internacionales continúan) es la responsable última de lo que ha sucedido.

Después de una guerra devastadora para ambas partes se llega a un acuerdo en 1991; se desplaza una misión de la ONU para velar por el fin de las hostilidades y preparar el cumplimiento del plan: el referéndum que había que celebrar en seis meses…

El dictador marroquí de la época, el rey Hasan II, distrajo a la comunidad internacional y a su Consejo de Seguridad con problemas con el censo para enfriar y diluir el proceso. En 1997 se retoma, se readapta en 2004 (Plan Baker aprobado por el Consejo de Seguridad) con un periodo previo de autonomía de cinco años que conduciría al referéndum y de nuevo Marruecos, con su nuevo dictador, el rey Mohamed VI, con engaños para aparentar que siguen en el proceso de paz, aplaza sine die el proceso de autonomía que exige que ese monarca medieval renuncie a su poder absoluto en el Sáhara. Cuantos más años pasen más difícil es organizar el referéndum y lo sabe el lábil sátrapa. Hasta que estalla el volcán de un pueblo harto de promesas legales y reiteradas del Consejo de Seguridad y de las maniobras dilatorias sin fin de Marruecos.

El cinismo de Estados Unidos y Francia es patético: apoyan resoluciones coercitivas sobre el referéndum que deben hacer respetar pero que no están dispuestas a exigir a Marruecos. Y la cobardía moral de todos los políticos españoles, desde los herederos de Franco a los Gobiernos de la democracia, que han sostenido por miedo las tesis marroquíes y como Pilatos se han lavado las manos. Al menos se salvan el pueblo y numerosos militares españoles que han dejado pruebas y testimonios de su compromiso con el pueblo saharaui y su derecho a decidir su destino por sí mismo. Como en Cantar del Mío Cid, «que buen pueblo si oviese buen señor»…

Marruecos viene ocupando pues militarmente el Sáhara desde hace 35 años. Mientras no se produzca el referéndum debe, al menos, respetarse el Convenio IV de Ginebra aplicable en todas las situaciones de ocupación militar y garantizar los derechos de la población saharaui. El artículo 1 de dicho convenio autoriza y promueve que cualquier Estado, por ejemplo, España, exija al infractor el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos de la población civil y el respeto de los combatientes legales. ¿Se atreverá este Gobierno a pedir que se respeten los derechos humanos en el Sáhara Occidental? ¿Habrá un día en el que tengamos un Gobierno digno de los españoles que asuma las responsabilidades que abandonamos en el Sáhara?

De nuevo, cual Guadiana que se oculta y reaparece, nos encontramos frente a frente con una difícil situación en nuestras relaciones con el Reino de Marruecos, que en parte deriva de intereses contradictorios y en parte de nuestros propios errores. En esta ocasión es el tratamiento de la cuestión saharaui el que nos enfrenta al Gobierno de Rabat, un problema del que no podemos librarnos, por mucho que nuestras autoridades lo deseen.

España es la potencia administradora del Sahara, el Estado que se comprometió en Naciones Unidas a gestionar la descolonización de este territorio que durante años estuvo bajo su control. Aprovechando la debilidad institucional creada por la enfermedad y muerte de Franco, el entonces Rey Hassan II planteó un reto diplomático-militar en forma de Marcha Verde, una masa humana desarmada que se dirigió hacia el Sahara en defensa de la soberanía marroquí de aquel territorio. Los dirigentes españoles de entonces valoraron sus fuerzas y optaron por ceder, en la idea de que un enfrentamiento podía desestabilizar la de por sí compleja transición del franquismo a la Monarquía democrática. La pacífica convivencia entre los españoles, la definitiva superación de la Guerra Civil, aconsejaba el sacrificio de los derechos saharauis que, por otra parte, tantos quebraderos de cabeza nos habían provocado con sus actos violentos.

No sé si el enfrentamiento con Marruecos hubiera desestabilizado la transición, lo que es evidente es que España actuó indignamente. Nuestra diplomacia, tan comprometida de palabra con el multilateralismo y tan defensora de Naciones Unidas, incumplió sus obligaciones, cedió la administración a Marruecos y Mauritania, aunque no tenía competencias para ello, y situó la descolonización del Sahara en un callejón sin salida.

Para la Monarquía alauí, la anexión del Sahara es un objetivo fundamental y hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo, más aún si tenemos en cuenta los sacrificios —diplomáticos, económicos y militares— que ha realizado a lo largo de estos años. Nadie, ni siquiera Argelia, está dispuesto a enviar una fuerza expedicionaria para rescatar el Sahara de las manos de Marruecos. Los márgenes de acción son por lo tanto estrechos y en ese pequeño espacio se ha movido nuestra diplomacia.

