Los altos funcionarios de los bancos centrales no sólo deben estar por encima de toda sospecha de mal actuar, sino también parecerlo. Así que es de agradecer la decisión de Philipp Hildebrand, presidente de la Junta del Banco Nacional Suizo (BNS), en enero de dimitir por las acusaciones en torno a una transacción sospechosa realizada por su esposa. Pero, si bien su renuncia debe servir de precedente a seguir por los banqueros centrales  -de hecho, todoslos funcionarios públicos- de todo el mundo, las circunstancias que rodearon su salida huelen mucho peor que su causa.

El 15 de agosto de 2011, la esposa de Hildebrand, Kashya, cambió 400.000 francos suizos por dólares. El 6 de septiembre, Hildebrand  anunció que el BNS fijaría un tope para el valor del franco frente al euro, con lo que de facto forzó una depreciación del franco frente a todas las demás monedas importantes. Como resultado, el valor de la inversión de su esposa aumentó casi un 20%. Si bien Hildebrand arguye no haber tenido conocimiento de la transacción ese día,  renunció debido a que “no era posible ofrecer una prueba concluyente y definitiva” de que su esposa, una ex gerente de fondos de cobertura, haya realizado la transacción sin su conocimiento.

Un banquero central debe poner su dinero y el de su cónyuge en un fideicomiso ciego. Incluso si no sabía sobre la operación, Hildebrand cometió un error de juicio al no anularla de inmediato. Su renuncia se justifica, al igual que una mayor transparencia de las finanzas personales de los funcionarios de los bancos centrales  de todo el mundo.

Sin embargo, las circunstancias de la salida de Hildebrand podrían ser más preocupantes que su error de juicio. Hildebrand no era cualquier jefe de banco central: destacaba por su independencia, no sólo de la autoridad política, sino también del sector bancario. Habló muy temprano y muy a favor de mayores requisitos de capital para los bancos grandes, que también se opusieron a su heterodoxa  intervención en el  mercado de divisas.

Lo más importante, junto con el ministro de Finanzas suizo, Hildebrand presentó el “enfoque suizo” para la regulación bancaria. Este enfoque exige un nivel mucho mayor de reservas de capital para los bancos. En vez de seguir el nuevo requisito de reserva de 8% adoptado en otros países, el BNS exige ahora un capital social igual al 19% de los activos ponderados por riesgo, del cual un 9% se puede mantener como capital convertible, mientras que el 10% debe mantenerse como acciones ordinarias.

Cualquier economista consideraría prudentes estas políticas, pero le significaron pocos amigos en el mundo de los negocios. En un ataque sin precedentes, la importante revista suiza de negocios Bilanz lo acusó de tener una “mano temblorosa” en el timón del banco central. También fue atacado por un dirigente del derechista Partido del Pueblo Suizo (PPS).

Nací en el país de Maquiavelo, y aun así me resulta sorprendente el que, después de todos estos ataques a Hildebrand, el estado robado de la cuenta bancaria privada de su familia fuera filtrado a un vicepresidente del PPS, que lo hizo público. ¿No hubiera sido robado, o que el vicepresidente del PPS se hubiera negado a utilizarlo, dado su origen ilegal, si Hildebrand  hubiera sido más complaciente  hacia los intereses especiales?

Más importante aún, me pregunto si su sucesor en el Banco Nacional Suizo -y todos los demás jefes de bancos centrales- se plantea la misma pregunta. Después de todo, esta es una manera en que ocurre la captura del regulador. Cuando el objeto de ella no gusta de la regulación,  pone en peligro la carrera del regulador. Más a menudo, influye en la regulación tentando al regulador con la promesa de un lucrativo empleo futuro. Puesto que Hildebrand gozaba de independencia económica, este enfoque no habría funcionado muy fácilmente con él. ¿Recibió el palo en lugar de la zanahoria?

Afortunadamente, contamos con una buena prueba independiente. El jefe de la Autoridad Bancaria Europea, Andrea Enria, ha emitido nuevas regulaciones que no son amigables con los bancos. Si bien se puede debatir la conveniencia de reforzar las normas de contabilidad en medio de una crisis, su orden de que los bancos aumenten su capital está totalmente justificada, sobre todo en momentos en que el Banco Central Europeo los subvenciona con un muro de tres años de liquidez casi sin coste alguno.

El sector bancario no ha sido parco en  críticas. El presidente de la Asociación Bancaria Italiana incluso amenazó con demandar a Enria personalmente.

Si Enria tuviera que dimitir o -Dios no lo quiera- fuera obligado a renunciar por un escándalo en un futuro próximo, los reguladores bancarios en todas partes recibirían el mensaje: “Buen trabajo el que tiene usted allí… sería una pena si algo le pasara.”

Ahora que desde el PP se ha proclamado que hemos de reconocer la honorabilidad de Francisco Camps, que hemos de resarcirle, Mariano Rajoy tendría que pronunciar un mensaje especial televisado a todo el país subrayando que es urgente, muy urgente, y es conveniente, muy conveniente, olvidar todo lo que hemos visto, oído y sabido durante el juicio. Si no lo hacemos, ni podremos reconocer la honorabilidad de Camps, ni conseguiremos creer en la justicia y en las instituciones.

Pero no va a ser fácil. Borrar de nuestra memoria lo escuchado en las cintas judiciales, prescindir de las pruebas documentales que conocemos, y, sobre todo, arrancar de nuestra cabeza el rastro de cómo nos pueden llegar a gobernar algunos de los que elegimos, costará mucho. De forma especial si además los rehabilitan y se les considera oficialmente honorables.

Con todo, el caso Camps sigue vivo pese a la sentencia. Quedan abiertas cuestiones mucho más importantes y trascendentes que unos simples trajes regalados (porque fueron regalados) por quienes recibían a dedo o en concursos públicos nada claros encargos multimillonarios de la Generalitat valenciana. La consideración de que no recibió los trajes “en función de su cargo público” es, en definitiva, una simple complejidad legal técnica por falta de confesión explícita o un error del jurado. Y si no es un error, sino una sofisticada inducción, en caso de que no se descubra, tal vez acabemos despachándola con el pobrísimo argumento de que esas cosas ocurren.

Pero lo que queda de cara al futuro es doble. Cómo evitar que se gobierne un territorio a puro golpe de derecho de pernada, cómo impedir que se administren bienes colectivos considerándolos propiedad privada personal disponible para los caprichos de nuestros representantes. Y cómo conseguir que los partidos políticos y sus medios de comunicación adláteres dejen de respaldar a los corruptos cuando son de su propia cuerda. Esas son las dos cosas, junto con la demostrada injusticia de nuestra justicia, que nos vuelve a plantear el caso Camps.

En este caso, los excesos del partidismo del PP cuando clama por la honorabilidad de Camps llegan a un nivel infame. Los trajes son únicamente el florón visible y escandaloso del hecho de gobernar sin ética. El populismo descontrolado de Camps, muy rentable electoralmente a corto y medio plazo, y muy rentable asimismo para los bolsillos de los amigos, lo consagró Eduardo Zaplana con Terra Mítica y fue continuado magistralmente por él. Pero ha convertido a la Comunidad Valenciana en la autonomía con la mayor deuda pública y los mayores impagos a privados de toda España; en el escenario del urbanismo salvaje más desaforado, y en un prototipo de cuando la actuación política funde los bancos y las cajas de ahorros propias- Con Camps, los grandes acontecimientos y obras han ido acompañados de dislates económicos que han enriquecido a su entorno, desde la Copa América y la fórmula 1 hasta la visita del Papa o la gestión de las aguas residuales. Como del cerdo, lo aprovechó todo.

Cuando Rajoy estaba en la oposición, llegó a poner a Camps como ejemplo de la buena gestión económica y dijo que encarnaba “el modelo que quiero aplicar para el Gobierno de España”. Estamos a la expectativa de ver si ahora, en pleno análisis crítico internacional de la descentralización española, le ratifica a la señora Merkel cuál es su modelo de presidente autonómico. También hay curiosidad por ver si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les dice a los representantes de las demás comunidades que, tras reintegrarle la honorabilidad a Camps, han de imitarle. Por cierto, la primera zancadilla a la política de endurecimiento del PP ante las autonomías ha venido precisamente por aquí. Tras difundir el mensaje de que cada comunidad debía espabilarse recortando para resolver sus problemas, Montoro tuvo que habilitar una ayuda especial y directa a la Comunidad Valenciana para evitar su suspensión de pagos, y eso le obligó después a flexibilizar su postura ante las demás.

La “no culpabilidad formal posiblemente no le servirá para nada al expresidente valenciano: es una personalidad pública de la cual todo el mundo se ha enterado de sus trapacerías habituales aunque no las haya castigado el jurado. En la nueva sociedad de la comunicación, ese tipo de pena, la divulgación de la verdad, suele castigar mejor que una multa. Camps, de momento, no queda inhabilitado, pero falta por ver, después del teatro organizado para festejar su victoria y de los discursos inmorales del PP ensalzándolo, qué nuevas responsabilidades públicas le encargan al empobrecedor de Valencia. De modo que es pertinente preguntarle dónde está su victoria. Pero nuestra derrota persiste: se nos puede gobernar así y fallar todos los controles, mientras los partidos insisten en defender a los indeseables de sus propias filas. Estamos muy lejos de ser un buen país democrático.

No hago mucho caso de las cartas que circulan por Internet, pero estos días una de ellas llama la atención. Su encabezamiento es “Ley de Reforma del Congreso”, y el remitente, como sucede a menudo, pide el reenvío del texto a conocidos que pudieran estar de acuerdo con el contenido. En sustancia se trata de proponer un cambio constitucional que delimite estrictamente el estatuto del diputado, modificando múltiples aspectos de la condición actual. El propulsor o propulsores de esta idea quieren que el “representante del pueblo” deje de tener unos privilegios y excepciones que -se considera implícitamente- han tenido consecuencias nefastas para la democracia. En lo fundamental se defienden medidas que limitarían draconianamente los juegos de intereses económicos en los que pueden verse inmersos los representantes de la ciudadanía. Se exige una radical transparencia. También el fin de la impunidad de los diputados, los cuales, durante su mandato, deberían responder ante los tribunales, como cualquier otro ciudadano, de aquellos delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo. Se recuerda, por último, que el servicio democrático a la ciudadanía no es una profesión, de la cual deba sacarse rendimiento, sino una función honorable que debe ser ejercida con dignidad y siempre provisionalmente, es decir, con una fecha de caducidad que dé paso a nuevos representantes.

Curiosamente, me encontré con esta carta -bien redactada, concisa, clara- una tarde en que estaba releyendo el libro de C. M. Bowra La Atenas de Pericles, un estudio esencial sobre la génesis de la democracia ateniense en el que no dejan de encontrarse paralelismos con el presente. También Pericles, hombre culto y de elevados ideales, al que acompañaba una justa fama de incorruptible, advirtió tempranamente que la corrupción era el enemigo por antonomasia de la nueva libertad. Pericles quería que los representantes populares exhibieran una estricta honradez, ya que, precisamente, la deshonestidad y la codicia habían abortado los anteriores intentos de instaurar una democracia en Atenas. Quería, asimismo, que los elegidos en las votaciones pudieran ser juzgados en caso de transgresión y, él mismo, pese a su prestigio, no escapó a las críticas y a las multas por conductas, no deshonestas pero sí desacertadas.

Pericles intuyó lúcidamente lo que la carta sobre la “Ley de Reforma del Congreso” denuncia 2.500 años después: el desmoronamiento de la honorabilidad pública de los políticos ha sido catastrófico para la democracia y ha facilitado el advenimiento de una oligarquía que, en nuestra época, se enmascara en el burdo, y a la vez enigmático, dominio de El Mercado. Es inquietante, en el actual escenario, que los salvadores que tienen que rescatarnos de los desmanes y de las incompetencias de los políticos elegidos democráticamente sean tecnócratas que, como banqueros, estuvieron asociadosa los grandes especuladores que provocaron el colapso financiero de hace unos años. Esto, al menos, sucede en Grecia, Portugal, Italia y, si las informaciones de los periódicos son ciertas, también parcialmente en España.

En el llamativo caso de Italia, El Mercado ha conseguido echar al hombre más rico del país, el incombustible Berlusconi, frente al que la impotente oposición italiana había fracasado siempre. Inservible ya para los nuevos intereses, el corrupto Berlusconi ha sido sustituido por el tecnócrata Monti, del que se espera que sea honrado pero que procede del mundo de la alta especulación de Wall Street. La oscura paradoja está servida: hundida la honestidad de la clase política, juzgada corrupta en una mayoría alarmante de países, se ofrece la tarea de salvación a los corruptores, o a los que trabajaron al servicio de los corruptores. Atrapada en este círculo vicioso, no es posible la supervivencia de la democracia.

Esta, creo, es la advertencia que nos hace llegar la carta sobre la “Ley de Reforma del Congreso”. Y el fármaco que ofrece, con el cual estoy por completo de acuerdo: únicamente restaurando la honorabilidad y confianza de los políticos democráticos podría romperse aquel círculo vicioso. Los corruptores nunca nos librarán de los corruptos, pero si lográramos acabar con los corruptos entonces, quizá sí, podríamos hacer frente a los corruptores. La solución, hoy, solo puede ser drástica y -aunque sea un ferviente admirador de Atenas- espartana. Los representantes del pueblo, los diputados y los integrantes de otras instancias, deben ser alejados, por ley, de toda imagen de privilegio, de toda percepción de corruptibilidad por parte de la ciudadanía. Sea como sea, hay que instaurar una nueva silueta del delegado popular, alguien al que se respete por su idealidad -independientemente de su ideología- y al que se reconozca la grandeza democrática de oponerse a los corruptores. Democracia u oligarquía de los mercados.

La tarea no solo no es fácil sino que roza con lo imposible, especialmente en países como España, particularmente cobardes en el momento de mirarse en el espejo de la historia y hacer autocrítica. Sin grandes traumas judiciales y sin restitución de los bienes robados hemos asistido, con notable apatía, a toda la gama posible de la corrupción. Se ha gritado mucho en las tertulias y se ha sido escasamente eficaz en las instituciones. En la tragicomedia no falta, casi, ninguna pieza. Hemos tenido directores de la Guardia Civil ladrones; presidentes de instituciones musicales, estafadores; capos autonómicos que expoliaban el patrimonio a la vista de todos; y, últimamente, como es sabido ad nauseam, un representante de la Familia Real que se ha dedicado presuntamente a cobrar durante años un impuesto revolucionario (o “monárquico”) a quien se le pusiera por delante. Sin embargo, esto no sería nada, casos aislados que representarían el peaje que, a veces, hay que aceptar por la libertad, si no fuera por el clima de sospecha que se ha consolidado y que, en determinados países, entre ellos España, ha colocado a los políticos (democráticos) en lo más alto del listón de las preocupaciones ciudadanas.

Lamentablemente, la sospecha está fundamentada. Los principales partidos que aún rigen el país han albergado y amparado en sus huestes asombrosos casos de corrupción que casi nunca han denunciado con suficiente energía; como no denunciaron durante largos lustros la especulación inmobiliaria y bancaria que abrió las puertas de la catástrofe económica. El ciudadano sospecha con razón cuando ve el destino económico de tantos antiguos representantes del pueblo: bancos, consejos de administración, jubilaciones milagrosas, cátedras nacidas por generación espontánea, cargos fantasmales en fundaciones no menos fantasmales. Y se pregunta: ¿qué servicios se están pagando?, ¿qué informaciones se están cobrando? Incluida la pregunta más delicada: ¿dónde está la frontera que separa a corruptos de corruptores?

Tenemos que responder a esta vieja pregunta que, de algún modo, ya se hizo Pericles. Los tecnócratas o los que sirvieron a la corrupción nunca salvarán la democracia. Únicamente podemos salvarnos a nosotros mismos dando la espalda tanto a corruptos como a corruptores. Si no podemos, para que nos representen, elegir a los mejores -que sería, desde luego, lo conveniente-, elijamos, cuando menos, a los dignos. Y como ya no podemos ser ingenuos debemos dotarnos de leyes implacables que, al ahuyentar a los mercenarios de la política, aseguren tal dignidad.

Tres ideas básicas sobre uno de los problemas más graves que hoy afronta la Humanidad:

La corrupción daña gravemente el crecimiento económico y perjudica de manera especial a las clases menos favorecidas y a los países más pobres. Es, según el Banco Mundial, «uno de los mayores obstáculos al avance económico y social». Esta es, sin duda, la idea clave.

La corrupción no está descendiendo. Aumenta sin cesar, tanto en los países más desarrollados como en los emergentes. El mapa mundial de la corrupción que publica anualmente Transparencia Internacional demuestra gráficamente el dramatismo del problema.

Siempre habrá algún grado de corrupción, pero su dimensión actual podría reducirse sustancialmente, incluso a corto plazo, con medidas relativamente simples y sencillas. Bastaría con superar —y son superables— algunos obstáculos y actitudes perversas en el mundo político y sobre todo las resistencias de grupos financieros.

Una institución pública, el Banco Mundial y una organización privada, Transparencia Internacional, lideran la lucha contra este fenómeno, y en ambos casos su mensaje es muy claro y muy firme: la transparencia no elimina radicalmente la corrupción, pero la vigila y la dificulta grandemente. Hay que lograr, por ello, que todas las instituciones internacionales y nacionales, que todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos, todas las asociaciones y empresas públicas y privadas, todas las organizaciones sindicales y empresariales y, desde luego, todos los medios de comunicación y todos los partidos políticos ofrezcan la máxima transparencia en cuanto a organización y funcionamiento. Los ciudadanos deben tener, no ya la posibilidad, sino un auténtico derecho a conocer cualquier dato de esas entidades, incluyendo retribuciones y salarios, compras o ventas de bienes y servicios, transacciones significativas y, en general, cualquier información que pueda interesarles, sin otro límite que el que se derive de temas de seguridad o protección justificada de la privacidad.

En este terreno España tiene que afrontar todavía muchas e importantes asignaturas pendientes, y entre ellas destaca la ausencia de una «ley de transparencia y acceso público a la información» que está en vigor desde hace tiempo en la práctica totalidad de los países europeos. Existe, en principio, una voluntad política positiva para implantar esa ley en nuestro país, pero el tema se ha ido demorando sin ninguna justificación clara. Es todo un ejemplo de pereza política irresponsable.

Los partidos políticos, que se han convertido desde hace tiempo en el tercer problema de preocupación nacional, son también en este aspecto una verdadera rémora. Gozan magnificando la corrupción de sus adversarios, minimizando o ignorando la propia y culpabilizándose unos a otros, pero el hecho es que han sido incapaces de alcanzar pactos mínimamente eficaces en la lucha contra la corrupción, tanto la externa como la interna, permitiéndose incongruencias como la de incorporar a sus listas electorales a personas procesadas por este delito que además suelen alcanzar resultados positivos al amparo, entre otros factores, del sistema de listas cerradas.

El informe Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) y el informe ENIS (Sistemas Nacionales Europeos de Integridad) ponen de manifiesto la opacidad creciente y cada vez más sofisticada de las cuentas de los partidos políticos españoles y la necesidad de reforzar su democracia interna —entre otras cosas eliminando las listas cerradas y desarrollando el sistema de primarias— no solo para vitalizar y garantizar el dinamismo político y evitar la oligarquización, sino también para promover y facilitar la transparencia y la integridad.

Los partidos políticos españoles tienen que cambiar el «chip». La condescendencia y la tolerancia tienen su límite. La desafección ciudadana podría alcanzar niveles peligrosos y poner en cuestión el vigor y el sentido del propio sistema democrático. El Partido Popular ha obtenido una amplia mayoría absoluta que le permite actuar con fuerza y con decisión en los grandes temas nacionales, aunque también le obliga —aún más que si no tuviera esa mayoría— a buscar consensos ejerciendo sin cesar el instrumento decisivo del diálogo. Está, en todo caso, en condiciones ideales de promover un pacto serio —es decir no «de boquilla»— con los demás partidos políticos para combatir la lacra de la corrupción, pacto al que podrían incorporarse empresarios, sindicatos y medios de comunicación. En estos momentos de crisis un acontecimiento como este generaría un clima de confianza en el futuro y mejoraría decisivamente la imagen del estamento político, que no es ciertamente un tema menor.

Es incluso posible que este pacto pudiera poner en marcha un proceso auténtico de regeneración ética, tema que siempre aparece en determinados momentos en nuestra historia. Se podría pensar que el momento es favorable para ese proceso. Lo ético parece estar de moda. El número de centros académicos y no académicos dedicados a este tema crece sin cesar, y lo mismo sucede con los ensayos, seminarios y debates sobre el mismo. Pero detrás de tanta palabra no hay nada realmente serio. Es, en efecto, una moda, que acaba defendiendo una ética aparente y formal. Una ética demasiado «light» para poder cambiar actitudes, conductas y hábitos muy arraigados.

Necesitamos un tratamiento terapéutico más intenso.

Por causas diversas —secuelas de la borrachera económica, vulgaridad abusiva en los medios, desprecio o menosprecio de valores positivos, sectarismo fanático, generalización de la doble moral, etc.— hemos creado un clima en el que la convivencia se hace cada vez más incómoda porque crecen sin control el pesimismo, la desesperanza y, sobre todo, la indignación ciudadana, un sentimiento que no debe minimizarse porque tiene raíces y fundamentos sólidos y podría alcanzar niveles inquietantes. Hay que ir por otros caminos. En una época de crisis —en la que nadie en el mundo conoce con certeza la solución segura— es necesario reforzar ciertos principios básicos: la solidaridad, la unidad de acción en temas decisivos, la positividad, la energía moral y sin duda el esfuerzo colectivo. Ahí está —y todos sabemos que está— la solución. La creación de un clima psicológico adecuado es más importante que las recetas técnicas.

De esta crisis —que tiene su origen en un proceso de corrupción financiera, aún básicamente impune, en el mundo anglosajón— tenemos que aprender al menos tres cosas: que no se puede gastar más de lo que se tiene; que todas las burbujas explotan; y que sin ética no hay sostenibilidad, no hay futuro. La lucha decidida en favor de la transparencia y en contra de la corrupción —incluyendo la lucha, tantas veces anunciada en falso, contra el fraude fiscal— tiene que ser la clave de esta nueva época. Y el liderazgo puede y debe asumirlo el Gobierno actual. Es el momento y es su momento. Y lo hará.

If Pakistan’s chief justice, Iftikhar Chaudhry, manages to press his charges of corruption against the president, Asif Ali Zardari, he will bring down the existing Pakistani government. If he extends his anti-corruption campaign to the political elites as a whole, he will bring down the entire existing political system – and replace it, his critics say, with a dictatorship made up of an unelected (and equally corrupt) judiciary.

The corruption charges against Zardari date back to the governments of his late wife, Benazir Bhutto, in the 1990s. Charges against him, the present prime minister, Yusuf Raza Gillani, and other leading politicians and former officials were dropped under the National Reconciliation Ordinance (NRO) of 2007: the product of a deal – allegedly brokered by the Bush administration – between the then military ruler, President Pervez Musharraf, and Bhutto in late 2007, which allowed her to return from exile and take part in elections.

In December 2009, the supreme court declared the NRO unconstitutional. The two years since have seen a slow-motion tug of war between the supreme court and the government. The main opposition party, the Pakistan Muslim League of Nawaz Sharif (PMLN), for quite a while did not push this issue very hard, in part as the result of a truce between its provincial government in Punjab and the Zardari government in Islamabad – but also, it is widely thought, because, given its own record, the PMLN has good reasons to fear judicial activism. The only leading opposition politician consistently to have backed the chief justice’s campaign has been Imran Khan – and he has never been in government.

The truth is that Pakistani politics revolves in large part around politicians’ extraction of resources from the state by means of corruption, and their distribution to those politicians’ followers through patronage. Radically changing this would mean gutting the existing Pakistani political system like a fish. Nor is it at all certain how popular the process would really be with most Pakistanis.

For while the greater part of this process of extraction and redistribution is illegal according to Pakistani law, how much of it is immoral in Pakistani culture is a much more complicated question. Every Pakistani politician accuses his rivals of corruption but, equally, the perception that he himself is “generous” and “honourable” to his own supporters is likely to be central to his own local prestige. If a public monument is ever erected to the Ideal Pakistani Politician, the motto “He dunks but he splashes”, originally coined by Mayor Richard Daley of Chicago, should be inscribed on its pedestal.

And this is not just a matter of cynical politics. It also obeys a fundamental moral imperative of local culture to be loyal to one’s followers and, above all, one’s kinfolk. The politician who is really despised is the kleptocrat who both steals immoderately and does not share the proceeds. As a result, a good deal of the proceeds of corruption does get distributed through parts of society, thereby helping to maintain what until recently has been the surprising underlying stability of the Pakistani political system.

The military is widely seen as relatively immune to corruption, and when it comes to its own internal workings, this is largely true – though it usually ceases to be true when generals go into politics. However, it is vitally important to note that this is in large part because for many decades the military as a whole has acted as a kind of giant patronage network, extracting a huge share of Pakistan’s state resources via the defence budget and other concessions, and spending them on itself. Because – to its credit – it has distributed the resulting benefits in an orderly if hierarchical way among its generals, officers, non-commissioned officers and even to a degree privates, it has managed to keep a lid on corruption within the military itself. However, a belief is growing among ordinary soldiers, not just that the generals’ perks are immoderate but that in some cases their families are using their connections to make huge corrupt fortunes outside the military.

As for Zardari, it seems highly doubtful that he can hang on much longer. The chief justice is pursuing him with bulldog determination and the letter of the law is on his side. The military has been infuriated by what it believes are his attempts to ally with Washington against it. It does not want another military government, but it does want a civilian regime that is much more responsive to its wishes. And the opposition want him out before, not after, senate elections that might just enable him to cling to the presidency even if as expected his Pakistan People’s party is defeated in general elections due by early 2013. Whether getting rid of Zardari will fundamentally change Pakistani politics, however, is a very different matter.

En mayo de 2009, cuando el caso Gürtel ya había estallado y Antonio Pedreira, magistrado del Tribunal Superior de Madrid, se hizo cargo del caso, comenzaron a caer sobre su cabeza todo tipo de improperios acerca de su parcialidad. Su pecado es que había sido letrado del Ayuntamiento de Madrid en tiempos del alcalde socialista Juan Barranco, de quien era amigo. Yo también. Me sorprendió esa virulencia, pues recordaba que en alguna columna en las que hace años comentaba sentencias en Abc, había escrito elogiosamente sobre decisiones de asuntos polémicos y políticos de este juez, que había dado la razón unas veces a imputados del PP y otras del PSOE. Y entonces escribí sobre la imparcialidad del magistrado y afirmaba que el caso Gürtel creía que estaba en buenas manos y que al final resplandecería la verdad. No tenían, pues, nada que temer mis compañeros del PP que desconocían -o incluso habían denunciado- la trama corrupta, por mayor proximidad que hubiesen tenido con los encausados.

Al cabo de unas dos semanas recibí una llamada telefónica, “de su compañero Antonio Pedreira”. Ni se me ocurrió pensar que el “compañero” que me llamaba era el instructor. Cuando até los cabos me di cuenta enseguida de quién era. Me llamaba para darme las gracias por el artículo, algo poco habitual, y acabamos la conversación quedando para vernos. Una tarde me acerqué a su despacho, le llevé mi libro de poemas Desde la incertidumbre, que acababa de reeditarse, y La cocina de la Justicia, donde comentaba algunos casos muy singulares. Hablamos de la justicia en general, de la vida, de su enfermedad, de los escasos medios que tenía para investigar, y al final me preguntó si le podía ayudar. En suma, me pedía que transmitiese al PP, especialmente a Mariano Rajoy, que no dudasen de su imparcialidad, pero que no tratasen de enturbiar la labor investigadora, pues el caso se enredaría, politizándose más de la cuenta, como así ocurrió. Hablamos también del juez Garzón, ya que la causa venía de la Audiencia Nacional, de las escuchas, de la competencia, de Valencia y de todo un poco.

Rajoy me recibió enseguida y le expliqué lo que pensaba sobre el caso, y lo que yo haría si estuviese en su piel, dejando trabajar a la justicia. Entonces no conocía al principal imputado, Luis Bárcenas, cuya cabeza querían cortar a toda costa desde un lado y de otro de la bancada política, pues sabían que decapitando a Bárcenas, el tesorero nombrado por Rajoy, podía herirse de muerte al presidente del PP y jefe de la oposición entonces. Algunos de los “compañeros” de Rajoy desconocían su capacidad de resistencia y de que era capaz de doblarse, como los juncos, hasta que pasara el ciclón. Recuerdo que me enseñó un montón de diarios y me dijo que si tenía que fiarse de lo que ahí se decía no podría estar sentado en la silla donde estaba ni un minuto y que “cuando el viento sopla mal, lo único que se puede hacer es esperar que pase”.

Voy a ahorrarme los detalles del montón de entrevistas que tuve con Antonio Pedreira para ayudarle en su instrucción y darle mi opinión. Yo no estaba personado como abogado defensor de ninguno de los imputados y me pareció una buena ocasión para colaborar en esclarecer la verdad y de ayudar a un hombre bueno y enfermo que trataba de hacer su trabajo con competencia y honor. Enseguida me di cuenta de que dos personas iban a salir malparadas de este asunto. Por un lado, Luis Bárcenas, que además era senador, aunque dejó, junto con Merino, el escaño para no perjudicar a su partido. Me lo presentó mi amigo de la montaña y de la vida, ahora exsenador, Luis Fraga, y al final, después de tantas y tantas conversaciones, hemos acabado Luis y yo siendo amigos y subiendo -en mi caso tratando de subir- algunas cumbres juntos. Algo bueno tenía que tener todo esto. Y la otra víctima iba a ser Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional que había osado mirar las finanzas del PP. Cuando comprobé por dónde iban los tiros, recordé la imposibilidad que tuvimos, siendo diputado, de modificar la ley de financiación de los partidos políticos ante la cerrazón de estos por abandonar las irregularidades y someterse a control. De esas irregularidades, la mayoría no delictivas, han vivido centenares de políticos a los que no les alcanzaban los sueldos míseros que percibían y la alta responsabilidad y representación que debían tener. Garzón, ¡qué osadía!, se había atrevido a mirar las cuentas de un partido.

El juez no debió de calcular sus fuerzas, y fue una buena ocasión para cargar contra él en una extraña alianza entre jueces y políticos para acabar con la “fama” de quien tanto odiaban. Unos por corporativismo y otros por meter las narices donde apestaba. Casi nadie salía en su defensa; y, al margen de sus errores y de las críticas, algunas acerbas, que yo mismo le había hecho, pensé que por encima de todo estaba la lealtad a la justicia. Cuando leí que se le pretendía imputar por el asunto de la memoria y del franquismo, pensé: se ha abierto la veda de una nueva cacería judicial. Y entonces salí en su defensa en una “tercera” en Abc que fue muy criticada y muy alabada por partes iguales. La suscribo hoy de la “a” a la “z”. Ante la desfachatez de esa causa y su poca consistencia, y como había encallado, se apuntó entonces al discutido y discutible tema de las escuchas. Sobre esta cuestión, que conocía bien pues yo fui una de las personas que colaboró con Carlos García Valdés, cuando era director general de Instituciones Penitenciarias, en tiempos del ministro Lavilla y del subsecretario Ortega y Díaz Ambrona, en la redacción de la primera ley orgánica de la democracia, la Ley General Penitenciaria, también me pronuncié en otras dos “terceras” de Abc, donde mantenía la misma tesis del magistrado Suárez Robledano, uno de los que avaló las escuchas, en el sentido siguiente: “Hay abogados que cooperan o se involucran en la continuidad de actividades delictivas”. Sentía mucho que un profesor, tan reputado y buen compañero y amigo, como Gonzalo Rodríguez Mourullo se encontrase en medio de este fuego cruzado, muy a pesar suyo; y que su honorabilidad hubiese sido puesta en duda, ya que no he conocido a abogado más honesto. Pero de ahí a que se instruyese una causa contra el juez que ordenó esas escuchas por prevaricación iba un abismo.

Para apuntalar la cacería se abrió un nuevo frente: la historia rocambolesca de la financiación irregular de actividades de Garzón en una universidad americana por el banco de Santander. Yo no conozco un solo juez o magistrado, de la instancia que sea, que no haya cobrado en cursos o conferencias financiadas por instituciones bancarias, compañías de seguros, fundaciones de partidos o despachos profesionales. Ni uno. Y no doy nombres e instituciones porque no resulta trascendente ni creo que afecte a la independencia de los jueces a la hora de juzgar. ¡Ah!, pero en el caso de Garzón sí resultaba trascendente. Y los mismos jueces que le tiraban las piedras eran los que escondían sus manos. Todo muy ejemplar. La cacería había comenzado y se usó todo tipo de argucias para que los tiros viniesen del puesto que más podía dañar la reputación del magistrado: su honorabilidad como juez, nada menos que haber vulnerado un derecho fundamental como es el secreto de las comunicaciones. Además, las otras dos causas no se sostenían en pie. La del franquismo, porque si hubiese sido condenado por ello le habrían convertido en un héroe. Y la segunda, la del dinero, porque se radiografiaron públicamente las cuentas de Garzón, de su mujer y de sus hijos hasta un detalle indecoroso e insufrible sin que nada irregular apareciese. Pero había que matar al lobo para calmar la rabia. Y la rabia estaba en la investigación de las finanzas populares.

Al final, el tesorero del PP fue exculpado, sin necesidad de juicio, con algún recurso que hay pendiente de resolución. Ya he escrito en otras ocasiones que en lo del caso Gürtel ni eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran. El día que este diario desveló que un conspicuo líder popular había cobrado minutas por varias decenas de miles de euros para autodefenderse, me escandalicé, hasta el punto que decidí pasar una minuta, por menor cantidad por supuesto, ya que al cabo yo no tenía incompatibilidad alguna y llevaba más de un año trabajando por amor al arte ayudando a mis compañeros de partido. Evidentemente no me pagaron nada y me dijeron que a mí nadie me había contratado, con lo cual tuve la excusa de salirme de este tema que me producía náuseas. Rajoy ganó hace unos meses por mayoría absoluta las elecciones y el extesorero ha podido demostrar su absoluta inocencia. Que yo sepa, y sé bastante, nadie del actual Gobierno tuvo que ver con esa historia, pero como dijo Rosa Díez en el debate de investidura, si no generalizada, la corrupción, o para ser más exactos, las corruptelas, están bastante extendidas entre los aledaños de la política. Al final, el que se ha sentado en el banquillo ha sido el juez Baltasar Garzón. ¿Es esto la justicia que tan hermosamente se describe en el Título VI de la Constitución? Si no fuera porque no tengo otro medio de vida que mi profesión, en la que ahorré poco y di mucho, mañana mismo colgaba la toga.

India ended 2011 amid political chaos, as the much-awaited “Lokpal Bill,” aimed at creating a strong, independent anti-corruption agency, collapsed amid a welter of recrimination in the parliament’s upper house, after having passed the lower house two days earlier. The episode, which leaves the bill in suspended animation until its possible revival at the next session, raises fundamental issues for Indian politics which will need to be addressed in the New Year.

The need for the bill – Lokpal loosely translates as “ombudsman” – was first mooted in 1968, but eight subsequent attempts to create one had never reached a parliamentary vote. The credit for imparting urgency to an issue that had become a hardy perennial of Indian politics goes to the mass campaign that coalesced around a Gandhian leader, Anna Hazare, who insisted that a “Jan Lokpal Bill” (“People’s Ombudsman”) drafted by his followers had to be enacted in toto.

Two well-publicized fasts by Hazare, attended by hundreds of thousands and breathlessly covered by India’s news channels, pushed the government to expedite preparation and consideration of a bill. The draft differed in many respects from Hazare’s, but it retained what most people sought – an independent agency with its own investigative resources and prosecutorial powers.

After parliamentarians were summoned back to work after Christmas in an unprecedented extended winter session, the bill passed the Lok Sabha (the lower house), where the ruling coalition commands a narrow majority. But the government’s attempts to entrench the law in a constitutional amendment, thereby elevating the authority of the office, failed to command the necessary two-thirds support. Still, the bill’s passage after 43 years of stalemate was little short of historic.

The action then shifted to the Rajya Sabha (the upper house), where the government lacks a majority. After a session lasting until midnight, punctuated by the introduction of 187 amendments (most by the opposition but some by coalition allies of the ruling Congress Party), the government pleaded incapable of processing all the amendments in time. Agitated members shouted their dissatisfaction (one rather melodramatically tearing up the draft bill), and the Rajya Sabha’s chairman, Indian Vice-President Hamid Ansari, halted the proceedings without a vote.

All sides have flung accusations at each other. Some allege that the government’s bill, by requiring a similar ombudsman in each of India’s states, was an assault on Indian federalism. Others claim that the government colluded in the disruptions in the Rajya Sabha, because it knew that it could not win the vote; some, preposterously, suggest that the government did not want the bill to pass; still others claim that it would have created such a “weak” Lokpal that it was not worth passing. The government has grimly suggested that it would go back to the drawing board with a view to reviving the bill during the parliament’s budget session, due in March.

Whatever happens, the need to tackle corruption is undeniable. In a recent survey by the anti-corruption watchdog group Transparency International, 54% of Indian respondents said that they had paid bribes in the last two years, in interactions with police, bureaucrats, and even educational institutions.

While the media have tended to focus on big-ticket corruption, such as that revealed by ongoing scandals concerning on the allocation of spectrum to telecom companies or the organization of the Commonwealth Games, petty corruption has often affected people more directly. The mass outpouring of support for the quirky Hazare reflected the genuine frustration that most Indians feel over the corruption that assails their daily lives, rather than a clear understanding of Hazare’s proposals to combat it.

Every time a poor pregnant woman must bribe an orderly to get a hospital bed (to which she is entitled), or else deliver her baby on the floor; every time a widow cannot get the pension that should be hers by right, without bribing a clerk to process the papers; and every time a son cannot obtain his father’s death certificate without greasing the palm of a petty municipal official, Indians know that the system has failed them. They are right to vent their anger at endemic graft.

Indeed, corruption in India is far broader and deeper than the headlines suggest. The Lokpal will not be a panacea. It is one instrument among many that are needed, along with reforms to increase transparency, protect whistleblowers, prevent tax evasion, clean up campaign financing, and reduce officials’ discretionary power, which allows them to profit from the power to permit.

Inspectors and prosecutors can catch only some criminals; India needs to change the system so that fewer crimes are committed. Corruption isn’t only high-level governmental malfeasance; overcoming it requires nothing short of a change in Indians’ mindset. For every Indian bribe-taker, there is a bribe-giver looking for a shortcut or an undue advantage. To paraphrase Mahatma Gandhi, we need to be the change that we wish to see in India. Corruption will not end until Indians stop giving bribes as well as stop taking them.

