Tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya sabemos cómo el Gobierno va a controlar el déficit autonómico. Ha decidido desarrollar la Ley de Estabilidad poniendo en marcha la vieja estrategia del palo y la zanahoria que tan bien hemos aprendido en Europa: ha ofrecido a los Gobiernos autónomos créditos y transferencias para afrontar los pagos inmediatos, a cambio de que acepten una mayor fiscalización de sus cuentas. Quien paga manda, así que los consejeros autonómicos han aceptado ampliar su liquidez a cambio de autonomía. Esta es la manera en la que el Gobierno concreta el principio de estabilidad presupuestaria recogido en la Constitución.

El Ejecutivo se está equivocando en la manera de plantear el control de los presupuestos autonómicos. Primero, porque la fiscalización por parte del Gobierno central del gasto de las regiones erosiona el control de los Gobiernos por los ciudadanos, al pretender sustituir las responsabilidades políticas por el establecimiento de multas y correctivos. Segundo, porque los créditos y transferencias garantizados a las CC AA pueden acabar promoviendo un comportamiento fiscal irresponsable en el futuro.

Desde una lógica política, la decisión del Gobierno de supervisar la gestión autonómica de los presupuestos con sanciones e intervenciones supone suplantar el control de las urnas por el de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Con un funcionamiento normal de la democracia, los políticos rinden cuentas en las elecciones por sus decisiones sobre gastos e ingresos. Así ha funcionado en Europa, cuyos ciudadanos expulsaron del poder a todos los Gobiernos a los que les tocó gestionar la crisis y así debería ser el mecanismo por el cual los Gobiernos autónomos fueran hechos responsables de su mala gestión.

Es cierto que, hasta ahora, este mecanismo ha funcionado peor en los Gobiernos autónomos que en el central, debido a que las competencias de los primeros sobre el gasto han sido tradicionalmente muy superiores a su capacidad para generar ingresos propios. Por ello, el aumento de la cesión de impuestos que se aprobó en el nuevo sistema de financiación de 2009 tenía como objetivo equiparar las competencias sobre el gasto y los ingresos de las autonomías. Esta es la dirección que deben tomar las reformas: profundizar en la visibilidad y en el ejercicio de la responsabilidad política de los Gobiernos autónomos, otorgando más capacidad a los ciudadanos para que controlen a sus Gobiernos. Con los nuevos planes de fiscalización del Ministerio de Hacienda, el control de los políticos en las elecciones pasará a convertirse en el rendimiento de cuentas de los consejeros de Economía ante el ministro de turno.

La segunda cuestión es saber si estos acuerdos conseguirán imponer un comportamiento fiscal responsable en las autonomías. Rajoy ha garantizado que no dejará caer a ninguna comunidad autónoma. Sin embargo, la zanahoria en forma de créditos y transferencias ofrecida por el Gobierno enseguida ha generado dudas a sus propios impulsores. Por eso el ministro se ha apresurado a presentar estas ayudas como medidas excepcionales y a apoyarlas en criterios de fiscalización algo desmesurados para hacer creíble la promesa de que en el futuro no habrá salvación, sino duras sanciones. Lo exagerado de algunos planteamientos iniciales, como el de la persecución penal, es proporcional al miedo que tiene el Gobierno de que el rescate presupuestario de las autonomías empeore las cosas más adelante.

El temor de Montoro es el mismo que el de Merkel: que el rescate de hoy promueva los comportamientos irresponsables en el futuro. Y de la misma manera que la canciller alemana pospone sine die la emisión de eurobonos, el ministro ha dejado en suspensión la posibilidad de que el Gobierno avale la deuda autonómica (los llamados hispanobonos) por temor a que ello erosione la calificación de la deuda española.

La experiencia de otros países descentralizados muestra que los rescates pueden erosionar la capacidad de los Gobiernos centrales para hacer creíble su firmeza. Existe abundante evidencia empírica de que las ayudas presupuestarias del Gobierno federal pueden acabar reforzando el comportamiento fiscal irresponsable por parte de los Gobiernos regionales. Un repaso de las sucesivas crisis de la deuda y su resolución en Argentina o Brasil durante los años ochenta y noventa dan buena prueba de ello. Nada hace pensar que en España haya de ser distinto.

En definitiva, las primeras concreciones de la Ley de Estabilidad pactadas con las CC AA auguran malos resultados en lo político y en lo económico. Si las medidas de fiscalización anunciadas por Montoro se aplican a rajatabla, será a costa de que los ciudadanos pierdan poder para influir en las decisiones políticas. Los Gobiernos autónomos acabarán utilizando las palancas políticas y su capacidad de negociación con el Gobierno central para evitar los futuros castigos por parte del ministerio. Si la promesa del Gobierno central de no facilitar más ayudas no resulta creíble, las CC AA no tendrán incentivos para controlar el gasto y esperarán de nuevo a que la Administración central les ayude ante futuras crisis de liquidez. El palo y la zanahoria de estos acuerdos solo habrán servido para apartar a los ciudadanos del control de sus Gobiernos.

El Gobierno de Rajoy baraja la posibilidad de sancionar a las comunidades autónomas que se desvíen de su objetivo de déficit. En nuestra opinión, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

La hipótesis de la disuasión predice que la introducción de una sanción reducirá la ocurrencia de la conducta sujeta a la multa. Esta hipótesis es la que el gobierno tiene en la cabeza cuando considera estas sanciones. Lo que el gobierno no tiene en cuenta es que dicha hipótesis parece que no se cumple empíricamente. En un famoso artículo Gneezy y Rustichini (Una Multa es un Precio) muestran que en algunas circunstancias la introducción de una multa solo incentiva al comportamiento que se quiere corregir. ¿Por qué? Antes de la introducción de la multa la consecuencia exacta del comportamiento a corregir no estaba especificada.

Pongamos el caso de las comunidades autónomas. En ausencia de sanciones, los Gobiernos autonómicos pueden formarse cualquier creencia sobre las consecuencias de gastar más de lo presupuestado y actuar en consecuencia. Gobiernos autonómicos que crean que las consecuencias serán mínimas, gastarán mucho más que aquellos que crean lo contrario. La introducción de la multa clarifica las consecuencias y puede cambiar el comportamiento de algunos gobiernos regionales. Es decir, si la multa (que puede entenderse como el precio de desviarse) es inferior a la percepción del castigo a desviarse previo a la introducción de la sanción, esta política no arreglará nada. Incluso podría empeorar el comportamiento de muchos gobiernos autonómicos. Esto podría dañar la maltrecha credibilidad de nuestras administraciones públicas.

La semana pasada salía a la luz desde FEDEA el primero de los informes del Observatorio Fiscal y Financiero de las comunidades autónomas (http://www.fedea.net/ccaa/). Usando los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades y homogeneizados por el Ministerio de Hacienda, dicho informe que presenta una proyección del déficit de las distintas comunidades en el año 2011, pone de manifiesto dos cosas. Primero, que ninguna comunidad cumplirá el objetivo de déficit. En conjunto, las comunidades autónomas se gastarán unos 15.000 millones más de lo presupuestado. Segundo, que la contribución a este desvío es muy heterogénea. Por un lado, tenemos el comportamiento ejemplar de la Comunidad de Madrid (le corresponde menos del 1% del desvío cuando su economía representa el 18% del total) y por el otro Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia e Islas Baleares con unos números sonrojantes (todas con contribuciones al déficit más de dos veces sus contribuciones al PIB nacional).

Los 15.000 millones ponen de manifiesto que el gobierno hace bien en estar preocupado por el comportamiento de las comunidades autónomas y pensar formas de corregirlo. No es posible cumplir con nuestro objetivo de estabilidad sin que lo hagan las comunidades autónomas ya que estas son responsables de más del 60% del consumo público. La alta heterogeneidad indica que las percepciones sobre las consecuencias de desviarse del objetivo de déficit son muy heterogéneas entre las diferentes comunidades y las consecuencias de un sistema de sanciones son difíciles de predecir, e incluso, podrían ser contraproducentes.

Los resultados del observatorio ponen de manifiesto que es posible conocer los déficits con alguna antelación. Así, se podrían crear mecanismos que obligasen a las comunidades autónomas a subir sus impuestos inmediatamente a la luz de cualquier desvío. Un mecanismo como este haría a los ciudadanos de las diferentes comunidades responsables de los actos de sus dirigentes regionales. Esto evitaría reformas fiscales como la presentada el 30 de diciembre en la que los ciudadanos madrileños tienen que pagar los déficits valencianos.

Claro, un sistema como el presentado tiene el problema de que un gobierno de un color puede castigar a autonomías de otro por razones políticas. Por eso, al mismo tiempo, debería crearse un Consejo de Estabilidad Presupuestaria de las Administraciones Públicas que hiciese cumplir las reglas. Este consejo debería ser independiente y vinculante para todas las administraciones. Consejos de esta índole se han creado recientemente en el Reino Unido y Suecia. Como era de esperar, estos países han sido poco castigados por la crisis de deuda soberana que nos asola. Esperemos que Rajoy tome nota de las cosas que se hacen bien en nuestros vecinos del Norte.

En la época remota de la peseta se decía que el puesto de ministro de Economía implicaba algunas duras servidumbres lingüísticas, muy especialmente el deber de negar hasta el último momento que el Gobierno pensara devaluar la peseta, lo que en no pocas ocasiones suponía mentir a la opinión pública y a los inversores el día previo a la devaluación. En la modernísima época del euro, estas servidumbres de los responsables de las finanzas públicas se mantienen en el fondo -hay que defender siempre la solvencia del Estado y del país-, pero han girado en cuanto al contenido concreto y en cuanto a los destinatarios. Estos últimos son los mercados y lo que le corresponde defender a un ministro de Economía (si es posible en inglés) es que se va a cumplir el objetivo de déficit público hasta el día previo al de un Consejo de Ministros en el que se adopten duras medidas para atajar las desviaciones sobre unas previsiones que se habían mostrado un tanto exageradas. Nuestro flamante y brillante ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha tenido que realizar esa amarga representación porque, como todo el mundo sabe, a él solo le ha correspondido dar fe de que el déficit real del Estado en 2011 fue del 8% del PIB, mientras que fue la anterior ministra, Elena Salgado, la que tuvo que repetir hasta el último momento que el déficit estatal sería del 6%.

Pero como hay que apaciguar una y otra vez a los mercados, el ministro Guindos ha hecho unas declaraciones al Financial Times en las que explica cómo va a lograr que las comunidades autónomas recorten su déficit, algo sin duda verdaderamente necesario si queremos que el Estado cumpla con su compromiso europeo. Como se trata de una entrevista a un diario financiero inglés -o mejor, global- que lógicamente no está por las sutilezas jurídicas, el ministro ha hecho unas declaraciones que todo el mundo entiende y que, traducidas al román paladino, suponen que los Presupuestos autonómicos necesitarán antes de aprobarse la “luz verde del Gobierno central”. Es decir, que él se encargará de evitar las fantasías contables de algunas autonomías. Un mensaje muy tranquilizador para los mercados y para las agencias de calificación: una persona seria y preparada toma el mando.

Sin tener en cuenta alguna imprecisión jurídica menor (el Gobierno no aprueba leyes, sino proyectos de ley), lo cierto es que esa afirmación tomada al pie de la letra parece imposible de encajar en el entramado legal del Estado autonómico, donde no se puede suprimir de un plumazo la autonomía presupuestaría de las Comunidades, como rápidamente ha señalado el portavoz de la Generalitat. Es verdad que el Estado tiene la competencia para las bases y la coordinación de la planificación de la economía (149.1.13 CE) y también es verdad que el Tribunal Constitucional ha considerado que el Estado puede poner límites presupuestarios a las comunidades (STC 134/2011, de 20 de julio). Pero el Estado no es el Gobierno, como precisamente señala una y otra vez esta STC 134/2011, en donde se reconocen las competencias de control que la Ley de Estabilidad Presupuestaria atribuye al Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano estatal con representación de las comunidades. Algo muy distinto al Gobierno. Y como estoy seguro de que el Gobierno no va a aprobar ninguna norma inconstitucional, tengo para mí que el ministro de Economía ya ha realizado su primer servicio lingüístico a la solvencia de España, servidumbres del cargo.

En bricolaje, el tres-en-uno es muy eficaz: desatasca, pues sus componentes van en la misma dirección. En política fiscal, propugnar simultáneamente tres modelos incompatibles entre sí suele ser indigesto. Y confunde.

Es lo que está sucediendo en Cataluña con el reavivado debate sobre la financiación, en el que la federación nacionalista dominante postula al tiempo una cosa y sus contrarias. Eso sí, faltaría más, todas ellas legítimas. Que no significa acertadas.

Tras la mediocre sentencia del Tribunal Constitucional (TC, 28-VI-2010) que rebajó el alcance del nuevo Estatut, CiU dio (más o menos) por “roto el pacto constitucional de 1978″, y por “inservible” el texto estatutario. Y empezó a propugnar un “pacto fiscal en la línea del concierto económico” vasco, como insiste todas las semanas el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

El designio, de corte confederal (recaudación de todos los impuestos y entrega de un cupo a la Administración central para sufragar los gastos comunes y una cuota simbólica de solidaridad) es aún bastante genérico.

No implicaría una reforma de la Constitución, sostienen sus diseñadores (con el apoyo jurídico del Institut d’Estudis Autonòmics, IEA), sino solo una reforma de la LOFCA y una ley ordinaria concretando sus detalles. Y se negociaría la próxima primavera. Con un Gobierno, cuyos máximos aspirantes a presidirlo, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, han mostrado ya, cortésmente, una distancia sideral sobre el propósito. La hoja de ruta figura en el escueto manual del portavoz Francesc Homs, Dret a decidir, estació concert (Editorial Base, 2010).

En paralelo al modelo confe-deral / soberanista, CiU apuesta también por el autonómico / federal: “Recuperar al máximo el espíritu y contenido del Estatut debe ser uno de nuestros objetivos en esta legislatura (…) lo debemos hacer con leyes orgánicas y mediante el artículo 150.2 de la Constitución”, que permite al Gobierno central ceder a las autonomías competencias estatales, acaba de sostener el candidato democristiano a la convocatoria de pasado mañana, Josep Antoni Duran i Lleida.

La idea subyacente es que la Constitución no estaría tan rota ni el Estatut habría quedado completamente inutilizable. La hoja de ruta de este modelo es la propia actividad parlamentaria de CiU durante 34 años y las posiciones de Mas en su pacto estatutario con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y aunque el IEA conjetura en su dictamen la cohabitación jurídica del concierto -o régimen especial- con el Estatut -un desarrollo del régimen común, en que se comparten impuestos y se consorcia su recaudación- su atenta lectura evidencia que los encaja retorciendo los artículos cual goma de mascar, como concluyó la comisión de expertos reunida a puerta cerrada en el Parlamento.

La tercera propuesta, más que un modelo, es un guiño. A la independencia. Lo esbozó Mas cuando votó a su favor, al mismo tiempo en público (verbalmente) y en secreto (sin imágenes) en el remedo de referéndum del pasado 10 de abril. O la evaluación que a título de (eminente) académico, su irónico consejero de Finanzas, Andreu Mas Colell, lanzó sobre la independencia: “perfectamente viable”.

La doctrina actualizada del modelo se estiba en Sense Espanya, balanç econòmic de la independència (Pòrtic, 2011). Sus autores, Modest Guinjoan y Xavier Cuadras, calculan que acarrearía, a los catalanes, “majors nivells de benestar econòmic”. Quienes más defienden este esquema, los nuevos líderes de Esquerra, abrogarían toda transferencia de solidaridad.

Más allá de las incongruencias derivadas de la fórmula tres-en-uno, inquieta su cuestionable oportunidad. Plantear un nuevo proyecto de Hacienda no es lanzar una colección de moda de temporada, debiera aspirar a una trayectoria más duradera.

Si la urgencia político-electoral admite las premuras, a la lógica económica de largo plazo le horroriza la precipitación y la frivolidad. ¿Resulta sensato enterrar un modelo de financiación sin haber cotejado su resultado real en, al menos, dos o tres ejercicios normales? ¿Será creíble una alternativa carente de densos trabajos previos, en formato de Libro Verde, como los que fabrica la UE antes de abordar la oportunidad de una nueva gran iniciativa legislativa?

Pero es que, además, la sentencia del TC anuló estrictamente una sola frase del capítulo financiero del Estatut: la que condiciona las transferencias de cohesión a que las autonomías receptoras “lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”. Si bien no invalida ese criterio por injusto, sino porque correspondería al Estado decidirlo, opción nada imposible de lograr. Aunque el TC interpreta limitativamente otras disposiciones, bendice su cuerpo sustancial: la ampliación de la lista de tributos cedidos y de la capacidad normativa; la nueva Agencia tributaria consorciada; el principio de que la cohesión debe concentrarse en educación, sanidad y servicios sociales; los compromisos de inversión del Estado…

Si ese modelo fue el votado por la ciudadanía catalana, ¿con qué legitimidad se le secuestra, en favor de otro, el concierto, que no ha pasado ninguna prueba de universalidad? Y que en su versión conocida, vasco / navarra, es un privilegio injusto, discriminatorio, insolidario y opaco. ¿Es que para corregir un error hay que multiplicarlo?

No va a ser fácil defender un pacto fiscal basado en el concierto económico. La debilidad fundamental es su incoherencia con los principios del federalismo fiscal. Reclamar para Cataluña la titularidad y recaudación de la totalidad de los impuestos devengados en su territorio es ineficiente desde el punto de vista de la gestión porque no sitúa estas competencias en la jurisdicción adecuada. En general, las jurisdicciones centrales están en mejores condiciones que las subcentrales para recaudar impuestos de bases imponibles territorialmente movibles o cuya carga puede ser fácilmente trasladada de una jurisdicción a otra. Impuestos de gran recaudación como el de sociedades e IVA pertenecen a esta categoría y generalmente se asignan a los Gobiernos centrales, mientras que impuestos de base menos movible, como los que gravan la propiedad y las transacciones inmobiliarias, se asignan a los Gobiernos subcentrales. Los que gravan la renta acostumbran a compartirse entre los dos niveles de Gobierno. La distribución de impuestos no es caprichosa; obedece a una lógica que tiene sentido, como lo corrobora la gran similitud observada en esta materia entre países federales.

La propuesta tampoco cumple el principio de responsabilidad tributaria. Los Gobiernos que deciden el gasto deberían ser también los que tienen la responsabilidad de obtener del sector privado los recursos necesarios para financiarlo. Esta es la mejor forma de enfrentar al político con el coste de sus decisiones y a su elector con el valor de los servicios que recibe. Con el pacto fiscal propuesto, la Generalitat se vería obligada a asumir la titularidad y recaudación de impuestos que van más allá de sus necesidades, mientras que el Gobierno central se vería liberado de esta responsabilidad.

En tercer lugar, este pacto fiscal debilita de forma significativa la autonomía financiera de la jurisdicción central. Es verdad que, sea cual sea la distribución territorial de la recaudación, un sistema adecuado de transferencias debería permitir que cada jurisdicción dispusiera de los recursos necesarios para hacer frente a sus competencias de gasto. El problema es que la necesidad efectiva de recursos no es independiente de las competencias asumidas. Las hay estructurales y predecibles para las que esta condición es fácil de cumplir. Otras, en cambio, son coyunturales y variables, y su financiación pautada es mucho más difícil. La estabilización macroeconómica es por antonomasia la competencia más representativa de este segundo grupo. Y esta competencia es, y debe ser, de la jurisdicción central. Es impensable que un país federal no asigne al Gobierno central las bases imponibles más potentes y de mayor elasticidad, con el fin de que pueda desarrollar de forma oportuna la política fiscal adecuada según la coyuntura macroeconómica del momento. Hacerlo de otra manera sería una decisión perjudicial para todos.

Si el sistema de concierto es una anomalía en el panorama del federalismo fiscal ,¿por qué lo tienen el País Vasco y Navarra, sin que ello suponga un descalabro para España? La razón es la relativamente pequeña dimensión de las dos comunidades forales. Entre las dos, utilizando datos de 2010, representan un 8% del PIB español. Cataluña representa el 18,6%. Restar al Gobierno español un 8% de la autonomía fiscal que debería tener es un mal soportable. Restarle cerca del 27% sería muy preocupante. Si el sistema de concierto se generalizara, restarle el 100% sería una irresponsabilidad.

Además de ineficiente, no está claro que el pacto fiscal propuesto vaya a favor de los intereses de los catalanes. Como catalán quiero que mi jurisdicción autonómica funcione bien; pero también quiero que mi jurisdicción central funcione correctamente. Mi bienestar no depende de una sola jurisdicción; depende de todas las jurisdicciones a las que pertenezco. Es incongruente pedir competencias fiscales para la Unión Europea, como solución a los graves problemas que está teniendo en la gestión de la crisis, y a la vez querer retirarlas del Gobierno español, reclamando para sí todas las bases fiscales devengadas en Cataluña.

Por otra parte, la presumida mejora de financiación que este pacto generaría para el Gobierno catalán es cuestionable. Ostentar la titularidad y gestión de todos los impuestos devengados en Cataluña no es lo mismo que tener más recursos para financiar servicios públicos. Los recursos de los que finalmente dispondría la Generalitat dependerían del diseño de la transferencia al Gobierno central (es decir, del cupo), y aquí las posibilidades están legalmente acotadas: el artículo 138.2 de la Constitución Española (CE), en el que se establece que las diferencias entre los estatutos de las comunidades no pueden implicar privilegios económicos, impide que este pacto diera a Cataluña más recursos que los generados por el sistema de régimen común.

La esperanza de mayores recursos se asienta en la mayor financiación que hoy tienen las comunidades forales. Pero esta ventaja no depende del sistema de concierto per se, sino del particular diseño de la transferencia que, en mi opinión, es incorrecto. En su Disposición Adicional Primera, la CE ampara el sistema de concierto (es decir, su singular asignación de tributos), pero esta protección no puede ser contradictoria con la prohibición de privilegios económicos que prevé el artículo 138.2 más arriba citado. Hasta ahora, en un contexto de recursos abundantes, la diferencia de financiación entre las comunidades forales y las de régimen común no ha despertado demasiado interés. A medida que la crisis vaya mermando la capacidad de las comunidades de régimen común de proveer servicios públicos esenciales, la existencia de esta desigualdad podría ser contestada.

Una parte importante de los recursos tributarios originados en Cataluña está gestionada y es de la titularidad del Gobierno central. La capacidad de reacción ante la crisis que esta potencia fiscal da a nuestro Gobierno central es un activo fundamental para defender el rating no solamente de la deuda soberana española, sino también de la deuda pública de las comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco y Navarra. Así es como debería ser. Ahora bien, en justa correspondencia, la contribución al mantenimiento de la credibilidad fiscal del Gobierno español debería ser territorialmente equitativa.

Si Cataluña quiere plantear un pacto fiscal debe abandonar el concierto como referencia. El pacto fiscal que España y Cataluña necesitan debería girar alrededor de los siguientes tres ejes:

El primero es la reforma del proceso descentralizador. España ha accedido a la descentralización desde un Estado unitario y esto ha implicado que la última palabra sobre el proceso la haya tenido el Gobierno central. El árbitro del proceso debería ser independiente del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos. La reforma del Senado y la creación de un organismo parlamentario que sustituya al actual Consejo de Política Fiscal y Financiera serían pasos importantes en esta dirección.

El segundo es la reforma del sistema de financiación. El modelo aprobado en 2009 ha dado más recursos a todas las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, pero es complejo y oscuro. Adopta la retórica del Estatuto catalán, pero no la sustancia. El modelo de financiación debe velar por la equidad como hasta ahora se ha hecho, pero también por la eficiencia. Debe incorporar fuertes incentivos marginales al esfuerzo fiscal de las comunidades.

El tercero es el encaje de los regímenes foral y común. La falta de equidad del sistema de financiación regional español debe ser eliminada. Y para ello es el sistema foral el que debe converger hacia el común. A menos que voluntariamente ofrecido por las comunidades forales, un cambio en la asignación de tributos es difícil porque requeriría una reforma constitucional. Cambiar el diseño del cupo, sin embargo, no requiere cambiar la CE y es factible si el problema se explica bien a las comunidades forales.

De los tres, este es el eje más difícil de este pacto fiscal alternativo. Pero quizás ahora sea el momento adecuado para abordar la cuestión. La grave crisis económica que estamos padeciendo nos está haciendo replantear de manera fundamental muchas de nuestras prácticas anteriores en los campos financiero, laboral e industrial, y en materia de provisión y financiación de servicios públicos esenciales ¿Quién dice que nuestra peculiar arquitectura institucional territorial no deba también ser reexaminada a fondo?

La reivindicación del concierto económico para Catalunya no es una ambición que tenga fundamento en la Constitución española de 1978 o en los sucesivos Estatutos de autonomía aprobados por el pueblo de Catalunya en base y en el marco del mencionado texto constitucional. A finales del siglo XIX, desde el año 1897 a 1899, un ancho movimiento liderado por la Societat Econòmica Barcelonesa d’amics del País, el Foment del Treball Nacional, el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, el Ateneu Barcelonés y la Liga de Defensa Comercial e Industrial (hoy desaparecida) plantearon a las autoridades españolas la necesidad y la urgencia de atender aquellas reivindicaciones del concierto. Corresponde ahora, a los que asumen la presidencia de aquellas entidades, como sucesores de la historia corporativa de las mismas, ratificar y apoyar aquellas reivindicaciones que, como es evidente, no pueden ser calificadas ni de improvisadas o precipitadas, avaladas como están por una sostenida voluntad de más de cien años.

En aquellos momentos, la Societat Econòmica Barcelonesa d’amics del País, presidida por Bartomeu Robert, condenaba en un informe contundente y apasionado –del que se hacía eco la Memoria elaborada por la Diputación provincial de Barcelona el 29 de abril de 1899– el vigente, en aquel momento, régimen tributario señalando “la necesidad jurídica y económica de acomodarlo a las condiciones y aptitudes de cada comarca”. Concretamente, se señalaba que cuando España tenía provincias y posesiones ultramarinas, “firmábanse presupuestos especiales para las Antillas y para Filipinas” y se pedía porqué aquella diversidad no se tenía que reconocer para la diversidad de condiciones de las diferentes comarcas de España. Reivindicación que se hacía extensiva para toda Catalunya y que en términos muy precisos se recogía también en los manifiestos que sobre esta cuestión formularía el Ateneu Barcelonès.

No estamos, pues, en la actualidad, ante una reivindicación nueva en el panorama político y económico catalán. Y no es de extrañar ni puede causar sorpresa que esta reivindicación tome cuerpo en los momentos de crisis económica. La fuerte crisis que vive Europa, que tiene singularidades muy específicas en España, pone en primer término que a una política imprescindible de rigor y austeridad en el gasto público se corresponda un sistema de financiación que dé a las comunidades autónomas una máxima responsabilidad en la gestión y administración tributaria, objetivando y limitando sus obligaciones en el campo de la imprescindible solidaridad interterritorial. Todas las obligaciones tienen que ser leídas en el actual contexto económico que estamos sufriendo y, en este sentido, un nuevo pacto fiscal en la línea de un concierto económico se constituye en un instrumento imprescindible a fin de que Catalunya pueda enfrentar su particular situación y asentar las bases de una deseable recuperación económica.

Nadie se atreve a discutir que el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas presenta desigualdades bien patentes que vienen perjudicando gravemente a Catalunya. El déficit presupuestario catalán tiene causas bien plurales y heterogéneas; pero es evidente que destaca entre todas la de una financiación pública que retorna a Catalunya mucho menos de lo que esta aporta al conjunto de la Hacienda pública del Estado. Este déficit fiscal castiga el gasto social de Catalunya, perjudica y limita la financiación de partidas tan necesarias como la enseñanza o la sanidad, generando situaciones tan conflictivas como injustificables.

Hoy, como hace cien años, corresponde a la sociedad civil catalana apoyar esta reivindicación de un nuevo pacto fiscal para Catalunya. Hoy, afortunadamente, Catalunya cuenta con instituciones representativas que pueden y tienen que liderar esta reivindicación; pero eso no excluye que las entidades más históricas del país, fieles a las ideas que defendieron en aquellos momentos finales del siglo XIX, quieran volver a ratificar su validez, actualidad y vigencia. El 21 de noviembre de 1899, aquellas entidades dirigían un mensaje al país que comportaba un compromiso, hoy todavía vigente, para atender una ambición que la sociedad catalana ponía de manifiesto al servicio de una mejor financiación y una más justa distribución del esfuerzo fiscal a nivel de toda España.

Las circunstancias han cambiado, el país también; no todo tiene que tener el mismo sentido, ni ser leído como si nada hubiera pasado desde 1899 para acá. Pero hay ideas que, en formas y manifestaciones diferentes, siguen vivas en la sociedad catalana. Y los presidentes infrascritos creen que es su obligación defenderlas como tributo de coherencia con la historia de las entidades que representan. No sería justo ignorar que la situación especialmente grave que la crisis económica plantea en Catalunya da prioridad a la tarea de definir un nuevo pacto fiscal para Catalunya, en línea con lo que representaría un concierto económico.

Vaya por delante lo obvio: deseo que la Generalitat reciba más dinero cuando toque revisar el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, acordado para el periodo 2009-2013. Lo digo porque hoy parece que, en la política catalana, no haya alternativa al vaporoso enunciado del pacto fiscal que tan bien pregona CiU. Y me sorprende mucho que tanto PSC como ICV-EUiA, dos fuerzas federalistas, den por enterrada la actual financiación que con tanta fatiga lograron cuando gobernaban la Generalitat. Particularmente los socialistas catalanes, que estuvieron cerca de romper con el PSOE por esta cuestión. Y es que las izquierdas deberían ser más beligerantes en la defensa de sus años de gobierno, sin que ello signifique renunciar a nuevas mejoras o a apoyar a CiU si conviene.

Además, los resultados del actual modelo empiezan justo ahora a conocerse. La liquidación final correspondiente al primer año, hecha pública a finales de julio por el Ministerio de Economía, refleja que el acuerdo cumple y mejora sustancialmente todas las previsiones realizadas en su día, tanto en ganancias absolutas (2.421 millones euros) como en financiación por habitante (incremento del 18%) o en posición relativa de Catalunya respecto de la media de las comunidades (alcanzando el 106% si se contabilizan otros 435 millones para competencias específicas). Así pues, me sorprende tanta tibieza en la oposición, porque es evidente que CiU está haciendo del pacto fiscal una estrategia con la que reforzar su hegemonía, imponiendo a los demás su agenda política.

Ahora bien, la cuestión principal es que nadie sabe en qué consiste con precisión el tan cacareado pacto, al que se añade siempre el cascabel de «en la línea del concierto económico». Y no se sabe, entre otras cosas, porque la federación nacionalista quiere siempre estar en condiciones de defender una cosa y su contraria. Cuando estaba en la oposición se opuso ferozmente a la nueva financiación con el argumento de que solo el concierto podía dar satisfacción a las necesidades de Catalunya. Quien tanto sentido de la responsabilidad exige hoy a los otros no quiso en su momento sumarse a un pacto que mejora ostensiblemente las finanzas de la Generalitat. Su principal virtud, como ya se ha explicado en otras ocasiones, es que introduce por primera vez una lógica federal en el reparto de los recursos, en la senda del siempre citado modelo alemán. Aun así, CiU desdeñó el acuerdo con todas sus fuerzas porque no podía aceptar el éxito del tripartito y quiso probar si, elevando el listón reivindicativo, atraía a su redil a la vacilante ERC. Luego, ya en el trámite en las Cortes, Duran Lleida hizo todo lo posible para que la modificación de la ley que regula la financiación autonómica, la LOFCA, fracasase, sumando sus votos a los del PP. Es curioso que estas cosas se recuerden tan poco en Catalunya, como también esta doble vara de medir que utilizan algunos. A los socialistas se les crucifica por su tibieza en la exigencia del adelanto del fondo de competitividad, mientras que a CiU se le perdona, sin más, su renuncia a toda una nueva financiación.

Pero a las puertas de las elecciones autonómicas Artur Mas dejó de hablar de concierto económico para utilizar progresivamente la fórmula de pacto fiscal, aunque durante algún tiempo la contradicción se maquilló utilizando indistintamente ambas expresiones. Tal vez por eso, ahora CiU ha añadido a la idea de pacto el latiguillo del concierto. El abandono de lo que antes parecía irrenunciable es muy revelador del tacticismo nacionalista, aunque ahora mismo ya se están volviendo a escuchar declaraciones maximalistas. En cualquier caso, puesto que el concierto para Catalunya es constitucionalmente muy problemático y políticamente resulta inviable, Mas sabe que no tiene otra opción que volver a mejorar lo ya conseguido por las izquierdas en el marco de la LOFCA. Pero como no puede reconocerlo, se inventa un nombre rimbombante, pacto fiscal, ya que implícitamente todo acuerdo financiero es siempre un pacto de fiscalidad.

