En algunos corrillos políticos de Euskadi se rumorea que los catalanes están enfadados por las nuevas cesiones del presidente Zapatero al PNV. La oposición, el Partido Popular, tampoco anda contenta con el acuerdo. El Partido Socialista de Euskadi y el Gobierno vasco tratan de ocultar el enorme enfado que les ha provocado el susodicho acuerdo. Es de pensar que Zapatero esté contento porque puede culminar la legislatura. Y el PNV está contentísimo. No porque se vaya cumpliendo el Estatuto de Gernika, sino porque cree que este golpe que ha dado gracias a la debilidad parlamentaria de Zapatero le acerca a la recuperación del poder en Euskadi.

Casi todos descontentos, y los que están contentos lo están por razones que no tienen nada que ver con la supuesta razón por la que todos debiéramos estar contentos: porque se va cumpliendo el Estatuto vasco y porque Euskadi, la comunidad autónoma vasca, los ciudadanos vascos salimos ganando con ese avance estatutario. Sin embargo, Zapatero está contento porque conserva el poder y no tiene que convocar elecciones anticipadas. Y el PNV porque acaricia la vuelta al poder.

Cierto: el Estatuto vasco y su cumplimiento no han sido en toda esta historia más que la excusa, el medio y el instrumento involuntario para cumplir fines totalmente ajenos a él. Si se analizan en detalle los acuerdos se puede ver perfectamente que el Estatuto vasco ha sido una pelota de trapo con la que los actores han jugado a placer.

El PNV no ha tardado ni un minuto en decir que el Estatuto no es el punto final de su proyecto. Y ha vuelto a recordar, al minuto de firmar el acuerdo, que ahora va a por la transferencia de la Seguridad Social, no porque le importe el cumplimiento estatutario, pues su meta está mucho más allá, radicalmente más allá del ámbito estatutario, sino para acaparar poder como partido. Y Zapatero, el presidente del Gobierno central, una de cuyas responsabilidades principales es defender el sistema constitucional español, ni se ha molestado en pedir al PNV, como contrapartida en el acuerdo, que legitime el Estatuto de Gernika, el marco que ha permitido al PNV gobernar, gozar de poder político durante tantos años.

¿Se va cumpliendo el Estatuto vasco con este acuerdo? Es cierto que se han acordado transferencias previstas en la ley orgánica que es el Estatuto vasco. También es cierto que, dejando de lado las políticas activas de empleo, el resto es de muy menor importancia. También es cierto que la transferencia de las políticas activas de empleo no se habían transferido hasta la fecha porque el PNV exigía aplicar a la caja única de la Seguridad Social el sistema de concierto económico. Y que la transferencia ha sido posible ahora por una chapuza técnica: lo que pierde la caja de la SS por las bonificaciones de las cuotas empresariales se resarce desde los presupuestos generales.

Pero aún es peor para la solidez del Estatuto lo sucedido con el conjunto de la negociación: se cumple la ley acordando transferencias previstas, si dejamos de lado las que son simples delegaciones no obligadas por el Estatuto, pero vaciando el sistema de las relaciones establecidas en la Constitución y el Estatuto para proceder a dichas transferencias: negociación entre ambos gobiernos en la comisión mixta de transferencias. La negociación entre el Gobierno central y el PNV supone un ataque directo al sistema constitucional-estatutario, implica su incumplimiento en el eje del sistema.

Y no vale decir que lo han hecho todos los gobiernos hasta ahora, pues los acuerdos a los que se llegó anteriormente lo eran siempre con el Gobierno vasco de turno y con el partido que ponía ese Gobierno, el PNV. No había incumplimiento institucional alguno. Ahora sí: no es que se haya ninguneado a una persona, el lendakari Patxi López, sino que se ha incumplido brutalmente una relación institucional que es el eje del sistema estatutario. Se ha vaciado la institucionalización estatutaria de la comunidad autónoma vasca. Se ha debilitado esa institucionalización estatutaria. El autogobierno sale perdiendo. El Estatuto vasco sale debilitado porque no es una ley institucional, sino una ley propiedad de un partido.

Al PNV poco le importa, pues su meta no es la consolidación del sistema estatutario, sino su debilitamiento y superación radical. Pero se supone que al presidente del Gobierno central algo le debiera interesar la consolidación institucional del Estado y de todos sus elementos. A lo que es preciso añadir que ese sistema constitucional-estatutario no es arbitrario, sino que tiene la función primordial de garantizar la libertad de todos los españoles y de todos los ciudadanos vascos.

En esas estamos. Con el añadido de estar sujetos a la acusación de ser de extrema derecha por criticar unos acuerdos políticos tratando de argumentar la crítica política. Solo es posible asentir, y quienes mandan deciden cuál es la crítica permitida para no ser reo del delito de extremismo de derecha. ¡Pobre democracia!

Es curioso que en los periódicos se hablara más de la sentencia sobre el Estatut de Catalunya antes de que esta se pronunciase que después. Ciertamente, ello no es así entre los expertos en derecho público, que ya comienzan a publicar sus comentarios en revistas especializadas. Pero en las declaraciones de los políticos, y en las opiniones de los analistas, parece que la sentencia haya dejado de interesar.

En Catalunya estamos ya en la recta final de las elecciones autonómicas. El proceso legislativo estatutario ocupó la atención general en la legislatura anterior y el debate sobre la constitucionalidad de la sentencia – mezclado inevitablemente con la cuestión de la financiación autonómica-ha sido el tema dominante de la que ahora finaliza.

Ante estas próximas elecciones, para que puedan decidir su voto de manera fundamentada, es importante que los ciudadanos tengan un criterio formado sobre todo este tortuoso proceso de tantos años, en el que han tenido un papel predominante los partidos catalanes responsables de la reforma, es decir, PSC, CiU, ERC e ICV. Hasta el día anterior al pronunciamiento del tribunal, todas estas formaciones mantuvieron la plena constitucionalidad del texto estatutario e inmediatamente después se mostraron disconformes con dicho pronunciamiento e, incluso, se sumaron a una multitudinaria manifestación que presidió, de forma insólita, el presidente de la Generalitat.

Desde la perspectiva actual, es decir, tras la sentencia, es evidente el fracaso de estos partidos en todo el proceso estatutario: la sentencia ha desvirtuado los principales objetivos que se pretendían con el nuevo Estatut. Así lo pone de manifiesto un simple vistazo a los ya numerosos artículos escritos por expertos juristas aparecidos recientemente en publicaciones como la Revista Catalana de Dret Públic,El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho o Claves para la Razón Práctica.Ni la singularidad de Catalunya dentro del Estado, ni el blindaje y aumento de las competencias, ni la vinculación de los órganos del Estado al Estatut, ni la relación bilateral, ni un modelo especial de financiación se han alcanzado tal como se pretendía, ya que el TC ha considerado que rebasaban el marco constitucional.

Lo resume perfectamente la cualificada opinión de una reputada autoridad en la materia como es el profesor Santiago Muñoz Machado, publicada en El Cronista,opinión bastante generalizada también entre los mismos mentores jurídicos catalanes del Estatut: “El Estatuto de 2006 no tiene un contenido sustantivo mucho más importante que el que ya tenía pacíficamente reconocido el Estatuto de 1979. Sostengo, por tanto, que Cataluña no tiene más poderes reales, después del Estatuto de 2006, que los que tenía desde que se aprobaron la Constitución y el Estatuto de 1979. La diferencia entre ambos estatutos es simplemente aparencial”.

Todo ello significa que en Catalunya – y también en España, no olvidemos la responsabilidad del Gobierno de Zapatero-se han estado perdiendo el tiempo y las energías en un empeño que no era posible si no se reformaba la Constitución. Se ha cometido un grave error de técnica jurídica al creer que reformando el Estatut debía cambiarse la jurisprudencia constitucional. Se ha ignorado que esta jurisprudencia deriva de la interpretación de la Constitución, norma suprema que no debe ser interpretada a la luz de normas jerárquicamente sujetas a ella como son los estatutos de autonomía. Yel hecho de que estos estatutos formen parte – junto a otras normas-del bloque de la constitucionalidad no implica que estén situados en una posición jerárquicamente equiparable a la Constitución.

El Estatut, en muchos de sus artículos, quizás no vulnera la letra de la Constitución, pero sí la interpretación que de ella había efectuado, en doctrina reiterada y consolidada, el TC. En un sistema de democracia constitucional – como el nuestro y también el de EE. UU., Alemania, Italia y tantos otros-la Constitución no se reduce a la mera literalidad de su texto, sino al sentido que le da el Tribunal Constitucional, su máximo intérprete. Este olvido, el desconocimiento de una regla tan elemental, está en la base de que preceptos muy importantes del Estatut hayan sido declarados, total o parcialmente, inconstitucionales. Desde esta perspectiva, como ya mantienen muchos comentaristas, el fallo de la sentencia era totalmente previsible a menos que el tribunal cambiara su muy asentada jurisprudencia en muchas y variadas cuestiones fundamentales. Ello no era nada probable, ya que una de las principales funciones de una Constitución es dar estabilidad a los fundamentos de un sistema jurídico y precisamente el garante último de esta estabilidad es el TC. No tener todo ello en cuenta ha sido una imprudencia, y las imprudencias se pagan.

El electorado catalán debe ser consciente de estas actuaciones en el momento de ir a votar. Al emitir un voto se otorga la confianza a un representante. Nadie quiere que le representen partidos de escasa competencia. Y todo el proceso estatutario, hasta julio pasado, ha estado presidido, precisamente, por la incompetencia.

Para mí es, ante todo, la memoria de mi padre: Puebla de Alcocer —donde nació—, Trujillo, Logrosán, Cáceres, Baños de Montemayor, Guareña, Mérida. Primero, siguiendo de pueblo en pueblo los destinos de su padre, Romualdo, fiscal; después porque, instalado en Madrid, buscó consuelo en los regresos parciales a sus orígenes. La familia, los amigos: Pedro de Lorenzo, escritor; Enrique Escribano, franciscano; Germán Petisco, conductor; Pedro Lumbreras, jurista. Perdón por tantas omisiones. Y el referente, siempre, del pueblo de Extremadura curtido, austero, audaz y resignado a la vez, tolerante.

En realidad, Extremadura ha sido antes una idea que un confinamiento geográfico. De adolescente, me desorientaban los versos de Machado: Soria fría, Soria pura, / cabeza de Extremadura / con su castillo guerrero / arruinado, sobre el Duero. Ignoraba entonces que replicaban el emblema del escudo de Soria. Pero, ¿dónde estaba Extremadura?

Alguien propuso que la palabra, escrita con «s» en los viejos blasones sorianos, viniera de tremor (temblor, estremecimiento), que en castellano antiguo sería estremecedura y después extremadura: «centro del estremecimiento en la lucha contra los árabes» (Rubio Giménez). Una idea poética, aunque filológicamente improbable. O extremadura como linde, extremo, frontera. Estremoz y Estremadouro en Portugal, Estremeiro en Galicia, Estremera en Madrid. Durante la Reconquista, tierra limítrofe entre posiciones cristianas y musulmanas. De ahí que hubiera varias «extremaduras». Y vía de trashumancia: extremo de la Cañada Real segoviana que se une a la leonesa para penetrar por tierras extremeñas. Zona de pastos, adonde se lleva el ganado en invierno. Todo ello lo combinaba Covarrubias en su Tesoro de la Lengua castellana o española (1611) bajo la voz Extremadura: «cuando se iba recobrando de los moros, era por aquella parte lo postrero y la frontera, hasta donde habían llegado los cristianos ganando tierra… es tan templada y de tantas dehesas y tan buenas, que llevan allá a invernar los ganados de Castilla». Todavía en el Diccionario de la Real Academia, como acepción de extremar: «Dicho del ganado trashumante: pasar el invierno en los territorios templados de Extremadura». Una idea ligada al tránsito y a la templanza. ¿Cómo encerrarla en una latitud?

Una idea, por suerte, cambiante, de la antigua pobreza a la primavera de hoy, la dehesa al fondo, los extremeños en primer plano. Rafael Alberti escribía en 1933: «Los niños de Extremadura / van descalzos. / Quién les robó los zapatos? / Les hiere el calor y el frío. / ¿Quién les robó los vestidos? / La lluvia / les moja el sueño y la cama. / ¿Quién les derribó la casa? / No saben los nombres de las estrellas. / ¿Quién les cerró las escuelas? / Los niños de Extremadura / son serios. / ¿Quién fue el ladrón de sus juegos?». Basta haber conocido la Extremadura de la lenta posguerra, los niños oscuros corriendo por el barro tras un aro de madera real o imaginado, para, consignas políticas aparte, comprender la razón de aquellos versos de Alberti, que en 1985 daba ya una visión muy distinta de esta tierra, con tintes machadianos: «Paz a España, paz segura. / Canten abiertos los campos / dichosos de Extremadura. / Lean los niños, las flores, / y entre las negras encinas / todos los trabajadores. / ¡Lejos tanta noche oscura! / ¡Para siempre en primavera, / la tierra de Extremadura!». La edad de la esperanza.

Hoy, el Preámbulo del Proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura, pendiente de su trámite último en las Cortes Generales, sigue avanzando en la buena dirección: «En los dos grandes valles del Tajo y el Guadiana, se ha ido escribiendo silenciosamente la crónica de una voluntad de sentir, pensar, ser y estar en el mundo. Una tarea de los pueblos que han ido forjando Extremadura, con o sin conciencia de hacerlo». Esa conciencia incierta de sí mismos se proyecta hacia el futuro como identidad regional histórica dentro de la nación española, a través de la norma estatutaria: «Somos Extremadura porque queremos serlo los extremeños de hoy, sus ciudadanos, con independencia de lo que pensaran o sintieran nuestros antepasados, y porque el proyecto incluyente de España así lo reconoce y alienta para nosotros y para los otros pueblos hermanos». Y concluye con un eco de la fraternidad franciscana (Juan de la Puebla, Juan de Guadalupe, San Pedro de Alcántara) que Extremadura llevó al otro lado del océano: «Una Extremadura definitivamente asentada pero más abierta al mundo. Una Extremadura cómoda y activa en el proyecto de la nación española. Una Extremadura fronteriza, europea y americana. Una Extremadura solidaria con cada rincón del planeta».

Este proyecto solidario e inclusivo merece la mejor de las fortunas; que al nuevo Estatuto no se le regateen palabras hermosas ni legítimos objetivos de convergencia con el resto de las comunidades, como en los últimos años se está logrando con el trabajo de todos los españoles. En el período 2000-2009 Extremadura fue la comunidad cuya economía más creció: un 2,7 por ciento de media anual, pese a la recesión. Es justo. Pero sigue siendo la comunidad con el PIB por habitante más bajo de España, 16.301 euros en 2009, frente a los 30.703 del País Vasco, los 30.029 de Madrid, los 29.598 de Navarra o los 26.831 de Cataluña, los más altos, según datos del INE. La media nacional es de 22.886 euros por habitante. Una dispersión demasiado amplia como para que no sea prioritario atemperarla con herramientas políticas y fiscales que, dentro de la Constitución, pueden y deben tener reflejo en los Estatutos de autonomía.

Se mire como se mire, la solidaridad obliga a una redistribución de rentas entre personas y entre comunidades, de las más ricas hacia las más pobres, como, hasta por cuatro veces, proclama la Constitución en sus artículos 2, 40, 131 y 138: «el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entra las diversas partes del territorio español», sobre la base de «una distribución de la renta personal y regional más equitativa», de modo que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». La igualdad como vocación es todo lo contrario del privilegio: un vector de transformación imprescindible para cumplir con el valor superior de la justicia que entroniza una Constitución progresista, necesitada de que todos la interioricemos antes de querer reformarla.

Merece también reconocimiento el clima de diálogo social y político que hay en la región; el respeto mutuo de dos partidos —los mismos que se lo faltan en política nacional— que no sólo han acordado por unanimidad un nuevo texto de Estatuto en la Asamblea de Extremadura, sino que han sabido convenir un Código de Buen Gobierno para fomentar la transparencia y la austeridad de todos los cargos públicos, y han hecho posible un Pacto Social y Político para, dentro de las limitaciones de recursos y competencias de la comunidad, impulsar reformas que afiancen los principios de igualdad, cohesión social y territorial y justicia social. Pueden parecer grandes palabras sin alcance práctico; pero implican mucho más: una idea de convivencia esencial para el progreso y la educación cívica de los jóvenes, el arma del futuro.

Y merecen nuestro esfuerzo, sobre todo, los extremeños. Apenas un millón cien mil; sin masa crítica para ser un problema o una solución. Una porción menor del PIB nacional que, con un poco de generosidad o justicia —si fuesen cosas distintas— de parte de quienes más tienen, podría, igual que en otras comunidades hermanas, multiplicarse y dar réditos dentro y fuera de las cuencas de sus ríos. Para que, algún día, todos los niños de este país, extremeños, españoles o extranjeros, sientan en sus casas la templanza del trabajo y aprendan a leer en las flores los nombres de las estrellas.

Después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, España y Cataluña están peor.

Se ha desplazado el eje del debate político de forma incuestionable; ha crecido la desconfianza de muchos sectores de la sociedad catalana hacia España; ha saltado por los aires el espíritu del pacto constitucional; se han radicalizado las posiciones anticatalanas en sectores de la sociedad y de la política españolas; el pacto estatutario ha dejado de ser una referencia para muchos en Cataluña.

La gran manifestación del 10 de julio apunta a un hartazgo generalizado de la política de desgaste a la que se ha sometido la sociedad y la gobernación de Cataluña y encamina sectores hacia la secesión.

El gran culpable de esta situación es el Partido Popular, aunque no debemos olvidar los demás recursos contra el Estatuto que siguen vivos y aparcados. Sin ese recurso ahora no habría sentencia y sin sentencia España y Cataluña estarían mejor, respirarían mejor.

Con naturalidad, sin ninguna ruptura irreparable como han puesto de manifiesto los cuatro larguísimos años de agonía constitucional a la que ya casi nadie daba crédito después que, de forma sucesiva, el Tribunal Constitucional viese mermados sus efectivos por recusación, fallecimiento o mandatos vencidos.

Amparados en la Constitución, que no votaron, los sectores más conservadores de la sociedad española han hecho añicos un pacto que les molestaba. Han roto el pacto de 1978 que no pudieron romper entonces, orquestando ahora un ataque en toda la regla. Aún a riesgo de cargarse 32 años de vida constitucional fructífera y la voluntad explícita del Parlamento y del pueblo de Cataluña, en un atentado de lesa patria.

En el siglo pasado uno de los problemas de la política española fue el llamado “problema catalán”. Los esfuerzos de la Transición se orientaron a resolver este y otros muchos problemas derivados de las heridas abiertas por la Guerra Civil y la Dictadura. Así se halló un pacto político que definía un horizonte de geometría variable y de descentralización creciente en un proceso sin precedentes en la historia de España.

Los resultados son más que evidentes y sería paradójico que la bondad del pacto estallara definitivamente por los aires víctima de su propio éxito. Las aspiraciones de más autogobierno por parte de Cataluña han sido observadas con mucho recelo y desprestigiadas, a menudo, como un afán de privilegios y desigualdades donde solo había la voluntad radical de expresar con claridad meridiana la propia identidad. Una identidad nacional que nadie sabría negaren el terreno intelectual y académico, y que al parecer causa pavor en el contexto de una interpretación constitucional restrictiva.

En el momento del pacto de 1978, la sociedad española y los sectores más directamente implicados en las luchas democráticas respetaban profundamente a Cataluña. Quizás temían y respetaban. Rechazo la idea del temor. Me aferro al profundo respeto que las fuerzas democráticas y progresistas, que las izquierdas, que la intelectualidad, expresaba en aquellos años hacia la sociedad catalana. Con ánimo constructivo se selló un gran acuerdo que culminaba todas las audacias compartidas por Cataluña y España en el proceso de la Transición.

Transcurridos 32 años, con dos Estatutos vigentes sucesivamente (1979 y 2006), la situación ha cambiado radicalmente. Ya no se nos teme ni se nos respeta. No solo no se nos respeta sino que con cierta sistemática se nos falta al respeto. Se niegan los hechos básicos de la identidad catalana, se combate la idea de una España plural y se intenta desmentir el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico de la sociedad española. Es más, las resistencias, los obstáculos, las cortapisas a los procesos acordados en el pacto estatutario de 2006 evidencian un abismo entre la voluntad política expresada por las Cortes Generales y los Gobiernos y la predisposición real de las burocracias estatales.

El Estatuto mutilado por el Tribunal Constitucional ha sido erosionado en su aplicación práctica. Tanto que cuando se han alcanzado resultados tangibles, el beneficio del éxito estaba ya totalmente amortizado por la carga del desgaste acumulado. La aplicación a contrapelo del Estatuto puede haber tenido en muchas ocasiones efectos igualmente letales para su vigencia y reconocimiento.

Y, sin embargo, los resultados están ahí, pueden llegar más y nadie podría discutir que nunca antes en la historia de Cataluña se había dispuesto de cotas equivalentes de autogobierno.

Para algunos explorar esta vía es perder el tiempo. Muchos han decidido que el Estatuto estaba muerto. Sectores de la sociedad catalana se orientan hacia el independentismo. Y CiU apunta a una orientación soberanista con sordina, liquida el Estatuto como vía operativa y se apunta a dos abstracciones directas: el derecho a decidir y el concierto económico. Abstracciones porque siendo muy concretas, su aplicación práctica deviene una mera abstracción si no se perfila una ruta precisa hacia objetivos concretos.

En este contexto, el PSC busca en solitario recomponer los pactos constitucional y estatutario. Lo hace desde la afirmación clara de no ser un partido independentista. No solo eso, sino que percibimos en la lógica del independentismo alguno de los riesgos que caracterizaron en el pasado nuestra peripecia colectiva y la marcaron con el signo del fracaso.

Es legítimo que algunos piensen que ha llegado la hora de la verdad y que en la Europa del siglo XXI caben nuevas fórmulas más allá de un federalismo que algunos practican, muchos predican y probablemente pocos quieren. El PSC insiste en abrirse camino desde la centralidad política en esta vía federalizante que refuerza el pacto constitucional y estatutario.

¿Existe todavía en la izquierda española voluntad federal? ¿Estamos perdiendo el tiempo los que creemos que todavía hoy la vía abierta y flexible ensayada en 1978 y pendiente de actualizar es el camino más efectivo y práctico para orientar el futuro? ¿Con qué convicción defenderán el Estatuto los que lo votaron y lo hicieron posible? ¿Son posibles posiciones equivalentes en el Parlamento catalán y en las Cortes generales?

Las dudas e interrogantes que se plantea la sociedad catalana de cara a los próximos comicios son de una entidad sobresaliente. Hoy y desde el debate monográfico sobre la sentencia, que se produjo en julio en el Parlamento de Cataluña, las posiciones de los partidos se han hecho evidentes. Todos han creído erigirse en intérpretes de nuevas voluntades mayoritarias expresadas en la calle. La mayoría han expuesto los fines que persiguen aunque muy pocos se atreven a definir los medios con que plantean alcanzarlos.

Casi nadie piensa en las tensiones a las que se somete desde todos los frentes al conjunto de la sociedad catalana. Casi nadie en España se plantea los riesgos que se asumen y la carga de profundidad para la convivencia de los pueblos de España que ha supuesto la sentencia.

Los que aún creemos que existe un itinerario compartido buscamos razones para convencernos que no nos hemos equivocado, necesitamos certezas tangibles que acerquen el imaginario colectivo catalán a un plausible horizonte federal. Porqué Cataluña está cansada de pedir y esperar “generosidad federal” y ha dejado claro ya que los términos del pacto son políticos y no admiten conceptos subjetivos como la generosidad y sí solo los términos de la “lealtad” al pacto.

Los tiempos sociales y los tiempos políticos pueden haber perdido el compás como apuntaba recientemente Manuel Castells. De consumarse el divorcio, el conflicto está servido. De ahí que muchos estén ya construyendo sus discursos al margen de España, dibujando un horizonte utópico que, aunque a menudo vacío de argumentos, suscita entusiasmos.

De vez en cuando contemplo, con cierta ternura, la magnífica fotografía que Adolfo Suárez Illana hizo de su padre y del Rey. Ambos compartieron un gesto de coraje político sin precedentes. Ambos consumaron en la Transición un primer reconocimiento preconstitucional de la singularidad institucional y política de Cataluña, y restablecieron la Generalitat con el retorno del president en el exilio, Josep Tarradellas. ¿Existe hoy coraje político para mantener el tono y el sentido de aquella decisión histórica y sin precedentes?

Estamos ante una nueva encrucijada, en un momento sensible y delicado de nuestra vida política. Es en estas circunstancias cuando se calibran los liderazgos auténticos que vencen la adversidad y construyen futuro.

Para los que dudan conviene recordar que el propio president José Montilla ha dejado meridianamente claro que en su elección antepone Cataluña a cualquier otra adscripción.

Para analizar la situación a la que nos ha abocado el Estatut, hay que hacerlo desde dos perspectivas distintas: la jurídica y la política, que nos llevan a conclusiones también distintas.

Desde la perspectiva jurídica, hay que decir que las reglas del juego, hasta el momento no cuestionadas, establecen el procedimiento de aprobación del Estatut (aprobación por el Parlament, aprobación por las Cortes Generales, que pueden modificar lo que quieran, y referendo afirmativo del pueblo) y también que puede ser impugnado, entre otros, por 50 diputados o senadores, por el Defensor del Pueblo y por los gobiernos autonómicos, ante el Tribunal Constitucional; y, de acuerdo con estas previsiones legales, fue impugnado. Finalmente, tras casi cuatro años, el tribunal dictó una sentencia en la que declaró la inconstitucionalidad de unos artículos y cómo debe ser la interpretación de otros. La constitucionalidad del Estatut, aunque haya sido refrendado por el pueblo, de acuerdo con las normas hechas por las mayorías parlamentarias en las Cortes Generales, la decide el Tribunal Constitucional. En un Estado de derecho, no es de recibo hacer unas normas y luego quejarse de su aplicación, sin olvidar que todas las sentencias deben ser acatadas, aunque no se compartan.

Ciertamente, el Tribunal Constitucional está deslegitimado desde un punto de vista político, porque casi la mitad de sus miembros deberían haber sido renovados y porque son elegidos por las fuerzas mayoritarias en las Cortes Generales (PSOE y PP) con criterios jurídicos y, sobre todo, políticos, pero esta es la composición que resulta de las normas aplicables, aprobadas por las mayorías parlamentarias que deciden las leyes en las Cortes Generales. Por otro lado, es completamente legítimo y congruente con un Estado que se define como autonómico que en la elección del árbitro que decide las controversias entre el Estado y las comunidades autónomas, estas participen de forma directa. No es razonable que el árbitro sea elegido, en la práctica, por una sola de las partes: el Estado. Pero, para cambiar el sistema de elección de los miembros del tribunal, hay que cambiar la ley orgánica, estatal, que lo regula.

El problema de fondo ha sido que mediante la reforma del Estatut se quería establecer un encaje distinto de Catalunya en el Estado, un encaje que la Constitución no permite, a criterio del Tribunal Constitucional, que es quien tiene, de acuerdo con la ley, la competencia para decidirlo. Así pues, de acuerdo con la valoración de la sentencia que se ha hecho desde Catalunya, la operación ha sido un fracaso.

Desde la perspectiva política, la manifestación del pasado 10 de julio es la última demostración de que existe una parte significativa, cualitativamente importante, de catalanes y catalanas que no están de acuerdo con el actual encaje de Catalunya en el Estado.

Para modificarlo, es necesaria una negociación política, para lo cual es imprescindible que los negociadores catalanes cuenten con un gran apoyo electoral. A estos efectos, sería deseable que, con vista a las próximas elecciones al Parlament, todas y cada una de las fuerzas políticas explicitaran cuál es su posición sobre la relación Catalunya-Espanya para que los electores puedan posicionarse al respecto mediante el voto. Los modelos de relación son básicamente: aceptar el actual Estatut, aceptar el actual Estatut y negociar para conseguir la transferencia de alguna otra competencia, una confederación o la independencia. Hay que saber con claridad qué parte de los catalanes están interesados en establecer un sistema de relaciones distinto, y esto en democracia solo puede saberse mediante las elecciones, que se celebran cada cuatro años.

Hay que tener presente si el modelo que se propone comporta la reforma constitucional, como en el caso de la confederación o de la independencia. De acuerdo con la Constitución, y dada la correlación de fuerzas a nivel del Estado, sería necesario tanto el apoyo del PSOE como del PP, algo del todo improbable. Esto comportaría que debería negociarse, más allá de la Constitución, de acuerdo con el principio nuclear de la democracia, planteando qué relación quieren los catalanes con el Estado y qué relación quieren en el resto del Estado con Catalunya, según los criterios de la sentencia que el Tribunal Supremo de Canadá dictó sobre la autodeterminación de Quebec, lo que requiere un amplio apoyo electoral a la propuesta que se negocie.

Desde la perspectiva política, solo si una mayoría clara del electorado apoya otro tipo de relación con España, los representantes catalanes podrán plantearlo. De todos modos, vale la pena resaltar la gran desafección existente entre el electorado catalán en relación con los políticos, como lo dejan de manifiesto periódicamente las sucesivas encuestas de opinión. Por todo esto, no sería de extrañar una gran abstención electoral que deslegitimaría en gran parte la negociación para establecer un encaje distinto de Catalunya con el Estado.

La gestión que del brutal atentado islamista de Madrid hizo el Partido Popular permitió al PSOE una nueva oportunidad de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que aparecía como la esperanza blanca del socialismo, como el hombre de izquierdas, socialdemócrata de profundas convicciones, que no fue Felipe González. El mismo que, en estas páginas, nos metía en el mismo saco que a los de Rajoy, a cuenta de nuestro rechazo al recorte del Estatut, obviando deliberadamente que, a diferencia del PP, nosotros aceptamos el veredicto de los catalanes en el referéndum.

Que ahí está la esencia misma del conflicto que se ha generado: los que mantenemos el respeto a la voluntad popular y los que someten esta a las martingalas de los togados del TC.

Con su verbo simpático y su España plural, ZP llegaba al poder en la mejor de las coyunturas posibles. En Catalunya, el proceso de reforma del Estatut era un hecho y el líder del PSOE no había dudado en anunciar su apoyo sin paliativos al Estatut que aprobase el Parlament. Por lo menos, hasta en dos ocasiones se le oyó proclamar en público ese compromiso. Precisamente por ello, la izquierda catalana soberanista tendió la mano a ZP, votó su investidura y los primeros presupuestos de su Gobierno.

Dimos probadas muestras de nuestra disposición a colaborar, sin escatimar decisiones arriesgadas y ofreciendo un margen notable de confianza en el PSOE de ZP. No esperábamos gratitud ni reconocimiento alguno pero sí reciprocidad de hecho, compromiso y lealtad a la palabra dada. Lo que en vano esperamos y a la postre no ocurrió, agotándose el crédito y la paciencia, la nuestra y la de todos por extensión.

El proceso de reforma del Estatut fue el arduo trabajo de un Gobierno de izquierdas con el socialista Pasqual Maragall a la cabeza. Congeniar las tres sensibilidades del nuevo Gobierno catalán era una tarea compleja si, además, debíamos contar con la complicidad de CiU, dolida en el alma al ser apeada del poder que había ostentado a su antojo durante 23 años.

Y se logró. Al final fue posible llegar a un amplio acuerdo acerca de la reforma del Estatut de 1979, en el que todos hicieron concesiones. Cabe decir, para empezar, que aquel no era un Estatut secesionista, ni por asomo, sino de afirmación de Catalunya en el marco de España, no la del PP por supuesto, pero sí esa España dispuesta a reconocer sin complejos su plurinacionalidad.

Las palabras de apoyo al Estatut de ZP se tornaron un desliz en poco tiempo. Pero apareció Artur Mas, presto a aparecer en escena como el gran estadista y representante del catalanismo. Y en un breve lapso de tiempo llegaba a un acuerdo con Zapatero, al que luego Alfonso Guerra -que a español no le gana nadie- puso nombre y sorna: el Estatut del cepillo. ZP tenía así un Estatut presentable ante las Cortes, mientras a Mas se le garantizaba su retorno al poder si CiU repetía nuevamente como formación política más votada. Un cambalache en toda regla sujeto a las necesidades de unos y otros. Como era de prever, el texto se aprobó en las Cortes y luego fue sometido a referéndum en Catalunya.

Lo que aconteció luego es de sobra conocido. La derecha interpuso un recurso contra el Estatut y el Tribunal Constitucional, que no fue concebido para juzgar la voluntad popular, aceptó el envite mientras el Gobierno despistaba. Los magistrados conservadores del TC tomaron enseguida el mando del asunto, sacando a relucir el escalofriante mejunje en que se había convertido el alto Tribunal, mientras sus deliberaciones -que se filtraban como episodios de una mala telenovela a los medios- eran la crónica de un final anunciado.

La España del PP había copado todas las instituciones del Estado e inoculado una visión del proceso autonómico que poco o nada tenía a ver con el espíritu que alumbró la Constitución. En paralelo, Zapatero anunciaba el cierre de la España de las autonomías, dando por bueno un techo a medida de la España más rancia, de la España que jamás creyó en su pluralidad porque veía en ella la sombra de la disgregación y la consideraba un lastre y no una riqueza en sí misma.

A esto se ha acomodado el PSOE, rehén de una estrategia del PP diseñada por Aznar, a la que no ha sabido, no ha podido o no se ha atrevido a contestar ZP. En tales circunstancias, la izquierda soberanista catalana no puede seguir como si nada por esos derroteros.

El PSOE ha sido derrotado por una derecha que ha patrimonializado la Constitución y se ha erigido como su mayor defensor, pese a su pasado reaccionario, pese a la anuencia de la extrema derecha que late en su seno, pese a que por aquel entonces esas gentes no solo eran reacias a la Constitución sino que no dieron jamás su brazo a torcer; la Constitución y el diseño del nuevo Estado se pusieron en marcha, no gracias a ellos sino pese a ellos.

¿Cómo puede ser, entonces, que una formación de corte derechista, autoritaria y antisocial como el Partido Popular se haya convertido en la mayor defensora de la Constitución? ¿Cómo es posible que esa bandera sea sostenida ahora por esas manos? ¿Qué ha ocurrido?

Dice el refrán que por la boca muere el pez, y ciertamente a muchos políticos -aunque no sólo a ellos- les pierde la brillantez de una metáfora. Quedan seducidos por la fuerza de una imagen que, si la pensaran hasta el final, reconocerían que puede volverse contra ellos mismos. Recientemente el líder nacionalista catalán Artur Mas usaba en las páginas de este periódico la imagen de la castración para referirse a lo que el PP y el PSOE han hecho con el Estatuto catalán: el PP lo habría sometido a una castración física, y el PSOE a una castración química. Que viene a ser lo mismo.

Pero quizá convenga comenzar por el inicio. Se castra lo que se supone que puede y quiere tener consecuencias productivas, se somete a castración la capacidad reproductiva para evitar la fecundación. Y la pregunta inicial que nos debemos hacer es si el Estatuto de Cataluña nace de una voluntad reproductiva, de la intención de fecundar con nuevas fuerzas el Estado, de dar nacimiento a una nueva situación en la que no sólo ellos, sino los demás que son imprescindibles en todo proceso reproductivo y de fecundación, se reconozcan renovados, renacidos, reinventados.

Mucho me temo, sin embargo, que la tónica general de la que nace el Estatuto y que lo inspira de la primera a la última letra, es el solipsismo. Es un texto que vive de la autoafirmación; es una propuesta hermética; es un proyecto que habla de un nosotros encerrado en sí mismo: tenemos derecho a, nos afirmamos como, somos lo que decimos que somos, los demás nos tienen que reconocer en lo que nosotros queremos ser, los demás se tienen que ajustar a nuestras exigencias -que son derechos porque los proclamamos nosotros-, sólo podemos vivir en la casa conjunta si se admiten nuestros planteamientos…

Vaya por delante que creo que algunos planteamientos del Estatuto catalán pueden ser de justicia. Especialmente estoy convencido de que el sistema español de financiación autonómica no se sostiene: la falta de coherencia, aunque fuera inversa, entre el ranking de comunidades por PIB y el ranking por gasto público por persona es una auténtica irracionalidad.

Pero la manera de plantear la cuestión por parte de la mayoría de partidos catalanes ha sido autista y estéril. No hacía falta ninguna castración del Estatuto, porque éste era, en su mismo núcleo, inútil. Ese es el problema. Para que una propuesta política de parte para el todo sea productiva, fecunda, capaz de dar paso a algo nuevo, debe cumplir con unas condiciones mínimas que son conocidas por todos.

Si se quiere cambiar la casa en la que se vive, si se quieren hacer reformas para agrandar el espacio de algunos de los habitantes, es preciso que todos los que habitan en esa casa sean escuchados.

Pero en el Estatuto catalán sólo algunos tenían derecho a hablar. Los demás sólo tenían derecho a escuchar y a aceptar esas reivindicaciones. El pacto del Tinell y el cordón sanitario dejaron fuera de la conversación a toda aquella parte de la casa común sin la cual es imposible revisar los planes de construcción. Y no basta con la construcción, a posteriori, de un discurso que tilde de caverna mesetaria a cualquier voz discrepante.

Nunca se ha visto una unanimidad autista tan grande como en el caso de Cataluña, de sus medios de comunicación y la mayoría de sus opinantes. Incluso ahora, cuando alguien critica que los políticos catalanes no se atrevieron a decirle al Príncipe lo que no quería oír, sino que se limitaron a regalar sus oídos, tiene que justificarse antes diciendo que ha existido anticatalanismo y una agresión a Cataluña.