As an elected politician, I am well aware that Hazare’s campaign has sparked the imagination and enthusiasm of many young people in my country. India’s parliament must continue to debate all the options available. It is important that we do not betray public expectations; but nor can we act irresponsibly. We must do the right thing, but we must also do the thing right.

Querría hacer unas reflexiones a raíz de las múltiples noticias que vienen sucediéndose en los medios de comunicación (no en todos, eso sí) sobre los negocios de don Iñaki Urdangarin, marido de la segunda hija del Rey, a través del Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que no obstante conseguía que el duque de Palma y sus socios se lucraran con el dinero procedente de varias administraciones públicas, y por tanto de los contribuyentes españoles.

La primera reflexión parece evidente: la trayectoria profesional que justificaba la posibilidad de estos negocios del Sr. Urdangarin (en tiempos deportista profesional) así como su actual puesto de trabajo en Washington en una multinacional española del sector de las telecomunicaciones está indisolublemente ligada a su condición de yerno del Rey. Con esto lo que quiero decir es que las administraciones públicas que contrataban «a dedo» (aunque fuera bajo la figura del convenio o mediante contratos con entidades instrumentales financiadas por ellas) al Instituto Nóos para realizar distintas actuaciones en el ámbito de la comunicación y los deportes lo hacían precisamente atendiendo a dicha condición. Ayudaba el socio, Diego Torres, avispado profesor de ESADE, y la existencia de una junta directiva donde aparecía nada más y nada menos que una Infanta de España y cuyo tesorero era Carlos García Revenga, que trabajaba para la Casa Real. Casi nada.

Si hubiera sido de otra forma, es decir, si el Instituto Nóos hubiera tenido un prestigio o una trayectoria profesional propia más allá de la de su presidente y su junta directiva, las administraciones públicas implicadas hubieran elaborado los correspondientes pliegos para la contratación de los servicios que ofrecían, aunque hubieran tenido que competir, eso sí, con otras empresas que hubieran podido prestar servicios similares posiblemente de forma más económica. Incluso descontando la voluntad política de los respectivos presidentes autonómicos o alcaldes de favorecer un instituto con este caché.

La prueba de que esto fue así es que existió un primer contrato que ganó el Instituto Nóos por el procedimiento negociado con el Gobierno de las Islas Baleares por un importe menor de 60.000 euros, donde el propio Instituto confeccionó las tres ofertas que exige la Ley de Contratos del Sector Público. Debió de parecer poco dinero para tanta grandeza y a partir de entonces el Gobierno balear prefirió acudir a la socorrida figura del convenio (que la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe si su objeto equivale al de un contrato, como sería el caso) dadas las escasas probabilidades de que el Instituto Nóos, con su inexistente solvencia técnica y económica, pudiera ganar un contrato público por una cantidad importante, incluso echándole mucha buena voluntad, es decir, forzando la contratación.

Con independencia de la opinión que merezca la oportunidad de realizar unas jornadas sobre turismo y deporte por importe de 2,3 millones de euros, decidida por el Gobierno autonómico de Jaume Matas, cuya trayectoria de despilfarro y de corrupción es bastante impresionante, lo cierto es que el instrumento jurídico para hacer esta contratación con dinero público está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, tratándose de un procedimiento bastante complejo y necesariamente abierto a la competencia. El Instituto Nóos o cualquiera de sus instrumentales, no estaba en condiciones de ganar concursos públicos de este importe. Pero incluso de haberse ganado estos contratos hubieran quedado sometidos al control de la intervención de la comunidad autonóma balear, que. aunque a estas alturas ya sabemos que no era gran cosa, sin duda era mejor que ningún control en absoluto, que es básicamente a lo que equivalía una entrega de dinero muy importante mediante convenio a un instituto privado a cambio de la realización de unas jornadas (o un observatorio más tarde)

En cuanto a los contratos o acuerdos con el Gobierno autonómico de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia (por no mencionar a los clubs deportivos, Aguas de Valencia, la empresa privada que tan atenta resulta con la Generalitat de la que depende su concesión y su negocio, etcétera) la historia es básicamente similar, aunque los mecanismos utilizados para la entrega de la nada despreciable suma de 3,4 millones de euros fueran un poco distintos, al parecer contratos con la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA) por parte del Gobierno autónomo y con la Fundación Turismo Valencia, perteneciente al Consistorio, que actuaron como obedientes entes instrumentales para financiar al Instituto tres ediciones del Valencia Summit.

Y así, a medida que pasan los días, van saliendo también otros contratos de menor importe con otros gobiernos autonómicos y con ayuntamientos. La historia es siempre la misma: administraciones públicas que entregaron importantes sumas de dinero público sin prácticamente ningún control mediante convenios o contratos realizados por entidades instrumentales al Instituto presidido por el Sr. Urdangarin en base a su figura y conexiones familiares por motivos que podrían resumirse en una frase: en España a la hora de hacer negocios importa más el who you know (a quién conoces) que el what you know (qué conoces, o qué sabes hacer). Pero claro que aquí hay un matiz importante; estamos hablando de dinero y contratos públicos y de conexiones con la más alta magistratura del Estado español, por lo menos mientras éste siga siendo una monarquía. En definitiva, nos tenemos que preguntar si es razonable invertir el dinero de los contribuyentes para que un político local se de el gusto de posar junto a la hija, el yerno -o incluso a los nietos del Rey si se da el caso- en una recepción porque otro resultado visible de estas inversiones brilla por su ausencia. Pero un momento, ¿no se supone que estas apariciones institucionales ya sean a nivel estatal, regional o local es precisamente una de las contraprestaciones -valga la expresión- que se reciben a cambio de mantener el presupuesto de la Casa Real? Claro está que sin Instituto Nóos por medio a lo mejor la lista de prioridades institucionales de la familia Urdangarin no hubiera sido exactamente la misma.

Sigamos. Presuntamente el Sr. Urdangarin no sólo recibió dinero público por procedimientos poco ortodoxos, sino que lo desvió a empresas suyas patrimoniales, si bien esta cuestión está sub iúdice, aunque a medida que avanzan las investigaciones los indicios son más demoledores, paraísos fiscales incluidos. En cualquier caso, que una persona con su puesto de trabajo y sus conexiones familiares tuviese tan siquiera la tentación de utilizar el dinero de los españoles no ya para hacer negocio de lobby a través del Instituto Nóos -lo que ya me parece muy cuestionable- sino para su enriquecimiento personal, invita también a algunas reflexiones. Efectivamente, cabe pensar que el modelo de sostenibilidad de la monarquía española no resulta muy adecuado cuando la familia política de la Familia Real tiene estas veleidades. Por otro lado, el que la Casa Real no haya impedido ab initio este tipo de conductas, prohibiendo tajantemente el aventurerismo empresarial con cargo a la institución parece muy grave, pues es de suponer que a menos la Infanta sí tenía conocimiento de las actividades de su marido, dado que figuraba en varias de las empresas. El que además las actuaciones realizadas se hayan dirigido fundamentalmente a obtener dinero público resulta especialmente dañino para la institución, y todo esto con independencia de la suerte judicial que corra finalmente el Sr. Urdangarin pues el mal ya está hecho.

No obstante, la segunda reflexión y última es la que me parece más importante en la gravísima situación de crisis política e institucional que estamos viviendo, por no hablar de la económica. El Sr. Urdangarin es un ciudadano español más, y como tal carece de cualquier privilegio ante las leyes españolas. La única figura que goza de inviolabilidad ante los tribunales de Justicia es la del Rey, y el Sr. Urdangarin, según nos recuerdan estos días con insistencia, ni siquiera es miembro de la Casa Real por lo que no goza de privilegio o inmunidad alguna frente a las leyes y los Tribunales españoles. Conviene no olvidarlo, máxime teniendo en cuenta que el 82% de los ciudadanos españoles han manifestado en el último barómetro del CIS (el de febrero) su opinión de que los españoles no son iguales ante la ley.

Por esa razón, me parece que una muy buena medida para demostrar lo contrario es que este español tenga los mismos medios jurídicos para defender su inocencia que el resto de sus compatriotas, ni más ni menos. Contando con que tendrá una legión de abogados expertos a su disposición que le facilitarán la tarea y que no están precisamente al alcance del bolsillo del contribuyente común. Mi opinión personal es que la subsistencia de la monarquía -si es que todavía tiene opciones- depende en gran medida de que sea así, frente a los que puedan pensar que, al contrario, debe de hacerse todo lo posible para que el Sr. Urdangarin no pise ni el juzgado ni la cárcel si llegara el caso. Porque entonces nos habremos quedado ya sin Constitución y sin Estado de Derecho definitivamente y ¿de qué sirve entonces una monarquía constitucional?

He leído últimamente en Facebook comentarios de fuerte denuncia sobre lo que se consideran privilegios de los políticos en materia de retribuciones, pensiones, etcétera. Y lo que se cuenta me preocupa. Porque algunas informaciones ciertas son imposibles de justificar y aceptar desde un punto de vista ético. Porque otras denuncias no son exactas o están manipuladas. Y porque, en definitiva, como tampoco nadie las desmiente y aclara, lo que queda ante la opinión pública es una imagen muy lamentable de los políticos y del ejercicio de la política.

Sobre todo si a lo anterior unimos los casos de corrupción que demuestran que han fallado los mecanismos de control de los partidos e instituciones.

Me gustaría que alguien tuviera la osadía de presentarse como candidato a las primarias del PSOE con un programa centrado en la regeneración de la política. Un programa que, reconociendo en qué hemos fallado tiempo atrás los socialistas para que se diera tal avance de los comportamientos deshonestos, pusiera de manifiesto lo decisivo que sería aplicar todo nuestro empeño en erradicar la corrupción de la política y promover, con la mayor imaginación, la calidad de la democracia. Porque la ética y la dignidad deben presidir la acción política de la izquierda. Así lo exigen la ciudadanía, el Movimiento 15-M y nuestras bases.

No es que no considere la lucha contra el paro como la máxima preocupación, ni que desprecie la importancia de refundar el proyecto transformador de la socialdemocracia adaptado a los retos de la Europa del siglo XXI y al combate por la regulación de los mercados especulativos. Pero despertar al auténtico significado de la democracia, la honestidad de la política, es la base para iniciar bien la cuesta arriba.

El acelerado proceso congresual de los socialistas ha de ser una oportunidad para provocar esta reflexión y llamar la atención, tanto del concejal o militante más anónimo como de los máximos dirigentes, sobre la necesidad de hacer una apuesta prioritaria y con convicción plena en favor de actuar con honradez, y prevenir y combatir la corrupción. No veo otra fórmula posible para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Conozco bien el programa electoral que presentó Rubalcaba el 20-N. Y en el capítulo sobrela democracia se recogen compromisos importantes en relación con los Gobiernos abiertos y transparentes, la participación y la reforma del sistema electoral.

Lo que desconozco es si se ha interiorizado la cuestión dentro de los aparatos del PSOE. Lo digo ante la ausencia de una autocrítica y de un análisis que reconozca nuestra responsabilidad en el grave deterioro de la confianza de la ciudadanía en la política.

Improviso al afirmar que uno de los lemas del Congreso debiera señalar que los socialistas vascos vamos a liderar la lucha contra la corrupción en la política y mejorar la calidad de la democracia. Me parece que esta bandera, este mensaje a la sociedad española es sustancial y más en un tiempo de crisis que potencia la sensibilidad crítica de la ciudadanía.

Por tanto, es la premisa para luego acertar en la definición de la estrategia por hacer una oposición doblemente responsable que sirva al país. De un lado a los intereses generales y de otro que resulte coherente con los compromisos defendidos en nuestro programa a los votantes socialistas. Lo que no significa actuar de modo acomplejado y seguidista hacia el Partido Popular para combatir la crisis, ni guardar silencio ante sus falsas promesas.

Es, también, la base para construir desde una izquierda consciente de los nuevos fenómenos sociales, un buen proyecto para la sociedad española y europea del siglo XXI. Porque solo si limpiamos y democratizamos a fondo la política, si actuamos desde los valores sobre los que se fundó la izquierda, podremos recuperar la credibilidad en la política.

La regeneración de la política significa la apertura de cauces reales en las instituciones a la participación ciudadana, posibilitar una elección directa de candidatos, rendir cuentas periódicamente de la gestión a la ciudadanía y a los militantes, acabar con los casos de corrupción e incorporar nuevos métodos de debate y apertura en la vida del Partido Socialista.

Un candidato “sin padrinos” quizá no pasaría ni el primer corte, el de los avales del 10% de firmas del Comité Federal. Pero lograría, con esta propuesta, apelar a la conciencia de la familia socialista, difundir este mensaje hacia el interior del PSOE y hacia la ciudadanía, para conseguir de verdad que esta preocupación compartida quedara incorporada en los programas de todos los candidatos que compitan en el congreso por la secretaría general.

Nuestro congreso tiene que aprobar un manifiesto por la regeneración de la política y la profundización de la democracia.

Pediría perdón por la proliferación de la corrupción y del clientelismo. Expresaría el significado de la transparencia en las instituciones para proyectarla en la sociedad y en las redes sociales. Hablaría de las consecuencias negativas de la acumulación de cargos públicos u orgánicos, de la importancia del papel del comité de Ética en el Partido Socialista y de la apuesta por recuperar la conexión con la calle. Defendería la celebración de primarias a la francesa y se comprometería a abordar la reforma de la Ley Electoral, incluyendo la elección directa de los alcaldes. Además, recordaría que el cumplimiento del Código Ético y de buenas prácticas en el desempeño de un cargo público sirven para impedir la corrupción, el clientelismo y el nepotismo. Defendería la regulación de los sueldos y de todo tipo de retribuciones, eliminando los privilegios especialmente en materia de pensiones.

Esta obsesión, resumida en ese manifiesto, trató de formar parte de mi comportamiento como alcalde de San Sebastián. Ahora lo decisivo es que seamos colectivamente, y de verdad, ambiciosos con la calidad de la democracia. Solo depende de nosotros.

Podemos devolver con nuestra práctica la dignidad a la política. Bastaría con empeñarnos en ello para que dejáramos de ser vistos como unos apestados, como sospechosos de no jugar limpio.

Tras el paréntesis impuesto por la última fase de la campaña electoral –en la que los grandes partidos no hablaron de corrupción– el asunto Urdangarín ha vuelto con fuerza a los diarios. Con nuevos detalles que amplían, y mucho, sus dimensiones y ramificaciones, pero también con una novedad respecto de la precedente ola de informaciones y opiniones en torno al caso: la de que algunos de esos diarios –El Mundo o Público, por ejemplo– ahora se esfuerzan por dejar claro que no hay que achacar al Rey el comportamiento de su yerno, aunque sí le piden que explique su posición ante un escándalo que, por lo que se ha contado hasta el momento, se parece demasiado a los que han salpicado la crónica negra de estos últimos años.

LA ÚLTIMA VEZ que la Casa Real salió a la escena pública al respecto fue a mediados de noviembre para declarar que Carlos García Revenga, secretario personal de las infantas Elena y Cristina, actuó a “título estrictamente privado” al ejercer, tal y como reveló la prensa, también como tesorero del Instituto Nóos, la empresa presidida por Iñaki Urdangarín y eje de la trama societaria que la justicia investiga porque sus actividades podrían haber incurrido en prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y evasión de capitales. Unos días antes la Casa Real había pedido en otro comunicado oficial que Urdangarín fuera “tratado como un ciudadano más” si un día tuviera que afrontar la justicia.

A las filtraciones del sumario se ha añadido un largo informe de la Agencia Tributaria que describe con detalle las prácticas llevadas a cabo por la trama societaria de Urdangarín, entre otras cosas “para desviar dinero público”. Pero el yerno del Rey –que como consorte ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono– aún no ha sido imputado. Y eso no ocurrirá, si debe ocurrir, al menos hasta que el Gobierno del PP tome posesión y nombre un nuevo fiscal general del Estado. Este deberá decidir no solo si su departamento asume las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, sino también la jurisdicción a la que se asigna el caso, que podría finalmente ser la Audiencia Nacional, pues los supuestos delitos habrían sido cometidos en distintas autonomías, cuando menos en Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.

Mariano Rajoy tendrá por tanto que desempeñar un papel importante en el encauzamiento de la cuestión. Aunque no pocos de los antimonárquicos más activos se inscriben en los ámbitos de la derecha, caben pocas dudas de que el nuevo presidente del Gobierno optará por una línea de defensa de la estabilidad institucional. Pero necesita que previamente el jefe del Estado se pronuncie sobre el futuro de Urdangarín en cuanto miembro de su institución.

En ese sentido, en los mentideros madrileños se barajan hipótesis que van desde el divorcio de la infanta Cristina –que quienes aseguran conocerla descartan absolutamente– hasta la renuncia por parte del investigado duque de Palma a su condición de miembro de la familia real. Puede que estemos en vísperas de un anuncio que no tiene ni un remoto precedente en las más de tres décadas de la reinstaurada Monarquía española. Pero todo indica que los acontecimientos hacen inevitable un paso de esa índole.

Muchos españoles aceptarían, aunque con razonamientos distintos y no todos benevolentes, que el Rey dejara caer a su yerno. La pregunta q ue quedaría en el aire después de ese gesto, y a la espera de la conclusión de un eventual procedimiento judicial que puede durar bastante tiempo, es la que se refiere a los daños que el asunto ha provocado ya y puede provocar aún a la institución monárquica.

LO CIERTO ES QUE no ha agrandado significativamente el círculo de los antimonárquicos militantes, que sigue estando formado por los mismos columnistas de ciertos medios y algún político aislado como Iñaki Anasagasti, a los que cabe sumar, aunque sus planteamientos no son idénticos, a los partidos de la izquierda republicana, encabezados por IU. Pero frente a eso el escándalo ha tenido, y sigue teniendo, una difusión extraordinaria. No solo por la cantidad de páginas que le dedican los diarios, sino, sobre todo, por el enorme impacto que tiene en la red de medios digitales. Que nadie, por mucho poder que tenga, puede controlar.

Con un elemento adicional: los jóvenes son los principales usuarios de la red. Y es justamente la negativa valoración de la Monarquía por parte de los jóvenes la que ha provocado que por primera vez la institución haya resultado suspendida, con una nota de 4,89, en el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La actitud de las generaciones que no vivieron la transición ni el 23-F ni tienen casi referencias del papel que entonces tuvo el Rey es la principal fuente de preocupación sobre el futuro de la Monarquía. Porque a la postre son los estratos poblacionales con los que más debería identificarse el sucesor, el príncipe Felipe, para que su acceso a la Corona tuviera un sólido apoyo popular. Nada indica que el asunto Urdangarín vaya a hacer tambalear ahora a la Corona. Los problemas pueden surgir más adelante.

Que la crisis económica que deja ahora el PSOE es más grave que la del 96 salta suficientemente a la vista, aunque siempre le quedará la excusa de que tiene un origen internacional y se ha agravado a escala europea. Menos obvio resulta que también la crisis política que hereda Rajoy es más honda e intensa que la que recibió Aznar con toda la truculencia del terrorismo de Estado y la corrupción en el entorno mismo del Gobierno. Y, sin embargo, pasen y vean.

Mi indignación ante aquel comentario cáustico de Aznar al año siguiente de llegar al poder -«¿Te parece poco un Gobierno que no mate y que no robe?»- no podía dejar de tener, por desgracia, una dimensión cosmética. Los restos de los cuerpos torturados de Lasa y Zabala con sus apósitos sanguinolentos, el espanto en el rostro del secuestrado Marey, el chusco reparto de los fondos reservados, la huida de Roldán, la farsa de su captura, lo ocurrido en el Banco de España o en el BOE no eran asuntos fáciles de olvidar. De hecho, se nota -y es lógico- que a Felipe González aún no se le han olvidado.

Ahora las heridas no están oficialmente abiertas sino que se han cerrado en falso. La más trascendental, la que supura por dentro quemándonos constantemente las entrañas, es la del 11-M. No hay lugar al que vaya a firmar ejemplares de El primer naufragio o sesión de Twitter en la que intercambie unos cuantos mensajes en que no aparezca alguien con la ansiedad en el rostro o la zozobra en los 140 caracteres pidiendo noticias nuevas, anhelando avances en nuestra investigación periodística, preguntando si es cierto -como ha circulado profusa y estrafalariamente por la Red- que ya tenemos las pruebas de la conspiración que desencadenó la masacre.

Todos los españoles que conocen el sumario con un mínimo detalle saben que la sentencia de Gómez Bermúdez contiene errores materiales o falsedades tan palmarias como que la sustancia que se presenta como «componente exclusivo» de la Goma 2 ECO -el dibutilftalato- también forma parte del Titadyne o que el teléfono de la mochila de Vallecas no podía reflejar la hora de los atentados dadas sus características mecánicas. Una falacia molecular y otra falacia tecnológica. Toda la versión oficial que comenzó a construirse el 13-M cuando la detención de Zougam alteró las previsiones electorales del día siguiente, es un castillo de naipes basado en la mentira y la manipulación de pruebas.

¿Qué puedo yo decirles a todas esas personas que piensan que si al cabo de 13 años fuimos capaces de descubrir la verdad sobre los GAL, antes o después lo lograremos también con el 11-M? Pues que los medios de un periódico que respeta escrupulosamente la legalidad son muy limitados y lo que se atisba tras ese atentado que cambió la historia política de España tiene una envergadura enorme. Pero que, como estamos decididos a seguir buscando la verdad hasta que el infierno se hiele -«Until the hell frozens», que dijo Adlai Stevenson-, pronto podremos aportar nuevos elementos que al menos contribuyan a impulsar la revisión judicial de los hechos.

El principal cauce abierto hoy por hoy en esa dirección es la causa contra el ex jefe de los Tedax Sánchez Manzano, fruto de la querella que se planteó interponer durante la presentación del libro del químico Enrique Iglesias Titadyne. Fue la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M la que recogió el guante y ahora que la instrucción ha corroborado todas las sospechas sobre el ocultamiento de los restos de los trenes, su escamoteo al tribunal y las subsiguientes falsedades periciales, es de justicia reconocer que sin el tenaz idealismo de sus dirigentes y la competencia de sus abogados el comisario Manzano no estaría camino del banquillo, como de hecho se halla.

El papel de la Asociación de Ayuda es en la práctica el mismo que desempeñaron aquellos románticos e indomables integrantes de la acción popular que al personarse en los sumarios impidieron que prescribieran los crímenes de los GAL. De ahí que resulte especialmente obscena la discriminación a la que los organismos públicos vienen sometiendo a esta agrupación ejemplar que reúne a 700 víctimas o familiares de víctimas de los atentados de Madrid. Mientras la organización de Pilar Manjón, guardiana de la ortodoxia que le conviene preservar a Rubalcaba, y la intermitente AVT reciben pingües subvenciones de Interior y de la derrama del IRPF, la asociación presidida por Ángeles Domínguez ha tenido que apañárselas con los 250.000 anuales que en el pasado recibió de la Comunidad de Madrid para prestar servicios médicos a sus miembros.

Ahora que ese apoyo también se ha evaporado en el mar de los recortes y las intrigas intestinas del Gobierno regional -Esperanza Aguirre debería intervenir con urgencia-, la Asociación de Ayuda ha prescindido de sus escasos empleados, no puede ni pagar a sus abogados y se encuentra en la tesitura de echar el cierre. Sólo una movilización ciudadana en su favor en forma de donaciones particulares podría permitirle sobrevivir.

En la página 14 de nuestra edición de hoy tienen su cuenta corriente. Lo primero que yo haré mañana será ingresar 1.000 euros a título personal y desde aquí les pido que, cada uno en la medida de sus posibilidades, haga lo propio. Por modesta que sea, cada aportación sumará con las demás y sobre todo supondrá una inyección de moral para estas personas admirables que mantienen la llama de la búsqueda de la verdad encendida. Estoy dispuesto a salir a la calle con una hucha si hace falta, pues es la más noble de las causas.

Junto al fracaso del Estado en el esclarecimiento y castigo del 11-M lo peor del relevo emponzoñado que Zapatero entregará dentro de 15 días a Rajoy es, en el ámbito político, la desestabilización del modelo constitucional. El Estatuto catalán continúa en pleno vigor sin que durante los meses transcurridos desde la sentencia del TC se haya desandado ni un solo centímetro en el camino ilegal recorrido en su desarrollo normativo; y todas las hipótesis sobre los itinerarios en que puede desembocar el retorno de ETA a las instituciones producen escalofríos. Son otras dos heridas que supuran por dentro.

También en este terreno, y no sólo en el de la economía, el PP tiene un mandato claro que ha dejado de ser opción electoral para convertirse en obligación gubernamental. Si CiU quiere asociarse al proyecto reformista de Rajoy y obtener un trato preferente en el diseño y ejecución de la política económica -olvidándose por supuesto del pacto fiscal-, el PP debe tenderle la mano pero reclamando a cambio gestos significativos en relación a la política lingüística y otras áreas en las que está en duda su lealtad institucional. En cambio a los de Amaiur, ni agua. Hace bien Rajoy en excluirles de su ronda de contactos con los partidos parlamentarios y ojalá se hallara una fórmula bien fundada en derecho que les impidiera constituir grupo mientras se le permitiera hacerlo a UPyD.

Justo cuando parecía que los dos mandatos de Zapatero iban a quedar al menos preservados de la lacra de la corrupción en las altas instancias, EL MUNDO desveló los elementos básicos del caso Campeón. Un par de meses después, los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo han pedido que se abra una investigación penal sobre la conducta del ministro Blanco; es decir, que se le impute por cohecho y tráfico de influencias.

Ahora que han enmudecido los colegas que servían de altavoces a la tesis de que lo único que había contra el número dos del PSOE eran versiones contradictorias de un empresario delincuente, nosotros volvemos a aferrarnos al plano de la responsabilidad política. Sea penalmente culpable o inocente, no es de recibo que alguien que ha protagonizado las escenas de la gasolinera o ha movilizado sin el menor pudor a la Administración al servicio del interés particular de un amigo, pueda morir políticamente en la cama. Que Blanco siga siendo al día de la fecha ministro portavoz en funciones y vicesecretario general del PSOE da la medida final de hasta donde ha llegado el naufragio de la «democracia bonita» de Zapatero.

El cuadro general no puede ser por lo tanto más desolador. La fe en el Estado de Derecho está profundamente erosionada por la incapacidad policial y judicial de esclarecer la masacre de Madrid y por las sospechas de connivencia del Ejecutivo con los movimientos tácticos de ETA, corroboradas ahora por el propio Eguiguren. Simultáneamente, el descrédito y desprestigio de los políticos como presunto modelo de referencia social queda resumido en la línea de defensa de Blanco en relación al tráfico de influencias, calcada por cierto de la que tan execrable le parecía cuando brotaba del entorno de Camps: todos hacemos lo mismo. Aquí sólo faltaba que pariera la abuela y eso es lo que ha ocurrido con el caso Urdangarin.

La criatura ha resultado ser un rubio ex jugador de balonmano aprovechategui y trinconcete que, según hemos venido averiguando, se ha dedicado a pegar palos a lo largo y ancho de la geografía nacional, involucrando a su esposa la Infanta Cristina, utilizando a un asesor de la Casa del Rey y comprometiendo la propia autoridad moral de la Corona. Es cierto que sólo un juez podía detectar el trasvase de fondos desde un instituto con fines filantrópicos a las sociedades patrimoniales de sus promotores, pero sólo la habitual condescendencia de los medios hacia todo lo que concierne a la institución monárquica explica que hayamos tardado tanto tiempo en relacionar la frenética actividad de Urdangarin en el negocio del marketing deportivo con el auge de su tren de vida, palacete en Pedralbes incluido.

La línea de defensa que ya ha esbozado ante quienes le han pedido explicaciones es muy clara: él es un profesional que ofrece unos servicios, asume unos costes y corre unos riesgos en el marco de unos convenios de patrocinio por los que se fija un precio global que incluyen su propio margen de beneficio. Una vez que alguien llega libremente a un acuerdo con él, huelga toda justificación de gastos.

Pero más que una explicación eso es una burda coartada porque el Instituto Nóos no tenía ánimo de lucro y cuando se paga con dinero público debe haber una correspondencia entre lo que se da y lo que se recibe. Por lo que se refiere a los sablazos privados es muy elocuente lo que le sucedió al presidente del Villarreal, Fernando Roig, que de repente aparece en el top ten de la timoteca nacional por haber pagado un informe sobre el patrocinio de su estadio a razón de 69.000 por folio. Pero, según su propia versión, el acuerdo implicaba el compromiso de Urdangarin de traerle ese patrocinador que aportaría a las arcas del club hasta 35 millones en 10 años. ¿Y por qué no supeditó el pago de los 600.000 del ala más IVA a que cumpliera esa parte del trato? Pues muy sencillo, viene a decir Roig: porque no parece correcto dudar de la palabra del yerno del Rey. Y así con todos.

¿Cómo puede terminar esto? Si el matrimonio decide continuar unido -de marido o de esposa no se dimite por razones políticas- lo lógico es que la Infanta Cristina, corresponsable formal de mucho de lo sucedido y beneficiaria al 50% de lo así ingresado, renuncie a sus derechos sucesorios y ambos dejen de participar en los actos públicos de carácter institucional para no contaminar a la dinastía. Esto no tiene nada que ver con la hipotética responsabilidad penal porque, como escribe Javier Gomá en los últimos párrafos de su obra Ejemplaridad pública, los miembros de la Familia Real «no es sólo que sean fuentes de moralidad pública, como los políticos, sino que son su misma personificación y el espejo de la ciudadanía».

Una Monarquía Constitucional puede tal vez soportar que los policías no detengan a los delincuentes, que los jueces no condenen a los culpables sino a algún que otro inocente con cara de merecer 40.000 años de cárcel y que los políticos que deberían ser ejemplares no ejemplifiquen sino la corrupción y el abuso de poder. Lo insostenible es que, al mismo tiempo que sucede eso, resulte que quienes deben llenar de contenido la función simbólica que justifica delegar en una familia la representación de todas las demás, se conviertan en motivo de bochorno colectivo. «Un símbolo que no simboliza, ¿para qué sirve?», enfatiza Gomá. El Rey y los Príncipes de Asturias deberían tener muy en cuenta esta reflexión porque «la vulgaridad de vida banaliza la Corona y vacía el trono».

Croatia is on the verge of national surrender. This small Balkan nation is poised to follow the disastrous path of Greece – dramatically affecting European and U.S. taxpayers. On Dec. 4, Croatians will hold parliamentary elections. The ruling Croatian Democratic Union, known by its acronym HDZ, is expected to lose – and rightly so.

The HDZ has been mired in corruption scandals. Its former leader, Ivo Sanader, is in prison awaiting trial on charges of embezzling millions. Croatian Prime Minister Jadranka Kosor has sought to improve her party’s badly tarnished image. She has failed.

For years, Zagreb’s governing class has pillaged the Croatian economy. More than $1 billion has been siphoned off or stolen. Shady privatization deals have enriched HDZ-connected oligarchs. Bribery is rampant. The regime harasses independent journalists and media critics. Judges frequently are political hacks. The rule of law is almost nonexistent. Property rights are violated routinely. More than 1 million court cases remain backlogged – a stunning number for a country of about 4 million citizens.

The results have been disastrous. The unemployment rate hovers at 20 percent. Youth unemployment is near 40 percent. Growth is anemic. Yet the HDZ’s most destructive legacy has been its reckless borrowing and spending. The national debt has skyrocketed. Croatia’s per-capita debt-to-gross-domestic-product ratio is one of the highest in Europe. In response, Ms. Kosor’s government has refused to do what is required: slash public spending and overhaul the country’s lavish entitlement programs. Instead, Zagreb has raised taxes – especially on foreign corporations. The HDZ’s high-tax, statist polices have fostered economic sclerosis, chased away investment capital and stifled job creation.

Moreover, the country is so saddled with debt that Croatia’s Central Bank is warning of possible national bankruptcy and financial collapse. Croatia’s future is bleak. That is why its largest export has been people – the vast brain drain of the most educated and skilled young Croatians.

The HDZ has staked everything on joining the European Union. Brussels has agreed to accept Croatia as its newest member. According to Zagreb, EU accession is the magic solution to the country’s woes. It isn’t.

The current EU agreement is a dagger aimed at the heart of Croatia’s national sovereignty and economic independence. It literally sells the country down the river – Croatia’s fishing and agricultural sectors will be decimated; its economic zone in the Adriatic Sea, estimated to possess vast potential reservoirs of oil and natural gas, has been abandoned to Brussels; its wine exports will be crippled; and its fiscal policy will be subordinated to EU bureaucrats. In short, Croatia will be transformed into a political vassal.

The deal is also bad for Europe and America. Brussels will be assuming another Greece – a debt-laden Balkan nation that will require constant expensive bailouts to stay afloat. So far, EU and American taxpayers have provided more than $1 billion in foreign aid to Croatia. The money has not gone to advance anti-corruption reform measures. Instead, it largely has been misappropriated, misused or simply embezzled. Zagreb’s political class has been pushing to join the EU for one reason: to get its dirty hands on the 4 billion euros Brussels is promising as part of Croatia’s entry. It is a Faustian bargain that threatens to cost Croatians – and Europeans – dearly.

The surging opposition leftist coalition is expected to win at the ballot box. Composed of former communists and social democrats, it promises to offer the same broad policies of the HDZ – EU membership, high taxes, stifling regulations and big government spending – minus the corruption. Even this will not happen. Left-wing parties control numerous local cities and towns. Yet graft, cronyism and bribery remain pervasive. Nothing will change except party labels and different oligarchs. The Croatian people, however, will continue to bleed.

This is why voters need to overturn the political status quo. It is time to confront Croatia’s entrenched corruption and incompetent governing class. There are some promising new parties offering viable options to reverse the country’s decline.

One of them is Croatia 21st Century. Its leader, Natasha Srdoc, champions a tax-cutting, pro-growth agenda. She advocates reducing government spending, balancing the budget and unleashing the private economy. She is also one of the few politicians truly serious about tackling Zagreb’s culture of corruption. Ms. Srdoc is demanding that any Croatian government official who has amassed unexplained illicit wealth while in office be prosecuted and have his or her assets seized. This alone would smash Croatia’s mafia state.

She also is a Euro-skeptic who vows to scuttle Zagreb’s deal with Brussels. Her party has close ties to European conservatives. In contrast to the HDZ, Ms. Srdoc is a genuine traditionalist. She is pro-family, pro-life and seeks eventually to end the mass murder of unborn Croatian children by making abortion illegal – but only through a referendum. In short, she poses a mortal threat to Croatia’s venal kleptocracy.

Hence, the HDZ has branded her “an enemy of the state.” Nearly two dozen of her party’s members and supporters have been harassed and intimidated by HDZ and leftist officials. Recently, Aleksandar Radovic, a candidate for Croatia 21st Century and a well-known anti-corruption author, was arrested by government authorities. His crime: He had extensively documented the vast illicit wealth and corruption of Interior Minister Tomislav Karamarko – a thug who uses the police as his personal henchmen. Mr. Radovic is rotting in jail, a political prisoner in a supposedly democratic country.

Having won its war for national independence from Serb-dominated Yugoslavia, Croatia is about to fritter away its hard-won sovereignty. Joining the EU is a fatal mistake. Just ask the Greeks.

Earlier this month, Swiss bank regulators found that four Swiss banks had not done enough to identify dictators’ assets they held. Earlier this year, Britain’s Financial Services Authority investigation into London banks found that three quarters of them were not doing enough to verify the sources of some customers’ wealth.

These probes shed some light on a system that is failing to stop the flow of corrupt money, a problem that continues to have disastrous consequences for millions of people. Neither regulator, however, has named the banks that have fallen afoul of the rules, nor given any indication they will do so. They also fail to answer the fundamental question of what this money was doing in Swiss or British banks in the first place.

Let’s put this in context. Three entrenched, repressive and corrupt regimes fell this year largely because the people they ruled were fed up with epic levels of corruption.

That kind of corruption cannot happen without a bank. Dictators cannot steal millions of dollars from the state, nor accept massive bribes, if the money has to be kept under the bed.

Payments for natural resources like oil and gas do not arrive in dollar bills, they are paid by bank transfer; increasingly, bribes and rake-offs from commercial deals are too. Plus it’s safer to keep money out of the country — away from opponents, and accessible if you’re ousted from power.

As a result of the convulsions across the Middle East and North Africa, the Swiss were among the first to freeze Tunisian, Egyptian and Libyan assets, beating both the European Union and the United States (the latter only froze Libyan funds).

Following the freeze, Swiss banks identified 470 million Swiss francs ($511 million) in the accounts of Tunisian and Egyptian politicians and 360 million Swiss francs ($391 million) of Libyan assets.

In the banking industry, senior foreign officials, their family members and close associates are known as Politically Exposed Persons (PEPs). Banks are supposed to do extra checks to identify them and the deposits they make because of the possibility of corruption.

According to the Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA, the four Swiss banks got it wrong in obvious ways. One accepted regular seven-figure payments into a PEP’s account without checking their origin; the banker who was the client adviser may have blocked attempts to investigate his client. Another bank had a PEP account in which there were “indications of illegal transactions,” and the bank failed to treat him as a PEP despite identifying him as related to a ruler — and the fact that another bank had kicked him out as too high-risk.

These banks must now face exposure and stiff fines, or the Swiss regulators’ probe will have failed to teach the necessary lessons.

Other European countries have also found assets linked to despots. Germany, for example, froze a $2.8 million account belonging to one of Muammar el-Qaddafi’s sons.

When will we find the political will to stop dictators operating out of sight of their own citizens and finally deny safe haven to dirty money and dictators’ loot across Europe?

A first step would be for governments and regulators to follow the British and Swiss example and take a hard look at what their banks were doing when they took this money. But they must all go further. The second step must be for governments and regulators to make it unacceptable for banks to take this money in the first place.

Será inevitable que en el momento en que se estrene en España la última película de George Clooney sobre las miserias de la política proliferen las extrapolaciones a nuestra historia reciente. Al menos yo, cuando vi el pasado fin de semana en Londres The Ides of March, tuve la sensación de estar contemplando, comprimido en 100 minutos, el proceso que muestra cómo se marchita la flor que alguien puso un día no tan remoto en el jarrón de la mesa del comedor de casa.

¿Y cómo no pensar en nuestro aún presidente del Gobierno si resulta que ese Mike Morris, a la sazón gobernador de Pensilvania, que se juega la carrera por la Casa Blanca en las decisivas primarias de Ohio es un político pacifista, partidario del aborto y las energías renovables que defiende la sanidad pública, apenas enmascara su ateísmo declarando que su «única religión es la Constitución de los Estados Unidos» y adopta siempre una actitud entre flemática y risueña que le proporciona un aire de postiza gravedad?

Junto al personaje del candidato progresista destinado a transformar la sociedad que interpreta el propio Clooney con su contención y tersura habitual, aparece el de su ambicioso colaborador y finalmente director de campaña Stephen Meyers, un Pepiño Blanco en versión urbanita con ínfulas de grandeza, encarnado por Ryan Gosling -atención a este hombre-, último producto del legado del Actors Studio en su eficaz búsqueda de la intensidad introspectiva ante la cámara.