Llegados a este punto, me parece que el engaño es triple. Por un lado, consiste en hacer creer a los catalanes, mediante un uso ambiguo del lenguaje, que si CiU es decisiva tras el 20-N logrará arrancar un régimen financiero especial para Catalunya, al margen de la LOFCA.

Y al margen, subrayémoslo también, de lo que dice el Estatut, que CiU apoyó. Por otro, que dicha negociación puede efectuarse inmediatamente, en el 2012, cuando la revisión del actual modelo para el próximo quinquenio (2014-2018) queda todavía muy lejos. En este sentido, tanto Mariano Rajoy como Alfredo Pérez Rubalcaba han manifestado su negativa a adelantar la modificación de la LOFCA, dado que aún está por ver qué resultados globales ofrece. Y, finalmente, el engaño recae también sobre el electorado soberanista, al que los portavoces de CiU, como Francesc Homs o Jordi Turull, engatusan con retóricas secesionistas mientras el president Mas enfría los ánimos y recuerda que plantear ahora la independencia sería «un fraude». ¿O debería decir engaño?

A estas alturas de la historia, es evidente que el desarrollo del Estado de las autonomías ha sido a trompicones, sin diseño previo, resultado de múltiples factores contingentes y con factores sistémicos como los de simple emulación. Si lo dicho es verdad para el conjunto del desarrollo autonómico, lo es más aún en el capítulo de la financiación. No existe al respecto ninguna previsión constitucional. La financiación autonómica se ha ido decidiendo a golpe de desarrollo de transferencias, de negociaciones sometidas a las necesidades parlamentarias del partido del Gobierno central, de capacidad de presión. El resultado se halla lejos de un sistema coherente, equitativo, con alguna lógica interna, sostenible y comprensible.

A este panorama se añade la existencia de un cuerpo extraño en la propia lógica constitucional como el concierto vasco y el navarro, que han terminado convirtiéndose para los que más injustamente se sienten tratados por el actual sistema de financiación autonómica -y se sienten así probablemente con toda la razón del mundo- en la receta milagrosa que puede arreglar todos sus problemas. Sin embargo, pudiera resultar que lo que realmente estén deseando no es el concierto en sí mismo, pues con su aplicación en condiciones de transparencia democrática, atendiendo a la exigencia de que la presión fiscal media sea igual al territorio común, y que se ejerza sujeto a reglas de lealtad, el resultado pudiera ser muy distinto del que ofrece actualmente en Euskadi y en Navarra. Lo que realmente suscita envidias sanas es el resultado actual de la aplicación concreta que se hace del concierto, que es el cupo: lo que se paga a la Administración General del Estado.

No es demasiado atrevido afirmar que pocos políticos serían capaces de describir cómo se llega a la fijación del cupo que deben pagar anualmente Euskadi y Navarra. La chapuza técnica con la que se ha cerrado la negociación -o, mejor dicho, chantaje- que ha conducido a la transferencia de las políticas activas de empleo a Euskadi es buena muestra de ello: desde el comienzo, en el que se exigía por parte del PNV la aplicación del sistema de concierto a la caja única de la Seguridad Social, algo imposible, a la afirmación de que los nacionalistas vascos han conseguido una valoración que supera en varias decenas de millones de euros lo que planteaba el Gobierno vasco, y al reconocimiento final de que probablemente va a ser deficitaria para Euskadi.

Es fácil ver el truco del cupo: si en el ranking de PIB per cápita Euskadi y Navarra se hallan en las primeras posiciones, en el de gasto público por habitante son de nuevo las que lo encabezan, con una cantidad que casi duplica la media española. Esa posición la pueden mantener, y con la diferencia indicada, no solo por gestionar mejor los ingresos, sino también, y sobre todo, por no pagar lo debido, y además seguir recibiendo de los presupuestos generales del Estado financiación adicional: en competencias concurrentes, en competencias exclusivas de la comunidad autónoma, en financiación municipal, como es el caso de Bilbao a través de la sociedad pública Bilbao Ría 2000, de cuyo capital social el 50% pertenece a la Administración del Estado.

El concierto no tiene por qué dar este resultado. La exigencia, por parte de los políticos que entienden del tema, de transparencia y debate democrático a la hora de fijar el cupo navarro y el vasco está más que justificada. El concierto puede ser un derecho histórico -desde 1878, no antes-, pero no el cupo concreto. No es verdad que se haya tenido que blindar el concierto en el Congreso de los Diputados, pues ya lo está suficientemente en el sistema legislativo español y, tras la sentencia europea, en Europa. Pero esa misma sentencia, que afirma que el concierto no tiene por qué ser considerado necesariamente ayuda del Estado, y que por ello es compatible con el derecho europeo, también afirma que la forma de calcular el cupo sí pudiera ser una ayuda del Estado, incompatible con el derecho europeo. Y lo que se ha blindado en el Congreso es una norma foral concreta que permite cobrar menos impuestos por beneficios empresariales en Euskadi que en territorio común, algo muy socialista, por lo visto.

La forma insolidaria, opaca, nada democrática de ejercer el derecho del concierto ha añadido más incoherencia al sistema español de financiación autonómica. Despierta apetencias en otras comunidades, algo muy comprensible dado el caos reinante. El problema es si generalizar el caos, la insolidaridad, la falta de transparencia y la falta de democracia permite una solución a la situación actual, o solamente agrava el problema: en un sistema puede haber un free rider, pero si todos los componentes del sistema se convierten en free rider al final no hay sistema y nadie puede vivir de ningún otro sobre el que actúa como parásito, que no otra cosa es el free rider. Y no se trata de defender la situación actual de vascos y navarros: no hay engaño que se pueda mantener por toda la eternidad. Y cuanto más tiempo dure, más duro será el despertar a la realidad.

Desde hace décadas, y con renovado impulso desde los años ochenta, se escucha y lee que Cataluña sufre un preocupante “déficit fiscal”, una gran diferencia entre su contribución a los presupuestos nacionales y el gasto público que recibe. Ciertas variantes hablan nada menos que de “expolio fiscal”. Tras un conato parecido durante la tramitación de la reforma del Estatut, en la presente campaña electoral el candidato de Convergencia i Unió (CiU) a la presidencia autonómica propone exigir para esta comunidad un régimen fiscal privilegiado de “concierto económico” o “cupo” como del que, poco solidariamente, gozan Navarra y País Vasco.

Si bien se han reducido considerablemente los seculares desequilibrios económicos entre los territorios de España, siguen siendo patentes. Gracias a las transferencias interregionales de recursos y, sobre todo, al Estado social, hemos mitigado las diferencias más descarnadas. Aún así, la concentración y acumulación de riqueza sigue siendo muchísimo mayor y más acelerada en Madrid, Barcelona o Bilbao que en el resto del país.

El relativo subdesarrollo de zonas amplias es, o debería ser, una preocupación para las más prósperas. Desde un prisma pecuniario, y haciendo abstracción de otras numerosas, fuertes y complejas interdependencias, podría pensarse que aquellas suponen un lastre para éstas. Desde este punto de vista al menos, resulta racional que las más pujantes no solo transfieran fondos a las rezagadas para paliar las desigualdades más graves en consumo de bienes y servicios, sino que también les ayuden a crear riqueza por sí mismas. Este ha sido el principal argumento para justificar las grandes inversiones del Gobierno de España en infraestructuras para zonas poco desarrolladas durante las últimas décadas. Con todo, junto a la lógica económica, la solidaridad interregional también se basa en razones de orden afectivo. En este sentido, la divulgación de demandas como la del candidato de CiU no hace sino engordar el estereotipo de los catalanes como insolidarios y egoístas. ¿Son así realmente?

En el marco de un estudio internacional, investigadores del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Universidad Pompeu Fabra realizamos en 2009 un estudio sobre las actitudes y opiniones en Cataluña y otras comunidades autónomas a propósito de la identidad nacional y la solidaridad económica. Sus resultados permiten responder con rotundidad: una amplia mayoría de catalanes muestra buena disposición a la solidaridad interterritorial. La gran mayoría (67%) manifiesta su acuerdo con la idea de que hay que transferir dinero desde las zonas más prósperas a las que lo son menos para asegurar que todos tengamos niveles similares de servicios públicos. Una mayoría aún mayor (74%) considera que el Gobierno de España debe intervenir para reducir las diferencias entre sus distintos territorios.

En términos comparativos, esta generosidad es equiparable a la de los ciudadanos de Viena, si bien a esta ciudad, como capital de su país, cabe presuponerle una mayor solidaridad con el conjunto de su nación. La generosidad catalana es, asimismo, mucho mayor que la de los alemanes de Baviera y los austriacos de Salzburgo, aunque estos, a diferencia de los catalanes, raramente ponen en tela de juicio sus lealtades nacionales. Por añadidura, como promedio, los catalanes están dispuestos a incrementar un 10% los impuestos que ya pagan si es para mejorar la atención a personas necesitadas -porcentaje prácticamente idéntico al de las otras comunidades españolas estudiadas-.

Si los catalanes expresan una buena disposición a la redistribución, ¿por qué una parte de su clase política insiste en querer reducir las transferencias de recursos? Sin ser la única causa, la evidencia disponible señala hacia un factor dominante: la diferencia en creencias, valores y sentimientos nacionales entre la élite política y la ciudadanía. Como ha demostrado T. J. Miley, profesor de la Universidad de Cambridge, en su libro Nacionalismo y política lingüística (CEPC) y en varios artículos académicos, el nacionalismo catalán y el consiguiente desapego a España de los parlamentarios y concejales de los principales partidos son mucho más intensos que los de sus propios votantes.

De hecho, regresando a nuestros datos, una parte relevante de la población catalana (en torno a un 26%) rechaza la mencionada solidaridad interregional. Se trata del sector que menos se identifica con España. Un sector que, pese a ser minoritario, posee una influencia desproporcionada: no solo surte la mayor parte de dirigentes y cuadros medios de la política catalana, sino que está mucho más movilizado en las urnas, en la calle y en el tejido asociativo, verbigracia, la masiva concentración contra la sentencia del Tribunal Constitucional por su sentencia sobre el Estatut.

Sin embargo, los catalanes, o la mayor parte de ellos, no son insolidarios, o no mucho más que otros españoles. El caso es que, acallada por una abrumadora minoría, la inmensa mayoría apenas hace oír su voz.

La financiación autonómica es un laberinto. Y lo peor es que cada vez que se retoca por algún motivo, el cambio consiste en añadir un pasillo más al laberinto previo, haciéndolo más complicado e ininteligible aún para el común de los mortales. Esta observación del profesor Monasterio Escudero viene especialmente a cuento cuando se intenta analizar y explicar el reciente acuerdo de transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca de las políticas activas de empleo, según pacto arrancado por un PNV exultante a un Gobierno del PSOE en horas bajas. Porque tanto se ha escrito sobre el contenido y consecuencias de ese acuerdo que, ciertamente, nadie parece muy seguro de su alcance: ¿rompe la llamada caja única de la Seguridad Social? ¿Privilegia al desempleado vasco con respecto al español? ¿Es un chollo para Euskadi? ¿Tiene alguna lógica en un sistema autonómico federalizante como el hispano?

Si queremos orientarnos en el laberinto, lo más conveniente es empezar por el principio. Es sabido que el País Vasco (y Navarra) gozan de un sistema peculiar de contribución a las cargas comunes del Estado, el llamado sistema foral o de Concierto Económico (Convenio en Navarra). Un sistema típicamente confederal en su inspiración y que fiscalmente asemeja a estos territorios más a un Estado soberano que a uno integrado en una federación. Y que produce resultados muy concretos: el sistema de Concierto beneficia al País Vasco, puesto que es un sistema que proporciona en forma automática mayores recursos a la región que lo utilice si esta es una de elevado nivel comparativo de renta. Ello porque le permite apropiarse de buena parte de los beneficios recaudatorios derivados de la progresividad del sistema impositivo.

Ahora bien, además y aparte de esta primera característica del sistema de Concierto, sucede que la forma concreta en que se calculó en su día el “cupo”, es decir, la cantidad que el País Vasco abona al Estado como contraprestación por las competencias retenidas por este, fue groseramente desviada de la realidad. No tanto en el porcentaje de contribución que se asigna al País Vasco (el 6,24%) como en la valoración que se hizo en su día de las competencias transferidas/no transferidas. Esta desviación provoca que el rendimiento del sistema de concierto proporcione una increíble ventaja para la Administración vasca, que según estimaciones objetivas y fiables dispone de un nivel de financiación pública per cápita para iguales competencias que otras CC AA (sanidad y enseñanza) que es el 165 en relación al medio español de 100 (Ignacio Zubiri, datos de 2002).

Por esta razón, se produce el pasmoso hecho de que en las Balanzas Fiscales presentadas en 2009 por el Ministerio de Hacienda, Euskadi muestre un saldoequilibrado (ni contribuye ni recibe) a pesar de que dada su renta debería mostrar un saldo fuertemente negativo, como les sucede a las CC AA “ricas” (Madrid, Cataluña, Baleares). El privilegio vasco, en definitiva, es no tener que participar del coste de la solidaridad interpersonal e interregional en España.

Pues bien, en este marco general se ha producido el traspaso de las citadas PAE, que incluyen entre otras competencias y a lo que ahora nos interesa, las referentes a las bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social por contrataciones indefinidas y de cuotas de formación profesional. Y la valoración de esta transferencia se ha realizado, esto es lo importante, por el mecanismo concertado; es decir, el País Vasco recibirá el 6,24% del presupuesto español total para estas bonificaciones o descuentos (178 millones sobre el presupuesto total de 2010 que es de 2.850 millones) y reintegrará con ese dinero a la Seguridad Social el importe real de las bonificaciones concedidas a empresas radicadas en Euskadi, siempre de acuerdo con la legislación general al respecto. Lo llamativo del sistema adoptado (impuesto al Gobierno por el PNV) es que la transferencia se valora apriorísticamente en un porcentaje concreto (el 6,24%), a pesar de que ese porcentaje no guarda relación alguna con la materia de que se trata (el 6,24% representa el peso de la economía vasca en España). En efecto, el volumen de las bonificaciones otorgadas a empresas vascas depende solo del número de contratos bonificados que estas empresas realicen, el cual no coincide con toda seguridad con el 6,24% del total de contratos bonificados a nivel nacional. Puede ser más o menos, casi con seguridad más por ser una región dinámica en creación de empleo fijo, pero desde luego no es el 6,24%.

¿Supone ello una ruptura del principio llamado de caja única de la Seguridad Social? Ni por asomo. Para la Seguridad Social no cambia absolutamente nada, salvo que el reintegro de las bonificaciones otorgadas la efectuará la Comunidad en lugar del Estado. Sus flujos y cuentas no cambian. ¿Entraña un privilegio substantivo para el País Vasco o para el desempleado vasco? Tampoco, por lo menos en principio. Es más, probablemente supondrá un perjuicio para las arcas vascas puesto que con el 6,24% del presupuesto español total de bonificaciones y reducciones de cuota (unos 174 millones) no les llegará para financiar todas las que efectivamente se realizan en Euskadi (aunque la Seguridad Social se niega denodadamente a facilitar el dato, hay consenso en que se producen por valor de 200 millones como mínimo).

Solo en cuanto a ciertos servicios indirectos de apoyo al empleo puede hablarse de beneficio en forma de sobrefinanciación, puesto que con solo un 2,36% de los parados españoles, Euskadi recibe el 6,24% del coste de esos servicios. Pero son de escasa importancia.

Entonces, ¿quién es el perjudicado? Pues, en el fondo, lo son tanto el sentido común como el sentido federal. Por una sencilla razón: porque se entrega con criterios territoriales al País Vasco una competencia que por definición responde a criterios personales. Exactamente como si se estableciera en España un fondo de ayuda para madres solteras y se aceptase que al País Vasco le corresponde el 6,24% de ese fondo, con independencia de cuántas madres de esa condición existieran en Euskadi, fuese el 10% o el 2% del total, incluso si no existiera ninguna. Absurdo.

Se ha llegado a decir, conciliadoramente, que el sistema podría generalizarse a todas las CC AA. Sería ciertamente milagroso, porque generaría un caos total. Sería como repartir las ayudas para plantar manzanos en función del número de cerdos de cada Comunidad. Ríanse, pero algo así sería el sistema (?).

Pero entonces, si la transferencia va a suponer incluso un pequeño coste financiero para Euskadi, ¿por qué el PNV la ha exigido así? Opino que, en primer lugar, ha sido precisamente por lo que dicen sus portavoces: “por el fuero”. Y es que para los nacionalistas es de relevancia suma, simbólica y política, que todos los flujos financieros o económicos entre España y el País Vasco se sujeten al inflexible criterio numérico concertado. Porque es un criterio confederal, bilateral, propio de territorios cuasiseparados e independientes. Mantener ese peaje siempre y en todo asunto es importante porque graba a fuego la singularidad. En un sentido figurado, el hacer pasar todos los flujos por el criterio territorial del 6,24% es tan importante para los nacionalistas como lo fue durante toda la Edad Moderna el que hubiera unas aduanas entre Castilla y las provincias, y no en la costa como en el resto de territorios.

Pero hay una segunda razón, muy relevante para el PNV en su situación política actual en Euskadi: la de hacer morder el polvo al lehendakari socialista, la de poder señalarle como el presidente que estuvo dispuesto a aceptar la transferencia valorada en una cantidad inferior, puesto que no incluía los 170 millones de las cuotas y bonificaciones. La de presentarse ante sus fieles pavoneándose como el único partido capaz de conseguir los dineros que el País se merece. Aunque echando cuentas, después, esos millones no lleguen para pagar lo asumido.

Lo dicho: estamos en el laberinto. Y el rasgo característico del laberinto es que se pierde la orientación. Lo único que cuenta, para cada uno de los implicados, es doblar la próxima esquina. Así se va construyendo el sistema: a golpe de urgencias momentáneas. Y así nos sale.

Los catalanes nos cargamos de razón cuando exigimos que con el nuevo Estatut se establecieran unas relaciones fiscales más justas con la Administración del Estado. Formo parte de quienes trabajamos analizando datos y buscando argumentos en sistemas comparados y, a partir de las evidencias, sacamos conclusiones. Fue así como el Parlament reivindicó que la nueva financiación autonómica contemplase cosas tan sensatas como, por un lado, una redistribución territorial de recursos precisa y acotada a los servicios esenciales del bienestar; y, por otro, que esa redistribución entre todas las autonomías tuviera una limitación: que no alterara el orden de comunidades autónomas según la renta per cápita. A lo primero se le llamó «nivelación parcial», y a lo segundo, «principio de ordinalidad».

La incomprensión de muchos hacia la posición catalana fue enorme, así como las descalificaciones recibidas. También entre académicos la brecha fue manifiesta y afloraron prejuicios políticos que poco tenían que ver con el análisis. Fue algo similar a lo que ya vivimos con los estudios del déficit fiscal. ¿Se acuerdan de aquellos que decían que era imposible computar las balanzas fiscales? Pues ahí están, publicadas por el Instituto de Estudios Fiscales y exhibidas por algunos negacionistas valencianos o madrileños. ¿Cómo podía aceptarse que no fuera posible imputar determinados gastos e ingresos si con nocturnidad lo estaba haciendo el Estado en el cálculo del cupo vasco?

Viene esto a cuento porque se acaba de publicar en una revista académica, Economía Aplicada, un trabajo que analiza los datos de la redistribución territorial entre distintos países de corte federal y concluye que la nivelación a la que somete España a determinadas comunidades autónomas es tres veces superior a la normal en esos países (Alemania y Canadá incluidos). Es decir, la reordenación que se hace en otros países según sus rentas per cápita es mucho más sensible a la hora de respetar el principio de ordinalidad, tal como se reivindicó desde Catalunya. España es de hecho el país donde más impacto tiene la alteración de este principio. En términos absolutos, la pérdida de igualdad es de 10 puntos porcentuales, y en términos relativos la desigualdad tras la reordenación del listado autonómico supone prácticamente el 80% de la desigualdad inicial del sistema. Y todo ello a sabiendas de que los problemas de desigualdad en España son personales y no territoriales.

Lo curioso es que uno de los autores del estudio -y lo digo para mostrar su honestidad académica- es un profesor de Sevilla, hoy exdiputado socialista, que destacó por su fuerte oposición a la propuesta estatutaria catalana. En la película Cataluña-Espanya él era el contrapunto durísimo de mis argumentaciones. En términos similares, otro conocido académico, autor de distintos trabajos sobre la materia desde una universidad catalana y abiertamente contrario también a las posiciones estatutarias, concluía hace poco que el trasiego de recursos implícito en la redistribución territorial española no mostraba evidencias de sacar a las comunidades más pobres del agujero del subdesarrollo, por lo que hacía falta redefinirla y limitarla. No constituye una sorpresa. Con anterioridad, con un coautor de la Universitat de Barcelona formulé, en un trabajo publicado también, 12 principios que, a pesar del velo de la ignorancia, eran difícilmente criticables como guía para una relación fiscal justa entre Catalunya y España. Amén de la ordinalidad, incluía principios tales como que ninguna comunidad debería mantener un flujo positivo (saldo fiscal favorable) si su renta inicial se situaba ya de entrada por encima de la media española, que deberían delimitarse los fondos de redistribución para ámbitos de gasto concretos en lugar de incorporarlos a la financiación global incondicionada, que la continuidad del saldo fiscal favorable debería evaluarse a partir de la mejora en los indicadores de distribución personal interna de la renta de aquella comunidad, o que en ningún caso el saldo fiscal debería superar la diferencia en la participación relativa en renta y la participación relativa en población a efectos de no perjudicar el crecimiento general de la renta. Señalemos que, datos en mano, la nivelación española no cumplía ninguno de los principios aquí mencionados.

Se contrapone todo ello a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que incluso considera inconstitucional el requisito de un esfuerzo fiscal similar para justificar la nivelación vía transferencias interterritoriales, lo que significa no entender que carece de sentido que una comunidad autónoma que vacía fiscalmente su recaudación tributaria por acción u omisión pueda situarse luego la primera de la lista para reivindicar la solidaridad de las demás. No se quiere entender -debo pensar- no porque no sea sensato, sino porque lo dice el Estatut.

Los números son tozudos y si se analizan con rigor la razón se impone, aunque sea a toro pasado y sin trascendencia en un debate que el TC ha sentenciado. Conviene levantar acta de quién llevaba razón en el empeño.

Durante años la política catalana  ha estado dando vueltas y más vueltas alrededor de un Estatut que, a la postre, como era de esperar, ha ocasionado, primero, hartazgo y, luego, decepción. Ahora nos arriesgamos a que suceda lo mismo con el concierto económico, otro camino de imposible recorrido.

Si el objetivo es seguir generando victimismo y frustración – dos emociones con las que, a veces, pero no siempre, se obtienen altos rendimientos electorales-,la vía de pedir el concierto puede ser la adecuada. Si el objetivo fuera más serio y realista, con el concierto estaríamos, como en el caso del Estatut, ante otro viaje a ninguna parte, ante una nueva forma de perder el tiempo. En todo caso, antes de empezar este vía crucis debemos saber, como mínimo, qué es el sistema de concierto económico como método de financiación. Esta es la finalidad del presente artículo.

Este sistema de financiación del que disfrutan el País Vasco y Navarra es un residuo histórico de la España del Antiguo Régimen, el resultado del acuerdo que en 1839 puso fin a la primera guerra carlista, consistente básicamente en respetar los fueros medievales, es decir, los privilegios tradicionales de las tres provincias vascas y Navarra, territorios donde el carlismo estaba fuertemente implantado. Su vigencia se mantuvo íntegramente hasta la victoria de Franco en la Guerra Civil que, sin embargo, aún los prorrogó para Navarra y Álava,como premio por alinearse con el ejército sublevado, y los derogó para Vizcaya y Guipúzcoa, las llamadas “provincias traidoras” favorables a los republicanos. Durante la época de la transición, se acordó mantener los fueros y extenderlos de nuevo a Vizcaya y Guipúzcoa. Bajo la denominación de “derechos históricos” se aseguraron en la disposición adicional primera de la Constitución.

El principal, aunque no único, contenido de estos mal llamados derechos es el peculiar sistema de financiación de estas dos comunidades, una excepción al sistema general que impera en el resto. En el caso del País Vasco, todos los impuestos son recaudados y gestionados íntegramente por las diputaciones provinciales y éstas son las encargadas de financiar al gobierno autónomo para así atender el gasto de los servicios de la comunidad. En el caso de Navarra, al ser provincia única, los poderes de la Diputación han sido asumidos por el Gobierno de la comunidad, que ejerce todas las funciones tributarias y financieras.

En ambos casos, del conjunto de los tributos recaudados, debe asignarse, como es natural, una determinada cantidad al Estado en concepto de los servicios que éste presta en el País Vasco y Navarra. Para el cálculo de estos servicios estatales, cada cinco años el Gobierno central y los gobiernos vasco y navarro negocian qué cantidad abonar dentro del marco establecido por una ley estatal. Esta cantidad se denomina “cupo” en el País Vasco y “aportación” en Navarra. Por tanto, la cantidad global con la que se financian las autonomías vasca y navarra es, básicamente, el resultado de restar este cupo o aportación al total de lo recaudado.

Se trata, por supuesto, de un sistema distinto al de las demás comunidades: pero no debería ser discriminatorio ya que este sistema de asignación de recursos, por sí mismo, no debería beneficiar a los territorios vasco y navarro en cumplimiento del artículo 138.2 de la Constitución, que establece que las diferencias entre los estatutos “no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Sin embargo, dado que la clave está, no en el diferente método de financiación, sino en la concreta cuantificación del cupo o aportación, negociado entre gobiernos, lo cierto es que se han ido produciendo importantes diferencias que han llegado a ser escandalosas: en este momento la financiación per cápita entre los ciudadanos de Navarra y el País Vasco comparada con la del resto de las comunidades es casi el doble a favor de las primeras.

De este resultado, ciertamente discriminatorio, proviene la falsa idea de que el concierto establece una mejor financiación para las comunidades autónomas. Ello, sin embargo, no es así: el concierto es, simplemente, un método de asignación de recursos y, como tal, es neutral. La discriminación es debida al mal cálculo del cupo, influida por la coacción ejercida frente al Gobierno central por los ejecutivos vascos al esgrimir como bazas a su favor el grado de colaboración en la lucha antiterrorista y el soporte parlamentario en el Congreso.

La solución a una supuesta deficiente financiación de la Generalitat no está, por tanto, en el sistema de concierto. Ni hay tradición histórica ni base constitucional para lograrlo, ni sería financieramente viable extenderlo a más comunidades, especialmente a las más pobladas. En todo caso, lo que debe hacerse es reclamar el ajuste del cupo y la aportación a lo que reciben las demás comunidades para evitar discriminaciones y cumplir con el artículo 138.2 CE. Ahora bien, si queremos más victimismo y frustración, utilizando el lenguaje pujolista ahora toca de nuevo exigir lo imposible, es decir, pedir durante unos años el sistema de concierto.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV para la transferencia de las políticas activas de empleo a Euskadi, incluidas las bonificaciones a las empresas, suscitó durante la pasada semana reacciones que reflejaron el desconcierto con el que se vive la España autonómica. Algunas de las comunidades que han reformado sus estatutos se aprestaron a reivindicar el traspaso o a mostrarse favorables al mismo, mientras que otras dijeron sentirse injustamente relegadas. Aunque gracias al cortafuegos habilitado por el PP, con la sospecha o acusación de que el acuerdo “rompe la caja única de la Seguridad Social”, la demanda de tal competencia no se convirtió en un clamor. Era lógico pensar que durante la negociación con el PNV el Gobierno barajara la posibilidad de generalizar tal cesión competencial. Extremo que se encargó de negar la vicepresidenta Fernández de la Vega, mostrándose abierta a estudiar las solicitudes que le lleguen al Ejecutivo.

El poder central ha dado un trato diferencial a una comunidad histórica no porque ésta sea acreedora a dicho título, sino porque ello garantiza la mayoría parlamentaria precisa para tramitar los presupuestos y dar continuidad a la legislatura. Algo parecido ocurrió hace un año, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero obtuvo el favor del PNV a cambio del llamado blindaje del concierto económico. Resulta significativo que el desarrollo del autogobierno previsto en un Estatuto, su reforma o su perfeccionamiento jurídico precisen siempre de un gobierno central necesitado de apoyos. Pero la misma arbitrariedad que convierte un acuerdo en histórico sencillamente porque la transferencia ha estado pendiente durante tres décadas resta argumentos a la singularización autonómica. Como resultaría incongruente que el Gobierno central recurra a modificaciones en la legislación básica para contrarrestar políticamente el recorte del Estatut por parte del TC, y se niegue a la extensión de la transferencia pactada con el PNV a otras autonomías. Desde el momento en que el interés político más inmediato ha ido formando parte del diseño autonómico, nadie puede apelar a la coherencia jurídico-constitucional o a la fidelidad hacia sus particulares principios ideológicos para contener o conceder en exclusiva las demandas de autogobierno. Del mismo modo, a estas alturas nadie puede dárselas de consecuente para reivindicar la singularidad de su comunidad hasta el punto de negar a las demás un marco competencial análogo, o subir sistemáticamente más peldaños de autogobierno a medida que las otras autonomías se le acerquen.

La dialéctica del café para todos frente a las nacionalidades históricas, y la de éstas frente a las autonomías de segunda se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y con la utilización política y partidaria del hecho autonómico. Hasta el punto de que ni siquiera el Constitucional tiene la última palabra cuando los ejecutivos y los legislativos se aprestan a sortearla mediante nuevos ingenios legales. No les falta razón a quienes alegan que el Alto Tribunal se ha convertido en una instancia legisladora en materia autonómica. Pero ello se debe en gran medida a la desidia con la que las formaciones que ocupan los escaños parlamentarios han abordado el desarrollo autonómico, derivando las cuestiones más polémicas al TC.

En este estado de cosas decae el argumento de que el concierto y el convenio económicos deben ser para siempre privativos de Euskadi y de Navarra. “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, pero aunque su disposición adicional primera sirviera de percha para el afianzamiento de una autonomía financiera y fiscal tan singular, el pasado no puede convertirse en causa para negar el acceso a tal prerrogativa a las demás comunidades autónomas. El problema es que la eventual extensión del sistema de concierto o convenio y cupo, tal cual es aplicado en el caso vasco y navarro, subrayaría de tal forma las diferencias territoriales que impediría los mínimos de cohesión social en que se basa el Estado constitucional. Dicho con otras palabras, vendría a demostrar que la situación de Euskadi y de Navarra es privilegiada, y estas dos comunidades no participan en los flujos de solidaridad que tienden  a igualar a todas las demás. Algo que sólo podría mantenerse mediante un sistema de concierto y cupo generalizado tan corregido que tendría poco que ver con el actual modelo de financiación vasco o navarro. En este sentido, cabría concluir que el posible acceso de Catalunya a un régimen de concierto dependería de que Euskadi y Navarra estuvieran dispuestas a compensar su privilegiada posición con una mayor aportación a la solidaridad.

Por la vía de los fondos estructurales y los fondos de cohesión, España ha recibido desde su incorporación a la Unión Europea cantidades importantes de recursos económicos. Es algo lógico, dada la diferencia inicial de rentas con los países centrales de Europa. Y por la misma lógica es natural que Catalunya transfiera lo que podríamos llamar sus propios fondos de cohesión al resto de España. Como lo sería que lo hicieran Euskadi y Navarra. Ahora bien, tanto los estudios técnicos sobre las balanzas fiscales como, por ejemplo, una mirada comparativa menos formal focalizada en las inversiones públicas en infraestructuras de todo tipo (transportes, educación, investigación, cultura, etcétera) ponen también en evidencia que el nivel de transferencias desde Catalunya es desproporcionadamente alto.

Al confrontar desde Catalunya esa realidad topamos a menudo con una inhibición bien peculiar. En efecto, es una idea muy extendida en la conciencia pública catalana sobre este tema que un tratamiento fiscal más equilibrado respecto a Catalunya representaría para el resto de España un trastorno tan monumental que su posibilidad resulta difícil de imaginar.

Quisiera argumentar en los siguientes párrafos que este no es en absoluto el caso. Claro que, en efecto, un paso hacia el reequilibrio constituiría un trastorno para el resto de España, pero sería un trastorno perfectamente asumible, especialmente si tenemos en cuenta el contexto de ciclos macroeconómicos y de crecimiento a largo plazo en el que se insieren economías como la nuestra.

