El panorama de la cooperación internacional -y especialmente su objetivo más simbólico, la reducción de la pobreza- está marcado por un rasgo básico contradictorio que mantiene el statu quo y solo permite avances lentos y limitados. Esta contradicción fundamental es el escandaloso abismo entre la inmensa capacidad material existente (técnica, financiera, logística) para abordar el problema y la muy escasa voluntad política de los grandes decisores para resolverlo. En la práctica, seguimos con más de lo mismo y con poco o nada de lo necesario. Aquí, al contrario de la reflexión gramsciana, el optimismo procede del conocimiento, existen los medios y se sabe cómo hacerlo, mientras el gran déficit de voluntad decisoria inclina al pesimismo.

Desde una actitud escéptica, o simplemente cínica, podría argumentarse que después de más de medio siglo de cooperación para el desarrollo lo único que ha cambiado es el lenguaje y el horizonte de las metas, que ha ido introduciendo modificaciones semánticas en las propuestas y posponiendo temporalmente las fechas de los compromisos. ¿Se acuerdan ustedes de los objetivos de educación y salud para todos en el año 2000? ¿O de la promesa de destinar el 0,7% del PNB de los países desarrollados a la ayuda internacional? Aunque los ejemplos de promesas incumplidas abundan, por primera vez existe información, conocimiento y capacidad de movilización a escala global para poder aspirar con fundamento a que se produzcan los cambios necesarios congruentes con la magnitud del problema y que por fin la pobreza sea de verdad un asunto del pasado en el curso de esta generación.

Además de seguir llamando la atención con campañas de sensibilización, hace falta construir y poner en práctica instrumentos de vigilancia social multinivel, a escala local, nacional e internacional, para influir en la toma de decisiones y cambiar a los responsables políticos que no cumplan. Es decir, hay que introducir en la nueva arquitectura de la cooperación internacional y de la gobernanza democrática de calidad, instituciones y mecanismos públicos de seguimiento y rendición de cuentas, que permitan un escrutinio continuo y una amplia participación ciudadana (no solo en las citas electorales), tanto en los países donantes como en los países receptores, para forjar coaliciones y espacios de concertación internacional.

La cooperación internacional dispone de una agenda y unas metas específicas para el año 2015, plasmada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Se trata, desde luego, de una agenda de mínimos, pero al ritmo actual de avance ni siquiera esas metas modestas y asequibles hay garantía de que se puedan cumplir en un grupo numeroso de países y una parte significativa de la población mundial.

Hasta ahora los resultados son ambivalentes. Mientras se avanza en lo que podría denominarse las metas blandas (escolarización básica, mortalidad infantil, agua y saneamiento), importantes sin duda, pero con pequeña incidencia en la modificación del statu quo, el camino hacia el núcleo “duro” permanece lejano y lleno de obstáculos: la situación de la pobreza, el hambre, el sida, el acceso a un trabajo digno, continúa prácticamente estancada. La incidencia relativa de la pobreza y el hambre se está reduciendo ligeramente en algunas regiones, en especial en el Sureste Asiático por el peso del auge económico de China e India, pero en conjunto el número de pobres y hambrientos sigue aumentando, en parte por el todavía alto crecimiento de la población en muchos países en desarrollo. Hay que tener en cuenta que, a pesar del descenso en el ritmo de crecimiento de la población mundial, en los próximos cinco años hasta 2015 se añadirán alrededor de 400 millones de personas más al planeta, en su gran mayoría en los países más pobres.

El epicentro del problema sigue siendo África, donde incluso se están produciendo graves retrocesos. En América Latina, la región más desigual del mundo, los avances relativos de los indicadores nacionales en algunos países emergentes como Brasil y Chile, encubren todavía disparidades considerables entre los distintos grupos sociales, según el nivel de ingresos. En realidad, para ser congruentes, el avance hacia las metas se debería medir en relación con la posición de los grupos de población más rezagados y no con un promedio estadístico que representa un país virtual inexistente.

La Conferencia y Declaración de París (marzo 2005) sobre Armonización y Eficacia de la Ayuda trazaron un nuevo curso, con nuevas orientaciones y procedimientos a la búsqueda de una mayor eficacia. No obstante, cualquiera que sea el efecto de estas reformas, el posible impacto global de la ayuda al desarrollo es muy limitado, si se compara con otras magnitudes relacionadas con un mayor acceso, a ser posible de modo simultáneo, a los mercados internacionales de mercancías, capital y trabajo, por parte de los países pobres.

Este es el verdadero test de las reformas de la cooperación internacional, tal como se establece, aunque sea vagamente, en el último y más importante de los ODM. Mientras tanto, la Ronda Doha sobre nuevas regulaciones comerciales internacionales sigue en el limbo, el G-20 parece tener otras urgencias y existe un alto riesgo de que la crisis global se cobre una gran víctima simbólica, causando un nuevo retraso en la lucha contra la pobreza.

El pasado 4 de marzo, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, retomó una de esas ideas relacionadas con la guerra humanitaria que tanta inquietud nos generan a quienes día tras día luchamos por prestar una asistencia independiente a las víctimas de los conflictos. Jugando a la confusión de principios y de objetivos, defendió la necesidad de que la OTAN y las organizaciones no gubernamentales refuercen su cooperación en el terreno, atribuyendo a estas últimas un «poder de atracción» que complete el «poder coercitivo» de los ejércitos aliados -lo que popularmente se conoce como la estrategia del poli malo y el poli bueno-. Afirmaciones como éstas, que sugieren que la asistencia médica es parte de la estrategia militar, ponen en riesgo a los pacientes y a los trabajadores humanitarios.

El haber vivido las guerras de las últimas décadas -la OTAN en algunas, Médicos Sin Fronteras en casi todas- es la única similitud que nos acerca. El resto nos diferencia y así debe ser. La ayuda humanitaria consiste en prestar asistencia a las víctimas de crisis y conflictos. Es una acción que tiene como objetivo salvar vidas y aliviar el sufrimiento y se basa en una evaluación independiente de las necesidades inmediatas de los afectados. No está por tanto dirigida a conseguir la pacificación, la estabilización o la reconstrucción de una sociedad, por muy loables y necesarias que estas sean. Y mucho menos está dirigida a ayudar a las fuerzas militares en sus estrategias de guerra, de contrainsurgencia o de autoprotección sobre el terreno (ese «ganar el corazón y las mentes» que está destinado a ganar el apoyo de la población mediante un acercamiento amable, por muy lícito y necesario que sea este concepto para las fuerzas militares).

Los militares y humanitarios no tenemos los mismos objetivos. Es más, la misma idea de la guerra humanitaria o de una alianza militar-humanitaria es una contradicción en sí misma. Esta confusión intencionada obstaculiza el despliegue de la ayuda humanitaria, ya que las organizaciones construimos el acceso a las poblaciones sobre la confianza de éstas y la de los gobiernos y ejércitos, de los grupos opositores y de cualquier actor implicado en un conflicto… Es en ese contrato social no escrito, en ese diálogo, y mediante la prestación de la asistencia de una manera imparcial, donde nos posicionamos como actor sin agenda oculta, neutral e independiente, que acepta no meterse en las controversias políticas que han llevado aquella sociedad a la guerra para lograr atenuar algo de sus consecuencias entre los que la sufren. De la aplicación práctica de estos principios, así como de la percepción que de ellos tienen las partes implicadas y la población, depende la posibilidad misma de la asistencia humanitaria. Cuando una de las partes en conflicto intenta incluirnos en su bando o pretende empujarnos al contrario, esa confianza se rompe y lo que peligra con ello no es sólo la seguridad de nuestro personal, desarmado, sobre el terreno, sino la posibilidad de acceder a las víctimas y prestar ayuda que busca salvar vidas en el momento inmediato.

Afganistán es el ejemplo más reciente de que la ayuda prestada por ejércitos no sólo no es humanitaria sino que la perjudica, en primer lugar porque la asistencia prestada con el objetivo de respaldar estrategias de contrainsurgencia no puede ser imparcial ya que no parte de las necesidades de la población sino de las necesidades de las fuerzas militares para asentarse sobre el terreno. Y esta ayuda, al estar guiada por otra agenda, no llega a los más necesitados: de hecho ni siquiera llega a las estructuras sanitarias de la propia capital, Kabul, donde se apelotonan la inmensa mayoría de los desplazados internos, porque la población de la capital no es estratégica en la lucha contrainsurgente, o al menos no lo ha sido hasta ahora. Más aún, la militarización de convoyes de ayuda o de hospitales los convierte en posible objetivo militar, y lo que pretendía asegurar la atención a las víctimas en realidad las aleja de ellas.

No pretendemos hablar desde una superioridad moral que no tenemos. Tampoco lo hacemos desde el antimilitarismo ni el pacifismo. Sólo queremos que la ayuda responda a las necesidades vitales de la población y no para apuntalar estrategias de orden político o estratégico. Declaraciones como las de Rasmussen sobre la complementariedad del «poder blando» de las ONG y del «poder duro» de los militares nos colocan en su bando. Pero las organizaciones humanitarias independientes no estamos ahí, porque no podemos estarlo. Estamos en el bando de la población civil, sea cual sea su color, sexo, raza o religión, la más vulnerable y afectada por un conflicto. Déjennos marcar distancias en beneficio de aquellos a los que intentamos aliviar.

La Comisión Europea ha publicado recientemente un eurobarómetro dedicado a la ayuda oficial al desarrollo; a pesar de las graves dificultades económicas que estamos atravesando, el 72% de la ciudadanía europea considera que debemos cumplir nuestros compromisos de ayuda con los países en desarrollo, o incluso incrementarlos.

Europa no es ya la primera economía del mundo, pero sí el primer donante y somos muchos los que deseamos mantenernos en vanguardia de la lucha contra la pobreza. A la vez, somos el continente de la cohesión social. En Europa, los impuestos y transferencias reducen las desigualdades más que en ninguna otra región del mundo. Pese a sus imperfecciones, nuestro sistema de seguridad social apuesta inequívocamente por una distribución de riqueza equitativa y sostenible. En los últimos meses hemos comprobado el reto que supone avanzar hacia un modelo similar, en el ámbito de la sanidad, para el nuevo Gobierno estadounidense.

Europa es la voz más autorizada para exigir un pacto mundial contra la evasión fiscal y a la vez promover un mejor diseño de los impuestos de los países en desarrollo. Por cada dólar dedicado a la cooperación internacional, entre 8 y 10 dólares salen ilícitamente de los países receptores de ayuda. No podemos evitar preguntarnos qué ocurriría si esos 800.000 millones de dólares (más de 585.000 millones de euros) anuales se invirtieran, de manera eficiente, en la provisión de bienes públicos. Estaríamos, qué duda cabe, ante un escenario de menor pobreza, mejor distribución de la renta y mayor dinamismo económico. El pasado junio, el Grupo de Trabajo noruego sobre Flujos Ilícitos de Capital publicó un informe muy claro sobre el impacto de los paraísos fiscales: cercenan la soberanía de los Estados, de cuyos recursos se nutren; aumentan los costes de imposición en los países sin secreto bancario; crean asimetrías de información en el mercado; dificultan la eficiencia en la asignación de recursos, y fomentan delitos económicos, a la vez que facilitan la comisión de otros, todavía más graves.

En los países en desarrollo, la evasión se combina con la escasa capacidad recaudatoria de los Estados para alimentar una espiral de pobreza y exclusión. El peso de los ingresos fiscales no alcanza a la mitad del que representan en los desarrollados (13% frente al 38% del PIB). El margen de maniobra para llevar a cabo políticas sociales es en general muy limitado, y más aún en tiempos de crisis. La recaudación de impuestos se corresponde, por otra parte, con la capacidad de los Estados para recabar una enorme cantidad de información, esencial a la hora de tomar decisiones políticas fundadas. Como escribió Joseph Schumpeter a principios del siglo XX, “los impuestos no sólo contribuyeron a crear el Estado, sino también a formarlo”.

En las últimas décadas del siglo XX, buena parte de los trabajos sobre gobernabilidad económica en el Tercer Mundo fueron formulados en términos técnicos, apolíticos, dejando a un lado el necesario análisis sobre el modo en que los Estados pueden financiar sus funciones más básicas. Las cuestiones relativas a la democratización y la transparencia son, desde luego, importantes, pero también debemos preguntarnos dónde pueden hallarse los recursos locales que permitan financiar los bienes y servicios públicos, imprescindibles para consolidar la legitimidad del Estado, de tal manera que no se comprometa la solvencia fiscal ni la eficiencia económica. Al fin y al cabo, el sistema tributario viene a ser uno de los principales nexos de unión entre el Estado y la ciudadanía.

A raíz de la crisis que estamos atravesando, tanto la ONU como el G-20 han coincidido en la necesidad de mejorar la transparencia del sistema financiero internacional e incrementar los ingresos fiscales, mediante sistemas tributarios modernizados, como pasos indispensables para avanzar hacia una adecuada financiación del desarrollo.

La Unión Europea está capacitada para promover una adecuada gobernabilidad fiscal, mediante una posición común ambiciosa, basada en sus señas de identidad: la cohesión social y la solidaridad. El pasado diciembre, el Parlamento Europeo impulsó una conferencia de alto nivel sobre Fiscalidad y Desarrollo, que puso de manifiesto un alto grado de consenso entre las instituciones europeas competentes.

Durante la presidencia española, vamos a promover avances en este ámbito, impulsando un mejor diseño de los sistemas tributarios, así como una modernización administrativa capaz de mejorar la información fiscal y desincentivar la economía irregular, en los países en desarrollo.

Los avances no son fáciles, pero tampoco imposibles, como se ha demostrado en España. Los Pactos de la Moncloa, con su componente de reforma fiscal, fueron en su día esenciales para iniciar un proceso de recuperación económica -en un contexto de crisis mundial- sentando, a la vez, las bases para la construcción del Estado social y democrático de derecho en el que vivimos actualmente. La mejora de la capacidad recaudatoria, unida al fortalecimiento de la eficacia y la rendición de cuentas -en definitiva, la legitimidad- de las instituciones, puede representar una verdadera liberación de la dependencia externa para los países receptores de ayuda oficial al desarrollo.

Dominique Strauss-Kahn a tranché. Le Fonds monétaire international (FMI) qu’il préside a débloqué 2,5 milliards de dollars [1,6 milliard d’euros] pour renflouer les caisses du Sri Lanka. Le rôle du FMI est certes d’aider les pays en difficultés financières, mais Strauss-Kahn n’avait-il pas promis que ce soutien irait vers les pays respectant la bonne gouvernance, dont la liberté de la presse est l’une des conditions ? Le Sri Lanka avait besoin d’argent pour payer la note d’une guerre civile qui a ravagé le pays pendant des décennies. Mais si le FMI s’engage, c’est qu’il a, espérons-le, reçu la garantie des autorités de Colombo que les fonds iront à la reconstruction, à la réinstallation des populations tamoules et à la réconciliation d’un pays divisé.

Ce prêt gigantesque, accordé malgré les réticences des Etats-Unis, vient en secours à un régime dont les dépenses de guerre ont explosé au cours des dernières années. La dernière offensive militaire a permis d’anéantir les rebelles des Tigres de libération de l’Eelam tamouls (LTTE) en provoquant la mort de milliers de civils. Une fois la guerre finie, on pouvait espérer que le président Mahinda Rajapakse, entouré de trois de ses frères (secrétaire d’Etat à la Défense, ministre des Ports et de l’Aviation et conseiller diplomatique de la présidence) s’engagerait sur la voie de la réconciliation. Loin s’en faut.

Des centaines de milliers de Tamouls vivent dans des camps de détention, dans des conditions terribles. Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, que l’on peut difficilement accuser de crier au loup, a déclaré en sortant de l’un d’eux : «J’ai voyagé dans le monde entier et visité de nombreux lieux comme celui-là, mais ce sont les scènes les plus dramatiques que j’ai jamais vues.» Le gouvernement sri-lankais s’en moque. Comme une insulte au soutien de la communauté internationale, il vient de décider une augmentation de 20 % du budget de la Défense, déjà astronomique.

La Grande-Bretagne vient de suspendre son aide financière à la gestion des camps de réfugiés. Devenus des prisons à ciel ouvert, les conditions sanitaires y sont déplorables et les exactions fréquentes. Un responsable de l’Unicef a été expulsé du pays pour avoir dénoncé le sort des enfants tamouls. Les journalistes se voient refuser leurs visas, et un correspondant d’Associated Press a été contraint de quitter l’île car il ne cédait pas à l’autocensure. Plus grave, un journaliste tamoul respecté a été condamné à vingt ans de prison pour avoir évoqué le sort des civils. Pourquoi, dans ces conditions, une telle générosité de la part du FMI ? Le site sri-lankais du ministère de la Défense traite de «colonialistes» et de «terroristes» des ministres norvégiens, britanniques et français. A l’issue de la guerre, le président sri-lankais avait réservé sa première sortie à l’étranger aux généraux birmans pour les soutenir dans leur lutte contre le «terrorisme».

En mai, Reporters sans frontières avait demandé à Strauss-Kahn de conditionner cette aide à des avancées concrètes en faveur de la liberté d’expression. Il nous paraissait évident que le FMI avait dans les mains un magnifique levier pour inciter le gouvernement de Colombo à œuvrer concrètement et rapidement dans le domaine des droits de l’homme. Nous n’avons pas reçu de réponse. Dominique Strauss-Kahn avait pourtant promis du changement au FMI. Nous réitérons notre demande. Le FMI doit suspendre l’aide accordée au Sri Lanka tant que les conditions minimales d’une bonne gouvernance ne seront pas assurées. Après avoir été longtemps décrié pour sa volonté d’imposer des politiques néolibérales, il ne faudrait pas que le FMI apparaisse comme un soutien à des régimes autoritaires.

The next six months will test international cooperation more severely than at any time since 1945. That may seem strange to say after a year of global crisis that has demanded unity on an immense scale, yet five urgent challenges confront us and we cannot delay our responses.

Crucial meetings this week in New York and Pittsburgh will determine by next spring whether a new era of collaboration is possible.

We cannot solve these problems immediately, of course, but momentous decisions are demanded now toward halting climate change, renewing economic prosperity, fighting terrorism, ending nuclear proliferation and overcoming poverty.

This week starts with efforts to reinvigorate talks to secure a new international agreement on climate change in Copenhagen this December. Progress is too slow and a deal now hangs in the balance. But failure will increase the threat not only of humanitarian and ecological catastrophe but also of economic decline.

Investment in energy efficiency and low-carbon energy sources will help drive economic growth over the next decade — as well as reduce dependence on imported oil and enhance energy security. Millions of jobs stand to be created as this investment expands — the low-carbon sector is now larger than defense and aerospace combined. But it is vital that we give confidence to such investment through a new international climate agreement.

This will not be possible without the cooperation of developing countries. For this reason, Britain has suggested a program of $100 billion a year by 2020, financed by wealthier countries and the private sector, to help poorer nations develop low-carbon economies.

We must move toward resolving the issues that remain before Copenhagen. If it is necessary to secure agreement, I will personally go to Copenhagen to achieve it. I will be urging my fellow leaders to do the same.

In London five months ago, the world came together to fight the global recession. And this week the world comes together again, this time to forge a global plan for jobs and growth.

So far, action taken in concert has stabilized the international banking system and created the foundation for the resumption of economic growth. Evidence shows that for every dollar spent on fiscal expansion two dollars of growth has followed — and estimates suggest that fiscal expansion will create or save seven million jobs this year alone.

But now the world has to decide whether to stay the course and deliver the promised fiscal stimulus this year and in 2010. Attention must also turn to our next common economic goal: a new system of governance. We need a clear commitment from the Group of 20 on a global compact to provide a framework for jobs, growth and stability over the medium to long term — one that perhaps even includes objectives for global growth.

For nearly a decade, the battle against Al Qaeda in Afghanistan, Pakistan and elsewhere has also united us. Debates continue in many countries — including Britain, Canada, Germany, Japan and others — about whether we are right to be there. I believe we are: 9/11 told us all we need to know about the risks of allowing Afghanistan to become a safe haven for Al Qaeda.

But now we need to move to the next stage. We need to develop the strategy I call Afghanization — building up the Afghan Army, police and civic institutions and handing power to the Afghan people. International agreement — and progress — on Afghanization must be among the most urgent priorities, and it is something that NATO has to address in the context of a new assessment of the war’s progress by the top American military commander in Afghanistan, Gen. Stanley McChrystal.

The world is threatened, too, by a looming new arms race. President Obama is to be thanked for making nuclear proliferation the theme of this week’s United Nations Security Council meeting. It is clear that a new nuclear nonproliferation agreement is needed urgently. To this end, Britain proposes a new and comprehensive grand bargain on nuclear proliferation: access to civil atomic energy via an international uranium bank for states that renounce current or future nuclear arms, together with a reduction of nuclear weapons by nuclear weapons states.

Finally, this week I will be calling on every country in the developed world to help poorer nations trade their way out of recession and deliver essential health care to the most vulnerable. This will not be easy and will take time. We must make good on our pledges to achieve the Millennium Development Goals, which are already well behind schedule. But there is one step we can take immediately: to stop charging the world’s poorest, particularly pregnant women and children, for medical treatment they cannot afford.

So today in New York I will chair an event that will see a major step toward that goal, with announcements from a range of countries — including Malawi, Ghana, Sierra Leone and others — some of which will revolutionize their national health care systems. This will be made possible by innovative financing mechanisms — the focus of a task force that I established with the World Bank last year — that will speed $1 billion to developing nations.

After 1945, the world — fresh from a devastating conflict — summoned its energies to build a new international order. Now we are being tested again. In the days and months ahead, our collective resolve must hold across all the challenges I have outlined. If it can, then something bigger and even more lasting than the great reconstruction of the postwar era is possible: the creation of the first truly global society.

Como apuntan varios informes del FMI, del Banco Mundial y de la OCDE, la crisis actual tiene ya graves consecuencias sobre los países pobres, en particular los del África subsahariana. Los esfuerzos de desarrollo de los últimos 20 años pueden quedar aniquilados. Si concebimos el desarrollo no en un sentido exclusivamente económico y productivista, sino como la capacidad de integración del conjunto de los elementos que constituyen el sistema social global para obtener la cohesión colectiva, entonces podemos decir que esta crisis generará aún más subdesarrollo, malestar, pobreza y, en definitiva, migraciones, ya que afecta a los recursos financieros de esos países.

De forma totalmente pragmática, podemos definir el “codesarrollo” como un desarrollo que engendra desarrollo. Esa visión se opone al desarrollo capitalista clásico, que produce subdesarrollo o un mal o nulo desarrollo. Una situación de codesarrollo significa que el desarrollo de un sistema se apoya y viene favorecido por el desarrollo de otro sistema.

También hay que distinguir aquí entre el codesarrollo y la mera cooperación internacional. Se trata de dos modelos distintos. La cooperación significa la búsqueda de objetivos particulares que corresponden a intereses comerciales, diplomáticos o estratégicos de socios que no tienen una finalidad común; es por ello que es coyuntural y siempre específica. El codesarrollo, en cambio, produce consecuencias estructurales que afectan a la finalidad de las relaciones entre los dos socios. Un ejemplo significativo de esa finalidad nos lo proporciona el mecanismo de los fondos de cohesión europeos que pretenden crear, lejos de una relación de cooperación comercial clásica, la integración sistémica entre los socios afectados. Desde principios de los años 80 del siglo XX hasta hoy, España se ha beneficiado de considerables fondos europeos para nivelar su sistema económico y social con el objetivo de integrarse en el mercado europeo. Ésta es una situación clásica de codesarrollo macroeconómico.

El codesarrollo vinculado a los flujos migratorios es, a su vez, una especificación del codesarrollo en tanto que sistema macroeconómico. Es sabido que, debido a la pérdida de fuerza de trabajo y a la fuga de cerebros, la inmigración tiene un efecto de sustracción de las capacidades de desarrollo del país de origen y de enriquecimiento unilateral del país de acogida (llegada de fuerzas de trabajo a un precio económico y capacidad tecno-científica de los emigrados).

El codesarrollo tiende a neutralizar esa reproducción de desigualdad convirtiendo a la inmigración legalmente instalada en el país de acogida en un vector de desarrollo del país de origen. ¿Cómo lo hace?

Fundamentalmente, gestionando de forma privada o pública el ahorro de los inmigrantes para financiar proyectos (macro o micro) en los países de origen; organizando migraciones temporales y alternadas; propiciando la cooperación descentralizada entre las colectividades locales al servicio de los micro o macro proyectos de desarrollo; formando a los “profesionales del desarrollo”; reforzando la cooperación interuniversitaria; movilizando a las empresas para que inviertan en formación en los países de origen; y generando intercambios culturales entre países de origen y países de acogida.

El mecanismo para formalizar ese tipo de relación es el de los “convenios de codesarrollo” firmados entre las autoridades nacionales, locales y privadas de los respectivos socios.

Los protagonistas son, en primer lugar, los propios inmigrantes sobre la base del voluntariado, los movimientos asociativos, las ONG, las estructuras financieras (agencias de desarrollo, bancos) y las empresas privadas. El papel de los poderes públicos debe consistir en favorecer financieramente y, sobre todo, jurídicamente esas organizaciones. Por último, debe ponerse en marcha una política abierta de “visados para el codesarrollo” que debe posibilitar la movilidad entre el país de origen y el país de acogida.

Concebido de ese modo, el codesarrollo no es y no puede ser de ninguna manera una estrategia para “expulsar” a los inmigrantes a sus países de origen. Está condicionado, al contrario, por la consolidación del derecho a la integración de los inmigrantes en el país de acogida. La existencia de diásporas de inmigrantes reconocidas y protegidas, tanto por el derecho de los extranjeros como por el derecho a acceder a la nacionalidad del país de acogida respetando las normas previstas a tal efecto, constituye la base de toda política de codesarrollo.

Hoy la inmigración, de forma desorganizada, constituye una de las principales fuentes de ingresos de los países en desarrollo, muchas veces gracias a las transferencias de fondos. Ahora bien, eso sólo es posible gracias al reconocimiento de los derechos de los inmigrantes legalmente instalados en los países de acogida. Hay que defender más que nunca, en estos tiempos de crisis, ese derecho a la integración, condición imprescindible para que los inmigrantes puedan seguir ayudando con sus transferencias de fondos a sus países de origen, tan fuertemente golpeados por la crisis.

Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) est encore bouleversé par le récent assassinat de son agent Zill-e Usman, tué par balles dans le camp de Katcha Gari sur la frontière des zones tribales sous administration fédérale dans la province frontière du nord-ouest au Pakistan. Un autre membre du personnel, Ishfaq Ahmad, a été blessé lors du drame du 16 juillet. Un garde au service du Commissariat pour les réfugiés afghans, une institution financée par le gouvernement, a également été tué. Quatre ou cinq hommes auraient ouvert le feu sur M. Usman alors qu’il allait du bureau administratif du camp vers sa voiture, au cours d’une visite de routine sur le site.

M. Usman est le troisième membre du personnel du HCR tué au Pakistan cette année. Le 9 juin, Aleksandar Vorkapic est mort lors du bombardement de l’hôtel Pearl Continental à Peshawar ; le 2 février, Syed Hashim, chauffeur du HCR, a été tué lors de l’enlèvement de John Solecki, le chef du bureau de Quetta, relâché ultérieurement.

Comme je l’ai écrit à sa famille, le meurtre de M. Usman est un coup terrible pour nous. Rien ne saurait justifier les attaques contre les agents humanitaires attachés à la protection et à l’assistance des personnes les plus vulnérables du monde. L’assassinat de M. Usman est une tragédie inqualifiable qui nous bouleverse tous.

Le 19 août, à l’occasion de la première Journée humanitaire mondiale jamais organisée, nous ferons une pause pour nous souvenir de M. Usman et des centaines d’autres agents des Nations unies et des organisations humanitaires qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions de par le monde. Cette date marque un jalon important : c’est le 19 août 2003 qu’un attentat à Bagdad a causé la mort du représentant spécial du Secrétaire général, Sergio Vieira de Mello, et de 21 de ses collègues.

Toutes ces pertes soulèvent des questions fondamentales quant aux moyens d’assurer la sécurité du personnel dans des environnements instables.

Globalement, cela nous rappelle le dilemme majeur auquel sont confrontées les institutions humanitaires de par le monde – comment répondons-nous aux besoins essentiels des populations les plus vulnérables du monde tout en assurant la sécurité de ceux qui leur viennent en aide ? Notre capacité à aider ceux qui en ont le plus besoin est sérieusement mise à l’épreuve par le rétrécissement de ce que l’on appelle l’«espace humanitaire» dans lequel il nous faut opérer. La nature du conflit évolue du fait de la multiplicité de groupes armés – dont certains considèrent les travailleurs humanitaires comme des cibles légitimes.

Autre exemple, l’assassinat le mois dernier de Mme Natalia Estemirova, membre du personnel d’un partenaire du HCR, Memorial, en Fédération de Russie. Mme Estemirova a été trouvée sans vie dans la province du Nord-Caucase d’Ingouchie, suite à son enlèvement en Tchétchénie. Depuis 2000, outre ses activités d’investigatrice de premier plan pour les droits de l’homme, Mme Estemirova a travaillé dans le service social de Memorial ainsi que sur le projet de conseil juridique et social de Grozny, financé par le HCR. Elle s’est penchée sur des questions relatives aux déplacés internes en Tchétchénie etsur leur retour dans leurs foyers. Memorial a été un partenaire d’exécution du HCR dans le Nord-Caucase depuis 2000 et s’est vu décerner la distinction Nansen pour les réfugiés en 2004.

Les personnels humanitaires travaillent dans les lieux les plus dangereux du monde et risquent leur vie pour aider les populations vulnérables à survivre. Assurer la sécurité du personnel doit constituer une priorité absolue pour toutes les organisations humanitaires et l’ensemble des Nations unies.

Cela n’est pas négociable. Et pourtant, avec la nature évolutive du conflit armé et les changements comportementaux de certains belligérants, les travailleurs humanitaires sont de plus en plus ciblés, ce qui crée une tension – et parfois une contradiction – entre les impératifs de la sûreté du personnel et l’action humanitaire. Le HCR s’est toujours battu pour définir le niveau acceptable de risques auxquels son personnel peut être exposé.

Comme la commémoration de ce mois le montre, il s’agit là d’un dilemme terrible.

El mundo atraviesa la peor crisis financiera y económica que hemos conocido desde la Gran Depresión. Empezó en los principales centros financieros de las grandes economías, pero gradualmente se ha ido extendiendo por todos los rincones del planeta, sacudiendo los sistemas políticos y sociales de los países más empobrecidos.

Los medios de comunicación nos presentan cada día una nueva perspectiva, dato o análisis sobre la crisis financiera, tanto en Europa como en América del Norte. En cambio, el efecto de esta misma crisis sobre los países en vías de desarrollo apenas llega a la opinión pública occidental.

Las cifras macroeconómicas y los indicadores de pobreza muestran la cara más fría de una realidad estremecedora, para quien ha tenido ocasión de verla de cerca. Estoy pensando en Haití: allí está Pierre, que tiene ocho años y pesa 16 kilos; forma parte de ese 50% de la población haitiana que vive con menos de un dólar al día. Sus padres saben que Pierre puede morir fácilmente de una enfermedad leve, de esas que en los países desarrollados se podría tratar con una visita a la farmacia.

También me viene a la memoria el caso de Aminata, una campesina de Malí que desde hace poco tiene acceso a un sistema de regadío, con apoyo de la cooperación española.

Los países que ya vivían en la pobreza antes de la crisis están sufriendo sus consecuencias de una manera dramática y, sin embargo, silenciosa. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, por cada punto de caída del PIB en el conjunto de estas economías, más de 20 millones de personas pasan a vivir en la pobreza extrema. Un reciente informe de la FAO cifra por primera vez el número de personas hambrientas en más de mil millones. Mil millones de razones silenciosas que nos obligan a adoptar una respuesta solidaria, firme y comprometida con el desarrollo.

Mil millones de razones silenciosas que, por primera vez a lo largo del último año, han llegado a los grandes foros internacionales, como el G-8 o el G-20, de la mano del Reino Unido y de España. Y en la Conferencia sobre la Crisis Financiera y Económica Internacional y sus efectos sobre el Desarrollo, que ha tenido lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas del pasado 24 a 26 de junio, también hemos tenido la ocasión de reiterar que esta crisis no podrá solucionarse dejando al margen al resto del mundo. Una ayuda al desarrollo de calidad es más necesaria ahora que nunca; para mitigar los efectos de la crisis en estos países -que, por cierto, nada han tenido que ver en su gestación-, pero también para contribuir a la recuperación de la economía mundial y construir un modelo de crecimiento económico y social tan sólido como sostenible. Plantear una salida parcial de la crisis, que se limite a las economías desarrolladas -en definitiva, un sálvese quien pueda-, sería tan miope como ineficaz a medio plazo.

Por eso, desde el Gobierno de España, junto a sus principales socios de la Unión Europea y a Estados Unidos, entre otros países, defendemos el compromiso de mantener e incrementar la ayuda oficial al desarrollo en respuesta a la crisis. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reiterado en Naciones Unidas y, más recientemente, en la Cumbre de Estados del África Occidental, su intención de cumplir con las metas marcadas en el ámbito de la cooperación internacional y progresar así hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En menos de seis meses, España asumirá la presidencia de la Unión Europea, coincidiendo con el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Una de nuestras prioridades será, precisamente, promover el modelo europeo que nos ha situado en la vanguardia de la solidaridad internacional. Una Europa convencida de que su liderazgo mundial en el futuro va a depender en gran medida de su compromiso moral con la dignidad humana, la justicia y la paz.

En el mundo desarrollado, confiamos en que la actual crisis financiera y económica pasará, antes o después, y con ella sus peores efectos. Debatimos a diario sobre la salida de la crisis, sobre planes de choque, horizontes de crecimiento, indicadores más o menos esperanzadores. Mientras tanto, en silencio, cada vez más personas en todo el mundo confían en que tengamos el coraje, el compromiso ético y el sentido común suficientes para contar con ellos a la hora de reconstruir la economía mundial.

Mil millones de personas. Mil millones de razones silenciosas para mantener nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo

All politics are local, goes the old aphorism. Yet today, we can say that all problems are global. As world leaders meet at the G8 summit in Italy, they will have to update their politics to grapple with problems that none of them can solve alone. The last two years have witnessed a cascade of interconnected crises: financial panic, rising food and oil prices, climate shocks, a flu pandemic, and more. Political co-operation to address these problems is not a mere nicety. It has become a global necessity.

The intensity of global interconnectedness is stunning. The H1N1 influenza virus was identified in a Mexican village in April. By now it has reached more than 100 countries. The effects of the collapse of Lehman Brothers last September were transmitted worldwide within days: soon even the most remote villages in Africa, Asia and Latin America were feeling the shock of reduced remittance income, cancelled investment projects and falling export prices. In the same way, climate shocks in parts of Europe, Australia, Asia, and the Americas in recent years contributed to soaring food prices that hit the poor and created instability and hardships in dozens of countries.

No nation or world leader can solve these problems alone. True, politicians answer to local voters. But those voters want solutions that can’t be achieved within any country’s own borders. Every country faces worsening climate shocks that result from worldwide greenhouse gas emissions, not just those within national borders. A recent report by the United States government, to pick but one example, warns that “business as usual” in climate policy will result in severe droughts in the American southwest, intense storms and flooding in the Gulf of Mexico, and torrential rains in the northeast. America’s politicians will be answerable, but heading off these dire effects requires a global agreement.

