Tema: Los golpes recibidos por las FARC la colocan en una profunda crisis estratégica. Sobre esta base, el futuro del grupo terrorista podría orientarse en tres direcciones: (1) la búsqueda de una salida negociada con el gobierno colombiano; (2) un paulatino proceso de desintegración que podría terminar en el colapso de la organización; y (3) una transformación estratégica de la guerrilla hacia el terrorismo urbano.

Resumen: El año 2008 pasará a la historia de las FARC como un Annus Horribilis en el que no sólo perdieron tres miembros de la cúpula de la organización –Raúl Reyes, Iván Ríos y Manuel Marulanda– sino también vieron como la Fuerza Pública rescataba un grupo de secuestrados que representaba uno de los activos de mayor valor político y estratégico en sus manos. Todo ellos mientras el número de miembros de la organización que abandonaban la guerrilla y se unían al programa de desmovilización del Gobierno continuaba creciendo. Pese a estos golpes, parece difícil que el nuevo liderazgo encabezado por Alfonso Cano opte por una salida negociada. Por el contrario, la guerrilla parece apostar por un cambio en su estrategia con dos rasgos básicos. De un lado, está renunciado a combatir abiertamente a la Fuerza Pública en el campo y parece apostar por convertir sus estructuras rurales en redes criminales orientadas a recolectar fondos destinados a sostener al grupo. Del otro, apuesta por incrementar su actividad en las zonas urbanas a través de ataques terroristas que hagan perder credibilidad pública al Estado y demuestren que se mantiene activa pese a los golpes recibidos.

Análisis: En noviembre de 2008 se cumplirá una década de la toma de la localidad de Mitú, capital del departamento de Vaupes, por un millar de guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Concebida como una demostración de fuerza, la operación marcó su mayor poder. Entonces, la guerrilla liderada por Manuel Marulanda, “Tirofijo”, tenía más de 11.000 combatientes agrupados en 70 frentes apoyados en una sólida infraestructura logística como resultaba evidente a la vista de los relucientes uniformes y el sofisticado arsenal de sus militantes. Diez años después, nada parece más lejano del actual estado de las FARC que esa imagen victoriosa. Según las fuentes, los efectivos de la organización se han reducido a unos 7.000 hombres, obligados a replegarse a las áreas más remotas del país. Simultáneamente, la situación logística de la organización se ha deteriorado, como demuestran los desertores que describen la escasez de alimentos y armas. En este contexto, aunque la organización mantiene nominalmente unas 70 estructuras, sólo una decena confronta a la Fuerza Pública, mientras la gran mayoría elude el combate y algunas sólo existen sobre el papel. Este agudo declive estratégico ha colocado el futuro de las FARC entre interrogantes, generando expectativas de que la guerrilla se vea obligada a buscar una negociación con el Gobierno o sencillamente se desmorone internamente. Pero, ¿cuán cerca está la derrota estratégica de guerrilla y la pacificación definitiva del país?

El declive estratégico de la guerrilla
El factor clave que ha hundido a las FARC en una crisis estratégica sin precedentes ha sido la dislocación de su estructura de mando. Bajo la presión de la campaña de seguridad de la administración Uribe, la guerrilla se vio obligada a operar de forma dispersa para hacer que sus unidades fuesen más difíciles de localizar. Esta dilución de su estructura militar incrementó las dificultades de la dirección para mantener el control efectivo de sus fuerzas. La capacidad de la Fuerza Pública colombiana para interceptar las comunicaciones electrónicas de la guerrilla hizo imposible que el liderazgo del grupo pudiese mantener un flujo de órdenes estable sobre las unidades a su mando. La organización tuvo que recurrir al envío por radio de correos electrónicos cifrados como único medio de conservar la seguridad de sus comunicaciones. Pero incluso con este tipo de procedimientos, la seguridad de los enlaces vía radio de la guerrilla se hizo cada vez más débil. Como alternativa, la utilización de correos humanos para trasladar órdenes no sólo resultó una opción muy lenta, sino que tampoco resolvió el problema de la fiabilidad. La capacidad de las fuerzas militares y policiales para recolectar información de fuentes humanas –reclutando guerrilleros decididos a desertar o infiltrando agentes en sus filas– hizo que abundantes mensajes de los comandantes de las FARC terminaran en manos de los analistas de inteligencia.

La muerte de tres miembros del Secretariado de las FARC en unos pocos meses asestó un golpe decisivo a su estructura de mando. La baja de Raúl Reyes durante un ataque contra su campamento en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo pasado, seguido por la caída de Iván Ríos a manos de su jefe de seguridad una semana después y la desaparición del fundador Manuel Marulanda, aparentemente por enfermedad a finales del mismo mes, dejó fuera de combate a tres de los siete miembros de la cúpula. El grupo encontró rápido reemplazo a estas bajas con el ascenso de Alfonso Cano a la cabeza de la guerrilla, mientras el Secretariado incorporaba como nuevos miembros a Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo y Mauricio Jaramillo “El Médico”. Un cambio tan amplio en un liderazgo que había permanecido estable durante largo tiempo dislocó los procedimientos de toma de decisiones de la organización. El resultado ha sido una parálisis aún mayor de las actividades de las FARC y dificultades crecientes para elaborar una nueva estrategia político-militar que permita a la organización responder a la campaña de seguridad del Gobierno.

La mejor muestra del deterioro de la estructura de mando y control de las FARC fue el éxito de la Operación Jaque a principios de julio, que permitió a la Fuerza Pública liberar a 15 rehenes, entre ellos la ex-candidata presidencial Ingrid Betancur, tres contratistas de seguridad estadounidenses y varios soldados y policías. Concebida dentro del concepto de “operaciones de información”, la acción estuvo dirigida a manipular la percepción del Frente 1° de las FARC responsable de custodiar a los secuestrados hasta convencerlo de que la dirección de la organización había ordenado su traslado y empujarle a entregar a los cautivos a una supuesta misión humanitaria, en realidad integrada por militares colombianos. El engaño privó a la guerrilla de un grupo de rehenes clave para su estrategia internacional, dado que las FARC habían aprovechado la relevancia mundial de los cautivos para agigantar su talla en el exterior y presentarse a gobiernos en América Latina y Europa como un interlocutor que debía ser tomado en cuenta. Pero además, la Operación Jaque demostró como la cadena de mando y las comunicaciones de la guerrilla habían sido vulneradas hasta permitir que la inteligencia colombiana manipulase el entorno informativo de una fracción de la guerrilla para empujarla a entregar voluntariamente al grupo de secuestrados políticamente más valiosos en manos de la organización.Una percepción de creciente destintegración que se agudizó después de que el congresista Oscar Lizcano secuestrado por las FARC durante ocho años pudiese escapar de sus captores a finales de octubre gracias a la ayuda de un mando de la guerrilla que escogió acompañarle en su fuga y entregarse a la Fuerza Pública.

El otro gran golpe contra la estrategia internacional de las FARC fue el hallazgo de dos ordenadores de Raúl Reyes. La información allí contenida revelo los contactos de la organización con los Gobiernos de Venezuela y Ecuador. Los documentos evidenciaron como Quito ofreció a la guerrilla apoyo político y garantías de seguridad en su territorio mientras Caracas iba aún más lejos suministrando armas y fondos a un grupo incluido en las listas de bandas terroristas de EEUU y la UE. Al mismo tiempo, los ordenadores de Reyes pusieron al descubierto las redes de colaboradores de las FARC en América Latina, EEUU y Europa. El resultado fue una quiebra generalizada de sus puntos de apoyo internacionales. Por un lado, los Gobiernos de Ecuador y Venezuela se vieron obligados a poner distancia, al menos temporalmente, con la guerrilla colombiana. Por el otro, los colaboradores de las FARC, de Costa Rica a España y de Chile a EEUU, fueron descubiertos y, en algunos casos, arrestados.

A medida que se acerca el fin de 2008, las FARC parecen tener síntomas cada vez más claros de encontrarse acorraladas. Dificultades logísticas, bajos niveles de operatividad y aislamiento político parecen los términos de una ecuación que coloca a la guerrilla en una posición de aguda crisis estratégica. Sin embargo, por paradójico que parezca, este giro del balance estratégico del conflicto colombiano no parece haber incrementado la voluntad del grupo armado para buscar una salida negociada, ni permite anunciar un rápido final de la violencia. Más bien, el debilitamiento de las FARC ha venido acompañado de una paulatina transformación de la organización, que ha perdido una parte sustancial de su peso militar; pero parece haber escogido una fórmula estratégica que le permitiría sobrevivir en el largo plazo y conservar suficiente capacidad operativa como para desestabilizar la vida política colombiana a través del uso sistemático del terrorismo. Dicho de otra forma, las FARC han sufrido un descalabro político-militar decisivo, pero prometen mantenerse como un desafío relevante para el Estado colombiano en el futuro próximo.

Para entender la resistencia de las FARC a abrir un proceso de negociación con el Gobierno, resulta imprescindible considerar su actual posición estratégica y el juego de poder desatado en su interior tras el reemplazo de Manuel Marulanda por el más sofisticado y urbano Alfonso Cano. Para empezar, los desastres militares, el crecimiento de las deserciones y el desprestigio internacional han colocado a la organización en una posición de debilidad que desincentiva al liderazgo a avanzar hacia una negociación, en tanto un movimiento de este tipo sea visto como una señal de debilidad. Más allá de la coyuntura estratégica de la organización, es necesario analizar la posición de Cano, aplastado por el legado de Marulanda. La orientación estratégica de la guerrilla está definida en el “Plan Estratégico para la Toma del Poder”, diseñado durante la VII Conferencia de las FARC en 1982 y completado en el Pleno Ampliado de la cúpula de la organización un año más tarde. Semejante documento, que trazaba la ruta para la conquista del poder según los principios de la guerra popular prolongada, ha perdido toda conexión con la realidad. Sin embargo, diseñar un nuevo documento de direccionamiento estratégico resulta políticamente casi imposible para un líder recién llegado como Cano en la medida en que podría ser interpretado por sus oponentes internos como una traición al legado fundacional.

Más allá de estos factores circunstanciales, al menos otras dos cuestiones se mantienen como obstáculos clave para que las FARC opten por abrir una negociación. Para empezar, es necesario considerar su rechazo frontal a cualquier diálogo con el gobierno responsable de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), en la medida que la guerrilla percibe que tal negociación equivaldría a admitir que la presión militar fue efectiva para empujarles a la mesa de conversaciones. La administración Uribe planteó la actual campaña de seguridad como un esfuerzo para obligar a las FARC a aceptar unos términos de negociación razonables, pero su cúpula se ha resistido a iniciar conversaciones ante el temor de que el mero hecho de sentarse a hablar legitime la estrategia de seguridad que la ha puesto al borde del colapso. A la hora de valorar la ausencia de cualquier perspectiva de negociación con las FARC tampoco se debe pasar por alto la extrema rigidez ideológica de la organización. Semejante inflexibilidad podría haberse acrecentado con la llegada de Cano a la cabeza del movimiento. De hecho, la doctrina bolivariana asumida por las FARC como nuevo credo ideológico le debe mucho al trabajo político del nuevo líder de la organización cuando en los 80 se convirtió en uno de los discípulos predilectos del teórico máximo del grupo, Jacobo Arenas. Resulta difícil imaginar a Cano arrojando por la borda los principios ideológicos que el mismo ayudó a crear para abrir unas conversaciones con el Gobierno.

Con la salida negociada aparentemente cerrada, ¿cuál es la alternativa de las FARC? Probablemente la modernización de la violencia política, que conduciría a la organización a abandonar los sueños de tomar el poder mediante la guerra de guerrillas y la empujaría a asumir las formas organizativas y los recursos tácticos de una organización terrorista inspirada en grupos clásicos, como ETA ó IRA, hasta movimientos globalizados, como el islamismo radical. En principio, algunos cambios en el comportamiento estratégico de la organización apuntan en esta dirección. Este proceso de innovación estratégica promete acelerarse bajo el nuevo liderazgo de Cano. El nuevo líder guerrillero representa una ruptura con la esencia de las antiguas FARC, inspiradas en el accionar guerrillero durante el período de “La Violencia” (1948-1958) e integradas casi en su totalidad por militantes de origen rural. De hecho, la nueva cabeza de las FARC es de origen urbano, obtuvo un grado en sociología y ha sido uno de los principales impulsares de la internacionalización del grupo.

La transformación estratégica de la guerrilla
Las FARC parecen estar transformando de manera sustancial el papel estratégico de sus estructuras rurales. Aunque mantienen una constante actividad militar, un número creciente de sus unidades en el campo parecen cada vez menos orientadas a lanzar ataques contra la Fuerza Pública y más centradas en la recolección de recursos a través de actividades ilícitas, como el robo de ganado, la extorsión, el secuestro y, sobre todo, el narcotráfico. Los frentes rurales parecen haber abandonado parcialmente su papel militar para asumir funciones logísticas. Dentro de este esquema, las unidades en el campo parecerían destinadas a convertirse en el soporte financiero de las FARC, en tanto sus actividades criminales generarían el grueso de los recursos que sostendrían el conjunto de sus actividades político-militares.

Este cambio en las funciones de los Frentes rurales ha sido acompañado por la puesta en práctica de un nuevo concepto de control territorial. Tradicionalmente, las FARC apostaban por desafiar la presencia del Estado en una determinada zona utilizando medios militares para expulsar a la policía y al ejército, destruir las instituciones locales y afirmar su control militar del área. Sin embargo, cada vez con más frecuencia, la guerrilla parece haber renunciado a destruir físicamente la presencia estatal y prefiere apostar por desarrollar una influencia más selectiva centrada en controlar aquellos sectores de población o aquellas actividades estratégicas de su interés. En ciertas áreas del suroriente, la organización ha estimulado la creación de redes de pequeños negocios que facilitan su control sobre la población o ha empleado testaferros para apoderarse de propiedades rurales de donde ha expulsado a sus legítimos dueños. Estas formas de penetración se desarrollan sin confrontar frontalmente al Estado, sino recurriendo a una mezcla de corrupción y coerción para debilitar las instituciones y controlar a la población.

El proceso de consolidación de la seguridad en ciertas zonas se ha enfrentado a la persistencia de una forma de poder paralelo desarrollado por la guerrilla en una forma semejante a como las formaciones paramilitares mantuvieron su control sobre extensas zonas norteñas. Esta tendencia se ha hecho visible en aquellas áreas donde las FARC mantuvieron históricamente una fuerte presencia. En estas regiones, la Fuerza Pública ha creado un clima de seguridad que ha permitido avanzar en la reconstrucción de las instituciones locales. Al mismo tiempo, las estructuras clandestinas de la guerrilla continúan activas, apoyadas en el terrorismo, para mantener amedrentada a la población. La capacidad de estas redes para condicionar la vida local o realizar actividades criminales, como el secuestro o el narcotráfico, es muy reducida en comparación con los tiempos en que las FARC mantenían un control militar. Al mismo tiempo, este tipo de presencia guerrillera es menos vulnerable a la estrategia tradicional de la Fuerza Pública orientada a destruir las unidades de combate de la guerrilla. El desmantelamiento definitivo de la amenaza de las FARC en esas zonas sólo será posible a través de un prolongado esfuerzo de inteligencia destinado a identificar y desmantelar sus estructuras clandestinas.

Entretanto, la organización parece haber girado una parte relevante de su esfuerzo armado hacia las ciudades. Durante los pasados meses, las FARC han incrementado sus acciones en Bogotá, Cali, Neiva y otras ciudades. En Bogotá, la gran mayoría de la veintena de ataques de los últimos dos meses se han orientado hacia la destrucción de blancos civiles con escasa protección. Un número de artefactos explosivos se han colocado en las calles o han servido para destruir autobuses de servicio público para generar un sentimiento de inseguridad. Otros ataques se han dirigido contra locales comerciales o sedes de compañías en lo que parece parte de una campaña para forzar el pago de extorsiones. En cualquier caso, semejante cadena de acciones ha puesto de relieve dos hechos clave. Por un lado, la construcción por las FARC de una infraestructura permanente en la capital para ejecutar acciones continuas. Del otro, la mejora de sus capacidades operativas hasta el punto de que han podido coordinar ataques simultáneos.

Se han incrementado las señales de un creciente esfuerzo de la guerrilla para ganar influencia en las universidades. A principios del pasado septiembre, un vídeo mostró a un grupo de encapuchados lanzando consignas de extrema izquierda a los estudiantes de la Universidad Distrital, una institución educativa en el centro de Bogotá. Más allá del consiguiente escándalo político, el incidente demostró que al menos parcialmente la guerrilla había tenido éxito construyendo algún nivel simpatía hacia sus planteamientos en ciertos sectores estudiantiles. El crecimiento de la influencia política de las FARC entre los estudiantes y otros sectores sociales fue uno de los factores que empujó a la organización a crear el Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia (MBNC), en 2000, como una estructura destinada a estimular movilizaciones sociales acordes con sus intereses. Una tarea entonces encomendada a Alfonso Cano. El incidente de la Universidad Distrital demostró el trabajo del MBNC y su rama juvenil, las Juventudes Bolivarianas, para conquistar adeptos en los centros de enseñanza superior. A mediados de 2008 se calculaba que había presencia del grupo armado en una veintena de universidades en cerca de una docena y media de ciudades.

El crecimiento de la presencia de la guerrilla en las universidades amenaza con convertirse en un desafío político y estratégico clave. La penetración entre sectores estudiantiles podría resolver las dos barreras principales que han frenado a la guerrilla en sus intentos de proyectarse hacia las ciudades. Para empezar, incluso teniendo en cuenta que la influencia de las FARC se limitada a sectores muy reducidos del estudiantado, la captación de esta exigua minoría puede ser suficiente para conseguir el pequeño número de militantes con perfiles urbanos y una fuerte ideologización necesarios para alimentar sus comandos urbanos. La posibilidad de que la guerrilla consolide su presencia en algunos centros de educación superior amenaza con crear “santuarios” de las FARC en el centro de algunas ciudades. Como en la mayoría de los países democráticos, la capacidad del Estado para intervenir en las universidades está restringida por ciertos factores políticos. Las universidades colombianas tienen una profunda tradición de autonomía que estimula un rechazo generalizado de docentes y estudiantes a la presencia de agentes de seguridad en los recintos educativos. Al mismo tiempo, al menos un sector de la comunidad universitaria vería como un atentado contra la libertad de pensamiento cualquier medida legal contra los sectores radicales que promueven el mensaje político de la guerrilla. Como consecuencia, una acción del Gobierno en este sentido terminaría provocando una radicalización del clima político que paradójicamente favorecería a la guerrilla. En consecuencia, las posibilidades del Estado para frenar la infiltración de la guerrilla en los centros universitarios son limitadas y están cuajadas de delicados dilemas políticos.

Finalmente, pese a que la información de los ordenadores incautados durante el ataque contra el campamento de Reyes permitió poner al descubierto la amplitud de las redes internacionales de las FARC, parece probable que la organización pueda reconstruir parte de estas estructuras en un plazo relativamente corto. De hecho, esta parece ser la tarea asumida por Ivan Márquez como miembro del secretariado de la organización que ha asumido la dirección de las actividades internacionales. Su esfuerzo se puede ver facilitado por el hecho de que el descubrimiento de las conexiones exteriores de la organización terrorista no ha traído grandes consecuencias para los individuos y gobiernos implicados. Caracas y Quito han salido indemnes pese a las pruebas que demostraban sus estrechos lazos con las FARC. En el caso de Venezuela, el descubrimiento de la provisión de fondos y armas a la guerrilla colombiana no ha tenido mayores consecuencias para la posición internacional del país. Desde luego, Rodríguez Chacín, como uno de los máximos artífices de la política de acercamiento a las FARC, renunció al Ministerio del Interior. Asimismo, tanto él como otros funcionarios civiles y militares venezolanos vieron sus bienes en EEUU congelados. Pero si se toma en consideración la gravedad de las evidencias contra Caracas, se puede afirmar que el Gobierno de Chávez salió prácticamente ileso del caso, como demuestra el que haya podido continuar vendiendo petróleo y comprando armas sin mayores dificultades.

Probablemente, la falta de consecuencias para Venezuela de que se descubriesen sus contactos con las FARC explica que las señales de simpatía hacia la organización hayan continuando repitiéndose en la región sin mayores problemas. Nicaragua no tuvo mayores inconvenientes en otorgar asilo político a dos guerrilleras de las FARC el pasado junio. Una decisión seguida tres meses después por la inauguración de una plaza pública en honor de Manuel Marulanda en el centro de Caracas. Semejante clima induce a pensar que Márquez podría no tener mayores dificultades en restablecer parte de los contactos exteriores del grupo. Entretanto, la llegada de una nueva administración norteamericana muy probablemente significará un giro sustancial de la política de Washington hacia Bogotá, lo que probablemente se traducirá en un debilitamiento de la posición internacional de Colombia. De este modo, la guerrilla podría esperar en el futuro próximo un giro del escenario internacional favorable a sus intereses.

Conclusiones

Una organización debilitada; pero no quebrada
Visto desde esta perspectiva, las FARC bajo Alfonso Cano podrían responder a la cadena de golpes sufridos a lo largo del año con una estrategia que combine una intensificación del activismo político y una escalada de acciones terroristas en las grandes ciudades para desestabilizar el escenario político colombiano. Dentro de este esquema, la guerrilla puede transformarse en una organización más pequeña, con menos recursos y una capacidad militar limitada. Un grupo muy distinto de aquel que asestó los grandes golpes militares de fines de los años 90. Sin embargo, las FARC intentarían compensar estas debilidades con un esfuerzo por manipular a su favor las protestas de ciertos sectores sociales y realizar acciones armadas selectivas para conmocionar a la opinión pública. Al mismo tiempo, la guerrilla redoblará sus esfuerzos para recuperar contactos internacionales con vistas a consolidar el apoyo de gobiernos radicales de la región y ampliar su proyección internacional fuera del continente. La nueva cúpula de la guerrilla trataría de ganar peso político al mismo tiempo que deteriora el clima político interno y hunde la credibilidad del Estado. Sin duda, el grupo armado tiene pocas posibilidades de llevar a cabo estos planes y alterar el curso de una guerra que claramente está perdiendo. Pero el mero hecho de que impulse semejante estrategia significa que las FARC están determinadas a continuar desestabilizando las instituciones democráticas colombianas en el futuro próximo.