Lo que inmediatamente resulta reconocible no es la trama concreta de la película ni menos aún la parte que a cada uno de estos dos protagonistas les corresponde en el guión, sino el trasfondo de los valores en conflicto, la relación de mutua dependencia entre ellos y sobre todo la atmósfera que envuelve la acción. Resumiendo, cualquiera diría al terminar The Ides of March que la política es un parque de atracciones en cuya puerta de entrada hay un cartel que pone «Idealismo y servicio público» y en cuya puerta de salida otro que pone «Cinismo y corrupción».

En medio, el túnel de la risa, la montaña rusa y la casa de los horrores. El baño de realidad que va metamorfoseando la generosidad en egoísmo, las lealtades en traiciones y los buenos modales en pulsiones homicidas. El enfermizo juego de las confidencias y las suspicacias, las intrigas y contraintrigas al servicio de la obsesión por el poder. Todo ello filmado mediante una sucesión de demoledores primeros planos que desnudan al zoon politikon aristotélico.

El momento clave de la película llega cuando Meyers desgrana ante su jefe toda la retahíla de equivocaciones que un candidato puede cometer durante una campaña electoral para desembocar en la que han cometido ambos: «El peor error de todos es tirarte a una becaria». En España nadie diría eso pues ni nuestra tradición oral incluye a ninguna Monica Lewinsky ni a la opinión pública parecen importarle -y eso le honra- las opciones sexuales de sus hombres públicos, ni siquiera como baremo de su autenticidad o explicación de apoyos incomprensibles.

La paráfrasis que hoy por hoy tiene al ministro de Fomento contra las cuerdas no va por lo tanto por ahí, sino que afecta a su integridad, en un país azotado por la crisis y en el que llueve sobre mojado: «El peor error de todos es quedar con un empresario turbio en una gasolinera, a instancias y en presencia de un primo tuyo que hace negocios con el susodicho».

Daría lo que fuera por haber podido escuchar lo que Blanco y Zapatero debieron decirse cara a cara antes o después del mudo abrazo del mitin de Lugo. Ni siquiera Jano estuvo presente y hay rincones de la mente del presidente a los que sólo tiene acceso Sonsoles. Pero esa omisión de toda referencia al caso Campeón pese a compartir estrado con el ministro de Fomento el día clave en el que EL MUNDO había revelado la presencia de Manuel Bran en la estación de servicio de Guitiriz, tiene un significado. ¿Decepción? ¿Pudor? ¿Desafío? ¿Mala conciencia?

Es cierto que puede entenderse como una mera cuestión táctica. Después de la catástrofe comunicativa que supuso la psicofonía de Rubalcaba con los padres de Blanco -que ni siquiera estaban presentes en el acto- para reivindicar la «honestidad» de su hijo, como si ellos mismos dudaran de ella, Zapatero habría optado por colocarse en el polo opuesto, en sintonía con el «no hay caso ni lo habrá» del propio interesado. Pero también cabe suponer que el presidente conociera al dedillo el contenido de la notitia criminis de la juez de Lugo que hoy comenzamos a publicar, en la que su más estrecho colaborador aparece retratado como el patético vértice de un sinfín de tramas mafiosas.

Incluso en la primera hipótesis la procesión iría por dentro. Zapatero es lo suficientemente avispado como para darse cuenta de que en esa gasolinera ha quedado sumergido uno de los últimos restos del naufragio de su proyecto político, uno de los últimos timbres, si no de gloria al menos de autoestima, que podían acompañarle en su retirada leonesa: el de haber presidido unos gobiernos formados por hombres honrados que pudieron equivocarse mucho, pero tuvieron siempre como meta el interés público. Cometimos errores, no delitos.

Y ese aura de elemental decencia que distinguía hasta ahora, con la salvedad del deliberadamente oscurecido caso Faisán, las dos legislaturas de Zapatero de los años de plomo y saqueo del felipismo que tan bien conoce Rubalcaba, ha venido a quebrarse en el imaginario colectivo no por la conducta de alguien que supusiera una adherencia mal cribada durante el desarrollo del proyecto, sino por el comportamiento de su número dos, compañero de fatigas y viga maestra del partido durante más de una década.

Que la Nueva Vía del socialismo del talante y la democracia bonita haya terminado conduciéndonos después de tantas vueltas y revueltas, tantos volantazos a diestra y a siniestra, a la fea gasolinera del tráfico de influencias ya es de por sí altamente embarazoso, pero que quien estuviera dentro de aquel taxi de las prebendas, al que Dorribo asigna en sede judicial 200.000 en concepto de bajada de bandera, fuera José Blanco, pone la cruz y la raya en el acta de defunción de esa izquierda de la ceja que tantas ilusiones suscitó.

Una vez que la juez de Lugo le ha dado la suficiente credibilidad y ha obtenido los suficientes elementos de corroboración como para mandar el asunto al Tribunal Supremo, resulta muy difícil de creer que Dorribo haya inventado sus acusaciones. Entre otros motivos porque eso implicaría haber estado preconstituyendo pruebas como la transferencia del dinero desde Andorra o su anotación de los «IEB» (Incentivos Europeos Bran-Blanco) cuando no sabía ni que los teléfonos estaban intervenidos ni que iban a detenerle. ¿En qué podría beneficiarle a una persona en su situación añadir a sus presuntos delitos el soborno a un miembro del Gobierno?

Incluso podría decirse que el gran argumento exculpatorio de Blanco, su entorno y los medios de comunicación que como de costumbre sólo miran la realidad con un sectario y perezoso ojo izquierdo -que la farmacéutica de Dorribo no recibió las ayudas solicitadas al ministro- aportaría el móvil necesario. Nadie se quedaría contento si después de que te dicen en un coche oficial «si tú te portas bien conmigo, yo me portaré bien contigo» y después de aflojar la mosca, y no cualquier mosca, te dejan tirado sin terminar de cumplir el trato.

Cabe, eso sí, la variante de que Bran se quedara con el dinero e incluso de que Blanco ignorara que aquella cita, aquella solicitud de intercesiones, tuviera contraprestación. La charla entre los dos primos en la barra de la cafetería mientras Dorribo esperaba en una mesa tras haber soltado los billetes de 500 lo hace altamente improbable, pero el propio Zapatero tiene un pariente trabajando en La Moncloa y es una persona de natural confiado. No hace mucho le comentó a un amigo de integridad a prueba de bomba con el que mantiene trato frecuente: «Imagínate que alguien te ofrece dinero por venir aquí a plantearme algo y que por una vez tú caes en la tentación y vas y lo aceptas… ¿Cómo puedo yo saber si alguien a mi alrededor…?».

«Pero tú no quedas con empresarios en gasolineras y menos delante de un intermediario que sea pariente tuyo y haga negocios con ellos», le habría contestado yo, de haber estado presente. Y es que, con ser ya de por sí infamante el escenario, lo letal para Blanco fue la compañía. Porque la presencia de Bran, al margen de cuáles terminen siendo las responsabilidades penales de cada uno, abrocha un supuesto insoslayable de tráfico de influencias, incompatible con la ética política.

Que Blanco es indigno de ser ministro -y menos aún el portavoz del Gobierno que comparezca dentro de dos domingos ante los españoles para ir dándoles cuenta del desarrollo de la jornada electoral- e indigno de formar parte de unas listas se supone que basadas en el principio de ejemplaridad, es por lo tanto algo previo a que se haya corrompido o no. El Tribunal Supremo determinará si debe ser encausado y eventualmente condenado -la instrucción será larga y prolija-, pero Zapatero y Rubalcaba deberían aplicarle de inmediato los raseros de exigencia que él mismo propugnó para los dirigentes del PP incluidos por Garzón en la investigación de la trama Gürtel.

Episodios procesales como esta remisión de los indicios de criminalidad hallados por la juez no son sino las farolas que iluminan el trayecto de la responsabilidad política pendiente de depurar. Si desde estas páginas pedí la dimisión de Camps y su exclusión de las listas mucho antes de que se abriera el juicio contra él no fue porque le presumiera culpable de cohecho impropio sino porque sus imprudentes tratos con El Bigotes eran un ejemplo de lo que no debe hacer un gobernante.

La diferencia estriba -y esto empeora la situación de Blanco- en que así como nadie ha sospechado nunca que Camps pudiera recibir de los corruptores otra dádiva que no fueran los estúpidos trajes, por la integridad del ministro de Fomento sólo pone la mano en el fuego Rubalcaba. Tal vez Zapatero le abrazó en público por la misma razón por la que el gobernador Morris convierte en su mano derecha al colaborador de cuya inmoralidad acaba de tener constancia: «The show must go on» hasta el final. Pero en su fuero interno, él que le ha observado de cerca, que le ha visto maniobrar por el poder y el presupuesto, cambiar su estatus social y nivel de vida, acercarse a Rubalcaba para perpetuarse como fuera, es inevitable que albergue las más sombrías dudas.

La mayor perplejidad que queda tras ver The Ides of March es por qué la película se titula así, toda vez que ni matan a nadie, ni hay conspiración alguna contra el jefe, ni el personaje de Clooney tiene nada que ver con César. Es cierto que las primarias de Ohio pueden caer en marzo y que toda fecha electoral puede ser asimilada a los idus de la buena suerte en que se celebraban sacrificios a los dioses.

Los de marzo eran el día 15 y los de noviembre, el 13. Por una semana no acertó Zapatero en la convocatoria. Pero nada de esto parece suficiente.

La verdadera justificación tiene que ver sin duda con esa atmósfera, a la que he aludido antes, de pasiones desatadas por la ambición del poder que hace que el drama de Shakespeare haya proyectado su sombra sobre cada minuto del rodaje de la película de Clooney. Pero puestos a hacerlo explícito, además del título yo habría incluido en el guión, en boca del lugarteniente arribista, la famosa frase de Bruto del «there is a tide in the affairs of men…» que viene a desarrollar el muy castellano dicho de que la ocasión la pintan calva. «En el océano de las cosas humanas hay una marea que conviene aprovechar oportunamente para alcanzar la fortuna; si no se aprovecha, todo el viaje de la vida va en medio de escollos y naufragios. Tal es la pleamar en que bogamos ahora que, si la dejamos perder, comprometeremos nuestra suerte».

Y es que eso de controlar 30.000 millones de euros como ministro de Fomento, sin tan siquiera haber pasado por la universidad o tener experiencia profesional de ningún tipo, sólo suele pasar una vez en la vida. Algo olerá de verdad a podrido en nuestra Dinamarca si el próximo domingo Blanco sigue siendo un político en activo.

A bit over an hour into the five-hour drive across the ferrous red plateau, heading toward Uganda’s capital, Kampala, suddenly, there’s the Nile, a boiling, roiling cataract at this time of year, rain-swollen and rabid below the bridge that vaults over it.

Naturally, I take out my iPhone and begin snapping pics.

On the other side of the bridge, three soldiers standing in the road, rifles slung over their shoulders, direct my driver, Godfrey, to pull over.

“You were photographing the bridge,” one of them says. “We saw you.”

“Taking photos of the bridge is forbidden,” the second announces, grabbing the iPhone from my hand. “National security. Terrorists could use such photos to help in planning to blow up the bridge.”

“I wasn’t photographing the bridge,” I explain. “I was photographing the rapids.”

I’m beginning to panic. Pretty much my entire life is couched inside that bloody device: contacts, hotel reservations, all my appointments for the coming days.

“One of the soldiers smiles silkily. “You are not to worry. This is an affair between Ugandans. It is your driver who was at fault. He should have known about our national security. Let them work it out.”

And indeed, when I turn around Godfrey is no longer behind the steering wheel. He’s with two soldiers across the road, remonstrating away. Minutes pass with Godfrey and his interlocutors locked in fervent colloquy — much hand-waving, arm-flinging, rifle-toying, shouting, cajoling and then smiling — until finally, 15 minutes and $20 later, the driver climbs back into the car and hands me the phone.

“Does that kind of thing happen often?” I ask Godfrey, who in much of the rest of his life is a Kampala taxi driver.

“All the time,” he assures me, as we put the Nile behind us. Two or three times a week. He has to figure it into his budget, and it’s a large item.

It’s to be expected, Godfrey continues. The soldiers are conscripts, the traffic cop a lowly underling, and they’re all notoriously underpaid. The opportunity to garnish bribes is seen as a necessary perk of the job. The trouble is, he continues, such corruption riddles the entire country, infesting virtually every transaction with the state.

And then Godfrey asks, “Doesn’t this sort of thing happen in America?”

Not really, I tell him, not blatantly like that, and certainly not frequently.

Only, then I get to thinking, because that answer is way too glib. It’s not that the United States lacks corruption, even pervasive corruption. It’s just not usually of the low-level and petty variety.

In America, corruption is concentrated at the highest levels of society, masquerading, for example, under the name of “campaign finance.” Election campaigns have become so expensive that candidates have to go begging to anyone who will finance them. And the billionaires and millionaires and hedge-fund operators and CEOs and their lobbyists are, in turn, only too happy to contribute. They lard the “people’s representatives” with grotesque “contributions,” after which those representatives prove only too willing to turn around and carve out billions of dollars in specifically targeted tax breaks and subsidies structured exclusively for them.

As a result, while we don’t, in general, have to pay off police officers during traffic stops, we do live in a society in which one of the richest men in America reports that he pays a lower tax rate than his secretary.

Education, meanwhile, is funded by local property taxes, and the rich make sure it stays that way. The result? Their kids get a far better education than those living in poorer neighborhoods. When people try to remedy that injustice through affirmative action programs, the rich protest and get judges to overturn the programs as racist. They are, however, perfectly happy to take advantage of programs that favor the children of alumni. And it’s all perfectly legal.

In Uganda, corruption tends to arise out of desperation. In America, more typically, the wellsprings are greed, pure and simple. And it’s hard to decide which is the more dismaying, the more disfiguring, the more disgusting.

Or actually, no, it’s not. It’s not that hard at all.

Es evidente que hay una crisis económica; tan evidente como absurdo e innecesario fue negarla, no en sus comienzos, sino en sus primeras y aun segundas manifestaciones. Si no evidente, sí es sospechable que nos hallemos ante un final de ciclo. Así parece indicarlo la crisis absoluta de valores que nos lleva de la mano sin que sepamos hacia dónde, aunque lo intuyamos. También parece fuera de toda discusión que la clase política ha devenido en una casta, al menos en nuestro país.

Los políticos se han ido convirtiendo poco a poco en la casta que hoy componen. A la altura de 1978, a nadie se le hubiera ocurrido calificar así al conjunto que entonces componían. No lo eran. Había atisbos de lo que podía pasar, del peligro que suponía el hecho de que, en un principio, los socialistas, por ejemplo, pasasen de ser los cinco cientos de ellos que habían sido en la clandestinidad a los 175.000 que lo compusieron nada más abrirse las compuertas. En tantas decenas de miles tenía que haber, necesariamente, mucho trepa y mucho oportunista. Lo había. Y así el resto de los partidos, uno a uno. Incluso los de origen franquista, pues en ellos militaron decenas de miles de demócratas que nunca lo habían sido hasta entonces.

Sin embargo, a nadie se le hubiera ocurrido que aquello era el fermento de una casta. Lo permitió así un conjunto de leyes -la electoral, la de partidos y otras semejantes- que los enquistó en el poder otorgándoles a los partidos, a sus dirigentes, la exigencia de una responsabilidad que debía recaer en la ciudadanía. Se desprotegió a la sociedad civil. Los partidos penetraron en las demás instituciones del Estado de forma que se diría obscena. Invadieron el ámbito de lo judicial y de qué manera, penetraron en el tejido económico a través del Banco de España y de las cajas de ahorros, hollaron los medios de comunicación y no faltaron instituciones que, de un modo u otro, si no coadyuvaron sí ayudaron bastante en el empeño. Desde la Iglesia católica a los sindicatos, aquí nadie se libra.

Poco a poco las leyes que nos hicieron libres devinieron obsoletas, pero cómodas y afines a los intereses de las cúpulas partidarias. Y comenzó el deterioro. Lo hizo de forma que ese poder casi omnímodo de los partidos, de las cúpulas de los partidos, se esparció como una mancha viscosa que lo fue impregnando todo, ensuciándolo todo. La corrupción, también la moral, empezó a asomar la oreja.

En la actualidad, esa casta política es tachada de corrupta en su generalidad. ¿Lo es? Sí, lo es, pero no más que la lista institucional en la que se inscribe. A veces incluso se diría que menos. Si uno pasa lista, lista minuciosa, convocando de uno en uno los nombres de quienes hayan ejercido en ministerios, consejerías autonómicas o diputaciones y ayuntamientos importantes, podrá comprobar el nivel de vida de los así relacionados. Y podrá comprobar que habrá sorpresas. Es cierto que hay políticos que se han enriquecido, claro que es cierto. Los hay, los hubo y los habrá. Pero hay mucho que es honesto y la crisis es más profunda que todo lo que ese dato aporta.

Si repasamos el número de presidentes, directores generales y altos funcionarios de cajas y otras entidades de ahorro, enriquecidos a lo largo de los tiempos y con mayor frecuencia e intensidad durante los dos últimos años, podremos comprobar que forman legión y está compuesta por la mayoría de ellos; también que manejaban dinero público, a no ser que se confirme que el dinero que se atribuyeron no pertenecía a los impositores de sus cuentas corrientes. ¿Qué es lo que ha permitido tal estado de cosas?

Si seguimos observando la realidad que nos rodea, comprobamos que, desde el mundo del fútbol al del espectáculo, todo es una inmensa bacanal de valores conculcados en la que todo está consentido. Posiblemente nos haya faltado la necesaria tradición democrática mínima exigible a estos efectos. La responsabilidad es en gran parte de los políticos, aferrados a sus poltronas, qué duda cabe, pero es una responsabilidad compartida con el resto de la sociedad, que asiste impávida a los expolios que lleva padecidos. ¿Cómo es posible que indemnizaciones, jubilaciones y regalías de tantos millones de euros autoatribuidas por gentes que dejan a sus entidades en puros cueros monetarios pasen sin mayor escándalo? ¿O es que a ustedes les parece suficiente y se conforman con los ya formados?

Vivimos en una sociedad enferma. Se nos han ido los valores al carajo y ya nada nos conmueve. Desde el padre de la novia que se paga la boda de su hija con un dinero que no es suyo y se permite el lujo de cobrarle al consuegro la mitad, a las cifras multimillonarias que se pagan por los traspasos futbolísticos para que una parte sustancial se quede en el bolsillo de un dirigente deportivo, aquí parece que todo esté permitido y que nunca pase nada. A veces pasa, sí, pero no es mentira que el silencio cómplice de los más no ayuda en absoluto a mitigar la crisis de valores en la que hay que inscribir tanto la actitud individual de los así enriquecidos como la pasividad generalizada de la concurrencia amparada en la convicción de que, puesto en su lugar, cada uno hubiese hecho lo mismo. Ese y no otro es el verdadero centro del problema. La razón primera de la crisis. Lo demás se arregla con leyes, pero esa íntima convicción, esa, ¿cómo se arregla?

Satán existe. Aunque algunos deban esforzarse para demostrar la existencia de la divinidad, no hace falta esfuerzo filosófico para demostrar la del diablo. O la de culpables poseídos por pasiones malignas. De ello están persuadidos los indignados que han ocupado tantas plazas españolas o los que lo han hecho en Nueva York bajo la consigna Occupy Wall Street. A estos okupas yanquis se suman ahora los británicos con la divisa Occupy the London Stock Exchange, la famosa bolsa inglesa.

Es fácil demostrar que los ciclos macroeconómicos poseen ritmos y ciclos impersonales en los que no entra directamente la culpa -la corrupción económica y política- y que es técnicamente ignorable para el análisis. Pero el pueblo, en su ancestral sabiduría, no anda equivocado cuando identifica con singular acierto a los culpables, a los responsables, de los males que nos aquejan y de los robos que nos soliviantan.

La democracia liberal, con su Constitución, con una ciudadanía responsable y una prensa libre y crítica, se enfrenta con tres formas de corrupción económica. La primera es la directa: la del que mete la mano en la bolsa común y pone dinero en su bolsillo (estilo Palau de la Música). La segunda es la indirecta. Aceptar regalos o promover que nos los hagan, a veces sin límites. Esta requiere cierta imaginación, y es a veces admirable por ingeniosa (lo de aquel presidente autonómico que se hacía regalar trajes de lechuguino es peccata minuta comparado con otros que me sé y no digo porque, sin pruebas, en un diario serio como este no se habla.)

Luego está la obra de arte, estilo, hoy mismo, Caixa Galicia. Prepara usted un pago estratosférico para su jubilación, pongamos de 16.5 millones, y se jubila usted conforme a la ley, con una sonrisa en los labios, y encima le regalan un reloj de oro (sin falsificar, no hecho en Hong Kong) y le dan una fiesta de despedida. Los pagos de vértigo a directivos serán satánicos -ya les digo que el demonio existe-, pero son muy legales. Parece mentira que los desahuciados que estos días se manifiestan, desesperados, por doquier no lo entiendan. Pobres conciudadanos nuestros, están tan acongojados porque los echan a la calle que pierden su capacidad de sereno razonamiento. Se comprende. No recuerdan que los directivos, aunque hayan llevado a su empresa al desastre, son también benefactores de la humanidad. En efecto, gran parte de lo recibido como compensación (?) por dejar la empresa o banco que han precipitado al abismo va a parar, vía fiscal, a las arcas públicas. El Gobierno entonces usa nuestros impuestos para reflotar bancos heridos y, por lo tanto, a que se recupere la economía capitalista que tanto bien hace a la doliente humanidad. Bueno, eso es lo que sostienen sus ideólogos, algunos de los cuales están precisamente en el Gobierno.

El combate contra la corrupción -contra las fuerzas del mal, para decirlo en el lenguaje teológico que hoy me inspira- es una de las tareas más arduas de la democracia. Lo es por lo inacabable. Los buenos ciudadanos deben dejar de pensar que afirmar que siempre la habrá es derrotista. Todos esperamos alcanzar un orden democrático que haga imposible la corrupción, pero no debemos condenar como fatalistas sin remedio a quienes sostienen que es endémica. Nuestra tarea es combatirla a sabiendas de que un día u otro volverá a levantar su negra testuz. Los cínicos son solo los que afirman que es inevitable y que todo el mundo roba, si puede. Algunos, no. Diré más: muchos, no. Secretamente, amables lectores, espero que algunos, los más posibles, estén de acuerdo conmigo en este asunto y no me condenen al limbo de los ilusos.

La indignación moral -ocurra en la plaza de Catalunya barcelonesa, en la madrileña Puerta del Sol, en el puente de Brooklyn, en el Hyde Park londinense- no basta. Es importante, pero conviene no convertirla solo en mero espectáculo. Para poner coto al diablo no basta con la ley: hacen falta abogados demócratas militantes, parlamentarios incansables, periodistas incorregibles y también tú y yo. Se trata de una tarea enteramente distinta y contraria al espectáculo. Exige un heroísmo silencioso que no recibirá reconocimiento público y a veces ni siquiera las palmadas en la espalda de los compañeros de trabajo. Pongamos algún ejemplo: los contables de una banca, caja de ahorros o empresa pública saben perfectamente dónde van los dineros. Gerentes y toda suerte de empleados conocen que se va a inaugurar un aeropuerto sin aviones, un tren de alta velocidad sin viajeros y una escuela sin maestros. Si lo saben, que lo digan. Porque si no no son parte de la solución, sino del mal mismo. ¿Es difícil? ¿Requiere un cierto y callado heroísmo? Bueno, de eso se trataba.

La imagen (por ahora mental) del ministro de Fomento manteniendo una cita «privada» en una gasolinera con un empresario imputado por corrupción que le solicita determinados favores públicos, nos devuelve a una situación que la mayoría de nosotros creíamos felizmente superada: la de la España de fines del siglo XIX, cuyas características políticas esenciales fueron reflejadas por Joaquín Costa -su centenario ha sido este año y ha pasado sin pena ni gloria, por cierto- en su magnífico clásico sobre el caciquismo y la oligarquía. Este artículo quiere ser un pequeño homenaje al autor que denunció los males de este persistente fenómeno en nuestro país.

Durante unos años, quizá decádas, los españoles hemos creído vivir, por fin, en un Estado de Derecho homologable con el de los países más avanzados. Un Estado donde hay un ordenamiento jurídico que, con todas sus imperfecciones, establece las reglas del juego, políticas, económicas y sociales. Un Estado en el que estas normas se cumplen mayoritariamente de forma voluntaria, puesto que han sido dictadas por los representantes de la soberanía popular en instituciones genuinamente democráticas. Un Estado donde existen unas Administraciones -quizá demasiadas, eso sí- que son objetivas, neutrales y solventes técnicamente, que sirven los intereses generales, y unas instituciones (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Banco de España) que funcionan con profesionalidad y rigor. Todos con competencias y con instrumentos para asegurar el cumplimiento de las reglas de juego. Un Estado donde existe un Poder Judicial independiente que es capaz de aplicar coercitivamente las normas si fallan los mecanismos anteriores. Y, por último, un Estado donde existen medios de comunicación capaces de denunciar los atropellos del Poder y actuar como contrapeso último. En definitiva, hemos creído vivir en el Estado social y democrático de Derecho que proclama la Constitución Española en su artículo 1. Cierto es que en este Estado existían muchos problemas: de colisión de poderes, de ineficiencias, de responsabilidades, de encaje territorial, etcétera, pero su diseño respondía básicamente, o así lo creíamos, al modelo que rige en los países desarrollados de nuestro entorno.

Y de repente, una mañana, nos despertamos y leemos en los periódicos que el ministro de Fomento del Gobierno de España tiene citas privadas para hablar de intereses públicos en una gasolinera con un empresario de no muy buenos antecedentes, empresario que acusa al ministro de haber cobrado comisiones a cambio de favores. A este descubrimiento sigue el habitual espectáculo de acusaciones y contraacusaciones entre unos y otros, habida cuenta de que el ministro en cuestión no se ha mostrado especialmente tolerante con las debilidades de los adversarios políticos en circunstancias similares (conversaciones telefónicas poco edificantes con empresarios implicados en tramas corruptas). Sigue también el habitual anuncio de querella por calumnias del ministro contra el empresario para demostrar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él. Ya se sabe que en nuestro país parece que quien no se querella, otorga. Por aquello de la exceptio veritatis, es decir, que el pobre juez al que le toque esta querella tiene que averiguar quién dice la verdad, porque si es el empresario y no el ministro, entonces no hay calumnia. En cualquier caso, esto no será para mañana, habida cuenta de la lentitud con la que funciona la Justicia, y eso cuando funciona.

Se habla mucho de la presunción de inocencia -un poco deslucida por la dimisión de un parlamentario regional del PP y de un ex consejero de Industria del BNG denunciados por el mismo empresario-, pero, por si acaso, se apela a la emotividad del electorado o del auditorio, padres del ministro incluidos. Y, por último, se produce el tradicional cierre de filas incondicional del partido con su líder amenazado, secundado por los medios de comunicación más cercanos, ya sea por razones ideológicas o económicas, dado que en España tienden a confluir. Y todo con el trasfondo de unas elecciones a la vuelta de la esquina.

Y el pobre ciudadano de a pie, que lleva meses sin dar crédito a lo que está pasando, entiende por fin que lo del Estado de Derecho es sólo una verdad a medias. Que las reglas de juego no son las mismas para las personas normales y corrientes, honestas y trabajadoras, que para los que tienen poder, ya sea político, económico o mediático. Resulta que hay personas en España, físicas y jurídicas, que pueden incumplir impunemente las leyes sin que les pase nada. Es más, algunos se permiten alardear de su incumplimiento, con palabras o con hechos. Son políticos, algunos con cargos institucionales muy relevantes, empresarios afines, gestores de cajas de ahorro, consejeros delegados de empresas importantes, directivos del sector público, sindicalistas, empleados públicos, funcionarios de los cuerpos de seguridad… gente que puede tirar de la manta. Son los nuevos caciques. Todos ellos se han convertido en personas a las que no interesa aplicar la ley por diversos motivos, aunque todavía nos queda la esperanza de que acaben en manos de un juez que siga creyendo en su función y no aspire a un puesto en el Consejo General del Poder Judicial.

Realmente ya da un poco igual saber para qué se citó el ministro en una gasolinera o si finalmente hizo o no la gestión que el empresario sospechoso le pedía a cambio de dinero. Y es que los ministros de los Estados de Derecho de verdad no se citan para hablar de asuntos como contratos, subvenciones o autorizaciones administrativas en las gasolineras, ya sea en su coche oficial del Ministerio, en el coche del partido, en su coche particular, o en un taxi. También suelen tener un poco más claro el concepto de lo público y de lo privado. Saben que los cargos políticos son para desempeñarlos en beneficio de todos los ciudadanos, incluso de los que no les han votado, y que exigen un cuidado exquisito en el fondo pero también en las formas. Por eso dan cita en sus despachos oficiales, con sus asesores o técnicos delante, y eso si las dan.

Supongo que otros dirigentes de países con los que pensábamos no tener nada en común, y a los que mirábamos un poco por encima del hombro, si dan citas en sitios más o menos discretos. Pero pensábamos que en España esto ya no pasaba. La conclusión de este episodio esperpéntico no puede ser más desoladora: en estos últimos años, sin que nos diéramos cuenta, han vuelto a florecer en España el caciquismo y la oligarquía que denunció Joaquín Costa -con las apariencias, eso sí del siglo XXI- para arrebatarnos silenciosa pero eficazmente nuestro Estado de Derecho. No lo podemos permitir.

«Voy a contar cómo fue al quemadero el inhumano que tantas vidas infelices consumió en llamas; que a unos les traspasó los hígados con un hierro candente; a otros les puso en cazuela bien mechados, y a los demás los achicharró por partes, a fuego lento, con rebuscada y metódica saña. Voy a contar cómo vino el fiero sayón a ser víctima…».

Reconozco que utilizar las primeras líneas de la novela corta de Galdós Torquemada en la hoguera para abordar la situación en la que se encuentra el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno es cargar un poco la suerte. Sobre todo teniendo en cuenta que el propio autor ya utilizó la brocha más gorda de su propia caja de utensilios del género realista, acuciado por la urgencia de entregar su original «a la carrera y casi por compromiso» al director de La España Moderna, José Lázaro Galdiano, a tiempo para el cierre de la revista. Pero es que 150 pesetas eran 150 pesetas. Y no digamos en 1889.

El fondo del asunto al que se refiere este relato viene, sin embargo, a cuento pues no es sino la historia del alguacil alguacilado. ¿Qué más da que al ejercer durante casi una docena de años como martillo de herejes y látigo de infieles Blanco no haya recurrido al género gore de las perforaciones y la carne asada a la parrilla sino al vademécum de la oratoria sucia -«estercolero», «basura», «vomitorio»- para arrojar su tonelada de inmundicia sobre cualquier dirigente del PP en entredicho? Metáfora por metáfora, casi son preferibles las heridas imaginarias que las descalificaciones injuriosas con publicidad y alevosía.

Igualmente hay que admitir que, como él mismo dice, a Blanco mucha gente le tenía ganas no sólo por su conducta sino también por su trayectoria y ése es otro punto en común con don Francisco Torquemada, aquella «feroz hormiga», aquel «hombre frío con facha de sacristán» a quien Galdós había sacado de la miseria absoluta y el ostracismo relativo como personaje secundario de Fortunata y Jacinta para convertirlo en protagonista del medro social aupado sobre los hombros de los cambios políticos que sucedieron a La Gloriosa. No en vano viéndole mutar su «sombrero con grasa» por «una chistera de 50 reales» y la «capa deshilachada con las vueltas aceitosas» por «una muy buena con embozos colorados», para dirigirse a cobrar la renta a los inquilinos de sus 24 habitaciones de la calle de San Blas, el autor refunfuña contra «la clase media, toda necesidades y pretensiones, que crece tanto, ¡ay dolor!, que nos estamos quedando sin pueblo».

Si en la Galicia de las postrimerías del franquismo alguien hubiera augurado que aquel zagal tarambana, tirando a rogelio, de la aldea de Mosteiro en el término municipal de Palas de Rei, hijo de peón caminero y costurera, a quien apodaban Blanquito, llegaría a ministro de Fomento del Gobierno de España, sin necesidad de pasar tan siquiera por la universidad, le habrían enhebrado inmediatamente como majara endemoniado a la procesión de la Santa Compaña en su irrupción decorativa en alguna de las Comedias bárbaras de Valle. De ese triple salto mortal sin red surge el mito político de Pepiño, santo y seña del zapaterismo, heraldo y compendio de la España de las Leires y Bibianas, apoteosis de la meritocracia para los menos, paradigma de cómo la política te puede catapultar muy por encima de tu nivel de incompetencia para los más.

En los días clave de la conquista del poder, Blanco fue para Zapatero lo que Guerra había sido para González o Cascos para Aznar: el hombre de la intendencia y a la vez el ariete de las embestidas, el malo de la película, el «hijo de puta de Nixon» como se autodefinía Haldeman. Aunque, todo hay que decirlo, ejerció ese papel de forma menos abrupta que tales precursores y en su haber siempre quedará la iniciativa profiláctica de dejar de pagar los gastos de defensa de los organizadores de los GAL, al final ¿para qué está la sota de bastos sino para repartir mandobles?

Pepiño nunca le hizo ascos a esa tarea y se entregó a ella con denuedo, zurriagazo va, zurriagazo viene; pero cuando al inicio de la segunda legislatura empezó a barruntarse que aquello tendría un final y que Zapatero ni siquiera repetiría como candidato, vio muy claro que él no se retiraría junto a su mentor y que quería una oportunidad de tocar poder de verdad, es decir, un trozo de presupuesto que repartir y unas cuantas páginas del BOE a su disposición. Fue entonces, en la malhadada crisis de 2009 mientras Calamity Helen ocupaba una pequeña porción de la silla vacía de Solbes y Chaves llegaba a Madrid a preparar con Felipe la operación Alfredo, cuando Blanco logró quedarse con los treinta y pico mil millones del gran ministerio inversor.

Fue una metamorfosis equivalente a la del Torquemada de Galdós, quien a medida que medraba «se sentía, con la buena ropa, más persona que antes; hasta le salían mejores negocios -atención-, más amigos útiles y explotables; pisaba más fuerte, tosía más recio, hablaba más alto y atrevíase a levantar el gallo en la tertulia del café». De repente Blanco se había convertido en el interlocutor y confidente de todos los grandes empresarios del país, en el hombre del momento, en el salvavidas de cientos de naufragios, incluidos algunos periodísticos. «Pero la vanidad no le cegó nunca -seguimos con Galdós-. Hombre de composición homogénea, compacta y dura, no podía incurrir en la tontería de estirar el pie más del largo de la sábana. En su carácter había algo resistente a las mudanzas de formas impuestas por la época, y así como no varió nunca su manera de hablar, tampoco ciertas ideas y prácticas del oficio se modificaron».

De la noche a la mañana resultó que Blanco iba para cacique. Y no se conformaba con una ínsula cualquiera. Él tenía una hoja de ruta cuya estación término era -seguirá siendo si sobrevive a este episodio- la Presidencia de la Xunta de Galicia. Desde el mismo día en que fue nombrado ministro tuvo esa obsesión en la cabeza: él no quería retirarse, a semejanza de su jefe, a disfrutar de la felicidad conyugal «como supervisor de nubes recostado en una hamaca y mirando al cielo». Él prefería las emociones fuertes cerca del mundanal ruido. Y ser profeta en su tierra. No sólo en Palas de Rei, no sólo en Lugo, sino en toda Galicia. Quería ser el Fraga de la izquierda para regresar triunfalmente rodeado de gaiteiros: de don Manuel a don Pepiño.

Para eso necesitaba hacer amigos por delante y no dejar enemigos a sus espaldas. Todos celebramos el buen talante con que entró en el ministerio. Tras las altanerías de mercado de abastos de la bien definida como «ministra macarra» llegaba un prócer con la mano tendida tanto a las comunidades del PP -así se ganó a Esperanza Aguirre- como a los famélicos medios de comunicación cuyos dedos se hacían huéspedes tan sólo de oír hablar de un posible convenio con Renfe, con Adif o con Aena.

Y éste fue el modelo que comenzó a aplicar en Galicia, en régimen de regadío intensivo: inversiones y más inversiones, subvenciones y más subvenciones, un maná en medio de la penuria, para ir tejiendo una red clientelar a la vieja usanza pronto conocida como la «comandita de Blanco» con sus correspondientes capitanes, sargentos y costaleros. No es casualidad que un excelente periodista del lugar me confesara nada más aflorar en EL MUNDO la acusación en sede judicial de Dorribo que «toda la prensa gallega tiene síndrome de Estocolmo con el ministro por lo mucho que está haciendo por su tierra».

Blanco ha emprendido en suma el mismo tortuoso sendero del altruismo interesado y la filantropía egoísta que enfiló el usurero Torquemada cuando se le metió en la cabeza que sólo sus buenas obras salvarían la vida de su hijo enfermo. Y, como al personaje de Galdós, su problema es que se le nota demasiado que todo tiene un sentido instrumental, que tras la fachada de la misericordia late implacable el interés. Por eso la tía Roma, la vieja doméstica maltratada durante décadas, rechaza los súbitos melindres autocompasivos de Torquemada y despotrica contra su falsa conversión: «¡Véngase ahora con jipíos y farsa!… Valiente caso le van a hacer».

Al margen de ese problema no menor de credibilidad, Blanco ha tenido la complicación añadida de que para no perder el punto de apoyo interno sin el que todos sus planes se tornarían quimeras, ha tenido que simultanear el alma buena del ministro escanciador con el alma mala del vicesecretario vareador. Esta esquizofrenia política es la que hoy está pasándole factura pues sus puñaladas traperas a costa del caso Gürtel no son cosa del pasado sino, como quien dice, de ahora mismo. ¿A quién puede extrañarle que el PP esté suministrándole ya el embudo de su propio ricino?

En el plano de la responsabilidad política su situación es idéntica a la de Camps cuando él comenzó a pedir su dimisión. Dorribo es el Álvaro Pérez de Blanco y la cita de la gasolinera, de la que el portavoz del Gobierno eludió hablar el viernes una y otra vez, equivale al «amiguito del alma», las visitas al sastre y los detallitos por Navidad. Se me replicará que hay múltiples indicios de que a Camps le regalaron los trajes y que nada salvo la palabra de Dorribo acusa hoy a Blanco de cohecho. Pero es que, al margen de que 400.000 euros darían para mil trajes, desde EL MUNDO siempre planteamos que, tuviera o no consecuencias penales, la mera intimidad imprudente del presidente de la Generalitat con quien resultó ser el coordinador de una trama mafiosa le situaba en una posición políticamente insostenible. O sea, lo mismo que sucede ahora.