This is the reason why I am calling on the G8 to act on a set of crucial issues over the coming 12 months. Some are within the purview of the G8 countries; others require global agreements by all members of the United Nations. Either way, given their past commitments, the size of their economies, their countries’ disproportionate share of greenhouse gas emissions, and their responsibilities as donor countries, the G8 leaders have a special obligation to lead.

First, the G8 and other major emitters of greenhouse gases must intensify their work to seal a deal at the UN climate change conference in Copenhagen in December. That agreement must be scientifically rigorous, equitable, ambitious and exact. Achieving the goal of limiting the global mean temperature increase to two degrees Celsius will require nations to cut carbon emissions by 50% by 2050. The G8 and other industrialised countries must take the lead by committing to emission cuts of at least 80% from 1990 levels.

Any effective accord must help vulnerable countries – especially the poorest of the poor and the highly vulnerable arid and island nations – adapt to climate change. It must provide promised financing to poor countries to build sustainable energy systems and climate-resilient economies, and it must create a system for developing and then transferring green technologies for worldwide benefit.

If the Copenhagen negotiations are to be a success, world leaders must do more than talk about leadership. They must show it. That is why I am calling all world leaders to the UN on September 22 for a global summit on climate change. I expect them to be there. Our future is at stake.

Second, the G8 should take specific steps needed to honour long-standing but unfulfilled pledges of support to poor countries to help them achieve the millennium development goals. Back in 2005, the G8 itself promised to double aid to Africa by 2010. It is now more than $20bn per year short of that pledge, with just one year to go. The very credibility of the G8 is on the line, as the world’s poorest nations are squeezed by financial crisis, climate shocks and unfulfilled aid promises, all beyond their control.

Third, the G8 should focus urgent attention on the intensifying global hunger crisis. The UN estimates that the number of chronically hungry people has recently increased by around 150 million people, and that the world’s hungry now number one billion.

This shocking reversal of progress on food security is the result of many factors: climate shocks, crop failures and, of course, the global financial crisis itself. Scientists have sent the world’s leaders a powerful message: the poor and food-deficit regions can grow much more food if their smallholder farmers get the improved seeds, fertilisers, and irrigation they need to boost productivity. Food aid is vital in the midst of the current disaster; growing more food in Africa, particularly, is vital for next year and beyond.

Global co-operation was decisive in arresting last year’s financial meltdown. While the world’s economic situation remains difficult, the benefits of monetary and fiscal cooperation among the major economies is clear. We saw a similarly effective collective response to the H1N1 pandemic. Co-operation works, but we’ve only just gotten started.

Let us now bring the power of global partnership to bear on climate change, poverty reduction and food production. Let us begin an economic recovery that is not only robust, but also just, inclusive and sustainable – lifting the entire world. For if we do not do it now, at a moment of crisis, when will we?

Tema: El pasado 25 de mayo, coincidiendo con las celebraciones del día para África, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación presentó el Plan África que cubrirá institucionalmente las relaciones exteriores con la región subsahariana de aquí a 2012. Este ARI comenta el contenido de dicho Plan y ofrece algunas vías de desarrollo del mismo.

Resumen: Tras el I Plan África, diseñado para el período 2006-2008, el Gobierno ha lanzado recientemente el II Plan África que cubre un período más largo y que busca presentar una visión más estratégica de las relaciones de España con la región. Este trabajo identifica algunos retos comunes de desarrollo para el conjunto de la región (escasez de infraestructuras, infradesarrollo del sector productivo y del capital humano, insuficiente policy space) y ofrece, en línea con éstos, una serie de recomendaciones para la acción exterior con la región (eminentemente, una mayor articulación institucional para el enfoque de coherencia que protagoniza el II Plan África y una mayor concentración sectorial y geográfica de la acción exterior).

Análisis: España ha aumentado significativamente los aportes de ayuda oficial al desarrollo dirigida al África Subsahariana (AS o simplemente África) en los últimos años (desde unos 102 millones de dólares en 2001 hasta 549 millones de dólares en 2007 según datos de la OCDE), a un ritmo incluso más rápido que el crecimiento global de los compromisos de AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) por parte de los países de la OCDE hacia la región. Éstos pasaron de casi 9.000 millones de dólares en 2001 hasta los más de 25.000 millones de 2007. Pero, con todo, España no está aún en la elite de los donantes más importantes en África Subsahariana.

Durante mucho tiempo se ha extendido la idea de la “excepcionalidad” africana en términos de un comportamiento económico inferior al de la media mundial o de los países en desarrollo. Esto no es de extrañar dado el comportamiento espectacular de las economías asiáticas desde los años 60. Lo cierto es que ni todos los países africanos han compartido la misma experiencia decepcionante que se le atribuye al conjunto de la región, ni países a los que se les asocia a la crisis han estado siempre en estado crítico. Lo mismo ocurre con los conflictos y la inestabilidad política. Esto lleva a que excesivas generalizaciones no sean de gran utilidad e incluso que el hablar de África en términos generales no tenga mucho sentido más allá de su unidad geográfica y quizá de la experiencia colonial compartida por muchos países integrantes de la región. No obstante, existen algunos retos semejantes para un buen número de países de la región, que requieren de un amplio abanico de acciones a corto, medio y largo plazo. A continuación, pasamos a enumerar muy brevemente algunos de los retos principales para los que la ayuda internacional puede tener un impacto importante, antes de pasar a comentar los contenidos del último Plan África.

Retos de desarrollo en el África Subsahariana

Primero, la escasez de infraestructuras es de lejos más acuciante que en ninguna otra región en desarrollo. Este es quizá el “lugar común” más correcto y sobre el que merece aún la pena insistir. A pesar del aumento de la ayuda internacional hacia África, proporcionalmente las infraestructuras de gran escala, sobre todo económicas, han recibido escasa atención, con la excepción del surgimiento de la ayuda procedente de China que, sin embargo, es aún cuantitativamente limitada en comparación con la proveniente de la OCDE.

En segundo lugar está el desarrollo de un sector productivo articulado en el que haya un equilibrio entre orientación a la exportación y cobertura del mercado interior. El mercado interior en los países más pobres de la región es muy limitado por dos razones principales: primero, por la debilidad del sector productivo y su orientación histórica al exterior; segundo, por el escaso poder adquisitivo de la mayoría de la población. Sin duda, los bajos niveles educativos juegan un papel, pero al mismo tiempo, la desarticulación de los tejidos productivos –en buena medida asociada a casi tres decenios de liberalización económica y privatizaciones– en parte provoca que los retornos económicos a las inversiones en educación en África hayan sido decepcionantes hasta ahora.

Tercero, en lo que se suele referir al “capital humano”, hay retos monumentales que persisten a pesar de los progresos alcanzados en los últimos cuatro decenios. La educación debe seguir un enfoque integrado en el que todos los niveles y formas de transmisión de conocimientos sean considerados con coherencia y visión estratégica a largo plazo. Los vínculos entre la provisión de educación y el empleo son fundamentales pero no lo suficientemente investigados o reflejados en las estrategias de desarrollo, sobre todo en los famosos PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers). Los retos en materia de salud son sustanciales y la atención prestada por la comunidad internacional es muy importante aunque el énfasis creciente en los programas verticales asociados a enfermedades concretas (VIH/SIDA, tuberculosis) puede plantear algún riesgo en términos de olvidar la importancia central del refuerzo de los sistemas de sanidad públicos, cuyo estado actual en la mayoría de países del subcontinente está muy deteriorado a pesar de decenios de apoyo de la AOD.

Cuarto, es necesaria una apertura del espacio de políticas (policy space) y la búsqueda de una mayor coherencia interna y externa en las políticas de ayuda y de desarrollo con el objetivo de diseñar estrategias de desarrollo de largo plazo y específicas a las circunstancias de cada país. Este reto atañe también a la cuestión de la “gobernanza” o “buen gobierno” que hoy en día goza de una atención preferente por parte de la comunidad internacional en África. En cierto modo, implica también la necesidad de superar las soluciones “técnicas” o “institucionales” universales (technical/institutional “fixes”) de aplicación a contextos diversos.

Finalmente, el contexto de las iniciativas para el desarrollo en África está profundamente influido por los marcos de actuación del sistema de la ayuda internacional, notablemente el de los donantes de la OCDE, y los consensos que se han venido creando, especialmente en los últimos 10 años. Así, la Nueva Agenda de la Ayuda, plasmada en la Declaración de París de 2005 y en varios documentos de política de agencias de países donantes importantes en África, marca una serie de principios y preferencias que han tenido su expresión en los flujos de ayuda de la OCDE hacia África en los últimos cinco o10 años. Las nuevas tendencias apuntan a:

• Una mayor atención a la necesidad de coordinación y de evitar duplicación de esfuerzos.
• Mayores esfuerzos para adecuar la ayuda internacional a los sistemas y marcos de políticas y planificación existentes en los países receptores en aras de una armonización de instrumentos –la articulación de los programas de AOD en torno a los PRSP es un ejemplo de ello–.
• Una concentración de esfuerzos en los llamados sectores sociales, sobre todo educación y salud.
• La aplicación del principio de selectividad ex-post por el que se acaba privilegiando a aquellos países que hayan demostrado un compromiso con las reformas promovidas por los donantes internacionales.
• Una priorización del “buen gobierno” (good governance) sobre la base de los supuestos que: (a) el “buen gobierno” es necesario para el crecimiento económico y desarrollo; y (b) es una condición necesaria a la mejora de la eficacia de la AOD.

Aunque algunos de estos principios tienen sentido de cara a la mejora de la efectividad o eficiencia de la AOD (especialmente los tres primeros), otros carecen de suficiente sustento empírico y conllevan riesgos que acaban por ser asumidos solamente por los países receptores de la ayuda (los dos últimos). Es, por tanto, importante que España se sitúe de manera explícita en relación a estos compromisos y principios, para definir más claramente una estrategia coherente hacia África.

Concentración geográfica y sectorial

En términos generales, y teniendo en cuenta algunos de los retos enunciados anteriormente, puede decirse que el Plan podría ser más estratégico. Se trata de un documento largo, con una enumeración exhaustiva, en forma de listado, de objetivos y líneas de acción que traslucen un cierto grado de dispersión de la acción exterior española tanto desde el punto de vista geográfico como desde el sectorial (o de campos de intervención).

(a) ¿Por qué la concentración? ¿Por qué ahora?

En nuestra opinión, una mayor concentración sectorial y geográfica implicaría una serie de beneficios frente a la estrategia actual.

En primer lugar, la concentración de la acción exterior tiene, si se procede a una selección correcta de sectores y países, un impacto potencial mayor (a no confundir con “visibilidad”) y, por tanto, una probabilidad mayor de consecución de los objetivos marcados para dicha acción exterior. El Plan África es uno de los pocos planes elaborados por la Administración española que incluye una visión exterior de la acción exterior española (otro sería el Plan Asia), contemplando todo tipo de sectores exteriores (desde la cooperación al desarrollo hasta la política de defensa). En este sentido, esta herramienta es un terreno abonado para establecer las prioridades de la acción exterior española (en este caso, acotados a una región concreta). Independientemente de que la acción exterior se desarrolle desde diversas ramas de la Administración, el valor añadido de un Plan de estas características es que permite establecer una prioridad en la acción exterior, en función de qué tipo de política es la más pertinente y la más eficaz para una región determinada. Aunque las perspectivas de los distintos actores de la Administración se reflejen en el Plan, esto no tiene por qué implicar, sin embargo, un menor esfuerzo de priorización en aras de la coordinación y coherencia institucional.

En segundo lugar, y por motivos similares a los que se acaban de señalar, el Plan África es una excelente oportunidad para probar estructuras y procedimientos que pueden ser embrionarios y potencialmente extrapolables al conjunto de la acción exterior. Este punto se desarrolla más adelante.

En tercer y último lugar, el coste de la concentración puede elevarse sustancialmente si dicha concentración se produce (o intenta producirse) tras una etapa de dispersión sectorial y geográfica. Sirva de ejemplo el caso de la política de cooperación internacional al desarrollo. Tanto el II como el III Plan Director de la Cooperación Española para los períodos 2005-2008 y 2009-2012 han mostrado las enormes dificultades de iniciar un proceso de concentración (sectorial, geográfica o ambas) cuando se parte de un escenario de dispersión. El buscado impacto de la ayuda habría de lograrse, para la ayuda española, pasando necesariamente por una reducción de los países receptores de ayuda y de los sectores de especialización de nuestra cooperación. No obstante, este proceso político se ha enfrentado a las dificultades de alterar una estructura rígida (es decir, la reconversión de puestos de trabajo en países y sectores que dejarían de ser de atención prioritaria), a la difícil negociación con lobbies creados o incluso a la fragilidad de las relaciones diplomáticas bilaterales con determinados países en desarrollo. En suma, cuanto más larga sea la etapa de “dispersión”, mayores serán los costes de transición a una etapa de mayor concentración estratégica.

Por estos motivos, hubiera resultado de enorme utilidad que el Plan África apostara decididamente por un mayor nivel de concentración geográfica y sectorial, y especialmente sin pasar previamente por una dispersión de la acción exterior que dificulte el proceso de concentración en el medio plazo.

(b) Concentración geográfica

Los criterios de selección geográfica deberían ser (al igual que los de selección sectorial) los que resultaran de una evaluación exhaustiva de nuestra acción exterior reciente en la región.

El Plan África prevé que España tenga un interés específico en 25 países subsaharianos, además de todos aquellos con los que mantendrá relaciones por pertenecer a un tipo u otro de proceso de integración regional (países miembros de CEDEAO, de IGAD, de CEEAC y de SADC). Todo ello en una región compuesta por poco más de 50 países y territorios. En otras palabras, la prioridad geográfica de España (un actor incipiente en la región con un peso relativo sensiblemente menor que el de otros socios como Francia, el Reino Unido, los Países Bajos o los propios EEUU) cubre más de la mitad de las naciones africanas. Esta prioridad geográfica revela un alto grado de dispersión y contrasta con la prioridad geográfica dada en los planes de cooperación al desarrollo para África anteriormente.

Existen diferentes criterios para una mayor priorización geográfica, particularmente en lo que se refiere a la cooperación al desarrollo, uno de los elementos centrales de la acción española en África. Primero, puede ser el de concentrarse en aquellos países con menores niveles de desarrollo y que reciban menos recursos de ayuda exterior de otros países de la OCDE. En dichos países, España podría así convertirse en un donante importante y por tanto tener una influencia notable en las estrategias de desarrollo a largo plazo de dichos países. Níger, Guinea-Bissau o Sierra Leona podrían ser ejemplos. Segundo, se puede también barajar un criterio de relaciones históricas, no tanto en referencia a la colonización (por tanto, no en relación a países como Guinea Ecuatorial) sino a la experiencia de relaciones exteriores españolas con el subcontinente. Así, el Plan podría concentrarse en aquellos países donde la acción española haya sido más sistemática y donde exista una considerable memoria institucional de dichas relaciones, como por ejemplo Mozambique. Tercero, el criterio de la presencia de diásporas importantes en España es relevante. Aprovechando la considerable presencia de inmigrantes de un determinado país, los lazos con ese país se pueden reforzar de una manera constructiva y coherente, a la vez que puede involucrarse a la diáspora en el proceso. Un ejemplo evidente sería el de Senegal.

Por último, se señalan algunos criterios que suelen ser implícita o explícitamente importantes, pero que pueden provocar significativa resistencia y afectar a la imagen de España en África. Esto son: (a) la prevención de flujos migratorios; (b) la seguridad o el terrorismo internacional; y (c) la presencia de inversiones privadas españolas. Es cierto que puede tener sentido priorizar países donde hay una presencia importante de empresas españolas pero esto se debería presentar en aras de la búsqueda de una coherencia en materia de políticas con el desarrollo del país en cuestión. Otro criterio explícito que debería evitarse es el del idioma y, por tanto, la priorización de países lusófonos por cercanía lingüística. Para que España sea un actor importante en el espacio africano, sería conveniente tener presencia en distintos espacios lingüísticos.

Del mismo modo que la priorización geográfica en pocos países es recomendable por las varias razones expuestas, es aconsejable el mantener una postura más cauta en relación al apoyo a instituciones regionales. Esto es por dos motivos principales. Primero, las instituciones regionales son muy heterogéneas, al responder a objetivos múltiples, tanto económicos como políticos, que no se pueden simplemente resumir en una vaga apuesta por la “integración regional”. Tiene que estar más claro el por qué del apoyo a una institución regional concreta. Segundo, no todas las instituciones regionales gozan de un nivel de legitimidad y efectividad adecuado, como para realizar una apuesta tan fuerte. Éste es el caso de la Unión Africana, que, de hecho, goza de menos poder y legitimidad del que normalmente se le asume en los discursos oficiales, o de la UNECA, que ha cesado de articular visiones sobre el desarrollo en África que sean diferentes o alternativas a las de otras instituciones multilaterales como el Banco Mundial u otras agencias de Naciones Unidas como el PNUD. Es muy improbable que un eventual apoyo español a estas instituciones o iniciativas las refuerce de manera tangible. Por otro lado, un apoyo al comercio intrarregional y a las instituciones que lo promueven (por ejemplo la SADC) puede ser sensato pero siempre y cuando se articule con referencia explícita a la problemática de diversificación comercial y reducción de la vulnerabilidad exterior de las economías africanas, lo que incluye las relaciones comerciales desiguales con gigantes económicos de la región como Sudáfrica.

(c) Concentración sectorial

Los motivos por los que se recomienda un mayor repliegue sectorial son los mismos que se aducen más arriba. Los criterios de selección también deberían ser aquellos que derivaran de una evaluación externa.

Aunque sin dicha evaluación será difícil determinar los sectores de mayor concentración, en lo que se refiere a la cooperación internacional al desarrollo, es de esperar que un ejercicio de evaluación revele unos resultados sensiblemente mejores para los proyectos realizados en el sector de la salud que los de, por ejemplo, fortalecimiento institucional. En este sentido, por tanto, el Plan podría servir para identificar algunas áreas de fortaleza o excelencia en las que España puede presentar una ventaja comparativa probada, y cuya priorización revertiría en un mayor impacto y una legitimidad superior de las acciones programadas.

Desarrollo económico

(a) Desequilibrio entre lo sociopolítico y lo económico

En general, hay un sesgo hacia cuestiones sociales y políticas en detrimento de las económicas, a pesar del lugar que ocupan estas últimas, de facto, en la agenda con África. Por ejemplo, como país miembro de la UE, España está plenamente involucrada en la negociación de los EPA (Economic Partnership Agreements) entre la Unión y diversos países subsaharianos. A pesar de ello, el Plan sitúa los EPA en un plano secundario. No se especifican ni los objetivos ni las posiciones españolas en este terreno. Contrasta esta omisión con el protagonismo de otras iniciativas de carácter más político o social, como la “Alianza de Civilizaciones”, cuya trascendencia es mucho menor desde la perspectiva de los países africanos.

Este ARI no propone una ampliación de los objetivos y líneas de actuación en materia económica (lo que iría claramente en contradicción con la recomendación de concentración sectorial señalada más arriba). A continuación se sugiere una serie de recomendaciones que perseguirían una mayor profundidad del contenido económico del Plan y una mayor vinculación entre objetivos económicos (facilitando así el objetivo de coherencia de políticas en el que se insiste en varios puntos a lo largo del Plan).

(b) El divorcio entre las políticas comercial e inversora y la de desarrollo

Se asume que la IDE (Inversión Directa Extranjera) española puede ser un motor de desarrollo a través de, por ejemplo, la generación de empleo y transferencia tecnológica; lo cual ha demostrado ser cierto a la luz de la experiencia reciente de diversos países en desarrollo. Sin embargo, si bien la IDE puede ser un motor de desarrollo, no lo es bajo cualquier forma. Determinados tipos de inversión tendrán un impacto mayor y más positivo en el desarrollo. Por ejemplo, están los que generan empleo y permiten la transferencia tecnológica, los que se vinculan con el tejido productivo local frente a los que lo desplazan de la actividad económica, o los que promueven una cierta actividad industrial frente a las inversiones extractivas más tradicionales. La consideración específica de criterios de impacto en el desarrollo en los apoyos públicos a la actividad inversora y comercial no está incluida en el actual texto del Plan. Esto es, si bien se destilan tres sectores prioritarios de inversión (infraestructuras, pesca y energía) no se plantean los mecanismos concretos mediante los cuales se va a prevenir el apoyo público a actividades empresariales netamente perjudiciales para el desarrollo en destino. Así, podrían acabar apoyándose, desde el sector público, actividades pesqueras con un impacto medioambiental negativo (violando uno de los tres objetivos transversales del Plan África) y que potencien la especialización monoproductiva y monoexportadora de determinados países en desarrollo africanos.

En esta misma línea, y en lo que respecta al comercio internacional, se consideran exclusivamente las exportaciones españolas hacia la región, para las que se asume un impacto positivo en el desarrollo africano. En primer lugar, la relación comercial es bidireccional, e incluye igualmente las exportaciones africanas hacia España. Las relaciones comerciales entre la UE y el África Subsahariana no han estado exentas de conflictos, como bien reflejan los problemas con la firma de los EPA. Sería necesaria una inclusión de esta dimensión económica y una consideración de sus objetivos políticos (¿acceso a mercados?, ¿diversificación productiva?). En segundo lugar, la asunción de que la exportación de productos españoles hacia África va a tener un impacto positivo en el desarrollo económico de esta última es imprecisa. Tal y como ocurre con la IDE, determinadas exportaciones tienen un impacto potencial mayor en el desarrollo que otras (por ejemplo, las exportaciones de bienes intermedios necesarios para la producción local de un determinado producto frente a aquéllas que compiten directamente con la producción local a menores costes).

Tal y como plantea el Consenso Europeo, la coherencia de políticas puede entenderse en sentido bidireccional. No se trata solamente de perfilar las políticas de los países desarrollados teniendo en consideración las necesidades de los países en desarrollo. Debe considerarse también la relación inversa. En la actual coyuntura de crisis, en los que se cuestiona el modelo productivo español, excesivamente dependiente de sectores con poco margen para los incrementos de productividad (servicios de ocio o construcción, por ejemplo), la política exterior puede resultar ser un importante “balón de oxígeno” para el tejido productivo español pero, sobre todo, para un incremento de las actividades no tradicionales en el PIB. El apoyo, desde el sector público, a empresas en sectores que faciliten el cambio estructural en origen y destino puede suponer, dada la actual sequía de financiación privada, un motor de cambio interesante.

(c) Mecanismos de coherencia de políticas económicas para el desarrollo

En primer lugar, los objetivos segundo a cuarto del Plan están estrechamente relacionados. Es difícil concebir un Plan integral de acción hacia África que no considere, de forma conjunta, las relaciones comerciales, financieras, migratorias y de ayuda al desarrollo. Podría, por tanto, predominar la visión whole of government que sí se plantea en materia institucional. A pesar de que, para cada objetivo, se incluyen las “intersecciones” entre estos objetivos y los transversales (Derechos Humanos, igualdad de género y sostenibilidad medioambiental), sería interesante la inclusión de una lista de “intersecciones” entre estos tres objetivos generales. Este ejercicio permitiría identificar con mayor claridad los puntos en común entre las políticas, por ejemplo, inversora y de desarrollo, facilitando por tanto también el progreso en la coherencia de políticas económicas para el desarrollo.

En segundo lugar, tal y como se señala más arriba, podría plantearse una estructura embrionaria de coherencia de políticas económicas para el desarrollo que pudiera trasladar al diseño concreto de las herramientas públicas este principio, siguiendo el análisis del punto anterior. De nuevo, el Plan África presenta una oportunidad interesante para probar estas estructuras y procedimientos que posteriormente podrían ampliarse a la acción exterior con otros países y regiones.

Por ejemplo, y en lo que se refiere al apoyo a la inversión española en África, ya hemos mencionado en otras ocasiones que existe una cierta dispersión de herramientas públicas de apoyo a la inversión exterior (apoyos de COFIDES, del ICO, del propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio…). En el marco del Plan, se podría crear un mecanismo de coordinación de las distintas herramientas, en pro de los objetivos marcados en materia de inversión exterior.

Conclusión: Aunque el recientemente aprobado Plan África 2009-2012 trata de dotar de una estrategia a las relaciones de España con la región subsahariana, pueden señalarse algunos aspectos, como una mayor concentración sectorial y geográfica, que hubieran reforzado aún más el giro de la visión táctica a la estratégica. Además, este trabajo ha tratado de ofrecer algunas recomendaciones orientadas a fortalecer y poner en práctica el principio y objetivo de coherencia de políticas para el desarrollo que recorre el conjunto del plan. Específicamente, se ofrecen mecanismos para reforzar la coherencia de políticas económicas con el desarrollo.

El Plan ve la luz tras la reunión de la Mesa para África, que aglutina diversos agentes (ONGD, patronal, sindicatos, universidades y think tanks, entre otros) y cuyo trabajo de los próximos meses se centrará, de acuerdo con el Plan África, en la elaboración de indicadores de seguimiento y evaluación que faciliten el trabajo de cara al diagnóstico y elaboración del que será el III Plan África. La propia elaboración de indicadores, o el trabajo de la Mesa en sentido más amplio, podrían contribuir a incorporar algunos de los elementos señalados en este trabajo.

Tema: La OCDE ha publicado los primeros datos de desembolsos de ayuda al desarrollo para 2008. Este ARI estudia el incremento de más del 12% respecto del año anterior y repasa los factores que pueden marcar la tendencia de la ayuda el próximo año.

Resumen: La ayuda al desarrollo de los donantes “ricos” (los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE) ha registrado una subida que ha situado los niveles de ayuda en un récord histórico: casi 120.000 millones de euros en 2008. Además, a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, la subida no se explica con programas de cancelación de deuda cuyo efecto contable se pierde en el corto o medio plazo. ¿Qué ocurrirá en 2009? Hay motivos para pensar que la ayuda siga subiendo, aunque sea a niveles más moderados (como las políticas generales de gasto público en respuesta a la crisis o la mayor demanda desde los países en desarrollo), pero también es posible que la crisis económica obligue a los donantes a contener o reorientar el gasto en detrimento de la cooperación internacional. En este trabajo se repasan estos factores y se apuntan algunos retos que tendrá que afrontar la comunidad de donantes respecto de la naturaleza de la ayuda. Por último, se apuntan algunas tendencias posibles de los donantes emergentes.

Análisis: Hace pocas semanas, la OCDE ha publicado, como cada año, los primeros datos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de 2008.[1] Sorprendentemente, el año del estallido de la actual crisis financiera y económica global coincide también con el año en el que los países CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) registran un máximo histórico en sus desembolsos de ayuda: 119.800 millones de dólares.

Este ARI repasa, en primer lugar, las principales características de la ayuda en 2008 y los principales cambios respecto del año anterior. En segundo lugar, se apuntan los factores que podrían marcar la tendencia de la ayuda en 2009 (tanto al alza como a la baja) así como otros elementos, relacionados con la crisis actual, que podrían propiciar cambios en la naturaleza de la ayuda de los países CAD.

La ayuda marca un récord histórico en 2008

Según las primeras estimaciones de la OCDE para 2008, la ayuda de los donantes CAD podría haber marcado un máximo histórico, alcanzando cerca de 120.000 millones de dólares. Este aumento viene a confirmar la tendencia general de este decenio, en el que se renovaron los compromisos de ayuda (en parte como consecuencia de la aprobación de los Objetivos del Milenio y del Consenso de Monterrey), produciéndose un punto de inflexión respecto de la caída de la ayuda en los 90. A pesar de ello, este incremento (y de esta magnitud) no deja de resultar sorprendente puesto que se registra precisamente el año en el que la quiebra de Lehman Brothers en EEUU prende la mecha de una crisis internacional que azota al conjunto de la economía mundial, incluidas las economías desarrolladas que conforman el grupo de los donantes CAD.

De los 22 países CAD, los primeros donantes (tanto en términos absolutos como en términos relativos) son los habituales. En términos absolutos, encabezan la lista EEUU (con algo más de 26.000 millones de dólares), Alemania, el Reino Unido, Francia y Japón. En términos relativos, superan el 0,7% del PNB en AOD los donantes noreuropeos que tradicionalmente han mostrado un compromiso con la ayuda superior a la media de los donantes CAD. Por orden de mayor a menor aportación relativa estarían Suecia, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos (Tabla 1).

Por el contrario, para explicar un aumento de la ayuda CAD de 12,5% en términos reales (y un incremento del esfuerzo conjunto del 0,45% del PNB en 2007 a 0,47% en 2008), sí se han tenido que producir cambios llamativos en varios donantes. Hay nueve donantes que han registrado incrementos reales de más del 10% de los desembolsos de AOD. De ellos, Grecia, el Reino Unido y Portugal registran aumentos que superan el 20%. El cuarto mayor aumento lo registra España: 19,4% de la AOD respecto del año anterior (Tabla 1).

Según datos de la OCDE, estos incrementos se deben a distintos factores según cada donante pero puede decirse que, en general, responden a una política de scaling up centrada en el aumento de la ayuda bilateral a África y en mayores incrementos de las contribuciones a organismos internacionales. Es decir, a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, estos aumentos no se explican con programas de conversión o cancelación de deuda de gran volumen que permiten elevar sensiblemente los cómputos de AOD en el año en que se producen pero que, por los mismos motivos, pueden llevar a un descenso equivalente al año siguiente (Gráfico 1).

¿Qué pasará en 2009?

Aunque hemos vivido en este decenio una tendencia general al alza de la ayuda de los donantes CAD (así como la aparición de nuevos donantes), lo cierto es que la actual crisis económica mundial arroja alguna incertidumbre acerca de la evolución, a corto plazo, de la ayuda. Algunos estudios ya apuntan la posibilidad de que los niveles se mantengan en 2009 pero decrezcan en 2010.[2] Según la propia OCDE, podemos esperar nuevos incrementos si no se alteran los planes de los donantes, que sugieren un incremento adicional del 11% en la ayuda programada entre 2008 y 2010 (incluyendo grandes desembolsos multilaterales y paquetes de condonación de deuda). A continuación, tratamos de apuntar aquellos elementos que forzarían un aumento, los que explicarían un descenso, y los que podrían incidir en un cambio en los principales componentes de la ayuda.

1. La ayuda podría seguir aumentando…

Y esto, por varios motivos, de los que destacamos cuatro. En primer lugar, está la llegada de Barack Obama a la presidencia de EEUU y sus anuncios de cambio en la política exterior norteamericana, con un mayor peso del poder blando y un nuevo enfoque en sus relaciones con África Subsahariana. Si esto llegara a materializarse podríamos seguir esperando fuertes incrementos de ayuda del que, como hemos visto, aporta el mayor volumen de AOD de todos los donantes CAD. Un mayor esfuerzo de EEUU podría traducirse en un incremento sustancial del total de ayuda de la OCDE, incluso aunque el esfuerzo relativo norteamericano siguiera estando muy por debajo del 0,7% del PNB. En este sentido, el incremento de la cooperación al desarrollo sería consistente con la política fiscal expansiva que las autoridades norteamericanas (y, en general, las de las los países desarrollados) están aplicando como respuesta a la crisis. Si bien en el conjunto de los donantes desarrollados las políticas de gasto público están orientadas a dinamizar la producción y el consumo interno,[3] es muy probable, por una mera cuestión de economía política, que en las negociaciones presupuestarias gubernamentales un aumento generalizado de diversas partidas de gasto público arrastre también un aumento de la AOD. En último término, este efecto multiplicador dependerá de cada donante y también del peso específico de la cartera de desarrollo en el reparto de poder político de cada gobierno.

Además, la crisis ha reactivado instrumentos financieros que habían caído en desuso en los últimos años. Se han incrementado los programas de rescate de organismos internacionales a países en desarrollo, parte de los cuales computan como AOD.[4]

Por último, está el simple efecto contable que puede generar la contracción económica en el esfuerzo relativo de ayuda. En un escenario de disminución del PNB de la mayor parte de los donantes CAD, el mantenimiento del mismo volumen de ayuda daría lugar a un aumento de la cooperación internacional al desarrollo en relación al tamaño de la economía. En este sentido, un escenario posible a corto plazo es un crecimiento muy moderado o incluso un estancamiento del volumen de ayuda acompañado de un aumento de la ayuda en términos relativos.

2… o bajar

Pero también existen varios factores que podrían generar una caída del nivel de AOD durante los próximos años, tanto en términos absolutos como relativos. Sin duda, el más importante es la restricción fiscal generada por el fuerte impacto que la crisis económica está teniendo sobre las finanzas públicas de todos los donantes. Así, la caída de los ingresos y el fuerte incremento del gasto asociado tanto a los estabilizadores automáticos como a los paquetes de estímulo fiscal que los gobiernos han instrumentado para intentar suavizar el impacto de  la recesión, situarán el déficit público de los países del CAD entre el 5% y el 12% en 2009. Esto no significa necesariamente que la AOD tenga que caer, pero obligará a los gobiernos a reformular sus prioridades de gasto y llevará a la reducción de un gran número de partidas, lo que podría afectar tanto al nivel de ayuda como a su naturaleza.

De hecho, durante la crisis económica de 1991-92, la AOD experimentó una importante caída, que se mantuvo durante toda la década de los 90. Aún así, es posible argumentar que aquel descenso tuvo más que ver con el fin de la guerra fría y la reducción del gasto en cooperación al desarrollo vinculado a motivaciones geoestratégicas (sobre todo por parte de EEUU que fue quien más redujo su esfuerzo relativo) que a la propia contracción económica, que además fue corta. Asimismo, hoy existe un mayor compromiso con la política de cooperación al desarrollo que entonces, tanto entre los donantes como en el seno de las organizaciones multilaterales. La Declaración del Milenio de 2000 y los compromisos de gasto alcanzados en Monterrey en 2002 y renovados en Gleneagles en 2005 y en Doha en 2008, podrían hacer que los donantes encontraran más costoso que en el pasado reducir sus niveles ayuda en el contexto de una crisis que no ha sido causada por los países más pobres, pero que los está golpeando duramente.

En cualquier caso, es de esperar que cada país reaccione de forma distinta dependiendo de dos factores: el grado de nacionalismo económico que se alcance ante la recesión y el nivel de compromiso de la opinión pública con la solidaridad internacional materializada en la AOD. Así, en los países donantes en los que la crisis sea más severa se podrían dar mayores niveles de nacionalismo económico, que llevarían a los gobiernos a reasignar el gasto público hacia partidas internas con el objetivo de reducir el impacto del desempleo y acelerar la salida hacia el crecimiento económico. Por otra parte, en países en los que existe una firme tradición de fuerte esfuerzo relativo en AOD no es de esperar que la opinión pública acepte recortar los niveles de ayuda a los países pobres. Incluso es posible que aparezca un movimiento proclive a incrementar la AOD para facilitar a los países más vulnerables herramientas para luchar contra la crisis.

Por último, las enormes pérdidas registradas en los mercados bursátiles y financieros a lo largo del último año llevarán posiblemente a una caída de las donaciones privadas, que, aunque no se computan como AOD, suponen un creciente flujo de ayuda hacia los países pobres. De hecho, en 2008 los ciudadanos estadounidenses gastaron 34.000 millones de dólares en donativos internacionales, más que lo que el gobierno estadounidense invirtió en AOD. Incluso en el caso de que la filantropía continúe gozando de buena salud en los países anglosajones es de esperar que las donaciones se concentren en asuntos internos que permitan ayudar a los más desfavorecidos a enfrentar la crisis y no en proyectos internacionales.

