Cuando un Jefe de Estado tiene la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, su condición de dictador no debiera admitir mucho debate. Se puede, naturalmente, explicar la situación que llevó a millones de españoles a apoyar en un determinado momento esa forma de gobierno y se puede valorar si fue excesiva la duración de un poder que muchos concibieron transitorio o si la paulatina reducción de las omnímodas facultades iniciales debió hacerse a un ritmo más acelerado. Lo que resulta estéril es que unos quieran negar o disimular la dictadura y otros pretendan ennegrecer sus perfiles para convertirla en tiranía.

Si de lo que se trata es de que las futuras generaciones valoren la vida democrática y rechacen todos los gérmenes de confrontación civil, hay que explicarles con toda veracidad que, con sus muchas imperfecciones, nuestra presente democracia es la más amplia, estable y duradera de nuestra historia y que su precedente más cercano, que es el de la Segunda República, sufrió la amenaza expresa de la dictadura del proletariado y estuvo a punto de desembocar en ella. Si la historia no se cuenta como fue, nuestros nietos acabarán creyendo que la Segunda República era un idílico paraíso en el que todos los estudiantes vivían en la Residencia de Jiménez Fraud, todos los trabajadores tenían trabajo en su propio término municipal y todos los españoles recitaban a Lorca y a Cernuda y respetaban las ideas y los derechos de los demás como si vivieran en Suiza, hasta que Franco y otros militares amigos suyos acabaron con la fiesta.

Las cosas, desdichadamente, no eran así, y Pedro Salinas, que no es sospechoso, se mostraba feliz de alejarse de «esta olla de grillos rabiosos» cuando en marzo de 1936 anunciaba a Guillén que iba a dar un curso en Boston: «Me encanta poder salvarme de este ambiente hispánico, cada día más envenenado, más sembrado de odios y rencores, más hostil a los gustos nobles y al trabajo alegre. Yo tengo la impresión de que todo va ¡aún! a empeorar y ese viaje es una verdadera salvación, yo así lo siento».

Es de Francesc Cambó la advertencia de que en 1936 «la invasión bolchevique se estaba adueñando del poder», y Fernando Chueca Goitia, prototipo de liberal, sostuvo por su parte que Franco no se impuso a la sociedad, sino que fue la sociedad la que impuso a Franco, a gusto y contento de todos, y que la responsabilidad histórica de la existencia de Franco la comparte «una fracción mayoritaria de la nación, porque en ella se encontraban, no sólo las llamadas derechas, sino buena parte del movimiento liberal y republicano, como lo demostraron las conductas de grandes prohombres de la izquierda intelectual». El hecho de que no quepan en este artículo no me impide añadir que se podrían aportar cientos de testimonios semejantes, desde Ortega a Madariaga y desde Gil Robles a Marañón, que no fueron precisamente panegiristas del Régimen.

Un Régimen que desembocó en la Monarquía de Juan Carlos I y en la democracia que la transformación económica, cultural y social de aquellos años había hecho definitivamente viable.

Como estos matices se escapan a quienes, en el mismísimo Parlamento y sin adecuada réplica, se aventuran a comparar el Régimen de Franco con el nazismo y generalizan su comprensible discrepancia con algunos puntos concretos, hasta el extremo de calificar un diccionario de cincuenta tomos como «un insulto a la inteligencia, a la ciencia y a la historia» y «una ofensa a la memoria de los ciudadanos demócratas de este país», conviene al buen sentido efectuar algunas puntualizaciones.

La mía es muy sencilla y tiene por objeto aclarar al hipotético lector joven de estas líneas que antifranquismo y democracia no son, ni mucho menos, términos equivalentes. Los demócratas de verdad que en virtud de sus propias convicciones criticaron, se opusieron y padecieron durante el Régimen de Franco no merecen ser confundidos con quienes, en su insensata pretensión de sustituirlo por otro tipo de dictadura, contribuyeron a reafirmarlo y obstaculizaron durante años la apertura democrática que tantos deseábamos.

Las hemerotecas no mienten, y algunos conservadores, a falta de grandes patrimonios que conservar, guardamos cuidadosamente publicaciones, entonces clandestinas, cuya lectura debería hoy producir rubor a quienes se proclaman herederos de aquellos luchadores o impedirles al menos la inverecundia de dar efecto retroactivo a su conducta democrática de hoy. No hace falta remitirse a los años treinta. Los comunistas españoles de los años sesenta y setenta creían en la aplicación creadora del marxismo-leninismo, consideraban que la revolución rusa de 1917 era una fuente de enseñanza en la que bebían revolucionarios del mundo entero, proclamaban que había sido correcta la línea revolucionaria del partido bolchevique, se atrevían a decir que Rusia era el país de mayor libertad política del mundo, sostenían impávidos que tenían excelente impresión sobre la situación de China y rendían homenaje a la transformación de la República de los Soviets en la forma política de la Dictadura del Proletariado. Miente quien diga que «Hora de Madrid» o «Mundo Obrero» fomentaban valores democráticos cuando, obsesionados con la huelga general, la proponían tanto para solidarizarse con terroristas procesados como para impedir la instauración de la Monarquía.

No lo estoy inventando: lo tengo delante. Es perfectamente comprensible que muchos de los que entonces reflexionábamos sobre el futuro de España deseáramos evolucionar, pero no en esa dirección. Por eso tuvimos que rectificar bastante menos que lo que rectificó el Partido Comunista para que todos nos encontráramos en la Monarquía democrática. Si el Rey Juan Carlos I logró una reconciliación que parecía utópica, ¿a qué viene retroceder ahora, sembrando de nuevo vientos de discordia?

Los relevos generacionales no justifican la ignorancia de la historia, y mucho menos que intente adulterarla una izquierda que tiene tanto que callar. Pretender que Largo Caballero era un demócrata que merece estatua e intentar que Franco no descanse definitivamente en paz en el lugar que la inmensa mayoría de los españoles de la época consideraron absolutamente natural es volver a cometer errores que no van a aportar nada positivo a la convivencia nacional. Los políticos están para resolver problemas, no para crearlos.

Con motivo de una intervención del presidente del Congreso en julio, se ha suscitado un debate acerca de unas palabras de Manuel Azaña pronunciadas en un discurso en plena Guerra Civil, reclamando a las generaciones futuras que recuerden el grito de los muertos que sólo piden paz, piedad y perdón.

Estamos ante uno de los textos de Azaña más citados y menos leídos. Recordemos el momento. Julio de 1938. El Gobierno le pide a Azaña que se dirija a la opinión pública y éste eleva el contenido del debate, se sitúa al final del discurso más allá de la coyuntura inmediata. Comienza narrando lo que, a su juicio, ha ocurrido desde el 18 de julio del 36.

Se ha producido un golpe militar contra el Gobierno legítimo de la República, que no ha triunfado por dos razones: porque una parte del Ejército español se ha mantenido fiel a la República; y porque muchos sectores populares han salido a la calle en defensa de la libertad. Por ello, ante el fracaso del golpe se ha iniciado una guerra civil en la que los golpistas cuentan con el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Y, a pesar de sus esfuerzos, los gobernantes republicanos no han conseguido convencer a las democracias europeas (a Inglaterra y a Francia) para que apoyen al Gobierno legítimo y no abandonen a su suerte a la República.

En ningún momento el pensamiento y la actitud de Azaña se pueden vincular a una Tercera España equidistante entre los unos y los otros; Azaña se mantiene fiel a su compromiso republicano y a su sentimiento nacional. «…Os permito, tolero, admito que no os importe la República; pero ¡que no os importe España! ¡Que podáis creer que es lícito seguir siendo neutrales cuando España está invadida y en peligro de que pase al dominio de un país extranjero! Eso no puede ser. Esa neutralidad equivale a la traición. Hay que llamarlos a todos, a todos, porque la bandera republicana ha adquirido el valor de la bandera de la independencia española y quien no se agrupe en torno suyo y no preste el auxilio que pueda, donde sea, falta a su deber; no ya a su deber de republicano, sino a su deber de español», dirá en otro de sus discursos.

Así pues, no hay en la actitud de Azaña nada semejante a una equidistancia entre los rebeldes y el Gobierno de la República. Pero, siendo fiel a ese compromiso, fue capaz de percibir el desastre que la guerra había provocado en la nación. Pocos advirtieron como él que había resurgido una cultura cainita, donde anidaban el odio y el miedo, y donde se fomentaba la cultura del exterminio del otro.

Este Azaña, atormentado por lo que estaba ocurriendo, es el que percibimos al leer sus Memorias políticas y de guerra. Las palabras que Bono leyó no se pueden entender como un aval a una equidistancia entre los golpistas y el Gobierno republicano; no hay tal, pero tampoco se puede olvidar que, como dice Garcés (Azaña) en esa gran obra de teatro que es Velada en Benicarló: «Admito, admiro y agradezco el alzamiento popular en defensa de la República. Pero usted no ignora que dentro de él han ocurrido abusos monstruosos. La crueldad, la venganza, hijas del miedo y de la cobardía me avergüenzan».

Cuando su interlocutor le replique que mayores atrocidades comenten los rebeldes, Garcés (Azaña) le contesta: «Pero esto no es una compensación. Ellos son la negación de la ley, nosotros somos el Gobierno, la legitimidad, la república. Una conducta noble, sin otro rigor que el de la justicia, habría robustecido la autoridad de nuestra causa. Yo estaba en Madrid la terrible noche de agosto en que fue asaltada la cárcel y asesinados por una turba furiosa algunas personas conocidas. Yo también hubiera querido morirme aquella noche o que me mataran».

Estamos ante la misma reflexión que Azaña realiza en sus memorias. Sabemos la conmoción que significó para él la muerte de Melquiades Álvarez y cómo deseó presentar su dimisión como presidente de la República, ante lo ocurrido aquella terrible noche de agosto del 36. Quizá por ello tiene más fuerza todavía su compromiso con la causa republicana. Se queda con la República, defiende sus valores, pero es consciente de que se ha incubado un odio que será difícil olvidar.

Las reacciones ante el texto leído por Bono reflejan un gran desconocimiento del pensamiento de Azaña. Un gran desconocimiento de los que tratan de situarlo en una tercera vía, equidistante entre los dos bandos y de los que desconocen que la conciencia de horror fue constante en los republicanos. Azaña, Fernando de los Ríos, Prieto Zugazagoitia; todos eran conscientes de la necesidad de recordar para no olvidar.

Fue tan larga la dictadura de Franco que este legado de los republicanos exiliados se fue perdiendo. Cuando llegó la Transición tampoco se recuperó, por ese deseo de pasar página. Fue tal el uso y el abuso del término nación por la dictadura, que son muchos los que no comprenden que para los republicanos la nación era la nación en armas, que se había manifestado a favor de la bandera republicana y que estaba dispuesta a luchar por defender la independencia de España.

Sería muy deseable volver a leer todo Azaña para recordar que la fidelidad a los valores republicanos no se realizaba desde una concepción ciega ante la barbarie. Azaña no hace como Unamuno y se sitúa frente a los Hunos y los Otros; no se va al exilio como Ortega; se mantiene en su puesto, pero no cierra los ojos. Es capaz de comprender que hay una enfermedad que anida en la conciencia española, que hace que la nación se haya construido en contra de la tolerancia, a favor del exterminio. Y esta es la lección que quiere transmitir a las nuevas generaciones: «Me levanté para decir que no es aceptable una política cuyo propósito sea el exterminio del adversario, exterminio ilícito y además imposible, y que si el odio y el miedo han tomado parte en la incubación de este desastre, habría que disipar el miedo y habría que sobrepasar el odio, porque por mucho que se maten los españoles los unos contra otros, todavía quedarán bastantes que tendrían necesidad de resignarse -si es que éste es el vocablo- a seguir viviendo juntos si ha de seguir viviendo la nación».

ÉSTA ES la clave. Si ha de seguir viviendo la nación es necesario superar la cultura del exterminio. Esto es lo que Franco combatió hasta el final de su dictadura, fundada justamente en la cultura del exterminio. Y esto es lo que la oposición democrática reclamó desde muy pronto: superar la cultura de la violencia, superar el clima de guerra civil, lograr la convivencia con el otro, y afianzar así una cultura de la democracia y de la tolerancia.

Azaña nunca se situó en un limbo de neutralidad moral. Pero fue consciente de que ser republicano no significaba cerrar los ojos ante la barbarie, ni consolarse porque mayor era la represión y la crueldad de los rebeldes, sin comprender que ellos (los republicanos) eran los representantes de la legitimidad, del Gobierno y de la ley. Los sucesos terribles de la retaguardia no le impidieron ser fiel a su compromiso, no le forzaron al silencio o al abandono, ni a la ceguera o al olvido; por ello llamaba a las nuevas generaciones a recordar para impedir la vuelta de la intolerancia, del odio y del apetito de destrucción, haciendo honor así a la lección que transmiten los muertos, que ya sólo quieren paz, piedad y perdón.

Uno de los acontecimientos más alevosos contra la libertad de expresión perpetrados por el Gobierno del Frente Popular en los días subsiguientes al golpe de estado del general Franco, fue la clausura e incautación de un centenar de periódicos de toda España, siendo el más significativo ABC. A media mañana del 20 de julio de 1936 Unión Radio informaba de la decisión del Gobierno de la República de cerrar el órgano monárquico de los Luca de Tena, sin que la orden fuese comunicada oficialmente a la dirección del diario, que estaba en manos del inefable Luis de Galinsoga.

Aquel 20 de julio el subdirector de ABC, Alfonso Rodríguez Santamaría, a su vez presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, y Rogelio González-Úbeda, director gerente, reúnen a los redactores, ante la incomparecencia de Galinsoga, y les ordena que abandonen el edificio de Serrano 61 ante la certeza de que el periódico iba a ser ocupado por miembros incontrolados del Sindicado de Artes Gráficas enviados por el ministro de la Gobernación. Unión Radio acababa de confirmar que habían sido incautados los periódicos ABC, «Ya», «El Debate» y «El Siglo Futuro», entre los de Madrid, y que la llegada de los nuevos ocupantes era inminente. Alfonso Rodríguez Santamaría sería detenido en su domicilio el 20 de agosto y fusilado en la Dehesa de la Villa.

ABC no aparecería hasta el 25 de julio dirigido ya por Augusto Vivero, un mediocre periodista olvidado que se había distinguido por su actuación en el asalto al Cuartel de la Montaña. Solo tres miembros de la plantilla anterior permanecieron en la Redacción, según nos contaría años después Serafín Adame, redactor del diario «Pueblo» en los sesenta, uno de los que entró con el equipo de Vivero.

El estilo panfletario que se imprimió al histórico rotativo ahuyentó enseguida a su público tradicional y en pocos días se produjo una caída en la tirada que alarmó incluso al Gobierno de José Giral, al ver que se frustraba su operación propagandística. El potencial nuevo lector del ABC republicano (15 céntimos de peseta) al que Vivero quería captar no aparecía, y los nuevos responsables aducían que la falta de papel y otras materias primas hacían imposible la salida del periódico en condiciones decorosas. Falso argumento que tiempo después nos desmentiría Rogelio González-Úbeda, director gerente de Prensa Española. La verdad, tal como puede apreciarse en la magnífica Hemeroteca onlinede ABC, es que el equipo entrante era un desastre sin paliativos y durante días estuvo viviendo de las bravuconadas de la nueva línea editorial y de los cuantiosos reportajes intemporales y apolíticos que tenía preparados la vieja Redacción, un extraordinario equipo de periodistas, muchos de ellos asesinados a lo largo de la Guerra Civil.

Pero Augusto Vivero, enloquecido por complacer a la nueva clientela que no llegaba, cometió un error que no se le iba a perdonar. En los primeros días de agosto publicó en las páginas gráficas, el peculiar huecograbado de ABC, y a gran tamaño, las fotografías de las momias de unas monjas desenterradas por incontrolados armados de la madrileña iglesia de las Calatravas. El escándalo fue mayúsculo. El propio Giral dio orden de suspender en la dirección de ABC al incompetente Augusto Vivero. Esas imágenes fueron reproducidas por la prensa extranjera, lo que contribuyó aun más al descrédito de la República, a decir por los despachos que llegaban desde las Embajadas al ministro de Estado Barcia Trelles.

A José Giral le dan un nombre: Elfidio Alonso, diputado por Tenerife, y le ordena al ministro de la Gobernación que proceda al relevo de Vivero. Sería Manuel Muñoz, atrabiliario director general de Seguridad, el encargado de hablar con Elfidio para que sin pérdida de tiempo tomara las riendas de ABC, lo que lleva a cabo el 13 de agosto después de conminar a Augusto Vivero a que abandonase el edificio.

Ese mismo día 13 de agosto Elfidio Alonso, instalado provisionalmente en el despacho que había ocupado Rodríguez Santamaría, llama a Manuel Espinosa, al que nombra redactor jefe con amplios poderes sobre la Redacción y con el encargo de que no se publique ni una sola línea que no haya sido autorizada por la Dirección, según había comprometido él mismo ante Manuel Muñoz. El periódico, dentro de su estrategia propagandística, se modera. Elfidio empieza a publicar artículos de colaboradores menos fanáticos. Incluso llega a contar con plumas realmente relevantes como la de Julián Marías, y él mismo escribe a diario el editorial, templado dentro de la locura del cambio de orientación que había sufrido ABC desde que fuera arrebatado a sus legítimos propietarios.

Pero Elfidio Alonso, a quien conocí en los años setenta durante una larga conversación junto con otros compañeros, hizo algo más. Durante el mes escaso de Vivero y su redacción mercenaria, el Archivo —el gran tesoro de la Casa— había sido utilizado sin orden ni concierto y la colección del diario se amontonaba desordenada y maltrecha por el suelo, con páginas arrancadas y otros atentados a la historia del periódico. Manuel Espinosa puso a dos personas de su confianza al cargo del Archivo y en pocas semanas las carpetas de fotografías y documentos, así como la colección encuadernada que hoy se conserva volvieron a su estado original, es decir, al riguroso orden imprescindible en este tipo de departamentos.

En la charla con Elfidio Alonso a la que hago referencia —él venía de almorzar con su gran amigo y paisano, el periodista de «El País» Juan Cruz— nos contó sustanciosas anécdotas de aquellos tiempos. El mismo día 13, al entrar en la Redacción a saludar a los redactores, varios de los cuales fueron despedidos, vio que la estatua del Fundador, obra de Mariano Benlliure, que presidía aquella sala, tenía sobre su cabeza de bronce una gorra de miliciano. Sin pensárselo dos veces la cogió y la arrojó al suelo, recriminando al anónimo autor de la fechoría con estas palabras: «Sepan ustedes que si estamos aquí es gracias a este señor». Pese a que desde la recuperación del periódico por sus propietarios el 28 de marzo de 1939, y en adelante, no era de buen gusto hablar de Elfidio Alonso, los más antiguos de la Casa lo recordaban como un hombre sensato, afable de carácter y, sobre todo, respetuoso con las instalaciones del edificio, que al final de la contienda quedaron en tan buen estado que el mismo día 29 de marzo pudo salir a la calle ABC, ya de los Luca de Tena.

Prensa Española, en un gesto sin precedentes en los anales del periodismo, publicó en fascículos a finales de los setenta «ABC, doble diario de la Guerra Civil» después de haber recuperado la numeración histórica del diario, interrumpida el 20 de julio del 36, aunque correlativa en la edición sevillana. Aquel coleccionable de carácter histórico, dirigido por Javier Tussel, ponía punto final al fatal desencuentro en la prestigiada cabecera durante la contienda que enfrentó a los españoles.

Por todo ello, al recordar los sucesos vividos en Serrano 61 hace hoy setenta y cinco años, que demolieron la idea fundacional y pusieron en serio peligro la permanencia de ABC, sus instalaciones y recursos materiales, es obligado recordar a quienes como Elfidio Alonso no permitieron su saqueo como ocurriera a otros colegas editados en Madrid que fueron víctima de la incuria reinante, cuando no pasto de las llamas. El 13 de agosto de 1936 fue decisivo en la historia de la Casa de ABC.

En el periodo de entreguerras del pasado siglo Gran Bretaña contaba con los mejores servicios de inteligencia del mundo. No sorprenderá que los relatos de sus triunfos figuren entre los best sellers del Reino Unido. El pasado año se han publicado tres obras sustanciales sobre ellos. Pero en ninguna se aborda uno de sus fracasos más resonantes, precisamente el relacionado con una España de la que, entre 1931 y 1936, se ocupaban cuatro sistemas de información británicos.

El más importante se dedicaba a la interceptación y descifrado de los telegramas y radiogramas tanto de países amigos como de adversarios potenciales. La Government Code and Cypher School, dependiente del Foreign Office, se centró sobre las actividades de la Comintern. La URSS era, como régimen antagónico al capitalista y proclive a exportar su revolución hacia Occidente, el adversario genuino. La operación se rodeó del más espeso secreto. Los mensajes, blue jackets, circularon solo por los niveles más elevados del Gobierno y entre altos funcionarios cuidadosamente seleccionados.

Desde septiembre de 1933 se captaron los mensajes entre Moscú y Madrid. Al principio, no se les prestó importancia. Más tarde el ritmo se aceleró. Los mensajes apuntaron en una dirección única a partir del verano de 1935. Los comunistas debían apoyar las reformas republicanas y luego el Frente Popular. Enfatizaban la moderación, la necesidad de no dejarse llevar por provocaciones de la derecha, el temor a una algarada anarquista, el respeto a las creencias católicas, etcétera. Todos fueron desestimados en Londres.

El segundo sistema era la organización de Inteligencia Naval (OIN), presente en los puertos, pero que siguió la evolución política general, sobre todo tras los acontecimientos de Asturias en 1934. Sus informes son una mezcla de agudeza (identificó la estrategia gilroblista de actuar a base de provocaciones a la izquierda) y de errores de principiante.

El tercer sistema era el más oculto: el Secret Intelligence Service (SIS o, como suele denominársele, MI6). Tenía un viejo pedigrí en España, en donde se había asentado, por la vía de la Inteligencia Naval, durante la I Guerra Mundial. Bajo la cobertura de oficinas de control de pasaportes continuó actuando hasta diciembre de 1923. Durante la guerra química en Marruecos envió informes muy detallados al Foreign Office y a la Inteligencia Militar. Más tarde, tuvo en Valencia un colaborador que informaba sobre relaciones hispano-italianas, la situación en el Mediterráneo y Gibraltar. Cuando, en octubre de 1935, el director del SIS solicitó un aumento de presupuesto, uno de los casos en que se basó fue el español. Ningún informe de esta fuente se ha hecho público. Sí se conoce, gracias a su historiador oficial, Keith Jeffery, que en abril de 1936 el SIS conectó con su homólogo francés, el Deuxième Bureau, y le dio la gran noticia de que “el establecimiento de un régimen soviético en la península Ibérica es algo que difícilmente cabe contemplar con tranquilidad”. Estimamos que esta información destila el carácter del análisis dominante en Londres.

Si así fue, se debió a un fenómeno más espectacular, y no suficientemente esclarecido, que se registró en la representación diplomática británica en España. Un tema cautivador para cualquier estudioso del papel de los diplomáticos en la creación o malinterpretación de realidades foráneas. La contrastación de la información diplomática de aquellos años debería constituir, en mi opinión, un case study poco menos que obligatorio en cualquier escuela diplomática o de inteligencia.

El embajador sir George Grahame había informado con agudeza, penetración analítica y gran conocimiento de las realidades españolas hasta el verano de 1935 cuando se jubiló. Grahame puso al descubierto las maniobras de la CEDA; su política de acoso, derribo y venganza, amén de su proclividad hacia soluciones parafascistas. Su sucesor, sir Henry Chilton, holló el camino inverso. Desde su llegada en el otoño de 1935 se dedicó a frecuentar los círculos monárquicos y se dejó intoxicar por algún que otro eminente político católico. Cuando no dio más de sí echó mano de interpretaciones de su primer secretario, tan indigente intelectual y políticamente como él, o del cónsul general en Barcelona (con su pronóstico sobre el establecimiento en ciertas partes de España de “Gobiernos locales de tipo soviético”). Está por determinar si Chilton oteó por dónde soplaban los vientos en Londres y se plegó a ellos o si también prefirió dejarse mecer por las certidumbres hiperconservadoras de la business community asentada en España.

¿El resultado? La embajada no contrarrestó ni los informes de la OIN ni los del SIS. El fallo en la apreciación de la situación política española en 1936 fue un clamoroso fracaso del aparato político, diplomático y de inteligencia británico en su conjunto. También un fallo humano. Es difícil pensar que sir George Grahame hubiese podido incurrir en él. ¿Y qué pasó con la única evidencia de primera mano, pura y dura, de que disponía el Gobierno británico, las interceptaciones de la Comintern? Fueron a parar a la papelera, en primer lugar del Foreign Office, luego a la de la historia. De donde conviene sacarlos.

Antes de que terminara el régimen de Franco en 1975, escaseaba, por razones evidentes, el debate público sobre el carácter de la Segunda República española y su grado de responsabilidad en el estallido de la Guerra Civil. De acuerdo con la ideología impuesta por la dictadura, la República había sido una catástrofe, la culminación de la larga historia de degeneración que había caracterizado a España durante los siglos XIX y XX, desde la desgraciada aparición del liberalismo con la Constitución de Cádiz en 1912. Aunque la República tuvo un comienzo más o menos aceptable, proseguía el argumento, pronto se vio superada por una mezcla de separatismo regional, radicalismo social y violento anticlericalismo que destruyó cualquier perspectiva prometedora.

La crisis de la República se agudizó después de octubre de 1934, cuando los socialistas, hasta entonces moderados, pusieron en marcha una revolución sangrienta en Asturias, secundada por la Generalitat catalana, que proclamó su independencia. España se deslizó aún más hacia el caos cuando la coalición del Frente Popular ganó, por estrecho margen, las elecciones de febrero de 1936. Dicha victoria dio un poder sin precedentes a los grupos obreros y les permitió dominar de facto a sus aliados de clase media en los gabinetes que gobernaban España y que sólo eran republicanos en teoría. Según esta interpretación, el resultado fueron varios meses de huelgas, invasiones de explotaciones agrarias, batallas callejeras, quemas de iglesias y asesinatos políticos, que el gobierno del Frente Popular no quiso o no pudo controlar. La situación en España recordaba a la de Rusia en 1917, y su resultado habría sido similar: la caída del gobierno elegido a manos de los extremistas radicales, seguida de una revolución social a gran escala y la imposición de una dictadura del proletariado.

En los últimos años de la dictadura, los especialistas cuestionaron cada vez más esta línea argumental. Durante la transición a la democracia se fue sustituyendo por una valoración generalmente positiva de la República, que subrayaba sus virtudes y lamentaba la insurrección militar que la había destruido. Por primera vez, la imagen de la República en España estaba en consonancia con la que había predominado en la mayor parte del mundo exterior desde el final de la Guerra Civil, en parte debido a los sentimientos de culpa por haber abandonado a los republicanos a merced de Franco y sus aliados fascistas durante el conflicto.

Durante los años noventa, como reacción a este nuevo consenso favorable, Pío Moa y otros historiadores aficionados, entre ellos César Vidal, lanzaron una campaña revisionista que adquirió enorme fuerza, pese a que se limitaba a reciclar los argumentos de los propagandistas de Franco en una versión más moldeable. Aparte de Stanley Payne, no les respaldó ningún historiador profesional importante. No obstante, el revisionismo prosperó durante más de una década, desde 1990, año de publicación del tratado fundamental de Moa, hasta 2006, cuando sus argumentos principales quedaron desacreditados por la avalancha de literatura producida por la conmemoración conjunta de los dos aniversarios, el 70º del comienzo de la guerra y el 75º de la proclamación de la República. Las obras publicadas entonces establecieron de forma inequívoca un punto fundamental: que las declaraciones de Franco y sus acólitos sobre lo catastrófico de la situación reflejaban más la paranoia de sus propulsores que la realidad. En realidad, confirmó la literatura de 2006, la revolución social de 1936 no precedió sino que siguió a la insurrección militar. Lo mismo ocurrió con la desintegración del Estado y la sociedad. Igual que en la fábula de Hans Christian Andersen, en cuanto alguien gritó: “El emperador va desnudo”, el espejismo franquista y revisionista se hizo añicos. Esta es una lección que debemos tener en cuenta siempre que hablemos de historia y casi en cualquier otro aspecto de la vida.

La desaparición de la escuela revisionista de Moa dejó paso a la aparición gradual de lo que yo denomino neorrevisionismo. Algunos de sus elementos existían desde hacía mucho en forma embrionaria, pero ahora empezaron a articularse con más claridad. El neorrevisionismo pone en entredicho el prestigio mundial de la República de forma más indirecta y moderada. Es además un movimiento mucho más difuso que el revisionismo de Moa. No tiene un líder claro, ningún canon escrito ni una narración histórica definida. Sin embargo, a pesar de ese carácter indirecto, moderado y difuso, tiene posibilidad de convertirse en un poderoso movimiento historiográfico, una posibilidad que tal vez esté empezando ya a hacerse realidad.

¿Cuál es la manera más fácil de distinguir a los neorrevisionistas de los revisionistas? Fundamentalmente, que no propugnan las perspectivas catastrofistas que caracterizaban al franquismo-moaísmo. Tampoco las rechazan del todo, sino que prefieren permanecer neutrales o callados al respecto. Otro rasgo distintivo es que, mientras que todos los revisionistas utilizaban más o menos los mismos argumentos, y se diferenciaban sobre todo por la intensidad con la que los expresaban, los neorrevisionistas se dividen en dos corrientes de pensamiento estrechamente relacionadas pero diferentes. En líneas generales, la más antigua de estas dos corrientes se remonta a hace varios decenios y consiste en lo que podría llamarse una interpretación “purista” o “puritana”. Su base es que, si bien es posible que la República no fuera tan catastrófica para España ni mereciera la insurrección militar que desencadenó la Guerra Civil, su destrucción no es algo que haya que lamentar, porque nunca fue el magnífico modelo de democracia que aseguraban sus partidarios, sino una pseudodemocracia con graves fallos que violóconstantemente los principios democráticos más esenciales con la persecución injusta de sus adversarios, en especial mediante la censura frecuente y el cierre de sus publicaciones. Su carácter antidemocrático quedó demostrado de manera concluyente con la revolución de octubre de 1934, cuando los socialistas y sus aliados pretendieron derrocar al gobierno elegido democráticamente e imponer otro escogido por ellos.

La segunda línea de pensamiento neorrevisionista, más moderna, podría llamarse la corriente “comparativista”. Subraya el contraste entre la transición democrática que se produjo en España a partir de 1975, pacífica y fructífera, y la historia conflictiva, con su desastre consiguiente, de la República, en un nuevo intento de demostrar que la República no fue tan buena como mantienen sus defensores. Ambas líneas de argumentación son a primera vistaconvincentes, pero no soportan un examen detallado.

Para empezar por la interpretación puritana, no cabe duda de que la República tuvo mil fallos y, en ocasiones, se comportó de manera antidemocrática. La revolución de octubre de 1934, en especial, fue una absoluta catástrofe, que dañó gravemente las credenciales democráticas del régimen y sentó un precedente que los conspiradores militares de 1936 pudieron utilizar para justificar su propia insurrección. Aunque hubiera triunfado, la revolución de octubre habría tenido consecuencias desastrosas para la democracia española. No puede librarse de nuestra másmerecida condena. Lo único que podemos hacer es tratar de entender sus motivos situándola en el contexto de su época. Los años treinta del siglo XX fueron una de las tres o cuatro décadas más conflictivas de toda la historia de Europa, solo comparable a algún periodo durante las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, o a la época de la Revolución Francesa y Napoleón. En los años treinta, Europa estaba desgarrada por una guerra civil ideológica entre fascismo, comunismo y democracia. En octubre de 1934, parecía que estaban venciendo las fuerzas fascistas, que acababan de destruir dos grandes democracias europeas, la alemana y la austriaca, en ambos casos por medios pacíficos y legales. ¿Era posible que el gobierno centrista de España siguiera el mismo rumbo, dado el creciente poder de los elementos de derechas dentro de él? Es decir, la revolución de octubre fue, en parte, reflejo del miedo, pero también de la fuerza permanente del mito revolucionario en los círculos proletarios, la idea de que las masas podían con todo si se levantaban unidas.

Si es imposible disculpar por completo la revolución de octubre, es más fácil rechazar las otras acusaciones de los neorrevisionistas. Ningún régimen democrático de la historia ha estado jamás completamente libre de desviaciones ocasionales. El grado de perfección democrática depende no solo de la voluntad de sus dirigentes sino también de los retos que afronta. En épocas sin turbulencias, cuando la sociedad está tranquila y hay pocos problemas urgentes que exijan solución, es relativamente fácil seguir los lentos procedimientos legales que constituyen el corazón de cualquier democracia genuina, ya sea parlamentaria o presidencialista. Ahora bien, cuando la situación es la contraria, como ocurría en los años treinta, los gobiernos tratan casi siempre de encontrar atajos para alcanzar sus objetivos y tienden a favorecer a sus amigos y marginar a sus enemigos. Por tanto, al evaluar las credenciales democráticas de cualquier régimen, es preciso tener en cuenta tanto sus actos discutibles como sus iniciativas positivas y creativas.

La República, sin duda, censuró y cerró la prensa opositora en varias ocasiones, pero también construyó la primera democracia auténtica de España. ¿Cómo lo logró? En primer lugar, con la celebración de elecciones honradas, libres de las prácticas caciquistas que las habían corrompido en tiempos de la monarquía. Segundo, ampliando enormemente el electorado, sobre todo al convertir España en el primer país de mayoría católica que permitió el sufragio femenino. En tercer lugar, la República acercó el gobierno al pueblo al darle más dimensión a los gobiernos regionales. Cuarto, insistió en que todas las leyes importantes fueran aprobadas por el parlamento, y dejó los decretos para situaciones muy infrecuentes, de emergencia. Quinto, la República destruyó o debilitó las instituciones extraparlamentarias, los círculos cortesanos y el ejército, que en el pasado habían anulado tan a menudo las iniciativas democráticas. Desde esta perspectiva más equilibrada, la balanza se inclina claramente hacia la idea de que fue un régimen excepcionalmente democrático. Hay que ser verdaderamente puritano para pensar lo contrario.

La rama “comparativista” del neorrevisionismo dice muchas verdades, pero al mismo tiempo se olvida de otras igual de importantes. A pesar de las dudas que surgen de manera periódica en algunos sectores, me parece ridículo negar el éxito extraordinario de la transición española a la democracia. Es el hecho que habla más en favor de España en todo el siglo XX, y se ha convertido, con razón, en el modelo de todas las transiciones de regímenes autoritarios a democracias en el mundo. Sería una tontería debatir los méritos respectivos de los grandes dirigentes republicanos -Azaña y Prieto? y los de los máximos responsables del éxito de la Transición: el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez y Felipe González. Sin embargo, existen otros dos factores mucho más importantes. El primero es que resulta engañoso evaluar a una persona sin tener en cuenta el contexto en el que vivió. El segundo es que es preciso comparar todos los aspectos de los dos regímenes, no sólo los más convenientes para el argumento que deseamos defender. Por consiguiente, no debemos obsesionarnos tanto por la distinta suerte que corrieron como para olvidar que, bajo la superficie, ambos tuvieron un espíritu muy similar. Todas las cosas que aportó la Transición -más democracia, más igualdad social, modernización cultural, etcétera? habían sido también objetivos fundamentales de la República. Es más, resulta difícil pensar en un logro importante de la Transición que no tuviera parte de sus raíces en la República.

Ahora bien, si la República y la Transición tuvieron muchas semejanzas, sus épocas respectivas no pudieron ser más distintas. Como ya he dicho, los años treinta fueron uno de los periodos más turbulentos de la historia de Europa. Por el contrario, los años setenta y ochenta fueron tranquilos y decididos. Además, las condiciones también habían cambiado drásticamente en España y en varias de sus principales instituciones. En los años treinta, el Ejército conservaba sus tradiciones pretorianas decimonónicas e intervenía sin cesar en la política. Los movimientos obreros estaban aún poseídos por diversas mitologías revolucionarias, sobre todo los anarcosindicalistas, el movimiento más amplio, pero también, cada vez más, los socialistas, que eran los segundos. Los comunistas, aunque eran minoritarios, eran violentamente antirrepublicanos hasta que Moscú les ordenó adoptar la estrategia del frente Popular en 1935. En la derecha, los partidos más amplios no eran claramente revolucionarios -aunque los radicales empezaron a abrirse camino en ellos a partir de 1934-, pero varios partidos monárquicos de escasa importancia conspiraron para derrocar la República. Y luego estaba la Falange, todavía pequeña, pero que iba creciendo. La Iglesia Católica, hasta Juan XXIII, fue siempre rígida en cuestiones de doctrina, y no quería aceptar ninguna disminución del inmenso poder que había acumulado a lo largo de los siglos.

La economía española estaba en peor situación que nunca, debido a la Gran Depresión. La industria y los servicios no estaban desarrollados. Algo más de la mitad de la población seguía trabajando en el campo. Aproximadamente dos terceras partes de las mujeres adultas eran analfabetas. La situación internacional era amenazadora, y Mussolini hacía todo lo posible para desestabilizar la República.

El contraste con la situación en la que prosperó la Transición es enorme. A mitad de los años setenta, España era una de las naciones más avanzadas del mundo. El analfabetismo y el hambre estaban erradicados. Todas las instituciones fundamentales habían experimentado una evolución positiva. El Ejército ya no era pretoriano, sino que aceptaba la primacía del poder civil. Las organizaciones obreras habían abandonado sus viejos mitos revolucionarios. El catolicismo posterior al Concilio Vaticano II era menos rígido en los dogmas y estaba dispuesto a negociar un debilitamiento gradual de algunos de sus viejos privilegios. Como consecuencia, el feroz anticlericalismo de otros tiempos también se desvaneció. La monarquía desempeñó un papel crucial en el restablecimiento de la democracia, por lo que el republicanismo perdió su carácter sectario.

En resumen, dos contextos extraordinariamente distintos. Poner en tela de juicio la reputación de la República sobre esa base es tan absurdo como sería denigrar la República de Weimar porque tuvo menos éxito que la Alemania de Angela Merkel. La República fracasó o fue destruida, pero también lo fueron casi todos los demás elementos humanos y progresistas en los años treinta. Como es cada vez más evidente, España no es tan diferente como creíamos; en general, se ajusta a los modelos generales. En relación con el tema del que tratamos aquí, ya indiqué por primera vez hace 30 años que el índice de mortalidad de las repúblicas recién nacidas durante el periodo de entreguerras fue asombrosamente alto. De las 20 repúblicas que surgieron en Europa entre 1918 y 1931, solo una, la irlandesa, sobrevivió hasta la madurez. Las otras 19 fueron barridas o se autodestruyeron. Una vez más, el contraste con los años setenta y ochenta es tremendo. De las nuevas democracias establecidas en esos años en Europa, Latinoamérica y Asia, un número mucho mayor, casi todas sobreviven hoy, aunque algunas en versiones muy atenuadas. Sólo en África se aproxima el índice de mortalidad de las democracias recien nacidas al de la Europa de entreguerras.

Creo que todo esto es suficiente para arrojar los argumentos revisionistas y neorrevisionistas sobre la República a la papelera que les corresponde. Eso no quiere decir que su paso por la historiografía española haya carecido por completo de valor. Como sucede con todo el revisionismo histórico, si se aborda con inteligencia, puede ser útil, porque obliga a los defensores de la ortodoxia a reexaminar y perfilar sus posturas. No obstante, la próxima vez que alguien diga, como hizo hace poco el profesor Payne en ABC (April 16), que “La República es el principal mito histórico de todo el siglo XX”, debemos responder con seguridad: “¡No, señor! ¡La República no es ningún mito!” A pesar de sus muchos errores y defectos es, con la Transición, una verdadera gloria del siglo XX español. Fue vilmente asesinada por unas fuerzas atávicas y violentas que sumergieron su patria, primero en una cruenta guerra civil, y después en una dictadura que durante sus primeras dos décadas fue cruel y retrógrada.

En el 80º aniversario de la Segunda República

Era ya la madrugada del 14 de octubre de 1931, en pleno debate de la llamada cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes, cuando Manuel Azaña tomó la palabra para pronunciar uno de sus más importantes discursos, y con él la frase que siempre las derechas, sacándola de su contexto, más le han echado en cara: “España ha dejado de ser católica”.

Los elementos más moderados de la República y de la Iglesia no querían un conflicto. El 14 de septiembre se habían reunido Alcalá Zamora y Fernando de los Ríos, por parte del Gobierno, y el nuncio Tedeschini y el cardenal Vidal y Barraquer, por la Iglesia, y habían convenido unos “puntos de conciliación” en los que la Iglesia perdía privilegios, pero afrontaba el nuevo estado de cosas del mejor modo posible.

El Gobierno asumió lo convenido en su ponencia para la Constitución, pero cuando se debatieron los artículos tocantes a la cuestión religiosa las posiciones se habían exacerbado en ambas partes, y sumados socialistas y radicales tenían mayoría para una redacción muy sectaria.

Fue entonces cuando Azaña tomó la palabra para reconducir a las izquierdas a la ponencia moderada, aunque tuvo que agravarla con la concesión demagógica de la disolución de la Compañía de Jesús. Vidal y Barraquer, informando al secretario de Estado, Pacelli, reconocía que el discurso de Azaña había sido “el lazo de unión de los partidos republicanos hacia una fórmula no tan radical como el dictamen primitivo”.

Azaña explicó suficientemente en su discurso el sentido de aquella frase: “Para afirmar que España ha dejado de ser católica tenemos las mismas razones, quiero decir de la misma índole, que para afirmar que España era católica en los siglos XVI y XVII (…). España, en el momento del auge de su genio, cuando España era un pueblo creador e inventor, creó un catolicismo a su imagen y semejanza, en el cual, sobre todo, resplandecen los rasgos de su carácter (…), y entonces hubo un catolicismo español, por las mismas razones de índole psicológica que crearon una novela y una pintura y una moral española, en las cuales se palpa la impregnación de la fe religiosa (…). Pero ahora, señores diputados, la situación es exactamente la inversa (…). Que haya en España millones de creyentes, yo no os lo discuto; pero lo que da el ser religioso del país, de un pueblo o de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que rige su cultura”. De ahí que “el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español”. La Constitución, pues, tenía que ser laica.

