Algo funciona mal en un país que juzga a un juez por el hecho de juzgar crímenes tan evidentes como repugnantes. Algo profundo ocurre en un país que se permite perseguir los crímenes de las dictaduras latinoamericanas, pero hace una excepción con los propios. Esto es lo que evidencia el segundo de los juicios a Garzón, que España asume el franquismo como una realidad con claroscuros en vez de condenarlo como una mancha negra de su historia.

Esto va más allá de la benevolencia con las propias faltas. En el fondo, es una forma de asumir el mal, no de negarlo, sino de entronizarlo en lugar de conjurarlo. Esta asunción, además de condenable desde un punto de vista ético, es peligrosa. No ahora, porque las circunstancias no son propicias a la repetición de los crímenes del franquismo, sino por el mensaje y la actitud de quien los repetiría en otros contextos, aunque nadie, ni él, los desee. Pero ello no quita que esté dispuesto a recaer.

La historia no siempre avanza; al contrario, siempre llega un punto en que se tuerce y retrocede. Esta es la utilidad de la memoria. Para evitar que se pueda reproducir, Alemania y Europa tienen muy presente el horror nazi. España, en cambio, se niega la memoria y la condena de un régimen criminal. Por el hecho de juzgar a un juez, el Supremo emite un veredicto de absolución sobre el episodio más repulsivo de la historia moderna.

También es propio de la historia que, al igual que no sabemos cómo acabará, y ni siquiera podemos adivinar con garantías de fiabilidad como proseguirá, tampoco hay manera de saber cómo empezó. Cada vez que nos ponemos a averiguar las causas de un acontecimiento de primera magnitud, encontramos tantas y tan ramificadas como las raíces, por lo que acabamos desistiendo o simplificando. Esta constatación general no invalida los vínculos de causa-efecto entre el franquismo y la guerra que el dictador ganó con la ayuda de Hitler y Mussolini. Sin embargo, opino que se debería distinguir de una manera nítida entre los crímenes de la guerra civil y los del franquismo. No para condenarlos menos, sino para no caer en la trampa que pretende situar los de la dictadura franquista en el mismo plato de la equilibrada balanza que los de la guerra. De ninguna manera, el franquismo y sus actos criminales comienzan cuando se acaba la guerra y acaban casi a las puertas de la muerte del dictador. En los tres años de guerra, hay equilibrio del horror entre los dos bandos. En los 40 de la paz de los cementerios, sólo hay un criminal, un régimen criminal. Siempre que sale el tema, la derecha busca subterfugios para enmascarar esta realidad tan nítida y unir en un solo episodio la guerra y el franquismo. No deberíamos caer en esa trampa.

Precisamente por ello, ahora es más importante que nunca la memoria de la guerra. Quien no reconoce los crímenes de sus antepasados, quien no está dispuesto a pedir perdón, tampoco está legitimado para condenar los crímenes de los demás. Antes de condenar, es necesario limpiar las propias culpas, lo que no se hace a base de ocultar o enmascarar, sino poniéndolas al descubierto.

En este sentido, los catalanes todavía arrastramos una deuda con el pasado de la barbarie desatada en los primeros meses de la guerra. La propia guerra civil española desató una guerra civil catalana, con criminales y víctimas, que aún está lejos de ser contada, asumida y sobre todo condenada desde la vergüenza por el propio pasado. Que las víctimas de un bando en Catalunya hayan estado luego del lado de los vencedores tampoco debe enmascarar la condena de nuestros criminales.

Antes de dar lecciones de memoria y ética a España, Catalunya ha de haber cumplido los deberes con su memoria. Para exponerlo de una manera gráfica, hasta que no veamos en el cine y la televisión a los monjes de Montserrat corriendo monte abajo en 1936, mientras los milicianos los persiguen y matan como conejos, hasta que no sintamos el dolor de este horror en las entrañas, no estaremos en disposición de admirar la grandeza y la ejemplaridad del abad Escarré, uno de los que se escapó de la matanza, uno de los amigos catalanes de Franco, cuando, ya en el exilio abrazó fraternalmente a la Pasionaria y ambos se pidieron y concedieron el perdón.

De manera simbólica y elocuente, aquel abrazo pone fin a la guerra en el sentido en que abre el paso a la paz de la memoria y la reconciliación. Pero si eso sucedió en Catalunya, no ha pasado ni pasará en España. Al contrario. La pretensión de los jueces para enterrar la memoria debería ser contrarrestada por la condena y la ecuanimidad moral.

Desde la cultura y la ética, se debe denunciar este intento tan torpe, desenterrar los crímenes, señalar a sus culpables y, todos juntos, los herederos de los vencedores y los de los vencidos, concederse a la vez el perdón, así como unirse a la condena unánime del franquismo y sus crímenes. Es la única actitud decente ante la historia. Y ante el futuro.

El 24 de enero comienza el juicio contra el juez Garzón por su actuación jurisdiccional tras recibir múltiples denuncias sobre crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Lo expresamos así porque conviene recordar que el impulso lo dieron víctimas individuales y asociaciones memorialistas que acudieron a la Audiencia Nacional exigiendo no solo reparación sino también verdad y justicia; o, por utilizar sus propias palabras, que acudieron a la Audiencia Nacional para pedir el “auxilio de la justicia”. El proceso pues que el juez Garzón abordó no fue una “ocurrencia” suya sino la respuesta que desde el derecho, nacional e internacional, merece cualquier víctima de graves violaciones a los derechos humanos, como se hizo con las víctimas de la dictadura argentina, por citar un ejemplo al que luego volveremos.

Conviene también recordar que el juez Garzón está suspendido en sus funciones por este procedimiento desde mayo de 2010; y que desde julio de 2011 solo estaba ya pendiente fijar fecha de celebración del juicio. Llamativo es, no obstante, que el Tribunal Supremo haya decidido que el primer juicio contra Garzón sea el de “las escuchas de Gürtel”; un proceso que, no olvidemos, nació después del que nos ocupa. Recordemos también que esta demora, que se suma a otras muchas, ha paralizado la resolución de dos cuestiones de competencia planteadas por dos de los juzgados a favor de los que se inhibió el Juzgado Central de Instrucción número 5 y cuya resolución está suspendida a resultas del enjuiciamiento del juez Garzón. Singular solución que ha alcanzando también a otros dos procesos por decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Y así las cosas, el Tribunal Supremo nos dice que “necesita” pronunciarse primero sobre si el juez Garzón fue o no injusto al intentar investigar, antes de decidir sobre quién es competente para conocer de las denuncias de las víctimas.

No pocos dirán que resulta insólito que un juez sea enjuiciado por delito de prevaricación en tres procesos a la vez. Pero es un hecho que en España estas cosas pasan. Si en todo, o en parte, ello tiene que ver con el modelo de juez que se representa -uno que entiende la necesaria evolución del derecho para adaptarlo a los tiempos y proteger mejor a las víctimas-, estaríamos ante una situación muy perturbadora para el valor que constituye la independencia judicial como garantía en un Estado que se proclama de derecho.

No es el juez Garzón el único que ha sufrido virulentos ataques tras algunas de sus resoluciones; recordemos, si no, el calvario en su día de magistrados de la Sección 4ª de la Audiencia Nacional tras significarse de forma, digamos, políticamente incorrecta. Siempre ha habido jueces, y ojalá siga habiéndolos, que acuden a una interpretación y aplicación de las leyes -desde su respeto- innovadora y progresista, buscando una realización del derecho más justa, más ajustada con el derecho internacional de los derechos humanos, como un todo, que busca por encima de todo proteger a los seres humanos.

¿Y qué interpretación hizo el juez Garzón en la “causa del franquismo”, esa que se está tachando de injusta sentándole por ello en el banquillo? Desde luego una cuya defensa desde el derecho internacional es plenamente sostenible. Legítimo sería discutirlo, como casi todo en derecho, pero tachar tal interpretación de “teorización creativa” y de actuación prevaricadora es un exceso sobresaliente, que bien parece partir de la completa ignorancia o desprecio de unas normas y principios de derecho internacional que no tienen otra finalidad que poner fin a situaciones ilícitas, acabar con la impunidad, a través de la materialización de los derechos de las víctimas a justicia, verdad y reparación.

Si inquietante resultó que el Poder Judicial diera paso a la acusación frente al juez Garzón, más que llamativo es que se le haya abierto juicio oral sobre la base de una acusación finalmente formulada al dictado de las orientaciones del instructor. Aunque, ciertamente, que a la defensa del juez Garzón se le hayan denegado medios de prueba tendentes a constatar el respeto de los estándares internacionales en la materia por considerar las opiniones de juristas internacionales como “una apriorística desconsideración” al Tribunal enjuiciador, es el hecho ante el cual las alarmas deben saltar. Pues la pregunta es evidente: ¿cómo es posible que un juez tenga que responder penalmente por haber hecho una interpretación legal conforme al derecho internacional como confirmarían múltiples especialistas? ¿Todos ellos formarían parte de una suerte de conjura de prevaricadores?

Cabe, con todo, una pregunta de mayor calado: ¿estamos ante un patrón de acoso a la independencia judicial? Sorprendente resulta que desde el ámbito de los jueces y desde el sector jurídico en general, en este punto, no se oigan voces. Ciertamente, reaccionar frente a los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo es un tema incómodo para los poderes del Estado, también para una parte de la sociedad española; pero, como fuere, el Estado español no puede dejar de dar respuesta a las víctimas y sus familiares. Las obligaciones de los Estados en relación con legados de violaciones graves y masivas de derechos humanos, para ofrecer reparación a las víctimas, prevenir la repetición en el futuro y erradicar la impunidad, son tan claras como trascendentales.

“Hoy nos tocó a nosotros”. Este es el mensaje que nos enviaba un amigo argentino tras el anuncio de la condena a cadena perpetúa de Astiz y otros represores argentinos por desapariciones forzadas, torturas y homicidios cometidos durante la dictadura militar sufrida por aquel país. Esa justicia debida a las víctimas nos toca en verdad a toda la humanidad, y con particular afecto hemos podido celebrarlo en España porque, sin restar protagonismo a la valentía de la justicia argentina, lo cierto es que los procedimientos que se siguieron en España en su día desde el principio de jurisdicción universal jugaron entonces un papel crucial para que la Corte Suprema de la Nación de ese país desterrara las leyes de impunidad que impedían la investigación, el enjuiciamiento y eventual condena de los responsables de los horrendos crímenes de su dictadura. Otros países siguieron esa senda.

Y hoy es precisamente la misma justicia argentina la que está dando respuesta a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. El 13 de diciembre de 2011, una juez argentina exhortaba al Gobierno español a, entre otras cosas, proporcionar los nombres de ministros y altos cargos de las fuerzas de seguridad del Estado durante el periodo 1936-1977; la lista de personas asesinadas, desaparecidas y torturadas por motivos de persecución política, y de niños robados a sus familias, así como información sobre las fosas comunes, los cuerpos de desaparecidos identificados y las empresas beneficiadas del trabajo esclavo de los presos republicanos. Quiere ello decir, también y sobre todo, que la respuesta inicial del Estado español a través de la Fiscalía General del Estado (en orden a saber si había o no investigación sobre los crímenes denunciados) no ha satisfecho a la juez argentina por no cumplir con los estándares internacionales que debe reunir toda investigación para ser considerada efectiva, seria, independiente, completa, sin dilaciones indebidas. Tampoco podía ser de otra manera porque la realidad es que ningún juzgado español ha abordado investigación alguna sobre estos crímenes. Los que han recibido denuncias (fruto o no de la inhibición de la Audiencia Nacional) han terminado por archivar los procedimientos basándose en un argumento u otro pero, en definitiva, consagrando la imposibilidad de toda investigación en España.

La justicia española ha estado durante los últimos años a la vanguardia de la persecución de los crímenes internacionales, en gran medida gracias a la labor del juez Garzón. Ahora, llegado el momento de dar respuesta a los crímenes cometidos en el propio territorio, el Estado no solo está propugnando lo contrario que entonces, sino que persigue a aquel que sí lo ha intentado.

Como un árbol de piedra con dos ramas extendidas, se aparece a lo lejos rompiendo la armonía de un bosque frondoso, una descomunal cruz que se apoya sobre las entrañas desgarradas de la tierra. Cuando ya seamos el olvido que seremos, los habitantes de nuestra tierra seguirán contemplando, no sé si con resignación o fervor, ese monstruo petrificado por deseo de un dictador que acumula sobre su biografía la ingente cantidad de más de 200.000 asesinatos previamente anunciados y sistemáticamente ejecutados.

Las obras de la basílica sepulcral del Valle de los Caídos comenzaron el 1 de abril de 1940 con la significativa presencia de los embajadores de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Todo se desarrolló según la parafernalia del régimen, incluso el Caudillo activó el primer barreno. El decreto que acuerda su construcción es suficientemente expresivo. Se trataba de honrar a los que cayeron en el camino de Dios y por la patria, a sus héroes y sus mártires. Es difícil darle la vuelta a la historia.

Nuestro país ha demostrado tener una memoria selectiva. Los tiempos, las actitudes y las víctimas son evaluados conforme a criterios de pura oportunidad política. Se ha constatado de nuevo con ocasión del comunicado reciente de la organización terrorista ETA. Al conocer su texto, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos esfuerzos han sido decisivos para adelantar el final de la banda terrorista, pronunció una frase que comparto en su integridad: “Será una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria”. Me hubiera gustado que cuando se inició la Transición, y sobre todo cuando entró en vigor nuestra Constitución de 1978, alguien hubiera proclamado: “Será una democracia sin franquismo, pero no sin memoria”.

Una vez más nuestro país corre el riesgo de padecer una amnesia desgarradora que dificulte nuestra convivencia. Solo en España es posible una reacción semejante. En otros países el debate sobre sus convulsiones internas fue más maduro y transparente. ¿Qué ocultan o no quieren expresar los que se instalan en el desdén y en el reproche a quienes queremos rescatar la democracia de las ataduras del dictador? ¿Por qué no se posicionan de manera clara y sin tapujos en favor de la dictadura? Nada les impide sostener, con entera libertad, que su régimen fue una era prodigiosa que lanzó nuestro país hasta cumbres y metas nunca jamás alcanzadas. Si admiten generosamente que es posible que hubiera excesos pueden justificarlos acudiendo a la teoría de la legítima defensa. Si tienen problemas, su líder y san Agustín pueden sacarles del apuro: era necesario para salvar a España. No había otra alternativa que eliminar los miembros podridos.

Tapan sus vergüenzas dialécticas y sus carencias éticas bajo la demagogia más burda. Sostienen que es maniqueo decantarse por quiénes fueron los buenos y cuáles los malos. Para evitarlo se refugian en la más árida simpleza argumental. Con la más desenfadada demagogia, formulan preguntas que consideran demoledoras ¿A quién le importa esta antigualla? Lo que realmente importa a la gente es el paro. Doscientos mil asesinatos, previamente calculados y fríamente ejecutados, ¿a quién le importan? Nos importan a muchos que, como dice Thomas Mann, pensamos que “pasarlo todo por alto con elegancia, no siempre es lo más adecuado y les pone las cosas demasiado fáciles a los canallas”.

No faltan los conformistas y los calculadores. Se sienten incómodos con los que solicitamos verdad, justicia y reparación. Consultaron a lumbreras demoscópicas que les dijeron que no era un buen negocio electoral. Según sus sabias previsiones perderían votos. Efectivamente, tenían razón, más de cuatro millones.

La comisión de expertos, nombrada por el anterior Gobierno, ha dictaminado que Franco debe salir de la montaña horadada y José Antonio ocupar un puesto junto a los restos de los republicanos desenterrados subrepticiamente por sus asesinos.

Me desconcierta que se conceda la última palabra a la Iglesia. No soy especialista en derecho canónico, pero me permitirán manifestar mi perplejidad ante la sumisión de la dignidad democrática a los mágicos efluvios de una posible sacrali-zación de las piedras. La Iglesia no tiene nada que decir, en todo caso, aunque tarde, pedir perdón por su complicidad decisiva para que esta tragedia se consumase.

Sigo pensando que nunca es malo ni tarde para rectificar un error. En todo caso, si los poderes públicos deciden seguir calculando y claudicando, que dejen salir a las víctimas. Es insoportable que reposen junto a su asesino. Sabremos buscarles un espacio de dignidad democrática, donde, como en los cementerios emblemáticos de los países que han luchado por la libertad, puedan recibir el homenaje de sus conciudadanos. La montaña horadada y el risco que soporta la cruz pueden ser ocupados, cada 20 de noviembre, por los cánticos fascistas hasta que la maleza los cubra piadosamente sepultándolos en el olvido.

El 25 de enero de 1942 realizó el general Franco una visita a la abadía benedictina de Montserrat. Allí, el abad mitrado, Antoni Maria Marcet, rodeado de obispos y superiores de órdenes religiosas, lo recibió como “instrumento de la Providencia”, agradeciendo a sus ejércitos, victoriosos “contra la furia de sus enemigos”, la devolución a los monjes de “sus templos y hogares y con ellos el ejercicio de los derechos de cristianos y españoles”. Franco, entronizado en la basílica bajo palio y en loor de multitud, recordó la Cruzada y mostró su alegría por haber liberado “a España de las hordas rojas”.

De nuevo bajo palio, de nuevo rodeado de cardenales, obispos y monjes, de nuevo en loor de multitud, el 1 de abril de 1959, Franco visitó otra abadía benedictina, recién construida en roca viva, bajo una cruz colosal erigida a la memoria de los caídos en la Cruzada. Allí, ante otro abad mitrado, Justo Pérez de Urgel, y su ilustre y nutrida audiencia, sentenció una vez más: “La anti-España fue vencida y derrotada”.

Y ahora, tantas décadas después de tan gloriosas efemérides, una comisión de expertos propone a un gobierno en funciones, incapaz de resolver por sí mismo el futuro de aquel horror de monumento, que negocie con la Iglesia católica el traslado del cadáver del general allí enterrado, de manera que se proceda a “resignificar” todo el conjunto monumental como lugar de reconciliación y de memorias compartidas. Donde los fundadores erigieron un monumento a la gloria de los que dieron su vida por Dios y por España, los expertos, previo el obligado trabajo de resignificación, quieren fundar, “sin destruir ni cambiar nada”, un Memorial a las víctimas de “los dos bandos”.

¿Puede dotarse a una gigantesca cruz sobre una enorme basílica de un significado no ya distinto sino contrario a lo que en sí misma significa? ¿Cabe la “relectura” de un monumento extrayendo de él un sentido contrario al que se deriva de su texto en piedra? Los expertos dicen que sí, porque “como no son las piezas, los soportes, quienes poseen la fuerza comunicativa sino el relato que emana de su fundación, lo que procede es un discurso que desvele el significado global del proyecto”.

O sea, las piezas y sus soportes, la colosal cruz y la basílica, son mudas, no dicen nada; lo que importa no es lo que en sí mismas significan, sino el relato que acompañó su fundación. Cambiemos, pues, de relato, y cambiará el significado del monumento.

No será “empresa fácil”, escriben, y por eso proponen abordar esa resignificación del Valle “de una manera global”, con una “actuación integral” que proporcione a los visitantes la relectura completa del conjunto monumental. Para lograrlo, los expertos sugieren la construcción de un Centro de Interpretación, situado a la entrada de la basílica, de la que se habrá retirado el cadáver del general Franco. El visitante, antes de entrar en lugar sagrado, habrá de tomar una especie de ducha laica, impartida en el Centro, de la que saldrá empapado de relectura y de resignificado. Y ¿quiénes serán los que impartan esa relectura, quiénes serán los muñidores de la resignificación? De eso nada se dice, pero es curioso que encarguen la tarea de resignificación a un centro oficial que necesariamente habrá de estar bajo control del Estado.

Dejando aparte discusiones teóricas sobre los límites de la interpretación y representación del pasado -ni aunque se arrepintieran todos los nazis se podría nunca reinterpretar Auschwitz como lugar de reconciliación- una cosa es clara en esta propuesta: los estragos que han provocado las amenidades posmodernas cuando reducen la realidad, pasada o presente, a mera construcción discursiva. Pues por mucha relectura y mucha resignificación que caiga sobre sus piedras, el Valle de los Caídos nunca será un monumento a la reconciliación ni un lugar de memorias compartidas. Es el monumento erigido al triunfo de la Nación Católica por un dictador, tras una devastadora guerra civil, resignificada, ella sí, como Cruzada en el relato mítico de los obispos. Eso fue en su origen, eso era a la muerte del dictador, eso es hoy, y eso será siempre que, bajo la sombra y el peso de la cruz, se mantenga en pie la abadía y no se derrumbe la basílica.

Hay, con todo, en el informe un motivo de esperanza para el futuro: el conjunto amenaza ruina y serán necesarios millones de euros para taponar las filtraciones de agua en la basílica y rehabilitar el deterioro de los grupos escultóricos. Dejemos, pues, que la madre naturaleza siga su curso y resignifique por sí sola como campos de soledad, mustio collado, todo el conjunto monumental. Abandonemos, con o sin Franco en su tumba, aquellos parajes a las nieves del invierno y a los soles del verano hasta que surja otro poeta que cante: “Este llano fue plaza, allí fue templo

Mira mármoles y arcos destrozados / mira estatuas soberbias que violenta / Némesis derribó, yacer tendidas / y ya en alto silencio sepultados / sus dueños celebrados…”

Nunca lucirá más hermoso que en sus ruinas el Valle de los Caídos.

El Pasado sábado acudí como invitado al debate de un conocido programa de televisión para informar y defender la postura de mi madre a propósito del informe no vinculante sobre el futuro del Valle de los Caídos, elaborado por una comisión a instancias del Gobierno, que tiene únicamente discrepancias, con tres votos particulares, en su consideración nº 31, sobre la exhumación y traslado de los restos de mi abuelo, Francisco Franco.

En el espacio manifesté lo extemporáneo y estéril que me parece esta polémica, máxime en la situación tan crítica que vivimos. Lo único que pedí al moderador del debate era que se evitara el insulto hacia quien fue para mí un ser muy querido. La petición fue absolutamente respetada por el presentador, así como por mis dos contertulios a la derecha, y por Carmelo Encinas, ubicado a la izquierda. No puedo decir lo mismo de María Antonia Iglesias y Pilar Rahola. Las interrupciones constantes, así como los insultos permanentes a mi abuelo y a mi persona, fueron la tónica de su actuación, con un discurso plagado de tópicos e infamias. Imagino que su actuación avergonzaría a quienes en algún momento confiaron en ellas para desempeñar algún cargo o función. Los votantes ya se lo demostraron así a Rahola en su último y estrepitoso fracaso electoral.

Percibí odio y rencor por parte de personas a quienes no conocía, por sus prejuicios hacia mi nombre y lo que representa. Y ello me ha hecho dudar de que hayamos superado las dos Españas y pasado página. En esa línea populista, María Antonia Iglesias invocó a Fraga y Carrillo como artífices de la Transición, cuando todo el mundo sabe que ésta fue pilotada por el Rey y protagonizada por la clase media española, la misma que potenció mi abuelo, hoy tan expoliada e indignada.

Muchos allegados me han reprochado el que me callara en el programa y no defendiera a mi abuelo y su obra. Quisiera aclarar aquí las tres razones por las que obré así.

Primero: no podía bajar al nivel del insulto, la desinformación y la descalificación personal. Me educaron de otra forma.

Segundo: no era el objeto del debate al que había sido invitado.

Tercero: por pudor. Obviamente en este asunto soy subjetivo, aunque no quisiera.

No obstante, y aceptando todas las críticas de los que vivieron la era de Franco, no debía haber callado, ya que tras su exaltación a la jefatura del Estado (octubre de 1936), nadie fue fusilado, ni encarcelado sin un juicio previo y reconocimiento en sentencia (Causa general).

La primera Ley que promulgó fue el Fuero del Trabajo (3/1938). Además, durante su mandato se crearon la Seguridad Social, la paga extra, las universidades laborales, etcétera. Se construyeron pantanos, y viviendas sociales, se desarrolló un importantísimo plan forestal y se repartieron tierras entre los colonos. En 1975 España era la sexta potencia industrial, y con pleno empleo.

Si Franco levantara la cabeza tendría el gran dolor de ver el ingente número de españoles que sufre la lacra del paro, pero a su vez la inmensa alegría de comprobar que hemos sido capaces, entre todos, de cumplir el 36 aniversario de su muerte en paz y concordia, un periodo que, junto a su mandato, con el esfuerzo de nuestros mayores, constituye la etapa más larga de paz en la Historia de España, el objetivo más importante de su política.

Quiero pensar que no es un espejismo, que mirando hacia el futuro, con unidad, solidaridad, tolerancia, sudor y lágrimas, lograremos superar el abismo que se cierne ante nosotros. Sigamos todos juntos construyendo la paz.

Más de cinco millones de teselas componen la inmensa cúpula de la basílica del Valle de los Caídos. Los presos republicanos tardaron cuatro años en colocarlas. Entre otras imágenes, podemos ver en ellas a falangistas de camisa azul y pelo en pecho, requetés de camisas beige y boina roja, curas con sotana y santos españoles. La bóveda, como todo el siniestro edificio, es un relato franquista de la guerra y de la dictadura, es una foto de la mentalidad del dictador y del régimen nacional católico que él inauguró, fusilando, en 1936, y que terminó, fusilando, en 1975. Estéticamente, Cuelgamuros es irrecuperable para la democracia, pero al menos se debería establecer un sistema para que los turistas que visitan el templo y los españoles que tengan ganas de verlo puedan saber que en España hubo una dictadura que duró 40 años de miedo y que un dictador, Francisco Franco, dio un golpe de Estado para derrocar el democrático Gobierno republicano y procedió al exterminio sistemático de todos aquellos que se opusieron a él.

Franco ideó el Valle de los Caídos como un homenaje berroqueño y perpetuo a su propio régimen, como una inmensa tumba para alojar a los mártires que combatieron en el llamado bando nacional, en lo que el dictador definió como Cruzada, también como un mausoleo para él mismo. Ante la falta de quórum -muchas familias de franquistas se negaron a trasladar a Cuelgamuros los restos de sus muertos-, Franco rellenó el Valle con cadáveres de republicanos muertos en el frente o fusilados, en muchos casos exhumados de cunetas y fosas, desde luego sin el consentimiento de sus familiares. De manera que en aquel lugar siniestro tenemos enterrados una mayoría de españoles del bando nacional y, hacinados y sin identificar en su mayoría, una porción de republicanos. Todos ellos -más de 33.000 registrados y otros tantos sin identificar- presididos por el dictador responsable de los fusilamientos de algunos de los enterrados.

No parece sostenible desde el punto de vista democrático que un dictador que se mantuvo en el poder durante 40 años, con sus días y sus noches, permanezca entronizado como un héroe. No lo están sus conmilitones, Mussolini y Hitler. Pero resulta además un escarnio que ese dictador comparta lugar con aquellos a los que ordenó asesinar. De manera que me parece bien que se exhumen los restos mortales de Franco y se le entierre lejos de sus víctimas, y me parece bien que los restos mortales de José Antonio, víctima de la guerra, sigan enterrados allí, pero sin el trato de favor que hoy tienen.

La resolución de los expertos dice que la eventual exhumación de Franco deberá contar con la aquiescencia de los monjes benedictinos que regentan el siniestro lugar. No creo exagerar si digo que esos monjes son más franquistas que el propio Franco. He asistido a alguna misa en ese templo, misa preconciliar -pero no anterior al Concilio Vaticano II, no; anterior a Trento- y he podido comprobar el carácter profundamente reaccionario de sus homilías y los motivos por los que mandan rezar, todos los días en misa de once de la mañana, a los pocos fieles españoles y extranjeros que asisten a la ceremonia. En los días previos al último 20 de noviembre, los monjes benedictinos hicieron guardia bajo los luceros para impedir una supuesta exhumación de los restos de Franco, presuntamente urdida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero como traca de despedida. No me imagino, por tanto, a los monjes permitiendo la salida de los restos de Franco, pero es que no parece que entre las cien medidas que pueda tomar Rajoy, si es que algún día toma alguna, esté el traslado del féretro de Franco en cumplimiento de la recomendación de los expertos.

El Valle de los Caídos es un parque temático del franquismo. El horripilante conjunto fue construido en un país que se moría de hambre, de miedo y de frío, el dictador gastó en la erección de su megalómano delirio más de 1.000 millones de pesetas del año 59, cuando se concluyó la obra, después de 19 años de trabajos forzados de presos republicanos, en régimen de esclavitud. Solo dos de aquellos sobreviven hoy. Una cruz de 150 metros de alto, con brazos de casi 50 metros que tienen una anchura que permite que dos hileras de coches puedan ser aparcados en paralelo en su interior, una altura entre el suelo y la cúpula de dimensiones inhumanas, capillas dedicadas a las vírgenes patronas de los que contribuyeron a la victoria franquista en la guerra, una estética terebrante, un edificio que da miedo.

Cuelgamuros es la prolongación del franquismo por otros medios y no hay otra forma de corregir esa anomalía, impropia en un sistema democrático, de retirar los honores al dictador, que trasladar el cadáver de Franco lejos de los restos de sus víctimas.

Una gigantesca cruz de 150 metros de altura, cuyos brazos miden 46 metros, es visible a decenas de kilómetros de distancia del Valle de los Caídos. Allí están hoy enterrados J.A. Primo de Rivera, fundador de Falange española, y el general golpista y dictador hasta su muerte, Francisco Franco, quien mandó construir ese monumento de estética y significado netamente fascistas. Allí están sepultados decenas de miles de españoles (centenares de ellos sin el consentimiento de sus familiares), muertos en una delirante y criminal guerra civil, que terminó con la democracia y la República española.

Decenas de miles de prisioneros republicanos trabajaron allí con el obligado señuelo de la redención de penas (¡penas por cometer el delito de defender el orden constitucional!), excavaron 200.000 metros cúbicos de roca, sufrieron y murieron, para que los vencedores erigieran una basílica de 262 metros de longitud, regentada (cómo no) por monjes de la SICAR (Santa Iglesia Católica Apostólica Romana). Allí está enterrado desde 1975 el criminal mayor, el “sapo iscariote”, como escribió León Felipe Camino. También allí se congregan cada 20-N los nostálgicos de la barbarie.

El hasta ahora ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha rogado que no se meta en un cajón un informe elaborado por unos peritos, donde se propone una reconversión del Valle de los Caídos en un “centro de meditación” y de “memoria reconciliada”. Los que se van han tenido ocho años para hacer lo que no han hecho. Los que vienen dicen que hay asuntos más urgentes en España, lo cual, además de ser verdad, anuncia que no tienen la menor intención de hacer algo. La SICAR, como siempre, no sabe/no contesta: Rouco Varela se limitó a retirar sin más explicaciones de la comisión a su obispo representante.

Franco decretó la construcción del Valle de los Caídos para “…perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada (…), los heroicos sacrificios que la Victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya”. El Valle de los Caídos es un monumento del fascismo y la dictadura, que nadie venga con desodorantes y maquillajes, pretendiendo cambiar lo que no debe ser cambiado.

Eso me recuerda la visita que realicé a inicios de los 70 al campo de concentración de Dachau, aprovechando que pasaba por una carretera secundaria del norte de Baviera muy cercana del campo. Dachau era y sigue siendo un inequívoco lugar para la memoria de la brutalidad nazi, sin más aditamentos. En Dachau no hay nada ni nadie que reconciliar, sino solo que ver, mirar, recordar y quedar sumido por unas horas en el horror y la zozobra. Dachau, como Treblinka, Mauthausen, Auschwitz y tantos otros campos de concentración, están conservados para mantener la memoria nuda, sin edulcorantes ni moralinas.

Hay quien ha pedido colaboración para tal “reconversión” del Valle de los Caídos a la SICAR, la mayor suministradora de la ideología que mantuvo al régimen fascista del bando rebelde. ¿Habrá leído alguna vez, por ejemplo, la “Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero” de 1937? ¿Cómo pedir colaboración para reconciliar al pueblo a quienes justificaron un levantamiento militar contra la legalidad constituida, a quienes condenaron en vida y a muerte a decenas de miles de seres humanos en nombre de su cruzada contra el comunismo, el judaísmo y la masonería?

El Valle de los Caídos es un monumento fascista, construido desde y por el nacionalcatolicismo, que aspira a ser por decreto lugar de “memoria reconciliada” en un país donde la verdadera memoria ha sido negada y obstruida. Hace escasos meses la oposición tuvo que exigir aún que Millán Astray deje de ser definitivamente “hijo predilecto” de A Coruña. ¿Es eso memoria reconciliada? Quien propugne asimismo memoria reconciliada, puede ir denunciando el Concordato de 1953 –jamás derogado– y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Estado del Vaticano, pues solo puede conseguirse un marco real de convivencia entre todos los ciudadanos españoles sobre la base de una democracia real y de un Estado aconfesional y laico.

El Valle de los Caídos debe quedar como está, con su mastodóntica cruz y sus basílicas y grutas, como monumento a la barbarie y el fanatismo. Así, los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos tendrán ocasión de ver con sus propios ojos lo que nunca se debe ser, lo que jamás debe hacerse y consentirse.

Cuando un Jefe de Estado tiene la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, su condición de dictador no debiera admitir mucho debate. Se puede, naturalmente, explicar la situación que llevó a millones de españoles a apoyar en un determinado momento esa forma de gobierno y se puede valorar si fue excesiva la duración de un poder que muchos concibieron transitorio o si la paulatina reducción de las omnímodas facultades iniciales debió hacerse a un ritmo más acelerado. Lo que resulta estéril es que unos quieran negar o disimular la dictadura y otros pretendan ennegrecer sus perfiles para convertirla en tiranía.

Si de lo que se trata es de que las futuras generaciones valoren la vida democrática y rechacen todos los gérmenes de confrontación civil, hay que explicarles con toda veracidad que, con sus muchas imperfecciones, nuestra presente democracia es la más amplia, estable y duradera de nuestra historia y que su precedente más cercano, que es el de la Segunda República, sufrió la amenaza expresa de la dictadura del proletariado y estuvo a punto de desembocar en ella. Si la historia no se cuenta como fue, nuestros nietos acabarán creyendo que la Segunda República era un idílico paraíso en el que todos los estudiantes vivían en la Residencia de Jiménez Fraud, todos los trabajadores tenían trabajo en su propio término municipal y todos los españoles recitaban a Lorca y a Cernuda y respetaban las ideas y los derechos de los demás como si vivieran en Suiza, hasta que Franco y otros militares amigos suyos acabaron con la fiesta.

Las cosas, desdichadamente, no eran así, y Pedro Salinas, que no es sospechoso, se mostraba feliz de alejarse de «esta olla de grillos rabiosos» cuando en marzo de 1936 anunciaba a Guillén que iba a dar un curso en Boston: «Me encanta poder salvarme de este ambiente hispánico, cada día más envenenado, más sembrado de odios y rencores, más hostil a los gustos nobles y al trabajo alegre. Yo tengo la impresión de que todo va ¡aún! a empeorar y ese viaje es una verdadera salvación, yo así lo siento».