El gran pintor catalán Dalí es el autor de una pintura que se titula El gran masturbador. Tendrán razón los expertos que hablan de que toda la obra de Dalí es la contemplación de sí mismo, y que cada cuadro nace de sus experiencias personales. Pero también es cierto que no pocos análisis de las sociedades modernas y de los individuos marcados por ellas apuntan al narcisismo en el que caen, a la tendencia al subjetivismo, a la negación de la realidad, a las fantasías complementarias de omnipotencia y de impotencia radical en las que se ven a sí mismos.

Estos análisis sirven también para comprender la realidad política, la de los líderes que nos han tocado en suerte, pero también la de los movimientos que condicionan nuestras vidas.

Y no me cabe la menor duda de que en los nacionalismos actuales hay no poco de masturbación, de ensimismamiento, de fantasías de omnipotencia junto a la creencia de ser víctima de no se sabe qué agresiones externas.

Todo en el nacionalismo se revuelve en torno a lo que se le hace al grupo, a lo que siente el grupo, a lo que el grupo tiene derecho. A nivel individual todo ello es considerado egotismo que necesita tratamiento y al que el entorno se puede y se debe enfrentar. Pero en el caso de los mismos síntomas a nivel de grupo, parece que la capacidad de análisis crítico desaparece.

Un comentarista que escribe en estas mismas páginas, y que se confiesa independentista catalán, ha utilizado en muchos de sus comentarios el calificativo de adolescente e inmaduro para hablar del nacionalismo preponderante catalán. No seré yo quien le corrija la plana: adolescente e inmaduro es otra forma de decir estéril, ocupado y preocupado consigo mismo, de forma que es incapaz de establecer relaciones fecundas y reproductivas con los demás.

En estas situaciones no se necesita ningún tipo de castración, puesto que la esterilidad está garantizada en el sustrato mismo del planteamiento: mientras no se sale de sí mismo, no se alcanza a establecer relaciones maduras con los demás, no hay posibilidad de fecundación, todo se queda en una gran masturbación. Aunque sea colectiva.

Lo peor es que se sea incapaz de ver esa realidad de onanismo, y se atribuya la situación propia a la voluntad castradora de los demás.

Si mal no recuerdo, fue Dietrich Schwanitz quien definió el marxismo y sus epígonos de Mayo del 68 como una escuela del desenmascaramiento, cuyo principal objetivo era ir identificando, aquí y allá y sin pararse en barras, toda clase de sospechosos. Sospechosos de las mayores villanías, claro está, y muy en particular de la consistente en no comulgar con las ruedas de molino que el propio marxismo hacía girar. Yo no sé si el marxismo y demás sucedáneos fueron también otra cosa aparte de una escuela del desenmascaramiento, pero de lo que estoy seguro es de que esa escuela existió. Y no sólo eso: a juzgar por algunas de las reacciones habidas tras el anuncio de la sentencia del Constitucional que ha puesto fuera de la ley 14 artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña y fijado la recta interpretación de otros 27, sigue gozando hoy en día de excelente salud.

Dejo de lado, entre esas reacciones, las procedentes del campo de la política, tan previsibles. No, lo que aquí me interesa subrayar es la opinión vertida por determinados columnistas, nacionalistas de carrera y quién sabe si también de corazón, los cuales, pese a mostrar su disgusto por el sentido de la sentencia, se felicitaban a un tiempo por la indiscutible derrota de quienes aspiraban, según ellos, a que el fallo les sirviera «la cabeza en bandeja del catalán» negando a dicho idioma «su condición de lengua vehicular en la enseñanza». Una aspiración, la anterior, que esos opinadores no reputaban en modo alguno sobrevenida, sino producto de un verdadero plan: «Aprovechar la sentencia (…) para pegarle un buen hachazo a la lengua catalana, sujeto central de la personalidad nacional de Cataluña». Y como todo plan tiene siempre una urdimbre, y toda urdimbre, por fuerza, un comienzo y un final, el estadio inicial de esa conspiración contra el catalán habría sido, al parecer, el «Manifiesto por una lengua común» que un selecto grupo de intelectuales españoles —y, en algunos casos, también catalanes— promovieron en junio de 2008 y que obtuvo, al poco de hacerse público, la adhesión de miles de conciudadanos.

Por supuesto, todo el mundo es muy libre de ver las cosas según le plazca, le convenga o le alcancen sus entendederas. Y si a algunos esas entendederas no les permiten vislumbrar más que oscuros contubernios allí donde el común de los mortales observa tan solo el hecho desnudo, qué se le va a hacer. Ahora bien, con contubernios o sin ellos, no hay duda que la satisfacción de quienes tanto se felicitan por el fracaso ajeno —ya sea éste real o imaginario— posee un fundamento. Si bien es cierto que, en su sentencia, el Tribunal Constitucional ha cortado alguna que otra cabeza estatutaria, también lo es que, entre esas cabezas, no estaba la de la lengua catalana. Ni siquiera la supresión del inciso «y preferente» con que el Estatuto, en su artículo 6, reforzaba la condición del catalán como «lengua de uso normal (…) de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña» puede considerarse, en puridad, una amputación efectiva. Lo sería, sin discusión ninguna, si este «uso normal» a que alude la ley catalana afectara también al otro idioma oficial. Pero el Estatuto nada dice al respecto. Y aunque tampoco diga lo contrario y hasta recuerde, en otro apartado del mismo artículo, que «no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua», la normalidad, en Cataluña, es propia de una sola lengua, la que el mismo Estatuto sigue calificando como «propia» y la que la costumbre, después de tres décadas de autonomía, ha fijado ya —con el inestimable concurso de la clase política— como la única institucional. De ahí que el inciso en cuestión, más que un factor de desequilibrio, constituyera, en el fondo, un simple remache de un desequilibrio de base muy anterior y, en consecuencia, plenamente consolidado a estas alturas.

Por lo demás, de la lectura de la sentencia y, en concreto, de aquellas partes que tratan de aspectos relacionados con el uso de las lenguas se deduce que los fundamentos jurídicos que hacen al caso y que el propio fallo ha fortalecido con prolijas interpretaciones van a convertir en un imposible cualquier intento futuro de modificación de la legislación vigente —en el sentido, se entiende, de preservar los derechos lingüísticos de todos y cada uno de los ciudadanos—. En otras palabras: el problema de la lengua catalana va a seguir siendo, para España y para la convivencia entre los españoles, un problema. Y no digamos ya para la convivencia entre catalanes. Casi todos los recursos presentados hasta la fecha contra las distintas disposiciones legales tomadas en esta materia por la Generalitat se han saldado con un fracaso. Tanto el Constitucional, como el Supremo, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han validado, en general, las políticas lingüística y educativa de los sucesivos gobiernos catalanes y, si alguna vez han obrado de otro modo, ha sido siempre con una notable ambigüedad, de la que se ha aprovechado, sobra decirlo, la instancia demandada —que es, al cabo, la que ejerce el poder—. Así ha sucedido, por ejemplo, con la famosa casilla que determinadas entidades cívicas llevan años reclamando en los impresos escolares de matriculación a fin de que los padres puedan elegir la lengua en que desean educar a sus hijos y que la Generalitat, a pesar de las sentencias y echando mano de cuantas artimañas cabe imaginar, se ha negado sistemáticamente a incluir.

Con todo, se confundiría quien atribuyera la situación presente a los efectos de una legislación contra la que nada han valido las objeciones más diversas, desde las del Defensor del Pueblo hasta las de la más modesta asociación ciudadana. En el asunto que aquí nos ocupa, la legislación ha venido siempre después. Quiero decir que ha venido siempre a legalizar las tropelías que los responsables lingüísticos y educativos —y, en suma, políticos— habían cometido previamente con total impunidad. Por ceñirnos a un solo caso, la propia inmersión lingüística llevaba años aplicándose cuando fue bendecida por decreto. En este sentido, pues, la sentencia del Constitucional constituye el último peldaño de ese proceso de blanqueo, en la medida en que da por buena —eso sí, con no pocos reparos y un sinfín de precisiones— la formulación en una ley orgánica de unas prácticas políticas que atentan contra los derechos lingüísticos más elementales y, en definitiva, contra la libertad y la igualdad.

Así las cosas, no parece que en el futuro esa tendencia vaya a cambiar. A no ser, claro, que el Gobierno del Estado actúe a imagen y semejanza del de la Generalitat y opte, a su vez, por una política de hechos consumados. Por ejemplo, usando de la alta inspección educativa para comprobar si el decreto de enseñanzas mínimas, en lo que respecta al aprendizaje de la lengua castellana, se aplica en el conjunto de Cataluña. Y si la comprobación da como resultado que no se aplica, conminando al Ejecutivo regional a que lo haga. Y si, aun así, sigue sin aplicarse, promoviendo la creación en Cataluña de una línea de centros estatales donde la ley sí se cumpla. Les aseguro que habría cola para matricularse.

Ha transcurrido un mes, punto arriba, punto abajo, desde que salió la sentencia del Constitucional sobre el Estatut. Según era de esperar, el Gobierno ha reaccionado poniéndose más cerca de las reclamaciones catalanas, que de la ley. Detrás del Gobierno, sin embargo, está el Partido Socialista, cuyas bases cultivan intereses incompatibles con el orden de cosas que quiere imponer el señor Montilla. El revuelo madrileño podría anunciar vientos de fronda futuros en la izquierda. Pero lo que de momento tenemos es presente, no futuro, y el presente, en conjunto, no resulta especialmente alentador. Tal parece desprenderse al menos del artículo que hace poco días firmaron a la par Felipe González y Carmen Chacón en el diario El País—«Apuntes sobre Cataluña y España», 26-7-2010—. Tres puntos llaman especialmente la atención. Uno: los autores asumen en esencia los reproches que contra el Alto Tribunal han aireado Montilla y el PSC. Dos: se hace propósito de rehabilitar, por otras vías, las partes del Estatut declaradas inconstitucionales. Tres: se anticipa una España que el escapismo verbal, o el desconocimiento de lo que las palabras significan, nos induce a llamar «federal», pero que es en realidad confederal. Escriben, en efecto, Chacón/González: «El fallo… reconoce la bilateralidad con el Gobierno central y convalida el sistema de financiación… propio de Cataluña». La bilateralidad, como principio de organización territorial del Estado, es confederal, no federal. Y la bilateralidad que aquí se auspicia abriga además un carácter expansivo, en dos direcciones distintas. A lo ancho, porque será muy complicado no extenderla a otras comunidades. Y a lo hondo, porque las franquías que buscando atajos varios se pretende conceder a Cataluña después de la sentencia, harán la bilateralidad más inflexible y también más rico el contenido de lo que bilateralmente se haya de tratar. No hace falta ser un lince para comprender que esta deriva conduce de modo fatal a un
descarrilamiento del Estado. Cuestión distinta es cómo y cuándo se verificará el siniestro. Ignoramos en qué momento la administración de las cosas, y las necesidades del país, entrarán en un conflicto políticamente explosivo. Pero a la larga, o quizá no tanto, el proyecto no es viable. Aún así, ha sido recibido de manera oficial por uno de los ministros que podrían suceder a Zapatero, y por el jefe de la vieja guardia socialista y máxima autoridad moral dentro del partido. ¿Cómo explicarse la extraña, peregrina situación?

El ser humano es una criatura profundamente asimétrica. Es capaz de moverse impulsada al tiempo por dos fuerzas en apariencia inconciliables: el corto plazo y el galimatías metafísico. Uno y otro campan por sus respetos, en este instante, en la mitad izquierda del espectro. Sobre el corto plazo, poco tengo que decir que no sepa ya el lector. En horas muy bajas para el PSOE, Zapatero dio por bueno, y automáticamente elevó a la categoría de fórmula nacional, el Pacto del Tinell, cuyo secreto, mejor, cuyo fin expreso, era recluir a la derecha en una minoría vitalicia por el procedimiento de sellar un acuerdo igualmente vitalicio con lo nacionalistas. La metabolización del Estatut, con los complementos y bonificaciones que fueren menester, y la consiguiente proximidad al mundo nacionalista, prolonga la misma estrategia. El socialismo se asegura, o al menos se hace más propicia, una mayoría parlamentaria en Madrid, a costa, es claro, de una eventración progresiva del Estado. Para colmo de desdichas, la inercia ha convertido esta démarcheinfeliz en muy difícil de evitar. El PSC está secuestrado por su apuesta nacionalista en Cataluña, y el PSOE, por el PSC. Rectificar el rumbo es tarea que excede los recursos del Partido Socialista en su constitución actual. Me gustaría creer que el grueso de los militantes del puño y la rosa contempla con preocupación el rumbo que han tomado los acontecimientos. Pero no me hago demasiadas ilusiones. La preocupación es un sentimiento racional, y para experimentar sentimientos racionales, le falta al PSOE una mínima claridad de ideas. Paso con ello a ocuparme del otro componente del drama: el galimatías metafísico.

Chacón/González recuperan, para designar la España actual, una expresión que se oía poco de un tiempo a esta parte: «Nación de naciones». El inspirador involuntario de la frase o consigna es Meinecke, mal leído por sus intérpretes españoles. En el primer capítulo de un libro publicado en 1908 —Weltbürgertum und Nationalstaat— Meinecke distingue entre naciones políticas y naciones culturales. Las naciones para Meinecke son conglomerados humanos a los que aglutina, bien una emoción de carácter religioso/cultural —y entonces las naciones son culturales—, bien la lealtad a una realidad constitucional —en cuyo caso lo precedente es hablar de naciones políticas—. La alemana sería una gran nacional cultural que aloja diversas naciones políticas; y la suiza, una nación política en cuyo seno cohabitan muchas naciones culturales. Además de las naciones, existe el Estado, a cuyo amparo pueden florecer una o varias naciones culturales. Meinecke discute también la noción, de cuño romántico, de que una determinada cultura pueda engendrar, de modo espontáneo, como se engendra una flor de la tierra, un Estado nacional. Pero es claro que no sintoniza demasiado con esa idea. La visión de Meinecke es más voluntarista y, también, más realista. Su tesis es que, a partir de 1789, ha sido frecuente que dentro de la cáscara de un Estado, y por obra en buena medida del propio Estado, se desencadenara una dinámica de nacionalización: un proceso en virtud del cual los individuos se proyectan sobre una causa común y dan en concebirse como actores o promotores de dicha causa. Surgen así las naciones modernas, y con ellas, los estados nacionales modernos. Escribe Meinecke: «El ideal es siempre: indivisa unidad de vida nacional en todos los fines esenciales de la existencia». Es obvio que la pluralidad nacional, en un sentido político, no pega aquí ni con cola. La nación sobre la que se asienta un Estado Nacional moderno sólo puede ser una. Por supuesto, la nación admite corrientes,
tensiones, y desde luego, diferencias culturales. Pero éste es otro asunto, y no el que más aprieta al alemán en el capítulo inaugural de su libro.

Los nacionalistas han comprendido a Meinecke mucho mejor que los socialistas. Puesto que lo que solicitan es un Estado que les permita construir la nación que la cultura, por sí sola, no acertaría a generar. Por eso les gusta hablar de «nación de naciones». Esto es, de naciones que cuando crezcan y se consoliden como tales, ya no dejarán sitio a la nación española, reducida, de oficio, al apéndice nominal de un superestado en proceso de descomposición.

Que un ex presidente haya avalado con su firma un trabalenguas para uso de nacionalistas me ha causado cierta perplejidad. Que impute a la mala fe de la derecha, o a un centralismo trasnochado, objeciones inspiradas por consideraciones técnicamente sólidas o por el mero sentido común, revela, más aún que sectarismo, una fabulosa obscuridad de ideas. Probablemente, lo hemos visto todo turbio desde que se inició la Transición. Evidentemente, lo que nos pasa no es efecto del mal fario, la conjunción de los astros o el azar.

El catalanismo ha perdido la batalla estatutaria debido, en gran parte, a su confusión conceptual y estratégica. Las reacciones a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto han sido de rechazo y repudio, pero han mostrado un gran desconcierto acerca de las alternativas de futuro.

La confusión despunta en dos conceptos ampliamente utilizados: la soberanía y el federalismo. Si algún concepto político está obsoleto en la Europa de hoy es el de soberanía. Con la división de poderes entre los Gobiernos locales, autonómicos, estatales y europeo, ha dejado de haber una autoridad suprema capaz de tomar decisiones últimas en todos los temas sobre la población de un territorio bien definido; es decir, ha dejado de haber “soberanía”.

Hace unos pocos siglos, la construcción estatal comportó la proclamación de un poder absoluto e indivisible dentro de unas fronteras para enfrentarse a los ejércitos extranjeros, evitar las importaciones y prevenir las inmigraciones. Pero actualmente ningún poder pueden aspirar a una jurisdicción de este tipo cuando han desaparecido las fronteras, las aduanas, las monedas y, de hecho, hasta los ejércitos capaces de defender por sí solos un territorio estatal.

El modelo europeo actual, del que España y Cataluña, como las demás comunidades de la Unión, forman parte, comporta múltiples niveles de gobierno. Cada nivel de gobierno tiene y debería tener competencias exclusivas o preferentes en distintos temas, según la escala de eficiencia de los bienes públicos que provee; ya sean la moneda y el mercado comunes a nivel continental; ciertas infraestructuras y recursos naturales a nivel peninsular; el urbanismo y las escuelas a nivel regional; o los parques y las calles a nivel local.

Dentro de la Unión Europea, más que independencia hay interdependencia. Ni hay soberanía ni la volverá a haber.

Muy confuso es asimismo el uso que se hace a menudo del vocablo “federalismo”. La federalización de España no implicaría necesariamente más autogobierno de las comunidades autónomas, aunque, por ejemplo, los estatutos pasaran a llamarse constituciones. En algunos países federales los Gobiernos territoriales tienen más poderes que la Generalidat de Cataluña, pero en otros tienen menos. Parece que muchos entienden por “federalismo” una especie de confuso estadio intermedio entre la autonomía y la independencia. Pero lo que implica la federación es más unión, es decir, menos competencia entre los Gobiernos territoriales y más participación en las políticas comunes de ámbito general.

En España, los elementos fundamentales de la federalización serían la representación de los territorios en el Senado, la efectividad de las conferencias de presidentes autonómicos y la cooperación entre los ministros y los consejeros de cada tema cuando se necesiten acuerdos de amplio alcance.

Sin embargo, el ámbito estatal es hoy insuficiente para muchos temas de políticas públicas. En el contexto actual, una fórmula federal solo podría ser eficaz en un marco continental, es decir, en una federación europea. Algunos opinadores y hasta algún político propuso que en la manifestación del 10 de junio en Barcelona ondearan banderas de la Unión Europea, pero la sugerencia tuvo un eco menor.

En el aspecto estratégico, proclamar “somos una nación” es irrelevante si la voluntad de ser no se concreta en un proyecto político. Ante la pretensión de que “nosotros decidimos” hay que preguntar: decidimos ¿qué? Las demandas catalanas que llevaron al proyecto de Estatut de 2005 incluían, al mismo tiempo, más poderes propios (por ejemplo, en la administración de justicia y el Síndico de Agravios), relaciones bilaterales con el Gobierno central (en impuestos e inversiones) y más participación en las instituciones comunes (como el Tribunal Constitucional, el Banco de España y el Senado).

Estas demandas apuntaban en direcciones diferentes y su armonización habría requerido un esfuerzo mayor. Pero solo dos días después de la manifestación catalanista del paseo de Gracia, el Parlamento de Cataluña rechazó una iniciativa legislativa para un referéndum sobre la independencia.

A continuación, la defensa del Estatuto se circunscribió a refrendar su preámbulo, pero ni siquiera este gesto pudo ser trasladado a las Cortes Generales. Ahora mismo no parece, pues, que se quiera avanzar ni hacia más “soberanía” ni hacia más “federación”.

Ante la confusión de alternativas, es más probable que en el próximo periodo se restauren las clásicas políticas de conllevancia, por un lado, y peix al cove (pescado a la canasta), por el otro; es decir, los intercambios de votos en los dos Parlamentos entre los partidos que gobiernen en España y en Cataluña, sin mayor ambición de reforma institucional.

Tras la peripecia estatutaria, no será fácil reanudar estas prácticas típicas de los años ochenta y noventa. Pero no parece que en este momento nos encontremos en el inicio de algo nuevo. Esto más bien parece el final de una década perdida y un regreso a la situación anterior.

Lo dijo ya Unamuno en 1906, después de una brevísima estancia en la Barcelona bullanguera y jactanciosa del poeta Maragall, en pleno apogeo de los catalanistas de la Lliga Regionalista: «Aquello no es serio. Y luego no toleran la contradicción, y al que no les dice lo que quieren oír le declaran memo o poco menos».

Aunque más de un siglo separa la Barcelona actual de la Barcelona a la que se refiere Unamuno, lo cierto es que, en los últimos años, cada vez que el azar me ha llevado a la Ciudad Condal, la sensación que me ha producido la visita no ha desmentido nunca la amarga impresión que el viejo pensador bilbaíno puso por escrito en la primera década del siglo XX. No, «aquello» no es serio. «Aquello» es una feria de vanidades, imposturas políticas y puerilidades románticas, un lugar inmejorable para las aventuras de Tartarín de Tarascón, famoso por sus fanfarronerías.

Hay que decirlo claramente, sin rasgarse las vestiduras, pero también sin complejos. Porque la campaña de invectivas y dicterios lanzada por los dirigentes catalanes contra la sentencia del TC y la manifestación del 10 de julio en Barcelona han igualado en desfachatez a las organizadas por los aduladores del régimen franquista en la plaza de Oriente. La historia produce esas paradojas, y nada resulta más grotesco que ver a una clase política entera disfrazarse de mártir para exigir un pasaporte de inmunidad perpetua y situarse por encima de una ley que nos iguala a todos los españoles en libertades, derechos, garantías y obligaciones civiles. Nada resulta más descorazonador que ver cómo la Cataluña oficial participa en esa farsa de prepotencia y resentimiento, y ello, en nombre de un puntilloso celo democrático.

No me sorprende que, ante la imagen del señor Montilla proclamando que ningún tribunal de este mundo puede alzarse contra el sentimiento general de Cataluña, algunos intelectuales catalanes alejados de la opción nacionalista no aguanten más. ¿Cómo no sonrojarse? ¿Cómo no sentir vergüenza ajena? Han visto a unos políticos explotar con estruendo y jactancia el más ruin y zafio de los patriotismos: unos dirigentes que se llaman a sí mismos hombres de Estado, pero que al mismo tiempo no renuncian a la agitación como arma política. Han visto a la prensa local plegándose unánimemente a la propaganda oficial, alimentando las pasiones más primarias, promoviendo furiosamente una campaña sectaria anulando en sus informaciones todo deseo de verdad, cometiendo, en fin, lo que Émile Zola llamó el más vil de los crímenes: «el de ofuscar la conciencia pública y extraviar a todo un pueblo». Y por último, han visto a un amplio sector de la sociedad echándose a la calle en defensa de la patria amenazada, siguiendo la poderosa pulsión irracional que dice que Cataluña es una obra divina, y dando a entender que si hay algunos —o muchos— que no piensan así, es que no son buenos catalanes, o peor aún, cómplices del secular complot españolista tramado en los círculos opresores de Madrid.

Pero la responsabilidad de la mayor crisis institucional que ha atravesado España desde 1978 no sólo hay que buscarla en los dirigentes de los partidos nacionalistas y en buena parte de los socialistas catalanes acomodados. Todos ellos acostumbrados al regateo sin límite, a la búsqueda del privilegio disfrazado de derecho, a la falta de lealtad al Estado, a disimular su ineptitud tras un victimismo sentimental y a buscar chivos expiatorios para los propios fracasos. También son responsables esos héroes del progreso que piensan que para ser de izquierdas basta con decir pestes del PP, ganar guerras que terminaron hace más de setenta años y, sobre todo, asumir los mitos mágicos de los nacionalismos periféricos. Por pereza, por oportunismo electoral, por carencia de una idea clara del Estado, la izquierda española ha preferido alimentar el halago y los más diversos narcisismos regionales antes que valorar la historia en común, antes que proteger el sistema de solidaridades sociales y políticas que mantienen en pie un país moderno y garantizan la igualdad de derechos y obligaciones de sus ciudadanos.

La consigna oficialista dice que fue la intransigencia de Aznar —¡siempre Aznar!— lo que multiplicó a los separatistas, pero lo cierto es que fue el actual presidente de Gobierno —el más frívolo que ha ocupado el cargo— quien abrió la caja de Pandora de las revisiones estatutarias y estimuló las exigencias del nacionalismo catalán, prometiendo aceptar en las Cortes, al pie de la letra y sin preguntarse por los costes futuros de ese compromiso, el texto aprobado en el Parlamento autonómico.

Por otra parte, cuando el Estatuto salió del contexto político y entró en el ámbito judicial, Zapatero y la izquierda al completo no tardaron en propagar la idea de que el recurso planteado por el PP era un claro reflejo del agresivo españolismo que, supuestamente, se cuece en la calle Génova. Muchos dijeron entonces que era preciso dar el visto bueno al nuevo ordenamiento por conveniencia política, por ánimo de conciliación, por respeto al sentir arraigado en el pueblo catalán. A nadie pareció preocuparle el cúmulo de despropósitos que recogía el texto ni que éste hubiera sido aprobado en un referéndum por sólo el 36 por ciento de los ciudadanos con derecho a voto. Nadie pareció reparar en que la democracia no sólo está hecha de resultados políticos: también de procedimientos. Muy pocos quisieron darse cuenta de que la abolición del derecho en beneficio de abstracciones como las masas o el pueblo siempre es el primer paso hacia el despotismo, cuando no el germen de las peores pesadillas de la historia.

El error es imperdonable. Porque hay que estar muy ciego para no ver que a fuerza de centrifugar el Estado hace demasiado tiempo que estamos destruyendo la igualdad en derechos y garantías civiles de todos los españoles. Hay que estar muy ciego para no ver que el mayor peligro que amenaza los derechos y libertades plasmados en la democracia de 1978 reside en los nacionalismos que ponen los compromisos identitarios, las raíces imaginarias y las unanimidades coactivas por delante de la racionalidad, por encima de deberes y lealtades sin los cuales el delicado tejido civil de la convivencia se desgarra en una rapiña de privilegios y agravios.

No hay nada ganado firmemente. Todo puede conquistarse, ¡sí!, pero también todo puede quebrarse y rodar por los suelos una vez más. Como recordara Vargas Llosa, en los años sesenta Barcelona era una ciudad cosmopolita y universal; ahora es nacionalista y provinciana. La Ciudad Condal ha pasado del anhelo de libertad del 11 de septiembre de 1977 al despotismo de la tribu de julio de 2010, y quien aplasta la conciencia pública no es ya la bota de un César, sino toda una aristocracia política que confunde la democracia con la ortodoxia sentimental y el patriotismo con la adulación y la unanimidad. ¡Qué triste, qué inquietante! Más de treinta años después de la Constitución de 1978, más de treinta años después del mayor acto de pluralidad y consenso de nuestra historia, volvemos al más odioso, necio y excluyente de los patriotismos.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya es una ignominia histórica contra Catalunya y contra España, en el sentido de los efectos devastadores que pretende infligir en el presente y en el futuro de nuestra sociedad y nuestra historia. Pero esta sentencia es también una ignominia histórica en el sentido de desprecio e ignorancia de la historia colectiva que condujo a la Constitución y un escarnio a la política prudente que, en aquel periodo, desplegaron el rey Juan Carlos y el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para crear una democracia en la que cupieran todos los españoles y todas las culturas y naciones de España.

En el primer sentido de ignominia histórica, la sentencia mutila severamente los derechos políticos, económicos y lingüísticos de Catalunya reconocidos en el Estatut, y rompe el modelo de convivencia política entre Catalunya y España que los ciudadanos de Catalunya hemos respetado a pesar de muchos agravios. Pero, además, la sentencia impide cualquier progreso político y cierra España en la jaula de unas ideologías retrógradas inspiradas en los principios del Estado jacobino de principios del siglo XIX, en vez de abrirla a la mentalidad moderna que necesita.

Si en la Unión Europea llegan a predominar los estados jacobinos, no pasará de ser un ente político incompleto y miserable, pendiente solo de los poderes nacionales y sin ningún peso político, económico y cultural en el mundo. Si la sociedad global acaba dominada por este tipo de estados que imponen sobre los demás su pensamiento y su cultura única, mal llegará una convivencia entre los distintos pueblos. La mentalidad del Tribunal Constitucional y de las fuerzas políticas a las cuales sirve se opone a las tendencias intelectuales y morales del mundo contemporáneo civilizado, que avanzan hacia el diálogo, la comprensión de la alteridad y el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística. Creo que la cerrazón e imprudencia del Tribunal Constitucional quedarán más claras en los argumentos siguientes.

La ignominia del Tribunal Constitucional al no reconocer e ignorar el valor de los hechos históricos de la transición política no por ser más sutil es menos grave. La sentencia y sus argumentos, al no admitir que Catalunya es una nación, reducen la Generalitat a un ente creado por el ordenamiento constitucional, sin ningún fundamento político.

Es en este punto donde la sentencia ignora o desprecia la política que el rey Juan Carlos y el presidente Suárez llevaron a cabo admitiendo el valor histórico del Gobierno de Catalunya. Creo que es importante recordar esta historia: el paso de la dictadura a la democracia, en forma de transición y no de ruptura, no fue fácil. El general Franco, en sus leyes de sucesión, lo había dejado todo «atado y bien atado». La prudencia, el coraje y el sentido político del Rey y del presidente Suárez, de sus colaboradores y de muchos políticos y ciudadanos encauzaron la transición. Suárez resolvió con astucia problemas tan importantes como el reconocimiento del Partido Comunista de España, por lo que fue tildado de traidor (algún magistrado impidió el reconocimiento de Esquerra Republicana de Catalunya antes de las elecciones al Parlamento catalán de 1980).

El restablecimiento de la Generalitat de Catalunya también implicó un enfrentamiento con los odios creados por el franquismo. Sin embargo, se realizó de tal manera que implicaba un reconocimiento de su legitimidad histórica. Las negociaciones de altos representantes del Estado con el president Josep Tarradellas, exiliado desde el final de la guerra civil en Francia, se iniciaron bajo la autoridad del Rey y prosiguieron a principios de julio de 1977, en Madrid, con el presidente Adolfo Suárez y el ministro Rodolfo Martín Villa.

El hecho de que Tarradellas volviera a Catalunya como presidente de la Generalitat provisional significaba el reconocimiento de la legitimidad histórica de la Generalitat. Así lo entendieron los catalanes y los españoles, y este reconocimiento supuso un gran paso en la gobernabilidad de España, tal como ha resaltado con otras palabras en un artículo reciente otro testigo histórico, Carles Sentís.

Este acuerdo importante, junto con muchos otros, que naturalmente no se recogieron en el texto constitucional, constituye lo que se ha llamado el pacto constitucional, que hizo posible la Carta Magna. Este pacto se ha roto con la presentación del recurso contra el Estatut y la sentencia del Tribunal Constitucional.

Creo que este tribunal no podía hacer un peor servicio a la monarquía, a la democracia, a España y a Catalunya. Los que luchamos por la histórica transición monárquica en cuanto implicaba el reconocimiento de la Generalitat y nos esforzamos en fomentar unas buenas relaciones entre Catalunya y España nos sentimos defraudados.

Ahora, la historia está abierta y no dejaremos de mantener nuestras fidelidades ni de esforzarnos para que nuestros sueños sean reales.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) acerca del recurso del PP sobre el Estatuto de Cataluña ha reavivado el fuego -nunca extinguido- de la batalla conceptual que se libra entre quienes sostienen la plurinacionalidad de España y quienes entienden (por enseñar las cartas: entendemos) que esa plurinacionalidad no tiene cabida en nuestro sistema político institucional.

Sin duda, dentro de cada campo hay matices y modulaciones. No es lo mismo ser partidario de lege ferenda de esa plurinacionalidad y propugnar una reforma constitucional en esa dirección, que sostener que esa plurinacionalidad cabe en una lectura abierta del texto constitucional. No es tampoco lo mismo admitir una plurinacionalidad romántica compatible con una Nación española como ámbito exclusivo de soberanía que sostener que caben varias naciones político-jurídicas que tendrían una suerte de soberanía compartida entre ellas.

Lo que me interesa destacar, con previa renuncia a lo que sería un imposible tratamiento exhaustivo de la cuestión con un mínimo de rigor en un espacio como éste, es que estamos ante mucho más que una batalla nominalista o semántica (en el sentido que aplicaba Karl Loewenstein a las Constituciones, no en el lingüístico), estamos ante mucho más que juegos de palabras. Nos jugamos la entraña de nuestro sistema de convivencia. Vamos a ver por qué.

Mi colega Ignacio Sánchez-Cuenca -en estas mismas páginas (¿Quién teme a la nación?, 23 de julio)- podría servir como claro exponente (léase lo de claro en el doble sentido de la nitidez de su planteamiento y la contundencia del mismo) de las tesis favorables al encaje jurídico de la plurinacionalidad en el marco constitucional.

Señala que “mientras no se reconozca hasta sus últimas consecuencias la pluralidad nacional de España y no se instituyan procedimientos razonables para canalizar las demandas nacionalistas, incluyendo la posible demanda de secesión, la cuestión territorial seguirá pendiendo sobre nosotros”. Menos nítido es su pronunciamiento en torno al iter jurídico, aunque da a entender que el TC podría “haber avanzado hacia una interpretación de España como país plurinacional, en la línea que marcaba el Estatuto en su preámbulo”.

En la misma línea sustantiva, aunque con un enfoque más literario y menos preciso, se encuentra la incursión conjunta en el debate de Felipe González y Carme Chacón en defensa de España como nación de naciones (Apuntes sobre Cataluña y España, 26 de julio). A mi juicio, esta expresión o es un mero tropo retórico vacío (el llamado ponderativo hebraico), o, siquiere significar algo desde el plano jurídico-constitucional, solo puede referirse a un pacto federativo entre soberanías nacionales originarias (en la línea teórica del federalismo de Pi y Margall) que es por completo ajeno no solo a la arquitectura sino al espíritu del texto constitucional de 1978.

Hay otras contribuciones significativas al debate, como las de Miquel Roca, Carles Viver, Javier Pérez-Royo o José María Ridao, entre otros muchos, pero creo que lo anterior sintetiza las razones de quienes critican la sentencia desde la perspectiva de su preferencia por una concepción plurinacional de España.

La sentencia interpreta, no lo olvidemos, un texto constitucional que, dentro de las muchas ambigüedades que traen causa del compromiso apócrifo (Miguel Herrero) alcanzado entre los constituyentes para tratar de forma oscura o, cuando menos, abierta aquellos aspectos en que había discrepancias invencibles entre ellos, ofrece claridad bastante sobre el núcleo de la cuestión en el artículo 2, al menos en su primera parte, y, sobre todo, en relación al artículo 1.2 de obligada interpretación sistemática con el 2.

De forma inequívoca la Constitución Española sostiene que la soberanía reside en el pueblo español y fundamenta el propio texto en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

Le podemos dar las vueltas que queramos, pero si la Nación española es una e indisoluble no caben en ella varias naciones ni cabe tampoco en la Constitición mecanismo alguno para su disolución. Esa Nación española no es otra cosa que el Estado-nación que, por soberana decisión del pueblo, da vida a la Constitución Española.

Por ello, la sentencia es contundente -y, a mi juicio, acertada- cuando no solo niega eficacia jurídica interpretativa a las referencias del Preámbulo a la nación y a la realidad nacional catalana, sino que además cierra el camino a cualquier interpretación historicista o de otro género que hiciera derivar el régimen autonómico de cualquier fuente de legitimidad distinta de la propia Constitución Española. Esto es esencial. No hay ni nación, ni realidad nacional, ni derechos históricos jurídicamente eficaces sino en la medida (inexistente respecto a la nación y limitada a la Disposición Adicional Primera de la Constitución respecto a los derechos históricos) en que la propia Constitución lo establezca. Para todo lo demás no hay mecanismo apto distinto del de la reforma de la Constitución.

La cuestión, yendo a esa hipotética reforma, es ahora si tiene sentido y utilidad y en qué perspectiva. La pregunta, sin artificios, sería: ¿no es hora de consagrar alguna desigualdad en el tratamiento de la identidad entre la de aquellos que se sienten Nación y la de aquellos que se conforman con la regionalidad? Bien se comprende que esa diferenciación, si pudiera cerrar una herida social no dejaría de abrir otras, y por tanto habría que preguntarse qué beneficio justificaría semejante coste.

Desde luego, no estoy de acuerdo con Sánchez-Cuenca, que se anima a considerar el derecho a la secesión entre lo abordable: para ese viaje sí que no se necesitan alforjas. Digamos que el instinto tanático casa mal con lo que las Constituciones se supone que persiguen: anclar la convivencia y no lo contrario.

Sin llegar tan lejos, la pregunta acerca de la utilidad de la consagración vía la reforma constitucional de realidades nacionales distintas de la española plantea la cuestión de la viabilidad de un federalismo asimétrico que muchos han propugnado como vía de salida a la supuesta asimetría de la demanda identitaria.

Y mi reflexión es que tal cuestión no es planteable fuera de una revisión de la idea de soberanía originaria única e indivisible que inspira la Constitución Española. Dicho de otro modo: el federalismo asimétrico es federalismo sin adjetivos y el federalismo no encaja en el esquema ni de la Constitución actual ni de una revisión limitada de aquella. Habría que ponerlo todo patas arriba.