Implicaciones para la naturaleza de la ayuda

Más allá de que se produzca un incremento o una caída de la AOD en los próximos años, la crisis económica internacional podría tener importantes implicaciones para la naturaleza de la ayuda, tanto en lo que se refiere a los instrumentos como a su uso como herramienta de política exterior por parte de los donantes.

En primer lugar, es de esperar que se produzca un incremento proporcional tanto de la ayuda reembolsable como de la ligada. Así, los créditos podrían ganar peso en relación a las donaciones. Sería una forma de mantener en cierta medida los compromisos de AOD sin un peso fiscal tan elevado. Por otra parte, con la ayuda ligada, los gobiernos intentarían que su AOD funcionara en mayor medida como mecanismo de promoción de las exportaciones de sus empresas, facilitando así la salida de la crisis sin recortar explícitamente el nivel de AOD ya que (bajo determinadas condiciones) la ayuda ligada computa igual que la desligada. De este modo, se reforzaría el efecto de esta partida del gasto público en la actividad económica local del país donante.

Este posible cambio podría significar una vuelta atrás en algunos de los avances asociados a lo que se conoce como nueva arquitectura de la ayuda, adoptada por la mayoría de los donantes desde que a finales de los años 90 la cooperación al desarrollo cambiara tanto su filosofía como sus instrumentos, y que se ha materializado en las Declaraciones de Roma, París y, más recientemente, Accra. Aunque en su reunión de Accra de septiembre de 2008[5] los donantes volvieron a comprometerse con este nuevo modelo, y además añadieron nuevos compromisos en cuanto a la transparencia, la flexibilidad en la condicionalidad, la reducción de la fragmentación de la ayuda y el impulso a la cooperación sur-sur, es posible que durante los próximos años parte de los avances en estos frentes se reviertan.

Ello se debe a que, ante la severidad de la crisis y el auge del nacionalismo económico, los países donantes podrían volver a utilizar la AOD para promover su política exterior. Ello les llevaría a asignar la ayuda regionalmente por prioridades geopolíticas y menos asociadas a la reducción de la pobreza y a establecer nuevos elementos de condicionalidad, que irían desde el mayor peso de la ayuda ligada hasta la promoción de sus agendas políticas internas (asociadas normalmente a aspectos de género, buen gobierno o medio ambiente y no de desarrollo productivo o social, que es lo que interesa más a los países receptores) o incluso a vincular la ayuda a ciertos aspectos de la política migratoria para regular los flujos sur-norte.

A todo ello podría contribuir que China (que no es miembro del CAD), está ganando peso en el complejo mosaico de actores de la cooperación apoyándose en prácticas que poco tiene que ver con los principios de la Declaración de París pero que son bien recibidos por gran parte de los receptores por no promover los criterios de condicionalidad que habitualmente emplean los donantes del CAD. Si la crisis permite a China ganar peso e influencia en la economía mundial es todavía más probable que ciertos aspectos de la nueva arquitectura de la ayuda puedan tambalearse. Aún así, no es de esperar que algunas de las lecciones aprendidas gracias al nuevo modelo vayan a abandonarse, sobre todo las que tienen que ver con la importancia del seguimiento y la evaluación de proyectos.

No obstante, también es probable que China y otros donantes emergentes (como quizá Brasil) se vean obligados a “replegar” su acción exterior, y más específicamente su agenda de cooperación internacional al desarrollo, ante la severidad de la crisis en sus propias economías.

En el caso concreto de China, muchos análisis barajan una salida de la crisis –especialmente grave para este país por la caída del consumo “occidental”– a través de la dinamización del consumo interno. De hecho, podría darse el fin de los llamados desequilibrios globales –en pocas palabras, el exceso de consumo estadounidense financiado con cargo al exceso de ahorro de unos pocos países emergentes entre los que destaca China– como consecuencia de la reducción de la tasa de ahorro china, necesaria para atender las crecientes demandas económicas (y sociales) locales. En esta misma línea, sería plausible observar, también, una caída de la ayuda al desarrollo empleada fundamentalmente como una herramienta geopolítica internacional centrada en asegurar el suministro de materias primas y energías.

Conclusión: Los datos publicados por la OCDE sobre los niveles de AOD en 2008 han sido sorprendentes, ya que en medio de la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial la AOD ha crecido un 12,5% y ha alcanzado un máximo histórico de 120.000 millones de dólares. En parte, esto se explica por el hecho de que los donantes presupuestaron los desembolsos de AOD antes del estallido de la crisis financiera –que se produjo en septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers– y posiblemente no los modificaron sustancialmente durante el último trimestre del año.

Este artículo ha analizado en detalle los datos, mostrando cómo se ha modificado el esfuerzo absoluto y relativo de cada uno de los donantes del CAD. A continuación, ha planteado los distintos escenarios que podrían llevar tanto a una subida como a una bajada de la AOD en los próximos años, así como los cambios que la crisis podría inducir en la naturaleza de la ayuda al desarrollo.

El análisis prospectivo y especulativo presupone que la incertidumbre económica y geopolítica que surge como consecuencia de la crisis financiera y la recesión económica alcanza también a la política de cooperación al desarrollo. La severidad de la crisis sobre los países pobres haría necesarios mayores desembolsos de AOD en el futuro, pero las restricciones fiscales de los países donantes podrían dificultar que estos incrementos se materialicen. Como en tantos otros aspectos de las relaciones internacionales, la política que adopte la Administración Obama podría ser determinante en el volumen de ayuda total en los próximos años.

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Notas:

[1] Development Aid at its Highest Level Ever in 2008.

[2] Mold, A., S. Paulo y A. Prizzon (2009), Taking Stock of the Credit Crunch: Implications for Development Financeand Global Governance, OECD Working Paper, nº 277, OECD Development Centre, marzo.

[3] A este respecto, más adelante se mencionan posibles efectos en la naturaleza de la ayuda.

[4] Si bien es cierto que esta modalidad de ayuda ya queda computada en las aportaciones de los donantes a los organismos internacionales, la proliferación de solicitudes de préstamo a bancos regionales o al propio Banco Mundial puede presionar al alza los desembolsos multilaterales de los donantes, acentuándose la tendencia ya registrada este año.
[5] Los resultados de la cumbre de Accra pueden consultarse aquí.

Acaba de celebrarse en Cáceres la Conferencia Internacional de Donantes del Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, organismo creado en el 2002 por la ONU para recoger fondos para la prevención y el control de estas infecciones en países en vías de desarrollo. Este Fondo Mundial se ha convertido en paradigma de la ayuda multilateral y en banco de pruebas para ver cómo integrar los sectores gubernamentales, no gubernamentales y privados en la generación, ejecución y evaluación de recursos. La reunión ha coincidido en que, desde distintos ámbitos, se ha sugerido que en época de crisis compartir recursos con los países en desarrollo no es la mejor idea. Esto puede tentar a más de uno, pero, por poco que se analice el concepto de cooperación internacional para el desarrollo y los efectos que tendría disminuir las ayudas oficiales al desarrollo en los sectores más pobres, no es defendible limitar esta ayuda.
Primero, hay que recordar que el concepto de desarrollo no se limita a la creación de riqueza, sino que incluye todos los procesos encaminados a conseguir los derechos fundamentales de las personas –incluyendo salud, educación y cultura propia–, y, por tanto, la ayuda al desarrollo está recogida en todos los compromisos internacionales. Segundo, está claro que la pobreza y sus efectos sobre la salud son por ellos mismos un freno al desarrollo económico. Y tercero, como demuestra la actual crisis, en un escenario globalizado los problemas de unos lo acaban siendo de los demás. Como dijo Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional: “No saldremos de la primera crisis global marginando a la mitad del mundo”. El Estado español ha hecho una clara opción política al aumentar las ayudas oficiales al desarrollo, que en el 2008 supusieron el 0,4% del PIB, y ser el octavo donante mundial. Para el 2012 se pretende llegar al mítico 0,7%. Además, es coherente con el modelo de Estado que las comunidades autónomas –especialmente las que, como Catalunya, tienen larga tradición en cooperación internacional– desarrollen estrategias públicas propias en este terreno que complementen las acciones de la sociedad civil. Catalunya, a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, es la comunidad que destina más recursos. En el 2008 supusieron el 0,42% de su presupuesto.

AHORA, el debate no debe ser cuestionar la cooperación internacional al desarrollo, sino ver qué tipo de cooperación y mecanismos de control son necesarios para asegurar, más que nunca, su adecuación y efectividad. Sobre esto hay un montón de recomendaciones, como incluir la utilización de mecanismos públicos de gestión financiera o que un 20% de la ayuda oficial al desarrollo se destine a aspectos sociales básicos. Gran parte de la ayuda española en salud se vehicula a través de iniciativas internacionales. En concreto, en Cáceres se anunció que este año se contribuirá al Fondo con 213 millones de dólares.
Si bien este tipo de iniciativas facilitan la coordinación, también es cierto que son una alternativa fotogénica y administrativamente fácil sobre la que se tiene muy poca influencia. La ayuda multilateral debe estar equilibrada con la ayuda directa y enmarcada en una estrategia propia. Además, no puede olvidarse el papel de las oenegés como ejecutoras, pues, aparte del valor añadido que representa para el país involucrar a la sociedad civil en la cooperación al desarrollo, pueden –especialmente en países con estructura administrativa, pero poco compromiso político– reforzar el papel del sector público local desde las bases.
En lo tocante a la salud y a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es necesario que al menos un 15% de la ayuda oficial al desarrollo se destine a ello. Aun así, en el 2015 aún serían necesarios 27.000 millones de dólares adicionales, y, en el caso del sida, los 10.000 millones inicialmente estimados para revertir la epidemia ya se han convertido en 15.000. Por eso es preocupante constatar una disminución del peso relativo que el sector de la salud tiene en la ayuda oficial al desarrollo. Es de ingenuos pensar que la cooperación, tanto de organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, no tiene intereses estratégicos o sectoriales, pero precisamente para evitar que la acción de la cooperación acabe reflejando solo las sensibilidades de los políticos del momento o sometidas a alguno de los distintos tipos de simpatías clientelares existentes, hay que poner en la agenda dos aspectos clave: la profesionalización de los cuerpos técnicos de las agencias de cooperación internacional al desarrollo y la realización de evaluaciones objetivas y públicas. Finalmente, es imprescindible que las políticas de este tipo de las autonomías se coordinen con la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, entre las propias autonomías y con las iniciativas municipales.

VIVIMOS TIEMPOS en que a menudo no es políticamente correcto hablar de valores más allá de los de la bolsa, pero no se puede hablar de cooperación sin hablar de solidaridad. Por consistencia con el discurso construido en las sociedades del bienestar y por agradecimiento histórico, pero también por cuestiones prácticas, ahora no toca hacer solo números en casa: ahora toca ser más solidarios. Sin embargo, en política, la memoria es débil y los valores, efímeros, y siempre habrá quien caerá en la fácil demagogia de criticar que se lleven a cabo políticas de solidaridad en tiempos de crisis. Pero tal vez así se verá quién se lo cree y quién lo aparenta… cuando no es cosa de un céntimo.

Los europeos no hemos sabido dar, de momento, respuesta a la petición del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de enviar soldados de la Unión Europea para la pacificación y el suministro de más ayuda humanitaria a la República Democrática del Congo (RDC). La crisis que azota al país centroafricano, desgarrado por la guerra y la miseria, amenaza con agudizarse si no se emprenden nuevas acciones. La delicada situación económica mundial no debe servir de argumento para relegar la crisis congoleña y la del resto de las naciones pobres. Es un deber del Primer Mundo por razones solidarias y por los principios que nos hacen trabajar para aliviar el fardo de la pobreza y la injusticia de los más desfavorecidos.

Es hora de que reconozcamos que parte importante de nuestra prosperidad está construida en políticas que han demostrado ser muy perjudiciales para África y otras regiones. En numerosas ocasiones hemos permanecido impasibles frente a la tiranía y la corrupción que padecen esos pueblos. Una guerra civil en un Estado fallido se estima que produce una bajada de la renta de un 15% y un crecimiento de la pobreza absoluta de un 30%. Al observar, como tuve ocasión durante el viaje que realicé a mediados de noviembre a la RDC, el panorama desolador de los campos de refugiados, las carencias básicas, las dificultades para la recolección de cosechas, el temor a una nueva epidemia de cólera, al comprobar sobre el terreno la devastación de un país rico en minerales, se llega a la conclusión de que la comunidad internacional debe aunar esfuerzos.

“Por favor, no nos olviden”, me pidió un residente en el campo de refugiados de Kibati, en la provincia oriental de Kivu Norte. Acondicionado en principio para unas 10.000 personas, Kibati ha visto incrementar su población hasta 60.000. Desde finales de agosto, 250.000 desplazados se han sumado a los más de un millón de personas obligadas a abandonar sus hogares.

España ha estado demasiado tiempo ausente de África, donde se concentran 28 de los 30 países más pobres del planeta. En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en la zona: se ha pasado de 200 millones de euros en 2004 a 800 millones en 2007. Esta política ha dejado de ignorar las imágenes de países inmersos en crisis violentas o en guerra, que conducen a veces a la intervención de la comunidad internacional. Pero la realidad demuestra, por desgracia, los efectos de la inacción: los costes del restablecimiento de la paz son infinitamente superiores a los que hubiera supuesto invertir en desarrollo y prevención.

La atención de la RDC para España no es de hoy. Se remonta a 2005 y se engloba en un programa especial del actual Plan Director de Cooperación (2005- 2008). El Gobierno va a aportar otros ocho millones de euros en ayuda humanitaria a través de Naciones Unidas y ONGs. Esta cantidad eleva a más de 30 millones la ayuda total al Congo en 2008. No es baladí recordar que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) apenas destinaba 27.000 euros en 2003. Con esta adicional aportación se pretende principalmente contribuir a la apertura de corredores que faciliten la llegada de alimentos y materiales básicos.

Todo ello no debe hacernos olvidar las serias dificultades que afronta la MONUC, la fuerza de interposición de la ONU, para realizar su misión y la conveniencia de revisar su mandato que expira a finales de mes. En cualquier caso, sería equivocado tratar de imponer una solución militar en un país roto por el enfrentamiento entre múltiples facciones combatientes.

Resulta esperanzador que de la cumbre el pasado noviembre del G-20, en la que participó España, surgiera el compromiso de cerrar cuanto antes la Ronda de Comercio; e igualmente, que en la que se celebró a principios de este mes en Doha sobre financiación al desarrollo, los países miembros de Naciones Unidas reafirmaran la voluntad de cumplir los Objetivos del Milenio en 2015. Es imperativo eliminar los perversos efectos del proteccionismo radical afrontando soluciones que con equilibrio posibiliten que los pequeños agricultores y sus familias puedan alimentarse con lo que cultivan, así como sacar de la exclusión de los beneficios del comercio mundial al continente africano, movilizar recursos nacionales e internacionales para el desarrollo, fomentar el buen gobierno, incrementar las inversiones directas, afrontar con seriedad los retos que supone la seguridad alimentaria y el cambio climático y acabar con los paraísos fiscales. Un dato: la pérdida de divisas provocada por la evasión fiscal en el mundo asciende en los países en desarrollo a 255.000 millones de dólares; la ayuda oficial al desarrollo no alcanza los 100.000 millones.

Por eso, resulta un error afirmar que la crisis obliga a frenar el nivel de ayuda a los menos avanzados. El Gobierno español no tiene intención de hacerlo y sigue empeñado en lograr el objetivo del 0,7% del PIB en 2012 pese a los nuevos desafíos que comporta, y confía en que los demás países del Primer Mundo cumplan con el compromiso de llegar a esa meta en 2015.

En 1935 y 1936, por mediación de Salvador de Madariaga y bajo el auspicio de la II República Española, Josep María Sert se encargó de la decoración de la Sala del Consejo de la sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra, pintando unos impresionantes frescos que representan alegorías de la Guerra y la Paz, del Progreso de la Humanidad, de la Justicia y del Derecho Internacional. En la obra de Sert los cinco continentes unen sus manos formando una corona de brazos, lo cual representa el diálogo, la cooperación, el multilateralismo y todas las virtudes de lo que debe ser un sistema internacional basado en los derechos humanos y la democracia.

Por desgracia, la inauguración de esta sala, en octubre de 1936, quedó manchada por la Guerra Civil. La República Española, financiadora de esos frescos, creía en los principios que inspiraban esas pinturas murales, combatía contra el fascismo y estaba a punto de sucumbir ante sus garras.

Hoy, setenta años después, gracias a un memorando de entendimiento suscrito por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y el secretario general adjunto de la ONU, Sergei Ordzhonikidze, y tras el ofrecimiento del Rey de España a Naciones Unidas en 2005, Miquel Barceló ha pintado entre septiembre de 2007 y octubre de 2008 la enorme cúpula que cubre la sala de los Derechos Humanos y la Alianza de Civilizaciones de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Una obra sobrecogedora, una obra cambiante en función del punto de vista desde el que se observa como metáfora de lo que representa Naciones Unidas y una obra de una belleza sublime.

Es un proyecto respaldado por el Gobierno español y la Fundación ONUART, de la que forman parte varias empresas privadas, cuya finalidad es la promoción de la presencia del arte español en los organismos internacionales en pro de la concordia, el multilateralismo, la cooperación y la democracia.

El Partido Popular y la derecha española han demostrado una agresividad brutal ante este proyecto. Los volúmenes de demagogia desplegados por sus nuevos valores políticos superan con mucho los que alcanzaban sus antiguos portavoces. No nos extraña, ya sabemos que no han cambiado en nada. Desgraciadamente son lo mismo y, por ello, su actitud es coherente con lo que demostraron ser cuando gobernaban. De hecho, siguen especializados en la mentira. Dicen que los 500.000 euros que España ha aportado a este proyecto disminuyen los recursos de la cooperación internacional española. Mienten. Los recursos destinados a la obra de Barceló no forman parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo de nuestro país. No computan ante el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) como partidas de nuestra solidaridad internacional. Es decir, que en el 0,5% del PIB que España dedica a la cooperación al desarrollo en 2008 -la más alta de nuestra historia- no está esta partida. Los 5.200 millones que hoy conforman nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo -el doble de lo que dedicaba Aznar- no llevan dentro los 500.000 euros que el Gobierno ha destinado a esta obra en Naciones Unidas. Es una partida complementaria, una partida distinta, diferenciada, que pertenece a los recursos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación como muchos otros capítulos de gasto. Una partida, en este caso, dedicada a simbolizar, a través de la cultura, el apoyo de España al multilateralismo, al diálogo entre diferentes, al acuerdo entre culturas y a la Alianza de Civilizaciones. Un buen esquema para el Partido Socialista, que, por el contrario, parece inaceptable para el PP porque es contra eso contra lo que han montado toda esta campaña. Bajo el lema de “ensucia que algo queda”, tratan de desprestigiar una obra de arte, no por la obra en sí, sino por el significado que tiene. Significa Naciones Unidas, multilateralismo, cooperación al desarrollo, cultura y diálogo entre diferentes. Todo lo que el PP despreció cuando gobernaba y que sigue despreciando hoy.

Por mucho que se empeñen, el Partido Socialista va a seguir por la misma senda. En nuestro último programa electoral afirmábamos que la cultura y la lengua española son nuestras principales cartas de presentación en el mundo. El PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista defienden que la proyección exterior de la cultura es y va a seguir siendo un instrumento del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que estamos empeñados en seguir reivindicando y utilizando. Lo haremos para potenciar la difusión de la creación artística y de las producciones culturales españolas en el exterior, para multiplicar la presencia de artistas españoles en el escenario internacional y, aunque a la derecha española no le guste, para colocar la imagen de España junto a la paz, la cooperación internacional, el multilateralismo y el Derecho Internacional. Todo eso, en nuestro ideario, es irrevocable.

En los últimos tiempos se ha producido una evidente sensibilización de la opinión pública y la clase política respecto al subdesarrollo. La ayuda oficial al desarrollo (AOD) ascendió a 105.400 millones de dólares corrientes en el 2007. En torno al 98% de esta ayuda proviene de países de la OCDE y el resto de otros como China, Corea del Sur, Polonia o la República Checa. Aproximadamente, el 70% de la ayuda es bilateral (va del país donante al país receptor directamente), mientras que el resto es multilateral (el país donante la entrega a una agencia internacional como por ejemplo el Banco Mundial). Los donantes más generosos, en proporción a su renta, son Noruega, Suecia, Luxemburgo, Dinamarca y Holanda. Todos ellos superan el famoso 0,7%. África, en especial la subsahariana, recibe el 50% de la ayuda oficial. En algunos países la ayuda al desarrollo representa un volumen muy alto de su economía. Por ejemplo, entre 1960-99, la ayuda al desarrollo a Mauritania representó de media el 37% del presupuesto público y el 12% del PIB.

Diversas encuestas muestran ciclos en la sensibilidad de la opinión pública hacia el subdesarrollo: al idealismo del comienzo de una nueva fase le sigue una etapa de grandes esperanzas hasta que unos resultados decepcionantes nos devuelven de nuevo al cinismo. Durante el primer quinquenio del nuevo siglo se produjo una de estas fases de grandes esperanzas.

Pero el renovado entusiasmo por la ayuda al desarrollo parece estar entrando en un nuevo ciclo de decepción o, al menos, de pérdida de ímpetu. Los últimos datos de la OCDE muestran que, a pesar de las promesas, la ayuda cayó en el 2007 por segundo año consecutivo, tras la finalización de muchas de las operaciones de condonación de deuda. De hecho varios países han pospuesto, o se han desentendido, de los compromisos de Barcelona (2002) o Gleneagles (2005). Por tanto, las declaraciones políticas no se están trasladando a desembolsos efectivos. Es previsible que la crisis económica actual agudice esta tendencia decreciente.

La causa fundamental de la decepción respecto a la ayuda al desarrollo es su escasa efectividad. Las declaraciones grandilocuentes no son suficientes para conseguir un objetivo que se ha mostrado muy esquivo. La comunidad internacional ha destinado más de 2,7 billones de dólares en forma de ayuda al desarrollo desde los años 60 sin que se puedan mostrar grandes avances, en particular en el África subsahariana. Existen varias causas. En primer lugar los objetivos de muchos donantes están dominados por razones políticas o estratégicas en las que la mejora de las condiciones de vida del país receptor de la ayuda no es la prioridad. En ocasiones la “ayuda al desarrollo” es armamento o viene acompañada de la obligación de comprar bienes y servicios del país donante. En estas condiciones no es extraño que sea poco efectiva. En otras ocasiones el donante sólo está interesado en el hecho de donar y no tanto en los resultados. Esta obsesión por el 0,7% implica una visión muy ingenua que no tiene en cuenta el coste de oportunidad de los fondos (no todos los programas de ayuda al desarrollo tienen la misma eficiencia en la consecución de sus objetivos) ni posibles efectos secundarios negativos. Estudios recientes muestran que los países receptores de mayor proporción de ayuda al desarrollo sufren un síndrome similar al de la maldición de los recursos naturales: sus niveles de democratización bajan a medida que aumenta la ayuda, y la búsqueda de rentas puede derivar incluso en conflictos armados.

En segundo lugar el aumento del número de donantes causa problemas de coordinación. Recordemos el caso de la niña que después del tsunami en Banda Aceh contrajo el sarampión tras ser vacunada por tres ONG diferentes que querían contar aquella vacuna en su informe anual.

Un tercer factor importante es la corrupción en los países receptores. Estudios recientes muestran cómo se puede perder hasta el 83% de los fondos en la canalización que va desde la administración estatal hasta las empresas locales que construyen las escuelas o los hospitales. Estos problemas muestran la importancia de adoptar estrategias que no descansen exclusivamente en financiar gasto social corriente. El desarrollo económico requiere del fortalecimiento de las instituciones, el aumento de la seguridad jurídica (y contractual) y la facilidad para hacer negocios en los países receptores de la ayuda. En este sentido, el proceso de Barcelona ha mostrado cómo mejoras en estos aspectos, incluidos en la declaración de Barcelona, se traducen en mejoras significativas del nivel de vida en los países del sur del Mediterráneo.

Para mantener el apoyo de la opinión pública y la ciudadanía, es preciso evaluar científicamente los resultados de la ayuda al desarrollo y mostrar su efectividad. De otra forma, el entusiasmo se transformará en decepción.

En estos días se cumplen diez años del paso del huracán Mitch. Durante tres semanas el Mitch asoló Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, dejando atrás al menos 10.000 muertos, más de un millón y medio de damnificados, y daños económicos incalculables. Se estima que a raíz del paso de este huracán, el PIB de los países afectados se redujo un 40%, restando 20 años a su nivel de desarrollo.

Alguien puede preguntarse por qué recordar ahora lo que ocurrió hace diez años. Hay miles de razones para no olvidar aquella tragedia, pero sin duda, tenemos una que considero especialmente importante: la de dar las gracias a la sociedad española por su generosidad y su solidaridad con la gente que sufrió las consecuencias del Mitch.

Hoy queremos decirles a todos aquellos que confiaron en nosotros que la ayuda no cayó en saco roto. Cruz Roja Española, junto con otras muchas organizaciones, respondió inmediatamente al Mitch enviando ayuda humanitaria, suministros y equipos de socorro para atender a las necesidades inmediatas de las poblaciones afectadas. Pero no sólo eso, gracias a la generosidad de los españoles, hemos podido ir más allá de cubrir las necesidades más urgentes y durante diez años hemos desarrollado más de 500 proyectos integrales de desarrollo que han permitido mejorar las condiciones de vida de un millón y medio de personas.

El objetivo de nuestra operación ha sido lograr que las personas vulnerables fueran las protagonistas de su propio desarrollo, atendiendo primero las necesidades más inmediatas y fortaleciendo después a las comunidades, impulsando los procesos de desarrollo económico y social. Se han construido más de 2.500 casas, 119 escuelas, más de 30 centros de salud y centros comunitarios. Además, se ha preparado a las comunidades para afrontar nuevos retos.

Muchas veces, la respuesta a una emergencia se queda corta, atendiendo sólo a los efectos más evidentes, sin responder o atacar a las raíces que provocan situaciones de riesgo o vulnerabilidad de las personas ante un desastre. La respuesta humanitaria sigue siendo la columna vertebral de actuación de las ONGs, pero lo más importante es “estar listos para el desastre” y preparar a las poblaciones para reaccionar ante futuras catástrofes.

Durante mucho tiempo, las organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Española han reconocido la importancia de invertir en la preparación para desastres. Hay que enfocar los esfuerzos en la gestión de los riesgos. Es necesario vincular la respuesta a desastres con las estrategias de desarrollo humano. Formar a las comunidades permite que se puedan organizar, se comprometan con su entorno y sean responsables de su seguridad.

Nuestra responsabilidad, y la de organizaciones como la nuestra, consiste en dotar a los sectores más vulnerables de la población de los medios necesarios para hacerlos más fuertes y capaces de afrontar las situaciones que amenazan sus vidas, su sustento y su dignidad.

En Centroamérica y gracias a los esfuerzos realizados tras el huracán Mitch, miles de personas están viviendo una vida más digna. Vida que aún estando mejor preparados puede verse amenazada por las consecuencias de otras catástrofes, pero tenemos la certeza de que la inversión que se ha realizado en las comunidades hará que éstas respondan con mayor diligencia y rapidez, lo que permitirá salvar vidas.

El escenario del Mitch dejó al descubierto en Centroamérica los problemas que dos años después Naciones Unidas recogería en la Declaración del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) pretenden reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre en 2015; universalizar la educación primaria, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, combatir el sida y el paludismo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y crear una asociación mundial para el desarrollo.

Cuando nos encontramos en el ecuador de este programa solidario y global, aún quedan por cumplir muchas de las 20 metas propuestas y no se están alcanzando los niveles de desarrollo deseados. La ONU indica que los países ricos deberían invertir al menos 195.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, prácticamente duplicar la ayuda mundial que actualmente se está ofreciendo.

Hoy, en plena crisis financiera a nivel mundial, es probable que las ayudas para la consecución de los ODM se vean afectadas, y que metas como la de reducir la pobreza absoluta a la mitad tengan retrasos en su consecución. Los desastres naturales y la pobreza no desaparecen en tiempos de crisis financiera… incluso sus efectos pueden ser más devastadores. Invertir en el desarrollo de las comunidades se hace urgente y necesario en estos tiempos, para que las subidas del petróleo o de los alimentos les afecten lo menos posible.

Sin embargo, no todo depende de la ayuda de los Gobiernos, sino también de la solidaridad de particulares y empresas que a través de sus donaciones nos permiten poner en marcha acciones de desarrollo que vayan mucho más allá de la respuesta al desastre.

En los últimos tiempos es habitual la coincidencia en el terreno de agencias civiles y fuerzas militares en operaciones humanitarias, especialmente tras desastres naturales graves como el tsunami que arrasó las costas del Océano Índico en 2004. Una coincidencia que plantea cuestiones de coordinación, de uso efectivo de medios militares, de respeto a los principios humanitarios, etc. Las Fuerzas Armadas (FAS) españolas han participado de esta tendencia, al igual que las de los países de nuestro entorno. Este informe examina los marcos (nacionales e internacionales) relevantes para la participación militar en la asistencia ante desastres naturales graves, así como las lecciones y conclusiones de casos como el mencionado tsunami o el terremoto de Pakistán de 2005. Incluye, además, una serie de propuestas específicas para el sistema español de ayuda humanitaria de emergencia destinadas, por un lado, a incorporar en la toma de decisiones las directrices internacionales y las lecciones aprendidas y, por otro, a mejorar la coordinación con las FAS en España y en el
terreno de operaciones.

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El Consejo de Ministros acordó el 28 de abril de 2006, además de la promoción de un Estatuto sobre esta figura, la celebración cada 8 de septiembre del Día del Cooperante en coincidencia con el aniversario de la firma de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas. Podría parecer que se trata sólo de un reconocimiento a la figura del cooperante. Sin embargo, como señala la propia orden de Presidencia del Gobierno, tanto este colectivo como el de los integrantes de órdenes religiosas, sacerdotes y laicos misioneros que realizan también labores de asistencia y desarrollo en muchos lugares del mundo, cuentan ya con la consideración, atención y respeto de la sociedad española por su lucha tenaz contra la pobreza.

Cuando se produce una emergencia, los medios de comunicación se vuelcan agitando la sensibilidad de todos nosotros; es en ese escenario en el que vemos a los cooperantes en acción. Pero en poco tiempo las catástrofes dejan de ser noticia y desaparecen de la escena, por lo que una parte importante de la ciudadanía puede tender a pensar que se realiza una gran labor en un momento puntual, en el que se requiere prestar una asistencia determinada. La realidad es que son muchas las personas que trabajan en este ámbito de forma continuada, en procesos de desarrollo a largo plazo que no son noticiosos y que, por tanto, resultan desconocidos para gran parte de la opinión pública.

Los cooperantes no son sólo esas personas solidarias y comprometidas en alto grado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Son también profesionales -más del 80%, titulados superiores- que ponen sus conocimientos específicos (arquitectos, médicos, enfermeros, trabajadores agrícolas, ingenieros, expertos culturales…) al servicio del desarrollo, lo que les obliga a generar capacidades de negociación, de conducción de equipos destinados a la motivación de comunidades. Se relacionan en los distintos países con los líderes locales, los expertos internacionales, los gobiernos, los técnicos. Lograr esa integración de esfuerzos y, además, garantizar una adecuada gestión de los fondos no constituye un tema menor, sino que requiere y requerirá una cada vez mayor preparación y profesionalidad.

Una de las primeras condiciones de la cooperación y de los cooperantes es saber reconocer que el verdadero protagonismo es de las propias gentes que, en condiciones dificilísimas, se esfuerzan por mejorar su calidad de vida y la de su entorno; el protagonismo es de aquellas personas que, sin apenas tener cubiertas las necesidades básicas de su familia, se involucran y dedican tiempo a trabajos comunitarios; o de profesionales locales que, pudiendo buscar alternativas de vida más lucrativas, optan por trabajar en programas en beneficio de las comunidades más necesitadas. Junto a esta preeminencia de las propias comunidades que trabajan por su desarrollo, la presencia de nuestros cooperantes codo a codo con las mismas precisa del apoyo y respaldo de muchos miles de personas que trabajan como voluntarios o como personal contratado en las ONGD en España, así como de los miembros de diferentes administraciones públicas dedicados a tareas de cooperación al desarrollo. Y también necesita el impulso que proporciona la amplia comprensión de los ciudadanos respaldando el compromiso solidario de nuestro país en sus diversas manifestaciones, tanto a través de las políticas públicas como de la acción de agentes privados o de las ONGD, con las que colaboran económicamente, apoyan sus campañas, participan en actividades de formación, información y sensibilización.

Esta gran base social de la cooperación española, esa gran conciencia solidaria debe ir madurando y llevándonos a cada una de las personas que creemos en el ideal de un mundo más justo, libre de la dictadura del hambre y la pobreza, a concretar esos valores. Es vital que seamos capaces de conseguir que cada vez más personas nos cuestionemos cómo están repartidos la riqueza y el poder en el mundo, cómo operan las relaciones de unos países o sociedades sobre otras, que nos preguntemos qué impacto tiene nuestro sistema de vida sobre los países más pobres o qué responsabilidad asumimos las naciones más ricas en el destino de las que no lo son. Debemos ser capaces de transmitir a la sociedad que muchas de las grandes preocupaciones que día a día nos golpean desde los medios de comunicación -crisis alimentarias, precios, explotación energética, procesos migratorios, intercambios comerciales desiguales, cambio climático- están plenamente cruzadas por la miseria y la desigualdad.

Por eso, la lucha contra la pobreza y los desequilibrios sociales debe ser un eje central de nuestra política exterior. No son problemas de ‘otros’, son ‘nuestras’ mismas incertidumbres que nos afectan día a día. A partir de esa reflexión, debemos dar el paso de revisar nuestros hábitos de vida y consumo, reforzar nuestro compromiso personal, ejercer la solidaridad con los países empobrecidos y encontrar expresiones concretas de ese compromiso con la construcción de un mundo más justo y más solidario. Lo que significa que cada una, cada uno, desde nuestro lugar, también podemos ser cooperantes.

Han sido diversos los analistas que han expresado un juicio crítico acerca del, en su opinión, limitado perfil que la política internacional tuvo en el anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero. Hay, sin embargo, un campo al que es difícil extender ese juicio: la cooperación para el desarrollo. Desde su constitución en la pasada legislatura, el Gobierno socialista ha tratado de hacer de la lucha contra la pobreza mundial una de sus señas de identidad. El propio presidente personalizó este empeño en Naciones Unidas, a los pocos días de su toma de posesión; y recientemente lo ha vuelto a hacer en una conferencia convocada para dar a conocer su política internacional. Nunca antes ese compromiso había sido tan explícito, ni había sido expresado a tan alto nivel: justo es reconocerlo. En correspondencia, el sistema de cooperación vivió en estos últimos años un intenso proceso de cambio. No siempre los propósitos se ajustaron a una razonable estimación de capacidades, ni en todos los casos se advirtieron los requerimientos técnicos y de gestión que el proceso requería. El comienzo de esta nueva legislatura puede ser un buen momento para reparar en ello.

