Algo funciona mal en un país que juzga a un juez por el hecho de juzgar crímenes tan evidentes como repugnantes. Algo profundo ocurre en un país que se permite perseguir los crímenes de las dictaduras latinoamericanas, pero hace una excepción con los propios. Esto es lo que evidencia el segundo de los juicios a Garzón, que España asume el franquismo como una realidad con claroscuros en vez de condenarlo como una mancha negra de su historia.

Esto va más allá de la benevolencia con las propias faltas. En el fondo, es una forma de asumir el mal, no de negarlo, sino de entronizarlo en lugar de conjurarlo. Esta asunción, además de condenable desde un punto de vista ético, es peligrosa. No ahora, porque las circunstancias no son propicias a la repetición de los crímenes del franquismo, sino por el mensaje y la actitud de quien los repetiría en otros contextos, aunque nadie, ni él, los desee. Pero ello no quita que esté dispuesto a recaer.

La historia no siempre avanza; al contrario, siempre llega un punto en que se tuerce y retrocede. Esta es la utilidad de la memoria. Para evitar que se pueda reproducir, Alemania y Europa tienen muy presente el horror nazi. España, en cambio, se niega la memoria y la condena de un régimen criminal. Por el hecho de juzgar a un juez, el Supremo emite un veredicto de absolución sobre el episodio más repulsivo de la historia moderna.

También es propio de la historia que, al igual que no sabemos cómo acabará, y ni siquiera podemos adivinar con garantías de fiabilidad como proseguirá, tampoco hay manera de saber cómo empezó. Cada vez que nos ponemos a averiguar las causas de un acontecimiento de primera magnitud, encontramos tantas y tan ramificadas como las raíces, por lo que acabamos desistiendo o simplificando. Esta constatación general no invalida los vínculos de causa-efecto entre el franquismo y la guerra que el dictador ganó con la ayuda de Hitler y Mussolini. Sin embargo, opino que se debería distinguir de una manera nítida entre los crímenes de la guerra civil y los del franquismo. No para condenarlos menos, sino para no caer en la trampa que pretende situar los de la dictadura franquista en el mismo plato de la equilibrada balanza que los de la guerra. De ninguna manera, el franquismo y sus actos criminales comienzan cuando se acaba la guerra y acaban casi a las puertas de la muerte del dictador. En los tres años de guerra, hay equilibrio del horror entre los dos bandos. En los 40 de la paz de los cementerios, sólo hay un criminal, un régimen criminal. Siempre que sale el tema, la derecha busca subterfugios para enmascarar esta realidad tan nítida y unir en un solo episodio la guerra y el franquismo. No deberíamos caer en esa trampa.

Precisamente por ello, ahora es más importante que nunca la memoria de la guerra. Quien no reconoce los crímenes de sus antepasados, quien no está dispuesto a pedir perdón, tampoco está legitimado para condenar los crímenes de los demás. Antes de condenar, es necesario limpiar las propias culpas, lo que no se hace a base de ocultar o enmascarar, sino poniéndolas al descubierto.

En este sentido, los catalanes todavía arrastramos una deuda con el pasado de la barbarie desatada en los primeros meses de la guerra. La propia guerra civil española desató una guerra civil catalana, con criminales y víctimas, que aún está lejos de ser contada, asumida y sobre todo condenada desde la vergüenza por el propio pasado. Que las víctimas de un bando en Catalunya hayan estado luego del lado de los vencedores tampoco debe enmascarar la condena de nuestros criminales.

Antes de dar lecciones de memoria y ética a España, Catalunya ha de haber cumplido los deberes con su memoria. Para exponerlo de una manera gráfica, hasta que no veamos en el cine y la televisión a los monjes de Montserrat corriendo monte abajo en 1936, mientras los milicianos los persiguen y matan como conejos, hasta que no sintamos el dolor de este horror en las entrañas, no estaremos en disposición de admirar la grandeza y la ejemplaridad del abad Escarré, uno de los que se escapó de la matanza, uno de los amigos catalanes de Franco, cuando, ya en el exilio abrazó fraternalmente a la Pasionaria y ambos se pidieron y concedieron el perdón.

De manera simbólica y elocuente, aquel abrazo pone fin a la guerra en el sentido en que abre el paso a la paz de la memoria y la reconciliación. Pero si eso sucedió en Catalunya, no ha pasado ni pasará en España. Al contrario. La pretensión de los jueces para enterrar la memoria debería ser contrarrestada por la condena y la ecuanimidad moral.

Desde la cultura y la ética, se debe denunciar este intento tan torpe, desenterrar los crímenes, señalar a sus culpables y, todos juntos, los herederos de los vencedores y los de los vencidos, concederse a la vez el perdón, así como unirse a la condena unánime del franquismo y sus crímenes. Es la única actitud decente ante la historia. Y ante el futuro.

Como un árbol de piedra con dos ramas extendidas, se aparece a lo lejos rompiendo la armonía de un bosque frondoso, una descomunal cruz que se apoya sobre las entrañas desgarradas de la tierra. Cuando ya seamos el olvido que seremos, los habitantes de nuestra tierra seguirán contemplando, no sé si con resignación o fervor, ese monstruo petrificado por deseo de un dictador que acumula sobre su biografía la ingente cantidad de más de 200.000 asesinatos previamente anunciados y sistemáticamente ejecutados.

Las obras de la basílica sepulcral del Valle de los Caídos comenzaron el 1 de abril de 1940 con la significativa presencia de los embajadores de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Todo se desarrolló según la parafernalia del régimen, incluso el Caudillo activó el primer barreno. El decreto que acuerda su construcción es suficientemente expresivo. Se trataba de honrar a los que cayeron en el camino de Dios y por la patria, a sus héroes y sus mártires. Es difícil darle la vuelta a la historia.

Nuestro país ha demostrado tener una memoria selectiva. Los tiempos, las actitudes y las víctimas son evaluados conforme a criterios de pura oportunidad política. Se ha constatado de nuevo con ocasión del comunicado reciente de la organización terrorista ETA. Al conocer su texto, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos esfuerzos han sido decisivos para adelantar el final de la banda terrorista, pronunció una frase que comparto en su integridad: “Será una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria”. Me hubiera gustado que cuando se inició la Transición, y sobre todo cuando entró en vigor nuestra Constitución de 1978, alguien hubiera proclamado: “Será una democracia sin franquismo, pero no sin memoria”.

Una vez más nuestro país corre el riesgo de padecer una amnesia desgarradora que dificulte nuestra convivencia. Solo en España es posible una reacción semejante. En otros países el debate sobre sus convulsiones internas fue más maduro y transparente. ¿Qué ocultan o no quieren expresar los que se instalan en el desdén y en el reproche a quienes queremos rescatar la democracia de las ataduras del dictador? ¿Por qué no se posicionan de manera clara y sin tapujos en favor de la dictadura? Nada les impide sostener, con entera libertad, que su régimen fue una era prodigiosa que lanzó nuestro país hasta cumbres y metas nunca jamás alcanzadas. Si admiten generosamente que es posible que hubiera excesos pueden justificarlos acudiendo a la teoría de la legítima defensa. Si tienen problemas, su líder y san Agustín pueden sacarles del apuro: era necesario para salvar a España. No había otra alternativa que eliminar los miembros podridos.

Tapan sus vergüenzas dialécticas y sus carencias éticas bajo la demagogia más burda. Sostienen que es maniqueo decantarse por quiénes fueron los buenos y cuáles los malos. Para evitarlo se refugian en la más árida simpleza argumental. Con la más desenfadada demagogia, formulan preguntas que consideran demoledoras ¿A quién le importa esta antigualla? Lo que realmente importa a la gente es el paro. Doscientos mil asesinatos, previamente calculados y fríamente ejecutados, ¿a quién le importan? Nos importan a muchos que, como dice Thomas Mann, pensamos que “pasarlo todo por alto con elegancia, no siempre es lo más adecuado y les pone las cosas demasiado fáciles a los canallas”.

No faltan los conformistas y los calculadores. Se sienten incómodos con los que solicitamos verdad, justicia y reparación. Consultaron a lumbreras demoscópicas que les dijeron que no era un buen negocio electoral. Según sus sabias previsiones perderían votos. Efectivamente, tenían razón, más de cuatro millones.

La comisión de expertos, nombrada por el anterior Gobierno, ha dictaminado que Franco debe salir de la montaña horadada y José Antonio ocupar un puesto junto a los restos de los republicanos desenterrados subrepticiamente por sus asesinos.

Me desconcierta que se conceda la última palabra a la Iglesia. No soy especialista en derecho canónico, pero me permitirán manifestar mi perplejidad ante la sumisión de la dignidad democrática a los mágicos efluvios de una posible sacrali-zación de las piedras. La Iglesia no tiene nada que decir, en todo caso, aunque tarde, pedir perdón por su complicidad decisiva para que esta tragedia se consumase.

Sigo pensando que nunca es malo ni tarde para rectificar un error. En todo caso, si los poderes públicos deciden seguir calculando y claudicando, que dejen salir a las víctimas. Es insoportable que reposen junto a su asesino. Sabremos buscarles un espacio de dignidad democrática, donde, como en los cementerios emblemáticos de los países que han luchado por la libertad, puedan recibir el homenaje de sus conciudadanos. La montaña horadada y el risco que soporta la cruz pueden ser ocupados, cada 20 de noviembre, por los cánticos fascistas hasta que la maleza los cubra piadosamente sepultándolos en el olvido.

En estos días tan tumultuosos políticamente el Ministerio de Defensa publica un libro cuya carencia se hacía sentir agudamente. Bajo la dirección y coordinación del catedrático Javier García Fernández aparece un grueso tomo titulado 25 militares de la República. Son biografías, escritas por otros tantos historiadores de primera fila, de una selección de generales o almirantes y jefes que permanecieron leales al Gobierno republicano en o después de la sublevación militar de 1936. Entre ellos figuran Aranguren, Asensio Torrado, Batet, Buiza, Casado, Cordón, Escobar, Gámir, Hernández Saravia, Hidalgo de Cisneros, Mangada, Martínez Cabrera, Menéndez, Miaja, Núñez de Prado, Pozas y Rojo. La lectura será imprescindible tras tantos años de desfiguración y desvirtuación de su papel en la Guerra Civil, acrecentadas en algunos casos por el malhadado Diccionario biográfico español que en la nueva legislatura probablemente no tardará en distribuirse.

No se recupera el honor de todos los biografiados. Para uno al menos, y que el Diccionario ha tratado de salvar por todos los medios, la evidencia primaria documental de época lo hunde en las simas del embuste y de la traición. A muchos españoles de las generaciones más jóvenes su nombre no les dirá nada. Se trata de Segismundo Casado, el hombre que el 5 de marzo de 1939 se levantó en armas contra una República a punto de colapsarse, que creó un sedicente Consejo Nacional de Defensa, que aglutinó en torno suyo a un pequeño arco de figuras de segundo o tercer nivel (salvo Miaja, el anciano socialista Julián Besteiro y el exsubsecretario de Gobernación y destacado miembro del PSOE Wenceslao Carrillo).

La sublevación casadista ha dado origen a discusiones sin cuento. También abrió inmensas heridas en las filas del exilio. Profundizó hasta límites infranqueables las divisiones entre socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos. Estuvo basada en una patraña de Casado y en una estrategia política de Franco.

La patraña consistió en acusar a Negrín de hacer el caldo gordo a los soviéticos y sus sicarios españoles y de prolongar la guerra sirviendo exclusivamente el interés de Stalin. De aquí la subpatraña que la sublevación se llevó a cabo para impedir que Negrín y los comunistas se hicieran con el control de los mandos de lo que quedaba de Ejército Popular.

La estrategia de Franco consistió en engañar a Casado haciéndole ver que una rendición inmediata no provocaría represalias entre los mandos militares que no hubieran cometido delitos de sangre. Lo que había detrás es fácil de identificar: Franco deseaba evitar cualquier evacuación de dirigentes políticos, militares y sindicales. Para ello necesitaba que alguien hundiera, desde dentro, las pequeñas posibilidades de resistencia. Así podría liquidar fácilmente la flor y nata republicana.

Casado se tragó el anzuelo. Engatusó a sus compañeros haciéndoles ver que no tendrían que temer demasiado de la victoria franquista y buscó aliados para su golpe en unidades próximas a Madrid. Las encontró en el Cuerpo de Ejército de Cipriano Mera, probado líder anarquista y políticamente analfabeto. Aprovechó el sordo rencor contra los comunistas y manipuló a la Agrupación Socialista Madrileña.

Franco terminó la guerra en beauté, gracias a una operación político-estratégica que le permitió copar a una inmensa cantidad de dirigentes republicanos. También a la masa combatiente. Todos formaban parte de aquella anti-España cuya eliminación física, política y psíquica había constituido el alfa y el omega de la rebelión de 1936. Casado se escapó a Inglaterra tras una serie de proclamas preconizando la resistencia numantina si no se recibían condiciones satisfactorias de paz. No las obtuvo.

En Londres, Casado escribió unas autojustificativas y falaces memorias, nunca traducidas al español. El manuscrito lo entregó el 21 de julio. Era profundamente anticomunista, pero no ponía en solfa a las democracias occidentales que tan poco habían hecho por la República. Hay que sospechar que alguna mano foránea le ayudó en su concepción. Como tras el final de la II Guerra Mundial y en el comienzo de la guerra fría los servicios secretos británicos le hicieron algunas ofertas, es posible que en 1939 ya estuvieran a favor de una labor de intoxicación.

Se conserva el borrador de una carta a Franco que Casado agregó a una misiva fechada el 9 de marzo de 1940 y dirigida al duque de Alba, a la sazón embajador en Londres. No se sabe si este la remitió a su destinatario, pero en ella Casado dejó constancia de la decepción que le había producido el comportamiento de Franco. El motivo de la carta fue el fusilamiento del general Escobar por quien Casado debió de tener un gran respeto. Acusó al Caudillo / Generalísimo / Jefe del Estado de haber faltado a la palabra dada. Una terminología dura entre militares.

Casado trapicheó como pudo, con trabajitos en la BBC, uno de los lugares en que los servicios especiales británicos solían aparcar a personajes y personajillos que pudieran ser útiles. Cuando terminó la II Guerra Mundial, emigró a América Latina. Allí pasó más de 15 años, en parte tratando de volver a España. Cuando lo hizo, en septiembre de 1961, nadie le molestó, pero dos años más tarde se le ocurrió solicitar el reconocimiento de sus derechos pasivos y la máquina judicial militar se puso en movimiento. Se le trató con guante blanco hasta cierto punto, pero no obtuvo lo que quería.

Enfermo, encerrado en su piso madrileño durante años y años, fue apañándose con sus ahorros hasta que amenazaron con agotarse. Entonces entró en contacto con el Ministerio de (Des)Información. Se prometió un gran éxito económico de una nueva versión de sus memorias. El problema es que no se acordaba de los hechos de 1939. Tampoco podía ir a hemerotecas. No sabemos si desde el Ministerio, entonces regentado por Manuel Fraga Iribarne, alguien le echó una mano. Sí sabemos que le ayudó uno de los subordinados de Cipriano Mera, también anarquista, un tal Liberino González.

En consecuencia, la nueva versión acentuó hasta extremos delirantes la presunta conspiración comunista, la vesania de Negrín y la larga mano de Stalin sobre la República. Todo muy en consonancia con el furibundo anticomunismo anarquista y franquista y, en particular, las necesidades de la guerra fría. Ya se habían expresado en términos similares renegados comunistas tan caracterizados como Jesús Hernández, Enrique Castro Delgado y Valentín González, El Campesino. También los inevitables poumistas, a la cabeza de los cuales se situó Julián Gorkín.

Casado no quedó muy contento con el resultado, una indicación tal vez de que la nueva versión no era únicamente de su propia pluma, pero no tenía escapatoria. Enfermo y sin dinero, se sometió. Cuando se almuerza con el diablo conviene manejar una larga cuchara. Casado no la tuvo. Jugó con los hechos, engañó a historiadores, “confirmó” los mitos esenciales de los vencedores, encubrió la gran operación político-estratégica de Franco, fue corresponsable de la hecatombe final republicana y, como buen traidor, hizo todo lo posible por desfigurar sus huellas en la historia. Un historiador anglo-norteamericano, Burnett Bolloten, le creyó y sentó escuela. Sus colegas pro y neofranquistas se frotaron de gusto las manos durante años.

Al final, si se encuentra la evidencia primaria relevante de época, los hechos del pasado quedan iluminados bajo nueva luz. La pregunta es: ¿por qué ha habido durante tanto tiempo un segmento de la literatura que ha hecho caso a la versión de Casado, que siempre fue en sí inverosímil? La respuesta se encuentra, a nuestro entender, en la conjunción entre las necesidades ontológicas del franquismo, su dependencia de una mitología ad hoc y la ideología de la guerra fría.

Más de cinco millones de teselas componen la inmensa cúpula de la basílica del Valle de los Caídos. Los presos republicanos tardaron cuatro años en colocarlas. Entre otras imágenes, podemos ver en ellas a falangistas de camisa azul y pelo en pecho, requetés de camisas beige y boina roja, curas con sotana y santos españoles. La bóveda, como todo el siniestro edificio, es un relato franquista de la guerra y de la dictadura, es una foto de la mentalidad del dictador y del régimen nacional católico que él inauguró, fusilando, en 1936, y que terminó, fusilando, en 1975. Estéticamente, Cuelgamuros es irrecuperable para la democracia, pero al menos se debería establecer un sistema para que los turistas que visitan el templo y los españoles que tengan ganas de verlo puedan saber que en España hubo una dictadura que duró 40 años de miedo y que un dictador, Francisco Franco, dio un golpe de Estado para derrocar el democrático Gobierno republicano y procedió al exterminio sistemático de todos aquellos que se opusieron a él.

Franco ideó el Valle de los Caídos como un homenaje berroqueño y perpetuo a su propio régimen, como una inmensa tumba para alojar a los mártires que combatieron en el llamado bando nacional, en lo que el dictador definió como Cruzada, también como un mausoleo para él mismo. Ante la falta de quórum -muchas familias de franquistas se negaron a trasladar a Cuelgamuros los restos de sus muertos-, Franco rellenó el Valle con cadáveres de republicanos muertos en el frente o fusilados, en muchos casos exhumados de cunetas y fosas, desde luego sin el consentimiento de sus familiares. De manera que en aquel lugar siniestro tenemos enterrados una mayoría de españoles del bando nacional y, hacinados y sin identificar en su mayoría, una porción de republicanos. Todos ellos -más de 33.000 registrados y otros tantos sin identificar- presididos por el dictador responsable de los fusilamientos de algunos de los enterrados.

No parece sostenible desde el punto de vista democrático que un dictador que se mantuvo en el poder durante 40 años, con sus días y sus noches, permanezca entronizado como un héroe. No lo están sus conmilitones, Mussolini y Hitler. Pero resulta además un escarnio que ese dictador comparta lugar con aquellos a los que ordenó asesinar. De manera que me parece bien que se exhumen los restos mortales de Franco y se le entierre lejos de sus víctimas, y me parece bien que los restos mortales de José Antonio, víctima de la guerra, sigan enterrados allí, pero sin el trato de favor que hoy tienen.

La resolución de los expertos dice que la eventual exhumación de Franco deberá contar con la aquiescencia de los monjes benedictinos que regentan el siniestro lugar. No creo exagerar si digo que esos monjes son más franquistas que el propio Franco. He asistido a alguna misa en ese templo, misa preconciliar -pero no anterior al Concilio Vaticano II, no; anterior a Trento- y he podido comprobar el carácter profundamente reaccionario de sus homilías y los motivos por los que mandan rezar, todos los días en misa de once de la mañana, a los pocos fieles españoles y extranjeros que asisten a la ceremonia. En los días previos al último 20 de noviembre, los monjes benedictinos hicieron guardia bajo los luceros para impedir una supuesta exhumación de los restos de Franco, presuntamente urdida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero como traca de despedida. No me imagino, por tanto, a los monjes permitiendo la salida de los restos de Franco, pero es que no parece que entre las cien medidas que pueda tomar Rajoy, si es que algún día toma alguna, esté el traslado del féretro de Franco en cumplimiento de la recomendación de los expertos.

El Valle de los Caídos es un parque temático del franquismo. El horripilante conjunto fue construido en un país que se moría de hambre, de miedo y de frío, el dictador gastó en la erección de su megalómano delirio más de 1.000 millones de pesetas del año 59, cuando se concluyó la obra, después de 19 años de trabajos forzados de presos republicanos, en régimen de esclavitud. Solo dos de aquellos sobreviven hoy. Una cruz de 150 metros de alto, con brazos de casi 50 metros que tienen una anchura que permite que dos hileras de coches puedan ser aparcados en paralelo en su interior, una altura entre el suelo y la cúpula de dimensiones inhumanas, capillas dedicadas a las vírgenes patronas de los que contribuyeron a la victoria franquista en la guerra, una estética terebrante, un edificio que da miedo.

Cuelgamuros es la prolongación del franquismo por otros medios y no hay otra forma de corregir esa anomalía, impropia en un sistema democrático, de retirar los honores al dictador, que trasladar el cadáver de Franco lejos de los restos de sus víctimas.

Una gigantesca cruz de 150 metros de altura, cuyos brazos miden 46 metros, es visible a decenas de kilómetros de distancia del Valle de los Caídos. Allí están hoy enterrados J.A. Primo de Rivera, fundador de Falange española, y el general golpista y dictador hasta su muerte, Francisco Franco, quien mandó construir ese monumento de estética y significado netamente fascistas. Allí están sepultados decenas de miles de españoles (centenares de ellos sin el consentimiento de sus familiares), muertos en una delirante y criminal guerra civil, que terminó con la democracia y la República española.

Decenas de miles de prisioneros republicanos trabajaron allí con el obligado señuelo de la redención de penas (¡penas por cometer el delito de defender el orden constitucional!), excavaron 200.000 metros cúbicos de roca, sufrieron y murieron, para que los vencedores erigieran una basílica de 262 metros de longitud, regentada (cómo no) por monjes de la SICAR (Santa Iglesia Católica Apostólica Romana). Allí está enterrado desde 1975 el criminal mayor, el “sapo iscariote”, como escribió León Felipe Camino. También allí se congregan cada 20-N los nostálgicos de la barbarie.

El hasta ahora ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha rogado que no se meta en un cajón un informe elaborado por unos peritos, donde se propone una reconversión del Valle de los Caídos en un “centro de meditación” y de “memoria reconciliada”. Los que se van han tenido ocho años para hacer lo que no han hecho. Los que vienen dicen que hay asuntos más urgentes en España, lo cual, además de ser verdad, anuncia que no tienen la menor intención de hacer algo. La SICAR, como siempre, no sabe/no contesta: Rouco Varela se limitó a retirar sin más explicaciones de la comisión a su obispo representante.

Franco decretó la construcción del Valle de los Caídos para “…perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada (…), los heroicos sacrificios que la Victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya”. El Valle de los Caídos es un monumento del fascismo y la dictadura, que nadie venga con desodorantes y maquillajes, pretendiendo cambiar lo que no debe ser cambiado.

Eso me recuerda la visita que realicé a inicios de los 70 al campo de concentración de Dachau, aprovechando que pasaba por una carretera secundaria del norte de Baviera muy cercana del campo. Dachau era y sigue siendo un inequívoco lugar para la memoria de la brutalidad nazi, sin más aditamentos. En Dachau no hay nada ni nadie que reconciliar, sino solo que ver, mirar, recordar y quedar sumido por unas horas en el horror y la zozobra. Dachau, como Treblinka, Mauthausen, Auschwitz y tantos otros campos de concentración, están conservados para mantener la memoria nuda, sin edulcorantes ni moralinas.

Hay quien ha pedido colaboración para tal “reconversión” del Valle de los Caídos a la SICAR, la mayor suministradora de la ideología que mantuvo al régimen fascista del bando rebelde. ¿Habrá leído alguna vez, por ejemplo, la “Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero” de 1937? ¿Cómo pedir colaboración para reconciliar al pueblo a quienes justificaron un levantamiento militar contra la legalidad constituida, a quienes condenaron en vida y a muerte a decenas de miles de seres humanos en nombre de su cruzada contra el comunismo, el judaísmo y la masonería?

El Valle de los Caídos es un monumento fascista, construido desde y por el nacionalcatolicismo, que aspira a ser por decreto lugar de “memoria reconciliada” en un país donde la verdadera memoria ha sido negada y obstruida. Hace escasos meses la oposición tuvo que exigir aún que Millán Astray deje de ser definitivamente “hijo predilecto” de A Coruña. ¿Es eso memoria reconciliada? Quien propugne asimismo memoria reconciliada, puede ir denunciando el Concordato de 1953 –jamás derogado– y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Estado del Vaticano, pues solo puede conseguirse un marco real de convivencia entre todos los ciudadanos españoles sobre la base de una democracia real y de un Estado aconfesional y laico.

El Valle de los Caídos debe quedar como está, con su mastodóntica cruz y sus basílicas y grutas, como monumento a la barbarie y el fanatismo. Así, los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos tendrán ocasión de ver con sus propios ojos lo que nunca se debe ser, lo que jamás debe hacerse y consentirse.

El 14 de septiembre de 1936, hace 75 años, Pío XI recibió en su residencia veraniega de Castelgandolfo a un grupo de unos 500 españoles, escapados del terror revolucionario. Transcurridos ya casi dos meses desde el estallido de la guerra de España, sería la primera toma de posición pública del Papa. Según los archivos secretos vaticanos recientemente abiertos, tres veces el secretario de Estado, Pacelli, había sugerido a su Santidad la conveniencia de una condena pública de la persecución religiosa, pero Pío XI se había limitado a las protestas diplomáticas del encargado de la Nunciatura (que no se cerró en toda la guerra) ante el Gobierno de Madrid y de Pacelli ante el embajador de la República en el Vaticano, Zulueta.

Pío XI, buen orador, solía pronunciar sus discursos sin papeles, pero aquel día no solo lo leyó sino que hizo preparar una cuidada traducción española, que se distribuyó a los asistentes.

Empezó con una sentida lamentación por las víctimas, pero en vez de sacar la consecuencia, que algunos de los presentes esperaban, de que aquello era una guerra santa, como estaban ya proclamando algunos eclesiásticos, expresó su horror por aquella guerra fratricida, “la guerra civil, la guerra entre los hijos del mismo pueblo, de la misma madre patria”.

Citando a Manzoni, añadió: “Bien se ha dicho que la sangre de un solo hombre ya es demasiado para todos los siglos y para toda la tierra, ¿qué decir en presencia de las matanzas fraternas que todavía se anuncian?”.

Por si fuera poco, hacia el final de su alocución el Papa formuló una velada acusación contra los sublevados: “Por encima de toda consideración política y mundana, nuestra bendición se dirige de modo especial a cuantos han asumido la difícil y peligrosa misión de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión, que es tanto como decir los derechos y la dignidad de las conciencias, condición primera y la base más sólida de todo bienestar humano y civil. Misión, decíamos, difícil y peligrosa, también porque muy fácilmente el esfuerzo y la dificultad de la defensa la hacen excesiva y no plenamente justificable, además de que no menos fácilmente intereses no rectos e intenciones egoísticas o de partido se introducen para enturbiar y alterar toda la moralidad de la acción y toda la responsabilidad”.

En el último párrafo del discurso exhortaba a amar a los enemigos, tal como manda el Evangelio: “Amar a estos queridos hijos y hermanos vuestros, amarlos con un amor particular hecho de compasión y de misericordia, amarlos y, no pudiendo hacer otra cosa, rezar por ellos”. Pío XI dijo repetidas veces, a lo largo de la guerra civil, que quería ser el padre de todos los españoles.

La mayoría de los prófugos españoles presentes escucharon emocionados las consoladoras palabras del Papa y guardaron con devoción el ejemplar que les dieron del discurso traducido, pero algunos ultraderechistas, partidarios del alzamiento, entre defraudados e indignados, dejaron escapar murmullos de desaprobación, y hasta hubo quien arrojó despectivamente al suelo el folleto recibido. Uno de ellos, Luis Antonio de Vega, un año más tarde recordaba sarcásticamente en el semanario donostiarra Domingo el discurso, que él atribuía a Pacelli: “Y entonces fue el discurso de vocablos de hielo, las frases que podían haber sido escritas o dictadas por el ministro de Estado de una potencia a quien no angustiara de un modo particular la infinita angustia de España, y cuya preocupación máxima fuera la de no comprometer a su país con alguna palabra imprudente”.

La propaganda rebelde difundió ampliamente el discurso de Castelgandolfo en lo que la favorecía, pero suprimió la alusión a los excesos de los que se decían defensores de la Iglesia. Es especialmente significativo el caso del obispo de Salamanca, Pla y Deniel. Al recibir la versión mutilada, la publicó tal cual en su Boletín Eclesiástico del 30 de septiembre, y la acompañó de su pastoral Las dos ciudades, sin duda la más importante, teológica y políticamente, de todas las cartas pastorales sobre la guerra civil. Cuando poco después le llegó el texto pontificio completo, lo hizo publicar en el número siguiente del Boletín, pero no se retractó nunca de aquella pastoral.

Parece ser que Franco, que todavía en su discurso de toma de posesión de la jefatura del Estado, el 1 de octubre, había hablado de separación de Iglesia y Estado, instalado en el palacio episcopal de Salamanca, la leyó y estimó aprovechable la ideología nacionalcatólica allí expuesta. Los demás obispos españoles, engañados por el texto manipulado del discurso de Castelgandolfo, se lanzaron a publicar pastorales de cruzada (¡ni Pío XI ni ningún sucesor suyo han calificado nunca de cruzada nuestra guerra civil!).

También a la zona republicana llegó el discurso de Castelgandolfo en la versión censurada y la prensa lo comentó como una bendición incondicional del alzamiento. Así se difundió en ambos bandos la falsa creencia de que el Papa había apoyado plenamente y desde el principio la rebelión.

Después de cuarenta años de dictadura, impuesta por el generalato sublevado contra la República a los vencedores y vencidos de la terrible guerra civil de 1936, la gran mayoría de los españoles teníamos hambre de libertad. Pero al mismo tiempo nos animaba un irrefrenable espíritu de concordia. Queríamos enterrar para siempre el endémico enfrentamiento entre las dos Españas y acabar con el maleficio que tan acertadamente había descrito Antonio Machado: “Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón”. Mirábamos hacia adelante para construir un futuro basado en la reconciliación como presupuesto imprescindible para una paz sincera y duradera. Por eso hicimos todo lo posible para enterrar cuanto pudiera poner en peligro la convivencia entre los españoles. En lo sucesivo no habría más que una sola España, la de la libertad, la democracia, la justicia y la solidaridad. O eso creíamos.

Tuve el honor de representar a Navarra en las Cortes constituyentes, la legislatura de los grandes y emocionantes momentos históricos. Recuerdo entre ellos el día en que el Congreso y el Senado dieron su aprobación a la ley de amnistía para poner punto final al endémico cainismo de nuestra historia reciente. Cuarenta años después se habían hecho realidad aquellas tardías palabras de “paz, piedad, perdón”, pronunciadas por el presidente Manuel Azaña el 18 de julio de 1938, cuando la suerte de del ejército republicano estaba echada.

En la Mesa del Senado hice amistad con Ramón Rubial, presidente del PSOE, que desempeñaba una de las vicepresidencias de la Cámara. Era uno de los pocos socialistas que tenían valor probado en la resistencia antifranquista, con veinte años de cárcel a sus espaldas. Hablamos mucho de nuestro trágico pasado, pero en sus palabras no había ni odio ni afán de revancha.

Fruto de aquel espíritu integrador fue la Constitución de 1978. No discuto la conveniencia de reformar aquellos aspectos que la experiencia de las últimas décadas ha demostrado que son manifiestamente mejorables. Pero sería una grave irresponsabilidad poner en cuestión los pilares sobre los que se asentó el gran pacto constitucional, como son –entre otros– el Estado social y democrático de Derecho, la atribución de la soberanía única e indivisible al pueblo español, la unidad nacional como fundamento de la Constitución, la monarquía parlamentaria, el reconocimiento del derecho a la autonomía de los diversos pueblos de España, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, la independencia judicial y la de los demás poderes, la separación de la Iglesia y el Estado, la supeditación al poder civil de las Fuerzas Armadas y los principios rectores del ordenamiento económico-social.. No debemos olvidar que la de 1978 es la única Constitución española elaborada por consenso, ni tampoco que fue la primera vez que el pueblo español, en referéndum, ratificó la obra de los constituyentes.

Por este motivo, resulta descorazonador que so pretexto recuperar la “memoria histórica” se hayan reabierto las viejas heridas del pasado. Bien está que se proporcione digna sepultura a los restos de quienes todavía reposan en fosas comunes. Pero no es de recibo que se trate de implantar como dogma de fe la idea de que la II República era un idílico régimen democrático, de forma que a cuantos consideramos que se trató de un clamoroso fracaso colectivo, previsible por su sectarismo, se nos acuse de ser herederos ideológicos de quienes se levantaron en armas contra aquel estado de cosas.

Una de las falacias más extendidas es la de definir la guerra civil como una confrontación entre los defensores de la libertad y un grupo de militares golpistas, secundados por quienes luchaban a sangre y fuego por los privilegios de la Iglesia y de la clase dominante. La verdad es muy otra. Los únicos que brillaron por su ausencia en la España republicana fueron los auténticos demócratas. Porque si en el bando nacional, el nuevo régimen se deslizó en un principio hacia los postulados de la Falange, más próximos al fascismo italiano que al nacional-socialismo hitleriano, en el lado republicano el único gran partido de masas era el PSOE, anclado en el marxismo, que en octubre de 1934 se había sublevado contra el Gobierno para implantar la dictadura del proletariado. Sin olvidar que, durante la guerra, el ejército “rojo” quedó en buena parte bajo el control del Partido Comunista.

Es cierto que hubo crímenes espantosos por ambas partes, que mancillaron los ideales de unos y otros. Aquí no vale decir “y tú más”. Pero no es de recibo que tengamos que rendir homenaje por su contribución a la causa de la libertad a quienes en las filas republicanas cometieron terribles crímenes contra la humanidad, como el genocidio de más de siete mil sacerdotes, frailes y mojas, asesinados por el mero hecho de serlo, el exterminio en Paracuellos de varios miles de personas y tantas otras matanzas. Por eso resulta sorprendente que socialistas y comunistas proclamen sentirse “orgullosos” de un pasado que nos avergüenza a todos.

Lo peor que nos puede pasar a los españoles de hoy es tener que dilucidar, setenta y cinco años después, si nuestros antepasados estuvieron en el bando de los “buenos” o  en el de los “malos”. Es lo que quiso evitar la Constitución. Durante el proceso constituyente se produjo la “refundación” de los partidos de izquierda, que renunciaron a su ideología originaria para insertarse en una democracia avanzada de corte occidental.  Por otra parte, las actuales formaciones del centro-derecha español nada tienen que ver con el régimen franquista. El colmo del dislate es decir que la dictadura se “reencarnó” en el nuevo régimen constitucional por imposición de los llamados “poderes fácticos”. Aquí el único residuo de la España negra es el terrorismo de ETA. Pero eso es otra historia.

Con motivo de una intervención del presidente del Congreso en julio, se ha suscitado un debate acerca de unas palabras de Manuel Azaña pronunciadas en un discurso en plena Guerra Civil, reclamando a las generaciones futuras que recuerden el grito de los muertos que sólo piden paz, piedad y perdón.

Estamos ante uno de los textos de Azaña más citados y menos leídos. Recordemos el momento. Julio de 1938. El Gobierno le pide a Azaña que se dirija a la opinión pública y éste eleva el contenido del debate, se sitúa al final del discurso más allá de la coyuntura inmediata. Comienza narrando lo que, a su juicio, ha ocurrido desde el 18 de julio del 36.