Catalunya genera la quinta parte (en rigor, algo menos) del PIB español. Supongamos, por tanto, y a modo de ejemplo, que desde la situación actual se planteara aumentar un 4% la renta disponible catalana y compensar este aumento con una disminución del 1% (aproximadamente) en el resto de España. ¿Es esto inasumible? He ahí dos consideraciones relativizadoras:

1) Incluso en el caso extremo de que el ajuste fiscal que ahora discuto se realizara de golpe (evidentemente, no tendría por qué ser así) su impacto sería aún considerablemente inferior al que ha producido la crisis actual. O sea, las fluctuaciones macroeconómicas, incluso las más normales, son de tal magnitud que fácilmente superan la magnitud del ajuste fiscal que ahora analizamos. Es cierto que la pérdida del 1% es permanente mientras que de las recesiones económicas salimos (si Dios quiere). Pero sus efectos también son parcialmente permanentes, al menos si los comparamos con lo que habría podido ser si nos hubiésemos ahorrado la recesión.

2) Les propongo un experimento mental. Pensemos en un periodo temporal largo, quizá en los próximos 20 años. Supongamos -quiero ser muy conservador- que en estos años la economía crece a un ritmo del 1% anual. Y por mor de la simplicidad digamos que lo hace a un ritmo constante. Contemplamos ahora dos situaciones de partida para el resto de España. En el primer escenario, el PIB actual es de 100. En el segundo escenario, el de después del reequilibrio, es de 99. Entonces, siguiendo en el tiempo las dos trayectorias de crecimiento, tenemos lo siguiente: en un año determinado la situación de la economía del resto de España en la segunda trayectoria sería la misma que la de la economía del resto de España en la primera trayectoria, pero en el año anterior. ¿Realmente creen que un tratamiento fiscal más equilibrado respecto a Catalunya sería algo cataclismático e inasumible si su consecuencia no va más allá de retrasar un año el momento en el que se llega a un umbral determinado de renta?

Existe una forma indirecta, y quizá algo paradójica, de llegar a una conclusión similar. Podría decirse que por el mismo argumento que les acabo de exponer, una transferencia del 4% al resto de España no ha de ser algo tan terrible para Catalunya, y que sería, por tanto, también «asumible». Pues es cierto, y esta es la razón por la que aún nos defendemos y podemos ir tirando, luchando y, a pesar de todo, prosperando. Si la pérdida de un 1% para el resto de España fuese causa de efectos catastróficos, entonces, ¿cuál habría sido el efecto correspondiente de una pérdida del 4% en Catalunya? Es contradictorio considerar que Catalunya puede asumir una pérdida del 4% pero que el resto de España no puede asumir un 1%.

La realidad es que las dos pérdidas son asumibles, pero que la del resto de España es cuatro veces más asumible. O si lo prefieren, y teniendo en cuenta que Catalunya entra en este proceso con un PIB por cápita superior, dos o tres veces más asumible.

En definitiva: lo que no podemos permitirnos no es cuestionar el desequilibrio fiscal, sino interiorizarlo. Nótese que no estoy proponiendo reducir a cero la transferencia de cohesión. Pero la transferencia actual es excesiva. Catalunya necesita y se merece un nuevo trato fiscal. Lograrlo y enderezar la situación no amenaza nada esencial en España. No sería ningún cataclismo.

Artur Mas, vencedor consecutivo de las elecciones catalanas desde que Jordi Pujol cedió el testigo, no ha visto el poder desde hace ocho años. Los tripartitos son un fracaso, como lo han sido en Baleares los pentapartitos engendrados por el PSOE. Nadie duda de su legitimidad, pero han sido un fiasco, cuando no una sarta de corrupciones por obra y gracia de Unió Mallorquina, cuya presidenta, Maria Antònia Munar, abusó sistemáticamente de un dudoso privilegio, a derecha e izquierda, que la facultaba a decantar el poder hacia unos u otros sin excesivos escrúpulos. Finalmente, la justicia ha puesto las cosas en su sitio. Desde luego, no es eso lo que dignifica la política, ni tampoco lo de Gürtel en la oposición.

La broma emerge cuando las encuestas andaluzas preconizan una ventaja del PP que cuestiona 30 años de dominio socialista. Si en los municipios capitalinos hace tiempo que perdió el PSOE su hegemonía, ¿cómo se explica esa resistencia de Zapatero y compañía chavista? El Gobierno de Zapatero regresó hace unos días a sus más que discutibles fórmulas sufragistas del voto andaluz. Es su granero electoral, garantía del poder democrático en España. Alfonso Guerra estableció en su día una estrategia casi infalible: las dádivas injustificadas. En 1981, hubo una acción patronal para impedir dicha tentación: aquella campaña de la sociedad civil que reproducía la estrategia catalana exitosa de 1980 en las elecciones al Parlament de Catalunya. Guerra la cortó de raíz, denunciando a la Junta Electoral Central la campaña del «gusano y la manzana». Se vetó y nunca más sería practicable una acción semejante. La patronal hubo de replegar sus armas, y el paseo triunfal de la izquierda y de Manuel Chaves se convirtió en un hábito regular. ¡Treinta años de poder socialista que ahora tiembla!
Lo acaecido en Sevilla parece harto sospechoso. El clientelismo socialista ha disparado las alarmas y el ardid. De nuevo otro manguerazo de 784,2 millones de euros en función de su absurdamente calificada «deuda histórica». ¿De qué deuda histórica estaríamos hablando? Nadie define el sujeto, ni la causa de la que se deriva tal procedimiento, ni menos aún puede escapar del agravio comparativo para otras comunidades (Madrid, Baleares y, en particular, Catalunya) que han acarreado, con déficit a la recíproca, los recursos fiscales que benefician muy especialmente a esa sociedad con economía subvencionada y con dudosos procedimientos sumergidos. Los datos hablan por sí mismos: el 51 % de la población andaluza vive del erario, bien sea por su tasa de funcionariado (25 % de la población activa) o por su cuota de subsidiados por paro o PER (26 % de su población activa). ¿Dónde queda la solidaridad interregional: en los que pagan sus impuestos, o en los que se benefician del retorno de los mismos? Otro tanto cabría predicar del PER y las famosas peonadas ( ahora se reduce de 35 a 20 el número de jornadas cotizadas para poder beneficiarse del subsidio o renta agraria) ¿En qué otras comunidades autónomas se reproduce este modelo? Probablemente en Extremadura, no en Catalunya.
La historia se repite de forma sistemática. Mas lo acaba de exponer con crudeza comparativa: «En Catalunya no queremos peonadas ni subvenciones, sino infraestructuras y financiación». He ahí la razón de la escasa transparencia fiscal, que todos los gobiernos, de un signo u otro, han mantenido hasta que el conseller Castells y las presiones de los partidos catalanes obligaron a la transparencia. No resulta fácil contraargumentar el disgusto catalán con infraestructuras subdotadas o inversiones no siempre consistentes, como se ha constatado, año a año, en la liquidación de las partidas presupuestarias del Estado. Mucha dotación nominal en capítulos de inversión, tantas veces en el olvido o en el incumplimiento. Sobra razón a la sociedad civil catalana para determinadas quejas.

Subsanar esta herida es un deber ineludible del Estado. No parece recomendable prodigar el argumento de la solidaridad interregional sin una correspondencia; de otro modo, unas comunidades se sacrifican por otras, que, paradójicamente, se convierten en granero electoral infalible. Es decir, los que aportan al Fisco pierden, los que reciben las subvenciones ganan. Todo un círculo vicioso electoral que fecunda con los años las protestas y germina en los realmente solidarios el espíritu independentista. ¿Cabe la sorpresa de las consultas independentistas de Catalunya, cuando Euskadi y Navarra disponen de conciertos económicos que los alivian de dicha solidaridad apelada?
Un procedimiento, de legitimidad discutible, que no se atiene luego a las exigencias estatales sobre la deuda autonómica. Los 86.280 millones acumulados en deuda por las autonomías (1.850 euros por ciudadano) gravitan en su mayor parte en las comunidades menos subvencionadas: Catalunya, 22.605 millones; Comunidad Valenciana, 14.330 millones, y Madrid, 11.576 millones (más del 50 % de la deuda total) ¿No debería revisarse esa política de clientelismo injusto antes de exigir más sacrificios a dichas comunidades?

La aguda controversia suscitada recientemente en torno a la financiación autonómica ha puesto de manifiesto uno de los problemas, aún no resueltos por completo, de nuestro Estado autonómico. Así mismo ha servido también para evidenciar una cuestión sobre la que existe una importante laguna en nuestro debate político como es la posibilidad, y la conveniencia, de constitucionalizar los fundamentos básicos del sistema de financiación autonómica.

La Constitución es muy escueta en el tratamiento de esta cuestión: tan sólo tres disposiciones (arts. 156, 157 y 158), al final del Título VIII, se ocupan del asunto. Era lógico en el momento en que se redactó, cuando la prioridad era la instauración del nuevo sistema de distribución territorial del poder antes que el debate pormenorizado sobre los posibles modelos de financiación; pero no lo es hoy, después de tres décadas de experiencia autonómica.

Contrasta esta parquedad de nuestro texto constitucional con la atención que los de otros países de nuestro entorno con similares formas de organización territorial dedican al tema. Ciñéndonos al caso alemán, que siempre ha sido un modelo de referencia para nosotros y que en estos mismos momentos se encuentra discutiendo también sobre la reforma de su modelo de financiación, la Ley Fundamental de Bonn dedica un Título completo (el X, integrado por 14 extensas disposiciones constitucionales) a la regulación del régimen financiero entre la Federación y los Länder.

Materias como la delimitación precisa de las competencias legislativas o la distribución de los ingresos y de los gastos entre la Federación y los Länder; la compensación financiera para equilibrar la desigualdad económica entre los distintos Länder, el papel de la Administración financiera federal y de los Länder, la gestión presupuestaria o, incluso, la previsión de gastos extraordinarios, entre otras, son objeto de sendas disposiciones constitucionales que regulan directamente estas cuestiones. Así, la constitucionalización de las relaciones financieras entre la Federación y los Länder proporciona el marco de referencia y las condiciones de estabilidad suficientes para que no tengan que ser replanteadas repetidamente en función de los coyunturales y cambiantes apoyos que necesite el Gobierno de turno.

A diferencia de este modelo, objeto de un amplio debate en Alemania, en el marco de la reforma constitucional en curso, aquí se ha optado por la no constitucionalización de las relaciones financieras en el marco del Estado autonómico. A falta de una regulación, es inevitable que esta cuestión se plantee recurrentemente cada vez que surjan problemas, reales o ficticios, sobre la insuficiencia de los recursos financieros de que disponen algunas o todas las comunidades. Y dada la naturaleza del problema -”la distribución de bienes escasos, susceptibles de usos alternativos”, según la definición clásica de las decisiones económicas- no será difícil encontrar argumentos para poder justificar convenientemente, en cada caso, la existencia de lacerantes agravios comparativos en la distribución intercomunitaria de los recursos financieros.

Aunque todas las cuestiones constitucionales tienen sus problemas ésta no es de las que mayores dificultades plantea; o, al menos, no más que otras sobre las que se han propuesto reformas. En efecto, al no estar apenas regulada constitucionalmente esta materia no hay que modificar nada, lo que siempre plantea más problemas, sino tan sólo incorporar algunos elementos que, eso sí, deberían ser acordados previamente entre las formaciones políticas, tanto de ámbito estatal como autonómico. Bastaría con extraer de los acuerdos precedentes y de la legislación orgánica vigente en la materia, los elementos constitucionalizables que existen y sobre los que no deberían haber obstáculos insalvables que impidan encontrar un mínimo denominador común, para incorporarles al texto constitucional.

La carencia de un marco constitucional de referencia aboca a reproducir, una y otra vez, una recurrente polémica sobre el tema, que sin duda volverá a replantearse a corto plazo. El primer partido de la oposición ya ha anunciado su intención de cambiar el modelo de financiación resultante de la reciente reforma, incluso sin conocer los términos concretos de su formulación en la nueva LOFCA, que puede deparar sorpresas. Lo que, lejos de cerrar el diseño del modelo de financiación, y del autonómico en general, como vienen reclamando los defensores de esa opción, sólo conduciría a alimentar la dinámica seguida hasta ahora, con la consiguiente y previsible nueva modificación del sistema tras el próximo cambio de Gobierno.

Es probable que estas cuestiones sigan suscitando controversias, pero se plantearán en términos muy distintos si se cuenta con un marco constitucional de referencia. Su inexistencia hasta ahora ha sido determinante en la forma como se ha desarrollado el reciente debate (y los anteriores) en torno a este tema, manifiestamente mejorable según la opinión generalizada entre los comentaristas. Sería de desear que cuando la discusión sobre esta cuestión vuelva a plantearse, lo que sin duda ocurrirá, el debate pueda desarrollarse en condiciones más favorables; entre otras razones porque ya estén delimitadas las bases constitucionales de la financiación autonómica.

El año 2009 pasará a la historia del autogobierno de Catalunya como el año en el que se aprobó un nuevo sistema de financiación y en el que el Tribunal Constitucional dictó la sentencia sobre el Estatut. Han sido las dos incógnitas principales que pesaban sobre la autonomía de Catalunya y que han centrado en gran parte, y lastrado, la vida política catalana y española en los últimos tiempos, y parece que por fin se aclaran, en un sentido o en otro.
La nueva financiación ya está acordada y ahora solo hay que traducir el acuerdo en normas legales (reformas de la LOFCA y de la ley de cesión de tributos, ley de presupuestos para el próximo año y otras). Decir aquí solo no deja de ser una licencia, ya que esta será una labor compleja en la que pueden surgir nuevas complicaciones, derivadas de una interpretación diferente de los detalles por parte de los diversos actores, pero, en todo caso, parece que el nuevo sistema de financiación puede darse por cerrado. Sin embargo, sigue siendo una incógnita el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, a raíz de los recursos presentados por el Grupo Popular del Congreso, el Defensor del Pueblo y varias comunidades autónomas. Parece muy probable que la sentencia por fin llegue este año, pero no puede decirse nada con seguridad sobre el sentido que va a tener hasta que el TC acabe su deliberación y la vote.

Estos dos asuntos están relacionados entre sí: el nuevo sistema de financiación se ha negociado a impulso del nuevo Estatut de Catalunya y el modelo al fin acordado el pasado 15 de julio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera está basado en gran parte en elementos que contiene el Estatut, a pesar de ser, como es, un modelo general, aplicable a todas las comunidades menos el País Vasco y Navarra. Pero muchos de esos elementos fueron impugnados ante el TC. Así que es legítimo hacerse la pregunta de si la futura sentencia sobre el Estatut puede afectar al nuevo sistema de financiación al que se ha llegado tan trabajosamente después de mucho tiempo.
Resulta claro que el nuevo sistema de financiación, una vez aprobado e incorporado a la legislación estatal (LOFCA, leyes de cesión de tributos y otras), tiene su apoyo normativo inmediato en esta legislación. El Estatut aparece como la norma que inspira la nueva financiación, pero esta se sustenta y es efectiva a partir de su concreción en las leyes estatales. De modo que la sentencia sobre el Estatut, incluso en el caso de que llegara a declarar inconstitucional alguna de sus previsiones sobre financiación, no afectaría al nuevo sistema, excepto que alguno de sus elementos hubiese sido declarado inconstitucional en sí mismo, y no por estar contenido en el Estatut.

Porque lo que se discute básicamente en los recursos es la posibilidad de que el Estatut incluya previsiones sobre la financiación, como el porcentaje de cesión de tributos, la contribución a la solidaridad y el sistema de nivelación, los indicadores de necesidades de gasto o la ordinalidad, más que su propio contenido. Así, una vez incorporados estos elementos en la legislación estatal que establece el nuevo sistema, este reproche de inconstitucionalidad pierde efecto, e, incluso en el caso de que el Constitucional estimara los recursos en este punto, el nuevo sistema, edificado sobre leyes estatales, no quedaría afectado: la cesta de impuestos cedidos sería la misma, y también los porcentajes de cesión, la capacidad normativa atribuida a la Generalitat, el mecanismo de solidaridad previsto mediante la nivelación parcial, los indicadores básicos por el cálculo de necesidades y otros elementos que estaban previstos en el Estatut y que han sido recogidos sustancialmente en el nuevo sistema de financiación. Incluso la bilateralidad, sobre la que el TC se ha mostrado particularmente beligerante en los últimos años, quedaría bastante cubierta, en la medida en que en parte ya se ha cumplido, en la negociación que ha conducido al nuevo sistema, y en parte queda incorporada al nuevo sistema para el futuro.

La situación hubiese podido resultar muy diferente si la secuencia hubiese sido la inversa: primero la sentencia sobre el Estatut (siempre, claro, que lo hubiese declarado inconstitucional en esta materia) y después el acuerdo sobre la financiación. La solución final podría haber sido la misma, pero a nadie se le pueden escapar las dificultades y la presión que hubiese añadido negociar con una sentencia desfavorable sobre la mesa.
Al final, se podría dar una situación que cause cierta perplejidad: unos contenidos del Estatut declarados inconstitucionales o interpretados de forma muy restrictiva (aunque hay que decir que no existen motivos para que sea así, si no es desde una concepción muy estrecha de la Constitución), pero que, sin embargo, son plenamente vigentes y efectivos porque han sido recogidos en la legislación estatal.
Si esto llegara a producirse, la concepción del Estatut como pacto político resultaría reforzada, porque las partes habrían hecho honor a los compromisos adquiridos, haciendo efectivos los contenidos del pacto estatutario mediante los instrumentos jurídicos adecuados, lo cual, sin duda, es bueno, pero, en cambio, resultaría perjudicado en su concepción de norma, y de norma superior, con poder para vincular la legislación, lo cual seguro que traería problemas en el futuro.

Forzoso es reconocer que lo que pomposamente se denomina nuevo sistema de financiación autonómica es cualquier cosa menos un sistema o modelo. Aunque probablemente nunca lo ha sido. Los hacendistas dicen que la financiación autonómica se basa en España en el reparto inicial y contingente de recursos que se efectuó al ir transfiriendo las competencias y los medios anejos a ellas. Es de esa asignación inicial de la que se ha partido en todos los subsiguientes intentos para reordenar el asunto, respetando siempre la regla básica de las burocracias de dar por consolidado lo existente ad aeternum, y pelear siempre por la mejora del trozo de tarta propio. Cuando se habla de esos índices que sustentarían el sistema (población, envejecimiento, dispersión, insularidad…), se oculta al público que tienen nombre y apellido detrás. Vamos, que cuando se necesita por razones políticas aumentar los recursos de Ruritania, lo que se hace es introducir una modulación en el índice de población basada en la densidad de zuecos por hectárea partido por el número de vacas, justamente, ¡oh casualidad!, lo que conviene a los ruritanos.

Lo que se ha hecho ahora, aunque con más oscurantismo del acostumbrado, es arrancar de un a priori político: el de que Cataluña debía recibir una financiación superior a la que tenía, colocándola por encima de la media nacional. Lo cual era en sí mismo, y si lo tomamos aisladamente, bastante razonable, pues la permutación del orden de colocación entre comunidades que se producía hasta ahora a través de la nivelación redistributiva no era equitativa: no era justo que un extremeño gozara de unos recursos públicos de financiación superiores a los de un catalán, cuando éste contribuía más a la generación de esos recursos (principio de ordinalidad). Y una vez establecido que el resultado final tenía que colocar a Cataluña en mejor situación, se han diseñado unas reglas que lo aseguren y que, al tiempo, no provoquen la rebelión abierta de otras autonomías, aunque los resultados sean ahora injustos para otros ciudadanos no catalanes, como los madrileños o valencianos, que, partiendo de una aportación similar a la catalana, reciben mucho menos. Defectuoso antes, defectuoso ahora. Con el agravante de que se institucionaliza y consolida la práctica de financiar gastos corrientes con déficit público.

Es una pérdida de tiempo analizar lo decidido desde los parámetros de la equidad o la racionalidad ideales. Se trata de una decisión política que sólo puede entenderse desde las constricciones de la propia política. Lo que hay que preguntarse son dos cosas: ¿cuál era el problema? y ¿sirve lo que se ha hecho para solucionarlo?

La necesidad de privilegiar a Cataluña (como antes a Euskadi y Navarra) obedece a razones políticas de dos clases: las coyunturales del gobierno de turno, y las de longue durée de intentar asegurar la integridad nacional. El pacto de Aznar en el hotel Majestic en 1996 es un ejemplo perfecto de las coyunturales. En el caso del Partido Socialista, la coyuntura es palmaria si llevamos a cabo un experimento mental: el de la no-Cataluña y no-Euskadi. Supriman por un momento de España esas dos comunidades y repartan los votos y escaños para el Congreso sólo en el resto de la nación en las elecciones generales de 2008. El cálculo lo ha hecho algún politólogo: el Partido Popular tendría mayoría absoluta en las cámaras.

Si vamos a las razones políticas de fondo, la cuestión se plantearía así: como Estado de inspiración federal, España tiene problemas de integración (la voluntad de mantenerse juntos) y de articulación (el diseño e implementación de la arquitectura federal). Ambos son de naturaleza diversa; además, los de integración afectan sólo a Cataluña y Euskadi, mientras que la articulación afecta a todos. Sin embargo, hemos caído desde el principio en la tentación de intentar resolver las deficiencias de integración mediante la manipulación de los esquemas de articulación.

Todos los gobiernos han aceptado la premisa implícita de que dándoles más autogobierno (en competencias, en fondos o en procesos de decisión política) a Cataluña o Euskadi, éstas se integrarían por fin en un proyecto superior compartido. La realidad, sin embargo, ha demostrado más bien lo contrario: el independentismo ha crecido en ambas sociedades y sus clases políticas. Lo cual es lógico, pues el sentimiento nacionalista percibe y asimila lo que es una concesión como el pago de una deuda (Montilla dixit) o un derecho histórico (Gernika proclama), lo que anula su efecto atractivo. Al final, sin ganancia para la integración (la añorada bundestreue) y a golpe de manipulación de la ingeniería federal, hemos dejado el Estado con un inequívoco aire chapucero.

Quienes entienden pronostican que en dos años Cataluña impugnará de nuevo el estatus de financiación alcanzado hoy. Resultará insuficiente para ella, como resulta políticamente insuficiente para el nacionalismo vasco el esquema del Concierto Económico más Cupo, y eso que produce una financiación pública por habitante superior en 60 puntos a la media nacional (mientras que Cataluña no logrará superarla ahora ni en 10 puntos). Al final, la falta de imaginación y voluntad de la clase política española para abordar los déficits de integración no se remedia con las manipulaciones del esquema de articulación. Con éstas sólo se consigue comprar tiempo y desarticular un sistema que, si bien se mira, nunca llegó a existir como tal.

El nuevo modelo de financiación autonómica sólo puede tener cabida en el mundo de Rodríguez Zapatero, el mundo de la matemática posmoderna en el que todas las comunidades autónomas quedan por encima de la media, el mundo de esta extraña socialdemocracia para la que el sistema de reparto de los recursos se hace más justo cuanto más se reduce la capacidad redistributiva del Estado. Es el mismo mundo de adanismo arrogante que le lleva a creer al presidente del Gobierno que, una vez más, inaugura la Historia hasta el punto de afirmar sin sonrojo que es ahora con ese nuevo sistema de financiación cuando se establece el verdadero Estado de las Autonomías.

La aseveración presidencial merece preguntarse qué creerá Rodríguez Zapatero que es el Estado de las Autonomías. Su trayectoria como gobernante ofrece una respuesta bastante aproximada: el ‘verdadero’ Estado autonómico es para Rodríguez Zapatero lo que en cada momento convenga a la coyuntura política en que ande metido.

Para ello, el presidente del Gobierno no sólo necesita esa matemática líquida en la que la suma nunca es cien. Hace falta una Constitución que ha perdido su condición normativa para transformarse -en una metamorfosis también muy posmoderna- en un repertorio de posibles ‘lecturas’, incluida una que abra la posibilidad de su propia volatilización. A esa concepción de la Constitución responde el abandono del Tribunal Constitucional de su responsabilidad de depurar el ordenamiento de leyes contrarias a la norma fundamental, eludiendo esa tarea, enojosa pero imprescindible, mediante el recurso abusivo a declaraciones interpretativas o a la pura y simple dejación de su obligación institucional hasta extremos de escándalo como es el caso del Estatuto catalán, todavía pendiente de sentencia.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, se ha revelado como un magnífico intérprete de esta situación. Hombre de sagacidad improbable, Montilla, sin embargo, la ha sintetizado en dos afirmaciones contenidas en una amplia entrevista realizada después de aprobado el nuevo modelo de financiación. Por un lado, sentenciaba Montilla, «España ha saldado una deuda con Cataluña»; por otro, «el Estatuto (de Cataluña) es un pacto político y eso los tribunales no lo pueden tumbar».

Éste es el marco argumental que remite a un Estado que ha dejado de ser reconocible en el modelo autonómico promovido por la Constitución y que ha mutado hacia un esquema confederal basado en una precaria composición de intereses y reivindicaciones identitarias.

Sólo en este esquema de tinte confederal se puede entender la inversión del concepto de solidaridad y los mecanismos para hacerla efectiva que subyacen en la negociación bilateral de la financiación autonómica sobre la base del agravio exhibido por Cataluña. En un brillante artículo publicado en este periódico, Ignacio Marco-Gardoqui reproducía en términos literales lo que ha constituido el principio negociador del tripartito catalán: «Es necesario acotar la labor redistribuidora del Estado para no penalizar a las comunidades con mayor capacidad fiscal y económicamente más dinámicas». Así ha ocurrido y mucho más allá y con mucha mayor gravedad de lo que sugiere el eufemismo de la formulación.

En idéntico sentido, sólo en esta deriva de desagregación del modelo de Estado se entiende la pretensión de blindar el Estatuto del examen constitucional. Es sintomático que al referirse a este tema en las declaraciones aludidas, Montilla, dando por hecho que el Estatuto es constitucional -lo cual es todavía una presunción-, añadía que «además de una ley orgánica es un pacto político y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales». Hasta ahora, para «exigir el cumplimiento del Estatuto», el orden del razonamiento era el inverso; lo importante era invocar la condición de ley orgánica de aquél para justificar su fuerza normativa vinculante, más allá de su valor político. Para Montilla -y tantos otros- la condición normativa, su valor jurídico-constitucional es secundario; lo concluyente ahora es que se trata de un pacto político inmune al análisis constitucional.

Dos observaciones podrían ser pertinentes. La primera es el coste de este modelo hacia el que se desplaza la organización territorial del Estado. Un coste derivado directamente del sistema de financiación que se ha presentado como la llegada de los Reyes Magos fuera de temporada en un país que en un año ha pasado del superávit al 10% de déficit, y subiendo, y que en ese periodo ha pasado del 36% de deuda sobre el PIB a terminar el año con más de un 90%, de acuerdo con las previsiones de la Secretaría de Estado de Hacienda. Pero también un coste añadido de la generalización de barreras económicas internas, del debilitamiento de la capacidad regulatoria del Estado y de la afectación inevitable e injusta de este modelo sobre las condiciones de cohesión e igualdad entre los ciudadanos.

La otra observación que puede hacerse tiene en cuenta la precariedad en la que ha entrado el modelo de organización territorial. Recuérdese que no hay fórmulas confederales que hayan vivido para contarlo: o se han disuelto o se han integrado en Estados federales.

La transformación que el modelo de Estado está sufriendo no tiene nada que ver con las transformaciones que han experimentado los modelos federales ni con los debates políticos y constitucionales que se han producido en aquéllos. Nada indica que la dinámica centrífuga que se esté impulsando vaya a estabilizarse. ¿Por qué habría de detenerse esa dinámica precisamente cuando se dan menos factores de equilibrio? El Estado ha entrado en un terreno transitorio con un horizonte inquietante si no media una reforma constitucional basada en la recuperación de un consenso verdaderamente constituyente entre PSOE y PP. Pero ese consenso ni lo hay, ni se puede esperar cuando el Gobierno y el Partido Socialista vuelve a someter a su estrecha conveniencia y al beneficio de minorías radicales lo que deberían ser -y de hecho lo han sido- grandes acuerdos de Estado.

Según dicen algunos historiadores, Hitler no llegó al poder por haber conseguido la mayoría absoluta en unas elecciones, sino que habiendo conseguido ser el partido con mayor representación parlamentaria, quienes ocupaban los puestos clave del Estado, políticos de derecha y centristas, pensaron que lo podrían utilizar para sus fines, por lo que le dieron entrada al Gobierno. Pero fue Hitler quien los utilizó para liquidar la República de Weimar.
No se ponen de acuerdo los historiadores a la hora de responder a la pregunta de si la República de Weimar estaba condenada o no al fracaso. Quienes afirman que sí, lo hacen basándose no solo en el a posteriori del acontecer histórico, sino en la dificultad intrínseca que acompañó a una constitución, la de Weimar, pensada y formulada básicamente por la izquierda alemana tras la derrota en la primera guerra mundial, pero cuyo desarrollo y gestión cupo fundamentalmente a los partidos de derechas. Quienes niegan la inevitabilidad del fracaso aducen que, sin negar lo anterior, a pesar de todo hubiera podido ser salvada la República si los políticos de derecha y de centro no hubieran caído en la ilusión de controlar a Hitler metiéndolo en el poder.

Siempre es peligroso trazar paralelismos histórico, especialmente cuando no se matizan suficientemente las situaciones. Pero de todos los sucesos históricos se puede aprender algo. El reciente acuerdo de financiación autonómica alcanza, si nos atenemos a declaraciones de algunos de los protagonistas, importancia casi constitucional. El presidente del Gobierno ha afirmado que con ese acuerdo se crea el verdadero Estado de las autonomías. Y el conseller Castells ha dicho que el acuerdo tiene voluntad y capacidad de perdurar en el tiempo.
Estamos, pues, ante un elemento de desarrollo constitucional de capital importancia. Estamos ante lo que pudiera denominarse el cierre del desarrollo autonómico abierto, pero no definido en todas sus posibilidades por la Constitución española. Y si estamos ante un elemento importante de desarrollo constitucional, no estará de más reflexionar sobre las condiciones en las que dicho desarrollo se debiera producir.
En casi todos los países democráticos el desarrollo constitucional requiere de mayorías cualificadas. En los países federales, en general, debe producirse una doble mayoría cualificada: la mayoría cualificada en el órgano que representa a los ciudadanos en condiciones de igualdad y sin referencias de diferencia territorial, en la Cámara baja, en la que están representados los ciudadanos en cuanto iguales, y la mayoría cualificada en el órgano de representación de los ciudadanos agrupados según los diferentes territorios, la mayoría cualificada de la pluralidad territorial, casi siempre definida como Cámara alta.
Supongamos que el acuerdo de financiación autonómica alcanzado recientemente cuenta con la mayoría cualificada en la Cámara alta inexistente, en cuanto representación de la pluralidad de territorios, en España, pero sustituida malamente por el Consejo de Política Fiscal. A pesar de todo, el acuerdo que comentamos necesitaría, por su significado de elemento capital en el desarrollo constitucional español, de una mayoría cualificada en el Congreso, donde están representados los ciudadanos españoles en cuanto iguales. Y a nadie se le oculta que para ello se necesitaría el acuerdo con el Partido Popular.

Si este acuerdo no se produce, y todo indica que no se va a producir, parece que la decisión política de quienes tienen la responsabilidad de gobernar es la de seguir adelante con el acuerdo alcanzado. Y la razón en la que se sustenta esta decisión de seguir adelante con el acuerdo alcanzado aunque no exista, al menos, acuerdo cualificado en el Congreso y se pueda poner en duda que en el Consejo de Política Fiscal se haya producido un acuerdo por la mayoría cualificada necesaria, es que el Partido Popular no se atreverá a echar atrás lo acordado ahora, con lo cual se produciría algo así como un acuerdo a posteriori por incapacidad de modificación de lo acordado.
Dos reflexiones al respecto. Una primera se refiere al peligro que supone para este desarrollo constitucional concreto, y para el conjunto de la Constitución, que su gestión dependa de partidos que no participan de sus principios estructurales. Para que se entienda bien: el Partido Popular es un partido plenamente constitucional. Pero se le está colocando en la situación de tener que gobernar con elementos constitucionales que no han sido acordados con él. Y esta situación entraña siempre riesgos. Con la Constitución y sus desarrollos no se debe jugar nunca. Es una advertencia de la historia.

En segundo lugar, es una política poco democrática la de gobernar mediante leyes irreversibles que anulan la capacidad de la oposición. Es muestra de omnipotencia, pero no de democracia. Y a estas dos reflexiones se le puede añadir como corolario que es muy poco democrática la costumbre que se va estableciendo en España de pensar con toda la fuerza del convencimiento que la culpa y la responsabilidad del desacuerdo es siempre del otro. Y menos cuando esa afirmación se hace desde el monopolio de la disposición al diálogo por parte de uno mismo.