Ha de empezar por reconocerse que es mucho lo avanzado. La manifestación más visible de ese proceso la proporciona el intenso crecimiento de la ayuda. En 2003, el año anterior al primer triunfo electoral de Rodríguez Zapatero, la cooperación española cerraba el ejercicio con una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) equivalente a algo menos de 2.000 millones de dólares; en 2007 la AOD superó los 5.700 millones: es decir, en apenas cuatro años los recursos, medidos en dólares, casi se triplicaron, convirtiendo a nuestro país en el séptimo donante del mundo. El coeficiente de AOD sobre el PIB, que mide el esfuerzo de los donantes, siguió similar trayectoria, pasando de un modesto 0,23% al 0,41% actual. Como consecuencia, el esfuerzo español no sólo supera hoy holgadamente el promedio del resto de donantes de la OCDE, sino también -por primera vez en la historia- el correspondiente a la media de la UE.

La expansión de recursos fue acompañada de otros cambios relevantes en la orientación de la ayuda. Rompiendo con la tradición autárquica que había caracterizado a la cooperación española, el Gobierno decidió implicarla más activamente en la promoción de respuestas cooperativas a escala internacional. Se sumó así a la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se animaron propuestas de diverso alcance como la Alianza de Civilizaciones o la Alianza contra el Hambre. Al tiempo, se recompusieron los lazos de confianza entre los actores sociales del sistema de cooperación, manteniendo en su seno un elevado nivel de consenso. Y, en fin, se trató de acompañar el crecimiento de la ayuda con una reforma parcial de los procedimientos de gestión, procediendo a una más exigente programación de sus acciones.

Pese a este importante impulso reformador, sigue habiendo carencias. Una primera es la excesiva fragmentación de la ayuda: un rasgo derivado de la presencia en su seno de múltiples actores que operan con notable autonomía. Además de la Administración central, los Gobiernos autónomos y las corporaciones locales están implicados en la política de ayuda, aportando algo más del 14% del total de los recursos. El surgimiento de este tipo de cooperación ha permitido enraizar respuestas solidarias en instancias más cercanas a la ciudadanía, pero a costa de dispersar la ayuda. No siempre estas instituciones han dispuesto, además, de los medios técnicos y humanos para garantizar una cooperación de calidad, por lo que buscaron en las ONG la vía preferente de canalización de sus recursos. Este hecho, unido al propio apoyo que la Administración central brinda a las ONG, ha originado que España sea uno de los sistemas de cooperación donde estos actores han alcanzado un mayor protagonismo. De nuevo, un factor que ayuda a explicar la fragmentación del sistema. Un cálculo modesto atribuiría a las ONG la gestión de cerca de un tercio de la ayuda bilateral bruta. Si ello contribuye a dotar a la cooperación española de una mayor sensibilidad y capilaridad social, también refuerza los niveles de dispersión de sus intervenciones. Conviene señalar que la fragmentación de la ayuda no sólo afecta a la eficacia y coherencia del sistema, sino también presiona a los gobiernos receptores, que ven multiplicado el número de sus interlocutores. Así pues, elevar la calidad y capacidad de impacto de la cooperación requiere mejorar la coordinación de actores, tanto en España como en los países donde se opera.

En segundo lugar, caracteriza a la cooperación española la falta de un perfil definido de prioridades. Se pretende hacer de todo y casi en todas partes. Mientras donantes más experimentados limitan su ámbito preferente de actuación a apenas una docena y media de países, España sitúa a medio centenar entre sus prioridades. Los esfuerzos de programación, si bien meritorios, no han ayudado a corregir este rasgo, al haber definido las estrategias más por vía de agregación que de selección. La mejora de la eficacia de la ayuda demandaría una política más selectiva, que defina de forma más cuidadosa las ventajas propias y asiente sobre ellas la contribución de España al sistema de cooperación internacional. La dinámica de expansión de recursos conspira, sin embargo, contra esta exigencia selectiva.

En tercer lugar, caracteriza al sistema público español su tendencia a convertirse en canalizador de recursos, más que en promotor de iniciativas de desarrollo. Es muy bajo el peso que tiene en su seno la ayuda programática, que es el núcleo más articulado y previsible de la actividad de un donante. Lo que revela la limitada capacidad de la cooperación española para afrontar intervenciones directas en los países beneficiarios; y, en cambio, confirma su recurrente búsqueda de fórmulas alternativas de más fácil desembolso (operaciones de deuda, financiación a ONG o apoyo a instituciones internacionales).

En estos años, una de las vías más socorridas para canalizar los nuevos fondos ha sido el apoyo al sistema multilateral. Se partía, bien es cierto, de un muy bajo nivel de presencia de España en este tipo de organizaciones, particularmente de Naciones Unidas, lo que obligaba a una acción correctora como la realizada. No obstante, no parece que se hayan sometido siempre las aportaciones a un análisis detenido de conveniencia, en función del mandato y eficacia de la institución beneficiada, ni se han creado las capacidades necesarias para hacer un seguimiento exigente de los programas acordados.

En todo caso, el crecimiento de la ayuda española no puede descansar en el recurso indefinido a la financiación multilateral. Es necesario asentar sobre bases propias la ampliación de la ayuda, lo que obliga a invertir más activamente en las capacidades del sistema. Una tarea que debe comenzar por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). No sólo requiere esta institución mayor agilidad operativa, sino también una cultura de trabajo orientado a resultados y una mayor dotación de personal técnico del que ahora dispone. La reserva casi exclusiva de los puestos directivos a personal diplomático, sin consideración de su previa experiencia en materia de cooperación, constituye una traba en la requerida profesionalización de la AECID que parece haber sobrevivido al empeño reformador.

Existe el compromiso, suscrito por todas las fuerzas parlamentarias, de alcanzar antes de 2012 el 0,7% del PIB en materia de ayuda al desarrollo. El presidente Rodríguez Zapatero lo reiteró en la presentación reciente de su política exterior. El tono del ciclo económico no va a facilitar la tarea, pero ésta se convertirá en imposible si no se superan las limitadas capacidades de gestión de nuestra ayuda.

Hacer realidad lo comprometido exige, por tanto, transitar de la externalización de recursos a la inversión en las propias capacidades humanas, institucionales y técnicas del sistema; de los gestos vistosos a la reforma paciente y silenciosa de la gestión. Si ese proceso impusiera un ritmo más lento a la expansión de los recursos sería una transacción aceptable, porque el objetivo no es crecer a toda costa (y a cualquier coste), sino generar un sistema de cooperación sólido y eficaz.

Parece como si la crisis mundial de alimentos hubiera pillado con la guardia baja a los dirigentes políticos e incluso a los especialistas en el tema. Lo que al principio se llamó “el tsunami silencioso” ya no respeta el silencio. Muchos países, incluyendo algunos que son críticamente importantes para una estabilidad regional y mundial, ya han sido testigos de tensiones e incluso disturbios por el tema de los alimentos.
Hay que destacar varias causas de esta crisis: el creciente consumo de alimentos en China y la India, países en rápido desarrollo; el aumento de la demanda de biocombustibles, como el etanol, fundamentalmente elaborados a base de cereales, y los cambios en las condiciones climatológicas causados por el calentamiento global y la escasez de agua.
La primera es una tendencia inevitable, y debemos alegrarnos de que centenares de millones de personas salgan de la pobreza y puedan comprar alimentos dignos. Nuestro planeta es perfectamente capaz de alimentarles: los expertos calculan que con las tecnologías agrícolas existentes, la producción mundial debería bastar para alimentar a 8.000 millones de personas.
Los motivos fundamentales de la repentina crisis son obra de la mano del hombre, fruto de la acción –o falta de acción– de los políticos.
¿Acaso no se les avisó del calentamiento global y de la necesidad de tomar medidas para hacerle frente y adaptarse? La producción de etanol nos la presentaron como una forma ecológicamente beneficiosa de reducir nuestra dependencia del petróleo. Pero no se calibró con tiento, y el resultado ha sido una auténtica ironía: los contribuyentes de un buen número de países subvencionan la conversión de cereales en etanol, reduciendo así los recursos alimenticios. Esto genera un círculo vicioso, que demuestra una vez más que no existen soluciones simples ni varitas mágicas.

EL DIRECTOR general de la FAO, organismo de las Naciones Unidas, Jacques Diouf, tenía razón cuando afirmó hace poco que la crisis se estaba gestando desde hacía décadas y que era el resultado de “políticas desacertadas durante los últimos 20 años”. Mientras, por un lado, entre 1990 y 2000, se reducían a la mitad las ayudas a la agricultura en los países en vías de desarrollo, el mundo industrializado mantenía los generosos subsidios a sus agricultores. Las cosas son así: que ellos perezcan o se pongan a nadar en el oleaje del mercado global, mientras los nuestros van obteniendo ayudas.
A medida que la situación evoluciona, ¿seguirán los países el principio de sálvese quien pueda o mostrarán finalmente la fuerza y capacidad de trabajar conjuntamente y actuar de forma eficaz? La respuesta no está muy clara. Algunos países productores de alimentos ya han impuesto sus límites a las exportaciones para mantener precios bajos y evitar enfados entre la gente. Es una reacción comprensible, pero a largo plazo no funcionará. Se necesitan soluciones a escala internacional.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, convocó hace poco una reunión de los directores de 27 organizaciones internacionales para coordinar la respuesta de la comunidad mundial. Se creó una especie de task force, que sería un buen primer paso. Además, los países ricos han otorgado 500 millones de dólares para ayuda urgente para alimentos. No es mucho dinero, pero es un principio.
La sociedad civil mundial también está interviniendo a través de la ayuda que ofrecen las organizaciones humanitarias no gubernamentales.
Eso está muy bien, pero yo aún me pregunto qué está haciendo el Consejo de Seguridad, que según la Carta de las Naciones Unidas “tiene una responsabilidad fundamental en mantener la paz y la seguridad internacionales”. ¿Acaso no se detecta ninguna amenaza para la paz y estabilidad desde el edificio de la ONU en East River?
“Me sorprende”, declaró Diouf, “que no me hayan convocado al Consejo de Seguridad de la ONU” para informar urgentemente de la situación. Parece como si los diplomáticos estuvieran allí demasiado acostumbrados a trabajar como bomberos que responden ante unas crisis que ha degenerado en hostilidades. Este, evidentemente, es un trabajo necesario, pero el desarrollo de medidas de prevención es aún más importante. Cuando la situación estalle, con el aumento del número de inmigrantes hambrientos, mientras las naciones luchan por el agua, ya será demasiado tarde.

¿CÓMO PUEDE ser que mientras los parlamentos nacionales celebran sesiones sobre problemas urgentes, recurriendo a toda la experiencia disponible y buscando soluciones, no sucede lo mismo a escala internacional?
El Consejo de Seguridad aún no se ha convertido en un centro de gestación de políticas que pudiese concentrar la mente de los dirigentes mundiales en los problemas reales. En las auténticas prioridades, más que en las sesgadas que conocemos hoy.
Una vez más, todo se resume en unas prioridades distorsionadas. Es función del Consejo de Seguridad corregir el sistema de prioridades mundial y adaptarlo a los nuevos retos. Es imperativo empezar ahora, sin esperar a la reforma del consejo, que por supuesto es necesaria. Mientras que es cierto que la au-
sencia de países importantes como la India, Brasil, Japón, Alemania y Suráfrica del grupo de miembros permanentes está mal y debe corregirse, y que el ámbito del consejo debería incluir la seguridad eco-
nómica y medioambiental, ¿por qué no se cambia la agenda y ya incluimos a estos países en la discusión? El problema es la inercia. Pero la crisis de los alimentos nos recuerda que la inercia mata.

La noticia pasó desapercibida. La espesa niebla había retenido en Split (Croacia) a las delegaciones de alto nivel que debían presidir una transferencia de autoridad, un relevo casi rutinario, en la base de Camp Butmir, en Sarajevo, el cuartel general de la Eufor, la fuerza de la Unión Europea para Bosnia. Javier Solana; nuestro ministro de Defensa, José Antonio Alonso; el de Alemania, Franz Joseph Jung; el ministro de Exteriores de Portugal, Luis Amado, y el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Carlos Villar, tuvieron que contentarse con intercambiar en aquel aeropuerto opiniones sobre la evolucionada situación en los Balcanes y sobre el futuro de Kosovo. Era un 4 de diciembre del 2007. No hubo forma de aterrizar en Sarajevo y regresaron a sus capitales.
Al bloquearse también la llegada de los representantes de los medios de comunicación, se malograba una ocasión propicia para mandar un mensaje de compromiso europeo con el futuro de la región, el mismo día en que se firmaba un memorando que formalizaba el inicio del proceso de incorporación de Bosnia a la Unión Europea, uno de los días en que terminaban los plazos para definir el inmediato futuro kosovar.

EN SARAJEVO, con rigor y con sencillez, el vicealmirante alemán Witthaver entregaba el mando de las fuerzas al general de división español Ignacio Martín Villalaín, comandante militar de Barcelona y Tarragona. Quince años vividos se fundían en aquel relevo: la incertidumbre de saber hasta cuándo continuaría no se planteaba. ¡Hay que estar, y se está! España continuaba comprometida, desde aquel lejano 1992, cuando llegaron los legionarios del Cuarto Tercio, hasta hoy.
Por esta Bosnia, que encontraron destrozada tras dos guerras civiles, han pasado cerca de 40.000 soldados españoles, que sirvieron inicialmente bajo bandera de la ONU (Unprofor, en 1992), luego con la de la OTAN (Ifor, 1995), hoy con la de Europa (Eufor, 2004). Veinte de ellos y un leal intérprete pagaron con sus vidas este esfuerzo. Siempre tendremos, y tendrá Bosnia, una deuda con ellos. A algunos, incluso, les negamos reconocimiento militar a su heroísmo. No se consideró “políticamente oportuno”. Estoy seguro de que un día podremos hacerlo.
Personalmente, no podré olvidar nunca el trabajo de reconocimientos previos sobre el terreno que hizo el teniente coronel Dávila, prácticamente extraído de su misión en El Salvador para iniciar unas delicadísimas gestiones en la zona. Pasó en pocos días de soportar las altas temperaturas centroamericanas a vivir copiosas nevadas en aquella destrozada Sarajevo, que a duras penas celebraba la Navidad. ETA lo asesinó en junio de 1993 junto a otros seis compañeros. No sabían los terroristas que segaban la rica vida de una persona que hizo por la paz enormes esfuerzos y sacrificios, que se vaciaba sin condiciones cuando se le encomendaba alguna misión, por arriesgada que fuera.

HOY, DE AQUELLOS contingentes internacionales que llegaron a integrar a 60.000 soldados, permanecen 7.000 hombres, trescientos y pico de los cuales son españoles, en su mayoría del Tercio de Armada, tropas bien preparadas y dotadas de infantería de marina que llevan en Bosnia casi el mismo tiempo que las unidades del Ejército. Al mando de esta delicada misión, que entraña no solo la paulatina transferencia de responsabilidades, sino que también debe actuar como fuerza disuasoria e incluso ser la reserva táctica de las tropas desplegadas en Kosovo, está el general Villalaín.
Burgalés de 61 años, acumula, como la mayoría de mandos de su generación, una amplísima experiencia, ya reconocida cuando se le encomendó el mando del histórico Regimiento América, hoy acuartelado en Pamplona, o la dirección de la Academia General Militar de Zaragoza. Ya andaba por El Salvador en 1992 bajo bandera de Naciones Unidas (Onusal) y vivió intensamente y en momentos difíciles largos periodos de misión en Bosnia, en Albania y en Kosovo. Domina perfectamente el inglés y el francés, se apaña con el serbocroata y tiene un don especial para superar momentos de crisis, templando, apaciguando, recomponiendo la situación.

ECHARÁ de menos durante un año el puerto de Barcelona, su cercanía al mar, el bullicio de la Rambla. Tendrá que cambiarlos por las rígidas condiciones de seguridad en las que se mueve, por la tozudez de ciertos líderes políticos locales, por la frialdad de los tecnócratas de Bruselas, por la dificultad de mandar un contingente formado por búlgaros, alemanes, franceses, austriacos, italianos, turcos, polacos, húngaros y españoles –cada uno con su lengua, sus costumbres, sus manías–, solo encardinados por un mismo concepto de disciplina, normas operativas comunes y el empleo del inglés como vehículo de comunicación.
En la persona del general Villalaín, hay un trozo importante del alma de la Barcelona solidaria y generosa emplazado en Sarajevo, en pleno corazón de Bosnia, en pleno corazón de Europa.

Six years ago, President Bush announced the U.S. withdrawal from the 1972 Anti-Ballistic Missile Treaty and our intention to deploy defenses against emerging threats from countries such as North Korea and Iran. Contrary to prevailing expectations, the sky did not fall. Moscow’s response, delivered in a statement by President Vladimir Putin, expressed disagreement with the U.S. decision but emphasized that U.S. defenses were not a threat to Russia and that Russia would make major reductions in its strategic offensive forces — a striking rebuke to the myth that ending the ABM Treaty would lead to an arms race.

Today, the United States and Russia find themselves in opposition on the issue of deploying 10 missile interceptors and supporting radar to Europe — an act of much less strategic consequence than abandonment of the ABM Treaty. Bush and his national security team have explained the concept, in considerable detail, to Russia’s national security elite. Moscow objects by citing a threat to its own deterrent (an argument it knows has no merit) and the stationing of American forces near its borders (which reminds it of the painful loss of empire) and denies the existence of an Iranian missile threat.

Russia’s stance reflects its increasing assertiveness as a major player on the international scene, helped by the price of its energy exports. Moscow is eager to regain its great-power status and thinks the path to success requires painting the United States as the threat. The United States, as a prominent former Russian official once told us, is the threat Russians love to hate.

With equal determination, the Bush administration has sought to change Russian perspectives. Over five years, the United States has made proposal after proposal to work with Russia’s military and industry on missile defense. We have both been involved in these initiatives, offering modest cooperative activities, such as activation of a joint early-warning center, and projects that would be more technically, and politically, challenging. Each time cooperation has been deflected or rejected. Russia’s offer of the use of its radar in Azerbaijan, for example, came with a string attached — that the United States forgo building an interceptor site in Europe.

Undaunted by Moscow’s lack of interest, the United States recently proposed seeking agreement on criteria to define the emergence of the Iranian missile threat — criteria that would need to be met before the United States began operation of the site in Europe. But even the former head of the Russian Strategic Missile Troops, noting the capabilities of a recent Iranian “space vehicle” launch, predicted that Iran would have “ballistic missiles with a range of 3,500-4,000 kilometers or even more,” possibly in the next few years. Washington reportedly offered Russia access to sites in the United States and, pending agreement with host governments, access to our missile defense facilities in Europe. The result has been to confound our allies, including Poland and the Czech Republic, and signal a lack of resolve to defend against the Iranian threat.

Instead of trying to persuade Russia to do something that it does not perceive to be in its interest, the United States should redouble its efforts to advance the two initiatives sponsored by Bush and Putin that do enjoy widespread support in both countries. The Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism has grown in a little over a year from 13 partners to more than 60. Russia has been a good partner because it is concerned about this threat. Similarly, Moscow has worked to put in place new approaches to expand the use of nuclear energy in a manner that meets energy and environmental goals and reduces the risk of proliferation. These joint efforts may provide a basis for building cooperation in other areas, perhaps setting a positive tone for the new Russian president.

On missile defense, the United States must move forward, just as Russia does when its vital interests are at stake. We should continue to be respectful and transparent about the need for our deployments but make clear that the United States will proceed without Moscow’s cooperation. Going beyond current proposals for cooperation would encourage Russia to be even more intransigent, playing to its instinct to drive wedges between the United States and its allies, and would foster the Kremlin‘s policy to run out the clock in the hope that the next U.S. administration will abandon the effort in Europe.

On issues where we have mutual interests, such as proliferation and nuclear terrorism, there is more to do with Russia. But waiting for its cooperation on missile defense will only delay us further and re-create the form, if not the substance, of our Cold War antagonism while taking energy from opportunities to work together in areas vital to international security.

En la cumbre ministerial de la OMC que se celebró en Hong Kong en 2005, la Unión Europea se comprometió a aumentar su gasto de ayuda al comercio a 2.000 millones de euros anuales a partir de 2010. Hace unos días, en Luxemburgo, la Unión Europea aprobó su Estrategia de Ayuda al Comercio y empezó a hacer realidad dicho compromiso. La UE, que ya era el mayor donante de ayuda al desarrollo, ha pasado así a ocupar el primer puesto mundial en la financiación de medidas diseñadas específicamente para aumentar la capacidad de los países en vías de desarrollo de practicar el comercio.

El objetivo de la ayuda al comercio es que los países pobres y vulnerables puedan desarrollar las infraestructuras y las herramientas económicas esenciales para utilizar el comercio como motor de crecimiento económico y desarrollo. Su aplicación les ayudará a adquirir la capacidad necesaria para practicar un comercio eficaz y rentable y acelerar la erradicación de la pobreza.

Es más caro enviar una tonelada de maíz desde Zambia -que no tiene salida al mar- a la vecina Tanzania, que desde Tanzania a Europa o Estados Unidos. En la mayoría de los puertos europeos y americanos, un contenedor tarda un día en pasar la aduana. En muchos puertos africanos tarda semanas. Muchos productores agrarios africanos carecen de una asistencia técnica que les ayude a cumplir los requisitos sanitarios y de seguridad de la Unión Europea. En esos países, no es que el libre comercio haya fracasado, sino que la falta de medios suficientes para comerciar representa un obstáculo incluso para los que tienen un espíritu más emprendedor, moderno y decidido. Ésos son los problemas que la ayuda al comercio pretende abordar.

Esta situación nos recuerda que los países más pobres del mundo necesitan algo más que el mero acceso a los mercados de los países ricos para prosperar. Los países más pobres ya tienen acceso al mercado europeo, libre de cuotas y de aranceles y sin condiciones recíprocas. Sin embargo, muchas veces no pueden aprovecharlo. Tener acceso al mercado sin una ayuda al comercio es como poner un plato de comida delante de un hombre sin darle un cuchillo y un tenedor.

Por ese motivo, la Declaración Ministerial de la cumbre de la OMC celebrada en Hong Kong en 2005 hizo un llamamiento a ampliar los recursos que ofrecía la comunidad internacional a los países en vías de desarrollo. La respuesta de la UE consistió en 1.000 millones de euros anuales de la Comisión Europea y 1.000 millones de euros anuales de los Estados miembros de la Unión a partir de 2010. En la progresión hacia ese objetivo, los Estados europeos ya han prometido 600 millones de euros en 2008.

No se trata de poner una etiqueta nueva a ayudas ya existentes. Se trata de dinero nuevo que se destinará a los programas de ayuda al comercio sin quitarlo de otros programas de desarrollo. Tendrá repercusiones visibles en la reducción de la pobreza e intentará apoyar el espíritu emprendedor en todos los ámbitos, incluidas las asociaciones de pequeñas y medianas empresas y los sectores marginados, como los grupos de pequeños agricultores y los de mujeres.

La ayuda europea al comercio servirá para sentar las bases de unos entornos empresariales sólidos, que atraigan las inversiones privadas y contribuyan a la integración de los países en vías de desarrollo en la economía mundial. Asimismo, financiará proyectos que ayuden a dichos países a tener una participación en la lucha contra los grandes desafíos que afronta la comunidad internacional, al disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero y evitar conflictos sobre unos recursos naturales escasos.

Aproximadamente la mitad del incremento de la ayuda europea al comercio está destinada de forma específica a los países de África, el Caribe y el Pacífico, con los que la UE está negociando en la actualidad Acuerdos de Asociación Económica. Los nuevos acuerdos pretenden eliminar todas las barreras arancelarias y cuotas que aún dificultan el acceso de sus exportaciones al mercado de la UE y ayudarles a diversificar sus economías para no depender de un puñado de materias primas básicas. La ayuda al comercio contribuirá de manera crucial a fortalecer y apoyar ese proceso.

Todo el mundo está de acuerdo en que el comercio no puede ser una varita mágica para fomentar el desarrollo. Necesita el apoyo de medidas que ayuden a los países a desarrollar la capacidad de poner en marcha proyectos, transportar los productos al mercado y, en definitiva, competir en los mercados regionales y mundiales.

Como es natural, es importante que haya mercados abiertos, entre otras cosas para el comercio entre los propios países en vías de desarrollo: tres de cada cuatro aranceles que se pagan en la economía mundial son los que impone un país en vías de desarrollo a otro. Pero ayudar a esos países a crear la capacidad necesaria para aprovechar los mercados abiertos es también muy importante. La UE siempre se ha comprometido a poner el comercio al servicio del desarrollo. Ahora, Europa ha empezado verdaderamente a hacer realidad lo que dice.

La expectativa de vida en los países de renta elevada del planeta es hoy de 78 años, mientras que en los países menos desarrollados es de 51, y sólo de 40 en algunos países africanos asolados por el sida. Por cada 1.000 niños nacidos en los países ricos, 7 mueren antes de su quinto cumpleaños; por cada 1.000 nacimientos en los países más pobres, son 155 los que mueren antes de cumplir cinco años.

Estas muertes no sólo son tragedias humanas, sino también desastres para el desarrollo económico: reducen sistemáticamente el crecimiento económico y contribuyen a mantener a los países más pobres atrapados en la miseria. Sin embargo, existen cada vez más programas en todo el mundo que demuestran que la muerte y la enfermedad entre los pobres pueden reducirse notablemente y con rapidez mediante inversiones selectivas en programas de salud pública.

En los últimos años se han producido grandes triunfos gracias al Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. El fondo, creado hace seis años, ha suministrado dinero a más de 130 países para intensificar sus programas contra estas tres enfermedades asesinas; ha facilitado que aproximadamente un millón de africanos reciban medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del sida, ha financiado la distribución de alrededor de 30 millones de mosquiteras para combatir la malaria y ha sufragado el tratamiento de unos dos millones de personas con tuberculosis.

La malaria puede controlarse de forma decisiva mediante mosquiteras, aplicación de insecticidas en espacios interiores y distribución gratuita de medicamentos a los pobres en las poblaciones propensas a sufrir la enfermedad.

El año pasado, en sólo dos días, el Gobierno de Kenia repartió más de dos millones de mosquiteras. También se han llevado a cabo programas similares de distribución masiva en Etiopía, Ruanda, Togo, Níger, Ghana y otros países. Los resultados son asombrosos. El uso de las mosquiteras es muy eficaz, y la malaria empieza rápidamente a descender.

En este mismo sentido, una campaña dirigida por el Club Rotario Internacional y diversos socios ha erradicado prácticamente la polio. El número de casos que se dan cada año en todo el mundo asciende ya sólo a unos centenares, frente a las decenas de miles que había cuando comenzó la campaña. Están lográndose resultados hasta en los lugares más remotos y difíciles, como los Estados más pobres del norte de India.

India, además, está haciendo muchas otras cosas, gracias a su extraordinaria Misión Nacional de Salud Rural (MNSR), que es la mayor campaña de salud pública del mundo. Nada menos que medio millón de mujeres jóvenes acaban de ser contratadas como profesionales de la salud para que sirvan de enlaces entre los hogares pobres y los hospitales y clínicas del sistema público -en los que se están haciendo grandes mejoras- y faciliten el acceso de las mujeres a los servicios de urgencia en tocología, con el fin de evitar muertes trágicas e innecesarias en el parto.

Otro gran logro en India son los cuidados a domicilio de los recién nacidos en sus primeros días de vida. Es alarmante la cantidad de recién nacidos que mueren de infección, porque las madres no les amamantan durante los primeros días, o por otras causas que se pueden prevenir. Mediante la formación de profesionales sanitarias locales, la MNSR ha conseguido una reducción importante del número de muertes de recién nacidos en las aldeas.

Todos estos programas demuestran que no son ciertos tres mitos muy generalizados. El primero es que las enfermedades entre los pobres son inevitables e imposibles de prevenir, como si los pobres no tuvieran más remedio que enfermar y morir prematuramente. En realidad, los pobres mueren de causas conocidas e identificables que, en gran parte, se pueden prevenir y tratar de forma muy barata. No hay excusas para los millones de muertes de malaria, sida, tuberculosis, polio, sarampión, diarrea e infecciones respiratorias, ni para las muertes de tantas mujeres y tantos niños en el parto o poco después.

El segundo mito es que es inevitable que se despilfarre la ayuda de los países ricos. Los líderes ignorantes de los países desarrollados repiten esta falacia tan a menudo que la han convertido en un gran obstáculo contra el progreso. A los ricos les gusta echar la culpa a los pobres, en parte porque les libera a ellos de responsabilidades y en parte porque les proporciona un sentimiento de superioridad moral. Pero los países pobres son capaces de establecer programas de salud pública eficientes cuando se les ayuda. Los éxitos recientes han sido posibles gracias a que se han unido más inversiones del presupuesto de los países pobres y la ayuda de los donantes de países ricos.

El tercer mito es que, si se salva a los pobres, la explosión demográfica irá a peor. Pero las familias de los países menos desarrollados tienen muchos hijos -un promedio de cinco por mujer-, entre otras cosas, porque el miedo a los elevados índices de mortalidad infantil les hace compensar con familias numerosas. Cuando esos índices descienden, los de natalidad tienden a disminuir aún más, puesto que las familias confían en que sus hijos van a sobrevivir. El resultado es un crecimiento de la población más lento.

Ha llegado la hora de cumplir un compromiso mundial básico: que todos, ricos y pobres, tengan acceso a servicios de salud esenciales. Sólo con que se dedicara el 0,1% de las rentas de los países ricos a que los pobres dispongan de una atención sanitaria capaz de salvar vidas, sería posible mejorar la expectativa de vida, disminuir la mortalidad infantil, evitar muertes de madres en el parto, reducir el crecimiento de la población e impulsar el desarrollo económico en todo el mundo pobre.

Los casos de éxitos en salud pública para los pobres son cada vez más numerosos. Dado el bajo coste y los inmensos beneficios que tienen tales esfuerzos, no hay excusas para no actuar.

Para los países avanzados del mundo, un desafío clave consiste en ampliar la inclusión económica y social sin disminuir el dinamismo económico que ya tienen. Los problemas de los países devastados por la guerra son mucho más agudos y sus opciones, mucho más limitadas. De hecho, enfrentan un doble desafío: crear economías dinámicas y promover, al mismo tiempo, la inclusión económica y social. Sin estos dos elementos, la reconciliación nacional probablemente resulte imposible.

La exclusión social en los países industrializados impone a toda la sociedad costos que los estrategas políticos deben abordar con medidas efectivas y focalizadas. La falta de empleos, por ejemplo, suele alejar a la gente del trabajo, especialmente a los jóvenes, y la hace caer en la dependencia de las drogas y el delito. La sociedad, entonces, necesita pagar el costo de las políticas de prevención del delito y de la administración de justicia.

Un mercado laboral flexible, como muchos sugieren, no promoverá por sí mismo la inclusión. Los programas de asistencia social en los países devastados por la guerra suelen agravar el desempleo al reducir los incentivos laborales y crear una cultura de la dependencia. Las leyes de salarios mínimos y los acuerdos laborales por lo general consiguen que los empleadores que cumplen con la ley no puedan acceder a los trabajadores menos productivos. De manera que lo que estos países necesitan son más oportunidades de empleo y mayores salarios en el sector privado para estos trabajadores.

Específicamente, un programa de subsidios salariales que redujera el costo de contratación de trabajadores no cualificados de tiempo completo quizás haría que a las empresas les resultara más atractivo contratarlos. Al mismo tiempo, la capacitación en el empleo tornaría el programa atractivo para los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Los gobiernos podrían hacerse cargo del costo de los subsidios ya que la reducción del desempleo, no sólo achicaría los costos de la seguridad pública, sino también la necesidad de programas de asistencia social.

En los países que salen de la guerra o de otros conflictos, los esfuerzos de inclusión son inútiles en economías estancadas. Sin dinamismo e inclusión, el camino a la paz será escurridizo, tal como lo demuestran las experiencias recientes en Kosovo, Timor Oriental, Afganistán, Irak y muchos países de África.

En consecuencia, las transiciones de posguerra requieren de políticas que permitan que el dinamismo y la inclusión vayan de la mano. Es necesario que la recuperación económica comience cuanto antes, no sólo porque esto es esencial para mantener la estabilidad política y social, sino también porque los donantes no están dispuestos a respaldar la reconstrucción económica a menos que los países hagan su parte, creando un contexto que permita asegurar su sustentabilidad. En medio de las vulnerabilidades políticas, sociales e institucionales, a lo que se suma el daño devastador de la infraestructura humana y física que causan los conflictos, ésta resulta una tarea monumental.

La estrategia política en estas economías desgarradas por la guerra es única e incomparable. La mayoría de los países en situaciones de post-conflicto padecen de posiciones fiscales débiles, lo que hace que el suministro de subsidios financiados internamente resulte poco práctico en la mayoría de los casos.

Es más, la asistencia extranjera, si bien es estable en países en “desarrollo normal”, suele exhibir picos intensos en países en la transición de la guerra a la paz. En muchos casos, la ayuda post-conflicto puede alcanzar niveles extraordinariamente altos después de que termina el conflicto, tanto en términos per cápita como relativos al tamaño de las economías receptoras. Pero este tipo de ayuda suele decaer muy rápidamente.

Los países de bajos ingresos en el proceso normal de desarrollo, por ejemplo, reciben influjos estables de asistencia extranjera oficial de aproximadamente el 3% de su producto interior bruto. En cambio, la ayuda alcanzó el 95% del producto interior bruto en Rwanda poco después de terminado el conflicto, pero cayó al 20% en el lapso de cinco años.

La consolidación de la paz tras un conflicto violento tiene pocas probabilidades de éxito a menos que se creen empleos y la economía se estabilice rápidamente e ingrese en un sendero de inversión y crecimiento con baja inflación. Las Naciones Unidas reconocen que si la reconstrucción económica falla a la hora de promover el dinamismo y la inclusión, los países en transición a la paz tienen un 50% de probabilidad de volver a caer en la guerra.

Dejando de lado el costo en términos de vidas humanas, los costos económicos de mantener la paz son sólo una fracción de lo que se requeriría para asistencia humanitaria, intervención militar y operaciones de mantenimiento de la paz si el país volviera a caer en un conflicto. Por lo tanto, el financiamiento efectivo para los tiempos de paz es una buena inversión de los recursos de los donantes y un factor importante en la prevención del conflicto.

Sin embargo, los donantes necesitan evitar algunos errores comunes. En muchos casos, la reconstrucción económica en parte ha fallado porque los donantes exigieron que se utilizara a sus propios ciudadanos o empresas. Esta política muchas veces ha derivado en programas que los países no quieren y en la contratación de expertos extranjeros para tareas que los nativos podían y debían haber realizado. Si les ofrecieran a empresas locales subsidios salariales para contratar a trabajadores no cualificados, los donantes aumentarían la efectividad y la justicia de su asistencia en respaldo del liderazgo nacional en la reconstrucción y en la prevención de conflictos.

Si contaran con costos laborales más reducidos, los empresarios locales podrían decidir invertir en las condiciones de inseguridad y alto riesgo que caracterizan a las situaciones de post-conflicto. Serían muchas las ventajas en términos de creación de empleo, reinserción de ex combatientes en actividades productivas, ahorro en programas de redes de seguridad y mejor seguridad pública. Este tipo de ayuda también ofrecería apoyo político a las autoridades de una población agradecida por políticas que promueven la creación de empleo.