Se ha producido un golpe militar contra el Gobierno legítimo de la República, que no ha triunfado por dos razones: porque una parte del Ejército español se ha mantenido fiel a la República; y porque muchos sectores populares han salido a la calle en defensa de la libertad. Por ello, ante el fracaso del golpe se ha iniciado una guerra civil en la que los golpistas cuentan con el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Y, a pesar de sus esfuerzos, los gobernantes republicanos no han conseguido convencer a las democracias europeas (a Inglaterra y a Francia) para que apoyen al Gobierno legítimo y no abandonen a su suerte a la República.

En ningún momento el pensamiento y la actitud de Azaña se pueden vincular a una Tercera España equidistante entre los unos y los otros; Azaña se mantiene fiel a su compromiso republicano y a su sentimiento nacional. «…Os permito, tolero, admito que no os importe la República; pero ¡que no os importe España! ¡Que podáis creer que es lícito seguir siendo neutrales cuando España está invadida y en peligro de que pase al dominio de un país extranjero! Eso no puede ser. Esa neutralidad equivale a la traición. Hay que llamarlos a todos, a todos, porque la bandera republicana ha adquirido el valor de la bandera de la independencia española y quien no se agrupe en torno suyo y no preste el auxilio que pueda, donde sea, falta a su deber; no ya a su deber de republicano, sino a su deber de español», dirá en otro de sus discursos.

Así pues, no hay en la actitud de Azaña nada semejante a una equidistancia entre los rebeldes y el Gobierno de la República. Pero, siendo fiel a ese compromiso, fue capaz de percibir el desastre que la guerra había provocado en la nación. Pocos advirtieron como él que había resurgido una cultura cainita, donde anidaban el odio y el miedo, y donde se fomentaba la cultura del exterminio del otro.

Este Azaña, atormentado por lo que estaba ocurriendo, es el que percibimos al leer sus Memorias políticas y de guerra. Las palabras que Bono leyó no se pueden entender como un aval a una equidistancia entre los golpistas y el Gobierno republicano; no hay tal, pero tampoco se puede olvidar que, como dice Garcés (Azaña) en esa gran obra de teatro que es Velada en Benicarló: «Admito, admiro y agradezco el alzamiento popular en defensa de la República. Pero usted no ignora que dentro de él han ocurrido abusos monstruosos. La crueldad, la venganza, hijas del miedo y de la cobardía me avergüenzan».

Cuando su interlocutor le replique que mayores atrocidades comenten los rebeldes, Garcés (Azaña) le contesta: «Pero esto no es una compensación. Ellos son la negación de la ley, nosotros somos el Gobierno, la legitimidad, la república. Una conducta noble, sin otro rigor que el de la justicia, habría robustecido la autoridad de nuestra causa. Yo estaba en Madrid la terrible noche de agosto en que fue asaltada la cárcel y asesinados por una turba furiosa algunas personas conocidas. Yo también hubiera querido morirme aquella noche o que me mataran».

Estamos ante la misma reflexión que Azaña realiza en sus memorias. Sabemos la conmoción que significó para él la muerte de Melquiades Álvarez y cómo deseó presentar su dimisión como presidente de la República, ante lo ocurrido aquella terrible noche de agosto del 36. Quizá por ello tiene más fuerza todavía su compromiso con la causa republicana. Se queda con la República, defiende sus valores, pero es consciente de que se ha incubado un odio que será difícil olvidar.

Las reacciones ante el texto leído por Bono reflejan un gran desconocimiento del pensamiento de Azaña. Un gran desconocimiento de los que tratan de situarlo en una tercera vía, equidistante entre los dos bandos y de los que desconocen que la conciencia de horror fue constante en los republicanos. Azaña, Fernando de los Ríos, Prieto Zugazagoitia; todos eran conscientes de la necesidad de recordar para no olvidar.

Fue tan larga la dictadura de Franco que este legado de los republicanos exiliados se fue perdiendo. Cuando llegó la Transición tampoco se recuperó, por ese deseo de pasar página. Fue tal el uso y el abuso del término nación por la dictadura, que son muchos los que no comprenden que para los republicanos la nación era la nación en armas, que se había manifestado a favor de la bandera republicana y que estaba dispuesta a luchar por defender la independencia de España.

Sería muy deseable volver a leer todo Azaña para recordar que la fidelidad a los valores republicanos no se realizaba desde una concepción ciega ante la barbarie. Azaña no hace como Unamuno y se sitúa frente a los Hunos y los Otros; no se va al exilio como Ortega; se mantiene en su puesto, pero no cierra los ojos. Es capaz de comprender que hay una enfermedad que anida en la conciencia española, que hace que la nación se haya construido en contra de la tolerancia, a favor del exterminio. Y esta es la lección que quiere transmitir a las nuevas generaciones: «Me levanté para decir que no es aceptable una política cuyo propósito sea el exterminio del adversario, exterminio ilícito y además imposible, y que si el odio y el miedo han tomado parte en la incubación de este desastre, habría que disipar el miedo y habría que sobrepasar el odio, porque por mucho que se maten los españoles los unos contra otros, todavía quedarán bastantes que tendrían necesidad de resignarse -si es que éste es el vocablo- a seguir viviendo juntos si ha de seguir viviendo la nación».

ÉSTA ES la clave. Si ha de seguir viviendo la nación es necesario superar la cultura del exterminio. Esto es lo que Franco combatió hasta el final de su dictadura, fundada justamente en la cultura del exterminio. Y esto es lo que la oposición democrática reclamó desde muy pronto: superar la cultura de la violencia, superar el clima de guerra civil, lograr la convivencia con el otro, y afianzar así una cultura de la democracia y de la tolerancia.

Azaña nunca se situó en un limbo de neutralidad moral. Pero fue consciente de que ser republicano no significaba cerrar los ojos ante la barbarie, ni consolarse porque mayor era la represión y la crueldad de los rebeldes, sin comprender que ellos (los republicanos) eran los representantes de la legitimidad, del Gobierno y de la ley. Los sucesos terribles de la retaguardia no le impidieron ser fiel a su compromiso, no le forzaron al silencio o al abandono, ni a la ceguera o al olvido; por ello llamaba a las nuevas generaciones a recordar para impedir la vuelta de la intolerancia, del odio y del apetito de destrucción, haciendo honor así a la lección que transmiten los muertos, que ya sólo quieren paz, piedad y perdón.

Uno de los acontecimientos más alevosos contra la libertad de expresión perpetrados por el Gobierno del Frente Popular en los días subsiguientes al golpe de estado del general Franco, fue la clausura e incautación de un centenar de periódicos de toda España, siendo el más significativo ABC. A media mañana del 20 de julio de 1936 Unión Radio informaba de la decisión del Gobierno de la República de cerrar el órgano monárquico de los Luca de Tena, sin que la orden fuese comunicada oficialmente a la dirección del diario, que estaba en manos del inefable Luis de Galinsoga.

Aquel 20 de julio el subdirector de ABC, Alfonso Rodríguez Santamaría, a su vez presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, y Rogelio González-Úbeda, director gerente, reúnen a los redactores, ante la incomparecencia de Galinsoga, y les ordena que abandonen el edificio de Serrano 61 ante la certeza de que el periódico iba a ser ocupado por miembros incontrolados del Sindicado de Artes Gráficas enviados por el ministro de la Gobernación. Unión Radio acababa de confirmar que habían sido incautados los periódicos ABC, «Ya», «El Debate» y «El Siglo Futuro», entre los de Madrid, y que la llegada de los nuevos ocupantes era inminente. Alfonso Rodríguez Santamaría sería detenido en su domicilio el 20 de agosto y fusilado en la Dehesa de la Villa.

ABC no aparecería hasta el 25 de julio dirigido ya por Augusto Vivero, un mediocre periodista olvidado que se había distinguido por su actuación en el asalto al Cuartel de la Montaña. Solo tres miembros de la plantilla anterior permanecieron en la Redacción, según nos contaría años después Serafín Adame, redactor del diario «Pueblo» en los sesenta, uno de los que entró con el equipo de Vivero.

El estilo panfletario que se imprimió al histórico rotativo ahuyentó enseguida a su público tradicional y en pocos días se produjo una caída en la tirada que alarmó incluso al Gobierno de José Giral, al ver que se frustraba su operación propagandística. El potencial nuevo lector del ABC republicano (15 céntimos de peseta) al que Vivero quería captar no aparecía, y los nuevos responsables aducían que la falta de papel y otras materias primas hacían imposible la salida del periódico en condiciones decorosas. Falso argumento que tiempo después nos desmentiría Rogelio González-Úbeda, director gerente de Prensa Española. La verdad, tal como puede apreciarse en la magnífica Hemeroteca onlinede ABC, es que el equipo entrante era un desastre sin paliativos y durante días estuvo viviendo de las bravuconadas de la nueva línea editorial y de los cuantiosos reportajes intemporales y apolíticos que tenía preparados la vieja Redacción, un extraordinario equipo de periodistas, muchos de ellos asesinados a lo largo de la Guerra Civil.

Pero Augusto Vivero, enloquecido por complacer a la nueva clientela que no llegaba, cometió un error que no se le iba a perdonar. En los primeros días de agosto publicó en las páginas gráficas, el peculiar huecograbado de ABC, y a gran tamaño, las fotografías de las momias de unas monjas desenterradas por incontrolados armados de la madrileña iglesia de las Calatravas. El escándalo fue mayúsculo. El propio Giral dio orden de suspender en la dirección de ABC al incompetente Augusto Vivero. Esas imágenes fueron reproducidas por la prensa extranjera, lo que contribuyó aun más al descrédito de la República, a decir por los despachos que llegaban desde las Embajadas al ministro de Estado Barcia Trelles.

A José Giral le dan un nombre: Elfidio Alonso, diputado por Tenerife, y le ordena al ministro de la Gobernación que proceda al relevo de Vivero. Sería Manuel Muñoz, atrabiliario director general de Seguridad, el encargado de hablar con Elfidio para que sin pérdida de tiempo tomara las riendas de ABC, lo que lleva a cabo el 13 de agosto después de conminar a Augusto Vivero a que abandonase el edificio.

Ese mismo día 13 de agosto Elfidio Alonso, instalado provisionalmente en el despacho que había ocupado Rodríguez Santamaría, llama a Manuel Espinosa, al que nombra redactor jefe con amplios poderes sobre la Redacción y con el encargo de que no se publique ni una sola línea que no haya sido autorizada por la Dirección, según había comprometido él mismo ante Manuel Muñoz. El periódico, dentro de su estrategia propagandística, se modera. Elfidio empieza a publicar artículos de colaboradores menos fanáticos. Incluso llega a contar con plumas realmente relevantes como la de Julián Marías, y él mismo escribe a diario el editorial, templado dentro de la locura del cambio de orientación que había sufrido ABC desde que fuera arrebatado a sus legítimos propietarios.

Pero Elfidio Alonso, a quien conocí en los años setenta durante una larga conversación junto con otros compañeros, hizo algo más. Durante el mes escaso de Vivero y su redacción mercenaria, el Archivo —el gran tesoro de la Casa— había sido utilizado sin orden ni concierto y la colección del diario se amontonaba desordenada y maltrecha por el suelo, con páginas arrancadas y otros atentados a la historia del periódico. Manuel Espinosa puso a dos personas de su confianza al cargo del Archivo y en pocas semanas las carpetas de fotografías y documentos, así como la colección encuadernada que hoy se conserva volvieron a su estado original, es decir, al riguroso orden imprescindible en este tipo de departamentos.

En la charla con Elfidio Alonso a la que hago referencia —él venía de almorzar con su gran amigo y paisano, el periodista de «El País» Juan Cruz— nos contó sustanciosas anécdotas de aquellos tiempos. El mismo día 13, al entrar en la Redacción a saludar a los redactores, varios de los cuales fueron despedidos, vio que la estatua del Fundador, obra de Mariano Benlliure, que presidía aquella sala, tenía sobre su cabeza de bronce una gorra de miliciano. Sin pensárselo dos veces la cogió y la arrojó al suelo, recriminando al anónimo autor de la fechoría con estas palabras: «Sepan ustedes que si estamos aquí es gracias a este señor». Pese a que desde la recuperación del periódico por sus propietarios el 28 de marzo de 1939, y en adelante, no era de buen gusto hablar de Elfidio Alonso, los más antiguos de la Casa lo recordaban como un hombre sensato, afable de carácter y, sobre todo, respetuoso con las instalaciones del edificio, que al final de la contienda quedaron en tan buen estado que el mismo día 29 de marzo pudo salir a la calle ABC, ya de los Luca de Tena.

Prensa Española, en un gesto sin precedentes en los anales del periodismo, publicó en fascículos a finales de los setenta «ABC, doble diario de la Guerra Civil» después de haber recuperado la numeración histórica del diario, interrumpida el 20 de julio del 36, aunque correlativa en la edición sevillana. Aquel coleccionable de carácter histórico, dirigido por Javier Tussel, ponía punto final al fatal desencuentro en la prestigiada cabecera durante la contienda que enfrentó a los españoles.

Por todo ello, al recordar los sucesos vividos en Serrano 61 hace hoy setenta y cinco años, que demolieron la idea fundacional y pusieron en serio peligro la permanencia de ABC, sus instalaciones y recursos materiales, es obligado recordar a quienes como Elfidio Alonso no permitieron su saqueo como ocurriera a otros colegas editados en Madrid que fueron víctima de la incuria reinante, cuando no pasto de las llamas. El 13 de agosto de 1936 fue decisivo en la historia de la Casa de ABC.

El 75. º aniversario del 18 de julio  de 1936 ha sido para mí una noticia inesperada: no recordaba que el lunes pasado conmemoráramos tan trágico acontecimiento. Pero la prensa me hizo caer en la cuenta de una fecha que no debe olvidarse porque significa el fin de una etapa de la historia de España y el desgraciado comienzo de otra, hoy felizmente superada.

No hay duda sobre quiénes fueron los responsables de lo acontecido aquel 18 de julio: los propios golpistas, los sublevados, la trama militar y civil que desde sus comienzos intentó derribar a la República para restaurar el antiguo orden. Los generales Sanjurjo, Mola y Franco, así como sus seguidores, fueron los principales culpables de la rebelión militar iniciada ese día. Ysi tuviéramos que encontrar corresponsables deberíamos apuntar hacia el Gobierno de la República, presidido por Casares Quiroga, que mostró una total ineptitud para prevenir y reaccionar con inteligencia ante el golpe militar.

Pero una cosa es la responsabilidad de la sublevación militar y otra la responsabilidad de lo acontecido durante la cruel guerra civil que enfrentó a las famosas dos Españas de Machado. Esta última responsabilidad, la de la guerra civil, es mucho más compartida y alcanza no sólo a quienes se levantaron contra la legalidad republicana sino también a quienes bajo la excusa de defender la democracia vulneraron todos sus valores y principios. En efecto, nada más empezada la guerra, el bando republicano se dividió entre quienes defendían el régimen político legítimo y quienes pretendían aprovechar las circunstancias para cambiarlo. Además, esta división inicial fue, quizás, el principal motivo por el que se perdió la guerra.

Muchos republicanos fueron conscientes de este grave error. Pocos, sin embargo, lo denunciaron entonces. Uno de ellos fue el periodista y escritor sevillano Manuel Chaves Nogales, en aquel tiempo director del diario republicano Ahora,hasta hace poco un perfecto desconocido. Gracias, especialmente, a Andrés Trapiello, María Isabel Cintas, Xavier Pericay y Arcadi Espada, sus escritos se están editando en España desde hace unos años. Son piezas de un gran interés literario y político. En esta ocasión es inevitable referirse a su libro de relatos breves sobre la guerra civil que lleva por título A sangre y fuego (Espasa, Madrid, 2006). Se trata de un volumen breve, escrito en el exilio francés entre enero y mayo de 1937, del que cabe destacar, en especial, su prólogo, insólitamente lúcido, sobre todo si tenemos en cuenta el temprano momento de su redacción.

Chaves se define como intelectual liberal, antifascista y antirrevolucionario. “Con el debido respeto – dice Chaves-todo revolucionario me ha parecido siempre algo tan pernicioso como cualquier reaccionario”. Y añade: “Mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la estupidez y a la crueldad. (…) Pero la estupidez y la crueldad se enseñoreaban de España (…) Idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos. (…) Un hombre como yo, por insignificante que fuese, había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los unos y por los otros”.

“Cuando estalló la guerra – sigue Chaves-me quedé en mi puesto cumpliendo mi deber profesional (…) Vi entonces convertirse en comunistas fervorosos a muchos reaccionarios y en anarquistas terribles a muchos burgueses acomodados. La guerra y el miedo lo justificaban todo. (…) Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y no había nada que salvar (…) Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros, los bandidos del Tercio y los asesinos de Falange, que a la de los analfabetos anarquistas o comunistas (…) Yo he querido permitirme el lujo de no tener ninguna solidaridad con los asesinos”.

Fatalista, Chaves advierte: “El resultado final de esta lucha no me preocupa demasiado. No me interesa gran cosa saber que el futuro dictador de España va a salir de un lado o de otro de las trincheras (…). El hombre que encarnará la España superviviente surgirá merced a la guerra, que hace sucumbir a los mejores. ¿De derechas? ¿De izquierdas? ¿Rojo? ¿Blanco? Es indiferente (…) Sea quien fuere, será un traidor a la causa que hoy defiende”. Y acierta al profetizar la llegada de “un gobierno dictatorial que con las armas en la mano obligará a los españoles a trabajar desesperadamente y a pasar hambre sin rechistar durante veinte años, hasta que hayamos pagado la guerra (…) Habrá costado a España más de medio millón de muertos (…). Cuando llegué a esta conclusión abandoné mi puesto en la lucha (…). Me expatrié cuando me convencí de que nada que no fuese ayudar a la guerra misma podía hacerse ya en España”.

Eso lo escribía Chaves a comienzos de 1937. Una España se levantó en armas contra la República confundiendo a esta con la otra España. Pero no había dos sino tres: a esta tercera España, que hasta la transición no fue una inmensa mayoría, le debemos la democracia. Entre sus precursores está el exiliado Manuel Chaves Nogales, muerto prematuramente en Londres el año 1944.

La Guerra Civil fue la consecuencia del fracaso de la Segunda República como modelo de convivencia democrática. A algunos, quizá, esta afirmación les pueda parecer muy inexacta al mantener que la Guerra Civil fue provocada por la rebelión de una parte del Ejército contra el gobierno legítimo de la República. Y esto, con ser parcialmente así, no es del todo cierto, puesto que las razones profundas del drama de la confrontación civil estuvieron en el colapso de la República, la destrucción de la democracia a lo largo de la primavera de 1936 y en el proceso revolucionario abierto del sector bolchevizado del Partido Socialista liderado por Largo Caballero.

La situación que se desarrollaba en España durante la primavera y los primeros días del verano de 1936 no ha tenido precedente alguno en la historia contemporánea, comparable sólo a situaciones de gravísimas crisis después de guerras desastrosas, pero sin parangón con ninguna democracia en tiempos normales de paz. El problema fundamental fue la creciente desaparición de la legalidad constitucional ante el estallido de una «situación prerrevolucionaria», algo nunca visto en ningún país europeo en tiempos de paz desde 1848, y que así ha sido admitido por la gran mayoría de los historiadores, incluso por los más favorables a las izquierdas.

El origen de esta situación fue la alianza de los partidos obreros revolucionarios -excepto la CNT- con los republicanos de izquierda. Alianza indispensable para que las izquierdas ganaran las elecciones de 1936, puesto que su intento anterior de arrebatar el poder por la fuerza durante la huelga revolucionaria de octubre de 1934 fracasó estrepitosamente. Y con todo fue una alianza contradictoria entre revolucionarios y republicanos; partidarios los primeros del colectivismo revolucionario marxista, en tanto que los segundos lo eran de una serie de reformas profundas de izquierda.

Pero lo cierto es que la España de 1936 fue el escenario más amplio e intenso de los movimientos revolucionarios de cualquier país del mundo en ese momento. Y ello fue debido al desmoronamiento de la legalidad republicana tras el triunfo algo más que dudoso del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, que dio paso en los meses siguientes a una gran oleada de huelgas sin precedentes, muchas de ellas sin objetivos normales sino buscando dominar la propiedad privada, con frecuencia acompañadas por la violencia y la destrucción de bienes; a la ocupación ilegal de tierras y haciendas, sobre todo en las provincias del sur, a veces legalizada de facto por un gobierno débil y desconcertado, bajo la presión de los revolucionarios y a una ingente oleada de incendios y destrucción de la propiedad.

En el ámbito religioso se produjo la ocupación ilegal y violenta de iglesias y otras propiedades religiosas, principalmente en el sur y en el este, que produjo el cierre de escuelas católicas provocando una crisis en la educación y en algunos sitios la supresión de las actividades religiosas normales y la expulsión física de los sacerdotes. La economía sufrió un declive notable con el descenso de la Bolsa, la huida de capitales, y en algunas de las provincias del sur el abandono del cultivo, con lo que se empobreció aún más el campo y el mundo rural. Sobre la libertad de expresión y el derecho de reunión, se impuso una censura férrea cercenando las libertades políticas, que dieron pie a miles de detenciones políticas arbitrarias de los afiliados de partidos de derecha o liberales. El orden público se vio conculcado por la impunidad de los delitos cometidos por afiliados de los partidos del Frente Popular, con muy escasas detenciones (ocasionalmente se detenía a cenetistas, que no formaban parte del Frente Popular).

La politización de la Justicia con la instrucción de proceder arbitrariamente a detenciones políticas; la ilegalización y disolución de grupos y partidos políticos enfrentados a las izquierdas, comenzando con la Falange en marzo y con los sindicatos católicos en mayo (el próximo objetivo fijado para julio era el partido monárquico Renovación Española); la manipulación del proceso electoral, con los desórdenes del 16, 17 y 18 de febrero, seguidos de la confiscación arbitraria de mucho escaños de los partidos de derechas por la Comisión de Actas de las Cortes en marzo y la exclusión de éstos en la repetición de las elecciones de mayo en Cuenca y Granada, fueron otros hechos que contribuyeron a la deslegitimación de la República.

Pero sin duda alguna que el factor determinante del colapso republicano fue la gran extensión de la violencia política, si bien ésta fue muy desigual y mientras que en algunas provincias hubo una mayor tranquilidad, la peor violencia se dio en las grandes ciudades. Violencia a la que contribuyó de manera notable la subversión de las Fuerzas de Seguridad a través de la reposición de agentes y oficiales de policía procesados y expulsados por sus acciones sediciosas en 1934. Precisamente sería uno de estos agentes, el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés, el que mandó el grupo que secuestró y asesinó al diputado y líder derechista Calvo Sotelo, y del que formaron parte miembros de la escolta personal de Indalecio Prieto. También fue notable la costumbre de nombrar «delegados de policía» a activistas de los partidos socialista y comunista, como personal de policía suplementario para funciones especiales.

Y si bien es cierto que los gobiernos de Manuel Azaña y de Casares Quiroga no estaban muy satisfechos con esta situación, tampoco quisieron actuar para cortarla, porque eso les hubiera costado el apoyo de los partidos revolucionarios, de cuyos votos dependían en las Cortes para mantener sus gobiernos minoritarios en el poder. Y esa alianza tácita entre los revolucionarios y los republicanos de izquierda, hizo imposible la aplicación de la ley o la Constitución. Muchas veces se ha dicho que la causa de la Guerra Civil fue la impaciencia de las derechas con las reformas de la izquierda. Pero si hubo un sector político que demostró paciencia ante las provocaciones, fueron las derechas de la Segunda República, quienes durante cinco años no reaccionaron -en general y salvo contadas excepciones- con violencia a la violencia.

Lo que tuvo lugar en 1936 no fue ninguna «reforma» sino un proceso prerrevolucionario violento. Se ha establecido que la sublevación de 1936 fue «una rebelión contra la democracia», y siendo ello cierto en el sentido de que los sublevados no tenían ninguna intención de restaurar la democracia de 1931-1935, porque para ellos no fue más que una utilización de la izquierda socialista para dar vía libre a un proceso revolucionario, sería mucho más exacto y certero si se dijera que fue una rebelión contra la destrucción de la democracia. Es indudable que si se hubiera mantenido la política constitucional y democrática de 1931-1935 no hubiera habido el menor peligro de guerra civil, salvo, quizá, por otra nueva insurrección -la quinta- de los revolucionarios.

Aunque durante 70 años las izquierdas españolas han condenado la insurrección militar en los términos más negros, la verdad es que entonces muchos de sus líderes la deseaban y hasta trataban de provocarla. Sin embargo y aunque el proceso revolucionario era evidente, no hubo golpe revolucionario de los caballeristas -el sector más importante del Partido Socialista-, que a sí mismos se llamaban «bolchevizados» y «leninistas». Ellos no tuvieron el instinto leninista para hacerse con el poder, sino que esperaban provocar una rebelión que presumían que sería fácilmente dominable, y que provocaría la caída de la izquierda republicana azañista, quien tendría que entregar el poder a Largo Caballero. Como de hecho así ocurriría en los primeros meses de iniciada la confrontación civil.

La crisis provocada por el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo; el modo como se hizo, la identidad de sus autores y la ausencia de respuesta del gobierno, culminaron la polarización de la sociedad y provocó el compromiso de muchos que, como Franco, hasta ese momento no se habían decidido a sumarse a la rebelión que unos pocos militares encabezados por Emilio Mola -el Director- pusieron en marcha tras las elecciones del 36. Y de repente la conspiración ganó mucho terreno.

El fracaso de la rebelión militar que dio paso a la Guerra Civil no fue un proceso en contra de la revolución, sino una contrarrevolución, que es una revolución en contra de ella, como afirma Joseph de Maestre.

Los traumas del periodo que media entre 1929 y 1945 han causado graves problemas en la memoria histórica, y no solo en la historiografía, de todos los países afectados. Al cumplirse los 75 años del inicio de la Guerra Civil es lo primero que conviene destacar. La forma especialmente trágica en que dicho problema fue vivido en nuestro país viene a cumplir el dicho fraguista de que Spain is different, pero en la misma medida que Alemania con la imposición del nazismo, Polonia o Austria al sufrir su invasión o Francia, en agitación permanente hasta ser a su vez invadida, lo vivieron cada una de manera diversa. Los años treinta estuvieron presididos en Europa por el ascenso en apariencia imparable de los fascismos, y ello fue determinante para el curso seguido en España por la crisis endógena, la cual fue resuelta mediante la interminable dictadura militar que tantos conocimos.

Lo que sí resulta específico de España es la pésima situación actual en el ajuste de cuentas con el pasado. Tras unos primeros tiempos en que de un modo u otro los países implicados restañaron heridas acudiendo a relatos simplificados que pudieron evitar a la convivencia la sombra de ese pasado todavía muy próximo, por ejemplo desligando al nazismo de las responsabilidades de la población en Alemania o presentando a una Francia o a una Italia unánimemente resistentes, llegó la hora de contemplar lo sucedido en toda su complejidad. Es lo que en Francia reflejaron filmes como Lacombe Lucien de Malle o Le chagrin et la pitié de Marcel Ophüls, por no hablar luego de los trapos sucios de Mitterrand; en Alemania, libros como Verdugos voluntarios de Goldhagen, o en Italia el reconocimiento del periodo 1943-45 como una auténtica guerra civil entre resistentes y musolinianos bajo la ocupación. Una vez establecida una imagen histórica veraz, a veces después de duras polémicas como la de los historiadores en Alemania, llegó una relativa pacificación, siempre presidida por el refrendo a los contenidos democráticos de esos años de hierro.

En España esto no está sucediendo, y la responsabilidad ciertamente no recae sobre el trabajo de los historiadores, desde distintas orientaciones y en áreas diversas. Entre tantas otras aportaciones, pensemos en las indagaciones casi policiales que han llevado a Ángel Viñas a adelantar un día la fecha de sublevación, centrándose en el verosímil asesinato franquista del general Balmes en Canarias, un obstáculo menos, en su reconstrucción de la España republicana en guerra o, de otro lado, en la línea de estudios sobre la violencia abierta por González Calleja.

De forma discreta, la Ley de Memoria Histórica proporcionó un aval del Estado para restablecer un equilibrio que a los demócratas les había sido negado en cuanto al reconocimiento de su papel en esa historia trágica, con una proyección bien concreta sobre el tema de los asesinados sin tumba. Al estudio pormenorizado de la represión franquista, diseñada de antemano y prolongada durante décadas con decenas de miles de muertos, lo que confirma la idea de un genocidio, siguió el esfuerzo de los descendientes por recuperar los restos de las víctimas de la “operación quirúrgica” anunciada por Franco desde noviembre de 1935. Faltó solo que ese esfuerzo se viera acompañado por la sugerencia de Ian Gibson: que la verdad y el dolor fueran asumidos por todos y para todos, que al lado de las trece rosas fueran sentidas las víctimas de la cárcel Modelo o Paracuellos. Manuel Azaña dio aquí una pauta de la cual la izquierda nunca debió apartarse. Otra cosa son las responsabilidades.

Más grave resulta que amplios sectores de nuestra derecha, esgrimiendo además la idea de una reconciliación entre españoles contra la Ley de Memoria Histórica, se hayan lanzado a repetir los argumentos franquistas para la legitimación del levantamiento militar. La satanización de Garzón, y la consiguiente celebración de su encausamiento, se hicieron en nombre de una visión del 36 que llevó ya a pensar en un alineamiento consciente con los vencedores. Todo análisis de la política republicana, de sus proyectos, ideas y frustraciones, ha sido sustituido por la descripción de un museo de horrores en que la República habría consistido de principio a fin. Los generales alzados, y sus comportamientos criminales desde el primer momento, desaparecen del mapa. Fueron simples instrumentos de una necesidad histórica que les obligaba a poner orden. Gil Robles o Calvo Sotelo no eran sino buenos ciudadanos que como notarios levantaban acta de un desastre, cuya eliminación correspondió a la espada.

De fascismos en Europa, de lo ocurrido en Alemania o en Austria, de lo que esa derecha proponía e impulsaba, de los pistoleros falangistas, ni palabra. Como además los malos de la película, caso concreto del crimen que costó la vida a Calvo-Sotelo, podían ser para el relato y en exclusiva los socialistas de la época, miel sobre hojuelas. Pueden matarse dos pájaros de un tiro, al destruir la imagen del PSOE como partido democrático y reemplazarla por la de heredero de una organización que ejecutó y avaló el crimen político. Aquí sí que respecto de la derecha democrática europea, por desgracia, Spain is different.

Hoy, 18 de julio, es el Día Internacional Nelson Mandela. Así fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre del 2009, día en el que nació el líder antiapartheid sudafricano en 1918, un hombre que durante 67 años (ahora tiene 93) dedicó su vida al servicio de la humanidad, siendo abogado defensor de los derechos humanos, estando privado de libertad durante 27 años y convirtiéndose en el primer presidente democrático de Sudáfrica en 1994. Además, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993. Un día como hoy de 1610 moría el gran pintor del barroco italiano Caravaggio, y el mismo día de 1924 moría el dramaturgo catalán Àngel Guimerà. En medio, en 1873, un 18 de julio Nicolás Salmerón se convertía en el segundo presidente de la Primera República española. Sin embargo, hoy no rememoramos ninguno de esos hechos. Desde 1936 recordamos, año tras año, que aquel 18 de julio fue el principio de la guerra. Y cuando se habla de guerra por parte de la sociedad catalana y española actual solo puede ser una: la guerra civil.

El 17 de julio de 1936, parte de las unidades militares españolas del protectorado marroquí se sublevaron contra el Gobierno republicano y consiguieron el dominio de todo el territorio español del norte de África. Pero fue un error: el 18 era el día señalado para perpetrar el golpe de Estado que se había estado preparando contra el Gobierno republicano para derribarlo de forma rápida y contundente e imponer una dictadura. Fue entre aquel sábado 18 y el domingo 19 cuando los militares que estaban resueltos a tomar el control de las grandes ciudades del Estado se movilizaron y atacaron los diversos pilares del poder democráticamente constituido. Las diferentes guarniciones militares del Estado intentaron hacerse con el dominio de las principales ciudades, y cayeron bajo su poder Pamplona, con el general Mola a la cabeza; las Canarias, dominadas por Franco antes de emprender el viaje hacia Marruecos para encabezar las tropas allí establecidas; Sevilla, bajo el poder de Queipo de Llano; Valladolid, que fue sometida por Saliquet; o las Baleares, controladas por Goded. Pero ni todos los núcleos importantes ni todo el país pudo ser sometido en su totalidad, y en especial no pudieron dominar las dos principales capitales: Madrid y Barcelona, ni otras ciudades y zonas importantes como Valencia, Bilbao o la mayor parte de Extremadura y Andalucía.

En Madrid, el general Fanjul no pudo salir con las tropas del cuartel, el de la Montaña, debiendo claudicar tras resistir hasta el día 20 rodeado por tropas leales a la República, guardias civiles, guardias de asalto y por los que en muy pocos días pasarían a ser conocidos como las milicias populares: elementos civiles armados que en buena parte hicieron que el golpe de Estado no triunfara.

En Barcelona, el domingo 19 los militares insurrectos quisieron llegar hasta los principales edificios públicos para controlarlos con varias columnas que fueron saliendo de los diferentes acuartelamientos de la ciudad, pero encontraron una fuerte y organizada resistencia. Las fuerzas de la Generalitat republicana, Mossos d’Esquadra y guardias de asalto, conocían sus planes y se habían preparado para frenar a los golpistas; la Guardia Civil se puso al lado del Gobierno democrático y aparecieron numerosos civiles, altamente politizados, que no dudaron en jugarse la vida. La tarde del 19 ya podía constatarse la derrota de las tropas insurrectas de Barcelona, que terminó haciendo completamente efectiva el día 20, cuando cayó el cuartel de Sant Andreu, haciendo que el pueblo se apoderara de 30.000 fusiles y por tanto estuviera fuertemente armado.

El fracaso del golpe de Estado en Barcelona marcó el futuro del resto del principado, donde en todas partes también se frustró, y animó a la República a hacer frente a lo que ya empezaba a parecer un hecho evidente: comenzaba una guerra civil.

El golpe de Estado se malogró: por error, las tropas de Marruecos se sublevaron un día antes, buena parte del estamento militar se mantuvo leal a la República, los militares insurrectos no siguieron en todas partes las precisas instrucciones del general Mola, muchos de los soldados que participaron lo hicieron engañados, buena parte del Estado se mantuvo republicano y las principales ciudades, con la ayuda básica de militantes de partidos y sindicatos de izquierdas, hicieron frente y vencieron a un ejército que a priori estaba mejor armado y preparado.

El 18 de julio de 1936 fue bautizado como el día del Alzamiento Nacional, festivo de obligatoria celebración durante los casi 40 años que se prolongó la dictadura, día de paga doble y día de evocación del valor y orgullo franquista. Pero el régimen hizo con esta jornada lo que Serrano Súñer calificó de «justicia al revés» respecto a aquellos que habían defendido la República y eran condenados a muerte o a penas de decenas de años de prisión: para ocultar las vergüenzas transformaron el estrepitoso y evidente fracaso del ejército insurrecto el 18 de julio en un día falsamente glorioso.

El 75º aniversario del estallido de la guerra civil resulta sombrío para los ciudadanos que nacimos en aquel fatídico 1936. Y es que esta efemérides nos lleva inevitablemente al universo de la memoria, a los recuerdos de una época de duras estrecheces. De la guerra en concreto yo guardo una sola imagen: en el comedor de mi primer hogar en Barcelona -la calle de la Princesa, rebautizada como Pablo Iglesias durante la República- las luces están apagadas, mi padre ilumina la estancia con una linterna y yo, en la falda de mi madre, asustado, escucho a lo lejos unos disparos. Es un flash muy breve pero imborrable. La memoria de la interminable posguerra es ya mucho más nítida y copiosa. Una memoria poblada de voces, de imágenes y sonidos. Y también de sabores.

