Tema: La gran mayoría de los que emigran desde España son migrantes que retornan a su país de origen.

Resumen: El aumento del número de españoles residiendo en el extranjero refleja la salida de nuestro país de miles de inmigrantes nacionalizados, junto con el crecimiento de la cifra de latinoamericanos de origen familiar español, nacionalizados españoles en sus países en aplicación de la Ley de la Memoria. La salida de españoles autóctonos hacia otros países es pequeña y queda superada con creces por la migración hacia España.

Análisis: En los últimos meses los medios de comunicación se han hecho eco con frecuencia de un movimiento migratorio de los españoles que algunos asemejan a la gran emigración de los años 60, cuando alrededor de millón y medio de españoles se trasladaron a la Europa más rica e industrial, con la diferencia de que en la actualidad la salida del país estaría protagonizada por los jóvenes más formados. Las quejas sobre la pérdida de “cerebros” y capacidades acompañan estos reportajes y la publicidad dada a la oferta alemana de contratación de jóvenes ingenieros españoles ha ahondado esa alarma. En el tono sombrío que caracteriza desde hace algunos años la visión de los españoles sobre su realidad y su futuro, estas noticias sobre la emigración de los jóvenes cualificados vienen a confirmar los más negros diagnósticos sobre la profundidad de la crisis.

Sin embargo, estos reportajes suelen pasar por alto un dato: la gran mayoría de los que están saliendo del país son inmigrantes que llegaron en la ola migratoria de 1998-2007, muchos de los cuales han conseguido la nacionalidad española –que los latinoamericanos pueden solicitar tras dos años de estancia legal en nuestro país y que les permitirá regresar si las condiciones de nuestro mercado de trabajo mejoran–. Sin duda, esto no contradice la frase “los españoles están emigrando”, puesto que efectivamente hay muchos ciudadanos españoles entre los que se van, pero sí afecta a su interpretación.

Las fuentes que nos permiten conocer las cifras de migración hacia el extranjero son la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) y el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), ambas del INE. En los dos casos es posible diferenciar entre “nacidos en España” y “nacidos en el extranjero”, lo que hace posible analizar por separado a los españoles autóctonos y a los inmigrantes nacionalizados. Por otra parte, el INE elabora y publica Estimaciones de la Población Actual en las que incorpora información mensual sobre emigración e inmigración de extranjeros y españoles, aunque en este caso los datos que ofrece el INE no permiten diferenciar a los autóctonos de los nacionalizados.

De acuerdo con estos datos, a pesar de la crisis económica, España ha seguido siendo hasta finales de 2010 un país con más inmigración que emigración, con un saldo neto en ese año de 90.489 personas (inmigrantes menos emigrantes). El continuo descenso de llegadas desde el inicio de la crisis y el más suave aumento de las salidas ha producido en 2011 por primera vez un cambio de signo del saldo migratorio. Durante los primeros nueve meses de ese año, las salidas superaron a las llegadas en 55.626 personas.

Gráfico 1. Evolución de la inmigración a España y la emigración desde España. (*) Los datos de 2011 se refieren sólo al período comprendido entre enero y septiembre. Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales y Estimaciones de la Población Actual, INE.

Pero hay que resaltar que ambos flujos migratorios, el de entrada y el de salida, están protagonizados por extranjeros mientras que los españoles –y especialmente los autóctonos– juegan aquí un papel muy pequeño. Sólo un 8% de los que emigraron desde España en 2009 eran españoles autóctonos (nacidos en España), un porcentaje que se redujo al 7% en 2010: 26.675 personas sobre un total de 373.954 emigrantes. Los datos publicados por el INE no permiten hacer este desglose para 2011, pero no hay razón para suponer que la distribución entre autóctonos y el resto sea diferente a la de años anteriores.

Gráfico 2. Total de emigrantes y emigrantes autóctonos. Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, INE.

Que los inmigrantes sean los protagonistas principales de la salida migratoria desde España es consecuencia clara de la especial dureza con que el desempleo les está afectando. Según datos de la última EPA disponible (tercer trimestre del 2011), el 32,7% de los extranjeros en España está en paro, frente al 19,5% de los españoles. Estas cifras encubren además una gran diferencia según orígenes nacionales, con un desempleo muy superior en algunos grupos. Así, por ejemplo, el desempleo alcanza al 50% de los inmigrantes marroquíes.[1] Por otra parte, el desempleo entre los inmigrantes se traduce en peores condiciones de vida que las producidas por el paro entre los autóctonos: sólo una pequeña parte de los inmigrantes en desempleo ha cotizado a la Seguridad Social el tiempo suficiente como para tener derecho a cobrar el subsidio de desempleo y pocos inmigrantes cuentan en España con una red familiar con ingresos suficientes para sostener a adultos en paro.

Si el análisis se concentra en los “españoles nacidos en España”, la serie estadística muestra que su número está aumentando de forma continuada desde el año 2004, en plena etapa del boom económico y de empleo español, lo que parece indicar que su salida tiene menos que ver con la crisis actual que con el deseo de encontrar trabajos mejor remunerados, experiencias laborales más interesantes o, simplemente, con el deseo de vivir en otro país. En cualquier caso, el número sigue siendo modesto: en 2010 llegó a 26.675 personas.

Gráfico 3. Autóctonos que emigran. Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, INE.

En el caso del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero los datos muestran que el número de los españoles que residen fuera ha aumentado en algo más de 230.000 personas entre enero de 2009 (la primera cifra disponible) y enero de 2011, pero de éstos sólo 7.372 son nacidos en España, es decir, españoles autóctonos. Un aumento de 7.000 personas en dos años no parece justificar una alarma migratoria, sobre todo cuando el número de extranjeros que ha emigrado a España en ese período es mucho mayor. El aumento de las cifras del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero se debe en su mayoría a los países de América Latina, por la combinación de la migración de retorno de los que se han nacionalizado en España y el efecto de la Ley de Memoria. Así, excluyendo a EEUU y Canadá, en el continente americano el número de españoles ha pasado de 791.973 en 2009 a 958.431 en 2011, un aumento de 166.458 personas. En términos relativos a su población, el cambio más importante se ha producido en Cuba, donde el número de españoles se ha casi duplicado en aplicación de la Ley de la Memoria. El bajo número de éstos que nacieron en España corresponde a emigrantes españoles que llegaron a Cuba antes de la revolución castrista o bien a españoles destacados por empresas turísticas españolas en la isla.

Respecto a la temida salida desde nuestro país de jóvenes talentos, no hay ningún dato estadístico que lo confirme. Los datos del Padrón no muestran ninguna disminución de la población joven española, más allá de la mínima reducción producida por la mortalidad habitual en esa edad. La publicitada oferta alemana para la contratación en su país de profesionales españoles se ha saldado hasta ahora con cifras modestas, básicamente por las carencias de los españoles en el idioma alemán.[2]

De hecho, a pesar de la crisis, todavía son más las entradas de migrantes a España desde los países europeos más ricos (entre ellos Alemania) que las salidas desde nuestro país hacia ellos. Así, en el año 2010 migraron a España 8.015 personas extranjeras desde Alemania y sólo 2.458 españoles hicieron el camino inverso. Y no se trata sólo de jubilados o prejubilados alemanes: la mitad de los que emigraron de Alemania a España en el año 2010 estaban entre los 25 y 54 años, en plena edad activa.

Algo semejante ocurre respecto al Reino Unido y Francia. En 2010 se desplazaron a España 15.498 extranjeros desde el Reino Unido, de ellos 6.711 entre los 25 y los 54 años de edad, mientras que sólo 4.520 españoles emigraron al Reino Unido. En el caso francés los datos de 2010 indican una llegada desde Francia de 7.838 inmigrantes (la mitad entre 25 y 54 años) y una salida de españoles hacia ese país de 3.674 personas. La misma regla se aplica a EEUU, de donde emigraron a España en 2010 4.280 personas, mientras que sólo 3.169 españoles hicieron lo contrario.

Gráfico 4. Inmigración de extranjeros hacia España y de españoles hacia estos países, 2010. Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, 2010.

Conclusión: La emigración que se está produciendo desde nuestro país está protagonizada por inmigrantes que retornan a sus países de origen porque ya no encuentran en España las oportunidades laborales que vinieron buscando. Esta salida de población estuvo compensada hasta finales del 2010 por la superior entrada de nueva inmigración que, pese a la crisis económica, ha seguido llegando, básicamente por la vía de la reagrupación familiar, aunque su número se haya reducido de forma continuada desde el año 2007. En 2011 el signo se invirtió y las salidas superaron a las llegadas, siempre protagonizadas en su inmensa mayoría por extranjeros o inmigrantes nacionalizados. El aumento de españoles en el extranjero que reflejan las estadísticas se debe básicamente a esa migración de retorno de inmigrantes nacionalizados españoles y al aumento de ciudadanos españoles por la aplicación de la Ley de la Memoria en países americanos.

No hay pruebas estadísticas de que se esté produciendo una salida significativa desde nuestro país de población autóctona y los datos señalan que hay muchos más alemanes, británicos y franceses en edades activas emigrando a España, que españoles haciendo el camino contrario. Podría estar ocurriendo que los registros estadísticos (el Padrón y el PERE) no reflejasen el movimiento de salida en su magnitud real porque los españoles que emigran tienen pocos incentivos para darse de baja en el Padrón en España o para darse de alta en el Consulado del país de destino. Habrá que esperar al Censo, ahora en elaboración, para comprobarlo, pero esta duda no puede sustentar una alarma que confunde la migración de retorno con las salidas de españoles autóctonos. Por otra parte, que algunos miles de jóvenes españoles encuentren trabajo en otros países europeos es una buena noticia en cualquier circunstancia, porque ese trabajo fuera de nuestras fronteras es especialmente enriquecedor en términos de aprendizaje y de establecimiento de redes y esa movilidad laboral contribuye a formar valiosas experiencias vitales y profesionales que en definitiva benefician a sus protagonistas y al país en conjunto. Por último, esa movilidad laboral intraeuropea favorece al conjunto de Europa, cuyas instituciones intentan desde hace tiempo crear un auténtico mercado laboral interno, por ahora todavía muy débil.

Notas:

[1] Colectivo Ioé (2010), “El impacto de la crisis económica en la situación laboral de los inmigrantes marroquíes en España”, Notas Socioeconómicas de Casa Árabe, nº 11/2010.

[2] La red Eures, que agrupa a los servicios públicos de empleo nacionales y regionales europeos, gestiona un programa de colaboración entre España y Alemania a través del que se canalizan las ofertas de trabajo para españoles en este país véase.

When I walk into Beijing’s migrant worker slums, five minutes from the high-rising financial centre and shopping malls, I understand what Ai Weiwei means when he calls Beijing “a city of violence” – violence against a large section of its working population and their families. “We live under the same sky, why are we not entitled to the same rights?” is a question many ask in Xinzhuang and other migrant neighbourhoods.

During the past month schools for children of migrant workers – who build the capital’s offices and mansions, clean its streets and guard its security – have been shut down, with more to follow in the coming weeks. Tens of thousands of migrant children are left without schools and nurseries to go to. Here in Beijing, two worlds exist in parallel. Those of rural origin – a third of the city’s 19 million population – are ruthlessly segregated from the urban dwellers, economically, socially and culturally. Despite the attempt to pretend this is a local issue and only local governments are responsible, the day-to-day injustices experienced by migrants are very much a result of central policies.

The system that has maintained the rural-urban segregation within China’s cities is hukou (household registration), set up in 1958 to control rural-to-urban migration. While rhetorically the peasantry was the “vanguard of the revolution” – and indeed the 1949 revolution wouldn’t have been possible without them – in practice, in China’s post-1949 drive to industrialisation, the peasantry became an unchangeable category of social class in the Maoist theory of the “four blocs of society” known as “new democracy” (xinminzhu zhuyi).

Peasants’ role was to produce and feed the cities and support the modernisation process of their motherland. Peasants’ class status was fixed – as shown on their ID – no matter what they might choose to do. “Wo shi nongmin [I am a peasant],” I’ve had migrant workers tell me about their class origin, as if it were a stamp on your body for life. It was impossible for peasants to move their hukou to the cities.

This class status hasn’t changed since Deng Xiao Ping‘s gaige kaifang (economic reforms and opening up), in the late 1970s. The countryside underwent de-collectivisation while it remained the nation’s production backyard. Agricultural production increased in the early stage of the reforms in “releasing the productive forces”, as Deng called it, but with rampant corruption and heavy taxation, the poverty deepened. Since the mid-1980s half of the 400 million rural working population have been pushed off the land, seeking a livelihood away from their villages.

As rural residents came to the cities, they immediately faced discrimination and exclusion. Migrant workers’ first welcome was being told to stand in the min-gong (peasant worker) queue inside train stations. And there was no way to disguise class origin: the migrants could be distinguished by their brown, tanned faces and bent backs (due to years of farm work). They spoke their own dialects instead of “proper” Mandarin. Many faced verbal abuse as soon as they arrived.

In the three decades of gaige kaifang, numerous barriers have been set up to discourage their migration: the strict requirement for the unaffordable temporary residency permit, and the random street search by police. Most migrants feel they are a hidden army of labour that supplies industries and urban life with their sweat and blood while enduring second-class status.

Today, when China boasts growth and foreign reserves, migrants continue to be burdened with the hukou system. The criteria for applying for a hukou remain harsh, and unreachable for most migrants, and many work for years without any status. Without hukou, they can’t access services in the cities such as healthcare, education and housing. While urban dwellers pay a minimal cost for medical care, many migrants have to return home for treatment. While urban children enjoy free primary education, migrants either aren’t entitled or can’t afford it – monthly tuition fees in a Beijing primary school would cost a migrant parent two-thirds of their wages.

A migrant activist told me: “These children aren’t treated as everyone else. They’re called the mobile students, who can’t go to state schools. Their parents have for years sent their children to privately run schools without proper facilities or curriculum.” In Haiding, Chaoyang and Daxing – the migrant-inhabited townships within Beijing – hundreds such private schools were set up. Some are run as makeshift charities, others profit-making, but they are inadequate to provide proper education. Yet education, in many people’s eyes, is the only way they can lift themselves out of poverty.

Some call hukou the fundamental evil. Even the government-funded National Development and Reform Commission admits it is an “institutional barrier” and believes it should be scrapped. However, these institutions aren’t in the position to change things. “Protection of migrant workers’ rights” is a rhetorical statement of state organisations, but the government has shown no wish to listen to migrant workers’ demands. The only officially recognised channel through which migrant workers can voice their discontent is by petitioning the local authorities – a centuries-old tradition. Little happens as a result. Self-organised protests are classified as “mass incidents” and often dispersed quickly.

Calls for change have so far fallen on deaf ears. Some suspect that migrant children’s schools are being closed as a disincentive to future migration. Migrant workers’ NGOs face constant government monitoring and pressure not to speak out. Meanwhile, the state-run trade unions are ineffective and seen by many workers as a “paper tiger”.

In recent years, migrants have raised their demands through protests, road blockages, sit-ins and spontaneous strikes. Although these have not always proved effective, workers have become more aware of their collective strength. In the past year they have won some improvements in wages and working conditions. Many migrant workers, now better informed, are far less willing to accept the status quo. As they grow in confidence, the regime will find it increasingly difficult to ignore their demands. China’s rulers should realise now that it is in their long-term interests to listen.

Las políticas populistas de gobiernos locales hacia los inmigrantes están causando rupturas en el sistema federal estadounidense, en algunos estados de la Unión Europea y enfrentando a gobiernos locales con centrales. En los últimos meses, una serie de leyes han sido aprobadas en los estados de Arizona, Georgia, Alabama y Carolina del Sur orientadas a expulsar a los inmigrantes en situación ilegal. Entre tanto, en Europa se cuestiona el acuerdo de Schengen.

El presidente Barack Obama considera inadecuadas esas leyes porque podrían violar derechos civiles. Según un estudio del Pew Hispanic Centre, en Estados Unidos hay 11,2 millones de inmigrantes en situación ilegal, de los que trabajan 8 millones. Esto representa el 5% de la mano de obra y el 4% de la población del país. La mayor parte de los inmigrantes son mexicanos, seguidos de latinoamericanos de diversos países, asiáticos y europeos. Las leyes para expulsar a los ilegales dan poder a las policías locales para requerir la documentación a sospechosos; prohíbe transportarlos y obliga a los empleadores a verificar que tienen la documentación en orden. En el caso de Alabama se exige a las escuelas que no admitan estudiantes ilegales o a los hijos de estos, aunque eso contraviene un dictamen del Tribunal Supremo sobre el libre acceso a la educación.

The New York Times editorializó el 3 de julio que Estados Unidos carece de un sistema de inmigración eficaz que proteja a los trabajadores y sus familias, regule el funcionamiento de las fronteras y asegure un régimen legal para millones de personas que, de hecho, tienen ofertas de trabajo en diversos sectores laborales. La falta de acción del Congreso deja que políticos populistas y legisladores locales promuevan leyes destructivas. Según el Times, la idea de querer expulsar a más de 11 millones de personas es lunática.

El caso de Estados Unidos es particularmente relevante. Se trata de una sociedad formada por diversas olas migratorias y su modelo de integración ha sido un ejemplo positivo frente a los problemas del multi-culturalismo europeo. Teóricamente, la sociedad estadounidense incluye e integra a sus inmigrantes mientras que la europea, pese a sus diferentes modelos, tendería a crear guetos.

El presidente Obama llegó a la presidencia en parte gracias al voto de los latinos. Pero en julio del 2010 había perdido parte de su apoyo debido a que durante su primer año de gobierno no impulsó ninguna medida para regularizar a los ilegales. En cambio, el Partido Republicano tomó la iniciativa agitando la cuestión migratoria, vinculando la crisis, el desempleo, un presidente negro y los inmigrantes. Al menos diez estados han promovido legislaciones de corte racista alegando que es necesario “recuperar América” y “ponerse de pie para salvar nuestra cultura”. Casi todos los representantes del Congreso que apoyan esas legislaciones apoyaron la campaña gal.

Miembros del Congreso escribieron el año pasado al presidente denunciando que la violencia ha crecido en la zona fronteriza y que los inmigrantes son un problema de seguridad nacional. Pero los datos oficiales indican que hay menos violencia, que la inmigración ha decrecido y que la demanda de trabajo inmigrante continúa aumentando. Otros estudios muestran que legalizarlos representaría un inmenso beneficio económico para el Estado y la economía del país. Una serie de empresas apoyan que el Congreso haga una reforma para su regulación. Por otro lado, el peso electoral de los latinos empieza a ser crucial; es la comunidad que aumenta con más rapidez en Estados Unidos y representa el 7% del electorado.

En Europa, especialmente desde que las revueltas en el mundo árabe provocaron un flujo mayor, o más visible, de inmigrantes y refugiados, un número creciente de partidos políticos y gobiernos están promoviendo el restablecimiento de fronteras para limitar el acuerdo de Schengen de libre circulación de personas (Italia, Francia y Dinamarca), redistribución de inmigrantes entre ciudades (como propuso recientemente el alcalde de Salt), ilegalización del burka, restricción de permisos para la construcción de mezquitas y limitación del cupo de refugiados. Los llamamientos a preservar la identidad europea o la italiana, la británica o la española, especialmente frente a los practicantes del islam, son cada vez más numerosos.

Aunque se continuarán precisando trabajadores inmigrantes en Europa, la agitación populista unida a la crisis económica produce rechazo social hacia ellos. La movilización racista reemplaza el debate público y políticas democráticas, lo que conlleva rupturas sociales y pasos atrás institucionales en la Unión Europea y Estados Unidos que afectan a toda la sociedad y van más allá de la inmigración.

A primeros de julio pillé un taxi en  el centro de Barcelona para que me llevara al aeropuerto. Tras comentar el posible aumento de carteristas, el taxista comenzó a desarrollar un discurso que fue adquiriendo un beligerante tono racista y antimusulmán, atribuyendo todos los robos callejeros a los inmigrantes norteafricanos. Tras decirme que vivía en un barrio de una ciudad cercana a Barcelona, progresivamente ocupado en los últimos años por marroquíes, pasó a informarme de una conspiración de los países árabes con el objetivo de dominar Europa, dirigida por los poderosos reyes y emires que controlan el mercado del petróleo.

Me mostré algo escéptico ante tal posibilidad pero, más preocupado por no perder el avión que por rebatir los argumentos del taxista, dejé que se explayase y comprobé que alguien le había adoctrinado mediante un guión minuciosamente elaborado. En este plan maquiavélico por dominar todo el continente, España y, en concreto, Barcelona, habían sido escogidas como el país y la ciudad por donde empezar la reconquista europea dado que eran el eslabón europeo más débil, con los gobernantes más abiertos en materia de inmigración y con un rey y un presidente del Gobierno sobornados por los petrodólares árabes.

Mi interlocutor no cesaba de suministrar detalles y cifras sobre los avances de este imaginario plan. Incluso, ya llegando al aeropuerto, trajo a colación la vieja polémica sostenida a mitades del siglo pasado entre los historiadores Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz: el primero estaba equivocado, según el taxista, al considerar que las raíces identitarias de España provenían de un cruce cultural entre cristianos, musulmanes y judíos; el segundo acertaba, por supuesto, al sostener que las raíces culturales españolas son cristianas.

Por su manera de expresarse, mi conductor no parecía ser un hombre intelectualmente preparado. Así pues, las teorías que me explicaba no eran el fruto de una reflexión propia sino la simple repetición de propaganda panfletaria. Alguien, en consecuencia, está inoculando en personas escasamente formadas el veneno del odio contra los inmigrantes musulmanes, convertidos actualmente en los nuevos judíos: del antisemitismo hemos pasado al antiislamismo, la nueva modalidad de racismo en la Europa de principios del siglo XXI. Al enterarme de la tragedia noruega, el relato del taxista me vino inmediatamente a la memoria. No porque en tal conversación se invocara la necesidad o la conveniencia de acciones terroristas sino porque tales acciones suelen suceder cuando previamente existe un determinado caldo de cultivo.

En efecto, ante la tragedia de la semana pasada, caben dos posibilidades: o bien se trata de un loco aislado que decide matar indiscriminadamente para así intentar resolver sus problemas psicológicos; o bien se trata de una persona, sin duda también alterada mentalmente, que emprende tan salvajes acciones con el objetivo de trasmitir un mensaje a la sociedad sabiendo que una parte de la misma está esperando escucharlo.

Por lo que parece, el asesino noruego pertenece al segundo grupo como muestran sus antecedentes políticos en las actividades de la extrema derecha. En este sentido, el cuadro político europeo es inquietante. Crece la insatisfacción con el funcionamiento de los mecanismos democráticos de los distintos estados, especialmente con los cargos políticos y con los partidos, además de con una Unión Europea que no sabe encontrar soluciones a la crisis económica. Ello se traduce en un aumento del voto a formaciones antieuropeístas, nacionalistas y de extrema derecha, ideológicamente contrarias a los valores de la democracia liberal, es decir, a la igual libertad de todas las personas. Así, partidos de esta naturaleza han obtenido recientemente resultados significativos: 23% en Noruega, 19% en Finlandia, 17,5% en Austria, 16,7% en Hungría, 15% en Holanda, 13% en Dinamarca.

Todos estos partidos se basan en un nacionalismo xenófobo en el que se mezclan la necesidad de preservar una supuesta identidad cultural y cerrar el paso a la inmigración, en especial la proveniente de países musulmanes. Si a ello añadimos, como ha reivindicado el asesino de Oslo, la vuelta a un fundamentalismo cristiano, estamos ante la posibilidad de que estalle una tormenta perfecta, especialmente si tenemos en cuenta que la crisis económica no ofrece signos de remitir ni hay perspectivas de que a medio plazo disminuya la inmigración.

Todos estos factores de crisis – económica, social y política- estaban también presentes en los años veinte en Alemania. Fueron el caldo de cultivo en el que triunfó el nazismo. En aquella ocasión, además, los judíos fueron considerados el enemigo interior, los traidores a la patria por estar al servicio de grandes poderes económicos extranjeros. Hoy el cuadro europeo general empieza a parecerse a aquella Alemania de entreguerras y los inmigrantes musulmanes han pasado a ocupar el lugar de los judíos. El discurso de mi taxista, el discurso del odio, lo explicaba muy bien.

El título de este artículo es un párrafo de la canción El emigrante (1949) que cantaba Juanito Valderrama. Era un homenaje a una emigración empujada por el hambre o las ideas políticas; emigración de maleta de cartón, ferrocarril o barco; emigración que fue desapareciendo poco a poco. Es más, en los años 70 del siglo XX hubo un reflujo de españoles que volvieron del extranjero; y en los 90 y, sobre todo, en los primeros años del XXI, España se llenó de inmigrantes; hasta el 10% de su población.

Durante estos años venturosos que duraron hasta el 2007, hubo españoles que salieron a otros países. Las razones de esta emigración fueron distintas: aventura, retos y nuevas oportunidades, negocio, aprendizaje de idiomas, posibilidades de estudios o carrera, seguir a una pareja o un matrimonio extranjero, etc. Nos lo muestra periodísticamente el programa Españoles en el mundo.No puede decirse que se pudiera aplicar la frase de la canción a esta emigración selectiva y voluntaria. No lloraron en su marcha. Muchos han triunfado, como científicos, cocineros, artistas, padres o madres, otros no, pero el país siempre está dispuesto a recibirlos de nuevo.

Desde el 2007 hasta ahora el panorama ha cambiado. La emigración española de los últimos tres años no ha sido atraída por las bonanzas del extranjero, sino expulsada por las dificultades de la economía española. En el 2009 emigraron oficialmente 102.432. A esta cifra, hay que sumar los sudamericanos de doble nacionalidad que retornaron a países como Argentina; 33.000 se calculan para los dos últimos años.

La emigración siempre es selectiva. En términos generales son personas con empuje, emprendedores dispuestos a correr riesgos y triunfar. Por eso nunca es bueno para un país desangrarse demográficamente con la emigración. Menos aún una España con una pirámide de población casi invertida. Sólo cuando se realiza el retorno del emigrante en tiempo de capacidad productiva se puede capitalizar lo que se aprendió fuera como ocurrió con emigrantes de los años cincuenta y sesenta del siglo XX a Europa. Pero si no vuelven a tiempo se pierde su potencial humano. Eso nos puede pasar ahora si no se remedia.

En los dos últimos años, a la selección por carácter emprendedor, la emigración añade la formación. Emigran jóvenes universitarios, cerebros se llaman ahora, empujados por los bajos salarios y la precariedad laboral. El desempleo juvenil ronda el 40%, más del 30% del empleo español es temporal y casi el 90% de los contratos de cada año también. España no ofrece un panorama profesional atrayente y eso es lo peor que refleja esta emigración.

Los principales empresarios españoles han creado una fundación con objeto de mejorar la marca España a nivel internacional. Se llama Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC). Son conscientes de que lo que hace cinco años suponía un activo para sus empresas, el origen hispánico, es ahora un inconveniente a nivel internacional. Pues bien, la marca España, desde el punto de vista profesional, tampoco se está vendiendo bien internamente. Nuestros jóvenes la compran para vivir, tener una familia o disfrutar de su ocio, pero no para hacer una carrera. Se dice que tenemos una gran calidad de vida, pero no hay futuro profesional.

Una parte de la competitividad es la retención y fidelización de ese talento que se nos va de un país con unas empresas que contratan precariamente y sin futuro. El Consejo Empresarial para la Competitividad debe ser consciente de ello; hay que mejorar la marca España fuera, pero también dentro. Para ello deben modificarse las prácticas de dirección de Recursos Humanos en las empresas.

Los empresarios dirán que sus políticas actuales se deben a la legislación laboral, que los políticos y los sindicatos son los culpables por no dejar más libertad al mercado. Es parte de la verdad, pero no toda. Mercadona, con Juan Roig a la cabeza, con la misma legislación laboral tiene unas prácticas laborales que dan seguridad de empleo y desarrollo profesional dentro de la compañía. Mercadona practica con el ejemplo. Su presidente es uno de los empresarios que empujó el Consejo Empresarial para la Competitividad. Si la inmensa mayoría de las empresas españolas tuvieran esa filosofía nuestros jóvenes universitarios se irían menos.

Y ya no lloran, se van con la sonrisa del audaz. Su preparación y cualidades son apetecibles en Centroeuropa. Angela Merkel, la cancillera alemana, vino hace unos meses a ofrecerles esperanza y futuro profesional; sabe que los ingenieros españoles tienen un excelente grado de preparación. En Inglaterra médicos, farmacéuticos y ATS españoles tienen asegurado un puesto de trabajo. No se van tan tristes como decía la canción de Juanito Valderrama. Los que deberían volver la cara llorando son los políticos, los sindicalistas y los empresarios al verlos marchar.

Revelations about the hotel housekeeper who accused Dominique Strauss-Kahn of sexual assault suggest that she embellished claims of abuse to receive asylum, fudged her tax returns, had ties to people with criminal backgrounds, had unexplained deposits in her bank account and changed the account of the encounter she gave investigators. Yet those who would rush to judge her should consider the context.

Mr. Strauss-Kahn’s accuser is from Guinea, also the home country of Amadou Diallo, the street peddler who was shot to death in the doorway of his Bronx apartment building by four New York City police officers in 1999. Guineans leave their country in large numbers, partly because of grinding poverty; 70 percent live on less than $1.25 a day , despite the fact that Guinea has almost half of the world’s bauxite (from which aluminum is made), as well as iron, gold, uranium, diamonds and offshore oil.

The same leaders whose theft and mismanagement have kept so many Guineans poor in the decades since independence from France, in 1958, have also been ferociously violent, massacring as many as 186 unarmed demonstrators calling for democratic reforms in 2007, and at least 157 demanding the same in 2009. After the latter massacre, members of the state security forces gang-raped dozens of women to punish them for protesting and to terrorize men and women into silence.

While the American government condemned the massacres, the bauxite kept shipping, supplying Americans with aluminum cookware and automobile parts. That’s no surprise; the biggest mining companies doing business in Guinea are based in the United States, Canada, Britain and Australia.

People fleeing state-sponsored violence and extreme poverty will do anything to leave. I receive requests every few weeks to write expert-witness affidavits for West African asylum claimants. As a personal matter of conscience, I will not write in support of an applicant whose testimony I believe contains inconsistencies.

Yet asylum claimants are often asked to perform an impossible task. They must prove they have been subject to the most crushing forms of oppression and violence — for this, bodies bearing the scars of past torture are a boon — while demonstrating their potential to become hard-working and well-adjusted citizens.

This is where the lies and embellishments creep into some asylum seekers’ narratives. Immigrants share tips and hunches about ways to outwit the system, even as immigration judges try to discover the claimants’ latest ruses. But I can say from experience that for every undeserving claimant who receives asylum, several deserving ones are turned down. So few Africans gain access to green cards through legal channels that the United States government grants about 25,000 spots annually to Africans selected at random through the diversity visa lottery.

Just as Mr. Diallo’s death resonated because it made the tribulations of many West African immigrants public, the case of Mr. Strauss-Kahn and his accuser has the aura of a parable. Many Africans feel the International Monetary Fund, which Mr. Strauss-Kahn led, and the World Bank have been more committed to the free flow of money and commodities like bauxite than to the free flow of people and the fulfillment of their aspirations.

Guinean press accounts, and recent conversations I’ve had with Guineans, suggest that they disapprove of the deceptions by Mr. Strauss-Kahn’s accuser. But given the poverty and systemic violence in their country, they understand the circumstances in which such deception could occur — and we should, too.

As the case against Mr. Strauss-Kahn seemingly disintegrates, he is enjoying a political renaissance at home, yet I keep asking myself: does a sexual encounter between a powerful and wealthy French politician and a West African hotel cleaning woman from a dollar-a-day background not in itself suggest a gross abuse of power?

En casi todos los países ricos, el fervor contra los inmigrantes se ha transformado en fiebre. Pero es una enfermedad que es preciso resistir para que estas sociedades puedan seguir prosperando y para que los países en vías de desarrollo puedan luchar contra la pobreza y lograr un crecimiento económico sostenido.

Hay cuatro motivos por los que es deseable un mayor índice global de migraciones: es una fuente de innovación y de dinamismo; sirve de respuesta a la escasez de mano de obra; permite enfrentar el desafío que plantea el veloz envejecimiento de las poblaciones; y ofrece una forma de huir de la pobreza y las persecuciones. Por el contrario, poner límites a las migraciones supone un freno para el crecimiento económico y, a la larga, un deterioro de la competitividad de las sociedades. Además, es crear un mundo menos próspero, más desigual y dividido.

Por supuesto, un aumento de los índices migratorios conlleva en el corto plazo costos locales a los que es preciso hacer frente para que las sociedades puedan disfrutar de los beneficios a largo plazo, que son mucho mayores. Sin embargo, y a pesar de la oposición interna que enfrentan en los países de acogida, en los últimos 25 años las migraciones internacionales se han duplicado, y volverán a duplicarse hacia el año 2030. Los veloces cambios económicos y políticos (y cada vez más, los cambios medioambientales) expulsan a las personas de sus lugares de origen y las alientan a buscar oportunidades y seguridad en nuevos hogares.

En el contexto de la rápida globalización, serán cada vez menores los riesgos y costos que supone para los individuos trasladarse de un país a otro. La combinación de un aumento de la población mundial (que se estima en dos mil millones de personas), la reducción de los costos de transporte, las mejoras de la conectividad y el desarrollo de redes sociales y económicas transnacionales puede llevar (y debería llevar) a un mayor movimiento de las personas. Si se permite que este proceso siga su curso, será un aliciente para el crecimiento global y ayudará a reducir la pobreza.

Sin embargo, y aunque en décadas recientes ha habido importantes logros en materia de una creciente reducción de las barreras contra los flujos transfronterizos de capitales, bienes y servicios, nunca antes las migraciones internacionales habían estado sujetas a un control tan estricto. Los economistas clásicos, como John Stuart Mill, lo han visto como algo ilógico desde el punto de vista económico, a la vez que éticamente inaceptable. Adam Smith objetó todo aquello que obstaculizara “la libre circulación de la mano de obra de un empleo a otro”.

En el siglo XIX, el desarrollo del buque de vapor y otros medios de transporte supuso que la tercera parte de la población de Escandinavia, Irlanda y partes de Italia emigrara. Las migraciones masivas dieron a millones de europeos un modo de huir de la pobreza y la persecución y contribuyeron al dinamismo y el desarrollo de países como los Estados Unidos, el Reino Unido y diversas colonias.

En los días previos al inicio de la Primera Guerra Mundial, el ascenso del nacionalismo condujo a la adopción extensiva del pasaporte y fue antesala de unos controles más estrictos sobre el movimiento internacional de las personas. Cien años más tarde, contrariando la reducción de las barreras contra el comercio, las finanzas y la información, se han levantado muros todavía más altos contra la libre movilidad de las personas.

En la actualidad, aproximadamente 200 millones de personas (alrededor del 3% de la población mundial) residen fuera de sus países de nacimiento. Son los huérfanos del sistema internacional. En nuestro libro Exceptional People demostramos que, en términos generales, los inmigrantes traen grandes beneficios a las sociedades que los reciben. Además de ser una muy necesaria fuente de mano de obra calificada y no calificada, los inmigrantes hacen un aporte a la innovación y la creación de riqueza que es superior a la proporción de la población que representan.

Por ejemplo, en los EE. UU. los inmigrantes son responsables de más de la mitad de las patentes y de los nuevos emprendimientos startup en Silicon Valley. También entregan más en impuestos de lo que reciben a través de las prestaciones del bienestar social y otras retribuciones económicas.

Mientras que en los países desarrollados los avances en medicina y atención pública de la salud han aumentado la longevidad, la persistencia de bajos niveles de fertilidad y el final del baby boom [la explosión de la natalidad] posterior a la Segunda Guerra Mundial implican que en los años que vendrán se reducirá la cantidad de trabajadores nativos. Conforme las poblaciones de los países y sus tasas de fertilidad se vayan contrayendo, serán necesarias más migraciones para garantizar la competitividad económica y financiar las pensiones y los sistemas de atención de la salud.

Además de los efectos de la reducción de la fuerza laboral, hay que sumar los crecientes logros educativos en los países desarrollados, que llevarán a que haya menos personas interesadas en ocupar puestos de servicio poco calificados o trabajar en el comercio y la construcción. Se prevé que entre 2005 y 2025, en los países de la OCDE aumentará un 35% el porcentaje de los trabajadores que cuenten con educación de nivel terciario. Al aumentar los niveles educativos, lo mismo sucederá con las expectativas laborales.

Para los países que dejan atrás, los emigrantes a menudo representan una fuga de cerebros. Pero incluso si es así, los emigrantes hacen un aporte considerable a sus países de origen. Dan testimonio del papel que les cabe a los emigrantes en el extranjero países como Taiwán e Israel, cuyas diásporas cumplen un papel fundamental en materia de apoyo político, flujos de inversiones y transferencia tecnológica.

Además, a lo largo de la historia las migraciones han sido la medida más eficaz contra la pobreza. Durante 2010, las remesas enviadas por los emigrantes a sus hogares superaron los 440 mil millones de dólares estadounidenses; más de dos tercios de esos flujos se destinaron a países en vías de desarrollo. En algunos países en vías de desarrollo pequeños, las remesas representan más de la tercera parte del PIB, y ciertos países de mayor tamaño reciben cada año más de 50 mil millones de dólares estadounidenses. En América Latina y el Caribe, las remesas sirven de sostén a más de 50 millones de personas, y en África y Asia estas cifras son incluso mayores.

Un crecimiento de las migraciones beneficiaría tanto a los países ricos como a los pobres, con un mayor beneficio para los países en vías de desarrollo. Se estima que un aumento de las migraciones en los países desarrollados equivalente apenas al 3% de la fuerza laboral, entre 2005 y 2025, generaría beneficios globales del orden de los 356 mil millones de dólares estadounidenses, de los cuales más de dos terceras partes irían a países en vías de desarrollo. Si se abrieran las fronteras por completo, a lo largo de 25 años la economía mundial podría obtener beneficios del orden de los 39 billones de dólares.

Mucho se ha hablado de la necesidad de completar la Ronda de Doha de negociaciones sobre el comercio internacional y aumentar las ayudas para el desarrollo de los países pobres. Estas medidas son esenciales, pero en igual medida es importante poner sobre la mesa la reforma migratoria, ya que para la economía global y para los países en vías de desarrollo, un pequeño aumento de las migraciones sería una bendición mucho mayor que la suma de los beneficios combinados de las ayudas internacionales y la reforma del comercio.

En la actualidad, los países poderosos ponen reparos a la reforma migratoria y a la creación de una organización internacional basada en normas que tenga a su cargo la cuestión de las migraciones. Pero un mayor índice migratorio beneficiaría a todos, y el debate público en torno de la cuestión es demasiado importante para dejárselo a los políticos. Es necesaria una profunda reflexión seguida por acciones decididas.

Tema: La agrupación familiar constituye una importante vía de entrada de inmigración en todos los países europeos. Los debates que se plantean en torno a su integración suelen estar poco fundados en información fiable.

Resumen: En este documento se analiza el proceso de reagrupación familiar en España, teniendo como escenario de fondo la experiencia que se ha descrito en un documento anterior desde una perspectiva comparada.

Análisis

Introducción

España no ha sido ajena a los miedos suscitados por la reagrupación familiar en países de su entorno, ni tampoco a los discursos que “culpabilizan” a los reagrupados de los “problemas de integración” de los que se hacen eco esporádicamente los medios de comunicación, y que generalmente se intensifican y generalizan en coyunturas de recesión económica como la que se está atravesando actualmente. Como prueba de ello, basta comparar las declaraciones que la secretaria de Estado para Inmigración, Consuelo Rumí, realizaba en marzo de 2007, cuando interpretaba el aumento del número de autorizaciones de residencia expedidas por reagrupación familiar como un elemento positivo en la medida que la reagrupación familiar “favorece la integración del individuo en la sociedad de acogida y amortigua los riesgos de aislamiento con respecto al entorno” (El País, 15/III/2007), y las del recién sustituido ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, cuando al poco de estrenar su cargo propuso un endurecimiento de las condiciones legales para reagrupar a los ascendientes basándose en cálculos de su gabinete que estimaban posible que “1.000.000 de extranjeros llegara a España en los próximos cinco años por reagrupación familiar”, lo que de confirmarse implicaría “problemas para sostener las prestaciones sociales a la población en su conjunto” (El Periódico de Cataluña, 20/VI/2008)[1].

Volumen y ritmo de la reagrupación familiar en España

Las cifras de Eurostat 2010 representadas en el Gráfico 1 indican un impresionante salto en el peso de la reagrupación familiar como vía de entrada a España entre 2001 y 2008, y de hecho reflejan una realidad: la transformación en la composición interna de la inmigración regular a lo largo de este período.

Como confirma la Tabla 1, tanto las solicitudes como la expedición de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar han aumentado de forma espectacular a la lo largo de esta década. Sin embargo, estas cifras y porcentajes, además de no distinguir la reagrupación de familias en sentido estricto de la importación de cónyuges (pues tampoco lo hace la legislación), ignoran una parte sustancial de la inmigración reciente que también ha sido partícipe de la reagrupación familiar: toda la que se ha producido de facto, es decir, al margen del procedimiento establecido en la normativa de extranjería para practicar la reagrupación.

Tabla 1. Evolución de la reagrupación familiar legal en España, 2000-2009

Las cifras de la Tabla 1 ilustran con claridad una ineficiencia absoluta en la gestión de la reagrupación familiar legal, en los años 2000 y 2001 especialmente, en los que la inmensa mayoría de expedientes seguían pendientes de resolución uno y dos años después de su tramitación. Teniendo esto en cuenta y la evolución de la población extranjera no comunitaria en situación irregular que ilustra el Gráfico 2 (compárese la diferencia entre la serie con cuadrados y con estrellas), es fácil aceptar la hipótesis de que una gran parte de las entradas con visado de turista que a menudo devinieron en residentes irregulares durante el período considerado, estaban de hecho practicando la reagrupación familiar. En efecto, los análisis realizados a partir de la información proporcionada por la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007 así parecen confirmarlo, tanto en relación con la reagrupación de los cónyuges como de los hijos (González-Ferrer, 2010, para Cataluña).

En primer lugar, la magnitud que ha tenido hasta ahora la inmigración ligada a la reagrupación varía mucho en función de cómo se mida ésta. Si se entiende que sólo forman parte de los flujos ligados a la reagrupación los que se han acogido al procedimiento legal de reagrupación en la ley de extranjería, ya se sabe más o menos cuántos lo han hecho y cómo han variado esas cifras a lo largo de la década (Gráfico 1 y Tabla 1). Lo que no se sabe con precisión, y esto parece importante, es cuántos lo han intentado y no lo han conseguido, pues a día de hoy no se publican de modo sistemático el número de solicitudes presentadas ante las delegaciones de gobierno y oficinas de extranjería de las diferentes provincias españolas. Y, por supuesto, tampoco se sabe qué han hecho después de fracasar por la vía legal.

Si, por el contrario, lo que preocupa son los comportamientos reales de los inmigrantes y sus motivaciones, es decir, si simplemente interesa saber cuántos de los que ya viven aquí vinieron siguiendo a sus cónyuges, o a sus padres, las fuentes deben ser otras. Como se mencionaba antes, la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 constituye una gran herramienta de conocimiento en este sentido. La Tabla 2 resume el peso que los diferentes tipos de inmigración familiar tenían sobre el stock de población inmigrante no comunitaria llegada a España en edad adulta y residente en 2007.