Lo más curioso es que el cardenal Isidro Gomá sostuvo repetidamente lo mismo que Azaña, aunque con intención opuesta. En su carta pastoral, supuestamente para cumplir la orden del Vaticano de acatar la República, decía: “Hay convicción personal cristiana en muchos; convicción católica, es decir, este arraigo profundo que lleva con fuerza a la expansión social del pensamiento y de la vida cristiana, con espíritu de solidaridad y de conquista (…), esto, bien sabéis, amados hijos, que no abunda” (1931).

En su primera pastoral tras ser elevado a la sede primada de Toledo reconocía “la falta de convicciones religiosas de la gran masa del pueblo cristiano”, y aludiendo a Azaña decía: “Desde un alto sitial se ha dicho que España ya no es católica. Sí lo es, pero lo es poco; y lo es poco por la escasa densidad del pensamiento católico y por su poca atención en millones de ciudadanos” (1933).

En una de sus pastorales de guerra, La Cuaresma de España, reconocía: “La declaración oficial del laicismo, la eliminación de Dios de la vida pública, ha sido para muchos, ignorantes o tibios, como la liberación de un yugo secular que les oprimía (…). ¡España ha dejado de ser católica! Esta otra (frase), que pronunciaba solemnemente un gobernante de la nación, da la medida de la desvinculación de los espíritus (…). No florecía entre nosotros ya, como en otros días, esta flor de la piedad filial para con Dios que llamamos religión, que era de pocos, de rutina, sin influencia mayor en nuestra vida” (1937).

Si la conclusión de Azaña era que la Constitución tenía que ser laica, la de Gomá era que había que recatolizar España desde arriba. Pero al término de la contienda, en aquella pastoral que el Gobierno le prohibió, reconocía que la guerra fratricida no había dado el resultado esperado: “Y ¿por qué no indicar aquí que en la España nacional no se ha visto la reacción moral y religiosa que era de esperar de la naturaleza del Movimiento y de la prueba tremenda a que nos ha sometido la justicia de Dios? Sin duda, ha habido una reacción de lo divino, más de sentimiento que de convicción, más de carácter social que de reforma interior de vida” (1939).

Como un mentís a Azaña y a Gomá, el concordato de 1953 reafirmará: “La religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la nación española”.

Finales de los años 20. Cerca de Estella, al pie del Ega, el automóvil de Alfonso XIII circula en dirección a Madrid. El monarca siente sed y manda que paren el coche. Desciende del automóvil y dirige sus pasos, bajando por una pendiente, hasta la ribera del río. Se encuentra allí con una muchacha que lava la ropa y que va provista de comida y bebida para pasar el día. El Rey le pide que le dé de beber. La presencia de un extraño intimida a la joven que, como acto reflejo, se niega a complacer la petición. Alfonso XIII le espeta con solemnidad: «¿Sabes quién te lo pide?». La chica niega con la cabeza. El Rey imposta la voz para informarle. «Te lo pide el Rey de España». La muchacha se echa a reír, salpica con agua al impostor y le replica divertida: «¿El Rey de España? ¡Y yo que me lo crea! Lo he visto en el periódico y es mucho más guapo». Al día siguiente, en un periódico regional, aparecía este titular a toda página: «El Rey tratado de feo».

Por aquellas fechas, el monárquico José María de Areilza vio por primera vez y saludó a Alfonso XIII. Lo describe como un hombre de «cabeza pequeña, nariz prominente, prognatismo no muy acentuado, boca sensual bajo el negro bigote, y unos ojos vivísimos que lo inspeccionaban todo». Relata también el político de Portugalete: «En las nuevas generaciones, la Monarquía tenía pocos partidarios y la hostilidad al Monarca era grande, reflejada en chistes, caricaturas y canciones».

El 14 de abril de 1931 -hoy hace 80 años- se proclamó la II República española. Dos días antes se habían celebrado elecciones municipales que ganaron los partidos monárquicos. El resultado, traducido en actas de concejales, fue de 40.324 votos monárquicos y 36.282 republicanos y socialistas. En las grandes ciudades, Madrid y Barcelona entre ellas, los concejales republicanos se triplicaron y cuadriplicaron. Una curiosa hermenéutica de aquellos resultados interpretó el voto rural como caciquil y conservador y el urbano como consciente y libre. Su triunfo urbano animó a los republicanos a echarse a la calle con entusiasmo desbordante y proclamar la República.

Esto permite calificar los hechos de golpe de Estado. No en un aspecto técnico, porque no hubo violencia ni coacción; pero entonces, como ahora, unos comicios municipales tienen como objetivo la constitución de ayuntamientos, no un cambio en la forma de Estado. Habría sido necesario para ello la convocatoria de un referéndum, pero la voz de la calle fue estruendosa, con tantos decibelios que hizo añicos los cristales de las urnas. El propio Rey entendió que el vocerío, la explosión popular, expresaba un rechazo a su persona, y defenderse exigiendo la aplicación de la ley podría acabar en derramamiento de sangre. Los sucesos del 14 de abril de 1931 hay que encuadrarlos en un fenómeno inédito de psicosis colectiva.

Un factor que contribuyó a la unidad de las fuerzas opositoras fue el crack del 29 y su repercusión en España. El progreso económico de los felices 20 dio la vuelta como un calcetín. La Gran Depresión supuso que los inversionistas extranjeros retirasen su dinero de España, que los bancos estuvieran al borde del descubierto y que la peseta se devaluara. Del pleno empleo se pasó a una situación de catástrofe.

La dictadura primoriverista (de signo conservador más que fascista) cayó en enero de 1930 y la Monarquía un año y tres meses después. La coincidencia en el tiempo hace fácil la sospecha de que una y otra se necesitaban mutuamente. Su destino fue común: el Rey y el dictador acabaron en el exilio. Alfonso XIII había apoyado en un principio al general. Demasiado tarde le retiró la confianza.

Se crearon estados de opinión en contra de la Monarquía. Ortega, Marañón o Pérez de Ayala auspiciaron el advenimiento de la República. Fue el banderín de enganche para limpiar las impurezas de la realidad. Ortega, en un artículo publicado en El Sol con el título de El error Berenguer, y a manera de posdata, escribió una consigna demoledora: Delenda est Monarchia. Pero el filósofo no tardó mucho en advertir la demagogia republicana y, junto con Marañón y Pérez de Ayala, le dio la espalda al nuevo régimen y acuñó la celebre expresión «No es eso, no es eso». Ante la quema de iglesias y conventos y otros desmanes, los tres intelectuales rectificaron su posición y rechazaron «la imagen de la España incendiaria, la España del fuego inquisitorial».

La República que se inició hoy hace 80 años no cuenta ni siquiera como dato histórico para las nuevas generaciones. Algunos, sin haber vivido aquellos años, se muestran nostálgicos de una etapa que desembocó en la pesadilla de la Guerra Civil.

Avanzada la madrugada del día 14, el Gobierno provisional se enteró de la marcha al exilio de Alfonso XIII. Salió por la puerta del Campo del Moro, casi por la gatera, lugar que debió abrirle las carnes porque en Madrid había calado el dicho de que «hasta los gatos se han hecho republicanos».

En el manifiesto que dictó antes de su marcha, y que sólo publicó ABC, el Rey sintetiza su sentir desde la primera frase. «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo».

La II República constituye uno de nuestros horizontes míticos recurrentes cuando miramos al pasado inmediato. Pese al tiempo transcurrido y a disfrutar de un buen conocimiento del periodo, algunos sectores de opinión de nuestro país no se han desprendido todavía de las servidumbres inherentes a los metarrelatos maniqueos, ideológicos y simplistas -negativos o positivos- sobre aquella experiencia política. Esto no deja de sorprender en una democracia como la nuestra, sólida y madura a pesar de todos sus problemas pasados y presentes.

Los ciudadanos, y sobre todo las nuevas generaciones, tienen el derecho y la obligación de exigir a los historiadores comprometidos con la sociedad abierta y el pluralismo que les brindemos una imagen acorde con las complejidades de una época como aquélla, elaborada desde criterios científicos, serena, distanciada y libre de las instrumentaciones interesadas de la guerra de memorias que hemos padecido en los últimos tiempos. Desde este punto de vista, como cualquier periodo pretérito, la República ofrece un balance que no podemos reducir a tonos monocromáticos. Proclamada bajo vientos festivos y justificadas esperanzas reformistas tras el paréntesis de una dictadura -la de Miguel Primo de Rivera- que tiró por la borda más de un siglo de historia constitucional con la anuencia del Rey Alfonso XIII, la República pronto se trocó en un escenario propicio a la más erizada confrontación política, al sectarismo e incluso a la violencia, sometida a una escalada de rupturas y enfrentamientos que, a la postre, desembocaron en una sangrienta guerra civil.

Pese a todo, aquel desenlace no era inevitable, ni la insurrección de octubre de 1934, por más que gravísima, fue necesariamente su prólogo. Hasta el último momento la guerra se podría haber evitado si los altos responsables políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, hubieran gestionado la situación con pragmatismo, capacidad de diálogo y cordura. Que un ejercicio de esa naturaleza a la altura de 1936 pareciera en verdad difícil, no debe hacernos perder de vista el dato fundamental de que el detonante último de la guerra fue un golpe de Estado que fracasó y que dividió al Ejército y a las Fuerzas de Seguridad. De no haber mediado esa circunstancia contingente, la evolución del país podría haber sido muy distinta.

Ciertamente, la República todo lo tuvo en contra. De puertas afuera, llegó en el peor de los contextos internacionales imaginables, bajo los malos augurios vinculados a la crisis económica iniciada en 1929, el vertiginoso retroceso de la idea democrática de raíz liberal y el imparable avance de los regímenes y movimientos autoritarios y/o totalitarios (bolchevismo, fascismos, dictaduras militares de signo corporativo…). Ese marco abrió la puerta a la brutalización de la política y a la pérdida de confianza de los europeos -sobre todo los más jóvenes- en los sistemas parlamentarios y representativos. Los españoles no fueron ninguna excepción.

Bajo tales influencias, las causas endógenas también pesaron lo suyo en el triste devenir de la República, incluso bastante más que el contexto exterior. Al margen de las determinaciones estructurales (el atraso, la pobreza, el problema de la tierra, el analfabetismo…), que en realidad explican poco y contaron mucho menos de lo que se suele afirmar, la frágil estabilidad del régimen republicano tuvo que ver fundamentalmente con factores políticos. Sin duda influyó la guerra que le declararon sucesivamente los extremistas de distinto signo (anarquistas, comunistas, monárquicos autoritarios, socialistas revolucionarios, falangistas y militares desafectos…). Pero antes de que la violencia lo inundara todo, por lo menos hasta la primavera de 1936, lo que más condicionó la crisis de convivencia que caracterizó esos años fue el deficiente marco institucional que diseñaron los constituyentes de 1931; las lógicas de exclusión que se apoderaron de la escena; las retóricas de intransigencia y la consideración del adversario como enemigo irreconciliable; la débil asunción del pluralismo político y del principio del pacto, y, en fin, la escasa proclividad a cumplir las reglas del juego democrático y a respetar el principio de alternancia en el poder. Otros europeos -los menos- sí habían interiorizado a esas alturas las bondades del diálogo, la transacción y el consenso sobre los fundamentos básicos de la democracia parlamentaria (británicos, escandinavos, suizos, checos, holandeses, belgas… y pocos más). Desgraciadamente, los ciudadanos españoles y su clase política no formaron parte de ese grupo tan selecto como minoritario.

Confieso que, como economista, me ha causado asombro que cualquier medio de comunicación decida conmemorar como algo que históricamente merece positivamente la pena el LXXX aniversario de la llegada de la II República española. Conviene, se ve que ante demasiados olvidos, recordar qué golpes sucesivos se dieron por aquel nuevo régimen político a nuestra economía.

En primer lugar, en relación con la agricultura. Esta suponía, en 1931, respecto al total del PIB, el 24’2%. Como señalaba Flores de Lemus, del resultado de las cosechas dependía, en «lo fundamental, la coyuntura de España en lo que ella tiene de específicamente española», y esta influencia relativa pasaba a ser «mucho mayor que cualquier otro factor de la coyuntura». Por eso, «del resultado de la producción en nuestros campos irradia el poder que anima o deprime durante el año la vida económica de la nación». La II República alcanzó el poder, como lo definió críticamente entonces el profesor Torres Martínez, con un mito: el del «pan barato». Como la cosecha de trigo de 1931 había sido mala, decidió Marcelino Domingo importar trigo argentino, sin percibir que la depresión mundial reinaba, que podía saltar a España, y además que, como anunciaba «El Norte de Castilla», con su muestreo tradicional, la cosecha de 1932 iba a ser magnífica, como efectivamente sucedió. La llegada de estos embarques, sumados a las perspectivas agrarias, actuó conforme señala la ley de King, que naturalmente también ignoraba Marcelino Domingo: se provocó tal caída de precios, que se hundió el poder adquisitivo de los campesinos, y con él, el de todos los españoles.

Pero esto se ligaba con una fuerte contracción del gasto público, para tratar de evitar la caída de la cotización de la peseta, a pesar de que Keynes, en 1930, en Madrid, había señalado cómo esta caída, al facilitar las exportaciones, ayudaba a España a salir de la crisis. El déficit presupuestario fue, por eso, únicamente de un 0’2 por ciento en 1931, y de un 0’6 por ciento en 1932, del PIB. Con lucidez extraordinaria, Lluc Beltrán, en su carta a Keynes del 17 de noviembre de 1934 —publicada en los «Anales de la Real Academia de Doctores de España» 2009— decía textualmente: «Al iniciarse la bajada mundial de los precios en 1929, la peseta comenzó a bajar en consonancia, con la feliz consecuencia de mantener… la normalidad de nuestra actividad industrial. Sin saberlo, al contrario, en contra de nuestra voluntad, ya que en aquel momento se consideraba la bajada del cambio de la peseta, hacíamos lo que usted recomienda hacer en el capítulo 21 de su obra “Treatise on Money”. Las cosas seguían en este plan hasta 1932. Entonces, el tipo de cambio de la peseta dejó de seguir la tendencia de los precios mundiales. Al elevarse, dio lugar a una caída de los precios nacionales. Fue en ese momento cuando se empezaron a notar en España los efectos de la depresión mundial».

El freno planteado a las obras públicas y la crisis agraria provocaron de consuno un largo desempleo, descomunal para entonces, agravado por la política de Largo Caballero, favorable a la subida de los costes salariales, esencialmente en la agricultura al poner en marcha un arbitrio típico: la Ley de Términos municipales, de 28 de abril de 1931, por la que los empresarios rurales de cada municipio debían dar ocupación, con altos salarios, a los parados que existiesen en él. Una escalofriante anécdota que relataba «El Norte de Castilla» el 17 de noviembre de 1933 le proporcionó a Perpiñá Grau, en «De Economía Hispana» (Labor, 1936), la base para señalar cómo esta política motivaba que estuviesen «un número muy considerable de ciudadanos del interior con un tenor de vida medieval».

Alguien podría decir que la II República puso en marcha una Reforma Agraria para paliar eso. Pues bien, como sostuvo el profesor Torres, su base se encontraba en otro mito, el del «reparto». Al decidir liquidar el proyecto del Banco Agrario, por ese miedo reverencial que a la gran Banca española tenía Azaña, ¿cómo sin crédito iban a prosperar los nuevos propietarios? ¿De qué iban a vivir hasta que vendiesen las cosechas? ¿Y cómo podrían comprar desde abonos hasta la cebada para las mulas? Por eso, la Reforma Agraria nació muerta, y solo se orientó en forma de castigo político para quienes se sospechase habían tenido algún contacto con el golpe militar de Sanjurjo en agosto de 1932. Esto, como investigó muy bien el profesor Juan Muñoz, provocó una expropiación muy importante en los ruedos de los pueblos, o sea en pequeñas propiedades ajenas al latifundismo. Así se creó, adicionalmente, un clima de odios en muchas pequeñas localidades agrarias que, dentro de los planteamientos por Malefakis, explica bastante de mil sucesos sangrientos a partir de 1936.

Todo esto provocó un considerable aumento del paro, lo que acentuó las tensiones sociales, las cuales, a su vez, frenaban la expansión, al empeorar las expectativas empresariales. Y para agravarlo todo, gracias a la puesta en marcha del Estatuto de Cataluña, como explicaron con contundencia Larraz y Calvo Sotelo, se rompió el mercado interior y se alteró profundamente la marcha de la Hacienda.

La síntesis de todo lo señalado se encuentra en estas frases de Jordi Palafox en «Atraso económico y democracia. La II República y la economía. 1892-1936» (Crítica, 1991, págs. 179 y 181): «El impacto sobre la economía de la proclamación de la República fue brutal», porque los acontecimientos «provocaron una profunda sensación de inseguridad entre los sectores económicos con más poder».

Simultáneamente, se acentuó el intervencionismo, y los fenómenos de un fuerte corporativismo ajeno al mercado se generalizaron. Por eso sostiene Pedro Fraile Balbín, en su excelente trabajo «La intervención económica durante la II República» (en el volumen I de «1900-2000. Historia de un esfuerzo colectivo», Planeta. Fundación BSCH, 2000), que «el predominio de los responsables políticos sin formación profesional económica, o, lo que es aún peor, con las intuiciones que formaban el conocimiento común de lo económico en aquel tiempo, era patente entre todos los ministros desde 1931 hasta los últimos gobiernos».

¿Y el inicio de ese caos económico, que motivó que el PIB por habitante a precios de mercado disminuyese respecto a 1929 nada menos que un 9’5 por ciento en 1933, junto con un fuerte aumento de desempleo, es algo que merezca celebrarse? ¿O es que debemos olvidar eso que se llaman los costes sociales, los que pagan con dureza las familias para que, como fue lo sucedido entonces, se dictaminase con engolamiento que había sido un error la Restauración y no digamos la Dictadura de Primo de Rivera, a pesar de que no se contemplaba desde 1874 un caos económico tan considerable como el que surgió desde 1931?

Hace 80 años, en un 14 de abril como hoy, se proclamaba en España la Segunda República. En sus pocos años de vida democrática, fue un intento de modernizar a un país profundamente atrasado, sometido a un sistema de propiedad oligárquica, regido por una monarquía corrupta, que había avalado la dictadura de Primo de Rivera en 1923, un Ejército políticamente activo adicto al statu quo político asegurado por el rey Alfonso XIII, en el que la Iglesia católica, desde el púlpito y a través de la enseñanza, ejercía una intensa influencia.

Con los primeros decretos aprobados por el Gobierno de Alcalá Zamora y las leyes posteriores a la aprobación de la Constitución democrática del 9 de diciembre de 1931, ya con la coalición republicano-socialista presidida por Manuel Azaña, se iniciaba un proceso reformista que sentó las bases de aquella modernización, truncada por el golpe de Estado de Franco y la guerra civil. Un proceso que inició la reforma agraria para intentar un cambio en la estructura de la propiedad de la tierra que permitiese un nuevo sistema económico; que intentó establecer las bases para la separación entre la Iglesia y el Estado, excluyendo de la enseñanza a las confesiones religiosas; que procuró desvincular al Ejército de la influencia sobre el poder civil; y, que, a través de la Constitución, pretendió resolver, mediante la fórmula del Estado integral, la diversidad política de los pueblos y territorios del Estado, es decir, de resolver el contencioso histórico de la inserción de Catalunya y del País Vasco en España. Y todo ello en el marco de una Constitución que, como la alemana de Weimar (1919) y las constituciones de Austria y Checoslovaquia (1920), era expresión de aquel constitucionalismo de entreguerras que reconocía un amplio catálogo de derechos de libertad, políticos y sociales, a fin de construir un marco constitucional de garantía para la adecuada concurrencia de la libertad y la igualdad, como base esencial de la democracia. Una Constitución que aseguraba la racionalización de las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno y que creaba, bajo la influencia intelectual del jurista Hans Kelsen, el Tribunal de Garantías Constitucional para asegurar la prevalencia de la Constitución frente a los excesos del legislador. Y que consolidaba la República como la forma de gobierno más democrática.

Este proyecto reformista chocó desde el inicio con la radical y violenta oposición de los tres pilares del antiguo régimen monárquico: el Ejército, que ya se sublevó en 1932 con el golpe de Sanjurjo; el boicot de los terratenientes, que respondían al campesinado hambriento y analfabeto, con aquello de «si queréis, ¡comer República!», y la Iglesia del cardenal Segura, que apelaba a la cruzada contra la masonería y el comunismo. Todo lo cual no suponía nada nuevo bajo el sol: así había sido desde los inicios del siglo XIX, expresión de la frustrada historia del Estado español contemporáneo, impotente para afrontar el reto de llevar a cabo una revolución liberal. En este sentido, la Segunda República fue un intento de revertir aquella dinámica, que había hundido a España en la más pura marginalidad carpetovetónica. Frente al reformismo republicano, el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista representaron, en su manifestación más dura, una línea de continuidad con el pasado, al mantener anclada a la ciudadanía española en la condición de súbditos de dictaduras, regímenes autoritarios y pronunciamientos militares, como así había ocurrido a lo largo del siglo XIX.

A 80 años vista, afortunadamente, la situación es otra. Sobre todo porque esta ciudadanía dispone de bases democráticas para el ejercicio de la libertad, aseguradas por la Constitución de 1978.

Con la perspectiva que ofrecen las reformas republicanas de los años 30, hoy puede afirmarse que el Ejército está sometido al poder civil; que el sistema económico es socialmente más equilibrado, aunque la crisis financiera vigente ponga de relieve su profunda injusticia, la palpable inanidad de los controles institucionales y la escasa capacidad de maniobra del Gobierno para afrontarla. Pero sigue siendo una asignatura pendiente la separación de la Iglesia católica respecto del Estado. La aconfesionalidad proclamada por la Constitución, que debería asegurar la neutralidad del poder público respecto de la religión, contrasta con el tratamiento privilegiado que en materia económica, tributaria y, sobre todo, de enseñanza recibe el culto católico del Estado, a través de los inconstitucionales Acuerdos de 1979 firmados con el Estado Vaticano. Por lo que concierne a la realidad plurinacional que ya afrontaba la República, la Constitución de 1978 ha sido objeto de una restrictiva interpretación por el Tribunal Constitucional que ha desactivado en lo más esencial, la reforma del Estatut del 2006, lo cual deja de nuevo abierta la cuestión de la inserción de Catalunya en España. Tras el tiempo transcurrido, viejos problemas siguen ocupando un lugar en la palestra, cosa que no es muy edificante.

Entre 1910 y 1931 surgieron en Europa varias repúblicas, regímenes democráticos, o con aspiraciones democráticas, que sustituyeron a monarquías hereditarias establecidas en esos países desde hacía siglos. La mayoría de ellas, y algunas muy significativas como la alemana, la austriaca y la checa, se habían instaurado como consecuencia de la derrota en la I Guerra Mundial. La serie había comenzado en Portugal, con el derrocamiento de la monarquía en 1910, y la española fue la última en proclamarse. La única que subsistió como democracia en esos años, hasta el estallido de la I Guerra Mundial, fue la de Irlanda, creada en 1922. Todas las demás fueron derribadas por movimientos autoritarios de ultraderecha o fascistas.

El conocimiento que tienen la mayoría de los ciudadanos sobre esas repúblicas es, en el mejor de los casos, vago e incompleto. Se recuerda más cómo acabaron, las tragedias en las que desembocaron, que sus logros políticos o sociales. En el caso de España, aunque el interés por la Segunda República no se limita a los especialistas académicos, lo que se sabe fundamentalmente de ella son trozos sueltos, fragmentos divulgados por las militancias políticas, que muy pocos quieren o pueden juntar en una historia menos ideologizada y más sometida al escrutinio de las fuentes y del examen detallado de los hechos.

La historia de esas repúblicas, especialmente de la de Weimar y la española, ha sido eclipsada por su final y lo que siguió, el nazismo y una Guerra Civil. Casi ningún historiador acepta en la actualidad el planteamiento determinista de que esos regímenes republicanos estaban predestinados al fracaso desde el principio. Por el contrario, los análisis más fructíferos centran la atención en las opciones y viabilidad de consolidar sistemas democráticos en ese periodo, en la fortaleza de las estrategias antidemocráticas y en las buenas o malas políticas. Es una historia cargada inevitablemente de controversia, de interpretaciones discrepantes, pero que ha ido encontrando un terreno común sobre el que debatir y avanzar investigaciones.

Por razones obvias, la República de Weimar ofrece mucho más juego para el debate historiográfico y para el examen de los peligros del fracaso de la democracia en una sociedad industrial moderna. Alemania, pese a la derrota en la I Guerra Mundial, era el país más desarrollado económicamente y con mayores logros culturales y científicos del continente europeo. La República de Weimar, nacida de una guerra y del desplome del orden imperial, sobrevivió en sus primeros años a los estragos de una superinflación, al dictado de Versalles y al acoso armado desde la extrema derecha e izquierda. Al contrario de lo que pasó en Italia, que sucumbió muy pronto al fascismo, la República de Weimar fue capaz de resistir durante 14 años.

¿Fueron el fracaso de la República y el triunfo de Hitler inevitables? Cualificados historiadores que han tratado de responder a esa pregunta consideran que las posiciones antidemocráticas de las “élites políticas tradicionales” fueron un serio obstáculo para consolidar un sistema democrático. Buscaron desde el principio desafiar al régimen político que surgió de la derrota en 1918 y después de 1929 trataron con todos sus mecanismos de poder, que eran muchos, de explotar esa grave crisis económica para derribar la democracia e instaurar un Gobierno autoritario.

Mientras que en Gran Bretaña la gravedad de la crisis económica en 1930-1931 produjo un fortalecimiento del conservadurismo, en Alemania el arco conservador-liberal de votantes se rompió y fue a parar a las manos de los nazis, el partido antisocialista y antidemocrático más radical y que se había mantenido completamente al margen del Gobierno de la República. La derecha tradicional/ortodoxa proporcionó así el espacio político que el movimiento nazi necesitaba para prosperar.

Además, frente a lo que ocurrió en Gran Bretaña y en la Tercera República francesa, donde la crisis económica no llevó a las fuerzas políticas más importantes a plantear una alternativa al Gobierno parlamentario, la República de Weimar sufrió, casi desde el principio, una pérdida de legitimidad que se convirtió en los años de la Depresión no solo en una falta de apoyo popular al Gobierno, sino en una crisis de Estado. Tras contemplar varios tipos de soluciones autoritarias, incluida la restauración de la monarquía bajo el príncipe Guillermo o una dictadura militar, una “alianza de intereses”, como la denomina Ian Kershaw, entre las élites conservadoras y Hitler le dio el poder al dirigente nazi.

Los problemas que tenía que abordar la Segunda República parecían, en comparación con la de Weimar, menos acuciantes. España no había participado en la I Guerra Mundial; no tenía conflictos fronterizos que pudieran favorecer el surgimiento de movimientos nacionalistas extremos; los factores económicos no fueron tan determinantes en el desenlace final; y el fascismo y el comunismo, los dos grandes movimientos surgidos de la I Guerra Mundial y que iban a protagonizar dos décadas después la Segunda, apenas tenían arraigo en la sociedad durante los años de la República y no alcanzaron un protagonismo real y relevante hasta después de iniciada la Guerra Civil.

¿Por qué entonces la República no pudo sobrevivir? No hay, ni puede haber, una respuesta simple a la pregunta de por qué del clima de euforia y de esperanza de 1931 se pasó a la guerra de exterminio de 1936-1939. Para consolidarse como sistema democrático, la Segunda República necesitaba establecer la primacía del poder civil frente al Ejército y la Iglesia católica, las dos burocracias que ejercían un fuerte control sobre la sociedad española y a las que fue imposible controlar. Sus proyectos e intentos de transformar tantas cosas a la vez (el Ejército, la Iglesia, la tierra, la educación o las relaciones laborales) suscitaron grandes expectativas que la República no pudo satisfacer y se creó pronto muchos y poderosos enemigos. Frente a las reformas republicanas, las posiciones antidemocráticas y autoritarias crecieron a palmos entre los sectores más influyentes de la sociedad y la vía insurreccional ensayada por anarquistas en 1932 y 1933 y por los socialistas en octubre de 1934 significó una ruptura con el proceso democrático y el sistema parlamentario.

Mientras las fuerzas armadas defendieron a la República y obedecieron a sus Gobiernos, pudo mantenerse el orden y controlar los intentos militares/derechistas o revolucionarios de subvertirlo, aunque fuera, como en la revolución de Asturias de octubre de 1934, con un coste alto de sangre. El régimen republicano, evidentemente, presentaba enormes fisuras y como pasaba en casi todos los países europeos, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Pero el golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que decidieron derribarla en julio de 1936. Como en España, al contrario de lo que ocurrió con otras repúblicas del periodo, hubo una resistencia importante, militar y civil, frente al intento de imponer un sistema autoritario, lo que siguió al golpe de Estado no fue su triunfo sino una Guerra Civil.

España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y autoritaria. Bastaron tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y de desprecio por la vida del otro sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar el golpe militar y el carácter inevitable del conflicto armado, está claro que, comparado con lo que siguió, la República fue una etapa de logros notables.

Cada vez parece más difícil resolver la acritud de la discusión política y la ignorancia sobre esa historia. Es sintomático cómo la memoria de la Guerra Civil y la desmemoria y propaganda contra la República han impedido un debate sobre temas que, empezando por la relación entre el Estado y la sociedad, claramente conectan aquel pasado con nuestro presente y que deberían resultar familiares e importantes para nuestra actual democracia. Pero nuestros políticos no quieren ni les interesa ese tipo de retos. Y la enseñanza de la historia se ha quedado también al margen de esa necesaria empresa de construcción de una sociedad civil más democrática y mejor formada.

Apenas amanecía. Barcelona aún dormía cuando, hoy hace 70 años, el president de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, era fusilado en el Fossar de Santa Eulàlia del castillo de Montjuïc. Se convertía así en el único presidente de un país democrático asesinado por el fascismo, pero entonces casi nadie se enteró.

Abogado y periodista, republicano y autonomista, siguió el trágico destino de sus amigos de la infancia Francesc Layret y Salvador Seguí, el Noi del Sucre, e hizo de puente entre las clases populares y el catalanismo. Fue militante de la Unión Republicana, después Unió Federal Nacionalista Republicana, del Partit Reformista, del Bloc Republicà Autonomista y, finalmente, del Partit Republicà Català. En 1917 fue elegido concejal del distrito quinto de Barcelona, el Raval, un barrio obrero que casaba muy bien con sus inquietudes sociales. Durante la huelga de La Canadiense destacó por su enconada defensa de los obreros y en noviembre de 1920 fue detenido hasta que obtuvo el acta de diputado por Sabadell. Participó en la fundación de la Unió de Rabassaires y fue director de La Terra. También dirigió La Barricada, La Lucha y, más tarde, La Humanitat, y colaboró en La Publicidad y El Diluvio.

En marzo de 1931 participó en la fundación de Esquerra Republicana de Catalunya, donde la presencia de dirigentes como Companys, con estrechos vínculos con el mundo sindical y campesino, fue fundamental para decantar el voto popular hacia la nueva formación política en las elecciones del 12 de febrero de 1931. El día 14, proclamaba desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona la República. Pero, poco después, Francesc Macià, «interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio», proclamaba la República Catalana como Estado integrante de la Federación ibérica. Aquellos días Barcelona no sufrió la quema de edificios religiosos que conocieron otras ciudades. Companys era el nuevo gobernador civil.

Fue diputado en las Cortes constituyentes y ejerció en Madrid como jefe de la minoría catalana, destacando en la defensa de los obreros y de los campesinos y jugando un papel decisivo en la aprobación del Estatut de Catalunya. A partir de entonces, su catalanismo estaba fuera de dudas y su figura no hizo más que crecer. Presidente del Parlament de Catalunya, fugaz paso por el Ministerio de Marina y, finalmente, president de la Generalitat a la muerte de Macià el día de Navidad de 1933. La aprobación en Catalunya de la llei de contractes de conreu, recurrida por la Lliga y por el Gobierno, provocó el primer choque institucional entre los dos gobiernos. No fue el último, ya que Companys consideró la entrada de ministros de la CEDA en el Gobierno de Lerroux como un ataque a la República. En respuesta, el 6 de octubre de 1934 proclamó el Estado catalán dentro de una República Federal Española. Fracasó al no contar con el apoyo de la CNT y fue encarcelado con el resto del Gobierno. Fue indultado con la victoria del Frente Popular.

Al estallar la guerra civil, la Generalitat tuvo que compartir el poder con el Comité de Milicias Antifascistas creado a propuesta del mismo presidente. Hubo quien creyó que debía enfrentarse al poder revolucionario para parar los asesinatos del verano de 1936. No lo hizo. Habría sido un baño de sangre. Por el contrario, salvó miles de vidas -como reconocía el 22 de agosto de 1936 Queipo de Llano desde Radio Sevilla-, y puso las bases para enderezar el sistema democrático y ganarse la legitimidad revolucionaria dando entrada en el Gobierno a la CNT y legalizando las colectivizaciones. En septiembre de 1936 disolvía el Comité de Milicias Antifascistas y nombraba un nuevo Gobierno. La situación mejoró, las ejecuciones menguaron y la Generalitat amplió sus competencias más allá del Estatut de 1932. Sin embargo, los sucesos de mayo de 1937 y el traslado del Gobierno español a Barcelona (31 de octubre de 1937) provocaron un choque institucional en detrimento de la Generalitat. Hacia el final de la guerra, el menosprecio de las autoridades republicanas por la Generalitat era total, hasta el extremo de que el 5 de febrero de 1939 pasaron la frontera sin esperar a Companys y al lendakari José Antonio Aguirre. Miles de catalanes tomaron el camino del exilio. Muchos no volvieron.

No fue el caso de Companys, que fue detenido el 13 de agosto en La Baule-les-Pins (Bretaña) y entregado a las autoridades franquistas el día 29. En la Dirección General de Seguridad de Madrid fue torturado y sometido a todo tipo de vejaciones. Trasladado en secreto a Barcelona, fue sometido a un simulacro de consejo de guerra que le condenó a muerte. En el juicio manifestó que «no era a Lluís Companys a quien se juzgaba, sino al presidente de la Generalitat de Catalunya».

El legado de Companys es aún hoy una referencia a tener en cuenta en los difíciles momentos que corren: fidelidad a Catalunya, compromiso con las clases populares, defensa de la paz y de la vida más allá de las ideologías y de las creencias religiosas, e integridad y honradez.

La verdad resulta, a veces, puñetera, pero es siempre insobornable, y reaparece, una y otra vez, entre el oleaje levantado por los mitos, las leyendas y las fábulas. Con esta convicción me animo a terciar en la polémica que ha suscitado el lúcido artículo de Joaquín Leguina, y al que, entre otros, ha respondido ese excelente escritor que es Javier Cercas, reiterando una tesis que defiende desde hace tiempo. No voy a referirme al indiscutible derecho que tenemos todos a enterrar a nuestros muertos, ni al deber, que ha de terminar de cumplirse íntegramente, de honrar y reparar jurídicamente a los perseguidos injustamente por la dictadura, ni a la mal llamada Ley de Memoria Histórica, que tantos atacan y defienden sin haber leído.

La razón por la que el debate abierto sobre nuestro reciente pasado suscita tanta pasión radica en lo que el propio Cercas define como “lo peligroso de este asunto”. Con sus palabras, “no estamos hablando del pasado sino de la relación del presente con el pasado, es decir, del fundamento histórico de nuestro sistema democrático”.

Partiendo de una idealización romántica de lo que fue la Segunda República, se pretende deslegitimar la Transición y articular un relato para enlazar el fundamento de nuestro actual sistema político con la República asaltada por la sublevación militar de 1936. La conclusión del argumento se apunta indisimuladamente: se le debe exigir a la derecha (y también parece ahora que a una parte de la izquierda) que lo acepte, y si, como resulta probable, no lo hace, que quede confinada, identificada con el franquismo, “en el ominoso rincón que le corresponde” (Cercas). No es difícil imaginar las consecuencias que tendría este arrinconamiento para nuestra convivencia política.

Sorprende ver quiénes son los que preconizan este planteamiento. No son los últimos supervivientes de la generación que padeció la tragedia de 1936, porque, como escribió Javier Pradera, fue “la generación más comprometida con la política de reconciliación nacional impulsora de la Transición a la democracia”. Tampoco la generación de los hijos de quienes participaron en la guerra, a la que pertenecemos quienes desde nuestra comprometida oposición a la dictadura logramos en la Transición que por fin venciera la democracia, ciertamente con el concurso indispensable de otros que tenían un origen político distinto. Los que pretenden asentar el fundamento de nuestro sistema democrático en 1936 pertenecen, en general, a la generación de nuestros hijos, que significativamente prefieren identificarse como “nietos de la guerra” que como “hijos de la Transición”. No se pudieron oponer a la dictadura por razones de edad, y en algún caso parece como si quisieran ahora lancear al régimen muerto para adquirir unos méritos que nadie puede pedirles. Quienes crean en una historia generacional, podrían sostener que este impulso de búsqueda de la legitimidad de 1936 terminará con la siguiente generación, y que serán, por tanto, los “nietos de la Transición” quienes reivindiquen la plena legitimidad histórica de 1978; mientras, solo cabría esperar que los “hijos de la Transición” no acaben freudianamente con la obra de sus padres para lograr su propia justificación generacional. Aunque pueda haber algo de cierto en esto, es evidente que la realidad no puede interpretarse en una clave tan simple. De ahí que convenga defender no solo lo que se hizo en 1978 sino, sobre todo, lo que tenemos, porque sabemos lo que ha costado, cuál es la realidad histórica que subyace en ese idílico pasado republicano y, lo que es más trascendente, lo que nos esperaría de prosperar la tesis deslegitimadora de la Transición.

Azaña, que tiene una indiscutible autoridad para juzgar la España de 1936, escribió: “¡Cómo se odiaban antes de la guerra los dos bandos españoles, cómo estarán los ánimos después de los horrores padecidos! Mientras vivan las actuales generaciones no podrán restaurarse las condiciones mínimas de convivencia social pacífica. El odio ha engendrado la venganza, que ha suscitado nuevos odios, y así hasta el exterminio. Todo el pueblo español está enfermo, y sus curadores actuales no saben otra receta que fusilarlo”. Nuestra generación sintió desde su nacimiento, como tan certeramente apuntó Machado, que aquellas dos Españas helaban nuestros corazones, y se propuso lograr una España distinta en la que todos pudiéramos convivir en paz y libertad. De ahí la Transición, que no es, como se pretende, un pacto del olvido, sino un pacto hecho desde el recuerdo de aquella realidad. El 14 de abril, que nació tan esperanzadoramente, no precisó otra fecha del pasado para asentar su legitimidad. Tampoco lo precisa la democracia surgida de las Cortes Constituyentes de 1977, en un acto de pleno ejercicio de la soberanía popular.

Muñoz Molina hizo una reflexión complementaria de lo anterior: “Ni una sola de las libertades que afirmaba la Constitución de 1931 está ausente de la de 1978, del mismo modo que las valerosas iniciativas de justicia social, educación e igualdad de aquel régimen, por la enorme diferencia de los tiempos históricos, no pueden compararse con los progresos del Estado de bienestar que disfrutamos ahora”, y añadía: “Defender la instrucción pública y no la ignorancia, el respeto a la ley…, el acuerdo cívico y el pluralismo democrático por encima de los lazos de la sangre o la tribu…, estos son mis ideales republicanos: espero que se me permita no incluir entre ellos la insensata voluntad de expulsar al adversario de la comunidad democrática. Ni el viejo y renovado hábito de repetir consignas en vez de manejar razones. La lealtad sentimental no debería cegarnos, precisamente porque entre los valores republicanos más altos está la primacía de la racionalidad sobre el delirio romántico”.

Cuando Javier Cercas se refiere al asalto que en 1936 sufrió la legalidad republicana, no cita que también en 1934 la legalidad republicana fue quebrantada, aunque ciertamente las consecuencias fueran incomparables. Como fue quebrantada la convivencia republicana cuando algunos policías descontrolados asesinaron al líder de la oposición monárquica sin que el Gobierno lo condenara, y cuando ese mismo Gobierno renunció al monopolio de la violencia legítima, que corresponde al Estado de derecho, al distribuir las armas con las que se asesinaron a decenas de miles de ciudadanos. Al recordar estos hechos, que no se nos argumente con los horrores del franquismo a quienes siempre lo hemos condenado y combatido, pues la cuestión es otra: no se trata de dilucidar si unos fueron peores que otros, que lo fueron, sino si las raíces de nuestro sistema democrático se encuentran en la España de 1936, en la que el odio conducía al exterminio, o en la España de la Transición, que lleva más de 30 años conviviendo en paz y libertad. Y esta insobornable verdad, que bien percibe la inmensa mayoría de los españoles, debería llevarnos a responder, definitivamente, con firmeza, que la legitimidad de nuestra democracia se arraiga y se fundamenta históricamente en las Cortes Constituyentes que aprobaron la Constitución de 1978.

Cabe preguntarse, además, ante un presente tan adverso y encrespado, tan necesitado de nuevos consensos para afrontar la magnitud de algunos de los problemas que tenemos planteados en España, qué sentido tiene este viaje político a un pasado que aún divide emocionalmente a los españoles. Hace falta más sabiduría y coraje políticos para negociar y pactar que para intentar aniquilar, aunque solo sea políticamente, al adversario. Esa fue la clave de la grandeza, tan excepcional en nuestra historia contemporánea, de la Transición, de aquel momento fundacional de nuestro actual sistema democrático. Entonces, desde la superioridad moral de la libertad, se cumplió por fin el testamento de Azaña, pues se hizo la paz, hubo piedad y se perdonó.

En la noche del 22 al 23 de agosto de 1936, Manuel Azaña y su amigo y abogado Ángel Ossorio mantuvieron una larga y dramática conversación en el Palacio Nacional. Habían llegado a Palacio las noticias de las atrocidades cometidas por milicianos en el asalto a la cárcel Modelo de Madrid, donde fueron abatidos o fusilados varias decenas de presos, entre otros Melquíades Álvarez, antiguo jefe político de Azaña en el Partido Reformista. Azaña no puede soportar el duelo inmenso por la República, la insondable tristeza que le produce la matanza y siente veleidades de dimisión. Ossorio, que ha sido llamado por Cipriano de Rivas, cuñado del presidente, intenta tranquilizarlo recurriendo a un argumento que irrita a su amigo, pero que acaba por calmar su ansiedad: las muertes de aquellas personas, muchas de ellas encarceladas con el único propósito de garantizar su seguridad, entraban en la “lógica de la historia”.