Es de Francesc Cambó la advertencia de que en 1936 «la invasión bolchevique se estaba adueñando del poder», y Fernando Chueca Goitia, prototipo de liberal, sostuvo por su parte que Franco no se impuso a la sociedad, sino que fue la sociedad la que impuso a Franco, a gusto y contento de todos, y que la responsabilidad histórica de la existencia de Franco la comparte «una fracción mayoritaria de la nación, porque en ella se encontraban, no sólo las llamadas derechas, sino buena parte del movimiento liberal y republicano, como lo demostraron las conductas de grandes prohombres de la izquierda intelectual». El hecho de que no quepan en este artículo no me impide añadir que se podrían aportar cientos de testimonios semejantes, desde Ortega a Madariaga y desde Gil Robles a Marañón, que no fueron precisamente panegiristas del Régimen.

Un Régimen que desembocó en la Monarquía de Juan Carlos I y en la democracia que la transformación económica, cultural y social de aquellos años había hecho definitivamente viable.

Como estos matices se escapan a quienes, en el mismísimo Parlamento y sin adecuada réplica, se aventuran a comparar el Régimen de Franco con el nazismo y generalizan su comprensible discrepancia con algunos puntos concretos, hasta el extremo de calificar un diccionario de cincuenta tomos como «un insulto a la inteligencia, a la ciencia y a la historia» y «una ofensa a la memoria de los ciudadanos demócratas de este país», conviene al buen sentido efectuar algunas puntualizaciones.

La mía es muy sencilla y tiene por objeto aclarar al hipotético lector joven de estas líneas que antifranquismo y democracia no son, ni mucho menos, términos equivalentes. Los demócratas de verdad que en virtud de sus propias convicciones criticaron, se opusieron y padecieron durante el Régimen de Franco no merecen ser confundidos con quienes, en su insensata pretensión de sustituirlo por otro tipo de dictadura, contribuyeron a reafirmarlo y obstaculizaron durante años la apertura democrática que tantos deseábamos.

Las hemerotecas no mienten, y algunos conservadores, a falta de grandes patrimonios que conservar, guardamos cuidadosamente publicaciones, entonces clandestinas, cuya lectura debería hoy producir rubor a quienes se proclaman herederos de aquellos luchadores o impedirles al menos la inverecundia de dar efecto retroactivo a su conducta democrática de hoy. No hace falta remitirse a los años treinta. Los comunistas españoles de los años sesenta y setenta creían en la aplicación creadora del marxismo-leninismo, consideraban que la revolución rusa de 1917 era una fuente de enseñanza en la que bebían revolucionarios del mundo entero, proclamaban que había sido correcta la línea revolucionaria del partido bolchevique, se atrevían a decir que Rusia era el país de mayor libertad política del mundo, sostenían impávidos que tenían excelente impresión sobre la situación de China y rendían homenaje a la transformación de la República de los Soviets en la forma política de la Dictadura del Proletariado. Miente quien diga que «Hora de Madrid» o «Mundo Obrero» fomentaban valores democráticos cuando, obsesionados con la huelga general, la proponían tanto para solidarizarse con terroristas procesados como para impedir la instauración de la Monarquía.

No lo estoy inventando: lo tengo delante. Es perfectamente comprensible que muchos de los que entonces reflexionábamos sobre el futuro de España deseáramos evolucionar, pero no en esa dirección. Por eso tuvimos que rectificar bastante menos que lo que rectificó el Partido Comunista para que todos nos encontráramos en la Monarquía democrática. Si el Rey Juan Carlos I logró una reconciliación que parecía utópica, ¿a qué viene retroceder ahora, sembrando de nuevo vientos de discordia?

Los relevos generacionales no justifican la ignorancia de la historia, y mucho menos que intente adulterarla una izquierda que tiene tanto que callar. Pretender que Largo Caballero era un demócrata que merece estatua e intentar que Franco no descanse definitivamente en paz en el lugar que la inmensa mayoría de los españoles de la época consideraron absolutamente natural es volver a cometer errores que no van a aportar nada positivo a la convivencia nacional. Los políticos están para resolver problemas, no para crearlos.

Maravillado -pero consternado- estoy de que en esta nueva edad de oro de la cultura que aseguran nuestros angélicos políticos de uno u otro signo en Estepaís -antes, España- proliferen de tal modo los historiadores, oficio trabajoso y delicado cuyos dominio y maestría jamás acaban de alcanzarse suficientemente, por ser materia tan compleja y sutil, al tratar de entender y explicar al hombre y las relaciones entre los hombres en el tiempo, como han subrayado en líneas hermosísimas los mejores especialistas de la disciplina, al insistir en investigar el objeto de sus análisis durante mil horas antes de intentarlo sintetizar en pocos minutos o renglones.

Porque, en efecto, vemos hoy que cualquier indigente mental u osado cantamañanas de la pluma deriva el empleo de sus ocios -que mejor estuvieran aplicados a otros juegos o menesteres más a su alcance- a exhibir desvergonzadamente sus limitaciones cerebrales en la producción de novela histórica, describiendo con pasmosa ligereza y rapidez situaciones y personajes que no sólo se le escapan, sino que ni siquiera llega a rozar, solazándonos con estúpidos diálogos donde fracasan, hermanadas en el naufragio, la literatura y la historia, a la explicación profunda y filosófica del pasado, como nuevo Ortega, o a vestir sus capacidades de cronista raso, con el uniforme y las medallas de historiador científico y riguroso.

Algo similar a lo que sucede, a favor del viento en popa de las facilidades editoriales propiciadas por la universalización de los ordenadores, en el campo de la vulgar narrativa o de la sublime poesía, donde cualquier absurdo engendro, sin matemática ni música ni sensibilidad ni vibración original alguna, adquiere y luce los galones líricos de la edición, con daño evidente para los verdaderos poetas, obligados a compartir razonables desprecios de libreros y lectores, aburridos por tantas naderías o jeroglíficos.

Todos estos dislates, que suelen traducirse en una petulancia ineducada -¡ay, siempre la cuestión educativa, tan olvidada por los de la rosa o la gaviota!- por parte de las masas de tuerceplumas del verbo escrito que, con tanta comodidad, adquieren honores publicísticos, graduación de escritores y hasta, a veces, el decisivo reconocimiento económico -convertible en adelantos de muchos miles de euros que los convierten en famosos-, han alcanzado últimamente un nuevo nivel o bajado otro escalón.

Me refiero al ataque impúdico, u obsceno, como se prefiere decir hoy, con impropiedad típica, para mostrar mayor desdén hacia la Academia a la que me honro en pertenecer, la de la Historia, chiringuito donde han terminado, con modesto premio merecido los más, sus días de esfuerzo historiográfico las momias, como se complace en denominarnos el representante de una ideología caracterizada, además de por sus decenas de millones de asesinatos -que multiplican por 20 los perpetrados por la bestialidad de Hitler o el mísero Franco-, por la aniquilación, también, de la libertad en el más implacable régimen de totalitarismo leviatánico que el hombre ha conocido. Miserias realizadas normalmente por no menos repugnantes dictadores, en régimen de gerontocracia, es decir, protagonizado por momias como Stalin, Mao o, también, el ejemplar señorito Castro, propietario de una finca caribeña de 12 millones de hectáreas, a una de cuyas fastuosas recepciones, tras haber concluido la maratón en barco con que conseguí un Premio Guinness en 1985, me negué a asistir, por solidaridad con la miseria en que este fanático de una ideología inviable forzaba a malvivir a su pueblo.

Sin apresuramiento, que la insignificancia científica de la ofensiva, organizada, tal vez, desde oscuros centros de poder o frustraciones personales más o menos justificadas, tal vez, por esa obtusa forma de necedad, que tanto daño nos ha hecho a los españoles, de criticar con saña lo que no se ha leído o se desconoce, al objeto de ir reduciendo mi ira a la burla risueña, pues no más merece la insolvencia, ignorancias -algún brillante periodista, cuyo nombre callo por piedad, confundía, en su ferocidad televisiva, el reinado de los Reyes Católicos con el de Alfonso el Sabio, a quien colocaba en el siglo X, mientras explicaba nuestra académica incompetencia- y estupidez de las huestes que se han lanzado al asalto de la modesta institución, donde procuramos concluir nuestras vidas de estudio consagradas, con tanto deseo de acierto, a la historia de España, aunque a ellos les parezca sombría Bastilla en cuyo asalto y reparto de bienes y medallas se empeñan, armados con planteamientos tan agresivos como torpes y groseros.

El enorme esfuerzo que ha supuesto la edición en una decena de años de los 50 tomos del Diccionario de Historia de España de nuestra Academia (y en el que debo confesar humildemente que mi participación firmada ha sido mínima y recae en el siglo XVII, el que menos mal conozco) es obra cuya envergadura era de esperar que en Estepaís suscitase irritadas envidias como respuesta natural despechada. La obra, de la que yo hubiera preferido eliminar el siglo XX, cuyos materiales hubieran dado lugar a otro segundo texto, es, como todo trabajo colectivo de cualquier dimensión, inevitablemente desigual, pues las personas, aunque otra cosa pretenda cierta candorosa ideología vigente, nacemos libres, pero desiguales en capacidades, que luego la vida disminuye o crece, según los casos, mientras sus enfoques sesgan siempre la imprescindible, por otra parte, interpretación del personaje y selección de la información pertinente, sin que me vaya a lanzar ahora al prolijo, superado, excepto para discusiones tribales, y multimillonario -en páginas- debate sobre la posibilidad, límites y hasta, inclusive, interés de la objetividad histórica que jamás puede ser un retrato fotográfico, sino una pintura inteligente del pasado, desde puntos de vista diferentes (B. Croce) y con colores distintos.

La información, los datos, es lo que sobre todo importa, no al lector, sino al consultor del Diccionario. Y si en este aspecto ciertos trabajos adolecen de candor o de impropiedad o identificación abusiva con el personaje, menos aún si en esta misma línea incorporan conceptos sociopolíticos en mayor o menor grado discutibles, más me parecen defectos que desprestigian al autor de la entrada, siendo tan evidentes, que al conjunto de los demás 43. 000 estudios biográficos.

En todo caso creo que la idea aprobada por la Academia, en prueba de buena voluntad, que hubiera sido inconcebible en otra institución similar, en el sentido de admitir colaboraciones complementarias o suplementarias sobre puntos controvertidos de nuestra historia reciente, a partir de la II República y Guerra Civil, que se recogerían en la segunda y al parecer inminente segunda edición del Diccionario, en su versión digital y hasta en algún tomo donde se editasen, como Apéndice, siempre enriquecedor, los estudios alternativos que sobre alguna voz concreta, por ejemplo, Franco, se nos enviaren, con la extensión establecida.

Para concluir, deseo manifestar, con toda mi repugnancia, que arrojo indistintamente, sobre unos y otros, respecto a ese maniqueísmo historiográfico que con cínica hipocresía, dictamina objetividades y concede o niega rango científico a los trabajos históricos, según idénticos términos se apliquen a biografiados que coincidan o no con la ideología política del lector o crítico. Dada la obvia imposibilidad de que la caverna española azul o negra que, «confesada y comulgada ataca al hombre», o colorada, admita estas elementales nociones democráticas sería magnífico y tranquilizador que los sectores radicales de la izquierda (concepto del que no acabo de entender contenido ni fronteras ante los horizontes de la segunda década del siglo XXI) progresista española, disecada en 1936 y con las garras aún de la Guerra Civil sin recortar, comprendiera que la idea de democracia, con su raíz liberal, exige la libertad y el respeto a las opiniones distintas a las nuestras que no se nos intenten imponer por la violencia.

Es posible que estemos contemplando las últimas decisiones de una Administración socialista en España. Pero, de pronto ha mostrado con claridad un aspecto muy desagradable de oposición a la libertad, dejando aparte sus planteamientos en el terreno de la economía que, desde 2004, al no intentar siquiera modificar el modelo de desarrollo económico que heredaba, han llevado a España —dejando aparte las herencias bélicas— a la situación económica más grave que nunca ha tenido este país.

Como bien señala Laura Peraita en su nota «Tijeretazo a la libertad», aparecida en el ABC Familia, el 3 de junio de 2011, esto es lo que sucede, además a costa de la eficacia educativa, esencial para el progreso económico, cuando «impulsado por Leire Pajín, a Zapatero le han entrado las prisas por retirar, antes de que acabe la legislatura, la subvención pública a casi un centenar de colegios de educación diferenciada, tal y como recoge la Ley Integral para la Igualdad de Trato y de no Discriminación». Una equivocación pedagógica colosal, como se demuestra en ese ejemplar de ABC Familia, pero, sobre todo, un ataque directo a la libertad de las familias.

Inmediatamente ha aparecido la presión sobre la Real Academia de la Historia para que altere el contenido de algunos aspectos de esa aportación espléndida que es su «Diccionario Biográfico Español». Una persona, que en tiempo de Franco tanto le combatió, como es el escritor Ignacio Gracia Noriega, el autor de esa gran novela que es «El paso de Faes», quien señalaba en «La Nueva España» el 3 de junio de 2010, que «la intervención de la propia ministra de Cultura» y el ambiente creado por multitud de personas que, como dice Gracia, «es posible que no hayan abierto un diccionario en su vida», es algo que «no solo implica una enormidad en la concepción de la Historia (en la que sólo cabe una única interpretación, la de «esa gente»), sino algo muchísimo más grave: la vuelta a la censura». Y Gracia Noriega añade: «Ya no se trata de que se cometan crímenes en nombre de la libertad; es que invocándola, por parte de personas que temo que crean poco en ella, se plantean verdaderas burradas». En este caso concreto, que sean las discrepancias políticas y no los debates científicos, que son las que pueden, y deben, ser muy duros, los que prevalezcan, pero sin supresión de los lugares de expresión de los posibles argumentos contrapuestos. Los economistas siempre hemos tenido que estudiar la violentísima «batalla del método», con argumentos durísimos entre la escuela de Berlín y la de Viena, y con consecuencias, para la política económica, considerables. Pero, ¿pensó alguien, en aquellos momentos, cerrar la Verein für Sozialpolitik, suprimir el «Schomllers Jahrbuch» o, enfrente, liquidar al «Jahrbucher für Nationalökomie» o impedir la difusión del «Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschften und der Politischen Ökonomie insbesondere» de Menger?

Lo muy grave que subyace es que, en España, se acaba, con estas dos cosas, por dar la razón a Hayek. Cuando leí su obra, a su vez muy polémica y da la impresión que profética, «The Road to Serfdom», o sea «El camino hacia la servidumbre» (Routledge, 1944), tras la crítica que le hizo Valentín Andrés Álvarez en «Moneda y Crédito», prácticamente desde el punto de vista de la Escuela de Friburgo, me pareció que Hayek exageraba, y que la socialdemocracia había aprendido de lo que había supuesto el sendero de bolcheviques, espartaquistas, maoístas y demás desviaciones de Marx hacia la izquierda, para no ser respetuosa con la libertad. Pensaba yo entonces que los mensajes que emanaban de la Fabian Society pasaban a constituir la base de un socialismo moderno. Por ahí camina actualmente el libro de cierta fama de Gidden, o las observaciones de Ignacio Sotelo o el ensayo de Elizabeth Durbin, «New Jerusalem. The Economics of Democratic Socialism» (Routledge, 1985). Pero he aquí que nuestro PSOE se ha deslizado hacia el largocaballerismo, como si renaciese ahora Álvarez del Vayo. Y ratifica lo que señalaba Hayek: que el socialismo es un camino hacia la pérdida de la libertad, o sea hacia la servidumbre.

Estos dos síntomas recientes tienen una gravedad extraordinaria, porque coartan, en un caso la libertad de los padres, y en el otro, la de un académico tan prestigioso como Luis Suárez y la de todos los académicos de la Historia. ¿O es que con él y su artículo «Francisco Franco Bahamonde» vamos a crear una situación análoga a lo sucedido con el artículo «El rasgo», de Emilio Castelar? ¿Es que ahora la ministra de Cultura, González-Sinde, toma lecciones del marqués de Orovio?

Bloquear la libertad es muy grave desde el punto de vista de la convivencia, pero también desde la búsqueda de una salida a la crisis actual. La autoridad de los Friedman (Milton y Rosa), en su «Free to choose. A personal statement» lo señala de modo claro cuando indica en las págs. 200-201 de su traducción española (Ciro Ediciones, 2011), que «una sociedad libre desata las energías y capacidades de las personas en busca de sus propios objetivos. Esto impide que algunas personas puedan arbitrariamente aplastar a otros». Luego, si el objetivo es buscar ese aplastamiento, y con ello liquidar la libertad, las energías y capacidades, se esfumarán. He ahí posiblemente la raíz, jugando un poco con un título famoso de Karl Popper, de «la pobreza del socialismo».

«Seguramente es tan esencial no olvidar como no vivir movido por el dolor del recuerdo». «Olvidar no es, ni puede ser, no recordar, más bien exige que lo que hagas no esté marcado por los hechos del pasado, sino por el futuro que quieres abrir». Con esta lúcida visión personal y política de la huella que le dejó su oposición activa a la dictadura franquista se expresa Isidre Molas en su libro El meu temps de presó 1962-1963, publicado por Edicions 62.

En un país en el que la desmemoria instituida sobre el pasado más próximo ha calado en la generación presente, a pesar de los tímidos intentos llevados a cabo para evitarlo, viene bien conocer la visión de alguien que fue condenado por rebelión militar por unos hechos que desde la entrada en vigor de la Constitución son derechos fundamentales de la persona. Viene bien no olvidar cómo fue aquella dictadura, a fin de construir un futuro que no esté lastrado por los rescoldos que dejó en las actitudes y en el comportamiento político de la ciudadanía y en la débil fortaleza de las instituciones democráticas actuales. Pues no es seguro que, después de 33 años, el lastre haya desaparecido del todo. Incluso, a veces, parece que reviva.

Isidre Molas, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, vicepresidente que fue del Parlament de Catalunya y, en la actualidad, vicepresidente del Senado, autor, entre muchos otros, de un libro imprescindible sobre la Lliga Catalana, no ha escrito unas memorias al uso. Su tiempo de prisión es una reflexión personal y también política del contexto que rodea a un joven universitario de 22 años que es condenado por rebelión militar. Un delito que, en realidad, los únicos que lo habían cometido eran Franco, los militares golpistas y todo el entorno social, económico y eclesiástico que se alzó en armas contra el régimen democrático de la Segunda República. La rebelión militar por la que condenaron al joven Molas y que le llevó a un periplo por la prisión Modelo de Barcelona, además de las de Madrid, Calatayud y Soria, se basó en los siguientes hechos contenidos en los informes de la policía: ser persona con ascendiente en la Facultad de Derecho; haber sido sancionado académicamente por actos de rebeldía política, al haber pedido la amnistía de presos políticos; ser miembro del Front Obrer de Catalunya; y haber recibido octavillas en mayo de 1962 para promover la huelga general en Barcelona. Eso era, entre otros ejemplos, lo que el régimen entendía como rebelión militar.

No es una mirada épica, sino una contenida crónica personal sobre la privación de libertad por motivos políticos que padeció y un particular mural sobre los diversos grupos de oposición a la dictadura de Franco. Una mirada dúctil y en ocasiones irónica, de un hombre que, con lo que ahora ha decidido explicar, muestra un intenso mundo interior sobre sí mismo, su familia y la sociedad que le rodea. Una expresión, entre otras, de esta mirada acerca de su itinerario personal frente a la represión es el sentimiento de miedo. Es el recuerdo más vivo que afirma que le ha quedado: el miedo a ceder, a ser doblegado, a dar nombres, a la brutalidad de la Brigada Político Social de infausta memoria, el miedo a oír gritar tu nombre en la celda subterránea para que subieses arriba a diligencias, el miedo a perder y a no tener la fuerza e inteligencia suficientes para afrontar los interrogatorios, el miedo a ser seguido…

Otra mirada del profesor Molas es la que se proyecta acerca de la idea de libertad, sobre la que reflexiona a su paso por la prisión de Soria, donde, pensando en el futuro democrático, entonces todavía lejano, se plantea cómo habría de ser la organización de la libertad concluyendo que, a diferencia de lo que él mismo pensaba poco antes, la cosa no sería tan fácil, ni tan simple, como percibía en algunos nacionalistas vascos también presos, muy anclados en al primaria y sectaria idea de la sociedad unánime.

Porque, afirma, sin la libertad de cada uno para ser, opinar y vivir como quiera, salvo que infrinja el Código Penal, no habría ni democracia ni libertad de Catalunya, ni justicia social ni socialismo. Sin libertad personal todo sería flor de un día. «Ser partidario de la libertad propia no resulta difícil, lo que resulta difícil es admitir y luchar por la libertad de los otros». Soy de la convicción de que esta idea básica de la organización democrática de la libertad no encuentra todavía un arraigo fuera de toda cuestión en la sociedad española.

La lectura del tiempo de prisión de Isidre Molas y el de tantos otros revela que las libertades de las que gozamos deben mucho a todos aquellos que, como él, dieron lo mejor de sí mismos para recuperarlas ante un régimen político ominoso. Por ello, provoca envidia el esfuerzo que países como Francia o Alemania han hecho para dignificar a través de instituciones estables su respectiva memoria de la libertad, como signo de la calidad de su sistema democrático y de construcción de un futuro de libertad.

La Academia es la antítesis del sectarismo. Se supone que en sus recintos habitan, estudian y reflexionan personas que anteponen el rigor intelectual a cualquier otro designio o tentación ideológica intransigente y sesgada. Los académicos de la Historia, sin embargo, han irrumpido en el agitado debate sobre nuestro pasado reciente pronunciándose de forma clamorosa a favor de los nostálgicos del fascismo español, especie que solo puede desenvolverse, proliferar e incluso triunfar en el panorama desolador de nuestra democracia que alberga en su seno a apologistas y hagiógrafos de un régimen y sus personajes que fueron y siguen siendo condenados por la comunidad internacional.

Un historiador debe respetar los hechos objetivos e irrefutables del pasado y del presente. Si no quiere respetarlos, por lo menos no debe ignorar su existencia. ¿Han tenido en cuenta los académicos de la Historia la condena del régimen de Franco por Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1946? A la vista de lo sucedido conviene recordar sus términos: “Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un régimen fascista, organizado con la ayuda de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini e implantado, en gran parte merced a dicha ayuda”.

La Asamblea General, convencida de que el Gobierno fascista de Franco le fue impuesto por la fuerza al pueblo español y no le representa, le impide la entrada en Naciones Unidas y le recomienda que se comprometa a respetar la libertad de expresión, de religión y reunión, y a celebrar, cuanto antes, elecciones en las que el pueblo español pueda expresar su voluntad libremente.

Es seguro que los académicos no comparten estas declaraciones. En este caso, tienen el deber científico de refutarlas. No sé si les interesa la tarea o les resulta más cómodo alinearse con la paranoica “tesis” de que esta condena se debió a la tan manoseada conspiración judeo-masónica.

Es cierto que más adelante, el régimen fascista español fue admitido como miembro de Naciones Unidas, pero conviene recordarles que compartíamos asiento con el emperador Bokassa de la República Centroafricana. ¿Quizás para nuestros historiadores un padre amantísimo al que se acusó de antropofagia? También confraternizamos con todos los dictadores latinoamericanos, o ¿sería más correcto decir regímenes militares autoritarios de Chile y Argentina?

Es cierto que la primera democracia del mundo firmó un tratado militar con Franco para utilizar nuestro territorio como base logística en caso de confrontación con los regímenes comunistas. Incluso un presidente de Estados Unidos, el general Eisenhower, visitó a Franco, intercambiándose elogios y abrazos. Es de sobra conocido que la política de alianzas de Norteamérica no pedía certificados de buena conducta democrática. Su pragmatismo les llevaba a convivir con sus famosos “hijos de puta” como llamaron al dictador ¿autoritario? Somoza. Esta frase, digna de Groucho Marx, la pronunció el presidente Franklin Delano Roosevelt. Tampoco los norteamericanos tuvieron reparos en abrazar e incluso integrarse en una guerra suicida con el sátrapa (¿autoritario?) vietnamita, Go Din Diem.

Durante mi infancia y adolescencia en tierras de Castilla (Valladolid), conocí a alguno de los académicos que han elaborado este diccionario. El profesor Luis Suárez fue decano de Filosofía y Letras y rector de la Universidad. Reputado e indiscutido medievalista, cultiva y expresa una gran admiración por nuestra reina Isabel la Católica, hasta el punto de involucrarse en una comisión, promovida por el capellán de mi colegio, que desde los años cincuenta viene intentando infructuosamente que prospere el proceso de beatificación de la reina de Castilla. Esfuerzo inútil porque todo el mundo sabe que el lobby judío y el Gran Rabino, han advertido al Vaticano de su rechazo airado a tal decisión.

Comparto la frase del ministro Gabilondo que ha dicho que la política no controla las Academias. Solamente un matiz, hay posiciones que no se pueden compartir, como homologar una dictadura con una democracia, convirtiéndolas en un simple juego de palabras. Son como el agua y el aceite, nunca pueden fusionarse. Me molesta que este desaguisado se haya llevado adelante con dinero público pero, pensándolo bien, por qué escandalizarse a estas alturas.

Todo diccionario se compone de voces y palabras. Con el mismo propósito que nuestros académicos, me permito sugerir la siguiente voz:

“Autoritario: Dícese de un general que encabeza un golpe militar contra una democracia; que ordena, en bandos de guerra, el exterminio de los gobernantes y que, terminada la Guerra Civil, asesina con formas seudojurídicas a miles de personas y propicia la ejecución extrajudicial de más de 100.000 personas, desaparecidas en fosas clandestinas. Se predica también de la persona que condenó a miles de ciudadanos a penas de cárcel, previa tortura, por ejercitar los derechos de asociación política y sindical, reunión, manifestación y libre expresión de las ideas”.

Addenda: Para orientación de posibles historiadores desmemoriados, en septiembre de 1975, dos meses antes de morir, inició su despedida de este mundo con cinco condenas a muerte ejecutadas tras un consejo de guerra sumarísimo que provocó la repulsa internacional.

Ya que no tuve el privilegio de ser uno de los 5.000 colaboradores que contribuyeron al Diccionario Biográfico Español (DBE) que acaba de ser publicado por la Real Academia de la Historia (RAH), puedo darme el lujo de comentar con cierta libertad los insólitos acontecimientos que han tenido lugar durante los últimos días. No he visto nada de los volúmenes del Diccionario aparte de los extractos publicados en la web, pero eso no afecta el contenido de mi comentario. Lo primero que hay que subrayar es el valor del director, Gonzalo Anes, que ha llevado a buen término un trabajo que debe haberle representado a él y su equipo mucha ansiedad y duro trabajo.

Hace algunos años dirigí una obra similar pero más modesta, sobre las mil personalidades más importantes de principios de la edad moderna en Europa (obra que aún continúa vendiéndose bien), y puedo asegurar que no es fácil planificar o dirigir semejante empresa. Desde finales del siglo XIX, ha habido muchos diccionarios biográficos de las principales naciones de Europa. Uno de los mejores es el Allgemeine Deutsche Biographie del año 1875. No se puede dejar de mencionar la Gran Enciclopedia Soviética, que consta de 65 volúmenes (c. 1940), un colofón de la historiografía socialista. Tenía una característica única. Como que Stalin iba liquidando a cada uno de los famosos líderes de la revolución comunista, su entrada biográfica también desapareció de las páginas de la Enciclopedia, por lo que hay que remontarse a las ediciones anteriores de la obra para averiguar si alguna vez realmente existieron personas tales como Bujarin, Kamenev y Trotsky. Por mi experiencia de las lecturas de las ediciones de la Enciclopedia siempre he pensado que es un error incluir (como hace el DBE) las entradas de personas vivas en un diccionario biográfico. Siempre es mejor evaluar a una persona cuando él o ella han pasado a otra existencia, y la inclusión de políticos vivos es una práctica que no se encuentra en ningún otro gran diccionario.

Más allá de toda duda -y no lo digo porque sea británico- el mejor ejemplo de una biografía nacional en Europa es el Dictionary of National Biography (DNB) de Gran Bretaña, publicado desde 1885 en adelante. La obra combinaba las más altas cualidades de erudición e imparcialidad y fue seguido en 2004 por una nueva versión, los 60 volúmenes del Oxford DNB. ¿A qué debe la obra su éxito? Sin duda, a su prosa precisa y límpida, su narrativa cuidadosamente documentada y su cumplida imparcialidad.

Ninguno de estos diccionarios sufrió las críticas y la mala fortuna del DBE. ¿Entonces, qué ha salido mal en España? El profesor Julián Casanova escribió en la prensa hace unos días que «los miembros de la Real Academia de la Historia, supuestos guardianes de las esencias de la profesión, ignoran esos principios y acaban poniendo la ideología y sus influencias políticas al servicio de la historia». Estoy de acuerdo con él en que la ideología es la principal culpable. Pero desarrollemos su comentario sobre los miembros de la Real Academia de la Historia como «guardianes de la profesión».

De lo que he leído, hay poca duda de que el primer error, hecho al parecer por el Gobierno de Aznar, fue la creencia de que la historia de España es la reserva especial de un grupo selecto de personas conocido como la RAH, y que sólo ellos tienen los conocimientos especiales necesarios para comprenderla e interpretarla. ¿Quién mejor, entonces, para llevar a cabo una masiva obra de síntesis biográfica de toda la historia de España? Aznar no entendió que muchos de los historiadores de la RAH pertenecen a una época pasada en su forma de pensar. La consecuencia fue que cuando se eligieron los nombres de las biografías, los 36 miembros de la academia tuvieron prioridad a la hora de seleccionar sobre qué figuras históricas querían escribir, basándose en sus preferencias personales. Eso explica perfectamente por qué la entrada biográfica de Franco fue puesta en manos de un conocido admirador del Caudillo.

Una obra que pretende tener una cierta autoridad profesional nunca debió haber sido concebida de tal manera. La historia de España ha sido tan compleja y tan conflictiva, en todos los niveles y no simplemente a nivel sólo del nacionalismo, que al menos los directores de la empresa deberían haber tenido la visión de futuro para dar cabida a posibles problemas. Sin embargo parece que no lo han hecho. Hace varios años, el autor de la entrada biográfica sobre Franco declaró en una entrevista con la prensa sobre un libro mío: «La gran desgracia de España es que tenemos extranjeros para escribir nuestra historia». Eso, sin duda, puede explicar por qué ciertos extranjeros no conectados con la RAH fueron excluidos de la empresa biográfica. Pero no explica por qué muchos historiadores españoles, también no conectados con la RAH, fueron excluidos. La única explicación lógica parece señalar a razones ideológicas.

Eso nos lleva a la cuestión de la ideología. Parece estar fuera de toda duda que la ideología de un tipo específico se ha permitido que predominara en el Diccionario Biográfico Español. La ideología de la historia tradicionalista, de la religión tradicionalista, del chauvinismo imperialista, está claramente presente en las pocas entradas biográficas a las que he tenido acceso. En particular, la prensa ha puesto objeciones a una predisposición ideológica que favorece a un bando en la Guerra Civil. De acuerdo con mi información, un texto sobre un coronel de infantería del lado de Franco dice que participó en ella «consciente del sentido de verdadera cruzada que adquiría nuestra guerra», y que luchó «siempre brillante y heroicamente contra el ejército rojo.» Los textos sobre los comandantes militares en el lado de Franco durante la guerra civil resucitan el uso de términos ideológicos como «rojos» (republicanos), «glorioso alzamiento» (rebelión), «pacificación» (ejecuciones). Estos textos dificultan tomarse en serio el DBE como una obra de historia imparcial. Se puede citar un comentario relevante de uno de los extranjeros que mejor conoce España, Giles Tremlett, autor del magnífico ensayo España ante sus fantasmas, quien observa en su libro que «los españoles no están siempre seguros de si pueden confiar en lo que sus propios escritores tienen que decir sobre ellos».

CADA OBRA publicada tiene errores y deslices y la historia siempre ha invitado a desacuerdo y polémica. Pero a la larga la opinión de los historiadores tiene el derecho a ser oída. Errores de hecho siempre se pueden corregir más tarde, como ha ocurrido en el caso del DNB británico. La peor manera posible para tratar de corregir las debilidades de una obra sería invitar a una intervención de la ideología opuesta. Uno espera sinceramente que el director de la RAH, quien ha dicho que revisará nuevamente los textos, no intentará censurar la ideología de sus contribuyentes pro Franco. Un diputado comunista, que puede estar pensando inconscientemente la forma en que Stalin corrigió «errores» en la Enciclopedia Soviética, ha reclamado que se corrijan los errores en el DBE. La ministra de cultura, Sinde, ha participado en la campaña y ha pedido que las opiniones de los escritores pro Franco en la obra sean reeditadas. ¡Que el cielo ayude a la ciencia de la historia si se da el control a los políticos! La ministra ha pedido incluso que se reduzca el número de entradas masculinas y su lugar lo tomen mujeres. ¡Evidentemente tiene poco conocimiento de la sociedad sólidamente masculina que España ha sido durante más de cinco siglos! Como si esto no fuera suficiente, un senador comunista, Joan Saura, ha pedido un comité inquisitorial del Senado para examinar la entrada del Diccionario escrita sobre Franco. Las palabras y acciones de Sinde y Saura revelan absolutamente que hay sólo una suerte peor para el DBE que ser puesto en manos de la RAH, eso es, ponerlo en manos de los políticos totalitarios que desean controlar la libre expresión de ideas, aunque sean erróneas.

¿Es este el lugar para citar las palabras de Don Quijote? «Auiendo y deuiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no apassionados nada, y que ni el interes ni el miedo, el rencor ni la aficion, no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, emula del tiempo, deposito de las acciones, testigo de lo passado, exemplo y auiso de lo presente.»

La publicación de los primeros volúmenes del Diccionario Biográfico Español por la Real Academia de la Historia ha dado lugar a una polémica en los medios de comunicación sobre algunas de las afirmaciones que se realizan en el mismo. Es importante que los ciudadanos conozcan las opiniones de otros historiadores y la existencia de un debate “académico” que, lejos de escandalizarnos, debe contribuir a un mejor entendimiento y comprensión de nuestro pasado más reciente.

Para comenzar, se debe aclarar que es frecuente confundir naturaleza de un régimen político y forma de ejercicio del poder. Son dos cuestiones distintas, mientras que los conceptos “totalitario” y “autoritario” se refieren al primero de ellos, el término “dictadura” se aplica al segundo.

Totalitario es un régimen político no democrático que busca imponer una integración política total entre el Estado y la sociedad. En dicho régimen, la participación y adhesión al mismo son una obligación para todos los miembros de la comunidad política. Mientras que autoritario define a un régimen político no democrático, pero en este caso a través del control del Estado, monopolizando el poder político sin permitir a los ciudadanos participar en la toma de decisiones. No tiene como objetivo controlar la vida social por medio de una ideología, ya que en ocasiones se carece de ella, sino lograr la pasividad de los ciudadanos.