Tabla 2. Distribución de las trayectorias migratorio-familiares entre la población inmigrante no comunitaria residente en España en 2007, llegada en edad adulta (porcentajes verticales)

Fuente: ENI2007. Ponderaciones aplicadas. Adaptado del original (González-Ferrer, 2011).

Como puede apreciarse, el 27% de los hombres han participado ya de un proceso de reagrupación familiar con sus cónyuges (sea como reagrupantes, reagrupados, importadores, importados o como pareja que migra de forma simultánea); y un 10% adicional podría reagrupar a su esposa en España en el futuro, pero aún no lo ha hecho. Entre las mujeres los porcentajes correspondientes son 26% y 4%, es decir, un 30% del total de las mujeres no comunitarias que llegaron a España en edad adulta habían participado de un proceso de reagrupación familiar (activa o pasiva) en 2007.

Por otra parte, sobre quienes estando en edad de casarse no lo han hecho aún (42% de los hombres y 35% de las mujeres) cabe preguntarse si se casarán o no, y con quién decidirán hacerlo. Seguramente las respuestas a ambas preguntas tienen mucho que ver con cómo evolucione el proceso de integración en los próximos años, es decir, con el grado de segregación por origen en las escuelas, con el éxito mayor o menor en la lucha contra el fracaso escolar de la población de origen inmigrante, con la lucha contra la discriminación de los inmigrantes en el mercado de trabajo, con la mayor o menor inestabilidad jurídica que acompañe a la condición de extranjero, etc.

En cuanto al ritmo y la importancia que la reagrupación de facto, es decir aquella de la que no informan las estadísticas oficiales, haya podido tener en España hasta fechas recientes, el Gráfico 3 resume el tiempo transcurrido entre la llegada del cónyuge pionero y la llegada del cónyuge reagrupado, por país de origen del pionero (las cajas comprenden las observaciones para las que el tiempo transcurrido hasta la reagrupación del cónyuge se sitúa entre el primer y tercer cuartil de la distribución total del tiempo para la reagrupación del cónyuge en el respectivo grupo de origen; y la línea en el centro de las cajas representa la mediana de cada distribución). Por ejemplo, entre los marroquíes, el 50% ha tardado menos de siete años en reagrupar a su cónyuge en España; sin embargo, para el resto de grupos representados la mitad de las parejas se habían reagrupado antes de que transcurriese un año desde la llegada del primer cónyuge a nuestro país (por ello la línea central de la caja no se puede ver, ya que coincide con el eje horizontal de los 0 años).

Con la única excepción de los marroquíes, parece evidente que el proceso de reagrupación de los cónyuges se ha producido a un ritmo vertiginoso. De hecho, en total, el 63% de los matrimonios de inmigrantes que vivían en España en 2007 habían tardado menos de dos años desde la llegada del pionero en reagruparse (ENI 2007). Teniendo en cuenta que, en el mejor de los casos, el marco legal vigente hasta entonces exigía como mínimo que el reagrupante hubiese residido legalmente en España durante un año y obtenido la renovación de su permiso por un año más, y que el reagrupado debe obtener visado en su país de origen antes de venir a España, parece muy poco probable que estas parejas lograran practicar la reagrupación legal. Más aún si se tiene en cuenta que muchos de los reagrupantes llegaron irregulares o pasaron a serlo al caducar su visado de turista, es casi imposible que cumplieran con el requisito de residencia legal establecido para la reagrupación al año de su llegada.

En resumen, los datos de la ENI parecen confirmar lo que ya se esperaba, que gran parte de la reagrupación de cónyuges en España se ha producido al margen del procedimiento legalmente establecido como “reagrupación familiar”. Por otra parte, la información de la ENI 2007 permite también discernir si estos cónyuges forman parte de un matrimonio celebrado antes de la migración de ambos cónyuges (reagrupación stricto sensu) o de la reagrupación de parejas constituidas con alguien del país de origen pero con posterioridad a la llegada del pionero a España (parejas importadas). La importancia de este tipo de “reagrupación familiar” dependerá no sólo de su peso en el conjunto de los flujos de entrada, sino también del comportamiento que las familias constituidas por esta vía adopte en relación al tamaño y estructura de sus hogares, la participación laboral de las mujeres y la educación de sus hijos. Si sus patrones de comportamiento difieren de aquellas familias inmigrantes constituidas con anterioridad a la migración, convendría saberlo y, sobre todo, convendría saber por qué, para poder seleccionar con criterio en la entrada e intervenir con eficacia en el proceso de integración.

Con los datos de la ENI 2007, se sabe que la importación de cónyuges implicaba en torno al 20% de la población inmigrante de entre 16 y 55 años no comunitaria que llegó a España con 16 años o más (como importador o como importado). Es más, los datos del módulo temático de la EPA en 2008, dedicado a los inmigrantes y sus hijos en el mercado de trabajo, indican que en torno al 25% de los que mencionaron motivos de tipo familiar para haber venido a vivir a España, dijeron expresamente haber venido para formar una familia (por matrimonio). Como se deduce de la comparación de los Gráficos 4 y 5, la reagrupación de los cónyuges importados lleva mucho más tiempo que la reagrupación stricto sensu (en media, dos o tres años más), y dicho “retraso” se produce no sólo entre los inmigrantes de origen marroquí, los que más practican la importación de cónyuges, sino en todos los grupos. Obsérvese cómo las cajas en el Gráfico 5 están siempre más altas que las del Gráfico 4, lo que indica que el tiempo transcurrido hasta la reagrupación ha sido sistemáticamente mayor entre las parejas constituidas mediante la importación de cónyuges.

¿Y los hijos? ¿A qué ritmo están siendo reagrupados? En la medida en que la reagrupación de los hijos haga más costoso el retorno (pues éste supondría interrumpir su escolarización en lugares donde ésta, habitualmente, resulta más barata y de mejor calidad, por ejemplo), su llegada al país de destino puede entenderse como un indicador más fiable de la transformación del proyecto migratorio de temporal a permanente. En España, los inmigrantes con hijos menores de 17 años habían reagrupado en 2007 en torno al 60% de ellos, con algunas variaciones en función del origen de nuevo: los padres o madres de origen comunitario (EU-15) y magrebí parecen ser los que han reagrupado ya a una mayor proporción de sus hijos menores, lo que coincide con la mayor antigüedad de su asentamiento en España; por el contrario, comunidades de llegada más reciente como los ecuatorianos o colombianos han reagrupado en torno al 55% y 58% de sus hijos menores. Sin embargo, los rumanos, de llegada tan reciente o más que la de los ecuatorianos, habían completado en 2007 la reagrupación del 70% de sus hijos menores. Y, además, la reagrupación de los hijos, sea cual sea el origen de sus progenitores, es siempre más rápida, por no decir inmediata, con respecto a la migración de la madre, y más lenta con respecto al padre.

Tabla 3. Porcentaje de hijos nacidos en el extranjero de al menos un padre inmigrante, que conviven con sus padres en España

Fuente: ENI 2007 y elaboración propia.

Los análisis multivariantes realizados con estos mismos datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes sugieren que, en general, son los inmigrantes más educados, que llevan en España tan sólo uno o dos años (o más de 10), y que tenían hijos antes de emigrar, los más proclives a reagrupar a su cónyuge en España. Las mujeres parecen ligeramente menos proclives a reagrupar a sus maridos que a la inversa, pero mucho más propensas a reagrupar a los hijos. Por origen, los rumanos presentan una probabilidad claramente mayor que el resto de grupos de reagrupar a sus cónyuges en España, y los procedentes del África no magrebí son los que tienen menor probabilidad de hacerlo. Y en cuanto al ritmo de la reagrupación, parece existir un umbral a partir del cual la probabilidad de reagrupar al cónyuge y a los hijos se reduce, en lugar de aumentar; y dicho umbral se situaba en 2007 en torno a los tres años de residencia, lo que resulta bastante sorprendente si se tiene en cuenta la habitual inestabilidad jurídica y laboral a la que se enfrenta una parte sustancial de la población inmigrante que lleva tan breve período de tiempo residiendo en España.

El impacto económico-laboral de los procesos de formación de familias y reagrupación familiar en España

En un artículo reciente, he examinado en qué medida el proceso de reagrupación familiar o, incluso, formación de familias por parte de los inmigrantes que residen en España aparece asociado a diferentes comportamientos o resultados en el mercado laboral español, en concreto, a la probabilidad de estar ocupado en 2007, momento en que se realizó el trabajo de campo de la ENI. Los resultados obtenidos apuntan, en primer lugar, diferencias importantes entre hombres y mujeres. Mientras que ni la secuencia ni las características del proceso de reagrupación del cónyuge o la formación de parejas parecen afectar en nada la probabilidad de empleo de los hombres inmigrantes,[2] los efectos son significativos y sustanciales entre las mujeres.

El Gráfico 6 sintetiza las diferencias en la probabilidad de empleo de las mujeres inmigrantes no comunitarias que residían en España en 2007, en función del tipo de proceso de formación de pareja o reagrupación familiar en el que hubiesen participado. La línea gruesa (verde) representa la probabilidad de estar empleadas, una vez controlados todos los demás factores que inciden en dicha probabilidad (educación, tiempo de residencia en España, motivos de la migración, número de hijos, experiencia laboral previa a la migración, manejo del idioma español, situación legal en el momento de la encuesta y situación legal a la llegada), de las mujeres que vinieron solteras a España y se casaron durante su estancia en España con otro inmigrante, generalmente de su mismo origen. Como puede apreciarse con claridad, sólo las esposas importadas presentaban una probabilidad de empleo significativamente inferior a la categoría de referencia. Las casadas con españoles de nacimiento o reagrupados por éstos, no presentaban diferencias estadísticamente significativas con las que vinieron solteras y se casaron con inmigrantes aquí (como indica la ausencia de línea gruesa rodeando la barra correspondiente), al igual que ocurría con aquellas que se han casado con alguien de su país de origen después de venir pero que continúa viviendo allí, mientras ellas residen en España (importadoras potenciales).

Por último, se puede observar cómo la probabilidad de estar ocupada de una mujer casada cuyo marido aún estaba en el país de origen mientras ella residía en España era más de cinco veces mayor que la de las que vinieron solteras y se casaron con inmigrantes aquí, más de dos veces mayor si ya lo han reagrupado con ellas en España, y 50% mayor si ellas son las que siguieron a sus maridos (reagrupadas) o si siguen solteras (no casada aún). Resultados estos últimos que chocan bastante con la imagen tradicional que se tiene de las mujeres reagrupadas como mujeres no motivadas económicamente en la migración, dependientes de sus maridos y orientadas fundamental y únicamente a la familia y cuidado de los hijos. De lo expuesto hasta aquí, dicho perfil parece encajar mejor con las que se han clasificado como esposas importadas o que migraron por matrimonio con un inmigrante de su mismo origen que ya llevaba tiempo residiendo en España al momento de casarse.

Sintetizando las conclusiones obtenidas en el citado estudio, se puede decir que:

(a). En línea con algunos otros estudios en países de nuestro entorno, no son las reagrupadas las que tienen menor probabilidad de estar empleadas, sino las importadas. Y con mucho. De hecho, los resultados indican que las mujeres que llegaron a España siguiendo a sus maridos tienen una probabilidad de estar empleadas mayor incluso que quienes vinieron solteras y se han casado con un inmigrante aquí, que las se han casado con un español aquí, y por supuesto mayor también que las que han sido “importadas” por sus maridos. Lo cual cuestiona nuevamente la imagen tradicional de las esposas reagrupadas y plantea la necesidad de conocer más a fondo la lógica que subyace a la migración por matrimonio, sobre todo cuando es la mujer la que emigra para casarse con un inmigrante que ya está en España.[3]

(b).Existen diferencias importantes según el estatus legal al momento de la llegada. Dado que la muestra incluye tanto mujeres que se han reagrupado de facto con sus maridos, como mujeres que lo han hecho siguiendo el procedimiento legalmente establecido, examinamos en qué medida haber llegado a España de modo legal o irregular afectaba modificaba o no la relación que habíamos establecido entre el tipo de reagrupación (stricto sensu o por matrimonio, simplificando la tipología anteriormente descrita) y el empleo femenino. Al controlar por esta variable, y todas las demás variables del modelo, las diferencias encontradas con anterioridad de hecho se refuerzan en el mismo sentido: haber venido legalmente disminuía la probabilidad de estar empleada en 2007, lo que era compatible con el efecto positivo sobre el empleo de tener algún tipo de permiso de residencia (temporal, permanente o de familiar comunitario) en el momento de la encuesta. Esto sugiere que nuestro sistema de inmigración legal canalizaba fundamentalmente los flujos femeninos no orientados hacia el mercado de trabajo, o dicho de otro modo, que el sistema de reagrupación familiar legalmente establecido no resultaba atractivo para las mujeres interesadas no sólo en reagruparse con sus familias en España sino también en trabajar.

(c). En términos generales, lo expuesto hasta aquí sigue siendo válido incluso si se realizan análisis separados por origen nacional. O dicho de otro modo, los resultados no se deben, como se podría pensar a priori, a una mayor proporción de mujeres norteafricanas entre las importadas.

Conclusión: Los resultados expuestos indican que el proceso de formación y reagrupación de la familia deja en el comportamiento laboral de las mujeres inmigrantes una huella profunda y duradera, cualquiera que sea la forma que dicho proceso adopte (reagrupación strictu sensu, reagrupación derivada de matrimonios formados con posterioridad a la migración, reagrupación pendiente de consumarse, etc.). Conocer el sentido en que operan estos efectos resulta crucial de cara a la planificación de las políticas de admisión e integración por diversos motivos; aunque quizá el motivo más obvio e inmediato sea que las mujeres constituyen casi la mitad de la población inmigrante en España, que ellas reagrupan a sus hijos más y más rápido que los padres, y que está demostrado lo crucial que resultan las aportaciones económicas de las mujeres en la lucha contra la pobreza de los hogares y, por tanto, de la pobreza infantil.

Dicho de otro modo, si se entiende que la participación laboral y el empleo de las mujeres inmigrantes resulta clave a la hora de asegurar la no exclusión económica y social de la población inmigrante en nuestro país, se debe conocer cuál es la relación que guarda el proceso de emigración y formación o reagrupación familiar con la participación laboral femenina. Hasta ahora, según la evidencia disponible, pareciera que el sistema legal español incentivaba la inmigración irregular de aquellas mujeres interesadas no sólo en reagruparse sino también en trabajar en España. Queda por saber cómo de duradera resultó esa irregularidad, en qué medida afectó a la intensidad y reagrupación de los hijos y, sobre todo, al rendimiento escolar y la integración de éstos. Porque la integración, como la migración, es un asunto de familias y generaciones, no de individuos.

Es más, las cifras más recientes sugieren que en un contexto macro-económico sustancialmente distinto como el actual, la tendencia de la reagrupación familiar legal (es decir, la clasificada como tal por la política de admisión del Estado español) es de crecimiento muy moderado o casi estancamiento entre 2007 y 2009. No se sabe, como es habitual, nada de cómo ha evolucionado la reagrupación de facto; y tampoco se sabe casi nada de cómo les está yendo en España a esos reagrupados recientes, que llegaron a España ya en un contexto de clara contracción del empleo. Por todo ello, parece difícil que se vaya a ser capaz de corregir los errores del pasado.

Bibliografía

Consejo Económico y Social (2008), Memoria Anual, Madrid.

González-Ferrer, A. (2008), Estrategias familiares y laborales en la emigración. Reagrupación Familiar, elección de parejas y participación laboral de los inmigrantes en el país de destino, Consejo Económico y Social, Madrid.

González-Ferrer, A. (2011), “Explaining the Labour Performance of Immigrant Women in Spain: The Interplay between Family, Migration and Legal Trajectories”, International Journal of Comparative Sociology, vol. 52, nº 1-2, pp. 63-78.

Kirkhope Commission on Immigration (2004), “Building a Fair Immigration System”, septiembre, http://www.conservatives.com/pdf/kirkhopecommission.pdf.

Ministerio de Trabajo e Inmigración (varios años), Anuario Estadístico de Inmigración, Madrid.

Vegas, R., y A. Brindusa (2010), Reagrupación familiar de los inmigrantes en España. Incidencia en los gastos de protección social, Colección Estudios Económicos, nº 04-2010, FEDEA, http://www.fedea.es/033_Publicaciones_VerMas.asp?id=896

[1] Apenas cuatro años antes, la Comisión Kirkhope, que asesoró al partido conservador británico en la elaboración de su programa electoral en materia de inmigración, decía en su informe final (2004, p. 22): “Family reunion immigration is the biggest source of low skilled workers that depress GDP per capita, which is a significant, even if not the sole, contributor to our quality of life. As previously noted, the overall positive fiscal contribution of the immigrant community comes from the high-income, high-skilled workers. Immigrants from all over the world who come in on work permits do pay their way. Immigrants who come in through family reunion are usually subsidized by the UK taxpayer”. La idea de fondo no parece, pues, demasiado distinta de la que transmitiera en su día Celestino Corbacho.

[2] No se puede descartar la posibilidad de que sin tener efecto sobre su probabilidad de estar ocupado sí que la tenga sobre su movilidad ocupacional o salarial. O, igualmente, es posible que exista un proceso en el corto plazo, es decir, justo antes o justo después de producirse el matrimonio o la reagrupación, pero que dicho efecto no perdure lo suficiente en el tiempo para que se pudiera seguir apreciándolo en 2007, cuando gran parte de los hombres de la muestra hacía ya tiempo que habían llegado a España, se habían casado y se habían reagrupado.

[3] Raquel Venegas obtiene resultados en el mismo sentido aunque la definición de reagrupación es algo diferente, y su variable dependiente en cierto modo también. En su caso, tanto los reagrupados como los reagrupantes revelan en su análisis una probabilidad mayor de estar activo y empleado, que los que no han sido reagrupados o no han reagrupado a sus familiares.

No es solo por la proximidad, por las ventajas de tener como vecino inmediato a un país con instituciones acordes a las aspiraciones de sus ciudadanos, por lo que España está interesada en el referéndum constitucional del próximo 1 de julio en Marruecos. Lo está además por el artículo 30 del proyecto constitucional. Porque al permitir el voto de los extranjeros en las elecciones municipales marroquíes, está abriendo la puerta a la reciprocidad que establece el artículo 13.2 de nuestra Carta Magna y está permitiendo el voto a más de medio millón de marroquíes en nuestras elecciones locales, toda una fuerza electoral. ¿Podría ser el aleteo de mariposa en el sur lo que provoca un tornado unos kilómetros al norte? Bueno, no exageremos con eso del “tornado”, aunque sí tal vez podamos hablar de unos fuertes vientos racheados.

La incorporación del electorado marroquí, sobre todo en algunas ciudades de Cataluña, podría tener algunas consecuencias de cierta trascendencia.

La primera y más evidente es que reconoce el derecho de voto al grupo de inmigrantes extranjeros que más tiempo lleva en España, junto con argentinos, uruguayos o chilenos. Y el más numeroso de los ciudadanos no comunitarios, con 808.633 personas. El derecho a votar de este inmenso colectivo es la justa consecuencia de su larga historia de inmigrantes en España. A ellos España debe toneladas de frutas recogidas, miles de kilómetros de carreteras asfaltadas, cientos de miles de metros cuadrados de jardín regados, millones de euros generados y aportados a las arcas públicas.

La segunda consecuencia, y menos evidente, es que de haberse aprobado esta constitución meses antes, hubiera podido cambiar el signo de no pocos municipios en las pasadas elecciones del 22 de mayo. En L’Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, donde viven 5.621 marroquíes, el PSC podría haber captado unos 2.000 votantes, lo que hubiera podido procurarle la mayoría absoluta, asumiendo que votaran la mitad.

La tercera consecuencia, y esperanzadora, es que la balanza se equilibra algo. Hasta ahora, el discurso antimarroquí, la explotación del recelo hacia los colectivos arabo-musulmanes y especialmente los magrebíes, resultaba gratis para sus voceros (del PP o de PXC o de CiU): no había contrapeso porque el marroquí era solo objeto del debate. Pero ser elector lo convierte en sujeto del debate sobre la “cuestión extranjera”, que tantos dolores de cabeza parece causar en nuestro país. Es cierto que el eventual voto de los marroquíes en Badalona, por ejemplo, hubiera podido duplicar los votos de Plataforma por Catalunya. Pero a partir de ahora esta nueva componente del electorado obligará a las corporaciones a tener en cuenta sus demandas, tantas veces ignoradas porque carecían de peso electoral. Y les obligará a mantener un sofisticado -y sensato- equilibrio entre lo que dicen al local y lo que dicen al extranjero.

El cambio de la Constitución en Marruecos es sin duda una buena noticia para los marroquíes en España. Y, en buena medida, un dato clave para el futuro electoral en España, en la medida en que ese medio millón al menos de votos será capitalizado por acción o por reacción por los diferentes partidos, que a partir de ahora tendrán que hacer promesas también para ellos.

¿Se trata también, la proclamación de la nueva Constitución, de una buena noticia para los marroquíes en Marruecos? Deberemos esperar a los resultados del referéndum del próximo viernes 1 de julio para pronunciarnos sobre ello. Es un poco retórico decir esto, pues ya hemos visto que los defensores del sistema han reaccionado con euforia dispuestos a hacer frente a los opositores, como ocurrió en Rabat el domingo 19 de junio, lo que recuerda los tiempos de Basri y Hassan II en que los referéndos se convertían en plebiscitos en los que se imponía lograr la casi unanimidad. Son otros tiempos, sin duda, y Mohamed VI sabe que un resultado parecido restaría credibilidad a todo un proceso que ha gozado del respaldo de las principales cancillerías. Sarkozy, Clinton y las autoridades de Reino Unido, España y Bélgica se han apresurado a saludar las reformas introducidas en el texto, adelantándose a que el pueblo marroquí se pronuncie. Quizás hubiese sido más correcto esperar al voto para no parecer que con su “sí” a las reformas han decidido de antemano lo que le conviene al pueblo marroquí.

Marruecos se define en esta sexta Constitución como Estado musulmán soberano cuya unidad está forjada por la convergencia de sus componentes arabo-islámicos, amazig (convertida ahora en lengua cooficial) y saharo-hassaní, enriquecido por sus afluentes africano, andalusí, hebraico y mediterráneo. Guiño, sin duda, hacia los bereberes que consiguen cooficializar su lengua y hacia los saharauis que se ven reconocidos como parte del patrimonio cultural plural del país.

El texto ha crecido de 108 artículos a 180, y en ello hay retórica (constitucionalización de unas 15 comisiones consultivas, preexistentes o de nueva creación), pero también declaraciones de principios que insisten en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, en la tolerancia, moderación y apertura al exterior del país, incluyendo recomendaciones de la Instancia Equidad y Reconciliación, nunca tenidas en cuenta, como la primacía sobre el derecho interno del país de la legislación internacional suscrita por Marruecos o la condena de la tortura. Filosofía loable, pero que tendrá que hacerse realidad.

La reivindicación de los jóvenes del 20 de Febrero de una monarquía parlamentaria, en la que el rey reine pero no gobierne, se ha quedado a mitad de camino. El núcleo duro de la Constitución permanece casi intacto. Porque el rey, aunque pierde el carácter “sagrado”, sigue siendo eje central de todo el texto. Emir de los creyentes, máxima autoridad religiosa que preside el Consejo Superior de los Ulemas, es presidente además del Consejo de Ministros, del Consejo Superior de Seguridad y del Consejo Superior del Poder Judicial, y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas Reales. Cierto que la figura del jefe de Gobierno queda algo reforzada, al poder delegar en él la presidencia del Consejo de Ministros -aunque con instrucciones-, disponiendo de mayor autonomía al ampliarse las atribuciones del Consejo de Gobierno, institución que preside y puede enviar leyes al Parlamento y nombrar altos funcionarios. La práctica permitirá vislumbrar si este desglose del Ejecutivo consolidará a un jefe de Gobierno con control casi efectivo de la vida política o servirá solo para facilitar las prolongadas ausencias del soberano.

La regionalización sirvió de pretexto a Mohamed VI para no aparentar que sus promesas del 9 de marzo obedecían a presiones del Movimiento del 20 de Febrero. Aprovechó los cambios a introducir en la Constitución para hacer una revisión completa. En el nuevo texto hay todo un extenso Título IX dedicado a las regiones, en el que, si bien establece que dispondrán de Consejos elegidos democráticamente, atribuye amplios poderes a las figuras de los walis regionales, que reducirán sensiblemente el poder de los presidentes de región, impidiendo la aspiración a una autonomía efectiva de ciertas regiones. Una puerta demasiado cerrada para permitir una salida al problema del Sáhara. La prohibición expresa de los partidos regionales -así como otros de corte étnico o religioso- lo dificulta aún más.

Marruecos está hipotecado por la falta de salida en la cuestión sahariana. La Constitución brindaba la oportunidad de imprimir algunos gestos que entreabrieran alguna puerta. Cierto que la componente saharo-hassaní es reconocida en el preámbulo constitucional como básica del Estado marroquí, y que el artículo 5 considera la lengua hassanía como “parte integrante de la identidad cultural marroquí”. Pero más que estas expresiones de reconocimiento -que algunos pueden leer como provocaciones-, la verdadera puerta abierta para ofrecer una salida a ese problema hubiera sido consagrar en el texto las garantías de un verdadero Estado de derecho, con una efectiva separación de poderes, abandonando para siempre la tutela que la figura real ejerce sobre todas las instituciones del país. Parece que habrá que esperar al siguiente round.

It is the little-noticed force behind the revolutions in the Arab world, the new protests in China and the economic booms in India, Turkey and South America: The largest population shift in human history, currently at its peak, is probably the most significant, and misunderstood, global event of our time.

In Asia, the Indian subcontinent, the Middle East, Africa and Latin America, hundreds of millions of people are rapidly moving from rural areas, where they practiced peasant agriculture, to cities — a shift that makes itself felt in the rough-and-tumble transitional neighborhoods where rural migrants first land, both in their own countries and in places like the United States, where they are make up the largest group of immigrants.

We need to pay attention to these neighborhoods, and to the huge demographic shift that is shaping them, for they are where either the next great economic opportunity or the next wave of violence and conflict will be born.

Never in human history have so many people changed their locations and lifestyles so quickly. Each month, there are 5 million new city dwellers created through migration or birth in Africa, Asia and the Middle East. China alone has an estimated 200 million “floating” citizens with one foot in a village and the other in a city. If current trends continue as expected, between 2000 and 2030, the urban population of Asia and Africa will double, adding as many city dwellers in one generation as these continents have accumulated during their entire histories. Between now and 2050, the world’s cities will add another 3.1 billion people.

This will be matched by an almost as dramatic decline in rural population. The United Nations Population Division predicts that the population of the world’s villages and rural areas will stop growing around eight years from now and that, by 2050, the rural population will have fallen by 600 million due to migration to cities and urban encroachment on villages.

We need to remember our own history here. This is the same shift that transformed Europe and North America from peasant to urban life in the 18th, 19th and early 20th centuries. That transition gave us both the violent revolutions and teeming slums of that period, but it also triggered, in the West, the end of starvation as a mass phenomenon, a vast rise in living standards and the end of uncontrollable population growth.

The shift began in the developing world during the decades after World War II, and it is now at its peak: The world has gone from being more than 70% peasant in 1950 to 50% urban today. By 2025, 60% of the world will live in cities; by 2050, more than 70%; and by century’s end, the entire world will almost certainly be as urban as we are in the West.

How is this massive migration being felt? Take a look in the chaotic Cairo neighborhood of Boulaq el Dakrour, home to 650,000 people, most of them families of rural migrants from Upper Egypt. This slum’s frustrated residents formed the first crowd to storm Tahrir Square in January, driving a rebellion that ultimately forced President Hosni Mubarak from power. Or look at Guangdong, the enormous industrial city in southern China, where thousands of rural-urban migrants rioted for three days this month in anger at their mistreatment by officials, in the most serious uprising China has seen in years. China’s first-time apartment owners, typically the children of village migrants, have also become political activists, directing their anger not at Beijing but at municipal or neighborhood officials. The ex-peasant is increasingly the most potent political actor in the world.

Or look at Brazil and Turkey, two successful countries that have experienced a decade of democratic stability, open borders and economic growth after parties representing rural-urban migrants came to power. The “arrival city” neighborhood is increasingly producing the political leaders who can unite communities and end divisions: Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and Los Angeles Mayor Antonio Villaraigosa are all children of rural-urban migrants who grew up in bottom-rung urban neighborhoods.

These neighborhoods want to succeed. They can be the birthplace of a new middle class, as many of America’s immigrant neighborhoods have been. But they can also spiral into violent failure and threaten entire countries when barriers are placed in the way of migrants’ natural inclination to succeed.

The barriers can be physical: the isolating absence of infrastructure or transportation links. They can be bureaucratic: the use of zoning, licensing or security regulations to prevent new-immigrant neighborhoods from becoming teeming mixes of industry, commerce, restaurants and homes. And they can be citizenship barriers. Around the world, there is nothing more damaging to a nation than the presence of a large population of residents who have no pathway to legal citizenship. Without a permanent legal stake, migrants’ networks of self-support are forced to become hidden, illegal and often violent, a huge lost opportunity and a threat to a nation’s security.

This is a population shift that will affect almost everyone, in every country. Never before have so many people reached for the bottom rung of urban success. Our challenge is to make sure there is a second rung waiting for the next wave of brave ex-villagers.

Los movimientos migratorios, de gran importancia en un mundo muy internacionalizado como el actual, pueden perjudicar seriamente la acción protectora de la Seguridad Social. Los sistemas nacionales de protección social se rigen, como es lógico, por el principio de territorialidad, es decir, se aplica a aquella población que radica y ha perfeccionado sus derechos en el propio país. Pero en la actualidad la vida laboral de muchos millones de ciudadanos discurre entre distintas naciones no pudiendo completar, en muchos casos, el periodo mínimo de cotización que en cada una de ellas se exige para tener derecho a percibir la prestación correspondiente, a pesar de que se haya cotizado durante toda la vida activa, perdiéndose el derecho contributivo que conlleva la cotización social.

Es una situación que afecta principalmente a los trabajadores migrantes, especialmente en Iberoamérica, en donde el periodo de carencia es muy elevado, como es el caso de Costa Rica (30 años) o Uruguay (25), pudiendo quedar desprotegidos al no tener derecho a una pensión, lo cual desincentiva el cumplimiento de la obligación de cotizar: ¿para qué aportar si no voy a poder percibir el día de mañana una prestación de jubilación? Situación que puede favorecer la informalidad.

América Latina y el Caribe es una zona con grandes movimientos migratorios: 25 millones en 2005 según la CEPAL, teniendo la tasa de emigración neta más alta del mundo. En 2007 existían 5,5 millones de migrantes interregionales cotizando en países distintos al suyo. Paralelamente, apenas se han desarrollado los convenios bilaterales, solo están vigentes el 23% de los que se necesitarían para cubrir las relaciones entre los países. Por ello la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha venido postulando la conveniencia de disponer de un Convenio Multilateral Iberoamericano, proyecto promovido por España en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca (2005), cuyo contenido, así como el Acuerdo de Aplicación, fueron aprobados en Santiago de Chile (2007) y Lisboa (2009) respectivamente. En el momento actual, el Convenio ha sido ratificado por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Portugal, Venezuela y Uruguay, habiendo entrado en vigor este 1 de mayo. El camino de su aplicación lo abrió España, que fue el primero en suscribir el Acuerdo de Aplicación, y se ha hecho realidad al completar también todos los trámites Bolivia y Brasil. El resto de los países se irán incorporando progresivamente.

La entrada en vigor del Convenio, en fecha tan simbólica como el 1 de mayo, tiene un significado importante pues supone una conquista en el desarrollo del derecho internacional de la Seguridad Social, promoviendo la cobertura en favor de los trabajadores migrantes, dependientes o no dependientes en situación de legalidad, así como de sus familiares beneficiarios y derechohabientes, en materia de prestaciones económicas de invalidez permanente, vejez, supervivencia y las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Con la aplicación del Convenio Multilateral los trabajadores migrantes se encuentran más protegidos puesto que:

1. Se aplicará la igualdad de trato con independencia de la nacionalidad (a cualquier persona que esté o haya estado sujeta a la legislación de uno o varios Estados parte) teniendo todos los mismos derechos y obligaciones en materia de pensiones contributivas.

2. Puede totalizarse los periodos de cotización acreditados en los distintos países, garantizándose la conservación de los derechos en curso de adquisición, distribuyendo su coste a prorrata temporis, es decir, proporcional al tiempo trabajado en cada país.

3. Se garantiza la conservación de los derechos adquiridos, no perdiéndose las prestaciones por trasladarse a otro país donde se podrán recibir aunque sea distinto a aquel en que se reconocen y abonan.

4. El Convenio determina la legislación aplicable a la que estará sujeto el trabajador, rigiendo el principio de lex loci laboris con algunas excepciones, clarificando la situación de los trabajadores que prestan sus servicios o realizan su actividad temporalmente fuera de su propio país.

5. En el caso de que existan otros convenios se aplicarán las disposiciones más favorables al trabajador. Se prevé la posibilidad de ampliación a la asistencia sanitaria por acuerdo entre países.

6. Se prevé la colaboración administrativa y técnica entre instituciones gestoras para facilitar la gestión a los beneficiarios.

El Convenio Multilateral Iberoamericano, que coordina pero no modifica ni sustituye las legislaciones nacionales, constituye una experiencia inédita porque supone un acuerdo en materia de Seguridad Social entre países con modelos muy distintos en un ámbito en el que no existe una previa asociación política que facilite el sustrato jurídico que podría darle apoyo, razón por lo que ha exigido la participación de todas y cada una de las partes y su ratificación -o adhesión- precisa su incorporación como legislación interna de cada uno de los Estados.

El Convenio se configura como el primer instrumento jurídico iberoamericano que reconoce derechos a los ciudadanos, directamente reclamables ante los tribunales. Citando las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, puede ser “una base para la construcción de una ciudadanía común iberoamericana”.

Bertha y Ahmed son arquitectos. Ella, nacida en Alemania Oriental hace más de 30 años. Él, en Jerusalén Este hace casi 40. Llegaron a Catalunya hace 15, ella se sacó el nivel C de catalán a golpe de manual y voluntarismo. Se casaron y hace dos años tuvieron una hija que ha aprendido de golpe alemán, árabe, castellano y catalán. Ahmed se quedó sin trabajo hace dos años. La entrada de nuevos proyectos se detuvo en seco y lo despidieron. Ella sorteó el derrumbe del sector privado, pero a inicios de este año comprobó cómo concursos públicos aprobados quedaban frenados y facturas pendientes dejaban de cobrarse. Ayuntamientos y consejos sobreendeudados, a los que no renuevan las pólizas de crédito, terminaron llevándoselos por delante. La nómina de diciembre llegó recortada. La de enero y febrero ya no llegó. En marzo decidió que por el mismo precio se quedaría en casa.

A finales de aquel mismo mes, Ahmed y Bertha decidieron hacer lo que, según las encuestas, piensa hacer un 73% de los arquitectos: las maletas. Era una discusión que se arrastraba desde hacía meses y la decisión se precipitó. Tras meditarlo mucho, a regañadientes eligieron Israel. Una decisión nada fácil para un chico árabe, moreno y de ojos oscuros. El único de su familia que cuenta con pasaporte israelí y el único que pudo estudiar en la Universidad de Tel-Aviv. Ahmed me comenta lo que más teme: la humillación cotidiana que se vive en su ciudad natal. Quince años en Barcelona, dice, hacen muy difícil el regreso. Irse a Palestina implica ver de nuevo el muro que divide la propiedad del padre en dos, los controles de carretera… Ahmed me cuenta cómo, en el distrito donde vivirán, en Jerusalén Este, días atrás unos niños tiraron piedras a una furgoneta militar. El resultado fue una reunión de los militares con jefes de familia y comerciantes: si el incidente se repetía, la comunidad recibiría las consecuencias. Esta es la tesitura del regreso. La adaptación no será nada fácil y Bertha, con la mirada, demuestra que no está segura. Su historia es apenas una de las muchas historias personales de la crisis. Para los dos, su historia de amor con Barcelona acaba con costes anímicos y económicos. Más de una década cotizando en la Seguridad Social, pagando impuestos y haciendo de falsos autónomos por cuenta ajena no les servirá de gran cosa para su futuro.

En el reciente estudio de Joan Elias Immigració i mercat laboral: abans i després de la recessió se hacía el retrato estadístico de esos inmigrantes que han cobrado notoriedad después de las pasadas elecciones. Un retrato, por cierto, que también hablaba de los nuevos catalanes que, como Ahmed y Bertha, van camino ya de dejar de serlo. Entre los datos que se recogen: los inmigrantes, de media, cobran menos pensiones que los españoles; gastan en el sistema público de sanidad menos de lo que les correspondería por peso demográfico y sufren cerca del doble de paro que los locales (30% frente al 18%). Una diferencia récord de toda la UE, solo superada por Estonia. Según el informe, el 50% del superávit de las finanzas públicas de los últimos años se corresponde con impuestos y contribuciones a la Seguridad Social aportados por inmigrantes, mientras que menos del 1% de los perceptores de prestaciones van a extranjeros. Su salario medio se sitúa en la mitad (sí) del de un español. Un dato más: el 60% de las afiliaciones de inmigrantes a la Seguridad Social en el 2009 fueron en el apartado de trabajadoras del hogar, un hecho que hay que vincular al incremento de la tasa de empleo de las mujeres de aquí. La presentación del estudio de Elias se acompañaba de una frase rotunda: «Los inmigrantes asentados en el territorio español aportan más al Estado del bienestar que lo que reciben de él».

¿Detendrán estudios como el de Elias la oleada xenófoba que se introduce poco a poco en los ayuntamientos? Sin miedo a equivocarnos ya podemos avanzar que no. Los cantos de sirena de las soluciones simples a problemas complejos son la receta común de los tiempos de crisis. Son tiempos en los que toca alejarnos de los estudios científicos para entrar de lleno en el mundo de lo irracional. Un hecho que ya han podido comprobar en carne propia los alcaldes que han osado enfrentarse a la percepción social de la inmigración sin avivar el recurso al miedo y el enfrentamiento. Así, el voto xenófobo de los últimos resultados electorales, por escaso que aún sea, no es más que la antesala de lo que puede venir. Causa sorpresa pensar que algún ayuntamiento podrá combatir la diferencia demográfica que separa el Magreb, Asia y Latinoamérica de Europa, o el diferencial de esperanza que propulsa su población juvenil, con recetas que vayan mucho más allá del fuera de aquí.

Tzvetan Todorov, en uno de sus últimos ensayos, delimitaba la línea de demarcación que separa la civilización de la barbarie. Para el autor, la civilización no es más que una categoría moral que separa el mundo de la razón, la cultura y el respeto al otro del discurso basado en el agravio y la rabia. Ahmed y Bertha ya no estarán entre nosotros, pero al menos se ahorrarán tener que ver cómo, lentamente, vamos adentrándonos en la barbarie.

El populismo xenófobo se ha convertido en componente ineludible de la escena política en un buen número de países europeos. Aprovechando la erosión de los referentes políticos tradicionales del eje izquierda-derecha, estas fuerzas políticas han introducido con éxito el tema de la inmigración en la agenda política con objeto de capitalizar el creciente malestar de la ciudadanía. Los sentimientos de desencanto de los ciudadanos no aciertan a encontrar un referente ideológico y político que les dote de sentido, lo que abre un considerable nicho electoral para aquellos que sean capaces de canalizar la fuerza de la indignación (La política paralizada por el miedo, Germán Cano, EL PAÍS, 13-5-2011). El inmigrante es utilizado como catalizador de la incertidumbre y de la percepción de vulnerabilidad que afecta a las sociedades posindustriales contemporáneas. En este contexto los argumentos de que los inmigrantes son responsables de los principales problemas sociales (inseguridad, desempleo), abusan de los sistemas de protección social, o que suponen una carga para el Estado de bienestar de la sociedad receptora, pasan a formar parte de un discurso con amplio eco social.

Durante la pasada campaña electoral la utilización del discurso antiinmigración por determinados partidos y “empresarios políticos” se ha hecho particularmente visible en algunos municipios de Cataluña. A pesar de su carácter localizado, este fenómeno debería ser observado con preocupación ya que podría estar señalando una tendencia de la política española en los próximos años. La experiencia de otros países europeos nos muestra cómo el surgimiento del populismo xenófobo viene a reorganizar radicalmente el mapa político de un país: no solo introduce una nueva fuerza en el mercado político, sino que conlleva un cambio de estrategia en el resto de los partidos que se ven tentados de incorporar parcialmente los objetivos y el estilo de los populistas. La consolidación de este tipo de partidos tiene además una influencia considerable sobre las políticas públicas, como resulta claramente visible estos días en los casos de Italia, Francia o Dinamarca.

Fruto del vertiginoso aumento de la inmigración experimentada en la última década, algo más del 12% de la población residente actualmente en España es extranjera. El verdadero efecto llamada de estos inmigrantes, en su mayoría de países en vías de desarrollo, hay que buscarlo en el modelo de crecimiento económico vigente en nuestro país durante los últimos lustros, basado en el desarrollo de sectores de actividad intensivos en factor trabajo y baja productividad (construcción, agricultura). El déficit de cuidados producido por la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, insuficientemente apoyada por el Estado de bienestar, generó también una fuerte demanda de mano de obra femenina para el sector doméstico.

Los análisis del impacto de estos flujos migratorios sobre la economía y las finanzas públicas españolas arrojan un balance claramente positivo. La inmigración ha contribuido al desarrollo de nuestro país, favoreciendo el crecimiento del empleo y permitiendo la supervivencia de importantes sectores de la economía española. En el ámbito concreto del Estado de bienestar, los inmigrantes han actuado también como contribuyentes netos, fundamentalmente por su mayor juventud y alta tasa de actividad. Uno de los ejemplos más evidentes se refiere al sistema de Seguridad Social. En la actualidad, menos del 1% de los perceptores de pensiones son extranjeros, aunque estos representan más del 10% de los afiliados. A pesar de que el desempleo está afectando de manera particularmente importante a la población extranjera (con una tasa de paro superior al 30%, frente al 18% de los autóctonos), el porcentaje de extranjeros afiliados al INSS ha permanecido prácticamente invariable durante los últimos años. Así, el sistema de Seguridad Social no ha incurrido en déficits, como había ocurrido en anteriores periodos de crisis, pese al sustancial incremento de la factura de las prestaciones por desempleo.

Los efectos netamente beneficiosos de la inmigración para las arcas de la Seguridad Social se reproducen en el resto de ámbitos del bienestar. La proporción del gasto social dedicado a la población inmigrante ha ido creciendo en los últimos años (del 1% del gasto sanitario y educativo en 2000, al 5% y 6% respectivamente en 2007), aunque sigue siendo considerablemente inferior a su peso relativo en la población total. El uso que los extranjeros hacen del sistema sanitario es inferior al de la población española (consultan un 7% menos al médico de cabecera y un 16,5% menos al especialista). Además, pese a que las tasas de pobreza de latinoamericanos, africanos y asiáticos son sustancialmente superiores a las de los autóctonos (más del 30% de ellos se encuentran por debajo del umbral del 60% de la mediana de la renta, frente a algo más del 18% de los españoles), en 2008 los extranjeros representaban tan solo el 11,2% de perceptores de rentas mínimas de inserción, y el 13,7% de los usuarios de los servicios sociales.

