Hace un par de décadas, me reuní en Londres con el promotor cultural Peter Florence. Hablamos de la necesidad de un festival que compitiese, al menos regionalmente, con el muy famoso y concurrido de Edimburgo, en Escocia. Pensamos en el país de Gales y su gran tradición. Como los escoceses hablan escocés, los galeses hablan galés y esto los distingue del mundo anglo-londinense. Se creó, pues, el festival en el pequeño poblado de Hay-on-Wye. Su patriarca sería un famoso residente local, Eric Hobsbawm. Su geografía, el paisaje de colinas rodantes y bosques esporádicos.

Hay se expandió de su primera localidad galesa a Belfast, Nairobi, Las Maldives, Kerala, Beirut y, en lengua castellana, a Segovia, Cartagena de Indias y Zacatecas. Patrocinado por la gobernadora Amalia García, el festival se mudó cuando el siguiente gobierno no le dio el mismo apoyo que Amalia. Xalapa, en cambio, recibió a Hay con entusiasmo. Hoy, Hay-Xalapa entra a su segundo año de vida, custodiado por el Rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo y animado por el muy atento y vivaz público de la capital xalapeña.

A la reunión de Cartagena de Indias concurrieron escritores latinoamericanos de la nueva generación. El boliviano Edmundo Paz Soldán, la argentina Claudia Piñeiro, el mexicano Xavier Velasco, la brasileña Nélida Piñón, los peruanos Mario Bellatin y Gustavo Rodríguez, el nicaragüense Sergio Ramírez, los españoles Carmen Posadas y Javier Moreno, el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa y los colombianos Belisario Betancur, Santiago Gamboa, y Juan Gabriel Vázquez. Amén del nigeriano Ben Okri, el italiano Bruno Arpaia y el norteamericano Jonathan Franzen, cuyo título más reciente, Libertad (Freedom) es una extraordinaria incursión en el mundo moderno de los EE.UU. A los personajes y la trama, Franzen añade, con “libertad”, historia y ética, política y noticia, sicoanálisis y ensayos fuera (sólo en apariencia) del contexto.

Junto con Sergio Ramírez y Javier Moreno, participé en un encuentro en el teatro Adolfo Mejía con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Abierta a un público que llenó el recinto, la conversación fue variada pero se ajustó al enunciado, “ideas para un mundo en transición”. Subrayo que el Presidente Santos se presentó en un escenario público, sin límite de entrada, y lo subrayo porque dudo que muchos jefes de estado latinoamericanos participen de manera tan libre en un evento abierto a todos. Ello sólo subraya la popularidad y respeto que los colombianos otorgan a Santos, rechazado sólo por los extremos de derecha e izquierda.

Es explicable. Santos ha negado a la guerrilla el apoyo de los campesinos a los que ha entregado tierras propias en lo que equivale a una reforma agraria colombiana. La narcoguerrilla ya no es el santo patrono del campesinado. Santos –como Cárdenas en México– les ha dado la tierra, no los narcotraficantes que así pierden su clientela agraria. A los pueblos de Colombia, Santos ha enviado soldados originarios del lugar, que cuentan con la amistad y hasta el parentesco de los habitantes locales. El presidente ha continuado, en estas condiciones, la lucha contra los narcos de derecha e izquierda, robándoles apoyo e inflingiéndoles las penas previstas por una legalidad en proceso de restauración.

No todo es perfecto. Colombia emerge apenas (a duras penas) de largas décadas de violencia. Santos ha optado por la ley como respuesta, aunque también con la fuerza cuando es (y lo es mucho) necesario. A los gobiernos vecinos, sobre todo a los de Caracas y Quito, Santos les ha tendido la mano, después de años de rechazo y enemistad. Si ellos no la toman, la culpa no será de Santos. Si la toman, el presidente colombiano podrá llevar adelante su proyecto: respetar la ley y contar con la ciudadanía.

En la reunión de Cartagena, Santos se unió, además, al proyecto esbozado por los ex-presidentes Cesar Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso. La legalización (o des-criminalización) de la droga. La política represiva, dijo Santos, es “una bicicleta estática”. Para Colombia, añadió Santos, se trata de un asunto de seguridad nacional “porque el narcotráfico alimenta y financia todos los grupos ilegales”. La política actual ha fracasado. Hay que cambiarla, y sólo se puede cambiar mediante un acuerdo internacional. Santos propone trascender las decisiones nacionales elevando el tema al ámbito global al cual pertenece.

Es notable que un presidente gobernante trate con tanto valor y claridad este tema. Las políticas contra el narcotráfico han dejado miles de muertos (cincuenta mil sólo en México). Han desacreditado a las fuerzas oficiales que ganan una y pierden tres. Han fortalecido a las bandas criminales que al cabo operan con impunidad. Se ha desconocido el destino de las drogas –los EE.UU.– y no se ha identificado ni a los usuarios ni a los distribuidores en territorio norteamericano.

Además los narcos financian la guerrilla colombiana. De manera que el asunto, ante todo, incumbe al Presidente Santos internamente. En vez de quedarse plantado allí, Santos ha tenido el valor y el buen sentido de elevar el tema a la comunidad y a las organizaciones internacionales. Veremos si, venciendo prejuicios y cegueras, prospera el desafío de Santos.

Al concluir el quinto y penúltimo año del mandato de Felipe Calderón como presidente de México, comienza el debate dentro y fuera del país sobre el juicio político -en las urnas-, el juicio jurídico -ante tribunales externos- y el juicio moral -ante la historia- de su legado. Y será recordado, alabado o condenado por una sola vertiente de su gestión: la guerra contra el narcotráfico. Los tres juicios revisten aristas internas y externas difíciles de desentrañar.

El juicio político se dará en los comicios presidenciales de julio del año entrante. La elección será un referéndum sobre los 12 años de Gobierno del partido de Calderón (y de su predecesor, Vicente Fox), y en particular sobre los costos y resultados de su tema emblemático y monotemático: la lucha contra el mal. Por ahora, a pesar de encuestas que muestran que la popularidad de Calderón solo se sitúa ligeramente por debajo de la de sus predecesores, y que la población aprueba la participación del Ejército en la guerra contra el narco, el PAN se encuentra unos 20 puntos porcentuales debajo del candidato priísta, Enrique Peña Nieto, y apenas empatado con el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador. Si el PRI logra impedir que la elección se juegue sobre su regreso al poder, y si no se producen cambios notables en la guerra -una disminución clara de la violencia, la captura de un verdadero capo narcotraficante- parece difícil que en menos de siete meses Calderón y quien resulte ser candidato del PAN remonten una desventaja tan grande. Ese será el juicio político de los votantes.

El juicio legal empieza con el propósito de distintos sectores de la izquierda mexicana de solicitarle al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Luis Moreno Ocampo, y a su colaborador, Baltasar Garzón, que inicie un “análisis preliminar” de las violaciones a los derechos humanos en México. En particular subrayan las casi 50.000 muertes ya ocurridas en este sexenio. Esta idea, además de estar condenada al fracaso, evidentemente, constituye una venganza o represalia por lo que ese sector del espectro político nacional considera como el atropello de la elección de 2006.

Por varias razones jurídicas no es verosímil la propuesta de llevar a Calderón a la CPI: ninguno de los delitos que pudieran haber cometido corresponden a crímenes por los que podrían ser juzgados allí; no se puede argumentar que el sistema judicial mexicano sea “unwilling or unable” de determinar si se han cometido delitos y juzgarlos; y difícilmente se evitaría un veto en el Consejo de Seguridad de la ONU por imputar a Felipe Calderón, tal y como se hizo con Gadafi.

No obstante, el empeño de los demandantes puede surtir un efecto político: obligar a funcionarios del actual Gobierno a responder, a defenderse, en su caso a contratar abogados, y a someterse a la angustia que genera la posibilidad hipotética de un juicio internacional algún día en alguna parte. Es una pesadilla, sobre todo si se contempla la opción de residir fuera del país por un tiempo (como se rumorea en lo tocante al deseo del presidente Calderón de ocupar un cargo ad hoc en la ONU sobre cambio climático).

Todo esto viene a colación por el costo ya descomunal de la guerra. Aunque el Gobierno dejó de publicar cifras hace casi un año, la prensa mexicana entrega los llamados ejecutómetros cada semana; según los más fiables, habríamos llegado a casi 45.000 muertos al finalizar 2011. Ya nadie cree, ni siquiera el Gobierno, que el 90% de los mismos son asesinatos intranarcos. Según el informe de Human Rights Watch divulgado en México el 9 de noviembre, de los 35.000 homicidios acontecidos en el país y vinculados al crimen organizado entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, solo 1.000 habrían sido investigados por las autoridades federales; de estos solo había presuntos culpables detenidos en 330 casos, y únicamente 22 habían sido sentenciados. Ante la pregunta de quién ha investigado los otros 34.000 homicidios, funcionarios mexicanos reconocieron que eso le corresponde a las autoridades estatales, pero que en muchos casos no cuentan con la capacidad para hacerlo. La enumeración de incidentes de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, la impunidad de los responsables de estos delitos, y el rechazo sistemático del Gobierno a impulsar cambios para remediar esta situación, empieza a crear una sombra que puede oscurecer el porvenir de muchas de las personas involucradas en estos actos. Como señaló el director ejecutivo de Human Rights Watch en una entrevista al Financial Times: “Nadie acusa al presidente Calderón de haber ordenado estos abusos, pero los está tolerando gracias a una serie de políticas equivocadas”.

Aquí se juntan los elementos internos del juicio legal con los de índole externa. Se trata de hechos ya lejanos, pero por desgracia todavía pertinentes: la demanda civil interpuesta contra el expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) por familiares de víctimas de la masacre de Acteal en diciembre de 1997, en un tribunal federal norteamericano en Connecticut, y que aún no ha sido rechazada por el juez; más aún, Zedillo ya fue notificado formalmente de la demanda en su contra, ha contratado al bufete de abogados Wiggins and Dana y presentará su recurso de nulidad en enero, para que sea descartada la reclamación por 50 millones de dólares. Los familiares invocaron dos leyes norteamericanas (la Alien Tort Claims Act y la Torture Victim Protection Act), así como la residencia real, aunque no jurídica, de Zedillo en Estados Unidos. El juez le dio hasta el 6 de enero de 2012 para presentar un recurso de nulidad por inmunidad diplomática, y hasta marzo para solicitar el rechazo a la demanda por razones de procedimiento o de sustancia.

Es casi un hecho que Zedillo ganará el juicio; el Gobierno de Obama le otorgó al expresidente de Colombia Álvaro Uribe inmunidad como exjefe de Estado de un país aliado para fines de testimonio hace meses, y el caso de Zedillo se justifica mucho más. Según los documentos públicos del juzgado, el expresidente ya solicitó la inmunidad, y los jueces federales de EE UU suelen seguir las recomendaciones de Washington en esta materia. Pero entre que son peras o son manzanas, los abogados de los familiares de las víctimas ubicados en Miami le habrán hecho la vida muy difícil al exmandatario. Es evidente la pertinencia del caso Acteal para los casos del Ejército, de los funcionarios civiles, y del propio Calderón. Si algunos familiares de las víctimas de una masacre de 47 personas pudieron, al término de 14 años, integrar finalmente un expediente, encontrar abogados y recursos (muchos en México se preguntan quien financia la operación contra Zedillo) y presentar una demanda de 53 páginas, ¿qué no podrán los familiares de más de 50.000 víctimas en los primeros días del siguiente sexenio? Si el entonces expresidente Felipe Calderón, o los excomandantes del Ejército o los exresponsables de las policías federales o estatales, buscan residir en EE UU, el universo de demandantes potenciales es demasiado extenso para que no vaya a suceder algo. La inmunidad diplomática de Uribe puede ser extensible a Zedillo y a Calderón, o puede no serlo.

Nadie dice que Calderón, los militares o los funcionarios civiles deban ser juzgados por violaciones a los derechos humanos en tribunales internacionales, por no hablar de las cortes mexicanas. Esa eventualidad es remota o francamente imposible. Lo que no es improbable, o más bien resulta casi seguro, es que por distintos motivos se generen intentos más o menos responsables, más o menos exitosos, de este tipo de juicios. Así llegamos al juicio moral. Es imposible demostrar una tesis contra-factual: qué hubiera sucedido si Calderón no declara la guerra en diciembre de 2006, enviando al Ejército a Michoacán, a petición del entonces gobernador del Estado, según fuentes cercanas al gobernador, sin que dicha solicitud jamás haya sido formulada en esos términos.

México ha pagado un costo enorme: casi 50.000 muertos, casi 50.000 millones de dólares de gasto adicional en seguridad, violaciones cada vez más numerosas a los derechos humanos, un desprestigio bárbaro del país en el mundo. Los resultados son magros: si la totalidad de las exportaciones de drogas desde México se dirigen a Estados Unidos, el informe de Monitoring the Future de diciembre de este año sobre el aumento vertiginoso del consumo de marihuana entre jóvenes norteamericanos nos dice que todo esto ha sido en vano. ¿Para qué puso México tantos muertos, tanto dinero, tanto deterioro de su imagen? ¿Para que en lugar de consumir cocaína, los estadounidenses vuelvan a la marihuana, al éxtasis, a la heroína o las demás drogas de diseño? Es probable que el Gobierno de México sea condenado por las urnas en el juicio político, gane el juicio legal, y pierda terriblemente el juicio moral. Es el peor de los juicios.

Entre el 21 y el 23 de noviembre hubo en los barrios pobres de Guadalajara (Jalisco) lo que los mexicanos llaman levantones, es decir, secuestros. Las víctimas eran, casi todas, jóvenes de humildes oficios -repartidores, electricistas, mecánicos, vendedores de chatarra, panaderos- y algunos de ellos estaban fichados por la policía por delitos menores como atracos callejeros y robo de autos.

Un día después, el 24, todos ellos aparecieron -eran 26- muertos, con las manos y pies atados, huellas de balas en la cabeza y algunos con señales de tortura. Los asesinos embutieron los 26 cadáveres en tres camionetas robadas que dejaron cerca de los Arcos del Milenio, en pleno centro de la ciudad y a pocas cuadras del local donde dos días más tarde se inauguraría la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro, sin duda la más importante de las muchas que se celebran en el mundo de lengua española.

¿Quién y por qué perpetró ese horrendo crimen? Según un reportaje estremecedor aparecido en el semanario Proceso, del 27 de noviembre, los asesinos fueron sicarios de uno de los cárteles más poderosos de la droga, el de Zeta-Milenio, que con esta matanza se proponía simplemente advertir a un cártel rival, el del Pacífico, lo que le esperaba si seguía empeñado en tender sus redes en tierras de Jalisco, que los zetas consideran exclusivamente suyas. Lo que pone los pelos de punta al leer esta crónica no son solo los horripilantes excesos de crueldad cometidos por los forajidos en esta ocasión, sino que salvajismos de esta índole son frecuentes en distintos lugares de México, donde cerca de 50.000 personas han perecido ya desde que el Gobierno del presidente Felipe Calderón decidió enfrentar militarmente los cárteles de la droga que habían comenzado a infiltrarse como una hidra por todos los vericuetos del Estado, empezando por los cuerpos policiales.

Declarar esta guerra fue un acto de coraje, sin duda, que ha servido para sacar a la luz del día y mostrar el enorme poder económico y bélico del monstruo que anidaba en las entrañas de la sociedad mexicana, pero, también, para comprobar lo quimérico que es ya en nuestros días creer que se podrá acabar con el tráfico de drogas y la delincuencia y crímenes que genera mediante la simple represión. La bestia ha crecido demasiado y cuenta con demasiados recursos para poder derrotarla por las armas de modo definitivo. Ella se reproduce como las serpientes en la cabeza de la Medusa y la violencia que desata puede llegar a desarticular el funcionamiento de todas las instituciones y a convertir la democracia en una caricatura de sí misma.

Proceso reproduce el mensaje que los autores del asesinato dejaron garabateado en una de las camionetas. Basta tratar de leerlo para darse cuenta de la indescriptible mescolanza de ignominia, crueldad y estupidez que guía a los forajidos. Comienzan advirtiendo que “el pleito no es con la población civil. Es con el Chapo y Mayo Zambada que andan queriendo pelear y no defienden ni su tierra”. Acusan a sus enemigos de ser “informantes de los gringos” y piden a las gentes de Jalisco que “se quiten la venda de los ojos”. Añaden: “Aquí les dejamos estos muertitos. Sí, los levantamos nosotros para que miren que sin la ayuda de ningún cabrón estamos metidos hasta la cocina”. Se despiden de este modo jactancioso: “Atentamente. Grupo Z, el cártel fuerte a nivel nacional. El único cártel no informante de los gringos. Lealtad, honor, Grupo Z, siempre leales”. (He puesto la puntuación para hacer algo más comprensible ese mazacote sintético). Lo que parecen querer decir es muy simple: “Asesinamos a esos 26 solo para demostrar que podemos hacerlo”. No tenían inquina alguna contra sus víctimas. Los aniquilaron solamente para que el enemigo supiera que estaban en condiciones de acabar con cualquiera que pretendiera disputarles el monopolio que se habían ganado a punta de dinero y balazos.

¿Significa esto que México seguirá hundiéndose en la barbarie de manera irreversible?

Nada de eso. Yo llegué a la ciudad de Guadalajara dos días después de aquella matanza, permanecí cuatro días en la ciudad y no vi ni un solo muerto ni una sola escena de violencia. Más bien, mañana, tarde y noche estuve rodeado de libros y de gentes cultas, apasionadas por el arte, las ideas, la música, la poesía, las novelas, hombres y mujeres que acudían en masa a escuchar presentaciones de novedades literarias, diálogos y debates de escritores, filósofos, politólogos, críticos y masas de personas que salían de los interminables pabellones de la Feria con enormes bolsas llenas de los libros que acaban de comprar. Tuve un diálogo público con Herta Muller sobre la vocación literaria y creo que ninguno de los dos vio jamás un público tan atento y numeroso, unos 1.800 espectadores. Cualquiera que hubiera vivido solo esa experiencia hubiera concluido que México está muy lejos de la barbarie y es uno de los países más civilizados, libres y cultos del planeta.

En verdad, México, como el resto de América Latina y buena parte del mundo, es ahora las dos cosas a la vez. Si, antaño, parecía que la civilización y la barbarie tenían bien definidas sus demarcaciones y eran antagónicas, hoy descubrimos que aquella era una más de las muchas ilusiones que fabricamos para no sentirnos demasiado inseguros en el mundo en que vivimos. Gracias al fanatismo religioso y político y su símbolo -el terrorista suicida- y a la criminalidad que la industria de la droga genera por doquier, además de factores como las enormes desigualdades económicas, el desplome de los valores espirituales y religiosos y el generalizado desapego a la ley, la barbarie es hoy un ingrediente esencial de la civilización, una de sus expresiones. No es una casualidad que en Noruega, que parecía un pequeño paraíso, el salvador de la humanidad Anders Behring Breivik se cargara el 22 de julio pasado a 77 inocentes, solo para mandar un mensaje al adversario, como hacen los zetas mexicanos.

Cuando recuerda que el Holocausto fue obra de un país que era el mismo de Goethe, Beethoven, Rilke y Thomas Mann, George Steiner saca la siguiente lección: “Las humanidades no humanizan”. Tal vez tenga razón, tal vez sea cierto que la cultura no nos defiende contra el instinto tanático de destrucción y muerte que se disputa en nuestro ser con el Eros constructivo, solidario y vital.

Pero, acaso, la cercanía del peligro y del horror sea un poderoso aliciente para el quehacer cultural, lo impregne de una atracción hechicera y de una fuerza mágica a la que inconscientemente acudimos en pos de consuelo, ayuda, seguridad, cuando el suelo parece estar cediendo bajo nuestros pies. ¿Es esa la explicación de la extraordinaria concurrencia de jóvenes que, procedentes de todas las provincias de México, acuden a la Feria del Libro de Guadalajara? Las tres o cuatro veces que he estado allí siempre me llamó la atención esa presencia sobresaliente de chicos y chicas. Y este año ella ha sido infinitamente más numerosa que las anteriores, añadida de un gran número de niños que poblaban los pabellones de literatura infantil. Esos millares de muchachos y muchachas circulando por todos los rincones de la Feria, haciendo largas colas para asistir a los actos programados, hojeando los libros de las estanterías o leyendo tumbados por los suelos o apretujados en los cafés y salas de descanso, parecían inmunizados contra los peligros que erizan las calles de México, fuera del alcance de esos pistoleros semianalfabetos, armados de las armas más modernas de la industria bélica, que levantan a los indefensos transeúntes y los matan solo para que sus competidores sepan lo feroces y mortíferos que son.

La Feria del Libro de Guadalajara comenzó hace un cuarto de siglo sin muchas ínfulas pero ha ido creciendo de manera sistemática, sin pausa, y es ahora un encuentro internacional al que acuden editores, agentes, libreros, escritores y lectores de todos los países del globo. Su notable éxito se debe a que ha sabido combinar el aspecto industrial y comercial con el cultural, de mercado que es al mismo tiempo un semillero de actividades creativas en la que participan intelectuales y escritores de todas las culturas del globo. Ahora no solo existe en el Estado de Jalisco. Desde el año pasado se celebra también en Los Ángeles y esta es, creo, la única feria en Estados Unidos dedicada exclusivamente al libro en español.

Se trata de un espectáculo hermoso y gratificante, sin duda. Y, también, de un homenaje a esos 26 pobres diablos sacrificados de manera inmisericorde por las guerras cainitas del narcotráfico. Porque no hay nada más lejano de la muerte, la crueldad y la brutalidad que el amor por los libros.

Last Friday night, a married couple entering their home in the town of Hatillo, Puerto Rico, was startled by two armed burglars. The husband was fatally shot, becoming the 1,000th murder victim of 2011. This was Puerto Rico’s highest annual homicide toll — until the record was surpassed the next day.

On average, someone is murdered every 7 1/2 hours in Puerto Rico, a U.S. territory populated by 3.7 million American citizens. At least half of these murders involve drug trafficking organizations, whose growing presence has bred a culture of violence that emboldens criminals and threatens the lives of innocent people. The homicide and unemployment rates in Puerto Rico are higher than those of any U.S. state.

Much has been said about the Mexican drug wars that have left 40,000 dead since 2006. Yet proportionally, the level of violence in Puerto Rico is higher than in Mexico. Last year there were 26 homicides for every 100,000 Puerto Ricans vs. 18 for every 100,000 Mexicans, according to the U.N. Office on Drugs and Crime. Puerto Rican police are clearly overwhelmed.

One would think the federal government would see its obligation to intervene. Controlling the flow of drugs, dirty money and illegal weapons is a national priority. Yet Washington has been slow to react.

Violent crime was not always a concern in Puerto Rico. Throughout the 1970s, safety in the San Juan metropolitan area was comparable to that in similar-size cities in the continental United States. This changed in the 1980s, when Colombian cartels flooded the island with drugs. Criminal activity, no longer confined to drug hot spots, quickly spread throughout the San Juan metro area.

In time, a fragile truce was brokered. Walls went up around neighborhoods, not just the affluent ones, and security guards were hired. Puerto Rican governors periodically activated the National Guard to back up police on drug raids. It was a shocking display of force, but residents got used to it.

The recent outburst of violence, however, is more intense. It has been fueled by the recession and, indirectly, by Mexico’s aggressive drug interdiction campaign.

The recession devastated the Puerto Rican economy. From 2006 to 2010, gross national product and employment there contracted at a rate three times higher than that of the United States overall, according to the Center for the New Economy. This economic downturn coincided with crackdowns on drug cartels by the Mexican and U.S. governments, which caused some drug traffic to shift to Caribbean routes. Puerto Rico’s unimpeded access to the mainland made it an ideal entry point to the U.S. drug market. The Drug Enforcement Administration has reported a marked increase in drug seizures in the past two or three years. When drug traffic increased during this period, plenty of impoverished young men were willing to move it along for an easy buck.

Puerto Rico’s police force has approximately 17,000 officers — making it the second-largest U.S. force — but is still ill-equipped to combat this crisis. In a September report, the Justice Department accused the police department of constitutional violations, corruption and statistical manipulations.

For more than a year, the Puerto Rican government has sought help from the Justice and Homeland Security departments. Attracting and retaining federal agents in Puerto Rico is difficult. The local offices of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives; the DEA; and U.S. Immigration and Customs Enforcement are severely understaffed. Puerto Rican officials have also complained that the Coast Guard and U.S. Customs and Border Protection lack equipment to intercept drug shipments.

Since 2008, Puerto Rico has received about $260 million in direct federal support for crime prevention and forensic science, judicial systems, police and corrections, crime victims and rehabilitation of substance abusers. During the same period, Washington has allocated $1.6 billion for the Merida Initiative, a U.S.-Mexico partnership to combat drug production and traffic in the region.

The U.S. response to the Mexican drug war is appropriate. Mexican drug smuggling and spillover violence are a national security threat. Puerto Rico deserves an equivalent response. It is the main drug pipeline in the Caribbean, and the safety of almost 4 million Americans is threatened by the presence of drug organizations.

Drug violence has spilled over the U.S. border — just not the border most Americans think of. If drug cartels set up shop along our southern border states and their murder rates increased fivefold, to the level found in Puerto Rico, the federal response would be immediate. As American citizens, Puerto Ricans deserve the same reaction.

“Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar ni con las aguas de un río”. Y así se fue cantando Facundo Cabral, el amigo de todos los que sueñan con un mundo de amor invulnerable a esa violencia multiforme que pudre nuestras vidas. Lo mataron los violentos porque no soportaban escuchar palabras de paz y ternura desde las sombras atroces en donde merodean alimañas que alguna vez fueron humanos. Matar y descuartizar como forma de no ser. Desangrar un corazón que latía por todos. Reflejar la monstruosidad de su existencia. Negar la vida mediante el culto a la muerte. Sin cálculo ni propósito aunque la demencia asesina se disfrace de estrategia de negocio y siga consignas de poderes ignotos.

Dícese que fue un error de los sicarios zetas, la banda mexicana que aterroriza Guatemala en alianza con ex comandos del ejército guatemalteco, como los zetas lo fueron del mexicano. Según informaciones difundidas con sospechosa celeridad, el objetivo era el empresario nicaragüense Fariñas, organizador de los conciertos de Cabral, a quien conducía al aeropuerto en su coche. Tal vez. Aunque parece extraño tratándose de profesionales que Fariñas sobreviviera y Cabral no. Para Rigoberta Menchú, Cabral murió por sus ideales, fueron a por él. Fariñas vive en Guatemala y podían haberlo liquidado con menos publicidad. A menos de que se buscara la repercusión social del asesinato. Silenciar a periodistas, intelectuales, poetas, cantores, líderes morales capaces de dar fuerza a las personas para que desde esa fuerza sean capaces de resistir, de perder el miedo. Porque si la sociedad pierde el miedo, los violentos están perdidos.

Aún podrán matar a muchos pero, poco a poco, la ciudadanía, con su constante presión sobre gobiernos corruptos e ineficaces, con su vigilancia y denuncia, con su condena moral y su desprecio personal irá introduciendo anticuerpos de paz en esa guerra sórdida que se expande por el mundo, no sólo en México o América Central. Superar el miedo se consigue juntándose con otros en torno a la comunidad de sentirnos seres humanos. Y esa comunidad se alimenta de la otra emoción básica de nuestra especie: el amor, el amor que damos y recibimos en todas sus formas, el amor de donde nacen tanto el sentido espiritual de la vida como la alegría de vivir por estar con quienes queremos y nos quieren. La violencia, ya sea la barbarie de los sicarios o la paliza a la pareja en la soledad del hogar, es lo contrario de la convivencia sobre la que se funda la vida. Por eso construir la convivencia ha sido la dimensión decisiva de nuestra historia. De ahí vienen contratos sociales, compromisos éticos e instituciones democráticas. Y de ahí también que cada ordeno y mando, cada amenaza de recurrir al monopolio de la violencia en el que se funda todo Estado, sin atender razones o diálogos, remite a lo peor de nosotros.

La violencia que asuela muchos lugares de América Latina (pero también de Áfricay de Asia y de Estados Unidos (¿recuerda Colombine?) o de Europa (las masacres en Bosnia aún están calientes) tiene raíces concretas, propias de cada sociedad, pero se manifiesta también en las redes globales de la economía criminal, en el fanatismo terrorista o en las dictaduras a sangre y fuego.

El horror llega a su cúspide en ese aquelarre sangriento desatado por los cárteles mexicanos tras la incompetente ofensiva de Calderón. Pero la violencia insensata tiene su propia dinámica que va más allá de lo instrumental. No es sólo para vencer al otro. Ni siquiera para aterrorizar y prevenir cualquier resistencia. Hay una deriva propia del hecho violento que transforma a sus perpetradores. Probar sangre humana droga a quien lo hace. Según los estudios y reportajes realizados sobre los sicarios, una vez están en esa vida nada es comparable como fuente de excitación. El sentimiento de poder total, la simplicidad extrema del patrón de conducta (matar o ser matado), la pulsión sádico-sexual de torturar los cuerpos y transgredir cualquier moral, el construir un universo en el que no hay otras normas que las que se derivan de la propia comunidad de desalmados que renunciaron a su especie. Por eso no hay salida para los sicarios, porque ya nunca podrán ser otra cosa que sicarios, incluso cuando se reciclan como infiltrados al servicio de la policía. Y por eso les es intolerable cualquier palabra que les recuerde lo que fueron cuando aún podían amar y ser amados. Por eso el amor es lo más subversivo porque las instituciones de la sociedad están construidas sobre el miedo como realidad concreta y el amor como sueño inalcanzable. Porque si la gente pudiera amar seria autónoma con respecto a todas las formas de dominación.

Eso cantaba Facundo Cabral, de eso hablaba, del amor en todas sus formas. Y proponía empuñar las guitarras y dejar las pistolas, para sentir y volver a sentir. Que su asesinato fuera el objetivo primario o el secundario no es lo que realmente importa, aunque sea esencial esclarecerlo y castigar a los culpables (pero ¿cuáles?, ¿dónde? ¿Al Cachetes en la cárcel de Guatemala? ¿A los capos de los zetas? ¿A sus protectores policiales en Guatemala y México?). Lo significativo es que el mundo entero, empezando por las gentes sencillas de América Latina, han tomado la muerte de Cabral como un intento de silenciar una canción de amor y paz. Y han dicho no. La llamada del amor será más fuerte.

Y así llegaremos a la paz, en nosotros, entre nosotros y con los otros. Facundo Cabral se acababa de casar, a sus 74 años, con la psicóloga marplatense Silvia Pousa, su amor desde hacía 15 años. Y volvía a Argentina para vivir ese amor porque el “no era de aquí, ni era de allá, no tenía edad ni porvenir y ser feliz era su color de identidad”. Murió en el amor y por el amor y nos dejó el amor como único antídoto contra la violencia.

El presidente mexicano Felipe Calderón finalmente logró lo que quería: la renuncia del embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual. Mató al mensajero por incomodar al presidente al criticar la “guerra contra las drogas“ que él desató cuatro años atrás. Las críticas -contenidas en cables secretos, difundidos por Wikileaks- también molestaron al Ejército. El embajador dijo que las fuerzas armadas no suelen actuar con la eficacia o la rapidez necesarias y demuestran una gran aversion al riesgo. También denunció que las agencias de seguridad emplean más tiempo compitiendo entre ellas que confrontando al crimen organizado. Pascual perdió su trabajo por hacerlo bien, por decir la verdad que el presidente no quiere encarar y su gobierno preferiría que no fuera cierta.

Pero la verdad recalcitrante que el diplomático reveló se asoma día tras día a pesar del número de capos arrestados, y la cantidad de armas y cocaína confiscada. México no está ganando la guerra contra el narcotráfico y el crímen organizado. La renuncia obligada del embajador estadounidense no puede ocultar los 34,000 muertos, el ascenso en la adicciones, la escalada de las ejecuciones, el incremento de los secuestros, la intransigencia de la impunidad.

La narrativa oficial es que la violencia es una consecuencia inevitable. Pero otros países han logrado prevenir que bandas de narcotraficantes desaten su furia sobre la población civil. Y, mientras a los mexicanos se les dice que la violencia se trata tan solo de capos destazándose entre sí, en realidad las ejecuciones rebasan el mundo del narcotráfico, Y se les exhorta a denunciar a los malosos, cuando 98.5 por ciento de los crímenes en el país jamás son resueltos. Una encuesta reciente demuestra que 59 por ciento de la población cree que el gobierno está perdiendo la guerra que emprendió, mientras solo 23 por ciento apoya la ruta actual.

Como advierte Sun Tzu en El Arte de la Guerra, toda guerra entraña la decepción y vaya que México es víctima de ella. El gobierno mexicano no ha sido honesto con la población del país sobre la enormidad de los retos que enfrenta. Los errores contraproducentes que ha cometido.  El tipo de ayuda estadounidense que ha solicitado. El grado de colaboración que ha exigido. El número de agentes norteamericanos que ha permitido. Y de allí las contradicciones, las evasiones, las incongruencias que demuestran los miembros del equipo de Felipe Calderón. Todos demandan que Estados Unidos asigne más recursos, más atención, más importancia a la guerra de Felipe Calderón, pero reculan cuando esa ayuda se hace pública.

En semanas recientes, el gobierno mexicano no ha sido capaz de explicar por qué autorizó vuelos de aviones espías no tripulados sobre su territorio para tareas de inteligencia.

Y al mismo tiempo que Calderón insiste en que Estados Unidos asuma sus responsabilidades bilaterales, demanda que le sea entregada la cabeza del embajador por revelar las fallas de la guerra que promovió.

La postura contradictoria de Calderón está enraizada en los hábitos reflexivos de una clase política entrenada para ganar puntos politicos pateando a los Estados Unidos. El president(E) mexicano, también ha buscado refugio bajo el paraguas del patriotismo, entre los pliegues de la bandera nacional, y detrás de las diatribas pronunciadas en nombre de la soberanía.   Acusa a Estados Unidos de intromisión, después de que ha sido asiduamente pedida por su propio gobierno. Critica a Estados Unidos de intervención, después de que ha sido solicitada. Acusa a Carlos Pascual de ser “Proconsul”, después de que las autoridades mexicanas – por incompetencia o irresponsabilidad – le han asignado ese papel. Destaza al embajador Pascual por su “ignorancia”, después de que envía cables que contienen diagnósticos acertados. Duros de leer pero difíciles de contradecir.

Más que matar al mensajero, Felipe Calderón debería reflexionar sobre los mensajes que envió. Contienen todo aquello que debería llevarlo a repensar la guerra y los términos en los cuales la está librando. A rectificar la  estrategia que hasta el momento ha aumentado la violencia sin disminuir el narcotráfico. A replantear la relación con Estados Unidos sobre bases más honestas, consigo mismo y con sus compatriotas. A redefinir el “éxito” de su ofensiva para que la prioridad sea la reducción de las ejecuciones. Porque si no hace eso, poco importará si Calderón consiguió la cabeza de Carlos Pascual, si obtuvo aplausos cortoplacistas, si impuso su voluntad.

Mañana, cuando el “gringo feo haya empacado sus maletas, Ciudad Júarez seguirá siendo la ciudad más insegura del mundo. La tasa de homicidios seguirá creciendo de manera alarmante. Las instituciones de seguridad pública seguirán siendo incapaces de prevenir, detectar, investigar o sancionar la gran mayoría de los hechos violentos que atemorizan al país. El gobierno mexicano seguirá pidiendo la ayuda del gobierno estadounidense de manera surrepticia, y negándolo cuando salga a la luz.

El mensaje es claro: si los mexicanos no acabamos con esta guerra – tan mal concebida, tan mal librada, tan mal explicada – acabará con nosostros. Y no se necesita leer los cables de Carlos Pascual para entenderlo.

Varias y poderosas organizaciones criminales están enraizadas en extensas áreas de Italia y mantienen una agresiva y vasta vocación económica. Los valores absolutos de la economía sumergida y de la evasión fiscal alcanzan ya niveles no muy distantes de los de la economía regular. Se trata de una combinación muy peligrosa para Italia y para Europa, y una poderosa razón para emprender una imprescindible defensa común.

La criminalidad organizada italiana sigue dando muestras de una dúctil capacidad para expandir sus actividades económicas. No pierde ocasión de adquirir empresas sanas, incluso en territorios y sectores nada tradicionales. Y lo hace con mayor facilidad en fases de crisis económica como esta, dado que a las empresas honradas les cuesta mucho resistir la fuerza económica de unos competidores agresivos, sustentados en el desprecio de las reglas. A pesar del esfuerzo de instituciones y organismos públicos, la moderna criminalidad organizada es hoy un pujante actor empresarial. Las formas históricas del crimen organizado se ven protegidas además por una tenaz y difusa opinión, muy mediterránea, que no considera la evasión fiscal dañina para el Estado, sino un mecanismo de defensa del individuo. Ese individualismo fiscal impide reconocer a las empresas criminales y oponerse eficazmente a ellas, facilitando su expansión.

La lucha contra el lavado de dinero negro y la financiación del terrorismo internacional impone serias acciones globales, concertadas y a nivel supranacional, con normativas nacionales homogéneas e intercambios efectivos de información, para evitar que triunfen quienes saben aprovecharse con astucia de los límites y diferencias de los distintos sistemas estatales.

Cuanto más capaces sean los sistemas financieros de ofrecer servicios rápidos, inmateriales y despersonalizados, con más facilidad se crea un intersticio para operaciones opacas. Y más posibilidades operativas se abren también para el crimen organizado, que se beneficia de su conocimiento profesional de los sistemas previstos para oponerse a él.

Algunos de los instrumentos clásicos de esta acción expansiva del crimen organizado merecen particular atención. Es el caso de la potente disponibilidad de dinero líquido, a menudo relacionada con toda clase de tráficos infames (prostitución, estupefacientes, extorsiones, corrupción). A ese respecto, la acción investigativa debe constatar con frecuencia su ineficacia, a causa precisamente del afable prejuicio que considera la evasión fiscal un fenómeno ineludible, natural y no del todo malo. “Intuiciones” que inducen a justificar enormes masas de dinero en efectivo como lógicas y “comprensibles”, dado lo elevado de la presión fiscal. En esa amplia zona de penumbra todo queda confuso. De ese modo, despistados por interpretaciones indulgentes (y a menudo interesadas) respecto al fraude fiscal por parte de intermediarios financieros y profesionales, llamados, sin embargo, a tareas de colaboración activa con los organismos estatales, los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo corren el riesgo de no entrar en funcionamiento.

Según datos del Banco Central Europeo, los billetes de 500 euros constituyen actualmente, en valor, la más amplia cuota de papel moneda en circulación. En abril de 2009, a pesar de su escaso empleo en las transacciones ordinarias, los billetes de 500 euros representaban, en valor, el 36% de los billetes, seguidos por los de 50 euros (31%) y por los de 100 euros (18%). Un dato que fue incrementándose desde finales de 2002, cuando los billetes de 500 euros constituían, en valor, el 23% de los billetes en circulación, con un aumento mucho más elevado respecto al incremento en conjunto del papel moneda en circulación.

La difusión de instrumentos de pago alternativo al efectivo o la creciente demanda de euros como instrumento de reserva de valor, especialmente por parte de no residentes en el área del euro (a quienes cabe atribuir aproximadamente un 20% del papel moneda sustentado en el euro), no lo explican todo. De tal anomalía hace tiempo que son conscientes las autoridades monetarias y las instituciones implicadas en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

La utilización de dinero contante ofrece, no sin riesgo, ciertas ventajas. Favorece los pagos en negro e interrumpe el rastro de las transferencias de riqueza, del origen que sean. Un maletín corriente puede contener 10.000 billetes de 500 euros, por un valor de 5 millones de euros, algo inferior al contenido de una caja fuerte normal.

En Europa se han registrado fenómenos clamorosos de concentración a nivel territorial de la demanda de billetes de valor máximo. Las autoridades españolas, a finales de 2006, atribuyeron al blanqueo de dinero negro y a la evasión fiscal, especialmente en el sector inmobiliario y de la construcción, una anómala difusión de billetes de 500 euros. Según ciertas estimaciones, en España se llegó a concentrar aproximadamente un cuarto de la entera producción de billetes de 500 euros del área de la Unión Monetaria.

No es casualidad, por tanto, que exista una tendencia a contener las transacciones en efectivo, así como la misma existencia de billetes de alto valor. Solo en el caso del euro y del franco suizo se contemplan valores superiores al equivalente de 100 euros. El propio Parlamento Europeo ha recomendado contener el número de billetes de 500 euros en circulación.

