En los albores del movimiento de indignados, se clamaba: “Islandia es la solución!”. Ahora, cuando se agrava la crisis financiera y se extreman los recortes sociales en Europa, Islandia crece al 2,3%, ha estabilizado su sistema financiero tras su colapso total en 2008, reducido el paro y relegitimado su sistema político mediante la preparación de una nueva Constitución con amplia participación ciudadana. Todo ello a partir de un movimiento de indignación popular que inició el 11 de octubre de 2008 el cantante Hordur Torfason y fue luego amplificado mediante internet.

Y es que Islandia se había convertido en ejemplo paradigmático de crecimiento basado en la especulación financiera. En 2007 era el quinto país más rico del mundo en renta per cápita, una riqueza generada por la rápida expansión de un sector financiero dominado por tres grandes bancos que alimentaron con crédito fácil la expansión de la demanda interna e incrementaron su capital ficticiamente usando las acciones de cada banco para comprar acciones de los otros y así aumentar su valor. El patrimonio bancario equivalía al 800% del PIB en 2007. Para ocultar sus maniobras crearon empresas en paraísos fiscales, como Luxemburgo, la isla de Man, las islas Vírgenes e incluso Cuba, a través de las cuales usaban sus capitales inflados como colaterales para pedir más préstamos internacionales. No lograron pasar desapercibidos y en 2006 Fitch devaluó la solvencia de Islandia, suscitando una minicrisis. Como reacción el Banco Central dobló sus reservas con un préstamo. Y la Cámara de Comercio contrató académicos prestigiosos como Mishkin, de la Columbia Business School, y Portes, de la London Business School, que certificaron (a cambio de jugosos honorarios) la solidez de las finanzas islandesas. El Gobierno dependía de los bancos que financiaron la campaña electoral del partido en el poder. Y los bancos practicaron la fuga hacia adelante: crearon cuentas de ahorro por internet de alto rendimiento (Icesave) y las popularizaron en el Reino Unido y Holanda. Era un típico esquema piramidal: con lo que cobraban de unos pagaban a los otros mientras durara. Por otro lado, intercambiaron títulos de deuda entre ellos (una práctica conocida como “cartas de amor”) y usaron dichos títulos como garantía para obtener préstamos del Banco Central y del Banco Central de Luxemburgo, entre otros. En abril 2008 el FMI advirtió al Gobierno que debía controlar a los bancos. La respuesta fue pedir más préstamos internacionales. En septiembre el Banco Central compró 75% de las acciones del Banco Glitnir (¿no le hace pensar en los 8.000 millones que el Estado español invirtió en la recapitalización de las cajas?). En Islandia la acción del Banco Central tuvo el efecto de destruir la confianza en el sistema financiero: en octubre de 2008 se hundió el valor de las acciones y de los precios inmobiliarios y mucha gente se quedó sin ahorros y sin empleo. Los bancos quebraron.

El pozo parecía sin fondo. Pero ahí intervinieron los ciudadanos. Miles se unieron a Torfason en su protesta ocupando la plaza Austurvollar en enero 2009 cuando el Parlamento volvía de vacaciones (que no interrumpió por la crisis). La cacerolada siguió durante días, pese a la represión policial, forzando la disolución del Parlamento y nuevas elecciones. El partido de gobierno se hundió y una alianza de socialistas y rojosverdes liderada por Johanna Sigurdardottir llegó al poder. Los tres bancos fueron nacionalizados y reestructurados. Los ahorros de los ciudadanos fueron protegidos por el Gobierno. Pero la decisión sobre las deudas a extranjeros que habían invertido especulativamente fue sometida a referéndum. El 93% de los islandeses votaron no devolver los 5.900 millones de dólares que se debían a inversores ingleses y holandeses. Lo cual obviamente generó un litigio que está ahora en los tribunales. Pero, ¿quién tiene jurisdicción en Islandia sobre la voluntad casi unánime del pueblo islandés? Los economistas de siempre vaticinaron la catástrofe. Nada de eso. La devaluación de la corona islandesa en un 40% (algo que no puede hacer Grecia) espoleó sustancialmente las exportaciones de pesca y aluminio y abarató el turismo al tiempo que limitó las importaciones. El paro descendió al 6,7%. El Gobierno adoptó medidas de austeridad pero apenas disminuyó gastos sociales porque se ahorró el costo que hubiera representado recapitalizar a los bancos. El conjunto de la economía se redimensionó a sus condiciones reales y la gente tiene empleo y ahorros seguros, paga menos en vivienda y no se endeuda porque no le prestan. Los acreedores internacionales podrían recuperar su dinero en la medida en que los bancos vendan patrimonio, pero sin dinero público. Además se establecieron controles para evitar fuga de capitales. Se pidieron responsabilidades al Gobierno anterior y el primer ministro Haarde está siendo juzgado. Se decidió hacer una nueva Constitución abierta a la participación ciudadana. Para ello, en noviembre de 2010 se designó un comité de 25 ciudadanos que supervisara el proceso constitucional. Las reuniones del comité fueron transmitidas por streaming en Facebook. En 2011, usando las redes sociales, miles de personas hicieron propuestas. 950 ciudadanos fueron elegidos al azar para discutir los ejes de la Constitución y informar en tiempo real mediante Twitter. En julio se aprobó un borrador que será debatido en las redes sociales y propuesto a referéndum.

Muchos dudan de la aplicabilidad de la solución islandesa a otros contextos. Sobre todo se desdeña la posibilidad del impago de la deuda exterior por el castigo que infligirían los mercados financieros. Y, sin embargo, se sabe que la deuda griega es impagable. El rescate griego consiste en decidir cómo se reparte el enjuague de esa deuda entre ciudadanos griegos (perdiendo sueldos y pensiones), ciudadanos europeos (que financiamos al BCE y al fondo de estabilización de la UE) y los bancos acreedores. Se trata de impago en Grecia como en Islandia. En un caso bajo control ciudadano, en otro mediante chanchullos entre gobiernos y bancos para ver quién paga qué. El secreto mejor guardado es que la eventual solución griega es la solución islandesa sin transparencia.

“La pire option a été choisie. Le vote a coupé le pays en deux” a déclaré la premier ministre, Johanna Sigurdardottir (Parti de l’alliance social-démocrate) sur la chaîne de télévision publique à l’annonce des résultats du référendum le 9 avril. Les Islandais ont en effet rejeté la nouvelle loi sur l’accord Icesave par 58,9 % de “non” et 39,7 % de “oui”. Le Sud a été, parmi les six circonscriptions du pays, la plus mobilisée contre le texte (72,9 % de “non”). La participation a été importante, s’élevant à 70 %, soit +7 points à celle enregistrée lors de la précédente consultation populaire sur la première loi sur l’accord Icesave le 6 mars 2010.

Le président de la République Olafur Ragnar Grimsson, qui a été à l’initiative de ce référendum, s’est félicité d’avoir “donné la parole au peuple”. Il a affirmé que la consultation populaire avait “renforcé la démocratie en Islande” et permis de “rendre au pays la confiance perdue lors de l’effondrement de l’économie islandaise en 2008″. Il a enfin minoré les conséquences économiques du résultat. Selon lui, la nouvelle Landsbanki, banque créée sur les ruines de l’ancien établissement financier fondateur de la banque en ligne Icesave et nationalisée à l’automne 2008, serait en mesure de verser très rapidement l’essentiel des sommes dues au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Les partisans du “non” au référendum avaient mis en avant le fait que la nouvelle loi sur l’accord Icesave constituait “une charge énorme” pour les Islandais et insisté sur le fait qu’“il n’existait aucune obligation légale pour les citoyens islandais d’assumer les pertes d’une banque privée”. Selon Eirikur Bergmann, politologue de l’université Bifrost, “la campagne du non a défendu l’identité islandaise qui ne cède pas à la pression étrangère (…) Peu importait les mérites de l’accord, les gens en ont fait une question de principe”. Le Royaume-Uni avait profondément choqué les Islandais en 2008 en utilisant sa législation anti-terroriste pour geler les actifs de la banque Landsbanki.

La nouvelle loi sur l’accord Icesave, votée par le parlement le 16 février (par 44 des 63 députés), constituait la deuxième tentative de l’Islande, du Royaume-Uni et des Pays-Bas de régler leur différend financier à l’amiable. Reykjavik doit en effet rembourser 3,9 milliards d’euros (dont 1,3 milliard à La Haye et 2,6 milliards à Londres) pour honorer la dette contractée par la banque islandaise en ligne Icesave auprès de plus de 320 000 citoyens britanniques et néerlandais. La nouvelle loi prévoyait que la période de remboursement débute en 2016 de façon à laisser le temps à l’Islande de gérer la crise actuelle sans être pénalisée par les remboursements. Elle comprenait une clause de garantie d’Etat qui conditionnait les remboursements à la performance économique de Reykjavik : ceux-ci ne pouvaient dépasser 6 % de la progression du PIB islandais.

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont exprimé leur déception face au résultat du référendum.

“Nous avons essayé d’obtenir un règlement négocié avec l’Islande et cet accord est rejeté. C’est décevant. Nous respectons naturellement la volonté du peuple islandais et nous allons devoir à présent discuter avec nos partenaires internationaux, à commencer par les Pays-Bas. Mais il semble désormais que ce processus finira devant les tribunaux” a indiqué le ministre britannique du Trésor, Danny Alexander. Son homologue néerlandais, Kees Jan De Jager, s’est déclaré “très déçu” par le rejet de l’accord, “un résultat qui n’est bon ni pour l’Islande ni pour les Pays-Bas”, a-t-il précisé. Pour Londres et La Haye, le contentieux doit désormais être porté devant la justice. Les ministres des finances ont déjà étudié les possibilités de recours pour trancher le litige devant l’Association européenne de libre-échange (AELE). Une procédure avait déjà été enclenchée par les Pays-Bas devant cette autorité, avant d’être arrêtée pour permettre aux trois Etats de négocier les conditions d’un accord. “Le stade des négociations est révolu”, a précisé le porte-parole du ministère néerlandais des finances, Niels Redeker, à l’issue du référendum. “Il y a une procédure judiciaire en cours dans le cadre de l’Espace économique européen et nous allons voir comment nous y associer. L’autorité s’est déjà prononcée en notre faveur. Maintenant que l’accord a été rejeté par les Islandais, nous retournons sur le terrain judiciaire. Nous avons l’obligation de récupérer cet argent et nous poursuivrons nos efforts jusqu’à ce que nous y parvenions”, a souligné Danny Alexander.