Para España es esencial mantener unas relaciones correctas y equilibradas con nuestros dos grandes vecinos del sur: Marruecos y Argelia. Con los dos tenemos una relación de siglos, de los dos dependemos para aspectos capitales de nuestra actividad: seguridad, emigración, aprovisionamiento de energía. Nuestros destinos están unidos. Necesitamos que ambos países sean prósperos y que colaboren con nosotros en el esfuerzo común de garantizar la estabilidad en la zona del Estrecho. La UCD, con diplomáticos como Marcelino Oreja y Juan Pedro Pérez-Llorca, desarrolló una política exterior en la que se reivindicaba la convocatoria de un referendo para que los saharauis decidieran su futuro, tal como estableció Naciones Unidas, al tiempo que se trataba de mantener una relación positiva con Marruecos y se aumentaba la dependencia energética respecto de Argelia.

La llegada del Partido Socialista al poder nos deparó uno de esos ejemplos de incoherencia a los que nos tiene acostumbrados. De una defensa extrema de la causa saharaui se pasó a una sorprendente comprensión de las posiciones marroquíes, en el marco de una reconstrucción de los Pactos de Familia por los que la diplomacia española se subordinaba a los intereses franceses. Con disciplina leninista, medios de comunicación que habían defendido una posición pasaron a comprender la contraria, al tiempo que depuraban sus redacciones de periodistas incómodos. Con Morán se colocó sobre la mesa el argumento de que era esencial para España la estabilidad de Marruecos, de lo que se derivaba que, de nuevo, los intereses nacionales requerían el sacrificio de la causa saharaui. De forma más discreta, un segundo argumento se fue imponiendo entre políticos y diplomáticos de izquierda: servir la cesión del Sahara como garantía de tranquilidad para Ceuta y Melilla.

José María Aznar retomó la posición establecida por Marcelino Oreja y buscó reequilibrar nuestra diplomacia en el Estrecho con una posición equidistante entre Argelia y Marruecos, mientras que la relación de dependencia respecto de Francia daba paso a una política más ambiciosa y autónoma. Del éxito de esa apertura da testimonio el apoyo internacional recibido por España ante la agresión marroquí en la crisis del islote de Perejil. El joven Rey comprendió que si quería mantener en el futuro pulsos de esa naturaleza con España necesitaba mejorar sus relaciones con Washington, tarea a la que se entregó aprovechando el renacer de un antinorteamericanismo primario con la llegada de Rodríguez Zapatero a La Moncloa.

El tándem Zapatero-Moratinos dio un giro radical a nuestra política exterior, prescindiendo de la posición autónoma y atlantista, volviendo al seguidismo de Francia y profundizando en el giro pro-marroquí inaugurado por González. Una política coherente con la vuelta a una posición pro-árabe en la crisis de Oriente Medio. Esta nueva diplomacia tenía varios costes inmediatos, el primero de los cuales era la renuncia a la defensa de los derechos humanos en nuestra acción exterior, entrando de nuevo en abierta contradicción con la retórica oficial. El segundo, derivado del anterior, el abandono de la causa democrática y la aproximación y defensa de regímenes dictatoriales o gobiernos autoritarios.

En el área magrebí la opción pro-marroquí supuso una crisis seria de nuestras relaciones con Argelia, así como un alza de los precios del gas, a manera de impuesto por nuestra infidelidad. La cesión ante las demandas marroquíes y nuestra debilidad en Europa convencieron a Estados Unidos de la inviabilidad de la causa saharaui. Mohamed VI ha fortalecido el vínculo diplomático con Washington en una región crítica para la potencia norteamericana, ha estrechado la colaboración en el terreno de la inteligencia y ha realizado importantes concesiones a las empresas de ese país.

El resultado es que nuestra diplomacia se encuentra más expuesta que nunca al chantaje marroquí, siempre dispuesto a utilizar la gestión de los flujos migratorios, del contrabando, de la pesca, el islamismo, el futuro de Ceuta y Melilla y el comportamiento de la población de origen marroquí en España como palancas para forzar voluntades, sobre todo cuando no hay disposición a la defensa de los intereses nacionales. Con Moratinos o con Jiménez la diplomacia española está al albur de los movimientos de la corte marroquí, obligada a justificar violaciones de derechos humanos o cualquier otra arbitrariedad.

Marruecos sabe quién es y qué quiere. Su estabilidad no está garantizada, pero no hay por qué pensar que la nuestra es mayor. Con Zapatero la diplomacia española ha venido a reflejar la crisis de identidad nacional, la falta de valores e intereses y la carencia de firmeza necesaria para ser alguien en política internacional. Nunca estuvimos peor desde la muerte del general Franco y no recuperaremos el pulso a menos que antes pongamos en orden nuestra política interior, condición sin la cual difícilmente podremos establecer unos objetivos claros en nuestra dimensión exterior.