Con experiencias europeas recientes, por el contrario, se corre el peligro de hacer perder la conciencia de tales riesgos. Entre ellas, el último escudo fiscal italiano, finalizado en abril de 2010. Ante la urgente necesidad de alcanzar un difícil equilibrio en las finanzas públicas, la medida permitió que ingentes cantidades de billetes, de origen opaco, hipotéticamente exportados y acumulados fuera de las fronteras nacionales y depositados en el extranjero a fecha de 31-12-2008, pudieran aflorar con el pago de una tasa “extraordinaria” del 5% o del 6%. Más de 200.000 expedientes han sacado a la luz una actividad por valor de 104.500 millones de euros, que en un 97,6% (102.050 millones) atañen a operaciones de repatriación de capitales.

Ciñéndonos a esta última modalidad, la repatriación “jurídica” (por un valor de 51.500 millones) ha supuesto numerosos encargos de custodia, depósito, administración o gestión de la actividad financiera a intermediarios fiduciarios italianos, sin necesidad (a diferencia de la repatriación física) de proceder a su traslado material al territorio del Estado. Y ello no solo en el caso de inmuebles (obviamente imposibilitados de traslado físico), sino también para recursos financieros (depósitos bancarios y efectivo), incluso cuando estaban ubicados en países fiscalmente poco colaboradores. Precisamente en esos países se localizaron cerca de 40.000 millones de euros.

De lo que no cabe duda es de que el principio comunitario de prohibición de restricciones para la libertad de circulación de capitales entre los países miembros y terceros países ha de ser atemperado con los artículos 57 y 58 del Tratado CE. Pero resulta llamativa la confianza depositada en la responsabilidad de las empresas fiduciarias, interlocutoras exclusivas de las autoridades obligadas al control de capitales y de no fácil desautorización.

Estas empresas fiduciarias italianas se han convertido en titulares de cuentas bancarias accesibles solo tras la apertura del escudo, alimentadas con dinero contante por un valor de 4.000 millones de euros, depositados en países poco colaboradores. La circunstancia sospechosa es que anteriormente ese dinero en efectivo estaría guardado con toda verosimilitud bajo los colchones de prudentes ahorradores o en cajas de caudales de discretos custodios. Sin embargo, la carencia de intercambio de información plantea insuperables dificultades para realizar verificaciones administrativas acerca de la subsistencia real y del origen de tales sumas. Dato preocupante, porque en la lucha global europea contra el blanqueo y el terrorismo internacional la funcionalidad del sistema administrativo de cada país es condición indispensable para la eficacia de medidas jurídicas por parte de los demás países.

Gran parte de tal funcionalidad, si no toda, se ha confiado a un íntimo sentimiento de responsabilidad de las empresas fiduciarias. Pero lo cierto es que de más de 200.000 expedientes, hasta septiembre de 2010 en la Unidad Antiblanqueo del Banco de Italia (UIF) solo se habían recibido 484 indicaciones de operaciones sospechosas. ¿No se estará incurriendo en un exceso de confianza?

Según el diario Milenio de la Ciudad de México, el 4 de febrero fue el día más violento del sexenio del presidente Felipe Calderón: fallecieron 63 mexicanos en incidentes vinculados a la guerra del narco. Durante todo el mes de enero, las ejecuciones de unos y otros por unos y otros sumaron 920, comparado con 860 en enero de 2010, 463 en 2009, 250 en 2008, y 232 en 2007, recién llegado Calderón al poder. No obstante, el 6 de febrero el propio Calderón recibió una buena noticia -una más- en materia política: su partido conquistó el Gobierno del pequeño Estado de Baja California Sur, contribuyendo a la quinta derrota del PRI en las elecciones estatales de los últimos meses: Puebla, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, la propia Baja California, y para todos fines prácticos también en el central Estado de Hidalgo.

Estas dos tendencias contradictorias -la violencia que sigue creciendo, y las elecciones que el PRI sigue perdiendo- definen el perplejo momento que vive México al iniciarse la sucesión presidencial de 2012.

Abundan las explicaciones, tanto casuísticas como tendenciales, de la retahíla de reveses que ha sufrido el PRI en las elecciones citadas, algunas hasta cómicas: por ejemplo, no es derrota si se pierde en un Estado que no se gobernaba. Es decir, si el PP pierde las próximas elecciones legislativas en España, no será una derrota porque no está en el Gobierno. Es cierto que las razones del fracaso priísta en Oaxaca no son las mismas que en Sinaloa, que a su vez son distintas a las de Guerrero, que se diferenciaron de la debacle de Baja California Sur. Y también es obvio que no es lo mismo esta última entidad, la menos poblada del país, que el Estado de México, el más poblado y cuya elección será en julio y crucial para la contienda presidencial del año entrante. Pero a reserva de que los especialistas descubran comportamientos electorales por ahora invisibles, podemos desde ahora aventurar una primera explicación: la gente en México no quiere votar por el PRI. En los comicios que restan este año -Nayarit, Estado de México, Coahuila y Michoacán- es probable que pierda dos más, gane uno holgadamente, y la moneda está en el aire en el reino mexiquense de Enrique Peña Nieto, hoy día el candidato puntero del PRI -y de todos- en la contienda presidencial.

No es imposible que exista un estigma priísta imborrable: cualquiera que sea el candidato -bueno o malo, joven o viejo, honesto o corrupto, inteligente o tonto- el emblema del PRI mata su personalidad o lo hunde. Quienes pronostican un tsunami priísta el año entrante deberán de conseguirse unos buenos binoculares para divisarlo a lo lejos en las aguas del Pacífico. No se ha acercado a costas mexicanas.

De existir ese estigma, se confirmaría la validez de la estrategia diseñada desde 1999 para lograr la alternancia en el país y derrotar al PRI en condiciones sumamente adversas, por lo menos en esa época, y todavía ahora en muchos Estados. Consiste en convertir cada elección en un referéndum sobre la permanencia o regreso del PRI al poder, y obligar a los electores a definirse sobre este tema central, y no otro: ni quién es el mejor candidato, o cómo han gobernado las organizaciones políticas alternativas, ni cuál es la situación económica y social de la entidad o del país, etcétera. La premisa de la campaña de Vicente Fox hace 12 años fue que los mexicanos estaban hartos del PRI, y que si se le imponía al electorado una opción simple -seguir con el PRI o echarlo- se ganaría la elección, sin importar en exceso el panorama nacional, la combinación de virtudes y defectos del candidato, el talento o la mediocridad de su equipo, la estatura y habilidad del adversario.

La estrategia ha funcionado maravillosamente para ganar elecciones, pero no para gobernar. Como Héctor Aguilar Camín y yo hemos dicho en nuestro libro anterior Un futuro para México y ahora en el recién publicado Regreso al futuro, no sirve para transformar y construir un México próspero, equitativo y democrático. Pero esa es harina de otro costal.

Si el PRI y el PAN encuentran una solución de alianza en el Estado de México -y hay una muy buena, la exsecretaria panista de Desarrollo Social y de Educación, Josefina Vázquez Mota- pueden empezar a descarrilar el AVE de Peña Nieto, en pleno ascenso hacia el palacio presidencial de Los Pinos. Y si el PAN logra construir una candidatura ciudadana a la presidencia -interna o externa al partido- para 2012, puede repetir en el poder. Las elecciones realmente existentes, como se hubiera dicho hace algunos años, muestran que la restauración en México es, por lo menos, incierta.

Y lo es a pesar de, y a la vez gracias a, la sangrienta y fútil guerra de Calderón contra el llamado crimen organizado. Me explico. Por un lado, en materia de violencia, inseguridad y miedo, el país hoy está peor que en cualquier momento de los últimos 20 años. Por el otro, sin embargo, la culpa de todo ello puede achacársele a los Gobiernos federales anteriores, y a los Gobiernos estatales actuales. Y la gran mayoría de ambos son… del PRI.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), recopiladas por Fernando Escalante en la revista Nexos de diciembre, en 2007 tuvieron lugar en México 8.507 homicidios dolosos totales, no exclusivamente vinculados al narco, equivalentes a 8,2 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra fue ligeramente superior a la de 2006, y la más baja en 20 años.

La tendencia desde 1992 había sido claramente descendente. Pero a partir de 2008 se disparó: 14.009 en 2008 y 19.809 en 2009, arrojando un promedio para ese año de 15,8 por 100.000 habitantes. Aún no están disponibles las cifras para 2010, pero gracias a los cálculos de Kevin Casas-Zamora, de Brookings Institution en Washington, disponemos de una estimación. Desde 2007, la relación entre homicidios vinculados al narco y homicidios dolosos en total en México ha sido de dos a uno; el Gobierno mexicano ha proporcionado cifras de homicidios vinculados al narco para 2010 -15.273- y usando la misma relación de dos a uno, a ojo de buen cubero el número total de homicidios dolosos en México en 2010 alcanzó entre 28.000 y 29.000 por lo menos. Partiendo de una población de 112 millones de habitantes, desembocamos en una proporción de homicidios dolosos por 100.000 habitantes de 27. Es decir, una cifra superior a cualquier que hayamos visto desde 1992, y muy parecida a las de otros países de América Latina. Brasil en particular se sitúa en 25, Colombia en 32. México hoy es un país mucho más violento que antes, y casi tan violento como varios países grandes de América Latina, aunque obviamente no alcanza todavía los niveles de Centroamérica (con la excepción de Costa Rica) o de Venezuela.

Como es lógico, entonces, la población no solo no percibe una mejoría en la seguridad en México; siente que la violencia relacionada con el crimen organizado se ha acelerado. El 95% de los habitantes considera que las condiciones de seguridad existentes son iguales o peores que hace 12 meses, según el INEGI. De acuerdo con su Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP), en enero del año pasado, 92% de la población pensó que la violencia fue igual o peor a la de un año antes. Respecto al futuro, 85% de la población aseguró que las condiciones no se modificarán o empeorarán.

Los mexicanos obviamente no se tragan la historia del Gobierno calderonista de que todo esto es culpa de los narcos, pero tampoco responsabilizan a las autoridades. Esta aparente contradicción le abre una ventana a Calderón: ligar al PRI con el narco, la corrupción y el crimen organizado, y preguntarle al electorado si quiere que vuelvan a Los Pinos los que crearon, según el presidente, el desastre actual. Con dos o tres encarcelamientos -fundados o no, en México da más o menos lo mismo- de gobernadores priístas en funciones o en retiro, y con la amenaza a los votantes que solo un sucesor designado por Calderón puede ganar la guerra, no es inconcebible la victoria electoral panista. Quién sabe qué quede del país, pero ya en campaña, esa no suele ser la primera preocupación de los políticos.

El crimen organizado ha sido golpeado como nunca en la historia de México, sin embargo, algunos piensan que enfrentar a estos criminales es “alborotar un avispero”. Consideran que sería más efectivo negociar con los delincuentes, o creen posible una estrategia sin sacrificios. Esto, para lidiar con criminales que poseen miles de millones de dólares, territorios, cultura propia, miles de bandidos armados y una extensa base social resultado de la intimidación y el dinero. Como me dijo una vez el obispo mártir salvadoreño, monseñor Romero, refiriéndose a esfuerzos inevitables: “No se puede limpiar una cloaca sin tener que soportar el mal olor”.

Se dice que sería mejor legalizar las drogas, pero, si no fue posible legalizar la marihuana en California, el Estado más hippy del mundo, pretender consensos para legalizar todas las drogas en todo el mundo es por ahora utópico, aunque sea deseable. Es menos difícil reducir el poder de los criminales, fortalecer las instituciones y combatir la complicidad social con el delito. Negocios ilícitos van a seguir existiendo. Si no se puede acabar con el virus, hay que fortalecer las defensas.

Durante años México fue un país seguro con policías corruptas, eran parte del folclor. La seguridad descansaba en el control social del viejo régimen político. El crimen organizado era un problema local, estático y de poca monta que administraban las policías; ahora el crimen organizado es un problema global, expansivo y de grandes proporciones. Hace 10 años no existía crimen organizado en Guatemala, ahora domina ese país. La ruta de la droga hacia Estados Unidos cambió del Caribe hacia Centroamérica y México. En Estados Unidos se levantó la prohibición a la venta de armas automáticas. Los carteles mexicanos pudieron así enriquecerse, armarse y comprarse a las policías locales. Como un anuncio de la violencia que venía, los policías comenzaron a aparecer sistemáticamente involucrados en secuestros y asaltos. Los zetas, militares pertenecientes a la unidad de combate al narcotráfico, terminaron convertidos en un cartel. Los 35.000 muertos son proporcionales al vacío de autoridad provocado por 20.000 policías depurados por corrupción. Recuperar instituciones de seguridad en manos de delincuentes no es igual que despedir burócratas, estos matan para defender su posición.

Hay crimen organizado cuando el Estado es cooptado por delincuentes y esto ocurre al convivir con criminales que terminan de patrones de policías y militares. Colombia convivió con “paramilitares, carteles y narcoguerrillas y terminó en una guerra que ha dejado más de 200.000 muertos. En Guatemala la seguridad privada tiene tres veces más hombres que la policía y el Ejército juntos, y vive bajo un violento régimen feudal de carteles, Estado y ejércitos privados de empresarios. El crimen organizado no es un herpes, es un sida. La pérdida del monopolio de la fuerza por el Estado deriva invariablemente en violencia.

En México, la corrupción resolvía problemas funcionales y distribuía rentas en toda la pirámide social. Mientras en Latinoamérica los sindicalistas eran asesinados, en México se volvieron ricos y poderosos. El Estado derramaba dinero a muchos sectores y cooptar antes que reprimir era la norma. La cultura mexicana habla de esto cuando dice: “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”; “un político pobre, es un pobre político”; “el que no transa no avanza”; “policía que quiere llegar a viejo, debe hacerse el pendejo”, etcétera.

El crimen organizado no era considerado malo, sino inevitable. Ahora se culpa de la violencia a las operaciones de las fuerzas federales y no a la descomposición moral y social precedentes en policías y comunidades. Es la crisis del anterior modelo de “administración del delito” y la pérdida de funcionalidad de los viejos antivalores el problema principal. México necesita cultura de legalidad; requiere más inteligencia y menos viveza; más civismo y menos cinismo; solo así podrá construir una barrera moral entre sociedad y delito. Si ahora transa no avanza. Los colombianos descubrieron quiénes eran los malos cuando la violencia les llegó a todos; antes de eso los traquetos, como llamaban a los narcos, eran personajes muy populares.

Mientras algunos capos son tratados como estrellas mediáticas, no hay en México reconocimiento social a los policías y militares que cumplen su deber, cuando es el respeto de la sociedad lo que los dispone a aceptar sacrificios y les ayuda a que descubran que la honestidad es un valor rentable. En El Salvador y Nicaragua ni las policías, ni los ejércitos han podido ser cooptados por el crimen organizado, a pesar de tener menores salarios que en México. Su doctrina y ética fueron reformadas por las guerras civiles y algo similar ha ocurrido en Colombia, donde ahora se define al policía como “un ciudadano formador de ciudadanos”. El policía abusivo, ignorante y corrupto, termina convertido en delincuente en cualquier país. Para controlar la violencia y mejorar la eficacia es indispensable ahora la reconstrucción y transformación ética de las instituciones de seguridad. Lograr esa reconstrucción es el reto para políticos, académicos, empresarios y toda la sociedad. Ese es el centro del debate, no las propuestas veladas de negociación con delincuentes, o la búsqueda de caminos fáciles para resolver un problema tan difícil.

Americans should feel betrayed by the contents of the Council of Europe’s report on organized crime in mostly Albanian-populated Kosovo, a country that owes its existence to the United States. The report, authored by Swiss prosecutor Dick Marty, includes allegations that Kosovo leaders have committed heinous crimes and allegations that American and European diplomats and U.N. officials in Kosovo overlooked wrongdoing to preserve “political stability.”

Kosovo’s leaders have waged an ugly media campaign to discredit Marty and his findings and have threatened to launch a witch hunt against Albanians who aided the inquiry. Washington’s voice is needed now to stop the incitement in Kosovo and to turn public opinion toward an international criminal investigation and, if necessary, prosecutions.

The report draws upon Albanian eyewitnesses and insiders as well as Western intelligence and police agencies, and not upon the Albanians’ foe, the government of Serbia. The findings speak of the trafficking of drugs and women. They include accounts of the abduction in Kosovo of almost 500 Serbs, Albanians and members of other ethnic groups; the delivery of these kidnapping victims to secret camps in Albania; and the murder of almost all of those abducted, including some whose internal organs were allegedly sold for profit. The report alleges that these killings occurred from mid-1999 to mid-2000, after NATO’s bombing campaign drove Serbia’s forces from Kosovo. The report names Prime Minister Hashim Thaci, who has for years been America’s golden boy in Kosovo, and a number of Thaci’s former comrades in the Kosovo Liberation Army (KLA), an amalgam of local insurgencies that rose against Serbia.

Washington knew of the kidnappings weeks after NATO occupied Kosovo in June 1999. U.S. diplomats quickly responded to Serb appeals for help by demanding that KLA commanders halt the kidnappings. The abductions tapered off. But nothing was heard of the victims. Afterward, political stability became the top priority in Kosovo for the United States and the United Nations, which refrained from launching criminal inquiries into the kidnappings. According to Albanian and U.S. sources, during the spring of 2008 – after a former U.N. war crimes prosecutor, Carla Del Ponte of Switzerland, published a memoir that mentioned these killings and reported credible assertions of organ harvesting – senior U.S. diplomats in Kosovo advised Thaci and other Kosovo leaders to do nothing except wait out the storm. Kosovo’s and Albania’s governments have since issued only blanket denials of wrongdoing.

Marty’s report does not attack Kosovo’s legitimacy. Many, if not most, Albanians know this but are too terrified to say so in public. This is in part because corruption and violence are so prevalent in Kosovo and in part because Thaci and other leaders have condemned the report as an assault on Kosovo’s sovereignty, the Albanian people and the KLA’s legacy. On Christmas Day, Kosovo’s press reported a threat by Thaci to name every Albanian who assisted Marty. In a land where witnesses to crimes are killed to silence them, Thaci’s words could incite attacks on members of minority groups, political opponents, journalists and foreigners.

This danger and the long-term need to foster rule of law in Kosovo and Albania make it incumbent upon the United States to make a forceful public statement and conduct tough closed-door diplomacy. The United States should question every detail of the Council of Europe report and demand a briefing with Marty to discuss the sources he cannot publish for security reasons. If it finds the evidence and sources to be credible, the United States should join the European Union in establishing an entity capable of carrying out a criminal investigation and, if necessary, prosecutions; this entity should be capable of protecting witnesses. Washington should demand that Kosovo and Albania cooperate fully. If they fail to, the United States and its allies should use their leverage to force the resignation from public office of those responsible for the lack of cooperation. Washington should also ensure that Serbia, Russia and other countries do not misuse the Council of Europe report to undermine Kosovo’s legitimacy.

In my country we’ve been learning under extreme duress to live in a different nation from the one we grew up in. Some 30,000 people have died in Mexico in the last four years in a grotesque carnival of shootouts, beheadings and mutilations; the city of Juárez has emerged as a worldwide symbol of lawlessness and horror; tens of thousands of children have been left orphaned and permanently embittered against the state. But what happened in August and unfolded throughout September and the fall was something else.

In the northern state of Tamaulipas, on an abandoned ranch some 100 miles south of the American border, a young Ecuadorean man escaped from beneath a pile of bodies to tell his story. The previous day he had been on a bus with 73 other people traveling north to the United States, most from Central America, a few from Brazil and Ecuador. The bus was hijacked and driven to the abandoned ranch. There, the migrants — young men, for the most part, but quite a few young women as well — were tied up in groups of four and systematically murdered. Only the young Ecuadorean and a Honduran man escaped.

The victims were reported to have been killed — on a whim? for practice? — by members of a particularly bloody group, the Zetas, which got its start as an enforcement gang for a powerful drug trafficker from Tamaulipas. Equipped with an alarming array of smuggled weapons and financed by illegal drug sales, it is now a nationwide organization. Its local franchises trade in drugs, but also in prostitution, pirated CDs and DVDs, gangland movies, child pornography and people-smuggling. As a result, migrants’ passage through Mexico has become an odyssey of horror. The lucky ones are robbed of their last penny. Others are kidnapped and held for ransom from their impoverished families. Mutilations are not uncommon. Rape is routine.

It was Richard Nixon who coined the term “war on drugs” 40 years ago, creating difficulties for policy makers ever since. As opposed to complex social problems, which must be understood and solved, wars must be fought and, if financing is to be renewed, battles must be won. But four decades later, we are still without a victory.

Even worse: where once only a handful of countries were involved in the cultivation and processing of cocaine, marijuana and heroin, now old and new drugs are manufactured on an industrial scale on almost every continent. Where once outlaws used their weapons sparingly and tried not to attract attention, now ferocious mafias are willing to defy the state and buy off the law-enforcement apparatus of an entire country. And where once traffickers mostly killed each other, we in Mexico now have to mourn the death of 72 migrants — and who knows how many thousands of similar victims — who were merely looking for hard work and a better life.

Viktor Bout, the notorious international arms dealer, has been extradited to America to face charges of selling weapons to some of the most nefarious strongmen and terrorist actors of modern times – including Jonas Savimbi, Charles Taylor and Mullah Omar. But while Victor Bout’s arrest in Thailand in 2008 and prospective lifetime incarceration is a win for US law enforcement, his capture is, at best, an anecdotal episode in the much larger narrative of an uncontrolled global gray market involving the trafficking of narcotics, small arms, humans, dual-use nuclear items and all manner of contraband from one corner of the globe to willing consumers in another.

Evidence suggests that a “guards, guns and gates” approach will not suffice to overcome the momentous growth of this shadow trade. Nor is any overhaul and harmonisation of global export controls likely soon. A new strategy is required to prevent future Viktor Bouts from flourishing in the globalised economy of the 21st century. Halting the inexorable corrosion of the legitimate economy, and by extension, our security, may yet prove to be one of the greatest challenges of our era.

Offshore outsourcing, supply chaining and just-in-time delivery conspire today to form the lifeblood of the global economy, together helping to generate the greatest mass exodus from poverty in human history over the last half century. Annually, more than 8bn tones of international seaborne trade and the millions of tonnes of airfreight are transported worldwide. Yet, as the rapid movement of goods around the planet has grown, so too has the trans-shipment of illicit items that threaten the very stability of this trade. In unprecedented numbers, small- and large-scale traffickers exploit legitimate carriers to transport their illegal wares undetected.

In the face of massive growth in international trade, governments’ efforts to stem the tide of contraband have proven at best insufficient, and at worst, grossly ineffective. Warlords and terrorists, for instance, were not Victor Bout’s only clients. In May of 2004, it was revealed that the US government had itself been a client of Bout’s network, using him to ship American military materiel to Baghdad in the wake Operation Iraqi Freedom. The inability of the US government to prevent subcontracting to a known outlaw suggests that traditional law and order approaches to trafficking prevention have hit the buffers.

While enhanced government intervention may be necessary in vulnerable environments, the global transportation infrastructure remains largely in private hands. And in a world economy based upon the rapid and efficient movement of goods, overzealous new regulation would be unwelcome and unproductive. So, it falls on the private sector – whose interests are equally imperiled by illicit trafficking – to take a greater role in tackling these threats.

But for governments, too, recruiting the market itself to squeeze out traffickers like Victor Bout would be an obvious win. And the United States government is one of the largest single clients of the global transportation industry. According to the Pentagon, the US Army alone procures $1.8bn annually in commercial freight services. In addition, it is estimated that the Defense Department also directly influences an additional $4bn in shipping contracts worldwide. In an overall market estimated to be $430bn, the US military alone has huge leverage. Adding the purchasing power of the US federal government and other like-minded governments and the market forces currently slanted in favour of the illicit trafficker could be bent back in favour of those willing to play by the rules.

Such state actors could help the industry to develop a voluntary “shipping code of conduct”, by which enhanced scrutiny of cargo would filter out a great proportion of contraband from the legitimate supply chain. Firms tend to resist such measures because they’re seen as additional “red tape”, slowing down transactions. Committed governments could help reinforce positive behaviour up and down the supply chain by recognising this code and dealing only with “white-listed” companies that choose to abide by it. Ultimately, rogue companies would be forced out of the industry by their buying power.

In an era of diminished government resources to combat transnational threats, the solutions to these challenges must go beyond locking up individual bad guys like Bout – whose market niche has undoubtedly been filled by the next unscrupulous profiteer. Solutions designed by industry, enforced by governments and adopted by responsible businesses everywhere are the logical next step in global counter-trafficking efforts.

J’ai trouvé, en arrivant à la présidence de la République en décembre 2006, une situation d’insécurité croissante en plusieurs points du pays, à laquelle les autorités du moment n’avaient pas apporté de réponse. En outre, les institutions chargées de la sécurité et de la justice, en particulier au niveau des Etats et des municipalités, étaient affaiblies par la cooptation et l’intimidation des organisations criminelles.

De manière focalisée, la violence allait augmentant comme résultat d’une lutte entre les organisations criminelles. Actuellement, neuf homicides sur dix se produisent entre membres de groupes criminels. Il est vrai que les homicides les plus violents ont eu une résonance dans le monde. Cependant, cette violence est fondamentalement la conséquence de la lutte que certains groupes criminels mènent contre d’autres, dans le cadre d’un processus d’instabilité provoqué par la confrontation et la rupture interne, de même que par l’action déterminée du gouvernement fédéral qui les affaiblit et les rend plus vulnérables à l’action de la justice.

Mon gouvernement a décidé de faire face au problème et de ne pas l’éluder. C’est pourquoi nous avons mis en place une stratégie intégrale destinée à mettre un terme à l’action criminelle. La Stratégie nationale de sécurité est constituée de cinq volets.

1. Opérations conjointes de soutien aux autorités locales et aux citoyens.

Pour éliminer la menace du crime organisé et soutenir les instances locales dans la préservation de l’ordre, la présence d’une force supérieure était nécessaire. C’est pourquoi nous avons déployé la police fédérale et les forces armées dans des régions spécifiques du pays en vue de renforcer la présence de l’autorité publique.

Comme jamais auparavant, nous sommes en train d’affaiblir les structures logistiques et financières de la délinquance. Nous avons réussi à effectuer des saisies historiques de drogues, d’armes et d’argent illicite. Ainsi, plus de 84 000 armes ont été saisies en trois ans, soit un nombre supérieur à ce que le gouvernement colombien a saisi aux FARC au cours de la dernière décennie.

En outre, nous avons frappé avec fermeté toutes les organisations criminelles. Rien qu’en 2009, nous avons arrêté 70 lieutenants de tous les cartels. Aucun gouvernement précédent n’avait enregistré un tel succès. Et, au cours des six derniers mois, plusieurs des chefs les plus importants au niveau international ont été arrêtés ou sont morts en cherchant à échapper à leur arrestation. L’argent liquide saisi aux organisations criminelles représente l’équivalent de plus de 345 millions d’euros. Par ailleurs, on a saisi l’équivalent de 46 milliards de doses de drogue.

2. Extension des capacités opérationnelles et technologiques des forces de l’Etat.

Dès l’arrivée au pouvoir de mon gouvernement, nous avons cherché à étendre les capacités techniques et opérationnelles de la police fédérale. Nous avons multiplié le nombre de ses membres et institutionnalisé les examens de contrôle de confiance. Nous disposons aujourd’hui d’une police mieux formée, mieux équipée et mieux rémunérée. En outre, nous avons mis en place la «plate-forme Mexique», grâce à laquelle nous progressons vers le renforcement du Système unique de renseignement criminel, une puissante base de données de renseignement criminelles partagée par les autorités fédérales, étatiques et municipales.

3. Réforme du cadre juridique et institutionnel.

Nous avons lancé un effort sans précédent en vue de moderniser et de redessiner notre cadre juridique. La réforme constitutionnelle du système de justice pénale, qui permettra au Mexique de disposer d’un système de procédures orales, simplifiées et beaucoup plus transparentes, ainsi que d’un régime de protection des droits des victimes, a été adoptée. C’est là un instrument fondamental pour en finir une fois pour toutes avec l’impunité.

4. Une politique active de prévention du délit.

Bien que la composante policière soit indispensable, nous savons qu’il est aussi nécessaire de prendre en charge la composante sociale. C’est pourquoi nous avons aussi fait en sorte de renforcer la confiance citoyenne et de promouvoir la culture de la prévention du délit, de la légalité et de la plainte.

Nous sommes en train de renforcer la sécurité dans les écoles, de reprendre possession des espaces publics qui étaient aux mains des délinquants et d’ouvrir des centres pour la prévention et le traitement des addictions. Dans certains endroits, la composante sociale de la stratégie inclut des politiques actives de promotion de l’emploi, des activités de divertissement et sportives, ainsi que des programmes d’amélioration urbaine et du logement. En matière de santé, plus de 1800 cliniques et hôpitaux ont été construits et rénovés dans le pays. Et, vers 2012, le Mexique parviendra à la couverture maladie universelle, qui offrira à tous les Mexicains un médecin, des médicaments et des traitements.

5. Renforcement de la coopération internationale.

Comme le rapporte l’Organisation des Nations unies, le problème des drogues est un problème qui touche la communauté internationale et qui nécessite par conséquent des stratégies multinationales. L’origine du problème au Mexique, en particulier, découle de notre voisinage avec le principal consommateur mondial de drogues, ainsi que de la facilité avec laquelle les organisations criminelles peuvent acquérir des armes dans ce pays. C’est la raison pour laquelle notre stratégie comprend des mesures de coopération internationale, parmi lesquelles se distingue l’Initiative Mérida, qui marque le début d’une nouvelle étape de coopération avec les Etats-Unis, pays ayant reconnu que la criminalité organisée constitue un problème commun et qu’il est important de lutter de manière coresponsable et conjointe contre le crime organisé transnational.

Nous avons récemment décidé de renforcer et de perfectionner la Stratégie nationale de sécurité en vue de la transformer, au sein de notre système fédéral, en une politique d’Etat susceptible de transcender les périodes de gouvernement et les idéologies partisanes.

A cette fin, au cours des dernières semaines, j’ai établi un dialogue démocratique, pluriel et incluant, à la faveur duquel nous nous sommes réunis avec des organisations de la société civile, patronales et religieuses, avec des experts en la matière, des médias, des forces politiques, les pouvoirs judiciaires aussi bien de la Fédération que des Etats, ainsi qu’avec les gouverneurs, pour entamer un dialogue franc et constructif qui nous permette d’examiner et de consolider une politique d’Etat en matière de sécurité. Ces rencontres ont pour résultat de renforcer l’Etat au moyen de la participation de toutes ses composantes et de l’orienter vers un même objectif: assurer la tranquillité de tous les Mexicains.

Grâce à ces dialogues, nous disposons aujourd’hui d’une vision plus exhaustive du phénomène criminel. Mais, surtout, et c’est peut-être le plus important, une nouvelle attitude commence à se faire jour parmi tous les acteurs impliqués dans cette question. Une attitude de coopération et d’ouverture pour trouver des voies innovantes, une conscience claire de la responsabilité partagée et la certitude qu’ensemble, nous allons vaincre le crime.

Je sais que ce qui se passe au­jourd’hui au Mexique peut donner une impression erronée sur l’ampleur de l’insécurité dans le pays. Néanmoins, ce qui arrive en réalité, c’est que nous mettons de l’ordre là où il n’y en avait pas. De sorte que si vous voyez de la poussière, c’est parce que nous nettoyons la maison.

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Source: Site de la présidence du Mexique, www.presidencia.gob.mx

Visité la Cruz Roja Mexicana en compañía de su presidente, Daniel Goñi Díaz. El hospital ha sido renovado por completo. Con legítimo orgullo, Goñi Díaz me mostró la tecnología en los quirófanos y las pulcras habitaciones. De pronto, llegamos a un pasillo en el que solo había cuartos individuales. ¿Un lujo especial? El presidente de la Cruz Roja es notario. Hasta ese momento, había hablado en el tono de quien menciona cláusulas con las que solo se puede estar de acuerdo. Con voz grave agregó: “Estos cuartos permiten mayor vigilancia”. No se refería a la atención médica, sino a la custodia policiaca: “Aquí atendemos a los criminales; nuestra obligación es darle asistencia a todo mundo”.

Le pregunté cuál había sido su mayor desafío al frente de la Cruz Roja. ¿La epidemia de la Gripe A? “Esa fue una falsa alarma; desde un principio supimos que se exageraba. Mi hijo practica equitación y tenía una competencia en Veracruz, cerca de donde surgió el primer brote. Le dije que fuera. Nuestro mayor reto es otro: mantener a los heridos dentro de las ambulancias. Muchos tienen que ver con el crimen organizado. Nos detienen las ambulancias y ahí los rematan”. El azar objetivo quiso que la Cruz Roja se ubicase en la avenida del Ejército Nacional. Cada vez son más los heridos de guerra que llegan a esa rampa de emergencias.

Muy lejos de ahí, en el municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, se extiende un desierto donde los coyotes escasean tanto como las personas. La cacería y la emigración a Estados Unidos han vaciado el territorio. De tanto en tanto, se avista un caserío. Pasé la Semana Santa en uno de ellos. Un primo mío lucha por arreglar las ruinas de una hacienda. En las noches, el pueblo se sume en un silencio solo rasgado por el aullido de un perro. Esta calma antecedió a la llegada de tres camionetas negras, tripuladas por sicarios. Secuestraron a una muchacha, golpearon a un campesino, asaltaron una gasolinera. Nos encerramos tras un portón y huimos al día siguiente. Las camionetas siguen ahí y mi primo no ha podido regresar.

El desierto mexicano tiene dueños movedizos. En la entrevista que el capo Ismael El Mayo Zambada concedió a Julio Scherer García, dijo: “El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra”. Cuatro veces ha tenido cerca al Ejército, pero ha escapado: “Hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido”. El prófugo dice más de lo que aparenta. Su habilidad para huir es menos significativa que el hecho de que dispone de un territorio enorme. La principal función de las zonas desérticas consiste en ofrecer refugio y opciones de circulación al narcotráfico.

Hace 100 años las cabalgatas de Pancho Villa recorrieron una nación donde el 80% de los habitantes vivía en el campo. Esa proporción se ha invertido. Salvo en las zonas fértiles, el campo es una desolación donde apenas se produce. La propiedad colectiva de la tierra (el ejido) impide la inversión privada. El reparto agrario posterior a la Revolución fue en buena medida una operación demagógica que maquilló las estadísticas y aniquiló las antiguas unidades productivas. La tierra se subdividió en predios inservibles: de peones sometidos, los campesinos pasaron a propietarios inermes. El narcotráfico dispone de un país vacío: tierra de nadie, hinterland, retaguardia. Al mundo no le faltan mexicanos, pero sí al campo. En el desierto todo ocurre por excepción. Las novelas de Daniel Sada muestran que ahí cualquier suceso es decisivo. En tiempos de tecnología y pobreza, los terrenos sin nadie ofrecen refugio local a la ilegalidad globalizada que se planea en computadora.

El cine, la música, la literatura y la pintura se ocuparon obsesivamente de ese territorio hasta los años cincuenta del siglo pasado. Luego, lo rural dejó de estar en el imaginario. Los campesinos se fueron a las ciudades o a Estados Unidos. Eran pocos los que, como Sada, percibían que algo cambiaba en el escondite más grande de América.

De acuerdo con Leonardo Valdés, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, la ausencia de condiciones de seguridad dificulta instalar casillas en al menos el 15% del territorio. Una franja al margen de la soberanía.

Hace cuatro años el presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico. Dependiendo de los conteos, ha habido entre 23.000 y 32.000 muertos. El problema, por supuesto, venía de lejos. Pero la estrategia ha fallado. Estábamos sentados en dinamita y Calderón encendió un cerillo para comprobarlo. “Lo único que hace la guerra contra las drogas es subir el precio de los narcóticos sin reducir significativamente la demanda”, explica Marcelo Bergman, doctor en Sociología Jurídica por la Universidad de California.

Las redes de financiación del narco y la infiltración de altos mandos del Gobierno se mantienen intactas. Por otra parte, el combate parece ser selectivo. De acuerdo con Edgardo Buscaglia, consultor de Naciones Unidas, el 28% de las detenciones ha afectado al cartel de los Beltrán Leyva, principales adversarios del Chapo Guzmán, y solo el 1% ha tocado al más poderoso de los capos (el 71% restante corresponde a los demás carteles). En la escalada de la violencia ha surgido el narcoterrorismo que ataca a la población civil: lanzamiento de granadas en una plaza de Morelia, jóvenes acribillados en una fiesta en Ciudad Juárez, bloqueo de todas las vías de acceso a Monterrey, mensajes en las cuentas de Internet de los usuarios de Mazatlán, Tampico, Cuernavaca y otras localidades.

Mientras el terror se generaliza, importantes políticos son seleccionados como víctimas. Diego Fernández de Cevallos, candidato del PAN a la presidencia en 1994, está secuestrado desde mayo (posiblemente por un grupo guerrillero); en los últimos cuatro meses han sido ejecutados nueve alcaldes, y Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, fue asesinado en junio.

El economista David Konzevik tiene el don de entender los mercados y el don superior de explicarlos. Hace poco me comentó: “El principal problema económico de México es la ocupación. Lo grave no es que se pierdan empleos formales, sino que los desempleados tienen otras opciones. Y todas son ilegales”. El tráfico de drogas, armas, mujeres son las opciones de las que habla Konzevic. En este capitalismo sin copyright, la piratería convive con monopolios que evaden impuestos.

La edad predominante en México es de 16 años. Esos jóvenes fueron concebidos en la euforia de 1993, cuando nos preparábamos para entrar al “primer mundo” con el Tratado de Libre Comercio. Pero nacieron en 1994, cuando volvimos a la realidad con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el levantamiento zapatista y la devaluación del peso. ¿Qué horizonte les aguarda? No hay opciones laborales, educativas, religiosas o deportivas que brinden un sentido de pertenencia tan fuerte como el crimen organizado. Rossana Reguillo ha estudiado con brillantez esta variable cultural del tema. Incapaz de incluir a los jóvenes, el Estado tiende a criminalizarlos de antemano como “delincuentes juveniles”. Esto ha operado como una profecía que se cumple a sí misma: los carteles les han ofrecido identidad y códigos compartidos.

El saldo más extraño de la batalla contra el narco es que desconocemos a protagonistas decisivos. Es poco lo que sabemos del Ejército y las distintas perspectivas que ahí se tienen. Pero sobre todo, es nulo lo que sabemos de Estados Unidos. La DEA ha brindado celebridad a los capos mexicanos. Esta política exterior no tiene un correlato interno. El principal consumidor de drogas y armas opera en la sombra. México aporta los muertos, es decir, las historias. ¿Dónde esta la otra parte de la narrativa?

Recuperar el tejido social pasa por la cultura. En Medellín y Bogotá dos matemáticos convertidos en alcaldes, Fajardo y Mokus, entendieron que las bibliotecas combaten la violencia. Incluir a los jóvenes en la sociedad es una tarea más costosa y lenta que comprar armamento, pero también más digna. A México no lo salvarán las balas, lo salvará la gente.

“¿Sabes quiénes son los que más aportan en la colecta de la Cruz Roja?”, me preguntó Daniel Goñi Díaz al final de mi visita: “Los pobres”.

Los olvidados no olvidan al país.

La ola de violencia que sacude a México, en medio de una guerra sin cuartel entre los poderosos carteles del narcotráfico, tiene amordazada a la prensa en un contexto de autocensura generalizada que está diezmando al periodismo de investigación. Para los reporteros que se dedican a cubrir temas vinculados con el crimen organizado, en especial aquellos que informan desde regiones controladas por el narcotráfico, la situación se ha vuelto insostenible. Cumplir con la tarea informativa se ha convertido en una misión imposible en vastas regiones del país.

Frente a un Estado ausente y debilitado por el poder corruptor de las organizaciones criminales, periodistas y medios trabajan sin garantías mínimas de seguridad. La violencia ha crecido en forma progresiva en la última década. Desde 2005, México ha superado a Colombia como país de más riesgo para el ejercicio de la profesión en Occidente. El registro, según los datos compilados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), arroja resultados letales: 51 periodistas asesinados desde 1992, al menos 22 de ellos en represalia directa por su labor, y 10 reporteros desaparecidos desde 2005.