Cuando se hacen más evidentes las distintas concepciones sobre el Estado de las autonomías es al hablar de dinero. Es una lástima, ya que se reduce el análisis del desarrollo autonómico a cuánto dinero consigue cada cual, pese a haber otros aspectos también importantes para una vertebración territorial efectiva. Una vez más estamos entrampados en esta ceremonia de valorar un nuevo acuerdo de financiación, tras más de un año de retrasos que han acabado aburriendo a los ciudadanos y crispando las posiciones políticas.
De entrada, querría remarcar algunos aspectos. El acuerdo no es, a mi entender, hijo directo del Estatut, ni rompe totalmente el viejo modelo de financiación autonómica español. Incorpora nuevas ideas promovidas desde hace tiempo por algunos economistas catalanes, pero sigue manteniendo una elevada discrecionalidad en el modo en que asigna los recursos. Ahora, igual que antes, se entiende el Estado como Administración central, que mantiene los derechos sobre la totalidad de los impuestos que pagan los «españoles que viven en Catalunya».

Este Estado se compromete, en el futuro y en varios periodos, a asignar un porcentaje de estos recursos a las comunidades autónomas o de régimen común, con el fin de que financien las competencias que tienen otorgadas. No es el resultado de un pacto entre dos partes que tienen, cada una, derechos sobre los impuestos pagados por los ciudadanos; ni tampoco es un sistema de concierto en el que la recaudación la tiene la otra parte, la autonomía, que concierta pagar un cupo por los servicios que la Administración central hace a su territorio (Navarra y País Vasco). Los ingleses dirían que lo que hace el Estado con Catalunya o La Rioja es un tipo de padrinaje. Con el fin de mostrar un comportamiento justo y razonable, establece varias compensaciones, a veces con dinero pasado por debajo de la mesa para esconder agravios, o para silenciar a los más rebeldes, y arropa a los más queridos, pese a que también aplica lo de com més cosins més endins, como ahora en las islas.
Quien esperaba un modelo totalmente nuevo surgido del Estatut se equivoca. En parte, porque el Estatut no supo precisar suficientemente este modelo, si bien tampoco esto era importante, ya que el Estado no lo entiende como vinculante, sino como una carta de reclamaciones de los catalanes. Así, cuando el Estatut de Catalunya habla de distribución de recursos bajo unas determinadas variables, el Estado entiende que esto no excluye otras que discrecionalmente quiera añadir. Tampoco otorga las claves de los impuestos y las asignaciones tributarias, que son mayoritariamente transferencias.
Por otro lado, el Estatut determina la limitación a la nivelación y quería asegurar que la financiación guardara el orden de las capacidades contributivas de las distintas autonomías, pero aún hoy no sabemos cómo se hace efectivo, pese a las proyecciones del conseller Castells. El Estatut establece la bilateralidad y el Estado ordena cumplir, pero desvirtúa el mismo concepto haciendo general lo pactado bilateralmente. De modo que sin entender esto no podemos analizar el acuerdo que ha ofrecido el Estado al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las autonomías de régimen común.
Valga decir que, en comparación con el modelo anterior, estamos ante el mejor acuerdo de entre los que son de esta naturaleza, aunque probablemente para esto no hacía falta el Estatut. Por primera vez, los ajustes introducidos en el modelo pueden permitir que Catalunya reciba una financiación por encima de la media (pese a que considerada en términos de capacidad adquisitiva real, visto el diferencial de precios en cada autonomía, la cifra es más relativa). También se establece una mejor adecuación entre gastos e ingresos, mediante una mayor participación en impuestos, permite más capacidad normativa y, fundamentalmente, evita sobrenivelar.
Pese a ser un modelo que incluye las necesidades (sanitaria, social y educativa, según la estructura demográfica), tiene algunos elementos de los modelos de gasto más extendidos de capacidad fiscal, ya que deja de lado una parte de los recursos y los asigna a cada autonomía según su esfuerzo fiscal. En la financiación de la dependencia, pese a ser dudoso que se pueda considerar nueva –estaba comprometida por ley–, la cifra resultante es buena, y, si se consolida, será una clara mejora. Reconocido esto, hay que decir que la participación definitiva de la autonomía en los recursos consolidados no está aún clara, ya que el porcentaje depende de cómo el Estado aplique el resto de recursos. Y depende de cómo se gaste la parte correspondiente a sus competencias.

Por lo tanto, es innegable el avance que permite el nuevo modelo, tras un enrocamiento catalán sin precedentes y una negociación que de nuevo ha generado daños colaterales. Pero también es innegable que los recursos son insuficientes para enjugar el déficit actual de la Generalitat –no podía ser el objetivo con la crisis que tenemos–, de modo que se entiende que el reclamo de una cifra más elevada no haya encontrado el apoyo de los agentes económicos. Con todo, el Estatut ha pesado poco (y ya veremos cómo recoge el acuerdo la ley orgánica de financiación autonómica, la LOFCA), aunque por primera vez se han introducido en un acuerdo estatal algunas nociones típicas del federalismo fiscal. Eso sí, la asimetría y la bilateralidad siguen siendo un eufemismo.

Se han agotado ya las palabras de satisfacción o de condena a la financiación autonómica aprobada legalmente hace unos días? ¿Se dará en el mes de agosto carpetazo al engorroso asunto? ¿Se calmará así esa ola que, periódicamente, como si tal cita fuera una obligación en la política española, se empeña en enfrentar a los españoles con los catalanes y viceversa? No hace falta ser un lince o un entendido en los entresijos del tejido político de España para apostar con ventaja a que, lamentablemente, esos grupos minoritarios con suficiente influencia política y social -no sólo dentro del Partido Popular, sino especialmente en la órbita mediática que se irradia desde Madrid, ya que los catalanes tienen menos capacidad de influencia colectiva- continuarán sembrando la discordia entre ‘lo catalán’ y ‘lo español’ y, para ello, aprovecharán cualquier posible excusa.

Ésta es una partida abierta y que tiene otra cita bien próxima: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del nuevo Estatuto catalán, aprobado por las Cortes españolas hace más de tres años -tras ser refrendado por los catalanes y mucha polémica- y recurrido inmediatamente por el PP. Sea cual sea esa sentencia, prevista inicialmente para finales de julio, pero que podría retrasarse porque el Tribunal se ha manifestado dispuesto a seguir reflexionando en el mes de agosto -lo cual da medida de la importancia que se concede al asunto en el meollo del poder español- parece claro que será difícil evitar un nuevo envite a la convivencia normal entre la mayoría de españoles, con esos ‘sospechosos habituales’ que son los catalanes o viceversa.

Cabe recordar que 42 disposiciones señaladas en el recurso como inconstitucionales son idénticas en el Estatuto andaluz, aprobado tras el catalán, y nunca han sido recurridas. ¿Por qué unos sí y otros no?, se preguntan los catalanes menos dados al independentismo, que observan cómo este hecho resulta indiferente a quienes no tardan ni dos minutos en sospechar de su avaricia o su insolidaridad hacia la colectividad española. Desde Cataluña resulta hasta gracioso observar cómo el nuevo Estatuto valenciano llega a reclamar en un artículo -no declarado tampoco inconstitucional- acceder a lo mismo que pueda aplicarse a los catalanes en su Estatuto. Si, después de haber visto cómo se reitera el ‘contra ellos’, seguido del ‘lo mismo que ellos’ y el expresivo hecho de ‘toma el dinero y corre’ proporcionado a todas las autonomías por el nuevo modelo de financiación, añadimos la retahíla de calificativos escuchados estos días, como el de ‘chantajistas’ o ‘cantonalistas de pesebre’ aplicados indiscriminadamente a ‘los catalanes’, se comprenderá la ironía catalana ante tales acontecimientos.

Llueve sobre mojado, aunque los catalanes comienzan a estar hasta las narices -disculpen la expresión- de que se dé por sentado que en ciertos sitios ‘hay que pedir perdón por ser catalán’. No parece que gentes que hoy son catalanas pero que, como el presidente de la Generalitat, José Montilla, han llegado de todos los lugares de España estén dispuestas a recibir según qué diatribas sin inmutarse. Sobre todo cuando se repasa la historia y se observa que si hoy existe en España un Estado de las Autonomías -que acaba de lograr una financiación de carácter casi federal- ha sido gracias al ‘motor’ puesto en marcha por esos catalanes que -a diferencia de los nacionalistas- querían una España más solidaria y gestionada más cerca del ciudadano.

La izquierda catalana, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) en concreto, llevó a cabo ese modelo en su misma estructura de partido, al darse cuenta, en los años setenta, de la posibilidad de una fractura social si la sociedad catalana se dejaba llevar por el esencialismo nacionalista y marginaba a los numerosos inmigrantes llegados en los años sesenta. El pacto de los socialistas catalanistas del PSC con los militantes catalanes del PSOE -hay que recordarlo porque parece una historia secreta gracias a la hegemonía del ‘pujolismo’ durante 23 años- es lo que explica todavía la cohesión social catalana. Se ha ampliado así una tradicional clase media que tiene poco que ver con los tópicos y prejuicios que caricaturizaron a un ‘catalán de pandereta’ hecho a la medida de la derecha española y que, paradójicamente, tantos réditos electorales ha dado al nacionalismo catalán.

No hay que engañarse, la equívoca ‘cuestión catalana’ marca, en la política española, una línea clara entre izquierda y derecha o, para ser más precisos, entre la socialdemocracia posible y un consevadurismo cerril, nostálgico del centralismo, dispuesto a boicotear el Estado de las Autonomías, incluso con el auxilio de ciertos nacionalistas. El actual acuerdo de financiación -que aún dará mucho que hablar cuando se conozcan las cifras exactas de cada comunidad- no sólo mejora las finanzas de todas las autonomías porque el Estado les cede mayor margen de ingresos sino que, al contemplar variables tan obvias como la población -una novedad que sólo favorece a los ciudadanos, sean de donde sean- reparte mejor el presupuesto público ‘per cápita’.

Esto tan elemental es lo que los catalanes -acostumbrados a aportar desproporcionadamente a lo recibido, gracias a los traspasos mal negociados durante décadas por los nacionalistas- consideran mayoritariamente que es una mejora real, lo cual no impide la continuidad de la solidaridad catalana a la caja común española. Éste es, en esencia, el sentido del acuerdo: un reparto más equilibrado de los recursos públicos españoles, abierto a futuras mejoras.

Resulta, pues, interesante observar cómo acaban coincidiendo en el rechazo del modelo la derecha más reticente a la realidad autonómica con los nacionalistas de Convergència i Unió, que consideran ‘ilegal’ el acuerdo de financiación autonómica. El reproche de los nacionalistas se centra en que el acuerdo incumple los términos pactados en el Estatut y en que supone una ‘hipoteca’ para Cataluña. Lo cual les lleva a anunciar nuevas reclamaciones financieras, caso de volver al Gobierno catalán. La expresión ‘concierto económico’, sólo utilizada entre catalanes independentistas radicales, se ha instalado en ciertos dirigentes nacionalistas y, probablemente, se escuche en la campaña electoral catalana, prevista para la primavera de 2010.

Esta perspectiva electoral catalana tampoco favorece una desdramatización de las relaciones entre España y Cataluña: hay demasiados intereses políticos en juego y da la impresión de que el Partido Popular ha renunciado a mejorar sus siempre exiguos resultados catalanes, dejando así un espacio a disputar en la batalla de desalojar al actual Gobierno tripartito de socialistas, ecocomunistas y republicanos. Pero cuando se gana en Cataluña no siempre se gana en España: los ciudadanos lo saben perfectamente.

Hay especialistas en la detección de los más leves signos de hostilidad verbal respecto de Catalunya. Confirman así su convicción crónica de que los catalanes no gustamos demasiado a los demás ciudadanos de España. Demuestran así que los españoles aprovechan el más mínimo pretexto para expresar su descontento con este pueblo nuestro, díscolo y demasiado diferente, demasiado irritantemente diferente, para ellos. Señales hostiles comprobables y públicas no les faltan, pese a los constantes equilibrios que hacen muchos de los que manufacturan opinión pública para evitar el insulto directo y la denunciable discriminación anticatalana. Así, todo suele mantenerse en privado. Pero los catalanes no les gustamos; esto lo sabe todo el mundo.
La aprobación de la financiación de Catalunya por el Gobierno, patéticamente alargada hasta extremos insoportables, dicen que ha desencadenado un nuevo aluvión de anticatalanismo visceral. Ha sido debidamente detectado por nuestros agudos sismógrafos de los humores públicos españoles. Pero la verdad es que no se ha dado nada nuevo, y que, pese a todo, aún se mantiene latente la ira e irritación de los que ni nos entienden ni quieren entendernos. Salvo los españolistas más encendidos y bocazas, los demás procuran mantener las formas, aunque tampoco nos quieren mucho. Uno no percibe lo único que me haría dudar de mi convencimiento: un verdadero entusiasmo fraternal y sostenido en toda España para que seamos lo que queremos ser, plenamente. Ahora no hay ningún retorno del anticatalanismo latente –y a menudo, explícito–, sino más bien una obstinada continuación del business as usual, para que me entiendan los finísimos analistas de la ciencia económica centralista.
Era perfectamente predecible que los partidos que gobiernan Catalunya se complacerían y celebrarían el resultado de la negociación, mientras que la oposición, Convergència, realizaría una disciplinada y profunda crítica de lo que, sin duda, ha logrado con paciencia, habilidad y alta competencia profesional el profesor Antoni Castells. (Me duele la tacañería de algunos al no reconocer el mérito de este catedrático de Hacienda, cuya integridad catalanista está fuera de la más mínima duda: ha conseguido lo que podía, y quizá un poco más de lo que uno podría pedir, en estas circunstancias.)

Asistimos, pues, resignados, a las previsibles críticas que tenían que caer sobre el Gobierno catalán por parte de la oposición; a fin de cuentas, Artur Mas cumple con su deber, incluso para los suyos, como jefe de la oposición. Como el acuerdo no es lo bastante bueno –pese a que no podía ser mejor–, lo tenía fácil. Lo que se oye decir, y no solo de boca de su partido, es que, en las presentes circunstancias (crisis económica, sacrosanta tila para los catalanes, incapacidad española de entender a la nación catalana, creencia de que con un concierto económico –el de los vascos– ya bastaba), no podíamos ir más lejos.
Jordi Pujol, desde su inteligente marginalidad, afirma que sus negociaciones incansables y constantes sí nos daban resultados, en 1993, 1996 y 2001, tanto con el PSOE, como con el PP. Y, en contraste con José Montilla, dice que el acuerdo incumple el Estatut. Es posible, pero eran otros tiempos, president.
El jacobinismo centralista es más sutil. Afirma lo contrario de lo que hace: una visión en red de España que niegan cada día los hechos y las políticas económicas y de infraestructuras; una retórica plurinacional –¿ecos de la Hispania habsburguiana?– que contradicen las conductas de cada día, y que contradirá el Tribunal Constitucional pasado mañana, sin duda. ¿Era necesaria una iniciativa legislativa popular, con todo su coste emocional y de movilización cívica, para aspirar a conseguir, un día, un espacio de libre circulación de las ideas, imágenes y palabras entre todos los pueblos de lengua catalana, mediante la televisión? Qué vergüenza. Tener que luchar, como lo estamos haciendo, por este derecho mediático elemental –reconocido por el Derecho Público europeo– llena de desánimo. ¿Acaso no debería haber salido del propio Gobierno español la decisión de imponer el derecho fundamental a la circulación libre de ideas y palabras, y no encontrarse con que tanto le da el asunto?

En estas circunstancias, cuando uno oye decir que la Catalunya de hoy debe «liderar la periferia» hispánica, no sabe muy bien si reír o llorar. La periferia la lidera muy bien Portugal. O vascos y navarros, que, pese a tener el infinito gozo de pertenecer al paraíso jacobino –o cuando mandan los otros, al de la España eterna–, tienen unos convenios de feudal nobleza que les permiten ser distintos. (Con lo cual se descubre la farsa de que de café para todos, nada de nada: para nosotros, tila.) ¿Cómo es posible que un Estado moderno europeo, regido por un Derecho Público general y supuestamente racional, permita que unas regiones tengan un régimen económico que a los demás se les niega? No, en tal situación, nadie puede liderar la periferia, como si la frase tuviera algún sentido.
Cada vez más, los catalanes de todo tipo, recién llegados o no, irán entendiendo que lo que hace falta es liderarse ellos mismos. Al menos, el resultado de los acuerdos de financiación –incluida la cuota de solidaridad interterritorial que con tanta buena fe y mejor voluntad nos complacemos en añadir– será que veamos con la necesaria clarividencia lo que todo el mundo ya sabía: el nuevo anticatalanismo no existe. Es el de siempre.

A la hora de enjuiciar el nuevo sistema de financiación autonómica, la mayoría de las noticias presentan sus resultados como si se tratase de una competición deportiva por regiones, ordenando los resultados de acuerdo con las presuntas ganancias obtenidas. Paralelamente, parece haberse producido un nuevo milagro de multiplicación de los panes y los peces: supuestamente, el Gobierno aporta 11.000 millones de euros, pero las comunidades reciben más de 13.000 millones.

En todo caso, parece que se confunde más con mejor. En nuestra opinión, si bien es indudable que hay más recursos para las Haciendas autonómicas, resulta dudoso que haya un sistema de financiación autonómica mejor. Éste supondría, en primer, lugar la existencia de un sistema (es decir, un conjunto de reglas y procedimientos internamente coherente) que resuelve alguno de los problemas pendientes con el anterior, al que sustituye. Y es dudoso que el llamado nuevo sistema cumpla estos requisitos, porque simplemente se trata de revestir un pacto político con una prolija serie de reglas que mejoran en poco la corresponsabilidad fiscal y la estabilidad presupuestaria del modelo. Sencillamente, el objetivo central de la reforma no ha sido tanto mejorar el sistema anterior como satisfacer lo pactado políticamente con las comunidades autónomas de mayor nivel de interlocución política.

En el diseño, el Gobierno central ha demostrado poca imaginación y se ha limitado a tomar prestadas ideas ajenas, sin mayor aportación propia. En el Estatuto de Cataluña están literalmente los tres elementos esenciales del llamado nuevo modelo: limitación de la redistribución a los servicios públicos llamados esenciales, aumento de la cesión de impuestos (cada porcentaje señalado en el Estatuto para los principales impuestos cedidos es el que figura en el nuevo modelo) y aumento de recursos para Cataluña.

El nuevo modelo simplemente traslada al ámbito general lo pactado con Cataluña. Para allanar el camino de la aprobación se añaden 11.000 millones de euros (algo más del 1% del PIB estimado para el año 2009) a la financiación de las CCAA. Este dinero permite garantizar que ninguna Comunidad pierde con el cambio. Sin embargo, el ciudadano sí puede perder, porque el dinero adicional se paga entre todos vía más impuestos (ahora o en el futuro) o menos gastos del Gobierno central. Los recursos adicionales se usan para dar más dinero a las regiones. Cuánto más va a recibir cada una es un misterio porque, curiosamente, a la vez que se proclaman los principios de transparencia y lealtad institucional, los resultados del nuevo modelo se ocultan.

Todo lo anterior no tendría por qué ser tan malo si el nuevo modelo solventara los problemas del anterior. Pero es dudoso que esto sea así. El nuevo parte de explicitar que la equidad se limitará a los servicios básicos esenciales. Esto, además de ser regresivo, no tiene mucho sentido. Después de todo, ¿por qué se van a igualar las prestaciones en Sanidad, pero no en Infraestructuras o cuidado del Medio Ambiente?

El segundo elemento definitorio de la reforma es que aumenta los porcentajes de cesión de impuestos a las CCAA (los del IRPF y el IVA pasan del 33% y el 35% al 50%, y el de los especiales del 40% al 58%). Este aumento, lejos de ser una ventaja, limita la capacidad futura del Estado para redistribuir entre regiones y cambia los equilibrios futuros de capacidad negociadora (es previsible que, como ahora pasa con Madrid y Baleares, las comunidades más ricas pasen a ser quienes transfieran dinero al Gobierno central para que éste se financie). La cesión adicional, además, no aporta esencialmente nada en el ámbito de la corresponsabilidad fiscal.

De hecho, en el terreno de la corresponsabilidad fiscal, la aportación del nuevo sistema es escasa o nula y se circunscribe, en lo esencial, a la posibilidad de alterar el mínimo personal y familiar del IRPF (con el tope del 10% de su importe) y poder ampliar en mayor medida la deducción por adquisición de vivienda. Se consagra, sin embargo, la eliminación del Impuesto de Patrimonio, llevada a cabo por la Administración Central, con escaso respeto a las competencias normativas de las CCAA comunes respecto a este impuesto. Claro que éstas no han reivindicado su competencia en este punto y se han limitado a percibir la compensación financiera de 1.800 millones de euros a cargo de la Hacienda central, mostrando una vez más que el huevo es más importante que el fuero.

Otro punto censurable en materia de corresponsabilidad es la persistencia en permitir a las CCAA actuar únicamente sobre el tipo de gravamen de la base liquidable general del IRPF, que grava fundamentalmente a los asalariados y de forma progresiva, con tipos entre el 24% y 43%, que podrían verse incrementados por las propias comunidades. Frente a ello, están blindados fiscalmente los perceptores de rentas del capital mobiliario (intereses y dividendos) que, soportando el tipo más bajo del 18%, están a cubierto además del ejercicio de la capacidad normativa de las CCAA.

Por lo que respecta al sistema de transferencias, éste se vuelve más complejo y opaco, sustituyendo el anterior Fondo de Suficiencia por una amplia serie de fondos y subfondos (de garantía de servicios públicos fundamentales, de suficiencia global, de competitividad, de cooperación, más los recursos para CCAA de dispersión superior a la media, baja densidad poblacional y para políticas de normalización lingüística).

Desde la teoría del federalismo, no está claro cuál es el criterio de equidad subyacente y no se aprecian las ventajas de esta proliferación de fondos. Las verdaderas razones hay que buscarlas en el objetivo de tener más grados de libertad en el reparto de recursos y así hacer cuadrar las cuentas con los acuerdos políticos previos respecto a las cantidades pactadas bilateralmente con cada comunidad.

Se puede argumentar que el modelo no será tan malo cuando ha sido aprobado por los representantes políticos sin ningún voto en contra. Para entender esto basta con darse cuenta de que el modelo se aprueba en un momento de caída de la recaudación. Esta caída implica no sólo que las CCAA van a recibir menos por su participación en los ingresos del Estado, sino que, como en el pasado recibieron anticipos suponiendo que la recaudación iba a ser mayor, tienen que devolver al Estado parte de lo que les adelantó de más. Pero el nuevo modelo facilita las condiciones de devolución para quien lo acepte. Un incentivo más para quien tenga la tentación de rechazarlo. De esta forma, el modelo promete más recursos y facilidades de pago a quien lo acepte. Y esto, en un momento en que las comunidades tienen menos recursos y es previsible que siga así durante al menos otro año.

Con la espada de Damocles financiera sobre sus cabezas, los consejeros han votado un modelo opaco (no se saben sus resultados y cada cual, como mucho, llevaba una estimación de lo que le tocaría) que limita explícitamente la equidad que no aporta casi nada en términos de corresponsabilidad y que no resuelve los problemas económicos de medio y largo plazo. Y -no sorprendentemente- todos han votado a favor o se han abstenido. Pero no se debe confundir la aprobación del modelo con su bondad. La realidad es que, entre disciplinas de partidos y temores a amenazas financieras, se ha aprobado un modelo del que no se saben los resultados financieros, que es más regresivo y que avanza poco en la resolución de los problemas de fondo del sistema autonómico.

Por ello, aunque en el corto plazo la reforma consiga cierta tranquilidad porque satisface las expectativas financieras de algunos gobiernos autonómicos, el nuevo modelo tiene límites evidentes. No debemos olvidar que los gobiernos autonómicos que ahora han votado a favor o se han abstenido, antes se habían pronunciado unánimemente a favor del modelo aplicado desde 2002, que al parecer estaba plagado de defectos. Lástima que nadie se hubiera dado cuenta entonces.

La negociación del sistema de financiación autonómica ha generado un gran revuelo en España y los discursos atávicos han vuelto de nuevo. Las habituales acusaciones sobre el saqueo de los catalanes a las arcas del Estado han renacido, no ya con mayor vigor sino como antaño. Nada nuevo en el firmamento.

Sin embargo, hay alguna diferencia significativa. Por primera vez, hemos abierto la caja de Pandora, puesto que el Gobierno español quebrantó su opacidad financiera -cómo se reparte el dinero era tratado como un secreto de Estado- cuando, después de mil promesas incumplidas, hizo algo tan transparente como decir qué es lo que se hace con el dinero de la caja común, esa que atesora el Gobierno central de la riqueza que fluye y se genera en los diferentes territorios del Estado, con la excepción de las provincias vascas y de Navarra, que se mueven en otro cauce. Y parece que les viene como anillo al dedo. Nadie en estas dos comunidades -tampoco las sucursales de los partidos españoles- se queja. Ni mucho menos, al contrario; defienden con uñas y dientes su sistema de concierto o de cupo.

El resto comemos de la misma mesa. El Estado centraliza todos los recursos y luego reparte generosamente, ejerciendo la llamada solidaridad. Bueno, pues hoy sabemos -a partir de la publicación de las balanzas fiscales- lo que era un secreto a gritos. Que unos aportan más que otros, algo lógico en la medida que hay unas economías mucho más productivas que otras. Pero lo que también se confirma, en particular, es que los territorios que más aportan son Cataluña y Baleares, de lejos. Y ya vale con las triquiñuelas de meter en el mismo saco a la Comunidad Autónoma que centraliza todas las instituciones del Estado y a sus centenares de miles de funcionarios, y que para colmo es donde cotizan todas las grandes empresas, incluidos la Caixa o el BBVA. Por no hablar de todos los museos nacionales o equivalentes, con base en la metrópoli, pero que se cuentan a beneficio de todos…; es decir, el llamado efecto capitalidad.

Las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Economía son elocuentes. Y si hay que ponerlas bajo sospecha, conociendo la resistencia numantina que ocasionaban, no hace falta ser muy perspicaz para aventurar por dónde. Pero dejémoslas ahí, vamos a darlas por buenas, aunque la transparencia siga brillando por su ausencia.

A partir de ese punto, hemos planteado la negociación, a sabiendas de que esos 15.000 millones de euros que salen de Cataluña y que no vuelven jamás iban, en su mayor parte, a seguir fluyendo hacia las arcas del Estado. De manera que sobre un ranking de 100, Cataluña parte de una renta inicial de 121 y luego, hechas la suerte de partes a medida, se queda en 94 y bajando. No vamos a decir ya que es claramente injusto; es que además es insólito. Eso no ocurre en ningún otro lugar de Europa. En su momento, hubo un proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, que fue aprobado por el 90% de los representantes del Parlament. Sólo el PP se quedó fuera del consenso. Pero en su trámite en las Cortes, el presidente Rodríguez Zapatero acordó con el líder de la oposición en Cataluña, Artur Mas, darle un tijeretazo, a conciencia, con el beneplácito del PSC y de IC-Verds. El ilustre Alfonso Guerra aún se regocija.

Pese a ello, el Partido Popular y el Defensor del Pueblo, entre otros, plantearon un recurso de inconstitucionalidad que lleva camino de convertirse en la historia interminable. El problema de los magistrados del Tribunal Constitucional, elegidos a dedo por el PSOE y el PP, reside en un matiz. A unos, el cuerpo les pide no andarse con rodeos. A otros, que donde digo, digo Diego. Es decir, van a darle sentido a las palabras y a sacar el Estatut adjunto a una guía de lectura para no dejar dudas sobre el sentido de cada uno de sus artículos.

El capítulo de financiación no les preocupa en demasía. Ahí Mas y Zapatero larvaron un trabajo impecable. Y si el Estatut del Parlament aspiraba a una relación bilateral con el Estado, el que salió de La Moncloa dice, sin tapujos, que se somete a la LOFCA -Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas- y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo cierto es que toda la fuerza de Cataluña, en esta negociación, residía en la tenacidad del Gobierno de la Generalitat y en el peso de los diputados catalanes en Madrid. No en el Estatut, de eso no cabe duda.

Y ésas han sido las bazas con las que hemos jugado, sólo faltaría. Alguien dice ahora, en Cataluña, que hemos hecho la misma jugada que Mas con el Estatut. Bueno, además de que el peso de la negociación la ha llevado el Gobierno catalán, huelga decir que nadie de Esquerra se ha hecho una foto con Zapatero y que no hemos puesto sobre la mesa, como moneda de cambio, la presidencia de la Generalitat. Es más, ERC -a diferencia del pacto Mas-ZP- ha arrancado un acuerdo al alza, no un recorte. Y obviamente, el Estatut no es comparable a un acuerdo revisable cada cinco años.

Luego uno asiste impertérrito, por lo de la costumbre, a la reacción virulenta que genera cualquier demanda que llega de Cataluña, por legítima y justa que sea. Tal vez también ha llegado la hora de ser honestos, quitarnos las máscaras y dejar de hacer comedia. La catalanofobia vende en España. O sea que tacharnos de insolidarios, avaros o incluso de ladronzuelos no sólo sale gratis sino que proporciona réditos electorales. En eso tampoco son originales, ya lo decía hace más de 700 años Dante Alighieri: «L’avara povertá di Catalogna». Y eso que Cataluña no está en disposición de sacar tajada de ninguna caja.

¿A alguien le suena eso de que quién parte y reparte se queda con la mejor parte? Para más inri, lo del Partido Popular también tiene guasa. ¿Dónde anda la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, según la cual Cataluña debería recibir «más de 4.000 millones»? ¿O esa presidenta de la Comunidad de Madrid -la de la estampida de Bombay-, que se beneficiará de que en el nuevo modelo se tenga en cuenta el transporte metropolitano, algo que claramente le beneficia? ¿O el presidente del País Valencià -al que los populares llamaban Comunidad valenciana y ahora ya sólo Comunidad- o el de Galicia, que también se benefician del reconocimiento de una cláusula bilingüe? Menudos son. No pido que reconozcan que esos logros han sido posibles por la intervención de Esquerra, pero al menos les ruego que no tergiversen las cosas y que no pongan a los buenos ciudadanos españoles contra Cataluña.

Finalmente, hemos sellado un acuerdo, que como todo pacto con Zapatero habrá que fiscalizar con suma atención. -Por cierto, ni yo me creo Superman ni ZP es un Bambi, y vamos aclarar que no fuimos nosotros quienes descolgamos primero el teléfono.- Y ese acuerdo consiste básicamente en que Cataluña no quede por debajo de la media. O sea, que ahora vamos a estar ligeramente por encima. Pero vamos a seguir siendo, de largo, junto a Baleares, la comunidad que más contribuye. Sólo que esta vez reduciendo, gradualmente, hasta un tercio del déficit fiscal que padecemos. Y preciso, padecemos, porque ha llegado un momento en el que ese déficit fiscal está perjudicando gravemente a la economía catalana, hasta el punto de que no podemos proporcionar los mismos servicios y los mismos niveles de bienestar que otros territorios con una renta per cápita muy inferior, pero que, sobrefinanciados, se permiten liberalidades que para la Generalitat son insostenibles.

EN CATALUÑA, por pagar, hasta pagamos más cara la gasolina para hacer frente al déficit de la Sanidad pública, de la que, por cierto, se benefician ciudadanos de todo el Estado que eligen acudir a hospitales catalanes. Y ojalá pudiéramos dar cobertura a un universo más amplio de gente. Pero a este paso vamos a llegar al colapso por la insuficiencia de recursos. Incluso sería sensato pensar, desde el punto de vista español, que vamos a cuidar un poco más a Cataluña, básicamente para que no enferme y siga generando ese nivel de riqueza de la que, a ciencia cierta, saca provecho todo el Estado. Pero ni por ésas.

Años atrás, la situación era diferente. No porque no existiera un déficit fiscal galopante en Cataluña, sino porque la sociedad catalana vivía en la inopia. Nadie parecía interesado en abrir este debate y que se supiera lo que estaba ocurriendo; es decir, poner luces donde todo eran sombras. Es más, eran muchos los que consideraban exagerada la realidad que desvelaba Esquerra. Durante años hemos estado predicando en solitario mientras muchos miraban hacia otro lado. Por el contrario, hoy -y ahí no voy a dudar en sacar pecho- todos los agentes políticos, económicos (incluso dirigentes patronales, entre ellos algunos de intachable españolidad) y sociales son conscientes de que así no se puede seguir. Y ése es el primer paso para salir adelante. Sencillamente, no salen las cuentas. Pero no porque Cataluña no genere suficientes recursos, sino porque éstos salen en dirección a Madrid y lo que retorna da lo justito, sin más, para ir tirando.