Cuando el propio ministro de Fomento y portavoz del Gobierno nos reconoció que había visto a Dorribo «tres veces, una de ellas en una estación de servicio» nosotros ni parpadeamos. Ah, sí, claro, en una estación de servicio. Debió de ser echando gasolina. ¡Hombre, Dorribo, tú por aquí…! Pero no, no… ¿cómo iba a bajarse el ministro del coche oficial para sacar en persona la manguera del surtidor? Es que el asunto no fue ése sino que habían quedado expresamente allí, previa intercesión del primo de Blanco, contratado por el susodicho. Claro, claro.

Bueno, tampoco tiene nada de particular… todo el mundo queda con todo el mundo en las gasolineras… sería, como ha dicho Elena Valenciano, para tratar una «cuestión privada». Paradójicamente, esta versión de la portavoz del PSOE es la que más se aproxima a la de Dorribo cuando asegura que el ministro le dijo: «Si tú te portas bien conmigo, yo me portaré bien contigo». Pero es que resulta que Blanco ha admitido ya que de lo que hablaron fue de subvenciones públicas. En el interior del coche oficial, con un vehículo de la Guardia Civil delante y el de los escoltas detrás. Desde que Felipe II resolvía con sus secretarios los asuntos del Estado convirtiendo los lomos de las mulas de su séquito en improvisadas mesas de despacho nunca habíamos visto actuar de forma tan expeditiva a un gobierno itinerante.

Habrá que esperar al levantamiento del secreto del sumario y a la previsible remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo para empezar a atisbar si la de Guitiriz era una simple gasolinera o toda un área de servicios en el más plural sentido del término. Pero entre tanto ya le hemos visto los costurones al vestido de ceremonia del diligente y aplicado ministro de Fomento, tan devoto de su tierra. Por eso lo que escuchamos mientras cae la cortina del primer acto es la voz rezongona y castiza de la tía Roma, galdosiana por antonomasia: «Usted quiere ahora poner un puño en el cielo. ¡Ay señor, a cada paje su ropaje! A usted le sienta eso como a las burras las arracadas… Si se pone bueno el niño, volverá a ser usted más malo que Holofernes».

Escudriñando en los recovecos en los que se agazapa el disco duro de la memoria, recuerdo que, hacia finales de la década de los 50 del pasado siglo, por primera vez tuve noticias de don Isaac Vila, un aprendiz de maestro, creo recordar, procedente de una aldea de la comarca orensana de A Limia. Empezó a impartir clases a los alumnos de los primeros cursos de bachillerato en el colegio-academia Santa Mariña de Xinzo de Limia. Por aquel entonces, yo ya enfilaba el tramo final de la enseñanza secundaria, por cuya razón apenas tuve la oportunidad de tratarlo personalmente.

A la sazón, las lenguas de doble filo contaban que don Isaac había sido seminarista, un peaje que tuvo que pagar por ser sobrino de un cura, vínculo familiar de sospechoso prestigio que ha proliferado en la patria de Breogán. Además de su etapa como docente, me cuentan que don Isaac consiguió un empleo en el Banco Pastor y que, años más tarde, se adentró exitosamente en el ámbito empresarial. En su persona se reunían, pues, todos los requisitos necesarios para medrar en la vida y, sobre todo, para ser bien visto por los poderes fácticos que secularmente han configurado el caciquismo galaico, un selecto y exclusivo lobi que aún sigue rigiendo vidas ajenas.

Para coronar sus ambiciones personales, don Isaac se metió en política y, tras un camaleónico tránsito de siglas (UCD, CG y PP), consiguió ser alcalde de mi villa natal (Xinzo de Limia), cargo en el que se mantuvo durante varias décadas, hasta que fue procesado e inhabilitado por el Tribunal Supremo por seis años, acusado de exprimir a su favor la siempre tentadora y pecaminosa ubre de la cosa pública. Pero los méritos de don Isaac no acabaron aquí. Siguió medrando y medrando, hasta que también se hizo con el acta de senador.

Recientemente tuve la oportunidad de leer en la prensa gallega una noticia que textualmente titulaba que el exalcalde de mi pueblo «declara tres millones de euros en distintas participaciones en empresas». Don Isaac también dice poseer un solar en Ourense, una vivienda con plaza de garaje en esta misma ciudad, una casa unifamiliar, tres fincas y depósitos bancarios por 105.000 euros. Como el que no quiere la cosa, en el lote también se incluye un Mercedes Benz S320 y un Suzuki Swift 1.3.

Hay quien piensa que, entre lo que se ve y lo que se adivina, es demasiado patrimonio para el modesto sobrino de un cura, pero así consta en la declaración de bienes que ha hecho don Isaac en la Cámara alta, al igual que el resto de diputados y senadores, por vez primera. ¡Manda carallo!, que dicen por allí. Ni el mismísimo don Manuel Fraga -pasando por Zapatero y Rubalcaba- ha declarado tanto patrimonio. A esto se llama ejercer la política con el riñón bien blindado. Mi pregunta, sin embargo, es la que se hacen muchos ciudadanos a raíz de hacerse públicas las declaraciones patrimoniales de los insignes padres de la patria: ¿acaso nadie piensa investigar cómo se han enriquecido algunos?

La tridimensional condición de empresario, bancario y político de don Isaac le permitió, por una parte, afrontar con solvencia una costosa separación matrimonial (he leído que se vanagloria de haber pagado por ello la mitad de su patrimonio) y, por otra, casarse de nuevo con joven compañera. Menos mal que oportunamente consiguió vender su participación en la empresa Vidriera del Atlántico, que endosó a un grupo portugués dos años antes de que cerrase la fábrica.

Escribir esta crónica desde la distancia que supone la ausencia de más de medio siglo de mi tierra seguramente me ha obligado a dejar en el tintero alguna notable omisión acerca de los muchos méritos contraídos en esta vida por don Isaac, que se resumen en el siguiente malintencionado comentario que me ha llegado vía internet: «Todos nos imaginábamos que el abuelo no perdería el tiempo. La cosa es que si Xinzo de Limia creciera al ritmo de su patrimonio, a buen seguro que sería una villa muy diferente, al menos sin esa bruma decadente que ciega a muchos…»

También tiene tela marinera la otra noticia que recientemente he cazado de mi tierra gallega: «Centenares de personas han podido ver ya cuál será la cobertura especial que prepara la edición digital de La Voz de Galicia en relación con el funeral de Manuel Fraga». Una prueba de la portada del obituario del expresidente de Galicia que prepara ese periódico ha salido a las redes sociales pese a que el senador aún se encuentra vivo y coleando.

‘Galicia, de luto’, era el titular de la noticia que destacaba ese rotativo, que incluía varias fotos del político popular en momentos clave de su trayectoria como jefe del Ejecutivo gallego. A primeros de este mes, don Manuel, de 89 años, declaró que no pensaba volver a presentarse como candidato al Senado en las elecciones generales. No obstante este anuncio, en diversos medios de comunicación ya empezaban a trabajar los expertos encargados de las necrológicas. ¿Astracanada o esperpento, don Ramón María? Yo creo que ambas cosas a la vez. La noticia de la muerte anticipada de don Manuel a lo mejor me anima a escribir la crónica de una muerte anunciada, la mía propia, para que nadie me la manipule.

En España, los ciudadanos no afrontan ni sancionan suficientemente el fenómeno de la corrupción, como muestran los últimos resultados electorales, en los que los políticos imputados por casos de corrupción han salido ilesos y mayoritariamente reelegidos. Ante esa laxitud social frente a la corrupción, vamos a recordar aquí algunos de sus muy negativos efectos económicos.

Si tenemos en cuenta la definición de corrupción como “utilización de un cargo público en beneficio propio”, hemos de tener presente que los altos beneficios económicos que obtienen los corruptos generan un sobreprecio en las obras o servicios públicos, lo cual supone un verdadero impuesto implícito que pagan los ciudadanos. En muchos casos, además, las decisiones corruptas de concesión de tales obras o servicios van acompañadas de una falta absoluta de control de la calidad (en materiales o especificaciones técnicas, por ejemplo) o de la seguridad (física, sanitaria, etcétera).

Por otra parte, en ocasiones se financian de forma injustificada megaproyectos enormemente costosos para el erario público que no tienen la mínima rentabilidad económica o social exigible. Las decisiones corruptas también pueden generar diversos riesgos económicos, entre otros: los inmuebles construidos indebidamente (en zonas protegidas medioambientalmente, o vulnerando normas sobre las costas, etcétera) pueden generar riesgos de demolición, por ejemplo, para los compradores.

La corrupción genera, por otra parte, grandes cantidades de dinero opacas, que incrementan la economía sumergida, lo cual viene a reducir sensiblemente los ingresos públicos, originando así una mayor carga fiscal sustitutoria para el conjunto de los contribuyentes. Además, tales cantidades se destinan muy frecuentemente a nutrir los paraísos fiscales, verdadera vergüenza internacional, muchos de los cuales pertenecen o están bajo la soberanía de países desarrollados. Aunque en los índices de corrupción que publicamos en Transparencia Internacional se muestran los países más corruptos (normalmente entre los más pobres), no hay que olvidar que una gran parte del dinero corrupto generado en esos países es colocado y recibido por los paraísos fiscales bajo bandera de los países ricos.

Otro efecto perverso de la corrupción es que impide la libre competencia y las reglas del juego democráticas, generando importantes ineficiencias y costes económicos, de confianza, etcétera, y reduce ostensiblemente la efectividad y calidad de las políticas económicas.

De cualquier forma, los costes más importantes de la corrupción quizá sean justamente los que no se ven, los costes de oportunidad, o en definitiva, lo que se deja de ganar. Cada vez más, la corrupción ahuyenta a los potenciales inversores, en primer lugar, por razones éticas, ya que hay un creciente número de fondos de inversión y empresas con planteamientos o códigos éticos, que eluden cualquier vestigio o riesgo de corrupción; y también por razones pragmáticas, puesto que en los países y entornos corruptos siempre existe el riesgo de futuros problemas legales o judiciales, o incluso políticos que pueden perjudicar arbitrariamente, limitar o incluso expropiar o hacer perder tales inversiones (algunos estudios indican que en los países corruptos hay una alta probabilidad de perder la inversión en un plazo de cinco años).

Además de los perjuicios económicos, y ya en clave política o social, la existencia de numerosos indicios de corrupción en los cargos públicos genera una amplia desconfianza en la clase política y una sensación de impunidad que hace que los ciudadanos se alejen cada vez más de los políticos, y lo que es peor, tengan una sensación de fatalismo y una cierta creencia de que los políticos son todos iguales, lo cual evidentemente no es cierto, aunque cuesta convencerles de lo contrario.

En resumen, los costes y efectos económicos de la corrupción son demasiado importantes para que la comunidad internacional (países, organismos nacionales e internacionales, sociedad civil, etcétera) nos mantengamos de brazos cruzados ante esta lacra social, alarmante y demasiado consentida, que lamentablemente impregna tantas instituciones, empresas y colectivos de esta aldea global.

Aunque la solución de este importante problema resulta harto complicada, una forma de atajarlo al menos radica en impulsar firmemente la transparencia, la cual constituye indudablemente el mejor antídoto contra la corrupción. Cuanto mayor es la información que se genera y se divulga por parte de las instituciones y cargos públicos, menos margen hay para la corrupción. En esta cultura de la transparencia resulta fundamental la educación de los ciudadanos, para que ya desde niños puedan aprender a valorar adecuadamente la importancia de la transparencia social y lo perverso o negativo de la corrupción. En esto tenemos un importante papel los enseñantes (en colegios, institutos y universidades), así como las organizaciones de una sociedad civil activa, participativa, y no conformista.

En definitiva, aumentar el nivel de transparencia social y combatir decididamente la corrupción es una importante asignatura pendiente y sin duda uno de los más importantes desafíos para esta sociedad del siglo XXI.

No es fácil describir la súbita alegría del importante miembro del Gobierno con quien almorcé el miércoles. Las pupilas de sus ojos emitían destellos chispeantes, la sonrisa se le ensanchaba buscando las orejas y los dedos se le hacían huéspedes en pos de los mensajes de móvil que desde la sede del PSOE valenciano le informaban puntualmente de la progresión de Camps hacia el acantilado de su indignidad.

Inmediatamente antes de recibirme a su mesa había hablado con Zapatero y Rubalcaba y un rayo de luz se abría de repente paso entre su cielo entoldado. Después de la masacre electoral del 22-M y de estas humillantes semanas batiéndose en retirada, el PSOE había encontrado al fin un argumento letal, quien sabe si toda una killer application, para pasar al contraataque. Porque si Rajoy había convencido a Camps de que se declarara culpable para eludir la propaganda adversa del juicio de los trajes en plena campaña de las generales, eso no sólo significaba que -como acababa de enfatizar EL MUNDO- la Comunidad Valenciana pasaba a tener un «Molt honorable mentiroso y delincuente», sino que el propio Rajoy había engañado a los españoles al proclamarle una y otra vez inocente a sabiendas de que no lo era.

Mi interlocutor, curtido en mil lizas electorales, se frotaba literalmente las manos, ensayando ante mí los argumentos del próximo mitin. Rajoy se erigía así como un amo despótico suplantando a los tribunales en el trance de impartir justicia. Camps había sido inocente hasta el mismo momento en que Rajoy había decidido lo contrario. El líder del PP era un cínico egoísta empeñado en defender lo indefendible hasta el mismo momento en que había dejado de convenirle. Ni la dignidad de los valencianos, ni los intereses de los españoles le importaban un bledo. Su ambición ciega por llegar a La Moncloa arrumbaba cualquier otra consideración y lo que estaba ocurriendo con Camps no era sino el último ejemplo. «Me apuesto lo que quieras a que en estas circunstancias no se atreve a debatir con Alfredo».

Además estaban los suculentos efectos colaterales. «Supongo que si Ricardo Costa se declara culpable en el sumario de los trajes también lo hará en el de la financiación ilegal del partido… ¿O es que va a hacernos creer que al negarlo todo ha mentido en lo uno y ha dicho la verdad en lo otro?». La imagen de la cúpula del PP valenciano condenada por aplicar las técnicas de extorsión de Filesa a través de El Bigotes y su clan encandilaba ya al eufórico ministro cuando le llegó el mensaje de que Camps acababa de abortar su peregrinación a los juzgados, ordenando a su abogado retirar el escrito por el que se aquietaba en una ominosa sentencia de conformidad.

En un primer momento mi interlocutor vio en ello la exasperación del conflicto: Camps desafiaba a Rajoy y se atrincheraba en la Generalitat, después de que dos de sus colaboradores ya le habían dejado en evidencia, al reconocer ante el juez que les regalaban los trajes. El ministro levitaba. Yo no lo veía tan claro y menos cuando supimos que el aún presidente acababa de anunciar una inesperada comparecencia para las cinco de la tarde. Nos despedimos con la incertidumbre flotando en el ambiente pero en su última mirada ya no afloraba el instinto del cazador enfilando a su presa sino el temor a verla desvanecerse entre la bruma.

Así fue. Todo había sucedido en Valencia tan embarulladamente como los demás actos del drama desde que Camps se metió en el lío de los trajes, dejándose llevar por lo que Rita Barberá acaba de definir como su «bonhomía» y cualquier observador neutral tildaría como mínimo de estupidez. Pero al final, quien osara comparar hace dos años ante las Cortes Valencianas su resistencia con la de Churchill, comprendió, en un imprevisto brote de realismo, que si trataba de evitar la dimisión mediante la indignidad de declararse culpable, se quedaría para siempre con la indignidad y no evitaría la dimisión.

Es imposible saber en qué medida fue la última conversación telefónica con Rajoy la que le sacó de su error. Pero es obvio que la negativa del líder del PP a garantizarle su apoyo para seguir en la Generalitat bajo el baldón de haber admitido el cohecho impropio y la sombra del artículo de los Estatutos del PP que impone la expulsión de todo condenado por delito doloso, precipitaron el desenlace.

¿Era ya consciente Camps en el momento de su patética comparecencia final de que, cual burlador burlado, había caído en la trampa urdida por Federico Trillo y Juan Cotino con la santa desvergüenza de los mejores agentes dobles? Probablemente sí porque sólo el shock intenso de quien descubre que se le ha tendido una celada cuando ya es demasiado tarde y sólo queda cubrirse el rostro con la toga para expirar con dignidad sobre la silla curul, explica su risa floja mientras se declaraba «harto» de que los logros de la Comunidad Valenciana quedaran relegados en los medios de comunicación por los de su sastre.

Fue en todo caso su insistencia en replicar a nuestro editorial y aferrarse en términos de conducta y empeño a su condición de «Molt Honorable» lo que me llevó a rebobinar su comparecencia, quitándole el sonido y poniendo en su boca las palabras que realmente Camps quería pronunciar. En primer lugar para describir la dimensión de su «sacrificio» en el momento de la inmolación:

«Retiro de mi cabeza este peso abrumador, de mi mano este cetro incómodo, de mi corazón este orgullo real; lavo el óleo que me ha consagrado con mis propias lágrimas; entrego mi corona con mis propias manos; anulo mi poder sagrado con mi propia lengua; asiento con mi propio hálito todos los juramentos de obediencia; abjuro toda pompa y toda majestad…»

Pero sobre todo para explicar el motivo profundo de su rectificación in extremis:

«Tú mandas en mi vida pero no en mi honra; mi deber es consagrarte la una, pero mi buen renombre, que a despecho de la muerte me sobrevivirá en la tumba, no tienes poder para arrojarlo al negro deshonor».

Aunque el destinatario final de unas y otras palabras sea obviamente Rajoy, nadie como Trillo para calibrar su significado y trascendencia pues ambas citas de Ricardo II figuran en las páginas 128 y 374 de su libro El Poder Político en los Dramas de Shakespeare. En el primer caso es el propio rey derrocado el que habla; en el segundo, Mowbray, duque de Norfolk, negándose a admitir su culpabilidad.

¿Cuál ha sido el papel del propio Trillo, instalado en la vivienda de Camps, acampando como enviado de Rajoy y hermano en la fe, en el sancta sanctorum de su conciencia moral? Sin duda el del obispo de Carlisle cuando se dirige al monarca tambaleante: «No temáis, milord: la potestad que os hizo rey, tiene potestad para conservaros rey a despecho de todo» (pag. 149).

Ese fue el mecanismo del autoengaño inducido que llevó a Camps a creerse invulnerable, blindado frente a cualquier eventualidad por el respaldo de Rajoy: «El soplo de los simples mortales no puede desposeer al diputado elegido por Dios… que opone a favor de su Ricardo uno de sus ángeles gloriosos… Sólo la mano de Dios puede desposeernos de nuestra lugartenencia…» (pag. 152).

El problema es que Camps creía estar alojando al ángel de la guardia y tenía en casa al ángel exterminador. Tras casi dos años en los que había permanecido instalado en esa «magistral inactividad» que en tiempos de Shakespeare se atribuía a la reina Isabel (pag. 120), el líder del PP había llegado a la correcta conclusión de que, una vez consumada la acusación del juez Flors, su apoyo a Camps se convertía no sólo en un peligro para él sino en un impuesto injusto sobre las bases del PP y en un obstáculo intolerable para la alternancia democrática. Había que removerlo, pero debía hacerse, como siempre, a modiño.

Rosa Estarás recordaba el otro día su mezcla de estupefacción y espanto cuando tuvo que asistir en los albores de su carrera política a la fulminante decapitación de Gabriel Cañellas por Aznar en una implacable secuencia de apenas 48 horas. Con un liderazgo mucho menos asentado que el que actualmente detenta Rajoy, aquel bisoño jovenzuelo del bigote se zumbó a uno de los dos únicos presidentes autonómicos que tenía el PP mientras literalmente se fumaba un puro. Muy poco antes yo había coincidido con ambos en el AVE de vuelta de Sevilla tras la boda de la Infanta Elena. Eramos los únicos pasajeros en aquel vagón y Aznar se instaló lo más lejos posible de Cañellas sin dirigirle la palabra para que constara su desaprobación a los chanchullos del túnel de Soller, de mucho menor calado sin duda que los de la Gürtel.

Nada que ver con este otro modelo de solución de conflictos. Rajoy ha mantenido a Camps durante estos dos años oscilando entre el sí pero no y el no pero sí. Aunque en privado le mandaba mensajes crípticos, en público no dejaba de respaldarle -«No voy a liquidar la carrera política de nadie por tres trajes», me dijo en febrero en Veo7- y Camps sólo escuchaba lo que le interesaba oír. Hasta que llegó su hora.

El último traje de Camps ha sido su mortaja pero se equivoca gravemente Trillo al pavonearse de haberle tomado las medidas como aquellos enterradores del Far West siempre prestos para la ocasión cuando se mascaba la tragedia. Su gira del día siguiente de emisora en emisora evocaba también la tarjeta de visita de Harvey Keitel en Pulp Fiction: «Soy el señor Lobo. Soluciono problemas». O incluso el momento en que el hijo mayor de Tito Andrónico le informa de la ejecución de uno de sus enemigos en un pasaje que el ex ministro de Defensa olvidó consignar en su suculento libro: «Mirad, padre y señor, como hemos cumplido nuestros ritos romanos. Los miembros de Alarbo han sido cercenados y sus entrañas alimentan el fuego del sacrificio, cuyo humo perfuma el cielo como incienso».

El riesgo de Trillo que, por cierto, se negó a entregar su acta de diputado como hubiera sido pertinente cuando su subordinado el general Navarro fue condenado por las falsas identificaciones de las víctimas del Yak, reside en el hecho de que Rajoy no puede quedar tampoco como el jefe inhumano que ordena acabar con quien se interponía en su camino hacia el poder. Suele decir que él también «tiene corazón» y no me extrañaría que cualquier día hiciera suyas las palabras que Enrique IV dirige a aquel a quien encargó ejecutar a su antecesor:

«Aunque le desease muerto, odio al asesino y amo al asesinado. Recibe por tu trabajo los remordimientos de tu conciencia… Ve a errar con Caín a través de la sombra de la noche y no muestres jamás la cabeza al día ni a la luz» (pag. 305).

Pero no adelantemos acontecimientos. Para el PP bien está lo que bien acaba. Camps nunca debió ser candidato a la reelección. Sin embargo ahora ha pagado cumplidamente por sus errores políticos declinando un cargo por el que tanta fascinación y apego sentía. Eso implica que la presión ha cambiado ya de bando, los sitiadores se han convertido en sitiados y a mi anfitrión del miércoles, que tan felices se las prometía, debieron atragantársele enseguida las lentillas. Seguro que a estas alturas el PSOE del Faisán y de los ERE estará ya arrepentido de haber convertido la exigencia de dimisión de Camps en el eje principal de su acoso al PP. Y eso que solo yo escuché al aún presidente valenciano musitar las últimas palabras que Mortimer conde de March dirige antes de morir al bando contrario en una reciente versión libre de Enrique IV:

«Ese es el peligro de remover la tierra; amigo y enemigo están tan enraizados, que cuando arrancas el cuerpo de un adversario detrás siempre desentierras el de un amigo».

Nuestra vida política está ahora marcada en el mundo occidental por cierto pesimismo, cuando no malestar. Somos conscientes de un cambio de época, que se gesta desde la caída del Muro y la irrupción masiva de las nuevas tecnologías. Pero hay un hecho aún más significativo: la irrupción sin límites políticos de los mercados financieros hasta en lo más profundo e íntimo de nuestras vidas. De esta irrupción nos hemos percatado en el último trienio. Tal cambio de ciclo histórico tiene el regusto amargo del fracaso de una generación que por primera vez, dicen los milenaristas de guardia, entregará a sus hijos un mundo peor del que recibió.

Me interesa ver si hay razón para el pesimismo. Según lo veo, el mundo contemporáneo, es decir, el mundo pos-1945 y siempre en Occidente, ha soportado una lucha entre la justicia social, es decir, una laxa alianza entre los socialcristianos y el socialismo democrático frente al capitalismo desaforado. En este combate, que parece ganar ahora este último, la socialdemocracia imperante tenía un arma esencial: la regulación, o, si se quiere, la intervención estatal en la economía. Poco importa que se eche la vista a Europa o a Norteamérica: una potente red social -en el resto del globo desconocida- y, sobre todo, una supervisión económica por parte de los poderes públicos socializaban algunos beneficios a favor de la mayoría de los ciudadanos y se permitía que los mercados hicieran negocios bajo ciertas reglas, a cambio de un expolio mundial. Algo parecido a lo que sucede ahora con la regulación del tabaco; en Nueva York o Barcelona es difícil fumar -¡eureka!-, pero en Shanghái o Ciudad del Cabo, barra libre.

Este empate no satisfacía a los mercados. Y empezó la desregulación. Con la cantinela de un peculiar liberalismo, de dar libertad al comercio, como si esto fuera un derecho fundamental, se derogaban normas o, más sutilmente, se activó la corrupción a gran escala: desactivando los controles. Pese a crear más y más agencias de supervisión, estas eran superciegas. Eso solo podía ocurrir mediante la corrupción, es decir, mediante el cruce ilegítimo entre dinero y política.

Así, ha surgido la pasarela sangrante entre los mercados y su práctica de canibalismo social. La prueba: ni una sola acción penal por los diversos y obvios fraudes cometidos en todo el mundo en los últimos cinco años: sobornos, prevaricaciones, malversaciones, administraciones fraudulentas, estafas, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, información privilegiada… De estos hechos, todos ellos recogidos en nuestras leyes, nadie responde. O sea: gratis total.

Para mayor inri, los corruptos, si son procesados, lo son a pequeña escala. Madoff o Gürtel son buena muestra de ello. Nunca se ha tirado para arriba. La fiscalía de Nueva York, por ejemplo, no para de pactar con las grandes firmas multas millonarias, pero sujetas a cláusulas de confidencialidad En el caso Madoff, según cuentan las crónicas, la Stock Exchange de Wall Street recibió más de una docena de denuncias: todas archivadas; sus cuentas estaban avaladas por Standard&Poor’s. Ello sin contar con el evidente conflicto de intereses entre inversores, como Blackrock y Berkshire -de Warren Buffet- y agencias autodenominadas de calificación como Moody’s, propiedad de aquellas en un 20 %.

Por si fuera poco, los electores, lejos de volver la espalda a políticos que ni metiendo la mano un año en un cubo de pintura blanca las sacarían de ese color, los encumbran. No hace falta dar nombres.

El mal, en España, es congénito. El mejor barrio de Madrid, el de Salamanca, lleva el nombre de uno de los mayores desfalcadores de nuestra historia. Una de las mayores quiebras, la del Banco de Barcelona, se solventó con la ley de suspensión de pagos (1922) redactada por Bertrán y Musitu, abogado barcelonés que sirvió como ministro de Justicia apenas un mes. Juan March, el admirado, salió de la cárcel de Alcalá de Henares en 1933 por el módico precio de un millón de pesetas. Pongo ejemplos sonoros, de callejero municipal, para demostrar que, entre nosotros, la corrupción es constante y ahora ha encontrado un medio ambiente extraordinariamente abonado.

Si queremos sacarnos el mal sabor de boca, el regusto de fracaso, hemos de luchar contra la corrupción antes de que sea irreductible. No tanto para recuperar lo perdido como para evitar que nos roben el futuro y para que a nuestros hijos les podamos entregar, además de un menguado patrimonio dinerario, un saneado patrimonio moral. Si les transmitimos el ejemplo de una lucha seria, tenaz y eficaz contra la corrupción, no habrá legado que pueda superarlo.

Debemos recuperar ese patrimonio moral. Tal recuperación pasa por la separación entre el Estado -lo público- y el becerro de oro, y someter este a la ley. El problema no es de hoy. Los ahora indignados, que ya empiezan a ser criticados sin piedad, tienen más que buena parte de razón en el diagnóstico. Las medidas, por supuesto, han de ser cosa de todos.

No, todavía no. Pero arderá si los autores no lo impedimos. Los hechos, confusos y contradictorios, se suceden a velocidad vertiginosa, lo que contrasta con la bucólica placidez con la que el señor Bautista y sus colegas han pastoreado el tranquilo rebaño durante más de 20 años. Es verdad que de vez en cuando se ha escuchado algún balido quejumbroso, pero casi siempre se han arreglado las cosas por las buenas y todo ha seguido en calma bajo un cielo pastelero de nubes blancas y algodonosas. Y de pronto, quizá como reflejo de la indignación creciente entre los ciudadanos desengañados, escarnecidos y saqueados por la casta política que parasita nuestra democracia al servicio de la todopoderosa banca, la gente se pone a gritar, a insultar, incluso a agredir a los desdichados que caen de la carroza fugitiva al duro polvo del camino donde son pateados mediática y domésticamente con singular ahínco por la multitud. En medio de este barullo, ¿no habrá llegado la hora de pensar?

Nos jugamos mucho. Nos jugamos el esfuerzo de miles de autores que han luchado por sus derechos (tan legítimos como los de cualquier otro vecino) a lo largo de muchos años, que incluyen los oprobiosos lustros de cuyo nombre no quiero acordarme. Nos jugamos también nuestra honorabilidad profesional, hoy en entredicho porque la opinión pública y sus gestores identifican constantemente al dramaturgo, al músico, al cineasta, al coreógrafo, con la actuación de una sociedad pública, la SGAE, de la que, en muchos casos, hemos sido víctimas y que, en puridad democrática, no nos ha representado porque la masa social ha sido excluida sistemáticamente de las decisiones y ni siquiera se le permite votar en las elecciones.

Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la SGAE. Pero no a costa de destruirla, como sus enemigos quisieran. Necesitamos una entidad de gestión que nos represente, pero esa entidad debe ser nuestra, y nunca más de un grupo oligárquico que al amparo de una supuesta ideología progresista ha hecho y desecho a su gusto sin contar con los socios. Por eso el llamamiento que circula en los últimos días reclama insistentemente la unidad. Y aunque no somos nadie para imponer nuestro criterio, ni lo pretendemos, hemos dejado bien clara nuestra opinión: defender la SGAE, exigir responsabilidades políticas y penales a los corruptos y proceder a una reforma radical de los estatutos y del reglamento electoral, contemplando el fin del régimen de voto censatario (¡Ya no estamos en el siglo XIX!), abriendo las listas electorales y limitando los mandatos de nuestros representantes (que nos representan a nosotros y no a la entidad). Y por ello nuestro principal objetivo en estos momentos es claro: convocar una Asamblea Extraordinaria en la que los socios podamos debatir estas cuestiones.

¿Lo conseguiremos? Todo el mundo parece estar de acuerdo, pero quiero señalar algunos obstáculos que pueden ser desastrosos. El primero, la situación de descomposición de la Junta entrante. Algunos de sus miembros han querido firmar nuestro llamamiento y dimitir públicamente de sus cargos. Se lo hemos desaconsejado: deben asumir sus responsabilidades con generosidad y evitar que con su huida los acólitos del señor Bautista, los que parece que tienen mucho miedo a que la gestión se transparente, cierren filas y empujen a la masa social a actuaciones desesperadas. Claro que el señor Bautista está cada vez más solo y sus últimos días en el búnker están siendo patéticos y desoladores, viendo como sus aliados de ayer le vuelven la espalda. En su delirio sigue creyendo, como Hitler, que todavía puede ganar la guerra y resistir hasta que sus amigos de la vieja guardia psoelista tomen el poder. Y de momento ha conseguido algunas cosas importantes, la principal, retrasar la intervención judicial y la requisa de papeles y ordenadores hasta después de las elecciones. Hasta el día después, para ser exactos. ¿Qué hubiera ocurrido si la Guardia Civil se hubiera presentado unos días antes, como parece ser que estaba previsto? Pues que ahora no estaríamos suplicando a unos señores que, lo queramos o no, han sido elegidos legalmente.

Pero el escenario del déspota pataleando en el búnker no es el peor posible. ¿Qué pasaría si, como pretenden algunos miembros del Colegio de Editores, en la junta del próximo martes, se defenestra, por las malas, o se le invita a ausentarse (con un suculento contrato blindado que clama al cielo) por las buenas al desdichado, para sustituirle por «un candidato neutral, con experiencia de gestión, que conozca bien los problemas de la sociedad»? Es decir, que tengamos más de lo mismo. Que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y que tratarán de parchear los agujeros y sacar de la ruina a la Sociedad porque como consecuencia de la burbuja inmobiliaria (qué mala es esa burbuja) parece que la SGAE ha crecido desproporcionadamente adquiriendo un enorme patrimonio inmobiliario que hoy grava catastróficamente nuestra economía. Otros, en cambio, prefieren decir que la gestión ha sido irreprochable y que la culpa de la ruina que amenaza viene del saqueo de fondos que sistemáticamente se ha hecho durante años por una camarilla de sinvergüenzas. O a lo peor ha sido la confluencia de las dos torrenteras la que se ha llevado por delante nuestra plácida campiña en la que hasta ayer pastábamos tan tranquilos.

Porque esa es otra, los autores no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias. Era un secreto a voces que alguien se lo estaba llevando, y en la intimidad, como parece que les gusta hacer a los españoles, son muchos los que han jurado en arameo, pero a la hora de salir a la calle se callan prudentemente. Lo hemos comprobado con nuestro llamamiento: la gente de cine y de teatro ha respondido masivamente. ¿Y los músicos? Pues los músicos guardan silencio. El señor.» Bautista ha reinado con su asenso. Cuando ha sido necesario ha repartido prebendas y prebendillas entre sus filas: que si la presentación de tu disco, que si te llevamos a un festival, que si organizamos una rueda de prensa… Y como los músicos son absolutamente mayoritarios en nuestra sociedad, no podemos felicitarnos del todo por el éxito de la convocatoria: apenas Antonio Carmona, Cristina del Valle, Pelayo Morlango, Alejandro Sanz, Patricia Kraus, Rosa Leóny una veintena de compañeros más se han atrevido a firmar. Y lo más trágico: algunos de los que dijeron en las primeras horas que firmaban, se han echado atrás, después de recibir la visita de los capos mafiosos frunciendo la ceja. No me resisto a reproducir aquí las palabras de un relevante músico, de gran talento, que se comprometió a firmar y luego nos envía un email diciendo: «Lo estáis haciendo muy bien. Pero es normal que todo el mundo ande aún con pies de plomo». ¡Aún! O sea que este valiente está esperando a ver caer al moro muerto para darle sus buenas lanzadas. Pero ojo, el señor Bautista no es un moro muerto, es un Campeador, y como el glorioso Cid puede seguir ganando batallas con su cadáver atado a la poltrona.

No podemos permitir que la Junta saliente, salpicada por la corrupción, sea quien decida sobre estas cuestiones trascendentales y por eso los firmantes del llamamiento les pedimos -y se lo pedimos también a los integrantes de ambas candidaturas- que lleguen a un acuerdo para crear, por consenso y no a dedo, una Gestora Unitaria que convoque una Asamblea General y unas nuevas elecciones. Nos jugamos mucho.

El proceso abierto por el magistrado de la Audiencia Nacional Pedro Pablo Ruz contra la dirección de la SGAE encabezada por Teddy Bautista y contra su testaferro Rodríguez Neri, gestor de lo que el juez denomina la trama empresarial parasitaria de la SGAE, saca a la luz los entresijos podridos de uno de los escándalos institucionales más esperpénticos en un país que se cree moderno. Una sociedad privada, sin apenas tutela de una administración que abdicó de sus responsabilidades en este ámbito, se dedica a recaudar para su propio beneficio derechos de autores de los cuales el 90% no tienen ni voz ni voto en ese proceso. La justicia juzgará los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta que se imputan a Teddy Bautista y socios. Pero el auténtico escándalo es la impunidad con la que vienen operando desde hace muchos años bajo el manto protector de gobiernos de todas las tendencias, tildados desde la SGAE como idiotas del Ministerio de Cultura de los que hay que aprovecharse, según grabaciones de la Guardia Civil.

Hay tres procedimientos que considero iniquidades. Primero, la expoliación del derecho individual de los autores a gestionar sus derechos de propiedad intelectual como cada uno quiera, incluido el hacer cesión gratuita de los mismos. Amí nadie me ha consultado nunca como autor si quiero que me represente la SGAE, algo que rechazo por razones éticas, profesionales y políticas. Segundo, la SGAE y sus cresos directivos se financian con lo que obtienen de su monopolio recaudador, por lo que se entremeten en cualquier manifestación cultural o festiva, incluyendo actos privados como bodas y bautizos, así como en cualquier uso de un producto cultural. Despachan sus agentes a invadir la privacidad de ciudadanos y comerciantes en una privatización abusiva de funciones recaudadoras públicas. Tercero, en el entorno de cultura digital el freno que tal fiscalización asfixiante supone para crear y difundir contenidos en la red llevó al disparate de la imposición en 2006 de un canon sobre todo dispositivo que pueda servir de soporte digital a la reproducción de contenidos. Es decir, se presuponía la piratería de cada usuario y se imponía una tasa indiscriminada so pretexto de compensar a los autores. El estudio econométrico del profesor Ferreira, de la Universidad Carlos III, demuestra los enormes costos de esta recaudación indiscriminada (una pérdida para la economía de 51,2 céntimos por cada euro recaudado) y para el consumidor (un 20% de sobreprecio), con un impacto particularmente negativo sobre las industrias de tecnologías de información. En 2006, el comité asesor del ministro de Industria (a la sazón José Montilla) sobre la sociedad de la información, que yo presidía junto con Jesús Banegas, presidente de la patronal electrónica, publicó un dictamen crítico sobre el canon digital. Pese a lo cual el resto del Gobierno cerró filas con la ministra de Cultura y el Parlamento votó la ley unánimemente.

¿De dónde viene ese extaordinario poder del lobby SGAE? En parte, del control sobre artistas y creadores que son prestados a los partidos políticos para amenizar sus aburridos mítines electorales a ver si la gente se anima. Y para convencer a los jóvenes de la bondad de los partidos aprovechando su celebridad. Pero también se debe a la eficacia de un pequeño grupo de profesionales de la influencia política, muy bien organizado y con una estrategia diseñada para ocupar el espacio cultural del país con las ministras de Cultura como sus valedoras en el Gobierno.

Así fue como la ministra González Sinde superó todas las cotas de sus antecesores como paladina de los derechos de autor versión SGAE. Incluso fue más lejos, encabezando la ofensiva para mezclar la protección de la propiedad intelectual en internet con la censura directa de contenidos en internet, amenazando a proveedores de servicios y intimidando a internautas. La amalgama entre la llamada ley Sinde y las posibles fechorías de la SGAE no es mía sino resultado del apoyo mutuo entre la ministra y el lobby en todos los frentes. En su comparecencia ante el Parlamento la ministra argumentará que no tiene competencias directas en la regulación de la SGAE. Lo cual no es cierto, porque el art. 159 de la Ley de Propiedad Intelectual permite al Gobierno vigilar las entidades de gestión de los derechos, cesando su actividad en caso de irregularidad, como ha argumentado el experto jurídico Carlos Sánchez Almeida.