Sin embargo, pese a la aportación claramente positiva que la inmigración supone para el Estado de bienestar, la opinión pública española tiende a percibir a los inmigrantes cada vez más como “acaparadores” de recursos públicos. Así, el porcentaje de personas que cree que los inmigrantes reciben del Estado “más” o “mucho más” de lo que aportan pasó del 36% en 2006, al 52% en 2008. Más de la mitad de los encuestados opinaba también que, a igualdad de ingresos, los inmigrantes reciben más ayudas escolares que los españoles, y un 46% compartía esta misma opinión en relación con las prestaciones sanitarias. En 2008, la mayoría de la población española se mostraba, por primera vez, partidaria de restringir la entrada de inmigrantes a nuestro país.

Si bien las actitudes de rechazo a la inmigración son más frecuentes entre personas con bajo nivel educativo y económico, mayor religiosidad, mayor edad y/o orientación ideológica más conservadora, la experiencia de otros países nos demuestra que el apoyo a partidos populistas xenófobos procede de sectores sociales muy diversos, incluyendo a desencantados con los partidos tradicionales. La creciente actitud de desconfianza hacia los inmigrantes constituye así un potencial caladero de votos para “empresarios políticos” dispuestos a aplicar una estrategia populista xenófoba.

La concentración de poblaciones de origen inmigrante en determinados barrios y municipios ha dado, sin duda, lugar a desajustes entre demanda y oferta de prestaciones y servicios de protección social, lo cual se traduce en masificación y deterioro de la calidad de dichos programas, algo directamente observable por los residentes de estas zonas que tienden a responsabilizar a los recién llegados de dicha degradación. Ante esta situación, la intervención de las Administraciones públicas resulta crucial para reducir la percepción de competencia por recursos escasos que alimenta actitudes xenófobas. Ante una débil respuesta pública puede acelerarse la desafección de las clases medias por los servicios públicos, así como un aumento del rechazo hacia los nuevos residentes por parte de aquellos segmentos de la población autóctona que continúan dependiendo de los esquemas públicos de protección social. La consecuencia de ambos procesos es la pérdida de legitimidad del Estado de bienestar, y por tanto el cuestionamiento de su sostenibilidad en el medio y largo plazo.

La llegada de las poblaciones de origen inmigrante debería ser considerada como una oportunidad para identificar los puntos débiles de nuestro sistema de protección social. Aprovechándose de estas debilidades y contradicciones, el populismo sintoniza con las inquietudes de una parte de la ciudadanía, pero las soluciones que propone no resuelven los problemas de fondo, tan solo estigmatiza a los inmigrantes. Los Gobiernos regionales y locales surgidos de las urnas en las elecciones de ayer, en colaboración con el resto de Administraciones públicas, tienen ante sí, por tanto, un doble reto: articular políticas que den respuestas efectivas a los nuevos desafíos planteados por la inmigración, y garantizar la sostenibilidad futura del Estado de bienestar.

Tema: Los procesos de cambio político que se suceden en el Norte de África tienen un impacto inmediato en la inmigración irregular hacia Europa. Una visión desde Frontex.

Resumen: Este análisis se realiza desde la perspectiva del impacto que la crisis en el Norte de África puede tener en los flujos de inmigración ilegal hacia la UE a corto y medio plazo y, de forma particular, desde la perspectiva de la gestión fronteriza, planteando diferentes escenarios posibles. No se abordan, por tanto, las consecuencias políticas o económicas de la misma, ni tampoco la capacidad de los Estados Miembros de la UE para acoger a los inmigrantes desplazados ni su eventual impacto en el actual sistema europeo de asilo. Desde el punto de vista geográfico el análisis se circunscribe al Norte de África, sin tener en cuenta otros conflictos existentes o emergentes en el continente africano y en Oriente Medio (Bahréin, Yemen, Siria y Costa de Marfil).

En cuanto al marco temporal, los posibles escenarios analizados en este estudio se circunscriben al corto y medio plazo, es decir, considerando la situación actual y lo que podría ocurrir de aquí a finales de 2012. Esta es el plazo que aplica la Agencia Frontex en cuanto al marco temporal de sus análisis de riesgos. Teniendo esto en cuenta, no debe sorprender al lector que no se contemplen escenarios brillantes en los que las actuales revueltas tuvieran como consecuencia la instauración de regímenes democráticos en los países del Norte de África y estos, a su vez, llevasen al fin de la inmigración ilegal hacia la UE, pues en el plazo considerado tal eventualidad no sería en absoluto realista.

Análisis

La situación de la inmigración irregular en la UE: principales rutas

Al objeto de poner este análisis en perspectiva, se efectúa en primer lugar un somero análisis de la situación de la inmigración ilegal en la UE (presión de la inmigración irregular en las fronteras exteriores) en los meses precedentes al estallido de la crisis.

Aunque los analistas de Frontex [1] utilizan diversos indicadores para medir la presión de la inmigración ilegal en las fronteras exteriores de la UE, el que mejor refleja dicha presión es el número de personas detectadas cruzando o intentando cruzar irregularmente dichas fronteras.

En este sentido, la tendencia decreciente apreciada en los años 2008 y 2009, respecto de los años precedentes, se ha detenido, estabilizándose en 2010. El número de cruces irregulares de la frontera detectados en el año 2010 se ha mantenido al mismo nivel que en el año 2009 (104.000). Aunque se ha apreciado un descenso en el número de entradas ilegales en la práctica totalidad de los Estados Miembros, el drástico incremento en Grecia (+15%) ha compensado los descensos en las demás países.

Los demás indicadores (denegaciones de entrada en los puestos fronterizos, facilitadores arrestados, solicitudes de asilo, etc.) muestran todos ellos una tendencia decreciente, salvo el uso de documentos falsos, que se incrementó en un 20% en comparación con los detectados en 2009.

Mapa 1. Principales áreas de cruce irregular

El mapa muestra los sectores de la frontera exterior de la UE donde se ha detectado el mayor número de entradas irregulares. El tamaño de las esferas indica el volumen (en número) de entradas ilegales en cada sector fronterizo y con los colores se destacan, de una parte, el tipo de frontera (azul para las marítimas, marrón para las terrestres) así como las nacionalidades predominantes de los inmigrantes detectados cruzando en dichos lugares (según la intensidad del color).

Con algunas precisiones (como el traslado de flujos desde las islas a la frontera terrestre en el caso de Grecia) este mismo mapa reflejaría también la situación correspondiente al año 2009.

Grecia, con más de 89.000 entradas ilegales, acumula el 86% del total de cruces ilegales de la UE. Su frontera con Turquía es la más vulnerable, con 47.700 cruces ilegales (46% del total UE) a través de la frontera terrestre, y 6.000 por vía marítima. La segunda frontera más vulnerable es la terrestre entre Grecia y Albania, en la que se han producido en 2010 aproximadamente 35.300 cruces ilegales, lo que equivale al 34,5% del total de la UE.

España ocupa el segundo lugar en número de entradas ilegales, a gran distancia de Grecia, con un 5% del total. Alrededor de 1.500 se produjeron en las fronteras de Ceuta y Melilla y unas 3.500 en las costas peninsulares. En Canarias se produjeron únicamente 196 llegadas en 2010, mientras que en 2009 se contabilizaron 2.244. En tercer lugar se encuentra Italia, con 4.400 entradas irregulares (4% del total de la UE).

Mapa 2. Rutas de inmigración ilegal (sur)

Las tres rutas tradicionales de inmigración ilegal en el Sur de la UE tienen su origen en África y como último escalón el cruce marítimo. Sólo la denominada ruta del Mediterráneo Occidental finaliza (en una de sus variantes) en la frontera terrestre de Ceuta y Melilla.

La ruta de África Occidental ha sido tradicionalmente utilizada por ciudadanos de Mali, Mauritania y Guinea Bissau, mientras que la del Mediterráneo Occidental es la elegida por la mayoría de marroquíes y argelinos. La ruta del Mediterráneo Central tiene su origen en el Golfo de Guinea y en el Cuerno de África y como destino final Malta y las islas Pelágicas, principalmente Lampedusa. La ruta del Mediterráneo Oriental sigue siendo la más importante en cuanto al volumen de inmigrantes irregulares a través de las fronteras terrestres y marítimas (Grecia), utilizada tradicionalmente por ciudadanos de Afganistán, Pakistán, Iraq y Somalia, pero desde 2009 también por ciudadanos magrebíes, sobre todo argelinos que utilizan vuelos de bajo coste desde Casablanca a Estambul.

Mapa 3. Rutas de inmigración ilegal (este)

Análisis de escenarios: consecuencias migratorias para la UE

Se puede establecer la siguiente breve cronología:

• 14/I/2011: después de más de dos meses de revueltas, Ben Ali abandona Túnez. Comienza la ola de revueltas en el Norte de África.
• 11/II/2011: Hosni Mubarak dimite tras importantes manifestaciones de protesta en El Cairo y otras ciudades del país.
• 11-14/II/2011: más de 5.000 inmigrantes irregulares llegan a Lampedusa durante el fin de semana. Se trata principalmente de nacionales tunecinos que huyen de la pobreza y de las malas perspectivas económicas para el país (40% de pérdida de turismo en el mes de enero). La mayoría busca viajar a Francia donde hay importantes colonias de tunecinos.
• 15/II/2011: comienzan las revueltas en Libia. Italia solicita a Frontex una operación conjunta para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes.
• 20/II/2011: Frontex lanza la operación Hermes (extendida) inicialmente planeada para comenzar en junio.
• 10/III/2011: desde el comienzo del conflicto en Libia, más de 200.000 personas han huido del país (parte a Egipto y parte a Túnez), la mayoría trabajadores que desean retornar a sus países. A los tunecinos y egipcios se unen otros extranjeros residentes en Libia (Bangladesíes, vietnamitas, etc.).
• 15/III/2011: Frontex amplia el área operativa de la operación Hermes al sur de Cerdeña.
• 17/III/2011: el Consejo de seguridad de Naciones Unidas adopta la Resolución 1973 por la que se autoriza la intervención armada en Libia para asegurar la restricción del espacio aéreo. Desde entonces se han producido más desplazamientos desde la zona oriental de Libia hacia Egipto.

Libia, con o sin Gadafi ostentando el poder.

Mientras Gadafi se mantenga en el poder y el conflicto persista, continuará la evacuación de ciudadanos de otros países. La Guerra civil ha tenido ya consecuencias en este sentido, con más de 560.000 trabajadores desplazados a Egipto y Túnez y, en menor medida, a Argelia, Níger y Chad. La mayoría han sido o serán repatriados a sus países. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 10 de marzo la mayoría de egipcios y tunecinos habían abandonado Libia. Sin embargo, desde que se inició la intervención militar se ha reproducido la huida masiva de personas desde la parte oriental de Libia hacia Egipto, a una media de 2.000-3.000 personas diarias, de las cuales aproximadamente el 12% son nacionales libios.

Desde el punto de vista migratorio se presentan dos factores de riesgo: (1) la ayuda financiera a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para las evacuaciones se ha agotado; y (2) el número de desplazados es superior al que las organizaciones internacionales son capaces de evacuar. Por otra parte, algunos países carecen de capacidad suficiente para retornar a sus nacionales (por ejemplo, Bangladesh), los cuales, como consecuencia, podrían permanecer en los países de la UE a los que han sido inicialmente evacuados.

Las probables acciones de represión contra los opositores tendrán como consecuencia la huida de éstos, en busca de protección, hacia los países vecinos (Túnez, Egipto y Argelia) pero también hacia la UE, en principio por vía marítima.

De acuerdo con las estimaciones de la OCHA, en el peor de los escenarios unos200.000 libios podrían huir a Egipto y Túnez y otros 600.000 podrían necesitar ayuda humanitaria dentro de Libia. Es aventurado predecir el número de libios que podrían emigrar a la UE.

En el caso de que el régimen de Gadafi recupere el control, la UE y sus Estados Miembros no podrán reanudar la cooperación con un régimen totalmente desacreditado. Se producirá el cese en la aplicación de acuerdos de cooperación policial que en el pasado (desde mayo de 2009) sirvieron para detener los flujos de inmigración irregular desde Libia hacia Italia y Malta. La posibilidad de que ciudadanos de otros países africanos bloqueados en Libia sean obligados o “ayudados” a emigrar a la UE no debe descartarse. De hecho, Gadafi ha amenazado con “abrir la puerta” de la inmigración ilegal hacia Europa.

La OIM estima la cifra de extranjeros presentes en Libia entre 0,5 y 1,5 millones. No obstante, no todos serian candidatos a la inmigración ilegal. Se trata fundamentalmente de trabajadores empleados por empresas extranjeras asentadas en el país, por lo que su intención primaria no sería la emigración a la UE y por otra parte una buena parte de ellos ya han abandonado Libia.

En el peor de los casos, la consecuencia de ese “abrir la puerta” sería la reactivación de los flujos por vía marítima hacia Lampedusa y Malta (eventualmente también Creta, que se encuentra a 200 km de distancia de la costa libia) en un escenario similar al de 2008 (40.000 inmigrantes llegaron a Italia y Malta, con origen en las costas libias) agravado por el efecto adicional de la inestabilidad en el país. Su destino principal serían los países con presencia importante de ciudadanos norteafricanos (Italia, Francia, España, Bélgica y el Reino Unido). El destino de los nacionales de países subsaharianos se encontraría más repartido por toda la UE.

Si Gadafi es derrocado resultará clave la capacidad y rapidez de la oposición para reorganizarse. La oposición se encuentra, por el momento, bastante desorganizada y es probable que se produzcan luchas internas por el poder, especialmente por el control de los campos petrolíferos. Ello podría conducir a un estado persistente de disturbios y a una ausencia de control por un largo periodo de tiempo.

La eventual reactivación de las rutas migratorias hacia la UE dependerá de la capacidad del nuevo régimen para imponer la ley y el orden en el país así como el control efectivo sobre los 2.000 km de costas y 4.000 km de fronteras terrestres libias. En el peor de los escenarios podría darse una situación similar a la de Somalia.

En este escenario, la economía libia puede deteriorarse y elevarse los niveles de desempleo. Actualmente se desconoce la tasa de desempleo en Libia, pero se presume baja. Previsiblemente, la mayoría de los trabajadores desempleados intentará regresar a sus países, pero parte de ellos (sobre todo los nacionales de países inseguros) buscaran otras oportunidades, entre ellas la emigración clandestina a la UE.

La ausencia de ley y orden, especialmente la ausencia de control sobre las fronteras marítimas, llevará rápidamente a las mafias al tráfico de inmigrantes hacia la UE. Los candidatos serían primariamente trabajadores desempleados no deseosos de volver a sus países (mayormente de África Occidental y Oriental, pero eventualmente también libios, egipcios, argelinos y tunecinos). Esta situación impediría, por otra parte, el retorno de quienes fuesen detectados cruzando ilegalmente las fronteras exteriores de la UE.

En tales circunstancias se puede prever un flujo constante de inmigración ilegal durante meses, mayoritariamente por vía marítima, pero también por vía aérea a través de Turquía. La duración en el tiempo de este escenario dependerá de la rapidez con la que la UE o los Estados Miembros y las nuevas autoridades sean capaces de restablecer la cooperación. En este sentido, serán determinantes los acuerdos de readmisión efectivos.

Por último, ha de tenerse también en cuenta el riesgo marginal de que los vencedores realicen acciones de persecución sobre los partidarios de Gadafi, lo que provocaría la huida de éstos del país en busca de refugio.

Túnez y Egipto: dificultades para restablecer la ley y el orden

Se asume que las nuevas autoridades tunecinas no serán igual de firmes y represoras como lo fue el régimen de Ben Ali en su tratamiento de la emigración irregular. Ello ha conducido ya a una disminución del control y a una mayor libertad de movimientos para las mafias tunecinas. Una buena prueba ha sido la salida masiva de inmigrantes hacia Lampedusa desde enero.

En este escenario, es previsible la aparición de flujos migratorios de media o baja intensidad pero constantes hacia Italia, y también por vía aérea a través de Estambul y posteriormente a través de la frontera greco-turca. La persistencia exitosa de estos flujos podría también animar a ciudadanos subsaharianos a la utilización de estas rutas.

En Egipto se han producido recientemente conflictos interreligiosos que dificultan la tarea del nuevo gobierno. Los ataques a los cristianos coptos ya han producido un incremento en las solicitudes de asilo en la UE por ciudadanos de esta minoría.

La ausencia de control sobre las zonas costeras podría dar lugar a la aparición de rutas migratorias hacia Chipre y Grecia, donde existen importantes comunidades egipcias, por vía marítima, pero también por vía aérea a otros Estados de la UE, especialmente en vuelos de bajo coste a través de Estambul.

En el caso de que las dificultades en el establecimiento de regímenes democráticos en Túnez y Egipto se prolongasen por largo tiempo se podría producir, además de un flujo de emigración económica, una crisis humanitaria.

La población de ambos países espera que sus respectivos gobiernos cumplan sus expectativas de creación de empleo y de establecimiento de sistemas democráticos. Si la evolución económica no crea suficientes puestos de trabajo, muchos desempleados buscarán sus oportunidades en la UE. Si la ausencia de ley y orden perdura en el tiempo ambos países se convertirán en puntos de salida para inmigrantes ilegales de países del África Occidental y del Magreb. Los países de destino serian fundamentalmente Italia, Malta y Grecia.

Los procesos democráticos en ambos países aun pueden descarrilar, conduciendo a gobiernos represivos. En tal caso, las protestas podrían multiplicarse con riesgo de producir una crisis humanitaria o un escenario de opositores huyendo del país. Potenciales países de destino serían los ya citados Italia, Malta y Grecia. En este sentido, puede ser determinante el resultado de las elecciones a la Asamblea Constitucional en Túnez en junio, la evolución de las protestas callejeras en ambos países y la evolución de las tasas de desempleo.

Marruecos y Argelia

Por el momento, las autoridades de Argelia y Marruecos han ido cediendo gradualmente a las demandas de reforma política y no se ha producido una situación de enfrentamiento.

Sin embargo, si las protestas persisten y los países vecinos van accediendo progresivamente a sistemas democráticos, esta situación podría llevar a una radicalización de las protestas en ambos países, con amenaza a la estabilidad actual y posible uso de la fuerza, provocando ausencia de control sobre el territorio.

En Argelia, por el momento, las autoridades vienen impidiendo las salidas de inmigrantes desde sus costas hacia la UE. El fenómeno de los haragas (jóvenes que se embarcan en pequeñas naves para cruzar el Mediterráneo) es percibido como el resultado del fracaso de las autoridades en la creación de empleo. Muchos jóvenes argelinos esperan la oportunidad de emigrar a la UE.

En el hipotético escenario antes descrito de ausencia de control, los traficantes intensificarían el uso de la ruta marítima desde las costas occidentales argelinas hacia el sur de España, así como la ruta aérea vía Estambul y posteriormente la vía terrestre a través de Grecia.

Durante el año 2010 gran numero de argelinos han sido detectados cruzando ilegalmente la frontera greco-turca, después de haber viajado por vía área a Estambul, en vuelos de bajo coste, beneficiándose de la política turca de exención de visados para ciudadanos magrebíes.

En Marruecos, en el hipotético escenario descrito de ausencia de orden, los traficantes de inmigrantes reabrirían los antiguos canales de inmigración ilegal hacia la UE, principalmente la vía marítima hacia el sur peninsular español, así como el cruce de las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla, sin descartar la vía aérea a través de Estambul. En un escenario de ausencia de control y de puestos de trabajo por largo tiempo, al flujo de los inmigrantes locales, marroquíes y argelinos, se unirían ciudadanos subsaharianos.

Es conocida la presencia de ciudadanos subsaharianos en pequeños campamentos distribuidos por el norte de Marruecos y en zonas próximas a Ceuta y Melilla. Por el momento, las autoridades marroquíes les han mantenido bajo cierto control, pero en un escenario de inestabilidad se reproducirían los ataques masivos a las vallas fronterizas como los acaecidos en 2005.

Asimismo, es conocida la presencia de ciudadanos subsaharianos en Argelia,que si bien ocupan empleos (infra-remunerados) en el país, aprovecharían la situación para unirse a los nuevos flujos de inmigración ilegal hacia la UE. Paralelamente, se reactivarían las conexiones (rutas terrestres) desde África Occidental hacia ambos países.

Conclusión

La intervención de Frontex

Existe una correlación directa entre la amplitud geográfica de la crisis y el tipo de flujo que la misma produciría: Una crisis local conlleva flujos de inmigración de tipo económico (inmigrantes motivados por razones económicas que aprovechan la oportunidad para entrar en la UE) y de personas en busca de protección internacional. Por su parte, una crisis regional (por ejemplo Túnez-Libia-Egipto) produciría fundamentalmente flujos mixtos, compuestos por solicitantes de asilo y emigrantes económicos.

Una crisis a nivel de toda la región (de Marruecos a Egipto) produciría una crisis humanitaria, que conllevaría una evacuación masiva de personas o huidas masivas de las zonas de conflicto, con o sin intención de permanecer en la UE, pero cruzando irregularmente o presentándose en las fronteras exteriores.

Paradójicamente, teniendo en cuenta la naturaleza de los flujos y el ámbito del mandato de Frontex, el grado de involucración de la Agencia sería inversamente proporcional a la magnitud geográfica de la crisis. Cuanto más localizada sea ésta y mayor naturaleza económica tengan los flujos migratorios, más activo será el papel de Frontex.

En cuanto a la respuesta operativa de Frontex, esta se centraría fundamentalmente en:

• Refuerzo de la vigilancia aérea y marítima con fines de detección temprana de embarcaciones al objeto de incrementar la capacidad de reacción para interceptación y salvamento.
• Asistencia a las autoridades relevantes en las operaciones de salvamento.
• Apoyo a las autoridades nacionales competentes en tareas de identificación efectiva de inmigrantes y de las personas necesitadas de protección internacional.
• Asistencia a las autoridades nacionales competentes en la detección y arresto de traficantes de personas.

Actualmente Frontex está ya apoyando a los Estados Miembros de la frontera Sur, mediante la coordinación de varias operaciones conjuntas focalizadas en las áreas más sensibles, las cuales deben contribuir a reducir la actual crisis migratoria. Sin embargo, sus limitados recursos (en personal y presupuesto) no son actualmente los adecuados para hacer frente a una crisis de tal magnitud por largo tiempo. Por ello se ha solicitado a la UE la adjudicación de medios presupuestarios adicionales que permitan al menos mantener dichas operaciones con el adecuado nivel de recursos materiales y humanos hasta finales del presente año.

La asunción de que la modificación del Reglamento de Frontex, que está siendo actualmente objeto de negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, supondrá un reforzamiento de las capacidades operativas de la Agencia y la situará en una mejor posición para hacer frente a la crisis del Mediterráneo, ha hecho que el Consejo Europeo haya recomendado recientemente a las instituciones europeas y a los Estados Miembros acelerar las negociaciones de manera que el Reglamento pueda estar aprobado en Junio de 2011. Ello supondría la posibilidad para la Agencia de gestionar fondos europeos para desarrollar proyectos en terceros países, adquirir sus propios medios técnicos, etc., lo cual, sin duda, ayudaría a mejorar la situación. No obstante, la gran incógnita es en qué medida la UE estará dispuesta a flexibilizar su política de austeridad económica y liberar los fondos necesarios para hacer realidad dichos proyectos.

Tema: Rusia necesita atraer inmigración pero su gestión del fenómeno tropieza con la xenofobia y la falta de atractivo del país para los migrantes más cualificados.

Resumen: Rusia necesita de una inmigración masiva para superar su crónico declive demográfico, su envejecimiento y el despoblamiento de amplias zonas, y para asegurar su futuro como Estado. Las autoridades aceptan esta evidencia, pero desde la desintegración de la URSS en 1991 su política migratoria ha experimentado dificultades objetivas para sobreponerse al legado imperial soviético y se ha regido ora por percepciones de seguridad, ora por concepciones económicas. A la vez, el rechazo y la xenofobia de una parte de la población contra los migrantes procedentes de Asia Central y del Cáucaso frena su integración, mientras que el Estado se encuentra ante la dificultad de atraer de nuevo a los rusos más cualificados que han abandonado el país en las últimas dos décadas.

Análisis: La metamorfosis de los habitantes de Rusia en la época soviética en ciudadanos rusos no ha concluido aún, 20 años después del fin de la URSS. En el pasado marzo, un 58% de los encuestados en un sondeo del Centro Levada lamentaba la desintegración de aquel Estado y un 52% opinaba que podría seguir existiendo. La Federación Rusa, que fue la república más extensa y también el núcleo de la URSS, no ha cristalizado como Estado moderno. En gran parte, Rusia es un conglomerado de pueblos con lenguas, culturas y religiones diferentes, entre los cuales los “rusos” (en la acepción cultural y étnica del término) constituyen la mayoría demográfica. Los pasaportes de los ciudadanos de la Federación Rusa no hacen constar la “nacionalidad” (la identificación cultural y étnica) del titular. Sin embargo, este concepto, que figuraba en los pasaportes de los ciudadanos de la URSS, sigue vivo e influye en los comportamientos sociales. La dificultad del tránsito entre la URSS y Rusia queda patente en la circunstancia de que los pasaportes soviéticos, con distintos sellos y timbres, fueron válidos hasta 2003 y aún hoy se calcula en 50.000 el número de personas que por distintas razones siguen aferradas a estos documentos de un país inexistente ya.

En general, los rusos no consideran extranjeros a sus vecinos eslavos –bielorrusos o ucranios rusoparlantes–, pero se sienten ajenos a sus conciudadanos de cultura musulmana del norte del Cáucaso, como chechenos, ingushes y miembros de las múltiples comunidades que conviven en Daguestán. En esta situación han influido las guerras con Chechenia (la primera de 1994 a 1996 y la segunda de 1999 a principios de la siguiente década) y también el terrorismo.

Tanto si están formadas por extranjeros de Asia Central como por oriundos del Cáucaso ruso, las corrientes migratorias provocan corrientes de xenofobia y rechazo en Rusia. Los rusos asocian a los inmigrantes con la criminalidad y también con la corrupción en los órganos del orden público que obtienen beneficio económico de la indefensión de los forasteros.

La agonía y muerte de la URSS ha estado acompañada en Rusia de procesos semejantes a los que, salvando las distancias, afectaron a Francia con la llegada de los pieds noirs de Argelia. Rusia ha sido la meta de centenares de miles de “rusos” que en calidad de ciudadanos soviéticos residieron cómodamente en Asia Central o en las repúblicas del Transcáucaso, pero que, víctimas de la lógica del fin del imperio, se transformaron en “ocupantes” y agentes de la potencia colonial a los ojos de las comunidades nacionales vertebradoras de otras repúblicas soviéticas. Los conflictos bélicos, la discriminación, las duras condiciones de vida y la falta de perspectivas de ascenso en las nuevas elites nacionales forzaron a muchos a emigrar. Los más cualificados y previsores pudieron elegir su nueva “patria” en el mundo, otros llegaron a Rusia en precario y un tercer grupo permanece en la periferia del imperio, ya sea como minorías marginales o integrándose en sus nuevas patrias y desnaturalizándose como rusos. Desde 1992, recibieron ciudadanía rusa 8 millones de personas, de las cuales 5,5 millones residen en Rusia y otros 2,5 millones en el extranjero, según datos del Servicio Federal de Migración (SFM).

El Kremlin no ha estado en disposición de aprovechar plenamente el potencial intelectual y laboral, familiarizado con la lengua y las costumbres rusas, que ofrecían los países postsoviéticos. Los recursos humanos de la CEI (Comunidad de Estados Independientes postsoviéticos) pueden resultar ya insuficientes para las necesidades de desarrollo de la Federación Rusa. El gobierno tiene prisa por regular la emigración con criterios claros y ha recurrido a expertos para elaborar las líneas maestras de la política estatal en este campo (Kontseptsia Gosudarstvennoi Migratsionnoi Politiki). Cuando sea aprobado, este documento pasará a formar parte de la estrategia económica del país hasta 2020. Los expertos del Instituto Demográfico de la Escuela Superior de Economía (involucrados en la elaboración del documento) pronostican que la crisis demográfica continuará y que el encogimiento de la población en edad laboral (de 88,6 millones de personas en 2010 a 77,1 millones en 2026) obligará a recurrir a mano de obra de países como la India, Afganistán y Bangladesh.

La contracción demográfica en Rusia es el resultado de una escasa natalidad (factor común con otros países desarrollados) y de una alta tasa de mortalidad (factor común con países subdesarrollados). Los flujos migratorios procedentes de la CEI han compensado sólo en parte el declive. En 1992 Rusia tenía 148,5 millones de habitantes, en 2002 145,17 millones y en 2010 142,9 millones, según los datos preliminares del último censo, realizado en octubre de 2010. De no haber sido por los emigrantes, la población rusa se hubiera recortado en 13 millones, señalan los expertos. En 2025 Rusia tendrá entre 5 millones y 10 millones de habitantes menos, según el informe del Instituto de Demografía de la Escuela Superior de Economía (Rossískaya Gazeta, 3/III/2011).

Millones de ciudadanos soviéticos se hubieran convertido con gusto en ciudadanos rusos de no haber chocado con el rechazo, la burocracia y la falta de perspectivas. Países que tradicionalmente han suministrado mano de obra a Rusia, como Moldavia y Ucrania, han pasado a orientarse hacia Occidente, según reconoce el jefe del SFM, Konstantín Romodánovski. En opinión de este funcionario, el mercado de trabajo ruso necesita entre 10 millones y 20 millones de personas más hasta 2020 (Rossískaya Gazeta, 18/IV/2011). El potencial de Asia Central es insuficiente. Como máximo, Rusia podría recibir 4 millones de personas de Uzbekistán, 1,6 millones de Tayikistán y 0,8 millones de Kirguizistán, calcula Romodánovski.

Los resultados del último censo indican una mayor concentración en grandes ciudades y el mantenimiento del desequilibrio demográfico entre la zona europea, donde viven la mayoría de los habitantes, y el vasto territorio situado al este de los Urales, poblado por unos 39 millones de personas. De las 83 unidades administrativas del Estado, 63 registraron reducciones demográficas en relación a 2002 (fecha del anterior censo). Estas reducciones afectaron sobre todo a las regiones orientales que tienen una infraestructura poco desarrollada y carecen del sistema de incentivos que regulaba la política migratoria en la URSS. Con todo, hay saldos demográficos positivos en los territorios ricos en materias primas e hidrocarburos de Siberia y el Lejano Oriente, como Yakutia (1% de incremento), la región de los Janti y de los Mansi (6,9%) y Tiumén.

En Rusia viven entre 7,8 millones y 8 millones de extranjeros, de los cuales unos 4 millones constituyen un grupo de riesgo, es decir, personas que podrían estar trabajando ilegalmente, según Romodánovski. Las estimaciones sobre la inmigración ilegal oscilan en varios millones, según las diferentes fuentes. La precisión es imposible, dado que la Federación Rusa no exige visado a los ciudadanos de la mayoría de Estados postsoviéticos, aunque sí les obliga a empadronarse. En Moscú viven 2 millones de inmigrantes ilegales, según el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin.

A largo de estas dos décadas en el debate sobre la política migratoria se han enfrentado los partidarios de facilitar la inmigración de los rusos desde los países de la CEI y los partidarios de mantenerlos en las repúblicas de la antigua URSS como instrumento de influencia de Moscú en entornos cada vez más ajenos, donde el Kremlin ha ido perdiendo gradualmente influencia, especialmente en Asia Central. En las ex colonias, Moscú ha llegado a sacrificar los derechos de las comunidades rusas a los intereses de sus grandes monopolios. Así, por ejemplo, los beneficios que los hidrocarburos de Turkmenistán reportaban a Gazprom prevalecieron sobre la defensa de los intereses de la minoría rusa en aquel país, cuando los dirigentes turcomanos obligaron a los rusos locales a elegir ciudadanía, en contra de los pactos previos con Moscú que les garantizaban la doble ciudadanía.

La legislación sobre ciudadanía, que regula la integración de los inmigrantes en Rusia, ha sabido evitar las motivaciones y las preferencias de carácter étnico y esto es un factor positivo para la consolidación de un Estado moderno. Para los rusoparlantes que se identifican con la cultura y la sociedad rusa, Moscú puso en marcha en 2007 un programa de ayuda al “asentamiento de compatriotas”. Este programa, que se inició de forma experimental en 20 regiones, prevé ayudas estatales a la mudanza y reasentamiento de los inmigrantes a zonas en declive demográfico y también la tramitación acelerada de la ciudadanía rusa. A cambio, los inmigrantes se comprometen a fijar su lugar de residencia durante dos años y contribuyen así a mejorar la situación demográfica de regiones deprimidas. Las autoridades esperaban atraer anualmente entre 50.000 y 100.000 personas con este programa, pero en cuatro años sólo 34.000 se han inscrito en él (Rossískaya Gazeta, 15/IV/2011). Estas modestas cifras se deben entre otras cosas a la falta de coordinación entre autoridades centrales y regionales y a una normativa legal contradictoria y provocadora de conflictos irresolubles. Por ejemplo, los emigrantes no pueden obtener un crédito para comprar una vivienda si no están empadronados y no pueden empadronarse si no tienen una vivienda.

Entre los instrumentos que regulan la inmigración figura un burocrático sistema de cuotas que varían de año en año según la demanda laboral. Los empresarios deben formular su demanda de mano de obra con mucha anticipación y tras una larga y ardua concertación con autoridades regionales y centrales reciben permiso para contratar un determinado número de inmigrantes, que puede no coincidir con la cantidad inicialmente solicitada. Este sistema ha generado prácticas viciadas tales como la compra-venta de cuotas y la explotación de los inmigrantes indefensos que son subcontratados por sueldos miserables. Víctimas de esta corrupción han sido, por ejemplo, los inmigrantes de Asia Central en Moscú. El alcalde de la capital ha reconocido que a los inmigrantes se les paga por debajo del salario mínimo de 10.400 rublos (255 euros) (Rossískaya Gazeta, 2/III/2011). Otro instrumento regulador son las “patentes” que por 1.000 rublos al mes legalizan a los extranjeros empleados por personas físicas. A las patentes se han acogido cerca de 165.000 personas, muy por debajo de la cifra de 3,5 millones esperada por los servicios de emigración.

Tratando de ser selectivo y de recuperar en parte los “cerebros” fugados de la URSS y de Rusia en el pasado, Moscú comenzó en 2010 a practicar una política de captación de especialistas cualificados o muy cualificados (la clasificación se efectúa en función de los ingresos anuales del trabajador). Esta inmigración privilegiada, exenta de los requisitos burocráticos de la inmigración general, no está sometida a cuotas. Sin embargo, la captación de inmigrantes de lujo está siendo escasa ya que Rusia no es suficientemente atractiva para la vanguardia innovadora mundial.

Aunque la legislación rusa ha evitado las discriminaciones étnicas, este aspecto está presente en el modo de abordar los fenómenos migratorios. Un sector de la sociedad rusa muestra xenofobia y rechazo no sólo frente a los jurídicamente extranjeros, sino también ante los conciudadanos del norte del Cáucaso. El 66% de los entrevistados el pasado marzo en una encuesta del Centro Levada se declaraban a favor de limitar los flujos migratorios. En enero, un 56% creían posible el derramamiento de sangre en enfrentamientos étnicos y un 37% atribuían el nacionalismo en Rusia al “comportamiento provocativo de los representantes de las minorías nacionales”. Sin embargo, un 25% achacaba ese nacionalismo a las malas condiciones de vida y un 11%, a los “prejuicios nacionales de la población rusa”. Según la misma encuesta, un 48% opina que el principal enemigo de Rusia son los guerrilleros chechenos (por delante de EEUU, que ha sido el rival y enemigo tradicional de Moscú). Los rusos asocian el norte del Cáucaso con la violencia y con el terrorismo, que golpea y mata de forma intermitente en la capital. Para resolver el problema, un 36% propone endurecer el control de los desplazamientos de los habitantes del Cáucaso del Norte a las zonas rusas. Un 62% opina que la guerra en el Cáucaso (una ampliación de la de Chechenia) sigue y continuará largo tiempo alternando fases de recrudecimiento y de calma.

Las encuestas ayudan a comprender el contexto social en el que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2010 una manifestación de 5.500 exaltados prestos a agredir a los ciudadanos de aspecto “no eslavo” mientras gritaban “Rusia para los rusos”. Los manifestantes protestaban por la negligencia mostrada por las autoridades frente a los autores del asesinato de un ruso, un hincha futbolístico que falleció a resultas de un disparo supuestamente efectuado por un oriundo del Cáucaso. En la virulenta protesta junto a los muros del Kremlin, hubo más de 30 heridos y 66 detenidos. Grupos de fanáticos prolongaron después la violencia hasta la madrugada, aterrorizando a asiáticos (un inmigrante de Kirguizistán fue asesinado) y caucásicos en los barrios periféricos de Moscú. En otras ciudades de Rusia, como San Petersburgo y Rostov del Don, hubo también protestas por la “indefensión” de los rusos ante los oriundos del Cáucaso.

Los rusos consideran el Cáucaso del Norte como una gravosa carga económica para el Estado y este enfoque tiene analogías con el que sectores nacionalistas rusos mantenían en época soviética en relación a las otras repúblicas de la URSS. La visión de Rusia como un territorio “vampirizado” y explotado por las otras 14 repúblicas federadas de la URSS tuvo insignes defensores, entre ellos el escritor Alexandr Solzhenitsin, y de hecho contribuyó a justificar ideológicamente la fragmentación de la URSS, aunque tal vez no con las fronteras que los nacionalistas hubieran querido. Si la historia se repite ahora a menor escala, lo que estaría en juego ahora sería la secesión del norte del Cáucaso, es decir, la fragmentación de Rusia. Un 14% de los encuestados en un sondeo del Centro Levada cree que Rusia no podrá pacificar el Cáucaso y que acabará teniendo que reconocer la independencia de Chechenia y tal vez de otros territorios de la región.

El pasado 23 de abril varios centenares de personas salieron a la calle en Moscú para exigir al gobierno que deje de financiar el Cáucaso del Norte. El lema de la protesta, convocada por la Unión Cívica Rusa (una asociación que se define como nacionalista moderada), era: “Basta de alimentar el Cáucaso”. Los manifestantes acusaban a las autoridades de transferir cuantiosos fondos a las regiones caucásicas en detrimento de las regiones rusas. El acto no tuvo la virulencia de la manifestación de diciembre, pero el sentido era parecido. Pocos días antes, un tribunal de Moscú prohibió por extremista al Movimiento Contra la Emigración Ilegal (DPNI). Esta organización, que se solidarizó con los objetivos de la manifestación del 11 de diciembre, combate la “sistemática violación de los derechos e intereses de los rusos” y exige el cese del gobierno.

La xenofobia es uno de los componentes de las manifestaciones nacionalistas, pero no el único, pues las protestas reflejan también una insatisfacción generalizada (compartida por ciudadanos de otras ideologías) por la política económica y social del gobierno, por la corrupción de las altas esferas y por la escandalosa y arbitraria diferenciación social que ha producido una elite multimillonaria, derrochadora e irresponsable.

Aunque la tesis de los flujos financieros privilegiados desde la administración central al Cáucaso no está confirmada, los expertos en aquella región constatan que los fondos transferidos desde el centro federal son “engullidos” por las estructuras administrativas locales con escaso beneficio social. El Kremlin carece de voluntad política para enfrentarse a los líderes locales, como el presidente de Chechenia Ramzán Kadírov. Al satisfacer los caprichos de Kadírov y cerrar los ojos ante sucesos que lo comprometen (incluidas incursiones armadas en Moscú), la administración central compra “paz” en Chechenia, pero al mismo tiempo irrita a otras elites regionales y provoca malestar en la sociedad rusa, que se siente discriminada frente a los caucásicos. De ahí que éstos sean percibidos como elementos ajenos y delictivos. De ahí también la mala acogida que ha tenido en las regiones rusas la idea de propiciar la migración interna desde el Cáucaso para aliviar el grave problema del desempleo allí existente. El Cáucaso del Norte, donde predomina la población rural, se distingue del resto de la Federación Rusa por su elevada natalidad y un saldo demográfico muy positivo. En el Cáucaso viven 9,5 millones de personas y, según el censo, de 2002 a 2010 la población aumentó en un 6,3%, especialmente en Daguestán (+15,6%), Chechenia (+15%) y Karachaevo-Cherkesia (+8,9%). Las elevadas tasas de paro que llegan a superar el 50% de la población activa, han propiciado la emigración en todos los grupos étnicos. A diferencia de las comunidades musulmanas autóctonas, que conservan los vínculos con su tierra, los rusos se marchan para siempre de aquellas regiones. Entre 1989 y 2002 cerca de 300.000 rusos (el 27,5% de toda la población) emigraron de los territorios integrados en el distrito federal del Norte del Cáucaso, según el documento del gobierno que define una estrategia de desarrollo para la zona hasta 2025 (Strategia sozialno-ekonomicheskogo rasvitia Severo-Kavkaszkogo Federalnovo Okruga do 2025 goda). Atajar la emigración de los rusos del Cáucaso es una “tarea estratégica” del Estado, afirma el documento, aprobado por el gobierno ruso en septiembre de 2010. Y argumenta: “Para el Distrito Federal del Norte del Cáucaso la población rusa es un importante factor de estabilidad en la situación etno-política, y también una fuente de especialistas altamente cualificados, necesarios para garantizar el desarrollo sostenido de este distrito federal y para hacerlo atractivo  a las inversiones”.

Conclusión: Aunque el nacionalismo xenófobo en Rusia no es hoy un movimiento político bien estructurado y con un programa capaz de aglutinar masivamente al electorado, sí es, en cambio, una amenaza importante que puede crecer y ser manipulada en el futuro. La carta nacionalista fue esgrimida con éxito en los comicios de 2005 por Ródina (Patria), un partido que protagonizó una agresiva campaña contra la migración de los caucásicos. También cabe la posibilidad de que el Kremlin intente reinventarse a sí mismo, y trate de caracterizarse ante la sociedad como la “alternativa civilizada” frente a un entorno presentado como progresivamente degradado y xenófobo.

Rusia está atrapada en una contradicción difícil de resolver. Por una parte, debe controlar un estado de ánimo social populista, nacionalista e incluso xenófobo y, por otro, debe atraer inmigrantes para evitar el descenso de su población y su envejecimiento, y para desarrollar su economía. Es importante que en esta encrucijada las autoridades eviten la tentación de representar a su país con el clásico cliché de fortaleza acosada y rodeada de enemigos. Para tener éxito, la política migratoria rusa debe estar asociada a la democratización del Estado, al desarrollo de la tolerancia y la apertura al mundo. Solo así podrá crearse una auténtica “ciudadanía rusa” sin connotaciones étnicas.

Theme: The Italian government’s answer to the mass arrival of undocumented migrants and asylum seekers since the beginning of the present wave of political turmoil in North Africa must be seen in the context of both domestic political issues and international constraints.

Summary: From the beginning of the present wave of political turmoil in North African countries and up to 8 April, 390 boats have arrived in Italy with a total of 25,867 undocumented migrants and asylum seekers, most of them Tunisians. The Italian government’s answer has been framed by both domestic political issues, such as the extreme anti-migrant attitude of the Lega Nord, and by international constraints, such as the refusal of other EU members to receive irregular economic migrants and the difficulty in establishing a workable repatriation accord with Tunisia. Given the situation, the Italian government has been trapped in its own web, made up of contradictory positions and exaggerated forecasts concerning migratory flows.

