El lunes 23 de enero, el Senado francés votará un proyecto de ley que pretende penalizar la negación del genocidio armenio de 1915, además de otros sucesos caracterizados como genocidio en las leyes francesas. La ley ya ha superado la Asamblea Nacional, la Cámara baja del Parlamento francés. El Senado debería rechazarla, en nombre de la libertad de expresión, la libertad de investigación histórica y el artículo 11 de la pionera declaración francesa de los derechos del hombre y el ciudadano proclamada en 1789 (“la libre comunicación de ideas y opiniones es uno de los derechos más preciados…”).

La cuestión aquí no es si las atrocidades cometidas contra los armenios en los últimos años del Imperio Otomano fueron terribles, ni si deben ser reconocidas en la memoria turca y europea. Lo fueron y deben serlo. La cuestión es: ¿debe ser un delito, en virtud de la ley francesa o de otros países, poner en duda que aquellos terribles acontecimientos constituyan genocidio, un término utilizado en el derecho internacional? En el pasado, sin quitar importancia al sufrimiento de los armenios, el famoso especialista en el Imperio Otomano Bernard Lewis ha refutado precisamente ese punto. ¿Y está preparado y autorizado el Parlamento francés para erigirse en tribunal de la historia mundial y dictar veredictos sobre el comportamiento pasado de otros países? La respuesta es: no y no.

Para complicarlo más, la ley penalizaría no solo la “negación” del genocidio armenio, sino su “minimización escandalosa”. Como destaca Françoise Chandernagor, de la campaña Libertad para la historia, ese matiz introduce un concepto vago incluso para lo normal en las leyes de la memoria. Si los cálculos turcos de la cifra de armenios fallecidos son de unos 500.000 y los armenios de alrededor de 1,5 millones, ¿qué sería minimización? ¿547.000? ¿Y habría que detener al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, por esa “minimización” en su próxima visita oficial a Francia? (El proyecto de ley prevé una multa de 45.000 euros y un año de prisión).

Si tenemos una opinión benévola de la naturaleza humana en general, y de la política francesa en particular, podríamos decir que se trata de un torpe intento de hacer realidad un noble propósito. Pero eso sería una ingenuidad. Existe una correlación llamativa entre la aparición de estas propuestas en el Parlamento francés y la proximidad de las elecciones nacionales, en las que aproximadamente medio millón de votantes de origen armenio desempeñan un papel importante. Las leyes francesas reconocieron oficialmente que lo que les sucedió a los armenios era un genocidio en diciembre de 2001, justo antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. En la Cámara baja se aprobó (la Cámara alta lo rechazó) un proyecto de ley similar al actual en 2006, en vísperas de las elecciones de 2007. ¿Y qué va a haber este año? Elecciones.

No todos los dirigentes del partido de Nicolas Sarkozy, la UMP, han apoyado el proyecto de ley propuesto por uno de sus propios parlamentarios. El ministro de Exteriores, Alain Juppé, se opone. Pero eso es porque le preocupan las repercusiones en las relaciones de Francia con Turquía. La reacción del Gobierno turco ha sido vehemente, como era de esperar. Retiró a su embajador como protesta, y el primer ministro Erdogan dijo que “aproximadamente el 15% de la población de Argelia sufrió una matanza a manos de los franceses a partir de 1945. Eso es genocidio”.

Es decir, una tragedia que debería ser materia de una conmemoración seria y un debate histórico en libertad, en el que se presentaran incluso las hipótesis más extrañas para confrontarlas con las pruebas existentes, queda reducida a un instrumento de manipulación política, las palabras hirientes de un político. El recuento de cadáveres de ayer interviene en el recuento de votos de mañana. Si tú me acusas de genocidio, yo te acuso también a ti.

Mientras tanto, los intelectuales turcos que -como el escritor y premio Nobel Orhan Pamuk- se han atrevido a decir que lo que hicieron con los armenios fue genocidio, corren peligro de ser procesados en su país. Lo que es una verdad oficial en Francia es una mentira oficial en Turquía.

Pero estos son actos simbólicos, más que reales. En un país como Francia, y, con muchas más dificultades, en Turquía, Internet permite a la gente encontrar esas opiniones prohibidas de todas formas. Basta con apretar un par de veces el ratón.

En realidad, este no es más que el último ejemplo de un problema mucho más amplio. ¿Qué límites debe tener la libertad de expresión en la era de Internet? ¿Qué normas deben regirla en un mundo interconectado? ¿Y quién debe fijarlas? Estas son algunas de las preguntas que se abordan en un proyecto denominado Debate sobre la Libertad de Expresión, Free Speech Debate (www.freespeechdebate.com), que acabamos de poner en marcha en la Universidad de Oxford. Entre los 10 borradores de principios que proponemos para debate, crítica y revisión, hay uno que tiene especialmente que ver con la controversia del genocidio armenio. Es el que dice que “no permitimos tabúes en la discusión y la difusión del conocimiento”.

Es evidente que las leyes de la memoria como la que se ha propuesto en Francia no superan esta prueba; pero no son el único caso. En Reino Unido, el escritor científico Simon Singh tuvo que defenderse en una prolongada querella por libelo a propósito de sus críticas de lo que afirmaban los impulsores de los tratamientos quiroprácticos. La Iglesia de la Cienciología utiliza sus derechos de propiedad sobre las inmortales palabras de L. Ron Hubbard para impedir que la gente vea los supremos secretos del Thetan (si les interesa, busquen en Internet Operation Clambake). El miércoles 18 de enero, la versión en inglés de Wikipedia permaneció en negro durante 24 horas para protestar contra el proyecto de ley contra la piratería en Estados Unidos, SOPA, que, en la versión que está ahora en el Congreso tendría unas cosecuencias desastrosas para la libre difusión del conocimiento en Internet.

Existen otros casos mucho más difíciles. A finales del año pasado, el Consejo Asesor Nacional de Ciencia y Bioseguridad de Estados Unidos pidió a las revistas Science y Nature que no publicaran los detalles de un estudio sobre una forma fácilmente transmisible del virus H5N1, el de la gripe aviar, por temor a que los bioterroristas pudieran hacer uso de él.

¿Y qué decir de los que niegan las causas del sida? Cuando el presidente sudafricano Thabo Mbeki habló en apoyo de esa postura, el resultado bastante directo fue la muerte de cientos de miles de personas que, en caso contrario, habrían podido recibir el tratamiento debido. Es complicado sostener el principio de “no permitir tabúes” ante casos tan delicados.

Ahora bien, el oportunista y mal concebido proyecto de ley de Francia no tiene nada de caso delicado. Aquí, la cosa está clara. El Senado francés debe dar ejemplo al Congreso de Estados Unidos en la defensa de la libertad intelectual.

(Vean a Jimmy Wales, de Wikipedia, en conversación con Timothy Garton Ash en www.freespeechdebate.com).

Desde Europa, la mirada transatlántica encuentra una América Latina sorprendente, portadora de buenas noticias, económicamente en crecimiento, estable políticamente, tanto que no hay Gobierno que pierda una elección, desde Nicaragua a la Argentina, desde Brasil a Colombia.

Dos circunstancias fundamentales animan este momento histórico: el fin de la guerra fría y la irrupción de China en el mercado mundial, con un auge de precios de materias primas y alimentos como nunca antes se había visto. Aquel deterioro de términos de intercambio que denunciara Raúl Prebisch en los años cincuenta como causa del subdesarrollo se ha invertido: cada vez hay que poner menos kilos de soja o de cobre para comprar el mismo tractor u -hoy- computadora.

Detrás del rosado cortinado, otras realidades se esconden. Los países al norte del canal de Panamá no están bajo el paraguas chino, sino vinculados a la economía norteamericana y esto, naturalmente, les ha impuesto otra realidad.

En el Sur, tan próspero, flota una sombra: la amenaza populista, ese engendro político que se configura con liderazgos mesiánicos suprainstitucionales y una articulación de masas en corporaciones o movimientos, organizada por el Estado, que soslaya la representación parlamentaria y se sustenta en el presupuesto público, que opera al servicio de la causa. Por supuesto, estos regímenes organizan conflictos, luchan contra malignas conspiraciones, se erigen en campeones de los derechos del pueblo amenazado y en su nombre cercenan libertades para combatir al mal.

El primer objetivo, como es natural, son los medios de comunicación, el instrumento de lo que Grondona llama la “hipnocracia”, donde el mensaje de las alturas repite y domina, domina y repite, ahogando la pluralidad democrática con el discurso único e incontestable.

La situación de Venezuela es conocida. Se confiscó Radio Caracas, el principal canal de televisión, se coaccionó a los demás, con toda la gama de los instrumentos de presión, y se impuso un autoritarismo que, pese a todo, deberá enfrentar este año una elección que ya no le será tan fácil.

Ecuador, del que se habla menos porque su presidente posee más cultura y sobriedad que el venezolano, no le va a la zaga. El diario El Universo fue condenado a pagar una multa de 40 millones de dólares por una columna crítica para el presidente, principal denunciante y participante de cuerpo presente en la inverosímil escena en que un juez complaciente dictaba sentencia.

Estos días otro fallo condenó a tres meses de prisión al director de Hoy, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, por unas notas escritas en 2009.

En Argentina, cuyo Gobierno acaba de ser convalidado con una formidable votación, al día siguiente de la elección se desataron inesperadas tormentas, todas lesivas de la libertad. La mayor ha sido el ataque a Clarín y a La Nación, dos de los más importantes diarios de habla española, bajo acoso desde hace meses. Por supuesto, la publicidad oficial les es restringida al mínimo y reorientada groseramente a favor de medios oficialistas, pero ahora la ofensiva apunta a la disposición del papel, que por ley será manejado por el Gobierno en su importación, producción y comercialización.

Hoy La Nación sufre un embargo genérico de sus bienes por un impuesto que no debe, según sentencia judicial, ejecutoriada. Y Clarín, que ya fuera allanado varias veces, adolece ahora la intervención de su principal medio de televisión, Cablevisión, empresa con más de tres millones de abonados y 9.300 funcionarios, que es acusada de monopolio pese a que solo es el 47% de ese mercado y el 23% del de Internet.

Dos hijos adoptivos de la principal accionista de Clarín, viuda de su fundador, fueron denunciados como fruto de un presunto secuestro de desaparecidos durante la dictadura y sometidos a un acoso moral aberrante. Hasta su madre fue denunciada por complicidad en el secuestro. Luego de largos meses de batalla judicial los ADN definitivamente descartaron la cruel acusación.

Los hechos hablan por sí solos. Desgraciadamente, la bonanza económica ha oxigenado esta irrupción populista, que con medios financieros ilimitados va instaurando solapados autoritarismos, sombría amenaza detrás del relumbrón de los aumentos del PIB y de los números superavitarios. Gobiernos que se autoerigen en defensores de los derechos humanos, en su nombre violan abiertamente -aquí y ahora- el de la libertad de expresión, único garante de todos los demás.

Para la Sociedad Latinoamericana de Prensa (SIP), 2011 ha sido el año más trágico para los periodistas en dos decenios. En un informe, el periodista Tyler Bridges señala que entre 1995 y 2010 fueron asesinados en el mundo 258 periodistas, y de los 40 asesinados este año, 22 son latinoamericanos. Sin embargo, en los tribunales solo existen 59 procesos.

Si usted pregunta por los otros 199, habrá dado en el clavo: la impunidad es la nota común en las muertes violentas de periodistas y una de las causas de la multiplicación de los casos de asesinato.

Cuando un tribunal colombiano llamó a juicio al político Ferney Tapasco, acusado como autor intelectual de la muerte del columnista Orlando Sierra el 30 de enero de 2002 en Manizales, su caso pudo ser clasificado como excepcional. Es uno de los seis procesos en el mundo que han llegado hasta los que urden y ordenan la muerte de periodistas.

¿De dónde procede esa inquina asesina contra unos profesionales que, por definición, solo esgrimen las armas de la inteligencia y las ponen al servicio de los otros?

En el enfrentamiento más común, el de periodistas y gobernantes, la inquina nace como una reacción del funcionario ante un fiscal que no ha sido nombrado y que, sin embargo, sigue todos sus actos con severidad implacable, en nombre de la ciudadanía.

En una inusual declaración recogida por la PNUD en su informe de 2004 sobre la democracia en América Latina, presidentes de la región califican a la prensa como “contrabalance del poder presidencial”, “medios hostiles”, “servidores del gran capital”, “obstáculos para la gobernabilidad”, “dueños de un poder total con responsabilidad cero”.

Desde ese punto de vista son explicables las leyes de desacato de que echan mano los funcionarios para presionar a los periodistas y medios que, según ellos, han desafiado o desacatado su autoridad. Es solo uno de los medios con que un presidente latinoamericano puede pasar a la ofensiva contra los medios. La realidad muestra muchos más.

En Bolivia, el año 2009 se contaron nueve agresiones contra periodistas en nueve meses, mientras en Nicaragua las turbas oficialistas se han encargado de acosar a la prensa con asaltos y golpizas; la campaña persistente del presidente Correa contra la prensa ha dado resultados. Su reiterada acusación a la prensa corrupta ha calado y es perceptible una extendida desconfianza hacia los periodistas. En Venezuela uno de los llamamientos presidenciales es a apagar televisores para tener la mente limpia. No es necesario leer periódicos. Por su parte, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, sitia económicamente a los medios de la oposición y promueve un acoso judicial contra periodistas incómodos para el gobernante.

Los informes de las últimas semanas dan cuenta de otro hecho sorprendente: la participación de ciudadanos comunes en los atentados contra periodistas.

En Honduras fueron miembros de una facción política los que amenazaron a la prensa por sus críticas al golpe de Estado. También en Bolivia, en el Alto, un locutor de radio fue atacado y apuñalado, tras ser amenazado. En México se cuentan 10 ataques contra los medios en este año y en Argentina una estación de radio fue incendiada y silenciada, según su propietario, por razones políticas.

¿Ha dejado de ser el periodista esa figura emblemática en la que la gente confiaba cuando perdía la fe en las demás instituciones? Los narcotraficantes, como sucede en México, muestran su poder al silenciar a periodistas, o intimidan a los medios que osan denunciarlos, o imponen silencios y desconfianzas en las redacciones en que los periodistas miran a sus pares como posibles infiltrados de las poderosas mafias.

Sume a estos hechos el de la vinculación de periodistas y medios a políticos de imagen turbia, y la implicación de la prensa en campañas de imagen de empresas de sospechosa catadura, los silencios interesados o no sobre hechos de escándalo, que los lectores interpretan como complicidades, y tendrá usted los factores que producen la baja credibilidad de los medios y el desmoronamiento de una influencia que parece ir a la par con la desaparición de medios de comunicación.

Nadie parece lamentar la desaparición de estos medios porque el sustituto, las noticias por Internet, resulta satisfactorio. La participación de este medio en las audiencias mundiales ha pasado del 4% al 22% y sigue creciendo. Una reciente encuesta, en Medellín, Colombia, fue reveladora: la mayoría de los lectores, el 42,26%, utiliza el periódico para leer las tiras cómicas y, mientras le dedican 3.2 horas día a la televisión y 3.1 horas al día a Internet, leen periódicos durante 21 minutos de promedio.

Este declive de la influencia y del peso moral de la prensa ocurre al mismo tiempo que arrecian los ataques desde el poder y se intensifica la guerra de narcotraficantes y delincuentes contra la prensa.

En un artículo dedicado al análisis de esta situación el periódico The Nation señalaba las causas:

- Los Gobiernos que toleran la impunidad, que fue el hecho emergente en el foro promovido por la SIP en Ciudad de Guatemala, en donde al cabo de la exposición de casos de periodistas asesinados en América y el mundo, se impuso la conclusión de que, con excepciones, todos esos ataques se mantenían impunes y de que esa impunidad pasaba a ser otra causa del problema.

- En el mismo artículo de The Nation había otro apunte: los directores y gerentes de medios suelen considerar que los mecanismos de seguridad para sus periodistas no son parte de su responsabilidad, de modo que, como sucede en México, las reclamaciones de los reporteros para disponer de un chaleco antibalas, o un seguro de vida que les garantice que sus familias no quedarán desamparadas, son demandas que las empresas consideran extravagantes, excesivas y fuera de la órbita de sus obligaciones.

- The Nation lo sugiere, pero los hechos le han dado solidez a este otro punto: los propios periodistas han contribuido al agravamiento de su situación por la ingenuidad y el exceso de confianza con que se exponen al peligro, como si su carné de periodista pudiera detener las balas o los machetes.

Más grave aún fue la denuncia que hizo ante la directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia un antiguo fiscal general de la nación. Al informar sobre las investigaciones sobre periodistas amenazados y asesinados, aseveró que había encontrado que algunas amenazas y muertes se habrían podido evitar. Acusaciones hechas a la ligera, adjetivos innecesarios, acotaciones gratuitas y alegres de periodistas de radio que improvisan para dar cuenta de los hechos antes que sus competidores, afectan a grupos poderosos que por ser delincuentes no son menos sensibles a las acusaciones públicas, sobre todo cuando son inexactas. Una información responsable y documentada reduciría la frecuencia y la gravedad de los atentados, dijo.

Fue el tema tratado en el foro Eurolatinoamericano, promovido por la Fundación Nuevo Periodismo y la Asociación de Periodistas Europeos en Asunción, recientemente. Se planteó que ante el acoso judicial, promovido por gobernantes o por entidades o personas afectadas, el periodista que esgrime pruebas de sus afirmaciones puede cambiar el rumbo de un proceso. En cambio, las acusaciones sin pruebas se vuelven contra el medio y el periodista, que pierden en los estrados judiciales y ante la opinión pública. En el caso concreto del periódico El Universo de Guayaquil se ha llegado a decir que lanzó “una acusación hipotética, debatible, grave, que hay que demostrar, pero sin intención delictiva”.

- Como la justicia no debate sobre intenciones sino sobre hechos, cada uno de estos adjetivos sobra y termina por afectar sobre todo a quien los sostiene.

- The Economist se preguntaba en un informe especial: ¿quién es el asesino de la prensa? Y se respondía señalando a la prensa gratuita, a Internet, a los Gobiernos. Sería desconcertante pero probable que, como en las buenas novelas policiacas, la indagación llegara a decir que somos nosotros mismos los que estamos aniquilando la prensa. Por lo visto esta es la hipótesis posible.

Defenders of freedom in South Africa are deeply worried these days. The health of one of the world’s most celebrated democracies, which emerged after decades of struggle against apartheid, is under threat. And any rollback of freedom here will have profoundly negative consequences for other nascent democracies across Africa.

Last week, the ruling African National Congress used its legislative majority to pass the Protection of State Information Bill in one of the two houses of Parliament. If signed into law, the “secrecy bill,” as many here call it, would criminalize the possession and disclosure of classified information, no matter by whom, and no matter why.

Under the proposed law, a journalist who receives classified information revealing corruption or wrongdoing involving government contracts is required to hand it over to the police and most likely face interrogation about the source. Holding on to such material invites up to 5 years in jail, and publishing it, up to 25.

The threat goes well beyond journalism. It is ultimately about citizens’ right to know. Indeed, these penalties would apply to anyone — from activists to individual legislators to diplomats — who received classified information without state approval.

The South African Constitution recognizes access to information as a basic right, but the government routinely ignores it. Access to public records can often be enforced only with a court order. Giving bureaucrats new powers to classify even more information will have a chilling effect on freedom of speech and reverse the strides we have made toward more transparent governance.

The A.N.C.’s dominance of the political system has made it harder to hold government officials accountable. Members of Parliament are elected by proportional representation on party lists. They owe their seats to party bosses, and can lose them at any time. Party leaders “deploy” trusted members to crucial posts in the police force, military, state-owned companies and the public broadcaster.

In this environment, the press and the judiciary have provided critical checks and balances. The courts forced the government to provide alternative housing to poor people evicted from land they had illegally settled. And at the height of former President Thabo Mbeki’s AIDS denialism, the Constitutional Court ruled that the drug nevirapine must be provided to H.I.V.-positive pregnant women to cut the risk of transmission to their babies.

Meanwhile, a raucously free press continues to uncover corruption scandals and shine a spotlight on the widespread failure to provide basic services to the poor. President Jacob Zuma himself was the subject of intense legal and media scrutiny for years over allegations of corruption arising from a 1999 arms deal, until charges against him were dropped in April 2009.

A.N.C. leaders once defended the Constitution as a product of the struggle they led and tolerated checks on their power. Those days are over.

Now, the party is deeply fractured, and battles for access to the sources of patronage preoccupy much of the government. Rising public anger over gross inequality, corruption and public officials’ ostentatious displays of wealth represents a crisis of legitimacy for the party of liberation. Facing internal dissent and the fraying of his party’s credibility, Mr. Zuma has turned to an inner circle of loyal security officials for support.

In September, when Mr. Zuma appointed his preferred candidate for chief justice of the Constitutional Court, in the face of public protests, he complained loudly of judicial interference in the functioning of the executive branch. And after last week’s vote the cabinet announced it would “assess” the courts to determine whether their rulings advanced the goals of “development” and racial “transformation.” The message was clear: the A.N.C. wanted more compliant judges.

Now, the ruling party is considering setting up a parliamentary commission to regulate the print media — a proposal that is likely to seriously curtail critical reporting.

Unless the secrecy bill is revised to allow the publication of state secrets in the public interest — to reveal a crime, a threat to public safety, corruption or official lying — it will do irreparable damage to South Africa’s democracy.

For the first time since 1994, South Africans are not debating policy within a constitutional framework; instead we are being asked to question the very foundations of our freedom. A broad coalition of township activists, labor unions and religious and civil society leaders, including the Nobel laureates Nadine Gordimer and Desmond Tutu, have joined journalists in opposing the bill.

They know that the fight is over much more than a single law. South Africans will guard their hard-won democratic rights jealously. And they will need all the encouragement they can get.

Espero que mi asesinato no se considere como una derrota de la libertad, sino como un estímulo para que los supervivientes redoblen sus esfuerzos». Son palabras alarmantes y a la vez inspiradoras del periodista Lasantha Wickrematunge, de Sri Lanka, asesinado pocos días después de haber escrito estas líneas, a la hora punta del tráfico matutino en el centro de Colombo por dos personas armadas subidas en una motocicleta. El editorial en el que Wickrematunge predijo su propio asesinato se publicó de forma póstuma y desató una ola de consternación en el mundo entero por su asombroso realismo. «Tras mi muerte, sé que harás las declaraciones hipócritas de costumbre y pedirás a la policía que lleve a cabo una investigación rápida y exhaustiva. Pero al igual que ha sucedido con todas las investigaciones anteriores, ésta tampoco resultará en nada», escribió el periodista. Una resignación desafiante y estoica ante el hecho de que, en muchos países, son muy raros los casos en los que asesinos de periodistas tienen que dar cuentas ante un tribunal.

Según los datos del Instituto Internacional de Prensa, en lo que va del presente año ya han sido asesinados 90 periodistas. Es decir, uno cada dos días. Desde 2000, más de 900 periodistas han perdido su vida por causa de su trabajo. Los asesinos casi nunca pasan por juicio, lo que ha creado un clima de impunidad en el cual – desde el punto de vista de los asesinos – el asesinato de informadores resulta algo trivial, un acto que se puede cometer reiteradas veces sin temor a ser arrestado o juzgado.

Los que matan, amenazan o dan la orden de detener a periodistas de forma completamente arbitraria tienen un objetivo: hacer callar al mensajero e intimidar de esta forma a otros reporteros. Sin los más mínimos escrúpulos buscan censurar y fomentar al mismo tiempo la autocensura. Ellos son la amenaza más grave y seria a la libertad de prensa en el mundo.

La seguridad de los periodistas es el pilar fundamental del derecho universal e inalienable a la libertad de prensa, anclado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fija a su vez el derecho de todas las personas a recibir informaciones y a difundirlas. Cuando periodistas se autocensuran por temor a posibles represalias, queda perjudicado el libre flujo de noticias. Se priva a los ciudadanos de información. Se socava la obligación de rendir cuentas, tanto en el ámbito público como privado, y la democracia resulta amenazada. La ausencia de información crítica e independiente favorece la desinformación, la propaganda y un clima proclive a la violencia. Por tanto es una obligación de todos -no sólo de los periodistas y actores de la sociedad civil, sino especialmente de los gobiernos- de respetar los compromisos internacionales y llevar a la práctica el derecho fundamental a la libertad de prensa, no solamente con palabras sino con acciones, y participar en los esfuerzos globales dirigidos a promover la seguridad de periodistas.

Evidentemente deben participar los editores, procurando que periodistas en regiones peligrosas reciban una formación profesional y obtengan el equipo necesarios para su seguridad. Pero no basta con cascos, chalecos antibalas y entrenamientos de seguridad para asegurar las condiciones de trabajo de estos periodistas. El enfoque debería ser más amplio, involucrando a medios de comunicación, representantes de la sociedad civil, estados y organizaciones internacionales. Hay que emprender más acciones para aumentar la presión sobre los gobiernos que omiten sus obligaciones en materia de derechos humanos conforme al Derecho Internacional. Tenemos que crear una disposición general, que abarque a todos los sectores de la sociedad y que conduzca a que éstos se comprometan con valores universales por encima de sus intereses propios y superar -donde sea necesario-modelos de intimidación y de violencia que lamentablemente están ya profundamente arraigados.

Los gobiernos deben realizar más esfuerzos para conseguir llevar a los asesinos de periodistas ante los tribunales y evitar ataques contra la prensa. Las violaciones han de ser investigadas de manera eficaz y los autores tienen que asumir sus responsabilidades. Los mandatarios tienen que demostrar la voluntad política necesaria para eso, pero también deben encargarse de garantizar el cumplimiento de la ley y de asegurar una Justicia independiente, así como de formar fuerzas de seguridad profesionales, adecuadamente formadas y conocedoras de los derechos y del rol de los medios de comunicación en la sociedad.

Las organizaciones internacionales deben apoyar a la comunidad internacional en su tarea de vigilancia, reclamando responsabilidades a nivel nacional, regional e internacional, e impulsar la elaboración y el intercambio de mejores prácticas.

La sociedad civil debe concienciarse, adoptando una actitud decidida y visionaria, apoyando a los gobiernos en sus iniciativas y compromisos a favor de los medios de comunicación al mismo tiempo que debe condenar enérgicamente todo desprecio hacia la libertad de prensa.

Los periodistas, a su vez, tienen que vigilar que las medidas gubernamentales protejan su trabajo y no infrinjan la libertad de prensa, comprometiéndose al mismo tiempo a respetar los más altos valores éticos de su profesión.