La victoria militar en la Guerra Civil de los sublevados contra el orden legítimo que representaba el régimen republicano supuso la quiebra del Estado democrático. El “nuevo Estado” se atribuyó un carácter fundacional y se dispuso a construir un “orden político” distinto al democrático. Buena muestra de ello fue la extraordinaria concentración de poder que se dio en la persona de Francisco Franco. Desde el 1 de octubre de 1936 y hasta su muerte ocupó la Jefatura del Estado, del Ejército y del partido único; hasta 1973, la del Gobierno y se añadía “la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general”.

Se estableció así una dictadura soberana que se atribuyó un carácter constituyente. Ello supuso trasladar la soberanía del pueblo al Estado, suprimir los derechos fundamentales de los ciudadanos, acabar con la división de poderes y establecer límites mal definidos para el ejercicio del poder, lo que le permitía hacer uso de la arbitrariedad en aquellas ocasiones que estimara oportunas. Por ello, no se puede hablar de un Estado de derecho, sino de Estado con derecho, que es algo muy distinto.

Junto al hecho de ser una dictadura, es obligado referirse a la existencia de una identidad represiva. La represión y la violencia política fueron una constante. Desde los primeros momentos del fracasado golpe de Estado de 1936 se hizo uso de ella (basta con leer las directrices elaboradas por el general Emilio Mola) para aplastar la resistencia, continuando con estos métodos a lo largo de toda la dictadura para someter a la oposición.

El debate sobre la naturaleza del franquismo ha originado una amplia controversia, dando lugar a numerosas definiciones (Juan José Linz, Juan Martínez Alier, Ignacio Fernández de Castro, Salvador Giner, Carlos M. Rama, Javier Tusell, Gino Germani…) que en ocasiones producen la sensación de que nos encontramos en un laberinto sin salida. En nuestra opinión, dada la duración del régimen, es más conveniente hablar de distintas naturalezas y no de una sola, y más teniendo en cuenta que a lo largo del tiempo el régimen franquista hizo uso de actitudes camaleónicas, que variaron no su esencia (poder personalizado, identidad represiva y rechazo a la democracia), sino su forma de actuación política.

La manera más idónea de buscar una definición es analizar la cronología de la dictadura y ver sus comportamientos frente a la situación internacional, a los grupos políticos predominantes en el interior, al tipo de estructura social y a la política económica. Se puede hablar en un primer momento de la existencia de un proyecto totalitario similar al fascismo, aunque se debe tener en cuenta la debilidad del partido único, la posición de la Iglesia y la fortaleza del Ejército. Este proyecto totalitario se encontraba avalado por los éxitos en los campos de batalla de Europa de los ejércitos del Eje, por la preponderancia del sector falangista (presencia en el Gobierno de Ramón Serrano Suñer), por las prácticas intervencionistas y autárquicas en la política social y económica, que se conciben no tanto como una política coyuntural, sino como un modelo cerrado y definitivo. A ello deberíamos añadir el uso de la estética fascista y la pasividad de una Iglesia deudora del bando nacional.

A partir de la crisis de Gobierno de 1942, que supuso el cese definitivo de Serrano Suñer, y de los cambios que se estaban produciendo en la II Guerra Mundial a favor de los aliados, se entró en un periodo de indefinición, a los que Franco era muy proclive, dado que le permitía ganar tiempo y consolidar su poder.

A partir de 1945, el fin de la II Guerra Mundial y el nuevo orden internacional (llegada al poder, en algunos Estados europeos, de fuertes partidos demócrata-cristianos, la extensión del Estado social y el éxito del capitalismo) condujeron a la dictadura a variar su naturaleza política. En esta ocasión se trataba de buscar apoyos en el bloque occidental, lo que se vio favorecido por el inicio de la guerra fría. En el interior tuvieron un especial protagonismo los “católicos políticos”, que además contribuyeron a lavar la cara del régimen en el exterior y a partir de la década de los cincuenta favorecieron la transformación social y el crecimiento económico dentro de la lógica capitalista. Pero en ningún caso propiciaron reformas democráticas, ya que los denominados “aperturistas” (José Solís, Manuel Fraga, Laureano López Rodó…) no querían un cambio de régimen sino cambios en el régimen.

La nueva naturaleza era autoritaria, al menos en los términos que en 1964 estableció Juan José Linz. Para este autor, las características del autoritarismo se refieren a un sistema político no democrático, no responsable, con una mentalidad característica, carente de movilización política y límites formalmente mal definidos en el ejercicio del poder.

Durante la dictadura de Franco no existieron medios de control político sobre sus miembros. Comenzando por el jefe del Estado, como afirmaban los Estatutos de FET y de las JONS: “El Jefe responde ante Dios y ante la Historia”; y continuando con toda la clase política que respondía solo ante Franco, siendo la adhesión a su persona el mayor mérito que se podía presentar.

La movilización política es uno de los objetivos centrales de los regímenes totalitarios (fascismos y comunismos) y para ello es imprescindible una ideología cerrada. En cambio, durante el franquismo se primó la desmovilización y la pasividad de los ciudadanos. Así, las escasas movilizaciones habidas en la plaza de Oriente de Madrid respondían a motivaciones nacionalistas (retirada de embajadores, “proceso de Burgos” o condena internacional tras los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975), habiendo otras de carácter religioso (Congreso Eucarístico Internacional de 1952 en Barcelona), o sentimental (visita de Eva Perón de 1947). Esta carencia de movilización se basaba en la existencia de una mentalidad cambiante, en la que el régimen anteponía sus intereses de supervivencia a los intereses de España.

Junto a las características mencionadas, Linz hablaba de pluralismo político limitado. Es cierto que entre los miembros de la “coalición reaccionaria” existían grupos políticos diferentes (fascistas, conservadores, tradicionalistas, alfonsinos…), pero eso no era lo decisivo, lo que anula la existencia de dicho pluralismo. Lo decisivo era lo que les unía a todos ellos: 1º) la fidelidad a la persona de Franco; 2º) la hostilidad a la democracia parlamentaria; 3º) un rígido concepto del orden público; 4º) la creencia en la necesidad de la Guerra Civil; 5º) el convencimiento de que España debía ser bastión del catolicismo; 6º) una imagen tradicional y autoritaria de la vida y la sociedad, y 7º) un nacionalismo español excluyente.

Todas las disciplinas académicas poseen sus métodos, reglas y hábitos que las identifican y deben respetar quienes se comprometen con ellas profesionalmente. Los historiadores no nos dedicamos solo a compilar listas de nombres, fechas, lugares y acontecimientos. La historia es una disciplina compleja y los historiadores un grupo muy variado. Además, el conocimiento histórico tiene límites bien claros, porque la verdad absoluta es inalcanzable y los hechos, como ya puso de manifiesto Edward H. Carr hace ahora medio siglo, nunca nos llegan en estado puro. Pero eso no quiere decir que inventemos la historia, ni que tengamos que renunciar a captar, por medio de enfoques y métodos de indagación apropiados, un pasado parcialmente verdadero.

Muchos españoles se han enterado estos días de que había una Real Academia de la Historia. De repente, una institución que no existía, o que, pese a ser Real, parecía estar en la clandestinidad, sale a la luz con un Diccionario Biográfico Español, presentado ante las máximas autoridades con elogios exagerados de sus propios miembros y de algunos ilustres invitados. Y cuando esperaban más parabienes, que la gente les abrazara efusivamente por tan noble y digna empresa, les cae encima una tormenta de vergüenza e indignación que pone bajo sospecha la profesión del historiador y alimenta esa creencia tan extendida de que la historia depende de quién la cuenta, que es una rama del saber totalmente subjetiva, sujeta a postulados ideológico-políticos o cercana a la ficción.

Más allá del escándalo provocado por el nulo rigor y sesgo ideológico con el que se han elaborado algunos textos para ese Diccionario, estamos ante una buena oportunidad de debatir temas importantes que afectan a nuestra democracia, historia y cultura.

Es normal que los diversos recuerdos de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco continúen persiguiendo nuestro presente, que ese pasado traumático provoque conflictos entre diferentes memorias, individuales y de grupos, como ocurre en todos los países que sufrieron regímenes políticos criminales.

Da igual que los mejores historiadores y especialistas en ese periodo proporcionen sólidas y contrastadas pruebas de que la Guerra Civil la provocó un violento golpe de Estado y de que la larga y sangrienta dictadura que implantaron los vencedores de esa guerra fue desastrosa para la historia y convivencia de los españoles. Muchos ciudadanos, por diferentes motivos, van a seguir pensando que Franco fue un santo varón que trajo paz, desarrollo, carreteras y pantanos. Lo que ofende y avergüenza es que los miembros de la Real Academia de la Historia divulguen y amparen las grandes mentiras de la propaganda franquista, retomadas hoy por afamados periodistas y aficionados a la historieta, y empleen para ello cuantiosos fondos públicos.

Con ser muy grave esa manipulación, el tema va más allá del uso político e ideológico que se hace de la historia. La Real Academia de la Historia no representa a nadie, ni a los historiadores ni a sus investigaciones, y su utilidad es escasa o desconocida. Sus académicos numerarios son un grupo de colegas, reclutados entre ellos, alejados en buena parte, aunque haya notables excepciones, de la docencia y de la investigación, de los congresos y debates historiográficos. Pero no solo es la Academia. En España hay numerosas instituciones públicas (locales, comarcales, autonómicas y estatales) que editan, con el dinero de todos, centenares de libros y revistas cuya calidad y rigor casi nunca se controla.

Bajo ese paraguas protector, algunos historiadores y miembros de otras disciplinas, en algunos casos también con puestos vitalicios en las universidades, nunca necesitan pasar los filtros de la competencia y el rigor que les exigirían en cualquier editorial de prestigio. La mayoría de esos escritos, de escasa calidad y distribución, y difíciles de digerir, apenas tienen lectores. Seguro que en un Diccionario Biográfico que incluye 43.000 personajes históricos han colaborado muchos profesionales competentes que se han ajustado a las pautas del rigor y al método crítico de aproximación a la historia. El escándalo es que sean los propios capitostes de la Academia quienes las incumplan y que eso constituya en parte el reflejo de una miseria intelectual y cultural todavía bastante extendida.

La verdad acerca de los hechos históricos se descubre y no se inventa. La objetividad es un sueño noble, pero entre esa sana ambición y la historia como pura construcción de quien la escribe hay una vía de diálogo entre el historiador y los hechos del pasado. Los historiadores tenemos que rastrear las fuentes, escuchar las voces del pasado y hacer preguntas al material investigado para ofrecer relatos fidedignos. Ese es nuestro desafío y quienes lo respetan, lo hacen bien y lo demuestran, son también respetados por sus colegas, por la comunidad científica y por el público que los conoce a través de sus escritos. La Real Academia de la Historia constituye ya una buena materia de estudio para la historiografía. En su estado actual, su existencia carece de sentido y tampoco parece que una reforma radical le pueda dar mayor legitimidad. Como ha demostrado toda esta polémica, la sociedad ya no necesita guardianes de las esencias de la historia.

Sospecho que la inmensa mayoría de cuantos ponen el grito en el cielo porque en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia se califica a Franco de «autoritario» en vez de «totalitario» se llevarán una enorme sorpresa, con el correspondiente disgusto, si se enteran de que tal calificativo no lo inventó la RAH ni el autor del criticado texto, sino que tiene ya cuarenta años y que lo puso en circulación el sociólogo español posiblemente de mayor prestigio internacional, en una publicación nada menos que de la Universidad de Yale, donde enseñó ciencia política a varias generaciones de dirigentes norteamericanos. Me refiero a Juan Linz, que abandonó España a mediados del pasado siglo, al no encontrar en ella ni la libertad ni las oportunidades para desarrollar y exponer su pensamiento. En el libro «Regimes and Opositions» (Yale University Press, 1973), compilado bajo la dirección del profesor Robert A. Dahl, Linz se ocupó del capítulo España, con la precisión, ecuanimidad y hondura que caracterizan todos sus trabajos. Partiendo del esquema establecido por Dahn de clasificar los regímenes en hegemonías unificadas, hegemonías pluralistas y poliarquías, Linz afina la puntería y diferencia entre regímenes autoritarios y totalitarios, definiendo los primeros como «aquellos con pluralidad política limitada, sin haber asumido responsabilidades ni tener una ideología elaborada o guiada (aunque con distintas mentalidades); sin intensa ni extensa movilización política (excepto en ciertos puntos de su desarrollo); con un líder (ocasionalmente un pequeño grupo) que ejerce el poder dentro de unos límites mal definidos, aunque predecibles, mientras caracteriza los segundos como sistemas cerrados, impenetrables, sin capacidad de evolución». Para incluir el régimen franquista entre los autoritarios, remachando: «Los diferentes tipos de oposición, dentro y fuera contra el régimen sólo pueden entenderse si partimos de que España no es —o no ha sido desde mediados de los años cuarenta— un régimen totalitario».

Así que las protestas hay que hacerlas no a la RAH ni al profesor Suárez, sino a la Universidad de Yale y al profesor, hoy emérito, Linz. Ya sé que esto que digo no va a convencer a quienes reservan a Franco el título de dictador como más benigno, olvidando, o puede sin saber, que uno de los grandes líderes socialistas, Largo Caballero, no tuvo inconveniente en colaborar con el primero de nuestros dictadores del siglo XX: Primo de Rivera. Aparte de que la izquierda sólo encuentra odiosas las dictaduras ajenas, porque las suyas le encantan. Recuerden que alardeó incluso de la «dictadura del proletariado», que denominó «paraíso de los trabajadores», y que incluso tras demostrarse que era un inmenso campo de concentración, sigue sus arrumacos con la dictadura cubana. Son cosas que hay que decir, aunque no guste oír.

Pero de lo que yo quería hablarles era de la tarea fáustica que es escribir historia, esa «novela de la humanidad» como la llamaba Ortega, más apasionante que cualquier relato de ficción. Ramke la definió como «contar lo que ocurrió exactamente como ha sido». Pero si lo que ocurre ante nuestros ojos puede ser contado de formas muy distintas, ¿cómo contar lo ocurrido hace siglos en lugares y condiciones muy distintas? Si hay una tarea imposible es ésta.

La mejor definición de la historiografía la encontré en el Über Geschichtsschreibung de Sebastián Haffner y empieza, como suele ocurrir con el mejor ensayista alemán del siglo XX, con una sorpresa: «Escribir historia es, en primer lugar, un arte». Que remata con otra tan impecable como un revés cruzado de Roger Federer: «Como todo arte, se compone principalmente de omisiones». Lo que Haffner quiere decir con ello no es que el historiador tiene que olvidar hechos y nombres, sino que, como auténtico artista, tiene que concentrarse en lo verdaderamente importante, obviando todo lo demás, para que no estorbe. Esa mirada a vuelo de pájaro sobre el pasado es lo que diferencia al auténtico historiador del mero erudito, como el pintor genial se diferencia del pintor rutinario en que se centra en los rasgos fundamentales del paisaje o personaje que lleva al lienzo, en vez de contentarse con reproducirlo con todo detalle.

Sentado que la historia es un arte, Haffner echa mano de su palabra favorita: trotzdem, sin embargo. «Sin embargo —advierte— escribir historia es también una forma de ciencia». El «una forma de» indica ya que no se trata de una auténtica ciencia, como las matemáticas, la física o la biología, que se asientan en un cúmulo de certezas probadas y comprobables, mientras la historia utiliza un material demasiado desperdigado e instrumentos demasiado romos. En cuanto a sus fuentes, advierte Haffner, «son principalmente mentiras intencionadas de políticos y cortesanos muertos. De ahí que la historia sea, como la criminología, un eterno trabajo de Sísifo: aclarar actos cuyos autores tenían el mayor interés en evitar su aclaración. Y sin embargo —de nuevo el trotzdem—, cuando el escribir historia renuncia totalmente al intento de hacer ciencia, se convierte en mera producción de leyenda o propaganda, lo que tampoco es». O debiera de ser, añadimos por cuenta nuestra.

Con tales premisas, se comprende la enorme dificultad de escribir historia. Ser al mismo tiempo un artista y un científico, sin dejarse engañar por las apariencias, requiere una mente ágil e incisiva, una enorme autodisciplina y un saludable escepticismo, que incluye no dejarse llevar por la moda reinante ni por los propios prejuicios, siendo aquello tan importante o más que esto, pues nuestros prejuicios los conocemos y podemos defendernos de ellos, mientras la moda o pensamiento imperante nos espera tras cada esquina para atracarnos. E incluso si el historiador sortea todas esas trampas y dificultades, le quedará todavía lo más difícil por salvar: las inevitables distintas interpretaciones. Un mismo hecho —digamos, la Revolución Francesa, la Soviética—, una misma etapa —la Ilustración, la Restauración—, un mismo personaje —Napoleón, Cleopatra— puede ser juzgado como un éxito o un fracaso, con tantos argumentos para defender una tesis u otra. De ahí que el historiador deba huir de una historia vista a través de las lentes de una ideología, para atenerse únicamente a hechos y testigos, a fin de ofrecer un retrato lo más real y sucinto posible del personaje, suceso o época a describir. De ahí también que Tucídides continúe siendo el modelo de historiador —el primero que se atuvo a los hechos, relacionándolos con las circunstancias sociales y económicas reinantes—, mientras no se demuestre que tenía un «mensaje oculto» a enviar, cosa improbable de descubrir a estas alturas.

Haber sido testigo de la narrado, pero teniendo ya una distancia suficiente de ello para darle perspectiva, es la última condición que Haffner pide al historiador, señalando incluso una distancia: veinte años después de los hechos, «cuando los recuerdos se han posado, pero aún no diluido».

Han pasado ya más de treinta años de la muerte de Franco y, sin embargo (vamos a imitar al virtuoso del trotzdem) no parece que pueda todavía escribirse históricamente sobre él, sino sólo a favor o en contra. Como Mingote nos mostraba el sábado, los nietos de quienes libraron la contienda siguen combatiéndola. Y eso no es ni ciencia ni es arte. Es no haber aprendido la primera lección de la historia, según los antiguos, «maestra de la vida».

Menuda la que se ha armado con la aparición del Diccionario Biográfico Español publicado por la Real Academia de la Historia. ¿Tenemos remedio? Se ve que no, que no lo tenemos. No es como para alegrarse. Los diccionarios sirven, debieran servir al menos en principio, para fijar conceptos, despejar interpretaciones y dudas, sancionar lo que la opinión pública ha aceptado en virtud de que, cosa curiosa, la gente también piensa, emite opiniones, se informa, aunque en ocasiones sea desinformada, y de ese ejercicio de observación y estudio, de serenidad y calma e, incluso, de responsabilidad y autoridad no solo científica, sino también moral (se es académico a través de un proceso de decantación de la excelencia y así sucede o debiera suceder en la mayoría de los casos), se concluyen definiciones, conceptos y datos que figuran en ese diccionario.

Totalitario, por ejemplo, «dícese del régimen político que ejerce fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otros partidos». Así viene recogido en la vigésima edición del diccionario de la RAE, la de 1984. Ese ejercicio de autoritarismo requiere, indudablemente, de lo que se conoce como «una mano dura» posada sobre la realidad social por «un gobierno que, invocando el interés público, se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un país», según de nuevo nos señala el diccionario de la RAE y así lo entendemos todos.

¿Todos? No. Los miembros de la Real Academia de la Historia lo entienden de otro modo. Desde su presidente a su último incorporado, pues todos son colegiada y tácitamente responsables de la edición de ese diccionario que recoge las biografías de cuarenta y tantos mil españoles, todos ellos certifican en su publicación que el general Franco fue, tan solo, un ser autoritario, «un partidario extremado del principio de autoridad»; pero no un autócrata, no una persona que «ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado»; tampoco un dictador, «con facultades extraordinarias»; tantas como para «detentar en sí mismo» no solo la jefatura del Gobierno de la nación, sino también la jefatura del Estado, en medio de una realidad legal de partido único, religión única y pensamiento único.

Vivimos en un país extraño en el que robar a un ladrón tiene cien años de perdón; en el que se propugna que de la desconfianza surge el acierto; en el que el quinto mandamiento fue expresado, durante algún tiempo, de forma asaz curiosa: matarás con justicia, se decía, y se afirmó que matar a un azul no era matar, matar a un rojo tampoco. De ahí, de ese tiempo, viene el daltonismo intelectual del que acaban de hacer gala los académicos de la RAH que nos ponen verdes de vergüenza mientras se ufanan de habernos vestido de verde esperanza. Ya ven que no. Tan solo nos han llenado de preocupación y de tristeza.

Los responsables de la edición del Diccionario Biográfico debieran dimitir de sus obligaciones, abandonando los sillones que ocupan después del fraude intelectual cometido. No por pensar como piensan, son muy libres de hacerlo como quieran, pero sí por desvirtuar el lenguaje, falsificar la historia del modo en el que lo han hecho y, además, haber utilizado dinero público para manifestar sus opiniones personales.

Otra cosa sería que, después de haber puesto las palabras en su sitio, utilizando debidamente los conceptos que encierran, basándose en datos ciertos, llegasen a conclusiones que a no pocos se les antojarían, al menos, opinables y reflejasen las propias; por ejemplo, si es cierto que un sistema democrático es algo que no funciona por debajo de no sé ahora cuántos miles de euros de renta per cápita, hubiese sido poco discutible que sugiriesen e incluso afirmasen que ese nivel de renta se alcanzó, en su momento, gracias al que fue denominado Plan de Estabilización llevado a cabo, precisamente, durante el régimen totalitario del general Franco.

Podría gustar o no la utilización del dato, pero pocos se atreverían a negarlo. A los señores académicos, significadamente a su presidente y al autor de la biografía, causantes directos del desbarajuste organizado, les perdió su condición. ¿Cuál? La equivalente a la que nos llevaría a cualquiera de nosotros a rechazar a un cirujano que, dada su creencia religiosa, se negase a transfundirnos la sangre que hiciese posible la intervención médica que nos salvase. A no ser que esa su condición de creyente la reservase para su propio apaño, una vez llegado a idénticas circunstancias.

Los señores aludidos deberían haber reservado su condición para exponerla de modo personal, en libros de su única autoría, editados con dinero privado, nunca bajo el marchamo de una institución pública de la índole de una Real Academia. Tienen todo el derecho del mundo a pensar lo que quieran, opinar como entiendan que deben hacerlo e identificarse con los sistemas políticos que estimen oportuno. Pero carecen de autoridad para hacer lo que hicieron. Es lo que sucede en democracia. Antes no sucedía así, pero ahora sí.

Los historiadores, en principio, gozan de un poder que ni siquiera posee Dios: pueden cambiar el pasado a su antojo. Ciertamente, la historia es la cronología de unos hechos, que son interpretados por los historiadores, según sus creencias, porque los datos por sí solos no explican nada. Ahora bien, los historiadores que más solvencia alcanzan, son aquellos que tratan de acercarse lo más posible a a la objetividad, esto es, dejando a un lado sus prejuicios o sus preferencias.

Semejante cualidad es fácil alcanzarla cuando se escribe sobre personas o hechos, que los historiadores no han conocido personalmente, a causa -la mayoría de las veces- del paso del tiempo. Por el contrario, es más difícil conseguirla cuando el historiador se ocupa de hechos o personas de su tiempo. De ahí que Balmes, en sus conocidas reglas para el estudio de la Historia, contenidas en El criterio, señale en la tercera de ellas, que «entre los testigos oculares es preferible, en igualdad de circunstancias, el que no tomó parte en el suceso y no ganó ni perdió en él». Todo esto viene a cuento por la marejada que ha levantado la aparición de los 20 primeros tomos del Diccionario Biográfico Español, realizado por la Real Academia de la Historia. Esta monumental empresa, imitando especialmente el ejemplo británico, es digna de elogio, y constituirá sin duda una espléndida fuente de información, sobre todo cuando se digitalice, y pueda estar «al alcance -como se decía en el viejo No-Do- de todos los españoles».

Pues bien, la garantía para lograr su calidad, consistía principalmente en encontrar a los mejores especialistas para confeccionar, de forma objetiva, las biografías de los españoles más ilustres o significativos. Circunstancia que no ofrecía ninguna dificultad para todos los españoles biografiados que estuviesen muertos hace al menos un siglo, pero que ofrecía muchas más complicaciones en lo tocante a personas que han muerto hace pocos años o que todavía están vivas. En tales casos, había que haber seguido la regla tercera, ya citada, que recomienda Balmes, pues de no ser así se corría el riesgo de que historiadores o intelectuales que han conocido personalmente al personaje que biografían, se dejasen llevar por sus filias o por sus fobias, abandonando así toda objetividad. Según parece, esto es lo que ha ocurrido en algunos casos, aunque el más sonado de todos sea el que se refiere a la biografia de Franco, el español más controvertido en la reciente Historia española. Por eso, habría que haber seleccionado una persona que garantizase que el análisis del llamado Caudillo, fuese lo más aséptico posible y que se limitase a interpretar los hechos.

Sin embargo, no ha sido así, puesto que se escogió a un historiador, muy competente en la Historia Medieval, pero que parece que se ha dejado llevar por su simpatía hacía el personaje al que conoció personalmente y al que le unen demasiados vínculos afectivos que le impedían llevar a cabo con objetividad su tarea. En efecto, el catedrático Luis Suárez, no solo ha escrito varios volúmenes sobre Francisco Franco y su tiempo, sino que es Patrono de la Fundación Francisco Franco y, según parece, el único historiador que ha podido consultar los archivos personales del General. Es decir, salvando las distancias, es lo mismo que si se encargase la biografia de Alberto Ruiz Gallardón a Manuel Cobo: se sabe lo que daría de sí. Sea lo que fuere, como ni yo, ni la mayor parte de los que critican la biografia de Franco, la han leido entera, ni siquiera, según propia confesión, el mismo presidente de la Real Academia de la Historia -lo que tiene bemoles-, me voy a limitar a comentar la imputación más grave que se hace al artículo de Luis Suárez. Efectivamente, se dice que califica al régimen de autoritario, pero no de totalitario, ni tampoco de dictadura, afirmaciones que no se acomodan con la realidad de los hechos, según voy a tratar de demostrar.

El régimen que crea el general Franco fue desde su inicio, hasta su muerte en 1975, una auténtica dictadura, mucho más que la que todo el mundo denomina dictadura del general Primo de Rivera, que fue una pequeñez al lado de la franquista. Si una dictadura se caracteriza porque todos los poderes del Estado se concentran en las manos de una persona o un partido, o de ambos a la vez, el Régimen de Franco es un ejemplo paradigmático de dictadura. Para ello no basta con analizar las Leyes Fundamentales, que rigieron aparentamente, de forma acumulativa, el periodo franquista. Y, no basta porque la auténtica Norma Fundamental fueron las leyes de 1938 y 1939, que concedían los plenos poderes del Estado a Franco. Esto es, desde el momento en que la Junta de Defensa Nacional, en el aeródromo de Salamanca, le nombró el día 28 de septiembre de 1936, «Jefe del Gobierno del Estado español», su objetivo fue doble: hacerse con todos los poderes y durar en su cargo de forma vitalicia. De este modo, con las vicisitudes conocidas pero que no puedo explicar aquí, Franco, ayudado por su hermano Nicolás y por algún general, se convirtió en Jefe del Estado, según las Leyes de 1938 y 1939. El artículo 7 de esta última, lo deja bien claro: «correspondiendo al Jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, conforme al artículo 17 de la Ley de 1938, y radicando en él de modo permanente las funciones de gobierno, sus disposiciones y resoluciones que adoptan la forma de Leyes o Decretos, podrán dictarse aunque no vayan precedidas de la deliberación del Consejo de Ministros…». La concentración de todos los poderes en sus manos duró, pues, hasta la misma muerte, pues la disposición transitoria II de la Ley Orgánica del Estado, así lo establecía.

Ahora bien, las siete Leyes fundamentales tenían también como motivación los dos objetivos citados, pero encubriéndolos cara al exterior y al interior. No cabe duda de que Franco, aunque fuese intelectualmente muy mediocre, era un hábil estratega no sólo militar, sino también político, y una de sus habilidades fue la de ir evolucionando, según le exigían las circunstancias exteriores o interiores, en un proceso puramente superficial o de fachada, intentando demostrar la institucionalización de su régimen, pero que se rigió siempre por las leyes citadas de 1938 y 1939. El Fuero del Trabajo de 1938, de carácter falangista y totalitario, iba dirigido a las potencias del Eje y a una de las fuerzas que contribuyeron a la victoria de la guerra civil. La Ley de Cortes de 1942, fue una concesión a otra fuerza: los tradicionalistas. El Fuero de los Españoles de 1945, se hizo para tranquilizar a los aliados y evitar el bloqueo internacional, tras la victoria en la II Guerra Mundial, e iba dirigido, como la Ley del Referendum del mismo año, a presentar una apariencia democrática que no se correspondía con la realidad. Por su parte, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado tenía una doble motivación: contentar al sector monárquico del ejército y, al mismo tiempo, declarar a España como Reino, aunque no hubiese Rey, sino sólo una promesa de futuro. La Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, tenía como justificación, contentar a todas las fuerzas políticas del Régimen, agrupadas en una sóla entidad política, y en la que se exponían los principios más genuinos del franquismo. Por último, la LOE de 1967, gracias sobre todo a las presiones de los tecnócratas, se sometió a referéndum nacional, y se aprobó para acrecentar nuestra presencia, cada vez más necesaria, en los ámbitos institucionales europeos e internacionales.

Sea como sea, esta institucionalización sucesiva de un régimen que nunca dejó de ser una dictadura, que fue varios años totalitario, y que al final según la terminología del politólogo español residente en los Estados Unidos, Juan José Linz, se definió como un régimen «autoritario», se complementó con otras tres medidas. La Ley de Prensa de 1966, el nombramiento del sucesor a la Jefatura del Estado en 1969, y la separación de la Jefatura del Estado de la Presidencia del Gobierno en 1972, para nombrar a Carrero Blanco. Pero aunque siempre existió la represión contra la oposición -poco antes de morir Franco se decretaron varias penas de muerte-, el Régimen permitió la aparición de una clase media como nunca había habido en España, gracias también al Concilio Vaticano II, parte de la Iglesia comenzó a separarse del nacional-catolicismo imperante hasta entonces, y el turismo internacional de masas fue cambiando las rancias costumbres de una sociedad aherrojada por una ideología de origen totalitario, que produjo una fuerte represión en sus comienzos, y en la que siempre hubo una fuerte censura y una falta absoluta de libertades.

Por lo demás, los dos objetivos que Franco se había trazado desde el inicio, esto es, durar y concentrar todos los poderes en sus manos, trató de acomodarlos para que los principios de su régimen, continuasen también después de su muerte. Para lograr ese fin, nombró a Carrero Blanco, presidente del Gobierno, con el propósito de que la nueva Monarquía fuese una derivación modernizada del franquismo. Sin embargo, parece ser que Carrero había dicho alguna vez que tras la muerte de Franco presentaría su dimisión al Rey, con lo que Franco, informado de esto por los servicios de inteligencia, entró en una fuerte depresión. Tras el asesinato de Carrero, su enigmática frase de «no hay mal que por bien no venga», cobra así su auténtico sentido al nombrar a Carlos Arias Navarro en el puesto de aquel, pensando que éste sería completamente leal a su deseo de pervivencia del Régimen que había fundado. Lo que pasó después, lo conocemos perfectamente. Esperemos, pues, que la Real Academia de la Historia, como ya ha dicho, rectifique y corrija estas inexactitudes históricas, para que no desluzcan su gran obra.

¿Fue Franco un dictador? A juzgar por lo que nos acaba de transmitir la Real Academia de la Historia, nos equivocamos si así lo entendemos. No fue más que un señor autoritario.

He leído tres veces la entrada sobre el Caudillo que figura en el volumen número 20 del Diccionario Biográfico Español, magno proyecto de la RAH iniciado bajo José María Aznar, financiado mayormente con fondos públicos (una nimiedad de 6,4 millones de euros), y que acaba de ser presentado con la participación del rey Juan Carlos. La entrada se debe a Luis Suárez Fernández, catedrático de Historia de la Universidad Autónoma de Madrid hasta 1989, vinculado durante décadas a la Fundación Francisco Franco, miembro del Opus Dei, presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos y, bajo el régimen anterior, director general de Universidades. ¿Se podía esperar de una persona así, a priori, un juicio relativamente objetivo sobre el Generalísimo? Es evidente que no.

La PALABRA dictador no aparece en el texto de Suárez. Franco, nos asegura, «montó un régimen autoritario, pero no totalitario, ya que las fuerzas políticas que le apoyaban, Falange, Tradicionalismo y Derecha, quedaron unificadas en un Movimiento y sometidas al Estado». El razonamiento es absurdo, infantil, patético, bizantino, perverso

-añadan ustedes los calificativos que quieran-, y el non sequitur introducido por el «ya que», tan flagrante que produce vergüenza ajena. La oración, bueno, todo el texto, va a hacer… historia.

Las nueve columnas y media dedicadas por Suárez al antiguo jefe de Estado contienen otras muchas perlas por el estilo. Nos dice, por ejemplo, que Franco derrotó «a un enemigo que en principio contaba con fuerzas superiores», lo cual en absoluto es cierto; que dentro del Movimiento había «un sector importante que trataba de conducir el nuevo régimen hacia el totalitarismo» y que «la admiración despertada por los primeros éxitos alemanes era muy considerable» (¡Franco rodeado de totalitarios y pronazis a quienes procura meter en cintura!); que el gallego depositó su confianza después en Carrero Blanco porque, según Suárez, «el camino era hacia una Monarquía social y representativa, sin partidos políticos, en que la familia, el municipio y el sindicato fuesen los canales para la selección de los procuradores en Cortes»…

¿No es para sentirse enfermo?

Luis Suárez encomia en su hagiografía el que considera profundo catolicismo de Franco (acrecentado cuando ingresa, en 1911, en la Adoración Nocturna) y su «frío valor» en el campo de batalla. Lo que no menciona para nada, ni recurriendo al eufemismo, es la implacable represión, con decenas de miles de ejecuciones, impuesta por el mismo a los perdedores de la guerra que él y otros habían provocado. El panegírico constituye un imperdonable insulto para las víctimas y sus familias.

Añadiré que el texto está mal escrito, mal puntuado y mal corregido, con momentos en que el autor apenas disfraza su desdén. Como cuando dice que en Teruel los nacionales partieron en dos «la zona que a sí misma se llamaba roja», o califica de «especie de Manifiesto» el lanzado por los monárquicos en el Múnich de 1962.