Los abusos y prepotencia de la SGAE han provocado tal indignación entre la comunidad internauta, las empresas electrónicas y los defensores de la libertad de creación y comunicación digital que tribunales europeos y españoles han ido dando la razón a las querellas presentadas contra la alianza entre SGAE y Ministerio de Cultura, alianza bendecida por Zapatero y sólo recientemente criticada por el PP por oportunismo electoral. Y así fueron cayendo los bastiones del monopolio gremial en la administración de la cultura que encerraba la extraordinaria potencialidad de creación en un mundo digital entre las rejas de sórdidos recaudadores de sombrero y gabardina. La ley Sinde tuvo que ser rectificada ante el aluvión de críticas, la SGAE se convirtió en el imperio del mal para la mayoría de jóvenes, las manipulaciones y posibles desfalcos de sus gestores han ido quedando al descubierto y han acabado en los tribunales, mientras el maltrecho Gobierno socialista repliega velas y proyecta anular el inicuo canon, herido de muerte desde la sentencia Padowan de la Audiencia de Barcelona.

Bien haría Rubalcaba, en su inteligente contraofensiva destinada a reconectar a su partido con una sociedad civil indignada, en sugerir al presidente prescindir de una incompetente ministra cuya arrogancia proviene de su alianza con el omnipotente Teddy. La SGAE y sus acólitos aún patalearán porque un chollo así es único. Incluso podrían ofrecerle la cabeza de Bautista a la Salomé de turno. Pero este cuento se ha acabado. Y, por tanto, se plantea el construir un régimen de propiedad intelectual adaptado a la cultura digital y regulado por una administración pública liberada de lobbies sin decencia.

I am a private-sector civilian working alongside the U.S. military here on the front lines in Afghanistan. I am part of the “civilian surge,” investing 16-hour days to win the hearts and minds of Afghans by mentoring the Afghan National Army, Police and Border Patrol.

I am here because freedom is every Afghan’s natural right. But I confess that as I get ready to leave, I’m fed up. I’ve come to believe that we want their freedom more than they do.

Afghan courage still hasn’t replaced Afghan corruption. Afghan self-determination hasn’t replaced Afghan dependency on the American Treasury. Ancient Afghan tribal customs still haven’t modernized Afghan treatment of women (though I’m told I can’t judge that because I have a Western bias). Am I supposed to remain silent as my dollars support Afghans who want more money for corruption, dependency and tradition?

The rolls of the Afghan army are swelling. We’re buying more unemployed men. Recruits are being processed at a blistering pace. We call this progress. But do these Afghan men really join to fight for their liberty? Or do they join the fight to get an Afghan army paycheck that was “made in America”?

I’m amazed how many Afghan army officers speak fluent Russian and were educated in the Ukraine. Why? When the Soviets invaded, many Afghans became willing stooges who worked the guaranteed jobs that were funded by the Soviet Union.

The Soviets committed mass genocide on noncombatant Afghan civilians in the summer of 1980, after the Mujahedeen denied the invaders a speedy conquest, yet Afghans still stood in line for Soviet-paid jobs. When the Taliban was evicted, Afghans took the guaranteed jobs bought and paid for by the Americans.

Does it really matter who the new sheriff is? Thousands of deputies will line up for the next round of jobs after a quick oath and a new pledge of financial allegiance.

There are 25,000 Taliban and al Qaeda extremists lurking in nearby Pakistani caves. When will Afghanistan’s 34 provinces, populated by 29 million people and secured by 200,000 soldiers and police, fight for their own freedom?

This isn’t about former President George W. Bush, President Obama, Congress, military strategy, our generals or our soldiers.

This is about the heart and soul of the Afghan people. Where are they? Are they asleep in our wallets? After 10 years, don’t we have a right to know what we’ve bought, bled and died for?

If the Afghans can’t find their unified voice, if they can’t find their unified spirit, if they can’t fight for their own collective freedom, isn’t it time we cut off their national paychecks and bring our kids home?

Truth be told, we won this war a long time ago. But 3,500-plus days of what’s become a humanitarian war – already at a cost of $460 billion, 1,571 American lives and more than 10,000 wounded – creeps on. Our men and women in uniform have served valiantly in a war that will cost us $150 million today.

We’ve forgotten how to define “winning,” so we’ve allowed “mission creep” to redefine the war.

In the days following Sept. 11, 2001, where was the mandate from Congress or the American people to nation-build in Afghanistan? Have we asked the greatest fighting force on the planet – morphed from the defenders of freedom into global policemen – to serve now as construction workers in frontier conflict regions?

As America and Great Britain launched airstrikes in 2001, President Bush defined the mission as “to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. … Our military action is also designed to clear the way for sustained, comprehensive and relentless operations to drive them out and bring them to justice.”

We won this war a long time ago.

Safe sanctuary has long since been denied. Osama bin Laden wasn’t in Afghanistan when the Navy SEALs greeted him with the long arm of American justice. An uprooted Taliban now resorts to hiring suicide-vest-wearing cowards dressed in Afghan army uniforms as two-bit criminals bury improvised explosive devices in the dead of night.

Now is the time to stop this insane and expensive mission creep, bring our conventional forces home and let our special operations forces, diplomats and drones turn off the lights.

Bring our soldiers home today and let the Afghans defend their freedom tomorrow – if they want it. Don’t worry. I work with the Afghan soldiers every day. I know them, and I know history is repetitive. After we leave and the paychecks stop, they won’t be unemployed very long.

El mundo se está ahogando en el fraude corporativo, y probablemente los problemas son de mayores dimensiones en los países ricos, los que supuestamente gozan de “buena gobernanza”. Es posible que los gobiernos de los países pobres acepten más sobornos y cometan más delitos, pero son los países ricos los que albergan los empresas globales que cometen los mayoresdelitos. El dinero habla, y está corrompiendo la política y los mercados de todo el mundo.

Apenas pasa un día sin que salga a la luz una nueva historia de malversación. Cada firma de Wall Street ha pagado significativas multas durante la última década por contabilidad falsa, uso de información privilegiada, fraude de valores, esquemas de Ponzi, o malversación de plano por parte de los directores ejecutivos. En la actualidad se está realizando un juicio en Nueva York a un masivo círculo de venta de información privilegiada que ha implicado a algunos protagonistas del sector financiero. Y antes de eso, los mayores bancos de inversión de EE.UU. debieron pagar una serie de multas para resolver cargos por diferentes delitos relacionados con valores.

Sin embargo, es escasa la rendición de cuentas. Dos años después de la mayor crisis financiera en la historia, impulsada por el comportamiento sin escrúpulos de los mayores bancos de Wall Street, ni un solo líder financiero ha enfrentado penas de cárcel. Cuando las empresas son multadas por malversación, sus accionistas, no sus directores ejecutivos ni gerentes, pagan el precio. Las multas son siempre una pequeña fracción de las ganancias mal habidas, lo que da la señal a Wall Street de que las prácticas corruptas tienen una sólida tasa de retorno. Incluso hoy en día, el lobby bancario corre hace omiso de las entidades normativas y los políticos.

La corrupción paga también en la política estadounidense. El actual gobernador de Florida, Rick Scott, fue director ejecutivo de una importante empresa del área de la sanidad conocida como Columbia / HCA. La compañía fue acusada de defraudar al gobierno de Estados Unidos por la sobrefacturación de reembolsos y, finalmente, se declaró culpable de 14 delitos que le significaron el pago de una multa de 1,7 mil millones de dólares.

La investigación de la FBI obligó a Scott a dejar su empleo. Sin embargo, una década después de las declaraciones de culpabilidad de la compañía, Scott está de vuelta, esta vez como político republicano pro “libre mercado”.

Cuando Barack Obama quería a alguien que le ayudase con el rescate de la industria automotriz de EE.UU., se dirigió a un “operador” de Wall Street, Steven Rattner, a pesar de que sabía que estaba bajo investigación por ofrecer sobornos a funcionarios del gobierno. Una vez terminado su trabajo en la Casa Blanca, se resolvió el caso con una multa de unos pocos millones de dólares.

Pero ¿por qué detenerse en los gobernadores o asesores presidenciales? El ex vicepresidente Dick Cheney llegó a la Casa Blanca después de desempeñarse como director ejecutivo de Halliburton. Durante ese periodo, la empresa se dedicó al soborno ilegal de funcionarios nigerianos para obtener acceso a yacimientos de petróleo de ese país, un acceso a miles de millones de dólares. Cuando el gobierno de Nigeria acusó a Halliburton de soborno, la compañía resolvió el caso fuera de tribunales, pagando una multa de 35 millones de dólares. Por supuesto, no hubo ningún tipo de consecuencias para Cheney. La noticia apenas apareció en los medios de EE.UU.

La impunidad es generalizada; de hecho, la mayoría de los crímenes corporativos pasan inadvertidos. Los pocos que salen a la superficie generalmente terminan con una leve reprimenda, por la que la compañía -es decir, sus accionistas- debe pagar una modesta multa. Los verdaderos culpables en la cima de estas empresas rara vez tienen que preocuparse. Incluso cuando las firmas pagan mega-multas, sus directores ejecutivos permanecen. Los accionistas se encuentran tan dispersos y sin poder que ejercen poco control sobre la gestión.

La explosión de la corrupción – en los EE.UU., Europa, China, India, África, Brasil, y más allá – plantea una serie de difíciles preguntas acerca de sus causas, y sobre cómo controlarla ahora que ha alcanzado proporciones epidémicas.

La corrupción corporativa está fuera de control por dos razones principales. En primer lugar, las grandes empresas son hoy multinacionales, mientras que los gobiernos siguen siendo nacionales. Las grandes empresas son tan poderosas económicamente que los gobiernos tienen miedo de enfrentárseles.

En segundo lugar, las empresas son los principales financiadores de las campañas políticas en lugares como los EE.UU., mientras que los políticos mismos son a menudo copropietarios, o por lo menos beneficiarios silenciosos, de los beneficios empresariales. Aproximadamente la mitad de los congresistas estadounidenses son millonarios, y muchos tienen estrechos vínculos con empresas incluso antes de llegar al Congreso.

Como resultado, los políticos suelen mirar hacia otro lado cuando el comportamiento de las empresas cruza el límite. Incluso cuando los gobiernos tratan de hacer cumplir la ley, las empresas cuentan con ejércitos de abogados para hacer olas a su alrededor. El resultado es una cultura de la impunidad, con base en la expectativa bien demostrada de que el crimen corporativo paga.

Dada la estrecha relación de la riqueza y el poder con la ley, poner freno a la delincuencia empresarial será una lucha enorme. Afortunadamente, el flujo rápido y generalizado de la información hoy en día podría actuar como una especie de elemento disuasivo o desinfectante. La corrupción florece en la oscuridad, y hoy más información que nunca sale a la luz a través del correo electrónico y los blogs, así como Facebook, Twitter y otras redes sociales.

También será necesario un nuevo tipo de líder político que encabece una forma distinta de campaña política, basada en medios en línea gratuitos en lugar de aquellos de pago. Cuando los políticos se puedan emancipar de las donaciones corporativas, recuperarán la capacidad de controlar los abusos de las empresas.

Más aún, vamos a necesitar alumbrar los rincones oscuros de las finanzas internacionales, especialmente los paraísos fiscales como las Islas Caimán y los secretos bancarios suizos. La evasión de impuestos, sobornos, comisiones ilegales y otras transacciones reñidas con la legalidad fluyen a través de estas cuentas. La riqueza, el poder y la ilegalidad hechos posible por este sistema oculto son ahora tan grandes que amenazan la legitimidad de la economía mundial, especialmente en momentos en que padecemos una desigualdad de ingresos sin precedentes y un inmenso déficit presupuestario, debido a la incapacidad política -y a veces hasta operativa- de los gobiernos para imponer una fiscalidad justa a los ricos.

Así que la próxima vez que escuche acerca de un escándalo de corrupción en África o en otra región pobre, pregunte dónde se inició y quién es el corruptor. Ni los EE.UU. ni ningún otro país “avanzado” debería apuntar con el dedo a los países pobres, ya que a menudo son las empresas mundiales más poderosas quienes han creado el problema.

Lamentablemente, la corrupción política ya no es noticia. Es más, a los políticos les pasa tan poca factura que encontrarse imputado casi parece ser un requisito para ir en las listas electorales. Por eso, resulta mucho más interesante fijarse en los no imputados, en aquellos facilitadores o comisionistas que pululan por todo el territorio nacional.

En algún sitio he leído que ser comisionista no es un delito, y ciertamente no lo es. Pero ser comisionista para conseguir contratos de la Junta de Andalucía o de cualquier otra Administración y, sobre todo, cobrar enormes cantidades por conseguir esos contratos es políticamente muy trascendente, porque revela mucho sobre el funcionamiento y modo de operar de esas Administraciones. Conviene recordar que no estamos hablando de entidades privadas a las que hay que convencer de las bondades de un proveedor, o con las que hay que hacer una labor comercial importante para ganarse la confianza de su equipo directivo. Estamos hablando de contratos públicos que, al menos en teoría, no dejan resquicio para la práctica de estas actividades propias de un comisionista, insisto, legales y legítimas en el ámbito de la contratación privada pero mucho más dudosas en el de la contratación pública.

La razón es que, al menos sobre el papel, la adjudicación de contratos públicos discrecionalmente (o a dedo) es absolutamente excepcional. Las Administraciones Públicas tienen un procedimiento de contratación que garantiza, siempre en teoría, que la adjudicación se realice en condiciones de transparencia y concurrencia a la mejor oferta tanto desde el punto de vista técnico como económico. Para los no expertos hay que subrayar que la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007 de 30 de octubre) es un monumento formalmente impecable destinado a conseguir los objetivos que consagra en su artículo 1, es decir, «garantizar que la contratación del sector público se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos».

Esto siempre en teoría, porque en la práctica los Iván Chaves (u otros no tan bien remunerados) son legión en nuestras Administraciones locales, autonómicas y más recientemente hasta en la central. Los resquicios por los cuales los facilitadores han encontrado sus vías de acceso son de diferentes tipos. Pero uno muy importante ha sido la proliferación de organismos públicos, especialmente autonómicos y locales, cuyos criterios de contratación son bastante más laxos, en primer lugar porque la propia Ley así lo permite al «rebajar» las exigencias en estos casos pero, sobre todo, por el tipo de gestores que se han instalado en estos organismos. Esta proliferación ha contribuido muy decisivamente a convertir en papel mojado secciones enteras de la Ley de Contratos del Sector Público. Es más, se produce el curioso fenómeno de que a medida que la Ley de Contratos endurece sus exigencias para favorecer que las adjudicaciones sean limpias, crece el número de contratos que se canalizan a través de entidades públicas instrumentales, dado que al gestor público honesto (que también los hay) le empieza a resultar imposible funcionar de forma eficaz si tiene que respetar el larguísimo y burócratico procedimiento de contratación. La conclusión es que en la contratación pública siempre se acaba uno saltando la normativa, o bien para intentar gestionar de forma eficiente, o bien para hacer lo que a uno le de la gana. O para ser más exactos, se acatan las formas pero se vacían de sentido. Así, por ejemplo, aparecen concursos en mitad del verano dando horas para presentarse, se establecen solvencias que sólo cumple un único licitador, se amañan los informes técnicos, etcétera.

Y es que, efectivamente, en los últimos años han proliferado los gestores públicos (llegados de la mano de los políticos de turno) convencidos que el dinero que gestionan no es de nadie, como decía aquella famosa ministra, o más bien que el dinero que gestionan es suyo. Suyo para hacer favores políticos o personales, de manera que durante una temporada al menos puedan distribuir graciosamente los contratos a quien les parezca mejor, incluidas empresas de amigos y familiares próximos, que con tanto paro un puesto de trabajo casi es mejor que una comisión…

El resultado es el amiguismo y el despilfarro. No se nos olvide que pagar a comisionistas tan caros suele exigir que se hinchen los contratos públicos con el objetivo de financiar sus costes, porque lógicamente el dinero que se les va a pagar sale de ahí, del dinero de los contribuyentes. Todo ello al margen de la situación en la que se deja a los demás proveedores, que o bien no han podido acceder a tales comisionistas de lujo o a los que simplemente no les ha parecido bien tener que contratar a estos profesionales para conseguir contratos que se pagan con dinero de todos, cuando teóricamente tenemos una Ley que dice que cualquier empresa puede acceder a un contrato con la Administración si presenta la mejor oferta posible.

El momento de la sesión de control del miércoles en que el vicepresidente Chaves se trabucó y dijo «currínculo» en vez de currículo, apenas un instante después de haber inquirido si la pretensión del PP es «que mis hijos se vayan a trabajar fuera de Andalucía», me recordó a la escena de Ciudadano Kane en que a la presunta cantante de ópera Susan Alexander se le corre aparatosamente el rímel tras rasgar la barrera del sonido con el más hiriente de los gallos.

El presidente del PSOE estuvo terrible en lo sustancial y patético en lo decorativo, pero su bancada le aplaudió con el mismo desafío prepotente con que el magnate del periodismo amarillo pretendía imponer los maullidos de su entretenida a costa del pabellón auditivo del resto de los mortales.

Claro que ese cierre de filas, con una ovación que recordaba a la tributada a Fernández Bermejo cuando ya estaba muerto y él era el único que aún no se había enterado, fue puro teatro. Como casi todo lo que sucede en el Parlamento. Por algo había sido Rubalcaba quien había puesto el aval de su credibilidad como garantía hipotecaria de la integridad de Chaves. Por algo la definición que Griñán hizo de su antecesor como «una de las personas más honorables que han pasado por la política» evocaba el «Bruto es un hombre honrado» del discurso de Antonio en el Julio César de Shakespeare. La sublevación de Luis Pizarro no puede dejar de tener consecuencias, pero antes de entrar a matar hay que cuadrar con cierto mimo al bicho.

Lo que de verdad quedó al final de la función en el Grupo Socialista fue una honda sensación de vergüenza ajena, de desasosiego y de pringue. Ya tuvimos que dar la cara con el asunto de la niña y aquello -incumplimiento del deber de abstención al margen- aún tenía un pase, pero esto del niño es golfería pura y dura. Fíjate, pero si es que firmaba contratos en los que ponía «comisionista». Y es que llueve sobre mojado, porque anda que lo de los hermanos… Y encima va el tío y dice que «quieren condenar a una familia a la muerte civil» y que quienes se dedican al tráfico de influencias son «personas normales» y no como nosotros, que sólo somos políticos bajo sospecha. ¡No te j…!

Entre interjecciones masculladas por los rincones, la sombra del caso Juan Guerra planeaba de nuevo sobre un partido atenazado por el vértigo ante el abismo electoral y todas las revelaciones de EL MUNDO de Andalucía a lo largo de estos años danzaban a su alrededor como un baile de espectros. Tenemos que hacer algo. Alguien así no puede seguir representándonos a todos. ¿Tú crees que Zapatero aceptaría ser el próximo presidente del partido?

Ningún diputado socialista se refirió, sin embargo, en esos comentarios captados al vuelo por nuestros periodistas a una muy significativa omisión en el pueril argumentario del y tú más en el que se refugió Chaves para responder a las andanadas del PP. Mencionó expresamente la supuesta falta de transparencia de Rajoy al no divulgar su sueldo, aludió a Arenas cuando dijo lo del «currínculo» a propósito de una presunta alteración de sus datos biográficos que nadie entendió e, incluso, se refirió a Nacho Uriarte por no dimitir cuando le pillaron conduciendo con una copa de más. Todo peccata minuta. En cambio, de sus labios no brotó la palabra Camps y el caso del presidente valenciano, al que no paran de recurrir sus coequipiers para zurcir los más variados rotos y descosidos, quedó subsumido y diluido en las «decenas de personas imputadas» que el PP habría incluido en sus listas municipales y autonómicas.

Tampoco he oído estos días a Camps mencionar a Chaves. No me extraña. ¿Cómo iban a hablar el uno del otro o el otro del uno, si las suyas empiezan ya a ser vidas paralelas y no precisamente las muy heroicas de Escipión y Epaminondas? Ni siquiera hace falta ponerse plutarquiano para constatar el efecto espejo o más bien la metamorfosis mimética que sus propias alegaciones y las de quienes les defienden han operado sobre las piltrafas en que han devenido sus estampas políticas.

Esperanza Aguirre repite siempre que el patrimonio de Camps no se ha incrementado con la política y los chavistas se aferran a esos pocos miles de euros que oficialmente constituyen los únicos ahorros del ex presidente de la Junta después de toda una vida en el machito. Pero nadie les ha acusado de robar, ni siquiera de beneficiarse del poder, sino de permitir a sus allegados que lo hicieran. El «amiguito del alma» en un caso, el hijo «comisionista» en el otro. Tanto monta, monta tanto Alvarito como Ivancito. Los dos ordeñaron la vaca del tráfico de influencias gracias a su relación directa con el mandamás de la comunidad; los dos incurrieron en conductas como mínimo reprobables; los dos generaron obvias responsabilidades in vigilando a las que deben hacer frente sus patrocinadores.

Oiga, no se pueden comparar los cuatro trajes de Camps con los 19 años de abusos de la familia Chaves… Un momento, si El Bigotes no hubiera obtenido adjudicación tras adjudicación de la Generalitat Valenciana, si no hubiéramos topado con empresarios que cuentan cómo los vicepresidentes de Camps les pedían que le contrataran, si no hubiera serios indicios de financiación ilegal del partido, yo reiteraría que los trajes a cambio de nada son nada. No es la imputación por cohecho impropio lo que debería hacer inelegible a Camps, ni siquiera el riesgo de que el Tribunal Superior de Valencia acumule su causa a la de Gürtel para investigar todos los ángulos del probable do ut des, sino su patente imprudencia política al permitir que una trama mafiosa se infiltrara en sus dominios, convirtiéndole con zalemas y obsequios a medida en su atolondrado agente de marketing.

Oiga, Chaves no está imputado en ningún procedimiento y además Camps se encontró al tipejo ese en la calle, pero Paula e Iván eran sus hijos; y si alguien tiene algo que objetar, ya ha dicho el vicepresidente tercero que acuda a la Justicia… Un momento, si eran sus hijos, razón de más para haber cuidado tanto la realidad como las apariencias. Nadie puede creerse que Chaves no supiera que la niña de sus ojos era la apoderada de Matsa cuando le concedió los 10 millones de subvención. Y si, de entre todos los oficios más antiguos del mundo, el niño de sus ojos fue a elegir el de conseguidor, Chaves debió haberle cerrado todas las puertas en lugar de presentarle a clientes o prestarse a celebrar reuniones por las que luego se giraba la correspondiente factura.

Además reitero a ambos coros discordantes que no planteo el problema en ese plano judicial en el que deben regir la presunción de inocencia y las garantías procesales -incluso si el instructor pretende acrecentar su fama y fortuna a cuenta de los justiciables-, sino en el ámbito político en el que el principal bien a proteger es el derecho de los ciudadanos a no ser representados por personas bajo sospecha o de palmaria falta de ejemplaridad. Por esa razón tanto Aguirre en el PP de Madrid, como Bauza en el de Baleares han acertado al aplicar en este momento un criterio imperfecto y discutible como el de no admitir imputados en las listas.

Estar imputado sólo significa que alguien ha dirigido una acción penal contra ti y que un juez te ha citado a declarar con abogado, lo que en sí mismo no implica desdoro ni merma de reputación alguna. Pero como el figurar en los puestos de salida de las listas cerradas y bloqueadas, mediante las que los dos grandes partidos copan el 80% de los cargos electivos de la Nación, tampoco es un derecho fundamental de todos los españoles -porque entonces habría que sortearlos-, pues bien están las restricciones autoimpuestas, sobre todo en lugares en los que ha proliferado la corrupción.

De la misma manera que Zapatero se equivocó gravemente ya en el 2000 al convertir a Chaves en el paraguas de su renovación en el PSOE, permitiendo que todo siguiera igual en el socialismo clientelar andaluz fraguado durante el felipismo -y de aquellos polvos vienen estos lodos-, Rajoy ha cometido el mayor error de sus siete años al frente del PP permitiendo a Camps y los suyos eludir el filtro de la depuración interna. Con el agravante de que es el partido de la oposición el que debe demostrar a los ciudadanos que su llegada al poder supondría un mayor nivel de exigencia ética.

Por eso convirtió Aznar en los 90 a aquel alcalde de Burgos llamado Peña y al presidente balear Cañellas en piedras de toque de su intransigencia no ya con la corrupción, sino con lo que simplemente olía mal o no era estético. Al argumentar, como hizo durante la entrevista que me concedió en Veo7, que «no voy a liquidar la carrera política de nadie porque le acusen de no haber pagado tres trajes», Rajoy no sólo fingió ignorar el trasfondo de lo ocurrido en Valencia, sino que antepuso en cambio la protección de uno de su casta, y el pago de antiguos servicios nada edificantes, al propio interés general de su partido y no digamos al de todos los españoles. Eso sin contar con su concepción burocrática y cerrada de un tipo de «carrera política» en la que los oficios públicos -deformación de registrador- se adquieren como plazas en propiedad.

Total, que hemos llegado a una situación en la que ni el PSOE ni el PP tendrán autoridad moral para sacarle las vergüenzas al contrario. La parentela de Chaves y los ERE tendrán como respuesta el convoluto de la Administración Camps con los chicos de la Gürtel; y a la viceversa. En ese empate infinito el desapego ciudadano de la política, seguirá trocándose en una mezcla de desdén y desprecio hacia los dirigentes que usurpan de esta manera los derechos de participación de todos. Y cuando se alegue que Camps o Chaves han sido refrendados -incluso se dirá que absueltos- por el pueblo sólo quedará optar entre la risa y la ira, pues uno y otro habrán comparecido ante las urnas blindados por sus siglas dentro de un restringido abanico de opciones.

Mientras exista libertad de expresión los políticos en su situación nunca terminarán, sin embargo, de salirse con la suya. El PSOE andaluz o el PP valenciano pueden comprar a quienes estén dispuestos a mirar la realidad con un solo ojo -de hecho lo hacen y portadas cantan- pero bastará que haya unos cuantos medios como éste, dispuestos a mantener ambas pupilas bien abiertas, para que el blanqueamiento al que aspiran no se consume nunca.

Siempre les quedará la huida hacia delante de intentar amordazar a las voces críticas. Así, la alocada pretensión de Camps de limitar el uso del idioma para que las televisiones no pudieran llamarle al arroz, arroz y a la horchata, horchata, tiene como antecedente la mucho más concienzuda operación de Chaves para tratar de empitonar judicialmente a Paco Rosell. He aquí de nuevo a las hermanas Sisters avergonzando a los propios y espantando a los extraños.

Mientras no dimitan o sean apartados de sus cargos, uno y otro arrostrarán siempre una deuda pendiente de saldar que supondrá una rémora para sus respectivos partidos. Hoy por hoy no es una cuestión determinante pero si, como la encuesta de Sigma 2 del pasado domingo predecía, las diferencias se estrechan cuando el PSOE designe candidato -no digamos nada si vuelve a optar por el futuro, en lugar de atrincherarse en lo peor de su pasado-, el partido que tenga más reflejos y logre desembarazarse de ese lastre obtendrá una ventaja estratégica clave. La ventaja de poder sustituir el fatídico y tú más por un esperanzador y yo menos.

Is corruption the flip side of rapid economic growth? History appears to answer this provocative question with a heretical yes.

The exemplary instance is the Gilded Age in the United States, the era of the robber barons. It was a period of rapid growth, rampant corruption, rising wealth and income inequality.

Recently, Ashutosh Varshney, a political science professor at Brown University, has drawn the striking comparison between that age and contemporary India, which too features dizzyingly rapid growth, a new class of superrich entrepreneurs, a clutch of crooked politicians and a seemingly unceasing carousel of corruption scandals.

Historical analogy is tricky, but it is certainly true that India today broadly resembles the earlier American experience, both in the rapidity of economic growth and the structural transformation from an agrarian to a modern economy, and the accumulation of staggering fortunes, often through illicit means, with the attendant widening gaps between rich and poor.

One could equally point to other large emerging economies, such as Brazil, Russia or China (with India, the BRICs), which all have experienced this combination of rapid growth, rising inequality and corruption.

What is the explanation? In all of these cases, the causal mechanism is the same: Unregulated capitalism generates both rapid growth and burgeoning inequality.

In the absence of legal channels for influencing policy, such as the lobbying and campaign contributions in the United States, such attempts manifest themselves as corruption. That was true of the American Gilded Age, and it is true of the BRICs now.

Is it fair to say, then, that corruption and inequality are natural byproducts of the early stages of market-based capitalism? A superficial survey of history, from Bismarck’s Germany to Japan after World War II to East Asia in the 1970s and 1980s, seems to bear this out. Indeed, this might come to be accepted as a social-science theory, like the Kuznets curve, which shows that inequality first rises and then falls with the level of development. It could, in fact, be part of the explanation for this phenomenon.

The American experience also suggests a corollary proposition. Excessive corruption and inequality, by corroding the political process, threaten to delegitimize capitalism and the market system and so create pressures for reform and the redistribution of wealth that then temper the incentive-driven impetus to capitalist growth, which caused the inequality in the first place.

The necessity for redistribution and social policy thus becomes a mechanism for the system to correct itself. In the United States, it took the better part of the half-century preceding World War II for this to occur. The worst excesses of capitalism were reined in only when a middle class backlash led to legislative change, regulatory reform and anti-corruption rules.

In China, such a process has yet to begin, and is not likely to unless the regime perceives an existential threat. In India and in other poor democracies, by contrast, the pressures for redistributive and social policies are irresistible.

Indeed, in India this paradigm has been embraced and christened by the political establishment as “inclusive development.” Critics on the right often deride inclusiveness as vote-winning populism, and those on the left dismiss it as tokenism. There is some truth in both charges. But both miss the point that in a poor democracy, inclusiveness, crucially coupled with the perception of inclusiveness, is the only politically feasible way to press ahead with economic growth and development. This will, perforce, involve redistribution: some good, some bad, but all of it exigent to the political legitimacy of development itself.

The crux is that economic growth must help raise up the disadvantaged, and not merely further enrich the rich. Otherwise continuing poverty and inequality will become socially disruptive and politically dangerous.

It is a mantra of the right that the market can sort itself out, and that inequality tends to taper off of its own accord before reaching the danger threshold. The left has always urged an activist state, excoriating the apparent callousness of a capitalist system that leaves millions mired in poverty and deprivation while a small, privileged elite gilds itself.

But this ideological debate is sterile. Without the natural redistributive tendency of a well-functioning and regulated democratic polity, the combination of crony capitalism and either repressive authoritarianism or quasi-feudal paternalism is a deadly cocktail.

Despite their vastly different histories, cultures and political systems, developing and emerging countries are going to have to find a way to share the fruits of development more equitably and to curtail corruption, without at the same time cooling the engines of growth.

The consequences of failing to do so could be catastrophic. The events in the Middle East and North Africa have not gone unnoticed in Delhi, Beijing and other rapidly emerging economies.

Cuando supe lo que había hecho  Yves Díaz de Villegas no me cupo la menor duda de encontrarme ante un gesto tan insólito, tan audaz, tan temerario, que podía escribir con seguridad: he ahí un comportamiento heroico. Acostumbrados a que sin espectáculo no hay heroísmo, ¿cómo definir la honradez y la dignidad, en un entorno de silencio y vacío? Un idiota, con suerte y un móvil, está en condiciones de alcanzar ese momento de gloria que le consentirá vivir, y cojonudamente, a costa de la memez social. Es decir, que el principio de la autenticidad de una denuncia podría reducirse a algo tan sencillo y tan arriesgado como atreverse a decir que no, y que nadie, salvo los propios denunciados, se enteren.

Eso es exactamente lo que hizo Yves Díaz de Villegas en Santander hace apenas un mes, para pasmo de nadie, puesto que los que nos enteramos ha sido por casualidad.

A los 36 años, Yves Díaz de Villegas, hijo de un catedrático de caminos de la Universidad de Cantabria, ingeniero él mismo, había conseguido una de esas canonjías para toda la vida que acaban, por poco talento que se tenga y con la ayuda de hacer la vista gorda, aportando una fortunita. Los empresarios de Cantabria, respetuosos con las formas después de muchos avatares habían encargado a una sociedad independiente que les buscara un secretario general para la CEOE-Cepyme de la región. Y así apareció Yves Díaz de Villegas. Un currículo impecable.

Pero hete aquí que después de tres años contemplando lo que cualquier ciudadano español sufre cada vez que abre el periódico, y en verdad os digo que entre la realidad y lo que trascriben media un abismo, un día, exactamente el 22 de febrero, hizo llegar a los miembros de la junta directiva de la CEOE-Cepyme de Cantabria una carta en la que se denuncia los amaños, colusiones, trampas y desfalcos variados que lleva perpetrando con absoluta impunidad el representante de los empresarios, por buen nombre Miguel Mirones, hostelero y constructor, con amplio historial, incluida quiebra fraudulenta. No deja de ser llamativa la tendencia que tienen los empresarios españoles por darse representantes gremiales que bordean la delincuencia, al mismo tiempo que se muestran intransigentes hacia cualquier comparación entre ellos y la clase política. Deberían hacérselo mirar y pensárselo un poco antes de sacar pecho. Cuando las sociedades son corruptas, no se libran ni las monjas de clausura, y si no que se lo pregunten a las hermanitas del convento zaragozano de Santa Lucía.

Lo más expresivo, desde el punto de vista teatral y literario, es la reacción de la junta directiva ante la carta de denuncia – 12 folios implacables-.”¡Eso, joven ingeniero, no se puede afirmar sin pruebas!”. Momento en el que, me aseguran, el tal Díaz de Villegas pidió permiso para ausentarse, que le fue concedido, y volvió arrastrando una maleta con ruedas y dijo: “Aquí están las pruebas”. Como en una comedia de Molière, todos saltaron y gritaron: “no se le ocurra abrirla. Vaya compromiso. Que se haga cargo una auditoría interna”.

Y la auditoría, por más interna que fuera, no pudo menos que encontrarse con tal cantidad de irregularidades que aún hoy siguen sorprendiendo a los escasos interesados en el tema. Tratándose de personas de notoriedad cabría pensar que los diarios, los partidos y, cómo no, los sindicatos, pusieran el grito en el cielo. Quizá en el cielo sí, pero en la tierra no. Un silencio espeso, lleno de incidentes dignos de Berlanga y Dashiell Hammet, ha cubierto el caso. Apenas un escandalillo provinciano, hasta que lo entierren los tribunales. Muchos jueces españoles deberían ser nombrados presidentes honorarios de Pompas Fúnebres. ¡Nadie como ellos entierra los delitos con tal riqueza retórica!

Si arañamos un poco, descubrimos que nuestros estados se suponen erigidos sobre los restos de sus héroes patrióticos – una falsedad manifiesta-,mientras que nuestras sociedades llevan pasablemente y sin mayores tormentos el estar dirigidas por gentes con querencias mafiosas. La dosis Berlusconi. ¿Qué proporción de Berlusconi tienen nuestros dirigentes? No son Berlusconi, por supuesto, pero esa inclinación, esa pasión fatal por el poder, si es posible, absoluto, ¿quién está libre de ella? Nadie sale del poder por voluntad propia; en algunos casos le echan, en otras no puede seguir, y en casi todas se van con la convicción profunda e inconfesa de volver. Tiempos espesos los nuestros, ahora que al pensamiento se le denomina “líquido”.

¿Cuántas dosis de berlusconismo tienen nuestros dirigentes? Hagan la lista. Desdeñen lo de las velinas porque eso es carnaza para cándidos. El sexo en política no es más que un aditamento del poder. Para no ponerme a pisar huevos, valga la expresión, y huyendo de la actualidad, bastaría el apasionante caso de Mitterrand, ese modelo de político para profesionales sin escrúpulos – los profesionales con escrúpulos nunca alcanzan la categoría de profesionales-y concluir que la doble o la triple vida nos ayuda, con el tiempo, a asimilar lo mucho que gusta a la gente la total ausencia de valor.

Pero ¿qué es un héroe en nuestro tiempo? Aquel que osa decir que no y que se niega a ser cómplice. A esto hemos llegado. Reconocerán que desde Homero hasta acá media un trecho que no favorece al entusiasmo. Si un ingeniero de Santander es capaz de asumir su responsabilidad como profesional, y como ciudadano, para denunciar a unos empresarios corruptos, y en solitario, estamos ante un callejón. Todos esos instrumentos de los que aseguran se ha dotado la sociedad para defenderla de los abusos, llámense partidos, sindicatos, medios de comunicación… no valen un carajo si no es para asegurar el condumio de los suyos. De donde cabría deducir que hay que volver a empezar, y que esas supuestas instituciones que no están muertas, sino moribundas – es decir, que sobreviven porque cobran-,habría que ir pensando en transformarlas, y que en situaciones tan peculiares como las que vivimos no hay otra opción que reivindicar el valor de la gente que dice no, los individuos que dicen no, y sobre todo aquellos que osan hacerlo en la sórdida soledad de su provincia, de su pueblo, de su trabajo.

Una situación como la nuestra, donde la única posibilidad de protesta y denuncia no la encabezan más que escasos individuos y ninguna organización, se vivió hace siglos y se conoce con el nombre de Ilustración o Iluminismo, pero no tiene nada que ver. Porque entonces  aún existía la servidumbre legal, pero ahora nos domina la servidumbre social, esa invención magnífica y rentabilísima, según la cual, decir que nos están tomando el pelo, y que además nos lo venden (nuestro pelo) constituye una falta de respeto a lo políticamente correcto.

Ya que se empeñan, volveremos hacia atrás, y por tanto volveremos a la muerte como venganza, y al papel del individuo frente a la injusticia. Han conseguido liquidar las organizaciones, las han corrompido tanto que no sirven para nada que no sea mantener los privilegios. No se puede impunemente burlarse de todo el mundo, extorsionarle, y luego, encima, hacerle pagar los intereses. Como veo que esto acabará explotando, y que los tertulianos harán goyerías para divertir al personal, deberíamos estar muy atentos y muy sensibles ante gestos como el de Yves Díaz de Villegas y su negativa a ser cómplice de la corrupción. Sólo ejemplos como él podrán salvarnos de la quema, porque las cosas se están poniendo muy duras, tanto, como llegar a optar entre Sicilia o el Erial. Porque el Erial no es Sicilia, pero Sicilia son ellos.

Siento respeto, pero también piedad, por Yves Díez de Villegas, como lo sentí hace ya algún tiempo por aquel ingeniero asturiano, Francisco Redondo, que dijo no a una contratación irregular en la administración y pagó por ello. Esos son los héroes contemporáneos de una sociedad que se empeña en considerar heroico el trabajo magníficamente pagado de cualquier cantamañanas. La autocensura me impide poner nombres.