Analysis

The Problem

In 2009 the Italian government promoted a steady hardening of the laws on irregular migration and new action to reduce it. A drop in the number of undocumented entries by sea was especially due to the enforcement of the agreements with Libya, and to the highly-criticised rejection of migrants and asylum seekers at sea.[1] According to official data, irregular entries by sea declined sharply between May 2009 and January 2011. The total number of migrants apprehended at sea in 2009 was 9,573: a 74% decline compared with the total of 36,951 apprehended in 2008. However, only very general data for 2010 have so been issued by the government (in a leaflet).[2]

In Italy the monitoring of irregular migration trends has become difficult for analysts: since 2008 the Italian Interior Ministry has released no relevant data on the geographical location of new arrivals, the nationalities of migrants and the countries of return for those repatriated.

Always high on the political agenda in the previous years, in 2010 the problem of irregular migration by sea had almost disappeared from the public discourse. In the absence of data, and news, the strong media impact on public opinion of arrivals by sea declined substantially, while the view prevailed that the problem had almost been solved.[3]

The situation suddenly changed on 9-12 February 2011, when over the course of three days almost 3,000 migrants arrived in Lampedusa as a result of the political and social instability in the Mediterranean area, particularly Tunisia. The number of crossings from post-revolutionary Tunisia to Italy was already on the increase in January, but not publicised in the press. A new migration wave had commenced when patrolling and prevention activities to prevent departures from the shores of Tunisia were inactive for a few days due to the lack of police forces. Even after the crisis, the enforcement of controls has not returned to previous levels. Moreover, after the political change, repatriation procedures from Italy have been suspended.

Migration from Tunisia to Italy by sea continued throughout February and March. Meanwhile, migratory movements within the Mediterranean area became much wider. As the Libyan crisis flared up and civil war began, according to UN sources around 400,000 migrant workers left Libya, while Tunisia was heavily affected as it accepted 200,000 refugees at its borders.

In Italy the sudden growth in the number of arrivals by sea forced the government to address the problem once again, particularly from mid-February onwards. Up to 6 April 390 boats had arrived in Italy, with a total of 25.867 undocumented migrants and asylum seekers, mainly Tunisian. Up to 23,352 migrants landed in Lampedusa, almost all of them having been rescued by the Italian authorities at sea and disembarked on the island for routine checks.[4] Only a few hundred landed in another small Pelagian island, Linosa, while others reached Sicily. In total, up to 6 April 10 boats had arrived from Libya.

As reported in the press, the arrivals from Libya were asylum seekers of all ages, almost all Somali and Eritrean nations, while the Tunisian migrants were almost all young men driven by the lack of opportunities in their country. Generally they had a good level of education and their objective was to settle –permanently or not– in Italy, France, Germany or Belgium. Around 20% of them intended to claim asylum.[5] According to information collected by the Italian journalists, the Tunisian migrants leave from Zarzis, Djerba and Kerkenna Islands, and pay from €700 to €1,400 to cross the sea.

Migrants and asylum seekers sail in dinghies or boats to Lampedusa at great risk. Accidents and tragedies have occurred, some of them unrecorded: boats sink and dozens drown. It has been documented that since January at least 156 people have died in their attempt to cross the Sicily Channel. The latest accident was on 5 April and involved a boat carrying 450 Somali and Eritrean asylum seekers sailing from Libya, with up to 250 deaths having been reported.[6]

Responses at the national level

Since mid-February 2011 ad hoc responses have been put in place by the Italian government to respond to the new situation regarding the arrival of irregular migrants by sea.

The first public response of the Italian authorities essentially spread panic and fear through the media. The words and images used by Berlusconi and the Italian ministers from the beginning of the crisis, and up to 6 April, were highly charged, such as ‘exodus of biblical proportions’, ‘human tsunami’, ‘invasion’ and ‘black danger’. The Minister of the Interior also said that ‘we have never seen an emergency of this scale’. At the international level, the lack of assistance from the EU was also remarked upon several times by the country’s political leaders.

On the practical side, on 13 February the Italian government declared a humanitarian emergency and, after some hesitation, decided to re-open the facility for 850 migrants in Lampedusa, which had been closed since October 2009.

At the same time a special commissioner, the prefect of Palermo, was appointed, and a disbursement of €1 million was made, including funds needed to open a new centre for asylum seekers in Sicily (in Mineo), to gather asylum seekers from all over the country, although it has subsequently been heavily criticised.[7] Also, in mid-February, the government decided to deploy 200 soldiers to assist in the management of migration flows.

From 15 to 30 March no further initiatives were undertaken, while hundreds of boats were being tugged towards Lampedusa. Migrant arrivals continued to outnumber departures to the mainland. In a couple of weeks the island had filled up with newcomers, whose position was described as ‘desperate’ by the authorities on the island and by observers.

At the end of March, the 5,000 Lampedusa residents protested against the deteriorating living conditions resulting from the massive inflows, and the unbearable sanitary and psychological problems they had to endure. When even the President of the Republic complained about the situation, and public order was almost impossible to maintain on the island, Berlusconi decided to intervene directly. His visit to Lampedusa on 30 March had extensive media coverage. He promised to relieve the pressure on the island and to solve the growing humanitarian crisis by a quick transfer of the migrants. More precisely, he promised to ‘liberate’ Lampedusa within 60 hours, shipping the migrants to other centres on mainland Italy. Also, he promised to promote the island’s image, as its economy is based on tourism and fishing, and to support the funding of new infrastructures. Berlusconi, in order to gain the residents’ trust, also announced that he would buy a villa on the island (which he has not done yet) and suggested that a golf club should be opened.

After a delay because of bad weather, an Italian naval vessel along with three private ferries arrived in Lampedusa to transfer 4,000 migrants to Sicily and the mainland in a couple of days.

At present the total capacity of holding centres throughout Italy is only 7,000.[8] The press has reported on a plan to open new reception and first-aid centres in 15 of Italy’s 20 regions. For the time being, no details about the geographical distribution of the migrants have been released, but it appears that most will be held in southern Italy.

However, several meetings have been held with regional and local authorities and the location of new sites is still under discussion: an agreement was signed on 30 March but few solutions have so far been implemented.[9] The Interior Ministry’s intention is to create a total capacity of 20,000 new places, mainly in new (temporary) facilities.

In the meantime, while local and national authorities are seeking a collective agreement, camps made of tents and basic sanitary services have already been rapidly established to allow the transfer of migrants from Lampedusa. The biggest one is in Manduria (Puglia, southern Italy) and can hold up to 4,000 undocumented migrants. According to press releases, the camp does not comply with the basic rules for first-aid centres while migrants are unable to obtain legal aid or social assistance and translation services.[10] In Manduria they must eat their food sitting on the ground, as there are no tables, and water is scarcity.[11] NGOs are denied entry and, according to local witnesses, once migrants arrive they are deprived of their belongings: substantially, their human rights are not respected.[12]

Living conditions in the new centres have been described as awful and escapes and revolts are habitual. In Manduria at least 700 migrants fled on Saturday 2 April after breaking down a fence; and on the same day 500 migrants escaped from the Mineo centre[13] in Sicily in an attempt to reach a railway station. Some of them were later apprehended by the police.

Responses at the International Level

In mid-February the Italian Minister of the Interior complained about the lack of support from the EU and expressed the need for the burden to be shared at the European level. Moreover, on 15 February he asked the EU for FRONTEX to intervene directly and enforce European border controls. Following the request, Operation Hermes was implemented on 20 February.[14]

A total of 14 Member States (including Italy) have committed resources, in the form of either personnel or technical equipment, and seven Member States are currently assisting the Italian authorities with the processing of irregular migrants. After 19 days in operation, Joint Operation (JO) Hermes is cooperating in Lampedusa and in immigrant detention centres based in Crotone (Calabria), Caltanissetta and Trapani (Sicily), and Bari (Puglia).[15] FRONTEX also bears the cost of the flights transferring migrants to these centres. Last but not least, problems have arisen with France, as the French police started to patrol the border with Italy and refuse entry to irregular Tunisian migrants. A reception centre has been opened on the Italian side of the frontier and discussions are underway between the French and Italian authorities.[16]

Relations with Tunisia are, of course, of the outmost importance to resolve the situation. The 15-year-old policy based on the strengthening of police and military controls on Tunisian shores suddenly collapsed and border patrols and the other measures of prevention were suspended. Repatriation policies could no longer be implemented because of the political instability in Tunisia. The Italian Minister of Foreign Affairs visited Tunisia on 14 February in order to find some common ground to implement bilateral agreements. However, this first visit to Tunisia failed to produce results and a second visit by Prime Minister Berlusconi on 3 April was followed by a meeting between officials of the two countries and led to a new agreement.[17]

After signing the agreement with Tunisia on 6 April, the Italian government proposed providing the 22,000 Tunisian nationals who arrived between 1 January and 6 April with temporary humanitarian permits. It is still not clear whether they will have validity only in Italy or also in the rest of the EU. The issue is controversial and still under debate since the European position on the implementation of Directive 55/2001,[18] regulating the granting of humanitarian permits in the case of massive arrivals of displaced people, has not yet been fully defined.

After 6 April, repatriation procedures with Tunisia were again implemented for new arrivals and on the basis of the new agreements signed with the government.[19] Moreover, €100 million will be provided to the Tunisian authorities to reinforce their coastal patrols with new technical equipment.[20]

A Change of Attitude

Italy’s lack of capacity to respond to the migration emergency, especially in Lampedusa, is quite unexpected. The country has been involved in controlling irregular migration by sea since the beginning of the 90s and it has developed an ample experience on the ground. As far as Lampedusa is concerned, the situation of emergency is not something new. Large numbers of migrants have already been recorded in the past: the official number of migrants landed in Lampedusa ranges from 10,497 in 2004 to 31,252 in 2008.

A small island with 5,000 inhabitants in the middle of the Sicily Channel, Lampedusa is ‘traditionally’ the landfall for crossings from Libya and Tunisia. The reason is twofold: (1) it is the closest point to the North African shore; and (2) it has had a first-assistance facility for a long time. Since 2006 it was a reception and first-aid centre, where migrants stay for a maximum of 48 hours, before being transferred –by plane or ferry– to holding centres on mainland Italy. Special teams of experts (police, international organisations and NGOs) worked on the island providing assistance to those rescued at sea. In 2009 it was transformed into a centre for the identification and direct expulsion of migrants but was finally closed after a revolt in October 2009. All boats intercepted in the Sicily Channel after that date have been towed directly to Sicily.

In 2011, rescue operations from Lampedusa have been carried out in accordance with the law of the sea, with great professionalism and in very difficult situations. Conversely, organisation after disembarkation has been a complete failure. The explanation is simple: the management of migrants is impossible on the island. In the absence of the necessary transfer facilities to the mainland, the authorities have been unable to feed or house such large numbers of migrants. Sanitary conditions are desperate and the mayor has announced that 2,000 people have been without food, while the local population has done all it has been able to help.

At the time of Berlusconi’s visit on 30 March, 2,800 migrants were housed in the reception centre, which had a capacity for 850, while more than 3,000 were without proper shelter in camps with makeshift tents and terrible sanitation. The scarcity of food and water was evident. More than 250 minors, sheltered in a provisional facility, were also on the island. Most of them preferred to camp out of doors, sleeping on what has been called ‘the hill of shame’. Amnesty International has denounced a situation of sanitary emergency.[21]

The critical situation was not the result of the landings, but of the complete lack of logistic support. The strategy to make it difficult to move migrants to the mainland created a panic in Lampedusa. Probably the intention was to increase the state of alarm and then organise collective expulsions directly from Lampedusa to Tunisia, as had already been done in 2009.

Conclusion: The Italian government’s reaction to the migrant crisis can be better understood in the context of domestic politics. The influence of Lega Nord, the xenophobic political party supporting Berlusconi’s coalition, had a decisive impact on the initial political choices. In a northern Italian dialect, Umberto Bossi, the party leader, announced in the middle of the Lampedusa crisis: ‘Immigrati? Foeura de ball’ (which can be translated as: ‘Immigrants? Go away, piss off!’). The only feasible solution, in the Lega’s view, is to reject and repatriate immigrants. According to Bossi, eventually –and only if really necessary– migrants can be moved to holding centres in southern Italy. In any case they have to stay close to their homeland, in the south: if not in the southern Mediterranean, at least in the south of Italy. Of course, there were negative reactions to this view, especially from the authorities of the southern Italian provinces, such as the Governor of Sicily.

However, the initiatives adopted to reject and expel migrants have failed as no agreement on repatriations has been reached with Tunisia, which refuses to contemplate collective deportations. Hence, Berlusconi has had to change strategy.

The final decision to grant temporary permits and allow Tunisian migrants to move freely around Italy shows a complete change of perspective and a new-found strength in Tunisia’s negotiating capacity. All the efforts of the Italian government, which initially intended to repatriate the migrants, have been for nought. However, the management of undocumented migrants in Italy will be easier in the near future, as those already in Italy will be regularised. Consequently, the temporary holding centres will be emptied and will probably be used for the expected mass arrival of asylum seekers from Libya in the following weeks.

It is important to remark that after Berlusconi’s visit to Tunisia and the new agreements with the North African country, reached on 5 April, his discourse in the media and his attitude towards migrants has completely changed. A much more positive vision prevails. Apparently the fear of an ‘invasion’ from Africa has disappeared and the aim has been to present a more positive image of Italy[22] as a good receiving country. Humanitarian permits are ready to be released, and the Prime Minister has recently announced that everything is well in Lampedusa and that migrants have no problems with food or water. There are still problems to be solved with Italy’s EU partners –which are not supporting this initiative– but Berlusconi now recalls the country’s Catholic tradition and the centrality of the value of generosity to assist migrants. He makes no mention of the very severe criticism the government has received in the past few weeks from human rights activists in Italy and abroad and from part of the Roman Catholic Church.

NOTAS:

[1] The issue is currently under consideration at the European Court of Human Rights. See http://www.unhcr.it/news/dir/26/view/558/stop-ai-respingimenti-in-libia-55800.html, Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo, I respingimenti in alto mare al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in http://www.unionedirittiumani.it/; http://www.messinanotizie.it/aperta-uninchiesta-sui-respingimenti-di-migranti-nel-canale-di-sicilia.html (accessed 21/I/2011).

[2] See http://www.governoberlusconi.it/notizie/450-452/print.php?id=687 (accessed 3/IV/2011).

[3] Even if FRONTEX data show an increase in the course of 2010: from a total of 150 intercepted migrants in the first quarter of the year, to nearly 600 in the second quarter, and 2,157 in the third quarter. See http://www.frontex.europa.eu/situation_at_the_external_border/art22.html (accessed 3/IV/2011)

[4] http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/000069_2011_04_07_informativa_Maroni_alla_Camera.html (accessed 7/IV/2011).

[5] Cfr. Massimo Livi Bacci, Migranti irregolari in Italia: oggi dalla Tunisia domani dalla Libia?, www.neodemos.it, 12/III/2011.

[6] La Repubblica, 7/IV/2011.

[7] See http://thehubsicilia.wordpress.com/2011/02/22/sicilia-chiama-maghreb-e-mashreq/ and www.meltingpot.org/articolo16438.html (accessed 4/IV/2011).

[8] La Repubblica, 7/IV/2011.

[9] http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10325&IdDett=29178 (accessed 7/IV/2011).

[10] Il Manifesto, 5/IV/2011.

[11] La Repubblica, 3/IV/2011.

[12] La Repubblica, 1/IV/2011.

[13] La Repubblica, 3/IV/2011.

[14] Frontex had offered its support to the Italian government weeks earlier, but had been refused.

[15] See http://www.frontex.europa.eu/newsroom/news_releases/art102.html (accessed 4/IV/2011).

[16] La Stampa, 5/4/2011.

[17] See http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=1722 (accessed 7/IV/2011).

[18]http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/000069_2011_04_07_informativa_Maroni_alla_Camera.html (accessed 7/4/2011).

[19] http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=1722 (accessed 7/4/2011).

[20] La Repubblica, 6/IV/2011.

[21] See Fulvio Vassallo Paleologo, Lampedusa, Mineo, Manduria: Detenzione arbitraria e violazione dei diritti dei migranti, www.meltingpot.org/articol16566.htlm (accessed 4/IV/2011).

[22] La Repubblica, 3/IV/2011.

In the early days of what grew into the Libyan uprising, Muammar el-Qaddafi summoned European Union ministers to Tripoli and issued an ultimatum: Stop supporting the protesters, or I’ll suspend cooperation on migration and Europe will be facing a human flood of from North Africa.

Given Libya’s history as an attractive transit point for North Africans seeking entry to Europe, it was a credible threat.

For one thing, it has worked to varying degrees at least four times in the last decade alone. Indeed, it was only the European Union’s promise to lift the last remaining sanctions against Libya in the fall of 2004 that persuaded Qaddafi to staunch what was then viewed as an alarmingly large flow of North Africans onto the tiny Italian island of Lampedusa and, from there, onto the Continent. To that point in 2004, about 9,000 people had landed on Lampedusa, 1,600 of whom arrived in the month prior to conclusion of the agreement between Brussels and Tripoli.

Although these numbers were not trivial, they were nothing compared to the predicted 750,000 to one million North Africans anticipated by Western European leaders this time around. Little wonder then that Prime Minister Silvio Berlusconi of Italy tried to maintain good relations with Libya for as long as he found it diplomatically possible.

Moreover, what happened in 2004 was not an isolated event. In 2006, and again in 2008, Qaddafi extracted from the E.U. additional financial aid and equipment (such as boats) that could be used for migration enforcement. In late 2010, the E.U. and Libya concluded a further £500 million accord, which succeeded in stopping, or at least demonstrably slowing, the flow of people across the Mediterranean — until the outbreak of unrest in Tunisia.

Tragic though it is for the victims of this kind of unconventional coercion, Qaddafi’s threatened use of demographic bombs is neither new nor unique. As I demonstrated in a study published last year, there were at least 56 attempts to employ the direct or indirect threat of mass migrations as a non-military instrument of influence between 1951 and 2006.

In about 73 percent of cases where it was attempted, would-be coercers got at least some of what they sought; in about 57 percent of cases, they achieved most, if not all, of their objectives. The majority of these coercive attempts were initiated by authoritarian dictators such as Cuba’s Fidel Castro, East Germany’s Erich Honecker, the former Yugoslavia’s Slobodan Milosevic and Uganda’s Idi Amin.

However, it is worth noting that the threat and actual manipulation of mass migrations has also been employed by democratic leaders like West Germany’s Konrad Adenauer and Dwight Eisenhower of the United States.

The exiled Haitian president Jean-Bertrand Aristide used this same weapon to persuade a reluctant Clinton administration to restore him to power — by force, if necessary — in the autumn of 1994. Aristide was markedly less successful a decade later when, in February 2004, he again employed this tool to try and enlist U.S. and international assistance in helping him stave off a rebel assault on the Haitian capital of Port-au-Prince.

Contrary to the position adopted by the sitting French government, the Bush administration had long maintained that, despite his many shortcomings, Aristide should be allowed to remain in power until his term ran out in 2006. However, less than 24 hours after Aristide declared that, if international peacekeepers were not inserted to help protect his “democratic” regime, another mass outflow might find its way to Florida, the Bush administration abruptly shifted tack and summarily airlifted the Haitian leader out of the country.

North Korea’s Kim Jong-il has likewise repeatedly and quite profitably exploited China’s fears of large-scale outflows of North Koreans to extract, among other things, large quantities of food aid and technical, monetary and law enforcement assistance, and, last but far from least, a relatively soft stance on North Korea’s nuclear program.

That China decided to abstain — rather than block (as many predicted it might) — the United Nations Security Council resolution on Libya could be interpreted as a signal to the North Koreans that there may be limits beyond which even China should not be pushed.

De retour d’un séjour en Egypte et le long de la frontière Libyenne, les déclarations des dirigeants français et d’autres pays européens faisant un lien entre les révolutions arabes et une possible vague d’immigration clandestine submergeant l’Europe sont particulièrement choquantes. Les représentations publiques qu’elles cherchent à véhiculer, tant de la crise qui se déroule, que des personnes fuyant la guerre qui sont présentés comme des “clandestins”, ne correspondent pourtant pas à la réalité observée.

D’abord, aujourd’hui, ceux qui fuient la Libye sont des ressortissants étrangers, travailleurs souvent très pauvres et peu qualifiés (comme il y en a dans tous les pays de la région), qui cherchent juste à fuir la guerre en Libye, et les violences ou discriminations dont ils y font l’objet. Ils ne cherchent qu’à rentrer chez eux, alors qu’ils ont quasiment tout perdu et ont été victimes de violences.

D’autre part, et c’est à noter, en Grèce ou en Turquie, ou Médecins du monde est présent auprès de ces travailleurs migrants, aucune supposée nouvelle “vague” d’immigration massive n’est observée qui serait directement liée aux événements politiques dans les pays des côtes sud de la Méditerranée. Et l’arrivée récente et médiatisée de jeunes tunisiens sur l’île de Lampedusa ne permet pas de tirer des conclusions inverses.

Deuxièmement, les déclarations de nos gouvernements européens nient une autre réalité très simple. En situation de conflit, le droit de fuite des populations civiles existe et est reconnu par le droit international, afin de chercher refuge hors des frontières d’un pays livré à la violence. A ce stade, le nombre de libyens ayant quitté leur pays est faible. Tout juste quelques milliers. Mais si les violences se poursuivent et faute de pouvoir leur venir en aide chez eux, peut-être observera-t-on plus de personnes tentées de chercher refuge dans les pays limitrophes. Il faudra alors leur porter assistance en tant que réfugiés, et certainement pas les présenter comme des “clandestins”.

De la même façon, certains travailleurs étrangers qui fuient la Libye doivent être protégés. Il faut noter la situation particulière de nombreux ressortissants étrangers en fuite qui ne pourront pas retourner dans leur pays d’origine, lui ravagé par la guerre (Somalie, Côte d’Ivoire par exemple). Que faut-il envisager pour eux ? Certes, ils sont moins nombreux que les égyptiens et les tunisiens, mais les Nations unies doivent renforcer leur protection.

INSULTE

Au lieu d’agiter la peur de l’autre, il convient aussi de rappeler les règles qui s’imposent à tous les acteurs armés en situation de conflit dans la façon dont ils mènent les hostilités, et l’obligation qui est la leur de préserver les vies civiles et de respecter les missions médicales. A ce stade, l’accès des organisations de secours reste limité, au risque demain de voir la situation humanitaire se détériorer. L’enjeu de protection des populations civiles doit rester central dans la façon d’appréhender la crise en Libye.

Dernier point, vu du Caire, ou de la région, les déclarations de nos dirigeants européens apparaissent pour le visiteur étranger mais aussi pour bon nombre de personnes vivant ici, une insulte aux révolutions en cours au sud de la méditerranée, à cet élan de liberté et de changement qui souffle en Egypte, en Tunisie et en Libye en particulier ; une insulte à cette jeunesse qui a décidé de prendre son destin en main, et de refuser l’oppression de régimes corrompus et ne répondant pas aux attentes de leur population. Croyez-vous que les manifestants de la place Tahir ont envie de quitter leur pays ? Moi, pas. Leur détermination est forte et intacte, même si l’avenir politique reste incertain.

Tout cela pour dire que l’agenda préélectoral a pris le pas sur une analyse rationnelle des faits. C’est juste choquant et très inquiétant sur la façon dont nos dirigeants appréhendent le monde en jouant sur la peur de l’autre.

Tema: La ola de cambios políticos que se suceden en los países árabes puede tener efectos importantes sobre los movimientos migratorios dentro de la zona y desde ella hacia otras partes del mundo, especialmente hacia Europa.

Resumen: En el grupo de países árabes que están siendo sacudidos por revueltas políticas se produce una gran variedad de situaciones respecto a la migración. Entre ellos se encuentran los que más inmigración reciben en el mundo –en relación a su población total–, como Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes, y otros que se sitúan entre los principales emisores de migrantes, como Marruecos. Algunos son a la vez países de recepción de migrantes, y países de paso de emigrantes irregulares hacia Europa, como Libia. Por último, Egipto, el país de mayor población, destina la mayor parte de su migración hacia otros países árabes, como la propia Libia y las monarquías petroleras del golfo Pérsico.

Análisis

(1) La inmigración en los países árabes receptores netos de migrantes

En la región sólo atraen inmigración en número sustancial los países cuya riqueza se basa en el petróleo: Libia, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes. Todos ellos comparten algunas características sociales y políticas, pues eran, antes del descubrimiento de sus riquezas petrolíferas, poblaciones autóctonas pequeñas y tribales dedicadas a la ganadería, convertidas de la noche a la mañana en ricos exportadores. Estas sociedades han necesitado mano de obra extranjera desde el inicio del descubrimiento de su riqueza, tanto para explotar y gestionar el negocio del petróleo como para poner en marcha los servicios que sus ingresos han permitido sufragar o la propia administración pública. El caso extremo entre éstos es el de Qatar, donde un 90% de su población es extranjera.

Los que emigran a estos países petroleros árabes proceden siempre de comunidades musulmanas en Asia y África (excluyendo al pequeño número de occidentales trasladados por sus empresas) y abarcan todas las categorías de cualificación, desde los trabajadores manuales o la ayuda doméstica hasta las profesiones universitarias y los puestos directivos. Los principales países de origen son Egipto, Palestina, Malasia, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Filipinas y, en el caso libio, Nigeria y Chad.

La gestión política de la inmigración en estos regímenes autoritarios y extremadamente dependientes de la inmigración tiene poco parecido con la que se efectúa en las democracias liberales occidentales. Los inmigrantes carecen sistemáticamente de derechos políticos y civiles y de garantías jurídicas sobre su estatus como inmigrantes. Son considerados siempre como residentes temporales por los Estados receptores. Los gobiernos los utilizan con frecuencia como instrumento en las relaciones internacionales y en varias ocasiones han procedido a expulsiones masivas de migrantes de alguna nacionalidad como represalia por el enfrentamiento entre los respectivos gobiernos. Así, Kuwait, con una importante inmigración palestina durante décadas, expulsó a todos los inmigrantes de este origen por el apoyo de la OLP a la invasión iraquí de su territorio en 1990. Libia expulsó en 1985 a 32.000 tunecinos en una sola noche, a raíz de la crisis de las relaciones entre Gadafi y el líder tunecino Burguiba. Del mismo modo, Argelia expulsó en 1975 a unos 300.000 inmigrantes marroquíes en respuesta a la “Marcha verde” de Marruecos sobre el Sahara. Estas expulsiones se realizan sin ningún procedimiento previo de notificación o justificación, sin posibilidad de defensa por parte del inmigrante y, con frecuencia, en condiciones físicas muy duras. El desprecio hacia los derechos de los inmigrantes es denunciado continuamente en el caso de las monarquías del Golfo, especialmente con respecto a las mujeres que trabajan en el servicio doméstico (la mayoría asiáticas, de Filipinas o Malasia) sometidas con frecuencia a condiciones cercanas a la esclavitud. En Libia, en septiembre del año 2000, se produjeron violentos ataques de la población local a los inmigrantes subsaharianos, acusados de comportamientos inmorales y de involucrarse en actividades como la prostitución o el tráfico de drogas. La violencia desatada causó 130 muertos y provocó un éxodo masivo de subsaharianos y una operación de los Estados de origen para repatriar a sus emigrantes. Hay que recordar que los inmigrantes subsaharianos llegaron a Libia respondiendo a la invitación de su gobierno, que intentó convertir a su país en líder del mundo africano.

Tabla 1. Número de inmigrantes en el año 2010

Fuente: División de Población de las Naciones Unidas.[1]

Argelia no es un país receptor neto de migrantes (envía más migrantes de los que recibe), pero su gran frontera desértica y poco vigilada se ha convertido en punto de entrada de migrantes subsaharianos, a veces de paso y a veces con voluntad de permanencia. Argelia expulsa anualmente a unos 72.000 subsaharianos inmigrantes irregulares, una cifra muy notable. Por otra parte, conviene recordar que en su territorio, en los campamentos de Tinduf, viven confinados unos 90.000 refugiados saharauis a los que el gobierno argelino no permite libertad de movimiento.

(2) Las migraciones de paso en el Norte de África hacia Europa

Varios de los países de la zona se convirtieron en los años 90 y 2000 en territorio de paso de inmigración subsahariana irregular hacia Europa, que intentaba la vía marítima ante la imposibilidad de hacerlo por vía aérea, mucho más controlada. Esta inmigración de paso que atraviesa fronteras no vigiladas en zonas desérticas plantea un problema sustancial para los países afectados, habitualmente sin recursos para gestionarla, y sin incentivos para esforzarse en evitar su salida hacia Europa. España fue la primera afectada desde los años 90 por esa migración subsahariana que comenzó a llegar a Ceuta y Melilla, lo que provocó la construcción en 1995 de una valla fronteriza rodeando estas ciudades, cuyo único objetivo era frenar ese tipo de migración ya que las ciudades están abiertas a la entrada de la población marroquí que vive en las provincias cercanas. La vía marítima del Estrecho se convirtió tras esto en la principal vía de entrada, en una época en que la migración subsahariana irregular resultaba de imposible devolución para España por la ausencia de acuerdos de readmisión con los países de origen y de paso o por el incumplimiento de estos acuerdos.

La llegada de esta forma de inmigración a Europa a través de España y, algo más tarde, de Italia, se ha convertido en una de las preocupaciones de las sociedades y los gobiernos europeos, que han presionado a los países del sur de Europa para frenar esa llegada. A su vez, éstos han reclamado el apoyo del resto para gestionar las entradas irregulares y para ofrecer incentivos a los países de paso para que se implicaran en la evitación de las salidas desde sus territorios. Así, en el marco de las negociaciones entre Marruecos y la UE para la firma de su acuerdo de asociación, ésta consiguió que Marruecos colaborara en la vigilancia de sus costas para impedir la salida de pateras con inmigrantes desde ellas, una vigilancia que se mantiene desde el año 2004. A consecuencia de ello, los inmigrantes subsaharianos se desplazaron hacia el este (Libia) y hacia el sur (Mauritania y después Senegal), provocando un aumento considerable de las llegadas a Italia desde Libia y la sustitución del sur de la península por las Islas Canarias como punto de destino.

Italia, por su parte, intenta desde el 2003 la firma de un acuerdo de readmisión con Libia y conseguir su apoyo para frenar la salida de emigrantes, en el marco del acercamiento de Libia a las instituciones europeas una vez que la ONU levantó las sanciones internacionales contra este país por su participación en el atentado de Lockerbie de 1988. Tras largas negociaciones y avances y retrocesos durante los años siguientes, finalmente Libia exigió compensaciones económicas en forma de indemnización por los daños causados por Italia durante su etapa colonial en el país (1911-1943). El acuerdo entró en vigor en 2009 e Italia pagará su indemnización, establecida en 5.000 millones de dólares, a lo largo de 25 años. Pero ya desde el 2003, tras la entrega por Italia de varias fragatas, radares y otro material de control marítimo, Libia comenzó a detener a inmigrantes que intentaban llegar a Italia, en su mayoría procedentes de otros países del norte de África. Además, Libia expulsa con frecuencia desde los años 60 a inmigrantes irregulares subsaharianos y del norte de África (no necesariamente de paso). Según Human Rights Watch, entre 2003 y 2005 expulsó a 145.000 subsharianos.[2] También Túnez se ha convertido desde los años 90 en país de tránsito de inmigrantes hacia Europa, tanto norteafricanos como subsaharianos, y en 1998 firmó un acuerdo de readmisión con Italia.

La estrategia de la UE y de los países del sur de Europa de “externalizar” el control de los flujos irregulares a través de la cooperación de los países de paso ha recibido numerosas críticas por cuanto permite que Estados autoritarios que no garantizan el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes se ocupen de su retención y expulsión. La decisión de Marruecos de dejar abandonados en el desierto argelino, sin agua ni víveres, a varios cientos de inmigrantes subsaharianos expulsados tras el fracaso de su asalto a las vallas de Ceuta y Melilla en el año 2005 fue el ejemplo más destacado de las prácticas inaceptables a las que la presión europea podía dar lugar en los países de paso.

En conjunto, la inmigración que no logra atravesar hacia Europa se encuentra a menudo forzada a permanecer en los países de paso, de forma que éstos se convierten en países de recepción de una inmigración estable y sin derechos, que malvive con trabajos marginales. Existen pocos datos sobre esa inmigración retenida: en Marruecos las estimaciones del Ministerio del Interior hablan de unas 20.000 personas. En Libia entre 8.000 y 10.000 personas se encontraban en centros de internamiento para inmigrantes irregulares antes del inicio de la crisis actual. Dada la muy escasa fiabilidad de las estadísticas libias en este aspecto, resulta imposible saber cuántos de los inmigrantes subsaharianos residiendo en Libia son “de paso” y cuántos son estables o de migración circular entre los países del Sahel y el sur de Libia.

(3) La emigración desde los países del norte de África

Con la excepción de Libia, los países del norte de África son emisores netos de emigración desde mediados del siglo XX, en un movimiento dirigido básicamente hacia la antigua metrópoli francesa en el caso de Argelia, Túnez y Marruecos. Egipto, antiguo protectorado británico pero no miembro de la Commonwealth, ha desarrollado una pauta migratoria diferente, dirigida en su gran mayoría hacia otros países árabes, especialmente a los del Golfo Pérsico.

La emigración ha sido durante décadas una espita de salida de la tensión social creada por un fuerte crecimiento de la población joven a lo largo del siglo sin correspondencia con un aumento similar de los puestos de trabajos. En toda el área la natalidad se ha reducido de forma sustancial en las últimas décadas hasta alcanzar niveles europeos en el Magreb, con una media de 2,2 hijos por mujer, aunque más alta por ahora en Egipto, con tres hijos por mujer. Pero esta reducción de la natalidad tardará décadas en producir una disminución de la población total y de la población en edad laboral, a causa del gran tamaño actual de las cohortes jóvenes y fértiles. La carencia de oportunidades laborales (o de oportunidades atractivas) y el descontento con el estado general de sus países, combinado con la atracción que ejercen las sociedades europeas, crea una voluntad de emigrar muy extendida entre la población joven. Tanto los informes sobre el desarrollo en el mundo árabe del PNUD como algunas encuestas nacionales propias indican que la emigración hacia Europa es un deseo para la mayor parte de los adolescentes y jóvenes (Marruecos) o para una gran parte de ellos. El Mediterráneo constituye la frontera migratoria de mayor desigualdad en el mundo: según estimaciones del FMI, el Producto Nacional Bruto per cápita español es 10 veces el de Marruecos, mientras que en la otra gran frontera migratoria, la que separa México de EEUU, la relación es sólo de cinco a uno.

El bajo nivel educativo y el predominio masculino son característicos de la migración del Magreb hacia Europa, mientras que, en una llamativa diferencia, la migración de nivel universitario se dirige hacia EEUU y Canadá como resultado de las políticas de selección que llevan a cabo ambos países. En el caso egipcio, su emigración hacia los países del Golfo incluye tanto trabajadores poco cualificados como profesionales universitarios: se trata de una migración temporal, aunque el período de estancia dure años, constituida casi exclusivamente por varones (95%). Como en el caso del Magreb, su emigración hacia EEUU y Canadá es cualificada.

La migración desde el Magreb se encuentra cada vez con más dificultades en Europa, donde las puertas a la nueva migración económica se cerraron en el centro y norte tras la crisis económica de mediados de los años 70 y se han cerrado en Europa del sur por la crisis actual. A pesar de ello, la reagrupación familiar ha permitido un continuo aumento de la población de origen magrebí en Europa, que ronda los 10 millones de personas (incluyendo a las segundas generaciones). También la migración egipcia a los países árabes del Golfo Pérsico tropieza con la creciente competencia laboral de los emigrantes que proceden de países asiáticos más pobres, dispuestos a aceptar salarios más bajos o peores condiciones de trabajo.

El relativamente bajo nivel educativo de la migración del norte de África hacia Europa (en comparación con la que proviene de otras áreas geográficas) dificulta su integración laboral y social. También los datos sobre las segundas y terceras generaciones de inmigrantes de origen magrebí en Europa muestran un menor éxito educativo y ocupacional que el de los inmigrantes de otros orígenes y este relativo fracaso causa frustración y humillación y constituye un campo de cultivo para los mensajes antioccidentales del radicalismo islamista.

Tabla 2. Volumen y principales destinos de los emigrantes del Magreb y Egipto, 2008

(1) El dato se refiere a las emigraciones producidas entre 2000 y 2007.

Fuente: CARIM, Migration Profiles e Informe sobre Egipto del proyecto “Labour Market Performance and Migration Flows in Arab Mediterranean Countries” de J. Wahba.

(4) La crisis política y su efecto sobre las migraciones internacionales en el mundo árabe

Las protestas políticas y la inestabilidad causada por ellas y por su represión han tenido un efecto inmediato sobre la migración en varios de los países afectados: el caso más destacado es el de Libia, cuya guerra civil ha causado ya la salida del país de unos 200.000 inmigrantes que, según cálculos de la ONU, han abandonado Libia para volver a sus países de origen. La mayor parte de estos retornados son egipcios y tunecinos, seguidos en número por europeos y chinos. La ONU informa de violencia por parte de cuerpos de seguridad libios en la frontera de Libia y Túnez para evitar que los emigrantes tunecinos o egipcios abandonen el país y para obligarlos a regresar a sus puestos de trabajo en Trípoli, donde son necesarios para el funcionamiento de muchos servicios básicos. En el país siguen, por otra parte, varios cientos de miles de subsaharianos que están siendo objeto de persecución entre los contrarios a Gadafi desde que el régimen contratase a mercenarios subsaharianos para disparar contra los manifestantes. Aunque esta animadversión contra los inmigrantes subsaharianos ha provocado protestas de varios Estados africanos, ninguno ha organizado una campaña de repatriación de sus emigrantes, como sí hicieron en el año 2000 tras las jornadas de violencia contra sus nacionales. ACNUR también ha expresado su preocupación por el destino de varios miles de inmigrantes palestinos, eritreos o somalíes que se encontrarán con dificultades para regresar a sus países de origen.

De forma inmediata al inicio de la crisis y aprovechando la disminución de la vigilancia, se ha producido un aumento de la inmigración irregular hacia la isla italiana de Lampedusa desde las costas tunecinas, a una distancia de unos 100 km, que hasta ahora (17 de marzo) se ha traducido en unas 7.300 personas, la gran mayoría tunecinas. Para contextualizar este dato conviene recordar que ésta no es ni de lejos la mayor llegada a suelo europeo de inmigración irregular africana: en el verano del 2006 llegaron a Canarias 25.000 subsaharianos en cayucos. La actual “avalancha” ha causado una gran alarma en Italia, cuyos dirigentes han hablado de “éxodo bíblico” y pronosticaron en febrero la llegada de hasta 300.000 irregulares, muy lejos del flujo que se ha producido hasta ahora. En cualquier caso, Italia ha solicitado a la UE con carácter de urgencia una aportación de 100 millones de euros para la gestión de esta inmigración, avances decididos y rápidos en la puesta en común de un sistema de asilo en Europa, ahora fragmentado en cargas y respuestas muy diferentes, y la conversión de Frontex en una agencia operativa en lugar del órgano de cooperación que es en la actualidad.

Por su parte, los cambios en Egipto no han producido un aumento de la salida de emigrantes desde allí, sino, al contrario, una entrada de los migrantes retornados desde Libia, más de 100.000. Ni Argelia ni Marruecos han sido afectados hasta el momento de modo sustancial por esta ola de protestas democratizadoras, ni parece probable que vaya a afectarles, al menos en el corto plazo. En el caso de Marruecos, tras la represión en noviembre de 2010 contra las protestas en el campamento saharaui levantado en las afueras de El Aaiún, 22 saharauis solicitaron asilo en España al llegar a la isla de Fuerteventura, pero sólo 5 de ellos vieron admitida a trámite su solicitud. La Audiencia Nacional falló después a favor de la expulsión de los no admitidos argumentando que no existen indicios de persecución de las autoridades marroquíes contra la población saharaui, lo que cierra la vía a una posible salida de refugiados de este origen hacia España.

Conclusión: Este es el relato de lo sucedido hasta el momento, pero, ¿qué puede ocurrir en adelante? En primer lugar conviene recordar que, dentro de lo previsible, los hechos básicos que motivan la migración o el deseo de emigrar no van a verse alterados de forma sustancial en los próximos años sea cual sea el resultado de la ola actual de protestas. Esto no se refiere, obviamente, a los refugiados que un conflicto bélico produce y que han de ser atendidos por los organismos internacionales competentes y por los países vecinos, entre los que se encuentran los de Europa del sur. Pero, respecto a la migración económica, tanto si finalmente se instalan democracias como si se mantienen dictaduras o, lo que es más probable, un híbrido de ambas, las realidades demográficas y económicas no variarán sustancialmente más que con el largo paso del tiempo.

Lo que sí puede cambiar de forma abrupta es el marco institucional y político que regula esa migración. Los acuerdos que Italia y España han firmado con Marruecos, Libia y Túnez y que han sido importantes para el control de los flujos africanos a Europa, ¿se mantendrían con otros regímenes políticos? Si los cambios dan lugar a gobiernos pro-occidentales, democráticos o no, los acuerdos se mantendrán y la cooperación podrá avanzar en ese continuo tira y afloja que es la relación europea con el norte de África en materia migratoria. Pero si el resultado de los cambios, democráticos o no, son gobiernos antioccidentales, peligra la base en que descansa el control europeo de la inmigración irregular africana. Este segundo y negativo escenario es menos probable que el primero, al menos en la mayoría de los países norteafricanos, pese a que la creciente presencia china en la zona ofrece una nueva posibilidad, antes inexistente, de alianzas estratégicas diferentes a las que ofrece Europa o EEUU. Pero su menor probabilidad no debería echar al olvido su riesgo ni la importancia, en consecuencia, de que Europa intensifique su presencia política en la zona.

Desde la perspectiva española, el hecho de que ni Marruecos ni Argelia, por sus peculiaridades políticas, hayan vivido fuertes movimientos de protesta ni sea probable que vayan a experimentarlos, supone que nuestro país no se verá afectado de forma directa por movimientos migratorios o de refugiados de carácter extraordinario. Sin embargo, como miembro de la UE y del espacio Schengen sin fronteras, España tendrá que asumir un esfuerzo de colaboración que podría incluir el asentamiento de refugiados en su suelo, y puede verse afectada por la movilidad dentro del área Schengen de los inmigrantes irregulares llegados a Italia. De nuevo, de esto sólo se deduce que España debe seguir liderando iniciativas para estrechar los lazos europeos con la orilla sur del Mediterráneo.

Notas:
[1] Los datos de la ONU se basan en las estadísticas oficiales de cada país. En algunos casos, como el libio, estas fuentes resultan poco fiables. Los datos oficiales ofrecidos por el gobierno han fluctuado de modo errático en los últimos años, duplicándose o reduciéndose abruptamente de un año al siguiente.

[2] HRW (2006), Informe, septiembre.

Tema: El Estado marroquí se esfuerza desde hace años para mantener el vínculo y la identificación de sus emigrantes con el país de origen y por aumentar su influencia internacional a través de ellos.