“LES ISLANDAIS ONT TRÈS GROS À PERDRE”

Pour de nombreux experts, la décision de l’AELE devrait être moins favorable aux Islandais que le précédent accord Icesave négocié à l’amiable. Selon Gudmundur Olafsson, professeur d’économie de l’université d’Islande, “les Islandais ont très gros à perdre”. “Si le non l’emporte, l’AELE sera saisie du conflit et cela prendra 1 an ou 2 avant de savoir comment l’affaire se terminera” indique Lee Buchheilt, avocat qui a conduit les négociations pour l’Islande avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

Par leur vote négatif, les Islandais ont désavoué leur gouvernement et leur parlement. La victoire du “non” est donc un revers pour la coalition gouvernementale dirigée par Johanna Sigurdardottir depuis la crise économique de 2008. Les leaders des partis d’opposition se sont d’ailleurs empressés de demander des élections législatives anticipées. “Le oui à l’accord est capital. Plus longtemps l’affaire Icesave restera sans solution, plus graves seront ses conséquences pour la nation islandaise”, avait déclaré la premier ministre. Selon les économistes et le gouvernement, le règlement du dossier Icesave est indispensable au retour de l’Islande sur les marchés, celui-ci étant une condition à la levée des contrôles sur les flux de capitaux imposée par les autorités pour prévenir une nouvelle chute de la couronne islandaise. Les restrictions actuelles font que 465 milliards de couronnes (2,86 milliards d’euros), soit un quart du PIB du pays, sont entre les mains d’investisseurs étrangers. L’Islande devra cependant financer son économie après l’expiration à la fin de cette année du plan de sauvetage qui lui a été accordé par le FMI. “Nous devons tout faire pour éviter un chaos politique et économique à la suite de ce résultat”, a déclaré Johanna Sigurdardottir. Enfin, la victoire du “non” est une mauvaise nouvelle pour la question de l’entrée de l’Islande dans l’Union européenne. Le différend Icesave doit en effet impérativement être réglé pour que Reykjavik puisse espérer la rejoindre. L’Islande est candidate officielle à l’adhésion depuis le 17 juin 2010.

Le gouvernement a publié le 10 avril un communiqué précisant que “le résultat du référendum n’affectera pas le début des versements par la société Landsbanki aux créanciers prioritaires, y compris aux autorités britanniques et néerlandaises”. Selon le texte, des versements partiels devraient être effectués plus tard dans l’année qui “couvriront près du tiers des fonds des créanciers prioritaires”. Le gouvernement affirme que les derniers chiffres des actifs de la société Landsbanki indiquent que la banque sera en mesure d’indemniser environ 90 % des fonds déposés.

On Saturday the Icelandic people vote in a referendum on whether the Icelandic state and thus the citizens should guarantee the so-called Icesave claim. Icesave was a bank deposit account that promised market-leading interest rates. When the bank failed, the question arose if the Icelandic depositors’ guarantee fund – a private institution financed by the banks – should have taxpayer backing. Instead of letting depositors lose their money or even wait for compensation from the bankruptcy estate, the governments of the UK and Netherlands (where the Icesave products where marketed) decided to reimburse depositors from their own countries. The reimbursement included the full principal, while the recklessly high-interest profits of the risk-seeking depositors were thrown in as a bonus.

Then the British and Dutch authorities went to the Icelandic government and claimed, with reference to EU regulation, that the compensation was in fact the responsibility of the Icelandic taxpayer and that Iceland had to reimburse the British and the Dutch in full.

The claims on Iceland are huge, considering the size of its population – £3.5bn equals a claim on the British taxpayer of £700bn. The claim is contested; it has a doubtful legal basis, and an even more doubtful moral basis.

In a similar vein, the people of Ireland, Greece, Portugal and other EU nations have had to accept a total guarantee of all loans made by commercial lenders, thus leaving both financial institutions and bondholders free of all responsibility. Why is this? Has this been discussed properly? Is the idea that taxpayers should necessarily guarantee private lenders a commonly accepted proposition? Is reckless lending supposed to be without consequence?

Instead of applying the customary methods of writing off debt, it seems that an invisible consensus has been created – reminiscent of Chomsky’s phrase of the “unconscious conspiracy” – that the financial excesses and reckless lending of the past decade shall be carried forward by the taxpayers into the unforeseeable future. As a result, citizens across Europe are facing extreme cuts in public services, tax rises and massive rises in unemployment.

Serious sovereign debt problems have, until now, been limited to developing countries, thwarting real social and economic development. But now the problems that people across some of the poorest countries in the south have been struggling with for decades are hitting home in the north.

It is in this context that the Icesave referendum is both meaningful and important for Europe and the wider world. It is evident that the democratic process is lacking. There has been no public debate to decide if taxpayers should bail out financial institutions as a matter of principle, or not. I seriously doubt that the European taxpayer thinks this is just and fair. It is not clear whether this is an ideological stance or a practical one. And if it is purely practical, is it sustainable?

The financial crisis has led to unimaginable suffering for millions of people who have lost their homes, jobs and pensions. These men and women know what these losses mean, while international financiers, bankers and bondholders walk away fully compensated, with their bonuses and surreal salaries and profits intact, as if nothing had happened. Their cynical and reckless behaviour is clearly visible, like bomb craters in the economic landscape.

The world is now looking to the Icelandic people, who have hitherto refused to accept the order of the day – unconditional bailouts of the financial sector. I hope that this commendable fighting spirit will carry the day.

Weighing up to 80 tons and almost twice the length of a school bus, the massive fin whale — known as the greyhound of the sea for its swimming speed — was the victim of decades of commercial slaughter that killed the whales by the tens of thousands each year. Then, in 1986, with the species on the brink of extinction, the nations of the world agreed to a moratorium on commercial whaling, and this magnificent animal got a reprieve.

Except, that is, in Iceland. Today, over a quarter of a century after the moratorium took effect, Iceland is escalating its hunting and trading of fin whales (and other whale species), in disregard for international law, economic reason and ecological sanity.

Last month, the Obama administration went on the offensive. Commerce Secretary Gary Locke condemned Iceland’s “defiance of the commercial whaling ban.” And, citing Iceland’s illegal trade in whale meat, whale oil and other products, Monica Medina, the U.S. commissioner to the International Whaling Commission, expressed “deep disappointment” that Iceland was “not interested in cooperative international conservation of whales.”

Conservation groups (including my own) recently petitioned the administration to formally certify Iceland as “diminishing the effectiveness” of the whaling moratorium and of another global treaty that prohibits trade in endangered species. The request seeks a response with teeth, in the form of significant U.S. trade sanctions against Iceland, and identifies specific Iceland-based seafood companies that traffic in whale products.

The petition should be granted because when it comes to whale conservation, Iceland is a world-class outlaw.

First, it unquestionably violates the international moratorium on whaling, one of the great global conservation achievements of the last century. The moratorium resulted in an exponential reduction in the number of whales killed for profit — from an annual average of more than 38,000 in 1986 to less than 1,250 today — and it is credited with saving a remarkable list of whale species, from the gigantic blue whale to the singing humpback to the California gray whale. Although hunting of fin whales has largely ceased, the species remains on the endangered list under both U.S. and international law. Iceland’s expanding annual hunt is a notable exception.

Second, trade sanctions are essential because diplomatic efforts to persuade Iceland to stop its illegal whaling and trade have failed. The U.S. government once before certified Iceland as undermining international whaling law. That was in 2004, in response to Iceland’s illegal hunting of minke whales. No trade sanctions were imposed, in the hope that diplomacy would suffice. It didn’t. Since then, Iceland has become more aggressive and more flagrant in its flouting of international conservation norms.

This year, for example, Iceland landed 60 times more edible whale meat (including both minke and fin whales) than it did in 2004, and it shipped an estimated 800 tons of whale products, almost 10 times as much as in 2008, the next highest year for exports.

Third, Iceland’s whaling ignores the best available science. The scientific committee of the International Whaling Commission, considered the foremost authority on whale conservation, has calculated the annual sustainable catch limit for the population of fin whales hunted by Iceland as just 46 animals. Nevertheless, in 2009, Iceland increased its annual fin whale quota to 150, and it killed 126 in 2009 and 148 in 2010. In other words, Iceland hunts more than three times the number of fin whales that, according to the best scientific evidence, the affected population can spare to survive.

Finally, Iceland’s illegal whaling has little, if anything, to do with need, demand, food security or apparent economic sense. Iceland’s own market for whale meat is already saturated or dying from domestic disinterest. And, according to the managing director of Hvalur, the largest whaling company in Iceland, its focus is on exports to Japan, a country glutted with whale meat from its own “scientific research whaling” program.

With whale-related tourism on the rise around the world, it’s a mystery why these countries fail to understand that there is considerably more money in watching whales than in hunting them.

The Obama administration deserves credit and our strong support for demanding an end to Iceland’s brutal, outdated and illegal slaughter of the world’s most magnificent animals. But that demand must now be enforced with real trade sanctions, with a real economic impact that Iceland can no longer ignore.

Today the leaders of the five Nordic states are meeting to discuss the possibility of creating a Nordic federal state. Ever since the Kalmar Union of the kingdoms of Denmark, Norway and Sweden – reaching to Iceland, Greenland, the Faroe Islands, Shetland and Orkney – collapsed in 1523, the idea of reinstating some sort of a supra-national Nordic state regularly crops up. Now this old idea has resurfaced in a book the Swedish history professor Gunnar Wetterberg submitted to the Nordic Council in Reykjavik today.

Wetterberg argues that together the Nordics (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, with the three micro territories the Faroe Islands, Greenland and Aland), will be stronger and more stable and prosperous than they are on their own. After Sweden and Finland joined Denmark in the European Union in 1995, leaving Norway and Iceland in the European Free Trade Association (Efta) (and within the European Economic Area, which brings them in to the European internal market), the Nordic Council has been in search of renewed purpose. Over the last 15 years the cracks have become ever more obvious in Nordic co-operation: it has been downgraded to cover soft policy issues such as culture, while economics and other hard policy has been transferred to the European level.

With a joint government and a parliament based on a common constitution, the federal Nordic state should concentrate on foreign policy and defence, the economy and the labour-market, and research, leaving most other policy areas to the regional authorities in Copenhagen, Helsinki, Oslo, Reykjavik and Stockholm. Wetterberg compares his Nordic federation to the Swiss model and links it with the creation of the UK, France, Spain, Germany and Italy, which he claims developed from a similar situation as the one now found in the Nordics. This Nordic state would have 25 million inhabitants and, because of its wealth, would be one of the larger economies in Europe, equalling that of Spain. Its economic size would secure the federation an influential seat at the G20.