Esa conversación, que Azaña reproducirá en su diario y en La velada en Benicarló, condensa como ninguna otra el drama político y de conciencia vivido por un puñado de republicanos -y por algunos socialistas- ante la enormidad de los crímenes cometidos en los territorios que habían quedado bajo autoridad nominal del Gobierno legítimo. Lo vivían, ese drama, quienes, sabiendo de los crímenes y sintiendo repugnancia por tanta sangre derramada, decidieron mantenerse leales a la República. No se lo plantearon los que mataban, que consideraban la muerte de los representantes del viejo orden social como una exigencia de la revolución; tampoco quienes, sin matar, los justificaban por alguna necesidad histórica o porque antes de la revolución fue la rebelión, como el católico y jurista Ossorio; ni, en fin, quienes apoyándose en su comisión se apresuraron a poner tierra por medio para refugiarse en una tercera España que se pretendía neutral y se constituía, en París, como reserva de futuro.

De modo que el debate sobre la naturaleza y alcance de los crímenes cometidos en territorio de la República como consecuencia inmediata de la rebelión militar es tan viejo como aquellas semanas de julio y ha suscitado no solo apasionados enfrentamientos, sino grandes obras literarias, como el paseo por Madrid del profesor particular de filosofía Hamlet García, un álter ego de Paulino Masip; o la atormentada angustia de un joven juez durante los Días de llamas, de Juan Iturralde; o los cortos, magistrales, relatos de Manuel Chaves Nogales. Tal vez si nos situáramos en esa larga y honda corriente y abandonáramos la vana pretensión de decir algo grande y definitivo -esa “puñetera verdad” a la que se refiere Javier Cercas- que no se haya dicho ya mil veces sobre nuestro horrible pasado, evocaríamos los crímenes entonces cometidos en zona republicana como una tragedia por la que todos tendríamos que hacer duelo. Porque el duelo del que hablaba Azaña obedecía a la evidencia -insoportable para quienes esperaron algún día que la República significara el amanecer de un nuevo tiempo-, de que esas matanzas nada tenían que ver con su defensa ni con los valores por ella representados, sino con el comienzo de una revolución social que, entre otras catástrofes como acelerar la derrota, significaría, de triunfar, el fin de la misma República. Cuando se comparan los crímenes de los rebeldes con los de los leales, al modo en que Ossorio se lo decía a Azaña: ellos comenzaron; o se insiste en que fueron menos: ellos matan más; o se reducen a desmanes de incontrolados: ellos planifican; lo que se olvida es que esos crímenes obedecieron a una lógica propia, reiteradamente publicitada desde discursos de líderes anarquistas, comunistas y socialistas, repetidos cada vez que se cometía un crimen masivo: que era preciso destruir desde la raíz el viejo mundo, prender fuego a sus símbolos y proceder a la limpieza de sus representantes.

De esta suerte, muchos miles de asesinados en las semanas de revolución no lo fueron por franquistas ni por apoyar a los rebeldes: de lo primero no tuvieron tiempo ni de lo segundo, ocasión. Murieron porque quienes los mataron creían que una verdadera revolución -que es una conquista violenta de poder político y social- solo puede avanzar amontonando cadáveres y cenizas en su camino. Fue en ese marco y movidos por estas ideologías y estrategias por lo que se cometieron en territorio de la República, durante los primeros meses de la guerra, crímenes en cantidades no muy diferentes y con idéntico propósito que en el territorio controlado por los rebeldes: la conquista, por medio del exterminio del enemigo, de todo el poder en el campo, en el pueblo, en la ciudad. Luego, desde los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, la guerra continuó, la República consiguió rehacer un ejército y un mínimo aparato de Estado y, aunque no se puso fin a las ejecuciones sumarias, al menos se controlaron las matanzas.

Solo ahí comienza la verdadera diferencia en la que tanto insisten quienes califican de desmanes los crímenes de unos y de genocidio o crimen contra la humanidad los de otros. La diferencia consiste en que, a pesar de su rearme, la República no logró conquistar nuevos territorios, y dentro del suyo la limpieza ya había cumplido la tarea que se le había asignado sin que la revolución social hubiera culminado como revolución política: en un territorio progresivamente reducido era inútil -y ya no había a quién- seguir matando a mansalva, como en las primeras semanas de la revolución. Los rebeldes, sin embargo, cada vez que ocupaban un pueblo, una ciudad, proseguían la implacable y metódica política de limpieza valiéndose de la maquinaria burocrático-militar de los consejos de guerra. Eso fue lo que cavó un abismo entre la rebelión triunfante y la República derrotada, un abismo en el que sucumbieron otros 50.000 españoles fusilados tras inicuos consejos de guerra una vez la guerra terminó.

Uno de los vencedores, Dionisio Ridruejo, definió hace ya varias décadas la política de limpieza realizada por su propio bando como una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República y representaban corrientes sociales avanzadas o movimientos de opinión democrática y liberal. Una represión, escribía Ridruejo, dirigida a establecer por tiempo indefinido la discriminación entre vencedores y vencidos. ¿Cómo se podía derribar esa barrera divisoria, cómo se podía iniciar un proceso que clausurara esa discriminación? La historia se ha contado ya mil veces: no existía posibilidad de reconstruir la mínima comunidad moral en que consiste cualquier Estado democrático si gentes procedentes de los dos lados de la barrera no establecían una corriente en ambas direcciones para sentarse en torno a una misma mesa, hablar, negociar y llegar a algún acuerdo sobre el futuro.

Y eso empezó a ocurrir, en España y en el exilio, desde los contactos de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas y del PSOE con la Confederación Monárquica al final de la II Guerra Mundial, y siguió con los encuentros de hijos de vencedores y vencidos en las universidades desde mediados los años cincuenta, con la política de reconciliación aprobada por el Partido Comunista en junio de 1956, con el coloquio de Múnich de 1962, con las reuniones de las comisiones obreras -entonces todavía con artículo y minúsculas- y de movimientos ciudadanos en locales facilitados por parroquias y conventos, con las iniciativas de diálogo y colaboración entre comunistas y católicos en los años sesenta y las Juntas Democráticas de los setenta. En todos estos encuentros se trataba de mirar al futuro sin dejarse atrapar por la sangre derramada en el pasado, de hablar por eso un lenguaje de democracia que daba por clausurada la Guerra Civil o, para decirlo como entonces se decía, que consideraba la Guerra Civil como pasado, como historia, no como algo presente que pudiera determinar el futuro.

Esta visión, y las consecuencias políticas de ella resultantes, es lo que está a punto de ser arrojada al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco. Denostada hoy como mito y mentira, la Transición fue el resultado de una larga historia española iniciada por un sector de quienes fueron jóvenes en la guerra y continuada por un puñado de quienes fueron niños en la posguerra. No es una historia de miedo ni de aversión al riesgo; consistió más bien en mirar adelante, recusando la herencia recibida, y no a los lados, desde donde no se esperaba ningún impulso democratizador. Esas gentes construyeron una democracia -imperfecta, deficitaria, como todas- sobre una experiencia política de diálogo y reconciliación en la que nadie pretendió defender las razones que pudieran haber asistido a sus padres cuando empuñaron las armas. Si cada cual, a la muerte de Franco, hubiera puesto encima de la mesa su puñetera verdad, es posible que todos nos hubiéramos ido a hacer puñetas dejando como única herencia el lamento por otra gran ocasión perdida.

En medio de los aniversarios de la proclamación de la II República y del final de la guerra civil merece la pena aportar algún significativo dato nuevo. Franco derrotó a la República gracias a la sustancial y continuada ayuda nazi-fascista. También tuvo de su lado el comportamiento de las democracias. Tradicionalmente se ha encuadrado bajo la no intervención. En realidad, en Inglaterra sobre todo, se intervino contra la República. Uno de los ejemplos más notables de tal hostilidad ha quedado oculto hasta ahora en la oscuridad de los archivos.

Como toda buena puñalada que se precie, la inglesa coincidió con un momento de suma gravedad: la crisis militar y política que llevó al cambio de Gobierno en abril de 1938, cuando Prieto salió del Ministerio de Defensa Nacional y Negrín asumió sus responsabilidades. Ríos de tinta se han vertido sobre las implicaciones.

Fue entonces cuando se produjo una maniobra secreta que ilustra hacia dónde apuntaban los tiros en Londres. Un banco inglés, el British Overseas Bank (BOB), suspendió de golpe las transferencias de divisas que alimentaban la diplomacia y la política exterior republicanas. De la noche a la mañana, embajadas, legaciones, consulados generales y consulados dejaron de percibir los fondos que enviaba el Banco de España desde Barcelona.

Sin dinero no es posible funcionar. No se cobraron sueldos. No se pagaron alquileres. Los saldos de las cuentas bancarias en el extranjero se agotaron. Los alaridos fueron generales, de Argentina a Suecia, de Filipinas a Moscú. Las finanzas son el nervio de la guerra. La parálisis que indujo el BOB pudo ser mortal. El daño que causó, incalculable. El golpe a la moral, mayúsculo.

Para explicar la puñalada hay que remontarse a 1912. Desde esta fecha un banco, Frederik Huth & Co., aseguraba la tesorería exterior española. Antes había realizado esporádicamente operaciones confidenciales por cuenta del Ministerio de Estado. No en vano había sido, desde la Guerra de la Independencia, uno de los banqueros de la Casa Real en Londres. En marzo de 1936 lo absorbió el BOB, con el personal especializado que trabajaba a las órdenes de un caballero llamado Louis Ernest Meinertzhagen, pariente lejanísimo de Huth. El amable lector tendrá dificultades en encontrar su nombre en los millares de títulos escritos sobre la guerra civil. Lo que entonces fue una operación secreta permaneció como tal durante más de 70 años.

En abril de 1938 Meinertzhagen intentó asestar un golpe letal a la diplomacia y a la resistencia republicanas. Lo hizo con frialdad y desprecio, profesionalismo y alevosía total. El día 4 anunció por telegrama que con efectos inmediatos suspendía las transferencias de fondos.

El BOB había trabado discretos contactos con el Banco de España franquista, en Burgos. Al republicano le dijo que seguía los consejos de sus abogados, inquietos por la dualidad de “legitimidades” entre los dos bancos españoles. La cuestión ya se había planteado en el otoño de 1936 y los sublevados habían sufrido un duro revés. Año y pico más tarde, el BOB la resucitó, aunque la batalla judicial no se resolvió ante los tribunales en lo que quedaba de guerra. Sobre los motivos del BOB cabe especular sólo dentro de ciertos límites.

Meinertzhagen y el BOB podrían haber actuado de por sí. Podrían haber hecho caso al banco Kleinwort and Sons, detrás del cual se movía Juan March. Existe incluso una tercera posibilidad. En aquella época la Embajada en Londres negociaba a cara de perro con un conjunto de bancos sobre cómo resolver ciertas cuestiones financieras provocadas por la guerra. La Cámara de Comercio, el Tesoro y el Banco de Inglaterra las seguían atentamente. Uno de los adversarios más destacados de la República era otro banquero, antiguo socio de Meinertzhagen en Huth & Co. La idea de la puñalada podría haber emanado de él, o haber sido consecuencia de las negociaciones.

Son elucubraciones muy poco realistas. Pongamos un ejemplo a guisa de comparación. Un banco londinense, cuando se trató de abrir una cuenta a nombre del Gobierno vasco, se apresuró a confirmar con el Foreign Office si ello estaba en línea con la política gubernamental. La respuesta fue que no era necesaria una autorización. Por lo que se refiere a una eventual maniobra en conexión con las negociaciones cabe descartar al Banco de Inglaterra y, con toda probabilidad, a los dos ministerios mencionados. No cabe descartar, por el contrario, a otros sectores de la Administración, incluidos los servicios especiales que operaban en España y cuyos archivos continúan cerrados a cal y canto.

Si Meinertzhagen hubiese reaccionado ante una sugerencia externa de tipo más o menos oficial u oficioso, estaríamos ante un caso que ilustraría hasta qué punto llegaba la hostilidad a la República en Londres, ya fuese entre ciertas autoridades o en algunos sectores de la City. Documentar tal conjetura no es fácil. Cuando les parecía necesario, las autoridades británicas aplicaban a los operadores bancarios un tipo de comportamiento perfectamente definido, pero que raras veces sale a la luz en los libros de historia: la llamada “acción voluntaria”. Se “aconsejaba” una determinada actuación y los bancos la aceptaban atemperando su conducta a los mejores intereses del Gobierno de Su Majestad.

El amable lector se preguntará cómo evadió la República las consecuencias de la puñalada. La respuesta es que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, tuvo un coste elevado. Muchos diplomáticos no recibieron sueldos durante meses. Las embajadas y consulados se instalaron en la precariedad. Las deserciones y los desplomes de moral aumentaron. La rapidísima actuación de las autoridades republicanas es, sin embargo, ilustrativa. Justifica, a mi entender, el análisis detallado de lo que a todas luces fue una operación extremadamente meditada y conducida con maestría. Confrontados con un desplome del crucial frente exterior, Negrín y el Banco de España no tuvieron otra alternativa que recurrir a los buenos oficios del aparato bancario soviético asentado en Occidente. No podía ser una solución óptima, ya que los rusos no conocían bien la base financiera de la diplomacia republicana.

¿Extrajo el BOB alguna recompensa de los vencedores? Si actuó para congraciarse con ellos la respuesta es negativa. Franco no estaba interesado en estrechar las relaciones con el capitalismo británico. Su preferencia era la Alemania nazi. Las esperanzas de la City y de Whitehall en que podrían influir en la orientación del “nuevo Estado” cuando llegase la hora de la reconstrucción española terminaron como el rosario de la aurora. El BOB desapareció de los radares madrileños.

¿Qué conclusiones cabe extraer de este episodio? Al menos tres.

La primera es que la apenas encubierta hostilidad de ciertos círculos influyentes de las potencias democráticas y de algunos representantes del capitalismo británico empujaron a la República, en contra de su voluntad, a jugar la carta soviética. Esta constatación no es nueva en modo alguno. Ya la afirmaron los republicanos, aunque después la olvidaran en las querellas del amargo exilio. Es, no obstante, una conclusión que los autores neofranquistas y quienes no han superado los moldes conceptuales de la guerra fría continúan ignorando.

La segunda conclusión es que el honor británico no lo salvaron los burócratas de Whitehall ni los banqueros de la City. Lo salvaron, para la historia, los hombres y mujeres que o lucharon en las Brigadas Internacionales o ayudaron de múltiples formas a la República contra la agresión nazi-fascista y la enemistad de algunos de los sectores más conservadores de su propia sociedad.

La tercera conclusión es que ahora, cuando casi todos los archivos han ido abriéndose, “la evidencia primaria relevante de época”, en ellos remansada, termina por imponerse a las mixtificaciones, construcciones ideológicas y puras y simples mentiras. De aquí la importancia crucial de conservar, a toda costa, la que subsiste.

Azaña fue hasta 1930 un literato-intelectual y político; y desde 1930 hasta el final de sus días, en 1940, un político-intelectual y literato. Compartió ambos mundos, en apariencia antagónicos, de la misma manera que lo habían hecho otros personajes en el siglo XIX, como Martínez de la Rosa. Azaña mantuvo su creación literaria y desarrolló a la par una ferviente acción pública. Escribió novelas, ensayos, artículos, discursos, biografías, diarios e hizo numerosas traducciones, además de redactar y estrenar varias obras teatrales, quizás su género literario más querido. También dirigió publicaciones como La Pluma y España.

En la cena con los intelectuales catalanes celebrada en Barcelona en 1931, Azaña afirmó: “Yo soy un escritor perdido en la política”. Por mi parte, pienso que “perdido” no sería la palabra: mejor, “metido” en la política. ¿Por qué lo hizo? Azaña nunca abandonó su carrera literaria. Siguió publicando libros, estrenó con los mejores directores y actores y, por otra parte, la política le ofreció un inmenso material para escribir los mejores diarios que jamás se hayan redactado. El autor de El jardín de los frailes fue un estajanovista del trabajo intelectual y no menos del político. Alguien que se resistió a entrar en la vida pública, a pesar de que muchos lo veían más como un político que como un literato. Lo mismo le sucedió en el ambiente de la política, donde lo consideraban más bien un intelectual.

Los juicios de Azaña sobre la política española y los políticos de su tiempo son tremendos. Los intelectuales, artistas y escritores le provocan comentarios críticos, pero en todos ellos ve un estímulo, una superación, un arrojo y gallardía que no contempla en cambio en sus otros compañeros. Azaña afirma que resulta más fácil brillar en la política que en la literatura. Para él, por su formación y carácter, la política tenía muchos inconvenientes. La gente procedía en la política por subordinación, no por espíritu crítico ni adhesión libre y, además, existían intereses que él calificaba de “subalternos”. En El presidente del Consejo habla a los lectores (Ahora, 1931), reinterpreta su compromiso político afirmando que él era un político porque era un optimista y creía que la función del gobernante -la diferenciaba de la del político- tenía que consistir en llevar el esquema intelectual de su país futuro a la realidad social o legislativa. “El apartamiento voluntario en que yo he vivido durante veinticinco años, dedicado a las letras y al estudio y conocimiento de mi país y de otros extranjeros, me ha dado esta confianza que me enseña a no conceder importancia a las mezquindades personales, y a lo que suelen llamar enojos y pequeñas pasiones de la política y a atenerse a sus fines esenciales y duraderos que, para un hombre cultivado y sensible, representan un armazón interior equivalente al del arte o de la religión”. Azaña se convierte en un hombre de acción sin por ello desprenderse de su ser esencial.

Azaña fue a la política para cumplir con un deber. La política para él era la más alta manifestación de la cultura. Sus palabras textuales serían las siguientes: “La pasión del arte lleva a crear, y la política no es más que eso; creación, y por ello, tiene la grandeza de todas las artes” (Homenaje a Espina, 1935). Estando en la política no dejaba de estar en la cultura. Sus metas eran extender la alfabetización, el saber y el conocimiento por todo el país para conseguir de una vez por todas ciudadanos libres. Tarea ingente en la que no fracasó del todo. Azaña está en los debates políticos pero sin dudarlo un momento se pone al servicio de la cultura con gestos y medios, con su propia ejemplaridad de lector, espectador y visitante de todos los templos donde se representan cada uno de los géneros. No hay obra de teatro, estreno cinematográfico de relevancia, concierto, exposición o cualquier otra actividad que el trabajo cotidiano le impidiera visitar. “Por la tarde, a las cuatro, voy a las Cortes. Leo el proyecto de Ley de Presupuestos y me vuelvo al ministerio: al poco tiempo salgo solo y voy al concierto de la Orquesta Filarmónica en el Español. Mozart me ha puesto de buen humor. Desde allí al teatro de la Princesa, que ahora se llama María Guerrero. Sesión de clausura de la asamblea del partido de Acción Republicana. Pronuncio mi discurso que sale bien y es aplaudidísimo. Vengo al ministerio a cenar y ya no salgo”, escribirá en 1932.

Como un ilusionista, sacaba tiempo para todo, incluso para seguir escribiendo sus obras y varias páginas confesionales de profunda sabiduría estoica. Porque Azaña era un estoico moderno. La política y el poder no lo envanecieron, precisamente por albergar dentro de él ese sentimiento de humildad ante la fragilidad de la existencia. Cuando llegó al poder, ya era alguien, no necesitaba de la política para aumentar su prestigio. Lo arriesgó todo, lo apostó todo a esa carta. Fue generoso a sabiendas de lo ingrata que siempre fue España para con sus servidores. De ahí precisamente extrajo la firmeza de sus ideas y convicciones. Por otro lado, sin sectarismo alguno, Azaña fue una persona conciliadora en un país que caminaba a posiciones extremistas irreconciliables. Fue la razón y la prudencia mismas. Azaña ejerciendo la piedad no sólo para con los demás, sino también para consigo mismo.

Pronto se dio cuenta de la gravedad del momento histórico que vivía y de la dignidad y cordura con que tendría que enfrentarse a su destino. Se podría decir que en él se simbolizaba perfectamente la verdad y la lealtad de la República para con sus conciudadanos. Nunca mantuvo el poder para sí, sino para ejercitarlo hacia el bien común. Y si usó de ese poder lo hizo en beneficio de su país y no de su partido. O si se prefiere, en beneficio del futuro de España: “El futuro de España… ¡terrible secreto!”, afirmaría.

Azaña era un personaje singular. Su ejemplo debería haber servido de arquetipo para todos los presidentes de cualquier democracia. En nuestro caso no ha sido así. Se le ignoró, y sólo se le rescató en momentos partidistas, cuando él ya estaba por encima de todo. En Grandezas y miserias de la política, se plantearía una reflexión fundamental: si una persona eminente en otras artes tiene o no derecho, es o no útil, que intervenga en la vida política. “La política”, decía, “es la aplicación más amplia, más profunda, más formal y completa de las capacidades de un espíritu, donde juegan más las dotes del ser humano, y donde no juegan sólo cualidades del entendimiento, sino, además, cualidades del carácter”. Azaña cree que esa presencia es buena para la política, aunque también advertía que el talante para sobrevivir en ese mundo era diferente, pues los valores eran distintos y las mañas también.

El gran problema de la política española lo contemplaba en la capacidad de acertar en la designación de los más capaces. La política se alejaba de esos principios universales, tan sólo por el personalismo de quien elige. Otro de nuestros males estaba igualmente en la incapacidad para conseguir formar una clase dirigente. “Una sociedad -decía-, aunque con desventura, puede pasarse sin grandes artistas pero no se puede pasar sin dirección política”.

Un presidente preocupado por las cosas del espíritu, escribían en algunos periódicos sin que él llegara a adivinar si era un piropo o una crítica. Más bien habría que decir un presidente volcado en la acción pública y con tiempo para pensar. Azaña quería poner a España al nivel de Francia o Inglaterra. No tuvo tiempo. No lo dejaron o, mejor dicho, lo abandonaron.

En la gigantesca edición de sus Obras completas, magníficamente preparadas por Santos Juliá, se reproduce una carta que desde el exilio le envía a Ángel Ossorio: “Repetidamente le llamé la atención a Negrín. El Museo del Prado, le dije en una ocasión, es más importante para España que la República y la Monarquía juntas”. “No estoy lejos de pensar así”, respondió él. “Pues calcule usted qué sería si los cuadros desapareciesen o se averiasen”, añadí yo. “Sí: un gran bochorno”, me confesó. “Tendría usted que pegarse un tiro”, le repliqué.

Azaña amó a nuestra cultura sobre todas las cosas y, al referirse al Prado, lo hacía por extensión a toda ella con sus peculiaridades y lenguas. España sin sus extraordinarios creadores no era nada. ¿Qué le diría hoy don Manuel Azaña a su homólogo? ¡Exactamente lo mismo! Y le añadiría además que la cultura española vale mucho más que el supuesto glamour y los votos.

EL PSOE ha readmitido al doctor Negrín 63 años después de su expulsión y transcurrido medio siglo desde su muerte. Que Juan Negrín fuera uno de los dirigentes republicanos más odiados y difamados por el franquismo entra dentro de la lógica y no desmerece necesariamente su figura. Que su partido le haya tratado con semejante desdén y mantuviera en el limbo su memoria requiere una explicación sobre lo que fueron el socialismo durante todo ese periodo y la República en la Guerra Civil. Y quizás era eso lo que no convenía remover demasiado. De modo que Negrín, que cometió muchos y abultadísimos errores, cultivó amistades poco recomendables y prolongó la agonía de la República innecesaria e inútilmente, fue víctima de un doble exilio: uno por su condición de perdedor de la contienda; el otro, por disidente en un partido que buscó en el exilio la unidad de la que había carecido en los años precedentes.

A veces recuperar la memoria tiene sus ventajas y nos obliga a clarificar algunos hechos que deliberadamente se han explicado con trazo grueso para mantener incólumes los mitos de la caverna. De sobra sabemos que durante la República hubo cuatro pesoes: uno revolucionario y sindical, liderado por Largo Caballero, que cuestionaba permanentemente el régimen y conspiró contra él en 1934. Era la facción mayoritaria del partido y supuso un constante quebradero de cabeza para los gobiernos republicanos por su maximalismo imprudente.

El segundo PSOE era el posibilista de Indalecio Prieto, que se movía en la calculada ambigüedad y cuya mayor virtud consistió en tener una idea clara de España. A esta corriente pertenecía Juan Negrín, que se adhirió al partido en 1929 y se consideraba un socialdemócrata sin nada que ver con el marxismo. Creció políticamente al amparo de Prieto y fundó, junto con Luis Araquistáin y Álvarez del Vayo, la editorial España, que publicó en nuestro país la obra de Remarque Sin novedad en el frente. La amistad entre Prieto y Negrín se quebró en 1938.

El tercer y cuarto PSOE merecen muchas más loas, pero su influencia era inversamente proporcional a la calidad humana y política de sus líderes: Julián Besteiro representaba el marxismo ortodoxo, teórico y lógico. No quería una república burguesa pero mucho menos una república caótica y desquiciadamente revanchista. Fernando de los Ríos lideraba la corriente intelectual, liberal, humanista y serena, heredera del krausismo y de la Institución Libre de Enseñanza.

Posteriormente, en pleno conflicto bélico, a partir de mayo de 1937, cuando Negrín sustituyó a Largo Caballero al frente del Gobierno, los distintos grupos socialistas se realinearon en tres tendencias: por un lado, el posibilismo, aterrado ante el creciente protagonismo del PCE y de Moscú, estaba dispuesto a acabar la Guerra cuanto antes con la mediación de los aliados. Esta posición aglutinó a casi todo el republicanismo no comunista: o sea, el liberal, izquierdista y socialista, desde Azaña a Martínez Barrio, pasando por Prieto, Besteiro y De los Ríos, que ya por entonces lo veía todo desde la distancia como embajador en EEUU.

Por otro lado estaba Largo Caballero con su UGT, que no comulgaba con la mesura posibilista pero renegaba ahora de Moscú tanto como Stalin desconfiaba ya de él porque se negaba a fusionar PSOE y PCE y no consentía un sometimiento tan descarado a la Unión Soviética. Stalin forzó su salida del Gobierno. Pudo hacerlo porque la República, desde comienzos de 1937, estaba en manos del Kremlin. Basta con repasar la amplia nómina de camaradas comunistas, asesores de Stalin, miembros del Komintern o enlaces del NKVD (Comisariado Popular para Asuntos Internos soviético) que operaban en España para saber hacia dónde se había desplazado el centro de gravedad del poder republicano: Krivitski, Voroshilov, Orlov, Stepanov (uno de los alias de Stoyán Minéyevich Ivanov), Togliatti o Stashevski tomaban decisiones militares, trazaban las estrategias políticas y ejecutaban las purgas.

Este panorama se encontró Negrín nada más acceder al poder. Él era la cabeza visible de la tercera rama del socialismo que durante la segunda fase de la Guerra se impuso a posibilistas y caballeristas. Su entreguismo a la URSS no tenía que ver con que perteneciera a la Asociación de Amigos de la Unión Soviética sino con considerar que su única opción era mantener el apoyo de los comunistas y, por tanto, en no hacer nada para invertir la situación. En consecuencia, a esas alturas, la Guerra Civil española no enfrentaba a los partidarios de un régimen legítimo y democrático contra unos golpistas reaccionarios. No, la Guerra enfrentaba a dos totalitarismos: el comunista contra el fascista. El ejército republicano, controlado por el PCE, no luchaba ya por reinstaurar un régimen parlamentario sino por situar a Madrid en la órbita de Moscú, algo que no ocultaron sus emisarios en España.

Esta circunstancia desató, como en un juego de muñecas rusas -dicho sea sin acritud pero con intención- una pelea superpuesta o contenida dentro de la Guerra Civil. Si consideramos que la contienda general constituye el macronivel, la lucha intestina por el poder en el bando republicano se desarrolló en el mesonivel. En Barcelona y Madrid los comunistas ejercieron una represión feroz sobre los miembros del POUM y los anarquistas instalados en la utopía revolucionaria -recordemos el asesinato de Andreu Nin, que pilló a Negrín recién llegado al Gobierno-. Las salvajes purgas merecieron la repulsa de algunos periodistas extranjeros, como Orwell o Bolloten.

Entregado a su suerte, Negrín gobernó con el puño de hierro de Stalin por necesidad mucho más que por convicción. «No puedo prescindir de ellos», repetía. «¿Es que usted cree que a mí no me pesa esta odiosa servidumbre? Pero no hay otro camino», le decía a su correligionario Simeón Vidarte. Las potencias aliadas no tomaban cartas en el asunto. Y encima acabaron pasando por el aro de Hitler al aceptar el oprobioso pacto de Múnich de 1938. Negrín continuó su huida hacia delante pensando, con una tenacidad rayana en el delirio, que detrás del abismo presente no había otro abismo mayor. Poseído de una fe inquebrantable proclamó que «resistir es vencer» porque el tablero internacional acabaría por descomponerse y la inminente Guerra Mundial internacionalizaría la nuestra y se alcanzaría una paz negociada y… Y mientras las tropas de Franco avanzaban posiciones y la gente consumía las píldoras del doctor Negrín: lentejas contra el hambre.

Pese a todo, su política no es lo que le aparta del PSOE cuando Franco entra triunfal en Madrid tras la última batalla ocurrida en el mesonivel: la que enfrentó en la capital a los hombres de Casado -y Besteiro- contra los comunistas. Su expulsión vendría después, en 1946. Gracias a la tercera de las guerras civiles que estallaron en el lado republicano: la desatada en el micronivel. Nos referimos a la titánica lucha de egos y complejos que durante la República enfrentó a Azaña, Alcalá Zamora y Lerroux; durante la Guerra a Azaña contra Negrín, a éste contra Prieto y a Largo contra casi todos; y, por fin, en la posguerra, a Negrín contra el resto.

AZAÑA, QUE NO adquirió visos de hombre de Estado hasta 1937 -pese a lo que se haya dicho sobre él, magnificando gratuitamente su figura- pronunció, al final de lo irremediable, aquel discurso de las tres pes: Paz, piedad y perdón; Negrín, desmejorado, alicaído, arrastrando sus pies por el barro de los frentes de batalla, respondió con las tres erres: Resistir, resistir y resistir. Azaña pensaba que Negrín era un bon vivant al que el 18 de julio sorprendió en mitad de una mariscada. Para Negrín, el alcalaíno era un cobarde y un ególatra. Azaña quería tener cerca a Prieto para parar los pies a Negrín que, por su parte, pretendía mandarle a México. Ambos, Prieto y Negrín habían sido grandes amigos, pero el ex ministro de Guerra estaba harto de que los comunistas le puentearan y ningunearan. Acusó a Negrín de instigar una manifestación espontánea en la que se llamó traidores a los miembros del Gobierno que querían negociar la paz.

Ya en México, Negrín le disputó a Giral la presidencia del Gobierno en el exilio. Al final, él había perdido las tres guerras, pero al menos no había provocado la mayor. Negrín consideró doblemente traidores a todos los que no hicieron nada por evitarla y luego buscaron la rendición. Martínez Barrio se decantó por Giral. Comunistas y negrinistas quedaron fuera. El médico canario fue invitado varias veces a integrarse en el Gobierno pero rehusó (no así los comunistas, que se incorporaron en 1946). Ese año, el PSOE celebró en Toulousse un Congreso extraordinario en el que por fin casi todas las tendencias se unieron en torno a la figura de Llopis, partidario de colaborar con Giral, y Prieto, partidario de aproximarse a los monárquicos antifranquistas y, que, por otro lado, se cobraba cumplida venganza. Faltaron los negrinistas (entre ellos Álvarez del Vayo, Lamoneda y otros) y alguno más (Galarza). Todos los disidentes fueron expulsados del PSOE, hasta hace unos días. Su rehabilitación retroactiva nos ha permitido este breve ejercicio de reconstrucción o, si se quiere, de deconstrucción.

Sábado, 18 de julio de 2009. Un ciudadano quizá con nostalgia de su condición de súbdito, caminaba por el Paseo Marítimo de San Pedro de Alcántara luciendo orgulloso una camisa azul con el escudo del águila sobre el yugo y las flechas. En el momento de cruzarnos, pasaban, pedaleando lentamente, dos policías municipales charlando de sus cosas. Nada ni nadie se alteró ante el paseante exhibicionista. Esta España nuestra se resiste a reconocer su pasado. No creo equivocarme si les digo que si un anónimo ciudadano hubiera enarbolado la bandera de la República, su paseo no hubiera sido tan plácido. El osado, al menos, hubiera sido trasladado a comisaría por los cansinos municipales.

Hemos tenido que llegar a diciembre de 2007 para que la pervivencia y la resistencia a retirar los símbolos de la dictadura fascista de nuestras calles y plazas se haya convertido en un acto contrario a la ley. La ley, que pretende ahondar en el espíritu de reconciliación y concordia, se envuelve en un incomprensible galimatías para cualquier lector ajeno a nuestro conflicto histórico. Se elude cualquier referencia a la República aludiendo, de forma aséptica, al reconocimiento y ampliación de los derechos y al establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Ni siquiera el artículo que concede la nacionalidad española a los voluntarios de las Brigadas Internacionales, menciona cuál fue el objetivo de su movilización. La ley consiguió salir adelante con demasiadas dificultades, el voto en contra del PP y las concesiones a CiU para que los hermanos benedictinos del convento de Montserrat siguieran al frente de la Fundación gestora del Valle de los Caídos, constituida y presidida por Franco en 1957, hasta que por un Real Decreto de 1984 se sustituye la composición creando una Comisión en la que las funciones del anterior jefe del Estado se atribuyen al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

La ley de 2007 ordena que incluyan, entre sus objetivos, honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil y de la represión política que la siguió. ¿Qué habían hecho hasta este momento? Creo que nadie puede sentirse orgulloso de una ley que por sus artículos se puede denominar, con toda propiedad, ley de Punto Final. Me remito a su contenido, su interpretación por la Fiscalía General del Estado y a los decretos que la desarrollan.

Ningún historiador sensato ha negado la brutal represión sufrida por los vencidos en forma de ejecuciones en juicios sumarísimos, paseos extrajudiciales y campos de concentración cuyos vestigios se quieren eliminar. Los vencedores se encargaron de escribir su historia oficial en unos tomos bajo el título de Historia de la Cruzada, título al que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana nada tuvo que objetar. Rememorando a Benedicto XVI en su visita a Auschwitz podemos preguntarnos legítimamente: ¿dónde estaba Dios cuando sucedía esto?

Sorprende que los herederos del Partido Socialista, que formó parte de Frente Popular, pasen la página de la represión que sufrieron muchos de sus militantes con tanta frialdad. En este país los políticos son verdaderos expertos en enseñarnos o señalarnos lo que nos conviene y lo que no merece la pena. La existencia de fosas con cerca de 175.000 personas desperdigadas por toda la faz de nuestro país tiene un origen inequívocamente delictivo. Su esclarecimiento, según impone la ley de Enjuiciamiento criminal está siendo vedado. Su incumplimiento puede ser delictivo. De los escasos protagonistas y sus familiares, si no hubiera sido porque les condenaron por auxilio a la rebelión, hay muchos que no consentirían que sus antecedentes fuesen anulados. Están orgullosos de haber sido socialistas, comunistas, anarquistas, de izquierdas, republicanos o haber pertenecido a la masonería. Ellos y otros que les siguieron durante el largo silencio de la dictadura nunca han renegado de su estirpe política.

La República que, por primera vez en nuestra historia constitucional otorgó la soberanía al pueblo, es para alguno de sus herederos una hipoteca del pasado de la que quieren librarse vergonzantemente eludiendo cualquier mención a su existencia como si hubiera sido un mal sueño que les impediría gobernar el presente.

Es cierto que la ley condena toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura pero obstinadamente evita cualquier alusión a la condena internacional de la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Europa y del Parlamento Europeo. Para estos organismos el régimen de Franco era un sistema fascista organizado e implantado, en gran parte, merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista.

Estoy de acuerdo con Manuel Cruz cuando dice (EL PAÍS, 17 de julio de 2009) que la memoria no es el territorio de lo nuevo. Pienso que debemos dejar que las víctimas administren su pasado y que la ley cumpla sus funciones. Álvarez Junco (EL PAÍS, 19 de julio de 2009) mantiene que recordar a las víctimas de la dictadura es un acto democrático. Nadie pretende reescribir la historia ni tomarse la revancha, sólo recordar a Marcuse: “Contra la rendición del tiempo, la restauración de los derechos de la memoria es un vehículo de liberación, es una de las más notables tareas del pensamiento humano”.

“Si cada muerte individual es una tragedia, la muerte de un millón de personas es una estadística”. Esta frase atribuida a Stalin, que recoge Martín Amis, refleja muy bien la doble cara del estalinismo. De un lado su dimensión monstruosa, de política que para alcanzar sus fines recurre de modo sistemático a la destrucción de los hombres; de otro, su componente de racionalidad, en el sentido que aborda los grandes problemas buscando en todo momento aplicar el criterio de elección racional.

El gran error fue su previsión de que Hitler no iba a atacarle, posiblemente porque en la partida que ambos jugaban, sobreestimó la capacidad intelectual de su oponente y no creyó que iba a cometer aquel tremendo error de precipitarse con una invasión a pocos meses del invierno. Además, tanto a Hitler como a Stalin, por atención a la guerra en curso en el primer caso y por falta de preparación suficiente en el segundo, les convenía aplazar el enfrentamiento.

Claro que la vocación punitiva de sesgo paranoide también afectaba a esa búsqueda de racionalidad y al volumen de recursos disponibles para su política expansiva: ejemplo, la purga de Tujashevski y de buena parte de los mandos militares, una mutilación del potencial ofensivo cuyo coste pudo ya estimarse con ocasión de la penosa victoria sobre Finlandia. Y aspecto que jugará un papel no desdeñable en la guerra de España, coincidente en el tiempo con los grandes procesos de 1936-1938.

Por lo demás, el planteamiento de Stalin fue desde 1933 a 1938 impecable, teniendo en cuenta que, a diferencia de Lenin, el georgiano se dio perfecta cuenta de lo que las instituciones representativas suponían para los trabajadores de Europa occidental. Eran algo a tener en cuenta, no podía reproducirse sin más la vía soviética al socialismo, lo cual era bien distinto de asumir la democracia como fin en sí mismo. A partir de 1935, en el tiempo de la guerra española, la aplicación del viraje representado por el VII Congreso de la Internacional Comunista, el del antifascismo y los frentes populares, se ajusta a esa camisa de fuerza. Por otra parte, Stalin mueve sus fichas pensando que la guerra es inevitable y tanto él como sus colaboradores (Litvinov) están dispuestos a que en cada jugada no haya el menor menoscabo para los intereses de una “patria del socialismo” necesitada de anclaje en la escena internacional (de ahí que suscriban el Pacto de No Intervención al consolidarse la sublevación militar en España).

En la primavera del 36, en plena efervescencia popular, los comunistas españoles se encontraban bajo la férrea dirección del italoargentino Victorio Codovilla, comprometido luego en el asesinato de Trotski en México yencantado con la idea de una próxima revolución española. Sólo que a partir de la entrada de las tropas de Hitler en Renania, mes de marzo, y a la vista de la inestabilidad reinante, no era ya tiempo para Moscú de revolución en España, sino de prevenir el golpe de la reacción. Por eso al llegar éste, la respuesta firmada por Dimitrov es inmediata, frente a las manifestaciones de entusiasmo de Codovilla por un aplastamiento supuestamente inmediato de la rebelión: “Lo más importante es el mantenimiento y reforzamiento del Frente Popular. Hay que actuar exclusivamente bajo la bandera de la defensa de la República que permite reunir la mayoría aplastante del pueblo español frente a la contrarrevolución”.

La defensa de la república democrática se convierte en la consigna central de la Komintern y del PCE, por contraste con los planteamientos izquierdistas del POUM de Andrés Nin y con la revolución colectivista de la CNT, lo cual no significa que los comunistas dejen de participar en el proceso revolucionario, tanto en sus aspectos positivos como en la práctica de la represión (checas).

Stalin acepta que la URSS suscriba la No Intervención, pero con toda cautela decide apoyar a la República al constatar en agosto del 36 el deterioro de la situación militar. El programa de recepción al embajador de la República, Marcelino Pascua, será una muestra inmejorable de ese apoyo cauteloso. Desde su veraneo en el Mar Negro, dos notas de Stalin a su fiel Kaganovich lo expresan de modo inequívoco, primero en cuanto a abastecimientos (“vender petróleo a los españoles en los términos más favorables para ellos, a menor precio si hace falta”, y otro tanto para trigo y alimentos, 18 de agosto), luego en cuanto a ayuda militar (enviar bombarderos vía México, buenos pilotos, armamento y municiones, 6 de septiembre). El mismo mes, la puesta en marcha desde la Internacional Comunista de lo que serán las Brigadas Internacionales, un frente popular en armas, no un ejército para sovietizar España, será la expresión más clara de esa actitud.

Su traducción política fue la famosa carta de 21 de diciembre de 1936 a Largo Caballero, punto de partida según Santiago Carrillo del posterior eurocomunismo. Amén de recomendar para España una vía parlamentaria al socialismo, Stalin aconseja una política que evite el aislamiento del Gobierno y que enlace con todo aquel dispuesto a defender la República.

En lo sucesivo, los intereses de la URSS siguen imperando, pero no sin cierta flexibilidad, observable en la rectificación de febrero del 38 a la consigna de abandono del Gobierno por el PCE, e incluso en la atención otorgada a fines del mismo año, al borde del desplome, a la petición de armas cursada por Hidalgo de Cisneros por encargo de Negrín. El respaldo a Largo Caballero en la primavera del 37, y aún antes frente al sectarismo del virrey Codovilla, invalida la imagen habitual. Su posterior sustitución como tutor del PCE por Palmiro Togliatti se sitúa en la misma dirección “frentepopulista”.

Sólo que la política del VII Congreso, y, más aún, la aplicación del apoyo a la República en tiempo de histeria antitrotskista y de procesos de Moscú, era como el huevo de la serpiente. Incorporaba el principio de la captación o destrucción de los aliados socialistas mediante procesos de unificación y un agresivo proselitismo (JSU, UGT, PSUC) e introducía en el interior de las instituciones republicanas la práctica del terror. El desembarco de la NKVD con Orlov al frente, las matanzas de noviembre de 1936, afectaban al escenario idílico de la protección fraterna a una democracia republicana que según la imagen oficial se veía abocada a una nueva Guerra de Independencia frente a los invasores alemanes e italianos al lado del traidor Franco.