Si esto es muy grave, ¿qué decir de la reacción del director de la RAH, Gonzalo Anes, ante el alud de críticas que ahora le cae encima? ¿Piensan ustedes que va a dimitir? ¡En absoluto! Él no tiene la culpa de nada, la RAH no tiene la culpa de nada, hay que culpar a las comisiones encargadas de elegir a los autores, y luego a los autores mismos. Preguntado por qué Luis Suárez, y no otro, ha escrito la biografía de Franco, Anes ha contestado que el catedrático se ofreció a hacerlo. Es decir, que no se trataba de un encargo. También ha dicho que él no leyó el texto antes de su publicación y que, al ser de Suárez, confiaba en su objetividad. Preguntado a continuación si consideraba objetivo definir a Franco como dictador, manifestó: «Franco fue un dictador, no creo que haya nadie que no lo reconozca hoy día». Pero sí hay: Luis Suárez Fernández, en quien Anes confiaba tanto que no se le ocurrió echar una ojeada, por si acaso, a su entrada.

Suárez, por su lado, acaba de contradecir lo alegado por Anes. «No pedí hacer el artículo -ha dicho-, fue un encargo. La comisión de la RAH lo revisó. Si hubieran estado en desacuerdo, no lo habrían publicado».

Así que, según parece, uno de ellos, para colmo, es un mentiroso.

Me ha llamado la atención lo que nos dice Suárez acerca de la destitución por el Caudillo del general y luego ministro Juan Yagüe, «para evitar que se impusieran en el Movimiento los partidarios de Alemania». ¿Alguien le ha explicado al príncipe de Asturias que la Fundación que preside, de irradiación internacional, está ubicada en una calle de Oviedo que todavía ostenta el nombre del carnicero de Badajoz, a quien destituyera el mismísimo Franco por demasiado partidario de Hitler? ¡Y luego nos quieren convencer de que España no es diferente!

Hay obras cuya importancia se mide -¡perdóneseme el oxímoron!- por el silencio estrepitoso que suscitan. La era de Palomares, publicada el pasado año por la editorial El Viejo Topo, es un buen ejemplo de ello. Como dice su coordinador, Eduardo Subirats, el libro reúne las voces de una memoria intelectual soterrada por una compacta superposición de ocultaciones y mentiras. El capítulo abierto el 16 de enero de 1966 por el choque en el cielo almeriense entre un bombardero B-52 y un avión cisterna de la Fuerza Aérea estadounidenses y la caída de cuatro bombas atómicas, dos de las cuales, sin explotar, liberaron su carga mortífera, no se ha cerrado aún. El contencioso provocado por la contaminación radiactiva de la zona de Palomares y Villaricos, así como el destino de medio kilo de plutonio que, tras 46 años de negociaciones, sigue almacenado en nuestro suelo, muestran que el “incidente” que pudo ocasionar una catástrofe mayor que las de Chernóbil y Fukushima no es agua pasada, sino que condiciona nuestro futuro en un mundo sometido a una permanente y suicida amenaza nuclear.

La parte fundamental de la obra, la Memoria de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, fallecida en 2008, impresiona al lector de hoy por su valentía y lucidez. Escrita al hilo de los acontecimientos que afectaron la vida de Palomares y las aldeas vecinas, revela un compromiso con la verdad y con la defensa de unas poblaciones sumidas aún en la pobreza y la ignorancia verdaderamente ejemplar. Día a día, mes tras mes, por espacio de un año, sin arredrarse ante las presiones y amenazas que culminaron en su detención, la autora anota cuidadosamente cuanto era barrido bajo la alfombra. Su análisis de la manipulación y escamoteo del poder destructivo de las cuatro bombas -”artefactos”, “ingenios radiactivos” y, colmo del eufemismo, “la cosa”- así como la reproducción de los artículos aparecidos en la prensa española de la época -una increíble sarta de perlas de cultivo- no tienen desperdicio.

La sobria descripción por la llamada entonces Duquesa Roja -”Una tremenda explosión hizo temblar la tierra. Los fuselajes plateados (de los aviones) se transformaron en inmensa hoguera. El cielo se cubrió de humo. Trozos de acero, iluminados por el chorro del combustible incandescente, se precipitaron sobre el pueblo”- contradice del todo las informaciones edulcoradas, a veces idílicas, de Arriba, Pueblo, Abc o Ya. En los días que siguieron al choque de los aviones, nadie se preocupó, acusa, de advertir al vecindario del peligro encovado en aquellos restos. “No se hizo absolutamente nada para proteger -escribe- a la población de una posible contaminación radiactiva”.

La llegada a Palomares, ocho días después del suceso, del gobernador provincial de Almería a fin de calmar los ánimos de la población soliviantada por tanto engaño y desprecio, merece su reproducción in extenso: “El señor Gutiérrez Egea inició un pequeño discurso, compuesto de promesas y frases tranquilizadoras, pero el vecindario no estaba para músicas. Sus protestas llegaron a la tribuna. La primera autoridad provincial cambió de tono, pasando a la amenaza y el insulto. “Las valoraciones (de indemnización) que habéis presentado son exageradas. No estoy dispuesto a consentir que estaféis a los señores norteamericanos”.

Los titulares de la prensa en los días que siguieron al “incidente” componen una antología de prestidigitación que hubiera estimulado sin duda el cáustico ingenio de Larra: “La vida se desarrolla normalmente (en Palomares)”, “No hay peligro de radioactividad”, “A poco más de un centenar de metros del lugar donde cayeron los aviones, pasta apaciblemente un rebaño de más de cien ovejas”, etcétera.

Como dice la autora, la lucha entablada entre la verdad y lo que se pretendía probar daba lugar a nuevas e irresueltas contradicciones que saltaban a la vista de todos.

Esa campaña de relaciones públicas alcanzó su cenit con la visita al lugar de Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo -en realidad de Desinformación al Servicio del Turismo, ya que aquello fue solo un alto en su viaje de inauguración del Parador de Mojácar- y el célebre chapuzón, en compañía del embajador estadounidense, del 7 de marzo: “Con una alegría sana y deportiva de quien defiende las buenas causas, Manuel Fraga Iribarne se ha bañado hoy en las tranquilas aguas del Mediterráneo, para demostrar a los millones de turistas que piensan visitar España este año, que pueden seguir confiadamente su ejemplo”. (Arriba, 9-3-1966)

El relato de Luisa Isabel Álvarez de Toledo de sus estancias en Palomares debería ser de lectura obligada en todas las escuelas de periodismo de la Península. A las tentativas de la policía de cortarle el paso, invoca su derecho de libre circulación establecido por el Fuero franquista de los Españoles y su deseo de cumplir con la propuesta de Fraga de bañarse apaciblemente en la costa almeriense. Su Memoria recoge escrupulosamente las quejas y reclamaciones de la población de la comarca, justamente indignada por el desprecio y arrogancia de las autoridades y de los mandos militares estadounidenses, y su bien meditada decisión de convertirse en portavoz de las mismas. Las advertencias disuasivas de un capitán de la Guardia Civil de que, en caso de revuelta popular, se le puede escapar involuntariamente un balazo, reciben esta respuesta histórica: “Le aseguro que si en vida no hago política, mi cadáver sería tremendamente político”.

Los sucesivos viajes a la zona afectada por la explosión, la carta de protesta dirigida a Franco por 269 vecinos, la visita a la Embajada norteamericana, la organización de la marcha reivindicativa de los derechos de los afectados en la que fue detenida y su traslado a las cárceles de Almería y Madrid constituyen uno de los mejores testimonios de la opresión de la dictadura franquista y del coraje de la autora para enfrentarse a ella.

Las burlas rastreras de Emilio Romero a la “duquesa revolucionaria”, a esa “Grande de España acaudillando vehementemente a los pequeñísimos, y atrasadísimos, y humildísimos vecinos de Palomares” merecen figurar igualmente en otra antología: la del servilismo y la infamia. A diferencia de él y de otros chaqueteros -Fraga es el mejor ejemplo de ellos-, Luisa Isabel Álvarez de Toledo no dudó en apoyar a las víctimas de aquella humillación colectiva. La lectura de La era de Palomares es el mejor modo de rendirle un homenaje que nuestra cicatera y olvidadiza clase política le ha negado hasta hoy.

Se aproxima el juicio oral contra el juez Garzón y conviene recordar que el Gobierno español está pendiente de responder al requerimiento de la justicia argentina acerca de “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977″. Evidentemente, la respuesta es la persecución penal del juez Garzón por el Tribunal Supremo (TS) bajo el impulso de los herederos del franquismo, precisamente por haber practicado, como estaba legalmente obligado a hacer, unas diligencias preliminares para esclarecer aquel plan y algunas de sus consecuencias, como las desapariciones forzadas y el secuestro de niños.

El TS debe saber que cuando inicie el juicio al juez Garzón, la conducta del propio TS también será sometida a juicio por los ciudadanos y la sociedad democrática. El pueblo le exigirá que obre con auténtica independencia -al margen de cualquier forma de jerarquización y corporativismo-, con imparcialidad -ya puesta en duda por uno de los jueces de propio Tribunal-, con buena fe, con fiabilidad y con acierto; porque todo ello está en duda desde que en abril de 2009 comenzó el proceso. Y de modo acorde con la Constitución y los valores democráticos, lo que en este caso representa, frente a lo que no han hecho hasta ahora, la rigurosa aplicación de los tratados internacionales respecto de los Crímenes contra la Humanidad.

El TS debe saber que estará bajo la mirada muda, doliente y desesperanzada de los familiares de las víctimas de la dictadura y de estas mismas. La mirada, entre otras, de los familiares de las 192.684 personas que, según las autoridades franquistas, murieron, la mayor parte de ellas fusiladas, en las cárceles entre 1939 y 1944; de los 1.717 fusilados en el Camp de la Bota de Barcelona entre 1939 y 1952, o de los 6.748 condenados por el Tribunal de Orden Público. Familiares y víctimas que contemplan, incrédulas, la total impunidad del pasado totalitario de España mientras desde otro país nos piden cuentas.

Y todos los ciudadanos que van a observar y valorar al TS durante el juicio al juez Garzón no olvidan que, objetivamente, el juez Varela y el TS han tomado posiciones, manifiestamente erróneas, para impedir la persecución del genocidio franquista y justificar así la persecución del juez Garzón.

Así lo acredita el reiterado rechazo a la perseguibilidad de dicho genocidio, consecuencia de la oposición por el TS a admitir los conceptos básicos que sustentan el Derecho Penal Internacional y justifican la persecución de dichos crímenes. Conceptos yaexistentes en la Cláusula Martens de la Convención de La Haya de 1907 y que, tras la derrota del nazismo, estuvieron presentes en el Estatuto del Tribunal de Núremberg, en el Convenio de Roma de 1950 y en los Pactos de Nueva York de 1966, que obligan a su persecución si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.

La dictadura franquista, intentando aproximarse a la comunidad internacional, asumió algunos de estos Principios incumpliéndolos reiteradamente. El dictador, en 1952, ratificó los Convenios de Ginebra de 1948 sobre la protección de prisioneros y civiles durante los conflictos armados, nacionales e internacionales, que prohibían “las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio por un tribunal regularmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados” (BOE de 26/8, 2/9 y 5/9 de 1952).

El juicio popular al TS tiene diversos fundamentos. Primero y principal, la decisión de admitir a trámite la querella de la organización ultraderechista Manos Limpias, que atribuía al juez Garzón la comisión de un delito de prevaricación, resolución que, según un organismo del Memorial Democratic de Catalunya, expresaba que aún pervivían en el TS “decisiones marcadas por un sesgo ideológico franquista” y “generaba una duda razonable sobre la imparcialidad del alto tribunal”.

Y porque el TS ha quebrantado el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas, ha reforzado la impunidad de dichas conductas y ha incumplido el deber de todo tribunal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada a la gravedad de los delitos que se cometieron contra ellas y sus familiares.

El proceso penal contra el juez Garzón expresa, asimismo, la quiebra del principio de la independencia judicial y la criminalización de la libre interpretación de las leyes, además, de un preocupante posicionamiento del Poder Judicial dentro de la “lógica de los Estados”, “la lógica hobbesiana del poder” frente a la “lógica de las víctimas”, abriendo una gran brecha en la confianza de los ciudadanos en los jueces que deberían tutelar y amparar sus derechos.

El transcurso del tiempo ha acrecentado la gravedad del problema que motivó las denuncias a finales de 2006. A finales de 2008, las cifras de desaparecidos ya llegaban a los 152.237. Y, según el informe más reciente de la Oficina para la Atención de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, del Ministerio de Justicia, actualmente existen 1.097 fosas pendientes de actuación.

Ante esta terrible realidad, las “Asociaciones (denunciantes) para la Recuperación de la Memoria Histórica no pretenden solo identificar a los abuelos asesinados por el franquismo y darles una sepultura digna. De paso, quiéranlo o no, están haciendo un juicio político al franquismo, a la transición y a la democracia que, sucesivamente, ocultó, se desinteresó o tardó en entender el alcance de la responsabilidad en una democracia” (Reyes Mate). Y es por ello que el proceso contra el juez Garzón debe ser analizado como un juicio político al TS, que emprendió la persecución del único juez que se ha atrevido a calificar como criminales a quienes inspiraron y ejecutaron el golpe militar de 1936 y la subsiguiente política de exterminio, así definida por ellos mismos.

En consecuencia, como dijeron tres magistrados de la Audiencia Nacional, “la investigación a la que tienen derecho las víctimas según el derecho internacional, ha sido clausurada”.

Ello se ha traducido en una constante denegación de justicia, y de vulneración por el TS de los derechos constitucionales de las víctimas a la jurisdicción, a un proceso debido y a la tutela judicial. No ha habido víctimas más maltratadas, más olvidadas, más “invisibilizadas”.

Así lo expresa el rechazo del TS a las pretensiones procesales de dichas asociaciones, rechazo que tiene su máxima expresión cuando les reprocha de forma ofensiva “un manifiesto abuso de derecho”, exigiéndoles que se “abstengan de perturbar la jurisdicción del Tribunal Supremo”. ¡Qué muestra de arrogancia, que contrasta con la magnanimidad y benevolencia que han mostrado hacia la representación de la extrema derecha en dicho proceso!

Ante esta dramática situación, esperamos, pese a todo, que la sentencia respecto del juez Garzón sea la constatación de que, como dijo el jurista Ferrajoli, es verdad que: “¡Hay jueces en Berlín!”, en el sentido de que “debe haber un juez independiente que intervenga para reparar las injusticias sufridas y para tutelar los derechos de un individuo”, en este caso de dicho juez. Y que la sociedad pueda emitir al fin y al cabo un veredicto favorable al TS.

Decía el embajador estadounidense en Chile, en un cable confidencial enviado a Washington a comienzos de 2007, poco después de la muerte de Pinochet, que los chilenos miraban con menos rencor al pasado, a su dictadura, que los españoles a la de Franco. El comentario, aunque superficial y bastante inexacto, puede servir para introducir algunas observaciones de historia comparada, de similitudes y diferencias entre ambas dictaduras, y sobre la forma en que son recordadas.

Pinochet aprendió muchas cosas de Franco. El dictador chileno, como antes había hecho el español, intentó imponer una visión histórica que legitimara la necesidad del golpe de Estado y lo presentara como salvador de la nación. Durante sus dictaduras, Franco y Pinochet festejaron el 18 de julio en España y el 11 de septiembre en Chile como un mito fundacional de “salvación nacional” frente a la revolución marxista. Esa versión oficial, establecida a partir del control de la educación, de la censura y de la persecución a quien se oponía públicamente, generó políticas de desinformación y de manipulación de la historia, muy difíciles de combatir durante las respectivas transiciones a la democracia.

El golpe de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, no provocó una guerra civil y su dictadura, de 17 años, duró 20 menos que la de Franco. Después de miles de asesinatos y de violencias masivas de los derechos humanos, ambos dictadores gozaron de amplios apoyos entre sus ciudadanos. Franco murió en la cama y nunca tuvo que preocuparse de responder a cargos sobre crímenes contra la humanidad. Pinochet sobrevivió 16 años a su Gobierno autoritario y su arresto en Londres, en octubre de 1998, abrió en Chile una profunda discusión sobre el pasado, en la que afloraron con toda su crudeza las historias y memorias enfrentadas de militares y de familiares de los desaparecidos y víctimas de la represión.

El legado de los crímenes de las dos dictaduras se abordó de forma muy diferente en los dos países. En España, tras la Ley de Amnistía aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigación judicial o a exigir responsabilidades contra “los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Bajo el recuerdo traumático de la guerra, interpretada como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, y el del miedo impuesto por la dictadura, nadie habló entonces de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y la sistemática violación de los derechos humanos practicada hasta el final por Franco y sus fuerzas armadas.

En Chile, por el contrario, y pese a que la democracia, bajo la vigilancia y el corsé impuesto por el tirano todavía vivo, no pudo derogar la amnistía que se habían concedido los propios militares con la Ley de 1978, el primer presidente democrático, Patricio Alwin, decidió establecer una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. No se podía llegar a la reconciliación nacional, pensó Alwin, sin antes conocer y reconocer a los desaparecidos y víctimas de la violencia de las fuerzas armadas. Formada, bajo la presidencia del prestigioso jurista Raúl Rettig, por expertos en derechos humanos, pero también por partidarios de la dictadura, como el historiador Gonzalo Vial Correa, la Comisión entregó su informe, de 1.350 páginas, el 8 de febrero de 1991, menos de un año después del encargo oficial.

El informe Rettig, interpretado por los militares chilenos como un ataque a su honor y dignidad, fue un hito en el proceso de reconstrucción de la democracia y de la memoria colectiva. En España, durante la transición, y en la larga década posterior de Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No solo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las víctimas y encontrar sus restos.

Por eso, no resulta sorprendente que cuando comenzó a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres décadas después de la muerte de Franco, la necesidad de políticas públicas de memoria, como se había hecho en otros países, apareciera un enérgico rechazo de quienes más incómodos se encontraban con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la discordia y se ponían en peligro la convivencia y la reconciliación. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de él.

Para muchos españoles, el rechazo de la dictadura y de las violaciones de los derechos humanos no ha formado parte de la construcción de su cultura política democrática. Y por eso tenemos tantas dificultades para mirar con libertad, conocimiento y rigor a las experiencias traumáticas del siglo XX. Parece que estemos en un eterno debate y, en realidad, seguimos rodeados de miedos y mentiras. Y, lo que es más importante para el futuro, sin claras políticas educativas y culturales sobre los derechos humanos.

A quienes tenemos vocación por el respeto y defensa de los derechos humanos y aspiramos siempre a que se haga efectivo el derecho a la justicia, en su sentido más amplio, para todas las personas y muy especialmente para aquellas cuya dignidad ha sido ultrajada como consecuencia de atrocidades masivas, nos asombra, desconcierta y preocupa el silencio y la pasividad de los profesionales del Derecho en España ante ciertos acontecimientos de envergadura que se están produciendo en la actualidad en el ámbito judicial.

El sometimiento a juicio del magistrado juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su actuación jurisdiccional frente a los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo debilita el Estado de derecho al cuestionar, entre otras cuestiones fundamentales, la validez y supremacía del Derecho Internacional por encima de normas internas que se oponen a la vigencia de aquel. En una democracia, como España, que presume de estar a la vanguardia de la protección y garantía de los derechos humanos se castiga, sin embargo, toda interpretación jurídica acorde y respetuosa con el Derecho Internacional. Por esta razón, el caso contra Garzón constituye un rotundo desprecio de lo construido durante décadas de evolución del Derecho Internacional Penal y de los derechos humanos por parte de tribunales internacionales y nacionales y, lo que es más grave, tiene severas y negativas consecuencias para la independencia judicial, la verdadera víctima de este proceso.

Coincidimos con el juez Garzón cuando sostiene que lo que está en juego es la independencia judicial, es decir “interpretar las normas desde la autonomía del juez”, donde “no puede haber una interpretación dirigida piramidalmente desde arriba hacia abajo”. La Audiencia Nacional y sobre todo el Tribunal Supremo fracasan al ignorar y desdeñar el rol que les compete a los jueces en la construcción y perfeccionamiento del Derecho para transformar realidades injustas. El modelo de juez contemporáneo, como aboga Martín Pallín, tiene que ser “consciente de que el Estado de derecho no es el Estado de las leyes”, pues aquel consiste efectivamente en la ley “más los valores y los principios que contiene la Constitución y, además, nos dice claramente que tenemos que interpretarla a través de los derechos humanos”. Pues bien, el Alto Tribunal español está preconizando la expresión más retrógrada y abolicionista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en pro de la defensa a ultranza de un derecho interno que a veces no incorpora y/o viola normas esenciales de aquel (relativas al derecho de acceso a la justicia y el derecho de las víctimas a obtener reparación), al tiempo que restringe el rol de los jueces limitado al ejercicio mecánico de la aplicación de las normas internas, al margen del Derecho Internacional y alejándose con ello de la experiencia mundial.

En la experiencia del Derecho comparado, los argumentos jurídicos que ofrece un juez contra las normas nacionales que pretenden blindar mecanismos de impunidad -como lo es la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de violaciones que constituyen crímenes de Derecho Internacional- manteniendo un vacío de justicia, ni son una “teorización creativa” ni constituyen la base de una actitud prevaricadora. Los tribunales españoles (tampoco el Tribunal Supremo) cuestionaron al juez Garzón cuando hace más de 10 años sostenía lo mismo que ahora, pero entonces frente a los mecanismos de impunidad que bloqueaban las investigaciones de los crímenes de las dictaduras chilena y argentina. ¿Por qué ahora se convierte en prevaricador? ¿Es porque esta vez son las normas españolas las que están en tela de juicio? ¿O es porque el resultado afectaría poderes y privilegios del pasado aún vigentes? Sea cual fuera el móvil, el juez Garzón ha destapado el verdadero estado de la independencia del poder judicial español.

Cuando la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo desdeñan la aplicación del Derecho Internacional están dejando claro que ignoran la función que tienen los jueces en la redefinición y expansión de principios de Derecho nacional e internacional. La interpretación judicial no es una abstracción sin sentido, sino la base misma de la función jurisdiccional. Los jueces que han permitido el avance del Derecho Internacional no son excéntricos creativos o arrogantes insumisos, sino servidores de la justicia que actúan conforme a sus facultades, en tanto que jueces que están insertos en la Comunidad Internacional, y representan no a una clase social ni a un partido, sino a toda la comunidad humana. Solo así pueden promover la rendición de cuentas por crímenes de Derecho Internacional que afectan y agravian a la sociedad en su conjunto. Y si no lo hicieran los tribunales españoles, las víctimas podrán acudir a otros tribunales de otros países, en virtud del principio de jurisdicción universal. Afortunadamente, es el caso de los tribunales de justicia argentinos que se han dirigido a España para que responda si “efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles”, llevado a cabo entre 1936 y 1977.

Lamentablemente, lo que está sucediendo con el juez Garzón constituye un aviso de navegantes para aquellos que, huyendo de la sumisión y el puro formalismo en la aplicación de la ley, usan el Derecho Internacional para dar una respuesta justa a las legítimas pretensiones de los ciudadanos de un Estado democrático y resuelven en Derecho como de ellos esperamos, sin estrechez de miras. Una prueba de ese aviso es la muerte lenta a la que están siendo condenados los casos de jurisdicción universal que se siguen en la Audiencia Nacional, que, poco a poco, se van archivando sin que ningún juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad a raíz de la reforma del artículo 23.4 de la LOPJ. Observamos también con preocupación el vergonzoso silencio en el ámbito judicial sobre la actuación de la Fiscalía y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que exponen los cables de Wikileaks en relación con los procesos judiciales abiertos en los casos Couso, Guantánamo y los vuelos de la CIA. Actuaciones obstaculizadoras que provienen de quienes también postularon y/o avalaron la incompetencia del Juzgado Central de Instrucción número 5 para investigar los crímenes denunciados por los familiares de los desaparecidos. El contenido de los cables arroja sombras inquietantes sobre la independencia del poder judicial y sobre quienes deberían velar por ella y por la justicia. El colectivo jurídico merece transparencia sobre lo que se desprende de esas informaciones. Los ciudadanos merecen una explicación sobre lo que parece una sumisión de lo judicial a lo político con absoluto desprecio por las víctimas.

Sin un poder judicial independiente resulta un sofisma hablar de Estado democrático y de derecho. El silencio al respecto es tan perturbador como el escenario al que asistimos en el seno del Tribunal Supremo, donde se juzgará como sujeto de prevaricación a quien, en su condición de juez independiente, hizo una interpretación jurídica respetuosa y coherente con el Derecho Internacional e intentó ser garante de los derechos de las víctimas.

Las señales apuntan a que las posibilidades de condena del juez Garzón son elevadas. Siendo la controversia de este juicio estrictamente jurídica, el Tribunal Supremo se ha cerrado a todo debate sobre la experiencia y alcance del Derecho Internacional en las materias objeto de discusión, denegando a la defensa aquellas pruebas dirigidas a probar la homologación de las decisiones del juez Garzón por otros juristas que aplican el Derecho Internacional. Los activistas y abogados independientes que creemos en la justicia sin importar qué poder está al frente seguiremos levantando la voz por la dignidad de las víctimas y contra la impunidad; y apoyaremos a aquellos jueces y fiscales que preservan su independencia sin doblegarse ante las dificultades y que no pierdan la fe y la esperanza en su rol vital por una justicia más justa; porque este “modelo de juez” es el que queremos y a esta justicia “insumisa” es a la que aspiramos.

Recuerdo la primera vez que supe de Isidre Molas. Ambos estudiábamos derecho en Barcelona, era el curso 1961-1962, él estaba en quinto yyo en segundo. Se celebraba una asamblea sobre alguna cuestión relacionada con la política, antifranquista, por supuesto. El aula estaba abarrotada de estudiantes. Se iban turnando en la palabra los más conocidos activistas de la facultad. Un joven serio y distante, fumando en pipa, paseaba sigilosamente por el fondo de la sala. Alguien me lo hizo notar y añadió: “Es Isidre Molas. Aunque esté tan callado, en realidad es quien dirige todo esto”.

Poco después, Molas fue detenido por motivos políticos. Era el 17 de mayo de 1962. “Han detenido a Molas y a Avilés”: inmediatamente el rumor se extendió con rapidez. Tras unos días en la comisaría de Via Laietana pasó a la Modelo y, posteriormente, fue trasladado a las cárceles de Carabanchel y Soria. Muchos meses después compareció ante el grotesco Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas, dirigido por el siniestro coronel Eymar, que le condenó, tras una farsa mal llamada juicio, a la pena de un año de cárcel. El 17 de mayo de 1963 salía en libertad.

He sido colega y muy amigo de Isidre Molas durante muchos años, nuestros despachos en la universidad siempre han estado a muy pocos metros el uno del otro. Miles de horas hablando de todo. De todo menos de una cosa: de este año pasado en la cárcel. Ahora lo cuenta en un libro de memorias de su vida en prisión que, a la vez, es también una crónica de su actividad política clandestina en los años anteriores a su detención con variadas reflexiones políticas y personales (El meu temps de presó,Edicions 62, Barcelona, 2010).

Así pues, han debido pasar casi cincuenta años para que Molas decidiera contar su traumática historia del tiempo de cárcel, que le afectó para siempre hasta el punto de no hablar de él. Y así, Molas escribe al comienzo: “(La pretensión del libro) es hacer un esfuerzo de gimnasia mental sobre mi camino, que a mí quizás me será útil porque como mínimo me permitirá dialogar con mis fantasmas y controlarlos; al fin y al cabo, mi prisión se sitúa como una parte de mi formación de adulto: entré allí joven y es seguro que me cambió la vida”. En todo caso, su lectura nos sirve a los demás para conocer mejor su personalidad y sus ideas.

El libro, excelentemente escrito, tiene varios niveles de lectura. En primer lugar, el minucioso relato de la dura rutina carcelaria cotidiana, percibida como injusta y absurda sobre todo cuando no has cometido delito alguno, sino que, simplemente, has sido condenado en un juicio sin garantías procesales por estar acusado de haber ejercido derechos que te eran ilegítimamente negados. En este relato cobran especial interés los perfiles psicológicos de los demás presos políticos, en especial de los compañeros de celda y de partido, así como las distintas formas de proceder de anarquistas, comunistas y nacionalistas de ETA. Un segundo nivel es el de la actividad política de Molas antes de su detención. En esas páginas se describen, con la distanciada ironía que aporta el tiempo, algunos avatares de los minúsculos partidos a los que perteneció, primero la NEU (Nova Esquerra Universitària) y después el FOC (Front Obrer Català), la rama catalana del Frente de Liberación Popular (FLP). No se trata de una historia de estos grupos, a veces incluso no es fácil entender su accidentada trayectoria, sino de exponer las razones, sobre todo generacionales, que los hicieron surgir, a la vez que las variadas ideologías (socialismo, catolicismo, tercermundismo, izquierda europea del momento, entre otras) que los inspiraban.

Pero lo más nuevo e interesante es el quizá involuntario, pero inevitable, autorretrato del autor. A Molas le cuesta expresar sus sentimientos. Pues bien, en su libro los sentimientos se desparraman. Y en su caso, precisamente, sentimientos e ideas, también las políticas, son inseparables. Molas ha leído muchos libros, pero por lo que parece deducirse tras leer el suyo, las ideas que han vertebrado su personalidad deben más a la experiencia que a las teorías, más a los sentimientos que a la ideología. Catalanismo y socialismo, entendiendo por este último democracia y libertad, sobre todo libertad, pasaron a ser el eje de su vida política. Ambos troncos básicos los aprendió en la vida, no en las bibliotecas, a pesar de haberlas frecuentado tanto. En unas clarificadoras páginas finales así parece exponerlo.

Pero también el libro destila sentimientos que están en el sustrato más íntimo de su personalidad: amistad, tolerancia, sensatez, duda como forma de conocimiento y de toma de decisiones, aprecio por las personas con independencia de sus ideas. Y un sentimiento que resaltar: su arraigado sentido familiar y de grupo. Son conmovedoras, por sutiles y auténticas, las cartas escritas a su padre, a su madre, a su hermano y a su tía, redactadas todas en la actualidad, sobre lo que les hubiera querido decir en aquellos negros tiempos de cárcel.

El callado y sigiloso Isidre Molas, una vocación de eminencia gris, ha escrito por fin este libro desde las cárceles de su alma.

Aunque previsible, resulta asombroso el impacto que ha tenido en la opinión pública internacional la suspensión y el enjuiciamiento posterior del magistrado andaluz Baltasar Garzón. Pero lo más llamativo continúan siendo las múltiples y desconcertantes acusaciones que se le formulan aunque, claro está, todas se enlazan con aquella originaria presentada por los grupos de ultraderecha, que marcó con nitidez la impronta ideológica de las sucesivas denuncias.

Lo cierto es que juristas, políticos, intelectuales, numerosas víctimas y ciudadanos del mundo entero siguen con creciente inquietud las noticias procedentes de España a la espera de un veredicto que defina la situación de quien supo darnos tan buenas y alentadoras noticias como fueron el pedido de extradición de Pinochet o el impulso de las causas contra los argentinos Ricardo Cavallo, Adolfo Scilingo y otros. Además lo hizo, en todos los casos, avalado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional español que, por ejemplo, declaró competente la jurisdicción española para el juzgamiento de masacres cometidas en Guatemala hace décadas. En su coherente aplicación de la jurisdicción universal, Garzón y España aportaron al mundo valiosos precedentes en el campo de los derechos humanos y en particular en la realización del derecho a la verdad en tanto que derecho inalienable e imprescriptible cuya exigibilidad jurídica alcanza a todos los Estados.

Como relator especial de la ONU tuve a mi cargo, en 2006, la redacción del informe en el que el derecho a la verdad fue formalmente reconocido (E/CN.4/2006/52). Dos párrafos de ese informe (30 y 34) destacan con interés la situación de España. Todavía recuerdo el entusiasmo con que muchos diplomáticos en Ginebra, entre ellos algunos españoles, celebraron su aprobación en la Comisión de Derechos Humanos -hoy Consejo- de las Naciones Unidas.

Un nuevo clima se vivía en el mundo. Teníamos la sensación de haber hecho retroceder las murallas de la impunidad hasta lograr el derrumbe del negacionismo. La verdad comenzaba a recorrer los mismos senderos de exigibilidad que el derecho a la justicia, y la memoria se transformaba en uno de los motores más genuinos de la reconstrucción histórica.

Cuando se aprobó mi informe, en España se había encomendado a la entonces vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la tarea de articular la comisión encargada de restablecer la memoria sobre los crímenes del franquismo. No obstante los importantes avances producidos, ese loable propósito valorado por las víctimas ha ido encontrando graves dificultades, crecientes obstáculos sembrados para silenciarlo. En este contexto, las acciones contra Garzón representan, para muchos, una suerte de contragolpe de la historia y la valiente trayectoria del magistrado agiganta aún más los enigmas que envuelven su enjuiciamiento.

Injusta, sorprendente e ingrata paradoja del destino. España construyó prestigio en el campo de los derechos humanos enarbolando los principios de la jurisdicción universal de los que Baltasar Garzón es un noble exponente, pero al obrar de esta manera se presenta ante el mundo como todo lo opuesto, olvidando que uno de los relatos míticos que más la identifica pondera la hazaña de quien ganó una batalla decisiva solo con su leyenda. Hoy, más que los valores de El Cid, lo que muestra ese relato es que las causas trascienden a los hombres y que de poco sirve aniquilarlos física o moralmente porque quienes han hecho historia perduran en ella.

Si la ONU reconoció en 1985 el terrible Genocidio de los armenios entre 1915 y 1923 a pesar de la tenaz oposición de la diplomacia de Turquía, y más recientemente la Comisión Europea (2007) y el Parlamento Europeo (2010) condenaron la subsistencia del artículo 301 del Código Penal turco que castiga su mención y por el que centenares de intelectuales -tal el caso del premio Nobel Orham Pamuk- son reprimidos en ese país, ¿cómo no considerar válida y legítima la reconstrucción histórica de los crímenes del franquismo en un país europeo y democrático como España?

Es un tanto sugestivo y desconcertante que Garzón sea juzgado por lo mismo que, de su mano, España exportó a nuestra América Latina no hace tanto tiempo: el noble servicio de perseguir hasta el final a quienes habían cometido los mismos crímenes que perpetró el franquismo. Ironías aparte, parece un revival de la historia, en el que los espejitos de colores solo se pueden vender en las colonias, pero se prohíben y castigan severamente en la metrópoli.

Resulta llamativa esta férrea resistencia a incursionar en la memoria desde el mundo del derecho. ¿Abarca la negativa al conjunto del pueblo español o se ha incrustado en un sector retrógrado de la sociedad? ¿Teme la justicia española el impacto moral de reconocer la aberración jurídica propia de hechos que muchos califican de genocidio? ¿O acaso teme que se desvele que aquella sangrienta contienda fue, más que una guerra civil, una auténtica cacería que se prolongó por décadas? Cada día resulta más difícil imaginar que una sociedad pueda considerarse madura si desconoce aspectos trascendentales de su propia historia. El carácter inexorable del conocimiento de la verdad nos permite afirmar, desde una perspectiva histórica, que verdad, justicia y reparación son componentes inescindibles de una sociedad democrática, y que, lejos de debilitarla, la nutren y la consolidan.