Observadores internacionales de derechos humanos, como el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas, han llamado reiteradamente la atención sobre el gran abismo que existe entre la teoría del Derecho Internacional y su puesta en práctica. Por otra parte, hasta ahora la protección de periodistas que trabajan fuera de zonas conflictivas definidas no ha sido objeto de preocupación. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para llenar este vacío y fortalecer la red de seguridad de los periodistas.

Como miembro recién elegido del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno de Austria, con el apoyo del Instituto Internacional de Prensa (IPI), se esfuerza por situar la protección de los periodistas en la agenda de este organismo. Nuestro objetivo es concentrarnos en acabar con la impunidad y prevenir futuros ataques contra periodistas.

Como primer paso, ayer se reunieron en Viena representantes de gobiernos, de la sociedad civil y de organizaciones internacionales en el marco de nuestra iniciativa común para debatir la posibilidad de establecer medidas concretas para reforzar la seguridad de los periodistas a nivel mundial y particularmente en el contexto de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales.

La fecha elegida para este encuentro tiene especial relevancia: el 23 de noviembre de 2009 fueron asesinados 32 periodistas de camino a un acto político en la provincia de Maguindanao, en Filipinas. 25 hombres y mujeres, que viajaron en el mismo convoy que los periodistas, también fueron víctimas de este ataque. Nunca antes fueron tantos los periodistas asesinados en un solo incidente aislado. Desde entonces, el 23 de noviembre se proclamó Día Internacional para acabar con la Impunidad.

Los resultados del encuentro de Viena se traducirán en una serie de actividades en el marco del Consejo de Derechos Humanos, el órgano más importante de las Naciones Unidas sobre esta materia. Nuestro objetivo final es la adopción de una resolución sustancial de parte del Consejo, para determinar la protección de los periodistas como punto fijo en la agenda internacional.

Tenemos plena conciencia de los desafíos y del difícil camino que queda por delante. No obstante, los gobiernos y los representantes de los medios tenemos un compromiso con todos los periodistas amenazados en el mundo entero, por su valentía y el honorable legado de todos aquellos que tuvieron que pagar el precio más alto ejerciendo su profesión, así como con los ciudadanos de todos los continentes que tienen el derecho a ser informados.

On Tuesday morning my friend Stefaans Brummer, arguably South Africa’s best investigative journalist, sent me a text message. “When I’m incarcerated at Parkview police station, please bring me coffee, a muffin and a hacksaw blade,” he wrote. I don’t do coffee or muffins, I replied jokingly, but I might deliver the hacksaw.

It was easy banter between friends, but there was a chill in our bones. Last Friday Brummer’s newspaper, the Mail & Guardian, had been prevented by President Jacob Zuma’s spokesman from publishing a story. It had alleged that the spin doctor had lied to investigators about his role in the taking of bribes in South Africa’s notoriously crooked arms acquisition in the late 1990s.

Brummer and his colleagues were threatened with 15 years in jail. In response, they blacked out the front page of the paper and the story. This proud anti-apartheid paper looked last Friday exactly as it would have in 1989, at the height of apartheid censorship and harassment of journalists.

It is not the first time that journalists have been harassed and threatened with jail. Last year an investigative journalist who exposed multimillion-pound police corruption was arrested, driven through the night to a remote location and questioned at 2am.

Over and above the petty harassment, the ANC has vigorously pursued attempts to set up a government-led media appeals tribunal to regulate the print media. Since the ascent of Zuma and his coterie of securocrats to power in 2009, we journalists have been living with our hearts in our mouths, afraid that the party of Nelson Mandela would veer away from the open society it had fought for and join the likes of Zimbabwe and Equatorial Guinea – countries whose secrecy laws allow them to jail journalists at will.

For years we had pointed to the north, saying such draconian laws would never arrive here. Not in the land of the ANC, Africa’s oldest liberation movement, steeped in the values of openness and dedicated to the fight against corruption.

The new South Africa is not comparable to the evils of old. But on Tuesday, when parliament passed a state secrecy law, we were shamed. The ANC became like its apartheid predecessors. The party of Mandela ignored the man himself and muzzled whistleblowers, journalists and its own citizens. It defied its trade union allies and civil society, and used its majority to ram through the protection of information bill, which gives the state power to classify information and criminalise whistleblowers, journalists and anyone who comes into possession of such classified information. Journalists such as Brummer and their sources face up to 25 years’ imprisonment.

The bill also seals off state security agencies from any kind of scrutiny or accountability to the public – meaning that any investigation that, for example, mirrors the work done by American journalists to expose Richard Nixon and the Watergate scandal would be criminal. Crucially, the bill has no public interest defence.

After the legislation was passed, members of the South Africa National Editors’ Forum – all dressed in black – left parliament. ANC MPs jeered and shouted: “Bye, bye.”

Power and incumbency have not been easy for the ANC. The party, which turns 100 in January 2012, is riven with divisions. Corruption allegations surface every day, with the World Economic Forum pointing out that corruption is among the top four concerns of potential foreign investors.

This has led to paranoia and fear in the party. State security agencies are used to target political opponents, with the latest scandal leading to the head of domestic intelligence being fired for spying “for the wrong side” (opponents of Zuma) two months ago. The party of freedom has turned into the party of fear. In such a climate, the media and civil society have become the enemy.

But for those of us who have watched the passage of this bill with a growing horror, the battle is not over. The bill goes before the second house of parliament and, if passed, to the president for signature. We are hoping that Zuma will throw it back. Should he sign it into law then a constitutional challenge awaits.

For now, though, we feel betrayed by a party that once made media freedom one of its pillars. The ANC, riven by internal battles, is beginning to take the country down with it. It has lost its way. It has blinded itself. For us, it is time to prepare for a new, long and hard struggle.

On Sunday, the Tel Aviv District Court sentenced Anat Kamm, a 24-year-old journalist and former soldier, to four and a half years in prison for leaking documents containing evidence of what she suspected might be war crimes committed by her commanders.

Uri Blau, a prominent Israeli investigative reporter at Haaretz who received the documents from Ms. Kamm, is now waiting to hear whether the attorney general will indict him.

Meanwhile, the commanders implicated in the leaked documents were cleared by the attorney general, and one was promoted to deputy chief of staff of the Israel Defense Forces.

The verdict sends several chilling messages. To young soldiers it says: shut up, even if you suspect your commanders of violating the law; they will go unpunished and you will go to jail if you leak. To the source it says: no one will protect you; don’t be a self-sacrificing fool. And to the journalist it says: know your place; cover what we tell you to cover, print our news releases, and keep within your bounds.

The sentencing of Ms. Kamm — who has already spent two years under house arrest — marks a watershed in the relationship between the public and the news media in Israel.

Leaks are used by journalists as a matter of course. Journalists routinely meet people like Ms. Kamm — ordinary patriotic soldiers who are horrified by the contrast between their expectations of their country and its actual conduct.

These ordinary patriots are sometimes moved to make shocking revelations about their country’s inner workings. They act out of civic duty and a belief that their compatriots need to know the truth, regardless of what official institutions think the public should know.

Ms. Kamm and Mr. Blau operated by the unwritten code of conduct that has enabled the Israeli press to monitor at least some aspects of the country’s powerful security establishment for the past 63 years. Ms. Kamm did not leak her secrets to an enemy, or even to a foreign journalist. She gave the documents to a fellow Israeli, who consulted his editors, and submitted his article to the military censor, who gave him the go-ahead.

On Sunday, we learned that this code of conduct no longer applies.

Despite the steps Ms. Kamm and Mr. Blau took, the Israeli government has labored over the past year to portray Ms. Kamm as an enemy, initially charging her with espionage. Israel’s largest newspapers jingoistically referred to her as “the soldier spy,” rushing to sensationalize the case at the expense of their own vital interest in press freedom.

The plea bargain which Ms. Kamm eventually struck left her charged with “unauthorized holding and distributing of classified information.” But the memory of the espionage charge and the implied notion that informing the public can somehow be equated with treason will continue to poison the Israeli public sphere for years to come.

It could also serve as a dangerous legal precedent.

Mr. Blau also stands accused of holding classified information without authorization and before the end of the year he might be put on trial simply for doing his job — obtaining information and publishing it in the name of the public interest.

The damage to democratic discourse in Israel caused by the imprisonment of Ms. Kamm and the possible indictment of Mr. Blau will not only affect coverage of the Israeli-Palestinian conflict; it could deal a deadly blow to investigative journalism in Israel, destroying the possibility of scrutinizing any controversial subject of vital public interest.

Indeed, Mr. Blau’s portfolio extends far beyond security matters. In the past, he has published important revelations of potential personal corruption involving major public figures such as the Israeli defense minister, Ehud Barak, and the foreign minister, Avigdor Lieberman.

The judges did not elaborate on how Ms. Kamm’s documents have actively damaged Israel’s security. The verdict does, however, mention the potential damage the documents could have caused, had they fallen into the wrong hands.

But the damage the Tel Aviv District Court has inflicted on Israeli democracy is immediate and concrete. One can’t help but wonder if the safeguarding of Israeli democracy itself is in the wrong hands.

Yunnan province, in southwestern China, has long been the exit point for Chinese who yearn for a new life outside the country. There, one can sneak out of China by land, passing through pristine forests, or one can go by water, floating all the way down the Lancang River until it becomes the Mekong, which meanders into Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam.

So each time I set foot there, in a land where red soil gleams in the sun, I turned restless; my imagination ran wild. After all, having been imprisoned for four years after I wrote a poem that condemned the Chinese government’s brutal suppression of student protesters in 1989, I had been denied permission to leave China 16 times.

I felt very tempted. It doesn’t matter if you have a passport or visa. All that counts is the amount of cash in your pocket. You toss your cellphone, cut off communications with the outside world and sneak into a village, where you can easily locate a peasant or a smuggler willing to help you. After settling on the right price, you are led out of China on a secret path that lies beyond the knowledge of humans and ghosts.

Until earlier this year, I had resisted the urge to escape. Instead, I chose to stay in China, continuing to document the lives of those occupying the bottom rung of society. Then, democratic protests swept across the Arab world, and posts began appearing on the Internet calling for similar street protests in China. In February and March, there were peaceful gatherings at busy commercial and tourist centers in dozens of cities every Sunday afternoon. The government panicked, staging a concerted show of force nationwide. Soldiers changed into civilian clothes and patrolled the streets with guns, arresting anyone they deemed suspicious.

Meanwhile, any reference to Tunisia’s Jasmine Revolution (and even the word jasmine) was censored in text messages and on search engines. The police rounded up human rights lawyers, writers and artists. The democracy activist Liu Xianbin, who had served nine years in prison for helping to form the China Democratic Party, was given a new sentence of 10 years. The artist Ai Weiwei vanished in April and has lived under close government surveillance since his release in mid-June.

An old-fashioned writer, I seldom surf the Web, and the Arab Spring simply passed me by. Staying on the sidelines did not spare me police harassment, though. When public security officers learned that my books would be published in Germany, Taiwan and the United States, they began phoning and visiting me frequently.

In March, my police handlers stationed themselves outside my apartment to monitor my daily activities. “Publishing in the West is a violation of Chinese law,” they told me. “The prison memoir tarnishes the reputation of China’s prison system and ‘God Is Red’ distorts the party’s policy on religion and promotes underground churches.” If I refused to cancel my contract with Western publishers, they said, I’d face legal consequences.

Then an invitation from Salman Rushdie arrived, asking me to attend the PEN World Voices Festival in New York. I immediately contacted the local authorities to apply for permission to leave China, and booked my plane ticket. However, the day before my scheduled departure, a police officer called me to “have tea,” informing me that my request had been denied. If I insisted on going to the airport, the officer told me, they would make me disappear, just like Ai Weiwei.

For a writer, especially one who aspires to bear witness to what is happening in China, freedom of speech and publication mean more than life itself. My good friend, the Nobel laureate Liu Xiaobo, has paid a hefty price for his writings and political activism. I did not want to follow his path. I had no intention of going back to prison. I was also unwilling to be treated as a “symbol of freedom” by people outside the tall prison walls.

Only by escaping this colossal and invisible prison called China could I write and publish freely. I have the responsibility to let the world know about the real China hidden behind the illusion of an economic boom — a China indifferent to ordinary people’s simmering resentment.

I kept my plan to myself. I didn’t follow my usual routine of asking my police handlers for permission. Instead, I packed some clothes, my Chinese flute, a Tibetan singing bowl and two of my prized books, “The Records of the Grand Historian” and the “I Ching.” Then I left home while the police were not watching, and traveled to Yunnan. Even though it was sweltering there, I felt like a rat in winter, lying still to save my energy. I spent most of my time with street people. I knew that if I dug around, I could eventually find an exit.

With my passport and valid visas from Germany, the United States and Vietnam, I began to move. I shut off my cellphone after making brief contacts with my friends in the West, who had collaborated on the plan. Several days later, I reached a small border town, where I could see Vietnam across a fast-flowing river. My local helper said I could pay someone to secretly ferry me across, but I declined. I had a valid passport. I chose to leave through the border checkpoint on the bridge.

Before the escape, my helper had put me up at a hotel near the border. Amid intermittent showers, I floated in and out of dreams and awoke nervously to the sound of a knock on the door, only to see a prostitute shivering in the rain and asking for shelter. Although sympathetic, I was in no position to help.

At 10 a.m. on July 2, I walked 100 yards to the border post, fully prepared for the worst, but a miracle occurred. The officer checked my papers, stared at me momentarily and then stamped my passport. Without stopping, I traveled to Hanoi and boarded a flight to Poland and then to Germany. As I walked out of Tegel airport in Berlin on the morning of July 6, my German editor, Peter Sillem, greeted me. “My God, my God,” he exclaimed. He was deeply moved and could not believe that I was actually in Germany. Outside the airport, the air was fresh and I felt free.

After I settled in, I called my family and girlfriend, who were questioned by the authorities. News about my escape spread fast. A painter friend told me that he had gone to visit Ai Weiwei, who is still closely watched. When my friend mentioned that I had mysteriously landed in Germany, Old Ai’s eyes widened. He howled with disbelief, “Really? Really? Really?”

Tras la feroz matanza de Noruega, la pregunta brota inevitable: ¿debemos permitir o prohibir la difusión de las ideologías que alientan conductas criminales como esta? Ya es un paso adelante caer en la cuenta de que las ideas suscitan o modelan nuestras emociones y deseos y, por tanto, guían nuestra conducta. Porque se sigue diciendo como si tal cosa que cada cual piense como quiera, y eso solo puede proclamarse si se supone erróneamente que nada de lo que el otro haga tendrá que ver con lo que piensa o que no afectará a nuestros derechos. Es otra variante tonta del tópico de que una cosa es la teoría y otra la práctica. La observación más común se encarga a cada instante de desmentir ambos supuestos, pero ni aun así nos aprestamos a revisar las ideas que nos parecen nefastas. Pues entonces tropezaríamos con un nuevo prejuicio, el nihilismo arraigado en la mentalidad ambiental: que nadie puede arrogarse juzgar el pensamiento de nadie ni coartar su libertad de expresión, porque todos los códigos morales son relativos a las respetables creencias de sus sujetos…

Dejemos en paz esas ideas, como las científicas o las referidas a gustos culinarios, que ni orientan nuestra existencia ni suelen enfrentarnos a muerte al prójimo. Pero adviértase que las otras ideas, las morales y políticas, no son repudiables tan solo cuando incitan al asesinato. Son malas también si justifican la explotación laboral o sexual, los abusos de poder, los tribalismos identitarios, el conformismo frente a la injusticia…, tantas cosas cuya lista sería interminable. Ya es hora de abandonar ese perezoso simplismo de que lo único malo en la vida pública es la violencia y que todo lo demás debe ser permitido. “Sin violencia todas las concepciones son legítimas”, se ha repetido a coro en nuestro país ante el terrorismo. Pues no: aunque él mismo no hubiera disparado un solo tiro en su vida, la concepción política del señor Breivic desbordaría ilegitimidad por todos lados.

Es decir, solo comprendemos la maldad de ciertas ideologías cuando palpamos, a posteriori, sus efectos más virulentos y sanguinarios. Solo entonces empezamos a asustarnos, nunca antes. Al parecer no importa ni el veneno previo que han ido inoculando en la sociedad en sus sectores más sensibles, ni el desarme intelectual y moral que traen consigo. Y estos últimos son estragos incluso peores que los crímenes, no solo por ser mucho más extensos y ordinarios, sino también porque pasan sin réplica y acaban propiciando aquellos mismos crímenes.

La atmósfera prenazi (y pronazi) se formó gracias a la difusión de su ideología y al conformismo de esos pasivos “espectadores” que fueron los alemanes en su mayor parte. Las mentes más lúcidas de aquel momento han reconocido que desdeñaron a Hitler, ni siquiera se tomaron la molestia de leer Mein Kampf y, en consecuencia, no sabían después hacer frente al ideario nacionalsocialista.

La atmósfera abertzale vasca se ha gestado durante 50 años de siembra sistemática de dogmas etnicistas, de tergiversación de la Historia, de sumisión por parte de una izquierda confusa… y de silencio. Todo se callaba, salvo (y eso ya en épocas tardías) el atentado mortal; solo se condenaban los medios brutales, mientras los fines y sus dogmas básicos permanecían intocables. La mayoría aún no ha entendido que el mal causado en esa sociedad por ETA no acababa en sus asesinatos ni acabará con la desaparición de la banda. ¿O es que no lo estamos viendo en sus últimos herederos?

Podremos dudar entre tolerar y prohibir la exhibición pública de ideas tóxicas. Lo que no podemos es aplaudirlas ni desentendernos de ellas; pero entre nosotros han sobrado aplausos y prudencias harto interesadas. En casos extremos no cabe descartar la prohibición de una doctrina, programa o agrupación políticas que vomitan abiertamente contra los valores democráticos primarios y, por tanto, contra la libertad e igualdad de los ciudadanos o de un grupo particular de estos.

Ni el derecho a la vida es el único del catálogo ni el “prohibido prohibir” deja de ser un lema tan enfermizo como incoherente. Nada más estúpido que invocar el pluralismo para permitir decálogos o partidos que pregonan sin tapujos su intención de acabar con ese pluralismo. El pluralismo no tiene por qué acoger todo lo plural, por lo mismo que no todas las diferencias son valiosas. De manera que será un hipócrita quien se rasgue las vestiduras ante la menor sugerencia de censura en esta materia…, al tiempo que se despreocupa de la calidad de la conciencia ciudadana. Habrá que proponerse más bien reforzar esta conciencia si la queremos capaz de defenderse de aquellas soflamas.

Mientras no se traspasen esos límites de lo intolerable -del respeto de los derechos-, en cambio, lo habitual será la tolerancia hacia lo que nos molesta e incluso desafía. Ahora bien, tolerar no es solo reconocer el derecho de los otros a profesar una creencia o mantener una conducta contrarias a las comunes. Sería un dudoso tolerante, próximo a la mera indiferencia, quien por principio renunciara a mostrar su desacuerdo con el otro y, llegado el caso, a invitarle a discutir las discrepancias. Y es que el desacuerdo entre las gentes, claro está, exige mucho más que si entre ellas reinara la unanimidad.

El derecho del otro a ser tolerado demanda un deber legal de tolerar, pero no menos la obligación moral de afinar nuestro juicio acerca de lo que toleramos y por qué. Tampoco puede uno contentarse con reclamar el derecho a la libertad de expresión como este no venga con el deber de apoyar en argumentos las opiniones que expresa, al menos en lo que atañe a nuestra vida común. Nadie deberá pedirme cuentas de mis comentarios deportivos, pero cualquiera tiene derecho a exigirme responsabilidad por mis juicios políticos.

¿Me dejarán una coda final? De poco sirve que unos profesores exquisitos tengamos a John Rawls como pensador de cabecera, mientras no transmitamos su enseñanza a la opinión pública. Para este pensador, si en una sociedad se cultivaran ciertas doctrinas incompatibles con el ideal democrático, tarea de la razón pública sería “impedir que obtengan la suficiente difusión” como para comprometer la justicia política básica.

Y a todo esto, ¿qué responden nuestra escuela y universidad? Pues verá usted: casi nada la primera y todavía menos la segunda. Una Ética escolar que se propone la vaguedad de “educar en valores” y de hacerlo al modo de una “asignatura transversal”, como si careciera de contenido propio, acepta de antemano el sambenito de maría. Aquella Educación para la Ciudadanía ya salió malparada de su batalla con los obispos, que no admiten otro adoctrinamiento que el suyo. Y en las aulas universitarias, la teoría de la democracia y materias afines se enseñan hoy a todo lo más en un par de asignaturas y facultades: para la mer-cantilización del conocimiento que busca el proceso de Bolonia ya es demasiado.

Al paso que vamos, los Breivic del futuro tal vez ya no necesiten perseguir a tiros a estudiantes, porque sus ideologías no hallarán muchos estudiantes que sepan resistirlas.

Uno de los acontecimientos más alevosos contra la libertad de expresión perpetrados por el Gobierno del Frente Popular en los días subsiguientes al golpe de estado del general Franco, fue la clausura e incautación de un centenar de periódicos de toda España, siendo el más significativo ABC. A media mañana del 20 de julio de 1936 Unión Radio informaba de la decisión del Gobierno de la República de cerrar el órgano monárquico de los Luca de Tena, sin que la orden fuese comunicada oficialmente a la dirección del diario, que estaba en manos del inefable Luis de Galinsoga.

Aquel 20 de julio el subdirector de ABC, Alfonso Rodríguez Santamaría, a su vez presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, y Rogelio González-Úbeda, director gerente, reúnen a los redactores, ante la incomparecencia de Galinsoga, y les ordena que abandonen el edificio de Serrano 61 ante la certeza de que el periódico iba a ser ocupado por miembros incontrolados del Sindicado de Artes Gráficas enviados por el ministro de la Gobernación. Unión Radio acababa de confirmar que habían sido incautados los periódicos ABC, «Ya», «El Debate» y «El Siglo Futuro», entre los de Madrid, y que la llegada de los nuevos ocupantes era inminente. Alfonso Rodríguez Santamaría sería detenido en su domicilio el 20 de agosto y fusilado en la Dehesa de la Villa.

ABC no aparecería hasta el 25 de julio dirigido ya por Augusto Vivero, un mediocre periodista olvidado que se había distinguido por su actuación en el asalto al Cuartel de la Montaña. Solo tres miembros de la plantilla anterior permanecieron en la Redacción, según nos contaría años después Serafín Adame, redactor del diario «Pueblo» en los sesenta, uno de los que entró con el equipo de Vivero.

El estilo panfletario que se imprimió al histórico rotativo ahuyentó enseguida a su público tradicional y en pocos días se produjo una caída en la tirada que alarmó incluso al Gobierno de José Giral, al ver que se frustraba su operación propagandística. El potencial nuevo lector del ABC republicano (15 céntimos de peseta) al que Vivero quería captar no aparecía, y los nuevos responsables aducían que la falta de papel y otras materias primas hacían imposible la salida del periódico en condiciones decorosas. Falso argumento que tiempo después nos desmentiría Rogelio González-Úbeda, director gerente de Prensa Española. La verdad, tal como puede apreciarse en la magnífica Hemeroteca onlinede ABC, es que el equipo entrante era un desastre sin paliativos y durante días estuvo viviendo de las bravuconadas de la nueva línea editorial y de los cuantiosos reportajes intemporales y apolíticos que tenía preparados la vieja Redacción, un extraordinario equipo de periodistas, muchos de ellos asesinados a lo largo de la Guerra Civil.

Pero Augusto Vivero, enloquecido por complacer a la nueva clientela que no llegaba, cometió un error que no se le iba a perdonar. En los primeros días de agosto publicó en las páginas gráficas, el peculiar huecograbado de ABC, y a gran tamaño, las fotografías de las momias de unas monjas desenterradas por incontrolados armados de la madrileña iglesia de las Calatravas. El escándalo fue mayúsculo. El propio Giral dio orden de suspender en la dirección de ABC al incompetente Augusto Vivero. Esas imágenes fueron reproducidas por la prensa extranjera, lo que contribuyó aun más al descrédito de la República, a decir por los despachos que llegaban desde las Embajadas al ministro de Estado Barcia Trelles.

A José Giral le dan un nombre: Elfidio Alonso, diputado por Tenerife, y le ordena al ministro de la Gobernación que proceda al relevo de Vivero. Sería Manuel Muñoz, atrabiliario director general de Seguridad, el encargado de hablar con Elfidio para que sin pérdida de tiempo tomara las riendas de ABC, lo que lleva a cabo el 13 de agosto después de conminar a Augusto Vivero a que abandonase el edificio.

Ese mismo día 13 de agosto Elfidio Alonso, instalado provisionalmente en el despacho que había ocupado Rodríguez Santamaría, llama a Manuel Espinosa, al que nombra redactor jefe con amplios poderes sobre la Redacción y con el encargo de que no se publique ni una sola línea que no haya sido autorizada por la Dirección, según había comprometido él mismo ante Manuel Muñoz. El periódico, dentro de su estrategia propagandística, se modera. Elfidio empieza a publicar artículos de colaboradores menos fanáticos. Incluso llega a contar con plumas realmente relevantes como la de Julián Marías, y él mismo escribe a diario el editorial, templado dentro de la locura del cambio de orientación que había sufrido ABC desde que fuera arrebatado a sus legítimos propietarios.

Pero Elfidio Alonso, a quien conocí en los años setenta durante una larga conversación junto con otros compañeros, hizo algo más. Durante el mes escaso de Vivero y su redacción mercenaria, el Archivo —el gran tesoro de la Casa— había sido utilizado sin orden ni concierto y la colección del diario se amontonaba desordenada y maltrecha por el suelo, con páginas arrancadas y otros atentados a la historia del periódico. Manuel Espinosa puso a dos personas de su confianza al cargo del Archivo y en pocas semanas las carpetas de fotografías y documentos, así como la colección encuadernada que hoy se conserva volvieron a su estado original, es decir, al riguroso orden imprescindible en este tipo de departamentos.

En la charla con Elfidio Alonso a la que hago referencia —él venía de almorzar con su gran amigo y paisano, el periodista de «El País» Juan Cruz— nos contó sustanciosas anécdotas de aquellos tiempos. El mismo día 13, al entrar en la Redacción a saludar a los redactores, varios de los cuales fueron despedidos, vio que la estatua del Fundador, obra de Mariano Benlliure, que presidía aquella sala, tenía sobre su cabeza de bronce una gorra de miliciano. Sin pensárselo dos veces la cogió y la arrojó al suelo, recriminando al anónimo autor de la fechoría con estas palabras: «Sepan ustedes que si estamos aquí es gracias a este señor». Pese a que desde la recuperación del periódico por sus propietarios el 28 de marzo de 1939, y en adelante, no era de buen gusto hablar de Elfidio Alonso, los más antiguos de la Casa lo recordaban como un hombre sensato, afable de carácter y, sobre todo, respetuoso con las instalaciones del edificio, que al final de la contienda quedaron en tan buen estado que el mismo día 29 de marzo pudo salir a la calle ABC, ya de los Luca de Tena.