La espectacular liberación de Ingrid Betancourt ha dejado al mundo literalmente boquiabierto y parece ser que ya se trabaja activamente en Hollywood en el guión para un posible rodaje. Sin embargo, más que una película nostálgica de cuando el mundo estaba dividido en dos bloques, el declive de las tristemente célebres FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, podría ser el argumento de un episodio del culebrón Chávez.

Sería un error, en efecto, intentar deshacer el intrincado ovillo de relaciones entre políticos, terroristas y milicias recurriendo a los instrumentos de la guerra fría: por una parte, un célebre rehén -icono del esfuerzo democrático de Colombia-, un presidente emprendedor, Álvaro Uribe, apoyado por los gringos de Washington, y una extraordinaria coalición encabezada por el Elíseo y los servicios secretos israelíes; por otra, las FARC, el imprevisible presidente-dictador venezolano Hugo Chávez, y el movimiento antiimperialista de Latinoamérica.

La realidad, según se dice, supera frecuentemente a la ficción, de manera que sería aconsejable que durante los próximos meses los guionistas de Hollywood no dejaran de tener muy en cuenta este dicho. El terrorismo no es el tiempo atmosférico, resulta imposible realizar previsiones precisas. Hace seis meses, todos los analistas se mostraban concordes en considerar a las FARC como el único grupo armado presente en Latinoamérica con capacidad de globalizarse, es decir, con posibilidades de dejar sentir su presencia fuera de Colombia.

Desde hace años, en efecto, mantienen relaciones con el IRA y con ETA y entablan negocios con los banqueros libaneses de Hezbolá en Ciudad del Este. Y sin embargo, en el curso de unos cuantos meses, el Ejército colombiano, flanqueado por el estadounidense, consiguió hacer pedazos a la cúpula de la organización.

En mayo perdió la vida en un bombardeo en la frontera ecuatoriana el número dos de las FARC, Raúl Reyes, la eminencia gris del grupo. Poco después muere en su cama el propio fundador, Tirofijo. Defecciones y traiciones diezman a los militantes y el Ejecutivo admite que ha habido infiltraciones en su seno. En unos cuantos meses, la punta de diamante del terrorismo latinoamericano se convierte en un ejército a la desbandada, y si hoy Ingrid Betancourt está libre es precisamente gracias a la falta de comunicación y de coordinación que hoy caracteriza a la organización.

Resultaría prematuro, sin embargo, declarar el final de las FARC. No sería la primera vez que se las da por desahuciadas: en 1980, el número de sus militantes había descendido a 200miembros y la organización estaba sin blanca, hasta el extremo de carecer de dinero incluso para alimentar a sus poquísimos adeptos; sin embargo, Tirofijo tiene una intuición genial. Estipula un acuerdo con la narcomafia colombiana, gestionada en aquel momento por un puñado de individuos, ofreciéndole protección armada contra el Ejército a cambio de una porción de los beneficios del narcotráfico. Las FARC saben moverse en el interior del país y son unos maestros de la guerrilla. Es lo que le hace falta al cartel: mantener alejado al Ejército colombiano para multiplicar la producción de cocaína. La asociación funciona y las FARC se enriquecen.

El actual declive de la organización va unido a la política de erradicación de las plantaciones de coca en Colombia, a la hostilidad de la población civil vejada por secuestros e impuestos revolucionarios y al apoyo militar de los Estados Unidos. Pero el nuevo jefe, el antropólogo Alfonso Cano, de 60 años, podría guardarse un as en la manga: un acuerdo de cooperación con un protector ilustre, el presidente de Venezuela.

Chávez ha defendido en repetidas ocasiones la causa política de las FARC, llegando incluso a incitar a Uribe a reconocer a la organización como fuerza política a cambio de la promesa de su desmilitarización. Colombia y los Estados Unidos sostienen que Chávez protege a las FARC, un verbo diplomático tras el cual se esconde la convicción de que Venezuela es su auténtico patrocinador. En mayo, tras la muerte de Reyes, la Interpol recupera tres portátiles que contenían información relativa a una presunta oferta de 300 millones de dólares por parte de Chávez. En un correo electrónico se ventila la posibilidad de que las FARC adiestren a fuerzas venezolanas en las técnicas de guerrilla. ¿Con qué objeto? No faltan en Suramérica quienes creen que Chávez pretende convertir a las FARC en una milicia personal, en un Ejército en la sombra, oculto en la selva tropical que cubre la mayor parte de la frontera con Colombia. Es para ese ejército para el que hace poco Venezuela ha adquirido 1.000 AK-42 rusos, un arma predilecta por terroristas y guerrilleros pero que no pertenece a la dotación del Ejército venezolano.

Las condiciones económicas de Colombia y de Venezuela parecen confirmar la tesis de que las FARC, si no reconvierten, desaparecerán. El crecimiento es rápido en ambos países por más que la gestión de la economía sea distinta. El presidente Uribe, notoriamente pro americano, ha sido capaz de estimular el crecimiento económico a través de la exportación de manufacturas hacia Estados Unidos y del flujo de capitales extranjeros, que se han triplicado desde 2002, alcanzando los 6.300 millones de dólares. La pobreza y el desempleo han descendido y el índice de popularidad de Uribe ha subido hasta el 80%, gracias entre otras cosas a sus victorias contra las FARC y contra la criminalidad. Los asesinatos han descendido en un 40% y los ataques terroristas en un 77%. La producción de cocaína se reduce y a medida que se van erradicando las plantaciones, los cocaineros las desplazan al otro lado de las fronteras, en Perú, Bolivia y Venezuela.

El crecimiento económico venezolano, por el contrario, va unido al petróleo y al gasto público. No existe un sector privado, pues, al contrario, Chávez se ha esforzado por destruirlo. La economía está a merced de una inflación galopante, el 23% en 2007, casi el doble que en 2008, y se da una carencia crónica de productos básicos, desde la leche a la harina. La retórica anticapitalista del presidente alimenta la fuga de capitales. La criminalidad ha aumentado hasta niveles de récord, mientras que el índice de popularidad de Chávez ha descendido hasta el 40%. Y al presidente le hacen falta grandes esfuerzos para mantener buenas relaciones con sus vecinos antiimperialistas, como Evo Morales, sobre quienes pretende ejercer su propia influencia política.

Y así llega el inesperado final de este episodio del culebrón Chávez: las FARC impiden que la oposición contra Chávez alcance sus propósitos y a cambio obtienen vía libre para reconducir el narcotráfico proveniente de las nuevas plantaciones a través de Venezuela. La transición de grupo armado a narcomafia se concluye y al mismo tiempo se completa la de presidente a dictador.

The dramatic rescue of 15 hostages this month by Colombia’s special forces underscored how far Colombia has progressed — with the strong support of the United States — from a nation under siege by narcoterrorists and paramilitary vigilantes to one poised to become a linchpin of security and prosperity in South America.

As we meet today in Washington to discuss the United States-Colombia security relationship, we want to take stock of what has been gained over the past decade and commit our two nations to continue this progress.

The remarkable transformation of the security situation in Colombia can be credited in large part to the improvement in the capacity of its military and police — an improvement in which American security assistance has played a key role. The governments of both nations agree that this assistance should continue until the job is finished. Furthermore, we should also increase trade and investment by moving forward on the United States-Colombia Trade Promotion Agreement that is now before Congress. Growing prosperity and better standards of living are indispensable to achieving lasting stability in both countries.

Over all, our two nations should take care not to squander the investment we have already made — some $5 billion on the part of the United States plus significantly more in Colombian resources — now that these efforts are showing such promising results.

Consider that eight years ago, illegal armed groups involved in cocaine and heroin production controlled more than 70 percent of the Colombian countryside. Today the most dangerous and vicious of the groups — the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC — has seen a sharp drop in its strength and status. Once 18,000 strong, the group has lost half its forces along with whatever credibility and following it had elsewhere in Latin America. The other major militias, the National Liberation Army and the United Self-Defense Forces, no longer pose a serious threat.

Since 2002, Colombia has doubled the size of its security forces. Last October, the two of us observed Colombian troops conducting drills at their training base in the western city of Tolemaida. These brave men and women have pushed terrorists and drug traffickers into the farthest reaches of Colombia’s mountains and jungles. Mayors and police officers are now at their posts in every municipality.

Military pressure, combined with incentives for those who lay down their arms under Colombia’s demobilization program, has encouraged thousands of narcoterrorists to turn themselves in and share information with the government. Children once forced to serve in armed groups can now take advantage of reintegration programs that offer hope for a decent future. Violence has declined significantly — kidnapping, terrorist acts and attacks against trade unionists are down by approximately 80 percent.

While the cultivation and export of narcotics continues to be a problem, Colombia has eliminated two-thirds of its opium production and more than 500 traffickers have been extradited to the United States. In 2007, half a million acres of illicit coca crops were eradicated.

Even so, there are challenges ahead. The Colombian government must strengthen its authority in areas previously controlled by terrorists. Remnants of these bandit armies could continue their murderous ways as smaller, independent groups. That is why it is so important that American security assistance not be reduced — at least not until Colombia has control of its borders, and police departments, municipal governments and other government services are firmly established in all areas.

Other countries must also help. Over the years, FARC elements have operated illegally from across Colombia’s borders, and we will need those neighbors’ cooperation to eliminate the threat. And, as always, the United States and other nations must make a sustained effort to cut the demand for narcotics that finance these violent groups.

Finally, to achieve lasting peace and stability, Colombia must have more foreign investment and free trade. Congress’s approval of the trade promotion agreement would establish a commitment to open markets that would increase growth and investment. Moreover, it would allow American products to enter Colombia duty-free.

Colombia’s hard-won freedom from violence can be sustained only through economic prosperity. Together, as partners, we must see Colombia’s transformation to completion. In winning the war, we must also consolidate the peace.

La liberación de Ingrid Betancourt, junto con tres norteamericanos y 11 militares colombianos que llevaban muchos años como rehenes de las FARC, ha sido una hazaña de corte cinematográfico -la destreza, audacia y perfección del rescate hacía pensar en las proezas de Jack Bauer, el héroe de 24- por la que hay que felicitar, antes que a nadie, al presidente Álvaro Uribe, luego a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y a los anónimos oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia que la diseñaron y ejecutaron.

Esto parece obvio pero no lo es, pues cualquiera que haya ojeado la prensa y escuchado a los medios aquí en Europa en la última semana, diría que el verdadero héroe de la operación ha sido el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien, sin haber intervenido para nada en la Operación Jaque -así fue bautizado el salvamento-, salvo para obstruirla y demorarla, es quien hasta ahora le ha sacado mayor provecho publicitario. Pero, ya sabemos, la política y los políticos son así.

El rescate no sólo pone fin a los indescriptibles padecimientos a que fueron sometidos a lo largo de muchos años Ingrid Betancourt y sus compañeros de cautiverio en manos de la organización narcoterrorista en que se han convertido las FARC. Además, pone en evidencia la naturaleza criminal y sádica de esta guerrilla para la que hasta apenas ayer el presidente Chávez, de Venezuela, con amplios apoyos en América Latina y en Europa, pedía la legitimación política internacional y que fuera borrada de la lista de partidos, movimientos y grupúsculos terroristas en que aparece, en lugar prominente, en la Unión Europea, los Estados Unidos y la comunidad de países democráticos. Después de haber escuchado el testimonio de la propia Ingrid Betancourt sobre las condiciones en que transcurrió su cautiverio y la conducta y actitudes de sus verdugos, esperemos que nadie -nadie que no sea imbécil o cómplice, se entiende- pretenda todavía presentar a las FARC como un romántico movimiento de idealistas que ha tomado las armas para luchar por la justicia y la igualdad de los colombianos.

Pero la conclusión política más importante que se desprende de la Operación Jaque es la lucidez de visión y el coraje de ese gran estadista latinoamericano que es Álvaro Uribe, el primer gobernante colombiano que, enfrentándose para ello no sólo a sus naturales enemigos -la guerrilla terrorista, el extremismo antidemocrático, los comunistas, Cuba, la Venezuela de Chávez y la internacional de tontos útiles al servicio de la revolución para América Latina-, sino también a los gobiernos y partidos democráticos de buena parte del mundo que lo demonizaron y acosaron sin descanso todos estos años, ha demostrado en los últimos meses que las FARC no eran invencibles, ni siquiera populares, y que podían ser militarmente derrotadas, con el beneplácito y la resuelta colaboración del pueblo colombiano. No es de extrañar que Uribe, cuya discreción y casi mudez luego del rescate han sido casi totales, a diferencia del aprovechamiento frenético que ha hecho de él el mandatario francés, goce ahora de un 90% de popularidad, seguramente el más alto porcentaje de respaldo a un gobernante democrático en el mundo entero.

En las decenas de artículos y comentarios que he visto, leído u oído en la prensa a lo largo de la semana referidos a la liberación de Ingrid Betancourt, no he visto uno solo que recuerde la insolencia y la insistencia con que el Gobierno francés exigió al mandatario colombiano que evitara las acciones militares contra las FARC, y que diera muestras de apaciguamiento y buena voluntad contra la pandilla de asesinos, torturadores, secuestradores y narcotraficantes que anida bajo esas siglas, incluso liberando a uno de sus jerarcas, y las simpatías que mereció en la comunidad internacional la intromisión del presidente Chávez, de Venezuela, y sus afirmaciones de que sólo él era capaz de conseguir la liberación de los rehenes en manos de las FARC (sus amigos y cómplices, como demostraron los ordenadores capturados en el campamento de Raúl Reyes).

Nadie se acuerda ya, por lo visto, de que el Parlamento Europeo perpetró la ignominia, hace muy pocos años, de recibir al presidente Uribe con un bosque de carteles de vituperios en manos de diputados socialistas, comunistas y hasta algunos liberales, como a un enemigo de los derechos humanos, y que Al Gore, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, se negó a reunirse con él, alegando la misma razón. América Latina ha servido siempre a politicastros europeos y norteamericanos, y buen número de intelectuales, supuestamente demócratas, para darse un disfraz progre y una buena conciencia revolucionaria sin riesgo alguno. Es verdad que la capacidad del extremismo antidemocrático de izquierda para desacreditar y satanizar a sus adversarios es casi infinito, y, por ello, buen número de gobernantes y políticos latinoamericanos, temerosos de ser víctimas de esas campañas de desprestigio montados por la extrema izquierda, ceden y se dejan manipular y paralizar por unas supuestas fuerzas populares que, a menudo, como las FARC, resultan ser, a la postre, unos gigantes con pies de barro.

El presidente Álvaro Uribe no pertenece a esa clase de políticos acomodaticios, pusilánimes y sin principios que tanto abundan en América Latina. Desde que asumió el gobierno, dejó muy en claro que, en nombre de la legalidad y de la democracia, se enfrentaría a la guerrilla terrorista con resolución, a la vez que dejándole siempre una puerta abierta para negociar su rendición. Las fantásticas campañas lanzadas contra él en Colombia y en el exterior, y los atentados contra su vida, no lo hicieron cambiar un milímetro en esta línea de conducta que, muy pronto, fueron haciendo suyos sectores cada vez más amplios de la sociedad colombiana, a medida que, como resultado de aquella política, el Estado recuperaba las carreteras y regiones enteras del país, y un sentimiento de esperanza echaba raíces en la población. La Operación Jaque es la culminación de aquel progreso en la lucha contra la barbarie y el terror, y un ejemplo de lo que debe ser la conducta de un gobernante democrático frente a quienes han desatado una guerra a muerte contra la democracia y la libertad.

La lucha de Uribe contra el terror se ha llevado a cabo sin menoscabar en lo más mínimo la libertad de prensa, la independencia del poder judicial, la oposición parlamentaria y extraparlamentaria, y haciendo al mismo tiempo un esfuerzo continuo para desarmar a las fuerzas paramilitares y combatir la corrupción, muy extendida por desgracia en el aparato político y estatal, y aun en su propio entorno. Aunque ha habido errores y fallos, también en estos campos el progreso ha sido considerable, como lo comprueba cualquiera que vaya a Colombia y viaje por el país y hable con la gente, y lo haga con el espíritu abierto y sin prejuicios. Yo lo he hecho, varias veces en estos años, y cada vez tuve la impresión de que había un avance considerable y que no sólo la esperanza, también las instituciones y la economía mejoraban y las FARC retrocedían. Por eso me parecía una injusticia atroz que el gobernante democrático que con más talento y valentía defendía la libertad en América Latina tuviera en la escena internacional menos consideración y respeto que demagogos pintorescos y ruinosos para sus países como Evo Morales o Hugo Chávez.

¿Cambiarán ahora las cosas? Confiemos en que, por lo menos, algunos ingenuos abran los ojos y entiendan de veras lo que pasa en Colombia. Que la liberación de Ingrid Betancourt y sus 14 compañeros de martirio no fue una casualidad ni un milagro, sino consecuencia de una política inteligente, audaz y firme en defensa de la libertad. La única que corresponde a un gobierno democrático que no quiere suicidarse y entregar a su país al absolutismo y al terror.

¿Qué ocurrirá ahora? Si quisiera reelegirse por tercera vez, Uribe lo conseguiría con absoluta facilidad. Esperemos que no lo haga y que se retire al término de su mandato, para que no se diga de él que la codicia de poder enturbió la formidable tarea que ha realizado. Ahora ya sabe que sí hay en Colombia quien puede reemplazarlo con éxito en la política que ha llevado a cabo. Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, ha sido, en todo este tiempo, un colaborador, leal y tan firme como él en el objetivo por alcanzar, que es la pacificación de Colombia y el fortalecimiento de su democracia. Ambos están ahora más cerca que nunca en las últimas décadas.

Hace seis años éramos pocos quienes creíamos que se podía derrotar a las FARC. Esa discusión ha concluido y ahora el debate es sobre los problemas de la posguerra, que no serán ni pocos, ni fáciles de resolver. La desarticulación y derrota del más grande ejército del narcotráfico de Latinoamérica dejará daños que es necesario prever y enfrentar. Fue la cocaína lo que acabó con la guerrilla más antigua del continente, porque fue ésta la que le llevó a retar al Estado colombiano. Antes de eso, FARC y Estado convivieron en una guerra que fue largamente irrelevante.

Las FARC desperdiciaron la oportunidad de negociar, pese a que recibieron grandes concesiones territoriales y extendido reconocimiento político. En aquel momento, el Estado colombiano estaba desprestigiado por la corrupción del narcotráfico y deslegitimado por las violaciones a los derechos humanos. La política del presidente Pastrana con la que parecía “poner la otra mejilla” sirvió después para darle plena legitimidad al uso de la fuerza mediante el plan de seguridad democrática del presidente Uribe. Detrás de las banderas pacifistas que emergieron cuando la fuerza se convirtió en el recurso principal, no había sólo buenas intenciones, sino también pretensiones de legitimar al narcoterrorismo.

En Colombia fue necesario darle una oportunidad a la guerra. La paz negociada debe ser siempre el propósito fundamental en un conflicto, pero, en algunas ocasiones, pretenderla a toda costa puede significar la prolongación de la guerra.

Las fuerzas militares de Colombia saben ahora de las FARC, más que las FARC mismas. La exitosa operación de rescate se montó a partir de la pérdida total de mando y control por parte de la dirigencia narcoguerrillera. El rescate confirma que buena parte de los combatientes están abandonados y dejados a su suerte. Colombia tiene ya más de 40.000 excombatientes desmovilizados y cientos se rinden mensualmente. Otros miles, incluidos algunos dirigentes de las FARC, están dispersos en Colombia o en campamentos ubicados en países vecinos como Venezuela y Ecuador. Los peligros potenciales de fuerzas desmovilizadas y desarticuladas son ahora mayores que los que representa la guerra misma. No hubo batalla final y difícilmente habrá una rendición negociada formal y nacional, lo más probable serán acuerdos con grupos dispersos.

La consigna que inventaron los sandinistas cuando vencieron a la guardia somocista, puede ser de gran utilidad para los militares colombianos: “Implacables en el combate, generosos en la victoria”.

Colombia y los países vecinos se enfrentarán ahora a los problemas de una violencia fragmentada delictiva que se potenciará por el narcotráfico. Se acabó el juego de apoyos a una supuesta “violencia revolucionaria”; los campamentos guerrilleros en Venezuela y Ecuador son ahora un peligro para esos países: si no los desarman y someten a sus jefes pronto tendrán una gran plaga de narcotráfico y secuestro. En Venezuela especialmente el narcotráfico ha echado raíces; si su Gobierno no toma en serio el problema, pronto tendrá su propia guerra.

Siempre fue posible derrotar a las FARC, a los paramilitares e incluso a los grandes carteles. Los efectos violentos del narcotráfico se los puede reducir significativamente con el dominio territorial del Estado, pero derrotar a la droga no es posible. Ésta responde a poderosas fuerzas de mercado que están globalizadas desde hace mucho tiempo.