Los hechos de mayo de 1937 permitieron que culminase la campaña antitrotskista, con el asesinato de Andrés Nin y la detención y proceso de los dirigentes del POUM. Sin embargo, si bien el presidente Negrín echó una cortina de humo sobre lo primero -necesidad obliga-, protegió a los apresados y el proceso del POUM no reprodujo el espectáculo de justicia criminal de los juicios de Moscú. Fue un signo de que el peso del comunismo en el Estado republicano no suponía sovietización. De ahí las tensiones en el final de la contienda entre quienes proponían una huida hacia delante con la toma del poder, al modo del búlgaro Stepanov, con Pasionaria a su lado por inercia, y los que como Dimitrov y Togliatti trataban de evitar sin éxito que el PCE quedara como “el partido de la guerra”. Aislado.

La derrota militar del invierno anterior había invalidado el intento de Stalin en septiembre de 1937 de eliminar el pluralismo político de la zona republicana mediante unas elecciones con listas homogéneas, no ya de frente popular, sino de “bloque popular”, agregación de fuerzas subalternas en torno al Partido. Ni los leales dirigentes del PCE lo aceptaron de buena gana, por no hablar de la oposición socialista. No obstante, lo que cuenta es comprobar cómo la asunción transitoria de la democracia por Stalin llevaba a la lógica de monopolio del poder que caracterizará a las llamadas democracias populares.

Kristallnacht, Noche de los Cristales, es el término con el que ha pasado a la historia el pogromo antisemita organizado por el régimen nazi en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. La destrucción de cientos de sinagogas, saqueos, asesinatos y decenas de miles de arrestos y traslados a campos de concentración conforman el fatal balance de las acciones que tuvieron lugar en Alemania y Austria hace 70 años, y que dan comienzo al periodo hoy definido como el Holocausto.

En noviembre de 1938 España atraviesa la última etapa de la Guerra Civil, que se va definiendo de manera ya prácticamente irreversible a favor del bando nacional. El hambre, la destrucción y las noticias del frente que protagonizaban la vida en las dos Españas pueden hacer suponer que los infortunios que sufrieron los judíos alemanes por esas fechas no tendrían apenas repercusión en los medios españoles. Pero no es el caso. Los diarios se hicieron eco de los sucesos de Alemania, desde el atentado contra el diplomático alemán Von Rath en París por un joven judío polaco -que ofreció la excusa al régimen de Hitler para iniciar el pogromo-, hasta las reacciones internacionales a las acciones y medidas antisemitas. La percepción y representación de estos hechos en España se inscribe en un contexto político y cultural condicionado, por un lado, por la imagen estereotipada del judío -que emerge con nitidez durante la República en el ideario conservador y católico- y, por otro, por los acontecimientos de la guerra de España y, en especial, el vínculo entre los fascismos italiano y alemán con Franco.

La prensa de la zona nacional dio las noticias justificando las acciones antijudías, reproduciendo la versión antisemita de la propaganda alemana y ofreciendo también su propia interpretación, a partir del ancestral antijudaísmo de raíz católica. El atentado contra Von Rath del 7 de noviembre es presentado como fruto de una conspiración internacional judía contra Alemania: “Se trata de un crimen evidentemente político, fraguado por las organizaciones judías” titulaba, por ejemplo, La Gaceta del Norte el 9 de noviembre. El diario El Pensamiento Navarro titulaba en primera página el 11 de noviembre: “Los judíos envenenan las relaciones entre los pueblos”, y describían los ataques como “acciones espontáneas contra los judíos”. Respecto a las disposiciones que dicta el Gobierno alemán separando a los judíos de la economía nacional, el diario gallego El Progreso reproducía directamente las fuentes alemanas: “El judaísmo ha logrado acabar con la paciencia del pueblo alemán, siendo ya hora de que se den cuenta de cómo sabe reaccionar contra tales ataques”. Ideal, de Granada, titula en portada el 13 de noviembre: “Alemania adopta medidas enérgicas contra los hebreos. Es un aviso claro para el judaísmo internacional, para que no vuelva a atentar contra un alemán”. En esta misma línea también el diario Amanecer, de Zaragoza, señalaba el 11 de noviembre que “nadie debería sorprenderse por las medidas adoptadas por Alemania para defenderse”, y se refería a las acciones anti-judías como “merecido castigo” para aquellos que “habían lanzado una ignominiosa campaña contra Alemania”. Las noticias son también encuadradas mediante los mitos antisemitas que florecieron durante la República y la Guerra Civil. “Ese es el gran enemigo de la España de Franco: el judaísmo internacional que desde hace muchos años ha visto en nuestra patria presa segura de la política de turbulencias y castradoras concesiones que inauguró el 14 de abril” (Ideal, Granada, 25 de noviembre de 1938). En conjunto y con ocasión de los acontecimientos de noviembre de 1938, las diferencias entre los periódicos son más de matiz que de fondo, y se caracterizan por un discurso marcadamente antisemita.

La prensa republicana, por el contrario, reaccionó condenando con firmeza las acciones nazis y expresando solidaridad, e incluso identificación con los perseguidos. La Vanguardia titula el 11 de noviembre a cuatro columnas “En Alemania se ha desatado la fobia antisemita”, y señala a continuación que “las turbas han incendiado todas las sinagogas de Berlín y saqueado las tiendas y domicilios particulares de los israelitas, cometiendo actos de verdadero vandalismo”. El día 13 de noviembre los diarios de Madrid y Barcelona informan con detalle sobre lo sucedido. “Aumenta la indignación en todo el mundo por los actos de violencia de Alemania”, titula La Vanguardia. Con el encabezamiento “El pogrom nazi”, el Abc de Madrid, entonces en manos republicanas, dará comienzo a una serie de informaciones sobre las acciones de la noche del 9 al 10 de noviembre, la reacción internacional que provocaron, así como sobre los decretos que continuaron a los atentados y que fomentaron la creciente arianización y separación de los judíos de la vida económica de Alemania. Igualmente, el Abc publica noticias que desmienten el carácter espontáneo del pogromo, menciona “brutales métodos hitlerianos” e “inconcebibles decretos antisemitas de Goebbels”. Aparecen también por vez primera los nombres de los campos de concentración nazis de Mauthausen y Buchenwald. El diario, editado en Alicante, Fragua Social, órgano de la CNT, se refiere al atentado contra Von Rath como “un acto de justicia realizado por un israelita” (9 de noviembre de 1938), y en los días siguientes publica titulares como “Se ha desatado en toda Alemania una furiosa ola de barbarie antisemita. Incendios, saqueos y otros excesos” o “Todas las conquistas del derecho y de la civilización han quedado sepultadas bajo el régimen despótico de la barbarie nazi”. Igualmente se interpretan las acciones nazis en el contexto internacional, el de las concesiones al totalitarismo nazi, que afectaban también a la República española: “Sin la claudicación de Múnich, la bestia nazi no se hubiera atrevido a los actos de barbarie que comete contra los judíos” (Fragua Social, 12 de noviembre).

Finalmente, merece ser destacada la nota de condena a las acciones nazis que hace pública el Gobierno republicano tras una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona el 16 de noviembre de 1938. La comunicación, reproducida de forma íntegra por los diarios republicanos un día más tarde, subrayaba que “los responsables de estos crímenes son los mismos promotores de la propaganda calumniosa que a partir de julio de 1936 se ha venido haciendo contra España y su gobierno”, y que España, “dolorida ante el agravio de la dignidad humana que significa la afrenta de los nefandos pogromos de la Alemania nazi” prestaría, una vez terminada la guerra y dentro de los límites de sus posibilidades, “cobijo a cuantos perseguidos por su origen, ideas políticas o religiosas”, quisieran venir a España. En contraste, esta misma noticia es recogida por el Abc nacional, el de Sevilla, en una columna titulada “Ecos y fichas de la criminalidad roja” el 18 de noviembre de 1938. En ella se expresa que, “además de acoger en su suelo a toda la hez de las brigadas internacionales”, el gobierno de la República “dará la máxima facilidad a todos los judíos que quieran trasladarse a la España roja (…) Con esta ley se prepara la invasión de España roja por el judaísmo internacional”.

Barcelona caería en manos de Franco apenas dos meses más tarde, y a finales de marzo de 1939 las tropas nacionales entraban en Madrid, donde el Generalísimo daría el 1 de abril su conocido último parte oficial de la guerra.

Se suele decir respecto a la relación entre historia y sociología que la primera sin la segunda está ciega y que la segunda sin la primera está vacía. Esto es lo que nos suele recordar Reyes Mate cuando insiste, con Walter Benjamin, que el presente puede ser iluminado en un instante a través de la fuerza fugaz de un pasado olvidado. Al volver la mirada a la representación de la Noche de los Cristales en los medios de la época descubrimos que estos hechos también nos conciernen en España. Por un lado, republicanos españoles y judíos europeos -muy especialmente aquellos que se alistaron en la Brigadas Internacionales- reconocieron entonces que sus destinos estaban entrelazados. Por otro, los enraizados prejuicios y estereotipos antisemitas, con que se prodigaron en noviembre de 1938 quienes finalmente vencieron la Guerra Civil, han perdurado durante décadas. Sus resabios y ramificaciones forman parte de nuestro presente.

La única posibilidad de Zapatero para estar en la cumbre de Washington es que la secretaria de Bush yerre al enviar las invitaciones, como hizo la secretaria del general Clutterbuck con el indio Hrundi V. Bakshi (Peter Sellers) en «El guateque», la comedia de Blake Edwards.

No es que España no sea la octava potencia económica del mundo, que no lo es; es que Zapatero no puede jugar -con Pepiño Blanco- a Beavis y Butt-Head de la política internacional y luego pretender que lo inviten a una exclusiva reunión de caballeros. Además, Zapatero no es un hombre; Zapatero es una «troupe». Invitar a Zapatero supone invitar a Zapatero, Garzón, Méndez, Gibson, Moratinos, Blanco… y sus respectivos retratistas ecuestres, líderes de opinión, cocineros e intérpretes, pues todo el mundo sabe que en la «troupe» zapateril nadie chanela el inglés. ¿Puede garantizar la «troupe» zapateril que en un momento dado, y a indicación de Garzón, no se abalanzará Cándido Méndez con toda su humanidad sobre Bush para inmovilizarlo y proceder a su arresto por crímenes… contra la humanidad?

«Crímenes contra la humanidad» es, en fin, la fórmula de banalización del mal que vuelve a poner de moda la izquierda. La humanidad es ella, la izquierda, y los criminales, todos los demás. Los fascistas siempre son los otros. La sublevación de julio de 1936 contra la República es un golpe fascista, pero las sublevaciones de diciembre de 1930 contra la Monarquía y de octubre de 1934 contra la República son levantamientos populares. En ambas participa, como un campeón, Largo Caballero, con estatua olímpica en Madrid:

-La fecha del movimiento fue la del lunes, 15 de diciembre de 1930. Yo tenía que comunicar al Partido y a la UGT el acuerdo de declarar la huelga general. Lo demás lo harían los militares. Se nos condenó a unos meses de prisión. Salimos a la calle, y poco después estuvimos comprendidos en una amnistía. El ambiente político se enrarecía para el régimen monárquico, al que no se le ocurrió cosa mejor que convocar a elecciones municipales.

Sólo al ABC, de ideario monárquico, la «ocurrencia» acabaría costándole dieciocho muertos en Redacción y más de cincuenta en Talleres. A los veinticinco días de proclamarse la República, su propietario y director, Juan Ignacio Luca de Tena, va a la cárcel acusado de asesinar a un taxista inexistente. La chusma acude al edificio de ABC para incendiarlo. Hay varios muertos. Se habla de «flechas envenenadas» arrojadas desde las ventanas «contra el pueblo indefenso». En la celda lee Luca de Tena la pintada de su antecesor, Fernando de los Ríos, en la pared: «Por la Libertad, el Derecho y la Justicia.» De los Ríos es ministro de Justicia y en la calle arden iglesias y conventos, para «disgusto» de Largo Caballero, también ministro:
-No pudo saberse nada. Sólo que lo hubieran hecho católicos reaccionarios.

Luca de Tena vuelve a la cárcel tras de la sanjurjada contra el Estatuto catalán. «A mí ni me procesaron ni siquiera me tomaron declaración durante los tres meses que entonces estuve en la cárcel.»

ABC no se destaca precisamente por maltratar a sus empleados. Establece la jornada de ocho horas en 1918, dos años antes de que lo decrete el conde de Romanones, y durante las suspensiones republicanas la empresa paga todos los sueldos sin estar obligada a ello. En febrero de 1934 Luca de Tena recibe la visita del delegado de la Casa del Pueblo de los talleres, que le dice que en la nave de máquinas hay un operario, Jesús Navarro, que no pertenece a la UGT.

-O usted lo obliga a sindicarse en la Casa del Pueblo o lo expulsa del periódico o vamos a la huelga.
Y van a la huelga. Pero la pierden. Sería la única.

En 1936, ABC publica un artículo que Prieto considera injurioso y se querella contra el director. En la conciliación, el juez le dice al oído: «Escápese usted, que le tengo que meter en la cárcel.» A la mañana siguiente, Luca de Tena huye de polizón en un aeroplano y se instala en Biarritz.

-Y empecé a conspirar por primera vez en mi vida.

Los símbolos, especialmente los patrios, no son materiales ignífugos. Muy al contrario, tienden a ser inflamables y a alimentar fuegos innecesarios que dejan, a su paso, heridas abiertas y tierra quemada. Arraigados en el pensamiento reptiliano de las naciones, su naturaleza profunda no nace de la razón, sino del conjunto de emociones que definen una identidad. Por supuesto, los símbolos se sostienen sobre razones históricas, culturales, quizás morales, pero su fuerza colectiva se fundamenta en los sentimientos y, a menudo, en las vísceras. Por ello son material inflamable, y por ello mismo sólo pueden ser usados por expertos bomberos. Desgraciadamente, sin embargo, son los pirómanos los que tienen más vocación simbólica, y a ellos debemos algunos sonoros estropicios colectivos. Los símbolos son porcelana fina, y tendrían que llevar el cartelito de la canción de Joan Manuel Serrat, el “mírame y no me toques”, que preserva lo frágil de manos inexpertas. Pero ahí están, reiteradamente toqueteados, manoseados, hechos añicos, víctimas del patético infantilismo que caracteriza a muchos de nuestros políticos.

Vean ustedes el triste caso Lluís Companys. La pelea de patio de escuela que han protagonizado ERC e IC, chapoteando con el símbolo del president asesinado, como si fuera una bronca infantil del “tuyo, mío”, es un ejemplo tristemente paradigmático de lo dicho en este artículo. Lejos de tratar con extrema delicadeza un símbolo tan sensible de la memoria de este país, estos dos partidos se han puesto los guantes de boxeo, han colocado a Companys en medio del ring y, usando su nombre en vano, han bailado sobre su cadáver. Perdonen si digo que me he sentido profundamente ofendida por este espectáculo barriobajero, cuya única finalidad era patrimonializar la figura del president mártir. Cual émulos del Gollum de Tolkien, en versión cuatribarrada, los de uno y otro partido han salido a la palestra para escenificar un patético “mío, mío”. ¿De qué se trataba? ¿De demostrar que un partido estaba más comprometido que el otro en la dignificación de la memoria histórica? ¿De demostrar que Companys estaría con la ERC de Carod o con la IC de Saura? (Paréntesis. En el caso de ERC cabría preguntarse si Companys sería de Carod, o de Puigcercós, o de Uriel Beltran, o de Carretero, o los enviaría a todos a paseo…) ¿Se trataba, pues, de lavar más blanco que el vecino, en cuestiones tan sensibles como la dignidad y la memoria? Y aún peor, la figura de Lluís Companys ¿se merecía que un grupo de niñatos jugaran con su memoria, sólo para ganar un puntito de simpatía en alguna prospectiva de voto? Me dicen los de un lado que la ley está mal hecha, y que es la Generalitat la que tiene que reclamar la revisión del proceso militar a Lluís Companys. Me dicen los del otro que la ley es la que es, y que no se pueden pedir las cosas fuera de la ley. Unos dicen que los otros se han bajado no sé qué pantalones delante de la ministra. Los otros dicen que los unos no son serios en estos menesteres. Y unos y otros ningunean a la propia familia, mientras montan numeritos. Lo que late debajo de esta patética, estéril y triste polémica es el manoseo que ha sufrido la historia republicana en manos de sus autoproclamados guardianes, hasta el punto de que este país ha conseguido gozar de sobrecarga simbólica, y carecer completamente de memoria.

¿Hablamos de memoria histórica? Lo pregunto porque creo que todos los que intentan abusar del nombre de Companys han traicionado esa misma memoria que dicen proteger. No sólo porque han convertido a la República en una especie de mito virginal impoluto, cuyas miserias sólo habrían existido en la maldad de las crónicas fascistas. Cuando la República, precisamente, no tuvo nada de virginal. Y segundo, porque en todo el chiringuito montado por el tripartito sobre la memoria histórica, algunas víctimas de la represión estalinista han desaparecido por arte de magia. También entre los vencidos, los hubo que fueron vencedores, especialmente aquellos que habían detentado la verdad oficial del comunismo. Y esos vencedores de la resistencia no tuvieron problemas en borrar de la memoria sus propios asesinatos y sus propias vergüenzas. Existió Lluís Companys, pero parece que nunca existió Andreu Nin… Sin duda, el crimen contra Lluís Companys no tiene comparación posible, porque Companys fue condenado por una dictadura, en una farsa de juicio, y asesinado por ser el president de Catalunya. Es el símbolo más inequívoco de la maldad del franquismo. Y la restitución de la dignidad de su memoria es una cuestión moral, que no pertenece a nadie, sino a todos. Pero también es cierto que algunas voces que ahora proclaman la dignidad de Companys asumieron sin indigestión los sapos de una herencia ideológica represora e inquietante. No sé si son los mejores defensores para tamaña causa… Sea como sea, Companys merece dignidad. Pero esta no se conseguirá ni con políticos que actúan como adolescentes, ni con ruido de bronca, ni con apropiación de su figura. Al contrario, así sólo se consigue ensuciar su memoria.

“Superar exige asumir, no pasar página o echar en el olvido”. Carlos Piera, en la introducción a la novela ‘Los girasoles ciegos’, de Alberto Méndez

El juez Garzón ha puesto en marcha una investigación judicial sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y los inagotables años de una dictadura que terminó físicamente con la muerte de un dictador que decidió despedirse de este mundo con cinco ejecuciones acordadas en un juicio sumarísimo que motivó la repulsa de la comunidad internacional.

Cien años de injusticia no pueden generar ni siquiera un año de justicia. Recuerdo esta frase clásica a los que mostrando generosamente su aceptación al entierro digno de los asesinados consideran odioso que se trate de descubrir a los asesinos. Ni paz ni perdón ni justicia para los vencidos, sólo unos gramos de piedad.

Algunas voces racionalmente críticas han considerado que la apertura de unas diligencias judiciales para averiguar la verdad (sin verdad no es posible la reconciliación) es una gestión que denota la vanidad personal del juez Garzón, pero no han aportado argumentos jurídicos y de justicia que desaconsejen iniciar el camino de la verdad.

También se han vertido críticas por sectores inequívocamente demócratas que encuentran la medida desproporcionada y procesalmente incorrecta. Pienso que es el momento de hacer una recapitulación, en términos puramente jurídicos, de lo sucedido y de la oportunidad de la medida adoptada.

1. La Constitución republicana de 1931 se anticipó a muchos textos políticos de la época. Su vigencia contribuyó a una sustancial mejora de las conquistas sociales pendientes y estableció las bases para desarrollar políticas que recuperasen el tiempo perdido desde que la clase dirigente rechazó la cultura de la Ilustración. Permitió el acceso democrático al poder de la derecha y tuvo que enfrentarse a convulsiones sociales semejantes a las que se producían en otros países europeos. El triunfo del Frente Popular, formado por partidos de izquierda que hoy gobiernan nuestro país y por otros que ahora serían considerados de centro derecha, desató una violencia de las bandas fascistas que no era ajena a los movimientos emergentes del fascismo europeo.

2. El 18 de julio de 1936 un grupo de militares de ideología mayoritariamente fascista se alzó en armas contra la legalidad constitucional. Santos Juliá califica la asonada como una acción del Ejército para frenar la revolución proletaria. No estoy a su altura, por lo que me remito a las dos declaraciones de Naciones Unidas del año 1946 retirando los embajadores. Condenanrotundamente un régimen fascista, aupado por la Alemania nazi y la Italia fascista, que derribó la legalidad democrática.

3. Los que diseñaron y ejecutaron el golpe dejaron por escrito sus siniestros propósitos. Transcribo unos párrafos del bando de guerra del general Queipo de Llano: “Serán pasados por las armas los directivos de los partidos del Frente Popular y si no fueren encontrados un número proporcional de afiliados”.

4. Durante los casi tres años que duró la Guerra Civil, la República trató de hacer frente a la situación con las armas legales a su alcance. Los documentos lo acreditan. Es cierto que, desbordados por la presión de los sectores más extremistas, no pudieron contener acciones criminales, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desaparición forzada de personas que incuestionablemente constituyeron crímenes contra la humanidad. Los vencedores ya se encargaron de castigarlos y a su vez de cometer muchísimos más.

5. Terminada la guerra implantaron un régimen de terror físico y psíquico que ha perdurado de alguna manera hasta nuestros días. Los que hablan de remover los demonios son un vivo ejemplo de lo que acabo de escribir.

6. Las innumerables ejecuciones sumarísimas sin las más mínimas garantías de un proceso justo, las torturas, el expolio de los bienes de los vencidos, las ejecuciones extrajudiciales seguidas de la desaparición forzada de personas ya eran entonces, con arreglo al derecho internacional de los tratados y el consuetudinario, crímenes contra la humanidad.

7. Los crímenes contra la humanidad se han considerado imprescriptibles, según toda la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales internacionales, cuya legitimidad reconoce el Estado español.

8. Recientemente la Corte Suprema Argentina, a cuyos criminales hemos juzgado y condenado (caso Scilingo), y sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, en varias sentencias referentes a Chile y Perú, declaran inadmisibles la amnistía y la prescripción de estos delitos por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

9. El Juzgado Central de Instrucción nº 5 ha recibido numerosas denuncias de particulares y asociaciones de víctimas del franquismo sobre casos de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas que no podía dejar de investigar sin incurrir en dejación de funciones.

10. Juristas de diversos sectores opinan que no tiene competencia y que no se puede abrir una investigación sobre crímenes de hace 72 años que ya han prescrito y que además han sido amnistiados.

11. Sobre la competencia sólo diré que se trata de hechos cometidos en todo el territorio nacional y no hay previsión en la ley procesal para otra alternativa. Más concretamente, la Ley Orgánica de 25 de mayo de 1988, en su Disposición Transitoria, encomienda a la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de los delitos cometidos por personas relacionadas con elementos rebeldes. El Código Penal de 1932 y el vigente castigan la rebelión.

12. Sobre la prescripción recordaré la doctrina que emana de Núremberg y que ha sido admitida y recogida por la inmensa mayoría de los países que forman parte de la comunidad internacional.

13. Sobre la amnistía me remito a la doctrina de la Corte Interamericana y de la Comisión de Derechos Humanos que declara incompatible La ley francesa de Amnistía de 1998 (Nueva Caledonia) con la obligación de investigar violaciones de derechos humanos.

Además, recuerdo a los puristas que nuestra Ley de Amnistía es preconstitucional, por lo que cualquier juez puede, de acuerdo con la disposición derogatoria del texto constitucional, declararla inaplicable. Además, nos recuerda que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos y tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Por todo ello estimo que la iniciativa del Juzgado de Instrucción Central nº 5 está ajustada a la más ortodoxa legalidad constitucional y al derecho internacional asumido por España, por lo que ningún poder del Estado o institución pública o privada puede poner obstáculo a sus peticiones sin el riesgo de incurrir en el delito de obstrucción a la justicia.

Si ocasionalmente alguno de los autores viviese y se demostrase -en un juicio justo y con todas las garantías- que fue autor de crímenes contra la humanidad, será condenado. Incuestionablemente existen razones humanitarias para evitar la cárcel.

La verdad puede resultar incómoda pero el olvido mata y es un obstáculo insalvable para la salud y la dignidad de una sociedad.

Hoy está perfectamente prevista en nuestra legislación la posibilidad de disolver los órganos de las Corporaciones Locales «en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales». Así lo determina el artículo 61. 1 de la Ley de Bases del Régimen Local, que incluye un complejo procedimiento, alicatado de garantías, para la adopción de esta medida extrema.

Porque, en efecto, se atribuye la competencia al máximo órgano político-constitucional del Estado, es decir, al Gobierno de la Nación. Este ha de actuar siempre con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, y puede iniciar el procedimiento bien a iniciativa propia, bien a solicitud del Ejecutivo regional. Pero necesita para ultimarlo y poder aprobar la medida el «acuerdo favorable del Senado», en cuyo seno es la Comisión general de las comunidades autónomas la llamada a informar (artículo 56, letra n del actual Reglamento de la Cámara).

Este sistema procede de la regulación de nuestras Administraciones locales aprobada en abril de 1985, pero por ley orgánica de 10 de marzo de 2003, llamada de Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los Concejales, se añadió un párrafo (que no tiene carácter orgánico) en el que se concreta un supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales, aunque existe la obvia posibilidad de que pueda haber otros. Sería el caso de aquellos «acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».

Se sabe que el mecanismo del artículo 61 ha sido ya empleado por un decreto de abril de 2006 para disolver el Ayuntamiento de Marbella, por haber contravenido éste «de forma sistemática» la legalidad en el otorgamiento de licencias urbanísticas y haber incurrido en otras lindezas que el Decreto desmenuza. Por su parte, el párrafo nuevo, fruto de la reforma de 2003, podría ser hoy aplicable a aquellos ayuntamientos afectados por las sentencias de los Tribunales de justicia que han declarado la ilegalidad de determinados partidos o grupos políticos.

Ahora bien, de acuerdo con los principios generales propios de las actuaciones públicas y con la forma prudente en que el precepto está redactado, es evidente que la actuación del Gobierno habría de respetar, entre otros, el principio de proporcionalidad que, nacido en la jurisprudencia del Tribunal europeo, se halla acogido por los distintos Tribunales constitucionales y administrativos de los países de la Unión. Incidentalmente diré que al mismo, y en referencia al Tribunal Constitucional alemán, ha dedicado un magnífico trabajo Bernhard Schlinck, catedrático de Derecho Público que es muy conocido como escritor y como autor de El lector, una novela apasionante que ha sido leída por miles de personas en todo el mundo y desde luego en España.

Pero sigamos con nuestro asunto. Para decirlo muy resumidamente, nuestros Tribunales, el Constitucional y el Supremo, conectan la proporcionalidad con el valor de la justicia y con los principios de interdicción de la arbitrariedad y del Estado de Derecho. De suerte que, para que se ajuste a los mandatos constitucionales, se necesita que la medida a emplear sea la idónea, es decir, adecuada para el fin pretendido; necesaria, especialmente exigible cuando se trata de limitar derechos fundamentales, lo que obliga a analizar cuidadosamente la posible existencia de alternativas menos aflictivas; en fin, respetuosa con el análisis que en economía se llamaría de coste /beneficio, es decir, que no vaya a producir más desventajas que utilidad. Dicho en lenguaje coloquial, que no pretenda abatir gorriones a cañonazos.

Todas estas cautelas, como se ve exquisitas filigranas, son las que obran en nuestro Ordenamiento para poder disolver, de acuerdo con la legalidad, los órganos democráticamente elegidos de un Ayuntamiento.

Y ahora procede explicar la curiosidad que ofrece nuestra historia reciente y lo hago para posible pasmo de aquellos que contemplan el pasado con la mirada superficial de quien habla de oídas o lee con pereza, cum incuriam, que dirían los clásicos.

Porque en ese pasado, en la Monarquía de la Restauración y en la II República, técnicas similares a la analizada, a saber, las de suspender un Ayuntamiento o desplazar a los alcaldes elegidos era algo habitual, juego de niños, podría decirse. El lector ha leído bien: la II República, esa época que hoy algunos se empeñan en presentar como un compendio afortunado de respeto a las reglas democráticas, hacía y deshacía en las corporaciones locales con maneras de dómine de malas pulgas.

Cuando en 1931 se revisa la obra de la Dictadura de Primo de Rivera (Decreto-Ley de 16 de junio, luego convertido en ley) se deja subsistente el Estatuto municipal de 1924 (de Calvo Sotelo) pero se vuelve en algunas materias a la ley de 1877. En especial, se acogen sus previsiones acerca de la suspensión temporal de alcaldes y ayuntamientos, atribuida a los gobernadores civiles, y con una participación ex post del juez tan débil que en los intentos de reforma de Maura (1907 – 1909) se quiso rectificar tal estado de cosas disponiendo garantías más afinadas. La opción que los gobernantes de 1931 hicieron por la legislación de 1877 constituyó pues una apuesta decidida por un sistema de injerencia gubernativa en la vida de las corporaciones locales que había sido criticado por muchas voces durante la Monarquía alfonsina. El proyecto de Maura y la supresión de estas técnicas de intervención por Primo de Rivera es consecuencia de ello, si bien es verdad que el Dictador no se tomó jamás en serio la obra de Calvo Sotelo y por tanto su contenido fue en la práctica papel mojado.

En el año 1931 no se desconocía pues que el manejo del arma de la suspensión en épocas electorales había sido algo absolutamente habitual e incluso que tenía a veces carácter cómico. Según Gumersindo de Azcárate, buen estudioso del régimen local de la época, un Ayuntamiento fue suspendido en período electoral porque no había ordenado el encendido de todas las luces. En un libro, cuyo autor es Pedro Pérez Díaz, publicado a principios de siglo y dedicado justamente a este tema, puede advertirse la desesperanza del autor cuando escribe que «los derechos políticos son para los amigos, los cuales además no delinquen nunca ni quebrantan el Derecho».

Es decir, se diseñó el cañamazo para que, a lo largo del periodo republicano, en ayuntamientos grandes y pequeños, las suspensiones de alcaldes y su sustitución por personas afines nombradas por los gobernadores fuera constante. Hace poco, en esta misma página, contaba yo mismo el ejemplo curioso de las elecciones para nombrar a los representantes de las regiones en el Tribunal de Garantías constitucionales, momento en el que fue necesario discutir largamente si los corporativos suspendidos -muchos y en todos los territorios- podían o no participar en los comicios.

En fin, al atender la República a la Administración local con una ley específica, en 1935, se autorizó la suspensión gubernativa de alcaldes «cuando la provincia a que pertenezca el término municipal se halle en alguno de los tres estados de prevención, alarma o guerra definidos por la Ley de Orden público». Estados excepcionales que en aquellos años fueron los normales por lo que el recurso a esta medida resultó tan frecuente como son los rebaños de nubes en los cielos.

Hoy, lo hemos visto, la legislación de régimen local es muy respetuosa con los poderes locales elegidos. Justamente por ello, aplicarla no sería sino empuñar la batuta de la legitimidad democrática.

Hace unos días apareció Abans del sis d’octubre, dietario redactado por Amadeu Hurtado, que abarca del 29 de mayo al 15 de septiembre de 1934. Da cuenta en él de su intervención en defensa de la ley de contratos de cultivo, aprobada por el Parlament de Catalunya y que fue recurrida ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República.
Amadeu Hurtado nació en Vilanova i la Geltrú en el año 1875, en una familia de la pequeña burguesía local. Estudió Derecho en Barcelona y comenzó a ejercer de abogado a los 21 años, hasta que la guerra civil le obligó al exilio. Hurtado fue un gran abogado, que conoció el éxito pleno al captar el cambio que se produjo en su época: de letrado ocupado en la defensa judicial de sus clientes a asesor y consejero jurídico de estos. Hurtado se distinguió en ambos campos, consolidó una posición envidiable, desempeñó el decanato de su colegio y compatibilizó su quehacer con diversas actividades en el mundo de la cultura, la prensa y la política.

JESÚS PABÓN ha trazado un perfil sugerente del personaje: “Hurtado era un hombre de talento y de cultura notables, con una clara conciencia del propio valer: parecía orgulloso pero carecía de toda vanidad; y la afabilidad no era una constante, pues dejaba paso a la dureza tan pronto la convicción o el deber lo exigían; entonces, y con frecuencia por tanto, llamaba a las cosas por su nombre y decía las verdades sin rodeos. (…) Ni su bufete ni sus clientes padecían precisamente de una mala fortuna. Y la independencia de la profesión ejercida con pleno éxito le permitía la presencia o la ausencia, la conformidad y la discrepancia, sin concesiones interesadas u oportunistas”. Fernández Almagro dibuja otro rasgo de Hurtado, cuando le incluye entre las “eminencias grises” de la España contemporánea junto a Giner de los Ríos y Ángel Herrera.
Es lógico que la memorias de Hurtado –Quaranta anys d’advocat– sean un libro atractivo por su claridad y contundencia. Así, cuando dibuja la personalidad de Macià y, pese a apreciarle cordialmente, destaca su pasión por la popularidad como la “gran força motriu de la seva vida”, y pone de relieve su radicalismo echando mano de una frase de Juli Marial, según el cual el programa político de Macià podía resumirse así: “Pocas pastetes y tiro limpio”.
Con estos antecedentes, no es extraño que el reciente libro de Hurtado sea una descarnada narración de una época convulsa, en la que provoca asombro la fría determinación de la derecha catalana, al promover un recurso contra una ley de cuyo radicalismo social puede ser indicativo el hecho de que su redactor –Ramon Roca Sastre– era, además de gran jurista, juez, notario y registrador de la propiedad. Una época en la que el president Companys rechazó, desde una posición maximalista, la salida razonable que le fue propuesta. Una época en la que el Gobierno catalán alentó la exaltación ciudadana. Y una época, en fin, en la que la salida final del problema fue un acuerdo inferior en su contenido al inicialmente propuesto, ante la extraña pasividad sobrevenida de Gobierno y ciudadanos.
Ante este cúmulo de despropósitos, Hurtado no se corta un pelo y reparte a diestra y siniestra. Sobre todo a siniestra. Le dice al president Companys que “el Gobierno de Catalunya puede apuntarse un éxito si va al Parlament con la solución que os propongo respecto al conflicto provocado por la ley de contratos de cultivo y que ya sabéis anticipadamente que será aceptada por el Gobierno de la República”. A lo que Companys responde: “Nada. Estoy dispuesto a todo. Los recibiré a tiros, si conviene”. En vista de la respuesta, Hurtado reflexiona: “Esta es la verdadera explicación de lo que pasa. El Consell de la Generalitat deja a un lado un problema jurídico que no ve demasiado claro y se defiende con una agitación política que está más a su alcance”. E insiste: “Era una nueva comprobación de un hecho que he remarcado muchas veces; o sea, que Catalunya no ha producido, ni por ahora puede producir, ningún otro tipo de político que el agitador, (…) hábil en aprovechar cualquier motivo de orden sentimental para atemorizar al adversario mientras dure la llamarada”.

PERO LA SANGRE no llegará al río, pues –como apunta un tal señor Capdevila– “la rebeldía que ahora comienza de forma tan entusiasta no ha de pasar de ciertos límites”. Por lo que resulta congruente la observación de Hurtado: “Cuando salimos de la reunión encontramos otra vez a los mismos grupos guerreros que al entrar, que continúan preparándose para resistir el golpe de fuerza de un enemigo que no viene y con el que se va a parlamentar antes de que piense en venir”. No es de extrañar, así las cosas y habida cuenta de que “el pueblo está fatigado de las peleas de los políticos”, que al final sea aceptada una solución que –dice Hurtado– “no me habría atrevido nunca a proponer por temor a herir el amor propio de los nuestros”.
La conclusión es demoledora: “Nadie sabe que nuestro conflicto ha sido un conflicto imaginario que se acaba con una solución que ya había propuesto el Gobierno de la República antes de comenzar”. Estas fueron las vísperas del 6 de octubre. Encierran enseñanzas, porque siempre estamos en vísperas de algo.

De quienes todavía siguen invocando con admiración la Constitución republicana, puede decirse que propenden a coger el rábano por las hojas, es decir, suelen tergiversar su contenido y su práctica. Entre otros extremos, se ha olvidado que tal texto no estuvo en vigor en toda España casi nunca, sobre todo en aquellos de sus títulos más sensibles, como fue el tercero, que albergaba las libertades fundamentales de los españoles. Bien bonitos fueron los derechos a la libertad de expresión, de residencia, de reunión y demás, pero bien fea fue la ley de Defensa de la República (luego Ley de Orden público) que permitía arruinarlos, como en efecto ocurrió hasta 1936, cuando la gran batahola destruye sin más todo atisbo de filigrana jurídica.

Debemos a Manuel Ballbé haber demostrado en Orden público y militarismo en la España contemporánea (Alianza, 1985) la lejanía que existió entre el texto constitucional en punto al ejercicio de los derechos y libertades individuales y la realidad diaria, así como la aguda anotación de que las técnicas jurídicas destinadas al mantenimiento del orden público siguieron estando impregnadas de militarismo. Todo ello condujo a que las limitaciones del derecho de reunión o de expresión fueran desde un principio clamorosas. Miguel Maura cuenta en sus memorias (Así cayó Alfonso XIII, Ariel, 1982), cómo a raíz de un conflicto reunió a los directores de periódicos, «incluso a los suspendidos», para explicarles que «estaban ante un ministro que dispone de plenos poderes en materia de orden público». Y bien que entendieron la advertencia: nadie se atrevió a publicar una línea acerca de los sucesos que el ministro quería ocultar a la opinión pública. Y parecidas referencias son constantes en el propio Azaña. Lo más relevante pues de esta legislación no es su existencia, ya grave, sino su uso continuo, tanto en el bienio social-azañista como en el radical-cedista y, por supuesto, tras la victoria del Frente Popular. Por todo ello, puede afirmarse que, por meses y bien pocos, se cuenta la vigencia de la normalidad constitucional en el conjunto del país. Afirmación que se halla bien documentada y al alcance, en cualquier librería española, del curioso que quiera atenerse a hechos y no a ensoñaciones sectarias.

Por otra parte, en un momento como el presente, en el que a nuestro Tribunal Constitucional tanto se le critica -y con avaladas razones-, conviene recordar el precedente que supuso el Tribunal de Garantías Constitucionales alumbrado por la Constitución de 1931 (y estudiado con rigor, entre otros, por Ruiz Lapeña y Bassols). Su composición nos orienta acerca de la calidad del engendro que salió de la mente de los padres constituyentes que, como se sabe, escribieron el texto en sesiones que terminaban «a la hora de ir a tomar los churros», lo que hizo decir a Azaña que aquella República no era de «trabajadores» sino de «trasnochadores».

En la cúspide de aquel Tribunal republicano había un Presidente designado por el Parlamento. Curiosa la discusión suscitada acerca de los requisitos que debía reunir. Si en el Anteproyecto figuraba el de ser licenciado en Derecho, en el Proyecto del Gobierno desaparece tal mención, sin duda por considerarlo un tiquismiquis o porque, según Alvaro de Albornoz «tampoco necesita serlo el presidente del Gobierno o el ministro de Justicia», afirmación que demuestra el desparpajo con que el político radical-socialista se movía en los mundos de la política y el Derecho. Pero lo bueno es que este caballero fue el presidente del Tribunal de Garantías hasta que dimitió con motivo de los sucesos de octubre de 1934. Le sucedería Fernando Gasset, del partido radical, que también dimitió en julio de 1936, probablemente al advertir que de poco servía el Tribunal cuando ya chorreaban sangre «los muros de la patria mía».

Venían después: dos diputados elegidos libremente por las Cortes; un representante por cada una de las regiones españolas; dos miembros nombrados por todos los Colegios de Abogados; en fin, cuatro Profesores de Facultad de Derecho.

Naturalmente los diputados pertenecían a las distintas formaciones políticas y fueron cambiando en función de las mayorías parlamentarias. Entre los vocales abogados hubo nombres como Calvo Sotelo y César Silió, figurón que fue del maurismo. Y, entre los salidos de las filas de las Facultades de Derecho, deben anotarse los catedráticos Miguel Traviesas, privatista asturiano, Salvador Minguijón, historiador aragonés, Francisco Beceña, procesalista asturiano, y Carlos Ruiz del Castillo, constitucionalista, vinculado a la CEDA y que ocuparía cargos en el franquismo.

Pero el grupo verdaderamente pintoresco de aquellos jueces era el procedente de las regiones españolas. Eran nada menos que 13. Como regiones no había más que una, Cataluña, las demás tuvieron que ser inventadas ad hoc: Asturias, Andalucía, Castilla la Nueva, Castilla La Vieja, Extremadura, Galicia, León, Vascongadas, Valencia … En ellas, al carecer de órganos propios, votaban los concejales de los Ayuntamientos. El proceso de selección se convirtió, sin melindre jurídico alguno, en un asunto político de primer orden. De tal importancia que la derrota que sufrió el Gobierno de Azaña condujo a la postre a la disolución de las Cortes en octubre de 1933. Las derechas se habían organizado y las izquierdas, en el dulce uso del poder, no prestaron la debida atención aunque muchos gobernadores civiles desempeñaron su función muñidora al mejor estilo de los tiempos de Posada Herrera o de Romero Robledo. En sus Memorias, Azaña apenas si quiso dar relevancia a esta contienda que, sin embargo, acabó determinando la caída de su Ministerio.

Una cuestión significativa se planteó. Elegían, como hemos visto, los concejales de los Ayuntamientos. ¿Pero qué ocurría cuando los Ayuntamientos estaban suspendidos? Porque era práctica corriente en aquella, hoy añorada, República que las corporaciones locales se hallaran suspendidas -sin intervención judicial- y sus órganos de gobierno sustituidos por comisiones gestoras o concejales interinos designados gubernativamente en función de la filiación política. Sólo a lo largo de una ardua discusión se llegó a la conclusión de que tales concejales irregulares no estaban legitimados para votar.

En aplicación de este procedimiento, hubo jueces regionales socialistas, radicales, cedistas, tradicionalistas, radical-socialistas, del republicanismo gallego, tan alejados entre ellos en sus concepciones políticas como unidos por un lazo común: ninguno de ellos necesitó para acceder a la magistratura ostentar el título de licenciado en Derecho.

De este engendro no podía salir más que una jurisprudencia para el olvido: nadie recuerda hoy, en los medios especializados, qué dijo el Tribunal republicano sobre tal o cual cuestión. Un sonrojante silencio ha caído sobre aquella obra, sombra de sombras o verduras de las eras, según prefiera el lector.