Prensa Española, en un gesto sin precedentes en los anales del periodismo, publicó en fascículos a finales de los setenta «ABC, doble diario de la Guerra Civil» después de haber recuperado la numeración histórica del diario, interrumpida el 20 de julio del 36, aunque correlativa en la edición sevillana. Aquel coleccionable de carácter histórico, dirigido por Javier Tussel, ponía punto final al fatal desencuentro en la prestigiada cabecera durante la contienda que enfrentó a los españoles.

Por todo ello, al recordar los sucesos vividos en Serrano 61 hace hoy setenta y cinco años, que demolieron la idea fundacional y pusieron en serio peligro la permanencia de ABC, sus instalaciones y recursos materiales, es obligado recordar a quienes como Elfidio Alonso no permitieron su saqueo como ocurriera a otros colegas editados en Madrid que fueron víctima de la incuria reinante, cuando no pasto de las llamas. El 13 de agosto de 1936 fue decisivo en la historia de la Casa de ABC.

“Podemos ignorar la yihad, pero no podemos evitar las consecuencias de ignorar la yihad”. Esa fue la primera reacción de la bloguera antiislámica estadounidense Pamela Geller tras la noticia de los atentados terroristas en Noruega, y en su página web, Atlas Shrugs (Atlas se encoge de hombros), colocó el enlace a un vídeo anterior de una manifestación a favor de Hamás en Oslo. Cuando nos enteramos de que el asesino de masas no era un terrorista islámico sino un terrorista antiislámico, cuyo manifiesto de 1.500 páginas estaba lleno de citas de escritores como ella, Geller se encogió de hombros como Atlas: “Es un maldito asesino. Punto. Es responsable de sus actos. Él y solo él. No ha habido nada de ideología”.

“Nadie ha explicado ni puede explicar qué tienen que ver las supuestas opiniones antiyihad de este individuo con el hecho de que haya asesinado a unos niños”, protestó Robert Spencer, de Jihad Watch, otro bloguero al que Breivik citaba y elogiaba. A los “luchadores de la libertad” como él mismo, decía Spencer, no había que meterlos en ese mismo saco.

Bruce Bawer, un estadounidense residente en Oslo que escribió una jeremiada sobre la toma de Europa (Eurabia) por parte de los musulmanes, se mostró más considerado. Tras tomar nota de que, en su manifiesto de los Neocaballeros Templarios, Anders Behring Breivik “cita de forma elogiosa y con detalle mi trabajo y menciona mi nombre 22 veces”, Bawer reflexiona, con una desolación que le honra: “Es escalofriante pensar que esas notas que yo había escrito para el blog en mi hogar del oeste de Oslo a lo largo de los dos últimos años las estaba leyendo y copiando un futuro asesino en su hogar del oeste de Oslo”.

¿Qué relación hay, pues, entre sus palabras y los actos cometidos por Breivik? ¿Qué consecuencias debe tener para la forma de tratar a unos escritores a los que este asesino de masas citaba en términos tan elogiosos?

En primer lugar, las personas como Geller y Spencer, y mucho menos Bawer, más atento, no son responsables de lo que hizo Breivik. Es un error tan grande declararles cómplices de asesinato de masas como proclamar que los escritores musulmanes no violentos (aunque a veces autoritarios y extremistas) son cómplices de los terroristas musulmanes que atentaron en Nueva York, Londres y Madrid. Dado que ellos llevan muchos años haciendo precisamente eso, sería tentador sentir cierta pizca de satisfacción al ver que a Geller y compañía les ha salido el tiro por la culata. Pero no debemos actuar como ellos. No son cómplices. Punto.

Sin embargo, si es ridículo sugerir que no existe ninguna relación entre la ideología islamista y el terrorismo islamista, también lo es decir que no hay ningunaconexión entre la visión alarmista de la islamización de Europa que difunden estos autores y lo que Breivik creía estar haciendo. ¿”Nada de ideología”? Por supuesto que sí. Una parte importante del manifiesto de Breivik es una evidente repetición -con frecuentes citas sacadas y recortadas de Internet- de las historias de horror que escriben sobre Eurabia, tan debilitada por el veneno del multiculturalismo y otras enfermedades izquierdistas que se somete sin lucha a una situación de dimitud bajo la supremacía musulmana. Su mente, claramente desequilibrada (otra cosa es que esté loco en sentido legal), salta de ahí a la conclusión de que el Caballero Justiciero (él mismo), en su soledad, debe dar un toque de atención heroico y brutal que despierte a esta sociedad debilitada, una señal aguda, como explicó a los investigadores noruegos.

¿Qué hay que hacer con esas palabras tan inflamatorias? Una respuesta, muy popular en algunos sectores de la izquierda europea, es: “¡Prohibirlas!”. Si la idea engendró el hecho, impidamos la idea. Habría que añadir una nueva serie de términos y sentimientos ofensivos y extremistas a la ya larga lista de palabras dentro del “discurso de odio” que son procesables en uno u otro país de Europa. Hace unos años, la entonces ministra de justicia alemana, Brigitte Zypries, logró que la UE aprobara una “decisión marco” para la multiplicación paneuropea de esos tabúes; por suerte, no se ha llevado a la práctica todo lo que ella pretendía.

Por suerte, digo, porque es una vía equivocada. No va a hacer desaparecer esas ideas, solo hacer que pasen a la clandestinidad, donde se enconarán y se harán más venenosas. Congelará el debate legítimo sobre temas importantes: la inmigración, la naturaleza del islam, los hechos históricos. Dará a gente tan repugnante como David Irving la oportunidad de proclamarse mártires de la libertad de expresión. Llevará a los tribunales a personas fantasiosas como Samina Malik -una vendedora de 23 años procesada en Reino Unido por escribir unos pésimos versos en los que glorificaba el martirio y los asesinatos de los yihadistas-, pero no a los hombres que de verdad ejercen la violencia.

Contra la incitación directa a la violencia debe caer, siempre y en todas partes, todo el peso de la ley. Los textos ideológicos que alimentaron la locura de Breivik, en mi opinión, no cruzaron esa línea. Permitir la manifestación de las fantasías militantes de los extremistas, tanto islamistas como antiislámicos, es el precio que pagamos por tener libertad de expresión en una sociedad abierta.

¿Quiere eso decir que no hay que darles respuesta? Por supuesto que no. Precisamente porque el precio de prohibir esas palabras es demasiado alto, y de todas formas sería imposible hacerlo en la era de Internet, es por lo que debemos hacerles frente en combate abierto. Un campo de batalla fundamental es la política, y los políticos de los grandes partidos europeos, viendo el éxito electoral de los partidos populistas y xenófobos, están dedicándose a apaciguar, en vez de levantar la voz contra los mitos extremistas. Otro terreno es el de los medios llamados convencionales. En un país como Noruega -y en Reino Unido-, la radiotelevisión pública y la prensa de calidad responsable son la garantía de que, aunque se difundan opiniones radicales, los peligrosos mitos que proponen estén acompañados de datos, reflexión y sentido común. Para quienes aún leen y escuchan esos medios, claro está.

¿Pero qué sucede cuando uno se informa a través de los periódicos sensacionalistas y demagogos, como los que tanto le gustan a Rupert Murdoch? ¿O en una cadena de televisión que siempre es sectaria, como las de Silvio Berlusconi en Italia o Fox News (también de Murdoch) en Estados Unidos? La noche de los asesinatos de Oslo, la presentadora invitada en el programa de Fox News The O’Reilly Factor, Laura Ingraham, informó de “dos atentados mortales en Noruega, que parecen ser obra, una vez más, de extremistas musulmanes”. Después de contar lo que se sabía de los ataques, continuó: “Mientras tanto, en Nueva York, los musulmanes que desean construir la mezquita en la Zona Cero han logrado una victoria legal…”. Malditos musulmanes, que ponen bombas en Oslo y mezquitas en Nueva York.

¿Y si uno obtiene sus informaciones de lo que ocurre en el mundo, sobre todo, a través de Internet? El caso de Breivik vuelve a mostrar que la red es un recurso fantástico para quienes quieren buscar con la mente abierta. En solo unas horas, se obtiene una cantidad de información para la que antes hacían falta semanas e incluso seguramente un viaje al país en cuestión. Ahora bien, cada vez existen más pruebas de que el funcionamiento de Internet puede contribuir también a cerrar las mentes, reforzar los prejuicios y alimentar las teorías de la conspiración.

En Internet es demasiado fácil encontrar a las otras 1.000 personas que comparten tus opiniones pervertidas. Y entonces entras en una espiral viciosa de pensamiento de grupo que refuerza el peor tipo de ideología: una visión del mundo sistemática y coherente que está totalmente alejada de la cotidianeidad humana. El manifiesto de Breivik, con sus interminables citas sacadas de la Red, es ejemplo perfecto de ese proceso.

No hay soluciones fáciles. “¡Prohibidlo!” es la respuesta equivocada. El verdadero reto es descubrir cómo aprovechar al máximo la extraordinaria capacidad de Internet para abrir las mentes y reducir al mínimo su tendencia a cerrarlas.

Free speech in Israel was dealt a severe blow this month when the country’s Parliament passed antiboycott legislation that targets individuals or organizations publicly calling for a boycott against Israel or any area under its control.

Because I believe in ending the Israeli occupation of Palestinian territory, equal rights for Palestinians and Jews, and the right of return for Palestinian refugees forced from their homes and lands in 1948, I support boycotting — and calling on others to boycott — all Israeli companies that help perpetuate these injustices.

But this new legal limit on free speech could bankrupt me.

Israeli officials will not throw me in jail for publicly supporting such boycotts, but settler groups can claim financial damages without even having to show any harm done. Furthermore, organizations supporting boycotts could be denied tax-deductible contributions and state funding. This week, I appealed the law to the high court.

Already, a member of the Knesset, our Parliament, Alex Miller, has threatened to sue me for my words — specifically my call, which I continue to make today, to boycott the illegal Jewish settlement of Ariel. Such a call would be unremarkable in a proper democracy with untrammeled free speech. The right to criticize a population that has dispossessed Palestinians and discriminated against us for decades should be protected speech.

Perhaps my parliamentary immunity will protect me, but that can readily be stripped. Moreover, parliamentary immunity will not protect Israelis who urge fellow citizens not to buy Ahava beauty products created from natural resources illegally extracted from the occupied shores of the Dead Sea and manufactured in a factory in an illegal West Bank settlement, to avoid wines from the occupied Golan Heights, or to hire construction companies other than those that build exclusive and discriminatory housing units for settlers in occupied East Jerusalem.

Prime Minister Benjamin Netanyahu has proudly taken ownership of the bill for his Likud party, declaring: “Don’t be confused — I authorized the bill. If I hadn’t authorized it, it wouldn’t have gotten here.” Given Netanyahu’s warm reception on Capitol Hill when he visited the United States a few weeks ago, I fear that most members of Congress will not offer a peep of protest, even as Israel, a key American ally that bills itself as “the only democracy in the Middle East,” strays into undemocratic and clearly bigoted lawmaking.

The Israeli Parliament’s antiboycott legislation is an unprecedented effort to undercut nonviolent resistance to Israeli oppression. Many people believe that making nonviolence more difficult will make violence inevitable. I do not. Approving such irresponsible and reactionary legislation highlights Israel’s long decades of injustice to Palestinians and hands us something of a political victory. Through this legislation, Israel has drawn further attention to its violent occupation of Palestinian territory and routine violations of international law.

Colonizing settlers and their elected representatives now rule Israel’s political landscape, and few dare to stand against them. This reticence in the face of repeated abuses by settlers reflects poorly on Israeli society and the U.S. government.

One of Israel’s leading newspapers, Haaretz, noted in an editorial that the antiboycott legislation “is a politically opportunistic and antidemocratic act, the latest in a series of outrageously discriminatory and exclusionary laws enacted over the past year, and it accelerates the process of transforming Israel’s legal code into a disturbingly dictatorial document. It casts the threatening shadow of criminal offense over every boycott, petition or even newspaper op-ed. Very soon, all political debate will be silenced.”

Haaretz may well be right. I prefer to believe, however, that the overreach of the extreme right in Israel will eventually rouse people of good will in the United States and Europe to put greater pressure on the Israeli government to change course. Despite the hopes of American politicians, Israel is not going to change on its own. Only very real international pressure will force the Israeli government to change. Until then, we can expect more discriminatory and undemocratic legislation from this Knesset.

In January this year, I was invited by the Ontario Confederation of University Faculty Associations (OCUFA) to address the Worldviews Conference on Media and Higher Education to be held on 16 June 2011 in Toronto. The topic would be “The responsibility of academics to contribute to public debates in the media.”

I told the organisers then that while I would love to attend, I had been denied entry into Canada twice in the past few years – once in Calgary, and later at Island Airport – and that while lawyers on both sides of the border were engaging the issue, we were being met again and again by bureaucratic gibberish and classic rule-by-no-one. The president of OCUFA sent a letter to the Canada Border Services Agency hoping to resolve the matter, and received a boiler-plate response: “The CBSA is charged to ensure the security and prosperity of Canada by managing access of people and goods.” I explained that my participation in the conference would jeopardise neither, and promised to spend a lot of money while in town, but I got the same response.

I’m in Chicago today, and a video of my talk has been sent to the conference. One irony in this situation is that the injured party in all of this is not me primarily, but the people who, for whatever reason, wanted to engage me in conversation. After all, I will talk to myself all day, and probably disagree and argue with myself as usual. But what of the Canadians who thought it might be useful to have a dialogue? Tough luck: your government is vigilantly watching over your security and prosperity.

There’s another irony, of course, in the government preventing me from exercising the very responsibility I was invited to address. This is a basic issue of free and open debate and the democratic exchange of ideas – not one of a potential threat to the nation’s security.

The technical issue here is that the border guard who turned me back in Calgary said that, according his computer, I had quite a lengthy arrest record. True, I said, arrests from sit-ins, occupations, and antiwar activities 40 years ago, and all misdemeanours. Well, he responded, you have one felony conviction, and that’s why you will not get into Canada today.

But I don’t have any felony convictions. Prove that you don’t have any, he said.

Years and a lot of lawyer’s fees later, I’m still having trouble disproving a negative, if you get the Catch-22 here … but wait! I just realised that some of those fees are, indeed, contributing to the prosperity of Canada! OK, I’ll stay out.

I entered Canada a dozen times in the preceding decade – taking my kids to the Shakespeare or skiing in Banff, attending research conferences, speaking at universities – and have been to scores of other countries from Cyprus to China, Hong Kong to Beirut, the Netherlands to Chile. But perhaps those countries lack the thorough security sense of Canada.

As the public space contracts, the real victim becomes truth, honesty, integrity, curiosity, imagination, freedom itself. When academics fall silent, other victims include the high school history teacher on the west side of Chicago or in central Toronto, the English literature teacher in Detroit, or the maths teacher in a Vancouver middle school. They and countless others immediately get the message: keep quiet with your head down.

In Brecht’s play Galileo, the great astronomer set forth into a world dominated by a mighty church and an authoritarian power: “The cities are narrow and so are the brains,” he declared recklessly. Intoxicated with his own insights, Galileo found himself propelled towards revolution. Not only did his radical discoveries about the movement of the stars free them from the “crystal vault” that received truth insistently claimed fastened them to the sky, but his insights suggested something even more dangerous: that we, too, are embarked on a great voyage, that we are free and without the easy support that dogma provides. Here, Galileo raised the stakes and risked taking on the establishment in the realm of its own authority – and it struck back fiercely.

Forced to renounce his life’s work under the exquisite pressure of the Inquisition, he denounced what he knew to be true, and was welcomed back into the church and the ranks of the faithful, but exiled from humanity – by his own word. A former student confronted him in the street then:

“Many on all sides followed you … believing that you stood, not only for a particular view of the movement of the stars, but even more for the liberty of teaching – in all fields. Not then for any particular thoughts, but for the right to think at all. Which is in dispute.”

This is surely in play today: the right to talk to whoever you please, the right to read and wonder, the right to pursue an argument into uncharted spaces, the right to challenge the state or the church and its orthodoxy in the public square. The right to think at all.

I hold no grudge toward Canada or the Canadian people, and I still hope to return some day to what I always considered the beautiful beacon of freedom and sanity to the north. Well, not as free and sane as I’d imagined, but still …

La Suprema Corte de Justicia de la Nación juzga un caso de relevancia para el futuro de la libertad de expresión en México. Se trata de un conflicto entre el periódico La Jornada, dirigido por Carmen Lira, y la revista que dirijo, Letras Libres. La materia del litigio (que lleva más de siete años en los tribunales) es un artículo titulado Cómplices del terror, publicado en Letras Libres en marzo de 2004 y escrito por el entonces subdirector Fernando García Ramírez. El texto denunciaba el tratamiento de La Jornada en torno a la organización terrorista ETA.

Estos son sus antecedentes. El 30 de enero de ese año, el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón se había presentado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México para asistir a la ampliación de la declaración en el proceso de extradición de seis detenidos vascos, acusados de pertenecer a ETA. Ante la cobertura de esos hechos por parte de La Jornada, Garzón publicó una carta en la que acusaba al diario “de manipulación informativa” y comentaba: “Me preocupa que presenten como paladín de la libertad y de la dignidad restaurada a una organización terrorista que tantas muertes ha causado y que tanto dolor ha llevado y lleva a muchos hogares españoles y de otras nacionalidades”. El señalamiento del juez Baltasar Garzón fue muy claro: la dignidad de una sociedad se alcanza cumpliendo la ley “y no mintiéndole al pueblo como ustedes han hecho” (La Jornada, 31 de enero de 2004).

Siete años atrás, el filósofo Fernando Savater se había quejado en términos similares de un reportaje sobre ETA publicado en La Jornada: “Es difícil encontrar una celebración más partidista y mendaz de un País Vasco afortunadamente imaginario y de un terrorismo desgraciadamente real que la realizada en estas páginas”. Savater encontraba que en ese reportaje “se vierten impunemente absurdas vilezas contra al menos dos de los asesinados por ETA, repitiendo los criterios de quienes instigaron tales crímenes como si tuvieran la mínima verosimilitud o legitimidad moral” (La Jornada Semanal, 13 de junio de 1997).

Además de estos hechos, a García Ramírez le llamó la atención la noticia aparecida en el diario La Insignia (5 noviembre de 2002) en el sentido de que el diario Gara -cercano a Batasuna- había firmado un acuerdo de colaboración con La Jornada. Se preguntó por qué, si La Jornada había dado a conocer los acuerdos firmados con The Independent y Le Monde, optó en cambio por no hacer público su convenio con Gara. Esos y otros elementos (como el hecho público de que Josetxo Zaldúa, coordinador general de información de La Jornada, tuviese dos procesos abiertos por terrorismo en España) le parecieron suficientes para escribir su artículo. El texto puede verse en el si-tio de Letras Libres (www.letraslibres.com) y directamente en http://www.letraslibres.com/index.php?art=9458

Considerándose agraviada por el señalamiento de complicidad con ETA, en agosto de 2004 La Jornada presentó una demanda penal por calumnia en contra de Fernando García Ramírez, y otra demanda civil por daño moral en contra de la casa editora de la revista Letras Libres. A partir de entonces, un grueso expediente se fue integrando con las sucesivas sentencias y amparos en cada una de las instancias judiciales. En enero de 2011, la Suprema Corte de Justicia decidió tratar el caso.

En los últimos años, la Corte ha tenido la última palabra en varios conflictos sobre libertad de expresión, querellas entre particulares, entre autoridades y particulares, y entre medios y autoridades. En todos ellos ha protegido la libertad de expresión. Ahora, con el caso de La Jornada contra Letras Libres, la Corte trata por primera vez un conflicto entre dos medios de comunicación. En última instancia, La Jornada ha esgrimido el sorprendente argumento de que la Ley de Imprenta vigente le parece insuficientemente restrictiva con respecto a la libertad de expresión. Sin embargo, en un litigio reciente con un colegio privado, La Jornada fundamentó su defensa en la misma ley que ahora quisiera limitar o poner en entredicho, y con ello logró el fallo positivo de la Suprema Corte. La contradicción es evidente: La Jornada no está dispuesta a conceder a otros medios la libertad que ella misma reclama y que ostensiblemente se toma.

Como puede comprobarse en Internet (por ejemplo a través de Google, con las tres palabras Cómplice La Jornada), ese diario se ha referido infinidad de ocasiones a personas físicas y morales, directa o indirectamente, con el cargo de “cómplice”. Y debo agregar con pena que, en mi caso, la libertad de que hace uso La Jornada ha llegado al extremo de insultarme repetidamente con alusiones antisemitas que no se veían en México -menos aún en órganos de izquierda- desde tiempos de los panfletos filonazis.

El conflicto entre Letras Libres y La Jornada no solo atañe a la libertad de expresión sino, de manera específica, a otro tema central para la democracia: el tema de la transparencia. La prensa ha sido llamada un cuarto poder desde el siglo XVIII, y en el siglo XX aumentó la conciencia de que debe ser -como los otros tres poderes- un poder responsable y transparente. Dejando a un lado la cuestión de si es legal o debe serlo publicar contenidos que simpatizan con los de una banda terrorista, lo menos que se puede exigir a un medio es transparencia: una cosa es publicar esos contenidos, y otra ocultar su origen y editorializarlos como afirmaciones del periódico.

En Letras Libres tenemos la convicción de que los periodistas y los medios de comunicación (impresos, en este caso) juegan un papel central en la construcción de la democracia y para ello deben gozar de la más amplia libertad de expresión, incluso si esta se usa por uno para criticar al otro o para pedirle transparencia.

Cualquiera que sea el desenlace de este largo y penoso conflicto, sobra decir que la revista Letras Libres se allanará a la sentencia. Si gana, tenderá la mano a La Jornada para convivir en el espacio público en un marco de pluralidad y respeto. Si pierde, espera que La Jornada actúe en el mismo sentido.

We have buried another journalist. Syed Saleem Shahzad, an investigative reporter for Asia Times Online, has paid the ultimate price for telling truths that the authorities didn’t want people to hear. He disappeared a few days after writing an article alleging that Al Qaeda elements had penetrated Pakistan’s navy and that a military crackdown on them had precipitated the May 22 terrorist attack on a Karachi naval base. His death has left Pakistani journalists shaken and filled with despair.

I couldn’t sleep the night that Saleem’s death was confirmed. The fact that he was tortured sent me back to a chilly night last September, when I was abducted by government agents. During Saleem’s funeral service, a thought kept haunting me: “It could have been me.”

Mourning journalists lined up after the service to console me, saying I was lucky to get a lease on life that Saleem was denied. But luck is a relative term.

Adil, my 2-year-old son, was the first person in my thoughts after I was abducted. Journalists in Pakistan don’t have any institutionalized social security system; those killed in the line of duty leave their families at the mercy of a weak economy.

When my attackers came, impersonating policemen arresting me on a fabricated charge of murder, I felt helpless. My mouth muzzled and hands cuffed, I couldn’t inform anybody of my whereabouts, not even the friends I’d dropped off just 15 minutes before. My cellphone was taken away and switched off. Despite the many threats I’d received, I never expected this to happen to me.

Sure, I had written many stories exposing the corrupt practices of high-ranking officials and pieces criticizing the army and the intelligence agencies. After they were published, Inter-Services Intelligence, Pakistan’s prime security agency, always contacted me. I was first advised not to write too much about them and later sent messages laced with subtle threats. But I never imagined action was imminent.

On Sept. 4, I was driven to an abandoned house instead of a police station, where I was stripped naked and tortured with a whip and a wooden rod. While a man flogged me, I asked what crime had brought me this punishment. Another man told me: “Your reporting has upset the government.” It was not a crime, and therefore I did not apologize.

Instead, I kept praying, “Oh God, why am I being punished?” The answer came from the ringleader: “If you can’t avoid rape, enjoy it.” He would employ abusive language whenever he addressed me.

“Have you ever been tortured before?” he asked.

“No,” I said.

“These marks will stay with you forever, offering you a reminder never to defy the authorities,” he replied.

They tortured me for 25 minutes, shaved my head, eyebrows and moustache and then filmed and photographed my naked body. I was dumped nearly 100 miles outside Islamabad with a warning not to speak up or face the consequences.

The following months were dreadful. I suffered from a sleep disorder. I would wake up fearing that someone was beating my back. I wouldn’t go jogging, afraid that somebody would pick me up again and I’d never return. Self-imposed house arrest is the life I live today; I don’t go outside unless I have serious business. I have been chased a number of times after the incident. Now my son asks me questions about my attackers that I don’t answer. I don’t want to sow the seeds of hatred in his heart.

When Saleem disappeared, I wondered if he had been thinking about his children, as I had. He had left Karachi, his hometown, after receiving death threats, and settled with his wife and three children in Islamabad. From there, he often went on reporting trips to the tribal areas along the Afghan border. Tahir Ali, a mutual friend, would ask him: “Don’t you feel scared in the tribal areas?” Saleem would smile and say: “Death could come even in Islamabad.” His words were chilling, and prescient.

The killing of Syed Saleem Shahzad is yet another terrifying reminder to Pakistani journalists. He is the fifth to die in the first five months of 2011. Journalists are shot like stray dogs in Pakistan — easily killed because their assassins sit at the pinnacle of power.

When Daniel Pearl was brutally murdered by militants in Karachi in 2002, his case was prosecuted and four accomplices to the crime were sentenced. This happened only because Mr. Pearl was an American journalist. Had he been a Pakistani, there would have been no justice.

Today, impunity reigns and no organization is powerful enough to pressure the government to bring Saleem’s killers to justice. Journalists have shown resilience, but it is hard to persevere when the state itself becomes complicit in the crime. Now those speaking up for Saleem are doing so at a price: they are being intimidated and harassed.

Pakistan is at a crossroads and so is its news media. In a situation of doom and gloom, Pakistani journalists offer a ray of hope to their fellow citizens and they have earned the people’s trust. Even the former prime minister Chaudhry Shujaat Hussain has admitted that people who once went to the police with complaints now go to the press.

But this trust will be eroded if journalists continue to be bullied into walking away from the truth. News organizations throughout the world must join hands in seeking justice for Saleem and ending the intelligence agencies’ culture of impunity. An award for investigative journalists should be created in his honor, as was done for Daniel Pearl. No stronger message could be delivered to his killers than making him immortal.