El ex presidente César Gaviria, hablando de los peligros de la posguerra en El Salvador, me dijo en una ocasión: “La violencia una vez echa raíces, cobra vida propia”. Colombia necesita reconstruir su infraestructura moral para desenraizar una violencia que se le volvió cultural. Esto nunca se entendió en El Salvador, por eso la violencia renació de forma brutal con las pandillas y la polarización política se impuso sobre la reconciliación. El Salvador es ahora un ejemplo de acuerdo de paz exitoso, con fracaso en el manejo de la posguerra. Colombia tiene, además de la política de seguridad democrática, un extraordinario arsenal de ideas sobre la reconstrucción cívica y la solidaridad, que han sido aplicadas por los últimos y actuales gobiernos de Bogotá y Medellín. Son todas estas experiencias las que pueden permitirle construir Estado y ciudadanía para tener una posguerra exitosa.

Es falso que la victoria en Colombia se deba a consejos norteamericanos; el fracaso de éstos en Irak lo comprueba. Los colombianos construyeron su propia política resultado de haber sufrido de forma continúa todas las violencias posibles: guerras entre sus políticos, brutalidad del Estado, paramilitarismo, poderosos carteles, guerrillas y narcoguerrillas. Es en realidad un país que tiene mucho que enseñar y que está demostrando que, sin pretender llegar al cielo, se puede salir del infierno.

A juzgar por sus derrotas militares y sus reveses políticos, el 2008 es el año negro de la guerrilla comunista más antigua y nutrida del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), creada en 1964, cuya decadencia tuvo una azarosa puesta en escena con la rendición, asesinato o captura de varios de sus líderes y la muerte de su fundador, el legendario Manuel Marulanda o Tirofijo, que personificaba la atormentada evolución del país. “Ha sido el peor semestre de su historia”, según el análisis del profesor colombiano Jaime Zuluaga.
En obvia decadencia ideológica, degradada por el narcotráfico y los secuestros, alejada de la realidad nacional, la guerrilla perdió incluso el apoyo táctico del presidente venezolano, Hugo Chávez, que el 8 de junio, en una declaración sorprendente, dejó de solicitar para ella el estatuto de insurgencia, la instó a abandonar la cruel industria de la extorsión y afirmó que jamás conquistaría el poder por las armas. Fue una rectificación pertinente y una invitación tardía a seguir el camino de la política y la transacción. Para Chávez y otros líderes del subcontinente, las FARC ya no son un movimiento popular invencible, sino un anacronismo sangriento e incómodo.

SEGÚN DATOS fiables, las FARC han perdido la mitad de sus efectivos en cinco años, unos 8.000 hombres. Diezmadas y acorraladas, deben superar además la muerte del comandante en jefe, que no solo provocó un relevo generacional, sino que abrió un período de lucha por el poder entre sus epígonos, divididos en dos sectores aparentemente irreconciliables: los campesinos militaristas, capitaneados por Jorge Briceño, y los guerrilleros de procedencia urbana que tratan de afianzar una nueva estrategia vinculada con la lucha política y la negociación, cuyo jefe de filas es Alfonso Cano, el presunto sucesor de Marulanda.
El rescate de Ingrid Betancourt y sus compañeros de cautiverio, en una brillante operación de contrainsurgencia, sin precedentes por su audacia y su precisa ejecución, confirma la fragilidad militar de la guerrilla y su precaria situación ante las cada vez mejor pertrechadas y profesionalizadas fuerzas gubernamentales, las cuales cuentan, además, con la sofisticada infraestructura de observación e información prestada por Washington. Fracasadas varias veces las negociaciones, la democracia en armas de que se jacta el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, prevaleció como única alternativa y ahora recoge los frutos. Los éxitos de la opción militar, juzgada inviable por los antagonistas del presidente, han fraguado en el país un frente popular antiguerrilla de inusitada eficacia.
En el campo militar, los rebeldes hace tiempo que perdieron la iniciativa, desbordados por los planes de contrainsurgencia que sufraga EEUU. Las réplicas revolucionarias en los Andes no son para mañana. En términos políticos, la guerrilla es un recurso de otra época que se empecina en la estrategia de campesinos en armas que sitian las ciudades hasta alcanzar el poder. Aislada diplomáticamente, incluida en la lista de organizaciones terroristas tanto por EEUU como por la Unión Europea, queda por saber si mantendrá su unidad bajo el mando de Alfonso Cano o proseguirá su fragmentación o rendición bajo la presión implacable del Ejército.
La liberación de Betancourt pone en evidencia los errores de juicio y el despiste ideológico de otros líderes americanos e incluso europeos, incluyendo al hiperactivo Nicolas Sarkozy, que llegaron a acusar veladamente al presidente colombiano de ser indiferente a la suerte de la secuestrada más célebre del mundo, o de retrasar su liberación, por no prestarse al espectáculo orquestado desde Caracas. Uribe siempre rechazó una intromisión exterior que implicaba otorgar a la guerrilla la soberanía de facto sobre una zona desmilitarizada del territorio nacional, humillante concesión para el intercambio de rehenes por guerrilleros presos.

LOS PASOS EN falso de los dirigentes suramericanos –no solo de Chávez y Evo Morales, sino también del ecuatoriano Correa o la argentina Fernández– se deben a prejuicios ideológicos o populistas enraizados en la izquierda oficial, que no tuvo en cuenta la realidad social y política colombiana, expresada de manera inequívoca en la creciente popularidad de Uribe, ni la confusión del romanticismo guerrillero con la delincuencia ni el desequilibrio de fuerzas. El error de confiar más en Chávez que en Uribe, como señala un analista argentino, agrieta más la fachada del panamericanismo y ofrece una amarga lección a los milenaristas de la insurgencia agraria, incapaces de analizar los irremediables fracasos históricos.
Tras el réquiem retórico de Chávez, quizá resulte prematuro especular con el principio del fin de las FARC, pero es evidente que los últimos hechos señalan un viraje tan espectacular como esperanzador en la guerra civil larvada que flageló al país durante medio siglo y le impidió alcanzar el despegue que conduce al desarrollo y que solo puede garantizar el sistema democrático. Con la liberación de Betancourt y los rehenes norteamericanos, Uribe sale tan fortalecido que la guerrilla está ante el dilema terminal de entregar las armas, paso previo para su reinserción social, según la oferta generosa del presidente, o exponerse a un final calamitoso y carcelario como el de Sendero Luminoso en Perú.

Betancourt, slight but still well-spoken, deftly discredited critics of President Álvaro Uribe’s two-pronged approach toward the Revolutionary Armed Forces of Colombia. Her support for Uribe’s carrot-and-stick policies — beefing up the military while offering to negotiate with the guerrillas — countered many of her self-proclaimed supporters, including human rights groups, Venezuelan President Hugo Chávez, leftist lobbyists in Washington and her own mother.

Betancourt was right to speak out. But Uribe will be wrong if he hears a siren song in her message.

Uribe has been toying with the notion of exploiting his incredible popularity — he is the only sitting Colombian president to be reelected — and changing the constitution to seek a third term. This would undermine the country’s admirably growing institutions and his own considerable legacy.

The constitution was already amended in 1995 to permit Uribe to run for a second term. “I think that one of [the] hardest blows given to the FARC, aside from this extraordinary [rescue] operation, is the president’s reelection,” the center-left Betancourt said Thursday. Colombia has a history of alternating between tough and conciliatory presidents, she noted, which has allowed the more than 40-year-old guerrilla movement to expand during each turnover.

She lauded Uribe’s ability to see through to fruition his “democratic security” policies. The carrot has been the demobilization of about 35,000 supposedly right-wing paramilitaries and nearly 12,000 left-wing guerrillas, with various levels of amnesty. The stick is the greatly improved Colombian military, aided in part by $5.5 billion in U.S. aid since 2000 under Plan Colombia.

That aid and the military have been criticized by human rights groups and some in Washington, but Betancourt left no doubt that she shares a favorable public perception of the military that is matched in polls here only by that of the Catholic Church. “Thank you, my army, of my country, for your impeccable operation,” she said. “I ask Colombians to believe in this army, which is going to take us to peace.”

She called on Chávez and Ecuadoran President Rafael Correa to remember that Uribe was democratically elected, while the FARC has almost no public support. As to her mother siding with Chávez earlier in supporting a failed mediation effort to win Betancourt’s freedom, she said that it was a maternal instinct to oppose a potentially dangerous rescue and gently chided her mother to thank Uribe.

Betancourt’s composure and sanguine analysis belie suspicions that she might have been overcome with appreciation for her saviors. Although she was kidnapped on a campaign trip in February 2002, she said this week that she may run again for president.

But her statements also belie the scorched-earth policies of otherwise well-meaning groups such as Human Rights Watch, which has persuaded many Democrats in Congress to oppose a pending free-trade agreement with Colombia on human rights grounds. In a news release regarding Sen. John McCain’s coincidental trip to Colombia this week, the organization asked him to “ignore the official spin and support threatened democratic institutions in Colombia” and called Colombia only “formally a democracy.”

Colombia has its issues. Some paramilitary forces have gone back into the drug trade, oddly in alliance with the guerrillas in some areas. Political violence continues, though it is way down as the military has asserted control over most of the country with only minimal rights violations. The much-improved justice system, meanwhile, has under Uribe won some 140 convictions in murder cases of union members alone, an unusual rate of success in human rights prosecutions.

What both Betancourt and Uribe understand is that the biggest challenge in Colombia is to build the nation, its unity and its institutions.

A third Uribe term would run counter to that. He almost surely would win, but the nation has a wealth of proven political talent, nearly all of which, including politicians from the leftist Polo Party, support the main lines of the president’s security policies.

Questions about the legitimacy of the last constitutional change already follow Uribe. Many of his supporters in the Senate who voted for it are being prosecuted, accused of alliances with paramilitaries. There is no doubt that the public wanted the measure, and Uribe is considering a referendum to make the point ex post facto. Let him do it and go out in glory. He should build the legitimacy of the presidency by letting it go to someone else.

Era un sábado de diciembre de 2001. El templado sol del atardecer abrazaba a cuatro hombres sentados con los pies en el agua en Isla Tesoro, el refugio de los presidentes colombianos en las Islas del Rosario. Andrés Pastrana dialogaba con su mano derecha, Camilo Gómez, a la sazón el Alto Comisionado de Paz y el hombre que más horas se ha pasado intentando negociar con Tirofijo y sus lugartenientes, y con el senador Juan Gabriel Uribe, un conservador leal entre los leales del presidente Pastrana. Testigo inmerecido, el abajo firmante. El proceso de paz estaba ya en un callejón sin salida y los tres personajes con voz autorizada discutían alternativas y -con mucho escepticismo- formas de hacer ver a las FARC que estaban perdiendo su última oportunidad. Era inútil. Trece meses antes, en esa misma isla, Pastrana había declarado a ABC algo que tuvo repercusión en su país: «Llegué con un mandato de paz. El peligro [para las FARC] es que mi sucesor llegue con un mandato de guerra» (ABC 16-11-2000). Todo apuntaba en esa dirección y el periodista interrumpió a los tres políticos preguntando si después de todas las humillaciones a las que las FARC habían sometido al Ejército colombiano había posibilidades reales de plantear batalla de nuevo. La respuesta -casi unánime- fue: lo más importante de este proceso de paz es cómo hemos reforzado y pertrechado al Ejército colombiano. El pasado miércoles, en el Guaviare, se dio la prueba incontestable de que las FARC podrán seguir matando, pero ya no son un opositor invencible. Que las selvas podrán seguir valiendo como escondite y dificultando enormemente la confrontación directa, pero que la inteligencia militar colombiana ha logrado penetrar su secretariado hasta el punto de infligir la más humillante derrota que imaginar se pudiese. El presidente Uribe ha logrado pasar una página dolorosa con toda la gloria.

Los acontecimientos de las últimas horas en Colombia no sólo son un éxito sin parangón para el presidente Uribe y la legitimidad republicana; son en igual o mayor medida una descalificación de ciertas políticas llevadas adelante en la propia Colombia, Venezuela o Francia. Actores como la senadora colombiana Piedad Córdoba, constantemente disfrazada con los atuendos que ella atribuye a los indígenas, y voz incansable en la defensa de la negociación con los terroristas para hacer concesiones a cambio de la libertad de los secuestrados. O como su conmilitón el presidente Hugo Chávez de Venezuela, necesitado de rellenar su currículo con actos de paz (¿hay paz cuando se cede ante un terrorista?). O como el presidente Nicolas Sarkozy, siempre ansioso de ocupar los medios de comunicación. Todos ellos fueron desautorizados el miércoles por el Ejército de Colombia en una operación de sus servicios de inteligencia de tal perfección que, como dijo una emocionada Íngrid Bentacourt en las pistas de la base aérea de Catam en Bogotá, «evoca las mejores operaciones del Mosad israelí».

Íngrid Betancourt fue secuestrada en febrero de 2002. Era una candidata presidencial sin ninguna posibilidad. Los sondeos le daban menos de un uno por ciento de intención de voto. Su audacia proverbial le llevó a penetrar en la recién suspendida zona de despeje que el Gobierno de Pastrana había concedido a las FARC desde enero de 1999 con voluntad de adelantar un diálogo. Oficiales del Ejército que la liberó hace dos días intentaron convencerla de que no podía avanzar por una carretera en manos de la guerrilla. A nadie escuchó. Aquel viaje se ha prolongado por seis años y cinco meses. Desde su cautiverio hizo repetidos llamamientos para que el Gobierno de Uribe rebajara su firmeza y buscase salidas negociadas con los terroristas. En una buena muestra de su instinto político, con las televisiones de medio mundo enfocando, Betancourt se cuidó mucho de hacer el más mínimo reproche a la política de Uribe el miércoles. Los legítimos llamamientos de su familia en defensa de una Betancourt dizque moribunda contrastaron felizmente con un rostro alegre, una mirada limpia y una imagen físicamente saludable que habrá de afrontar ahora una convulsión psiquiátrica latente para librar su alma de daños casi imborrables.

Uno de los mayores retos que afronta todo secuestrado es rehacer su vida familiar. Recuperar la vida conyugal es tan difícil para el secuestrado como para su cónyuge. El actual vicepresidente colombiano, Francisco Santos -víctima también de secuestro- y su mujer María Victoria, han dado amplio testimonio de ese drama. Y el actual canciller colombiano, Fernando Araujo Perdomo, que también estuvo secuestrado por las FARC seis años hasta que logró escapar, se encontró al llegar a casa que su mujer se había ido con otro entre tanto. Y yo he oído a Araujo mostrar comprensión hacia lo que hizo su mujer.

Propaganda; todo en las FARC es un acto de propaganda. Y los últimos golpes han sido todos un fracaso. El 5 de enero de 2007, el ya mentado Fernando Araujo, ex ministro de Desarrollo del Gobierno de Pastrana, escapaba de la guerrilla tras seis años cautivo. Dos meses después el presidente Uribe lo hacía su canciller en un golpe de imagen de gran éxito. El pasado 1 de marzo se conocía la muerte del número dos de las FARC, Raúl Reyes, que estaba cómodamente instalado en territorio ecuatoriano. De su campamento el Ejército colombiano se llevó su ordenador personal del que no dejan de salir informaciones tan valiosas que Hugo Chávez se ha apresurado a pedir a las FARC, tras años jaleándolas, que abandonen las armas. Cuando uno ve venir un tren, es prudente intentar abandonar la vía del ferrocarril. Y, al fin, el 12 de mayo moría Tirofijo, el jefe de los terroristas de las FARC. Todavía no sabemos con certeza en qué circunstancias. Sus hombres dicen que entre los cálidos brazos de su amante. Las autoridades colombianas sospechan que durante un bombardeo. Nunca lo sabremos. Todos los frentes de las FARC cuentan con pelotones dedicados a hacer desaparecer -incinerándolos, lanzándolos a los cocodrilos… como sea- todos los cadáveres de sus camaradas. Un guerrillero muerto es causa de desmoralización entre sus compañeros de armas.

El presidente Uribe disfruta, con todo merecimiento, de su hora de mayor gloria. La víspera de la liberación de Betancourt, once soldados y policías y tres mercenarios norteamericanos -devueltos a su país sin posar ante las cámaras- recibía la visita del senador McCain en Cartagena de Indias. El candidato republicano sabe quién es un aliado fiable. El peligro es que el éxito termine de desbordar a Uribe. Ya una vez ha modificado la Constitución colombiana de 1991 en beneficio propio para poder ser reelegido. Su popularidad, antes de esta operación, le daba un respaldo superior al ochenta por ciento. Las voces que proponen una nueva reforma de la Constitución para que se «candidate» una tercera vez pronto serán clamor. Un periodista de Radio Cadena Nacional de Colombia decía el miércoles por la noche en Punto Radio que su país vivía este momento con una euforia sólo comparable a la victoria de España en la Eurocopa. Aconsejen al presidente mantener el símil. Aprenda de Luis Aragonés y retírese en el momento de máxima gloria o corra el riesgo de convertirse en el alter ego de Hugo Chávez -encorbatado.

Las imágenes del miércoles en la base aérea de Catam en Bogotá eran sorprendentes para un español que tiene en la memoria algunos de nuestros secuestrados liberados por las Fuerzas de Seguridad. El Himno Nacional sonando sin pausa: «¡Oh gloria inmarcesible! / ¡Oh júbilo inmortal! / ¡En surcos de dolores / el bien germina ya!». El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y sus generales haciendo arenga patriótica. Los soldados y policías reivindicando su condición tras una década de cautiverio en el caso de varios de ellos. Un sacerdote -de alba y estola- junto a los liberados e Íngrid Betancourt y su madre postrándose de rodillas en la pista y dando gracias a Dios. Qué orgullo ser colombiano…

Lo único importante hoy es que 15 seres humanos han recuperado su libertad secuestrada. Una gran noticia que conlleva una inyección de esperanza para el conjunto de una sociedad colombiana estigmatizada por la violencia. Tiempo habrá para conocer otros muchos detalles de la espectacular operación militar, de atender versiones matizadas a la oficial, de leer libros e incluso de visionar películas acerca de un rescate que ciertamente resulta muy cinematográfico. La denominada operación Jaque ha puesto en evidencia una vez más la extrema debilidad e ineficacia con la que operan los dirigentes guerrilleros de las FARC y, al mismo tiempo, muestra la renovada capacidad estratégica del Ejército de Colombia, unido al éxito social y político de gran calado del presidente Álvaro Uribe Vélez después de seis años de gobierno.
El rescate de Ingrid Betancourt, combinado además con el de tres mercenarios de origen norteamericano, supone la pérdida de las bazas de presión política más preciadas que mantenían los guerrilleros y abre, sin duda, una profunda crisis en el interior de la organización, con un cuestionamiento seguro del ya de por sí precario liderazgo de Alfonso Cano por parte de otros comandantes que no desaprovecharán la ocasión para intentar derribar al sucesor del recientemente fallecido Pedro Antonio Marín, conocido por sus alias Manuel Marulanda o Tirofijo, el viejo líder fundador al que nadie osaba cuestionar.
Ingrid Betancourt y sus compañeros de dramático cautiverio están por fin libres, en sus casas, con sus familias, sin apariencia de que se haya producido negociación ni cesión política alguna, sin derramamiento de sangre. Una operación limpia con detenciones. Un descuido guerrillero, un engaño que solo es posible cuando se tiene una muy abundante información fiable del enemigo. Los sofisticados satélites que apuntan a la selva colombiana, la inestimable ayuda de Estados Unidos, la infiltración de informantes en el propio secretariado de las FARC o las continuas deserciones han hecho mucho más vulnerables los hasta hace poco ilocalizables campamentos insurgentes ubicados en la espesa selva colombiana. Puede ser, tras un golpe de enorme trascendencia como este, ahora sí, el principio del fin de la guerrilla activa más antigua de América Latina, pero sin descartar acciones de violencia a la desesperada de los integrantes más convencidos de la continuidad del terror, con represalias para los más de 600 rehenes que aún permanecen en su poder.

UNA NUEVA derrota militar para las FARC, la más significativa y humillante, a sumar a los numerosos golpes de envergadura recibidos en el último año que proyectan en el futuro un triunfo político de gran magnitud del presidente Álvaro Uribe. Si sus índices de aceptación se acercaban el martes al 70%, no hace falta acariciar una bola de cristal esotérica para vaticinar una consolidación y aumento de ese porcentaje de apoyo aun con sus muy controvertidas decisiones. Además, el éxito de esta operación le libera de la presión externa que ejercían sobre él presidentes como Hugo Chávez, Daniel Ortega y Rafael Correa, o, en el ámbito interno, la senadora de oposición Piedad Córdoba, como interlocutores a los que se consideraba imprescindibles para lograr la libertad de Ingrid Betancourt.
Álvaro Uribe nunca ha dejado de ser fiel a su ideario político. Disidente del Partido Liberal, economista graduado en Harvard, con su padre asesinado por las FARC, en su primera campaña electoral, en los comicios presidenciales del 26 de mayo del 2002 anunciaba con vehemencia: “Yo voy a convencer a más colombianos de que el camino de la paz es el camino de la autoridad, porque los violentos van a sentir que hay un Estado fuerte que los frena”. Las conversaciones de paz del presidente conservador Andrés Pastrana habían fracasado con estrépito el 20 de febrero –tres días después se producía el secuestro de Ingrid Betancourt– y el entonces candidato Álvaro Uribe proponía la distribución entre un millón de colombianos de equipos de comunicación conectados a las redes de las Fuerzas Armadas para transmitir información. Antes, como gobernador del industrial departamento de Antioquia, impulsó en la década de los 90 la creación de las llamadas fuerzas Convivir, grupos privados de civiles armados que decían “autodefenderse” de las agresiones de las guerrillas, lo que se asimiló después por sus críticos como el nacimiento de los grupos paramilitares, precisamente denominados Autodefensas Unidas de Colombia.