Resumen: Un elemento esencial para entender las sociedades árabes del siglo XXI, y especialmente las magrebíes, es la existencia de importantes comunidades de emigrantes instalados en otros países de la región y fuera de ella, sobre todo en Europa. Estas migraciones constituyen la base de vínculos económicos y políticos entre los Estados implicados. El esfuerzo del Estado marroquí para garantizar la vinculación de sus emigrantes con el país plantea en los últimos años nuevos escenarios de participación y pretende modernizar los términos de debate. Frente a ello reaccionan las asociaciones ya existentes, generando a su vez nuevas iniciativas y discursos. Estas migraciones suponen a medio plazo la generación de dinámicas de construcción ciudadana transnacional que plantean numerosos retos no sólo para los individuos que las protagonizan y sus familias sino también para los Estados y sus sociedades civiles.

Análisis: La creación en 2007 del Consejo Consultivo de los Marroquíes Residentes en el Extranjero ha puesto de manifiesto la importancia otorgada por el régimen marroquí y por el monarca a la cuestión migratoria y a las condiciones de integración de los emigrantes. Los esfuerzos de Mohamed VI desde su llegada al trono se vienen dirigiendo a diseñar un marco institucional con el que asegurar una vinculación de los marroquíes residentes en el exterior con el país de nacimiento que no se reduzca a los lazos familiares, a la inversión de sus ahorros en la adquisición de inmuebles o la dinamización estacional de ciertas economías locales, sino que –como otros países emisores de emigración han hecho a lo largo del siglo XX– incluya el mantenimiento de vínculos estrechos con el país. Reconocer la autoridad religiosa y política del monarca o mostrar el compromiso con la integridad territorial del Reino son elementos constantes en los discursos referidos a los marroquíes en el exterior.

Como sucediera con iniciativas anteriores, la creación del Consejo no ha sido recibida con entusiasmo por las numerosas asociaciones de inmigrantes marroquíes de Europa, abriéndose con ello, una vez más, el debate sobre la compleja cuestión de la ciudadanía marroquí en la diáspora. Si bien la estructura del Consejo asegura la participación de los emigrantes y parte con amplitud de miras a la hora de definir su ámbito de interés, también es cierto que su creación resulta para muchos insuficiente en la medida en que no da respuesta a la cuestión de la participación política de los marroquíes que residen en el exterior en las dinámicas internas del país, tantas veces reclamada. Sobre todo, su creación ha sido un jarro de agua fría para los partidos políticos, sindicatos y asociaciones que esperaban algo más tras el discurso real de noviembre de 2006 en el que Mohamed VI había anunciado su intención de conceder derechos de plena ciudadanía a los ciudadanos marroquíes residentes en el exterior. Por decirlo de otro modo, pese a las novedades institucionales que suponía el nuevo órgano y la capacidad de los encargados de llevar adelante el proyecto –con larga trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y de la migración–, se perdía la ocasión que muchos esperaban de poner en funcionamiento los mecanismos que garantizaran la representación parlamentaria de los marroquíes residentes fuera del país por medio de elecciones.

La experiencia electoral con la que cuenta Marruecos en este ámbito es muy escasa pues las urnas sólo se han utilizado para elegir a los representantes de los marroquíes residentes en el extranjero entre 1984 y 1992. Durante esos años, cinco de los 204 diputados en el entonces Parlamento monocameral eran elegidos en las cinco grandes circunscripciones exteriores del Reino. La enorme extensión territorial de las circunscripciones (España quedaba integrada en una circunscripción junto con Italia, Portugal, el Reino Unido, EEUU y Canadá, América del Sur y el continente africano, salvo el mundo árabe), la imposibilidad de que los electos pudieran participar efectivamente en las tareas del Parlamento y en su circunscripción, lo magro de su aportación a los debates parlamentarios y, cabe señalarlo, el trasfuguismo entre partidos de algunos de ellos, no facilitaron en absoluto la continuación de la experiencia.

Con todo, hacer partícipes a los marroquíes del exterior de las experiencias de reforma y apertura política que Marruecos ha vivido “en dosis homeopáticas”, por emplear el término acuñado por Bernabé López García, no ha sido una tarea fácil. De hecho, no son pocos los que señalan que los emigrantes no están informados de lo que sucede en el interior del país ni de la dimensión real de las transformaciones sociales y políticas que vive.

Una larga historia de iniciativas

Si efectivamente el voto en el exterior no es una experiencia exitosa hasta la fecha, tampoco debe considerarse su inexistencia como resultado de una falta de interés o incompetencia por parte de Marruecos para gestionar la cuestión. Si hiciésemos un balance de las iniciativas del país referidas a la gestión de la emigración bien podríamos afirmar que son muchas las propuestas lanzadas, en las que se combinan a partes iguales la imaginación en el desarrollo institucional con la voluntad de controlar a los emigrantes desde Palacio.

El discurso de Hasán II de marzo de 1990 es quizá el primer momento en el que se plantea el nuevo modo de abordar la cuestión migratoria que viene durando hasta hoy. Es el inicio de la superación –todavía hoy no conseguida del todo– de una visión anticuada de la gestión de la emigración centrada exclusivamente en lo laboral y en lo asistencial y que restringía la participación de los marroquíes en la vida política o asociativa de los países de residencia. La creación de un Ministerio para ocuparse de esos asuntos y de la Fundación Hassan II para los marroquíes en el extranjero, nacida para ayudar a mantener la identidad cultural y religiosa de los marroquíes que vivían fuera del país, así lo ponían de manifiesto. Pese a que el Ministerio tuvo en esa ocasión una corta vida, la Fundación ha seguido funcionando hasta la fecha con propuestas estimables centradas en la atención educativa y cultural de las nuevas generaciones de marroquíes nacidos entre dos mundos, apoyando el mantenimiento de su identidad cultural y religiosa.

La vieja idea de “sed marroquíes” que Hasán II proponía a los emigrantes en el exterior necesitaba, sin duda, ser renovada por Mohamed VI. Reincorporada la competencia de la emigración al Ministerio de Exteriores, la ministra delegada publicaba en 2003 un documento de trabajo que recogía los objetivos de participación en los países de acogida. Sin duda, las dinámicas de integración de los marroquíes en el exterior y su capacidad creciente de generar asociaciones de interés general y su mayor visibilidad en la vida pública de los países de residencia aconsejaron reconocer desde Palacio el valor de tal participación, yendo incluso un paso más adelante al proponerles que se organizaran como grupo de presión con capacidad de influencia en las opciones estratégicas nacionales e internacionales de los países respectivos.

Para el rey Mohamed VI y su gabinete, no se trata sólo de garantizar el derecho a la ciudadanía plena por medio de la participación política en el interior –difícil de ejecutar hoy en día para los que residen en el exterior– sino que, bajo el nuevo reinado, se conmina a los emigrantes a tomar posiciones fuera del país y a participar en la defensa de las causas nacionales estratégicas también desde los países de instalación. En este sentido, la aparición de un discurso claro por parte de algunas asociaciones en torno a la regionalización como posible salida al conflicto del Sáhara Occidental es paradigmática y tiene especial relevancia en el caso de los marroquíes instalados en España.

Más allá de lo novedoso en el discurso y en las dinámicas de gobierno y participación en los primeros años de reinado de Mohamed VI, la gestión de la emigración se encuentra entre los temas controlados desde el entorno del rey y sus asesores, que centralizan propuestas y acciones en detrimento de una gestión desde el gobierno, los Ministerios y el Parlamento.

La creación del Consejo para la Comunidad Marroquí en el Extranjero

El Consejo, cuya creación ha generado intenso debate en el seno de la comunidad, es una institución consultiva con autonomía administrativa creada para garantizar el control y la evaluación de las políticas públicas del Reino de Marruecos hacia sus nacionales emigrantes e incluye en su composición miembros deliberantes y miembros observadores. Éstos últimos forman un álbum de familia de las instituciones que se han ido creando en tiempos pasados –incluyendo otras recién nacidas– para dinamizar la sociedad marroquí en el exterior y en el interior del país: la Fundación Hasán II ya mencionada, la Fundación Mohamed V para la solidaridad, el Consejo consultivo de los derechos humanos, el Diwan Al Madhalim o gabinete de reclamaciones (una suerte de Ombudsman o Defensor del Pueblo) y tres instituciones cuya inclusión es muestra de la importancia que la religión y las identidades culturales/lingüísticas tienen en un contexto migratorio: el Consejo superior de los Ulemas, el Consejo superior de los Ulemas de Europa y el Instituto Real de la Cultura Amazigh. Junto a ellos se sientan representantes de diez Ministerios o departamentos Ministeriales. Miembros deliberantes son el presidente y el secretario general (Driss El Yazami y Abdellah Boussouf, el primero de los cuales ha sido nombrado el pasado 4 de marzo presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos) y 50 marroquíes elegidos por el Rey y nombrados por él de entre los marroquíes residentes en el exterior.

Como era de esperar, el nombramiento de estos miembros propuesto desde Rabat ha herido susceptibilidades entre los marroquíes “de la diáspora” que, como sucede también en el interior del país, se muestran indecisos entre la colaboración con instituciones de tipo consultivo que no incorporan principios democráticos en la elección de sus miembros pero que cuentan con indudable capacidad de interlocución con las altas instancias gubernamentales y el apego a su independencia, en muchas ocasiones difícil de mantener y estéril en sus frutos por su alejamiento de los canales de participación existentes.

Los analistas dedicados a estudiar la lógica de creación de los Consejos como órganos consultivos que convocan a una sociedad civil cada vez más articulada y deseosa de transparencia democrática señalan a su favor que el Consejo es un órgano de consulta sin capacidad ejecutiva. Como sucede con otros consejos de reciente creación, cuenta con un elevado presupuesto y autonomía financiera al servicio –en apariencia– de un mejor análisis de la situación de los marroquíes en el exterior desde el que proponer líneas de actuación.

La andadura del Consejo no está siendo fácil. Su creación ha traído consigo también cambios en las estrategias de la comunidad marroquí en el exterior que podrían resumirse en crítica y resistencia, de un lado, y aceptación de la agenda propuesta de debate y participación, de otro.

Las respuestas de la comunidad y las dinámicas de organización

Como decíamos, no han sido pocos los líderes de asociaciones y sindicatos residentes en el exterior que han hecho pública su desconfianza ante la creación del Consejo, centrando sus críticas en el procedimiento de elección de sus miembros. Su creación ha desencadenado un proceso de reorganización de las asociaciones, cuyas líneas de acción actuales se están decantando por elevar el tono de las demandas de participación de los marroquíes residentes en el exterior y por mostrar su disposición para asumir en paralelo mayores compromisos con Marruecos y su futuro.

De entre todas las nuevas iniciativas de representación de los marroquíes residentes en el exterior podrían destacarse tres: (1) Daba 2012 pour tous; (2) el Movimiento de Demócratas Residentes en Europa; y (3) el Foro Civil de Marroquíes en Europa. Daba 2012, creada en agosto de 2009, articula sus reivindicaciones en torno a la idea de “compromiso de participación ciudadana” tantas veces enunciado por el Monarca, y se plantea, como objetivo compartido de las más de 450 asociaciones que lo constituyen, conseguir que las elecciones de 2012 sean “elecciones para todos”, incluyendo los marroquíes en el exterior, pidiendo mayor transparencia y democracia en la elección de representantes en el Consejo como primer paso. Tres meses después de constituirse la plataforma, sus peticiones fueron escuchadas en el Parlamento marroquí en una jornada de debate en la que denunciaron el cortocircuito que, a su juicio, suponía para los intereses de los marroquíes en el exterior la existencia del Consejo como único órgano de representación.

Daba 2012 apuesta por la parlamentarización de todo lo referido a la emigración y por una mayor implicación de los Ministerios. Su objetivo es conseguir las reformas necesarias para hacer posible el voto desde el exterior. La reforma de la ley electoral y del artículo 38 de la Constitución sobre la composición de la Cámara de Consejeros tiene que ser discutida en el Parlamento y ello precisa, sin duda, de la implicación de los partidos políticos allí representados. Sin embargo, cuando en octubre de 2010 se celebró una gran reunión de la plataforma en Casablanca –tras varias celebradas en las principales ciudades europeas– algunos de los Ministerios afectados no acudieron a la cita y, contrariamente a las previsiones de los promotores, tampoco todos los partidos se hicieron eco de la convocatoria, con significativas ausencias. En la reunión de Casablanca, Daba 2012 reivindicaba una mayor presencia de los representantes de los emigrantes en el resto de Consejos –el Consejo Económico y Social, el Consejo Superior de lo Audiovisual, el Consejo Consultivo de Asuntos Saharauis, el Consejo Consultivo de Derechos Humanos y el Instituto Real de Cultura Amazigh–. Daba 2012 insiste además en la necesidad de una mayor formación y conocimiento por parte de los emigrantes de los numerosos cambios institucionales y legislativos del país para que su participación política sea eficaz.

Por su parte, el Movimiento de los Demócratas Residentes en el Exterior, cuya rama española celebró su reunión constituyente en octubre de 2009, apuesta por la democratización de todo lo relacionado con los marroquíes residentes fuera del país. Lo más original de su propuesta es que no se ciñe sólo al futuro de Marruecos sino que reclaman para sí mayor capacidad de acción en los países de acogida. Así, cuando este Movimiento –al cual se adhieren individuos y no asociaciones– enumera sus principales preocupaciones, incluye cuestiones centrales en la vida de los emigrantes como son la trasparencia en las aduanas, la mejora de las reglas de inversión o la gestión consular y otras de carácter más amplio como la violencia contra la mujer, la revisión de los asuntos religiosos y educativos o la creación de centros culturales marroquíes en las principales ciudades de instalación.

Por último, en marzo de 2010, al tiempo que se celebraba en Granada la cumbre UE-Marruecos, se reunía en la ciudad el Primer Foro Civil de Marroquíes de Europa, con el objetivo de exigir el reconocimiento de su papel como ciudadanos de las dos orillas y con la voluntad de constituirse en movimiento capaz de influir en la política interior de los países de la UE y en los cambios deseables en Marruecos. El Foro se comprometía con la agenda propuesta desde Marruecos para cuestiones cruciales, como la resolución del conflicto del Sáhara, tema para el que insistían en la necesidad de que los marroquíes residentes en Europa difundiesen entre la opinión pública de sus países de acogida las propuestas marroquíes sobre la cuestión, haciendo suyas las propuestas de construcción de un Estado marroquí basado en la descentralización, la democracia local y la diversidad lingüística y cultural.

En estas iniciativas recientes, nacidas como respuesta a la actual política de Rabat, participan algunas de las asociaciones de inmigrantes marroquíes más antiguas a las que se unen actores recién llegados a escena, incluyendo un sector creciente de jóvenes marroquíes estudiantes universitarios o profesionales.

En el territorio español desarrolla sus actividades desde 1989 un sindicato de marroquíes –la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, ATIME–, que nació tras la publicación de la primera ley de extranjería en España de 1985. También funcionan, con capacidad de convocatoria limitada a día de hoy, algunos partidos políticos marroquíes, destacando la presencia del Partido Socialista Marroquí entre los jóvenes instalados en Andalucía. Estos partidos se preparan para el hipotético caso de que las reformas demandadas acaben haciendo posible el voto emigrante en una circunscripción en el exterior. También cabría destacar el papel reciente, pero muy activo, de la asociación ONDA, afín al movimiento Justicia y Espiritualidad, con presencia en buena parte del territorio español y centrada en la acción social, especialmente con mujeres, niños y jóvenes. El trabajo de este movimiento se desarrolla en las asociaciones, en los centros de culto y en las federaciones de entidades religiosas. Para completar el panorama asociativo de marroquíes en el exterior, hay que tener también en cuenta las numerosas asociaciones culturales –muchas de ellas de marcado carácter berberista– que, pese a centrar su trabajo en cuestiones culturales, no son ajenas a los debates sociales y políticos del interior del país y participan en los movimientos citados. Y, por último, hay que mencionar la presencia de marroquíes al frente de las numerosas entidades religiosas de musulmanes en España, incluida la dirección de la FEERI, una de las dos federaciones que componen la Comisión Islámica de España, órgano de interlocución del Estado con la comunidad musulmana a efectos de seguimiento del Acuerdo de Cooperación del Estado español con los musulmanes del país. Estas entidades constituyen auténticos centros de “marroquinidad” en el exterior, donde se demandan servicios y articulan discursos sobre buena parte de los temas que afectan a los marroquíes.

Conclusión: Los marroquíes que viven fuera de Marruecos han ido constituyendo a lo largo de las dos últimas décadas un buen número de asociaciones ciudadanas que participan tanto en las iniciativas propuestas por el régimen marroquí como en las generadas por las necesidades que surgen en los países de residencia.

La creación por Mohamed VI del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero, concebido como un órgano elaborador de propuestas para mejorar la situación de los emigrantes marroquíes, no dio respuesta a las demandas de participación en los asuntos del interior del país que los emigrantes venían formulando. No se trataba sólo del tipo de institución –miembros elegidos por el monarca– y de su funcionamiento –estrictamente consultivo– sino que, además, dejaba sin resolver las demandas de participación desde el exterior a través del voto.

Desde 2009 las asociaciones de los marroquíes en el exterior reclaman con mayor claridad el derecho a participar y a conseguir una ciudadanía que les permita participar en los procesos sociales, políticos y económicos del interior. Pese al descontento con las instituciones existentes en Marruecos, las diferentes iniciativas apuestan por la asunción de compromisos con el país al tiempo que demandan una parlamentarización efectiva de todo lo referido a la emigración.

Tema: Las migraciones internacionales en el interior de América del Sur han sido hasta ahora poco estudiadas y reguladas pero están adquiriendo una fuerza creciente.

Resumen: La explosión de la emigración hacia EEUU y Europa en los últimos decenios ha dejado en un segundo plano la migración que se produce entre los propios países sudamericanos, pese a que ésta ha existido de forma ininterrumpida a lo largo de los siglos. Se trata de corrientes migratorias que cuentan con una consolidada estructura geográfica de orígenes y destinos y que presentan un renovado dinamismo en la actualidad, involucrando a más de 2 millones de personas. Su relevancia se acrecienta porque las restricciones a la migración que aplican los países desarrollados fortalecen la alternativa de los destinos más cercanos y accesibles.

A pesar de la cercanía cultural entre los pueblos, la inserción de estos inmigrantes en los lugares de destino se encuentra con dificultades. El hecho de que un importante porcentaje de emigrantes lo sean de forma irregular constituye el motor de muchos abusos y violaciones a los derechos humanos de esta población. Su localización en los principales centros urbanos de los países de destino ha causado una mayor visibilidad de estos inmigrantes, que en gran medida es acompañada de reacciones de discriminación, xenofobia y estigmatización por parte de la sociedad receptora.

Análisis

(1) Las migraciones intrarregionales en Sudamérica: algunas cifras[1]

Los procesos migratorios internacionales siempre han tenido un fuerte protagonismo en los países sudamericanos y de Latinoamérica en general, desde la etapa colonial hasta nuestros días. Basta recordar que entre mediados del siglo XIX y 1914, Argentina y Brasil recibieron 4.600.000 y 3.300.000 inmigrantes internacionales respectivamente.[2] Desde mediados del siglo XX, las tendencias migratorias internacionales en la subregión se modificaron considerablemente. Por un lado, la inmigración de ultramar comenzó a decaer, hasta llegar a la ínfima relevancia demográfica de este patrón migratorio en la actualidad. En las últimas décadas varios de los países de la zona han modificado su tradicional papel de Estados receptores, pasando a constituir países de emisión, o que combinan ambas condiciones. En la actualidad, el principal patrón migratorio del área es la emigración extrarregional, que tiene como primer destino a EEUU, seguido por España, Canadá, Japón e Israel. Para comprender la dimensión de estos movimientos, vale citar que en el año 2010 estaban empadronados en España 2.103.000 inmigrantes sudamericanos.

Como consecuencia del acelerado crecimiento de la emigración de sudamericanos y latinoamericanos al exterior en los últimos decenios, ha quedado en un segundo plano el patrón migratorio histórico que se desarrolla en Sudamérica, conocido habitualmente como “migraciones intrarregionales” y que en la actualidad afecta a más de 2 millones de personas.

Algunas de estas corrientes existían antes de que fueran trazados los límites de los Estados actuales al acceder a su independencia durante el siglo XIX. De ahí que algunos sugieran que estas migraciones representan el testimonio histórico de una unidad económico-política artificialmente desarticulada y, al mismo tiempo, una avanzada de los procesos de integración regional en este terreno.[3] El fenómeno es la consecuencia natural de una historia compartida de relaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Además, la antigüedad que poseen muchos de estos flujos ha favorecido la formación y consolidación de redes y circuitos migratorios que permiten su perpetuación fortaleciendo las conexiones, independientemente de los cambiantes contextos económicos de mayor o menor prosperidad.

Dentro del patrón migratorio intrarregional sudamericano se identifican dos subsistemas migratorios: (1) el del Cono Sur, que tiene a la República Argentina como el receptor histórico de corrientes procedentes de los países limítrofes (Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay y, en menor medida, Brasil), a los que se ha sumado Perú en los últimos dos decenios; y (2) el de los países andinos, que tiene a Venezuela como el tradicional destino migratorio y a Colombia como el emisor central, haciendo Ecuador y Perú mínimos aportes.

Según datos aportados por la OIM, Argentina y Venezuela seguían siendo en 2010 los dos principales países de destino no sólo de Sudamérica, sino también de toda América Latina y el Caribe, con 1,4 millones y 1 millón de inmigrantes residiendo en sus territorios, respectivamente. A su vez, constituyen los únicos dos Estados de la región en los que el porcentaje de población inmigrante supera al de emigrantes, ya que el resto de los países sudamericanos constituyen países de emigración neta.[4]

La escasez de datos disponibles sobre las migraciones internacionales en el interior de América del Sur obliga a utilizar como indicadores datos ya antiguos, recogidos en los censos que suelen realizarse cada 10 años en muchos de los países de la zona. En este momento varios de ellos están actualizando sus censos pero no existen por ahora datos disponibles ni proyecciones fiables.

Según los datos de los últimos censos de los principales países receptores (véanse las Tablas 1 y 2), el peso de las migraciones intrarregionales entre los países del Cono Sur es mayor que en el subsistema andino. Argentina contenía un stock de inmigrantes intrarregionales que superó el millón de personas en el año 2001 y Venezuela acogía aproximadamente a 670.000 inmigrantes de origen subregional en el año 2000. La particularidad de este segundo caso es que de esos 670.000 inmigrantes, más del 90% (alrededor de 608.000) era de origen colombiano, mientras el aporte de inmigrantes ecuatorianos y peruanos resultó, en términos relativos, insignificante.[5] Por el contrario, en el Cono Sur, Argentina está consolidado como el principal destino migratorio, pero el origen de los movimientos es mucho más diversificado: según el último censo, la migración a Argentina se dividía entre un 35% de paraguayos (325.046), un 25% de bolivianos (233.464), un 23% de chilenos (212.429), un 13% de uruguayos (117.564) y un 4% de brasileños (34.712).

Tabla 1. Inmigrantes y emigrantes intrarregionales entre países del Cono Sur: censos de los decenios de 1990 y 2000.

Fuente: Jorge Gurrieri (2005), basado en estimaciones del CELADE-IMILA

Tabla 2. inmigrantes y emigrantes intrarregionales entre países del área andina: censos de los decenios de 1990 y 2000.

Fuente: Jorge Gurrieri (2005), basado en estimaciones del CELADE-IMILA

Desde el punto de vista de los principales emisores, según cifras estimadas por el Banco Mundial, en el año 2005 el 4,6% de la población boliviana residía en el exterior y de ellos el 55% en Argentina; en el caso de Paraguay, cerca del 7% de su población total era emigrante en el año 2002 (alrededor de 368.000 personas), ubicándose el 66% en Argentina. Por su parte, la proporción total de población emigrante en Colombia, según datos del Censo General de 2005, asciende a 3,3 millones de personas, lo que supone el 8% de la población de este país. Por tanto, Colombia es el principal país de emigración de toda América del Sur y el segundo de América Latina después de México. Según este último censo, Venezuela es, en orden de importancia, el tercer país de destino de estos flujos, después de EEUU y España.[6] Hay que recordar además que, debido al importante porcentaje de migración forzada que existe dentro de esta corriente, y con ella, de migración irregular, existe un grupo no desdeñable de emigrantes colombianos no registrados.

Finalmente, cabe señalar que el caso de Brasil es singular, puesto que recibe más migrantes extrarregionales que regionales, en su gran mayoría de origen japonés. Del mismo modo, Paraguay, que desde hace décadas es el principal emisor de migrantes hacia Argentina, está fortaleciendo cada vez más su papel de receptor de migraciones de países vecinos, principalmente brasileños, como consecuencia de la construcción de grandes obras hidroeléctricas y de la ampliación de sus terrenos agrícolas.[7] Chile también ha visto acrecentarse el porcentaje de población extranjera sudamericana –especialmente de origen peruano– desde los años 90 como consecuencia de las condiciones de mayor estabilidad democrática y económica. No obstante, la incidencia relativa de la inmigración sigue siendo mínima (1% de la población nacional).

(2) Inserción en la sociedad receptora

En el caso del Cono Sur, las migraciones de países limítrofes hacia Argentina han sido siempre de carácter predominantemente laboral, vinculadas desde una etapa temprana (fines del siglo XIX) a la demanda estacional de mano de obra para actividades agrícolas en las zonas de frontera, y luego, en el marco de los procesos de urbanización, a la industrialización de los nuevos centros urbanos (con mayor desarrollo durante el período 1943-1955), y a la necesidad de sustituir en las zonas agrarias a la población local que se desplazaba a las grandes ciudades. Esta migración ha pasado de ser temporal a convertirse en permanente, aunque siguen existiendo circuitos estacionales de movimientos de trabajadores, sobre todo en las áreas limítrofes, lo que muestra una articulación de los mercados de trabajo entre países vecinos.

En el caso del subsistema andino, la situación es más diversificada. Un importante porcentaje de las migraciones de colombianos a Venezuela son de naturaleza forzada. Como es sabido, Colombia vive en un contexto de conflicto armado interno en el que confluyen grupos armados ilegales y narcotraficantes, que han penetrado fuertemente en las estructuras políticas de este país. Los ataques y amenazas de estos grupos generan un alto índice de refugiados y asilados, así como masivos desplazamientos forzados, que en buen porcentaje finalizan en migración hacia países fronterizos. Así, a la búsqueda de mejores oportunidades laborales y salariales y la influencia de las redes sociales, se le suma en este país el contexto de violencia generalizada, produciendo una combinación de migración forzada y migración económica hacia Venezuela, Ecuador y Panamá.

Al igual que en el Cono Sur, en los países andinos el intercambio de población en las regiones fronterizas ha sido intenso y de larga data. Según ACNUR, los colombianos siempre han constituido una población flotante en las zonas fronterizas, hecho agudizado por la intensificación de la violencia, que también produce importantes desplazamientos internos que involucran a más del 6% de la población.[8]

Exceptuando la producida por causas de conflicto armado, la realidad de la migración intrarregional en América del Sur está constituida en gran medida por trabajadores que huyen de las economías más débiles de sus lugares de origen, insertándose en el país de destino en mercados de trabajo precarios, con condiciones laborales que no resultan sustancialmente mejores que las de sus países de origen, pero que presentan diferencias salariales que devienen en el atractivo central. No obstante, existen algunas diferencias por subregión. En Argentina, los inmigrantes sudamericanos desempeñan un papel complementario o adicional a la mano de obra nativa. Su participación en nichos específicos (servicio doméstico, construcción, comercio e industria manufacturera) muestra una inserción segmentada en los mercados de trabajo, en una posición de desventaja en relación a los nativos, y de alta precariedad, fundamentalmente para los irregulares. Muchos inmigrantes irregulares en Argentina se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad y son víctimas de distintos abusos que van desde el tráfico y la trata de personas al sometimiento a condiciones de esclavitud en talleres textiles clandestinos en las grandes urbes –un delito que ha tenido como especial víctima a la población boliviana en los últimos años–, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.[9]

Los años 90 fueron un período adverso para los inmigrantes residentes en Argentina. En el marco del malestar social generado por el incremento del paro y de la pobreza, aparecieron discursos antiinmigratorios: los extranjeros sudamericanos comenzaron a ser calificados tanto por las elites como por las clases populares y por algunos medios de comunicación como un factor de competencia con la mano de obra nativa, como responsables del incremento de los niveles de delincuencia o como causantes de la saturación de los servicios sociales. Esto se tradujo en un claro endurecimiento de la política migratoria nacional, que incrementó los números de inmigrantes irregulares y por ende, su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la situación se ha modificado sustancialmente en Argentina a partir del año 2003, especialmente en lo que respecta a la inmigración sudamericana, priorizándose la regularización de esta inmigración.[10]

El caso de las corrientes migratorias de colombianos que se dirigen tanto a Venezuela como a Ecuador es peculiar en cuanto a su inserción. Sólo una fracción minoritaria de las personas que se desplazan forzosamente hacia los países vecinos adquiere el estatus de refugiado, lo que dificulta su integración. El tráfico y la trata de migrantes figuran entre los delitos más frecuentes que padece esta población, no sólo la que se desplaza hacia países vecinos, sino también la que lo hace en el interior de Colombia. Por otra parte, el marco de violencia en que se produce esta migración genera una mirada negativa sobre los emigrantes colombianos, a los que se señala como una amenaza a la seguridad nacional de los países de acogida. Las reacciones xenófobas devienen, como en el caso anterior, en incremento de los controles fronterizos y mayores exigencias para obtener visados y permisos de tránsito en los países de destino. La lucha contra las guerrillas ha generado también importantes conflictos con los países limítrofes, que han militarizado fuertemente sus fronteras, incrementando la vulnerabilidad de los potenciales emigrantes desde Colombia.

Una de las principales características sociodemográficas de la migración intrarregional en Sudamérica, que muestra una tendencia que se presenta a escala global, es el predominio femenino registrado a partir de los años 80, generalizado con la sola excepción de los bolivianos que migran a Argentina. Así, puede citarse el flujo de paraguayos (73 hombres migrantes por cada 100 mujeres) y chilenos (92 hombres por cada 100 mujeres) a Argentina, de colombianos a Venezuela (91 hombres por cada 100 mujeres migrantes) y de peruanos a Chile (67 hombres por cada 100 mujeres).[11] Sin lugar a dudas, el servicio doméstico es una de las principales puertas de entrada al mercado laboral de los países receptores, junto con todas aquellas labores asociadas al cuidado de niños, ancianos y enfermos, la limpieza de calles y negocios, la cocina en restaurantes o la venta callejera. En cuanto a las condiciones generales de inserción laboral de las mujeres migrantes, la sujeción a salarios bajos, largas jornadas laborales, contratación informal y nulas oportunidades de movilidad ocupacional, constituyen el común denominador.[12]

Otro rasgo sobresaliente es la concentración de la población inmigrante en las zonas urbanas. De acuerdo con los datos aportados por la CELADE, este es el caso del el 93% de los inmigrantes procedentes de la región latinoamericana que residen en Argentina, y del 87% de los localizados en Venezuela.[13] La concentración en áreas urbanas, generalmente apareja una mayor exposición y visibilidad de las minorías migrantes y, con ellas, un incremento de la xenofobia por parte de la sociedad receptora.

(3) La migración intrarregional en Sudamérica y los bloques de integración subregional: el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

En Sudamérica, los procesos de integración regional constituyen los espacios centrales para el tratamiento político de las migraciones intrarregionales. En el marco de tales procesos, el abordaje de la variable migratoria se centra en la libre circulación de personas: una situación característica de una integración plena y avanzada, en la cual la libre movilidad de las personas coexistiría con la libre circulación de capitales, bienes y servicios, y en la que los territorios de los Estados asociados conformarían un espacio común en el que los migrantes podrían moverse libremente manteniendo sus derechos de ciudadano. Así, los trabajadores de los distintos Estados asociados pasarían a constituir un mercado único de trabajo.[14] Sin embargo, en el caso del Mercosur,[15] la libre circulación de personas no es todavía un horizonte cercano. El tratamiento de esta variable ha ido modificándose en el transcurso de su breve historia, experimentando avances y retrocesos,  relacionados con las dificultades que  ha atravesado el proceso de institucionalización de este espacio. Las migraciones intrarregionales no se han abordado directamente, sino de forma indirecta y lateral, y se han debatido en órganos no dedicados específicamente a los asuntos migratorios o de libre circulación de personas, sino a cuestiones tales como fronteras, seguridad, trabajo y previsión social.[16]

En los orígenes de la formación del Mercosur la propuesta de implementación de la libre circulación de personas estuvo en la agenda del grupo de trabajo sobre relaciones laborales. Aunque entonces era un objetivo inalcanzable a corto plazo, existía la intención política de llevarlo adelante. Pero el panorama cambió radicalmente con la firma del Protocolo de Ouro Preto en 1994, en plena etapa de implementación de políticas económicas neoliberales en los países miembros, que dispuso la reestructuración institucional del Mercosur a partir de su redefinición como unión aduanera imperfecta, lo que dejó sin sentido el objetivo de la libre circulación de personas, propia de un mercado común. El tratamiento de la migración se modificó en el año 2002, a raíz de la firma del Acuerdo de Residencia para Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile.[17] Este convenio, que entró en vigor siete años después, en 2009, establece reglas comunes para la tramitación de la residencia legal de los nacionales de los países firmantes que se encuentren en cualquiera de los otros, acreditando su nacionalidad y cumpliendo una serie de requisitos (pasaporte válido, partida de nacimiento, certificado que acredite la carencia de antecedentes penales y pago de una tasa), lo que les permite acceder a una residencia temporal, que puede convertirse en permanente después de dos años de estancia mostrando estar en posesión de medios de vida propios. Los que superan este procedimiento, pueden entrar, salir  y permanecer libremente en el territorio de cualquiera de los países asociados, gozando de un trato igualitario con los nacionales y de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales, económicas y laborales. Este instrumento constituye la más importante norma intergubernamental en la materia, y se presenta como el primer intento de establecer una política diferenciada para los ciudadanos pertenecientes al Mercosur en comparación con los ciudadanos de terceros países.[18] También relevante ha sido la creación en el año 2004 del Foro Especializado Migratorio, dependiente de la Reunión de Ministros del Interior, el primer espacio en la historia del Mercosur dedicado exclusivamente al tratamiento de la migración.[19] En el marco de este Foro se produjo la aprobación del Plan de Acción para la lucha contra la Trata de Personas.

A diferencia del Mercosur, en la Comunidad Andina de Naciones,[20] el abordaje político y normativo de la migración depende todavía de forma exclusiva de su tratamiento en los ámbitos nacionales de los Estados miembros. No obstante, en los últimos años, se han producido una serie de decisiones relacionadas con la libre circulación de personas, que resultan avances de capital importancia. Entre éstas pueden citarse: la Decisión nº 397 (1996), que regula la Tarjeta Andina de Migración,[21] un documento uniforme de control migratorio y estadístico de uso obligatorio en la entrada y salida de personas de los países del bloque; la Decisión nº 503 (2001), que reconoce los documentos nacionales de identidad como único requisito para que los nacionales y extranjeros residentes en los países miembros puedan viajar por la subregión en calidad de turistas; la Decisión nº 504 (2001), por la que se crea el Pasaporte Andino; la Decisión nº 545 (2003), que crea el Instrumento Andino de Migración Laboral,[22] normativa para la progresiva y gradual circulación y permanencia de nacionales andinos en la subregión con fines laborales bajo relación de dependencia, en condiciones de igualdad de trato y de oportunidades (uno de los avances más destacables); y las Decisiones nº 583 y 584 (2004), que adoptan el Instrumento Andino de Seguridad Social y el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, respectivamente. No obstante, algunas de estas decisiones no han venido seguidas de una reglamentación (583 y 545), por lo que no puede garantizarse el cumplimiento de los derechos y obligaciones que emanan de las mismas. Es también destacable la adecuación de la normativa de la región a los instrumentos internacionales vigentes sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como el impulso de proyectos de cooperación en este terreno.

En conjunto el abordaje del fenómeno migratorio en ambos bloques está aún en plena construcción y es claro un creciente interés político hacia el fenómeno derivado de varios factores. Entre los más importantes destaca el nuevo clima político que se vive en gran parte de la región desde los primeros años del nuevo milenio, vinculado a la quiebra del neoliberalismo en varios de estos Estados, el consenso alcanzado sobre el valor estratégico de la integración regional para los países de la región y la importancia  de los aspectos sociales en esa integración; otro factor de importancia es el cambio en los perfiles migratorios. El incremento de la emigración de nacionales hacia países desarrollados con políticas migratorias restrictivas ha unido a los gobiernos de la región para el diseño e implementación de estrategias de acción conjunta, como se observó con ocasión de la aprobación de la Directiva de Retorno europea y la reacción de rechazo compartida que mostraron los países latinoamericanos. Esto ha contribuido paralelamente a una mayor conciencia sobre la migración regional y una mayor predisposición de los gobiernos a los compromisos en este terreno.

En este contexto, durante los últimos 10 años, compartiendo una tendencia que se presenta a escala internacional, han proliferado en América Latina instancias de consulta, diálogo y cooperación regional en materia migratoria, como la Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM) creada en 2000, en la que participan 12 países de la subregión[23] y que se reúne todos los años desde entonces. La CSM se orienta a promover y desarrollar políticas sobre las migraciones internacionales y su relación con el desarrollo y la integración regionales.[24] Cuenta con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones de derechos humanos, asociaciones de inmigrantes o instituciones eclesiásticas, que adoptan un gran protagonismo en este plano y trabajan de forma paralela a la Conferencia, ofreciendo propuestas vinculadas a la protección de los derechos humanos de los migrantes, la lucha contra el tráfico y la trata de migrantes, la asistencia legal y humanitaria a grupos en situación de alta vulnerabilidad, etc.

Conclusión: Aunque la emigración extra-regional se ha convertido en la tendencia migratoria prevaleciente, las poblaciones de muchos de los países del área siguen escogiendo un Estado vecino para emigrar: unos 2 millones de personas están participando en este tipo de movimientos intrarregionales. Las crecientes restricciones que aplican los países del norte a las migraciones internacionales probablemente seguirán incrementando estos movimientos sur-sur.

A pesar de la proximidad cultural, idiomática e histórica entre los lugares de emisión y recepción, la inserción de esta migración en los lugares de destino plantea dificultades. La inserción laboral precaria, la migración irregular, la naturaleza forzada de los desplazamientos o las políticas migratorias restrictivas constituyen elementos que sitúan a esta población en un estado de vulnerabilidad.

El hecho de que un importante número de sudamericanos se enfrente a situaciones de debilidad en países desarrollados con políticas migratorias restrictivas, ha influido notablemente en un cambio de actitud de los gobiernos de la región en lo que concierne a la gestión de la migración intrarregional. Podría decirse que se está instalando de forma lenta pero progresiva la idea de la gobernabilidad compartida de las migraciones y la importancia de lograr consensos a nivel regional, en contraposición a la lógica unilateral que ha caracterizado tradicionalmente el abordaje de la cuestión migratoria. No obstante, en muchas ocasiones los avances en materia de acuerdos en los bloques regionales tardan demasiado en ser llevados a la práctica, y esto amenaza con convertir los logros en un mero avance retórico. Por ello, el principal desafío a la política migratoria sudamericana es que los compromisos asumidos se materialicen en transformaciones concretas.

Notas:

[1] Entre las limitaciones más importantes, destaca que el registro de las entradas y salidas de migrantes no se explota estadísticamente y presenta graves inconvenientes, como la falta de identificación de los migrantes como tales o la heterogeneidad en la recogida de datos. Por otra parte, el número de encuestas sobre migración es muy reducido y el potencial de las encuestas a hogares no se ha explotado del todo. Debido a estas limitaciones, los censos nacionales de población y vivienda se han convertido en la alternativa más sólida para conocer las tendencias migratorias.

[2] Fernando Devoto (2009), Historia de la inmigración en la Argentina, Suramericana, Buenos Aires, 3ª edición.

[3] Mármora en S. Novick et al. (2005), “El proceso de integración Mercosur: de las políticas migratorias y de seguridad a las trayectorias de los inmigrantes”, Documentos de Trabajo nº 46, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

[4] OIM (2010), Informe sobre las migraciones en el mundo 2010. El futuro de la migración: creación de capacidades para el cambio, OIM, Ginebra.

[5] De hecho, los peruanos se están dirigiendo cada vez más a Argentina y Chile (pertenecientes al otro circuito migratorio).

[6] Datos extraídos de J. Martínez Pizarro (2008), América Latina y el Caribe: migración internacional, derechos humanos y desarrollo, CELADE-CEPAL, Santiago de Chile.

[7] Ibid.

[8] OIM (2010), op. cit.

[9] Capital Federal y Gran Buenos Aires.

[10] Véase Julieta Nicolao (2010), “El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina”, en Revista de Ciencias Sociales Convergencia, vol. 17, nº 53, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, mayo-agosto, pp. 205-228.

[11] María Nieves Rico (2006), Las mujeres latinoamericanas en la migración internacional, Naciones Unidas-CEPAL, Madrid.

[12] Ibid.

[13] Martínez Pizarro (2008), op cit.

[14] Nora Pérez Vichich (2000), “Fundamentos teóricos del tratamiento de la movilidad de personas en el MERCOSUR”, Centro Argentino de Estudios Internacionales, Programa Integración Regional.

[15] Proceso de integración subregional, creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción. Está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos, y Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú como miembros asociados. En el año 2006 se suscribió un Protocolo de Adhesión mediante el cual Venezuela se constituyó como miembro pleno. No obstante, este instrumento aún no ha entrado en vigor debido a que hasta la fecha no ha sido ratificado por todos los parlamentos de los firmantes, por lo que la vinculación de Venezuela al bloque sigue siendo la de Estado Asociado.

[16] Novick et al. (2005), op. cit.

[17] Firmado en el marco de la XII Reunión de Ministros del Interior, realizada en la ciudad de Salvador de Bahía los días 9-11 de noviembre de 2002, y refrendado en la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR el 6 de diciembre del mismo año.

[18] Pérez Vichich (2000), op. cit.

[19] Véase la Declaración de Santiago sobre Principios Migratorios, uno de los primeros documentos que lanzó este Foro, en el cuál se plasma el espíritu con el que los gobiernos encaran la política migratoria. Entre ellos destacan una concepción de las migraciones que hace hincapié en el aporte que significan para los Estados de la región, la necesidad de asistencia y protección a los inmigrantes en situaciones de desprotección y la lucha por el reconocimiento de distintos derechos a estas poblaciones (http://www.migraciones.gov.ar/foro_migratorio/).

[20] Es uno de los procesos de integración más antiguos de América Latina, creado en 1969 a través del Acuerdo de Cartagena. Está actualmente conformado por cuatro países miembros plenos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Venezuela fue miembro pleno hasta 2006 y Chile también lo fue desde su origen, pero se retiró durante la dictadura de Pinochet; luego volvió a incorporarse pero en carácter de Estado asociado.

[21] Mediante resolución nº 527 de la Secretaría General de la CAN.

[22] Tiene como antecedente la Decisión nº 116.

[23] Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

[24] Para acceder a las declaraciones de cada reunión anual, véase aquí.