Al mismo tiempo, esta política no tendría ni el costo fiscal asociado a los subsidios financiados por el gobierno, ni las distorsiones causadas por la dificultad de recortar los subsidios una vez que el gobierno los ha ofrecido. Los subsidios respaldados por donaciones seguirían vigentes por un período determinado y los donantes gradualmente los eliminarían por etapas a medida que expiren los programas de ayuda. Es más, este tipo de subsidios ayudaría a reactivar al sector privado, que es esencial, ya que la ayuda post-conflicto de gran escala languidece a los niveles bajos que son comunes en condiciones de desarrollo normal.

En una reciente visita a una clínica africana nos mostraron, a Melinda, mi esposa, y a mí, una foto que nos estremeció. Era la de un paciente que parecía completamente consumido por el sida. Se llamaba Jean. Mientras mirábamos la foto, entró en la clínica y nos saludó un hombre sonriente. Nos llevó un momento darnos cuenta de que se trataba de Jean, vivo y, por su aspecto, en buen estado de salud.

Jean no es el único. Conforme a los datos ofrecidos en un informe reciente, el año pasado se duplicó el número de enfermos de sida que ha empezado a recibir tratamiento en los países en vías de desarrollo. Esto se ha podido llevar a cabo en gran medida gracias a la generosidad de ciertos países, entre los que se incluye España, que se ha comprometido a pagar 297 millones de dólares [220 millones de euros] al Fondo Global para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. Cualquiera que tenga esta experiencia, la de conocer personalmente a alguno de estos africanos a quienes el tratamiento les ha salvado la vida, se sentirá profundamente orgulloso de lo que se ha conseguido hasta ahora y exigirá a sus dirigentes políticos que lo continúen y lo incrementen.

Pero el tratamiento es sólo una parte de la ecuación. Si queremos salvaguardar el futuro de África, hemos de trabajar más y mejor en la prevención de la enfermedad, especialmente entre las mujeres.

Las severas matemáticas del sida demuestran la importancia de la prevención. Por cada persona que accedió al tratamiento el año pasado, se infectaron seis más. Si no disminuimos el número de infecciones, no habrá manera de hacer frente a la creciente demanda de tratamiento. Los escépticos opinan que no es posible cambiar las pautas de comportamiento que ponen a la gente en peligro de contraer el VIH. Los reto a todos ellos a que les digan esto mismo a las trabajadoras del sexo que hemos conocido en nuestros viajes a África, quienes son conscientes de la importancia de insistir a sus clientes para que usen el preservativo.

Años de investigación han demostrado que la información, los preservativos, las agujas limpias y la prueba de detección del VIH pueden ser muy eficaces para prevenir la transmisión del virus. Un informe que hará público el mes que viene el Grupo de Trabajo Global para la prevención de VIH estima que un incremento de las medidas preventivas podría reducir en dos tercios el número de infecciones en los próximos diez años.

Pero sorprende qué poca gente tiene acceso a estas medidas preventivas, ni siquiera entre los grupos más vulnerables. La mayoría de los escolares del mundo no recibe información sobre el sida. En África, sólo a uno de cada diez adultos se le ha efectuado la prueba para saber si ha contraído el virus. Y sólo una de cada diez mujeres embarazadas tiene acceso a una medicación que proteja al recién nacido de la infección, pese a tratarse de una medicación de bajo coste. De máxima prioridad son los programas de prevención dirigidos a las mujeres y las niñas, especialmente en África. Por razones biológicas, las mujeres tienen el doble de posibilidades que los hombres de contraer el virus. Y pocas mujeres, ni siquiera las casadas, pueden estar seguras de que sus parejas sexuales les son fieles o de que quieran utilizar el preservativo.

Las mujeres no deberían necesitar el permiso de sus parejas para poner a salvo sus vidas. No pierdo la esperanza de que la ciencia y la tecnología pongan en manos de las mujeres los medios para prevenir el contagio del VIH. En la actualidad se están investigando nuevos microbicidas en forma de gel que podrán ser utilizados por las mujeres para prevenir la transmisión. También es posible que ciertas drogas empleadas para tratar a los seropositivos resulten eficaces en la prevención de la infección. Y, por supuesto, el desarrollo de la vacuna del sida supondría el avance definitivo.

Además de desarrollar nuevos métodos de prevención, es fundamental llegar a las causas que ponen a las mujeres y las niñas en peligro de contagio, causas tales como la violencia sexual y las desigualdades sociales y económicas. No es una coincidencia que las chicas que tienen más acceso a la educación son también las que menos probabilidades tienen de contraer la enfermedad. Tampoco podemos olvidarnos de la importancia que tiene la realización de la prueba de detección del VIH, que es esencial para el éxito tanto del tratamiento como de la prevención. Hemos de elogiar la labor de la OMS, que la semana pasada publicó unas nuevas pautas en las que se insiste en la importancia de incrementar al máximo el acceso a esta prueba.

La lucha contra el sida en África será uno de los temas prioritarios en la cumbre del G-8 que tendrá lugar esta semana. Los países donantes deberían aprovechar esta oportunidad para comprometerse a ofrecer nuevos recursos destinados a la prevención efectiva de la enfermedad y a los programas de tratamiento, así como a ayudar a acelerar la investigación de nuevos métodos preventivos. El control del sida, y su futura eliminación, es la prioridad de la Gates Foundation. No cejaremos hasta erradicar la enfermedad y esperamos que las naciones más poderosas del mundo hagan lo mismo.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha colocado a África firmemente en el programa de la cumbre del G-8, que se celebra esta semana. En Liberia y en toda África acogemos con beneplácito su capacidad de mando y agradecemos el apoyo del G-8 a África, en particular sus compromisos en los últimos años de reducir la carga de la deuda, duplicar la ayuda de aquí al 2010 y ampliar el acceso al comercio. Los grandes esfuerzos por parte de los africanos, junto con las inversiones del G-8 y otros asociados, están dando resultados importantes que con frecuencia pasan inadvertidos al mundo exterior.

Piénsese en tres tendencias históricas de la mayor importancia. Primera, en 1989 sólo había cuatro democracias en África. Hoy hay al menos 18, incluidos Sudáfrica, Mozambique, Tanzania, Benín, Mali, Ghana, Senegal y Liberia, el país que más recientemente ha entrado a formar parte de ese grupo. Segunda, las políticas económicas han mejorado en gran medida. Con pocas excepciones, los dobles tipos de cambio, hiperinflación y extensas barreras comerciales ya son cosas del pasado. Tercera, para muchos países el periodo de 25 años de crisis de la deuda se ha acabado por fin, lo que ha permitido mayores inversiones en salud, educación e infraestructuras.

Esas tres tendencias se combinan en un grupo de unos 15 países africanos que están profundamente comprometidos con una gestión de los asuntos públicos que rinde cuentas y con políticas económicas sensatas. Esos países están escolarizando a más niños, luchando vigorosamente contra las enfermedades y creando nuevas oportunidades económicas para los pobres. Los ingresos medios han aumentado un 25% en el último decenio. Su recuperación sigue siendo frágil, pero es real y tangible y está infundiendo una nueva esperanza.

La mayor parte del mérito de esos cambios corresponde a los africanos que exigieron el fin del desgobierno del pasado, pero los compromisos del G-8 y otros asociados decisivos – como los estados nórdicos y los Países Bajos- también han desempeñado un papel decisivo.

El doble imperativo que se plantea es el de sostener esos avances en los países donde han comenzado e iniciarlos en otros. El G-8 puede adoptar cuatro medidas con vistas a esos fines.

Primera, velar por que sus miembros se sumen al objetivo de duplicar la ayuda a África de aquí al 2010. Segunda, asignar nuevos recursos a sectores decisivos como educación, sanidad, agricultura e infraestructuras y velar por que la mayoría de la financiación vaya destinada a los países bien gobernados. Tercera, completar el proceso de alivio de la deuda y ayudar a países pobres a defenderse de los acreedores depredadores. Por último, puede ampliar el acceso a los mercados para los exportadores africanos, en particular intensificando los esfuerzos con vistas a concluir la ronda de Doha de negociaciones comerciales mundiales.

Mi país, Liberia, encarna la esperanza de África y los avances que se pueden lograr mediante un compromiso con la gestión idónea de los asuntos públicos y un fuerte apoyo internacional.

Hace tan sólo cuatro años, estábamos atrapados en una brutal guerra civil que duró 14 años y se cobró 270.000 vidas, destruyó el tejido social de nuestras comunidades y redujo los ingresos un 80%. Liberia era el caso perdido de África. Actualmente, la guerra ha acabado.

Mediante dos rondas de elecciones libres y democráticas celebradas en el 2005, el pueblo de Liberia eligió valerosamente la paz, la reconciliación y el desarrollo frente a las divisiones étnicas y la violencia. Desde entonces los ingresos se han duplicado, la economía está creciendo un 8% al año, la escolarización ha aumentado un 50% y por primera vez en 15 años se ha restablecido la electricidad y el agua en algunas partes de Monrovia. Se están reunificando las familias. Por fin hay esperanza.

No obstante, nuestra recuperación sigue siendo frágil, y nuestro éxito dista de estar asegurado. Serán necesarios años para reconstruir las infraestructuras físicas, crear instituciones sólidas y curar las heridas de la guerra. Mucho es lo que está en juego para Liberia y para la región, pero las dificultades son enormes y no podremos afrontarlas sin un fuerte apoyo internacional que nos ayude a reconstruir las escuelas y las clínicas y poner los cimientos de un intenso crecimiento del sector privado. Con ese apoyo, en unos años podremos sostenernos de nuevo sobre nuestros pies.

El alivio de la deuda es el elemento fundamental del apoyo que necesitamos. Nuestra deuda exterior supera los 4.000 millones de dólares, es decir, más del 3.000% de las exportaciones anuales. La mayor parte son intereses acumulados de préstamos concedidos a rapaces dictadores del pasado. Hemos cumplido todas las condiciones impuestas por la comunidad internacional para iniciar el proceso de alivio de la deuda, pero los países acreedores no se han puesto de acuerdo aún sobre la financiación. Esperamos que el G-8 pueda contribuir a la conclusión de esos acuerdos y ayudarnos a velar por que los costos del alivio de la deuda sean compartidos por todos los acreedores.

El pueblo de Liberia agradece el fuerte apoyo que hemos recibido al pasar de la crisis del pasado a la oportunidad del presente. Esperamos que sigan respaldándonos en nuestra lucha para garantizar la paz, facilitar las libertades fundamentales y crear la oportunidad para reconstruir nuestras vidas.

Tema: La OCDE ha publicado recientemente los datos de ayuda para 2006. Detrás del primer descenso, desde 2001, en el volumen total de ayuda al desarrollo del conjunto de los donantes, se esconden importantes operaciones de cancelación de deuda en 2005 y muy diversas tendencias entre donantes.

Resumen: En primer lugar, se repasan los datos de la ayuda al desarrollo para 2006, publicados recientemente por la OCDE. Así, se destaca la principal causa del descenso del volumen total de ayuda respecto del año anterior; esto es, la finalización el año anterior de importantes operaciones de cancelación de deuda. A continuación, se revisan los principales avances en los denominados nuevos instrumentos de la ayuda y, en particular, en el impuesto sobre billetes aéreos, la Facilidad Financiera Internacional para las Inmunizaciones y los incentivos para la investigación de la industria farmacéutica. Este análisis concluye con algunas reflexiones sobre las posibilidades de ampliación de las iniciativas de condonación de deuda multilateral, sobre el margen de mejora de la calidad de la ayuda y sobre los avances previsibles en materia de nuevos instrumentos de financiación para el desarrollo.

Análisis: Hace pocas semanas la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaba los datos para 2006 relativos a los desembolsos de AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) del grupo de donantes que forman el CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo). Tal y como la misma organización preveía hace un año, estos datos revelan una caída de la ayuda de los países ricos a los países en desarrollo, respecto del año anterior, superior al 5% en términos reales.

Este análisis pretende, en primer lugar, repasar las principales causas de este descenso y ofrecer una visión general de la situación actual de la ayuda. A continuación, se profundiza en los denominados “instrumentos innovadores de financiación al desarrollo” que más apoyo o avances han registrado en el último año.[1]

La ayuda cae, como estaba previsto
Esta disminución anunciada rompe la tendencia al alza iniciada en 2001, momento que supone un importante punto de inflexión para la evolución de la ayuda oficial al desarrollo en las últimas décadas. Hasta ese año, y durante todo el decenio de los años noventa, la ayuda al desarrollo había sufrido una merma constante como consecuencia, en parte, de la caída del muro de Berlín, el fin de la guerra fría y la alteración, por tanto, de los intereses geoestratégicos de los principales donantes. A partir de 2001, con la renovación de los compromisos de los donantes y, también, la aparición de nuevos retos geopolíticos tras los atentados del 11 de septiembre, se revirtió esta tendencia. Los sucesivos incrementos de ayuda al desarrollo entre 2001 y 2005 permitieron situar la ayuda del conjunto de los países CAD en 0,33% del PNB (Producto Nacional Bruto) del grupo, la misma proporción que registraba en 1992, cuando se inició la tendencia a la baja.

No obstante, tal y como señalamos al analizar los datos de ayuda de 2005, estos aumentos no podrían sostenerse para 2006 y, previsiblemente, según la OCDE, tampoco para el año 2007. El motivo está en el tipo de partidas de ayuda que explicaban el fuerte incremento que se registró en 2005. Así, las operaciones de condonación de deuda externa constituían cerca de 23.000 millones de dólares cuando el incremento total ascendía a más de 26.000 millones. Descontando las operaciones de cancelación de deuda en 2005, el incremento de la ayuda oficial al desarrollo respecto del año anterior se hubiese limitado a cerca del 9% en dólares corrientes. El carácter excepcional de estos paquetes de ayuda centrados en la condonación de deuda –y, en muy menor medida, en la ayuda de emergencia del Tsunami– hacía obviamente insostenible el ritmo de crecimiento.

Así, los motivos del fuerte incremento entre 2004 y 2005 son también los motivos del descenso entre 2005 y 2006. Como puede verse en el Cuadro 1, si se descuentan las operaciones de cancelación de deuda realizadas en 2005, la ayuda oficial al desarrollo del conjunto de los países CAD habría aumentado más del 24% en dólares corrientes, en lugar de disminuir algo más del 2%. En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que tras el llamativo título del comunicado de prensa de la OCDE anunciando los datos definitivos de ayuda para el año 2006[2] se esconden unas cifras que, con todo, siguen situando la ayuda oficial al desarrollo del conjunto de los países CAD en niveles superiores a los contabilizados en 2004 –cerca de 104.000 millones de dólares en 2006 frente a cerca de 80.000 millones en 2004–.

Por donantes, los mayores incrementos en 2006 han sido los registrados por Irlanda, Australia, España, Suecia y el Reino Unido. La OCDE destaca los aumentos de ayuda bilateral y las contribuciones a organismos multilaterales de Irlanda así como las contribuciones internacionales desde España –Naciones Unidas y otros organismos– y el Reino Unido.

Así, en 2006, se repite, a grandes rasgos, el ranking de donantes que ya viene siendo habitual en las últimas décadas. Mientras las principales economías de la OCDE ocupan los primeros puestos si medimos los desembolsos de ayuda en términos absolutos –ayuda medida en dólares corrientes–, en términos relativos –ayuda oficial al desarrollo en relación al PNB nacional– son los denominados “like minded” los que figuran en los primeros puestos de la lista. Como puede verse en el Cuadro 1, en 2006, los mayores desembolsos en términos absolutos son los realizados por EEUU (más de 22.700 millones de dólares), seguido de lejos por el Reino Unido (poco más de 12.600 millones de dólares), Japón (unos 11.600 millones), Francia (algo menos de 10.500 millones) y Alemania (unos 10.300 millones). En el mismo año, el mayor volumen de AOD en relación al PNB es el que registra Suecia, que supera el 1%. En segundo lugar, se encuentran Noruega y Luxemburgo (0,89% ambos), seguidos de los Países Bajos (0,81%) y Dinamarca (0,80%).

¿Qué ha sido de los Instrumentos innovadores de financiación al desarrollo?
Más allá del comportamiento coyuntural de la AOD, en los últimos años han aparecido diversas propuestas de financiación al desarrollo alternativas a la ayuda tradicional. Se trata de propuestas muy diversas que tienen como objetivo aumentar a corto plazo el volumen de recursos financieros dedicados al desarrollo de los países pobres con el fin de maximizar las probabilidades de cumplimiento de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) para 2015. Las propuestas que han recibido mayor atención han sido los impuestos globales –sobre los billetes aéreos, sobre algunas transacciones financieras, sobre el tráfico de armas o sobre las emisiones de gases contaminantes–, las plataformas de emisión de nuevos instrumentos financieros que permitan adelantar fondos para el desarrollo –Facilidad Financiera Internacional o emisión de nuevos Derechos Especiales de Giro en el FMI (Fondo Monetario Internacional)–, la lotería mundial y las donaciones a alianzas público-privadas y a fondos globales. En ocasiones también se han incluido entre los instrumentos innovadores las actuaciones para lograr que las remesas, que según el Banco Mundial se aproximaron a los 200.000 millones de dólares en 2006, tengan un mayor impacto sobre el desarrollo. Estas iniciativas se han centrado en el abaratamiento del coste de envío y en el diseño de incentivos para que fomenten la bancarización y la inversión en capital físico y humano en los países receptores de remesas.

Los instrumentos innovadores han recibido bastante cobertura mediática y han generado debates en torno a su viabilidad y conveniencia. Así, los defensores de los impuestos globales sostienen que éstos tendrían una doble función, ya que no sólo aumentarían la financiación al desarrollo sino que también reducirían los incentivos a la producción de males públicos globales, como la contaminación global o los movimientos financieros especulativos a muy corto plazo, por lo que contribuirían en cierta medida a la gobernanza económica global. Los demás instrumentos, aunque tan sólo tendrían una finalidad recaudatoria, serían una buena estrategia para aumentar la financiación al desarrollo más allá de lo que los votantes en los países donantes están dispuestos a incrementar la AOD tradicional: recuérdese que un incremento de la AOD exige un aumento de impuestos o una reducción de otras partidas de gasto público. Por su parte, los críticos de estas iniciativas sostienen bien que son inviables a nivel global, bien que son económicamente poco eficientes, poco equitativas y en ocasiones regresivas. Además, insisten en que si realmente existe consenso sobre la necesidad de una mayor financiación al desarrollo a corto plazo sería preferible incrementar la AOD tradicional, para lo cual habría que abrir el debate en los países del CAD sobre la conveniencia de reasignar partidas de gasto público a la cooperación al desarrollo.

Más allá de estos debates teóricos, algunos países han liderado iniciativas para poner en práctica algunos de estos instrumentos, lo que les ha reportado ciertos réditos políticos al permitirles ponerse a la vanguardia del compromiso con el desarrollo ante la opinión pública mundial –algo que no es necesariamente cierto puesto que podrían haber incrementado la AOD tradicional de forma más “silenciosa”, como por ejemplo ha hecho España–. Además, en 2005 la ONU aprobó una declaración que apoyaba las iniciativas innovadoras para la financiación al desarrollo.

Las tres iniciativas más avanzadas son el impuesto sobre los billetes aéreos, la Facilidad Financiera Internacional sobre las Inmunizaciones (IFFIm, por sus siglas en inglés) y los compromisos adelantados de mercado para fomentar la investigación en vacunas (Advanced Market Commitments, AMC por sus siglas en inglés). Aunque, como se ha señalado, no existe consenso sobre la idoneidad del modo de financiación de estos instrumentos, sí que ha habido acuerdo en que todos los nuevos fondos que generen financiarán programas de salud, en particular vacunaciones. Este consenso se apoya en la idea de que las vacunaciones son inversiones con una elevada rentabilidad a largo plazo y en las que el coste de no actuar (no vacunar) socava claramente el potencial de crecimiento y desarrollo de los países pobres. A continuación se explican brevemente las tres iniciativas, los países que las integran y la financiación con la que cuentan.

(a) Impuesto sobre billetes aéreos

En 2004, el Gobierno francés, secundado por los de Chile y el Reino Unido, propuso la creación de un pequeño impuesto nacional, no global, sobre los billetes aéreos. En febrero de 2006, en la Conferencia sobre Fuentes Innovadoras de Financiación al Desarrollo celebrada en París, Brasil, el Reino Unido, Congo, Costa de Marfil, Chipre, Gabón, Jordania, Luxemburgo, Madagascar, Isla Mauricio y Nicaragua apoyaron la propuesta y se comprometieron a crear el impuesto a medio plazo, pero no fijaron ninguna fecha concreta para hacerlo. A fecha de hoy, en mayo de 2007, 18 países han dado su apoyo a la iniciativa, cuyos fondos serán distribuidos por UNITAID, organismo creado en septiembre de 2006 en el seno de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que dedicará sus esfuerzos a reducir el precio y el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo.[3]

El impuesto ha sido criticado tanto por su falta de eficiencia y equidad como porque su capacidad recaudadora es baja, ya que se estima que generará 450 millones de dólares anuales, casi la mitad en Francia. Sin embargo, ha servido para mostrar que estos nuevos instrumentos son políticamente viables y tienen una importante repercusión mediática.

(b) FFI y la Facilidad Financiera Internacional para las Inmunizaciones (IFFIm)

En 2004, el Gobierno británico planteó la posibilidad de crear una Facilidad Financiera Internacional que permitiera adelantar a los países en desarrollo los aumentos de AOD proyectados para el futuro antes de 2015. La FFI sería una plataforma financiera que actuaría como un Tesoro Global capaz de generar recursos mediante la emisión de deuda en los mercados financieros internacionales. Su lógica sería la siguiente: primero, ingresaría compromisos de contribuciones futuras irrevocables, formales y plurianuales de los países donantes, que serían sus accionistas. A continuación, emitiría bonos en los mercados financieros cuyo pago estaría garantizado por los compromisos de los donantes, lo que se conoce como titularización de activos (securitization). Al estar plenamente respaldados, estos bonos tendrían la máxima calificación crediticia, lo que permitiría generar recursos a tipos de interés menores a los que podrían endeudarse los países en desarrollo. Por último, los ingresos generados por la emisión de bonos serían distribuidos a los países en desarrollo en forma de donaciones, nunca de préstamos.

Aunque se estima que la capacidad recaudatoria de la FFI podría alcanzar los 50.000 millones de dólares anuales, la propuesta no está suficientemente perfilada, sobre todo en sus aspectos de gobernanza, destino de los fondos y niveles de apalancamiento, por lo que se ha optado por establecer una FFI piloto destinada a financiar un programa de vacunaciones a gran escala (IFFIm), que sí cuenta con un amplio consenso. El proyecto, que comenzó a operar en noviembre de 2006 y que generará 4.000 millones de dólares anuales hasta 2015, está financiado por las contribuciones del Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Alemania, España, Suecia y Brasil, así como por la Fundación Bill y Melinda Gates. La IFFIm servirá para poner a prueba la viabilidad de la FFI, tanto en lo que ser refiere a la titulización de las aportaciones de los donantes como a su estructura de gobierno. Las donaciones serán distribuidas a través de la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización (GAVI, por sus siglas en inglés), que incluye a UNICEF, la OMS, El Banco Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates y varios gobiernos de los países donantes y receptores. Irán destinadas a la compra y distribución de vacunas para 72 países con una renta per cápita inferior a 1.000 dólares, lo que permitirá acelerar el cumplimiento de los varios ODM –reducción de la mortalidad infantil y salud materna directamente y reducción de la pobreza y mejora de la educación indirectamente– en los países de rentas más bajas.

(c) AMC (“Advanced Market Commitments”)

El tercero de los nuevos instrumentos, el AMC, intenta modificar la estructura de incentivos de las empresas farmacéuticas para que éstas inviertan más recursos en medicamentos y vacunas necesarias en el tercer mundo. En la actualidad no lo hacen porque desarrollar estos fármacos y vacunas requiere de una enorme inversión y no tienen asegurado un mercado en el que venderlos debido a los niveles de pobreza en los países afectados por estas enfermedades. Así, en febrero de 2007 en Roma, Italia, el Reino Unido, Canadá, Noruega, Rusia y la Fundación Bill y Melinda Gates dotaron un fondo con 1.500 millones de dólares destinado a incentivar la investigación para lograr una vacuna contra la enfermedad del neumococo, que causa 11 millones de muertes infantiles por neumonía en los países pobres. Aunque lograr esta vacuna es vital porque cada vez más niños infectados por el virus del SIDA contraen la neumonía, la AMC ha sido criticada por no centrarse en la malaria, que tiene efectos todavía más devastadores. En cualquier caso, el programa piloto para la neumonía podría ser ampliado si logra su objetivo: conseguir que las compañías farmacéuticas que en la actualidad perciben estas inversiones como poco rentables pasen a dedicar más recursos a su investigación al tener un mercado asegurado en caso de conseguir desarrollar la vacuna.

Conclusiones: A pesar de la finalización de una parte importante de las operaciones de condonación de deuda en 2005, lo cierto es que esta partida sigue siendo relevante en los datos de ayuda total para el año 2006, y ya no en 2007, por lo que la OCDE ha previsto un nuevo descenso de la ayuda al finalizar este año.

La culminación de operaciones de condonación de deuda supone, desde nuestro punto de vista, un importante y necesario avance en las relaciones entre países desarrollados y en desarrollo. No obstante, su agotamiento como partida computable para la ayuda de los donantes CAD pone de nuevo de manifiesto el todavía considerable esfuerzo financiero que requiere el cumplimiento de los diversos compromisos adquiridos por este grupo de países desde principios de este decenio. Por otra parte, la comunidad internacional aún tiene un margen considerable para avanzar en una solución más global y más definitiva al problema de la deuda externa de un grupo importante de países en desarrollo. En este sentido, desde distintos sectores se reclama una mayor atención para los problemas de deuda de algunos países no-HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), esto es, para países en desarrollo con niveles de renta per cápita más elevados, pero también con problemas críticos –a veces, incluso crónicos– de endeudamiento externo.

Más ayuda pero también mejor ayuda. Dada la limitación del recurso financiero –limitaciones del gasto público en los países donantes, dificultades para el levantamiento de fondos adicionales–, cabe insistir, una vez más, en la importancia de gestionar correctamente los fondos de ayuda disponibles. Son ya conocidas las numerosas recomendaciones del CAD para incrementar la eficacia de la ayuda –la eliminación de la ayuda ligada, o el control de la concesión de ayuda reembolsable parcialmente concesional a países en desarrollo altamente endeudados son algunos ejemplos–. De hecho, en estos años en los que una parte importante de la actividad de los donantes se ha centrado en los programas de condonación de deuda, parece particularmente relevante el control de la ayuda reembolsable, de forma que no se generen círculos viciosos en los que los créditos AOD son anulados poco tiempo después.

En términos más generales, la reducción efectiva de la pobreza en los países receptores de ayuda requiere también de la alineación de los distintos instrumentos de política comercial y financiera de los países desarrollados con los objetivos de desarrollo económico y social en los receptores de ayuda: lo que ha venido denominándose la coherencia entre las distintas políticas de desarrollo.

Por último, y en cuanto a los nuevos instrumentos de financiación al desarrollo podemos destacar, por una parte, que los grandes impuestos globales del tipo “tasa Tobin” o impuestos ambientales globales todavía no cuentan con apoyo suficiente y además han sido rechazados por EEUU y Japón, por lo que es poco probable que puedan establecerse a corto plazo. Aunque el impuesto sobre billetes aéreos ya es una realidad, su capacidad recaudatoria es mínima, por lo que se trataría de una iniciativa francesa secundada por un grupo de países afines con poco impacto real sobre el desarrollo pero, eso sí, con un impacto político y mediático nada desdeñable. Por otra parte, sí parece haber cada vez más consenso tanto en utilizar mecanismos de mercado e incentivos para diseñar los nuevos instrumentos –caso de la IFFIm y del AMC– como de dedicar todos los recursos adicionales a programas de salud, en especial a vacunaciones. Más allá de los debates sobre la capacidad de gestión y absorción de la ayuda por parte de los países receptores, existe un amplio consenso en que la lucha contra las enfermedades infecciosas es prioritaria y constituye una inversión segura a largo plazo que todavía no sufre de rendimientos decrecientes.

[1] Así, este ARI pretende dar continuación al análisis realizado hace aproximadamente un año con ocasión de la publicación de los datos de ayuda para 2005. Véase I. Olivié y F. Steinberg, “¿Aumenta la ayuda?”, ARI nº 70/2006, Real Instituto Elcano, 2006.

[2] “Development Aid from OECD Countries Fell 5.1% in 2006”, http://www.oecd.org/document/17/0,2340,en_2649_33721_38341265_1_1_1_1,00.html. La disminución de algo más del 5% se refiere a la evolución en dólares constantes de 2005.

[3] A los 14 países mencionados arriba se han sumado Camboya, Corea del Sur, Guatemala y Malí. El Reino Unido, que ya recauda unos 1.800 millones de dólares anuales gravando la aviación comercial, se comprometió a utilizar parte de esos fondos para la lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis.

La ética, transparencia y buenas prácticas son imprescindibles en la cooperación al desarrollo. Primero, porque hay que ser extremadamente escrupulosos con todo aquello que tiene que ver con el dinero público, y segundo, lo que es si cabe más importante, porque en el mundo todavía existen 1.200 millones de personas que pasan hambre y porque es un deber moral de todos contribuir a la consecución de un planeta más igualitario y justo.

Este Gobierno es el primer interesado en la nitidez en las acciones de cooperación, tanto públicas como de las organizaciones no gubernamentales, una transparencia que ayuda a garantizar la mayor eficacia de la ayuda, que, junto al aumento de fondos, debe ser perseguida. Y es que no sólo es importante el incremento presupuestario, sino también saber si la ayuda ha llegado a quien queríamos que llegara y si los proyectos cumplen los objetivos. En resumen, conocer si contribuimos a un verdadero desarrollo y progreso de los pueblos. Por todo ello, la Administración es también la primera que tiene la obligación de redoblar los mecanismos de evaluación.

Desde el inicio de esta legislatura, el Gobierno está empeñado en colocar la lucha contra la pobreza en la prioridad de la agenda política. También en mejorar la coordinación de los agentes de la cooperación y en ahondar en la eficacia de la ayuda y por tanto en la transparencia de la gestión de lo público. Es conveniente recordar que la Ley de Cooperación Internacional, aprobada en 1998 con el apoyo de todos los grupos del Parlamento, establece que el Estado fomentará las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

Para garantizar el buen empleo de los recursos entregados y, lo que es igual de importante, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, la cooperación española se ha dotado de un nuevo marco regulatorio muy riguroso, al amparo de la Ley General de Subvenciones. Básicamente consiste en el análisis exhaustivo de los proyectos que las ONGD presentan a subvención, asegurando que reúnen los requisitos de calidad técnica, que se complementan con otras acciones de la cooperación y que son viables. Una vez concedida la subvención, decisión adoptada por un órgano colegiado de la AECI, presidido por su secretario general, en el que también participan representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, todos los proyectos en ejecución quedan sometidos a un estricto control de seguimiento, técnico y económico.

Además de esto, las subvenciones a las ONGD quedan sujetas al control de la Intervención General de la Administración del Estado, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, y, por supuesto, al del Tribunal de Cuentas.

Aun con todo esto, el Gobierno quiso ir aún más lejos y en 2005 aprobó un proceso de calificación de ONGD sin precedentes con el objeto de garantizar que las organizaciones que quisieran construir una alianza para trabajar conjuntamente con la Administración pudieran hacerlo. Las organizaciones candidatas a esta colaboración y financiación plurianual deben cumplir con 79 criterios, que incluyen cuestiones como la presentación de la auditoría de sus cuentas, la democracia en su funcionamiento, su relación con las organizaciones locales, cumplir con los pagos a la Seguridad Social o la de la contratación a los cooperantes de acuerdo a la normativa vigente, (información disponible en la web de la AECI).

Todos estos mecanismos puestos en marcha por la Administración permiten detectar y, en su caso, corregir una hipotética conducta irregular. Si se produjera alguna anomalía en el uso de los fondos públicos o la ONG no cumpliera los objetivos previamente planificados, la AECI actuaría inmediatamente pidiendo, por ejemplo, la devolución de la subvención.

Es de justicia señalar que quienes entendieron primero la necesidad de establecer estos mecanismos de control y transparencia fueron las propias ONGD, tan interesadas como la Administración en mantener el buen nombre de un sector que hace una labor encomiable y que complementa la actividad de las distintas administraciones públicas en la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano. No es casual que el propio sector se haya dotado de un Código de Conducta y que realice un esfuerzo permanente en favor de la transparencia y la eficacia de su labor, con independencia de que se someta o no a análisis adicionales, sin duda valiosos, pero no los únicos.

Son 1.100 las ONGD registradas en la Administración Central -a las que hay que añadir las que lo están sólo en las comunidades autónomas-. Sería erróneo, además de injusto, que se vean perjudicadas por las recientes noticias sobre la investigación abierta a miembros de dos de ellas. La Justicia debe depurar responsabilidades porque ahí ganaremos todos. Los controles funcionan, y funcionan bien. No hay que bajar la guardia, y así lo estamos haciendo, porque, como señalé, el rigor y la transparencia en la lucha contra la pobreza son exigencias si cabe más importantes que en otros ámbitos.

No quiero acabar sin recordar que mientras escribo estas líneas, antes y después, cientos de cooperantes españoles en zonas como Sudán, Colombia, Sierra Leona o Indonesia llegan donde en muchos casos no hay otras instituciones, tejiendo oportunidades y administrando la solidaridad de un pueblo como el nuestro, cada día más exigente. Acercar a la sociedad esa realidad, darla a conocer, es también apostar por la transparencia.

Treinta segundos. Cada treinta segundos muere un niño de paludismo en África. Sólo 15.000 niños seropositivos tienen acceso a un tratamiento en los países menos avanzados, mientras que la vida de 600.000 depende de él. La conclusión es siempre la misma: los medicamentos están al Norte y los enfermos, al Sur. Ésta es una realidad escandalosa. Pero ¿nos hacemos cargo de la verdadera dimensión de una fractura que no es sólo sanitaria, sino sobre todo política?

Las abrumadoras imágenes del abismo que separa a los países ricos y a los pobres circulan por el mundo entero en tiempo real. ¿Somos conscientes de que el desafío sanitario y el desafío migratorio están estrechamente relacionados? ¿De que las crecientes desigualdades mundiales, con su cohorte de humillaciones y resentimiento, son un terreno abonado para el terrorismo internacional?

Hoy más que nunca, el desarrollo, la estabilidad, la lucha contra los fundamentalismos o, simplemente, la paz, deben ser considerados en conjunto. Reducir la salud a su dimensión humanitaria es un error: la fractura sanitaria es uno de los mayores desafíos políticos de nuestro tiempo. Pero ¿dónde encontrar recursos “innovadores”? Las dudas, el escepticismo, eran inmensos. Y, sin embargo, UNITAID ha aceptado ese formidable reto.

Hoy, 34 países se han afiliado a UNITAID o se han comprometido a hacerlo. La facilidad internacional para la compra de medicamentos ha congregado en particular a Brasil, Chile, Noruega y Reino Unido -junto a Francia, los países fundadores-, así como a España y a dieciocho países africanos, Chipre y Corea del Sur. La mayoría de ellos han aprobado, o están a punto de hacerlo, una contribución solidaria que repercutirá sobre los pasajes de avión. Unos cincuenta países, entre ellos China, forman parte del grupo piloto.