Resultado este anunciado pues, ya en su concepción, buenas invectivas había recibido el Tribunal. Desde la derecha, el diputado Royo Villanova, catedrático de Derecho Administrativo, le dedicó discursos demoledores destinados a demostrar que, con el Tribunal Supremo, la Justicia española se sobraba para depurar el Ordenamiento, tal como ocurría en los Estados Unidos. Pero, desde la izquierda, y sin florituras, Indalecio Prieto se despachó afirmando que «el Tribunal equivaldrá en el sistema constitucional al apéndice en el sistema intestinal: no servirá más que para producir cólicos».

Quede dicho lo que antecede, en este otoño de 2008 que la economía apuñala, para aplacar las añoranzas republicanas de tanto incorregible laudator temporis acti o elogiador del tiempo pasado, un latinajo horaciano que, por cierto, recuperó un diputado de la República, el escritor Ramón Pérez de Ayala. El sectarismo tiene que buscar hoy más afinadas fuentes de inspiración histórica.

Es natural que con tanta crisis económica, huelgas y cierres patronales, congresos de partidos, y, para colmo, el inicio de la Liga y la exposición de Zaragoza, casi nadie haya mencionado el 75º aniversario de una de las leyes más importantes, y más nefastas a la vez, de la Segunda República. Tampoco voy a reprochar el silencio a ciertos cultivadores de la memoria histórica (como si hubiera alguna memoria que histórica no fuese), empeñados como están en hacer de la Segunda República un modelo sin tacha y en hacer comenzar los desastres de la guerra sólo desde julio de 1936.

El caso es que el día 2 de junio de 1933 el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, en el último día válido para hacerlo y como a regañadientes, pero sin haber tenido nunca intención de vetarla, ratificó por fin la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, aprobada el 17 de mayo anterior por las Cortes constituyentes. Era una ley constitucional, exigida por el artículo 26 de la Carta Magna de 1931, y que se presentaba como la culminación del ideario republicano en relación con la religión y con la Iglesia.

Pero desde el abril triunfal de 1931 las cosas habían cambiado mucho. La quema de iglesias y conventos; la expulsión, por las bravas, de España de un obispo y un cardenal; los artículos sectarios de la Constitución; la disolución de la Compañía de Jesús; la supresión del presupuesto del clero; las leyes de la secularización de la enseñanza y los cementerios; las draconianas leyes de orden público; la frecuente suspensión y clausura de periódicos y centros políticos; las arbitrariedades de las fuerzas del orden, con muchos muertos y heridos; la charlatanería y la agresividad frecuente de las Cortes; la pequeña repercusión de la parcial reforma agraria; la frecuencia de los levantamientos anarquistas, motines, huelgas generales políticas…, habían enrarecido notablemente el clima social, y el Gobierno de Azaña, después de la matanza de Casas Viejas (Cádiz) sufría el hostigo del tiempo político adverso.

El Gobierno Azaña había extremado, en sentido laicista, el anteproyecto equilibrado de la Comisión Jurídica Asesora, creada dos años antes por el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos. La comisión parlamentaria lo extremó todavía más .

El 9 de febrero de 1933 comenzó el debate en el pleno, a una con el asunto Casas Viejas. El orador católico más famoso del momento, miembro de la minoría agraria y ya presidente del recién creado partido político CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), fijó los términos de la oposición a todos y cada uno de los artículos y defendió la desobediencia, individual y colectiva, a la ley dentro de la legalidad, afrontando todas las consecuencias, incluso la renuncia al acta de diputado. Tras él hablarán otros agrarios y vasconavarros, como Aguirre, Pildain o Aizpún; catalanistas como Abadal o Carrasco; galleguistas como Otero Pedrayo; independientes como García Valdecasas; republicanos como Maura, García-Bravo Ferrer o Ayats. Para todos ellos el dictamen es injusto, antiliberal, antidemocrático, violento, rencoroso, inoportuno.

Los pocos miembros de la comisión que lo defienden, el radical-socialista Gomáriz, los socialistas Bugedo y Sapiña o el azañista Fernández Clérigo insisten en su constitucionalidad. Alguien va mucho más allá: Fernando Valera, diputado radical-socialista, masón, humanista, hombre religioso no católico, ve en la nueva ley, con excesivo optimismo, el principio de una nueva convivencia entre creyentes y no creyentes, entre fanáticos anticlericales y clericales, que traiga por fin la paz a España. El debate dura hasta el 17 de mayo. La votación final arroja 278 votos a favor y 50 en contra; a éstos últimos se añadirán después nueve diputados ausentes.

Si a los miembros y entidades que integraban las confesiones se les reconocía personalidad y competencia propias en su régimen interno, a sus cargos responsables se les exigía la nacionalidad española. El Estado se reservaba, además, el derecho de no reconocer a dichos cargos en su función por razón de peligro para el orden o la seguridad del Estado. Y si las confesiones podían ordenar libremente su régimen interior, todo se subordinaba de manera implacable a las leyes y soberanía estatales.

En cuanto al régimen de bienes, se declaraban propiedad pública los templos, casas rectorales con sus huertos, palacios episcopales, seminarios, monasterios y demás edificios del culto católico, aunque siguieran destinados al mismo fin religioso, salvo necesidad pública y previa ley especial, que era una verdadera espada de Damocles. Las confesiones sólo podrían adquirir y conservar bienes inmuebles y derechos reales únicamente en la cuantía necesaria para el servicio religioso; los que excedieran esa cuantía serían enajenados, igual que los bienes muebles que fueran origen de interés, renta o participación en beneficios. Excepto los templos, los demás edificios eran sometidos a tributación. Las Iglesias podrían fundar y dirigir establecimientos, inspeccionados por el Estado, para la enseñanza y formación sólo de sus ministros (de sus miembros, decía, en cambio, el anteproyecto).

La obsesión decimonónica de un firme control de las órdenes y congregaciones religiosas resume el amplio tercer apartado de la ley. De ahí un sinfín de certificaciones, relaciones, cuentas, inscripciones, inventarios, rendición de cuentas, libros de contabilidad… Y no sólo no podrían dedicarse a la enseñanza, sino que desde la comisión parlamentaria se les añadió la prohibición de crear o sostener colegios de enseñanza privada, ni directa ni indirectamente. Esa misma comisión quería que órdenes y congregaciones cesasen en sus actividades docentes a la promulgación de la ley. El pleno de la Cámara alargó el plazo hasta el 1 de octubre, y para la enseñanza primaria hasta el 31 de diciembre.

Todo el mundo católico, incluida la revista católica progresista Cruz y Raya, dirigida por José Bergamín, vio en la ley una clara violación de la justicia y de la libertad y un golpe fatal a la serenidad espiritual de España.

Los arzobispos españoles (metropolitanos) publicaron, con fecha 25 de mayo, una extensa Declaración, redactada mayormente por el equipo del cardenal Francisco Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, cabeza del episcopado español: un celoso y paciente hombre al servicio del Evangelio, de la Iglesia y de la Patria (española, por supuesto), amigo de todos, firme en la defensa de los principios y buscador infatigable de la concordia. El documento más sólido de cuantos se escribieron en el sexenio, es la reprobación, condena y rechazo de una «ley de agresiva excepción» contra la Iglesia, muestra de «odiosa tiranía», «sacrílega expoliación del patrimonio histórico y artístico eclesiástico». Anima a los católicos a que, «por todos los medios justos y honestos», procuren que sus efectos perjudiquen lo menos posible a los intereses de la Iglesia y de las almas.

El mismo día 3 de junio en que el texto de la ley aparecía en La Gaceta de Madrid, el papa Pío XI firmaba una breve y excepcional encíclica, Dilectissima nobis (Hispania), dolorida y solemne, contra toda la legislación antieclesial y antirreligiosa del nuevo régimen, con el que la Iglesia había sido tan benevolente, exhortando a los fieles a valerse de «todos los medios legítimos» para inducir a los legisladores a reformar «disposiciones tan hostiles a la Iglesia».

A fines de ese año solicitaron la inscripción en el registro abierto en el Ministerio de Justicia 4.707 casas: 3.927 de religiosas (60.683) y 780 de religiosos (14.236). Pero la sustitución de los colegios, de primera y segunda enseñanza, regidos por los religiosos fue retrasándose sine díe: una tercera parte de la enseñanza primaria oficial (351.937 alumnos, según el ministro, en versión insuficiente) y la equivalente a la enseñanza secundaria del Estado (25.000, según la misma fuente). Todos los ministros fracasaron en el empeño: De los Ríos, los Barnés, Pareja, Madariaga, Villalobos…

La ley acabó por apartar la voluntad de la inmensa mayoría de los católicos españoles y de todo el mundo de toda afección al régimen. Unió más aún a la oposición, ya muy crecida. Dividió todavía más al bloque republicano que trajo la República, ya a pique de desguace: parte del PSOE iniciaba su bolchevización y la Unión Republicana, de Martínez Barrio, preparaba su desgaje del Partido Radical. Fue un motivo más para que, poco más tarde, Alcalá Zamora se desprendiera de Azaña, que nunca se lo perdonó, y encargara el Gobierno a Lerroux. Y un motivo decisivo, en buena parte de España, para que la izquierda intolerante perdiera las elecciones en noviembre de ese año.

Y, por cierto, apenas si se cumplió del todo un solo artículo de la ley.

El Congreso del PSOE ha adoptado una resolución que quizá llame la atención a muchos españoles: tres docenas de viejos socialistas (entre los cuales el presidente y secretario del partido, ministros y diputados, cargos sindicales y orgánicos) han sido reincorporados a la militancia a título póstumo. Habían sido expulsados mediante una nota publicada en El Socialista el 23 de abril de 1946, poco antes de la celebración de un congreso en el exilio. Además de a Juan Negrín afectó a Julio Álvarez del Vayo; Ramón Lamoneda; Ramón González Peña; Jerónimo Bujeda; Juan Simeón Vidarte; Matilde de la Torre; Gabriel Morón; Amaro del Rosal; Ángel Galarza, Max Aub y a hombres y mujeres perdidos en las brumas de la historia.

La suspensión como militantes de Negrín y Álvarez del Vayo ya las había proclamado en marzo de 1939 la Agrupación Socialista Madrileña en pleno golpe del coronel Casado, que hundió los planes negrinistas para salvar al mayor número posible de combatientes. Fueron episodios de las querellas que la guerra provocó en las filas socialistas. Pero, evidentemente, no cabe favorecer la recuperación de la memoria histórica si no se asume la propia.

A Negrín le ha perseguido, básicamente, una mitografía alimentada por la propaganda del franquismo. Ésta le presentó como el enemigo por antonomasia en razón de su perversidad intrínseca, su deseo de vender la patria a Moscú y su voluntad de oponerse a la invencible razón de la España nacional. También le colgó las miles de muertes y destrucciones que implicó la resistencia. Al tiempo, sus historiadores se cuidaron mucho de no indagar en uno de los dirty little secrets de Franco: su extraña renuencia a dar la puntilla a la República cuando tuvo ocasión en marzo/abril de 1938. Desde las babosidades de Manuel Aznar y Joaquín Arrarás hasta las engañifas más recientes se ha distorsionado el pasado. También algún autor-basura se las ha apañado para presentar bajo nuevos envoltorios las “pruebas” de la “connivencia” de Negrín con los siniestros designios de Stalin.

En la práctica, un amplio sector socialista se unió a los corifeos de Franco despistado por las tergiversaciones de Prieto que en buena parte han resistido hasta la fecha una contrastación documental. Negrín le habría expulsado del Gobierno, hace ahora 70 años, por negarse “a obedecer mandatos de Moscú”. Esta dignidad nacional herida encajaba con el hipernacionalismo de boquilla y el anticomunismo sulfuroso del franquismo, así como con las leyendas propaladas a los cuatro vientos sobre las aviesas intenciones comunistas. Sustituir el mito por el dato y los “inventos” por la evidencia es la tarea natural del historiador. El cruce sistemático de fuentes primarias de procedencia republicana, socialista, comunista, alemana, británica, italiana y soviética, amén del análisis de una memorialística de combate y de cruzada, me permiten afirmar que la interpretación sobre Negrín propagada por franquistas, prietistas, llopistas, anarquistas, poumistas, conservadores y guerreros de la guerra fría es objetable gracias a las bases documentales preservadas en archivos que guardan en igual medida tanto sorpresas como serpientes venenosas.

Las principales acusaciones que con mayor frecuencia se han dirigido contra Negrín son desmontables. I) Envió por las buenas el oro del Banco de España a Moscú. Falso. Empezó a venderlo el Gobierno Giral a los pocos días de la sublevación. Los franceses adquirieron una cuarta parte. El franquismo no tuvo más remedio que aguantarse. Negrín contó con una autorización del Consejo de Ministros del 6 de octubre de 1936, que dejó la operación en sus manos y en las de Largo Caballero en su calidad de presidente del Gobierno.

II) Fue el destinatario de las intrigas soviéticas para que Azaña cesara a este último y le pusiera a él. Falso. La imputación hecha por Jesús Hernández, ex ministro comunista, y que ha influido en una literatura inmensa, está basada en un mero “invento”. La afirmación de Bolloten de que Negrín fue elegido por los soviéticos es, literalmente, un “camelo”.

III) No hizo nada para impedir el rapto y asesinato de Andreu Nin. Falso. Ambos fueron una operación diseñada y ejecutada por Alexander Orlov, de la NKVD, que la llevó a cabo con agentes soviéticos y comunistas españoles, sin conocimiento de Negrín. Nin fue asesinado a los pocos días de su detención.

IV) Cesó a Prieto por presiones soviéticas. Falso. De seguir las informaciones transmitidas a Moscú, fue Prieto el que pocas semanas antes ofreció su dimisión a los soviéticos, que naturalmente no aceptaron.

V) Prieto no consintió estar en el mismo Gobierno que Hernández quien le había atacado en la prensa. Falso. Prieto se calló ante ataques mucho más acerbos de otro ministro comunista, Vicente Uribe. Los dirigentes del PC dejaron totalmente en manos de Negrín la solución de la crisis gubernamental de abril de 1938 y se olvidaron de la campaña previa contra Prieto. Sus razones tuvieron, que la historiografía pro-franquista y prietista jamás ha aclarado.

VI) Tras la salida de Prieto del Gobierno sus relaciones con Negrín se rompieron. Falso. Prieto acudió a él en demanda de apoyo para hacer gestiones ante Raimundo Fernández Cuesta, falangista de pro y ministro de Agricultura en el primer Gobierno de Franco, con el fin de buscar algún tipo de solución al conflicto. Negrín las autorizó.

VII) Negrín continuó la guerra en el interés de la Unión Soviética. Falso. Negrín, como Azaña, Prieto y numerosos ministros republicanos, siguió una política orientada a ir tan lejos como fuera posible con las potencias democráticas y tanto como fuese imprescindible con la Unión Soviética.

VIII) Fue el hombre de Moscú. Falso. Negrín diseñó una estrategia que contó al principio con un amplio consenso pero que fue rompiéndose poco a poco. Hubo de jugar con unos y con otros hasta descansar en los comunistas y en un sector socialista. Azaña, algunos republicanos burgueses, el PNV y ERC le aislaron mientras asestaban puñaladas traperas en Londres y París a la credibilidad de la resistencia. La idea de que Negrín fue un juguete de los comunistas es una construcción ideológica.

IX) Prolongó la guerra inútilmente. Falso. Contaba con informaciones de que los franceses ayudarían. Bajo Daladier, se esquivaron (como ya habían hecho bajo el primer Gobierno de Blum). Stalin sí ayudó pero cuando reanudó los suministros (que había mantenido a niveles muy bajos durante todo un año) fue demasiado tarde.

X) Ninguneó al Gobierno republicano en el exilio al declarar su voluntad de que, a su muerte, en 1956, la documentación que guardaba relacionada con el “oro de Moscú” se entregara al Gobierno de Franco. Falso. Tal documentación demuestra que la totalidad del oro se había vendido siguiendo la legalidad republicana, que ningún historiador profranquista o antinegrinista jamás se molestó en reconstruir. Su gesto, eso sí, tuvo consecuencias que era imposible anticipar. Entre ellas la preparación de grotescos proyectos para “reclamar” el oro y el desvergonzado latrocinio de ciertos papeles, perpetrado por uno de los más endiosados -y alabados- ministros de Franco, probablemente para garantizarse una cierta dosis de influencia.

Como la mayor parte de las acusaciones eran de base meramente política, cuando no personal, la expulsión del PSOE se hizo utilizando criterios “objetivos”. Entre 1939 y 1946 hubo incluso otro ejemplo. Ocurrió en México en enero de 1942 y la pronunció la Comisión Ejecutiva prietista. Afectó a los miembros del círculo cultural Jaime Vera, muchos de ellos proclives a Negrín, a la sazón refugiado en Londres.

Alfonso Guerra abogó hace años por la necesidad de recuperar a Negrín. Un programa de TVE y una exposición sobre su figura, cuyo comisario fue el profesor Ricardo Miralles, encontraron éxito de público. Como analista de la operación del oro, que inicié en 1974 gracias al empuje del profesor Fuentes Quintana, debo reconocer mi gratitud a la Fundación Juan Negrín y a los socialistas canarios (entre ellos a Antonio Aguado, Juan Fernando López-Aguilar, José Medina, Sergio Miralles, José Miguel Pérez y Jerónimo Saavedra), así como al socialista alicantino Miguel Ull, defensores incansables de esta rehabilitación. También a los colegas (Helen Graham, Gabriel Jackson, Ricardo Miralles, Enrique Moradiellos y Paul Preston) que tanto se han batido por el Negrín auténtico, y, naturalmente, a la familia Orellana-Negrín que me permitió bucear en sus archivos. La reconstrucción documentada del pasado siempre triunfa. El PSOE ha tenido un acierto político y de dignidad.

Alcalá de Henares ha sido durante décadas un lugar asociado con algunos de los mayores y más nobles logros de España. Fue allí donde el cardenal González de Mendoza se encontró por primera vez con Colón y accedió a presentarle a los Reyes Católicos. Fue allí donde su sucesor, el cardenal Jiménez de Cisneros fundó su Universidad Complutense (el nombre en latín para Alcalá) y encargó la elaboración de su maravillosa Biblia en siete idiomas. Y allí nació también Cervantes, además de Manuel Azaña, un excelente escritor aunque no fuera un político muy afortunado.

Teniendo en cuenta estos acontecimientos magistrales del pasado de Alcalá, debe de parecer inapropiado que la ciudad fuera también el escenario de uno de los sucesos más deshonrosos de la historia de España: el asesinato en 1937, en plena Guerra Civil, del antisoviético Andrés Nin.

Nin y los que con él formaban parte de un pequeño partido conocido con el nombre de Partido Obrero de Unificación Marxista habían sido comunistas en los años veinte. De hecho, Nin, hijo de un zapatero de El Vendrell, Tarragona, y en otra época anarcosindicalista, había quedado tan impresionado por la revolución rusa que pasó una época viviendo en Moscú y trabajando para el Profintern, la organización comunista de sindicatos. Pero Nin y muchas personas como él se desilusionaron: la persecución de Trotski llevada a cabo por Stalin fue un momento crucial para todos estos revolucionarios, y Nin se volvió a España para lamerse las heridas junto con sus camaradas.

En el ámbito político, estos ex comunistas se reunieron en un primer momento en un diminuto partido llamado Bloque Obrero y Campesino (BOC), que se unificó con otros anticomunistas radicales para formar el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). En un pasaje ingenuo de mi libro La Guerra Civil española denominé a estos revolucionarios nacionalistas «semi-trotskistas», una designación que provocó la burla de algunos de ellos más adelante. Cambié esa descripción en las ediciones posteriores de mi obra, pero creo que era un nombre mejor de lo que aparentaba. Recuerdo que cuando estaba escribiendo el libro, el ilustrado socialista inglés Tony Crosland le dijo a su mujer: «¿Sabes? Hugh nos va a contar todos los detalles acerca de aquello en lo que se equivocó el POUM».

Muchos años después, llegué a conocer a varios de esos poumistas de antaño. Su principal motivación política era un anticomunismo feroz y bien informado. Por ejemplo, en Nueva York conocí a Joaquín Maurín, el líder, junto con Nin, del POUM. Era difícil distinguir en este encantador periodista liberal al fiero enemigo del capitalismo de original intelecto que había sido otrora. No cabe duda de que sus años como refugiado en la España nacionalista debieron de arrancarle ese espíritu. Pero aun así, sigue mereciendo la pena citar su recordatorio de que el fascismo fue la herejía de la izquierda y no de la derecha.

En Londres conocí a Julián Gorkin (Gómez), que había sido fundador del partido comunista en Valencia. Me confesó que lo que le llevó a separarse allá por 1927 de los comunistas sovietizados fue la orden procedente de Moscú de asesinar al general Primo de Rivera. En la década de los cincuenta, cuando lo conocí, Gorkin se vio implicado en el ataque inteligente e intelectual al comunismo del Congreso por la Libertad Cultural. Su descripción de las actividades de la Internacional Comunista en España me pareció tan electrizante como reveladora. Por ejemplo, comparaba a Codovilla, el representante argentino del Comintern (la organización de la Internacional Comunista), con Svengali, un director de escena decidido a convertir a La Pasionaria en oradora.

Y por último estaba Víctor Alba, al que llegué a conocer como traductor realmente brillante. Tradujo mi libro La conquista de México con erudición, sensibilidad y pasión, y el memorando publicado en la edición española de esa obra, en el que explicaba lo difícil que le había resultado, estaba maravillosamente escrito. Por aquel entonces, Alba había sido prisionero de una cárcel nacionalista, periodista del Excélsior en México y profesor de ciencias políticas en una universidad de Estados Unidos. Pero cuando yo lo conocí, había vuelto a Sitges, donde vivía junto al mar, rodeado de sus enciclopedias, sus diccionarios y su familia (que lo ayudaban con sus traducciones). Llegué a cogerle mucho cariño. Escribió un gran número de libros interesantes, entre los que se encuentran sus memorias, Sísifo y su tiempo, una obra magnífica. Contiene la mejor explicación de las atrocidades cometidas en el bando republicano que conozco: «Ni yo ni nadie que conociera, ni los dirigentes hicimos nada para impedir los asesinatos e incendios. El silencio, la cautela o la indiferencia fueron la actitud general, especialmente de los que después se desgañitaban asegurando que si la CNT no hubiese cometido tantas barbaridades habríamos ganado la guerra. Hablando de represión, hemos de emplear la primera persona y no la tercera. Callar es también una manera de hacer. Y todos callaron. No creo que esto fuese en general producto del miedo, sino de la indiferencia, derivando de la convicción íntima de que en bloque las víctimas se lo merecían, cuando menos porque, de haber vencido, habrían actuado como los incontrolados. De hecho, allí donde podían, lo hacían, pero controlados» (Sísifo, 127).

Cuando estalló la guerra, en 1936, el POUM, como parte del ala izquierdista de la alianza, formaba parte del Gobierno catalán. Nin fue Consejero de Justicia durante tres meses. Pero parece que sólo trabajaba como tal por las tardes y que se reservaba las mañanas para el POUM. Hiciera lo que hiciera en ese puesto, no fue capaz de influir demasiado en las colosales injusticias de su época «en el poder». Después de eso, el POUM se convirtió en el objetivo de los ataques comunistas como medio para vengarse de aquellos que parecían haber traicionado al partido en los años veinte. Además, Nin cometió el error de insinuar que debían acoger a Trotski en Barcelona. Los comunistas no podían perdonarle algo así. Los anarquistas, que tenían mucho más peso, también estaban en el punto de mira de los comunistas.

Dentro del bando republicano, las luchas estallaron en mayo de 1937: los anarquistas abandonaron el Gobierno y a los líderes del POUM se los acusó de ser franquistas encubiertos. Los comunistas arrestaron a Andrés Nin y se lo llevaron de Barcelona a Alcalá de Henares, iniciativa impulsada por la policía soviética, cuyos agentes se aprovechaban de su situación como representantes del único país que ayudaba a la República con armas para hacer más o menos lo que se les antojaba. Los dos delincuentes implicados en el arresto, el brutal interrogatorio y el posterior asesinato de Nin fueron un ruso, Alexánder Orlov, y un húngaro, Ernö Gerö. A pesar de las refinadas técnicas de tortura empleadas por estos mostrencos, Nin se negó en redondo a aceptar que el POUM y él fueran agentes fascistas, aliados secretos de Franco. Los comunistas empezaron a admitir que la muerte de Nin había sido obra suya en los años setenta, pero no antes. Orlov murió más adelante como refugiado en Estados Unidos; Gerö fue ministro del Interior de Hungría en los años cincuenta y quedó manchado de la sangre de muchos de sus compatriotas húngaros antes de morir en Rusia en 1980. Ahora, José María Zavala, en su excelente biografía En busca de Andreu Nin, ha demostrado más o menos en qué parte de Alcalá estuvo encarcelado Nin y ha sacado a relucir muchos detalles de sus últimos días. Por muchas que sean las dudas que podamos tener acerca de la vida anterior de Nin, lo que sí podemos decir con toda certeza es lo mismo que lo que Malcolm comenta en Macbeth sobre el «Thane» (noble medieval): «Nada en su vida le sentó tan bien como el dejarla».

Lo que quizá sea ahora necesario es una estatua de Nin en Alcalá. Murió como consecuencia de sus convicciones, por mucho que podamos disentir de lo que quería intentar y hacer. Un programa «semi-trotskista» no resulta muy atrayente ahora. Nin fue víctima de un complot internacional que desacredita al Gobierno republicano. Para reparar el daño, Nin debería ser recordado como es debido. Quizás el Cardenal Cisneros habría estado de acuerdo.

Setenta y siete años después de la proclamación de la Segunda República en la tarde soleada del 14 de abril de 1931, aquel régimen sigue siendo objeto de controversias. Es sorprendente, para empezar, que se sigan produciendo burdas desfiguraciones de lo que pasó en aquellos años, a pesar de que la historiografía solvente ha puesto las cosas en su sitio, desmintiendo las falsificaciones prodigadas durante cuarenta años por la dictadura franquista. Citemos algunas de las tergiversaciones más gruesas: que la quema de conventos de mayo de 1931 se realizó con el beneplácito del Gobierno republicano; que la “Revolución de Asturias”, de octubre de 1934, fue un alzamiento contra el resultado de las elecciones de otoño de 1933; que los comicios que dieron el triunfo al Frente Popular, en febrero de 1936, fueron trucados, o que el asesinato de Calvo-Sotelo decidió a los militares a dar el golpe de Estado.

Esas falsificaciones las han reavivado estos últimos años algunos autores de nulo prestigio pero cuyos libros han tenido éxito de ventas. Y perviven en ciertos grupúsculos, como se puso de manifiesto a comienzos del pasado enero cuando un coronel del Ejército, comandante militar de La Coruña y Lugo, cargos de los que fue fulminantemente destituido, firmó un escrito en el que, entre descalificaciones de la entonces recién aprobada Ley de Memoria Histórica, sostenía que “la Segunda República no fue otra cosa que un golpe de Estado civil”. Tamaña barbaridad, y otras semejantes, han rebrotado al calor de las resistencias suscitadas por las iniciativas de la sociedad civil para rescatar de fosas comunes a familiares y amigos asesinados en la Guerra Civil y por la iniciativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero que culminó con la aprobación por el Parlamento de la Ley de Memoria Histórica.

A pesar de las décadas transcurridas desde la Segunda República y la Guerra Civil, la reacción destemplada y visceral de significados sectores de la actual derecha social, política y eclesiástica contra la Ley de Memoria Histórica, pone de manifiesto que la verdad de lo ocurrido en aquellos años cruciales de la historia de nuestro país no es todavía aceptada ni digerida por un sector de la sociedad española. Éste sigue aferrado a las versiones de la propaganda franquista.

Frente a los intentos de seguir denigrando un periodo que alumbró una de las mayores esperanzas colectivas vividas por el pueblo español, se impone un esfuerzo adicional para que las generaciones jóvenes sepan lo que verdaderamente pasó. La Segunda República fue un serio intento de modernizar y democratizar España. Recibida con alborozo por la población en un ambiente de orden y fiesta, revolucionó la enseñanza y combatió eficazmente el analfabetismo, dando un inédito protagonismo a maestros y docentes; llevó el saber a los rincones más escondidos de la España rural a través de las Misiones Pedagógicas; favoreció el que la vida cultural del país alcanzara niveles de vanguardia; hizo una ambiciosa política de obras públicas; intentó una reforma agraria que terminara con el hambre y las flagrantes injusticias de las zonas latifundistas; llevó a cabo una necesaria reforma militar, e implantó el laicismo, tal vez de manera demasiado radical dadas las circunstancias.

Con el recuerdo de la República, combatida desde sus inicios por los sectores reaccionarios del país y liquidada por una feroz guerra civil alentada por Hitler y Mussolini, no se trata de abrir viejas heridas, sino, al contrario, de cerrarlas, pero no en falso, y de asumir el pasado para seguir construyendo un futuro bien cimentado y acorde con el espíritu de nuestra Constitución

En 1999, durante una polémica suscitada en Alemania por una exposición sobre Los crímenes de la Wermacht, el entonces ministro de Exteriores Joschka Fischer afirmó: “Todas las democracias tienen una base, un hecho fundador, un Boden. En Francia es 1789. En Estados Unidos, la Declaración de Independencia. En España es la guerra civil. Y en Alemania es Auschwitz. Es el recuerdo de Auschwitz, el nunca más Auschwitz, el fundamento de la actual república alemana”. Y proseguía Fischer: “Es bueno hablar de patriotismo constitucional, pero hay que saber en qué se basa la Constitución. Si Auschwitz no es el cimiento, la raíz, el radical de la Constitución, no hay Constitución que valga ni patriotismo constitucional posible. Sólo se puede ser patriota de la Constitución alemana si ese patriotismo es también, indisolublemente, un patriotismo del recuerdo de Auschwitz”.

Creo que los españoles debemos aplicarnos también esas consideraciones de Joschka Fischer. El nunca más a las dos Españas enfrentadas, el nunca más a una guerra civil, fundamenta nuestra Constitución. Es lo que determinó el célebre consenso. De ahí que fomentar el patriotismo del recuerdo sea tan necesario. Y que sea oportuno hacerlo en esta fecha, el 14 de abril, que conmemora la implantación de la Segunda República.

La memoria histórica no es un entretenimiento o una ocurrencia, como lo calificó, con desdén, el líder conservador Mariano Rajoy en el primer debate televisivo con Rodríguez Zapatero días antes de las elecciones del 9 de marzo. Es una necesidad ineludible conocer y recordar sin falsificaciones un pasado que, guste o no guste, sigue proyectando sus luces y sus sombras sobre el presente y sobre el porvenir.

EN estos últimos años el concepto de «la memoria histórica» ha generado mucha controversia en España. Sus críticos, como el filósofo Gustavo Bueno, insisten en que ni es memoria ni historia, sino oxímoron o una contradicción en términos. La memoria, como verdadera memoria, es personal y subjetiva, mientras la historia no se basa en la memoria -con mucho demasiado subjetiva- sino en el estudio científico de los documentos y otras fuentes, y tiene que ser impersonal y lo más objetiva posible.

Algo que de verdad puede ser llamado «memoria histórica» o «memoria colectiva» existe, pero es algo bastante diferente de la historia. Consiste en actitudes, conceptos u opiniones acerca de lo pasado, formados de diversas maneras por activistas, políticos, publicistas, artistas y escritores, que tratan de definir o retratar aspectos del pasado. No son «colectivas» en el sentido de ser desarrollado por la mayoría, sino el producto de minorías políticas, sociales o culturales, que de varios modos son aceptados, difundidos o impuestos por estas minorías. Los principales teóricos en el campo de la «memoria colectiva», como Maurice Halbwachs y Pierre Nora, han admitido ya hace mucho tiempo que es más o menos así, pero nos dicen que el estudio de la llamada «memoria colectiva» es importante porque influye en los campos de la política, la sociedad y la cultura, y así llega a formar parte del desarrollo en el porvenir de la historia misma.

Es en este sentido en el que podemos decir que el descubrimiento de restos humanos de la época de la Guerra Civil en Alcalá de Henares, posiblemente los de Andrés Nin, ha llamado la atención otra vez a una de las leyendas más famosas de la Guerra Civil, una leyenda tan ampliamente difundida entre las minorías culturales e intelectuales que forma parte ya de esta mítica memoria colectiva o histórica.

La mayor parte de los hechos del «caso Nin» han quedado bastante claros durante mucho tiempo. Fueron resumidos en el folleto El asesinato de Andreu Nin, escrito por el intelectual poumista Juan Andrade, en 1939, y con algunos detalles diferentes por el ex ministro republicano y ex comunista Jesús Hernández en su libro posterior Yo fui un ministro de Stalin (1950). El folleto de Andrade nunca fue publicado en España y no salió en Francia hasta que estuvo incluído en el libro de René Lefebre, Espagne: Les fossoyeurs de la révolution sociale (1975). El asunto quedó allí hasta las investigaciones llevadas a cabo en la Rusia pos-comunista por María Dolors Genovés por su documental sobre el caso, Operación Nikolai (nombre de código soviético para la operación de la supresión del POUM) que fue presentado en Barcelona en 1992.

De los líderes y militantes del POUM detenidos en Barcelona el 16 de junio de 1937 y en días posteriores, Nin, el secretario político del partido, fue con mucho el más importante y el más odiado por Stalin. Fue el único de los líderes principales que fue ejecutado -mejor dicho asesinado que ejecutado- y algunos de los detalles más significantes de esta detención, presunta tortura y asesinato por los agentes del NKVD soviético nos son todavía desconocidos.

Para la extrema izquierda revolucionaria y también para otros críticos del gobierno de Juan Negrín ha sido siempre como uno de los casos más importantes de la guerra, normalmente considerado emblemático por tres hechos fundamentales: la supresión de la revolución de la extrema izquierda, el poder de los soviéticos en España y la negación de la democracia o derechos civiles bajo Negrín. Son todas cuestiones básicas que no podemos abordar aquí. Para la extrema izquierda revolucionaria española y sus simpatizantes en varios países, Nin ha quedado como el mítico mártir y héroe de la revolución española y de su represión, supuestamente por Stalin. No hay duda de que Nin puede ser considerado un mártir de su causa, y también una especie de héroe político en un sentido puramente subjetivo y sectario, pero el verdadero alcance o significado de esto es bastante diferente de la leyenda.

¿Quién fue Andrés Nin? Fue ante todo un intelectual y revolucionario catalán, que militó sucesivamente en el catalanismo extremista, la CNT, la Comintern y el PCE, la Izquierda Comunista trotskista y finalmente en el célebre POUM. El Partido Obrero de Unificación Marxista fue formado en Barcelona en 1935 por la fusión del Bloque Obrero y Campesino (leninista) y la Izquierda Comunista (trotskista). Una vez que el líder principal, Joaquín Maurín, se encontró atrapado en la Zona Nacional, Nin se destacó como la portavoz y jefe del POUM. El nuevo partido había abandonado el trotskismo, pero se presentó como el único verdadero partido comunista español, leninista y ultra-revolucionario, opuesto al stalinismo del PCE. Los comunistas siempre lo tildaron de «trotskista», aunque técnicamente no lo era, y Stalin se fijó en eliminarlo como el competidor más peligroso para el comunismo ortodoxo.

El POUM era un partido muy pequeño y, aunque tenía el apoyo de un sector obrero muy reducido, no era partido de masas. En la práctica estaba de acuerdo con el ala más extremista de la CNT-FAI en dar la máxima prioridad a una revolución violenta y total, colocando la guerra civil en un segundo lugar. Como algunos cenetistas, los poumistas insistían en que la revolución de por sí traería la victoria en la guerra, puesto que engendraría el entusiasmo arrollador de las masas.

Tal prioridad rápidamente entraba en conflicto no meramente con los comunistas, sino con la mayor parte de las otras fuerzas republicanas. Con la formación del gobierno de Negrín en mayo de 1937 se empezó a crear un cierto acuerdo entre los republicanos de izquierda, muchos de los socialistas y hasta con los líderes de la CNT de que sería necesario encauzar la revolución para ganar la guerra. El POUM rechazó esto totalmente y se empecinó en la línea ultrarrevolucionaria. Por eso existía un cierto consentimiento indirecto, en algunos casos de mala conciencia, de los otros grupos republicanos en la supresión del partido por la policía republicana y los soviéticos. La República de esos años, después de todo, no fue ninguna democracia sino un régimen revolucionario semi-pluralista librando una guerra civil desesperada.

Si Nin fue mártir y héroe de la extrema izquierda revolucionaria, no lo fue de la democracia. El objetivo del POUM era la creación de un sistema revolucionario totalitario inspirado por la primera Unión Soviética de Lenin. Stalin meramente «perfeccionó» el sistema leninista, que ya empezó como terrorista y totalitario. Eso es lo que el POUM buscaba para España, y durante el primer año de la guerra participó en toda clase de actos violentos, vandálicos y asesinos. Los soviéticos trataron a Nin más o menos del mismo modo que los poumistas ya habían tratado a miles de españoles y pensaron tratar a todo el país, si milagrosamente se hubieran apoderado del gobierno de España. Esta fue la triste realidad de la Guerra Civil, y, más allá de las criminales circunstancias de su muerte, eso es la verdadera «memoria» que la historia nos enseña sobre el caso y la carrera política de Andrés Nin.

La Ley de la Memoria Histórica, apoyada por todos los grupos parlamentarios del espectro político español, salvo PP y ERC, ‘pretende’ hacer justicia a las víctimas olvidadas de la dictadura franquista o lo que es lo mismo a los españoles que perdieron la guerra fratricida que llenó de sangre España entre 1936 y 1939. Con esta iniciativa el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido condenar de forma expresa el franquismo, así como declarar ilegítimos los tribunales y jurados constituidos durante la Guerra Civil (tanto republicanos como nacionales) y las sentencias y condenas por motivos ideológicos, políticos y religiosos. Con sus múltiples carencias, defectos y fuegos de artificio (el PC la considera injusta, cobarde y que declara la impunidad del franquismo y la CGT piensa que renuncia a la verdad, la justicia y el respeto a los derechos Humanos), debemos enmarcarla en un concepto amplio y considerar que siempre es positivo y necesario recordar las vilezas, los crímenes y los logros del pasado colectivo e individual de los españoles.

Recordemos que cualquier país que mira hacia el futuro y que quiere ser dueño de su destino debe hacer siempre una catarsis imprescindible para deglutir su memoria aunque ésta sea dolorosa y trágica. Las llagas no se llenan de pus y se infectan por reivindicar nuestra memoria, la buena y la mala, sino por querer ocultarla y por modificarla a nuestra conveniencia, característica ésta de un franquismo que desvirtuó en la conciencia colectiva gran parte de los símbolos del país y que allanó el camino a los denominados nacionalismos periféricos que no sólo están cambiando la historia de la que forman parte, sino que se han inventado una nueva, cada uno la suya. Y se ha llegado a este punto en gran medida por no querer ver, no querer pensar y no querer comprometerse con lo que cada cual es.

La memoria completa no abre heridas, lo que extiende la infección por todo el cuerpo social es su desconocimiento, ocultación o manipulación. Aun considerando que la Ley de Memoria Histórica tendría que ser una labor de los historiadores y no de los políticos, como señaló en su momento Manuel Fernández Álvarez, siempre es bueno caminar para avanzar, movimiento que debe acabar con el legado franquista de la división entre vencedores y vencidos. Las nuevas generaciones de la democracia no vivieron el ‘pacto del olvido’ posterior a la muerte de Franco y tienen derecho a poder rendir homenaje a sus antepasados asesinados o condenados injustamente, pero a la par no deben olvidar la historia real de los múltiples acontecimientos que ilustran la historia de España y la de la propia Segunda República.

Pues bien, al hilo de la memoria histórica completa queremos recordar un hito y una figura de la misma, los sucesos de Casas Viejas acaecidos un 11 de enero de 1933, el pasado viernes se cumplieron 75 años, y la figura del general republicano José Miaja Menant, muerto en México hace hoy 50 años, el 14 de enero de 1958. Los acontecimientos de la localidad gaditana, agregada al Ayuntamiento de Medina Sidonia, han pasado a la historia como uno de los episodios más importantes y trágicos de la Segunda República Española, a la par que aceleraron la caída del Gobierno de Azaña. Al iniciarse la mencionada República en 1931, el nuevo Gobierno puso en marcha una reforma agraria para dar tierras a los campesinos sin propiedad, pero el escaso cumplimiento de la ley aprobada en 1932 desilusionó y desencantó al campesinado y al proletariado industrial.

La reforma no supuso cambio alguno en la situación socioeconómica de Casas Viejas e incluso trajo más miseria a la localidad, que sumada al deterioro económico del país y a la crisis de la producción triguera, detonaron la bomba de relojería en que se había convertido tanto este pueblo como muchísimos más en la geografía del país. Las míseras condiciones de vida que padecían los campesinos españoles y la inmoral riqueza de los terratenientes, la gran difusión del ideario anarquista que existía entre ellos ya que les ofrecía la esperanza de que su situación pudiera cambiar y, finalmente, las anteriormente citadas causas estructurales sólo necesitaban de detonantes para estallar.

Los alzamientos anarquistas que se iniciaron el 8 de enero de 1933 en Barcelona, Madrid y Valencia, rápidamente sofocados, tuvieron su inesperada continuación, tres días después, en el pequeño pueblo andaluz de Casas Viejas, donde sus habitantes decidieron que había llegado el momento de terminar con tanta injusticia y explotación como sufrían, proclamaron el comunismo libertario y, durante unas horas, lograron controlar el pueblo hasta que las fuerzas de orden público volvieron a restablecer el control del Estado en la localidad tras una dura e injustificada represión. El Gobierno republicano quiso ocultar lo ocurrido pero las denuncias de Miguel Pérez Cordón en la prensa anarcosindicalista y de los periodistas Eduardo de Guzmán y Ramón J. Sender sacaron a la luz la tragedia que recorrió todos los rincones de España. La sociedad española se conmocionó, se produjeron reacciones de todo tipo, los asesinatos fueron utilizados políticamente por la oposición de derechas para llegar al poder y supusieron un antes y un después en la Segunda República.