Con un elevado coste a mi entender. El federalismo a la carta que se derivaría de esa reforma supone someter a una tensión insoportable las bases de la convivencia. ¿Quién se conformaría con la autonomía de menú del día? ¿Vale la pena reabrir un debate de esta naturaleza? ¿Está el país en condiciones de soportarlo? Mi respuesta es rotundamente negativa, pero es de eso de lo que estamos hablando y no de una palabra de más o de menos en un Estatuto.

Máxime cuando, a mi juicio, no está en juego el nivel de autogobierno, el más elevado que un sistema como el nuestro puede permitir, que la sentencia no toca sustancialmente. Hablamos de otra cosa: de si seguimos siendo el Estado compuesto, diverso y plural que tenemos o lo liquidamos (si se quiere una expresión menos drástica, lo licuamos) en una Federación de naciones. Por el momento.

En relación a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de Catalunya, el abogado Pedro L. Yúfera formula la siguiente demanda:

Hechos:

I. En 1978 se promulgó la Constitución española, como un pacto de todas las fuerzas políticas, que con muchas renuncias y concesiones hizo posible aquel sueño.

Se proclamaba entonces la «indisoluble unidad de la nación española» y «el derecho de las nacionalidades a la autonomía», pero con la voluntad de ir ampliándola con el tiempo.

II. En 1979, el Estatut de autonomía proclamaba el autogobierno de Catalunya, con unos poderes emanados de la Constitución.

Pasados los años, una amplia mayoría de partidos políticos consideran obsoleto aquel Estatut y se sienten fuertes para plantear otro, con mayor grado de autogobierno.

Se inicia un largo recorrido de negociaciones hasta alcanzar un texto, refrendado por el Parlament de Catalunya, las Cortes españolas y el pueblo de Catalunya en referendo.

III. Pero ese nuevo Estatut no nace con el acuerdo unánime de los partidos ni tiene en cuenta determinadas advertencias jurídicas.

Dos recursos de inconstitucionalidad se oponen al logro alcanzado. Sobre uno de ellos, el del Defensor del Pueblo, el TC aún no se ha pronunciado.

IV. El Tribunal Constitucional ha salido, sin duda, tocado. Decisión lentísima y filtraciones consentidas han creado un clima enrarecido y difícil.

Los partidos políticos tienen su responsabilidad. La sustitución de magistrados con su mandato caducado era inaplazable. ¿Sustituir al magistrado fallecido resultaba imposible? ¿Tan difícil era ponerse de acuerdo?

V. Al final llega una sentencia de la que, ajustándose a la letra de la Constitución, nadie se puede considerar ni vencedor ni vencido. Pero se da una gran sensación de frustración por parte de importantes sectores de la población, como demuestra la manifestación del 10 de julio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El TC avala la mayor parte del Estatut si bien declara determinados artículos o parte de ellos inconstitucionales y somete otros a interpretación.

II. Los preámbulos de las normas sirven para interpretar su espíritu. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional mantiene el término nación en el preámbulo, pero elimina su alcance jurídico. Es decir, pone coto a una interpretación extensiva que pudiera hacerse de los preceptos del Estatut.

Coincido con el magistrado del TC Eugeni Gay cuando, en su voto particular, defiende el término nación y la importancia del preámbulo como expresión política, sin que ello implique que sea la propia Constitución y no el preámbulo el fundamento del autogobierno de Catalunya. Se advierte, además, un innecesario resquemor por parte del tribunal a la hora de respetar algunos sentimientos.

III. La normalización lingüística, que hasta ahora apenas planteaba problemas, puede quedar afectada, aunque se mantiene el modelo de inmersión en la enseñanza y se acepta que el legislador tome medidas para evitar desequilibrios.

IV. Considera que el Consell de Garanties Estatutàries debe mantener, como hasta ahora, su carácter consultivo y no vinculante para evitar el bloqueo del Parlament.

V. Algunas cuestiones declaradas inconstitucionales (poder judicial, financiación…) pueden ser reguladas mediante leyes orgánicas que puedan modificarse más sencillamente y sobre cuyo contenido el Tribunal Constitucional, llegado el caso, pueda pronunciarse.

VI. Elimina el carácter exclusivo del Síndic de Greuges, para no limitar las competencias del Defensor del Pueblo.

VII. Consagra la provincia como entidad local frente a las vegueries, sin perjuicio de que puedan llegar a sustituirlas.

VIII. En las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas, la sentencia mantiene el status quo existente hasta ahora señalando que la Generalitat tiene plenas competencias siempre y cuando no afecten a materias de ámbito estatal.

En resumen, mucho esfuerzo para quedarnos un poco como antes, aunque haya habido algunos avances importantes. La sentencia se refiere varias veces a la posibilidad de desarrollar las competencias que se reclaman de forma más sencilla mediante leyes a valorar en su momento. Es decir, lo que quiere evitar el tribunal es que quede como norma inamovible una cuestión que pueda implicar una intromisión en las competencias estatales.

A la ciudadanía solicito:

Aceptemos que se abre una nueva etapa. La sentencia no cierra ningún camino. No caigamos en el victimismo, pero tampoco en el conformismo. Rechacemos la confrontación y la crispación. No admitamos como verdades incuestionables lo que no son más que argumentos políticos, de la tendencia que sea.

Planteemos, entre todos, un debate serio sobre la Constitución que queremos. No hay nada inamovible e incluso con la actual podemos tener un marco más amplio. Seamos todos comprensivos y generosos. Recuperemos el espíritu de 1978.

Y los colegios profesionales, y la sociedad civil en general, que participe sin tomar partido, uniendo fuerzas para debatir, para ofrecer soluciones, para compartir y poder buscar, entre todos, una sociedad más lógica y más justa.

Final de etapa es lo que marca la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. El Gobierno ha intentado minimizar su alcance con expresiones voluntaristas y la oposición ha moderado sus reacciones en atención a la futura competición electoral catalana.

Pero ambas posiciones -teñidas de tacticismo inevitable- ignoran lo que el fallo del tribunal tiene de “punto final” en un doble registro: el fundamento constitucional del llamado Estado de las autonomías y la posibilidad de una relación más armónica entre el sistema político español y el sistema político catalán.

En el primer registro, expertos juristas señalan que la sentencia desfigura una de las innovaciones clave del Estado de las autonomías. El Tribunal había sostenido hasta ahora que el fundamento de la definición del autogobierno residía en el llamado “bloque de la constitucionalidad” configurado por la interpretación conjunta de la Constitución y de los estatutos de autonomía.

De este tratamiento combinado nacían los perfiles del autogobierno de cada comunidad autónoma y a él recurría el Tribunal cuando se le pedía solventar alguna controversia. No parece que sea así en la nueva sentencia. Sería ahora la interpretación libérrima y autónoma de la Constitución que el Tribunal desarrolle la que determine el alcance del autogobierno.

En esta nueva tesitura, los estatutos pierden su rango en el “bloque de la constitucionalidad”, equiparados o sometidos a las leyes orgánicas e incluso ordinarias del Estado. Se acabaría así con una especificidad distintiva del Estado de las autonomías frente a otras formas de estado regional.

Muy poco recorrido queda, por tanto, para quienes apostaron por un encaje más satisfactorio entre el sistema político español y el sistema catalán dentro del actual marco constitucional. Porque la sentencia no sólo esteriliza a fondo cualquier potencial federalizante atribuido al acuerdo constitucional de 1978, sino que encierra este acuerdo en límites más estrechos de los asumidos hasta hoy.

En estas condiciones y en el resbaladizo terreno de los pronósticos, se abren interrogantes de respuesta comprometida. ¿Es probable que en menos de dos años -lo que queda teóricamente de legislatura- pueda acometerse una reforma de leyes orgánicas y ordinarias que restaure el contenido material del Estatuto invalidado o precarizado por la sentencia? A la vista del panorama parlamentario, parece poco probable. Más a medio plazo, ¿hay indicios en la opinión española que dejen entrever el cambio de cultura política necesario para emprender una reforma constitucional, sea de tono federal o parafederal? Con los datos disponibles, no es previsible a medio plazo este imprescindible cambio de cultura.

Respecto de la opinión catalana, la corriente favorable a una desvinculación drástica del sistema estatal español gana fuerza, por discutible que sea su magnitud. ¿Con ímpetu suficiente para convertirse en hegemónica a medio plazo y alcanzar sus objetivos? No me lo parece porque cada vez será más elevado el coste marginal de su expansión.

A partir de estas respuestas y sea cual fuere el resultado de las próximas elecciones catalanas y españolas, el recorrido futuro solo promete más inestabilidad. Se expresará formalmente en una mayor conflictividad jurídico-institucional. El carácter interpretativo de buena parte de la sentencia abre la puerta no a reducir la litigiosidad constitucional, sino a multiplicarla. En lo político, se enquistará el desacuerdo sobre reglas básicas del sistema político español y de su eventual articulación con el sistema catalán. A un lado, la mayoría de la opinión pública española, probablemente bien interpretada por la sentencia del Tribunal. Al otro lado, la mayoría de la opinión pública catalana que aspira desde hace tiempo a modificar el statu quo y que comparte el deseo de cambio aunque sea con propuestas diferentes. Es una mayoría sólida, reflejada en su representación parlamentaria y en las encuestas que acompañaron el proceso estatutario, pese a que haya quienes se empeñan en ignorarlas por desconocimiento o por prejuicio.

Si ambas mayorías siguen aferrándose -como ha hecho el Tribunal- a la vieja ecuación decimonónica de “a cada Estado, una sola nación y a cada nación, un solo Estado”, se impedirá suturar esta vieja divisoria o cleavage de la realidad española. Seguirá, pues, la desazón, el resentimiento y la irritación de unos y otros, con daño grave para la legitimación del sistema político en su conjunto.

Ante un panorama tan poco estimulante, ¿cabe avanzar -desde España y desde Cataluña- hacia las posiciones de un constitucionalismo postnacionalista y postsoberanista que apunta tímidamente en el espacio europeo? ¿Puede repetirse el ejercicio de imaginación político-constitucional que significó en 1978 el estado de las autonomías? ¿Está disponible la generación de políticos, juristas y creadores de opinión que asuma este desafío? Cuesta detectarla. Pero si se renuncia a intentarlo, el final de etapa marcado por la sentencia dará paso a un recorrido mucho más accidentado todavía que el vivido en los últimos años.

La principal objeción a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán es que no reconoce la «singularidad» de Cataluña en el Estado español. Gran ofensa, que permite decir a sus críticos que la sentencia niega el carácter plural de dicho Estado. O sea, que, aparte de injuriosa, es anticonstitucional. Lo que nos faltaba.

Curiosa palabra ésa de «singular». Por singular se entiende algo «único», distinto a los demás, e implícitamente, superior. Estamos ante otra variante del viejo «hecho diferencial» invocado por todos los nacionalismos internos españoles. Donde empieza la falacia. Todos los individuos somos diferentes. Incluso los hermanos gemelos lo son, al ser la «singularidad» uno de los rasgos más característicos del género humano. No somos hormigas, ni abejas, ni ovejas. Somos seres con rasgos particulares, empezando por las huellas y terminando por el carácter. Otro tanto ocurre con nuestras sociedades. Que España está formada por comunidades distintas no lo niega nadie y lo acreditan los chistes regionales. Pero eso ocurre en cualquier país. Un prusiano es muy distinto a un bávaro, lo que no impide a ambos considerarse alemanes. Incluso se dan casos de cruce de personalidades. «Hay españoles-prusianos, como hay alemanes-latinos», declaraba hace poco en España el que fuera durante muchos años presidente de las Cámaras alemanas, Peter Moser. Del mismo modo, hay catalanes muy flamencos y andaluces muy sosos, ahí tienen a Montilla. Quiero decir que la singularidad es un concepto lingüísticamente gaseoso y políticamente torticero. Si todos somos diferentes, nadie en realidad lo es. Y si me invocan la lengua como elemento diferencial de una nación, ¿qué hacemos con la India donde se hablan 300, le negamos el estatuto de nación? ¿Y con Suiza, donde hay tres lenguas oficiales, pero ningún idioma suizo? Con la lengua está ocurriendo la misma maniobra de distracción y embeleco que con el resto de la estrategia nacionalista: que siendo un instrumento de aproximación y entendimiento entre los humanos, la han convertido en elemento diferenciador y arrojadizo.

Pero lo que quita toda validez a las quejas nacionalistas es que esa singularidad que reclaman se la niegan a los demás. Como los demás se resisten a ser menos, se entabla una carrera parecida la de los galgos y la liebre mecánica en los velódromos: todos los españoles quieren ser y tener tanto como los catalanes, pero los catalanes rechazan que el resto tenga y sea como ellos. El resultado de esta carrera de «diferencias» es fácil de prever: la licuación del Estado, después de haber gasificado la Nación común. La cosa va incluso más lejos y esos nacionalistas que acusan el Tribunal Constitucional de negar la pluralidad de España, niegan la pluralidad en su territorio. No voy a referirme a las diferencias entre Gerona y Tarragona o entre Lérida y Barcelona, que hay más de las que se cree, sino al hecho de que ese nuevo y kilométrico Estatuto es un auténtico enrejado por el que se regula toda la vida catalana, desde la energía a la publicidad, pasando por los servicios, las comunicaciones, el cine, los alimentos, los servicios, el nombre de los establecimientos y los anuncios de sus escaparates. Sólo le falta disponer un nuevo sistema de pesas y medidas. Es como Cataluña, hasta hace poco una de las comunidades españolas más abiertas, va convirtiéndose en un reducto regido por lo que sus nacionalistas autoricen. El pluralismo que el Estado permite a las Autonomías, se niega dentro de las Autonomías con aspiraciones de nación y Estado. Lo que tampoco debe extrañar ya que, a estas alturas, el nacionalismo es una fuerza cerrada, retrógrada, incluso opresiva si se le permite. Es decir que estamos en las antípodas no ya de la Constitución española del 78, sino del concepto de nación propugnado por la Revolución Francesa, que según acaba de recordar el profesor Ovejero Lucas, de la Universidad de Barcelona, figura en la tumba de Marat. «Unidad, Indivisibilidad de la República, Libertad, Igualdad, Fraternidad». Lemas que los nacionalistas actuales no respetan ni uno.

De ahí que la diatriba de Durán Lleida, «la sentencia (del TC) ha sido el acto más separador de los últimos 35 años», sea tan demagoga como falsa. ¿Quiénes son los separadores, señor Durán, los que quieren títulos y atribuciones distintos a los de los demás o los que, concediendo a Cataluña una de las mayores autonomías que se gozan hoy en Europa, se limitan a señalar los límites que la Constitución marca a cualquier autonomía? Eso que usted, y otros como usted, propugnan no es nacionalismo constitucional, sino divisionismo diferenciador, como advirtió Ortega durante el debate sobre el Estatuto catalán en las Cortes de la República. Diferenciador y anti igualitario, me atrevo a añadir por mi parte.

Aunque tampoco hay que echar toda la culpa a los nacionalistas. La actitud del PSOE en el contencioso ha sido, en el mejor de los casos, equívoca, en el peor, suicida. En vez de admitir que el problema surgió de la promesa de conceder lo que no estaba en sus atribuciones (El «Os daré lo que me pidáis» de ZP), cuando la bomba les estalló en sus manos, lo único que han hecho es echar la culpa al PP. Ya sabemos que el ataque es la mejor defensa, pero cuando están en juego los fundamentos del Estado, no valen subterfugios, pues podemos volarlo. Echar la culpa al PP de la revuelta catalana contra la sentencia del Tribunal Constitucional por haber elevado recurso contra el Estatutindica una cortedad de miras y unos recursos arteros que asustan. Pues da a entender que preferirían tener un Estatuto catalán anticonstitucional aceptable a aquellos nacionalistas a otro constitucional que les moleste. Las promesas de Zapatero de intentar soslayar esa inconstitucionalidad por decreto no hacen más que confirmar esa felonía. A no ser que se trate de otra de sus promesas, es decir, que no piense cumplirla.

No está, sin embargo, solo. Felipe González y Carme Chacón acaban de publicar un largo artículo en el que aseguran que «el problema sigue estando en la resistencia del PP a reconocer la diversidad de España». No es que el PP sea totalmente inocente en el asunto, y que procure no volar puentes con los nacionalistas demuestra que se plantea un día no lejano gobernar con ellos. Cuando hoy sabemos de sobra que los nacionalistas se niegan a reconocer la pluralidad tanto del resto de España como en su territorio, es decir, son los principales anticonstitucionalistas, contra lo que dicen González y Chacón.

Lo que significa que el verdadero problema puede ser un PSOE que si en los años 30 del pasado siglo no fue capaz de decidirse entre revolución o democracia, hoy no se decide entre España como Nación, como Nación de naciones, como Estado federal, como Estado confederal o como todo ello junto. Y si nuestro partido más antiguo, que además nos gobierna, no es capaz de decidirse sobre asunto tan importante, tenemos un gran problema. No voy a decir tan grande como el de los años 30 del pasado siglo, pero casi.

Volviendo a lo que les decía al principio, no se puede invocar la singularidad negándosela a los demás, como hacen los nacionalistas, ni se puede jugar con la esencia del Estado, como hace el PSOE. Nada de extraño que los españoles huyan, no importa adónde, para olvidar lo que dejan detrás. Lo malo es que se lo encontrarán a la vuelta.

Nada refleja mejor la maraña que ha envuelto al tema del Estatut que el interminable debate sobre la condición nacional de Cataluña, reconocida en su preámbulo. Por ello, hace meses que la oposición de un notable constitucionalista disipó la posibilidad de un acuerdo “progresista” sobre el conjunto del texto, y ahora la sentencia corta el nudo gordiano pronunciando una obviedad, pues no otra cosa es advertir que una declaración incluida en un preámbulo carece de efectos normativos, con un añadido que lía un poco más las cosas al acentuar los perfiles de dicha restricción. Curiosamente, si abandonamos la polémica y regresamos al polémico texto, las sombras desaparecen.

Los redactores del Estatut describían una situación real, indiscutible, de afirmación por el Parlamento catalán en nombre de una mayoría de los catalanes, en el sentido de que Cataluña es una nación. La siguiente frase parecía anunciar un refrendo infundado del reconocimiento constitucional de dicha propuesta, pero a continuación la ambigüedad se desvanecía al advertir que tal reconocimiento por la Constitución de la “realidad nacional” se da en cuanto nacionalidad. La jerarquía entre nación y nacionalidad quedaba establecida así desde el mismo preámbulo, sin necesidad de proceder a una reafirmación tajante de la nación única, la española, con el consiguiente efecto de desafío. Un guante que como vemos está siendo recogido.

No importa si el PP resulta o no desautorizado. Cuenta ante todo la imbricación de los contenidos jurídico-políticos de la sentencia con el estado colectivo de irritación, impulsado por los líderes políticos y de opinión en la sociedad catalana. Derecho Constitucional y análisis psicológico-social han de conjugarse si aspiramos a un balance ponderado. Esta exigencia es tanto mayor cuanto que en todo el proceso la incomprensible tardanza, los cuatro años de espera por parte del Tribunal Constitucional (TC), se han convertido en un poderoso estímulo para la radicalización de las posiciones y para el desprestigio del ordenamiento constitucional español. Resulta erróneo estimar que el contenido jurídico de la sentencia pueda mantenerse inmunizado ante la contaminación de ese ambiente malsano de espera interminable y perniciosas filtraciones. Los tejemanejes en torno al TC han proporcionado un argumento inmejorable a aquellos dispuestos a descalificar toda decisión que no sea el visto bueno in toto para el texto de 2006.

Claro que eso no es todo. La situación recuerda las negociaciones en el 68 de los dirigentes checos apresados en Moscú con Brezhnev y su séquito. Por norma, en toda negociación entre partidos hermanos había que aprobar una declaración común, y los soviéticos presentaron el suyo. Solo que cada vez que la comisión checa les llevaba propuestas de modificación, los soviéticos las rechazaban sin mirarlas. En el caso catalán, la historia se repite: la menor alteración del texto originario resulta una afrenta. Toda opinión discordante, un atentado contra la democracia catalana desde el centralismo español. Un escenario sumamente peligroso para todos, salvo para los independentistas catalanes, que tuvo su origen en la insensata proclamación por Zapatero del ámbito catalán de decisión en noviembre de 2003. De ahí surgió una legitimidad para el ejercicio de un poder constituyente catalán, que las Cortes de Madrid convalidarían, como así hicieron, sin que las exigencias derivables de la Constitución española debieran ser tenidas en cuenta. La simple existencia de un Tribunal Constitucional se volvía intolerable ante su posible aceptación de eventuales recursos. Zapatero dijo que tocaba a los catalanes decidir y al Gobierno socialista de Madrid convalidar. La manifestación del día 10 llevó por lema Nosaltres decidím! Lógico.

En contra de tantas críticas recibidas, tal vez la sentencia aprobada se encuentre entre las mejores posibles. Aplicando el lema fortiter in re, suaviter in modo, renuncia a seguir la vía sugerida por el recurso del PP de múltiples anulaciones de artículos del Estatut para centrarse en la reconducción de aspectos esenciales. No se trata de que la sentencia apruebe o niegue la constitucionalidad del Estatut, sino de que elimina las aristas, incluso al precio de incurrir en alguna ambigüedad (el catalán, lengua vehicular) hasta convertir al Estatut, mediante un número reducido de anulaciones y uno mayor de reinterpretaciones, en una norma constitucional. La primacía constitucional sobre un estatuto no podía ser discutida, y no lo ha sido, con un inteligente giro al convertir la bilateralidad en cooperación. El vértice del poder judicial es estatal, así como la primacía en la regulación de competencias compartidas; la promoción del catalán no puede llevar a la subalternidad del castellano; el privilegio en la financiación estatal resulta corregido; la disponibilidad lingüística excluye todo atentado a la paridad de las lenguas.

Demasiado, por si no bastase la afrenta de tocar lo intocable. Pero el problema es de fondo y remite al secular desfase de Cataluña respecto de la trayectoria histórica española. La conclusión para los manifestantes es bien simple: “Constitución española, ¿para qué?”. Es tiempo de releer La pell de brau, La piel de toro, de Salvador Espríu, asumiendo que solo hay un camino para reencontrar la fraternidad perdida: Escolta Sepharad, els homes no poden ser si no son lliures. Y libertad implica derecho y renuncia a la demagogia.

Es muy frecuente leer y escuchar estos días que la sentencia del TC sobre el Estatut es una sentencia política. Nada más erróneo: sus argumentaciones – por supuesto discutibles, ahí está algún valioso voto particular-están fundadas en estrictos razonamientos jurídicos. Más todavía, precisamente la resolución del TC ha sido tan negativa para las intenciones de quienes propusieron el Estatut desde Catalunya porque algunas de las bases jurídicas en las que se sustentaba su texto eran, desde el punto de vista del derecho, insostenibles. En este artículo intentaremos analizar someramente algunas de las más significativas.

Previamente, dejemos sentado que el Tribunal Constitucional, al pronunciar su sentencia, ha tenido en cuenta algo que es común en las jurisdicciones de ese género: el máximo respeto al legislador en virtud del principio de conservación de las leyes, principio derivado, sobre todo, de su presunción de constitucionalidad dada la legitimidad democrática de los parlamentos, es decir, de los órganos que las aprueban. El fallo del tribunal, declarando nulos tan sólo catorce preceptos estatutarios y delimitando el significado de muchos más al reducir el ámbito de su interpretación legítima, demuestra la preocupación del Constitucional por demostrar este respeto al legislador.

Ahora bien, los errores jurídicos de fondo, que son transversales a todo el extenso articulado del Estatut, han constituido una barrera insalvable para el tribunal y vía directa de nulidad, vía colateral de interpretación conforme, lo han dejado literalmente desarbolado o, simplemente, desactivado, en muchos de sus aspectos fundamentales. ¿Cuáles son estos errores jurídicos de fondo?

El primer error parte de una base obviamente equivocada: que la Constitución de 1978 está formada, simplemente, por las palabras del texto que se aprobó en aquel año. Con ello se olvida algo fundamental: que nuestra Constitución es una norma cuyo contenido debe desenvolverse dentro del marco que establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ignorar el valor de esta jurisprudencia comporta un serio riesgo de que el tribunal, si no encuentra razonable cambiar de doctrina, declare inconstitucional la norma que la infringe. Esto es lo que ha sucedido con el Estatut.

Desde el principio fue evidente que el contenido del Estatut, en muchos aspectos, resultaba contradictorio con la jurisprudencia del Constitucional. Seguramente, se esperaba que los magistrados cambiaran esta jurisprudencia, de ahí las múltiples presiones que han soportado. La desilusión final de los juristas catalanes que han asesorado técnicamente a los autores del Estatut se ha producido al comprobar que no han conseguido tal finalidad. Al contrario, la mayor parte de las nulidades o “interpretaciones conformes” de las normas estatutarias tiene como fundamento la autoridad de una doctrina constitucional constante y bien asentada, por tanto, muy difícilmente modificable. No tener en cuenta esta doctrina ha sido una imprudencia.

El segundo error ha sido partir de una concepción equivocada de lo que es un estatuto de autonomía. El hecho de que la jurisprudencia constitucional sostenga, con fundadas razones, que se trata de una ley que forma parte del bloque de la constitucionalidad, no significa que los estatutos estén en una posición jerárquica cuasi constitucional. La concepción “bloque de la constitucionalidad” sólo tiene un contenido procesal, derivado de la lógica constitucional y reconocido en el artículo 28.1 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero ello no puede dar lugar a consecuencias que no sean de esta naturaleza, es decir, consecuencias procesales.

Los estatutos, además, son normas territoriales que, como es lógico, generan efectos jurídicos únicamente en sus comunidades autónomas respectivas. Pues bien, de manera poco sensata el Estatut ha pretendido, por un lado, limitar las competencias del Estado en Catalunya, competencias que al Estado le otorga la propia Constitución; y, por otro lado, el Estatut ha pretendido también vincular la actuación de los órganos del Estado, algo que está fuera de su cometido no sólo porque su ámbito está limitado jurídicamente al territorio de Catalunya, sino también por razones de simple lógica: si estas facultades las tuviera nuestro Estatut, los demás estatutos podrían igualmente tenerlas, es decir, también podrían limitar y vincular a los poderes estatales. En ese caso, ¿cuál de los estatutos sería preferente, a quién deberían hacer caso los órganos del Estado? En fin, los autores del Estatut no sólo no han entendido el principio de división de poderes, sino que, además, ni siquiera se han comportado con sentido común.

Sostener que el tribunal, como se dice, ha dictado una sentencia contra Catalunya, es un puro disparate si creemos en un Estado de derecho. Pedir que el TC, dadas las circunstancias políticas del caso, debía obviar posibles inconstitucionalidades y declararlo todo conforme a la Constitución es incitar a cometer un delito de prevaricación. Todo es más sencillo. El TC ha cumplido, al fin, con su único deber: defender la Constitución mediante argumentos jurídicos.

De cuanto ocurrió hace ahora un par de semanas en el Debate sobre el estado de la Nación, lo más relevante para el futuro de la legislatura es la interpretación que el presidente del Gobierno hizo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán.

Lo que José Luis Rodríguez Zapatero vino a decir con ocasión de su réplica al portavoz de CiU, Duran i Lleida, fue que para su propia fortuna, y también para la de los nacionalistas, la sentencia le ha devuelto al Gobierno la misma mercancía que ya había vendido a los nacionalistas en forma de Estatuto para que se la vuelva a vender en forma de leyes autonómicas o nacionales -que a su vez el Partido Popular habrá de recurrir una a una, si es que quiere hacerlo-.

Sabíamos que Zapatero se había quedado sin dinero para comprar voluntades y sabíamos que ahora tendría que pagar en especie. Ahora sabemos que esa especie será el contenido del Estatut, pero en forma de leyes debidamente administradas, puesto que, a su juicio, lo que el Tribunal Constitucional ha rechazado es que se «petrifique» por vía estatutaria lo que el Gobierno y los nacionalistas desean, pero no ha rechazado que se lleve esa misma pretensión a la mera ley. Eso será lo que permitirá al Gobierno abrir una vía de negociación con los nacionalistas catalanes y también con los vascos.

El Alto Tribunal -se viene a decir- ha declarado que el modo correcto de inaplicar la Constitución es la ley y no el Estatuto, porque ese acto, para ser legítimo, debe ser reversible por una nueva mayoría parlamentaria ordinaria. Zapatero parece creer que la Carta Magna puede ser suspendida en la parte que quiera la mayoría y mientras dure su mandato, siempre que no se petrifique irreversiblemente esa suspensión y se permita reactivar la parte inaplicada cuando gane la minoría, si es que lo hace alguna vez. Y -como le dijo a Duran i Lleida en el mencionado Debate sobre el estado de la Nación, en el Congreso-, como es imposible que el Partido Popular gane las elecciones en Cataluña, el efecto real del nuevo procedimiento será en realidad el mismo que si se hubiera validado todo el Estatut.

Probablemente, el discurso socialista se centrará entonces en denunciar a bombo y platillo que el PP no acata la sentencia cuando se opone a las leyes y las recurre, y que pretende oponerse a la voluntad de los catalanes cuando ya está claro que ahora sí se expresa en el producto parlamentario debido (una ley catalana o nacional) y que ya no lo hace en un producto indebido (un Estatuto). Obviamente eso será, otra vez, una agresión contra Cataluña y no un intento casi heroico de preservar el valor político de la palabra dada por los catalanes con motivo de la aprobación de su Constitución, la española de 1978, que no podría ser española si no fuera la de todos.

Lo que conviene aclarar -y ése, entre otros, debe ser el trabajo del Partido Popular, que no va a poder mantener una actitud elusiva en esta cuestión ni debe hacerlo, porque con esta novedad interpretativa lo previsible es un acuerdo socialista con CiU en el Parlamento catalán y en el Parlamento nacional-, lo que conviene aclarar, insisto, es que la sentencia no sólo rechaza el continente (un Estatuto), también rechaza el contenido: la vulneración de los derechos individuales y del orden institucional mismo, que es indisponible para cualquier mayoría.

Ni siquiera de manera transitoria, como pretende Zapatero, que hace de este hecho, la transitoriedad y la no petrificación, la clave de todo este asunto, el obstáculo que hay que salvar, cuando en realidad el problema no es que se petrifique o no la vulneración de la Constitución, sino la vulneración en sí.

Conviene empezar a razonar con un poco de orden sobre todo esto ante la opinión pública y dejar claro que los derechos que están en vigor no son sólo los de quienes ganan las elecciones, sino los de todos; toda la Constitución está en vigor siempre para todos, no selectivamente según quién gane o pierda las elecciones.

Vencer en las urnas no equivale a ganar el poder constituyente, o una especie de poder destituyente contra los demás, sino ganar el poder constituido. Nada menos. Pero nada más.

Todo esto viene a confirmar que la crítica al Estatuto no debió centrarse en su día, ni debe centrarse ahora, en el ámbito de decisión (si sólo deciden los españoles catalanes o si decidimos todos), sino en el hecho de que ninguna mayoría puede decidir anular a una minoría que respeta el sistema, ni de manera transitoria; tampoco puede inaplicar una parte de la Constitución, aunque no le guste.

No sólo hay que rechazar el Estatuto como mayoría española sino también y principalmente como minoría catalana. Conceptos estos de mayoría y de minoría que sólo tienen sentido cuando se refieren a un orden institucional que fija el marco común de convivencia y las reglas del juego: con esa condición se acepta ser minoría, sin ella no. Fuera de ese contexto, esas expresiones carecen de sentido jurídico-político.

Esto debe darnos la oportunidad de explicar y de poner en valor la poderosa y, al mismo tiempo, sencilla teoría y práctica del Estado democrático liberal, que es contra lo que va a seguir atentando el Gobierno. Una vez más, Zapatero exhibe una minuciosa incapacidad para comprender el concepto de «Constitución de todos», la idea de consenso y de norma común. En su lugar comienza a alzarse la idea de una «Constitución de Constituciones», es decir, la Constitución no como consenso sino como yuxtaposición de «miniconstituciones» de partido, como una taracea de imposible cumplimiento pleno y simultáneo, sólo aplicable por trozos, por turnos y según territorios.

Es, en suma, el error de confundir el consenso con el sectarismo multidireccional, expresión del cual se pretende ahora que sea la Constitución de 1978. Es exactamente el mismo error que lleva a creer y a explicar en el BOE que los dos bandos de la Guerra Civil juntos son España entera, cuando sólo son España hecha pedazos.

Obviamente, entre el consenso constitucional como rechazo al sectarismo y el sectarismo por turnos según quién gana las elecciones hay una distancia moral que el Gobierno parece incapaz de medir. La Constitución no es la consagración del sectarismo multidireccional, sino la erradicación del sectarismo. No se respeta la Constitución cuando se respeta el derecho del Partido Popular a ser sectario cuando gane, sino cuando se rechaza siempre el sectarismo, también el que se dirige contra los populares.

En el fondo, y en el orden práctico, lo que el presidente Rodríguez Zapatero va a hacer con la ley y con la Constitución es lo mismo que ha hecho con el dinero: dejar a deber. Va a legislar dejando para más adelante el coste de su legislación, cuando el Partido Popular recurra y el Tribunal Constitucional se pronuncie. Para entonces, habrá hecho líquido el activo electoral de su nueva aventura y habrá generado un pasivo institucional pavoroso que él tampoco pagará.

El tratamiento de la lengua catalana es uno de los aspectos más sensibles del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cuando se publicó el fallo del Tribunal Constitucional, muchos partidarios del Estatuto respiraron aliviados: de la extensa regulación lingüística solo el uso “preferente” del catalán en las Administraciones públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña merecía la declaración de nulidad. Pero el alivio no duró, porque el texto de la sentencia no solo invalida importantes aspiraciones catalanas en esta materia sino que plantea sonoras dudas sobre un modelo lingüístico escolar considerado vital para el conocimiento y uso del catalán.

Una de las principales novedades del Estatuto era la introducción del deber de conocer el catalán. Por obra y arte de la “interpretación conforme”, el TC salva la literalidad del artículo que introduce ese deber pero viene a declarar nulo su sentido original. En nombre de la igualdad de derechos y deberes lingüísticos, el legislador catalán pretendía imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente al que rige para el castellano. Pues bien: el TC declara que bajo esa interpretación el artículo en cuestión sería inconstitucional y nulo.

Otra de las novedades del Estatuto catalán era la introducción del derecho de los ciudadanos a relacionarse en catalán con los órganos constitucionales y los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal. En nombre de la igualdad de derechos y deberes lingüísticos, el legislador catalán pretendía otorgar al catalán la cualidad de medio de comunicación jurídicamente válido entre los ciudadanos de Cataluña y los órganos mencionados. Ante esta posibilidad el TC es tajante: bajo esa interpretación, el artículo correspondiente sería contrario a la Constitución.

Una tercera novedad del Estatuto era la introducción del derecho de los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial que elijan en su condición de usuarios o consumidores, con el consiguiente deber de “disponibilidad lingüística”. En este punto, el TC no puede evitar la exhibición de su gran plumero. Por un lado, asegura que habrá que examinar en qué términos se regula legislativamente el deber de disponibilidad lingüística, pero al mismo tiempo zanja el asunto salvando una vez más la literalidad del texto pero invalidando su sentido original.

Hasta aquí hemos podido ver que ninguna de las tres novedades lingüísticas estatutarias supera el filtro constitucional con el sentido que quiso imprimirle el legislador catalán. Pero eso no es nada comparado con el estropicio que el TC introduce en la regulación lingüística del sistema educativo, un ámbito en el que el legislador catalán se limitaba a elevar a rango estatutario la legislación catalana.

Los que respiraron aliviados al ver que el fallo no anulaba la declaración del catalán como “la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza” tuvieron un gran susto al leer la sentencia. En 1994 el TC estableció la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el catalán sea el “centro de gravedad”, con el límite de que “ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente”. Más allá de la controvertible cuestión de si es constitucionalmente obligado o sociolingüísti-camente deseable que una o más materias se impartan en castellano dentro de un modelo en que el catalán es el centro de gravedad, lo que hace ahora el TC es flirtear con un modelo diferente.

El legislador catalán cometió un gran error en el planteamiento de la cuestión lingüística. Su plausible lógica de equiparar los derechos y deberes lingüísticos asociados a las dos lenguas oficiales quedó severamente dañada con la introducción del derecho a recibir la enseñanza en catalán (pero no en castellano), una disposición por lo demás vacua dado que el catalán es la lengua de la enseñanza. Y he aquí que ahora el TC le hace pagar ese error con un buen trabucazo: salva el derecho a recibir la enseñanza en catalán pero lo interpreta “en el sentido de que no impide el libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”.

¿Estamos ante un llamado a reformar el vigente modelo “de conjunción lingüística”? ¿O es una apuesta por un sistema separatista electivo? En su voto particular, Rodríguez Arribas no lo duda: desde ahora, “no será jurídicamente posible impedir que cualquier ciudadano en Cataluña pueda elegir que la enseñanza de sus hijos se produzca en cualquiera de las dos lenguas oficiales”. Si la “interpretación de la interpretación” que se impone es esta, el TC no solo habrá frenado en seco aspiraciones razonables del legislador catalán, sino que reabrirá un contencioso que ya estaba sellado, con efectos potencialmente explosivos.