Recuerdo los comentarios de mis familiares acerca del exilio de aquellos parientes cercanos que lucharon en el bando republicano, en contraste con el progreso social y económico de los que combatieron con los rebeldes. La división en el seno de miles de familias españolas fue uno de los capítulos más sórdidos de la contienda. Al margen de enfrentamientos ideológicos, el estallido de la guerra propició ocasiones de oro, mediante denuncias, para zanjar cuentas personales y saciar deseos de venganza. O para resolver cuestiones patrimoniales. Todos sabemos que los niveles de maldad a que puede llegar el ser humano siempre han sido infinitos. Pero también lo son los de bondad. Incontables familias de nuestro país albergan episodios de este género. También la de quien escribe estas líneas: un pariente, miembro de la CNT, salvó la vida de otro, falangista, que iba a ser ejecutado. «Ha sido gracias a la Pilarica, que ha escuchado mis oraciones y ha salvado a mi hijo», proclamaba la madre del camisa azul, muy franquista ella. «¿A la Pilarica?», replicaba mi abuela, creyente pero republicana. «¡Querrá decir que gracias a su primo el anarquista!»

Durante mi infancia, «antes de la guerra» era una expresión muy frecuente en el seno familiar. La frase plasmaba la nostalgia de los años en que no había estrecheces, de cuando se podía acceder con total normalidad a productos alimenticios básicos: pan, azúcar, arroz, aceite, judías… Para comprarlos, en los tiempos de la posguerra, hasta 1953, había que proveerse de las célebres cartillas de racionamiento. Las había de 1ª, 2ª y 3ª categoría. La distribución dependía de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (Comisaría de Abastos, decía el pueblo). El resto de productos se exhibían en los colmados de la ciudad como tesoros inaccesibles para la inmensa mayoría de los ciudadanos

Recuerdo la discreción, la prudencia, cuando no el miedo, de los que habían sido defensores de la legitimidad republicana, o sea, los rojos. Al contrario de lo que sucedía con los franquistas, y salvo con los más íntimos, los rojos no hablaban nunca de política. (Bueno, Franco tampoco, como es sabido: «Haga como yo, no se meta en política», le espetaría una vez a uno de sus ministros).

Recuerdo los carteles con la imagen del dictador que inundaban la ciudad: Salve, Caudillo de España. Franco, Franco, Franco. Franco, centinela de Occidente. Gloriosos Caídos por Dios y por España; ¡Presentes!

En las escuelas, monopolizadas por la iglesia católica, cómplice del Glorioso Alzamiento Nacional que no dudó en denominar Cruzada, las paupérrimas aulas (pupitres con su tintero incorporado donde mojar las plumillas) estaban presididas por las fotos de Franco y de José Antonio, a ambos lados del crucifijo. Recuerdo el escudo del águila, el distintivo máximo del franquismo. Se trataba de una adaptación del Águila de San Juan que figuraba en el escudo de armas de los Reyes Católicos. Bajo el lema de Una, grande y libre, el aguilucho franquista exhibía el yugo y las flechas de la Falange. Recuerdo, claro, los noticiarios propagandísticos que desde 1943 se exhibían obligatoriamente en todos los cines: el NO-DO. Muchos espectadores llegaban diez minutos más tarde para esquivar «la película de Franco», como definían algunos al famoso noticiario. No me olvido de otro cartel: Si eres español, habla en español, cordial mensaje creado en 1937 por los democráticos cerebros de los falangistas y que perduró durante unos años.

Recuerdo la música de La Generala -una fusión del himno real, el Oriamendi de los carlistas y el Cara al Sol- que precedía a los Diarios hablados de RNE (el parte, decían en casa, recordando los partes oficiales de guerra del cuartel del Generalísimo que se iniciaban con aquella ingeniosa mescolanza). Y las cornetas del basurero cuando llegaba a la altura de las casas en su carro de caballos. Y los avisos del empleado municipal de los pueblos, precedidos también de un trompetazo: por orden del señor alcalde se hace saber… Y recuerdo los amargos sabores de los largos años del racionamiento: pan negro («Franco, danos pan blanco»), el aceite de ricino, el agua de Carabaña… Periodista.

Mario Onaindía, que sabía mezclar con eficacia el humor y la inteligencia, decía que a él lo que le hubiera gustado ser de verdad era hispanista inglés. Se refería, claro, a la posibilidad de observar los aconteceres de España, cuya historia le fascinaba, desde un punto de vista distante y sabio.

Por desgracia, podemos ver ahora que lo de ser anglosajón y analizar con distancia los episodios españoles no tiene por qué ir necesariamente unido.

No deseo herir la sensibilidad de Ian Gibson llamándole inglés, pero su posición fue por un tiempo la del hispanista, y años después la abandonó para lanzarse al ruedo de la bronca. Eso sí, hay que reconocer que se hizo español para alejarse de la obligada sobriedad que se exigía a su especie.

Ahora le ha correspondido a Paul Preston el turno de tocarnos las fibras sensibles. Preston ha decidido, al parecer, hacerse español y nos ha regalado un extenso catálogo de historias de horror que se agrupan bajo el sonoro título de El holocausto español.

La noticia del libro tiene un carácter mayor, tanto por la importancia del bagaje de Preston como por la recepción de que ha sido objeto. Se han llegado a decir sobre este libro cosas como que solo un extranjero podía escribir esto. Y se ha rendido pleitesía intelectual a su hiperbólica y desequilibrada narración de lo que sucedió durante la Guerra Civil de 1936. Lo de la hipérbole no viene porque se exageren los espantos vividos, sino por el nombre que le ha buscado, y lo de desequilibrada por la clasificación de los autores de esos espantos según estuvieran en un bando o en otro.

El uso de la palabra holocausto marca ya el libro desde su inicio, porque desde que los nazis procedieran al asesinato sistemático y ordenado de millones de judíos entre 1942 y 1945, conviene utilizar con cuidado el vocablo. Simplemente para entendernos mejor unos a otros. A mí se me antoja excesivo, aunque a la Real Academia Española (RAE) le baste para describir una gran matanza.

En España no hubo una acción sistemática de eliminación de un grupo social. Quizá con dos excepciones: los religiosos, que sufrieron en algunas zonas republicanas algo muy parecido al genocidio; y los masones, que padecieron lo mismo en la zona rebelde. De los primeros, murieron casi todos los que había en Lérida, por ejemplo; de los segundos, lo mismo entre los capturados por Franco. Los porcentajes de muertos en ambos grupos superan con mucho los registrados en las unidades de choque.

La espeluznante relación que ha hilado el autor con importantes ayudas locales tiene una intencionalidad evidente, que no oculta: la violencia cainita que se desarrolló desde el 17 de julio de 1936 y prolongó Franco hasta mucho después, no fue de la misma naturaleza en el lado rebelde que en el lado de quienes defendieron a la República.

De una forma muy sumaria se deduce de la lectura que los rebeldes emprendieron una tarea exterminadora como parte de un plan esencial a la naturaleza de su política, mientras que la violencia en el lado republicano fue, con excepciones que es preciso analizar, de reacción ante bombardeos, fusilamientos y otras salvajadas.

Es decir, hubo una violencia fría y programada frente a otra caliente e improvisada. Esto lo han dicho también otros historiadores, y Paul Preston lo asume.

Las herramientas para demostrarlo son variadas. La primera, la de la justificación de las violencias en el lado republicano. A las matanzas del puerto de Bilbao les preceden los bombardeos de Portugalete; al asalto a la cárcel Modelo de Madrid, le precede la carnicería de Badajoz; a la de Guadalajara, otro bombardeo. No sabemos, sin embargo, en realidad, qué es lo que precede a las matanzas sistemáticas en Castilla-La Mancha (salvo el odio a los terratenientes), o a la liquidación sistemática de pequeños comerciantes en Cataluña, por poner dos ejemplos. ¿Cabría la posibilidad de que, como ha descrito Fernando del Rey, los campesinos manchegos tuvieran claro a quiénes liquidarían en caso de conflicto, o la de que la acción de los anarquistas catalanes y los poumistas de Nin fuera tan programática como la de los rebeldes? En las proclamas de Largo Caballero también se pueden encontrar llamadas al exterminio de la clase enemiga.

Preston se extiende sobre las matanzas de Paracuellos, porque quizá sea el asunto que más ha desarbolado la teoría de la no planificación en el lado republicano, o sea, de la inocencia de los leales. Parece difícil demostrar que Azaña, Largo Caballero o el general Miaja y su ayudante Vicente Rojo estuvieran enterados del asunto. Pero en cambio es seguro que estuvieron al tanto los principales dirigentes anarquistas, como el ministro de Justicia, García Oliver, y todo el aparato del Partido Comunista de España. La literatura de la época señala incluso a Margarita Nelken, aún entonces en las filas socialistas, a la que Preston se esfuerza en desligar de toda complicidad. No fue un crimen del Gobierno, pero sí de una parte del aparato que estaba en él o lo sustentaba.

Es decir, que el asunto es complejo. Como lo es el del análisis de lo sucedido con los franquistas. Cada vez parece más difícil demostrar que la matanza que pretendían, bien expresada en las directivas de Mola (que se cumplieron), tuviera que desembocar en un exterminio, en un holocausto. Fue una tremenda escabechina que se prolongó hasta 1943 con un saldo de no menos de 150.000 muertos, que no es preciso multiplicar para que nos ponga los pelos de punta. Pero una matanza que, como bien ha demostrado otro inglés llamado Julius Ruiz, no tenía fines comparables a los hitlerianos. Preston insiste, para demostrar que tenía esos fines, en la más que excesiva teoría de la guerra larga, heredada de Dionisio Ridruejo e Hilari Raguer, según la cual Franco prolongó a propósito la guerra para matar con más comodidad. Una teoría que yo creo que ya está desacreditada por abundante documentación.

En el conteo de Badajoz, se incurre a mi juicio en un riesgo de sobrevaloración al hablar de más de 8.000 asesinados, siguiendo a Espinosa. ¿Es que nos parecen pocos 4.000 o 6.000? Es la misma técnica aplicada por César Vidal en Paracuellos, ya desenmascarada entre otros por Javier Cervera. (No puedo evitar sumar un dato a esta historia: Vidal incluye como víctima de Paracuellos a mi tío Manolo, con el que traté muchos años, y yo juro que respiraba).

El libro de Preston no es, por desgracia, una actualización rigurosa de lo sucedido durante la guerra, ni en los números ni en las razones. Y cojea en ocasiones de forma escandalosa, como cuando explica que en Cataluña y el País Vasco la represión se volcó sobre todo contra los nacionalistas, lo que contrasta con los datos que explican que en esas dos regiones el régimen de Franco mató proporcionalmente menos que en casi cualquier otra parte de España.

El trabajo de Preston contribuye a encender los ánimos de quienes consideran que las cosas de la guerra no se han liquidado bien, pero aporta irónicamente alguna perspectiva consoladora para creyentes en la justicia divina: en el epílogo se puede comprobar con satisfacción cómo los verdugos sufrieron su castigo. Unos murieron atacados por el cáncer; otros, se volvieron locos y mataron a sus propios hijos; otros, se arrepintieron de forma pública. ¿Castigo de Dios? Preston no cree que fuera cosa del altísimo, pero nos muestra que castigo sí tuvieron.

Lo que Preston no demuestra es que hubiera un holocausto; ni siquiera que hubiera una intención programática de exterminar. Franco, Mola (y tantos otros) fueron seres despiadados y asesinos, pero no anunciaron a Hitler, por mucho que sus intenciones fueran claramente homicidas.

Y de “los nuestros”, qué decir. Hubo de todo. Aunque tuvieran razón en defender el régimen legítimo.

En 1937, en el curso de la guerra civil española, coincidieron con simultaneidad sorprendente una serie de sucesos —bombardeo de Guernica, hechos de mayo en Barcelona, ofensiva republicana sobre La Granja—, todos ellos plasmados en obras o artísticas o literarias de excepcional calidad, que pusieron de relieve perspectivas, situaciones y circunstancias reveladoras del complejo contexto moral en que se desarrolló la guerra española.

Así, al tiempo que el 1 de mayo de ese año Picasso empezaba a pintar el «Guernica» —la localidad fue bombardeada el 26 de abril—, estallaban en Barcelona los «hechos de mayo» (días 3 a 7), choques armados, con 400/500 muertos, entre milicias de la CNT y el POUM, y fuerzas de orden público de la Generalitat catalana y de la República española, cuyas consecuencias políticas últimas fueron la ilegalización del POUM, el secuestro y asesinato de su líder, Andreu Nin, y el fin del proceso revolucionario desencadenado en Cataluña desde el 18 de julio de 1936, objeto central, todo ello, del libro de Orwell Homenaje a Cataluña. En esos mismos días, 3 a 7 de mayo de 1937, el presidente Azaña, aislado en su residencia en Barcelona, dictó la versión definitiva de La velada en Benicarló, su novela dialogada sobre la guerra que se publicaría en Buenos Aires en 1939. En mayo igualmente —un mes prodigioso, como vemos, para la creación artística y literaria—, Malraux comenzó a escribir La esperanza, que apareció como libro meses después, en diciembre de 1937. Del 30 de mayo al 2 de junio, se había producido la ofensiva republicana sobre La Granja —para aliviar el frente del norte ante el avance de Franco en el curso del cual había tenido lugar el bombardeo de Guernica—, episodio que iba a servir de marco a Hemingway para su novela Por quién doblan las campanas. Picasso, Orwell, Hemingway, Azaña, Malraux; «Guernica», Homenaje a Cataluña, Por quién doblan las campanas, La velada en Benicarló, La esperanza: obras maestras, piezas extraordinarias, escritores y artistas singulares. Dejaron huella indeleble en la memoria de los españoles; proporcionaron claves fundamentales para el análisis histórico, y para la reflexión moral y emocional, sobre la guerra.

El «Guernica» era, en palabras de Herbert Read, el historiador del arte inglés, un grito de indignación y horror ante la guerra española. La esperanza, una sucesión de cuadros de la guerra entre julio de 1936 y marzo de 1937; Por quién doblan las campanas, la historia de la operación contra un puente en la sierra de Madrid a cargo de una pequeña guerrilla republicana y un dinamitero norteamericano dentro de la ofensiva del Ejército Popular sobre La Granja y Segovia; y Homenaje a Cataluña, el testimonio de Orwell sobre su experiencia entre enero y mayo de 1937 en las trincheras de Aragón y en Barcelona. Idealizaban la guerra española como la resistencia del pueblo español contra el fascismo y glorificaban el romanticismo revolucionario —la «ilusión lírica», en palabras de Malraux— que inspiró a milicianos españoles y voluntarios extranjeros contra la sublevación militar, en calles y barricadas primero, en los frentes de guerra después.

Pero La esperanza, Por quién doblan las campanas, Homenaje a Cataluña y, añadamos, La velada en Benicarló, planteaban al mismo tiempo muchas otras cuestiones: cuestiones palpitantes, materiales para meditaciones ulteriores y en profundidad sobre la guerra, perspectivas y dilemas sin duda graves y de resolución a veces imposible, a que se enfrentaron los combatientes republicanos. Malraux hizo en La esperanza la apología de la estrategia comunista en España: disciplina, gobierno de unidad, Ejército popular. La hizo en el mismo momento en que Orwell denunciaba la liquidación de la revolución española por el Partido Comunista, la persecución del POUM, el partido de la extrema izquierda revolucionaria, por agentes soviéticos y la policía filo-comunista española, y la falsificación de la verdad de la guerra por la propaganda y la manipulación.

Por quién doblan las campanas romantizaba y sentimentalizaba la guerra. Era la historia del hombre, el protagonista: Robert Jordan, que muere por una causa, la República española, y era una historia de amor (entre Jordan y María, la joven guerrillera española). El libro de Hemingway exaltaba de forma evidente la causa republicana. Pero la novela incorporaba paralelamente pasajes y escenas que exponían la terrible dureza y las miserias políticas y morales que acompañaron el curso de la guerra: la atroz matanza de fascistas —arrojados vivos por los campesinos por una profunda garganta rocosa— en el pueblo de Pilar, al principio de la guerra; las comodidades y vida placentera que disfrutaban asesores rusos, dirigentes internacionalistas y corresponsales extranjeros en los hoteles del Madrid republicano; la incompetencia de los mandos militares republicanos (Hemingway llega a llamar a Miaja, el general republicano, «viejo calvo, gafoso, estúpido, aburrido…»). Homenaje a Cataluñaera la expresión del desencanto de Orwell, un escritor socialista y antifascista que se sumó entusiasmado a la revolución proletaria que se desencadenó en Barcelona de julio a diciembre de 1936, y que acabó viendo, ya en la primavera de 1937, el desmantelamiento desde el poder de las organizaciones revolucionarias (CNT, POUM) y la rectificación de la revolución: Orwell vivió los últimos días de su experiencia revolucionaria huyendo de la policía gubernamental republicana, durmiendo en las calles, sabiendo que algunos de sus mejores amigos combatientes en la guerra habían sido encarcelados —y alguno torturado y muerto en prisión—, perseguido en suma por las mismas fuerzas con las que habían venido a combatir, y buscado por quienes hasta días antes habían sido sus camaradas.

La velada en Benicarló de Azaña, la antítesis de la ilusión lírica de Malraux y del sentimentalismo hemingwayano, era un libro devastador en que Azaña vertió los sentimientos de tristeza, angustia, abatimiento y pesimismo con que reaccionó ante el levantamiento militar del 18 de julio de 1936. Era la visión de la guerra como una alucinación colectiva, una manifestación inequívoca de la conciencia de la propia culpabilidad republicana en los hechos, la expresión de la desolación de Azaña por el fracaso de la República, que el libro equiparaba —así lo hacían varios de los personajes— con colapso del orden y de la disciplina, desaparición del Ejército, revolución, ejecuciones y carencia de solidaridad nacional en algunas regiones republicanas. La veladaera, en fin, la idea de la guerra como una guerra inútil: porque, como Azaña hacía decir a su alter-ego Morales, ningún sistema político importaba tanto como para desencadenar una guerra —al revés: España, el ser nacional, la civilización española, estaban por encima incluso de la República—, y porque la guerra, en palabras de otro de los personajes, Pastrana (más o menos, Indalecio Prieto), no resolvería ninguno de los problemas históricos de los españoles.

Sólo un hombre con el talento de Arthur Miller podía encontrar las palabras justas para definir a todos aquellos que terminada nuestra guerra civil se escondieron durante muchos, muchos años, hasta que creyeron que su vida – al menos su vida, lo más preciado-no corría peligro. Los llamó mensajes en una botella. La primera denominación hispana fue Los Topos, y se la dieron dos periodistas jóvenes: Jesús Torbado y Manu Leguineche.

Todo empezó por una nota de agencia que daba cuenta de la reaparición de un alcalde republicano. En Mijas, Málaga, el antiguo edil del Frente Popular, Manuel Cortés Quero, se había pasado 30 años encerrado en una habitación, oculto a las miradas de todo el mundo y a la búsqueda incansable de sus enemigos. 30 años de cárcel doméstica, sin derecho a patio ni a visitas, sin posibilidad de reducción de condena y con el agravante de que cualquier fallo, cualquier error, le hubiera costado la vida. La suya y la de quienes le ocultaban.

Esto sucedía en 1969. Franco concedía al fin una amnistía para todos los delitos que se hubieran cometido durante la guerra civil. Se refería a los del lado republicano, porque los del lado faccioso no sólo ya habían sido amnistiados sino que incluso habían recibido recompensas. Frente a la creencia general, soy de los que consideran que el franquismo, el estudio de tantos años de dictadura, aún está en mantillas. Baste decir que aquella amnistía del 69, legalmente obligatoria, porque al cumplirse treinta años prescribía automáticamente el delito, se encabalgó con un estado de excepción, el de enero, quizá el más duro e indiscriminado de cuantos declaró el franquismo.

El alcalde de Mijas, Manuel Cortés, esperó hasta abril de 1969 para entregarse. Sería un ejercicio muy útil recordar ahora, con detalle, la reacción de la prensa oficial, es decir, casi toda la existente entonces. Le ridiculizaron por haber sufrido innecesariamente, decían. Hubieron de ser dos jóvenes periodistas, como Torbado y Leguineche, los que recogieran la noticia y se propusieran una tarea difícil y frustrante. Difícil, porque aún quedaba mucha dictadura por delante y el miedo sellaba las bocas. Y frustrante, porque Franco moriría en noviembre de 1975, y mientras el principal protagonista de la matanza no desapareciera hubiera sido impensable publicar un libro sobre los rojos escondidos de la posguerra civil, los que se habían librado del paredón o el paseo porque asumieron la crueldad asesina de sus adversarios y no se creyeron ninguno de sus embustes que aseguran que quien no tuviera las manos manchadas de sangre no tenía nada que temer.

No hay mayor frivolidad que la de creer que la censura aviva el ingenio. La libertad es el acicate más eficaz. La censura achica la ambición y nos vuelve a todos menos audaces. Eso es lo que inevitablemente les sucedió a Torbado y Leguineche. Tenían en sus manos un material magnífico, conseguido a pelo, sin la más mínima ayuda ni subvención, y debían dejarlo en el cajón hasta que se muriera Franco y llegaran tiempos mejores.

Y al final llegaron, pero tan tarde que tras siete años de espera tanto Torbado como Leguineche estaban ya en otras cosas, con otros proyectos. Pero el libro salió en 1977, gracias también al impulso de Mario Lacruz, gran tipo en tiempos difíciles. Lo titularon Los Topos y fue un éxito de público más que de crítica. Se hicieron un puñado de ediciones y luego se reeditó en 1998. Es curioso, durante los catorce años del PSOE en el poder no se volvió a hablar del libro y quizá sea significativo de algo que sucedió entonces y apenas si nos dimos cuenta. Los socialistas que gobernaron eran otra generación; ni tenían nada que ver con el pasado, ni les interesaba especialmente.

Los Topos, de Jesús Torbado y Manu Leguineche acaba de ser reeditado (Capitán Swing editores) y he comprobado que sigue siendo un texto magnífico, abrumador, emocionante. En ocasiones parece tedioso, como lo son las historias personales, por más apabullantes que sean, contadas por quien a duras penas sabe hacerse entender. Ese es el mayor atractivo del libro, 17 historias de topos de la posguerra incivil – hay una, un tanto forzada, de un falangista, que apenas si viene a cuento-narradas por ellos mismos, con algún apunte de sus esposas. ¡Qué galería de mujeres exhibe este libro! Bastaría con ellas para hacer unos relatos que conmueven por su fuerza, su inteligencia y sobre todo su intuición sobre la maldad humana.

Los Topos estuvo a punto de conseguir el Premio Internacional que concedían un jurado formado por los mejores semanarios del mundo. Se lo concedieron entonces, estamos hablando de 1978, nada menos que a Despachos de guerra,de Michael Herr, que apareció en castellano gracias a Anagrama (1980) sin que alcanzara entre nosotros la auténtica aureola de obra maestra que le otorgaron tantos, incluida la más reciente de Roberto Saviano, que se considera honroso deudor de su magisterio.

Si fuéramos un país culturalmente normal, sin esa gangrena de los años del cólera, la edición del 77, o esta de 2010, constituirían auténticos acontecimientos culturales, en una medida similar a la que generó Los hijos de Sánchez ahí está Protasio Montalvo, que se mantuvo en Cercedilla, pegado a la sierra madrileña, 38 años escondido, y que no se fio hasta que se convocaron las elecciones de junio de 1977-,sino también el mundo que los rodeaba. No sólo los que les protegían, con riesgo de su propia vida, sino también aquellos que se esforzaban en denunciarlos o sencillamente en matarlos.

Claro que habría que comenzar por el principio. Por Los Topos. Hoy cualquier posmoderno no conoce otros topos que los personajes que popularizó John Le Carré, hace ya cincuenta años, exactamente por la misma época en la que nuestros protagonistas sobrevivían metidos en un armario, en una cuadra, en un doble techo, en un pozo, en una habitación sin vistas. Si ni siquiera han llegado a ver en su ajetreada vida urbana a un topo común, ese animal misántropo y ciego, tan humano por ello, cómo iban a entender a unos tipos que, conscientes de ser carne de paseo letal o fusilamiento sumario, se encerraban sin otra finalidad que salvar la vida. Se hicieron topos para poder volver a ser algún día hombres. Y esa tragedia con final feliz que trascriben impecablemente Torbado y Leguineche nos deja anonadados, preguntándonos tantas cosas sobre ellos, sobre sus manías de grandeza, su lógica obsesión autodidacta, sus miedos espantosos, sus ataques de nervios – hay un relato de uno que no se puede leer sin aprensión-,sus alimentos, sus dolores de muelas o de estómago, sus esclavitudes de animales atrapados en el cepo de la historia.

Y también preguntándonos sobre nosotros mismos. ¿Hubiéramos resistido diez años así? ¿O diez meses? Probablemente no, o quizá sí, ¿quién puede decir hasta dónde llega nuestro miedo? No hay cobardes absolutos ni valientes sempiternos; lo que hay son situaciones.

¿Cuántos habrán muerto sin llegar al final feliz, cuántas historias truncadas que hubieron de cerrarse enterrándolos en cualquier parte, doblemente clandestinos en la vida y en la muerte? Por todo eso me parece que la mejor descripción de esa aventura de supervivencia que fueron nuestros Topos, tan lejanos de los vistosos caballeros políglotas de Le Carré, la hizo el dramaturgo Arthur Miller cuando tras leer la historia del alcalde republicano de Mijas, el de los 30 años escondido, escrita por el británico Ronald Fraser en 1972, dejó estampado en letras que podrían ser de oro: “es como un mensaje intacto dentro de una botella entre los despojos de la playa de la historia”.

Hay una premisa esencial en el análisis del caso Companys y de todos los demás condenados por los tribunales de la dictadura por haber sido fieles a la legalidad republicana y por haber luchado en su defensa: los delincuentes por rebelión eran los franquistas. Los que deberían haber sido juzgados eran Franco y todos los que se sublevaron contra la Segunda República. No hay que perder ni un segundo para demostrar los juicios criminales de la dictadura. La historia ya ha sido suficientemente concluyente para condenar a Franco y a sus cómplices de asesinato, al utilizar el poder absoluto del Estado para ejercer la venganza en su grado máximo contra todos los republicanos, con el objetivo imposible de impedir la vuelta de las libertades.

Companys fue asesinado por orden directa del jefe de Estado. Fue un crimen contra la libertad y contra Cataluña. Cuando el Gobierno de la Generalitat instó al Fiscal General del Estado, a través de la Fiscalía Superior de Catalunya, el 15 de octubre de 2009, a interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para conseguir la nulidad de la sentencia que condenó a muerte al president Companys, no se pretendía probar ninguna inocencia ya de por sí evidente, sino mostrar la absoluta manipulación de la justicia al servicio de la victoria militar y con el único objetivo de la venganza y el escarmiento políticos. La condena del franquismo no será total hasta que sus actos más atroces, como fueron las sentencias a muerte por medio de juicios sumarísimos, no sean anulados, y con ellos todas las demás sentencias que privaron de libertad a tantos españoles por razones políticas o ideológicas.

Companys había sido ministro del Gobierno republicano, presidente del primer Parlament de Cataluña y presidente de la Generalitat. El único presidente democrático entregado a la dictadura franquista, en plena ocupación nazi sobre Francia, torturado y vejado en las dependencias de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid y, finalmente, enviado a Barcelona para su ejecución ya decidida. La sola narración de lo ocurrido debería ser suficiente para que todos los poderes del Estado, especialmente las Cortes Generales y el Tribunal Supremo, no tuvieran la menor duda de la ilegalidad del crimen de Estado y así lo declararan mediante ley o sentencia.

En este contexto hay que situar la decisión del Fiscal General del Estado del 5 de abril, de no interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, basándose en la consideración de que las sentencias que condenaron al presidente Lluís Companys son nulas de pleno derecho al haber sido expulsadas del ordenamiento jurídico en aplicación directa de la Ley 52/2007 (Ley de Memoria Histórica). Ahora bien, la declaración fiscal es únicamente una interpretación de la ley cuyos efectos jurídicos están por ver. Solo las Cortes Generales mediante ley o los tribunales mediante sentencia pueden acordar la nulidad de las sentencias. Y la Ley de Memoria Histórica 52/2007 en su artículo 2.1 declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas producidas por razones políticas durante la Guerra Civil y la dictadura, y en el artículo 3 establece la ilegitimidad de los tribunales que las dictaron, en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra. La interpretación del Ministerio Fiscal establece una lógica relación de causa-efecto entre ilegitimidad y nulidad de pleno derecho. Si los tribunales y sus sentencias son ilegítimas, lógicamente devienen ilegales y nulas.

Solo hay un pero o interrogante: ¿por qué la Ley de Memoria Histórica no afirma sin ambigüedad lo que la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo interpretó? En un asunto de tanta trascendencia no debería haber lugar para la duda. Hay otra pregunta todavía más inquietante: ¿no actuó el Fiscal General del Estado a partir del convencimiento de que la Sala Quinta del Tribunal Supremo desestimaría el recurso de revisión? Ante la posible negativa del Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado buscó la salida por la puerta trasera. Solamente hay una salida por la puerta delantera: la enmienda de la Ley de Memoria Histórica para que quede literalmente establecido lo que el Fiscal General del Estado interpreta.

Los poderes del Estado, en primer lugar, las Cortes Generales y el Poder Judicial, tienen la obligación política y moral de proceder a la anulación de todas y cada una de las sentencias políticas de la dictadura. Lo exige la memoria de Companys y la de todos los españoles asesinados por el franquismo. Lo demanda nuestra propia confianza en las instituciones democráticas.

La Junta de Andalucía piensa indemnizar a las mujeres que fueron vejadas por ser republicanas. Más vale tarde que nunca, aunque, como era de esperar, a Dolores de Cospedal no le ha gustado. No importa. Es una gran oportunidad para reivindicar a miles y miles de mujeres que fueron pisoteadas por sus ideas o simplemente por estar casadas o ser hijas de republicanos. Nunca fueron reconocidas como presas políticas, sino como prostitutas.

La mayoría de ellas han sido y siguen siendo invisibles. Tan solo puntuales historiadores han investigado sus vidas. Y lo seguirán siendo mientras en nuestras escuelas no se explique qué pasó. Ni nuestros universitarios ni los estudiantes de Bachillerato reciben información. Para los libros de texto estas mujeres no existieron. Y las nuevas generaciones las van conociendo a través del cine, de las series de televisión y de algunos libros.

El catedrático Vicenç Navarro, de la Universidad Pompeu Fabra, todavía se sorprende cuando ve a sus alumnos hablar con soltura de las desapariciones y torturas en Chile y Argentina y de la total ignorancia de lo que pasó en España. Nadie conoce a esas 19 jóvenes del pueblecito sevillano de Guillena que fueron asesinadas en el verano de 1936 o a Amparo Barayón, mujer del escritor Ramón J. Sender, que antes de ser fusilada le enviaba una nota a su marido diciéndole que habían hecho desaparecer a su hija Andreína.

En cambio, para los vencedores de la Guerra Civil, las mujeres fueron un pilar importante de su nuevo régimen dictatorial. Enfocaron en ellas toda su ideología y las convirtieron en su arma más importante para educar a futuras generaciones, para conseguir que las familias fueran el núcleo de la sociedad en donde “los valores del franquismo” se mantuviesen y proliferasen.

Y, por supuesto, con el entusiasmo de la jerarquía católica. No olvidemos que la mayoría de las hacinadas y cochambrosas cárceles fueron administradas y custodiadas por órdenes religiosas femeninas.

La influencia que las mujeres lograron para reproducir la represión moral y política fue una de las más útiles armas del régimen franquista. Abnegadas, calladas y obedientes, las mujeres del franquismo renunciaron, quizás sin saberlo, a vivir su propia vida, para servir a los intereses del poder establecido.

En cuanto a las republicanas, por el hecho de haber perdido una guerra se convirtieron en seres inferiores, en lo que el historiador Ricard Vinyes denomina la “degeneración social del disidente”. “Al fin y al cabo”, añade Vinyes, “desproveer al enemigo de condición humana ha sido un requerimiento previo a su aniquilación”.

Y si hay que recordar a algún experto en humillar y aniquilar a estas mujeres fue el comandante-psiquiatra Vallejo Nájera, que no dudaba en definirlas como “débiles mentales”. Director del Gabinete de Investigaciones Sociológicas, nombrado directamente por Franco, teorizó hasta la saciedad sobre la inferioridad mental de la mujer-disidente.

En sus experimentos en la cárcel de Málaga, agrupaba a las presas por categorías de peligrosidad, considerando “las más degeneradas” a las que eran marxistas y catalanas.

En medio de tanto odio, la Fiscalía del Estado se alarmaba del aumento espectacular de suicidios: un 71,3% más que en el año 1932. Fue lo que acabó haciendo la licenciada en Ciencias Matilde Landa, detenida y trasladada a la cárcel de Ventas de Madrid en 1939, condenada a muerte e indultada gracias a las numerosas gestiones de sus familiares. Pasó 30 años en prisión antes de quitarse la vida.

De las presas de la cárcel de Málaga, Vallejo Nájera afirmaba que habían actuado “empujadas por el resentimiento y el fracaso social que en las mujeres era más notorio dada su perversión moral y sexual”. Se las machacó de forma especial no solo por sus ideas políticas, sino por el hecho de ser mujeres. La virilidad de los vencedores se conformó como un elemento esencial. De ahí que la principal forma de represión fue la violación.

Como afirmaba la madrileña Juana Doña, militante del Partido Comunista condenada a muerte, “se violaba en las comisarías, en los centros de Falange, en las cárceles, en los domicilios requisados”, hasta el punto de que incluso en los informes de la Fiscalía se habló del alarmante ingreso en prisión de mujeres por el hecho de haber abortado, añadiendo siempre la coletilla ideológica: “La mujer ahora prefiere la muerte a la maternidad”.

Esta violencia fue impulsada desde el poder. Solo hay que recordar las arengas del general Queipo de Llano: “Nuestros valientes legionarios han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y de paso también a sus mujeres. Esas comunistas y anarquistas se lo merecen. No se van a librar por mucho que forcejeen”.

Muchas de ellas ya han fallecido, pocas siguen entre nosotros, pero los que sí están y deberían conocer a fondo lo que pasó son sus nietos y bisnietos. Mientras que no se explique a los jóvenes quiénes fueron y qué hicieron estas mujeres, no podremos dar por superada una etapa de nuestra historia. Lo más triste es que personas como Cospedal, que han tenido la oportunidad de leer e informarse, no lo hayan hecho.

Hace unos meses, coincidiendo con el encausamiento del juez Garzón como consecuencia de la investigación de los crímenes del franquismo, la magistrada Clara Bayarri escribía en estas mismas páginas las razones que le habían llevado a ella y a otros dos integrantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a reivindicar la competencia del juez Garzón para la investigación de dichos crímenes.

Fue una postura minoritaria no compartida por la mayoría de la Sala de la que ambos formamos parte, pero fue una postura perfectamente defendible, apoyada en sólidos razonamientos jurídicos y sostenida por prestigiosos juristas, entre ellos, como ya he dicho, por otros magistrados de la propia Sala.

No suscribí su postura, aunque consideraba como ellos que los crímenes del franquismo eran crímenes contra la humanidad, lo que justificaba la investigación inicial emprendida, porque creía que la constatación realizada por el juez Garzón del fallecimiento de todos los posibles autores hacía imposible la continuación contra estos del procedimiento penal iniciado. Como dije en el voto particular que formulé, por mucho que fuese el valor simbólico que pueda atribuirse al proceso penal nunca puede dirigirse contra personas fallecidas.

Tampoco estaba de acuerdo con la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía a los posibles autores de tan horrendos crímenes. A diferencia de las leyes de punto final, la Ley de Amnistía fue una reivindicación histórica de la izquierda española y de las demás fuerzas progresistas que se enfrentaron a la dictadura franquista y estaba destinada a las víctimas de la represión franquista, pero también a quienes en el bando de los vencedores habían incurrido en responsabilidad por los gravísimos crímenes cometidos.