Por otro lado, que nadie se lleve a dudas: el sistema que hemos pactado no es el modelo al que aspira Esquerra Republicana de Catalunya. El nuestro, mientras sigamos en España, es el concierto económico, a semejanza del que se da en las tres provincias vascas y Navarra, y que, a los hechos me remito, no genera ningún tipo de debate, ni problema aparente. ¡Si es que funciona a la perfección, demonios!

Visto desde ese punto de vista, no me negarán nos ahorraríamos un montón de discusiones y esa cansina pelea que levanta ampollas periódicamente, como si de un ciclo vital se tratara. Pero en España no se quiere ni oír hablar de esa posibilidad, del concierto económico en Cataluña. Y digo yo que si el problema es que metemos la mano en la caja, pese a no tener llave alguna, pues el asunto quedaría zanjado si damos paso al concierto económico: un modelo que, insisto, de nuevo defienden a ultranza PP y PSOE ahí donde rige.

Después de beber una copa llena de la supuesta poción mágica de Panorámix, el centurión Caius Bonus se dispuso a levantar un menhir gigante para comprobar si su fuerza era sobrehumana. Al no poder, probó con una piedra menor. Tampoco pudo. Realizó diversas intentonas con piedras cada vez más pequeñas hasta que, al fin, consiguió levantar un minúsculo pedrusco. Contento, el centurión celebró que finalmente había obtenido el secreto de los galos. La fiesta duró hasta que el pequeño legionario Calígula Minus puntualizó que el guijarro era tan pequeño que podía ser levantado sin poción. Y fue entonces cuando Caius Bonus se percató de que el druida Panorámix les había tomado el pelo.

Este cómico episodio de Astérix el Galo me vino a la cabeza el otro día mientras veía a los líderes de nuestro Govern celebrar, extasiados, la nueva propuesta de financiación como un éxito espectacular.

Una vez leídas, las 76 páginas del texto oficial del Consejo de Política Fiscal y Financiera, hay varias razones que me llevan a dudar. Primera, a pesar de que todos los implicados están ondeando cifras diversas (que si se han conseguido 3.855, o más de 3.500, o entre 3.560 y 4.000…), el documento no concreta ni un solo dato. Hay que ser, pues, prudentes y esperar a ver si los números que se están publicitando se acaban concretando o si, una vez más, el Gobierno de Zapatero ha echado pelotas fuera porque no se verá que ha mentido hasta dentro de unos años.

Segunda, se dice que una vez hechas las redistribuciones, Catalunya quedará por encima de la media por primera vez en la historia. Ese logro tampoco aparece por ninguna parte en el documento oficial. Si los antecedentes de incumplimiento por parte de Zapatero nos hacen sospechar, al ver que todas las comunidades han proclamado que ellas también estarán por encima de la media (cosa que es matemáticamente imposible), la sospecha es todavía mayor. Si se hacen los cálculos con los pocos datos que hay, se ve la trampa: Catalunya tiene traspasadas algunas competencias (como los Mossos d´Esquadra, la justicia y las cárceles) que las otras comunidades no tienen transferidas. Para financiarlas, la nueva propuesta de acuerdo habla del “fondo de suficiencia global”. Y ahí está el truco: como Catalunya va a cobrar de ese fondo y las comunidades que no tienen esas competencias transferidas no, parece que Catalunya cobra por encima de la media. El problema es que las demás comunidades también reciben servicios policiales y de justicia. Lo que pasa es que los reciben en especies y, por tanto, no se incluyen ni en el fondo de suficiencia ni en la financiación presentada. Si se incluyeran, Catalunya seguiría estando por debajo de la media.

Tercera, sea o no cierto que Catalunya quedará por encima de la media, el objetivo no era ése sino mantener la ordinalidad. Es decir, el Estatut dice que si Catalunya es la tercera comunidad que produce más PIB del Estado, Catalunya debería seguir siendo la tercera más rica una vez hechas las redistribuciones pertinentes y no la novena como pasaba hasta ahora. La nueva propuesta de financiación no garantiza que ese orden se mantenga. Si, ya sé que los propagandistas oficiales se han apresurado a decir que “ese punto del Estatut es de una dificultad interpretativa que dificulta su cumplimiento”, amparándose en la distinción entre “recursos per cápita” y “renta per cápita”. Pero eso son monsergas. Todo el mundo tiene claro lo que dice el Estatut (y quien más lo sabe es el propio conseller Castells, que ha defendido esa idea durante años): una vez hecha la redistribución, Catalunya debe ser la tercera comunidad. Y la propuesta actual no lo garantiza. Tampoco garantiza otras proclamas estatutarias como la bilateralidad, el peso de la inmigración o las familias en riesgo de exclusión social a la hora de valorar los fondos de solidaridad. Cuarta, y más importante: se nos dice que el Estado aumentará los recursos que dedicará a la financiación de las comunidades autónomas. Muy bien. Me lo creo. La pregunta es: ¿y de dónde saldrá el dinero? Hay dos posibilidades: subidas de impuestos y reducciones de otro tipo de gastos. El documento no dice cómo lo harán. Dicho eso, déjenme que recuerde a quienes están celebrando el gran triunfo que, tanto si aumentan los impuestos como si se reducen los gastos, el déficit fiscal de Catalunya con España puede seguir siendo cercano al 10% del PIB. Y es que el déficit fiscal es la diferencia entre los impuestos pagados por los catalanes y el gasto realizado en Catalunya, que incluye el dinero que el Estado da directamente a la Generalitat, pero también los gastos que el Estado realiza directamente aquí. Si aumenta la financiación de la Generalitat a costa de que los catalanes paguemos más impuestos, el déficit fiscal de Catalunya no variará, y si se hace a costa de reducir el gasto en carreteras catalanas, tampoco. No sé si eso lo entienden los amigos de ERC que tanto se quejaban del déficit y que tanto pecho sacan ahora. No sigo con la lista de incógnitas por falta de espacio, pero queda claro que el documento presentado deja demasiadas preguntas sin responder y demasiadas decisiones al arbitrio de quien nos ha mentido demasiadas veces. Mientras no se aclaren esas dudas, pues, uno no sabe si la euforia desatada entre los afines al tripartito corresponde a un éxito de verdad o a una farsa mediática para hacernos creer que, como el centurión Caius Bonus, han levantado un menhir gigante cuando, en realidad, sólo están levantando un guijarro.

El debate territorial está encanallado en España desde 1993, desde que la contribución de CiU fue precisa para la investidura por cuarta vez de Felipe González como presidente del Gobierno y, como consecuencia de dicha contribución, se produjo la primera reforma significativa de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Dicho encanallamiento quedó silenciado durante la primera legislatura del Gobierno del PP, dada la necesidad, todavía más imperiosa para José María Aznar que para Felipe González, de contar con CiU para ser presidente del Gobierno en 1996 y a pesar de que se tuvo para ello que proceder a una nueva reforma de la LOFCA de todavía más calado, pero reapareció con la mayoría absoluta del 2000 y llegó al paroxismo en la pasada legislatura con ocasión de la reforma del Estatuto de autonomía, tanto en su fase de debate político en el Parlament, en las Cortes y en el referendo de ratificación del texto pactado entre ambos, como en la fase ulterior de prolongación de dicho debate político, aunque bajo la apariencia de un debate jurídico, mediante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por parlamentarios del PP.

Lo que hemos vivido en este último año y medio a propósito de la reforma del modelo de financiación no ha sido más que la resaca de la reforma estatutaria de la pasada legislatura. Todo el mundo sabía que el modelo de financiación aprobado en el 2001 tenía que ser revisado. Los cambios, especialmente demográficos, que se han producido en España desde el 2001, han ido en una dirección no distinta, sino contrapuesta, a la que en aquel momento se contempló, y, en consecuencia, resultaba completamente imposible para las comunidades autónomas, no para todas por igual, pero sí, sobre todo, para las de mayor población, seguir prestando los servicios que requerían las competencias asumidas con los recursos previstos en el modelo del 2001.
Y ello independientemente de que se hubieran producido reformas estatutarias o no. Las reformas estatutarias catalana y andaluza no son iguales que la reforma valenciana y la Comunidad de Madrid no ha hecho reforma estatutaria alguna. No por ello estas dos últimas comunidades necesitaban menos la revisión del modelo de financiación de lo que la necesitaban las primeras. De ahí que no hubiera posibilidad de no llegar a un acuerdo. El coste del no acuerdo era inasumible.
¿Por qué, entonces, tanta doblez en el debate producido en torno a la financiación? ¿Por qué, si hay una coincidencia básica en la necesidad de la reforma y no diferencias significativas sobre cuál tenía que ser el contenido de dicha reforma, la virulencia de la confrontación?
El miércoles, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, hemos podido comprobar que no hay nadie que esté básicamente en desacuerdo con el nuevo modelo. Como siempre ocurre en estos casos, el modelo no deja ni completamente satisfecha ni completamente insatisfecha a ninguna comunidad autónoma, lo que es un indicador de la neutralidad territorial del Gobierno de la Nación que ha protagonizado el proceso de negociación y de que nadie se ha llevado el gato al agua.
Esto se ha visto venir desde el principio. El nuevo modelo no podía desairar a Catalunya y chocar con el nuevo Estatuto, pero tenía que ser un modelo que pudiera ser aceptado por las demás comunidades. Ni el Gobierno de Catalunya podía soportar un desaire ni el Gobierno de España podía soportar que se le percibiera como territorialmente parcial. Entre esos dos límites había que llegar al punto de encuentro, que es lo que ha ocurrido.
Es verdad que la negociación del nuevo modelo ha supuesto darle a Catalunya un protagonismo superior al de las demás comunidades autónomas, pero no lo es menos que esto no es nuevo. Catalunya ha estado siempre en el origen del modelo de financiación y de todas sus reformas. La LOFCA originaria se hizo para financiar la comunidad autónoma de Catalunya, porque en ese momento no se sabía qué tipo de autonomía iban a tener las demás regiones españolas. La discusión parlamentaria del Estatuto y de la LOFCA fue simultánea y el legislador estuvo haciendo un trabajo de armonización de ambos textos durante su tramitación. Y el impulso de todas las reformas ulteriores de la LOFCA, desde la de 1993 hasta la del 2001, ha sido siempre catalán. Por cierto, nunca con la intensidad con que lo fue en 1996. En ningún momento ha habido una investidura de presidente de Gobierno vinculada a una reforma de la financiación impulsada por Catalunya como la de 1996.

Nunca he entendido por qué hay tantas reservas respecto del protagonismo de Catalunya en la definición de la política territorial en España. Menos mal que ha sido Catalunya la que ha tenido ese protagonismo. Gracias a ello, el derecho a la autonomía se está ejerciendo con una intensidad que hubiera sido impensable de otra manera. La evidencia empírica de que disponemos es abrumadora. Me gustaría que alguien fuera capaz de explicar en qué se ha visto perjudicada alguna comunidad autónoma por el ejercicio del derecho a la autonomía por Catalunya. Mejor dicho, en qué no se ha visto beneficiada. Desafortunadamente, los prejuicios son mucho más poderosos que los argumentos. Y en prejuicios descansa la estrategia territorial del PP, aunque ello conduzca al encanallamiento de una cuestión esencial para nuestra convivencia.

El lector pensará, con toda seguridad, que el agrupamiento político de las personas en sociedad se produce sobre todo por motivos ideológicos, nacionales o religiosos y que, por tanto, las coaliciones más fuertes son las que oponen a los progresistas/conservadores, izquierdas/derechas, nacionalistas/ciudadanistas, católicos/laicistas, y así parecidamente. Craso error: la más fuerte de las coaliciones de intereses en la sociedad contemporánea es la de los vivos (los que estamos aquí y ahora disfrutando de la existencia) contra los todavía no nacidos (los futuros ciudadanos). Es una coalición que se funda en una premisa básica de la sociedad del bienestar, sección consumista: disfrutemos de la vida lo mejor posible, aunque la factura sea alta, porque siempre podremos diferir su pago al futuro. El bienestar hoy y para nosotros, la factura que la paguen los que vengan luego. Es el milagro de la deuda pública, del déficit estructural y de la explotación del planeta.

Éste es un punto que ha sido subrayado por los mejores autores contemporáneos (Daniel Innerarity lo ha denominado ‘la rapiña del futuro’) y ha sido magistralmente puesto de relieve por Marcel Gauchet. Escribe el francés que nos quejamos de continuo en la sociedad actual de que el futuro ha dejado de funcionar como una instancia de provisión de sentido para la vida, que las ‘ideologías del futuro’ (fueran la marxista, la liberal o la técnico-científica) han quedado ya deconstruidas y anémicas, incapaces de suscitar atractivo y esperanza al habitante de Occidente. Y, sin embargo, observa ácidamente Gauchet, todo este discurso no es en el fondo sino una excusa, la excusa de quienes no quieren hacerse responsables por el futuro. El problema de nuestra sociedad con el futuro no es tanto filosófico como moral: nos pasa como a los niños, que no queremos asumir nuestra responsabilidad por él, sino tan sólo gozar del presente.

Viene a cuento lo anterior porque lo sucedido recientemente con la financiación de la España autonómica es un perfecto ejemplo de esta actitud de irresponsabilidad de los vivos, ‘los vivos’ tanto en el sentido literal como en el metafórico del término. El esquema de reparto diseñado por el Gobierno socialista puede ser analizado, y sin duda lo será con profusión y encarnizamiento, desde el punto de vista del reparto mismo: quién recibe qué y por qué. Se hablará de si el reparto es más o menos justo, solidario, equitativo. Si responde a criterios objetivables o a intereses políticos coyunturales. Si nos aproxima o aleja de la cohesión intercomunitaria. Si garantiza la igualdad ciudadana en todos los servicios públicos o sólo en algunos. Y, sin embargo, se hablará menos del milagro implícito en el propio sistema: el milagro de que pueda repartirse los trozos de una tarta que, una vez sumados, superan el cien por cien de la tarta. El milagro de que pueda darse más a todos sin disminuir el fondo de lo que queda. El milagro, dicho en términos directos, de que el éxito político de la financiación (¿quién puede decir que no a una oferta de más dinero?) se esté consiguiendo gracias al déficit público del Estado.

La cuestión tiene una trascendencia relevante, puesto que estamos hablando de la financiación ordinaria de los gastos corrientes de funcionamiento del sistema territorial de administración. No estamos tratando de un gasto extraordinario como serían las necesidades de protección social generadas por una crisis económica transitoria, tampoco de financiar un proyecto específico cuyos efectos se van a dilatar a lo largo de muchos años, o una particular obra pública, o una reforma de estructuras. No, estamos hablando de financiar el coste diario y corriente de la Administración. Y estamos admitiendo que ese coste corriente va a ser superior a los ingresos de que disfruta el propio sistema, de manera que sólo podremos soportarlo mediante el déficit público: el Estado se endeudará sistemáticamente para que todas las comunidades autónomas puedan exhibir triunfantes su trozo de tarta.

Esto es tanto como admitir que el Estado (tomado en su conjunto) es incapaz de atender sus propias necesidades y que sólo puede hacerlo tomando prestado del futuro y dejando a los españoles de mañana la factura consiguiente. O, lo que es lo mismo, que nos hemos construido una casa muy agradable pero que está por encima de nuestras posibilidades. Lo cual es terrible, si bien se mira. Toda la prédica actual sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema económico español, de aumentar la productividad de sus elementos, se convierte de golpe en pura cháchara que el mismo Gobierno se encarga de tirar al cubo de la basura retórica, cuando diseña un sistema que es por sí mismo contrario a las leyes mismas de la racionalidad económica: gastar más de lo que se posee.

En Alemania andan actualmente con el debate acerca de la constitucionalización de la prohibición de los déficits estructurales; es decir, de recoger como derecho fundamental de los ciudadanos el de que los gobiernos de turno no puedan hipotecar el futuro para que los vivos lo pasen mejor. Aquí, por el contrario, parece que estamos en la fase infantil del izquierdismo benevolente. En efecto, la izquierda siempre ha visto los límites al déficit público o el control de la inflación como unos inventos del sistema capitalista que sólo perseguían enriquecer a los ricachones y que, so capa de tecnicismo y rigor técnico, sólo buscaban favorecer a los de siempre. La izquierda benevolente siempre ha abrazado el ‘dictum’ atribuido a Keynes cuando alguien observó las consecuencias en el largo plazo de las políticas de gasto: «A largo plazo, todos muertos». Lo malo es que no es así en absoluto si en lugar de mirar a los vivos miramos a la sociedad.

Nuestro Gobierno ha optado por la benevolencia, por las políticas simpáticas de efecto garantizado: hay más para todos. Ha preferido rehuir el antipático papel del que trae las malas noticias (no nos llega para seguir como hasta ahora) e ingresar en la ‘gran coalición’. Es un pasito más en el crecimiento del cáncer del populismo democrático, esa forma de degenerar de las democracias que tiene la virtud de ser indolora e imperceptible a corto plazo, incluso agradable, aunque no por ello menos letal que otras más llamativas. Y mientras tanto, hablemos de sastres y trajes, que eso es lo importante.

E l pasado domingo, el Gobierno remitió a las comunidades autónomas una propuesta para la reforma del sistema de financiación regional que se pretende ratificar en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada para hoy. Si las prisas son malas consejeras en casi todo en la vida, lo son mucho más aún en un tema tan complejo y tan importante como éste.

La propuesta del Gobierno está escrita con prisa, y se nota. El texto es prácticamente incomprensible excepto para los muy iniciados en los arcanos del tema y está plagado de lagunas e inconsistencias. No tengo nada claro que los periodistas que lo han intentado explicar estos días en los medios hayan entendido correctamente cómo funcionaría el nuevo sistema. A juzgar por sus declaraciones, tampoco confío en que lo hayan hecho muchos responsables autonómicos. Y ni siquiera estoy seguro de que la literalidad del texto se ajuste al esquema del nuevo modelo que los responsables del Gobierno central parecen tener en la cabeza.

El aspecto más chocante del documento es que parece esbozar dos métodos diferentes para repartir los recursos disponibles. Por un lado, se parte de la situación observada en 2007 y se añade a la financiación que le correspondió realmente a cada comunidad en ese año una serie de recursos adicionales aportados por el Gobierno central, que se reparten de una forma que prima a aquellas regiones que han experimentado un mayor crecimiento de la población desde 1999 hasta ahora. Por otro lado, el documento especifica también que la financiación de cada comunidad será igual a la suma de una parte (el 25%) de sus propios ingresos tributarios más su participación en una serie de fondos que se distribuirán en base a criterios muy diversos. El más importante de estos fondos, el llamado Fondo de Garantía, tiene como objetivo asegurar que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos similares con independencia de su capacidad fiscal. Con este fin, aproximadamente un 80% de los recursos del sistema se repartiría año a año de acuerdo con una fórmula muy razonable de necesidades de gasto, que incluye las principales variables demográficas y geográficas que afectan a la demanda y a los costes unitarios de los principales servicios públicos.
La aparente contradicción se solventa a favor del primer procedimiento de reparto en un único y breve párrafo oculto en la página 35 del texto. En él se indica que el otro gran fondo de financiación (el Fondo de Suficiencia) se fijará en el año base de 2007 de forma que la suma de los tres principales elementos del sistema (los ingresos tributarios que retienen las comunidades, el Fondo de Garantía y el propio Fondo de Suficiencia, que puede ser negativo si hace falta) sean iguales para cada comunidad a la cifra obtenida por el primero de los procedimientos descritos en el párrafo anterior. Esto quiere decir que el Fondo de Suficiencia neutralizará por completo los efectos del Fondo de Garantía en el año base, dejándonos con una asignación inicial que será la suma del ‘estatus quo’ y de una corrección a ojo basada en el incremento de la población. Aunque todavía no he hecho los cálculos, es muy probable que esta corrección mejore algo las cosas en relación con la situación inicial, pero es prácticamente imposible que la nueva asignación para el año base sea consistente con lo que exigiría la fórmula de reparto del Fondo de Garantía.

El problema se agrava cuando consideramos la evolución del sistema a lo largo del tiempo. La forma en la que se actualiza el Fondo de Suficiencia (escondida entre los detalles del cálculo de las entregas a cuenta en la página 46 de la propuesta) implica que el componente principal de la financiación de cada región será igual en cada año al resultado de actualizar su asignación para el año base en proporción al crecimiento de los recursos tributarios del Estado. A esta cifra hay que añadirle algunas correcciones que dependerán de la evolución de la capacidad fiscal propia y de las necesidades de gasto ligadas al Fondo de Garantía, así como algunos fondos adicionales de menor cuantía; pero lo previsible es que se trate de correcciones menores, al menos a corto y medio plazo. Por consiguiente, el sistema tenderá a congelar la asignación inicial y no ofrece garantías suficientes de que el reparto de los recursos se adecuará a la evolución de las necesidades regionales.

Espero que el lector me sepa perdonar los dos párrafos anteriores, e intento traducir el mensaje a un lenguaje más comprensible. Lo que debería ser el núcleo del sistema que propone el Gobierno (el Fondo de Garantía) está bien diseñado. Sin embargo, el resto del sistema termina deshaciendo un muy buen comienzo. Como resultado de dos oscuros ‘detalles técnicos’, el nuevo modelo no garantiza ni un reparto equitativo de recursos en el momento inicial ni una correspondencia razonable entre la evolución de la financiación asignada a cada comunidad y la evolución de sus necesidades de gasto. La cosa tiene su coña, porque se trata precisamente de dos de los principales vicios del sistema vigente que se han querido subsanar con la reforma actual.

No servirá de mucho, pero quisiera hacer una sugerencia a los miembros del CPPF: tómense un poco más de tiempo y denle un buen repaso al texto del Gobierno. Las prisas por cerrar el acuerdo son perfectamente comprensibles, pero si lo que se firma ahora y luego se convierte en ley es el documento actual, el nuevo sistema nacerá con muchos de los problemas que han exigido la revisión de su antecesor. Dentro de muy pocos años, tendremos que reabrir el melón otra vez y volveremos a la gresca. Sólo pensarlo da mucha, mucha pereza.

Desde el pasado sábado, Catalunya asiste a un torrente de declaraciones sobre la bondad o los problemas que supone el nuevo sistema de financiación. Dado que sus puntos fuertes, y sus debilidades, han sido ya analizados en profundidad, me permitirá el lector que obvie su estudio, y que me centre en aspectos que son tanto o más sustantivos que lo conseguido.
El primero de ellos es que el acuerdo ha demostrado que la aprobación del Estatut valió la pena. Estos últimos años, frente al griterío que se despertó en otros puntos de España, una parte de la opinión pública catalana e, incluso, alguno de los más firmes impulsores de su reforma llegaron a considerar que el esfuerzo había sido baldío. Que la ambición como país que el Estatut proyectó había sido excesiva. Nunca participé de esta visión. Por el contrario, me pareció siempre que la estrategia de incluir pormenorizadamente la financiación en su articulado era una condición del todo necesaria, no suficiente, para que la inevitable negociación política que había de implicar tuviera fuertes anclajes. ¿Qué hubiera pasado de no disponer de una ley orgánica como base de la negociación financiera? ¿Alguien puede creer, honestamente, que se habrían alcanzado estos resultados?

Por tanto, una primera, y muy importante, lección a extraer de este proceso es que la dureza del debate estatutario era necesaria. Y que sin el esfuerzo que entonces se efectuó los resultados que hoy celebramos serían otros, y no ciertamente mejores.
Vinculada al punto anterior emerge una segunda reflexión. El éxito de esta negociación debería actuar como bálsamo de un sentimiento catalán profundamente dolido y cansado por las dificultades generadas por el proceso estatutario y la negociación financiera. Como país, necesitábamos esta victoria. Porque no de otra forma puede calificarse un modelo de financiación que, en sus aspectos más esenciales, procede del Estatut. Y, por ello, parece más sorprendente la posición de aquellos que se enrocan no queriendo aceptar que, finalmente y quizá sin que sirva de precedente, nos ha ido bien. Así ha sido. Y así lo hemos de transmitir al país. Porque es un éxito colectivo.
En tercer lugar, las repercusiones de este acuerdo sobre la futura sentencia del Tribunal Constitucional no se le escapan a nadie. Que una parte tan sustantiva del Estatut sea la base del modelo de financiación de todas las comunidades autónomas lo blinda, en cierta medida, frente a aquellos que quisieran verlo descarrilar en el alto tribunal.

Bienvenido sea el pacto también por este importante aspecto.
Sus repercusiones políticas en el medio plazo son, en cuarto término, un aspecto más que relevante, que ayuda a entender también la resistencia de CiU a reconocer las virtudes del acuerdo. Guste o no guste, Catalunya se ha ido inclinando estos últimos años, y de forma claramente perceptible, hacia el nacionalismo y hacia una redefinición de sus relaciones con España. El Estatut es una buena prueba de ello, pero no la única. Y ese proceso, que tiene raíces estrictamente ideológicas, se ha ido alimentando por un maltrato fiscal del todo abusivo. Y que las balanzas fiscales, y el debate sobre su signo y la contribución de cada comunidad autónoma, sean objeto de debate popular es una clara muestra de aquella tendencia de fondo del sentimiento nacional del país.

En este contexto, el PSC ha tomado el camino correcto, ha resistido las presiones del PSOE y se ha colocado al frente del proceso. Con ello, ha ganado centralidad política. Y eso en un partido que, por sus orígenes, aparece como el gran articulador de esta Catalunya tan compleja. Para el futuro social del país, es una muy buena noticia que haya adoptado esta firmeza. Catalunya lo necesitaba, y ese partido también.
En esta redefinición hay que destacar que el papel del president Montilla y del conseller Castells ha sido inestimable. Demasiado a menudo tenemos la sensación de que nuestros dirigentes, en España o en el resto del mundo, no parecen tener la calificación necesaria. Y esa visión de una clase política poco preparada se ha exacerbado con la crisis financiera internacional. Pero, hoy y aquí, hay que ser justos y reconocer que el tándem Castells-Montilla ha funcionado a la perfección, y que son líderes políticos de la talla que el país precisaba. Conviene pues, también, felicitarnos por ello.

Finalmente, un poco de agua al vino. Parece que estos días estamos vislumbrando el final del esfuerzo que significó la apuesta estratégica del Estatut. Nueva financiación, traspaso de cercanías, probable redefinición de la gestión de El Prat, nuevos traspasos…, en síntesis, un importante paquete de mejora del autogobierno y de nuestras finanzas. Pero las dificultades que hemos encontrado en este camino, iniciado hace ya ahora más de cinco años, no deberíamos olvidarlas.
Las relaciones Catalunya-España se han modificado de forma radical, y el Estatut y sus consecuencias, entre ellas el nuevo sistema de financiación, son la expresión política de cambios económicos y sociales mucho más profundos. Hoy, ni somos tan relevantes como antaño para el resto de España ni esta es tan importante como lo fue para nosotros. Las dificultades del Estatut y de la financiación muestran que el anclaje de Catalunya en España no está, todavía, resuelto. Ni por la parte española ni por la nuestra.

La alambicada fórmula propuesta por el Gobierno para el nuevo modelo de financiación autonómica, basada en el incremento de la responsabilidad fiscal de cada comunidad y redondeada mediante dos fondos de convergencia, supone en principio una distribución más justa y equilibrada de los fondos disponibles. Queda por ver qué efectos acarreará realmente sobre el déficit público y sobre los impuestos. Especialmente si tenemos en cuenta que la crisis añade demandas a las que las instituciones difícilmente podrán hacer frente durante por lo menos los dos próximos ejercicios sin poner en cuestión las bases de la estabilidad presupuestaria o aumentar la presión fiscal. La discusión pública sobre la financiación autonómica ha servido para clarificar el capítulo de los ingresos territoriales. Pero la transferencia de responsabilidad que supone, sobre todo, la asunción del 50% del IRPF y del IVA como incentivo para la creación autonómica de riqueza precisa de un debate sin reservas sobre los costes en todas las administraciones del Estado en relación con su rentabilidad social. De manera que el concepto recogido en la propuesta del Gobierno de las “necesidades reales de gasto” pueda ser manejado con rigor y exigencia.

Las comunidades autónomas gozan de una potestad legislativa que impide la intromisión de cualquier otra administración en cuanto a la distribución interna de los recursos, salvando el criterio de estabilidad presupuestaria. Pero ello no puede suponer que el debate sobre el gasto, que ya se encuentra suficientemente vedado a un control parlamentario incapaz o poco interesado en clarificar anualmente la liquidación de las cuentas de cada autonomía, se preserve ante las críticas que puedan manifestarse incluso desde fuera de la misma. Junto a esto, el nuevo modelo de financiación impondrá a la Administración central una contención presupuestaria propia que hasta la fecha no ha ido pareja con el traspaso de competencias a las autonomías.

Además, la trayectoria de las últimas décadas demuestra que la alternancia en el poder no sirve como mecanismo corrector de los excesos en aquellos gastos cuya rentabilidad social puede ser discutible, sino que por lo general quien llega de nuevas se eleva sobre el pedestal construido por el anterior introduciendo, si acaso, recortes aparentes en algunos cargos de designación.

Resulta paradójico que mientras todas las instituciones se muestran más que renuentes a revisar sus estructuras de personal, el Gobierno impulse una ley de Dependencia cuya aplicación se ve dificultada por la falta de una estructura administrativa capaz de gestionar una casuística tan individualizada.

Es posible que la cifra óptima de funcionarios y empleados públicos en España sea más o menos la actual. Pero resulta discutible que esa cifra esté distribuida adecuadamente por administraciones y por sectores de actividad. Extremadura cuenta con 4,27 funcionarios autonómicos por cada cien habitantes, mientras que Catalunya ofrece un índice de 2,16. En cuanto a los funcionarios locales, presentan porcentajes del 2,73 y del 1,30, respectivamente. No hay ninguna razón, derivada de “necesidades reales de gasto”, que justifique tal diferencia. Las carencias que pueden detectarse en el sistema educativo o en el de sanidad probablemente tengan su solución en el gasto que acarrean funciones viejas y nuevas que las administraciones asumen con índices de rentabilidad social en ocasiones escandalosamente bajos.

Basta comparar los costes de personal y el conjunto del gasto corriente con la actividad desplegada o las ayudas de diverso orden prestadas a iniciativas privadas por muchos departamentos de la Administración central, la autonómica o la local. Es dudoso que las organizaciones empresariales y los sindicatos estén en condiciones de afrontar la transformación del patrón de crecimiento que ha hecho aguas y el tránsito a otro basado en la productividad y la innovación. Pero el discurso al que se han apuntado todas las instituciones por un nuevo modelo de desarrollo en ningún caso significa que puedan liderar dicho tránsito.

Desde luego, difícilmente podrían hacerlo atendiendo a la eficacia del gasto público o, por decirlo de otra manera, de la propia función pública. Es imposible revisar, siquiera a modo de reflexión, la función que desempeñan los convenios colectivos mientras el capítulo del personal dependiente de las administraciones sea tabú.

El carácter intocable de las estructuras administrativas, que responden probablemente más a la sociedad de hace veinte o treinta años que a la actual, representa un lastre del que las administraciones y la sociedad sólo pueden liberarse mediante una decisión compartida que ya es ineludible.

Ayer se produjo al fin el parto de los montes y la ministra de Economía, Elena Salgado, presentó la propuesta del Gobierno de financiación autonómica. Unos habrán quedado contentos, otros insatisfechos. Suponiendo que el límite temporal máximo no tenga que ser prorrogado una vez más. Más difícil de creer es que se haya encontrado la fórmula de estabilidad que tanto necesita, no sólo la propia financiación autonómica, sino España como Estado.

El espectáculo vivido a lo largo del último año es, cuando menos, penoso. A no pocos ha recordado tiempos ya pasados en los que el emperador recibía a los príncipes electores para preguntarles qué es lo que querían. Y a unos les concedía un favor, a otros una regalía, a otros algún tipo de apoyo en sus luchas particulares… Dando por sentado que la finalidad de la ronda de visitas no era el bien del conjunto, ni siquiera el bien particular de cada territorio, sino asegurarse la lealtad de los príncipes.

Algo de lo que está sucediendo con la financiación autonómica es comprensible dada la indefinición del reparto del poder territorial que caracteriza a la Constitución española: ni se definía el número de autonomías, ni se definía el modelo. Abría varias vías, algunas de las cuales han ido confluyendo. La financiación de las autonomías, de las que hubiere, quedaba al aire menos en el caso de las que contaban con el sistema de concierto: País Vasco y Navarra.

Treinta años después, sin embargo, el modelo se va aproximando a su cierre. Todo el territorio del Estado está organizado en autonomías -quedan pendientes Ceuta y Melilla-. Y todas han ido accediendo al máximo de competencias reconocidas a las nacionalidades. El proceso de transferencias está casi acabado. Ha llegado, por tanto, la hora de pensar seriamente en el cierre del modelo.