EL REELECTO presidente tiene ahora el escenario despejado con todos los triunfos en su mano para modificar la Constitución, si quiere, y acceder así a un tercer mandato consecutivo en los comicios previstos para el 2010. Pero también podría darse el caso, si decidiera mantener como está el actual texto constitucional, que no le permite una nueva reelección, que dos de los candidatos a sustituirle en la presidencia fueran la liberada Ingrid Betancourt, opositora en el 2002 de Uribe, y el actual ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, artífice político del plan de rescate de Betancourt, hijo del editor durante 50 años del influyente diario liberal El Tiempo, Enrique Santos Castillo, y nieto de quien fue presidente de Colombia de 1938 a 1942, Eduardo Santos Montejo.

Though it may be losing the battle in Congress over free trade with Colombia, the Bush administration is close to recording a major success in Colombia itself. Thanks in part to billions of dollars in U.S. aid and training for the Colombian army, the FARC terrorist group — which has ravaged Colombia’s countryside for four decades — is close to collapse. Since March it has lost three of its top seven commanders, including legendary leader Manuel Marulanda. Laptops containing its most sensitive secrets have been seized by the Colombian government, and foot soldiers are deserting in droves.

Yet this achievement has come at painful costs — some of which are shamefully little known to Americans. That point was brought home to me recently by Luis Eladio Pérez, a spirited survivor of Colombia’s war against the FARC who has made the rescue of three of its American victims a personal cause.

American victims? Don’t be surprised if you have never heard of Marc Gonsalves, Thomas Howes and Keith Stansell; The Post has published only three substantial stories about them in the past five years. All three are U.S. citizens who were working for Pentagon contractor Northrop Grumman when their surveillance plane crashed in a remote Colombian jungle on Feb. 13, 2003. Since then, they have been hostages of the FARC, confined with chains and forced to endure a nightmarish life of isolation, disease and brutality.

The State Department and U.S. Southern Command routinely say that obtaining the men’s release is a top priority. In practice not much has been done over the years, largely because any action would be difficult or contrary to larger U.S. interests. The Americans are among the most prized of the more than 700 hostages held by the FARC; they are heavily guarded and nearly impossible to find in Colombia’s vast, triple-canopy jungle.

Even worse, from the perspective of the captives, their government and media rarely even speak about them. It’s not just The Post: Both President Bush and Secretary of State Condoleezza Rice have visited Colombia in the past year, but neither mentioned Gonsalves, Howes and Stansell in their prepared public statements.

Pérez, a former Colombian senator, could not help but feel the men’s distress. At the time Bush visited, Pérez was chained by the neck to Howe. Taken hostage himself in June 2001, Pérez lived with the Americans from late 2003 to late 2004, and then again from October 2006 until his release in February. The 55-year-old politician was freed in a deal orchestrated by Venezuelan President Hugo Chávez and appears to be in remarkably good health now. But he is anguished about those he left behind. “It hurts me to be here enjoying coffee and knowing that they are there in the jungle chained to each other,” Pérez told me. “I’m not happy to think of them rotting. I haven’t stopped one day trying to help them.”

Pérez came to Washington in part because the men gave him letters addressed to President Bush, House Speaker Nancy Pelosi, the presidential candidates and The Post, among others. FARC guards confiscated the letters, so Pérez is trying to deliver their messages himself. “They are asking the country to please not abandon them,” he said. “They are saying that they love their country, they love the flag, that they are rotting in the jungle and please do something for them.”

What could be done? Pérez wishes that Bush would consider the FARC’s demand that two of its members imprisoned in the United States — including one sentenced in January to 60 years for conspiring to hold the Americans hostage — be exchanged for the three men. He points out that Colombian President Álvaro Uribe has expressed a willingness to exchange FARC prisoners for hostages and that French President Nicolas Sarkozy has promised to accept FARC detainees temporarily in France if it will lead to the release of Ingrid Betancourt, a former Colombian presidential candidate who holds French citizenship.

Such suggestions get a cold reception in Washington, and for good reason. Among other things, the release of convicted FARC terrorists would undermine what has been a successful extradition program between Colombia and the United States and give a political boost to a crumbling movement. The implosion of the FARC has been a huge setback to Chávez, who was trying to rehabilitate it and use it as a vehicle to export his “Bolivarian revolution” to Colombia.

Therein may lie the Americans’ best hope. Pérez confirms that the FARC “is looking for a political solution” in conjunction with Chávez. He’s hoping its leaders can be convinced that such an end must begin with a unilateral release of the remaining hostages. “The FARC must make a decision,” Pérez said. If Betancourt or other hostages die, he added, “it will be the end of the FARC.” That would be a triumph for Colombia and for the Bush administration — but not much consolation for three American families.

Hace sólo unos días, se firmó el enésimo tratado para crear otro sistema más de cooperación de Suramérica. La anterior iniciativa se llamaba Comunidad Suramericana de Naciones (2004); la nueva que la sustituye se llama Unión Suramericana de Naciones (UNASUR, 23-5-2008). El presidente brasileño Lula da Silva puso como espejo de la iniciativa a la Unión Europea y trató de engatusar a su homólogo boliviano, Evo Morales, señalando a Cochabamba como la futura capital de la nueva experiencia unificadora, comparándola con Bruselas en el marco de la exitosa UE.

Lo previsible es que no haya sorpresas y que esa iniciativa se la termine llevando consigo el tiempo. Desde las iniciativas bolivarianas de panamericanismo, cuyo mejor y más constante ejemplo es la Organización de Estados Americanos, a UNASUR hay una espesa sopa de letras. Conviene aclarar que los dirigentes de aquel continente crean, ingresan, simultanean y se retiran de unas y otras organizaciones con facilidad. Despilfarran sus energías con floridas palabras sin dar pruebas de voluntad real de compartir soberanía. Con la misma facilidad que se increpan sus jefes de Estado y amenazan de guerra por toda Suramérica (febrero-marzo), se firman tratados de unidad eterna cuyos propósitos no van a cumplir (mayo).

La Comunidad Andina no impidió que se desataran el pasado febrero graves incidentes armados entre dos de sus cuatro socios. Colombia atacó por tierra y aire el territorio ecuatoriano que albergaba campamentos del grupo terrorista de las FARC. Es un hecho ilícito usar la fuerza contra un Estado, no respetar su soberanía territorial y, por consiguiente, Colombia violó el derecho internacional (art. 2.4 de la Carta de la ONU), aun usando la fuerza de forma limitada y focalizada en el grupo terrorista en un ataque de ida y vuelta. La violación fue un hecho grave, pero no ha perdurado en el tiempo (no hubo invasión con permanencia de tropas) y Colombia ha reconocido su ilícito.

Pero la violación del Derecho internacional por parte de Ecuador (y la conducta de Venezuela no difiere nada) no fue menor. Ecuador, como cualquier Estado, tiene derecho a ejercer con plenitud y exclusividad su soberanía territorial sobre las personas y cosas que se encuentren en su territorio. Pero la soberanía territorial es también una fuente de obligaciones internacionales: Ecuador, Venezuela y todo aquel que no sea un Estado gamberro tiene el deber de impedir en su territorio la formación de expediciones hostiles contra otros gobiernos (Res. 2625 de 1970).

La Corte Internacional de Justicia ha proclamado la obligación de todo Estado de no permitir a sabiendas que se utilice su territorio para la realización de actos contrarios a los derechos de otros estados. Un Estado serio debe proteger en su territorio también los derechos de los demás, y, en concreto, no puede utilizar ni dejar utilizar a terceros (grupos terroristas u otros Estados) su territorio de manera que esa utilización tenga por finalidad o por efecto atentar contra el Derecho a la integridad e inviolabilidad de Colombia. La soberanía no es absoluta, tiene límites y obligaciones.

Colombia tiene derecho a defenderse dentro de su territorio de los grupos terroristas formados en los años 60, como las FARC y el ELN. Y tiene derecho legítimo, con los límites del mismo Derecho Internacional, a usar la fuerza y el código penal contra quienes quieren imponer su voluntad mediante el asesinato y el secuestro al margen de las urnas. Cierto es que en Colombia todavía hay iniquidad, desigualdad y miseria para una parte de la población, aunque bastante inferior que la que siguen soportando los ecuatorianos y venezolanos; pero también lo es que el conflicto armado y el narcotráfico han contribuido a aquella situación y la han corrompido hasta enmarañarlo todo de forma casi irresoluble.

El conflicto parecía beneficiar a bastantes, sobre todo a los narcotraficantes, que encontraron en las FARC su brazo armado para vigilarles los cultivos de droga -pues han llegado a controlar el 40% de los municipios- a cambio del pago de armas y sumas ingentes de dinero. Los campesinos han sido las principales víctimas: trabajaban para los narcoguerrilleros que les aseguraban así el pancomer, aunque también les han obligado a sumarse a sus filas. Y como han sido el blanco de los paramilitares, millones de ellos han desembarcado en los últimos años como refugiados en Bogotá, sin medios para sobrevivir y cayendo en la delincuencia.

También hay que señalar que al existir conflicto armado, las Fuerzas Armadas cobraban un plus y ni se han dado la suficiente prisa ni han estado nunca convenientemente entrenadas y pertrechadas.Aun así, sus efectivos han cobrabado siempre menos que los paramilitares y con frecuencia han tenido que soportar las críticas de una ejemplar prensa libre y de organismos de derechos humanos y del poder judicial que, con riesgo para sus vidas, no han dejado nunca de denunciar sus excesos.

Como las Fuerzas Armadas estaban poco motivadas y debían respetar los derechos humanos, hubo guerra sucia y se permitió a las Autodefensas Unidas de Colombia -los paramilitares- toda suerte de matanzas.Las AUC, que defendían a los grandes ganaderos y hacendados, estaban formadas por quienes abandonaban el Ejército, pero también desertaban los narcoguerrilleros de las FARC y del ELN, atraídos por un mayor sueldo y el derecho al botín.

El presidente Uribe ha logrado su desmovilización con el incentivo, eso sí, de no indagar sobre su pasado criminal y su fortuna, de exoneración de toda responsabilidad penal, así como de la promesa de una reinserción social y política, escandalosa para cualquier demócrata. Con la ingente ayuda financiera y asistencia técnica de EEUU desde la época de Clinton, tras el convencimiento del nexo de las FARC con la producción de droga, el Plan Colombia ha formado al Ejército y se han fumigado campos de cultivo de droga, recuperando el control de amplios territorios en una lucha no siempre escrupulosa con los derechos humanos. Asimismo, se ha reducido la fuerza y moral de los narcoterroristas y se ha puesto en evidencia su falta de escrúpulos ideológicos: ha bastado poner precios astronómicos a las cabezas de los cabecillas terroristas para que se maten entre sí o se entreguen antes de que les maten sus subordinados y cobren la recompensa.

A pesar de los sufrimientos y pobreza que los grupos terroristas han provocado, Colombia posee una sociedad civil bien formada en todos los ámbitos, culta, con un dominio envidiable de la lengua española, muy sensible a los derechos humanos y que no ha decaído en su dignidad a pesar de las brutalidades y decenas de miles de muertos en medio siglo de conflicto. Existen evidentes deficiencias, pero el país tiene una Administración por encima de la media en Latinoamérica, algunas dignas universidades públicas y privadas y el Estado colombiano, a pesar de todo lo sucedido, se ha esforzado en mantenerse en la senda democrática y ha dado pruebas ejemplares de generosidad y perdón (con el M-19 y los paramilitares).

Quienes con frecuencia visitamos y trabajamos en Colombia hemos visto en los últimos años lo que supone recuperar la libertad y la seguridad para la ciudadanía. Por ello, ¿cómo dar crédito al Tratado de UNASUR cuando dos estados socios y vecinos (Ecuador y Venezuela desde 1999) prestan ayuda a los grupos terroristas colombianos? La proclama de integración de las naciones sudamericanas choca con la existencia de estados gamberros en la zona, de estados que viven al margen del Derecho Internacional y que no dejan vivir en paz al pueblo colombiano, su vecino y socio.

Para los estados de Latinoamérica, la soberanía es una noción absoluta, megalómana, que no se puede subordinar a ningún valor, ya sea la paz, los derechos humanos, la democracia, la inclusión social o la igualdad de oportunidades. Su concepción de la soberanía es la que circuló entre la Edad Media al siglo XIX. La sacralización de la soberanía por parte de estos dirigentes es una cortina de humo para seguir manteniendo la brecha de miseria material e intelectual de sus pueblos. Los repetitivos ensayos integracionistas nacen muertos por la persistente tendencia a ignorarlos al día siguiente aferrándose a la irrestricta soberanía e independencia, eje central del nuevo Tratado UNASUR.

En la UE hay una renuncia a ejercer unilateralmente determinados derechos soberanos por parte de los gobiernos, parlamentos, regiones y municipios, y se transfiere su ejercicio a las instituciones comunitarias. La mayoría de las decisiones se pueden tomar por mayoría cualificada; la norma europea tiene primacía sobre el derecho interno y se aplica directa e inmediatamente. Hay un Tribunal de Justicia con competencia exclusiva para declarar quién cumple o no, con autoridad sobre los estados y los particulares.UNASUR, en cambio, nace ligado al consenso y al derecho de veto, con instituciones sin poderes decisorios, sin Tribunal, con la prerrogativa de cada Estado a autorizar en su Parlamento cada norma… Más de lo mismo. ¿Servirá UNASUR para erradicar la ayuda al terrorismo y pacificar a su socio, Colombia? Entonces habrá valido la pena el viaje, aunque desde Cochabamba nunca se alcance a ver Bruselas.

El escenario actual de Colombia no anima a pensar que la muerte del octogenario y mítico Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, pueda suponer que en el horizonte inmediato se vislumbre el final de las FARC, ni tampoco un debilitamiento de su capacidad estratégica militar, pero sí es posible vaticinar aires de cambio en los ejes estratégicos de intervención política de la guerrilla en activo más antigua de América Latina. El goteo incesante de bajas singulares de la dirección, unido a las deserciones de cientos de combatientes –1.300 en lo que va de año– presagian un periodo de reflexión no exento de intensas turbulencias que podrían conducir a una fractura interna. Hay evidencias de vulnerabilidad y desconcierto que nunca antes se habían producido.
Las FARC encajan como pueden cada uno de los continuos golpes recibidos en los últimos meses, ocasionados desde distintos flancos. A la muerte del líder reverenciado, debe añadirse en la lista de símbolos desaparecidos la del número dos de la organización, Raúl Reyes, abatido en una emboscada del Ejército colombiano el pasado 1 de marzo en el interior de la selva ecuatoriana, operación que comportó una escalada de tensiones, todavía no cerrada, entre los gobiernos de Quito y Bogotá. Pero, además, el número cuatro del secretariado ejecutivo, Iván Ríos, caía asesinado a manos de su propio jefe de seguridad y la muy temida, con etiqueta de sanguinaria, Karina, viéndose cercada por las tropas del Ejército, prefirió rendirse junto a su novio antes que entrar en combate empuñando las armas que sí usó durante los últimos 20 años. Karina era una de las más buscadas, entre otras muchas causas, por ser la presunta asesina del padre del presidente Álvaro Uribe. Y, antes, la muerte en combate de El Negro Acacio, junto a otros 16 guerrilleros, considerado uno de los artífices de la transformación y fortalecimiento de las FARC en la década de los 90 a través de los ingresos por narcotráfico que repercutieron en una renovada capacidad de compra de armamento.
Durante años, la guerrilla se estuvo preparando para cuando la muerte de Tirofijo fuera un hecho cierto y no una fabulación. Pero, como enseña la historia, nunca una organización, por muy leninista que se defina, puede evitar secuelas traumáticas ante la desaparición del líder fundacional. Desde los años 50, a Tirofijo le habían dado por muerto en más de 15 ocasiones, confundiendo deseos con realidad. En una de sus muertes, en 1951, la prensa llegó a publicar detalles de su entierro, con fotos incluidas. Tal vez sea este, sin embargo, el momento más critico para quedarse huérfanos.

NO PARECE que la sucesión de un liderazgo sobre el que existía pleno consenso, al mantener los equilibrios internos, vaya a resultar nada fácil en la actual coyuntura. Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, próximo a cumplir 60 años, 30 de ellos en las FARC, nacido en el seno de una familia de clase media de Bogotá y con formación universitaria, debe enfrentar la pesada sombra alargada de un campesino que siempre se movió por olfato e intuición, aprendiendo de sus referentes de aquel 9 de abril de 1948, cuando asesinaron al político liberal Jorge Eliécer Gaitán, lo que encendió la mecha de otra etapa muy cruel para Colombia, conocida como la época de La Violencia, prolongada hasta 1960.
Nada es igual que entonces, aunque pudiera parecerlo. Hoy hay hasta tres generaciones muy distintas de combatientes que conviven en las FARC. Aquellas máximas de la revolución, la justicia social, la defensa de los excluidos, dieron paso a los asesinatos indiscriminados, a la toma de rehenes para ser usados como escudos humanos o a la vinculación con las mafias del narcotráfico a la búsqueda de un negocio altamente lucrativo. Hoy sabemos que Colombia es el segundo país con más desplazados del mundo, según el último informe de ACNUR. Una guerra interna que ya ha dejado a cuatro millones de personas sin su hogar y sin su trabajo, obligadas a vagar por los suburbios de Bogotá en busca de socorro, saltando fronteras, huyendo del fuego cruzado del Ejército colombiano y las FARC, sin olvidar la violencia de los grupos paramilitares, todavía muy activos, a pesar de lo que asegura el presidente Álvaro Uribe.

LAS POSIBLES negociaciones están hoy por hoy rotas, aunque este martes pasado las FARC aseguraran, sin abandonar su ya clásica retórica, que mantienen su disposición al intercambio humanitario de guerrilleros presos por rehenes secuestrados. Los gestos unilaterales al liberar en primer lugar a Clara Rojas y Consuelo González, y, días después, a cuatro exparlamentarios, no comportaron ningún avance hacia un proceso de diálogo que había generado no pocas esperanzas en todo el mundo. Al contrario: la fuerza de las armas venció una vez más a los esfuerzos diplomáticos con una acción torpe e ilegal ordenada por Álvaro Uribe. La muerte del entonces interlocutor guerrillero Raúl Reyes no ha devuelto la libertad ni a Ingrid Betancourt ni a ningún otro secuestrado. Y ahora resulta que, para el Gobierno, la autopsia al cadáver de Tirofijo vale casi tres millones de dólares “por interés nacional”. ¿Quieren crear un mártir? En Colombia, el mañana siempre resulta ser impredecible.

Descifrar las claves del conflicto colombiano, en el que vive el país desde hace mas de 40 años, no es fácil: lo previsto es imposible; lo imposible, posible.
No será por los intentos de solucionarlo, siempre asociados a periodos presidencialistas: León Valencia lo intentó por las bravas en 1964; Belisario, en 1984; Virgilio Barco, después, hasta 1990; el propio César Gaviria, entre 1990 y 1994. Pastrana llegó a ceder 43.000 kilómetros cuadrados en el Caguán, pensando que aquel espacio facilitaría el reencuentro. Fracasó. Uribe, en su segundo mandato que finaliza en el 2010, lo ha intentado y lo intenta con todos los medios a su alcance.
Marzo fue indiscutiblemente un mes terrible para las FARC. Empezó con la muerte de Raúl Reyes, en su santuario ecuatoriano, seguida una semana después por la de Iván Ríos, asesinado en circunstancias más que trágicas. Finalizando mayo, hemos conocido que este mes aún ha sido peor: el 26 moría de un infarto, según unas fuentes, a consecuencia de un bombardeo, según otras, el hombre que apagaba de un disparo de AK 47 un cigarrillo a 60 metros: Manuel Marulanda, fundador e indiscutible jefe del grupo, bautizado hacía cerca de 78 años como Pedro Antonio Marín en el pequeño pueblo de Génova, en el interior del país.

TAMBIÉN ha sorprendido el nombre de su sucesor: Alonso Cano, antiguo estudiante de Antropología convertido en una especie de pensador o ideólogo de la guerrilla, el más duro negociador, no obstante, en San Vicente del Caguán con los equipos de Pastrana. Todo apuntaba que sería Jorge Briceño, el mono Jojoy, el jefe militar, el llamado al relevo. En resumen, la rama política ha prevalecido sobre la militar: primera importante conclusión.
Pero no han acabado aquí las sorpresas. El hecho de que el anuncio de su muerte lo hiciese el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a una publicación de su familia es un indicio de falta de cohesión en el Gobierno. La noticia merecía ser anunciada por el propio presidente, por muy importante que fuese su descanso de fin de semana. Puede haber una segunda lectura: Santos quiso adelantarse al ministro del Interior, Carlos Holguin, que hacía unos días se había apuntado el éxito de la entrega de Karina, la tristemente mítica comandante del frente 47. Las elecciones presidenciales del 2010, casi a la vuelta de la esquina, pueden ser la clave de estos protagonismos. Segunda conclusión: tampoco es monolítica la posición del Ejecutivo de Uribe, como no lo son ni el poder legislativo ni el judicial.
No deja de ser cierto que las FARC han ganado en los últimos tiempos cierta consideración exterior de tipo político. El conflicto fronterizo de Colombia con Venezuela y con Ecuador fue una muestra de ello. El latente y cruel secuestro de Ingrid Betancourt, otra. Pero esta internacionalización, buscada a través de sus nuevos aliados venezolanos, nicaragüenses y ecuatorianos, se ha convertido en su mayor enemigo. Ha roto la cerrada y férrea disciplina interna, ha abierto las murallas intelectuales de sus segundos y terceros escalones de mando a las nuevas generaciones de combatientes. Las nuevas tecnologías –ordenadores y telefonía móvil– son sus verdugos. No lo pudieron imaginar. Error estratégico. Tercera conclusión.
Ahora, todos nos preguntamos qué puede pasar, cuando casi todos deseamos que se inicie el camino sin retorno a una definitiva paz social. Hay un primer plazo fijado: las presidenciales del 2010, plazo tanto para los que aspiran a suceder a Uribe como para los que sostienen que no puede haber solución con él. Hay otra referencia a tener en cuenta: el tratamiento jurídico y social que se ha dado a los desmovilizados de las autodefensas, más conocidos como paramilitares. La labor de depuración o desbroce jurídico de responsabilidades –de crímenes de lesa humanidad a conexiones flagrantes con el narcotráfico– deberá ser tenida en cuenta, si finalmente el secretariado de las FARC fija la vía de la reinserción como objetivo político.
Hay apoyo nacional. Hay apoyo internacional. Hay voluntad de llegar a una definitiva solución del conflicto. ¡Tirofijo habría cumplido este mes 78 años! El presidente Uribe quiere llegar también a la solución. Demasiados zarpazos han sufrido él, su familia y su entorno po- lítico. Ha maniobrado muy bien con sus aliados de EEUU, con los mandos de sus fuerzas militares, con su opinión pública, que mayoritariamente le respalda. Ha sabido atacar en todos los frentes posibles: el militar y policial, primero, pero también en el diplomático, el eco- nómico, el político, el psicológico.