(Versión en inglés)

¿Cuál es la mejor forma de combatir a los populistas antiinmigrantes que tienen hoy la iniciativa política en muchos países europeos? Dentro de unos días está previsto el veredicto en el juicio al político holandés Geert Wilders por sus declaraciones en contra del islam; por ejemplo, que el Corán es un “libro fascista” que debería ser prohibido. Al mismo tiempo, el Gobierno de minoría de centro-derecha necesita, para sobrevivir, la “tolerancia” del Partido para la Libertad (PVV) de Wilders, que obtuvo más del 15% de los votos en las últimas elecciones generales. El precio que exigió Wilders a cambio fue, entre otras cosas, el compromiso de prohibir el burka. En Holanda, como en otros países europeos, los partidos de centro-derecha están intentando recuperar a los votantes que se han pasado a esos populistas antiextranjeros a base de adoptar versiones ligeramente suavizadas de sus mismas políticas y su retórica.

Por eso pretenden que los tribunales hagan lo que no hacen los políticos. Y eso es un error. Tanto por motivos relacionados con la libertad de expresión como por prudencia política, a Wilders no debería juzgársele por las cosas que dice sobre el islam. Por el contrario, los políticos de las grandes formaciones democráticas y otros líderes de opinión deberían ser más valientes y levantar la voz para combatir su retórica incendiaria.

Eso es lo que, al parecer, ha pensado también la fiscalía holandesa. “No hay duda de que sus palabras son dañinas y ofensivas para un gran número de musulmanes”, dijeron, cuando se empezó a hablar de procesarle, pero “la libertad de expresión desempeña un papel esencial en una sociedad democrática”. Pese a ello, un conjunto formado por abogados importantes, varias ONG y diversos grupos de presión consiguió que un tribunal de apelaciones revocara la decisión y obligase a los reacios fiscales a emprender una acción judicial. El tribunal alegó que “al atacar los símbolos de la religión musulmana, estaba insultando también a los creyentes musulmanes”.

Esa frase deja ver a la perfección el problema de principio: cómo se ha desdibujado la línea que separa criticar las creencias de atacar a los creyentes. Porque siempre debemos tener libertad para criticar cualquier creencia, incluso en términos radicales. La religión no es como el color de la piel. No existen argumentos racionales contra el color de la piel de una persona. Y, sin embargo, sí existen argumentos racionales e importantes contra el cristianismo, el budismo, la cienciología o cualquier otro sistema de creencias. Estos procesamientos, aunque su fin sea defender a los seres humanos, tendrán unas consecuencias escalofriantes en el debate sobre las ideas religiosas.

Pero hay que situarlo en un contexto más amplio. Los miembros de la Organización de la Conferencia Islámica llevan mucho tiempo proponiendo que la comunidad internacional prohíba la “difamación de la religión”. En el mismo país en el que el director Theo van Gogh murió asesinado por insultar al islam, Wilders tiene que vivir con protección permanente por las amenazas de muerte que le han hecho islamistas extremistas y violentos.

Si Wilders incitara a la violencia, entonces sí habría que procesarle. Pero, por lo que he visto, se ha mantenido siempre justo al borde pero sin atravesar esa línea. Mientras siga siendo así, defenderé que tiene derecho a decir cosas profundamente ofensivas, por los mismos motivos por los que hace poco defendí el derecho de las mujeres a llevar el burka. Wilders, con su cabellera rubia, es, por así decir, el burka del otro bando.

Además, aparte de los principios, existe un sólido argumento práctico. Igual que sucedió cuando juzgaron a David Irving en Austria, este juicio permite que el acusado se presente como mártir de la libertad de expresión. Wilders concluyó su declaración final ante el tribunal con una cita heroica de George Washington: “Si nos arrebatan la libertad de expresión, podrán llevarnos, mudos y callados, como ovejas al matadero”. ¡Y quien recurre a esa cita es el mismo hombre que pide que se prohíba el libro sagrado de 1.500 millones de personas! Los dobles raseros son habituales en muchas declaraciones en favor de la libertad de expresión, pero Wilders se lleva la medalla de oro de la hipocresía. No solo quiere que se ilegalicen el burka y el Corán (“ese libro fascista”). En un discurso pronunciado el año pasado en la Cámara de los Lores de Londres -después de que se revocara el estúpido veto impuesto por la ministra de Interior laborista, Jaqui Smith, que le había impedido entrar en el país-, dijo que deberíamos prohibir la construcción de nuevas mezquitas en todo Occidente.

Y no solo quiere silenciar a los musulmanes. También a quienes le critican. Hace poco, las presiones del Partido de la Libertad de Wilders consiguieron que se rescindiera la invitación a un distinguido historiador cultural y comentarista, Thomas von der Dunk, para dar una conferencia en honor de un héroe holandés de la resistencia antinazi, porque se supo que proponía comparar las declaraciones del partido sobre los musulmanes con “las calumnias y difamaciones que sufrieron los judíos en los años treinta”. En un festival para conmemorar la liberación de Holanda y la derrota del nazismo, se prohibió una canción punk en la que se llamaba a Wilders “el Mussolini de los Países Bajos”. Una emisora de radio de izquierdas quitó de su página web una caricatura que mostraba a Wilders como un guardia de campo de concentración porque dijo que sus empleados habían recibido amenazas. En resumen, la idea de libertad que tiene el PVV es que Wilders es libre de decir que el Corán es fascista pero otras personas no son libres de llamarle fascista a él.

Sin embargo, los partidos de centro-derecha, que necesitan la “tolerancia” de Wilders para mantenerse en el poder, le siguen el juego y consienten esa intransigencia. Es cierto que el prefacio al acuerdo de coalición contiene una frase que dice que el Partido Popular para la Libertad y la Democracia (VVD) y la Alianza Demócrata Cristiana (CDA) “consideran que el islam es una religión y le darán el trato correspondiente, a diferencia del PVV”. Pero, igual que en muchos otros países europeos, los grandes partidos de centro-derecha se apresuran a contemporizar y seguir a los populistas intolerantes, antiinmigrantes y específicamente antimusulmanes, del mismo modo que los grandes partidos de centro-izquierda se pliegan demasiado a menudo a las voces intolerantes que se proclaman representantes de la “comunidad musulmana”.

Esta semana, un grupo de trabajo del Consejo de Europa al que pertenezco ha sugerido otra estrategia. Nuestro informe, titulado Vivir juntos: cómo combinar la diversidad y la libertad en la Europa del siglo XXI, dice que las sociedades europeas deben ser rigurosas a la hora de exigir y hacer respetar la igualdad de libertades bajo unas leyes comunes. El centro democrático, en sentido amplio, debe hacer gala de un liberalismo enérgico. Pero no debemos exigir a las personas de origen inmigrante que abandonen su credo, su cultura ni sus identidades múltiples. Contra los mensajes de intolerancia y xenofobia como los que transmite Wilders hay que luchar en los tribunales de la opinión pública, no ante los jueces. Nuestro lema es “reducir al mínimo las obligaciones y aumentar al máximo la persuasión”. Los personajes más destacados: políticos, intelectuales, periodistas, empresarios, estrellas del deporte, deben movilizarse para convencer a unas poblaciones europeas inquietas de que cualquier individuo, mientras se atenga a las normas básicas de una sociedad libre, tiene tanto derecho a ser ciudadano de pleno derecho como los demás, independientemente de que sea musulmán, cristiano, ateo o seguidor de Zoroastro. Y los europeos podemos conseguir que el experimento salga bien.

No deseo comprometer a otros miembros del grupo nombrado por el Consejo de Europa con mi aplicación de este principio al caso de Wilders, puesto que es posible que no estén de acuerdo; pero creo que los liberales -es decir, quienes consideramos que la máxima prioridad es la libertad individual- debemos tener el valor de nuestras convicciones, sobre todo cuando nos colocan en situaciones incómodas. Por consiguiente, Wilders debe tener libertad para decir que el Corán es fascista, Von der Donk debe tener libertad para comparar a Wilders con los nazis… y los políticos deben dejar de esconderse tras las túnicas de los jueces. Tienen que dar un paso al frente y librar ellos mismos la batalla.

(Versión en español)

How can we best combat the anti-immigrant populists who are setting the political pace in many European countries? This month, a verdict is due in the trial of Dutch politician Geert Wilders for making anti-Islamic statements — such as calling the Koran a “fascist book” that should be banned. At the same time, the Netherlands’ center-right coalition government depends for its survival on Wilders’ Party for Freedom, which won more than 15% of the vote in the last general election. Wilders’ price included a commitment to a burka ban. In the Netherlands, as elsewhere in Europe, center-right parties have been trying to win back voters who have turned to such anti-foreigner populists by adopting toned-down versions of their rhetoric and policies.

So the courts are being asked to do what the politicians won’t. This is the wrong way round, for reasons both of free-speech principle and political prudence.

That is what the Dutch prosecutors seem to have thought too. “No doubt his words are hurtful and offensive for a large number of Muslims,” they said, when a prosecution was first suggested, but “freedom of expression fulfills an essential role in a democratic society.” However, a group of prominent lawyers, NGOs and interest groups got an appeals court to reverse this decision. The court argued that “by attacking the symbols of the Muslim religion, he also insulted Muslim believers.”

That sentence perfectly exposes the problem of principle: a blurring of the line between attacking the believers and criticizing the belief. For we must remain free to criticize any belief, even in extreme terms. Religion is not like skin color. There is no rational argument against the color of someone’s skin. There are important, rational arguments to be made against Islam, Christianity, Buddhism, Scientology or any other belief system. Prosecutions like Wilder’s have a chilling effect on discussion of beliefs.

If Wilders were inciting people to violence, then he should be prosecuted. But so far as I can see, he has steered just the right side of that line. So long as that is true, I defend his right to say deeply offensive things, on the same grounds that I defend a woman’s right to choose to wear the burka.

Beyond the argument of principle, there is a strong practical one. This prosecution enables the defendant to present himself as a martyr for free speech. Wilders ended his final statement to the court with a heroic quotation from George Washington: “If the freedom of speech is taken away, then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.”

This from the man who calls for the holy book of some 1.5 billion people to be banned! As a free-speech champion, Wilders takes the gold medal for hypocrisy. Not only does he want the burka and the Koran to be banned, but at a speech delivered in the House of Lords in London last year, he said that throughout the West, we should forbid the construction of any new mosques.

And it’s not just Muslims he wants to gag; it’s also his own critics. Under pressure from Wilders’ Freedom Party, a distinguished cultural historian and commentator, Thomas von der Dunk, was recently disinvited from giving a lecture in honor of a Dutch anti-Nazi resistance hero, after it became known that he proposed to compare the Freedom Party’s portrayal of Muslims to “the way in which Jews were smeared in the 1930s.” A punk song referring to Wilders as the “Mussolini of the Low Countries” was banned from a festival celebrating the liberation of the Netherlands from Nazism. A left-wing broadcaster took down from its website a cartoon showing Wilders as a concentration camp guard after what it described as threats to its staff.

In short, the Freedom Party’s idea of freedom is that Wilders must be free to call the Koran fascist, but no one should be free to call Wilders a fascist.

Yet the center-right coalition in the Netherlands does not stand up to this intolerance. Yes, the preface to the coalition agreement has one sentence saying that the governing People’s Party for Freedom and Democracy and Christian Democratic Alliance “see Islam as a religion and will treat it accordingly — unlike the [Freedom Party].” But, as in many other European countries, that doesn’t stop them from appeasing the illiberal, anti-immigrant and specifically anti-Muslim populists, just as mainstream center-left parties have too often bent to appease illiberal, self-appointed “Muslim community” voices.

This week, a Council of Europe working group of which I am a member suggests a different approach, arguing that European societies should be rigorous in demanding and enforcing equal liberty under a single law. But messages of intolerance and xenophobia, such as those purveyed by Wilders, should be combated in the court of public opinion, not the court of law. Our motto is “minimize compulsion, maximize persuasion.” Mainstream politicians, intellectuals, journalists, businesspeople, sports heroes — all should mobilize to convince the public that so long as people abide by the ground rules of a free society, they have as much right to be full and equal citizens as anyone else, whether they be Muslim, Christian, atheist or Zoroastrian. And that we can make this work.

Wilders should be free to call the Koran fascist, Von der Dunk should be free to compare Wilders to the Nazis — and politicians should stop hiding behind the robes of judges. Instead, they must get out there and fight the good fight themselves.

Imagine if back in the days of Watergate, Bob Woodward and Carl Bernstein had been put on trial for being part of the very conspiracy they were trying to uncover. Then suppose a large section of the Washington press corps proceeded to pat federal prosecutors on the back for a job well done.

Such is the life of a journalist in today’s Turkey — a world in which the justice system punishes the innocent while the Fourth Estate turns a blind eye. Turkey now holds the dubious record for being the country with the most imprisoned journalists — 57 according to a report by the Organization for Security and Cooperation in Europe. There are as many as 1,000 other cases pending against journalists, many of whose only crime was rigorous reporting.

Yet Turkey is also Europe’s fastest growing economy, a candidate country for membership in the European Union, and a nation publicly committed to rooting out the antidemocratic and militaristic forces that have marred its recent past. Turkey should be a beacon to its fellow Muslim-majority nations in North Africa and the Middle East trying throw off the yoke of authoritarianism. But it cannot set an example so long as its own government refuses to tolerate criticism and a cowed media looks the other way.

Turkey has countless capable reporters and photographers eager to do their jobs. For years, these journalists treated the occasional encounter with the country’s antediluvian penal code as a professional rite of passage. I myself stood in the dock more than 10 years ago, charged with “insulting the army” in my column for a Turkish-language paper. I was eventually fired after the chiefs of staff — upset about my reporting on the Kurdish issue, pressured my editors to give me the boot.

But state repression is not the only problem; the jelly-like backbone of Turkey’s Fourth Estate is also to blame. Sadly, the most effective censor in Turkey today is the press itself. To adopt a stance critical of current policies is to position oneself in opposition to the government — and editors only do so as a calculated risk. Columns exposing corruption or criticizing the government’s sprawl-inducing environmental policies are simply spiked.

When Turkish newspapers try to speak their mind, they often discover their advertisers dropping out, explaining apologetically that they have “come under pressure.”

Some of the journalists currently behind bars have been charged in connection with a long-running conspiracy trial intended to dismantle what state prosecutors describe as a well-organized network — codenamed Ergenekon — that intended to provoke a military coup. Others are charged with defying onerous reporting restrictions on court proceedings, including the Ergenekon trial itself.

Most of the Ergenekon suspects are serving or retired military officers charged with plotting or carrying out violent acts in order to turn public opinion against the governing AK Party, which has its roots in an Islamic movement.

But recently, prosecutors ordered the detention of two respected journalists, Nedim Sener and Ahmet Sik, who were once supporters of the Ergenekon trial.

Sener’s reporting revealed that the police had stopped short of finding those really responsible for the murder in 2007 of the Turkish-Armenian newspaper editor Hrant Dink because the trail might have led back to the police themselves. Sik’s unpublished manuscript, which the police tried and failed to ban before it began freely circulating on the Internet, pointed a finger at a prominent religious group known as the Gülen movement. Sik’s book alleged that the group’s members, who have close ties with the AK Party, had penetrated the police force.

Last month, in my regular column for an English-language edition of the daily Zaman — which is affiliated with the Gülen movement — I argued that the government’s fight against antidemocratic forces was taking a decidedly undemocratic turn.

Though I am not a member of the Gulen movement, I believed that Zaman, like the Christian Science Monitor in the United States, could provide a platform for differing points of view. So I argued the obvious, that as a newspaper we had an obligation to defend Sik’s freedom of expression in order to protect our own integrity. The article cost me my job.

My former editor published a column justifying my dismissal, claiming that I had fallen prey to “strong and dark propaganda.” I am not the only one: Cuneyt Ulsever of Zaman’s rival Hurriyet had his column axed after being unofficially censored for months by a colleague who demanded that he revise passages the government might not like.

So this week, as we mark World Press Freedom Day, let us hope that those journalists languishing in Turkish prisons will be freed until the courts prove them guilty — and that their colleagues on the outside throw off their shackles to engage in proper journalism.

La espantosa noticia de que Ai Weiwei, tal vez el artista contemporáneo más famoso de China, ha sido detenido y encarcelado –su familia y amigos no lo han visto ni han sabido nada de él desde entonces– me hace pensar de nuevo en los 100 millones de semillas de girasol de porcelana y pintadas a mano que ahora se están exhibiendo en la Tate Modern Gallery de Londres.

El pueblo de China es –parece decir la instalación de Ai– como los millones de semillas extendidos por el gigantesco vestíbulo de la Tate. A nadie importa que se los humille o pisotee (como se permitió en la inauguración de la exposición). Lamentablemente, Ai ha pasado a ser una de las semillas, con su libertad aplastada por la bota de un Estado inhumano.

El periódico oficial chino Global Times denuncia a Ai como un “rebelde” y en China no se tolera a los rebeldes. La única forma como una persona china puede sobrevivir es la de adoptar la anónima y gris actitud de la semilla de girasol.

Según una breve crónica publicada por la agencia de noticias oficial Xinhua, Ai ha estado supuestamente implicado en “delitos económicos”, lo que podría significar prácticamente cualquier cosa que los dirigentes de mentalidad marxista-maoísta quieran inventar. En realidad, el Gobierno de China aún no ha decidido si procesar a Ai por delitos económicos o por ser un “rebelde”. En cualquiera de los dos casos, no se puede permitir que el mundo exterior tenga idea alguna de la suerte que espera a Ai.

Pero el verdadero motivo para la detención de Ai es evidente. Cuando la policía irrumpió en el taller de Ai,  preguntó a su esposa, Lu Qing, “qué ha[bía] escrito Ai en la red Internet”.

En opinión del Gobierno chino, un artista que se atreve a hablar en nombre de las “semillas de girasol” y cultiva una mentalidad independiente es una amenaza directa a la seguridad. Hay que someterlo, silenciarlo. Naturalmente, el Partido Comunista Chino gobernante está prefabricando el procesamiento de Ai. Es como si, tres decenios después de la “apertura” de China, nada hubiera cambiado en la forma de pensar y gobernar del partido.

Ai se licenció por la Academia Cinematográfica de Beijing en 1978, pero aprendió y desarrolló sus talentos artísticos en los Estados Unidos. Su taller en Shanghai solía ser un salón para artistas chinos, incluidos los directores de cine Chen Kaige y Jiang Wen, pero Ai nunca se dejó comprar como mercenario oficial del régimen. Al contrario, siguió siendo un hombre independiente y sin pelos en la lengua, dispuesto a hablar y actuar siempre que el arte y los ideales afrontaban la represión y la crueldad.

Ahora que el régimen de China es presa del miedo a una revolución de estilo árabe, el Gobierno ha optado por la represión como único medio de “mantener la estabilidad”. El día de la detención de Ai, el ex periodista de Global Times Wen Tao fue detenido en la calle a plena luz del día. Antes de eso, los escritores Ran Yunfei, Teng Biao, Ye Du, Zhu Yufu, Tang Jingling, Gu Chuan, Li Hai, Ding Mao, Cheng Wei, Jiang Tianyong y Liu Zhengqing habían sido detenidos por separado y condenados a penas de prisión. También han sido detenidos otros artistas jóvenes de Beijing.

Desde luego, el régimen considera la detención de Ai una medida preventiva para impedir el estallido de manifestaciones públicas, pero Ai nunca participó en los numerosos llamamientos por Internet en pro de esas protestas y su detención parece tan sólo el comienzo. Los siguientes objetivos serán probablemente escritores independientes como Ai Xiaoming, Da Qing, Cui Weiping y Han Han. El régimen no cesará en la persecución hasta que las únicas voces que se oigan sean las de sus artistas “oficiales”.

La detención y desaparición de Ai, junto con la severa condena de prisión impuesta al premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, responden a la misma motivación: contener los posibles disturbios políticos y purgar a los intelectuales independientes.

Ese proceso no es nuevo. El escritor Li Hong recibió una condena de seis años de cárcel y murió el año pasado en un hospital y bajo vigilancia policial. Otro escritor, Li Xianbin, fue condenado a diez años. Según el Comité de Escritores Encarcelados del Centro Independiente del PEN chino, más de 30 escritores del país están encarcelados ahora.

El imparable ascenso económico de China está trayendo consigo una decadencia de la civilización. El banquete de la nueva riqueza va acompañado de una hambruna de moralidad. Por eso, cuando los dirigentes mundiales se comportan como mercachifles confabulados con los dirigentes de esa nueva China para hacer negocios, traicionan los valores y principios que son la base de la democracia.

Ai sostenía que el despotismo del régimen chino se ve favorecido por unos mentirosos desvergonzados. Siempre entendió que el arte verdadero y la política nunca pueden avanzar cogidos de la mano. Tarde o temprano, deben enfrentarse en el campo de una conciencia libre.

El “despertar árabe” revela algo más sobre esas semillas de girasol de la Tate Modern: una vez que se juntan, las semillas muestran su unidad y su poder. Ésa es la otra enseñanza que Ai quería que sus auditorios entendieran y ésa es la razón por la que no se pueden aplastar su espíritu y su mensaje: hay 1.300 millones de semillas con él.

Last month, one of Latin America’s top journalism prizes went to a man whose only known investigative coup was a recent finding that capitalism may have destroyed life on Mars. Yes, none other than Hugo Chavez, president of the Bolivarian Republic of Venezuela, waltzed off with the Rodolfo Walsh Prize, given by Argentina’s National University de la Plata and named after one of the 20th century’s genuine martyrs to the profession. It was hard not to suppose that the honor was promoted by Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner, who has lately chosen to play Tonto to Chavez’s neo-socialist Lone Ranger.

The remains of Walsh, a heroic leftist writer and activist reportedly gunned down by the Argentine dictatorship 35 years ago, have never been found. But one assumes that wherever they are entombed, they were spinning at the idea that the man many consider today’s most serious enemy of a free press in all of Latin America won a prize commemorating that very institution.

The New York Times reported in 2009: “In Venezuela, Mr. Chavez and his supporters have been stepping up efforts to restrict news media coverage.” After Chavez denounced private radio’s “tyranny,” Venezuela revoked the licenses of 34 of the country’s radio stations. And laws passed Dec. 20 extend control to the Internet, which now, like the broadcast media, may not transmit messages that “foment anxiety in the public or disturb public order … promote disobedience of the current legal order” or “refuse to recognize the legitimately constituted authority.” In August, dozens of armed Chavez militants raided the offices of the TV network Globovision, which had been critical of Chavez. Its owner, Guillermo Zuloaga, later fled the country.

But there are reasons why Fernandez might align herself with Chavez on the issue of a free press. For one thing, she’s waging her own war against much of her local media, including two of South America’s largest newspapers: Clarin and La Nacion. Both have been dogging her administration with well-documented stories of corruption, some involving the enormous increase of wealth she and her late husband, Nestor Kirchner, a former Argentine president, acquired after his election in 2003, others on the dubious transactions of the mighty national unions that support her Peronist coalition. Another reason is that it’s widely surmised that Chavez’s financial support (minus the $800,000 an alert officer nabbed arriving at a Buenos Aires airport) aided her presidential victory in 2007.

But it’s in their joint hostility to the very idea of an opposition media that the two seem most closely conjoined. Chavez created Telesur, a media entity whose broadcasts and Web presence are supposed to reflect the opinions and concerns of Latin America’s underprivileged. But if you wonder who calls the shots, just look at the fawning coverage of Chavez’s daily moves on its website. The Associated Press quoted La Plata journalism professor Claudio Gomez as saying that Chavez won the prize for “his work for popular communication, for example by creating the Telesur channel. This doesn’t mean that we agree with other measures his government has taken against critical mass media.”

Ahem.

If you were Fernandez, facing an October election at the vanguard of the unruly assortment of populist and labor movements that make up her Justicialist Party (along with reportedly rising corruption and a 24% annual inflation rate), you might envy Chavez’s mighty Telesur megaphone, and his ability to shut down opposition voices.

Fortunately, this envy doesn’t seem to be widely shared among other Latin American leaders. For the most part, only Chavez, Fernandez, Nicaragua’s Daniel Ortega and occasionally Bolivia’s Evo Morales regard the “bourgeois imperialist” news media the same way.

Other leaders are coming to terms with the functional worth of an untrammeled press in a democracy, particularly those who suffered the most during the right-wing, U.S.-sanctioned dictatorships of the 1970s and 1980s: Former Chilean President Michelle Bachelet, for instance, who was tortured by the Pinochet junta. Or Uruguayan President Jose Mujica, imprisoned for more than 14 years. Both are leftists who face national newspapers of record that are conservative and critical. Onetime militarists’ torture victim Brazilian President Dilma Rousseff, whose supporters accused the media of acting like an opposition party during her recent election, has since declared herself a supporter of the free press. “I don’t deny that sometimes [the media] spread things that left me sad,” she said. “But we are lovers of freedom.” So Brazil’s press stays free.

So, for the most part, does Argentina’s. But the CGT, the mighty union that embodies Peronism, has been blocking deliveries of the newspapers Fernandez calls a “monopoly,” despite the fact that they are owned by separate entities and have strongly differing politics. More alarmingly, much of the traditional Argentine left, who respect her and her late husband for facing down the International Monetary Fund and for their courage in bringing to trial the dictators who killed 30,000 of their countrymen, seem to buy into the idea that a constitutional republic of 40 million people with a huge court system and vast military and police forces is at the mercy of those bourgeois monopolists’ front pages.

“A government has the right to defend itself against a hostile press,” an Argentine intellectual friend of mine wrote me recently. I said he sounded like Richard Nixon’s vice president, Spiro Agnew. I could have less charitably told him he was also speaking like the 1976-1983 dictatorship that tried to destroy Argentine democracy forever.

El dislate ya se ha cometido. La Junta Electoral Central acaba de fabricar el corsé encargado por la reforma de la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) y que se va a aplicar en las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.

La nueva norma exige a las televisiones privadas los principios de proporcionalidad y de neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña que decidan realizar durante el periodo electoral.

Es la primera vez que el legislador recorta la actividad informativa de los medios de comunicación que no son de titularidad pública, condicionando su capacidad de decisión. Una intromisión equivocada y grave, muy grave.

Primero, porque el amplio consenso parlamentario que se alcanzó en la redacción de la reforma de la LOREG fue un acto gremialista de los partidos celosos ahora por controlar los espacios informativos también de las televisiones privadas. Las Cortes españolas se han plegado al privilegio de la clase política, que cree obtener mediante esa imposición un beneficio electoral. Y se equivoca. Porque limitar la profesionalidad de los medios de comunicación desmerece directamente la credibilidad de los mensajes y provoca animadversión para sus contenidos.