The discussion on a possible federation speaks directly to the fierce debate on Europe still raging in the Nordic states. However culturally and politically homogenous they might be, the Nordics are split on different sides of the EU fence – and while Denmark, Norway and Iceland are founding members of Nato, Sweden and Finland remain neutral. Finland is the only one to have adopted the euro, and Denmark has remained defiant in the face of the continuing changes within the EU and refused to sign up to either the Maastricht treaty or the euro. The Norwegian electorate has twice rejected EU accession. And Iceland only decided to apply for EU membership last year, after the economic crash.

In addition to common European values and identities such as protection of democracy, human rights and being based on Christian heritage within a stable nation state, scholars have also identified a set of joint Nordic values and identities. They include a belief in the welfare state and high taxes, systematic corporatism between government, interested organisations and civil society. These societies are built on Protestant ethics and emphasise equality, with special focus on woman’s rights. Most of them share a similar language, and strong national sentiments can be found in all of them – put more negatively, one can even spot a joint xenophobia. Taking into account this sense of a common cultural space, the apparent difference in foreign policy becomes even more interesting.

A Nordic federation might be feasible from and economic and security perspective but if the debate on Europe tells us anything, it is that all of the Nordics guard their independence fiercely. The EU is a supra-national institution of independent states that have pooled sovereignty in specific, limited areas, but joining in a Nordic state, by definition, would end the independence of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden and create a completely new state. Wetterberg therefore proposes much greater integration than can be found in the wildest dreams of European federalists.

Interestingly, 42% of the inhabitants of the Nordic five support the idea. Ironically, the proposal has even been welcomed by many of the anti-EU movements in the Nordic states. Many of them might see the Nordic state as an alternative to the EU, but Wetterberg actually argues that it should be one of the main pillars within the EU. That would surely be the worst of both worlds for those who believe in independent Nordic states outside of the EU. After a long and hard-fought struggle for independence, Norway and Iceland finally gained sovereignty and independence from Denmark in the early 20th century, and Finland escaped from the Swedes. It’s difficult to see them surrendering to Copenhagen or Stockholm again.

It can, however, be a stimulating academic exercise to speculate about what this Nordic federal state should look like. In that spirit I propose beautiful Stockholm for a capital (the only never conquered by an foreign force), that we all share the Danish royal family (which is mostly German anyhow), that the Scandinavians return to Icelandic (the old Norse) as a common language, that we adopt the Norwegian kroner (with a stake in the large oil fund) and then, finally, bag our troubled past, hand on heart, under the Finnish flag.

Tema: Se repasa el contexto en el que se presenta la candidatura islandesa a la adhesión y se formulan propósitos respecto a cómo la Presidencia española debe gestionar eficazmente el proceso teniendo en cuenta la muy similar experiencia ampliatoria de 1995 y tratando de no romper los difíciles equilibrios actuales de la UE frente a otras solicitudes de adhesión.

Resumen: El gobierno islandés presentó por sorpresa su solicitud de ingreso a la UE a finales de julio de 2009, obteniendo el visto bueno del Consejo casi inmediatamente a pesar de la escasa mayoría parlamentaria en la que se basaba la solicitud. Con el ritmo impuesto por la Presidencia sueca, parece normal que sea España la encargada de abrir las negociaciones intergubernamentales para el ingreso de Islandia en la UE, una vez la nueva Comisión designada de acuerdo con el Tratado de Lisboa dé a conocer el Dictamen analizando los temas que van a exigir una más ardua negociación. En este ARI se repasa el contexto en el que se presenta la candidatura islandesa a la adhesión y se formulan propósitos respecto a cómo la Presidencia española debe gestionar eficazmente el proceso teniendo en cuenta la muy similar experiencia ampliatoria de 1995 y tratando de no romper los difíciles equilibrios actuales de la UE frente a otras solicitudes de adhesión.

Análisis

El contexto de la Presidencia española

España asume la Presidencia del Consejo de la UE en el primer semestre de 2010. Esta Presidencia no será igual que las tres que asumió anteriormente –en el primer semestre de 1989, el segundo semestre de 1995 y el primer semestre de 2002–, tanto por el número de miembros que componen ahora la UE como por los cambios que para la Presidencia supone la trabajosamente conseguida entrada en vigor del Tratado de Reforma firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.

Aunque las designaciones del nuevo presidente estable del Consejo Europeo y del alto representante para la Política Exterior y de Defensa Común amputarán de la Presidencia rotatoria española la dirección de una serie de elementos de política exterior comunitaria, el tema de las negociaciones con los países ya candidatos queda en manos de la Presidencia rotatoria del Consejo. Solamente las negociaciones con los países pre-candidatos –y este no es el caso de Islandia que ya es candidato firme al igual que Turquia, Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia– pasarán a gestionarse bajo la batuta del alto representante en su calidad de presidente permanente del Consejo de Asuntos Exteriores.

La Presidencia Española deberá liderar, consecuentemente, el inicio de las negociaciones con Islandia –presidiendo el correspondiente grupo de Ampliación del Consejo–, las relaciones con el Parlamento Europeo sobre la materia y su interacción con la Comisión Europea para el ejercicio de screening de los capítulos de la negociación con objeto de definir los términos en que deberá redactarse el Tratado Ampliatorio y las correspondientes Actas de Ampliación. El objetivo confesado por el comisario de Ampliación, Olli Rehn, la Presidencia sueca del segundo semestre de 2009 y el secretario de Estado español para la UE, Diego López Garrido, es que tales negociaciones puedan encauzarse debidamente para que Islandia pueda incorporarse a la UE al mismo tiempo que Croacia (como miembros 28 y 29 de la UE) en 2012, si los 27 y el propio pueblo islandés ratifican, en su momento, el Tratado y las Actas de Adhesión, cosa que, en este momento y a la vista de las encuestas sobre la posición de la opinión pública islandesa, está en el aire.

Veamos, en este contexto, la labor que deberá asumir la Presidencia española en relación a las negociaciones de adhesión de Islandia a la UE y a lo que queda de la negociación con Croacia.

La inesperada solicitud islandesa de adhesión

Hasta mediados de julio de 2009 nadie preveía que Islandia pudiera presentar su solicitud de adhesión, pues el gobierno islandés que dimitió en febrero de 2009 era un gobierno de centro-derecha con predominio del Partido de la Independencia, cuyo primer ministro Geir Haarde había negado en repetidos ocasiones cualquier intento de mayor integración de Islandia en la UE, a la que Reykiavik está ya fuertemente vinculada por ser miembro fundador del Espacio Económico Europeo(EEE) establecido por el Tratado de Oporto de 1992. Tampoco el gobierno interino de coalición formado por el pro-integración en la UE Partido Social Demócrata –encabezado por la actual primera ministra Jóhanna Sigurôardóttir– y el Partido Izquierda-Verdes –opuesto al ingreso en la UE– parecía que fuera cambiar esta idea, pues la experiencia de las Guerras del Bacalao (iniciadas en 1958 y solamente resueltas definitivamente en noviembre de 1994 por la entrada en vigor de la Zona económica exclusiva de 200 millas tras la Tercera la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) no sugerían que Reykiavik pudiera solicitar cambiar el estatus islandés en relación a la UE.

La situación cambió súbitamente tras las elecciones del 26 de abril de 2009 que confirmaron en el poder el gobierno interino que se había hecho cargo del poder en febrero de 2009 al aceptar el Grupo Izquierda-Verdes la posición pro-integración plena en la UE del Partido Social Demócrata. De todas formas, la aritmética parlamentaria no daba para mucho y el Parlamento Islandés (Althingi) –que debía dar soporte a la idea– estaba muy dividido sobre la cuestión. Finalmente, el 16 de julio de 2009 el Parlamento aceptó por solamente 33 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, que el gobierno presentara la solicitud de adhesión a la UE. Esto hizo el gobierno el 23 de julio, aprovechando la complicidad que suponía para la causa islandesa que Suecia ostentara, durante este segundo semestre de 2009, la Presidencia del Consejo de la UE y que el comisario con el dossier de la Ampliación fuera finlandés.

Todos los observadores coinciden en afirmar que la solicitud de adhesión presentada por Islandia fue consecuencia del reflejo en la isla del colapso económico mundial, que hizo que los tres grandes bancos del país quebraran y fueran renacionalizados tras haber asumido deudas equivalentes a 10 veces el PIB islandés. Es consecuencia también de la mala situación del desempleo y de la depreciación de la corona islandesa respecto al euro. Islandia pedía ingresar en la UE para acogerse lo más rápidamente posible a la zona de estabilidad que constituye la integración europea.

La mencionada complicidad de la Presidencia sueca del Consejo de Ministros, y la ausencia de países opuestos al ingreso de Islandia, hizo posible que en muy pocas fechas los 27 dieran luz verde a iniciar el procedimiento de Adhesión, cuyo primer paso fue encargar a la Comisión Europea que elaborara el Dictamen analítico de la candidatura en base a las respuestas islandesas al Cuestionario sobre las Condiciones de Adhesión presentado a Islandia por la Comisión Europea y ya respondido por Reykiavik. Es en base al Dictamen de la Comisión que el Consejo decidirá sobre la apertura de negociaciones de cara a la incorporación de Islandia a la UE. Es de esperar que el Dictamen sea hecho público por la nueva Comisión Europea –ya designada bajo los nuevos requisitos del Tratado de Lisboa– antes del final de 2009 o a principios de la cuarta Presidencia española del Consejo en enero de 2010.

La Presidencia española e Islandia

Las negociaciones de ampliación son un proceso intergubernamental entre el país solicitante y los Estados ya miembros, por lo que en los procesos ampliatorios que se han negociado hasta hoy (véase la Tabla 1) el papel de la Presidencia ha sido determinante, como lo será también la Presidencia española para el caso de Islandia. El papel de la Comisión Europea en ellas es la de actuar como facilitador, pero la última palabra la tienen siempre los Estados miembros, al no existir una competencia comunitaria específica en esta materia. El liderazgo de la Presidencia es, pues, imprescindible, respetando –esto sí– el sacrosanto principio del respeto a los criterios de Copenhague 1993 (economía de mercado, régimen democrático y capacidad para asumir el acervo comunitario) y Madrid 2002 (poder participar en los mecanismos de la UE), que se exigen a todo país europeo que quiera entrar, y a la capacidad de absorción que tenga la propia UE para admitir al candidato (criterio de Helsinki de 2006).