Martin Kettle’s claim that Turkey is “held hostage by the atavistic parochialism of a Greek Cypriot statelet of fewer than one million people and with a declining GDP of $23bn” is far from the truth.

Kettle concerns himself with “the big issues” facing Europe such as its shrinking population and integration as well as energy and security. But it is frequently stated that Europe is a community of values, and on this basis the Cyprus question must be seen as a principle issue.

Kettle mentions that Europe and Turkey have common interests, agreements worth making and promises to keep. However, it is precisely because Turkey has reneged on its commitment in July 2005 to extend the customs union to the Republic of Cyprus that the European Council in December 2006 decided to block the opening of eight negotiating chapters.

In 1965 Turkey ratified the Hague convention of 1954 for the protection of cultural property in the event of armed conflict, but nevertheless after its intervention and subsequent occupation of Cyprus in 1974 it has been responsible for the devastation, vandalism and looting of the island’s cultural heritage on a scale unworthy of any civilised nation, let alone a prospective member of the EU.

Despite UN security council resolutions calling on Turkey to withdraw its forces from northern Cyprus – and that of the European parliament in February this year – Turkey has stubbornly refused to do so. In fact, Turkey has declared on more than one occasion that if it has to make a choice between its accession to the EU and Cyprus, it will choose Cyprus. So far, this intransigence has been rewarded, for example, with a seat on the UN security council as a non-permanent member and both the US and Europe are prepared to turn a blind eye to Turkey’s depredations. The security issue looms large for many European politicians, and the fear is that Europe will do to Cyprus what it did to the Sudetenland in 1938.

Turkey’s justification for retaining control is legally indefensible, as it constantly refers to the treaty of guarantee from 1960, which gave it the right to take unilateral action after the Greek junta’s coup against Archbishop Makarios in 1974. However, the exercise of this right is limited by the aim of re-establishing the state of affairs created by the treaty – that is, to recognise and guarantee the independence, territorial integrity and security of the Republic of Cyprus. This Turkey has manifestly failed to do but has instead created a Turkish state in northern Cyprus not only to the detriment of the Greek Cypriots, whose property was confiscated by the self-styled “Turkish Republic of Northern Cyprus”, but also the Turkish Cypriots, who have suffered under Turkish rule.

In violation of Article 49.6 of the Geneva convention of 1949, which stipulates that the occupying power shall not transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies, Turkey has transferred several hundred thousand settlers from Anatolia to northern Cyprus. The 90,000 or so Turkish Cypriots who remain are, according to Mehmet Cakici, chairman of the Turkish Cypriot Social Democracy party (TDP), “facing the danger of being annihilated, both with their demographic structure and their culture and social structure”.

For example, the Turkish Cypriot primary school and secondary school teachers’ unions (KTOS and KTOES) have protested against the imposition of Sunni Islam and Qur’an classes, which reflect the ideology of the current Turkish government. There is also the fact that over the past years more mosques than schools have been constructed in northern Cyprus (there are 162 schools and 181 mosques). The crime rate has soared because of the uncontrolled immigration from Turkey and education and health services are overburdened.

Northern Cyprus is de facto Turkey’s 82nd province, and the TRNC is regarded by the European court of human rights as “a subordinate local administration” under Turkish jurisdiction. The TRNC’s economy is also underpinned by Turkey and in a once fertile area 80% of the need for fruits and vegetables is met by Turkey. As a Turkish commentator put it last year: “[Northern] Cyprus is like a water mill that cannot run without hand-carried water.”

This is why Turkey is desperate to open direct trade with northern Cyprus, both to relieve its financial burden and as one step towards international recognition of the separatist state. Turkey perennial self-justification for maintaining its presence on the island is to consolidate the security of the Muslim Turkish community but this excuse is wearing thin.

The most convincing reason has been advanced by the architect of Turkey’s multi-dimensional foreign policy, the present foreign minister, Professor Ahmet Davutoglu, in his book Strategic Depth from 2001. Here Davutoglu states clearly: “Even if there was not one single Muslim Turk over there, Turkey would have to maintain a Cyprus question. No country could possibly be indifferent to an island like this, placed in the heart of its vital space.”

This is why reunification talks are getting nowhere, however hard Dimitris Christofias, the Greek Cypriot president, tries. The new Turkish Cypriot leader, Dervis Eroglu, unlike the former leader, Mehmet Ali Talat, is simply not interested that they should go anywhere, and takes his orders directly from Ankara. As Martin Kettle writes about the prospect of Turkey’s EU membership: “the failure is predictable, disgraceful and incredibly shortsighted”. And it’s Turkey’s fault.