Pero hay un segundo argumento que además desmantela jurídicamente esta reforma. Nadie les ha advertido de que desde la aprobación de la ley general de la comunicación audiovisual, hace poco más de un año, la normativa audiovisual española ha cambiado radicalmente. Cinco años antes, el Parlament de Catalunya había tomado una decisión similar. Hasta esta ley, todos los operadores de radio y de televisión eran considerados gestores de servicio público porque recibían una concesión de servicio público. En cambio, con esta ley ya no; el servicio público se limita a los operadores públicos. Los privados ya no reciben concesiones, sino que sus títulos habilitantes son las licencias.

Es una gran innovación. Por fin se supera la tradicional etapa de la privatización del servicio público para acceder a una verdadera y decidida liberalización del sector de la comunicación audiovisual. La nueva normativa considera a los operadores privados de radio y de televisión una emanación directa de las libertades de expresión, de información y de empresa que la Constitución expresamente reconoce y protege. Ellos son los sujetos naturales para el ejercicio de estas libertades, mientras los operadores públicos no son una necesidad constitucional. Su existencia no es obligatoria, como no es obligatorio que haya prensa escrita en manos del sector público. Aserto que no impide que el poder político tenga todo el legítimo derecho a crear sus propios medios de comunicación si considera que la oferta privada es insuficiente, parcial o poco educativa. Ahora bien, en caso de que se creen esos medios públicos, la Constitución les impone unas obligaciones que no deben cumplir los privados. Les exige, textualmente, en su artículo 20.3 que garanticen el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Es lo que técnicamente se denomina pluralismo interno. Si con los medios de titularidad pública se ha cuestionado, con razón, la fórmula de los bloques electorales, ¿qué decir en el caso de la información ofrecida por los medios privados? Aquí el legislador se ha saltado la Constitución.

Porque el operador privado audiovisual está obligado constitucionalmente solo a la veracidad informativa y a respetar en sus expresiones los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen y a la protección de la infancia, como lo está la prensa escrita, pero su línea editorial le diferencia del operador público y no le obliga a ser neutral. El operador público debe respetar en toda su programación siempre el pluralismo de la sociedad a la que se dirige. El privado, no; es libre para promover cualquier expresión y para informar sobre cualquier hecho, siempre desde la veracidad, sin necesidad de buscar en ningún caso la proporcionalidad. Ni ser neutral. El único límite que tendrá su libertad de información será la veracidad. No la pluralidad.

En los bares del antiguo Oeste acostumbraba a verse sobre el piano un cartel que decía: No disparen al pianista, con el propósito de que este no fuera víctima de las balas en las refriegas de los clientes. Los diputados que han legislado esta reforma quieren impedir que sus reyertas electorales se valoren periodísticamente, para que se diluyan mediante la proporcionalidad de un cronómetro. Han aplicado los criterios de la propaganda política a la profesión periodística. Han disparado contra la libertad en plenas posaderas de las televisiones privadas. Han disparado contra el derecho constitucional a comunicar libremente información, negando a los ciudadanos su derecho también constitucional a recibir libremente información veraz.

Suponga que conoce usted un secreto que, en su opinión, debería darse a conocer. ¿Cómo lo consigue? Suponga que su empresa o institución tiene secretos que, en su opinión, deben seguir siéndolo. ¿Qué debe hacer? Suponga que es un redactor de un medio de comunicación, un bloguero, un activista, y que tiene, en un oído, a alguien dispuesto a denunciar algo y, en el otro, a un Gobierno o una empresa. ¿Dónde traza el límite?

Una respuesta a la primera pregunta es la que da Daniel Domscheit-Berg, antiguo miembro del equipo de Wikileaks. Su iniciativa OpenLeaks (openleaks.org) pretende ofrecer un “buzón digital” imposible de trazar en el que quienes deseen denunciar algo puedan depositar sus hallazgos digitales. Sin embargo, OpenLeaks no seleccionaría ni publicaría el material, como sí hizo Wikileaks al montar -y titular Asesinato colateral- el vídeo de un helicóptero estadounidense de combate en Irak mientras mataba a 12 personas, incluidos dos periodistas de Reuters, y herido a dos niños.

Según me explicó Domscheit-Berg cuando me entrevisté con él a principios de este año, el denunciante decidiría, en una lista escogida de medios de comunicación y ONG, a cuáles le gustaría que se filtrara el material. Por ejemplo, un ecologista podría decir: “Me gusta Greenpeace y confío en que haga buen uso de mis documentos”. Un funcionario del Ministerio alemán de Defensa podría decir: “Me fío de que Der Spiegel publicará esto de forma responsable”. Y así, sucesivamente. Todas las decisiones editoriales estarían en manos del medio de comunicación o la ONG. OpenLeaks sería un mecanismo de transmisión técnico y neutral, el guardián del secreto en la causa de la transparencia.

Domscheit-Berg es un joven alemán alto, delgado, intenso, casi penosamente idealista. Apasionado por la importancia de la libertad de información, le gustaría que todo el mundo tuviese la oportunidad de vivir sus “cinco minutos de valor”. Ese tiempo, subraya, puede ser suficiente para apretar el botón y transferir montañas de basura. Aunque, si quiere ser verdaderamente escrupuloso, tal vez debería concederles luego cinco horas de reflexión, por si se lo piensan mejor.

Será interesante ver qué tal le va a OpenLeaks. En una conversación telefónica que tuvimos esta semana, Domscheit-Berg me dijo que esperan lanzarlo a finales de primavera o principios de verano, seguramente con una modesta lista inicial de tres medios de comunicación y tres ONG como socios. Las dificultades técnicas de garantizar el anonimato para la fuente, sobre todo frente a un adversario poderoso como Estados Unidos o el Gobierno chino, siguen siendo considerables. Aunque OpenLeaks asegura que no va a tener ninguna responsabilidad legal por la publicación, es probable que se enfrente a querellas legales. Mientras tanto, algunos periódicos importantes, como The New York Times y The Guardian, también están creando sus propios mecanismos para depositar filtraciones.

Pase lo que pase con este proceso, todos los Gobiernos, empresas y organizaciones deben dar por descontado que habrá más filtraciones digitales anónimas: digileaks, para abreviar. Por tanto, la siguiente pregunta tiene que ir dirigida a la posible víctima de las filtraciones, más que al posible denunciante. ¿Cómo se logra el equilibrio entre transparencia y secreto? Ahora, hasta los servicios secretos y los bancos suizos están haciendo guiños a la apertura. Pero no conozco ninguna entidad que sea totalmente transparente. Todo el mundo tiene algo que ocultar, y algunos secretos que es razonable querer mantener. Muchas veces, las dos cosas no coinciden. No hay más que pensar, por ejemplo, en el divertido espectáculo de Julian Assange protestando, furioso, por las filtraciones dentro de Wikileaks.

Los periódicos, cuyo propósito es informar, luchan para mantener en secreto la identidad de sus fuentes. Lo mismo sucede en las organizaciones de derechos humanos, que alegan que sus informadores pueden correr peligro a manos de regímenes represivos y corruptos. El movimiento anticorrupción Transparency International no puede ser completamente transparente. No deja de ser un caso de tensión dialéctica. No obstante, también puede haber casos de hipocresía: exigir a otros lo que uno no está dispuesto a hacer (es, por ejemplo, lo que sucede con las vidas privadas de los directores de periódicos sensacionalistas). Existe una línea muy fina entre la dialéctica ética y la hipocresía por las buenas.

¿Y qué debe hacer la entidad en cuestión? Sugiero que se atenga a dos principios. El primero, decir con claridad cuáles son sus motivos para guardar secretos, ser transparente sobre su falta de transparencia. Tener criterios definidos y estar dispuesta a defenderlos. Unos criterios que deben superar una prueba ligeramente paradójica: si este dato se hiciera público, ¿podrían explicar de forma razonable por qué no tenía que haberse hecho público?

Por ejemplo, no existe ningún buen motivo que justifique la necesidad de guardar en secreto el vídeo del helicóptero de combate estadounidense. Lo que mostraba era, en el mejor de los casos, un terrible error cometido en la confusión del combate y, en el peor, un crimen de guerra. Debería haberse investigado y hecho público. Por el contrario, respecto a los detalles de las negociaciones secretas de paz entre representantes palestinos e israelíes, filtrados a Al Yazira y publicados en The Guardian, es razonable pensar que existe un legítimo interés común en mantenerlos ocultos. Si no, ¿cómo pueden los negociadores tener la seguridad necesaria para explorar lo que no se puede decir en público, con el fin de alcanzar la paz? Y cuando llegamos al caso de corresponsales de prensa que están secuestrados como rehenes, los propios periódicos ejercen de buen grado el secretismo.

El segundo principio fundamental que propongo es: protejan menos cosas, pero protéjanlas mejor. Existe un enorme volumen de material que los Gobiernos, las empresas y las instituciones guardan en secreto sin motivo alguno. Eso fue lo que dio pie a las campañas para obtener más libertad de información, un derecho que ahora conceden muchos Gobiernos democráticos, y con razón. Se dejó entrar la luz del día en los archivos polvorientos y la Administración no se vino abajo por ello. Al leer los cables del Departamento de Estado norteamericano en la base de datos creada por The Guardian a partir del tesoro de Wikileaks, encontré informes clasificados como secretos que muy bien podían haber sido artículos de análisis publicados en un periódico.

Es decir: decidan qué es lo que verdaderamente necesitan que sea secreto en función de unos criterios coherentes y defendibles, y dediquen sus máximos esfuerzos a conseguir que así sea. Por ejemplo, no cuelguen esos datos en una base a la que tienen acceso cientos de miles de personas. Si obedecer este segundo mandamiento supone una reducción del volumen de papel impreso y correos electrónicos en circulación, solo con eso ya habrá redundado en beneficio de los bosques tropicales y la tranquilidad de todos.

Ahora bien, ¿y si, a pesar de todo, se filtra algún dato radiactivo del pequeño núcleo central, ya sea a través del mecanismo de OpenLeaks o por otras vías? ¿Entonces un periodista con sentido ético tiene que ruborizarse, apartar la mirada y devolverlo sin leerlo, exclamando “Oh, Dios mío, no debería ver esto”? Ni hablar. El Gobierno tiene la responsabilidad de guardar sus secretos. La prensa tiene la responsabilidad de descubrirlos.

La prensa -en sentido amplio, para incluir a los blogueros y a las ONG que actúan en este ámbito- tiene que tomar sus propias decisiones sobre lo que es interés público y lo que puede causar un perjuicio inaceptable. La ley establece los límites externos para este viejo juego del escondite. Y las opiniones del periodista no son las mismas que las del ministro, el director de la empresa, el responsable del hospital, o el vicerrector de la universidad. Cada uno tiene su papel, y el resultado es uno de los sistemas de controles y equilibrios más importantes de la democracia.

Las digileaks van a cambiar la democracia de la misma forma que las raquetas de grafito cambiaron el tenis. Que sea para mejor o para peor dependerá de las reglas, el árbitro y los jugadores.

Si usted escribe, en un buscador de Internet, el nombre del anterior presidente de Estados Unidos de América seguido de la palabra “torturador”, encontrará cientos de miles de referencias. Y si hace lo propio con el del actual, aún encontrará más. Pero en aquel país a nadie se le ocurriría perseguir criminalmente a los responsables de las direcciones de Internet que asocian los nombres de sus presidentes con la palabra en cuestión. Así es la libertad de expresión, como todos vemos meridianamente claro cuando alguien arremete contra los presidentes norteamericanos.

No lo vemos así en nuestra propia casa, sin embargo: España acaba de ser condenada a pagar 23.000 euros a Arnaldo Otegi Mondragón, un político vasco metido en mil conflictos con el Estado que aborrece. En 2003, Otegi dijo que el Rey de España era el “responsable de los torturadores” y un tribunal español le condenó a un año de prisión por un delito de injurias graves contra el Rey.

Ha tenido que venir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a sacarnos los colores y resolver que el derecho a la libertad de expresión ampara a Otegi (Otegi Mondragón contra España, sentencia de 15 de marzo de 2011).

El problema eterno de la libertad de expresión es que cuando se aplica de verdad, invariablemente levanta ampollas: media España abomina de la sentencia del Tribunal Europeo y la otra media no la entiende. ¿Entonces, cualquiera podrá atribuir a la más alta autoridad del país la primera barbaridad que le pase por la cabeza y, luego, si el Estado le persigue por ello, los contribuyentes habremos de correr con los gastos? Efectivamente, pues lo óptimo es que el Estado haga oídos sordos a palabras necias. No sale a cuenta perseguir judicialmente a todos aquellos que van de ocurrencia en ocurrencia, descalificándose nada más abrir la boca, a ver quién la dice más gorda.

Es bien sabido que la libertad de expresión se inventó para proteger a la gente de sus Gobiernos, no a estos de aquella y, en esta ocasión, el tribunal, escocido por prácticas poco presentables de algunos Estados europeos, ha dicho que la difamación no debería comportar penas de prisión y que ni las personalidades políticas, ni los funcionarios deberían gozar de privilegios de acceso a vías judiciales distintas de las puestas a disposición de los particulares. La protección reforzada de las autoridades es inadmisible.

El límite, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está en el insulto y, sobre todo, en el denominado discurso del odio. En puridad, odiar es sentir antipatía, aversión o repugnancia intensas hacia algo o hacia alguien, cuyo mal se desea. Manifestar odio está perseguido por las leyes de la mayor parte de los Estados europeos. Todos los políticos profesionales aprenden a sobrevivir en su oficio distinguiendo entre lo admisible -rechazar conductas o actitudes-, lo evitable -manifestar antipatía o aversión por una persona- y aquello que jamás pueden permitirse -desear males sin cuento al adversario-.

De nuevo hay aquí un abismo entre la práctica europea y la norteamericana, una cultura esta última en la cual el lenguaje del odio no es mayormente perseguible.

Un caso reciente, Synder contra Phelps, resuelto por el Tribunal Supremo federal estadounidense ilustra la diferencia: los miembros de una pequeña congregación religiosa, homófoba y anticatólica, pidieron y obtuvieron de las autoridades locales permiso para manifestarse durante el funeral de un marine muerto en la guerra de Irak. El día de la ceremonia, media docena de insensatos se presentaron a cierta distancia del lugar en el cual se celebraba portando carteles en los cuales se podía leer: “Dios odia a los maricas”, “los curas violan a los chicos” o “gracias a Dios por los soldados muertos”.

Cuando el desventurado padre del soldado muerto recurrió a la justicia, el Tribunal Supremo le contestó diciéndole que la libertad de expresión ampara las manifestaciones sobre materias propias del debate público, desarrolladas en un espacio también público y a distancia prefijada del objeto de su rechazo. Cierto, los manifestantes habían atropellado la más elemental regla de decencia en un entierro, aquella que dice reza o calla, pero el tribunal no se conmovió. El remedio consistente en sofocar el discurso público, resolvió, es peor que el daño causado por el lenguaje odioso y este es el camino escogido por Estados Unidos.

Europa no llegará tan lejos, pues nos pesa, muy gravosa, nuestra historia inacabada de conflictos civiles. Mas acaso y frente a la banalidad del odio lo mejor sería hacer oídos sordos.

Depuis l’époque des Lumières, les écrivains, gens de théâtre, musiciens et autres rédacteurs et chroniqueurs des journaux de qualité, ont pris en charge les responsabilités qui résultaient de la liberté d’opinion. Cela veut dire que leurs pensées et leurs convictions étaient désormais dictées par leur conscience et leur raison et non plus par leurs seigneurs et maîtres. En revanche, dans le cas de la philosophie, la réflexion indépendante est depuis toujours une “maladie professionnelle”. Cependant, les Lumières ont fait que cette “maladie” a contaminé tous ceux qui, plus tard, ont été désignés par le terme d’”intellectuels”.

Voilà pourquoi les tyrans et dictateurs de l’époque moderne ne les ont jamais portés dans leur coeur, essayant tantôt d’établir eux-mêmes des critères propres à distinguer les “bons” auteurs et philosophes des autres tout en réservant leurs bienfaits à leurs thuriféraires, tantôt cherchant à attirer à eux les philosophes qui, marchant sur les traces de Platon, se sont complu à leur dispenser des conseils. Avec peu de succès, sur le long terme.

Les intellectuels critiques ont eu leur heure de gloire au cours des périodes de dictature. Ce sont eux qui incarnèrent l’hydre à sept têtes en révolte contre la tyrannie. Et si l’une des têtes tombait, que ce soit par corruption, assassinat, envoi dans des camps d’internement ou d’extermination, ou encore par l’exil forcé ou l’emprisonnement, d’autres repoussaient à sa place. Ce dragon-là s’est révélé invincible.

En période de démocratie, fini l’héroïsme ! Mais le courage civique reste toujours d’actualité. Il s’agit d’investir du temps et de l’énergie, de rejeter les promotions faciles, pour maintenir l’esprit critique en éveil. La question n’est pas tant de savoir si tel ou tel intellectuel a raison ou tort, puisque certains en effet se font les porte-drapeaux de rêves utopiques. Elle est de se rendre compte que le monde moderne a absolument besoin d’individus capables d’opposer un refus à telle ou telle structure sociale, législation, mesure gouvernementale, etc.

C’est en effet la tension découlant du débat, l’échange incessant d’arguments et de contre-arguments qui alimentent la dynamique de la société moderne. Même le développement technologique à long terme n’est pas envisageable sans la liberté de penser, c’est-à-dire l’indépendance, sans liberté d’opinion ni de presse. La forme privilégiée de ces éléments se retrouve dans les institutions de contre-pouvoir.

Pendant des années, j’ai cru que la philosophie était devenue une discipline universitaire comme les autres, une profession préoccupée par son propre passé et la muséification de son histoire, n’intéressant que ses représentants. Sa fonction critique traditionnelle avait été reprise par les différents médias. Ayant vécu longtemps en Australie et aux Etats-Unis, j’en étais venue à trouver cette situation presque naturelle. Mes expériences européennes ne contredisaient pas non plus cette vision des choses.

Et puis, la surprise. A peine le nouveau gouvernement hongrois était-il en fonction qu’une campagne de diffamation contre les philosophes hongrois était lancée et, à travers eux, contre toute la philosophie critique, qui a été exposée à un feu roulant. L’attaque a été lancée simultanément par trois quotidiens et trois chaînes de télévision. Elle a duré presque deux mois, toujours fondée sur les mêmes accusations, le même rabâchage d’allégations depuis longtemps démenties. La charge, répétée à l’envi, prétendait que “la bande à Heller” avait, par des moyens suspects, et sous prétexte de travaux de recherche, volé, détourné un demi-milliard de forints (presque 2 millions d’euros).

De quoi s’agissait-il ? Sur une centaine, six projets ont été pointés du doigt. Les montants destinés aux différents travaux ainsi visés – recherche, traduction, édition d’ouvrages… – ont été additionnés, et une personne a été désignée comme bouc émissaire. Pourquoi justement moi, qui, sur les six directeurs de projets, n’ai jamais touché un centime ? Les accusateurs n’en ont pas fait mystère. J’ai été taxée de “philosophe libérale”, “libéral” étant dans le lexique du gouvernement actuel synonyme d’”opposition”, de “diabolique”, d’”antipatriotique”. Ces six cibles sélectionnées ont été choisies parce qu’elles constituent le panel idéal pour criminaliser tous ceux qui mettent en cause la politique du gouvernement hongrois, en particulier toute récente loi sur les médias.

Quels objectifs politiques visent cette criminalisation ? Tout d’abord, l’intimidation des intellectuels critiques, des philosophes notamment. Il faut qu’ils se tiennent à carreau, qu’ils se taisent gentiment, sinon on les dénoncera et on leur appliquera le traitement réservé aux criminels de droit commun.

Et puis, on criminalise ainsi de nombreux membres du gouvernement précédent, ainsi que l’ancien premier ministre social libéral. La plupart du temps sous le prétexte que, ces dix dernières années, l’endettement de la Hongrie a atteint un seuil préoccupant. Ce fait, qui relève de la politique économique, est maintenant présenté comme un acte criminel, comme si les précédents dirigeants du pays avaient empoché des millions d’euros.

Nous assistons à un Kulturkampf, à une offensive du pouvoir contre les intellectuels. La plupart des personnalités importantes de l’élite culturelle ont été “éliminées”. C’est le cas, par exemple, du directeur artistique et chef d’orchestre de l’Opéra de Budapest Adam Fischer, mondialement connu, ou encore du directeur du Ballet, ainsi que d’un grand nombre de directeurs de théâtres, de rédacteurs de télévision, de présentateurs d’émissions, de commentateurs d’actualités, de journalistes. Et c’est dans ce cadre que s’inscrit l’attaque contre les philosophes.

Abusant de sa majorité parlementaire, des deux tiers, ce gouvernement de droite qui se proclame “révolutionnaire” a fait adopter une loi sur les médias qui contredit gravement l’esprit démocratique européen. Une commission ad hoc a été créée, composée uniquement de membres du parti majoritaire, dont la mission consiste à contrôler et à définir des sanctions à l’encontre des médias, y compris la presse écrite (jusqu’à présent, la compétence pour juger un délit médiatique – qu’il s’agisse de la diffamation ou autre – relevait des compétences d’un tribunal indépendant).

Lorsque de nombreux députés européens se sont élevés contre cette grave violation du principe de la liberté de presse, le chef du gouvernement, Viktor Orban, s’en est pris aux intellectuels critiques (les fameux “libéraux”), les accusant d’avoir poignardé dans le dos le gouvernement légal de leur pays, d’être des antipatriotes, les tenant pour responsables du fait que l’Union européenne n’ait pas su apprécier à sa juste valeur la particularité de ce hungaricum, tel que nous appelons les spécialités hongroises. En cela, je ne nie pas, et, tout comme d’innombrables collègues, je plaide coupable. Mais la presse européenne n’a pas non plus eu besoin de nous pour tirer la sonnette d’alarme. En effet, la restriction de la liberté d’expression peut se propager comme une maladie contagieuse. Il faut la stopper dès les premiers symptômes.

Cependant, le gouvernement a recours à toutes sortes de réformes pour titiller les nerfs des intellectuels, sensibles au respect des droits. Par exemple en éliminant méthodiquement les contre-pouvoirs institutionnels, en concentrant les pouvoirs, en nationalisant des cotisations versées aux caisses de retraite privées, en limitant l’indépendance de la banque centrale, en introduisant et en mettant en vigueur des lois à effet rétroactif, et d’autres mesures encore. Les économistes et politologues “libéraux” se retrouvent ici les alliés des philosophes.

Tels sont les motifs qui peuvent sous-tendre cette offensive anti-philosophique. Mais pour la mener, il a fallu convaincre le lectorat hongrois de “vérités” bien peu crédibles. Il a fallu jouer sur certaines cordes, auxquelles un grand nombre sont sensibles. Attiser l’envie, le ressentiment, l’antisémitisme. On fait croire aux personnes peu cultivées que les “philosophes”, sont par définition des individus inutiles, gaspillent pour leurs projets futiles des sommes qui auraient pu leur revenir. Là-dessus, on publie trois photographies, représentant par le plus grand des hasards trois personnalités juives.

Il y a tout de même un motif de satisfaction dans cette sombre affaire. La solidarité qui nous a été manifestée par les philosophes du monde entier et par les intellectuels, libres-penseurs en général, nous réconforte. L’écho a été plus large que ce que l’on aurait pu imaginer. Des pétitions et lettres de protestation ont afflué des quatre coins du monde, de tous les pays d’Europe. Partout, la presse s’est mobilisée.

Il semble enfin que la liberté d’expression, la liberté d’opinion, la liberté de penser soient des concepts qui ne connaissent pas les frontières. Et que la philosophie, finalement, ne soit pas non plus devenue un vieux lion édenté.

Le 16 février, le gouvernement hongrois a pu croire que la controverse suscitée par sa nouvelle loi sur les médias était close et qu’il pourrait enfin assumer, la tête haute, la présidence tournante de l’Union européenne.

Ce jour-là, en effet, Neelie Kroes, la commissaire européenne en charge de la stratégie numérique, s’était «réjouie» de la décision de Budapest d’amender des dispositions de la loi pointées du doigt par les autorités européennes.

Le 7 mars, conforté par cette caution de Bruxelles, le Parlement hongrois, largement dominé par le Fidesz, le parti conservateur du premier ministre Viktor Orban, a adopté sans peine les amendements proposés.

Incident clos? Non. En fait, la Hongrie n’a convaincu que ceux qui étaient avides de l’être, en particulier les gouvernements européens qui étaient empressés de se défaire d’une polémique embarrassante et qui, surtout, n’appréciaient guère que la Commission se mêle de la situation politique interne d’un Etat membre.

La riposte, cependant, s’organise: en Hongrie, parce que la société civile, les médias indépendants et les associations professionnelles estiment que cette loi, même amendée, est le symbole d’une dérive autoritaire et «illibérale» du pouvoir et qu’elle risque d’être suivie par d’autres régressions; à Bruxelles, parce que des parlementaires européens, particulièrement au sein des groupes socialiste, libéral et écologiste, mais aussi certains Etats membres, notamment scandinaves, craignent que l’absolution accordée «un peu trop rapidement» par la Commission ne constitue un précédent regrettable si elle revient à passer l’éponge sur la transgression de principes fondamentaux.

Les associations de défense de la liberté d’expression sont également sur le pied de guerre. Depuis quelques jours, elles se consultent pour constituer une coalition internationale sur la Hongrie et organiser, le plus tôt possible, une mission à Budapest.

Les amendements adoptés par le Parlement hongrois n’ont pas convaincu non plus le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OCSE), des institutions qui se veulent les garantes du socle des libertés fondamentales.

Le 8 mars, des conseillers de Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, nous ont confirmé que les changements ne remettaient pas en cause l’avis très négatif rendu fin février qui évoquait «l’impact corrosif de la loi» et sa transgression de «l’esprit et de la lettre» de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le même jour, Dunja Mijatovic, la représentante de l’OSCE pour la liberté des médias, a estimé que «la législation hongroise, en dépit de récents ajustements, continuait à violer les principes de l’organisation». «Elle risque d’être détournée pour étouffer des voix alternatives et dissonantes», a-t-elle ajouté.

Les critiques portent sur de nombreux aspects de la loi, notamment sur la notion de «couverture équilibrée» de l’actualité. Mais elles visent surtout le contrôle politique pyramidal que s’est arrogé le gouvernement, par le biais notamment d’une haute autorité des médias, véritable mégère de la presse, nommée pour neuf ans et contrôlée par des personnalités liées au parti majoritaire.