Islandia sabe, igual que Turquía y Croacia, que iniciaron sus respectivas negociaciones de ingreso en 2006, que para llamar a las puertas de la UE debe aceptar el Acervo Comunitario en su integridad y sabe que en las negociaciones de adhesión a lo máximo que puede aspirar es a conseguir determinados plazos para adaptarse a la normativa europea de forma progresiva.

La Presidencia española deberá, pues, lidiar con la dificultad de encauzar las soluciones transitorias que puedan plasmarse en el Tratado y Actas de Adhesión consiguiendo ‘posiciones comunes de los 27’ aceptables para Islandia en función de sus propias excepcionalidades. Teniendo en cuenta la experiencia de la ampliación de 1995, la Presidencia española debe ser consciente de que muchas veces será más difícil llegar a una posición común negociadora entre los 27, en el Grupo Ampliación del Consejo, que negociar luego tal posición común con Islandia para llegar a un texto aceptable para ambas partes. Además, ambas partes deberán someterse a los correspondientes ejercicios de ratificación a nivel parlamentario o por referéndum y hay que pensar que Islandia va a ser muy cauto a este respecto, pues su opinión pública está en contra de la adhesión solicitada por su gobierno en un 60%.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dijo tras su visita a Islandia el 17 de septiembre de 2009 –a la vista del Informe sobre las ampliaciones aprobado por el Comisión Europea el día 14– que España afronta las negociaciones con el espíritu de aceptar a Islandia como nuevo miembro de la UE pero que negociará pensando en los perjuicios pesqueros que una mala negociación podría implicarle. A estas horas, las cancillerías de los 27 están también pensando los perjuicios que podría suponerles el ingreso de Islandia si no planteasen períodos transitorios o arreglos técnicos que, sin tocar lo ‘intocable’ del Acervo Comunitario, les permitan dar su aquiescencia al ingreso de un nuevo país en el Club Europeo.

********************

Tabla 1. Incorporaciones y solicitudes de adhesión a la CE/UE

Notas:

(1) De Gaulle vetó el 14/I/1963 las candidaturas presentadas por Irlanda (31/VII/1961), el Reino Unido (9/VIII/1961), Dinamarca (10/VIII/1961) y Noruega (30/IV/1962).

(2) Tratado rechazado en referéndum por la población noruega.

(3) El gobierno del general Franco vio congelada su primera solicitud el 9/II/1962.

(4) Negociaciones de adhesión iniciadas el 12/VI/2006, pero con muchas incertidumbres.

(5) Rechazada por el Consejo por no considerarse país europeo (1/X/1987).

(6) El gobierno maltés suspendió la solicitud entre noviembre de 1996 y septiembre de 1998.

(7) Ampliación atípica por la reunificación Alemana y posterior desaparición de la RDA.

(8) Proceso frenado por el referéndum negativo del Espacio Económico Europeo.

(9) Negociaciones de adhesión comenzadas el 12/VI/2006.

(10) La Comisión Europea emitió Dictamen evidenciando carencias el 9/XI/2005.

(11) El Consejo aceptó la solicitud y encargó un Dictamen a la Comisión (27/VII/2009).

Fuente: el autor.

********************

A partir de ahí la Comisión y el Estado candidato llevarán a cabo, bajo tutela de la Presidencia española y de las sucesivas (Bélgica y Hungría), el examen analítico (screening) de la normativa europea a aplicar por Islandia y las carencias y diferencias existentes con la normativa en vigor en Islandia con la finalidad de ir estudiando los arreglos a establecer en la negociación, a nivel de suplentes y a nivel ministerial.

Es así como se irán negociando y cerrando la treintena de capítulos en que se divide el acervo comunitario para su asunción por el futuro Estado miembro. Tanto Islandia como los otros cuatro países candidatos a la adhesión ya tiene asumidos algunos de estos capítulos por razones diversas: Turquía como consecuencia de la antigua Asociación y su actual acuerdo de Unión Aduanera; en el caso de Croacia y de la Antigua República Yugoslava de Macedonia por los Acuerdos de Estabilización y Asociación en vigor; y en el caso de Islandia por estar integrada en el Espacio Económico Europeo desde que éste entrara en vigor el 1 de enero de 1994.

Capítulos de la negociación como la Unión Económica y Monetaria, con la derogación prevista de no participación inmediata en el euro, Estadísticas, Política Industrial, Pequeñas y Medianas Empresas, Ciencia e Investigación, Educación y Formación, Cultura y Política Audiovisual, Protección de Consumidores y Salud, y Política Exterior y de Seguridad Común, no suscitarán grandes reparos y serán los primeros capítulos que quedarán cerrados a la espera del acuerdo global final. Los capítulos que para Islandia van a ser más conflictivos van a ser los referidos a ciertas exportaciones agrarias, la agricultura y la pesca (cuotas, pesca de ballenas, protección de recursos y acuerdos pesqueros internacionales), la energía por la cuestión nuclear, las ayudas regionales y algunas cuestiones de medio ambiente, la participación en las instituciones por la ponderación a obtener y el capítulo presupuestario por el deseo de no ser contribuyente neto.

Una vez acordados todos los períodos transitorios y las adaptaciones técnicas a los Tratados, se clausurarán las negociaciones, pasándose los acuerdos adoptados a un grupo que llevará a cabo la redacción del Tratado y Actas de Adhesión. Una vez aceptados por el Parlamento Europeo, éstos serán firmado por los Estados miembros y el nuevo participe o participes (¿Islandia con Croacia?) para pasar, luego, a la ratificación nacional en todos y cada uno de los Estados según sus respectivos procedimientos internos.

Orientando el proceso de adhesión de Islandia

La Presidencia española está llamada, pues, a iniciar las negociaciones a la vista del Dictamen de la Comisión Europea. Este Dictamen va a mostrar que Islandia reúne ya la mayoría de las condiciones exigibles para entrar en la UE y más, pues –pese a sus dificultades financieras actuales– es un país rico con una trayectoria impecable de buen gobierno y con un pasado reciente de participación en el EEE, la mayoría de los organismos internacionales y europeos relevantes y hasta en la OTAN, además de participar en los arreglos de Schengen.

La Presidencia española verá facilitada su negociación por el hecho de que casi la mitad de los capítulos en que se divide el Acervo están ya cubiertos por el Tratado de la EEE (libertades consagradas por el mercado único; políticas de transporte, competencia leal, protección consumidores y salud, investigación y tecnologías de la información, estadísticas, legislación de empresas, etc) y hay también otros que derivan de arreglos en los que Islandia ya participa: la PESC, por la participación de Islandia en la OTAN, y el Acuerdo de Schengen.

La Presidencia española deberá también tener muy en cuenta que hay capítulos de negociación ya parcialmente cubiertos por el tratado EEE: políticas social y de medio ambiente, energía, agricultura y pesca (capítulo éste especialmente sensible para España, como ya sucediera en 1994 con la negociación con Noruega).

Hay, en cambio, temas en los que el Acuerdo EEE no ha entrado y que por tanto deberán negociarse desde cero: arancel exterior común, política de relaciones exteriores y cooperación al desarrollo, instrumentos estructurales y cohesión económica y social, política regional y fiscalidad.

Por muy rápido que se avance en la negociación, es evidente que no podrá acabar en los seis meses de Presidencia española. Con mi experiencia de la ampliación de 1995, considero que las negociaciones podrán, esto sí, ser breves y desarrollarse en, más o menos, el tiempo que fue preciso para concluir las negociaciones para el ingreso de Austria, Finlandia, Noruega y Suecia, que estaban en las mismas condiciones institucionales que Islandia tiene hoy respecto a la UE. Aquellas negociaciones iniciaron su singladura el 3 de febrero de 1993 y pudieron finalizar el 11 de abril de 1994, firmándose el Tratado de Adhesión el 24 de junio de 1994 y concretándose el ingreso en la UE de tres de los cuatro países que habían firmado el Tratado y Actas de Corfú el 1 de enero de 1995.[1] La sola diferencia respecto al ritmo negociador posible para Islandia puede verse condicionado por el escaso número de funcionarios de su administración pública y por el hecho de que la Europa de la Comisión Delors de la Europa a 12 de entonces tenía un pulso superior al de la estructura europea actual. Islandia tratará de conseguir condiciones favorables en los capítulos más sensibles para ella, invocando el precedente de Noruega, en que su electorado estaba en contra del ingreso en la UE querido por su gobierno y votó en contra de él, y que hoy también se plantea en Islandia pese a que sus sindicatos están claramente a favor de la adhesión.

La Presidencia española deberá tener en cuenta que el hecho de que Islandia sólo tenga poco mas de 300.000 habitantes dará lugar a un debate respecto a los capítulos institucional y presupuestario, teniendo en cuenta que todo Estado miembro –por pequeño que sea– goza del privilegio de tener un miembro de la Comisión Europea y de estar presente en la totalidad de las instituciones europeas con lo que esto supone para las decisiones que deban adoptarse por unanimidad. En el caso de la ampliación de 1995 se decidió, precisamente, por este motivo, marginar las solicitudes de adhesión de Chipre y Malta, que estaban ya sobre el tapete. La Presidencia española deberá empezar a proponer consensos respecto a la participación institucional de Islandia, pues tal país no había sido incluido en las previsiones institucionales del Tratado de Niza ni en el Tratado de Reforma

Por otra parte España ha declarado que la presidencia española evitará que una precipitada aceleración del proceso islandés sin contrapartida en el frente de países candidatos de los Balcanes Occidentales (Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia) o candidatos potenciales de la misma área (Albania, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Serbia y hasta Kosovo –según la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 20 de abril 2004–) pueda generar graves desavenencias entre los actuales miembros de la UE y pueda generar muchas frustraciones entre los países balcánicos, que hace tiempo aguardan la oportunidad para solicitar su adhesión a la UE.

La propuesta de la Comisión Europea de una nueva ampliación con ingreso simultáneo de Islandia y Croacia en la UE puede dar, a este respecto, una señal positiva al resto de países de los Balcanes Occidentales respecto a su futura adhesión sin, por el instante, entrar en el capítulo Turquía, que seguirá siendo la asignatura ampliatoria pendiente.

Conclusión: La Presidencia española que se inicia el 1 de enero de 2010 deberá ocuparse de muchos temas que se han podido ir planificando con tiempo pero deberá ocuparse, también, de otros temas que no se esperaban con tanta antelación. Uno de estos será el inicio de las negociaciones de adhesión de Islandia, que deberán montarse a la luz del Dictamen de la Comisión Europea, disponible a finales de 2009 o principios de 2010.