Los sucesos mencionados lastraron la República irremediablemente, ya que junto a otros múltiples factores la abocaron a una guerra civil iniciada por la insurrección de los desafectos, mal llamados nacionales, en la que la figura del general ovetense José Miaja Menant tuvo un protagonismo especial, tanto por su indecisión y el consiguiente fracaso de su ofensiva sobre la ciudad de Córdoba como por su firmeza y acierto defendiendo ‘numantinamente’ la ciudad de Madrid durante tres años, incluso cuando el Gobierno republicano de Largo Caballero la dio por perdida y se trasladó a Valencia. Aunque su carrera profesional no fue especialmente brillante, sí lo fue mantener su palabra y juramento de defender al Gobierno legítimo del país y, fundamentalmente, conseguir lo que ni su propio Gobierno confiaba que pudiera hacer durante mucho tiempo, la defensa de la capital de la España republicana frente al abrumador poderío militar de los insurrectos. El exilio le llevó a Francia, Cuba y México donde murió en 1958.

Casas Viejas y Miaja son parte de la memoria histórica de España, parte de los valores comunes y patrimoniales de los españoles, parte de la verdadera historia de este país y parte de la argamasa estructural de la España del siglo XXI. Conocer el pasado tal como fue, con sus luces y sus sombras, es imprescindible para aprender de él y para ser capaces de elaborar juicios sobre el mismo. La España actual necesita ingentes cantidades de historia real para enfrentarse a los múltiples fantasmas del pasado y a los innumerables manipuladores del presente a los que se debe desenmascarar decidida y continuamente cada vez que deforman la realidad, usando pequeñas dosis de verdadera memoria o lo que es lo mismo, de razón histórica.

Todo iniciado en el estudio de textos legales sabe que, debajo de los mandatos concretos de una ley, subyace siempre una idea axial que vertebra el propósito que ha tenido el legislador al elaborarla. Dicho en corto: una ley responde siempre a una idea. De ahí que el estadio primero de la interpretación jurídica consista en averiguar cuál ha sido la voluntad del legislador. Es una tarea que resulta apasionante. La ley de memoria histórica no constituye una excepción.
En efecto, este texto legal consagra –a mi juicio– la ruptura del contrato transaccional –consenso– en que se fundó la transición, al tiempo que presupone una nueva legalidad, que entronca directamente con la legalidad republicana. Intento explicarme. La transición fue, sin duda, una transacción entre las dos Españas, la que ganó la guerra civil y la que la perdió. En una transacción, las partes –cediendo cada una alguna cosa– ponen término a un contencioso. Es, casi siempre, un contrato antipático, porque ambas partes quedan insatisfechas por las concesiones que han hecho; e incluso suelen quejarse luego de que las circunstancias desde las que negociaron eran desiguales. Así, en el caso de la transición, por la presencia vigilante del Ejército en apoyo de una de ellas. Pero la transacción es, en todo caso, un contrato muy fecundo, ya que, al evitar un enfrentamiento, libera muchas energías y abre un amplio abanico de posibilidades.

FRENTE A este espíritu, la ley de memoria histórica supone la resolución unilateral del contrato transaccional en que se basó la transición por una de las partes entonces enfrentadas, al amparo y haciendo uso de las facultades –legalmente intachables– que le ofrece el Estado democrático y de derecho que aquella misma transición alumbró.
El núcleo de la ley es claro. Parte de la existencia de una “legalidad institucional anterior” (artículo 3.3), que fue vulnerada por una “sublevación militar” (exposición de motivos, párrafo 14). De este quebrantamiento del orden jurídico deriva “la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos” creados por lo sublevados (artículo 3.1), así como que “se declaran ilegítimas” sus condenas y sanciones (artículo 3.2). Sobre esta base, “se reconoce el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento” a quienes padecieron los efectos de dichas condenas y sanciones “durante la guerra civil y la dictadura” (artículo 4.1).

ES DECIR, no hubo una guerra civil en la que media España se enfrentó a la otra media, sino solo una sublevación militar contra el orden constituido, que provocó “el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la guerra civil”, así como durante la dictadura surgida de la victoria militar (artículo 2.1). De ahí que las administraciones públicas deban tomar “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas (…) de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”, entre cuyas medidas “podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas” (artículo 15.1).
De lo que se desprende –si no yerro– que podrá haber una calle de José Miaja, pero no de José Sanjurjo; una plaza de Ignacio Hidalgo de Cisneros, pero no de Joaquín García-Morato, y un paseo de Manuel Azaña, pero no de José Calvo-
Sotelo.
Las consecuencias que se derivan de todo ello son trascendentes. En primer lugar, la inevitable erosión de la auctoritas de la propia Constitución de 1978, fruto del pacto ya superado de la transición, con la consecuente relativización de los principios que la informan. En segundo término, el cuestionamiento implícito de la Monarquía como suprema magistratura del Estado, habida cuenta de que –según el espíritu que informa a la ley de memoria histó- rica– su origen está viciado de raíz por haber sido reinstaurada por el general Francisco Franco –en 1969–, al designar al entonces Príncipe de España como su sucesor a título de Rey. Y, por último, la apertura de un proceso que habría de llevar si se consuma –lo que está por ver– a una reforma en profundidad de la estructura del Estado, hasta desembocar en un modelo de corte confederal aún de confusos perfiles en la cabeza de su Bautista. En el bien entendido de que todo ello cobra cuerpo en la realidad de una España de nuevo dividida, no sé si en dos mitades pero sí profundamente.

NINGÚN REPARO de naturaleza jurídica opongo a la plena legalidad y legitimidad democráticas de la ley de memoria histórica. Ninguna reserva ni crítica manifiesto a aquellos de sus preceptos que regulan las declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las víctimas de la guerra y de la dictadura. Estimo justas las mejoras de prestaciones, pensiones e indemnizaciones, así como la concesión de ciertos beneficios fiscales y ayudas. Considero necesaria la colaboración de las administraciones para la localización e identificación de las víctimas. Cuanto se haga en estos campos será de estricta justicia. Pero sí lamento y rechazo –como hijo de uno de tantos españoles a los que la esta ley se refiere como sublevados– que la memoria que promueve se funde en la división maniquea entre unos españoles –los republicanos– y otros –los sublevados–, así como que considere a estos más como enemigos a los que se repudia que como adversarios a los que se respeta. Esta no es mi memoria. ¡Qué error! ¡Qué pena! ¡Qué absurda involución! ¿Adónde va, presidente?

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado miércoles la llamada ley de Memoria y el Parlament de Catalunya aprobó la ley de creación del Memorial Democràtic el miércoles 24 de octubre. Estas leyes han traído a la agenda política cuestiones que vinculan el combate ideológico actual con los recuerdos más duros de la gente. Aunque el laberinto histórico hispánico es tan peculiar como angosto, la discusión política, social e intelectual sobre la conveniencia de legislar sobre el pasado reciente no es un fenómeno exclusivo de nuestros pagos. Está presente en varios países.

Recordemos algunas singularidades del caso español, para analizar con cierta perspectiva las trampas del debate político local sobre la memoria.

Nuestra Guerra Civil fue un prólogo y un ensayo terrible de la Segunda Guerra Mundial pero, a su vez, España quedó al margen de la gran contienda que enfrentó las potencias del Eje y los aliados, quienes, finalmente, optaron por dejar a Franco en el poder en el marco de la guerra fría. La Guerra Civil desembocó en una larga dictadura que terminó con la desaparición del dictador por muerte natural y la transición fue una reforma pactada entre los sectores más realistas del franquismo y una también realista oposición antifranquista que, consciente de sus límites, desechó la inicial idea de ruptura. El empate entre unos y otros forjó la democracia actual, y ello implicó, entre otras cosas, que nadie pasara cuentas a los que habían dirigido aquella tiranía. La reclamada ley de amnistía en beneficio de los opositores a Franco era, en su reverso tácito, una ley de punto final para los servidores de la dictadura. De ahí que la actitud coherente de Felipe González cuestionando hoy la conveniencia de estas leyes contraste con la incoherencia cínica de Santiago Carrillo jaleando una iniciativa que él frenó cuando mandaba.

Hoy no tiene sentido que critiquemos a quienes tomaron esas decisiones. No nos corresponde, a los que llegamos más tarde a la mayoría de edad, especular con ucronías, sino entender el porqué de aquellos actos en su contexto. Además, con todos sus claroscuros, hay que valorar como un gran éxito de la generación de la transición el evitar una nueva confrontación. Pero, en cambio, sí podemos impugnar el peso paralizante del relato mitificado de la transición, porque éste encierra algún malentendido enorme que ahora, precisamente, aflora al poner los legisladores la vista en los años de la II República, la Guerra Civil y la dictadura. Para homenajear y ampliar las ayudas a las víctimas del franquismo, algo que nadie discute, no hacía falta elaborar leyes tan equívocas.

El malentendido más importante es el que establece que, entre 1975 y 1978, se dio una reconciliación. Todos sabemos que no fue así, que la reforma democrática se basó en un simple “dejarlo estar” y que todos echaron a andar con sus esqueletos – y sus fantasmas- a cuestas. La reconciliación reclama, como ejercicio generoso de encuentro y superación del conflicto, la asunción pública de las respectivas responsabilidades en el ámbito moral, al margen de lo que puedan dictaminar los tribunales, si ello procede. Si la reconciliación hubiera tenido lugar, efectivamente, entre las elites, la derecha condenaría hoy sin excusas la dictadura franquista (y nadie del PP relativizaría su carácter opresor, criminal y corrupto, verbigracia Mayor Oreja hace pocos días) y la izquierda condenaría, también sin excusas, la violencia asesina en la zona republicana. Pero no es así. Aunque formalmente se acepten estos hechos – los preámbulos de las mencionadas leyes los recogen tras muchas negociaciones- hay una reticencia de fondo, que esconde una pugna por la hegemonía de la razón histórica y un desprecio por el otro. Desprecio que, además, deja fuera siempre a los moderados de entonces, a esa Tercera España que corrió la peor suerte.

Para sectores duros de la derecha española, queda el recurso engañoso de intentar situar el verdadero comienzo de la Guerra Civil en 1934, justificando así, oblicuamente, el alzamiento golpista de 1936 que dio lugar a la contienda. Para la izquierda española más enrocada en el dogmatismo, la respuesta a este revisionismo es idealizar la II República y negarse a reconocer que no todos los que lucharon contra Franco, tanto en la Guerra Civil como en la posterior oposición clandestina, eran demócratas. ¿Por qué no aceptar que muchos fueron militantes de partidos totalitarios que propugnaban dictaduras de otro color, igual o más sangrientas que la nuestra? Si no se dan estos pasos imprescindibles de rigor ético, todo el debate de la memoria es una impostura. Tan falso y ofensivo es que alguien se refiera al bando franquista como portador de “valores cristianos y occidentales” como que alguien mantenga que todos los antifranquistas fueron “luchadores por la libertad y la democracia”. La trampa también reside en plantear la realidad a partir de una simplificación que toma sólo un fragmento de la verdad. Por ejemplo, se habla de la línea que separa democracia y franquismo, silenciando que la Guerra Civil fue muchas guerras a la vez, no sólo la de la República contra Franco: fascistas contra comunistas, estalinistas contra anarquistas, totalitarios contra reformistas republicanos, etcétera.

La ley del Memorial Democràtic, en su exposición de motivos, proclama algo indispensable, que debe suscribirse: “La grandeza de la democracia es que, a diferencia de los regímenes totalitarios, es capaz de reconocer la dignidad de todas las víctimas de la intolerancia, más allá de sus opciones personales, ideológicas o de conciencia de cada uno”. El problema es que este noble principio es desmentido sistemáticamente por los que, investidos de guardianes oficiales de la historia, la instrumentalizan para apuntalar su propaganda. Son los mismos que afirman cosas como que el régimen de Fidel Castro no es una dictadura.

En los tiempos antiguos, tiranos, emperadores y reyes encargaban su biografía a un amanuense sumiso y le exigían el mejor perfil. El reverente escribano adornaba los momentos bélicos del reinado con anécdotas de remotos héroes. Maquillaba los gestos más brutales o groseros con material narrativo procedente de las vidas de santos. Y amenizaba la vida familiar y cortesana del monarca con sucesos legendarios. A los reyes absolutos y a los antiguos tiranos, no les bastaba con mandar sobre las vidas y las haciendas de los súbditos. Querían domesticar la memoria histórica. Bajo esta obscena pretensión fueron escritas obras horribles, sin gracia literaria alguna, llenas de mentiras y falsas heroicidades, que los historiadores consultan con suma reticencia. Aunque, ciertamente, algunas de estas obras, siendo históricamente falsas, están escritas con extraordinario encanto. Tal es el caso de La Eneida,verdadera síntesis épica y lírica del Mediterráneo antiguo, deliciosamente escrita por Virgilio para justificar, enaltecer y mitificar al emperador Augusto.

Una de las anécdotas más entrañables, más aparentemente cándidas, de manipulación de la historia desde el poder aparece en el Libre dels feyts (libro de los hechos), la crónica medieval del rey Jaume I. Allí se cuenta que, durante la conquista de Valencia, el ejército catalano-aragonés se establece en un campamento para pasar el invierno. Llegada la primavera, el rey manda levantar las tiendas a fin de reanudar su marcha. Al observar, sin embargo, que unas golondrinas han instalado el nido encima de su tienda, ordena a los soldados que no la desmonten a fin de salvar a las pequeñas crías. Se dirigía el rey Jaume a sangre y fuego contra un territorio que no le pertenecía, pero tuvo la coquetería de presentarse ante la posteridad como un alma sensible amante de los pajaritos.

Siglos más tarde, en la España imperial, los monarcas absolutos se servían de un mecanismo más expeditivo: la Inquisición, que aseguraba la limpieza de sangre y de bibliotecas, auscultando los comportamientos, gobernando hasta el más mínimo detalle las palabras, las obras e incluso las conciencias de muchas generaciones. Hitler perfeccionó este sistema con las siniestras SS y desarrolló, paralelamente, el primer gran ministerio de propaganda del Estado moderno, una de cuyas funciones era inventar supuestos abusos judíos para desprestigiarlos y allanar el terreno de la solución final. Stalin, que no le iba a la zaga, destacó en el campo del control de la imagen: cuando un personaje del régimen comunista caía en desgracia, ordenaba borrarlo de las fotografías para eliminarlo no sólo del presente y el futuro, sino también del pasado.

No tendríamos que haberlo olvidado: la memoria histórica fue un invento de arcaicos regímenes absolutos o de modernos sistemas totalitarios. La memoria histórica nació porque a los poderes omnímodos no les bastaba con gobernar su presente con mano de hierro: tenían la presunción de gobernar las mentes de futuras generaciones.

Dejando a un lado este principal defecto de origen, que avisa de la peligrosa pretensión de establecer una visión política del pasado, existen otros defectos que enturbian la ley pactada. El más importante de ellos es el contexto de la presente legislatura. El PP perdió el poder de manera traumática, como es bien sabido. La catarsis del 11-M no quita ni un ápice de legitimidad a la victoria de Rodríguez Zapatero. Ni un ápice. Pero es obvio que, en tales circunstancias, y desde la superioridad moral del que cita en su primera comparecencia al abuelo republicano asesinado, Zapatero no estaba en condiciones de consensuar la historia de nuestro triste pasado. No era razonable exigir a un PP perdedor y aislado que otorgara, a modo de postre, la razón moral al presidente. El encastillamiento defensivo del PP era previsible, lo que permite plantear el siguiente juicio de intención: ¿lo que se buscaba con esta ley era honrar a víctimas, perdedores y represaliados del franquismo o tender una trampa al PP?

La verdadera reconciliación histórica consistiría en el reconocimiento de las propias culpas, no de los mitos propios. Que las izquierdas tuvieran el coraje de condenar sin tapujos, solemnemente, los bárbaros excesos cometidos en el bando republicano durante la guerra y reconocieran los orígenes totalitarios de algunas de sus corrientes. Y que el PP condenara el franquismo, por dictatorial y cruel, y honrara y dignificara la memoria de las víctimas de aquel sistema que condenó a media España al exilio, la represión, el paredón o el silencio. Es el doble gesto que le falta a nuestra democracia para culminar la transición.

Estas polémicas son muy útiles para disimular las carencias. Ante la incapacidad de unos y de otros para responder a los grandes retos del presente (de la inmigración a la educación, pasando por Europa y el I+ D+ i), los mitos de nuestro pasado tremendista sirven para excitar los extremos de cada bando, como ha sucedido en la celebración de la Hispanidad. Son cortinas de humo procedentes de los rescoldos históricos. Peligrosas cortinas: nunca puede descartarse que de los rescoldos arranque un nuevo incendio.

Alejandro Lerroux (1864-1949) fue un político con mala prensa. Cordobés de nacimiento y republicano por convicción, en la primera fase de su trayectoria política, a principios del siglo XX, demostró grandes dotes como hábil movilizador de las clases populares de Barcelona gracias a su destreza para conjugar la conspiración, la demagogia y el populismo. Odiado por propios y extraños, los catalanistas de la Lliga lo consideraron la viva encarnación del españolismo centralista, al osar disputarles durante varios años -como si no fuera legítimo- el espacio político. Su imagen va ligada con aquel famoso exabrupto en el que invitó a levantar el sayón a las novicias para elevarlas a la categoría de madres. También, con la corrupción municipal y, ya en el declive de su trayectoria, con los escándalos financieros (el famoso estraperlo) en los que se vio envuelto su partido, el Republicano Radical, y algunos de sus allegados.

No fueron desdeñables, efectivamente, los errores, los despropósitos y los patinazos cometidos por Lerroux a lo largo de su dilatada vida como político profesional. Pero la suya fue una biografía fascinante desde muchos puntos de vista. No en vano, de ella trataron los que sin duda se pueden considerar dos de los mejores estudios de la historiografía española en los últimos 30 años: La rosa de fuego (1975) de Joaquín Romero Maura, y El Emperador del Paralelo (1990) de José Alvarez Junco. Maximalismos de juventud aparte, a nuestro republicano le cupo el mérito de incorporar grandes capas de la población al juego político con el banderín de enganche, como buen jacobino, de luchar contra la desigualdad social y los privilegios territoriales. Ello, enriqueció el mercado de las ideas en Cataluña y, por extensión, en toda España, en un momento en que no era fácil por las limitaciones del régimen liberal, las de las fuerzas que pretendían impugnarlo y las de la propia sociedad española (analfabetismo, atraso económico, desvertebración territorial…).

Hay un Alejandro Lerroux, sin embargo, en el que se suele reparar menos: aquél que dio un giro hacia la moderación en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial y cuya mejor proyección se escenificó, con todos los matices que se quiera, durante la II República. Ya era un hombre mayor, muy alejado de sus planteamientos iniciales, pero con una gran experiencia. Desligado muy pronto de la Coalición Republicano-Socialista que alumbró aquel régimen, a diferencia de sus aliados de primera hora, se embarcó en un proyecto liberal-democrático integrador, con el objetivo de construir una auténtica democracia nacional y no un régimen excluyente que arrumbara a toda costa con el pasado. Así, Lerroux representó en la España de los años 30 «la política de centro», la República que no pudo ser, según el afortunado título del magnífico libro de Nigel Townson (2002). Ahora que está de moda reivindicar esa etapa de nuestro pasado, con frecuencia se olvida que entonces no hubo sólo un proyecto democratizador (el del bienio social-azañista, luego prolongado en la etapa del Frente Popular), sino varios.

Cuando constató la imposibilidad de crear un gran frente republicano desligado de las servidumbres que acarreaba a la joven democracia la alianza con los socialistas, Lerroux, por puro posibilismo y lógico afán de formar gobierno, jugó la carta de atraerse al sector accidentalista y a los no extremistas -mayoritarios por definición- de la España católica y conservadora. Ahí fue, ante empresa tan difícil, donde su figura política se agrandó. Tuvo muy claro que había que republicanizar ese universo, convencido de que no se le podía expulsar del régimen ni construir éste sin su colaboración. Lo hizo, desde luego, por pura aritmética parlamentaria, pero también por convicción democrática. Apenas se suele subrayar que, con los conservadores, Lerroux ensayó el mismo papel que Manuel Azaña con los socialistas, aval que al segundo le reconocen los que resaltan sus dotes de estadista.

De esta guisa, una vez que accedió al poder tras las elecciones de noviembre de 1933, el viejo republicano intentó gobernar con templanza, sensatez y realismo. Y no sólo porque su gobierno dependiera de los escaños de la CEDA. En consecuencia, eliminó el anticlericalismo oficial y callejero que se había practicado en el primer bienio, claro atentado a la libertad de conciencia, como ha señalado Manuel Alvarez Tardío (2002). También liberalizó parcialmente el asfixiante corsé intervencionista construido en las relaciones laborales en el periodo anterior, puesto al servicio del poder corporativo de los socialistas. En virtud de ello, suprimió la infumable Ley de Términos Municipales y convirtió los jurados mixtos, encargados de arbitrar entre patronos y obreros, en organismos independientes. Pero su ministro de Trabajo buscó el diálogo con los sindicatos y les dio la razón en no pocos conflictos laborales. Por su parte, el de Agricultura, lejos de paralizarla, aceleró la Reforma Agraria con gran disgusto de los terratenientes.

Cuando la izquierda revolucionaria y el independentismo catalán lanzaron un órdago al Estado republicano en octubre de 1934, a Lerroux no le tembló el pulso al ordenar al Ejército la represión de aquella insurrección armada. Ante el desafío de la violencia, tuvo muy claro que la democracia sólo podía sostenerse bajo el imperio de la ley. Sin embargo, cuando se planteó el enjuiciamiento de los responsables de aquella rebelión, Lerroux predicó la reconciliación y no la venganza, aguantó la fortísima presión de sus socios de la derecha y conmutó casi todas las penas de muerte dictadas por los tribunales.

En los tiempos que corren, muchos ciudadanos de nuestro país echan en falta el realismo pragmático de hombres como el último Lerroux, que, por otro lado, caracterizó también a otros políticos de la República. Singularidades aparte, sería legítimo colocar en un plano similar a personajes que no resultan tan familiares pero que, en un contexto distinto y bajo otros liderazgos, podrían haber realizado aportaciones decisivas para consolidar aquel experimento democratizador. De derecha a izquierda y por sólo nombrar algunos: los católicos Manuel Giménez Fernández y Luís Lucia, el republicano conservador Miguel Maura, los liberales Santiago Alba y Melquíades Alvarez, el catalanista Francesc Cambó, los republicanos de centro-izquierda Felipe Sánchez Román y Diego Martínez Barrio, los socialistas Julián Besteiro y Fernando de los Ríos, e incluso, por qué no, los inolvidables Joan Peiró o Angel Pestaña, sindicalistas de pura cepa que fueron arrinconados durante la República por el sector intransigente de la CNT.

Lo curioso del caso es que en la accidentada Historia contemporánea de España han proliferado los políticos de esta especie, por encima de que su ascendiente público no llegara siempre a ser el deseable. Nos lo refresca la reciente compilación de Javier Moreno Luzón: Progresistas (2006). Y no hablo sólo de la, ahora más que nunca, insuficientemente reivindicada Transición, a la cabeza de la cual hay que situar, claro está, al Rey Juan Carlos y al añorado Adolfo Suárez, pero también al Santiago Carrillo que se desligó de las fórmulas rupturistas, al Manuel Fraga que atrajo el franquismo sociológico al juego democrático, al Josep Tarradellas o al Miquel Roca que apostaron por un catalanismo abierto, o al Felipe González que rompió con el marxismo y, una vez en el gobierno, se rodeó de eficaces colaboradores socialdemócratas y liberales.

Salvando las distancias, podríamos remontarnos incluso a los tiempos de Cánovas y Sagasta, a finales del siglo XIX, aunque siempre habría quien, para descalificarlos, llamara la atención sobre el carácter oligárquico y caciquil de su régimen, realidad que, dicho sea de paso, era la que imperaba en la mayor parte de Europa. Por la vía del pacto, aquel régimen proporcionó una más que razonable estabilidad política a nuestro país durante la friolera de casi cinco décadas. Su gran logro fue poner límites a las legítimas discrepancias de los partidos mayoritarios, el Conservador y el Liberal, lo que les permitió establecer acuerdos intocables en las cuestiones trascendentales: el marco constitucional, la estructura del Estado, la preservación de la alternancia, el modelo económico y el marco cultural-simbólico nacional. El consenso en asuntos tan vitales garantizó la convivencia y evitó que aquella sociedad se deslizara hacia el despeñadero como ocurrió durante la República de 1873 y la de 1936. El turno y la lealtad bipartidistas preservaron así la gobernación del país, evitando que las mayorías parlamentarias dependieran del apoyo de minorías no siempre leales con el sistema y por naturaleza proclives a cobrar un precio desmesurado.

Todos los ejemplos referidos aluden a gentes impregnadas de una cultura que podríamos calificar como liberal o, según los casos, liberal-democrática, pero no sólo por las ideas -en sentido literal en algunos de los citados, no así en otros- sino también por su apego a las fórmulas dialogantes. Obviamente, el sentido que aquí se le confiere a la palabra liberal es muy amplio. Poco tiene que ver -y la idea se podría extrapolar al presente- con aquellos que equiparan el liberalismo, simplemente, con la reducción del Estado a su mínima expresión, la bajada de impuestos o el cultivo de una filosofía social-darwinista. La gente a la que me refiero se identificaba con una concepción de la política que, amén de las libertades individuales, daba prioridad al principio de transacción, a la tolerancia frente al adversario y a las formas educadas escenificadas en la esfera institucional. Por tanto, hablamos de unos líderes que en la competición política se ubicaron muy lejos de los que continuamente recurrieron a las palabras y a las acciones vociferantes, al insulto, la descalificación, la intransigencia y la movilización frentista en la calle, una modalidad de entender la política de claras resonancias totalitarias, en suma, que históricamente ha salpicado también a no pocos de los que se han reclamado herederos de una cierta tradición liberal (acordémonos del Trágala).

No deja de ser triste y revelador que muchos de los personajes a los que se ha reservado un lugar preferente en los manuales de Historia del siglo XX, no sólo por su protagonismo objetivo sino por servir de iconos a cientos de miles de españoles durante el periodo de entreguerras pero también después, hayan sido precisamente los que se definieron por la radicalidad, la justificación de la violencia, el sectarismo, la ingeniería social o una concepción redentorista, excluyente e iluminada de la vida política: Francisco Franco, Dolores Ibarruri, José Calvo-Sotelo, Francisco Largo Caballero, José Antonio Primo de Rivera o Buenaventura Durruti, por citar sólo algunos de los más representativos.

En mayo de 1937 las calles de Barcelona se tiñeron de sangre y tragedia. Se saldaron allí, en apenas cuatro días, del 3 al 7 de ese mes, algunos de los principales conflictos que arrastraba la República desde el comienzo de la Guerra Civil, agravados por la constante cosecha de fracasos militares y por la desunión política en el Gobierno, en el frente y en la retaguardia. El POUM fue liquidado, Francisco Largo Caballero, presidente del Gobierno hasta ese momento, se quedó sin apoyos y los anarcosindicalistas vieron cómo se aceleraba la pérdida de su poder político y armado. Desplazado Largo, Juan Negrín iba a ser el hombre de la República hasta el final de la guerra.

Barcelona proporcionó el escenario idóneo para esa confrontación. Era una ciudad alejada del frente, símbolo de la revolución de la CNT. Tenía características políticas muy peculiares: un Gobierno autónomo con notable influencia de los republicanos de izquierda, un poderoso movimiento anarquista, un partido comunista que controlaba a la UGT y un minúsculo partido revolucionario marxista, el POUM, enemistado a muerte con los comunistas. En su economía pesaba mucho la producción industrial, por cuyo control se había desatado una encarnizada pugna entre el sindicalismo revolucionario, la UGT y la Generalitat. Contaba asimismo con una alta densidad de población, con decenas de miles de refugiados.

Tampoco faltaban armas, abundantes armas, que lucían las diversas fuerzas de policía, los militantes de las diferentes organizaciones políticas, los ex milicianos que las habían llevado desde el frente. Estaban también los provocadores, de uno u otro signo, españoles y extranjeros, metidos por todas partes, desde la policía al POUM, que no habían creado por sí solos esa situación explosiva pero eran los primeros en tener la cerilla preparada para hacerla estallar. Atmósfera caliente, en fin, la de aquella Barcelona de la guerra, mucho más caliente que la de otras ciudades de la retaguardia republicana.

Los primeros intercambios de disparos se oyeron el 3 de mayo. El dirigente de Esquerra Artemi Aiguader, consejero de Seguridad de la Generalitat, ordenó ese día a Eusebio Rodríguez Salas, recién nombrado comisario general de Orden Público, que ocupara el edificio de la Telefónica en la plaza de Cataluña, en poder de la CNT desde julio de 1936. Allí llegaron tres camionetas de fuerzas de asalto. Sitiaron el edificio y fueron recibidos a tiros por algunos militantes de la CNT que se encontraban dentro. Corrió la voz de que se había iniciado un ataque armado contra la CNT, contra uno de los símbolos del poder conquistado unos meses antes en la lucha contra los militares sublevados. Acudieron anarquistas armados en ayuda de los sitiados. Las barricadas volvían a la ciudad. Detrás de ellas, y frente a las fuerzas de seguridad, socialistas y comunistas, se encontraban antiguos milicianos que se habían negado a incorporarse al nuevo ejército, jóvenes libertarios, anarquistas de la FAI y militantes del POUM.

Largo Caballero convocó urgentemente al Gobierno, que residía entonces en Valencia. Se acordó enviar una delegación con dos de los ministros anarquistas, García Oliver y Federica Montseny, y con algunos dirigentes de la CNT y de la UGT. Como las palabras no iban a bastar, salieron para Barcelona cerca de cinco mil guardias. Todos los intentos de negociación resultaron infructuosos y los sangrientos combates continuaron durante los días 5 y 6. En la tarde del 7, la normalidad, según George Orwell, testigo de aquellos hechos, “era casi absoluta”. Los guardias de asalto llegados desde Valencia, ayudados por militantes del PSUC, ocuparon la ciudad y acabaron con las últimas resistencias. Se dio por oficial la cifra de cuatrocientos muertos y mil heridos.

Restablecida la “normalidad”, quedaba por resolver una más que probable crisis de Gobierno que venía anunciándose desde la caída de Málaga en febrero, una pérdida importante para la República que incitó a los comunistas a criticar abiertamente la dirección militar de la que Largo Caballero era su principal responsable político. Largo Caballero, decían los comunistas, no era el hombre apropiado para poner unidad en el campo republicano ni orden en la retaguardia, y tampoco para ganar la guerra. Ésa era también, en mayo de 1937, la opinión de los republicanos y de los socialistas de Indalecio Prieto.

Manuel Azaña decidió encargar al socialista Juan Negrín la formación del nuevo Gobierno, del que fueron excluidos la CNT y la UGT. A Negrín no lo nombraron los comunistas, como han repetido muchos, tratando de mostrar que, tras haber entregado el oro a Moscú, era un vendido al comunismo y a la Internacional. Lo nombró Azaña, que era, como presidente de la República, quien tenía esa potestad y lo hizo porque consideraba que Negrín, hombre culto y nada revolucionario, era la persona idónea para acabar con la indisciplina y el “desbarajuste” en la retaguardia, para restablecer la autoridad del poder de la República en Cataluña y para forzar la paz con ayuda del exterior. Porque Azaña creía, y lo creyó prácticamente desde el principio, que la República no podría ganar la guerra y que la única salida posible era una mediación internacional.

El otro asunto pendiente que dejó mayo de 1937, qué hacer con el POUM, se resolvió de forma rápida y expeditiva. Se acusó a la 29 División de abandonar el frente, acusación que los comunistas venían haciendo desde febrero de 1937, y el 16 de junio se detuvo a su jefe militar, José Rovira. La 29 División fue disuelta y reorganizada y los militantes del POUM acabaron perseguidos y torturados. Peor le fue a Andreu Nin, raptado, “desaparecido” y asesinado.

Andreu Nin, antiestalinista y antiguo secretario de León Trotski en Moscú, había sido consejero de Justicia de la Generalitat hasta mediados de diciembre de 1936, cuando el POUM, acosado ya por el creciente PSUC, fue separado del Gobierno catalán y arrinconado políticamente. El 16 de junio de 1937, a la vez que se declaraba ilegal al POUM, Andreu Nin, su secretario político, fue detenido en Barcelona por un grupo de policías que lo trasladaron a Madrid y después a la prisión de Alcalá de Henares. Pese a estar vigilado por miembros de la Brigada Especial de la Dirección General de Seguridad, fue secuestrado el 21 y asesinado, en fecha todavía desconocida, por agentes de los servicios secretos soviéticos en España, dirigidos por el general de la NKVD, Alexander Orlov. Su cadáver nunca apareció. Además de Nin, también fueron secuestrados y desaparecieron otros trotskistas extranjeros como los periodistas Kurt Landau y Mark Rein y José Robles Pazos, amigo del novelista John Dos Passos.

Esa violencia política en la retaguardia, que se saldó con varios asesinatos políticos, más los centenares de muertos que dejaron las luchas en las calles de Barcelona en mayo de 1937, era la mejor prueba de que la República tenía un grave problema en su desunión interna, un verdadero obstáculo para ganar la guerra. La perdieron los republicanos, finalmente, por el desequilibrio de las fuerzas materiales de los dos bandos, por la política de no intervención de las potencias democráticas, por la intervención de la Alemania nazi y de la Italia fascista, porque Franco tenía a las tropas mejor preparadas del ejército español. Pero también, por el fraccionamiento político y las disputas que siempre acompañaron a la República. Las grietas, como se comprobó en mayo de 1937, eran profundas, un abismo de desconfianza y división muy difícil de salvar.

La Segunda República española fue proclamada, en medio de una gran esperanza y expectación, el 14 de abril de 1931. El poeta Antonio Machado describió cómo él y un grupo de allegados ondearon la bandera republicana en el Ayuntamiento de Segovia: «Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra República de la mano. La naturaleza y la Historia parecían fundirse en una clara leyenda anticipada o en un romance infantil». Pero muy pronto, sólo dos años después de proclamarse, la República comenzó a desmoronarse. ¿De quién era la culpa?

Hoy, tanto tiempo después, resulta trágico constatar que la manipulación y distorsión de la historia de la Segunda República que se empezó a hacer bajo el régimen de Franco todavía continúa. El pasado año, con mucha propaganda, el Ministerio de Cultura fue anfitrión de una serie de congresos en los que eruditos extranjeros y españoles presentaron sus puntos de vista sobre aquel periodo. Sin embargo -como a menudo ocurre cuando los intereses políticos dictan la Historia-, no hubo acuerdo sobre lo que verdaderamente sucedió entonces.

El principal intento de manipulación estuvo en las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero al afirmar que su Gobierno es el heredero directo de la Segunda República. Ésta fue una afirmación maravillosamente romántica, pero simplemente descubría el hecho de que el presidente había leído poco sobre la República. ¿Trataba de decir que el actual régimen democrático de España es heredero de la República burguesa de 1931 o de la República centrista de tres años después o de la República revolucionaria de 1936? ¿Trataba de decir que el Partido socialista de hoy es el heredero directo del Partido socialista de 1934, que se las arregló más que cualquier otro grupo político en la Cortes para minar y destruir la República? Se analice como se analice esta afirmación, uno se asombra de que alguien pueda hacer tal paralelismo.

La afirmación de continuidad con la República descansa, por supuesto, en la presunción de que ésta era una buena cosa, una niña bonita que no erraba y preservaba todas las reglas de la democracia, pero que posteriormente fue violada y asesinada por una derecha brutal que todavía está activa en España y ha adoptado la forma de la oposición democrática oficial. Muchos otros han proclamado la afirmación de continuidad, como el dueño del grupo capitalista Prisa, quien ha afirmado que esta misma derecha está incitando al «guerracivilismo». Así las cosas, la proximidad de las elecciones municipales del próximo mayo hace inevitables las comparaciones con aquellas elecciones que hicieron posible el nacimiento de la República en la primavera de 1931.

Acabo de leer algunos estudios sobre los orígenes de la Guerra Civil española y me ha parecido extraño que en los últimos 30 años los historiadores españoles hayan evitado en general estudiar la República. En cambio, han concentrado su atención en el régimen de Franco y lo que hizo para destruir España. Ha habido, según un reconocido historiador español socialista, «un desplazamiento de interés en las nuevas generaciones de historiadores desde la búsqueda de las causas del fracaso de la República, que tanto intrigó a los mayores, hacia la naturaleza, el funcionamiento y la larga duración de la dictadura, que ha permitido abordar con un rigor hasta ahora desconocido la magnitud de la violencia y represión sobre las que se edificó el régimen de Franco».

Es fácil adivinar las consecuencias de este énfasis. En la última generación, a todos se les ha hablado de los crímenes de Franco, como si antes del caudillo no se hubiesen cometido crímenes. Franco es representado como la bestia que destruyó la felicidad y la democracia que había florecido en España antes del 18 de julio de 1936. La República, según esta interpretación, era un paraíso de democracia, una víctima inocente de fascistas que aún hoy -en 2007- están planeando destruir el régimen progresista de España.

¿Es posible que los investigadores progresistas de los últimos años hayan evitado estudiar la República para no descubrir que fue el Partido Socialista el que la destruyó, mucho antes de que Franco lo hiciera? Las conclusiones del último estudio de un eminente historiador norteamericano, hechas públicas en 2006, manifiestan inequívocamente que, como resultado de las elecciones de 1933, en la República, «la izquierda se burló sistemáticamente de la legalidad, reduciendo finalmente el orden legal al caos y preparando el escenario para una guerra civil». Efectivamente, desde aquella fecha, las dos mitades de la izquierda minaron la República con el objetivo de alcanzar una «conquista de poder», como ellos lo llamaban. La izquierda moderada buscaba subvertir el orden legal mediante la manipulación política, mientras que la izquierda revolucionaria atacaba al Estado con violencia e incendios.

En junio de 1933, el líder socialista Largo Caballero afirmaba que «en España, afortunadamente, no existe peligro de fascismo». Pero el empleo de la violencia de la izquierda revolucionaria contra los falangistas en realidad aceleró su crecimiento. Los líderes fascistas fueron a Italia en busca de apoyo, de la misma manera que los comunistas irían mas tarde a la Unión Soviética con el mismo propósito. La mayor contribución a la socavación de la República fue el Octubre Rojo, en 1934, que preparó el camino a la futura violencia y demostró al ejército que podría desempeñar un papel represivo. Como ha concluido el destacado historiador norteamericano Malefakis, «la revolución de octubre es el origen inmediato de la Guerra Civil». Hubo una polarización total, en la que desempeñaron un papel crucial los socialistas, quienes se dedicaron a apoderarse del control de la República, con medios antidemocráticos si era necesario.

¿Y qué hay de los errores de la República? Una nueva y excelente tesis sobre la represión de Franco en el área de Madrid de un estudioso británico, Julius Ruiz, ofrece copiosos hechos y análisis sobre la represión militar que ejerció el nuevo régimen de Franco después de 1939. Al mismo tiempo, el autor lamenta que no pueda dar detalles sobre lo que pasó antes de ese periodo, porque «la represión republicana todavía aguarda a su historiador». ¿Por qué los eruditos españoles (con la única excepción de un escritor que no es profesor universitario y que ha sido deliberadamente marginado por los historiadores del establishment) no han estudiado la represión? ¿Hay alguna barrera ideológica que les prohíbe hacerlo?

El hecho de que la represión franquista fuera sangrienta, y la opresión larga, nos ha alentado a olvidar que hubo otros españoles que sufrieron bajo la República, y que miles murieron a manos suyas porque no consiguió controlar la situación en España. Nos hemos acostumbrado a las terribles cifras de asesinatos por el terrorismo de ETA -casi un millar de muertos desde 1975-. que representan una espantosa tragedia extendida a lo largo de los 30 años de la democracia española. No obstante, la cifra es realmente pequeña si la comparamos con lo que sucedió bajo la Segunda República, en especial después de 1934. En total, hubo más de 2.400 muertos en los cinco años de aquel régimen, una cifra que excede el número de víctimas de cualquier otro país europeo en esa etapa en que la democracia estaba luchando para sobrevivir en todas partes del continente.

Mientras rememoramos los prometedores años del nacimiento de la Segunda República, también vale la pena que recordemos que tenemos el deber de estudiarla y analizarla sin los prejuicios ideológicos que todavía persisten en la historiografía oficial en España. Fue un gran experimento que se colapsó, y el colapso vino provocado no sólo por el Alzamiento del 18 de julio, sino también -bastante antes de esta fecha- por los intereses políticos que nunca aceptaron las reglas de la democracia.

Hace algunas semanas, un consejero de la Generalitat de Cataluña anunció la provisión de fondos para la identificación y nuevo enterramiento de todas las personas que fueron asesinadas por las fuerzas franquistas durante la Guerra. Sin embargo, no está previsto que se haga lo mismo para el igualmente gran número de personas asesinadas por la izquierda y los elementos anarquistas. Su explicación fue que las víctimas de Franco tenían una posición moral y ética, mientras que los asesinados bajo la República eran «rebeldes» y no tenían categoría ética.

El ejemplo demuestra que lo que aparece ahora en la superficie sobre el debate de la Guerra Civil es una franca polarización de ideología, que sigue siendo igual de corrosiva que en la generación anterior. Y la polarización surge a causa de una deliberada negativa a estudiar con imparcialidad los acontecimientos de las primeras décadas del siglo XX.

A falta de ultimar la ley de Memoria Histórica en el Congreso, el Gobierno catalán camina por delante con su proyecto del Memorial Democrático y otra futura ley que regulará la apertura de fosas comunes de la Guerra Civil. Tales iniciativas, empeño personal del consejero Joan Saura y de Esquerra Republicana, desarrollan el artículo 54 del nuevo Estatut, según el cual los poderes públicos de esa autonomía velarán «por el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña».

El objetivo final es la conmemoración y el fomento de «la memoria democrática», es decir, del conocimiento de la II República, de la Generalitat, de las víctimas de la dictadura y «de los valores y de las acciones del antifranquismo».

Los ciudadanos deberían saber, y los historiadores tienen la obligación de contárselo, que esos propósitos parten del equívoco de confundir el «antifascismo» genérico de los años treinta con la lucha por la democracia y por la libertad. En ese período, en realidad, la idea democrática, en su acepción parlamentaria y pluralista, se hallaba en retroceso en toda Europa -especialmente entre las generaciones más jóvenes- ante el avance imparable de los dos grandes modelos totalitarios del momento (el bolchevismo y el fascismo). Antes de la II Guerra Mundial, la democracia de inspiración liberal sólo sobrevivió en los países de la fachada noroccidental del continente (Gran Bretaña, Escandinavia, Bélgica, Holanda…), en Francia con muchos problemas, y en Checoslovaquia hasta que fue invadida por Hitler. La democracia republicana de 1931 bebía de una inspiración más jacobina que liberal, prueba de ello es que medio país, cuando menos, no se reconocía en su Constitución.