ALGUNO DE sus métodos, como el pago de delaciones y traiciones, son poco éticos, muy del estilo de su aliado del norte. Pueden valer en determinadas situaciones de guerra total, pero dejan espirales de violencia de difícil cicatrización. Si hay indicios de acuerdo, deberá abandonar esta práctica y dedicar los 100 millones de dólares disponibles a reinserciones y otros objetivos sociales, sobre todo si quiere dejar una Colombia dispuesta a comenzar el largo camino de la integración… He dicho “comenzar el camino” porque la llama del conflicto la apagarán definitivamente las segundas o terceras generaciones, hacia el 2050. Parece lejos, pero un día hay que comenzar.
La muerte de Marulanda debería significar la apertura de un nuevo periodo, que llevase no solo la disolución del grupo armado más antiguo del continente, sino también a la de su hermano, el Ejército de Liberación Nacional. Colombia podría concentrar todos sus esfuerzos en combatir a su gran enemigo interno: el narcotráfico. Solo el día que acabe con él, recuperarán los colombianos todas sus libertades.
Quizá este día comenzó un 26 de marzo, en cualquier lugar de las “montañas de Colombia”, el habitual remite de un hombre que, a su manera, creía luchar por estas libertades y al que sus camaradas llamaron Tirofijo por su certera puntería con un arma. La historia dirá si su puntería política estuvo a la misma altura.

Tema: Los recientes enfrentamientos verbales y diplomáticos de los gobiernos de Ecuador y Venezuela con el de Colombia, y la declaración final de la reunión de presidentes del Grupo de Río colocaron el conflicto colombiano en el ámbito multilateral, lo que plantea nuevos retos para la región.

Resumen: Después de la sucesión de hechos producidos tras la incursión colombiana en territorio ecuatoriano, que acabó con la vida de Raúl Reyes, el segundo dirigente de las FARC, se ha producido un cambio sustancial en la dimensión internacional del conflicto colombiano. De manera especial, Ecuador y Venezuela están prácticamente obligados a revisar sus posiciones hacia ese conflicto y en particular hacia el grupo terrorista.

Al poner en evidencia la magnitud de la presencia de las FARC fuera de sus fronteras, la acción colombiana rompió los marcos que lo mantenían como un asunto interno e hizo imprescindible la construcción de instancias y el diseño de instrumentos apropiados para su tratamiento en el plano multilateral. Por consiguiente, además del golpe asestado en términos militares a las FARC, el gobierno colombiano ha logrado tomar la iniciativa y colocarse en una situación favorable para llevar a los otros países a un campo común en la búsqueda de soluciones.

Al contrario de otras ocasiones en que han estado en juego aspectos de seguridad y en que ha habido participación de grupos irregulares, en estos episodios no han tenido participación directa los gobiernos de EEUU y Cuba. Sin embargo, no se puede descartar su influencia en el desarrollo de los hechos y sobre todo en la definición de las posiciones de varios actores políticos y estatales.

Análisis: La reunión de presidentes del Grupo de Río, realizada el viernes 7 de marzo en la República Dominicana, logró desactivar el riesgo de enfrentamiento bélico al que se había llegado en el estrecho lapso de una semana. La declaración concertada por ellos, en una sesión que comenzó con agrias acusaciones y fuertes inculpaciones, permitió recoger por lo menos momentáneamente los estandartes de guerra que fueron exhibidos en esos días. Pero, como suele ocurrir en estos casos, lo más expresivo de la situación fueron los abrazos y los gestos de amistad que mostraron los mandatarios al concluir el encuentro. Tanto estos gestos como la declaración final inducirían a pensar que gran parte del problema se debió más a las declaraciones cargadas de adjetivos de los presidentes de Venezuela y Ecuador y a las denuncias arriesgadas del presidente y de otras autoridades colombianas. Pero sería equivocado considerarlo de esa manera, ya que el problema tiene unas raíces que han penetrado profundamente en cada uno de los tres países y de las que pueden brotar en cualquier momento nuevos troncos y nuevas ramas.

Es innegable que la cumbre presidencial permitió desactivar la inminencia del conflicto, bajó las tensiones hasta conformar un espacio de diálogo y negociación e incluso –por medio de las acusaciones y los enfrentamientos– hizo posible una catarsis que aparecía como necesaria para saldar ciertas deudas pendientes, tanto en lo personal como en las relaciones entre los países. Todo ello es claramente positivo, pero a todas luces insuficiente. Lo que se ha hecho, básicamente, es cerrar una etapa en la que el procesamiento del conflicto originado por la situación interna de Colombia fue parte de las relaciones bilaterales con cada uno de sus vecinos. La manera en que se produjeron los hechos durante la convulsionada semana colocó el tema en el ámbito multilateral o, por decirlo de otra manera, más allá de la voluntad de cada uno de los actores: lo internacionalizó.

Después de toda esta vertiginosa sucesión de hechos, quedan planteadas muchas preguntas, tanto acerca de los elementos desencadenantes como de la posible evolución y las salidas que se puedan encontrar para llegar a soluciones de fondo. Sobre los primeros se ha dicho mucho en estos días, e incluso la misma cita presidencial giró en gran medida en torno a ellos cuando cada uno de los mandatarios presentó y defendió decididamente su interpretación de los hechos. Aunque aún hay mucho que aclarar al respecto y a pesar de que es un puzzle al que se van añadiendo piezas en la medida en que se va armando, no cabe detenerse en este punto. Más importancia tienen los otros interrogantes, aquellos que hacen referencia a la nueva situación que se abrió con la reunión de Santo Domingo. La mayor duda en este sentido surge cuando se trata de avizorar las posibilidades reales que tendrán los países involucrados para enfrentar adecuadamente la nueva situación. Ésta requiere no sólo de la voluntad de las partes –que en la reunión de presidentes ha demostrado su importancia– sino también la construcción conjunta de los procedimientos y los instrumentos necesarios para consolidar el nuevo campo abierto.

Del conflicto interno al multilateralismo

Es necesario considerar que si el tema llegó a ser tratado en una reunión presidencial con otros objetivos, no fue necesariamente por la voluntad de uno de los gobiernos sino porque, literalmente, rebasó las fronteras. La transformación del conflicto colombiano en un tema multilateral era, por lo menos desde el inicio del Plan Colombia, uno de los objetivos del gobierno de Bogotá y, paradójicamente, también de las FARC. Por razones diametralmente opuestas ambos actores buscaban otro tipo de participación de los países vecinos y en general de la comunidad internacional latinoamericana. Reiteradamente, los gobiernos colombianos de la última década trataron de persuadir a sus pares ecuatorianos de que cambiaran su definición de neutralidad ante el conflicto por una acción más decidida en contra de un grupo que, con sus acciones terroristas y su alianza con el narcotráfico, amenazaba la seguridad de ambos países. Así mismo, en años más recientes, Colombia hizo esfuerzos por detener o al menos neutralizar el acercamiento del gobierno venezolano a ese grupo armado. En ambos casos se trataba de cerrar las posibilidades de que las FARC contaran con espacios de descanso y de consolidación de su retaguardia así como con facilidades para su abastecimiento.

Las FARC, por su parte, consideraban que obtendrían beneficios de la internacionalización del conflicto, ya que de esa manera se crearían las condiciones para interactuar en el mismo nivel con los gobiernos andinos. Una de esas condiciones era su reconocimiento como fuerza beligerante. Para esto, aludían como antecedente el reconocimiento del Frente Sandinista en la última fase de la insurrección nicaragüense, aunque para cualquier observador son enormes las diferencias existentes entre éste y una organización terrorista aliada al narcotráfico, así como entre el régimen autocrático somocista y la democracia colombiana.

Sin embargo, no fue por voluntad de estos actores que el tema saltó al campo multilateral. Fue más bien un resultado prácticamente inevitable de la dimensión alcanzada y que llevaba a que sus efectos se sintieran más allá de las fronteras colombianas. En realidad, éste ya había cobrado dimensión internacional desde mucho tiempo atrás, cuando las FARC comenzaron a utilizar territorio ecuatoriano y venezolano para desarrollar sus acciones y cuando entablaron negociaciones con el presidente Chávez para la liberación de los secuestrados. La respuesta ecuatoriana se expresó en la redefinición de su política de seguridad y defensa, en la que la protección de la frontera norte pasó a convertirse en el núcleo fundamental (lo que significó, entre otras cosas, cambiar aspectos básicos de unas fuerzas armadas que estaban concebidas para una guerra convencional). Mientras tanto, el gobierno venezolano optó por contar con las FARC como un elemento político al que podía recurrir cuando considerara conveniente, lo que significó otorgarle –por la fuerza de los hechos– carta de naturalización como actor político regional.

En esas condiciones era poco probable que el conflicto pudiera mantenerse dentro de las fronteras colombianas. Por ello, el último incidente derivó en los acontecimientos conocidos y el problema pasó de ser un tema de seguridad fronteriza y de negociación humanitaria a un asunto de los tres Estados e incluso del conjunto de los países latinoamericanos. La violación de la soberanía, esgrimida como el argumento central de Ecuador, y la necesidad de garantizar la seguridad frente a las acciones terroristas, eje de la explicación de Colombia, colocó a los dos países en una posición de enfrentamiento infrecuente. Por ello, lo que se inició como un incidente fronterizo que pudo haber sido gestionado dentro de los procedimientos establecidos llegó a hechos de gravedad desconocidos en la región, como la ruptura de relaciones de Venezuela y Ecuador (a los que se sumó Nicaragua) con Colombia. Ésa fue la manifestación de la nueva dimensión del problema, aunque también influyeron las características personales de los mandatarios.

Cuatro factores fueron claves para configurar esa situación. En primer lugar, la solución militar como eje de la política del presidente Uribe, avalada electoralmente en dos ocasiones y que constituye el principal soporte de la alta aprobación de su gestión en los sondeos de opinión. El fracaso de los diálogos de paz impulsados por su antecesor, Andrés Pastrana, llevaron a la mayoría de la población y a la opinión pública colombianas a respaldar la propuesta que sostenía la vía militar como única opción para acabar con las FARC y la violencia en general. Es difícil comprender que esta opción haya sido escogida por una sociedad que a la vez ha dado fuerte respaldo a la democracia como régimen político, pero una breve mirada a la historia reciente y sobre todo un recuento de los crímenes cometidos por las FARC permiten encontrar las explicaciones pertinentes. El gobierno colombiano pudo colocar la derrota de los grupos armados como el objetivo estratégico al que debían supeditarse todos los demás. Obviamente, las relaciones con los vecinos no podían dejar de adecuarse a ese objetivo, sobre todo si los escenarios de combate se encontraban en las zonas fronterizas. Cabe señalar que la ayuda militar, económica y tecnológica norteamericana fue decisiva en la materialización de este objetivo, lo que además introdujo un actor adicional en el escenario.

En segundo lugar, incidió de manera determinante la posición de neutralidad adoptada por los diversos gobiernos ecuatorianos. En términos estrictos, se quería aludir a no intervención, ya que no tiene cabida la neutralidad frente a un Estado asediado por grupos armados irregulares. De cualquier manera, Ecuador definió su política en torno a ese objetivo prioritario, lo que colocó a las acciones armadas para repeler a las FARC en un plano secundario, únicamente como una opción de última instancia y restringida a casos de violación flagrante de su territorio. Dentro de esa perspectiva definió sus relaciones con Colombia, lo que se tradujo en el establecimiento de protocolos y cartillas de seguridad que tendían a asegurar la vigilancia de la frontera y el apoyo a la población civil colombiana desplazada de las áreas de combate. Por otra parte, la libre circulación de personas entre los dos países hacía posible el paso de integrantes de miembros de la guerrilla en condición de civiles, al mismo tiempo que, como han argumentado reiteradamente los militares ecuatorianos, las limitaciones económicas y las características del terreno hacían imposible un control más riguroso de la zona fronteriza. La instalación de campamentos –inicialmente de reposo y de reabastecimiento, pero posteriormente de comando, como se comprobó con el que fue desmantelado en la acción del gobierno colombiano– fue uno de los resultados de ese conjunto de factores.

En tercer lugar, fue decisivo el papel desempeñado por el presidente Chávez, al mantener un enfrentamiento directo y constante con el gobierno colombiano y, sobre todo, al dar reiteradas muestras de acercamiento a las FARC. La relación con los dirigentes de esta organización parece haber ido más allá de los diálogos necesarios para lograr la liberación de rehenes, como lo certifica el homenaje público que rindió oficialmente a Reyes. Un acto de esa naturaleza, de alto contenido simbólico, no puede obedecer simplemente a la calentura que provocaba el conflicto que vivían los tres países en ese momento. Más bien parece ser una consecuencia de la búsqueda de aliados dentro de su estrategia de enfrentamiento con el gobierno norteamericano. Pero, aún cuando aquel acercamiento no hubiera existido en la realidad, se constituyó como una percepción generalizada en el contexto internacional y por consiguiente actuó como un factor político de importancia. No es desconocido que el resto de actores –de manera espacial los gobiernos de Colombia y EEUU– consideraron a esa alianza como algo más que una hipótesis, y en consecuencia actuaron en función de ella.

Finalmente, influyeron también los pasos dados por las FARC en los últimos meses, caracterizadas por la combinación de acciones de diverso tipo. Por una parte, la liberación selectiva de los secuestrados, con el gobierno venezolano como intermediario, les puso en posición de tomar la iniciativa en ese campo y colocarse como un actor que debía ser tomado en cuentas en el contexto internacional. Ello les permitió, además, poner en la agenda temas que hasta ese momento no tenían cabida, entre los que se destaca la iniciativa venezolana de reconocimiento como fuerza beligerante. Por otra parte, incrementaron su presencia en territorio ecuatoriano, lo que, además de darles mayor capacidad operativa, hizo que el conflicto traspasara las fronteras colombianas. Finalmente, frente a los problemas que enfrentaban en el campo militar por la ofensiva gubernamental, dieron más importancia a las acciones políticas orientadas a la búsqueda de apoyo en el plano internacional. La misma negociación de los secuestrados se convirtió en un factor de importancia en este sentido, especialmente por la participación de múltiples gobiernos y organizaciones que veían en ella la posibilidad de encontrar acuerdos humanitarios.

El nuevo escenario y su posible evolución

La reunión de presidentes del Grupo de Río ocurrió precisamente en el momento en que el conjunto de elementos descritos habían llegado al punto de inflexión. Por ello, aunque había sido convocada para otros fines, debió tratar éste como único tema y convertirse en el hito que marca un antes y un después para el conflicto colombiano. Desde ese momento pasó a ser un asunto regional que, en consecuencia, debe ser tratado de esa manera. Esto significa que es necesario desarrollar los instrumentos y los procedimientos para su procesamiento en ámbitos que han sido hasta cierto punto indiferentes a su existencia. De manera especial, la OEA deberá hacer uso de toda la creatividad que le sea posible para enfrentar un problema que le resulta desconocido. Pero también los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela deberán crear los instrumentos y procedimientos que hagan viable la conducción de la nueva situación, especialmente si se supone que el objetivo de todos ellos es establecer finalmente la paz en territorio colombiano. Sin embargo, esto se encuentra con tres problemas que pueden presentarse como obstáculos para alcanzar ese objetivo.

El primero de estos es el de la interpretación que cada uno de esos gobiernos da al concepto de paz. Aún si se asume ésta en su versión más elemental, como la ausencia de guerra o incluso de violencia para procesar las demandas políticas y sociales, siempre quedará un amplio margen para las interpretaciones. Sobre todo, es probable que más de uno considere que será necesario cumplir con un conjunto de condiciones para alcanzar la paz, y que entre éstas se cuente una serie de concesiones a los grupos armados. La idea de que éstos representan intereses legítimos y que producto de la exclusión y de las condiciones de vida de la población colombiana puede ser una de las ideas fuerza del gobierno venezolano y en menor medida del ecuatoriano. Esto chocaría frontalmente con la interpretación del gobierno colombiano y evidentemente con su convicción de la pertinencia e irrevocabilidad de la solución militar. Tampoco sería fácilmente aceptada por la opinión pública colombiana, que la consideraría una defección después de haber realizado enormes sacrificios a lo largo de los últimos años. Por ello, será de mucha importancia conocer los términos en que se producirán los diálogos entre los presidentes Uribe y Chávez, que comenzaron una semana después de la reunión de Río.

El segundo de esos obstáculos podría ser la permanencia de la controversia entre los gobiernos de Ecuador y Colombia. A pesar de que aceptó y suscribió la declaración de los presidentes en la reunión de Santo Domingo, el gobierno ecuatoriano ha mantenido el enfrentamiento con su homólogo colombiano y ha reiterado su decisión de “llegar hasta las últimas consecuencias” para que se condene explícitamente a Álvaro Uribe. La difusión de la información obtenida en el ordenador de Raúl Reyes (cuya autenticidad parece comprobarse por las fotos en que constan personas que visitaron el campamento en los días previos a su muerte) ha sido interpretada por los círculos gubernamentales ecuatorianos como la expresión de una confabulación en contra del país, lo que aleja las posibilidades de reconstruir la confianza necesaria para alcanzar algún acuerdo.

Finalmente, la propia evolución de los hechos y, sobre todo, su traslado al campo multilateral, estrechó el espacio en que se movían todos los actores. La incursión colombiana en territorio ecuatoriano puso al descubierto las deficiencias en el control de la frontera por parte de ambos países. Ya no será posible que ello ocurra en el futuro, mucho menos desde el momento en que se conforme la comisión de la OEA o cualquier cuerpo de intermediación multilateral. La nueva situación exige cambios de estrategia en ambos países. Por una parte, obliga al gobierno colombiano a desplazar fuerzas militares hacia la frontera, lo que llevará a cambiar la estrategia de “empujar” a las FARC hacia el sur. Por otra parte, obliga al gobierno de Ecuador a contar con controles más efectivos en esa zona, lo que de alguna manera significará introducir cambios en su política de neutralidad.

El gobierno venezolano también ha visto reducido su campo de maniobra, tanto en las acciones de mediación para la liberación de los rehenes como en el apoyo implícito que proporcionaba a las FARC. Tanto la iniciativa del presidente Chávez para normalizar las relaciones con Colombia, como la actitud que tuvo en la reunión de presidentes, cuando sorpresivamente cambió los insultos y las agresiones por un tono conciliador, pueden obedecer precisamente a la toma de conciencia de la reducción del espacio de acción. Esto querría decir que se trataría más de un cálculo realista sobre sus probabilidades que de un cambio de fondo en la posición que ha venido manteniendo, lo que dejaría muchas incógnitas hacia el futuro. Incluso esto sería así en el caso de que hubiera obedecido a presiones del ex mandatario cubano, Fidel Castro, que habría visto a un enfrentamiento regional como un riesgo para el proyecto ideológico que llevan adelante varios países latinoamericanos.

Así mismo, las FARC contarán con un contexto menos favorable que el que encontraron hasta ahora. Los cambios que deberán introducir los tres gobiernos serán un factor de importancia en ese sentido. De manera especial, la nueva orientación que deberá definir el gobierno ecuatoriano –aunque para ello seguramente pasará aún algún tiempo– significará por lo menos una reducción sustantiva de las facilidades que ha tenido para utilizar el territorio de ese país. Incluso las condiciones a las que estará sometidos el presidente Chávez en la nueva dimensión de las relaciones con Colombia será un factor adverso para este grupo.

Conclusiones: Los hechos recientes han desplazado el conflicto colombiano al ámbito internacional, y a esta nueva realidad deberán adecuarse las estrategias de todos los actores involucrados. Será muy poco probable que se puedan mantener las posiciones que venía sosteniendo cada uno de ellos y que desembocaron en la situación prebélica que se vivió durante la primera semana de marzo. Sin embargo, el proceso de adaptación y de construcción de la nueva institucionalidad y de los nuevos procedimientos que son necesarios no será algo que se pueda lograr en plazos relativamente cortos. Por el contrario, cabe esperar un proceso más bien largo y sujeto a avances y retrocesos. Las fricciones entre los tres gobiernos –y de manera especial entre los de Ecuador y Colombia– dejaron huellas profundas que tardarán mucho en cerrarse. Por ello, la única garantía de éxito se encuentra en la intervención de organismos multilaterales o en la conformación de instancias supranacionales que se encarguen del diseño de los mecanismos de solución y de la vigilancia de su cumplimiento. En la medida en que el conflicto ha saltado al campo internacional, la solución debe encontrarse en el mismo nivel.