Las similitudes institucionales de Islandia con Austria, Finlandia y Suecia hacen que se pueda construir la negociación sobre la experiencia de capítulos EEE y no EEE que en la negociación de 1993-1994 se llevó a cabo.

Aún sabiendo que las negociaciones de adhesión no podrán culminarse durante la Presidencia española, Madrid deberá velar por evitar que la prisa de los “nórdicos” por hacer entrar a Islandia en la UE rápidamente, no repercuta en sus intereses pesqueros e institucionales y presupuestarios y no genere frustraciones y desavenencias con los Países de los Balcanes Occidentales, que están esperando su oportunidad para entrar en el espacio de paz y seguridad que hoy constituye la UE.

[1] Para un examen detallado de tales negociaciones en 1993-1994 véase F. Granell, “The European Union Enlargement Negotiations with Austria,,Finland, Norway and Sweden”, Journal of Common Market Studies, vol. 33/1, marzo de 1995.

De G8 en G20, beaucoup de chefs d’Etats et de gouvernements aiment à répéter que rien ne sera plus comme avant. Le monde change, la crise l’a même bouleversé ; nos façons de penser et d’agir en termes de régulation financière, de relations internationales ou d’aide au développement doivent donc, nous disent-ils, évoluer de même. Mais de nombreux exemples contredisent hélas toutes ces belles paroles. La situation dans laquelle se trouve l’Islande à la suite de l’implosion de son système bancaire et de la nationalisation en urgence de ses trois principales banques (Kaupthing, Landbanski et Glitnir) en est sans doute l’un des plus significatifs. Ce petit pays de 320 000 habitants voit peser aujourd’hui sur ses épaules 100 milliards de dollars de dettes, avec lesquelles l’immense majorité de sa population n’a strictement rien à voir et dont elle n’a pas les moyens de s’acquitter.

J’ai été amenée à m’intéresser à l’Islande en raison de mon travail de conseillère pour l’enquête pénale sur les causes de la défaillance de ses banques, à l’origine de ses difficultés. Mais mon propos ne concerne pas cette enquête ; il l’excède largement. Je ne suis par ailleurs en rien la porte-parole du gouvernement islandais, dont les responsabilités dans tout cela ne sont évidemment pas négligeables. Son prédécesseur a même été contraint à la démission, l’opinion s’étant élevée contre les collusions d’intérêt et le fonctionnement clanique des institutions, cause de tous ses maux. Emue par le destin de ce peuple méritant et attachant, et par l’absence totale de débats dans les médias européens sur le sort qui lui est réservé, je souhaite simplement attirer l’attention de l’opinion publique sur les enjeux auxquels renvoie ce dossier – des enjeux considérables et qui ne se cantonnent pas aux seuls rivages de cette île. L’attitude irresponsable de certains états, de l’Union européenne et du FMI face à l’effondrement de l’économie islandaise démontre leur incapacité à tirer les leçons de la remise en cause radicale du modèle qu’elle incarnait – celui de la dérégulation à outrance des marchés, en particulier des marchés financiers, que la plupart de ces mêmes acteurs ont contribué à mettre en place.

Prenons d’abord les exigences du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Ces pays sont concernés par la faillite des banques islandaises car ils avaient accueilli à bras ouverts leurs filiales et succursales, alors même que leurs autorités avaient été alertées, au moins partiellement, des risques qui pesaient sur ces banques. Ils exigent aujourd’hui que l’Islande leur verse des sommes astronomiques (plus de 2,7 milliards d’euros pour le Royaume-Uni et plus de 1,3 milliards d’euros pour les Pays-Bas), assorties d’un taux d’intérêt de 5,5 %. Ils estiment que c’était à elle de garantir les dépôts réalisés auprès d’Icesave, une succursale Internet de Lanbanski qui offrait des taux défiant toute concurrence. Ils ont eux-mêmes décidé de fixer cette garantie non pas à 20 000 euros environ par dépôts, comme le prévoyaient les textes européens et islandais au moment de la faillite de Landbanski – ce qui était déjà impossible à tenir pour le gouvernement islandais, qui avait très vite annoncé après avoir nationalisé ses banques qu’il ne pourrait garantir que les dépôts réalisés en Islande même – mais à 50 000 euros, à 100 000 euros par dépôt, voire au-delà. Par ailleurs, leurs mesures pour l’y contraindre sont scandaleuses. Le Royaume-Uni a ainsi commencé, dès le tout début du mois d’octobre, par une mesure de rétorsion extrême : le gel des avoirs de la banque Kaupthing, qui n’avait elle-même aucun rapport avec Icesave, en usant de sa législation anti-terroriste. Ce faisant, il mettait les Islandais, ses alliés au sein de l’OTAN, dans la même catégorie que des organisations comme Al Qaida… Et depuis, il semble peser de tout son poids pour qu’aucune aide internationale ne soit réellement mise en place au profit de l’Islande avant qu’il ait obtenu satisfaction. Gordon Brown a ainsi indiqué devant son Parlement travailler “avec le FMI” pour déterminer au mieux ce qu’il estimait être en droit de réclamer à l’Islande. Quant au FMI lui-même, non content de tarder à mettre ses prêts à disposition de l’Islande, il les assortit de conditions que l’on trouverait grotesques s’il s’agissait d’une fiction. C’est le cas avec l’objectif de ramener le déficit public de l’Islande à zéro d’ici 2013, un objectif impossible à tenir mais qui n’en entraînera pas moins d’énormes coupes dans les dépenses les plus indispensables que sont l’éducation, la santé publique, la sécurité sociale, etc. Enfin, de manière générale, l’attitude de l’UE comme d’autres Etats européens n’est guère plus recommandable. La Commission européenne a clairement pris fait et cause pour le Royaume-Uni, puisque son président a indiqué dès le mois de novembre qu’il n’y aurait pas d’aide européenne tant que le cas Icesave ne serait pas résolu ; il est vrai que M. Barroso, trop occupé par sa propre campagne et terrorisé à l’idée de se mettre à dos son principal soutien, Londres, est comme à son habitude dépassé par les événements. De même, les pays scandinaves, pourtant hérauts de la solidarité internationale, brillent avant tout par leur absence de réaction face au chantage dont est victime l’Islande – ce qui a de quoi nuancer la générosité de l’aide qu’ils lui ont promis.

M. Brown a tort quand il dit que son gouvernement et lui-même n’ont aucune responsabilité dans l’affaire. M. Brown a d’abord une responsabilité morale, ayant été l’un des principaux promoteurs de ce modèle dont on voit aujourd’hui qu’il marche sur la tête. Mais il a aussi une responsabilité dans le sens où il ne peut en réalité s’abriter derrière le statut légal d’Icesave – qui la faisait dépendre formellement des autorités bancaires islandaises – pour dire que le Royaume-Uni n’avait ni les moyens ni la légitimité pour en superviser les activités. Comment aurait-on pu imaginer que 50 personnes à Reykjavik auraient pu contrôler efficacement les activités d’une banque au cœur de la City ? C’est d’ailleurs à noter, les directives européennes consacrées aux conglomérats financiers semblent bien indiquer que les Etats membres de l’UE qui autorisent l’entrée sur leur territoire de tels établissements originaires d’un pays tiers doivent s’assurer qu’ils bénéficient d’un même degré de contrôle de la part des autorités de leur Etat d’origine que ce que les textes européens prévoient. Ainsi y a-t-il peut-être eu défaillance, sur ce point, des autorités britanniques – ce qui ne serait pas très étonnant, lorsque l’on voit les “performances” d’autres banques anglaises au cours de la crise financière, qui elles n’étaient aucunement originaire d’Islande… L’activisme de M. Brown face à ce petit pays ne s’expliquerait alors que par une volonté de paraître puissant aux yeux de ses propres électeurs et contribuables, dont les pertes ne sauraient naturellement être minorées. Répétons-le, les institutions islandaises ont évidemment de fortes responsabilités dans l’affaire. Faut-il pour autant ignorer celles tout aussi considérables des autorités britanniques, et faire peser le tout sur le seul peuple islandais ?

Surtout, l’Islande, qui ne dispose plus que de ses exportations pour tout revenu, ne pourra pas payer de telles dettes. L’accord sur Icesave que le Parlement islandais est supposé voter prochainement entraînerait pour l’Islande une dette qui équivaudrait à 700 milliards de livres sterling pour le Royaume-Uni, et à 5,6 trillions de dollars pour les Etats-Unis. De même, elle ne pourra pas supprimer son déficit en moins de cinq ans alors que ce dernier explose plus que jamais, y compris pour les grandes puissances – le Royaume-Uni et les Etats-Unis en fournissant là encore un très bon exemple. A moins de ne changer radicalement d’approche, l’Europe et le FMI s’apprêtent donc à accomplir un véritable exploit : ravaler un pays dont l’Indice de développement humain (IDH) s’était hissé en quelques décennies au plus haut niveau mondial au rang de pays pauvre… Conséquence : les Islandais, pour la plupart hautement qualifiés et polyglottes et travaillant beaucoup avec les pays nordiques, où ils sont très facilement assimilables, commencent déjà à émigrer (8 000 d’entre eux sont d’ores et déjà partis, ce qui est loin d’être négligeable). Au final, ni le FMI, ni l’Angleterre ou les Pays-Bas ne pourront être remboursés ; ne resteront plus en Islande que quelques dizaines de milliers de pêcheurs retraités, ainsi que des ressources naturelles et une position géostratégique des plus importantes et à la merci du plus offrant – la Russie, par exemple, pourrait fort bien y voir un certain intérêt.

Il existe pourtant des solutions alternatives. Les pays de l’Union européenne auraient ainsi pu réfléchir à un mécanisme permettant de mieux prendre en compte leurs propres responsabilités dans l’affaire, à vraiment mieux réguler les marchés financiers, voire à répercuter sur eux-mêmes, pour avoir failli dans leurs missions de supervision bancaire, une partie au moins de cette dette – ce que les textes européens n’interdisent en rien. Ils auraient pu proposer à l’Islande, qui n’a évidemment aucune expérience en la matière, de l’assister dans l’enquête qu’elle cherche à mener pour comprendre ce qui s’est réellement passé et analyser en profondeur les causes de ce désastre ; ils auraient même pu en profiter pour lancer pour eux-mêmes une réflexion autour d’un parquet européen en charge des affaires concernant la grande criminalité transnationale, notamment financière – ce que là encore les textes européens permettent d’envisager. Et de même, le FMI et son directeur général auraient pu profiter de cette occasion pour revoir en profondeur le type de conditionnalités qu’il adjoint à ses prêts. Ils auraient pu les rendre plus réalistes, plus soucieuses de long terme, et leur permettre d’intégrer un minimum de considérations sociales. Cela aurait été un premier pas vers une réelle réforme des institutions multilatérales de ce type et des procédures de solidarité internationale – et pour M. Strauss-Kahn lui-même l’occasion de se constituer enfin un bilan à la tête du FMI.