Distintos actores han afirmado que después de la sentencia es la hora de la política. ¿Con quién hay que negociar? ¿Con el mismo líder que se ha declarado satisfecho con la sentencia? ¿Con el que impulsó el recurso de inconstitucionalidad? Una cosa es segura: para este viaje estatutario no hacían falta tantas alforjas. Los líderes políticos catalanes pueden haber sido inconscientes al lanzar su propuesta de un nuevo Estatuto. Pero ahora tienen detrás una sociedad que está empezando a pensar en serio que las sendas estatutarias ya no son su camino.

Cataluña es hoy uno de los sujetos políticos no estatales, llamados naciones sin Estado, con mayor nivel de autogobierno de toda Europa, gracias a la Constitución española de 1978 y a los Estatutos de Autonomía de 1979 y 2006.

El camino recorrido por nuestra democracia ha ido superando dos resistencias. La de los centralistas, que consideran el proceso como un debilitamiento de la nación española y una afrenta al castellano. Y la de los separatistas, que presentan los avances como un engaño y magnifican cualquier fricción como ofensas a Cataluña.

La Constitución y los Estatutos, como el bloque institucional básico que asegura tanto la articulación de España como la cohesión interna de Cataluña, han sido las normas que mayor apoyo social han alcanzado nunca en Cataluña. Son las normas que permiten la convivencia de identidades diversas en un mismo espacio y con las mismas reglas de ciudadanía.

Una amplia mayoría de catalanes compatibiliza su identidad catalana y española, sin considerarlas excluyentes, con un acento mayor o menor en cada una de ellas.

En esta perspectiva ha de entenderse el proceso de tramitación del Estatut de 2006 y la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero esta merece algunas consideraciones:

- Los votos particulares que respaldan la impugnación del PP expresan una visión preconstitucional del Estado. Se niega la noción misma de autogobierno, se cuestiona la inmersión lingüística que cohesiona a Cataluña, se escatima la condición de parte del Estado a la Generalitat, y se llega a desfigurar incluso su nombre. Y, para ello, se invoca como autoridad jurídica y política… la Biblia.

- La sentencia aprobada por la mayoría del TC resulta ambivalente. En su fallo preserva la inmensa mayoría de los preceptos estatutarios y rechaza casi todas las objeciones del recurso del PP. Pero en los fundamentos de la sentencia se refleja un desconocimiento de la diversidad catalana en la realidad española. Usa expresiones ofensivas: ciudadanía catalana como “una especie de subgénero de la ciudadanía española”; injustificada primacía natural de cualquier norma estatal, u obsesión injustificada por la indisoluble unidad de la nación española.

- Si a ello se unen las dilaciones, la obstrucción intencionada de su renovación por parte del PP, o la recusación de algún miembro, se entiende perfectamente que la sentencia del TC, mucho más que el fallo, produjera indignación y rechazo en sectores amplios de la sociedad catalana.

En rigor, los efectos jurídicos del fallo sobre la realidad del Estatuto son pequeños. No solo por la extensión del texto afectado -un solo artículo e incisos de párrafos de 13 artículos sobre 238-, sino también porque la práctica totalidad sigue en vigor, y podrá ser desarrollado con la misma normalidad jurídica y política con la que se ha hecho en los cuatro años transcurridos.

El fallo consagra y constitucionaliza el mayor nivel de autogobierno alcanzado; reconoce derechos propios a los ciudadanos de Cataluña, y todas las competencias que el Parlament había propuesto. Reconoce los derechos históricos, el estatuto lingüístico, la bilateralidad en las relaciones con el Gobierno central y convalida el sistema de financiación y la organización territorial propia de Cataluña. Por tanto, mayor autogobierno institucional y de fuentes del derecho.

El problema no radica, pues, en la Constitución, que se ha revelado por más de tres décadas como un texto incluyente de la diversidad y ha permitido el desarrollo de un proceso federalizador en la configuración del Estado de las Autonomías, aunque no estuviera contemplado en su letra. Tampoco radica en este Estatut, a pesar de las insidiosas campañas del Partido Popular sobre la ruptura de España o el tutelaje de ETA. Estos cuatro años de desarrollo sin fricciones lo demuestran.

El problema sigue estando en la resistencia del PP a reconocer la diversidad de España y en la obstinación de los sectores catalanes que magnifican las fricciones y minimizan los avances históricos que hemos vivido. Y radica también en la falta de energía de quienes desde Cataluña y desde el resto de España apostamos por la vía del entendimiento y rechazamos tanto el camino de la imposición uniformadora como el de la separación.

El malestar que predomina en Cataluña se observa con extrañeza en el resto de España. Como ya sucedió con la aprobación del nuevo sistema de financiación, un 5% de problemas ensombrecen el 95% de avances y soluciones.

Las responsabilidades políticas de esta situación están repartidas, aunque en distintas proporciones. Todas las fuerzas políticas incurrimos en oportunismos. Pero los más responsables de la situación son los que, tras perder la votación sobre el Estatut en las Cámaras y en el referéndum, decidieron recurrirlo al Constitucional, para pasar a continuación a bloquear su renovación, a torpedear su composición y a presionarlo. También tienen grave responsabilidad quienes se excluyeron del consenso del Estatut y ahora se rasgan las vestiduras reivindicando la misma norma que rechazaron. Eso sí, proponen como mágica solución la independencia con argumentos que combinan la apelación a las emociones -especialmente las negativas- con la invocación de un grosero cálculo económico cada vez más distante de las tradiciones progresistas y más cercano a los postulados de la Liga Norte italiana.

Tras la manifestación de Barcelona, ya ha habido quien ha proclamado sin más que la vía del autogobierno está superada, sin tener en cuenta la pluralidad de opciones que animaban tanto a los asistentes como a los no asistentes. Sin embargo, la vía del autogobierno, como la de la Constitución, es la única con plena vigencia.

Lo que ha caducado es la composición del Tribunal Constitucional. Por eso urge su cambio, que aliviará la pesadumbre que produce la lectura de las 800 páginas de esta sentencia y que nos lleva a añorar los tribunales presididos por García Pelayo, Tomás y Valiente o Cruz Villalón.

Cuando se disipe la espuma y se observe con serenidad la situación, se comprobará que no hay un antes y un después. La historia de las relaciones entre Cataluña y España, con encuentros y desencuentros, es una realidad multisecular, cuyo devenir hay que medirlo en unidades de tiempo más amplias que los incidentes de recorrido. Y en esta relación se reiteran las posiciones abiertas desde el siglo XIX.

- La de quienes se identifican con una historia única, con una sola lengua, en una España uniforme. Apoyan la involución que preconiza el PP y sus medios, azuzando el desencuentro, y ahora miran para otro lado esperando que la tempestad amaine.

- La de los que nunca han aceptado un espacio público compartido con España; la del lamento independentista y soberanista que exagera y amplifica los agravios y, cuando no existen, los inventa.

- Las de quienes no confundimos el griterío anticatalanista de los centralistas con España, igual que distinguimos entre una minoría estridente de catalanes y Cataluña; los que pensamos que esta sentencia no es la Constitución; los convencidos de que la fuerza de España está en su diversidad, en la potencia del autogobierno, de la federalización inserta en el marco normativo que nos dimos. Es el camino de la mayoría de catalanes y españoles.

Lo conseguido hasta ahora, convivir en paz y libertad sin renunciar a lo que somos ni a lo que queremos ser, es lo que importa, a pesar de quienes se empeñan en atizar el enfrentamiento. Nuestro reto no se limita a restituir los preceptos del Estatut objetados que pueden recuperarse. Va más allá. Debemos demostrar que estos 30 años de convivencia y autogobierno no han sido un paréntesis, sino el inicio de una nueva etapa; hemos de poner de manifiesto que la Constitución de 1978 fue punto de encuentro y de partida; que la concepción de España como “Nación de naciones” nos fortalece a todos. Que no hay ninguna razón para rechazar la diversidad identitaria que caracteriza a España como una nación política y cultural, no como un mero armazón jurídico. Este reto exige perseverancia y energía, porque implica trabajar sobre una materia que no son solo preceptos legales, son emociones y sentimientos de pertenencia. Pero en este reto nos jugamos la convivencia libre, democrática, en paz.

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Les contesta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura (EL PAÍS, 06/10/10): ¿Cuántas naciones en la Nación de naciones?

Son muchas las reflexiones que suscita la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que zanja, por fin, el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ha llegado la hora del análisis sosegado de su texto, con el corolario no menor de los votos particulares. Ello aconseja limitar la atención al punto que cada cual considere más relevante o más cercano al propio horizonte. El mío es, hoy, el del poder judicial.

Cuando Montesquieu, en El espíritu de las leyes, declara que, de los tres poderes del Estado, el de juzgar es «de alguna manera, nulo», está reconociendo que la centralidad del Estado se reserva a los dos poderes políticos, por naturaleza, el legislativo y el ejecutivo. Para los jueces solo queda un espacio, más o menos holgado, materialmente burocrático o administrativo y, por ende, sometido o condicionado por aquellos poderes.

Sin embargo, si nos trasladamos a nuestro actual Estado de Derecho, esa construcción teórica, aunque conserve de hecho algún predicamento, es jurídicamente impropia. En España, uno de los rasgos definidores de nuestro marco democrático es la garantía de independencia efectiva de quienes, por administrar justicia, integran el poder judicial. Un poder que se asienta en el principio de unidad jurisdiccional «base de la organización y funcionamiento de los Tribunales» (art. 117.5 CE). Al servicio de esa independencia y de esa unidad, nuestra Norma Fundamental reconoce la función integradora del Tribunal Supremo (art. 23.1 CE) y crea el Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE), órgano político de gobierno, y no de mera administración, de un poder que no acaba de superar su vieja posición de dependencia o tutela material por los otros poderes, singularmente el poder ejecutivo, en el doble nivel, central y autonómico; este segundo, al amparo de la original categoría de la denominada «administración de la Administración de Justicia».

A pesar de esta debilidad congénita, el poder judicial se configura como la garantía capital del principio constitucional de legalidad, indisociable de los de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE). De esa garantía depende, de modo sustantivo, la unidad del ordenamiento jurídico del Estado, asentado en los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (art. 1.1 CE). Jueces y tribunales son, además, garantes del sistema de fuentes que da vida a ese ordenamiento, complementado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (art. 1 CC).

En ese horizonte incide el Tribunal Constitucional con esta importante sentencia, que cumple la función de ser el espejo que nos descubre el rostro del poder invocado. De su doctrina vamos a extraer algunas consideraciones, deliberadamente ajenas al legítimo debate político.

La primera consideración es que, felizmente, el Tribunal Constitucional ha sido consciente de la relevancia institucional que acompaña al poder judicial en cualquier Estado de Derecho, digno de este nombre. La invocación que se hace del principio de unidad, y de la «indebida territorialización» de aquel, marca un límite, normativo y organizativo, a mi juicio, infranqueable. Por si cabía alguna duda, se afirma que, en el Estado autonómico, «su diversidad funcional y orgánica no alcanza en ningún caso a la jurisdicción». La función jurisdiccional, se añade, «es siempre, y solo, una función del Estado».

En relación con los órganos propios de las comunidades autónomas, tal como aparecen recogidos en el art. 152.1 CE, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma no es un órgano autonómico, «sino del Estado en el territorio de aquella», debiendo ajustarse, en todo caso, a «los procedimientos establecidos en las leyes» (art. 38.2 EAC), que solo pueden ser las del Estado.

No cabe tampoco limitar la intervención del Tribunal Supremo a la unificación de doctrina, afirmación casi tautológica que, fruto de la reiterada técnica de la interpretación conforme, pretende salvar en este punto la constitucionalidad del Estatuto. El tiempo dirá si esa vía de subsanación es suficiente.

Lo más significativo del recorte que el Tribunal Constitucional introduce en el Estatuto se refiere al denominado «Consejo de Justicia de Cataluña», calificado por el Estatuto (art. 97 EAC) como «órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña», cuya actuación se pretende en cuanto «órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial». El Tribunal Constitucional afirma la posición de este como único órgano de gobierno, sujeto a la reserva material de la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 122.2 CE). Lo que sorprende es que el Alto Tribunal siga ofreciendo, para compensar la inconstitucionalidad del órgano fallido, «eventuales fórmulas de desconcentración» que, no siendo constitucionalmente imprescindibles, quedan a la «libertad de decisión del legislador orgánico». La sorpresa del lector es difícil de superar porque, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, estamos ante un órgano político y no estrictamente administrativo, al que no son de aplicación los principios contenidos en el art. 12.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; precepto que debe cohonestarse con la aplicación del principio de desconcentración al ámbito de la Administración Pública ordinaria, según la propia Constitución (art. 103 CE). De acuerdo con la doctrina al uso, la desconcentración, calificada por el maestro Rivero como una medida de centralización, tiene lugar entre órganos de una misma persona jurídica, a diferencia de la descentralización, que parte de la concurrencia de personas jurídicas distintas; algo que, en puridad lógica, se deduce de lo previsto sobre composición, atribuciones y control de actos del Consejo catalán, según el propio Estatuto recurrido (arts. 98, 99 y 100 EAC).

Cabe temer que, si se persiste en el error, la desconcentración se ofrezca o se pretenda como sucedáneo político de la descentralización, algo reiteradamente denunciado por la propia doctrina, que suele advertir del riesgo de conflictos institucionales si se interfiere una posible avocación (art. 14 Ley 30/1992). Para evitar un mal uso de la técnica jurídica, debe recordarse que ya el Libro Blanco de la Justicia, aprobado en 1997 por el propio Consejo General del Poder Judicial, se cerraba con una propuesta de ejercicio de las potestades de gobierno del Poder Judicial «de forma desconcentrada en aquellas materias que, por referirse al gobierno interno de los jueces y tribunales, puedan asumir las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, en todo caso, subordinadas al Consejo General del Poder Judicial». Esta es, a mi juicio, una alternativa más correcta, porque no se aparta de las premisas materiales que definen la desconcentración.

En consecuencia, hablar hoy de un poder judicial gobernado en Cataluña por un Consejo de Justicia propio y ajustado al principio de desconcentración puede resultar, por jurídicamente equívoco e inadecuado, un ejercicio de nominalismo grandilocuente.

Pues sí, dice el 47% de los catalanes según el sondeo del Instituto Noxa para La Vanguardia realizado tras la manifestación multitudinaria para afirmar el derecho a decidir como nación. Pues no, sostiene el 36%. Nunca el sentimiento independentista había alcanzado un tal nivel. “Bueno”, dicen los escéptico-realistas, “¿y qué?”. ¿Adónde lleva esta exacerbación nacionalista? ¿Y cómo podrían conseguir la independencia? Este realismo ramplón olvida dónde germinan los cambios sociales: en las mentes de las personas. La psicología política y la experiencia histórica coinciden en señalar que cuando una mayoría social piensa algo contrario a lo proclamado en los frontispicios institucionales y cuando este pensar se hace práctica, son las instituciones las que cambian. Ciertamente, hay resistencia al cambio, frecuentemente mediante represión. Pero si el cambio mental y social es profundo, el cambio institucional acaba teniendo lugar, en tiempos y formas que varían según los intereses en juego. En Quebec, al final se llegó de forma democrática al mantenimiento en Canadá, pero con un alto nivel de autogobierno, tras haber puesto a voto la independencia. En Escocia, de momento gobierna el partido independentista. En Bélgica se considera inevitable la separación de Flandes, poniendo finaun reino unitario binacional que precisamente alberga la capital de Europa.

Pero aquí, ya andamos recordando el artículo 8 y advirtiendo que la sacrosanta Constitución (inteligente arquitectura de compromisos hecha para ser cambiada) es tan intocable como la España eterna de esencias mesetarias. Así las cosas, la cuestión de la independencia como objetivo se transforma en la independencia como proceso. Y teniendo en cuenta el arraigado pacifismo de la ciudadanía catalana, aun en condición de rauxa por el pisoteo institucional a su dignidad, la primera expresión de ese independentismo social se podría dar en el sistema político catalán. Las consecuencias más claras son la nueva hegemonía de Convergència (en menor medida de Unió) y la crisis del proyecto del PSC como partido bisagra entre socialismo catalanista y socialismo nacionalista español. Esto conlleva a la liquidación del tripartito en condiciones más tristes de las que en realidad mereció la experiencia. El independentismo populista de Laporta no despega (aunque puede cambiar si se radicalizan las posturas) y la esperanza del independentismo razonable que era ERC se diluye en el momento clave en luchas internas y maniobras florentinas sólo comprensibles para los iniciados. E incluso Iniciativa, siempre buena gente, no se decide a entrar de lleno en la lucha por la autodeterminación. Así, parece que Artur Mas tendrá la responsabilidad de canalizar institucionalmente el vuelco ideológico producido en Catalunya. Su tarea no será fácil, porque hay dos peligros. Primero, una fractura ideológica en Catalunya si se radicaliza el españolismo de un sector minoritario pero amplio de la ciudadanía. No sería el 50-50 de Euskadi pero podría llegar a un 60-40 por las personas atemorizadas ante el avance del independentismo. Aquí, el pacto posible con un Montilla mucho más catalanista de lo que se cree disminuiría el riesgo de enfrentamiento civil. El segundo peligro es mayor: utilizar el sentimiento nacional catalán como arma de negociación de autonomía alternativamente con PSOE y PP como se hizoanteriormente. Dicha estrategia fue útil en su momento para obtener mayores cuotas de autogobierno, pero no integra plenamente el sentimiento nacional. Y es que mientras desde las instituciones españolas niegan la especificidad nacional de Catalunya, con anteojos de leguleyos que de tanto legajear se olvidaron de mirar a la sociedad, lo que se ha planteado en la conciencia colectiva es el derecho a ser quien se cree ser y decidir lo que se quiere ser. Esta afirmación nacional no se trapichea en los pasillos de una política desprestigiada.¿Y entonces? Aquí hay que recurrir a lecciones de la historia y la geografía en situaciones similares. En último término, lo que ocurre en la sociedad civil es lo que decide la suerte de los procesos de cambio, siempre empujando, y a veces desbordando, los cauces institucionales. Por eso las entidades cívicas convocantes de la manifestación del 10-J se enfrentaron al intento de las instituciones de liderar el cortejo.

Un anuncio de los tiempos venideros: o los partidos e instituciones se suman a esa movilización de la sociedad civil, articulándola institucionalmente, o se verán superados por ella. ¿Con qué objetivos? No tiene sentido hablar de programa de independencia, porque si se plantea sería el resultado de un proceso. Lo inmediato es la afirmación del derecho a decidir, o sea, a un referéndum sobre la independencia vinculante en Catalunya con formas de negociación con el Estado español mediante una reforma de la Constitución. Pero la oposición del Estado español será durísima. Y ahí es donde el proceso se complica, porque, bloqueadas las vías institucionales, sólo queda la desobediencia civil.

Se habla estos días en Barcelona de pagar los impuestos en una cuenta propia de Catalunya sustrayéndolos al Estado español, de bloquear el Parlamento español en votos clave mediante la ausencia en bloque de los diputados catalanes, de cursar miles de querellas legales contra las decisiones de la administración central, de boicotear la prensa de Madrid que miente sobre Catalunya, de boicotear Iberia, y otras formas imaginativas de expresar la determinación pacífica de los catalanes de que a las malas no van a poder con ellos. Porque no es sólo una cuestión de identidad sino de bienestar económico y social, como Flandes en Bélgica. Catalunya sabe que puede ser, en el marco europeo, un país productivo y competitivo hoy lastrado por una España montada, en buena medida, en una economía especulativa de la finanza y el ladrillo, eslabón débil de la economía europea. La necesaria solidaridad económica y social de Catalunya hacia una España en crisis requiere como contrapartida un respeto a valores fundamentales de una nación hoy en día negada y vilipendiada por quienes, en parte, viven a su costa. Así no, señores o señoritos. Pasó el tiempo del ordeno y mando.

La reacción del Tribunal Constitucional (TC) ante el posible carácter nacional de Cataluña no revela sino la inseguridad en sí misma que tiene la nación española, que no ha alcanzado nunca la fuerza suficiente para asimilar completamente a aquellos territorios que han conservado una lengua propia y en los que ha habido demandas de autogobierno desde hace mucho tiempo. Solo por debilidad, o por inseguridad, se entiende el tono categórico con el que despacha el asunto el TC.

Se trata, me parece, de la misma inseguridad que manifiesta el Gobierno español cuando no reconoce al nuevo Estado de Kosovo, en la línea que ha apuntado José Ignacio Torreblanca en varias ocasiones en este periódico. Nuestro Gobierno no se ha dado por enterado de la declaración de independencia de Kosovo, alineándose así con socios tan admirables como Rusia, China y Serbia. Este Gobierno no presta atención a las circunstancias en las que se produjo la secesión: tras una guerra con Serbia y con un apoyo masivo de los propios kosovares. También le ha dado igual que Kosovo haya sido reconocido por Estados Unidos y los principales países de la UE. Puesto que la secesión parecía jurídicamente imposible, Kosovo no existe.

La actitud del PP de Aznar ante el plan Ibarretxe no fue muy distinta: el Gobierno se negó a discutir el plan en el Parlamento y llegó a promover una modificación del Código Penal para castigar con hasta cinco años de cárcel a los convocantes de un referéndum ilegal. Tras la victoria del PSOE, aquella modificación, menos mal, no prosperó; y se le dio la oportunidad a Ibarretxe de defender su plan en el Parlamento, sin que crujieran por ello las junturas del Estado.

Son tres casos de reacción exagerada y contraproducente, fruto de un miedo un tanto irracional a que se ponga sobre la mesa la cuestión de la unidad de España. En la sentencia-mamotreto sobre el Estatuto catalán (más de 800 páginas, un fárrago genuinamente español), se utiliza un lenguaje campanudo y anacrónico para desestimar cualquier posibilidad de que se entienda que Cataluña es una nación en el seno de España.

Recuérdese que todo lo que decía el preámbulo del Estatuto es que “el Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación”. Para no herir susceptibilidades, a continuación se aclaraba que en nuestro ordenamiento constitucional, Cataluña aparece como una “nacionalidad”.

Pues bien, ante una afirmación descriptiva tan escasamente controvertible, que no figura ni siquiera en el articulado, el TC ha sacado la artillería pesada. La doctrina se despliega a través del siguiente razonamiento. La unidad

de la patria es indisoluble. Esa unidad se funda en el titular de la soberanía nacional, el pueblo español que configura la Nación. De ahí que la Nación española se escriba con mayúscula, mientras que la nación catalana se hace con minúscula: únicamente la primera es soberana. Por tanto, la ciudadanía catalana es solo una especie del género “ciudadanía española”, al que no puede (agárrense) “ontológicamente contradecir”. En conclusión, “la Constitución no conoce otra que la Nación española”.

¿Qué es Cataluña entonces? Formalmente, una “nacionalidad”, concepto volador no identificado que solo “conoce” nuestra Constitución, pues ni fuera de la Constitución ni fuera de España se utiliza término tan extraño para designar a la cosa territorial. Con ello queda a salvo la soberanía del pueblo español.

El TC, en un ejercicio de magnanimidad, reconoce, no obstante, que “nación” es un término “extraordinariamente proteico”. Y admite asimismo que si los catalanes se quieren sentir nación, pueden hacerlo como “expresión de una idea perfectamente legítima” en un orden democrático. Pero los catalanes se equivocan si quieren hacérselo saber a la Constitución. La Constitución no quiere oír hablar del asunto. A la Constitución le resbala lo que piensen de sí mismos los catalanes, pues la Constitución solo se interesa por las naciones (atención) “jurídico-constitucionales” y la catalana no tiene esa categoría.

Esta separación entre los dos tipos de naciones es, sin embargo, un tanto artificial. Aunque el TC afirme enfáticamente que solo entiende de naciones “jurídico-constitucionales” (las que se escriben con mayúscula, como la española), en la práctica no puede dejar de admitir la existencia de una nación con minúscula. Así, cuando en el artículo 2 de nuestra Constitución se dice que esta se fundamenta en la nación española, dicha nación no es solamente el ente jurídico-constitucional que crea la Constitución, pues en tal caso no podría ser fundamento de la propia Constitución, sino que es una nación realmente existente, una nación determinada por parámetros históricos, políticos y culturales además de jurídicos.

No se entiende que el TC establezca una separación tan tajante y tan artificial entre la realidad social y la esfera jurídica, pretendiendo la total autonomía de esta con respecto a aquella. Es obvio que no pasaría nada si se acabara admitiendo que la nación española con minúscula engloba a otras naciones con minúscula como la vasca o la catalana, por lo que España es un país plurinacional, un país que debería organizarse políticamente de acuerdo con esa constatación.

Tampoco se entiende que el TC se refugie en una abstracción metafísica como la de la soberanía indivisible de la nación. Resulta extraño que el TC no admita que la soberanía puede ser parcial y compartida. ¿De verdad cabe seguir manteniendo la ficción de la soberanía nacional cuando España pertenece a la Unión Europea? ¿Por qué el TC no ha objetado nunca que la Nación española comparta su soberanía con otras Naciones de los Estados de la UE y en cambio reacciona de forma virulenta cuando se plantea una soberanía compartida dentro de España?

A estas alturas, solo desde una concepción dogmática e idealista del derecho puede defenderse el carácter monolítico y unitario de la Nación. Detrás de ese dogmatismo late un temor profundo a que el reconocimiento nacional de Cataluña pueda suscitar dudas sobre la unidad de España. Sin embargo, el hecho de que la ciudadanía de un territorio constituya una nación no implica que dicha nación se pueda transformar en un Estado propio. En el mundo hay muchas naciones sin Estado y muchos Estados plurinacionales. Y si algún día, por las razones que sean, una mayoría abrumadora de vascos y catalanes quisieran separarse de España, de poco serviría para evitar la secesión alegar que la Constitución no les reconoce soberanía.

Si en lugar de mantenerse en el plano del derecho-ficción, el TC hubiese avanzado hacia una interpretación de España como país plurinacional, en la línea que apuntaba el Estatuto en su preámbulo, se habría dado un paso importante para reconciliar la estructura jurídica del Estado con la realidad española.

Mientras no se reconozca hasta sus últimas consecuencias la pluralidad nacional de España y no se instituyan procedimientos razonables para canalizar las demandas nacionalistas, incluyendo la posible demanda de secesión, la cuestión territorial seguirá pendiendo sobre nosotros. Si no se avanza en esta dirección es porque la nación española sigue siendo una nación llena de inseguridades que no se atreve a asumir la diversidad nacional que, para bien o para mal, tiene en su seno.

Tras la sentencia del TC sobre el Estatut muchos catalanes se preguntan si la Constitución no les permite tener más identidad nacional que la española. Así lo formulaba hace unos días el historiador Borja de Riquer: “¿Por qué la Constitución no puede reconocer un hecho social y político objetivo como es que muchos ciudadanos se sienten nacionalmente catalanes, vascos o gallegos?”.

Mal iríamos si una constitución se inmiscuyera en los sentimientos de las personas: no sería una norma inspirada en los principios liberales y democráticos, no respetaría la libertad ni la autonomía de las personas y vulneraría los más elementales derechos fundamentales. Se trataría de una constitución de cariz totalitario que impondría una ideología en lugar de respetar el libre pensamiento. Por tanto, una Constitución como la nuestra no puede determinar la identidad de los individuos. Los ciudadanos pueden decidir sus propios sentimientos de pertenencia: españoles, catalanes, vascos, andaluces, marroquíes, ecuatorianos, rumanos, chinos y un largo etcétera. O considerarse simples seres humanos sin connotación nacional alguna. Ahora bien, otra cosa es el significado jurídico de las palabras de una ley, en este caso del Estatut. De ahí proviene la confusión, que la sentencia aclara perfectamente.

El término nación tiene dos significados muy distintos: el jurídico y el cultural. En sentido jurídico la nación es un conjunto de personas radicadas en un territorio y reguladas por una ley común que les garantiza los mismos derechos básicos. El vínculo que une a estas personas es, por tanto, la ley que asegura su igual libertad. En esta nación, en el conjunto de sus ciudadanos, reside la soberanía, el poder constituyente que crea y reforma una Constitución. La nación en sentido cultural es de naturaleza muy distinta. También se trata de un conjunto de personas, pero el vínculo que les une no es jurídico, no es una ley, sino que está basado en los sentimientos que les suscitan, entre otros, determinados elementos de carácter histórico, cultural, lingüístico o étnico de la comunidad en la que viven. El vínculo que les une es, por tanto, la identidad personal determinada por tales elementos. Si la nación jurídica es de matriz revolucionaria francesa, la cultural proviene del romanticismo alemán.

En las constituciones progresistas españolas, comenzando por la de Cádiz, el concepto de nación utilizado es el jurídico.

Así es también en la Constitución de 1978: el término nación está en el preámbulo, en el artículo 1 (con sinónimos como “España” o “pueblo español”) y en el art. 2. En la nación española, en el pueblo español, reside la soberanía, el poder constituyente (art. 1.2). También en este art. 2 se menciona a las “nacionalidades y regiones”, a las que se les “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía” que más adelante, en el art. 143, se concreta en aquellos territorios que tengan “características históricas, culturales y económicas comunes”. En consecuencia, junto a la nación en sentido jurídico como sujeto de la soberanía, también se reconocen “nacionalidades y regiones”, a la manera de naciones en sentido cultural, con derecho a la autonomía.

El art. 1 del actual Estatut define a Catalunya como nacionalidad, no como nación: esto es lo que aprobaron Congreso y Senado y fue ratificado en referéndum. Este precepto es prácticamente igual que el del Estatut de 1979. Cierto es que el proyecto de Estatut aprobado por el Parlament catalán definía, en su art. 1, a Catalunya como nación, pero ello fue modificado en el Congreso por una razón obvia: sólo pueden tener autonomía las nacionalidades o regiones y el Estatut que se elaboraba era de “autonomía” no de “soberanía”. Un texto jurídico debe ser claro y las palabras deben ser unívocas, no equívocas: para el sujeto de la autonomía no puede utilizarse un término, el de nación, que sólo corresponde al sujeto de la soberanía.

Por tanto, el tribunal en su reciente sentencia no ha modificado, en este punto, lo que fue aprobado por las Cortes Generales y ratificado en referéndum. Simplemente, ha advertido que la referencia del preámbulo en el que se recuerda que en una ocasión – refiriéndose a la aprobación del proyecto de Estatut-se definió a Catalunya como nación, carece de eficacia jurídica interpretativa. Quienes definieron a Catalunya como nacionalidad y no como nación son, en consecuencia, aquellos que aprobaron el Estatut, no el TC. Y también añade la sentencia que si bien en sentido jurídico-constitucional el concepto de nación sólo puede aplicarse a España, en los demás sentidos – y enumera: “como realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa”-puede hablarse sin límite alguno, dado que estamos en un Estado democrático en el cual cualquier idea puede ser defendida e incluso, mediante reforma constitucional, convertida en realidad jurídica.

Cada uno puede tener, por tanto, el sentimiento nacional que prefiera e, incluso, puede no tener ninguno. Ahora bien, según la Constitución, en la nación española reside la soberanía y las nacionalidades y regiones tienen garantizada la autonomía. Algo, por supuesto, obvio y evidente.

Buena parte de las reacciones a la sentencia sobre el Estatut están cortadas por el mismo patrón, una suerte de argumento hidráulico: hay una realidad que se quiere ignorar, la identidad catalana, a la que si no se le da un reconocimiento político desembocará en la independencia. La falta de respuesta explicaría la indignación de los políticos catalanes y lo razonable sería atender a sus exigencias.

El argumento hidráulico ha sido utilizado por muchos. A veces de manera tramposa. Por ejemplo, no se ve por qué los independentistas deberían mostrase indignados o descontentos si la sentencia nos enfila en la senda de la independencia. O son tontos o son deshonestos. En cualquiera de los dos casos, resulta difícil una discusión ya de por sí complicada dado que a ellos, por definición, el interés general les parece una mala idea. Con todo, vale la pena tasar el argumento porque también ha sido utilizado por políticos comprometidos con el interés general como el presidente de Gobierno, cuando manifiesta su voluntad de reformar las normas para obviar los aspectos declarados inconstitucionales y así dar respuestas a la “exigencias legítimas” de los catalanes.

El argumento tiene dos partes. La primera apela a los hechos. Los políticos catalanes se presentan como portavoces de una realidad que el Estado central se resistiría a reconocer. Una realidad que tiene que ver, sobre todo, con la identidad. El Estatut sería la cristalización política de esa demanda de reconocimiento.

Si hay que tasar esta imagen por su grado de realismo hay que pensar que el guión de la política catalana lo escriben a dos manos Tim Burton y David Lynch, no del todo sobrios. Primero, no había demanda social: según una investigación realizada por una universidad catalana antes de que comenzara este lío, los catalanes éramos de los españoles más satisfechos con nuestra autonomía. Convertido ya el lío en eje de campaña electoral, antes de la victoria de Maragall apenas un 4% consideraba la simple reforma del Estatut como un asunto prioritario. Y el remate: la masiva abstención en el referéndum, a pesar del febril activismo de los medios de comunicación catalanes que, alineados con los poderes políticos y en un no parar hasta hoy mismo, han ahogado cualquier discrepancia bajo la acusación de anticatalanismo. Segundo, es irreal la tesis de la identidad centrada en la lengua, el rovell d’ou del argumento. El desajuste entre la Cataluña real y la oficial asoma por todas las costuras. Una muestra entre mil: la televisión de Barcelona, en aras de la integración de los inmigrantes, mantiene informativos en 20 lenguas, pero no en castellano, la lengua del 61,5% de quienes vivimos en el área metropolitana barcelonesa (el catalán supone un 32%) y, por supuesto, de la inmensa mayoría de los inmigrantes. Tercero: hay una voluntad explícita de escamotear la realidad, como se vio hace apenas un par de meses cuando los votos del Tripartito y CiU en el Parlament vetaron una propuesta de incluir en el censo una pregunta sobre “lenguas de identificación y conocimiento de lenguas de la población de Cataluña”.

En resumen: se oculta la identidad en nombre de la cual se reclama y la reclamación no se corresponde con las demandas de los catalanes, quienes, dicho sea de paso, según las investigaciones serias, manifiestan un sólido y creciente apoyo al llamado pacto constitucional del 78 (por las dudas: Enric Martínez-Herrera y Thomas Milley, The Constitution and the Politics of National Identity in Contemporary Spain, en Nations & Nationalism 2010, 16, 1).

La discusión, en principio, se acabaría aquí. Si la realidad invocada no existe, punto final. Pero hagamos como si no, entre otras cosas porque, a veces, el argumento se sostiene a pulso en el otro pie: hay una demanda política a la que hay que responder. Hay aquí una parte insostenible y otra digna de atención. La primera, la suposición, implícita en la fórmula “aspiraciones legítimas”, de que la existencia de una reclamación impone la de su satisfacción. Aspiraciones hay muchas. Yo, por ejemplo, tengo varias con Scarlett Johansson y, desde luego, los ricos aspiran a no pagar impuestos. En mi caso, les confieso, lo tengo bastante crudo, pero los ricos hacen cuanto pueden, y pueden bastante, para imponer sus exigencias. Ahora bien, su poder no fortalece sus razones. Lo que no cabe es confundir, incluso si cedemos a sus pretensiones, su fuerza con sus razones; dar por santo y bueno lo que es poder desnudo. La legitimidad de las aspiraciones es algo que debe decidir el conjunto de la comunidad política, no solo los afectados. Por eso consideramos justificado emplear recursos en asegurar el derecho a la educación y no el de viajar en una nave espacial.

Y es aquí donde yo coincido con los nacionalistas y con el presidente: hay que dar una respuesta política a la realidad catalana, algo que no le corresponde al Tribunal Constitucional (TC). El TC nos dice si una ley es compatible con los elementales principios democráticos recogidos en la Constitución y como bien saben los nacionalistas les ha dado la razón más veces que se las ha quitado, que sobre eso también hay estudios serios. A eso se limita la tarea del TC. Nada más. Que la política de inmersión sea constitucional, que más bien parece que no, no quiere decir que esté justificada. También serían constitucionales una política de inmersión en castellano, que nadie defiende, y otras como la practicada, sin quiebra social y con excelentes resultados, en Finlandia, y que tanto interesó a las autoridades catalanas hasta que se enteraron de qué iba la cosa: enseñanza en la lengua materna hasta 3º de primaria y, a partir de ahí, cambio progresivo a la segunda lengua, cruzándose con los niños del otro grupo lingüístico hasta acabar con un programa común.

La respuesta política cabal requiere que el conjunto de la comunidad política examine si las exigencias están justificadas, si las aspiraciones son realmente legítimas. Una prueba que no es fácil superar en los asuntos presentes. Por ejemplo, a mí me resulta difícil pensar que la izquierda, y la más elemental sensibilidad democrática, puedan encontrar justificadas las apelaciones a los derechos históricos, a la necesidad de poner límites a la solidaridad o unas políticas lingüísticas que, en un contexto de existencia de una lengua común, tienen consecuencias manifiestamente discriminatorias en el mercado de trabajo, entre los propios catalanes y en el conjunto de los españoles. Pero todo podría ser.

Lo que desde luego no puede ser es que, en un marco democrático, alguien amenace con que si sus exigencias no se aceptan, se marcha, que de esto va la coletilla “no tendremos más remedio” que tantas veces repite Mas y da por buena Montilla. En tal caso, el debate democrático, se ve sustituido por el chantaje y el poder se impone a las razones. Lo que caracteriza a la democracia en su máxima expresión es que nadie puede sustraerse a las decisiones adoptadas por una comunidad de ciudadanos iguales en derechos y libertades. Como todo se confunde, quizá no está de más acordarse del lema completo de la revolución francesa, en sus momentos de mayor fervor democrático y vocación de autogobierno, el que figurará en la tumba de Marat: “Unité, Indivisibilité de la Republique, Liberté, Égalité, Fraternité”. Republicanismo del primer minuto.