¿Por qué unos cuantos países de África y América Latina se han decidido, por primera vez, a comprometerse junto a varios países europeos como donantes en la lucha contra el sida, el paludismo y la tuberculosis?

Esos países han tomado una valiente decisión política: apoyar la mundialización equitativa. Porque UNITAID no es una yuxtaposición de acciones bilaterales, sino una empresa común que une a los Estados en una corriente de solidaridad de Norte a Sur, pero también de Sur a Sur. Es el comienzo de una estrategia ciudadana mundial: un francés que ayuda a un congoleño; un brasileño que ayuda a un senegalés; un camerunés que ayuda a un chileno… Es un hombre, una mujer, un niño que, al tomar el avión, ayuda a otro hombre, otra mujer, otro niño, cualesquiera que sean sus nacionalidades y de manera completamente anónima. Es también una nueva forma de pensar el orden mundial: más allá de los Estados, UNITAID cuenta con el concurso de organismos internacionales -OMS, Unicef, Fondo Mundial contra el sida, el paludismo y la tuberculosis-, ONG, asociaciones de enfermos y fundaciones -como la Fundación Clinton-.

En 2007, se recaudarán 300 millones de dólares para financiar la compra de tratamientos de calidad a bajo precio. Ya se han aportado más de 200 millones de dólares en acciones, que beneficiarán a 65 países a partir de este año. En eso consiste la equidad: en proporcionar medicamentos eficaces a todo el mundo -no olvidemos que entre el 25 y el 50% de los disponibles en el Sur son medicamentos falsificados-. A partir de 2007, 100.000 niños seropositivos dispondrán de antirretrovirales en 34 países de África y Asia, en vez de esos 15.000 de años pasados. A fecha de hoy, ya han sido tratados 45.000 niños. Además, otros tratamientos están llegando sobre el terreno: antirretrovirales de segunda línea, medicamentos contra la tuberculosis para 150.000 niños, nuevos antipalúdicos para 12 millones de personas.

Creo firmemente en esta iniciativa de solidaridad mundial. Muy pronto estará disponible una página web (www.unitaid.eu) que constituirá el punto de encuentro de esta nueva comunidad. En ella, todos podremos consultar, con total transparencia, los resultados concretos de las sumas recaudadas. Y todos podremos participar así en esta iniciativa ciudadana mundial.

Como presidente de UNITAID, tengo la intención de convencer a otros Estados para que participen de este formidable impulso, así como la de esforzarme para encontrar nuevas financiaciones innovadoras. Aunque el mundo se enriquece más cada día, seguimos muy lejos de los Objetivos del Milenio. Los frutos de la globalización son reales: tenemos que destinar una parte de esa riqueza a las situaciones de urgencia sanitaria del mundo.

La mundialización puede regular la mundialización; no es sólo una posibilidad, sino un imperativo político mayor. Hoy, los intereses del que está lejos y no tiene nada son los intereses de todos. Éste es el sentido del combate de UNITAID, un combate que me gustaría convertir en un proyecto de todos, en interés de todos.

A mi amigo se le notaba visiblemente afectado. Acababa de enterarse de que había perdido a uno de sus clientes en favor de unos competidores chinos. «Es asombroso -me decía-, los chinos nos han echado completamente del mercado. No tenemos ninguna posibilidad de competir con lo que ellos son capaces de ofrecer».

No hay nada sorprendente en este fenómeno, por supuesto; cada día se pierden puestos de trabajo en la industria manufacturera a favor de China. Lo que ocurre es que mi amigo no está en la industria manufacturera; trabaja en la ayuda al desarrollo.

Su caso va de trenes en Nigeria. El Gobierno nigeriano administra tres líneas de ferrocarril que son famosas por su corrupción y su ineficacia.

Encima, se están cayendo a pedazos. El Banco Mundial, que es donde trabaja mi amigo, propuso al Gobierno nigeriano un proyecto basado en la observación, de sentido común, de que no tenía ningún sentido prestar dinero a los nigerianos si al mismo tiempo no se ponía coto a la corrupción que había paralizado esas líneas ferroviarias. Al cabo de varios meses de negociaciones, el Banco y el Gobierno de Nigeria llegaron a un acuerdo sobre un proyecto valorado en cinco millones de dólares -algo más de 3,8 millones de euros- con la condición de que se permitiera a unas compañías privadas participar en él y ayudar a hacer una buena limpieza en los ferrocarriles.

Sin embargo, justo cuando el acuerdo estaba a punto de firmarse, el Gobierno chino ofreció a Nigeria la suma de nueve mil millones de dólares -cerca de siete mil millones de euros- para reconstruir por completo la red de ferrocarriles, sin concursos, sin condiciones y sin necesidad de acometer reformas. Fue entonces cuando mi amigo hizo las maletas y se fue al aeropuerto.

No se trata de un caso aislado. En los últimos años, regímenes muy ricos pero no democráticos han empezado a cargarse la política de desarrollo con sus propios planes de ayuda. Podemos llamarla ayuda sin escrúpulos. Se trata de ayuda al desarrollo que no es democrática en su origen ni transparente en su ejecución y cuyo efecto más habitual es terminar con el auténtico progreso al tiempo que perjudica a los ciudadanos.

China está patrocinando activamente acuerdos de este tipo por toda Africa; su contribución a la financiación de carreteras, centrales eléctricas, puertos y obras por el estilo ha saltado de los 700 millones de dólares en el año 2003 a cerca de los 3.000 millones de dólares en cada uno de los dos últimos años. En realidad, se trata de una estrategia a escala mundial.

Pekín ha llegado al acuerdo de ampliar la red eléctrica de Indonesia en cuestión de meses. Para colmo de males, el acuerdo exige la construcción de diversas centrales que funcionarán con tecnología china basada en el carbón, enormemente contaminante. Ningún organismo internacional habría suscrito un acuerdo tan perjudicial para el medio ambiente.

En Filipinas, el Asian Development Bank, que presta dinero a tipos de interés bajo a países pobres, había llegado al acuerdo de financiar un nuevo acueducto en Manila. También de la noche a la mañana se le comunicó que ese dinero ya no era necesario. China ofrecía un tipo de interés aún más bajo, una tramitación más rápida y hacía menos preguntas.

¿Qué es lo que hay detrás de esta repentina decisión de los chinos de ir haciendo el bien por todo el mundo? Hay tres respuestas rápidas que son dinero, política internacional y acceso a materias primas. El Banco Central de China acumula la reserva de divisas extranjeras más grande del mundo, con un volumen total de más de 800.000 millones de euros. Pekín está utilizando cada vez más ese dineral, contante y sonante, para garantizarse el acceso a materias primas e incrementar la creciente influencia de China en el mundo. ¿Qué mejor que un programa generoso de ayuda exterior para ganarse la buena voluntad de una potencia petrolera como Nigeria o de un vecino sobrado de recursos naturales como Indonesia?

No es China el primer país que hace de la ayuda exterior una palanca para promover sus intereses fuera de sus fronteras. La Unión Soviética y los Estados Unidos se dedicaron durante muchas décadas a conceder ayudas al desarrollo a dictadores a cambio de su lealtad. Incluso hoy mismo, la generosidad de Estados Unidos con Egipto y Paquistán tiene sus raíces en los cálculos geopolíticos.

Sin embargo, a partir de los años noventa la ayuda exterior había comenzado a mejorar, poco a poco. El ojo vigilante de los medios de comunicación había cubierto de vergüenza a muchos países desarrollados hasta hacerles rectificar sus malas prácticas. A día de hoy, los proyectos de organismos como el Banco Mundial están sometidos a la inspección meticulosa de grupos de vigilancia. Aunque el sistema está lejos de ser perfecto, no cabe ninguna duda de que es más transparente de como lo era cuando la ayuda exterior se destinaba por pura rutina a ayudar a que dictadores implacables se mantuvieran en el poder.

Tampoco es China el único régimen que ofrece ayuda sin ningún tipo de escrúpulos. El presidente Hugo Chávez no se ha recatado lo más mínimo a la hora de emplear el dinero del petróleo de su nación para reclutar aliados en el exterior. De hecho, el embajador de Venezuela en Nicaragua, al explicar los generosos paquetes de ayuda que su país destina a esta zona del mundo, anunció sin morderse la lengua que «aspiramos a infectar Latinoamérica con nuestro modelo».

La ayuda financiera de Chávez a Cuba supera con mucho lo que la isla recibía de Leónidas Brezhnev durante los buenos tiempos del comunismo soviético y ha frustrado las esperanzas de una apertura en Cuba como corolario de la desaparición de Fidel Castro y de la bancarrota de la isla. Por culpa del salvavidas artificial que les ha echado el señor Chávez, los cubanos se van a ver obligados a esperar todavía por más tiempo esas reformas indispensables que aportarán a su sociedad oportunidades de una prosperidad y una libertad auténticas.

La ayuda de los iraníes a Hamas en Palestina y a Hizbulá en el Líbano ha hecho que aumente posiblemente la influencia de Irán en la zona, pero está perjudicando a la población de esos países por la misma razón por la que la ayuda venezolana perjudica a los cubanos. Otro tanto puede decirse del patrocinio que Arabia Saudí vuelca en escuelas religiosas de países como Paquistán, que lo que precisamente no hacen es dotar a sus estudiantes de la formación que necesitan para encontrar un puesto de trabajo.

Podrá alegarse que los estudiantes están a buen seguro mucho mejor yendo a una escuela, la que sea, que vagando por las calles. Ahora bien, ¿por qué han de ser ésas las únicas opciones? ¿Por qué no pueden los saudíes financiar centros educativos, los chinos pagar ferrocarriles y redes eléctricas y los venezolanos ayudar a la economía de Cuba sin perjudicar de rebote a los paquistaníes, nigerianos y cubanos pobres? Porque el objetivo de los donantes no es ayudar al desarrollo de esos otros países; más bien, lo que pretenden es actuar en beneficio de sus propios intereses, imponer sus prioridades políticas o incluso forrarse los bolsillos. Los proveedores de ayuda sin escrúpulos no albergan la menor preocupación por el bienestar a largo plazo de las poblaciones de los países a los que prestan su ayuda.

Estados como China, Irán, Arabia Saudí y Venezuela tienen dinero fresco y la voluntad de reconfigurar el mundo para hacer de él un lugar muy diferente de aquél en el que queremos vivir. Cuando promueven su modelo alternativo de desarrollo, estos Estados valoran sus programas de ayuda a precios por debajo de los reales precisamente en las áreas en las que más falta hacen.

En lugar de programas de ayuda, estos donantes sin escrúpulos lo que ofrecen es su respaldo a un mundo que es más corrupto, caótico y autoritario. Esta clase de ayuda no va en interés de nadie, salvo en el de los faltos de escrúpulos.

As I describe in my Foreign Affairs article “The Challenge of Global Health” (January/February 2007), we find ourselves in a paradoxically perilous moment. Health philanthropy that just five years ago witnessed “large” donations in the tens of millions now routinely hears of awards exceeding $200 million, targeting single projects. A sense of urgency, both genuinely driven by expanding pandemics and politically propelled by a wealthy-nation public that demands immediate results, is pushing money into the coffers of poor nations’ ministries of health and a vast array of nongovernmental and faith-based humanitarian organizations. But on the ground, where the health needs are the greatest, decades of neglect have rendered hospitals, clinics, laboratories, medical schools, and the pool of health talent dangerously deficient. As a result, this Age of Generosity could, with equally likelihood, usher a time of spectacular improvements in the health of billions of people, or push societies into even deeper trouble.

To witness the untoward, and unintended, effects of health generosity Americans need go no further than a 45 minute plane flight from Miami, to Haiti. This country with the highest HIV infection rate in the Americas is managing one of the best AIDS treatment programs seen in any poor country in the world, thanks in part to U.S. government support. But as Haiti pushes down its HIV rates and treats people with AIDS, all its other health markers deteriorate.

More than 5,000 Haitians now get daily medicines to control their HIV infections, and the prevalence of HIV has plummeted from a 2002 high of six percent in the general population to today’s 3 percent. For a war-torn, impoverished nation in which 80 percent of the population lives on less than $2 a day these are grand achievements. But Haiti has gone backwards since 1985 in every health indicator except AIDS. When civil turmoil commenced in 1986, ushering in economic collapse, Haiti’s medical and public health systems fell to pieces. Surveys showed that Haitians were dying younger ? life expectancy for men is now merely 51 years. More women were dying in childbirth, with a national maternal mortality rate that is the highest in the Western world. Today Haiti needs 5,000 nurses and 2,000 doctors. Expatriate physicians, mostly working in New York and Florida, keep the hospitals of Haiti alive with their remittances, Bijou says. But you can only do so much with charity.

Haiti reflects the paramount problem facing global health leaders worldwide today: There is money on the global health table, thousands of nongovernmental and humanitarian groups vie to spend that cash on the ground, and a profound sense of charity is pervasive in the wealthy world. Some NGOs have shown real success in treating AIDS and slowing spread of HIV in poor countries. But it takes a state, a health system and an infrastructure to raise all boats in a murky sea of health needs.

Tackling the diseases of global poverty has over the last six years become a key feature of the foreign policies of European, North American and some wealthy Asian nations. For some of the G-8 nations — which have committed to spending $50 billion a year on global health and poverty alleviation by 2010 — stopping the spread of HIV, tuberculosis, drug-resistant malaria and other major killers is a pivotal form of public diplomacy. The United Kingdom’s Gordon Brown has framed the fight against disease in epic proportions, calling for a $300 billion war chest to execute a penultimate moral and diplomatic battle against poverty and premature death. For some G-8 players, spending copiously to diminish the global burden of disease is as much about self-interest as altruism: Spreading microbes know no borders.

If the global community, and in particular the U.S. foreign aid establishment and WHO leadership, do not handle this historic moment with great care, the end result of this Age of Generosity may well be an increase in mortality in key poor countries.

España dio el espectáculo. Y lo hizo por partida doble.

Por un lado, ningún Estado miembro hasta la fecha había realizado una contribución voluntaria mayor, en una sola vez, al sistema de Naciones Unidas. El gesto español -700 millones de dólares para dar un impulso substancial a los Objetivos de Desarrollo del Milenio- ha causado gran sorpresa en los círculos diplomáticos ante la ONU. Muchos, acostumbrados al toma y daca de la política internacional, se han preguntado por el motivo detrás de este gesto inusual. La explicación es muy sencilla, y también poco habitual.

Pero además, quienes asistimos el 18 de diciembre en la gran sala de la Asamblea General de Naciones Unidas al concierto de despedida de Kofi Annan organizado por España, tuvimos la sensación de que un trocito importante de historia contemporánea se escribía ante nosotros.

Allí, cerca del futuro secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, se sentaba el todavía secretario general Kofi A. Annan junto al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el primer ministro de Turquía, Tayyip Erdogan. Las palabras más elocuentes de ambos estadistas estuvieron dirigidas a Annan, y todos allí, cuando este último habló, aplaudimos emocionados ante la imagen de un gran hombre que se va y el legado que deja.

Sin embargo, no fue un político, sino un apasionado artista y humanista, el que acentuó el simbolismo del momento. Daniel Barenboim nos hizo ver, refiriéndose a la Orquesta Divan a la que dirigió, que sus jóvenes músicos saben que no pueden trabajar aislados unos de otros; que esos virtuosos israelíes, egipcios, sirios, o libaneses sólo alcanzan la armonía cuando la persiguen en común. Lo que ellos, interpretando a Mozart y a Brahms, consiguieron ese día aún no lo han logrado los políticos representantes de sus respectivos países en esa misma gran sala.

Escuchando a Kofi Annan reflexionaba yo sobre los tiempos en los que le ha tocado liderar la organización de las Naciones Unidas. En diversas entrevistas recientes asoma un hombre contenido que rememora momentos tensos, dolorosos. Sin embargo, yo creo que la talla de Kofi Annan seguirá creciendo a los ojos de la Historia.

Su mandato ha coincidido con la época en la que el mundo ha entrado en una gran encrucijada. El nuevo desarrollo de la globalización ha traído fenómenos insospechados. Entre ellos, una conciencia global crítica abrazada -debido al salto de reflexividad que han supuesto las nuevas tecnologías de la información- por millones de ciudadanos en todo el mundo. El ciudadano global se sitúa críticamente frente al desarrollo de la propia globalización en tres áreas bien definidas: quiere ver respetados los derechos humanos, quiere que no se siga amenazando el equilibrio ecológico del planeta, y desea una convergencia económica y social de todos los países.

Por supuesto, la globalización ha traído nuevas tensiones en el terreno de la seguridad, con la aparición del terrorismo de corte fundamentalista y las diferencias en cuanto a su tratamiento, y ha llevado al Consejo de Seguridad de la ONU a momentos dramáticos sin parangón en toda la historia de la organización.

Pero ésa no es toda la realidad de Naciones Unidas.

Programa a programa, miles de funcionarios de Naciones Unidas trabajan con horizontes que tampoco nadie hubiera podido prever hace tan sólo diez años. En Bulgaria, ONG y empresas trabajan con la ONU y en conversaciones con el Gobierno para acabar con la corrupción pública. En Camboya, multinacionales del textil y las Naciones Unidas se unen a las empresas locales del sector y al Gobierno para que las maquiladoras no sean sinónimo de condiciones infrahumanas de trabajo. En Colombia, empresas mineras, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos crean junto a Naciones Unidas áreas de paz y estabilidad en apoyo del Estado democrático. En Panamá o en Sri Lanka esas mismas fuerzas se aplican a la erradicación del trabajo infantil. En aldeas perdidas en el interior de Marruecos o en el Caribe colombiano, una coalición similar extiende la electrificación. El mundo en vías de desarrollo hierve con nuevos modelos de negocios, ligando empresas globales y nuevas cadenas de proveedores, protagonizadas por microempresas surgidas a través de crecientes circuitos de microcréditos, como en Bangladesh o en Bolivia. Y en todos esos proyectos, junto a gobiernos, empresas responsables y organizaciones de la sociedad civil, aparecen las diversas agencias de Naciones Unidas, como facilitadores, convocantes e impulsores.

Estas nuevas coaliciones, surgidas en torno a iniciativas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio o el Global Compact, son tendencias que configuran el aspecto más profundo de la reforma de Naciones Unidas. Y han surgido de la mano de Kofi Annan. Por eso, no es de extrañar que bajo su mandato millones de ciudadanos de todo el mundo, por vez primera en la historia, hayan pasado a apoyar a Naciones Unidas como un acto individual de compromiso con el progreso humano.

Fue un buen espectáculo el que dio el Gobierno de España en Nueva York. Porque el homenaje de despedida a Kofi Annan fue del todo merecido. Y porque opino que la razón de la donación extraordinaria realizada a la ONU es sencilla, aunque poco frecuente: cumplir al pie de la letra su compromiso electoral en el terreno internacional del desarrollo, conectando así con la conciencia global de la mayoría de los españoles y la de millones de “ciudadanos globales” en todo el mundo.

En julio del año pasado, millones de personas llenaron estadios para los conciertos del Live 8 en apoyo del pueblo de África. También fue por los ciudadanos comunes que los líderes africanos viajaron hasta Escocia para reunirse con los jefes de Estado del G-8 ese verano. Fue por esta misma gente que muchos individuos y organizaciones de todo el mundo llevaron a cabo la campaña Jubileo 2000 para el alivio de la deuda.

Y en San Petersburgo, en julio del 2006, los líderes del G-8 reafirmaron su compromiso con los objetivos ambiciosos que se habían fijado el año anterior, aunque no avanzaron más. Pasó prácticamente un año y medio y no hay señales de progreso en cuanto a cumplir los compromisos con el desarrollo de África formulados por los líderes mundiales y los militantes comprometidos. ¿Cuándo se encontrará una solución sostenible para la pobreza deshumanizadora de África, no sólo por parte del G-8 y los organizadores del Live 8, sino también de los líderes y el pueblo de África?

África es una paradoja. Es uno de los continentes más ricos del planeta, dotado de petróleo, piedras preciosas, bosques, agua, vida silvestre, suelo, tierra, productos agrícolas y millones de hombres y mujeres. Sin embargo, la mayoría del pueblo africano vive en la pobreza. Yo no dejo de preguntarme por qué.

Una razón es que muchos africanos carecen del conocimiento, habilidades, herramientas y voluntad política para crear riqueza a partir de sus recursos. Son incapaces de sumar valor a las materias primas para poder vender productos procesados en mercados locales e internacionales y negociar mejores precios y reglas comerciales favorables. Otra razón es que los ciudadanos comunes sufren cuando las deudas no se cancelan, cuando la asistencia financiera no llega o cuando se erigen barreras comerciales.

Yo también veo la necesidad de que los africanos comunes abracen un conjunto de valores, como el servicio por el bien común, y el compromiso, la persistencia y la paciencia hasta que se alcanza un objetivo. También necesitamos africanos que amen tanto a África como para querer proteger a sus países – su tierra- de los procesos ambientalmente destructivos. La transformación de tierras de pastoreo en desiertos debido a la deforestación, la invasión de los bosques para una agricultura de subsistencia, la pastura excesiva y la pérdida de biodiversidad y suelo amenazan a todo el continente.

Otro valor que deben adoptar los africanos es el amor y la preocupación por la gente joven. Una de las experiencias más devastadoras es ver cómo se marchita la juventud porque está desempleada, incluso después de haber completado una educación secundaria y terciaria, o porque su salud se ha deteriorado. La gente se encuentra imposibilitada de realizar actividades productivas, incapaz de satisfacer sus necesidades de vivienda, atención sanitaria y nutrición. Queda atrapada en un círculo vicioso de pobreza y, a veces, de delincuencia. África necesita prepararse para las oportunidades trabajando deliberadamente por la paz y la seguridad. Gran parte de la pobreza de África es alimentada por los conflictos. En el curso de mi trabajo en los últimos 30 años, observé que, a nivel nacional o regional, la mayoría de los conflictos son por los recursos. ¿Quién los controlará y los utilizará? ¿Quién será incluido o quedará excluido? Cuando los recursos son escasos, o están tan degradados que ya no pueden garantizar medios de vida, o están distribuidos de manera desigual, el conflicto subsiguiente es inevitable. Los líderes africanos deberían gobernar y ejercer sus funciones para el beneficio del pueblo, no de ellos mismos.

Al pueblo de África se le debe permitir ganar confianza, dignidad y una sensación de valor propio. También se le debe proporcionar conocimiento, habilidades y herramientas para emprender la acción. Por esto el alivio de la deuda es tan importante. Les ofrece a los gobiernos recursos adicionales para invertir en iniciativas que den poder a su pueblo. A pesar de los muchos desafíos que siguen existiendo, se ha hecho un importante progreso. Hay indicios de buena gobernancia en muchos países. En muchos otros, la sociedad civil sigue creciendo, respaldada por gobiernos nacionales, la Unión Africana y la comunidad internacional. Muchos países están resolviendo sus conflictos y trabajando para la paz y la estabilidad. Debemos valorar y alentar a quienes están tomando decisiones valientes.

Pero todavía hay mucho por hacer, por parte de los africanos y con los muchos amigos de África en todo el mundo. Como en la historia de la Biblia, cuando Pedro y Juan le dijeron a un mendigo “levántate y anda”, los africanos son llamados a alejarse de la ignorancia, la inercia, la apatía y el fatalismo. A caminar hacia la libertad económica y política. A caminar hacia un África libre de pobreza.

Desde Haití nos han llegado en los últimos tiempos las imágenes más duras de la desesperanza. Hemos visto cómo sus ciudadanos huían de la violencia y de la pobreza, buscando refugio en un país donde la seguridad es un sueño de otra época. Hoy Haití es el retrato de un Estado que todavía no ha podido garantizar el motor de una sociedad: la confianza de su población en un futuro mejor. Ésta es la fuerza que modifica el discurrir de la Historia y que le ha sido robada al setenta por ciento de los haitianos que vive por debajo del nivel de pobreza extrema. La seria y prolongada crisis económica, política y social de la que Haití está saliendo con dificultad, ha provocado que su Producto Interior Bruto (PIB) se haya reducido en un dos por ciento cada año durante los últimos veinticinco años y que el desempleo haya alcanzado al setenta por ciento de la población, y de forma dramática a los jóvenes.

Restaurar la ilusión individual y colectiva es, sin duda, el gran reto de la sociedad haitiana. España no ha querido permanecer al margen de esta escalofriante situación, como tampoco se ha mantenido insensible la comunidad internacional, y en particular Latinoamérica, que se ha volcado con la esperanza y la mirada puestas en la reconstrucción y desarrollo del país.

Haití tiene y merece una oportunidad. En este empeño estamos todos y por eso celebramos ayer en Madrid la Conferencia internacional de donantes, para impulsar de manera decidida su desarrollo económico y social. Como anfitriones de la Conferencia hemos aunado esfuerzos, coordinando las iniciativas existentes en una misma dirección. Todos, Estados y organismos multilaterales, nos hemos reunido con el compromiso de acompañarles en la reconstrucción de su sociedad, su economía y su vida política para intentar devolver al rostro de los haitianos la mirada de quien confía en el futuro.

El compromiso de España con Haití viene de largo. Hemos estado desde el principio en los esfuerzos de estabilización y de ayuda a la reconstrucción que lleva a cabo Naciones Unidas, a través de la MINUSTAH. Hemos apoyado el trabajo de esta misión, mediante un contingente militar, cuando el principal objetivo era la desmovilización de los contendientes, y más tarde con un contingente policial para la crucial tarea de asentar la seguridad del país, uno de los retos fundamentales para su reconstrucción y desarrollo. Además, poco a poco, personas e instituciones que forman parte de la cooperación española han ido incorporándose decididamente al reto que supone trabajar en Haití. Junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional ya son varias las organizaciones no gubernamentales que desarrollan iniciativas propias en condiciones difíciles. Nuestro país ha renovado su compromiso acorde con la magnitud de la tarea.

Hace dos días España y Haití firmaron su I Comisión mixta de cooperación y sentaron las bases y prioridades de actuación; entre ellas la educación, la gobernabilidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Mientras que en 2004 la ayuda a Haití fue de 3,6 millones de euros, desde el 2005 al 2008 España contribuirá con 38 millones de euros. El consenso en esta materia es absoluto. La semana pasada el Congreso de los Diputados pidió por unanimidad el aumento de la ayuda destinada a Haití.

Sin seguridad, Haití no puede establecer las condiciones mínimas para su estabilidad y su desarrollo. Por ello, desde la comunidad internacional se ha subrayado esta tarea como el pilar sobre el que desarrollar otras iniciativas. Se está trabajando firmemente en el fortalecimiento institucional, garantizando la gobernabilidad, al mismo tiempo que en programas conjuntos de cooperación sobre el agua, el acceso a una alimentación básica y la reforestación, que España está poniendo en marcha junto a países como Argentina, México y Brasil. Compromisos adquiridos en las recientes Cumbres iberoamericanas.

La Comunidad internacional de donantes reunida ayer en Madrid y a la que han asistido cualificados representantes 85 Estados y organismos internacionales ha acordado ayudar a Haití en la elaboración de una estrategia en materia de gobernabilidad; ha decidido trabajar con el Gobierno haitiano en un documento de lucha contra la pobreza; y se ha propuesto como objetivos prioritarios aumentar la eficacia de la ayuda, y asumir la corresponsabilidad entre Haití y la comunidad internacional. La eficacia en el sistema de ayudas creemos que debe basarse en una relación equilibrada entre los desembolsos realizados y los resultados alcanzados con ellos. Todo ello partiendo de la certeza y la confianza en que debe ser el gobierno haitiano quien lidere el proceso de desarrollo.

Después de dos años, y de algunos momentos de dificultad, en Madrid se ha confirmado que con el compromiso y esfuerzo de todos hay esperanza y oportunidad para los hombres y mujeres de Haití.

La Conferencia de Donantes para Haití que se reúne hoy en Madrid será decisiva para el futuro de ese país y pondrá a prueba la capacidad de la cooperación internacional para enfrentar los problemas de los Estados denominados “frágiles”. A la vez, el nuevo Gobierno haitiano tiene la oportunidad de definir sus prioridades y Naciones Unidas de probar la efectividad de su misión. Ante un país desestructurado, pobre, desigual y en el que surgen nuevas formas de violencia política y criminal, el tiempo corre más rápido que las negociaciones entre esos tres actores.

El mayor desafío es dar respuestas a la sociedad haitiana que espera desesperadamente una mejora visible y en el corto plazo en dos campos: seguridad y empleo. Haití es el país más corrupto del mundo, y el nivel de inseguridad y violencia ha alcanzado inclusive a las fuerzas de la Misión de Naciones Unidas (Minustah), con la muerte de dos cascos azules hace pocos días.

La elección del presidente René Préval el 7 de febrero de 2006 ha supuesto cierta estabilidad. En diciembre habrá elecciones municipales y se completará la Asamblea General. Préval gobierna en coalición, y si bien tiene respaldo de la población y la comunidad internacional se trata de una gobernabilidad sostenida sobre bases muy débiles. Este Gobierno precisa fortalecerse, y para ello tiene que mostrar logros. La comunidad internacional puede ayudar de forma directa, involucrando a la oposición, a grupos pro-Arístide que ahora dividen al país, y no sólo apoyando el partido o alianza en poder. También contribuyendo con ayuda en proyectos de corto y medio plazo que generen empleo intensivo de forma inmediata.

La inseguridad perdura y continúan los secuestros, asesinatos y violencia. Esto le quitará legitimidad muy pronto al Gobierno. El surgimiento de bandas armadas políticas y criminales que incorporan crecientemente a gente joven sin trabajo ni opciones es una de las cuestiones más graves. El país tiene 8,5 millones de habitantes, y cuatro de cada diez son menores de catorce años. Las estadísticas demuestran avances hacia un entorno más seguro pero la situación en muchas zonas de Haití indica lo contrario.

El número y capacidad de las armas es alarmante: las bandas armadas usan entre 6.000 y 13.000 de diversos calibres. Eso sólo representa una fracción de las 210.000 armas estimadas en el país. El fenómeno de la accesibilidad a las armas es mayor y se ha acelerado en los dos últimos años. La ONU tiene un programa para dar algo de dinero a cambio de las armas que se le entreguen y participación en el programa de reinserción, pero un puñado de dólares no otorga la seguridad, y el medio de vida, que da una ametralladora frente al desempleo y la desconfianza social. De ahí que el número de armas entregadas sea muy bajo.

En los dos años de gobierno interino y de misión de la ONU no se ha respondido coherentemente a la violencia creciente. La criminalidad ha ido extendiéndose entre organizaciones con fondo y motivo políticos, tales como grupos pro-Arístide que desean su vuelta al igual que entre bandas armadas que han aprovechado el vacío de poder para prosperar. La violencia se ha arraigado, no sólo por reivindicaciones políticas ignoradas sino también por actividades criminales que crecen ante la ausencia del Estado y la falta de desarrollo socioeconómico. Sin educación y empleo para una población muy joven, las bandas armadas son casi la única salida.

Estas bandas ocupan un espacio social y económico en los barrios, y están muy presentes en la vida diaria: proporcionan ciertos servicios para necesidades a las cuales el Estado ausente no responde, como, por ejemplo, protección, y llegan hasta aplicar cierto tipo de justicia dentro del barrio. Esos casos demuestran que se han estructurado especies de microsociedades dentro de los barrios de chabolas. Este fenómeno de organizaciones no estatales armadas sustituyendo al Estado ha prosperado en otros espacios, como Palestina, Líbano e Irak. Una vez establecida la tendencia es difícil volver atrás.

La misión de Naciones Unidas tiene desde 2004 la responsabilidad de establecer un entorno seguro y estable, lo que incluye asistir al Gobierno con programas de desarme, desmovilización y reconciliación y reestablecer el Estado de derecho. Por otro lado, Minustah tiene el mandato de asistir al Gobierno en el proceso político y promover y proteger derechos humanos.

La situación de conflicto armado peculiar de Haití se caracteriza por la ausencia de acuerdo de paz entre partidos armados y el Gobierno, ausencia de bandas identificadas con reivindicaciones claras (políticas, territoriales, entre otras), variedades de actores violentos, y politización y división de los grupos. Minustah ha tenido que cambiar su enfoque y ahora orienta su esfuerzo en una estrategia de reducción de la violencia basada en el acercamiento a las comunidades, la prevención de conflictos locales desde centros situados en lugares conflictivos para facilitar la mediación y dar alternativas.

La seguridad es fundamental para todos los actores sociales y políticos en Haití, y clave para su recuperación. La Conferencia de Donantes debería, entre otras cosas, financiar o aumentar la financiación de programas que permitan: promover la coordinación entre Minustah y la policía haitiana para vigilar y controlar las fronteras y el tráfico de armas, y para contar con un registro de armamento; ampliar programas y actividades de prevención, reconciliación, reflexión comunitaria sobre las raíces de la violencia y la crisis del país, y capacitación de líderes y comunidades en resolución de conflicto; realizar actividades de prevención y reconciliación con contrapartes locales que sean aceptadas en los barrios conflictivos.

En definitiva, es preciso vincular programas de desarme, prevención de la violencia, reinserción y reconciliación con la creación de oportunidades de empleo en proyectos que provea la cooperación internacional y gestione el Gobierno, sectores privados y comunidades locales. La otra opción es el retorno a la crisis y caos social.

Nada mejor que un viaje al África subsahariana siguiendo el arco del Níger, desde Nigeria hasta Mali, para comprender la relación entre desarrollo, demografía e inmigración y la diversidad del continente africano.
La anglófona Nigeria es la gran potencia regional que promueve la integración del África oriental, pero afronta graves tensiones étnicas y religiosas. Gracias a su petróleo, es uno de los países potencialmente mas ricos. Pero el 70% de los 130 millones de nigerianos viven con menos de 1 dólar/día. Durante 30 años de dictadura militar, la riqueza petrolera ha sido como una maldición que ha desbaratado las estructuras económicas y generado corrupción y desigualdad.

El francófono Mali es uno de los países mas pequeños de África (11 millones de habitantes) y el tercero mas pobre del mundo. El 70% de la población es analfabeta y crece tanto como su PIB. Depende críticamente de productos agrícolas, como el algodón, muy afectados por las políticas proteccionistas. especialmente de los EEUU, de la ayuda externa y de las remesas de sus 4 millones de emigrantes.
Esa África real, a veces excluida de la globalización pero cada vez mas deseada por sus riquezas minerales, no es un continente a la deriva, ni una reserva folklórica, ni está en otro planeta cuya evolución no nos afecte. Se enfrenta a tres grandes desafíos: la lucha contra la pobreza, evitar el asistencialismo y construir sistemas de gobierno democrático.
Uno de los Objetivos del Milenio era reducir la pobreza a la mitad en 2015. Digo bien “era”,porque según el PNUD, al ritmo actual África no alcanzará esos objetivos antes de ¡140 años! A pesar de todas las ayudas, cada 30 segundos muere un niño africano de malaria. Es un tsunami silencioso que el calentamiento climático podría agravar al extender el endemismo de ésta y otras enfermedades. Recorriendo el arco del Níger resulta evidente que la lucha contra la pobreza es la mejor respuesta a desafíos colectivos como la paz, la seguridad, las migraciones y la protección del medio ambiente. Pero es necesario que esa lucha sea eficaz. El presidente del Banco Mundial, P. Wolfowitz, que asistía en Bruselas a la Semana Europea del Desarrollo, me decía que “para que la pobreza pase a la Historia primero hay que acabar con la corrupción”.