Vulnerables e indefensos, periodistas y medios de comunicación recurren cada vez con mayor frecuencia al silencio como medida de seguridad. En la ciudad fronteriza de Reynosa, lindante con el Estado de Tejas en Estados Unidos, la lucha por el control territorial entre el cartel del Golfo y los Zetas -un grupo integrado por desertores del Ejército que se ha convertido en una poderosa organización criminal-, desató un combate encarnizado con un saldo, según informes de prensa y de inteligencia, de entre 200 y 250 homicidios en un periodo de tres semanas comprendido entre finales de febrero y comienzos de marzo. Los medios de Reynosa no informaron nada sobre las múltiples ejecuciones y la lucha cruenta entre sicarios de bandas rivales. Al menos cinco reporteros fueron secuestrados. De ellos, dos radicados en Ciudad de México fueron liberados tras una golpiza. Otros tres siguen desaparecidos. No se publicó una línea en los diarios ni tampoco se informó en radio y en televisión. La información fue proporcionada por un corresponsal estadounidense radicado en el distrito capital y publicada en el diario Dallas Morning News. La prensa local, aterrorizada por una posible represalia de los carteles de la droga, optó por el mutismo.

En México, el problema de la violencia no está restringido a la libertad de prensa. Los números son por lo demás elocuentes: 28.000 asesinatos vinculados con el crimen organizado desde que asumió el cargo de presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, según cifras oficiales proporcionadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, un organismo de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano. Afecta a todos los sectores sociales, pero está produciendo un efecto nocivo: impide a miles de mexicanos, incluyendo a los reporteros, ejercer el derecho humano básico a la libertad de expresión. Un derecho constitucional consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución política de México que, por los niveles de violencia, no puede ser plenamente ejercido por miles de ciudadanos.

Los asesinatos y desapariciones de periodistas se siguen acumulando. Igual que los procesos en la justicia. No hay castigo para los responsables: la norma es la impunidad. La falta de procesamientos exitosos es producto de una combinación de factores: un sistema de justicia sobrecargado, una corrupción generalizada y la falta de preparación de policías y fiscales, en particular a nivel estatal. La ausencia de resultados debilita aún más a una prensa asediada por la criminalidad y fomenta la autocensura. Para el crimen organizado, el fracaso de las autoridades judiciales es una luz verde, un estímulo para continuar con su accionar violento.

Las organizaciones criminales, ya transformadas en grupos transnacionales que operan en distintos países, manejan un poder de influencia cada vez mayor que abarca a todos los sectores sociales. El narcotráfico, que reconoce el valor que tiene la información, también manipula a periodistas y medios para enviar mensajes a sus rivales. En ocasiones, utilizan a periodistas como portavoces. El reciente secuestro de cuatro periodistas y la exigencia de que dos cadenas de televisión difundieran vídeos como condición para liberarlos fue un hecho sin precedentes en esta escalada de violencia. El narcotráfico también está en guerra por el control de la información.

El Gobierno federal, consciente de la magnitud del problema pero agobiado por los niveles de violencia, se ha comprometido a crear un sistema de responsabilidad al más alto nivel para proteger el derecho constitucional a la libertad de expresión. En el Congreso, mientras tanto, se encuentran estancadas iniciativas destinadas a que la federación tenga jurisdicción amplia en la investigación de casos involucrados con el ejercicio de la actividad periodística y la libre expresión. El Gobierno de Calderón debe priorizar la protección de la libertad de expresión en su agenda porque la violencia, el miedo y la autocensura están socavando un derecho humano fundamental y poniendo en riesgo la estabilidad de la democracia mexicana.

Quizás ningún otro deporte se lleve a cabo tan religiosamente como la lucha de sumo. Antes de un combate, los árbitros (que además son sacerdotes sintoístas) purifican las algas marinas, la saly el sake. Los luchadores lavan sus rostros, bocas y axilas antes de ingresar al dohyo (cuadrilátero), en cuyas arenas sagradas no pueden entrar hombres con zapatos ni mujeres. Antes del comienzo de un combate, los dos contrincantes levantan las manos para mostrar que no ocultan armas en los pliegues de su cinturón con aspecto de taparrabos.

Los dirigentes de la Asociación Japonesa de Sumo (AJS), luchadores retirados que rigen el deporte, se ven a sí mismos menos como administradores que como guardianes de una tradición sacra. Promueven a luchadores a los niveles más altos no sólo por su mérito bruto, sino según cuánta hinkaku (dignidad) piensan que poseen.

Esa dignidad se está desvaneciendo. Las acusaciones de combates arreglados, consumo de drogas, orgías y vínculos con mafiosos entre las principales estrellas de sumo han enfurecido al público japonés. De hecho, los círculos de sumo se enfrentan a una creciente pérdida de reputación pública que hace que muchos japoneses se pregunten si el país, tras 20 años de estancamiento, es realmente capaz de purificarse.

Respaldado por una airada opinión pública, el Departamento de Policía Metropolitano de Tokio practicó registros en cerca de 30 puntos, incluido un establo, o centro de entrenamiento, de sumo.

La acción fue un esfuerzo por obtener evidencias materiales sobre el nexo entre las luchas de sumo y la Yakuza, los grupos criminales japoneses cuyos antecedentes se remontan al siglo XVI.

La investigación continúa y la Policía Metropolitana de Tokio todavía no ha enviado a nadie a los fiscales públicos. Sin embargo, la amplia e incesante cobertura de la investigación por parte de los medios de comunicación sugiere que la policía ha proporcionado – y posiblemente incluso filtrado-información de la investigación a los periodistas, un medio común pero legalmente dudoso de ganar apoyo público.

Las apuestas son ilegales en Japón, con excepción de ciertas formas limitadas de apuestas públicas como las carreras de caballos, las carreras de ciclismo y las loterías. Por lo general, la policía japonesa hace la vista gorda ante las apuestas públicas que no amenazan la paz y el orden públicos. De hecho, existe una larga tradición de policías jubilados que ocupan lucrativos puestos en la Pachinko,la industria de facto de apuestas y, en menor medida, en los sectores de apuestas públicas. Estos vínculos plantean dudas sobre el objetivo real de la policía japonesa, un mastodonte burocrático, en su investigación del mundo del sumo.

El sumo evolucionó a lo largo de varios siglos como una forma de entretenimiento público en que los luchadores, entrenadores y promotores dependían de las bandas criminales locales para asegurarse instalaciones y un público, incluida la venta de entradas. Se supone que esta estrecha relación se disolvió cuando se modernizó el círculo tradicional de sumo y se convirtió en la actual Asociación Japonesa de Sumo. Sin embargo, parte importante de los ingresos de la AJS, si no la mayor parte de ellos, todavía procede de la venta de entradas, a pesar de las grandes sumas que paga la televisión pública japonesa (NHK) por los derechos de transmisión.

El sumo, como espectáculo tradicional, no puede sobrevivir sin protectores respetables. No obstante, los más ricos de Japón, como empresarios, médicos y abogados, hoy están menos dispuestos o tienen menor capacidad financiera para seguir protegiéndolo, especialmente desde el colapso de la burbuja de activos japoneses a principios de los años noventa.

En lugar de ello, los respetables protectores han ido cediendo paso gradualmente a una nueva y turbia clase de japoneses adinerados, que ha ido creciendo gracias a la usura y otros negocios oscuros. Como resultado, algunos establos de sumo se han vinculado de una u otra manera a gente que maneja compañías de fachada de organizaciones de la Yakuza.

La fuerte influencia de la Yakuza sobre el mundo del sumo es importante, porque su manera tradicional de vida se está desmoronando. En la década de 1950, los ministross industriales japoneses algunas veces recurrieron a elementos nacionalistas de la Yakuza para aplastar a sindicatos y socialistas.

Así, las bandas criminales pudieron revestirse de las virtudes japonesas de la hombría y la lealtad… y expiaban sus errores cortándose uno de los dedos de la mano.

Sin embargo, la economía japonesa, que apenas se ha mantenido a flote durante demasiados años, ha afectado a los ingresos de actividades tradicionales que requerían fuerza bruta, como las apuestas, la prostitución y los préstamos a interés de usura. Por ejemplo, la “depredación inmobiliaria” – la práctica de presionar a los propietarios de terrenos para que los vendan, tras lo cual el gángster puede obtener enormes utilidades-ya no es tan lucrativa como en el pasado, porque los precios de los terrenos se han mantenido en los mismos niveles por años.

Para compensar la situación, los grupos de la Yakuza entraron de lleno al fraude financiero, la manipulación de acciones y el cibercrimen, dando origen a una nueva generación de “nerds mafiosos” más interesados en los negocios que en la extorsión. Por ejemplo, Yamaguchi-Gumi, la mayor organización yakuza de Japón, posee cerca de 36.000 miembros y asociados, que representan poco menos de la mitad del total de gángsters de la Yakuza del país, y se estima que obtienen cerca de dos mil millones de yenes (18.000 millones de euros) al año.

La organización cuenta con cientos de entidades filiales en toda la nación.

Como en el caso de la mafia estadounidense, el celo policial ha puesto en prisión a varios jefes de la Yakuza. El sexto padrino de Yamaguchi-Gumi está en la cárcel hasta el 2011. Una vez que sea liberado, se espera que busque dar un gran impulso de revitalización a la organización a través de sus actividades ilegales tradicionales y nuevas. Algunos analistas sospechan que el círculo del sumo ha proporcionado algunos de los mejores asientos para ver los combates a jefes de la Yakuza. Como se transmiten por televisión, pudieron de este modo enviar señales al padrino de que le siguen siendo leales.

Así, es probable que el año próximo presenciemos un enfrentamiento entre la policía y el Yamaguchi-Gumi, y puede que el escándalo de las apuestas de sumo no sea más que su preludio.

Todas las mañanas, cuando voy a  comprar el periódico, paso por delante de una obra en construcción que paga el pizzo. Incluso lo anuncia. Todo el mundo sabe que ese cartón plastificado con una rueda de carro y referencia a “Los Manolos” indica que esa obra está bajo la protección de un grupo lo suficientemente fuerte como para que nadie ose robar allí ni un ladrillo. Cuando digo “todo el mundo” me refiero a quien quiera enterarse. Vivimos en una sociedad tan fantástica y polivalente que uno se puede meter dos rayas de coca al día y asombrarse de que alguien se pregunte si eso de las mafias va en serio o es una invención.

El diario más leído de Asturias acaba de anunciar la detención de un clan responsable del 90% de la heroína y el 70% de la cocaína que se distribuye en la región. ¡El 90% de la heroína y el 70% de la coca resulta un volumen de negocio de tal envergadura que haría temblar a un economista avezado! Son 19 las detenidos – o arrestados, según la nueva jerga-y se trata de un clan, otra expresión ya convencional de lo políticamente correcto. Cuando se dice “clan” debe entenderse “gitanos”, sin mayor precisión de ciudadanía – español, rumano, albanés-; cuando se dice “banda” se refieren, en general, a latinos. En un rasgo, no se sabe si de humor o de convencimiento de la estulticia que nos desborda, el delegado del Gobierno en Asturias precisó que ese clan “estaba muy organizado” y que “se regía por la ley del silencio”. La información ocupa un pequeño faldón y va en página tan interior, que se pierde, de donde cabe deducir que este suceso se produce tan frecuentemente que ya no es noticia.

La información mafiosa en España no necesita ninguna ley mordaza que la coarte o limite, como en el caso de Berlusconi. Nosotros hemos ido creando una costumbre informativa amordazada. ¿Nadie les ha contado a ustedes que la actual ley orgánica de Defensa del Honor nació con Leopoldo Calvo Sotelo en la presidencia del Gobierno, y especialmente indicada para que quedara a salvo “la dignidad” de los delincuentes militares y civiles que participaron en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981? Esta mina de oro y diamantes, única en su especie por su condición de “a cielo abierto”, que ha sido trabajada con esmero y éxito por una parte notabilísima del Ilustre Colegio de Abogados encargados del honor de cittadini eccellenti, ha pasado por un proceso de “afinación” social e informativa del que algunos aún estamos perplejos y que se resume en una pregunta retórica y nada escolástica: ¿cómo los delincuentes en general, y el narcotráfico en particular, han logrado ser anónimos?

Primero fueron las siglas. Los personajes no tienen nombre, sólo sus iniciales. Imagínense que la prensa italiana escribiera V. C., cada vez que se refiere a Vito Ciancimino, y añadiera el circunstancial “presuntamente”, adverbio modal, que por eso de las costumbres ha devenido una coletilla tan usada que incluso a los condenados en sentencia firme se les pone el “presunto”, no vaya a ser que nos caiga un pleito. Pero si es llamativo que un tipo que ha pegado un tiro a otro “en un ajuste de cuentas entre bandas rivales”, según suelen decir los comunicados habituales, se reduzca a unas siglas, sólo las iniciales, tanto el criminal como el muerto, hemos alcanzado un punto de no retorno en nuestra adaptación a la mordaza oficial. El ministerio del ramo, y el cuerpo de policía, estatal o autónomo, ya se descojonan literalmente de nosotros, y ni acrónimos ni hostias: ¡un número, y basta! “Han sido arrestados 18, o 20, o 45, presuntos delincuentes”. Pueden decir lo que les dé la gana porque el único que podría advertir la patraña es el juez de guardia o el tribunal especializado. ¿Hemos de creer lo que dice un comunicado si no sabemos ni el delito, ni el nombre, ni la nacionalidad, ni el cómo, ni el dónde, ni el porqué?

¿Se han fijado en las noticias de detenciones de grupos mafiosos o narcotraficantes en los informativos televisivos? Nos regalan escenas como si asistiéramos a un serial en vivo, con derribo de puerta incluido. Noticia no hay ninguna, salvo los planos de la audacia del cuerpo policial. He aquí la paradoja: tenemos un país absolutamente impregnado de poder mafioso – o cultura mafiosa, diría un posmoderno-y la mafia es humo, una ficción estadística. No aparece con cara y ojos, y al quitarnos esa capacidad de verla limitan nuestra capacidad de rechazarla. Tengo la convicción de que no queremos, no sabemos y nos da miedo afrontar la realidad mafiosa. Además, le dirá cualquier experto en medios de comunicación, sería un negocio ruinoso.

El día que detuvieron a José Mestre en el puerto de Barcelona tuve la sensación de que el narcotráfico había ganado la batalla. Quizá pierda la guerra; quisiera creerlo, pero no será fácil que algunos de nosotros lo veamos. Somos peones demasiado frágiles en un combate de fuste y en el que creo que nos jugamos mucho, bastante más que discutiendo sobre el burka y las raíces cristianas de Occidente, cuestiones sobre las que José Mestre y los 15 detenidos, con toda seguridad coincidirán plenamente con la opinión general y establecida. José Mestre era el hombre de negocios más importante del puerto de Barcelona, tanto que fue reconocido como el mejor empresario español. No estoy hablando del estraperlo, ni de Porcioles, ni siquiera de la transición, ni de esa pareja incombustible desde décadas que son los Albertos; estoy hablando de mayo del 2009, cuando el president Montilla, entre ovaciones, le entregó el galardón. Le pillaron con un cargamento de cocaína y contactos con el mexicano Héctor Murillo Rivero. Contaba Jesús Duva, en el único reportaje que he leído sobre esta historia, que el ayudante de José Mestre, Daniel Martín Cabrera, otro de los detenidos, llevaba encima cinco móviles, y uno de ellos indicaba “El Don”. ¡Y luego dicen que los periodistas tenemos imaginación! Somos carne de res. Un bajonajo, y matarile.

José Mestre Fernández, un chatarrero, dicen algunos con cierto desdén de clase impostada. No seamos sicarios de la pluma. Tengamos al menos un poco de vergüenza con el vencido. Además sólo ha perdido una batalla. Saldrá de la cárcel pasado mañana; como una cura en Incosol, como las que obligaba a hacer la editora Carmen Balcells a sus autores gananciosos. No me interesan los coches, y por tanto no entro en ese apartado, pero Mestre tenía, y seguirá teniendo a buen seguro, una colección de arte catalán de primer orden; no sólo Nonell, sino Miró, Tàpies y Picasso. Un gusto clásico para su mansión en Pedralbes. ¿Nadie se acuerda de su hijo, el galerista, que saltó a la fama en el 2007 o el 2008, arrollando de puro rico?

En ocasiones así me pregunto cuándo el periodismo español empezó a adaptarse a la mordaza, incluso antes de que se la impusieran. ¿Quiénes son los 14 detenidos en una operación de narcotráfico que afecta a un hombre de importancia como Mestre? Lo sabe el Gobierno, y los interesados, y los poderes fácticos. Sólo nosotros no sabemos, ni queremos saber. ¿Qué haría uno con esa información? Mirarse en el espejo y esperar a que le den un aviso.

¿Cuál es el futuro de Mestre? No me cuesta imaginármelo. Si un caballero, “un don” sin mayúsculas, ha reconocido que ha robado, y mucho, a toda la sociedad, con descaro y alevosía, y aún sigue sonriéndonos con displicencia, esperando que el bueno del juez ose traspasar las inquietudes de su suegra, su señora, sus hijos casaderos – si los tiene-,sus amigos… y lo meta en la cárcel. No me escaqueo, me refiero a Millet, a quien cualquier ciudadano tendría que pedirle que haga algo grande, digno, aunque sea una vez en su vida. Por ejemplo, instalarse en Montserrat y rezar, aunque sea tan ateo como yo. O suicidarse, que es algo que en Japón hubiera hecho cualquier empleado con sentido del honor. Si eso es cierto en el caso de Millet, que ha reconocido que es un ladrón, ¿qué le puede ocurrir a Mestre, que tendrá un letrado de fuste y que asegurará que le engañó un tipo que residía en Panamá?

The headlines from Mexico are alarming: Former presidential candidate kidnapped; U.S. consular official gunned down in broad daylight; Arizona rancher murdered by Mexican drug smugglers. Mexico is in the midst of a battle against powerful drug cartels, the outcome of which will determine who controls the country’s law enforcement, judicial and political institutions.

In the last two decades, Mexican drug cartels have acquired unprecedented power to corrupt and intimidate. Three factors account for their rise: pre-existing corruption, the inability of weak law enforcement institutions to counter them, and the demand for illegal drugs in the United States.

Drug trafficking and cross-border smuggling existed in Mexico before the 1980s, but then the trade was chiefly confined to marijuana and small quantities of heroin. In 1984, in response to the United States’ increasingly successful interdiction strategy in the Caribbean, the Colombian cartels forged a connection with major Mexican trafficking organizations. Within just a few years, 80 to 90 percent of the cocaine being smuggled into the United States was flowing through Mexico.

At first, the Mexican cartels acted primarily as transporters for the Colombian traffickers, but by the early 1990s they had created their own supply chain and distribution networks. The major cartels have evolved into vertically integrated, multinational criminal groups, headquartered in Mexico but with distribution arms in over 200 cities throughout the United States. Their primary business is cocaine and, more recently, methamphetamines, but they also engage in other criminal activities, including human trafficking, kidnapping and extortion.

During the 1990s, Mexican governments made sporadic attempts to rein in the drug cartels, but they lacked any systematic strategy or sustained effort.

A major turning point came in 2000, when Vicente Fox of the National Action Party was elected president. The end of 70 years of one-party rule was a game changer for the drug cartels. The acquiescence of the federal government could no longer be taken for granted in a democratic state in which most of the public abhors the culture of impunity fostered by the drug cartels.

Under Fox, there was a sharp increase in the extradition of drug traffickers to the United States. The government’s campaign escalated dramatically after Felipe Calderón took office in 2006. Relying heavily on the military, Calderón’s initiatives have begun to destabilize the cartels, and several cartel leaders are now dead, captured or on the run. Calderón has also taken action to tighten security at Mexico’s ports and southern border in order to disrupt the inflow of cocaine, weapons, and drug precursor chemicals.

The situation in Mexico today, including the violence, is similar to the one that Colombia faced 20 years ago. In 1990, two enormously powerful Colombian drug cartels — in Cali and Medellín — dominated the world cocaine trade.

The cartels worked by bribing police, politicians and judges. Those who could not be bribed were intimidated; the cartels threatened to kill them and their families, and often did. By the end of the 1990s, both cartels were eliminated.

There are several lessons to be drawn from Colombia’s successful campaign. First, since the cartels were vertically integrated, transnational organizations, the campaign against them required the involvement of more than one country. A multinational approach, with strong support and assistance from the United States, was essential.

Second, the goal must be clear. In Colombia, the objective was to destroy the Cali and Medellín cartels — not to prevent drugs from being smuggled into the United States or to end their consumption. Indeed, there are still drug traffickers in Colombia, and cocaine is still produced there, but these cartels no longer pose a threat to Colombian national security.

Third, a divide-and-conquer strategy can be effective. The Colombian government chose to attack one cartel at a time rather than fighting a two-front war. Importantly, Colombia and the United States used the “kingpin strategy” to dismantle the cartels; a strategy that hinged on locating, capturing and incapacitating the kingpins and key lieutenants, while vigorously attacking the vulnerabilities of their organizations, including disrupting their cash flow and sources of supply.

In the longer term, law enforcement and judicial institutions must be reformed. Success in Colombia required strengthening the capacity and integrity of the country’s policing, prosecutorial and judicial institutions.

Moreover, the limits on the usefulness of the military must be understood. The Colombian military played an important part in the defeat of the Cali and Medellín cartels, yet it did not play a decisive role — the Colombian National Police did. Militaries are ill-suited to carry out the law enforcement actions necessary to ultimately bring down criminal organizations, including investigations and the use of informants and electronic surveillance to gather evidence.

Finally, extradition is essential. Imprisonment in the United States was the only thing that Colombian traffickers truly feared. If Mexico takes these lessons to heart and continues to show strong leadership and firm political will, it will rid itself of the cartels for good.

When politicians talk of a “war” on drugs they rarely mean it literally. Yet in some parts of Mexico the “drug war” is more than metaphorical. On taking office as the country’s president in December 2006, Felipe Calderón launched 45,000 army troops against trafficking gangs, declaring that “organised crime is out of control”.

Since then some 18,000 people have died — and there is no sign of any let-up in the violence. Worst hit is Ciudad Juárez, a sprawling city of 1.3 million people in the Chihuahuan Desert rammed up against the border with Texas. One of the most important industrial centres in North America, it has now become one of the world’s most violent cities. Despite the presence of 10,000 troops and federal police, there are eight to ten murders every day in Juárez. The latest victims were a pregnant employee of the American consulate, her husband and the partner of another consular worker.

Most Mexicans still support Calderón’s crusade. But many are starting to ask whether he is winning. All this is not happening in Africa. Mexico is the world’s 13th- biggest economy, the US’s third-biggest trading partner (after Canada and China) and a sophisticated middle-income country.

Yet the carnage just across the border prompted the US Joint Forces Command a year ago to bracket Mexico with Pakistan as the countries most at risk of becoming “failed states”. That judgment is exaggerated. Mexico is not Yemen. But it does provide a stark warning of the immense criminal power generated by the trade in illegal drugs.

There are two main reasons why Mexico finds itself in this predicament. The first is that in the drug business, like any other, closeness to the customer is a paramount advantage.

In the late Eighties, America’s drug warriors shut down the island-hopping route across the Caribbean previously used by Colombian drug barons. The Colombians began sending their cocaine through Mexico to the US. At the same time the Mexicans grabbed control of its distribution in many American cities, giving them the upper hand over the Colombians.

Second, Mexico’s police forces were long corrupt and ineffective — a legacy of seven decades of one-party rule that ended only in 2000. Calderón chose to make the security issue his top priority, partly to stamp his authority on the country after winning a narrow and disputed election.

His officials accept that they cannot end drug trafficking — as long as Americans snort coke that would be impossible. Instead, they define victory as turning organised crime from a national-security crisis into a routine policing problem. To do that they first have to create an effective police force. But progress is painfully slow, partly because of bureaucratic turf wars. Officials expect to continue to rely on the army’s boots on the streets for the rest of Calderón’s six-year term.

They insist the violence is a sign that they are squeezing the traffickers. Some four fifths of the dead are narco foot soldiers killing each other in a vicious battle for shrinking territory and business, they say.

The killings of the Americans looks like a desperate gambit by the local Juárez mob, whose turf has been invaded by the powerful Sinaloa “cartel”. But the longer the army is deployed the more it is accused of abuses — and risks becoming corrupted.

If Mexico is partly a victim of its own lawlessness, it also has legitimate grievances against the US. Not only is the market north of the border, but also the traffickers freely arm themselves in American gun shops. In 2004 a ten-year ban on the sale of semi-automatic weapons lapsed. That means AK47s and armour-piercing sniper rifles can be bought as if they were groceries.

The Obama Administration has offered soothing words about “shared responsibility” for the drug problem. The US is sending hardware and training costing $400 million (£265 million) — a pittance compared with the $7 billion (£5 billion) that Mexico is spending on law enforcement, or the $15-23 billion of drug money that finds its way across the border to the gangs. The consular killings may force Obama’s people to get more involved.

To make matters worse, America’s economic bust hit Mexico hard. Its economy shrank by almost 10 per cent in the year to June, although recovery is now under way. The traditional safety valve of migration has shut: crossing the border is harder and there are no jobs for those who do.

Remarkably, Mexico is not facing social disorder. Nor does it risk civil war. But officials admit that the battle against organised crime could last a generation. Watching this war without end against the drugs mafias, many Latin American political leaders are starting to call for drug legalisation. They are right: Mexico’s suffering shows that prohibition is far deadlier than drugs.

When I was a teenager here, kids used to shoot dogs in the head. It was a way of gaining confidence with a gun, of venting your rage on another living creature. Now it seems human beings are used for target practice.

This month, rioting by African immigrants broke out in Rosarno, in southern Italy, after at least one immigrant was shot with an air rifle. The riots were widely portrayed as clashes between immigrants and native Italians, but they were really a revolt against the ’Ndrangheta, the powerful Calabrian mafia. Anyone who seeks to negate or to minimize this motive is not familiar with these places where everything — jobs, wages, housing — is controlled by criminal organizations.

The episode in Rosarno was the second such uprising against organized crime in Italy in the last few years. The first took place in 2008 in Castel Volturno, a town near Naples, where hit men from the local mob, the Camorra, killed six Africans. The massacre was intended to intimidate, but it set off the immigrants’ anger instead.

In Castel Volturno, the immigrants work in construction. In Rosarno, they pick oranges. But in both places the mafias control all economic activity. And the only ones who’ve had the courage to rebel against them are the Africans.

An immigrant who lands in France or Britain knows he’ll have to abide by the law, but he also knows he’ll have real and tangible rights. That’s not how it is in Italy, where bureaucracy and corruption make it seem as if the only guarantees are prohibitions and mafia rule, under which rights are nonexistent. The mafias let the African immigrants live and work in their territories because they make a profit off them. The mafias exploit them, but also grant them living space in abandoned areas outside of town, and they keep the police from running too many checks or repatriating them.

The immigrants are temporarily willing to accept peanut wages, slave hours and poor living conditions. They’ve already handed over all they owned, risked all they had, just to get to Italy. But they came to make a better life for themselves — and they’re not about to let anyone take the possibility of that life away.

There are native Italians who reject mafia rule as well, but they have the means and the freedom to leave places like Rosarno, becoming migrants themselves. The Africans can’t. They have to stand up to the clans. They know they have to act collectively, for it’s their only way of protecting themselves. Otherwise they end up getting killed, which happens sometimes even to the European immigrant workers.

It’s a mistake to view the Rosarno rioters as criminals. The Rosarno riots were not about attacking the law, but about gaining access to the law.

There are African criminals of course, African mafiosi, who do business with the Italian mafias. An increasing amount of the cocaine that arrives here from South America comes via West Africa. African criminal organizations are amassing enormous power, but the poor African workers in Italy are not their men.

The Italian state should condemn the violence of the riots, but if it treats the immigrants as criminals, it will drive them to the mafias. After the Rosarno riots, the government moved more than a thousand immigrants to detention centers, allegedly for their own safety, and destroyed the rudimentary camp where many of them had lived. This is the kind of reaction that will encourage those immigrants to see the African criminal organizations as necessary protection.

For now, the majority resist; they came to Italy to better themselves, not to be mobsters. But if the Africans in Rosarno had been organized at a criminal level, they would have had a way to negotiate with the Calabrian Mafia. They would have been able to obtain better working and living conditions. They wouldn’t have had to riot.

Italy is a country that’s forgotten how its emigrants were treated in the United States, how the discrimination they suffered was precisely what allowed the Mafia to take root there. It was extremely difficult for many Italian immigrants, who did not feel protected or represented by anyone else, to avoid the clutches of the mob. It’s enough to remember Joe Petrosino, the Italian-born New York City police officer who was murdered in 1909 for taking on the Mafia, to recognize the price honest Italians paid.

Immigrants come to Italy to do jobs Italians don’t want to do, but they have also begun defending the rights that Italians are too afraid, indifferent or jaded to defend. To those African immigrants I say: don’t go — don’t leave us alone with the mafias.

Resulta notorio que la “guerra contra las drogas” -fuertemente influida por el prohibicionismo- es costosa y contraproducente. Aunque Naciones Unidas asegure que el problema va superándose, los datos objetivos muestran que empeora. Recientemente, en marzo, la ONU realizó un balance de la década de la lucha antinarcóticos que proclamó en 1998: al tiempo que numerosos representantes gubernamentales reafirmaban las virtudes de las políticas aplicadas, las voces de muchas ONGs, expertos y movimientos sociales enfatizaron el fracaso del régimen global antidrogas vigente.

Este régimen pretende eliminar por medios represivos el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución y el uso de sustancias psicoactivas declaradas ilegales. Cabe subrayar, sin embargo, que la prohibición subyacente al actual régimen no es “pura”: prevalece un modelo inconsistente de coerción. Por un lado, se castiga y se persigue a determinados protagonistas y con énfasis a ciertas dimensiones del fenómeno. Por el otro, se toleran relativamente las prácticas de algunos agentes en determinadas coyunturas y de acuerdo a criterios bastante opacos. Ya sea en su versión “pura” o “impura” la consecuencia de la prohibición ha sido invariable: genera más corrupción, violencia, lucro e inestabilidad; hechos que afectan de manera desigual a las sociedades de la periferia y el centro.

Uno de los hechos más preocupantes ligados al irresuelto asunto de las drogas es el auge del crimen organizado. Una nota distintiva identifica el desarrollo de la criminalidad organizada: ésta se expande en tres estadios. Tiene una fase “predatoria” inicial, consistente en la afirmación territorial de grupos criminales que garantizan su poderío por medios violentos, y con ello logran defender su empresa ilícita, eliminar rivales y asegurar el monopolio privado de la fuerza. Tiene una fase “parasitaria” posterior, que implica mayor influencia política y económica, combinada con una gran aptitud para corromper el Estado y la sociedad. Y tiene un último nivel “simbiótico” cuando para lograr su afianzamiento el sistema político y económico se vuelve tan dependiente del “parásito” -es decir, del crimen organizado- como éste de la estructura establecida. En ciudades y regiones a lo largo del sistema internacional y en grandes porciones del territorio de algunos países los avances de la fase “simbiótica” son elocuentes.

En el Norte la percepción de amenaza del crimen organizado se entrelaza con la cuestión del terrorismo y la posibilidad de que los Estados fallidos sirvan de santuario para ambos; lo cual significa todo un problema de seguridad. En el Sur la mirada sobre el ascenso del crimen organizado se vincula con la vulnerabilidad externa y la institucionalidad interna; esto es, se trataría de un problema de gobernabilidad. Así, la criminalidad organizada socava la democracia, debilita el Estado de derecho, facilita la corrupción, aumenta la injusticia social, produce costos directos e indirectos a la economía, degrada el sistema político y mina la soberanía.

Esta discordancia entre el Norte y el Sur puede tener consecuencias negativas para superar la cuestión del crimen organizado. Tal como lo muestra el manejo de otros temas -por ejemplo, el terrorismo transnacional- hay dos alternativas diferentes y dos enfoques disímiles. Respecto a las alternativas puede existir una postura defensiva que intenta lidiar preferentemente con las dimensiones del fenómeno en el propio territorio u otra postura ofensiva que busca transferir masivamente al exterior el ámbito de lucha. Respecto a los enfoques puede existir uno que enfatice los instrumentos militares para superar la cuestión u otro que propicie medios no exclusivamente punitivos. Si aquel antecedente se repitiese habrá que esperar que el combate contra el crimen organizado se libre preponderantemente en la periferia y por la fuerza.

Una vía, entre otras, para evitar ese escenario, para impugnar el prohibicionismo actual y para exigir que los Estados reviertan el florecimiento del crimen organizado, es a través de la activación de una diplomacia ciudadana, en particular en el triángulo occidental compuesto por Latinoamérica, la UE y Estados Unidos. Entiendo por ese tipo de diplomacia el que grupos no gubernamentales desarmados usurpen benignamente un rol tradicional del Estado, asuman una labor de interlocución legítima con distintas contrapartes en el exterior y desplieguen alianzas novedosas con la sociedad civil internacional.

Se podría estimular entonces la concreción de coaliciones que ayuden a cuestionar y repensar las políticas prevalecientes frente a las drogas. Asimismo, se podría demandar una estrategia integral de los Estados frente al asunto del crimen organizado, de tal modo que se haga hincapié en sus efectos deletéreos para la gobernabilidad, se eluda la militarización de su enfrentamiento y se asuma que las perspectivas en extremo soberanistas para su tratamiento resultan disfuncionales. Por último, se podrían alentar espacios de diálogo para que los Gobiernos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa confíen más entre sí: en cuanto a las drogas y el crimen organizado sobresale un revelador dilema de prisionero que ya es muy gravoso para todos y cada uno. Es hora de un viraje en esta materia y para ello la diplomacia ciudadana puede ser crucial.

Tema: La aprobación de la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo supuso un importante avance en la lucha contra estos delitos. Sin embargo, hasta que los distintos Estados miembros de la UE no la apliquen con la misma efectividad, pueden surgir nuevas oportunidades para que el dinero de la delincuencia se introduzca en los circuitos económicos y financieros.

Resumen: Los mecanismos que el crimen organizado utiliza para camuflar el origen de sus fondos y dotarlos de una apariencia de legalidad son diversos. Hoy en día conviven las formas tradicionales de blanqueo junto a otras técnicas innovadoras basadas en las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. En las líneas que siguen de este ARI se realiza una aproximación al blanqueo de capitales y la financiación terrorista, delitos que presentan formas de actuación comunes. Gran parte de los esfuerzos por combatir estos fenómenos se centran en la prevención, de ahí que organismos internacionales de alcance mundial como el GAFI hayan emitido normas dirigidas tanto a las entidades financieras como a otros sectores de actividad y profesionales no financieros para impedir que sean utilizados para blanquear capitales o financiar operaciones terroristas. Esta normativa, que tiene como eje central la aplicación del principio “conoce a tu cliente”, ha sido incorporada al marco legislativo de la UE a través de sucesivas directivas. La última de ellas, conocida como la Tercera Directiva y publicada en 2005, supuso un importante avance en esta materia, si bien su aplicación efectiva está lejos de ser homogénea en toda la UE.

Análisis: El blanqueo de capitales, también denominado lavado de activos, es un concepto sencillo en lo fundamental. El crimen organizado tiene como propósito la generación de beneficios a través de una serie de actividades como la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de seres humanos, la prostitución, el soborno y la estafa a través de Internet, entre otras. Los delincuentes necesitan ocultar la procedencia de esas enormes ganancias y dotarlas de una apariencia de legalidad para evitar la confiscación por parte de las autoridades. El blanqueo de capitales es el proceso a través del cual se tratan los ingresos procedentes de una actividad delictiva para disfrazar su origen ilegal. La mayoría de legislaciones considera blanqueo a: (1) la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva; (2) la ocultación o el encubrimiento de su naturaleza, origen o localización; y (3) la adquisición, posesión o utilización de tales bienes. También se considera blanqueo el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para que realice tales acciones. Dado el alcance transnacional de muchas de las actividades delictivas, las legislaciones establecen que el delito de blanqueo de capitales se produce aun cuando las actividades que han generado el dinero se realicen en un país distinto a aquel en el que se lavan las ganancias.

El blanqueo de capitales se desarrolla en general en tres etapas. En la etapa de colocación los ingresos procedentes de actividades delictivas se introducen en el sistema financiero. Este es el punto donde los blanqueadores corren un mayor riesgo de ser detectados. La forma de no levantar sospechas es fraccionar grandes cantidades de dinero en depósitos más pequeños que se colocan en diferentes cuentas y entidades. Otra técnica consiste en constituir o adquirir una empresa legal y mezclar los fondos procedentes de una actividad delictiva con los que genera el negocio. Ante el aumento de los controles por parte de las entidades bancarias, el dinero se suele pasar de contrabando a través de las fronteras internacionales con objeto de introducirlo en una jurisdicción con controles contra el blanqueo más débiles. En la segunda etapa, denominada encubrimiento, los blanqueadores llevan a cabo una serie de transacciones financieras con objeto de alejar el dinero de su origen. Una vez que el dinero ha conseguido penetrar en el sistema financiero, los fondos pueden ser transferidos a una cuenta bancaria a nombre de una sociedad constituida en un paraíso fiscal. De esta forma se consigue que las autoridades no puedan seguir el rastro del dinero, ya que cualquier intento en este sentido será obstaculizado por una estricta legislación protectora del secreto bancario y societario. En la fase final de integración, los capitales blanqueados a través del sistema financiero regresan a los delincuentes con la apariencia de un ingreso legal. El dinero puede aparecer como el beneficio procedente de una sociedad extraterritorial o en forma de préstamo concedido por un banco domiciliado en un paraíso fiscal. En estos casos la legislación protectora del secreto bancario hará muy difícil, si no imposible, que las autoridades puedan confirmar la autenticidad de tales operaciones y la legalidad de los fondos.

Las tres etapas anteriores describen el esquema básico de la actividad de blanqueo de capitales, si bien los mecanismos que el crimen organizado utiliza para camuflar el origen de sus fondos y dotarlos de una apariencia de legalidad son muy diversos. Éstos pueden consistir en la utilización del sistema financiero formal, la inversión en activos (inmuebles, obras de arte y bienes de lujo), la creación de compañías pantalla, la transferencia de fondos a través de redes informales, el fraude en el comercio internacional y la utilización de casinos de juego. Junto a estas técnicas tradicionales están surgiendo otras basadas en las nuevas tecnologías como las que permiten el pago a través de teléfonos móviles, las apuestas por Internet y la utilización de monedas virtuales.

Blanqueo y financiación terrorista

La financiación del terrorismo es el suministro o la recogida de fondos por cualquier medio, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados para cometer actos terroristas. Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la amenaza que representa la financiación terrorista es percibida en una estrecha relación con el blanqueo de capitales. La principal motivación del crimen organizado es obtener un beneficio económico, mientras que los grupos terroristas persiguen con sus actos otros objetivos, como la publicidad de su causa y la influencia política. Las actividades delictivas generan cuantiosos beneficios que los delincuentes intentan camuflar introduciéndolos en el sistema financiero sin levantar sospechas. Por su parte, los fondos que sostienen los movimientos terroristas pueden proceder de actividades ilegales pero también de donantes de buena fe que desconocen el destino final de sus aportaciones. No obstante, las técnicas utilizadas para camuflar estos fondos destinados a financiar el terrorismo suelan ser las mismas que para blanquear el dinero del crimen organizado.

Así, los grupos terroristas utilizan empresas comerciales con propósitos aparentemente legítimos en las que se mezclan ingresos lícitos con ganancias ilegítimas. Estas compañías pantalla están radicadas frecuentemente en centros financieros extraterritoriales (offshore) que facilitan el anonimato y consecuentemente protegen al propietario efectivo de la acción de la justicia. En muchos casos las organizaciones delictivas y los grupos terroristas emplean a los mismos profesionales (contables y abogados) para transferir sus fondos de un lugar a otro. En ambos delitos se utilizan mecanismos bien definidos dentro del sistema financiero formal, como las transferencias fraccionadas, las cuentas corresponsales y las operaciones de seguro.

Además del sistema financiero formal, los terroristas y los narcotraficantes utilizan igualmente métodos informales para transferir sus fondos. Un método común es el contrabando de dinero, gemas o metales preciosos a través de las fronteras. Los cambistas desempeñan un importante papel en la transferencia de fondos, especialmente en aquellos países con fuertes controles sobre el tipo de cambio de su moneda y en los que el dinero en efectivo es la forma tradicionalmente aceptada de liquidación de las cuentas comerciales. Los sistemas informales son utilizados comúnmente por un gran número de inmigrantes para enviar dinero a sus familiares en sus países de origen. Uno de estos sistemas informales es el hawala, caracterizado por la confianza entre sus participantes y la utilización de una amplia red de conexiones familiares, regionales y tribales. Esta forma de enviar dinero en la que predomina el anonimato ofrece la cobertura ideal para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

El blanqueo de dinero basado en el comercio ha sido utilizado tradicionalmente por grupos del crimen organizado y cada vez se utiliza más por los grupos terroristas para financiar sus actividades. Este método consiste en el uso de mercaderías, facturación falsa y otras formas de manipulación comercial, con objeto de transferir fondos. También se ha detectado la utilización del mercado negro del cambio del peso en América, el comercio de oro en Oriente Medio y el contrabando de piedras preciosas en África como formas de financiación terrorista [1].