De modo que sí, respuesta política. Vamos a discutirlo todo. Desde el principio. Sin suponer que resulta intocable lo que nos ha traído hasta aquí, que la concesión a los nacionalistas es un camino de vía única que tendrá una estación término, sin dejarse intimidar por los ejercicios de pirotecnia y las bravatas.

No hay que engañarse, les parece mal esta sentencia como les parecería mal cualquier otra. Algo deberíamos saber ya a estas alturas: la estrategia de contentar sin pedir razones que valgan para todos es la peor de todas. Política en serio, no entre pueblos, sino entre ciudadanos libres e iguales, que pueden y deben opinar de todo en todas partes.

Escribí en estas mismas páginas que no veía motivo justificado para secundar la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Lo dije entonces a la vista del fallo y a la espera de conocer los fundamentos jurídicos. El TC decidió hacer públicos sus argumentos 24 horas antes de la manifestación y ello se interpretó al unísono en Catalunya como una intolerable provocación. Inmediatamente, empezaron a circular informaciones muy parciales sobre sus efectos castradores sobre la lengua, la financiación, las competencias, la bilateralidad, etcétera, que generaron sucesivas olas de indignación ciudadana y alentaron una asistencia multitudinaria a la protesta.

Por unas horas me arrepentí de haberme pronunciado tan alegremente. Tenía la sensación de quedarme fuera de la historia, a diferencia de aquel 11 de septiembre de 1977, cuando, con 10 años, acompañando a mis padres, tomé conciencia de la realidad nacional de Catalunya. Estuve incluso tentado de asistir. No me pareció prudente por diversas razones, pero sobre todo por una: ¿cómo se podía juzgar tan negativamente una cosa sin conocerla a fondo? Seguí a ratos la manifestación por los diversos canales públicos que la retransmitieron al minuto. Se dieron cifras de participación imposibles, pero, sin duda, fue un éxito rotundo, sobre todo del independentismo, que capitalizó la protesta. Me pareció escandaloso que el presidente de la Generalitat tuviera que abandonar la manifestación, aunque fuese ya al final, al ser increpado peligrosamente por radicales. Pero se presentó tan grave hecho como una anécdota. El fin de semana no resultó apto para hipertensos: ganó la Roja y las calles de nuestras ciudades se llenaron entonces de banderas españolas. Curioso contrapunto a la hegemonía discursiva del soberanismo. El lunes me lancé a leer los cientos de folios de la sentencia dispuesto a modificar mi juicio y a callar para siempre si estaba equivocado.

He leído con detalle los fundamentos jurídicos que sustentan el fallo y mi conclusión es inequívoca: la sentencia supone un claro aval a la constitucionalidad del Estatut. Coincido plenamente con Miguel Azpitarte en su artículo en EL PERIÓDICO del pasado jueves: la ruta de mejora del autogobierno permanece firme. La verdad irá abriéndose camino poco a poco. Ni el Estatut rompía España ni tampoco ahora es verdad que la sentencia se cargue el pacto de 1978. Frente a los muchos disparates interesados que se han dicho estas semanas, el informe del Govern concluye afirmando que la inmersión lingüística y la financiación están a salvo. El nuevo Estatut supone, además, avances muy sustanciales en el deber de conocer el catalán, entre otras muchas cosas. Ante artículos dudosos, la sentencia busca siempre la interpretación más acorde con la propuesta del abogado del Estado y las instituciones catalanas. En diversas ocasiones se descalifica la poca consistencia jurídica de los recurrentes. El PP sale con un fuerte tirón de orejas. Es cierto que en el preámbulo se impuso el sector conservador con el apoyo del díscolo doctrinario Manuel Aragón. Pura retórica que en nada modifica la constitucionalidad del texto. ¡Huyamos, por favor, de la metafísica!

Por lo demás, los recortes reales, seamos sinceros, son muy poca cosa. Hay que recordar que el PP había impugnado 136 artículos, de los cuales sólo uno se anula, 13 de forma muy parcial (significativamente con el voto de todos los magistrados) y 27 quedan condicionados a una lectura que mayormente clarifica dudas de procedimiento. Lo poco perdido se puede recuperar políticamente: Zapatero está dispuesto a ello. Por eso no salgo de mi asombro. Inexplicablemente, se ha regalado una victoria al PP. La regresión sale fortalecida por culpa de la torpeza del catalanismo, por otro lado más desunido que nunca. Nuestra psicología colectiva, propensa a sentirnos más cómodos en la derrota, tal vez nos haya jugado una mala pasada. Solo hay que mirar lo que dijo cierta prensa neocentralista los días posteriores al fallo. Desde el 10-J saborean la indignación catalana, mientras aquí otros se suman frívolamente a la idea de la secesión sin pensar en la fractura probable de la sociedad catalana. Me resulta incomprensible que ciertos intelectuales progres den por muerto el federalismo.

Otra cosa es que los ciudadanos de a pie no entiendan que unos jueces toquen ni siquiera una coma de un texto votado en referendo. Tienen toda la razón. Pero era previsible que, habiéndose suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad, el Estatut acabaría en el TC. Es ilógico, pero nadie lo advirtió en su momento. Por eso, a la vista de una sentencia favorable, se impone la razón práctica: de nada sirve alimentar la hoguera de los sentimientos heridos. El presidente Montilla, habiendo defendido a capa y espada la integridad del Estatut, debe ahora retomar su mejor política apelando a los hechos, a las realidades. De lo contrario, Catalunya se encamina hacia un viaje a ninguna parte. El catalanismo ha de volver a ser maduro. Y eso pasa por ser capaces de hacer una lectura positiva de la sentencia. Razones no faltan.

No es tarea fácil evaluar, sin excesivos tecnicismos y en unas pocas cuartillas, los efectos jurídicos de la sentencia sobre el Estatuto catalán. Se corre el riesgo cierto de perder los matices, tan importantes en estos casos. Sin embargo, creo que quienes participamos en su momento en el proceso estatutario tenemos un deber cívico de correr ese riesgo. Mi intención aquí es la de ser lo más descriptivo posible, evitando entrar en valoraciones políticas y en críticas jurídicas de la sentencia.

En relación con lo que hemos dado en llamar aspectos identitarios, la sentencia viene a concluir que el Estatuto no puede aplicar a Cataluña los términos nación y realidad nacional, ya que desde una perspectiva jurídica la Constitución sólo admite una Nación, la española. No declara formalmente la inconstitucionalidad de esos incisos ya que están en el preámbulo, pero les niega efectos interpretativos respecto del resto de artículos y, en concreto, respecto de los símbolos “nacionales”, obligando a entender este adjetivo como símbolos de una “nacionalidad”, no de una nación. Declara constitucionales las referencias al “pueblo catalán” como origen del poder, a la “ciudadanía catalana” y a los “derechos históricos”, ya que puede interpretarse que estos conceptos no son sinónimo de ninguna fundamentación del poder de la Generalitat al margen de la Constitución. La sentencia cierra cualquier posible interpretación expansiva que pudiera estar implícita en la referencia a los derechos históricos (que, según declara, nada tienen que ver con los del País Vasco o Navarra). Los efectos jurídico-prácticos de estas interpretaciones son muy limitados; lo serían también, al menos a corto plazo, aunque se interpretase que el Estatuto había querido transitar por la vía, ciertamente no explicitada, de los derechos históricos de los territorios forales.

En cuanto a la lengua, la sentencia deja intacta la regulación del catalán en el ámbito de la enseñanza y su carácter de lengua vehicular preferente, aunque no única. Respecto de la lengua de las Administraciones catalanas y de sus medios de comunicación declara que el Estatuto no puede imponer el uso preferente del catalán, como sí hacía la Ley de política lingüística vigente, aunque inmediatamente admite que el legislador ordinario podrá dar ese trato preferente a cualquiera de las dos lenguas oficiales para “corregir situaciones históricas de desequilibrio”. Más allá de las críticas que pudiera merecer ese planteamiento, en la práctica no va a exigir ningún cambio significativo, aunque puede ser un semillero de conflictos. Tampoco se reconoce el deber general de conocer el catalán. Aquí se rompe clamorosamente la igualdad entre las lenguas oficiales que según la propia sentencia debería presidir la regulación estatutaria. Esto significa que si un ciudadano alega desconocimiento del catalán, las comunicaciones que los poderes públicos le dirijan en esta lengua carecen de efectos y además, añade la sentencia, no puede imponérsele la obligación de pedir a la Administración que les dirija las comunicaciones en castellano. Esto parecería llevar a la exigencia de que todas las comunicaciones fueran bilingües; sin embargo, la sentencia afirma que pueden hacerse en una única lengua siempre que se arbitren “mecanismos” para que quienes prefieren la comunicación en castellano puedan obtenerla sin que el mecanismo para conseguirlo les suponga una carga. Aquí deberá verse qué se entiende por carga en este contexto y deberá ponerse imaginación para hacer compatible el uso del catalán con la ausencia de cargas individuales. Por último, el legislador que regule la obligación de empresas y establecimientos de atender en cualquiera de las dos lenguas, según parece decir la sentencia, deberá hacerlo en función de los tipos de establecimiento -no es lo mismo una gran empresa que una empresa familiar- y sin exigir que todos los dependientes hablen las dos lenguas. Igualmente, parece reconocer la constitucionalidad del derecho a dirigirse en catalán a los órganos constitucionales del Estado y a los Tribunales Constitucional y Supremo, aunque corresponde al legislador estatal concretar su alcance y contenido.

Frente a lo que sostenía un importante sector doctrinal, la sentencia reconoce, más claramente que en sentencias anteriores, la posibilidad de establecer en el Estatuto derechos y deberes.

En el ámbito de las instituciones de autogobierno solo resultan afectados dos incisos: el carácter vinculante para el Parlament de los dictámenes del Consejo de Garantías relacionados con los derechos estatutarios y la exclusividad de la función supervisora del Síndic de Greuges en relación con la Administración autonómica, que deberá compartir con el Defensor del Pueblo, aunque, adviértase bien, sólo cuando afecte a derechos constitucionales, no a derechos estatutarios.

En relación con el Poder Judicial la sentencia, contra lo que parecía ser también la opinión general, admite que los Estatutos puedan contener preceptos en los que se haga referencia a cuestiones como las relativas a las competencias de los órganos judiciales, aunque con importantes limitaciones y siempre que remitan su concreción a las leyes orgánicas estatales. Esta regla sólo se excepciona respecto del Consejo de Justicia, posiblemente por su mayor detalle. El razonamiento es tortuoso, porque parece partir de la idea de que el Consejo diseñado por el Estatuto es un órgano de la Generalidad, cuando claramente no es así y porque en algún momento parece confundir el Consejo General del Poder Judicial con el pleno de ese Consejo. Sin embargo, lo relevante es que finalmente no se niega la posibilidad de que si la ley Orgánica quiere se establezca un órgano territorial desconcentrado del Consejo General en Cataluña.

No merece tacha de inconstitucionalidad ninguno de los preceptos relativos a la acción exterior de la Generalidad y a sus relaciones con el Estado, las demás CC AA y la UE. Con una excepción significativa: los mandatos dirigidos al legislador estatal para que incorpore a varias decenas de organismos o personas elegidas con la participación de la Generalidad, no sólo han quedado reducidos a meras recomendaciones que no vinculan a ese legislador, sino que esta participación no puede producirse en los órganos decisorios de estos organismos. La pérdida es significativa.

Sin embargo, los efectos más negativos se producen en lo tocante a las competencias. En el Estatuto se pretendía, en primer lugar, ampliar el contenido material de las competencias exclusivas y asegurar al máximo que en estos ámbitos no penetraría el Estado a través de sus competencias. La idea que subyacía a esta configuración estatutaria era la de que las Cortes Generales reconocían que para asegurar los intereses generales del Estado no tenían necesidad de extender sus competencias, especialmente las básicas y “transversales”, a los ámbitos declarados exclusivos de la Generalidad. La sentencia salva en apariencia la exclusividad pero advierte que ésta no puede impedir que el Estado pueda penetrar en esos ámbitos declarados exclusivos, ya que, y aquí está una de las claves de toda la sentencia, alterando su jurisprudencia anterior declara que los Estatutos no pueden contribuir a delimitar el contenido y alcance de las competencias, ni estatales ni autonómicas: corresponde en exclusiva a la Constitución y al propio TC.

La sentencia, en relación a esa jurisprudencia precedente, degrada la función constitucional de los Estatutos como normas integradas en el bloque de constitucionalidad. Sobre esta cuestión los teóricos vamos a seguir discutiendo largamente, aunque es cierto que el TC que tiene la última palabra ya ha hablado. Y conviene destacar que esa “ingeniería constitucional”, que ahora tanto se critica del Estatuto, fue admitida pacíficamente en 2007 por la doctrina del TC sentada en la sentencia del Estatuto valenciano; algo debe haber ocurrido desde entonces.

El Estatuto pretendía también acotar el alcance de las bases. La sentencia suscita aquí alguna perplejidad. En primer lugar reitera la doctrina de que las bases estatales pueden contenerse no sólo en leyes, sino también en reglamentos e incluso en actos meramente ejecutivos -autorizaciones, licencias…- y pueden tener el detalle que el legislador estatal considere conveniente. En aplicación de esta doctrina declara inconstitucionales dos incisos del precepto estatutario correspondiente; sin embargo, lo que queda del artículo tras esta amputación permite deducir que las bases deben contenerse en disposiciones, no en actos de ejecución, y que esas disposiciones deben ser únicamente un marco que debe permitir concreciones y desarrollo, es decir no pueden ser de detalle. Veremos cómo se resuelve en la práctica esta contradicción. Finalmente el Estatuto pretendía incorporar a las competencias ejecutivas la posibilidad de que la Generalitat pudiera dictar reglamentos dotados de efectos más allá de los puramente de organización interna. Aunque la sentencia emplea expresiones ciertamente abiertas al referirse a esta cuestión, será difícil argumentar que en ellas caben los reglamentos dotados de efectos “externos”.

Naturalmente, las drásticas limitaciones impuestas por la sentencia a las “definiciones” de las competencias tienen repercusión directa en los 60 artículos que regulan las competencias concretas de la Generalitat. En suma, puede concluirse que la sentencia desactiva prácticamente todas las novedades que pretendía introducir el Estatuto en este ámbito. La situación tras la sentencia será la misma que existía antes de aprobarse el texto estatutario (salvando algunas competencias nuevas y las potestades de participación en ciertas decisiones estatales). Es decir, la delimitación de las competencias continuará quedando en la práctica a la libre disposición del legislador estatal ordinario con el único control del Tribunal que ejercerá utilizando como único parámetro para enjuiciar las decisiones estatales el texto abierto de la Constitución.

En relación con el sistema de financiación sucede algo parecido a las competencias. La sentencia declara respecto de una buena parte de sus preceptos (desde los que establecen los porcentajes que corresponden a la Generalitat en cada uno de los impuestos cedidos hasta las inversiones que deben hacerse en infraestructuras) que su contenido no vincula al legislador estatal. Serían algo así como meros compromisos políticos. Parece que para la sentencia, el Estatuto no es fruto de un pacto entre el Estado y la Generalitat sino una norma autonómica que unilateralmente pretende imponer obligaciones al Estado.

En este caso la mayoría de las leyes que deben desarrollar estos compromisos se han dictado ya o están en tramitación con lo que, más allá del debate de si en ellos se recoge fielmente lo previsto en el Estatuto, podría afirmarse que van a ser escasos los efectos prácticos inmediatos de la interpretación dada por el Tribunal a los mencionados preceptos. Sin embargo, se ha perdido la garantía que ofrecía frente al legislador estatal su incorporación al Estatuto y éste queda de hecho supeditado a la LOFCA y a otras leyes estatales.

Estos son, a mi juicio, los efectos jurídicos de la sentencia, a ustedes corresponde valorarlos. Mi valoración podría resumirse así: discrepo radicalmente de buena parte de la fundamentación jurídica, del tono utilizado, de la prevención política que rezuma y del desconocimiento de la realidad catalana (lingüística…). Tiempo habrá, sin embargo, para abordar esta cuestión.

La irritación, comprensible, que ha embargado a Catalunya a causa de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que mutila algunos aspectos del Estatut no proviene tanto de la entidad de las materias eliminadas –que, aunque sustanciales, no afectan esencialmente a la integridad de la Carta– cuanto del hecho de que una institución constitucional, que no emana de la designación directa de la soberanía, haya osado enmendar un texto que poseía el refrendo del electorado de Catalunya.

José María Ruiz Soroa explicó hace algunos meses el conflicto que a veces se produce por el choque entre el polo democrático, «en virtud del cual es el pueblo o sus representantes electos quienes toman las decisiones en cada momento histórico concreto», y el polo constitucional, «en cuya virtud ciertas decisiones están sustraídas al poder de ese pueblo o sometidas a un rígido esquema de control y validación gestionado en exclusiva por un colegio judicial elitista». Propone Ruiz Soroa como solución a este dilema «replantear críticamente el mito de la democracia directa e instantánea protagonizada por el pueblo, poniendo en su lugar la soberanía multipolar de unas instituciones que interactúan y se controlan mutuamente a lo largo de tiempos distintos». «El sistema democrático –concluye– es una especie de cámara de espejos que se reflejan y controlan unos a otros, y el pueblo no es sino la atmósfera que habita entre ellos».

En el caso que nos ocupa, la contradicción es, además, ficticia: la titularidad de la soberanía, según la Constitución, reside en el pueblo español en su conjunto y no en una fracción –la catalana en este caso– de él. Pueden así los hermeneutas argumentar que no ha habido en este caso verdadera colisión de la soberanía popular con la institución de control constitucional… Y sin duda aciertan: cabe asegurar que el Estatut recortado marca el límite de lo posible en el marco de la lógica constitucional. Límite que permitirá a los partidos hegemónicos concertar el cierre del Estado de las Autonomías, la versión más extendida y descentralizada del café para todos que los constituyentes idearon y que los gestores de la transición han desarrollado en varias fases.

Así las cosas, es estéril la frustración provocada en amplios sectores catalanistas –nacionalistas o no– por la constatación de que el sistema es fiel a sí mismo. En realidad, algunas voces ya avisaron a partir del 2003, cuando comenzó la génesis del Estatut, de que bastantes designios del proyecto no cabrían en una reforma estatutaria, sino que requerirían, para ser viables, una reforma constitucional. La Carta Magna española es, a fin de cuentas, federalizante, es decir, basada en una sola soberanía que se desconcentra y se descentraliza; y algunas propuestas de aquella reforma eran confederales, es decir, reclamaban una participación singular en la soberanía única, vinculadas ambas –la general y la particular– mediante un pacto fundacional, constituyente.

Una vez que Catalunya ha alcanzado la autonomía máxima en el referido marco constitucional, se hace evidente que no será posible ir más allá en el camino del autogobierno. La verdadera disyuntiva de los catalanes en esta coyuntura es, de un lado, el conformismo con el statu quo actual (que no es desdeñable: la autonomía política de Catalunya es la mayor de todos los territorios europeos que no son Estado-nación) o la búsqueda de nuevas atribuciones y competencias que colmen aspiraciones insatisfechas y la caractericen singularmente en el ámbito homogéneo del Estado autonómico.

Quizá en este momento la aspiración más acorde con la demanda política de Catalunya sea la de la plena autonomía económica en términos semejantes al concierto vasco. La Constitución otorgó este régimen especial a los territorios forales exclusivamente, entre otras razones porque Catalunya no manifestó en el período constituyente interés alguno en disfrutar de aquella singularidad que tenía un aroma arcaizante. Hoy no habría de ser imposible, sin embargo, que Catalunya gozase de este régimen singular mediante la pertinente reforma constitucional.

La Constitución, que ha cumplido tres décadas, requiere una puesta al día en numerosos aspectos, y así lo han reconocido los dos grandes partidos estatales en sus programas electorales, nunca desarrollados. Y entre otras actualizaciones necesarias, destacan las del Título VIII y el Senado. No sería, pues, ni extemporáneo ni impertinente instar dicha reforma desde Catalunya, incluyendo el reconocimiento de los rasgos confederales que son precisamente los que el TC cuestiona de la reforma estatutaria catalana.

Para que esta vía sea practicable, son necesarios dos requisitos: que las fuerzas políticas catalanas excluyan este asunto del ámbito de la competitividad electoralista y que los dos grandes partidos estatales estén dispuestos a actuar con grandeza y sentido del Estado. Ni lo uno ni lo otro parece fácil, pero solo la combinación de ambos factores hará posible que Catalunya se sienta dueña de su destino en el marco del Estado español.

Se puede llorar sobre la leche derramada o se puede, por el contrario, hacer lo que se debe, que es afrontar la más grave crisis que ha atravesado el sistema institucional de 1978. Más allá de la cifra de participantes y del predominio de los gritos y las pancartas independentistas, la manifestación que recorrió el 10 de julio el centro de Barcelona exige depurar las categorías para analizarla, sin mezclar el plano político con otros que no permitirán salir del círculo vicioso en el que llevamos demasiado tiempo encenagados.

En un sistema democrático, la legitimidad política no procede de las calles, sino del voto mayoritario de los ciudadanos. De ahí que todas las interpretaciones de la manifestación sean tan solo eso, interpretaciones. Tan atinadas o tan extravagantes como se quiera, pero inutilizables para buscar una solución política mientras no se traduzcan en programas avalados por las urnas.

A fuerza de construir la nación, una u otra, hace demasiado tiempo que estamos destruyendo el Estado. A tal punto que la aventura de reformar el Estatut no ha concluido con un texto recortado, sino con algo tal vez mucho más grave: la ausencia de una norma clara con la que gobernar Cataluña de acuerdo a derecho. Porque un Estatut que, a modo de unas instrucciones de uso, exige consultar centenares de páginas de prolija exégesis jurídica para ser aplicado no es en sentido estricto un Estatut; es un engendro jurídico que dejará en precario cualquier iniciativa de la Generalitat y del Parlament, gobierne quien gobierne.

Más que el desapego, más que el recrudecimiento del sentimiento identitario, más que la letanía de términos metafóricos que ha anegado como una peste el discurso político desde que el Partido Popular tuvo la funesta idea de enarbolar la España una, y el Partido Socialista la de oponer la España plural, ese es el descomunal problema al que han conducido las fantasías de unos y las irresponsabilidades de otros.

Cataluña tendrá graves dificultades para gobernarse porque la norma del bloque de constitucionalidad que debería servir para hacerlo no es propiamente una norma, sino un inverosímil conglomerado de literalidad e interpretación mutuamente contradictorias y que, para colmo de males, no cuenta en su ámbito de aplicación con el apoyo de ninguna fuerza política, a excepción del Partido Popular.

Instalados en el terreno de construir la nación sin pararse a pensar que se estaba destruyendo el Estado, nada tiene de extraño que se llegara al absurdo de contraponer el júbilo por la victoria de la selección española de fútbol a la manifestación de Barcelona. Parecería que aquí todo es cuestión de ver quién congrega más banderas y quién saca más ciudadanos a las calles, como si el ondear de la tela y la musicalidad de las consignas pudiese remediar el destrozo institucional perpetrado. En verdad, hay que estar muy ciegos, hay que encontrarse en trance de perder definitivamente el juicio, como parece que lo estemos perdiendo, para elevar estos desbordamientos de las pasiones a la categoría de políticos sin presentir que lo que hoy es inocente y festivo prefigura lo que, llegado el caso, podría provocar un giro escalofriante.

Si aún queda un resto de cordura en los responsables políticos, además de en algunos creadores de opinión extasiados ante el espectáculo de sus colores favoritos, lo mejor que podrían hacer es no confundir el júbilo por un triunfo deportivo con una afirmación nacionalista. Porque, al final, podría estar creándose el caldo de cultivo para que se produzcan afirmaciones nacionalistas sin necesidad de triunfos deportivos. Si alguna hora ha sonado, es la de que los responsables políticos se pongan a la tarea que solo a ellos les incumbe -a ellos y no a los ciudadanos en las calles, con o sin banderas desplegadas-, que es recuperar para Cataluña lo que Cataluña ha perdido: una norma clara con la que gobernarse de acuerdo a derecho, y reconocida como tal por las fuerzas políticas que aspiran a gobernar ateniéndose a ella.

Antes de las elecciones autonómicas en Cataluña será imposible, por más interpretaciones atinadas o extravagantes sobre la manifestación del 10 de julio que se hagan. Y después, lo único que habrá sucedido es que los problemas estarán planteados en sus términos políticos, no resueltos. A comenzar por el hecho de que, de confirmarse los pronósticos, la abstención podría resultar mayoritaria.

Si las elecciones demostrasen un desplazamiento general de la política catalana hacia el soberanismo, seamos conscientes de que el proyecto constitucional de 1978 se enfrentará a la más grave crisis que ha atravesado y de que, a partir de ese momento, la posibilidad de reformarlo sin graves fracturas dependerá exclusivamente de la responsabilidad de todos los partidos. Si, por el contrario, ese desplazamiento no se produce, aunque cambie la mayoría en la Generalitat, cabe una mínima posibilidad de que, a través del acuerdo entre las fuerzas políticas, se pueda dotar a Cataluña de aquello que de verdad ha perdido: una regla de juego clara para gobernarse.

En cualquiera de ambas hipótesis, sin embargo, la solución sería más fácil dejando tranquila a la nación, una u otra, y pensando sobre todo en cómo reconstruir el Estado.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña nos sitúa en un punto crítico para la política española y la política catalana, que exige una respuesta responsable y valiente. Ha provocado, como es bien patente, una profunda indignación y ha suscitado el enérgico rechazo de una gran mayoría de la ciudadanía catalana, que la considera una falta de respeto por el resultado del proceso democrático e impecablemente constitucional de tramitación del Estatuto. Y además ve en dicha decisión una desconsideración por el pacto político sobre el autogobierno alcanzado por las instituciones democráticas y ratificado en referéndum popular. Indignación y rechazo mayores, si cabe, provocan algunas interpretaciones del tribunal que resultan ofensivas para el sentimiento de identidad nacional, cultural y lingüística de Catalunya.

La sentencia llega tras un cúmulo de circunstancias que han alimentado sospechas sobre la parcialidad del tribunal erosionando la confianza ciudadana en la institución y su legitimidad moral. Con este estado de ánimo, cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en Barcelona, expresando un hondo malestar y algunos, un desapego creciente hacia una forma de entender España, que parece incapaz de dar cabida a una nación con un fuerte sentimiento identitario y a una aspiración de mayor autogobierno.

La situación abre una serie de interrogantes sobre los caminos a seguir. Unos ya han dicho -algunos más abiertamente y otros de manera menos clara- que el proyecto de continuar en una España común ya no les interesa. Otros, los que creemos en la España plural, nos preocupamos de cómo aplicar el Estatuto a partir de ahora y cómo recuperar el cumplimiento de lo pactado.

Asimismo, se pone de manifiesto una confrontación de legitimidades entre las instituciones legislativas y el TC. A nuestro juicio el tribunal se ha extralimitado intentando imponer una visión del Estado autonómico, una función que no le corresponde y que le es impropia. Deberemos abordar este grave problema estructural de nuestra democracia, impulsando las reformas que sean oportunas, empezando por la del propio TC.

Pero volviendo al problema de la aplicación del Estatuto, creo que podemos afirmar que no se ha conseguido el objetivo de invalidarlo, tal y como pretendían quienes lo impugnaron. A pesar de la sentencia, sigue siendo un instrumento útil de nuestro autogobierno y vamos a aprovechar todo su potencial al servicio del progreso, el bienestar y la cohesión de la ciudadanía catalana.

Pero, ¿qué haremos con aquellos apartados del Estatut enmendados por el TC? Nuestra respuesta buscará conjugar el respeto de la voluntad popular, la defensa del autogobierno, el cumplimiento del pacto político y el respeto al Estado de derecho. Desde la Generalitat iniciaremos un proceso de diálogo con los principales responsables de las instituciones y fuerzas políticas del Estado. Un diálogo orientado al cumplimiento del pacto estatutario y el reforzamiento del pacto constitucional. Conscientes de que es posible explorar soluciones legislativas a algunas de las afectaciones del Estatuto, y también de que algunas de las garantías del autogobierno han sido disminuidas por la interpretación del TC y no renunciamos a recuperarlas.

Pero más allá de la voluntad de recuperar el Estatuto, tenemos ante nosotros la cuestión de fondo, el problema secular de la relación entre Catalunya y el resto de España, que atraviesa nuestra historia contemporánea y que, a mi juicio, se trata más de un problema español que de un problema catalán.

Con esta sentencia, lamentablemente se ha perdido una oportunidad para hacer una contribución positiva a su resolución. Peor aún, hemos retrocedido con respecto al espíritu que hizo posible la Constitución de 1978. Estoy convencido de que este problema solo puede resolverse desde el reconocimiento de nuestra realidad plurinacional. Un reconocimiento que requiere coraje político y altura de miras para seguir avanzando en una cultura democrática que permita buscar soluciones más justas para la convivencia de los distintos pueblos de España. Esta sentencia muestra una evolución decepcionante de nuestro intérprete constitucional en términos de calidad democrática. La Constitución expresa un consenso que exige el compromiso permanente en la regulación de la convivencia y el Estatut era el instrumento para encontrarnos de nuevo, desarrollando el pacto constitucional.

No nos queda otro camino que recuperar nuevamente el espíritu constitucional primigenio para restablecer el reconocimiento y respeto a las distintas identidades, culturas y lenguas de España, en el marco de un Estado que acepte, ampare, anime y defienda sus singularidades y su pluralidad. Ello requiere la complicidad y el apoyo de quienes defendemos una visión de España como un proyecto ampliamente compartido. Reivindicando la propuesta federal como la vía más apropiada para desarrollar nuestro futuro común con generosidad y voluntad de acuerdo. Si España quiere dar solución a su problema secular debe estar dispuesta a cambiar. Tenemos la oportunidad y el reto de construir un futuro compartido. Catalunya y España entera se hallan en una encrucijada.

No es verdad que los pueblos  tengan los dirigentes que se merecen. Hay que ser muy hijo de la gran puta para pensar que Catalunya tiene los políticos que se merece. Sería demasiado fuerte. Yo creo que este país nuestro se merece otra cosa y que no saldrá de la corrupta mediocridad en la que le metió el pujolismo, y que consumó un tripartito de trileros, mientras no se subleve contra la casta, y la barra o la arrincone, y convierta la actividad política en un juego legal y no en una timba de profesionales del fraude.

No exagero ni un ápice; los que exageran y son desmesurados y demagogos y cínicos son ellos. Maestros del doble lenguaje y discípulos de ese Gran Tartufo que sigue siendo Pujol. Permítanme que les vuelva a colocar en el lugar del delito, porque delito es el engaño y la estafa. Miles de personas salieron el pasado sábado a manifestarse.

Da lo mismo si fueron cien mil, que quinientos mil; cuando mucha gente sale a la calle es porque le da la gana, porque está en su derecho y sobre todo porque cree que hay motivo para protestar.

¿Por qué protestaban? ¿Por el Estatut? Por ese juguete de playmóbil no hubieran salido a la calle ni sus promotores. Se hizo una manifestación porque una parte de la población se sintió ofendida, incluso humillada. ¿Y por quién?

¿Por el Tribunal Constitucional?

La indignación era fruto de un cabreo acumulado que se iba hinchando un día sí y otro también, con la contribución de la farándula de aduladores del poder en que se ha convertido buena parte del oficio periodístico, ahora que todos somos columnistas de opinión.

Nadie en su sano juicio hubiera salido a la calle para defender un Estatut que fue aprobado por una ridícula minoría de catalanes tras un parto, muñido por una minoría parlamentaria que supo manejar el chantaje, mientras el resto se dejaba hacer, en la idea andreottiana de que el poder sólo desgasta a quien no lo tiene. Pues ahí estamos, manifestándonos por el honor y la dignidad de Catalunya y su derecho a decidir. ¿Y quién ha puesto el honor y la dignidad de Catalunya en almoneda? Los mismos que han animado a la gente a manifestarse. Porque hay un pequeño detalle que nuestros brillantes comentaristas han omitido en los fastos y las metáforas. Entre la manifestación pro Estatut del 11 de septiembre de 1977 y ésta del 2010, hay un abismo, o lo que sería una diferencia esencial. En septiembre del 77, señores, todos los que ahora hinchan el pecho de memoria olvidan que todos entonces eran oposición. Todos eran aspirantes del sistema que habían inaugurado las urnas en el mes de junio con una victoria aclaparadora,valga el catalanismo. Esa victoria democrática era de la izquierda catalana y no nacionalista, porque entonces mezclar ambas cosas hubiera dado risa a los miles de manifestantes. ¡Hasta dónde hemos llegado de autoengaño para olvidarnos de lo obvio!

La manifestación del pasado sábado, independientemente de lo que podía ser la voluntad íntima de cada manifestante, era una manifestación oficial. Un aplec sin sardanas, al que contribuyeron los voceros institucionales, la propaganda oficial. Incluso hubo quien se quejó de que los futbolistas catalanes de la selección española no hubieran sido debidamente presionados para que se declararan catalanistas afectos.¡Qué fácil sería encontrar similitudes con referéndums hoy día innombrables pero muy presentes en nuestra memoria! ¡Cuántas cosas quedaron al descubierto por la arrogancia del poder! La instrumentalización de los medios de comunicación en primer lugar. ¿No tendrán un gesto de rubor los supuestos garantes de la libertad y las buenas costumbres, escaqueándose de responder a casos flagrantes de manipulación oficialista? Ni uno de ellos moverá una ceja, porque hay que decirlo alto y claro, de ese modo que alguien antes decía que se hablaba en catalán: las instituciones que se han creado en Catalunya desde el poder, todas, sin excepción que yo sepa, han sido constituidas no para promoción de la libertad informativa, ni de las artes, ni de las letras, ni de la lengua, sino principalmente, y en algunos casos exclusivamente, para galanura y elogio del poder. Eso sí, pagando el gasto. ¿Que eso también ocurre en otras partes? ¡Yamime da una higa ese argumento mafioso! Yo estoy hablando de nosotros, que nos consideramos tan la hostia como para que nos tengan envidia, o miedo, o todas esas cursilerías de satrapillas de la oficina de la Generalitat que cultiva nuestra inconmensurable autoestima.

Esa unanimidad patriótica sólo la concede el poder, la casta, el oficialismo. No manden más gente a la universidad de Laval, ni al Quebec, ni al País Vasco. Buenos Aires es el destino ideal. La clase política se ha vuelto peronista sin saberlo, y como peronismos hubo muchos y aún quedan más, podemos estar contentos; podemos ser al mismo tiempo del poder y de la oposición, institucionalistas e independentistas, esquerranos y mundialistas, populistas y radicales… Los fondos públicos bien repartidos dan para mucho.

¡Qué papelón el de nuestros intelectuales independientes! “Desfilar reivindicando lo que somos y lo que queremos ser”, escribía Joan Subirats. Ramoneda nos advierte del dilema del siglo: o federalismo o independentismo. Ay, los federalistas. El federalismo en España tiene una prueba del algodón. El Cantón Murciano. ¿Usted está dispuesto a compartir los mismos derechos y deberes que el Cantón Murciano? ¡Hombre, tampoco es eso! Pues si no es eso, no hay federalismo posible. El federalismo en España es la más atractiva de las construcciones políticas y la más imposible, y si no que se lo pregunten al pobre Pi i Margall y la puta vida que le dieron aquí y allá. Podría seguir con una lista de las ínclitas plumas ubérrimas, al estilo de Rubén, pero ya uno se va cansando de hacer amigos. La vida intelectual en Catalunya de hoy está construida sobre la base de la complicidad. Un tarannà cultural, dicen.

Tenemos un problema con la historia. El pasado, nuestro pasado, no deja de cambiar. Lo están manipulando tanto que se han perdido las coordenadas y la gente se mueve con una especie de GPS de historiografía condensada. Nuestro entrañable monje Ragué acaba de descubrir que Jaime Balmes era independentista. ¿Saben ustedes que no hay ningún archivo en Catalunya que disponga de la colección del diario Arriba?¿40 años de historia del franquismo borrados? ¿Por desapego, por dejadez, por mala conciencia? Eso es lo que consiente que haya leído en un diario catalán que Eduardo Aunós era un heterodoxo. ¿Eduardo Aunós? Me hizo dudar. ¿Sería aquel mismo Aunós que fue ministro  con Primo de Rivera y con Franco, aquel de quien se decía que de haber leído todos los libros que firmó hubiera tenido una gran cultura?

Después de la manifestación del sábado pasado, donde hubo quien “desfiló reivindicando lo que somos y lo que queremos ser”, ¿saben ustedes lo primero que hizo esa clase política que se jactó del éxito de la convocatoria que marcaba “un antes y un después”? Lo primero que hicieron es echarse atrás en la firma de un acuerdo por el que se podían convocar referéndums. Es precioso, no me digan que no. Convocan una manifestación por el derecho a decidir, por la dignidad del pueblo soberano, y lo primero que hacen al día siguiente es desdecirse.