La inmigración está otra vez de actualidad. El Partido Popular ofrece su contrato por la integración, con un catálogo de peticiones que se resume en que los inmigrantes deberían cumplir las leyes del país: ¡sólo faltaría! Pero esa iniciativa tiene de todo, menos de candidez. Ya que afecta a un ámbito, el de las elecciones municipales, donde se concentran todas las potenciales, o reales, disfunciones que la inmigración genera. Y, entre ellas, no es la menor la creciente guetización de las escuelas públicas de las ciudades con mayor proporción de población inmigrante. Desde esta óptica, cabe saludar muy favorablemente la propuesta de Iolanda Pineda, alcaldesa de Salt, solicitando a los municipios vecinos que acojan a parte de sus escolares inmigrantes, de forma que ninguna escuela supere el 50% en este tipo de alumnado. Como cabía esperar, la respuesta ha sido negativa, reflejando la extendida visión de que los problemas que pueda generar la inmigración deben solventarse donde aquella se concentra. Se fundamenta, además, en una posición miope que, en el fondo, todavía cree que la inmigración no es necesaria.

Porque el elemento cardinal de este debate es si necesitamos, y hasta qué punto, flujos inmigratorios. Y sobre este particular, el país continúa autoengañándose, creyendo, o deseando creer, en una realidad racial, religiosa y cultural que dejamos atrás hace tiempo, cuando decidimos no tener el número de hijos suficiente para atender las necesidades del mercado de trabajo o la financiación de nuestro Estado del bienestar.

Unas cifras permitirán situar al lector. A partir de los 90, la población de 16 a 29 años nacida en España comenzó a reducirse rápidamente, de forma que pasamos de los 9 a los 6,5 millones de jóvenes nativos entre 1990 y el 2008, un espectacular retroceso de 2,5 millones (un 27% de los efectivos iniciales). Una punción tan severa la salvamos parcialmente con la incorporación de inmigración que, entre esos mismos años, añadió 1,7 millones, aunque ello no ha impedido que, en conjunto, los jóvenes retrocedieran unos 800.000 efectivos. Por si ello no fuera suficiente, a partir del 2009, la situación ha empeorado, y, a la continua pérdida de jóvenes nativos (unos 465.000 menos entre el 2009 y el 2010), hay que añadir el retroceso de inmigrantes de esas edades que abandonan España (una pérdida cercana a los 130.000).

En suma, en los dos últimos años hemos reducido el contingente de jóvenes en cerca de 600.000 individuos, que hay que añadir al retroceso anterior. A partir de aquí, cualquier previsión demográfica, por conservadora que sea, sugiere que un país como el nuestro difícilmente va a poder continuar funcionando razonablemente bien con una punción tan importante en el mercado de trabajo juvenil. Y no solo porque una parte de los puestos de trabajo tienen características que demandan población joven, sino por lo que implica de pérdida de entusiasmo, innovación o capacidad de transformación de la sociedad.

Lógicamente, esta reducción altera de forma dramática la estructura de la población potencialmente activa. De hecho, en el debate sobre pensiones de estos últimos meses, la caída demográfica emergía como el aspecto clave de la inevitabilidad de la reforma. Pero no se destacó lo bien que hubiera sido deseable que, además del aumento relativo de aquellos con 64 y más años respecto de la población de 16 a 64, en ese grupo poblacional se ha producido una intensa redistribución, desde los más jóvenes a los de mayor edad. Así, mientras en 1990 los individuos de 16 a 29 años aportaban el 35% de los activos potenciales (de 16 a 64 años), en el 2010 esta cifra había caído hasta el 25%. Y esa dinámica negativa va a continuar los próximos años.

Hoy, con un mercado de trabajo tan deteriorado, es difícil elevar la vista hacia más adelante. Y más cuando hay que hablar de empleo o actividad juvenil. Pero es nuestra obligación, y la de los políticos, hacerlo. Y cuando se alza la mirada, lo que se vislumbra para la segunda mitad de esta década y más allá es un páramo demográfico, con una escasez crónica de jóvenes que va exigir nuevas entradas de inmigración, nos guste o no. Por ello, la iniciativa de la alcaldesa de Salt es de lo más sensato. Necesitamos, y necesitaremos, inmigración. Y hemos de conseguir, porque nos conviene, que se integre en nuestra sociedad y adopte nuestros valores. La escuela es el camino. Pero una escuela en la que el número de alumnos nativos sea el adecuado para facilitar ese proceso.

A ningún político le gustará proponer que hay que redistribuir la población escolar inmigrante. Y, probablemente, por un cálculo electoral mezquino, propuestas como esas caigan en saco roto. Pero, cuidado, no nos engañemos otra vez. Los políticos, y los países, se equivocan. Y sería un error, un craso error, continuar con la actual guetización de la escolaridad de los inmigrantes. Nos jugamos el futuro del país. Y, para muestra de lo que nos puede aguardar en unas décadas, recuerden la banlieue de París.

Con el objetivo claro de alcanzar la cifra de un millón de extracomunitarios con derecho a voto en las futuras elecciones municipales de 2011, el Consejo de Ministros ya ha aprobado la firma de acuerdos para los ciudadanos extracomunitarios procedentes de Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, Corea del Sur y Nueva Zelanda. También se espera que próximamente se añadan Bolivia, Venezuela y Uruguay, pendientes de los informes internos de sus respectivas administraciones y organismos electorales. La idea es facilitar la integración y participación de los ciudadanos de estos países en sus municipios de residencia.

Sin duda, la idea de integrar a los inmigrantes en el círculo de participación ciudadana es el núcleo del sistema de integración. Sin embargo, la participación en la vida pública de un país no es el único elemento que puede situar a un inmigrante en condiciones de integración. El panorama español vigente recoge entre el catálogo de derechos y libertades de los que gozan los extranjeros en España el derecho de participación pública: un derecho cuyo ejercicio queda limitado a aquellos que residen legalmente en nuestro país. Conviene hacer un esfuerzo político ambicioso y abarcar otros aspectos de la realidad de la inmigración, donde el derecho a voto se estructure sobre bases sólidas de actuación y no solo como un elemento más de una campaña electoral dirigida a la captación votos.

El futuro inmediato es claro: las próximas elecciones municipales de mayo de 2011 serán las primeras en las que los ciudadanos extracomunitarios residentes legales en España van a tener la ocasión de participar en la elección de sus representantes municipales. Esta nueva situación va a plantear algunas interesantes consecuencias: por un lado, las fuerzas políticas van a tener que cuidar su discurso en materia de inmigración, ya que los votos que se puedan ganar entre algunos nacionales enfadados con el fenómeno de la inmigración pueden perderse entre los colectivos de inmigrantes que ahora votan; por otro lado, la restricción constitucional de la reciprocidad, prevista en el artículo 13.2 de la Constitución Española, va a configurar un doble estatus político entre aquellos extranjeros que pueden votar y aquellos otros que no van a poder hacerlo.

De este modo, se hace necesario, después de poner sobre la mesa algunos datos que nos ilustren acerca del referido auge del fenómeno migratorio en España, detenerse a analizar cómo se encuentra regulado el disfrute del derecho al voto en los diversos procesos electorales por parte de los ciudadanos extranjeros residentes en España. Solo habiéndolo hecho será posible extraer algunas conclusiones al respecto y formular algunas sugerencias de actuación. Al hacerlo, tomaremos como horizonte más próximo el de las próximas elecciones municipales del próximo 22 de mayo del 2011.

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When my family moved to the United States from Iran in 1972, the first Americans I met were the Bradys and the Partridges. After hours of devoted television viewing, I learned that American brothers can be just as annoying as Iranian ones, and that Mrs. Brady worried about her children just like my mom. I learned that Americans, like Iranians, eat dinner together, although no one on TV ever dined on kabob, not even on “Gilligan’s Island,” with its ample grilling opportunities. Needless to say, I couldn’t wait to meet real American families, particularly ones with sons who looked like David Cassidy.

Call it sitcom diplomacy. Last month, Katie Couric suggested it was past time to apply that magic to Muslims in America. Her example was “The Cosby Show.” What “The Brady Bunch” did for my 7-year-old immigrant self, the Cosbys did for white folks who’d never actually met a black family. “People are afraid of what they don’t know,” Couric said in a video on her website. “A Muslim equivalent to the Huxtables could be just what the country needs to stay all of this hate in its tracks. ”

I couldn’t agree more. I’ve written books and lectured about growing up Iranian American. From Arkadelphia, Ark., to Olivet, Mich., and from Hebron, Maine, to Bakersfield, I encounter two reactions: fear and surprise. Fear of Middle Eastern immigrants, and surprise that I am nothing like the person they expected. Tehran’s politicians make it easy for an Iranian American to get a laugh — I need to thank them for that. But they have also created a PR challenge worthy of Sisyphus. No matter how many laughs I get, I can’t push that rock up the hill far enough or fast enough. My people need a TV show.

What would America find out when they tuned in? My family alone could provide enough lovable hilarity to keep the franchise going for years. In Orange County in the 1970s, we all but invented the “situation” in situation comedy.

Consider my dad. His main goal in America was to educate his kids — and get rich. He succeeded in only one of those goals. My brothers and I all graduated from college and have successful careers, but his ill-fated attempt to win big on “Bowling for Dollars” was what today we’d call an epic fail. The late great Chick Hearn, the voice of the Lakers and the show’s host, could not pronounce his name. It went downhill from there. There were gutter balls. We still don’t talk about it.

My mother struggled with English. She tried to buy elbow grease — honest — at the hardware store. She joined a Gloria Marshall Figure Salon with its pink decor and gossiping ladies, and started using Hamburger Helper and Shake ‘N Bake. We preferred Persian food, but my mom wanted to shake those drumsticks in the plastic bags, just like the happy lady in the commercials.

I loved my new life in America. School was only five days a week, not six as in Iran, and every day I could trade my apple for Connie Musgrove’s six-pack of mini-donuts. Mrs. Sandberg, my second-grade teacher, read stories to us out loud and gave us stickers just for doing homework we were supposed to do anyway. It was no wonder I won an award at the end of the year for perfect attendance. Why would anyone miss a day of Mrs. Sandberg’s class?

And there was our permanent houseguest, my Uncle Nematollah, who tasted every American food he could find, from canned chili to Cheez Whiz. Who knew 31 flavors of ice cream existed? He ate it all, which led him down the path to American weight-loss products: The Body Shaper, the man girdle, the silver suit that made you sweat away the pounds. Welcome to America. Now switch to elastic waistbands.

Of course, what’s most important is what isn’t part of this package. My family, and most Middle Eastern immigrants I know, spend their time working, studying and, yes, trying to lose weight. We’re not terrorists. We’re not very Muslim. (I have some Christian friends who attend church every day, and others who just eat chocolate bunnies on Easter. My family is the Muslim equivalent of the bunny eaters.)

A TV show starring us would make this obvious point obvious: Middle Easterners come in all shapes, sizes and belief levels, just like every other kind of American.

I admit it; I already tried to sell this to TV. A pilot called “Funny in Farsi” even got produced. I read for the role of the narrator: Voice of Firoozeh Dumas. I was rejected. That’s right. I didn’t sound enough like my own voice. On top of that, “Funny in Farsi” didn’t get picked up.

I would have loved for Americans everywhere to have met my family the way I met the Bradys. But plenty of other normal, lovable, culture-clashing Middle Eastern all-American families could inhabit TV land and prove the point: We’re not what you think we are. We are more or less like you, you and you.

Did I mention that the actors on “Funny in Farsi” were good-looking? We don’t all look like President Mahmoud Ahmadinejad. But for now, his is the only Iranian face that most Americans see on TV. And that is truly a shame.

In his op-ed on Sunday, former secretary of state Henry Kissinger apologized for “undoubtedly offensive” comments he made 37 years ago about the fate of Soviet Jews, remarks that recently came to light with the release of tapes by the Nixon presidential library. But in trying to explain the historical context of his words, Kissinger presented a dismissive view of the Soviet Jewry movement as an ineffective irritant. This distorts the important role it played in the Cold War. The movement was a 25-year struggle to force the Soviet Union to allow the free emigration of Jews who were being discriminated against and robbed of their cultural and religious rights. It ultimately made the issue an inextricable part of the U.S.-Soviet relationship and contributed to the demise of the Soviet Union.

At the peak of its success, this movement was also a political force that won passage of the 1974 Jackson-Vanik Amendment, which forced the Soviets to remove all blocks to emigration if they wanted to receive most-favored-nation trading status with the United States. Although the Soviets ultimately rejected these conditions and the accompanying trade deal once they were voted into law at the end of 1974, the amendment shoved this human rights issue into the center of the Cold War. The movement’s loud protests, hard lobbying and persistent efforts to publicize its cause eventually made saving Soviet Jewry an objective of U.S. foreign policy. By 1987 one of Kissinger’s successors as secretary of state, George Shultz,â?? would attend a Passover seder in Moscow with Jewish activists in between meetings with Mikhail Gorbachev,â?? then general secretary of the Communist Party in the Soviet Union.

Kissinger wrote that through quiet diplomacy he managed to get out “more than 100,000″ Jews during Richard Nixon’s first term and that efforts such as the Jackson-Vanik Amendment actually hindered emigration, which never again reached such levels until after the collapse of the Soviet Union.

It was indeed in the early 1970s that the Soviets began to let out a significant number of Jews. But contrary to Kissinger’s memory, and according to reliable emigration figures collected by the Israeli government, the total for Nixon’s first term (1969-72) was no more than 45,000. And there is no evidence to indicate that this was Kissinger’s or Nixon’s doing. The decision to begin allowing some Jews to leave came in response to the Leningrad trials of December 1970.The Soviets had sentenced two Jews to death for participating in a plot to hijack a plane and fly it out of the country. Worldwide protests on behalf of the men, who had acted out of desperation after being refused exit visas, forced the Soviet Union to commute their sentences and begin rethinking its hard-line emigration policy.

More than any backroom diplomatic dealings, it was the pressure of a growing movement that provoked the Soviet shift on emigration. A case in point was the 1973 decision by Soviet president Leonid Brezhnev to remove that “diploma tax,” which demanded that would-be emigrants reimburse the state prohibitive sums for their educations. In a politburo meeting that March, Brezhnev pointedly told his colleagues, “At this particular time, when the Zionists have incited a campaign around the Jackson Amendment and around the bill granting us [most-favored-nation] status, we need to let them out.”

After the amendment passed as part of a 1974 trade law and economic relations with the United States were linked to Jewish emigration, the Soviets had to face this issue every time they wanted rapprochement with the West. In 1979 alone, an unprecedented 51,000 Soviet Jews were allowed to leave – a fact Kissinger did not mention. That year, the Soviets, suffering from a bad harvest, were hoping to secure a grain deal. They also wanted Congress to ratify a round of arms-limitation talks. Jackson-Vanik had taught them that if they wanted something from the United States, the best way to get it was to let Jews out.

When Gorbachev came to power in the mid-1980s and tried to save the Soviet Union from economic ruin, he understood that he would also need to reform his society, including opening the gates. “We have to resolve the Jewish question, the most burning among human rights problems,” Anatoly Chernyaev, Gorbachev’s closest foreign affairs adviser, wrote in his diary in 1986. After two decades of pressure, the price the Soviets would have to pay was clear. With Gorbachev eager for U.S. economic assistance, the exodus began. He let out 71,196 in 1989, 181,802 in 1990 and 178,566 in 1991 – all before the Soviet Union’s demise.

Kissinger discounted the idea that this movement played any role in unraveling the Soviet Union. But it did just that by making human rights a non-negotiable part of any reform. This demand – to allow citizens to freely exit their country – threatened the existence of the communist empire almost as much as the meltdown of its economic model. It armed Soviet citizens with the greatest weapon against their closed society: the opportunity to vote with their feet and leave.

For someone who lost in the Holocaust many members of my immediate family and a large proportion of those with whom I grew up, it is hurtful to see an out-of-context remark being taken so contrary to its intentions and to my convictions, which were profoundly shaped by these events. References to gas chambers have no place in political discourse, and I am sorry I made that remark 37 years ago.

In his Dec. 21 column, ['Beyond Kissinger's realism'], Michael Gerson used comments I made during a one-minute conversation with Richard Nixon to draw a contrast between the moral insensitivity of the so-called foreign policy realists and the broader humanistic view of their critics. As a general subject, this is beyond the scope of an op-ed comment. In this specific case, further reflection might counsel a limit to righteousness.

Context matters. Gerson presents the issue of Jewish emigration from the Soviet Union in the 1970s as if it had been an abstract debate between those who relied on a relaxation of tensions and advocates of ideological confrontation, in which the realists were willing to sacrifice Jewish emigration on the altar of detente. The opposite is true. That emigration existed at all was due to the actions of “realists” in the White House. Jewish emigration from the Soviet Union had never been put forward by any administration as a formal American position, not because of moral insensitivity but because intense crises imposed other priorities. In 1969, we introduced it into the presidential channel as a humanitarian issue because we judged that a foreign policy confrontation would lead to rejection and an increase of tensions with the Soviets. As a result, Jewish emigration rose from 700 a year in 1969 to near 40,000 in 1972. The total in Nixon’s first term was more than 100,000. We also submitted, with some success, several hundred hardship cases at regular intervals. To maintain this flow by quiet diplomacy, we never used these figures for political purposes.

The issue became public because of the success of our Middle East policy when Egypt evicted Soviet advisers. To restore its relations with Cairo, the Soviet Union put a tax on Jewish emigration. There was no Jackson-Vanik Amendment until there was a successful emigration effort.

Sen. Henry Jackson, for whom I had, and continue to have, high regard, sought to remove the tax with his amendment. We thought the continuation of our previous approach of quiet diplomacy was the wiser course. But the issue became intense only when, the tax having been removed by our previous methods of quiet diplomacy, the Jackson-Vanik Amendment was institutionalized.

The conversation at issue arose not as a policy statement by me but in response to a request by the president that I should appeal to Sens. Javits and Jackson and explain why we thought their approach unwise. My answer tried to sum up that context in a kind of shorthand that, when read 37 years later, is undoubtedly offensive. It was addressed to a president who had committed himself to that issue and had never used it for political purpose to preserve its humanitarian framework.

The comment to Nixon that emigration was not a subject of foreign policy has to be seen in that context.

The conversation should also be understood as having occurred within 15 minutes of a meeting between Nixon and Israeli Prime Minister Golda Meir that was attended also, and only, by myself and Israeli Ambassador Yitzhak Rabin. That meeting agreed on military deliveries (especially airplanes), a peace process via the White House, a negotiating position and steps to encourage Egypt to leave its alliance with the Soviet Union. It was to preserve that strategy that Nixon asked me to call the two senators.

Events proved our judgment correct. Jewish emigration fell to about a third of its previous high, not to be resumed at substantial levels for 20 years, as Gerson admits. That was during the collapse of the Soviet Union.

Gerson ascribes the collapse of the Soviet Union in part to the Jackson-Vanik Amendment. The amendment played no significant role in what resulted from imperial overstretch, incompetent economic management and the determined resistance of a succession of presidents from both parties, culminating in the Reagan period.

Gerson sneers at detente as if it were a kind of moral abdication. Memories are short. The conversation under discussion occurred on March 1, 1973. The Vietnam War had just ended; prisoners had not yet returned.

An effective global strategy was in place with the opening to China, a broad dialogue with the Soviet Union, and major progress in Egypt and on emigration. It was to preserve that policy that the conversation in the Oval Office took place, and it is in that context that it must be viewed.

Tema: La expulsión de gitanos rumanos y búlgaros desde Francia ha provocado condenas internacionales, al tiempo que es apoyada por buena parte de la opinión pública francesa.

Resumen: En el mes de agosto de 2010, la decisión del Gobierno francés de expulsar a gitanos rumanos de vuelta a Rumanía provocó una oleada de indignación a nivel internacional. No obstante, más que una nueva política (en Francia, la expulsión de romaníes a Bulgaria y Rumanía lleva practicándose muchos años sin que ello haya desencadenado grandes debates), se trata ante todo de un nuevo ciclo del debate político francés sobre la inmigración, la integración y la identidad nacional. El presente ARI propone analizar las paradojas de esta mediatización, exponiendo la estructura del debate público que se ha impuesto en Francia desde principios de esta década con respecto a estas materias.

Análisis: En pocas semanas, la decisión del Gobierno francés de expulsar a centenares de gitanos a Rumanía ha sido reprobada internacionalmente con una dureza que, sin duda, no tiene precedentes en la historia reciente de las políticas migratorias francesas.

Unos detrás de otros, sin distinción, desde el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial, hasta el Papa Benedicto XVI, la prensa internacional (en la que destacó el sonado titular del diario británico The Times que evocaba a la Gestapo),[1] el Parlamento Europeo y hasta Fidel Castro, denunciaron el rumbo racista y xenófobo de las medidas políticas francesas. Frente a estas críticas, el Gobierno francés respondió, por un lado, apelando a la soberanía de Francia y al imperativo del orden y de la seguridad públicos y, por otro, asegurando que Francia respetó el Derecho internacional y la legislación comunitaria al llevar a cabo dichas expulsiones.

Ha sido mucho lo que se ha dicho y escrito sobre el coste que supone esta decisión para los principios fundamentales del Derecho y de la democracia: los derechos humanos (aquí vulnerados por un enfoque supuestamente cargado de racismo y xenofobia), el Derecho internacional (especialmente en lo que respecta a la protección de menores) y la legislación europea (en concreto, la relativa a la libre circulación de los ciudadanos europeos). Pero todo esto no explica lo que ocurrió: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo, en menos de 15 días en plenas vacaciones estivales, se ha convertido Francia en el paradigma mundial de un “racismo” y de un “nacionalismo xenófobo de Estado” percibido como la contradicción violenta de los principios fundamentales de los “derechos del hombre y del ciudadano”, los cuales se supone, además, que se encuentran en las propias raíces de la identidad política de la República Francesa? ¿Y cómo ha podido esta política recibir el apoyo de una parte importante de la opinión pública francesa?[2]

Para responder a estos interrogantes, es necesario recordar lo que ocurrió a partir de julio de 2010 y reconstruir la cadena de acontecimientos que llevó al Gobierno francés a adoptar la decisión de destruir centenares de “campamentos de romaníes” y proceder a las expulsiones de ciudadanos rumanos. Pero esta cadena de acontecimientos es, por sí misma, curiosa y paradójica. Por consiguiente, para entenderla, también hay que “ampliar la imagen”, relacionando estos últimos episodios de la política francesa de inmigración con las políticas y los debates públicos entablados sobre inmigración, identidad nacional y ciudadanía desde el inicio de esta década.

Expulsión de los romaníes a Rumanía: una decisión paradójica de las autoridades francesas

La noche del 16 al 17 de julio de 2010, tras una persecución a la carrera cerca de Saint-Aignan, una pequeña localidad de 3.400 habitantes situada en el departamento de Loir-et-Cher (en el centro de Francia), un gendarme mató de un disparo a Luigi Duquenet, un joven de 22 años de edad, de nacionalidad francesa y perteneciente a una familia de “viajeros”. En represalia, el 18 de julio, el puesto de gendarmería de Saint-Aignan fue atacado por unas 50 personas. Según palabras del alcalde, “ha sido un ajuste de cuentas entre los ‘viajeros’ y la gendarmería”, “algunos iban cubiertos con pasamontañas y armados con hachas y barras de hierro”.[3] Esa misma noche, se envió al lugar de los hechos a 300 militares y dos helicópteros.

Lejos de allí, también durante la noche del 16 al 17 de julio, se desencadenaron “disturbios” en el barrio de La Villeneuve de Grenoble. También en este caso el detonante fue una persecución a la carrera que acabó mal: uno de los atracadores a mano armada del Casino d’Uriage, a unos kilómetros de Grenoble, murió a causa de un disparo de la policía cuando se había refugiado en este barrio popular de los “suburbios” de Grenoble, donde se concentra una parte importante de la población procedente de la inmigración poscolonial (lo que hoy en día designa el término “suburbios” en el debate público en Francia). Tras este fallecimiento, unos 50 “jóvenes del barrio” se enfrentaron a la policía en escenas de violencia difundidas por la prensa nacional. La policía fue el objetivo de tiros con balas reales. Los medios de comunicación y el Gobierno hablaron de “guerrilla urbana” y de “guerra”. También en este caso al lugar se enviaron helicópteros y centenares de agentes de la policía.

En respuesta al primer drama, el presidente de la República anunció el 21 de julio la organización de una reunión ministerial especial “sobre los viajeros” y, añadió, “sobre los romaníes”, ya que “los acontecimientos que tuvieron lugar en el departamento de Loir-et-Cher ponen de relieve los problemas que plantea el comportamiento de algunos viajeros y de los romaníes. (…) En esta reunión se determinará la posición de todos los departamentos y se tomará la decisión de expulsar a todos los habitantes de los campamentos en situación irregular”.[4] En la misma declaración, Nicolas Sarkozy estableció un vínculo con los enfrentamientos de Grenoble: “El Gobierno lucha de manera implacable contra la delincuencia. Es una verdadera guerra la que vamos a librar contra los traficantes y los delincuentes”.[5] La reunión sobre “las comunidades itinerantes y los romaníes” tuvo lugar el 28 de julio. En ella se decidió llevar a cabo el desmantelamiento de 300 campamentos “ilegales” en los tres meses siguientes.

El 30 de julio de 2010, Nicolas Sarkozy pronunció un discurso en Grenoble con ocasión de la entrada en funciones de un nuevo prefecto designado inmediatamente después de los actos violentos que tuvieron lugar en La Villeneuve. Éric Le Douaron, el nuevo prefecto, es un antiguo director de la Policía de Fronteras francesa (Police aux frontières). En su discurso, el presidente de la República le solicitó “restaurar la autoridad del Estado de manera estricta”. Repitió de nuevo que se trata “de una guerra que hemos decidido librar contra los traficantes y los delincuentes”. El discurso expuso que ya no existían diferencias entre la “delincuencia organizada” (es decir, el ataque contra el Casino d’Uriage) y la “pequeña delincuencia” (es decir, “en los suburbios”). Y Nicolas Sarkozy dedujo lo siguiente: “hay que reconocer, me veo obligado a decir, que sufrimos las consecuencias de 50 años de inmigración insuficientemente regulada”. Por consiguiente, “la norma general es clara: se debe devolver a los clandestinos a sus países de origen. Y es en este contexto, de hecho, en el que he pedido que se ponga fin a los establecimientos salvajes de campamentos de romaníes. Se trata de zonas sin ley que no podemos tolerar en Francia”.[6]

Aunque el Gobierno se haya defendido de llevar a cabo una política dirigida a un grupo nacional o étnico concreto, una circular del Ministerio del Interior francés del 5 de agosto de 2010 dirigida a los prefectos, recuerda los objetivos de “la evacuación de los campamentos ilegales (…), prioritariamente, los de los romaníes” y de “impedir la instalación de nuevos campamentos ilícitos de romaníes”. El documento añade: “las operaciones llevadas a cabo a partir del 28 de julio contra los campamentos ilícitos de romaníes sólo han dado lugar a un número demasiado limitado de repatriaciones”.[7] No sólo se constata que dicha prioridad se refiere a un grupo concreto de extranjeros (los emigrantes romaníes), sino que, además, el Ministerio del Interior pide a los prefectos que aumenten significativamente el número de expulsiones a Rumanía.[8] Una circular del 9 de agosto solicitó a los prefectos que comuniquen al Ministerio del Interior “cualquier operación de evacuación de envergadura, o susceptible de provocar un eco mediático”.[9]

Así pues, en menos de dos semanas, la estructura del problema público quedó considerablemente ampliada.

Desencadenado por un “suceso” aislado que enfrentó a las fuerzas del orden y los “itinerantes” franceses, el problema acabó refiriéndose a una “guerra contra los traficantes”, vinculada a un problema de “cincuenta años de inmigración” al territorio francés, a una “crisis” de la integración de los extranjeros, de la autoridad del Estado y de los principios de la República en su lucha contra “la inmigración ilegal”.

Esta ampliación del problema no es nada simple. Podríamos haber esperado razonablemente que el Gobierno francés combatiera la especificidad de los acontecimientos de Saint-Aignan, formulando un diagnóstico diferente del que exigieron los “disturbios” de Grenoble; que fuera el momento de entablar un debate público sobre el lugar ocupado por los “itinerantes” en la ciudadanía francesa; que fuera también el momento de luchar contra la confusión frecuente entre comunidades “itinerantes” y emigrantes romaníes, ya que el desconocimiento a este respecto es general entre el público; que la infracción por parte de Francia de la Carta comunitaria de los Derechos Sociales en lo que concierne a las condiciones de vida de los “itinerantes” fuera objeto de debate, y, eventualmente, que se idearan medidas para poner remedio a este problema; y que se evaluara la legislación existente y su aplicación real, particularmente en lo que respecta a la puesta a disposición de terrenos para campamentos de los grupos afectados.

Sin embargo, no ocurrió nada de esto. El debate se desarrolló en otro contexto, en un ámbito absolutamente distinto, el de las comunidades romaníes de Rumanía, la inmigración “ilegal” y la “crisis del modelo republicano”.

A partir de aquí, para entender el mecanismo y los motivos de esta discrepancia entre el problema inicial y la definición de otro problema público por el Gobierno francés, hay que “ampliar la imagen” y recordar ciertas características de los debates públicos sobre Francia, la inmigración, el multiculturalismo y la ciudadanía republicana que se han entablado en el país desde el año 2005.

Cinco contextos del debate francés para explicar las paradojas del verano 2010

Cinco “variables” importantes en estos debates pueden explicar la transformación del “problema” de Saint-Aignan en una nueva agenda en materia de inmigración y seguridad. Aunque es cierto que estas cinco “variables” no son nuevas en el debate francés, los discursos mediáticos y políticos sobre la inmigración y la ciudadanía reformularon en buena medida el consenso “republicano” en cada una de ellas, desde principios de esta década y, más concretamente, desde los “disturbios” de otoño de 2005. Dicho de otro modo, se trata de los cimientos de la estructura del debate actual. Esta estructura explica al mismo tiempo el encadenamiento paradójico entre los sucesos del verano de 2010 y el hecho de que las expulsiones de romaníes a Rumanía hayan recibido un apoyo relativamente importante entre la opinión pública francesa.

Primer contexto: el “modelo republicano de integración” y su “crisis”

Desde mediados de la década de 1980, cuando los inmigrantes poscoloniales llegados a Francia en las décadas de 1960 y 1970 se establecían permanentemente en Francia y renunciaban a “regresar” a sus países de origen, la cuestión del acceso de los extranjeros a la nacionalidad (y, por tanto, a la ciudadanía) francesa, se convirtió en un reto político. Para responder a esta incorporación de extranjeros a la ciudadanía francesa, surgió un consenso: la integración debía hacerse a partir del modelo histórico de la República Francesa. Este “modelo republicano de integración” utiliza una definición “política y universalista” de la integración política y cultural de los inmigrantes, en respeto de los valores de la República (“libertad, igualdad, fraternidad”), de la importancia de la neutralidad del espacio público y de la conservación de las identidades culturales o religiosas en el interior de los confines del terreno privado de las familias. La ciudadanía es una identidad pública que no conoce identidades privadas. Se basa en la fidelidad a los principios del universalismo republicano ideal, el compromiso cívico, la lealtad nacional (y, añadamos también, la igualdad).

Realmente, este relato no duró mucho tiempo. Sufrió numerosas transformaciones hasta principios de la década actual. Pero, a partir de 2005 y de los “disturbios en los suburbios”, tomó forma un nuevo consenso público: este “modelo republicano de integración” estaría ahora en crisis. Esta crisis no se debería a la dificultad de adaptar el “modelo” a la nueva realidad social de la Francia contemporánea, sino al rechazo del “modelo” por las comunidades procedentes de la inmigración. En lugar de mostrarse “indiferente ante la diferencia” (algo que nunca ha ocurrido realmente), el “modelo” queda reformulado a partir de temas cada vez más explícitos en cuanto a etnias, raza y religión (el islam). Prueba de ello es el diagnóstico público efectuado de los “disturbios” de 2005, totalmente transformado en el “problema de la identidad de los inmigrantes” (la poligamia, el islam, el rechazo del Estado francés y el rechazo de la identidad nacional como fidelidad). Sólo los investigadores que llevan mucho tiempo trabajando en estos temas y los servicios de inteligencia (¡el servicio de inteligencia de la policía francesa!) se oponen a este diagnóstico y muestran entonces las dinámicas sociales que están en marcha en estos acontecimientos, sin relacionarlas con las identidades religiosas o culturales.[10]

Todo el debate francés sobre la ciudadanía se adoptó en esta nueva lógica: el universalismo ya no funciona por motivo de la etnia de los “inmigrantes” (sin considerar además que dichos “inmigrantes” son franceses hace ya dos generaciones). Una de las primeras secuelas de esta nueva idea del “modelo en crisis”, una conclusión que se recordó en 2008 en la cumbre europea de Vichy, tuvo eco a partir de 2005, cuando el ministro del Interior de aquel momento (Sarkozy) prometió la expulsión de Francia de los “agitadores”, dejando entrever que eran todos extranjeros, cuando en realidad se trataba de jóvenes ciudadanos franceses, nacidos en Francia, socializados en la cultura francesa. Evidentemente, no se verificó ninguna expulsión.

Segundo contexto: el “problema de la integración” y sus consecuencias

La nueva idea de una “crisis del modelo francés” está vinculada a la evolución del discurso sobre los orígenes del “problema de la integración”. También en este caso, el diagnóstico público ha evolucionado mucho en 30 años. Pero durante el último período se ha consolidado una nueva evidencia: el “problema de la integración” no tiene nada que ver con las discriminaciones sentidas o vividas por los franceses procedentes de la inmigración (los temas del debate sobre la integración durante la década de 1990, especialmente en el momento de la firma del Tratado de Ámsterdam de 1997).

El “problema de la integración” no tiene dimensión social. Nicolas Sarkozy resumió esta idea en su discurso de Grenoble del pasado 30 de julio: “No se trata de un problema social: lo que ha ocurrido es en un problema de timadores, se trata de valores que están desapareciendo”.

Por consiguiente, en esta perspectiva, estos valores tienen que ver con la identidad nacional. De ahí la creación tras las elecciones presidenciales de 2007 de un Ministerio de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo (más adelante, Desarrollo Solidario). De ahí el lanzamiento de un “debate sobre la identidad nacional” bajo los auspicios de este mismo Ministerio durante el invierno de 2009-2010. De ahí también una serie de medidas que se propusieron tras los acontecimientos del verano de 2010, entre las que se incluían, por ejemplo, la posibilidad de despojar de su nacionalidad francesa a un ciudadano francés nacionalizado en los 10 años anteriores y que hubiera matado a un funcionario de policía o de la gendarmería.

Esto ilustra una transformación profunda de los guiones utilizados para definir el problema de la integración y de las consecuencias en materia de política pública: la lucha contra las discriminaciones ya no es una prioridad. La política de integración se basa en la “lucha contra la inmigración irregular”. Ello implica asimismo un rechazo hacia cualquier análisis de mayor componente sociológico sobre estos temas y hacia cualquier enfoque crítico sobre la política actual. Brice Hortefeux lo resumió claramente respondiendo a las críticas realizadas este verano frente a la política de expulsión de los romaníes: “Están ustedes cegados por el sentimiento dominante de los que dicen ser bienpensantes, quienes, recreándose en su pensamiento, renuncian a actuar”.[11]

Tercer contexto: los valores, la ley y el orden público

Cimentado como un problema de orden público y de seguridad nacional, la cuestión de la ciudadanía ha puesto el acento, tal y como acabamos de ver, en los valores. Estos valores han quedado singularmente cristalizados contra las supuestas identidades culturales o religiosas de los “inmigrantes” (es decir, de los franceses procedentes de la inmigración poscolonial). El propio islam se ha convertido en un desafío de orden público, tal y como ponen de manifiesto la ley tendente a la prohibición general del uso del niqab[12] en los espacios públicos o el proyecto de despojar de su nacionalidad a cualquier francés nacionalizado en los 10 años anteriores en caso de “poligamia de hecho” (una noción abandonada en septiembre de 2010, considerada imposible de aplicar).

Pero es también en la jurisprudencia reciente sobre el acceso a la nacionalidad francesa donde hallamos tales elementos, especialmente con respecto a la denegación de la nacionalidad a las mujeres “con velo” desde hace algunos años, basándose en que su práctica del islam se opone a los principios de la República. La igualdad entre hombre y mujer ha quedado así a menudo reivindicada para justificar este rechazo. Aquí llegamos a una paradoja: el discurso dominante acusa al islam de no respetar la igualdad entre el hombre y la mujer y en la República se alaba un potente principio de emancipación de las mujeres; pero como no se les considera suficientemente emancipadas, se les deniega la condición de ciudadanas francesas (aunque sean esposas o madres de franceses).

Todo ello tiene una consecuencia sobre la articulación entre la ley y los valores en el debate actual. El ejemplo de la prohibición generalizada del uso del velo integral islámico en los espacios públicos (un texto votado el 14 de septiembre de 2010) es muy ilustrador. Tras el “debate sobre la identidad nacional” y los trabajos de investigación de la Comisión Parlamentaria sobre el uso del velo integral islámico en Francia (dos debates celebrados en la misma época), las conclusiones fueron las siguientes: la identidad nacional francesa se basa en los principios de la República, entre los que destaca el laicismo; llevar el velo integral es incompatible con estos grandes principios; por lo tanto, hay que prohibir el uso del velo integral y reafirmar el sentido de nuestros valores y de nuestra identidad. Pero la transposición a derecho positivo de esta conclusión política ha resultado muy complicada. ¿Cómo encontrar los fundamentos jurídicos que respeten también los principios constitucionales de la libertad religiosa? El laicismo no ofrece ninguna solución jurídica, tal y como recordó el Consejo de Estado en un dictamen presentado al Gobierno en primavera de 2010, en el que consideraba que era complicado aplicar la prohibición general del uso del velo integral islámico desde el punto de vista del Derecho.[13]

El Gobierno decidió no obstante continuar con su proyecto. Para ello, se invocaron dos fundamentos jurídicos. El primero de ellos, sorprendente, fue avanzado por Eric Besson, ministro de Inmigración: se basó en la jurisprudencia francesa sobre el “lanzamiento de enanos” (profesionales del music-hall que sacan provecho de su estatura haciéndose lanzar desde cañones en espectáculos de discoteca). La idea es que la República rechaza que haya personas que alienen su dignidad, aunque sean ellas mismas las que lo consientan. Este argumento del “lanzamiento de enanos” no ha tenido mucha repercusión. El segundo, más clásico y definitivamente adoptado, es el del orden público y la seguridad: se trata de prohibir a toda persona llevar el rostro cubierto en los espacios públicos. Estamos muy alejados del contenido normativo asignado al laicismo y a la igualdad entre hombre y mujer.

En un contexto de intensa politización del discurso sobre el islam y la inmigración, los valores siguen prevaleciendo sobre el derecho, con los riesgos que imaginamos, pero también con la poca eficacia de las nuevas leyes así aprobadas: recordemos la famosa normativa sobre las pruebas de ADN, aprobada en 2007 para enmarcar la reagrupación familiar y luchar contra los “fraudes”. Los principios constitucionales la sometieron a tales exigencias, que nunca fue aplicada.[14]

Cuarto contexto: el Estado, la soberanía nacional y el control de las fronteras

En el otoño de 2010, el Parlamento francés votará su séptima ley sobre la inmigración desde el año 2003.[15] Desde 2005, la idea de una “inmigración escogida” se ha presentado como la nueva línea de la política francesa. Se trata de subrayar que una política “de inmigración cero” no funciona y que no responde a las necesidades de la economía francesa. “La inmigración escogida” descansa sobre la organización de la inmigración “legal” y la lucha contra “la inmigración ilegal”. Desde hace algunos años, especialmente desde que afloró la crisis financiera y económica de 2008, sólo la lucha contra la “inmigración ilegal” ha sido anunciada públicamente. Cada año se imponen al ministro de Inmigración unos objetivos calculados entre 25.000 y 30.000 expulsiones de “sin papeles”. Como todo “cupo”, dichos objetivos son complicados de alcanzar.

También hemos visto aparecer en las estadísticas sobre las expulsiones un grupo importante que no era aquel sobre el que versaban los debates públicos hasta entonces. En lugar de ver los grupos habitualmente contemplados por la política de lucha contra la inmigración irregular (los africanos subsaharianos o los magrebíes), los nacionales de nuevos países miembros de la UE, aún sometidos a restricciones de establecimiento y de acceso al mercado laboral, constituyeron el grueso del contingente de expulsados, antes y después de la adhesión de Bulgaria y de Rumanía a la UE. Los rumanos fueron así los primeros en ser expulsados –y, por consiguiente, los primeros que permitieron alcanzar los cupos anuales de expulsión (3.815 rumanos en 2005 y 5.041 en 2006)–. Desde la adhesión de Rumanía a la UE en 2007, estas cifras ya no aparecen en las estadísticas.[16] Sabemos que estas expulsiones a los nuevos países de la UE continúan integrando la parte esencial del contingente de expulsados (7.862 en 2008, 6.626 en 2009 y alrededor de 5.500 hasta el 25 de agosto de 2010).

Esto relativiza la “novedad” de la política francesa aplicada este verano. Más que una “nueva política”, es una “nueva concepción” política y pública la que se ha otorgado a este grupo. Los romaníes de Rumanía y de Bulgaria constituyen una población necesaria hoy en día para asentar la autoridad del Estado y demostrar su eficacia, ya que permiten demostrar a la opinión pública que es posible alcanzar las cifras anunciadas de la política de lucha contra la inmigración irregular.

Quinto contexto: Europa y Francia

Es inútil insistir aquí sobre las consecuencias del “no” francés en el referéndum sobre el Tratado de la Constitución Europea en 2005. Sólo recalcaremos un aspecto del lugar que ocupa Europa en las políticas y los discursos públicos sobre inmigración e integración en Francia: dicho lugar es prácticamente nulo. Ya se trate de discursos sobre la “crisis del modelo de integración” o sobre la lucha contra la inmigración irregular, el discurso es principalmente nacional y las soluciones están esencialmente vinculadas a la identidad y la soberanía de la nación. El esfuerzo por poner en común las políticas de emigración en la UE durante la Presidencia francesa de 2008 desembocó en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, cuya primera versión no pudo ser aceptada por los socios europeos de Francia (que veían en ella un programa demasiado francés vinculado a la concepción de París de “la inmigración escogida”). El resultado consistió en un texto más intergubernamental que europeo, en ocasiones muy alejado de las prioridades definidas por la Comisión Europea.

Esta ausencia de referencias a la UE en el discurso francés sobre inmigración y ciudadanía queda así muy bien ilustrada por la débil repercusión de los comentarios de la Comisión y del Parlamento europeos sobre las expulsiones de los romaníes llevadas a cabo este verano. El contexto político del debate francés no le otorga ninguna pertinencia institucional ni legitimidad política.

Conclusión: Estas cinco “estructuras” del debate francés sobre inmigración e integración explican en gran medida la extraña transformación del problema de Saint-Aignan (que afectaba a ciudadanos franceses) en un problema de inmigración (centrado en los romaníes de Rumanía) y la respuesta del Gobierno francés (la expulsión).

En resumen, la ecuación de trabajo del Gobierno francés se basa en:

1. La idea de una crisis del “modelo” histórico e ideológico francés.
2. La culturalización de las referencias “universalistas” de dicho “modelo”, ya que el problema provendría de la identidad de los inmigrantes (que, sin embargo, no son extranjeros).
3. La intensa politización de estas cuestiones, que hace primar a los valores (y su popularidad entre el electorado) por encima de los principios del Derecho.
4. La puesta en escena de un Estado fuerte, capaz de restaurar su autoridad en el territorio nacional a través de políticas de control de las fronteras y de la expulsión de los inmigrantes “ilegales”.
5. El débil peso de cualquier referencia europea en estas discusiones.