Aunque puede haber algunas diferencias entre el blanqueo de capitales y la financiación terrorista, las medidas para combatir uno y otro fenómeno son básicamente las mismas: adiestramiento de investigadores financieros, información sobre actividades sospechosas, controles internos en las entidades, establecimiento de unidades de inteligencia financiera, confiscación de activos e intercambio de información entre países.

Magnitud y consecuencias del blanqueo

Hace 10 años, la cifra generalmente aceptada sobre el volumen de dinero blanqueado en el mundo oscilaba entre los 300.000 millones y los 500.000 millones de dólares al año. En la actualidad, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado que la magnitud del blanqueo se sitúa entre el 3% y el 5% del Producto Bruto Mundial (PBM). Utilizando los datos del Banco Mundial para 2007, el PBM sería aproximadamente de 72,3 billones de dólares, por lo que la cantidad de dinero blanqueado en dicho año oscilaría entre los 2,17 billones y los 3,61 billones de dólares [2]

Ante esta cifra es lógico pensar en los peligros que para una economía representa el poder de las organizaciones criminales por la posibilidad que tienen de transferir sus fondos de un país a otro. Estos movimientos incontrolados de dinero podrían incrementar la volatilidad de los mercados financieros y de los tipos de cambio de las monedas. El blanqueo de capitales produce consecuencias económicas y sociales negativas sobre todo en los países en desarrollo, ya que éstos tienen mercados más pequeños y estructuras sociales más vulnerables. Las transacciones ilegales pueden tener efectos contaminantes sobre las legales. Así, en muchos casos, los blanqueadores utilizan empresas fachada para mezclar fondos legales con los procedentes de operaciones delictivas. Esto les permite subvencionar sus productos y servicios fijando unos precios por debajo del mercado. Como consecuencia de esto, es difícil para los negocios legítimos competir con dichas empresas cuyo objetivo real no es obtener beneficios sino sólo camuflar y proteger los activos ilícitos. La utilización de estas empresas fachada también permite a los delincuentes utilizar los beneficios del blanqueo de dinero para controlar las industrias o incluso algunos sectores de la economía de ciertos países. Por otra parte, la entrada masiva de dinero ilícito en algunos sectores como el inmobiliario puede causar un incremento injustificable en el precio de determinados activos.

El sistema financiero es particularmente vulnerable al blanqueo. Por un lado, su estabilidad depende de la percepción de integridad que tengan sus clientes. Uno de los activos más valiosos de las entidades financieras es su reputación. Los clientes e inversores pueden abandonar una institución cuya reputación ha sido puesta en cuestión por sospechas o acusaciones de blanqueo. Por otro lado, los fondos que los blanqueadores depositan en un banco están sujetos a retiradas súbitas, por lo que lejos de ser considerados como una fuente estable de financiación representan un problema de liquidez. Los países en los que existe una importante presencia del crimen organizado también corren el riesgo de perder la confianza de los inversores internacionales al estar sus mercados asociados con el blanqueo y la corrupción.

Las actividades de blanqueo suponen unos importantes costes políticos y sociales para un país. El crimen organizado puede penetrar en las instituciones financieras, adquirir el control de importantes sectores de la economía, sobornar a los funcionarios públicos e incluso a los gobiernos. La influencia política y económica de las organizaciones delictivas puede debilitar el tejido social, las normas éticas colectivas y a la postre las instituciones democráticas de la sociedad. Y lo más importante, el blanqueo de capitales está indisolublemente unido a la actividad delictiva que lo genera, posibilitando que ésta continúe.

La respuesta de la comunidad internacional

Para hacer frente a estas consecuencias negativas, la comunidad internacional ha tomado medidas en varias esferas. La primera reacción internacional fue reconocer el hecho de que el blanqueo de capitales utiliza los mecanismos del sistema financiero internacional para lograr sus fines. Por tanto, al tratarse de fenómeno global se requiere la cooperación y coordinación internacional para luchar eficazmente contra él.

Inicialmente, los esfuerzos internacionales se dirigieron contra el tráfico de drogas. De ahí que la primera convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esta materia considerara a los delitos relacionados con el narcotráfico como los únicos delitos subyacentes, es decir aquellos que producen las ganancias que van a ser blanqueadas. Por eso, hoy en día, la mayoría de los países incluyen en sus legislaciones una amplia gama de delitos graves como delitos subyacentes tales como el narcotráfico, la explotación sexual, la corrupción, el soborno, el secuestro, el tráfico de seres humanos, la piratería, la falsificación, etc.

El principal organismo internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre sus logros están las Cuarenta Recomendaciones para combatir el blanqueo de capitales, que constituyen el conjunto de normas internacionales de referencia en la lucha contra este fenómeno; a las que hay que añadir las Nueve Recomendaciones Especiales sobre la Financiación del Terrorismo de 2001.

La 40 Recomendaciones establecen las medidas que deben adoptar los sujetos obligados, entres los que se encuentran las instituciones financieras y también otras empresas y profesionales no financieros (contables externos, notarios, abogados, auditores, asesores fiscales, agentes inmobiliarios, casinos de juego, etc.), para impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un aspecto esencial dentro de estas normas es la adopción de medidas de debida diligencia, como la identificación del cliente, la obtención de información sobre el propósito de la relación de negocios y el seguimiento continuo de las transacciones. En determinadas circunstancias los sujetos obligados tienen que adoptar medidas de diligencia reforzada al tratarse de operaciones y clientes de mayor riesgo. Tal es el caso de los clientes no presenciales, las relaciones de corresponsalía bancaria y las personas del medio político. En este último caso se trata de dirigentes que ocupan o han ocupado destacadas funciones públicas y que cuando proceden de países con problemas de corrupción pueden abusar de sus funciones para obtener un beneficio económico a través de la malversación, el cohecho u otras actividades delictivas. Si alguno de los sujetos obligados encuentra indicios o sospechas de blanqueo está obligado a informar sobre ello a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de su país. Estas UIF son las encargadas de recibir los informes sobre actividades sospechosas, vigilar el cumplimiento de la normativa por parte de los sujetos obligados, realizar inspecciones e imponer sanciones administrativas.

El GAFI cuenta con una metodología de evaluación de los países que cubre cada una de las Cuarenta Recomendaciones y las Nueve Recomendaciones Especiales sobre la Financiación del Terrorismo. Este organismo también publica periódicamente Informes sobre Tipologías que muestran los métodos y tendencias del blanqueo de capitales en el mundo.

Marco normativo de la UE

La aprobación de la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo supuso un importante compromiso de los Estados miembros de la UE en la lucha contra estos delitos. La Directiva mejora y actualiza el contenido de la primera y segunda directivas sobre la prevención del blanqueo de capitales en los Estados miembros, ajustándose a la revisión y ampliación que hizo el GAFI en 2003 de su normativa. La Directiva introduce varias medidas clave que los estados miembros deben adoptar en sus legislaciones, entre otras las siguientes:

• El enfoque basado en el riesgo. La Directiva ha sido la primera en introducir este concepto dentro de la legislación de la UE. Este enfoque supone reconocer el riesgo de blanqueo que soporta una entidad y desarrollar métodos para mitigarlo y manejarlo. Aunque la intención de blanquear dinero puede provenir de distintas fuentes, determinados productos, servicios, clientes y ubicaciones geográficas son más vulnerables o han sido utilizados tradicionalmente por los delincuentes para estos propósitos. La Directiva también establece una mayor flexibilidad en los procedimientos de debida diligencia que pueden ser reforzados o simplificados, según la valoración de los riesgos asociados al cliente.
• Medidas reforzadas de debida diligencia con “personas del medio político”. Este concepto incluye a las personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como a sus familiares más próximos y a personas reconocidas como allegados. La Directiva establece medidas para determinar si el cliente es persona del medio político, y conocer el origen del patrimonio y de los fondos con los que se realizará la relación de negocios. Dicha relación de negocios ha de ser autorizada por la dirección de la entidad y después tiene que haber una supervisión reforzada y permanente.
• Identificación del “titular real”, es decir de la persona o personas físicas que poseen o controlan en último término al cliente y/o la persona física por cuenta de la cual se lleva a cabo una transacción o actividad. En ocasiones, la utilización de vehículos corporativos (sociedades, fundaciones y fideicomisos) no tiene otro objetivo que camuflar la identidad del verdadero titular de los bienes. Se considera titular real a la persona física que ejerza el control o sea titular de más del 25% de las participaciones o bienes de dichos instrumentos jurídicos.
• Prohibición de efectuar operaciones cuando no se pueda identificar de forma fehaciente al cliente o en su caso al titular real u obtener información sobre el propósito de la relación de negocios o realizar un seguimiento continuo de las transacciones.

El plazo establecido para la implantación de la Directiva fue en diciembre de 2007. La mayoría de países miembros han adaptado sus legislaciones plenamente a la Directiva. Varios países la han aplicado de forma parcial (Bélgica, Finlandia, Francia y Polonia) y otros están en proceso de incorporarla (España, Irlanda y Suecia); no obstante, todos estos países cuentan con sistemas eficaces contra el blanqueo de capitales ya que han sido evaluados en la mayoría de aspectos de forma favorable por el GAFI.

Riesgos a considerar en el entorno de la UE

El 1 de mayo de 2004 se incorporaron 10 nuevos países a la UE (Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia), ampliando el número de miembros hasta 25. El 1 de enero de 2007 se incorporaron dos países más, Bulgaria y Rumanía. La incorporación de los nuevos países a la UE supone un mayor riesgo para las entidades que operan en este territorio. Muchos de estos países no han dispuesto históricamente de procesos rigurosos contra el blanqueo de capitales y es probable que necesiten un período de adaptación más largo. Además, el marco regulatorio de algunos de estos países está menos desarrollado, lo que implica que la aplicación práctica de las normas contra el blanqueo de capitales podría ser menos sistemática. Un problema añadido es que muchas de las disposiciones legales de la UE asumen que se han implantado las normas con la misma efectividad en todos los países miembros. Sin embargo, hasta que esto no sea una realidad, pueden surgir nuevas oportunidades para que los profesionales del blanqueo accedan al sistema financiero de aquellos países a los que no les ha dado tiempo a implantar o adaptarse a la Directiva por completo, para después transferir los fondos a un centro financiero más acreditado. En este sentido, algunas entidades financieras pueden ser especialmente vulnerables a este riesgo si sus procedimientos internos están basados en la suposición de que todos los bancos de la UE son de bajo riesgo, de forma que analicen estas relaciones con menor rigor.

Además de los cambios realizados en el entramado jurídico de la UE, la ampliación también ha producido cambios en la economía real, como un aumento del comercio entre los países. A su vez, se ha producido un mayor flujo migratorio desde los países de reciente adhesión hacia los países más antiguos. La existencia de mayores volúmenes de transacciones financieras legítimas procedentes y dirigidas a estos nuevos países, que anteriormente se hubieran considerado de mayor riesgo, puede dificultar aún más la identificación de cualquier flujo ilícito de fondos.

A los riesgos anteriores habría que añadir el impacto que la crisis financiera puede tener en lucha internacional contra el blanqueo de capitales. Por un lado, las grandes entidades financieras han llevado a cabo recortes de presupuestos y plantillas dedicados a la prevención. Por otro lado, los problemas derivados de la falta de liquidez que padecen algunas entidades aumenta el riesgo de que sean menos rigurosas al aceptar dinero de dudosa procedencia. Por último, destacar que los organismos financieros reguladores están más preocupados por la solvencia de las entidades financieras, lo que podría reducir las exigencias en el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.

Conclusiones: El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son actividades que utilizan en gran medida la infraestructura económica y financiera internacional para conseguir sus fines. Consciente de ello, el GAFI ha emitido un conjunto de Recomendaciones basadas en el principio “conoce a tu cliente”, que están destinadas tanto a las instituciones financieras como a otros sectores de actividad y profesionales no financieros. En el marco de la UE, la aprobación de la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo supuso un paso importante, incorporando las últimas actualizaciones del GAFI. Sin embargo, para que las medidas contenidas en la Directiva tengan plena efectividad es necesaria su incorporación a las distintas legislaciones nacionales de los Estados miembros y también que el grado de aplicación sea homogéneo. La incorporación de los nuevos países a la UE supone un riesgo para el resto, al tener marcos regulatorios menos desarrollados que permiten una aplicación más laxa de la normativa. El entorno económico actual, caracterizado por la falta de liquidez de algunas entidades, también puede suponer una aplicación menos rigurosa de la debida diligencia con el cliente y un menor control por parte de los organismos reguladores.

Notas:

[1] Sobre las distintas tipologías de blanqueo y financiación terrorista puede verse Juan M. del Cid Gómez (2007), Blanqueo Internacional de Capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo, Ediciones Deusto, Barcelona, pp. 55-95.

[2] El dato ha sido publicado en el International Narcotics Control Strategy Report, Volume II: Money Laundering and Financial Crimes Departamento de Estado de EEUU, 2008.

Bajo la sombra de una arboleda, en una calle residencial de la ciudad de Guatemala, hay ahora un altar con flores frescas.

Alrededor de los cubos repletos de ramos de colores, los visitantes han dejado cruces, imágenes de la Virgen y varios carteles. “Gracias Rodrigo, ya no tengo miedo”, clama uno de ellos, sobre un fondo rojo.

En ese lugar, en la mañana del domingo 10 de mayo, acribillaron al abogado Rodrigo Rosenberg, de 48 años, un prestigioso docente universitario y asesor jurídico de empresas. Tres días antes, había grabado un vídeo acusando de su muerte a la cúpula del Gobierno -al presidente Álvaro Colom, su esposa Sandra y su secretario privado, Gustavo Alejos- y a empresarios ligados al partido oficial, a quienes involucra en negocios corruptos y lavado de dinero.

El jurista también sindica a los mismos personajes de haber asesinado a dos clientes suyos: el empresario de origen libanés, Khalil Musa, quien fue ametrallado al salir de su fábrica junto a su hija Marjorie, en el mes de abril.

El vídeo, además de capturar la atención de la prensa internacional, ha detonado en Guatemala la crisis política más grave de los últimos 15 años. De poco le ha servido al presidente Colom negar todas las acusaciones de Rosenberg, atribuirlas a una conspiración de la derecha y organizar movilizaciones populares para demostrar apoyo al Gobierno.

Horas después de que la cinta apareciera colgada en YouTube, la indignación cundió por las redes sociales de Internet. Miles de jóvenes, en su mayoría estudiantes de universidades privadas, se echaron a las calles a exigir justicia y pedir la renuncia del presidente Colom.

Aunque la presión de este movimiento liderado por jóvenes ha amainado con el pasar de los días, su poder de convocatoria ha dejado con la boca abierta a toda la sociedad. No es para menos: el primer fin de semana, una manifestación convocada por Facebook reunió frente al Ayuntamiento capitalino a más de 30.000 personas vestidas de blanco, algo no visto en Guatemala desde las visitas del papa Juan Pablo II.

¿Cómo es que un vídeo logra poner a un país al borde del caos institucional cuando, por espeluznante y vehemente que resulten sus acusaciones, deja muchas preguntas sin respuesta y no ofrece evidencias contundentes?

Quizá haya que interpretarlo como un signo de hartazgo en una sociedad agobiada por la falta de justicia y la desigualdad. Guatemala es un país atravesado por la violencia, donde los sociólogos han profetizado por décadas un estallido social. Como en muchos países latinoamericanos, una pequeña élite concentra la mayor parte de la riqueza, hay una reducida clase media que no logra aún la suficiente masa crítica para ejercer protagonismo, mientras el resto de la población se debate en la pobreza.

La historia del país -plagada de dictaduras, crímenes políticos y esfuerzos denodados por anclar la impunidad- constituye otro lastre difícil de ignorar. Después de una guerra civil de 36 años (1960-1996) que dejó centenares de miles de muertos y desaparecidos, no le han faltado a los guatemaltecos razones para protestar.

En los últimos tiempos el país ha sufrido un incremento delirante de la criminalidad. Sólo el año pasado hubo en Guatemala casi 6.300 asesinatos, de los cuales el 98% queda por resolver: la policía no investiga, la fiscalía no acusa y los tribunales no conocen ni sentencian.

En los barrios marginales de la ciudad, las pandillas o maras están fuera de control: trafican con drogas, extorsionan a los vecinos, se enfrentan a balazos y ejecutan a cualquier enemigo sin que las autoridades puedan ni siquiera parpadear.

El transporte urbano se ha convertido en uno de los blancos favoritos de la delincuencia. En los primeros seis meses de 2009 han matado a cerca de 70 conductores de autobús ante la mirada horrorizada de los pasajeros, para exigir el pago de un “impuesto” de circulación.

Más inquietante aún que la zozobra prevaleciente en las calles, resultan los vínculos existentes entre las pandillas y las mafias, que a su vez han infiltrado el poder político y el Estado. Estas relaciones se han ido estableciendo, entre otras formas, a través de la financiación de campañas electorales. Como la ley es laxa, ningún partido político se encuentra libre de sospecha de contar entre sus padrinos a capos del crimen organizado.

Las dudas rodean al partido gobernante, la Unidad Nacional de la Esperanza, donde el escándalo más sonado ha sido la expulsión de un diputado que se encuentra ahora prófugo de la justicia bajo cargos de narcotráfico. Sin embargo, la desconfianza también pesa sobre otras organizaciones políticas, entre ellas la principal fuerza de oposición, el Partido Patriota.

El fortalecimiento de la presencia del narcotráfico salta a la vista, en particular desde que el Gobierno de Felipe Calderón puso en marcha una ofensiva para sacar a los carteles del territorio mexicano. Atraídos por la impunidad, los narcos se han trasladado a Guatemala que, de país puente para la droga, se ha convertido en centro de operaciones y distribución.

Esta transformación ha incidido en la escalada de violencia. El presidente Colom ha admitido ya que el Gobierno perdió el control de regiones enteras del país. La selva petenera, famosa por sus majestuosas ruinas mayas, se ha llenado de pistas clandestinas de aterrizaje. En otros feudos del narco, como las provincias orientales, se pasean a su aire ejércitos de sicarios que ostentan kilos de oro y fusiles de asalto.

Con igual facilidad se toleran los escándalos de corrupción. Hace un año, la Junta Directiva del Congreso se vio envuelta en una defraudación de 10 millones de dólares. Resultado: el presidente del Legislativo, miembro prominente del partido oficial, fue degradado a congresista raso, pero ahí murió el asunto.

Es en este contexto donde el asesinato del abogado Rosenberg y su denuncia póstuma han caído como una bomba. Dados los antecedentes de casos similares, que nunca son esclarecidos a pesar de su relevancia, nadie confía en la capacidad de la administración de justicia para dar con los responsables.

La esperanza de los guatemaltecos se ha volcado entonces en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, instaurada en el país a fines de 2006 para apoyar al Gobierno en la investigación y enjuiciamiento de las redes del crimen organizado, especialmente de aquellas enquistadas en el aparato estatal.

“Es una prueba de fuego”, confiesa el jefe de CICIG, el fiscal español Carlos Castresana, quien aceptó el reto con dos condiciones: que el Gobierno no interfiera en la investigación y que se le conceda un tiempo prudencial para llevarla a cabo.

La tarea promete ser endiabladamente difícil, pues resulta obvio que en este caso se cruza un enjambre de intereses políticos y empresariales, que, a juzgar por la escasa evidencia documental que ha trascendido hasta el momento, apunta hacia una añeja pugna por el control de la gremial de caficultores y del mayor banco del país, de capital mixto.

El reto de la CICIG será desarrollar una investigación sólida a pesar de la maraña que se teje alrededor de esta clase de crímenes en Guatemala, donde los hechos se desdibujan ante las simpatías ideológicas, las agendas personales y lo que cada quien decide creer. En la calle se escucha ya todo un abanico de teorías: desde quienes están convencidos de la culpabilidad del presidente y su equipo más cercano, hasta quienes creen que el abogado fue víctima de una siniestra conjura, maquinada por personajes acusados de ser especialistas en derrocar Gobiernos.

Mientras la investigación avanza, un dato es digno de señalar: el despertar de una nueva generación que tiene la oportunidad de agrupar a la sociedad para exigir justicia, no sólo en estos asesinatos, sino en la marejada de violencia que está desangrando a Guatemala.

Ese sí que sería un homenaje para el abogado que llamó a rescatar al país de “los ladrones, los asesinos y los narcos”.

Introducción:

Inteligencia estratégica en materia criminal

La Estrategia se define en términos generales como el proceso de interactuación de un Sistema Organizativo con su entorno para desarrollar su misión social. La Inteligencia, entendida como conocimiento basado en hechos, aporta a la Estrategia los elementos racionales necesarios para que dicha interactuación sea posible y útil; es decir, sirve para que la Estrategia contribuya eficazmente a que la Organización esté en capacidad de alcanzar sus objetivos. En estos términos, la Inteligencia Criminal Estratégica puede entenderse como “el proceso sistemático de elaboración y difusión del conocimiento útil para el diseño de estrategias contra el delito”.

Tradicionalmente, la orientación reactiva de los cuerpos de seguridad ha hecho que prevalezca un modelo de orientación estratégica basado en la capacidad de respuesta ante hechos consumados o que se encuentran en proceso de ejecución. En la actualidad, diversos factores están condicionando los esfuerzos policiales hacia un modelo de estrategia prospectiva, en la que se focaliza el esfuerzo no en la reacción ante ciertos sucesos producidos, sino en la anticipación y la toma de medidas dirigidas a impedir que dichos sucesos ocurran.

Los productos de inteligencia estratégica criminal son el resultado de procesos de elaboración de conocimiento sobre la delincuencia en sus diversas dimensiones y dentro de los contextos sociales en que se produce. Un buen producto de inteligencia criminal no solo establece cuál es la situación actual relativa al fenómeno o asunto de que trata, sino que aporta explicaciones sobre la existencia de dicho fenómeno y establece posibles evoluciones o tendencias, definiendo escenarios posibles y probables. Además, un buen producto de inteligencia define las alternativas viables para reorientar la situación en el sentido más favorable a la lucha contra el crimen, y establece los eventuales costes económicos y sociales resultantes de la aplicación de dichas medidas.

Los Informes de Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado-OCTA, que elabora anualmente la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), constituyen una clase de estos productos de inteligencia estratégica, cuya base distintiva con respecto a otros documentos se encuentra en su enfoque orientado a la totalidad de la UE y en su atención material exclusiva a las manifestaciones del crimen organizado. Por lo que se refiere al ámbito territorial, es evidente que un extensión geográfica tan amplia como la que abordan los informes OCTA ha supuesto enfrentarse a diferentes realidades no solo de orden criminal, sino también cultural, social y económico.

En lo que se refiere a la delimitación material, en sentido técnico el crimen organizado se entiende como el conjunto de ciertas manifestaciones delictivas que cometen agrupaciones de delincuentes que cumplen ciertos requisitos estructurales. Esta acepción no siempre se corresponde exactamente con el sentido atribuido al término por el lenguaje común, para el cual evoca las manifestaciones más graves o reprobables del delito y las que producen una considerable repercusión social.

Intelligence-led Policing y los informes OCTA

La primera edición del Informe de Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado en Europa (Organised Crime Threat Assessment, OCTA), se presentó en junio de 2006 como producto básico del modelo de conocimiento y manejo de la delincuencia organizada denominado Intelligence-led Policing (ILP), cuya articulación se establece sobre la evaluación y gestión de la amenaza producida por el fenómeno.

El término Intelligence-led Policing es difícil de traducir con propiedad al español, no solo por las propias limitaciones de equiparación semántica de los términos, sino también y sobre todo por las discrepancias doctrinales sobre el contenido conceptual de la expresión y por las implicaciones teóricas y prácticas que pueden derivarse de ella. En el sentido que se atribuye por sus autores originales, británicos, en los años 90, la ILP se diseña como una estrategia de acción policial que pretende reducir el delito combinando técnicas de análisis e inteligencia criminal para establecer medidas de actuación directa y preventiva sobre el delito, centrándose en los delincuentes activos y reincidentes.

Independientemente de los problemas de definición del modelo ILP y de las interpretaciones que pueda suscitar un planteamiento estratégico basado en la amenaza, hay que tener en cuenta que los sistemas institucionales de actuación contra el delito se han fundamentado tradicionalmente en la reacción y no en la anticipación. Como consecuencia de este enfoque, el objetivo de la actuación policial ha sido siempre el conjunto de actividades delictivas efectivamente constatadas y no su potencial existencia.

El sistema institucional reactivo tiene como expresión jurídica el desarrollo de códigos penales cuyos ejes son, por un lado, la existencia de conductas con resultados y, por el otro, la identificación y castigo de los responsables de esos resultados. Puesto que los cuerpos de seguridad se diseñaron con el objetivo de garantizar la imposición de las leyes penales mediante la represión de sus infractores, esta premisa supone la existencia de dos elementos justificantes de la actuación policial: la propia infracción y el sujeto que la comete. En este contexto, es lógico que la eficacia policial se mida por la capacidad para detectar conductas penales, detener a sus responsables y aportar pruebas válidas para su condena judicial.

En calidad de elemento secundario, el poder preventivo de los cuerpos de seguridad está relacionado con su capacidad para transmitir a los potenciales infractores el miedo suficiente como para disuadirlos de cometer delitos ante la gran probabilidad de ser detenidos y castigados. En el modelo reactivo, la eficacia represiva y la disuasión quedan vinculadas funcionalmente: a mayor actividad represiva, mayor capacidad disuasoria. El modelo ILP supone, en este sentido, un cambio de visión sobre la lucha contra el delito, ya que se centra no sobre la comisión de conductas y la localización y apresamiento de sus autores, sino sobre la valoración y gestión de la “amenaza del delito”, la cual por sí misma constituye una conducta, factor o elemento que puede derivar en daño y responsabilidad penal, pero que, por su propia definición, todavía no ha constituido tal daño.

La aplicación del modelo ILP para el tratamiento de la delincuencia organizada en Europa crea tensiones en las estructuras y procedimientos policiales y judiciales porque tanto el sistema penal como el aparato policial fueron concebidos en su origen como instrumentos de actuación reactiva ante el daño criminal consumado. Como consecuencia, en el statu quo tradicional, la proactividad y la anticipación se conciben y se perciben como actividades secundarias, por no decir residuales, en el trabajo policial, y han sido simplemente inexistentes en la actuación judicial.

El cambio de un modelo reactivo de intervención ante hechos a otro anticipatorio frente a las amenazas encuentra un difícil acomodo en el sistema actual de protección de derechos, pensado para la represión y no para la prevención de los delitos, máxime cuando dicho cambio debe hacerse manteniendo o mejorando la capacidad de reacción frente a hechos consumados. En este sentido, los informes OCTA constituyen no solo un ejemplo de aproximación a este cambio de modelo de tratamiento de la criminalidad, sino el síntoma de un cambio de actitud institucional frente al delito.

Los informes OCTA: definición, objetivos, fuentes y metodología

A efectos prácticos, los Informes de Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado en Europa (informes OCTA), son documentos en los que se recoge el estado del crimen organizado en Europa desde la perspectiva de tratamiento de la amenaza. Estos informes han sido elaborados por EUROPOL desde 2006 con periodicidad anual. Los OCTA se declaran a sí mismos como instrumentos cuya principal utilidad radica en aportar elementos de juicio fiables para la planificación estratégica contra el crimen organizado y grave en Europa. Hasta el momento, los OCTA han servido, según el director de EURPOL, para desarrollar el espacio común de libertad, seguridad y Justicia en la UE, y han tenido un significativo impacto en la comunidad de aplicación de la Ley en Europa, en cuanto a prácticas y prioridades.

El Informe OCTA 2006 sólo se publicó en versión abierta, mientras que los OCTA 2007 y 2008 se han dado a conocer en dos versiones cada uno: la abierta y la restringida.

Las versiones abiertas constituyen resúmenes de las versiones restringidas, de las que se no solo se reduce el contenido general, sino que se llega a omitir apartados completos.

El epígrafe introductorio del OCTA 2006 establece un doble objetivo para los informes de evaluación de la amenaza: por un lado se trata de desarrollar un análisis valorativo de la amenaza de las actuales y futuras tendencias de la delincuencia organizada en Europa, y, por otro, se trata de ofrecer a los dirigentes políticos y técnicos competentes un conjunto de elementos de juicio suficientes para que se tomen medidas de acción contra las citadas amenazas. En particular, el Informe OCTA 2006 se presenta como una “herramienta que ayudará a que los organismos encargados de tomar las decisiones identifiquen las áreas estratégicas prioritarias en la lucha contra la delincuencia organizada y grave, y a que promuevan procesos de Inteligencia para definir los objetivos operacionales”. En este documento se afirma igualmente que su visión supera el enfoque descriptivo que predominaba en los Informes de Situación del Crimen Organizado en Europa (OCR), pasando a focalizar el trabajo desde la descripción del OCR a la “… valoración cualitativa de este fenómeno complejo y multifacético.” (OCTA, 2006, p. 4).

Las versiones públicas de los informes OCTA no mencionan las fuentes más que de forma indirecta a través del prólogo del director de EUROPOL, quien siempre ha resaltado la importancia de las contribuciones de los Estados Miembros y de instituciones y organismos de la UE, de países externos y de ciertos organismos internacionales.

Las fuentes oficiales que nutren la información de los OCTA pueden clasificarse en cuatro grupos:

(1)   Los Estados Miembros (entendiendo como tales a los Cuerpos Policiales de dichos Estados y, eventualmente, a otras instituciones que ha reportado información sobre los grupos criminales organizados localizados durante el tiempo de recopilación de datos).

(2)   Cuerpos de Seguridad de Estados externos a la UE (EEUU, Canadá, Noruega, Colombia, Rusia y Suiza).

(3)   Instituciones multinacionales de ámbito europeo como EUROJUST, FRONTEX, OLAF, ECB, SITCEN, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA), la propia EUROPOL, etc.

(4)   Instituciones multinacionales externas a la UE (Interpol, BCE y SECI),

Junto con estas fuentes oficiales, los informes OCTA reseñan la participación de numerosos socios del sector privado y el mundo académico, lo cual “… ha supuesto un valor añadido importante para OCTA”. En resumen, aunque los informes OCTA se nutren de diversas fuentes indirectas, la mayor cantidad de datos y la información más relevante procede de las aportaciones ad hoc de los Estados.

Como ya se ha indicado, el objeto fundamental de los informes OCTA es ofrecer a los responsables políticos los mejores elementos de decisión sobre la lucha contra el crimen organizado. Además, la orientación basada en la Intelligence-led Policing refuerza la focalización hacia los grupos criminales y sus integrantes, centrándose lógicamente en los estratos dirigentes de éstos. Los cuerpos de Seguridad y fuerzas policiales son los depositarios naturales de la información fiable y veraz de origen criminal para estos objetivos, por lo que los datos necesarios para desarrollar el OCTA se encuentran básicamente en las bases de datos de los departamentos especializados en análisis operativo dentro de estos cuerpos o fuerzas. Los organismos e instituciones multinacionales de la UE no disponen, por lo general, de información propia, y en ningún caso disponen de información propia operativa o estratégica sobre grupos y actividades criminales que no haya sido cedida previamente por las fuerzas y cuerpos estrictamente policiales o con funciones policiales de los países que las integran.

Por tanto, dentro de la UE no es posible encontrar ningún dato operativo fiable sobre lucha contra el delito fuera de las fuentes policiales; y la información analítica sobre delincuencia que se pueda encontrar en fuentes como Frontex, el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, o incluso en Eurojust, será siempre doblemente secundaria por dos motivos: estará filtrada por los cuerpos policiales y además habrá sido objeto de un segundo filtro por la propia fuente multinacional. Aunque en teoría pudiera ocurrir que algunos organismos multinacionales no europeos, como por ejemplo Interpol, dispusieran de algún tipo de información operativa que afectase a los miembros de la UE, el hecho es que dicha información sería puesta de inmediato por tales organismos en conocimiento de los países afectados, por lo que cabe valorar como muy poco probable que un dato exista en una fuente multinacional sin que sea conocido por las partes interesadas o afectadas.

De lo expresado en los párrafos anteriores puede afirmarse que la base de la información útil que recogen los informes OCTA se reducen en su origen a las contribuciones que realizan los cuerpos o instituciones con funciones sobre crimen organizado, mientras que gran parte del resto de las fuentes a las que se alude tienen un carácter básicamente ornamental. La alusión a todas las fuentes sin discriminar entre ellas genera la falsa sensación de que los mismos datos se obtienen por diversas fuentes, reforzando su fiabilidad, cuando en realidad se trata de una simple repetición. Lo paradójico es que esta misma circunstancia es la causante de que, en ocasiones, se produzca información o inteligencia diferente, e incluso contradictoria, a partir de los mismos datos.

Además, es llamativa la mención en los prólogos de los tres OCTA al “novedoso enfoque” adoptado en la producción de dichos trabajos, que han contado con numerosos colaboradores del sector privado y el mundo académico. Hubiera sido de mucho interés que se precisara en qué ha consistido la colaboración del sector privado y a qué sector privado en concreto se está haciendo referencia. De esta forma, si entendemos que parte de la colaboración ha procedido de los medios de comunicación, como parece ser que así ha sido en algunos casos, debe advertirse del peligro que supone tomar como fiables las informaciones obtenidas de reportajes e investigaciones periodísticas, que no son casi nunca extrapolables ni en el tiempo ni en el espacio al conjunto de la realidad social. Por tanto, extraer conclusiones generalizadoras de estas fuentes es, siempre, una actividad muy arriesgada cuando se pretende conocer un fenómeno complejo en profundidad. Los OCTA tampoco aportan ningún dato sobre la forma en la que el mundo académico ha colaborado en su elaboración. El hecho de que no se aporte la identidad de ningún colaborador académico, sea persona física o institución, ni que existan referencias a fuentes académicas en el desarrollo del texto impide conocer hasta qué punto las estas contribuciones han sido fructíferas.

En lo que se refiere a la metodología, las versiones públicas de los OCTA no incluyen un apartado específico en esta materia, si bien no es ningún secreto que el modelo conceptual utilizado deriva, en su mayor parte, del modelo expuesto en el documento CRIMORG 133-2001. Las versiones restringidas de los OCTA sí que desarrollan un apartado de metodología que incluye subapartados sobre recogida, recopilación y tratamiento de datos, proceso de análisis, y valoración de la información. El contenido de estos subapartados es inaccesible a las personas no habilitadas para acceder a estos documentos restringidos.

El conocimiento de los problemas metodológicos que se presentan y de qué forma se están afrontando queda limitado, por tanto, a los analistas de Europol y a los representantes de los Estados que participan en las reuniones sobre Metodología. Pero incluso para estos últimos resulta difícil conocer concreta y exhaustivamente cuáles son los criterios de valoración de los datos para priorizar las informaciones recibidas de las distintas fuentes, establecer su validez y fiabilidad, o conocer cómo se resolvería la información contradictoria que, eventualmente, pudieran recibir. Además, aunque en la introducción de los OCTA 2007 y 2008 se menciona la existencia de dificultades metodológicas con que se enfrentan los analistas de Europol y de los Estados miembros para mejorar los documentos, la realidad es que los informes abiertos no ofrecen ninguna valoración metodológica, salvo alusiones a una progresiva mejora del tratamiento y análisis de las contribuciones y al aumento permanente de la calidad de los OCTA.

En el contexto descrito, el análisis de los informes OCTA soportan una carga de dificultad añadida a la difícil valoración de la subcultura criminal, cuya tendencia a la clandestinidad es un factor que ha limitado históricamente el acceso a las fuentes directas, es decir, a las personas y grupos que cometen los delitos. Además, la gran diversidad de las características de los delincuentes y de sus actividades criminales dificulta el acceso a datos veraces de primera mano y suficientemente extrapolables como para constituir muestras fiables de las que sea posible realizar inferencias. Por otro lado, algunos autores no solo refieren una dificultad intrínseca de acceso a las fuentes directas, sino que advierten de las importantes limitaciones que soportan algunas técnicas de trabajo para este concreto ámbito de investigación (la entrevista en profundidad o la observación participante, por ejemplo). Otros autores añaden a estas dificultades un elemento autocrítico: la tendencia general de los investigadores a conformarse con las fuentes indirectas, particularmente las instituciones públicas y los medios de comunicación.

En todo caso, se ha constatado un escaso desarrollo del método científico en el estudio del crimen, lo cual se ve reflejado en el resultado de trabajos como OCTA. Las limitaciones metodológicas actuales para el estudio del crimen, y singularmente del crimen organizado, pueden deberse a varias circunstancias:

En primer lugar, ya se ha mencionado la reserva que puede establecerse sobre las técnicas más utilizadas en otras ramas del conocimiento, como la observación directa o la entrevista en profundidad.

En segundo lugar, deben considerarse los problemas de validez y fiabilidad de la información obtenida de los cuerpos de Seguridad y demás instituciones encargadas de hacer cumplir la Ley. En este sentido, la captación de datos está condicionada por factores como la misión, visión, estrategia, objetivos y metas de las instituciones, así como por sus propios elementos estructurales y de interrelación con otros departamentos públicos. Algunos de estos condicionantes podrían ser tan aparentemente lejanos como los mecanismos policiales de control de resultados.

También tiene su importancia la influencia de las relaciones políticas en el desarrollo de los informes de las instituciones multinacionales. La corrección política y la preocupación por no herir la sensibilidad de otros Estados pertenecientes a la UE puede constatarse de forma ejemplar en el propio OCTA 2006, donde se dice literalmente “… El principal problema del tráfico de drogas es que las regiones de origen de la mayoría de las drogas no están bajo el control de la UE, y a menudo tampoco bajo el control de sus respectivos gobiernos. La excepción son las drogas sintéticas, de las cuales Europa parece ser el mayor productor mundial…”. (OCTA, 2006, p. 8). Es decir, el principal problema del tráfico de drogas es que se producen fuera de la UE, salvo en el caso de las drogas cuyos mayores productores mundiales están en la UE.

Como resultado de los factores mencionados, se observa una tendencia a obtener y reflejar los datos más adecuados para construir indicadores preferentemente cuantitativos que repercutan positivamente en las propias instituciones que captan los datos y en sus responsables políticos.

Por ejemplo, el número de delitos resueltos, el número de detenciones practicadas, la clase y cantidad de efectos recuperados, la valoración económica de las drogas decomisadas etc. Por el contrario, no son contempladas otras variables interesantes para el conocimiento de los fenómenos criminales, como por ejemplo, las características específicas de los hechos, los perfiles de las víctimas, la biografía de los detenidos, la evaluaciones de “cifra negra” de crimen, el registro de los lugares de residencia o de los lugares de entrada y salida de España o de la UE de los delincuentes.

En relación con este mismo punto, también debe advertirse que las técnicas utilizadas para el esclarecimiento de los hechos pueden influir en la percepción final que se obtiene de los propios hechos y de las circunstancias que los afectan. Por ejemplo, la negociación del grado de responsabilidad penal en actividades criminales con autores, cómplices o encubridores supone, necesariamente, un rasgo tendencioso que modifica la realidad transmitida, y condiciona la percepción que se tiene del funcionamiento interno y la organización de los grupos.

En tercer lugar, las manifestaciones criminales suelen producir emociones y vivencias, que convenientemente tratadas y dramatizadas, ejercen un considerable atractivo sobre las personas y ofrecen un notable caudal de beneficios a industrias como el cine y las empresas editoriales, así como un filón de argumentos noticiables para profesionales de los medios de comunicación.

Lógicamente, tanto el contenido de los productos de ficción como las noticias relacionadas con el crimen, y singularmente con el crimen organizado, responden a motivaciones que no tienen que ver necesariamente con un deseo de conocimiento científico del fenómeno, sino con razones que pueden responder más a intereses comerciales y profesionales, y ser utilizadas como instrumento de influencia política o social. De esta forma, el interés comercial es el elemento básico de que se presente al delito y a los delincuentes de una cierta forma, y es ese modelo perceptivo el que acaba asentándose en la mente de los ciudadanos, convirtiéndose en una realidad construida a partir de la ficción.