Por todo eso me ha parecido una gran idea promover una manifestación que encabecen Millet, Montull – sin olvidar a sus señoras, catalanistas de pro-,y también Luigi,el primer gran experimentador de la transversalidad política en Catalunya, y Muñoz, el ex alcalde ilustrado, y los prohombres Prenafeta y Macià Alavedra, sin señoras, que las pobres ya han sufrido lo suyo con la pena del telediario. Con ese personal ya hay suficiente para sostener la pancarta con un lema rotundo: “España nos roba”. En tres idiomas: catalán, inglés y castellano, por ese orden. La idea no es mía, qué más quisiera yo que tener tan buenas ideas. Se la debo a Arnau Guasch y Oriol Sans, a quienes no conozco de nada. Y me quito el sombrero. Este país tiene futuro mientras haya gente con ideas y con valor para expresarlas.

Sábado 10 de julio, gran manifestación de protesta por la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut con gritos mayoritarios a favor de la independencia. Domingo 11 de julio, sólo 24 horas después, multitud de catalanes celebran la victoria de España sobre Holanda en la final del Mundial de Sudáfrica. ¿Independentistas que apoyan a la selección española? ¡Los catalanes deben de ser esquizofrénicos!

La demencia colectiva es, ciertamente, una interpretación de lo acaecido el pasado fin de semana. Pero no es la única. Ni siquiera es la más razonable. Al fin y al cabo, sólo un loco puede pensar que cientos de miles de ciudadanos han enloquecido simultáneamente. Hay que buscar explicaciones alternativas. Ahí va la mía: todo el mundo sabe que en la selección española que compitió en Sudáfrica predominaban los jugadores del Barça, se jugaba con el estilo del Barça y se usaba la mecánica memorizada y la estrategia del Barça. El director de orquesta era del Barça. La seguridad defensiva era del Barça. El control del centro del campo era del Barça. Los goles (¡todos los goles!) fueron marcados por jugadores del Barça. Los medios de comunicación y los españoles en general hablaban con respeto de los jugadores del Barça: los alababan cuando se lo merecían, les agradecían su buen trabajo, su entrega, su talento y sus conocimientos adquiridos en la Ciutat Esportiva. Incluso aplaudieron a rabiar a Tito Vilanova por diseñar la jugada del córner que Puyol cabeceó a la red alemana en la semifinal. Vicente del Bosque, ex jugador del Madrid con un comportamiento exquisitamente caballeroso, nunca ocultó que el estilo de España era el que se veía cada domingo en el Camp Nou y expresó repetidamente su gratitud al Barça.

Yo mismo fui testigo de ese sentimiento de respeto y agradecimiento cuando el día antes de la final hasta tres personas anónimas que me reconocieron por las calles de Madrid me pararon, me felicitaron yme pidieron que diera las gracias al presidente Joan Laporta por haber construido el gran equipo que fue la base de la selección que acabó ganando el Mundial.

¿Por qué les explico todo esto? Pues porque pienso que muchos catalanes estarían dispuestos a aceptar a España si ésta fuera el reflejo de la selección del 2010: una España donde la gente de Catalunya fuera tratada con respeto institucional, con deferencia ciudadana, con buena educación y, cuando se lo mereciera (como en el caso del esfuerzo fiscal), con agradecimiento. De hecho, mirando hacia atrás, supongo que esa buena sintonía y ese respeto hacia el Barça que reinó en la selección española durante el Mundial es la sintonía y el respeto hacia Catalunya con los que personas como Jordi Pujol soñaron durante décadas. El clima de la selección se parecía al clima de cordialidad entre nacionalidades que había durante los primeros años de la transición, clima que llevó a muchos a creer que el encaje de Catalunya en España era posible y era deseable.

Pero, de repente, todo cambió: con la mayoría absoluta y ya sin necesidad de pactos del Majestic, el PP de José María Aznar se transformó en un despótico partido nacionalista y empezó una cacería de brujas catalanas en la que todo parecía valer para ganar votos: mentiras sobre supuestas persecuciones lingüísticas, boicots económicos, insultos a la inteligencia de la población, desprecio y menosprecio a los líderes políticos catalanes, falta de respeto por las decisiones tomadas por el pueblo de Catalunya, bilis, fomento del odio y utilización arrojadiza de la constitución. Todo esto, alimentado por una pandilla de diplodocus intelectuales y vuvucelópodos mediáticos, acabó por contagiar esa mentalidad jurásica a una izquierda cuyo tradicional anticatalanismo estaba aletargado desde la muerte del dictador. Los ataques a las legítimas aspiraciones de autogobierno de Catalunya empezaron a venir, pues, de los cuatro costados. Y así se llegó a la famosa sentencia con la que un desacreditado tribunal repleto de jueces caducados, recusados y muertos declaró que lo que había pedido el pueblo catalán en un referéndum, que había aprobado el Parlament de Catalunya y las Cortes españolas y que había firmado Su Majestad el Rey no era constitucional (por cierto, vaya papeleta la de Su Majestad, firmando documentos ilegales). El sueño del encaje de Jordi Pujol se iba desvaneciendo y el espejismo de la transición estaba dando lugar a esa realidad desértica, inhóspita e insoportable para una gran parte de la ciudadanía de Catalunya. Aquel marido con el que se había casado a regañadientes hacía treinta años se había convertido en un ogro salvaje que coartaba su libertad. El matrimonio era ya demasiado incómodo para hacerla feliz… y, por primera vez, el divorcio aparecía como la única salida para una mayoría. De ahí las proclamas de independencia durante la manifestación.

Decía Ramon Trias Fargas que Catalunya no sería independiente hasta que no se la obligara. La masiva protesta del sábado no refleja esquizofrenia en los catalanes. Más bien demuestra que una España en la encrucijada está obligada a tomar una decisión: si quiere que el matrimonio sobreviva, debe aplicar el espíritu de la selección campeona del mundo al resto de la sociedad, la política y los medios de comunicación. Si, por otro lado, a España no le importa que se cumpla el sueño de Trias Fargas, sólo tiene que dejar que sus políticos y sus medios sigan empujando a Catalunya hacia la independencia a base de comportarse como auténticos españosaurios.

No sé si, como se afirma, la manifestación del sábado pasado sorprendió a sus convocantes. De ser cierto, diría muy poco de la capacidad de análisis de nuestros partidos. Pero, sean cuales fueren las expectativas que había levantado, lo cierto es que el soterrado cambio que se acumulaba desde el 2000 de Aznar ha emergido finalmente. Las señales que lo anunciaban eran evidentes para aquellos que quisieran verlas.

La base de nuestro desencuentro es la profunda transformación de nuestras relaciones económicas con España. Las mutaciones, de gran calado, del tejido productivo catalán, las dificultades que afrontamos en la globalización y la ascensión de Madrid como centro económico así lo atestiguan. El fundamento material sobre el que se asentó el pacto Catalunya-España se ha modificado de forma, probablemente, irreversible. Su reajuste adquirió carta de naturaleza cuando, al inicio del proceso estatutario, el negativo saldo fiscal de Catalunya pasó de los debates académicos a la prensa, y de esta a la calle. Jamás en los últimos 30 años un tema económico, de tanta transcendencia política, había suscitado tantas pasiones. La irrupción en la plaza pública del debate sobre la financiación, y de sus negativas consecuencias sobre el bienestar social y nuestra capacidad competitiva, fue un primer aldabonazo de la profundidad de la mutación operada.

Otras señales de cambio se habían estado acumulando. En los primeros 80, una parte mayoritaria de la intelectualidad catalana se catalogaba de izquierdas y, al mismo tiempo, partidaria de un acuerdo federal con España. Hoy es bastante más difícil encontrar a quienes mantengan esa posición. La convicción de que en Madrid no hay federalistas ha calado. Y ello explica por qué una buena parte de los partidarios de la España plural están huérfanos de argumentos. Cuando a uno le faltan las razones para defender sus posiciones, la batalla política, si no está perdida, comienza a perderse. La alteración, profunda, en las relaciones entre Catalunya y España exigía, y continúa exigiendo, una España de corte federal que, lamentablemente, no parece contar con muchos apoyos más allá de Catalunya. ¿Una España federal sin federalistas? Hemos vivido en esa contradicción, hasta que el Tribunal Constitucional la ha resuelto por la vía jacobina. La realidad es tozuda, y esa dificultad, ¿o imposibilidad?, en la articulación de una España plural ha ido calando.

Esta nueva percepción permite entender algunas razones de la modificación, parcial, en la centralidad político-social del país. Hoy, y de forma creciente, una buena parte de las elites intelectuales y económicas del país se está moviendo, lenta, pero de forma inexorable, hacia posiciones crecientemente nacionalistas. Además, aunque comparto la opinión de que el sentimiento mayoritario del país no es soberanista, el éxito relativo de las convocatorias por la independencia ha sido otra señal, una más, de un mar de fondo cada vez más palpable. Finalmente, la acumulación de desencuentros y los problemas que se oteaban en el horizonte se tradujeron en una iniciativa inédita, la del editorial conjunto de la prensa catalana. Pero tampoco se quisieron ver los riesgos que esta iniciativa denunciaba.

En la última década los problemas se han ido acumulando. En el proceso se han perdido argumentos. Y se han ido ganando desencuentros primero, desencantos más tarde, y una creciente irritación finalmente. La sentencia ha sido el desgarro final. La falla en las relaciones con España, que había acumulado tensiones no vistas desde la Segunda República, se desplazó súbitamente liberando la energía contenida. Y generando el tsunami ciudadano del sábado. Y ahora, ¿qué hacer? La primera ola del maremoto ha pasado. Pero se generarán otras, porque las condiciones de fricción continúan, y continuarán.

Desde Catalunya, la única opción viable, la que puede aglutinar amplias mayorías, la que debe impulsar nuestra clase política, no es otra que la de continuar trabajando por llenar de contenido el rebajado Estatut. Es cierto que, en sectores todavía minoritarios, hay la tentación de dar por concluida esta etapa. Pero si algo ha demostrado la iniciativa estatutaria es que era la única posible, con todos sus problemas, para elevar sustancialmente el techo de nuestro autogobierno. Además, es, también, la única que puede permitir continuar avanzando en nuestras aspiraciones nacionales sin generar una fractura social que, espero, nadie desee. Cualquier otra opción no es, en los próximos 10 o 20 años, posible y, por tanto, políticamente es estéril y socialmente generadora de división. Pero esta línea de trabajo implica un cambio en la conducta de las fuerzas políticas mayoritarias del país. La sentencia muestra que el proceso de construcción nacional de Catalunya va a afrontar mayores dificultades de las esperadas hace unos años. El neocentralismo nos va a obligar. Por ello, el tsunami de la manifestación del sábado ha enviado un mandato, de unidad en lo fundamental, a nuestra clase política. No es momento de divisiones. Ni aquí, ni en Madrid.

El día siguiente a la manifestación más multitudinaria celebrada en Catalunya es difícil, porque, a partir de ahora, habrá un antes y un después del 10 de julio del 2010. La indignación provocada por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) desbordó todas las previsiones. Era una indignación transversal, compartida por casi todos los ciudadanos de Catalunya con independencia de las opciones políticas de cada uno. Era la indignación de la ciudadanía, de todo un pueblo con sus instituciones apoyándole. Gestionar el capital acumulado el sábado no será fácil.

Si algo resulta evidente es que el escenario político ha cambiado. Con respecto a Catalunya, el sistema autonómico parece que ha dado ya de sí todo lo que podía dar. Esta es la principal conclusión política que se desprende de la sentencia del TC y del masivo rechazo que ha provocado entre los ciudadanos de Catalunya, que consideran que su decisión ha sido menospreciada. Ahora el problema que se plantea no es legal, sino político. La salida de esta encrucijada en la que se encuentra España solo es posible a partir de un nuevo pacto político –la sentencia ha hecho saltar por los aires el de 1978– entre España y Catalunya.

Desde Catalunya, las opciones son dos: o un nuevo pacto para definir un nuevo encaje de Catalunya en España, basado en una concepción plurinacional y federal del Estado, o un largo y difícil camino hacia la independencia. Aunque el reconocimiento de la plurinacionalidad tiene aún un camino más difícil, ya que el PP rechaza frontalmente cualquier planteamiento federal y el PSOE no parece tener ningún interés en defenderlo. El nacionalismo español mantiene mayoritariamente una concepción centralista del Estado que excluye radicalmente cualquier manifestación diferencial.

Ahora, a poco más de cuatro meses para las elecciones, los partidos catalanistas tendrán que ajustar su discurso al nuevo escenario político creado por la manifestación. No lo tendrán fácil, puesto que después de la sentencia entramos en un terreno desconocido, porque tanto la independencia como un nuevo encaje en España satisfactorio con las aspiraciones de autogobierno exigen transitar por caminos hasta ahora inexplorados. El respeto a la voluntad de los ciudadanos, libremente expresada, que exigían todos los que se manifestaron el sábado más allá de cualquier opción partidista, habrá que reclamarlo con fuerza por boca –y por el sentido de los votos– de los parlamentarios catalanes en Madrid. Esto requiere mantener la unidad lograda el sábado y, por tanto, bueno sería que, antes de entrar en la vorágine de la campaña electoral, existiera un consenso. Habrá que ver si nuestros políticos, a menudo afectados por un elevado grado de autismo, están a la altura de las circunstancias.

Pero la ciudadanía y la sociedad civil no pueden quedar al margen del nuevo impulso que se abrió el sábado. Especialmente en momentos de grave crisis económica resulta más necesaria que nunca la implicación de la sociedad civil, ya que sería suicida sustituir el proceso de construcción nacional por un debate político de largo e incierto recorrido. Como demuestra la historia de Catalunya, el proceso de construcción nacional no siempre ha contado con las mejores circunstancias políticas. Es más, con frecuencia ha sucedido todo lo contrario, puesto que, en términos de crecimiento económico y de cohesión social, algunos de los avances más importantes se han producido en circunstancias políticas muy difíciles que incluso amenazaban la pervivencia de Catalunya como nación.

En conclusión, la labor a partir de ahora es ardua y exige el compromiso de todos. La elaboración de un discurso político, adaptado al nuevo escenario creado por la mutilación del Estatut y el menosprecio de la voluntad popular, es responsabilidad de la clase política. La creación de unas nuevas bases de crecimiento económico basadas en la aplicación de nuevas tecnologías y en la incorporación de nuevos conocimientos (y aquí Catalunya sufre un déficit notable en inversión en I+D+i y en la mejora del sistema educativo), de salvaguarda de la lengua y la cultura, de fortalecimiento de la cohesión social ante las desigualdades sociales y económicas que está generando la crisis, exigen no solo el compromiso de los partidos políticos, sino también de los sindicatos, de los empresarios, de la sociedad civil y de toda la ciudadanía.

A veces se olvida que el primer paso de cualquier proceso de construcción nacional, que no es algo ocasional, sino de largo recorrido, es la satisfacción –el orgullo incluso–de los ciudadanos de formar parte de una sociedad en la que es posible la realización personal y la mejora social. Las facilidades de promoción social han sido una de las constantes del fet català, un verdadero ascensor social que facilitaba la cohesión social y favorecía la incorporación de nuevos catalanes. Pero hace tiempo que el ascensor renquea y habrá que poner todo el empeño en su reparación para emprender con garantías de éxito la nueva y difícil etapa política que ahora se abre.

Sí, está amaneciendo el pasado. Volvemos a las andadas y la única posibilidad de que las cosas no empeoren más de lo que están es la convocatoria para octubre de unas elecciones, que no sabemos si mejorarán las cosas, pero que por lo menos las aclararán. La Moncloa tiene que cambiar urgentemente de inquilino, sea del partido que sea, porque el actual ha conseguido abrir la caja de los truenos en un país que hasta 2004 era la admiración del mundo.

En dos días las cosas han quedado claras con respecto a lo que nos espera: primero ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional y al día siguiente la masiva manifestación en Barcelona, alentada por los medios de comunicación de Cataluña, que la arrastran cada vez más hacia un nacionalismo totalitario. «¡Provocación!», así se leía, con grandes caracteres, en la primera página del periódico catalán más influyente. No habíamos ni casi empezado a resolver la crisis económica, y ya estamos de hoz y coz sumergidos en una preocupante crisis política, que nos devuelve a los años anteriores a la Guerra Civil.

«Supongamos que se concediese a Cataluña absoluta, íntegramente, todo cuanto los más exacerbados postulan. ¿Habríamos resuelto el problema? En manera alguna; habríamos dejado plenamente satisfecha a Cataluña, pero ipso facto habríamos dejado plenamente, mortalmente insatisfecho al resto del país. El problema renacería de sí mismo, con signo inverso, pero con una cuantía, con una violencia incalculablemente mayor; con una extensión y un impulso tales, que probablemente acabaría (¡quién sabe!) llevándose por delante el régimen». Estas palabras de Ortega, pronunciadas en el Congreso de los Diputados el 13 de mayo de 1932, cobran de nuevo su total vigencia, tras lo que está pasando en España en estos días aciagos. Porque, hay que decirlo claramente, la manifestación del sábado, presidida por un atolondrado Montilla, militante del PSOE y ex Ministro de España, no era en contra de la provocación del Tribunal Constitucional, sino contra la Constitución de España, que ya no rige en Cataluña desde la entrada en vigencia del Estatut, porque como dije aquí hace ya cinco años, la Constitución había sido derogada de facto en Cataluña. Por eso es inútil hacer sesudos análisis jurídicos de la sentencia del Tribunal, porque todo el Estatuto de la A a la Z es inconstitucional, ya que con su aprobación se había producido una metamorfosis jurídica, según la cual la autonomía concedida en el Estatut de 1979 se había convertido en este nuevo en soberanía. Ya no era un Estatuto, era el embrión de una Constitución.

Volviendo a Ortega, el español que mejor ha comprendido la particularidad catalana y su peligro para la unidad de España, definió así la autonomía, en ese mismo discurso que he citado: «La autonomía significa, en la terminología jurídicopolítica, la cesión de poderes; en principio no importa cuáles ni cuántos, con tal de que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado le otorga y el Estado lo retrae y a él reviene».

Pues bien, desde el mismo momento en que el Parlamento catalán aprobó el proyecto de Estatut, los diputados, como en el juego del mus, echaron un órdago al Estado, para cambiar la autonomía por la soberanía. Y lo hicieron porque el presidente Zapatero había dicho aquella nefasta frase que no hace falta repetir, y que, sin embargo, no se la habían creído del todo los parlamentarios catalanes. Es reveladora a este respecto la afirmación que hizo el entonces conseller de Gobernación del Tripartito, Joan Carretero, en la actualidad fuera de ERC, tras ser expedientado, el día 19 de marzo de 2006, en una entrevista en La Vanguardia. Decía así, criticando la redacción del Proyecto que pare él resultaba todavía «poco ambicioso»: «El Estatut se aprobó aquí porque los dos partidos mayoritarios sabían que lo que se aprobara aquí ya lo afeitarían después en Madrid. Todo el mundo votó, pero sabiendo que esto iba en broma….». Y, a continuación, el periodista le pregunta qué tendría que pasar para que su partido y él votaran a favor del Estatut, a lo que responde: «Para mí lo más importante es que el artículo 1º diga que Cataluña es una nación. Punto y aparte. Si se pone esto, yo voto que sí, porque a pesar de que se hable de la financiación, lo más importante es que te definan como una nación, porque de eso se deriva todo lo demás».

ERC preconizó el no en el minirreferéndum catalán, pero su posición ante la sentencia del Tribunal Constitucional es como si hubiera votado a favor, porque junto con sus aliados del Tripartito, han tratado de coaccionarlo, desde el momento en que intuyeron que la sentencia iba a ser en parte desfavorable. Cuatro años de dudas en el Tribunal parece que fueron superadas ante la presión que se incrementaba sin cesar para que no declarase su inconstitucionalidad parcial, y así se comunicó primero el fallo y hace unos días la sentencia completa, que abarca unas 800 páginas. Este documento, sin duda, dará argumentos para muchos trabajos a mis colegas durante años, pero la principal consecuencia que se obtiene de la sentencia definitiva, aprobada por 6 a 4, y de los votos particulares que han escrito los cuatro Magistrados que estaban en contra, es muy sencilla y podemos resumirla así, sin perjuicio de que volvamos a la carga en artículos posteriores.

Desde el punto de vista metodológico, recomiendo, al que tenga el valor de enfrentarse a este dinosaurio jurídico, que lea primero los cuatro votos particulares y después se enfrente con los fundamentos jurídicos de la sentencia. Aunque los cuatro votos no son totalmente semejantes y rebelan la concepción jurídica de cada uno de los magistrados, se puede sacar alguna conclusión compartida por todos.

En lo que a mí respecta, creo que de forma tácita, si no expresa, se pueden consignar las siguientes conclusiones. En primer lugar, se desprende de los votos particulares que el Estatut supera ampliamente lo permitido por la Constitución, convirtiéndose en una especie de Constitución paralela. En segundo lugar, la permanencia de la mención de la nación catalana en el Preámbulo, aunque se le haya suprimido su relevancia jurídica, conserva claramente su relevancia política, como el sábado se puso de relieve en la macromanifestación de Barcelona. En tercer lugar, la enumeración de las competencias que se asigna el Estatut exceden con mucho de lo que la Constitución permite. En cuarto lugar, la autonomía, tal y como la definió Ortega, no tiene nada que ver con lo que se expone en el Estatut, pues en todos los artículos se desprende un tufo de que los poderes de la Generalitat proceden del pueblo catalán, como si no estuviera integrado en el pueblo español, verdadero sujeto de la soberanía nacional. No hay, por consiguiente, derechos identitarios anteriores a la Constitución. En quinto lugar, según el principio de constitucionalidad y, por tanto, el de jerarquía normativa, una ley orgánica, como es el Estatut, no puede derogar o reformar la Constitución. En sexto lugar, hay instituciones paralelas a las estatales que pretenden suplirlas, como las veguerías o el referéndum, de forma tan claramente inconstitucional que el propio Consell de Garanties Estatutaries, esto sí que es rizar el rizo, acaba de dictaminar que, en efecto, son inconstitucionales. Y, en último lugar, para no seguir interminablemente, los votos particulares vienen a decir que el Estatut, tal y como ha quedado, será una amenaza permanente para la seguridad jurídica y la seguridad constitucional en España.

Y qué decir entonces de la sentencia aprobada, que modifica 15 artículos e interpreta 27 para evitar su presunta inconstitucional. Pues para no cansar al lector, me voy a limitar a señalar que de su lectura se deducen tres cuestiones importantes. La primera es que si se relacionan los artículos declarados inconstitucionales con otros, se comprobaría que también éstos están contaminados. La segunda, que la técnica de las interpretaciones conformes se lleva a cabo no para buscar una aplicación del Estatut que sea conforme a la Constitución, sino más bien al contrario, para que esas interpretaciones consigan lograr que la Constitución sea conforme al Estatut. El mundo al revés, y así se prevé reformar leyes orgánicas o leyes estatales, para acomodarlas a aquél. Y la tercera, la más inquietante de todas, consiste en que el Tribunal Constitucional se ha convertido en el poder constituyente, porque la interpretación que habrá que hacer del hasta ahora llamado Estado de las Autonomías, no será ya la que señala la Constitución, sino la que ha reinterpretado el Tribunal Constitucional en esta sentencia, que ya comenzó a mostrar su desvarío con la que dictó sobre el Estatuto de Valencia, totalmente inaudita. Por eso, en los votos particulares se insiste en que el principio de stare decisis, es decir, la sujeción a la coherencia de la jurisprudencia anterior del Tribunal, se ha venido abajo.

España entra así en un camino incierto, que no sabemos a dónde nos conducirá, porque el Estado de las Autonomías, tal y como ha funcionado hasta ahora, ya prácticamente no existe. De ahí que Ortega, partidario de conceder la autonomía a todas las regiones de España, cuando vio cómo se torcían las cosas en Cataluña, dijo, que, admitiendo la igualdad para todos, a lo que se oponía es «a que se diese una prima al nacionalismo». El presidente Zapatero parece, pues, que no ha leído a Ortega, el mejor pensador español del siglo XX.

Dejemos a un lado las consideraciones políticas y las valoraciones de conjunto acerca del Estado, hagamos abstracción de las legítimas aspiraciones personales y hablemos desde la serenidad y equilibrio que ofrece el Derecho. Desde ese ángulo, previsibilidad y moderación son dos rasgos que de entrada cabe reconocer en la sentencia, más allá de la concreta discusión acerca de cada una de sus conclusiones.

En primer lugar, la redacción de un Estatuto que pretenda llegar a la misma frontera de lo que la Constitución permite, sin sobrepasarla, no es una operación exenta de riesgos, como acontece con toda acción de deslinde. No conozco a ningún experto que no advirtiera desde el inicio del proceso dificultades o problemas de constitucionalidad, máxime entre aquellos juristas alejados de los medios, de los proyectos políticos o de los intereses de parte. Este es un dato fácilmente constatable. Guste o no, la noticia de una sentencia de inconstitucionalidad no es en modo alguno sorpresiva para ningún especialista. No lo puede ser tampoco -no sería verosímil- para ningún responsable político.

En otras palabras: poco o nada tiene que ver con el desenlace la composición del Tribunal Constitucional o la naturaleza política que de suyo posee el recurso de inconstitucionalidad en tantos sistemas de justicia constitucional. ¿Alguien duda de que alguna declaración de inconstitucionalidad bien podría haber cosechado el Estatut en todo caso, es decir, cualesquiera que fueren las pretensiones impugnatorias deducidas, los miembros del tribunal o el número de recurrentes? ¿Era acaso su constitucionalidad una apuesta o valor seguros? ¿No pudo tener su redacción algo de envite arriesgado para conocer o apurar la elasticidad de los límites que la Constitución era capaz de ofrecer? Y, en definitiva, ¿no fue esa la estrategia provocada desde las instancias centrales: ocupar nuevos espacios, alcanzar el máximo autogobierno, sin quebrar la Constitución? La opción de explorar nuevos territorios, no se olvide, tenía sus riesgos inherentes. Ningún seguro podía cubrir tal operación.

En ese contexto, además de predecible, la sentencia resulta moderada en sus declaraciones, en términos globales. El Estatut ha sido víctima de sí mismo y de su ambición o, si se prefiere, de su propio éxito, pues ha alcanzado cotas, ahora consolidadas, impensables no hace tanto tiempo. De hecho, pretendía pasar de un salto de la versión 1.0 a la versión 7.5, por decirlo de modo gráfico, sin reforma de la Constitución. Sin duda, ha quedado por debajo de ese objetivo. Pero no tan lejos. ¿No es este, en términos jurídicos, un saldo positivo para sus patrocinadores? ¿Por qué entonces reacciones tan poco mesuradas?E incluso en el terreno de las diferencias no siempre se ha producido un verdadero desencuentro. Por ejemplo, Estatuto y sentencia parecen estar sustancialmente de acuerdo, en la realidad jurídica práctica, en que los símbolos y los sentimientos de nación son eso, ni más ni menos (fundamentos jurídicos 7 y siguientes).

Así las cosas, a pocos se les escapa que son necesarias, primero, reformas que eviten, por ejemplo, un dilatado proceso en el tiempo para enjuiciar una norma de esta naturaleza, pues ello es indeseable e incompatible con la economía del sistema regulatorio (el panorama comparado ofrece algunas experiencias interesantes); y, segundo, actitudes más responsables y constructivas ante el Tribunal Constitucional por parte de todos. Pero a muchos sí parece ocultárseles un análisis con sentido común, sin aspavientos, ni drama. Los ciudadanos no se lo merecen. Las instituciones tampoco.

En el mundo político y de los medios las cosas se ven de otro modo. ¿Se prometió lo que no podía prometerse? ¿O todo forma parte de un calculado teatro?

Sea como fuere, volcar todas las aspiraciones sobre una sola de las piezas del sistema supone un engaño colectivo, al que no pocos han contribuido con argumentos más allá del Derecho y de la legitimidad democrática (superior), que también posee la Constitución. Es como pretender construir una catedral sobre un único pilar. El Estatut se ha convertido, indebidamente, en un símbolo que condensa toda la historia y el futuro, cuando en rigor es algo mucho más modesto, un capítulo, sin duda importante, que, sin embargo, no puede encerrar o canalizar todos los sentimientos o ideas.

Permítaseme la ironía: “El autogobierno para quien lo trabaje”. Esperar que a través de un Estatuto puedan alcanzarse, a una sola carta, todos los deseos o expectativas, insatisfechas o imaginables, constituye un ejercicio irresponsable, un atajo perezoso y una estrategia ajena a nuestras reglas democráticas de juego. En lugar de trabajar la tierra y de labrar las reformas y consensos constitucionales y legislativos oportunos por más que duren una vida, algunos prefieren ahorrarse tiempo y esfuerzo, invocando el Estatuto, a modo de comodín o talismán que todo lo puede, como si la articulación de Cataluña en el resto de España de él solo dependiera, y no fuera obra de la colaboración convergente, compleja, continuada y leal entre el Estatuto y la Constitución y otras tantas leyes. Obra, a la postre, de una acción democrática de todos, sin exclusiones. El desarrollo plurinacional y federalizante del Estado de las autonomías nunca podría correr a cargo de un Estatuto, sino de una reforma constitucional. Ni el Estatut ni la Sentencia podían obrar el milagro, aun cuando uno y otra hayan hecho relevantes aportaciones.

Tanta desafección hacia la Constitución -la máxima expresión de democracia- frente a la exaltación del Estatut, maltratado, según parece, por los guardianes o defensores de aquella, bien merece dejar anotado marginalmente algo que el tiempo podrá acreditar y que la polémica parece acallar: el “enemigo” del actual Estatut, como de los demás, no es, ni puede ser, la Constitución, la cual por otra parte ha permitido su alumbramiento, sino, en su caso, su propio contenido, esto es, esos detallados preceptos que comienzan cuando terminan las solemnes proclamas constitucionales de los nuevos textos estatutarios. En su indominada preocupación por frenar la expansividad de la legislación estatal, perdieron la perspectiva para terminar haciendo una foto fija de tantas políticas públicas de las décadas anteriores y, lo que es peor, de las formas contingentes e históricas de llevarlas a cabo, como si estas fueran inmutables o de un reglamento se tratara, olvidando no solo que aquí “más es menos”, sino también la estrategia de sumarse a la convergencia global. No es la constitucionalidad, sino la modernidad y eficacia del Estado compuesto ante las crisis del siglo XXI y la compleja arquitectura de la gobernanza mundial lo que está en juego. Energía, medio ambiente, mercados financieros, seguridad, emigración, comercio, servicios, telecomunicaciones, alimentación, salud, y un largo etcétera hablan por sí solos. Hace pocos días aparecían irónicamente en las páginas contiguas de este diario una reflexión sobre el Estatut junto a un amplio artículo sobre la impotencia de los Estados contemporáneos y la creciente inadecuación de los poderes nacionales para gestionar los problemas globales. Dos dimensiones que no pueden vivir de espaldas.

Cuando desde La Moncloa se rompía el saque con la llamada al máximo autogobierno sin tocar la Constitución y sus destinatarios recogían el desafío, todas las miradas se dirigieron a las fronteras -había que apurar el límite, como el mar cuando la tierra se retira-, relegando, sin embargo, el problema principal: cómo diseñar mejores estrategias regulatorias en beneficio de la autonomía, del sistema en su conjunto y a la postre del ciudadano, en una sociedad globalizada.

Lo que es tanto como decir cómo tener mayor protagonismo y participación -de verdad- en el Estado y más allá del Estado, a través del Estado, porque en solitario (léase, con más competencias pretendidamente soberanas) los Estados más poderosos hace ya tiempo que se han visto desbordados. ¿Cómo se obtendría mayor protagonismo: adquiriendo la competencia sobre la inspección de las Cajas de Ahorro, o colaborando en los órganos centrales del Banco de España cuando actúa dentro y fuera del Estado?

Es esta una reflexión que, sin embargo, ha de quedar para otro momento.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya en el recurso interpuesto a instancias del PP pone fin a una aventura que ha acaparado durante muchos años la atención de la vida política en Catalunya y en el resto de España. El severo varapalo que anunciamos al conocerse el fallo hace un par de semanas es de mucha mayor envergadura de lo que en aquel momento podía suponerse.

Todo empezó cuando los socialistas catalanes, dirigidos por Pasqual Maragall, decidieron intentar atraerse a ERC con el fin de alcanzar un pacto en un futuro gobierno de la Generalitat y así desalojar del poder a CiU. Esto sucedía en febrero del año 2000: para una legítima finalidad partidista se utilizaba el Estatut, un instrumento que, por su naturaleza, debe estar siempre por encima de la lucha política diaria. Lo que en aquellos momentos se planteó como una reforma parcial acabó en una reforma total, en un nuevo Estatut que, desde el principio, ya se vio que, entre otros notorios defectos, tenía serias dificultades de encaje constitucional. Con la sentencia hecha pública en su totalidad el pasado 9 de julio acaba un periodo de incertidumbre sobre el porvenir del modelo de Estado autonómico y de la subsistencia misma de la Constitución como norma suprema.

Todavía faltan por aprobar las sentencias correspondientes de los otros seis procedimientos de inconstitucionalidad, el del Defensor del Pueblo y el de cinco comunidades autónomas. El recurso del Defensor era muy similar, en cuanto al número de preceptos impugnados, al del PP, ya sustanciado; los de las comunidades versaban sobre cuestiones muy comcretas en materias que afectaban a sus competencias. Creo que ninguna de estas sentencias aportará grandes novedades a lo ya conocido.

Cabe felicitar, en primer lugar, a quienes han interpuesto estos recursos. Gracias a ellos, y naturalmente a la labor del Tribunal, se ha logrado mantener la Constitución en su integridad y no debe olvidarse que una constitución democrática es siempre la pieza angular de la convivencia en un país. Si no se hubieran activado estos recursos, y los preceptos inconstitucionales hubieran seguido vigentes, el ordenamiento habría entrado en una deriva de gran inseguridad jurídica en la que el imperio de la arbitrariedad iría deteriorando progresivamente la libertad individual y la vida social.

En una sociedad democrática, el derecho es siempre la gran arma de los débiles frente a los poderosos, es aquel instrumento, como decía Rousseau, que nos convierte a todos en iguales ante la ley. Como sucede con cualquier rama del conocimiento, tras un lenguaje técnico y muchas veces incomprensible para los legos en la materia, el derecho asegura que, dado que no se pueden impedir ciertas desigualdades entre las personas, por lo menos todos seamos iguales en el ámbito de las libertades públicas, tanto frente a los poderes políticos como, en aquello que sea posible, también frente a los privados. La labor de los tribunales en la garantía de estos derechos resulta decisiva aunque a veces estos ciudadanos no alcancen a ver con claridad la trascendencia de sus resoluciones, así como tampoco las personas alcanzamos a entender cabalmente los diagnósticos y tratamientos médicos aunque confiemos en ellos.

Se hace difícil, si no imposible, un balance en profundidad de una sentencia tan extensa, tan compleja y de publicación tan inmediata. Sin embargo, tras una primera y apresurada lectura de sus fundamentos jurídicos, se desprende con facilidad que, como decíamos al principio, el varapalo que anunciábamos hace un par de semanas es mucho mayor de lo que podía presuponerse. Efectivamente, en el fallo se declaran 14 preceptos nulos y 27 conformes a la Constitución sólo en el caso que sean interpretados de acuerdo con el significado que les da el Tribunal en la sentencia. Pues bien, en muchos de estos últimos supuestos el significado que les atribuye el Tribunal es frontalmente contrario al que pretendían los autores del Estatut y, por tanto, de hecho, equivalen a otras tantas nulidades.

Pero hay más. La interpretación que el Tribunal hace de otros preceptos no recogidos en el fallo también vacía de contenido su significado primigenio y, por consiguiente, quedan tan desvirtuados como aquellos. Sin arriesgarme a precisar con exactitud, en total pueden ser tachados de inconstitucionalidad, total o parcial, entre ochenta y cien preceptos. Por tanto, es tal la magnitud de lo declarado inconstitucional bajo una u otra forma que más que de un severo varapalo se trata de una desnaturalización en toda regla del Estatut aprobado en el 2006.

En realidad, tras la sentencia, lo que queda válido y vigente no es en sustancia muy distinto de aquello que ya regulaba el buen Estatut de 1979 que nunca debió intentarse reformar.

Así pues, una operación fallida tras diez años perdidos que han ocasionado desgastes institucionales graves, tensiones en la sociedad y fuerte deterioro de la confianza en los políticos. Debido todo ello a una aventura irresponsable instrumentada a través unas inconsistentes técnicas jurídicas. En definitiva, un viaje a ninguna parte.

El fallo de la sentencia que enjuicia la validez jurídica del Estatut suscitó inmediatamente dos posiciones antagónicas. De un lado, la que subraya la vigencia de la indisoluble unidad de la nación española; de otro, la que achaca a la sentencia un menoscabo del carácter nacional de Catalunya. Aunque resulte paradójico, es posible que las dos afirmaciones coexistan; es más, que una necesite a la otra para mantener su peso en el ingrávido mundo de la teología política. Se palpen o no, ahí están sin poder demostrarse, simplemente para ser objeto de fe. No obstante, ni la indisoluble unidad de la nación española ni el menoscabo de la nación catalana atienden a una cuestión pragmática y, quizá, mucho más relevante: ¿en qué condiciones queda el autogobierno de Catalunya después de la sentencia?

Al final del camino, siempre merece la pena recordar el inicio. Y este nos remite al último tramo de la segunda legislatura de Aznar, cuando habían transcurrido más de 20 años de los primeros estatutos y la dinámica política, que había hecho de la Constitución un mito, se mostraba incapaz de liderar la racionalización jurídica de los nuevos contextos políticos supra e infra estatales.