Se trataba de una reivindicación que se correspondía a la política de reconciliación nacional desarrollada desde finales de los años cincuenta por el Partido Comunista de España, la principal fuerza antifranquista en aquellos momentos, posteriormente concretada en la política de Pacto por la Libertad, que en síntesis implicaba un gran acuerdo entre todos aquellos, que, con independencia del papel que hubiesen jugado en la Guerra Civil y en la dictadura, estuviesen dispuestos a romper con el pasado franquista y a apostar por un futuro democrático.

Esta política de reconciliación y pacto sustentó la constitución de la Junta Democrática y de Convergencia Democrática, organizaciones que en los últimos estertores de la dictadura, trataron de nuclear a quienes apostaban por una transición pacífica como la que efectivamente se produjo.Probablemente, sin esta concepción de la Amnistía, dirigida también a quienes habían contraído gravísimas responsabilidades bajo la Guerra Civil y el franquismo, el proyecto democrático no se habría impuesto sino tras una nueva confrontación civil cuyos resultados, en el mejor de los casos, habrían sumido al país nuevamente en años de enfrentamiento. Porque es impensable que hubiese podido producirse una transición pacífica si se hubiesen exigido responsabilidades a antiguos ministros del franquismo, como Fraga, o a jefes del Movimiento como Adolfo Suárez, o a los miles de policías, militares, jueces y funcionarios que durante largos años habían sostenido el aparato dictatorial.

La política de reconciliación nacional se fundamentaba en que, en el tiempo transcurrido desde la Guerra Civil, se había producido un importante cambio social en España, de forma que muchos de los que habían apoyado y se habían involucrado con la dictadura no se opondrían a un sistema democrático; y que la inmensa mayoría del pueblo español, incluidos aquellos sectores sociales históricamente vinculados al franquismo, estaría dispuesto a propiciar una nueva España democrática, siempre que la transición fuese pacífica y se alejase la perspectiva de un nuevo conflicto.

La Ley de Amnistía fue, por tanto, un acto de extrema generosidad de los que habían luchado contra el franquismo y a favor de las libertades y la democracia. Suponía que se abandonaba cualquier proyecto de exigir responsabilidad por los horrendos crímenes cometidos. Era una ley imprescindible, pero que, obviamente, planteaba graves dilemas morales y jurídicos en la medida que dejaba sin repuesta a esos gravísimos crímenes. Es por tanto perfectamente razonable que su eficacia pueda cuestionarse como lo han hecho aquellos juristas, alguno de ellos magistrados de la Sala de la que formo parte, que han sostenido que no puede alcanzar los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.

Pero si el alcance de la Amnistía puede justificarse históricamente, lo que no es desde ningún punto de vista comprensible es que, transcurridos más de 60 años desde el final de la Guerra Civil y más de 30 desde la instauración del sistema constitucional, las fosas de la guerra civil no se hayan abierto y los cuerpos de las víctimas sigan en muchos casos enterrados por los caminos de España; y es también incomprensible que muchos posibles crímenes, como la desaparición o secuestro de niños, no estén plenamente esclarecidos.

No es por tanto extraño que las asociaciones de víctimas reclamasen satisfacción por estos crímenes, y su pretensión fuese acogida por el juez Garzón, el juez que más se ha destacado en la persecución de crímenes contra la humanidad.

Y es por todo ello que la postura de los integrantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que defendieron la competencia del juez Garzón y la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía a los crímenes del franquismo, es una postura perfectamente legítima en derecho, aunque no se comparta, sostenida por unos jueces prestigiosos y honestos, y merecedora de todos los respetos.

Como recordaba recientemente el comentarista de este periódico Javier Pradera en uno de sus artículos, los debates jurídicos se suelen prestar a respuestas diferentes dentro de una horquilla de soluciones igualmente admisibles. Es por ello que en los tribunales se delibera y vota; y el que en la deliberación y votación una postura resulte minoritaria, como sucedió en este caso respecto a la competencia del juez Garzón y la vigencia de la Ley de Amnistía, no quiere decir que no sea plenamente legítima y jurídicamente defendible.

Lejos de mi intención hacer leña del juez caído. Después de la resolución del instructor del Tribunal Supremo Manuel Marchena en relación con la causa abierta contra Baltasar Garzón por el dinero percibido durante su estancia en la Universidad de Nueva York —resolución en la que se acusa al magistrado, entre otras irregularidades, de una «manifiesta ocultación de cuantías»—, traer a colación una instrucción anterior, la iniciada por el juez Luciano Varela contra el propio Garzón por emprender un proceso contra los crímenes del franquismo a sabiendas de que habían prescrito, puede parecer abusivo. Pero, por desgracia, hay de qué. En primer lugar, porque el Supremo ha rechazado las pruebas aportadas por el imputado, lo que viene a significar que ha avalado la instrucción de Varela y que Garzón va a ser, tarde o temprano, juzgado. Y luego, porque el proceso que originó que el Supremo abriera esta segunda causa ha tenido ya una réplica. Y no en España, donde la ley de Amnistía de 1977, fruto del espíritu de reconciliación nacional de aquellos años, actúa como un dique eficaz contra semejantes iniciativas, sino en Argentina.

Allí la Cámara Federal —una suerte de tribunal de apelaciones— ha instado a una juez a que reabra un proceso idéntico al de Garzón que ella misma había cerrado meses antes, y a que pregunte al Gobierno español si «efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado para aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977». Aunque ignoro qué respuesta va a dar el Gobierno español, o mucho me equivoco o no puede hacer otra cosa que negar que se esté investigando la existencia de dicho plan. Y no sólo porque, en efecto, nadie está ya en España por la labor, sino porque tal plan no ha existido jamás. En otras palabras: lo que la Cámara formula como requisitoria presupone que entre las fechas aludidas, o sea, a lo largo de prácticamente 41 años, bajo una República inmersa en una guerra civil, una Dictadura y una Monarquía, se practicó en España una liquidación sistemática de toda persona afecta al régimen republicano.

Por supuesto, la fórmula utilizada por los magistrados de la Cámara no tiene otro propósito que el de permitir que la justicia argentina se ocupe de un asunto que en principio debería serle ajeno. Descansa en el llamado «principio de justicia universal», y en la certidumbre de que los crímenes en cuestión fueron «de lesa humanidad» o, como afirma un abogado de los querellantes —un hijo y una sobrina nieta de republicanos asesinados en las provincias de Lugo y Salamanca, respectivamente—, «uno de los peores genocidios del siglo XX». De la barbarie de aquella guerra, de las horrendas matanzas cometidas por uno y otro bando, nadie en su sano juicio puede hoy en día dudar. Ahora bien, que los crímenes perpetrados en el bando franquista constituyan no ya «uno de los peores genocidios del siglo XX», sino siquiera un genocidio, eso no se sostiene por ningún lado. Para que pueda hablarse de genocidio, o de crimen contra la humanidad, es necesario que ese crimen se haya producido, de modo organizado y sistemático, contra alguien por el simple hecho de haber nacido. Por no salirnos del infausto siglo XX, este fue el caso de los armenios en Turquía, de los judíos en gran parte de Europa o de los tutsis en Ruanda. Nada parecido, ni remotamente, ocurrió en España durante el periodo de 41 años a que alude la requisitoria de la Cámara argentina.

Así pues, y al margen de otras consideraciones, lo que persiguen esos magistrados es remover el pasado agarrándose a una figura delictiva que, en buena ley, debería resultar inaplicable a ese mismo pasado. Si bien se mira, su forma de proceder no difiere en exceso de la del juez Garzón en el proceso que instruyó y por el que va a ser juzgado por prevaricación. Recuérdese tan sólo que una de sus medidas de entonces consistió en preguntar por el paradero de un tal Francisco Franco y de una treintena de estrechos colaboradores suyos —ministros y generales «de la première heure»—, a fin de llevarlos ante la justicia. Por descontado, se trata y se trataba de sortear la legalidad. Pero también se trata y se trataba de alterar la realidad. Y lo segundo resulta, si cabe, mucho más grave que lo primero.

Desde que José Luis Rodríguez Zapatero convirtió la revisión del pasado en uno de los ejes de su programa de gobierno, hemos asistido a un doble movimiento. Por un lado, a un movimiento de signo humanitario, consistente en dar digna sepultura a muchas de las miles de víctimas de la guerra, en su inmensa mayoría del bando republicano, cuyos restos yacen todavía en alguna zanja del país. Por otro, y superpuesto al anterior, a un movimiento de signo ideológico, consistente en presentar a esas víctimas, y a cuantas compartieron con ellas determinados ideales —o simplemente bando de guerra—, como las únicas que merecen hoy en día semejante consideración. Y, si no las únicas, sí las que más la merecen.

De ahí que quienes promueven y amparan ese doble movimiento no se contenten con enterrar dignamente sus restos y aspiren, a un tiempo, a una suerte de justicia póstuma en la que no cabrían, sobra decirlo, sino esas mismas víctimas. Y de ahí también que algunos jueces, españoles y argentinos, no se paren en barras a la hora de enmendar la historia, bien convocando a los muertos, bien convirtiendo una matanza entre hermanos en un intento de genocidio de un bando sobre el rival. Y todo con un solo fin: reanudar una guerra que los suyos perdieron hace más de setenta años en los campos de batalla para intentar ganarla ahora en los tribunales.

Lo sorprendente es que no pocos de esos defensores de la superioridad moral de los unos sobre los otros —y de sus memorias respectivas— suelen relamerse después con la lectura de algunas obras que tratan de nuestra contienda civil y en las que no se salvan del oprobio ni los unos ni los otros. Así ocurre, por ejemplo, con «A sangre y fuego», de Manuel Chaves Nogales. Ese conjunto de relatos, escrito a comienzos de 1937 en el exilio francés y por el que desfilan, como muy bien indica el subtítulo del libro, toda clase de héroes, bestias y mártires de aquella España en guerra, ha sido alabado en los últimos tiempos por tirios y troyanos. Bien está, por supuesto. En una época en que el espíritu de la Transición cotiza tan bajo, esas conjunciones son siempre de agradecer. Y hasta puede que, en un futuro, el ánimo conciliador que de ellas se desprende acabe prevaleciendo sobre el maniqueísmo simplón que se empeña en seguir distinguiendo entre buenos y malos. Ojalá.

Aunque, la verdad, no lo creo. De lo contrario, ¿a qué viene que más de uno de los que dicen disfrutar con los relatos de «A sangre y fuego» bendijera, como fue el caso, el homenaje aquel al juez Garzón concelebrado en la Complutense por docentes, discentes, políticos, sindicalistas, artistas, magistrados y demás gente de buen vivir?

Se llamaba José Álvarez-Prida y era mi tío materno. Aunque no llegara nunca a tratarle, pues lo asesinaron antes de que yo naciera, lo conocí en realidad desde bien niña, porque estuvo siempre vivo en la memoria de mi abuela, mi madre y mis tías. Hoy están todas ya muertas. Se fueron sin saber nunca dónde reposaban sus restos.

Abogado, amigo de artistas y escritores, él mismo poeta, su único delito era ser de izquierdas. El 26 de julio de 1936 unos guardias lo fueron a buscar a su casa en León, donde se encontraba entonces por ser de allí su esposa, y lo llevaron detenido. El único “material subversivo” que le encontraron fueron unos versos “con palabras injuriosas para el Ejército”, “el Ejército nacional”, se entiende. En realidad, se trataba de la Legión.

Fue trasladado a la prisión de San Marcos, hoy ostentoso parador de lujo, pero en aquellos años tenebrosa cámara de los horrores donde se torturaba a la gente a muerte y las paredes rezumaban sangre. Él también fue torturado allí salvajemente, según contaron testigos que compartieron con él calabozo y lograron salvar el pellejo.

Como a tantos otros, lo habían denunciado por rojo. Sin pertenecer a ningún partido político, simpatizaba con Izquierda Republicana, el partido de Aza-ña, y, consecuente con sus ideas, había votado en las elecciones del 16 de febrero de 1936 por el Frente Popular.

Cuando vemos las acusaciones de sus denunciantes, que no eran otros que tres tertulianos del café de León que él frecuentaba, uno de ellos hermano de una buena amiga de su esposa, nos quedamos perplejos. El encartado era peligroso porque, según las declaraciones de estos, se relacionaba con “elementos extremistas” y en todas las conversaciones de carácter político manifestaba siempre “ideas de este carácter”. Además, como vivía, según ellos, muy por encima de sus medios económicos y viajaba mucho al extranjero, se podía suponer que fuera “agente del Socorro Rojo”. La paletería y el cerrilismo de los que lo denunciaron queda bien patente en la desconfianza que les inspiraban las personas que viajaban al extranjero, donde podían contaminarse de ideas peligrosas. Mi tío enseñó durante unos años lengua y literatura españolas en la Universidad de Sofía (Bulgaria) y solía viajar por diversos países europeos antes de tomar en Italia un barco, que, tras hacer escala en Atenas, se dirigía a Estambul, desde donde tomaba el Orient Express a Sofía. Allí nacería su primer hijo en 1933. Su puesto dependía del Ministerio de Estado (Asuntos Exteriores) y viajaba con pasaporte diplomático. Todo ello despertaba las sospechas de aquellos para quienes su pequeño mundo de estrechos horizontes se limitaba a su casa, la oficina y la peña del café. Era esta España la que hombres como mi tío hubiesen querido cambiar, sobre todo mediante la educación, y la que el golpe militar de Franco hizo que se perpetuara, dejándola sumida en una larga noche de 40 años de oscurantismo.

En el procedimiento que se le instruyó para “averiguar” su intervención “contra el Glorioso Movimiento Nacional”, nada había de lo que pudiera acusársele formalmente. Sus “delitos” eran de opinión; sus supuestas actividades “subversivas”, meras suposiciones. Aunque el juez instructor consideraba que no había elementos suficientes para determinar “la existencia de un delito”, dadas “la gravedad de las circunstancias” del momento y “sus actividades anteriores” (que no se especifican), así como “sus relaciones con elementos extremistas”, si el procedimiento terminara sin responsabilidad criminal, de conformidad con el artículo 396 del Código de Justicia Militar, recomendaba que la autoridad gubernativa le impusiera una multa de 9.500 pesetas, cantidad nada desdeñable en aquellos años, pero de la que consta se hizo entrega. Era de suponer que, abonada la multa, el preso sería puesto en libertad. No fue así. A partir del 20 de octubre de 1936, fecha en la que se pedía quedaran archivadas en la Comandancia Militar de León las diligencias instruidas en el caso, se pierde su rastro. Lo más probable es que lo sacaran esa misma noche de la Cárcel Provincial de León, adonde lo habían trasladado en agosto, para darle el paseo. Tenía 35 años y dejaba dos hijos, el mayor de tres años; la más pequeña no llegaba a dos.

Han pasado desde entonces más de 73 años y seguimos sin saber dónde está su cuerpo. Yo me hice a mí misma hace tiempo la promesa de que no cejaría hasta encontrarlo. Nunca había hecho mal a nadie. Era, por encima de todo, un hombre bueno.

Gerardo Diego, que era amigo suyo, le dedicó un poema, Retrato de José Álvarez-Prida, del que citaré algunas estrofas:

No le temáis. Su indómita melena, si se eriza, / La desmienten sus ojos tan dóciles y humanos. / Rostro de león heráldico, de piedra crespa y riza, / No temáis al león, os lamerá las manos. / De versos y de pájaros vedle siempre en acecho. / Cuando los prende vivos, no los ata ni encierra. / Los pule, los calienta en lo íntimo de su pecho, / y al aire los devuelve, libres sobre la tierra.

Los militares sublevados que desataron nuestra Guerra Civil comenzaron a construir su entramado “jurídico” a golpe de bandos de guerra. En el de 24 de julio de 1936, dictado por el general Queipo de Llano, se ordena pasar por las armas, sin juicio previo, a todos los dirigentes y simpatizantes del Gobierno de la República. El de 28 de julio de 1936 suaviza la brutalidad de su predecesor y, junto con otras disposiciones posteriores, abre paso a juicios sumarísimos sin garantías, que terminan, en la mayoría de los casos, con penas de muerte.

Algunos fragmentos de la “jurisprudencia” emanada de estos consejos de guerra puede ilustrar sobre las consecuencias, demoledoras e insoportables para el mundo del derecho, de la política represiva y exterminadora que se aplicó durante la Guerra Civil y la posguerra. Bastan unos pocos casos para ilustrar sobre las dimensiones de las aberraciones jurídicas cometidas.

Uno: “Se trata de una mujer de mala conducta, de ideas comunistas que se incautó víveres y ropas de una iglesia para confeccionar ropas a un hijo suyo” (sentencia del 11 de marzo de 1941).

Otro en León, el 5 de noviembre de 1936, contra el gobernador civil y otras personas relacionadas con el Gobierno de la República. Al catedrático de instituto Manuel Santamaría Andrés se le imputa “haber sido presidente del Partido de Izquierda Republicana, destacado elemento del mismo, frecuentando el Gobierno Civil en el que estuvo hasta momentos antes de ser atacado por la fuerza el día 20 de julio, constando en su descargo que por discrepancias con la orientación del Frente Popular, al surgir el movimiento salvador, estaba separado del cargo que desempeñaba en el partido de Izquierda Republicana”. Con estas acusaciones, muchos de ustedes habrán pensado que fue suspendido de empleo y sueldo y apartado de la cátedra. Están equivocados, fue condenado por traición a la patria y pasado por las armas a las 48 horas.

Nos enfrentamos a una cuestión que no es exclusivamente jurídica, sino de dignidad democrática. Un sistema democrático que se inspira en los valores superiores de la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político, no puede digerir sin traumas y complicaciones colaterales toda la brutalidad que se puso en marcha el 18 de julio de 1936 con el único objetivo de aniquilar a la mayoría de la población española que trataba de impulsar los valores impecablemente democráticos y republicanos que proclamaba la Constitución de 1931.

Si, como dicen algunos, el problema de España en la segunda mitad del 1936 era el orden público, es un hecho cierto que el presidente de las Cortes republicanas, Diego Martínez Barrio, propuso al general Mola, el mismo día 18 de julio, el Ministerio de Gobernación para que restaurase la normalidad alterada por la sublevación de los militares en África del Norte y en alguna parte de la Península. Su respuesta negativa evidenció el propósito de los rebeldes. Se trataba de instaurar un régimen totalitario inspirado en la Alemania nazi y la Italia fascista que dejase sin efecto las libertades y derechos ciudadanos, sustituyéndolos por la voluntad incuestionable de un Jefe, llámese Fürher, Duce o Caudillo, aun a costa de eliminar física y moralmente a más de la mitad de los españoles.

Para conseguir estos obsesivos y crueles objetivos no dudaron en diseñar políticas que, como confesó el general Franco a un periodista inglés, pudiesen llevar al exterminio de todos los que profesasen ideas democráticas o permaneciesen fieles a la legalidad republicana, hoy día prolongada por la Constitución de 1978. No hace falta un profundo conocimiento de las normas jurídicas para concluir, con arreglo a la legalidad entonces vigente, que los militares alzados contra el Gobierno salido de las urnas cometieron un delito contra la forma de Gobierno y de rebelión militar.

Pero lo más asombroso para cualquier jurista nace de la subversión de la lógica y racionalidad del Derecho al considerar a los que permanecen fieles al Gobierno legítimo de la República como reos de rebelión militar, si pertenecían al Ejército y como auxiliadores de la rebelión si eran civiles.

Llegaron a subvertir el orden jurídico y el lenguaje hasta el extremo de considerar a la España oficial legitimada por las urnas como rebeldes y, por tanto, reos de crímenes de traición a la patria. Las cifras de ejecuciones en consejos de guerra sumarísimos no podrán ser borradas de la historia porque dejaron rastros y documentos elocuentes, como los que hemos citado antes.

La dignidad democrática exige que los mecanismos legales y judiciales dejen claro que la actitud de una parte importante del Ejército en el mes de julio de 1936 constituyó un delito de rebelión militar. Lo que hizo el juez Garzón, con su decisión de 16 de octubre de 2008, trataba de restaurar la pura racionalidad de la ley al considerar al general Franco y a sus más directos colaboradores como culpables de un delito contra la forma de Gobierno y de rebelión militar. Todos sabemos que estaban en su mayoría muertos, pero no existe ningún obstáculo legal para romper la subversión insoportable de la racionalidad jurídica y colocar a cada uno en su sitio. A los rebeldes como tales y las víctimas como leales ciudadanos que permanecieron fieles a los valores democráticos que encarnaba la legalidad republicana y que pagaron con su vida, con sus bienes y con un cruel destino su defensa de las libertades que ahora todos disfrutamos.

La resolución judicial del Juez de Instrucción Central número 5 responde a los más estrictos cánones asumidos por la comunidad internacional. La vida, la dignidad, la libertad y la justicia constituyen los pilares sobre los que se construye una sociedad civilizada y un Estado de derecho. El poder judicial no puede ignorar estos valores y principios que, además, les vienen impuestos por los tratados internacionales asumidos por España e integrados en la Constitución de 1978.

La esponja del olvido no puede borrar la esencia de la democracia. Cualquier intento de ensamblar la dictadura con la democracia carece de sustento jurídico, político y ético. El pasado debe ser expulsado del marco de la democracia a través de la declaración de nulidad de las sentencias infamantes que repugnan a la conciencia de los seres civilizados.

Lo hizo Alemania en 1998 y en 2002, es decir, 47 años después de la derrota del régimen nazi, y lo ha vuelto a hacer en 2009. La ley alemana no puede ser más sencilla y coherente. Se dispone la nulidad ipso iure de todas las sentencias y condenas dictadas por la Administración de la justicia penal a partir del 30 de enero de 1933, en contra de los más elementales principios de justicia y que tenían por objeto la consolidación del régimen nacional socialista, al tiempo que estaban basadas en discriminación por motivos políticos, militares, raciales, religiosos o ideológicos.

¿Puede España permanecer ajena a estas exigencias?

Los muertos de la Guerra Civil española deberían ser de todos. Y todos esos muertos deberían recibir el homenaje de la sociedad entera, porque en su mayoría lo fueron injustamente. En ambos bandos. Yo creo que eso es lo que quería decir Joaquín Leguina en el artículo que ha sido tan mal celebrado en las últimas semanas.

Veamos por orden algunas cosas. La primera, que no hay que discutir mucho para concluir que la República era el régimen legal y legítimo, y que los rebeldes comenzaron una inmensa matanza con propósitos exterminadores desde que se inició el golpe de Estado del 18 de julio. A esa sangre le siguió más sangre, vertida desde muchos lados.

Los defensores de la causa de la República (entre los cuales me cuento) olvidan a menudo que muchos republicanos actuaron, en bastantes ocasiones, con la misma crueldad y frialdad que los golpistas. Y no siempre desde el descontrol que la inexistencia del Estado facilitaba. Valgan cuatro ejemplos:

El de Paracuellos del Jarama, donde milicias organizadas que dependían del PCE y de la CNT acabaron con la vida de más de 2.000 sospechosos de connivencia con los insurgentes. No eran la República, pero formaban parte de su entramado. Lo demuestran las actas de la CNT halladas por Diana Plaza, que trabajaba para mí como documentalista para el libro La batalla de Madrid.

El de los asesinatos de Barcelona. Varios miles de personas de la pequeña burguesía (o simplemente católicos) fueron asesinados de forma planificada por la FAI, según la documentación aportada por Miquel Mir en su libro Diario de un pistolero de la FAI.

El libro de Fernando del Rey Paisanos describe con una documentación abrumadora cómo, desde antes del comienzo de la sublevación, en un pueblo manchego llamado La Solana, todo el mundo sabía a quién tenía que matar en cuanto comenzara el enfrentamiento que ya se olía.

En Cataluña, al finalizar la guerra, se produjeron matanzas de prisioneros realizadas por milicias que dependían del Gobierno y controlaban las cárceles. Javier Cercas, que ha participado en esta polémica, ha novelado los sobrados datos que existen al respecto.

Estos cuatro ejemplos bastan, a mi juicio, para afirmar que se dieron casos abundantes de planificación en el bando de la República, que afectan a fuerzas fundamentales de las que la defendían.

Eso no impide seguir sosteniendo que, de forma general, se pueda decir que la República era un régimen legítimo que estaba defendido por personas honradas, pero también por asesinos, mientras que los alzados formaron un conglomerado criminal que también fue defendido por personas decentes.

Pero si pasamos a las víctimas y nos alejamos de la política, podemos analizar con un poco de cordura lo que de ahí nos debe quedar. Aquí me voy a contentar con exponer un solo ejemplo que es el más espinoso: Paracuellos.

Y es que poca gente comenta que de los más de 2.000 asesinados a las afueras de Madrid en noviembre y diciembre de 1936 no existe identificación individual. Se sabe de muchos, se sabe que están ahí, pero no se conoce ni el número exacto ni la identidad de cada uno de los cadáveres que reposan en las zanjas. ¿Merecían la muerte? ¿Hay que sacarles el ADN a todos? Pienso que no, que nos basta con reconocer que fueron asesinados de forma injusta y que algo les debe recordar. Los franquistas les han recordado siempre. ¿Y los demás?

Como a los demás. Lo que está todavía pendiente es la recuperación de la dignidad de muchos que fueron asesinados por los franquistas. Devolverles la dignidad y dar a sus familias la posibilidad de completar el duelo que Franco les negó. Hay que ser malnacido para seguir negándolo. Y han sido, por su parte, muy poco hábiles y diligentes los Gobiernos de la democracia que no han completado esa tarea.

Creo que llegar a un acuerdo sobre estas bases es bastante sencillo.

No existe ninguna diferencia de grado entre las víctimas de Paracuellos y las de Badajoz. Ha existido una diferencia de trato durante 40 años. Pero todos fueron asesinados a sangre fría, de forma indiscriminada, sin juicio y sin causa. Les podemos hacer iguales ahora. Pero la base para conseguirlo es reconocer que ninguno fue asesinado justamente, por mucho que de los asesinos, que no lo fueron todos los combatientes, unos fueran golpistas odiosos y otros fueran odiosos defensores (aunque nos pese a algunos) de una causa justa.

Detesto el franquismo, todo lo que supuso y toda la herencia que dejó. Pero no me cuesta nada, sino todo lo contrario, proclamar que todos esos muertos son míos. Los que están en unas fosas y los que están en otras.

Y que no considero míos a ninguno de los que los asesinaron. Ni son míos los milicianos que fueron a Paracuellos ni los falangistas que limpiaban cada pueblo de forma ordenada. En casi todos los casos se trataba, además, de gente que estaba en la retaguardia, que no combatía, que solo mataba a seres indefensos.

Franco mató el doble que los republicanos. Eso, ¿qué tiene que ver con cada víctima?

Desde octubre del año 2000, en que se realizó con metodología arqueológica la primera excavación de una fosa común de la Guerra Civil, muchas han sido desde entonces exhumadas a lo largo de toda la geografía del país. Se pueden contar por docenas y las víctimas recuperadas por centenares. Diferentes asociaciones y organizaciones han sido las responsables de haber realizado estos trabajos de recuperación. De hecho, pusieron de moda el término memoria histórica. En 2006, el Gobierno de Zapatero optó por conceder subvenciones anuales a estas asociaciones y dejar que fueran ellas las encargadas de realizar los trabajos de documentación, exhumación e identificación. Ha sido una responsabilidad, por tanto, que ha recaído en asociaciones de voluntarios, donde en muchos casos han primado, frente a los criterios científicos, intereses personales, políticos o incluso económicos. En algunos casos, además, sus dirigentes y/o técnicos no estaban preparados para realizar una labor de esta envergadura por carecer de cualificación técnica o profesional.

El tema de las exhumaciones es demasiado importante como para que se haya dejado en manos de la improvisación con que trabajan muchas de estas organizaciones, y que ponen a prueba constantemente la dimensión científica que debe presidir este trabajo. Por respeto a las víctimas, las cosas no deberían haber ocurrido así. Y cuando hablo de víctimas no me refiero solo a los asesinados y enterrados en las cunetas de cualquier carretera de España, sino que también pienso en sus familiares, a los que, además de arrancarles la vida de un ser querido, se les negó el derecho a un entierro digno, impidiendo así cerrar el ciclo del duelo.

Y es que un crimen siempre será un crimen. Venga de donde venga, de la izquierda o de la derecha, del franquismo o del terrorismo de ETA, y carece de sentido que los unos quieran utilizarlo en plan revanchista para intentar hacer ver lo malos que eran los otros. Sea como sea, la dimensión del movimiento de la memoria histórica ha ido mucho más lejos, por así decirlo, de los conceptos de desaparecido y de fosa común. Estamos asistiendo a un revisionismo de nuestra historia reciente en el que surgen interpretaciones partidistas e interesadas sobre procesos como, por ejemplo, el de la Transición, que personalmente creo que es de lo poco que los españoles hemos hecho bien. Han aparecido también voces que claman para que se anule la Ley de Amnistía del 77: lo que nos obliga a recordar que dicha ley fue un logro de la izquierda y no de los franquistas, que se resistían a ella, y por la que hubo gente que llegó a perder la vida en la lucha para que se aprobase. Con ella se pretendía sacar de la cárcel a todos los antifranquistas encerrados, no indultar los crímenes de la dictadura. Una cosa es que en la Transición pudieran quedar algunos temas mal resueltos, pero de ahí a renegar de ella, y decir que aún gobiernan los franquistas y que este país no es una verdadera democracia, dista un abismo.

Algunos no salimos de nuestro asombro cuando vemos que determinados intereses están tergiversando el pasado reciente hasta el punto de intentar forzar una “argentinización” del caso español, llegando a comparar lo que se hizo aquí con las leyes de punto final que firmó Menem, cuando se trata de dos casos completamente distintos y contrapuestos, pese a que algunos insistan en hacerlos coincidir. Como afirma el periodista Florencio Domínguez, a este paso vamos a necesitar un comité de expertos que establezca “la verdad histórica” de la Transición.

Desde aquellos hechos han pasado más de 30 años y más de 70 desde la Guerra Civil. Ya va siendo hora, por tanto, que todo esto se analice y se vea desde la tranquilidad y el sosiego, y dejarnos de apasionamientos para poder realizar investigaciones serias de la historia de España, ayudar a las personas que tienen algún desaparecido y dejar por fin de utilizar esos asesinatos como arma arrojadiza de los “unos” contra los “otros”. Este país se va mereciendo que no se levanten ampollas, ni peleas de taberna, y menos aún por su historia.

Para poner un poco de cordura a todo este asunto, debería ser el Gobierno español el encargado de llevar a cabo las exhumaciones que se hayan solicitado y poner así, en una cuestión tan delicada, algo de sentido común encima de la mesa. La fórmula que se ha utilizado hasta ahora, la de subvencionar y dejar el trabajo en manos de voluntarios no profesionales, ha demostrado ser errónea y estar agotada. Y debo, en este punto, entonar yo mismo un mea culpa por la parte de responsabilidad que me corresponde por haber ayudado a crear algo que se nos ha escapado de las manos y que ha creado más división que unión.

Las importantes cantidades de dinero dadas por el Gobierno (aunque haya asociaciones que insistan en negarlo) no se han visto recompensadas por los resultados obtenidos. Un acuerdo del pasado día 11, entre IU-ICV y el PSOE, ha hecho posible una modificación de la llamada Ley de la Memoria Histórica (que nunca ha servido para una sola exhumación y que solo se hizo con el fin de acallar críticas) para que sean las administraciones las que se responsabilicen del trabajo en las fosas comunes de la Guerra Civil. Así dicho, desde luego suena bien y acertado. Por fin, el Gobierno toma directamente cartas en el asunto, aunque sería interesante saber por qué no había tomado hasta ahora esta decisión. Tal vez había visto que se trataba de una bomba de relojería que podía estallarle en las manos en cualquier momento. Como dice el refrán, más vale tarde que nunca.

Ahora les toca explicar cómo tienen previsto llevar adelante esta nueva decisión, qué administraciones son las que habrán de responsabilizarse e involucrarse en esta labor. Y es que una cosa es querer y otra, muy distinta, poder; y es previsible que surjan muchas dificultades. Las Comunidades Autónomas seguramente tendrán mucho que decir al respecto. Hay algunas, como Aragón, que consideran que las exhumaciones de fosas comunes, al considerarlas yacimientos arqueológicos, están sujetas a la ley de patrimonio histórico de ese Gobierno. La Administración catalana, en cambio, no está por la labor de exhumar dichas fosas comunes y prefieren colocar monolitos en recuerdo de las víctimas.

En los próximos meses, el Gobierno deberá proponer un modelo de trabajo, que no sea otra vez fruto de las prisas y la improvisación y que no debería responder, simplemente, al afán de obtener un rendimiento político. Deberá ser valiente y saber dar un paso hacia atrás, que en ello no hay nada malo, pues saber rectificar es de sabios. Es necesario que pregunte y solicite consejo a los profesionales y, sobre todo, su tarea es la de ayudar a las personas que soliciten las exhumaciones dándoles soluciones, para así reconducir todo este proceso, en el que no han de tener ningún protagonismo y que deber ser realizado, por supuesto, sin ningún tipo de revanchismo como al que hemos asistido hasta ahora.

Quizá lo mejor sería hacer las cosas con naturalidad y sobre todo con mucha humildad. Tal vez el Gobierno debería fijarse en modelos que ya funcionan, como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), uno de los grupos más respetados en todo el Cono Sur, de amplia y contrastada experiencia a nivel internacional, donde prima la profesionalidad y lo que más importa es la calidad del trabajo realizado y no la cantidad de fosas exhumadas, como ha sucedido en España. No en vano, ellos fueron el primer grupo de este tipo a nivel mundial, trabajando en el campo de los desaparecidos desde 1984, primero en Argentina y más tarde en otros países. Se puede decir, sin lugar a dudas, que este equipo creó escuela y tal vez sea el espejo en el que España debe reflejarse.

Estamos en un momento en el que el Gobierno puede rectificar y reconducir toda esta dispersión de esfuerzos realizados hasta el día de hoy, por eso habrá que ver cómo se materializa este compromiso contraído con la sociedad española en general y con las víctimas en particular. Al menos, confiemos en que esta vez, por fin, las cosas se hagan bien. Por lo menos, que haya voluntad real de ello.

On May 14, the Spanish General Council of the Judiciary suspended Judge Baltasar Garzón from his functions following his indictment on charges of abuse of authority.

His crime? Garzón allegedly over-stepped his mandate when deciding to initiate an investigation into the disappearance of civilians during Francisco Franco’s dictatorship despite a law of amnesty that covered these crimes.

In the years before that, Garzón had become a living symbol of international justice as he pursued the likes of Augusto Pinochet and Osama bin Laden in the name of universal principles of human dignity, human rights and the international fight against impunity.

The reaction to Garzón’s latest investigative efforts and the Brazilian Supreme Court’s recent upholding of a law of amnesty that applies to the crimes of Brazil’s military dictatorship are powerful reminders that states can still decide what to do with their past, even when that past involves mass atrocities.

That possibility, however, is not open to all states in equal measure. Where their sovereignty has been subjugated (as with Germany after World War II) or where they can be politically pressed into submission (Serbia, most recently), states can be forced to subject their actions to the judgment of other nations in the name of the same values that had validated Garzón’s efforts.

Despite repeated assertions that a body of universal criminal prohibitions applicable to all has grown from these values, they remain to a large extent “le droit des autres,” a set of rules that we seem content to apply to others, but not to ourselves. The “others” are those, states and individuals, who have lost the political muscle to preempt or resist the application of that regime to them.

The International Criminal Court, a tribunal with global ambitions, has thus far only indicted Africans, although more than a hundred countries from five continents have now joined the Court, and crimes coming within its jurisdiction have arguably been committed outside of Africa.