Paradoxalement, si la Hongrie avait été un pays candidat à l’adhésion, sa loi sur les médias n’aurait pas répondu aux critères exigés par l’Union en matière de liberté de la presse et elle aurait été sommée de s’amender. Aujourd’hui que la Hongrie est membre de l’UE, elle n’est plus tenue de respecter des obligations qui sont imposées aux pays en attente, comme la Turquie.

L’Union européenne est au pied du mur car elle n’est pas seulement un conglomérat d’Etats régentés par des règles techniques et des directives. Elle est aussi une communauté de valeurs. La liberté de la presse en est un élément essentiel, comme l’avait d’ailleurs rappelé le président de la Commission José Manuel Barroso lors de sa visite à Budapest début janvier.

Le gouvernement de Viktor Orban participe ainsi à un processus inquiétant de «désintégration européenne», qui fragilise les valeurs dont l’UE se réclame. Il formalise aussi, par sa dénonciation incantatoire de «l’ingérence de Bruxelles», la renaissance de nationalismes crispés dont l’Europe avait voulu se libérer.

La loi hongroise, comme d’ailleurs le «système Berlusconi» en Italie, met aussi à l’épreuve la crédibilité internationale de l’Union. Celle-ci, en tolérant qu’un Etat membre fragilise des normes fondamentales de liberté, de pluralisme et d’indépendance des médias, affaiblit sa propre prétention à proposer son modèle à des pays, notamment au sein du monde arabe, en transition vers la démocratie.

La tolérance de législations et de pratiques liberticides risque finalement de servir d’alibi aux gouvernements autoritaires. La loi hongroise offre en l’occurrence une espèce de vade-mecum pour les gouvernants qui rêvent de mettre leur propre presse au pas. Elle constitue dès lors une menace pour tous les journalistes qui luttent pour davantage de liberté.

Murong Xuecum, the pen name of Hao Qun, 37, is one of China’s early Internet writers, best known for the novel ‘‘Leave Me Alone: A Novel of Chengdu.’’ Recently, a nonfiction work, ‘‘The Missing Ingredient,’’ about going underground to uncover a pyramid scheme, won him the 2010 People’s Literature Prize, but he was unexpectedly barred from making an acceptance speech. He delivered it instead on Tuesday before the Foreign Correspondents Club in Hong Kong:

If I am not mistaken, the People’s Literature magazine “special action award” was not bestowed for my literary achievement, but for my courage. This is an unusual honor for me as a writer. It’s a bit like praising a football player for being a good street fighter.

I’m embarrassed because I am not a brave person. Genuine bravery for a writer is not about jousting with a pyramid-scam gang. It is about calmly speaking the truth when everyone else is silenced, when the truth cannot be expressed. It is about speaking out with a different voice, risking the wrath of the state and offending everyone, for the sake of the truth, and the writer’s conscience.

Actually, I am a coward. I say only what is safe to say, and I criticize only what is permissible to criticize.

I finished my latest book some time ago, and the most important reason for the delay in publication was that I came up against a rather peculiar editor.

Over the course of two months, he and I had some interesting verbal duels. I smashed a cup on the floor, I spoke a few strong words to him. I furiously punched the wall at home, but finally I capitulated.

This editor is a cautious person. Whatever the circumstances, the first thing he thinks of is safety. In his view, it would have been preferable not to publish my book at all; this would be the safest way.

Even if he was forced to publish it, he told me it was best to avoid talking about anything real, because anything real entails risk. The moment I had opinions, I became a danger. I disagreed with him, but I know he is not the only one to hold this view.

My new book tells the story of my time spent undercover inside an illegal pyramid-sales organization. It included this phrase: “This group, mostly made up of people from Henan, was called the ‘Henan network.”’

To the editor, this harmless sentence aroused safety issues because the phrase “Henan people” carries an air of regional discrimination. He suggested that we rework the phrase as: “They were all Henan peasants, and so this network was called the Henan network, and was made up of mostly Henan people.” I asked him why. He said that by changing “people” to “peasants,” more sophisticated Henan people would not feel slighted.

I tried to bargain with him: “In my original version there were two sentences, it would be too wordy if there were three. Why don’t we cut the first one?” He thought about it for ages and then agreed, and so we arrived at the final version: “This group, called the ‘Henan network,’ was made up mostly of Henan people.” In the end, all that changed was the word order.

As you may have guessed, this editor didn’t just cut a few words like “Henan people,” but also many sentences, paragraphs and even whole sections and chapters.

From my many years’ experience in writing and publishing, I could compile a Sensitive Words Glossary, in which you would certainly find the words “system,” “law,” “government,” as well as a large number of other nouns, several verbs, quite a few adjectives, and even a few special numbers. The glossary would also include all names of religions, all names of important people, all countries, including of course China, and also the phrase “Chinese people.”

In many places in my new book, “Chinese people” was changed to “some people,” or even “a small number of people.” If I critiqued some part of traditional Chinese culture, the editor would change it to “the bureaucratic culture of ancient China.” If I brought up anything contemporary, he would ask me instead to refer to Zhu Yuanzhang, the founder of the Ming Dynasty, or Wu Zetian, a notorious Tang dynasty empress, or Europe of the Middle Ages.

Readers of my book may think I’m mad. Obviously I’m writing about contemporary things so why am I repeatedly criticizing Empress Wu?

Well, the reader may be right: At this time, in this place, Chinese writing exhibits symptoms of a mental disorder. I am not a Chinese writer so much as a person with a mental disorder.

Some people will say that one shouldn’t use the case of one particular editor to damn the system. I agree, but still I want to ask: What makes a paranoid editor? I confess that his fear infected me. I would also ask what kind of system could make me, a law-abiding citizen, a writer, live in indescribable fear?

There are journalists here, and perhaps some others, who may report later that I have delivered an angry speech. Well, I am not angry. I believe I am not alone; this is the situation faced by all of China’s writers. The fear I feel is not just the fear felt by one writer, but by all of our writers.

Unfortunately, I have dedicated great effort to the task of compiling this Sensitive Words Glossary, and I have mastered my filtering skills. When I wrote my latest book, I knew which words had to be cut, and I accepted the cutting as if that was the way it should be. In fact, I will often take it on myself to save time and cut a few words.

This is castrated writing. I am a proactive eunuch, I castrate myself even before the surgeon raises his scalpel.

Our language has been cut into two parts: one safe, and the other risky. Some words are revolutionary, and others are reactionary; some words we may use, and others belong to our enemies.

The most unfortunate thing is that despite my experience, I still don’t always know which words are legal and which illegal, and as a result I often unknowingly commit a “word crime.” When I stand at a podium to receive a prize, I feel uncomfortable calling myself a writer — I am merely a word criminal.

Some people would say that this is just the way things are. My feeling is that I am already close to suffocation. I struggled to choose safe words in a linguistic minefield. It seems that every single Chinese word looks suspicious. I want to say that this not only harms my works, it also harms our language.

This is our great language, the language of the philosopher Zhuangzi and the poets Li Bai and Su Dongpo and the grand historian Sima Qian. Maybe our grandchildren and the children of our grandchildren will rediscover many beautiful words and phrases that no longer exist. But sadly, even now, we continue to arrogantly proclaim that our language is on the rise.

The only speakable truth is that we cannot speak the truth. The only acceptable viewpoint is that we cannot express a viewpoint. We cannot criticize the system, we cannot discuss current affairs, we cannot even mention distant Ethiopia. Sometimes I can’t help wondering: Is the Cultural Revolution really over?

I know these words are not appropriate for this time and place, as I accept an award. They may be deemed naïve. But at this time, in this place, I still adhere to a kind of naïve reasoning: when the air quality deteriorates, I feel we should do something; not simply shut our mouths and stop breathing. Rather, we must act, to defend our language, to improve the environment. Most of all, this is what a writer should do. Only by saying this kind of thing do I deserve a prize for literature.

I hope that we can agree on a few things:

Literature is not at the service of the government; on the contrary, governments should do everything in their power to create a favorable climate for literature.

If we cannot get rid of censorship, then I hope we can be a little more relaxed about it; if we cannot be relaxed, at least let us be a little more intelligent.

If there really were a Sensitive Words Glossary, I hope that it could be published; in this way at least we could all save a lot of time, and reduce the possibility of unwittingly committing “word crimes.”

Writers shouldn’t be parrots, and they definitely should not be yapping house pets; they should have a clear mind and speak with an honest voice. When they take up their pens, they are nobody’s slave, they have the right to pledge loyalty to no one; and to speak the truth and be true to their own consciences.

Finally, I want to say that I am not a class enemy, I am not a troublemaker, nor an overthrower of governments. I am just a citizen who makes suggestions. My words may be sharp, but please believe in my good intentions.

Like most people, I dream of living in a perfect world, but I am still willing to give my all for an imperfect world.

The speech was translated from the Chinese by Harvey Thomlinson, Jane Weizhen Pan and Martin Merz.

Ninguna profesión por noble que sea -decía Diderot- se libra de lo que él denominaba idiotismos morales. Una especie de mezcla de tontería, discordancia entre los principios y la conducta de buena parte de los que la ejercen, una deriva prepotente -diríamos en lenguaje de hoy- de esos profesionales para hacerse valer más de lo que merecen y para afirmar su poder y de paso, en buen número de casos, sacar beneficio personal de todo ello. Y, para colmo, «…cuanto peores son los tiempos, más se multiplican los idiotismos. Tanto vale el hombre cuanto vale el oficio y, recíprocamente, al final, tanto vale el oficio cuanto vale el hombre. Así pues, cada uno hace valer su oficio todo lo que puede».

Cuando cada día uno abre los periódicos, en cualquier soporte, recibe la constante agresión de esos idiotismos, la gran mayoría de ellos procedentes de individuos/@s (no nos vayan a multar por la falta de la «a», como le ha ocurrido a un empresario andaluz) pertenecientes a unas clases políticas que han perdido casi totalmente el sentido de la realidad y de la medida y se consideran no nuestros representantes democráticos, sino, en la mejor tradición autoritaria, dirigentes que juegan a «transformar la sociedad desde el Gobierno», como manifiestan sin pudor alguno. Los grados de intervencionismo en la sociedad civil y en los ciudadanos concretos están llegando continuamente a cotas difícilmente compatibles con una democracia real, pero no parece preocupar todo lo que debiera a la mayoría de los ciudadanos -quizás no resulta fácil calibrar el deterioro después de un pasado de 40 años de dictadura y de más de 30 de una bienvenida democracia permisiva y de un bienestar material que ha minusvalorado la creciente adulteración de las prácticas democráticas. Quizá, en este momento, las mayores dificultades económicas y el futuro incierto oscurecen la gravedad de las pérdidas de libertad de expresión que sufrimos paulatinamente. Pero lamentablemente todas las pérdidas van interrelacionadas en el círculo de la desconfianza que ha generado un sistema en el que la incompetencia de dirigentes políticos, la ignorancia y la osadía de sus ingenierías sociales de todo tipo, la corrupción cada vez más generalizada y más cínicamente negada por sus responsables, destilan idiotismos esperpénticos con frecuencia desoladora, así como abiertas medidas de carácter totalitario, en un intento de controlar una realidad que no comprenden ni pueden reducir a sus deseos de control sin molestias.

Causa a veces un cierto cansancio repetir lo obvio: que no se puede descalificar de ninguna manera a los políticos en general, pues los partidos y el principio de representación forman un engranaje imprescindible en democracia; que hay de todo en la viña del Señor y felizmente tenemos hombres y mujeres políticos bien preparados y profesionales -lo que quiere decir que tienen donde volver si dejan la política y no proceden de la nomenclatura ideologizada de los partidos desde pequeñitos, como tantos otros que soportamos día a día-; que lo que resulta en extremo pernicioso para la salud democrática es que los políticos -o una buena parte de ellos- se consideren un fin y no un medio al servicio de la ciudadanía que les ha elegido. Una y otra vez hemos denunciado la deriva autoritaria que nuestros políticos de cualquier signo exteriorizan como si fuera algo normal: desde los alcaldes que escarban en la basura de los ciudadanos y multan colectivamente a una comunidad, a presuntas leyes de igualdad de trato en las que se crea otra desigualdad por criterios de nacimiento y se decide frívolamente que el acusado es quien deberá demostrar su inocencia (en lugar de que sea la acusación quien esté obligada a demostrar la culpabilidad, algo que ya desde los atenienses y las medidas respecto a los sicofantes o delatores o acusadores espontáneos quedó establecido para evitar los abusos). Se han tardado siglos, guerras y mucho sufrimiento y muerte y energías en conseguir la unidad de justicia y la presunción de inocencia para todos, pero nuestros nuevos legisladores, que no suelen saber historia ni geografía ni gramática -y lo que es peor, no les importa-, no ven ningún inconveniente en la inversión de la prueba que, en un estado de Derecho, como es sabido, solamente en casos muy especiales de derecho procesal se contempla. De paso, se procura explotar lo peor de la condición humana: el miedo, la división, la delación. Respecto a esta, llama la atención el que la denuncia moralmente obligatoria respecto a atentados y asesinatos etarras, o a cualquier acto de delincuencia que implique daño irreversible a ciudadanos concretos, se trivialice o, peor aún, se retuerza en contra de las víctimas, mientras que se incita a la delación -¡anónima!- entre civiles: fumadores y no fumadores, empleados y empresas, ciudadanos ejemplarmente medioambientales o no, colegios en donde niños y niñas se separan espontáneamente en los juegos en el recreo (obligadles a jugar juntos), multas a empresarios por no emplear un neolenguaje políticamente correcto que deciden, en la mejor tradición orwelliana y totalitaria, gentes que consideran su poder político como omnipotente para hacer que las cosas se nombren de distinta manera (recuerden que los que no tienen empleo son «oferentes de empleo» y no parados, según la última ocurrencia en Andalucía, por ejemplo). Etc., etc. Mezclan sin criterio cosas importantes y razonables -la protección a las mujeres maltratadas y la necesidad de que éstas se atrevan a denunciarlo, por ejemplo, o la aludida necesaria denuncia del entorno etarra y/o delincuente- con trivialidades e «idiotismos» que, por un lado, degradan totalmente el sentido de lo público y rompen las fronteras de privacidad y de libertades individuales y, por otro, se esfuerzan en la manipulación e infantilización de la población. No la persuasión y la educación cívica, sino el palo y el temor; la vuelta al patio de colegio con el agravante de que el acusica de antaño queda sobrevalorado y escuchado.

Todos los días recibimos noticias que nos sobresaltan. Incluso las que proceden de buenas intenciones acaban preocupando a la vista de la incompetencia demostrada y de auténticos desastres que originan unas decisiones que se toman muchas veces de forma improvisada, sin calcular costos y consecuencias, sin escuchar siquiera a técnicos o expertos o profesionales que advierten de sus mas que probables daños. Gobiernos autonómicos que deciden expropiar pisos desocupados u obligar a su alquiler con medidas que parecen al menos discutibles, o que regulan la relación de padres con sus hijos, o que no permiten escolarizar a los niños en la lengua común del español (algo que perjudica expresamente a los menos favorecidos familiarmente y quiebra la igualdad de oportunidades), o infinidad de medidas que siguen creando -a pesar de la crisis- organismos o plataformas que aseguran para el futuro de los que las promueven continuar con las mismas gabelas aunque pierdan elecciones. Todo ello y más, con el gobierno de la nación mirando para otro lado y sin importar en muchos casos las decisiones de los tribunales de justicia, el último bastión como sabemos de los poderes democráticos. La invasión de todos los espacios de los ciudadanos es general, hasta en simples premios profesionales los políticos de turno, grandes e intermedios, intervienen directamente -incluso en algún caso se permiten borrar candidatos a un premio nacional, no vayan a ganar-; hasta en cómo hay que llamarse -el disparate sobre nombres y apellidos que, según han señalado sabios matemáticos, hará que todo el mundo acabe con los mismos apellidos, borrando así de paso el recuerdo de las raíces familiares y homogeneizando a todos: el sueño totalitario. Sólo importa el corto plazo, ganar elecciones y no les importa, sobre todo si están en el poder en ese momento, obviar en sus campañas los problemas reales, aunque luego vemos que toman decisiones en un sentido que han ocultado cuidadosamente en sus programas, o que improvisan sobre la marcha sin mayores escrúpulos.

El último asalto que se acaba de perpetrar afecta a la libertad de expresión de los medios de comunicación, ya que, bajo el paraguas de salvaguardar el pluralismo político y social, se hace exactamente lo contrario: es el poder ejecutivo el que de alguna manera se erige en juez último y establece una serie de prohibiciones respecto a publicidad electoral, o a lo que desde el poder consideran «neutralidad informativa» o «proporcionalidad» y otras cuestiones durante el período electoral, difusas por naturaleza y difíciles de medir, que dificulta la posibilidad de debates libres y sitúa a los posibles medios críticos en un constante filo de la navaja. El intervencionismo gubernamental no puede esperar el procedimiento judicial si hubiera lugar, sino que ataja sin problemas a través de Consejos y Comisiones la vigilancia y sanción de los Medios Audiovisuales, recordatorio de aquel Consejo Nocturno que Platón instituía como vigilante controlador y censor máximo de la ciudad para él imperfecta, cuando el sueño de la perfección de La República con el filósofo-rey omnipotente se diluye, pero no la peligrosa utopía de un Gran Hermano que sabe siempre lo que conviene a los gobernados. La hybris y el pensamiento de grupo parecen adueñarse de buen número de nuestros gobernantes. Frente a tantos idiotismos morales en el sentido de Diderot, el gran ilustrado abogaba, al menos para sobrevivir con cierta cordura, por una necesaria autodistancia y humor resistente. O quizá haya que recurrir también, como tantas veces, a la sabiduría de Montaigne «Nos proporcionó la Naturaleza -escribió- una amplia facultad para aislarnos y con frecuencia a ella nos llama a ello para enseñarnos que nos debemos en parte a la sociedad, pero la mejor a nosotros mismos».

Siempre me ha sorprendido el fenómeno de la imitación. Tal vez porque para mal —y para bien, quizá— no soy muy propensa a él. Es evidente, sin embargo, que una de las formas, si no la forma más eficaz de aprendizaje, es copiar lo que hacen los demás. Así aprenden los niños los rudimentos de todo, así se pulen más adelante destrezas, se afinan talentos, se evitan errores. Sin imitación posiblemente jamás se habría inventado nada nuevo, puesto que solo se puede crear algo diferente si se conoce y se domina lo anterior. Hasta aquí lo obvio, lo positivo de dicho fenómeno, pero como todo en esta vida tiene dos facetas (yo cada vez estoy más oriental y creo que nada es bueno ni malo, sino las dos caras de una misma y contradictoria moneda) la imitación tiene también su faz oscura. Lo primero en lo que uno piensa al hablar del lado negativo es en el mal ejemplo, léase el que damos a los niños, o esa pérdida de valores de la que tanto se habla últimamente. Porque a una sociedad le cuesta siglos construir valores como tolerancia, generosidad, respeto, honor, abnegación, pero bastan un par de ejemplos negativos para tirar por tierra aquello logrado con tanto esfuerzo. Verdad es también que, por lo general, es mucho más sencillo imitar lo malo que lo bueno, y de esto podríamos hablar largamente, pero no es a este tipo de imitación al que me quiero referir, sino a otro más inquietante aún. Hablo del que lleva a ciertas personas a arriesgar la propia vida y, con no poca frecuencia, también la de los demás.

Las autoridades conocen bien dicho fenómeno. ¿Saben ustedes cuál es el número de personas que se suicidan en nuestro país? Casi diez por día, muchas más que las que mueren en accidente de tráfico. Sin embargo, nunca se habla en los medios de comunicación de este tipo de fallecimientos, porque está comprobado que cuando se produce un suicidio automáticamente ocurren más. Al fenómeno imitación se deben también hechos tan terribles y fútiles como cuando se pone de moda entre los adolescentes tumbarse en las vías del tren y grabar la escena para colgarla en internet. O heroicos y desesperados como inmolaciones en pos de un ideal o como signo de protesta. Es curioso señalar, por ejemplo, cómo apenas una semana después de que un muchacho se quemara a lo bonzo en Túnez desencadenando una gran revuelta popular (revuelta que ha generado, por cierto, otras en casi todos los países de su entorno) ya se habían producido diez inmolaciones idénticas, cuando quemarse a lo bonzo es algo que nos retrotrae a la década de los setenta.

¿Qué hace que un ser humano imite a otro repitiendo, incluso, patrones de comportamiento extremos? ¿Es posible que un hecho luctuoso y terrible inspire hasta ese punto? Y dicho esto, sabiendo que la imitación es un fenómeno que existe y está estudiado, ¿no sería mejor dar menos publicidad a ciertos hechos tal como se hace con los casos de suicidio? La disyuntiva moral no es sencilla porque afecta a otros fenómenos que son tan actuales como dolorosos. Me refiero a la violencia machista y también a la inmigración ilegal, en concreto a aquella que llega por vía marítima. Para mencionar en primer término esta última, creo que cabría preguntarse, por ejemplo, si es deseable dar tanta cobertura mediática a la llegada de mujeres embarazadas o con niños de corta edad. Y lo mismo ocurre con las víctimas de la violencia machista. Porque no hace falta recurrir a las estadísticas para darse cuenta de que cuando se produce una muerte al día siguiente tenemos que lamentar otra. Ya sé que los puristas se llevarán las manos a la cabeza ante la mera posibilidad de no dar publicidad a casos tan desgraciados.

El derecho a la información es sagrado, dirán sin tomarse la molestia de pensar exactamente qué se persigue con esa poderosísima arma que son los medios. Se persigue, es evidente, crear opinión, dar cobertura a hechos relevantes de todo tipo y, por supuesto, evitar abusos e injusticias, y denunciar conductas delictivas. Pero también se persigue, supongo yo, evitar que sucedan más hechos lamentables. Existe en la sociedad actual la curiosa idea de que uno es bueno y compasivo por el mero hecho de sentarse ante la televisión, ver la desgracia ajena, menear la cabeza con pesadumbre y decir «qué horror, qué horror». Yo, en cambio, pienso que el fin último que se persigue con los medios no es solo comunicar ese horror, sino también evitar que se produzca. ¿De qué sirve, por ejemplo, y, sobre todo, de qué demonios «informa» la difusión en la tele de un vídeo grabado por tres imbéciles que deciden jugarse la vida tumbándose entre las vías del tren para que el convoy les pase por encima? Y en el caso de las mujeres subsaharianas que arriesgan su vida y la de sus bebés embarcándose en una patera en pos de un sueño no siempre realista, ¿cuántas más deben morir para que alguien acabe por considerar que tal vez sea mejor omitir su gesta para salvar a otras muchas que se disponen a emularlas? Sé que las preguntas que planteo no son fáciles ni políticamente correctas, pero pienso que merecen, al menos, una mínima reflexión. Una serena que no se deje influir por histerismos simplistas que reducen toda discusión a repetir que «el derecho a la información es sagrado y está por encima de todo, caiga quien caiga». Porque, a mi modo de ver, no se trata de coartarlo ni cercenarlo en forma alguna, sino, simplemente, de ponerlo al servicio del más elemental sentido común.

Ever since NewSouth Books announced it would publish a version of “The Adventures of Huckleberry Finn” with the “n-word” removed, reaction has split between traditionalists outraged at censorship and those who feel this might be a way to get teenagers, especially African-American boys, comfortable reading a literary classic. From a mother’s perspective, I think both sides are mistaken.

No parent who is raising a black teenager and trying to get him to read serious fiction for his high school English class would ever argue that “Huckleberry Finn” is not a greatly problematic work. But the remedy is not to replace “nigger” with alternative terms like “slave” (the latter word is already in the novel and has a different meaning from “nigger,” so that substitution just mucks up the prose — its meaning, its voice, its verisimilitude). The remedy is to refuse to teach this novel in high school and to wait until college — or even graduate school — where it can be put in proper context.

“Huckleberry Finn” is not an appropriate introduction to serious literature, and anyone who cannot see that has never tried putting an audio version of it on during a long car trip while an African-American teenager sits beside her and slowly, slowly slips on his noise-canceling earphones in order to listen to hip-hop.

The derogatory word is part of the problem, but not the entirety of it — hip-hop music uses the same word. Of course, the speakers are different in each case, and the worlds they are speaking of and from are very distant from one another. The listener can tell the difference in a second. The listener knows which voice is speaking to him and which is not getting remotely close.

No novel with the word “kike” or “bitch” spelled out 200 times could or should be separated — for purposes of irony or pedagogy — from the attitudes that produced those words. It’s also impossible that such a novel would be taught in a high school classroom. And if it were taught, student alienation might very well contribute to another breed of achievement gap.

“Huckleberry Finn” is suited to a college course in which Twain’s obsession with the 19th-century theater of American hucksterism — the wastrel West, the rapscallion South, the economic strays and escapees of a harsh new country — can be discussed in the context of Jim’s particular story (and Huck’s).

An African-American 10th grader, in someone’s near-sighted attempt to get him newly appreciative of novels, does not benefit by being taken back right then to a time when a young white boy slowly realizes, sort of, the humanity of a black man, realizes that that black man is more than chattel even if that black man is also full of illogic and stereotypical superstitions.

Huck Finn refers to himself as an idiot and still finds Jim more foolish than himself. Although Twain has compassion for the affectionate Jim, he has an interest in burlesque; although he is sensitive to Jim’s heartbreaking losses, he is always looking for comedy and repeatedly holds Jim up as a figure of howling fun, ridicule that is specific to his condition as a black man.

The young black American male of today, whose dignity in our public schools is not always preserved or made a priority, does not need at the start of his literary life to be immersed in an even more racist era by reading a celebrated text that exuberantly expresses everything crazy and wicked about that time — not if one’s goal is to get that teenager to like books. Huck’s voice is a complicated amalgam of idioms and perspectives and is not for the inexperienced contemporary reader.

There are other books more appropriate for an introduction to serious reading. (“To Kill a Mockingbird,” with its social-class caricatures and racially naïve narrator, is not one of them.) Sherman Alexie’s “Absolutely True Diary of a Part-Time Indian,” which vibrantly speaks to every teenager’s predicament when achievement in life is at odds with the demoralized condition of his peer group, is a welcoming book for boys. There must certainly be others and their titles should be shared. Teachers I meet everywhere are always asking, How can we get boys to read? And the answer is, simply, book by book.

One reader’s sensitivity always sets off someone else’s defensiveness. But what would be helpful are school administrators who will break with tradition and bring more flexibility, imagination and social purpose to our high school curriculums. College, where the students have more experience with racial attitudes and literature, can do as it pleases.

Twenty-Seven. That’s the number of bullets a police guard fired into my father before surrendering himself with a sinister smile to the policemen around him. Salmaan Taseer, governor of Punjab, Pakistan’s most populous province, was assassinated on Tuesday — my brother Shehryar’s 25th birthday — outside a market near our family home in Islamabad.