Desde el primer instante, las alternativas fueron claras. Había quien prefería potenciar el autogobierno de Catalunya mediante pequeñas reformas con principio y fin en las Cortes, que transferirían nuevas competencias. Otros apostaban por romper la baraja e iniciar el camino de la independencia. Entremedias, con una mezcla de ambición y realismo, se pensó que la senda adecuada era la ofrecida por la Constitución: dar un nuevo Estatut con el impulso inicial del Parlament, la aprobación posterior de las Cortes y la ratificación final de los ciudadanos catalanes. Con este procedimiento se elaboró un texto en el que las instituciones elegidas por el pueblo catalán contarían con competencias precisas, instrumentos jurídicos y recursos suficientes, medios para relacionarse con el Estado y la UE, y un conjunto de derechos y principios rectores.

Son estos presupuestos centrales, asumidos íntegramente en los siguientes estatutos de nueva generación, los que se pusieron en tela de juicio por el PP. El recurso de inconstitucionalidad cuestionaba que el nuevo Estatut tuviese un contenido tan amplio, similar, decían, al de una Constitución. Pues bien, pese a que algunos pocos aspectos hayan sido declarados inconstitucionales, es justo sostener que el Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado de plano la esencia del recurso y ha validado los elementos estructurales que presenta el Estatut.

Por más que el TC se enrede con el uso y el lugar del término nación, asume sin ambages la existencia de una comunidad política ¿el pueblo catalán¿ que se desenvuelve junto y dentro de otra comunidad política, el pueblo español. La sentencia ratifica la coexistencia pacífica de, al menos, dos lealtades políticas, la que suscita España y la que propicia Catalunya. No ha de extrañar que el TC confirme la previsión de un cuerpo de derechos que trazan un horizonte singular para la acción política catalana. Especial importancia merece la cuestión de los derechos lingüísticos, donde la declaración de inconstitucionalidad del concepto de «lengua preferente» no altera el contexto actual en el que el derecho de opción lingüística ha de regir el uso de la lengua. Además, el TC confirma que en el ámbito educativo, sin exclusión de ninguna de las dos lenguas oficiales, el catalán sea preponderante al ser el idioma vehicular. Los reproches al carácter vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias o a la competencia exclusiva del Síndic no pueden ocultar que el Estatut conserva todo un potente arsenal institucional para desarrollar sus políticas propias. La corrección constitucional de las funciones del Consejo de Justicia deja el camino franco para que la ley orgánica del poder judicial complete el camino iniciado por el Estatut. En lo referido a las competencias, el TC afirma que el detalle con el que se recogen no hace sino describir la jurisprudencia del propio tribunal, y que, por tanto, el mismo podrá rectificarlas. Es cierto que al analizarlas una a una, el TC da por buenos prácticamente todos los perfiles competenciales. Es decir, asume que los redactores del Estatut han seguido al pie de la letra su jurisprudencia.

Son importantes las páginas dedicadas a las relaciones de la Generalitat con el Estado. La bilateralidad ha sido una realidad siempre presente en nuestro Estado autonómico y que hasta hoy a nadie le había suscitado dudas, pues se movía en el marco del acuerdo voluntario. El TC se limita a remachar la voluntariedad. Por último, es curioso que las rectificaciones en las cuestiones de financiación potencian la raíz federal del Estado autonómico,

Qué duda cabe de que el proceso de elaboración del Estatut ha dejado jirones. Su debate ha sido un acto de autocomprensión política, donde Catalunya mostraba qué quería ser dentro de la Constitución, y las fuerzas políticas estatales expresaban el lugar que esperaban de Catalunya en ese proyecto común. Al frente queda un dato jurídico-político innegable y lleno de potencialidad: el Estatut poseía un plan de autogobierno antes de la sentencia, y esa ruta permanece firme y expedita tras la sentencia.

A lo largo de casi un siglo, las pretensiones de muchos catalanes de lograr un mejor acomodo y reconocimiento dentro de España han sufrido una serie de frustraciones y éxitos que quizás hoy, tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), pueden ser útiles recordar y analizar. En 1918-1919 naufragó en las Cortes Españolas un primer proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña impulsado básicamente por la Lliga Regionalista. Ello significó el fracaso de la vía regeneracionista propiciada por Francesc Cambó, la que deseaba reformar y modernizar el Estado y resituar el concepto de nación española. Ante esa frustración, el diario madrileño El Sol anunció su temor de que a los partidarios de convertir Cataluña en “el Piamonte de España” les seguirían los que preferían que fuese “una Irlanda”.

El 14 de abril de 1931, un “irlandés”, Francesc Macià, proclamó unilateralmente la República Catalana en el marco de la ruptura política con la Monarquía española. Sin embargo, y desde la posición de fuerza que le otorgaban los hechos consumados, Macià se avino a rehacer el pacto hispánico si el nuevo régimen español tenía un carácter confederal o federal. Año y medio después, el proyecto de Estatuto catalán aprobado masivamente en un plebiscito en agosto de 1931, era rebajado notablemente por las Cortes Republicanas y reducido a un régimen autonómico regional dentro de un “Estado integral”, en absoluto federal. Macià y los suyos, por pragmatismo y pensando sobre todo en la necesidad de estabilizar el régimen republicano, aceptaron la solución.

Tras casi 40 años de dictadura centralista y nacionalista española, un nuevo proceso de cambio político, fruto de un pacto y no de una ruptura como el republicano, culminó en una Constitución que convertía a España en un Estado ampliamente descentralizado, aunque no federal. De este modo, el nuevo régimen autonómico catalán, el Estatuto de 1979, apenas se diferenciaría de los otros, dado que la Constitución convertía la autonomía en obligatoria para todas las regiones españolas. Ahora bien, dado que el pacto político era el fruto de las circunstancias de la Transición, la Constitución fue interpretada por muchos como el punto de partida que marcaba el fin de la dictadura y el inicio de un proceso democrático que posibilitaría futuras reformas e incluso desarrollar y concretar la ambigua solución dada a las nacionalidades y regiones. Otros, en cambio, interpretaron la Constitución como el punto de llegada, el marco final y máximo de las atribuciones autonómicas. Estos últimos lograron incluir en el texto constitucional la “indisoluble unidad de la nación española”, es decir, que no había lugar para los que no se identificasen con esa nación única y obligatoria.

En 2006, animados por el talante del presidente Rodríguez Zapatero, con sus declaraciones favorables al reconocimiento de la “España plural”, y tras más de 30 años de contradictoria “vía autonómica”, la mayoría de los partidos políticos catalanes -representando más del 80% de los votos- elaboraron un nuevo Estatuto con la pretensión de forzar al máximo el texto constitucional y plantearse el reconocimiento de la nación catalana dentro de España. El texto fue a grandes rasgos aceptado y votado por las Cortes Españolas y ratificado en referéndum por la mayoría de los catalanes. Sin embargo, tras cuatro años de discusiones, el TC se ha ratificado en una lectura restrictiva de los aspectos ideológicamente más nacionalistas del Estatuto. Su fallo significa la victoria de la visión de la Constitución como el punto final, como se han apresurado a proclamar con no poca satisfacción bastantes dirigentes populares y socialistas. En cambio, en Cataluña, aumenta la percepción de estar ante la enésima derrota de la voluntad de intervenir e influir en la política española, de buscar soluciones de concordia y de progreso común. Predomina una extraña sensación de perplejidad política ya que ni se puede incidir en lo que es compartido -una lectura más amplia de la Constitución- ni tampoco se les permiten ordenar y definir lo que es propio -el Estatuto-.

Así que, fracasada la vieja “vía piamontesa”, agotada la “autonómica” y rechazada la “federalizante”, quizás vuelva a resurgir con fuerza la irlandesa, ya que dudo que haya en España un “talante” gubernamental dispuesto a posibilitar la civilizada “vía escocesa”. Pienso, por tanto, que nos esperan años de tensiones dado que de poco sirve prohibir las realidades identitarias existentes. Realmente, ¿puede el TC hacer un dictamen político que niega el reconocimiento legal de la pluralidad de identidades existente hoy en España? Resulta, así, que ahora ya ni la compleja definición de España como “nación de naciones” es constitucional. ¿Es tan difícil aceptar que la mayoría de los catalanes consideran que su nación es Cataluña sin que por ello nieguen la existencia de la nación de los españoles? Víctor Balaguer se lamentaba hace siglo y medio de que para muchos de los españoles “no hay más nación que Castilla, ni más glorias nacionales que las glorias castellanas”. ¿Por qué la Constitución no puede reconocer un hecho social y político objetivo como es que muchos ciudadanos se sienten nacionalmente catalanes, vascos o gallegos? ¿Deberemos esperar medio siglo más para que los planteamientos fundamentalistas den paso a los realistas?

Es lógico que cientos de miles de catalanes hayan salido a la calle para manifestar su indignación por el modo en que se ha desarrollado el proceso de reforma estatutaria que ha culminado en la sentencia del Tribunal Constitucional que se publicó el pasado viernes. Los peores defectos de nuestro país han aflorado durante este proceso. Es indudable que ha habido manifestaciones grotescas de anticatalanismo. Nadie puede olvidar el boicot contra productos catalanes con que fue recibido el proyecto de Estatut, ni la campaña del Partido Popular por todas las tierras de España recogiendo firmas a favor de un referéndum que, en definitiva, se dirigía contra la propuesta catalana. El anticatalanismo alcanzó su máximo nivel cuando el Partido Popular decidió aprobar en Andalucía un Estatuto que reproducía en muchos aspectos el Estatut catalán, a pesar de lo cual mantuvo su recurso contra la norma catalana. Es obvio que muchísimos ciudadanos han considerado una humillación que el Partido Popular y el mismísimo Defensor del Pueblo (¿de qué pueblo?) hayan pedido al Tribunal Constitucional que anule disposiciones del Estatut catalán a pesar de ser idénticas o muy similares a las de otros Estatutos que no han querido cuestionar.

Es lógico también que la ciudadanía catalana se haya sentido molesta por la cerrazón mental con que el tribunal ha abordado la referencia a la nación catalana que figuraba en el preámbulo del Estatut.

Aunque es verdad que la Constitución predica la soberanía de la nación española, el tribunal, con un poco de imaginación y altura de miras, habría podido encontrar modos interesantes de integrar ese concepto con la referencia estatutaria a la nación catalana. El magistrado catalán Eugeni Gay, en su voto particular, ha criticado con buenos argumentos la rigidez de la sentencia en este punto. Al insistir tantas veces en que no hay más nación que la española, el tribunal ha provocado la reacción natural: la concentración de miles de catalanes en Barcelona bajo el lema “Som una nació”.

Ahora bien, la sentencia merece una lectura atenta, y no debe ser descalificada en su conjunto. Así, por ejemplo, una de las cuestiones que más preocupaban a los ciudadanos era la relativa a las lenguas de la enseñanza. Pues bien, la sentencia mantiene su doctrina anterior, con arreglo a la cual ha sido posible durante estos años construir en Catalunya el modelo de inmersión lingüística que todos conocemos. El tribunal afirma, una vez más, que los padres no tienen un derecho fundamental a que sus hijos reciban una educación en castellano, pues los poderes públicos tienen la responsabilidad de establecer los programas docentes que resulten adecuados para asegurar el perfecto conocimiento de las dos lenguas oficiales (el castellano y el catalán) por parte de los futuros ciudadanos. Es más, el tribunal insiste en que es legítimo que el catalán ocupe en la escuela el “centro de gravedad”, dado el desequilibrio histórico que ha padecido. No es de extrañar, pues, que el conseller Ernest Maragall haya expresado su satisfacción con esta parte de la sentencia, en la medida en que no cuestiona el modelo educativo vigente en Catalunya.

Otra conclusión importante de la sentencia es que resulta inconstitucional que el nuevo Consell de Garanties Estatutàries pueda bloquear las leyes del Parlament catalán a través de dictámenes vinculantes. En este punto, el tribunal amplía el campo de juego para las diversas mayorías que se vayan formando a lo largo del tiempo en Catalunya. Hay que tener en cuenta que la tabla de derechos del Estatut, que el Consell habría podido invocar para impedir la aprobación de leyes, incluía preceptos que un sector de la opinión pública conservadora rechaza (como los preceptos relativos al derecho a la muerte digna, al control de la mujer sobre su cuerpo y a la laicidad de la enseñanza). Recordemos que, por este motivo, Convergència i Unió votó en contra de esta parte del Estatut durante su tramitación en el Parlamento catalán.

En general, muchas de las normas que resultan afectadas por la sentencia serían plenamente constitucionales si, en lugar de aparecer expresadas en el Estatut, se formularan como leyes orgánicas. Puede parecer paradójico, pero el hecho es que el tribunal nos está remitiendo a una vía “más fácil” para conseguir buena parte de las cosas que el Estatut pretendía alcanzar. Así sucede, por ejemplo, en materia de organización de los tribunales de justicia, o en materia de financiación. ¿No dice ahora el conseller Castells, con toda razón, que no hay que preocuparse por lo que sostiene la sentencia en cuanto al sistema de financiación, porque lo que se quería obtener con el Estatut ya se ha plasmado debidamente en las correspondientes leyes estatales? Efectivamente, del mismo modo que en el pasado (bajo los gobiernos de Convergència i Unió) no fue necesario hacer un nuevo Estatut para modificar la financiación, tampoco era necesario ahora.

Resulta llamativo, por otro lado, que los medios de comunicación y los políticos no hayan destacado el siguiente dato: todas las normas del Estatut que la sentencia “ha desactivado” (sea a través de una declaración de inconstitucionalidad, sea a través de una reinterpretación), lo han sido por todos los magistrados del tribunal. En efecto, tanto los jueces del sector conservador como los jueces del sector progresista, incluyendo al juez catalán, han concluido que una lista importante de preceptos del Estatut eran, en efecto, contrarios a la Constitución. No quiero aburrir al lector con la enumeración de tales preceptos, pero créanme, por favor, si les digo que a muchos expertos no nos ha sorprendido la conclusión del tribunal. En conversaciones privadas entre juristas ha sido habitual durante estos años afirmar que determinadas partes del Estatut eran claramente inconstitucionales (salvo que el tribunal cambiara radicalmente de doctrina, cosa improbable). El problema es que los políticos que han ilusionado al pueblo con esta aventura estatutaria han estado rodeados de juristas que (salvo honrosas excepciones) no han hablado con la necesaria claridad cuando han sido consultados. En lugar de explicarles, con el máximo rigor jurídico, qué cosas se podían hacer a través de un nuevo Estatuto, y qué cosas no, demasiados juristas han preferido minusvalorar los problemas técnicos que había que afrontar, legitimando con sus opiniones una operación estatutaria que no se podía hacer en los exactos términos en que se ha hecho, como acaba de sostener el tribunal por unanimidad.

¿Y ahora, qué? Después de la enorme manifestación del sábado, se impone explicar a la ciudadanía, con plena transparencia, cuál es la situación. El nuevo Estatuto ha sido avalado por el tribunal en cuestiones importantes, lo que supone un avance significativo para el autogobierno de Catalunya. Ciertos cambios, sin embargo, sólo se pueden llevar a cabo a través de vías distintas de la estatutaria. Así, algunas decisiones se pueden adoptar mediante leyes orgánicas. Otras requieren una reforma constitucional. Otras, finalmente, sólo son viables si se logra la independencia de Catalunya. Estaría bien que los políticos contaran exactamente a los ciudadanos cuáles son los caminos que proponen ahora. Y sería sumamente deseable que. esta vez, los expertos en Derecho constitucional digamos al príncipe no lo que desea oír, sino cómo son las cosas en verdad.

En el voto particular a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, el ultramontano magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez abre su escrito con un apunte algo desconcertante: «Cuando han sido necesarios cuatro años de debate para llegar a sostener que la mayor parte de los artículos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) se ajustan a la Constitución es evidente que quienes han apoyado esta sentencia han tenido graves problemas para argumentar sus tesis». Este comentario daría para toda una crónica. En cualquier caso, no parece que los problemas habidos hayan sido problemas de argumentación, sino más bien da la impresión de que han respondido a la confrontación de dos sectores en un proceso donde –al menos esa es la imagen que se ha percibido socialmente– lo que contaba era el fluir y el influir de los votos de los distintos magistrados y magistradas, independientemente de la quebradiza posición en que se encontraba el propio tribunal y de la brillantez jurídica de los sucesivos siete proyectos de ponencia.

Podría pensarse así que de esos dos frentes en el seno del TC habrían de haberse alineado uno a favor de la constitucionalidad del Estatuto de autonomía de Catalunya y el otro en contra. Y, sin embargo, no ha sido así. Sí que han existido dos grandes opciones con diversas y graves peripecias en su decantamiento y desarrollo; pero puede decirse que todos los miembros del TC partían de una comprensión idéntica del problema que tenían entre manos: habían de limitarse a contrastar los preceptos estatutarios con su interpretación constitucional (a lo largo de la sentencia se repite casi con angustia que la Constitución es lo que dice el Tribunal Constitucional, que es una estricta copia de lo que señaló en su día el presidente del Tribunal Supremo norteamericano Hughes). Y esa interpretación constitucional del tribunal partía de una base implícita: el modelo español de distribución territorial del poder político ya se encontraba delimitado a través de la interpretación que el tribunal había efectuado de la Constitución y del llamado bloque de la constitucionalidad –categoría creada por el propio tribunal–. En consecuencia, el juicio de contraste solo debía decidir si, con esos parámetros, el nuevo Estatuto de autonomía de Catalunya era o muy inconstitucional o solo moderadamente inconstitucional.

Ha triunfado, como es sabido, la opción de la inconstitucionalidad moderada, pero con una carga de fondo importante: al margen de las numéricamente escasas declaraciones de inconstitucionalidad –que comportan la nulidad del precepto impugnado– y de las más abundantes declaraciones de interpretación conforme (aquellas que mantienen la letra de los preceptos impugnados, pero imponen una determinada interpretación), la sentencia ha hecho tabla rasa de las principales innovaciones del Estatut en cuanto estas se conectaban o podían conectarse con la necesidad de una remodelación de la estructura del Estado: ha eliminado la trascendencia jurídico-constitucional de la identidad nacional, ha degradado el principio de bilateralidad como principio básico de la relación con el Estado central, ha depuesto la utilización preferente de la lengua propia en el ámbito público, ha relativizado la fuerza jurídica de los derechos y principios rectores, ha suprimido la apariencia (porque era solo mera apariencia) de poder judicial propio en Catalunya, con sumo cuidado ha hecho desaparecer todas las garantías de protección de las propias competencias (lo que, en términos periodísticos, se vino en llamar «el blindaje» de las competencias) y ha cercenado el sistema de financiación. Es decir, el resultado de esta sentencia y sus aspectos centrales ha sido el de pretender volver al statu quo anterior a la aprobación del Estatuto de autonomía de Catalunya. Es cierto que se ha aumentado el techo competencial, que se ha dado cierta luz verde a nuevas instituciones (aunque el lío con las diputaciones permanece) y que se ha respetado con ciertos márgenes la presencia de la Generalitat en diversas instituciones estatales; pero, en mi opinión, el elemento de peso de la sentencia ha sido el de frenar, cuando no paralizar, el impulso de transformación y, en lo posible, eliminar lo que para la innovación del modelo de Estado suponía el Estatuto de autonomía de Catalunya.

Es fácil ver, no obstante, que las opiniones sobre esta decisión jurisdiccional son de lo más variado. Pero, a mi juicio, constitucionalmente, la sentencia ha supuesto no la declaración de que con ella se alcanzaba el techo autonómico, como llegó a señalar el presidente del Gobierno, sino que ese techo se había alcanzado antes de aprobarse el nuevo Estatuto de autonomía de Catalunya. Y lo que es peor: que no cabía alternativa alguna a ese mismo techo y mucho menos la federal. Al haber aceptado la mayoría del tribunal el terreno de juego político que les planteaba el Partido Popular a través de un recurso a la casi totalidad del Estatut y lo que él representaba, el tribunal ha sido y es el principal actor de ese juego.

La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña retrata sus prejuicios políticos y su falta de independencia. Han ejercido de juez y de parte, pero no son los únicos responsables del desaguisado estatutario. La responsabilidad política se reparte entre muchos más actores e incluye también a las fuerzas políticas del catalanismo.

Habrá tiempo para analizar el papel de cada uno en esta historia, pero en el momento actual es necesario señalar el problema de fondo. ¿Cuál es? La falta de visión y de sentido de Estado de los dos principales partidos españoles, el Partido Popular y el PSOE. Una vez más se han enzarzado en acusaciones infantiles sobre quién ha ganado o perdido. La sentencia del Tribunal Constitucional es una derrota para todos, no solo para los catalanes. Las Cortes Generales han quedado desautorizadas. ¿Es esto democráticamente lógico? ¿Ha pensado el presidente del Gobierno en la desautorización de dos ministros suyos, los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Justicia, Francisco Caamaño, que tuvieron un papel protagonista en las negociaciones con los parlamentarios catalanes? ¿Puede sensatamente el Grupo Socialista, mayoritario en el Congreso de los Diputados, aceptar sin más la sentencia como si se tratara de cuestiones poco relevantes? ¿En qué debería estar pensando la ministra Carme Chacón cuando afirmó que estaba satisfecha con la sentencia?

El ridículo del Partido Popular es todavía mayor. Los dirigentes de este partido político todavía no han digerido el consenso constitucional de 1978. Utilizan, que no defienden, el Estado autonómico. Un partido autonomista nunca hubiera presentado el recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Un partido democrático habría respetado la decisión del pueblo catalán en el referéndum del 18 de junio de 2006. Impugnan artículos del Estatuto catalán que votan en el andaluz. Increíble pero cierto. Los populares tienen genética preconstitucional y en los momentos decisivos les sale. Son, ante todo, los guardianes de la patria española. Otra vez este nacionalismo español tan particularista, tan primario, como el propio Ortega y Gasset denunciaba.

Se impone la rectificación. Ya es hora de que se haga un pacto de Estado por algo y no contra algo. Desde la LOAPA a la Ley de Partidos Políticos, el PSOE y el PP no han asumido que el desarrollo democrático de la Constitución se hace positivamente y no negativamente. Una Constitución bloqueada se queda obsoleta con el paso de los años. Al final sucumbe ante el orden político, que obedece el orden constitucional en el corto plazo, pero lo gana en el largo plazo. La lección es clara si la historia sirve para algo: el constitucionalismo español, siempre contrario a la enmienda constitucional,debe enmendarse. Los cambios inherentes a toda sociedad deben ser reflejados y regulados en la Constitución mediante la reforma constitucional. Esta es la vía inteligente de evitar la desestabilización política y las rupturas constitucionales. Han pasado más de 30 años desde la aprobación de la Constitución española de 1978. ¿Cuántos años más habrá que esperar para cambiar algunos artículos?

El problema de fondo que ha descubierto el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña es que no se quiere ver la necesidad de la reforma constitucional. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. La ceguera constitucional afecta igualmente al PSOE y al PP. Si recuperan la visión de Estado reconocerán las cuestiones capitales que afectan al buen funcionamiento de un Estado compuesto, que el consenso constitucional dejó pendientes, dadas las presiones políticas y las amenazas de involución política que pesaban sobre el proceso constituyente. Tres décadas después de aprobada la Constitución no es aceptable que estemos literalmente donde estábamos. ¿Cuáles son esencialmente las reformas que requiere el desarrollo democrático del Estado autonómico? Básicamente tres: 1. El reconocimiento en la equidad de la pluralidad nacional, lingüística y cultural de España. 2. La mejora de la organización institucional del Estado autonómico como Estado compuesto. 3. La aceptación positiva del federalismo como la vía demostrada en otras democracias de referencia para la distribución de competencias, financiación de la autonomía política y resolución de los conflictos de competencias.

¿Por qué al PP y al PSOE les resulta tan difícil reconocer España tal como es? España tiene textura plurinacional y el Estado debe reconocerlo para conseguir la lealtad de todos respetando la identidad nacional de cada uno. En una sociedad democrática todas las lenguas merecen igual reconocimiento. El catalán (valenciano o balear), el gallego y el vasco son lenguas que deben tener el mismo tratamiento oficial que el castellano y, en consecuencia, ser reconocidas como lenguas oficiales del Estado. Es lo que sucede en Suiza, en Canadá, en Finlandia, en Bélgica y es lo justo. ¿Se ha pensado alguna vez qué sucedería en Suiza si el francés o el italiano fueran tratados como el catalán en España? El uso en la igualdad de las distintas lenguas oficiales en las Cortes Generales, en los documentos de identidad, pasaportes, moneda, etcétera, tendría efectos extraordinariamente positivos para la unión política.

Es ineludible una mejora de la organización institucional del Estado autonómico. En primer lugar, no se entiende ni funciona un Estado compuesto con un poder judicial centralizado. El pecado original ya se cometió cuando se puso en el Título VI de la Constitución la denominación Del poder judicial en vez de De los tribunales y de la administración de la justicia (en coherencia con los Títulos III y IV). Porque la independencia de los jueces se manifiesta en la administración de la justicia y no como poder corporativo.

El poder judicial es la institución más preconstitucional y centralista del Estado democrático, con una sala de lo militar en el Tribunal Supremo cuya pervivencia insulta la justicia democrática. Asimismo causa sonrojo que todavía no se haya promovido la reforma del Senado como cámara territorial de las nacionalidades y regiones y, también, que la provincia se mantenga como instancia periférica del Estado y como circunscripción electoral. Todo ello distorsiona el modelo territorial autonómico.

De igual manera no hay que inventar nada sobre la distribución de competencias y recursos financieros entre entes políticos. El derecho federal comparado abre muchas soluciones. ¿Por qué hay tanto miedo a la normalización y uso de la teoría y práctica federales que tan buenos resultados ha dado en otros Estados democráticos? Un miedo que deviene paradójico en la cultura política española, porque mientras el nacionalismo español ve en el federalismo la semilla de la división, los nacionalismos periféricos lo ven como el riesgo de uniformidad.

Al final los nacionalismos enfrentados acaban sumando fuerzas contra la alternativa federal. Pero no hay proyecto compartido posible entre España y Cataluña que no sea federal y se fundamente en la plurinacionalidad del Estado. Así que los nacionalismos tendrán que reconocerse, dialogar y pactar soluciones, como se hizo en el consenso constitucional de 1978. Creo que es posible si se aparcan los esencialismos nacionalistas y hay voluntad política de seguir la senda del desarrollo democrático y autonomista de la Constitución. Pero es inexcusable saber que la política útil y positiva no vive de las esencias patrióticas, sino del dominio de los tiempos reales. Un tiempo real que hoy exige no solo para el bien de Cataluña, sino también para toda España, un lema tan justo y oportuno como: “Volem ‘tot’ l’Estatut“. Lo dijo Miquel Roca i Junyent en Catalunya Radio. Y acertó. Porque el autogobierno de Cataluña y la democracia española son interdependientes. Así se comprendió en la Transición e interesa a todos recordarlo.

La manifestación del sábado puede ser contemplada como un hecho circunstancial, espectacular en sus dimensiones pero con alcance limitado al resultado de las futuras elecciones o incluso a la revisión del mapa de partidos. Que no es poco. Pero, a mi entender, debe ser percibida como expresión de un movimiento de fondo registrado en datos anteriores. Datos ya conocidos, pese a los esfuerzos de algunos por ignorarlos o deformarlos. En primer término, la aspiración ampliamente mayoritaria de la sociedad catalana de incrementar su propia capacidad de gobierno.

Durante la gestación del Estatut del 2006 se insistió en que el asunto era un capricho de su clase política ajeno a los catalanes de a pie. Con todo, las encuestas señalaban persistentemente que entre el 65% y el 75% de los catalanes juzgaban necesario o muy necesario ampliar el autogobierno, que las grandes decisiones políticas debían adoptarse en Catalunya o que debía modificarse el sistema de financiación. Interrogados sobre qué forma convenía al gobierno de Catalunya creció el número de quienes se inclinaban por fórmulas más radicales que la vigente autonomía constitucional. Según el CIS (adscrito a la presidencia del Gobierno español), quienes optaban por un Estado propio en una federación española o por un Estado independiente habían pasado de un tercio a casi un 60% de los encuestados.

Aportemos más datos. A lo largo de las dos últimas décadas crecía el número de ciudadanos que se identificaban como solo catalanes o como más catalanes que españoles: del 20% al 40%, aproximadamente. Y se reducía el de quienes se sentían solo españoles o más españoles que catalanes: del 30% al 12%. Junto a ellos, persiste, y es un dato muy relevante, un amplio sector que se declara tan catalán como español: en torno al 40%-45% de la población.

Son pistas de una corriente de fondo. Que el proceso estatutario fatigase a la opinión no significaba, pues, una indiferencia ciudadana ante la cuestión del autogobierno tal como se predicaba desde sectores políticos y mediáticos. Tampoco la manifestación puede ser interpretada sin contar con estos datos. Ignorarlos nos llevaría a decisiones tan temerarias como las que adoptaron el Partido Popular recurriendo el Estatut o el Tribunal Constitucional admitiendo el recurso e inclinándose en su sentencia por una interpretación decimonónica, petrificada y autista del acuerdo constitucional de 1978. Encerrándose en categorías jurídico-políticas sobrepasadas por los hechos, el tribunal se metió en una trampa sin salida. Fue incapaz de resolver un problema político de tanta envergadura y su intervención no ha hecho sino empeorarlo. Empeñarse ¿como hace la sentencia¿ en la idea de que a cada Estado le corresponde una sola nación y, en consonancia, que a cada nación le corresponde un Estado propio es encerrarse en el viejo nacional-estatismo del siglo XIX. Toda su doctrina sobre soberanía, competencias y financiación se hace derivar de esta ecuación. De este discurso toman aliento y justificación las reclamaciones independentistas que beben de la misma fuente.

¿Qué perspectivas se abren ahora? Acatar los términos de la resolución del tribunal ¿con aplauso o con resignación¿ equivale a la permanente confrontación política y judicial. Si se replica a su discurso ¿es decir, si se le responde con su reproducción¿ proponiendo solo la independencia formal, no cabe descartar costes agudos para la convivencia catalana: parte del 45% de quienes se sienten tan catalanes como españoles puede vivir la propuesta independentista como una difusa amenaza y conducirla a posturas defensivas que no sostenía hasta hoy. Otra variable a considerar es la incierta reacción del 15% de la población de origen extracomunitario, en precaria situación económica y civil.

En este contexto, la salida de la trampa nacional-estatista será complicada y tendrá costes no menores. Conviene prevenirlos o mitigarlos, especialmente por lo que respecta a la concordia civil del país. Será el cometido de quienes ocupan posiciones de responsabilidad. Y no solo en la política: también en el mundo sindical y empresarial, en el ámbito mediático, cultural y académico. No cabe renunciar a las exigencias de reconocimiento colectivo y capacidad política que formula desde hace años la sociedad catalana. Pero debe demostrarse con las políticas sociales y culturales de nuestras administraciones que este proceso no puede ni debe ir en detrimento de la armonía social interna. Hay que desarrollar un discurso político que sustituya las viejas categorías del Estado-nación por fórmulas flexibles como las que se experimentan en algunos estados de la Unión Europea. Y hay que ganar con sobriedad y solvencia la comprensión de actores internacionales que también cuentan en esta historia. Se trata de un esfuerzo a medio y largo plazo que se malogrará si no se acompaña con la necesaria combinación de ambición y pragmatismo que permitiría salir de la trampa a la Catalunya que se manifestó el sábado y a la Catalunya que se quedó en casa.

El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos Earl Warren, famoso por su tan extenso como contestado informe sobre la muerte de Kennedy, decía que «mientras las conquistas del ser humano se reflejan en las páginas de deportes, sus fracasos suelen ser los que ocupan las portadas de los periódicos». Desde el mismo día de su nacimiento, EL MUNDO ha resuelto esta paradoja publicando muchas noticias de fútbol, tenis, ciclismo o baloncesto en su portada y nos sentimos especialmente orgullosos del tono cosmopolita de nuestra sección de Deportes, concebida como plataforma de lo que es a la vez un abigarrado retablo de pasiones y el mayor fenómeno cultural contemporáneo.

Otros, que alardearon incluso de la fantasía fundacional de no publicar información deportiva, han tenido que rendirse a la evidencia. El deporte puede ser el opio del pueblo, pero también una excelsa expresión de talento y entrega colectiva que canaliza los sentimientos de identificación y pertenencia de las personas. Benditas sean estas «guerras sin el sentimiento de culpa», como decía ya en el siglo XVIII el poeta inglés William Somerville, sobre todo cuando las ganamos nosotros. Y, sobre todo, cuando nos ayudan a entender, como viene sucediendo estos días con providencial elocuencia, la clave de lo mejor y lo peor que nos ocurre.

El resumen del resumen de estas jornadas memorables es que mientras el miércoles el acrobático testarazo de un mocetón desgreñado de La Pobla de Segur y los portentosos reflejos de un galán mostoleño de patronímico vasco culminaron el grandioso esfuerzo de un equipo de superdotados procedentes de todas las regiones españolas para alcanzar la antesala de la gloria, ayer sábado varios cientos de miles de «españoles que se creen no serlo» -Madariaga dixit-, encabezados por un farsante oportunista, se manifestaron en Barcelona para exigir que esto no pueda volver a repetirse.

Y es que no hay más claro compendio del espíritu separatista del Estatut que sus pretensiones en materia de selecciones deportivas, incluidas, cómo no, en el capítulo dedicado a la «acción exterior de la Generalitat» -véase el artículo 200- que ha superado intacto el esperpéntico parto de Torcuata. No una sino mil veces hemos oído a todos los partidos de ese rincón nororiental de la península, con excepción del PP y de Ciutadans, reclamar el derecho de la «nación» catalana a competir en los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol frente a la nación española. O sea, que Puyol le hubiera metido su golazo a Casillas… o Casillas hubiera neutralizado con su paradón el remate de Puyol… o ninguno de los dos habría llegado demasiado lejos por separado.

Entendemos muy bien ese mensaje: ya que hay algo en lo que no tiene vuelta de hoja que la unión entre españoles hace la fuerza, vamos a ver si nos lo cargamos, no sea que cunda el efecto contagio. Con franqueza, a eso -cambiar para peor, separarse para ser más débiles- se le llama mear y no echar gota.

Con cinco titulares en el equipo que eliminó a Alemania y otros dos cracks en el banquillo, Cataluña es la comunidad que más jugadores aporta a la selección nacional. Sin embargo, esa simbiosis decisiva con un portero madrileño, un defensa sevillano, un centrocampista guipuzcoano y otro albaceteño o un delantero asturiano y otro canario es considerada por la clase política y los popes mediáticos barceloneses como algo vergonzante que debe ser escamoteado o al menos camuflado en los espacios públicos. De ahí la respuesta de Jorge Lorenzo cuando Alejandro Sanz le reprochó su negativa a exhibir no ya la bandera española sino la propia camiseta de la selección tras su victoria de la semana pasada en Montmeló: «Aquí en Cataluña es complicado salir con ella. No quiero problemas».

El episodio demuestra que por mucho que vaya a convertirse en nuestro primer campeón del mundo en la mayor cilindrada, Lorenzo no ha pasado todavía de ser un chavalín que monta en moto y está muy lejos de la consistencia personal de un Gasol o un Nadal, cuyas experiencias cosmopolitas no han hecho sino reafirmarles en que la única manera natural de proyectar a Cataluña o Baleares en el mundo es como partes de una España a la vez cohesionada y diversa. Pero el acoquine es libre y es indiscutible que ese clima de coacción antiespañola existe, pues 30 años de gobiernos nacionalistas -incluidos estos nefastos tripartitos en los que el PSC ha vendido su alma por el poder- no pasan en balde para la vida pública de una sociedad.

Hace tiempo que tenía ganas de escribir que jamás había sentido primero tanta vergüenza ajena y enseguida tanto desprecio por un rebaño a la vez ovino, caprino y porcino como el día en que el minuto de silencio en memoria de Juan Antonio Samaranch fue acogido con una nutrida pitada en el Camp Nou. Nunca tantos le debieron tanto a uno solo en un mismo sitio como los barceloneses al hombre irrepetible que puso su nombre en el mapa de la globalización a través de los Juegos del 92. Ese abucheo póstumo sonó como los cañonazos con que el imbécil del marqués de Sully desmochó las torres de su maravilloso castillo del Loira cuando, al abrazar las ideas nuevas, decidió aplicar con rajatabla arquitectónica la egalité revolucionaria. Claro que hoy me desquito, pensando que nadie habría sido tan feliz con la victoria de una selección nacional plagada de jugadores de Sabadell, Tarrasa o Arenys como este grande de España que quedará a la vez como el catalán más universal del siglo XX.

Con la excepción de Duran Lleida, que nunca ha creído en los mitos circundantes, hace años que la clase política catalana dejó de tener el problema de cómo desembarazarse de alguien que destaque. El raquitismo político de sus intérpretes ha venido a enfatizar la inanidad intelectual del nacionalismo cuando se trata de afrontar los problemas reales de una sociedad sacudida por crisis de gran calado. Y conste que esta re- flexión la hago extensiva a todos los patrioterismos, hasta el extremo de que si España no existiera yo no sería partidario de inventarla.