Y ello requiere responder a la pregunta -mal respondida con el actual Senado- de cómo se representa al conjunto del Estado en virtud de la pluralidad de territorios, completando la representación del conjunto desde la perspectiva de la igualdad de los ciudadanos que se refleja en el Congreso. Y el cierre del modelo requiere establecer de forma definitiva -que no significa ni inflexible ni inmovilista- la financiación del Estado autonómico. Y requiere también adecuar el lenguaje a la realidad del Estado que es España.

No es posible continuar hablando de lo que cada autonomía pide al Estado, como si las autonomías no fueran Estado. Lo son, y muchas veces se les pide a sus gobernantes que actúen con sentido de Estado. Pero entonces no se puede seguir hablando de la cesión de impuestos a las autonomías, como si los recursos fueran propiedad de la Administración central, y no del Estado, es decir, como si esos recursos no fueran, por definición, también propiedad de las autonomías. Todos son Estado: la Administración central, las autonomías, los ayuntamientos, el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial.

En todos los estados compuestos, la financiación está sujeta, por un lado, a unos principios básicos, claramente definidos, y, por otro, a la discusión de los ajustes necesarios por los cambios que van definiendo la realidad. Tomemos, de forma simplificada, el caso de Alemania, del que tanto se usa y abusa: la Constitución de la República Federal establece que el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades se lo reparten a medias, al 50%, la federación y los länder. Los ingresos del IVA son también correspondientes a ambos niveles de gobierno, pero debe ser establecido, y puede ser cambiado, por una ley federal que requiere de la aprobación del Senado -representación del conjunto del Estado desde la perspectiva de la pluralidad de los distintos territorios, y compuesto por los gobiernos de los länder-. Después de las discusiones provocadas por la reunificación, por poner un ejemplo en el tiempo, el año 1993 el reparto quedó de la manera siguiente: 44% para los länder, 56% para la federación.

Esta distribución de las grandes cantidades no evita que exista un debate permanente sobre la financiación, especialmente sobre el reequilibrio financiero entre los länder. Länder ricos como Baviera, Hesse (Frankfurt) y Baden-Württenberg elevaron su queja al tribunal constitucional entendiendo que pagaban demasiado. Su recurso fue denegado. Y todos toman como ejemplo del buen funcionamiento del reequilibrio el que la pobre Baviera de 1945, tan necesitada de la ayuda de los estados ricos, sea ahora una de las regiones más desarrolladas, punteras y ricas de Alemania gracias a las aportaciones de las regiones ricas.

Es necesario establecer criterios claros. En este punto tienen razón los catalanes, que así lo reclaman, más allá de determinadas cantidades concretas. También tienen razón cuando critican que la lógica actual, que pone patas arriba el ranking de autonomías en el PIB con un ranking de gasto público por habitante sin ninguna relación con el puesto en el PIB, no posee ninguna coherencia. Pero no tienen razón cuando dicen que el Estado, es decir, la Administración central, debe tener interés en que Cataluña siga siendo la economía puntera que ha sido hasta ahora, pues ello significaría que lo que ha sido producto de la historia no tiene más remedio que seguir siéndolo por toda la eternidad.

Es difícilmente comprensible el recurso a los distintos criterios y variables que se argumentan para recibir mayor financiación. Pongamos el caso de la población: si ésta ha aumentado de forma mayor que la media, en especial por el incremento de la inmigración, el 50% del impuesto sobre la renta multiplicado por el aumento de la población activa ya de por sí produce un aumento de la financiación. El problema de las distintas variaciones que favorecen a unos y resultan inaceptables para otros pertenecen al ámbito de los reequilibrios entre las distintas autonomías, y a la posibilidad de actuación discriminada que puede llevar a cabo el Gobierno central, siempre que éste cuente con recursos suficientes y siempre que la autonomía que lo necesite esté dispuesta a hacer un esfuerzo propio.

NO SÉ si sería necesario ni conveniente elevar a rango constitucional los criterios básicos que regulen el reparto de los recursos procedentes de los grandes impuestos entre la Administración general y las autonomías. Pero es algo que debiera quedar fuera del debate permanente sobre la financiación autonómica, y que debiera adquirir el peso de criterio definido. Queda suficiente espacio para el debate en lo que al reequilibrio financiero entre las autonomías se refiere, y en el papel a cumplir por la administración general en la superación de los grandes desequilibrios regionales.

Pero el debate actual sobre financiación autonómica, unido a la propagación de la voluntad de bilateralidad en la relación de cada autonomía con la Administración general, aunque la referencia sea siempre, y es muy significativo, con el Estado, produce inestabilidad y hace que éste, en lugar de serlo, parezca un bazar oriental en el que todo está sometido a la capacidad no del que más puje, sino del que tenga mayor capacidad de chantaje.

Es incomprensible que, a estas alturas del desarrollo autonómico, los dos grandes partidos no intenten acordar unos principios reguladores que doten a todo el proceso de estabilidad, definición, dirección y cohesión. Claro que para ello PSOE y PP debieran obtener claridad sobre los principios básicos que regulan los estados federales: la lealtad federal -del todo con las partes y de las partes con el todo-, el principio de que ley federal se impone a la normativa de los länders -Bundesrecht bricht Landesrecht- y, sobre todo, lo que el ex ministro de Interior en tiempos de Helmut Schmidt decía recientemente en Bilbao: «Las autonomías deben entender como su cometido el bien del conjunto».

Después de muchos años de debates en torno a las normas forales que establecían el tipo de Impuesto de Sociedades a pagar en los territorios vascos en aplicación de las previsiones de la Ley de Concierto Económico, y después de la sentencia del tribunal europeo que ratifica la capacidad de las Juntas Generales de cada territorio para proceder a dicha aplicación, siempre que la fijación del cupo correspondiente no vuelva a introducir la ayuda de Estado inaceptable para Europa que no está implicada necesariamente en el concepto del Concierto, ha bastado el cambio de gobierno para que el nacionalismo haya vuelto a la carga con la idea de la necesidad de blindar el Concierto Económico.

Como ha recordado este mismo periódico en sus páginas -Manu Álvarez-, el Concierto Económico en cuanto ley no necesita de ningún tipo de blindaje. Está a salvo de cualquier tipo de ataque. Cuando se habla de blindaje lo que se quiere decir es que las normas forales que establecen tipos de imposición distintos a los que rigen en territorio común deben estar blindadas. ¿Blindadas ante qué, o ante quién?

El blindaje que se reclama para las normas forales que se diferencian de lo establecido por las leyes fiscales para el territorio común significa que dichas normas forales estén protegidas de la capacidad de ser llevadas ante los tribunales por cualquier ciudadano español. Se pide que las normas formales tengan la misma protección que poseen las leyes que no pueden ser recurridas por cualquier ciudadano, sino sólo por aquéllos declarados como competentes para ello. En castellano simple: blindar las normas forales que establecen el Impuesto de Sociedades en un nivel más bajo que el que rige en territorio común significa que la asociación de empresarios riojanos, por poner un ejemplo, no tenga capacidad de recurrirlas, y que tenga que ser, al menos, el Gobierno riojano el que las tenga que recurrir.

No sería posible impedir cualquier tipo de recurso contra dichas normas forales. Ello implicaría que el poder que aplican las Juntas Generales cuando establecen los tipos impositivos a aplicar a los beneficios de las empresas estaría fuera de todo control jurídico, fuera del ordenamiento jurídico. Es preciso recordar que cualquier ley aprobada por cualquier parlamento, autonómico o central, está sometida al control por parte del Tribunal Constitucional.
Lo que el discurso del blindaje del Concierto reclama, pues, es la reducción de los capacitados a recurrir las normas forales que aplican las posibilidades abiertas por el Concierto, y reducir el ámbito jurisdiccional en el que dichos recursos se pudieran plantear.

Los mecanismos para conseguirlo pueden ser variados. No es cuestión de entrar a analizarlos ahora. Pero sí puede ser conveniente ampliar el horizonte del debate. En una conferencia reciente en Bilbao, un antiguo ministro con Helmut Schmidt, Gerhard Baum, recordando el 60 aniversario de la Constitución alemana, subrayaba el valor democrático de dicha constitución, entre otras cosas, porque capacita a cualquier ciudadano alemán a plantear cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de ese país cuando crea que alguna ley del Parlamento federal, o alguna disposición de los órganos comunitarios europeo,s pone en cuestión el principio constitucional de la dignidad de cada ser humano.

Cuando hoy en día se debate el desarrollo de la democracia, la ampliación de la cultura democrática, se constata una tendencia a facilitar la participación de los ciudadanos en la acción de gobierno, acción que no se limita a la ejecución de políticas, sino también a la labor legislativa, e incluso judicial, no en las decisiones y sentencias, pero sí en la capacidad de ser activos ante los tribunales para defender los derechos y las libertades.

Todo el discurso del blindaje del Concierto va en dirección contraria a esos esfuerzos de democratización. Es probable que lo que se denomina economía procesal recomiende limitar la capacidad de recurrir y los tribunales ante los que se pueda recurrir. Pero el blindaje no puede suponer nunca impedir un control desde el derecho sobre la forma de aplicar las capacidades reconocidas por el Concierto. Sería totalmente contrario a la democracia. Incluso el blindaje que ahora se analiza puede ir contra la corriente de más democracia que se plantea para revitalizar la cultura democrática abriendo vías de mayor participación de la ciudadanía.

Pero el sentido democrático de la aplicación de las previsiones del Concierto a través de las normas forales debe ser tema de reflexión además por otra razón. Ya ha quedado dicho que la sentencia del Tribunal europeo que proclama que la Ley de Concierto Económico no contradice el derecho europeo, porque no significa que su aplicación suponga automáticamente que se trata de ayudas de Estado, introduce la advertencia de que las ayudas de Estado prohibidas por el derecho europeo sí pueden encontrarse en la forma de calcular el cupo.

No es, por lo tanto, ninguna sorpresa que el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, haya planteado al PSE la necesidad de blindar el cupo. El problema del cupo, la cantidad de dinero que la Comunidad Autónoma Vasca paga a la Administración general del Estado en concepto de participación en los gastos presupuestados de las competencias no asumidas, es su muy poco democrática falta de transparencia. No son pocos, incluidos algunos políticos catalanes en el Gobierno de la Generalitat, los que, sin cuestionar el Concierto, sí cuestionan la falta de transparencia en la fijación del cupo.

Democracia, sin embargo, implica, antes incluso que la posibilidad de la participación ciudadana, transparencia de las decisiones políticas. En relación al cupo, por lo tanto, lo que acucia no es su blindaje, sino todo lo contrario. La transparencia respecto a los parámetros técnicos que se usan para su fijación, de forma que pueda existir un debate democrático sobre el cupo. De la misma forma que acucia una mucho mayor transparencia en relación a los flujos financieros entre Euskadi y el resto de España.

Claro que es difícil que exista transparencia en torno al cupo cuando la cuestión de la política fiscal parece ser que se encuentra fuera del debate político en Euskadi. Lo único que parece interesar es la diferencia -nominal y a la baja- del Impuesto de Sociedades. Pero ningún partido presenta, con ocasión de la elección de las Juntas Generales, las competentes en política fiscal entre nosotros, un proyecto claro de política fiscal. Y tampoco existe una información clara, comprensible para todos, de cuál es la presión fiscal que existe en Euskadi -y es la condición que establece la Ley de Concierto: que la presión fiscal media en Euskadi no sea inferior a la de territorio común-, cómo se compone esa presión fiscal, cuánto aporta a ella la fiscalidad sobre el trabajo, cuánto -realmente, no nominalmente- la fiscalidad sobre los beneficios empresariales, cuánto el IVA, por qué el marginal del IRPF es dos puntos superior a territorio común.

Debería ser posible contar con resúmenes claros e informativos de todos esos apartados para que los ciudadanos pudieran hacerse una idea de la política fiscal que se aplica en Euskadi. Pero parece que, como debemos de ser todos muy ricos, a nadie le interesa hablar de estas cosas.

Y ya que de dinero hablamos: El diputado general de Bizkaia ha reclamado del Gobierno vasco una cantidad para la financiación del nuevo San Mamés. La cantidad exigida es de 55 millones de euros, trazando un paralelo con la implicación del Ejecutivo autonómico en el proyecto de Anoeta. Dos indicaciones: aquel desembolso, de algo más de 900 millones de pesetas, se realizó para completar la ciudad del deporte en San Sebastián, que incluía, además del frontón Anoeta existente y del velódromo, también existente, un estadio olímpico de atletismo, pistas auxiliaren de atletismo, una piscina olímpica y un nuevo polideportivo, para lo que se contaba con aportaciones importantes del Consejo Superior de Deportes. No era dinero sólo para un campo de fútbol.

Segundo: el Athletic de Bilbao recibió algo más de 300 millones de pesetas para la reforma y ampliación de sus instalaciones de Lezama con vistas a la consolidación de su escuela de fútbol. Sólo por actualizar la memoria.

Todo parece indicar que estamos al final de la larga negociación por el nuevo sistema de financiación y del veredicto del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. A la espera de los resultados definitivos, no está de más recordar que el pacto de financiación autonómica acordado en el 2001 no ha sido positivo para los intereses de los ciudadanos de Catalunya, que, año tras año, han visto cómo los recursos por habitante quedaban por debajo de los de la media española e, incluso, muy por debajo de los de comunidades que recibían los fondos de compensación territorial de los que Catalunya aportaba una parte sustancial. Estos desequilibrios en el modelo de financiación se intentaron paliar en el 2006 con la aprobación de un nuevo Estatut que contemplaba el principio de ordinalidad, es decir, que, después de la aportación solidaria, Catalunya no quedara relegada a una posición inferior a la que determinaba su aportación al PIB español. Y tampoco está de más recordar que aquellos partidos que ya han avanzado que considerarán insuficiente el nuevo modelo de financiación son, precisamente, los que pactaron el modelo vigente desde el 2002 y que el PP, además, ha interpuesto el recurso de inconstitucionalidad del nuevo Estatut.

Después de las reiteradas promesas del presidente del Gobierno español, la larga negociación del nuevo sistema de financiación le ha restado credibilidad en Catalunya y muy bueno ha de ser el nuevo modelo para que José Luis Rodríguez Zapatero recupere la confianza de una parte del electorado catalán. La «desafección emocional de Catalunya hacia España y las instituciones comunes» de la que advirtió en Madrid el presidente José Montilla en noviembre del 2007 no ha hecho más que crecer en los dos últimos años, alimentada por la insensibilidad del Gobierno español a las justas peticiones de mejora del sistema de financiación, de inversiones en infraestructuras, etcétera.
Pero, más allá de la desafección y del enrarecimiento de las relaciones con Madrid, lo más grave es la fractura que se ha producido entre los partidos catalanes, que se han mostrado incapaces de mantener una postura unitaria en las negociaciones con el Gobierno central. Es obvio que las responsabilidades en esta fractura no se reparten por igual entre todas las fuerzas políticas y todavía hoy hay quien pide lo imposible.
Y no será fácil recomponer esta unidad en términos de país, porque la política de vuelo gallináceo se ha instalado en el sistema político, donde los partidos están más pendientes de las próximas elecciones que de conseguir un modelo de financiación beneficioso para Catalunya. A menudo se ha dado la impresión de que la negociación del sistema de financiación se utilizaba como palanca para desestabilizar al Govern de la Generalitat y no para alcanzar las justas demandas de los ciudadanos de Catalunya.
Y, de paso, la polémica ha enturbiado los acuerdos unitarios en temas capitales conseguidos en la actual legislatura, como, para citar los más recientes, la ley de educación de Catalunuya de este mismo mes de julio y la denominada ley de fosas del pasado mes de junio.

Ahora el acuerdo parece al alcance de la mano. No será, indudablemente, el mejor de los acuerdos posibles, pero si, más allá de las cifras coyunturales que podrían situarse entre los 2.500 y los 3.000 millones de euros en el tercer año de aplicación, el modelo respeta los principios fijados en el Estatut, no sería sensato rechazarlo. Por el contrario, si el nuevo modelo conculca el Estatut y no respeta el principio de ordinalidad, estaremos donde estábamos y, en este caso, es preferible un no acuerdo a un mal acuerdo.
En todo caso, de estas difíciles –y a veces frustrantes– negociaciones y de lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional habrá que sacar las pertinentes conclusiones.
La primera es que en las negociaciones con el Estado hay que anteponer los intereses de país a los intereses electorales y de partido y que esto exige una unidad de acción que raramente se ha dado. La segunda es que conviene clarificar y plantear sin tapujos el modelo de articulación con España que cada uno defiende. En este terreno, sobran las ambigüedades calculadas.

Las tendencias que marcan desde el 2005 los barómetros de opinión del Centro de Estudios de Opinión son concluyentes. Así, el último de los barómetros (mayo del 2009) dejaba claro que el 42,2% de los encuestados se sentían tan españoles como catalanes; el 26,2%, más catalanes que españoles, y el 19,8% solo catalanes; que el 68,1% consideraba insuficiente el nivel de autonomía; y que el 35% creía que la relación entre Catalunya y España debería de ser la de un Estado dentro de una España federal, el 34,9% consideraba Catalunya una comunidad autónoma de España y el 20,9% apostaba por que Catalunya fuera un Estado independiente.
En esta línea, estaría bien que el PSC dejara bien claro al PSOE que su apuesta contra la desafección es el modelo federal tal como implícitamente se plantea en el Estatut. De la misma manera, el resto de fuerzas políticas deberían aclarar cuáles son los mecanismos para llegar democráticamente a la independencia (opción todavía minoritaria, pero que está en ascenso) o al soberanismo, mucho más difícil de definir y de ver en las encuestas de opinión.

Acepto gustoso la oportunidad que me brinda EL PERIÓDICO DE CATALUNYA para contribuir al debate acerca de los momentos finales, inciertos y decisivos del nuevo Estatut y la financiación de Catalunya. Pero, primero, déjenme aclarar que no soy un político y no pretendo sugerir cómo estos deben hacer su trabajo. Solo soy un empresario y mi objetivo es trabajar por el bien de mi empresa, sus clientes, trabajadores y accionistas, aunque no tengo ninguna duda de que, haciéndolo, trabajo también para el bien común.
El debate sobre la relación de la sociedad catalana con España es largo… y antiguo. Últimamente, nos habíamos esperanzado con un proyecto de España plural que parecía que iba a ser la herramienta que permitiría solventar este largo conflicto en el siglo XXI. Pero de momento no ha sido así, y el incumplimiento del Estatut y el desacuerdo en la financiación han llevado a Catalunya a una situación incierta y un punto frustrante.
Hay una pequeña buena noticia en este panorama: en las próximas semanas se acabará la incertidumbre. En el ámbito económico, no hay cosa peor para las empresas que trabajar en un marco estructural incierto. A finales del 2008, la gran incerteza existente sobre la crisis económica y la situación del sistema financiero generó una auténtica parálisis en nuestras empresas e industrias. La mayoría de empresas congelaron sus proyectos, ideas y decisiones. Cuando se comprobó la magnitud de la crisis, las empresas reaccionaron ajustando sus expectativas de ingresos, cambiando estrategias y tomando decisiones, muchas de ellas de reducción de costes. Decisiones duras y dolorosas, pero necesarias. Y son las que van a permitir a muchas de estas empresas salir de la crisis. Una vez el nuevo terreno de juego estaba definido, incluso sabiendo que era mucho peor que el anterior, los empresarios empezaron a decidir y trabajar.
En el ámbito político, parece que está a punto de acabar el proceso estatutario que se inició hace cinco largos años. Esperando que se aplique un Estatut aprobado por el pueblo catalán y las propias Cortes y esperando que llegue un sistema de financiación más justo para Catalunya, la cuestión ha de resolverse inmediatamente. No podemos permitirnos un clima de incerteza que acabe afectando al ánimo colectivo ni invertir mucho más tiempo en este debate.

Creo que lo que queremos en Catalunya no es tan difícil. Básicamente, dos cosas.
La primera: que el Estado respete y acoja amablemente las diferentes naciones que lo conforman, haciendo que todas se sientan cómodas en él, con un grado de autonomía en su gestión razonablemente amplio, según criterios básicos de autodeterminación y eficiencia, junto con el máximo respeto por las cuestiones sociales y culturales de cada comunidad. Esto no debería ser tan complicado en el siglo XXI. La mayoría de los catalanes y españoles que tienen ahora 40 años lo entienden perfectamente, a pesar de que algunos hayan atizado irresponsablemente la hoguera de la discordia relatando hechos falsos y emitiendo opiniones ridículamente alarmistas.
La segunda: que las administraciones públicas provean de las infraestructuras necesarias que permitan a las empresas desarrollarse en un mundo global. Y me refiero a infraestructuras físicas, a marcos legales razonables, procesos modernos y a un gasto público eficiente y orientado al bien común. No hay excusa, ni la del desequilibrio territorial, para que no se invierta el suficiente dinero en Catalunya para que el país avance. Si Catalunya va bien, España va bien… ¡Qué obviedad!
Como ejemplo, en Spanair, estamos trabajando con el máximo entusiasmo para relanzar esta compañía y contribuir a consolidar el hub aeroportuario de Barcelona con la terminal T-1 de El Prat. Este es un proyecto colosal y un reto colectivo entusiasmante en el que, con el impulso inicial de algunas instituciones públicas, unos empresarios están arriesgando su dinero. Si en alguna ocasión se ha dicho que los catalanes se han escondido detrás de un cierto victimismo, este no es uno de ellos. De vez en cuando nos confrontamos con el escepticismo de otros –cada vez menos– que desconfian de un proyecto catalán… Como si el de Iberia fuera un proyecto castellano (y no español) por haber escogido como hub Barajas. Que España tuviera dos hubs, uno en Madrid impulsado por Iberia y otro en Barcelona impulsado por Spanair, sería una grandísima noticia para todos y una buena forma de competir con otros hubs europeos… Resulta bastante obvio. ¿Alguien no lo entiende así?

En los últimos tiempos se ha impulsado la magnífica T-1 de El Prat y Barcelona se ha convertido en la sede de la Unión por el Mediterráneo, pero no podemos limitarnos a estos dos logros. No es una buena idea que una de las grandes locomotoras económicas del Estado esté viviendo dos años bajo la amenaza de un sistema de financiación injusto y bajo la espada de Damocles de una sentencia del Constitucional que puede laminar lo que decidieron los ciudadanos de Catalunya. Los ciudadanos y las empresas de este país necesitamos una respuesta rápida en la cuestión del Estatut y la financiación. Pero no para sentarnos en el sofá y decir: “Ya está. Ya hemos conseguido lo que queríamos”. No. Queremos una respuesta clara y concreta para trabajar y para decidir.
Los empresarios tenemos energía, impulso, ilusión y ganas de trabajar. Necesitamos también a las administraciones centradas en sus tareas de gestión. No nos ayudan los enfrentamientos y desacuerdos ruidosos, ni el clima victimista o paralizante.
Queremos racionalidad y estabilidad. Queremos trabajar, innovar y arriesgarnos, por el bien propio y el común, de acuerdo y en comunión con las instituciones públicas cuando sea necesario. Pero queremos hacerlo en un marco definido y justo, el que Catalunya se merece.

Escribe el filósofo Josep Ferrater Mora en la obra Formes de vida catalana, publicada en el exilio, en Chile, en 1944, que los catalanes podemos exagerar nuestras virtudes (la mesura, la sensatez, la ironía, la continuidad) hasta convertirlas en vicios menos agradables. Por ejemplo, la virtud de la mesura llevada hasta el extremo nos conduce a la manía del formalismo. En cualquier caso, añade, seguiría siendo verdad que la raíz de esos vicios son virtudes y que, por tanto, «podríamos siempre, con un poco de esfuerzo, volver a nuestra fuente originaria». Pero existen dos corrientes que, una vez desatadas, puntualiza el filósofo, son mucho más difíciles de vencer. Se trata del resentimiento y de la soberbia. La soberbia tiene una sola dirección: el descenso colectivo. El resentimiento segrega unas toxinas que envenenan el espíritu de los catalanes. Una y otra se encuentran tan unidas que muchas veces son la misma cosa, concluye.

Esta modesta introducción al pensamiento de Ferrater Mora nos sirve para afirmar que hoy una parte de Catalunya corre el peligro de descolgarse por el camino del resentimiento y la soberbia. Son voces que quieren imponer un solo relato sobre la realidad del país y que quieren marcar la dirección futura del catalanismo. Hablamos, en definitiva, de la Catalunya nacionalista o soberanista. Resulta paradójico que, una vez derrotadas electoralmente en las urnas las tesis neocentralistas del PP, en el 2004 y en el 2008, ahora algunos insisten en pintarnos un escenario igualmente catastrófico, como si todo fuera lo mismo. Como si el PSOE y el PP representaran la misma política. Bien sabemos los catalanes que esto no es así.
La deriva recentralizadora que impulsó Aznar no era ninguna broma. El intento de imponer una lectura preconstitucional de la propia Constitución fue una grave amenaza. Para combatir la desmemoria recomendamos la lectura del libro del catedrático González Casanova, La derecha contra el Estado. Por ello, frente a las visiones interesadas de algunos, inopinadamente amplificadas por otros, hay que reiterar que el socialismo español que representa Rodríguez Zapatero, con sus aciertos y errores, está en las antípodas de la vieja tradición jacobina. Afirmar lo contrario, además de falso, es caer de cuatro patas en el juego de aquellos que perdieron el poder en Catalunya en el 2003 y que, tres años después, esperaban recuperarlo, en último término, mediante no se sabe muy bien qué pactos secretos precisamente con el socialismo español que ahora tanto infaman. ¿Es lo mismo apoyar el Estatut y defenderlo que intentar destruirlo? ¿Es lo mismo defender en toda España nuestro modelo lingüístico que atacarlo, expandiendo la mentira venenosa de la persecución del castellano? ¿Es lo mismo enderezar la situación anémica de las inversiones en infraestructuras del Estado en Catalunya que ser responsable de ella? La mayor parte de los catalanes, cuando tienen la oportunidad de responder a eso con su voto, afirman que no.
La tan cacareada tesis sobre la desafección de los catalanes por España no se corresponde con la realidad de los hechos. No hay duda de que una sentencia contraria del Tribunal Constitucional, un dictamen que pusiera fuera de juego partes esenciales del Estatut de autonomía de Catalunya, supondría un revés mayor. Pero la sentencia aún no se ha producido. Solo cuando la sentencia llegue habrá que hablar de ello, y tanto como sea necesario. Entretanto, avanzar escenarios de confrontación y dar por bueno que pasará lo peor es un ejercicio estéril que solo sirve para alimentar un estado psicológico colectivo de resentimiento. No hay duda de que desde el neocentralismo y el soberanismo hay interés en generar este estado crítico, pero el catalanismo positivo y constructor no puede caer en este juego infantil que hoy divierte a algunos tocando a somatén.
Lo mismo ocurre con la financiación. El compromiso político del Gobierno español es firme. La actitud del president Montilla es inequívoca en la defensa de los intereses de los catalanes. El retraso está resultando un trago muy difícil para las dos partes. Pero cuando algo se demora tanto es sin duda porque no es fácil. Porque hay que evitar que se convierta en una batalla territorial con ganadores y perdedores. Es cierto que los catalanes estamos con deseos de que esto acabe. Pero la impaciencia, y menos ahora que el acuerdo está tan cerca, no puede llevarnos a propagar estados de opinión que dan ya por malo cualquier acuerdo, incluso aquel razonablemente bueno, como hace CiU. A esto se le llama soberbia. Como dice Ferrater Mora, la soberbia es un estado de negación y rebelión.

Nosotros creemos que habrá acuerdo de financiación y que la sentencia del tribunal ratificará la constitucionalidad del Estatut. Entonces podremos afirmar con rotundidad que la España del catalanismo –a la que aspiraban tanto Campalans y Companys como Prat de la Riba y Cambó– está hoy más cerca de ser una realidad. Ernest Lluch diría que el catalanismo es un hijo tardío del pensamiento optimista ilustrado del siglo XVIII. Nosotros solo añadimos que esto es verdad a condición de que no deje nunca de proyectar una mirada optimista. Por ello, hoy en Catalunya, al igual que hacía Ferrater Mora en 1944, hay que practicar la mesura y combatir principalmente dos actitudes –el resentimiento y la soberbia– que nos alejan gravemente de nuestra mejor tradición política.

El incumplimiento de los aspectos financieros del Estatut aprobado por el pueblo catalán y las Cortes, junto con su declaración de inconstitucionalidad por parte del más alto tribunal español, es una combinación que tendría graves consecuencias para el futuro de Catalunya. La declaración que firman varios ciudadanos muy responsables en este periódico afirma que esta doble posibilidad «marcará el futuro de la sociedad catalana» y pide, al mismo tiempo, y sin ambages, una respuesta muy firme.
El Gobierno español, metido a fondo en inacabables negociaciones con todas las regiones españolas y con las diversas naciones de la Península (todas, llamadas comunidades autónomas, como si fueran lo mismo, y entre las que hay varias provincias castellanas transformadas en sendas autonomías), no encuentra el modo de tratar con Catalunya como hace falta. La prolongación interminable de las negociaciones para la financiación hace temer lo peor.

Se podría pensar que existe una falta de coraje por parte del Gobierno español para dar el paso adelante que supone la aceptación de las consecuencias de un Estatut que él mismo presentó y aprobó en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, tenemos derecho a pensar que la cosa tiene, lamentablemente, raíces más profundas. Quizá responde a una falta de convicción de que los catalanes realmente somos una nación suficientemente distinta. La versión más común es que existe una corriente unitaria y centralista –que ayer estaba representada por el difunto franquismo y hoy por el Partido Popular– a la que le repugna toda concepción de pluralismo nacional, pero que la izquierda española, sin embargo, no sufriría esta enfermedad.

Históricamente, los esfuerzos de notables corrientes liberales españolas que entendían a Catalunya o bien acontecimientos tales como la creación de un partido comunista en Catalunya –el PSUC–internacionalmente reconocido como soberano, daban esperanzas de lograr la consolidación, tarde o temprano, de un universo hispánico solidario y respetuoso con la pluralidad nacional.
El propio Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al hablar con tanta frecuencia de «la España plural», ha fomentado la esperanza de que prospere este comportamiento.
Naturalmente, la credulidad de la ciudadanía ante la retórica de los que mandan suele tener un límite. No se puede hablar incesantemente de sistema radial de transportes y no cambiar de rumbo: ni los aeropuertos son transferidos ni los ferrocarriles abandonan un esquema radial radical. Tampoco se puede hablar de republicanismo político, como ha hecho el presidente del Gobierno español tantas veces, sin poner en práctica algunos de los postulados elementales de esta conocida filosofía política. (La cual, de momento, no implica, evidentemente, la eliminación anticonstitucional de la Corona, sino una forma de practicar la participación ciudadana).
Salvo invitar y contratar a un profesor extranjero que no conoce la lengua castellana para juzgar el imaginario republicanismo del Gobierno español, la Moncloa no ha hecho nada en esta dirección. Se pueden decir muchas otras cosas. Lo que no podemos esperar es que nos convenzan las palabras y no los hechos.
Se acerca la hora de que en Catalunya las palabras sean vistas como lo que son, y nada más. Cuando ciudadanos tan sensatos y comedidos en su juicio, tan responsables como representantes de instituciones respetabilísimas, algunas muy queridas, otras verdaderamente venerables, redactan una declaración –un manifiesto, prácticamente– como el que ha acogido EL PERIÓDICO en sus páginas, es que la paciencia se está acabando.
Este año celebramos el 600° aniversario del filósofo político catalán más grande de todos los tiempos, Francesc Eiximenis, muerto significativamenter en Perpinyà, en 1409, en el que hoy es territorio bajo una jacobina administración francesa. (Esta, afortunadamente, no engaña con pluralismos nacionales). Gerundense de nacimiento, valenciano de adopción, él fue quien mejor desarrolló una teoría política del pactismo. La república, la cosa pública como él decía, tenía que gobernarse por la paciencia, los pactos, las negociaciones y, eso sí, con la presencia activa de los ciudadanos, los hombres honrados, reunidos en asambleas deliberativas.

Eiximenis, hombre sereno y racional, no obstante, recordaba a su patria con la expresión la meva beneyta Catalunya. Deseo pensar que en su tiempo, a caballo de los siglos XIV y XV, beneyt significaba bendecido por los dioses inmortales, o bien, puesto que era un buen fraile franciscano, bendecido por Dios todopoderoso. Esperamos ser siempre bendecidos, pero no benditos. Si las cosas se tuercen, queridos compatriotas, no seamos benditos.