The guard accused of the killing, Mumtaz Qadri, was assigned that morning to protect my father while he was in the federal capital. According to officials, around 4:15 p.m., as my father was about to step into his car after lunch, Mr. Qadri opened fire.

Mr. Qadri and his supporters may have felled a great oak that day, but they are sadly mistaken if they think they have succeeded in silencing my father’s voice or the voices of millions like him who believe in the secular vision of Pakistan’s founder, Muhammad Ali Jinnah.

My father’s life was one of struggle. He was a self-made man, who made and lost and remade his fortune. He was among the first members of the ruling Pakistan Peoples Party when it was founded by Zulfikar Ali Bhutto in the late 1960s. He was an intellectual, a newspaper publisher and a writer; he was jailed and tortured for his belief in democracy and freedom. The vile dictatorship of Gen. Mohammad Zia ul-Haq did not take kindly to his pamphleteering for the restoration of democracy.

One particularly brutal imprisonment was in a dungeon at Lahore Fort, this city’s Mughal-era citadel. My father was held in solitary confinement for months and was slipped a single meal of half a plate of stewed lentils each day. They told my mother, in her early 20s at the time, that he was dead. She never believed that.

Determined, she made friends with the kind man who used to sweep my father’s cell and asked him to pass a note to her husband. My father later told me he swallowed the note, fearing for the sweeper’s life. He scribbled back a reassuring message to my mother: “I’m not made from a wood that burns easily.” That is the kind of man my father was. He could not be broken.

He often quoted verse by his uncle Faiz Ahmed Faiz, one of Urdu’s greatest poets. “Even if you’ve got shackles on your feet, go. Be fearless and walk. Stand for your cause even if you are martyred,” wrote Faiz. Especially as governor, my father was the first to speak up and stand beside those who had suffered, from the thousands of people displaced by the Kashmir earthquake in 2005 to the family of two teenage brothers who were lynched by a mob last August in Sialkot after a dispute at a cricket match.

After 86 members of the Ahmadi sect, considered blasphemous by fundamentalists, were murdered in attacks on two of their mosques in Lahore last May, to the great displeasure of the religious right my father visited the survivors in the hospital. When the floods devastated Pakistan last summer, he was on the go, rallying businessmen for aid, consoling the homeless and building shelters.

My father believed that the strict blasphemy laws instituted by General Zia have been frequently misused and ought to be changed. His views were widely misrepresented to give the false impression that he had spoken against Prophet Mohammad. This was untrue, and a criminal abdication of responsibility by his critics, who must now think about what they have caused to happen. According to the authorities, my father’s stand on the blasphemy law was what drove Mr. Qadri to kill him.

There are those who say my father’s death was the final nail in the coffin for a tolerant Pakistan. That Pakistan’s liberal voices will now be silenced. But we buried a heroic man, not the courage he inspired in others. This week two leading conservative politicians — former Prime Minister Chaudhry Shujaat Hussain and the cricket-star-turned-politician Imran Khan — have taken the same position my father held on the blasphemy laws: they want amendments to prevent misuse.

To say that there was a security lapse on Tuesday is an understatement. My father was brutally gunned down by a man hired to protect him. Juvenal once asked, “Who will guard the guards themselves?” It is a question all Pakistanis should ask themselves today: If the extremists could get to the governor of the largest province, is anyone safe?

It may sound odd, but I can’t imagine my father dying in any other way. Everything he had, he invested in Pakistan, giving livelihoods to tens of thousands, improving the economy. My father believed in our country’s potential. He lived and died for Pakistan. To honor his memory, those who share that belief in Pakistan’s future must not stay silent about injustice. We must never be afraid of our enemies. We must never let them win.

The cold-blooded murder this week of Salman Taseer, the governor of Punjab Province, answers a few questions with stark clarity, just as it raises others.

Taseer’s killing provides the government and citizenry an unequivocal and unpleasant reminder that state appeasement of extremist groups does not work. The Punjab provincial administration run by Chief Minister Shahbaz Sharif needs to accept that its historical and ongoing tolerance of violence by extremist groups is simply untenable. The ruling Pakistan People’s Party-led federal government must also take a hard look at its conduct in events culminating in Taseer’s murder.

When Asia Bibi on Nov. 8 became the first woman in Pakistan to be sentenced to death for blasphemy, the verdict was widely denounced, including by key members of the government, such as Taseer. He courageously visited Ms. Bibi in prison in a show of solidarity. President Asif Ali Zardari ordered a ministerial review that concluded the verdict was legally unsound and recommended a presidential pardon. The government announced its intention to amend the blasphemy law. The former information minister, Sherry Rehman, proposed legislation to amend the law.

But in late November, the government caved in to extremist pressure. Zardari allowed Law Minister Babar Awan to announce that there would be no change to the blasphemy law under his watch. On Nov. 29, in a clear case of judicial overreach, the Lahore High Court issued an order barring the hesitating president from issuing a pardon. Finally, on Dec. 30, the government publicly announced that it had “no intention” to repeal or amend the blasphemy law.

In making such a dramatic reversal, the government publicly isolated Taseer, Zardari’s close friend, and Rehman, who had co-authored the Pakistan People’s Party’s election manifesto.

The president’s dithering over Asia Bibi was in sharp contrast to his resolve in May, when he used his constitutional authority within hours to pardon Interior Minister Rehman Malik, convicted for non-appearance in two corruption trials.

By allowing Ms. Bibi to become a pawn in a turf-war with the judiciary and the Islamists, the government compromised its credibility, marginalized reasonable and tolerant voices in the ruling party and made life even more precarious for persecuted minorities.

That in turn left Taseer and others opposed to discriminatory and censorious laws more vulnerable to attack. Islamists, acting under the umbrella of the Tehreek Tahaffuz-e-Namoos-e-Risalat (TTNS), have held rallies across the country in support of the blasphemy law and offered rewards to anyone who kills Asia Bibi.

They have made death threats to opponents of the blasphemy law — including Taseer and Rehman. Bewilderingly, the federal and provincial governments chose not to react on these threats. As a consequence, Taseer is dead.

The Zardari government, since the ousting of General Pervez Musharraf from power and its election to office in 2008, has been hostage to rights-unfriendly coalition partners. The media no longer dares to scrutinize judicial conduct for fear of “contempt” proceedings by a judiciary that has had the temerity to hold a hearing on whether parliament could amend the constitution. Journalists self-censor out of fear of military and intelligence agencies. But the media has remained free to propagate an Islamist, nationalist, and anti-Western line.

That the governor was felled by a member of his own security detail while other guards stood by underscores the extent to which extremists and sympathizers permeate the law enforcement agencies. It also underscores the Punjab provincial government’s inability or unwillingness to root out such elements from these agencies.

Finally, it indicates that unless there is a meaningful policy shift on the appeasement of extremists that is supported by the military, the judiciary and the political class, the edifice of the state is in danger of crumbling irretrievably.

In this tense, hate-filled atmosphere, the political courage to stand up for Asia Bibi — and Pakistan’s fragile democracy — is short supply.

Salman Taseer showed through his condemnation of the blasphemy law and his support for its victims that it is possible to hold public office and be principled and brave. He emerged, as Benazir Bhutto did before him, as a rare politician willing to risk his life in espousing an unambiguous position against discrimination and abuse. His assassination is a cause for sadness among those who struggle for a tolerant, democratic Pakistan. It is also a major political disaster for the ruling party, and a personal loss for President Zardari.

While expectations of a transitional democracy in a state rife with militancy must be tempered by reality, Pakistan needs more living heroes, not dead ones.

It was less than a month ago that a Muslim cleric from Peshawar, Yousaf Qureshi, publicly offered money to anyone who would kill Aasia Bibi; kill in the name of the blasphemy law. Despite the public announcement and incitement to murder for money, no action was taken against this man. It was overlooked as an emotional outburst.

However, these public incitements to murder and violence do not always end there; there are many waiting to carry out such acts in the name of religion. On Tuesday, one such man gunned down Salman Taseer, Punjab governor, business tycoon and a vocal critic of abuse of the blasphemy law. Taseer was shot dead outside a restaurant in Islamabad by one of his own guards, Malik Mumtaz Hussain Qadri. Shortly afterwards, he handed himself to police, beaming with pride in front of cameras while confessing that he had killed Taseer because of his opposition to the blasphemy law. As Taseer’s bullet-riddled body was taken to hospital, later to be pronounced dead, Qadri’s confession was broadcast on television. A young bearded man, smiling, staring right into the camera while confessing a murder. There was no sign of remorse, only an uncanny smile reflecting reassurance that God will accept his great deed.

Shamefully, Qadri is not alone, as many as eight Facebook fan pages sprang up within a few hours, pronouncing Qadri a “hero” and a “son of Pakistan”. Clerics announced that Taseer’s death can’t be mourned because he supported a blasphemer, Bibi. In one breath, television anchors described his death as a great loss at this time of political instability and questioned his stance on the blasphemy law.

The interior minister, while talking to the media, spoke about the need for added security for government personnel and emphasised the importance of better scrutiny of those who join the elite forces. However, the real cause of Taseer’s assassination was only whispered, minced with other issues, when it should be the only thing on our minds. His death is more than just a political loss, it is a reminder of the extremism, bigotry and intolerance that has been brewing in the very heart of this country. The roots of this can be tracked back over three decades, when murder became justified in the name of religion, when killing someone for having an opinion became a law in this country.

His death indicates the strength of the forces Pakistan is up against. It highlights the inhumanity that is propagated by these draconian laws. As an activist, I will not allow his death and the cause he stood for to go in vain. We can’t afford to succumb to extremism. His murder is a message to everyone in Pakistan who stands for justice and humanity, that the intolerance, the extremism, the vigilantism has devoured us all as a society. It is a threat to silence all those who stand for justice, to make them kowtow to extremism or have their heads struck off in the name of religion. Civil society in Pakistan and everyone else who has been struggling for justice needs to come forth stronger than before.

Taseer’s assassination was orchestrated through public announcements, hate speech on television, text messages and even by distributing pamphlets. Each one of these actions was overlooked, eventually leading to Taseer’s cold murder. As for the authorities in Pakistan, they should realise that no amount of security will help, when the extremist mindsets and factors that cultivate them continue to be tolerated. Until the state takes firm action against the hate campaigns, many more Qadris will spring up ready to gun down anyone who dares to speak out against injustice.

In June 2009 in Punjab, Pakistan, Asia Bibi, a mother of five and a farmhand, was asked to fetch water. She complied, but some of her Muslim co-workers refused to drink the water, as Bibi is a Christian and considered “unclean” by them. Arguments ensued, resulting in some co-workers complaining to a local cleric’s wife that Bibi had made derogatory comments about the prophet Muhammad. A mob reportedly stormed her house, assaulting Bibi and her family.

However, the police initiated an investigation of Bibi, not her attackers. She was arrested and prosecuted for blasphemy, under Section 295C of the Pakistan Penal Code. She spent more than a year in jail. On Nov. 8, she was sentenced to death by hanging; she has since filed an appeal.

There is a need for broad legal and social reforms in Pakistan, and it can start with the repeal of this law. But the assassination Monday of Salmaan Taseer, the governor of Punjab, by one of his official security guards shows how difficult that will be. The alleged assailant reportedly gave a statement after his arrest expressing no remorse as he was ostensibly “protecting Allah’s religion.” Taseer was perhaps Pakistan’s most brave, vocal and liberal statesman. He had met with Bibi in prison and subsequently lent his support to the campaign calling for the repeal of the blasphemy law.

Section 295C was introduced into the Pakistani legal system in the 1980s by the military dictator Gen. Zia ul-Haq as part of his broader effort to Islamize laws in Pakistan. It stipulates that “derogatory remarks, etc., in respect of the Holy Prophet … either spoken or written, or by visible representation, or by any imputation, innuendo or insinuation, directly or indirectly … shall be punished with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.”

Bibi is far from the first person from a minority community in Pakistan to be sentenced to death for blasphemy. Although no person has yet been executed under the blasphemy law, at least 32 people have been killed while awaiting trial or after they have been acquitted of blasphemy charges. In 2009, 40 houses and a church were set ablaze by a mob of 1,000 Muslims in the town of Gojra, Punjab. At least seven Christians were burned alive. The attacks were triggered by reports of desecration of the Koran. The local police had already registered a case under Section 295C against three Christians for blasphemy. Hence a conviction or even an accusation under this law is often a death sentence.

The blasphemy provisions were an important component of a social engineering campaign devised and implemented by Zia during the Soviet invasion of Afghanistan in the 1980s. The ostensible objective was to Islamize the Pakistani state. But the goal was also to tailor the social and legal system of the country to aid the mujahedin (loosely, the contemporary Pakistani Taliban) by making them appear to be indigenous freedom fighters.

The infamous discriminatory Hudood Ordinance, supposedly based on the Koran, was put into effect. It sought to charge women who were raped with adultery if they could not bring forth four pious male Muslims who were witnesses to the rape. Zia also undemocratically amended the constitution to implement Sharia, or Islamic law. The school curriculum was modified to make it more Islamic. Female television anchors were ordered to cover their heads on the air; heavy censorship was exercised on the print and electronic media to safeguard the glory of Islam.

But it is not only Pakistan that has been adversely affected.

Zia’s Islamization efforts played a significant role in today’s global war on terrorism because of his social engineering, aimed to deliberately introduce ethno-centrism and intolerance into the moral fabric of Pakistani society. This, in turn, aided in the rise of the Taliban in the region, particularly the Pakistani Taliban.

It is almost an accepted fact now that the war on terrorism, both globally and in Pakistan, cannot be won by military might alone. Stopping Al Qaeda is still important, but the Taliban has become the top priority. We must isolate the Taliban, and not only geographically. It must also be stripped of all moral authority and public sympathy. That is hard to achieve with provisions like the blasphemy law in place. Institutionalized biases influence human behavior.

Legal and social reforms in Pakistan are imperative not only to save many like Asia Bibi but to provide a long-term, sustainable solution to the growing threat of extremism inside and outside Pakistan.

Pakistan and its democracy are in a state of ethical and political uncertainty, and the coalition government is too fragile to address the crisis without internal and external help. A tolerant and secular Pakistan is crucial for eradication of global Islamic fundamentalism. And the international community is well placed to demand change, given Pakistan’s extraordinary reliance on foreign support.

Bibi needs to be saved, and the laws perpetuating these barbaric practices need to be repealed.

Como arrastrada por la maldición del código binario, Internet ha vuelto a colocar a la sociedad contemporánea ante un conflicto aparentemente irresoluble, una encrucijada que involucra al periodismo, la política y las nuevas tecnologías. El caso Wikileaks nos muestra con toda claridad el modo en el que el flujo de información marca hoy una nueva fase de las relaciones humanas, con difícil encaje en la política tradicional.

La batalla entre el imperativo de confidencialidad y la libertad de expresión, cuyos “efectos colaterales” hemos visto estas semanas, y cuyas implicaciones finales atañen al funcionamiento mismo de la democracia, trae los ecos de polémicas que han marcado la historia del periodismo, pero también resulta inédita en muchos aspectos. Sin Internet y sin la moderna tecnología de compresión de datos, valga la obviedad, no existiría el Cablegate. Es inimaginable una filtración como esta hace dos décadas: no solo por la facilidad para hurtar los archivos, sino por la ausencia de un mecanismo de fácil acceso a la información filtrada. Si algo hemos aprendido estos días es que la Red representa el único reto serio a ciertos poderes constituidos, capaz de garantizar de facto la posibilidad de un estado de transparencia como el que hoy defienden Wikileaks y sus seguidores.

Habría que empezar por aceptar que el nivel que ha alcanzado la tecnología para filtrar datos y documentos, y para compartirlos con garantías de anonimato, es tal que nos permite dar por sentado más fugas futuras de información a gran escala. Un analista de The Economist lo dejaba claro hace unos días: “Así como la tecnología ha hecho más fácil para los Gobiernos y corporaciones husmear de forma cada vez más invasiva en la vida privada de las personas, también se ha vuelto más fácil para las personas, que trabajan solas o en conjunto, hundirse en y apropiarse de los archivos secretos de los Gobiernos y corporaciones”.

Así visto, Wikileaks sería apenas la manifestación temprana de un fenómeno mucho mayor, que afecta de manera definitiva toda la vida contemporánea: una exigencia de transparencia y una demanda de restricción del espacio de lo secreto. La nueva generación de personas criadas en un mundo digital siente una solidaridad irreprimible con la “causa Wikileaks”: hace mucho que piden mayor transparencia y apertura, no solo a sus conocidos, sino también a sus Gobiernos. Hay un nuevo ethos en ciernes y se respira la vaga sensación de que algo anda mal en los patrones políticos del control de la información. Podemos estar o no de acuerdo, nos puede parecer más o menos gratuito, pero este clima de desasosiego, que incuba las tentaciones del seudoanarquismo y la desobediencia civil, ya forma parte consustancial del espíritu de la época.

Todo esto ha catalizado, de alguna manera, en el caso Wikileaks y en la reciente saga de Julian Assange, convertido por muchos en un nuevo símbolo de la libertad de expresión. Las reacciones en contra tampoco se han hecho esperar. Quizás la manera más rápida de tocar varias implicaciones de este tema sea precisamente detallar algunas de esas objeciones. A saber:

Eso no es periodismo: es la lectura de ciertos puristas del oficio. Tienen razón solo hasta cierto punto. Buena parte del periodismo del siglo XX se construyó a partir de “filtraciones” de información privilegiada. Por supuesto, no es lo mismo pasearse por Wikileaks y glosar una docena de cables que “tener una historia”. Pero sorprende que los defensores de un periodismo ultrafáctico no se hayan dado cuenta de los verdaderos alcances de esta modificación. Assange lo ha llamado, con cierta sorna, “periodismo científico”. “Trabajamos con otros medios”, dice, “para llevar las noticias a la gente, pero también para probar que son verdad. El periodismo científico le permite leer una noticia, y después hacer clic en línea para ver el documento original en que se basa. Así puede juzgarla usted mismo: ¿es auténtica la historia? ¿El periodista informó correctamente?”.

Wikileaks no tiene la vocación ni los recursos para proponer un relato periodístico tradicional. Pero como medio de información o intermediario de nuevo tipo contribuye sin duda al pacto de confianza sobre el que se funda el periodismo moderno: que los secretos, aun aquellos más incómodos, pueden ser revelados en nombre del interés público, y que la prensa exigirá al Gobierno que cumpla con el imperativo democrático de transparencia o pague el precio por ocultar. Cierto: si Wikileaks existe, es también porque la prensa tradicional no ha sabido -o no ha podido- garantizar la confidencialidad de sus fuentes. Pero ahora el intermediario ha acordado con sus informantes que estas exclusivas tendrán el mayor impacto posible, y ha cumplido. Su reciente alianza con importantes medios de prensa obedece a esa exigencia y marca un nuevo patrón a tener en cuenta. Todos salen ganando. O casi.

No hay nada que no supiéramos: es lo que repiten una y otra vez aquellos que no se han tomado la molestia de leer, siquiera, una pequeña porción de los cables revelados. Simple ignorancia. Pero esta queja revela, en realidad, una perversa dependencia del sensacionalismo más obvio; quienes así hablan quieren sangre, buscan escándalos con rostro humano, tormentas políticas que encarnen los secretos revelados. Muchos de estos opinantes supuestamente escépticos se comportan, en realidad, con las mismas expectativas que el Gobierno bolchevique cuando filtró los tratados secretos de la I Guerra Mundial: son estos lectores, y no Wikileaks, los que rebajan el periodismo al “ajuste de cuentas”.

Son chismorreos, no justifican el uso de la noción “interés público”. Periodistas eminentes, como David Brooks o Christopher Hitchens, han reaccionado ante Wikileaks invocando privilegios de la diplomacia decimonónica: el nivel de confianza se verá comprometido, algunas cosas no deben exponerse, la privacidad y la inmunidad diplomática son pilares de nuestra civilización… Aplican las razones de lo privado al marco de lo público, y expresan una veneración casi supersticiosa por un mundo cuya materia fundamental es la intriga. Hablan de diplomacia como Bouvard y Pécuchet se referían a un ábside románico o al duque de Angulema. Deberían remontarse más atrás, a los Borgia o a la diplomacia veneciana del siglo XVI.

La confidencialidad diplomática no desaparecerá. Es parte del mundo civilizado, claro, pero es una convención. Seguiremos pagando a los diplomáticos (no olvidemos que con nuestros impuestos) y ellos seguirán haciendo su trabajo, obteniendo información y tejiendo secretos. Por lo demás, cualquier interesado en que se respete la Convención de Viena debe exigir lo mismo al Gobierno norteamericano, que según estos cables no ha sido demasiado escrupuloso al respecto. Como decía el otro día The Guardian: “Para que la santidad de la valija diplomática signifique algo, debe ser un valor universal”.

Es cierto que las naciones más democráticas son más vulnerables a la exposición pública de sus secretos. Pero el secreto, realmente, nunca es total. Ningún diplomático que se respete cree en la confidencialidad absoluta. Lo que existe es información pública e información para uso gubernamental.

Lo siento por el sanctasanctórum de la diplomacia, pero yo sí creo que el público tiene derecho a saber que China quiere rearmar a Irán y a Corea del Norte. O que estuvo tras el ataque a Google. Que Chávez y el narco financian a Daniel Ortega. Y que los médicos cubanos en Venezuela viven en un infierno de vigilancia, extorsión y chantaje antes de emigrar a EE UU. En estos cables hay muchas opiniones, pero estos son hechos de interés.

Voy a dejar a un lado argumentos del tipo “Assange es un peligroso anarquista”, “Wikileaks es una organización terrorista”, “estamos ante la cruzada personal de un megalómano” o “Assange se aprovecha de la protección de las democracias liberales, pero se niega a someterse a ellas”. No inciden, creo, en la verdadera naturaleza del fenómeno que nos ocupa: el papel que ha jugado, y seguirá jugando Internet para definir las fronteras de la información legítima.

Wikileaks es mucho más que el Cablegate. Lleva años creando una reputación y tratando de garantizar su independencia. Mientras hablaban de Kenia y de Timor Oriental, pocos se preocuparon por su deontología. Ahora la filtración es a otra escala, y las exigencias nos obligan a meditar este asunto con la dosis precisa de responsabilidad y realismo, pero, sobre todo, con la convicción de que una sociedad abierta nunca debe castigar el acceso a la verdad.

Cerramos el otoño con 149 periodistas, nueve colaboradores y 112 ciberdisidentes encarcelados en todo el mundo. Y con dos adalides de la libertad de expresión recientemente laureados, Liu Xiaobo y Guillermo Fariñas, personificación de la lucha por la defensa de los derechos humanos, pudriéndose entre rejas. Con el agravante que ni al Nobel de la Paz 2010 ni al Sajarov de la Libertad de Pensamiento de este año se les ha concedido la oportunidad de personarse a recoger sus respectivos premios.

En China, la noticia fue mantenida en silencio por televisiones, radios y prensa escrita y paginas web. El departamento de propaganda del régimen dio consigna a todos los medios de comunicación para cortocircuitar cualquier referencia a la concesión del Nobel a Xiaobo.

Cuba ha tachado de provocación el hecho de haber dado el Premio Sajarov a la Libertad de Pensamiento a un periodista de los 24 encarcelados desde la «primavera negra» de 2003. Entre julio y octubre de 2010, 14 de esos periodistas encarcelados pudieron salir de prisión gracias a la mediación del gobierno español y de la Iglesia católica cubana. Entre ellos, el corresponsal de Reporteros sin Fronteras, Ricardo González Alfonso, fundador de la revista De Cuba. Pero su liberación tuvo un alto precio: el exilio forzado a España sin derecho a regresar a la isla.

China y Cuba, máximas cárceles de defensores de la libertad de expresión en todo el mundo, tacharon la concesión de ambos premios de intromisión en los asuntos internos del gobierno. Todos creemos que los derechos humanos no son opcionales y que ningún país puede sustraerse a la obligación de respetarlos y también de respetar las libertades fundamentales, particularmente la de circular sin trabas y las de informar y ser informado sin censuras. Todos esos derechos les han sido sustraídos, pisoteados, a Xiaobo, a Fariñas y al resto de los compañeros que penan entre rejas el delito de haber expresado una opinión contraria al sistema o de haber contado lo que los poderes, cualesquiera que sean, querían evitar que llegara a la opinión pública.

No sólo China y Cuba comparten «honores» en el ranking de países más represores con la prensa y los periodistas. Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, Irán, Birmania, Siria, Sudán, Yemen, Ruanda, Laos, Guinea ecuatorial y un largo etcétera de países de Asia, África y Oriente Medio. En todos ellos hay periodistas encarcelados, condenados a largas penas de prisión, en condiciones de precariedad y falta de higiene inimaginables, sin atención médica, maltratados; en muchos casos, incomunicados.

¿Y los gobiernos responsables de tales atropellos, se atreven a proponerse como la gran alternativa a democracias consolidadas? ¿Tendremos que pensar que se está gestando un nuevo orden mundial? Puede que en el terreno económico o financiero. Puede que en el de ideologías caducas y/o corruptas. Pero nunca en el concepto de libertad de conciencia, de expresión y de prensa como primer principio garante de los sagrados derechos del ciudadano.

¿Cuál será el futuro de estos depredadores de libertades? Y la pregunta más importante. ¿Cuál será el futuro de esos prisioneros de conciencia, periodistas, disidentes, a los que arruinaron su vida al quitarles su libertad?

Guillermo Fariñas es esperado en Estrasburgo el 15 de diciembre, para la ceremonia de entrega del Premio Sajarov. Las autoridades de La Habana deben permitirle ir a recibirlo. Aún está a tiempo.

En un texto dirigido a Reporteros sin Fronteras en marzo de 2004, Liu Xiaobo escribía: «Ya no falta mucho para que se pueda cruzar la frontera de la censura y para que la libertad de expresión se convierta en una exigencia pública del pueblo». De eso hace más de seis años. Reporteros sin Fronteras asume la exigencia de todas las voces que piden libertad y a las que se les niega el sagrado derecho a la información.

El 10 de noviembre de 1810, los señores diputados españoles, reunidos en las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León, votaron el Decreto IX relativo a la libertad política de la Imprenta que en su artículo I dice: “Todos los cuerpos y personas particulares de cualquiera condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto”. Texto este recogido íntegro en el artículo 371 de la Constitución de 1812, La Pepa, que fue la primera aprobada en Europa.

Sorprende que la España en llamas, la España en plena guerra napoleónica, la España que se consideraba retrógrada, resultara que, de pronto, podía encontrar un punto de conciliación para discutir extremos tan acusados e importantes. En este aspecto, la España constitucionalista ha tenido siempre un punto de referencia en las Cortes de Cádiz.