Is corruption crippling India? At first glance, such a question seems absurd. After all, India has had a functioning democratic order since before 1947, and its economy weathered the recent global economic crisis when most others faltered. Yet a combination of factors that have mushroomed over time has raised serious concerns about the threat that corruption poses to the very fabric of the Indian state.

Of course, India is not experiencing any Arab-style “youth quakes” in response to the current corruption scandal plaguing the Congress Party-led government. Nor is it likely to do so. India’s economy continues its robust 8.5-9% annual GDP growth, a figure that is the envy of many. Competitive elections are routine.

But disparity and discontent are rising, driven in part by food-price inflation, which recently topped 20% year on year. Indeed, wholesale inflation now stands at more than 9%. Manufacturing growth has turned sluggish, and the fiscal deficit has risen above 5% of GDP, gravely straining the economy. As a result, inward foreign direct investment has slowed and interest rates are climbing.

Moreover, almost one-third of the country’s administrative districts are now affected by extreme left-wing “Maoist” violence. Externally, India’s immediate neighborhood, with Pakistan teetering, is more disturbed than ever.

But, on top of all these woes sits corruption, crippling all the organs of state and reaching into its highest offices. Throughout the Indian parliament’s recent winter session, the opposition (I am a leader of its largest party, the BJP) demanded a Joint Parliamentary Committee (JPC) to inquire into a seemingly endless series of public scandals. The government, however, would not concede on this point, and the opposition refused to relent.

The outcome was paralysis: an entire session of the parliament ended with not a single item of legislative, governmental, or other business completed. This unprecedented impasse led many to wonder whether it portends even worse political immobility to come. Indeed, during the standoff, Prime Minister Manmohan Singh, returning from a G-20 meeting, expressed concerns about the “future of India’s parliamentary democracy.”

Singh’s dire pronouncement was most likely born of the unhappy ending to the parliament’s session. But it was also the consequence of scandalous misconduct at India’s telecommunications ministry where some $30 billion may have been siphoned off through corrupt practices, gross mismanagement of the Commonwealth games, and many other instances of governmental corruption.

The opposition demand for a JPC to examine corruption required real leadership from the government. Alas, none was forthcoming. But what the government rejected in the last parliamentary session has been conceded in the current one, owing to mounting public pressure.

This delay was both shabby and unwise. At the heart of any functioning democratic order must be a firm regard for the rule of law. When this is absent, political and economic troubles fill the void. That is India’s situation today, as many high officials display willful disregard for the letter of the law and flaunt their defiance of its spirit. Their corruption is debilitating not only India’s parliament, but its democracy as well.

Perhaps corruption has gained the upper hand because India’s system for redressing grievances has become so sluggish. Indians also seem to be losing regard for each other; they are abandoning the sense of fellowship that marked the country’s earlier years of struggle. But, without a fundamental sense of solidarity with one’s fellow citizens, no parliamentary democracy can function.

There is also a growing sense that India has forgotten how to accommodate dissent, that alternative viewpoints are considered entirely irrelevant. As a result, the government views disagreement as a “disservice,” a rebellious challenge that must be crushed.

The tone, tenor, and content of the language with which the government addresses the opposition, and vice versa, has become ritualized, patronizingly rejectionist, emptied of the spirit of parliamentary democracy. Courtesy towards and accommodation of opposing views are treated as signs of weakness.

In such an atmosphere of contempt for opposition, corruption grows and festers. And it is corruption, combined with a loss of accountability, that is eroding the checks and balances of India’s democratic order. As a result, what remains of representative institutions is an empty shell of residual decision-making, with bribery being the only real conversation of government.

The “dynasticism” that has taken such a firm grip on much of Indian politics plays a large role in fostering corruption. After all, inherited political power is the very antithesis of democracy because accountability is no part of it. And when accountability is absent, both the cunning and the aggrieved feel that they must turn to corrupt means to make their concerns known.

Preserving hereditary privileges invariably means that rules and governmental processes get bent, if not made wholly subservient to dynastic concerns. Today, all of India is paying the price.

El declive de la legislatura estatal hacia su ocaso está generando una grave desafección social, que las encuestas reflejan en forma de rechazo a una clase política mediocre que se manifiesta incapaz de gestionar con un mínimo donaire la crisis económica y hasta de ofrecer teóricas opciones alternativas, capaces de aliviar de un modo u otro la depresión general.

Pero, por si fuera poco efectiva la mediocridad del establisment a la hora de desmovilizar a los electores, el cuatrienio en curso ha registrado una eclosión sin precedentes de casos de corrupción, en buena medida vinculados a los excesos de la burbuja inmobiliaria. Treinta años después de instaurada la democracia, y a pesar de que las leyes se han endurecido para tratar de blindar el quehacer político frente a toda clase de corruptelas, el fenómeno ha arreciado en lugar de haberse mitigado. De poco han valido las declaraciones obligatorias de bienes o los duros regímenes de incompatibilidades, fácilmente burlados por los facinerosos que actúan de mala fe y recurren a la picaresca para enriquecerse.

Lo cierto es que prácticamente todas las comunidades autónomas tienen sus propios escándalos de corrupción que afectan a todos los partidos. Entre los más graves, el PP ha de enfrentarse al caso Gürtel y a las tropelías cometidas por el Gobierno de Matas en Baleares, y el PSOE tiene que pechar con una larga ristra de episodios que alcanza un hito rutilante en el escándalo de los ERE fraudulentos en Andalucía. CiU y PNV arrastran asimismo sus propias historias autonómicas en sus respectivos territorios. Y a medida que se aproximan las elecciones regionales y municipales, empieza a verse que los partidos no están ni mucho menos dispuestos a prescindir sistemáticamente de todos los imputados en episodios de corrupción.

Las democracias europeas no han sido precisamente ejemplares en esta materia, pero todas ellas están haciendo esfuerzos por introducir criterios éticos en la tarea pública. Recientemente, han dimitido la ministra francesa de Asuntos Exteriores por sus relaciones impropias con personalidades del derrocado régimen tunecino, que la obsequiaron en demasía, y el ministro de Defensa de Alemania, por la frivolidad falsaria de plagiar su tesis doctoral. Aquí, el verbo dimitir se conjuga con dificultad y no siempre adecuadamente: hay una larga historia de políticos que se han aferrado al sillón tras cometer indignidades flagrantes. Y la hipocresía con que se maneja la corrupción es hiriente: una reciente convención del PP, cuya mayor gloria fue la firma de un rimbombante manifiesto Por una acción política limpia, sirvió para la rehabilitación pública del imputado Francisco Camps, tras su solemne proclamación como candidato. Una encuesta reciente ha acreditado, sin embargo, que el 78% de los ciudadanos están en contra de que los imputados figuren en las listas electorales.

La opinión pública está soliviantada por esta desfachatez de los políticos profesionales y comienzan a surgir algunas iniciativas en internet, todavía tímidas y minoritarias, pero en franca expansión, que exigen más rigor ético. Dos plataformas, Actuable (actuable.es) y Alvaaz (alvaaz.org/es) lanzaron sendas campañas para echar a los corruptos de las listas electorales antes de que se cerraran las candidaturas. La importancia de los mecanismos de democracia directa a través de la red no debería minusvalorarse. Y si las nuevas tecnologías han desempeñado un papel importante en la revolución democrática de los países árabes, no estaría mal que contribuyeran a perfeccionar la democracia en nuestros viejos regímenes cargados de defectos.

Entre nosotros, no han surgido afortunadamente partidos extremistas o antisistema, capaces de atraer el voto radicalmente descontento, como ha ocurrido en otros países europeos. En Francia, por ejemplo, dos encuestas recientes publicadas por Le Parisien han conmocionado a la opinión pública. Según la primera de ellas, Marine Le Pen, líder del ultraderechista Frente Nacional tras sustituir a su padre hace dos meses, ganaría a la socialista Martine Aubry, primera secretaria del Partido Socialista francés (PS), y al actual presidente, el conservador Nicolas Sarkozy, que quedaría en tercer lugar. En la segunda, confeccionada después de algunas críticas por no haber incluido en el sondeo a candidatos socialistas con mejor imagen, Le Pen ganaba también al socialista Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI y en un momento personal de gran popularidad, y a Sarkozy, quien también quedaba en tercer lugar. La decadencia de la derecha gubernamental y la ya crónica fractura de la izquierda socialista, incapaz de construir un liderazgo, amenazan en Francia con la irrupción del fascismo.

Los riesgos de nuestra democracia debidos a la inconsistencia de la política no son todavía tan atroces, pero no deberíamos desdeñarlos: el desánimo engendra monstruos con facilidad. Y, en palabras amargas de León Felipe, «no se juega a la patria como se juega al escondite».

Vivimos asediados por noticias de escándalos y denuncias de corrupción que nos trasladan desde la estupefacción hasta el asco como en un tiovivo endemoniado. Son siempre asuntos delicados que tienen consecuencias muy visibles sobre los dineros públicos y, si miramos el turbio vaso del déficit, advertiremos que en su fondo se halla depositado el légamo de estas prácticas.

Cuando existen indicios de delito, hay tribunales penales que se ocupan de ello. Actúan de acuerdo con sus pausados ritmos, pues ya sabemos que hay plazos en el mundo judicial que se asemejan a los plazos bíblicos o incluso a los geológicos. Pero todo sea bienvenido porque es el sacrificio que ha de arder, en un Estado de Derecho, en el pebetero de las garantías de los ciudadanos.

Dejando aparte a la jurisdicción penal, la pregunta que conviene formular es si el ordenamiento (ojo, no el ordeñamiento) jurídico contiene otros instrumentos de defensa de la legalidad y del buen hacer que no se están activando o se están activando de manera deficiente. En concreto: ¿ha de quedarse la Administración paralizada ante episodios que claramente le resultan lesivos y perjudiciales como organización colectiva que es llamada a gestionar los intereses generales? ¿Ha de ser la Administración el Bártolo del rossiniano Barbero de Sevilla que se queda como una estatua «fría e inmóvil»?

Los estudiosos sabemos que esos instrumentos existen porque la lucha por el Derecho es, desde que el mundo es mundo, una lucha incesante contra «las inmunidades del poder», en la bella expresión de García de Enterría.

Ahora, si nosotros aplicamos una mirada buida a esos escándalos de nuestros pecados advertiremos que casi siempre están relacionados con el urbanismo, los contratos públicos y las subvenciones. Pues bien, en el ámbito del urbanismo, desde hace décadas (incluso desde el franquismo), la Administración puede declarar la invalidez de planes, de promociones urbanísticas, de parcelaciones o de licencias de edificación y ello permite restaurar los espacios heridos por esas actuaciones ilegales, incluso demoliendo las trapacerías que hayan podido llegar a tener la consistencia de un edificio. Es más: se pueden imponer sanciones económicas que eliminen de cuajo los beneficios que haya podido obtener el infractor.

Sin embargo, vemos cómo promociones y construcciones, que acampan extramuros de la legalidad, se convierten en parte inamovible del paisaje sin que las administraciones públicas hayan desplegado sus facultades para defender el interés público conculcado. Y hay algo peor pues, a veces, son esas mismas administraciones las impulsoras de estos desmanes bien porque los respaldan o bien porque miran con insolencia hacia otro lado. Los episodios más visibles de estas actitudes intolerables se producen cuando se atreven descaradamente a inejecutar sentencias firmes de los tribunales de justicia.

El segundo pantano es el de la contratación pública. Hay leyes, en este ámbito, para todo. Podemos decir que no existe resquicio alguno al que no alcance la luz de una previsión del legislador (que es prolífico y proteico: europeo, estatal, autonómico…). Cualquier empresario que se haya visto perjudicado porque los criterios de selección del contratista han sido manipulados o se han desvirtuado las reglas de la publicidad y la concurrencia, o se han efectuado adjudicaciones irregulares, puede poner en marcha procedimientos rápidos de recurso que incluso permiten paralizar las actuaciones realizadas. Y, además, la legislación española ha insistido -cierto que sin éxito- en la responsabilidad en la que incurren los funcionarios que participen en la comisión de estos desmanes. Pero… los tales empresarios ven coartada su independencia por su dependencia de las administraciones públicas. Que les pueden expulsar, si son díscolos y gustan de enredarse con escritos y pleitos, del dulce paraíso donde se degusta el gran pastel de la contratación pública. Y reconducirlos por esta vía poco a poco hacia la mendicidad callejera.

¿Y las subvenciones? De nuevo, nos encontramos con un nutrido grupo de preceptos que permite a las administraciones otorgantes declarar su invalidez e incluso exigir su completo reintegro. Por eso, ante uno de los escándalos que hoy ocupan las páginas de algunos periódicos (no de todos) relacionados con los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, no entendemos por qué la propia administración andaluza no ha iniciado ya los procedimientos para recuperar las cantidades indebidamente abonadas.

Volvemos a nuestro argumento que sirve de hilo conductor de este pequeño artículo. El Derecho tiene armas bruñidas para entrar en combate. Está la vía de la jurisdicción penal, que es la más vistosa y la que acapara titulares. Pero está también la más modesta de la jurisdicción contable, atribuida a órganos específicos que tienen encomendadas las funciones de controlar la actividad económica del sector público o de quienes perciben fondos públicos, así como las de determinar los daños y perjuicios ocasionados a las arcas públicas activando los mecanismos de la llamada responsabilidad contable. Esto afecta al Estado y a algunas comunidades autónomas, tan insistentes a la hora de reclamar competencias como negligentes a la hora de ejercer aquellas que pueden resultar embarazosas o poco lúcidas.

Y asimismo -como hemos adelantado- la Administración puede analizar la legalidad de los actos administrativos, soporte de estas subvenciones y, a través de la revisión de oficio o del mecanismo previsto en la Ley de Subvenciones, acordar la nulidad de los mismos y exigir la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de marzo de 2010, ha recordado que «la Administración perjudicada podrá ejercer toda clase de pretensiones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugne». Y, con cita de otra sentencia del mismo Tribunal (de 21 de julio de 2004), puntualiza que el procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones y el procedimiento de responsabilidad contable no son mutuamente excluyentes, pues tienen distinta naturaleza y significación. El reintegro de subvenciones sólo exige el incumplimiento por el beneficiario de la obligación de justificación del destino de la subvención (se trataba de fondos del INEM) y, en cambio, el procedimiento de responsabilidad contable tiene como presupuesto que el menoscabo de caudales se haya producido por dolo, culpa o negligencia grave del sujeto que ha recibido la subvención.

El 19 de julio del mismo año 2010, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de insistir en estos argumentos.

Concluyamos afirmando que las administraciones no actúan porque faltan las adecuadas decisiones políticas. Y porque la clase política, ávida de influencia, ha ocupado el espacio que debe estar reservado a unos funcionarios públicos neutrales y seleccionados de acuerdo con el principio de mérito y capacidad. En fin, porque los ciudadanos hemos perdido la capacidad de reacción, bien porque muchos se benefician del clientelismo que genera una democracia escoltada por dos partidos políticos como la que padecemos, o porque sencillamente han tirado la toalla y se hallan refugiados en sus asuntos personales como el burgués de la época del Biedermeier.

Pero es hora de indignarse. Y de hacerlo con más amplitud y vuelos que la indignación a la que nos convoca Stéphane Hessel en su escueto opúsculo. Y de recordar que la mirada de Argos del legislador no debemos empañarla con el filtro de los intereses espurios.

Que nadie crea que en Asturias se va a decidir algo en los próximos meses. Nada de nada. Pero hay cosas que están sucediendo allá que merecen quizá una reflexión. La primera, el agotamiento de los partidos existentes. No confundir con el sistema de partidos, cosa imprescindible mientras no se invente algo menos malo. Los tres partidos que se reparten el territorio – en partes muy desiguales-no son capaces ni siquiera de robar y distribuirse el botín con las normas que ellos mismos se dieron. No dan abasto para alimentar a su clientela, cada vez más voraz. Más desvergonzada también, porque la impunidad vuelve soberbia a la gente.

Un país para viejos tiene dos grandes oportunidades: dar mucha seguridad al dinero inseguro, es decir, blanquear tan eficazmente como las islas Caimán, o convertirse en balneario de lujo. Falla el clima; todo muy guapo, pero llueve y hay días grises, como en Holanda. Asturias adopta formas que exigen un Saviano local – ya lo he escrito-, espécimen infrecuente porque a la fauna y a la flora autóctona les falta oxígeno. La autonomía de los medios de comunicación fue apenas un chispazo en la transición y en provincias ni siquiera llegaron a dar la luz.

Siempre recordaré lo de aquellos periodistas de Cantabria que lanzaron una revista y escribieron claro y rotundo sobre la corrupción urbanística. Un juez, de esos muy profesionales y muy independientes, les puso una fianza para banqueros, y cerraron.

Desde hace un mes la vida social y política asturiana está detenida. Por ninguna razón contemplativa, sencillamente hierve como una olla, pero no busque usted análisis agudos sobre lo que está ocurriendo. Nada de eso. La gente espera. ¿Y a qué espera?

Pues a que alguien le diga quién va a ganar de verdad y quién va a perder irremisiblemente, y como esta es labor de zahoríes de la política, una especie felizmente extinguida, el común comenta, brama, blasfema, incluso hace chistes. Asturias es una fábrica permanente de chistes. Baste decir que el más notable de los humoristas asturianos, Jerónimo Granda, se ha quedado sin trabajo. No le contrata nadie. En provincias, caballeros, todavía existe esa costumbre de preguntar, antes de contratarte, sobre quién van a ir los chistes.

Escribir sobre Asturias en un diario barcelonés tiene algo de arcaico, casi como la visita a un zoológico. ¡Fíjate tú, qué cosas pasan por allí! Yo soy de la opinión de que al desprestigio de los zoológicos contribuyó la vulgarización del pensamiento de Freud. Cuando se descubrió que en cada casa había una jaula y en cada jaula una familia y en cada familia una colección distinta de animales salvajes, no sólo primates, ahí empezó a decaer el atractivo por los animales enjaulados. La defensa de los animales y todo lo demás fue un recurso para escapar al drama. Quizá por eso sientes algo de rubor al contar estas intimidades locales, como de familia.

El secreto sumarial tiene sobre ascuas a todos los implicados. El ex consejero de Educación Riopedre, la representación genuina de la abnegación militante, el socialista modelo, está en la cárcel. Y enfermo.

Saldrá en los próximos días tras pagar una fianza de cien mil euros. Contar esto para catalanes curtidos después del fregado del Palau de la Música parece burla, pero es así. La juez llevó a la cárcel a tres altos responsables políticos en la Administración asturiana, y parece que no existieran más que llantos y crujir de dientes de los abogados defensores, de los colegas del gobierno, incluso de la militancia. Asturias es un poco mayor que Líbano, por tanto nadie tendría por qué extrañarse.

El deterioro de la vida política asturiana, su imagen pública, está alcanzando unos niveles inquietantes. Para un país donde los embutidos (de cerdo) tienen un valor casi identitario, el que los profesionales de la política pasaran por chorizos no tenía nada de especial. Pero la categoría de grupo mafioso es un salto cualitativo. Socialistas, populares y los restos de Izquierda Unida se enfrentaban al dilema de cómo abordar las próximas elecciones autonómicas en la conciencia de que las perderían todos pero sacarían lo suficiente para repartirse el botín.

Los más interesados en el reparto, los socialistas locales, que arriesgan más porque se llevan la parte sustancial de la ganancia, acosados por la crisis y los recortes, se inventaron un candidato, alguien más nuevo que el viejo Tini Areces. Otra generación pedía paso y cuota. Un tal Fernández, perito, que se decía antes, un mozo que creció amamantado en las fecundas ubres de los Fondos Mineros. La cúpula madrileña de los Pepiño y las Pajín decidió que había que abrir la espita por abajo porque el negocio se resentía. Y así fue. Literalmente, echaron a Areces, como quien liquida a Don Vito, y le sustituyeron por el representante de Atlantic City, valga la metáfora. Pero no queda ahí la cosa, porque los tiempos nuevos no se distinguen porque se hagan cosas nuevas, sino porque se llevan hasta los límites las formas más despreciables de las viejas.

Un hombre no ya sin atributos, que diría el gran Musil, sino sencillamente un chico que siguió el corrimiento de escala, esa fórmula que utilizaban los militares españoles desde las guerras africanas. Si no hay batallas, ni hazañas ni héroes, nos jubilaremos de tenientes coroneles. Colocaron a un tipo imposible. Sin atributos, ni carisma, ni nada que no fuera fidelidad a los jefes. Y yo mismo lo escuché, no me lo han contado: Fernández había sido llamado por Zapatero para ser ministro, pero no quiso y prefirió quedarse en Asturias, por fidelidad a su tierra. No hace falta ser adivino para intuir quién fue el inventor de esta genialidad: nuestro Rubalcaba, convertido por necesidades del guión en el Andreotti de nuestro tiempo. El hallazgo de que Fernández había rechazado una cartera ministerial en Madrid tuvo tanto éxito que hasta el propio Zapatero lo hizo suyo. No hay nadie en Asturias, incluidos los íntimos del tal Fernández, que abrigue la más mínima duda de que si le llegan a ofrecer, no un ministerio, sino una dirección general, hubiera salido corriendo por Pajares para no volver más que a la fiesta socialista de Rodiezmo.

Así estaban, tan felices, pensando que lo habían hecho todo tan cojonudo como para que siguiera igual, cuando una juez de Gijón agarró el hueso del ex consejero Riopedre y sus dos colaboradoras, y un par de empresarios. Y hasta sus obreros han salido a defender los puestos de trabajo, ¡nos ha jodido!, y alegan que, con tantas críticas a la corrupción, los negocios se los van a llevar los vascos y los catalanes, por ese orden. Textual.

Decir que en esto llegó Álvarez-Cascos parecería una salida literaria. Pero es verdad, ahí está para quedarse este colmillo retorcido de la política, un vicioso de la cosa pública, imagino, porque meterse en este berenjenal y no necesitarlo para comer exige más que ganas, incluso cierta ansiedad por la venganza hacia los Rajoy y las Cospedal, inefables. Y todo se vino abajo. No se lo han contado, por supuesto, pero hay alcaldías del PP en Asturias que están de saldo – se han pasado a Cascos-y localidades que han tenido que sustituir a sus concejales con sorteos entre la arrugada militancia. El Foro Asturias de Cascos amenaza con ganar y el tejido mafioso ha respondido con un boicot tan escandaloso que hasta a mí, que creo haber visto de todo, me parece un gesto berlusconiano.

Una sociedad no se inventa la opinión pública. La va creando durante muchos años. No es el Watergate lo que liquidó a Richard Nixon, un veterano gángster de la política, sino la opinión pública norteamericana. Y esa conciencia de opinión pública que otorga la sociedad a los medios de comunicación tras habérsela ganado a pulso y púa es la que consiente entender por qué Berlusconi gobierna, por qué Fèlix Millet sigue en su casa y por qué Asturias, laboratorio social de la quiebra española, ni siquiera aparece en los papeles.

Four days after the Tunisian people overthrew their dictator, Zine el-Abidine Ben Ali, the Swiss government ordered its banks to seize Ben Ali’s suspiciously acquired funds. A few days after that, the European Union froze Ben Ali’s assets in Europe.

This month, the same day that Egyptian President Hosni Mubarak was deposed, the Swiss government asked its banks to identify and block any assets belonging to Mubarak, who reportedly accumulated a multibillion-dollar fortune over his 30-year reign even though his presidential salary was about $800 a month. Swiss President Micheline Calmy-Rey said: “It cannot be that right at our door some people embezzle state funds and put them into their own pocket.”

Hooray for Switzerland!

But it makes one wonder: If Ben Ali and Mubarak indeed amassed their fortunes corruptly and hid them in foreign banks, why did Switzerland, the European Union and, for that matter, the United States wait until they were overthrown to do something about it? Shouldn’t governments committed to promoting democracy and transparency try to identify and freeze dictators’ dirty money while they are still in power, when it might change their behavior? Or are asset seizures merely a departure tax that fallen autocrats pay as they run out the door?

Mubarak and Ben Ali are not isolated cases. Rulers of other Middle Eastern countries where protests have broken out – Abdelaziz Bouteflika of Algeria and Ali Abdullah Saleh of Yemen, for example – have been accused of using their positions to enrich themselves and their families unjustly and unlawfully. Beyond the Middle East there is Ilham Aliyev, president of Azerbaijan, who, The Post reported last year, bought $44 million worth of Dubai real estate in the name of his 11-year-old son. There is Islam Karimov of Uzbekistan, whose daughter – WikiLeaked State Department cables reveal – has been dubbed the “most hated person in the country” for living lavishly on the proceeds of businesses she has seized. And Than Shwe of Burma, who has diverted billions of dollars in natural gas revenue to foreign accounts, aided by the U.S. government’s failure to enforce congressionally authorized sanctions against banks holding the Burmese government’s looted funds.

In authoritarian countries, corruption is not an incidental byproduct of political repression but a central organizing principle. The ability of authoritarian leaders to convert political power into wealth gives them a reason to cling to power and the means to do so. Their fortunes can purchase not just luxury but also security – the ability to buy off rivals and to maintain the loyalty of their troops, police and business elites. Disgust with ruling families buying yachts, villas and exotic animals with pilfered funds while their nations’ economies stagnate is also one of the main reasons ordinary people in these countries resent their rulers.

American and European diplomats tend to say that they lack leverage to press for human rights and democratic reform in dictatorships. But the massive corruption that helped sustain authoritarian rule in Tunisia and Egypt, and that continues to in many other countries, would not be possible without the cooperation of banks subject to the regulatory authority of, or dependent on business with, the United States and the European Union.

The problem is not that Western governments lack leverage; it is that they are reluctant to use it when diplomatic relationships might be jeopardized. It is an iron law of international relations that policies designed to promote democracy and accountability in authoritarian countries cannot be both consequential and agreeable at the same time. Going after Mubarak’s ill-gotten money while he was in power would have threatened something profoundly important to him and shaken a foundation of his dictatorship. Therefore, it would have made it hard for Western governments to carry on a friendly relationship with Mubarak. Therefore, it didn’t happen.

The solution is to establish a legal framework against high-level corruption that functions automatically, regardless of whether there is political will to embarrass a particular dictator. Banks and regulatory agencies should be required to question suspiciously large deposits by public officials and empowered to freeze corruptly acquired funds even if the government of the official’s country doesn’t request such an action. Switzerland now has stronger laws enabling banks to freeze such funds than does the United States. Congress should address this, as Sen. Carl Levin (D-Mich.) has proposed. Meanwhile, events in Egypt and Tunisia should give new impetus to an effort the Obama administration has initiated within the Group of 20, to encourage other nations to enforce similar rules.

It’s all very well to punish the pariahs of the world once they’re down – their people deserve to have their money back. But it would be more honorable, and useful, to hold them accountable while their fortunes are up.

La belleza, ah, la belleza. Hay que empezar siempre por la belleza, porque si no la gente se enfada y te tachan de injusto. Los verdes prados, las vacas que pastan, los paisanos sobrios y trabajadores. Los pueblos y ciudades, limpios, relucientes, tranquilos. Y sobre todo, no olvidarse de decir que “en Asturias se vive muy a gusto”.

Ahora está de moda preguntarse, como Varguitas, “cuándo se jodió el Perú”. Nada que ver, Asturias no se jodió nunca, siempre fue igual. Como dice la tonada, “pequeñina y galana”, y el que diga lo contrario quita méritos a la inveterada autoestima: heroicos desde don Pelayo, dignos en los momentos de tribulación, sobrios siempre.

Si será así, que tenemos un himno que recuperamos de los borrachos de toda España.

¿Blasfemos? Bah, habladurías, qué más quisieran los otros que una bandera azul con una cruz inmensa, la de la Victoria, la misma que Franco alzó con sus manos y también la misma que un quinqui creyó que era joya de verdad y cuando lo pillaron se le dio por idiota. Aún estamos en los albores de que la nueva historiografía nos explique que “Asturias patria querida” ya lo cantaban los monjes de Valdediós – nada como la religión para dar consistencia al pasado-.Por tanto, “tengo de subir al árbol para coger la flor y dársela a mi morena” no es otra cosa que la traslación del amor místico hacia la Virgen, metáfora audaz y muy sentida. Y difícil, porque subir a los árboles para coger flores no lo puede hacer todo el mundo.

Podría seguir así y probablemente me alabarían el estilo, quizá irónico sin ser faltón, y sobre todo con esa pretensión intelectual que deben tener los escritores de opinión en los diarios de postín. Sé agudo, incisivo incluso, pero no cites a nadie que no sea para bien. Así es que yo digo: la entrada más hermosa en Asturias debe hacerse por oriente. Una ojeada a Colombres, pueblo gentil que pudo ser morada de don Porfirio Díaz, dictador mexicano, cuya mansión cabe admirar hoy con el nombre de “Archivo de Indianos”, y luego seguir por una hermosa carretera que bordea el mar, atisbando espléndidos parajes de pueblos y bufones – nada de polisemia ni mala leche, bufones son agujeros excavados en la roca por el mar-y acercarse a Llanes. No hay foráneo que no se quede prendado de Llanes, sobre todo si es la primera vez; qué casas, qué comercios, qué puerto, qué terrones de hormigón pintados de modo tan vistoso. Y luego seguir, un paseo, por las playas de Po, Celorio, Barro y Niembro, qué delicia de arena, qué belleza del mar, qué alegría de sus gentes. Y así hasta Posada, donde hay un mercado de lo más racial, los viernes.

Ya está, ya he cumplido como un intelectual, y he logrado sortear, si no con brillantez al menos con cierta dignidad todo lo que alguien con rigor intelectual no tendría por qué decir, ni nombres ni desaguisados. Por ejemplo, que la entrada por oriente constituye el mejor cursillo acelerado sobre la corrupción administrativa. Debe saber que el “Archivo de Indianos” ni es archivo ni hay indianos, sino que es un comedero que se montó el PSOE de antiguo para festejar a los amigos de acá y de allende los mares, y que es muy visitado durante el verano por las parejas con niños que no saben dónde carajo meterse los días que llueve, que son bastantes. Y si echa una ojeada por el pueblo se preguntará cómo es posible que tan poca villa tenga tanto adosado y quién se embolsó la parte suculenta de esta ruina.

Pero siga, siga y no se detenga. La carretera que bordea el mar hasta Llanes, una veintena de kilómetros, lleva haciéndose tanto tiempo que habrá sacado de la pobreza, e incorporado a la clase media establecida, a un buen montón de profesionales de los más diversos gremios. Aún quedan tantos años para que se pueda ver terminada la autovía que hay quien asegura que algún promotor podrá entrar en la cárcel y cumplir la condena, y cuando salgo aún tendrá tiempo de asistir a la inauguración. Si tuviera espacio para contarlo, narraría las aventuras de los pájaros de todo tipo que lograron cambiar el trazado y de cómo echaron a vecinos, cortaron pueblos y vaquerías, que luego no utilizarían nunca, más que como territorio urbanizable. Es difícil concretar en tan poco terreno tanta basura legalizada.

Pero siga, siga y no se detenga, pase por delante de los destrozos que al socaire de una autovía de veinte kilómetros ha hecho ricos a muchos y aún seguirá. Y entre en Llanes. Si es usted postinero y con influencia le recomiendo solicitar audiencia con la alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo. Nadie como ella le podrá explicar cómo ha logrado hacer legal todo lo que ha aportado su familia y allegados, desde las baldosas hasta las oficinas de turismo. Llanes guarda un prodigio: desde la transición no ha tenido un plan urbanístico legal; todos, desde 1976, han sido declarados ilegales. Supera pues a Marbella, con operación Malaya incluida, pero sin jeques árabes, ni pititas, ni palmeras.

En estos tiempos en los que trajes confeccionados a mano, como los de Camps, han logrado titulares de gran escándalo, ¿cómo ha sido posible legalizar todos los chanchullos que han convertido Llanes y cercanías, desde hace décadas, en una metáfora calabresa? El Tribunal Supremo acaba de declarar fuera de la ley el último plan de urbanismo, el enésimo, en un silencio informativo sólo roto por un informador local, Ramón Díaz, que los dioses protejan como especie en extinción. Todo es ilegal, pero todo está delante de sus narices.

Pero no se arrepienta usted del viaje y asuma las gratificaciones de la ruta. Tras esas playas donde usted se puede encontrar en traje de baño a Rubalcaba o a Lissavetzky, o al profesor Elías Díaz discurseando – y más que se podrían citar, como en las crónicas de sociedad locales-,y así acercarse hasta Posada, villa hermosa un tanto ajada de tanto blanqueo y replanteo. Le sugiero que le enseñen la mansión de Pérez Simón, revoloteando sobre la colina de Niembro, con su jardín en caída sobre la ensenada, salpicado de esculturas firmadas por los más reputados artistas. ¡Oh, lo he dicho! He citado a Juan Antonio Pérez Simón sin reverencia. Me corrijo. ¡Qué sería de la vida y de la hacienda y de la cultura de los socialistas de Asturias sin ese gran indiano que salió pobre de Posada, hacia 1942, ¡nada que ver con exilio, por Dios, sólo hambre!, y se hizo algo más que multimillonario en México. Musitan los posmodernos que sus fiestas convocan para una jornada a Julio Iglesias o Shakira. ¿Qué no hará por el arte?  Su colección pictórica causa pasmo. No menos pasmo me causó a mí cómo se compraron inmensos terrenos de zona rústica que gracias a su mano maestra, y la colaboración desinteresada de alcaldes y concejales, se convirtieron en edificables.

Desconozco cuáles son los baremos a partir de los cuales se puede considerar que una autonomía, una ciudad, una zona se rige “con ley propia” En Italia lo llaman territorio de arbitrariedad mafiosa, porque la mafia es una forma de hacer negocios, no una forma de matar. El crimen aparece cuando se pone en peligro esa forma de hacer negocios. Conviene explicarlo. ¿Saben lo que dijo la máxima representación del PP en Asturias cuando se enteró el otro día de que el Tribunal Supremo había declarado ilegal el plan urbanístico de Llanes?: “Vamos a seguir el tema muy de cerca”. Definitivo.

Asturias tiene todas las posibilidades de ser declarada primera narcozona de España. Las dos fuentes impulsoras de la gran estafa de los últimos años fueron el ladrillo y el blanqueo de capitales, ambas una mina para una Asturias que había renunciado a que los mineros se tiñesen de carbón. Mejor el polvo blanco, de cal o coca. Con un paro juvenil superior al 50 por ciento, habiendo perdido más de un tercio de sus jóvenes en los últimos veinte años, con el tráfico y consumo de droga más alto de la Península, hay quien espera al Roberto Saviano que haga la crónica. Candidatos mayores de cincuenta y con hipotecas, abstenerse. Cabe preguntar dónde lo publicará.

¿Por qué tratamos a nuestros pocos grandes campeones mucho peor que a nuestros políticos a granel? La presunción de inocencia rige para Camps o Chaves, pero no para Alberto Contador o Marta Domínguez. La corrupción es a la política lo que el doping al deporte -un suplemento artificial ilícito que distorsiona la competición y atenta contra la salud pública-, sin embargo, mientras el más leve indicio basta para apartar provisionalmente a un ciclista de la competición o a una atleta de su cargo federativo, los políticos siguen en sus puestos por graves y fundadas que sean las acusaciones que pesen sobre ellos.

A partir de ahí la dilación del procedimiento beneficia al político culpable y machaca al deportista inocente. Pero esto es lo de menos cuando topamos con que mientras en los procesos penales es el fiscal o el acusador particular quien debe probar que el alto cargo en cuestión cometió el delito del que se le acusa, resulta que en el derecho disciplinario deportivo se exige al encausado que demuestre su inocencia, requiriéndole incluso -como argumenta el escrito de Contador- la probatio diabolica de que presente una carne ya consumida.

Hemos escuchado una y mil veces a la cúpula del PP alegar en defensa del presidente valenciano que nadie se corrompe por tres trajes y, sin embargo, la instructora del expediente sancionador de la Federación Española de Ciclismo ha ignorado que nadie se dopa con 50 picogramos de clembuterol, pese a constatar ella misma en su proyecto de resolución que esa «única ingesta» no afectó para nada al rendimiento del ciclista ni alteró por consiguiente el curso de la competición.

Estoy en contra de la falta de precisión del actual tipo penal del cohecho impropio por la misma razón por la que apoyo a cuantos, con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, a la cabeza, piden que se fije un umbral cuantitativo para que la presencia de una sustancia prohibida en la sangre o la orina del deportista se considere doping. Igual que no es lo mismo recibir un regalo de cien euros que un regalo de cien mil euros, tampoco puede serlo tener dos nanogramos de clembuterol en cada mililitro de orina -esa es la capacidad de detección que se requiere para la homologación de un laboratorio antidopaje- que tener 40 veces menos, como el ultrasofisticado sistema analítico de Colonia ha establecido en el caso de Contador.

No estoy pidiendo pues que se condene a Camps, sino que se absuelva a Contador. Para mí los trajes a cambio de nada siguen siendo nada -aunque tampoco son lo mismo tres que 12-; y si los 50 picogramos de clembuterol no suponen ventaja deportiva alguna, de ninguna manera pueden dar pie a una sanción. Otra cosa sería si, en uno y otro episodio, lo en sí mismo irrelevante terminara resultando sintomático de negocios más graves. Es decir, si por el hilo de los trajes desembocáramos en el ovillo de un sistema de tráfico de influencias a favor de El Bigotes o de financiación ilegal del PP valenciano; y si ese positivo por mínimo que fuera contribuyera a acreditar que Contador se hizo una autotransfusión de sangre el día de descanso del Tour. Entonces Camps se merecería la inhabilitación y tal vez la cárcel y Contador la suspensión al menos por dos años.

Pero si convenimos en que deben concurrir otros elementos que estas briznas de cohecho impropio o ingesta de sustancia prohibida para que podamos hablar de corrupción o de dopaje, este es el momento argumental de examinar qué otras circunstancias coadyuvantes nos ayudan a formar criterio en uno y otro asunto. Y ahora es cuando la desproporción resulta obscena. ¿Se imaginan lo que se estaría diciendo de Contador si en su expediente obrara una conversación llamando «amiguito del alma» al doctor Eufemiano Fuentes o a cualquier otro médico notoriamente implicado en prácticas de dopaje y si además ese médico hubiera obtenido contratos y recibido copiosos ingresos del equipo o los patrocinadores de Contador?

Ni siquiera esa intimidad con El Bigotes, las indicaciones de los colaboradores de Camps a diversos concesionarios públicos para que contrataran con él o las múltiples adjudicaciones de la Generalitat a la trama Gürtel destruyen la presunción de inocencia de Camps y su derecho a un proceso penal con todas las garantías. Sí que configuran, sin embargo, al menos un cuadro de responsabilidad política que debería llevar al PP a sustituirle como cabeza de cartel de cara a las próximas elecciones.