La Unión Africana considera que la corrupción le cuesta al continente el 25% de su PIB. En Nigeria estiman que el 90% de los 400.000 millones de dólares obtenidos del petróleo han desaparecido o se han malgastado. La corrupción tiene un efecto devastador en la eficacia de las ayudas al desarrollo. Si persiste esa lacra nunca llegaremos a erradicar la pobreza, por muchos esfuerzos que dediquemos a la cooperación.
La UE aporta más de la mitad de la ayuda mundial al desarrollo, la mitad de la cual se dirige al África subsahariana. Pero son como gotas en el océano. Podemos y debemos hacer más. Alcanzar, como nos hemos propuesto, el 0,56% del PIB para ayuda al desarrollo en el 2010 y el 0,7% en el 2015. También debemos y podemos hacerlo mejor. En muchos países receptores las ayudas no llegan siempre a quienes más las necesitan. Muchos donantes tranquilizan su conciencia liberando fondos sin preocuparse demasiado por la poca o mucha eficacia con que se empleen. Y China no se propone someter la ayuda que promete a ninguna clase de condicionalidad.
Hay que exigir transparencia y responsabilidad compartida para evitar que las ayudas caigan demasiadas veces en un agujero, o en un bolsillo, o en un bolsillo agujereado. Condicionar pero no abandonar. Combatir los efectos perversos de la ayuda al desarrollo, que adormece a unos y crea buena conciencia en otros, que a veces empobrece y mantiene una forma de dependencia postcolonial. Para ello, necesitamos estrategias más coherentes y acciones menos dispersas. Un ministro ghanés decía tener que atender a mas de 400 donantes. Demasiados actores para demasiados pocos medios. En el 2005 hubo gestos relevantes, como el aumento de los esfuerzos del G-8 e importantes anulaciones de deuda externa. La UE adoptó una estrategia de desarrollo para África basada en el principio de “apropiación local” para que el destino de las ayudas se determine junto con los destinatarios y ponerlas más directamente a disposición de los sistemas locales de ejecución.

Los conflictos que han asolado con frecuencia África disminuyen. Hace 10 años, 30 países los sufrían. Hoy, a pesar del drama de Darfur, sólo son 6, gracias a fuerzas de mantenimiento de la paz africanas y a los esfuerzos diplomáticos de algunos de sus líderes, en particular los presidentes de Mali y Nigeria. Pero muchos africanos tienen que buscar futuro fuera de sus países. La emigración es una necesidad, como lo fue para los europeos del siglo XIX. Visto desde el arco del Níger, se comprende que el Eldorado europeo haga soñar a muchos africanos que emprenden una aventura, a veces de años, en la que arriesgan sus vidas pagando sumas colosales a los traficantes de seres humanos. El volumen de negocios de estos “nuevos negreros” es ya equivalente al de los traficantes de droga.
Si tuviésemos una política europea de inmigración legal y si no existiera una oferta de trabajo ilegal en Europa, los candidatos a la inmigración clandestina serían menos numerosos. Europa envejece y necesita emigrantes para salvar su bache demográfico. África es joven y necesita recursos y mercados. Canalizar la emigración y ayudar al desarrollo local son las dos caras del gran reto de nuestro tiempo que debemos afrontar juntos.

Los y las cooperantes son un colectivo con alto grado de responsabilidad y compromiso y queríamos responder a sus inquietudes, por eso hicimos realidad la voluntad política de adoptar por consenso un Estatuto de los Cooperantes que otorgara la cobertura jurídica imprescindible para quienes se dedican, como vocación y con sus mejores armas profesionales, a la cooperación al desarrollo y acción humanitaria.

Por ello al aprobar esta norma, el Gobierno declaró el 8 de septiembre Día del Cooperante. Una fecha compartida con la aprobación, en 2000, de la Declaración y los Objetivos del Milenio, aliento e impulso de nuestra cooperación y hoja de ruta de la comunidad internacional.

Ellos y ellas son quienes representan el sentir ético de la solidaridad de la ciudadanía en los países empobrecidos, nuestros cooperantes, por eso hemos puesto nuestra voluntad y entusiasmo todos los que trabajamos en cooperación, Gobierno, Ayuntamientos, comunidades autónomas, ONG y misioneros, para que este primer Día del Cooperante llegue a la opinión pública. Hemos realizado un esfuerzo conjunto, contra el tiempo -como muchas veces se trabaja en cooperación internacional- y sin dudar un momento, cada quien desde su lugar, hemos trabajado codo a codo, también en el terreno, con las Embajadas, Oficinas de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y las ONGD, para realizar actividades que sirvan para compartir ese esfuerzo continuado y corresponsable en la lucha por la justicia y los derechos humanos, contra la pobreza y por la sostenibilidad del planeta.

Con un lema Su trabajo hace que tu solidaridad llegue a buen fin, los medios de comunicación se han implicado ejemplar y solidariamente en esta campaña. Dicho lema refleja varios mensajes que quiero resaltar:

- Las personas que trabajan como cooperantes canalizan las aportaciones de la sociedad española (vía impuestos o donaciones voluntarias), haciendo así visible la obligación de un Estado que debe responder a la contribución de un mundo más justo. Y aunque estas aportaciones van incrementándose, nuestra ciudadanía quiere saber cómo y dónde se distribuye y en qué se utiliza. Es responsabilidad de los gobernantes que la ayuda sea eficaz, que ese apoyo solidario sirva para cambiar las todavía alarmantes condiciones de pobreza. Y nuestros cooperantes son el referente de la ayuda. Nuestros valedores.

- Además, las mujeres y los hombres que realizan estas tareas son profesionales acreditados que provienen de muy distintas especialidades y que de forma continuada actúan ante las más diversas y a veces arriesgadas situaciones, en lugares en los que hace falta una fuerte implicación y formación continua para que la ayuda tenga su necesario impacto.

Por ello, lo primero que debía hacer el Gobierno para con sus cooperantes era resolver una deuda histórica y moral derivada de la aprobación en 1998 de la Ley de Cooperación Internacional. Es evidente el importante avance que supone disponer de un instrumento jurídico que reconoce el carácter de su actividad y servicio prestado a través de ONG, órdenes religiosas o instituciones públicas, y que aborda sus especificidades laborales, sus condiciones distintas, pero en equivalencia al resto de los trabajadores españoles. El horizonte del sendero iniciado implica ahora, tras su reconocimiento legal, el de dignificar su trabajo. No escatimaremos esfuerzos en impulsar las cuestiones pendientes de desarrollo reglamentario, pero también es responsabilidad de las organizaciones e instituciones que tienen a su cargo cooperantes, su puesta en marcha y efectiva aplicación.

Tampoco regateamos esfuerzos, desde el primer día, en solucionar la precariedad laboral que desde hace bastantes años soportan parte de los trabajadores de la AECI en el exterior.

Hemos vivido en los últimos 30 años un desarrollo de magnitudes históricas que han convertido a España en donante y corresponsable activo de la solidaridad internacional. Todos recordamos a los primeros misioneros y misioneras que abrieron camino, que siguen allí y que son ejemplo de compromiso diario. A aquellos primeros expertos que, desde el Ministerio de Trabajo, se desplazaron, en los albores de los 80, a poner en marcha los primeros mimbres de nuestra cooperación. Hoy contamos cada vez más con mejores profesionales cooperantes de ONGD, con personal altamente motivado y cualificado que trabaja para las Administraciones Públicas y que hacen posible que, lejos de cualquier coyuntura, nuestra solidaridad sea cada vez más extendida y reconocida.

Con chalecos y camisetas de ONGD españolas, jóvenes y no tan jóvenes, miran directamente a los ojos de la desigualdad y falta de oportunidades, con distintivos de la AECI, de los servicios de salud de las comunidades autónomas, Ayuntamientos, de servicios de Protección Civil. Muchas personas representando a la ciudadanía española están salvando vidas. Su trabajo muchas veces es invisible. Trabajan en los ángulos muertos del mundo, en las esquinas ensombrecidas de los medios de comunicación y en zonas que nadie imagina. En las mejores ocasiones, dedican su vida. En las peores, la pierden.

Sirva este día y estas líneas como recuerdo a quienes entregaron su vida por esta causa. Y sirva como oportunidad para que la sociedad recíprocamente les vuelva a encontrar, les haga el gesto de que se sientan otra vez en casa.

Que los futuros avances de la cooperación sean fruto del esfuerzo concertado de todos, convirtiéndose así en homenaje permanente a las terminales sensibles de la cooperación: nuestros cooperantes, ellas y ellos, que consiguen que nuestra solidaridad llegue y sea posible. Feliz día.

EL año pasado por estas fechas, una importante campaña en la que participaron millones de personas estaba alcanzando su punto culminante. El objetivo era presionar a los líderes mundiales reunidos en la cumbre del G-8, en Gleneagles (Escocia), para que emprendieran acciones decisivas contra el escándalo de la pobreza global. Gracias al peso de la opinión pública que hay detrás de la campaña Make Poverty History (Que la pobreza sea historia) y de Live8, la comunidad internacional escuchó y actuó. Los líderes presentes en Gleneagles se comprometieron a duplicar la ayuda, cancelar deudas, preparar al personal de las misiones de paz, ayudar a los países pobres a lograr una educación primaria universal y gratuita y a acceder a una atención sanitaria básica, hacer llegar medicamentos contra el sida a todo el mundo y abordar el problema del cambio climático.

Fue un resultado extraordinario del que millones de personas pueden enorgullecerse. Pero no ha sido más que la primera fase. Las buenas palabras no significarán nada si no se materializan esos compromisos y un cambio real para millones de las personas más pobres de nuestro planeta. Por supuesto, nadie esperaba que de la noche a la mañana pudiéramos conseguir que la pobreza fuera historia o detener el cambio climático. Son problemas a largo plazo, y las soluciones también lo serán. Pero los millones de personas que participaron en esa campaña tienen todo el derecho a esperar que se emprendan acciones inmediatas para arreglar las cosas. Ahora que el G-8 va a reunirse de nuevo en San Petersburgo, ¿qué avances se han observado? Se han hecho muchos progresos en muchos ámbitos, pero no se niega que ha habido decepciones, en especial el no haber alcanzado un acuerdo global sobre comercio.

Pero primero veamos las buenas noticias. La ayuda internacional ha aumentado alrededor de un 25% entre 2004 y 2005 hasta superar los 80.000 millones de euros, y va bien encaminada hacia el objetivo de 100.000 millones en 2010. El mes próximo habremos cancelado el 100% de la deuda de los veinte países más pobres, lo cual es un logro extraordinario. Así que lo importante es que la eliminación de la deuda sea utilizada adecuadamente por los gobiernos que se beneficien de ella y que, en general, haya más fondos para el desarrollo. Eso es lo que lograrán los compromisos del G-8. El Reino Unido alcanzará su meta de aportar un 0,7% de la renta nacional en concepto de ayudas en 2013, dos años antes del objetivo propuesto por la UE para 2015.

Por 8.000 millones de euros al año, todos los niños de todos los continentes podrían tener profesores, libros y aulas. Ello nos supone 11 euros anuales, o 22 céntimos a la semana, a los ciudadanos de los países más ricos. De hecho, aportando 1,5 céntimos cada uno podríamos financiar la escolarización de todos los niños a los que actualmente se les niega en los países más pobres. Y la educación no sólo beneficia a los niños, sino a las familias, las comunidades y las naciones en su conjunto: es la mejor inversión que podemos realizar para garantizar el crecimiento y el desarrollo económicos.
La educación es, de hecho, el epicentro de cualquier estrategia de éxito para contener la avalancha de virus VIH y del sida. El mero hecho de que las niñas vayan al colegio es una de las estrategias de prevención más eficaces contra el sida. Por ejemplo, las tasas de infección entre las mujeres cultas de Zambia han disminuido, mientras que se han mantenido constantes entre quienes no han recibido una educación básica.

En 2005 se destinaron casi 3.200 millones de euros al reabastecimiento del Fondo Global para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. Una sesión de la ONU acordó financiar totalmente a aquellos países que diseñaran planes creíbles y sostenibles contra el sida, como parte del compromiso de Gleneagles con un acceso universal al tratamiento del sida para 2010.

El Reino Unido y Europa están mostrando el camino. Gran Bretaña es el segundo mayor donante de los programas contra el sida, y nos hemos comprometido a aportar 2.100 millones de euros entre 2005 y 2008. Junto con otros países europeos, hemos lanzado las Instalaciones Internacionales de Financiación para la Inmunización, que salvarán a cinco millones de niños de la muerte desde hoy hasta 2015. Y hemos lanzado un nuevo Fondo de Emergencia de la ONU para responder con más rapidez a los desastres naturales y humanos, como Darfur y el terremoto de Pakistán, y hemos ratificado la convención de la ONU sobre la corrupción.

Así que hay mucho de lo que enorgullecerse. Pero, lógicamente, debemos hacer más. El comercio es un elemento clave del programa para 2005 en el que no hemos logrado las mejoras que esperábamos. En algunos ámbitos hemos avanzado a duras penas hacia un acuerdo global, pero todavía no hemos lidiado con las cuestiones más complejas, y el plazo para concluir la ronda -a finales de este año- se nos viene encima.

El hacer honor a la promesa de esta ronda de conversaciones sobre desarrollo es la decisión más importante que podíamos tomar en el plano internacional para sacar a millones de personas de la pobreza. Por las conversaciones mantenidas con varios líderes (entre ellos los presidentes Mbeki, Bush y Lula y la canciller Merkel) sabemos que el deseo general es alcanzar un acuerdo ambicioso que beneficie a los países más pobres.

En cuanto a la gestión del cambio climático, somos conscientes de que reina cierta frustración por el ritmo de los progresos. La ciencia nos dice que no disponemos de mucho tiempo. Aunque Reino Unido cumplirá su objetivo del Protocolo de Kioto con siete años de adelanto, debemos decidir lo antes posible qué ocurrirá cuando la primera fase de Kioto finalice en 2012. La labor de Reino Unido durante 2005 consistió en garantizar que todos los países, incluso los que no han ratificado el Protocolo, se ponían de acuerdo para empezar a debatir un marco internacional futuro. Ello supuso un avance importante que ha permitido un progreso significativo en la reunión de la ONU en Montreal.

Juntos, sin duda, podemos asegurarnos de no fallarles a los más pobres del planeta.

Durante el verano del 2004, mientras la crisis de Darfur calaba en la conciencia del mundo, el vicesecretario general de la ONU para la Ayuda Humanitaria, el noruego Jan Egeland, hizo una chocante confesión. Al reflexionar sobre los motivos por los que Darfur había concitado súbitamente la atención internacional, a diferencia de otros conflictos sangrientos, Egeland declaró a The New York Times:”No sé por qué un lugar atrae las miradas y otros no. Parece una lotería en la que una cincuentena de grupos explotados y maltratados intenta hacerse con el número premiado; apuestan pero pierden cotidianamente. Yo mismo sostuve que Darfur era el problema cuya solución más apremiaba, pero en términos de magnitud de población desplazada, las proporciones son superiores en Uganda y Congo oriental”.

Numerosas personas comparten el sentimiento de perplejidad de Egeland: ¿por qué ciertos temas y cuestiones sacuden los medios de comunicación y estimulan a las ONG, al tiempo que otros no consiguen atraer el interés y la preocupación internacional? ¿Por qué, por ejemplo, la revuelta zapatista mexicana de 1994 concitó una red internacional de apoyo tan intensa en tanto que el dilatado activismo indígena de Latinoamérica no atrajo esta clase de respuesta? ¿Por qué los tibetanos reunieron tan amplio respaldo en tanto que la minoría uigur del noroeste de China, de similares dimensiones, reivindicaciones y amenazas sobre su comunidad étnica, siguen sin verse apoyados en el extranjero?

Estas preguntas no son meramente académicas. La atención de los medios de comunicación y el activismo de las ONG pueden modificar la dinámica de los conflictos. Mayores recursos, activistas veteranos y nuevos contactos con los políticos clave pueden dar fuelle a los movimientos disidentes y contribuir a presionar sobre los gobiernos represivos y las multinacionales frías y distantes para que adopten actitudes más positivas. Aun cuando ser centro de atención de la comunidad internacional no es prenda de paz o de justicia – piénsese en Darfur-, puede influir en el rumbo de los conflictos.

A la hora de dar cuenta de las mencionadas disparidades en materia de atención mundial, la teoría de la lotería de Egeland no deja de mostrar un punto de verdad: la fortuna desempeña un cierto papel en numerosos fenómenos sociales. Aunque, a decir verdad, un análisis más profundo pone indudablemente al descubierto una subyacente racionalidad y congruencia… que, lamentablemente, no por ello adopta la forma de una meritocracia del dolor, como han expresado algunos dirigentes de ONG. Según las líneas maestras de este seductor enfoque, atentos y solícitos periodistas informarían continuamente sobre las zonas conflictivas del planeta mientras desinteresadas ONG registrarían el mundo palmo a palmo en busca de los casos de más perentoria necesidad, los sitios de internet proporcionarían conexión instantánea con las víctimas virtuales, la ética y los principios iluminarían sobre los posibles acreedores del respaldo y la ayuda humanitaria y, en definitiva, el activismo mundial mejoraría sustancialmente la situación de las gentes sumidas en el dolor a miles de kilómetros de distancia.

La realidad es distinta. Incluso un análisis superficial muestra que la mayoría de los problemas más espinosos del mundo no figuran en la agenda internacional de prioridades. La guerra civil e interestatal en Congo que se libra desde mediados del decenio de los noventa ha recibido apenas atención en el extranjero pese a los millones de muertos que ha acarreado. El conflicto Norte-Sur en Sudán – con cifras igualmente espantosas de víctimas- apenas trascendió durante los años ochenta y noventa del siglo pasado. En fechas más recientes y de modo similar, los conflictos a menor escala y las violaciones de los derechos humanos, desde Mauritania hasta Indonesia o Colombia, han seguido siendo casi invisibles más allá de sus fronteras, a pesar de las grandes pérdidas humanas.

No obstante, y aun cuando la meritocracia del dolor sigue siendo un concepto engañoso, existe una cierta lógica – si bien una lógica más fría- asociada al reparto de las inquietudes mundiales. Concitar la atención y solicitud del mundo no es nada fácil. Guerras, matanzas, hambrunas y enfermedades rivalizan constantemente por la noticia. Rivalidad que naturalmente puede tratar de abrirse paso de manera indirecta: raramente un grupo necesitado de ayuda ataca o difama a otro. En ocasiones la atención prestada a unas víctimas alivia la situación de otras víctimas próximas o en parecida situación en otros lugares, aun cuando la rivalidad entre unos grupos y otros no deja de ser una realidad.

La razón principal estriba en que los recursos destinados a los problemas internacionales no alcanzan para atender las necesidades de los pobres, enfermos y humillados del planeta. Incluso las principales ONG lamentan la escasez de fondos e impulsan continuamente campañas para conseguirlos. La ONU, por su parte, identifica anualmente un puñado de crisis olvidadas.

En tal contexto, el apoyo a las ONG se concibe no tanto como un simple altruismo sino como un intercambio. A miríadas de víctimas desesperadas en busca de ayuda les responde el eco de ONGde exiguos recursos, aunque de importancia esencial; factor que provoca un desequilibrio en la relación de fuerzas favorable a las ONG. Aunque la mayoría se ve animada de buenos propósitos, eligen con sumo cuidado a los destinatarios de sus escasos recursos económicos, personal y tiempo. Aparte de que naturalmente han de financiar los costes de su red organizativa y administrativa. En consecuencia, los puntos de vista de las ONG sobre lo que realmente constituye un problema importante, sus preferencias por determinadas tácticas y sus exigencias de responsabilidad – que en buena medida dan cuenta de los mismos criterios y manías de los países desarrollados del norte- configuran profundamente el marco en cuyo seno los grupos en busca de ayuda rivalizan por ella.

No es de extrañar que las víctimas probablemente más beneficiadas sean aquellas cuyos perfiles encajan mejor con las preferencias de las ONG y no necesariamente las más desesperadas. A veces las ONG buscarán clientes distantes que compendian y representan los objetivos de una campaña en curso, como en Sudán a finales de los años noventa cuando por fin este país afloró a las páginas de la agenda internacional gracias al electorado estadounidense de inspiración cristiana. A ojos de estos activistas, una guerra en la que los musulmanes del Norte reprimían y esclavizaban a los cristianos del Sur no constituía sólo un crimen; hizo las veces de potente símbolo de preocupaciones mayores, haciendo de una persecución de tintes religiosos una cuestión esencial de derechos humanos y reforzando de paso el papel de la religión en la política exterior norteamericana.

Sin embargo, aunque los sudaneses del Sur fueron al cabo descubiertos por partidarios extranjeros de su causa, la mayoría de los solicitantes de ayuda en cada lugar han de vender ellos mismos su causa. Y, a este respecto, el olfato comercial importa sobremanera. Aun siendo numerosas las estrategias en juego, todas ellas intentan suscitar la conciencia internacional y promover el interés y atractivo de un grupo determinado a ojos de distantes ONG. Quienes se enfrentan a la persecución y el conflicto se valen de todos los medios a su alcance – correo electrónico, internet, teléfonos móviles y contactos personales- para difundir su causa. En la confusión de reivindicaciones y peticiones recíprocamente rivales, muchos recurren a la protesta o la fuerza para atraer la atención. Tal fue un factor clave de la estrategia zapatista al irrumpir en ciudades mexicanas y valerse de la repercusión mediática posterior para difundir en el extranjero los problemas de los indios.

Ahora bien, atraer la atención es sólo una parte de la cuestión. Numerosos grupos y movimientos deben reconsiderar continuamente su marco de acción, sus tácticas, sus métodos de organización e incluso sus propias señas de identidad a fin responder a las expectativas y puntos de vista de las instancias extranjeras. El renombre mundial del pueblo tibetano en tanto que pueblo de rasgos espirituales singulares y únicos obedece en gran medida a los esfuerzos realizados para responder a tales exigencias. Y, de modo recíproco, las instancias y públicos extranjeros influyen con sus puntos de vista en luchas y campañas locales de objetivos muy distintos de los suyos. El movimiento indio Chipko, considerado internacionalmente como causa medioambiental local opuesta a los grandes proyectos desarrollistas sin visión sostenible (simbolizada por la acción de abrazarse a los árboles para evitar su tala), se apoyaba de hecho en dilatadas reivindicaciones independentistas respecto de Uttar Pradesh.

No todos los grupos y movimientos en dificultades logran atraer la atención internacional. Quienes actúan bajo regímenes bien conocidos por no respetar las normas de la comunidad internacional o son gobernados por líderes execrables, disponen de mayores recursos o poseen mejores contactos internacionales se llevan la palma, a la hora de atraer las miradas en comparación con grupos igualmente oprimidos que por causas históricas o geográficas carecen de tales ventajas. En este contexto, la presencia de un líder con buen conocimiento del inglés, formado en una universidad del mundo desarrollado y que conozca los resortes de las ONG puede ser el factor que incline decisivamente la balanza.

En suma, la distribución geopolítica del activismo internacional posee su propia lógica. Pero, pese a la desesperación de Jan Egeland y el optimismo de los dirigentes de ONG, hunde sus raíces en enormes diferencias de poder e influencia que aquejan a las ONG y grupos en conflicto que aquéllos tratan de ayudar. En este sentido, los grupos y movimientos locales no se hallan por completo desamparados e impotentes. Saber venderse cuenta, lo que ocurre es que sólo unos pocos afortunados se beneficiarán de respaldo notable o sustancial.

Tema: La OCDE ha publicado recientemente las cifras provisionales de ayuda para el año 2005. Su espectacular subida en el último año responde, sobre todo, a operaciones de cancelación de la deuda y al apoyo de la comunidad de donantes a los países afectados por el tsunami en 2004.

Resumen: Tras revisar brevemente la evolución reciente de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) mundial, se analizan las causas de la espectacular subida en 2005. A continuación, se discuten la sostenibilidad de este ritmo de crecimiento y las fuentes alternativas de financiación para el desarrollo.

Leer artículo completo (PDF). Disponible también en el Real Instituto Elcano.

El 16 de junio de 1976 cientos de escolares de raza negra de Soweto, Sudáfrica, salieron a la calle para demandar igualdad en la calidad de la educación y reivindicar su derecho a recibirla en su propia lengua. Aquel día y los siguientes, cientos de niños, niñas y jóvenes fueron tiroteados, más de 100 murieron y más de mil resultaron heridos. Para recodar aquellos hechos, honrar la memoria de los que fallecieron y llamar la atención sobre los problemas que padece la infancia en África, mañana, como cada 16 de junio desde 1991, se conmemora el Día del niño africano.

Por ello, no queremos dejar pasar esta ocasión para insistir y volver a insistir sobre la situación de la infancia en África. Entre lo que entendemos que debe ser una etapa en la vida como la infancia y la situación que viven los niños y niñas africanos hoy media un abismo. La infancia es una etapa especial de la vida de las personas, que debe y debería estar marcada por el estímulo, la protección y el amor de los adultos para que niños y niñas crezcan fuertes, seguros de sí mismos y puedan desarrollar plenamente todas sus capacidades. De esta forma aseguramos futuras generaciones sanas, productivas y libres.

Sin embargo, África es un continente asolado por la pobreza, las guerras, el sida y la violencia. Según el Informe de Unicef sobre el Estado Mundial de la Infancia de 2006, más de la mitad de la población en África Subsahariana es menor de 18 años. La esperanza de vida media al nacer es de sólo 46 años, y en torno a un 40% de la población vive con menos de 1 euro al día. Todos los años mueren en África 5 millones de niños menores de cinco años por causas prevenibles, que en nuestro país hace décadas que han sido superadas. Los países del mundo que registran las tasas más altas de mortalidad infantil son africanos y la mayoría ha sufrido un importante conflicto armado. De los 38 millones de personas afectados por el sida, 25 millones viven en África y de ellos casi 2 millones son niños, y más de 12 millones son huérfanos, que han perdido a uno de sus padres o a ambos por causa del sida. Y también en África se estima que cada año 3 millones de mujeres y niñas sufren mutilación genital, una práctica aberrante que además de secuelas físicas de por vida puede ocasionar la muerte.

Es cierto que las respuestas de la comunidad internacional ante los llamamientos de emergencia para salvar vidas están garantizadas; pero en muchos lugares de África la emergencia es crónica, se reproduce año tras año, día tras día, silenciosamente. Por ello, necesitamos ir más allá: contribuir, cada uno desde su responsabilidad, en la solución. Desde 1989, año en que se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención de los Derechos del Niño, los derechos de la infancia son competencia internacional, modificando profundamente la naturaleza del compromiso del mundo con la infancia. Y más recientemente, desde su aprobación en septiembre de 2000 por 189 jefes de Estado y de gobierno, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se refieren principalmente a la infancia, se proponen como metas concretas y medibles para alcanzar un mundo más justo en 2015.

Ciertamente, cada vez más la comunidad internacional, nuestras instituciones y todos nosotros somos no sólo sensibles ante esta situación, sino también conscientes de la importancia que la realidad de África, de sus niños, niñas y jóvenes, tiene para nuestro propio futuro como sociedad. África no está lejos, cada vez está más cerca, y la infancia es la base de su futuro: la esperanza en una vida digna, la de cada uno de los 340 millones de niños y niñas, su futuro, es también el nuestro. La intención existe, los recursos están disponibles y los objetivos son claros. Compartir esa responsabilidad, moral y práctica, y comprometernos con ella para que esta situación no se reproduzca generación tras generación es nuestro mensaje, porque si no ganamos todos, perdemos todos.

Le paludisme frappe l’Afrique de plein fouet. Selon l’Organisation mondiale de la santé, entre 300 et 500 millions d’individus en sont affectés chaque année, et entre 1,5 et 2,7 millions en meurent. Plus de 80 % de ces décès ont lieu en Afrique. Les jeunes enfants et les femmes enceintes sont les plus vulnérables. La perspective d’un vaccin est encore lointaine, malgré les résultats récents encourageants. La prévention des infections doit donc passer par l’adoption de comportements préventifs.

Le vecteur du virus du paludisme est le moustique femelle, et l’une des méthodes de prévention efficace est la moustiquaire. Des essais cliniques réalisés sur le terrain dans plusieurs pays africains ont montré que l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide réduit en moyenne de 20 % le nombre d’infections (les moustiquaires non imprégnées sont bien moins efficaces). Jusqu’à récemment, une barrière importante à l’adoption de moustiquaires imprégnées était la nécessité d’un retraitement régulier (tous les six mois), un processus coûteux, désagréable et potentiellement toxique. La bonne nouvelle est que, depuis quelques années, des moustiquaires «permanentes» sont disponibles : l’insecticide est introduit dans la fibre même et ne disparaît pas à l’usage ou au lavage. La mauvaise nouvelle est que leur utilisation est encore très rare : seuls 15 % des enfants de moins de 5 ans en Afrique dorment sous une moustiquaire, et moins de 2 % d’entre eux sous une moustiquaire imprégnée.

Cela est en partie dû au prix : une moustiquaire imprégnée coûte six dollars, une somme considérable dans un pays comme le Kenya, par exemple, où le PIB par tête est de 312 dollars par an. Si l’importance de dormir sous une moustiquaire n’est donc pas en question, le débat fait rage sur la meilleure façon d’arriver à une généralisation de leur usage. Certains (dont Population Service International, une ONG américaine spécialisée dans le «marketing social» et un distributeur important des moustiquaires traitées) insistent sur l’importance de les vendre (à un prix subventionné) pour toucher plus de familles avec le même budget, et parce que le fait de payer pour la moustiquaire rendrait les familles plus conscientes de leur valeur. D’autres, comme le Center for Disease Control, notent que l’adoption de moustiquaires reste très faible quand celles-ci sont vendues, et soulignent le fait que les moustiquaires imprégnées sont d’autant plus efficaces que plus de gens les utilisent, puisque la maladie est infectieuse. La distribution massive de moustiquaires peut donc être traitée comme une mesure de santé publique, au même titre que la vaccination. Au Ghana et en Zambie, des distributions de masse couplées à des campagnes de vaccinations ont conduit à une augmentation phénoménale de l’usage des moustiquaires dans les zones pilotes (jusqu’à 80 %). Cet enthousiasme de la population suggère que la crainte des partisans des moustiquaires payantes que celles-ci ne soient pas utilisées si elles n’ont pas été achetées est sans doute exagérée : il semble que la moustiquaire soit un bien apprécié, même si les familles sous-estiment leur utilité en ne prenant pas en compte leurs bénéfices pour la collectivité. Il devrait donc être possible d’utiliser la distribution gratuite de moustiquaires pour encourager l’usage d’autres services de prévention insuffisamment utilisés. L’idée n’est pas nouvelle. Mais en offrant une moustiquaire contre l’obtention du service qu’on cherche à favoriser, la société fait d’une pierre deux coups (dans la mesure où les familles ne revendent pas leur moustiquaire). C’est l’idée qu’une ONG, TamTamAfrica, a eue pour lutter à la fois contre le paludisme et le sida. Un traitement court par la névirapine, un antirétroviral, peut réduire le risque de transmission entre une mère séropositive et son enfant de 50 à 30 %, au prix de 4 dollars par naissance. Encore faut-il que la mère soit au courant de sa séropositivité. Elle peut être testée lors de visites prénatales, mais peu de mères effectuent ces visites, en partie parce qu’elles craignent l’opprobre lié au test du VIH. En collaboration avec des centres de santé publics au Kenya, Tamtam Africa offre une moustiquaire imprégnée à toutes les mères lors de leur première visite prénatale ; cela leur donne une bonne raison de venir, éliminant le problème du regard des autres. L’initiative a conduit à une augmentation de 70 % du nombre de femmes effectuant au moins une de ces consultations. Lors de visites surprises, après plusieurs mois, auprès de ces femmes, 85 % des moustiquaires étaient installées dans la maison, et les femmes déclaraient dormir dessous avec leur bébé. Surtout, cette initiative a amené une hausse de 40 % du nombre de femmes choisissant (lors d’une visite) de passer un test VIH-sida, leur ouvrant la voie pour le traitement. Des moustiquaires pour lutter contre le sida. Il suffisait d’y penser !

C’est l’image qui fait foi : depuis que les secours ont commencé à affluer vers l’île de Java, en Indonésie, les équipes les plus visibles sur le terrain sont celles… de Singapour. Très vite, comme après le tsunami du 26 décembre 2004, les appareils militaires de l’île-Etat se sont envolés pour l’archipel indonésien tout proche. Loi de la proximité, bien sûr. Mais derrière la solidarité asiatique mise à l’épreuve par cette série de catastrophes naturelles, se dessinent les contours d’une nouvelle planète humanitaire, moins blanche et occidentale que nos médias le laissent penser. L’ONU l’a encore confirmé le 30 mai : sur les quatre hôpitaux de campagne demandés en urgence, trois ont été fournis par le Qatar, la Chine… et Singapour. Idem pour les promesses de contribution financières recueillies à Genève. La Malaisie, le Koweït, les Emirats arabes unis, la Chine, Taïwan ont déjà fait savoir qu’ils comptaient mettre la main au portefeuille.

Sur le terrain aussi, des évidences s’imposent. La première d’entre elles est la capacité de plus en plus robuste d’intervention des organisations d’aide locales. L’époque où les secouristes des pays du Sud, faute de matériel et de formation, ne pouvaient qu’assister les équipes venues du Nord pour déblayer les décombres est révolue. En tout cas, dans des pays émergents comme l’Indonésie. Cette réalité vaut, par exemple, dans le domaine médical ou dans celui de la logistique. Il est certes toujours nécessaire d’acheminer par des moyens lourds des milliers de tonnes de vivres et de médicaments. Mais le personnel capable de gérer localement cette manne n’est plus quantité négligeable.

La seconde évidence est la généralisation de la diplomatie compassionnelle. Jusque-là, le fait d’intervenir au secours des pays sinistrés avait surtout une valeur politique en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Pour compléter ­ et parfois pour contrer ­ les grandes organisations non gouvernementales dont les interventions sont fort médiatisées, une stratégie de la diplomatie humanitaire s’est forgée de Paris à Londres ou Washington, comme vient de le rappeler un ouvrage, Agir face aux crises (Plon), publié sous un pseudonyme collectif par des diplomates français. «Le pouvoir a fini par s’enrôler sous toutes les bannières du bien», juge avec raison dans la République compassionnelle (Grasset), le journaliste Michel Richard. Bref, l’humanitaire est devenu, en Occident une forme de politique idéale pour appâter les caméras et les électeurs. Sans parler de l’occasion que fournissent les opérations d’assistance pour déployer des troupes, hisser le drapeau (c’est toujours bon pour l’image, utile pour les contrats commerciaux) sous des latitudes lointaines, voire infiltrer des espions sur des théâtres «chauds».

Or cette diplomatie humanitaire a fait, elle aussi, des émules. Qui croira que la présence massive d’organisations turques après le tsunami, à Aceh, est le seul résultat d’une solidarité islamique par ailleurs évidente ? Dis-moi qui tu aides ­ et surtout combien ­ et je te dirai qui tu es…

A l’heure où la croissance économique est contestée comme indicateur de développement, plusieurs pays émergents ont compris qu’ils pouvaient, en menant une action humanitaire, gagner des galons internationaux. Singapour ou la Corée du Sud en apportent l’exemple. Les Emirats arabes unis aussi. Et que dire de Taiwan, qui espère fissurer son isolement à coups de médicaments et de sacs de riz ?