La concatenación inexorable de los hechos es posible que coloque a todos los dirigentes catalanes –políticos o no– en la tesitura de adoptar en breve plazo una grave decisión, que marcará de modo decisivo el futuro de Catalunya y, no cabe tampoco ninguna duda, el de toda España. Los hechos que tal vez definirán esta situación son estos:

1. – Una resolución del tema de la financiación autonómica que infrinja el mandato estatutario. Es sabido que el Estatut marca, en esta materia, tres pautas: la necesidad de un acuerdo bilateral Estado-Generalitat, unos principios sustantivos a los que ha de sujetarse la negociación, y la concreción en una cifra de la aplicación de dichos principios. Dada por hecha la imposibilidad –SEnDque afirmo– de un acuerdo bilateral autosuficiente, ya que siempre habrá de ser objeto de ulterior aprobación multilateral, y dado el carácter discutible de la cifra –botella medio vacía o medio llena–, todo se concretará en la aplicación o no de los principios sustantivos, entre ellos el de ordinalidad. Y, en vista de cómo se ha desarrollado el proceso, cualquier cosa es posible.

2. – Una sentencia del Tribunal Constitucional que, siendo quizá solo interpretativa, no se limite –como a mi juicio debería– a limar cualquier atisbo de relación confederal, sino que enerve también el desarrollo del Estado autonómico en sentido federal, única salida ya posible para una articulación jurídica del Estado concebido como una casa común, en la que puedan sentirse también cómodas aquellas comunidades autónomas que se consideran a sí mismas una nación.

3. – El propósito evidenciado –so pretexto de la racionalización de la acción administrativa– de poner en marcha un proceso de refacción de las competencias de la Administración central en materias ya transferidas. Así, por ejemplo, en aras de la unidad de mercado, con olvido de que sería también posible lograrla mediante un adecuado funcionamiento de los organismos de colaboración horizontal; y con desconocimiento de que, a estas alturas, el Estado autonómico ha superado ya el punto de no retorno, al haber generado sendos grupos de intereses locales que lo hacen irreversible.

4. – Una cierta pérdida de peso específico –de origen más psicológico que real– de Catalunya en el conjunto de España, puesta de manifiesto en el hecho de que cada día es más evidente que el liderazgo de la periferia peninsular, en su relación dialéctica con el centro –el Gran Madrid–, está vacante, por no haber ninguna comunidad autónoma que –exceptuada Catalunya– tenga suficientes peso específico y voluntad política para asumirlo. Pero, además, no se puede negar tampoco que una de las causas de esta situación –no la única, pero sí importante– es la creciente tendencia a la automarginación, por parte de Catalunya, respecto de cualquier proyecto común hispánico. Una automarginación que hunde sus raíces en un desafecto recíproco, sobre cuyas causas nunca existirá acuerdo.
Si los hechos llegan a producirse en términos semejantes a los consignados, el abanico de posibilidades que se abre ante los dirigentes catalanes se reduce a dos:

Primera. – Decir que aquí no ha pasado nada decisivo, sin perjuicio de modular diversas gradaciones de queja y de retóricas apelaciones a la responsabilidad política. Sería políticamente letal.

Segunda. – Enfrentarse al Gobierno central, incluso en sede parlamentaria, y convocar elecciones en Catalunya. Sería políticamente digno, si bien de resultado incierto.

Aunque se trata de una situación muy diversa, no deja de ser oportuno recordar lo dicho por Churchill a Chamberlain después de la abdicación de este en Múnich: «Has elegido el deshonor para evitar la guerra, pero tendrás la guerra y el deshonor».
La opción aconsejable sería, de darse los presupuestos enunciados, la segunda. Es cierto que implica una ruptura política –que no jurídica– del statu quo, pero también lo es que puede ser fecunda, no solo desde la perspectiva catalana, sino también desde la que brindan los intereses generales españoles, ya que la única salida clara al atolladero en que se halla, desde hace más de un siglo, la estructura territorial de España es el Estado federal. Y como esta evidencia no parece haber sido aún aceptada por la mayoría de los ciudadanos españoles, que se engañan a sí mismos con el recurso a la conllevancia, es por lo que resulta imprescindible plantear la cuestión de forma clara en sede parlamentaria, observando hasta el extremo las normas del Estado democrático de derecho.

Dos apostillas finales. – En primer lugar, que esta opción de ruptura política exigiría la unidad de la mayor parte de las fuerzas políticas catalanas, ya que, de no lograrse esta, habría que replantearse muchas cosas, empezando por la vigencia actual de la nación catalana, que quedaría en entredicho. Y, en segundo término, que la política es una cosa demasiado seria para dejarla exclusivamente en manos de los políticos; en consecuencia, la opción por la ruptura política debería ser asumida previamente, con serena y racional convicción, por la mayor parte de la sociedad catalana, que debería haberse manifestado en este sentido a través de las instituciones y entidades de todo tipo que integran su tejido social.

Lo que es bueno para Barcelona es bueno para Catalunya. Lo que no es bueno para Catalunya no es bueno para Barcelona. Ni para ninguno de los cerca de 1.000 municipios catalanes, ni para ninguno de sus ya más de siete millones de habitantes. Tampoco para el conjunto de España. Y la financiación que la Generalitat recibe en estos momentos del Estado no es buena. Y no lo es por tres razones de peso.

1. Porque no se está cumpliendo lo que establece el Estatut, refrendado por el pueblo catalán como su norma principal y que tiene rango de ley orgánica estatal. Y cumplir las normas y las leyes básicas es no solo lo que corresponde, sino la mejor manera de fortalecer nuestras instituciones y su vinculación con la ciudadanía, los cimientos políticos que democráticamente hemos acordado y la lealtad, la confianza y la solidaridad que nos deben regir.
Todos estos valores –democracia, lealtad, confianza y solidaridad– son mérito de todos y son fruto del arduo trabajo de los últimos 30 años. Un trabajo al que los ayuntamientos hemos hecho una aportación esencial, a menudo por encima de nuestras posibilidades y gestionando con rigor y responsabilidad unos recursos que necesitamos ver sensiblemente incrementados. Todos somos Estado, y el Estado, en el sentido más amplio del término, nos incumbe a todos.

2. Porque es insuficiente para prestar en toda su extensión los servicios que Catalunya necesita, garantizar las prestaciones que los ciudadanos y ciudadanas requieren y fijar las inversiones que el país debe afrontar para mejorar, ampliar y modernizar sus infraestructuras y sus equipamientos. Y si no se pueden construir más y mejores escuelas, institutos y universidades ni contratar más maestros y profesores; si no se pueden construir más y mejores hospitales y ambulatorios ni contratar médicos o investigadores; si no se pueden ofrecer servicios sociales, ni extender líneas de metro, ni apoyar a las empresas, ni fomentar la formación y el empleo, haremos un flaco favor a la cohesión social y a la convivencia, al dinamismo económico y a la calidad urbana.
Dicho de otro modo, tenemos la oportunidad de avanzar en la construcción del Estado del bienestar, que tanto nos ha costado levantar y que no puede retroceder, y aún con más razón en las circunstancias actuales. Cuando como alcalde de Barcelona tengo que defender los intereses de mis conciudadanos, lo hago las más de las veces con los consellers y conselleres de la Generalitat. Porque es del Gobierno de Catalunya de quien dependen gran parte de los servicios e inversiones que sustentan el Estado del bienestar. Es el Gobierno con el que comparto la gestión en diferentes consorcios, con el que suscribo convenios y con el que debo negociar gastos y prestaciones. Y demasiado a menudo me dice que no le alcanza.

3. Porque no permite dotarse de instrumentos ágiles y capacidades sólidas para luchar contra la crisis. Y es en las ciudades donde con más intensidad repercuten sus consecuencias, y donde más pueden y deben concretarse las soluciones.
Los ayuntamientos, y el de Barcelona lo está demostrando con creces, somos actores centrales en la respuesta a la crisis y en la construcción del futuro. No queremos ser solo escenario pasivo, queremos ser agentes activos. Con equipamientos y servicios, con inversiones transformadoras y generadoras de empleo, y con políticas económicas y urbanas que contribuyan al cambio de patrón de crecimiento. Pero solo lo conseguiremos si todos vamos a una, si todos contamos con las energías y los recursos necesarios. Y en estos momentos constato que a la Generalitat le faltan recursos.
Por todas estas razones, Barcelona, en su condición de capital de Catalunya y como ciudad que tiene en el progreso social y la convivencia sus bienes más preciados, apoya sin fisuras a la Generalitat para obtener una financiación más justa y desarrollar plenamente el Estatut.
Por eso, como alcalde de Barcelona, exijo al Gobierno de España que haga los esfuerzos necesarios para atender con justicia y suficiencias los requerimientos de Catalunya. Por eso reclamo a los presidentes Montilla y Zapatero que alcancen el acuerdo más sólido, responsable y ambicioso posible. Y estoy convencido de que lo harán, y pronto. El tiempo, y sobre todo las necesidades, apremian.

Nuestro apoyo y nuestra exigencia son tan firmes como lo son nuestra confianza y nuestra voluntad de diálogo y colaboración. Son estos los valores que nos han guiado y lo seguirán haciendo. Y nos guiarán a la hora de plantear, también de una vez por todas, un nuevo sistema de financiación para los ayuntamientos. Porque este debe ser, digámoslo sin complejos, el próximo capítulo. Un capítulo igualmente imprescindible para nuestros ciudadanos y para fortalecer las instituciones que nos hemos otorgado. Y lo abordaremos con mejores condiciones en el momento en que se resuelva la financiación autonómica.
En la financiación nos la jugamos todos y nos la jugamos juntos. Nos jugamos la capacidad de los poderes públicos, o lo que es lo mismo, la capacidad de poner en valor el bien común. Y en momentos como el actual, necesitado de una nueva ética colectiva y del empuje del sector público, el reto no es precisamente menor. Pero lo podemos ganar, y ganar todos con ello.

Parece que ya se avista la boca de salida del largo túnel en que nos metió la aprobación del Estatut, la consiguiente negociación bilateral del modelo de financiación y la presentación por parte del PP de un recurso de anticonstitucionalidad. Cuando entramos en él, las condiciones meteorológico-económicas eran muy favorables. El anticiclón imperaba, la actividad económica florecía y ello se reflejaba en unos superávits en el presupuesto estatal que permitían sacar pecho a nuestros mandamases políticos. Durante el largo trayecto por el oscuro agujero, los encargados de aproximarnos a su salida han estado negociando el modelo de financiación y los magistrados estudiando la respuesta al recurso como si las buenas condiciones meteorológicas imperantes no fueran a cambiar.

Resulta QUE ahora ya es evidente que el escenario con el que se encontrarán será completamente diferente. Una borrasca no solo potente, sino también persistente, causa grandes estragos que llevan a quienes tienen las riendas de la política económica a adoptar cualquier medida paliativa, con independencia de su ortodoxia. El presupuesto vigente no tiene virtualidad alguna y todas sus cifras han sido barridas por los vientos huracanados que no cesan de soplar. De la magnitud del déficit prácticamente nadie se preocupa. Con tal de salvar un puesto de trabajo, las cifras de la subvención a la empresa en crisis pueden llevar muchos ceros a la derecha aunque las arcas del Tesoro estén vacías. Para tener más munición se elevan a contra reloj algunos impuestos, tabacos y gasolinas y quizá los que gravan a las rentas más altas sin calcular con precisión los efectos recaudatorios. Como dirían los cazadores, se tira con perdigón, a ver si hay suerte y alguno de los plomos alcanza un ave.
Nadie sabe cuál será el panorama que dejará la borrasca cuando amaine. Pero resulta claro que será muy diferente del que conocíamos cuando aquella llegó. Empresas desaparecidas o en ruinas, otras más o menos encubiertamente nacionalizadas, un Estado muy endeudado, posibles tensiones inflacionistas, un régimen fiscal retocado deprisa y corriendo en la lucha contra los elementos, una tasa de paro que puede erosionar la salud de nuestro sistema de pensiones… Vaya usted a saber. Lo único seguro es que será distinto. Como ocurre con el paisaje que apenas se reconoce después de una fuerte inundación o una erupción volcánica. Por ello parece un ejercicio un poco fútil dedicar tantos esfuerzos a buscar fórmulas cuyos resultados dependerán en gran medida de unos parámetros cuyos valores son hoy desconocidos, pero que serán muy distintos de los actuales. De haberse podido prever el cataclismo, lo más prudente hubiera sido esperar a su superación para empezar a discutir la aplicación del Estatut o, quizá mejor, incluso su redacción. Mientras tanto, algún parche transitorio hubiera podido ayudar a superar la angustiosa insuficiencia financiera de la Generalitat.
Pero ahora ya es tarde. Las cartas están sobre la mesa y hay expectación por conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y comprobar si hay finalmente un acuerdo sobre financiación. Sinceramente, creo que es más importante la solución que tenga la primera que el modelo, y la cifra, a los que se llegue en las tediosas y algo rocambolescas negociaciones bilaterales. La sentencia no tendrá vuelta de hoja y un recorte excesivo del texto estatutario, por mucho que los magistrados intentasen disimularlo con un abstruso lenguaje jurídico, podría dar lugar a situaciones muy tensas en Catalunya. No solo podría abocarnos a unas elecciones anticipadas, que no resolverían prácticamente nada cualquiera que fuera su resultado, sino que daría alas a los afanes secesionistas y lugar a una división profunda de la sociedad catalana.
En cambio, si se tiene conciencia de la situación económica que vivimos, de los cambios en la estructura del presupuesto del Estado que la salida de la crisis forzosamente comportará, resulta obvio que el modelo –y sobre todo la cifra, que muchos usarán como única medida de la bondad, y no solo para Catalunya– tiene una base frágil, por lo que deberá sufrir retoques, y algunos importantes, a medida que el panorama se vaya despejando y se camine hacia la normalidad. Por lo tanto, con tal de que implique un paso adelante hacia la solución del injusto trato fiscal que hemos recibido en los últimos lustros, y sobre todo introduzca algún criterio de racionalidad, hasta ahora ausente en la distribución del pastel, la solución puede ser buena aunque no colme todas las aspiraciones. Para evitar malentendidos, con la que está cayendo nadie es capaz de calcular cuáles serán los ingresos que la fórmula adoptada en el acuerdo permitiría conseguir a la Generalitat en el 2010. Igual que todos sabemos que el presupuesto del Estado que las Cortes aprueben a finales de este año para ese mismo 2010 tendrá buena parte de ficción.

Insisto. Voces en principio autorizadas aseguran que quedan pocos días para conocer los resultados de dos procesos de extraordinaria importancia mediática y, en consecuencia, también política. Es importante, antes de lanzar las campanas al vuelo en toque de difuntos o un repique alegre de celebración, examinar su trasfondo y calibrar bien las consecuencias que cada uno de ellos comporta. Esta vez sí conviene que los catalanes, a veces tan dados a la rauxa, apliquemos sobre todo el seny. Y que sean especialmente los políticos, de cualquier color, quienes prediquen con el ejemplo.

Hace cinco años, el Gobierno socialista, con el liderazgo de Rodríguez Zapatero, pareció apostar por una actitud más abierta y decidida que los gobiernos anteriores del PSOE y PP para establecer un acuerdo amplio que recondujera la articulación política y financiera de Catalunya en la democracia española. Eran los días de la España plural.La reforma del Estatut y del modelo de financiación aparecían como dos palancas básicas para esta reforma histórica, que permitiría a España entrar en la modernidad política en el tema territorial, y solucionar lo que se hizo mal en la transición y en el desarrollo constitucional.

¿Cuál es el balance para Catalunya de los gobiernos de Zapatero en torno a la España plural,el Estatut, la financiación y las infraestructuras? Pues tras cinco años, se trata de un balance francamente pobre (la decisión de la ampliación del aeropuerto pertenece a un periodo muy anterior, tras aprobarse la faraónica T4 madrileña). En estos años se ha mantenido el casi expolio fiscal que representa para los catalanes el actual sistema de financiación; se ha persistido en la escasa inversión anual del Gobierno central en Catalunya (una deuda histórica,esta de verdad); no se ha reformado la obsoleta gestión centralizada del aeropuerto de Barcelona para que tenga su centro de gravedad en Catalunya, y se ha continuado invadiendo competencias por parte del Gobierno central. El nuevo Estatut (2006), con todas sus limitaciones y decepciones, es una ley vigente, pero no lo parece.

¿Y ahora qué? En el horizonte inmediato aparecen dos temas estrella: el modelo de financiación y la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. Se trata de dos temas de calado frente a los que el Gobierno de la Generalitat y los partidos catalanes deberían reaccionar si, como es previsible, se degrada aún más el autogobierno por vía interpretativa y no se cuenta con una financiación solvente.

Todo apunta a que el Gobierno central está proponiendo un modelo de financiación de cortos vuelos, escudado demagógicamente en la situación de crisis económica

- que es algo que técnicamente no incide en el modelo-.Parece que no va a ser ni mucho menos una propuesta para solucionar el problema de fondo. Ni en términos de equidad, ni en términos de eficacia. El Gobierno central sigue ahondando la perspectiva de que Catalunya avance con el freno de mano puesto. Lo cual, además de injusto e inaceptable para los catalanes, resulta irracional para el conjunto del sistema.

Tras el actual desapego generalizado de la población catalana sobre la situación política de los tres últimos años – manifestado en diversos indicadores de desafección política (abstención, resultados de encuestas de opinión…)-,la organización política que parece clave en estos momentos es el PSC. Se trata de un partido que nunca se ha opuesto al PSOE, especialmente en los tramos decisivos de las decisiones, cuando impera una lógica de confrontación con el Gobierno central. Una vez asumida la presidencia de la Generalitat, parecía que esta actuación iba a cambiar, cuando menos en términos institucionales. ¿Qué actitud política adoptará este partido desde el Gobierno de la Generalitat, desde sus 25 diputados en el Congreso (presupuestos del Estado) y sus dos ministros frente a los dos temas mencionados?; ¿qué deberían hacer unos y otros frente a las probables decepciones del modelo de financiación?; ¿y frente a la previsible interpretación a la baja del autogobierno por parte de un TC deslegitimado y manipulado por los dos grandes partidos españoles? ¿Va a ser asumido un modelo de financiación insuficiente y acatada sin más la sentencia del TC si vulnera aspectos clave del autogobierno? El país debe reaccionar. La sociedad civil puede sumarse a una reacción, pero el liderazgo político resulta imprescindible.

Estamos entrando en una nueva fase política. El futuro inmediato del país parece que va a estar presidido por una lógica de confrontación más que de consenso en las relaciones con el Gobierno central. Y para ello Catalunya necesita gobiernos fuertes. El tripartito no lo es. Tampoco lo sería un gobierno de CiU en solitario. El país necesita gobiernos nacionales, coherentes, estables y con programas políticamente ambiciosos que sitúen y refuercen al país en un mundo crecientemente competitivo e interconectado. Europa ya es pequeña como marco de actuación. La clase política catalana habla de globalización, pero todavía mira demasiado a España. El marco de actuación es el mundo. Hace falta más valentía, establecer objetivos claros y, si es necesario, tirar pel dret.

Catalunya necesita gobiernos transversales que tomen decisiones estratégicas en los temas cruciales de futuro (infraestructuras, economía, investigación-innovación, proyección exterior, inmigración, autogobierno, etcétera). Unas decisiones que los gobiernos débiles no toman. Estos últimos incentivan una lógica de gobierno-oposición que propicia una confrontación entre los partidos catalanes. Una lógica basada en reproches mutuos de muy poco alcance político en términos de futuro y que, además, fomentan la desafección ciudadana. Estamos en un momento en el que urge una recuperación de la política en su sentido más amplio y más noble. ¿Estarán el PSC y el resto de partidos a la altura del momento?, ¿o vamos a seguir con letanías de reproches internos? Desde una perspectiva de país, los verdaderos adversarios no están dentro de Catalunya, están fuera.

Un dirigente socialista catalán ya advirtió en su día que si el sistema de financiación de Catalunya no se resolvía satisfactoriamente se corría el riesgo de que lo que se llegara a plantear fuera el concierto económico. Quizás no deberíamos esperar tanto, entre otras cosas porque ya sabemos que el sistema de financiación que venga será el mejor de la historia (¡sólo faltaría que, encima, fuera peor que el actual!). Siempre nos ha sorprendido que no se haya debatido públicamente a fondo esta posibilidad, máxime cuando, paradójicamente, diversos partidos catalanes han utilizado a menudo el eufemismo de aspirar a llegar con el tiempo a resultados similares a los del concierto.

Sería interesante hacer una simulación para saber qué representaría para Catalunya, en la situación actual, la aplicación de los criterios del concierto, pese a la curiosa dificultad que supone, al parecer, conocer el cupo, que Enric Juliana califica a menudo como uno de los grandes misterios de España. ¿Por qué no valorar la financiación de Catalunya conociendo también estos datos y calculando la equivalencia correspondiente? En principio, la transparencia informativa parece que no repugna a la sensibilidad democrática. Pero es obvio que el debate sobre el concierto no es sólo un debate sobre cifras, es también un debate sobre criterios. Claro que pudiera ser que hubiera una imposibilidad constitucional para el concierto, pero ahora estamos hablando de información y de clarificación de criterios, no de límites. Supongamos pues por un momento – es sólo una suposición, evidentemente-que concluyéramos que el concierto económico es algo deseable y digno de ser tomado en consideración. Sobre todo si no caemos en el error de obsesionarnos tanto con los problemas identitarios, y llegamos a esta conclusión fijándonos en la necesidad de llevar a cabo políticas sociales, en la urgencia de apoyar a los emprendedores y a las pymes, en la mejora de la educación, en la atención sanitaria o en facilitar la labor de las ONG y las organizaciones sociales de todo tipo. Pudiera ser también que, entonces, más de uno dijera en voz alta lo que ya se ha dicho con la boca pequeña: que no podemos plantearnos el concierto porque no lo considera ni justo ni solidario. Y esto sería tanto como reconocer (¡horror!) que la santa Constitución constitucionaliza la desigualdad y la insolidaridad, aunque el circo mediático nos asigne a otros, sin concierto ni deuda histórica que reclamar, el estigma de la insolidaridad.

Quizá sea esta, y no otra, la cuestión. Si la memoria no nos engaña, el president Maragall ha sido el único político que se ha atrevido a interrogarse públicamente sobre el concierto, y la osadía le duró un día, porque, por las causas que fueran, rectificó de inmediato, con el PP y el PSE en primera fila de la bulla, por cierto. Siempre nos ha resultado un enigma inescrutable que no digan nada del concierto (y, en cambio, se refieran por sistema a los catalanes), los apologetas de la igualdad de los españoles y los predicadores del dicho que quienes pagan impuestos son los ciudadanos, y no los territorios. Los políticos castizos que comentan socarronamente que la solidaridad solamente debe ejercitarse con los bienes ajenos, por alguna razón metafísica nunca han dicho esta boca es mía cuando se trata del concierto económico. No digamos ya de los abanderados de la ciudadanía que tienen en su punto de mira al nacionalismo como origen y fin de todos los males, pero a quienes la prosaica cuestión del concierto les debe parecer irrisoria, sin que esto les suponga ningún interrogante sobre la consistencia intelectual de sus planteamientos.

Y por supuesto tampoco merece la consideración de los que sostienen, con un florido aparato conceptual y académico, que los únicos depositarios de derechos son los individuos, y no los pueblos ni los territorios. ¿Quién teme al concierto feroz?

Estas líneas han sido escritas antes de las elecciones vascas. Haya sido cual haya sido el resultado, nos parece una maravilla de fraternidad que socialistas (y populares) catalanes se conformen, sin ninguna consideración adicional, con que deben gobernar Catalunya bajo unas condiciones irremediablemente distintas a las de sus correligionarios vascos. Se ha dicho desde las propias filas populares que María San Gil era un símbolo. Pues bien, si la tomamos solamente como símbolo, hemos de concluir que ni en el apogeo de la paranoia antinacionalista ha cuestionado el concierto económico: por ahí no debe haber problema pues. Y no queremos ni pensar que Manuel Chaves considera que lo que es bueno, justo y solidario para Patxi López no lo es para José Montilla.

En fin, creemos que sería bueno hablar del concierto. Sólo hablar, no teman, para tener algunas cosas claras. Ya hemos visto durante las últimas décadas que el concierto económico es compatible, de hecho, con la unidad de España. Nada que temer, pues. Y a lo mejor incluso la refuerza.

Todo llega. También llegará el día en que el Gobierno de España ultime sus trabajos sobre financiación autonómica y haga una propuesta. La prudencia exige que, entonces, los actores en presencia tengan fijado un plan de acción que contemple distintas posibilidades, entre ellas la más contraria a sus aspiraciones. Esta exigencia es más acuciante para el Gobierno catalán, ya que el Estatut de Catalunya ha replanteado el tema en términos de cambio de sistema. Lo que no debe extrañar, pues ha sido siempre Catalunya –por su peso– la que ha determinado la imposibilidad histórica de construir el Estado español como un Estado unitario y centralista, y la que provocado todas las reformas estructurales de este Estado en sentido federal.

Así las cosas y desde una perspectiva catalana, conviene recordar la espina dorsal del mandato estatutario. Cabe distinguir tres aspectos:

1. Procedimiento para llegar a un acuerdo. Es un procedimiento bilateral, ya que corresponde a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos Estado-Generalitat acordar la contribución a la solidaridad y a los mecanismos de nivelación.
2. Principios sustantivos del sistema. a) Evitar la arbitrariedad y la opacidad e impedir que Catalunya, con una capacidad fiscal muy por encima de la media, disponga de unos recursos per cápita por debajo de la misma. b) Establecer un criterio explícito de solidaridad, similar al aplicado en los países federales: que los servicios de educación, sanidad y otros esenciales del Estado de bienestar prestados por los gobiernos autonómicos puedan alcanzar un nivel similar, si realizan también un esfuerzo fiscal similar. c) El nivel de recursos de la Generalitat se determinará teniendo en cuenta su capacidad fiscal, y de modo que la aplicación de los mecanismos de nivelación no pueda alterar la posición de Catalunya en la ordenación de las rentas per cápita entre las comunidades antes de la nivelación.
3. Cantidad a percibir por Catalunya.

Respecto a la bilateralidad, ni se ha cumplido ni se cumplirá jamás, pues Catalunya nunca alcanzará una relación de bilateralidad jurídica con España, sin perjuicio de que mantenga una bilateralidad económica y cultural. Razón: dado el extraordinario efecto mimético que provoca Catalunya en el resto de España, si Catalunya lograse una relación bilateral –confederal–, también la querrían para sí Aragón, Andalucía, Baleares, Valencia, etcétera, lo que provocaría la destrucción del Estado. Consecuentemente, Catalunya solo tiene dos opciones: o un Estado federal simétrico, por lo que hace al tipo de relación entre los estados federados y el central, sin perjuicio de su asimetría en materia de competencias, o reivindicar el derecho de autodeterminación para acceder, en su caso, a la independencia.
La prueba reciente más plástica de que la bilateralidad es una entelequia está en las entradas y salidas de todos los presidentes autonómicos por la puerta del palacio de la Moncloa, para tratar con el presidente Zapatero de lo suyo, de modo que casi todos se iban con un nuevo fondo. Parecía una comedia de boulevard. Lo que muestra la necesidad urgente de reformar la Constitución para convertir el Senado en una Cámara territorial, es decir, en el organismo multilateral por excelencia. O Senado o vodevil.

DICHO LO cual, quedan los otros dos aspectos: los principios del sistema y la cantidad a percibir. Y es en ambos donde debe centrarse la exigencia catalana, de acuerdo con un criterio claro: la cantidad a percibir –la cifra–, con ser importante, no es lo esencial. Lo esencial es que la propuesta del Gobierno respete escrupulosamente el mandato estatutario por lo que hace a los principios del sistema. De modo y manera que, si la propuesta del Gobierno de España los infringe, la respuesta del Gobierno de Catalunya ha de ser necesariamente el rechazo frontal de dicha propuesta, sin que pueda mirar para otro lado con el pretexto de que la cantidad obtenida se aproxima a la esperada. Utilizando una vieja expresión navarra, no se trata de una cuestión de huevo sino de una cuestión de fuero.

Y ESTA decisión del Gobierno catalán debería adoptarse pese a la gravedad de sus efectos colaterales, tanto en el ámbito catalán –por las enormes dificultades financieras que soporta Catalunya y que sin duda se agravarían–, como en el ámbito español –por las tensiones que desencadenaría en el seno del partido socialista–. Pero debe tenerse en cuenta que siempre llega el momento en que, si se cree en lo que se dice, hay que actuar en consecuencia haciendo abstracción de los efectos negativos de la decisión. Y no apelo a la ética de la convicción, sino a la de la responsabilidad. Porque alguna vez –pienso– habrá que ser coherente con lo que se dice, pues, de no ser así, la política se convertiría en una retahíla de circunloquios y medias verdades sin otra meta que el poder por el poder. Y todo ello en el bien entendido de que, al exigir la aplicación de estos principios, se defiende no solo un sistema justo para Catalunya, sino un buen sistema para el conjunto de España, por constituir un paso más en la lenta construcción de un Estado federal que es, a estas alturas, la única forma viable de ordenar racionalmente la compleja realidad hispánica.

Si se adquiere cierta distancia y se examina la propuesta gubernamental de financiación autonómica con alguna perspectiva, se advertirá que la fórmula que ahora se pretende implementar es consecuencia de una dilatada decantación ideológica que ha durado toda la andadura democrática. Tres décadas durante las cuales el socialismo ha abandonado el marxismo y ha replanteado su igualitarismo, en tanto el centro derecha ha moderado también su liberalismo doctrinario y ha aceptado el Estado providencia, que ha sido una exigencia cívica surgida de un irrenunciable impulso civilizador exigido por las sociedades modernas.
El socialismo democrático, que dejó de ser utópico por convicción y se convirtió al libre mercado en los años 50 por razones claras de eficiencia, tuvo que ceder en sus afanes redistributivos. Pronto renunció a desarrollar actividades económicas –y acometió la privatización del sector público empresarial– y poco después aceptó la evidencia de que el desarrollo potente de la economía era incompatible con un Estado demasiado voluminoso. Los impuestos directos elevados, principal instrumento de aquella redistribución voluntarista, restaban demasiado espacio a la economía productiva. Y la socialdemocracia europea llegó a la conclusión de que el gran objetivo igualitarista, compatible con el desarrollo económico y la prosperidad, había de basarse sobre todo en la universalidad de unos grandes servicios públicos de calidad, que colmarían el anhelo de la igualdad en el origen. Todos los ciudadanos conseguirían así idénticas oportunidades de partida, lo que era el objetivo esencial del gran legado ideológico de justicia redistributiva que la nueva izquierda había de administrar.
Obviamente, y aunque no siempre de manera explícita, la socialdemocracia y el liberalismo modernos llegaban a así a convergir en el modelo de Estado.
A partir de ahí, cobraba pleno vigor el dictamen de Eugen Weber: “derecha e izquierda se han convertido en una cuestión de opinión, no de hecho; en un problema de gustos, no de definiciones”. Dicho de otro modo, la nivelación ideológica había puesto fin a los grandes vaivenes inherentes a las alternancias –a las privatizaciones y nacionalizaciones sucesivas, por ejemplo–, lo que no había de significar ni mucho menos el crepúsculo de las ideologías que presagiaban los funcionalistas norteamericanos: la derecha y la izquierda siguen manteniendo órdenes de preferencias distintos, que se plasman claramente a la hora de gobernar.

EL MODELO de financiación autonómica que está ahora gestándose plasma de forma fehaciente la igualdad originaria, que al fin se plantea abiertamente y con la necesaria rotundidad. Un gran Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales, que representará más de dos tercios de los recursos totales aportados al sistema, asegurará igual financiación por ciudadano en educación, sanidad y servicios sociales esenciales. Un Fondo de Suficiencia Global, aportado por el Estado, financiará las restantes competencias transferidas. Y otros Fondos de Convergencia Autonómica servirán al mandato de la redistribución interterritorial conforme a diversos criterios que la Constitución consagra y auxiliarán a las autonomías cuya financiación per cápita esté por debajo de la media.
Al propio tiempo, el modelo consolida la concepción cuasi federal del Estado que la Constitución insinúa al definir el Estado de las autonomías. Hace una docena de años, las autonomías gestionaban apenas el 15% del IRPF; en la actualidad, la cesta de impuestos que servirá a la financiación autonómica representa el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Y si actualmente el 70% de los recursos de que disponen las autonomías provienen de los impuestos cedidos por el Estado, en el nuevo sistema este porcentaje se elevara al 90%.
Esta ampliación, unida a una capacidad normativa mucho mayor que permitirá a los entes autonómicos modular la carga impositiva, consolida la descentralización real, no solo del gasto sino también de la recaudación: los contribuyentes podrán relacionar mejor el dinero que aportan con las contraprestaciones que reciben. Y las instituciones regionales deberán compaginar la rentabilidad política que ofrece la inversión pública con la impopularidad que acarrea la exacción fiscal. El equilibrio más complejo, que habrá que examinar con cuidado, es el que se establece entre neutralidad y redistribución: habrá que ver si se ha logrado impulsar a las regiones menos favorecidas sin agostar a las más ricas. La polémica al respecto es inevitable.