Sin embargo, las reacciones generadas en Colombia y Ecuador serán un obstáculo para que esa mediación tenga un buen desenlace. En la opinión pública de ambos países prevaleció la posición de sus respectivos gobiernos, esto es, la de la seguridad como objetivo central en Colombia y la soberanía en Ecuador. Las opiniones discrepantes o críticas fueron minoritarias, lo que dejó apenas un estrecho margen para análisis que permitiera comprender adecuadamente este episodio que se inserta en una situación que es en sí misma compleja. De manera particular, el objetivo de defensa de la integridad territorial en el caso ecuatoriano relegó a segundo plano aspectos de similar importancia, como la presencia de las FARC y sus relaciones con personas y organizaciones del país o la incapacidad de las unidades militares y policiales correspondientes para detectar un campamento que, según todos los indicios, había sido instalado varios meses atrás.

Una perspectiva de esta naturaleza, que privilegia la soberanía territorial entendida únicamente como la protección frente a otro Estado, estableció un notorio desequilibrio con los otros aspectos mencionados. Al concentrarse la preocupación gubernamental en el ataque de las fuerzas regulares colombianas, perdió fuerza cualquier posición de rechazo y de condena que hubiera podido expresar el gobierno hacia las FARC. En realidad, fue mucho menos explícito en este aspecto y ha sido absolutamente renuente (de la misma manera que la Asamblea Constituyente que asumió las funciones del Congreso) a que se haga internamente una investigación sobre la información presuntamente contenida en el ordenador de Raúl Reyes. En consecuencia, han quedado muchos temas en la oscuridad y el gobierno no ha utilizado el momento para dejar sentada su posición frente al grupo terrorista.

Latin American nations and the Bush administration spent the past week loudly arguing over what censure, if any, Colombia should face for a bombing raid that killed one of the top leaders of the FARC terrorist group at a jungle camp in Ecuador. More quietly, they are just beginning to consider a far more serious and potentially explosive question: What to do about the revelation that Venezuelan President Hugo Chávez forged a strategic alliance with the FARC aimed at Colombia’s democratic government.

First reports of the documents recovered from laptops at the FARC camp spoke of promises by Chávez to deliver up to $300 million to a group renowned for kidnapping, drug trafficking and massacres of civilians; they also showed that Ecuadoran President Rafael Correa was prepared to remove from his own army officers who objected to the FARC’s Ecuadoran bases.

But in their totality, the hundreds of pages of documents so far made public by Colombia paint an even more chilling picture. The raid appears to have preempted a breathtakingly ambitious “strategic plan” agreed on by Chávez and the FARC with the initial goal of gaining international recognition for a movement designated a terrorist organization by both the United States and Europe. Chávez then intended to force Colombian President Álvaro Uribe to negotiate a political settlement with the FARC, and to promote a candidate allied with Chávez and the FARC to take power from Uribe.

All this is laid out in a series of three e-mails sent in February to the FARC’s top leaders by Iván Márquez and Rodrigo Granda, envoys who held a series of secret meetings with Chávez. Judging from the memos, Chávez did most of the talking: He outlined a five-stage plan for undermining Uribe’s government, beginning with the release of several of the scores of hostages the FARC is holding.

The first e-mail, dated Feb. 8, discusses the money: It says that Chávez, whom they call “angel,” “has the first 50 [million] available and has a plan to get us the remaining 200 in the course of the year.” Chávez proposed sending the first “packet” of money “through the black market in order to avoid problems.” He said more could be arranged by giving the FARC a quota of petroleum to sell abroad or gasoline to retail in Colombia or Venezuela.

Chávez then got to the plans that most interested him. He wanted the FARC to propose collecting all of its hostages in the open, possibly in Venezuela, for a proposed exchange for 500 FARC prisoners in Colombian jails. Chávez said he would travel to the area for a meeting with the FARC’s top leader, Manuel Marulanda, and said the presidents of Ecuador, Nicaragua and Bolivia would accompany him. Meanwhile, Chávez said he would set up a new diplomatic group, composed of those countries and the FARC, plus Mexico, Brazil and Argentina, for the purpose of recognizing the FARC as a legitimate “belligerent” in Colombia and forcing Uribe into releasing its prisoners.

In “the early morning hours,” the FARC envoys recounted in a Feb. 9 e-mail, Chávez reached the subject of whether the release of Ingrid Betancourt, a former Colombian presidential candidate who is the FARC’s best-known hostage, would complicate his plan to back a pro-FARC alternative to Uribe. “He invites the FARC to participate in a few sessions of analysis he has laid out for following the Colombian political situation,” the e-mail concluded.

Assuming these documents are authentic — and it’s hard to believe that the cerebral and calculating Uribe would knowingly hand over forgeries to the world media and the Organization of American States — both the Bush administration and Latin American governments will have fateful decisions to make about Chávez. His reported actions are, first of all, a violation of U.N. Security Council Resolution 1373, passed in September 2001, which prohibits all states from providing financing or havens to terrorist organizations. More directly, the Colombian evidence would be more than enough to justify a State Department decision to cite Venezuela as a state sponsor of terrorism. Once cited, Venezuela would be subject to a number of automatic sanctions, some of which could complicate its continuing export of oil to the United States. A cutoff would temporarily inconvenience Americans — and cripple Venezuela, which could have trouble selling its heavy oil in other markets.

For now, the Bush administration appears anxious to avoid this kind of confrontation. U.S. intelligence agencies are analyzing the Colombian evidence; officials say they will share any conclusions with key Latin American governments. Yet those governments have mostly shrunk from confronting Chávez in the past, and some have quietly urged Bush to take him on. If the president decides to ignore clear evidence that Venezuela has funded and conspired with an officially designated terrorist organization, he will flout what has been his first principle since Sept. 11, 2001.

El incidente fronterizo entre Colombia y Ecuador, ocurrido a raíz de la incursión militar colombiana en un campamento de las FARC situado en territorio ecuatoriano, debería eclipsarse pronto con las excusas formales del Gobierno colombiano y el acuerdo propiciado por la OEA (Organización de Estados Americanos) para evitar en el futuro episodios semejantes. Pero cabe que no sea así, por la intromisión en el asunto del mandatario venezolano, Hugo Chávez, el gran desestabilizador de América Latina.

En efecto, a Chávez le viene como anillo al dedo el conflicto y tratará de mantenerlo al rojo vivo. Desde el referéndum que perdió, su impopularidad en su propio país no hace más que crecer, al mismo tiempo que la inflación, el desabastecimiento alimenticio y la corrupción, que golpean sin misericordia a aquellos sectores venezolanos más pobres que en un principio eran su principal apoyo. En estas condiciones, nada tan oportuno como un conflicto bélico que permita a su Gobierno efusiones efervescentes de patriotismo a fin de crear artificialmente la unidad nacional. Y que tenga entretenidas a unas Fuerzas Armadas en las que jamás prendió la prédica ideológica de Chávez a favor del “Socialismo del Siglo XXI” y cuya lealtad, ahora vacilante, ha conseguido sobre todo sobornando a su cúpula.

No se explica de otra manera a cuento de qué el caudillo venezolano se precipitó a atizar el fuego de aquel episodio que tuvo lugar a muchos cientos de kilómetros de las fronteras venezolanas, a lanzar sus habituales amenazas e insultos contra el mandatario colombiano Álvaro Uribe y a ordenar, ante las cámaras de la televisión, con gesto musoliniano, a su ministro de Defensa: “¡A ver, póngame de inmediato diez batallones en la frontera con Colombia!”.

Las payasadas del mandatario venezolano son pintorescas, pero, en este caso, también preocupantes. Pues, en la actualidad se trata, políticamente hablando, de un animal herido, que se siente cada vez más rechazado por su pueblo y totalmente incapaz de revertir una crisis económica y social desatada por su ignorancia y megalomanía. En esas circunstancias no se puede descartar que reabra la crisis, directamente, o a través del Gobierno ecuatoriano del presidente Correa, quien, a juzgar por su errático comportamiento desde el inicio de este conflicto -aceptando en un principio las excusas y explicaciones del presidente Uribe y, luego, escalando las protestas y magnificando lo sucedido-, después de mantener una cierta independencia, parece haberse resignado a integrar también, junto con el boliviano Evo Morales y el nicaragüense Daniel Ortega, la cofradía de vasallos políticos de Hugo Chávez.

Pese a las FARC y al narcotráfico, Colombia es una democracia que ha resistido una embestida feroz contra su sistema político, de dos poderosos movimientos subversivos, apoyados por la industria de la droga más rica de América Latina, y por la Cuba de Fidel Castro y la Venezuela de Chávez. Con el Gobierno de Álvaro Uribe, el más popular que ha conocido Colombia en varias décadas, la narcoguerrilla ha comenzado a ceder el terreno y el pueblo colombiano a perder el miedo y a recuperar la esperanza. Eso hace de Uribe un ejemplo odiado por quienes quisieran, como Chávez, convertir a América Latina en una sociedad comunista a la manera de Cuba o en ese galimatías socialista y bolivariano en que él ha transformado a Venezuela.

Lo extraordinario de esta historia es que sea Colombia el país que Chávez y Correa han querido poner en la picota internacional como “violador de la soberanía territorial” de un vecino. Si de violaciones territoriales se trata, el comandante Hugo Chávez debería estar entre rejas hace muchos años. Nadie, ni siquiera Fidel Castro en los sesenta, en el apogeo de su mesianismo revolucionario, ha pisoteado de manera tan burda la soberanía de los demás países latinoamericanos, financiando movimientos y candidatos extremistas, publicaciones revolucionarias, subvencionando huelgas y paros armados, y, como ha hecho con las FARC y el ELN colombianos, concediendo “santuarios” a los movimientos subversivos, que éstos aprovechan para curar a sus heridos, dar descanso a sus tropas, o refugiarse cuando se ven en peligro. En los documentos hallados en el campamento de las FARC recién destruido, aparecen pruebas, según ha ofrecido mostrar el Gobierno colombiano, de que los narcoterroristas colombianos han recibido ya, de Hugo Chávez, 300 millones de dólares. ¿No son ésas violaciones descaradas y flagrantes de la soberanía de un país vecino?

La indignación del presidente Correa ante la incursión militar colombiana tiene asidero, sin duda: es grave que ocurra y la comunidad civilizada internacional ha hecho bien en censurarla. Pero, ¿es menos tolerable que un movimiento subversivo y narcoterrorista, como las FARC, tenga “santuarios” estables en territorio ecuatoriano, enclaves extraterritoriales que lo pongan a salvo de las acciones del gobierno democrático que está tratando de derribar? Eso es lo que mostraba ser, en las imágenes, el campamento donde murieron Raúl Reyes y la veintena de miembros de las FARC.

Lo menos que se puede decir en este caso es que el presidente Correa y su Gobierno, tan escrupulosos en la defensa de la soberanía ecuatoriana, debían de serlo, también, no permitiendo actos inamistosos contra su vecino como el establecimiento de campamentos subversivos a lo largo de su frontera. Porque, una de dos: o no están en condiciones de impedir que las FARC hagan de las suyas en territorio ecuatoriano, y en ese caso no pueden quejarse de que el Gobierno colombiano actúe como lo ha hecho en su legítima defensa, o lo están, y no quieren hacerlo, por temor, prudencia o por complicidad con la subversión.

La soberanía territorial debe ser respetada, desde luego. Pero, por todos los gobiernos, empezando por el del comandante Chávez. Porque el efecto desestabilizador de sus intromisiones -a golpe de los petrodólares del desventurado pueblo venezolano que él derrocha para hacer realidad sus sueños hegemónicos bolivarianos- están causando mucho daño a los países que tratan de fortalecer sus instituciones y luchan contra el subdesarrollo respetando la libertad y la legalidad.

Después de Colombia, otro de los objetivos prioritarios del caudillo llanero es el Perú, cuya democracia le molesta. Ya en las últimas elecciones trató de imponer a un candidato afín a sus delirios ideológicos, que por fortuna los electores rechazaron (pero no por muchos votos). Desde entonces, su larga mano y su dinero están detrás de toda la violencia social que los grupúsculos extremistas desatan en el Perú, manipulado a los sectores marginales y desfavorecidos con huelgas, levantamientos, paros y toma de locales y empresas que sólo sirven para retrasar el desarrollo y paralizar la vida económica del país. Las casas de ALBA, que el Gobierno de Chávez ha sembrado por toda la sierra peruana, están lejos de ser esas instituciones humanitarias que pretenden: en verdad son focos activos de propaganda revolucionaria cuyo objetivo es socavar en los sectores campesinos y marginales toda forma de adhesión al sistema democrático y ganar adeptos para las fuerzas que se empeñan en derribarlo.

El efecto más pernicioso del incidente ecuatoriano-colombiano es que va a dar un nuevo impulso al armamentismo en América Latina, de manera que preciosos recursos de los países latinoamericanos se gasten comprando aviones, tanques, misiles, etcétera, que nos defiendan del “peligro exterior”. Peligrosísimo juego que, además de un derroche insano, puede, en un momento de desvarío nacionalista, provocar otra de esas hecatombes que han ensangrentado nuestra historia.

A week after Colombia’s dramatic incursion into neighbouring Ecuador killed the veteran Revolutionary Armed Forces of Colombia (Farc) commander Raul Reyes, the region has endured days of noisy brinkmanship, dramatic troop movements and accusations of genocide traded between presidents. After several days of posturing and low credibility, the scorecard of winners and losers in this sudden crisis is becoming clearer.

First, despite the response from Venezuela’s president Hugo Chávez – including the noisy despatch of 9,000 soldiers to the Venezuelan-Colombian border – war between Venezuela and Colombia, let alone between Ecuador and Colombia, is the least likely outcome. To have a war requires somebody to want one. What is at issue here is jockeying for international position, saving face and manoeuvring for domestic advantage. The cool expertise of Brazilian diplomacy is likely to prevail.

There are two clear losers: the relatives of the 10 to 15 hostages held by the rebel Farc, including the former presidential candidate Ingrid Betancourt, whose release was under negotiation with Raul Reyes when he was killed; and Hugo Chávez, who has ended the week internationally humiliated but still digging. Chávez had brokered the release of six hostages with Reyes since the beginning of the year. The actions of Álvaro Uribe, the president of Colombia, upstaged that achievement and dealt a blow to the prospect of further releases.

It is not the first time that Colombia’s cavalier attitude to the sovereignty of its neighbours has created tension. In 2005 the kidnapping of a Farc commander on the streets of the Venezuelan capital Caracas, in which the Colombian government initially denied involvement, led to a 15-day diplomatic stand-off. But this week’s crisis comes after a period of warming relations between Colombia and Venezuela, despite the ideological gulf between the rightwing Uribe and the populist socialist Chávez.

Economic relations are flourishing and last year trade between the two countries boomed, with Colombia’s food exports to Venezuela up by 50% as Colombian farmers filled the empty shelves created by the Venezuelan government’s clumsy attempts to control the domestic market. Even as unverified numbers of Venezuelan troops moved to “seal” the border this week, Chávez’s ministers were frantically signalling that the border would, in fact, remain open. No matter how much presidential dignity is at stake, 60% of Venezuela’s food supplies cannot be cut off.

It has not been a good year for Chávez, despite the war chest that ever-higher oil prices have brought him. Last year’s attempt to change the constitution to allow him another term as president was rejected by Venezuela’s voters, food prices were up by 32%, and inflation stood at 22%, with shortages rubbing the gilt off the social gains of his presidency.

Internationally, when the Organisation of American States (OAS) meeting convened to address the crisis, Chávez found he had little credibility. The contrast between his handling of the crisis and that of Rafael Correa, the leftwing president of Ecuador, whose territory was violated, could not have been more marked. When Uribe called Correa to express his regret that Colombian troops had been forced to violate Ecuador’s sovereignty in “hot pursuit” of a Farc group that had attacked them, Correa listened calmly. Only five hours later, after verifying the facts, did he release a statement that made it clear that Uribe’s account was a tissue of lies. There had been no attack on the Colombian troops. The Colombians had launched an airborne attack on Ecuadorian territory while the guerrilla camp slept. Those who did not die in the assault were executed.

Despite Correa’s leftwing credentials there is little love lost between him and Chávez, and Correa set about marking out the contrast, building diplomatic support in Latin America’s capitals where neither Uribe nor Chávez enjoy favour. At the OAS meeting, Correa won a multinational investigation of the incident that will certainly strengthen his position at the expense of Uribe, even as the statesmanlike quality of response raises his credibility vis-a-vis Chávez. Correa also claimed that he too was involved in negotiating hostage releases, a claim that has surprised others with knowledge of the negotiations.

Other losers from last week include, of course, the Farc, who have lost a key leader. But the Farc have been fighting for four decades and it remains to be seen if the loss of one man, even such a senior figure as Reyes, will change their capacity or policy. Those who seek an end to Colombia’s endless civil war have, however, suffered a setback: Reyes was the face of the Farc, the man with whom business was done by everyone from the former Colombian president Andrés Pastrana to Nicolas Sarkozy. His death will make little difference to the military facts, but the removal of the Farc’s most experienced negotiator is not good.

Negotiation was clearly not on Uribe’s mind, and Chávez’ success was no doubt an irritant. Uribe himself needed a military success to boost his own domestic ambitions. He has already changed the constitution once to allow himself a further presidential term. It is no secret that he would like to do it again.

Colombia’s army has never shown great enthusiasm for fighting the Farc, preferring to leave the task to rightwing paramilitary forces supported by landowners and drug traffickers. At the same time – with support from Israel, Britain and the US, where the Bush administration labelled the Farc an “international terrorist group” – Uribe has been building his military and intelligence capability and last week won his tarnished trophy. His mistake was to lie about the sequence of events, thus undermining Colombia’s subsequent claims that a captured guerrilla laptop revealed dark dealings between the Farc and Colombia’s neighbouring governments, and a Farc ambition to acquire uranium.

However dramatic, the events have not substantially changed the larger picture: Chávez will continue to struggle with his failure to transform revolutionary rhetoric into hard facts; Uribe will continue to live with both an intractable civil war and a monstrous paramilitary power that he helped to foster. The Farc will continue to campaign for recognition as rebel combatants rather than terrorists and, after some uncomfortable weeks on an inhospitable border, Venezuela’s forces will return home. If the region has had to suffer a quantity of farce this week, at least it should be spared the tragedy of another war.

La noticia nos sorprendió el pasado 29 de febrero. Raúl Reyes, nombre de guerra de Luis Edgar Devia, número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representante de su línea dura, pero a la vez supuesto mediador en la lenta operación de canjes humanitarios, había sido abatido por el Ejercito colombiano en territorio ecuatoriano. El cruce de comunicados, de denuncias, de movimientos diplomáticos y de movilización de la ONU y la OEA no se hizo esperar.
Ecuador denunciaba, claramente, la violación de su territorio, a la vez que Colombia le acusaba de permitir, cuando no alimentar, santuarios de las FARC en el mismo. No es nueva la situación: los primeros campamentos de la contra nicaragüense disueltos por la ONU en 1990 estaban en la Kiatara, en plena Moskitia hondureña, situación que negaban solemnemente las autoridades de Tegucigalpa.

Y PARA reducir tensión, el presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó el envío de 10 batallones a la frontera con Colombia, por si “se les ocurre hacer lo mismo a este lado”. Diez batallones para una frontera de 2.200 kilómetros tampoco debe interpretarse como una amenaza a la paz mundial. Porque Colombia, que linda por tierra y mar con once países, tiene cuatro fronteras importantes: la de Venezuela, que arranca al norte desde la Guajira y sigue una línea quebrada hasta el límite con Brasil, sobre el río Negro, el gran aportador del Amazonas. Este tramo común tiene 1.640 kilómetros, y otros tantos, el que limita con Perú, que enlaza prácticamente las cabeceras del Negro y del Amazonas.
Pero nos interesa hablar de la cuarta frontera, la ecuatoriana. Es una línea horizontal de 586 kilometros, cruzada en su tramo central por el espinazo de los Andes, con alturas de 5.000 metros. Los ríos que desaguan en el Pacifico, el San Juan y el Mira, y el tributario del Amazonas, el Putumayo, definen la linde.
Son fronteras residuales de aquel virreinato hispano de Nueva Granada, que formaron parte del sueño bolivariano de la Gran Colombia, con rediseños definitivos tras la guerra con Perú (1932-1934), en la que Colombia perdió buena parte de su territorio amazónico. Con Ecuador, no obstante, se quiso poner cierto orden en 1992 –Declaración de Ibarra–, buscando poner fin a la indefinición histórica de unos límites violados sistemáticamente por flujos y reflujos de narcos, guerrilleros y paramilitares. Un lógico convenio migratorio bilateral, pensado para beneficiar a los indígenas de la región, se convirtió en instrumento de conflictividad. En 1996 se creó una comisión binacional fronteriza. Tres años después, Ecuador destruyó santuarios de las FARC en su territorio, tras el secuestro de 12 extranjeros, tres de ellos españoles.
En el 2001, los enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares fueron graves en Lago Agrio, en territorio ecuatoriano. La ONU cifra en 12.000 el número de desplazados a consecuencia de la violencia en la frontera, la mayoría indígenas. Allí se conoce bien lo que son laboratorios clandestinos, fumigaciones indiscriminadas y secuestros, que cruzan la permeable línea fronteriza.
Con estos antecedentes, ¿qué ha podido pasar? Primera hipótesis. Tras la última liberación de cuatro diputados nacionales colombianos, retenidos por las FARC durante seis años, se sigue un rastro fiable de elementos del llamado Frente 48 de la organización, desde el pueblo colombiano de Granada hasta la frontera con Ecuador. La información por satélite permite confirmar la existencia de un campamento a escasos dos kilómetros de la línea. Se decide actuar a la israelí, contando con los helicópteros Black Hawk, bien dotados para ataques nocturnos y lanzamiento de misiles. La decisión se toma desde arriba.
Segunda hipótesis. El Ejercito colombiano ha ganado, desde la época del presidente Pastrana, en fluidez e iniciativa. Sus mandos disponen de autonomía, porque los Andes condicionan la comunicación con Bogotá. Encuentran una buena ocasión en el caso de Raúl Reyes. Y el presidente Álvaro Uribe, pese a otros defectos, asume su responsabilidad. Con los antecedentes señalados, ambas posibilidades explican la operación. Y, por su parte, EEUU se declara sorprendido y apela a la cordura.
Las FARC pagan un precio que no habían previsto, porque habían jugado fuerte la baza de la internacionalización. Ingrid Betancourt forma parte de este plan. Incluso los canjes unilaterales buscaban alcanzar una imagen que no es la real. Caracas y Quito les dan, además, cierto aliento, y contribuyen a vender lo humanitario como festival mediático. La Habana, en cambio, se mantiene más sensata. ¡Lleva muchos años en el oficio!