Desde este prisma, definir como democrático al conjunto de la izquierda española de entonces presenta grandes problemas. Desde luego, no se les puede otorgar esa denominación a los anarconsindicalistas, cuya facción más radical -mayoritaria en aquel momento- combatió la República desde sus orígenes a base de una estrategia de huelgas generales salvajes y, sobre todo, con el impulso de tres intentonas insurreccionales armadas (enero de 1932 y enero y diciembre de 1933), que provocaron alrededor de 200 muertos. Con ese telón de fondo, llamar demócrata a un anarquista de 1936, a la vez que injusto, no deja de ser una perversión de su propia memoria. Buenaventura Durruti, que como tantos otros libertarios se enorgullecía de ser un revolucionario, seguramente se revolvería en su tumba si pudiera. El desprecio por la «democracia burguesa», así llamada por sus enemigos, también lo compartieron los comunistas, una fuerza minúscula que asumió igualmente el camino de la confrontación hasta que, bajo los designios oportunistas de Stalin, impulsó la fórmula del Frente Popular.

Los socialistas, que se habían implicado en la institucionalización del régimen, con honrosas excepciones siempre tuvieron un sentido instrumental del mismo, pues su objetivo no era otro que llegar al socialismo por la vía de las reformas y la aplicación del «control obrero». Una vez fuera del poder, en el verano de 1933, o incluso antes, cambiaron su discurso y su estrategia. Como se escribía en Renovación, el órgano de sus Juventudes alentado por las aguerridas plumas de Segundo Serrano Poncela y Santiago Carrillo, al enemigo no se le conseguiría derrotar en la «legalidad burguesa». Por eso, ellos no estaban dispuestos a cambiar la acción revolucionaria por la vía electoral: «El poder sólo puede conquistarse con la violencia organizada de la clase obrera». «Con ese apoyo iremos luego a por todo». Tras desbancar a los dirigentes más moderados y posibilistas (Besteiro, Saborit…), bajo el puño firme de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto (que luego se arrepentiría muy pronto) los socialistas sostuvieron una deriva que desembocó en la insurrección de octubre de 1934. Su objetivo, expresamente reiterado en los meses previos, era impedir que la CEDA, fuerza mayoritaria del Parlamento formado en las elecciones de noviembre de 1933, entrase en el Gobierno legítimamente constituido, posibilidad que las leyes vigentes claramente permitían. El argumento esgrimido fue que los católicos de Gil Robles constituían una «amenaza fascista» dispuesta a tumbar la República mediante el recurso a la violencia. En aquella insurrección también se implicó la izquierda republicana catalana, con Luis Companys, su máximo dirigente, en primera línea.

Tras el fallido golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936, lanzado por un sector del Ejército contra el Gobierno legítimo del Frente Popular, estalló una Guerra Civil cruenta que provocó ríos de sangre en las dos zonas en que quedó fracturado el territorio nacional. En la zona formalmente fiel a la República, el Estado y la legalidad en que se apoyaba se hundieron en un proceso revolucionario que se prolongó durante muchos meses. Los historiadores estiman en unos 60.000 los asesinatos producidos por el terror en aquella retaguardia, implicada paralelamente en un proceso colectivizador forzoso de largo alcance. La población religiosa, en particular, sufrió la persecución de socialistas, anarquistas, comunistas y republicanos de izquierda: más de 7.000 personas, entre sacerdotes, monjes y monjas, fueron asesinados por el mero hecho de tener esa condición. A estas alturas no se sostiene la tesis de la «espontaneidad popular» justiciera, por más que esa violencia no respondiera a un plan dictado por el Gobierno republicano, manifiestamente impotente para contener aquella masacre. Los autores de la misma, que tenían nombres y apellidos, actuaron aplicando la lógica de la limpieza selectiva al objeto de paralizar cualquier tipo de disidencia. En ese contexto, las libertades individuales más elementales quedaron sepultadas.

Y es que aquélla fue una época de intolerancia en la que lo raro, por minoritarios, fueron los ciudadanos con firmes convicciones democráticas, es decir, de respeto a la pluralidad, al diálogo institucional y a las salidas negociadas como vía de resolución de los conflictos. Estamos hablando del período de la Europa negra, magistralmente estudiada por Mark Mazower; de la larga guerra civil europea, como la calificara con acierto Ernst Nolte; una época y un continente que cayeron presos de la brutalización de la política, de acuerdo con la afortunada expresión de Georges Mosse. Tal brutalización implicó la demonización del adversario con la vista puesta en su aniquilamiento si las circunstancias lo permitían.

Obviamente, durante la II República, a derecha y a izquierda, hubo importantes sectores sociales y partidos que sí aceptaron las reglas del juego democrático y sus valores. Aunque no faltaron los que daban a la palabra democracia un sentido patrimonial, se implicaron en ella con pleno convencimiento y sin ninguna pretensión instrumental los azañistas, los radicales, los liberales progresistas y conservadores, los demócratacristianos, los catalanistas republicanos y no republicanos, un sector del socialismo… e incluso el Partido Nacionalista Vasco, aunque su ideario sabiniano no deja de plantear problemas a la hora de buscarle ubicación. La cuestión fue que estas corrientes se dejaron comer el terreno por las fuerzas que no respetaron, o vulneraron abiertamente, los fundamentos de la democracia parlamentaria y del pluralismo político, llevando sus diferencias al ámbito de la calle y al enfrentamiento físico, con la consiguiente crispación de la ciudadanía.

La mayor parte de las derechas españolas tampoco bebieron en esos años del pensamiento liberal democrático. Ni los monárquicos, ni los carlistas ni, por supuesto, los falangistas, apenas un grupúsculo estos últimos hasta la primavera de 1936. La aspiración compartida por todos ellos era liquidar la democracia republicana. La misma corriente mayoritaria conservadora, la CEDA, por más que no llegara a romper la legalidad y con la salvedad de un pequeño sector, aspiraba a constituir un Estado autoritario y corporativo, cuyo modelo era la dictadura portuguesa de Salazar.

Pero esta constatación no convertía ni convierte en demócratas a sus adversarios de la izquierda revolucionaria. Tampoco la oposición de éstos a la dictadura franquista, al menos durante los años 40. Paradójicamente, la Dictadura, un régimen que para cualquier demócrata de ayer y de hoy sólo merece desprecio y condena, les confirió un plus democrático que buena parte de ellos nunca tuvieron, ni por sus ideas ni por su práctica política. Esa Dictadura llevó al paredón de fusilamiento, posiblemente, a más de 100.000 personas, que desde luego merecen el reconocimiento de la democracia actual, fueran demócratas o no. Como también las 60.000 víctimas de la violencia revolucionaria opuesta. Ésas que, según Joan Saura, no se pueden equiparar con las otras dado que perecieron a manos de unas organizaciones que apoyaban un «Gobierno legítimo y democrático», y por tanto investido de una «superioridad ética». Sin obviar a Andreu Nin, líder del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) que resulta imposible ubicar en la anterior dicotomía. Como antiestalinista, fue asesinado por los agentes soviéticos que colaboraban en el bando republicano.

Pero ese reconocimiento de las víctimas no debería pasar por la forja de mitos que sólo contribuyen a manipular e instrumentalizar el pasado con espurios fines políticos, confundiendo y desinformando a los ciudadanos. Bajo el rótulo del antifascismo, y del antifranquismo después, se agruparon gentes con diferentes sensibilidades y visiones distintas de la sociedad y del Estado, como sucedió con la resistencia francesa o italiana. Buena parte de ellos tenían ideas democráticas, otros muchos, tal vez la mayoría, consideraban la democracia pluralista y parlamentaria una antigualla digna de tirarse al basurero de la Historia. El ejercicio mixtificador reside precisamente en no establecer las distinciones obligadas al respecto y en brindar una imagen idílica del antifascismo en su conjunto, ignorando su naturaleza plural, así como las carencias democráticas y los crímenes de muchos de los que se pusieron a cubierto de ese paraguas. Como ya apuntaran nuestros padres fundadores en la Transición, y ahora parece que bastantes de nuestros responsables políticos olvidan, sólo desde la reconciliación y el reconocimiento de los errores compartidos podrá la sociedad española afrontar aquel trauma colectivo. Un trauma que hasta hace unos años se creía superado para siempre y que los acontecimientos se están encargando de resucitar.

El día 31 de diciembre del 1936, en plena guerra civil, un día frío y luminoso, alrededor de la hora ritual española de las cinco de la tarde, Miguel de Unamuno murió en Salamanca, «de mal de España», como diagnosticaría Ortega y Gasset. Los médicos dirían que había muerto de una congestión cerebral, producida por las emanaciones de anhídrido carbónico del brasero doméstico. Su muerte sólo fue presenciada por un joven falangista, Bartolomé Aragón, que, recién venido del frente bélico, había ido a visitarlo, admirativo y fiel. Cuando Unamuno, después de su última irritación dialéctica y de su última frase para la historia y para su biografía, con su ciego voluntarismo suicida a flor de piel: «¡Dios no puede volverle la espalda a España! ¡España se salvará porque tiene que salvarse!», dejó caer su cabeza sobre el pecho, en un desvanecimiento ya preagónico; su visitante no se atrevió a despertarlo, hasta que se dio cuenta, por el olor a quemado, que el viejo maestro inconsciente había metido su zapatilla en el brasero y se le estaba quemando, sin que él lo sintiera, porque ya estaba muerto.

Aquella muerte es patética por las circunstancias que la precedieron y la acompañaron. Y, si toda muerte personal, se aborda desde la soledad, la de Unamuno fue doblemente solitaria, al final de una larga agonía (en el sentido unamuniano y etimológico de la palabra, como lucha por sobrevivir) de tres meses, marginado por los hombres y por la historia, sin los amigos que le hubiera gustado tener durante aquellas últimas semanas trágicas y sin las razones suficientes para entender lo que estaba ocurriendo en aquella España sangrienta de la última contienda civil, que a aquellas alturas de su vida se le vino encima, de golpe y porrazo, aunque él mismo la había estado anunciando desde hacía tiempo, sin acabar de creérselo enteramente y sobre todo sin imaginarse que fuera como finalmente fue. Había vivido horrorizado durante aquellos meses y, lo que es peor, tenemos muchas razones para pensar, que temió por su vida y que el desasosiego y el miedo fueron una proximidad indeseable hasta las vísperas de su muerte.

Quizá tuvo la muerte que se merecía (aunque nadie se merece la muerte), después de una vida de ir «contra esto y aquello», con la razón y contra la razón, manteniéndose en una contradicción permanente, entre quiebros intelectuales y paradojas, en un perpetuo equilibrio inestable, y haciendo siempre del principio de la incertidumbre el eje de su pensamiento y la raíz de su conducta. Pero la guerra civil, a tiro limpio, no toleraba estas posiciones marginales, ambiguas y descomprometidas. La guerra civil era tajante y expeditiva. No le iban los matices y menos las sutilezas. La posición de Unamuno, frente a unos y frente a los otros, había nacido de una coherencia interna y se había expresado en un lenguaje infiel a la solidez de las ideas, que en aquel tiempo se habían convertido en balas. Preocupado por abarcar la totalidad de lo real, a riesgo de la negación de cualquier tipo de verdad adquirida, Unamuno se encontraba siempre solo y más solo en la guerra civil. Porque no estaba la Magdalena para tafetanes ni el horno para bollos. El fuego cruzado de los enemigos lo cogió en medio y le dieron leña por todos lados. Lo que le había amenazado siempre, se cumplió al final de su vida. Después de brearlo bien breado, lo mandaron a su casa, condenado al silencio y al ostracismo. Y así murió.

Su inicial aceptación del levantamiento militar, debido a su desencanto crítico de la trayectoria política del régimen republicano, en la esperanza de que las cosas mejoraran, y también, apasionado como era, por sus puntuales y rencorosas disidencias con algunos de sus prohombres, sobre todo con Azaña, al que no podía ver ni en pintura, le duró más o menos quince días, decepcionado por las maneras de los sublevados y por sus propósitos antidemocráticos, cada vez más evidentes. El encarcelamiento y la muerte de algunos de sus íntimos le abrieron los ojos y, a primeros de agosto, ya estaba de vuelta de su error. En carta del 10 del mismo mes le escribió a un amigo suyo, socialista belga: «No me abochorna confesar que me he equivocado. Lo que lamento es haber engañado a otros muchos». Pero, para entonces, el gobierno de la República ya lo había reprobado y le había cesado en todos los cargos y honores que le había dado, y sus amigos republicanos le habían abandonado. La prensa de Madrid le había atacado duramente, ridiculizándolo y machacándolo, con chistes y caricaturas. El día 23 de agosto, «La Gaceta de Madrid» publicó el Decreto de su destitución, lamentando su decisión política de alinearse con los enemigos de la República.

Ocho días después, la Junta de Defensa Nacional, de Burgos, le repuso en todos cargos y honores, expresando su admiración y su agradecimiento por su gesto de ayuda «a la cruzada emprendida por España -pueblo y Ejército- para librar a la civilización de Occidente del secuestro en que gentes incomprensivas de su excelencia la retenían». Pero Unamuno ya no estaba en esa órbita y las decepciones acumuladas y las rabias contenidas de los meses de agosto y septiembre le hicieron estallar el 12 de octubre, en el Paraninfo de la Universidad salmantina, cuando ostentaba la representación del Jefe del Gobierno del Estado, general Franco, en su célebre enfrentamiento con Millán Astray, donde dio rienda suelta a su indignación y estigmatizó a los sublevados, diciéndoles: «Os falta razón y derecho en la lucha. Es inútil pediros que penséis en España». El día 22, naturalmente, el general Franco lo volvió a destituir, completando el círculo de la soledad en torno a aquel hombre viejo, que caminaba, sin saberlo, a pasos agigantados hacia la muerte, completamente solo.

En todo este calvario debió pasarlo mal. Hay un testimonio fotográfico del día 25 de julio, con motivo de la constitución del primer Ayuntamiento de Salamanca de los sublevados, en el que participó como Concejal («Estoy aquí porque me considero un elemento de continuación, pues el pueblo me eligió concejal el 12 de abril, y porque el pueblo me trajo, aquí estoy, sirviendo a España por la República»), en el que se le ve enflaquecido, desgarbado, un poco desaliñado y como ausente. Lo que más llama la atención es su delgadez, muy lejos de aquel Unamuno fondón del retrato de Juan de Echeverría y más cerca del Unamuno esclerótico de Gutiérrez Solana. Ocupa el borde izquierdo de la foto y se apoya indolentemente en un mueble, despegado del resto de los ediles, que están al fondo de la imagen, eufóricos, pletóricos, casi desafiantes y sonrientes. La silueta agarabatada de Unamuno se parece más a la escultura angustiosa de Pablo Serrano que a la de Victorio Macho, pétrea y robusta. Aparece reconcomido de tensiones interiores y nos imaginamos las luchas que debió tener consigo mismo para desembocar en aquella foto. Dos meses después, Nikos Kazantzakis lo visitó y lo encontró «súbitamente envejecido, literalmente hundido y ya encorvado por la edad».

No había sido un exhibicionista, con su yo a la intemperie, ni un viejo testarudo, que le gustara llevarle la contraria a todos, sino un hombre de una estricta moral puritana, casi calvinista, que había buscado una coherencia ética, en un mundo incoherente y desquiciado. Evidentemente, no era de este mundo.

EN estas fechas, hace 75 años, el 9 de diciembre, fue aprobaba la Constitución de la II República. La mayoría gobernante poco imaginaba que aquél texto, lejos de cerrar la cuestión religiosa arrastrada en España desde el XIX, se convertiriía en el más poderoso factor en su contra. Es bueno hacer memoria de los múltiples avances que supuso la II República -democracia constitucional, sufragio femenino, establecimiento de los pilares de un Estado descentralizado-, pero también de los fracasos, entre ellos el de la política religiosa.

El ministro de Justicia, el socialista Fernando de los Ríos, abrió el debate parlamentario sobre el artículo 26 del proyecto constitucional el 8 de octubre de 1931. Su vibrante oratoria arrancó una gran ovación cuando, dirigiéndose a la minoría católica, denunció la intransigencia del catolicismo español y el dolor causado por una Iglesia que había vivido por siglos confundida con la Monarquía, «haciéndonos constantemente objeto de las más hondas vejaciones». Azaña lo cerraría el 13 de octubre, con el célebre discurso «España ha dejado de ser católica». En los días siguientes vendría la dimisión de la parte católica del Gobierno republicano, el presidente Alcalá Zamora y el ministro de Gobernación Maura. También aquella noche en la que Azaña se acostó ministro y se despertó presidente. Es verdad que el líder de Izquierda Republicana había conseguido moderar la posición inicial de los socialistas en favor de la expulsión constitucional de todas las congregaciones. Pero aún así, la expulsión de la Compañía de Jesús, la prohibición de enseñar a las órdenes religiosas y la supresión del presupuesto eclesiástico en dos años, en lugar de resultar «verdadera defensa de la República», se convirtió en el principio del fin del nuevo régimen. En un país como España, la hegemonía republicana sólo podía construirse con éxito sobre la inclusión progresiva del catolicismo en el sistema republicano. La solución adoptada por la intransigencia de la minoría socialista a propuesta de Azaña, basada en la exclusión del catolicismo, «resolvió una crisis de gobierno, pero creó una crisis de sistema», como dice el biógrafo de De los Ríos y rector de la Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero.

La aprobación del que finalmente sería el artículo 24 marcó un antes y un después en el devenir de la República, como señalaron después diferentes protagonistas de la época como Largo Caballero, Marcelino Domingo, Alcalá Zamora o el propio Azaña. Hasta aquel artículo, los hombres que trajeron la República marchaban unidos. Pero, como dijo Domingo, ese día «marcó una división y trazó caminos que convergían y divergían». La cuestión religiosa había conseguido «unir a los antirrepublicanos y separar a los republicanos». No era la primera vez en la historia de España.

La modernización del Estado español exigía, sin duda, un proceso de laicización y de separación entre el Estado y la Iglesia. La formación del Estado había quedado sellada desde el siglo XVI por la confesionalidad católica. El nuevo régimen democrático debía constituirse sobre el principio de la libertad de conciencia y religiosa. Consiguientemente, debía afirmar la separación entre el Estado y la Iglesia y reconocer la libertad de cultos. En consecuencia, con ello había de impulsar diferentes medidas que toparon con las resistencias de la jerarquía católica de la época, como la escuela laica con religión optativa, la secularización de los cementerios, el divorcio civil o el reconocimiento de las confesiones minoritarias, principalmente judíos y protestantes. Sin embargo, el proyecto de laicización tomó un sesgo anticlerical excluyente, y ello hizo fracasar el intento de una solución de conciliación.

Hubo una oportunidad, y de ella es bueno hacer memoria. La protagonizaron De los Ríos y Alcalá Zamora, por parte del Gobierno, y Vidal i Barraquer y el nuncio Tedeschini, con el apoyo de Pacelli, por la de la Iglesia católica, en lo que se conoce como «Acuerdo reservado». Los puntos de conciliación que habían alcanzado se sustanciaron así: 1º) Reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, de su estructura jerárquica, del libre ejercicio de culto y de la propiedad de sus bienes. 2º) Un convenio entre la República y la Santa Sede para el reconocimiento antedicho. Aunque Alcalá-Zamora y Lerroux eran partidarios de un concordato, el ministro de Justicia era partidario de un modus vivendi que más tarde pudiera conducir al concordato en circunstancias más propicias, «pero -escribe en sus notas Vidal y Barraquer- no defenderá la forma de concordato» y tampoco «acepta la declaración de Corporación de Derecho Público para la Iglesia», lo que en ningún caso significa «aminoración en el reconocimiento» de su personalidad jurídica. 3º) Respeto «en su constitución y régimen propios y en sus bienes, al menos los actualmente poseídos» a las congregaciones religiosas. Éstas quedarían sujetas a las leyes generales del país. El Gobierno defendería en bloque a todas las congregaciones. 4º) Reconocimiento de la plena libertad de enseñanza de todo español y por ello también de la Iglesia a «crear, sostener y regir establecimientos docentes, sometidos a la inspección del Estado en cuanto a la fijación de un plan mínimo de enseñanza y salvaguardia de la moral, higiene y seguridad del Estado». 5) En presupuesto de culto y clero acordaron la conservación de los derechos adquiridos y la amortización a medida que se fueran produciendo vacantes. Se contemplaba la sustitución progresiva de la partida de culto por una subvención global dedicada a la conservación del patrimonio histórico-artístico. Este acuerdo implicaba por parte de la Iglesia el reconocimiento de la República, y para facilitar las cosas la Iglesia se comprometía a forzar la dimisión del perturbador primado de Toledo, Pedro Segura, lo que Roma así cumplió.

De los Ríos se empeñó hasta el extremo por lograr una solución dialogada, defendió un modus vivendi entre la República y la Iglesia. Su discurso parlamentario, un 8 de octubre de 1931, hecho a título personal y por motivos de conciencia, quiso convencer a la mayoría republicana de la Cámara y particularmente al grupo parlamentario socialista de su opción, la que habían tejido con hilvanes en los diálogos con la Iglesia. Sin embargo, su apuesta fracasó.

Nadie podía dudar de la voluntad laicizadora de Fernando de los Ríos. Tenía razones jurídicas, sociológicas y biográficas para ello. Se había forjado en la Institución Libre de Enseñanza como discípulo y pariente de Giner de los Ríos. Republicanos y socialistas le confiaron primero el Ministerio de Gracia y Justicia, y después, una vez aprobada la Constitución, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En ambos iban a dirimirse los contenciosos que la República podía y habría de tener con la Iglesia. Sin embargo él defendió una posición moderada, proclive al acuerdo. Pero perdió contra su partido y contra la Cámara. Así le escribía a Manuel de Falla el 19 de abril de 1933: «frente a mi partido y contra la mayoría, al discutirse la cuestión religiosa en el Parlamento, sostuve la actitud más moderada y respetuosa que hubo de ser defendida, la que ahora lamentan las derechas que no se adoptara, esas derechas que en sus periódicos me presentan como símbolo de antirreligiosidad y en privado me piden amparo de continuo, desde el canónigo Molina hasta el propio Gil Robles. ¡Si viese cuánta amargura causa todo esto!».

Es bueno hacer memoria de lo que pudo ser y no fue. Hay líderes del PSOE que tienen bien presente esta historia, es el caso de la vicepresidenta de Gobierno Teresa Fernández de la Vega. También los hay en la Iglesia, el presidente de la Conferencia episcopal, Ricardo Blázquez. Debe llegar ya un arreglo en materia educativa. Es necesario acabar por normalizar la relación mutua. La última instrucción de los obispos tiene razón en reivindicar un reconocimiento del papel que la Iglesia española ha tenido en la construcción de la democracia. Sin embargo, no hubiera estado de más un gesto de reconocimiento a un Gobierno que ha cambiado notablemente y a mejor su confuso inicio respecto a la cuestión religiosa.

La República fue lo que fue. Ni los juicios apocalípticos ni los nostálgicamente idílicos se ajustan a una realidad histórica evidentemente compleja. Lo que es incuestionable es que supuso una explosión inicial de ilusiones que se vieron pronto, progresivamente frustradas al no conseguir articular un proyecto político de amplio consenso democrático. A lo largo del intrincado camino de la República, muchos políticos de fuste se fueron diluyendo en el holocausto de los desengaños y decepciones. El que más tiempo vinculó su vida a la trayectoria institucional de la República (fue presidente del gobierno provisional desde abril a octubre de 1931 y luego presidente de la República de diciembre de 1931 a abril de 1936) y al mismo tiempo, encarna mejor el proceso del desengaño, fue Niceto Alcalá Zamora. Republicano por decepción respecto a Alfonso XIII, arrastró su republicanismo a lo largo del quinquenio republicano entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia y fue estigmatizado por las dos Españas. Los unos, los que ganaron la guerra, lo insertaron en la derecha débil y entreguista, los otros, los que la perdieron, lo vieron como lastre de los pretendidos avances progresistas (Judas de la República lo llegó a llamar Largo Caballero), le mortificaron en vida (ironizaron sarcásticamente sobre su vanidad y sobre su oratoria pretenciosa) y le despreciaron después de su caída política en 1936, hasta su muerte en 1949. Sólo desde la publicación en 1977 de sus Memorias parece haberse revalorizado su figura que ha sido particularmente dignificada por las biografías que de él han escrito Ángel Alcalá y Julio Gil Pecharromán.

Alcalá Zamora representa bien la imagen de la República que podía haber sido y no fue, el sueño de la tercera España, la voluntad permanente de trabajar por el consenso, el entendimiento, el diálogo, que permitiera superar el fantasma de la bipolarización, la amenaza de la guerra civil. Ninguno de sus críticos le ha podido negar su esfuerzo por establecer un puente en el foso histórico de las dos Españas con la lucidez de detectar el peligro, el riesgo de la bipartición. La amenaza no era nueva en nuestro país. La apuntó Jovellanos, la pintó Goya, la retrató periodísticamente Larra «Aquí yace media España, murió de la otra media», la reflejó magistralmente Galdós, se refirió el cainismo español Menéndez Pelayo, Machado dejó explícito el drama de una España que se muere ante una España que bosteza y Unamuno dramatizó ese enfrentamiento. Alcalá Zamora tuvo siempre presente la historia bipolar española. Y su aferramiento a la tercera España se refleja bien en el debate de las Cortes constituyentes en torno a lo que será la Constitución de 1931. «No haya una Constitución de partido, no haya una Constitución de tendencias, haya una Constitución en la que todos podamos concurrir»… «¿Y qué remedio nos queda? La guerra civil jamás. España es un país cuyo atraso se debe a que la transformación política le costó más cara que a ningún país y que la obtuvo a través de tres guerras civiles. A nadie le quiero dar la responsabilidad, que crea gloria, de evocar, temerariamente, la contingencia de una cuarta guerra civil, que, por fortuna, es imposible. En bien de la Patria, en bien de la República, yo os pido la fórmula de la paz». La realidad fue mucho más dura de lo que él podía prever en 1931. El 12 de mayo de 1937 escribía, desde el exilio, en L´Ere Nouvelle de París el artículo titulado La Tercera España, definida ésta como «constitucional y parlamentaria, cordialmente igualitaria, emanada de la justicia social, católica en su mayoría, pero sin formar un partido confesional». Y continuaba: «La guerra civil significa la derrota por adelantado de la Tercera España, esa España deshecha, esparcida, la única esperanza de renacimiento de la vida nacional que se les puede asegurar y permitir a todos los españoles». Su desengaño vital era, lógicamente, infinitamente mayor que el de los muchos decepcionados que compartían el profundo desencanto temprano de Ortega con su «No es eso, no es eso».

Alcalá Zamora quemó todas sus baterías físicas, intelectuales y morales en la defensa de un régimen, que presidió a lo largo de toda su trayectoria, sin poder cambiar un rumbo fatal que se empezó a dibujar ya en los primeros enfrentamientos mientras se gestaba la Constitución. Nadie le puede acusar de pasividad al respecto. Más bien se le reprochó su intervencionismo excesivo desde el foro parlamentario. Los grandes problemas de la historia de España se lidiaron ya en la plataforma de las Cortes Constituyentes. El primero fue el de la estructura del Estado con la inserción de Cataluña en el mismo. Alcalá Zamora derrochó voluntad transaccionista entre los soberanistas catalanes y los centralistas republicanos sin incluir el federalismo en la Constitución, pero asumiendo el «Estado integral» abierto a los Estatutos autonómicos. El segundo problema fue el de la Reforma Agraria. Aquí, la colisión con los socialistas fue fuerte; logró neutralizar las propuestas más radicales, aun a costa de asumir acusaciones de defensa interesada y cómplice de la oligarquía feudal. El tercer problema fue el religioso, en torno a la confesionalidad del Estado, con la presión en la calle de las quemas de conventos. El conflicto planteado en este frente sí le llevó a la dimisión de su condición de presidente del gobierno provisional. Como diputado de a pie, en octubre de 1931, defendió el bicameralismo con un Senado que contemplaba como una cámara de representación territorial.

Al final, el redactado final de la Constitución de 1931 atendió poco las propuestas de Alcalá Zamora. Se deslizó por otros derroteros. Tusell habló del fracaso de la «juridicidad» en la República, vieja herencia por otra parte del jacobinismo liberal. En 1931 se despreció la Comisión Jurídica Asesora, presidida por Ossorio y Gallardo que tenía que elaborar la Constitución y se dio rienda suelta a lo que Jiménez de Asúa llamaba «roja sangre política» para evitar la decepción de la opinión pública. El problema es que la opinión es muy inestable y así lo revelan los vuelcos electorales de la Segunda República. Hubo demasiada obsesión por los artículos constitucionales, como decía Ortega, «cargados de divisas, gallardetes y banderines hasta el punto que la Constitución va a acabar por parecer una vieja fragata barroca, panzuda y estrellada». El problema no era el radicalismo sino como casi siempre, el retórico trascendentalismo histórico, el afán por quedar bien ante la historia, por escenificar con voz engolada, ante sus votantes, el supremo papel histórico de enterradores del pasado y constructores del futuro nuevo. Los diputados de 1931 repitieron el mismo papel de los diputados gaditanos que redactaron la Constitución de 1812. Jovellanos fue entonces el jurista-político instrumentalizado. El compañero de viaje. Jovellanos se murió pronto, en 1811, decepcionado por la evolución de las Cortes que nada tenían que ver con su proyecto político. Su muerte, antes de la Constitución de 1812, le libró de otras decepciones y le aseguró un puesto en la historia, querido y admirado por todos. Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República por sus propios adversarios políticos que le mantuvieron en el poder, quemándolo como político activo en la hoguera de las vanidades y en el escenario de la representación que tanto le gustaba, por otra parte, al político de Priego. El duro quinquenio vivido a lo largo de la República chamuscó definitivamente la imagen de Alcalá Zamora, progresivamente desacreditado, castigado por su propia visibilidad pública.

Nadie, en cualquier caso, le pudo quitar a Alcalá Zamora su capacidad de lucidez diagnóstica y pronóstica respecto a la España que tanto amó. Y la historia, lamentablemente, le dio la razón respecto a sus más pesimistas temores. Lo peor es que, hoy, más de medio siglo después de su muerte, cuando creíamos haber encontrado aquella tercera España que él soñó, en 1978, la seguimos buscando, mientras parece contar más que nunca la política de la representación que ya fustigó Larra con su amarga ironía: «Todo es pura representación. Desengáñate de una vez y acaba de creer a pies juntillas no solo que vivimos bajo un régimen representativo, aunque te engañen las apariencias, sino que todo esto no es más que pura representación, a la cual para ser de todo punto igual a una de teatro no le faltan más que los silbidos».

El 12 de noviembre de 1956, mañana hará cincuenta años, un exiliado republicano español fallecía en su domicilio de París de una grave dolencia cardiaca que le aquejaba desde hacía un decenio. Su entierro tuvo lugar dos días después en el cementerio de Père Lachaise, en el más estricto anonimato, por decisión expresa del fallecido. Su tumba fue cubierta por una losa de granito oscuro en la que no figuraba su nombre sino sólo sus iniciales: J. N. L.

Don Juan Negrín López (Las Palmas, 1892-París, 1956) había sido un eminente médico fisiólogo formado en Alemania que ocupó la Cátedra de Fisiología de la Universidad de Madrid y se convirtió en el maestro de una escuela de investigadores en su disciplina de prestigio internacional (con Severo Ochoa o Francisco Grande Covián como alumnos más destacados). También había sido un hombre comprometido con su tiempo, prototipo del intelectual español culto y europeizado, que abrigó desde muy pronto convicciones ideológicas democráticas, republicanas y socialistas. Esa triple inclinación le llevó a abandonar su brillante carrera como investigador científico para ostentar crecientes responsabilidades políticas durante los años de la Segunda República (1931-1936) y en el trágico trienio de la Guerra Civil española (1936-1939). Primeramente se reveló como un activo diputado socialista durante las tres legislaturas del quinquenio democrático republicano (representando a Las Palmas, Madrid y Las Palmas en cada ocasión). Ya iniciada la contienda fratricida en julio de 1936, destacó como eficaz titular del Ministerio de Hacienda en el Gobierno del Frente Popular presidido por Francisco Largo Caballero (septiembre de 1936-mayo de 1937). A continuación, alcanzó la cumbre de su carrera política en calidad de enérgico presidente del Gobierno republicano durante el resto de la contienda (mayo de 1937-marzo de 1939). Y, finalmente, retuvo contra viento y marea esa condición presidencial en las amargas circunstancias del exilio en los años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Gravemente enfermo y retirado de la política, pasó el resto de su vida en París hasta su prematuro fallecimiento a los 64 años de edad.

Como último presidente constitucional del Gobierno de la República en plena contienda civil, el doctor Negrín se convirtió en el máximo antagonista del general Franco y llegó a personificar el espíritu de resistencia republicano con tanto fervor e intensidad como el Caudillo llegó a representar al enemigo vencedor. Porque, dicho sin rodeos, los dos bandos contendientes quedaron encarnados bajo la forma de sus respectivos máximos mandatarios: un médico frente a un militar. Un dúo de antagonistas, además, que reflejaba notables peculiaridades. Tanto Negrín como Franco habían nacido en 1892 (el primero en febrero, el otro en diciembre), ambos portaban consigo la aureola de un prestigio profesional fuera de toda duda (el uno en la ciencia, el otro en las armas), ambos personificaban las dos grandes corrientes ideológicas en pugna por la hegemonía dentro de España (la modernización europeizante y democratizadora frente a la introspección nacionalista y reaccionaria) y ambos suscitarían, en mayor o menor medida, el entusiasmo de sus partidarios y el odio acérrimo de sus enemigos.

Sin embargo, a pesar de ese protagonismo indiscutible, la figura histórica del doctor Negrín cayó muy pronto en el olvido y el silencio, tanto como resultado de la abrumadora derrota cosechada por su Gobierno en la guerra como por efecto de las amargas divisiones que fracturaron al propio bando republicano durante el conflicto y en el exilio. Mientras que la animadversión franquista hacia Negrín resulta plenamente comprensible (fue el culpable de “retrasar” la victoria total y “alargar inútilmente” la lucha), la hostilidad de amplios sectores republicanos resulta más difícil de explicar.

Tras asumir la jefatura del Gobierno republicano, Negrín puso en marcha una estrategia de resistencia política y militar defensiva vertebrada sobre dos expectativas de horizonte alternativas. En el mejor de los casos, había que resistir el avance enemigo hasta que estallase en Europa el inevitable conflicto entre las democracias occidentales y el Eje ítalo-germano, sumándose entonces a la entente franco-británica y obligando a ambas potencias a acudir en ayuda de la causa republicana. En el peor de los casos, si ese conflicto continental no llegaba a estallar, había que resistir para conservar una posición de fuerza disuasoria que pudiera arrancar al enemigo las mejores condiciones posibles en la negociación de los términos de rendición. En ambas contingencias, la estrategia formulada implicaba dos exigencias correlativas. En el plano exterior, presuponía la conservación intacta del único y vital apoyo militar, financiero y diplomático disponible para la República: el de la Unión Soviética. En el plano interno, imponía la colaboración con el PCE y su integración como pilar inexcusable del Estado republicano habida cuenta de su disciplina y fortaleza y, sobre todo, en vista del contraste ofrecido por la persistente división socialista, el desconcierto anarquista y el letargo de los partidos republicanos burgueses.

Sin embargo, el acierto general de esa estrategia política acabaría naufragando en ese crucial ámbito interno a lo largo del año 1938, incapaz de frenar la continua presión del avance franquista, el persistente abandono de las democracias occidentales y el consecuente deterioro de la posición militar y moral del bando republicano.

De este modo, tanto Negrín como los comunistas (identificados con su política de resistencia como única salida al margen de la entrega incondicional a un enemigo inclemente) fueron concitando la hostilidad de los sectores seducidos por la ilusión de lograr la paz mediante una negociación de las condiciones de rendición con Franco. Acusado así de promover el ascenso del PCE y de sabotear las posibilidades de mediación, Negrín sufrió en los últimos meses de la guerra la crítica acerba de una parte de las fuerzas republicanas. Y fueron esas fuerzas las que alentaron el golpe militar que derrocó a su Gobierno en marzo de 1939 y abrió la senda a la capitulación incondicional ante Franco.

La amarga tragedia de la derrota y el exilio no aminoró en absoluto la intensidad de las divisiones políticas entre los republicanos. Antes al contrario. Convertido entonces Negrín en el chivo expiatorio de todos los fracasos, ninguna organización política o sindical trató de mantener con posterioridad el recuerdo de su figura y línea política. Por eso mismo, el PSOE optó por el silencio sobre un correligionario incómodo (aun cuando no dejara de homenajear a otros dirigentes del periodo como Prieto, Besteiro y Largo Caballero). Ni siquiera sus coyunturales aliados comunistas se mantuvieron fieles al legado de Negrín. Sobre todo porque su conducta en el exilio demostró una indudable independencia: apoyó el esfuerzo bélico franco-británico durante la vigencia del pacto de no-agresión germano-soviético (1939-1941); defendió la incorporación de España al Plan Marshall de reconstrucción europea en 1948 contra la opinión de la URSS; y dispuso la entrega a las autoridades franquistas, tras su muerte, de la documentación probatoria de que el oro remitido a Moscú había sido gastado íntegramente en aras del esfuerzo de guerra republicano.

De esta azarosa manera, la frialdad comunista hacia Negrín fue sumándose a la enconada hostilidad franquista y a la patente animadversión republicana. Y así fue tejiéndose la espesa malla de silencio, olvido e incomprensión que todavía hoy en gran medida rodea la figura humana y política del doctor Negrín. Había sido, en esencia, un gran científico devenido en político por sus propias convicciones y por la fuerza de la coyuntura histórica de su atribulado país.

El 4 de noviembre de 1936, hoy hace setenta años, cuatro dirigentes de la CNT entraron en el nuevo Gobierno de la República en guerra presidido por el socialista Francisco Largo Caballero. Era un “hecho trascendental”, como afirmaba ese mismo día Solidaridad Obrera, el principal órgano de expresión de la CNT, porque los anarquistas nunca habían confiado en los poderes de la acción gubernamental y porque era la primera vez que eso ocurría en la historia mundial. Anarquistas en el Gobierno de una nación: un hecho trascendental e irrepetible.

Pocos hombres ilustres del anarquismo español se negaron entonces a dar ese paso y las resistencias de la “base”, de esa base sindical a la que siempre se supone revolucionaria frente a los dirigentes reformistas, fueron también mínimas. El verano, sangriento pero mítico verano revolucionario de 1936, ya había pasado. Anarquistas radicales y sindicalistas moderados, que se habían enfrentado y escindido en los primeros años republicanos, estaban ahora juntos, esforzándose por obtener los apoyos necesarios para poner en marcha sus nuevas convicciones políticas. Se trataba de no dejar los mecanismos del poder político y armado en manos de las restantes organizaciones políticas, una vez que quedó claro que lo que sucedía en España era una guerra y no una fiesta revolucionaria.

El Comité Nacional de la CNT eligió los cuatro nombres destinados a tan sublime misión: Federica Montseny, Juan García Oliver, Joan Peiró y Juan López. En esos cuatro dirigentes estaban representados de forma equilibrada los dos principales sectores que habían pugnado por la supremacía en el anarcosindicalismo durante los años republicanos: los sindicalistas y la FAI. Joan Peiró y Juan López, ministros de Industria y Comercio, quedaban como indiscutibles figuras de aquellos sindicatos de oposición que, tras ser expulsados de la CNT en 1933, habían vuelto de nuevo al redil poco antes de la sublevación militar. Juan García Oliver, nuevo ministro de Justicia, era el símbolo del “hombre de acción”, de la “gimnasia revolucionaria”, de la estrategia insurreccional contra la República, que había ascendido como la espuma desde las jornadas revolucionarias de julio en Barcelona. A Federica Montseny, ministra de Sanidad, la fama le venía de familia -hija de Federico Urales y Soledad Gustavo- y de su pluma, que había afilado durante la República para atacar, desde el anarquismo más intransigente, a todos los traidores reformistas. Ella iba a ser además la primera mujer ministra en la historia de España.

Del paso de la CNT por el Gobierno quedaron escasas huellas. Entraron en noviembre de 1936 y se fueron en mayo de 1937. Poco pudieron hacer en seis meses. Se ha recordado mucho más lo que significó la participación de cuatro anarquistas en un Gobierno que su actividad legislativa. Como la revolución y la guerra se perdieron, nunca pudieron aquellos ministros pasear su dignidad por la historia. Y como no podía ser menos, a semejante acto de ruptura con la tradición antipolítica se le achacaron todas las desgracias. Para la memoria colectiva del movimiento libertario, derrotado y en el exilio, de aquella traición, de aquel error sólo podían derivarse funestas consecuencias. Toda la literatura anarquista posterior, cuando se enfrentó a ese tema, dejó el análisis a un lado para descargar la retahíla de reproches éticos harto conocidos. A un lado quedaba la revolución, vigorosa, soberana; al otro, su destrucción, hecha realidad por la ofensiva que desde el poder se emprendió contra las milicias, los comités revolucionarios y las colectivizaciones, las tres solemnes manifestaciones del cambio revolucionario.

Se menospreció así, en ese ajuste de cuentas con el pasado, lo que de necesario y positivo hubo en aquel giro extraordinario. Necesario, porque la revolución y la guerra, que los anarquistas no habían provocado, obligaron a articular una solución que, evidentemente, debía alejarse de las doctrinas y actitu-des que históricamente les habían identificado. Positivo, porque esa defensa de la responsabilidad y de la disciplina, que convirtió precisamente la participación en el Gobierno en uno de sus símbolos, mejoró la situación en la retaguardia, evitó bastantes más derramamientos inútiles de sangre de los que hubo y contribuyó a mitigar la resistencia que la otra estrategia disponible, la maximalista y de enfrentamiento radical con las instituciones republicanas, había alimentado.