Coincido con Rajoy en que Camps no es un corrupto, mientras alguien no demuestre lo contrario, pero me parece inadmisible su corolario de que es de justicia mantenerle al frente de la lista autonómica porque «no voy a liquidar la carrera política de nadie porque le acusen de no pagar tres trajes». Al margen de que, según el fiscal, se trata ya de todo un guardarropa, permitir que una trama corrupta se infiltre en la comunidad autónoma que gobiernas, gracias a la relación personal que ha establecido contigo su obsequioso cabecilla, implica como mínimo una grave imprudencia y un mayúsculo error de apreciación que no pueden dejar de tener consecuencias. Y elegir a un candidato más idóneo no tendría por qué suponer «liquidar la carrera política» de Camps, pues en el caso de que fuera absuelto y el PP ganara las generales Rajoy podría nombrarle ministro o embajador en el Vaticano, cargo, por cierto, para el que estaría perfectamente equipado en todos los sentidos de la palabra. Fíjense en las idas y venidas de Peter Mandelson del poder, en función del flujo y reflujo de sospechas similares a las que pesan sobre Camps. En política siempre puede haber vida después de la muerte y máxime cuando se tienen menos de 50 años.

Lo que más llama la atención es que haya quien pueda permanecer impávido ante el oprobioso contraste entre esta enésima prueba de la indulgencia plenaria con que los políticos lavan todos sus pecados y el intransigente fundamentalismo con que se convierte en mancha indeleble la transgresión formal de normas equívocas, obsoletas o absurdas por parte de uno de los más esforzados y meritorios de nuestros deportistas. Pocos motivos de escándalo me han parecido nunca tan flagrantes, en este contexto, como la tipificación de la conducta de Contador al no impedir que los 50 picogramos de clembuterol entraran en su orina -suena a coña pero es así- como «negligencia no significativa» y la subsiguiente propuesta de la instructora de desposeerle de su último Tour de Francia y sancionarle con un año de suspensión.

O sea que, con todo lo visto y escuchado, sustituir a Camps de la alineación y dejarlo en el banquillo en una competición concreta como estas autonómicas de 2011 sería «liquidar» su «carrera» y en cambio, la presunta negligencia sin significado -¿qué otra cosa puede querer decir «no significativa»?- de Contador debe acarrearle la pérdida de uno de sus galones más preciados y la retirada de la licencia durante lo que, como mínimo, sería la décima parte de su vida útil como deportista profesional.

Lo que pasa -me dicen diversos insiders con mayor o menor conocimiento de causa- es que todos los ciclistas se dopan. Sí y todos los políticos meten la mano en la caja, podría contestarles, quedándome tan ancho.

Puesto que ni ellos ni yo vamos a llevar estas simplificaciones al lógico corolario de solicitar la prohibición del ciclismo y la abolición de la política, todos debemos sentirnos obligados a resolver cualquier conflicto o contencioso de acuerdo con las leyes de la razón y los principios generales de la Justicia. De igual manera que Camps tiene derecho a que no se abra una causa general contra él, lo único que debe ser dirimido ahora respecto a Contador es si se dopó o no el 21 de julio de 2010 y todo lo más si, subsidiariamente, incurrió o no en una negligencia merecedora de castigo.

La respuesta negativa a la primera cuestión queda recogida en la propia propuesta de resolución de la instructora pues se «descartan» tanto la autotransfusión, ya que habría dejado huella en el pasaporte biológico del corredor; como la microdosis -materialmente imposible de suministrar-, como la ingesta de un fármaco con ese nivel de clembuterol, pues sencillamente no existe ninguno en el mercado. Y respecto a lo segundo, ¿cómo puede ser que Ana Mato no tuviera que vigilar si entraba un Jaguar de procedencia extraña en su casa y Nacho Uriarte no tenga por qué dejar de ser líder de una organización que lucha contra la embriaguez al volante después de permitir que entrara una buena dosis de alcohol en su sangre -desencadenando el subsiguiente choque y estropicio de chapa y pintura- y, pasando a mayores, a Rubalcaba no se le atribuya responsabilidad in vigilando alguna en el chivatazo policial a ETA y se pretenda castigar cruelmente a Contador por no llevar un laboratorio ambulante para analizar previamente la carne consumida?

Yo no digo que Contador no se haya dopado nunca -simplemente no lo sé- pero pido su absolución en este expediente sancionador en función de las pruebas periciales, las demás diligencias y las propias conclusiones que lo conforman. Y si no hago lo mismo respecto al procedimiento penal en el que está inmersa Marta Domínguez es porque aún no conocemos el resultado de la analítica de la sustancia que entregó al también atleta Alberto García. Mientras ella afirma que se trata de un producto de medicina natural aceptado por las autoridades deportivas, la Guardia Civil sospecha que se trata de un fármaco prohibido. Pero al margen incluso de cuál sea su desenlace, algunas de las piezas que componen este sumario producen también una mezcla de vergüenza ajena e indignación comparativa.

Tomemos ahora como referencia el asunto del vicepresidente Chaves y las subvenciones a la empresa de su hija. A Marta Domínguez no se le acusa, como a Contador, de haberse dopado, sino de haber ayudado a otro a hacerlo, igual que al entonces presidente de la Junta de Andalucía tampoco se le acusa de haber aceptado nada para él, sino de haber intervenido ilegalmente -incumpliendo el deber de abstención- en beneficio de un tercero. Con la diferencia de que ese tercero era su hija -o, para ser más exactos, la empresa de la que era apoderada- y de que no hace falta realizar ningún análisis para establecer la naturaleza de los 10 millones de euros entregados.

Pues bien, ¿se imaginan los ríos de tinta que estarían corriendo, el rasgado de vestiduras, las declaraciones altisonantes que se producirían si en el expediente del caso Chaves figurara un informe de un cuerpo policial en cuyo cuarto párrafo se afirmara literalmente que «según diferentes fuentes consultadas, tiene fama en el mundillo de la política de utilizar métodos poco ortodoxos, aunque nunca ha sido sorprendido utilizándolos»? Conviértase el masculino en femenino y restitúyase «el atletismo» al lugar en el que he introducido «la política» y eso es lo que la Guardia Civil dice de la atleta palentina tras haberla seguido y escuchado durante meses con atención y medios dignos del más peligroso etarra.

Esto les parece a los investigadores suficiente como para añadir en el párrafo siguiente que, en base a esa «fama» nulamente documentada, «se intuye que Marta Domínguez podría haber sido sometida a un tratamiento de dopaje sanguíneo» previo a la consecución de una de sus medallas de oro en los Campeonatos Europeos de Atletismo. Así, con un par de tricornios. Lo equivalente sería que la Guardia Civil informara a la Justicia de que, en base a lo que se dice de Chaves, Zarrías y el PSOE andaluz, «se intuye» que tal o cual victoria electoral fue fruto de la corrupción. Con la diferencia de que en su caso hay antecedentes que brillan por su ausencia en la limpia trayectoria de Marta, pues ahí están los créditos impagados a la Caja de Ahorros de Jerez, el pucherazo a favor de Almunia en las primarias de Jaén o el trapicheo entre los hermanos Chaves con dinero público y desde cargos públicos.

Pocos raseros hay tan elocuentes de la categoría moral de una sociedad como el que se aplica a la hora de juzgar las posibles transgresiones de las normas de conducta de los distintos actores de la vida pública. Una nación sana y segura de sí misma, basada en el reconocimiento del mérito y el premio del esfuerzo siempre tenderá a mirar con mayor severidad los abusos de poder desde las instituciones que los equivalentes actos impropios de los particulares. Una nación cobarde y enferma por la envidia genera la dinámica contraria y termina siendo débil, sumisa y mansurrona ante quienes controlan el poder político o financiero e implacable, inquisitorial y justiciera ante quienes osan asomar la cabeza por delante del pelotón de la mediocridad. El colmo de ese paroxismo llega cuando miramos para otro lado ante los desmanes de aquellos cargos electos que supuestamente deberían rendirnos cuentas del más nimio de sus actos y arrojamos sádicamente a la hoguera a admirables deportistas a quienes debemos tantos momentos de esa verdadera felicidad que siempre se escribe con minúscula. Tolerancia cero contra el doping, sí; pero mucho más abominable que el doping es la injusticia.

Acabo de regresar de la India, en cuyo Parlamento pronuncié una conferencia, en la misma sala en la que el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, había hablado recientemente. El país estaba muy escandalizado. Un chanchullo gigantesco en el nivel ministerial y en el sector de los teléfonos móviles había desviado muchos miles de millones de dólares para beneficio de un político corrupto.

Pero varios de los diputados al Parlamento se habían quedado también desconcertados al descubrir que, cuando Obama les habló, estaba leyendo en un teleapuntador “invisible”, lo que había hecho pensar equivocadamente a su auditorio que estaba hablando improvisadamente, destreza muy valorada en la India.

Se consideraron los dos episodios formas de corrupción: uno tenía que ver con el dinero; el otro, con el engaño. Evidentemente, las dos transgresiones no son iguales en vileza moral, pero el episodio de Obama ilustra una importante diferencia transcultural en la evaluación de hasta qué punto es corrupta una sociedad.

Transparencia Internacional y a veces el Banco Mundial gustan de clasificar los países por su grado de corrupción y después los medios de comunicación no cesan de contar el puesto que ocupa cada uno de ellos, pero las diferencias culturales entre los países socavan la legitimidad de esas clasificaciones, que, al fin y al cabo, están basadas en encuestas al público. Lo que Obama hacía era un uso bastante común en los Estados Unidos (si bien se podía esperar algo mejor de un orador tan brillante); no así en la India, donde semejante técnica está considerada, de hecho, reprensible.

Desde luego, en la India hay corrupción, como en casi todos los países, pero, además, en ese país se acostumbra a dar por sentado que todos los que participan en la vida pública son corruptos, mientras no se demuestre lo contrario. Incluso un ciego dirá a Transparencia Internacional: “Lo vi aceptar un soborno con mis propios ojos”. De hecho, un distinguido burócrata indio, hombre de carácter irreprochable, me contó en cierta ocasión que su madre le había dicho: “¡Me creo que no eres corrupto sólo porque eres mi hijo!”

De modo, que, en caso de que se pregunte a los indios si la gestión de los asuntos públicos de su país se caracteriza por una corrupción generalizada, responderán con convencimiento: ¡sí! Pero su exageración influye negativamente en la posición mundial relativa de la India frente a países de mentalidad más empírica.

Un prejuicio similar se debe a la tendencia ocasional a considerar el clientelismo político de otros países más corrupto que el del propio. Por ejemplo, cuando estalló la crisis financiera del Asia oriental, hubo a continuación un intento sistemático de echar la culpa a los países afectados: supuestamente, ¡el “capitalismo de compadreo” había arruinado en cierto modo sus economías! Dicho de otro modo, los conocidos y los benefactores de los dirigentes del Asia oriental eran “compadres”, mientras que los de los dirigentes de los EE.UU. eran “amigos”.

En realidad, estaba claro que los culpables eran el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los EE.UU., que habían fomentado un cambio a la convertibilidad de la cuenta de capital sin reparar en que la defensa de la libre circulación de capitales no guarda simetría con la del libre cambio.

Pero allí donde se puede encontrar inequívocamente una importante corrupción, como con frecuencia ocurre, hay que reconocer que no es una característica cultural. Al contrario, con frecuencia es el resultado de políticas que la han alimentado.

En el decenio de 1950, la India tenía una administración pública y una clase política que eran la envidia del mundo. Aunque hoy parezca asombroso, la pérdida de la virtud se remonta al omnipresente “raj de los permisos”, con su imposición de licencias para importar, producir e invertir, que alcanzó proporciones colosales. Los burócratas de alto nivel no tardaron en descubrir que se podían trocar las licencias por favores, mientras que los políticos vieron en ese sistema el medio de ayudar a quienes los respaldaban con importantes contribuciones financieras.

Una vez que hubo arraigado el sistema, la corrupción se filtró hacia abajo, desde los burócratas y políticos superiores, a los que se podía sobornar para que hicieran lo que no debían, hasta los burócratas de nivel inferior, que no hacían lo que debían, a no ser que recibieran sobornos. Los funcionarios no facilitaban los datos de los archivos ni expedían un certificado de nacimiento o una escritura de propiedad de una finca, si no se los untaba.

Pero, si bien las políticas pueden crear corrupción, igualmente cierto es que el costo de la corrupción variará según las políticas concretas. El costo de la corrupción ha sido particularmente elevado en la India e Indonesia, donde las políticas crearon monopolios que brindaban rentas de escasez, adjudicadas después a familiares de los funcionarios.

Semejante corrupción “creadora de rentas” es muy costosa y erosiona el crecimiento. En cambio, en China la corrupción ha sido en gran medida de la variedad de “reparto de beneficios”, conforme a la cual los familiares reciben una participación en la empresa, por lo que sus ganancias aumentan con el aumento de los beneficios: es un tipo de corrupción que fomenta el crecimiento.

A largo plazo, los dos tipos de corrupción erosionan, naturalmente, el respeto y la confianza que requiere la buena gestión de los asuntos públicos, lo que ya en sí puede socavar los resultados económicos, pero no por ello quedamos absueltos del deber de definir la corrupción adecuadamente… y reconocer las evidentes e importantes diferencias culturales en la forma de entenderla.

Dostoievski, en Los hermanos Karamazov, describe un proceso judicial que tiene en vilo a toda Rusia: ¿qué hará el juez: dejará a Dmitri Karamazov en libertad, o lo enviará a Siberia? Con parecidas ansias el pueblo ruso está esperando el veredicto que debía pronunciarse el pasado día 15 y, por causas sin especificar, se pospuso para el 27.

Cuando en octubre de 2003 arrestaron a Mijaíl Jodorkovski, el dueño de la empresa petrolera Yukos, los rusos soltaron un suspiro de satisfacción: ¡por fin se ha hecho justicia a un oligarca! (En 2005, Forbes publicó que la fortuna personal de Jodorkovski, entonces ya reducida, aún se cifraba en casi 500 millones de dólares). ¿Por qué, siete años más tarde, los rusos desean ardientemente que Jodorkovski sea liberado?

Tras el arresto, la condena y la encarcelación del magnate, poco a poco ha ido quedando claro que el motivo real del castigo no fue la corrupción, sino el hecho de que, a diferencia de los demás oligarcas, Jodorkovski hizo caso omiso de las advertencias del presidente Putin y se puso a apoyar partidos políticos adversos al poder político central. Jodorkovski recientemente declaró que, ya antes de su arresto, Putin le había soltado en un argot de los bajos fondos: “Va a pudrirse en la cárcel durante ocho años”. Curiosamente, la predicción de Putin erró en poco.

A lo largo de los años que ha durado la condena de Jodorkovski y otros altos ejecutivos y trabajadores de Yukos, entre ellos Platon Lebedev, diversas organizaciones de derechos humanos observaron que ese caso se centra más en la política que en la alegada corrupción. “Jodorkovski apoyaba activamente a los partidos de oposición”, escribió Freedom House en 2004. En 2005 Václav Havel escribió una carta a Putin en la que afirmaba: “Este caso es un ejemplo de que su Gobierno intenta silenciar a sus críticos y eliminar opositores de la vida política y del diálogo social en Rusia”.

En marzo de 2009, cuando faltaba poco para que Jodorkovski quedara libre, empezó en Moscú un nuevo proceso contra él alegando nuevos fraudes. Se supo que Jodorkovski y su socio Lebedev podían ser condenados hasta a 22 años de cárcel. En abril de 2009, los líderes de ocho grupos occidentales de derechos humanos enviaron una carta abierta al presidente ruso Dmitri Medvédev, en la que expresaron su preocupación por el deterioro de la justicia y los derechos humanos en Rusia. En junio de 2010, en las vísperas de la reunión en la que Medvédev y Obama tuvieron que tratar el caso Jodorkovski en la Casa Blanca, el escritor Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz, organizó en Nueva York un almuerzo, al que asistieron notables diplomáticos y dignatarios, para lanzar una campaña a favor de la liberación de Jodorkovski, a quien llamó “preso político”.

También muchos rusos, entre ellos la asesinada periodista Anna Politkóvskaya, las estrellas del ajedrez Gari Kaspárov y Lev Ponomariov, además de conocidos periodistas como Yulia Latynina, sostienen que el caso demuestra una y otra vez el vacío legal reinante en su país.

¿Por qué tanto odio si Jodorkovski ya es un hombre roto? No existe explicación racional. Muchos hablan de unas ansias de venganza, ese envenenamiento que persiste en Rusia y en otros países postotalitarios desde la época comunista. Como un hueso a un perro, el poder le ofreció al magnate que pidiera clemencia. No obstante, este se dio cuenta de la trampa: la clemencia se le concede a uno que reconoce la propia culpa. Jodorkovski declaró que prefería quedarse toda la vida detrás de las rejas antes de autoinculparse de algo que no ha cometido.

Al igual que el juez que juzgó a Dmitri Karamazov -y por propia vanidad acabó enviando a ese inocente a Siberia-, también el juez del caso Yukos, Viktor Danilkin, en esas últimas semanas ha sido el centro de todas las miradas. En la última audiencia Jodorkovski le dirigió las siguientes palabras: “Comprendo lo difícil de su situación. Le deseo que tenga valor. Su decisión entrará en la historia de Rusia”. Y uno de los más intrépidos periodistas rusos, David Gay, le pregunta a Danilkin en un reciente artículo: “Distinguido señor juez: su conciencia le dictará la decisión. Si opta por las medallas, nunca más conocerá la paz. ¿Y, entonces, qué mirada le dirigirá a su hijo que acaba de terminar la carrera de derecho?”.

El poder político y judicial ruso están ante la oportunidad de lanzar un mensaje claro a sus conciudadanos y al mundo: 1. Respetamos la división de poderes y el Estado de derecho, con lo que nos acercamos a los valores democráticos e ilustrados, o bien: 2. No nos importa la opinión de nadie, no somos un Estado de derecho ni nos molestamos en parecerlo; la ley dice lo que dice el poder.

Mientras ni Estados Unidos ni Europa tienen suficientes armas para pedir nada a Rusia, esta parece ser partidaria de pasar por alto las exigencias democráticas. Cada vez más, poderes económicos y políticos gigantescos como Rusia y China alardean sin reparos de sus convicciones autoritarias y de la manipulación de las instituciones. Y ello, que ya tiene sus aprendices en Europa (véase Berlusconi), puede ser un modelo tentador para muchos otros países.

El Kremlin, seguramente, duerme tranquilo, al menos de momento. Satisfecho incluso de que “esto” le pase a Estados Unidos, aunque le inquietará la idea de que les pueda ocurrir algún día a ellos. En todo caso, el presidente Medvédev acaba de reconocer, con pragmatismo y bastante fair play, que no es para tanto y que los cables de las Embajadas rusas no serían muy distintos.

Lo importante, sin embargo, es el marco que ha escogido para hacer sus primeras declaraciones sobre el tema. Decirlo, incluso fuera de sesión, durante la cumbre Rusia-UE es señal de que antepone la preservación de las buenas relaciones alcanzadas con los occidentales a este episodio, que es básicamente una afrenta para el orgullo nacional de Estados Unidos. Ni siquiera el plan de la OTAN para la defensa de los Estados bálticos ha merecido mayor comentario por parte rusa.

Poca información dura encierra pues Wikileaks sobre Rusia. Todo lo demás son opinión, análisis e interpretación de diplomáticos estadounidenses. El único ejercicio interesante a partir de la lectura de los cables es comprobar si el cuadro que emerge corresponde con lo que ya se sabía o si arroja algo de luz sobre algunos de los temas de mayor especulación, como las relaciones entre Putin y Medvédev o quién de los dos será candidato en las presidenciales de 2012.

La conclusión es que la imagen dibujada no reviste ninguna sorpresa ni cuenta nada nuevo, y el misterio de 2012 tendrá que esperar previsiblemente al último momento, cuando Putin anuncie la combinación poco antes de las elecciones. Pero, en general, el retrato de Rusia que se desprende es bastante acertado.

Entre los diversos telegramas, dos temas parecen haber molestado más a Putin: la comparación de su tándem con Medvédev con el de Batman y Robin, y las observaciones sobre la corrupción.

Lo primero, sin embargo, no pasa de lo anecdótico y solo señala lo que es universalmente sabido: es Putin quien manda. Si nadie duda de esto, no se sabe, en cambio, cómo es posible que haya resistido la improbable pareja (nadie podía imaginarse a Putin en el papel del subordinado, por mucho que fuera para la galería) o cómo funcionan internamente las relaciones entre ambos. Nada de esto se ha filtrado al exterior. Pero sí son conocidas las tensiones entre los equipos y los círculos afines a cada uno que, al parecer, se producen a diario. Estas tensiones reaparecen en el debate público -de expertos, empresarios y políticos- sobre lo que la idea de modernización implica para la naturaleza política del régimen. Es una discusión real y bastante rica que evidencia una clara divisoria entre un enfoque conservador-tecnocrático y otro claramente liberal-democratizador.

La corrupción, por su parte, es sin duda el principal lastre de la economía y de la política en Rusia, y también del proyecto de modernización del país, si es que las palabras encierran una voluntad política real. La bajada o subida de uno o dos puntos en el ranking de Transparency International no nos dice mucho ni sobre la mejora ni sobre el empeoramiento de la situación, como intenta desmenuzar el embajador de Estados Unidos. Simplemente, no hay nadie en Rusia que no sepa que la corrupción se ha disparado desde la llegada de Putin al poder, la cual ha ido acompañada por el inicio del crecimiento económico del país.

Para que la retórica de la lucha contra la corrupción que abunda en los discursos de Putin y Medvédev dé algún fruto, deberían cambiar elementos sustanciales del régimen político en Rusia, empezando por algunos de los eslabones más importantes, como la llamada “vertical del poder”, que da al Estado un papel predominante en la vida pública -interferencia en la libertad de expresión o en asuntos económicos y comerciales clave, como la energía, transformada en instrumento de política exterior-, o el sistema judicial en cuya independencia poca gente cree en el país. Nada indica que alguien en la élite dirigente rusa esté realmente interesado en que esto ocurra y resulta curioso oír a Putin y a Medvédev hablar de la corrupción como si fuera un fenómeno molesto que ha crecido en un mundo ajeno a ellos mismos. De momento, pues, pocas esperanzas que albergar por ese lado. Como apunta uno de los cables, la gente ya está tan acostumbrada a estas prácticas que incluso se siente cómoda con ellas y la previsibilidad que las acompaña.

Pero lo que no nos llega a través de Wikileaks es que Rusia no es solo esto. Así, por ejemplo, la Nueva Escuela Económica, uno de los recientes centros docentes más serios e interesantes de Moscú, ha considerado necesario advertir en su página web que la institución “se rige por valores morales” y que “no hay corrupción en la Escuela”. El estado de sus instalaciones deja claro que así es y, sin embargo, el centro está lleno de estudiantes motivados y va ganando prestigio. Aquí sí hay esperanzas: también existen “otros” rusos.

España fortalece sus tradiciones. A su vanguardia, el PP libra denodada batalla para que los toros sean declarados bien de interés cultural, patrimonio protegido por la UNESCO y anticonstitucional su prohibición. En consecuencia, ampara la fiesta en algunas de las comunidades que gobierna. Y no está solo, políticos de otros partidos y sectores de la cultura lo secundan.

En tales circunstancias, tal vez tenga sentido esta modesta proposición: ¿y si nos planteamos consagrar la corrupción como “bien de interés cultural”? ¿No les parece a ustedes lamentable que españoles de bien sean detenidos y hasta encausados basándose tan solo en indicios y pruebas? Piénsenlo, declarar la corrupción bien de interés cultural, también de interés turístico y hasta patrimonio nacional a proteger, no tendría sino ventajas. Se pueden esgrimir sólidos argumentos que fundamenten la propuesta.

La tradición, en primer lugar. Desde El Lazarillo de Tormes en el siglo XVI, sabemos que la corrupción es una de nuestras más arraigadas costumbres. Nobles y villanos, reyes y presidentes, han saqueado las arcas públicas y privadas durante centurias. España puede acreditar una gran tradición en esta práctica, y es sabido que nuestro país tiene un amor por sus tradiciones sin parangón. La corrupción es, pues, “un signo identitario del pueblo español”.

Nacidos para la gloria. Los corruptos, como los toros de lidia y como los toreros, gozan de una vida singular, muy superior a la de sus congéneres. Reciben un trato exquisito. Y, a diferencia de los astados que mueren ensangrentados y de los diestros que pueden salir malparados, nuestros corruptos a gran escala suelen salir casi indemnes de las cogidas. Para ello existen expertos y caros abogados prestos al quite, el reglamento con sus lagunas y humana aplicación, la cuadrilla en apoyo solidario, la afición que les admira. De hecho, muchos españoles llevan un corrupto dentro, tanto o más que un torero.

Valores estéticos. La corrupción española también es una mezcla de danza, arte y virilidad. A lomos de coches de lujo y embutidos en trabillas italianas, oro y gualda perpetuos, presuntos corruptos bailan ante nuestros ojos, marcando sus soberanos genitales. Sus capoteos mediáticos nos embelesan, nos turban.

La trascendencia. Contemplar la corrupción sirve para descargar colectivamente sentimientos positivos y negativos que relajan el espíritu. Y en esa lucha, casi religiosa, entre el bien y el mal, vemos -irritados algunos, complacientes otros- el triunfo del mal y aprendemos la realidad de la vida.

Así que, una vez declarada la corrupción de interés cultural, turístico y patriótico, habría que aplicarse en su explotación económica. Convertir España en un gran parque temático y registrar la franquicia para exportarla a tantos países que nos siguen los pasos daría trabajo a incontables guías que llevarían a los turistas a contemplar los ladrillos del litoral que han edificado millonarias fortunas particulares, el cemento que embellece el interior, los campos de golf allí donde de natural no hay agua, los vertederos de basuras y escombros por doquier, un castillo con subvenciones fantasma, la noria de los eventos con comisiones dudosas, la montaña rusa del blanqueo de dinero negro o las administraciones de lotería donde se compran boletos premiados para eludir impuestos. Además de las infraestructuras necesarias -que reactivarían el sector de la construcción-, se crearía una industria del souvenir: talonarios, sobres bajo mano, material de espionaje, camisetas, jarras y llaveros con la efigie de las estrellas de la corrupción.

Apuntemos también la posibilidad de levantar escuelas y universidades de corrupción con todas sus materias específicas (cohecho, prevaricación, soborno, tráfico de influencias, fraude fiscal, oratoria demagógica). Y academias o seminarios para quienes solo desean aprender los mecanismos de la “economía sumergida”, como cobrar facturas sin IVA y otras menudencias que detraen para el bien común casi el 25% de los ingresos del Estado.

Si consiguiéramos que hasta fuera protegida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la corrupción española homologaría a los grandes malversadores y especuladores mundiales. Agradecidos, dejarían de atacarnos.

Así que supongo que estarán de acuerdo en que se impone subvencionar -más aún- a los artistas de nuestra corrupción, no dejar que la fiesta muera. Sin apoyos, estos bravos ejemplares desaparecerían. España sería otra: honesta, responsable, culta. Irreconocible, en una palabra.

Cierto es que casi todos los organismos internacionales han constatado la correlación entre corrupción y deterioro de la democracia, y han llamado a atajar lo que, dicen, no puede contemplarse en ningún caso como comportamientos individuales desviados, sino como putrefacción del ordenamiento social. A gran o pequeña escala, afirman esos organismos, se roba el dinero de todos. Incluso aquí hay enemigos de tradición tan acrisolada. “La corrupción es incompatible con la democracia, hiere gravemente a los propios fundamentos del sistema”, afirma Carlos Jiménez Villarejo, nuestro primer fiscal anticorrupción. Pero ¿a quién le importan todas estas jeremiadas?

En Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino habla de un “infierno de los vivos” y sus dos formas de afrontarlo. Una, “volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo”; la otra, “buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio”. En esas está España: ¿parque temático u honestidad? No me discutirán que hay razones poderosas para optar por lo primero.

El caso Palau-Millet no hace sino deparar cada día nuevas sorpresas tras conseguir sus protagonistas confesos pasar a un discreto segundo plano. Ahora la cuestión estrella es saber si se imputará al gerente de Convergència Democràtica de Catalunya, Daniel Osàcar, por financiación indebida y al directivo del mismo partido Àngel Colom por saldar las deudas de su frustrada aventura política, el PI, con cargo a fondos del Palau de la Música. A esta ampliación se ha adherido el Consorci del Palau, que también insta la imputación de responsables de Ferrovial, de GPO Ingeniería y de empresas de publicidad y buzoneo (New Letter, Letter Graphic, Hispart y Altraforma) por gestionar y facilitar la financiación ilegal de dicho partido; en fin, se clama por la imputación de la anterior gerente, Rosa Garicano, y de la secretaria de Millet, Elisabeth Barberà. Además, el fiscal, con acierto, ha pedido que los delitos que tal financiación pueda integrar se sustancien en causa separada.

Todo ello ha hecho saltar algunas alarmas. En primer lugar, CDC acusa al fiscal de, por lo menos, oportunismo al efectuar su petición en periodo preelectoral. Conviene recordar que la justicia tiene sus tiempos y que lo único inoportuno son los delitos, no su persecución. De todos modos, en esta campaña electoral permanente en que vivimos, cualquier movimiento judicial que afecte mínimamente a los poderosos siempre va a encontrar agrias censuras y descalificaciones tanto de ellos mismos como de sus corifeos. Va en el sueldo.

Lo que llama más la atención es la respuesta que ha dado otra de las dos acusaciones personadas en el caso. Así, el Orfeó Català -desmarcándose de lo actuado por el Consorci, que integra junto con el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona- se niega a la segregación de la causa. Tan contradictorio proceder lo mantiene su presidente interino, que no ha consultado con el resto de directivos, igualmente en funciones hasta que mañana, día 24, se resuelvan las elecciones al Orfeó.

El proceder de la entidad propietaria del Palau de la Música en el caso Millet resulta sorprendente. Al oponerse a la segregación de una parte perfectamente identificada de la causa, con entidad propia y que no predetermina el resultado de la principal, lo que hace es favorecer el inevitable embrollo procesal; de esta suerte, la causa se vuelve más grande, y cuanto más grande, más difícil de manejar resulta. A ello se añade que si, como parece, la causa Millet está prácticamente conclusa, de no procederse a la separación pedida por el fiscal habrá que esperar a la finalización de las investigaciones que se deriven de la pieza referida a presunta financiación ilegal de CDC. La justicia puede ser lenta, pero si le atoramos las ruedas y la sobrecargamos conseguimos que las tortugas parezcan rápidas.

Una peculiaridad del sistema procesal español, que hay que preservar administrándola con prudencia, es el derecho de que quien se diga ofendido pueda ejercer la acción penal. Para empezar, ha de cuestionarse que quien se diga perjudicado lo sea. De este modo, es discutible que la entidad que ha permitido a sus directivos actuar a su antojo no dándose por enterada del despojo del que dice ser víctima, actúe en contra de lo que parecen ser sus intereses: la restitución en la mayor porción posible de los fondos malversados. Ejercer la acción penal no puede servir para escapar a las propias responsabilidades, en especial patrimoniales.

En el proceso penal se ejercen simultáneamente la acción penal -la petición de un castigo- y la civil -la indemnización por el daño sufrido-. El acusador particular, es decir, la víctima, parece que debería centrar todos sus esfuerzos en esta segunda vía, sirviéndose, claro está, de la primera como legítima palanca. Aquí parece que vaya a ocurrir todo lo contrario: al dilatar la tramitación del caso, da la sensación de que se posterga la reparación. Aun dejando de lado que más de la mitad del dinero volatilizado es público, es decir, de los ciudadanos, la obligación de todo gestor de fondos ajenos es la minimización de los daños cuando estos se producen e intentar su pronta y mejor satisfacción. Cabe preguntarse si la estrategia del Orfeó Català va en esa dirección.

En efecto, si quien más interés debe tener en recuperar el capital expoliado no coadyuva con la instrucción -la investigación necesaria para descubrir la trama de evasión, ocultación y evaporación del dinero ilegítimamente apropiado no lo hace-, sucederá lo que no es infrecuente: postergar hasta que se dicte sentencia la investigación real de los aspectos dinerarios, momento en el que no se hallará otra pista que cenizas. En el caso Roldán, la instructora puso todo su empeño, desde el primer día, en investigar la trama del dinero; la cooperación internacional fue nula y se fracasó; en el caso Banesto, el instructor llegó a obtener, tras ímprobos esfuerzos, algo más del 8% de los 16.000 millones evadidos. En ambos casos se contó con toda la colaboración posible. Aquí no parece que vaya a ser así. Habría que saber por qué.

The arrest and detention of Algeria’s most prominent anti-corruption campaigner last month attracted wide media attention inside the country, but it received little or no attention internationally in the English-language media.

The reporting silence may be due to linguistic barriers: much of the relevant documentation is in French and Arabic. Perhaps reporting on Algeria’s opaque political system is not seen as newsworthy (no matter the international relevance), or maybe there is simply a lack of interest in the plight of anti-corruption activists outside the developed world.

There is now widespread recognition that pervasive corruption is a violation of basic human rights and a severe impediment to development.

Article 1 of the 1998 UN declaration on human rights defenders asserts the right of everyone “to promote and to strive for the protection and realisation of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels”, and article 13 of the 2005 convention against corruption guarantees public participation in anti-corruption efforts. But in fighting against corruption, human rights defenders often have their own rights violated through harassment, physical attacks, smears, changing legal requirement and blocking of their funding sources.

Earlier this month, a councillor in the Brazilian city of Analândia was shot dead at his home by two men who arrived on a motorbike – another case left unreported by the international press. The councillor, Evaldo José Nalin, was investigating several cases of fraud and overbilling. Threats had been reported to the Analândia authorities prior to his murder. Another activist was shot in the head and left blind in one eye.

The problem is not confined to Algeria and Brazil: where special interests capture legal and political elites, the politically motivated suppression of anti-corruption activists is not uncommon.

The Algerian case involved Dr Djilali Hadjadj, the well-respected president of L’Association Algérienne de Lutte contre la Corruption (Algerian Association to Combat Corruption), the main local organisation fighting corruption and embezzlement of public funds. It followed a string of corruption investigations that included state-owned hydrocarbons company Sonatrach, which holds an automatic 51% share in all new energy products and which accounts for 97% of total exports from Algeria.

Hadjadj’s arrest closely shadowed his publication of a number of articles in Le Soir d’Algérie which denounced both the Algerian president and a new anti-corruption office for its lack of independence. On 29 August, a week before his arrest, the daily newspaper El-Watan published an interview with Hadjadj in which he complained about an absence of political will at the highest levels to put an end to corruption.

Some saw the Hadjadj arrest as politically motivated and undermining the credibility of President Abdelaziz Bouteflika, who had made an election pledge last year to deal with corruption and establish a legacy for genuine reform.

It was only after his arrest that Hadjadj discovered he had been tried in his absence earlier this year and sentenced to three years in prison for supposedly falsifying medical leave certificates.

Though he has now been released with a six-month suspended sentence and €500 fine, the Hadjadj case must be regarded an emblem of a wider, more systemic, problem. His release was a result only of the “multiplier effect” initiated by a network of civil society groups putting pressure on the authorities.

In Morocco, Chekib El-Khiari – a journalist and founder of a local human rights organisation, Association du Rif des Droits de l’Homme (Association of Human Rights in the Rif) – is now serving a three-year prison sentence. This came after he spoke on international television about high-ranking Moroccan officials being involved in a drug-trafficking ring.

Like Hadjadj in Algeria, Khiari was sentenced for a trivial offence – opening up a bank account and transferring money without proper authorisation (this related to the opening a bank account in Spain to cash a €250 cheque from the Spanish newspaper, El Pais) and for “undermining or insulting a public institution”.

Often there is no adequate protection for anti-corruption activists in line with international standards – and once imprisoned, they are easily forgotten. That is the situation in numerous cases of less high-profile activists whose cause has not been taken up by NGOs or the international press.

International media scrutiny cannot be shut down, but these problems are often left unreported. International media outlets should make a clear shift to internationalising the public interest – particularly in supporting the international protection of human rights in countries where investigating and publishing on corruption faces censorship, imprisonment and state-sponsored killing. Reporters need to monitor these cases and engage in cross-border investigations where unacceptable restrictions are imposed on the local media.

ABC ha propuesto a sus lectores «una reflexión sobre la regeneración ética de la sociedad española, víctima de una epidemia de corrupción». ¿Se me permite opinar como lector? Espero que sí, como espero que sean muchos los que lo hagan como requiere el problema: metiendo el bisturí a fondo y sin contemplaciones, única forma de eliminar el tumor.

Lo primero que hay que apuntar al enfrentarse con él es la diferencia entre corrupción y delito. El delito es un hecho concreto, mientras la corrupción es un estado general. El delito lo comete un individuo (aunque puede unirse a otros para cometerlo), mientras la corrupción es una situación extendida. A la luz de las cifras —730 casos judiciales y 4.000 millones de euros saqueados a las arcas públicas— podemos decir que esa lacra se ha instalado en España. Ahora, nos falta averiguar por qué, hasta qué punto y encontrarle remedio, que puede ser lo más difícil.

El origen es bastante claro: la falta de democracia. Lo que se instaló en España tras la muerte de Franco no fue una auténtica democracia, fue una «partitocracia», al dejarse en manos de los partidos los principales resortes del Estado. Mientras en la verdadera democracia, los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— se equilibran entre sí, en España tenemos que el partido de gobierno no sólo controla el ejecutivo, sino que le es relativamente fácil controlar el legislativo —comprando alianzas si no tiene la mayoría absoluta— y puede controlar indirectamente la justicia a través de un Consejo General del Poder Judicial elegido en buena parte por las Cámaras, órgano a su vez superior de la magistratura. Si a ello añadimos que la Fiscalía General del Estado depende del ministro de Justicia, tendremos una vía indirecta por la que el Gobierno, y el partido que lo ocupa, puede influir en los procesos. Por si ello fuera poco, quiere darse a los fiscales poderes para abrir causas, hoy en manos de los jueces. Es fácil imaginar qué podría ocurrirnos y los peligros que correríamos. En cualquier caso, tenemos algo muy parecido a una «dictadura de partidos», no mucho peor que la dictadura a secas, pues al llevar ropaje democrático resulta más difícil desenmascararla. Y las dictaduras, como el poder absoluto, ya sabemos lo que generan: corrupción. No es casualidad que los grandes casos de corrupción en España se hayan dado con mayorías absolutas tanto del Gobierno central, como de los autonómicos, como de los ayuntamientos.