Meanwhile, domestic courts in the Netherlands have successfully shielded Dutch soldiers and the state from judicial scrutiny for their alleged failure to prevent mass atrocities in Srebrenica in July 1995, while Serb and Bosnian nationals are being prosecuted on Dutch territory by an international tribunal for their involvement in those events. The same tribunal declined a few years ago to even investigate crimes attributed to NATO forces in Serbia during the 1999 bombing campaign.

While it could be that no international crimes were committed on those occasions or that there might be other good reasons not to prosecute such cases, a refusal to look into them contribute to creating the unfortunate impression that international accountability matters to some, but not to all.

The indictment of Garzón feeds into this uncomfortable sense of political selectivity in the application of the law. While Garzón was not prevented from investigating Argentine or Chilean nationals by local amnesties, Spanish law seemingly creates an absolute prohibition against an endeavor of the same kind that targets fellow nationals.

Garzón’s error was to assume that the values which had provided a moral and legal justification for his past crusades truly applied universally. Unfortunately, that is not yet the case. International criminal justice still operates selectively within the cracks that international politics have opened up for it.

While it could be argued that some justice is better than none, the present hyper-selectivity of international criminal justice could be most damaging to its credibility in the longer term.

The legitimacy of the rule of law, domestic or international, is based on the assumption that it does apply to all, without prejudice and without discrimination. Stripped of that element, it risks becoming — and will be portrayed as — a tool of political convenience for the powerful.

Before pushing any further the boundaries of international criminal justice, we should ask ourselves whether we are truly committed to subject the conduct of our own leaders and fellow citizens to the standard that we seek to apply to others.

We should also question whether we may legitimately force other nations to face their past in the name of supposedly universal values when we allow powerful countries such as Spain or Brazil to forget and forgive the crimes of their past. If the answer is no, we should perhaps show a great deal more restraint in imposing our demands for justice in states other than our own.

Our commitment to the rule of law should be measured against our readiness to see the standards that we wish to impose on others applied to our fellow citizens. The dismissal of charges against Garzón would be a good place to start the necessary process of making these standards truly universal.

Los falsos historiadores distorsionan la verdad. No se puede meter en el mismo saco lo ocurrido en las mal llamadas dos zonas de la Guerra Civil española. En una, la republicana, se defendía la legalidad; en la otra, la rebelde, estaban los sublevados que provocaron la guerra.

En la retaguardia republicana, las crueldades tuvieron lugar durante los meses que duró la guerra y, casi exclusivamente, en los primeros. En el lado rebelde, los asesinatos y consejos de guerra no solo se produjeron durante el conflicto sino que se prolongaron durante 40 años.

Ni cuantitativa ni cualitativamente fueron iguales los crímenes cometidos. Cuantitativamente, las víctimas republicanas y luego antifranquistas fueron más desde el primer momento y se prolongaron mucho más en el tiempo. Cualitativamente, los generales traidores, desde que empezaron a preparar la sublevación, optaron por implantar el terror. Cuanto más dura fuera la represión, mejor. Consideraban que solo así podían triunfar contra un Gobierno que contaba con el apoyo de la mayoría del pueblo.

Desde la primera Instrucción reservada de Mola, de febrero de 1936, se exige a los conspiradores esa implantación del terror. También en las directivas para Marruecos, del 24 de junio de 1936, se detalla cómo proceder de manera inmediata a la eliminación de los izquierdistas, la detención de las autoridades civiles republicanas y el cierre de partidos y sindicatos.

Los crímenes rebeldes comenzaron antes del 18 de julio. Ya el 17 se concentró a cientos de detenidos en el campo de Zalúa, a 27 kilómetros de Melilla, y allí fueron asesinados 189 de ellos, incluidos muchos militares contrarios a la sublevación. La ola de terror se adueñaba de inmediato de cada parcela en la que triunfaban los sublevados. Obreros, campesinos, alcaldes y concejales, maestros, médicos, etcétera, eran llevados en camiones a los cementerios para su fusilamiento.En pastorales y homilías, los obispos bendecían esa “limpieza” de España.

En la zona en la que mandaba el Gobierno legítimo, este se vio en primer lugar desbordado por la sublevación de buena parte del Ejército. Tuvo que ser el pueblo en armas el que lo defendiera. Con esas armas, algunos comenzaron la ola sangrienta de la revolución que se enfrentó a la previa ola sangrienta de la contrarrevolución.

Otra diferencia entre los crímenes cometidos en la zona republicana y los que tuvieron lugar en el lado de los sublevados, es que el Gobierno, en cuanto le fue posible, intentó y consiguió impedirlos. Los dirigentes republicanos, piénsese en Zugazagoitia, fueron los primeros en protestar por las barbaridades en su zona. Nada de eso ocurría en el bando rebelde. El director general de Prisiones le decía al general Mola: “Hay que echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanitarismo, filantropía y demás tópicos masónicos”. Y con este espíritu, los sublevados prolongaron sus crímenes hasta la muerte del dictador, en 1975.No es posible, pues, meter en el mismo saco los crímenes de unos y otros. Es mentira sostener que en ambos bandos se practicó una enfurecida limpieza étnica, como sostenía Joaquín Leguina en su artículo Enterrar a los muertos.

La Transición supuso el paso de la dictadura a la democracia. No fue buena, ni mala. La quiso el pueblo, su principal protagonista. Los que intervenimos, de ambos lados, hicimos lo que se debía y lo que se podía hacer en las circunstancias nacionales e internacionales del momento. Una de ellas era la presión y el miedo al Ejército que había ganado la guerra (muchos generales del momento habían estado en la División Azul o participado en consejos de guerra del franquismo). Otras eran la guerra fría, la situación económica española y la imperiosa necesidad de incorporarse a Europa.

La Ley de Amnistía se hizo pensando en los represaliados por el fascismo. No en los crímenes cometidos por el régimen, que entonces no eran considerados como tales. Además, los crímenes contra la humanidad y los genocidios ni son amnistiables ni prescriben. Enjuiciarlos no es delito. Es un deber.

Es falso decir que se pide que solo sean honrados los asesinados por los fascistas. También es falso afirmar que se pide que sus asesinos sean juzgados. Solo se quiere enterrar dignamente a las decenas de miles de asesinados que permanecen en las cunetas. No se pretende perpetuar la división entre los españoles. Todo lo contrario. La dignidad de esos muertos y de sus familias es el único modo de pasar definitivamente la página.

Cuando los falsos historiadores mantienen hoy la versión que sobre la guerra y la dictadura escribieron los vencedores, lo hacen con el beneplácito de los dirigentes del PP, que quieren así justificar el que ese partido se niegue a romper con el franquismo. Es una exigencia que procede de la extrema derecha que aún forma parte de sus filas. Por el contrario, las derechas civilizadas europeas sí condenan los fascismos que subyugaron a sus países, no se sienten sus herederos y no admiten como antecedentes a Hitler o Petain.

Es cierto que no todos los votantes del PP se sienten relacionados con el franquismo. Pero no es verdad que “media España” vote al PP. Háganse las cuentas: la mayoría de nuestro pueblo vota al PSOE, Izquierda Unida y otras formaciones de ámbito español o autonómico que sí reniegan explícitamente del franquismo.

Lamentablemente, Garzón ha sido descabalgado. ¿Momentánea o definitivamente? “Suspensión cautelar”, dice la resolución correspondiente. Qué palabras tan suaves para un golpe tan bajo. Enorme alegría para los torturadores pinochetistas, inmensa satisfacción para los secuestradores y asesinos argentinos, brindis con champán para los corruptos gürtelianos y sus valedores, empeñados en asegurarles la impunidad. Consternación y desesperanza para las víctimas del franquismo que aspiran a recuperar los restos de sus seres queridos que todavía yacen en fosas comunes y clandestinas.

Inevitable complejidad del caso, por una parte, frente a una pavorosa y descarnada simplicidad, por otra. La complejidad se deriva de interpretaciones muy diferentes del derecho y la moral. Una complejidad de suficiente magnitud para que las actuaciones del juez sean, al mismo tiempo, oficialmente reprobadas por determinadas instancias judiciales y a la vez enérgicamente defendidas por otros jueces y fiscales, nacionales y extranjeros, así como por destacados miembros de la comunidad académica nacional e internacional, que rechazan, con amplia argumentación jurídica, la posibilidad de imputarle el delito de prevaricación.

Nunca se repetirán suficientemente estos tres hechos concurrentes: primero, que la fiscalía no aprecia delito alguno y, en consecuencia, no formula acusación, oponiéndose tenazmente al procesamiento. Segundo, que tres magistrados de la Audiencia Nacional compartieron en su voto particular la interpretación del juez ahora acusado, posición favorable a su competencia para instruir la investigación sobre los miles de delitos de desaparición forzada producidos durante la Guerra Civil. Y tercero, que posteriormente algún juzgado local al que se atribuyó la competencia declinó asumirla, por entender -como Garzón- que esta correspondía precisamente a la Audiencia Nacional.

Resulta evidente, por tanto, la diversidad de enfoques posibles entre jueces honrados y, en consecuencia, la inherente complejidad de la cuestión. Pero numerosos juristas en España y en el mundo niegan rotundamente que el juez haya incurrido en esa flagrante injusticia, unívoca, deliberada, evidente, dañina y severamente punible que implica el grave delito de prevaricación. Como resumen de tales argumentos, podemos concentrar su idea central común recogiendo este pronunciamiento de la profesora Araceli Manjón-Cabeza, tras su exhaustivo análisis, rigurosamente legalista. Su conclusión es esta: “Prevaricación ninguna, incluso si algunas de sus actuaciones pudieran tildarse de erróneas” (diario La Ley, 23 de marzo de 2010).

Pero, junto a esta complejidad interpretativa, filosófica, moral, doctrinal, teórica y práctica (tan difícilmente compatible con el delito de prevaricación), surge el segundo ingrediente: la rotunda evidencia y patética simplicidad del factor central que motiva la situación actual. Y ese factor, de deslumbrante sencillez, no es otro que el ansia clamorosa y febril de muy poderosos sectores por eliminar del escenario judicial precisamente a aquel juez que se ha enfrentado a las más caracterizadas siguiente fuerzas delictivas del escenario político, económico y social.

En términos humanamente realistas, no se puede pretender que un magistrado actúe como viene haciéndolo el juez Garzón desde hace décadas sin pagar por ello un alto precio. Nadie puede enfrentarse con probada eficacia como hizo este magistrado contra el GAL, contra la trama Gürtel, contra ETA, contra los comandos operativos de esta y contra su complejo aparato político-militar (con impresionantes resultados); no se puede proceder impunemente contra los narcotraficantes gallegos y colombianos, contra los mafiosos italianos, contra los grandes blanqueadores de dinero negro en España y su conexión con paraísos fiscales próximos y lejanos; ni encerrar a un bárbaro dictador latinoamericano considerado universalmente como intocable (caso Pinochet, años 1998-2000), ni procesar a la serie de asesinos y torturadores argentinos y chilenos hoy encarcelados en sus países respectivos, en gran parte gracias a los autos dictados por el juez Garzón desde 1996; nadie puede, en una palabra, sacudir tan fuerte y en tantas direcciones saliendo indemne de todas ellas. Nadie puede atreverse a tanto sin pagar por ello, antes o después.

Nadie puede labrarse una trayectoria con tantos contundentes aciertos (incluso con los inseparables errores que acompañan a la acción humana) sin ser castigado por tan desmesurada osadía. No resulta posible que alguien se meta en tantos y tan venenosos jardines sin ganarse una larga serie de enemigos mortales, aquí y fuera de aquí, en el ámbito político y también en el judicial, en el partido del Gobierno y en el de la oposición, en las filas terroristas, mafiosas, corruptas y demás diversas calañas, salvando las distancias de sus muy distintos niveles de criminalidad, sin olvidar las tramas madrileñas, valencianas y de otras latitudes, en muy distintas áreas del negocio de la corrupción aledaña al poder. Fuerzas delictivas de toda laya que, antes o después, tropezaron, para su desgracia, con la resuelta -y muchas veces arriesgada y comprometida- ejecutoria del juez Garzón. Arriesgada, comprometida y cara. La entereza tenía un precio. Y un precio muy caro, que ahora se le hace pagar.

Señalemos, por otra parte, que en su día la ONU recordó a España que seguimos manteniendo un triste récord de dudoso mérito: el mayor número de cadáveres no identificados e ilegalmente enterrados, superior a los existentes en cualquier otro país de nuestro entorno. Fenómeno ya difícilmente tolerable por su contumaz persistencia siete décadas después del drama que lo generó. Más de 100.000 víctimas secuestradas, asesinadas y desaparecidas en la más flagrante ilegalidad (sin juicio, sin defensa, sin certificado de defunción) se incluían en las listas aportadas por Garzón cuando este se declaró competente para tal investigación. A este crimen (secuestro, asesinato y entierro clandestino) el actual derecho internacional le llama “delito de desaparición forzada”, definido y asumido como tal por la ONU con carácter de crimen de lesa humanidad no prescriptible.

Este criterio jurídico, de amplio predicamento desde hace décadas, está permitiendo en otros países juzgar y castigar a numerosos secuestradores, torturadores y asesinos por delitos cometidos décadas atrás. Aquí, en cambio, no se pretendía ya encarcelar a nadie, sino establecer unas áreas importantes de la verdad histórica, y de una digna y justa reparación. Sin embargo, la existencia de esa figura jurídica, que ya cuenta con una jurisprudencia internacional, es sistemáticamente ignorada por la ruidosa jauría que ha acorralado a Garzón, buscándole con ansia la yugular. Necesitan ignorar ese decisivo dato -con toda su carga jurídica y jurisprudencial- para poder mantener su injusta acusación.

Nadie fuera de España lo comprende. En cambio, aquí, un gran número de ciudadanos lo comprenden demasiado bien. Frente al letal argumento de sus enemigos -prevaricación y punto-, para numerosos españoles el factor clave que subyace tras la suspensión de Garzón es muy distinto: Gürtel y punto. Es mucho lo que algunos no le perdonan, pero en la coyuntura presente, si hay algo que no le perdonan por encima de cualquier otro factor es precisamente este: su eficaz investigación sobre la escandalosa trama de la corrupción. He ahí el máximo motivo de algunos para triturarle, y no la inexistente prevaricación.

El debate sobre la causa penal abierta al juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha adquirido dimensiones mundiales y provocado pronunciamientos desde todos los rincones de la tierra. La controversia jurídica se ha inclinado abrumadoramente a favor de los que propugnamos la necesidad y la obligación de perseguir los crímenes de una dictadura que fue condenada por la opinión pública internacional hasta el final de sus días. La Cumbre Europa Iberoamérica y el Caribe, desarrollada hace unos días en Madrid, participa de esta corriente y de forma en cierto modo admonitoria nos recuerda la obligación de adoptar las medidas necesarias para erradicar la impunidad de los crímenes contra la humanidad.

La resolución judicial que ha considerado prevaricadora una parte de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo sitúa el delito de rebelión militar, cometido por los militares golpistas contra la legalidad y el Gobierno republicano, en sus justos términos jurídicos, democráticos e históricos. El juzgado decide investigar también las más de 100.000 desapariciones precedidas por ejecuciones extrajudiciales y «los casos de aquellas personas que durante su primera infancia o preadolescencia fueron ‘sustraídos’ ‘legal’ o ilegalmente a su madres naturales durante la guerra o principalmente tras la misma, con la cobertura aparente del Estado». A partir de estos datos incontrovertibles, los argumentos a favor o en contra de la decisión judicial deben extraerse del derecho interno y del derecho internacional incorporado a la legislación española, al que todos debemos someternos por imperativo constitucional. Por eso resulta llamativo que personas con responsabilidades políticas relevantes y profesionales del mundo del derecho pretendan despachar la cuestión acudiendo a la simplificadora y rupestre argumentación de que nadie está por encima de la ley. Para llegar a esta obvia conclusión sin ruborizarse es mejor el silencio.
La inmunidad e inviolabilidad por crímenes contra la humanidad está en franco retroceso y ya no alcanza ni a los jefes de Estado. A partir del caso Pinochet, la Cámara de los Lores delimitó sus exactos y restrictivos límites. Dijo la mayoría que seguía vigente la inmunidad de los jefes de Estado por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero advertía de que no son funciones propias de un jefe de Estado torturar, ordenar ejecuciones sin garantías ni practicar sistemáticamente la desaparición forzada de personas mediante asesinatos extrajudiciales.

Nuestra Constitución reconoce la inviolabilidad de la persona del Rey y la coloca a resguardo de responsabilidades penales. Sin embargo, esta declaración debe ser matizada y reinterpretada a la luz del valor constitucional de los tratados firmados por España y, concretamente, el Estatuto de la Corte Penal Internacional que elimina la inviolabilidad de los jefes de Estado cuando cometan delitos castigados como genocidios de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
A propósito de la igualdad ante la ley, conviene recordar que tampoco el Tribunal Supremo, como institución, y sus componentes, como individuos, pueden ignorar la ley y situarse por encima de los mandatos expresos que se contienen en las normas. Volviendo a la investigación abierta por el juez del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, la resolución judicial del juez Baltasar Garzón, que pone en marcha los procesos que han llevado a su inculpación como prevaricador, abarcaba varios sucesos relacionados con la guerra civil a los que ya hemos hecho referencia, que debieron ser valorados por parte del órgano judicial que está conociendo el enjuiciamiento, suspensión y futuro juicio del imputado. El juez Garzón puso en marcha, el 16 de octubre del 2008, una investigación con varios frentes. En primer lugar, destaca que los hechos que le habían sido denunciados nunca han sido investigados penalmente por la justicia española. El espacio reducido de un artículo periodístico nos obliga a fijarnos en un caso llamativo, que sitúa a los magistrados que llevan la causa en el Tribunal Supremo por encima o al margen de la ley.

Al margen de la discusión jurídica sobre la vigencia y alcance de la ley de amnistía, de 15 octubre de 1977, lo cierto e inamovible jurídicamente, desde que nuestro país estructuró el proceso penal en el año 1882, es que todo lo relativo a la concurrencia o no de la amnistía o indulto es una cuestión que debe dilucidarse dentro de un proceso penal. Es decir, lo ortodoxo, como ha hecho el juez Garzón, es abrir el proceso y, después de fijado el hecho y el posible autor, discernir si en el trámite previo al juicio oral o en la misma sentencia los hechos se declaran o no amnistiados. Esto ha sido así durante más de un siglo y no comprendemos las razones esgrimidas para cambiar el orden legal todavía vigente. Primero, investigar judicialmente y, después, si procede, amnistiar.

El proceso de acoso y derribo al juez Baltasar Garzón ha abierto nuevas vías para repensar la historia de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco y para examinar las formas en que los españoles hemos intentado durante la democracia “superar” aquellas experiencias traumáticas. Parece un buen momento además, dada la cantidad de inexactitudes y falsedades que se han dicho y escrito, para incitar la discusión sobre los usos de las memorias y los mitos en la construcción de ese pasado. Los historiadores, al menos, deberíamos hacerlo, pese a los límites y dificultades que una tarea de ese tipo siempre encuentra en la sociedad española.

Varias cuestiones han salido a la luz con toda su crudeza en los últimos meses. La primera es muy obvia: en lo que se refiere a la Guerra Civil y a la dictadura, algunos prefieren estimular la ignorancia antes de promover el conocimiento. Son los que repiten desde la política y los medios de comunicación que están hartos de memoria, de historia de la Guerra Civil y de la dictadura; que, con la que está cayendo, su expresión favorita, ya vale de mirar al pasado. No tienen ningún problema, sin embargo, en recordar o reinventar, para adaptarla a su gusto, la historia de la Reconquista, de los Reyes Católicos, del descubrimiento de América, de la grandeza de la monarquía imperial o de la gloriosa Guerra de la Independencia. Solo usan la historia que les sirve para conmemorar su maravilloso presente como políticos.

En varios países de Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en los años cincuenta, como sucedió en Francia con un grupo de soldados alsacianos de las SS, muchos criminales fascistas fueron amnistiados en nombre de la reconciliación nacional. Tras el silencio sobre el pasado de fascismo y comunismo, resistencia y colaboración, hubo investigaciones que revelaron la parte más incómoda de esa historia y comenzó a discutirse sobre las implicaciones que la negación y ocultación de hechos criminales había tenido para la sociedad civil democrática. La educación de los ciudadanos sobre su pasado sirvió después de beneficio para el futuro.

Nada de eso ha ocurrido en España, donde se legitima a los verdugos franquistas por los supuestos crímenes anteriores de sus víctimas. Da igual que los historiadores presenten sólidas pruebas de que la Guerra Civil la provocó un violento golpe de Estado contra la República y de que esa guerra y la posterior dictadura fueron desastrosas para nuestra historia y para nuestra convivencia. Treinta y cinco años después de la muerte de Franco, demostrada hasta la saciedad la venganza cruel, organizada e inclemente que administró a todos sus oponentes, todavía tiene que aparecer un diputado o político relevante del Partido Popular que condene con firmeza el saldo de muerte y brutalidad dejado por las políticas represivas de la dictadura y defienda el conocimiento de esa historia como una parte importante del proceso de aprendizaje de los valores democráticos de la tolerancia y de la defensa de los derechos humanos. Todo lo que se les ocurre es recordar el terror rojo, como si la función del relato histórico fuera equilibrar las manifestaciones de barbarismo. Es como si para explicar el gulag y los crímenes estalinistas tuviéramos que recurrir a la represión de la policía del zar o a las tropelías del Ejército Blanco durante la guerra civil rusa.

La violencia política de los militares sublevados contra la República se llevó a la tumba a 100.000 personas durante la guerra y 50.000 más en la posguerra. El juez Baltasar Garzón quiso investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de todas esas víctimas, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas.

La lucha por desenterrar ese pasado, el conocimiento de la verdad y el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas nunca fueron señas de identidad de nuestra transición a la democracia, y un sector importante de la sociedad muestra todavía una notable indiferencia hacia la causa de quienes padecieron tanta persecución. Los mitos y ecos de la propaganda franquista se imponen a la información veraz porque cientos de miles de personas poco o nada aprendieron en las aulas sobre esa historia y porque algunos medios de comunicación jalean y aplauden a los seudohistoriadores encargados de transmitir en un nuevo formato las viejas crónicas de los vencedores. No se trata para ellos de explicar la historia, sino de enfrentar la memoria de los unos a las de los otros, recordando unas cosas y ocultando otras, sacando a pasear otra vez las verdades franquistas, que son, como los mejores especialistas sobre ese periodo han demostrado, grandes mentiras históricas.

Se ha instalado entre nosotros la discordia y una sinfonía de maldad suena en España cuando se intenta rescatar del olvido y de la manipulación esas historias de víctimas y verdugos. Eso es lo que ha sorprendido tanto fuera de nuestras fronteras, en prestigiosos medios de comunicación: que en vez de investigar los crímenes del franquismo, se persiga a quienes, como Baltasar Garzón, han tenido el valor de exigir información, verdad y justicia.

Todo inglés tiene una historia de espías que contar. Yo tengo dos. Ambas guardan relación con el comunismo y ambas tienen una conexión española, una distante, otra directa.

Mi primera historia tiene que ver con el agente literario que, en 1957, insinuó que podría interesarme escribir una historia sobre la Guerra Civil española. Más tarde confesó que, como comunista, en los años cuarenta había pasado a los rusos información que había recibido en el Departamento de Guerra o procedente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, como la fecha del día D. Parece ser que su nombre en clave era Milord y que le concedieron la Orden de Lenin por sus denuedos. Algunos de sus amigos piensan que el suyo fue un acto patriótico teniendo en cuenta que los rusos eran nuestros aliados en esa época. Por mi parte, no puedo aceptar esa interpretación. ¿Quién puede saber lo que harían los rusos de la época de Stalin con una información secreta de esas características?

Mi segunda historia tiene que ver con el infame Kim Philby, que trabajó para el servicio secreto ruso durante casi 30 años entre 1935 y 1964. Hace unas semanas, me pidieron que asistiese a un seminario en Cambridge para escuchar una grabación de una charla dada por Philby a los dirigentes del KGB en Moscú en 1977.

La célebremente seductora voz de Philby nos cautivó a todos, aun cuando estaba hablándole a su audiencia de lo maravilloso que era celebrar el 60º aniversario de la fundación de la Unión Soviética y el centenario del nacimiento del fundador de la CHEKA, el brutal Felix Dzerzhinski. Pensé en lo apropiado que era que estuviésemos escuchando esta extraordinaria charla en Corpus Christi College, que fue donde el brillante dramaturgo Christopher Marlowe estudió en la década de 1580 y donde se vio influenciado por el destructivo hereje Francis Kett.

Tengo que decir que Philby relataba su vida de traición con estilo e ingenio, y evidentemente entusiasmó a sus oyentes, que le interrumpieron varias veces con aplausos e incluso risas. Al final de la charla hubo un turno de preguntas y le pregunté al funcionario estadounidense que había organizado la sesión si podía arrojar algo de luz sobre el accidente de tráfico ocurrido en Caudé, cerca de Teruel, el último día de 1937 y que segó la vida de tres periodistas anglosajones que viajaban en un automóvil con Philby. La familia de Dick Sheepshanks, de Reuters, uno de los periodistas que murieron, cree que Philby destruyó el coche y mató a los hombres porque Sheepshanks le había acusado de espiar para los rusos a pesar de que, teóricamente, estaba trabajando para The Times e informando sobre el ejército nacional en la Guerra Civil. (Sheepshanks era primo hermano de un primo de mi esposa).

Mi anfitrión estadounidense en Cambridge se mostró escéptico. Opinaba que el coche había sido destruido por un proyectil de artillería y que el propio Philby había escapado de la muerte por los pelos. Esto es lo que él contó a The Times.

Pero esta historia probablemente tenga otra cara. Un secretario de la Embajada británica en Salamanca, cuyo nombre era Dupree, afirmaba que Sheepshanks le había dicho que Philby les había pasado a los rusos información sobre la posición estratégica de las tropas de Franco. Tom Burns, el destacado periodista católico inglés, parece que pensaba lo mismo, como relata su hijo en su fascinante libro Papá espía.

En segundo lugar, el propio Philby le había dicho a Dupree, el secretario de la Embajada, que viajaba con un grupo de periodistas de camino a Teruel desde Zaragoza. Esta es una antigua carretera romana, una que Richard Ford describe como el «distrito de los huesos y los fósiles». Philby iba en un sedán de dos puertas. Se había apeado del coche en el pueblo de Caudé justo antes del bombardeo, quizás para orinar. Era un día gélido. Caudé, a unos 12 kilómetros al noroeste de Teruel, es conocido por encontrarse en una hermosa vega. En tiempos era famoso por fabricar alpargatas.
El coche estalló en pedazos cuando Philby volvía a él. En su crónica para The Times, publicada el 3 de enero de 1938, dice que él también estaba en el coche. Uno de los ocupantes del coche, Bradish Johnson, de Newsweek, murió en el acto. Otro, Edward Neil, falleció unos días después por la gangrena en un hospital de Zaragoza. El tercero, Sheepshanks, pereció más tarde en un hospital de Monreal, a unos 50 kilómetros al norte.

Philby describió más tarde su «buena suerte». Pero el funcionario británico pensaba que, en realidad, Philby había puesto una granada en el maletero del coche en aquel momento, algo muy sencillo puesto que Philby siempre llevaba ese dispositivo explosivo consigo para usarlo en caso de que le tendiesen una emboscada.

Por lo visto, el embajador británico de la época de Franco, que debía de ser sir Robert Hodgson, escribió al jefe de Asuntos Exteriores en Londres acerca de esta acusación de Sheepshanks pero, como Donald Maclean y John Cairncross, ambos espías soviéticos desde que eran veinteañeros, estaban en el departamento de Occidente y la Sociedad de Naciones (que se encargaba de los asuntos de España) del Ministerio de Asuntos Exteriores, habría sido muy fácil que dicha carta fuese interceptada. Por entonces, ese tipo de documentos siempre se originaban en los peldaños más bajos de la jerarquía.

Mi impresión es que Philby asesinó a Sheepshanks y a sus dos compañeros en la carretera de Teruel. ¿El motivo? Que no lo desenmascarasen como agente de la Unión Soviética.

Debería erigirse un monumento en Caudé, a unos cuantos kilómetros de Teruel, en la carretera de Calatayud. Debería contar la verdadera historia. Es un pueblo diminuto típico del centro de Aragón. Cualquier clase de monumento sería un beneficio para el pueblo.

Personalmente creo que el agente literario de mi primera historia, Milord, hizo un flaco servicio a su país aunque a mí me favoreciese. A un funcionario de bajo rango no le corresponde tomar la decisión de ayudar a un aliado totalitario aunque parezca lógico, y ni siquiera aunque el sanguinario Kim Philby, cómo no, hubiese dado su visto bueno. Puede que el agente no lo considerase importante. Pero uno no recibe el premio Lenin por servicios intrascendentes.

Aunque parezcan hoy calmadas las aguas, la desinformación en el «affaire Garzón» ha sido superlativa y sigue latente, capaz de resurgir cualquier día con mucho daño para instituciones que merecen y necesitan respeto ciudadano. Es el caso, sobre todo, del Tribunal Supremo. En guardar respeto a este Tribunal debería sobresalir ejemplarmente el «Gobierno de la Nación», no sólo con vagas y ocasionales palabras, sino con actuaciones claras, en vez de fomentar o disculpar ataques furibundos y tolerar lamentables ingerencias extranjeras. Sin ser ni mucho menos la primera razón para esa actitud debida hacia el Alto Tribunal, cada vez que se le ataca (como lo han hecho «Financial Times», «Le Monde» y «New York Times») y no se le defiende desde los poderes del Estado, disminuye la confianza mundial hacia el «Reino de España», lo que tiene enormes consecuencias en la situación presente, porque la inversión se preocupa, en primer término, de la seriedad jurídica de un país y del confiable funcionamiento de sus Tribunales de Justicia.
Pero lo asombroso de este asunto, con todas sus deplorables consecuencias, es que se opina sobre una actividad judicial de don Baltasar Garzón Real que, lisa y llanamente, no ha existido. Se ha inventado esa actividad. Y lo inventado tiene muy poco que ver con la realidad del proceso iniciado y finalizado por Garzón, que le ha conducido a verse imputado por prevaricación.

Aquí no voy a entrar ni en la aplicabilidad de la Ley de amnistía de 1977 ni en la prescripción de delitos ni en la irretroactividad de las leyes penales ni en las reglas admisibles, o no, para el ejercicio de la llamada «jurisdicción universal» o de la «justicia penal internacional». Por encargo de una revista jurídica, me tomé hace tiempo el trabajo de conocer, ante todo, la realidad del pretendido proceso de Garzón sobre crímenes franquistas. Y lo que aquí encontrarán de inmediato es esa realidad, que contrasta brutalmente con lo que se está diciendo, incluso por medios de comunicación, como los citados, que, en principio, son considerados fiables. En esto, esos medios han escrito frívolamente y de oídas, respaldando mentiras.

El limitado espacio me obliga a ser esquemático. De modo que resumiré la realidad en varios puntos:
1º) El famoso proceso de Garzón comienza en diciembre de 2006 al recibir unas denuncias de «desapariciones forzadas». Se trataría de delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero del detenido (art. 166 del Código Penal).
2º) Durante año y medio, Garzón no lleva a cabo investigación alguna de esas desapariciones ni ninguna otra actividad investigadora. Al cabo de esos 18 meses, ya en el año 2008, por resoluciones del día 28 de agosto y del 25 de septiembre de 2008, Garzón solicita a innumerables entidades información sobre otras posibles desapariciones y sobre inhumaciones o enterramientos colectivos en toda España. Continúa la ausencia de investigaciones sobre las concretas desapariciones denunciadas. Esas desapariciones se podrían considerar, es verdad, probables «crímenes del franquismo». Pero no las investiga.

3º) Por Auto de 16 de octubre de 2008, Garzón introduce en el proceso iniciado en diciembre de 2006 un nuevo hecho, que es, según los términos de ese Auto, el «Alzamiento Nacional». Lo considera un delito contra los Altos Organismos de la Nación. En consecuencia, se declara competente. Siempre en el mismo Auto, Garzón señala, con nombres y apellidos, a una treintena larga de personas como responsables de ese delito. Siempre en el mismo Auto, afirma, por dos veces, que es notorio que todas esas personas han fallecido y anuncia ya que, una vez reciba los certificados de defunción que pide (aunque la ley establece que los hechos notorios no necesitan prueba), declarará extinguida la responsabilidad de esas personas.

Tras el Auto de 16 de octubre de 2008, Garzón hubiera podido intentar siquiera investigar hechos de apariencia delictiva conexos con el «Alzamiento Nacional» y posteriores a él. No sólo no lo hizo, sino que su planteamiento en ese Auto fue ya de inmediato «carpetazo».

4º) En efecto: un mes y dos días después, el 18 de noviembre de 2008, Garzón dicta otro Auto en el que, recibidos los certificados de defunción, 1º) Declara extinguidas las responsabilidades penales de los por él declarados protagonistas del «Alzamiento Nacional»; 2º) Se declara incompetente para seguir conociendo del proceso que él había iniciado. Casi dos años después de las primeras denuncias de «desapariciones forzadas» reconoce Garzón (no se lo impone nadie: nadie le arrebata su proceso) que los delitos de detención ilegal no están entre los que resultan de su competencia según los arts. 88 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (obviamente, eso podía y debía haberlo resuelto en diciembre de 2006).

5º) De lo anterior deriva: a) Que las desapariciones forzadas, en general, han sido objeto de la actividad judicial de Garzón durante algo más de dos meses (ni un solo día si hablamos de las desapariciones concretamente denunciadas). Lo que en cierto momento (agosto de 2008) pretende Garzón es información sobre otras exhumaciones en marcha o planeadas, para controlarlas todas desde el Juzgado Central de Instrucción nº 5; b) La actividad judicial de Garzón respecto del «Alzamiento Nacional» dura un mes y dos días; c) En ningún momento se investigan por Garzón ni «crímenes del franquismo» en general ni algún crimen en particular en el curso del «Alzamiento Nacional, hecho distinto del franquismo» resultante, que, contando a partir de 1939, dura 36 años más.

Así han sido las cosas. Dejando a un lado la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción de delitos y la cuestión de la aplicabilidad a unos hechos de preceptos penales muy posteriores a ellos (retroactividad de la ley penal no favorable) y dejando aparte igualmente si la Justicia penal internacional o sobre «crímenes contra la humanidad» debe seguir tales o cuales reglas, ciertos hechos -que son resoluciones escritas- no se deberían discutir y no debieran inventarse otros muy distintos para sustituir a los reales.

La justa causa de quienes deseaban y aún desean conocer dónde se encuentran enterrados sus familiares o amigos, ¿en qué se benefició a causa de resoluciones judiciales dictadas por Garzón? A mi entender, en nada. ¿Qué concreto (presunto o real) crimen del franquismo fue objeto de una actuación judicial de Garzón? De los papeles del proceso surge esta obligada respuesta: ninguno. Garzón despertó esperanzas que quedaron insatisfechas y movilizó recursos económicos y esfuerzos de gran número de personas, con un único resultado objetivo: miles de páginas y miles de minutos en radio y TV con don Baltasar Garzón como protagonista.

Entiendo que haya quienes se encuentren a disgusto con la Transición, con la Ley de Amnistía de 1977 y con la Constitución vigente. Lo que no entiendo ni acepto es que ese disgusto conduzca a falsear el proceso conducido por Garzón, que nada tuvo de heroico y casi todo de antijurídico simplemente en lo procesal. Y la opinión pública -también aquella en la que influyen los medios extranjeros citados- merece saber que, contra lo que se ha repetido machaconamente, nunca Garzón investigó judicialmente los «crímenes del franquismo».