Estos cinco pilares del debate público y político explican cómo los romaníes de Rumanía, ya presentes en las estadísticas de las expulsiones, pero aún poco presentes en la escena pública, se han convertido en un nuevo símbolo de las políticas francesas. Esta concepción pública es, sin duda, la “novedad” del verano de 2010.

Aunque dicha concepción estaba dirigida al electorado francés, tuvo un eco internacional que el Gobierno francés, sin duda, no había previsto (ya que la práctica de las expulsiones de romaníes a Rumanía constituye una práctica constante de las políticas francesas desde hace bastantes años). Por consiguiente, esta crítica internacional tiene, definitivamente, muy pocas posibilidades de parecer hoy en día legítima a los ojos de los poderes públicos y de gran parte de la opinión pública (aunque dicha opinión pública parece estar dividida).

Lo que está aquí en juego concierne, sin duda, a las premisas de la campaña presidencial de 2012. Al igual que en 2007, parece probable que las elecciones de 2012 saquen partido de estas grandes ficciones de la “crisis” de la nación francesa (sin permitir dar con los medios para superarla).

Notas:

[1] “Sarkozy Expels Roma to Spark Memories of Gestapo”, The Times, 17/VIII/2010.

[2] Un sondeo realizado el 26 de agosto de 2010 indicaba que aunque el 42% de los encuestados se oponían a estas expulsiones, el 48% se mostraban favorables a ellas: “Les Français divisés sur l’expulsion des Roms”, Libération, 26/VIII/2010.

[3] Citado por www.liberoleans.fr, 18/VII/2010.

[4] “Déclaration de M. le Président de la République sur la sécurité, Conseil des ministres, Palais de l’Elysée, Mercredi 21 juillet 2010”, http://www.elysee.fr/president/les-actualites/declarations/2010/declaration-de-m-le-president-de-la-republique.9344.html?search=Roms. Los subrayadas son del autor.

[5] Ibid. Las asociaciones de apoyo a los viajeros condenan el anuncio de dicha reunión, considerada como “una declaración de guerra”, y recuerdan que el Comité Europeo de Derechos Sociales y el Comité de Ministros del Consejo de Europa notificó a Francia la violación de siete artículos de la Carta Social Europea, ratificada por Francia, por las condiciones de vida ofrecidas a estas comunidades (especialmente por la no aplicación de una ley relativa a la puesta a disposición de terrenos de las ciudades para acoger a los campamentos de dichas comunidades (ley Besson). El Colectivo de las asociaciones gitanas solicita “la derogación de todas las leyes discriminatorias y la actuación decidida al más alto nivel de Estado para luchar frente al racismo contra los gitanos” (“L’annonce d’une réunion à l’Élysée sur les gens du voyage déclenche la colère des associations”, Le Monde, 26/VII/2010).

[6] “Prise de fonction du nouveau préfetm, Discours de M. le Président de la Republique, Grenoble, Vendredi 30 juillet 2010”, http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2010/prise-de-fonction-du-nouveau-prefet.9399.html.

[7] Circular NOR: IOCK1017881J. Los subrayados son del autor.

[9] La Comisión consideró el 14 de septiembre que esta circular, divulgada por la prensa, era contraria a los principios fundamentales de la UE, y anunció su intención de denunciar a Francia ante los tribunales.

[9] Circular NOR: IOCK1021288J, http://ovh.softdom.com/Circulaire_du_9_ao%C3%BBt_2010.pdf, consulta 13/IX/2010.

[10] “Selon les RG, les émeutes en banlieues n’étaient pas le fait de bandes organisées”, Le Monde, 7/XII/2005.

[11] “Brice Hortefeux, les bien-pensants et la gauche milliardaire”, Le Monde, 21/VIII/2010.

[12] Se trata del “velo integral islámico” o niqab, llamado burka entre la opinión pública francesa, un atuendo que se lleva en Afganistán, incluso a pesar de que en Francia no hay mujeres que lleven el burka…

[13] En su dictamen al Gobierno de mayo de 2010, el Consejo de Estado consideraba que “una prohibición absoluta y general del uso del velo integral como tal” se encontraría “expuesta a grandes incertidumbres constitucionales y convencionales”: “Loi sur la burqa: avis défavorable du Conseil d’État”, Le Figaro, 14/V/2010.

[14] En septiembre de 2009, el ministro de Inmigración renunciaba a firmar los decretos de aplicación de esta medida prevista por la ley de 2007.

[15] Ya se han votado seis leyes, respectivamente sobre el asilo (10/XII/2003), la residencia y la nacionalidad (26/XI/2003), las expulsiones (26/VII/2004), la inmigración y la integración (24/VII/2006), los matrimonios de conveniencia (14/XI/2006) y, por último, la ley sobre el dominio de la inmigración, la integración y el asilo (23/X/2007).

[16] Secretaría General del Comité Interministerial de control de la inmigración, Rapport au gouvernement: les orientations de la politique de l’immigration, París, diciembre de 2007, p. 159.

El episodio del insulto que la semana pasada un niño dirigió al hijo de Najat el Hachmi, llamándole «moro de mierda», ha suscitado reacciones contundentes por parte de la propia escritora y de algunos expertos a los que este periódico pidió su opinión. La condena del insulto parece que es mayor en tanto que el hijo de Najat el Hachmi nació en Vic, y por lo tanto, debe considerarse a todos los efectos parte del nosotros y no de los otros. Más allá de lo absurdo que resulta este argumento -nada debería ser atenuante para no ser insultado-, entiendo que tanto la escritora como algunos expertos quieren llamar la atención sobre lo alarmante que resulta el hecho de que ni el lugar de nacimiento pueda ponerte a salvo del insulto, y de que, a pesar de tener las aulas llenas de niños y niñas inmigrantes de segunda generación, el aspecto físico o el nombre de pila sigan siendo determinantes para recibir insultos. Se alerta así sobre la no superación de la integración, sobre la racialización de las relaciones sociales y sobre los peligros que ello conlleva para la cohesión social.

No voy a entrar a valorar el episodio en cuestión. No me interesa comparar la gravedad de que a uno le llamen «moro», «polaco» o «charnego» en según qué contextos. Disponemos afortunadamente cada vez más de investigaciones sobre las relaciones sociales en las escuelas, y sabemos que el insulto basado en características fenotípicas de los alumnos, en la lengua o en la religión, es un recurso muy utilizado. Probablemente siempre fue así, pero ahora tenemos más evidencias de ello que deberían servir para conocer mejor cómo se relacionan los niños y adolescentes en las escuelas y cómo podemos gestionar las distintas formas de violencia verbal o física.

Me interesa llamar la atención sobre las razones que explican que sea tan difícil desplazar del imaginario social la identificación de los otros por sus atributos étnicos, de origen o por sus opciones lingüísticas o religiosas. Estas clasificaciones nos indican cuáles son los ejes de segmentación de las sociedades y las dinámicas de exclusión social. La mayor presencia de inmigrantes en nuestro país en la última década ha acentuado sin duda las percepciones de la diferencia basada en los atributos étnicos. Percepciones que se proyectan socialmente de distintas maneras, desde el racismo más extremo hasta las formas más sutiles de tolerancia cultural. ¿Qué es lo que mantiene estos imaginarios? A riesgo de simplificar una cuestión tan compleja, creo que pueden hallarse respuestas a tres niveles.

En primer lugar, el discurso político no ayuda en absoluto. Sea por sus silencios clamorosos o por el uso burdo de la inmigración como amenaza y fuente de votos, no ha aparecido un discurso político con suficiente fuerza que facilite la visión de los recién llegados como parte del nosotros. La pedagogía de las aportaciones económicas de la inmigración es débil y mala, y no consigue contrarrestar la visión de que «vienen a quitarnos nuestros puestos de trabajo». La rentabilidad política parece situarse mucho más en el «aquí no cabemos todos» o en la inseguridad asociada a determinados colectivos de inmigrantes. Tampoco el discurso político muestra voluntad de contrarrestar las percepciones sociales relacionadas con el acaparamiento de los servicios sociales por parte de los inmigrantes. Los datos agregados nos demuestran lo falso de esta percepción, pero nadie parece interesado en desmentirla.

En segundo lugar, los mayores emisores del rechazo de los inmigrantes son los que los tienen más cerca. Y este rechazo parece mayor cuanto mayor es la concentración numérica de estos colectivos. El insulto o el rechazo no nacen tanto de un repudio natural a los atributos étnicos, sino de un tipo de relaciones sociales complejas y a veces conflictivas que conducen a percibir al otro como amenaza o causa de todos los males. Estamos más ante un problema social que cultural. Podemos lamentar y condenar el racismo verbalizado, pero poco conseguiremos si pretendemos corregir la ideología supuestamente racista de los individuos, y sí, en cambio, si trabajamos sobre la complejidad de esas relaciones en el terreno de la vivienda, el uso de los servicios públicos, el empleo o la educación.

En relación con lo anterior, en poco o nada ayuda que los modelos de socialización escolar tengan que producirse en entornos altamente segregados. La segregación escolar en Catalunya es hoy tristemente una realidad consolidada, con algunos centros con niveles de concentración de alumnado de origen inmigrante cercanos al 100%. La pasividad política ante el problema es alarmante, y el resultado es que una presencia elevada de alumnado de origen inmigrante en determinados barrios o escuelas produce un efecto de huida o de rechazo de la población autóctona. Una escolarización segmentada por identidades difícilmente facilita la integración y menos aún desplaza del imaginario social la división entre lo propio y lo ajeno.

Todo insulto que apele a los atributos de los individuos es repudiable. Pero, dadas las circunstancias, no debería sorprendernos, aunque sí alertarnos.

The debate over Arizona’s controversial immigration law and Congress’s passage last month of another border security bill gives the impression that the only problem with our immigration policy is its inability to keep people from entering the country illegally. Not so. The country has an antiquated, jerry-built immigration system that fails on almost every count. The good news is that there is a way to replace it that will promote economic growth while reducing the flow of illegal workers.

First, work-based visas should become the norm in immigration, not the exception. The United States issues about 1.1 million green cards a year and allocates roughly 85 percent to family members of American citizens or legal residents, people seeking humanitarian refuge and “diversity immigrants,” who come from countries with low rates of immigration to the United States.

The remaining 15 percent go to people who are immigrating for work reasons — but half of these are for workers’ spouses and children, leaving a mere 7 percent for so-called principal workers, most of whom are highly skilled. No other major Western economy gives such a low priority to employment-based immigration, and for good reason: these immigrants are the most skilled and least likely to be a burden on taxpayers.

With so few slots allocated to work-based green cards, wait times continue to grow. Immigrants typically enter on temporary visas and adjust to permanent status over time. But most green card categories have strict numerical limits that fall far short of the number of immigrants on temporary visas who wish to stay. The most recent data suggest that 1.1 million approved applicants are waiting for employment-based green cards. Immigrants from China and India are among the most adversely affected because, in general, no more than 7 percent of green cards can be allotted each year to applicants from any one country.

There is a better way. Provisional work-based visas, sponsored by employers and valid as long as the holder has a job, should replace green cards as the primary path to legal immigration. These visas should not be subject to country quotas and should be open-ended, so that people who don’t seek permanent residency will not get kicked out of the country, as happens now.

The visas would be “portable” — that is, the holder wouldn’t be tied to one employer — to ensure that workers are treated fairly. But because these visas would be tied to employment, immigrants would have to leave the country if the economy deteriorated and they couldn’t find work.

In place of our current system’s lotteries and “first-come, first-served” policies, the government should hold regular auctions where companies can bid for permits to bring in foreign workers. Employers would bid highest for the most-valued workers, creating a selection mechanism that wouldn’t rely on the judgment of bureaucrats or the paperwork skills of immigration lawyers.

Separate auctions would be run for high- and low-skilled workers, because permit prices would depend on prospective wages. Bringing low-skilled workers into the program is vital to stemming illegal immigration, as the current system’s lack of sufficient visas for the low-skilled is a main reason that people cross the border illegally.

These auctions would be more efficient than the current system because they would respond to changes in labor demand. When prices rose, the government could react by increasing the number of permits, better syncing immigration with the business cycle. Work-based immigration would rise with economic growth and fall with rising unemployment.

Finally, the auctions would provide the government with new revenue in an era of huge deficits. Some of that money might be used to offset costs incurred by states or localities with large numbers of immigrants, or to retrain American workers displaced by immigration.

For the past two decades, policy makers have tinkered on the margins of the immigration system, reacting to the latest crisis or political priority. Greater emphasis on work-based immigration as part of a coherent immigration process would go a long way to enhance our economy’s competitiveness and the nation’s well-being.

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de acogida de inmigrantes, que considera el catalán como primera lengua. El nuevo código de consumo de la Generalitat también está bajo sospecha por sus exigencias lingüísticas. Podríamos pensar que la ofensiva se debe a necesidades tácticas ante la próxima convocatoria electoral. Pero, a mi parecer, se trata de impugnaciones severas de un incipiente modelo de política lingüística más ambicioso que el aplicado hasta ahora.

La lengua es, por definición, un factor de cohesión (o de discriminación) social. Esta naturaleza ambivalente determina la apertura o el rechazo de la comunidad lingüística hacia otros hablantes. La psicología social distingue, en este contexto, dos tipos de motivaciones para el aprendizaje del idioma: las motivaciones integrativas (o simbólicas) y las instrumentales. Las primeras revelan el propósito de incorporarse a un grupo lingüístico y de participar de sus aspiraciones, lo que supone la adopción de ciertos valores del nuevo grupo. Por su parte, las motivaciones instrumentales se refieren al calibre funcional del idioma, cuyo uso se adquirirá por las posibilidades de promoción y éxito socioeconómico que ofrece. Las políticas lingüísticas exitosas -como las de Israel, por ejemplo- son el resultado de combinar creativamente esta fértil ambivalencia. El caso irlandés, contrariamente, es un ejemplo de simbolización de la lengua al margen de sus usos reales. La República de Irlanda es hoy un Estado europeo con una sola lengua nacional: el inglés. La enfática declaración constitucional («La lengua irlandesa, como lengua nacional, es la primera lengua oficial de Irlanda») no ha evitado que el gaélico sea un idioma residual social y geográficamente.

Volvamos a nuestro caso. Los recursos mencionados, más allá de la humillación que representan, atentan directamente contra la normalización del uso del catalán. Por definición, la ley de acogida potencia los valores integrativos del idioma. El código de consumo, los instrumentales. Son medidas que favorecen su aprendizaje como vía de acceso a la ciudadanía plena de los nuevos usuarios. Al fin y al cabo, la lengua es un bien público que debe tender a la maximización del bienestar social de la colectividad. Como es preceptivo, esta perspectiva materialista de los usos lingüísticos exige unas políticas públicas con un cierto componente coactivo ante las imperfecciones del mercado. Como señaló Jesús Royo hace muchos años, una lengua es (también) un mercado. La normalización lingüística no consiste en el mítico y eterno retorno a un estadio anterior, sino en la vertebración de una sociedad posible dentro de la complejidad sociocultural del mundo actual. Ahora bien, una comunidad lingüística no se construye solo con una red escolar ni aun con una (excelente) cadena pública de televisión. Una política lingüística adecuada a las sociedades urbanas y posindustriales requiere pensar las funciones de la lengua dentro de la estructura social real. La novedad implica potenciar el poder cohesionador/discriminatorio inherente al idioma y asegurar que el catalán cumpla su función de ascensor social y de elemento proteccionista de un cierto mercado interior.

La identidad social catalana, lejos de fundamentarse en rasgos excluyentes, es el resultado de un sentimiento de pertenencia caracterizado por la aceptación de la diversidad y la construcción de una cultura de aluvión. El concepto de identidad como proyecto inconcluso tiene que basarse, precisamente, en la capacidad de integración de los alóctonos, lejos de las visiones xenófobas y excluyentes. Si algún homenaje merece el PSUC aún es el que se deriva de su impagable contribución en la lucha por los derechos universales de los ciudadanos de Catalunya al margen de su origen o de su lengua familiar. Desde esta perspectiva, la normalización real exige reforzar el papel que otorgan a la lengua la ley de acogida, el código de consumo o la tímida -aunque excesiva para algunos- ley Tresserras del cine. Son, a mi entender, propuestas modestas, aún inconexas, de lo que debe ser una efectiva política lingüística arrelada al medi y no a sus versiones esencialistas.

El mayor éxito de la propaganda anticatalanista consiste en hacernos creer, como ha declarado la Defensora del Pueblo en funciones, que «el catalán es un patrimonio común del que debemos enorgullecernos». Si sabemos de qué hablamos al hablar de normalización lingüística, entenderemos que el éxito sociolingüístico de nuestra empresa depende de que el uso del catalán deje de representar un simple valor añadido en un mercado global de fuerte concurrencia y pase a ser, al menos en sus usos públicos y oficiales, un requisito discriminatorio. Al fin y al cabo, el mercado -del cual, no lo olvidemos, forma parte la oferta pública- es la manera de distribuir los bienes y servicios en nuestra sociedad. Gracias a estos bienes y servicios precisamente (educación, sanidad, servicios sociales…) aprenderán el catalán los que no lo saben, y no al valor patrimonial que le otorga, por ejemplo, la ciudadana María Luisa Cava de Llano.

Arizona’s attempt to create and enforce its own immigration policy has once again amplified — and politicized — the immigration debate in this country. But the fallout of that debate extends beyond our borders. The anti-immigrant push in Arizona has further alienated our neighbors throughout Latin America, who had been hoping for better relations with the United States after President Obama’s election. We need to turn this opportunity to our advantage and engage with our neighbors throughout the Western Hemisphere.

Latin America has perhaps the greatest impact, in terms of trade and culture, on the daily lives of most Americans. U.S. exports to Latin America have grown faster in the past 11 years than to any other region, including Asia. Hispanics represent the biggest ethnic and most sought-after voting bloc in the United States. And nearly every country in North America, Central America, South America and the Caribbean now has a democratically elected government.

The time is right to leverage our trade and partnerships and advance a more collaborative relationship with our neighbors to the south. The Obama administration should consider these five steps:

– First, it should aggressively lobby Congress for a comprehensive immigration law. Such legislation would include increased border security; a crackdown on illegal hires; and an accountable path to legalization that requires the 11 million immigrants here illegally to learn English, pass a background check, pay fines and get in line behind those who are trying to enter our country legally. Illegal immigrants come to our country from Central and South America and the Caribbean. This is not just an issue with Mexico; it is a hemispheric issue that needs a comprehensive response.

– Second, as a first step to changing our policy toward Cuba, the president should issue an executive order to lift as much of the travel ban as possible. The travel ban penalizes U.S. businesses, lowers our credibility in Latin America and fuels anti-U.S. propaganda. Lifting the ban would also be a reciprocal gesture for Cuba’s recent agreement, negotiated among the Catholic Church, the Spanish government and President Ra?l Castro, to release political dissidents. Obama has taken significant steps to loosen restrictions on family travel, remove limits for remittance and expand cooperation in other areas such as expanding the export of humanitarian goods from the United States into Cuba. Loosening travel restrictions is in U.S. interests and would be a bold move toward normalization of relations with Cuba.

– Third, embark on a new Alliance for Progress with Latin America and the Caribbean, modeled on President John F. Kennedy’s vision for the hemisphere. This should not be a one-sided alliance preconceived on expansion of U.S. markets, nor an agreement that imposes a U.S. solution. We need a new partnership in which we close the gap between the haves and have-nots by addressing both human and economic needs and giving more priority to the indigenous people of this hemisphere.

The United States needs to craft a hemispheric agenda that includes and emphasizes solutions to energy demands and climate change in Latin America and the Caribbean. Perhaps we need a hemispheric agreement on renewable energy that provides the technical know-how for the Americas and dramatically expands the biofuel agreement with Brazil. We also need to move quickly toward a real carbon-trading system that would reward countries that protect their forests.

– Fourth, we should continue to seek trade agreements that are free and fair and contain strong standards on labor, the environment and human rights. Pending trade agreements with Colombia and Panama should be approved by Congress and once again establish the United States as a reliable trading partner. Additionally, the Obama administration should seek a hemispheric agreement on common labor, environmental and human rights standards. This bold move would promote our interests and image in the region.

– Finally, we need a hemispheric accord on crime and violence. In New Mexico, we are working with law enforcement at the local, state and federal levels and on both sides of our border with Mexico to share intelligence and stop the illicit trade of narcotics, illegal guns and human trafficking. These are transnational issues that involve a coordinated effort to protect the safety of law-abiding citizens of the United States and Mexico. We must not allow the immigration debate to distract from our national responsibility to engage with our neighbors in Latin America and the Caribbean. Better hemispheric relations should be a foreign policy priority, not an afterthought.

Parents, you know how it is with kids. One acts up, and so you have to focus your attention on the troublemaker and take your eye off the others. Then, when you’re not looking, another one gets out of line.

States are much the same way. The eyes of the nation are fixed on Arizona, the undisputed problem child in our national immigration debate. But there are other states where lawmakers are eager to follow Arizona’s lead and blame Washington for not solving a problem that, in truth, their own residents (i.e., employers) helped create.

At least half a dozen of the states thinking about going on this suicide run can perhaps be forgiven their ignorance because the experience of having a sizable population of illegal immigrants is new to them. In Utah, Georgia, Ohio, Maryland, Oklahoma and South Carolina, illegal immigrants are still a rather exotic import.

But then there’s Texas, which used to be part of Mexico and where lenient immigration policies toward white settlers from the South and Northeast led to a famous tenant dispute that included a dustup at the Alamo in 1836. In Tejas, Latinos are indigenous and as ubiquitous as bluebonnets. In the Lone Star State, where my mother and grandparents and great-grandparents were born and raised and where I spent five years writing about immigration and other issues for the Dallas Morning News, legislators should know better than to even flirt with the idea of adopting a divisive and dangerous law like the one in Arizona.

This was true even before U.S. District Judge Susan Bolton, in defense of the Constitution, ripped the guts out of the Arizona law by striking down its most egregious and indefensible parts. Bolton had her pick of seven lawsuits seeking to block the law’s implementation, and she based her ruling on the lawsuit filed by the Obama administration. The Justice Department argued that Arizona had exceeded its authority and trampled on powers reserved for the federal government.

Bolton agreed. She was particularly bothered by those elements of the law that all but required racial profiling by forcing police officers to arrest people they suspect are in the country illegally, made it a state crime for the undocumented to seek work, required legal immigrants to carry papers proving their status, and allowed police to detain and arrest people who could not prove their legal status. So the judge issued a preliminary injunction against those parts. The rest of the law — which did things such as making it a state crime to transport illegal immigrants — was allowed to go into effect.

So much for Gov. Jan Brewer’s bravado in telling the federal government that Arizona would “meet you in court.” This battle is far from over, and the issue is probably headed to the Supreme Court. So far, it’s Common Sense, 1, Arizona, 0.

But like the saying goes, common sense isn’t always common — even in Texas. State Rep. Leo Berman, a Republican, is drafting an Arizona-style bill for Texas and plans to introduce it next session.

Adding fuel to the bonfire, Texas Republicans recently adopted an over-the-top platform at their state convention that, among other things, encouraged the Legislature to create a Class A misdemeanor criminal offense “for an illegal alien to intentionally or knowingly be within the state of Texas,” and to “oppose amnesty in any form leading to citizenship.” Texas Republicans also want to deny citizenship to the U.S.-born children of illegal immigrants, ban day-labor work centers, limit bilingual education to three years, and deny non-U.S. citizens access to state or federal financial assistance for college.

In Texas, Latinos are forecast to make up nearly 80 percent of the population growth over the next 30 years (compared with only 4 percent for whites), and Latinos could outnumber whites by 2015, the San Antonio Express-News reported last month. What the Texas GOP drafted was a pact with the devil.

All of which leads me to ask my friends in the Lone Star State the same question my mom used to ask me growing up: “If all the other kids jumped off a cliff, would you do the same?”

Apparently they would.

Para muchos ciudadanos de Estados Unidos, la historia nacional comienza con el desembarco del Mayflower por los puritanos ingleses en 1620. No obstante, desde 1587 Walter Raleigh había fundado la colonia de Roanoke y en 1607 los ingleses se establecieron en Jamestown, Virginia. Cada país decide dónde y cuándo empieza su historia y la de lo que hoy es Estados Unidos de América suele iniciarse con las primeras colonias inglesas.

Esto, a pesar de la presencia milenaria de los pueblos originales del continente: cheyenes, pies negros, chipewas, sioux, los iroquois, los navajos y los seminolas, para solo mencionar a unos cuantos. Y si hay una historia del norte anterior a los ingleses, hay otra posterior a ellos. La negritud africana, llegada en cadenas y las migraciones más recientes de alemanes, escandinavos, italianos, irlandeses, polacos y rusos. Pasaron bajo la mirada de la Estatua de la Libertad en la Bahía de Nueva York, regalo de Francia, inaugurada en 1886 y famosa por su inscripción generosa: “Vengan las masas que ansían la libertad… Vengan los que no tienen techo… Levanto mi lámpara en esta dorada puerta”. Por la puerta del Pacífico llegaron también los migrantes asiáticos. Todos han construido Estados Unidos.

Pero hay otra historia de Norteamérica y la protagonizan los hispanoparlantes. Muchos entre ellos viven en Norteamérica desde la época colonial, como lo indican los nombres de Albuquerque, San Francisco, Los Ángeles. Otros fueron ciudadanos de la república mexicana hasta 1837- 1848. Otros más llegaron más tarde al territorio de Estados Unidos. Son los trabajadores migratorios, la inmensa mayoría de origen mexicano.

De tarde en tarde, la presencia del trabajador migratorio es objeto de denuncia y persecución. En 1994, el gobernador de California, Pete Wilson, se lució con la Proposición 187 negándole al trabajador indocumentado servicios médicos, educación y trabajo. Clásico bumerán: el trabajador mexicano en California paga 30.000 millones de dólares más en impuestos de lo que recibe en servicios. Las tres cuartas partes de la riqueza agrícola del Estado es cosechada por migrantes y California es el tercer Estado agrícola del país.

El gobernador Gray Davis, sucesor de Wilson, admitió que sin el trabajo mexicano habría escasez, inflación y precios altos en Estados Unidos.. Ello no bastó para que, una y otra vez, se propusiesen medidas discriminatorias y de fuerza. Notablemente, la iniciativa de ley Sensenbrenner de 2005 criminaliza la migración indocumentada, autoriza a la fuerza local para imponer la legislación antimigratoria y ordena la construcción de una cerca fronteriza de 700 millas.En oposición a la ley Sensenbrenner, los senadores Edward Kennedy, demócrata de Massachusetts, y John McCain, republicano de Arizona, ofrecieron la mejor iniciativa hasta ese momento (2005). Seguridad fronteriza y cumplimiento de las leyes migratorias. Eliminar los retrasos en el plan de reunificación familiar. Un nuevo programa de visas. Tres años iniciales de trabajo seguidos de libre circulación fronteriza, reunión de familias y al cabo, residencia permanente. La iniciativa Kennedy-McCain no menciona la cerca fronteriza.

Me detengo en la iniciativa Kennedy-McCain porque, hasta la fecha, ha sido la mejor. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Murió el senador Kennedy, valiente y constante defensor tanto de la ley como de los derechos del trabajador. El senador McCain fue candidato derrotado a la presidencia de la república en 2008. En vez de recurrir al elector independiente que había sido su base política, se fue a la conquista de la extrema derecha escogiendo a Sarah Palin, la salvaje gobernadora de Alaska, como cocandidato. McCain ya no regresó de la tierra de nadie. Su lastimosa campaña en Arizona ha consistido en renegar del proyecto elaborado con Kennedy y asociarse al movimiento antimigratorio.

Es precisamente en Arizona donde la más reciente campaña antimigratoria se ha manifestado con caracteres racistas extremos. La ley autoriza a la policía a detener a individuos por simple sospecha o apariencia física. Criminaliza el ofrecimiento de transporte a inmigrantes “ilegales” (¿cómo saberlo?) y a trabajadores indocumentados, que suman medio millón de personas. Las autoridades políticas y policiales de Arizona se han abocado, con saña, a aplicar medidas contra los migrantes.

O sea: se repite el caso de la California del gobernador Wilson y de él se derivan dos lecciones. La primera es que la elite de raza blanca y WASP (blancos anglosajones protestantes) se siente obligada a manifestarse con intolerancia y con miedo. Todo indica que en los próximos 40 años, Estados Unidos dejará de ser una nación WASP para ser, como la mayoría de las naciones, un país mestizo. El advenimiento del mestizaje como norma y no excepción, no excluye a Estados Unidos, y ello provoca reacciones tan febriles como las de Arizona.

La segunda es que la legislación en materia migratoria es de competencia federal. O sea, que los Estados de la Unión legislan en esta materia de manera solapada, en ausencia de normas federales y usurpando facultades.

De allí la importancia del mensaje del presidente Barack Obama hace unos días, recordando que “los inmigrantes han ayudado siempre a construir y defender” Estados Unidos. “Ser americano”, añadió el presidente, “no es asunto de sangre o de nacimiento; es asunto de fidelidad compartida a las ideas y a los valores” de la nación norteamericana.

A partir de esta exacta y tajante valoración, Obama abre el camino para la legalización de los trabajadores migratorios, respetando sus derechos humanos y favoreciendo la prosperidad de Estados Unidos. La presencia de los ilegales, añadió el presidente, es imprescindible y deportarlos no es posible. Descendencia, puestos de trabajo, integración social, pago de impuestos… Todo ello los arraiga. Lo que se requiere es una nueva ley: reglas para la legalización, aceptación de una fuerza de trabajo más joven, mejor adaptación de Estados Unidos al fenómeno globalizador y ventajas para la economía.

Estados Unidos, explicó Obama, “tiene derecho a imponer sus propias leyes de residencia y ciudadanía”. La migración ilegal tiene obligación de regularizarse. La migración, al mismo tiempo, favorece la inserción de Estados Unidos en una nueva economía internacional que al globalizar al trabajo, acabará por eliminar las barreras al trabajo.

En la economía global, añado, circulan libremente los valores y las cosas, pero no los trabajadores. La iniciativa de Obama es un paso importante en la dirección de incorporar el trabajo a la globalidad.

Lately it seems as though each day brings a new group or city council announcing that it will boycott Arizona in response to our state’s recently enacted immigration law, S.B. 1070. Many organizations and individuals are jumping on the media-hype bandwagon rather than taking the time to read the bill and research the facts.

It is not just incredibly unfortunate that cities such as Boston, San Francisco and Seattle, which are far removed from the problems that we face here on the southern border, have announced boycotts against Arizona. Frankly, it’s offensive. If such drug- and gang-related crimes were affecting public safety in Manhattan or Boston, East Coast elites would be declaring a national emergency.

But instead we have Attorney General Eric Holder, who, after criticizing S.B. 1070 and suggesting that the federal government may sue Arizona over the legislation, admitted while testifying before the House Judiciary Committee that he hadn’t actually read the bill.

And then there is President Obama, who called S.B. 1070 “misguided” despite the fact that it mirrors federal law. After significant pressure to do something about illegal immigration, Obama pledged this week to send 1,200 National Guard troops to the southern border. But this plan falls far short of real border security, and the people of Arizona will no longer be assuaged by such symbolic actions.

Americans overwhelmingly support this law, according to polls, and at least 18 other states are considering adopting similar immigration laws. In fact, Arizona’s state government has received hundreds of unsolicited donations in the mail from citizens across the nation asking us to use the money to fight illegal immigration. This sends an incredible message to our federal government that, until it steps up to protect citizens, states will have no choice but to act, as Arizona did, for our citizens’ safety.

I hope the president, the attorney general and other concerned Americans read Arizona’s legislation. If they do, they would learn that, as signed, S.B. 1070 mirrors federal law by making it a state crime to be in this country illegally, as has been the case in federal statute for decades. The trailer bill makes it crystal-clear that racial profiling is not and will not be tolerated. It also recognizes an established standard, “reasonable suspicion,” for Arizona law enforcement officials to use when determining whether a person’s presence is legal. This measure protects both the officer and the individual in question.

Furthermore, Arizona Gov. Jan Brewer issued an executive order requiring the state to use representatives from U.S. Immigration and Customs Enforcement to train our law enforcement officials, ensuring they receive appropriate training to apply federal standards. In any event, the legislation clearly states that law enforcement officials “may not consider race, color or national origin” while enforcing immigration law.

Under the law, officers can only attempt to determine a person’s immigration status during “lawful contact,” which is defined as a lawful stop, detention or arrest. Any “reasonable suspicion” can be derived only through the investigation of another violation or crime. Those who are concerned that law enforcement can simply walk up to a person and say, “Can I see your papers?” should keep this in mind.

Even California, a state home to vocal detractors of S.B. 1070 and Arizona boycotters, has a similar law on its books. I suggest critics research California Penal Code Section 834b, which states, in part: “With respect to any such person who is arrested, and suspected of being present in the United States in violation of federal immigration laws, every law enforcement agency shall do the following:

“Attempt to verify the legal status of such person as a citizen of the United States, an alien lawfully admitted as a permanent resident, an alien lawfully admitted for a temporary period of time or as an alien who is present in the United States in violation of immigration laws. The verification process may include, but shall not be limited to, questioning the person regarding his or her date and place of birth, and entry into the United States, and demanding documentation to indicate his or her legal status.”

Sound familiar?

Arizona has plenty to do fighting the effects of illegal immigration. It’s a shame that because of our efforts to protect our citizens and uphold federal law, we now have to fight ignorance, too.

La competitividad de las economías se basa en el talento de su población. Las personas aportan su capacidad creativa participando en proyectos innovadores que las organizaciones deben ser capaces de transformar en valor económico. Cada vez son más los países que apuestan por la formación de su población en los valores de creatividad, innovación y capacidad emprendedora como alimento de los respectivos sistemas productivos. Es por ello por lo que las apuestas estratégicas importantes se hacen en las políticas educativas a todos los niveles.
El conjunto de la sociedad ha tomado conciencia de que se juega su futuro en la batalla por la innovación y la competitividad, y que esta batalla se gana en el terreno de la creatividad, la formación, la cultura del esfuerzo y el trabajo en equipo. Más o menos como está haciendo el Barça de Pep Guardiola y Xavi Pascual. Como hacen ellos, se trata de cuidar la cantera y de fichar a personas con talento de todo el mundo. Se trata de tener a Messis, Bojans, Pedritos o Navarros y, también, a Pete Mickael, Dani Alves o Erazen Lorbek.

¿Cómo se puede trasladar el modelo de éxito del Barça al campo de los negocios y la economía? ¿Cómo podemos cuidar nuestra cantera, a la vez que somos capaces de atraer a personas de talento, sean de donde sean? En parte ya lo estamos haciendo, aunque no seamos del todo conscientes.
Barcelona y su área metropolitana son un polo de atracción de profesionales extranjeros. Son personas que vienen aquí a estudiar en las universidades o las escuelas de negocio y algunas de ellas se quedan a trabajar. Actualmente, en Barcelona tenemos tres de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo. IESE, Esade y EADA tienen una oferta internacional de másteres de negocios (MBA), con una participación mayoritaria de personas de otros países. Las universidades ofrecen másteres internacionales a los que vienen personas calificadas de Europa y otros continentes.
El sistema científico catalán, por otro lado, atrae a centenares de investigadores para trabajar aquí en proyectos punteros en varias áreas de conocimiento. El programa Icrea, impulsado por el conseller Andreu Mas-Colell, hace unos años, ha dado un buen resultado en forma de científicos de prestigio internacional, llegados de distintos países, que hoy están trabajando en nuestro país.

Barcelona es hoy una de las ciudades más atractivas del mundo para venir a vivir y a trabajar, y miles de personas nacidas en el extranjero han elegido esta opción. Se estima que en el área metropolitana de Barcelona actualmente viven y trabajan más de 50.000 profesionales extranjeros cualificados, en general bastante desconectados de la comunidad local. Es como el cuento Invasió sutil, de Pere Calders.
En el estudio realizado hace cuatro años por el profesor Nicholas Leon, del Imperial College de Londres, se observaba que estas personas, en general, tenían dificultades de adaptación a la comunidad local por varias razones, pero que deseaban integrarse y formar parte de esta comunidad. Utilizan mayoritariamente la lengua inglesa, y esto dificulta su relación con la mayoría de la población local. La falta de escuelas trilingües o de puestos de trabajo de suficiente nivel es otra de las limitaciones para su integración.
Se trata, pues, de fomentar la propia cantera y de atraer a los mejores de cada disciplina. Igual que hace el Barça en el deporte. En la primera condición, la cantera, es evidente que tenemos que mejorar. No estamos en primera línea europea, lo dicen los distintos estudios y las causas son complejas y difíciles de solucionar a corto y medio plazo. Debemos hacerlo, pero hay que reconocer que no es fácil.
¿Qué pasa en la atracción y retención de talento? No estamos mal, pero hay que actuar en este campo en un triple frente. Activando la atracción de talento, facilitando su aterrizaje y la posterior adaptación al entorno local y apoyando las iniciativas empresariales que es capaz de desarrollar esta población extranjera que ha decidido vivir y trabajar entre nosotros.

Representan un activo fundamental para nuestra economía. Son els altres catalans del siglo XXI. La historia ha demostrado que la emigración es, en la mayoría de los casos, una riqueza para el país de recepción. Más del 30% de las nuevas empresas del Silicon Valley están creadas por estudiantes de origen asiático. Los estudiantes extranjeros en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) están muy por encima de los de origen americano en el índice de creación de nuevas empresas. Podríamos poner muchos ejemplos similares para otros países.
Si queremos superar la crisis de la mejor forma posible, tenemos que facilitar la integración a las personas de origen extranjero que ya están aquí e intentar atraer a más personas cualificadas que nos ayuden a sacar adelante el país.

President Obama, appearing on Wednesday with Felipe Calderón, the president of Mexico, denounced Arizona’s new law on illegal immigration as “a misdirected expression of frustration over our broken immigration system.” Though the law is new, the frustration is most certainly not.

Two years ago, before the last presidential election, I interviewed people living and working in Phoenix and at the Arizona-Mexico border, and much of what I heard then echoes strongly in the debate over the Arizona law. Even then, as I sat at office desks, or in living rooms, or outside at picnic tables, the words were dramatic. The impassioned, rhythmic cadences suggested a social movement. I suspect the speakers were rehearsing the language that we are now hearing nationally.

Here are excerpts from those conversations:

Patricia Vroom, chief counsel for the United States Immigration and Customs Enforcement agency in Arizona.

Arizona doesn’t hate brown people. I think really what you’re talking about is more of a tension of “Well, wait a second here, I thought I knew that this was my land, what are you doing coming on my property and presuming to take it over?”

There’s literally thousands and thousands of people — I mean, at one point, the Border Patrol, the Tucson section, would arrest 20,000 people a week. I’ve flown over the border quite a few times in helicopters and the trash that is left by people who are coming in illegally, you could not believe it. In a wash, an area where people might have spent the night, they’ll leave plastic bags, they’ll leave backpacks, they’ll leave shoes and they’ve left their water bottles — because they typically will carry these gallon jugs of water with them. There will be plastic bags, there will be diapers.

There’s a lot of cattle that roam freely in a lot of these areas, and these animals will often be found who have died with huge distress because they will have swallowed one of these plastic bags and then it gets caught in their digestive tract and they die an agonizing death.

I mean, you’re up in a helicopter and you just see swarms of people sometimes — 150 in one place, and then you’ll see another group of 15 or 16 and then you’ll go a little bit longer and you’ll see the Border Patrol rounding up another five or six.

The drug cartels are also very much involved in human smuggling. It’s just terrible, terrible victimization of people who are being — who have allowed themselves to be smuggled because they don’t know what they’re buying into.

Miguel Calvillo, border crosser.

My father had been living here since 1985. And one day he told us that he would like us to come over so we could be all together.

Back in 1990 it was pretty easy to cross the border. We crossed right next to where the immigration officer was checking passports. Right next to it was like a big hole in the fence. It was so funny because he just stared at the side and said, “No, no, no, go back.” And then people just waited until he would get distracted so they could cross. But we were stopped within like 10 minutes. So we had to go back home, and I was excited because I really didn’t want to come, because I had a girlfriend. And then two weeks later we tried again and we made it that time.

The second time we didn’t cross through the hole; we had to jump over the fence.

And then when we got into the city, I was like, “Oh, my God.” I was in the United States, you know, looking at all the buildings and everything. And then we got into the apartment. I was expecting a big house with nice furniture, but it was totally different. It was my dad, my mom, my older brother, a family friend, my other older brother, myself and my little sister living in this studio. Because when I was a little kid and I used to read the letters my dad used to send to my mom, I mean you dream and imagine things. I imagined like they were living in this big house. We were little kids and we were dreaming about having the family all together finally.

In fact, my dad abandoned us for another woman months after he brought us here. Even though he left, he continued helping us with our documents. He submitted the applications for legal status and when he married that other woman that sped up the process because she is a U.S. citizen.

Roxana Bacon, lawyer, Phoenix (now chief counsel for United States Citizenship and Immigration Services, in Washington)

When you think about the sort of rhetoric of hate — it assumes that everybody’s packing their bags and racing north. It’s just not the case, and the kind of people who choose to immigrate are really people who look a lot like the American ideals. They’re ambitious. They’re fairly self-confident. They’re risk-takers. They’re kind of strong, hearty people. They’re usually driven because they want to protect their families, which are on the borderline of really falling apart because there’s actually no way to make any money in the country they’re sitting in. That’s the majority and then there’s a new stratum globally — very successful, capable professionals who move around mostly in the science and engineering fields.

Our housing industry, our service industry, our gardening, landscape industry, you name it — it’s been dependent for decades on Mexican labor. None of those people qualify for an employment-based visa. So when the hate mongers say, “Why can’t they wait in line? Why can’t they get a visa?” — there aren’t any visas to get! There’s no line to wait in! And that’s why everyone who knows this area of law says without comprehensive immigration reform you really aren’t going to solve any of these pop-up issues.

Joe Arpaio, sheriff of Maricopa County.

I am the elected sheriff. I don’t report to any governor, any legislature, any mayor and city council. I report directly to the people. And, remember, I’ve already retired — 32 years as a law enforcement guy. I don’t need this job. I’m not building a résumé to be the governor. I could have been the governor two times over. Everybody knows that. I just have a special link with the people I serve. The only reason I work 15 hours a day, seven days a week — and I’m not a young guy — is because I’m motivated by the people.

And when I go after a certain policy, I go full force, I don’t do it halfway. It’s controversial, but it doesn’t bother me; if people don’t like it, go vote for somebody else this year.

Phil Gordon, mayor of Phoenix.

We’ll look back and we’ll really regret the reputation that the sheriff’s actions and others had given this community that isn’t deserved. It is the voice of a few individuals. The sheriff can go into any city the sheriff wants with both his sworn officers and with posses designated by him, under the guise of crime suppression. Has done it in Phoenix a number of times, has done it in a suburb called Guadalupe, all predominantly Hispanic immigrant communities, poor social lower class. Sets up a press conference, brings in dogs, brings in helicopters, brings in SWAT teams, brings in horse patrols, and says that we are going after illegal immigrants in one sentence, and then the other sentence saying, no, we’re just going after criminals.