Porter ce débat demandera évidemment beaucoup de temps et d’énergie, et une très grande vigilance – notamment au Parlement européen, où les discussions devraient être animées au cours des prochains mois. La présidence suédoise de l’UE ne semble en effet pas pressée de mieux réguler les secteurs financiers, et de plus les commissions à dominante économique du Parlement sont plus que jamais dominées par les libéraux – notamment des libéraux britanniques. Mais les outils, les leviers existent pour véritablement faire avancer les choses ; et pour qu’enfin une catastrophe comme celle de l’Islande puisse susciter une réponse internationale qui ait du sens, et non plus les pressions irresponsables et cyniques que nous pouvons voir encore aujourd’hui.

Con el débil respaldo parlamentario de 33 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones en su Parlamento, el Gobierno de Islandia presentó solicitud de adhesión a la Unión Europea el pasado 23 de julio, aprovechando que su valedor, Suecia, ostenta la presidencia del Consejo de la UE. La solicitud ha caído bien. El Consejo de Ministros del 27 de julio aceptó la demanda encargando a la Comisión Europea que elabore el preceptivo dictamen sobre la “integrabilidad” de Islandia a Europa.

Islandia, con 315.000 habitantes, un alto nivel de vida y un alto indice de desarrollo humano, no es una recién llegada a la integración europea. Ya en 1970 entró en la entonces importante Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) que se había formado en 1960 después de que el Reino Unido decidiera permanecer al margen de la Comunidad Europea creada por el Tratado de Roma de 1957. Islandia sigue siendo hoy miembro de la EFTA junto a Suiza, Noruega y Liechtenstein y completa su vertebración en Europa participando en el Espacio Económico Europeo (EEE) formado por los países miembros de la UE y Noruega, Liechtenstein y ella misma. Pese a lo reducido de su administración pública, Islandia es miembro de todas las grandes instituciones internacionales y las europeas.

¿Por qué, pues, el Gobierno islandés ha decidido ahora solicitar su ingreso en la Unión Europea? ¿Es que no tenía bastante con el “todo menos las instituciones” que de hecho supone formar parte del Espacio Económico? ¿Es que su Gobierno ha medido suficientemente el esfuerzo que para su diplomacia significaría tener que atender la participación en todas las reuniones que la UE realiza regularmente en Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo y hasta en otras sedes que albergan determinadas agencias europeas? ¿Es que el Gobierno islandés está seguro de que obtendrá la ratificación de las condiciones de acceso que lleguen a establecerse tras las negociaciones que se abrirán después de que la Comisión elabore el dictamen que le ha encargado el Consejo de Ministros, teniendo en cuenta el estrecho margen de mayoría parlamentaria en que basó su solicitud de ingreso?

La respuesta a todas estas preguntas no es fácil. La demanda de adhesión más parece responder al deseo del Gobierno de Reykjavik de no estar solo y cobijarse en el “paraguas” europeo de cara a la crisis financiera en la que su país está atrapado desde 2008, que a una vocación europeísta. Islandia ha tenido que pedir préstamos de hasta 6.000 millones de dólares aportados conjuntamente por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y algunos países amigos encabezados por sus compañeros escandinavos, pero sabe que el paraguas comunitario sería una garantía adicional para resolver sus problemas.

Para la UE aceptar a Islandia no resulta problemático si acepta los criterios de Copenhague exigidos para los Estados europeos que pretendan entrar en el club (estado de derecho democrático, economía de mercado en funcionamiento y asunción de la normativa europea en su integridad). Islandia, de hecho, ya tiene asumida una parte importante de la treintena de capítulos en que se divide la normativa europea de ampliaciones por su condición de país miembro del EEE.

Por otra parte aceptar una economía rica de sólo 315.000 habitantes dentro del contexto de una Unión de 27 miembros con casi 500 millones de habitantes no parece que vaya a tener grandes consecuencias económicas.

Por último, Europa tiene una amplia experiencia de ampliaciones: la de 1973 (Reino Unido, Dinamarca e Irlanda); las de los ochenta con ingreso de tres ex dictaduras mediterráneas (Grecia, Portugal y España); la de 1990 con la reunificación alemana; la de 1995 con tres países de la EFTA (Austria, Finlandia y Suecia); la de 2004 con siete países ex comunistas (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia) y tres mediterráneos (Eslovenia, Chipre y Malta), y la de 2007 con dos países del Mar Negro (Bulgaria y Rumania), amén de estar ahora negociando el ingreso de Croacia y la Antigua Republica Yugoslava de Macedonia y la muy conflictiva posible incorporación de Turquía.

Para Islandia la situación se presenta más complicada pese a haber aceptado ya en 1993 todas las políticas europeas y normas de mercado interior incluidas en el Tratado de Oporto creador del EEE. Un país que quiera entrar en la Unión Europea puede negociar plazos y periodos transitorios, pero debe aceptar la normativa europea en su integridad, incluida, por ejemplo, la apertura de sus ricos caladeros a los pesqueros europeos, así como ser parte del juego presupuestario como país rico que es y participar en todas las instituciones comunitarias con personal suficiente.

El Gobierno islandés sabe que Noruega llegó a firmar sendos tratados de adhesión en 1972 y 1994 pero sus ciudadanos los rechazaron en referéndum. Ni Islandia ni Europa pueden, pues, caer en triunfalismos y habrá que ir viendo si una nueva ampliación con Islandia, Croacia y Macedonia llega a hacerse realidad próximamente. En cualquier caso, Turquía seguirá siendo un asunto aparte.

Two issues have dominated the agenda in the Icelandic parliament during this extraordinarily political summer: a government proposal to apply for EU membership and the agreement over the Icesave accounts. Both issues need the parliament’s blessing and both have put great strain on the new leftwing coalition government which came into power after the saucepan revolution earlier this year – when the former right-of-centre coalition government collapsed.

Today the parliament passed the EU application proposal which will in all likelihood be submitted to the Swedish presidency when the council meets in Stockholm this month.

Until the collapse of the whole banking system last autumn Iceland was in no hurry to join the EU and seemed quite happy with its de-facto membership through the EEA agreement, which brings Iceland into the European single market but without representation in EU institutions.

This situation was brought about by the leading conservative Independence party. Its leaders saw the benefits of participating in the EU market, but due to its conservative ideas on Iceland’s sovereignty and independence they kept the country out of the EU and subsequently away from the safety net that the euro and other institutional mechanisms bring to EU members. So when the international financial crisis hit Iceland not only did the country’s oversized banks come crashing down, but the krona instantly went in to freefall too, with devastating effect for the general public.

Most economists now agree that it’s virtually impossible to stabilise Iceland’s tiny currency: the euro is therefore luring Iceland in to the EU at this point. There is, however, a twist to the story: the recently signed agreement with the UK and Holland over the Icesave accounts could still halt Iceland’s EU membership process and even kill off the newly established government if refused by the parliament.

Not since the old treaty of 1262, when Iceland came under Norwegian rule, has an agreement proved so unpopular. Many Icelanders feel that the Icesave agreement has been forced up on them by the powerful UK government, which has used its influences in international institutions such as the IMF to block Iceland from receiving foreign help in this ongoing crisis.

After the Icelandic economy crash the country went from being debt-free to owing more than 200% of its GDP in foreign currency. With the Icesave agreement, Icelanders are to pay more per capita for the reckless behaviour of private banks, owned and controlled by a handful of Icelandic passport holders living in London, than the Germans were forced to pay with the Versailles treaty.

Icelanders are not only angry with the governments of the UK and Holland, but also with their own government. It is a widespread belief in the country that this ill-received agreement is a result of Icelandic amateurs coming up against shrewd British and Dutch professionals who were able to manipulate the inexperienced Icelandic negotiators. It’s easy to see why some of the coalition’s backbenchers may find it tempting to refuse to ratify the agreement in parliament.

However, unilaterally refusing the agreement may have devastating effects. It is widely understood in Iceland that pending loans from the IMF and neighbouring states are indeed subject to resolving the Icesave dispute. The fact that the EU has stopped membership negotiations with Croatia due to its dispute with Slovenia, an EU member since 2004, over the Piran area, also illustrates how the UK government could treat Iceland in its own membership negotiations.

But there is still a real chance that the Icesave agreement will be refused by parliament, which would then not only intensify the dispute between Iceland and the UK but also complicate Iceland’s EU application, which the Icelandic parliament has only just agreed on.

Estamos asistiendo a la caída de un mundo y resulta que el único país donde la gente ha sido capaz de echar a su gobierno por golfo y por incompetente es Islandia. Trescientos y pico mil habitantes en un territorio tres veces mayor que Catalunya. Llevaban años exhibiendo musculatura y resultó que todo era una gran estafa; me refiero al nervio ciego de la economía, aquel de las finanzas, donde se manifestaba la efervescencia de una nación. Puta mentira; los banqueros eran unos trileros de fortuna, que habían puesto toda la riqueza del país jugándosela a las chapas y que estaban conchabados con el que movía la pelotita. Ganaban siempre. Ellos, no el país, que evidentemente recogía las migajas, suculentas, pero migajas. Y llegó un día, que como era invierno y estábamos en Islandia, tenía que tratarse de una noche, que empezaron a rodar las chapas, las pelotitas, los trileros… y el país se dio cuenta de que lo habían estafado. Entre el turismo, el bacalao y el aluminio, no había para tanto gozo y prosperidad. Islandia quebró.

También nosotros estamos en la cuenta atrás de la quiebra, pero con una diferencia notable con Islandia. Nos cubre la Unión Europea – alguien se imagina la peseta española capeando el temporal, sola y atrevida-y otra no menos notable, aquí hasta el día de la fecha nadie ha salido a la calle para decir a ese vendedor de humo, ese chico de la sonrisa de cristal y el culo de plomo, que ha llegado su momento de preparar la salida. Que hasta aquí hemos llegado. Tengo para mí que Zapatero es uno de esos tramposos que se engañan hasta haciendo solitarios; un experto en promesas, que primero dijo que no había crisis, luego que la crisis eran los otros. Miente y se equivoca. Los cínicos con cara de ángel me son especialmente repulsivos. Prefiero los demonios, porque son lo que son y hacen las trampas sin pretender salvarte la vida; todo lo más te tientan con prolongarla.