El proceso incoado por el Tribunal Supremo (TS) contra el juez Garzón por las querellas de Manos Limpias y Falange Española constituye un hecho doloroso e injustificable. Debe recordarse que las querellas tienen su fundamento en la incoación de un procedimiento penal para la investigación y averiguación del paradero de los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. El juez Garzón decidió lo que estaba obligado a hacer ante una realidad que abarcaba todo el territorio nacional y desde una instancia jurisdiccional estatal, con competencia en toda España, en aplicación de los tratados internacionales ratificados por España contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad. Para ello, practicó unas diligencias inmediatas que llevaron a la comprobación del censo provisional de personas desaparecidas en España, 114.266 en dicho periodo. Todo en el ejercicio de la independencia judicial, aplicando las leyes vigentes e interpretándolas conforme a los valores constitucionales y el Derecho Internacional.

Lo contrario, lo que ha hecho el TS al abrirle un proceso penal, es “criminalizar la deliberación e imponer límites penales a la interpretación judicial”, según señaló Jueces para la Democracia el pasado 12 de febrero. Este proceso representa un ataque frontal a la independencia judicial y, por ende, al Estado democrático de derecho. Por ello, el fiscal mantiene una rotunda y fundada oposición a las querellas y a las resoluciones del TS y acaba de solicitar el sobreseimiento y archivo de la causa.

El proceso contra Garzón se inicia con el auto de 26/5/2009, admitiendo a trámite la querella de Manos Limpias. Desde entonces, el juez instructor Varela ha tramitado el proceso adoptando diligencias que sólo atendían y favorecían a las acusaciones, con manifiesta indefensión del querellado. Solo así se explica que incorporara a la causa las Diligencias Indeterminadas 70/98 del Juzgado Central número 5 sobre los fusilamientos de Paracuellos, “en la medida que puedan contribuir a esclarecer las circunstancias concurrentes en la decisión de dictar las resoluciones objeto de las querellas…”. Más adelante, el juez Varela, por auto de 3/2/2010, atribuye al juez Garzón la comisión de un delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, haciendo una interpretación errónea de la Ley de Amnistía de 1977 y de la Ley de la Memoria Histórica de 2007, con un grave y profundo desconocimiento de los tratados internacionales ratificados por España sobre los crímenes contra la humanidad y de su incidencia en el ordenamiento español.

Asimismo, en la fase posterior, el proceso contra Garzón está profundamente viciado por los gravísimos errores cometidos por el juez Varela, en perjuicio del juez Garzón, tanto en el auto de 7 de abril, en que decide “proceder” contra él, como por su actuación ante las acusaciones.

En dicho auto, el primer presupuesto para “proceder” contra Garzón, es “que se hayan practicado las diligencias pertinentes” planteadas por todas las partes del proceso. Sin embargo, el instructor mantuvo que las diligencias solicitadas por Garzón para acreditar su inocencia eran innecesarias. En consecuencia, colocó al querellado en una situación de indefensión, puesto que le atribuyó la comisión de un delito sin que previamente resolviera sobre la práctica de aquellas diligencias que pudieran haberle favorecido. Diligencias de prueba que pretendían acreditar que las decisiones adoptadas por Garzón no sólo no eran “absurdas” o “extravagantes”, sino que han sido compartidas por otros jueces de instrucción y magistrados y tienen el apoyo incondicional de los más eminentes juristas del Derecho Penal Internacional. Así, el juez Varela decidió no abrir un debate sobre la perseguibilidad de los crímenes contra la humanidad, las leyes de amnistía y la prescripción de la desaparición forzada de personas; debate absolutamente necesario para desvirtuar las imputaciones de prevaricación que se hacen a Garzón.

Cuestión no baladí, porque la consecuencia fue que las partes acusadoras presentasen escritos de acusación de forma prematura y extemporánea cuando estaba pendiente de resolverse sobre las pruebas pedidas por Garzón. Es legítimo preguntarse por la razón de haber inculpado a Garzón y permitir a los querellantes que formulen sus escritos de acusación, mediante una resolución aparentemente injusta, por ilegal. ¿Lo hizo a sabiendas, por imprudencia grave o por ignorancia inexcusable, o fue simplemente un error? El juez Varela debería explicarlo, pero aún no lo ha hecho, ni siquiera a las partes del proceso. Por la misma razón, debería explicar por qué demoró, sin justificación conocida, dar cuenta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la resolución que comentamos, retraso que contrasta con la premura que se ha dado ahora. ¿Serán las circunstancias extraprocesales últimamente concurrentes las que le han espoleado? ¿O será que aplica la ley siguiendo criterios de oportunidad?

El juez Varela continúa considerando como eje central del delito que le atribuye al juez Garzón el investigar la desaparición forzada de decenas de miles de personas cuyo paradero aún se desconoce y afirma que estos hechos, indiscutidos, “ya carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento”, lo que revela su desconocimiento y quebranto del ordenamiento jurídico y los tratados internacionales que lo integran y un menosprecio inaceptable de las víctimas de la represión. Asimismo reitera, como elemento básico de la supuesta prevaricación, el afán de “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas”, lo que demuestra que continúa desconociendo que las previsiones de la Ley de la Memoria Histórica son compatibles con el ejercicio de acciones judiciales.

Pero los vicios procesales de la causa alcanzan su cénit en las decisiones del instructor adoptadas respecto a los escritos de acusación presentados por las acusaciones de Falange y Manos Limpias. Ante dichos escritos, completamente irregulares e ilegales, el instructor opta, cuando le está prohibido hacerlo, por subsanarlos él mismo u ordenar a los acusadores cómo deben hacerlo. Así el juez instructor asumió la condición de parte del proceso perdiendo la imparcialidad.

Los defectos y omisiones de los escritos de acusación eran de tal entidad que solo procedía su rechazo inmediato, porque la ley no contempla la decisión adoptada por Varela. Decisión judicial insólita que acentúa radicalmente la indefensión del querellado y mediante la cual el juez Valera asume, en un ejercicio de autoritarismo, competencias legislativas, creando la posibilidad de que el propio juez instructor redacte el escrito de acusación de las partes acusadoras.

Ante estas decisiones judiciales, Garzón planteó la nulidad de las actuaciones procesales en cuanto le provocaban una vulneración de sus derechos constitucionales y una evidente indefensión.

Para conocer el alcance de los vicios procesales expuestos, es esclarecedor el escrito presentado por el fiscal. En él analiza cómo y por qué las decisiones irregulares de Varela han generado una auténtica indefensión para el juez Garzón a partir de la jurisprudencia constitucional, en la que se establecen las condiciones para que el “acto acusatorio” o “el derecho a ser informados de la acusación” garanticen el equilibrio entre la acusación y el acusado. Y concluye que las decisiones del juez Varela de devolver a las acusaciones los escritos de acusación para corregirlos y la concesión de un plazo para que lo hicieran representa un trámite procesal “al margen completamente” de la legalidad.

Resulta especialmente incomprensible que el juez Varela dictase a Manos Limpias cómo debía redactar la acusación y la supresión de las páginas relativas a los fusilamientos de Paracuellos cuando fue él mismo quien, como hemos visto, decidió la incorporación de dichos documentos a la causa. También resulta rechazable que, como dice el fiscal, “el escrito de calificación provisional de (Manos Limpias) no es sino una transcripción literal del auto del magistrado instructor de 3/2/2010″. El juez Varela también ha carecido de imparcialidad en estas decisiones al exigir concretamente a Manos Limpias “excluir”, por “extemporáneas”, nada menos que 53 páginas, a fin de favorecer la viabilidad procesal de un escrito que era radicalmente nulo.

La osadía del juez Varela no concluye aquí. Sabiendo que está pendiente de resolverse por el TS un recurso sobre la validez de las acusaciones, que podría determinar el fin inmediato del proceso, decide abrir el juicio oral contra Garzón.

En definitiva, es dudoso que el juez Varela haya obrado con arreglo a las reglas “de la buena fe”, pero, desde luego, ha incumplido el modelo de juez constitucional, neutral e imparcial. Y el proceso que ha conducido no se ajusta al modelo previsto en el artículo 6º del Convenio de los Derechos Humanos. En estas condiciones, en las que el CGPJ ha acordado la suspensión infundadamente, ¿puede el Tribunal Supremo enjuiciar al juez Garzón?

El intento de llevar adelante el proceso contra el juez Baltasar Garzón es una prueba palpable de que aún quedan estructuras intocables del régimen anterior. La promulgación de la ley de la memoria histórica no ha gustado a la derecha franquista, que la ve como una amenaza y como un instrumento para poder redescubrir el pasado. Para poder pasar página hay que poner las cosas en su lugar y esto significa, ni más ni menos, que hacer justicia. Hay que restituir la dignidad a aquellas personas, muchas de ellas vilmente asesinadas, y, principalmente, a sus familiares.
Pero no solo tienen derecho a recobrar la memoria los que fueron asesinados, los que tuvieron que exiliarse, los que sufrieron cárcel y persecuciones, sino también todas aquellas personas, consideradas de izquierdas o de derechas, que a pesar de verse obligadas a colaborar con el régimen permanecieron íntegras y por ello el franquismo también las represalió.

El escritor Jaume Cabré, en la novela Les veus del Pamano, basada en hechos reales, nos relata una historia dramática de cómo un maestro, Josep Oriol Fontelles, en los primeros años después de acabada la guerra, en contra de sus convicciones, se vio forzado a colaborar con el régimen. A pesar de esta colaboración se rebela y lucha para reparar las injusticias cometidas por los fascistas. Esa actitud le llevará a la muerte, pero lo peor es que quedará como un fascista. Tras la muerte del dictador se sabrá la verdad. Por fortuna, actitudes y ejemplos como los de Fontelles hubo muchos, quizá no con el dramatismo y la heroicidad del personaje en cuestión, pero sí con un comportamiento parecido que ha quedado olvidado y en el anonimato.
Finalizada la guerra, hubo un gran número de personas que no se exiliaron, que aparentemente no sufrieron represalias; algunas de ellas, incluso, ocuparon cargos públicos, pero fueron obligadas a esconder sus pensamientos e ideales, y, en definitiva, a actuar en contra de sus convicciones. Alguien puede tacharlas de cobardes, pero la subsistencia, el miedo y el terror, en determinadas circunstancias, llevan a actuar de muchas maneras.
La ley de la memoria histórica también debe hacer justicia a esas personas y dignificarlas, porque, pese a su colaboración, una gran parte se mantuvieron firmes en sus convicciones y lucharon, dentro de sus posibilidades, contra todo tipo de injusticias.
La guerra civil marcó a todos. De cualquier personaje que analicemos veremos que existe un antes y un después de la guerra. Como historiador, en mis investigaciones me doy cuenta de que muchos personajes que han pasado a la historia como unos colaboradores del régimen y unos fascistas no lo eran.
Por citar algunos ejemplos, empezaré por el que fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos del FC Barcelona, Josep Samitier. Este personaje era un gran catalanista y durante la dictadura de Primo de Rivera se le acusó de ocultar la bandera española. En 1936, se exilió a Francia y fichó por el Niza. Allí se divorció de su primera mujer y cuando acabó la guerra tampoco regresó. En el inicio de la segunda guerra mundial intentó quedarse en Suiza e, incluso, entrenó y jugó con un equipo de aquel país. A principios de 1943, viendo que iba a ser detenido por los nazis y como prófugo enviado a un campo de concentración, realizó las gestiones para regresar a Barcelona.Samitier, a pesar de su gran popularidad, con los antecedentes que tenía sabía perfectamente que el régimen no le perdonaría y por esta razón se vio obligado a pactar con el dictador. A principios de 1943, en una carta escrita a máquina y dirigida a Esteve Sala, se confiesa falangista y admirador de Franco. De Samitier se han dicho muchas cosas, una de ellas que fue un traidor, porque fichó por el Real Madrid, pero los socios y aficionados del Barça en los homenajes que se le tributaron posteriormente no lo veían así. A pesar de pactar con Franco, munca fue un fascista.
El segundo personaje del que hablaré es el que fue profesor y catedrático de Geometría Analítica de la Universitat de Barcelona José Mur Ainsa. Un personaje totalmente de derechas que, en 1934, tras los Fets d’Octubre, al suprimirse el Patronato de la Universitat que presidía el doctor Pere Bosch Gimpera, fue nombrado rector en funciones de esa universidad. Durante los años de la guerra los anarquistas querían ejecutarlo, pero le perdonaron la vida por ser francmasón. Sin embargo, los franquistas le depuraron y nunca más pudo dar clases ni ocupar cargos.

El ingeniero Carles Emili Montañés Criquilión, monárquico y considerado en ciertos aspectos hombre del régimen, también sufrió represalias y durante un tiempo debió exiliarse. Su delito, intentar restaurar la monarquía.
Tres personajes de derechas, pero que de ningún modo eran fascistas. Si hoy vivieran, les sería muy difícil militar en las filas del PP, porque este partido, con sus actitudes, demuestra que es el heredero directo del franquismo. La memoria histórica también debe devolver la dignidad a esos personajes. Ser de derechas no significa ser franquista, y menos fascista.

Depuis la mort du général Franco en 1975, ce sont les valeurs démocratiques portées par les vaincus de la guerre civile de 1936-1939 qui ont fondé les bases de l’Espagne moderne. Subsistait, cependant, la loi d’amnistie qui occultait les crimes de la dictature franquiste. Pour s’être attaqué à ce «pacte de l’oubli», le juge Garzon, accusé d’abus de pouvoir, risque jusqu’à 20 ans d’interdiction d’exercer la justice.

Faut-il laisser dormir les vieux démons de la guerre civile espagnole? Ou faut-il les affronter pour se libérer des chaînes du passé et rappeler à la mémoire les dizaines de milliers de victimes ensevelies dans des fosses communes, les 30 000 enfants enlevés à leurs mères emprisonnées, les camps de travail forcé de la dictature franquiste, le demi-million d’Espagnols forcés à l’exil et dont des milliers finirent dans les camps nazis? Le destin personnel du juge Garzon incarne le changement de perspective de nos sociétés face à leur passé tragique, mais aussi les résistances farouches qui subsistent.

Il y a d’abord, la conviction d’un juge qui épousa celle d’une grande partie de nos sociétés. Contre la chape de plomb du silence, contre l’amnistie et l’amnésie, dire la réalité du crime et ainsi soulager les victimes et élaborer un nouveau contrat social qui ne soit plus basé sur la conspiration du silence et l’impunité. C’est armé de cette certitude que Garzon inculpa en 1998 l’ex-dictateur chilien, Augusto Pinochet au titre de la compétence universelle. Dix ans plus tard, il voulut appliquer la même approche à son propre pays. Il devait pour cela faire tomber l’obstacle de la loi d’amnistie de 1977. Il tenta de la court-circuiter en affirmant que les franquistes avaient commis des crimes contre l’humanité qui devenaient, en tant que tels, imprescriptibles, et donc punissables. La magistrature espagnole ne le suivit pas et c’est pour cela qu’il est désormais poursuivi.

Que le crime contre l’humanité n’existât pas encore lors de la guerre civile espagnole, que les républicains aient commis aussi leur part d’exactions et que l’immense majorité des auteurs des crimes franquistes soient morts ou en fin de vie sont des questions subsidiaires pour Garzon. L’enjeu, pour lui, est d’utiliser la justice comme instrument de transformation sociale. Une exigence de justice qui rassembla des dizaines de milliers d’Espagnols, il y a quelques jours, exigeant la fin de l’impunité, brandissant les photos de leurs grands-parents assassinés et exigeant que ceux-ci aient droit enfin à une sépulture décente.

En ce sens, l’action de Garzon est le pur produit des valeurs que célèbre l’Europe contemporaine, porteuse du triple héritage que sont la psychanalyse, les tribunaux de Nuremberg et la réunification du continent après les décennies de guerre froide. Autrement dit, de la conjugaison de la libération de la parole et du droit comme instrument de reconnaissance du crime, le tout inscrit dans une Europe aspirant à se débarrasser des nationalismes belliqueux.

L’étonnant dans cette affaire, c’est que Garzon perde cette bataille dans une guerre de la mémoire qui est largement gagnée. Depuis l’adoption de la loi sur la «mémoire historique», votée en 2007 par le parlement, la démocratie espagnole a rendu hommage aux victimes de la dictature franquiste et, en particulier, «aux personnes qui ont perdu la vie et à celles qui ont été privées de liberté pour avoir été emprisonnées, déportées, dépossédées de leurs biens, condamnées à des travaux forcés, ou enfermées dans des camps de concentration dans et hors des frontières espagnoles».

Restait la loi d’amnistie de 1977, vestige du «pacte de l’oubli». Garzon, en voulant par son action la rendre caduque, cherchait à ce que la vérité historique aujourd’hui connue et largement acceptée soit authentifiée par la reconnaissance judiciaire des crimes. Avec pour conséquence, l’ouverture d’enquêtes quitte à ce que celles-ci se soldent par des poursuites pour les derniers responsables vivants de la répression franquiste ou des demandes en réparation. Bref, en faisant coïncider vérité judiciaire et vérité historique, Garzon voulait mettre un terme à l’exception espagnole en Europe, en matière de traitement du passé. Il s’est heurté aux craintes des conservateurs qui redoutaient l’émergence d’une vérité judiciaire trop unilatérale sur le franquisme. Il s’est aussi heurté à ses nombreux ennemis de gauche comme de droite, trouvant ici l’occasion de se débarrasser d’un homme incontrôlable, protégé jusqu’ici par son aura médiatique internationale de «tombeur» de Pinochet. Mais sa défaite provisoire ne doit pas cacher le mouvement de fond: le pacte de l’oubli a vécu en Espagne

Un psiquiatra me señala este párrafo del auto del juez Varela de 3 de febrero de 2010: “No es razonable pensar que nos encontráramos ante una especie de conspiración de silencio [ante los crímenes del Movimiento Nacional] de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el del Ministerio Fiscal” (página 51). Alude a que los actos de naturaleza genocida contra republicanos españoles nunca han sido investigados por los fiscales y jueces que juraron lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, entre ellos el señor Varela.

Asistimos a un auto con el sofisma de que la Ley 46/1977, que amnistía los delitos de “intencionalidad política”, prohibiría investigar los de naturaleza genocida impunes, cuando la propia ley se subordina a sí misma a “las normas y convenios internacionales vigentes en la actualidad”. Entre estos se hallaban cuando se aprobó la ley el que sanciona el genocidio. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), aplicado por el Tribunal Supremo a la ley de amnistía (sentencias de 18 de mayo y 7 de abril de 1979). Como ambos convenios no admiten la excepción de “intencionalidad política” en el genocidio, la ley 46/1977 lo excluye de su objeto.

En el auto de Varela arde asimismo la doctrina vigente del Tribunal Supremo (sentencias de 13-06-1994, de 24-02-1983, de 15-06-1983) y del Tribunal Constitucional en pleno (sentencias de 9-06-1986 y 3-12-1993), que interpretan la Ley 46/1977 integrándola con el decreto-ley 10/1976, de amnistía. Éste afirma: “(…) Al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles”.

¿Se amnistiaba el genocidio? No, respondía el fiscal general del Reino en su circular de 13-08-1976, la amnistía no incluía los delitos “que por su carácter atroz no pueden ni deben ser dados al olvido”. No cabe “presumir la intencionalidad política” cuando “la excluya la naturaleza específica de la infracción”, caso típico del genocidio. En la circular de 20-10-1977, sobre aplicación de la Ley 46/1977, la fiscalía reitera que el ámbito objetivo de dichos delitos debe seguir los criterios fijados en la anterior circular. La Sala Penal del Tribunal Supremo no ha pronunciado sentencia alguna con una interpretación distinta de la Ley 46/1977. Así que el auto de fe en curso trata de crear otra doctrina mientras apiña leña a la hoguera.

En este auto se proclaman sofismas como que la Ley 46/1977 no admitiría interpretaciones judiciales distintas a las del inquisidor. En propiedad, como dijoal votar esta ley el diputado aragonés Gómez de Las Roces, “estamos ante un texto legal lleno de imprecisiones jurídicas. Me basta remitirme al artículo primero de este no estudiado proyecto de ley. Sencillamente, entiendo que carece de los más elementales requisitos de toda tipificación penal, (…) estamos trasladando a los tribunales de Justicia una competencia que es de las Cámaras, o es del Gobierno, pero en modo alguno de los tribunales de Justicia, la de crear la norma”.

En efecto, al no establecer esta ley un criterio para determinar los delitos de intencionalidad política -no los definía el Código Penal, el de Justicia Militar ni el de la Marina de Guerra- son los jueces de instrucción quienes, en primer lugar, deberán investigar y calificar la naturaleza del hecho denunciado. Así lo ordena la ley: “La aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los jueces, tribunales y autoridades judiciales correspondientes”, y “de acuerdo con las leyes procesales en vigor”, lo que en el actual Estado de derecho obliga al juez instructor a aplicar los convenios internacionales (artículo 10.2 de la Constitución). Que es lo que ha hecho el juez Garzón en las resoluciones de 2008 por las que le acusan defensores del Movimiento Nacional.

El auto no sólo lleva a la hoguera la doctrina vigente del Tribunal Constitucional (sentencia de 3-12-1993), del Tribunal Supremo (sentencias de. 18-05-1979, 7-04-1979), sino también las memorias de los ministros que participaron en la preparación de la amnistía (Herrero de Miñón, 1999; Alfonso Osorio, 1980), a saber que la finalidad primera de la ley era amnistiar a quienes sufrían entonces cárcel, exilio y otras sanciones por resistir al Movimiento Nacional.

Recordaremos que en la sesión de las Cortes que aprobó la ley de amnistía, la única intervención aplaudida por una Cámara puesta en pie fue la del senador monárquico Satrústegui, tras lamentar que los militares leales a la legalidad republicana no fueran amnistiados con igual amplitud que los que se sublevaron contra el Gobierno constitucional. Al tiempo que el grupo más identificado con el Movimiento Nacional, el presidido por Fraga, no aprobó la amnistía “porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores” (diputado Carro), entre los que no incluía, claro está, a los alzados en armas contra la Constitución republicana.

En el auto arde asimismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuya doctrina es obligatoria para España y que declara conforme con el principio de legalidad penal aplicar la ley vigente en el momento del acto delictivo pero interpretada según los principios del actual Estado de derecho (sentencias Jorgic; Kolk y Kislyiy), que no son amnistiables los delitos de lesa humanidad (sentencia Ould Dah) y que la investigación y sanción actual de actos genocidas cometidos hace 70 años no es aplicación retroactiva de la ley penal.

Arde también la doctrina de la Corte Internacional de Justicia, que en el caso sobre la aplicación del convenio contra el genocidio, de 26-02-2007, determina la noción de grupo protegido según el método positivo, diferenciando el grupo en virtud de lo que los propios autores del crimen consideran características propias (párrafo 196). Y la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia (sentencia Jelisic; Krstic) y para Ruanda (sentencias Akayesu; Kayishema; Rutanga; Musema; Bagilishema), que admiten integrar en el delito de genocidio la acción de un Gobierno para exterminar físicamente a un grupo nacional opositor a su ideología o a su proyecto. El fuego consume también la doctrina del Supremo español que define el “grupo”, en el marco del mismo convenio, como “un número relevante de personas relacionadas entre sí por características que las diferencia de los demás miembros de la población” (sentencia de 1-10-2007), y el voto particular del juez Joaquín Giménez, según el cual “grupo nacional incluye el exterminio de los grupos políticos de la misma nacionalidad” y “carece de sentido excluir del genocidio la política de exterminio ejecutada contra un subgrupo nacional por razones políticas cuando, por el contrario, la muerte o la práctica de cualquiera de las conductas que integran el crimen de lesa humanidad dirigidas por un grupo contra otro de la población civil, o parte de ella, son considerados tales crímenes”.

Este auto de fe daña la convivencia en libertad y democracia. En vez de asentarla en la aplicación efectiva de leyes democráticas imperativas, la hoguera corporativista arroja a unos españoles contra otros en la inocultable, hiriente y discriminatoria impunidad de las mayores fosas comunes de Europa occidental, del secuestro de más de 30.000 niños de familias republicanas y su traslado por la fuerza al grupo del Movimiento Nacional, cuya identidad sigue cambiada; de la desaparición de más de 115.000 personas; de la ejecución de más de 300.000; del sometimiento intencional de decenas de miles a trabajos de esclavo; de la detención y tortura sistemática y generalizada; del desplazamiento de centenares de miles al exilio, negándoles la nacionalidad, con lo que decenas de miles de ellos fueron llevados a campos de exterminio nazis, etcétera.

Como se advierte en el extranjero, este auto de fe es un peligro para el orden público internacional, que se asienta sobre la derrota de los principios de la coalición nazi-fascista y el desarrollo de los reconocidos en el estatuto y la sentencia del tribunal que, en Nüremberg juzgó en 1946 a los principales responsables del régimen que ayudó a instalar en España el Movimiento Nacional. Bastará recordar que la Unión Europea considera incompatible con sus fundamentos ocultar el genocidio de los armenios en la Turquía de 1915-1918, y que en la Europa Central y del Este los tribunales aplican hoy la doctrina del TEDH a la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos antes y después de 1939.

Tiene motivos la opinión pública para movilizarse contra este ataque a principios de una sociedad democrática.

Prenez un magistrat espagnol, connu du monde entier pour avoir arrêté Augusto Pinochet, enquêté sur Bush Jr, fait tomber pour terrorisme d’Etat un gouvernement socialiste auquel on l’avait invité à participer, avant de mettre à jour un réseau de corruption tentaculaire au sein du parti d’opposition. Un juge qui, en passant, a désactivé la structure espagnole d’Al-Qaeda et la façade légale d’ETA (Batasuna), dont il est devenu l’ennemi numéro 1, au point de se déplacer systématiquement avec deux gardes du corps.

Prenez, donc, Baltasar Garzón, 56 ans, monument de la justice internationale, qui décide en 2008, appuyé par une jurisprudence internationale abondante, d’ouvrir une enquête sur les disparitions de la guerre civile et du régime franquiste afin de mettre fin à près de quatre-vingts ans d’impunité et offrir aux 100 000 familles de disparus la possibilité d’apprendre enfin où se trouvent les corps de leurs proches.

Prenez de l’autre côté deux organisations d’extrême droite, dont la Phalange espagnole, ex-milice du régime franquiste, qui a formé un certain José Maria Aznar. Rajoutez un parti d’opposition qui jongle entre la vie et la mort du fait des révélations de Garzón sur sa corruption endémique et dont le président d’honneur est l’ancien ministre d’Etat de Franco, Manuel Fraga. Ajoutez-y un magistrat du Tribunal suprême, Luciano Varela, qui hait notre juge, coupable de «médiatisme» alors qu’il serait «moins doué» que lui. Mélangez le tout dans un pays dont la doxa décrit la transition démocratique exemplaire, mais qui n’a guéri aucune des blessures restées ouvertes après l’amnistie de 1977. Une société crispée, divisée sur une période dont elle n’a jamais fait l’inventaire. Une société où le principal parti de droite dit du gouvernement qu’il est «partial à l’heure de lire l’histoire» pour avoir retiré une statue de Franco qui trônait en plein Madrid.

Secouez ce mélange détonnant par l’ouverture d’une information judiciaire sur les crimes de la guerre civile, saupoudrez d’une crise économique et d’un gouvernement à la dérive, et vous dégusterez Ubu roi en espagnol.

En 2008, l’hostilité qui avait accueilli l’ouverture de l’enquête de Garzón l’avait forcé à arrêter au bout de quelques mois. Les socialistes avaient dégainé une «loi sur la mémoire historique» afin d’empêcher que toute initiative similaire se reproduise : près de 450 fosses communes datant de la guerre se voyaient exclues de toute juridiction et interdites d’accès. On s’en occuperait plus tard. Mais fin 2009, patatras. Contre l’avis du ministère public, Luciano Varela accepte d’ouvrir une information judiciaire contre Garzón. Malgré l’indignation des familles de victimes et de la communauté internationale, la Phalange, pour la première fois depuis la mort de Franco, se félicite de la «parfaite équité» avec laquelle un juge la traite. Luciano Varela, en effet, en refusant de classer directement l’affaire, a tourné le dos à une jurisprudence qu’il avait lui-même établie. Cela ne suffit pas, et il doit rédiger une note publique à l’attention de la Phalange, apportant des corrections sur 50 des 74 pages de la plainte. Fait unique dans l’histoire jurisprudentielle espagnole, il y ajoute ses corrections recommandées. Il rédige en quelque sorte la plainte à la place du plaignant.

Juridiquement, c’est d’abus de pouvoir dont est accusé Garzón : il aurait volontairement pris une décision contraire aux intérêts de la justice. Une faute que Varela résumait dans des termes peu usuels pour la cour : Garzón aurait abusé de son «imagination créative». Pourtant, signataire de nombreux traités internationaux incompatibles avec la loi de 1977, l’Espagne s’est vue exiger de se pencher sur son passé à de nombreuses reprises. La décision, éminemment politique, de ne pas avoir agi jusqu’ici tenait bien plus à «l’esprit de consensus» de la transition que Garzón se voit reprocher d’avoir rompu qu’à une quelconque argumentation juridique valable. Un consensus pourtant fêlé et auquel plus personne ne croit en Espagne. Si le juge a reçu de nombreux soutiens internationaux, du New York Times à Amnesty International en passant par des représentants de 26 pays membres de l’ONU, la classe politique espagnole ne lui pardonne pas l’intransigeance avec laquelle il a traité ses dérives politico-financières et semble s’arranger de son élimination. Le Parti populaire a même tenté de l’enfoncer en déposant une plainte supplémentaire, tandis que Zapatero convoquait une réunion à la Moncloa pour demander à son parti d’observer une stricte retenue sur le sujet. Luciano Varela a senti que le vent lui était favorable, et que personne n’était prêt à se sacrifier pour un juge à l’indépendance trop gênante. En confirmant l’ouverture du procès contre Garzón quelques heures après une fuite annonçant la nomination de ce dernier à la Cour pénale internationale, il a bloqué celle-ci et s’est avancé d’un mois sur le planning prévu par son Tribunal.

La suspension conséquente de Garzón en tant que juge signe la disparition de l’un des rares symboles de la justice indépendante dans une Europe chaque fois plus asservie par les desiderata de ses puissants. Contre toute logique juridique et devant l’incrédulité de la scène internationale, celui qui, en arrêtant Pinochet alors qu’il faisait son shopping à Londres, fit de la justice universelle un peu plus qu’une simple utopie, est venu allonger la longue liste des victimes du franquisme et d’un air du temps décidément inquiétant.

Finalmente se ha producido la suspensión del magistrado Baltasar Garzón por decisión del Consejo General del Poder Judicial y a consecuencia del procedimiento penal abierto en su contra por el Tribunal Supremo por el intento de investigación de los crímenes del franquismo.

La imagen del juez abandonando la Audiencia Nacional es sorprendente y, sin duda, ha conmocionado a una buena parte de la ciudadanía española e internacional.

Se cesa a un juez que ha servido al Estado de derecho durante casi 30 años, 20 de ellos en la Audiencia Nacional. Un juez que se ha ganado el prestigio gracias a su labor en la persecución de los crímenes internacionales, de terrorismo y relativos a la corrupción pública.

De su trabajo en estos años resulta especialmente relevante su decisiva contribución en el caso Pinochet a favor de la concepción de la Justicia Universal. Desde las sentencias del Tribunal de Nuremberg, en defensa de los valores universales asociados a la dignidad de las personas y al derecho a la vida, ninguna resolución judicial ha tenido más repercusión en la consolidación de los principios de imprescriptibilidad y jurisdicción universal para la persecución de los delitos de genocidio y contra la humanidad que la orden de detención internacional del juez Garzón al general Augusto Pinochet, en el año 1999.

Estos principios obligan a todos los Estados a perseguir los graves crímenes contra los derechos humanos, en cualquier lugar y en cualquier momento que se hubieran producido, precisamente porque no sólo afectan de forma directa a las víctimas, sino que agreden al conjunto de la humanidad por su carácter sistemático y masivo.

Pues bien, estos mismos principios son los que intentó aplicar el juez Garzón en la causa por los crímenes de la cruenta dictadura franquista. Y, paradojas de la vida, la actuación que hace 11 años fue objeto de reconocimiento, ahora le lleva al banquillo de los acusados, a raíz de la iniciativa de un autodenominado sindicato Manos Limpias, cuyo máximo dirigente aparece históricamente vinculado a la ultraderecha, y en virtud de una querella de Falange Española y de las JONS, por el momento apartada del proceso por razones formales.

Y ello, a pesar de la razonada oposición del Ministerio Fiscal y de la inexistencia de perjudicados por sus resoluciones calificadas de prevaricadoras. Ni un solo ciudadano ha comparecido ante el Tribunal Supremo sintiéndose víctima de las decisiones del juez Garzón. Contrariamente a ello las víctimas del franquismo constataron que se abría una vía de esperanza a sus legítimas demandas de justicia y reparación y tutela judicial efectiva.

El peor delito que puede imputarse a un juez es el de prevaricación: dictar a sabiendas una resolución injusta. Sólo aquellas decisiones judiciales que no tengan cabida en la ley, y que comporten un retorcimiento tal del ordenamiento jurídico de forma que resulten indefendibles, pueden ser tildadas de prevaricadoras.

El procedimiento penal abierto por el juez Garzón lo fue a raíz de las denuncias presentadas por familiares de las víctimas del franquismo, cuya legítima pretensión era saber la verdad, recuperar los restos de sus familiares ejecutados, conocer la suerte de los desaparecidos y conseguir que se hiciera justicia. Sus decisiones jurisdiccionales se han basado en la consideración de que las desapariciones forzadas, el secuestro organizado de niños y los asesinatos masivos son crímenes de lesa humanidad que no están prescritos ni amparados por la Ley de Amnistía de 1977, en aplicación de los Tratados Internacionales ratificados por España y del derecho internacional de los derechos humanos, cuyas normas forman parte de nuestro ordenamiento y nos obligan.

Pueden ser decisiones discutibles pero responden a una doctrina que es compartida por jueces españoles y de otros países, además de por un sector significativo de los juristas expertos en derecho internacional.

Estamos ante un debate jurídico serio y complejo, y por muy discutible que sea, y justo por eso, no puede ser objeto de criminalización. Una controversia que, en el fondo, lo es también sobre la independencia judicial, al alcanzar de lleno lo que constituye el ámbito propio de la tarea judicial: la interpretación de las leyes a la luz de la Constitución y de las normas internacionales.

En la declaración “a favor de la libertad de interpretación judicial” suscrita por el Secretariado de Jueces para la Democracia y firmada por más de 50 jueces el pasado 12 de febrero, se afirmaba que la tarea judicial es hoy un espacio de creación, no porque lo quiera el juez, sino porque lo impone la realidad de la propia ley. Por ello cercenar el debate jurídico resulta altamente preocupante para la independencia judicial porque desincentiva la imaginación jurídica, moldea jueces conformistas y sumisos al poder y a la jerarquía y se erige en un obstáculo insalvable para la imprescindible evolución de la jurisprudencia.

Y, así las cosas, ¿podía el Consejo General del Poder Judicial haber decidido no suspender cautelarmente al juez Garzón?

En nuestra opinión sí. Es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que la suspensión de los jueces y magistrados tendrá lugar “cuando se hubiera declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. Sin embargo, su aplicación no puede entenderse de forma automática.

Cabría distinguir entre aquellos procedimientos penales en los que la querella ha sido interpuesta por el Ministerio Fiscal de aquellos otros en los que el querellante es una acusación popular. La diferenciación no es gratuita: el fiscal constitucionalmente defiende el principio de legalidad, lo que no ocurre con la acción popular, que defiende intereses difusos, y en ocasiones contrarios al interés general. Una acusación del fiscal comporta una mayor solidez de que en el futuro pueda prosperar una condena contra un juez. Sin embargo, una petición de absolución por el Ministerio Fiscal, representante de la legalidad, hace más plausible una sentencia absolutoria, pese al ejercicio de la acción popular por acusaciones claramente posicionadas a favor del franquismo y en contra de la recuperación de la memoria de las víctimas.