Su segundo foco es la falsa idea que tenemos los españoles de la democracia. Nuestro poco contacto con ella nos ha hecho identificarla con la libertad, y basta. Cuando la democracia tiene una segunda pata, tanto o más importante que la primera, la responsabilidad, pues la libertad sin responsabilidad conduce a la anarquía o a la corrupción, mientras la responsabilidad sin democracia conduce al autoritarismo en sus diversos grados, desagradables todos ellos, pero nunca tanto como la anarquía. «Responsabilidad individual y colectiva», es la mejor definición que he oído de la democracia. Pero en España, dice usted «responsabilidad», y todos salen corriendo. Aquí, nadie se hace responsable de lo que hace ni de los daños que causa, cuya culpa será siempre de los demás. E incluso cuando no hay nadie a quien poder cargársela, siempre habrá una excusa justificativa. Lo que ha ido haciendo penetrar la corrupción en todos los tejidos de la sociedad, en todas las capas sociales y en todos los partidos políticos. Incluso nos hemos inventado una palabreja para rebajarla de grado y hacerla más digerible: «corruptela», la pequeña corrupción, la del que acepta regalos en la cúpula de un partido o la del que ingresa en uno de ellos a ver si coloca al hijo tonto, pues el listo ya se arreglará por su cuenta. Sin pensar nadie que está quitando una plaza a quien la merece o creando una plaza innecesaria, peor todavía, pues se está estafando a todos. Claro que como «el dinero del Estado no es de nadie», según aquella ministra, tampoco es realmente delito. ¿Hay mayor prueba del grado de irresponsabilidad y de corrupción instalado en nuestra sociedad? «La corrupción del Gobierno comienza por la corrupción de los principios», dijo el filósofo. El vulgo lo traduce por «El pescado empieza a pudrirse por la cabeza».

Una vez establecido el origen de la corrupción en nuestro país, nos queda lo más difícil: atajarla. Para la primera fuente de la misma —la partitocracia— el remedio, teóricamente, es fácil: reformar nuestro ordenamiento constitucional, dejando a los partidos en lo que nunca debieron dejar de ser, los canalizadores de la voluntad popular, sin mayores poderes que los demás órganos del Estado, y sometidos, como todos ellos, al control de la ley. En otras palabras: establecer un auténtico balance de poderes entre el Gobierno, las Cámaras y los Tribunales, única forma de evitar los abusos y, caso de que ocurran, castigarlos. Pero eso, a simple vista tan sencillo, es muy difícil en España, al requerir una reforma de la Constitución. Y hay demasiados interesados en dejarla tal como está, empezando por los partidos grandes y pequeños, muy especialmente los nacionalistas, que hasta ahora han sido los que más se han aprovechado de ella. O sea que, de momento, no hay muchas posibilidades de cambio por ese lado.

Aunque más difícil, o por lo menos más largo, es el otro requerimiento para acabar con la corrupción: proscribir los usos instalados en la sociedad que hacen prevalecer el interés particular sobre el colectivo. En España sigue imperando el «yo a lo mío, y el que venga detrás que arree», tanto en las relaciones personales como en las comunales. Aquí, el único colectivismo que se practica es el de la familia, partido o región, y ni siquiera siempre. El «bien común» es un concepto abstracto, en el que muy pocos piensan y casi nadie practica. Es ésta una vieja carencia de España, a la que se ha venido a añadir los nacionalismo disgregadores, que hacen difícil la visión del conjunto y la solidaridad ciudadana. Que los intereses de las partes prevalezcan sobre los de la nación es una patente de corso para que los aprovechados entren a saco en las arcas públicas, como ha ocurrido en muy distintas comunidades. No existe realmente una «sociedad civil», y sin sociedad civil no puede darse una verdadera democracia. La ética ha sido incluso borrada de los planes de estudio, sustituida por ese engendro llamado «educación de la ciudadanía», que no crea ciudadanos, sino zombis de una determinada ideología. Es más, la hemos visto desaparecer de la educación familiar, y ahí tenemos a padres protestando por las malas notas de sus hijos, aunque se las merezcan, o enfrentándose en la piscina con los socorristas que intentan evitar sus gamberradas. Peor todavía que creernos ricos sin serlo es haber pensado que teníamos plena democracia sin tenerla, ni hacer nada para ganárnosla. Es la causa de que la corrupción se haya extendido por España e incluso se haya metastasificado en sus distintos órganos.

Quiero decir con todo ello que si salir de la crisis económica va a sernos largo y difícil, eliminar la corrupción va a costarnos aún más tiempo y esfuerzos. Pero la alternativa es dramática: o regeneramos nuestra vida privada y pública o nos resignamos a ser comparsas en la escena mundial. Pues corrupción y excelencia son incompatibles por la sencilla razón de ser la primera enemiga a muerte de la segunda.

A juzgar por las noticias procedentes de Valencia, Alicante y Baleares, los partidos se las ven y se las desean para componer listas electorales con hombres y mujeres que no estén implicados en ninguna trama corrupta. Algunos sólo son mencionados en transcripciones de escuchas telefónicas realizadas por la Policía. Otros aparecen con nombres y apellidos en informes policiales en los que se detallan minuciosamente movimientos de cuentas bancarias y de sobres con dinero en efectivo. Pero los hay, incluso, que ya están formalmente imputados en procesos penales. No obstante, ni siquiera esto último parece suficiente para excluirlos de las listas electorales. La imputación penal se desprecia como algo apenas relevante por la dirección de algún partido, exigiendo, al menos, «una resolución judicial de cierta entidad».

Sin ánimo de explicar aquí el concepto técnico-jurídico de imputación penal, sí podemos señalar que se trata de un momento procesal clave a partir del cual el imputado dispone de todas las garantías que la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga para salvaguardar su derecho a la defensa. En el caso de los aforados, esto es especialmente cierto, dado que existe la garantía adicional de la previa concesión del suplicatorio por parte de la Cámara representativa de la que forma parte, debiendo estar motivada la petición que se dirige a las cámaras en los hechos que se desprenden de la instrucción. En definitiva, el instructor aprecia que la investigación de determinados hechos de naturaleza criminal en los que el imputado puede estar implicado exige, en beneficio de este último, el cambio de su situación procesal para poder defenderse adecuadamente.

No cabe duda de que las implicaciones derivadas de tal situación son bastante relevantes en un ámbito tan sensible como es el de la gestión de los asuntos públicos. La presunción de inocencia, que es estrictamente personal, no puede servir de excusa para desconocer la pérdida de confianza que esta situación produce cuando se trata de gestores públicos que no sólo deben de ser honestos, sino también parecerlo. Máxime teniendo en cuenta que la tentación del político en activo de utilizar su situación institucional para presionar en el procedimiento de instrucción puede ser irresistible. Todo esto avala la decisión más lógica y la más difícil de adoptar: la renuncia al cargo o a la participación en las listas con la finalidad de no perjudicar al partido, a las instituciones y, sobre todo, a la democracia mientras se sustancia el procedimiento penal.

En nuestra actual partitocracia, sin embargo, la imputación penal parece otra finta más del juego político, un jaque circunstancial que puede escocer momentáneamente pero que no inhabilita, faltaría más, para continuar la partida. El único inconveniente de esta interpretación es que presupone que ese jaque proviene del adversario político, y no de ciertas instituciones fundamentales del Estado que los ciudadanos nos hemos dado para regular nuestra convivencia. O peor aún, que proviene de esas misma instituciones -Policía, jueces, fiscales-, utilizados arteramente por el partido de enfrente para menoscabar oportunidades electorales. Esto es al menos lo que se dice muchas veces en público, aunque en privado muchos políticos, empezando por los compañeros de los imputados, opinen de forma bien distinta.

Si admitimos, pese a sus muchos defectos, que la Administración de Justicia española no es corrupta, es decir, que fiscales y jueces actúan en conciencia y en Derecho, y que la Policía o la Guardia Civil actúan con profesionalidad y con imparcialidad, la conclusión es clara. Si estos profesionales deciden primero investigar, luego acusar y por último imputar a alguien en un procedimiento penal, es porque hay motivos suficientes para hacerlo. Claro está que una imputación no es una sentencia condenatoria, pero ciertamente es algo más que una querella que cabe interponer por motivos torticeros. Digamos, entonces, que es una resolución judicial de mucha entidad, salvo al parecer para nuestros políticos.

Para ellos la imputación no pasa de ser una especie de insulto que genera ciertos sentimientos de ofensa y agravio, pero no, desde luego, una preocupación seria. Así lo acreditan las actitudes de algunos imputados (o de sus cónyuges), cuyas declaraciones ante los mismos jueces rayan en lo chulesco o en la tomadura de pelo. Y si ello es así es porque al político, en cuanto tal, realmente no le pasa nada. La Justicia es muy lenta, por lo que con un poco de suerte no llegará antes de las elecciones a dictar esa «resolución judicial de cierta entidad», y ya se sabe que las elecciones lo limpian todo tal que un nuevo bautismo democrático.

Al paso que vamos, dentro de nada tampoco servirá para excluir de una lista electoral una sentencia condenatoria (suponemos que una estancia en prisión será más difícil de gestionar, por aquello de la falta de disponibilidad del candidato) porque a lo mejor no es firme. Y en el peor de los casos, a lo mejor un Parlamento agradecido revoca la sentencia dictando una Ley de amnistía para todos los corruptos. Y, así, al final, los humillados y ofendidos serán, una vez más, los ciudadanos.

At every turn, countries, charitable foundations, wealthy individuals and even schoolchildren are refusing to give the Pakistani government money to deal with the floods that have ruined as many as 20 million lives.

The European Union has angered Islamabad by giving its aid money to Western and Pakistani nongovernmental organizations (NGOs). Leading international agencies and other countries have followed suit or sent relief goods rather than cash.

Pakistanis are scandalized and embarrassed that their politicians, bureaucrats and generals have fostered so much corruption for so long that nobody trusts them to deal fairly with the victims of this summer’s historic floods. Yet early actions indicate the skeptics are right; feudal landlords and politicians have been accused, according to news reports, of breaching levees to save their lands or diverting relief goods to their constituents.

Since the flooding began five weeks ago, neither President Asif Ali Zardari nor Prime Minister Yousaf Raza Gillani has sought to assemble a truly transparent mechanism that would receive and spend aid money. In contrast, Pakistan’s army, central government, four provincial governments and National Assembly have each set up separate flood relief funds — to which few Pakistanis are contributing because nobody trusts them.

With international financial institutions and the U.S. government assembling at least $3 billion to help rebuild Pakistan’s devastated infrastructure, it is time for our kleptomaniac rulers to get their act together and make efforts to restore withering public trust.

Pakistan’s civilian government needs a trust fund along the lines of the one funding the Afghan government, army and police. Such a fund would not only monitor donated cash but help the government put together a nonpolitical reconstruction effort. It could give a voice to the competent Pakistani technocrats, NGO workers and economists that the government has so far ignored.

Such a reconstruction trust fund could be run by the World Bank and other international lending agencies. It should be overseen on the ground by independent Pakistani economists and social welfare figures. Pakistan’s bureaucracy and army, who would be implementing the plans, could have seats at the table, but they should not have veto power over how the money comes in or is spent. The fund could also help plan long-term economic reforms such as expanding the tax base (only 2.3 million of the 170 million Pakistanis pay tax) and insisting that landlords pay income tax; this revenue is desperately needed, but no government has had the political will to implement such reforms.

No doubt, the ruling elite will cry that this would be intolerable for an independent nation and nuclear power. But the truth is that Pakistan lost its sovereignty a long time ago, when the ruling elite abandoned the poor and lost interest in economic development in favor of foreign loans, and the army willfully ceded territory and population to militant Islamic networks. Further, the dismal response to the flood damage has eroded the people’s trust in government on a scale nearly matching 1971, when a typhoon in the eastern half of Pakistan drew no response from the western Pakistani elite, and the ruling elite lost East Pakistan, which is now Bangladesh.

It is urgent that steps be taken immediately; already, a major fight has erupted between Islamabad and the four provinces over how to spend relief money. Opposition leader Nawaz Sharif claims that Islamabad is not providing funds to his province, Punjab; the poorest province, Balochistan, which was racked by insurgency even before it suffered enormous flood damage, is not receiving relief goods on a scale going to the other provinces. The northern-most province, Khyber Pakhtunkhwa, has perhaps suffered the most infrastructure damage, but its calls for long-term aid have gone unanswered, according to news reports.

Meanwhile, the longtime politician Altaf Hussain, an acolyte of the military whose party controls Karachi, has called for a “French Revolution”-style uprising and a military-led government — a threat to the fledgling democracy that has taken shape since 10 years of destructive military rule ended in 2007.

And amid all the destruction, the Pakistani Taliban is on the move; 100 people were killed in suicide bombings in Lahore and Quetta last week, for which the Pakistani Taliban asserted responsibility. Separatists in Balochistan are taking advantage of the chaos to mount an assassination campaign against non-Balochs in their province.

The political infighting and threats will worsen as the waters recede and haphazard reconstruction starts. Reconstruction left to the government will be dominated by the interests of local politicians and feudal lords. A rational, fair plan is needed to cope with the massive scale of destruction: 5,000 miles of road and rail washed away, up to a thousand bridges ruined, 7,000 schools and 400 health clinics destroyed, vast areas of the north still cut off. A fifth of Pakistan’s agricultural land is under water, foreshadowing food shortages. The threat of epidemics among flood victims looms.

The Obama administration has done sterling work in its contributions and in prompting the international community to do more. Now, it should help Pakistan plan for the future. Sen. John Kerry has noted that “by helping Pakistan do it right, the U.S. can have a positive and lasting impact.” First and foremost, Pakistanis need to know how the aid is going to be spent.

La gran mayoría de los españoles ignora el nivel que alcanzó la corrupción en las Islas Baleares, y especialmente en Mallorca, durante los últimos mandatos de María Antonia Munar como presidenta del Consell Insular y de Jaume Matas como presidente de la comunidad autónoma. La tenaz labor investigativa de EL MUNDO de Baleares en el caso de la intocable Unió Mallorquina y la selectiva labor de la Fiscalía -unida a nuestras propias revelaciones- en el del PP está, sin embargo, dando ya los suficientes frutos como para que la suma de todas las tramas de pillaje del erario descubiertas adquiera categoría de gran escándalo nacional.

No estamos ante uno, dos, cinco o 10 episodios aislados -en estos momentos debe haber abiertos más de 50 sumarios por corrupción en las islas- sino ante toda una concepción de la política como maquinaria para enriquecerse delictivamente. Tanto es así que antes de que lo ocurrido se convierta en un caso de estudio en la Harvard Business School u otras escuelas de negocios, sería conveniente que el Congreso de los Diputados creara una comisión de investigación no para determinar las responsabilidades penales -que de esas ya se ocupan al tran-trán los tribunales-, ni siquiera para asignar culpas políticas personales -que ésas están claras una vez que las principales figuras han quedado fuera del juego-, sino para proponer toda una batería de medidas, a modo de Libro Blanco contra la corrupción, que impida que ninguna comunidad autónoma pueda volver a ser saqueada por sus gobernantes como lo ha sido ésta.

Toda vez que esta iniciativa requeriría de un consenso difícil de forjar, tanto por parte del PP, por su implicación directa, como del PSOE, dispuesto a proteger como sea a su pestilente aliada UM, sólo se me ocurre que la absurdamente degradada Secretaría General de Turismo, encabezada por un mallorquín con vitola de integridad, como Joan Mesquida, promueva la creación de un parque temático en las inmediaciones de Palma a modo de museo de los horrores, feria de los disparates y nuevo callejón del gato donde se exhiban o remeden todas las variedades del trinque practicadas en la isla.

Con el precedente de Isla Mágica en la cabeza había pensado proponer que su nombre fuera Corruption Island. Pero la injusticia que supondría crear mala fama a esa inmensa mayoría de mallorquines que no sólo no han participado en estos sucios engranajes, sino que han sido sus víctimas directas, me lleva a decantarme por Port Corrupció que, además de evocar el refugio de bucaneros en que se convirtió la política balear, rinde homenaje a la peculiaridad lingüística que ha servido de coartada a todos los latrocinios de UM y parte de los del PP.

Las distintas atracciones se alinearían en la típica calle mayor de un pueblo pirata. Las del PP aparecerían de un lado con el emblemático velódromo Palma Arena y sus multimillonarias desviaciones de costes en el centro; las de UM del otro, repartidas a derecha e izquierda del solar de Can Domenge, adjudicado a mitad de precio al postor que garantizaba más comisiones. La feliz y elocuente coincidencia de que ambos emplazamientos -el velódromo y el solar- coexistan frente con frente en la topografía real de la capital de la isla contribuiría pues, no poco, al verismo de esta Corruptilandia de tramoya y cartonaje.

Pero pasen y vean, que la juerga va a comenzar. Abriendo la puerta de la primera barraca coincidimos con un hombre bien trajeado que acude a su oficina saludando a la mejor sociedad del lugar. Es un abogado respetable y se llama Jaime Montis. Sin embargo, en la pared de su despacho hay colocado un plano enorme de otro polígono, el de Son Oms, que cualquier visitante puede ver al aterrizar o despegar del aeropuerto. Una presentación audiovisual ilumina entonces un primer documento: es la propuesta por escrito que los dirigentes de UM hicieron a los propietarios de las parcelas para garantizarles su recalificación a cambio de una comisión del 15% en suelo. De esa forma se hicieron con 60.000 metros cuadrados valorados en unos 50 millones de euros. El siguiente documento son las anotaciones del propio Montis incautadas por la policía. Hablan de cinco partes «en metálico y en B» e identifican con iniciales a los beneficiarios. Uno sería el orondo ex presidente del parlamento balear Maximiliano Morales, otro, el ex conseller del Territorio Bartomeu Vicens; otro, un socio fallecido; el cuarto, el propio Montis y, el quinto -o quinta-, una persona identificada como «M».

Entonces reaparece en escena el tal Montis pero -atención- ya no va vestido con traje, corbata y zapatos italianos, sino que lleva una extravagante pamela, unos ridículos shorts y unos zuecos agujereados y chillones. Ante el estupor de sus amistades de toda la vida, va andando con ademanes de marchador olímpico y profiriendo todo tipo de incoherencias. Está loco o se lo hace para no tener que declarar ante la justicia. Un psiquiatra certifica que no está en condiciones de asumir ninguna responsabilidad. ¿Tampoco la gestión de su despacho? ¿Y de qué va a vivir el señor Montis? El mismo psiquiatra certifica su curación, pero pasan los meses y la citación a declarar no llega.

El foco se fija ahora en un rincón de la estancia donde tras unas rudimentarias rejas cumple prisión el ex conseller Vicens. Su avaricia rompió el saco, porque para evadir el pago de impuestos por el fruto de su parte del pelotazo compró facturas falsas y recompensó a su contable por el «trabajo», pagándole 12.000 cutres euros de dinero público, justificados con unos grotescos informes copiados de internet.

Entonces aparece emperifollada y enjoyada Maria Antonia Munar, «sa Princesa», probablemente la señora «M». Va colgada del brazo de su marido al que el narrador presenta como Miguel Munar Munar. Pero entonces irrumpe en escena un nuevo personaje, protestando: «No, Miguel Munar Munar soy yo». Y la líder de UM, «Marian la ladrona» para los amantes del cine de Hitchcock, va y lo explica: «Es que mi marido y este otro señor se llaman igual. Siempre les confunden. Como todos somos de Costitx…». Ha sido su eterna coartada desde que empezaron a acusarla de enriquecimiento ilícito: lo que le adjudicaban a su marido era del otro M. M. M. Pero cuando vamos a pasar ya a la siguiente atracción, vemos a ese «otro señor» de Costitx accediendo a una de las cuentas de la sociedad instrumental que reparte las comisiones de Son Oms. ¿Cabría imaginar un testaferro más perfecto que alguien con tu mismo nombre y apellidos?

Al salir de esa barraca la líder de UM se mete en un coche aparcado en la puerta y le da 300.000 euros en billetes a su delfín Miguel Nadal para que compre una productora a la que su televisión insular, la TeleMunar, va a adjudicar contratos por cinco millones y en la que podrán poner en nómina a todos los activistas de la campaña electoral. Con su parte en el botín de esta Operación Maquillaje, Nadal se compra una avioneta con la que pronto le vemos surcar, libre como el viento, el cielo de Port Corrupció. Todavía queda por ahí un pico con el que el propio Nadal, Vicens y -¡oh casualidad!- la secretaria de la Munar se hacen a precio de saldo con cuatro bloques de apartamentos construidos por una inmobiliaria a la que el Consell -¡oh casualidad!- acaba de triplicar la edificabilidad de su principal inmueble de oficinas.

Pasamos al corro de «la Piñata» y vemos a la propia jefa de la banda, recién cumplidas sus obligaciones diarias en la peluquería y con una nueva toilette, golpeando la cucaña del presupuesto del Consell para que una lluvia de cuatro millones en subvenciones, contratos y demás golosinas caiga sobre sus colaboradores y asociados. Enseguida vemos a la consellera insular de Cultura Dolça Mulet llevándose de gorra a su madre y un grupo de amigas a hermanar lazos con la isla siciliana de Lípari. Y como Sicilia tenía que ser, la siguiente escena muestra a la tal Mulet colocando en el Consell al hijo del juez Pedro Barceló que, a renglón seguido, archiva el caso.

Y ahora comienza en un tablado la subasta de Can Domenge. «¿Tu cuánto ofreces? ¿Tu cuánto ofreces?» Los emisarios de la Munar contactan con los principales promotores. Se habla menos del precio del solar que del precio de la coima. A uno le piden 8.000 euros por cada una de las 600 y pico viviendas y dice que sí. Pero hay otro que paga más. Total que el solar tasado en 60 millones por el que Núñez y Navarro oferta 61, se le adjudica a Sacresa por 30 y cuando se registran sus oficinas, se descubren las pruebas de que tenía todos los datos del concurso antes de que se convocara. Vemos entre tanto como en el piso de la Munar instalan una caja fuerte tan voluminosa que el ascensor, escandalizado, decide hacer huelga de cables caídos. En otra viñeta el delegado de Hacienda sigue la pista del dinero y el Gobierno socialista le traslada fuera de la isla.

Sin tiempo para subirnos en los camiones de la empresa familiar que suministra grava a los contratistas del Consell, ni en los que mueven tierra para las obras particulares del Director General de Carreteras y otos cargos del caso Peaje, pasamos por delante de un artista ambulante que pinta compulsivamente terribles marinas para que el muchos años director de Costas, Garau, pueda «vendérselas» a todos los hoteleros y demás particulares que, a instancias suyas, le sobornan, y cruzamos de acera para entrar en el Palma Arena que comunica por su parte de atrás con el llamado «palacete» de Jaume Matas.

Vemos al ex presidente balear declarar delante del juez que aumentó su patrimonio gracias al dinero negro que obtenía defraudando al fisco con unos alquileres durante años. Como las cuentas no cuadran, el juez le impone una fianza-trampa de tres millones: 10 veces la de Munar. Si no paga, a la cárcel; si paga, aquí hay gato encerrado. Y Matas paga. Y no se aclara por qué el velódromo presupuestado en 45 millones acabó costando 110. Ni por qué las actas de las reuniones en las que se aprobaba el gasto son casi todas falsas. Ni por qué Matas contrató directamente a los nuevos arquitectos. Ni por qué la empresa de publicidad del velódromo servía de tapadera para pagar actos del PP o facturas del Govern. Ni por qué la esposa del president derrochaba a troche y moche, pagando siempre en metálico. Ni por qué se contrataban los servicios de la empresa Over Marketing -a su vez contratista de Gürtel- muy por encima del precio de mercado. Ni por qué en el Plan Territorial algunas de las mejores parcelas terminaron en manos del promotor al que todas las malas lenguas vinculan a Matas. Ni por qué, ni por qué, ni por qué…

Pero nuestra atención se desplaza unos metros hasta un pequeño jardín interior. Dos mujeres desentierran una lata de Cola-Cao con 240.000 euros dentro y se la entregan a la policía. Son «las Soprano», o sea la gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico Antonia Ordinas y su esposa, la cantante de ópera Isabel Roselló. Las han cogido con el carrito del helado -los contratos que se autoadjudicaban-, las han metido en la cárcel y se les ha empezado a soltar la voz. Claro que sus gorjeos no suenan igual que cuando la una cantaba para la otra, de Shanghai a Nueva York con cargo al contribuyente balear. Pero, de repente, se les escapa un gallo y resulta que dicen que el conseller Cardona también era parte del negocio.

En una cárcel similar a la de Vicens vemos al alcalde de Andratx, Hidalgo por realizar obras ilegales y al teniente de alcalde de Palma Rodrigo de Santos por pagar drogas y compañía homosexual con la Visa del ayuntamiento. Rodeando la manzana del edificio judicial topamos con una interminable fila de imputados populares, empezando por los del Turisme Jove que se autoalquilaban locales y se autoagasajaban con pantagruélicos ágapes, y terminando, de momento, con los del Ibatur que cobraban comisiones de sus proveedores -uno de ellos ya apuntó maneras imputándole al erario las copas y no se sabe si algo más en el moscovita club de alterne Rasputin-, pero entre medias vemos también a los acusados de los casos Puertos, Bitel, Bomsai y quién sabe qué.

El nuevo líder del PP, Bauzá, le está echando un par, con la doble legitimidad de estar limpio y ser el primer presidente regional elegido directamente por las bases. Ningún imputado irá en las listas y todo aquel contra quien se adopten medidas cautelares será baja en el partido. ¿Pero cómo garantizar que no volverán a las andadas?

«Lo terrible no es que hayamos tenido unos líderes corruptos, sino que el sistema iba calando desde arriba hacia abajo y al final había decenas, centenares de cargos corruptos en la administración», me decía el otro día un notable letrado mallorquín. «¿Cómo en la administración?», le corregí yo. «Querrás decir en las administraciones». Porque una de las líneas para reflexionar es la de si es lógico que en un escueto territorio con menos de un millón de habitantes convivan funcionarios del Estado, la comunidad autónoma, los consells insulares y los municipios. Cuantas más covachuelas, cuantos más trámites, más oportunidades para la rapiña.

Esta es la madre del cordero. ¿Qué clase de Estado cleptocrático estamos construyendo? Porque es obvio que si la Fiscalía no fuera el perro faldero del Gobierno nuestro Port Corrupció también tendría su barrio socialista, con el Ibiza Center como edificio emblemático, una barraca entera dedicada a los abusos impunes en Calvià de la misma Margarita Nájera a la que se acaba de confiar el multimillonario proyecto de la playa de Palma y las corruptelas del fulano que se fumaba los mejores habanos del mercado a costa de su consellería como curiosa amenidad. Pero el mal de muchos no es aquí ni siquiera consuelo de tontos. Porque lo que hay que prevenir no es tanto el retorno de las grandes urracas, como la plaga de langostas. Es decir, la consolidación de una cultura política según la cual ha terminado habiendo tantos mangantes, robándoles tanto a tan pocos contribuyentes.

Hace casi un año que tuvimos las primeras noticias del asunto Palau de la Música, más conocido por el caso Millet, el todopoderoso personaje que se movía como pez en el agua por los pasillos del poder, estafando a unos y a otros, malversando caudales públicos, sin que, aparentemente, nadie sospechara nada. Algo bastante inexplicable ya que desde entonces sus antiguos amigos, y hasta sus parientes, han ido contando en privado que nunca nadie, ni siquiera su propia familia, se fiaba de él. Con estos antecedentes uno no acababa de entender que disfrutara de tanta confianza por parte de los poderes públicos y de tanto prestigio dentro de las altas esferas de la sociedad catalana. Algunos datos conocidos en los últimos días empiezan, sin embargo, a aclarar algo el asunto.

Ya desde el primer momento surgió la duda sobre si de este affaire no saldría salpicado algún partido político. Esta duda se despejó pronto al conocerse que Millet, en el año 2000, había entregado dinero del Palau a la Fundació Trias Fargas, de Convergència Democràtica (CDC), y había liquidado las deudas del Partit per la Independència (PI) de Àngel Colom justo al ingresar este en la misma CDC. La conexión entre Millet i Convergència comenzaba a hacerse evidente. Por otro lado, el hecho de que esta fundación cambiara de nombre y sustituyera el de Trias Fargas por el inocuo CatDem ya hacía sospechar que no se quería mezclar al viejo dirigente liberal en el asunto.

La declaración de Colom de esta misma semana ante la comisión de investigación de Parlament de Catalunya que, legítimamente, investiga el caso, ha sido muy expresiva de un inefable estado de espíritu de la Catalunya de hoy. En efecto, Colom confesó las supuestas razones por las que Millet pagó sus deudas: “Fui a ver al señor Millet porque unos amigos me dijeron que era un mecenas. Me pagó porque me avalaba mi trayectoria nacionalista”. Sin querer desvelar el nombre de estos amigos, Colom cobró un talón de la Fundació OrfeoCatalà-Palau de la Música contento a su casa pensando recibido 75.000 euros era un buen patriota. Por este país hay personas que normal cobrar por el mero nacionalistas, un oficio, al remunerado.

Pero en los últimos días las judiciales han tomado un Por un lado, se ha Millet recalificara un edificio contiguo al Palau para que fuera destinado a hotel. Altos gestores municipales presionaron a la concejal del distrito, la arquitecta Itziar González, para que facilitara los trámites. Esta se negó repetidamente a ello hasta que decidió dimitir. Cuando se conoce un asunto de corrupción, siempre hay detrás una persona decente que arriesga el tipo y, en contra de sus intereses personales, hace prevalecer los generales. En este caso, la pequeña heroína ha sido Itziar González y los presuntos responsables de las irregularidades cometidas están en manos de la justicia.

Por otro lado, se han descubierto nuevos datos que relacionan los tejemanejes de Millet con la financiación ilegal de CDC. En efecto, según informaciones del todo fiables, en el pago de determinadas obras públicas llevadas a cabo por la empresa Ferrovial a cuenta de la Generalitat – especialmente la línea 9 del metro y la construcción de la Ciutat de la Justícia-,determinados porcentajes del importe de estas obras se desviaron a las cuentas de CDC por el conducto del Palau de la Música. Entre unas cosas y otras, por el momento parece que en las arcas de dicho partido se ingresaron por esta vía unos 5,8 millones de euros.

Tras el fracaso del segundo Govern tripartito, todos los sondeos parecían favorecer a CiU, que se había convertido en el único recambio posible a la actual situación. No cabe duda que este más que feo asunto puede ser un obstáculo en un paseo que se auguraba triunfal. Así el fracaso general de la clase política catalana parece evidente. Así lo reflejan tanto los sondeos demoscópicos como las charlas con los amigos: la desafección es general y no se ve una alternativa de gobierno en quien confiar. Asuntos como este añaden pesimismo al panorama.

Me acuerdo del año 2005, cuando Maragall, dirigiéndose a Artur Mas, soltó inopinadamente en el hemiciclo del Parlament de Catalunya aquel famoso: “Su problema se llama 3%”. Y Mas le respondió algo así como: “Si ustedes quieren que sigamos colaborando – en aprobar el nuevo Estatut, claro-retire estas palabras”. Y Maragall las retiró. Todos entendimos el significado de aquel enigmático 3% pero nos quedamos con las ganas de saber más, de llegar al fondo. Hasta hoy todo se ha cubierto de un espeso silencio. Según los datos en poder del juez, las comisiones percibidas en el actual asunto son ahora del 4%. Todo sube. Esperemos que la exaltación patriótica que está produciendo la sentencia del TC no impida que otra vez – siempre este dichoso Estatut de por medio-nos quedemos de nuevo con la duda de si ahora estamos en el 3, el 4 o vaya usted a saber qué tanto por ciento. Que el juez – esta vez el tinglado no lo controlan los políticos-nos desvele la verdad.

Hace unas cuantas noches, en Roma, Licio Gelli salía del Hotel Excelsior en plena Via Veneto. El Venerable Maestro de la logia masónica P-2 -empleado de una fábrica de colchones de Arezzo, voluntario con los fascistas italianos en la Guerra Civil española, agente de los Servicios Secretos en medio mundo, poeta en la estela de D’Annunzio, espía, factótum, protagonista de media docena de intentos de golpes de Estado en otros tantos países del globo, Italia incluida, naturalmente- cumplió 91 años de edad en abril.

Está algo frágil de salud, viaja a Roma con mucha menos frecuencia: no todos los miércoles, como tenía por costumbre para sus encuentros con políticos, empresarios, generales. Su “Plan de Renacimiento Democrático” -el vademécum para un golpe blanco, el manifiesto de la masonería manipulada por los Servicios Secretos- fue encontrado por error y requisado en las macetas de su casa de campo toscana hace 30 años. Contenía una lista parcial de nombres, casi 1.000 de un total de 3.000 afiliados. Entre esos 1.000, Silvio Berlusconi, carné masónico de la P-2 número 1.816, entonces un simple empresario de televisión embarcado en negocios con los bancos, y una decena de políticos que en los años sucesivos y hasta hoy han sido o siguen siendo ministros, subsecretarios, consejeros de confianza, hombres de enlace con el Vaticano, plenipotenciarios del IOR. A las puertas del IOR, el Istituto per le Opere di Religione [Instituto de Obras Religiosas, el banco vati-cano], corazón de las finanzas vaticanas, se detuvo la primera Tangentópolis, la de Manos Limpias. A las puertas del IOR, dicen los poderosos asiduos del Hotel Excelsior, se detendrá también este nuevo, enésimo escándalo.

¿Qué anda haciendo el viejo Gelli todavía por Roma? Para conseguir información hay que llamar sucesivamente a tres intermediarios entre Pistoia, Montecatini, Arezzo. Hay que preguntar por el Tío, así quieren que se le llame por teléfono, nada de nombres por teléfono, ya se sabe. Recibe en Villa Wanda, se acerca a Roma “solo para cuestiones delicadísimas y urgentes al máximo nivel”. ¿Cuál podrá ser esa cuestión tan delicadísima y urgente de estas semanas, con los titulares dominados por los últimos escándalos de corrupción y por la urgencia que el presidente del Gobierno parece sentir para promulgar una ley mordaza que enmudezca a los periódicos y televisiones, que impida las investigaciones de los jueces, que ayude a las mafias? Pues bien, podemos preguntar todo eso, desde luego, pero no nos está permitido saberlo. “¡Qué pregunta más impertinente!”. La misma respuesta que Licio Gelli me dio hace siete años, cuando fui a entrevistarlo un 28 de septiembre a Villa Wanda. ¿Sigue tratándose con Silvio Berlusconi, lo ve? “¡Qué pregunta más impertinente!”. En aquella larga conversación me dijo cosas que a la luz de los acontecimientos actuales -la privacidad, el decreto ley sobre las interceptaciones- conservan todo su interés: su “Plan de Renacimiento Democrático” sostenía que era

necesario elaborar “una nueva legislación sobre la prensa con una orientación protectora de la dignidad del ciudadano, siguiendo el modelo inglés”. La privacidad, como se dice hoy. Dijo: “Contemplo el país, leo los periódicos y pienso: veo que todo se va cumpliendo poco a poco, paso a paso. El control de las televisiones, el control de la magistratura, la división de los sindicatos. La verdad es que debería exigir derechos de autor. La justicia, la televisión, el orden público. Lo escribí ya todo hace 30 años, me corresponde el copyright”.

Más citas del “Plan de Renacimiento” de la logia masónica P-2: “En el caso de que las circunstancias permitieran contar con el acceso al Gobierno de un personaje político (o de un equipo) en sintonía con el espíritu del club, es evidente que los plazos del procedimiento recibirían una fuerte aceleración”. Las circunstancias lo permiten. El carné 1.816 es presidente del Gobierno, en las salas contiguas a su despacho pululan antiguos afiliados. Quienes compartieron aquel proyecto están en los más altos cargos del Gobierno del país. Y no solo en esas supremas posiciones. Están en los ganglios vitales de la burocracia, en las secretarías enmoquetadas, en los ministerios, en las antesalas. Es un club, como lo definía Gelli, cuyos miembros aparecen continuamente en los documentos de las investigaciones sobre la corrupción, nombres a veces anónimos para el gran público, pero sobradamente conocidos, por el contrario, entre la gente que cuenta.

De manera que el poder sigue siendo ocupado por los mismos, la historia no se entiende si no se arranca de ahí. Por decirlo con palabras del Venerable Maestro: “Si las raíces son buenas, la planta germinará”. Desde luego, ha germinado.

Añadamos otros breves extractos del “Plan de Renacimiento Democrático”, pues es posible que quienes tengan menos de 30 años no lo recuerden o no lo hayan leído. A propósito de la prensa y de la televisión: “Comprar a dos o tres periodistas por cada diario o medio de prensa, de forma tal que ninguno esté al corriente de los demás. Esta iniciativa debe difundirse como una mancha de aceite, o mejor, mediante una cadena de no más de tres o cuatro elementos que conozcan bien el ambiente”. Gratificaciones económicas adecuadas. “Disolver la RAI, la televisión estatal”, “abolir el monopolio de la RAI”. Hasta aquí, ha germinado. Cuestión central: “Controlar la pública opinión media en el meollo del país”. La prosa no es especialmente feliz, pero su sentido no puede ser más preciso: la pública opinión media, la masa de los ciudadanos. En el meollo del país: un control minucioso. Domesticar a la opinión pública a través de las televisiones. Proceder a continuación a “algunos retoques de la Constitución”. Tampoco en cuestión de retoques vamos mal. Trabajar para dividir a los sindicatos, desarticular a la judicatura: esta es la parte más densa del plan. También la más meticulosamente perseguida. Sería interesante detenerse en otros detalles: en la “legislación que subordine el derecho de residencia a la demostración de que se posee un puesto de trabajo y el rédito suficiente”, por ejemplo, posición de la que es hoy paladín Bossi. Bossi, de quien Gelli decía: “Ha sabido crearse su propia fortaleza con la Padania, ha aportado muchos parlamentarios, excelente, sin duda. Pero tenía muchas deudas…”.

La prensa, para terminar. “Nueva legislación sobre la prensa con una orientación protectora de la dignidad del ciudadano, siguiendo el modelo inglés (la privacidad, que decimos hoy). Obligación de publicar cada año balances contables y retribuciones. Abolir todas las medidas estatales de apoyo”. Crear una Agencia central que controle las noticias locales. Adquirir algunos semanarios de batalla, semanarios populares. Revistas, diríamos hoy. De esas que venden miles de ejemplares y se encuentran en las salas de espera del dentista, del pediatra, de las peluquerías: esas que llegan más lejos que los semanarios de periodismo de investigación, por lo demás -con las nuevas leyes sobre la privacidad o dignidad del ciudadano, como se prefiera decir- destinados a desaparecer. De Berlusconi, aquel día de hace siete años, Gelli me dijo: “Berlusconi es un hombre fuera de lo común. Recuerdo bien que ya entonces, en la época de nuestros primeros encuentros, destacaba por una característica: sabía llevar a cabo sus proyectos. Un hombre de acción. De eso es de lo que estamos necesitados en Italia: no de palabras, sino de acciones”.

Sobre la corrupción, los sobornos, las contratas fraudulentas y el amiguismo: “En el fondo, Manos Limpias no deja de ser un asunto de cuernos. ¿O es que cree usted que la corrupción ha desaparecido? ¿No ve que está por todas partes, peor que antes, mucho más extendida que antes?”.