PERO LA comunicación con el exterior abre los ojos a muchos combatientes, y permite peligrosas filtraciones. Fuentes seguras permiten cuantificar los actuales efectivos de las FARC en 8.900 combatientes frente a los 16.900 con que contaba en el 2001. Por tanto, ¡cuidado con las palabras! ¡Cuidado con las amenazas! Porque ya estarán sobre la mesa de algunos despachos ministeriales ofertas de venta de material de guerra. Incluso alguien estará planificando un nuevo Maine, el caso del acorazado estadounidense fondeado en La Habana, que se hundió por accidente, pero que fue presentado como un ataque de España, lo que nos llevó a la guerra de 1898.
Debería ser más un momento de reflexión que de bravatas. Debería ser momento de tratar seriamente de la liberación de los secuestrados y de la humanización real del conflicto, con el respeto debido a las minorías indígenas, que son las que más sufren, calladamente. Debería ser el momento en el que todos los movimientos insurgentes pudiesen caber en una misma Colombia para que la maniobra fronteriza de Chávez quedara solo en maniobra.

Esta es una historia que sólo podía haber ocurrido en nuestro tiempo y que muestra mejor que ningún ensayo científico la revolución cultural y política que ha significado para el mundo el Internet.

Óscar Morales Guevara, ingeniero colombiano de 33 años, apolítico y residente en Barranquilla, irritado con la iniciativa del presidente venezolano Hugo Chávez de pedir a la Unión Europea que retirara a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de su lista de organizaciones terroristas y las promoviera a la dignidad de guerrillas combatientes, quiso dejar sentada su protesta y se instaló ante su ordenador. Como miembro de Facebook, la más extendida red social de Internet, propuso crear, dentro de este espacio, la comunidad virtual “Un millón de voces contra las FARC”. Para ello diseñó un eslogan -”No más secuestros, no más muertes, no más mentiras, no más FARC”- y un pequeño texto dirigido “a los colombianos y amigos del mundo” explicando la naturaleza criminal de esa organización que por más de 40 años ha traído pobreza y miseria a Colombia con sus secuestros, negocios con el narcotráfico, asesinatos y atentados ciegos contra la población civil.

A las pocas horas varios centenares de personas se habían afiliado a su proyecto y en pocos días los adscritos eran millares. Las incorporaciones a la comunidad recién creada llegaron a alcanzar el ritmo de dos mil por hora. Uno de estos entusiastas, Carlos Andrés Santiago, un joven de 22 años de Bucaramanga, sugirió entonces la idea de la Marcha por la Paz del lunes 4 de febrero. Lo ocurrido ese día en casi todas las ciudades de Colombia y en muchas decenas de ciudades del resto del mundo, incluso en lugares tan sorprendentes como Bagdad, una aldea del Sáhara, Moscú y la capital de Ucrania, quedará como un hito para la historia moderna. No hay precedentes para esta extraordinaria movilización de millones de personas, en cinco continentes, en contra del terror y el embauque políticos encarnados por las FARC. Y, menos, que ella tuviera lugar a partir de un llamamiento de ciudadanos independientes, sin militancia política ni apoyo institucional alguno, guiados sólo por un instinto justiciero y una voluntad pacifista, que consiguió tocar un nervio y sacar de sus casas a gentes de diferentes credos, lenguas, culturas, convicciones, que, protestando contra las FARC, protestaban también contra la miríada de frentes, partidos, iglesias, que, en sus propios países, se arrogan el derecho de asesinar, torturar y cometer las peores violaciones contra los derechos humanos usando como coartada la lucha por la justicia social.

Lo más emocionante de esas marchas fue que casi todas ellas estaban encabezadas por colombianos expatriados, que, a la vez que desfilaban pacíficamente, con sus banderas y sus polos y sus estribillos, mostrando al mundo su repudio de los crímenes de las FARC, trataban de disipar el fantástico malentendido que, en ciertos ambientes “progresistas” y liberales de Europa y los Estados Unidos sin ir muy lejos, todavía considera a esta organización un movimiento justiciero y romántico, que lucha por los pobres y las víctimas de la sociedad y contra sus opresores, y que, por ello, merece ayuda económica y promoción política y mediática. ¿Los cuatro o cinco millones de colombianos que el lunes 4 de febrero inundaron las ciudades y pueblos de Colombia convirtiendo a la Marcha por la Paz en una de las más importantes movilizaciones populares en toda la historia del país, conseguirán abrir los ojos de los ingenuos europeos y estadounidenses que todavía se empeñan en ver a América Latina como un continente donde el Robin Hood guerrillero combate contra los demonios de la burguesía y el imperialismo? Probablemente no a todos, porque muchos admiradores de las FARC, en los países occidentales avanzados, lo son por la mala conciencia que les da ser prósperos y vivir en las aburridas democracias y porque necesitan, aunque sea de manera vicaria, experimentar aquellas grandes aventuras revolucionarias que, en sus países, ya son sólo historia (y, sobre todo, fantasía). Estos seguirán ciegos y sordos a la realidad. Pero esperemos que muchos otros, menos enajenados por la ideología o la estupidez, se rindan a la evidencia y entiendan, por fin, que las FARC no tienen nada de admirable ni de respetable pues son, hoy día, nada más que un Ejército seudo popular al servicio del narcotráfico, que vive del crimen, que tiene esclavizados por los métodos brutales que practica a cientos de miles de campesinos y gentes de los estratos sociales más humildes de Colombia que para su desgracia residen dentro de las zonas que domina y que son el obstáculo mayor que tiene este país para avanzar en su desarrollo y perfeccionar su democracia.

Es verdad que las organizaciones paramilitares colombianas han perpetrado crímenes espantosos en su lucha contra las FARC. Pero aquellos crímenes no contrarrestan ni hacen menos repudiables los que éstas perpetran a diario, y que son infinitamente más numerosos que aquellos y que no se cometen por afán alguno de justicia sino pura y simplemente para lucrar, llenar las arcas del terror, servir las operaciones de los grandes carteles del narcotráfico, reclutar mediante la fuerza a los adolescentes campesinos para nutrir sus filas y, sobre todo, para extorsionar e intimidar a la sociedad civil. Dentro de estos delitos, el más extendido es el secuestro de políticos, empresarios, extranjeros, profesionales y gentes del común, a fin de conseguir rescates o para utilizar a esas víctimas en operaciones de chantaje político y social. ¿Cuántos millones de dólares han obtenido ya las FARC de los más de 3.000 secuestrados que figuran en su prontuario? Al parecer, la cifra asciende a unos 300 millones, que, siendo enorme, es ínfima comparada con lo que obtiene como fuerza de choque de los barones del narcotráfico o del ejercicio mismo de esta industria, una buena parte de la cual está ya desde hace varios años a cargo de las propias FARC.

¿Fue algo distinto en sus comienzos este movimiento dirigido por el legendario Tirofijo? Tal vez lo fue, antes de que naciera oficialmente, en 1966, cuando la guerra civil que ensangrentó Colombia, luego del asesinato de Jorge Gaytán Durán y el bogotazo de 1948, y las guerrillas liberales y conservadoras se entremataban en una de las peores sangrías de la historia latinoamericana. Pero, si hubo alguna vez fuertes dosis de idealismo y generosidad en sus dirigentes, y una genuina vocación de altruismo social, todo eso fue desapareciendo con una práctica violenta de tantas décadas, en la que, poco a poco, los medios se fueron imponiendo sobre los fines, y corrompiéndolos hasta desaparecerlos, como suele ocurrir a quienes creen que “la violencia es la partera de la historia”.

La realidad es que, por culpa de las FARC y del otro movimiento subversivo, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), Colombia no es hoy una democracia moderna y desarrollada, como lo va siendo ya Chile. Lo notable es que pese al terrible desafío contra sus instituciones que representa el terrorismo, Colombia haya mantenido en todos estos años gobiernos civiles nacidos de elecciones, una prensa libre, una vida política civil muy intensa, y que su economía haya crecido con altos índices, aunque, claro está, sin que los beneficios de este crecimiento lleguen a todos los colombianos de manera equitativa. Lo que ha significado en dolor y sacrificios, en brutalidad e injusticia, en atropellos y traumas, el terrorismo -y su secuela inevitable, el contraterrorismo- ha hecho de la sociedad colombiana una de las más maltratadas del planeta. Pero no ha conseguido quebrar su amor a la vida ni su energía ni su creatividad, como lo descubren todos los forasteros que llegan allá y se sorprenden con la alegría de su música y de sus bailes, la simpatía y la cordialidad de sus gentes, el español tan bien hablado y escrito de los colombianos, y la voluntad de no dejarse derrotar por los agentes del odio y del miedo de su pueblo.

Todo eso salió a la luz, en Colombia y, de la mano de los colombianos expatriados, este lunes 4 de febrero, con esa movilización en favor de la paz y de la verdad, contra la mentira y el terror, que hizo posible un oscuro ingeniero barranquillero, que, como esos justos de las historias bíblicas, decidió un día, en un sobresalto ético, hacer algo contra el horror y el engaño, y se sentó frente a su ordenador y se puso a escribir. Su ejemplo es extraordinario. No sólo ha servido a su país y a la decencia. Nos ha mostrado el arma poderosísima que puede ser la tecnología moderna de las comunicaciones si la sabemos usar y la ponemos al servicio de la verdad y la libertad.

En su reflexión magistral, inagotable y polémica sobre la banalidad del mal, Hannah Arendt describe cómo lo que llama «el colapso moral de la respetable sociedad judía» se inició cuando los judíos aceptaron sin protesta la división de su propia comunidad según las categorías dictadas por los nazis. Se diferenciaba entre los judíos alemanes y polacos, entre veteranos de guerra condecorados frente a judíos corrientes, entre familias judías pero con ascendencia alemana de nacimiento frente a aquellos de reciente naturalización. La existencia de estas categorías privilegiadas permitía pedir a los burócratas del crimen nazi que hicieran excepciones en ciertos casos. Y es aquí donde Arendt afirma que «lo que resultó tan desastroso moralmente en la aceptación de estas categorías privilegiadas fue que todo aquel que exigía que en su caso concreto se hiciera una excepción implícitamente reconocía la regla». Arendt precisa las consecuencias: «incluso si los que abogaban por estos casos especiales no eran conscientes de su complicidad involuntaria, el reconocimiento implícito de la regla general debió haber resultado muy evidente para los que estaban en la industria del asesinato». El efecto era devastador pues los nazis «al pedírseles que hicieran excepciones y de vez en cuando acceder a esas peticiones, ganándose así la gratitud del beneficiario, cuando menos, debieron tener la sensación de que habían convencido a sus oponentes de la legalidad de los que estaban haciendo».

Dudo que un sangriento sociópata como Manuel Marulanda ‘Tirofijo’ o un peligroso visionario como Hugo Chávez hayan leído a Arendt. Pero lo que sí han sabido es tender la trampa moral que aquella describía con la esperanza de que el pueblo y el Gobierno de Colombia y la opinión pública internacional cayeran en ella. La liberación de Clara Rojas y Consuelo González secuestradas desde hace años por las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) y el tratamiento del caso de Ingrid Betancour como una de esas ‘excepciones’ en la que las FARC ve proyectado su poder como organización terrorista son casos que por sí mismos no plantean ningún dilema moral. Dos personas sometidas a un injusto cautiverio en condiciones atroces han recuperado su libertad y una de ellas, además, el hijo del que se le separó a los ocho meses de nacer. Una tercera persona, Ingrid Betancour, concentra un singular esfuerzo político y diplomático por parte de Francia para que sea liberada.

Se trata, sin embargo, de que esos que están en la industria del crimen no crean que al recibir la liberación de Clara Rojas y Consuelo González como excepción -que desgraciadamente lo es- se acepta la legalidad de la regla como si el secuestro fuera ese hecho que a fuerza de repetirse y crear en torno a sí una determinadas prácticas, termine por adquirir fuerza normativa reconocida.

Esto es, precisamente, lo que han intentado Hugo Chávez y la FARC en una odiosa estrategia. Les parecía poco la puesta en escena de la liberación de las dos rehenes para mayor gloria del presidente venezolano. No han quedado satisfechos con el intento de atraer la gratitud o al menos un tímido «estos de las FARC tampoco son tan malos». Tal vez esperaban un síndrome de Estocolmo que ni las rehenes liberadas padecen ni tampoco se ha extendido en la opinión pública. No les resulta suficiente la obscena complicidad de esos sectores de la izquierda europea que siguen enalteciendo las atrocidades de las FARC como heroicidades revolucionarias. Chávez y las FARC quieren que el reconocimiento de la legalidad de lo que son -y por tanto de lo que hacen- sea explícito y formal. Por eso al presidente de Venezuela le ha faltado tiempo para precipitar su estrategia y actuar como el cobrador del precio político que las FARC buscan obtener. Y de este modo, el Parlamento de Venezuela ha aprobado el reconocimiento político de los narcoterroristas lo que para las autoridades venezolanas convierte a más de ochocientos rehenes víctimas de secuestro en prisioneros de guerra legítimamente privados de su libertad por las FARC. Pero Chávez no se ha quedado ahí. Ha pedido que la Unión Europea retire a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Pero si no son terroristas ¿qué son?, ¿qué derecho les será aplicable? Y, sobre todo, si las FARC dejaran de ser para Europa una organización terrorista, qué crucial batalla habría perdido la causa de la libertad y qué infame abandono sufrirían las víctimas de tan sádicos verdugos.

La dirección de las FARC no se aparta del patrón general que sigue el terrorismo: imponer sus propias reglas, convertirlas en contralegalidad, buscar su reconocimiento y provocar el desistimiento de la sociedad, el ‘colapso moral’ que describía Arendt y que se produce cuando se traspasa la línea que separa la preocupación humanitaria de la legitimación implícita del terror.

Resulta reconfortante comprobar que esa línea sigue bien marcada y no se ha traspasado a pesar de las maniobras desestabilizadoras de Hugo Chávez y de los intentos de enaltecimiento de las FARC. La firmeza del presidente colombiano Álvaro Uribe, la respuesta de la Unión Europea a las pretensiones de legalizar el narcoterrorismo y la exigencia de liberación de todos los secuestrados conjuran el riesgo del apaciguamiento estéril frente al terror. Pero la trampa -en Colombia y aquí- seguirá tendida esperando a que en ella se acomoden las estrategias del buenismo, a que la paz como imperativo absoluto por encima de la libertad lo justifique todo, a que el Estado de Derecho se haga y se deshaga al compás de la falsas expectativas de final de violencia; esperando, en suma, a que la arrogancia de la buena conciencia impida ver el destrozo moral y político hacia el que el terrorismo quiere atraer a las sociedades democráticas.

Fue Gabriel García Márquez quien hace ya más de una década expresó: en Colombia “tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir”. Tantos años después, esas palabras mantienen su terrible vigencia. Pasa el tiempo, pero las víctimas del conflicto eterno se acumulan en frías estadísticas que parecen impresionar a muy pocos. Los últimos datos facilitados en Bogotá por la prestigiosa Fundación País Libre, certifican que desde 1996 hasta hoy han sido secuestradas en Colombia, por las dos guerrillas o por la delincuencia común, 23.401 personas, de las que 1.288 murieron durante su cautiverio.

LA VIDA SOLO tiene sentido si el ser humano vive en libertad. Solo aquellos a quienes se les niega por la fuerza de la violencia ese derecho inviolable saben hasta qué punto se puede llegar a sufrir por su ausencia. Hay quien dice que bien está lo que bien acaba y parece lógico que en algún momento así lo piensen tanto Consuelo González como Clara Leticia Rojas al reencontrarse por fin con sus familias tras el desgarro de permanecer secuestradas largos años en condiciones infrahumanas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las sensaciones, sin embargo, se entremezclan. Sentimientos de alegría sin duda, pero al mismo tiempo, la idea de que estas dos mujeres pueden considerarse unas privilegiadas, las elegidas de entre otras 700 personas, la mayoría de ellas desconocidas y anónimas, que todavía están retenidas como instrumento cruel de acción política.
El secuestro de personalidades políticas por parte de las FARC no solo pretende forzar un intercambio con los cientos de guerrilleros presos, sino que también están siendo utilizadas como escudos humanos ante una hipótesis de bombardeo aéreo u ofensivas del Ejército. Además, cuando los secuestrados eran simplemente soldados o campesinos, las autoridades y los medios de comunicación no prestaban la misma atención que al tratarse de diputados, alcaldes o extranjeros.
La mayoría de los colombianos se identificaron con la política de fuerza del presidente Álvaro Uribe tras el fracaso del proceso de paz del presidente Andrés Pastrana. La guerra abierta contra los guerrilleros ha sido el núcleo central de la política de seguridad o antiterrorista de sus dos mandatos en una estrategia coincidente con los objetivos de George Bush. Uribe llegó a proclamar que el peligro de desestabilización de los países andinos no era inferior al de Irak. Y, de acuerdo con esa atrevida afirmación, el 20 de marzo del 2003 mostró su subordinación a Bush al anunciar la participación del Ejército colombiano en la invasión del país árabe, con el propósito, en sus propias palabras, “de reforzar la posición de Colombia para adquirir aliados que nos ayuden a vencer a nuestro terrorismo”. El Plan Colombia, adoptado por Estados Unidos en el 2000, le convirtió en el tercer beneficiario de su ayuda militar después de Israel y Egipto. El crecimiento del tráfico de droga a partir de 1975 ha regido la completa transformación del contexto político, social y guerrillero.
La mediación internacional directa para una liberación de rehenes solo es posible, hoy por hoy, con los gobiernos de Venezuela y/o Brasil. Con Hugo Chávez, porque las FARC le ven como a uno de los suyos, y más después de que anteayer el Parlamento venezolano aprobara darles tratamiento político, y con Lula da Silva, por su reiterada negativa a incluir a los guerrilleros colombianos en la categoría de organizaciones terroristas, argumentando que con esa posición se reserva la posibilidad de intervenir por acuerdo de las partes como interlocutor.

DEL JEFE antropológico de las FARC, Tirofijo, el nombre de guerra de Manuel Marulanda Vélez, se ha dicho que es un Che Guevara que funciona. Desde la llamada primera violencia del sur de Tolima, en 1950, coincidiendo con la época de las guerrillas liberales del Llano, siempre ha estado con un fusil en la mano. Próximo a cumplir 80 años, no parece dispuesto a buscar su reinserción, tal vez porque piensa que no podría subsistir en otro lugar que no sea la selva. La extorsión, el secuestro y el narcotráfico son sus fuentes de financiación, dejando atrás cualquier atisbo de ideales revolucionarios. Las FARC dejaron de tener hace ya tiempo la categoría de insurgencia política, pero no han perdido su capacidad de influir en la política, lo que hace inevitable mantener canales abiertos discretos, sin espectáculo añadido como el de Villavicencio.
Oliver Stone no pudo tener la exclusiva de la liberación de Clara y Consuelo en los últimos días de diciembre, pero a cambio tuvo el privilegio de comprobar cómo son las disputas tropicales entre dos presidentes amantes del poder y el protagonismo. El cruce de acusaciones e improperios entre Uribe y Chávez, digno de una pelea de gallos, provoca mucha tristeza. No debiera ser relevante quién logra la liberación de rehenes. Lo único importante es que vuelvan todos a sus casas sanos y salvos. García Márquez dijo más: “Somos capaces de los actos más nobles y de los más abyectos, de poemas sublimes y asesinatos dementes, de funerales jubilosos y parrandas mortales”. Lo dijo en 1996.

Cuando comencé a conocer el conflicto colombiano me costó creer que los jefes de las FARC viajaban en vehículos con aire acondicionado y que sus campamentos tenían muchas comodidades; igual me sorprendió el evidente sobrepeso de algunos de sus comandantes. La guerra civil salvadoreña se explicaba por el exceso de poder del Estado, contrariamente, el conflicto colombiano se explica esencialmente por la debilidad del Estado en el control de su propio territorio. Colombia tiene lugares donde no hubo gobierno durante más de 40 años. Este vacío lo llenaron paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y bandidos que se convertían automáticamente en autoridad, bajo la indiferencia o anuencia de los gobiernos.

Los guerrilleros salvadoreños disputamos en combate cada metro cuadrado de nuestro pequeño país a gobiernos autoritarios sostenidos militarmente por los Estados Unidos. En Colombia, por el contrario, las FARC han sido una guerrilla sedentaria, que sin combatir mucho controló extensos territorios en los que no había gobierno. Por ello llevan 43 años en el monte y algunos de sus jefes han muerto de viejos. Sin embargo, en la misma Colombia, el Movimiento 19 de Abril (M-19) fue la primera guerrilla latinoamericana que, a costa de muchos muertos, negoció reformas políticas democráticas. Ahora el M-19, como parte del Polo Democrático, es la segunda fuerza del país. Es decir, que en Colombia la izquierda podría ganar las próximas elecciones, como ya ocurrió en Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Guatemala y Nicaragua.