Además, y en este mismo sentido, debe tenerse en cuenta que la conveniente administración o racionamiento de la información que las fuentes indirectas pueden suministrar sobre actividades criminales y asociaciones de delincuentes, y su difusión en los momentos pertinentes y a las personas adecuadas, pueden estar conscientemente dirigidas a producir en el conjunto social o en la opinión pública efectos concretos, con fines rara vez relacionados con interés por el conocimiento científico del fenómeno.

Leer artículo completo (PDF). Disponible en el Real Instituto Elcano.

We call them “pirates”, because that is how they most easily translate into Western culture, but the Somali marauders currently terrorising Indian Ocean shipping might better be termed ocean-going shiftas, heirs to a long and uniquely African tradition of banditry.

The term shifta may be unfamiliar, yet it is a key to understanding what is happening off the coast of Somalia, and how it might possibly be resolved. Shifta, derived from the Somali word shúfto, can be translated as bandit or rebel, outlaw or revolutionary, depending on which end of the gun you are on.

In the roiling chaos that is Somalia, the killers and criminals are variously pirates, warlords, kidnappers, fanatics or Islamic insurgents. Most are young, angry men with no prospects, no education and a great deal of heavy weaponry. But all are historically descended from the shiftas who have plundered the Horn of Africa for decades.

The shiftas originated in the 19th century as a sort of local militia in the unruly mountains of north east Africa, but soon developed into freelance outlaws, rustlers and highway robbers, roaming across borders to rob and kill. The British colonial authorities sought to control shifta activity, but the armed bands played an important role in resisting Italian occupation in Ethiopia and Somaliland during the Second World War.

They had a reputation for extreme barbarity. One British officer based in the Northern Frontier District of Kenya in 1942 described the marauding, heavily armed bands of Somali shiftas as “ruthless outlaws who killed for the sake of killing, holding human life cheap if it stood in the way of rape and pillage”. The shiftas, it was said, handed captives over to their womenfolk to be elaborately mutilated before an agonisingly slow death.

The term shifta is still used to describe robber gangs in the remoter rural regions of Somalia, Eritrea, Ethiopia and Kenya. The conservationist George Adamson of Born Free fame was killed by Somali shiftas in Kenya in 1989.

But shiftinnet (the role of the shifta) is more complex than mere thievery and thuggery. The term can also denote status, respect and rebellion against unpopular authority. Two 19th-century Ethiopian emperors were originally shiftas. In his book Bandits, Eric Hobsbawm argued that in some instances, outlaws rise above their crimes to become champions of the underdog, rebels articulating the grievances of the dispossessed, robbing the rich to give to the poor.

Shiftinnet has some of this outlaw mystique. Precisely the same is true of the latter-day Somali pirates infesting the seas off East Africa. They, too, follow a code of conduct that precludes harming crewmen, as well as a formula for divvying up the loot within the robber band. In their own communities, they are seen as heroes and breadwinners, a sort of maritime mafia upholding social order while resisting Western power.

Such people are glorified and romanticised when government is weak: Dick Turpin, Billy the Kid, Blackbeard and Robin Hood were functions of violent social dislocation. Just as shiftas have long flourished in the lawless areas in and around Somalia, so the abject failure of the modern state of Somalia has led to the explosion of piracy.

Somalia is now the most dangerous place in the world. This half-starved country has suffered 14 failed governments in two decades. Piracy is the only big industry: the sea-going shiftas made $150million last year. Since February the pirates have attacked 78 ships, hijacked 19 and taken more than 300 hostages from a dozen countries.

The banditry comes with the usual veneer of buccaneer bravado: “We believe in dying for our land,” one pirate declared this week, after the American rescue of a kidnapped freighter captain.

Somali piracy is usually seen as a political and economic problem or even as a military threat to be solved using brute force, but it is also at root a cultural issue, a return to a form of behaviour that is grimly embedded in Somali tradition. Killing a few pirates will have no more effect that the British attempts to stamp out the shiftas of an earlier era.

Rooting out piracy in Somalia means stripping the Robin Hood myth from Somalia’s bandit chiefs, pirates and warlords, rebuilding social institutions, re-educating a generation brought up on violence, and providing alternative forms of employment. There will be no peace at sea off Somalia until there is some form of law on land.

For many years the deteriorating situation in Somalia has been largely ignored by the rest of the world: the country is now listed by the UN as the world’s worst humanitarian disaster, a hotbed of Islamic extremism, and a throwback to a medieval way of thinking in which brigandage is not merely tolerated, but venerated.

Organised banditry is worming its way into what remains of the Somali state: in some ports, the pirates pay the salaries of the local police.

The life of a Somali pirate, like that of a Somali shifta, is nasty, brutish and frequently short. Pirate vessels are barely seaworthy; many pirates cannot even swim. As always, while a few get rich, the rank-and-file in the criminal enterprise are young, desperate and careless of life, their own included.

Yet it is a mark of how far Somali society has been degraded by years of conflict and international complacency, that such creatures are regarded with both fear and admiration by their compatriots. Barack Obama has pledged to “halt the rise of piracy”.

That cannot be done with guns alone, and will never be achieved until and unless Somalia can finally rid itself of the culture of the gun. Arrivals at Mogadishu airport today must fill out a landing form detailing name, address, and calibre of weapon. Welcome to the brutal, shifting world of the shifta.

El gran vecino del norte se impacienta y la alarma se extiende por Washington ante la guerra entre el Gobierno de México y los cárteles de la droga que operan desde Colombia a la frontera del río Grande. Los narcoterroristas financian sus gastos y sus armas con el tráfico floreciente de la cocaína y la marihuana que colocan en las grandes metrópolis norteamericanas y cuya demanda crece sin cesar, mientras crecen los nuevos refugiados: los funcionarios amenazados por los capos. México está en la primera línea del frente del combate contra la producción y el tráfico de la droga, una guerra subrogada en la que EEUU fracasa estrepitosamente desde hace 30 años.
Un reciente informe del Pentágono encolerizó a la autoridades mexicanas al comparar a México con Pakistán, como si fueran dos estados fallidos, y en un reportaje titulado El próximo desastre, la revista Forbes trazaba un panorama inquietante e instaba al presidente Felipe Calderón a que redoblara sus esfuerzos para acabar con la peste de los señores de la droga que reclaman impunidad para sus fechorías. Pero la espiral de narcoviolencia que se ha adueñado del país no conoce límites ni tregua. Un documento del influyente Council of Foreign Relations, titulado La guerra de la droga en México, cifra en 2.500 los muertos en el 2007 y en más de 5.000 los del 2008.

LAS NOTICIAS del campo de batalla, desde Oaxaca, en el sur, donde florece la amapola, hasta la costa del Pacífico y la zona fronteriza, corroboran los pronósticos más pesimistas. Las redes del crimen se extienden por todo el país. En noviembre último, los narcos decretaron el toque de queda en Chihuahua, capital del estado epónimo, y unos 7.000 soldados combaten ahora a los sicarios en Ciudad Juárez, en estado de sitio. En su campaña de muerte y extorsión, los cárteles, que reclutan a sus esbirros entre los policías y los soldados, se disputan el terreno, pero también apuntan al corazón del Estado. El sistema judicial y de orden público está desbordado por su crónica falta de recursos, el cohecho, los sueldos míseros y la montaña de sumarios.
En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se produjeron más de 3.000 asesinatos. Tras asumir la presidencia (diciembre del 2006), Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y sacó a los militares de los cuarteles, pero los resultados son decepcionantes. En mayo del 2007, los sicarios asesinaron al general José Nemesio Lugo, director del organismo de la lucha contra el crimen, y, poco después, al jefe de la policía federal. En noviembre del 2008, el ministro de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y varios de sus colaboradores perecieron al estrellarse su avión en misteriosas circunstancias. El general retirado Mauro Enrique Tello Quiñones, jefe de la lucha contra el narcotráfico en Cancún, fue secuestrado, torturado y asesinado.
La tambaleante situación del Estado mexicano se compara con el caos revolucionario de 1910 o con la insurgencia de las milicias católicas (los cristeros) contra el desaforado anticlericalismo del presidente Calles (1926-1929). Durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una dictadura perenne afincada en el fraude electoral, la policía política concedía las zonas y las rutas a los cabecillas del narcotráfico y estos, a su vez, dictaban sus órdenes al ministro de Gobernación, según relata el periodista Ricardo Ravelo, de la revista Proceso, en su inquietante libro Herencia maldita, el reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico.
La criminalidad políticamente protegida y socialmente tolerada evolucionó en los años 70, debido tanto a la creciente obsesión prohibicionista de EEUU como a las operaciones contra los productores y traficantes en América Latina, que dinamitaron la estructura de mediación del PRI. El asesinato del agente norteamericano Enrique Camarena, en febrero de 1985, en Jalisco, hirió de muerte al compadreo entre la clase política y los cárteles y forzó al presidente Miguel de la Madrid a desmantelar la estructura corrupta del ministerio de Gobernación. Tras la caída del PRI (2000), la situación se degradó súbitamente.
Desaparecido el inmundo sistema de connivencia, ningún poder del Estado es capaz de controlar el terrible pulpo de la droga con sus innumerables tentáculos, de manera que, como explica el citado Ravelo, los señores de la droga son los que establecen las reglas y están infiltrados en el Ejército y las policías. “El narcotráfico los convirtió en rivales”, asegura. Los asesinatos de los uniformados son ajustes de cuentas entre los cárteles y los encargados de perseguirlos, ante el asombro de unos pocos y la indiferencia de una opinión que considera la droga como un problema de los gringos.

LA PAZ NO es para mañana y se reputa inviable sin una reforma radical de las instituciones mexicanas que entrañe el respaldo político y económico del poderoso vecino. Este debe poner orden en su casa, vigilar la frontera, prohibir la exportación de armas y, sobre todo, reducir la demanda. Y no olvidar que un dólar gastado en EEUU en la guerra contra la droga es mucho más efectivo que los empleados en la erradicación de los cultivos y la prohibición. El peligro está sobre la mesa de Obama. El exjefe de la CIA, Michael Hayden, ya advirtió en enero de que México puede plantear un desafío tan peligroso como el de Irán y ser tan problemático como Irak.

Como Embajador de México, me llena de inmenso orgullo la excelente relación entre nuestros países. México quiere profundamente a España y esta nación tiene iguales y entrañable vínculos con mi país. Por lo mismo, estoy conciente de la preocupación que se produce cuando llegan noticias lamentables sobre hechos violentos en México, producidos por enfrentamientos entre mafias delictivas.

Agradezco al prestigioso diario ABC la oportunidad de narrar brevemente qué está haciendo el gobierno mexicano para atender eficientemente este asunto.

Desde el primer día de su mandato, el presidente Felipe Calderón fue claro respecto del combate al crimen organizado que estaba por iniciar en ese año 2006: «Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que, unidos los mexicanos, vamos a ganar a la delincuencia.»

Así ha sido. Una lucha frontal, compleja, muchas veces incomprendida, pero una lucha contra las mafias del crimen organizado que era impostergable. Históricamente, México fue un «país de paso» de drogas hacia los Estados Unidos de América. Adicionalmente, en los últimos diez años y de manera paulatina, mi país se fue transformando (por las actividades propias de esas agrupaciones delictivas) en un país productor-consumidor. De ahí que los criminales empezaran a pelear por el control de territorios y a alterar la vida pública en algunas regiones y ciudades del país, donde promovían la venta de enervantes entre jóvenes y niños. Ante ello, el gobierno del presidente Calderón no podía quedarse con los brazos cruzados. No ha sido la acción del gobierno de México lo que ha generado esa violencia, sino que fue la violencia entre mafias lo que obligó a la acción inmediata -y con toda la fuerza del Estado mexicano- a fin de combatir a esas minorías violentas para salvaguardar los derechos y libertades de las mayorías pacíficas. Así debe ser en democracia y en un país que aspira a un Estado de Derecho pleno.

Los hechos violentos que conocemos en los medios informativos dan cuenta clara de cruentos enfrentamientos entre esas bandas rivales, como resultado, por un lado, de exitosas operaciones de los cuerpos de seguridad nacionales que implicaron capturas e incluso diversas extradiciones de importantes capos de las drogas hacia los Estados Unidos de América. Por el otro, porque se han realizado eficientes acciones para desarticular la red financiera de esas agrupaciones, a fin de obstruirles el enorme margen de maniobra, de compra de armas y de corrupción que sus millonarios recursos económicos les brindaban. Esto se reforzó con la recién aprobada Ley de Extinción de Dominio, la cual establece que todos los bienes relacionados o vinculados con los actos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, robo de vehículos, trata de personas, terrorismo o cualquier otro delito federal, serán trasferidos al gobierno.

Para mostrar el impacto de lo anterior, basta señalar que, del 1 de diciembre de 2006 al 1 de enero de 2009, el gobierno mexicano ha detenido a 56,846 personas relacionadas con el crimen organizado y ha incautado 69.9 toneladas de cocaína, 3,944 toneladas de mariguana y 42.3 toneladas de precursores químicos para metanfetaminas. En materia de armas, se han asegurado 30,231 armas (16,401 armas largas, en su mayoría fusiles de asalto, 3 millones 860 mil 977 cartuchos y municiones y 2,186 granadas). Se suma a lo anterior, la incautación de 13,913 vehículos terrestres y 338 aeronaves diversas. A los narcotraficantes se les han confiscado (en efectivo) 312 millones de dólares y 132 millones de pesos.

Han sido importantes logros contra el crimen organizado y también -hay que decirlo- contra policías y autoridades del Estado que lamentablemente estaban asociados a esas bandas. Para ello, nos dimos a la tarea de depurar instituciones y hacer más eficaces a las corporaciones policíacas. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las modificaciones al Código Penal Federal serán instrumentos jurídicos que facilitarán esa depuración y que buscan profesionalizar el trabajo de las policías en México. La reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal busca poner punto final a la impunidad que ha prevalecido durante tantos años. México adoptará «de manera gradual» un sistema de justicia oral bajo los principios de publicidad, contradicción, concertación e inmediación que permitirá juicios con un régimen de protección a los derechos de las víctimas, más rápidos, transparentes y equitativos que los actuales.

Pocas naciones en el mundo pueden presumir de haber propiciado -en este lapso de tiempo- tan duros golpes a la delincuencia organizada. Por lo mismo, cuando algunas voces de los Estados Unidos califican a México como un Estado Fallido están afirmando un despropósito, dado que la solidez de las instituciones mexicanas es, precisamente, lo que ha permitido la realización de este esfuerzo.

Es claro que falta mucho por hacer. México insistirá en que se cumpla la ley estadounidense que prohíbe la exportación de armas a países en los cuales están prohibidas. En este sentido, la reciente reunión entre el presidente Felipe Calderón y el presidente Barack Obama arroja nuevas señales de cooperación bilateral en esta materia, como una necesidad fundamental no sólo para México, sino para la seguridad de ambas naciones.

Hoy, millones de extranjeros visitan nuestro país cada año -sea por turismo o por viajes de negocios- y dan cuenta del buen trato y bienestar que representó estar con nosotros. A pesar de la crisis financiera global, la inversión extranjera en México sigue siendo signo de esa confianza. Las empresas instaladas en nuestro país (entre ellas, las más importantes de España) obtienen positivos resultados financieros, por encima de los reportados en el resto de Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque México (al margen de esta batalla contra el crimen organizado) trabaja y apuesta por el futuro. No cabe duda que esta crisis financiera global impacta a todas las naciones, pero México ha demostrado un gran nivel de responsabilidad en las medidas gubernamentales para hacer frente a esta dura adversidad económica. Tener como base la disciplina en el gasto público, nos ha permitido contar con un nivel de reservas -90 mil millones de dólares- que respaldan a nuestra economía, una baja inflación durante los últimos 13 años y ser uno de los principales destinos de inversión extranjera, lo que da cuenta de la confianza y de los buenos resultados de quienes apuestan por México.

Hoy, mi país es una magnífica nación y será mucho mejor mañana porque estamos ciertos de que ganaremos esta lucha contra las mafias. Apostamos y trabajamos responsablemente para ello, con los costos que implica.

La condena a muerte dictada por la Camorra contra el escritor Roberto Saviano por su libro Gomorra conmocionó al mundo y provocó un sinfín de artículos, comentarios y ensayos sobre el crimen organizado. Apareció un dato asombroso: las mafias ganan 130.000 millones de euros al año, superando los presupuestos de muchos países del mundo. Pero, atentos a Italia, olvidamos que las organizaciones mafiosas ya se han apoderado de otros países de nuestro entorno. Ante todo, de los nuevos estados balcánicos, en los que, después de la transición –marcada por una privatización escandalosa– proliferan los grupos mafiosos, a menudo más poderosos que los mismos estados.
Actualmente, en Sarajevo se procesa a los capos de un grupo que aterrorizaba a los ciudadanos, se apropiaba de los inmuebles, extorsionaba y compraba –sin pagar– empresas enteras. En una conversación telefónica interceptada y publicada (llena de connotaciones religiosas), dos de los implicados acordaban la contratación de un negro grande y fuerte para que violara a la hija de 12 años del policía que se atrevió a arrestarles. Uno de los interlocutores es el amigo íntimo de Bakir Izetbegovic, el hijo del ex presidente de Bosnia-Herzegovina y la persona más influyente del principal partido bosniomusulmán.
En Croacia, la inseguridad y el crimen organizado se convirtieron en el mayor obstáculo en su camino hacia la UE. Un asunto recientemente desvelado lo ilustra: al principio de la guerra, el cardenal de Zagreb entregó al ex presidente croata Franjo Tudjman un puñado de diamantes (de procedencia desconocida), que este pasó a un tal general Zagorec para la compra de armas en el mercado negro. Parece que el general se apropió del tesoro y desapareció.
El tardío intento del Gobierno de llevar al fugitivo ante la justicia acabó el mes pasado con el asesinato, en plena calle, de la hija de un abogado implicado en el caso y con el atentado con bomba contra el director y un redactor de la revista Nacional, que estaban dispuestos a testificar contra el general. La coincidencia con el caso de Sarajevo es que una de las víctimas, el dueño de la revista, Ivo Pukanic, implicado en todos los escándalos de Croacia en la última década, era el amigo personal del presidente de este país, Stipe Mesic.

PERO LOS políticos no son solo los protectores de los criminales. En EL PERIÓDICO he informado sobre los altos cargos políticos de Kosovo, incluido su primer ministro, que participaron en el tráfico de órganos de prisioneros civiles, secuestrados y trasladados a un hospital en Albania. El asunto ya está ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El fiscal serbio, después de su investigación, ha aumentado a 500 el número de las víctimas del terrible acontecimiento.
La Fiscalía de Serbia debería también resolver el trasfondo político del asesinado del primer ministro de este país, Zoran Djindjic, y frenar el incesante goteo de los atentados, asesinatos y batallas campales de los clanes mafiosopolíticos. Eslovenia, aparentemente el Estado mas sólido y organizado de la región, vive hace semanas bajo la psicosis causada por la acusación de soborno millonario que un diario finlandés dirigió contra el exprimer ministro esloveno Janez Jansa (el candidato a secretario general de la OTAN), por la compra de unos carros de combate para el Ejercito de su país.
Por último, hace tres años, la Fiscalía de Nápoles acusó el primer ministro de Montenegro, Milo Djukanovic, de formar y liderar una organización criminal internacional. Hace unos días la dirección antimafia de Bari (Italia) acusó a 14 personas, la mayoría colaboradores de Djukanovic, por contrabando de tabaco a gran escala, mientras la Fiscalía de Berna (Suiza) abrió diligencias contra 10 personas por blanqueo de 1.000 millones de dólares procedentes del mismo delito. El nombre de Djukanovic ya no se menciona, lo que da alas a la insinuación de que el propio Djukanovic, que ya había abandonado la política, volvió a ella para obtener la inmunidad y así poder evitar la cárcel. Las mismas fuentes aseguran que el polémico reconocimiento de Kosovo por parte de Montenegro es fruto de la presión, la amenaza y el chantaje a los que la comunidad internacional sometió al mandatario montenegrino, ofreciéndole la inmunidad mientras obedeciera sus indicaciones.

POR TODO ESO no debería extrañar que el asesino de Zagreb (Croacia) es un sicario bosnio –el mismo que preparó el frustrado atentado contra el papa Juan Pablo II durante su visita a Bosnia–, miembro de una banda serbia que, por encargo, ya mató a decenas de personas en los Balcanes y el resto de Europa. Las mafias serbia, croata, bosnia y montenegrina forman parte de una organización territorial que coincide con las fronteras de la desaparecida Yugoslavia, consiguiendo así lo que no pudo lograr la política. Mantienen la misma colaboración en los asuntos exteriores: una banda compuesta por serbios, serbobosnios y croatas esta detrás del llamado robo del siglo, cometido hace unos días, en una joyería de París, de donde se llevaron joyas valoradas en 85 millones de euros.
Y mientras los jóvenes de la región se identifican con los mafiosos y les imitan en calles, tranvías y cafeterías, y así aseguran el futuro del crimen organizado, parece cada vez más creíble el dicho de que todos los estados tienen sus mafias, pero que solo en los Balcanes las mafias tienen sus estados.

Según el escritor Ennio Flaiano, ser italiano para muchos no es una nacionalidad, sino una profesión que no requiere muchos estudios, puesto que se hereda. El país de los vientos –la bora, el lebeche, los alisios, el siroco, el mistral– también es la única nación en el mundo que incluye en su propio territorio a otros dos Estados: el Vaticano y San Marino. En Marsica hay osos y en Cerdeña focas, así como el papiro en Siracusa. Venecia es más fría que Londres y también más calurosa que Casablanca, y en Cervinia cae más nieve que en la taiga siberiana. En este histórico y admirado país, amante del arte y bendecido por la naturaleza, nacieron la Mafia y el fascismo. Pero, mientras que Mussolini era combatido y exterminado, la Mafia alcanzó su cénit y extendió su control de tal manera que, durante la segunda guerra mundial, los ejércitos aliados contaron con su apoyo para materializar el desembarco en Sicilia, con Lucky Luciano y Calogero Vizzini como piezas clave de este asombroso compromiso. A medida que avanzaban, las fuerzas aliadas designaban a muchos mafiosos alcaldes de las poblaciones conquistadas.

SORPRENDE el revuelo que han provocado las amenazas de muerte recibidas por el joven escritor Roberto Saviano, autor del libro Gomorra, en el que carga contra la Camorra (la versión napolitana de la Mafia) y sus prácticas delictivas. Saviano, un pentito (arrepentido) que había traficado con droga, recibe estos días el aliento y la solidaridad de la prensa italiana y europea. Cabe preguntarse en qué han estado ocupados los periodistas y sus medios durante los tres últimos decenios, en los que la misma Camorra que auspició el fichaje de Maradona por el Nápoles y costea bodas y bautizos entre el vecindario, ha firmado el asesinato directo de casi 4.000 personas (más que el IRA y ETA juntas), además de las muertes por cáncer que producen los residuos tóxicos. En el año 2000, los agguati (emboscadas) entre clanes rivales llegaron a dejar un saldo de tres muertos diarios en el Quartiere Spagnolo (barrio español) napolitano, sin contar los asesinatos a comerciantes por negarse a pagar la extorsión.
El sociólogo Giovanni Sartori no puede ser más pesimista sobre los avances mafiosos en este último periodo: “La Mafia, en sus diversos nombres y modalidades, llega incluso hasta Roma, y nadie dice nada. Si me dejasen, yo hablaría todos los días en televisión sobre la Mafia; por ejemplo, sobre el sur que está explotando, lleno de basura. Hasta las carreteras huelen mal. Pero, silencio: la Mafia controla el negocio, impide la construcción de incineradoras, hace que media Italia se ahogue en la porquería. Y nadie hace nada porque la Mafia controla los votos del sur…”. Efectivamente, la Mafia no se encuentra en los quioscos, sino que está confinada en las librerías, que destinan amplias y exclusivas secciones a los libros sobre la malavita (el hampa), a los que se ha unido, como otros tantos, el libro de Saviano. Pero no es lo mismo. Además, en los libros de texto han sido censuradas las referencias al crimen organizado y sus tentáculos sobre la economía del país.
En la lucha contra la Mafia, el Estado italiano parece haber alcanzado el punto de no retorno y arriesga una histórica e ignominiosa derrota. Aquellos que han combatido en esta guerra desde las primeras líneas han pagado un alto precio, y nunca han recibido del Estado un apoyo constante y tampoco el reconocimiento de prioridad absoluta que han merecido y merecen. Peor aún, el teorema de que la Mafia estaba encastrada en los ganglios del sistema fue ratificado por Pietro Lunardi, ministro de Infraestructuras y Transportes en el segundo Gobierno de Silvio Berlusconi, quien declaró: “Mafia y Camorra han estado ahí siempre, por desgracia, y debemos convivir con esta realidad. Una realidad que no nos debe impedir realizar nuestros proyectos de infraestructuras. Nosotros seguimos adelante con las obras y después, los problemas con la Camorra (se refería a obras en la región de la Campania), que surgirán, que cada uno los resuelva como pueda. En nombre de los negocios estamos condenados a convivir con la Mafia lo mismo que con otras realidades, por ejemplo los 7.000 muertos que se registran en nuestras carreteras y autopistas”.

EL HISTORIADOR Santi Corrente preguntó en una ocasión a un coronel de Carabineros, amigo suyo, por qué no detenía a los mafiosos desde el momento en que se conocían sus nombres, domicilios y actividades delictivas. La iluminante respuesta del oficial fue: “¿Y la orden de arrestarlos quién me la da, usted?”.
Este detalle podría ser la clave explicativa de la contundente denuncia del fiscal antimafia de la capital siciliana, Piero Grasso, cuando afirma en un libro entrevista con Saverio Lodato (La mafia invisibile, Mondadori): “La connivencia entre Cosa Nostra y el sistema de poder va más allá de una simple hipótesis investigadora. De ahí que considerar a Cosa Nostra como un antiestado se ha demostrado un tremendo error. Cosa Nostra, muy a menudo, ha sido el propio Estado”. El cine, por otra parte, ha contribuido a idealizar esta anomalía presentando el rostro justiciero de una Mafia romántica y redistributiva a lo Robin Hood. Así están las cosas en la Italia que fue socia fundadora de la UE y que soñó en convertir en la Florida de Europa su Mezzogiorno, que se pudre sin remisión.

El taxista miraba el billete de 10 euros con suma atención, como si le hubiera extendido una sábana de 500. Por su expresión entre desolada y perpleja ya veía yo que la culpa era toda mía por no llevar los ocho euros que costaba el viaje. ¡Un billete de 10 euros! Me juró que a esas horas de la mañana (eran las 13.10) no llevaba cambio, pero que me daría los dos euros en el muelle, cuando volviera a embarcarme. Era la quinta vez que me estafaban, pero es el precio que hay que pagar para conocer la ciudad más caótica y fascinante del continente. No es mal precio.
La escena, sin embargo, no tenía lugar en Nápoles sino en Procida, la menos popular de las islas napolitanas. Junto con Ischia y Capri forma un trío de colosal atractivo que solo ha tenido fortuna en Capri, isla que ya era célebre en los años 20 del siglo pasado, cuando Alberto Savinio escribió un disparatado reportaje recién editado por Minúscula. En la actualidad Capri es un aparcamiento de masas y el paseo que dio Savinio (o yo mismo hace 15 años) por jardines y huertos solitarios es ya imposible. De ahí el premio de Ischia, pero la sorpresa es Procida.

A 40 MINUTOS de Nápoles en catamarán, se entra en Procida por el puerto comercial que suele estar en sombra ya a mediodía. La impresión es seductora, aunque no alcanza a los soberbios pueblos de la costa amalfitana. Sin embargo, basta caminar media hora o tomar un taxi doloso hasta Corricela, en la ribera opuesta, para llevarse un susto considerable. Las casitas multicolores trepan hasta alcanzar la altura de una iglesia azafranada, con la cúpula recortada contra un cielo de loza. En el puertecillo hay cuatro o cinco restaurantes bien educados con mesas bajo toldado. He usado la palabra susto porque aquel pueblo me recordó, no ya el Cadaqués de hace medio siglo, sino el muy anterior de Josep Pla que yo nunca conocí, pero del que guardo un recuerdo imborrable. Porque los recuerdos más duraderos y dolorosos son los de aquellos lugares y sucesos que nunca conocimos o no tuvieron lugar. Allí, a la vista, estaba el paraíso perdido tal y como me lo había detallado José Vicente Quirante, sagaz guía del Cervantes napolitano.
Al parecer este lugar se ha conservado de modo milagroso por el odio que los napolitanos profesan a la isla. Fue penitenciaría durante siglos y todavía hoy puede subirse hasta la cima donde continúa abierta la cárcel militar con una vista apabullante sobre el Mediterráneo. Imagino que otra de las torturas de la pobre gente encarcelada durante el odioso reinado de los últimos monarcas debió de ser la conciencia de que tras los muros lucía la majestad del mar, el arco cromático del pueblecito, la civil danza de las embarcaciones pesqueras.
Tras la idílica estampa de Caracale’, donde todavía se pueden pedir espaguetis con pez espada o con la “polpa delle canocchie”, después de la augusta serenidad, del chapoteo de las barcazas, del cabrilleo marino, regresar a Nápoles requiere fuerza de voluntad. Desde que Bassolino se ha rendido, la pasmosa ciudad partenopea ha sufrido un descalabro. El antiguo alcalde era uno de esos excomunistas que no retroceden ante nada y que conocen el farisaísmo de la izquierda italiana (y no solo italiana), su cinismo, su impotencia en el control de los poderosos. Lo más poderoso de Nápoles es la Camorra, no solo porque tiene comprados a jueces, policías, comisarios, políticos de todo pelaje, periodistas y cientos de chupatintas sino porque en la actualidad el Sistema, como se llaman a sí mismos, es un ejército de 30.000 hombres que controla todos los negocios, honestos y deshonestos, del sur de Italia y ocasiona miles de asesinatos. Es aconsejable leer “Gomorra de Roberto Saviano (Debate) antes de emprender viaje a Nápoles. El libro es estremecedor y ha inquietado a los bandidos napolitanos. Como es sabido, estos bellacos han condenado a muerte al buen Saviano, excelente persona, escritor con agallas.

TAMBIÉN Bassolino se había enfrentado al crimen con el coraje de los viejos izquierdistas desengañados de la política oficial. Hace 10 años, en mi última visita, la obra de Bassolino era evidente. No había logrado que coches y motos se detuvieran con semáforo en rojo, pero el caos se veía más templado que en este último viaje. La barbarie de los motoristas imita a la barbarie de la Camorra. Como escribió Giorgio Bocca, el origen del crimen es que esta gentuza se cree superior a los demás. Consideran que el orden jurídico, la educación, el respeto al prójimo, son cosa de imbéciles, de cobardes burgueses. Ellos son bravos, anarquistas, más listos que los proletarios, y ganan millones con la misma impunidad con la que las motos saltan por las aceras, van a toda velocidad en dirección prohibida o juegan a bolos con los peatones. Son los amos de la ciudad y pobre del que proteste.
Bassolino les había hecho daño, de modo que los políticos corruptos le dieron la patada hacia arriba. Ahora es el presidente de la región, el equivalente de nuestras comunidades autónomas. Ya no incordia. Dicen que se rindió. Que no pudo con la admiración que sus compatriotas sienten por Silvio Berlusconi, ese fullero campechano que solo cree en el dinero y las mujeres. Por encima de la ley. El modelo nacional.

Los grandes capitostes de la Camorra napolitana, y sus pistoleros y amanuenses, abandonan sus viejas costumbres y jergas para adoptar las que las películas de Hollywood les atribuyen. Por ejemplo, en Casal di Principe, el jefe de familia Walter Schiavone hizo que los arquitectos le construyeran una suntuosa vivienda imitada milimétricamente de la que habita, en Scarface, Tony Montana (Al Pacino). Hasta la aparición de la película de Coppola, El Padrino, los camorristas jamás habían llamado de este modo a los capofamiglia, pero desde entonces aquel apelativo se ha generalizado, y no sólo en Campania, también en Calabria, Sicilia y otras regiones de Italia. Las esposas de los camorristas, desde hace algunos años, se visten como Uma Thurman en Kill Bill, con rubias pelucas y de amarillo fosforescente. Y un veterano policía explicó, ante un tribunal, que, desde que vieron las películas de Tarantino, los killers de las distintas familias napolitanas asesinan como esos personajes de celuloide: disparando al bajo vientre, a la ingle, a las piernas, hiriendo gravemente para que la muerte tarde, y rematando a las víctimas por fin con un tiro en la nuca.

Son las páginas más divertidas, las únicas que pueden calificarse de este modo, del libro de Roberto Saviano, Gomorra, publicado en Italia hace un par de años, un extraordinario reportaje sobre las mafias que operan en Nápoles y en toda la Campania, que se lee con tanta fascinación como espanto e incredulidad. Saviano es un periodista muy joven (nació el año 79), pero, sobre todo, es napolitano, de origen humilde, que ha vivido en los pueblos y barrios donde la Camorra representa el verdadero poder y es la fuente, por un lado, de trabajo y oportunidades de supervivencia para los pobres, y, de otro, de violencias terribles, que, en las páginas de su libro, están documentadas con nombres, fechas y precisiones. No es de extrañar que desde entonces ande oculto y protegido por guardaespaldas. Mientras yo leía su libro, entre la mugre pestilente y los palacios soberbios de Nápoles, los diarios italianos anunciaban una aparición fugaz de Saviano en el Festival Literario de Mantua, rodeada de infinitas precauciones. Si las cosas que cuenta en Gomorra son todas ciertas, es seguro que nunca más estará a salvo y que tendrá que pasar el resto de su vida a salto de mata y cambiando de disfraces.

La Camorra no es una organización única, sino un nombre genérico para sinnúmero de familias que, a veces, trabajan unidas en alianzas para negocios específicos, o que dominan territorios o actividades concretas y diferenciadas -inmigración clandestina, prostitución, falsificación de productos de lujo, drogas, casinos, escorias tóxicas, etcétera- y que, de tanto en tanto, entran en conflicto y se aniquilan en guerras de una ferocidad indescriptible. Se trata de un Sistema, en cuya base hay pistoleros, vendedores callejeros de cocaína, heroína y toda clase de narcóticos, y en cuyo vértice operan financieros, inversores e industriales de enorme poderío y talento empresarial. Nadie ha utilizado mejor que la Camorra los horizontes que abre a la economía la globalización ni ha aprovechado mejor las nuevas tecnologías.

Un solo ejemplo, para ilustrar la eficacia con que la Camorra ha tendido redes que abrazan el mundo entero. El libro de Saviano se abre con una descripción de los galpones del puerto de Nápoles donde la mafia instala a los chinos que clandestinamente trae a Italia para que trabajen en distintas actividades que realiza en sociedad con el gigante asiático. Un buen número de aquellos inmigrantes vienen a Nápoles a aprender, de maestros nativos, las técnicas de la perfecta falsificación de calzados, vestidos, sombreros y demás indumentos de la moda italiana, técnicas que luego irán a poner en práctica en los talleres de corte y confección en China, donde se fabrican los productos de Gucci, Armani y otras grandes casas de modistos de Italia, que, luego, la organización venderá por todo el mundo. Las clases se dan en locales de la mafia, con traductores simultáneos. En un episodio inolvidable de Gomorra vemos a un jefe mafioso emocionarse hasta las lágrimas viendo en la televisión, la noche de los Óscares, a Angelina Jolie embutida en el precioso vestido blanco de marca que él hizo falsificar.

Las empresas de la Camorra no operan todas en la ilegalidad; buen número de ellas ocupan un plano intermedio, con ramas y operaciones legales y otras informales. Lo mismo puede decirse de buen número de compañías legales, a las que, la presión ambiente, la codicia o el chantaje, han ido contaminando de ilegalidad y que, manteniendo una fachada irreprochable, tienen una trastienda que se sirve de, o sirve, al Sistema. El libro de Saviano da la impresión de que aquél, en vez de encogerse debido a la persecución policial y legal, avanza de manera sistemática, contagiando a todo su entorno. Solamente leyendo las empresas de turismo y entretenimiento que la Camorra desarrolló en la Costa del Sol -España fue durante muchos años una tierra de promisión para los jefes camorristas, donde tenían sus villas de recreo, donde escondían a sus hombres más buscados y donde celebraban sus reuniones de directorio- se tiene la abrumadora premonición de que, si esto sigue así, en no mucho tiempo será la economía que opera dentro de la ley la minoritaria, y la de la Camorra, la Cosa Nostra, la N’drangheta calabresa y congéneres quienes dominarán el mundo.

¿A qué se debe la capacidad de proliferación de la mafia napolitana? No a que no sea perseguida, desde luego. Ese es un mito que Roberto Saviano pulveriza en su libro. Aunque la Camorra tenga complicidades entre políticos, policías y jueces, el Estado la golpea sin cesar, encarcelando a sus dirigentes, secuestrando sus bienes, enviando por largos años de prisión a sus contables y pistoleros. La función de los arrepentidos es capital, pues gracias a sus confesiones se ha podido detectar la profundidad de sus operaciones, decomisar astronómicas cantidades de drogas e intervenir sus fábricas de mercancías falsificadas y los circuitos que utiliza para el lavado de dinero. Pero, aun así, el Sistema ha alcanzado ya unos niveles de poderío económico, de adaptación a nuevas circunstancias y una aptitud para renovar sus cuadros, que los golpes que recibe no llegan a poner en peligro su existencia. Por paradójico que parezca, muchas veces cuenta en barrios y aldeas con un vasto sector social, el más pobre y marginado, que, como la Camorra es su único medio de vida, la defiende, ocultando a sus perseguidos, desviando a la justicia, e, incluso, linchando y marginando a quienes se atreven a denunciarla. Una de las historias conmovedoras que cuenta Saviano es el vía crucis de una modesta maestra de escuela de Mondragone, que, por haberse atrevido a denunciar a un sicario de un asesinato del que ella fue testigo, se convirtió en una apestada, a la que todo el mundo quitó la palabra, fue degradada en su trabajo y mutada a una aldea miserable donde debió preguntarse muchas veces si actuar de una manera decente no era, en el mundo en que vivimos, sólo cosa de mártires y cacasenos.

Otro mito que se eclipsa leyendo Gomorra es el de que, por delictuosa que sea, la Camorra, nacida del pueblo, guarda unos lazos de solidaridad visceral con su terruño. El atroz capítulo final de este libro pone los pelos de punta, pues relata con minucia una de las operaciones más rentables de la mafia y de más nocivas consecuencias para los humildes napolitanos: la industria clandestina de traer del Norte de Italia a la Campania las escorias y residuos tóxicos de la industria para enterrarlos en el campo. Es una actividad que reditúa enormes ingresos a la Camorra y que causa perjuicios inconmensurables a los campesinos y aldeanos de esas tierras envenenadas por los ácidos que transmiten enfermedades a los seres humanos y a las bestias y a los productos agrícolas que allí se cultivan. Y, por supuesto, a los inmigrantes clandestinos africanos, asiáticos y albaneses que manipulan esas materias por unos salarios miserables.

Tengo una discrepancia con el excelente libro de Roberto Saviano: no creo, como él, que el fenómeno de la Camorra sea manifestación congénita del sistema capitalista, sino su excrecencia o deformación. Algo que todos los grandes pensadores de la economía libre, de Adam Smith a Friedrich Hayek, señalaron que ocurría cuando la empresa privada funcionaba en un mundo sin leyes o con leyes que no se cumplían y carente de una cultura y una moral que discriminara claramente entre lo justo y lo injusto, o, en vocabulario religioso, el bien y el mal. No es el capitalismo sino Italia la que anda podrida.

Among the many alleged war crimes of Radovan Karadzic, the former Bosnian Serb leader who refused to enter a plea when he appeared in court at The Hague this week, none received more attention during the Bosnian war than the targeting of civilians during the long siege of Sarajevo. In retrospect, the siege can also be viewed as an extreme case of organized crime. Karadzic acted like a predatory mafia boss, profiting from the misery of the population and collecting payoffs, in the form of skimmed humanitarian aid, in return for granting the United Nations access to the besieged city. The United Nations and major Western powers acquiesced in this extortionist scheme, largely tolerating the siege even as they condemned it.

Unlike the mass killing of Muslim men in the village of Srebrenica in July 1995, the slow strangulation of Sarajevo by Karadzic’s forces was televised to a global audience and became a media spectacle over its 3 1/2 -year duration. In the words of journalist David Rieff, “A European city was being reduced to nothing; Carthage in slow motion, but this time with an audience and videotaped record.” By the time the U.S.-brokered Dayton peace agreement was concluded and the siege was finally lifted, portions of the city were in ruins and more than 10,000 people had been killed.