Pero al menos el nacionalismo mantiene su coherencia irredentista, tanto en sus expresiones moderadas como radicales, como respuesta romántica a la racionalidad del Estado moderno. Pedirle a Convergència que dé por cerrado el proceso de transferencias es como plantear a la Asociación de Amigos del Bistec que se hagan vegetarianos. Y bastaba visitar la página de e-noticies -web de referencia de la información en catalán- para contemplar el ambientazo que había en el principal casal de Esquerra Republicana en Barcelona, desde que los admirados alemanes empezaron a competir por la pelota con los «gitanos» de la «puta» España. Sí, ésas eran sus exclamaciones. Contentos se fueron a la cama los chicos de Carod y Puigcercós…

Los temores de los líderes independentistas a que este fin de semana hubiera en los balcones más banderas españolas que senyeras prueban hasta qué punto consideran una prioridad romper la unidad victoriosa de la selección nacional de fútbol. Por algo las páginas webs de aquellos de sus compinches a quienes mejor se les entiende todo estaban plagadas de banderas alemanas, y desde el miércoles alternan los insultos al «botifler» y «feixista» de Puyol con las enseñas holandesas. «El domingo iré con Holanda», ha declarado el tal Santiago Espot, promotor de campañas tan ejemplares como los silbidos al Rey en la final de Copa o las denuncias contra los comerciantes que no rotulen en catalán.

El que Montilla haya quedado retratado ayer en compañía de esta tropa, precisamente en el momento en que más embarazoso e inconveniente podía resultar para él, es un acto de justicia poética. El muy impostor tenía preparados el discurso de repudio y la convocatoria de la manifestación antes de conocer cuál era la sentencia del Constitucional, pero no contó con el calendario del Mundial. De ahí que hasta el último momento tratara de buscar un pretexto para echarse atrás a cuenta de la pancarta y la consigna. Al final sus socios y compañeros de viaje le cerraron toda escapatoria al acceder a que los lemas Som una nació y Nosaltres decidim -equivalente al que ETA impuso a Zapatero en el proceso de paz- no figuraran en el centro sino en los laterales de la pancarta. Ha sido una manera de ponerle aún más en evidencia: Montilla quería encabezar una manifestación soberanista, pero sin que se notara que lo era. Y, claro, como dijo Oriol Pujol, «cuando uno hace una cosa que no se acaba de creer, termina metiéndose en un problema».

Montilla es como aquel tosco e iletrado pescador napolitano, paradigma de demagogos, llamado Massianello, que a comienzos del siglo XVII empezó enfrentándose al virrey, logró imponerle sus condiciones y cuando fue elevado al poder y se creyó que de verdad podía ejercerlo terminó siendo liquidado por sus seguidores más radicales. En su loca huida hacia delante, el otro día llegó a acusar al PSOE de «esconderse» y tener «miedo al federalismo» frente a un PP que «le ha comido la moral». ¡Como si un Estatut basado en la bilateralidad y en la exigencia de competencias vedadas a todos los demás fuera una expresión de federalismo y no de insolidaridad!

Si hubiera que reproducir en la selección los esquemas que los nacionalistas y Montilla se empeñan en hacer tragar al conjunto de los españoles, los siete jugadores catalanes aprovecharían su número y su fuerza para reunirse por separado con Del Bosque e imponerle cuotas en la alineación y baremos diferentes en la distribución de las primas. Sería la garantía del fracaso del equipo, tal y como le ocurrirá antes o después a nuestro Estado constitucional.

Es una lástima que en el tira y afloja sobre la pancarta de la cabecera no se incluyera también la música de la manifestación, pues el resto de los convocantes podrían haber cedido en todo a cambio de que al paso de Montilla siempre sonara L’Opportuniste del gran Jacques Dutronc. Bastaría cambiar la mención del «comunismo» por la del nacionalismo para que su primera estrofa quedara perfecta: «Je suis pour le nationalisme/ Je suis pour le socialisme/ Et pour le capitalisme/ Parce que je suis opportuniste».

La mayoría de las estrofas posteriores ni siquiera precisarían el más mínimo lifting. Por ejemplo ésta: «Je suis de tous les partis/ Je suis de toutes les patries/ Je suis de toutes les coteries/ Je suis le roi des convertis». O no digamos esta otra: «Je crie vive la revolution/ Je crie vive les institutions/ Je crie vive les manifestations/ Je crie vive la collaboration».

Pues bien, ahí tienen al Conde don Julián, al obispo don Oppas, a este Iscariote de tres al cuarto que se entiende por el pinganillo de la traducción simultánea con su compadre Manolo Chaves, evita a sus hijos la inmersión obligatoria que impone a los de los demás y necesita sacar los apuntes hasta para escribir una dedicatoria en catalán; ahí le tienen encabezando una manifestación antiespañola en la víspera de la primera final española del Campeonato Mundial de Fútbol.

«Pobre converso: teme la insignificancia y se abandona a veces a la melancolía, sin saber que tiene ante sí un horizonte agónico porque ya está muerto». ¿Cómo no dedicar este epitafio, extraído del estupendo artículo que el ensayista Higinio Polo publicó hace ya unos años sobre los chaqueteros, a este tonto útil al que todos los focos han sorprendido haciéndoles el juego a quienes pretenden que Carles Puyol no siga sumando su inteligencia, su pundonor y su estado de gracia a los de Iker Casillas? 

Una vez conocida la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso planteado por más de 50 diputados del PP contra el Estatuto de Cataluña podemos considerar que el intérprete supremo de la Constitución ha convalidado no solo el Estatuto de Cataluña sino un modelo de Estatutos a los que podemos denominar “de segunda generación”, que abren una nueva etapa en la evolución del Estado autonómico. Pese a los exabruptos oídos en los últimos años frente al Estatuto de Cataluña, la sentencia confirma que sus aportaciones son conformes a la Constitución. Esto es importante no solo para Cataluña sino también para Andalucía, con un Estatuto muy similar, e incluso, en mayor o menor medida, para Aragón, Castilla y León, Baleares o Valencia. Una vez publicada la sentencia podemos suponer que las restantes CC AA reformarán sus Estatutos conforme a este modelo.

Por ello, esta sentencia era capital para el desarrollo del Estado autonómico y, a mi juicio, en las peores circunstancias, sobre las que no procede incidir ahora, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia muy razonable. Desde una perspectiva formal, se agradece el estilo sintético que por una vez utiliza el Tribunal, haciendo de la necesidad virtud, en la línea de los tribunales constitucionales de otros países. Va directamente a los problemas, sin circunloquios, y cita solo las sentencias realmente importantes respecto a cada asunto. Pero, desde una perspectiva más de fondo, lo trascendente es que intenta aportar sosiego desde el razonamiento lógico a aspectos que se han presentado ante la opinión pública en términos muy crispados. Por ello, incluso aún discrepando en algún caso de la argumentación, resulta destacable la voluntad de desmontar las polémicas que se han impulsado por quienes han querido convertir el Estatuto en un campo de batalla.

La sentencia presenta como elemental que estamos ante un Estatuto con su fundamento en la Constitución, nada de reforma encubierta de la Constitución u otras elucubraciones preventivas que nos han repetido hasta la saciedad. En ese sentido, rechaza radicalmente los intentos de los recurrentes por darle a los términos pueblo de Cataluña, ciudadano de Cataluña o incluso derechos históricos una interpretación conflictiva. Con naturalidad, los encaja en el marco constitucional. Igual ocurre con el manido debate sobre el concepto de “nación”. El Tribunal lo resuelve recordando su doctrina sobre el valor de los preámbulos y la definición de Cataluña como una nacionalidad, que contiene el propio Estatuto tanto en el artículo 1 como en el 8. Es un debate impostado, innecesario, en cuanto el propio Estatuto expresa con nitidez la definición de Cataluña como nacionalidad y el encaje de los símbolos nacionales. Esa voluntad de desactivar los conflictos lo advertimos también en otros aspectos polémicos. Así, en los derechos lingüísticos concilia el derecho de opción lingüística con la constitucionalidad de las medidas de promoción de la lengua propia y la normalización lingüística, aceptada desde la STC 337/1994.

La sentencia va recorriendo los preceptos recurridos, en definitiva la mayor parte del Estatuto, confirmando su constitucionalidad salvo en aspectos muy puntuales, e incluso criticando los planteamientos genéricos o imprecisos de los recurrentes.

Ciertamente, no comparto las declaraciones de inconstitucionalidad, pero eso no opta para reconocer que son pocas y con escaso alcance. En la mayoría de los supuestos deriva de lo que, según el Tribunal, no puede contenerse en el Estatuto sino en una ley orgánica, como en el caso de los Consejos de Justicia, por lo que bastaría con modificar la correspondiente ley orgánica.

En puridad, las declaraciones de inconstitucionalidad con contenido afectan a la “preferencia” en el uso del catalán, el carácter vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias, la exclusión del Defensor del Pueblo en la supervisión de la Administración autonómica o la competencia normativa autonómica para aprobar tributos locales. Puede sostenerse que ni siquiera esto debería haberse eliminado de un Estatuto aprobado en referéndum por el cuerpo electoral o, incluso, que no se ha respetado suficientemente el principio de deferencia al legislador democrático. No obstante, me parece evidente que la “poda” es muy limitada.

Por ello, la valoración de la sentencia es positiva, especialmente si pensamos en sus efectos para el desarrollo del Estado autonómico. En primer lugar, porque delimita de forma adecuada la posición constitucional del Estatuto. En sentido positivo, configurándolo como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma con una función materialmente constitucional y, en sentido negativo, impidiéndole la definición de categorías constitucionales. En segundo lugar, porque no se había hecho hasta ahora en España una apelación tan clara y precisa a la importancia de la colaboración y la participación en el Estado autonómico. Finalmente, porque al aceptar la técnica del desglose de facultades competenciales que propone el Estatuto favorece la delimitación de los espacios respectivos del Estado y las CC AA, así como la asunción de sus responsabilidades. Por ello, procede huir de debates estériles para configurar en el marco de los nuevos Estatutos, y con el referente de esta sentencia, un Estado autonómico sustentado en los principios de lealtad institucional y cohesión territorial.

La manifestación de hoy expresa la protesta de Catalunya contra una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que recorta el Estatut. La gran mayoría cree que el texto votado por el 87,4% del Parlament; corregido y pactado luego en Madrid y aprobado (mayoría absoluta) por el Congreso y el Senado españoles; y finalmente respaldado en referendo por el pueblo de Catalunya, no podía ser alterado. Y menos por el recurso de un partido que utilizó el Estatut para una campaña anticatalana y por un TC que ha tardado cuatro años en dictar sentencia. Y en circunstancias, para decirlo suavemente, muy anómalas.

Además, serios constitucionalistas, como Pérez Royo, sostienen que los estatutos de las autonomías del artículo 151 de la Constitución, los de las nacionalidades históricas, son un pacto entre parlamentos. Y que la última palabra la tiene el referendo. Al TC corresponde arbitrar los conflictos que surjan al aplicar el Estatut. No cuestionarlo.

Por este sentimiento, Catalunya protesta contra una sentencia que pone en duda el pacto constitucional del 78 (suscrito por todas los partidos excepto la ERC de Heribert Barrera) y que es el acto final de una campaña anticatalana. La principal responsabilidad es del PP, pero ha habido incitación de sectores mediáticos de la capital y seguidismo –por miedo o convicción– de intelectuales progresistas. E incluso de políticos del PSOE que votaron el Estatut.

Catalunya dice hoy no. Y el respaldo a la protesta es incluso superior al del Estatut pactado en Madrid. Por eso el forcejeo sobre el lema tiene su lógica. Pero la manifestación no debería ser sólo un nuevo Diguem no. Tendría que dar paso a una propuesta unitaria que lograra resultados. Y esto plantea problemas, superables, pero que no se deben infravalorar.

El primero es la afición catalana a festejar derrotas (1714) y exigir el tot o res. Y el Estatut no ha sido derrotado. No es el res, pero tampoco el tot. Ha sido declarado constitucional en el 90%. Y el PP, pese a la Brunete mediática, ha perdido.

Gran parte de Catalunya es consciente de esta victoria relativa (las totales son de Hollywood) y sabe que ganar implica no aceptar la derrota, en especial cuando no la ha habido. Y que hay que utilizar los 39 diputados catalanistas en Madrid (25 del PSC y 10 de CiU) para demostrar que es difícil gobernar España contra Catalunya. Aquí Montilla y Mas están en el mismo barco. Pero deberían apostar más fuerte. Montilla, en la relación con el PSOE. Mas, en la fe total en su papel de bisagra. Y quizá no lo hagan.

Además, buena parte de Catalunya cree legítimamente que la sentencia avala el soberanismo. El mismo Mas coquetea con la idea, aunque no quiere rematar. Y está en el ADN de la actual ERC (no en la de la II República). Pero los partidos que sostienen esta tesis no explican cómo –con menos unidad en Catalunya– la España que recorta el Estatut acabará aceptando uno con concierto económico. O el referendo soberanista. ¿Por imposición europea? ¿Olvidan que lo logrado sobre la lengua en la UE lo posibilitó el mismo partido que aprobó el Estatut en Madrid?

El tejido asociativo puede, y debe, expresar sentimientos. No siempre realistas. Pero para sumar. No para ningunear a las instituciones de autogobierno o discutir el liderazgo del presidente de Catalunya cuando Catalunya desea protestar unida. La nota más curiosa la ha dado el dirigente de una asociación convocante al decir: «Que quede claro que no es una manifestación en defensa del Estatut, sino del derecho a decidir». ¿Por qué convocan, pues, tras la sentencia del TC? ¿Quieren aprovechar para el agit-prop soberanista? Están en todo su derecho, pero una asociación subvencionada (1,1 millones anuales) no es la pura expresión de la sociedad civil. No vayamos más allá. Ayer oí a la propia presidenta de Òmnium decir, con sensatez, que se trata de una manifestación abierta.

El segundo problema es el tacticismo político a corto plazo. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y a algunos les gusta, pero inquieta (incluso más) que el president Montilla se ponga al frente de la manifestación, no tanto de la de esta tarde como del rechazo a la sentencia. Es legítimo. Pero mercadear el papel del president no es lo mejor para un país que se respeta a sí mismo. Y degradar a los no soberanistas sería un error mayor porque fraccionaría la amplia mayoría social que apoyó el Estatut. ¿Tiene CiU la tentación? Así se entendería que Pujol diga que la manifestación precisa un lema y no puede ser «una fiesta con una banderita o una banderota». Es la misma tentación del tripartito, y de Maragall, cuando quiso capitalizar el Estatut. O de Mas, al negociar a solas con Zapatero. O de ERC, al negar el Estatut por el pacto nocturno entre Mas y Zapatero. El tacticismo se entiende, pero divide.

Catalunya está unida para defender su voluntad. Luego hay legítimos intereses y divergencias. Conviene que los unos y las otras no ayuden a los decididos a limitar –o cercenar– el autogobierno. La mani de hoy debe ser un paso adelante. Cuanta más gente vaya, y más abierta sea, mejor.

El tribunal Constitucional ha tardado cuatro largos, larguísimos, años en dictar sentencia sobre la constitucionalidad de este unilateral Estatuto de Cataluña que, como recordarán, fue refrendado por la abrumadora minoría de un tercio de la población del Principado.

El fallo de la sentencia, que es todo lo que hasta este momento conocemos, ha evitado, sin duda, lo fundamental, esto es, el triunfo de un auténtico golpe de Estado constitucional. No merece otra calificación el intento de modificar subrepticiamente la Constitución que el 90% de los españoles aprobamos en 1978 y convertir el Estado de las Autonomías que ésta hizo posible en un Estado confederal en el que la Generalitat de Cataluña se entiende de igual a igual con el Gobierno de España y decide de acuerdo con éste cómo se distribuye entre ambos el común mientras las demás comunidades autónomas quedan a las resultas.

El reconocimiento de este logro no debe ocultar, sin embargo, la extraordinaria timidez que el TC ha mostrado a la hora de resolver un buen número de temas que contaban ya con una respuesta categórica en su jurisprudencia.

El texto definitivo de la sentencia va a ocupar, al parecer, varios cientos de folios, la mayoría de los cuales estarán dedicados a explicar por qué no se han considerado inconstitucionales una serie de preceptos estatutarios cuya declaración de nulidad pura y simple parecía inevitable a la luz de la doctrina que el Tribunal tenía ya firmemente establecida. Me limitaré aquí a enunciar algunos de ellos.

1. La sentencia remite al limbo nebuloso de las interpretaciones conformes -que al cabo de poco tiempo nadie es capaz de recordar y, desde luego, nadie respeta- el artículo 5 del Estatuto, según el cual «el autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán». Pero ha pasado por alto la declaración contenida en el apartado 4 del artículo 2, a cuyo tenor «los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña».

Ambas proclamaciones son rigurosa e injustificablemente contrarias a los artículos 1 y 2 de la Constitución, el primero de los cuales afirma solemnemente que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (todos los poderes del Estado, incluidos como es natural los de la propia Cataluña). Expresión de esa soberanía nacional es la Constitución, que, como proclama su artículo 2, «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española».

No hay, por tanto, otro posible fundamento para el autogobierno de Cataluña que el que la Constitución le presta. Si el pueblo español, en ejercicio de su soberanía, no la hubiera refrendado, la Generalitat no existiría. Existe, repito, gracias a ella, como una parte del todo, que alcanza su verdadero sentido precisamente dentro de la unidad de ese todo, como acertó a precisar el propio TC en su primera sentencia para resolver un recurso de inconstitucionalidad, dictada en 1981.

Y es que «autonomía no es soberanía». «La autonomía hace referencia a un poder limitado», como también dijo dicha sentencia, por lo que el Legislador, cuando la regula, «no puede colocarse en el mismo plano del poder constituyente» (sentencia de 5 de Agosto de 1983), como han pretendido abusivamente los preceptos del Estatuto catalán antes citados y cuya declaración de nulidad era obligada.

2. En lo que a la cooficialidad de las lenguas se refiere, el TC tenía establecida una doctrina muy clara en sus sentencias 82, 83 y 84/1986, de 26 de Junio, que resolvieron los recursos de inconstitucionalidad promovidos contra las Leyes catalana, vasca y gallega de Normalización Lingüística. En esas sentencias se dijo que «es oficial una lengua cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados», lo que «implica que el castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español».

Esta doctrina condenaba irremisiblemente la afirmación contenida en el apartado 1 del artículo 6 del Estatuto: «el catalán es la lengua de uso preferente», además de normal, de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña. La sentencia ha hecho efectiva esa condena declarando inconstitucional y nula la expresión «y preferente» del precepto en cuestión. Sin embargo, el resto del artículo 6 del Estatuto no le ha merecido al Tribunal reparo alguno, aunque es evidente que si las dos lenguas cooficiales son de uso normal, como las sentencias de 1986 dejaron dicho, no se puede afirmar que el catalán, sólo el catalán, es «la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

En las sentencias de 1986 el TC dejó también absolutamente claro que la obligación que tienen todos los españoles de conocer el castellano «lo distingue de las otras lenguas españolas que con él son cooficiales en las respectivas comunidades autónomas, pero respecto de las cuales no se prescribe constitucionalmente tal obligación», lo que quiere decir que «sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen».

La sentencia 84/1986 añadió a esto, en relación al gallego, que el deber de conocer éste «no viene impuesto por la Constitución y no es inherente a la cooficialidad», afirmación que, evidentemente, es extensible a la lengua vasca y a la catalana. Es absolutamente inexplicable, por todo ello, que la sentencia no haya declarado inconstitucional y nulo el inciso del apartado 2 del artículo 6 del Estatuto, en el que con manifiesto abuso se afirma que los ciudadanos de Cataluña tienen también el deber de conocer el catalán.

Ese supuesto deber fue expresamente excluido por los constituyentes, que en el Pleno del Congreso de los Diputados de 5 de Julio de 1978 rechazaron por 269 votos frente a sólo 22 favorables y 26 abstenciones la enmienda 106 de la Minoría Catalana que pretendía imponerlo a todos los residentes en Cataluña, lo que hace especialmente penoso el desfallecimiento del TC.

La cuestión es particularmente importante porque del rechazo por el artículo 3 de la Constitución del deber de conocer el catalán que el artículo 6.2 del Estatuto ha pretendido imponer deriva la inviabilidad de ese «deber de disponibilidad lingüística» con que el artículo 34 del Estatuto viene a exigir a las entidades, empresas y establecimientos privados abiertos al público que atiendan oralmente y por escrito a los consumidores y usuarios de toda clase de servicios en la lengua oficial que éstos elijan, restringiendo de este modo la libertad individual de sus titulares y la libertad de empresa que el artículo 38 de la Constitución garantiza.

Tal exigencia, que excede el significado del régimen de cooficialidad, necesitaría para imponerse legítimamente la imprescindible cobertura constitucional. Cobertura que, a falta de un deber constitucional de conocer el catalán, tampoco puede darle la protección de los consumidores y usuarios que procura el artículo 51 de la Constitución, ya que todos los españoles, obligados como están a conocer el castellano, tienen garantizada esa protección sin necesidad de restringir la libertad de los dueños de los establecimientos privados imponiéndoles deberes adicionales.

Resta decir que la doctrina establecida por las sentencias de 1986 subrayó igualmente que los deberes derivados del sistema de cooficialidad lingüística tienen carácter institucional y no pueden imponerse individualmente a las personas que prestan sus servicios en las diferentes instituciones. El deber de conocer el catalán, dice también la sentencia constitucional de 21 de diciembre de 1989, afecta a la Administración «en su conjunto, no individualmente a cada uno de sus funcionarios». Si esto es así, parece claro que el TC tenía que haber declarado también inconstitucional el artículo 33.3 del Estatuto, que exige individualmente a todos los jueces y magistrados, fiscales, notarios, registradores, encargados del Registro Civil y personal al servicio de la Administración de Justicia que prestan servicios en Cataluña que acrediten un nivel adecuado de catalán.

3. Sobre los temas financieros, que el Estatuto ha pretendido reconducir a un mecanismo bilateral, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, el Tribunal Constitucional contaba también con una categórica doctrina expresada además con inusual energía, en su sentencia 13/2007, a la que luego se sumaron las de 8 y 21 de Noviembre del propio 2007.

En la primera de ellas, dictada a propósito de un recurso de inconstitucionalidad promovido por la Junta de Andalucía, el Tribunal afirmó que «el reparto de los ingresos del Estado es una cuestión que afecta a todos los entes territoriales y en particular a todas las comunidades autónomas» y que, por lo tanto, «es al Estado a quien corresponde en el momento de establecer la participación de las comunidades autónomas en los ingresos transferibles, ponderar los intereses en juego, tanto los del conjunto de las comunidades autónomas como de los suyos propios en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el artículo 149.1.14 de la Constitución».

Con una insistencia inhabitual, la sentencia de 18 de Enero de 2007 repitió que «la determinación de los criterios de distribución de la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado corresponde exclusivamente a este último»; que «es al legislador estatal a quien [...] incumbe dar efectividad a los principios de suficiencia de las comunidades autónomas y de solidaridad y equilibrio adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español»; y que «en modo alguno cabe admitir que la determinación del porcentaje de participación de los ingresos del Estado pueda depender de la voluntad de una determinada comunidad autónoma», porque eso «sería tanto como conceder un derecho de veto a una comunidad autónoma sobre el ejercicio de competencias exclusivas del Estado».

Sorprende por ello en extremo que la sentencia no haya declarado la inconstitucionalidad y nulidad, sin rodeos y circunloquios de ningún tipo, los apartados 1 y 2 del artículo 210 del Estatuto, que atribuye a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat la competencia para acordar «el alcance y condiciones de la cesión de tributos de titularidad estatal y, especialmente, los porcentajes de participación en el rendimiento de los tributos estatales cedidos parcialmente», así como «la contribución a la solidaridad y los mecanismos de nivelación».

Unos textos tan claros y tan concluyentes sobre un asunto tan esencial reclamaban una respuesta tan enérgica y tan categórica como la que, con muchos menos motivos, dio a la Junta de Andalucía la Sentencia constitucional de 18 de Enero de 2007, y no la siempre ambigua y poco transparente remisión a una interpretación conforme que únicamente va a ser leída por unas docenas de expertos.

Pronto veremos si merecía la pena tanta mesura.

A la espera de conocer la sentencia sobre el Estatuto catalán en su integridad y versión definitiva, confirmando -o no- el borrador que se filtró, se produce una situación aparentemente paradójica, sobre la que conviene reflexionar. Por una parte, confirma en gran medida la constitucionalidad del Estatuto, al rechazar la impugnación prácticamente global que había realizado el PP. Se declaran nulos e inconstitucionales determinados preceptos o partes de los mismos (14 en total), de entidad y con consecuencias diversas, pero al mismo tiempo se confirma la constitucionalidad del resto de los preceptos impugnados (114 en total sobre los 245 que integran el Estatuto).

Más allá de los artículos concretos, en el recurso se negaba que el Estatuto pudiera contener derechos, especificar las materias y las funciones propias de las competencias de la Generalidad, establecer un régimen lingüístico que incluyera el deber de conocimiento del catalán, regular las relaciones con el Estado y la Unión Europea, prever la presencia internacional de Cataluña y contener los trazos básicos de la financiación autonómica, entre otras cuestiones.

Frente a esta impugnación casi general, que pretendía petrificar el modelo de Estatuto de 1979, el TC confirma básicamente la constitucionalidad del nuevo modelo de Estatuto, que puede incluir casi todas aquellas cuestiones que se le negaban por parte de los recurrentes, con algunas excepciones notables, especialmente en el ámbito de la Justicia, las competencias y la financiación, a las que me referiré después. Cuantitativamente, el Tribunal rechaza que el nuevo Estatuto sea inconstitucional.

Sin embargo, a pesar de este aval objetivo a la constitucionalidad de gran parte del Estatuto, la sentencia produce una profunda sensación de insatisfacción y de frustración, al menos en amplios sectores de Cataluña (¿solo de Cataluña? Este dato, que habrá que averiguar y analizar, puede ser enormemente significativo). Para comprender esta situación hay que buscar las razones tanto en las circunstancias que han rodeado la sentencia como en su propio contenido y sentido general.

Primero, las circunstancias, empezando por la misma presentación del recurso. Cuesta comprender, en efecto, cómo las mismas personas (no ya solo el mismo partido) pueden recurrir ante el TC aquello que aprueban para otros territorios. El recurso del PP (después también el del Defensor del Pueblo) estuvo teñido de entrada con esta sospecha de aversión, que traslucía una doble vara de medir.

El proceso se enredó, además, desde el primer momento con maniobras diversas para influir en la composición del Tribunal, como el apartamiento del magistrado Pablo Pérez Tremps por una decisión que causó estupor en medios jurídicos nacionales e internacionales. Era el inicio de la distinción entre dos bandos de magistrados, con su correspondiente zona media, que ha terminado dando al debate, con publicidad incluida, más apariencia de negociación política que de deliberación jurídica, con un daño enorme a la imagen del TC.

La no renovación del Tribunal, con cuatro magistrados con mandato ampliamente caducado y una quinta baja por fallecimiento sin cubrir, tampoco ha contribuido precisamente a resguardarlo de las sospechas de manipulación.

Y todo este agitadísimo proceso, además, sobre una ley aprobada no solo en sede parlamentaria (con acuerdo de dos Parlamentos), sino en referéndum popular. Lo contrario precisamente de lo que hubiera sido deseable, pues es sabido que cuanto más grave es el asunto, mayor debe ser el respeto a las reglas formales. Por cierto, en España se trataba de la primera ley aprobada en referéndum sometida al control del TC. Se puede discutir, naturalmente, sobre la legitimidad del control de constitucionalidad de las leyes aprobadas en referéndum, y el derecho comparado ofrece soluciones en todos los sentidos.

Pero está claro que, en este caso, el tribunal que ejerza este control debe mostrar una deferencia exquisita hacia la ley, extremando su respeto hacia la norma. Y esto no es mera retórica: se traduce, en términos jurídicos, en un reforzamiento de la presunción de constitucionalidad de la que gozan todas las leyes, que exige una especial prudencia y contención por parte del Tribunal en su labor de enjuiciamiento. Todo ello difícilmente puede decirse que se haya dado en este caso.

Solo considerando estas circunstancias, que no creaban precisamente el mejor clima para emitir -y recibir- la sentencia, puede comprenderse su significado y las reacciones que ha generado, especialmente en Cataluña. Pero no sería exacto atribuir la reacción de rechazo solo a las circunstancias, en parte externas al propio Tribunal. La sentencia, por su contenido, tiene también una significación profunda, que va más allá de las concretas declaraciones de inconstitucionalidad de su fallo.

El nuevo Estatuto era la apuesta de amplios sectores políticos de la sociedad catalana para ajustar el llamado encaje de Cataluña en el Estado, a los 30 años de la recuperación de la autonomía y a la vista, precisamente, de la experiencia de este tiempo y del primer Estatuto. Una operación hecha con voluntad de respetar el marco constitucional y siguiendo escrupulosamente los procedimientos constitucionales. Después de un pacto enormemente laborioso y difícil, la intervención del TC, amputando algunas partes y vaciando o reinterpretando otras, tiene como efecto poner en cuestión este pacto y situar partes del mismo fuera del marco constitucional mediante una interpretación discutible, en muchas ocasiones restrictiva y cicatera de la misma, poniendo las cosas muy difíciles a quienes habían confiado en esta vía.

Con el Estatuto se pretendía el reconocimiento de la singularidad de Cataluña dentro del conjunto español, y se daba cabida a una línea de interpretación del Estado autonómico en términos plurinacionales, que hacían compatible la nación catalana, histórica, cultural y política, en el conjunto español, sin que ello condujera a una soberanía propia. Todo ello queda muy seriamente comprometido a partir de la sentencia, que hace emerger unos límites del marco constitucional español que muchos situaban, sinceramente, más allá. Que se mantengan o no estos límites va a condicionar poderosamente el futuro próximo.

El Estatuto pretendía también establecer determinadas garantías del autogobierno de Cataluña: en materia de competencias, de Justicia, de financiación. Estas garantías quedan en gran parte desmontadas después de la sentencia. A reserva de conocer definitivamente los fundamentos jurídicos interpretativos y los que argumentan las declaraciones de nulidad, parece que queda sin efecto la garantía de integridad de las competencias autonómicas que el Estatuto pretendía establecer frente al poder expansivo de las “bases” estatales; la garantía de la existencia de un Consejo de Justicia autonómico, con funciones desconcentradas del Consejo General del Poder Judicial, o la de determinados elementos de la financiación autonómica, incluida la local.

Todas estas disposiciones expresaban compromisos del Estado plasmados en una ley estatal; no mandatos de una Comunidad Autónoma al Estado, como se ha presentado algunas veces el asunto. Parte de estas cuestiones puede recomponerse, mediante prácticas políticas (en el ámbito competencial, por ejemplo) y leyes estatales (en especial, la LOPJ y la LOFCA) que rescaten los contenidos estatutarios. Pero aunque ello se haga, lo cual no es nada fácil, se ha perdido la garantía estatutaria que se pretendía, y estos asuntos quedan ahora a merced de la voluntad unilateral del Estado, de las concretas mayorías y pactos de cada momento.

La sentencia no ha cerrado una concepción política del Estado autonómico, pero ha contribuido a encerrarla en límites mucho más estrechos, dentro de los cuales muchos van a moverse con muchas más dificultades.

Calificamos como obsoletos a los cachivaches que por el paso del tiempo y los cambios que este trae consigo no se hallan bien adaptados a los fines para los que se diseñaron y desempeñan su función a trancas y barrancas, desprendiendo humo y calor y consumiendo demasiada energía. Llamamos también obsoletas, por contigüidad o analogía, a ciertas instituciones. ¿Cuáles? Las que producen cien quebraderos de cabeza por cada asunto que contribuyen a despachar con un mínimo de diligencia. Eran obsoletos los portazgos a mediados del XIX; lo fue el Syllabus después del Concilio Vaticano Segundo; y así sucesivamente.

Pues bien, el sistema político alumbrado por la Constitución del 78 se está quedando obsoleto. En realidad llevaba años, bastantes más de los que se ha querido admitir oficialmente, dando señales evidentes de fatiga. Ahora el proceso se ha disparado, hasta adquirir dimensiones explosivas, por el concurso de dos factores inéditos: la gigantesca impericia de Zapatero y la crisis económica internacional, con ecos agravados en la intendencia nacional. Lo demuestra dramática, esperpénticamente, la falta de correspondencia entre lo que exige la coyuntura presente y las teclas que se están pulsando en el mundo de la política.

Cabe resumir la situación en muy pocas palabras. España, tanto en su vertiente pública como en la privada, corre serio peligro de entrar en una situación a la griega si antes no se apresura a racionalizar su administración, reducir el gasto público y dinamizar su economía con una reforma del mercado de trabajo que infunda en nuestros acreedores la sensación de que somos capaces de algo más que seguir deslizándonos pendiente abajo. ¿Se han hecho los deberes? No. Las medidas de recorte del déficit, demasiado tardías y tímidas, no están impidiendo que continúe a la baja la calificación de nuestra deuda por los organismos internacionales; la reforma laboral ha sido una chapuza, y si no mienten informaciones bastante verosímiles, se ha ido desnaturalizando conforme viajaba desde los primeros borradores a la forma que finalmente adoptó en el Consejo de Ministros. El presidente, por las trazas, no termina de desatarse de los sindicatos, o, por decirlo sin rodeos, no cree en la política que las circunstancias le obligan, o deberían obligarle, a hacer. Finalmente, y esto es lo más importante, el embrollo del Estatut lleva aire de acabar como el rosario de la aurora.

El próximo día 10, mañana, los partidos catalanes, con la excepción del PP, bajarán a la calle para exigir que la ley se subordine a las reclamaciones soberanistas de esa región. El hecho es portentoso, y estaríamos llevándonos las manos a la cabeza si no estuviéramos curados de espanto, o si la sucesión de enormidades que han ocurrido de un tiempo acá no nos hubiese embotado las entendederas. Pero hay más. Hay daños ya irremediables, y otros aún peores que, sin ser seguros, entran dentro de lo probable. El daño irremediable es el descrédito del Tribunal Constitucional, más que por deméritos propios, que también, por el comportamiento de los partidos. La especie de que la política ha de estar por encima de la ley, divulgada desde Cataluña y no desmentida desde el propio Ejecutivo, anunciaba ya que la desconstitucionalización de España era una contingencia que segmentos decisivos de la clase política estaban dispuestos a asumir.

Algunos esperaban que la sentencia, que solo anula en su integridad un artículo importante del Estatut e intenta cortar el pabilo a la aparición del término «nación» en el preámbulo, calmase un poco las aguas y sirviera para ir tirando un ratito más en un país cada vez más ingobernable. Me temo que la apreciación ha pecado de demasiado optimista, por tres motivos. En primer lugar, porque se subestima la fuerza de la inercia en los asuntos humanos. Tomemos al señor Montilla. Ha estado vociferando, durante meses, que no toleraría una rebaja del Estatut. ¿No se les antoja un poco difícil, teniendo en cuenta quiénes son sus aliados en la Generalitat, cómo es la oposición, y cuál el clima que entre todos se ha generado en Cataluña, que varíe de registro y, tras hacer algunos aspavientos, pase de las vociferaciones a una cortés deferencia hacia lo fallado por el TC? Segundo: el presidente se encuentra en una situación de debilidad moral, puesto que ha sido él el primero en declarar que se le daría a Cataluña lo que esta pidiera. Por último, su margen de maniobra es muy limitado. Tanto, que Mas se ha permitido avisarle de que es él quien tiene la sartén por el mango, y ello con una dureza y una falta de modales que rayan en lo asombroso. Entre una cosa y otra, resulta por entero posible que el Gobierno, y esto no es una conjetura sino una reflexión en voz alta realizada por el propio Zapatero, intente neutralizar el fallo del TC promoviendo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sería el fin definitivo del TC. Peor: sería el fin de la separación de poderes y del imperio de la ley. Para completar el cuadro horrendo, no es descartable que el PNV cobre su apoyo al Gobierno con contraprestaciones que harían imposible la continuidad de la alianza entre el PP y el PSE en el País Vasco.

En resumen: Europa nos conmina disciplina y nosotros nos desparramamos. En parte porque la fase de disgregación se hallaba muy avanzada, en parte por la pésima gestión de un presidente al que viene grande el cargo, en parte porque los partidos están a lo que están, y aquello a lo que están no guarda una relación inteligible con los intereses colectivos. Reparen si no en el PP. El augur que estudia el vuelo de las aves desde la terraza de Génova ha persuadido a Rajoy para que imite la táctica del macho de la mantis religiosadurante la ceremonia nupcial. ¿Qué hace el macho? Adopta una inmovilidad total a fin de la que la hembra —entiéndase, el votante de izquierdas— no acierte a verlo y se lo coma. No niego, ni afirmo, que el procedimiento sea bueno para ganar las elecciones. Pero un candidato invisible lo es para todo el mundo, incluidos sus votantes. El resultado chusco es que el PP está invitando a los españoles a que lo voten, aunque no se sepa con qué objeto. Quiero presumir que las intenciones del PP son las mejores. Pero esta es una presunción mía, un acto de fe. En momentos de crisis nacional, tenemos derecho a votar algo más que una corazonada.
Por todo lo dicho, y algunas cosas más, no considero excesivo hablar de la obsolescencia de nuestra vida pública. La oferta empeora conforme la situación se hace más apretada. La lamentable huelga del Metro en Madrid confirma que hemos perdido el oremus. No es que la orquesta siga tocando mientras se hunde el Titanic. Es que los violinistas usan el arco del violín para degollar a los que soplan el oboe. En algún momento, acaso próximo, se alcanzará el clímax. Y los partidos, aun siendo los mismos, tendrán que ser distintos. Sobre todo es necesario, urgente, que el PSOE cambie de líder. El que tiene ahora no parece que dé, qué le vamos a hacer, para mucho más.