His crime suppression is really nothing more than crime sweeps targeting brown-skinned individuals. Stopping and arresting individuals in the middle of a block, for littering, for honking their horn too loud, for having broken tail lights, for riding a bike at night without a light, one case for driving in a car with the tread of a tire too low — pretenses to stop individuals who then have to prove that they’re here legally.

Al Garza, member of the Minuteman Civil Defense Corps, near the Arizona-Mexico border.

We’re all immigrants to some point. So my thing is rule of law. And I speak right from the, you know, I am Hispanic, of Mexican descent. We’re legal, and we’ve been legal, what, five generations.

I’m called “the Oreo.” It means that I’m brown on the outside and white on the inside. And “coconut” as well.

The Garza family especially have fought in wars. My grandfather in World War I, and he lost a brother. His son, my father, World War II. He lost two brothers. And I was in Vietnam, and I lost a cousin. So we’ve shed the blood for the United States. I am very proud of this country. We cannot afford any longer to not take the rule of law for what it’s really worth.

What I see wrong with illegal immigration is the fact that now they are going through the borders, completely unannounced, breaking the first law. Now [they have] to establish themselves in the form of documents. They look for a job. They look for a residence. They obtain fraudulent documents.

[When patrolling the border,] you bring a lounge chair in most cases, an umbrella, mosquito repellant, suntan lotion, things of this nature, water, plenty of water, a phone, a radio. Food, things of this sort.

If you’ve got a license to carry, you are welcome to bring a gun. Mexico has guns. And they also have machine guns. All we carry is a pistol.

Danny Ortega, lawyer, Phoenix.

In most cases, the way we’ve dealt with hate is not necessarily how I’d like to see it dealt with now. It’s taken somebody’s death. Take those little girls in that church in Alabama. It wasn’t till you got to that tragic point that people began to look within the rubble to try to come up with something that might prevent that from happening.

You would think that 400 deaths in the desert in one year, or close to 4,000 over several years, might get people to think about what it is we need to do as a country to support human rights. So what’s it going to take? I hope it’s not some tragic act of senseless violence that finally brings people to say: “Wait a minute, this isn’t right. That child or that man or that woman never should have died as a result of this.”

Jack Harris, chief of police, Phoenix.

We’ve had 100,000 Latinos marching right out in front of the police station here down to the capitol. It brings out a lot of the extremists on both sides. We have undercover people mixed into the crowds observing what’s going on. And the level of the rhetoric and the hatred is continuing to escalate.

And we’re very concerned that it may end up like the riots of the ’60s, where eventually somebody is going to step over the line. Many of these people who are showing up at these events are armed, carrying multiple weapons, and very, very hate-filled rhetoric.

The answers are never clear-cut. It’s never black and white. Everybody out of the country, everybody allowed in the country, those are not the answers. The answer is in the middle somewhere. And I’m very hopeful that following the election process that whoever the new president is will take on this topic and force us to come to a reasonable solution before we repeat history.

D’immenses efforts sont aujourd’hui consentis pour lutter contre les maladies graves qui sévissent dans les pays en développement. Cependant, le succès de cet effort mondial ne tient qu’à un fil ténu et de plus en plus effiloché – la pénurie catastrophique de professionnels de santé formés. Les raisons de cette pénurie massive sont nombreuses: facultés de médecine et professeurs en nombre insuffisant, systèmes de santé fragiles au sein desquels les médecins et les infirmiers luttent pour travailler efficacement, et attrait puissant des emplois mieux rémunérés offerts par les pays les plus riches qui incitent les personnels de santé à quitter leur pays natal en quête d’une vie meilleure.

La migration des professionnels de santé des pays pauvres vers les pays riches exacerbe ces pénuries. L’Afrique supporte près de 25% de la charge de morbidité mondiale, mais ne dispose que de 3% du personnel mondial pour y faire face. Les effets de cette migration pourraient anéantir la capacité des pays en développement à reconstituer leurs effectifs de personnels de santé formés, dont ils ont un besoin urgent. Par exemple, selon un représentant du Ministère de la santé du Ghana, ce pays a diplômé en 2008 70 médecins, formés dans sa Faculté de médecine bénéficiant de fonds publics, et 67 d’entre eux ont émigré.

Les solutions au défi que représente la migration des personnels de santé ne résident pas dans une limitation draconienne des droits des personnels à émigrer et ne doivent pas ignorer les intérêts légitimes des pays en développement à tirer des avantages réciproques de cette migration. En revanche, un cadre mondial éthique est nécessaire pour faire face aux réalités de la migration des personnels de santé et reconnaître les intérêts légitimes de ces personnels, des pays d’origine et des pays de destination.

Realizing Rights [que préside Mary Robinson] et les membres de son Conseil consultatif sur la politique mondiale en matière de migration des personnels de santé travaillent depuis plus de quatre ans, en consultation étroite avec l’OMS et l’Alliance mondiale pour les personnels de santé, à l’élaboration d’un projet de Code de pratique pour le recrutement international des personnels de santé. Ce Code énonce les mesures recommandées aux gouvernements et aux acteurs du secteur privé dans les domaines du recrutement éthique et des droits des travailleurs, afin de garantir que les migrations bénéficient tant aux pays d’origine qu’aux pays de destination.

Par exemple, il fournit des conseils en matière de bonnes pratiques portant sur l’accroissement de la production des personnels de santé, sur l’extension de l’aide au développement fournie par les principaux pays donateurs afin de contribuer à la formation et à la fidélisation des personnels de santé dans les pays d’origine, ainsi que sur le renforcement de l’établissement des rapports et du recueil des données par les pays en vue de suivre les progrès. Ce Code constitue un guide important des mesures à prendre au niveau mondial, régional, national et local, et représente une étape significative dans la mise en œuvre du droit à la santé.

Nous disposons aujourd’hui d’une occasion historique d’accomplir des progrès réels dans la résolution du problème des migrations des personnels de santé. Pour la première fois, il existe un large consensus interrégional sur le projet de Code de pratique. 54 représentants venus de 32 pays se sont réunis la semaine dernière à Madrid à l’occasion du Dialogue interrégional du Conseil consultatif sur la politique mondiale en matière de migration des personnels de santé. Chaque participant à cette réunion a exprimé son soutien au Code de pratique et prié instamment la communauté mondiale d’adopter celui-ci lors de l’Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra cette semaine à Genève.

L’adoption du Code de pratique constituerait une première étape cruciale dans la résolution des défis posés par la migration des personnels de santé. Une fois le Code de pratique adopté, les pays riches et les pays pauvres travailleront ensemble à la modification de leurs pratiques de recrutement, de la production et de la fidélisation des personnels de santé, ainsi qu’à la mise en place d’une aide au développement ciblée destinée aux pays les plus touchés par l’émigration des personnels de santé. Nous ne devons pas laisser passer cette occasion.

Le débat sur l’immigration est reparti aux Etats-Unis d’une façon spectaculaire : devant l’absence d’initiative nationale et la crainte, qui se renforce dans les Etats du Sud-Ouest, d’une perte de contrôle de la frontière mexicaine, la gouverneure républicaine, Jan Brewer, a signé le 30 avril la version finale de la loi SB1070 qui entre en vigueur cet été. Cette loi a suscité un scandale phénoménal outre-Atlantique. Barack Obama lui-même s’est prononcé en déclarant qu’elle mettait en cause l’héritage des libertés américaines et brisait le lien de confiance entre les citoyens et leur police. Les manifestations se sont multipliées dans le pays, ainsi que les appels aux boycotts économiques. Le Mexique a même officiellement conseillé à ses citoyens de quitter l’Arizona. Que fait cette loi pour mériter, non seulement une rebuffade présidentielle, mais toute cette attention nationale et internationale ?

Une dépêche de l’AFP présentait la loi en disant qu’elle “durcissait” le dispositif légal contre les immigrants clandestins. Mais la généralité de la formule cache une comparaison intéressante. Cette loi permet en effet à n’importe quel policier de l’Etat d’Arizona de demander ses papiers à toute personne qui serait susceptible (le texte évoque une “reasonable suspicion”) d’être un immigrant clandestin – on en estime le nombre en Arizona à 450 000 personnes.

Le choc que cela suscite en Amérique est parfaitement compréhensible. Nation d’immigrants par excellence, les Américains sont particulièrement sensibles à la question. Les premières lois qui créent un cadre global pour gérer les flux migratoires datent du début des années 1920. Avant 1921, le pays était largement ouvert, même si les Etats avaient chacun leurs lois et que l’Etat fédéral intervenait ponctuellement, par exemple contre l’immigration asiatique en 1882. Par ailleurs, le mouvement pour les droits civiques qui a balayé l’Amérique quarante ans plus tard a donné à la question raciale un statut quasiment intouchable. Toute attaque frontale basée sur des préjugés raciaux est assurée de susciter des réactions extrêmement fortes, mobilisant sans hésiter le passé discriminatoire de l’Amérique. Le constat est d’autant plus significatif dans une Amérique qui a choisi un président métis dont l’un des engagements forts, quand il était un élu local de l’Illinois, était de lutter contre les discriminations.

Dans ce contexte, une loi comme celle adoptée par l’Arizona est explosive. Le scandale porte non seulement sur le résultat mais aussi sur le critère de contrôle. Les groupes hispaniques soulignent à juste titre que ce texte permet de pratiquer le “profilage ethnique” (ethnic profiling) de sorte que des citoyens américains – et pas uniquement des clandestins – qui sont d’origine hispanique seraient susceptibles d’être contrôlés par les forces de police. L’Arizona est le seul Etat à avoir pris cette décision. Il remet à l’ordre du jour l’incapacité de l’Etat fédéral d’agir au niveau national alors que les sondages indiquent régulièrement que l’opinion publique est favorable à une réforme de la politique migratoire. En 2007 déjà, et malgré le soutien du président G.W. Bush, un projet avait échoué au Sénat. Ce compromis ne satisfaisait personne. La droite refusait en effet toute forme d’amnistie à des clandestins – les chiffres qui circulent dans les médias vont de 10 millions à 12 millions de personnes – qui n’ont pas respecté les lois. La gauche, quant à elle, refusait les mesures sécuritaires de contrôle à la frontière mexicaine. Le problème reste donc sans réponse.

AMALGAME ENTRE SÉCURITÉ ET IMMIGRATION

Le cadre législatif hérité de 1965 est dorénavant contesté par tous, mais sans qu’un nouveau consensus n’émerge pour le remplacer. Jusqu’à présent, Obama ne semble pas avoir d’incitations fortes pour agir. La réforme de l’assurance-santé en mars, et les négociations en cours sur la réglementation des institutions financières et sur le changement climatique ne laissent pas de place pour un autre débat. Non seulement les élections au Congrès sont maintenant proches mais, en outre, les démocrates, tout comme les républicains, sont extrêmement divisés. Dans ces conditions, l’immigration est appréhendée sous l’angle le plus simple, là où le consensus est le plus facile : la sécurité. En 2006, déjà, le Congrès avait adopté une loi pour construire un mur sur la frontière mexicaine. Et, en 2002, lors de la création du ministère de la sécurité du territoire (Department of Homeland Security), l’administration responsable de la gestion des immigrants, l’INS (Immigration and Naturalization Service), a été intégrée à ce nouveau ministère, quittant ainsi le ministère de la justice. Depuis lors, l’amalgame est officiel entre sécurité et immigration.

Scandaleux ? Aux Etats-Unis, sans conteste. Mais pas en Europe et, notamment, en France où n’importe quel agent de police peut demander ses papiers à quelqu’un dans la rue. Et, traditionnellement, notre ministère de l’intérieur inclut à la fois la gestion de la police et le traitement de l’immigration. Il est d’ailleurs extrêmement révélateur de voir que les médias français ne relaient absolument pas le débat qui fait actuellement rage aux Etats-Unis sur l’immigration. L’actualité américaine, vue de France, se résume à la marée noire en Louisiane – comprendre : une catastrophe de plus dans ce pays de tous les excès – et aux difficultés de la réforme financière – comprendre : les responsables ont du mal à corriger les abus de Wall Street. Comme souvent, il est plus facile de critiquer les Etats-Unis avec le sous-entendu implicite que la situation en Europe est nettement supérieure. En revanche, un débat comme celui autour de la loi d’Arizona, reste étrangement absent. Je ne peux m’empêcher d’y voir un exemple de plus de l’abondance des préjugés transatlantiques. Sur ce point bien précis, les Américains ont un débat extrêmement sain, illustrant la vitalité démocratique de leur pays, en refusant toute extension abusive des pouvoirs de police. Au moins pour cette fois, l’Amérique semble pouvoir nous donner une leçon que nous devrions méditer. Il est assez attristant de voir que les médias français laissent de côté une information qui, en présentant les Etats-Unis sous un jour positif, donne à la France le mauvais rôle.

Si es usted moreno. Si luce un gran bigote zapatista. Si es mujer y usa rebozo. Entonces ni se le ocurra vivir en o visitar siquiera el Estado norteamericano de Arizona, que oficialmente se ha declarado racista. Un racismo dirigido claramente a la población mexicana y latinoamericana en general y a partir de “perfiles” puramente raciales. Porque díganme ustedes, ¿creen que la policía de Arizona va a detener a una persona blanca, rubia y de ojos azules? Claro que no: se expondrían a un juicio legal dado que la ley prohíbe detener a nadie a causa de su apariencia física, a menos que sea moreno, o moreno y bigotón, o moreno, bigotón y hable mal el inglés. O use rebozo.

La nueva ley racista del Estado de Arizona daña a individuos inocentes. Tal es el pecado de todo racismo. Entrevistados en la televisión norteamericana, varios oficiales de la policía de Arizona se quedan sin argumentos. ¿Por qué detener a una persona de aspecto “latino”? Para asegurarse de que sus papeles estén en orden, creando la obligación de que todo moreno (bigotudo o no) lleve siempre consigo documentos de identidad como todos los grupos perseguidos. Como los judíos en la Alemania nazi.

Es decir: la nueva ley discrimina, aparta a grupos de personas en virtud de su apariencia física, elimina arbitrariamente los requisitos del debido proceso (Due process) y crea castas dentro de la sociedad interrumpiendo procesos de integración y convirtiendo la intimidación en base de una mala convivencia social. “Sólo cumplimos la ley”, declaran los policías entrevistados. Lo mismo han dicho siempre los ejecutores de políticas racistas, discriminatorias y dirigidas ad hoc contra un grupo de la sociedad. “Es la ley”.

La arbitrariedad de la ley en Arizona ha servido, sin embargo, para arrojar luz sobre numerosos temas de la “Frontera de Cristal”. Uno, muy penoso, es el de la fragilidad ideológica de ciertos políticos norteamericanos. John McCain fue autor, junto con Edward Kennedy, de la iniciativa de ley acerca de inmigración más generosa y jurídicamente fundada. Reafirmando el derecho de Estados Unidos a asegurar sus fronteras y aplicar las leyes migratorias, Kennedy-McCain también proponía apresurar el programa de reunificación de familias y un programa de visados con una nueva categoría (H-5A) que inicialmente otorgaría 400.000 nuevas visas a trabajadores. La visa temporal sería por tres años, con una extensión posible a tres años más. Especialmente, mujeres e hijos podrían cruzar la frontera para reunirse con el padre trabajador. La visa H-5A abriría el camino a la residencia permanente. Su propósito explícito sería el de “promover normas de migración circulares”.La generosidad e inteligencia de esta iniciativa contrasta brutalmente con las disposiciones de Arizona y, muy particularmente, con el chaquetazo dado por el senador McCain quien, desmemoriado, ha renegado de su pasado y ahora apoya la nueva ley de Arizona y en consecuencia, la detención arbitraria de personas “sospechosas” de ser inmigrantes ilegales. “Sospechosas” de ser judías, comunistas, anticomunistas, musulmanes, gitanos, etcétera, etcétera.

McCain se ha sumado a una iniciativa represiva y racista que niega la propia trayectoria del senador, hoy por hoy un simple oportunista que quiere derrotar con argumentos más papistas que el Papa a su opositor en las primarias y cuenta para ello con el respaldo estelar de la promotora de la intolerancia y la mentira Sarah Palin, reclutada con desesperación por el senador John McCain.

Compárese esta política de la arbitrariedad con el llamamiento del presidente Barack Obama a recuperar la vía de la legalidad a fin de obtener una nueva regulación federal del tema migratorio. Obama calificó a la ley de Arizona de “hostigamiento”. Tiene razón y está claro que la disposición del Estado de Arizona es anticonstitucional, toda vez que el tema migratorio es privativo de la Federación y no de los Estados de la Unión.

Como en otras ocasiones (la iniciativa de 1994 en el Estado de California negándoles beneficio social a los indocumentados y anulada en 1997 por un juez de distrito, por ejemplo), los tribunales superiores acabarán por eliminar la ley de Arizona. Sin embargo, la ley en cuestión anima la detención arbitraria y la discriminación racial en cuanto a los hechos.

La población de origen hispánico en Estados Unidos será, de todos modos, víctima de esta iniciativa racista. Una tercera parte de los niños pobres en Estados Unidos son latinos y el clima creado por Arizona va a entorpecer gravemente la incorporación de estos jóvenes a la sociedad política, económica y social norteamericana. Todos salen perdiendo. Todos acaban temiendo.

Dos asuntos más complican el del estatus migratorio. Uno es el de la criminalidad fronteriza. Las armas se venden en Estados Unidos, las batallas se libran en México. Las ha perdido la policía y las está perdiendo el Ejército.

El Estado mexicano se ve cada vez más débil e incierto. A los grandes traficantes sólo los derrotará, a la larga, el proceso de discriminalización o despenalización propuestos por los presidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo. Pero al corto plazo, los criminales sólo serán derrotados por fuerzas más fuertes que ellos. La Sureté francesa, la policía israelí o las brigadas del antiguo Ejército de la Alemania oriental. ¿Por qué no acudir a ellos?

Por otro lado, se está agotando el argumento mexicano a favor del trabajador migratorio. Cada vez más, nos preguntamos, ¿por qué no se quedan en México nuestros trabajadores? ¿Por qué no se les emplea en un gran programa de desarrollo nacional -un Nuevo Trato- para el empleo público en el siglo XXI?

¿Por qué, finalmente, no tiene México un gran plan de desarrollo y va dando tumbos en medio de iniciativas a medias o privadas de iniciativa?

Nuestra gran fuerza de trabajo no debe quedar atrapada entre la desocupación, la migración o el crimen.

In the absence of any real border enforcement by Fedzilla and after the emergency of the recent murder of rancher Robert Krentz, Arizonans rightfully took matters into their own hands and passed a law allowing Arizona cops to demand immigration papers from people they stop.

Good for Arizona. Other states, especially border states, should follow its lead. In short, Arizona’s new law makes it a crime to be in Arizona illegally. It’s 2010 – Good morning, America! Those people who can’t produce documentation proving they are in the country legally can be jailed up to six months and fined $2,500.

Of course, the pro-illegal-immigration crowd is going berserk that Arizona has done such a common-sense thing. These Democratic numskulls see any immigration reform measures that seek to protect our border as a threat to their future political base. You would have to be deaf, dumb and blind not to see that the grand plan of the Democrats is to entrap illegal immigrants by giving them legal status and then enslave and destroy them with numerous Fedzilla handouts and programs.

Pro-illegal-immigration weasels are protesting and yammering that this new law will lead to profiling. President Obama has weighed in and asked the Justice Department to review Arizona’s new law to see if it is legal.

Unbelievably, while our borders are largely open and being overrun, the Obama administration recently lectured Israel about expanding its communities just a few feet on land that arguably is its to expand upon.

While I applaud Arizona for its bold and brave new law, putting illegals in jail is the wrong move. That costs too much. I say Arizona should follow its own American hero, Sheriff Joe Arpaio of Maricopa County.

Sheriff Arpaio keeps crooks in a large outdoor holding facility and makes them sleep in tents. Among other things, he feeds them bologna sandwiches. I hope they are not fresh.

My good friend Sheriff Arpaio’s common-sense policies and practices drive the American Civil Liberties Union and other leftist numskulls batty. He puts smiles on the faces of Americans who still believe that pragmatism and common sense should rule the day.

Indeed, something needs to be done about illegal immigration and the 12 million to 15 million illegals who already are in America and causing a tremendous financial burden on states because of their abuse of the states’ social services and criminal justice programs. Hospitals in California and other states have closed, and jails and prisons in border states are upward of 40 percent full of illegals.

The invasion roils on.

Hospitals and social-service agencies should follow Arizona’s lead and require that those seeking services provide proof of legal residence. American taxpayers should not be required to pay for providing medical or any other services to illegal immigrants. Making us do so is the ultimate definition of insanity.

What America shouldn’t do is continue to ignore the protection of our borders. There is a growing sentiment among governors of border states that we should call out the National Guard to help secure our borders. Makes sense to me.

Both Republicans and Democrats have made immigration blunders in the past. We should learn from those mistakes and endeavor not to make the same mistakes again.

I support an open, frank and transparent debate on immigration. Let’s lay all the cards on the table and hear from all sides. I say we start with a simple admonition from President Reagan: A nation without borders will soon cease to be a nation.

Good for Arizona. It is refreshing to see that common sense still rules the day somewhere.

The substantive debate over immigration is simpler than many might think: If we cannot say no effectively, the meaning of the yes that America has always said to legal immigrants will continue to erode. The principal attraction for illegal immigrants is jobs. So preventing unauthorized employment is the linchpin of a pro-American immigration system.

But immigration politics are twisted. People who claim to want answers will reject real solution so they can continue to make noise about “the problem.” Consider the reaction to the December report from the Department of Homeland Security evaluating E-Verify. E-Verify, a system for deterring employment of illegal workers, is a voluntary federal program that is rapidly becoming mandatory — so far in Arizona and Mississippi and for federal contractors — in which a new hire’s work authorization is supposed to be verified electronically. It began as a unanimous 1994 recommendation of the bipartisan U.S. Commission on Immigration Reform. One of us served on that commission, and the other was its communications director. Not to put too fine a point on it, the electronic verification idea behind E-Verify was ours.

And we said 16 years ago that verifying documents but not identities was fatally vulnerable to fraud.

The substance and the politics of immigration grind along at a glacial pace, so we weren’t surprised to see the DHS-commissioned Westat report on E-Verify note that it fails to identify illegal workers more than half the time. In fact, Westat found that the system could fail nearly two-thirds of the time as a result of illegal workers using identities stolen from American workers.

But the reaction from the anti-immigration side of the debate was largely phony politics.

Westat documented that the problem is not legal workers who are denied jobs, a problem that is rare and easily fixed, but illegal workers who are not. The hiring of illegal workers is very common, and E-Verify has to be fixed to prevent it.

Mark Krikorian of the Center for Immigration Studies called the Westat report proof that “E-Verify’s glass is half-full.”

Nonsense. The report shows that E-Verify is a glass so thoroughly cracked that it lets illegal workers through faster than it stops them.

What a powerful incentive for impostor fraud this is: Large, organized criminal rings steal the identities of legal workers, often U.S. citizens born in Puerto Rico, and then sell or rent them to illegal workers looking for Hispanic-surnamed legal worker identities. E-Verify does for identity theft what Prohibition did for Al Capone.

Fortunately, there is an alternative. It’s called NEVA, the New Employee Verification Act. NEVA has two tiers: a mandatory, wholly electronic system that deprives employers of any discretion — a simple red light/green light that a new hire has cleared or not.

NEVA’s second tier is voluntary, with authentication linked to a biometric identification (such as a fingerprint) to empower individual Americans to protect their identities from theft. Solid conservatives such as Rep. Sam Johnson (R-Tex.) and some of E-Verify’s long-standing critics, including Rep. Paul D. Ryan (R-Wis.), support NEVA because it is a private-sector approach in which free enterprise will compete to protect privacy and security.

Key “Blue Dog” Democrats in the House, such as Gabrielle Giffords of Arizona and Dennis Moore of Kansas, also support NEVA’s alternative to the epic failures of

E-Verify.

Verifying documents without authenticating identity cannot work. Protecting identity from theft has to be the first step before any kind of ID system can work. In fact, empowering individuals to protect themselves from identity theft makes a national ID card unnecessary.

Yet restrictionists like Krikorian do not recognize documented proof of E-Verify’s catastrophic failure rate in its primary mission as a reason to support the better system already drafted into legislation. No, they attacked NEVA proponents, as if insisting on effective verification means not wanting to close the back door to illegal immigration. E-Verify’s apologists are doubling their bets when they should be throwing in their cards.

We believe in legalization as well as legal immigration. Effective verification is the key to both. The American public will not support a sensible legalization plan nor keep the front door open while the back door is off the hinges. That’s why the anti-immigration lobbies are hypocritically insisting on an E-Verify system that does not work.

On Friday, Gov. Jan Brewer of Arizona signed a law — SB 1070 — that prohibits the harboring of illegal aliens and makes it a state crime for an alien to commit certain federal immigration crimes. It also requires police officers who, in the course of a traffic stop or other law-enforcement action, come to a “reasonable suspicion” that a person is an illegal alien verify the person’s immigration status with the federal government.

Predictably, groups that favor relaxed enforcement of immigration laws, including the American Civil Liberties Union and the Mexican American Legal Defense and Education Fund, insist the law is unconstitutional. Less predictably, President Obama declared it “misguided” and said the Justice Department would take a look.

Presumably, the government lawyers who do so will actually read the law, something its critics don’t seem to have done. The arguments we’ve heard against it either misrepresent its text or are otherwise inaccurate. As someone who helped draft the statute, I will rebut the major criticisms individually:

It is unfair to demand that aliens carry their documents with them. It is true that the Arizona law makes it a misdemeanor for an alien to fail to carry certain documents. “Now, suddenly, if you don’t have your papers … you’re going to be harassed,” the president said. “That’s not the right way to go.” But since 1940, it has been a federal crime for aliens to fail to keep such registration documents with them. The Arizona law simply adds a state penalty to what was already a federal crime. Moreover, as anyone who has traveled abroad knows, other nations have similar documentation requirements.

“Reasonable suspicion” is a meaningless term that will permit police misconduct. Over the past four decades, federal courts have issued hundreds of opinions defining those two words. The Arizona law didn’t invent the concept: Precedents list the factors that can contribute to reasonable suspicion; when several are combined, the “totality of circumstances” that results may create reasonable suspicion that a crime has been committed.

For example, the Arizona law is most likely to come into play after a traffic stop. A police officer pulls a minivan over for speeding. A dozen passengers are crammed in. None has identification. The highway is a known alien-smuggling corridor. The driver is acting evasively. Those factors combine to create reasonable suspicion that the occupants are not in the country legally.

The law will allow police to engage in racial profiling. Actually, Section 2 provides that a law enforcement official “may not solely consider race, color or national origin” in making any stops or determining immigration status. In addition, all normal Fourth Amendment protections against profiling will continue to apply. In fact, the Arizona law actually reduces the likelihood of race-based harassment by compelling police officers to contact the federal government as soon as is practicable when they suspect a person is an illegal alien, as opposed to letting them make arrests on their own assessment.

It is unfair to demand that people carry a driver’s license. Arizona’s law does not require anyone, alien or otherwise, to carry a driver’s license. Rather, it gives any alien with a license a free pass if his immigration status is in doubt. Because Arizona allows only lawful residents to obtain licenses, an officer must presume that someone who produces one is legally in the country.

State governments aren’t allowed to get involved in immigration, which is a federal matter. While it is true that Washington holds primary authority in immigration, the Supreme Court since 1976 has recognized that states may enact laws to discourage illegal immigration without being pre-empted by federal law. As long as Congress hasn’t expressly forbidden the state law in question, the statute doesn’t conflict with federal law and Congress has not displaced all state laws from the field, it is permitted. That’s why Arizona’s 2007 law making it illegal to knowingly employ unauthorized aliens was sustained by the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit.

In sum, the Arizona law hardly creates a police state. It takes a measured, reasonable step to give Arizona police officers another tool when they come into contact with illegal aliens during their normal law enforcement duties.

And it’s very necessary: Arizona is the ground zero of illegal immigration. Phoenix is the hub of human smuggling and the kidnapping capital of America, with more than 240 incidents reported in 2008. It’s no surprise that Arizona’s police associations favored the bill, along with 70 percent of Arizonans.

President Obama and the Beltway crowd feel these problems can be taken care of with “comprehensive immigration reform” — meaning amnesty and a few other new laws. But we already have plenty of federal immigration laws on the books, and the typical illegal alien is guilty of breaking many of them. What we need is for the executive branch to enforce the laws that we already have.

Unfortunately, the Obama administration has scaled back work-site enforcement and otherwise shown it does not consider immigration laws to be a high priority. It is any wonder the Arizona Legislature, at the front line of the immigration issue, sees things differently?

El dolor de la banlieue no puede ser discreto. Desborda, salpica y perturba. El dolor es el malestar que cruza el surco de la desgracia en los cuerpos desocupados que no saben qué hacer de su juventud, de sus ambiciones, de sus sueños. La promiscuidad, el fracaso escolar, el desempleo segregan este malestar que desorienta y expulsa a los que lo sufren hacia la marginación, un territorio ocupado por los profesionales de la ilegalidad. Trapicheos y brutalidad.

De la mayor de las soledades (los años sesenta) se ha pasado a una especie de desamparo en que el cuerpo ya no es mutilado, sino que es expuesto a la violencia. Unos eran trabajadores inmigrantes llegados a Francia sin su mujer, los otros son franceses a quienes estos mismos inmigrantes han convertido en tales gracias a la reagrupación familiar (1974).

Los inmigrantes no se hartan. Viven o sobreviven contemplando el naufragio de su destino. Han tenido hijos para estar menos solos, para ser como los demás y luego se han dado cuenta de que todo eso se les escapa. No dominan nada, ni el tiempo que pasa ni el modo de vida de sus progenitores. Se sienten abandonados, olvidados al borde del camino. Algunos se acomodan e incluso son felices. Otros miran cómo transcurre la vida con la esperanza de que sea clemente con ellos. Cuando se les recuerda que su hijo ha muerto en una trifulca o a raíz de un acto de delincuencia, se quedan estupefactos, el cielo se les cae encima y no pueden entender por qué han sido elegidos por la desgracia. Cuando su ciudad se convierte en el teatro de arreglos de cuentas entre bandas rivales o entre estas bandas y la policía, cuando se incendian autobuses y la policía desmantela una red de traficantes de droga, los padres, los que miran desde la ventana, permanecen impotentes, sin voz, sin recursos. Quizá se les plantee esta pregunta: “¿Valía la pena el viaje?”.

De hecho, y sin tener la ingenuidad de rehacer la historia, la pregunta es cruel pero legítima. ¡Todo eso para esto! Y sobre todo no seguir confundiendo a los inmigrantes, los que hicieron el viaje, con sus hijos, nacidos en territorio francés y que tienen la nacionalidad francesa. Son estos los que se inquietan y ya no saben qué hacer con el tiempo. Obviamente los hay que salen adelante y lo consiguen pese a todos los obstáculos. Esos se alejan de la banlieue.En su caso se habla de integración. Error. Se integra al extranjero, no al indígena, al autóctono. Habría que hablar de promoción,de reconocimiento.

El otoño caliente del 2005 fue una señal de alerta. Miles de coches (muchos de ellos propiedad de inmigrantes) fueron incendiados. Fue la época del “barrido a presión” y de las promesas de limpieza en seco. Fue un llamamiento en apoyo a una generación de franceses que Francia trataba como bastardos, como hijos nacidos fuera del matrimonio. Hoy se han convertido, según palabras del ministro del Interior, en “crápulas”. Por supuesto, los traficantes de droga no son buena gente, algunos incluso se han unido al crimen organizado. ¿Pero por qué no preguntarse por qué Tremblay (comuna a las afueras de París), por ejemplo, se ha convertido en la señal de los traficantes y los delincuentes? ¿Cómo se vuelve uno delincuente si hasta ahora nadie nace con los genes de delincuente? La represión sacia un deseo de respuesta pero no arregla el fondo del problema. Se pueden “intensificar las operaciones a puñetazos”, como sugiere el presidente de la República. Eso no arreglará el problema de fondo. La banlieue,tal como fue concebida y luego desatendida, por no decir olvidada, se ha convertido en un lugar patógeno. Fuera cual fuera la población instalada en estos inmuebles daría lugar a delincuencia y violencia. Los franceses de origen inmigrante no están condenados a vivir en el retraso escolar, a provocar a la gente en la calle, a robar, a vender droga y a acabar sus días en la cárcel. Son el producto de una enfermedad producida por la indiferencia, por la pobreza, por los accidentes de la vida. Son un cuerpo enfermo y nadie, ni la derecha ni la izquierda, se ha preocupado realmente por su suerte.

Todo el mundo ha dejado que la situación se pudra. Los que se han ocupado de la banlieue y en algunos casos han triunfado en su misión son los islamistas. Por poner un ejemplo cercano: los dos estudiantes tunecinos que asesinaron al comandante Masud el 9 de septiembre del 2001 en la provincia afgana de Tajar salieron de Bélgica.

Asociaciones, familias, sociólogos han activado todas las señales de alarma pero no hay nada que hacer, nadie quiere escuchar los mensajes de alerta.

Habrá más disturbios. Tomarán formas diferentes, causarán problemas que acabarán alcanzando a varias ciudades. Hasta ahora los jóvenes encolerizados se han cebado en los bienes materiales, no han matado a nadie. Pero extienden el miedo entre los ciudadanos. Ya nadie quiere ser su vecino, y es comprensible. Es el caso de familias inmigrantes que, como franceses, ya no pueden vivir más en este infierno. Entonces el Estado no puede esperar más: los “puñetazos”, aunque sean espectaculares y necesarios, no son una política. La banlieue necesita una política de salvación a corto y a largo plazo. En eso, estudios y proyectos coinciden. Basta considerarlos con la firme voluntad de curar un gran cuerpo enfermo. En caso contrario, ya sabemos qué pasará.

La respuesta de la comisaria Cecilia Malmström a una pregunta del eurodiputado Ramon Tremosa, en relación a las pretensiones del Ayuntamiento de Vic relativas al empadronamiento de los inmigrantes, no solo ha dado alas al alcalde Josep Maria Vila d’Abadal para denunciar a los irregulares que se empadronen, sino que sigue envenenando todo el debate sobre la inmigración. Pese a que Bruselas matizó la interpretación que hacía el alcalde de la respuesta de la comisaria, y que en el artículo que ella misma publicó el día 15 en EL PERIÓDICO aclara que no le compete entrar en el debate del padrón, parece que nada va a parar a Vila d’Abadal ahora que ha recibido el apoyo de Artur Mas. El alcalde de Vic dice que hay que hablar de las cosas en lugar de taparlas, pero hay maneras de abordarlas que no ayudan a resolver los problemas. Nunca hasta ahora CiU había cuestionado el derecho a empadronarse de los irregulares, ni había solicitado expulsiones de miles de extranjeros.

Fuera con el diputado Carles Campuzano, que en 1997 asumió los debates de la ley de extranjería, fuera con el trabajo de la senadora Montserrat Candini, fuera con Àngel Colom cuando fue nombrado hace ocho años director de la oficina de la Generalitat en Casablanca, CiU defendió la creación de mecanismos de contratación en origen con una magnitud que diera respuestas a las necesidades del mercado. También apoyó las regularizaciones extraordinarias que se decretaron y, sobre todo, los mecanismos de regularización individual que se basan en unos años de permanencia en España y propuesta de contrato. Y esta permanencia se computa desde el día en que se empadronan; por ello, negar el padrón o convertirlo en intrumento de delación policial significa impedir el arraigo. Valiente y arriesgada fue la propuesta que la Generalitat pactó hace 14 años con el alcalde de Vic, Jacint Codina, a fin de cerrar dos escuelas que se habían convertido en un gueto de alumnos de origen magrebí y distribuir el alumnado. Y meritorio el trabajo de acercamiento de CiU a las asociaciones de inmigrantes realizado por Colom. Ahora, en cambio, Artur Mas no solo apoya a Vila d’Abadal, sino que toma un discurso lleno de falsedades, tal vez rentables electoralmente, que, además de ser inaplicables, engañan a la ciudadanía al proponer algo que ni él, si gobernara, podría cumplir. Así, Mas llegó a decir en la entrevista de Mònica Terribas en TV-3 que estar en España en situación irregular «era un delito», algo falso dado que es solo una falta administrativa. Mas también acusó a los gobiernos del PSOE y del PP de los desastres de la ley y su aplicación, olvidando que CiU ha dado apoyo a las propuestas del Gobierno.
CiU fundamenta su petición para expulsar a los sin papeles en la llamada directiva del retorno, que propone reducir las zonas grises de irregularidad. Dicha directiva, que aún no ha entrado en vigor, fue aprobada a propuesta de Berlusconi y Sarkozy en un momento en que ellos lideraban un discurso duro ante la inmigración. Celestino Corbacho, que en aquel momento pronosticaba la marcha de España de cientos de miles de inmigrantes, la apoyó pese a que eurodiputados como el expresidente del Parlamento Josep Borrell y Raimon Obiols votaron en contra. Pero más allá de que resulta impensable expulsar a 600.000 personas, convertir el padrón en un instrumento de delación policial solo conseguirá crear una gran zona negra con inmigrantes que dejarán de empadronarse renunciando a la cartilla sanitaria. ¿Desea Mas, si llega a la presidencia, administrar el país con cientos de miles de personas sin cartilla sanitaria?

Por su parte, Vila d’Abadal no se ha cansado de repetir que, con su propuesta de no empadronar y la voluntad de denunciarlos, pretende decir basta y poner orden. Pero esto lo hace en el momento en que la llegada de irregulares se ha frenado en seco dado que, como reconoce, de los últimos 1.000 extranjeros empadronados en Vic, solo 22 son irregulares. Parece más bien que ha iniciado esta cruzada por dos motivos. El primero es que, al asumir parte de las propuestas de Josep Anglada, intenta frenar su auge cara a las elecciones, pese a que la percepción de que hay demasiados inmigrantes no cambiaría si se expulsara a esos 22 irregulares. También puede haber otro motivo. Él aterrizó como candidato a la alcaldía tras la crisis de CiU con el anterior alcalde, Codina. Vila d’Abadal, a pesar de ser su familia originaria de Vidrà, nació y residía en Barcelona. Aunque, tras su elección como alcalde, algunos días pernocta en Osona, ha tenido que soportar críticas por su condición de barceloní. Nada más tomar posesión de la alcaldía propuso recuperar conceptos como el vigatanisme como una manera de ser que se dio en el Vic de hace un siglo. Ahora, asumiendo el discurso de quienes dicen que hay que decir basta a la inmigración, pretende convertirse en el defensor de un Vic que se siente extraño con tantos inmigrantes. Así, defendiendo la personalidad de Vic, redime su pasado barcelonés. Pero en modo alguno ayuda a resolver los conflictos que, ciertamente, hay y puede provocar que esas zonas grises se conviertan en negras.

It’s Sunday, and as usual the downtown parks and sidewalks are full of women, lounging on flattened cardboard boxes, massaging one another, painting toe nails, playing cards, chatting and napping. Hawkers wend through the rows and rows of women, peddling everything from discounted telephone calling cards to the word of God.

I share a bag of flavored peanuts with Susi Widyamti and Rita Wulandari, two women from Indonesia in their 20s, as they talk about how they miss their families, and how they’re overworked. But like many of the other women out here, they also betray a sense of pride in the financial support they provide for their distant families, and in the independence that they do not have back home.

Sunday is not just a day of reprieve from the toil of domestic work; it’s also a time to savor a new-found autonomy.

“In Java, we have to wear the headscarf,” Ms. Widyamti says. “Here we can do anything. My parents don’t know.”

Ms. Wulandari chimes in: “In Indonesia it’s very Muslim. There are so many things we can’t do. Here we can go to a disco during the day on Sunday. Here there is a lot more freedom.”

Ms. Widyamti and Ms. Wulandari are two of the nearly 271,000 foreign domestic workers — almost all women — who live and work in the homes of Hong Kong families, cooking, cleaning, taking care of children and the elderly. On Sundays, these workers are liberated from the confines of their employers’ homes; they flood downtown public spaces, their only refuge.

Hong Kong’s population of female domestic workers is part of a far greater workforce. In fact, women now comprise nearly half of the world’s cross-border migrants. Migration has been feminized, and domestic work is one of the main driving forces behind this movement.

These women leave behind husbands and children in countries like Indonesia and the Philippines, the two leading exporters of female domestic workers, and travel to the far corners of the earth, from the United States, one of the most desirable destinations, to the Middle East, one of the least desirable. For decades they have been going to Asian cities like Singapore, Kuala Lumpur and Hong Kong, helping to fuel rapidly industrializing economies.

Hong Kong has been recruiting women as domestic workers since the 1970s as increasing numbers of local women entered the workforce. The $460 per-month minimum wage for a live-in maid is affordable for many middle class and local expatriate families.

Hong Kong has one of the best legal regimes in Asia for protecting foreign workers — including a day off on Sunday.

Yet tales of abuse are easy to come by. Unscrupulous agents often charge exorbitant fees to arrange jobs; employers sometimes seize newly hired maids’ travel documents; reports of physical and sexual abuse are not uncommon.

Sheryll Apao, a 29-year-old Filipino woman, told me last summer that she was quitting her domestic worker job because her employers wouldn’t let her eat enough at dinner — a meal she usually prepared.

Rona Marlina told me that her first job — taking care of an elderly Chinese couple — was set up through an agency in her hometown of Subang, Indonesia. It lasted seven months and during all that time she was not given a single day off.

But Ms. Marlina said her current employers, a middle-aged professional Chinese couple, treat her well. They bought her a guitar, and now she gives lessons on Sundays in the park, earning a little extra money that she saves for the education of her five-year-old daughter, Milanie.

Ms. Marlina went home in December for the first time in three years. Milanie, who was in the group greeting her at the airport, asked, “Are you my mommy?”

The separation is trying, but Ms. Marlina, and thousands of women like her, are comforted by their purpose.

“I hope she will find a better job than me some day,” Ms. Marlina said. “I hope she doesn’t have to be a domestic worker.”

Xenofobia en griego significa «miedo al extranjero». Es una de las enfermedades del miedo, una de las fobias. Tiempo atrás se confundía con el miedo a los espacios abiertos –con lo que hoy llamamos agorafobia–, en contraste con la más conocida claustrofobia. Detrás del odio existe siempre el miedo, la fobia. Aunque no sea ninguna amenaza real.
Hace solo un par de decenios era corriente escuchar que los catalanes éramos inmunes a esa enfermedad, un mal propio de algunos pueblos extranjeros. Incluso uno lo identificaba solo con EEUU y Suráfrica. No era raro escuchar a gente de izquierdas decir que ciertos países, como la URSS, estaban libres de xenofobia. Acontecimientos posteriores permitieron constatar que era falso. Y lo que ha ocurrido en Salt, y antes, de forma diferente, en Vic, en Cunit y en El Vendrell, demuestra la falsedad de nuestra catalana inmunidad. La integración tradicional de los inmigrantes españoles –en gran medida muy exitosa– no permite en absoluto que la utilicemos como explicación de lo que algunos piensan que sucederá con la inmigración de hoy. No será así.

Si estamos de acuerdo con que hay que superar la xenofobia, habría que estar de acuerdo también en las vías prácticas para poder eliminarla. Para lograrlo, no estaría de más escuchar lo que la investigación sociológica ha constatado. Lo que sabemos con certeza. A la luz de lo que sabemos, para disminuir y eliminar los enfrentamientos que genera la xenofobia hay que lograr tres objetivos: la integración económica de las comunidades que son víc