Fíjense bien en la historia. Islandia vivía feliz gobernada por gente muy seria. Los nacionalistas por excelencia llevaban mandando diecisiete años, que por algo se llamaban el Partido de la Independencia y eran conservadores, por qué iban a ser otra cosa. Geir Haarde hubiera estado ahí toda la vida, dirigiendo el país solo o en compañía de otros. Ahora estaba con los socialdemócratas, en coalición. ¡Qué bonito hacen los socialistas en un gobierno conservador! Se me dirá que lo nuestro es diferente, que nosotros no hemos quebrado aún, que podemos levantar cabeza y que nuestros líderes no han perdido todavía el prestigio. Y la verdad es que no sé si es lo peor de todo. Porque dentro de mis convicciones está la de que mientras un pueblo mantenga durante más tiempo que el prudencial el prestigio y el respeto hacia sus líderes, repercutirá en su estado moral, económico y hasta social. Si a Felipe González, en vez de aguantar en el poder catorce años, la sociedad le hubiera retirado a la mitad, estoy seguro de que todo habría funcionado mejor. Catalunya, sin ir más lejos, no estaría en la desquiciada situación en que está sin esos veintitrés años de Pujol; con diez bastaba. Los caudillos, totalitarios o democráticos, se crean con pueblos cándidos y cobardes. Es la corrupción de la mediocridad, que lo invade todo mientras el jefe dicta normas de conducta que jamás se le ocurriría cumplir.

Fue lo que ocurrió en Islandia. ¿Quién iba a cuestionar a aquellos magos que habían logrado, de un país pobre en población y en recursos, un auténtico ejemplo del paraíso social? Lo habían empeñado todo, y el día que se descubrió que las casas de empeños – que no otra cosa son los bancos-eran más listas y más tramposas que ellos, todo se vino abajo. Primero nacionalizaron los bancos, o lo que es lo mismo, desde octubre del año pasado hicieron que las deudas que eran sólo suyas fueran de todos. Luego quebró el país y hubo de solicitar un crédito al Fondo Monetario Internacional, que se lo pensó mucho, porque no tenía garantías. ¡Cómo iba a tener garantías, si las habían farreado! ¿No se acuerdan ustedes de aquella historia de hace diez años, cuando una empresa norteamericana se compró a todo el país, a los doscientos setenta mil ciudadanos islandeses de entonces, por 200 millones de dólares?

No es una metáfora ni un cuento de Borges, tan inclinado a las sagas islandesas, es real porque sucedió en diciembre de 1998, cuando la empresa suiza Hoffman-La Roche, por mediación de la norteamericana DeCode Genetics, se propuso comprar los historiales genéticos de todos los islandeses – 270.000 entonces-durante doce años. Se trataba de una auténtica genialidad científica. Así se vendió la historia, porque daba la casualidad de que Islandia había estado aislada del exterior durante mil años – el sueño de todo nacionalista antes de ducharse por la mañana-y que por tanto constituía un modelo, fíjense bien, un modelo de población homogénea, cuyo árbol genealógico figuraba en las parroquias desde el siglo X. (¡Qué sería del nacionalismo sin las parroquias!). El interés científico conmocionó a los expertos, pero provocó una protesta general de todos los médicos de Islandia que no trabajaban todavía para DeCode Genetics. ¡Oh, la ciencia! Quién ibaa pararse en gestos románticos ante aquel avance espectacular. Un pueblo entero tasado y medido por los códigos de la más palpitante novedad científica. Había un pequeño detalle y es que el presidente de la norteamericana DeCode Genetics era Kári Stefánsson, un islandés en dificultades que hablaba su idioma con acento gringo.

Desde hace muchos años siento una atracción pasional, casi diría que morbosa, hacia Islandia, que el vigor de los últimos días ha reactualizado. Llevo preparando un viaje a Islandia desde 1993, y siempre por una razón u otra he tenido que postergarlo; porque no se trata de un viaje sencillo. Yo no quiero ir de día, yo quiero ir en invierno, cuando la noche dura veinticuatro horas; y ahí está el lado que yo llamo morboso, porque a mí no me gusta la noche, soy diurno, pero quiero saber lo que es vivir de noche siempre. Recuerdo la cara que me ponía Gudbergur Bergsson cuando le contaba esto, porque Bergsson es uno de los pocos islandeses que he conocido en mi vida. Vivió en la Barcelona de los cincuenta y sesenta, los Gil de Biedma, Barral y tutti altri le apodaban Hans de Islandia.Pero, lo que es la vida; los otros murieron y Bergsson escribió libros magníficos que nos enseñan una Islandia real, impresionante en su fuerza. Lean La magia de la niñez (Tusquets) y sabrán lo que es buena literatura islandesa; un país que hasta hace muy poco tenía aún vivo a un prosista de fuste, Halldór Laxness, Nobel del 55, soberbio por su grandeza y que sobrevive hasta traducido, lo que es un valor especialísimo. No por nada es Islandia el país más lector y literario de cuantos están censados.

Quebró la Islandia de las trescientas mil cenicientas que dormían todos los días convertidas en las lecheras del cuento. Pero supieron levantarse, y desde el 20 de enero muchos miles se instalaron ante el Parlamento de Reikiavik e iniciaron una cacerolada – ¡una cacerolada en Islandia, donde la última protesta que se recuerda fue hace exactamente 60 años, cuando el Gobierno decidió entrar en la OTAN y ninguno de los presentes aún había nacido!-.Empezaron un martes y al lunes siguiente el Gobierno en pleno dimitió. Eso es una sociedad con opinión pública libre y decisoria.

El líder conservador Geir Haarde dimitió, alegó un cáncer y no piensa ni presentarse a las próximas elecciones, que habrán de celebrarse el 9 de mayo. El poder ha pasado a la líder socialdemócrata y a la Izquierda Verde; se lo han cedido obligados por la presión social. Entre tanto, el presidente de la República, Olafur R. Grimsson, el cantamañanas cómplice de la debacle, ha dicho ante el pasmo general que “es necesario crear la paz social”.

Cuando los creadores de tormentas, financieras o políticas, llaman a la paz, es el momento en que debemos echarlos a patadas. ¿Y luego quién viene? ¿Y qué demonios importa quién viene? Sólo los que viven seguros piensan que los cambios deben hacerse bajo la férula de los culpables. Para que todo siga igual.

After touring for 18 months I was excited to return home a few weeks ago to good, solid Iceland and enjoy a little bit of stability. I had done a concert there earlier this year to raise awareness about local environmental issues and 10 per cent of the nation came to it; but I still felt it wasn’t enough.

So when I returned I decided to contact people all over the island who had attempted to start new companies and bring in new greener ways of working but had not succeeded. For a long time Iceland’s main income was fishing, but when that become uneconomic people started looking for other ways to earn a living. The ruling conservatives thought that harnessing Iceland’s natural energy and selling it to huge companies such as Alcoa and Rio Tinto would solve the problem.

Now we have three aluminium smelters, which are the biggest in Europe; and in the space of the next three years they want to build two more. The smelters would need energy from a handful of new geothermal power plants and the building of dams that would damage pristine wilderness, hot springs and lava fields. To take this much energy from geothermal fields is not sustainable.

A lot of Icelanders are against the building of these smelters. They would rather continue to develop smaller companies that they own themselves and keep the money they earn. Many battles have been fought in Iceland on these issues. One resulted in the Environment Minister insisting for the first time that an environmental impact assessment should be carried out before any smelters or dams were built.

And then the economic crisis hit. Young families are threatened with losing their houses and elderly people their pensions. This is catastrophic. There is also a lot of anger. The six biggest venture capitalists in Iceland are being booed in public places and on TV and radio shows; furious voices insist that they sell all their belongings and give the proceeds to the nation. Gigantic loans, it has been revealed, were taken out abroad by a few individuals and without the full knowledge of the Icelandic people. Now the nation seems to be responsible for having to pay them back.

What makes people furious is that those responsible for putting Icelanders in this situation are now the ones trying to get us out of it. Many here want those in charge to resign and allow others to tidy up after them. Most criticism is aimed at Davíð Oddsson, who made himself chairman of the central bank after 19 years as Mayor of Reykjavík and then 13 years as Prime Minister. A crowd is gathering in downtown Reykjavik once a week to demand his resignation.

Then a huge and most spectacular strike came surprisingly from your own Prime Minister. I quote a petition signed by a tenth of the nation: “Gordon Brown unjustifiably used the Anti-Terrorism Act against the people of Iceland for his own short-term political gain. This has turned a grave situation into a national disaster…hour by hour and day by day the actions of the British Government are indiscriminately obliterating Icelandic interests.”

Usually I don’t notice politics. I live happily in the land of music-making. But I got caught up in it because politicians seem bent on ruining Iceland’s natural environment. And I read last week that, because of the crisis, a number of Icelandic MPs are lobbying for the environmental assessment to be ignored so that the dams can be built as quickly as possible to give Alcoa and Rio Tinto the energy they need for the two new smelters.

Iceland is a small country. We missed out on an industrial revolution and my hope was that we would skip it completely and go straight to sustainable hi-tech options. If anyone could achieve this, we could. There is a wonderful characteristic in the Icelandic mentality – fearlessness, with an addiction to risk-taking to the point of being foolhardy. In music-making, storytelling and creative thought, this risk-taking is a great thing. And after my introduction to a lot of Iceland’s small, growing companies, I realise how many of them have shown this fearless approach either in biotechnology or high technology.

Icelanders are highly educated in advanced sciences. We have ORF, one of the best biogenetics company in the world; Össur, an artificial limb-maker; CCP, a computer games maker, and so on. We also have a lot of doctors and health professionals. Because of the hundreds of naturally hot pools all over the island and our (so far) almost untouched nature, Iceland could easily become one big lush spa where people could come and nurse their wounds and relax. If only the Government could put its money into supporting these companies rather than serving Alcoa and Rio Tinto.

Flexibility is important: we will have to live with the three aluminium smelters that are here already and try to find ways of making them greener. But do we need five? In the past, having all our eggs in the same basket has proven far too risky, as we discovered in the days when we got 70 per cent of our income from fish. Now we are facing a disaster from betting everything on finance. If we build two more aluminium smelters, Iceland would become the biggest aluminium smelter in the world, and be known only for that. It would leave little room for anything else. If the price of aluminium falls – as it is doing – it would be catastrophic.