En la Argentina se juzgó a los principales responsables del plan de exterminio organizado por el terrorismo de Estado en el célebre e inédito juicio a las tres primeras juntas militares que ocuparon el poder entre 1976 y 1983, y aunque más tarde se establecieron límites a la persecución penal con las leyes de “punto final” y de “obediencia debida” y el presidente Carlos Menem indultó a todos los que habían sido condenados o estaban por serlo, nada impidió que 30 años más tarde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la nulidad de esas medidas legales y reencauzara el juzgamiento de esos crímenes. Incluso bajo la vigencia de los decretos de indulto y amnistía, los jueces siguieron adelante con los famosos “juicios de la verdad”, que permitieron profundizar las investigaciones aun cuando el Estado había renunciado transitoriamente a la pretensión punitiva. Jamás, en democracia, un juez fue acusado de prevaricar cuando reclamaba esta apertura o declaraba la inaplicabilidad de las leyes, o exigía que la investigación sobre la suerte de los desaparecidos siguiera su curso. Tampoco se le imputó tamaño improperio a la Corte Suprema de Justicia que reabrió las causas y posibilitó el castigo irrestricto de todos los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

España por la aplicación progresiva de la jurisdicción universal y Argentina por el reconocimiento absoluto del derecho a la verdad conforman los principales precedentes internacionales y nacionales, respectivamente, de un juzgamiento ejemplar de los crímenes contra la humanidad. Recientemente, a partir de una querella de las víctimas, la justicia argentina ha formulado un requerimiento para juzgar los crímenes del franquismo en aplicación de la jurisdicción universal. ¿Cómo responderá España? ¿Va a investigar a pesar de la amnistía de 1977 o dirá que esta última le impide hacerlo y, de esa manera -en un acto de involuntaria reciprocidad- abrirá los cauces de la jurisdicción argentina?

Inspirada en la aplicación de una doctrina universal, España ha sido el país que con mayor fuerza y coherencia ha solicitado a otros Estados el esclarecimiento de la suerte corrida por los españoles víctimas de estos crímenes fuera de sus fronteras. Cada año, en Argentina, la Embajada de España recibe la cálida y conmovedora visita de los familiares de españoles allí desaparecidos. La pregunta es si seguirá haciéndolo. ¿Tendrá España la autoridad moral y la misma fuerza que ahora para reclamar ante los gobiernos? ¿Serán sus reclamos tan eficaces e imperativos como lo han sido hasta el presente?

El impúdico strip tease informático con que Wikileaks desnuda las frivolidades de la diplomacia internacional, confirma con crudeza que las lacerantes comprobaciones que realizáramos cinco expertos de la ONU (E/CN.4/2006/120 ) sobre la situación de los detenidos en la Bahía de Guantánamo eran el resultado de una planificación estatal que comprometía y compromete a individuos determinados como responsables de violaciones gravísimas de los derechos humanos susceptibles de ser calificadas de “crímenes contra la humanidad”. Ello explica las encarnizadas batallas de la diplomacia estadounidense contra la aplicación de la jurisdicción universal y la lucha de Garzón. Más aún, los cables confirman que en este combate los enemigos nacionales cuentan con poderosos aliados en el nivel internacional. Léase Bush, Rumsfeld y compañía

Los jueces españoles tienen el deber moral de evaluar las previsibles consecuencias que tendrá en el mundo tamaño retroceso, no solo en el campo de los derechos humanos, sino también en la imagen y credibilidad del país. Nadie entiende el espanto que despierta en algunos sectores del pueblo español revisar hechos mucho más lejanos que los nuestros, sobre todo, luego de haber estimulado y acompañado con éxito una experiencia como la argentina, donde el esclarecimiento del pasado fecundó y fortaleció nuestra transición democrática.

En cualquier caso, es legítimo preguntarse cuántos años más podrá la cultura española continuar cerrando las ventanas a su propia historia. Tal vez una década o dos. Mientras tanto, es importante para todos que en esta larga y postergada toma de conciencia no perdamos, por necedad o ingratitud, a nuestros principales baluartes.

A las diez de la mañana del 20 de noviembre de 1975, unas horas después de que se anunciara oficialmente su muerte, Carlos Arias Navarro leyó en público el testamento político de Francisco Franco, un “hijo fiel de la Iglesia” que solo había tenido por enemigos a “aquellos que lo fueron de España”.

El domingo 23, en el funeral de Estado, Marcelo González Martín, cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, recordó el deber de conservar “la civilización cristiana, a la que quiso servir Franco, y sin la cual la libertad es una quimera”. Esa misma tarde, una losa de granito de 1.500 kilos cubrió la fosa abierta para el caudillo en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, junto a la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Bendecido por la Iglesia católica, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia. Así murió Franco.

Su legado y el de la larga dictadura que presidió no es fácil resumirlo y es objeto de debate entre historiadores y de encontradas opiniones entre la ciudadanía.

Franco buscó y consiguió la aniquilación de sus enemigos que, si eran solo los de España, fueron en verdad muchos. Gobernó con el terror y la represión, pero también tuvo un importante apoyo social, muy activo por parte de las numerosas personas que se beneficiaron de su victoria en la Guerra Civil y más pasivo de quienes cayeron en la apatía por el miedo o de quienes le agradecieron la mejora del nivel de vida durante sus últimos 15 años en el poder.

Cuando murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o “aperturistas” en busca de una nueva identidad política era ya general. Muchos franquistas de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida.

La mayoría de las encuestas realizadas en los últimos años de la dictadura mostraban un creciente apoyo a la democracia, aunque nada iba a ser fácil después de la dosis de autoritarismo que había impregnado la sociedad española durante tanto tiempo.

Tras una compleja Transición, sembrada de conflictos y de obstáculos, la democracia cambió el lugar de España en Europa, con su total integración en ella, uno de los sueños de las élites intelectuales españolas desde finales del siglo XIX.

El reto de los españoles del siglo XXI ya no consiste en crear una democracia plena con igualdad de derechos y libertades, caballo de batalla, a veces sangriento, de algunas de las generaciones que nos precedieron, sino en seguir cambiando para mejorarla y reforzar la sociedad civil y la participación ciudadana.

Treinta y cinco años después de la muerte del último dictador de nuestra historia, la sociedad española ha podido dejar atrás algunos de los problemas fundamentales que más le habían preocupado en el pasado. Pero desde su tumba, Franco parece mostrar todavía el camino a seguir en otros no menos importantes.

El Valle de los Caídos fue suyo en vida y continúa siéndolo tras su muerte, incapaces los Gobiernos democráticos de establecer una política coherente de gestión pública de esa historia. Las miradas libres a ese pasado traumático y la reparación política, jurídica y moral de las víctimas de la violencia franquista generan el rechazo y el bloqueo de poderosos grupos bien afincados en la judicatura, en la política y en los medios de comunicación.

Y la jerarquía de la Iglesia católica, que ha logrado preservar con creces en la democracia la privilegiada situación que el franquismo le donó, protege con uñas y dientes sus finanzas y sus derechos adquiridos en la educación y discute, con el apoyo enérgico del Vaticano, cada palmo de territorio que el Estado quiere conquistar en el orden moral. Treinta y cinco años sin Franco y no tenemos una ley de libertad religiosa adaptada a la actual sociedad democrática plural y culturalmente diversa.

Asentada la democracia, debemos recordar el pasado para aprender. Miles de familias están esperando que el Estado ponga los medios para recuperar a sus seres queridos, asesinados, escondidos debajo de la tierra, sin juicios ni pruebas, para que no quedara ni rastro de ellos. Es necesario dar a conocer la relación de víctimas de la violencia franquista durante la guerra y la posguerra, ofrecer la información sobre el lugar en el que fueron ejecutadas y las fosas en las que fueron enterradas.

Y frente a esas historias todavía por descubrir, no puede dejarse de lado, abandonar o destruir, la memoria de los vencedores. Sus lugares de memoria son la mejor prueba del peso real que la unión entre la religión y el patriotismo tuvo en la dictadura.

No es posible renunciar al objetivo de saber, a que coexistan memorias y tradiciones diferentes. Pero para eso, antes, hay que remover los obstáculos que impiden rescatar de las cunetas y de las fosas perdidas a las víctimas de tanta tortura y asesinato. Treinta y cinco años después de la muerte de su principal responsable.

Hay estudios consistentes que analizan la evolución del franquismo, los giros en sus alianzas internacionales y los cambios de política económica. Pero los trabajos sobre la represión, más allá de la del final de la guerra, y sobre el papel de la policía política son más escasos. Por eso interesa el reciente libro de Antoni Batista La carta. Historia de un comisario franquista.

Batista, periodista con intereses muy plurales -ha sido crítico musical y ha publicado libros sobre ETA y Euskadi-, reconstruye la historia del comisario Antonio Creix. El apellido no dice hoy nada, pero en la Barcelona de los años 50 y los 60 Creix era el temido jefe de la Brigada Político-Social que perseguía, detenía (y podía torturar) a los militantes de la oposición clandestina. Y Batista, que participó en el movimiento universitario del PSUC, trató en directo a personas que sufrieron los interrogatorios de la Via Laietana.

Pero La carta no es un libro unidireccional. Pretende retratar a Creix sin caer en el maniqueísmo. La tortura está explicada -y detallada-, pero es más un intento de comprender al personaje. Hay una aproximación objetiva y psicológica que empieza explicando su tortura en las checas de la Catalunya republicana y se detiene en su caída en desgracia en los últimos años de la dictadura (1974), tras haber sido jefe superior de Policía de Bilbao (donde detuvo a la plana mayor de ETA acusada en el proceso de Burgos) y de Sevilla, donde persiguió a CCOO de Andalucía.

El hilo conductor es la carta que el destituido Creix escribe a Rodolfo Martín Villa para que interceda ante el director general de Seguridad, que le ha abierto un expediente sancionador que acaba con una suspensión de empleo y sueldo de tres años. Episodio que -según la tesis que flota en el libro- deciden los responsables de Interior para desembarazarse del policía más molesto para los partidos clandestinos, con los que habría que pactar en poco tiempo. Hay momentos en los que el libro recuerda el filme alemán La vida de los otros, que retrata tanto la actividad de escritores contrarios al régimen comunista alemán (la RDA) como la de los policías que los controlan. Es un relato duro, pero en el que se reflejan las contradicciones de la oposición y de la policía que la persigue, donde no todos son iguales. Y donde se dan comportamientos sorprendentes.

Y es que La carta no es solo un estudio de Antonio Creix, sino también un retrato impresionista (con documentos directos de primera mano) de la vida del PSUC desde los primeros 50. Incluso hay un intento, casi confesado, de retratar vidas paralelas, de contraponer la figura de Creix a la de Miguel Núñez, dirigente histórico del PSUC que fue detenido y torturado por el policía en 1958. Núñez -fallecido en Barcelona hace pocos meses- es el resistente ejemplar, pero Creix es algo más que un malvado fascista. Es también un torturado en las checas, un franquista convencido, un policía impresionado por los métodos de la policía americana y un hombre que evoluciona. Y que avisa a algunos intelectuales cercanos al PC (como Juan Goytisolo) de posibles problemas. ¿Por buenas intenciones, como el sorprendente espía telefónico de la RDA, o por intento inteligente de neutralización? La carta no lo aclara, pero lo inscribe en una suavización del personaje tras el interés por el FBI. Pero esa evolución no es coherente con su comportamiento posterior en Euskadi.

En el PSUC también hay maraña. Algunas de las más interesantes páginas son las dedicadas a Joan Comorera, secretario general del partido, detenido por Creix en 1955 y fallecido luego en la prisión de Burgos. Porque Comorera, proveniente de la socialdemócrata Unió Socialista de Catalunya y fundador del PSUC en 1936, que había sido diputado y conseller, se negaba a subordinar el partido catalán al PCE y fue expulsado, acusado de titista, por el aparato, que incluía a gentes como Claudín, Carrillo o López Raimundo, que luego destacaron en la evolución hacia el eurocomunismo. Comorera fue detenido por Creix en Barcelona (en un piso de la calle del Consell de Cent) y hay indicios de que hubo pistas facilitadas por el partido.

Por el libro desfilan también políticos y abogados que tuvieron un papel destacado en la oposición y en la transición y con los que Creix no se atrevió a un ataque frontal. Por ejemplo, Solé Barberà, el antiguo militante condenado a muerte, militante durmiente un tiempo como abogado y empresario y que vuelve a primera línea como defensor de Miguel Núñez. O Josep Benet, el abogado católico catalanista, redactor de las famosas declaraciones del abad Escarré, que está en todas las conspiraciones de la oposición y que será finalmente candidato del PSUC en las primeras elecciones autonómicas.

La carta ayuda a acercarse -más explicando historias que como un frío análisis histórico- a un fenómeno más complejo de lo que parece a primera vista, la represión y la interacción entre la policía política franquista y la oposición democrática, en especial la comunista, en el marco de un régimen que diluía el totalitarismo de los 40 y transitaba hacia el autoritarismo desarrollista de los 60 y los primeros 70.

Hay una premisa esencial en el análisis del caso Companys y de todos los demás condenados por los tribunales de la dictadura por haber sido fieles a la legalidad republicana y por haber luchado en su defensa: los delincuentes por rebelión eran los franquistas. Los que deberían haber sido juzgados eran Franco y todos los que se sublevaron contra la Segunda República. No hay que perder ni un segundo para demostrar los juicios criminales de la dictadura. La historia ya ha sido suficientemente concluyente para condenar a Franco y a sus cómplices de asesinato, al utilizar el poder absoluto del Estado para ejercer la venganza en su grado máximo contra todos los republicanos, con el objetivo imposible de impedir la vuelta de las libertades.

Companys fue asesinado por orden directa del jefe de Estado. Fue un crimen contra la libertad y contra Cataluña. Cuando el Gobierno de la Generalitat instó al Fiscal General del Estado, a través de la Fiscalía Superior de Catalunya, el 15 de octubre de 2009, a interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para conseguir la nulidad de la sentencia que condenó a muerte al president Companys, no se pretendía probar ninguna inocencia ya de por sí evidente, sino mostrar la absoluta manipulación de la justicia al servicio de la victoria militar y con el único objetivo de la venganza y el escarmiento políticos. La condena del franquismo no será total hasta que sus actos más atroces, como fueron las sentencias a muerte por medio de juicios sumarísimos, no sean anulados, y con ellos todas las demás sentencias que privaron de libertad a tantos españoles por razones políticas o ideológicas.

Companys había sido ministro del Gobierno republicano, presidente del primer Parlament de Cataluña y presidente de la Generalitat. El único presidente democrático entregado a la dictadura franquista, en plena ocupación nazi sobre Francia, torturado y vejado en las dependencias de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid y, finalmente, enviado a Barcelona para su ejecución ya decidida. La sola narración de lo ocurrido debería ser suficiente para que todos los poderes del Estado, especialmente las Cortes Generales y el Tribunal Supremo, no tuvieran la menor duda de la ilegalidad del crimen de Estado y así lo declararan mediante ley o sentencia.

En este contexto hay que situar la decisión del Fiscal General del Estado del 5 de abril, de no interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, basándose en la consideración de que las sentencias que condenaron al presidente Lluís Companys son nulas de pleno derecho al haber sido expulsadas del ordenamiento jurídico en aplicación directa de la Ley 52/2007 (Ley de Memoria Histórica). Ahora bien, la declaración fiscal es únicamente una interpretación de la ley cuyos efectos jurídicos están por ver. Solo las Cortes Generales mediante ley o los tribunales mediante sentencia pueden acordar la nulidad de las sentencias. Y la Ley de Memoria Histórica 52/2007 en su artículo 2.1 declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas producidas por razones políticas durante la Guerra Civil y la dictadura, y en el artículo 3 establece la ilegitimidad de los tribunales que las dictaron, en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra. La interpretación del Ministerio Fiscal establece una lógica relación de causa-efecto entre ilegitimidad y nulidad de pleno derecho. Si los tribunales y sus sentencias son ilegítimas, lógicamente devienen ilegales y nulas.

Solo hay un pero o interrogante: ¿por qué la Ley de Memoria Histórica no afirma sin ambigüedad lo que la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo interpretó? En un asunto de tanta trascendencia no debería haber lugar para la duda. Hay otra pregunta todavía más inquietante: ¿no actuó el Fiscal General del Estado a partir del convencimiento de que la Sala Quinta del Tribunal Supremo desestimaría el recurso de revisión? Ante la posible negativa del Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado buscó la salida por la puerta trasera. Solamente hay una salida por la puerta delantera: la enmienda de la Ley de Memoria Histórica para que quede literalmente establecido lo que el Fiscal General del Estado interpreta.

Los poderes del Estado, en primer lugar, las Cortes Generales y el Poder Judicial, tienen la obligación política y moral de proceder a la anulación de todas y cada una de las sentencias políticas de la dictadura. Lo exige la memoria de Companys y la de todos los españoles asesinados por el franquismo. Lo demanda nuestra propia confianza en las instituciones democráticas.

La Junta de Andalucía piensa indemnizar a las mujeres que fueron vejadas por ser republicanas. Más vale tarde que nunca, aunque, como era de esperar, a Dolores de Cospedal no le ha gustado. No importa. Es una gran oportunidad para reivindicar a miles y miles de mujeres que fueron pisoteadas por sus ideas o simplemente por estar casadas o ser hijas de republicanos. Nunca fueron reconocidas como presas políticas, sino como prostitutas.

La mayoría de ellas han sido y siguen siendo invisibles. Tan solo puntuales historiadores han investigado sus vidas. Y lo seguirán siendo mientras en nuestras escuelas no se explique qué pasó. Ni nuestros universitarios ni los estudiantes de Bachillerato reciben información. Para los libros de texto estas mujeres no existieron. Y las nuevas generaciones las van conociendo a través del cine, de las series de televisión y de algunos libros.

El catedrático Vicenç Navarro, de la Universidad Pompeu Fabra, todavía se sorprende cuando ve a sus alumnos hablar con soltura de las desapariciones y torturas en Chile y Argentina y de la total ignorancia de lo que pasó en España. Nadie conoce a esas 19 jóvenes del pueblecito sevillano de Guillena que fueron asesinadas en el verano de 1936 o a Amparo Barayón, mujer del escritor Ramón J. Sender, que antes de ser fusilada le enviaba una nota a su marido diciéndole que habían hecho desaparecer a su hija Andreína.

En cambio, para los vencedores de la Guerra Civil, las mujeres fueron un pilar importante de su nuevo régimen dictatorial. Enfocaron en ellas toda su ideología y las convirtieron en su arma más importante para educar a futuras generaciones, para conseguir que las familias fueran el núcleo de la sociedad en donde “los valores del franquismo” se mantuviesen y proliferasen.

Y, por supuesto, con el entusiasmo de la jerarquía católica. No olvidemos que la mayoría de las hacinadas y cochambrosas cárceles fueron administradas y custodiadas por órdenes religiosas femeninas.

La influencia que las mujeres lograron para reproducir la represión moral y política fue una de las más útiles armas del régimen franquista. Abnegadas, calladas y obedientes, las mujeres del franquismo renunciaron, quizás sin saberlo, a vivir su propia vida, para servir a los intereses del poder establecido.

En cuanto a las republicanas, por el hecho de haber perdido una guerra se convirtieron en seres inferiores, en lo que el historiador Ricard Vinyes denomina la “degeneración social del disidente”. “Al fin y al cabo”, añade Vinyes, “desproveer al enemigo de condición humana ha sido un requerimiento previo a su aniquilación”.

Y si hay que recordar a algún experto en humillar y aniquilar a estas mujeres fue el comandante-psiquiatra Vallejo Nájera, que no dudaba en definirlas como “débiles mentales”. Director del Gabinete de Investigaciones Sociológicas, nombrado directamente por Franco, teorizó hasta la saciedad sobre la inferioridad mental de la mujer-disidente.

En sus experimentos en la cárcel de Málaga, agrupaba a las presas por categorías de peligrosidad, considerando “las más degeneradas” a las que eran marxistas y catalanas.

En medio de tanto odio, la Fiscalía del Estado se alarmaba del aumento espectacular de suicidios: un 71,3% más que en el año 1932. Fue lo que acabó haciendo la licenciada en Ciencias Matilde Landa, detenida y trasladada a la cárcel de Ventas de Madrid en 1939, condenada a muerte e indultada gracias a las numerosas gestiones de sus familiares. Pasó 30 años en prisión antes de quitarse la vida.

De las presas de la cárcel de Málaga, Vallejo Nájera afirmaba que habían actuado “empujadas por el resentimiento y el fracaso social que en las mujeres era más notorio dada su perversión moral y sexual”. Se las machacó de forma especial no solo por sus ideas políticas, sino por el hecho de ser mujeres. La virilidad de los vencedores se conformó como un elemento esencial. De ahí que la principal forma de represión fue la violación.

Como afirmaba la madrileña Juana Doña, militante del Partido Comunista condenada a muerte, “se violaba en las comisarías, en los centros de Falange, en las cárceles, en los domicilios requisados”, hasta el punto de que incluso en los informes de la Fiscalía se habló del alarmante ingreso en prisión de mujeres por el hecho de haber abortado, añadiendo siempre la coletilla ideológica: “La mujer ahora prefiere la muerte a la maternidad”.

Esta violencia fue impulsada desde el poder. Solo hay que recordar las arengas del general Queipo de Llano: “Nuestros valientes legionarios han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y de paso también a sus mujeres. Esas comunistas y anarquistas se lo merecen. No se van a librar por mucho que forcejeen”.

Muchas de ellas ya han fallecido, pocas siguen entre nosotros, pero los que sí están y deberían conocer a fondo lo que pasó son sus nietos y bisnietos. Mientras que no se explique a los jóvenes quiénes fueron y qué hicieron estas mujeres, no podremos dar por superada una etapa de nuestra historia. Lo más triste es que personas como Cospedal, que han tenido la oportunidad de leer e informarse, no lo hayan hecho.

Hace unos meses, coincidiendo con el encausamiento del juez Garzón como consecuencia de la investigación de los crímenes del franquismo, la magistrada Clara Bayarri escribía en estas mismas páginas las razones que le habían llevado a ella y a otros dos integrantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a reivindicar la competencia del juez Garzón para la investigación de dichos crímenes.

Fue una postura minoritaria no compartida por la mayoría de la Sala de la que ambos formamos parte, pero fue una postura perfectamente defendible, apoyada en sólidos razonamientos jurídicos y sostenida por prestigiosos juristas, entre ellos, como ya he dicho, por otros magistrados de la propia Sala.

No suscribí su postura, aunque consideraba como ellos que los crímenes del franquismo eran crímenes contra la humanidad, lo que justificaba la investigación inicial emprendida, porque creía que la constatación realizada por el juez Garzón del fallecimiento de todos los posibles autores hacía imposible la continuación contra estos del procedimiento penal iniciado. Como dije en el voto particular que formulé, por mucho que fuese el valor simbólico que pueda atribuirse al proceso penal nunca puede dirigirse contra personas fallecidas.

Tampoco estaba de acuerdo con la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía a los posibles autores de tan horrendos crímenes. A diferencia de las leyes de punto final, la Ley de Amnistía fue una reivindicación histórica de la izquierda española y de las demás fuerzas progresistas que se enfrentaron a la dictadura franquista y estaba destinada a las víctimas de la represión franquista, pero también a quienes en el bando de los vencedores habían incurrido en responsabilidad por los gravísimos crímenes cometidos.

Se trataba de una reivindicación que se correspondía a la política de reconciliación nacional desarrollada desde finales de los años cincuenta por el Partido Comunista de España, la principal fuerza antifranquista en aquellos momentos, posteriormente concretada en la política de Pacto por la Libertad, que en síntesis implicaba un gran acuerdo entre todos aquellos, que, con independencia del papel que hubiesen jugado en la Guerra Civil y en la dictadura, estuviesen dispuestos a romper con el pasado franquista y a apostar por un futuro democrático.

Esta política de reconciliación y pacto sustentó la constitución de la Junta Democrática y de Convergencia Democrática, organizaciones que en los últimos estertores de la dictadura, trataron de nuclear a quienes apostaban por una transición pacífica como la que efectivamente se produjo.Probablemente, sin esta concepción de la Amnistía, dirigida también a quienes habían contraído gravísimas responsabilidades bajo la Guerra Civil y el franquismo, el proyecto democrático no se habría impuesto sino tras una nueva confrontación civil cuyos resultados, en el mejor de los casos, habrían sumido al país nuevamente en años de enfrentamiento. Porque es impensable que hubiese podido producirse una transición pacífica si se hubiesen exigido responsabilidades a antiguos ministros del franquismo, como Fraga, o a jefes del Movimiento como Adolfo Suárez, o a los miles de policías, militares, jueces y funcionarios que durante largos años habían sostenido el aparato dictatorial.

La política de reconciliación nacional se fundamentaba en que, en el tiempo transcurrido desde la Guerra Civil, se había producido un importante cambio social en España, de forma que muchos de los que habían apoyado y se habían involucrado con la dictadura no se opondrían a un sistema democrático; y que la inmensa mayoría del pueblo español, incluidos aquellos sectores sociales históricamente vinculados al franquismo, estaría dispuesto a propiciar una nueva España democrática, siempre que la transición fuese pacífica y se alejase la perspectiva de un nuevo conflicto.

La Ley de Amnistía fue, por tanto, un acto de extrema generosidad de los que habían luchado contra el franquismo y a favor de las libertades y la democracia. Suponía que se abandonaba cualquier proyecto de exigir responsabilidad por los horrendos crímenes cometidos. Era una ley imprescindible, pero que, obviamente, planteaba graves dilemas morales y jurídicos en la medida que dejaba sin repuesta a esos gravísimos crímenes. Es por tanto perfectamente razonable que su eficacia pueda cuestionarse como lo han hecho aquellos juristas, alguno de ellos magistrados de la Sala de la que formo parte, que han sostenido que no puede alcanzar los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.

Pero si el alcance de la Amnistía puede justificarse históricamente, lo que no es desde ningún punto de vista comprensible es que, transcurridos más de 60 años desde el final de la Guerra Civil y más de 30 desde la instauración del sistema constitucional, las fosas de la guerra civil no se hayan abierto y los cuerpos de las víctimas sigan en muchos casos enterrados por los caminos de España; y es también incomprensible que muchos posibles crímenes, como la desaparición o secuestro de niños, no estén plenamente esclarecidos.

No es por tanto extraño que las asociaciones de víctimas reclamasen satisfacción por estos crímenes, y su pretensión fuese acogida por el juez Garzón, el juez que más se ha destacado en la persecución de crímenes contra la humanidad.

Y es por todo ello que la postura de los integrantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que defendieron la competencia del juez Garzón y la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía a los crímenes del franquismo, es una postura perfectamente legítima en derecho, aunque no se comparta, sostenida por unos jueces prestigiosos y honestos, y merecedora de todos los respetos.

Como recordaba recientemente el comentarista de este periódico Javier Pradera en uno de sus artículos, los debates jurídicos se suelen prestar a respuestas diferentes dentro de una horquilla de soluciones igualmente admisibles. Es por ello que en los tribunales se delibera y vota; y el que en la deliberación y votación una postura resulte minoritaria, como sucedió en este caso respecto a la competencia del juez Garzón y la vigencia de la Ley de Amnistía, no quiere decir que no sea plenamente legítima y jurídicamente defendible.

Lejos de mi intención hacer leña del juez caído. Después de la resolución del instructor del Tribunal Supremo Manuel Marchena en relación con la causa abierta contra Baltasar Garzón por el dinero percibido durante su estancia en la Universidad de Nueva York —resolución en la que se acusa al magistrado, entre otras irregularidades, de una «manifiesta ocultación de cuantías»—, traer a colación una instrucción anterior, la iniciada por el juez Luciano Varela contra el propio Garzón por emprender un proceso contra los crímenes del franquismo a sabiendas de que habían prescrito, puede parecer abusivo. Pero, por desgracia, hay de qué. En primer lugar, porque el Supremo ha rechazado las pruebas aportadas por el imputado, lo que viene a significar que ha avalado la instrucción de Varela y que Garzón va a ser, tarde o temprano, juzgado. Y luego, porque el proceso que originó que el Supremo abriera esta segunda causa ha tenido ya una réplica. Y no en España, donde la ley de Amnistía de 1977, fruto del espíritu de reconciliación nacional de aquellos años, actúa como un dique eficaz contra semejantes iniciativas, sino en Argentina.

Allí la Cámara Federal —una suerte de tribunal de apelaciones— ha instado a una juez a que reabra un proceso idéntico al de Garzón que ella misma había cerrado meses antes, y a que pregunte al Gobierno español si «efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado para aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977». Aunque ignoro qué respuesta va a dar el Gobierno español, o mucho me equivoco o no puede hacer otra cosa que negar que se esté investigando la existencia de dicho plan. Y no sólo porque, en efecto, nadie está ya en España por la labor, sino porque tal plan no ha existido jamás. En otras palabras: lo que la Cámara formula como requisitoria presupone que entre las fechas aludidas, o sea, a lo largo de prácticamente 41 años, bajo una República inmersa en una guerra civil, una Dictadura y una Monarquía, se practicó en España una liquidación sistemática de toda persona afecta al régimen republicano.

Por supuesto, la fórmula utilizada por los magistrados de la Cámara no tiene otro propósito que el de permitir que la justicia argentina se ocupe de un asunto que en principio debería serle ajeno. Descansa en el llamado «principio de justicia universal», y en la certidumbre de que los crímenes en cuestión fueron «de lesa humanidad» o, como afirma un abogado de los querellantes —un hijo y una sobrina nieta de republicanos asesinados en las provincias de Lugo y Salamanca, respectivamente—, «uno de los peores genocidios del siglo XX». De la barbarie de aquella guerra, de las horrendas matanzas cometidas por uno y otro bando, nadie en su sano juicio puede hoy en día dudar. Ahora bien, que los crímenes perpetrados en el bando franquista constituyan no ya «uno de los peores genocidios del siglo XX», sino siquiera un genocidio, eso no se sostiene por ningún lado. Para que pueda hablarse de genocidio, o de crimen contra la humanidad, es necesario que ese crimen se haya producido, de modo organizado y sistemático, contra alguien por el simple hecho de haber nacido. Por no salirnos del infausto siglo XX, este fue el caso de los armenios en Turquía, de los judíos en gran parte de Europa o de los tutsis en Ruanda. Nada parecido, ni remotamente, ocurrió en España durante el periodo de 41 años a que alude la requisitoria de la Cámara argentina.

Así pues, y al margen de otras consideraciones, lo que persiguen esos magistrados es remover el pasado agarrándose a una figura delictiva que, en buena ley, debería resultar inaplicable a ese mismo pasado. Si bien se mira, su forma de proceder no difiere en exceso de la del juez Garzón en el proceso que instruyó y por el que va a ser juzgado por prevaricación. Recuérdese tan sólo que una de sus medidas de entonces consistió en preguntar por el paradero de un tal Francisco Franco y de una treintena de estrechos colaboradores suyos —ministros y generales «de la première heure»—, a fin de llevarlos ante la justicia. Por descontado, se trata y se trataba de sortear la legalidad. Pero también se trata y se trataba de alterar la realidad. Y lo segundo resulta, si cabe, mucho más grave que lo primero.

Desde que José Luis Rodríguez Zapatero convirtió la revisión del pasado en uno de los ejes de su programa de gobierno, hemos asistido a un doble movimiento. Por un lado, a un movimiento de signo humanitario, consistente en dar digna sepultura a muchas de las miles de víctimas de la guerra, en su inmensa mayoría del bando republicano, cuyos restos yacen todavía en alguna zanja del país. Por otro, y superpuesto al anterior, a un movimiento de signo ideológico, consistente en presentar a esas víctimas, y a cuantas compartieron con ellas determinados ideales —o simplemente bando de guerra—, como las únicas que merecen hoy en día semejante consideración. Y, si no las únicas, sí las que más la merecen.

De ahí que quienes promueven y amparan ese doble movimiento no se contenten con enterrar dignamente sus restos y aspiren, a un tiempo, a una suerte de justicia póstuma en la que no cabrían, sobra decirlo, sino esas mismas víctimas. Y de ahí también que algunos jueces, españoles y argentinos, no se paren en barras a la hora de enmendar la historia, bien convocando a los muertos, bien convirtiendo una matanza entre hermanos en un intento de genocidio de un bando sobre el rival. Y todo con un solo fin: reanudar una guerra que los suyos perdieron hace más de setenta años en los campos de batalla para intentar ganarla ahora en los tribunales.

Lo sorprendente es que no pocos de esos defensores de la superioridad moral de los unos sobre los otros —y de sus memorias respectivas— suelen relamerse después con la lectura de algunas obras que tratan de nuestra contienda civil y en las que no se salvan del oprobio ni los unos ni los otros. Así ocurre, por ejemplo, con «A sangre y fuego», de Manuel Chaves Nogales. Ese conjunto de relatos, escrito a comienzos de 1937 en el exilio francés y por el que desfilan, como muy bien indica el subtítulo del libro, toda clase de héroes, bestias y mártires de aquella España en guerra, ha sido alabado en los últimos tiempos por tirios y troyanos. Bien está, por supuesto. En una época en que el espíritu de la Transición cotiza tan bajo, esas conjunciones son siempre de agradecer. Y hasta puede que, en un futuro, el ánimo conciliador que de ellas se desprende acabe prevaleciendo sobre el maniqueísmo simplón que se empeña en seguir distinguiendo entre buenos y malos. Ojalá.

Aunque, la verdad, no lo creo. De lo contrario, ¿a qué viene que más de uno de los que dicen disfrutar con los relatos de «A sangre y fuego» bendijera, como fue el caso, el homenaje aquel al juez Garzón concelebrado en la Complutense por docentes, discentes, políticos, sindicalistas, artistas, magistrados y demás gente de buen vivir?

Hace unas semanas, Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han conmemorado, con sendos congresos -JpD en Bilbao, UPF en Málaga-, el XXV aniversario de su constitución como asociaciones profesionales, herederas ambas de Justicia Democrática (JD), nacida en los últimos años del franquismo y autodisuelta tras la aprobación de la Constitución.

La renovación generacional no ha impedido que los actuales jueces y fiscales rindan homenaje -por separado, pero con actitud coincidente- a aquella asociación clandestina que luchó eficazmente, desde dentro del sistema, contra la dictadura, y evoquen, 40 años después, el diseño democrático que entonces se hizo de la Justicia.

José Antonio Martín Pallín -antiguo fiscal, hoy magistrado- restó importancia en Málaga a que la UPF sea minoritaria y recordó los tiempos de JD, que aún integrada por unos cuantos jueces y fiscales, se movían tanto que el régimen calculaba que eran “¡unos 500!”.