Siege warfare in Europe was supposed to be obsolete. In the Bosnian capital of Sarajevo, though, it stubbornly persisted. Indeed, the Serb military encirclement that Karadzic directed became the longest-running military siege in modern history. It was an urban magnet for aid workers, U.N. peacekeepers, journalists and smugglers. Sarajevo became the centerpiece of an expanded U.N. commitment to humanitarian intervention, reflected in an ambitious U.N.-led relief aid effort that included the longest-lasting airlift ever attempted. But critical activities that took place away from the cameras included massive clandestine commerce and skimming of aid. Some U.N. peacekeeping forces were also complicit in the black market activities.

While most Sarajevans struggled for survival and lived in a state of terror from 1992 to 1995, some key figures, on all sides, were reaping benefits. This was particularly true of Karadzic and his closest associates, based in the nearby mountain town of Pale. Publicly, they portrayed themselves as motivated by ethnic grievances and animosities; privately, they turned the city’s captivity into a profitable enterprise. The collaborators were involved in large-scale looting, theft and diversion of U.N. supplies; sanctions busting; and clandestine trading of food, arms and other supplies across the battle lines. Siege dynamics were often more about controlling humanitarian supplies and smuggling routes than about military success or failure. With Sarajevo a captive market, prices for both luxury goods and basic necessities inflated extraordinarily. Such underhanded activities were not new to Karadzic; he was convicted of embezzlement and theft of state property in Sarajevo in the mid-1980s.

Sadly, much of the black market activity in Sarajevo was made possible by the United Nations. To gain access to the city, the United Nations agreed to hand over about a quarter of all relief aid, primarily food, to the Serb besiegers, regardless of where the need was greatest. Much of this skimmed aid, in turn, would trickle into Sarajevo via smugglers. The former Bosnian Serb political leader Biljana Plavsic has claimed that some war profiteers became millionaires in only months by smuggling humanitarian aid and that Karadzic “was fascinated by such people. He admired them, he consorted with them, and then he followed in their footsteps.” An internal Bosnian military memo from April 1993 appears to support this, claiming that in June 1992, Karadzic gave written permission to ship certain weapons and communications gear across the siege line — in other words, informally selling to the very forces he was formally fighting.

To some, Karadzic was the model defender of greater Serbia. In reality, he was not simply promoting “Serbdom” but creating and protecting his own mafia-like fiefdom. The siege of Sarajevo was not only a war crime but also a criminal enterprise. As the main architect of the siege, Karadzic should be viewed as a war profiteer, too. This seamier side is often overlooked, but the organized criminal conspiracy should not be glossed over simply because it is beyond the mandate of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.

Even as Russia and Georgia continue their on-again, off-again struggle over South Ossetia and Abkhazia, a frenzied tea-leaf reading about the war’s global political ramifications has broken out across airwaves and think-tank forums. But as the situation on the ground recedes inevitably to some new form of the pernicious “frozen conflict” that has plagued the region since Georgia’s civil wars of the early 1990s, few are paying attention to a less portentous but equally critical international threat: an increase in the longstanding, rampant criminality in the conflict zones that is likely to further destabilize the entire Caucasus region and at worst provide terrorist groups with the nuclear material they have long craved.

While the Russian “peacekeepers” who entrenched themselves in the conflict zones in the 1990s (and who will now likely resume their posts anew) have proved ineffectual and uninterested in maintaining stability, they’ve been highly successful in protecting an array of sophisticated criminal networks stretching from Russia through Georgian territory. South Ossetia, in particular, is a nest of organized crime. It is a marketplace for a variety of contraband, from fuel to cigarettes, wheat flour, hard drugs, weapons, people and, recently, counterfeit United States $100 bills “minted” at a press inside the conflict zone.

“It’s a pretty sophisticated counterfeiting piece,” the American ambassador to Georgia, John Tefft, told me when I was in Georgia last year. He added that the fake bills appear so authentic that, if you weren’t specifically looking for a forgery, you’d easily miss it. More than $20 million worth have been found up and down the East Coast of the United States as well as in Israel, Russia and Georgia.

“We know where the printing press is,” Shota Utiashvili, a chief intelligence analyst at Georgia’s Interior Ministry, told me last year, when I was researching a study on smuggling that was published by Harvard’s Belfer Center for Science and International Affairs. “We know the channels of distribution. And we know who is running the business. But the problem is neither we nor the Americans can do anything because the place is under the protection of the Russian military.” I found this sentiment echoed in my discussions at the American Embassy.

Far more dangerous contraband than fake bills is bartered in the conflict zones. On a bleak winter day last year, I hitched a ride from Tbilisi, the capital, to the “administrative border” — the semiporous line of control that swoops deep into Georgian territory from the Russian border demarking the contours of South Ossetia. I was investigating one of the most serious nuclear smuggling incidents in years — an offer of up to 3 kilograms of bomb-grade highly enriched uranium.

Because South Ossetia is within Georgia’s internationally recognized borders, Georgia doesn’t recognize the South Ossetian periphery as a legitimate frontier, and has thus refused to post border guards or impose any normal controls at the administrative line. At the grim little checkpoint, I had to navigate through dozens of armed young men, clad in seemingly random combinations of camouflage, none bearing the insignia of a national force (the scariest kind of border to cross, as there’s no way of telling who’s who).

Aside from demanding bribes from journalists, these South Ossetian irregulars, backed by the Russian peacekeepers, have long prevented Georgian forces from getting anywhere near the actual border — a two-lane hole called the Roki Tunnel that plunges into a mountainside on the Russian side of the border, cuts through two miles of bedrock beneath the Caucasus Mountains and pops out in South Ossetia, smack in the war zone.

Three years ago, Georgian intelligence officials began receiving reports from South Ossetian criminal contacts that a Russian smuggler — a North Ossetian calling himself Oleg — was circulating in Tskhinvali, the South Ossetian capital. He was reportedly looking for a buyer for what he claimed was high-quality enriched uranium pilfered from the Russian military. The price was $1 million for the initial shipment: 100 grams at $10,000 per gram. If the deal went well, a mother lode of up to 3 kilograms would be made available. One hundred grams of highly enriched uranium is not enough to build a nuclear bomb — it’s thought that even a top-tier terrorist group would require at least 15 kilograms — but it would be a step in the right direction.

Huge international efforts sponsored by the United States State, Energy and Defense Departments have sought to counter such nuclear smuggling (since 1994, the Energy Department has spent upwards of $420 million installing nuclear detection equipment at international border crossings, most of that effort concentrated on Russia’s frontiers), but conflict zones like South Ossetia have been an Achilles’ heel.

In this case, we got lucky. A haphazard sting operation run by Georgian paramilitaries and Interior Ministry agents recovered the 100 grams of highly enriched uranium and captured Oleg Khinsagov, the Russian smuggler, and three Georgian associates. Testing of the material proved it to be nearly 90 percent pure — bomb-grade uranium indeed — sending secure telephone lines ringing from Washington to Langley, Va.

The Russian government refused to acknowledge the obvious — that the uranium had originated in Russia — so a quickly assembled team of American experts from the Energy Department and the F.B.I. loaded an unmarked jet and quietly raced to Tbilisi to secure the material.

Good police work is vital, but we simply cannot depend on dramatic interventions like the Georgian raid to combat the broad security threats posed by anarchy on Russia’s borders. There are some great examples of cooperation between Washington and Moscow — the setting up of nuclear detection programs at borders is clearly one of them. Somehow, however, the full spirit of cooperation has yet to reach to the top of Russia’s government — the same men, unfortunately, who seem more inclined to pouring fuel on the fire in Georgia.

Qué duda cabe de que el descabezamiento del gang mafioso de Tambov-Malishevo por la policía española es una feliz noticia. Sin embargo, quizá sea momento de recordar que el periodo de la gran delincuencia, un tanto exhibicionista, de grandes nombres y golpes espectaculares conserva, ya entrado el siglo XXI, un aroma de antigualla criminal: innegablemente mortífera, pero hortera y cada vez más anacrónica. Ha ido quedando atrás aquella época de las planeadoras por las rías gallegas, de los mafiosos balcánicos cargados de collares de oro. Desaparecieron las mafias de las extravagancias y la brutalidad sin límites: de Pablo Escobar en Colombia; del asesinato del juez Falcone, en Italia, con una tonelada de explosivos; del capo ruso Yaponchik a la conquista del mercado norteamericano; de los intentos de traficar con material radiactivo, de la gran industria del pirateo gestionada por la Camorra o de la mafia chechena en Moscú, con sus 600 pistoleros.
Paradójicamente, la proliferación de estos grupos no fue un síntoma de que las mafias estuvieran conquistando el mundo. A lo largo de la segunda mitad de los 90, la delincuencia organizada en base a estructuras jerárquicas comenzó a ceder terreno a favor de redes mucho más elásticas y desubicadas territorialmente. Las nuevas asociaciones eran más ocasionales, se montaban y desmontaban en torno a un negocio concreto e integraban a socios de cualquier país. También comenzaron a volcarse en nuevas actividades, algunas tan o más lucrativas que el tráfico de drogas o armas, pero, sobre todo, menos arriesgadas. Por ejemplo, el comercio internacional de órganos, el tráfico de las 30.000 especies de animales y plantas en peligro de extinción, de residuos peligrosos o bien de clorofluorocarbonos (CFC), que en teoría deberían ir siendo eliminados de la industria mundial a partir del Protocolo de Montreal (1988) por ser un peligro directo para la capa de ozono.
La mayor parte de estos negocios ilícitos prosperaron directamente sobre el terreno abonado que supuso la economía mundial liberalizada y la revolución de la comunicación y los transportes. De esa manera, Sudán, Eritrea, Argelia y Mozambique se transformaron, por ejemplo, en basureros de residuos radiactivos. China, Pakistán y la India se han convertido en desguazadores: de electrodomésticos a barcos enteros.

ESTAS NUEVAS formas de comercio ilícito necesitaban de técnicos, personas normales muy alejadas del estereotipo del pistolero mafioso. Dependían enormemente de la tecnología: por ejemplo, el tráfico de órganos ilegal se hizo posible por la utilización de ciclosporina en los trasplantes, lo que reducía el rechazo del paciente. Cirujanos y clínicas situadas en países de legislación permisiva aportaron el resto. Por supuesto, el tráfico de obras de arte robadas también recurría a expertos: la sofisticación de la nueva delincuencia globalizada hacía que en ocasiones desaparecieran los límites entre los diferentes tipos de negocios. Y el blanqueo de capitales terminó por resultar un negocio más lucrativo y seguro que la venta de droga en sí misma.
La gigantesca transformación del sistema bancario internacional facilitó esa práctica. En 15 años, a partir de 1990, los activos financieros a escala mundial casi se multiplicaron por tres, y la capacidad de blanquear capitales creció también proporcionalmente: entrado el siglo XXI, esa actividad puede rondar el 10% del PIB mundial. La nueva economía impulsó la liberalización de los sectores financieros, y la mayor parte de los países abandonaron el control de divisas, lo cual disparó el volumen diario global de intercambios. Por lo tanto, a los blanqueadores de dinero les resultaba muy fácil crear decenas de cuentas para limpiar un rastro, transferir capitales de un país a otro mediante complejos contratos, mover dinero desde cajeros situado en cualquier esquina, crear bancos virtuales o comprarlos en paraísos fiscales y hacer operaciones instantáneas a través de internet, desde cualquier lugar del mundo, pulsando una tecla. Así fue como se generó una situación sin precedentes históricos.

TAMBIÉN SE constató que la nueva delincuencia tendía a difuminar los límites preestablecidos de lo legal y lo moral; y, con ello, la estructura social sobre la que se había ido configurando el denominado mundo desarrollado en el siglo XX. Por ejemplo, el blanqueo de dinero necesitaba de un ejército de banqueros, abogados, contables, brokers y todo tipo de intermediarios para los cuales la práctica que estaban llevando a cabo no se asociaba necesariamente con un delito. Además, el funcionamiento de las nuevas redes del hampa tendía a hacer que el colaborador técnico actuara solo ocasionalmente, limitándose a veces a mirar hacia otro lado, de forma prácticamente impune. La evasión fiscal también devenía cada vez más fácil para el ciudadano medio de cualquier país. A otros niveles de la vida cotidiana, el usuario de internet se lanzó a consumir pornografía o jugar en casinos virtuales, sin importarle demasiado que algunos de esos negocios fueran absolutamente ilegales, aunque en otros países. Al fin y al cabo, ¿quién podía saberlo?

En 2001, un jefe de la Mafia de Sicilia llamado Giuseppe Guttadauro notó de pronto una cosa de aspecto extraño en su salón, que resultó ser un dispositivo electrónico de escucha. “¡O sea, que Totò Cuffarò tenía razón!”, exclamó. Fueron las últimas palabras que la policía oyó pronunciar a Guttadauro antes de que desconectara el micrófono y, con ello, interrumpiera la investigación. El nombre que había pronunciado era nada más y nada menos que el del presidente de la región de Sicilia, Salvatore Cuffarò, Totò para sus amigos. La conversación fue una de las pruebas fundamentales que han permitido condenar este año a Cuffarò por complicidad con varios mafiosos que estaban bajo investigación penal.

Sin embargo, pese a esta condena, que en la actualidad está recurrida, Cuffarò logró ser elegido el mes pasado para el Senado italiano por el pequeño Partido Católico, de corte centrista.

La escucha del salón de Guttadauro, antes de que éste la desconectara, ofrece una imagen muy útil de cómo la Mafia piensa y habla de política. “Totò Cuffarò es lo mejor que podíamos pedir”, asegura el interlocutor de Guttadauro, un médico llamado Salvatore Aragona. “Confiemos en que gane la derecha”, dice Guttadauro, “Berlusconi, para resolver sus problemas, tiene que resolver también los nuestros”.

Existen buenos motivos para creer que eso es cierto. Desde que llegó al poder por primera vez en 1994, Berlusconi ha librado una campaña implacable para debilitar los poderes del aparato judicial italiano, que le ha sometido a él y a varios colaboradores suyos a diversos procesos por cargos que van desde corrupción y soborno hasta connivencia con la Mafia. Uno de los mejores amigos y antiguo jefe de campaña de Berlusconi, Marcello Dell’Utri, de Palermo, fue declarado culpable de esto último. Y después de que acusaran a Cuffarò de haber avisado a Guttadauro, el propio Berlusconi le llamó para mostrarle su solidaridad y decirle: “He hablado con el ministro del Interior y me ha dicho que está todo controlado”. En esa misma conversación, Cuffarò le dijo a Berlusconi: “Ya sabes que te queremos y que estás en mis oraciones cada mañana”.

Este puñado de conversaciones muestra cómo la Mafia se ha insertado en la vida política de Italia. Sus jefes locales tienen lazos con los políticos sicilianos, a los que dan dinero y de quienes reciben favores, bien en forma de contratos públicos desviados hacia sus empresas o avisándoles cuando están bajo investigación. Por su parte, los políticos locales acumulan bases de poder importantes y gran número de votantes leales, y los políticos nacionales buscan esos contactos y, a su vez, les ayudan. Es un sistema basado en el clientelismo y el poder, que cuenta con el apoyo del crimen organizado.

Aunque hay testigos que sostienen que la Mafia ha hecho un pacto con Berlusconi, y que Marcello Dell’Utri es su intermediario, no hace falta creerles para comprender que se trata, en cualquier caso, de una relación muy poco saludable. La Mafia, como dejan claras las afirmaciones del jefe Guttadauro, actúa a partir del principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y tanto la Mafia como Berlusconi están librando desde hace tiempo una guerra incesante contra el aparato judicial italiano.

Con cierta ayuda del centro-izquierda, hay que reconocerlo, la coalición de Berlusconi ha reescrito la legislación penal de tal manera que ahora es infinitamente más difícil condenar a acusados de todo tipo, incluidos los mafiosos. La longitud de los juicios se ha duplicado y los cambios legales ofrecen mil oportunidades de retrasar o revocar procesos basándose en pequeños detalles técnicos, con el resultado de que, para entonces, ya ha transcurrido demasiado tiempo desde que se cometió el delito. En casi todos los países, el calendario de prescripción se detiene en cuanto se inician las acciones judiciales, pero en Italia no es así y, por consiguiente, muchas condenas se eluden simplemente gracias a los retrasos. Asimismo, el Parlamento italiano ha eliminado las cárceles especiales para los jefes mafiosos más peligrosos, que les impedían casi por completo comunicarse con sus organizaciones, y ha reducido las ventajas para los testigos que cooperen. Además, el Gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi, con el respaldo entusiasta del centro-derecha, aprobó una amnistía que permitió la salida de 26.000 presos; impidió que el principal abogado de Berlusconi, Cesare Previti, condenado por sobornar a jueces, fuera a prisión, y puso en la calle a varios acusados de pertenencia al crimen organizado.

Todo esto no sólo es moralmente repugnante, sino que es crucial para el mandato del nuevo Gobierno de centro-derecha. Entre los temas más importantes de la reciente campaña electoral estuvieron la criminalidad y la seguridad. Para ocuparse de ellos, el Gobierno tendrá que cambiar de política respecto a la justicia penal. Como dijo hace poco Antonio Manganelli, jefe de la policía italiana, “gran parte de lo que hacemos resulta inútil por el funcionamiento judicial. Tenemos un sistema de justicia lento y complicado que hace que la policía se esfuerce en vano”. Además, la coalición de Berlusconi está basada en una profunda contradicción. Por un lado, tiene mucha fuerza en el norte, donde está aliada al grupo autonomista Liga del Norte. Por otro, tiene mucha fuerza en el sur, donde el centro-derecha se apoya en un sistema de clientelismo que ha beneficiado enormemente a los grupos del crimen organizado. La Liga del Norte, principal ganadora en las elecciones del mes pasado, está en contra de que el dinero de los impuestos del norte se utilice para sostener un Estado de bienestar en el sur.

Otro gran tema de campaña fue el desastre de las basuras que se acumulan en las calles de Nápoles y otras ciudades cercanas. En el sur de Italia, la recogida y eliminación de basuras está en gran parte en manos del crimen organizado. Por tanto, para limpiar Nápoles, el Gobierno debe hacer frente a la Camorra, la versión napolitana de la Mafia. Y la presencia de numerosos políticos (muchos más de los que he mencionado aquí) que tienen lazos amistosos con personajes del crimen organizado sitúa al Gobierno actual en un rumbo de colisión entre el mandato de cambio que le otorgaron los electores y el arraigado sistema de clientelismo en el sur del país, del que la Mafia es un pilar fundamental.

A pesar de ello, la presencia de numerosas figuras con vínculos conocidos con el crimen organizado en la lista electoral del centro-derecha no fue un tema del que se hablara en campaña. La coalición de Berlusconi incluyó a su buen amigo Marcello Dell’Utri, pese a su condena por relaciones con la Mafia, y, en plena campaña, Dell’Utri hizo unas extrañas declaraciones en las que se refirió a un mafioso llamado Vittorio Mangano -condenado entre otras cosas por asesinato y tráfico de heroína- y le calificó de “héroe”. Dell’Utri había contratado en los años setenta a Mangano para trabajar para Berlusconi, entre otras cosas para que llevara y trajera a sus hijos del colegio. Mangano siguió en nómina incluso después de que le detuvieran y su largo historial criminal saliera a la luz. En la campaña, Dell’Utri elogió a Mangano por haberse negado a testificar contra él y contra Berlusconi y haber preferido la omertà tradicional del mafioso. Berlusconi, en vez de distanciarse de los elogios que había hecho Dell’Utri de un asesino y narcotraficante, sumó su voz a las loas del “héroe” Mangano.

El nuevo presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Renato Schifani, tuvo relaciones de negocios con dos hombres que posteriormente fueron declarados culpables de pertenencia a la Mafia, y recibió un lucrativo contrato para modificar la calificación de unos terrenos en una ciudad siciliana cuyo ayuntamiento fue disuelto en dos ocasiones por estar bajo el control de la Mafia. Sin embargo, cuando el periodista italiano Marco Travaglio mencionó estos datos -que fueron desmentidos- hace unos días en televisión, se desató el caos. Pero la ira y la indignación no se desencadenaron contra el político por sus liaisons dangereuses, sino contra el periodista y quienes le habían permitido hablar en televisión.

As film critics at Cannes get their first look at Gomorrah, about the Naples organised crime syndicate the Camorra, the malign influence of this group has set fire to the city, literally and metaphorically. For years, it has been dumping rubbish and toxic waste brought in from northern Italy on lucrative contracts in and around residential areas. Now Neapolitans, fed up with the stench and filth, are setting fire to this garbage indiscriminately, provoking a crisis of public health for the ambulance and firefighting services.

If this inferno were not enough, mob violence has erupted against the Gypsy, or Roma, population huddled in squatter camps on the outskirts of Naples. Ministers have accompanied these appalling attacks by demanding the deportation of some Roma and the re-establishment of border controls in violation of the EU’s Schengen agreement. Naples is Italy’s disgrace and Europe’s shame. And in a rare recognition of a real emergency, the prime minister, Silvio Berlusconi, is convening a cabinet meeting in Naples this morning to address the problems that decades of political neglect and criminal activity have wrought there and in the wider Campania region.

The latest trouble began last week after a Roma woman had allegedly attempted to abduct a child near the Roma camp in the rundown district of Ponticelli. A mob attacked the camp, driving away 1,000 Gypsies living in and around railway arches. According to witnesses, members of the local Camorra family encouraged local people to join in the mayhem. Some local commentators have argued that the Camorra was merely implementing a more forceful version of the roundup of petty foreign criminals ordered by the government.

A virulent xenophobia has infected large parts of Italy in the last year. Last autumn, migrants from the EU newcomer Romania were attacked as suspected criminals amid calls for their deportation. A significant minority of Romanians are Gypsies (already used to ruthless discrimination back home).

The identification of the Roma as the wellspring of crime has proved a useful diversionary tactic for the Camorra in advance of today’s cabinet meeting. It has deflected attention from the real source of social chaos in the city: the Camorra itself.

Ponticelli is home to a market known as the Bronx that is one of the main outlets for illicit goods and services in Naples, a city plagued by heroin and cocaine usage. There is some evidence that the Camorra had clashed with Roma in a minor turf war in the Bronx.

The Camorra is one of the world’s most powerful crime syndicates. In the 1990s, it eclipsed the Sicilian mafia after the latter had overreached itself in murdering the anti-mafia campaigners Paolo Borsellino and Giovanni Falcone. The killings triggered a popular backlash that enabled law-enforcement agencies to launch a campaign that came close to eradicating the mafia.

However, the mafia’s demise proved hugely beneficial to other crime groups in southern Italy, notably the ‘Ndrangheta in Reggio Calabria, and the Sacra Corona Unita in Puglia. But the biggest winner was the Camorra. With an extensive international network and effective control over the port of Naples, the Camorra hoovered up much of the import and export of cocaine and heroin that the Sicilians had dominated.

Revenue from narcotics and counterfeit goods imported from Asia has boosted the Camorra’s ability to subvert governance. Successive cabinets under Berlusconi and his predecessor, the former EU commission president, Romano Prodi, have sat back as Camorra families have corrupted virtually every district council in Naples. The process, described so well by Roberto Saviano, the courageous author of Gomorrah, has led to a virtual kleptocracy.

The European commission is currently weighing up draconian penalties against Bulgaria for its failure to deal with organised crime and the influence it wields over public life. But when it comes to Italy, Brussels has always applied double standards. Cracking the whip over a weak accession state such as Bulgaria is easy. But the EU appears scared of threatening similar measures against Italy. If Berlusconi’s government fails to adopt serious measures against the Camorra in Naples, the time has come for the EU to take as tough an approach to Italy as it does to Bulgaria. It is simply outrageous that Naples is suffocating under a blanket of smoke and xenophobia generated by an organised crime syndicate that Rome refuses to challenge.

It was a gathering of the dispossessed. The blonde girl in short shorts had put her bag between her feet while she paused to eat. When she looked down five minutes later, it was gone. The harassed lady on the corner stool, toiling over her form-filling, was in charge of an entire school trip. Her bag contained everything – cards, identities, insurances. Tap! tap! went a man at the restaurant window. She glanced up from her food to see what he wanted – whereupon that bag went, too. And then, of course, there was us.

Location, location; distraction, distraction. If you’ve travelled the world for half a century and only been mugged three times, that sounds tolerably impressive. LA, Calcutta, Nairobi, Cairo … no problem. But losing your passport three times in Barcelona? That’s a deal more shaming, as my daughter (who lives there) says, labelling her parents “Stupido!” and delivering her umpteenth lecture on the necessities of perennial suspicion and central locking.

Still, test the imbecility factor for yourself. It’s midnight at the airport (two decades ago) and I’m guarding the bags. Five yards ahead, a car has broken down. “Give us a push please,” says the driver, imploring: but when I do, his mate nips round the back, grabs my briefcase, hops into the passenger seat and whizzes off. Idiotic? Yes; though not until after it had happened. Before then, good Samaritans ruled OK.

Two years ago was far more mundane … just a dip in her handbag as an American friend climbed off the train at the Passeig de Gràcia. But last week takes the ground almond biscuit. We’re driving into Barca when a man shouts that a tyre’s gone flat. Beware, be careful … go on for another couple of blocks and stop to look. He’s right. A small, helpful crowd gathers. A particularly helpful guy on a motorbike says there’s a garage 20 metres on. Where? Round the corner. He points. At which precise, distracting point, another man bounds from the other side of the road, whips open the driver’s door, takes my wife’s bag (containing cards, keys, passports, everything) and legs it.

My wife gives fantastic chase. But another man on another motorbike rescues him and they zoom away. It’s a Cecil B DeMille sort of scam, featuring at least five different people – a bigger cast than most West End plays. “Stupido! Stupido!” Except that, four years back, when another tyre went flat in Barcelona, a saintly jogger helped us change it and wouldn’t take a cent for a drink to say thanks. The trouble with muggings, and stories of muggings, is that they always make you expect the worst. They’re great curdlers of human nature.

But now, duly curdled, we must contemplate the rituals of robbery again. The trip to the police station; the wait in a desultory line of Japanese, Germans and generally miserable robbed; the painful failure at Catalan speaking; the familiar pink form to be filled in and taken to Her Britannic Majesty’s consular finest (who knock off at 1.30pm for the day, so come back tomorrow).

They’re pleasant enough at the consulate when they’re there. They smile and seem only one bitten lip away from telling us to have a good day. Too damned cheery? Perhaps. The girl in shorts was going on to Venice with her boyfriend, but now it looks more like Luton airport. The husband of the school-trip victim, waiting at home, seems more into remonstration than support: but, then, we’re under family fire ourselves. However, it’s the cost of calamity that takes your breath away.

That will be £71.50, says consular girl as she hands over two sheets of vellum. For both? No, each. £143 in all, she adds brightly. “You can pay by credit card if you like.” But our credit cards have been stolen … Give me patience and a dog-eared copy of Catch-22! And thus, scrimping, borrowing, finding a card that works, we pay to be allowed back into Britain before (as it transpires) having to spend £97 a time to leave the country again. Total cost: £337 exacted by the Foreign Office for services fleetingly rendered, a virtual tax on afflicted citizens. Oh! and would we like to contribute any leftover coins to the Barcelona survival fund for destitute Brits?

So: three times scammed, three times humiliated, three times ripped off (by Spanish gangs and our own beloved government). Three times instructed to trust no one, help no one, drive on by. Three times a weary tick in police report boxes. It’s not victimless crime, because your own self-esteem is the victim. It’s not solely Spanish crime, either, because the American lady at Gràcia then had her purse picked in Westminster Abbey. It’s just the high price of trusting nobody in a world where trust comes at £71.50 a throw. Stupido! Stupido!

Tema: Los Gobiernos europeos están realizando una sólida inversión a largo plazo en cooperación policial y judicial transnacional para combatir la delincuencia organizada.

Resumen: La UE no tiene competencias para dictar a sus Estados miembros cómo estructurar sus cuerpos policiales o actuar en materia de ley y orden. Más bien, los Gobiernos se valen de la UE para intentar lograr que policías y fiscales de toda Europa piensen y actúen de forma conjunta en la lucha contra la delincuencia organizada, que acuerden una acción común –en particular en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas– y que intenten aproximar la legislación penal de los distintos países. A pesar de las diferencias existentes entre los sistemas jurídicos europeos, la UE ha elaborado una serie de ideas innovadoras, aunque aún sin poner a prueba, que respetan las sensibilidades nacionales, entre ellas un modelo no estatal que aúna la inteligencia criminal de los distintos países para planificar operaciones conjuntas. Aún quedan cosas por hacer, especialmente ahondar en el papel que representarán órganos de la UE como Europol.

Análisis

Introducción
La delincuencia organizada transnacional supone una amenaza creciente en el mundo posterior a la guerra fría. Las oportunidades para operar de forma transfronteriza de que disfrutan los bajos fondos de la delincuencia se multiplican a medida que se va multiplicando también la disponibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones, aumenta la movilidad de personas, bienes y servicios entre los distintos países y surge una economía globalizada. Actualmente, las bandas criminales venden armas, realizan contrabando de inmigrantes y trata de personas, trafican con droga y cometen fraudes en distintos países de todo el mundo.

Por ese motivo, la delincuencia organizada se ha convertido en un área prioritaria para la legislación comunitaria y para su agenda de Justicia e Interior (JAI), de está creciendo rápidamente. En 2004, los Estados miembros acordaron ampliar radicalmente las competencias de la UE en materia de delincuencia y actuación policial, dos cuestiones que afectan de lleno a la soberanía nacional. En las negociaciones sobre el Tratado Constitucional y el Tratado de Reforma de la UE, los Gobiernos acordaron renunciar al veto nacional en casos de decisiones sobre delincuencia y actuación policial, si bien el mantenimiento de la ley y el orden propiamente dicho seguirá siendo una cuestión estrictamente nacional. También acordaron dar más facilidades a la UE para iniciar legislación penal y armonizar los procedimientos judiciales de los distintos países.

La policía sobre el terreno de toda Europa, que inicialmente se mostró escéptica, ha pasado posteriormente a tener una visión más favorable de Europol, el cuerpo policial de la UE, y a considerar que puede llegar a constituir una vía útil de coordinación de la lucha contra la delincuencia organizada. En un mundo en que la delincuencia no respeta fronteras, se ha convencido de que una cooperación transfronteriza más proactiva puede reportar beneficios. “Haciendo de Europa un lugar más seguro, contribuimos a la seguridad de este país”, afirma un alto cargo de la Policía Metropolitana de Londres. “Nuestra seguridad no empieza exclusivamente dentro de nuestras fronteras, sino también en las Islas Griegas o la frontera finlandesa”.[1] Aun así, sigue quedando mucho por hacer. Los órganos de la UE se han ganado la aceptación de la comunidad policial y judicial europea, pero no su admiración universal. Europol no es aún un elemento indispensable de las investigaciones transfronterizas, en parte por graves problemas burocráticos que reducen su utilidad, motivo por el cual los Gobiernos están negociando una importante reforma de sus competencias básicas.

Estas delicadas reformas cuentan con apoyo nacional, ya que los Gobiernos consideran que la UE tiene importancia en sus esfuerzos por desmantelar y desbaratar lo peor de la delincuencia organizada y confiscar los activos financieros de las bandas. Los policías y jueces no pueden desmantelar por completo esas redes transfronterizas de delincuencia europea actuando sólo dentro de sus fronteras. Las bandas transnacionales cometen delitos en un país pero su cúpula y sus activos financieros a menudo permanecen escondidos y a buen recaudo en el extranjero (Informe de Europol sobre la valoración de las amenazas de 2006, p. 20). La cooperación policial y judicial entre la totalidad de los países europeos aún no está al nivel de la de los delincuentes. Aun así, la preocupación por la soberanía nacional y las diferencias culturales y jurídicas siguen limitando la eficacia de las investigaciones transfronterizas en materia de delincuencia organizada.

Cooperación policial en Europa
Los 1,2 millones de policías europeos operan de formas muy distintas, en ocasiones incompatibles. Dinamarca, Finlandia e Irlanda cuentan con un único servicio de policía nacional cada uno, centralizado a las órdenes de un “jefe” claramente designado. En el Reino Unido y los Países Bajos, en cambio, la policía está descentralizada: el Reino Unido, por ejemplo, cuenta con 50 cuerpos de policía distintos. En algunos países, la policía dispone de competencias de investigación independientes, mientras que en otros actúa a las órdenes de fiscales nacionales. Los policías que actúan a las órdenes de los fiscales tienden a reaccionar a la delincuencia, actuando sólo una vez que se ha cometido un delito, es decir, llevan a cabo poca labor de prevención. Esta diferencia de funciones implica que tanto los policías como los fiscales de los distintos países se dividen en dos bandos, proactivo y reactivo, al hablar de cómo combatir la delincuencia transnacional.

Los países también tienen distintas normas para iniciar investigaciones y reunir pruebas. Esta diferencia hace más difícil llevar a cabo investigaciones conjuntas sin problemas. En el Reino Unido, por ejemplo, no puede emplearse como prueba en un juicio información obtenida mediante escuchas telefónicas, pero la policía sí puede basarse, y de hecho lo hace, en grabaciones obtenidas de cámaras de seguridad de circuito cerrado. Por el contrario, Francia considera legal las escuchas, viéndolas compatibles con los derechos humanos, pero considera una intromisión mucho mayor la utilización indiscriminada de grabaciones de cámaras de seguridad. En algunos otros países europeos no se emplean este tipo de cámaras en lugares públicos; en Dinamarca, por ejemplo, la ley las prohíbe.

La policía puede llegar a sortear estas diferencias cuando colabora de manera informal con sus colegas extranjeros, pero tanto ellos como los tribunales siguen experimentando un amplio abanico de obstáculos para investigar y enjuiciar de forma transfronteriza. Si la policía requiere citaciones de testigos, órdenes para obligar a alguien a aportar pruebas, una orden de registro e incautación o una orden para congelar cuentas bancarias, puede que tenga que solicitar a un juzgado de otro país que las emita. Su principal herramienta para conseguirlo es el Convenio de asistencia judicial en materia penal del Consejo de Europa, de 1959, en virtud del cual los jueces aprueban peticiones de ayuda en investigaciones y enjuiciamientos procedentes del extranjero. En 2000, el Consejo de Europa actualizó el Convenio a fin de incluir las peticiones para poder realizar operaciones encubiertas en el extranjero, interceptar comunicaciones telefónicas y de Internet entre distintos países y llevar a cabo operaciones de vigilancia como las denominadas “entregas controladas” (en las que las autoridades vigilan en secreto delitos como el narcotráfico para destapar una red criminal).

Aun modificado, el Convenio del Consejo de Europa es demasiado complejo e inflexible como para proporcionar una base para la lucha moderna contra la delincuencia. Se están tardando años en ratificar las nuevas modificaciones y las solicitudes pueden tardar semanas, meses e incluso años en recibir una respuesta. El Reino Unido, por ejemplo, exige una información demasiado detallada a los países que presentan estas peticiones, mientras que la burocracia española puede llegar a traspapelarlas por completo (Informe Anual de Eurojust, año 2005, p. 46).

Más allá de las dificultades que plantea la cooperación judicial formal, los Gobiernos europeos se han esforzado por impulsar la cooperación operativa de la policía, sobre todo en el caso de los países que han eliminado los controles fronterizos entre ellos en la zona Schengen, integrada en la actualidad por 15 países: la “vieja” UE menos el Reino Unido e Irlanda y Noruega e Islandia (Suiza decidió en un referéndum celebrado en 2005 que se uniría pronto). De aquí a 2008, a excepción de Chipre, los países que se adhirieron a la UE en 2004 también pasarán a formar parte de esta zona.

Las fuerzas policiales de los países de la zona Schengen disponen de competencias adicionales para perseguir delitos de carácter transnacional. Por ejemplo, los policías neerlandeses pueden vigilar a sospechosos en Bélgica, con o sin notificación previa. Los policías italianos pueden seguir a un sospechoso de contrabando de drogas en ejercicio del derecho de “persecución transfronteriza” en Austria, hasta que llegue la policía local. Los policías de la zona Schengen también comparten información sobre sospechosos, coches y bienes robados mediante el Sistema de Información de Schengen (SIS), una base de datos policial de carácter multinacional. Aunque el Reino Unido e Irlanda optaron por mantener sus propios controles fronterizos, sí hacen uso de partes del Acuerdo de Schengen. El Reino Unido participa en operaciones transnacionales de vigilancia y se ha adscrito al SIS, al igual que Irlanda.

La policía de ciertas partes de la zona Schengen coopera todavía más estrechamente, gracias a un mosaico de acuerdos bilaterales y multilaterales. El mayor grado de sofisticación en las cooperaciones se produce cuando esos países comparten fronteras terrestres, disponen de sistemas jurídicos similares y se enfrentan a amenazas comunes de las mismas bandas organizadas o los mismos terroristas. Los policías de los países del Benelux se ayudan unos a otros en las labores policiales cotidianas e incluso disponen de normas comunes de capacitación y equipamiento. Antes del Mundial de la FIFA de 2006, Alemania y Austria firmaron un tratado por el que la policía de cada uno de esos países quedaba a las órdenes del otro cuando fuera necesario y que permitía a los policías de cada país llevar a cabo operaciones encubiertas en el territorio del otro sin ningún tipo de restricciones. Posteriormente, Alemania firmó un tratado similar con los Países Bajos. Los países nórdicos llevan años realizando patrullas conjuntas y compartiendo comisarías en regiones fronterizas escasamente pobladas, al igual que los españoles con sus homólogos franceses en los Pirineos.

Los jefes de policía de la UE colaboran en la lucha contra algunos de los líderes más notorios de la delincuencia organizada de Europa mediante la Unidad operativa de jefes de policía de la UE. Este órgano informal se reúne cuatro veces al año en las oficinas de Europol en La Haya y Bruselas y organiza con Europol e Interpol operaciones europeas conjuntas contra redes de delincuencia organizada. Al principio, eran solamente reuniones de debate para altos funcionarios europeos de la ley y el orden, pero en mayo de 2005 la Unidad empezó a llevar a cabo operaciones propiamente dichas con la Operación Callidus, encabezada por Suecia, una exitosa ofensiva a nivel de toda la UE contra la pornografía infantil en la que participaron cientos de policías de Suecia, el Reino Unido, Dinamarca, Francia, los Países Bajos, Malta, Noruega y Polonia.

Los jefes de policía de la UE organizan su trabajo designando equipos de policía multinacionales conforme a un sistema denominado COSPOL (Planificación Estratégica Operacional General de la Policía). Este sistema hace referencia sencillamente a cómo los jefes de policía dividen las responsabilidades para las distintas investigaciones. Cada investigación organizada con este sistema está dirigida por un “conductor”, un país directamente afectado por una red de delincuencia concreta y responsable de dirigir las operaciones destinadas a combatirla (Suecia, por ejemplo, fue el país conductor de la Operación Callidus y Polonia dirige las operaciones COSPOL contra la delincuencia de Europa del Este).

El papel de la UE
Los ministros de Justicia e Interior se reúnen actualmente en el Consejo de Ministros de la UE (o Consejo JAI) para tratar de reducir los vacíos legales entre las distintas legislaciones penales de los Estados miembros y acordar leyes y medidas prácticas para facilitar las investigaciones policiales transfronterizas. En la actualidad, los 27 Estados miembros de la UE tienen que acordar por unanimidad cualquier nueva medida. Los funcionarios elaboran nuevas propuestas en una red enormemente complicada de comités que conforman cuatro niveles distintos de toma de decisiones. En ellos se incluyen grupos de trabajo sobre cooperación policial, de aduanas y de justicia penal, así como el denominado “Grupo Multidisciplinar Delincuencia Organizada”, integrado por expertos nacionales en materia policial con competencias para evaluar métodos de lucha contra la delincuencia de toda la UE. Personal de la secretaría del Consejo y la Comisión Europa ayuda a elaborar los primeros proyectos de legislación y a evaluar acuerdos comunitarios previos. Dos de los comités más importantes son el COREPER, la poderosa agrupación de embajadores nacionales ante la UE, y un comité de funcionarios de alto nivel de los Ministerios de Justicia e Interior (denominado CATS, por su acrónimo en francés).[2]

Una gran parte de la labor del Consejo de Ministros en materia de justicia e interior tiene que ver con sustituir los lentos procedimientos establecidos por el Consejo de Europa para la cooperación policial y de justicia penal por unas normas comunitarias más rápidas y eficaces, como “órdenes” que aceleren la extradición de sospechosos y el intercambio de pruebas entre los distintos Estados miembros. Eurojust, una unidad de altos funcionarios de la fiscalía, la judicatura y la policía nombrados por los Estados miembros, ayuda a que estos acuerdos jurídicos funcionen en la práctica y coordina los enjuiciamientos de carácter multinacional en la UE. El número de casos que gestiona ha crecido con rapidez desde que empezó a funcionar en 2003: la unidad notificó un aumento del 31% en su carga de trabajo en 2006 y del 54% el año anterior (Informe Anual de Eurojust, 2006, p. 24).