Iceland can be more self-sufficient and more creative – and still have an approach that is more 21st than 19th century. It can build fewer, smaller and greener dams. Let’s use this economic crisis to become totally sustainable. Teach the world all we know about geothermal power plants. Support the Icelandic seed companies. Support the grass roots. It may take longer to build and deliver profits but it is solid, stable and something that will stand independently of the rollercoaster rides of Wall Street and volatile aluminium prices.

And it will help Iceland to remain what it is best at: being a gorgeous, untouched force of nature.

Icelanders have woken up in a new novel by Franz Kafka, where everybody is guilty by default. One by one, the mighty banks have been seized by the government, and Icelanders, aghast, have been told that each and every one of us owes millions of dollars — to whom, we don’t know. The earnest faces of the politicians, of bankers and tycoons almost crying, give us the final touch of the surreal. The situation is comparable only with the fall of the Berlin Wall in 1989 and the 9/11 attacks — something final and yet beyond one’s individual grasp has happened.

This time, however, instead of looking on we are in the middle of it. The first 500 bankers have lost their jobs in one go; many others are waiting for the double blow of unemployment and losing their house as their mortgage payments soar. When the Reykjavik stock exchange reopened on Tuesday after three days of suspended trading, its index, dominated by bankrupt financial institutions, had lost 75 percent of its value.

Suddenly, there are lines in the bank for foreign currencies, and there is a limit on how much we can get — overseas banks are refusing to accept our freefalling currency, the krona. One of my students, studying in Spain, can’t get money from Iceland for her rent. Importers and exporters can’t get currency to conduct business. Icelandic tourists abroad have problems getting cash from A.T.M.’s. The British government has applied terrorist laws to freeze the assets of an Icelandic bank; the list goes on as if it were a script for the nightmare of globalization.

We thought we had friends, in Europe and in the United States. They were sought in the hour of need and found to be busy with their own problems; only the Scandinavians were prepared to extend a helping hand, and then, all of a sudden, Russia — somehow the world has changed. The disappointment with our old “friends” is great and people ask, did we really behave any worse than the others?

People joke about going back to the ’70s, when there were restrictions on how much currency one could take abroad and the government devalued the krona regularly to reduce spending on foreign luxuries. It wasn’t all that bad then, they say, apart from the bellbottoms and high-heeled shoes for men, perhaps.

But the jokes are not funny, for we did join the party in the 1990s, we did pour money into our apartments, houses, cars, gadgets, stocks; the money was borrowed, too. After an era of deprivation, we were eager to enjoy the newfound freedoms of capitalism and credit cards. We believed everything would add up; certainly the free-market enthusiasts told us so time and again. And most of us could pay our mortgages and credit cards, at least until last week.

Now that we don’t know if we can, the shock is so strong that neither anger nor sorrow have really taken hold. We thought Iceland was an independent country that could take care of itself without the help of Russia or the International Monetary Fund, that our currency amounted to something, that we could own companies and banks all over the world. We thought we could enjoy our beautiful country and clean air in the backyard of the aluminum smelter.

In many ways, we uncritically accepted the capitalist system, which now appears to have been a gigantic casino without an owner. We did in the end believe that we could get “money for nothing” and now we face the fact that we will get nothing for our money.

What to do, nobody knows, least of all the politicians, bankers, tycoons; but then again, I heard that a new edition of “The Communist Manifesto” will be published here this autumn. Coincidence, of course, but like everything else, unreal. Kafka’s Iceland probably has an ending different from anything that we can possibly imagine.

Our cause is just. But so it was in 1975, when Iceland decided – unilaterally and illegally – to create an “exclusion zone” around its coast. Foreign trawlers were forbidden to fish within its boundaries.

When Grimsby skippers ignored the edict, Icelandic gunboats severed the cables which connected boats to nets – risking fishermen being cut in half by steel hawsers ripping across the deck. All Whitehall agreed that the Icelanders – the most highly educated people in the world – would respond to an offer of compromise. I was chosen to carry it to Iceland. I returned home full of sympathy for Neville Chamberlain – though, as compared with Reykjavik, Munich was a meeting of true minds.

Harold Wilson had been explicit. Hostilities must be abandoned during negotiations. If a cable was cut while the British delegation was in Iceland, we were to leave at once. We landed at Reykjavik at 4.30pm and were greeted with the news that two cables had been cut at 4. Huddled together, we considered whether or not the cable cutting had been a deliberate provocation. We decided that it had, but that – in our British way – we would rise above it and continue the negotiations. It seemed that our emolience had been rewarded. The first meeting would be preceded by a trip around the island.

It began with a history lesson. The entire Icelandic population had descended from a handful of exiled Irishmen who abducted a similar number of women and went into the unknown to find refuge from their enemies. Only men of indomitable will could have survived on a lump of volcanic rock in the north Atlantic. They had founded a nation of Norsemen who sailed the world in open boats, sacking and pillaging. When they discovered that they had landed in Venice – mistaking it for Constantinople – they sacked and pillaged anyway, since that was their trade. To my relief, the lecture then moved on to literature and the Sagas – all of which had titles like Blood on the Snow.

The tour of the island began at the site of the world’s oldest parliament. Its members, who first assembled in AD930, must have been remarkable. They deliberated in the freezing cold while sitting on sharp pinnacles of rock which nature has arranged round an ice-covered lake. Near the parliament was the “punishment pool”, into which (my guide explained) adulterous women were thrown. “Same time?” I asked. “Tenth century?” No, he told me. “The last one was 1912.” He was lying. But his invention created the desired impression. At last I realised that the discussions would not be easy.

They were consistent. Day after day London instructed me to concede a little more, and day after day the Icelandic foreign minister rejected my concession. Jim Callaghan told me wistfully that we had invaded Iceland during the second world war; and Henry Kissinger, asked to help, confirmed his grossly overrated reputation by offering no more than a platitude which he attributed to Bismarck. “How great is the tyranny to which small nations can subject the great.” I left for home and the harassing of trawlers continued.

When Iceland demanded that the talks resume, the British delegation assembled in Glasgow with a new brief. A Ministry of Agriculture under-secretary begged me, “Don’t budge”. I budged continually, but the Icelanders did not. On day four I decided to come home. The pilot of our chartered aircraft came into our cabin to tell me that, 20 years before, I had broken his nose during a football match. When he added that we were playing for the same team, the other members of the delegation looked as though they had found out why the cod war was turning into a British rout. Let us hope that Alistair Darling never forgets which side he is on.

Aboard Training Vessel Arctic Tern, off Newport, R.I.

Russia’s flag-planting caper at the North Pole last week captured the world’s attention. Harking back to the heady days of colonial imperialism and perhaps the success of Sputnik, a resurgent Russia dispatched from Murmansk a nuclear-powered icebreaker and a research vessel armed with two mini-submarines to stake a symbolic claim to the Arctic Ocean’s riches. Russia hopes that leaving its flag encased in titanium more than 13,200 feet beneath the frozen surface bolsters its 2001 claim that the Lomonosov Ridge is a geological extension of its continental shelf and thus the 460,000 square miles of resource-rich Arctic waters stretching from the North Pole to Eurasia fall under the Kremlin’s jurisdiction.

“The Arctic is ours and we should manifest our presence,” declared Artur Chilingarov, the celebrated polar explorer who led the expedition.

Russia isn’t alone in the great Arctic race. Thawing of the Arctic ice cap has opened access to billions of tons of oil and gas, valuable minerals like gold and platinum and untapped fishing stocks, and all the countries bordering the Arctic are staking a claim. Denmark has spent more than a quarter of a billion dollars to prove that the Arctic once was attached to Greenland, its possession. Finland, Norway and Iceland also have their eyes on the Arctic. And Canada is spending $7 billion to build a fleet of armed Arctic patrol vessels.

“Canada has a choice when it comes to defending our sovereignty over the Arctic,” Prime Minister Stephen Harper said. “We either use it or lose it. And make no mistake, this government intends to use it.”

Will the rhetoric escalate into armed brinksmanship on the ice? History offers reason not to worry. Fifty years ago, the South Pole was the scene of a similar showdown. Seven countries — Britain, Argentina, Chile, France, Norway, Australia and New Zealand — had made claims to territory in Antarctica. These and other countries had established dozens of “scientific” stations on the continent. In 1956, the United States launched Operation Deep Freeze II, the last of four huge naval expeditions to fly the Stars and Stripes in the Antarctic.

Ultimately though, in a spirit of cooperation rare during the cold war, fostered by the 1957-58 International Geophysical Year, 12 countries signed onto a treaty that established a legal framework to govern the southernmost continent. The treaty prohibited nuclear explosions, radioactive waste disposal and military deployments on Antarctica. And it encouraged continued international cooperation in scientific research. The overlapping territorial claims were not relinquished, but “frozen.”

A similar diplomatic solution could put an end to the Arctic arms race today. The 2007-08 International Polar Year, a scientific research effort comparable to the International Geophysical Year, presents an opportunity to propose a treaty. The United States, which has 1,000 miles of coastline in the Arctic, should work to convene an international conference at which all the countries bordering the Arctic could settle their sovereignty disputes in an organized and transparent way.

The so-called Arctic states — Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Russia and the United States — already participate in an intergovernmental body, the Arctic Council, which manages the environment of the Arctic. But a comprehensive Arctic treaty could go much further. It could arrange for sustainable development of Arctic resources, do the seafloor mapping that’s needed to sort out the conflicting territorial claims, develop shipping shortcuts through the northern passages, set technological standards for ships that navigate the icy waters and guard the welfare of the more than one million indigenous people living within the Arctic Circle.

The United States should take preliminary steps to set the complicated treaty effort in motion. First, the Senate should immediately ratify the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, which would enable the United States to make its claim to the continental shelf extending northward from Alaska, and guarantee freedom of navigation for our Navy.

We should also explore making agreements with Russia, Canada, Denmark and other countries that would allow for cooperation in gathering weather data, running search and rescue missions and responding to oil spills — even before a larger treaty could be negotiated.

In order to back up claims of sovereignty in the Arctic, the United States should also establish a presence there, and that would mean reinvigorating our geriatric icebreaker fleet. Even though our Navy is as large as the next 17 navies in the world combined, we own only three ships intended for polar missions. Two of them are in disrepair, and the third is not robust enough for future Arctic missions. Russia, in comparison, has a fleet of 18 icebreakers. We should have enough ships to maintain a presence at both poles.

Disputes over maritime boundaries, particularly in the complex icy geography of the Arctic Ocean, require international solutions. No one wins if the region remains a lawless frontier. All the Arctic countries need a treaty that protects the environment as well as their national interests. Global warming has created the need for bold diplomatic action.