En cualquier caso, cabía otra solución, la de haber aceptado previamente su petición de traslado a la Corte Penal Internacional, informada favorablemente por todas las instituciones públicas implicadas, y haber esperado al resultado del juicio y de la sentencia, antes de proceder a la suspensión.

El juicio que va a iniciarse ante el Tribunal Supremo será recordado como el proceso contra el juez que quiso esclarecer los crímenes del franquismo. El Tribunal Supremo deberá resolver si la inaplicación de la Ley de Amnistía entra en el terreno de lo discutible y deberá pronunciarse sobre si el juez Garzón actúo en el ámbito de su independencia judicial; también si se ha respetado su derecho a un proceso justo.

En su caso, el Tribunal Constitucional y, en última instancia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberán pronunciarse sobre idénticas cuestiones.

Aunque no compartamos muchas de las decisiones adoptadas contra el juez Garzón, vivimos en un Estado de derecho y confiamos en nuestro sistema judicial. Esperamos, por ello, que Baltasar Garzón pueda algún día volver a ejercer como juez. Creemos que con ello aumentará la credibilidad en nuestra justicia y la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones.

Engorda el tono de las declaraciones políticas en torno a la reacción por la imputación de Baltasar Garzón en relación a su investigación sobre los crímenes del franquismo. Tanto se ha engrosado que ya está sobre la mesa el reproche fundamental de la vida política española: aquel sobre quién pone más en peligro la democracia.
La facilidad con la que las palabras mayores se ponen a rodar ha acabado por reducir a anécdota lo que en otro caso sería motivo de una preocupación fundamental. Si, efectivamente, cada vez que PP y PSOE se han cruzado reproches de hacer zozobrar el modelo democrático hubiera habido un fondo de verdad en ello, haría tiempo que la democracia habría encallado. No lo creen realmente ni María Dolores de Cospedal ni José Blanco. Pero sí existe el riesgo de que, a fuerza de repetirlo, se implante la convicción de que en democracia ya no cabe cualquier expresión social o política que cuestione o defienda, con el testimonio de una movilización en la calle, una u otra forma de actuar de las instituciones. Una peligrosa asimilación que choca con esa otra de la democracia que la considera todo menos silencio. Más peligrosa, o al menos interesada, aún en vísperas –desde hace ya demasiados meses, por cierto– de que el Constitucional se pronuncie respecto al Estatut.

Con el juez Baltasar Garzón es preciso utilizar el bisturí con cuidado porque están tan unidas las distintas capas de su personalidad que cuesta diferenciarlas. El juez no será hoy mejor ni peor instructor en el caso Gürtel, o el que nos ocupa sobre el franquismo, de lo que era en la operación Nécora o ante la multitud de sumarios contra ETA. Tampoco a raíz de su paso por la política. Pero esa polivalencia ha acabado pergeñando un personaje que trasciende la persona y el profesional y es el que realmente produce filias y fobias dentro y fuera de la carrera judicial. Una carrera judicial, por cierto, que cada vez tiene más aspecto de lo primero que de lo segundo, para desgracia de todos, y donde algunos, no representativos de la mayoría pero sí en posiciones clave, empiezan a correr con camiseta de uno u otro equipo o la adquieren por el camino. Que en esa competición profesiona haya juego de codos tampoco ayuda. Pero es peor el riesgo de que Garzón y su figura pública no nos dejen ver el bosque que hay detrás. Las actuaciones contra Garzón por la presunta financiación obtenida del Banco Santander, su instrucción del caso Gürtel y de los crímenes del franquismo tienen al juez como común denominador, pero cada uno de estos casos merece su propia aproximación. Igualmente erróneo sería pretender hacer de uno de ellos el emblema para denunciar una persecución al juez, como diluir en una operación política a quienes reclaman el derecho a la memoria.
Desde esa perspectiva, es muy difícil compartir los temores de Mariano Rajoy por el impacto en la institución de la justicia en tanto que la postura de su partido ha venido jalonada de declaraciones nunca corregidas, carentes de sensibilidad, cuando no marcadas por el desprecio. Desde el rechazo de José María Aznar a «remover huesos», a la situación de «extraordinaria placidez» que aportó el régimen franquista, en boca de Mayor Oreja, y al recentísimo grupo de «carcamales resentidos» que ve Esperanza Aguirre tras las movilizaciones. No es creíble la preocupación popular del impacto sobre el Poder Judicial, porque su silencio ha sido clamoroso ante los intentos de instrumentalizarlo que una y otra vez practican las organizaciones de ultraderecha como Manos Limpias con este tipo de denuncias, de las que ya advirtió el Supremo.

Las atribuciones de Garzón pueden estar en cuestión en este asunto. Pudo excederse en la instrucción del asunto o sencillamente pudo no hacerlo, según se coincida con el juez Varela en relación al carácter de cerrojo de la ley de amnistía o se considere que las desapariciones y fusilamientos impunes a partir de 1939 son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. Pero lo que no cabe perder de vista es que la doctrina que corre el riesgo de asentarse es la de que no quepa amparo judicial efectivo, ni en la jurisdicción de la Audiencia Nacional ni en la de jueces naturales de instancia, a las víctimas de esos crímenes porque hay quien pretende que el vigente pacto de convivencia se sustente en su silencio.
Los demandantes no buscan la inhabilitación de Garzón, sino la de la memoria. ¿Qué juez español va a acoger demandas similares tras una decisión así? La «memoria de los falangistas muertos» que quería preservar Falange, ¿debe ser defendida sobre la verdad y la reparación de los represaliados? En un país donde decenas de miles de personas yacen aún sin que sus familiares puedan recuperar sus restos, el asunto merece más dedicación que un pase de página o que lo diluya una trituradora de intereses políticos. El futuro profesional de Garzón es, con todos los respetos, secundario. Quienes quieren quemar ese árbol aspiran a ver arder con él todo el bosque de la memoria, porque partiendo del olvido se pueden dar más lecciones y menos explicaciones.

Sólo es justa la violencia racionalizada que monopoliza la fuerza legítima del poder político democrático que es además proporcionada y moderada. Las demás violencias, incluido el monopolio de la fuerza en otras formas de poder político no democrático no son legítimas. Son rechazables, denunciables y condenables. Desde la opinión pública, desde los medios de comunicación, desde las instancias internacionales y desde los poderes democráticos hay que estar alerta, publicar las denuncias de las violencias y combatirlas sin descanso. Las fuentes intelectuales, y los motores de todas esas formas de violencia se impulsan desde el fanatismo, el realismo y el fatalismo. Son la expresión de mentalidades cerradas, de sociedades herméticas que sólo creen en su verdad y se consideran poseedoras de la única respuesta correcta. Generan conflicto y violencia, desde una perspectiva excesiva y patológica de una concepción del bien o de una filosofía comprensiva. Desde la concepción del bien, y el mejor ejemplo es la Iglesia católica institucional en países como España, se trata de convertir a la ética de sus creyentes en la ética pública y común de todos los ciudadanos. Cuando se trata de una filosofía comprensiva incompatible como el fascismo o el comunismo es pretender convertir a sus ideas en únicas y exclusivas de todos los ciudadanos como militantes de sus excesos, identificando militantes y creyentes e impidiendo la libertad de conciencia.

Desde este punto de vista es incomprensible y fuera de toda razón que un magistrado del Tribunal Supremo legitime a gente de ese cariz para impulsar una acusación contra un juez, criticable como todos, pero que ha hecho servicios impagables de justicia al país. Esa tendencia a la benevolencia frente a esos sectores intransigentes y de imposible pedigree democrático escandaliza y llama la atención. Que jueces se pongan del lado de los infractores, de los delincuentes, y de las ideologías violentas y cuyos antecesores produjeron daños y crímenes durante la guerra y durante “la paz” posterior y persigan a quienes les combaten, e incluso les aconsejan para que mejore la calidad de su acusación francamente llama poderosamente la atención y genera sentimientos de estupor, de desprecio y de rechazo. No parece que la filosofía del odio y del enemigo sustancial pueda ser guía para impartir justicia. Es más bien expresión de sentimientos reprobables e inconfesables. Es también un brote de violencia, aunque se encubra con fórmulas de justicia.

Entre las violencias existe una pluralidad multiforme y omnipresente que abarca niveles individuales, familiares, entre grupos sociales, en las relaciones entre ideologías políticas y entre Estados, con la peor de todas que es la guerra. Puede ser violencia bru-tal, violencia insidiosa, oculta, racionalizada, planificada, consentida y justificada. También puede consistir en un no hacer, en una pasividad culpable de silencio, de contemplar indulgentemente violencia de corrupción y de daños sociales irreparables.

A veces esos tibios como Rajoy hacen más daño que los autores materiales de violencias directas. La violencia brutal es la del terrorismo, la de la tortura, la de la guerra y la que se ejerce frente a seres más débiles como mujeres, niños y ancianos.

Entre los hechos más odiosos están el holocausto de millares de judíos que no podemos olvidar como decía Paul Èluard: “Si l’echo de leur voix faiblit nous perirons” (si el eco de su voz se debilita pereceremos). Todos olvidamos, incluidos los que sufrieron en su raza aquel crimen. Es un sarcasmo que ahora utilicen también la violencia brutal contra otro pueblo indefenso. Es verdad que su crimen, no justifica tampoco la respuesta criminal de algunas minorías palestinas. Quizás sea una maldad y una raíz de violencia que está en nuestra propia condición.

En España tenemos nuestro holocausto propio que fue la Guerra Civil originada por un levantamiento militar que encabezó Franco contra el Gobierno constitucional de la República. Fue un compendio de crueldad, de injusticia, de mezquindad, con comportamientos heroicos, altruistas y de grandeza.

Los ganadores vieron compensado su sufrimiento y quienes les dañaron criminalmente fueron castigados. Los perdedores no fueron compensados por las injusticias sufridas y recibieron represión y muerte acabada la guerra. Muchos fueron condenados por un delito, auxilio a la rebelión, que se aplicó con efectos retroactivos, burlándose de todos los principios penales civilizados y la transición para ser posible no reparó esa injusticia.

No se comprende que la derecha no acepte la recuperación de la memoria histórica que sólo quiere paliar aquella brutal represión devolviendo la inocencia y la dignidad a aquellas personas. Cuando acabó la guerra no empezó la paz, sino que continuó el intento de destruir a las ideologías perdedoras, acabando con sus portadores.

La prescripción y la muerte de los responsables reduce la justicia y, deberá, sobre todo enterrar dignamente a los miles de muertos que aún yacen en las cunetas y en los campos y declarar la nulidad de aquellos juicios sumarísimos con leyes penales aplicadas retroactivamente y de las demás ejecuciones sin juicio.

La violencia insidiosa y oculta es la que padecen los pobres, los analfabetos, los extranjeros y los demás oprimidos. Es también la violencia de la mentira institucionalizada en algunos medios, esas técnicas de envilecimiento de que hablaba Gabriel Marcel.

No podemos tampoco olvidar la violencia de la clasificación de las personas y la personificación de las cosas, ni la idea de la persona como un lugar para el consumo expresión de la alineación opulenta que Marx no pudo prever. Es la situación de la persona que se convierte en propiedad de sus propiedades y pierde toda su humanidad.

Hay que rechazar también la violencia intelectual, la guerra de los sistemas, las interpretaciones excluyentes, la arrogancia de los poderosos y la agresión de los dogmatismos golpeando con sus verdades aplastantes. La violencia colectiva, propia de sociedades cerradas y excluyentes se utiliza y aplica para crear y fijar la conciencia y la identidad del grupo en defensa de su identidad racial, nacional o religiosa. Pretende destruir al enemigo, con el que no cabe ningún acuerdo. Ejemplos son el genocidio, la persecución de los heterodoxos, el exilio, la deportación o los campos de exterminio.

Frente a esas miles de realidades, la democracia ofrece el consentimiento como origen del poder, la separación de poderes, el gobierno de las leyes, el respeto a las mayorías y a las minorías y el sufragio universal, el reconocimiento de los derechos y una educación para la ciudadanía que integra el respeto y la tolerancia como formas de convivencia en paz y libertad.

Sólo caben esas recetas para combatir las violencias a través del Derecho. Hay que seguir la línea recta y no caben atajos en esas tareas.

El grito más repetido fue «¡No pasarán!». Pero ¿quién no tiene que pasar? ¿Acaso el PP, instalado en el ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid y con pocas posibilidades de ser desplazado? Si se dirigía a las fuerzas del franquismo, es extraño, porque prácticamente no existen, y es difícil que puedan recuperarse, salvo que se cometan tantas torpezas que se les permita resucitar.
Todo esto para evitar que un magistrado sea sometido a procesos penales como cualquier otro ciudadano, para lo que se han establecido algunas falsas verdades elementales sin posibilidad de prueba. La primera, que el Tribunal Supremo, ocupado por magistrados presuntamente franquistas, estaría en una operación prevaricadora para retirar de la carrera judicial al magistrado. ¿Una segunda conspiración como la del 11-M? ¿La tecnología de El Mundo ha terminado por ser contagiosa? La realidad es más sencilla. Baltasar Garzón tiene abiertas tres causas que determinarán si prevaricó al abrir un proceso penal que escapaba a sus competencias; conocer si el cobro simultáneo de sus honorarios y unos extras dotados por el Banco Santander y Cepsa a la Universidad Juan Carlos I de Nueva York significó cohecho y si unas escuchas generalizadas a todos los abogados de la trama Gürtel fueron ilegales. No es tan complicado de entender.

Para negar la legitimidad de estos juicios se ha establecido de antemano la inocencia del juez y la certeza de que son un pretexto para liquidarlo. Se establece la ecuación falsa de que Garzón es el único que ha querido defender los derechos de las víctimas del franquismo y está siendo castigado por ello. Para apuntalar ese diagnóstico se establece que no puede haber impunidad con el franquismo, que la ley de amnistía fue nefasta, al igual que detestable se presenta ahora la transición española. Demasiado incluso para gentes sencillas e inocentes.
El pasado puede ser motor de unas víctimas que no han encontrado reparación. Ese es uno de los fracasos más sonados del presidente Zapatero: destapar el pasado y no saber cerrar con dignidad sus aspectos más insoportables. Nada que objetar a las víctimas, que tienen derecho a una satisfacción que no les tiene que dar un juez providencial, sino el Estado de derecho: pero la reclamación tiene que ir dirigida al Gobierno. Y resulta que son los socialistas, que no han sido capaces de hacer sus deberes, los que se ponen al frente de las manifestaciones para que los que acuden a ellas no se den cuenta de que ha sido el Gobierno quien les ha fallado estrepitosamente.
En un momento en el que la socialdemocracia europea está a punto de ser declarada pieza de museo por su propia incapacidad, resucitar el franquismo como enemigo de referencia es una tentación elemental. Entre otras cosas, porque resistir y atacar lo que no existe es de gran comodidad. ¿De verdad la foto casposa de medio centenar de falangistas jubilados y niñatos faltones puede ser símbolo de amenaza para nuestro sistema de convivencia?
Ser antifranquista en el año 2010 es sobre todo un ejercicio estético, exento de riesgo y emocionalmente suficiente para quien no tenga proyectos políticos de futuro. Hablar de la debilidad de la transición es una falacia de quienes no son capaces de verbalizar un solo proyecto que haya sido aparcado por las limitaciones pactadas con las fuerzas reaccionarias del antiguo régimen. Achacar los déficits de nuestra democracia a cosa distinta de la falta de capacidad de nuestra clase dirigente –sobre todo en los últimos 15 años– no es más que una justificación de una generación de líderes mediocres sin capacidad de dibujar un proyecto estratégico para adecuar nuestra democracia a la globalización. Y, entonces, el franquismo aparece en forma de ensoñación, pretendidamente actualizada, para aliviarse de la necesidad de dar una respuesta inteligente y progresista a las pavorosas crisis que padecemos.

Existen algunos enfermos de pasado; son fundamentalmente quienes no tienen proyectos de futuro. Utilizar a las víctimas es un viejo recurso. Ocurrió en la anterior legislatura con las víctimas de ETA, a las que el PP jaleó y azuzó contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora se pretende que las víctimas del franquismo, que en mayor o menor grado es toda una sociedad que fue secuestrada, se rebelen contra el pasado, pretendiendo ajustar cuentas judiciales con quienes ya están muertos.
El pasado como señuelo tiene poco recorrido cuando hay confianza en el futuro. Lo preocupante es que cuestionar las instituciones, denunciar teorías de la conspiración y utilizar periódicos respetables como instrumentos de agit-prop haya dejado de ser un monopolio de la derecha irresponsable y reaccionaria.
Solo falta ver la reacción del Supremo, al que personas y grupos que debieran ser responsables están arrojando al descrédito solo para conseguir que un juez estrella con una carrera llena de episodios controvertidos pueda ser el único español que no tenga que responder ante la ley. Un objetivo muy justito para un coste demasiado grande.

La decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón está teniendo el efecto de una piedra lanzada en un estanque que parecía tranquilo. De repente, las aguas mansas se tornan bravas y afloran actitudes que nos devuelven a un pasado maldito que creíamos superado, pero que solo estaba adormilado.
María Zambrano escribió en 1961 una Carta sobre el exilio, dirigida a los jóvenes antifranquistas de la época que querían acabar con la dictadura y construir una España moderna archivando el pasado. Zambrano les decía que así podrían lograr algún consenso superficial entre los nacidos después de la guerra, pero no la reconciliación. Algo de eso está ocurriendo hoy. Ha bastado que un juez ose abrir la causa del franquismo para juzgar los delitos pendientes para que se disparen las alarmas.

Sabíamos que había un franquismo sociológico que sobrevivía en lugares estratégicos como el Ejército, la universidad o la judicatura. Lógico, entonces, que intenten ajusticiar al juez que quería destapar el tarro de las barbaridades franquistas. Pero lo que no sospechábamos era que ese pasado ofuscara muchas mentes bienintencionadas. Me refiero a quienes han mostrado tanta sensibilidad por las víctimas del terrorismo y no muestran ninguna por las del franquismo. Algo no funciona aquí cuando se mide la significación de la víctima por la ideología de quien la recuerda.
Víctimas hay de muchos tipos: del terrorismo, de la guerra, del fascismo, del estalinismo o sencillamente de la carretera. Lo que tienen en común es que son inocentes. Víctima no es el que sufre, sino el que sufre inmerecidamente porque es inocente. En el filme Juicio de Núremberg se ve cómo sufrían algunos de esos dirigentes nazis vencidos y encarcelados. Sufren igualmente los etarras en la cárcel y sus familiares, pero no son víctimas porque su sufrimiento es el resultado de actos libres que son delitos. Todo sufrimiento humano, aunque sea culpable, merece un respeto y convoca la solidaridad del ser humano, pero hay que distinguir bien entre la víctima y el verdugo.
Víctimas puede haber en cualquier campo ideológico. Las hubo entre los judíos y entre los alemanes; en el bando republicano y en el franquista. ETA ha producido víctimas y también el GAL. El hecho de ser víctima no tiene que ver con la ideología que tuviera ella ni con la del verdugo, sino con la violencia sufrida siendo inocente. La significación moral de la víctima está en el hecho de ser víctima y no en lo que pensara. Esto no quiere decir que todas las ideologías sean lo mismo o que valga lo mismo defender la causa republicana que la fascista. Nada de eso. Pero el debate ideológico tiene lugar en otro negociado que no es el de las víctimas. Hace un año El Follonero juntó en Belchite a dos ancianos que habían luchado en bandos opuestos. El franquista aclaró la diferencia ideológica: «Los republicanos luchaban con fe. Tenían ideales: el bienestar del mundo. Nosotros, por el bienestar de unos cuantos». No es lo mismo luchar por el bienestar de los obreros que por el de los terratenientes, pero aquí lo decisivo es el tipo de violencia sufrida: ¿justa o injustamente?.
Precisamente por esto no se entiende que la derecha que supo movilizarse por las víctimas del terrorismo etarra, llenando las calles, las páginas de algunos periódicos y la boca de políticos conservadores, se vuelva contra el juez que persiguió los crímenes etarras y quiere ahora hacer justicia a las víctimas del franquismo. Todas son víctimas, todas merecen justicia. La justicia a las víctimas del terror consiste en reparar los daños reparables y hacer memoria de lo irreparable. La justicia a las víctimas del franquismo se sustancia en algo tan simple como identificar los restos que yacen en una fosa común o en una cuneta de la historia y darles digna sepultura; revisar los juicios sumarísimos que eran una farsa; devolverles su buen nombre y hasta sus bienes… ¿Por qué lo que parece tan de sentido común en el caso del terrorismo etarra no lo es en el del franquismo? ¿por qué parece tan justo retirar el nombre de una calle dedicada a un etarra y parece un sacrilegio quitar la placa de los «caídos por Dios y por España» en el pórtico de una iglesia?

Esta doble vara de medir no anuncia nada bueno para las víctimas, porque si subordinamos el respeto a las víctimas por el color ideológico, en el fondo las estamos utilizando en provecho de los nuestros. Explotamos su sufrimiento en favor de nuestros intereses, y eso es como una segunda muerte, perpetrada esta vez por los propios feudos.
El franquismo está vivo. Solo así se explica la sinrazón de que los argumentos que defienden el fiscal y algunos magistrados de la Audiencia Nacional sean tachados de prevaricación cuando los maneja Garzón. ¿Habría que considerar prevaricadores al fiscal y a esos magistrados? ¿Por qué el Supremo se ha arriesgado con un argumentario que ha producido el pasmo internacional? En Cien años de soledad se dice que los habitantes de Macondo nacían apestados, víctimas de la peste del olvido. En nuestro caso habría que hablar de una severa ceguera ideológica.

Se pensaba que, cuatro décadas después, las dos Españas era una idea superada por nuestra convivencia democrática. Es lamentable afirmarlo, pero no es así. Sigue existiendo la brecha que nos separa y nos divide. Debe ser que la Transición no salió tan bien como se pensaba y que dejamos veredas abiertas por las que algunos se adentraron, convirtiéndolas, con el paso del tiempo, en autopistas por las que se vuelve a circular hacia el rencor, el odio y la división.

No es extraño que algunas cosas se hicieran mal, porque la correlación de fuerzas era desigual. De una parte, todo el aparato del franquismo, intacto, poderoso y retador, y, de otra, una izquierda débil, radicalizada y temerosa de no saber encontrar el hueco apropiado para que España se adentrara por la senda democrática y constitucional.

Han pasado 70 años y sería necesario que los demócratas fuéramos capaces de transmitir nuestros sentimientos sin revancha, cuando nos referimos al salvajismo sobrevenido del golpe de Estado del año 1936. Y desde esa voluntad noble, se puede ser consciente de que, si no recuperamos la España que perdió en las trincheras, no es que tengamos una sola España, es que tendremos media España. Teníamos la España de Franco, pero llegó la Democracia y es justo que España recupere el patrimonio de la otra España silenciada. También aquellos perdedores eran España. Nadie puede pretender cambiar la realidad sino explicarla. La guerra la ganó Franco. No hay duda. Ese no es el debate.

Quiero comprender a muchos de los que estuvieron en el bando ganador. Muchos ganadores fueron también sufridores de una guerra que ganaron. Los soldados ganadores también fueron arrancados de sus hogares, marchitaron sus esperanzas y su juventud, abandonaron a sus padres ya ancianos, a sus esposas, a sus hijos. Muchos fueron lanzados a un combate en el que no querían participar, les obligaron a sobrevivir entre la pólvora y la sangre. Sin querer combatieron, sin querer mataron y sin querer murieron. Aquella guerra asustó tanto a los que ganaron como a los que perdieron, porque, al final, todos perdieron, perdió España. No es guerracivilismo estudiar los excesos de los vencedores, pero tampoco ha de serlo entrar en la averiguación de las torpezas republicanas.

No tendremos la paz de todos hasta que sepamos todas las situaciones que padecimos. Para que nadie pueda albergar reservas mentales, los demócratas aceptamos, sin objeción alguna, que se estudie, que se revise el periodo republicano, que se aireen las luces y las sombras de esos años convulsos de la historia de España. Pero, de igual

forma, como medio completo de higiene, porque no tiene sentido asear sólo medio cuerpo, tenemos que aceptar que se estudie el periodo completo de la Guerra Civil y la posterior dictadura, también por los excesos que protagonizaron los vencedores. Pero ahí, entre los que vencieron que murieron y los que murieron que perdieron, es de justicia recibirlos con honor, porque creían defender unos ideales y, ante tal creencia, no caben discriminaciones. El soldado merece el respeto, pero no lo merece el asesino, ese otro personaje que, instalado a veces en la retaguardia, era el manijero que señalaba los ajustes de cuentas, en frío y sin piedad.

Es necesario entender que la ley aprobada sugiere también abrir las puertas de par en par a la verdad histórica, a esa historia de hace 70 años que nos heló el corazón, pero donde hubo, en un sitio u otro, gente de bien, personas que creían en una idea y lucharon por ella y hasta dieron la vida. La memoria histórica no es un instrumento para afilar el arma arrojadiza, sino una idea noble para devolver al presente nombres y circunstancias, a fin de que también moren en los vivos esas páginas reencontradas con toda la dignidad posible. Y aunque todavía hay resquemores porque no hay circunstancias más sangrantes que los enfrentamientos en una guerra civil, es lo cierto que hemos de tender a una serenidad amable, aunque sea a contrapelo de nuestro dolor, pensando que la gran mayoría de los combatientes no fueron culpables, porque ellos no provocaron ni decidieron ir al combate.

Los hijos o nietos de aquellas víctimas no quieren ya sacar los colores a nadie, ni buscar afrentas, ni pedir venganza. El deseo de estas personas es muy sencillo, es ejercer el derecho de enterrar dignamente a sus muertos y dejar clara su memoria. Muchos familiares no saben dónde están los restos de sus padres o de sus abuelos. Cada uno desea pacificar su propia vida dando sepultura a sus seres queridos. Eso persiguen quienes participan ahora en la Recuperación de la Memoria Histórica, dar satisfacción a un sentimiento humano, cumplir con un ritual indispensable para aliviar el dolor, desagraviar a aquellos que cayeron, con el último gesto que les pueden dedicar, darles una tumba y renovarles el recuerdo. La voz de los herederos de esos perdedores no dice más que una cosa: “Que mis muertos y su papel en esa terrible historia quede aclarado y descansen en paz”.

Nadie debe ganarnos en generosidad a quienes, desde la izquierda, hemos contribuido a la Democracia. Las víctimas de los que se sintieron vencedores ya tuvieron la oportunidad de honrar a sus muertos. ¿Creen ellos que ya es hora de que las víctimas de los que perdieron tengan también esa misma oportunidad? Porque hay el mismo dolor humano en unos que en otros, porque el dolor no sabe de siglas, de ideologías ni de banderas.

La mayor parte de los contendientes en la Guerra Civil fueron víctimas, víctimas vencidas y víctimas vencedoras. Otros, los menos, son los culpables de subvertir un orden que estaba democráticamente construido y cimentado. No podemos -ni debemos- bendecir lo criminal, pero sí queremos que cada uno reivindique la memoria de quienes, sin ser culpables, padecieron, murieron y fueron olvidados. Desde la izquierda, vivido lo vivido y aprendido lo aprendido, y habiendo escuchado de labios de gente que venció confesiones de dolor y desasosiego, porque no quisieron ser protagonistas de lo que hicieron, confieso que no albergo resquemor alguno. Pero comprendo y apoyo, en toda su dimensión humana, la esperanza, la última esperanza, para brindar el último homenaje a los anónimos e ignorados, gracias a un deseo que no es reaccionario ni vengativo. Esa es la voluntad sincera de recuperación de la Memoria Histórica.

No cabe la menor duda, pues, de que la Ley de Memoria Histórica pretende ayudar a que todo el mundo pueda cumplir ese deseo de encontrar y enterrar dignamente a sus muertos. Lo acontecido desde su aprobación por las Cortes, con el último episodio judicial que tanto nos divide, no está permitiendo que eso ocurra de la forma en que querían y quieren familiares y demócratas amantes de la concordia y reconciliación. Se debería intentar, por todos los medios y con máxima celeridad, una modificación de esa ley o la elaboración de otra que obligue a todas las instituciones del Estado a facilitar los medios de todo tipo para que ese objetivo pueda ser alcanzado, separando al muerto de las circunstancias de su muerte o asesinato.

Y cuando las fuerzas políticas consideren necesario aclarar las circunstancias de esas muertes, que se revise lo pactado en la Transición, que se legisle en función de la justicia y que ningún juez encuentre en esa legislación ningún resquicio para, unilateralmente, alterar lo que se haya decidido en nombre de la soberanía nacional. El Gobierno tiene la obligación de liderar este proceso que nos devuelva la concordia.

Cunetas es el título de un libro de poemas que escribió Luis Pimentel sobre los asesinatos que tuvieron lugar en Galicia durante la guerra civil. Se escribió en 1947 pero sólo pudo publicarse, muerto ya su autor, en 1981. “Hubo niños que asesinaron a hombres”, leemos en él con el ánimo sombrío. Pimentel no fue de ningún modo un franquista, pero tampoco lo contrario, como tantos españoles que se quedaron en España después de la guerra.

El 18 de abril de 2010 este periódico publicaba la historia de Manuel Muñoz Frías, de 79 años. La saña del destino en ella, anonada. Si hubo un millón de muertos en la guerra civil, hay al menos veinte millones de historias como la de Manuel Muñoz, las de la mayoría de los que sobrevivieron. Muchas de esas tragedias se han olvidado, unas veces porque sus protagonistas han muerto, otras las ha borrado el miedo, otras el olvido, condición necesaria de supervivencia para tantos. Algunas, sin embargo, como la de Manuel Muñoz, siguen vivas, porque la herida que causaron fue tan profunda que setenta años no han bastado para poder cerrarlas. Vale la pena recordarla otra vez: “A mi padre, un campesino analfabeto lo mataron por ser de UGT, se lo habían llevado hacía unos días y mi madre estaba cosiendo, intentando pensar en otra cosa. [Cuando se enteró que lo había matado] mi madre gritó y le dio un cabezazo a la máquina de coser. Empezó a sangrar. Mis hermanos empezaron a llorar al verla a ella con la cara llena de sangre, y yo también (…). Pero los falangistas volvieron. A los 20 días se llevaron a mi hermano, que aún no había cumplido los 18 años, a las trincheras para luchar en el bando de los asesinos de su padre. Desertó. Lo cogieron. Le mandaron a un campo de concentración en Ávila y luego a otro en Sevilla, y allí lo torturaron hasta la muerte. Y después volvieron a por ella. La metieron en la cárcel. A los cien días la soltaron sin ninguna explicación. Mi hermano Juan, que entonces tenía 16 años, hizo la guerra en España con el bando republicano y huyó a Francia, después luchó con el maquis francés. En mi casa pasaron muchos años sin que supiéramos nada de él. Un día, cuando ya le habíamos dado por muerto, cuando ya le habíamos llorado, recibimos una carta suya diciendo que estaba vivo y que se iba a casar. Cuando se la di a mi madre, se desmayó”. Aquí terminaba su relato, tal como lo publicó este periódico, pero ¿alguien puede creer que allí se puso fin a algo, que no marcó de una manera irremediable la vida de decenas de personas más, hasta hoy mismo?

Y sin embargo, con ser única, como lo son todas las historias de un sufrir tan agudo, parece tener algo en común con muchas otras.

Cierto día de hace cuatro años, en un receso de unos cursos de verano, un profesor contó cómo había perdido a toda su familia en un solo día de agosto de 1936, durante la revolución en Málaga. Sus colaboradores fueron acaso los más sorprendidos, pues, según confesaron después, nunca antes les había mencionado un hecho de tanta trascendencia en su vida. La pavorosa historia, sobre la que ojalá ese hombre quiera escribir y reflexionar un día con la hondura y verdad que le caracterizan, es una de las que se incluye en la Causa General, en la que no es más que una de tantas, apenas dos líneas, las que ocupan el nombre de su padre y de sus cinco hermanos asesinados (el menor de catorce años), su edad y su profesión, y el nombre del pueblo donde tuvo lugar la tragedia.

Historias como estas, de uno y otro lado, habrán sido, sin duda, las que le hayan hecho pensar a muchos lo que el novelista Arturo Pérez Reverte expresaba en una entrevista reciente (“En España nos faltó la guillotina”. El Cultural, 26 de febrero de 2010): “Yo soy de Cartagena, y en Cartagena, que era zona roja, hubo de todo, hubo represión brutal de los milicianos y represión brutal de los falangistas. Y a mí, cuando era pequeño, me contaron las dos represiones, las dos; por eso, hablar de unos buenos y otros malos a estas alturas… Cualquiera que haya leído historia de España sabe que aquí todos hemos sido igual de hijos de puta, TODOS”. Supongo que estas mayúsculas y la primera persona del plural respondían al interés del entrevistado en que nadie pudiese tener la fantasía de írsele de rositas.

Pocos dudan ya de que se cometieron crímenes parecidos en ambos bandos, pero tampoco nadie debería dudar de que las ideas por las que se combatió en uno y otro lado no pudieron ser más diferentes, en el de la República por los principios de la Ilustración (libertad, igualdad y fraternidad), fundamento de las democracias modernas, y en el de los sublevados por la conculcación de esos mismos principios, con la participación decisiva de curas, militares y capitalistas, aunque con frecuencia muchos republicanos no fuesen demócratas ni todos los que se pusieron junto a los fascistas fuesen fascistas. Podrán discutirse otras cuestiones (y llevan discutiéndose setenta años), pero esos son los hechos que hacen imposible toda simetría y que no tienen que ver ni con la lógica de la venganza en la que parece que algunos todavía están presos (sobre todo hablistas hertzianos y políticos) ni con esa equidistancia de la indiferencia.

A comienzos de los años cincuenta, según refirió Graciela Palau de Nemes, biógrafa de Juan Ramón Jiménez, este, mal informado o no, se negó a saludar a Segundo Serrano Poncela, relacionado con los sucesos de Paracuellos, porque él, Juan Ramón Jiménez, no se había exiliado “para acabar dándole la mano a un asesino”.

Dentro de unos días se dará a conocer cierto escrito inédito que Edgar Neville dirigió poco antes de su muerte, en 1966, a Miguel Pérez Ferrero en el que el escritor y cineasta asegura conocer, como muchos otros, al asesino de Lorca, quién se quedó con su reloj y su cartera y cómo fue asesinado de un único disparo en la nuca y no con una descarga como él había creído erróneamente durante años. En ese escrito se diría que Neville, en absoluto sospechoso de republicanismo (quizá porque el régimen le hizo purgar por ello en 1937), parece estar pensando cincuenta años antes en la Ley de la Memoria Histórica: “La diferencia fundamental”, dice allí “es que [para] los del otro lado, aparte de nuestra pena, había habido una Causa General que había castigado en la medida de lo posible a los asesinos, mientras que los que mataron a Federico García Lorca gozaban de inmunidad inconcebible y nadie les había molestado lo más mínimo”.

El propósito de estas líneas ha sido el de traer a colación aquí el recuerdo de Neville, Juan Ramón o Pimentel, porque no todos los españoles fueron lo que el novelista cartaginés asegura que fueron, como tampoco lo son hoy las víctimas del franquismo que, como Antígona, sólo reclaman el derecho de enterrar a sus muertos, y a las que sin duda todos los españoles tendríamos que secundar, aun a sabiendas de que entre tales muertos podría hallarse alguno de los asesinos de personas inocentes, como los que acabaron con el padre y los hermanos de nuestro amigo, verdugos asesinados a su vez junto a personas inocentes en las represalias de las falanges de Queipo que siguieron, pues es en tanto que víctimas y no como verdugos como ha de considerárseles en última instancia. Y sólo después de darles sepultura la sociedad dirá si quiere y está preparada para saberlo TODO (estas mayúsculas son de Kant), quiero decir, si está preparada para su ilustrado “Sapere aude”, atrévete a saber, sin caer en las justificaciones de la filosofía de la historia. Por esa razón las víctimas tienen derecho a reclamar del Estado, responsable en buena medida de que sigan enterrados en las cunetas, una sepultura digna para sus familiares.