En Bilbao, Manuela Carmena, que fue decisiva, como recordó Carlos López Keller, en la erradicación de las astillas (corruptelas económicas en los juzgados), mantuvo su línea optimista de siempre, que le hizo promover congresos como Por una Justicia justa, democrática y amable, debates sobre La Justicia tiene solución, o libros animosos como Crónica de un desorden. Notas para reinventar la Justicia. Ahora propuso que los jueces se comuniquen directamente con los medios y reprochó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la falta de relevancia dada a la asistencia al ciudadano.

Las críticas al CGPJ menudearon en el congreso de JpD, en el que Perfecto Andrés cuestionó la labor del Consejo, el irregular nombramiento de sus miembros y la política de designación de cargos judiciales. Manuel Díaz de Rábago propuso suprimir los nombramientos discrecionales, mediante criterios reglados, y planteó, mientras tanto, una iniciativa insólita, por ética: primar “la cultura de defender al mejor, aunque no sea de nuestra asociación”. Ante las soluciones gubernamentales contra la crisis económica, JpD aprobó, por 61 votos a favor, uno en contra y 31 abstenciones, que “apoyaría y se sumaría a una huelga general para caso de ser convocada por los sindicatos de clase y contra los recortes sociales y congelación de pensiones”.

Otra decisión polémica fue la relativa al encausamiento de Baltasar Garzón por pretender investigar, a petición de unas víctimas, los crímenes del franquismo. Algunos congresistas no querían que se votara una resolución que pudiera interpretarse como defensa de ese modelo de juez y “por el titular que va a generar en los periódicos”, según figura en el acta oficial del congreso. Finalmente, se aprobó por 64 votos a favor, 43 en contra y nueve abstenciones un texto que recoge el fuerte rechazo jurídico del encausamiento de Garzón y “ratifica expresamente” los comunicados emitidos en su día en los que “se defiende la libertad de interpretación en el debate jurídico frente a cualquier forma de criminalización” y “se recuerdan las señas de identidad de nuestra asociación, vinculada siempre a los que lucharon por la democracia y las libertades, solidaria siempre con las víctimas del franquismo y de cualquier otra clase de dictadura o forma de opresión”. Luciano Varela, instructor del caso, no asistió al congreso.

Ninguna polémica hubo, en cambio, sobre este punto, en Málaga, donde la UPF respaldó y reiteró todas las manifestaciones de solidaridad con Garzón “a raíz de su actuación jurisdiccional en el procedimiento relacionado con los crímenes del franquismo”, cuya investigación considera “completamente ajustada a la legalidad nacional e internacional”.

La UPF no olvida que ella fue pionera, cuando interpuso la querella contra la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, instruida por Garzón. Precisamente quien elaboró esa querella en 1996 fue el entonces fiscal anticorrupción Carlos Castresana, que ahora ha tenido que abandonar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, después de casi tres años al frente de ella, tras el nombramiento como fiscal general de Conrado Reyes, a quien Castresana vincula con organizaciones ilícitas.

La UPF, que ha centrado buena parte de su energía en potenciar la lucha contra la corrupción, cierra filas con juristas como Garzón, Castresana o las dos fiscales del caso Gürtel, Myriam Segura y Concepción Sabadell, por entender que la pretendida ampliación contra ellas de la querella por supuestas prevaricación y escuchas indebidas, “responde manifiestamente a intereses espurios, ajenos y alejados de una verdadera preocupación por el respeto al proceso debido y la defensa de la primacía del Estado de derecho”. La coherencia de la UPF con Justicia Democrática es evidente. Si alguna duda quedara sobre riesgos de dependencia de estos fiscales con el Gobierno de turno, su actual presidente, Emilio Sánchez, la despejó en su intervención ante el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a quien dio un repaso crítico en defensa de la autonomía de los fiscales, la modernización de sus medios y las medidas eficaces contra la crisis. Según José María Mena, fundador de JD y de la UPF, ésta se encuentra en buenas manos. Mena describe así el trabajo de Sánchez como fiscal anticorrupción: “Con los corruptos es implacable, preciso, contundente, imparcial, eficaz, incansable”.

On May 14, the Spanish General Council of the Judiciary suspended Judge Baltasar Garzón from his functions following his indictment on charges of abuse of authority.

His crime? Garzón allegedly over-stepped his mandate when deciding to initiate an investigation into the disappearance of civilians during Francisco Franco’s dictatorship despite a law of amnesty that covered these crimes.

In the years before that, Garzón had become a living symbol of international justice as he pursued the likes of Augusto Pinochet and Osama bin Laden in the name of universal principles of human dignity, human rights and the international fight against impunity.

The reaction to Garzón’s latest investigative efforts and the Brazilian Supreme Court’s recent upholding of a law of amnesty that applies to the crimes of Brazil’s military dictatorship are powerful reminders that states can still decide what to do with their past, even when that past involves mass atrocities.

That possibility, however, is not open to all states in equal measure. Where their sovereignty has been subjugated (as with Germany after World War II) or where they can be politically pressed into submission (Serbia, most recently), states can be forced to subject their actions to the judgment of other nations in the name of the same values that had validated Garzón’s efforts.

Despite repeated assertions that a body of universal criminal prohibitions applicable to all has grown from these values, they remain to a large extent “le droit des autres,” a set of rules that we seem content to apply to others, but not to ourselves. The “others” are those, states and individuals, who have lost the political muscle to preempt or resist the application of that regime to them.

The International Criminal Court, a tribunal with global ambitions, has thus far only indicted Africans, although more than a hundred countries from five continents have now joined the Court, and crimes coming within its jurisdiction have arguably been committed outside of Africa.

Meanwhile, domestic courts in the Netherlands have successfully shielded Dutch soldiers and the state from judicial scrutiny for their alleged failure to prevent mass atrocities in Srebrenica in July 1995, while Serb and Bosnian nationals are being prosecuted on Dutch territory by an international tribunal for their involvement in those events. The same tribunal declined a few years ago to even investigate crimes attributed to NATO forces in Serbia during the 1999 bombing campaign.

While it could be that no international crimes were committed on those occasions or that there might be other good reasons not to prosecute such cases, a refusal to look into them contribute to creating the unfortunate impression that international accountability matters to some, but not to all.

The indictment of Garzón feeds into this uncomfortable sense of political selectivity in the application of the law. While Garzón was not prevented from investigating Argentine or Chilean nationals by local amnesties, Spanish law seemingly creates an absolute prohibition against an endeavor of the same kind that targets fellow nationals.

Garzón’s error was to assume that the values which had provided a moral and legal justification for his past crusades truly applied universally. Unfortunately, that is not yet the case. International criminal justice still operates selectively within the cracks that international politics have opened up for it.

While it could be argued that some justice is better than none, the present hyper-selectivity of international criminal justice could be most damaging to its credibility in the longer term.

The legitimacy of the rule of law, domestic or international, is based on the assumption that it does apply to all, without prejudice and without discrimination. Stripped of that element, it risks becoming — and will be portrayed as — a tool of political convenience for the powerful.

Before pushing any further the boundaries of international criminal justice, we should ask ourselves whether we are truly committed to subject the conduct of our own leaders and fellow citizens to the standard that we seek to apply to others.

We should also question whether we may legitimately force other nations to face their past in the name of supposedly universal values when we allow powerful countries such as Spain or Brazil to forget and forgive the crimes of their past. If the answer is no, we should perhaps show a great deal more restraint in imposing our demands for justice in states other than our own.

Our commitment to the rule of law should be measured against our readiness to see the standards that we wish to impose on others applied to our fellow citizens. The dismissal of charges against Garzón would be a good place to start the necessary process of making these standards truly universal.

Los falsos historiadores distorsionan la verdad. No se puede meter en el mismo saco lo ocurrido en las mal llamadas dos zonas de la Guerra Civil española. En una, la republicana, se defendía la legalidad; en la otra, la rebelde, estaban los sublevados que provocaron la guerra.

En la retaguardia republicana, las crueldades tuvieron lugar durante los meses que duró la guerra y, casi exclusivamente, en los primeros. En el lado rebelde, los asesinatos y consejos de guerra no solo se produjeron durante el conflicto sino que se prolongaron durante 40 años.

Ni cuantitativa ni cualitativamente fueron iguales los crímenes cometidos. Cuantitativamente, las víctimas republicanas y luego antifranquistas fueron más desde el primer momento y se prolongaron mucho más en el tiempo. Cualitativamente, los generales traidores, desde que empezaron a preparar la sublevación, optaron por implantar el terror. Cuanto más dura fuera la represión, mejor. Consideraban que solo así podían triunfar contra un Gobierno que contaba con el apoyo de la mayoría del pueblo.

Desde la primera Instrucción reservada de Mola, de febrero de 1936, se exige a los conspiradores esa implantación del terror. También en las directivas para Marruecos, del 24 de junio de 1936, se detalla cómo proceder de manera inmediata a la eliminación de los izquierdistas, la detención de las autoridades civiles republicanas y el cierre de partidos y sindicatos.

Los crímenes rebeldes comenzaron antes del 18 de julio. Ya el 17 se concentró a cientos de detenidos en el campo de Zalúa, a 27 kilómetros de Melilla, y allí fueron asesinados 189 de ellos, incluidos muchos militares contrarios a la sublevación. La ola de terror se adueñaba de inmediato de cada parcela en la que triunfaban los sublevados. Obreros, campesinos, alcaldes y concejales, maestros, médicos, etcétera, eran llevados en camiones a los cementerios para su fusilamiento.En pastorales y homilías, los obispos bendecían esa “limpieza” de España.

En la zona en la que mandaba el Gobierno legítimo, este se vio en primer lugar desbordado por la sublevación de buena parte del Ejército. Tuvo que ser el pueblo en armas el que lo defendiera. Con esas armas, algunos comenzaron la ola sangrienta de la revolución que se enfrentó a la previa ola sangrienta de la contrarrevolución.

Otra diferencia entre los crímenes cometidos en la zona republicana y los que tuvieron lugar en el lado de los sublevados, es que el Gobierno, en cuanto le fue posible, intentó y consiguió impedirlos. Los dirigentes republicanos, piénsese en Zugazagoitia, fueron los primeros en protestar por las barbaridades en su zona. Nada de eso ocurría en el bando rebelde. El director general de Prisiones le decía al general Mola: “Hay que echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanitarismo, filantropía y demás tópicos masónicos”. Y con este espíritu, los sublevados prolongaron sus crímenes hasta la muerte del dictador, en 1975.No es posible, pues, meter en el mismo saco los crímenes de unos y otros. Es mentira sostener que en ambos bandos se practicó una enfurecida limpieza étnica, como sostenía Joaquín Leguina en su artículo Enterrar a los muertos.

La Transición supuso el paso de la dictadura a la democracia. No fue buena, ni mala. La quiso el pueblo, su principal protagonista. Los que intervenimos, de ambos lados, hicimos lo que se debía y lo que se podía hacer en las circunstancias nacionales e internacionales del momento. Una de ellas era la presión y el miedo al Ejército que había ganado la guerra (muchos generales del momento habían estado en la División Azul o participado en consejos de guerra del franquismo). Otras eran la guerra fría, la situación económica española y la imperiosa necesidad de incorporarse a Europa.

La Ley de Amnistía se hizo pensando en los represaliados por el fascismo. No en los crímenes cometidos por el régimen, que entonces no eran considerados como tales. Además, los crímenes contra la humanidad y los genocidios ni son amnistiables ni prescriben. Enjuiciarlos no es delito. Es un deber.

Es falso decir que se pide que solo sean honrados los asesinados por los fascistas. También es falso afirmar que se pide que sus asesinos sean juzgados. Solo se quiere enterrar dignamente a las decenas de miles de asesinados que permanecen en las cunetas. No se pretende perpetuar la división entre los españoles. Todo lo contrario. La dignidad de esos muertos y de sus familias es el único modo de pasar definitivamente la página.

Cuando los falsos historiadores mantienen hoy la versión que sobre la guerra y la dictadura escribieron los vencedores, lo hacen con el beneplácito de los dirigentes del PP, que quieren así justificar el que ese partido se niegue a romper con el franquismo. Es una exigencia que procede de la extrema derecha que aún forma parte de sus filas. Por el contrario, las derechas civilizadas europeas sí condenan los fascismos que subyugaron a sus países, no se sienten sus herederos y no admiten como antecedentes a Hitler o Petain.

Es cierto que no todos los votantes del PP se sienten relacionados con el franquismo. Pero no es verdad que “media España” vote al PP. Háganse las cuentas: la mayoría de nuestro pueblo vota al PSOE, Izquierda Unida y otras formaciones de ámbito español o autonómico que sí reniegan explícitamente del franquismo.

Lamentablemente, Garzón ha sido descabalgado. ¿Momentánea o definitivamente? “Suspensión cautelar”, dice la resolución correspondiente. Qué palabras tan suaves para un golpe tan bajo. Enorme alegría para los torturadores pinochetistas, inmensa satisfacción para los secuestradores y asesinos argentinos, brindis con champán para los corruptos gürtelianos y sus valedores, empeñados en asegurarles la impunidad. Consternación y desesperanza para las víctimas del franquismo que aspiran a recuperar los restos de sus seres queridos que todavía yacen en fosas comunes y clandestinas.

Inevitable complejidad del caso, por una parte, frente a una pavorosa y descarnada simplicidad, por otra. La complejidad se deriva de interpretaciones muy diferentes del derecho y la moral. Una complejidad de suficiente magnitud para que las actuaciones del juez sean, al mismo tiempo, oficialmente reprobadas por determinadas instancias judiciales y a la vez enérgicamente defendidas por otros jueces y fiscales, nacionales y extranjeros, así como por destacados miembros de la comunidad académica nacional e internacional, que rechazan, con amplia argumentación jurídica, la posibilidad de imputarle el delito de prevaricación.

Nunca se repetirán suficientemente estos tres hechos concurrentes: primero, que la fiscalía no aprecia delito alguno y, en consecuencia, no formula acusación, oponiéndose tenazmente al procesamiento. Segundo, que tres magistrados de la Audiencia Nacional compartieron en su voto particular la interpretación del juez ahora acusado, posición favorable a su competencia para instruir la investigación sobre los miles de delitos de desaparición forzada producidos durante la Guerra Civil. Y tercero, que posteriormente algún juzgado local al que se atribuyó la competencia declinó asumirla, por entender -como Garzón- que esta correspondía precisamente a la Audiencia Nacional.

Resulta evidente, por tanto, la diversidad de enfoques posibles entre jueces honrados y, en consecuencia, la inherente complejidad de la cuestión. Pero numerosos juristas en España y en el mundo niegan rotundamente que el juez haya incurrido en esa flagrante injusticia, unívoca, deliberada, evidente, dañina y severamente punible que implica el grave delito de prevaricación. Como resumen de tales argumentos, podemos concentrar su idea central común recogiendo este pronunciamiento de la profesora Araceli Manjón-Cabeza, tras su exhaustivo análisis, rigurosamente legalista. Su conclusión es esta: “Prevaricación ninguna, incluso si algunas de sus actuaciones pudieran tildarse de erróneas” (diario La Ley, 23 de marzo de 2010).

Pero, junto a esta complejidad interpretativa, filosófica, moral, doctrinal, teórica y práctica (tan difícilmente compatible con el delito de prevaricación), surge el segundo ingrediente: la rotunda evidencia y patética simplicidad del factor central que motiva la situación actual. Y ese factor, de deslumbrante sencillez, no es otro que el ansia clamorosa y febril de muy poderosos sectores por eliminar del escenario judicial precisamente a aquel juez que se ha enfrentado a las más caracterizadas siguiente fuerzas delictivas del escenario político, económico y social.

En términos humanamente realistas, no se puede pretender que un magistrado actúe como viene haciéndolo el juez Garzón desde hace décadas sin pagar por ello un alto precio. Nadie puede enfrentarse con probada eficacia como hizo este magistrado contra el GAL, contra la trama Gürtel, contra ETA, contra los comandos operativos de esta y contra su complejo aparato político-militar (con impresionantes resultados); no se puede proceder impunemente contra los narcotraficantes gallegos y colombianos, contra los mafiosos italianos, contra los grandes blanqueadores de dinero negro en España y su conexión con paraísos fiscales próximos y lejanos; ni encerrar a un bárbaro dictador latinoamericano considerado universalmente como intocable (caso Pinochet, años 1998-2000), ni procesar a la serie de asesinos y torturadores argentinos y chilenos hoy encarcelados en sus países respectivos, en gran parte gracias a los autos dictados por el juez Garzón desde 1996; nadie puede, en una palabra, sacudir tan fuerte y en tantas direcciones saliendo indemne de todas ellas. Nadie puede atreverse a tanto sin pagar por ello, antes o después.

Nadie puede labrarse una trayectoria con tantos contundentes aciertos (incluso con los inseparables errores que acompañan a la acción humana) sin ser castigado por tan desmesurada osadía. No resulta posible que alguien se meta en tantos y tan venenosos jardines sin ganarse una larga serie de enemigos mortales, aquí y fuera de aquí, en el ámbito político y también en el judicial, en el partido del Gobierno y en el de la oposición, en las filas terroristas, mafiosas, corruptas y demás diversas calañas, salvando las distancias de sus muy distintos niveles de criminalidad, sin olvidar las tramas madrileñas, valencianas y de otras latitudes, en muy distintas áreas del negocio de la corrupción aledaña al poder. Fuerzas delictivas de toda laya que, antes o después, tropezaron, para su desgracia, con la resuelta -y muchas veces arriesgada y comprometida- ejecutoria del juez Garzón. Arriesgada, comprometida y cara. La entereza tenía un precio. Y un precio muy caro, que ahora se le hace pagar.

Señalemos, por otra parte, que en su día la ONU recordó a España que seguimos manteniendo un triste récord de dudoso mérito: el mayor número de cadáveres no identificados e ilegalmente enterrados, superior a los existentes en cualquier otro país de nuestro entorno. Fenómeno ya difícilmente tolerable por su contumaz persistencia siete décadas después del drama que lo generó. Más de 100.000 víctimas secuestradas, asesinadas y desaparecidas en la más flagrante ilegalidad (sin juicio, sin defensa, sin certificado de defunción) se incluían en las listas aportadas por Garzón cuando este se declaró competente para tal investigación. A este crimen (secuestro, asesinato y entierro clandestino) el actual derecho internacional le llama “delito de desaparición forzada”, definido y asumido como tal por la ONU con carácter de crimen de lesa humanidad no prescriptible.

Este criterio jurídico, de amplio predicamento desde hace décadas, está permitiendo en otros países juzgar y castigar a numerosos secuestradores, torturadores y asesinos por delitos cometidos décadas atrás. Aquí, en cambio, no se pretendía ya encarcelar a nadie, sino establecer unas áreas importantes de la verdad histórica, y de una digna y justa reparación. Sin embargo, la existencia de esa figura jurídica, que ya cuenta con una jurisprudencia internacional, es sistemáticamente ignorada por la ruidosa jauría que ha acorralado a Garzón, buscándole con ansia la yugular. Necesitan ignorar ese decisivo dato -con toda su carga jurídica y jurisprudencial- para poder mantener su injusta acusación.

Nadie fuera de España lo comprende. En cambio, aquí, un gran número de ciudadanos lo comprenden demasiado bien. Frente al letal argumento de sus enemigos -prevaricación y punto-, para numerosos españoles el factor clave que subyace tras la suspensión de Garzón es muy distinto: Gürtel y punto. Es mucho lo que algunos no le perdonan, pero en la coyuntura presente, si hay algo que no le perdonan por encima de cualquier otro factor es precisamente este: su eficaz investigación sobre la escandalosa trama de la corrupción. He ahí el máximo motivo de algunos para triturarle, y no la inexistente prevaricación.

El debate sobre la causa penal abierta al juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha adquirido dimensiones mundiales y provocado pronunciamientos desde todos los rincones de la tierra. La controversia jurídica se ha inclinado abrumadoramente a favor de los que propugnamos la necesidad y la obligación de perseguir los crímenes de una dictadura que fue condenada por la opinión pública internacional hasta el final de sus días. La Cumbre Europa Iberoamérica y el Caribe, desarrollada hace unos días en Madrid, participa de esta corriente y de forma en cierto modo admonitoria nos recuerda la obligación de adoptar las medidas necesarias para erradicar la impunidad de los crímenes contra la humanidad.

La resolución judicial que ha considerado prevaricadora una parte de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo sitúa el delito de rebelión militar, cometido por los militares golpistas contra la legalidad y el Gobierno republicano, en sus justos términos jurídicos, democráticos e históricos. El juzgado decide investigar también las más de 100.000 desapariciones precedidas por ejecuciones extrajudiciales y «los casos de aquellas personas que durante su primera infancia o preadolescencia fueron ‘sustraídos’ ‘legal’ o ilegalmente a su madres naturales durante la guerra o principalmente tras la misma, con la cobertura aparente del Estado». A partir de estos datos incontrovertibles, los argumentos a favor o en contra de la decisión judicial deben extraerse del derecho interno y del derecho internacional incorporado a la legislación española, al que todos debemos someternos por imperativo constitucional. Por eso resulta llamativo que personas con responsabilidades políticas relevantes y profesionales del mundo del derecho pretendan despachar la cuestión acudiendo a la simplificadora y rupestre argumentación de que nadie está por encima de la ley. Para llegar a esta obvia conclusión sin ruborizarse es mejor el silencio.
La inmunidad e inviolabilidad por crímenes contra la humanidad está en franco retroceso y ya no alcanza ni a los jefes de Estado. A partir del caso Pinochet, la Cámara de los Lores delimitó sus exactos y restrictivos límites. Dijo la mayoría que seguía vigente la inmunidad de los jefes de Estado por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero advertía de que no son funciones propias de un jefe de Estado torturar, ordenar ejecuciones sin garantías ni practicar sistemáticamente la desaparición forzada de personas mediante asesinatos extrajudiciales.

Nuestra Constitución reconoce la inviolabilidad de la persona del Rey y la coloca a resguardo de responsabilidades penales. Sin embargo, esta declaración debe ser matizada y reinterpretada a la luz del valor constitucional de los tratados firmados por España y, concretamente, el Estatuto de la Corte Penal Internacional que elimina la inviolabilidad de los jefes de Estado cuando cometan delitos castigados como genocidios de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
A propósito de la igualdad ante la ley, conviene recordar que tampoco el Tribunal Supremo, como institución, y sus componentes, como individuos, pueden ignorar la ley y situarse por encima de los mandatos expresos que se contienen en las normas. Volviendo a la investigación abierta por el juez del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, la resolución judicial del juez Baltasar Garzón, que pone en marcha los procesos que han llevado a su inculpación como prevaricador, abarcaba varios sucesos relacionados con la guerra civil a los que ya hemos hecho referencia, que debieron ser valorados por parte del órgano judicial que está conociendo el enjuiciamiento, suspensión y futuro juicio del imputado. El juez Garzón puso en marcha, el 16 de octubre del 2008, una investigación con varios frentes. En primer lugar, destaca que los hechos que le habían sido denunciados nunca han sido investigados penalmente por la justicia española. El espacio reducido de un artículo periodístico nos obliga a fijarnos en un caso llamativo, que sitúa a los magistrados que llevan la causa en el Tribunal Supremo por encima o al margen de la ley.

Al margen de la discusión jurídica sobre la vigencia y alcance de la ley de amnistía, de 15 octubre de 1977, lo cierto e inamovible jurídicamente, desde que nuestro país estructuró el proceso penal en el año 1882, es que todo lo relativo a la concurrencia o no de la amnistía o indulto es una cuestión que debe dilucidarse dentro de un proceso penal. Es decir, lo ortodoxo, como ha hecho el juez Garzón, es abrir el proceso y, después de fijado el hecho y el posible autor, discernir si en el trámite previo al juicio oral o en la misma sentencia los hechos se declaran o no amnistiados. Esto ha sido así durante más de un siglo y no comprendemos las razones esgrimidas para cambiar el orden legal todavía vigente. Primero, investigar judicialmente y, después, si procede, amnistiar.

El proceso de acoso y derribo al juez Baltasar Garzón ha abierto nuevas vías para repensar la historia de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco y para examinar las formas en que los españoles hemos intentado durante la democracia “superar” aquellas experiencias traumáticas. Parece un buen momento además, dada la cantidad de inexactitudes y falsedades que se han dicho y escrito, para incitar la discusión sobre los usos de las memorias y los mitos en la construcción de ese pasado. Los historiadores, al menos, deberíamos hacerlo, pese a los límites y dificultades que una tarea de ese tipo siempre encuentra en la sociedad española.

Varias cuestiones han salido a la luz con toda su crudeza en los últimos meses. La primera es muy obvia: en lo que se refiere a la Guerra Civil y a la dictadura, algunos prefieren estimular la ignorancia antes de promover el conocimiento. Son los que repiten desde la política y los medios de comunicación que están hartos de memoria, de historia de la Guerra Civil y de la dictadura; que, con la que está cayendo, su expresión favorita, ya vale de mirar al pasado. No tienen ningún problema, sin embargo, en recordar o reinventar, para adaptarla a su gusto, la historia de la Reconquista, de los Reyes Católicos, del descubrimiento de América, de la grandeza de la monarquía imperial o de la gloriosa Guerra de la Independencia. Solo usan la historia que les sirve para conmemorar su maravilloso presente como políticos.

En varios países de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en los años cincuenta, como sucedió en Francia con un grupo de soldados alsacianos de las SS, muchos criminales fascistas fueron amnistiados en nombre de la reconciliación nacional. Tras el silencio sobre el pasado de fascismo y comunismo, resistencia y colaboración, hubo investigaciones que revelaron la parte más incómoda de esa historia y comenzó a discutirse sobre las implicaciones que la negación y ocultación de hechos criminales había tenido para la sociedad civil democrática. La educación de los ciudadanos sobre su pasado sirvió después de beneficio para el futuro.

Nada de eso ha ocurrido en España, donde se legitima a los verdugos franquistas por los supuestos crímenes anteriores de sus víctimas. Da igual que los historiadores presenten sólidas pruebas de que la Guerra Civil la provocó un violento golpe de Estado contra la República y de que esa guerra y la posterior dictadura fueron desastrosas para nuestra historia y para nuestra convivencia. Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, demostrada hasta la saciedad la venganza cruel, organizada e inclemente que administró a todos sus oponentes, todavía tiene que aparecer un diputado o político relevante del Partido Popular que condene con firmeza el saldo de muerte y brutalidad dejado por las políticas represivas de la dictadura y defienda el conocimiento de esa historia como una parte importante del proceso de aprendizaje de los valores democráticos de la tolerancia y de la defensa de los derechos humanos. Todo lo que se les ocurre es recordar el terror rojo, como si la función del relato histórico fuera equilibrar las manifestaciones de barbarismo. Es como si para explicar el gulag y los crímenes estalinistas tuviéramos que recurrir a la represión de la policía del zar o a las tropelías del Ejército Blanco durante la guerra civil rusa.

La violencia política de los militares sublevados contra la República se llevó a la tumba a 100.000 personas durante la guerra y 50.000 más en la posguerra. El juez Baltasar Garzón quiso investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas víctimas, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas.

La lucha por desenterrar ese pasado, el conocimiento de la verdad y el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas nunca fueron señas de identidad de nuestra transición a la democracia, y un sector importante de la sociedad muestra todavía una notable indiferencia hacia la causa de quienes padecieron tanta persecución. Los mitos y ecos de la propaganda franquista se imponen a la información veraz porque cientos de miles de personas poco o nada aprendieron en las aulas sobre esa historia y porque algunos medios de comunicación jalean y aplauden a los seudohistoriadores encargados de transmitir en un nuevo formato las viejas crónicas de los vencedores. No se trata para ellos de explicar la historia, sino de enfrentar la memoria de los unos a las de los otros, recordando unas cosas y ocultando otras, sacando a pasear otra vez las verdades franquistas, que son, como los mejores especialistas sobre ese periodo han demostrado, grandes mentiras históricas.

Se ha instalado entre nosotros la discordia y una sinfonía de maldad suena en España cuando se intenta rescatar del olvido y de la manipulación esas historias de víctimas y verdugos. Eso es lo que ha sorprendido tanto fuera de nuestras fronteras, en prestigiosos medios de comunicación: que en vez de investigar los crímenes del franquismo, se persiga a quienes, como Baltasar Garzón, han tenido el valor de exigir información, verdad y justicia.

Aunque parezcan hoy calmadas las aguas, la desinformación en el «affaire Garzón» ha sido superlativa y sigue latente, capaz de resurgir cualquier día con mucho daño para instituciones que merecen y necesitan respeto ciudadano. Es el caso, sobre todo, del Tribunal Supremo. En guardar respeto a este Tribunal debería sobresalir ejemplarmente el «Gobierno de la Nación», no sólo con vagas y ocasionales palabras, sino con actuaciones claras, en vez de fomentar o disculpar ataques furibundos y tolerar lamentables ingerencias extranjeras. Sin ser ni mucho menos la primera razón para esa actitud debida hacia el Alto Tribunal, cada vez que se le ataca (como lo han hecho «Financial Times», «Le Monde» y «New York Times») y no se le defiende desde los poderes del Estado, disminuye la confianza mundial hacia el «Reino de España», lo que tiene enormes consecuencias en la situación presente, porque la inversión se preocupa, en primer término, de la seriedad jurídica de un país y del confiable funcionamiento de sus Tribunales de Justicia.
Pero lo asombroso de este asunto, con todas sus deplorables consecuencias, es que se opina sobre una actividad judicial de don Baltasar Garzón Real que, lisa y llanamente, no ha existido. Se ha inventado esa actividad. Y lo inventado tiene muy poco que ver con la realidad del proceso iniciado y finalizado por Garzón, que le ha conducido a verse imputado por prevaricación.

Aquí no voy a entrar ni en la aplicabilidad de la Ley de amnistía de 1977 ni en la prescripción de delitos ni en la irretroactividad de las leyes penales ni en las reglas admisibles, o no, para el ejercicio de la llamada «jurisdicción universal» o de la «justicia penal internacional». Por encargo de una revista jurídica, me tomé hace tiempo el trabajo de conocer, ante todo, la realidad del pretendido proceso de Garzón sobre crímenes franquistas. Y lo que aquí encontrarán de inmediato es esa realidad, que contrasta brutalmente con lo que se está diciendo, incluso por medios de comunicación, como los citados, que, en principio, son considerados fiables. En esto, esos medios han escrito frívolamente y de oídas, respaldando mentiras.

El limitado espacio me obliga a ser esquemático. De modo que resumiré la realidad en varios puntos:
1º) El famoso proceso de Garzón comienza en diciembre de 2006 al recibir unas denuncias de «desapariciones forzadas». Se trataría de delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero del detenido (art. 166 del Código Penal).
2º) Durante año y medio, Garzón no lleva a cabo investigación alguna de esas desapariciones ni ninguna otra actividad investigadora. Al cabo de esos 18 meses, ya en el año 2008, por resoluciones del día 28 de agosto y del 25 de septiembre de 2008, Garzón solicita a innumerables entidades información sobre otras posibles desapariciones y sobre inhumaciones o enterramientos colectivos en toda España. Continúa la ausencia de investigaciones sobre las concretas desapariciones denunciadas. Esas desapariciones se podrían considerar, es verdad, probables «crímenes del franquismo». Pero no las investiga.

3º) Por Auto de 16 de octubre de 2008, Garzón introduce en el proceso iniciado en diciembre de 2006 un nuevo hecho, que es, según los términos de ese Auto, el «Alzamiento Nacional». Lo considera un delito contra los Altos Organismos de la Nación. En consecuencia, se declara competente. Siempre en el mismo Auto, Garzón señala, con nombres y apellidos, a una treintena larga de personas como responsables de ese delito. Siempre en el mismo Auto, afirma, por dos veces, que es notorio que todas esas personas han fallecido y anuncia ya que, una vez reciba los certificados de defunción que pide (aunque la ley establece que los hechos notorios no necesitan prueba), declarará extinguida la responsabilidad de esas personas.

Tras el Auto de 16 de octubre de 2008, Garzón hubiera podido intentar siquiera investigar hechos de apariencia delictiva conexos con el «Alzamiento Nacional» y posteriores a él. No sólo no lo hizo, sino que su planteamiento en ese Auto fue ya de inmediato «carpetazo».

4º) En efecto: un mes y dos días después, el 18 de noviembre de 2008, Garzón dicta otro Auto en el que, recibidos los certificados de defunción, 1º) Declara extinguidas las responsabilidades penales de los por él declarados protagonistas del «Alzamiento Nacional»; 2º) Se declara incompetente para seguir conociendo del proceso que él había iniciado. Casi dos años después de las primeras denuncias de «desapariciones forzadas» reconoce Garzón (no se lo impone nadie: nadie le arrebata su proceso) que los delitos de detención ilegal no están entre los que resultan de su competencia según los arts. 88 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (obviamente, eso podía y debía haberlo resuelto en diciembre de 2006).

5º) De lo anterior deriva: a) Que las desapariciones forzadas, en general, han sido objeto de la actividad judicial de Garzón durante algo más de dos meses (ni un solo día si hablamos de las desapariciones concretamente denunciadas). Lo que en cierto momento (agosto de 2008) pretende Garzón es información sobre otras exhumaciones en marcha o planeadas, para controlarlas todas desde el Juzgado Central de Instrucción nº 5; b) La actividad judicial de Garzón respecto del «Alzamiento Nacional» dura un mes y dos días; c) En ningún momento se investigan por Garzón ni «crímenes del franquismo» en general ni algún crimen en particular en el curso del «Alzamiento Nacional, hecho distinto del franquismo» resultante, que, contando a partir de 1939, dura 36 años más.

Así han sido las cosas. Dejando a un lado la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción de delitos y la cuestión de la aplicabilidad a unos hechos de preceptos penales muy posteriores a ellos (retroactividad de la ley penal no favorable) y dejando aparte igualmente si la Justicia penal internacional o sobre «crímenes contra la humanidad» debe seguir tales o cuales reglas, ciertos hechos -que son resoluciones escritas- no se deberían discutir y no debieran inventarse otros muy distintos para sustituir a los reales.

La justa causa de quienes deseaban y aún desean conocer dónde se encuentran enterrados sus familiares o amigos, ¿en qué se benefició a causa de resoluciones judiciales dictadas por Garzón? A mi entender, en nada. ¿Qué concreto (presunto o real) crimen del franquismo fue objeto de una actuación judicial de Garzón? De los papeles del proceso surge esta obligada respuesta: ninguno. Garzón despertó esperanzas que quedaron insatisfechas y movilizó recursos económicos y esfuerzos de gran número de personas, con un único resultado objetivo: miles de páginas y miles de minutos en radio y TV con don Baltasar Garzón como protagonista.

Entiendo que haya quienes se encuentren a disgusto con la Transición, con la Ley de Amnistía de 1977 y con la Constitución vigente. Lo que no entiendo ni acepto es que ese disgusto conduzca a falsear el proceso conducido por Garzón, que nada tuvo de heroico y casi todo de antijurídico simplemente en lo procesal. Y la opinión pública -también aquella en la que influyen los medios extranjeros citados- merece saber que, contra lo que se ha repetido machaconamente, nunca Garzón investigó judicialmente los «crímenes del franquismo».