Le drame est que cette géopolitique humanitaire se soucie moins de la demande que de l’offre. Le tsunami l’a montré avec ses 12 milliards d’euros de dons. Rares sont ceux qui, comme Médecins sans frontières, ont décidé d’interrompre leur collecte. Idem pour Java : qui ose dire que, trois jours après, la situation humanitaire est sous contrôle en Indonésie, c’est-à-dire que le défi n’est plus de sauver, mais de distribuer l’aide ?

La diplomatie compassionnelle distillée par la mondialisation ­ il faut bien contrebalancer le profit par la charité ­ a ceci de dangereux qu’elle amène de plus en plus de monde à donner aux mêmes endroits. Alors qu’il faudrait au contraire, pour soulager les malheurs du monde, aider dans la durée et dans le plus possible de zones en difficulté.

El mundo en desarrollo a menudo se parece al tráfico de una carretera. Países como China, India y Chile avanzan en un sentido de rápido crecimiento económico, que reduce las diferencias tecnológicas con los países desarrollados, mientras que naciones como Nepal, Níger y Sudán se precipitan en sentido opuesto, cada vez con más disturbios, enfrentamientos, sequía y enfermedades. Los costes del fracaso económico son enormes para todo el mundo, ya que los conflictos, el terrorismo, el tráfico de drogas y los refugiados sobrepasan las fronteras nacionales.

Pero los conductores pueden cambiar de sentido, y también los países. India, China y Chile difícilmente se podían considerar historias de éxito en los años sesenta y setenta. Los tres estaban agitados, acuciados por la pobreza, el hambre y la inestabilidad política. Su transformación económica demuestra que los “casos perdidos” de hoy pueden ser los mercados emergentes del mañana.

Quienes afirman que la ayuda exterior no funciona -y que no puede funcionar- están equivocados. Esos escépticos hacen carrera fomentando el pesimismo, al señalar los múltiples e indudables fracasos de anteriores campañas de ayuda. Pero lo cierto es que podemos ayudar a garantizar el desarrollo económico adecuado de los países más pobres. Podemos ayudarlos a escapar de la pobreza. Y debemos hacerlo por nuestro interés nacional.

El primer paso para salir de la pobreza rural casi siempre supone aumentar la producción de alimentos y poner fin a los ciclos de hambruna. La salida de Asia de la pobreza durante los últimos 40 años empezó con una “revolución verde”. La producción de alimentos se duplicó o se triplicó. La Fundación Rockefeller colaboró en la obtención y la difusión de semillas de alto rendimiento; y la ayuda estadounidense permitió a India y otros países proporcionar abonos y semillas subvencionados a los agricultores pobres. Cuando consiguieron tener unos ingresos, los campesinos pudieron pasar a la creación de pequeñas empresas.

El segundo paso para salir de la pobreza es la mejora de las condiciones sanitarias, empezando por la mejora de la nutrición, el agua potable y los servicios sociales más básicos. En las historias de éxito asiáticas, la mortalidad infantil ha disminuido drásticamente, lo cual, a su vez, ha reducido el tamaño de las familias, porque los progenitores pobres empezaron a confiar en que sus hijos sobrevivirían hasta la edad adulta.

El tercer paso consiste en salir del aislamiento económico para introducirse en el comercio internacional. Chile, por ejemplo, se ha convertido en las dos últimas décadas en el principal proveedor de fruta de EE UU fuera de temporada, gracias a la creación de unas cadenas de suministros altamente eficaces. China e India han prosperado como exportadores de mercancías manufacturadas y servicios, respectivamente. En los tres casos, las relaciones comerciales dependían de la mejora de la conectividad: carreteras, energía, telecomunicaciones, Internet e introducción de contenedores para el transporte.

Hoy, a los escépticos les gusta afirmar que África está demasiado atrasada y es demasiado corrupta como para llegar a ser como China o India. Se equivocan. Una revolución verde, una revolución sanitaria y una revolución de la conectividad están al alcance de África. Los ingenieros y científicos ya han desarrollado las herramientas necesarias. El proyecto Aldeas del Milenio, desarrollado por mí y un grupo de compañeros, se está expandiendo con rapidez en 10 países africanos y está demostrando que esa triple transformación -verde, sanitaria y de conectividad- es factible. Las variedades de semillas mejoradas, los abonos, el regadío y los camiones han contribuido a convertir el hambre en cosechas extraordinarias en sólo una o dos temporadas.

La malaria está controlada. Los agricultores tienen acceso a la capital para pasar de las cosechas de subsistencia a los cultivos comerciales. A los niños se les trata contra las lombrices y reciben una comida a mediodía que ayuda a garantizar que estén sanos y asistan a la escuela.

Los escépticos afirmaban que los campesinos africanos no obtendrían más alimentos, que los fertilizantes se perderían, que cortarían las mosquiteras de las camas para hacer velos de novia y que los funcionarios locales bloquearían el progreso. Está ocurriendo lo contrario. En cualquier parte del mundo, los más pobres de entre los pobres desean una oportunidad para mejorar el futuro, en especial el de sus hijos. Denles herramientas y las aprovecharán.

Los escépticos de la ayuda, como William Easterly, autor del reciente libro The White Man’s Burden, son legión. En lugar de señalar los fracasos, debemos amplificar los éxitos, incluidas la revolución verde, la erradicación mundial de la viruela, la expansión de la alfabetización y, ahora, la promesa de las Aldeas del Milenio.

Los criterios para que las ayudas tengan éxito están claros. Deben tener un objetivo definido y ser específicas, medibles, responsables y ampliables. Deben fomentar la triple transformación de la agricultura, la sanidad y las infraestructuras. Deberíamos proporcionar a las aldeas una ayuda directa que se pueda calibrar y controlar.

El proyecto Aldeas del Milenio se basa en la participación de la comunidad y en que ésta se responsabilice de garantizar que los abonos, las medicinas y demás ayudas se emplean adecuadamente. Millennium Promise, una organización de la que soy cofundador, propugna y amplía el avance del proyecto Aldeas del Milenio. Se ha unido a Cruz Roja, Unicef, la Fundación de Naciones Unidas, los Centros para el Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud para instalar mosquiteras contra la malaria en las camas de los niños de África.

En este mundo frágil y plagado de conflictos debemos valorar la vida en todas partes frenando las enfermedades y las muertes innecesarias, promoviendo el crecimiento económico y ayudando a garantizar que la vida de nuestros hijos sea muy preciada en el futuro.

Parece mentira que hoy en día cada 15 segundos muera una persona de tuberculosis (TB), una infección que puede ser tratada y controlada de una forma efectiva. Desgraciadamente, las razones son muchas incluyendo el estigma y la ignorancia. Pero también hay razones prácticas, como la falta de diagnóstico apropiado y el hecho de que el tratamiento, aunque eficaz, es largo y complejo ya que requiere un mínimo de 6 meses tomando 3 o 4 fármacos.

El tratamiento estándar se realiza bajo la supervisión directa de profesionales de la salud. En muchas regiones del mundo donde la incidencia de TB es alta, como por ejemplo África, es necesario que el paciente vaya a diario al centro médico, muchas veces recorriendo largas distancias sin medios de transporte adecuados, dejando el trabajo, la familia y otras obligaciones, rutina que conduce a un círculo vicioso entre la enfermedad y la pobreza.

La mejoría que experimentan los pacientes tras las primeras sesiones de tratamiento, sumada a las dificultades de acceder a los medicamentos, los lleva muchas veces a no cumplir con el resto del tratamiento, lo que acelera la aparición de cepas de bacilos resistentes. Hoy en día el número de pacientes infectados por bacilos multidrogorresistentes (MDRTB) es más de 400.000 al año y constituye un riesgo muy grande para la comunidad. La terapia de MDR-TB es más complicada, más cara y con problemas toxicológicos más serios.

El número creciente de pacientes coinfectados con TB y VIH agrava la situación epidemiológica de la TB. Un tercio de la población mundial tiene TB latente y su distribución no se limita a África o países en vía de desarrollo. En una simbiosis trágica, el VIH al bajar el sistema inmunológico permite la reactivación del bacilo y la aparición de tuberculosis activa. El diagnóstico en estos pacientes puede ser inespecífico y la coadministración de medicinas contra estas dos enfermedades no es fácil debido a las interacciones entre los fármacos utilizados para combatir cada una de ellas.

EN UN PROYECTO REVOLUCIONARIO y sin precedentes, la red internacional Stop TB (Stop TB www.stoptb.org) ha desarrollado una estrategia global para erradicar la TB llamada Plan Global para el Alto a la Tuberculosis 2006-2015. Esta red internacional de más de 400 organizaciones, que incluye gobiernos, organizaciones civiles, laboratorios y grupos de pacientes, ha basado el plan global en estudios epidemiológicos, proyecciones económicas y recomendaciones de siete grupos técnicos de trabajo.

La estrategia del plan global identifica como prioridades la expansión agresiva del sistema DOTS, incluyendo una estrategia para controlar la coinfección TB-VIH y la MDRTB. Hace hincapié de que para combatir la tuberculosis hacen falta diagnósticos rápidos y fiables, nuevos fármacos y una nueva vacuna que erradique este mal que infecta a ocho millones de personas al año. El plan destaca la necesidad urgente de tratamientos más cortos y eficaces que minimicen la aparición de MDR-TB. Para lograrlo, se estima necesario un presupuesto de 56.000 millones de dólares en los próximos 10 años, de los cuales 25.000 millones ya han sido donados, faltando 3.100 millones por año hasta el 2015. Si bien es cierto que estas cifras son importantes, palidecen en comparación al costo que la tuberculosis acarrea a la sociedad, estimado en 16.000 millones de dólares anuales.

Un régimen simple de dos meses o menos tendría un tremendo impacto dado que ayudaría a los pacientes a seguir mejor el tratamiento y a la vez permitiría a las organizaciones sanitarias tratar a un mayor número de pacientes. La Alianza Global para el Desarrollo de Fármacos para TB es una organización sin fines de lucro y parte de la red Stop TB, especializada en el desarrollo de nuevas terapias contra la tuberculosis. Con el financiamiento de la fundación de Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller y los gobiernos de EE.UU., el Reino Unido, Irlanda y Holanda, entre otros, la Alianza TB ha logrado desarrollar el mayor portafolio de nuevos fármacos contra la tuberculosis en el mundo.

Estos fármacos, actualmente en desarrollo, tienen el potencial de curar la tuberculosis en menos de dos meses, ser eficaces contra las cepas MDR-TB y a la vez pueden ser coadministrados con los tratamientos antirretrovíricos. Además, la meta indiscutible es que los productos finales sean accesibles a todos aquellos que lo necesiten. Actualmente, el portafolio incluye dos fármacos en estudios clínicos y ocho proyectos en etapas preclínicas y de investigación.

ENTRE LOS PROYECTOS MÁS prometedores se encuentran cuatro programas de desarrollo con los laboratorios de la compañía Glaxo-SmithKline (GSK) en Tres Cantos, en España. Estos proyectos están diseñados para atacar al bacilo de la tuberculosis a diferentes niveles. Entre ellos se incluye el estudio de una nueva clase de compuestos, las pleuromutilinas, que inhiben la síntesis de proteínas de la micobacteria causándole la muerte. Las pleuromutilinas tienen un mecanismo de acción único y rápido, lo cual las hace buenas candidatas para lograr la nueva terapia requerida en el plan global.

La Alianza TB es representativa de un nuevo grupo de organizaciones internacionales conocidas como un public-private partnership. Utilizando un modelo híbrido, estas organizaciones funcionan operativamente como compañías del sector privado pero con las metas sociales del sector público logrando así el desarrollo de medicinas accesibles y adaptables a las realidades de los países en los que la enfermedad es endémica. Al igual que la Alianza TB, Aeras y FIND, respectivamente, utilizan esta misma estrategia para el desarrollo de diagnósticos y vacunas contra la tuberculosis. Los productos de estas organizaciones representan una nueva esperanza para el tratamiento de este mal y para lograr los objetivos del plan global.

“Y sembraron de sal sus campos”. Así se volvían yermas las tierras de los vencidos, como cuentan la Biblia o el Cantar del Mío Cid, para privar de subsistencia a los rebeldes, forzados al exilio. Pero nuestra moderna civilización ha encontrado una manera más eficaz y cruel de esterilizar los campos. En vez de sembrarlos de sal los llenamos de minas. Se plantan como semillas, pero no germinan. Al pisarlas explotan y matan o mutilan a seres indefensos.
Las minas son baratas de usar pero muy caras de eliminar. Colocar una cuesta dos euros, pero hay que invertir 800 para desactivarla. Cada año, entre 15.000 y 20.000 víctimas, la mayoría civiles y en muchos casos niños, sufren las consecuencias de estas mortíferas armas en 82 países. Una víctima cada 20 minutos. Algunos fabricantes de minas usan una publicidad macabra para explicar su eficacia: “Es mejor mutilar al enemigo que matarlo, pues un minusválido tiene un coste económico, social y moral más alto que el de una persona muerta”. Y tienen desgraciadamente razón. El destrozo que hacen es tal que los heridos por minas necesitan el doble de transfusiones de sangre que otros heridos por bala o metralla.
Así, las minas se han convertido en un azote de la humanidad, en una tragedia de la que no somos conscientes los que vivimos en los idílicos campos de Europa. Por eso es bueno que se sepa que la UE se ha comprometido a destinar 140 millones de euros en el 2005-2007 para luchar contra las minas. Y no pensemos que es un problema de lejanas geografías. Cerca de casa, en países candidatos a entrar en la UE, las minas son una triste secuela del pasado reciente. Croacia, por ejemplo, es uno de los más infestados de minas. Se estima que en ese país y en la vecina Bosnia hay un millón de minas, diseminadas en decenas de miles de hectáreas y sin mapas fiables de su posible localización. Erradicarlas es una tarea ingente que la UE ayuda a financiar, al coste de un euro por metro cuadrado.
Días atrás asistí en Petrinja a la firma de un acuerdo para desminar los campos de los pueblos a los que están intentando volver los serbios que fueron expulsados de sus tierras en 1995. Sus casas, más de 200.000, fueron destruidas. Y además la guerra sembró de sal sus campos. Hoy Europa financia la reconstrucción de las casas, pero ¿de qué sirve que vuelvan si no pueden trabajar porque la tierra se ha vuelto una amenaza traidora y mortal? Desde el fin de la guerra, las minas han causado en Croacia 430 muertos y más de 1.500 heridos, aunque afortunadamente para el país las zonas de gran desarrollo turístico están libres de esta amenaza. Ciertamente, el problema es mucho más grave en Colombia, Afganistán, Camboya y el África subsahariana. Entre 300.000 y 400.000 supervivientes, mutilados y en dramáticas condiciones de subsistencia, son la herencia de sus guerras. Desgraciadamente, los fondos para asistirles han descendido los últimos años, en contraste con el aumento de los recursos destinados al desminado.

POR ESO el Europarlamento quiso que su gran hemiciclo fuese el escenario de un acontecimiento inusual en un salón de plenos, un concierto del conocido cantante Juanes, como parte de la campaña europea contra las minas. (Europa y América Latina, juntas por un mundo sin minas. Fíjate bien dónde pisas.). Es conocido el activismo de Juanes. Colombia, su país, es uno de los más afectados. En el 2003 sufrió una víctima diaria, dos en el 2004 y tres en el 2005. Es la primera vez que un artista canta en el hemiciclo del Europarlamento. La iniciativa ha levantado críticas de quienes consideran que un Parlamento no es lugar apropiado para estos actos. ¿Se imaginan un concierto en Westminster o las Cortes Generales? Esos recintos son probablemente demasiado pequeños y cargados de historia. Pero los grandes y modernos hemiciclos de Bruselas o Estrasburgo, donde caben 1.500 personas, no han sido sacralizados por la pátina del tiempo. Pueden, pues, servir de escenario para acontecimientos de repercusión mundial que causan mayor efecto político que tantas resoluciones votadas pero desconocidas.

HAY QUE asociar la capacidad de mediatización del espectáculo con la acción política que se plasma en acuerdos como la Convención de Ottawa, que pocos de los asistentes a ese concierto conocían pero que ahora puede interesarles más. Gracias a esa convención, que desde 1999 prohíbe las minas antipersonas, 69 estados han destruido por completo sus reservas de minas, más de 37 millones. Pero aún en el mundo hay almacenadas unos 180 millones de minas antipersona. 154 países han firmado esa convención y 150 la han ratificado, pero 40 estados siguen al margen de ella, en particular EEUU, China, Rusia, Israel, Pakistán y las Coreas. Curiosamente, tampoco lo ha hecho un país como Finlandia. Polonia lo ha firmado pero no ratificado y los otros 23 países de la UE lo han ratificado.
La UE está, pues, en buena posición, pero debe reforzar su liderazgo a escala mundial. A ello le ha invitado el Parlamento Europeo con diversas resoluciones. Y la Comisión Europea acaba de aprobar el Programa Anual 2006 sobre minas antipersonas, con un presupuesto de 17,5 millones de euros dentro de la acción comunitaria bianual 2005-2007. Los países objetivo para el 2006 son Bosnia, Colombia, Camboya, Georgia, Yemen, Sudán, RD Congo, Burundi, Afganistán y Kosovo. Pero queda muchísimo por hacer. Volviendo a Croacia, sólo el 15% del territorio potencialmente peligroso ha sido rastreado. Imagínense la situación en los otros países y comprenderemos la necesidad de ser un poco heterodoxos y aliar la música y la fama con la seriedad parlamentaria para paliar tanto dolor humano.

Más información: http://www.almendron.com/blog/?p=888

Davos (Suiza), enero del 2005. El presidente de Tanzania, Benjamin Mkapa, explica que cerca de un millón de niños mueren anualmente de malaria porque no tienen mosquiteras que cuestan cuatro dólares. Sharon Stone, que está entre el público, pide la palabra y afirma estar conmovida. Con lágrimas en los ojos, dona diez mil dólares a mister Mkapa y pide a la audiencia de multimillonarios que haga lo mismo. Se levantan manos y más manos, cada una prometiendo 10.000 dólares. Se toman los nombres de los benefactores y, al rato, se anuncia que se ha recaudado un millón de dólares. A la mañana siguiente todos los medios del mundo hablan del episodio y Sharon Stone se convierte en la superestrella de Davos 2005.

Un año más tarde pregunto a miembros del Foro Económico Mundial qué pasó con el dinero. Me explican que, a la hora de la verdad, muchos de los que levantaron la mano cambiaron de opinión y, en realidad, sólo se recaudó un cuarto de millón. Para cumplir la promesa, Sharon Stone pidió a Unicef que donara 750.000 dólares y así se enviaron mosquiteras a Tanzania por valor de un millón de dólares. Pregunto si saben qué pasó con las mosquiteras. La respuesta es no: no saben cuántas fueron robadas en las aduanas, cuántas llegaron a aldeas tanzanas, cuántas fueron utilizadas como mosquiteras (es común utilizarlas como vestidos de novia o redes de pescar) y cuántas fueron utilizadas correctamente (son difíciles de usar cuando se duerme sin cama, ya que los niños se las quitan de encima debido al calor). En definitiva, no saben cuántas vidas se acabaron salvando. Intento buscar a Sharon Stone para que me lo aclare, pero este año no ha venido a Davos.

Sin lugar a dudas, la filantropía de los famosos tiene muchos aspectos positivos, pero este episodio demuestra que también los tiene negativos. Demuestra, por ejemplo, que cuando los famosos contribuyen a recaudar fondos, desvían dinero de otras causas tanto o más importantes: Unicef tuvo que poner tres cuartos de millón que seguramente iba a dedicar a otras causas tanto o más urgentes. De manera parecida, a principios del 2005 casi todos los famosos del mundo se dedicaron a recaudar fondos para el tsunami asiático que mató a unas 200.000 personas. Y no habría nada que objetar si no fuera porque durante ese periodo las ONG relacionadas con África notaron un sustancial descenso de contribuciones a pesar de que en África mueren 200.000 niños cada diez días por causas relacionadas con la pobreza.

Otro aspecto negativo es que los famosos tienden a estar más interesados en recaudar dinero que en gastarlo de manera efectiva. Muchos estudios demuestran que, si no se hace bien, la ayuda al desarrollo es contraproducente ya que fomenta la corrupción, causa dependencia y hace que los jóvenes más talentosos se dediquen a la burocracia y no a actividades productivas. El problema es que si el dinero recaudado por Sharon Stone se hubiera malgastado o hubiera perjudicado a los tanzanos, no sólo ella no sería castigada sino que ni siquiera tiene que devolver el dinero.

Sí. Ya sé que este es un problema común a todas las ONG que quieren imponer sus soluciones a lo que ellos creen que son los problemas de los pobres. Pero el tema es especialmente grave para las celebridades ya que el asegurarse que las cosas funcionan tiene menos glamour que los espectáculos mediáticos recaudadores que tanto gustan a los famosos.

Un tercer problema es que la elección de las causas que los famosos apoyan no siempre es fruto de una selección inteligente e informada.

La señora Sharon Stone confesó haber reaccionado conmovida por las palabras de Benjamin Mkapa. No investigó las causas y las consecuencias de la malaria, no comparó ése con otros problemas que sufre África, no consultó a los expertos sobre si la mejor solución era la adquisición de mosquiteras y, más importante todavía, no preguntó a los ciudadanos de Tanzania si eso era lo que querían. Y es que si lo hubiera hecho, quizá se habría llevado una sorpresa, ya que son muchos los gobiernos africanos que regalan mosquiteras. Lo que pasa es que la gente las coge, las vende en el mercado negro y con el dinero compra cosas que realmente desea…, y la malaria persiste.

La tendencia a escoger causas equivocadas se magnifica por el hecho de que las celebridades viven de su imagen pública, por lo que las causas poco sexys nunca son adoptadas por ellos. Mientras Stone estaba haciendo su espectáculo en Davos, un prestigioso médico me susurró al oído: “Es cierto que un millón de niños mueren anualmente de malaria, pero dos millones mueren de diarrea”. ¿Se hubiera conmovido tanto esta señora si, en lugar de malaria, Mkapa hubiera hablado de diarrea?

Vivimos en un mundo plagado de problemas: malaria, pobreza, sida, guerras, discriminación, escasez de agua, extinción de especies, cambio climático, disfunción eréctil, falta de educación, tsunamis, emigración y células madre, entre muchos otros. Algunos de esos problemas son reales, otros son imaginarios. Unos tienen un coste elevadísimo, otros son relativamente baratos. Aunque parezca mentira, la humanidad no tiene ni las instituciones ni la metodología para establecer prioridades. ¿La consecuencia?: miles de millones se malgastan cada año mientras docenas de asuntos importantes siguen sin solución. Me parece que ha llegado la hora de que establezcamos un sistema de priorización racional y sistemático y de que abandonemos el sistema que deja las decisiones en manos de los caprichos de los ricos y del instinto básico de Sharon Stone.

Somos la primera generación que puede erradicar la pobreza». Esta frase, acuñada en el seno de Naciones Unidas y que se ha convertido en el lema de las organizaciones internacionales de desarrollo en los últimos dos años, no es una afirmación retórica. Somos la primera generación que tiene los recursos financieros y tecnológicos para lograrlo, que ha invertido en las dos últimas aventuras espaciales la cantidad necesaria para que casi 1.100 millones de personas viesen reducida su pobreza extrema. La solución a esta situación de indignidad pasa por liderazgo político y una voluntad para cambiar de forma urgente las agendas internacionales, nacionales y locales.

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio, a propuesta del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, 189 jefes de Estado y Gobierno se comprometieron firmemente a trabajar juntos para construir un mundo más seguro, próspero y equitativo antes de 2015. Entonces, los líderes de países ricos y empobrecidos adoptaron ocho metas de Desarrollo del Milenio, donde el bienestar de las personas ocupaba el lugar capital de las agendas. Eran los deberes que la comunidad internacional se imponía para combatir la lacra del hambre, eliminar la desigualdad de género, asegurar el acceso a la educación, a la salud y al agua potable y eliminar la degradación del medio ambiente. La alianza forjada en dicha cumbre comprometió a los países ricos y pobres a cumplir un conjunto de responsabilidades específicas. Casi seis años después sabemos que los países desarrollados están lejos de cumplir con los indicadores fijados en la hoja de ruta.

De forma paralela, la sociedad civil se organizó para que sus gobiernos se responsabilizaran del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Ya no cabía la indiferencia tras cuatro décadas de acuerdos incumplidos. Queríamos revertir esta situación y no pasar a la Historia como la generación que perdió esa oportunidad.Porque 2.800 millones de personas están viviendo con menos de dos dólares al día; 113 millones de niños -dos tercios de ellos niñas- no tienen acceso a la educación primaria; y más de 13 millones- el 95% en Africa- son huérfanos debido al Sida. Desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Congde), lanzamos, hace ahora justo un año, la campaña Pobreza Cero -www.pobrezacero.org-, la mayor movilización de la Historia de nuestro país contra el hambre y la desigualdad. En ella, más de 400 ONGD y otros actores representativos de la sociedad civil española como sindicatos, movimientos sociales, asociaciones juveniles, de mujeres… en estrecha coordinación con las organizaciones sociales de más de 100 países, organizamos conjuntamente la llamada global para actuar contra la pobreza a lo largo de todo 2005. Fue el año de la movilización de la ciudadanía, con más de 50.000 personas en las calles de Madrid y miles en otras 40 capitales de provincia alzando la voz y portando bandas blancas, símbolo mundial contra esa lacra. El año que estuvimos presentes en el Festival de Cine de Málaga, en la Feria del Libro de Madrid, en los conciertos de U2 celebrados en verano. El año que conseguimos apoyos e implicación pública de personas relevantes como Almudena Grandes, Federico Mayor Zaragoza, María Galiana, Antonio Gala, Luis Sepúlveda, Antonio Gómez Rufo, Javier Marías, Benito Zambrano, Vidal Beneyto y otros muchos referentes de la opinión pública, medios de comunicación…El año en el que las agendas políticas en las cumbres del G-8, la Asamblea General de Naciones Unidas y la Cumbre de Hong Kong sobre Comercio, estuvieron jalonadas de decepciones flagrantes en las reclamaciones de la sociedad para reformar las reglas del juego. El año en el que presentamos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 20 medidas para que nuestro país abanderara estas posiciones en la comunidad internacional.

El año 2005 también fue en el que la ciudadanía recordó en decenas de oportunidades a sus representantes políticos que la persistencia de la desigualdad en el mundo de hoy no tiene excusas.

Naciones Unidas estima que se necesitan 100.000 millones de dólares anuales hasta 2015 para cumplir los Objetivos del Milenio. Sólo el presupuesto en Defensa de EEUU en 2005 fue de 500.000 millones de dólares (un 41% más que en el año 2001). Mientras, más de 3.000 millones de personas -la mitad de la población mundial- carecen de una vida digna. Analfabetismo, discriminación de mujeres y niñas, depredación de la naturaleza, desigual acceso a la tecnología, desplazamientos masivos a causa de los conflictos y migraciones provocadas por la falta de equidad en la distribución de la riqueza siguen siendo la radiografía mundial. El fin de la pobreza es para Jeffrey Sachs, uno de los economistas más prestigiosos del mundo, el camino más seguro hacia un mundo más próspero y seguro.Invertir en desarrollo es por tanto invertir en paz y en seguridad.

Desde la Coordinadora, además de hacer un positivo balance de Pobreza Cero, aspiramos a un nuevo hito en este curso político.A subir un peldaño más en la implicación de todos los partidos del arco parlamentario español para suscribir un Pacto de Estado contra la Pobreza. Queremos conseguir que las políticas de Cooperación al Desarrollo no dependan de los cambios de signo político y que se mantengan una serie de principios fundamentales, gobierne quien gobierne.

Aunque esta iniciativa pudiera parecer un gran reto debido al grado de confrontación al que habían llegado los dos grupos mayoritarios, PSOE y PP, hay que reconocer que el trabajo realizado desde la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados, donde todas las iniciativas han logrado la unanimidad de todos los grupos, nos hace ser optimistas y desde luego, crea un buen precedente.Eso y las rondas que hemos iniciado ya con los responsables de movimientos sociales de los tres partidos nacionales. La propuesta ha sido acogida de manera muy positiva. En las dos últimas semanas, tanto David Chica, de IU, como Ana Pastor, del PP, como Pedro Zerolo, del PSOE, han mostrado su predisposición a que se pueda lograr un consenso en estas materias. Antes de la Semana Santa el objetivo de la Coordinadora es celebrar sendas reuniones con el resto de fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, trabajar sobre un documento base y conseguir que antes del verano los partidos estén implicados con la firma al más alto nivel, de sus presidentes o secretarios generales.

Los contenidos del pacto que proponemos están fundamentados sobre los siguientes ejes: el apoyo de España al cumplimiento de los Objetivos del Milenio es un imperativo político y ético que atañe a todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado, con independencia de su filiación política. El apoyo sustantivo a esos objetivos necesita de políticas de ayuda al desarrollo, comerciales y de deudas sostenidas en el tiempo y que abarcan necesariamente varias legislaturas, al menos hasta el año 2015. Proponemos que el marco institucional en el cual se desarrolla este esfuerzo solidario sea fruto del trabajo realizado en diferentes legislaturas y que sea un patrimonio común, fruto del acuerdo político y del control ciudadano. Que se mantenga un calendario concreto y vinculante para alcanzar el 0,7%. Que los fondos se canalicen hacia quienes más lo necesitan: las poblaciones empobrecidas, dando prioridad a la educación básica, la salud básica, salud sexual y reproductiva y el desarrollo rural. Que además de América Latina y el Magreb, los países de Africa subsahariana reciban al menos el 0,15% de la renta básica española. Que se condone el 100% de la deuda externa de los países menos adelantados (PMA) y se alivie la del resto de países para que no ahogue su desarrollo. Que se cambien las reglas del comercio internacional para que, en lugar de imponerse un modelo único que impulsa la privatización y mercantilización de todos los bienes y recursos de la vida, se garantice el derecho de los pueblos a definir su propio modelo de desarrollo…

El pacto no sólo se va a promover en el ámbito estatal, ya que las coordinadoras autonómicas de ONG para el Desarrollo están permeando las líneas básicas del consenso en lo local y en lo autonómico. No hay que olvidar la importancia que esta cooperación solidaria está adquiriendo en nuestro país.

El verdadero reto que se nos presenta como ciudadanía es asumir que la tarea de conseguir un mundo más justo es colectiva. Debemos imponer el criterio de emplear nuestra riqueza para sanar un planeta dividido, poner fin al sufrimiento de semejantes atrapados por la espiral de la pobreza y forjar un vínculo de humanidad entre comunidades y culturas. Las generaciones venideras no nos perdonarían no haberlo intentado.

Los habitantes de Sicilia, las Canarias y otras zonas del Sur de la UE están muy preocupados por el incesante flujo de inmigrantes ilegales que tratan de tomar tierra en sus costas. De la misma manera poblaciones del Este de Europa temen avalanchas de inmigrantes extracomunitarias. De igual manera los norteamericanos ven cómo latinoamericanos y caribeños tratan de llegar como sea a suelo norteamericano.

Algunos países tratan de atajar este movimiento con costosos controles policiales o con la construcción, incluso, de barreras físicas, pero lo único que nos demuestran las migraciones ilegales actuales es que los esperados dividendos de la paz derivados del fin de la guerra fría no se han producido y que la brecha Norte/Sur, Ricos/Pobres, sigue agrandándose y conduciendo a situaciones de desespero que llevan a la gente a arriesgar la vida en busca de un futuro mejor en el Norte.

Es cierto que los países ricos agrupados en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE tratan de ayudar a los países pobres a salir de su situación de pobreza y alcanzar, al menos, los lindes de dignidad humana que les supondría poder alcanzar los objetivos de Desarrollo del Milenio proclamados por las Naciones Unidas en el año 2000 y referidos a hambre, analfabetismo, salud y otros.

El problema es que los gestos de buena voluntad no bastan y empieza a ser necesario que todos vayamos tomando conciencia de que en un mundo interdependiente y globalizado, como el que estamos viviendo, muchos de los males que aquejan a los países pobres pueden llegar a afectar muy negativamente la propia continuidad de los procesos económicos y sociales en nuestros países ricos. La gripe aviar, la propagación del sida o hasta la masiva llegada de inmigrantes son un ejemplo de que el mundo tiene que afrontar problemas globales que solamente pueden solucionarse con soluciones globales.

En diferentes citas internacionales convocadas ha quedado patente la buena voluntad de la mayoría de los grandes donantes respecto a ir incrementando los niveles de ayuda financiera al desarrollo para irlos acercando el largamente deseado 0,7% que se pactó hace ahora 30 años. Ha quedado, también, patente la intención de ir mejorando el acceso de las exportaciones de los países pobres hacia los mercados de los países ricos y mucho se ha hablado, también, de tratar de insertar a los países pobres en la división internacional del trabajo impulsando las inversiones internacionales hacia ellos.

Pese a estas buenas intenciones, hay una gran disparidad entre lo que se declara en los foros internacionales y las realidades de soporte que estas posiciones encuentran en el marco de cada uno de los países ricos. Estamos metidos en un círculo de hipocresía colectiva.

En cuanto nos ponemos a hablar de aumentar los flujos de ayuda oficial al desarrollo hasta el 0,7%, las autoridades presupuestarias nacionales recuerdan que mantener los equilibrios presupuestarios resulta difícil en un momento de escaso crecimiento y que sostener nuestro “Estado del bienestar” resulta costoso.

En cuanto nos ponemos a hablar de aumentar las inversiones privadas hacia el Tercer Mundo empiezan a surgir los temores a las deslocalizaciones con lo cual se estima incongruente promocionar inversiones en los países pobres salvo en aquellos casos en que ello contribuya a hacer aumentar nuestras exportaciones.

Cuando empezamos a hablar de abrir nuestros mercados a las exportaciones de los países pobres se producen reacciones virulentas de los grupos de presión proteccionistas respecto a los sectores en los que los países pobres podrían tener ventaja comparativa. Por ello, ni los mecanismos de apertura del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias a favor de las exportaciones del Tercer Mundo alcanza la efectividad que se requeriría, ni los lentísimos avances que se registran en la Ronda de la OMC de Doha cumplen con el objetivo de ser una auténtica “Agenda de Desarrollo” a favor de los países pobres como se pretendió al iniciar la Ronda en 2001.

La conclusión de todo ello es que las correas de transmisión de desarrollo entre el Norte y el Sur funcionan mal y los países del Sur avanzan menos de lo que sería necesario para evitar que sus ciudadanos más espabilados elijan el camino de la emigración hacia el Norte para sacar a sus familias de la miseria.

Si no solucionamos los contrasentidos entre el buen deseo de ayudar y la realidad de lo que somos capaces de hacer en favor de los países pobres y demográficamente mucho más potentes que nuestros envejecidos países del Norte, las emigraciones masivas Sur/Norte van a ser el gran tema y la gran preocupación del siglo XXI. Si los españoles, los italianos o los irlandeses nos fuimos a hacer las Américas en siglos anteriores, ¿cómo vamos a pretender que los africanos o los latinoamericanos no vean en su emigración al Norte su tabla de salvación?