Mientras que Eurojust se encarga fundamentalmente de los enjuiciamientos, Europol es el principal instrumento comunitario de apoyo a las investigaciones en materia de delincuencia organizada transnacional. Europol recaba y analiza información de inteligencia sobre diversos delitos, desde narcotráfico hasta falsificaciones y terrorismo. Su oficina se organiza mediante una estructura radial: todos los Estados miembros envían agentes de policía a su sede en La Haya, que actúan como radios, compartiendo información directamente con los demás policías y con un núcleo de analistas de Europol. Estos analistas rastrean el corpus común de inteligencia criminal europea en busca de vínculos y tendencias transnacionales que puedan haber sido pasados por alto por los cuerpos de policía nacionales o regionales, más centrados en lo que sucede en su propio terreno. Los funcionarios de Europol no pueden efectuar detenciones ni iniciar investigaciones, pero pueden ayudar durante las investigaciones y estar presentes durante los interrogatorios de sospechosos si se lo permiten los Estados miembros. Desde 1999, Europol se ha centrado en desarrollar la capacidad analítica necesaria para aportar valor añadido a las investigaciones nacionales.

En 2005, los ministros de Interior acordaron un “Modelo europeo de inteligencia criminal”, un plan no estatal de actividad policial para coordinar las investigaciones contra la delincuencia organizada en toda la UE conforme a un método denominado “actividad policial basada en el análisis de información”, una teoría de inspiración británica que hace hincapié en la recopilación de información de inteligencia y en dirigir los recursos policiales a combatir los peores criminales. La idea es conseguir que policías de distintos países planifiquen investigaciones conjuntas haciendo uso de la mejor información de inteligencia disponible. El Modelo establece cómo la UE puede conseguirlo asegurando una cooperación entre los cuerpos nacionales de policía, los analistas de inteligencia criminal de Europol y los jefes de policía en la lucha contra las mismas amenazas criminales.

El Modelo sigue diversos pasos. En primer lugar, los cuerpos policiales de los Estados miembros comparten inteligencia con Europol, que realiza una valoración general de la amenaza que plantea a la UE la delincuencia organizada. En base a esa evaluación, el Consejo de Ministros acuerda qué prioridades de ley y orden abordarán conjuntamente sus policías. Los jefes de policía de la UE organizan entonces operaciones conjuntas contra los delincuentes y posteriormente informan a Europol al respecto y acerca de la experiencia adquirida, a tiempo para que se realice la siguiente valoración de la amenaza.

Los Estados miembros de la UE probaron por primera vez esta nueva forma de colaboración en 2006. En base a la primera valoración de la amenaza realizada por Europol, los Gobiernos de la UE establecieron cuatro prioridades regionales en la lucha contra la delincuencia organizada en Europa: narcotráfico y trata de personas por parte de bandas africanas que operan en el Mediterráneo, narcotráfico de heroína y trata de mujeres desde los Balcanes por parte de bandas albanesas, contrabando de mercancías en la región del Mar Báltico y fabricación ilegal de drogas sintéticas en Bélgica, los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido (ENFOPOL 30, pp. 1-3). Los primeros datos apuntan a que ni los Gobiernos ni la policía se toman lo suficientemente en serio este Modelo, aunque, en un principio, el establecimiento de Europol recibió la misma acogida. Y sin embargo, la adopción de un modelo comunitario para el mantenimiento de la ley y el orden supone un importante avance. Este Modelo es además un sutil intento de promover el uso de métodos policiales basados en el análisis de inteligencia en toda la UE.

En privado, los agentes de policía muestran su preocupación por el hecho de que ciertas iniciativas comunitarias estén más enfocadas a satisfacer motivaciones políticas que a dar respuesta a sus necesidades en materia de cooperación sobre el terreno. Está previsto que los policías organicen investigaciones COSPOL multinacionales haciendo uso de la legislación comunitaria para el establecimiento de equipos conjuntos de investigación, en virtud de la cual policías de varios países distintos tendrán competencias para trabajar en la misma investigación en equipo, prácticamente como si estuvieran trabajando en una única jurisdicción.

Los equipos conjuntos de investigación pueden llegar a convertirse en una herramienta innovadora en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, pero hasta la fecha la policía sólo ha creado un puñado de ellos (mayoritariamente para casos de narcotráfico, fraude y terrorismo) y ninguno de ellos compuesto por policías de más de dos países distintos. Los policías alegan que ello se debe a que el proceso para poner en marcha los equipos requiere demasiada burocracia y a que resulta difícil gestionarlos, por lo que prefieren hacer uso de los antiguos procedimientos del Consejo de Europa o recurrir a acuerdos informales. Los funcionarios de la UE responden a ello que estos equipos serán cada vez más comunes, y más ambiciosos, en cuanto la policía y los fiscales se acostumbren al nuevo sistema.
Reveses al intercambio de información
Europol depende totalmente de la inteligencia criminal que recibe de los Estados miembros, de forma que ha tenido que esforzarse mucho por demostrar que sus archivos pueden aportar un valor añadido a las investigaciones nacionales de delitos. Con su director actual, Max-Peter Ratzel, Europol está logrando convencer poco a poco a los Estados miembros de su potencial. Un alto cargo de la policía británica afirmaba: “Europol ha madurado. (…) Sus analistas entienden mejor lo que necesitamos de ellos y están empezando a producir los resultados deseados. Actualmente llevamos a cabo muchas operaciones a través de Europol”. Para empezar, más allá de la mejora de la labor de inteligencia, los policías afirman que el simple hecho de tener a funcionarios de los 27 Estados miembros de la UE en un mismo pasillo en La Haya supone un recurso sin precedentes en la cooperación policial cotidiana.

Aun así, aún siguen existiendo importantes problemas. Algunos Estados miembros siguen sin prestar a Europol apoyo suficiente y sistemático. En 2006, mientras que un Estado miembro aportó más de 500 páginas de inteligencia criminal a la primera evaluación de la amenaza planteada por la delincuencia organizada que llevó a cabo Europol, otro no aportó más que una. Algunos Estados miembros envían a Europol agentes de policía sin la autoridad necesaria en sus respectivos países para ayudar a sus colegas a resolver cuestiones transfronterizas. Esto plantea graves dificultades a la hora de establecer una base de confianza y reforzar la coordinación en las investigaciones internacionales, ya que los agentes no están seguros del nivel de cooperación que pueden esperar de sus homólogos extranjeros. El mismo problema inhibe el trabajo de Eurojust cuando los fiscales no tienen un nivel de competencias parecido. Por ejemplo, sólo algunos fiscales de Eurojust disponen de competencias básicas para emitir y activar peticiones formales de pruebas y autorizar entregas controladas, escuchas telefónicas u operaciones encubiertas.

La eficacia de Europol también se ve obstaculizada por su convenio constitutivo, que hizo de esta oficina un órgano difícil de manejar y que dificulta las acciones de su personal. Hasta las menores decisiones de su director requieren la aprobación unánime de los 27 Estados miembros de la UE representados en su consejo de administración. Además, en virtud del convenio, la policía ordinaria y los analistas de Europol sólo puede colaborar a través de los oficiales de enlace de La Haya, que operan mediante unidades especiales con sede en las capitales nacionales, lo cual puede llegar a conducir a una parálisis burocrática.

Los Estados miembros trataron de agilizar la burocracia de Europol modificando ese convenio una vez que el órgano comenzó a funcionar en 1999. Le añadieron nuevos protocolos que ponían a disposición de sus funcionarios procedimientos más sencillos para trabajar y que les conferían mayores competencias de investigación de actividades de blanqueo de dinero y de apoyo a investigaciones multinacionales sobre el terreno en curso. Pero puesto que esos cambios debían ser ratificados por todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros, no entraron en vigor hasta transcurridos varios años, de ahí que los Estados miembros quieran deshacerse del antiguo convenio. Europol volverá a establecerse mediante legislación comunitaria que pueda modificarse con mayor facilidad en el futuro, como los acuerdos empleados para establecer Eurojust o Frontex, la Agencia de Fronteras de la UE.

Conforme a la nueva legislación, Europol dispondrá de mayores competencias de investigación para una mayor cantidad de delitos, será menos burocrática y dispondrá de mayor libertad para recabar inteligencia e información como datos de ADN. También informará, de forma anual, al Parlamento Europeo y mantendrá cierta comunicación con los parlamentos nacionales, aumentando así en cierto modo su rendición de cuentas. Estos cambios distan mucho de convertir a Europol en un organismo similar a la Oficina Federal de Investigación (FBI) estadounidense. En EEUU, los agentes del FBI tienen plenas competencias policiales para investigar más de 3.000 delitos federales. La UE no cuenta con un corpus semejante de leyes penales federales que permitan a Europol llevar a cabo ese tipo de actividad policial. De hecho, el “valor añadido” que Europol aporta a los cuerpos nacionales de policía quedaría destruido si la oficina se convirtiera en un competidor con competencias operativas. De ahí que, aun renovada, esta oficina no será capaz de efectuar detenciones ni iniciar investigaciones sin contar con la colaboración de los Estados miembros.

Esas reformas eran necesarias, pero no abordan el problema fundamental a que se enfrenta la cooperación europea en materia policial y judicial: los distintos papeles representados por los fiscales y la policía de los distintos Estados miembros. Tanto los representantes de Europol como los de Eurojust deben tener competencias equivalentes si se quiere que ambas organizaciones funcionen correctamente. La forma evidente de superar este problema sería fusionar estos dos órganos en un único órgano europeo de coordinación judicial y policial que incluyese también a la Unidad operativa de jefes de policía de la UE. Un único órgano podría contribuir a alcanzar un nivel uniforme de cooperación a nivel de toda la UE, independientemente de cuáles fueran las estructuras nacionales de mantenimiento de la ley y el orden, y también contribuiría a evitar que se duplicara el trabajo de recopilación y análisis de información de inteligencia y a asegurar una mejor transición desde la investigación hasta el enjuiciamiento en los casos de naturaleza transfronteriza. Está previsto que Eurojust y Europol empiecen a compartir instalaciones en 2009, una ocasión ideal para poner en marcha su fusión.

Conclusión: El objetivo de la cooperación comunitaria no debería ser centralizar la cooperación policial y judicial en órganos como Europol y Eurojust. Tampoco deberían quedar sujetas a procedimientos formales todas las formas de cooperación policial (una combinación de mecanismos formales e informales garantiza los mejores resultados), sino que, más bien, la UE debería convertirse en punto de enlace para el surgimiento de una nueva comunidad paneuropea de agentes de policía. En este sentido, las fuerzas de mantenimiento del orden tienen mucho que aprender de sus homólogos en aduanas. El hecho de que su trabajo siempre haya sido de carácter internacional ha hecho que la cooperación entre los agentes europeos de aduanas sea altamente sofisticada, especialmente en las esferas del intercambio de información, la evaluación conjunta de las amenazas y las incautaciones coordinadas de mercancías ilegales.

Los Gobiernos europeos están realizando una sólida inversión a largo plazo en cooperación policial y judicial transnacional para combatir la delincuencia organizada, algo que queda de manifiesto en su determinación de renunciar a los vetos nacionales para decisiones sobre delincuencia y actuación policial, reformar Europol y otros órganos y compartir cada vez más información en materia de mantenimiento de la ley y el orden por diversos canales. Sólo se conseguirá que esta inversión genere una rentabilidad si los Gobiernos logran conseguir que sus cuerpos policiales se tomen en serio el Modelo europeo de inteligencia criminal, un proceso que probablemente lleve varios años. Y una fusión de Europol, Eurojust y la Unidad operativa de jefes de policía de la UE supone una respuesta convincente para los persistentes problemas planteados por las diferencias en los sistemas jurídicos y las tradiciones de los distintos Estados miembros y el elevado riesgo de duplicación de los esfuerzos.

Notas:
[1] Mi más sincero agradecimiento a los muchos policías y funcionarios de la UE y de los distintos países que brindaron su tiempo para contribuir de distintas formas a esta publicación. Como es comprensible, prefieren mantener anónima su identidad.

2 Puede obtenerse un análisis autorizado de la cooperación policial y judicial de la UE en Policing the European Union, de Anderson, den Boer, Gilmore, Raab y Walker, Oxford University Press, reimpreso en 2003. Véase también The Politics of EU Police Co-operation, de John D. Occhipinti, Lynne Rienner Publishers, 2003.

Como resultado de su experiencia en Vietnam, Colin Powell elaboró en vísperas de la Guerra del Golfo la doctrina que lleva su nombre. Tres tesis en particular se volvieron celebres y adquirieron carácter de dogma durante un decenio en el seno de las Fuerzas Armadas norteamericanas. A propósito de una posible intervención militar en otro país, Powell argumentaba que, en primer lugar, EE UU necesitaba poseer un claro rasero para definir el éxito; en segundo término, debía involucrarse sólo si contaba con una fuerza militar aplastante; y en tercer lugar, antes de entrar, era preciso saber cómo salir.

La Doctrina Powell se aplicó en aquella guerra, y, por lo menos para su país, las cosas salieron bien. El éxito consistió en sacar a Irak de Kuwait; Washington entró con medio millón de efectivos, y en cuanto se logró el objetivo deseado se marcharon, sin abusar de su victoria y buscar la caída de Sadam o la captura de Bagdad. En 2003, Donald Rumsfeld archivó la Doctrina Powell; hasta la fecha, no se sabe en qué consistiría un ya imposible triunfo estadounidense y los 150.000 soldados nunca bastaron; y hoy Washington no encuentra cómo extraerse de la debacle.

Este precedente reviste alguna pertinencia para la guerra contra el narcotráfico declarada por el presidente Calderón, de México, al tomar posesión de su cargo. En el año 2006 tuvieron lugar en México un poco más de dos mil ejecuciones; el país, y muchos observadores extranjeros, tuvieron la impresión -probablemente acertada- de que el ex presidente Vicente Fox había perdido las riendas de la seguridad y el orden, por estas razones, y por otras de índole político, Calderón resolvió hacer de la lucha contra el narco y la inseguridad la piedra de toque de su Administración. Sacó a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles, lanzó un gran número de operativos conjuntos de ejército, marina y policía federal, y le declaró la guerra al crimen organizado.

Al 3 de mayo de este año, se habían producido 758 ejecuciones en México, un ritmo muy superior al de 2006. Se dice, con razón, que los muertos de Fox fueron por pasividad, complicidad o incompetencia; mientras que los de Calderón constituyen el precio a pagar por una guerra pospuesta durante demasiado tiempo. Un problema estriba, sin embargo, en que los altos funcionarios encargados de la guerra bajo Calderón son… los mismos que asumieron responsabilidades casi idénticas bajo Fox: el procurador general de la República, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa.

Otro problema reside en una paradoja: el recurso a la retórica de la guerra es útil y eficaz, pero también entraña el respeto a las reglas de la guerra. Desafortunadamente, la aplicación en México de la Doctrina Powell brilla por su ausencia. ¿Cuándo se ganará la guerra contra el narco y la violencia? ¿Cuál es el rasero del éxito? ¿Existe una fuerza aplastante? ¿Cuál es la estrategia de salida? Cuando se retire la tropa de las zonas “ocupadas” como Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Tijuana, y vuelvan las policías estatales y municipales ¿quién volverá realmente? ¿la ley y el orden, o el narco?

El dilema de los anteriores presidentes mexicanos -Ernesto Zedillo y Vicente Fox- y que hoy confronta Calderón con la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, no es privativo de México. Muchos países del continente se han visto obligados a lidiar con la carencia de opciones para combatir a los carteles; los ha desgarrado el carácter contradictorio de la injerencia militar en lo que es a final de cuentas un asunto civil. En algunos casos el dilema es antiguo: Perú y Colombia se debaten desde hace años sobre el balance idóneo de ejército, policía nacional y ayuda extranjera para derrotar o contener al crimen organizado. El ejemplo más reciente es el brasileño.

Brasil se encuentra en una situación análoga a la mexicana en esta terrible materia. Habiendo sido un país de consumo relativamente bajo, de producción limitada o circunscrita a ciertos estupefacientes, y a diferencia de México, de tráfico reducido, hoy es un gran productor, un punto intermedio en rutas a Europa, y sobre todo, un creciente mercado de consumo. Al igual que México, sus policías han resultado ser impotentes y/o cómplices del narco. Las favelas y las cárceles de São Paulo, de Río de Janeiro y de otras grandes ciudades, o están en manos de narcos, o en las de policías locales: más o menos lo mismo. Hace unas semanas, el gobernador del Estado de Río, Sergio Cabral Filho, le solicitó al presidente Lula la intervención del ejército. Pero Lula se resiste: esto ha llevado al Gobierno brasileño a estudiar alternativas, una de ellas dolorosa para un país verdaderamente federalista y que también se ha propuesto para México: la creación -existente en ciernes- de una policía nacional, de preferencia única, preventiva e investigativa, con efectivos suficientes para transformarse en una fuerza eficaz, al estilo de la Policía Nacional de Carabineros en Chile.

Suelen esgrimirse varios argumentos contra la intervención militar. El primero es clásico: se sabe cuándo sale la tropa de los cuarteles, pero no cuándo regresa. En Brasil, donde las Fuerzas Armadas han pasado tanto por periodos de institucionalidad como de involucramiento directo en la vida política (la más reciente entre 1964 y 1985), no se trata de un asunto menor.

Otro argumento, quizá superficial pero no descartable, es el económico: resulta más caro mantener a la tropa fuera de los cuarteles, que adentro. Asimismo, como el uso del ejército no puede representar una solución definitiva, pero a la vez puede producir el espejismo de la inmediatez, se convierte en un pretexto para postergar una solución permanente, a saber una policía nacional eficaz y bien dotada. En México se inició la creación de una tal policía en 1998; no ha progresado -hoy apenas cuenta con ocho mil efectivos-.

Por último, en Brasil, se subraya la lógica falta de preparación del ejército para una labor policiaca. Los militares brasileños -y hasta donde se sabe, los mexicanos también- reconocen que no son aptos para el trabajo de patrullaje, retenes, investigaciones, interrogatorios, detenciones. Por ello, consideran que el riesgo de errores, de excesos, y sobre todo de enajenación de la población civil ante las casi seguras violaciones a los derechos humanos, puede transformar la buena imagen que en general posee el ejército. Al grado que, en Brasil, las autoridades aceptan en privado que una de las razones por las cuales se envió un contingente militar de mantenimiento de la paz a Haití fue para que adquiriera la experiencia y sensibilidad necesarias para actuar en zonas urbanas hostiles.

La guerra contra el crimen organizado ¿es realmente una guerra? En caso de serlo ¿se puede ganar? De ser factible la victoria ¿el costo es pagable? Nadie alberga respuestas definitivas a estas interrogantes. Pero las sociedades -y los gobiernos que las conducen- deben discutirlas, para no ir a la guerra, justamente, sin fusil.

Tuvieron que pasar veinte años y morir o desaparecer decenas de miles para que el Estado mexicano se tomara en serio el reto lanzado por el crimen organizado, capaz de imponer su ley en el 40% del territorio mexicano. Y hace unas semanas empezó una guerra de incierto desenlace.

México tiene tres mil kilómetros de frontera terrestre con una potencia ávida de narcóticos. Resultó lógica la aparición de astutos empresarios dispuestos a alimentar la glotonería, y así nacieron los carteles cuyas gestas van quedando inmortalizadas en los mexicanos narcocorridos. Este año se cumplen dos décadas de que el presidente Miguel de la Madrid pusiera al narco como la principal amenaza a la seguridad nacional. Fueron palabras sonoras pero vacías de contenido. Años después, en 1991, conversé con el entonces procurador general de la República, Enrique Álvarez del Castillo, quien minimizó el problema y presumió de la enorme fortaleza del Estado mexicano. Esa displicencia suicida ha sido la norma y preparó el terreno para que la delincuencia creciera y hasta fundara enclaves territoriales vedados a las fuerzas de seguridad.

Vicente Fox entregó a Felipe Calderón una seguridad al bordo de la anorexia. A los pocos días, el nuevo presidente informó de que emplearía “toda la fuerza del Estado” para “arrebatar a los delincuentes los espacios públicos” y “rescatar a México” (las implicaciones de esta última frase son escalofriantes). El ejército se desplegó por ocho Estados -seis de ellos ubicados en el estratégico norte- en donde viven 24 millones de personas en un territorio de 763.000 kilómetros cuadrados. La utilización de las fuerzas armadas era la última opción dada la corrupción, ineficacia o impotencia de los centenares de miles de policías mal pagados.

Sacar a la tropa de los cuarteles -me confirman funcionarios de alto nivel- tenía como principal objetivo demostrar la firmeza del presidente y recuperar el espacio cedido a -y ganado por- el crimen organizado. En el diseño original el ejército patrullaría las calles mientras se captaba la inteligencia requerida para detener a los capos y desmantelar a los escuadrones de sicarios. La estrategia parecía tan sensata como realistas los objetivos y recibió el aplauso de una sociedad harta de los secuestros, los asaltos a mano armada y las ejecuciones.

Cuando la federación envió la tropa a Michoacán se dispararon las expectativas y los Estados se arrebataban la palabra pidiendo su cuota de militares. Y en medio del estruendo de las trompetas y panderetas de una legión de comunicadores gubernamentales nació, el 2 de enero, la Operación Tijuana. El Gobierno federal informó de que a esa ciudad ubicada en el vértice donde inician y finalizan México, Estados Unidos y el océano Pacífico se trasladarían tres mil soldados y marinos, lanchas rápidas y vehículos artillados. La ciudadanía respiró aliviada; llegaban los salvadores.

Seis semanas después de iniciado la Operación visité Tijuana, donde dialogué con una muestra más que representativa de conocedores del submundo criminal. El entusiasmo inicial había desaparecido y prevalecía el desconcierto y el desaliento entre académicos, líderes sociales, periodistas… Los retenes militares se habían relajado y nunca se detuvo a capos cuyos apodos, manías y lugares de reunión son bien conocidos en una ciudad que vuelve a vivir bajo la amenaza de los secuestros y las ejecuciones.

En sus primeros 100 días, Felipe Calderón ha convocado una y otra vez a una cruzada nacional contra el crimen. El discurso se origina en la gravedad de la amenaza y en la soledad federal. La mayoría de gobernadores y presidentes municipales evaden el tema y disimulan su miedo y/o complicidad refugiándose en un rasgo de la ley: el combate al crimen organizado es competencia federal. El resultado es que estos funcionarios sólo han sustituido al patrón: si antes era el presidente ahora son los capos.

Fue entonces cuando sobrevino lo imprevisto. La capital del país salió con un programa propio y agresivo para enfrentar al crimen organizado. Curioso porque el Distrito Federal es el bastión más sólido de la izquierda leal a Andrés Manuel López Obrador; tanto así que el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, se ha negado a reunirse con Calderón por suscribir la tesis de que es un presidente ilegítimo. Pero Ebrard es un político pragmático y sabe que la capital ha sido devastada por el crimen organizado; tiene el segundo lugar en número de delitos por habitante después de Baja California.

Uno de los enclaves territoriales de la delincuencia está en el céntrico barrio de Tepito, a unas cuantas cuadras del corazón de la patria, del Zócalo. Si el jefe de Gobierno capitalino deseaba ampliar sus márgenes de gobierno tenía que enfrentarse al crimen, y lo hizo expropiando una fortaleza en Tepito. El golpe mediático estuvo bien pensado y le rindió beneficios porque rebasó a Felipe Calderón por el carril de la ley y el orden, términos que identifican al conservadurismo.

La disputa por las elecciones presidenciales de 2012 ya empezó y un aspirante obvio es el jefe de Gobierno capitalino que eligió contrastarse con el presidente en una guerra de trincheras con el crimen organizado. Mientras que los últimos seis años estuvieron marcados por el encono de la relación entre López Obrador y Fox, Ebrard está llevando la competencia al terreno de la eficacia.

El futuro de la seguridad mexicana es incierto porque se desconoce la fuerza de los carteles y la reacción que tendrán ante las extradiciones de sus jefes a Estados Unidos, los retenes y las expropiaciones. ¿Absorberán con estoicismo los golpes?, ¿aumentarán las ejecuciones de policías y soldados?, ¿recurrirán al terrorismo contra blancos civiles?, ¿buscarán disimularse entre la población o se atrincherarán en sus enclaves territoriales?

En este sombrío panorama la esperanza surge de la competencia entre Gobierno federal y capitalino que buscarán distinguirse por sus éxitos en el combate al crimen organizado y con suerte hasta un corrido les dedican. Por primera vez en mucho tiempo pareciera posible contener el avance del crimen organizado con el cual, se quiera o no, los mexicanos hemos tenido que vivir.

Tema: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de homicidios anuales con armas de fuego en América Latina –entre 73.000 y 90.000– es tres veces mayor que la media mundial. En las dos últimas décadas, la violencia fue la principal causa de muerte entre los latinoamericanos de entre 15 y 44 años. Esta degradación de la seguridad ciudadana ha sido simultánea al crecimiento de un poderoso “poder paralelo”: el crimen organizado.

Resumen: Los índices de criminalidad han hecho de las ciudades de América Latina las más inseguras del mundo: en los años noventa, un 74,5% de los habitantes de las grandes urbes latinoamericanas fueron víctimas de algún tipo de acto delictivo. A pesar de tener sólo el 8% de la población mundial, América Latina registró el 75% de los secuestros ocurridos en el mundo en 2003. Todo ello ha hecho que la inseguridad sea hoy la mayor preocupación de los latinoamericanos, después de la situación económica. Lo peor es que el crimen organizado está dando un importante salto cualitativo, a medida que “coloniza” la iniciativa privada y la subordina a sus estructuras jerárquicas. El ejemplo más visible de este fenómeno fueron los cinco días de continuos ataques contra comisarías y edificios públicos, entre el 10 y el 14 de mayo, en el estado de São Paulo, acompañados de motines en prisiones y toma de rehenes que, según Folha de Sao Paulo, causaron 272 muertos, incluyendo a 91 policías. El asalto fue realizado por una de las mayores bandas criminales del continente: el Primeiro Comando da Capital (PCC), llamado también el “Partido del Crimen”, que podría tener una “base social” de medio millón de personas. Brasil, hoy el segundo consumidor mundial de cocaína, ha pasado a ocupar en las estadísticas de la OMS el tercer lugar en el mundo por número de muertes por causas violentas, después de Colombia y Rusia: su tasa anual de homicidios es de 40 por 100.000 habitantes y en las grandes urbes de 53.

Análisis: El narcotráfico ha contribuido sustancialmente al aumento de la criminalidad, generando corrupción, violencia y desestabilización política. En 10 de los 13 países que ofrecen datos comparativos fiables, las tasas de delincuencia aumentaron cuatro o seis veces en los años noventa. A medida que la autoridad de los gobiernos ha disminuido, amplias zonas urbanas y rurales se han convertido en áreas vedadas para la policía, donde los barones de la droga imponen su sistema de control político, recolectando impuestos y estableciendo toques de queda, reclutamientos y requisas forzosas.

En el Caribe y Centroamérica, pequeños países insulares se han convertido en punto de trasbordo para la droga y refugio para organizaciones que dirigen redes de prostitución, contrabando de inmigrantes, falsificación, desviación de mercancías y otras actividades delictivas con un mínimo de interferencia estatal. Toda la región ha sido inundada por las vastas cantidades de dinero proveniente del narcotráfico, que se introduce en el sistema financiero y proporciona los medios para corromper a funcionarios, la policía y el ejército. A su vez, la impunidad criminal intimida a la sociedad civil y los costes sociales y económicos de la inseguridad afectan las inversiones extranjeras por la destrucción de infraestructuras y la demanda adicional de servicios de protección. Según el Banco Mundial (BM), la violencia delictiva le cuesta a América Latina más de 30.000 millones de dólares anuales. En Brasil las pérdidas relacionadas con el crimen llegan a los 7.000 millones de dólares anuales, el 1% del PIB. En Colombia podría llegar al 13% si se suma el gasto militar y policial.

Dirk Kruijt, coeditor con Kees Kooning de Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America, cree que la violencia ha adquirido una variedad y dimensiones que antes no tenía, donde se entrecruzan el carácter delictivo de la actividad de las fuerzas de seguridad estatales, los conflictos interétnicos y la “limpieza social” de elementos marginales. En algunos casos, las mafias policiales y de los servicios de inteligencia llegaron a controlar el aparato del Estado, como ocurrió en el Perú de Fujimori y Montesinos, cuando el 70% del presupuesto del Servicio Nacional de Inteligencia se asignaba a gastos reservados que financiaban operaciones de tráfico de armas y drogas y de extorsión.

En 1997 un estudio del BM sobre la criminalidad en América Latina mostró que los delincuentes basan sus decisiones en una especie de análisis de coste-beneficio: calculan los potenciales beneficios de un delito en relación a los costes y riesgos de cometerlo y la probabilidad y severidad del castigo. Si la industria del secuestro en países como Colombia o México es un indicativo fiable de esa teoría, entonces las bandas han concluido que el crimen es extremadamente lucrativo y las consecuencias penales escasas. En Argentina las investigaciones encontraron que las evidencias de colusión en el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg en 2004, que provocó manifestaciones masivas en Buenos Aires contra la corrupción policial, llegaban hasta el propio jefe de la división antisecuestros. En México, el “zar antidrogas”, general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue detenido en 1997 cuando se demostraron sus vínculos con el cártel de Tijuana. Gutiérrez ponía a su disposición bases militares y enviaba a sus tropas a secuestrar y asesinar a miembros de bandas rivales. Una de las más peligrosas hoy en México –“los Zetas”, que operan en la frontera con EEUU– está integrada por ex comandos del ejército entrenados en la lucha antinarcóticos.

Entre 1960 y 1980, el terrorismo de Estado, las guerrillas y la lucha contrainsurgente convencional fueron el principal rasgo de la violencia organizada. Con las transiciones democráticas, muchos esperaban que los gobiernos elegidos restauraran el imperio de la ley. Sin embargo, más de dos décadas después, la violencia que surge de una variedad de “actores armados” (milicias irregulares, mafias del narcotráfico, bandas urbanas y fuerzas paramilitares), sigue marcando la vida social y política de gran parte de la región. En Río de Janeiro, alrededor de 6.000 niños y adolescentes trabajan como “soldados” en las guerras entre bandas rivales, un número comparable a los conflictos tribales en el África subsahariana (Liberia y Sierra Leona). El motivo es simple: según la ley, los menores no pueden ser procesados. Según Amnistía Internacional (AI), en Brasil mueren dos veces más jóvenes a causa de homicidios que de accidentes de tráfico: la tasa entre menores de 25 años es de 52,2 por 100.000 habitantes, frente al 13,2 en EEUU y el 2,1 en Italia. Y el 93% de las víctimas son varones.

Todo ello ocurre muchas veces ante un “apagón” informativo. La región se ha convertido en una especie de campo minado para el ejercicio del periodismo debido, en parte, a los ataques del crimen organizado y del narcotráfico. Las frecuentes amenazas, atentados y asesinatos han propiciado el resurgimiento de la autocensura en países que lucharon durante décadas contra el silencio impuesto por las dictaduras. Colombia tiene un récord trágico: 28 periodistas fueron asesinados en la última década. Según denuncia Ramón Cantú, editor en jefe de El Mañana, de Nuevo Laredo (México), su ciudad se ha convertido en un campo de batalla de los cárteles de la droga: en 2005 hubo 182 muertes violentas y 128 en lo que va de año. Ese diario fue atacado en marzo con granadas y disparos después de publicar una foto de presuntos miembros de un cártel del narcotráfico local.

La industria del secuestro
Kroll Associates, una compañía de seguridad de Nueva York, estima que la mitad de los secuestros mundiales se producen en América Latina. Colombia es el líder indiscutido del sector: Kroll calcula que en 2003 ocurrieron 4.000 secuestros (2.043 según el Gobierno de Bogotá), mientras México está en segundo lugar (con 3.000 casos), seguido de Argentina (2.000). Incluso en Brasil, con una población que casi duplica a la de México, el número de secuestros es la tercera parte. Pero mientras en Colombia la tendencia es declinante, en México va en ascenso: las principales víctimas están entre las prósperas comunidades de origen español, libanés y judío, aunque el fenómeno se está extendiendo a la clase media alta, a la que se exige rescates de unos 100.000 dólares de media. El Gobierno mexicano alega que los secuestros bajaron de 568 en 2001 a 531 en 2003. Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, una organización privada, señala que cerca de 4.000 personas fueron secuestradas entre 1997 y 2003, una media de 571 al año. Pero estos fueron los casos denunciados. Muchas familias no lo hacen por miedo a unas fuerzas de seguridad corruptas, algunos de cuyos miembros están implicados en los secuestros. Lo peor es la impunidad: según estimaciones oficiales, sólo un 75% de los crímenes son denunciados ante la policía en México. En Brasil únicamente el 8% de los 50.000 asesinatos cometidos cada año son sometidos a un proceso judicial completo.

Según el Latinobarómetro, sólo uno de cada tres ciudadanos en los 18 países de la región expresa su confianza en la policía (Chile es la excepción, con el 60%). En 2003, unos 23.000 policías (casi la mitad del total) de la provincia de Buenos Aires, donde la tasa de delitos se ha duplicados desde 1991, estaban siendo investigados y 4.000 juzgados por corrupción o abuso de autoridad. En México, un 75% de los encuestados declara no tener ninguna confianza en las autoridades judiciales. Otro dato preocupante es que el ensañamiento con las víctimas de los secuestros ha llegado a una vesania sin precedentes, con torturas y mutilaciones cada vez más frecuentes. Los analistas de seguridad creen que ello se debe a una especie de “guerra de clases”, en la que los secuestradores, provenientes de los estratos más bajos de la sociedad, convierten a sus víctimas en un objeto de venganza social.

Ningún país se ha visto libre de la plaga de la violencia, independientemente de la orientación política de sus gobiernos. Incluso en Chile, el país menos afectado por el fenómeno junto a Uruguay y Costa Rica, la presidenta Michelle Bachelet ha anunciado que endurecerá las medidas para frenar la delincuencia. Las críticas de la oposición se han intensificado después del robo sufrido por la presidenta de la Democracia Cristiana, la senadora y ex candidata presidencial Soledad Alvear, cuya casa fue asaltada por delincuentes mientras se encontraba leyendo en una de las habitaciones. Pocos días antes, otro robo domiciliario afectó al presidente del Tribunal Supremo.

A pesar de las políticas sociales financiadas con el dinero del petróleo, Venezuela ha registrado una media de casi 10.000 homicidios anuales desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. La tasa actual, 37 muertes por 100.000 habitantes, es más del doble de la de los años noventa. La cifra de 2003 fue de 11.900. Caracas siempre ha sido una ciudad peligrosa, pero la situación ha empeorado en los últimos cinco años. Las estimaciones varían por la opacidad de las instancias oficiales, pero la mayoría de los analistas estiman que desde 2001 los secuestros se han cuadruplicado, llegando a casi 300 por año, mientras los homicidios casi se han duplicado. En 2005 hubo numerosos casos de agentes de la policía y la Guardia Nacional implicados en secuestros, narcotráfico y asesinatos. En el Estado de Guarico, por ejemplo, el gobernador ha sido acusado de estar vinculado a escuadrones de la muerte dirigidos por la policía. En agosto del año pasado la oficina de la Secretaría de Justicia informó que se estaba investigando a 5.997 policías por muertes “cuestionables” en el ejercicio de sus funciones entre enero de 2000 y julio de 2005. Sólo 88 fueron encontrados culpables.

En septiembre de 2005 Chávez firmó una ley de defensa que convierte la “preservación de la República Bolivariana” en misión militar y crea una Reserva Militar y una Guardia Territorial que responderán directamente al presidente y entrenarán y suministrarán armas a cerca de 2,8 millones de venezolanos para operaciones de “resistencia” ante cualquier agresión interna y/o externa. Para ello, ha comprado a Rusia 100.000 fusiles de asalto AK-47. La población cubana está armada y en Costa Rica es bastante normal que haya armas de fuego en las casas. Pero ambos países poseen sistemas de fuerte control social, en el primer caso por el partido de Estado y en el otro por un sentimiento democrático, similar al de Suiza o Israel, donde los reservistas del ejército tienen sus armas reglamentarias en sus casas. Distribuir armas a una población que nunca las ha tenido es, cuando menos, imprudente. Chávez no va poder garantizar que esas armas no terminen en manos indeseables: Venezuela tiene miles de kilómetros de fronteras poco resguardadas por las que se terminarán filtrando dichas armas.

Las “maras” centroamericanas
En Centroamérica la situación es grave por la proliferación de las “maras”, bandas juveniles que derivan su nombre de la “marabunta”, una voraz plaga de hormigas que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Esa metáfora no es exagerada: en diciembre de 2004 unos pistoleros abrieron fuego contra un autobús en Chamalecón, Honduras, matando a sus 28 pasajeros sin ninguna razón aparente. Los atacantes eran miembros de la “Mara Salvatrucha” –o MS-13– que con esa matanza enviaba un mensaje al Gobierno sobre lo que podía ocurrir si continuaba su ofensiva contra sus miembros. Unos meses después, la policía estadounidense detuvo a los presuntos planificadores del ataque en Tejas.

El ex presidente hondureño Ricardo Maduro, el salvadoreño Tony Saca y el guatemalteco Óscar Berger fueron elegidos en gran parte por basar sus campañas en la “tolerancia cero” contra las bandas, que en el istmo centroamericano podrían sumar entre 70.000 y 100.000 “mareros”. En 2004 la tasa de homicidios fue de 46 por 100.000 en Honduras, 41 en El Salvador y 35 en Guatemala, frente a los 5,7 de EEUU y los casi 12 de México. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el coste de la violencia en El Salvador en 2003 fue de 1.700 millones de dólares, el equivalente al 11,5% del PIB. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es aún más pesimista: según sus cálculos, el PIB per cápita de la región sería un 25% más alto si la tasa de criminalidad fuera similar a la media mundial. En El Salvador y Guatemala el problema se agravó desde el fin de sus guerras internas, entre otras razones por el mercado negro de armamento que dejaron los conflictos y la política de deportación de EEUU de los delincuentes extranjeros detenidos en su territorio. Muchos de esos deportados provienen de los barrios marginales de Los Ángeles y otras ciudades de EEUU en las que mantienen amplias redes dedicadas a suministrarles armas y vehículos robados a cambio de drogas. Fuentes policiales estiman que la MS-13 tiene alrededor de 5.000 miembros sólo en la zona de Washington DC.

Las autoridades policiales de EEUU muchas veces se limitan a poner en la frontera a los deportados sin informar sobre sus antecedentes penales a los países que los reciben. Algunos analistas estiman que de ese modo se han deportado a casi 20.000 delincuentes a Centroamérica entre 2000 y 2004. Los sicarios de las “maras”, en gran parte adolescentes, provienen de familias desestructuradas donde la violencia familiar, la pobreza y la exclusión social son endémicas, y a los que las bandas proporcionan protección, sensación de omnipotencia e identidad grupal. En 2002, 82 “mareros” salvadoreños murieron en enfrentamientos entre las bandas MS-13 y la Barrio-18, siendo 24 de ellos menores de 20 años. Pero los analistas discrepan sobre si las “maras” tienen estructuras de comando y control verticales o si sólo son grupos reducidos, esencialmente independientes, que operan como “franquicias” de bandas como la MS-13. Al principio, los gobiernos centroamericanos creyeron que a medida que avanzaran los procesos de pacificación, el problema desaparecería. No ha sido así: la desmovilización de los ejércitos guerrilleros coincidió con el surgimiento de las “maras” por falta de oportunidades laborales para sus antiguos miembros y el vacío de poder que creó la posguerra en zonas urbanas marginales. Hoy en El Salvador un 36,3% cree que es “muy probable” que sus casas sean asaltadas y un 40% de las familias dice haber sufrido algún tipo de violencia física asociada a la delincuencia.