El proceso incoado por el Tribunal Supremo (TS) contra el juez Garzón por las querellas de Manos Limpias y Falange Española constituye un hecho doloroso e injustificable. Debe recordarse que las querellas tienen su fundamento en la incoación de un procedimiento penal para la investigación y averiguación del paradero de los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. El juez Garzón decidió lo que estaba obligado a hacer ante una realidad que abarcaba todo el territorio nacional y desde una instancia jurisdiccional estatal, con competencia en toda España, en aplicación de los tratados internacionales ratificados por España contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad. Para ello, practicó unas diligencias inmediatas que llevaron a la comprobación del censo provisional de personas desaparecidas en España, 114.266 en dicho periodo. Todo en el ejercicio de la independencia judicial, aplicando las leyes vigentes e interpretándolas conforme a los valores constitucionales y el Derecho Internacional.

Lo contrario, lo que ha hecho el TS al abrirle un proceso penal, es “criminalizar la deliberación e imponer límites penales a la interpretación judicial”, según señaló Jueces para la Democracia el pasado 12 de febrero. Este proceso representa un ataque frontal a la independencia judicial y, por ende, al Estado democrático de derecho. Por ello, el fiscal mantiene una rotunda y fundada oposición a las querellas y a las resoluciones del TS y acaba de solicitar el sobreseimiento y archivo de la causa.

El proceso contra Garzón se inicia con el auto de 26/5/2009, admitiendo a trámite la querella de Manos Limpias. Desde entonces, el juez instructor Varela ha tramitado el proceso adoptando diligencias que sólo atendían y favorecían a las acusaciones, con manifiesta indefensión del querellado. Solo así se explica que incorporara a la causa las Diligencias Indeterminadas 70/98 del Juzgado Central número 5 sobre los fusilamientos de Paracuellos, “en la medida que puedan contribuir a esclarecer las circunstancias concurrentes en la decisión de dictar las resoluciones objeto de las querellas…”. Más adelante, el juez Varela, por auto de 3/2/2010, atribuye al juez Garzón la comisión de un delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, haciendo una interpretación errónea de la Ley de Amnistía de 1977 y de la Ley de la Memoria Histórica de 2007, con un grave y profundo desconocimiento de los tratados internacionales ratificados por España sobre los crímenes contra la humanidad y de su incidencia en el ordenamiento español.

Asimismo, en la fase posterior, el proceso contra Garzón está profundamente viciado por los gravísimos errores cometidos por el juez Varela, en perjuicio del juez Garzón, tanto en el auto de 7 de abril, en que decide “proceder” contra él, como por su actuación ante las acusaciones.

En dicho auto, el primer presupuesto para “proceder” contra Garzón, es “que se hayan practicado las diligencias pertinentes” planteadas por todas las partes del proceso. Sin embargo, el instructor mantuvo que las diligencias solicitadas por Garzón para acreditar su inocencia eran innecesarias. En consecuencia, colocó al querellado en una situación de indefensión, puesto que le atribuyó la comisión de un delito sin que previamente resolviera sobre la práctica de aquellas diligencias que pudieran haberle favorecido. Diligencias de prueba que pretendían acreditar que las decisiones adoptadas por Garzón no sólo no eran “absurdas” o “extravagantes”, sino que han sido compartidas por otros jueces de instrucción y magistrados y tienen el apoyo incondicional de los más eminentes juristas del Derecho Penal Internacional. Así, el juez Varela decidió no abrir un debate sobre la perseguibilidad de los crímenes contra la humanidad, las leyes de amnistía y la prescripción de la desaparición forzada de personas; debate absolutamente necesario para desvirtuar las imputaciones de prevaricación que se hacen a Garzón.

Cuestión no baladí, porque la consecuencia fue que las partes acusadoras presentasen escritos de acusación de forma prematura y extemporánea cuando estaba pendiente de resolverse sobre las pruebas pedidas por Garzón. Es legítimo preguntarse por la razón de haber inculpado a Garzón y permitir a los querellantes que formulen sus escritos de acusación, mediante una resolución aparentemente injusta, por ilegal. ¿Lo hizo a sabiendas, por imprudencia grave o por ignorancia inexcusable, o fue simplemente un error? El juez Varela debería explicarlo, pero aún no lo ha hecho, ni siquiera a las partes del proceso. Por la misma razón, debería explicar por qué demoró, sin justificación conocida, dar cuenta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la resolución que comentamos, retraso que contrasta con la premura que se ha dado ahora. ¿Serán las circunstancias extraprocesales últimamente concurrentes las que le han espoleado? ¿O será que aplica la ley siguiendo criterios de oportunidad?

El juez Varela continúa considerando como eje central del delito que le atribuye al juez Garzón el investigar la desaparición forzada de decenas de miles de personas cuyo paradero aún se desconoce y afirma que estos hechos, indiscutidos, “ya carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento”, lo que revela su desconocimiento y quebranto del ordenamiento jurídico y los tratados internacionales que lo integran y un menosprecio inaceptable de las víctimas de la represión. Asimismo reitera, como elemento básico de la supuesta prevaricación, el afán de “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas”, lo que demuestra que continúa desconociendo que las previsiones de la Ley de la Memoria Histórica son compatibles con el ejercicio de acciones judiciales.

Pero los vicios procesales de la causa alcanzan su cénit en las decisiones del instructor adoptadas respecto a los escritos de acusación presentados por las acusaciones de Falange y Manos Limpias. Ante dichos escritos, completamente irregulares e ilegales, el instructor opta, cuando le está prohibido hacerlo, por subsanarlos él mismo u ordenar a los acusadores cómo deben hacerlo. Así el juez instructor asumió la condición de parte del proceso perdiendo la imparcialidad.

Los defectos y omisiones de los escritos de acusación eran de tal entidad que solo procedía su rechazo inmediato, porque la ley no contempla la decisión adoptada por Varela. Decisión judicial insólita que acentúa radicalmente la indefensión del querellado y mediante la cual el juez Valera asume, en un ejercicio de autoritarismo, competencias legislativas, creando la posibilidad de que el propio juez instructor redacte el escrito de acusación de las partes acusadoras.

Ante estas decisiones judiciales, Garzón planteó la nulidad de las actuaciones procesales en cuanto le provocaban una vulneración de sus derechos constitucionales y una evidente indefensión.

Para conocer el alcance de los vicios procesales expuestos, es esclarecedor el escrito presentado por el fiscal. En él analiza cómo y por qué las decisiones irregulares de Varela han generado una auténtica indefensión para el juez Garzón a partir de la jurisprudencia constitucional, en la que se establecen las condiciones para que el “acto acusatorio” o “el derecho a ser informados de la acusación” garanticen el equilibrio entre la acusación y el acusado. Y concluye que las decisiones del juez Varela de devolver a las acusaciones los escritos de acusación para corregirlos y la concesión de un plazo para que lo hicieran representa un trámite procesal “al margen completamente” de la legalidad.

Resulta especialmente incomprensible que el juez Varela dictase a Manos Limpias cómo debía redactar la acusación y la supresión de las páginas relativas a los fusilamientos de Paracuellos cuando fue él mismo quien, como hemos visto, decidió la incorporación de dichos documentos a la causa. También resulta rechazable que, como dice el fiscal, “el escrito de calificación provisional de (Manos Limpias) no es sino una transcripción literal del auto del magistrado instructor de 3/2/2010″. El juez Varela también ha carecido de imparcialidad en estas decisiones al exigir concretamente a Manos Limpias “excluir”, por “extemporáneas”, nada menos que 53 páginas, a fin de favorecer la viabilidad procesal de un escrito que era radicalmente nulo.

La osadía del juez Varela no concluye aquí. Sabiendo que está pendiente de resolverse por el TS un recurso sobre la validez de las acusaciones, que podría determinar el fin inmediato del proceso, decide abrir el juicio oral contra Garzón.

En definitiva, es dudoso que el juez Varela haya obrado con arreglo a las reglas “de la buena fe”, pero, desde luego, ha incumplido el modelo de juez constitucional, neutral e imparcial. Y el proceso que ha conducido no se ajusta al modelo previsto en el artículo 6º del Convenio de los Derechos Humanos. En estas condiciones, en las que el CGPJ ha acordado la suspensión infundadamente, ¿puede el Tribunal Supremo enjuiciar al juez Garzón?

El intento de llevar adelante el proceso contra el juez Baltasar Garzón es una prueba palpable de que aún quedan estructuras intocables del régimen anterior. La promulgación de la ley de la memoria histórica no ha gustado a la derecha franquista, que la ve como una amenaza y como un instrumento para poder redescubrir el pasado. Para poder pasar página hay que poner las cosas en su lugar y esto significa, ni más ni menos, que hacer justicia. Hay que restituir la dignidad a aquellas personas, muchas de ellas vilmente asesinadas, y, principalmente, a sus familiares.
Pero no solo tienen derecho a recobrar la memoria los que fueron asesinados, los que tuvieron que exiliarse, los que sufrieron cárcel y persecuciones, sino también todas aquellas personas, consideradas de izquierdas o de derechas, que a pesar de verse obligadas a colaborar con el régimen permanecieron íntegras y por ello el franquismo también las represalió.

El escritor Jaume Cabré, en la novela Les veus del Pamano, basada en hechos reales, nos relata una historia dramática de cómo un maestro, Josep Oriol Fontelles, en los primeros años después de acabada la guerra, en contra de sus convicciones, se vio forzado a colaborar con el régimen. A pesar de esta colaboración se rebela y lucha para reparar las injusticias cometidas por los fascistas. Esa actitud le llevará a la muerte, pero lo peor es que quedará como un fascista. Tras la muerte del dictador se sabrá la verdad. Por fortuna, actitudes y ejemplos como los de Fontelles hubo muchos, quizá no con el dramatismo y la heroicidad del personaje en cuestión, pero sí con un comportamiento parecido que ha quedado olvidado y en el anonimato.
Finalizada la guerra, hubo un gran número de personas que no se exiliaron, que aparentemente no sufrieron represalias; algunas de ellas, incluso, ocuparon cargos públicos, pero fueron obligadas a esconder sus pensamientos e ideales, y, en definitiva, a actuar en contra de sus convicciones. Alguien puede tacharlas de cobardes, pero la subsistencia, el miedo y el terror, en determinadas circunstancias, llevan a actuar de muchas maneras.
La ley de la memoria histórica también debe hacer justicia a esas personas y dignificarlas, porque, pese a su colaboración, una gran parte se mantuvieron firmes en sus convicciones y lucharon, dentro de sus posibilidades, contra todo tipo de injusticias.
La guerra civil marcó a todos. De cualquier personaje que analicemos veremos que existe un antes y un después de la guerra. Como historiador, en mis investigaciones me doy cuenta de que muchos personajes que han pasado a la historia como unos colaboradores del régimen y unos fascistas no lo eran.
Por citar algunos ejemplos, empezaré por el que fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos del FC Barcelona, Josep Samitier. Este personaje era un gran catalanista y durante la dictadura de Primo de Rivera se le acusó de ocultar la bandera española. En 1936, se exilió a Francia y fichó por el Niza. Allí se divorció de su primera mujer y cuando acabó la guerra tampoco regresó. En el inicio de la segunda guerra mundial intentó quedarse en Suiza e, incluso, entrenó y jugó con un equipo de aquel país. A principios de 1943, viendo que iba a ser detenido por los nazis y como prófugo enviado a un campo de concentración, realizó las gestiones para regresar a Barcelona.Samitier, a pesar de su gran popularidad, con los antecedentes que tenía sabía perfectamente que el régimen no le perdonaría y por esta razón se vio obligado a pactar con el dictador. A principios de 1943, en una carta escrita a máquina y dirigida a Esteve Sala, se confiesa falangista y admirador de Franco. De Samitier se han dicho muchas cosas, una de ellas que fue un traidor, porque fichó por el Real Madrid, pero los socios y aficionados del Barça en los homenajes que se le tributaron posteriormente no lo veían así. A pesar de pactar con Franco, munca fue un fascista.
El segundo personaje del que hablaré es el que fue profesor y catedrático de Geometría Analítica de la Universitat de Barcelona José Mur Ainsa. Un personaje totalmente de derechas que, en 1934, tras los Fets d’Octubre, al suprimirse el Patronato de la Universitat que presidía el doctor Pere Bosch Gimpera, fue nombrado rector en funciones de esa universidad. Durante los años de la guerra los anarquistas querían ejecutarlo, pero le perdonaron la vida por ser francmasón. Sin embargo, los franquistas le depuraron y nunca más pudo dar clases ni ocupar cargos.

El ingeniero Carles Emili Montañés Criquilión, monárquico y considerado en ciertos aspectos hombre del régimen, también sufrió represalias y durante un tiempo debió exiliarse. Su delito, intentar restaurar la monarquía.
Tres personajes de derechas, pero que de ningún modo eran fascistas. Si hoy vivieran, les sería muy difícil militar en las filas del PP, porque este partido, con sus actitudes, demuestra que es el heredero directo del franquismo. La memoria histórica también debe devolver la dignidad a esos personajes. Ser de derechas no significa ser franquista, y menos fascista.

Depuis la mort du général Franco en 1975, ce sont les valeurs démocratiques portées par les vaincus de la guerre civile de 1936-1939 qui ont fondé les bases de l’Espagne moderne. Subsistait, cependant, la loi d’amnistie qui occultait les crimes de la dictature franquiste. Pour s’être attaqué à ce «pacte de l’oubli», le juge Garzon, accusé d’abus de pouvoir, risque jusqu’à 20 ans d’interdiction d’exercer la justice.

Faut-il laisser dormir les vieux démons de la guerre civile espagnole? Ou faut-il les affronter pour se libérer des chaînes du passé et rappeler à la mémoire les dizaines de milliers de victimes ensevelies dans des fosses communes, les 30 000 enfants enlevés à leurs mères emprisonnées, les camps de travail forcé de la dictature franquiste, le demi-million d’Espagnols forcés à l’exil et dont des milliers finirent dans les camps nazis? Le destin personnel du juge Garzon incarne le changement de perspective de nos sociétés face à leur passé tragique, mais aussi les résistances farouches qui subsistent.

Il y a d’abord, la conviction d’un juge qui épousa celle d’une grande partie de nos sociétés. Contre la chape de plomb du silence, contre l’amnistie et l’amnésie, dire la réalité du crime et ainsi soulager les victimes et élaborer un nouveau contrat social qui ne soit plus basé sur la conspiration du silence et l’impunité. C’est armé de cette certitude que Garzon inculpa en 1998 l’ex-dictateur chilien, Augusto Pinochet au titre de la compétence universelle. Dix ans plus tard, il voulut appliquer la même approche à son propre pays. Il devait pour cela faire tomber l’obstacle de la loi d’amnistie de 1977. Il tenta de la court-circuiter en affirmant que les franquistes avaient commis des crimes contre l’humanité qui devenaient, en tant que tels, imprescriptibles, et donc punissables. La magistrature espagnole ne le suivit pas et c’est pour cela qu’il est désormais poursuivi.

Que le crime contre l’humanité n’existât pas encore lors de la guerre civile espagnole, que les républicains aient commis aussi leur part d’exactions et que l’immense majorité des auteurs des crimes franquistes soient morts ou en fin de vie sont des questions subsidiaires pour Garzon. L’enjeu, pour lui, est d’utiliser la justice comme instrument de transformation sociale. Une exigence de justice qui rassembla des dizaines de milliers d’Espagnols, il y a quelques jours, exigeant la fin de l’impunité, brandissant les photos de leurs grands-parents assassinés et exigeant que ceux-ci aient droit enfin à une sépulture décente.

En ce sens, l’action de Garzon est le pur produit des valeurs que célèbre l’Europe contemporaine, porteuse du triple héritage que sont la psychanalyse, les tribunaux de Nuremberg et la réunification du continent après les décennies de guerre froide. Autrement dit, de la conjugaison de la libération de la parole et du droit comme instrument de reconnaissance du crime, le tout inscrit dans une Europe aspirant à se débarrasser des nationalismes belliqueux.

L’étonnant dans cette affaire, c’est que Garzon perde cette bataille dans une guerre de la mémoire qui est largement gagnée. Depuis l’adoption de la loi sur la «mémoire historique», votée en 2007 par le parlement, la démocratie espagnole a rendu hommage aux victimes de la dictature franquiste et, en particulier, «aux personnes qui ont perdu la vie et à celles qui ont été privées de liberté pour avoir été emprisonnées, déportées, dépossédées de leurs biens, condamnées à des travaux forcés, ou enfermées dans des camps de concentration dans et hors des frontières espagnoles».

Restait la loi d’amnistie de 1977, vestige du «pacte de l’oubli». Garzon, en voulant par son action la rendre caduque, cherchait à ce que la vérité historique aujourd’hui connue et largement acceptée soit authentifiée par la reconnaissance judiciaire des crimes. Avec pour conséquence, l’ouverture d’enquêtes quitte à ce que celles-ci se soldent par des poursuites pour les derniers responsables vivants de la répression franquiste ou des demandes en réparation. Bref, en faisant coïncider vérité judiciaire et vérité historique, Garzon voulait mettre un terme à l’exception espagnole en Europe, en matière de traitement du passé. Il s’est heurté aux craintes des conservateurs qui redoutaient l’émergence d’une vérité judiciaire trop unilatérale sur le franquisme. Il s’est aussi heurté à ses nombreux ennemis de gauche comme de droite, trouvant ici l’occasion de se débarrasser d’un homme incontrôlable, protégé jusqu’ici par son aura médiatique internationale de «tombeur» de Pinochet. Mais sa défaite provisoire ne doit pas cacher le mouvement de fond: le pacte de l’oubli a vécu en Espagne

Un psiquiatra me señala este párrafo del auto del juez Varela de 3 de febrero de 2010: “No es razonable pensar que nos encontráramos ante una especie de conspiración de silencio [ante los crímenes del Movimiento Nacional] de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el del Ministerio Fiscal” (página 51). Alude a que los actos de naturaleza genocida contra republicanos españoles nunca han sido investigados por los fiscales y jueces que juraron lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, entre ellos el señor Varela.

Asistimos a un auto con el sofisma de que la Ley 46/1977, que amnistía los delitos de “intencionalidad política”, prohibiría investigar los de naturaleza genocida impunes, cuando la propia ley se subordina a sí misma a “las normas y convenios internacionales vigentes en la actualidad”. Entre estos se hallaban cuando se aprobó la ley el que sanciona el genocidio. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), aplicado por el Tribunal Supremo a la ley de amnistía (sentencias de 18 de mayo y 7 de abril de 1979). Como ambos convenios no admiten la excepción de “intencionalidad política” en el genocidio, la ley 46/1977 lo excluye de su objeto.

En el auto de Varela arde asimismo la doctrina vigente del Tribunal Supremo (sentencias de 13-06-1994, de 24-02-1983, de 15-06-1983) y del Tribunal Constitucional en pleno (sentencias de 9-06-1986 y 3-12-1993), que interpretan la Ley 46/1977 integrándola con el decreto-ley 10/1976, de amnistía. Éste afirma: “(…) Al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles”.

¿Se amnistiaba el genocidio? No, respondía el fiscal general del Reino en su circular de 13-08-1976, la amnistía no incluía los delitos “que por su carácter atroz no pueden ni deben ser dados al olvido”. No cabe “presumir la intencionalidad política” cuando “la excluya la naturaleza específica de la infracción”, caso típico del genocidio. En la circular de 20-10-1977, sobre aplicación de la Ley 46/1977, la fiscalía reitera que el ámbito objetivo de dichos delitos debe seguir los criterios fijados en la anterior circular. La Sala Penal del Tribunal Supremo no ha pronunciado sentencia alguna con una interpretación distinta de la Ley 46/1977. Así que el auto de fe en curso trata de crear otra doctrina mientras apiña leña a la hoguera.

En este auto se proclaman sofismas como que la Ley 46/1977 no admitiría interpretaciones judiciales distintas a las del inquisidor. En propiedad, como dijoal votar esta ley el diputado aragonés Gómez de Las Roces, “estamos ante un texto legal lleno de imprecisiones jurídicas. Me basta remitirme al artículo primero de este no estudiado proyecto de ley. Sencillamente, entiendo que carece de los más elementales requisitos de toda tipificación penal, (…) estamos trasladando a los tribunales de Justicia una competencia que es de las Cámaras, o es del Gobierno, pero en modo alguno de los tribunales de Justicia, la de crear la norma”.

En efecto, al no establecer esta ley un criterio para determinar los delitos de intencionalidad política -no los definía el Código Penal, el de Justicia Militar ni el de la Marina de Guerra- son los jueces de instrucción quienes, en primer lugar, deberán investigar y calificar la naturaleza del hecho denunciado. Así lo ordena la ley: “La aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los jueces, tribunales y autoridades judiciales correspondientes”, y “de acuerdo con las leyes procesales en vigor”, lo que en el actual Estado de derecho obliga al juez instructor a aplicar los convenios internacionales (artículo 10.2 de la Constitución). Que es lo que ha hecho el juez Garzón en las resoluciones de 2008 por las que le acusan defensores del Movimiento Nacional.

El auto no sólo lleva a la hoguera la doctrina vigente del Tribunal Constitucional (sentencia de 3-12-1993), del Tribunal Supremo (sentencias de. 18-05-1979, 7-04-1979), sino también las memorias de los ministros que participaron en la preparación de la amnistía (Herrero de Miñón, 1999; Alfonso Osorio, 1980), a saber que la finalidad primera de la ley era amnistiar a quienes sufrían entonces cárcel, exilio y otras sanciones por resistir al Movimiento Nacional.

Recordaremos que en la sesión de las Cortes que aprobó la ley de amnistía, la única intervención aplaudida por una Cámara puesta en pie fue la del senador monárquico Satrústegui, tras lamentar que los militares leales a la legalidad republicana no fueran amnistiados con igual amplitud que los que se sublevaron contra el Gobierno constitucional. Al tiempo que el grupo más identificado con el Movimiento Nacional, el presidido por Fraga, no aprobó la amnistía “porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores” (diputado Carro), entre los que no incluía, claro está, a los alzados en armas contra la Constitución republicana.

En el auto arde asimismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuya doctrina es obligatoria para España y que declara conforme con el principio de legalidad penal aplicar la ley vigente en el momento del acto delictivo pero interpretada según los principios del actual Estado de derecho (sentencias Jorgic; Kolk y Kislyiy), que no son amnistiables los delitos de lesa humanidad (sentencia Ould Dah) y que la investigación y sanción actual de actos genocidas cometidos hace 70 años no es aplicación retroactiva de la ley penal.

Arde también la doctrina de la Corte Internacional de Justicia, que en el caso sobre la aplicación del convenio contra el genocidio, de 26-02-2007, determina la noción de grupo protegido según el método positivo, diferenciando el grupo en virtud de lo que los propios autores del crimen consideran características propias (párrafo 196). Y la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia (sentencia Jelisic; Krstic) y para Ruanda (sentencias Akayesu; Kayishema; Rutanga; Musema; Bagilishema), que admiten integrar en el delito de genocidio la acción de un Gobierno para exterminar físicamente a un grupo nacional opositor a su ideología o a su proyecto. El fuego consume también la doctrina del Supremo español que define el “grupo”, en el marco del mismo convenio, como “un número relevante de personas relacionadas entre sí por características que las diferencia de los demás miembros de la población” (sentencia de 1-10-2007), y el voto particular del juez Joaquín Giménez, según el cual “grupo nacional incluye el exterminio de los grupos políticos de la misma nacionalidad” y “carece de sentido excluir del genocidio la política de exterminio ejecutada contra un subgrupo nacional por razones políticas cuando, por el contrario, la muerte o la práctica de cualquiera de las conductas que integran el crimen de lesa humanidad dirigidas por un grupo contra otro de la población civil, o parte de ella, son considerados tales crímenes”.

Este auto de fe daña la convivencia en libertad y democracia. En vez de asentarla en la aplicación efectiva de leyes democráticas imperativas, la hoguera corporativista arroja a unos españoles contra otros en la inocultable, hiriente y discriminatoria impunidad de las mayores fosas comunes de Europa occidental, del secuestro de más de 30.000 niños de familias republicanas y su traslado por la fuerza al grupo del Movimiento Nacional, cuya identidad sigue cambiada; de la desaparición de más de 115.000 personas; de la ejecución de más de 300.000; del sometimiento intencional de decenas de miles a trabajos de esclavo; de la detención y tortura sistemática y generalizada; del desplazamiento de centenares de miles al exilio, negándoles la nacionalidad, con lo que decenas de miles de ellos fueron llevados a campos de exterminio nazis, etcétera.

Como se advierte en el extranjero, este auto de fe es un peligro para el orden público internacional, que se asienta sobre la derrota de los principios de la coalición nazi-fascista y el desarrollo de los reconocidos en el estatuto y la sentencia del tribunal que, en Nüremberg juzgó en 1946 a los principales responsables del régimen que ayudó a instalar en España el Movimiento Nacional. Bastará recordar que la Unión Europea considera incompatible con sus fundamentos ocultar el genocidio de los armenios en la Turquía de 1915-1918, y que en la Europa Central y del Este los tribunales aplican hoy la doctrina del TEDH a la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos antes y después de 1939.

Tiene motivos la opinión pública para movilizarse contra este ataque a principios de una sociedad democrática.

Prenez un magistrat espagnol, connu du monde entier pour avoir arrêté Augusto Pinochet, enquêté sur Bush Jr, fait tomber pour terrorisme d’Etat un gouvernement socialiste auquel on l’avait invité à participer, avant de mettre à jour un réseau de corruption tentaculaire au sein du parti d’opposition. Un juge qui, en passant, a désactivé la structure espagnole d’Al-Qaeda et la façade légale d’ETA (Batasuna), dont il est devenu l’ennemi numéro 1, au point de se déplacer systématiquement avec deux gardes du corps.

Prenez, donc, Baltasar Garzón, 56 ans, monument de la justice internationale, qui décide en 2008, appuyé par une jurisprudence internationale abondante, d’ouvrir une enquête sur les disparitions de la guerre civile et du régime franquiste afin de mettre fin à près de quatre-vingts ans d’impunité et offrir aux 100 000 familles de disparus la possibilité d’apprendre enfin où se trouvent les corps de leurs proches.

Prenez de l’autre côté deux organisations d’extrême droite, dont la Phalange espagnole, ex-milice du régime franquiste, qui a formé un certain José Maria Aznar. Rajoutez un parti d’opposition qui jongle entre la vie et la mort du fait des révélations de Garzón sur sa corruption endémique et dont le président d’honneur est l’ancien ministre d’Etat de Franco, Manuel Fraga. Ajoutez-y un magistrat du Tribunal suprême, Luciano Varela, qui hait notre juge, coupable de «médiatisme» alors qu’il serait «moins doué» que lui. Mélangez le tout dans un pays dont la doxa décrit la transition démocratique exemplaire, mais qui n’a guéri aucune des blessures restées ouvertes après l’amnistie de 1977. Une société crispée, divisée sur une période dont elle n’a jamais fait l’inventaire. Une société où le principal parti de droite dit du gouvernement qu’il est «partial à l’heure de lire l’histoire» pour avoir retiré une statue de Franco qui trônait en plein Madrid.

Secouez ce mélange détonnant par l’ouverture d’une information judiciaire sur les crimes de la guerre civile, saupoudrez d’une crise économique et d’un gouvernement à la dérive, et vous dégusterez Ubu roi en espagnol.

En 2008, l’hostilité qui avait accueilli l’ouverture de l’enquête de Garzón l’avait forcé à arrêter au bout de quelques mois. Les socialistes avaient dégainé une «loi sur la mémoire historique» afin d’empêcher que toute initiative similaire se reproduise : près de 450 fosses communes datant de la guerre se voyaient exclues de toute juridiction et interdites d’accès. On s’en occuperait plus tard. Mais fin 2009, patatras. Contre l’avis du ministère public, Luciano Varela accepte d’ouvrir une information judiciaire contre Garzón. Malgré l’indignation des familles de victimes et de la communauté internationale, la Phalange, pour la première fois depuis la mort de Franco, se félicite de la «parfaite équité» avec laquelle un juge la traite. Luciano Varela, en effet, en refusant de classer directement l’affaire, a tourné le dos à une jurisprudence qu’il avait lui-même établie. Cela ne suffit pas, et il doit rédiger une note publique à l’attention de la Phalange, apportant des corrections sur 50 des 74 pages de la plainte. Fait unique dans l’histoire jurisprudentielle espagnole, il y ajoute ses corrections recommandées. Il rédige en quelque sorte la plainte à la place du plaignant.

Juridiquement, c’est d’abus de pouvoir dont est accusé Garzón : il aurait volontairement pris une décision contraire aux intérêts de la justice. Une faute que Varela résumait dans des termes peu usuels pour la cour : Garzón aurait abusé de son «imagination créative». Pourtant, signataire de nombreux traités internationaux incompatibles avec la loi de 1977, l’Espagne s’est vue exiger de se pencher sur son passé à de nombreuses reprises. La décision, éminemment politique, de ne pas avoir agi jusqu’ici tenait bien plus à «l’esprit de consensus» de la transition que Garzón se voit reprocher d’avoir rompu qu’à une quelconque argumentation juridique valable. Un consensus pourtant fêlé et auquel plus personne ne croit en Espagne. Si le juge a reçu de nombreux soutiens internationaux, du New York Times à Amnesty International en passant par des représentants de 26 pays membres de l’ONU, la classe politique espagnole ne lui pardonne pas l’intransigeance avec laquelle il a traité ses dérives politico-financières et semble s’arranger de son élimination. Le Parti populaire a même tenté de l’enfoncer en déposant une plainte supplémentaire, tandis que Zapatero convoquait une réunion à la Moncloa pour demander à son parti d’observer une stricte retenue sur le sujet. Luciano Varela a senti que le vent lui était favorable, et que personne n’était prêt à se sacrifier pour un juge à l’indépendance trop gênante. En confirmant l’ouverture du procès contre Garzón quelques heures après une fuite annonçant la nomination de ce dernier à la Cour pénale internationale, il a bloqué celle-ci et s’est avancé d’un mois sur le planning prévu par son Tribunal.

La suspension conséquente de Garzón en tant que juge signe la disparition de l’un des rares symboles de la justice indépendante dans une Europe chaque fois plus asservie par les desiderata de ses puissants. Contre toute logique juridique et devant l’incrédulité de la scène internationale, celui qui, en arrêtant Pinochet alors qu’il faisait son shopping à Londres, fit de la justice universelle un peu plus qu’une simple utopie, est venu allonger la longue liste des victimes du franquisme et d’un air du temps décidément inquiétant.

Finalmente se ha producido la suspensión del magistrado Baltasar Garzón por decisión del Consejo General del Poder Judicial y a consecuencia del procedimiento penal abierto en su contra por el Tribunal Supremo por el intento de investigación de los crímenes del franquismo.

La imagen del juez abandonando la Audiencia Nacional es sorprendente y, sin duda, ha conmocionado a una buena parte de la ciudadanía española e internacional.

Se cesa a un juez que ha servido al Estado de derecho durante casi 30 años, 20 de ellos en la Audiencia Nacional. Un juez que se ha ganado el prestigio gracias a su labor en la persecución de los crímenes internacionales, de terrorismo y relativos a la corrupción pública.

De su trabajo en estos años resulta especialmente relevante su decisiva contribución en el caso Pinochet a favor de la concepción de la Justicia Universal. Desde las sentencias del Tribunal de Nuremberg, en defensa de los valores universales asociados a la dignidad de las personas y al derecho a la vida, ninguna resolución judicial ha tenido más repercusión en la consolidación de los principios de imprescriptibilidad y jurisdicción universal para la persecución de los delitos de genocidio y contra la humanidad que la orden de detención internacional del juez Garzón al general Augusto Pinochet, en el año 1999.

Estos principios obligan a todos los Estados a perseguir los graves crímenes contra los derechos humanos, en cualquier lugar y en cualquier momento que se hubieran producido, precisamente porque no sólo afectan de forma directa a las víctimas, sino que agreden al conjunto de la humanidad por su carácter sistemático y masivo.

Pues bien, estos mismos principios son los que intentó aplicar el juez Garzón en la causa por los crímenes de la cruenta dictadura franquista. Y, paradojas de la vida, la actuación que hace 11 años fue objeto de reconocimiento, ahora le lleva al banquillo de los acusados, a raíz de la iniciativa de un autodenominado sindicato Manos Limpias, cuyo máximo dirigente aparece históricamente vinculado a la ultraderecha, y en virtud de una querella de Falange Española y de las JONS, por el momento apartada del proceso por razones formales.

Y ello, a pesar de la razonada oposición del Ministerio Fiscal y de la inexistencia de perjudicados por sus resoluciones calificadas de prevaricadoras. Ni un solo ciudadano ha comparecido ante el Tribunal Supremo sintiéndose víctima de las decisiones del juez Garzón. Contrariamente a ello las víctimas del franquismo constataron que se abría una vía de esperanza a sus legítimas demandas de justicia y reparación y tutela judicial efectiva.

El peor delito que puede imputarse a un juez es el de prevaricación: dictar a sabiendas una resolución injusta. Sólo aquellas decisiones judiciales que no tengan cabida en la ley, y que comporten un retorcimiento tal del ordenamiento jurídico de forma que resulten indefendibles, pueden ser tildadas de prevaricadoras.

El procedimiento penal abierto por el juez Garzón lo fue a raíz de las denuncias presentadas por familiares de las víctimas del franquismo, cuya legítima pretensión era saber la verdad, recuperar los restos de sus familiares ejecutados, conocer la suerte de los desaparecidos y conseguir que se hiciera justicia. Sus decisiones jurisdiccionales se han basado en la consideración de que las desapariciones forzadas, el secuestro organizado de niños y los asesinatos masivos son crímenes de lesa humanidad que no están prescritos ni amparados por la Ley de Amnistía de 1977, en aplicación de los Tratados Internacionales ratificados por España y del derecho internacional de los derechos humanos, cuyas normas forman parte de nuestro ordenamiento y nos obligan.

Pueden ser decisiones discutibles pero responden a una doctrina que es compartida por jueces españoles y de otros países, además de por un sector significativo de los juristas expertos en derecho internacional.

Estamos ante un debate jurídico serio y complejo, y por muy discutible que sea, y justo por eso, no puede ser objeto de criminalización. Una controversia que, en el fondo, lo es también sobre la independencia judicial, al alcanzar de lleno lo que constituye el ámbito propio de la tarea judicial: la interpretación de las leyes a la luz de la Constitución y de las normas internacionales.