EL NUEVO modelo fija, en fin, el horizonte definitivo del Estado autonómico con criterios y pautas difícilmente objetables desde el punto de vista constitucional. Y establece un equilibrio audaz entre la Administración central, que alcanza su dimensión mínima –no parece posible exprimirla más, si se quiere mantener la fortaleza de la columna vertebral del país que es el Estado–, y las nacionalidades y regiones, que adquieren una entidad autosuficiente y plena. El problema consiste ahora en compatibilizar estos designios con la profunda crisis, más grave de lo imaginable, que está dejando exhaustas las arcas públicas.

Hace unos días, el Gobierno hizo pública su propuesta de bases para la reforma de la financiación autonómica. El documento propone aumentar significativamente el peso de las cesiones tributarias en relación con las transferencias estatales como fuente de financiación regional y esboza un sistema complejo de reparto con tres grandes bloques de fondos. Los dos primeros, los Fondos de Garantía y de Suficiencia, estarían ligados respectivamente a la financiación de los servicios públicos considerados fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) y a la del resto de las competencias autonómicas, mientras que el tercero incluiría recursos complementarios que se repartirían con criterios muy diversos.

El objetivo del Gobierno es que el documento sirva de base para consensuar la estructura del sistema antes de pasar a concretar sus detalles. La estrategia es acertada, porque, una vez haya números sobre la mesa, la atención de los gobiernos regionales se centrará únicamente en cuánto le toca a cada uno. Antes de llegar a este estadio, parece razonable intentar acotar la discusión, fijando al menos el esqueleto del sistema.

El documento contiene elementos muy positivos. El incremento de los porcentajes de cesión tributaria supone una mejora importante en el nivel de autonomía financiera de los gobiernos regionales y es también una condición necesaria, aunque no suficiente, para aumentar su grado de responsabilidad fiscal, mejorando así la rendición de cuentas a sus ciudadanos. La estructura básica del Fondo de Garantía que se dibuja en la propuesta es razonable y supone un avance significativo sobre la situación actual. Este fondo, que absorberá el grueso de los recursos del sistema, se financiará con un porcentaje de los ingresos tributarios cedidos a las autonomías y se repartirá basándose en criterios objetivos actualizados anualmente, con el fin de asegurar que todas las comunidades disfruten de la misma financiación por unidad de necesidad en cada momento, eliminando así muchas de las distorsiones del sistema actual. También se mejora apreciablemente la fórmula utilizada para calcular las necesidades de gasto, introduciendo la población en edad escolar como criterio básico de reparto para las competencias educativas y mejorando el indicador que se utiliza para distribuir la financiación sanitaria.

Otras partes del documento son menos satisfactorias. En primer lugar, el diseño del nuevo Fondo de Suficiencia queda demasiado en el aire. El documento sugiere que las comunidades se quedarán con la parte de los tributos cedidos no destinada al Fondo de Garantía y que el Estado complementará la financiación de las que obtengan menos recursos por esta vía y garantizará que nadie pierda financiación en relación con el sistema actual, pero no especifica cómo se determinarán las necesidades de gasto en competencias no consideradas básicas o hasta qué punto se nivelará este componente del sistema. Dependiendo de cómo se resuelvan estas cuestiones, podemos terminar con sistemas muy diferentes.

En segundo lugar, resulta preocupante la proliferación de fondos ad hoc con objetivos contrapuestos dentro del tercer bloque del sistema. En la propuesta se habla de recursos adicionales para regiones pobres y para regiones con niveles de financiación per cápita inferiores a la media o a su capacidad fiscal tras el reparto de los dos grandes fondos. A esto hay que añadir recursos para “compensar” (no se sabe muy bien por qué) a las regiones con mayores y menores tasas de crecimiento de la población y a todas aquellas que no tengan acceso a otros fondos especiales. Dejando de lado el coste de todo ello y el hecho de que resulta muy difícil contentar a todos cuando lo que les preocupa en muchos casos es su posición relativa y no absoluta, el problema fundamental con esta estrategia es que el intento de hacer a cada región un traje a medida puede desvirtuar los esfuerzos de racionalización que han guiado el diseño del Fondo de Garantía y amenaza con terminar perpetuando el principal vicio del sistema actual: la arbitrariedad de sus resultados.

Finalmente, el documento no entra en dos temas espinosos. El primero es la dinámica de la cláusula de statu quo. Está bien que nadie pierda dinero con el cambio de sistema, pero no debe permitirse que esta garantía congele el reparto sine die, como ha sucedido hasta ahora. El segundo es el cálculo de la llamada recaudación normativa, esto es, de la recaudación teórica por tributos cedidos que se utiliza para realizar los cálculos del sistema. Tal como ésta se fija actualmente, su importe es muy inferior a la recaudación real, lo que deja fuera del sistema muchos miles de millones de euros que, además, se reparten de forma muy desigual entre comunidades, contribuyendo muy notablemente a aumentar la arbitrariedad del reparto.

Para que el documento del Gobierno pueda cumplir su propósito, la propuesta tiene que ofrecer un margen suficiente de flexibilidad, pero también debería concretar la arquitectura del sistema con claridad. La tentación de posponer los asuntos más complicados es comprensible, pero, mientras éstos no se aborden, resulta difícil determinar si realmente hemos avanzado algo. Espero equivocarme, pero me temo que el acuerdo está más lejos de lo que el Gobierno piensa.

El ambiente navideño ha debido propiciar el anuncio del nuevo milagro: la multiplicación de los recursos financieros con los que contarán las comunidades autónomas, de forma que todas ellas queden más que satisfechas. La Comunidad de Madrid puede acabar siendo la beneficiaria neta del nuevo modelo. Pero resulta difícil de creer que ello sea compatible con saciar las demandas de, por ejemplo, Extremadura. Es posible que nos encontremos en puertas de una pax financiera, aunque haya que pensar con escepticismo en su duración. Todo está al alcance de un presidente que, mientras iniciaba las negociaciones con las comunidades de régimen común, amarraba la aprobación de sus presupuestos para el 2009 con los partidos que presiden las dos autonomías forales: PNV yUPN. Pero, aunque el milagro acabe produciéndose, permanecerán los prejuicios que ensombrecen el tema y los criterios de oportunidad que se esgrimen a demanda.

Uno de los prejuicios que más cuesta rebatir es el de la avaricia catalana. Dado que el pujolismo administró con sordina la cuestión de la financiación, incluso cuando se mostraba más agraviado, el resto de España entendió siempre que Catalunya gastaba de lo suyo y que era mucho. Cuando el déficit financiero comenzó a ser verosímil, antes de que el requerimiento de hacer públicas las balanzas fiscales llevase al Gobierno central a darlas a conocer, el argumento contrario al nuevo Estatut estaba ya servido: contribuyen las personas, no los territorios. También por eso de la misma forma que, a causa del maximalismo nacionalista, Euskadi corre el riesgo de quedarse a la cola de las reformas autonómicas, la vindicación compartida entre el tripartito gobernante y CiU probablemente acabe quedándose en tierra de nadie; entre la suficiencia financiera de la que la mayoría catalana desearía dotarse y el común denominador al que Catalunya se verá obligada tanto constitucionalmente como por el sentido de la ecuanimidad con el que opera Rodríguez Zapatero. En otras palabras, no es fácil que puedan ser aplicables a la Generalitat criterios más favorables que los que llevaron a Esperanza Aguirre a mostrarse “más que satisfecha” tras su visita a la Moncloa.

En el otro lado del mapa financiero se despliegan argumentos que exigen tener en cuenta la dispersión de la población, su envejecimiento o, por sus efectos en cuanto a gasto educativo, el porcentaje en edad escolar. La exposición de estos criterios suscita dudas sobre si se trata de argumentos sobrevenidos, oportunos a la hora de redondear las cuentas públicas, o si de verdad obedecen a razones de principio. La financiación del sistema de coberturas diseñado por la ley de Dependencia constituye un problema general que los mayores índices de envejecimiento de algunas autonomías y comarcas agravan solo levemente. En cuanto a educación, Euskadi es el mejor ejemplo de que el diferencial de gasto por plaza escolar no conlleva un rendimiento académico equivalente. Extremadura cuenta con siete empleados públicos entre autonómicos y municipales por cada cien habitantes, mientras que Catalunya no supera los 3,46. Puede que la dispersión poblacional justifique en algo tan sorprendente diferencia, pero resulta dudoso que lo explique todo. Aunque esta cuestión presenta un aspecto mucho más espinoso. Es razonable que la dispersión existente cuente a la hora de primar la financiación de una determinada autonomía. Pero lo que resulta discutible es que esta prima acabe fomentando la dispersión como opción estratégica en una época en la que el desarrollo humano requiere una mínima masa crítica concentrada en un entorno urbano.

Buena parte de la opinión publicada está imbuida del supuesto jacobino de la honesta racionalidad de la gestión centralizada de las finanzas del Estado frente a la ineficaz e incluso sospechosa administración regional o local. Supuesto que no se corresponde con la experiencia de una España autonómica territorialmente mucho más equilibrada que la heredada del franquismo. La práctica irreversibilidad del hecho autonómico impide que pueda comprobarse si dicha mejora se debe más a la autonomía que a la democracia y a la integración europea, y si la desigualdad interregional precedente era imputable más al centralismo que a la dictadura. Pero ello no puede eximir a las instituciones autonómicas de la obligación que tienen de demostrar que sus demandas y su propia gestión responden a intereses ciudadanos y no a la perpetuación en el poder y al consiguiente afán de subrayar el carácter singular de su comunidad política respecto de las demás.

El País Vasco ha sido doble noticia el mismo día, aunque una noticia ha eclipsado algo a la otra. La primera se refiere a la esperada, por muy importante, sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas admitiendo la validez del peculiar sistema de financiación conocido como cupo. La segunda es la relativa a la resolución del Tribunal Constitucional sobre la pretendida consulta de Ibarretxe.
La sentencia de Luxemburgo es relevante porque se trataba de una demanda promovida desde Castilla-
León y La Rioja contra el modelo vasco alegando la vulneración de principios de derecho comunitario. Es sabido que ese sistema (que en Catalunya algunos quieren copiar) tiene su base en razones históricas y un reconocimiento de la propia Constitución. En la vista oral celebrada, en febrero, en Luxemburgo (a la que tuve la oportunidad de asistir), sorprendió el criterio de la Comisión Europea, que fijó una posición muy crítica frente al sistema de financiación, considerando que conculcaba el derecho comunitario. Incluso en determinados momentos, su alegato parecía tener tintes políticos frente al sistema de amplia descentralización existente en España.

TAN RELEVANTE como este dato fue el hecho de que, sin perjuicio de la defensa jurídica realizada por el letrado contratado por las tres diputaciones forales (en las que radica la competencia), la posición asumida por el Estado español, a través de la abogacía del Estado, fue de inequívoca defensa de los intereses vascos justificando la legalidad del sistema de cupo. Ciertamente, en el exterior no es fácil entender ese sistema tan descentralizado de financiación de un territorio inserto en un Estado. Revela un nivel de autonomía inexistente en cualquier otro país. El hecho de que la representación procesal del Estado español defendiese con contundencia el asunto revela que asu- mía una posición institucional en el que la defensa del sistema vigente en Euskadi forma parte del sistema español desde la idea de que “las comunidades autónomas son también Estado”. Las tesis defendidas desde el Estado español y las posiciones vascas prosperaron y, sin perjuicio de remitir el asunto al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo afirma que la comunidad autónoma dispone de “autonomía institucional” basada en la Constitución y el Estatuto.

ESE MISMO Estado español que apoyó con firmeza los intereses vascos por integrar el modelo español es el que, sobre la base de la misma Constitución, también a través de la abogacía del Estado, recurrió ante nuestro Tribunal Constitucional contra la pretensión del lendakari de convocar un referendo de claro carácter soberanista. La resolución unánime y contundente del órgano encargado de resolver el recurso presentado por el presidente del Gobierno no deja abierta ninguna posibilidad de atajos en lo que supone el sistema constitucional.
Sin título competencial expreso y con una apariencia de ausencia de efectos vinculantes, el Constitucional ha declarado que la “consulta” (así denominada eufemísticamente para solapar el verdadero sentido de referendo) es manifiestamente inconstitucional, rechazando los procesos encubiertos de revisión constitucional, la cual debe hacerse mediante las vías adecuadas. De este modo, desde la afirmación contenida en el texto constitucional sobre “la identidad del titular único de la soberanía”, se considera que “no puede dejar de afectar al conjunto de los ciudadanos españoles”.
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional es muy claro, y se trata del mismo órgano que en muy diversas ocasiones ha dado la razón al País Vasco y a otras autonomías en conflictos competenciales frente al Estado. En el tribunal concurren sensibilidades diversas, y no son admisibles las descalificaciones a dicho órgano porque ahora no haya dado la razón a Euskadi. En el funcionamiento de las instituciones hay algo esencial: el principio de lealtad y la aceptación de las reglas del juego democrático.

SERÁ LEGÍTIMA la persistencia del tripartito vasco, que, con apoyo parlamentario de grupos próximos al entorno etarra, aprobó la ley que pretendía dar cobertura a la convocatoria que quería llevar a cabo Ibarretxe. Podrán individualmente y a título particular recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la decisión del Constitucional, pero eso tiene escasos visos de prosperar, incluso de ser admitido a trámite. Pero, igual que se expresa ese respeto a su capacidad de discrepar, también debe advertirse de que la insistencia en llevar adelante hasta el final su proyecto disgregador, no solo respecto a la nación española sino también dentro de la comunidad vasca, no conduce a nada, pues es, además de inconstitucional, un proyecto separatista interno frente a una Euskadi más integradora.
La no autorización de la celebración del referendo será sustituida por los lamentos estériles explotando el victimismo. Este es especialmente útil cuando se carece de otras razones más sólidas y aún más cuando se tiene algún temor. La proximidad de elecciones auto- nómicas, tras el notable descenso del voto nacionalista en las últimas generales, refleja la posibilidad de que el PNV salga del Gobierno en el que ha estado 30 años. O, al menos, podría perder su liderazgo. El futuro dirá.

Sostener que las propuestas del Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica incumplen el Estatuto de Cataluña parece haberse convertido en una proposición que por su evidencia no necesita de demostración alguna. Un axioma ampliamente utilizado por ciertos políticos catalanes con el consiguiente reflejo en sesudos diarios barceloneses. Pero no creo que sea ocioso contrastar su validez por dos motivos.

Primero, no considero exacto afirmar que el Estatuto exige que dicha reforma se decida en una negociación bilateral Estado-Generalitat dentro del plazo que finalizó el 9 de agosto. Respecto de la bilateralidad, el Estatuto dice que la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat (CMAEF) es “el órgano bilateral de relación entre la Administración del Estado y la Generalitat en el ámbito de la financiación autonómica” (artículo 210.1). Según el dictamen de la mayoría del Consejo Consultivo de la Generalitat emitido durante la tramitación de la reforma del Estatuto, sus competencias no plantean problemas de constitucionalidad “si se tiene en cuenta” que el mismo artículo dispone que el organismo bilateral “ejerce sus funciones sin perjuicio de los acuerdos suscritos por el Gobierno de Cataluña en esta materia en las instituciones y organismos de carácter multilateral”.

Esta cláusula de salvaguarda respeta las competencias que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) atribuye a un organismo multilateral, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica dentro de un procedimiento que combina bilateralidad y multilateralidad, regulando las normas que, según el Estatuto, rige las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat: la Constitución, el Estatuto y la LOFCA (artículo 201.1).

De la restricción estatutaria de la bilateralidad se desprende, además, que el Estatuto no podía establecer un plazo para llegar a dicha aprobación y, en efecto, el límite del 9 de agosto de su Disposición Final Primera se refiere a los acuerdos bilaterales de la CMAEF para la aplicación de los preceptos estatutarios en materia de financiación. La CMAEF parece funcionar con regularidad: en su reunión de 28 de julio se debatieron las líneas básicas del Gobierno y su adecuación a lo establecido en el Estatuto. Tanto si hubo acuerdo en este debate como si no lo hubo, se respetaron así las funciones que el Estatuto atribuye a la CMAEF y, dada su flexibilidad, tampoco se incumplió el plazo de la Disposición Final Primera porque en ella se prevé que la aplicación de los preceptos estatutarios pueda realizarse de manera gradual según su viabilidad hasta el 9 de agosto de 2011.

Segundo, permaneciendo en el terreno de lo básico, no me parece exacto afirmar que la propuesta del Gobierno no recoge los puntos fundamentales del Estatuto sobre financiación de la Generalitat, ya que ambos textos se ajustan por igual a la estructura del sistema de financiación de 2001. El artículo 206 del Estatuto refleja fielmente esta estructura al establecer que el nivel de recursos a disposición de la Generalitat tiene que basarse en las necesidades de gasto y ha de tener en cuenta su capacidad fiscal; que la población tiene que tomarse como la variable básica para determinar dichas necesidades, ajustada según otros criterios que sólo se enumeran; y que los recursos de la Generalitat son, entre otros, los que deriven de sus ingresos tributarios, ajustados al alza o a la baja en función de su participación en los mecanismos de nivelación y de solidaridad. Añadiré que las líneas básicas del Gobierno incorporan también la revisión quinquenal de los elementos estructurales del sistema y la revisión anual de los indicadores de necesidades, donde el Estatuto (artículos 206.4; 208.1) sí rompió con la vocación de permanencia indefinida del sistema de 2001.

Si de lo básico se salta al incumplimiento de algún precepto específico del Estatuto, tampoco parece muy bien hilvanado el argumento, tal vez porque estos preceptos no pasarán a la historia como ejemplos de claridad y coherencia, dos cualidades muy útiles para la seguridad jurídica en un ámbito delicado como las finanzas públicas. Así, se afirma que las líneas básicas incumplen la norma estatutaria (artículo 206.3) porque, a pesar de garantizar la nivelación en el conjunto del Estado de los servicios esenciales del Estado de bienestar (educación, sanidad, servicios sociales), no limitan la nivelación a estos servicios. Ciertamente, las líneas básicas incluyen además la garantía de financiación suficiente para todas las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas (CC AA), pero, en este caso, sus críticos parecen olvidar que el principio de suficiencia también forma parte del Estatuto (artículo 201.2).

Una crítica legítima, situada en un terreno distinto y menos emocional que el de los incumplimientos del Estatuto, sostiene que las líneas básicas no proporcionan los elementos necesarios para que la Generalitat pueda valorar razonablemente el alcance de la reforma y la incidencia que tendrá en su propia financiación. Así sucede cuando se objeta la propuesta del Gobierno porque remite genéricamente a la búsqueda de un acuerdo para ponderar las variables, especialmente la población, a tener en cuenta en el reparto de la financiación entre las CC AA. Esta crítica tiene el valor añadido de aproximarnos al verdadero problema que el sistema vigente plantea a la financiación de la Generalitat.

En el sistema vigente, aparentemente, la población desempeña el papel preponderante como indicador de las necesidades de gasto: el 94% de la financiación global correspondiente al bloque denominado de los servicios comunes se reparte entre las CC AA según la población; el 75% de la correspondiente a los servicios sanitarios según la población protegida y el 24,5% según la población mayor de 65 años; y el 100% de la correspondiente a los servicios sociales, según la población mayor de 65 años. De estas pautas de reparto debería resultar una razonable aproximación a la distribución equitativa de los recursos, si se comparte la opinión muy extendida de que la población total, o segmentos específicos de la población según la naturaleza de los servicios públicos, son buenos indicadores de las necesidades de gasto.

Sin embargo, el sistema vigente no produce este resultado porque la distribución de recursos según los indicadores objetivos queda distorsionada mediante la aplicación de diversos artificios de ajuste, principalmente las asignaciones de fondos específicos cuando concurren determinadas circunstancias, las llamadas reglas de modulación que imponen topes máximos o garantizan mínimos en el crecimiento de los recursos y la llamada garantía del statu quo para que ninguna comunidad autónoma tenga menos recursos que con el sistema anterior.

La aplicación de estos artificios, que incluyen importantes flujos de solidaridad interterritorial totalmente opacos, desemboca en una disparidad arbitraria de la financiación por habitante de las CC AA discriminatoria para Cataluña. Curiosamente, los negociadores catalanes de las reformas del sistema, aprobadas entre 1980 y 2001, siempre se declararon satisfechos con lo aprobado mientras el verdadero problema de financiación de la Generalitat se iba complicando cada vez más. Si no quieren volver a fracasar, los negociadores actuales deben concentrarse en aunar voluntades de las otras CC AA para conseguir, como proponen algunos expertos, que estos artificios sean reemplazados por un mecanismo específico de realización de los principios de nivelación y de solidaridad, sujeto a reglas objetivas y transparentes.

Claro que un buen diagnóstico del problema y una propuesta de solución técnicamente viable no bastan para conseguir la coincidencia de voluntades, si se yerra la estrategia negociadora en la que sobran los elementos que han contribuido a diseñar la imagen del catalán victimista e insolidario: los incumplimientos del Estatuto que no existen, la utilización del déficit fiscal de Cataluña como medida de su solidaridad, el regateo en la nivelación territorial de los servicios públicos, o las estimaciones de los recursos adicionales que han de corresponder a la Generalitat con la reforma basadas en cálculos que se descalifican por sí solos con sólo observar los amplios márgenes entre las cifras máximas y mínimas que proponen. Para convencer de que los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a servicios públicos de un nivel similar al de los ciudadanos de otras CC AA que se encuentren en condiciones similares, hay que apoyarse en la exigencia esencial del Estatuto, que Cataluña reciba en el sistema de financiación un trato igual al de las restantes CC AA (artículo 201.4), y demostrar que la discriminación sólo perjudica a los sectores de población con rentas más bajas, que también existen en Cataluña hasta el punto que, como recordó el presidente Montilla en un notable artículo en este periódico (EL PAÍS, 10-5-2008), las últimas estimaciones de Cáritas indican que Cataluña tiene tanta población situada por debajo del nivel de pobreza como habitantes tiene alguna comunidad autónoma.

Como era de esperar después de la lectura de la opinión de la abogada general Kokott, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) publicada el pasado día 11 se pronuncia favorablemente al reconocimiento de la autonomía fiscal del País Vasco. Aunque el Tribunal no resuelve formalmente la cuestión de si las competencias normativas en materia fiscal de los Territorios Históricos entran o no en conflicto con la normativa comunitaria, esta no era la cuestión planteada al Tribunal, por lo que de ningún modo se puede extraer la conclusión de que el Corte de Luxemburgo se haya limitado a devolver el asunto al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Muy al contrario, el Tribunal comunitario se ha pronunciado de manera clara sobre las cuestiones de interpretación del derecho comunitario que le fueron planteadas por el TSJPV, y dichos criterios interpretativos, puestos en relación con los términos en que la cuestión prejudicial fue planteada, llevan a esperar una sentencia favorable a la posición defendida por las Diputaciones forales y por Confebask, confirmando la adecuación al Derecho comunitario del régimen del Concierto Económico.

En primer lugar, el TJCE confirma que los únicos requisitos para que un ente de ámbito territorial inferior al estatal pueda dictar su normativa fiscal propia son exclusivamente los de autonomía institucional, procedimental y económica recogidos en la sentencia Azores. El Tribunal rechaza de la forma más categórica la pretensión de la Comisión Europea de un cuarto requisito de que el ente territorial en cuestión cuente con competencias relevantes para determinar el marco económico general en que operan las empresas en su territorio.

En cuanto a la autonomía institucional, el Tribunal lisa y llanamente declara que este requisito concurre en las instituciones del País Vasco.

En relación con la autonomía de procedimiento, una vez más el Tribunal es especialmente tajante en señalar, en contra de los que habían alegado algunas de las partes, que no se ve afectada por la sujeción de la normativa foral al control jurisdiccional ni por la existencia de mecanismos paritarios de información y conciliación no vinculantes entre las diferentes administraciones tributarias. La cuestión más delicada en este ámbito era la de las implicaciones de la existencia en el Concierto Económico de principios tales como el de solidaridad o el de presión fiscal efectiva global equivalente. Entiende el Tribunal que tales principios no impiden el ejercicio de la autonomía sino que delimitan su ámbito y alcance. Habrá autonomía procedimental en tanto los territorios históricos puedan dictar normas fiscales dentro de un ámbito de competencia previamente definido, sin posibilidad del Gobierno central de intervenir de manera vinculante en el proceso de elaboración y aprobación de tales normas. Será el tribunal nacional el que deberá determinar si en el caso concreto planteado concurre o no esta circunstancia.

Finalmente, en cuanto a la autonomía económica, el TJCE confirma que esta sólo deberá denegarse si existen transferencias destinadas a compensar reducciones de ingresos tributarios derivadas de la normativa tributaria en cuestión. El Tribunal reconoce que estas transferencias pueden declararse públicamente como tales o que pueden ser encubiertas, pero en todo caso debe existir un nexo causal entre la reducción de ingresos tributarios derivada para un ente de ámbito subestatal del establecimiento de una norma fiscal mas favorable para las empresas y la transferencia de fondos del Estado a dicho ente. Será el tribunal doméstico el que deberá determinar si concurre esta circunstancia en el caso concreto.

En definitiva, el Tribunal ha rechazado los intentos de algunas partes de dar una interpretación sumamente restrictiva a la sentencia Azores, ratificando y precisando cuáles son los requisitos para reconocer a un ente de ámbito infraestatal la autonomía necesaria para dictar normas fiscales propias. Será el tribunal nacional el que deba valorar si los requisitos así definidos concurren en el caso concreto que deba enjuiciar.
Si volvemos al planteamiento de la cuestión por el TSJPV, veremos que el TJCE ha respondido de forma clara a las cuestiones planteadas. En cuanto a la concurrencia de la autonomía institucional no se le planteaban dudas al tribunal de instancia. En relación con la autonomía procedimental, expresamente reconocía la facultad de los Territorios Históricos de dictar normas tributarias sin intervención del Estado, planteando sus dudas únicamente en relación con las tres cuestiones que el Tribunal europeo expresamente declara que no obstan al reconocimiento de la autonomía procedimental: mecanismos de conciliación, control jurisdiccional y principios generales recogidos en el Concierto Económico. Finalmente, en cuanto a la autonomía económica, el TSJPV ya indicaba que el País Vasco es fiscalmente responsable de sus políticas en materia tributaria, planteando únicamente la cuestión de si era exigible el requisito adicional de que los territorios históricos jugaran un papel destacado en la conformación del marco económico de las empresas operantes en su territorio, requisito rechazado también por el Tribunal europeo.

En resumen, a las dudas planteadas por el TSJPV, el TJCE ha respondido con claridad en el sentido de que no afectan al reconocimiento de la necesaria autonomía en materia fiscal. No obstante, es preciso advertir que el Tribunal europeo basa sus conclusiones en la consideración conjunta de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los tres territorios históricos que la integran, en tanto que cada uno de los territorios históricos individualmente considerado podría no cumplir los requisitos exigidos. Aunque la cuestión sólo se trata de manera somera en esta sentencia y aún habría espacio para el debate al respecto, a partir de ahora será importante tener en cuenta esta apreciación del Tribunal de cara a la elaboración de normas forales tributarias con incidencia en las empresas. Y en cuanto a las cuestiones cuya concurrencia debe ser resuelta por el tribunal nacional -inexistencia de facultad del Estado central de intervenir con carácter decisorio en la aprobación de las normas forales tributarias e inexistencia de compensación financiera del eventual déficit recaudatorio derivado de dichas normas- el TSJPV ya ha dado una respuesta negativa.

El actual escenario político es el más complicado en las relaciones entre el PSC y el PSOE de todos los tiempos. A lo largo de las tres décadas de existencia del PSC, ha habido momentos más dulces y otros más amargos en sus relaciones con los socialistas españoles; entre otros podemos recordar el año 82 con la aún no olvidada LOAPA. Pero nunca como ahora las necesidades de unos y otros habían apuntado hacia horizontes políticos tan divergentes. Lo que necesita poder mostrar el PSC como éxito de su gestión al frente del Govern es precisamente lo que no puede tolerar el PSOE que sea mostrado.

EL MAYOR éxito electoral jamás logrado por el PSC en las urnas, los 25 diputados de este año, está en el origen de buena parte de los problemas de hoy. Mientras los socialistas catalanes nadaban en la abundancia del éxito, el PSOE salvaba su continuidad en el Gobierno gracias en gran medida al diferencial de diputados que el PSC sacaba al PP en Catalunya. Los estrategas de la calle de Ferraz no tardaron en diseccionar las causas del mal resultado del PSOE. El trato que Zapatero había dispensado a Catalunya aparecía como la madre de todas las explicaciones de sus males y están convencidos de que el electorado español había castigado el trato preferencial con Catalunya. Conclusión: era necesaria una rectificación urgente guardando en el armario cualquier gesto que abonara de nuevo esta percepción.
Se establecía una nueva hoja de ruta en la que, sin explicitarlo, se abandonaban, quién sabe por cuántos años, las tentativas federalizantes y transformadoras del Estado de las autonomías. Con cuatro años ya ha sido suficiente. Esta interpretación determinó claramente cuál sería la relación en el futuro inmediato con Catalunya, independientemente de las promesas hechas por Zapatero y, lo que es más grave, de las previsiones que se derivan del cumplimiento del pacto estatutario. Y es en este punto donde los caminos que deben llevar a la gloria –o por lo menos a la supervivencia en el Gobierno– al PSC y al PSOE empiezan a contraponerse. Por todo ello, el trazo del recorrido político de estos dos partidos deja entrever un elevado riesgo de colisión.
El destino ha querido que todo esto pasara con Montilla al frente de los socialistas catalanes y de la Generalitat. De todos los escenarios posibles, este es indudablemente el mejor para evitar que el PSC tire la toalla en la defensa de Catalunya para evitar males mayores con el PSOE. Un catalán hijo de Iznájar que ha servido en España como ministro antes de hacerlo en Catalunya como president es, sin lugar a dudas, la mejor carta que el PSC podía disponer para defender a Catalunya y encarar sus relaciones actuales con el PSOE. De entrada, porque la defensa encarnizada que el president Montilla puede hacer de Catalunya y sus intereses difícilmente la podrían hacer anteriores dirigentes del socialismo catalán sin ser descalificados por el PSOE como tontos útiles de las ideas soberanistas.
Probablemente, además, el papel que la historia está haciendo jugar a José Montilla no hubiese sido tolerado por los dirigentes territoriales del PSC con otro dirigente al frente. Solo Montilla puede desafiar a un PSOE encerrado en sí mismo. Pocos nombres, más allá del de Montilla –y todo lo que representa–, pueden encarar desde el PSC esta contraposición de intereses con el PSOE. Un PSOE, no hay que olvidarlo, que ha dado muestras de preferir a una CiU como interlocutora al frente de la Generalitat antes que tener al PSC.
A Montilla no hay que pedirle gestos inútiles ni tampoco sacrificios de consecuencias difícilmente calculables. El mejor favor que hoy puede hacerse a los intereses del PSOE es continuar alimentando la idea de que el PSC tiene que votar en contra de los presupuestos del Gobierno Zapatero si no hay buena financiación. No nos engañemos; esta es una carta que Montilla no puede jugar, como mínimo este año. La pueden jugar CiU, ERC e ICV, pero la presión hay que dirigirla al PSOE, no al PSC. El president Montilla puede llegar muy lejos –hay que exigirle que sea así– para garantizar el cumplimiento del Estatut, particularmente la financiación. Hasta fecha de hoy ya ha llegado mucho más lejos de lo que nunca nadie hubiese imaginado. Ha hablado tanto o más claro de lo que en su momento hablaron Pujol o Maragall.

MONTILLA TIENE todo el derecho de buscar una cuadratura del círculo que parece, por definición, imposible de lograr en el actual contexto. Probablemente solo él sabe qué movimientos hará si Zapatero y Solbes no cambian de parecer. Este es uno de los mejores secretos que Montilla se reserva con la máxima discreción. Si finalmente el acuerdo es malo, el margen de maniobra del PSC será muy estrecho. Incluso puede serlo si a pesar de no ser un mal acuerdo hay quien se empeña en decir que lo es. El PSC puede quedar atrapado en la lógica del PSOE de hacer creer que no llegará a un buen acuerdo con Catalunya y la lógica de la oposición de erosionar al Govern Montilla. En cualquier caso lo que sí hay que exigir al president Montilla es que si por fin el Gobierno incumple la ley y no se logra una financiación de acuerdo con las previsiones estatutarias, su lealtad esté con Catalunya. A estas alturas no hay motivos para dudarlo. Esto es lo que preocupa al PSOE.