La respuesta de los países implicados ha sido fragmentada y represiva, con programas como el “Plan Escoba” en Guatemala; “Mano Dura” en El Salvador y “Libertad Azul” en Honduras. Pero al concentrarse la fuerza militar y policial, los gobiernos han descuidado las medidas preventivas y de inserción social. En El Salvador, los penales se han convertido en centros de reclutamiento de las “maras”. En las cárceles salvadoreñas mueren dos o tres “mareros” cada día. Sólo en noviembre de 2004 unos 100 “salvatruchas” murieron en un incendio en una prisión hondureña. La persecución a la que se ven sometidas las ha empujado a Nicaragua, Belice, Costa Rica y Panamá, países que han tenido un relativo éxito en la prevención de la violencia juvenil.

El caso de Brasil
Desde hace años, los analistas advierten que el saturado sistema carcelario brasileño es una bomba de relojería: mientras la población reclusa se ha duplicado desde 1994, el número de prisiones apenas ha aumentado. En una amplia operación en Río de Janeiro en 2004, la policía descubrió en la favela de Morro do Dende una red de túneles y un cuartel subterráneo para los pistoleros de la mayor banda carioca, el Comando Vermelho (CV). Su líder, Fernandinho Beira Mar, fue capturado en Colombia en 2003, cuando negociaba un trueque de drogas por armas con las FARC. Pero es el estado de São Paulo, que representa el 30% del PIB brasileño, el que concentra los mayores riesgos: la capital, la ciudad más populosa del país, con casi 20 millones de habitantes, tiene más helipuertos que Nueva York debido al temor de los ejecutivos de las grandes empresas a desplazarse por la ciudad en sus automóviles. São Paulo tiene la mayor demanda mundial per cápita de vehículos blindados para uso civil.

El crecimiento explosivo y desordenado del Estado –São Paulo genera el 25% de los ingresos tributarios del Estado, pero sólo recibe 10 centavos de cada dólar que paga, lo que reduce el gasto público en escuelas, carreteras, hospitales y policía–, explica que sea el centro del crimen organizado del país. El Primeiro Comando da Capital (PCC) tuvo su bautizo de fuego en febrero de 2001, cuando organizó el mayor motín carcelario de la historia brasileña, en el que murieron 21 reclusos, aunque su fundación se remonta a 1993, como reacción a la represión de una revuelta de presos en la prisión de Carandirú. En una declaración ante una comisión parlamentaria, el director de investigaciones sobre el crimen organizado de São Paulo, Godofredo Bittencourt, y el comisario Ruy Ferraz Fontes, dijeron que el PCC ha creado una gran estructura mafiosa con un “ejército” de 140.000 hombres. La organización ha extendido sus redes con una enorme industria de delitos. El PCC introduce a sus miembros en concursos para cargos públicos y quiere organizarse para los comicios electorales. La agrupación financia incluso a ladrones, que después de cometer sus robos deben devolver el dinero con intereses.

Ferraz describió a su máximo líder, Marcos Herba Camacho, Marcola, como un admirador de Trotsky y del teórico chino del “arte de la guerra”, Sun Tzu. Una buena parte de la información del PCC fue obtenida tras la detención de su principal tesorero, con un libro de contabilidad que consignaba recaudaciones de más de 300.000 dólares semanales. Al PCC se le atribuye el 70% de los secuestros y extorsiones en São Paulo y buena parte del narcotráfico. Comandado desde las prisiones, sus miembros le deben obediencia de por vida: quien no obedece las órdenes del partido, muere. La osadía del PCC ha ido creciendo con el tiempo: llegó a enviar por correo cajas de armamento pesado a sus jefes encarcelados. Su actual expansión territorial, según las autoridades policiales, se debió al error de distribuir a sus líderes en cárceles de varios estados. El comisario Ferraz narró, por ejemplo, un “juicio” sumario en el que 12 máximos líderes del PCC, conectados por teléfonos móviles en distintas cárceles, juzgaron y ordenaron matar a uno de sus miembros.

“Un móvil dentro de la cárcel es más peligroso que diez fusiles en la calle”, aseguró Bittencourt. “Estamos preparados para muchos más ataques”, amenazó un hombre que se identificó como Marcola en una entrevista por móvil a una radio. Se calcula que la jefatura del PCC tiene unos 768 miembros en las cárceles, pero no se sabe cuántos están afuera. El pasado 18 de febrero, la banda coordinó 29 rebeliones simultáneas en prisiones de São Paulo, con un saldo de 30 muertos, la mayoría miembros del Comando Vermelho. Marcola está detenido por asaltos a bancos y ha pasado por 10 prisiones diversas, sin perder nunca su condición de capo di tutti capi. A las autoridades de São Paulo no les gusta admitirlo, pero hace mucho que el PCC es una especie de “poder paralelo”. El detonante de su última rebelión fue la transferencia, el 11 de mayo, de 765 reclusos miembros del PCC, entre ellos Marcola, a dos prisiones de máxima seguridad, como parte de la operación para quebrar el control de las bandas sobre varios penales. El gobernador del estado, Claudio Lembo, dijo que en la operación había “un riesgo calculado”. Lo que no anticipó fue la magnitud de los ataques, mucho más grandes y más extendidos que la revuelta de 2001. Tampoco los servicios de inteligencia policiales detectaron que el PCC había sacado fuera de las cárceles a un alto número de sus miembros más violentos mezclándolos entre los 10.000 reclusos a los que se les otorgó un permiso de salida.

Con los ataques de mayo, la banda demostró tener datos fiables del movimiento policial de la ciudad. Los motines dentro de 83 cárceles y los asaltos fuera comenzaron el 12 de mayo. Escuelas y universidades suspendieron las clases, cerraron los comercios y la bolsa de São Paulo suspendió parte de sus operaciones. El servicio de autobuses fue retirado después de que ardieran 80 de ellos. También 13 sucursales bancarias fueron asaltadas. La policía recibió disparos incluso en el acaudalado barrio de Higienópolis. Pero la violencia no se limitó a la capital: afectó a docenas de ciudades del estado. El presidente Lula reaccionó declarando que se trataba de una demostración de fuerza que exigía una respuesta militar y propuso el envío de un contingente de la Guardia Nacional a São Paulo, pero el gobernador Lembo replicó que el ejército no sería necesario.

El gobierno del estado ha sido muy criticado por las autoridades federales por la falta de previsión, mientras que el ex gobernador del estado, y hoy candidato a la presidencia por el PSDB, Geraldo Alckim, ha acusado al Gobierno central de los problemas por haber recortado el gasto en la seguridad pública. No es extraño: la intervención federal habría dañado la imagen de las fuerzas de seguridad paulistas y, por tanto, la campaña de Alckim. Pero ese cruce de acusaciones recíprocas ha intensificado la sensación de los paulistas de que la falta de coordinación de los poderes públicos ha agravado un problema estructural brasileño en el que se entremezclan la abundancia de armas de fuego en las calles, uno de los mayores índices de desigualdad del mundo y la corrupción policial.

En busca de soluciones
Una respuesta de los más ricos ha sido amurallarse en una especie de “guetos blancos”, un fenómeno que indica una segregación de clase que hace sus cordones de seguridad con policía privada. En Río de Janeiro, Bogotá y México DF hay sectores residenciales enteros acordonados por vigilantes privados, que es lo que permite a sus residentes caminar tranquilamente por sus calles. Es casi un paraíso para quienes pueden pagarlo. Al otro lado están los grandes vacíos de gobierno, donde la justicia, la seguridad, los impuestos directos y los servicios públicos muchas veces no existen. Son ilustrativas algunas cifras: mientras en 2002 en la favela paulista de Jardim Ángela hubo 123 homicidios por 100.000 habitantes, en Moema, un barrio de clase media a pocos kilómetros de distancia, la tasa fue de 3. En las favelas, donde el traficante determina la justicia cruda, el pastor evangélico o católico carismático son a veces los únicos que tratan de representar la autoridad moral. Durante la última campaña de compra de armas, la gente estaba más dispuesta a llevar sus armas a una ONG como Viva Río que a la policía. La impunidad de los agentes corruptos y la debilidad del sistema judicial alientan el auge de los servicios privados de seguridad y una tendencia al “vigilantismo”, cuya acción fluctúa entre el linchamiento, las represalias y diversas formas de justicia privada.

Las soluciones al problema son elusivas: Brasil adoptó en 2003 el llamado Estatuto do Desarmamento que limita la venta de armas de fuego a los civiles, pero según AI en Brasil hay 15 millones de armas cortas en manos privadas, nueve de ellas ilegalmente y probablemente cuatro en la de criminales. Hasta junio de 2005, la campaña de desarme sólo había recolectado 356.526 armas de fuego, posteriormente destruidas. Brasil es el mayor fabricante y exportador de armas cortas de América Latina. La policía ha encontrado fusiles de asalto, ametralladoras y morteros en manos de las bandas, probablemente compradas o robadas a militares. Desde los años setenta, México no ha otorgado prácticamente licencias para adquirir armas. Pero allí existe un gigantesco mercado ilegal que se alimenta del contrabando de armas de EEUU, donde 38 de los 50 Estados tienen leyes muy permisivas. Según Los Angeles Times, el 95% de las armas ilegales incautadas en México anualmente se compra en EEUU. En 1997, el presidente Bill Clinton firmó el primer acuerdo interamericano para cerrar ese mercado negro, pero el Congreso aún no lo ha ratificado y no hay ninguna señal de que vaya a hacerlo pronto.

Los presidentes Fox y Kirchner han promovido reformas para endurecer la legislación penal, reforzar los controles sobre las fuerzas policiales y crear agencias federales similares al FBI para apaciguar la creciente movilización de organizaciones empresariales y cívicas contra el crimen. En Argentina, el movimiento de protesta ha pedido declarar un “estado de emergencia judicial” para acelerar el procesamiento de delitos graves y la selección de fiscales y jefes policiales locales por voto popular e ingresos al poder judicial a través de exámenes públicos sujetos a “control ciudadano”. Pero los códigos penales de ambos países ordenan prisión perpetua por crímenes atroces, pero sin que tenga ningún efecto visible en la tasa de delitos. Uno de los principales problemas es que la policía ha sido formada casi exclusivamente para mantener el orden público por medios represivos. Las periódicas incursiones de la policía brasileña en las favelas lo demuestran: todo el procedimiento estratégico y táctico es militar, desde la planificación de la “invasión” a los “daños colaterales” que producen los choques entre las bandas y las fuerzas de seguridad. Según cifras oficiales, entre 1999 y 2004 la policía brasileña mató a 9.899 personas en situaciones descritas como “resistencia a la autoridad, seguida de muerte”. Como consecuencia, unos 558 policías de Río de Janeiro fueron sancionados, aunque sólo 14 de ellos fueron expulsados del servicio.

En Argentina, el Gobierno ha enviado en algunas ocasiones a la Prefectura Naval a patrullar los suburbios más peligrosos de Buenos Aires. En casi todos los países existen varios cuerpos policiales –federales, estatales y municipales– que no sólo no cooperan entre sí sino que se comportan como rivales. El problema no se resuelve sólo incrementando el gasto público en seguridad: el Instituto para la Seguridad y la Democracia de México señala que desde 2000 el presupuesto federal en seguridad pública aumentó unos 3.000 millones de dólares, pero que la delincuencia no dejó de crecer en el mismo período. Según la ONG brasileña Justiça Global, las operaciones policiales en Río de Janeiro provocaron 1.195 muertes en 2003, cuatro veces más que en 1999, sin que ello disminuyera la tasa de homicidios. En varios países centroamericanos, donde las bandas son responsables del 60% de los delitos, la policía tiene poderes draconianos para detener y encarcelar, pero ello no ha disminuido la criminalidad. En ciudades como Lima las respuestas están viniendo espontáneamente de la organización popular y la formación de comités de vigilancia y seguridad que cooperan con la policía local. En Colombia, el dos veces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, obtuvo notables resultados en la disminución del crimen con campañas educativas y una regulación más estricta de la venta de armas y alcohol. Pero sin una reforma judicial integral y una mayor presencia del Estado, el mejor funcionamiento de las fuerzas policiales no será suficiente: en zonas de Perú, Bolivia, México y Colombia, los narcos incluso pagan salarios complementarios a maestros y funcionarios. Según Santiago Peláez, de la Universidad de Antioquia, Colombia, “no sólo la pobreza genera violencia sino también el colapso del Estado, cuando éste pierde el poder para decir que algo es bueno o malo e imponer un sistema de sanciones”.

Conclusiones: En su informe de 1998 La violencia en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud subraya como factores agravantes de la criminalidad la impunidad otorgada a los responsables de graves violaciones de derechos humanos; el gran número de personas acostumbradas a la violencia durante largos períodos de conflictos internos; la fácil disponibilidad de armas; sistemas judiciales sobresaturados y manipulados políticamente; y el hacinamiento en las cárceles. Otros analistas vinculan la escalada criminal –en particular el secuestro– en Argentina con la crisis económica de 2001-2002. Un estudio de la Universidad Autónoma de México muestra que entre 1930 y 2000 los ascensos de los índices delictivos han coincidido con devaluaciones del peso y otras crisis económicas. Entre 1981 y 1983, cuando la economía entró en caída libre, la delincuencia aumentó en un 20% y después del “tequilazo” de 1995 lo hizo en un 50%.

En ese contexto, el narcotráfico se aproxima mucho a una economía moderna, con relaciones múltiples y complejas, con una alta exigencia de racionalidad, previsión, coordinación y control. Los narcos controlan un proceso complejo: la compra y transporte de materias primas, el procesamiento químico industrial de la cocaína, la exportación al mercado norteamericano y europeo y la reinserción del dinero obtenido en la economía legal. Simultáneamente, esas organizaciones realizan la coordinación de los procesos de pago, la recolección, el embarque, el procesamiento y la exportación a través de miles de kilómetros de una geografía extremadamente difícil y en un contexto político volátil. Paralelamente, el “narco-poder” extiende sus ramificaciones en las instituciones para asegurarse protección e impunidad. La indiferencia inicial de la sociedad colombiana ante el narcotráfico fue alimentada por las masivas inyecciones de dólares a la economía. A pesar de la cooperación internacional, las reformas judiciales, las nuevas legislaciones o purgas policiales, la producción y el tráfico de cocaína no ha dejado de aumentar, como lo indican la estabilidad de los precios y el crecimiento de la oferta en los mercados de países desarrollados, entre ellos España, lo que demuestra que es la propia lógica del sistema prohibicionista lo que está en cuestión.

Probablemente, la solución más radical, la legalización de la producción y comercialización de la cocaína, es la única salida del laberinto. Para los países latinoamericanos los problemas del narcotráfico tienen su origen en la ilegalidad del mercado: la condena de algunas sustancias, y no de otras, revela que en ese aspecto la moralidad parece ser sólo el prejuicio de la mayoría. Pero la calidad moral de las leyes no puede ser juzgada sólo por sus intenciones, sino, sobre todo, por sus efectos prácticos. Cuando las leyes que pretenden conservar valores morales generan mayores problemas de los que quieren remediar, es necesario reconsiderar sus fundamentos. Hasta que ese problema no se aborde sin prejuicios, el problema de la violencia delictiva en América Latina estará lejos de encontrar una solución.

Un fantasma recorre España: el fantasma de las bandas. Sonoros nombres de Latin Kings, Ñetas, Mara Salvatrucha y muchas otras etiquetas evocan ciertos demonios populares y otros tantos miedos sociales. Supuestos códigos secretos, territorios en disputa, cruentos ritos, actividades criminales y redes tentaculares por doquier. Un fantasma que viene del otro lado del Atlántico y se expande provocando reacciones en cadena y alimentando sospechas racionales (y leyendas urbanas). Sospechas y leyendas que justifican coberturas mediáticas, pánicos morales e incluso reformas legislativas.

Tras el fantasma de las bandas, una presencia ignorada: la de miles de muchachos y muchachas de origen latinoamericano, llegados a Europa desde fines de los años 90 (gracias a diversos procesos de reagrupación familiar), (des)terrados de sus lugares de origen en uno de los momentos más críticos de sus vidas (la siempre difícil transición a la vida adulta), (a)terrizados en sociedades de acogida que no habían previsto su llegada y enfrentados a adultos (padres, vecinos, educadores, etc) (a)terrados ante su incapacidad de comprender el fenómeno. Tras esta presencia inquietante, un espectro: el de nuevas formas de sociabilidad que cruzan las fronteras geográficas para reconstruir identidades globales que aquí seguimos confundiendo con bandas tradicionales de delincuentes.

Lo que denominamos “bandas latinas” es resultado de una compleja historia en la que se mezclan al menos cuatro tradiciones subculturales: la norteamericana de los “gangs latinos”, la latinoamericana de las “pandillas” y “naciones” juveniles, la transnacional de las “tribus urbanas”, y la virtual de las “comunidades digitales”. Estas agrupaciones surgieron en los Estados Unidos en el periodo de posguerra, como refugio indentitario de jóvenes cuyos padres o abuelos fueron migrantes, lo que se tradujo en el modelo de la banda territorial, cohesionada y básicamente masculina. Desde los años 80, se experimentó una evolución hacia formas de organización más complejas, mixtas y desterritorializadas: grupos como los Latin Kings y los Ñetas toman una dirección más política, centrada en la reivindicación de la identidad latina y la condena de la brutalidad policial. En los 90 estas agrupaciones se difunden por diversos paises latinoamericanos, confluyendo con el modelo de la pandilla, forma tradicional de sociabilidad juvenil en el espacio público. A partir del 2000 también llegan a Europa, acompañando nuevos procesos migratorios de naturaleza transcontinental.

En España, las “bandas latinas” aparecen en la escena pública a fines de 2003, a raíz de la muerte de un joven colombiano en un instituto de Barcelona. Pero es sobre todo la emisión de determinados reportajes televisivos lo que da carta de naturaleza al fenómeno: el fantasma viaja de los informativos a los reality shows e incluso a las series de ficción; en el camino reaparece como espectro (pero también como presencia real, cual profecía autocumplida).

Mientras algunas “bandas” reproducen este modelo desviante, otras inician un proceso de visibilización y reforma desde su interior. En Barcelona, kings y Ñetas debaten la propuesta de legalizarse como asociaciones juveniles, con el apoyo de algunas instituciones (el municipio, el Consejo de la Juventud, el Defensor del Menor, la Comisión de Derechos Humanos y algunos académicos). El proceso empieza a tener consecuencias positivas en otras ciudades, como Génova, Guayaquil, Nueva York e incluso Madrid (donde sectores de la Administración y de los jóvenes se muestran dispuestos a dialogar). Los medios empiezan a dar informaciones menos sesgadas, que dan cuenta de la transformación de las “bandas” en “organizaciones juveniles”. Y empiezan a referirse a un “modelo Barcelona” para abordar el reto de las “segundas generaciones”.

Acaba de entrar en el Parlamento español el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Según la exposición de motivos “la reforma ha querido ofrecer una respuesta eficaz a un nuevo fenómeno sumamente preocupante: la integración de menores en bandas y grupos organizados dedicados a cometer delitos”. Para ello, se introduce una nueva figura delictiva -”delitos graves o actuando en banda, organización o asociación”- que puede castigarse con penas entre 3 y 6 años de internamiento.

Ante ello cabe preguntarse: ¿Por qué se califica de “nuevo” un fenómeno -las bandas juveniles- que existe en España desde hace décadas? ¿Cómo se distinguirá una banda de lo que no lo es? ¿Se aplicará la norma -utilizada en Centroamérica contra las maras- de tomar los tatuajes o la estética como pruebas de cargo? ¿Cómo se evitará que la medida afecte sólo a ciertos grupos? ¿A los jóvenes españoles de clase media que cometan actos ilícitos en grupo también se les aplicará el mismo agravante de actuar en banda? ¿Qué sucederá con los colectivos que han decidido abandonar la clandestinidad y legalizarse como asociaciones juveniles?

Como académicos que venimos investigando en el tema en los últimos años (en España, Ecuador e Italia), es nuestro deber manifestar nuestra preocupación por el proyecto de reforma legislativa (que nos consta comparten profesionales del ámbito de la justicia juvenil, la seguridad y el trabajo social, así como entidades latinoamericanas). Si sale adelante tal como está planteada, es probable que tenga efectos contrarios a los perseguidos.

Como ya ha sucedido con anterioridad en Estados Unidos, Centroamérica y Ecuador, la criminalización de las pandillas no sólo no acaba con ellas sino que las convierte en algo endémico y refuerza a las auténticas bandas, aquellos grupos criminales (a menudo liderados por adultos y con oscuras conexiones con el poder). No hay datos que permitan afirmar que la situación es tan alarmante como se plantea, más allá de ciertos pánicos mediáticos y algún caso grave pero aislado. Aunque es probable que algún líder haya abusado de su posición y se hayan cometido delitos, la mayoría de jóvenes que pertenecen a estas organizaciones de la calle no son delincuentes. Criminalizarlos sólo puede comportar el regreso a la clandestinidad y el alimento de rencores sociales que, como sucedió en Francia, pueden acabar explotando en el futuro.

No dudamos de las buenas intenciones de los responsables políticos que han impulsado estas reformas, pero es nuestro deber alertar sobre las consecuencias que las mismas pueden tener si en el trámite parlamentario no se modifican. Pues la única manera de hacer frente a los espectros es no magnificarlos y poder combatir los miedos que los alimentan, para de este modo seguir la senda que va del fantasma de las bandas (latinas) a la realidad de los jóvenes (latinoamericanos).

Estamos viviendo un momento de alarma generalizada por unos actos ocasionales de una delincuencia a la que no estamos habituados. Ejemplos de ello son los robos en viviendas con violencia y el llamado secuestro exprés.
Hay múltiples factores que están determinando este cambio. El primero es la globalización, que facilita una mayor movilidad criminal sin que lleve aparejada una mayor movilidad e interacción policial entre estados. Otro factor es lo que los expertos denominan contaminación en violencia por la banalización que de la misma hacen, de forma imperceptible, los medios de comunicación, el cine y los videojuegos. Por ello existe el peligro de que nos invada la cultura del recurso a las armas y a la violencia como forma habitual de comportamiento cuando una de las características del modelo de más seguridad europeo, a diferencia del americano, es la prohibición de llevar armas, como demuestra Roser Martínez en su libro Armas: ¿libertad americana o prevención europea?
Pero también hay otros factores que son provocados por nuestra actitud. La inseguridad en nosotros mismos, el no reconocer que somos uno de los países más seguros del mundo y el no valorar bastante a los profesionales de la prevención que realizan políticas sociales efectivas –aunque no siempre vistosas– en los barrios son algunas de ellas. Cuando una sociedad solo tiene como referentes a deportistas u otros famosos en lugar de reconocer el trabajo excelente y esencial para la protección de nuestros derechos no es extraño que podamos acabar como en Latinoamérica, donde se desautoriza a la policía por corrupta y violenta.

UN PANORAMA diametralmente opuesto lo tenemos aquí. Por eso no podrán extenderse acciones habituales en aquellos lugares como el secuestro exprés y los asaltos bandoleros. Afortunadamente, en nuestro país no tenemos una policía corrupta ni anoréxica aunque no somos una sociedad acostumbrada a reconocer la eficacia policial. ¿Se acuerda alguien del problema resuelto de la banda de los peruanos? Con más colaboración ciudadana se erradicarán igualmente los nuevos brotes de criminalidad. Y es que no se ha inventado otra profesión alternativa a la de policía para luchar contra la delincuencia y proteger los derechos humanos.
Otro motivo por lo que el modelo americano no se implantará con facilidad en nuestro país es que tenemos una policía democrática y profesional en un número proporcional a las necesidades de la ciudadanía. Otros países, siguiendo el modelo neoliberal norteamericano de más mercado y menos Estado, es decir, menos policía pública y más privada, tienen como resultado una policía anoréxica que evidentemente explica los altos niveles de criminalidad e impunidad en América. Nosotros, en cambio, pudimos superar los intentos de implantar este modelo en los ocho años del Gobierno del PP que también nos dejó una policía anoréxica, sobre todo en Catalunya.
Como describe la criminología ambiental, también se fomenta la delincuencia cuando la sociedad propaga la sensación de inseguridad e impunidad. La primera característica del delincuente es que es un oportunista: roba cuando puede, no cuando quiere. Caldear un ambiente que exagera el número de delitos puede ser un gran negocio para algunos. Aunque la mayoría de las empresas de seguridad privada no están haciendo de altavoces, sí que algún vendedor de alarmas se dedica a alarmar más de la cuenta. Sin ninguna duda, crear un ambiente más ficticio que real de inseguridad es fomentar el efecto llamada a los delincuentes y potenciar su actividad.
Las cifras comparativas con América demuestran que tenemos un buen modelo. España mantiene un excelente sistema de prevención, seguridad y policía, siempre mejorable, sobre todo con el apoyo y colaboración de la comunidad. Con el despliegue de los Mossos se ha duplicado el número de policías y cualquier delincuente sabe el riesgo que corre si intenta cometer acciones criminales en un país donde los niveles de impunidad son mínimos. En la actualidad, España no pasa de dos homicidios por 100.000 habitantes, que es la media europea. Sin embargo, Estados Unidos tiene más de 10 homicidios por 100.000 habitantes; México, 20 y el estado brasileño de Sao Paulo, 30.

NO ES extraño que esos maravillosos países sólo tengan 4 millones de turistas y nosotros alcancemos la espectacular cifra de 40 millones de visitantes. El futuro de nuestra seguridad pasa por convencernos del éxito de nuestro sistema, mejorar nuestras instituciones genuinas y profundizar en una mayor solidaridad y cooperación ciudadanas en la prevención y lucha contra la delincuencia. Afrontar con serenidad las amenazas e indicios de las nuevas formas de criminalidad es el verdadero signo de una comunidad que sabe combinar libertad con seguridad.

AFTER no fewer than 43 years on the run, Bernardo Provenzano, considered the supreme leader of the Sicilian Mafia, the boss of bosses, was finally captured last week.

It was long known that he was ill and needed medical care — so ill, indeed, that less than a month ago his former defense lawyer declared that Mr. Provenzano was dead and his “hunters” were chasing a ghost. News of his capture was greeted with enthusiasm by honest Sicilians (who constitute the overwhelming majority) and Italians, all of whom wanted to give thanks to the magistrates, carabinieri and policemen for their success.

But 43 years on the lam is a lot of years, too many for a civilized country. They weigh heavy, and cannot be erased by the joy of seeing the man arrested. How did this happen?

Nicknamed Ù Tratturi in Sicilian — because, like a tractor, wherever he passed he never left so much as a blade of grass in his wake — Mr. Provenzano was a shrewd man, cautious to the point of obsession, but not deemed very intelligent. Another legendary boss, Luciano Liggio, once said that Mr. Provenzano “shoots like a god but has the brains of a chicken.”

Though very rich, he lived like a pauper. Though powerful, he lived like a vagrant, or almost. He was arrested in a spartan cottage outside Corleone, the town where his family lived, and when he was periodically watched by the police over the last ten years, he seemed to have always lived this way — keeping to stables, caves and tumbledown, secluded cottages, sleeping on improvised, rude beds.

What seemed to matter more to him than wealth or comfort was the taste, the thrill, of power, including the power to decide who lives and who dies.

The authorities said that Mr. Provenzano would transmit his orders — regarding such matters as who should be rewarded with government contracts, whom one should vote for in local and national elections, how one should act on specific occasions — by means of pizzini, little scraps of paper folded several times over, which his trusty couriers (mostly peasants with spotless records) would pass from hand to hand along lengthy, circuitous and seemingly random routes.

These were necessary precautions to reduce, as much as possible, the risk of interception. One pizzino, for example, took more than 48 hours to travel the mile between the boss’s cottage and Corleone. Others could take weeks to reach a nearby destination. The telephone was out of the question.

In every pizzino, there was always a mention of God and his will and protection and, in Mr. Provenzano’s cottage, the authorities found five Bibles, one rosary, a variety of images of saints and a crucifix. Many mafiosi consider themselves religious when in fact they are simply superstitious. When he did attend Mafia meetings, Mr. Provenzano always made someone walk in front of him. And if some sixth sense told him he shouldn’t go at all, he didn’t.

But can any of these precautions explain 43 years without capture? Obviously not. It is said that he once eluded arrest because conflicts and rivalries among the various police and military forces chasing him left a few escape routes open. (The local and national police, the special forces, the anti-Mafia commission, the customs police, to name a few, all have separate and sometimes contradictory jurisdictions.) If this is true, it was the only time such a thing happened.

What really made his many years on the lam possible was the vast, intricate, durable and invisible web of protection that had been created around him. Much of this network consisted of supporters above suspicion, including prominent politicians, high-level businessmen and successful professionals. And since over the course of these 43 years many of the people who first helped Mr. Provenzano avoid arrest eventually died of old age, it follows that the task of protecting the boss was passed on to their sons, grandsons, relatives, friends and associates. It is no exaggeration to say that at least two generations of men “above suspicion” have been direct or indirect accomplices of Mr. Provenzano.

The vastness of this phenomenon is only one part of the evil that surrounds Mr. Provenzano. Without a doubt at least a few of his protectors remain not only reputable but practically untouchable, because of the authority they’ve acquired in their respective fields. Until these people are discovered and arrested, a successor to Mr. Provenzano might use them to similar ends.

After all, the boss’s arrest does not spell the end of the Mafia or even its decapitation. For some time now, the Mafia has been more than just Bernardo Provenzano and the boss himself has simply been the antiquated custodian of a highly productive garden that his more powerful fellow mafiosi let him tend until sickness and old age made him a burden. Perhaps it was decided that the time had come for the boss to be left to his own fate.

There’s an Italian expression that goes: “When one pope dies, another is made.” In the Mafia, however, the new pope is made (though never officially proclaimed) the moment the old one begins to fall ill. Lately the names of two possible candidates have been circulating: one is 43, a native of Trapani, and a fugitive for the last 12 years; the other is 63 and from Palermo, with 13 years on the lam. Will we have to wait another 30 years before both are captured and brought to justice?

BERNARDO PROVENZANO, the boss of the Corleone Mafia family, is finally behind bars after 43 years on the run. The so-called “boss of bosses” is accused of more than 100 murders. Legend has it that he strangled no less than 50 people. Documents found on his desk by the police testify that he was running the day-to-day affairs of the “family”. This wealth of information will help prosecutors to reconstruct the map of the family’s protection racket in Palermo, its links with local politicians and other Mafia groupings in Sicily.

A question remains: can this diminutive, silver-haired senior citizen really be the head of the most powerful criminal organisation of the world, with connections across the Atlantic, in the rest of Europe and Asia? Surely, we need to rethink the stereotypical picture of the Mafia: this man has little in common with Michael Corleone, the fictitious head of the New York City Corleone family penned by Mario Puzo and made famous by the Godfather film trilogy (Mario Puzo candidly admits in his memoirs that he never met a real honest-to-God gangster in his life and the book is pure fiction).

While Michael Corleone presided over an economic empire, stretching across several countries and with all the trapping of a CEO, Provenzano mostly hand-wrote his orders on little pieces of papers dispatched by trusted “postmen” to his accomplices and clients (recently, though he had started to use a typewriter). Provenzano’s hideout was a mere ramshackle cottage at the top of a field called Horse Hill (Montagna dei Cavalli), two miles outside his home town of Corleone, the inspiration for the Puzo novel’s Mafia family.

The cultural and human horizon of Provenzano is that of an uneducated Sicilian shepherd. An accomplice dubbed Provenzano a ferrigno duro, a Sicilian expression reserved for shepherds who spend week after week in the mountains, carrying with them only a sleeping bag and dried meat. Ruthless and cunning, the ferrigno duro does not belong to the same planet of the urban gangsters depicted in the Godfather and The Sopranos.

In stark contrast with the media-savvy dapper American don John Gotti, Provenzano has no style, no ability to articulate, no contacts outside a very small network of mountainous villages in the hills outside Palermo. Despite all the talk of protection in high places, Provenzano’s most valuable contact in his time in hiding was another shepherd, a childhood friend who owns a few sheep and sells ricotta in the local market.

An invaluable guide to Provenzano’s world is still the ethnography written in the late 1920s by Charlotte Gower, an American anthropologist. She spent a year in the small village of Milocca, some 80 miles south of Palermo. When the fascist police raided the village searching for mafiosi, “the square,” she wrote, “was filled with bleating sheep, goats, horses and mules”. With minor alterations, these words could well describe the central square of Corleone today.

Another unchanging feature shared by these mafiosi is their deep attachment to the Catholic Church. On the Provenzano’s desk, the police found five copies of the Bible. On the wall above his bed, was hanging the picture of Padre Pio, an Italian saint. The Bible is still open on Luke, 6, 44-46: “A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh. And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?” (The passage is underlined). One of the last messages Provenzano wrote ends: “I salute you and thank you with all my heart. Let God guide us to do good deeds for everybody”. In a society like Italy, with a sharp decline in church attendance and little knowledge of the Bible, this aspect of Provenzano’s worldview is remarkable.

Scholars have documented the ambiguous relationship between the Catholic Church and the Mafia since at least 1861, when the Italian State expropriated church property and the Church in turn refused to recognise the authority of the new Italy. Much of the clergy were content for the Mafia to mock the authorities. It was only in the 1980s that the Catholic Church took a firm stand against the Sicilian Mafia, at the time of the murder of Giovanni Falcone, the Palermo prosecutor. Still, bosses in hiding managed to have their children baptised and even marry.

How much of a threat can such an organisation be, though, when its boss can hardly type? The evil that the Sicilian Mafia causes should not be shrugged off lightly. Deeply rooted in a relatively small territory on the Western side of the island, despite the pressure of the Italian police it is still able to exercise a control that eludes the legitimate authorities. As a long-time observer of the Mafia, Attilio Bolzoni, wrote today: “It was Provenzano that assured public order in Western Sicily.”

In hazardous and uncertain mafialand, if a business wants to flourish it has to acquire violent protectors. The corrupt local elite may benefit, but the main losers, of course, are ordinary Sicilians and their fleeced pockets.

The likes of Provenzano do not need high-tech gadgets and the internet to enforce their rackets. As his many victims know, the barrels of a lupara will do.

Tony Blair appeared to be heralding the launch of a British FBI when he announced the birth of the Serious Organised Crime Agency (Soca) last week. This is not altogether a good idea. In the past 15 years, the FBI has been more iconic for its blunders than its successes.In the early 1990s, the FBI managed two assaults on suspects whose deaths – including those of women and children – made them martyrs to rightwing extremists who shared the victims’ religious and political beliefs. To end one siege, the agency used overblown accusations of child abuse and understated descriptions of the planned assault to get the go-ahead from an attorney general who was new to the job.

The leverage the FBI used in these cases was not unique. Various attorneys general have been little more than nominal bosses of the FBI, a situation that has spawned other policies and operations that have backfired. And while Soca is looking increasingly like the FBI, the home secretary is becoming more like the US attorney general, especially with the demise of the service authorities that oversaw the National Crime Squad and the National Criminal Intelligence Service. This development seems more deserving of wariness than celebration.

Also worrisome is the MI5-like tone of Soca pronouncements, citing operational approaches that are yet (perhaps never) to be divulged. Policy makers have found it hard to penetrate some of the FBI’s more mysterious functions. The FBI laboratory, for instance, had no accreditation for a long time, until ex-cathedra testimony and poor practice by analysts was shredded by defendants’ experts to the chagrin of prosecutors and magistrates alike. The more policy makers encourage in Soca a notion of FBI-like expertise and MI5-like secrecy, the more likely they are to find themselves outside Oz’s curtain with the Soca voice booming: “It’s all under control, thank you very much. Go away now.”

The FBI has a long history of battling other intelligence services for control. If this is what UK policy makers want, so that parliament is constantly having to pass laws to clarify the boundaries between Soca, MI5, MI6 and Special Branch, there is a risk that what happened in the US in the run-up to 9/11 could happen in Britain – namely, evidence of a terrorist plot getting lost in a labyrinth of rules and reviews designed to sort out who should run a case.

There is another problem in viewing Soca’s remit for cross-border crime as on a par with the FBI’s on interstate crime. State and local police in the US often feel that the FBI creams the best cases, taking credit for their work. Last week, Soca spokespersons helped fuel speculation that Soca might take over “complex” cases from the Serious Fraud Office. A hint of alienation was in the air when the SFO said that it saw no need to be freed from the alleged burden of its big, complex cases.

Now don’t get me wrong. I deeply respect the professionalism of FBI agents and think that, under Robert Mueller’s direction, great progress has been made. Siege policy now involves patience and negotiation, with multiple reviews and precise rules of engagement necessary for any assault. The FBI lab is now accredited. Partnership working is a high priority, reflected in multi-agency task forces involving state and local police, as well as better working relationships with other national agencies.

Soca will be the biggest national player in UK crime-fighting, operating alongside Special Branch policing, national intelligence and even statecraft. But the last thing it needs is a big head, so policy makers ought to stop saying it looks just like the FBI.

WHEN TONY BLAIR cuts the ribbon and declares the Serious Organised Crime Agency open for business today, British law enforcement will finally enter the 21st century.

A radical change has been overdue since the 1990s when organised criminal groups began increasingly to target Britain. Despite the presence of South American cocaine cartels, Nigerian fraud enterprises, Russian crime gangs, Turkish heroin traders and Asian and Balkan immigrant smugglers, more than half of local police forces told the Home Office, when asked for their plans to deal with the threat, that international organised crime was not a problem they saw. These forces were ignoring the fact that organised crime is global in nature, but decidedly local in impact.

Until now the fight against these criminals has been spread too thin, across too many agencies. A new approach was first discussed in May 2003. A confidential Home Office report noted: “The state of intelligence on serious and organised criminality in the UK is bad . . . Some of these [weaknesses] are attributable to the intelligence community itself.” The report also suggested: “Investigating agencies are performing woefully in tapping the intelligence knowledge of thousands of officers in the field.”

As a result the Government decided to merge the National Crime Squad, the National Criminal Intelligence Service, drug investigators from Revenue and Customs and investigators from the Immigration Service into one intelligence-driven, law-enforcement agency. Oddly named the Serious Organised Crime Agency (Soca) — can organised crime be unserious? — it is designed to target drug traffickers, people-smugglers and money-launderers, in addition to emerging crimes such as gun crime, and high-tech and paedophile offences.

It has been handed an arsenal of new weapons, one of which is American-style plea bargaining. It is baffling that it has taken Britain this long to figure out that most crooks will readily exchange guilty pleas for shorter sentences. When you look at complex fraud cases in the United States, you see that nearly 95 per cent of them never go to trial because the bad guys “plead out”.

However, the Americanisation of British law enforcement only goes so far, and the police running the new agency get nervous when their agency is dubbed “the British FBI”. That is understandable, given the FBI’s ability to irritate its allies. The bureau’s attitude is: my bat, my ball, my rules, my game, my press headlines. But Soca is planning to keep a low media profile and to work hard to form partnerships with local law enforcement. It insists that, if local police get the glory and Soca doesn’t, that will be fine. Except, in practice, it never is, because glory translates into budgets. The more crooks you put away this year, the more money you can demand for next year.

Just as the bad guys have formed joint ventures, Soca is developing closer ties with police forces around the world and seeking stronger relationships with the business world. That, too, is long overdue. Banks, for instance, are required to file reports on suspicious cash transactions as part of the battle against money-laundering. It is a costly, time-consuming activity, for which the banks have got precious little in return. But Parliament has authorised the agency to share whatever intelligence it wants with whomever it wants and Soca is intent on making intelligence a two-way street.After years of police agencies telling businesses that what the police know is none of their business, Soca is now saying: “You need to know more and we’re going to tell you.”

It is a sea-change which will take a long time for the intelligence types in this new force to digest. Experience suggests that, at least in the beginning, they will fight it because intelligence types are notoriously proprietary when it comes to what they know, and only comfortable when intelligence is moving in one direction — into the black hole that they have dug, never to emerge again.

That attitude becomes particularly significant when you realise that Soca is being overseen by a spy. Sir Stephen Lander, the former head of MI5, is chairman of its executive committee. People who know him well say that there is no one better when it comes to understanding how government really works. Accordingly, they add, Sir Stephen has no time for the Home Office or for the mandarins. If both are true, then he is definitely the right man to keep the bureaucrats away from Soca, use his skills to bring more money into the agency and, most importantly, protect its officers from on-high.

The day-to-day running of the agency falls to Bill Hughes, former head of the National Crime Squad and a copper determined to run it as a law-enforcement agency; you know, to find and arrest bad guys. The worst outcome would be that Sir Stephen and his spook mates revert to type and wrest control away from Hughes and the cops.

On paper, Soca is the right concept for the time. So if Sir Stephen can keep the Government, mandarins and spooks away, and let Mr Hughes and the rest of the police do what they do best — which is to be policemen — then the creation of this agency will be the most important step in the fight against gangsters since Robert Peel issued “bobbies” with truncheons and handcuffs.