La Causa General, instruida con tantas irregularidades pero no por ello irrelevante, fue el instrumento de que se sirvió el Estado fascista para justificar y tapar sus crímenes. La Causal General II que Neville parecía preconizar sobre los crímenes cometidos por los sublevados, se ha venido instruyendo de una manera espontánea desde hace treinta años por el testimonio de unos y de otros, el trabajo concienzudo de los historiadores, arqueólogo y forenses y algunas, pocas, actuaciones judiciales, y que se sepa tales trabajos ni han justificado ni relegado al olvido los crímenes cometidos por los republicanos. Ambas Causas, revisadas, corregidas y aumentadas deberían poner a cada cual frente a las responsabilidades políticas de todos y cada uno de los crímenes y asesinatos cometidos durante la guerra en cada bando, y ante las responsabilidades penales, si aún hubiere lugar a ellas. Será acaso el único modo de dejar a un lado la lógica de la venganza, la lógica del “tú más” o la del “todos fueron unos asesinos”, tan parecidas en el fondo. La neutralización de esta lógica pasaría necesariamente, desde luego, por el desmantelamiento de los símbolos del totalitarismo, incluido el Valle de los Caídos o, por ejemplo, las calles que ayer llevaron el nombre de un fascista y llevan hoy el de un estalinista, y la condena explícita del Golpe de Estado de julio de 1936 en los parlamentos españoles, del mismo modo que se les exige a todos sus diputados la condena del terrorismo de Eta para participar en la vida política democrática. Esa es también la única posibilidad de admitir al fin que aquella fue la guerra de nuestros padres y de nuestros abuelos, pero no la nuestra, aunque la hayamos padecido, y de qué modo, y que acaso deberíamos huir de las generalizaciones para hallar cobijo en las tres famosas palabras de Azaña, paz, piedad, perdón.

Todo ser humano -héroe o villano, decente o criminal- tiene derecho al duelo por parte de aquellos que lo amaron en vida. Y ese duelo exige la presencia del cadáver con el fin de poder enterrar dignamente los restos del difunto.

Esa demanda, la del duelo, se transmite de padres a hijos. Así se constata en el caso de las fosas dejadas en campos y cunetas por la represión franquista. Han sido los nietos de los muertos quienes han reclamado -y reclaman- un entierro decente para sus abuelos. Este era -a mi juicio- el principal objetivo de la Ley de Memoria Histórica. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno para cumplir esta ley desde que se aprobó? Si hemos de atender a lo que dicen los parientes de los muertos, el Gobierno ha hecho muy poco. Quizá por eso algunos deudos fueron a llamar a la puerta de Baltasar Garzón, quien, creyéndose competente para el caso, acabó por meterse en un lío de incierto destino.

Mas, sea como sea, este barullo judicial ha servido para colar algunos mensajes de muy dudosa calidad.

Mensaje nº 1: La Ley de Amnistía -como toda la Transición- fue hecha bajo presión, debido al miedo que producía el ruido de sables. Más que amnistía fue amnesia lo que se impuso.

Esto es falso y además encierra una calumnia contra quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada. No fueron cobardes, sino generosos.

El proceso necesitaba de la previa reconciliación, por eso -y sólo para eso- se votó la Ley de Amnistía, cuya vigencia se pretende ahora negar echando mano de las normas del Derecho Penal internacional que declaran imprescriptibles los crímenes contra la Humanidad. Normas éstas que, según los especialistas consultados, no invalidan en nada la Ley de Amnistía de 1977.

En efecto, el único texto vinculante en materia de crímenes contra la Humanidad está en el convenio que se elaboró y aprobó en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 2391 -XXIII- de 26 de noviembre de 1968), que no contiene codificación alguna de normas de Derecho Internacional. Es un tratado-ley que sólo obliga a los Estados ratificantes, que han sido apenas una cincuentena, entre los que no está España ni Estados Unidos ni países importantes de la Unión Europea. Por lo tanto, la ley española de amnistía no se opuso a ninguna otra norma de origen internacional que la contradijese.

Por otro lado, el tratado por el que se instituyó el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 11 que esa Corte sólo tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de su entrada en vigor, lo cual deja fuera los crímenes del franquismo y también, por cierto, aquellos que pudieran haber cometido -permitido- las autoridades republicanas.

En cualquier caso, ha quedado bien claro que en los dos bandos se practicó una enfurecida “limpieza étnica”.

Y aquí llega el segundo mensaje perverso:

Mensaje nº 2: Los asesinados en la retaguardia republicana ya fueron “honrados” y sus victimarios perseguidos por el franquismo. Los únicos que ahora deben ser “honrados” -y sus asesinos juzgados- son los represaliados por el franquismo.

Lo que se consigue con un mensaje tan sectario es perpetuar la división. Precisamente todo lo contrario de lo que una persona bien nacida debiera desear. En efecto, lo que se debiera hacer es precisamente lo contrario, es decir, ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos -todos- sean también de todos. Que quienes cayeron bajo la represión en la retaguardia republicana no por cometer algún delito sino por ser (ser cura, ser militar, ser noble, ser rico, ser de derechas…) sean reivindicados por las gentes de la izquierda, y los asesinados por los franquistas sin haber cometido delito alguno, simplemente, ellos también, por ser (ser sindicalista, ser republicano, ser socialista, ser comunista…) deben ser reivindicados por las gentes de la derecha. ¿Con qué fin? Simplemente, para poder decir todos juntos: ¡Nunca más!

Mensaje nº 3: Todos los represaliados por el franquismo son héroes de la democracia y de la libertad.

Los ganadores de la guerra civil sostuvieron durante los años de la dictadura que “sus” muertos (1936-1939) en el frente o bajo la represión en los territorios fieles al Gobierno republicano eran “mártires de la Cruzada”, afirmación que está tan lejos de la verdad como cerca de la propaganda.

Ahora, con parecido entusiasmo, se pretende que todos los enemigos del franquismo que fueron represaliados durante aquella interminable dictadura fueron “héroes de la Democracia”.

Esta es, también, una afirmación sectaria, y por eso debe ser negada. Lo haré a continuación, a sabiendas del riesgo que corro con ello.

Vivir durante la guerra en la retaguardia republicana -nadie que se haya ocupado de ese asunto lo negará- representó para mucha gente un auténtico infierno de persecución y de muerte. Bastaría la lectura de la gran novela de Juan Iturralde, Días de llamas, para ilustrarlo. Y esa novela me lleva a un personaje -ligado a la UGT y al PSOE- que resultó ser un individuo siniestro: Agapito García Atadell, quien se hizo famoso en Madrid al inicio de la guerra civil como jefe de una de las Brigadas del Amanecer que operaban en la capital (también los de la FAI fueron maestros en “represión revolucionaria” y montaron, por ejemplo, una checa en el Cine Europa de la calle Bravo Murillo desde donde salían a dar paseos nocturnos y a llenar de cadáveres la Dehesa de la Villa). Estas pandillas -muy contentas de exhibirse armadas por la retaguardia y de no pisar el frente- aparecían de madrugada en los domicilios de la gente “de derechas” para dar el paseo a sus moradores y, de paso, “requisar” en su propio beneficio los bienes que encontraban en los registros de aquella casas.

Según se cuenta, Indalecio Prieto -que era ministro de la Guerra- dio la orden de detener al “compañero” García Atadell y a su cuadrilla, pero, quizá alertado, Atadell arrambló con todo lo que pudo y se fue a Marsella, desde donde tomó un barco con destino a Buenos Aires. Pero el buque hizo escala en Canarias y los franquistas (quizá avisados desde la zona republicana) lo sacaron del navío y lo tomaron preso.

Sabemos a través de Koestler (autor de El cero y el infinito), entonces encarcelado por los franquistas en Sevilla, que García Atadell estuvo en aquella cárcel y allí le dieron garrote. Probablemente, sus restos reposen en alguna fosa común de algún cementerio sevillano y ahora podrían ser exhumados… ¿Con honores?

¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez? La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra… Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva “revolucionaria”. En cualquier caso, una guerra civil no es el mejor momento para la defensa de los derechos civiles ni para la discusión civilizada… “Es la hora de los hornos y no se ha de ver sino su luz”, ¿recuerdan?

En fin, que entre tanto ruido se ha impuesto, al fin, una consigna según la cual “el PP se niega a reconocer la sangrante realidad de las fosas” (sic). Se llega así al último mensaje. Éste ya en clave electoral.

Mensaje nº 4: La derecha española es heredera y añorante del franquismo.

¿O sea, que casi la mitad de los votantes españoles prefieren el franquismo? No sé si los ideólogos que sostienen tal mensaje y tal barbaridad, son conscientes del disparate que perpetran con este tipo de propaganda sectaria.

Mas debo decir, para concluir, que somos muchos los que -hartos de simplificaciones- nos negamos a que la izquierda se reduzca a ser la mera expresión de una aversión, la aversión a una derecha a la que visten de maniqueo sin ningún rigor intelectual.

Las cosas que pasan a veces parecen de otro mundo, pero casi siempre son de éste. Incluso cuando se trata de las víctimas de la guerra civil y de su localización e identificación: ese parece también otro mundo remoto y, sin embargo, está fijado en la memoria de quienes pidieron ayuda a Garzón, y ahora es Garzón quien necesita ayuda urgentemente. La izquierda difusa y la izquierda política, militante y no militante, se la ha prestado ahora, como lo han hecho instituciones, jueces, cantantes o viejos rockeros. Pero lo raro es que esa ayuda sea tan in extremis: ¿no podía haberse hecho mejor?

El encausamiento de Garzón también es de este mundo y aunque en términos legales pueda ser defendible, desde cualquier otra perspectiva acumula muchas razones para que uno crea que viene del otro. Incluso ha hecho aflorar en público cosas que la izquierda dice sólo en la intimidad jocosa. Para alguien tan bien informado y tan templado como el ex fiscal José María Mena, significa nada menos que los franquistas todavía no han perdido la guerra, y otro hombre de izquierdas ha encontrado la fórmula irónica para el mismo sentimiento de frustración. El Roto escribía hace unos días: “Retiraron las estatuas del dictador para que no se notase tanto que aún seguía allí…”. Y Rosa Regàs ha sido fiel al sentido del oportunismo para decir nada menos que en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona que el poder está todavía en manos franquistas. Pero toda la izquierda, incluso la más insensata, sabe que son formas irritadas de hablar: exageraciones un tanto infundadas y no sé si incluso figuradamente agónicas. Hace al menos 30 años que la derrota del franquismo es de las que hacen historia: irreversible desde todos los puntos de vista, pese a la pornografía neofranquista disfrazada de divulgación historiográfica y pese al efecto intimidatorio (e inhibitorio) que las actuaciones contra Garzón tendrán en otros jueces con casos semejantes.

Pero esas expresiones calientes y sin cocinar hablan de una frustración muy precisa: la izquierda del siglo XXI con memoria antifranquista ha vivido incómoda ante la lentitud, pasividad o remolonería interesada con la que la misma izquierda en el poder ha gestionado el pasado y, muy en particular, la reparación moral de los deudos de víctimas que no han sido ni siquiera identificadas. Eso era de veras urgente: todo lo demás lo era mucho menos, porque la mayoría del trabajo estaba hecho desde la Constitución de 1978. Incluso en lo poco útil o directamente superficial se ha ido más rápido, pero para peor: la desaparición presuntamente higiénica en el espacio público del pasado (los escudos franquistas, las estatuas ecuestres) acabará teniendo el efecto contrario que se pretende. A quien se le pueda ocurrir hoy que inmortalizan o enaltecen a la dictadura, habrá que contarles con paciencia que la documentan públicamente y sirven para explicarla de acuerdo con la convicción democrática de que el pasado ni se oculta ni se borra: se comprende y explica para detener en lo posible (que no es mucho) la reproducción de sus catástrofes. Al funcionamiento democrático le encaja mejor la pedagogía y la racionalidad que los almacenes oscuros o los sótanos sin ventilación.

Pero la volatilización física del pasado propicia un efecto más nocivo todavía, y es que devalúa la criminalidad misma de la dictadura entre quienes no la vivieron porque no va quedando rastro de ella, como si de un pasado tan prolongadamente traumático se pudiese librar uno cambiando los muebles de sitio. Pero es imposible porque quedan testigos afectivos y retratos de familia, deudas no extintas y ataduras domésticas con el franquismo. Y con ese sustrato habrá que convivir (mientras se le sigue desanimando, por supuesto, a base de casar a homosexuales o ampliar el aborto) hasta que el relevo generacional se cumpla y puedan darse por enterradas las viejas lealtades de familia con la muerte. Hoy todavía es temprano porque no hay modo de borrar la memoria afectiva y sentimental de quienes crecieron y maduraron cerca del franquismo y de sus familias (como saben mejor que nadie quienes no han borrado de sus memorias a los muertos que no han desenterrado todavía). La educación democrática ha de seguir combatiendo la indulgencia hacia el franquismo de algunos sectores sociales porque cuando ganó, ganó a lo bestia, y ese no es un hecho histórico tan fácil de extirpar del presente como las estatuas ecuestres.

Por tanto, no debería producir demasiada sorpresa la emergencia súbita, escandalosa, resistente, de portavoces de valores neofranquistas -como tan rutinariamente hace la Iglesia católica- o de herederos más o menos descarados y descarnados de puntos de vista afines (como le pasa de vez en cuando a Jaime Mayor Oreja o como le suele pasar a Fraga, que ni siquiera fue franquista, como todo el mundo sabe). Esta vez el pasmo ha sido mayor porque se trata de un juez valiente (y previsiblemente irritante entre la judicatura local), porque la causa tiene una sobrecarga humana y simbólica muy alta y porque se enreda con los intereses políticos y coyunturales de la derecha. Pero más allá del análisis jurídico, el proceso contra Garzón es políticamente un disparate y hasta quizá un grave error de cálculo. La causa de las víctimas del franquismo debía haber estado protegida por la ley y amparada por el Estado y no expuesta a la lupa más o menos permisiva de un juez. Por tanto, leer desde la izquierda las escaramuzas del poder y las rencillas de la judicatura como perpetuaciones de la victoria franquista está más cerca de la autocompasión victimista de la izquierda que del reconocimiento de sus errores y de alguna pusilanimidad en la gestión del pasado. A menudo la autocompasión es el refugio de la frustración, y quizá es ahí donde se encuentra ahora una izquierda cuyas fuerzas políticas dejaron sin usar, o usaron tímidamente, la rotundidad de sus sucesivas victorias. Si la izquierda en el poder no ha sabido blindar su propia memoria y la legitimidad de rescatar e identificar los cuerpos de los muertos de los campos y de las cunetas, es muy poco probable que la culpa sea del franquismo que aún no ha perdido, o del franquismo que aún sigue ahí o del franquismo que aún detenta el poder. Fuera de la batalla política del día, son argumentos que resuenan como excusas pobres. La interpretación abierta de la legislación que le permitió a Garzón poner en marcha la causa de las víctimas del franquismo quizá sea la mejor demostración de que ha sido la misma izquierda la que no encontró un modo más limpio y claro de hacer las cosas. Me tiemblan las piernas sólo de pensar que a treintaytantos años vista de la muerte de Franco alguien todavía crea -con ironía y sin ironía- que la culpa de lo que pasa hoy con los fusilados de 1939 es de los franquistas.

La batalla a favor de Garzón hay que ganarla, por supuesto, pero no a cambio de rebajar el listón ético de la propia izquierda; no vaya a regresar su dulce propensión a buscar las causas de sus imperfecciones tan lejos como en 1939 o en 1978. Cuando reaparece la vieja coartada del antifranquismo (la culpa de todo era del franquismo, como ahora), estamos cediendo el bien jurídico y civil que dota a la democracia de pleno sentido: hacernos responsables de nuestra edad adulta. La democracia ha tenido que crecer conviviendo con la evidencia de que aquella guerra que ganaron los franquistas, acabaron perdiéndola en 1978, y la Constitución de ese año no prueba que por fin perdieron la guerra, sino que la democracia iba a tener que defenderse de la compañía no siempre leal de quienes eran herederos morales, intelectuales y sentimentales de aquel pasado. Hace muchos años que al franquismo sólo le queda el refugio de la escaramuza en el otro mundo o seguir derrotado en éste.

Iva Zanicchi desgranaba con voz aterciopelada la letra de una canción en la que se describía el horror y lo absurdo de las guerras. A nada conduce el enfrentamiento crispado, el agrio exabrupto, la belicosidad visceral…. sólo a la involución. Yo no quiero volver a “la orilla blanca, la orilla negra” que cantaba en los años sesenta la bellísima italiana, ni quiero que se me adjudiquen banderas que limiten mi percepción del paisaje. Quiero poder discrepar, con honestidad, y con absoluto respeto a la opinión de los otros. Pero quiero también que se respete mi discrepancia con idéntica empatía.

En derecho, la discrepancia es algo normal y, hasta diría que útil, saludable y necesario. Hasta tal punto normal que los tribunales colegiados se han constituido por ley siempre en número impar para que, previendo las seguras discrepancias, nunca pueda producirse un empate que paralice la adopción de resoluciones. Tan previsto está en la ley que jueces y tribunales discrepemos entre nosotros sobre una determinada interpretación legal o respecto a la valoración de las pruebas que la figura del “voto particular” está detallada y expresamente regulada. Así, si el que discrepa del parecer de la mayoría es el designado ponente de la causa (el encargado del trámite y de redactar la sentencia), éste tiene obligación de formular un voto particular respecto de la resolución que se dicte: “Si… no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular” (artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Cuando el que discrepe de la opinión mayoritaria sea uno de los magistrados que no tiene encomendada la redacción de la sentencia, podrá firmar la sentencia, aunque no esté de acuerdo con ella, o formular voto particular en el que formule las razones de su discrepancia (artículo 260 LOPJ). En uso de este derecho, formulamos, otros compañeros y yo, un voto particular el 4 de diciembre de 2008 frente al auto de 2 de diciembre de 2008 del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que declaró la incompetencia del magistrado juez de Instrucción Central nº 5, D. Baltasar Garzón, en el Sumario 53/2008 y ello, además de por razones procesales, por la firme convicción de que la Audiencia Nacional es la competente para la investigación de los delitos de lesa humanidad y genocidio que la sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos que se verificó en nuestro país tras la Guerra Civil constituye.

Soy, sí, una discrepante. No estimo por ello que mis compañeros de tribunal sean unos ignorantes o unos prevaricadores: sencillamente, interpretan la ley de modo diferente al mío. Soy una discrepante, sí, pero no soy por ello una grosera ignorante de la legalidad ni una prevaricadora: el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y tribunales no aplicarán las leyes y normas contrarias a la Constitución, y el artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas relativas a la interpretación de los derechos fundamentales (y el derecho a la tutela judicial efectiva lo es) se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y convenios internacionales ratificados por España. No soy un enemigo a abatir. Ni tan siquiera un adversario. Soy una discrepante. Nada más. Nada menos. Soy una discrepante, sí. Y a mucha honra.

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Le contesta Javier Martínez Lázaro, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial: Crímenes del franquismo y Audiencia Nacional (EL PAÍS, 23/09/10):

Creo que no hay ejercicio más estéril que proclamar con lúgubre satisfacción ante un desastre: “Ya lo había dicho yo”. Es puro narcisismo masoquista que no resuelve nada ni mejora a nadie, aunque quien lo cometa amplíe su currículum. Como me dispongo a incurrir en él, vayan por delante los golpes de pecho antes del pecado. Pero no he podido remediar, al leer el artículo de Patxo Unzueta (Semprún, las fosas de Katyn y Garzón, 15 de abril), acordarme del que publiqué en noviembre de 2008, titulado ¿El final de la cordura? Como Unzueta, yo también comenzaba citando a Paul Watz-lawik y sus soluciones clarificantes, es decir, las que aplican tal dosis de remedio a los problemas que en lugar de curarlos provocan peligrosas hemorragias. Era la mía una reflexión sobre la iniciativa judicial de Garzón de reabrir no ya las fosas de asesinados por el franquismo, sino las responsabilidades del propio franquismo, pese a la Ley de Amnistía del 77, iniciativa desautorizada entonces por el fiscal Zaragoza.

Sin entrar en cuestiones legales, de las que poco sé, auguraba yo algunos males que podían escapar de la caja de Pandora así destapada. No se hicieron esperar y el más destacado de ellos -como bien señala Unzueta- fue otra de las ultrasoluciones denunciadas por Watzlawik: que el Supremo no se limitase a declarar improcedentes las actuaciones de Garzón sino que aceptase una querella contra él por prevaricación planteada por Falange. Es posible -así lo señalé en aquel artículo- que Garzón se equivocara o fuese demasiado lejos en su empeño por atender la justa petición de los allegados de las víctimas, que querían localizar los restos de sus deudos e inhumarlos debidamente. Pero de ahí a prevaricar supongo que hay mucho trecho, aunque al juez Varela no le haya parecido así. Baltasar Garzón, como dije entonces y repito ahora, es un estimulador incansable de una justicia que tiende demasiadas veces a esclerotizarse en un formalismo inerte. Quizá también la ley, como ciertos tónicos capilares, deba ser agitada antes de usarla para que surta el efecto requerido. Tanto en el ámbito nacional como -más polémicamente- en el internacional, Garzón ha sido ese agitador necesario y yo creo que beneficioso en la mayoría de los casos, aunque con errores y extralimitaciones ocasionales. Sólo se equivoca quien se atreve a actuar efectivamente, los pasivos y los rutinarios aciertan siempre… en su irrelevancia. Incluso esa “imaginación creativa” que Varela reprocha en su auto al magistrado no me parece en principio algo censurable, porque puede que precisamente sea la osadía de imaginar lo que falta a una justicia a la que a veces sentimos demasiado tímida o perezosa. Si toda imaginación sobra en los tribunales, bastaríacon una computadora bien programada para dictar las sentencias…

Pero, claro está, nada de lo dicho autoriza lo que ya no es imaginación sino pura y simple fantasía: o sea, convertir al juez Garzón en la última víctima del franquismo por haber intentado caballerosamente hacer justicia a las demás. Y, de paso, declarar que el Tribunal Supremo es un órgano judicial al servicio del fascismo o la reacción vengativa. La imaginación puede ser una función de la voluntad inteligente, pero este tipo de fantasías son sólo compensaciones masturbatorias de quienes no logran entender la realidad en que viven ni transformarla razonablemente. Malo será que nos quedemos sin el prestigio merecido de Garzón, pero tampoco parece bueno que lo pretendamos conservar a costa de cargarnos el de una de las instituciones más democráticamente necesarias del país… precisamente en el momento en que otras fuerzas no menos indeseables pretenden también inutilizar el Tribunal Constitucional.

Por lo demás, es dolorosamente probable que Garzón se haya ganado muchos enemigos a lo largo de su trayectoria y que haya resentimientos latentes en las acusaciones que hoy le afectan, pero… ¿es seguro que sean la venganza de los franquistas o de los afectados por el caso Gürtel?

El perfil político de los magistrados que le son menos favorables apunta a otro asunto conflictivo del pasado: el GAL. Sólo la franqueza a lo bruto de Rodríguez Ibarra ha recordado su supuesta “prevaricación” en ese caso, que tantos celebramos en su día. ¿No habrá algo de culatazo del GAL en las tribulaciones que hoy padece este magistrado y los falangistas son sólo la ocasión pintiparada de pasarle factura? En cualquier caso, parece prudente no enredarnos en juicios arriesgados de intenciones y esperar la decisión del alto tribunal, que personalmente deseo netamente absolutoria.

El caso es que el sectarismo hispánico se ha disparado a favor y en contra de Garzón con su habitual ferocidad inane, fiel a su empeño bifronte de conseguir un país invivible a partir de los despojos de un país en el que se había logrado convivir bastante bien. Desde luego, no creo que estemos al borde de reeditar el año 36 ni nada parecido, pero francamente: vaya lata que dan. El mayor misterio para mí es que c… colirios quieren los empeñados en pedir justicia histórica (¿?) para las víctimas del franquismo. Naturalmente, comprendo muy bien que quienes tienen un familiar asesinado aspiren a encontrar sus restos y enterrarlos con toda la decencia y el respeto debidos. Así se les prometió, además, aunque, como otras promesas gubernamentales, una vez cumplida su función electoralista se ha diluido en trabas burocráticas. Es un mérito de Garzón, por lo menos, haberse tomado en serio ese asunto. Pero no sé qué más se puede conseguir en el terreno de la reparación moral. Quizá hace 30 años hubiera tenido cierto sentido perseguir a los beneficiarios de la dictadura, pero a nadie -repito, a nadie con un mínimo de mando en plaza o responsabilidad- le pareció buena idea entonces: de ahí la Ley de Amnistía del 77. En las necrológicas del presidente polaco Kaczynski suele mencionarse con poco aprecio su iniciativa de una Ley de Memoria Nacional para descubrir y denunciar a quienes habían colaborado con el régimen comunista. Y eso que la mayoría están aún vivitos y coleando, amén de ocupando en bastantes casos cargos lucrativos. Pero se arguye, creo que con razón, que tal empeño justiciero dividía y enfrentaba al país, obstaculizando su futuro sin resolver su pasado. ¿Acaso alguien quiere un empeño parecido a estas alturas en España?

Confieso que la noción de “crímenes contra la humanidad” me resulta más religiosa o metafísica que jurídica: todos los crímenes lo son contra humanos, personales y concretos, no contra conceptos abstractos por edificantes que sean. En la Guerra Civil española se cometieron innumerables asesinatos contra seres humanos de una u otra ideología. Se dice que los que murieron por culpa de desmanes en la zona republicana fueron ensalzados durante toda la dictadura, mientras que los otros aún esperan reparación. Hombre, vamos a ver: no me parece que en las últimas tres décadas el franquismo haya gozado en ninguna parte de buena prensa ni sus víctimas sean denostadas o vilipendiadas por nadie como merecidamente castigadas. Ni en los medios de comunicación, ni en la escuela, ni en las tribunas políticas ni en ninguna parte. Es obvio que hoy ser falangista tiene bastante peor reputación que ser comunista, aunque puedan sustentarse históricamente reproches contra ambas ideologías.

De Franco y sus desmanes se ha dicho cuanto debía decirse y no ha sido bueno. Puede que haya nostálgicos atascados en el pasado, pero eso ocurre en todos los bandos. No es decente apelar a sentimientos agraviados, por ejemplo, de exiliados o herederos de exiliados en América que mantienen aún su demanda infinita contra una España que nunca habría llegado a la democracia actual sin renunciar a un ajuste de cuentas absoluto: haber padecido crímenes ayer y arteriosclerosis hoy no mejora la lucidez política de nadie.

Cuando discutíamos, José Bergamín solía decirme: “Desengáñate, la única solución es otra guerra civil y que esta vez ganen los buenos”. Tras haber conocido la dictadura de los malos y ahora ver de cerca los modales de los buenos, prefiero que las cosas sigan como están.

No hablaré de Garzón. Simplemente diré que sus excesos procesales no debieran ser considerados como prevaricación y que espero su absolución. Pero su persecución judicial por los falangistas a propósito de los desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil, está removiendo los delicados mimbres de nuestra Transición y, por tanto, las bases de nuestra exitosa reconciliación nacional, además de suscitar un debate jurídico sobre nuestra Ley de Amnistía, de incierto y preocupante recorrido.

Algunas precisiones sobre el tema me parecen necesarias. El deseo de construir una democracia reconciliada sobre la base del perdón de todos y a todos, implícita en la Ley de Amnistía de 1977, responde a una voluntad inequívoca y unánime del pueblo español. Pretender revisar esa decisión en base a que fue tomada bajo la presión de poderes fácticos de aquel tiempo, equivale a cuestionar y deslegitimar gravemente todas las decisiones que nuestra democracia adoptó en aquellas fechas, incluida nuestra Constitución. Compararla con leyes de punto final de las dictaduras chilena o argentina, es equiparar situaciones muy diferentes, entre otras cosas, porque hubo una guerra civil previa a la cruel represión franquista.

Admitir la investigación judicial de nuestro pasado, aunque sólo sea como indagación de la verdad, tiene consecuencias jurídicas inevitables e imprevisibles y no es posible poner una raya que limite la retroactividad de los hechos perseguibles por su carácter de delitos contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Quienes defienden la nulidad de la Ley de Amnistía o su marginación jurídica a efectos de producir una investigación judicial sobre ese pasado, tienen que saber que la persecución penal del franquismo implica una causa general contra todas las responsabilidades penales de aquellos años.

No fue esa la voluntad democrática de los españoles en la Transición. Decidimos perdonar sin olvidar, aunque fuera cierto que perdonaban más quienes más sufrieron durante 40 años la represión de los vencedores y aunque sea evidente también que olvidamos demasiado, confundiendo durante demasiado tiempo, perdón con olvido.

A esa situación precisamente hizo frente la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, una ley que partía del hecho de reconocer que, aunque durante años la democracia española había ido compensando a las víctimas republicanas de la guerra y de la represión posterior con diferentes indemnizaciones, era evidente también que quedaban pendientes muchas situaciones inatendidas que golpeaban nuestra memoria y nuestro sentido de la justicia con reclamaciones inaplazables: las exhumaciones de los fusilados; la supresión de signos y símbolos franquistas; la devolución del honor a los condenados en consejos de guerra; la indemnización a las víctimas del tardo-franquismo que murieron en la defensa de derechos democráticos luego reconocidos por nuestra Constitución, etcétera. A todas ellas quisimos dar respuesta con una ley a la que, desgraciadamente, no se sumó el Partido Popular, pero que bien podría inscribirse entre las disposiciones que la democracia española ha ido adoptando en el contexto de nuestra reconciliación nacional.

Algunos círculos sociales y políticos de hoy se lamentan de este espíritu con el que la democracia española ha ido abordando este delicado asunto y lo cuestionan abiertamente. No son pocos los jóvenes que nos reprochan la Transición y nos exigen mayor severidad con los responsables de aquellos trágicos hechos. La aplicación de razonamientos actuales al pasado y a contextos olvidados y desconocidos produce lamentables conclusiones. No excluyo la autocrítica, pero lamento que olvidemos que el éxito de España en estos últimos 30 años se cimentó precisamente en la construcción de un espacio de convivencia en el que cabemos todos los españoles, al margen de nuestra adscripción ideológica y de nuestra procedencia de un pasado que nos había dividido tan trágicamente. Fue el reconocimiento de la existencia del otro, con los mismos derechos que los nuestros, lo que fundó la tolerancia de la libertad que disfrutamos. Como en el verso de Machado: “El ojo que ves no es / ojo porque tú lo veas / es ojo porque te ve”. Mantener viva nuestra memoria histórica, la de cada uno y la de todos y ser consecuentes con ella, no debiera ser incompatible con los principios que hicieron posible nuestra transición a la democracia, ni con los valores constitucionales sobre los que se construyó, ni con las leyes que la hicieron posible, incluida la de Amnistía por supuesto.

“La memoria abre expedientes que el derecho considera archivados”, Walter Benjamin

El recurso a la memoria, proclamado con rabia en plena guerra mundial cuando a los vencidos no les quedaba otra arma de lucha contra la barbarie, se ha convertido en clave interpretativa de los conflictos más agudos de nuestro tiempo, incluido el que afecta al juez Garzón.

Baltasar Garzón está siendo procesado, acusado de prevaricación, por intentar dar satisfacción a las víctimas del franquismo. El juez instructor, Luciano Varela, le echa en cara desconocer principios esenciales del Estado de derecho como “la irretroactividad de la ley y de leyes como la de amnistía”. La actual querella contra el franquismo está siendo abordada desde perspectivas muy diferentes: desde la técnica jurídica y ahí el problema es cuándo una interpretación de la ley deriva en prevaricación; desde el costado político y ahí la ironía es que grupos falangistas lleven al banquillo al juez que quiso juzgar al franquismo; o también desde la cultura que somete los planteamientos del derecho a las exigencias morales de la memoria. Estaríamos entonces ante un conflicto entre la memoria y el olvido.

Si hoy la memoria resulta, aquí y fuera de aquí, tan peligrosa es porque se ha ido cargando a lo largo del siglo XX, debido a las dos guerras mundiales, de una autoridad que escapa a los controles que durante siglos habían impuesto el derecho, la política y la ética. Esa autoridad procede de unos contenidos nuevos que hoy reconocemos como propios de la memoria. En primer lugar, que no es un sentimiento sino un conocimiento. La memoria ve algo que escapa a la historia o a la ciencia. Lo que la memoria ha descubierto en los últimos años es que las víctimas del colonialismo, de la esclavitud, de la conquista o de la guerra civil son significativas, tienen significación. Claro que víctimas ha habido siempre, pero eran insignificantes o invisibles porque entendíamos que eran el precio del bienestar presente o de la transición política. Había que asumirlo como irremediable y lo que tocaba era pasar página. Eso se ha acabado. Ahora son visibles y si queremos romper una lógica política que camina sobre víctimas, hay que hacer justicia a las víctimas de la historia. No podemos plantearnos el futuro del País Vasco al margen de la memoria de las víctimas y no podemos lograr la reconciliación sin la memoria de la guerra y de la postguerra.

El segundo componente consiste precisamente en entender la memoria como justicia y al olvido como injusticia. Primo Levi cuenta que una joven le preguntó, después de oír su testimonio, qué podrían hacer ellos, los oyentes. Y Levi, que no daba una puntada sin hilo, respondió con un escueto “los jueces sois vosotros”. Extraña respuesta porque ¿qué justicia puede impartir un oyente? Eso debería ser cosa de los tribunales o de la historia. Pero Levi lo tenía muy claro. Sabía que sin memoria de la injusticia no hay justicia posible. Sin memoria la injusticia deja de ser, como si lo que en su momento fue crimen, robo o infamia, nunca hubiera tenido lugar. Nadie lo sabe mejor que el propio criminal, por eso se afana, una vez cometido el crimen, en borrar las huellas, es decir, en quitar importancia al crimen, interpretándolo como inevitable dadas las circunstancias. Los supervivientes mantenían viva esa memoria de la injusticia mientras vivían, pero, una vez idos, el testigo pasaba a las generaciones siguientes. Lo que Levi pedía a la generación de la joven es que hiciera justicia bajo esa forma modesta, pero fundamental, que es la memoria de la injusticia. La forma más perversa de olvido consiste en privar de significación y de actualidad a la injusticia pasada.

El deber de memoria alcanza al derecho en el sentido de la frase del exordio: la memoria abre expedientes criminales que las leyes de punto final o de amnistía convinieron en dar por clausurados. Algunos de esos expedientes abiertos han sido muy sonados. Recordemos el Juicio de Nüremberg. Cayó de un plumazo el sacrosanto principio, mantenido durante milenios, de que hasta los crímenes más horrorosos prescribían con el tiempo. Pues no, hay crímenes, como los del franquismo, que no prescriben aunque se invoquen dos amnistías. Pero más allá de las anécdotas, lo importante es señalar que gracias a la moderna cultura de la memoria se ha creado una cultura moral que establece una relación indisoluble entre justicia y memoria de la injusticia, de suerte que las figuras del olvido son cómplices de la injusticia. Entre las variables que un juez, también si es del Tribunal Supremo, tiene que tener en cuenta en la interpretación de la ley, la atención a las injusticias pasadas olvidadas es prioritaria porque es un deber moral. En el caso de que esa inspiración moral no haya logrado aún cambiar las leyes en ese sentido, debe condicionar la argumentación jurídica siempre en favor de dar satisfacción a las víctimas que esperan se las haga justicia. En este caso el juez Garzón está del lado de la memoria y el juez Varela, del olvido.