En la declaración “a favor de la libertad de interpretación judicial” suscrita por el Secretariado de Jueces para la Democracia y firmada por más de 50 jueces el pasado 12 de febrero, se afirmaba que la tarea judicial es hoy un espacio de creación, no porque lo quiera el juez, sino porque lo impone la realidad de la propia ley. Por ello cercenar el debate jurídico resulta altamente preocupante para la independencia judicial porque desincentiva la imaginación jurídica, moldea jueces conformistas y sumisos al poder y a la jerarquía y se erige en un obstáculo insalvable para la imprescindible evolución de la jurisprudencia.

Y, así las cosas, ¿podía el Consejo General del Poder Judicial haber decidido no suspender cautelarmente al juez Garzón?

En nuestra opinión sí. Es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que la suspensión de los jueces y magistrados tendrá lugar “cuando se hubiera declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. Sin embargo, su aplicación no puede entenderse de forma automática.

Cabría distinguir entre aquellos procedimientos penales en los que la querella ha sido interpuesta por el Ministerio Fiscal de aquellos otros en los que el querellante es una acusación popular. La diferenciación no es gratuita: el fiscal constitucionalmente defiende el principio de legalidad, lo que no ocurre con la acción popular, que defiende intereses difusos, y en ocasiones contrarios al interés general. Una acusación del fiscal comporta una mayor solidez de que en el futuro pueda prosperar una condena contra un juez. Sin embargo, una petición de absolución por el Ministerio Fiscal, representante de la legalidad, hace más plausible una sentencia absolutoria, pese al ejercicio de la acción popular por acusaciones claramente posicionadas a favor del franquismo y en contra de la recuperación de la memoria de las víctimas.

En cualquier caso, cabía otra solución, la de haber aceptado previamente su petición de traslado a la Corte Penal Internacional, informada favorablemente por todas las instituciones públicas implicadas, y haber esperado al resultado del juicio y de la sentencia, antes de proceder a la suspensión.

El juicio que va a iniciarse ante el Tribunal Supremo será recordado como el proceso contra el juez que quiso esclarecer los crímenes del franquismo. El Tribunal Supremo deberá resolver si la inaplicación de la Ley de Amnistía entra en el terreno de lo discutible y deberá pronunciarse sobre si el juez Garzón actúo en el ámbito de su independencia judicial; también si se ha respetado su derecho a un proceso justo.

En su caso, el Tribunal Constitucional y, en última instancia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberán pronunciarse sobre idénticas cuestiones.

Aunque no compartamos muchas de las decisiones adoptadas contra el juez Garzón, vivimos en un Estado de derecho y confiamos en nuestro sistema judicial. Esperamos, por ello, que Baltasar Garzón pueda algún día volver a ejercer como juez. Creemos que con ello aumentará la credibilidad en nuestra justicia y la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones.

Memoria, dignidad y justicia son ya tres apellidos que acompañan a las víctimas del terrorismo de ETA. Estas víctimas han pasado de estar olvidadas, o patrimonializadas por la ultraderecha, en los años de la transición y comienzos de la democracia, a gozar en la actualidad de un reconocimiento legal, institucional y social en unos niveles que resultan modélicos para otros países.

Las víctimas del terrorismo de ETA tienen hoy en España leyes que las amparan, apoyos económicos sin parangón, y gozan del reconocimiento y el afecto de la inmensa mayoría de los españoles. Además, nadie se atreve ya a decir, ni siquiera entre los menguantes jaleadores de ETA, aquella frase tremenda de ETA, mátalos, mientras que son habituales en los discursos políticos, y en las líneas editoriales de los medios de comunicación, las frases de reconocimiento y enaltecimiento de las víctimas. En España se da por hecho la superioridad moral de las víctimas del terrorismo y se identifica al verdugo que las creó como un símbolo del mal. De pecar por algo respecto de las víctimas del terrorismo de ETA, en España se puede pecar, a veces, por exceso.

Otras víctimas, las de la dictadura franquista, no sólo no tuvieron el menor reconocimiento durante los 40 años que el dictador estuvo en el poder, es que fueron perseguidas con saña hasta la agonía de Franco. Acabada la guerra, el régimen de Franco se dedicó con ahínco, de manera concienzuda y sistemática, a exterminar a la izquierda perdedora republicana: fusilamientos masivos, largas penas de cárcel, trabajos forzados, juicios sumarísimos, exilio, miedo y clandestinidad, moldearon una peculiar forma de guerra con un solo bando fieramente armado y el otro aniquilado. Durante esos 40 años fueron reconocidas, y tratadas de manera privilegiada, con cargos, oposiciones patrióticas, empleos, privilegios, apoyo económico, asientos reservados para caballeros mutilados, etc. las víctimas y los familiares de los caídos del bando franquista, que se alzó en golpe de Estado contra el Gobierno democrático de la República. Durante esos mismos 40 años hubo una política de exterminio, primero; y persecución, después, a los perdedores y a los opositores a Franco. El final de la Guerra Civil no dio paso a la reconciliación, sino al exterminio franquista de los derrotados, a los que se despojó de su condición de españoles.

Podemos decir que la recuperación de las libertades en España no trajo aparejado el reconocimiento a las víctimas provocadas por Franco. Miles de víctimas habían sido fusiladas o paseadas y sus restos yacen aún en cunetas, barrancos o fosas. La Ley de la Memoria Histórica plantea algo elemental: reconocer a las víctimas del franquismo que durante 40 años de dictadura y 30 de democracia no han sido reivindicadas. Pero, en este caso, la demanda de memoria, dignidad y justicia respecto de esas víctimas no sólo no cuenta con el apoyo unánime de la población española, sino que, por el contrario, levanta ampollas en importantes sectores de la tronante derecha política y mediática.

Andan estos núcleos de aroma franquista empeñados en rescribir la historia y se afanan por presentar al dictador como un personaje estupendo y necesario, y a sus víctimas como merecedoras de la muerte. Algo habrían hecho los comunistas, los socialistas, los republicanos, para que Franco los exterminara, parecen decir.

Resulta muy significativo que los mismos que incluso exageran en sus apoyos a las víctimas del terrorismo etarra no consideren que también son dignas de reconocimientos las víctimas de ese terrorismo gigantesco, eterno y muchísimo más sanguinario que fue el franquismo.

Algunos españoles hemos sido víctimas de dos dictaduras: la de Franco y la de ETA, y reconocemos en ambas ingredientes que las hacen parejas: las dos funcionaron a base de odio, muerte y miedo; las dos pretendieron aniquilar al contrario, en el caso franquista, con un éxito que duró 40 años, y en el de ETA con un fracaso que ha durado 40 años y ha provocado incomparablemente menos víctimas que el terror de Franco.

Ahora se trata, sencillamente, de reclamar el justo reconocimiento a las víctimas de un golpe de Estado y de esa dictadura basada en una represión feroz y sin tregua que fue el franquismo; se trata de que las familias de los perdedores puedan enterrar a sus víctimas con dignidad, donde ellos quieran; que sepan dónde están, que los puedan separar de la infame compañía del dictador que los mandó asesinar y que de manera incomprensible sigue enterrado, con todos los honores, al lado del altar principal la Basílica del Valle de los Caídos.

Se trata de reparar la memoria y la dignidad, de hacer justicia con las víctimas del terrorismo de Franco, que no fueron reconocidas durante 40 años de dictadura ni lo han sido en 30 de democracia. Negarse a este ejercicio democrático, básico para una convivencia en valores compartidos de libertad, retrata a quien lo hace, dificulta la definitiva reconciliación entre españoles y pone de manifiesto la dosis de odio que un sector de nuestro país mantiene aún enhiesto. No parece coherente reclamar memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo nacionalista vasco y no exigir el mismo trato para las víctimas del terrorismo nacionalista español.

Engorda el tono de las declaraciones políticas en torno a la reacción por la imputación de Baltasar Garzón en relación a su investigación sobre los crímenes del franquismo. Tanto se ha engrosado que ya está sobre la mesa el reproche fundamental de la vida política española: aquel sobre quién pone más en peligro la democracia.
La facilidad con la que las palabras mayores se ponen a rodar ha acabado por reducir a anécdota lo que en otro caso sería motivo de una preocupación fundamental. Si, efectivamente, cada vez que PP y PSOE se han cruzado reproches de hacer zozobrar el modelo democrático hubiera habido un fondo de verdad en ello, haría tiempo que la democracia habría encallado. No lo creen realmente ni María Dolores de Cospedal ni José Blanco. Pero sí existe el riesgo de que, a fuerza de repetirlo, se implante la convicción de que en democracia ya no cabe cualquier expresión social o política que cuestione o defienda, con el testimonio de una movilización en la calle, una u otra forma de actuar de las instituciones. Una peligrosa asimilación que choca con esa otra de la democracia que la considera todo menos silencio. Más peligrosa, o al menos interesada, aún en vísperas –desde hace ya demasiados meses, por cierto– de que el Constitucional se pronuncie respecto al Estatut.

Con el juez Baltasar Garzón es preciso utilizar el bisturí con cuidado porque están tan unidas las distintas capas de su personalidad que cuesta diferenciarlas. El juez no será hoy mejor ni peor instructor en el caso Gürtel, o el que nos ocupa sobre el franquismo, de lo que era en la operación Nécora o ante la multitud de sumarios contra ETA. Tampoco a raíz de su paso por la política. Pero esa polivalencia ha acabado pergeñando un personaje que trasciende la persona y el profesional y es el que realmente produce filias y fobias dentro y fuera de la carrera judicial. Una carrera judicial, por cierto, que cada vez tiene más aspecto de lo primero que de lo segundo, para desgracia de todos, y donde algunos, no representativos de la mayoría pero sí en posiciones clave, empiezan a correr con camiseta de uno u otro equipo o la adquieren por el camino. Que en esa competición profesiona haya juego de codos tampoco ayuda. Pero es peor el riesgo de que Garzón y su figura pública no nos dejen ver el bosque que hay detrás. Las actuaciones contra Garzón por la presunta financiación obtenida del Banco Santander, su instrucción del caso Gürtel y de los crímenes del franquismo tienen al juez como común denominador, pero cada uno de estos casos merece su propia aproximación. Igualmente erróneo sería pretender hacer de uno de ellos el emblema para denunciar una persecución al juez, como diluir en una operación política a quienes reclaman el derecho a la memoria.
Desde esa perspectiva, es muy difícil compartir los temores de Mariano Rajoy por el impacto en la institución de la justicia en tanto que la postura de su partido ha venido jalonada de declaraciones nunca corregidas, carentes de sensibilidad, cuando no marcadas por el desprecio. Desde el rechazo de José María Aznar a «remover huesos», a la situación de «extraordinaria placidez» que aportó el régimen franquista, en boca de Mayor Oreja, y al recentísimo grupo de «carcamales resentidos» que ve Esperanza Aguirre tras las movilizaciones. No es creíble la preocupación popular del impacto sobre el Poder Judicial, porque su silencio ha sido clamoroso ante los intentos de instrumentalizarlo que una y otra vez practican las organizaciones de ultraderecha como Manos Limpias con este tipo de denuncias, de las que ya advirtió el Supremo.

Las atribuciones de Garzón pueden estar en cuestión en este asunto. Pudo excederse en la instrucción del asunto o sencillamente pudo no hacerlo, según se coincida con el juez Varela en relación al carácter de cerrojo de la ley de amnistía o se considere que las desapariciones y fusilamientos impunes a partir de 1939 son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. Pero lo que no cabe perder de vista es que la doctrina que corre el riesgo de asentarse es la de que no quepa amparo judicial efectivo, ni en la jurisdicción de la Audiencia Nacional ni en la de jueces naturales de instancia, a las víctimas de esos crímenes porque hay quien pretende que el vigente pacto de convivencia se sustente en su silencio.
Los demandantes no buscan la inhabilitación de Garzón, sino la de la memoria. ¿Qué juez español va a acoger demandas similares tras una decisión así? La «memoria de los falangistas muertos» que quería preservar Falange, ¿debe ser defendida sobre la verdad y la reparación de los represaliados? En un país donde decenas de miles de personas yacen aún sin que sus familiares puedan recuperar sus restos, el asunto merece más dedicación que un pase de página o que lo diluya una trituradora de intereses políticos. El futuro profesional de Garzón es, con todos los respetos, secundario. Quienes quieren quemar ese árbol aspiran a ver arder con él todo el bosque de la memoria, porque partiendo del olvido se pueden dar más lecciones y menos explicaciones.

Sólo es justa la violencia racionalizada que monopoliza la fuerza legítima del poder político democrático que es además proporcionada y moderada. Las demás violencias, incluido el monopolio de la fuerza en otras formas de poder político no democrático no son legítimas. Son rechazables, denunciables y condenables. Desde la opinión pública, desde los medios de comunicación, desde las instancias internacionales y desde los poderes democráticos hay que estar alerta, publicar las denuncias de las violencias y combatirlas sin descanso. Las fuentes intelectuales, y los motores de todas esas formas de violencia se impulsan desde el fanatismo, el realismo y el fatalismo. Son la expresión de mentalidades cerradas, de sociedades herméticas que sólo creen en su verdad y se consideran poseedoras de la única respuesta correcta. Generan conflicto y violencia, desde una perspectiva excesiva y patológica de una concepción del bien o de una filosofía comprensiva. Desde la concepción del bien, y el mejor ejemplo es la Iglesia católica institucional en países como España, se trata de convertir a la ética de sus creyentes en la ética pública y común de todos los ciudadanos. Cuando se trata de una filosofía comprensiva incompatible como el fascismo o el comunismo es pretender convertir a sus ideas en únicas y exclusivas de todos los ciudadanos como militantes de sus excesos, identificando militantes y creyentes e impidiendo la libertad de conciencia.

Desde este punto de vista es incomprensible y fuera de toda razón que un magistrado del Tribunal Supremo legitime a gente de ese cariz para impulsar una acusación contra un juez, criticable como todos, pero que ha hecho servicios impagables de justicia al país. Esa tendencia a la benevolencia frente a esos sectores intransigentes y de imposible pedigree democrático escandaliza y llama la atención. Que jueces se pongan del lado de los infractores, de los delincuentes, y de las ideologías violentas y cuyos antecesores produjeron daños y crímenes durante la guerra y durante “la paz” posterior y persigan a quienes les combaten, e incluso les aconsejan para que mejore la calidad de su acusación francamente llama poderosamente la atención y genera sentimientos de estupor, de desprecio y de rechazo. No parece que la filosofía del odio y del enemigo sustancial pueda ser guía para impartir justicia. Es más bien expresión de sentimientos reprobables e inconfesables. Es también un brote de violencia, aunque se encubra con fórmulas de justicia.

Entre las violencias existe una pluralidad multiforme y omnipresente que abarca niveles individuales, familiares, entre grupos sociales, en las relaciones entre ideologías políticas y entre Estados, con la peor de todas que es la guerra. Puede ser violencia bru-tal, violencia insidiosa, oculta, racionalizada, planificada, consentida y justificada. También puede consistir en un no hacer, en una pasividad culpable de silencio, de contemplar indulgentemente violencia de corrupción y de daños sociales irreparables.

A veces esos tibios como Rajoy hacen más daño que los autores materiales de violencias directas. La violencia brutal es la del terrorismo, la de la tortura, la de la guerra y la que se ejerce frente a seres más débiles como mujeres, niños y ancianos.

Entre los hechos más odiosos están el holocausto de millares de judíos que no podemos olvidar como decía Paul Èluard: “Si l’echo de leur voix faiblit nous perirons” (si el eco de su voz se debilita pereceremos). Todos olvidamos, incluidos los que sufrieron en su raza aquel crimen. Es un sarcasmo que ahora utilicen también la violencia brutal contra otro pueblo indefenso. Es verdad que su crimen, no justifica tampoco la respuesta criminal de algunas minorías palestinas. Quizás sea una maldad y una raíz de violencia que está en nuestra propia condición.

En España tenemos nuestro holocausto propio que fue la Guerra Civil originada por un levantamiento militar que encabezó Franco contra el Gobierno constitucional de la República. Fue un compendio de crueldad, de injusticia, de mezquindad, con comportamientos heroicos, altruistas y de grandeza.

Los ganadores vieron compensado su sufrimiento y quienes les dañaron criminalmente fueron castigados. Los perdedores no fueron compensados por las injusticias sufridas y recibieron represión y muerte acabada la guerra. Muchos fueron condenados por un delito, auxilio a la rebelión, que se aplicó con efectos retroactivos, burlándose de todos los principios penales civilizados y la transición para ser posible no reparó esa injusticia.

No se comprende que la derecha no acepte la recuperación de la memoria histórica que sólo quiere paliar aquella brutal represión devolviendo la inocencia y la dignidad a aquellas personas. Cuando acabó la guerra no empezó la paz, sino que continuó el intento de destruir a las ideologías perdedoras, acabando con sus portadores.

La prescripción y la muerte de los responsables reduce la justicia y, deberá, sobre todo enterrar dignamente a los miles de muertos que aún yacen en las cunetas y en los campos y declarar la nulidad de aquellos juicios sumarísimos con leyes penales aplicadas retroactivamente y de las demás ejecuciones sin juicio.

La violencia insidiosa y oculta es la que padecen los pobres, los analfabetos, los extranjeros y los demás oprimidos. Es también la violencia de la mentira institucionalizada en algunos medios, esas técnicas de envilecimiento de que hablaba Gabriel Marcel.

No podemos tampoco olvidar la violencia de la clasificación de las personas y la personificación de las cosas, ni la idea de la persona como un lugar para el consumo expresión de la alineación opulenta que Marx no pudo prever. Es la situación de la persona que se convierte en propiedad de sus propiedades y pierde toda su humanidad.

Hay que rechazar también la violencia intelectual, la guerra de los sistemas, las interpretaciones excluyentes, la arrogancia de los poderosos y la agresión de los dogmatismos golpeando con sus verdades aplastantes. La violencia colectiva, propia de sociedades cerradas y excluyentes se utiliza y aplica para crear y fijar la conciencia y la identidad del grupo en defensa de su identidad racial, nacional o religiosa. Pretende destruir al enemigo, con el que no cabe ningún acuerdo. Ejemplos son el genocidio, la persecución de los heterodoxos, el exilio, la deportación o los campos de exterminio.

Frente a esas miles de realidades, la democracia ofrece el consentimiento como origen del poder, la separación de poderes, el gobierno de las leyes, el respeto a las mayorías y a las minorías y el sufragio universal, el reconocimiento de los derechos y una educación para la ciudadanía que integra el respeto y la tolerancia como formas de convivencia en paz y libertad.

Sólo caben esas recetas para combatir las violencias a través del Derecho. Hay que seguir la línea recta y no caben atajos en esas tareas.

El grito más repetido fue «¡No pasarán!». Pero ¿quién no tiene que pasar? ¿Acaso el PP, instalado en el ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid y con pocas posibilidades de ser desplazado? Si se dirigía a las fuerzas del franquismo, es extraño, porque prácticamente no existen, y es difícil que puedan recuperarse, salvo que se cometan tantas torpezas que se les permita resucitar.
Todo esto para evitar que un magistrado sea sometido a procesos penales como cualquier otro ciudadano, para lo que se han establecido algunas falsas verdades elementales sin posibilidad de prueba. La primera, que el Tribunal Supremo, ocupado por magistrados presuntamente franquistas, estaría en una operación prevaricadora para retirar de la carrera judicial al magistrado. ¿Una segunda conspiración como la del 11-M? ¿La tecnología de El Mundo ha terminado por ser contagiosa? La realidad es más sencilla. Baltasar Garzón tiene abiertas tres causas que determinarán si prevaricó al abrir un proceso penal que escapaba a sus competencias; conocer si el cobro simultáneo de sus honorarios y unos extras dotados por el Banco Santander y Cepsa a la Universidad Juan Carlos I de Nueva York significó cohecho y si unas escuchas generalizadas a todos los abogados de la trama Gürtel fueron ilegales. No es tan complicado de entender.

Para negar la legitimidad de estos juicios se ha establecido de antemano la inocencia del juez y la certeza de que son un pretexto para liquidarlo. Se establece la ecuación falsa de que Garzón es el único que ha querido defender los derechos de las víctimas del franquismo y está siendo castigado por ello. Para apuntalar ese diagnóstico se establece que no puede haber impunidad con el franquismo, que la ley de amnistía fue nefasta, al igual que detestable se presenta ahora la transición española. Demasiado incluso para gentes sencillas e inocentes.
El pasado puede ser motor de unas víctimas que no han encontrado reparación. Ese es uno de los fracasos más sonados del presidente Zapatero: destapar el pasado y no saber cerrar con dignidad sus aspectos más insoportables. Nada que objetar a las víctimas, que tienen derecho a una satisfacción que no les tiene que dar un juez providencial, sino el Estado de derecho: pero la reclamación tiene que ir dirigida al Gobierno. Y resulta que son los socialistas, que no han sido capaces de hacer sus deberes, los que se ponen al frente de las manifestaciones para que los que acuden a ellas no se den cuenta de que ha sido el Gobierno quien les ha fallado estrepitosamente.
En un momento en el que la socialdemocracia europea está a punto de ser declarada pieza de museo por su propia incapacidad, resucitar el franquismo como enemigo de referencia es una tentación elemental. Entre otras cosas, porque resistir y atacar lo que no existe es de gran comodidad. ¿De verdad la foto casposa de medio centenar de falangistas jubilados y niñatos faltones puede ser símbolo de amenaza para nuestro sistema de convivencia?
Ser antifranquista en el año 2010 es sobre todo un ejercicio estético, exento de riesgo y emocionalmente suficiente para quien no tenga proyectos políticos de futuro. Hablar de la debilidad de la transición es una falacia de quienes no son capaces de verbalizar un solo proyecto que haya sido aparcado por las limitaciones pactadas con las fuerzas reaccionarias del antiguo régimen. Achacar los déficits de nuestra democracia a cosa distinta de la falta de capacidad de nuestra clase dirigente –sobre todo en los últimos 15 años– no es más que una justificación de una generación de líderes mediocres sin capacidad de dibujar un proyecto estratégico para adecuar nuestra democracia a la globalización. Y, entonces, el franquismo aparece en forma de ensoñación, pretendidamente actualizada, para aliviarse de la necesidad de dar una respuesta inteligente y progresista a las pavorosas crisis que padecemos.

Existen algunos enfermos de pasado; son fundamentalmente quienes no tienen proyectos de futuro. Utilizar a las víctimas es un viejo recurso. Ocurrió en la anterior legislatura con las víctimas de ETA, a las que el PP jaleó y azuzó contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora se pretende que las víctimas del franquismo, que en mayor o menor grado es toda una sociedad que fue secuestrada, se rebelen contra el pasado, pretendiendo ajustar cuentas judiciales con quienes ya están muertos.
El pasado como señuelo tiene poco recorrido cuando hay confianza en el futuro. Lo preocupante es que cuestionar las instituciones, denunciar teorías de la conspiración y utilizar periódicos respetables como instrumentos de agit-prop haya dejado de ser un monopolio de la derecha irresponsable y reaccionaria.
Solo falta ver la reacción del Supremo, al que personas y grupos que debieran ser responsables están arrojando al descrédito solo para conseguir que un juez estrella con una carrera llena de episodios controvertidos pueda ser el único español que no tenga que responder ante la ley. Un objetivo muy justito para un coste demasiado grande.

La decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón está teniendo el efecto de una piedra lanzada en un estanque que parecía tranquilo. De repente, las aguas mansas se tornan bravas y afloran actitudes que nos devuelven a un pasado maldito que creíamos superado, pero que solo estaba adormilado.
María Zambrano escribió en 1961 una Carta sobre el exilio, dirigida a los jóvenes antifranquistas de la época que querían acabar con la dictadura y construir una España moderna archivando el pasado. Zambrano les decía que así podrían lograr algún consenso superficial entre los nacidos después de la guerra, pero no la reconciliación. Algo de eso está ocurriendo hoy. Ha bastado que un juez ose abrir la causa del franquismo para juzgar los delitos pendientes para que se disparen las alarmas.

Sabíamos que había un franquismo sociológico que sobrevivía en lugares estratégicos como el Ejército, la universidad o la judicatura. Lógico, entonces, que intenten ajusticiar al juez que quería destapar el tarro de las barbaridades franquistas. Pero lo que no sospechábamos era que ese pasado ofuscara muchas mentes bienintencionadas. Me refiero a quienes han mostrado tanta sensibilidad por las víctimas del terrorismo y no muestran ninguna por las del franquismo. Algo no funciona aquí cuando se mide la significación de la víctima por la ideología de quien la recuerda.
Víctimas hay de muchos tipos: del terrorismo, de la guerra, del fascismo, del estalinismo o sencillamente de la carretera. Lo que tienen en común es que son inocentes. Víctima no es el que sufre, sino el que sufre inmerecidamente porque es inocente. En el filme Juicio de Núremberg se ve cómo sufrían algunos de esos dirigentes nazis vencidos y encarcelados. Sufren igualmente los etarras en la cárcel y sus familiares, pero no son víctimas porque su sufrimiento es el resultado de actos libres que son delitos. Todo sufrimiento humano, aunque sea culpable, merece un respeto y convoca la solidaridad del ser humano, pero hay que distinguir bien entre la víctima y el verdugo.
Víctimas puede haber en cualquier campo ideológico. Las hubo entre los judíos y entre los alemanes; en el bando republicano y en el franquista. ETA ha producido víctimas y también el GAL. El hecho de ser víctima no tiene que ver con la ideología que tuviera ella ni con la del verdugo, sino con la violencia sufrida siendo inocente. La significación moral de la víctima está en el hecho de ser víctima y no en lo que pensara. Esto no quiere decir que todas las ideologías sean lo mismo o que valga lo mismo defender la causa republicana que la fascista. Nada de eso. Pero el debate ideológico tiene lugar en otro negociado que no es el de las víctimas. Hace un año El Follonero juntó en Belchite a dos ancianos que habían luchado en bandos opuestos. El franquista aclaró la diferencia ideológica: «Los republicanos luchaban con fe. Tenían ideales: el bienestar del mundo. Nosotros, por el bienestar de unos cuantos». No es lo mismo luchar por el bienestar de los obreros que por el de los terratenientes, pero aquí lo decisivo es el tipo de violencia sufrida: ¿justa o injustamente?.
Precisamente por esto no se entiende que la derecha que supo movilizarse por las víctimas del terrorismo etarra, llenando las calles, las páginas de algunos periódicos y la boca de políticos conservadores, se vuelva contra el juez que persiguió los crímenes etarras y quiere ahora hacer justicia a las víctimas del franquismo. Todas son víctimas, todas merecen justicia. La justicia a las víctimas del terror consiste en reparar los daños reparables y hacer memoria de lo irreparable. La justicia a las víctimas del franquismo se sustancia en algo tan simple como identificar los restos que yacen en una fosa común o en una cuneta de la historia y darles digna sepultura; revisar los juicios sumarísimos que eran una farsa; devolverles su buen nombre y hasta sus bienes… ¿Por qué lo que parece tan de sentido común en el caso del terrorismo etarra no lo es en el del franquismo? ¿por qué parece tan justo retirar el nombre de una calle dedicada a un etarra y parece un sacrilegio quitar la placa de los «caídos por Dios y por España» en el pórtico de una iglesia?

Esta doble vara de medir no anuncia nada bueno para las víctimas, porque si subordinamos el respeto a las víctimas por el color ideológico, en el fondo las estamos utilizando en provecho de los nuestros. Explotamos su sufrimiento en favor de nuestros intereses, y eso es como una segunda muerte, perpetrada esta vez por los propios feudos.
El franquismo está vivo. Solo así se explica la sinrazón de que los argumentos que defienden el fiscal y algunos magistrados de la Audiencia Nacional sean tachados de prevaricación cuando los maneja Garzón. ¿Habría que considerar prevaricadores al fiscal y a esos magistrados? ¿Por qué el Supremo se ha arriesgado con un argumentario que ha producido el pasmo internacional? En Cien años de soledad se dice que los habitantes de Macondo nacían apestados, víctimas de la peste del olvido. En nuestro caso habría que hablar de una severa ceguera ideológica.

Se pensaba que, cuatro décadas después, las dos Españas era una idea superada por nuestra convivencia democrática. Es lamentable afirmarlo, pero no es así. Sigue existiendo la brecha que nos separa y nos divide. Debe ser que la Transición no salió tan bien como se pensaba y que dejamos veredas abiertas por las que algunos se adentraron, convirtiéndolas, con el paso del tiempo, en autopistas por las que se vuelve a circular hacia el rencor, el odio y la división.

No es extraño que algunas cosas se hicieran mal, porque la correlación de fuerzas era desigual. De una parte, todo el aparato del franquismo, intacto, poderoso y retador, y, de otra, una izquierda débil, radicalizada y temerosa de no saber encontrar el hueco apropiado para que España se adentrara por la senda democrática y constitucional.

Han pasado 70 años y sería necesario que los demócratas fuéramos capaces de transmitir nuestros sentimientos sin revancha, cuando nos referimos al salvajismo sobrevenido del golpe de Estado del año 1936. Y desde esa voluntad noble, se puede ser consciente de que, si no recuperamos la España que perdió en las trincheras, no es que tengamos una sola España, es que tendremos media España. Teníamos la España de Franco, pero llegó la Democracia y es justo que España recupere el patrimonio de la otra España silenciada. También aquellos perdedores eran España. Nadie puede pretender cambiar la realidad sino explicarla. La guerra la ganó Franco. No hay duda. Ese no es el debate.

Quiero comprender a muchos de los que estuvieron en el bando ganador. Muchos ganadores fueron también sufridores de una guerra que ganaron. Los soldados ganadores también fueron arrancados de sus hogares, marchitaron sus esperanzas y su juventud, abandonaron a sus padres ya ancianos, a sus esposas, a sus hijos. Muchos fueron lanzados a un combate en el que no querían participar, les obligaron a sobrevivir entre la pólvora y la sangre. Sin querer combatieron, sin querer mataron y sin querer murieron. Aquella guerra asustó tanto a los que ganaron como a los que perdieron, porque, al final, todos perdieron, perdió España. No es guerracivilismo estudiar los excesos de los vencedores, pero tampoco ha de serlo entrar en la averiguación de las torpezas republicanas.

No tendremos la paz de todos hasta que sepamos todas las situaciones que padecimos. Para que nadie pueda albergar reservas mentales, los demócratas aceptamos, sin objeción alguna, que se estudie, que se revise el periodo republicano, que se aireen las luces y las sombras de esos años convulsos de la historia de España. Pero, de igual

forma, como medio completo de higiene, porque no tiene sentido asear sólo medio cuerpo, tenemos que aceptar que se estudie el periodo completo de la Guerra Civil y la posterior dictadura, también por los excesos que protagonizaron los vencedores. Pero ahí, entre los que vencieron que murieron y los que murieron que perdieron, es de justicia recibirlos con honor, porque creían defender unos ideales y, ante tal creencia, no caben discriminaciones. El soldado merece el respeto, pero no lo merece el asesino, ese otro personaje que, instalado a veces en la retaguardia, era el manijero que señalaba los ajustes de cuentas, en frío y sin piedad.

Es necesario entender que la ley aprobada sugiere también abrir las puertas de par en par a la verdad histórica, a esa historia de hace 70 años que nos heló el corazón, pero donde hubo, en un sitio u otro, gente de bien, personas que creían en una idea y lucharon por ella y hasta dieron la vida. La memoria histórica no es un instrumento para afilar el arma arrojadiza, sino una idea noble para devolver al presente nombres y circunstancias, a fin de que también moren en los vivos esas páginas reencontradas con toda la dignidad posible. Y aunque todavía hay resquemores porque no hay circunstancias más sangrantes que los enfrentamientos en una guerra civil, es lo cierto que hemos de tender a una serenidad amable, aunque sea a contrapelo de nuestro dolor, pensando que la gran mayoría de los combatientes no fueron culpables, porque ellos no provocaron ni decidieron ir al combate.

Los hijos o nietos de aquellas víctimas no quieren ya sacar los colores a nadie, ni buscar afrentas, ni pedir venganza. El deseo de estas personas es muy sencillo, es ejercer el derecho de enterrar dignamente a sus muertos y dejar clara su memoria. Muchos familiares no saben dónde están los restos de sus padres o de sus abuelos. Cada uno desea pacificar su propia vida dando sepultura a sus seres queridos. Eso persiguen quienes participan ahora en la Recuperación de la Memoria Histórica, dar satisfacción a un sentimiento humano, cumplir con un ritual indispensable para aliviar el dolor, desagraviar a aquellos que cayeron, con el último gesto que les pueden dedicar, darles una tumba y renovarles el recuerdo. La voz de los herederos de esos perdedores no dice más que una cosa: “Que mis muertos y su papel en esa terrible historia quede aclarado y descansen en paz”.

Nadie debe ganarnos en generosidad a quienes, desde la izquierda, hemos contribuido a la Democracia. Las víctimas de los que se sintieron vencedores ya tuvieron la oportunidad de honrar a sus muertos. ¿Creen ellos que ya es hora de que las víctimas de los que perdieron tengan también esa misma oportunidad? Porque hay el mismo dolor humano en unos que en otros, porque el dolor no sabe de siglas, de ideologías ni de banderas.

La mayor parte de los contendientes en la Guerra Civil fueron víctimas, víctimas vencidas y víctimas vencedoras. Otros, los menos, son los culpables de subvertir un orden que estaba democráticamente construido y cimentado. No podemos -ni debemos- bendecir lo criminal, pero sí queremos que cada uno reivindique la memoria de quienes, sin ser culpables, padecieron, murieron y fueron olvidados. Desde la izquierda, vivido lo vivido y aprendido lo aprendido, y habiendo escuchado de labios de gente que venció confesiones de dolor y desasosiego, porque no quisieron ser protagonistas de lo que hicieron, confieso que no albergo resquemor alguno. Pero comprendo y apoyo, en toda su dimensión humana, la esperanza, la última esperanza, para brindar el último homenaje a los anónimos e ignorados, gracias a un deseo que no es reaccionario ni vengativo. Esa es la voluntad sincera de recuperación de la Memoria Histórica.

No cabe la menor duda, pues, de que la Ley de Memoria Histórica pretende ayudar a que todo el mundo pueda cumplir ese deseo de encontrar y enterrar dignamente a sus muertos. Lo acontecido desde su aprobación por las Cortes, con el último episodio judicial que tanto nos divide, no está permitiendo que eso ocurra de la forma en que querían y quieren familiares y demócratas amantes de la concordia y reconciliación. Se debería intentar, por todos los medios y con máxima celeridad, una modificación de esa ley o la elaboración de otra que obligue a todas las instituciones del Estado a facilitar los medios de todo tipo para que ese objetivo pueda ser alcanzado, separando al muerto de las circunstancias de su muerte o asesinato.

Y cuando las fuerzas políticas consideren necesario aclarar las circunstancias de esas muertes, que se revise lo pactado en la Transición, que se legisle en función de la justicia y que ningún juez encuentre en esa legislación ningún resquicio para, unilateralmente, alterar lo que se haya decidido en nombre de la soberanía nacional. El Gobierno tiene la obligación de liderar este proceso que nos devuelva la concordia.