Es evidente que un análisis de este tipo, que separa al historiador del juicio de autenticidad sobre la pureza doctrinal de aquellos protagonistas, lleva a considerar otras facetas olvidadas. Como la de que fuera un “anarquista de acción” como García Oliver quien consolidara los tribunales populares o creara los campos de trabajo, en vez del tiro en la nuca, para los “presos fascistas”. O que a un sindicalista de toda la vida como Joan Peiró le correspondiera regular las intervenciones e incautaciones de las industrias de guerra. O que una mujer, en fin, escalara a la cúspide del poder político, un espacio negado tradicionalmente a las mujeres y que Franco volvería a negar durante décadas, desde donde pudo emprender una política sanitaria de medicina preventiva, de control de las enfermedades venéreas, una de las plagas de la época, y de reforma eugenésica del aborto que, pese a quedarse en una mera iniciativa, avanzó algunos debates todavía presentes en nuestra sociedad actual.

Acabada la guerra, las cárceles, las ejecuciones y el exilio metieron al anarquismo en un túnel del que no volvería a salir. En la memoria de los anarquistas, y en la literatura y en el cine, se agrandó la figura de Buenaventura Durruti, con su pasado novelesco y sus hazañas de héroe, y quedaron en la oscuridad, por el contrario, otras figuras como la de Joan Peiró, un obrero que dedicó su vida a fabricar bombillas, organizar sindicatos y ajustar el anarquismo al reloj de la historia. Denunció antes que nadie, y por escrito, desde agosto de 1936, la violencia revolucionaria de destrucción del contrario. Cuando, después de los sucesos de mayo de 1937, Manuel Azaña encargó a Juan Negrín la formación de un nuevo Gobierno sin la CNT, Peiró acusó a los comunistas de haber provocado la crisis y denunció la represión desencadenada contra el POUM. Con la ocupación de Cataluña por el ejército de Franco, huyó a Francia, donde le detuvo la Gestapo en noviembre de 1940; entregado a las autoridades franquistas, fue ejecutado el 24 de julio de 1942.

El anarquismo arrastró tras su bandera roja y negra a sectores populares diversos y muy amplios. Arraigó con fuerza en sitios tan dispares como la Cataluña industrial, en donde además, hasta la Guerra Civil, nunca había podido abrirse paso el socialismo organizado, y la Andalucía campesina. Muchos de sus militantes participaron durante décadas en una frenética actividad cultural y educativa. Pero en ese recorrido siempre le acompañó la violencia. Su leyenda de honradez, sacrificio y combate fue cultivada durante décadas por sus seguidores. Sus enemigos, a derecha e izquierda, siempre resaltaron la afición de los anarquistas a arrojar la bomba y empuñar el revolver. Son, sin duda, imágenes exageradas a las que tampoco hemos escapado los historiadores, que tan a menudo nos alimentamos de esas fuentes, apologéticas e injuriosas, sin medias tintas. Una prueba más de las múltiples caras de lo que ahora llaman muchos, en singular, memoria histórica.

En dos ocasiones se ofreció a ser intercambiado por presos republicanos que iban a ser fusilados. En una de ellas, en la cárcel de San Pedro de Cardeña de Burgos, las autoridades militares aceptaron el dramático trueque. Frente al pelotón de fusilamiento, el reo no dejaba de sonreír, se sentía feliz por salvar la vida de un preso comunista y padre de familia. Pero el comandante del pelotón, al contemplar la escena, era incapaz de dar orden de disparar. «Padre, ¿retírese!», le requirió conmocionado. Se trataba del joven vizcaíno Francisco Gondra, más conocido como Aita Patxi, religioso pasionista que ejerció como capellán en un batallón nacionalista durante la Guerra Civil. El resto de su vida lo dedicó a la atención de los enfermos, desde el santuario de San Felicísimo de Deusto, en Bilbao.

En la Segunda Guerra Mundial, otro caso análogo es bien conocido. Un sacerdote capuchino, Maximiliano Kolbe, ofreció su vida a cambio de salvar la de un compañero prisionero, en el campo de concentración de Auschwitz. «Soy sacerdote católico polaco; soy anciano; quiero tomar su lugar, porque él tiene esposa e hijos», le argumentó al comandante del campo. En 1982, su compatriota Juan Pablo II lo declaró santo, para alegría de toda la nación polaca.

Los restos mortales de Aita Patxi descansan en el santuario de San Felicísimo y todos los días reciben la visita de devotos del barrio. Sólo aceptó, por obediencia, escribir sus memorias cuando sus superiores se lo exigieron, para que sirvieran de ejemplo. La causa de su beatificación se encuentra en Roma, desde hace varios años. Si algún día llega a prosperar, Aita Patxi se convertiría en el primer beato que, en la Guerra Civil, se alistó en las tropas republicanas.

La Iglesia católica ha elevado a los altares a cientos de hombres y mujeres asesinados en territorio republicano, simplemente por el mero hecho de confesarse cristianos, sobre todo en los primeros meses de la Guerra Civil. Habría que retroceder hasta el Imperio Romano para descubrir una persecución contra la Iglesia católica de similar magnitud a la que se produjo en el bando republicano entre 1936 y 1939. Se calcula, hoy en día, que en torno a 10.000 personas fueron asesinadas como resultado de la persecución religiosa, más de 6.000 de las cuales formaban parte del clero, desde jóvenes novicias de clausura hasta obispos. Casi todas pertenecían a familias humildes, al igual que sus verdugos. Milicianos socialistas, comunistas y anarquistas eran quienes, comúnmente, lideraron las matanzas. Incluso en diócesis como Barbastro o Lérida, más de la mitad de los sacerdotes seculares fueron asesinados.

En la Guerra Civil, la libertad de culto fue eliminada de cuajo en un buen número de pueblos y ciudades, mientras éstas se mantuvieron bajo el control de las tropas republicanas. Multitud de iglesias, monasterios, conventos, obispados o colegios católicos se saquearon y fueron pasto de las llamas. Muchos se catalogaban como joyas artísticas y no se volvieron a recuperar. La Iglesia católica pasó a la clandestinidad. Cientos de seminaristas, sacerdotes, religiosos o militantes seglares huyeron de sus hogares y buscaron refugio. Las misas se celebraban en secreto, y no en iglesias sino en casas de particulares. Durante la Guerra Civil, tan sólo la zona republicana del País Vasco continuaba conservando la libertad de culto, a iniciativa del Gobierno autonómico recién creado y que presidía José Antonio Aguirre. El PNV y el Gobierno vasco conocían los desmanes que estaban acaeciendo en otros lugares leales a la II República y se propusieron, como prioridad, mantener el orden público y garantizar la seguridad de quienes en la cárcel -o incluso en libertad de manera más o menos encubierta- simpatizaban con los ‘nacionales’.

Pero es de sobra conocido que el Gobierno vasco estuvo lejos de conseguir ser eficaz en esta misión y muestra de ello fue que no supo evitar los previsibles y sucesivos asaltos a cárceles como la de Larrinaga o a buques prisión como el ‘Cabo Quilates’, en donde fueron asesinadas indiscriminadamente más de tres centenares de personas, entre las que se contaba un numeroso grupo de sacerdotes. Tampoco existe constancia de que los autores de aquellos crímenes horrendos fueran detenidos y juzgados. Ni siquiera quien ocupaba la cartera de Gobernación del Ejecutivo vasco, el conocido Telesforo Monzón, que por aquella época militaba en las filas del PNV, abandonó su cargo ante tales execrables acontecimientos.

La persecución religiosa contribuyó a deslegitimar la causa republicana, dentro y fuera de nuestro país. Estados Unidos y las democracias europeas no podían respaldar abiertamente a la II República ante las matanzas que los milicianos comenzaron a perpetrar nada más iniciada la sublevación militar. La ‘cuestión religiosa’ fue la que más dividió a los españoles a lo largo de la II República y estuvo siempre presente en la agenda política, de unos y de otros.

La II República se inauguró en 1931 con la quema de conventos y con una Constitución de corte laicista y anticlerical, que se enfrentaba a las convicciones religiosas que todavía pervivían en la mayoría de los españoles. La izquierda política iba mucho más allá de postular la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado, como ya ocurría en otros países europeos y como yo sí creo que los obispos españoles de entonces hubieran terminado por aceptar. Pero una República que quería aparecer como adalid de la democracia puso en entredicho, desde el primer momento, la libertad religiosa.

Desde hace ya cuatro décadas, la mayor parte de la Iglesia católica es consciente de que, a pesar de la escalofriante persecución y suma de mártires que sufrió en la Guerra Civil, no fue capaz de estar a la altura de las circunstancias. No fue oportuno que, en el verano de 1937, los obispos españoles redactasen la carta colectiva en la que, explícitamente, apoyaban el alzamiento militar. Sólo dos obispos se opusieron a firmarla y uno de ellos era Mateo Múgica, de la diócesis de Vitoria, que en esa época aglutinaba a todo el País Vasco. Aunque Múgica era monárquico, aceptó que los católicos de su diócesis -ligados al nacionalismo vasco- apoyaran la II República durante la contienda. El obispo denunció también enérgicamente los fusilamientos de más de una docena de sacerdotes nacionalistas a manos de las tropas ‘nacionales’.

Asimismo, no debemos olvidar que, veinticinco años después de finalizada la Guerra Civil, militantes pro republicanos y grupos cristianos -con la complicidad de cada vez más obispos- comenzaron a trabajar de forma conjunta y clandestina a favor de la democracia y los derechos humanos en gran número de parroquias, algunas de las cuales habían sucumbido al fuego en tiempos de la II República y la Guerra Civil.

Al finalizar la contienda, la Santa Sede fue reacia a acelerar las beatificaciones de los cristianos martirizados, para que no fueran interpretadas como un respaldo al régimen de Franco. Era consciente que víctimas y criminales los hubo en ambos bandos. También es cierto que no todas las congregaciones religiosas han mostrado el mismo interés por promover las beatificaciones, a pesar de que Juan Pablo II reclamó en 1996, a cada una de ellas, un listado con sus respectivos mártires. Para los próximos meses se ha anunciado la celebración de nuevas beatificaciones. Pero la Iglesia desea, a toda costa, que este tipo de ceremonias no se interpreten políticamente. Buscan, exclusivamente, recordar a los mártires y presentarlos, ante el Pueblo de Dios y el mundo entero, como ejemplo de coherencia cristiana. En los instantes previos a su muerte, sabemos también que supieron perdonar a sus verdugos. Si no hubiera sido así, nunca serían declarados beatos. Por consiguiente, hoy, 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, en este año que recordamos el 70 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, la memoria de los asesinados como consecuencia de la persecución religiosa nos es particularmente pertinente. De ellos extraeremos, enseguida, lecciones en clave de fidelidad a las propias convicciones, capacidad de perdón y ansia de reconciliación.

Me engañaría si afirmase que entre nosotros se ha celebrado a bombo y platillo el septuagésimo quinto aniversario de la Segunda República. A la certificación de que el recordatorio ha sido, muy al contrario, infelizmente modesto, me permitiré agregar la de que no consta que muchos de quienes han tenido a bien acometer la honrosísima tarea de rescatar lo que aquellos años fueron hayan incluido en sus consideraciones a los libertarios de entonces. Cierto es que anarquistas y anarcosindicalistas, los olvidados de los olvidados, mantuvieron una relación comúnmente tensa con las instituciones republicanas.

No es mi deseo idealizar lo que nuestros anarquistas fueron en aquellos años convulsos. En sus organizaciones -no conviene confundir a la CNT con un movimiento libertario mucho más amplio- se reveló a menudo una notable distancia entre un puñado de dirigentes y una base más bien dócil y pasiva, se hicieron valer agudas divisiones y eventuales ínfulas autoritarias, se manifestó por doquier un insurreccionalismo poco meditado y ganó peso con frecuencia indeseada una mitología revolucionaria sin mayor sustento. Pero éste es el momento de subrayar que, aun con esas y otras rémoras, nuestros libertarios exhibieron virtudes nada desdeñables, tanto más si se contemplan desde la atalaya de hoy.

Con medios irrisorios, mostraron una admirable capacidad de movilización y, aun con las carencias que queramos, dieron rienda suelta a una vigorosa apuesta por la democracia de base, plasmada, por ejemplo, en hondas disputas internas que protagonizaron grupos de afinidad y sindicatos. Aprestaron, en fin, organizaciones de masas sin contar apenas para ello con liberados y sin disfrutar de los recursos dispensados por el Estado, conforme a un modelo del que bueno sería tomasen nota muchas de las hiperburocratizadas instancias de nuestros días.

Anarquistas y anarcosindicalistas acometieron, por otra parte, un formidable esfuerzo alfabetizador y culturizador, plasmado en un sinfín de revistas, libros y enciclopedias, de ateneos libertarios y de escuelas.

En un magma que a duras penas casaba con las pulsiones primitivistas y retardatarias que tantos gustan de identificar, y aun a merced de la dominante vocación obrerista, abrieron debates cuya actualidad, tres cuartos de siglo después, no ha mermado. Llevados del designio de crear un mundo nuevo sin aguardar a la toma del palacio de invierno, y desdeñosos del poder y sus oropeles, no dudaron en hacer frente a las gentes de orden -entre ellas, por cierto, muchos republicanos- y sus privilegios, lo que acarreó comúnmente una durísima represión. Ésta se convirtió a la postre en una escuela impagable que dio sus frutos, en julio de 1936, en la forma de una respuesta contundente ante el alzamiento militar y, después, se diga lo que se diga, en la de un compromiso consistente con la tarea de ganar la guerra, desplegado al tiempo que un experimento revolucionario, el de las colectivizaciones, revelaba una inequívoca conciencia sobre la distancia entre la socialización de la propiedad y su mera estatalización. Anarquistas y anarcosindicalistas padecieron también, en suma, la represión franquista de la posguerra.

Pero al cabo no es todo eso lo importante. Cuando procuramos rescatar la memoria de lo ocurrido, con unos y otros, en el decenio de 1930 inequívocamente lo hacemos para invocar el vigor contemporáneo -la actualidad y la respetabilidad- de muchas de las ideas que entonces se defendieron. Aunque el buen juicio invita a subrayar las notables diferencias que existen entre lo que los libertarios fueron por aquel entonces y lo que hoy son tantas iniciativas que han visto la luz en sociedades muy alejadas en el tiempo y en el espacio, no faltan las líneas de continuidad. Si es verdad que los movimientos libertarios son ahora débiles entre nosotros -y ello pese al rebrote, al que habrá que prestar atención, de un anarcosindicalismo estimulado por el entreguismo y la burocratización de los sindicatos al uso-, no lo es menos que las ideas anarquizantes tienen un ascendiente creciente que en una de las lecturas posibles no es ajeno al hecho de que aquéllas salieron indemnes de la quiebra de unos sistemas, los de tipo soviético, con los que de siempre habían guardado las distancias.

Testimonio de lo anterior lo ha sido la influencia del pensamiento libertario en el discurso y en la conducta de lo que dimos en llamar nuevos movimientos sociales, y entre ellos el pacifismo, el feminismo y el ecologismo. La huella de aquél se aprecia también, con todo, en una plétora de iniciativas que, tras reclamarse de la autogestión, la descentralización y la desjerarquización, repudian una sociedad asentada en la competición descarnada, en agresivas operaciones contra el medio natural y en la absurda identificación entre consumo y bienestar. Pero, más cerca aún en el tiempo, el ascendiente que nos ocupa se palpa en unos movimientos antiglobalización que han crecido en un escenario planetario marcado por la explotación, la represión y las exclusiones. Importa subrayar que la vena libertaria no se deriva en este caso de una lectura ideológica de los clásicos del anarquismo acometida por los activistas, sino, antes bien, de una certificación vivencial de cuáles son los problemas que la jerarquía, los liberados y las separaciones generan en organizaciones que dicen ser emancipadoras.

Al amparo de muchas de las manifestaciones de esos movimientos -que de nuevo, en el Norte como en el Sur, desdeñan todo lo que huela a toma del poder-, han renacido, por añadidura, la dimensión solidaria del apoyo mutuo y la apuesta por el trabajo voluntario, muy lejos de los espasmos individualistas con los que con abusiva frecuencia se ha identificado al anarquismo contemporáneo. El relativo, e inevitable, abandono del obrerismo a ultranza del pasado en modo alguno debe identificarse con un hedonismo claudicante.

Hace unos meses, EL PAÍS reprodujo la necrológica con la que el New York Times glosó la figura de Paul Avrich, el profesor estadounidense que nos acercó al anarquismo ruso del primer tercio del siglo XX. El autor anónimo de ese breve texto tuvo a bien subrayar que Avrich disentía “de la extendida imagen del anarquista como alguien violento y amoral”. No es ésa la imagen que albergamos quienes, y creo somos muchos, nos sentimos orgullosamente obligados a mostrar nuestro respeto y nuestra admiración por los libertarios de antaño. Bien que nos gustaría estar a su altura.

La historiografía neofranquista sostiene la tesis de que la Guerra Civil empezó el 6 de octubre de 1934. Un documento del fondo de la Nunciatura de Tedeschini, que acaba de abrirse a la consulta de los investigadores, parece ir en la misma línea.

Nos era ya bien conocida la aversión de Tedeschini a los regionalismos, tanto el vasco como el catalán, pero su informe al cardenal Pacelli del 13 de octubre sobre aquella insurrección alcanza niveles demenciales. Describe patéticamente la “violencia infernal” que se ha desencadenado en Asturias, pero en vez de complacerse de que en Cataluña la sublevación se dominara inmediatamente y con un mínimo de víctimas (gracias a la eficacia y prudencia del general Batet, y también a la sensatez del presidente Lluís Companys), hace a Cataluña responsable de todo lo ocurrido. “La revolución en Cataluña”, escribe satisfecho, “ha sido completamente debelada”. Pero sigue siendo el gran peligro: “Cataluña, que siempre he señalado como el punto peligroso de partida de un movimiento revolucionario, ha sido la que ha dado la señal de ataque, y en forma traidora.

Quien leía los diarios de los primeros días de ese mes quedaba sorprendido por las muestras de deferencia que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña daba al Gobierno central, de las que se complació públicamente el nuevo ministro de la Gobernación. Sólo suscitaba sospechas la insistencia con que el señor Companys, presidente de la Generalitat, exhortaba a los catalanes a estar alerta, y la presencia de hombres políticos de Madrid, como el señor Azaña, en Barcelona”. En realidad, fue todo lo contrario: Companys no arrastró a las izquierdas republicanas a la revolución, sino que lanzó la Generalitat a aquella aventura insensata por solidaridad con las izquierdas españolas. Pero el nuncio la tiene por la gran culpable y quiere mano dura con ella: “Hará falta también que el Estado no haga transacciones con los movimientos regionalistas-nacionalistas, que fomentan las discordias y las rebeliones. Cataluña, aquella Cataluña que desde 1928 ha hecho sufrir tanto a este nuncio de España, y que ahora le está dando demasiada, verdaderamente demasiada razón en todo lo que entonces dijo, ha hecho lo que desde hace mucho tiempo se preveía. Por el momento está humillada; pero en el norte los Países Vascos arden con sus peligrosas pasiones políticas, en las que, es doloroso constatarlo, tomaron vivísima y escandalosa parte el clero secular y regular, como diré en un próximo informe mío”. Y concluye: “Si el Gobierno central no logra resolver con energía estos problemas, para España no habrá de hecho llegado la anhelada hora de la salvación, y las jornadas sangrientas de este octubre se reproducirán asolando cada vez más a esta pobre nación”.

La referencia a 1928 alude a su visita apostólica a la Iglesia catalana, acusada por la dictadura de Primo de Rivera de catalanismo. La Santa Sede, mal informada, dictó unos decretos castigando delitos (inexistentes) del clero, como, supuestamente, negar la absolución a los que se confesaban en castellano. Los obispos de Cataluña expusieron la verdad y al caer la dictadura aquellos decretos se retiraron discretamente, con lo que el nuncio quedó en entredicho.

En 1933-1934 había realizado Tedeschini otra visita apostólica, ésta dirigida a las universidades católicas y los seminarios de España. El informe final fue muy negativo. En su virtud se cerraron todas las universidades (entre otras la de Tarragona), excepto la de Salamanca y la de Comillas. En cuanto a los seminarios, Tedeschini los encontró muy mal. Al proclamarse la República se les abrieron a muchos jóvenes posibilidades insospechadas y los que humanamente más valían se fueron, y de los que quedaron dice Tedeschini que mejor que se hubieran ido, porque eran los que no servían para nada más. Concuerda con este informe lo que refería Luis García de Valdeavellano, a quien tuve de profesor en la Facultad de Derecho de Barcelona. En los años de la República iba a veranear a su pueblo castellano. Era agnóstico y no iba a misa, pero saludaba educadamente al párroco. Como para entablar conversación, le preguntó: “¿Cómo van las vocaciones sacerdotales?”. El párroco le contestó: “Mal, don Luis, mal. ¡Con esto de los Guardias de Asalto…!”. Tedeschini denuncia el vizcaitarrismo del seminario de Vitoria y el catalanismo de los de Cataluña, pero reconoce, muy sorprendido, que inexplicablemente son los mejores de España.

Estallada la Guerra Civil, desde el inicio expresó Tedeschini una y otra vez su adhesión al alzamiento, pero aunque con su antirregionalismo coincidía con los rebeldes, los representantes de Franco comentan que no hay que fiarse de él. La ultraderecha española no perdonaba a Tedeschini que como nuncio, siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Estado, hubiese tratado de conciliar el Vaticano con la República.

Por fin se ha celebrado en Madrid una ceremonia oficial -con participación de varios ministros del Gobierno de Rodríguez Zapatero- reconociendo los méritos del doctor Juan Negrín en la defensa de la Segunda República. Me refiero a la inauguración en lo que fue el cuartel de Conde Duque de una exposición -que estará abierta hasta el mes de noviembre- sobre la trayectoria de este investigador científico que en circunstancias dramáticas llegó a ocupar la presidencia del Gobierno y los Ministerios de Defensa y Hacienda, olvidado sistemáticamente durante largos años, en los que fueron pocos los que se atrevieron a reivindicar su figura.

Sobre Negrín pesaba lo que hasta para algunos de sus correligionarios era considerado como una mancha: su coincidencia con el Partido Comunista en la política de resistencia al franquismo durante la Guerra Civil y posteriormente su posición favorable a la unidad sin exclusiones de todas las fuerzas antifranquistas. Esta actitud le valió ser acusado de “agente de Moscú” por otros líderes de su partido que propugnaban una imposible “paz honrosa” con Franco.

El doctor Negrín fue ante todo un científico prestigioso, en cuyo laboratorio se formaban investigadores tan famosos como Severo Ochoa. Fue también quien dirigió la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid, secundado por arquitectos tan importantes en su época como Manuel Sánchez Arcas.

Hijo de una familia burguesa de Canarias, Juan Negrín tuvo la suerte de completar su formación en Alemania, un país que entonces estaba a la cabeza de la ciencia y la técnica mundiales. Allí había comenzado a interesarse también por la política, como un ciudadano para el que no eran indiferentes los agudos problemas que entonces se vivían en la Europa de la primera posguerra mundial.

Esas inquietudes le llevaron a ingresar en el PSOE en las postrimerías de la Monarquía de Alfonso XIII. En ese momento, Negrín por su prestigio científico, era una adquisición importante para cualquier partido político.

Le vi por primera vez personalmente un día de diciembre de 1930, cuando vino a recoger a Largo Caballero en un mitin homenaje a Pablo Iglesias. Era un momento importante en la historia de este país. En ese acto, en un discreto apartado, Largo Caballero había transmitido a quien entonces era dirigente de la Casa del Pueblo de Madrid la orden -por cierto, incumplida- de desencadenar la huelga general el día 15, para apoyar el movimiento, que por decisión del Comité Revolucionario republicano, debía comenzar ese día a fin de implantar la República.

El doctor era en ese momento uno de los raros afiliados al PSOE que poseía un automóvil y con él debía llevar a Largo Caballero desde el mitin a una de las últimas reuniones del citado Comité en vísperas del acontecimiento. El coche de Negrín, conducido por él mismo, tuvo también en esos mismos días otros empleos singulares. Por ejemplo, recoger al pie de Prisiones Militares al comandante Ramón Franco, en ocasión de una conocida fuga, llevándole al lugar donde debía ocultarse hasta el día 15 en que se sublevaría a favor de la República. El doctor Negrín servía a la causa en misiones modestas pero peligrosas, para las que en cierto modo su prestigio de científico era una buena cobertura.

Proclamada la República, en las elecciones legislativas, los socialistas canarios pensaron que el doctor, por el prestigio social de la familia -además del propio- sería un excelente candidato y así se vio lanzado directa y públicamente a la política. Fue elegido diputado, formando parte de las Cortes Constituyentes de la República. Ello no le apartó sin embargo de lo que siguió siendo bastante tiempo su ocupación principal: la cátedra y el laboratorio.

Negrín no estuvo nunca integrado en lo que se consideraba la izquierda del Partido. Se alineó siempre con las posiciones centristas de Indalecio Prieto. Si el movimiento de octubre de 1934 que dirigían Largo Caballero y Prieto hubiera triunfado, Negrín como otros prietistas -el mismo Prieto, Zugazagoitia, Amador Fernández…- hubieran sido ministros del Gobierno que se iba a constituir.

En 1936, tras la elección de Azaña para presidente de la República, Negrín defendió el nombramiento de Prieto a la jefatura del Gobierno y se manifestó decidido a romper el grupo parlamentario socialista -de mayoría caballerista- y a apoyar a Prieto, en unión con los republicanos aun a costa de la división del PSOE.

Ya en la guerra, al formarse el Gobierno de Largo Caballero, Negrín fue nombrado ministro de Hacienda en el cupo que correspondía a la tendencia de don Indalecio y a propuesta de éste.

¿Por qué fue nombrado Negrín presidente del Gobierno, en vez de Prieto, tras la crisis del Gobierno de Largo Caballero en mayo de 1937? Se ha creado toda una leyenda atribuyendo el hecho a la iniciativa del PCE. Nada másfalso. El PCE hubiera aceptado la presidencia de Prieto, como aceptó su nombramiento de ministro de Defensa. Quien decidió, entre Prieto y Negrín, fue el presidente de la República, Manuel Azaña. En sus Memorias explica por qué: “Me decidí a encargar del Gobierno a Negrín. El público esperaría que fuese Prieto. Pero estaba mejor Prieto al frente de los ministerios militares, reunidos, para los que fuera de él no había candidato posible. Y en la presidencia los altibajos de humor de Prieto, sus repentes, podían ser un inconveniente. Me parecía más útil, teniendo Prieto una función que llenar, importantísima, adecuada a su talento y su personalidad política, aprovechar en la presidencia la tranquila energía de Negrín”… “Negrín, poco conocido, joven, duro, es inteligente, cultivado, conoce y comprende los problemas (sabe ordenar y resolver las cuestiones). Podrá estarse conforme o no con sus puntos de vista personales, pero ahora cuando hablo con el jefe del Gobierno ya no tengo la impresión de que estoy hablando con un muerto. Esto, al cabo de los meses, es para mí una novedad venturosa”.

En efecto, Azaña fue quien optó por Negrín cuando el candidato más indicado parecía Prieto.

¿Qué sucede a partir de ese momento? Fundamentalmente un acercamiento más marcado entre la Ejecutiva del PSOE, compuesta por partidarios de Indalecio Prieto y el Partido Comunista. El comité de enlace entre ambos partidos intensifica su actividad. Después de la formación del Gobierno de Negrín, Prieto plantea ante esa Ejecutiva la necesidad de ir pensando en la posible fusión de ambos partidos, basada en el objetivo de ganar la guerra. Ese planteamiento de Prieto provoca la dimisión de dos miembros de la Ejecutiva, entre ellos Anastasio de Gracia -que formalmente es el presidente aunque esa función la ejerce realmente el mismo Prieto-, disconformes con esa perspectiva. Y esa relación unitaria entre las direcciones de los dos partidos se prolonga hasta el fin de la guerra, incluso cuando Prieto, tras la batalla de Teruel y el corte en dos de la zona republicana, ha vuelto a posiciones anticomunistas y considera derrotada la República.

Negrín acepta la presidencia del Gobierno dispuesto a apurar todas las posibilidades de ganar la guerra. Ésta era su firme voluntad. Y se apoya militarmente en las unidades del Ejército Popular más sólidas, que son esencialmente las que tienen una connotación más próxima al Partido Comunista. Negrín y la Ejecutiva del PSOE en ese momento están decididos a colaborar con los comunistas para resistir mientras haya la más mínima posibilidad.

Negrín, como los comunistas, comprendía la naturaleza del fascismo que hacía imposible la “paz honrosa”. Tras la caída de Cataluña la resistencia se tornaba mucho más difícil. Pero, estando al corriente de la situación mundial, todavía había una posibilidad: aguantar hasta el estallido de la II Guerra Mundial. Y en último caso, resistir permitía ir retirándose ordenadamente y organizar la evacuación de decenas de miles de republicanos que tras el golpe de Casado quedaron en manos de Franco y fueron vilmente masacrados.

La dirección oficial del PSOE, en la que figuraban líderes como González Peña y Ramón Almoneda, sostuvo las posiciones de Negrín, cuyas coincidencias con el PCE fueron fundamentalmente dos: mantener hasta el fin la resistencia al franquismo y más tarde, terminada la II Guerra Mundial, recomponer la unidad de todos los republicanos para recuperar la República.

Negrín nunca fue comunista. Pero, al amanecer de nuevo la democracia en España, reconocer el papel de Negrín en la guerra contra el fascismo significaba reconocer también el papel de los comunistas españoles en la defensa de la República y en la resistencia clandestina a la dictadura. Y antes que eso hubo quienes prefirieron enterrar la figura de Negrín, sumirla en el olvido y ensalzar otras que jamás estuvieron a su altura.

Recordarlo hoy ya es sólo una parte de la recuperación de la memora histórica. Y aunque pese a algunos -pero la historia es la historia- de forma indirecta, a reivindicar el papel del PCE en la lucha por la democracia.

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Puntualizaciones. Ramón Lamoneda Izquierdo, México (EL PAÍS, 20/10/06):
El artículo de Santiago Carrillo sobre Negrín (EL PAÍS, 9 de octubre) hace merecida justicia al último gran defensor de la República traicionada. Más vale tarde que nunca. Asoma en el texto, por otro lado, una confusión de recuerdos, imputable sin duda al largo tiempo transcurrido. No fue Prieto, acérrimo anticomunista toda su vida, sino Largo Caballero, quien planteó la posibilidad de una fusión del PSOE con el PCE. Y Anastasio de Gracia nunca fue presidente del PSOE (en aquella época lo era Ramón González Peña), sino de la UGT. Y por último, el líder a quien en el texto se menciona equivocadamente como Ramón Almoneda fue Ramón Lamoneda Fernández, mi padre, elegido secretario general del PSOE en julio de 1935. Ojalá le puedan llegar estas observaciones, junto con mi aplauso por su artículo, a don Santiago.

En la madrugada del 28 de abril de 1936 cayeron asesinados en la esquina de las calles Muntaner y Diputació de Barcelona los hermanos Miquel y Josep Badia. El crimen causó una extraordinaria conmoción en todas partes, y también en el patio de la facultad de Letras, donde yo era estudiante, pero sorprendentemente ningún periódico de Barcelona se atrevió a señalar a los posibles culpables. Sólo unos días después, en el semanario satírico El Be Negre,su director, Josep Maria Planas, un joven periodista de 29 años, conocido por sus deliciosas descripciones de la vida nocturna barcelonesa en la que Josep Maria de Sagarra era su mentor, firmaba con nombre y apellidos un editorial acusando a los anarquistas del hecho.

La motivación del crimen no es difícil de trazar.

En 1932, una vez aprobado el Estatut d´Autonomia, se había constituido un nuevo Gobierno de Catalunya. Dado que en el Parlament, Esquerra Republicana tenía la mayoría, Companys fue confirmado como presidente. Pero Esquerra, que se había fundado hacía poco, en los días finales de la monarquía, era en realidad un conglomerado de sectores entre los que estaba Estat Català, y fue su responsable máximo Dencàs, quien se hizo cargo de la cartera de Ordre Públic, una conselleria importante porque el Estatut de 1932, que no traspasaba a la Generalitat la enseñanza, en cambio sí que le traspasaba el orden público y, por tanto, la autoridad sobre la Policía y la Guardia Civil. Además, le autorizaba a crear su propia policía autonómica. Dencàs puso a Badia al frente de la policía y la policía significaba entre otras cosas la brigada social.

Es fácil hablar de los años de la República en tonos nostálgicos y edulcorados, pero la verdad es que eran tiempos revueltos en todo el mundo. La revolución rusa de octubre había triunfado hacía poco y muchos consideraban inminente su expansión. Por otra parte, en 1929 había estallado la crisis económica que durante muchos años atenazó la economía mundial y allanó el camino a los fascismos. Yen Catalunya, un territorio eminentemente industrial, la crisis repercutía con fuerza, la inmigración masiva que llegaba desde el sudeste español no podía ser absorbida, las huelgas eran continuas y los atentados frecuentes, y el movimiento anarquista, incluidas sus versiones más violentas, era muy activo. Era en estas circunstancias que Badia tenía que controlar el orden público.

Por aquellos días un pariente mío que pretendía ingresar en la Policía visitó la jefatura superior, en la Via Laietana, poco después de un célebre tiroteo en la calle Mercaders relacionado, si no recuerdo mal, con una huelga de la construcción, y en el sótano advirtió la presencia de algunos anarquistas, entre ellos García Oliver, con aspecto de haber sido interrogados a fondo. Y, por lo que sé, fue precisamente en aquellos sótanos y en aquellos días que un anarcosindicalista apellidado Aznar compuso la canción emblemática de los anarquistas de acción, la que empieza: “Arroja la bomba, que escupe metralla, coloca petardos y empuña la Star…”, una canción que más de una vez canturreé en el frente de Teruel con los restos de la mítica columna de hierro valenciana.

Nacionalistas catalanes radicales y anarquistas estaban así claramente enfrentados, pero en cambio seis meses después y como consecuencia del alzamiento, se encontraron en el mismo lado de la barricada. El Gobierno de la Generalitat había logrado reducir la sublevación militar en Barcelona y, dado que el Gobierno de Madrid era prácticamente inoperante, podía en teoría declararse independiente, aunque solo en teoría, porque de hecho los anarquistas se habían adueñado de la calle y habían empezado la revolución, eliminando a los que consideraban enemigos de la justicia social, y con ello a buena parte del catalanismo tradicional en sus distintas orientaciones, incluso, por supuesto, a Planas, cuyo cadáver apareció una mañana, junto a tantos otros, en una curva de la Arrabassada. Y mientras continuaba la limpieza se formaban columnas de voluntarios que iban a Aragón para implantar la anarquía y derrotar a los sublevados. Por su parte, el Gobierno de la Generalitat pretendía tener autoridad sobre el ejército popular naciente y establecía una Escuela de Guerra y ponía en pie al menos una unidad militar propia, las Milicias Pirenaicas. El enfrentamiento era inevitable y ocurrió en los llamados Fets de Maig del 37, un enfrentamiento más sangriento que el propio 19 de julio y que terminó sin vencedores ni vencidos o, mejor dicho, con dos vencidos, la Generalitat y los anarquistas, y un vencedor, el Gobierno de la República, que mandó a Barcelona tres mil carabineros y se hizo cargo del orden público, dejando así en suspenso el Estatut. A continuación, se estableció en Barcelona, al mismo tiempo que lo hacía el Estado Mayor del ejército y el comité central del Partido Comunista Español. A partir de aquel momento la autoridad de la Generalitat fue poco más que simbólica y la guerra era cada vez más una guerra de liberación nacional española. Cuando a finales de 1938 se libró la batalla del Ebro, para contar con efectivos suficientes hubo que movilizar la quinta del biberón,por lo que buena parte de los aproximadamente cien mil hombres que intervinieron en la batalla en el lado republicano eran catalanes.En cambio, en el mando del ejército, tanto su jefe, Modesto, como los jefes de los tres cuerpos del ejército que lo componían (Líster, Tagueña y Vega), igual que sus respectivos comisarios políticos, todos ellos procedían del quinto regimiento, o sea, de la unidad de voluntarios que organizó al comienzo de la contienda el Partido Comunista en Madrid. Y del medio centenar de jefes superiores al mando de las brigadas y divisiones que intervinieron en la batalla, los que procedían de las filas catalanistas o anarquistas debían de contarse con los dedos de la mano.

Y una nota final. Víctor Alba, que en las aulas universitarias conocíamos como Pere Pagès, cuenta en algún lugar de sus memorias como acabada la guerra coincidió en una galería de la Modelo barcelonesa con el autor material de la muerte de Planas y con algunos colaboradores inmediatos de Badia en la jefatura, y cómo uno y otros no se hablaban aunque sabían que terminarían en el mismo paredón. Y muchos años después de tantas contradicciones y de tantos dolores, yo me asombro viendo con qué entusiasmo hoy hay quien rebusca en el pasado para hurgar en las viejas heridas y tocar a rebato.

Hoy nos asombra recordar que las mujeres sólo llevan 75 años votando en España, es decir, participando como ciudadanas. Es interesante situar la evolución del reconocimiento legal de este derecho en el ámbito internacional. El primer país del mundo que reconoció el derecho al voto de las mujeres fue Nueva Zelanda en el año 1893, después Australia en 1902. Los primeros países europeos son los nórdicos, a principios de siglo. Inglaterra fue un poco más tardía, en 1928. En Estados Unidos, aunque ya en 1869 se reconocía en el Estado de Wyoming, hubo que esperar a 1920 para que la 19ª Enmienda de su Constitución reconociera el derecho a votar sin limitación por razón de sexo. Francia, hasta 1944 no reconoce el derecho de las mujeres a votar. Es increíble que el país de la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, no extendiera el sufragio universal a las mujeres hasta hace 62 años, y aún es más sorprendente el caso de Suiza, que no ha reconocido el derecho al sufragio femenino hasta 1971.

Esta situación sigue originando realidades absolutamente incoherentes. Hoy las mujeres todavía no votan en Arabia Saudí, Bután y Brunei, en Kuwait una ley va a establecer que voten por primera vez en el año 2007. En Líbano tienen un sistema opcional donde se vota o no según quiera el gobierno y en Omán no votan las mujeres y sólo lo hacen algunos hombres. Evidentemente, al mundo le faltan siglos y siglos de perspectiva desde el punto de vista de las mujeres, porque llevamos apenas cien años compartiendo el espacio público, el económico o el social hombres y mujeres.

El domingo pasado conmemoramos el 75 aniversario de un hito histórico: la consecución del voto y, por tanto, el pleno reconocimiento de los derechos políticos y civiles para las españolas.

Los hechos se desarrollaron el 1 de octubre de 1931. Clara Campoamor, diputada madrileña de extraordinaria visión política, militante feminista y líder política sólida e incansable, para la que los derechos de las mujeres eran un principio irrenunciable, por encima de los intereses de los partidos políticos, pronunció en el Congreso de los Diputados un discurso inteligente y comprometido, decisivo a la hora de obtener el reconocimiento de este derecho, con el que consiguió que más de la mitad de los diputados de todas las ideologías aceptaran que sería un error político y un error histórico dejar a la mujer al margen del derecho a ser ciudadana: del derecho a votar, argumentando que la única manera de madurar en el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar en ella. Consiguió transmitir el mensaje de que la libertad se aprende ejerciéndola y se enfrentó con enorme valentía, incluso a la opinión de la mayoría de sus compañeros de partido, lo que pagó con la marginación.

La inclusión del artículo 36 en la Constitución de la II República española se consiguió con 161 votos a favor, pertenecientes a parte de los diputados del Partido Socialista, todos los partidos de derechas, algunos diputados del Partido Radical, de corte republicano-conservador, como la misma Clara Campoamor, minorías republicanas, progresistas y catalanes. Hubo notables deserciones, como la de Indalecio Prieto, que se ausentó de la votación.

Votaron en contra 121 diputados pertenecientes a Acción Republicana y al Partido Radical Socialista, como Victoria Kent, porque consideraban que las mujeres no estaban preparadas para el ejercicio de este derecho. Llama la atención que de las dos únicas mujeres diputadas en las Cortes, votara a favor la perteneciente a un partido conservador, Clara Campoamor, y en contra, precisamente la de un partido de izquierdas.

El 1 de diciembre hubo un intento de involución, un diputado de Acción Republicana presentó un proyecto de disposición adicional a la Cámara con una propuesta de modificación para que las mujeres no votaran en las elecciones legislativas hasta que no lo hubieran hecho en dos elecciones municipales. La votación fue aún más ajustada: 131 votos en contra de la propuesta de disposición adicional, y 127 a favor. En esta sesión había una diputada más en la Cámara, Margarita Nelken, del Partido Socialista, que como Victoria Kent, no apoyó los argumentos de Campoamor. Felizmente no se modificó lo aprobado el 1 de octubre.

El siguiente hito histórico para las mujeres en nuestro país ha sido la aprobación de la Constitución de 1978. Las españolas y los españoles en treinta años de democracia, hemos recorrido un camino de igualdad que otros países han tardado en recorrer ochenta. Hemos hecho mucho en poco tiempo. Salvo los países nórdicos, que siguen yendo por delante, la situación general de la mujer en Europa es bastante parecida. Se han producido avances espectaculares. Ya en 2004, el número de mujeres con carrera universitaria en la Comunidad de Madrid superó al de hombres: 681.000 frente a 676.000.

En esta legislatura se han creado 339.000 nuevos empleos en nuestra Comunidad, y el 62 por ciento de ellos han sido ocupados por mujeres, esto significa que su tasa de ocupación ha aumentado en 7,68 puntos en este periodo, situándose en el 61,67 por ciento y superando en 1,67 puntos el objetivo del 60 por ciento fijado en la agenda de Lisboa para las mujeres por la Unión Europea para el año 2010. El 55 por ciento del descenso del paro femenino de toda España, desde octubre de 2003, se ha producido en la Comunidad de Madrid.

Nuestra Comunidad también es pionera en el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisión. Han hecho falta en España más de 100 elecciones democráticas para que una mujer, Esperanza Aguirre, haya sido elegida por los ciudadanos como presidenta de una Comunidad Autónoma.

Esta realidad social se debe a que aunque hace 75 años sólo había una Clara Campoamor, hoy hay muchas. Las mujeres no sólo consiguieron el derecho al voto y el acceso al ámbito de lo público, sino que hicieron el camino de la libertad y del derecho a decidir. Estamos construyendo una sociedad que sólo tendrá una democracia plena cuando se alcance la igualdad real en todos los ámbitos entre hombres y mujeres.