Hay quienes continúan viendo a Latinoamérica como repúblicas bananeras en las que la violencia política es legítima. El mapa, los tiempos y el dinero de la cocaína coinciden con el crecimiento de la violencia de las FARC en los 90. Antes de eso eran una insurgencia perezosa, y por lo tanto poco relevante. En 1990, al morir su líder político Jacobo Arenas, las FARC se quedaron sin contención ideológica frente a los cultivos de coca que proliferaban en sus territorios. Comenzaron extorsionando narcotraficantes y terminaron de dueños de la mayor producción de cocaína del mundo. Transitaron de última guerrilla política latinoamericana a primer ejército irregular del narcotráfico, convirtiéndose en un reto real para el Estado colombiano.

Los gobiernos de los últimos 20 años tuvieron que comenzar a revertir la debilidad del Estado y a corregir abusos pasados. Primero acordaron la paz con las insurgencias políticas, luego desarticularon a los grandes carteles de narcotraficantes que dirigía Pablo Escobar, seguidamente un Gobierno bogotano inventó formas exitosas de combatir la cultura de violencia, y finalmente iniciaron la recuperación del campo. Propusieron negociaciones a las FARC que fracasaron debido al secuestro de doce parlamentarios que fueron ejecutados en junio de 2007. La fuerza del Ejército y la Policía crecieron y se desplegaron de forma permanente en los 1.120 municipios de Colombia. Los paramilitares empezaron a ser combatidos y desmovilizados. Los jefes guerrilleros perdieron sus vehículos con aire acondicionado y sus campamentos con refrigeradora. Acorralados, incurrieron en el terrorismo. Ciento diecisiete pobladores murieron refugiados en la iglesia de Bellavista cuando ésta fue destruida por las FARC; un coche bomba con 200 kilos de explosivos demolió un club bogotano lleno de familias; esto se volvió cotidiano, y los civiles muertos y heridos sumaron miles. Sin embargo, ahora la violencia de las FARC es decadente y en el 2007 no pudieron realizar una sola toma u hostigamiento a los poblados que controla el Estado. Sus combatientes se desmovilizan masiva y voluntariamente, 2.400 sólo el año pasado, y hay evidencia pública de que algunos jefes guerrilleros han recuperado las comodidades perdidas en el territorio venezolano.

Las FARC no tienen futuro como guerrilla, aunque lo tengan como narcotraficantes. La inmensa selva colombiana les facilita mantener a los rehenes que secuestraron en el pasado y usarlos cómo su último cartucho político. Las duras condiciones en que mantienen a éstos evidencian desmoralización y pérdida de control; ni siquiera sabían dónde estaba el niño Emmanuel. Las FARC hicieron del secuestro, la extorsión y el narcotráfico sus principales actividades, son los mayores secuestradores del planeta. Una insurgencia negocia a partir de la legitimidad política de sus demandas o de la fuerza militar que detenta, pero exigir legitimidad a cambio de rehenes maltratados y amenazados de morir, equivale a pedir respeto por ser malvado. El anti-neoliberalismo no justifica explotar el dolor de las familias de los rehenes. Si Chávez estuviera sólo ayudando a salvar rehenes sería positivo, pero su reconocimiento político a las FARC, reaviva la violencia colombiana, le abre las puertas de su país a la cocaína y lo convierte en protector de unos crueles narcoterroristas.

La parte más conocida del drama del secuestro en Colombia es la que afrontan dirigentes políticos (como es el caso de la ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt), miembros de las fuerzas armadas detenidos en combate, parlamentarios y otras personalidades secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En Colombia hay miles de secuestrados (algunas organizaciones hablan de más de 4.200 a día de hoy), muchos de los cuales están en poder de las guerrillas (el Gobierno afirma que las FARC tienen secuestradas a 774 personas), un porcentaje menor en manos de los paramilitares y hay incluso casos reportados de secuestros por miembros de la fuerza pública. Como bien es sabido, los paramilitares no suelen retener a sus víctimas: la inmensa mayoría de los que han estado en cautiverio han terminado en las 3.000 fosas comunes descubiertas hasta ahora en Colombia. De los otros secuestrados (principalmente en manos de la delincuencia común), las noticias poco o nada dicen.

Volviendo al drama de los secuestrados por las FARC, repentinamente apareció una esperanza en diciembre pasado, en medio de la tensión entre Bogotá y Caracas con subidas de tono y acusaciones mutuas: las FARC decidieron entregar al presidente venezolano tres civiles secuestrados, como desagravio al desplante de Uribe a Chávez más exactamente, dos civiles secuestrados y uno nacido en cautiverio).

Este tipo de entregas de personas retenidas y/o secuestradas no son novedad en Colombia. Hace más de diez años, las FARC y el Gobierno hicieron un acuerdo para la entrega de retenidos por las FARC, también con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja. En 2001 repitieron un gesto similar. La novedad ahora es que se trata sólo de civiles con gran presencia internacional.

El proceso previo había sido tortuoso. Hace algunos meses se avanzó en posible acuerdo entre el Gobierno y las FARC y, cuando todo parecía posible, un coche-bomba explotó en la Universidad Militar en Bogotá (coche-bomba que algunos califican más exactamente de auto-bomba). Alegando tal hecho, Uribe cerró el proceso de conversaciones con la guerrilla.

Luego empezó una mediación de Chávez limitada en el tiempo: sólo autorizada hasta diciembre, y limitada en sus formas. Uribe jugó a que si el acuerdo salía bien, él sería ganador, pero en el caso de que fracasara, el perdedor sería Chávez. Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo distinto y el protagonismo de Chávez se hizo incompatible con el ego de Uribe.

Después vino la patada de Uribe al descalificar a Chávez, quitarle el mandato y poner las relaciones colombiano-venezolanas en el peor momento de toda su historia, pues Venezuela incluso retiró a su embajador en Colombia. Chávez no entregó a tiempo las pruebas de supervivencia de los rehenes que se le habían exigido y eso hizo que se pusiera en duda su capacidad de interlocución con las FARC, así como la seriedad de éstas en el proceso. Además, este hecho desdijo la tesis traída por los pelos de que Ingrid Betancourt estaría en territorio venezolano, ya que de ser así, Chávez no hubiera perdido la oportunidad de lucirse entregando las pruebas de supervivencia a tiempo.

Durante todo este fallido proceso, el Gobierno colombiano tuvo dos mensajes opuestos, públicos y simultáneos: un «no al despeje» en boca del ministro de Agricultura, y un sí a un acuerdo humanitario, pero con condiciones, en boca del Alto Comisionado para la Paz. Así, dilatando el proceso y encendiendo una vela a Dios y otra al diablo, Uribe trataba de ganar en ambos bandos: en el de la paz y en el de la guerra.

A finales de diciembre, las FARC juegan y se enrocan, haciendo un acto unilateral que logró lo que no consiguió Uribe con su acto unilateral hace varios meses (cuando, a petición de Sarkozy, liberó a varias decenas de guerrilleros detenidos en las cárceles colombianas). La agenda esta vez fue impuesta por las FARC y Chávez volvió a la intermediación incluso en una posición más cómoda, sin interlocución con Bogotá, ni sometimiento alguno a las reglas de Uribe.

Tan desprevenido estuvo Uribe, tan ultimátum fue la propuesta de las FARC, que el presidente colombiano no tuvo tiempo de reaccionar y se limitó a pedir ‘algo’ alegando la Constitución (usar emblemas de protección de la Cruz Roja), pero ese ‘algo’ ni está en la Constitución ni mella para nada lo hecho por Chávez. Tras esto, el escenario parecía ser al revés para Chávez: si algo falla podrá culparse a Uribe, si sale bien, éste no disfrutará de la gloria.

La comisión internacional se hizo sin contar con Uribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Francia y Suiza se subieron en el tren promovido por Caracas, sin que el papel de Bogotá hubiera sido relevante (faltó que en un acto de desafío se sumara el mismo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con quien Colombia ha tenido fuerte roces recientes y que llamó ‘hermano’ al líder de las FARC). Así, países a la izquierda y poco amigos de Colombia estuvieron en la comisión internacional, con el consiguiente malestar de Uribe. Por ejemplo, el Gobierno de Ecuador dijo recientemente que el norte de su país no limitaba con Colombia, sino con las guerrillas.

Pero, debido a la historia bien conocida por todos del pequeño Emmanuel, la liberación no se dio según el libreto venezolano. Emmanuel fue la carta bajo la manga que mostró Uribe en el último momento para enfrentarse a todo el despliegue de Chávez, a la promesa hecha por las FARC y hasta a la comisión internacional y Uribe ganó. Las FARC finalmente entregaron a las otras dos secuestradas sin que esto les representara ganancia política alguna (la poca que podían ganar la desperdiciaron con el incidente del niño). Las cosas pues quedaron en tablas: Chávez fue intermediario como lo soñó, pero sin llevarse las palmas y Uribe dio permiso para negociar, pero sin perder de nuevo su papel político. El resultado fue que las FARC liberaron a las secuestradas como lo prometieron, sin recuperar su creciente desprestigio.

Hay una cosa que queda clara: todos los pretextos de las FARC, así como los ‘inamovibles’ de Uribe para no facilitar la liberación de personas detenidas son sólo falacias: la FARC renunciaron al ‘despeje’, el Gobierno renunció incluso a continuar con las operaciones militares temporalmente y la comisión internacional de acompañamiento se organizó en cuestión de horas. El problema no era de formas, sino de voluntad política.

Pero hay, por lo menos, tres elementos pendientes: el primero, el resto de los secuestrados y su liberación; dudosamente las FARC van a hacer lo mismo sin pedir nada a cambio (especialmente con relación a Ingrid Betancourt, quien sería en este proceso la última en ser liberada).

Segundo elemento: ¿qué pasa con el resto de víctimas del conflicto armado colombiano? En Colombia cada cinco días asesinan un trabajador sindicalizado (2.245 homicidios en 21 años), cada día se registra la desaparición forzada de dos individuos y un millar de personas son desplazadas (para un total de casi cuatro millones de desplazados en la actualidad). Es muy loable que se haya logrado la liberación de dos civiles secuestrados, pero eso no resuelve ni debería aplazar una respuesta seria a la crisis de derechos humanos que tiene Colombia.

Tercer elemento: las respuestas humanitarias sirven a las víctimas pero no resuelven la agenda política. A pesar de lo que se diga (y al margen de las críticas a la guerrilla), el conflicto colombiano tiene unas causas que trascienden el secuestro, el narcotráfico y la violencia en general. Reducir la guerra en Colombia al narcotráfico es no tener ni idea de la realidad colombiana. Cosas centrales como la reforma agraria siguen siendo asignaturas pendientes. Lo humanitario hace lo suyo, pero no resuelve la exclusión política ni la injusticia social que alimenta el conflicto mucho más que el narcotráfico.

Todo parece apuntar a que la agenda del conflicto colombiano se reducirá a la agenda humanitaria, y ésta a la liberación de los secuestrados por las FARC. En este contexto juega un papel importante la comunidad internacional, pero ésta, que parecía atrapada en la dinámica marcada por Chávez, está ahora seriamente herida por las mentiras de las FARC y por la negativa de Uribe a permitir otra liberación tipo Hollywood. Sarkozy difícilmente lo haría mejor que Chávez, quien, en todo caso, podría ser garante de una segunda liberación.

Uribe pasa por malos momentos: más de 50 parlamentarios (todos ellos seguidores de Uribe) se enfrentan a cargos judiciales por sus vínculos con el paramilitarismo en el marco del escándalo de la ‘para-política’. Hasta Hillary Clinton sugirió que Estados Unidos no debería firmar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, debido a la violencia sistemática contra el movimiento sindical. Recientemente otro escándalo, por vínculos familiares entre el principal asesor de Uribe y el narcotraficante Pablo Escobar, generó la renuncia del embajador en Londres y del zar anti-corrupción. Por eso, para Uribe, la entrega de secuestrados (recuperando su puesto de presidente) es un alivio en medio de tanta tormenta política.

Villavicencio, una ciudad de más de 300.000 habitantes, que ocupa los terrenos de lo que fue una floreciente misión de los jesuitas en el siglo XVIII –la hacienda Apiay–, capital del departamento del Meta, ha sido hoy protagonista geográfico de la operación Transparencia, denominada así por los servicios de inteligencia cubanos y el Gobierno venezolano.
No es la primera vez, no obstante, que adquiere protagonismo. El departamento, segundo en extensión de Colombia –86.000 kilómetros cuadrados– está formado en un 80% por terrenos llanos y ondulados, surcados por ríos tributarios del Orinoco. Es la llamada Orinoquia colombiana. Pero el resto de su territorio está cubierto por las últimas estribaciones de la cordillera Oriental, uno de los tres espinazos andinos que conforman buena parte de Colombia, rasgándola de norte a sur, y por una sierra desgajada de ella, La Macarena, un bellísimo parque nacional rico en fauna, flora y geología. Ambas zonas son conocidos teatros de operaciones de las FARC, y son más que frecuentes los enfrentamientos entre estas y el Ejército colombiano.

EL LUGAR, por tanto, situado en el valle entre ambas cordilleras, es el idóneo para que helicópteros con el visible distintivo de la Cruz Roja Internacional puedan recoger a Consuelo González de Perdomo y a Clara Rojas, rehenes políticos desde hace más de cinco terribles años, y a Emmanuel, el niño de 4 años concebido y criado en algo más grave que el propio secuestro de su madre.
El operativo no es demasiado complicado, y habitual en estos casos: durante dos o tres noches, las FARC han desplazado a los rehenes, andando y desandando por cerros y vaguadas para no dejar huellas y dificultar su localización; los helicópteros habrán despegado de Villavicencio con un rumbo prefijado en su GPS hacia un punto intermedio, donde alguien indicará otro rumbo a seguir hasta otra zona, donde podrá repetirse la operación, hasta el encuentro final con los secuestrados. No intervendrán las fuerzas militares, pero todos los sistemas de inteligencia, satélites incluidos, estarán activados.
Bajo la inspiración de Cuba –Carlos Vage– y la iniciativa de Venezuela –muy activos su embajador en Bogotá, Pavel Rondón, y el siempre enigmático capitán de navío y exministro Rodríguez Chacín–, representantes de Francia, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador estarán presentes y compartirán la gloria de la mediática liberación humanitaria. No se merece España estar ausente. Pocos países han dedicado tanto esfuerzo al proceso. Victoria inicial, por tanto, de la batalla mediática presentada por Hugo Chávez y las FARC. En plena Navidad, siempre viene bien presentar un acto de humanidad. No se vio el mismo despliegue cuando el Gobierno liberó a Granda; ni cuando se asesinó impunemente a 11 diputados del departamento del Valle en un difícilmente justificable fuego cruzado con el Ejército. Ni se resalta que permanezca aún secuestrada Ingrid Betancourt –la valiosa carta francesa–, ni soldados, desconocidos prácticamente por nosotros, que llevan más de 10 años como rehenes y cuyo único delito fue servir a su país.
No obstante, veamos el lado positivo. En primer lugar, interviene la Cruz Roja, elemento esencial en la humanización de los conflictos armados, cuyos protocolos siguen siendo de aplicación en este siglo, sobre todo por el carácter directo y humanitario de sus intervenciones y por situar el derecho a la vida y el respeto a los derechos humanos en un nivel diferente del de los estados y del de las partes en conflicto, aunque la frontera entre el carácter de algunas de estas partes, consideradas “grupos armados al margen de la ley”, roce muchas veces el de terroristas.

EN SEGUNDO lugar, Chávez, tras la derrota de su referendo, aparece más modesto, menos locuaz, más cauto. Además, se recomponen en cierto modo las relaciones entre Venezuela y Colombia. Hay una larga frontera común; hay un diferendo en el golfo de Venezuela entre las penínsulas de La Guajira y de Paraguaná, donde se juegan importantes intereses petrolíferos; Venezuela es un importante cliente comercial de Colombia, etcétera. Por supuesto, las buenas relaciones contribuyen a estabilizar la región.
En tercer lugar, Álvaro Uribe ha maniobrado bien, dejando a su canciller conducir la situación; las fuerzas armadas han apoyado a su presidente, exigiendo tan solo la intervención de la Cruz Roja y el uso visible de sus distintivos para seguir el movimiento de aviones y helicópteros entre los aeródromos venezolanos de La Fría, Santo Domingo, Guasdalito y Puerto Ayacucho y el colombiano de Villavicencio, más el retorno de toda la flotilla aérea a Caracas.
En resumen: tres personas recuperan la libertad y abren la puerta a otras libertades. Nos esperan días de comunicados y de declaraciones. Dios quiera que no sean días en los que se ahogue una vez más la necesaria capacidad de un pueblo querido, como es el colombiano, que necesita como nunca recuperar la esperanza.

Conozco El Caguán, esa zona de Colombia en la que Ingrid Betancourt fue capturada, hace ya casi seis años, y donde se encuentra secuestrada en condiciones abominables. También conozco a Iván Ríos y a Joaquín Gómez, los jefes marxisto-mafiosos de las FARC, a los que, poco antes de su captura, había ido a entrevistar a su feudo, primero para Le Monde y, después, para mi libro sobre «las guerras olvidadas».

Tras haber pasado algún tiempo con estos auténticos secuestradores y falsos revolucionarios, tras haberme molestado en escuchar el discurso a la vez demente y, como suele ser habitual, de una lógica implacable y heladora de estos comunistas estilo escuadrones de la muerte, me perece tener una idea más o menos clara de aquello en que podría consistir el intento de la última oportunidad de liberar a Ingrid Betancourt.

Porque, en el fondo, ¿qué quieren las FARC? Está claro que no quieren dinero. Son los primeros productores de coca del mundo y los proveedores de heroína de la mayoría de los camellos de Europa y de Estados Unidos. Es, pues, la guerrilla más rica del planeta. Más rica, en cierto sentido, que el propio Estado colombiano.

Tampoco quieren ese «intercambio humanitario» al que, desde hace años, no cesan de añadir nuevas condiciones. El presidente Uribe liberó, el pasado mes de junio, a cerca de 200 guerrilleros. Y lo hizo unilateralmente, con coraje, sin condiciones. Pues bien, su gesto no tuvo efecto alguno. Más aún, los propios liberados acogieron su puesta en libertad de mala gana, al menos de boquilla, y sólo tras haberse asegurado que eso era lo que querían y habían decidido sus jefes.

No creo que sea tampoco cierto que les importe tanto como se dice esa famosa zona desmilitarizada que Uribe, con toda la razón del mundo, les niega. Porque, ¿de qué se trata en realidad? ¿De los 800 kilómetros cuadrados de los municipios de Florida y de Pradera? ¿De los 180 kilómetros cuadrados de El Retiro, que es la zona que evocan otras fuentes? ¿Y para qué serviría, en cualquier caso, cuando la guerrilla controla gran parte de El Caguán, una región tan vasta como Suiza, y que ya fue desmilitarizada, hace nueve años, por Pastrana, el predecesor de Uribe?

No. Lo que realmente quieren las FARC, el leitmotiv que surge, una y otra vez, en sus comunicados, lo que me dijeron a mí, entonces, y lo que me sorprende que algunos se obstinen en no entender, es algo más extraño, más esencial y más sencillo a la vez. El auténtico fondo de su demanda, habría que decir mejor de su obsesión, es el siguiente: «Queremos ser considerados como beligerantes, auténticos beligerantes, y no sólo como bandidos (tal y como los califica, con toda razón, la prensa) o como terroristas (como los catalogan, también con justicia, las listas negras del Departamento de Estado)».

Pues bien, examinadas todas las variables, me parece que esta demanda es asumible. Creo que la Colombia que conocí y que coloqué -junto a Angola, Sudán, Burundi y Sri Lanka- en mi serie de «las guerras olvidadas» es, efectivamente, un país en guerra en el que las partes enfrentadas son pues, en sentido estricto, partes beligerantes.

Me siento, pues, tentado de decir que, si ésa es la condición para que sean liberados cientos de rehenes que se pudren con Ingrid Betancourt en la jungla, si la exigencia de los asesinos es ser reconocidos como combatientes de una guerra sin nombre, quizás haya que concedérsela.

Sé que, al hacer esto, algunos temen dotar a los verdugos de una legitimidad evidentemente indebida. Y todavía oigo al presidente Pastrana decirme, en su oficina de Bogotá bunquerizada, que «el Estado se deshonraría», concediendo ese «estatus» a asesinos de crímenes abominables.

Puede que sí. Pero, ¿qué hacer, si la única solución es ésa, una vez más? ¿Hay que sacrificar, como lo hicieron antaño los italianos en el caso de Aldo Moro, en aras del «honor del Estado» la vida de una combatiente de la libertad y de sus compañeros de cautividad? Si la solución de todo esto reside en una palabra que, además es exacta, ¿no vale la pena intentar, sólo intentar, pronunciarla?

En lo que al beneficio que sacarían los interesados se refiere, seamos honestos. ¿Sería, ahora, mucho más importante que en la época en que veía al alto comisario para la paz del Estado colombiano, Camilo Gómez, pasar la mayoría de su tiempo, en el campo de Los Pozos, hablando y negociando con los asesinos?

En definitiva, ésta es mi propuesta. Que un mediador, un auténtico mediador (por lo tanto no Hugo Chávez, por definición) vaya de inmediato a El Caguán. Que consiga que, entre Marulanda y Uribe, sea pronunciada y asumida la palabra que tanto le interesa al primero. Y que, en el espacio del diálogo así abierto, se negocie el tránsfert (intercambio) de los prisioneros, al que, en principio, ninguna de las dos partes parece oponerse.

De esta forma, cada cual se vería entre la espada y la pared. Por vez primera, cada cual se vería confrontado a su verdad. La verdad de sus cálculos y la de sus crímenes. Porque decir «guerra» es decir, también, «leyes de la guerra», o sea, la prohibición de desapariciones forzadas, del reclutamiento de niños soldados o, naturalmente, de toma de rehenes.

¿Guerra? ¿Ha dicho usted guerra? Pues sí, guerra. Y en la guerra como en la guerra. La ventaja es para el que tiene la mejor estrategia.