En tal escenario, los resultados de la Constitución eran realmente una novedad. Naturalmente, no lo eran frente a las revoluciones norteamericana y francesa, pero sí para una Europa que estaba volviendo rápidamente a los antiguos regímenes.

España, que se había mantenido marginada en el debate entre partidarios o detractores de los regímenes absolutistas del siglo XVIII, de pronto, a causa de la invasión napoleónica, se vio colocada en el centro de la gran polémica europea entre liberalismo y absolutismo. Y fue precisamente en las Cortes de Cádiz, reunidas en primera instancia en la entonces llamada Real Isla de León, hoy San Fernando, en el recinto del Teatro de la Isla. De allí, por cuestiones de seguridad, las reuniones de la asamblea se trasladaron más adelante a la iglesia de San Felipe Neri, de Cádiz, sede donde ya de manera permanente se desarrollaron los debates.

A esta idea de libertad que se defendió en San Fernando se contraponía la de los absolutistas. En efecto, los diputados que se reúnen en la isla no son todos liberales. Están los absolutistas convencidos, católicos a macha martillo, partidarios de la Inquisición incluso. El desarrollo de las sesiones de la asamblea constituyente, desde 1810 hasta 1812, fue realmente modélico, porque mientras las Cortes se celebraban en una ciudad asediada, en una ciudad que sufría bombardeos continuos por parte de los franceses, y a pesar de la crispación que existía entre absolutistas y liberales, nunca tuvieron un carácter violento. O sea que en un marco español de extrema agresividad, cual simboliza la figura del guerrillero, por contraste, en el recinto de San Felipe Neri, tenía lugar un tipo de debate en el que se exponían razones, en el que se argumentaba, a veces con una oratoria inflamada, pero que sin embargo difícilmente traspasó nunca los límites del respeto y del diálogo.

Fue también una particularidad el hecho de que ocuparan los escaños parlamentarios 90 eclesiásticos, seis obispos, 21 canónigos, además de clero regular, y aun más, militares partidarios del antiguo régimen y aristócratas, junto a liberales bastante radicales en el sentido de querer imponer ante todo la soberanía popular y con ella la elección de los representantes por parte del pueblo. Y todo ello sin que se tiraran los trastos a la cabeza.

Posiciones tan radicales, tan opuestas, en las que todos creían jugarse tanto, nunca se defendieron pues con violencia, sino con la palabra. La palabra fue el gran instrumento de las Cortes de Cádiz. Esto es muy significativo porque la primera Constitución que se hizo en España no se impuso de una forma tajantemente rupturista, revolucionaria. Se redactó mediante la discusión, poniendo los temas sobre la mesa y hablando de ellos, aunque a veces fuera con mucho apasionamiento.

La libertad de expresión fue, por tanto, uno de los puntos cardinales de toda la labor de las Cortes constituyentes. Y en esto hay, por ejemplo, una demostración muy evidente y es que la Junta Central había impuesto en la isla de San Fernando como condición sine qua non para la celebración de las Cortes que hubiera una total libertad de expresión. Y este es un hito a destacar: que la libertad de expresión, absoluta en las reuniones de las Cortes, se trasladara, como no podía ser de otra manera, a la libertad de expresión en el ámbito de la prensa. Algo impensable hasta aquel momento.

Sin la prensa, se puede decir que las Cortes constituyentes no hubieran tenido el eco, la repercusión que tuvieron. Esto dice mucho de la autenticidad de estas Cortes. Porque uno de los objetivos de los constituyentes era la libertad de prensa, asegurar la libertad de expresión, y la grandeza de este objetivo se demuestra en que hoy sigue siendo uno de los fundamentos de toda democracia. La libertad de expresión quedó desde las primeras reuniones en la isla de San Fernando como el eje central de toda exigencia de libertades.

Hoy, a 200 años de aquellos debates que consagraron la libertad de la palabra impresa en San Fernando, deberíamos hacer una honda reflexión sobre las agitadas aguas que golpean el libre ejercicio del periodismo en España.

This week, member states of the United Nations will vote on what has become an annual resolution, “On Combating Defamation of Religions,” put forward by the Organization of the Islamic Conference, a group of 57 states with large Islamic populations. The resolution condemns what it calls “defamation of religions” — a vague notion that can perhaps best be described as a form of expression that offends another’s religious sensibilities — and urges countries to enact laws that prohibit such forms of expression. The resolutions are part of a larger and dangerous campaign to create a global blasphemy law to combat what Muslim leaders refer to as “Islamophobia.”

Such a campaign is deeply flawed from a human rights perspective, both in its equation of religious discrimination (a legitimate human rights violation) with the vague concept of defamation, as well as in the proposed remedy of imposing legal limits on freedom of expression. A recent Freedom House report looking at blasphemy laws in seven countries documents the negative impact of such laws on a range of fundamental human rights, while noting how such laws actually contribute to greater interfaith strife and conflict.

Because no one can agree on what constitutes blasphemy, laws that attempt to ban it are themselves vague, highly prone to arbitrary enforcement and are used to stifle everything from political opposition to religious inquiry. Particularly when applied in countries with weak democratic safeguards — e.g., strong executives, subservient judiciaries, corrupt law enforcement — blasphemy laws do nothing to achieve their supposed goals of promoting religious tolerance and harmony and instead are disproportionally used to suppress the freedom of religious minorities or members of the majority religion that hold views considered unorthodox.

In Pakistan, for example, Christians and Ahmadiyya (Muslims who do not believe Muhammad was the final prophet) make up only 2 percent of the population, but have been the target of nearly half of the more than 900 prosecutions for blasphemy in the past two decades. The remaining prosecutions have been made against Muslims themselves, often simply as an easy way to settle personal scores that have nothing to do with religion. Mere accusations of blasphemy have led to mob violence in which people have been maimed or killed and whole communities devastated.

The governments of countries that already have such problematic laws on the books are precisely those countries leading the charge to create an international blasphemy law through the United Nations. The motivations of states like Egypt, Pakistan and Saudi Arabia — countries with appalling records on religious freedom and broader human rights — are unquestionably hypocritical and have more to do with their desire to score points with unhappy domestic populations and religious extremists than the desire to foster religious tolerance.

Support for blasphemy laws is high among the general public in the Islamic world. Even the staunchest advocates of human rights in the Middle East, individuals who are openly critical of their corrupt and authoritarian leaders, balk at the idea that the publication of the Danish cartoons or the burning of a Koran should be protected forms of freedom of expression. In a part of the world where one’s religion is as key to one’s identity as nationality and race, most people simply view such forms of expression as a bigoted attack on their very existence.

Such views are bolstered by the need to better address the real issues of discrimination and violence against individuals because of their religious beliefs, even in established democracies. It is a fact that political parties espousing xenophobic and anti-Islamic views in Europe have gained in both popularity and representation, and that legal policies have been enacted that most human rights organizations rightly see as restricting the fundamental rights of Muslims to practice their religious beliefs. It is also a fact that many of the same people who defended the Danish cartoons as an important form of free expression somehow feel perfectly justified in criticizing the plans to build an Islamic Center near the site of the World Trade Center because it offends them.

Yet hypocrisy in Europe and the United States does not justify attempts to bring governmental oversight into what constitutes offensive expression. Even with the best intentions, which are often lacking, governments should never be in the business of policing speech. The tools of defeating intolerance, including religious intolerance, start with a legislative environment that protects people’s fundamental political rights and civil liberties, including freedom of expression. Blasphemy laws don’t work in any context and U.N. member states should reject them unconditionally.

La noticia que saltó el pasado 10 de octubre referente a la retirada del permiso de residencia de la corresponsal de «El País» en Teherán, Ángeles Espinosa, por parte de las autoridades iraníes, no es más que la punta del iceberg de la campaña sistemática de acoso contra la prensa llevada a cabo por el régimen de los ayatollahs. La periodista ya había sido arrestada en Qom, el pasado julio, después de entrevistar a Ahmad Montazeri, hijo del ayatollah reformista, Hussein Ali Montazeri. En la misma línea de actuación, dos periodistas alemanes fueron arrestados recientemente por haber entrevistado a un hijo de Sajineh Ashtiani, la mujer condenada a lapidación por adulterio y cuya ejecución ha sido conmutada por la de ahorcamiento, debido a la presión internacional pidiendo su indulto.

El ejercicio del periodismo en el Irán revolucionario nunca fue fácil y se ha ido agravando a medida que Internet se configuraba como la gran herramienta de los periodistas digitales y aún de los ciudadanos y/u opositores al régimen para contar lo prohibido o expresar opiniones «disidentes». Pero la gran represión se desató, a raíz de las elecciones de junio de 2009, fecha de la contestada reelección de Mahmud Amadineyah para la presidencia de la República. Miles de páginas web, bloqueadas. Cientos de sitios, censurados. Una treintena de periódicos suspendidos. Detenciones, arrestos arbitrarios, multas y fianzas exorbitantes. Con 37 periodistas y bloguers, encarcelados, Irán es hoy una de las mayores cárceles del mundo de profesionales de la comunicación junto a China, Eritrea y Corea del Norte.

Y la censura no sólo sigue. Se acentúa. Contra la prensa extranjera. Pero también contra los periodistas iraníes. Es realmente inquietante puesto que desde los procesos «estalinistas» de agosto de 2009 y enero de 2010, en los que una docena de periodistas famosos, conocidos a nivel nacional, fueron condenados a graves penas de cárcel que siguen cumpliendo, la espiral represora se ceba, cada vez con mayor encarnizamiento, en los medios de comunicación iraníes aunque este hecho tenga menor difusión en los medios occidentales. Ocurre como con la guerra de Irak. De los 240 periodistas que resultaron muertos desde el año 2003, más del 92 por ciento fueron periodistas autóctonos, sin nombre y sin rostro para los grandes medios internacionales.

Espinosa que lleva cinco años informando desde Irán, destaca que su caso como el de cualquier otro periodista extranjero que pueda encontrarse en semejante situación «es sólo una muestra de las dificultades a las que aquí hace frente la libertad de expresión así como el resto de los derechos básicos». Obviamente que el pasaporte es un salvoconducto que protege en gran medida a la prensa extranjera pero «¿qué pasa con los colegas iraníes?», se pregunta la veterana periodista y prosigue: «ellos sí que se hallan en una situación que requiere solidaridad internacional. Si no están en la cárcel, han huido del país o se han visto obligados a autocensurarse o a dejar de trabajar para no poner en riesgo sus vidas o las de sus familias. Yo me iré de Irán pero volveré a mi país o a donde yo quiera y no perderé mi trabajo. Los iraníes pierden su país y su trabajo. A veces, también unos cuantos años de su vida pudriéndose en la cárcel… En ese sentido, mi caso no es tan grave —añade Ángeles Espinosa— pero ojalá sirva para que hablemos de lo que supone ser periodista en Irán».

«Reducir la contestación al silencio» parece ser la consigna adoptada por las autoridades de un país conducido con mano de hierro por el «Guía supremo», el ayatollah Ali Jamenei, que al igual que su predecesor Jomeiny, controla todas las instituciones políticas. Mediante sus inflamados discursos contra los medios de comunicación atiza la cólera del poder. Los periodistas detenidos e incomunicados en la Sección 240 de la cárcel de Evin, bajo control de los Guardianes de la Revolución, o los de la Sección 209, gestionada por el Ministerio del Interior, son víctimas de flagrantes violaciones contra los derechos humanos. Reporteros sin Fronteras acusa a Ali Jamenei de crímenes contra la Humanidad.

Today the U.S. Supreme Court will hear arguments in Snyder v. Phelps, a case about the nature and scope of basic rights — those of free speech vs. those of privacy. But this case is fundamentally about wrongs and the law’s imperfect ability to redress them.

The facts of the case are well known. Matthew Snyder, a Marine lance corporal from Westminster, Md., was killed in the line of duty in Iraq in 2006. The Rev. Fred Phelps and members of his Kansas-based Westboro Baptist Church traveled more than 1,000 miles to Maryland to picket his funeral and draw attention to their view that society and the military are too tolerant of homosexuality. They stood at the entrance of the church where the funeral was held, waving signs that said “Thank God for Dead Soldiers,” “God Hates Fags” and “God Hates You.”

They followed their protest by publishing a poem on the Internet entitled “The Burden of Marine Lance Cpl. Matthew Snyder,” which stated that Matthew’s parents “taught Matthew to defy his creator” and “raised him for the devil.” The connection between the Phelpses’ faith and their political views may be difficult to understand, but it is not difficult to see how this targeted expression of their views would be particularly hurtful to Matthew’s father on the occasion of his son’s funeral.

Indeed, a Maryland jury found that while the Phelpses may have a general right to broadcast their hate, their intrusion on Cpl. Snyder’s funeral nevertheless constituted a wrong. The jury found that Phelps and his followers, through their disruptive picketing and public insult of the Snyder family at a time of grief, had engaged in conduct that was extreme, outrageous and designed to inflict severe emotional distress on Mr. Snyder — distress that included worsened diabetes and depression. For this injury and for the invasion of Mr. Snyder’s privacy during the funeral, the jury awarded him monetary damages, but the damage was done. While the Phelpses can express their hate in numerous ways at numerous times, Mr. Snyder could only bury his son at one moment, and the Phelpses used their speech to destroy that moment. Eventually, a three-judge panel of the U.S. Court of Appeals for the 4th Circuit in Richmond overturned the damages award, and Mr. Snyder’s attorney appealed to the Supreme Court.

Unfortunately, hate has become easier to spread in the Internet age, and the law cannot provide an easy remedy. The tragic suicide of Rutgers student Tyler Clementi is a poignant example. Two students allegedly broadcast his most private encounter and used that intrusion as a means of disseminating their intolerance. That act led him to take his own life, and while criminal charges against the two students may provide some justice to Clementi’s family, it does not change the fact that he is dead. That wrong, like the wrong suffered by Matthew Snyder’s father, can never be undone.

Most Americans, myself included, believe in the First Amendment’s vital role in our democracy and are willing to tolerate noxious expressions of free speech in its defense. But even if this right allows one to spread hate through speech, it does not alter the wrongfulness of targeting a particular individual with that speech, whether by intentionally inflicting emotional distress on a grieving parent or by criminally invading a person’s privacy during his most intimate moments.

My office will continue to use whatever tools are at its disposal to seek justice for those citizens whose privacy is ruined by others’ attempts to spread hate at their victims’ expense. That is why, in Snyder v. Phelps, I joined attorneys general from 47 states and the District to argue that the right to free speech must be limited where the speech is targeted at individuals during moments as private as a funeral. Ultimately, the Snyder case shows that one group’s exercise of rights can have potentially harmful consequences for another’s, and no matter what the court decides in this case, those consequences can never be fully avoided.

The Constitution creates an impressive framework of rights that should be robustly defended. But these rights were created by the people, for the people, and when they are invoked to evade responsibility for wrongs committed against the people, their value is diminished. In deciding Snyder, the Supreme Court should be careful not to let the boundaries of our rights be set purely by those who wish to abuse them. To do otherwise would bring dishonor to those, like Lance Cpl. Matthew Snyder, who fought to protect them.

In 1670, the Dutch philosopher Baruch Spinoza wrote an emphatic defense of freedom of thought and speech. Spinoza affirmed that freedom of expression is a universal and inalienable right and concluded: “Hence it is that that authority which is exerted over the mind is characterized as tyrannical.” He also argued that freedom of expression is indispensable for peaceful coexistence between members of different faiths and races in a diverse society, holding up as an example 17th-century Amsterdam, “where the fruits of this liberty of thought and opinion are seen in its wonderful increase, and testified to by the admiration of every people. In this most flourishing republic and noble city, men of every nation, and creed, and sect live together in the utmost harmony.”

In modern-day Europe, Spinoza’s insight has not so much been forgotten as turned on its head. There is a pan-European consensus, fertilized by multiculturalism, that tolerance and peaceful coexistence require the restriction rather than the protection of freedom of speech. This has led to the mushrooming of hate-speech and so-called anti-discrimination laws that criminalize expressions characterized as “hateful” or merely “derogatory” toward members of religious, ethnic, national, or racial groups.

The most prominent victim of hate-speech laws is Dutch politician Geert Wilders, who is currently facing charges of insulting Islam and inciting hatred and discrimination against Muslims; in 2009, he was absurdly denied entry to the United Kingdom on the basis of his views. But the Wilders trial is far from unique. In the U.K., Harry Taylor, an atheist campaigner for “reason and rationality,” was sentenced to a six-month suspended prison term and banned from distributing “offensive material.” Taylor’s crime was leaving satirical caricatures of Jesus, the pope, and Mohammed in a multi-faith prayer room at Liverpool’s John Lennon Airport. According to the jury, the caricatures constituted “religiously aggravated intentional harassment, alarm or distress.” In Belgium, the admittedly quasi-fascist Flemish-nationalist party Vlaams Blok (now Vlaams Belang) was convicted of racism in 2004. In Denmark, where freedom of speech is often given greater weight than elsewhere in Europe, more than 40 persons have been convicted of hate speech since 2000.

Should European victims of hate-speech laws turn for protection to the plethora of human-rights conventions signed by European states, they will discover that no help is forthcoming. The European Court of Human Rights has decided that hate speech is not protected by the European Convention on Human Rights, and the same court has also sanctioned the seizure and censorship of “blasphemous” films and books that insult religious feelings. It distinguishes between expressions that constitute “gratuitous offence” or aim to “destroy the rights of others” and expressions that “contribute to a question of indisputable public interest” — a hopelessly arbitrary standard that turns the very court that is supposed to safeguard freedom of expression into the ultimate censor.

The EU recently adopted a framework decision obligating all 27 member states to criminalize hate speech. This precludes even a unanimous national parliament from abolishing or easing its hate-speech laws. One might have expected the EU’s rights watchdog, the Fundamental Rights Agency, to be up in arms about this development, but think again: The agency “very much welcomes” the framework decision and is actively lobbying for new EU-wide legislation extending hate-speech laws to cover sexual orientation and gender identity.

Human-rights agencies are sympathetic to hate-speech laws partly because international human-rights con­ventions at the United Nations were instrumental in globalizing and mainstreaming them. The U.N.’s International Cov­e­nant on Civil and Political Rights (ICCPR) recognizes a right to freedom of expression, but it also states that “any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.”

The first working draft, as early as 1947, included only incitement to violence — universally recognized as a permissible ground for restricting freedom of expression — but the Soviet Union, Poland, and France wanted to include incitement to hatred as well. This was met by resistance from most Western states; the U.S. representative, Eleanor Roosevelt, hardly a libertarian, called the prohibition of incitement to hatred “extremely dangerous.” The U.K., Sweden, Australia, Denmark, and most other Western democracies opposed the criminalization of free expression, counseling that fanaticism should be countered through open debate instead.

But these objections did not impress the majority of the U.N.’s member states — Saudi Arabia asserted at the time that Western “confidence in human intelligence was perhaps a little excessive” — and the “incitement to hatred” language was kept in. So it was that a coalition of totalitarian socialist states and Third World countries, many of them ruled by authoritarians, succeeded in turning a human-rights convention into an instrument of censorship.

But things were to get worse. In 1965, the U.N. adopted the Convention for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD). CERD obliges states to criminalize “all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred [and] incitement to racial discrimination.” Once again, the West was pitted against socialist states and Third World countries with questionable human-rights records, and once again the West came up short. Thus, in the name of human rights, the state was entrusted with an obligation not only to ensure equal protection before the law but to eliminate racial discrimination as such, even in the private sphere, through criminal law. It is not surprising that such an instrument of oppression should appeal to the totalitarian regimes behind the Iron Curtain, which were already skilled in eliminating “undesirable” views through systematic censorship or, if need be, the gulags.

Despite their initial opposition, most Western states ratified both ICCPR and CERD, and European countries from Austria to Sweden accordingly moved to restrict freedom of expression.

The U.N.’s efforts to eliminate hate speech continue to this day. In 1989, several members of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination criticized France for allowing Salman Rushdie’s Satanic Verses to be published, calling the book an incitement to “racial hatred.” None other than the U.N.’s special rapporteur on freedom of expression, supposedly the U.N.’s guardian of free speech, publicly condemned both the Mo­hammed cartoons and Geert Wilders’s film Fitna. For more than ten years, the Islamic states of the OIC have pushed for criminalizing so-called defamation of religion; their most recent effort concerned a convention to target “cybercrime,” including offensive online content. Why has the OIC targeted cybercrime? Because the European states criminalized online hate speech in 2003, and the OIC expects it will be difficult for Europeans to resist its agenda without appearing hypocritical (not to mention Islamophobic). Hate-speech laws have also spread beyond Europe to Canada, New Zealand, and Australia. This leaves the U.S. as the sole Western country with sufficient confidence in reason to let its citizens express themselves freely.

The ubiquitous European hate-speech laws represent a clear and present danger to freedom of expression in the Western world. Not only do they interfere with the basic right of the individual to speak his or her mind even if it causes offense, they are inherently arbitrary and prone to abuse. The determination of which expressions are “hateful” or “derogatory” is highly subjective; the atheist and the fervent believer are unlikely to agree on where the limits of religious satire should be drawn. And in an era of identity politics, when people are encouraged to think of themselves primarily as members of racial, religious, or ethnic groups with special rights rather than as individual citizens with equal rights before the law, “racism” and “hatred” have become very broad concepts indeed.

Moreover, the question of which groups get hate-crime protections depends on political favor. During the Cold War, the gravest danger to the West, indeed the world, stemmed not from the resurrection of racist fascism but from totalitarian socialism. Yet in 1973, a leading Danish socialist was free to declare that “in order for the workers to live they must kill the capitalists. In order for the working class to seize power, it must send the bourgeoisie to its death.” Today, Communism and doctrinaire socialism are almost dead in most European states. But the demise of Com­munism was not achieved by criminalizing this dangerous ideology; it was achieved by, among other things, a vigorous war of ideas that convinced most people that Communism is not only unworkable, but deadly in the extreme.

The Holocaust was still fresh in the minds of those who drafted the hate-speech-related U.N. conventions during the 1950s and ’60s, and fresh memories of Nazi atrocities helped them to get those conventions passed. A lax attitude to Nazi propaganda, their argument went, had helped pave the way for Nazi rule and the annihilation of millions of Jews. But justifying hate-speech laws with reference to the Holocaust ignores some crucial points. Contrary to common perceptions, Weimar Germany was not indifferent to Nazi propaganda; several Nazis were convicted for anti-Semitic outbursts. One of the most vicious Jew-baiters of the era was Julius Streicher, who edited the Nazi newspaper Der Stürmer; he was twice convicted of causing “offenses against religion” with his virulently anti-Semitic speeches and writings. Hitler himself was prohibited from speaking publicly in several German jurisdictions in 1925. None of this prevented Streicher from increasing the circulation of Der Stürmer, or Hitler from assuming power. The trials and bans merely gave them publicity, with Streicher and Hitler cunningly casting themselves as victims.

Perhaps even more important, when the Nazis swept to power in 1933, they abolished freedom of expression. Nazi propaganda became official truth that could not be opposed, ridiculed, or challenged with dissenting views or new information. Such a mono­poly on “truth” is impossible in a society with unfettered freedom of expression, where all information and viewpoints are subject to intense public debate. While Germans were being brainwashed into hating Jews and acquiescing to the Holocaust, their Lutheran brethren to the north in Denmark — which maintained a free press until it was occupied in 1940 — saved most of their country’s Jews from extermination.

By empowering an active civil society, freedom of expression can thus be said to include its own safety valve against hatred, propaganda, and racism. There is no clear evidence that hate-speech laws foster a higher degree of racial and religious tolerance or help eradicate racism, and it is in any case both condescending and oppressive for the government to presume it knows which views and information its citizens can be trusted to express. Allowing the unquestionably racist and bigoted to speak their minds does not imply official endorsement of their views, just as declining to criminalize adultery does not imply state endorsement. Racism, religious hatred, and homophobia can and must be combated through an open and unfettered debate. When confronted with genuine hatred, it is perfectly possible — and morally imperative — to heed Holocaust survivor Elie Wiesel’s warning that “indifference is not an option” without resorting to coercion and thought control.

In the United States, the First Amendment prohibits hate-speech laws. This has been compatible with, and has plausibly contributed to, the decline of racism. The Ku Klux Klan is no longer a dominant force in southern politics. In 1958, 4 percent of Americans approved of interracial marriage; in 2007, 77 percent did. A Pew study in 2010 showed that large majorities of blacks and whites think their values have become more similar during the past ten years, and that more black Americans blame personal behavior for “blacks who don’t get ahead” than blame racism.

When it comes to religious tolerance, the U.S. also stands out. According to a 2010 poll in the Financial Times, a full 70 percent of the French and 57 percent of Britons support banning the burqa, compared with only 33 percent of Americans. This American tolerance is hardly born out of sympathy for the ideology the burqa represents, which is responsible for many dead American soldiers in Afghanistan. Rather, Americans hold that the dangers of allowing the state to regulate religious expression greatly outweigh its uncertain benefits.

While perhaps not perfect, the American approach is a vindi­cation of Spinoza’s belief in freedom of expression as the oxygen of a diverse society. The European commitment to hate-speech laws, on the other hand, is impossible to reconcile with the Enlightenment values that most Europeans would like to think their societies are committed to.

Relations between India and Nepal took a turn for the worse last week when a leading Nepalese media company was unable to print its Friday supplements because of a shortage of paper.

The reason: 1,000 tonnes of newsprint imported from Canada and South Korea have been held up for a month at the Indian port of Kolkata, in what is widely seen as a politically motivated move by the Indian authorities.

This is the first time that any newsprint destined for Nepal has been held in the Indian port for “investigation” without any notice. Though India has now started to release the newsprint, there is as yet no official explanation for what appears to be a breach of the Nepal-India transit treaty.

The treaty, which is renewable every seven years, provides port facilities for Nepal at Kolkata and specifies 15 transit routes between Kolkata and the India-Nepal border. It was last renewed in March 2006 and, according to the treaty, the Indian authorities cannot hold Nepalese goods without a valid reason.

The intervention over newsprint raises serious questions about press freedom, and is a clear indication that India wants to expand its influence in the Nepalese media.

The company concerned, Kantipur Publications (for which I write) has also come under pressure from India in other ways. A month ago, Indian multinational companies stopped their advertorials, which comprise 20% of the advertisement market in Nepal.

Kantipur Publications has been in the frontline covering several contentious issues involving India. One was the granting of a contract to India – without a proper bidding process – for printing machine-readable passports (the contract was subsequently cancelled). Another issue was the ethnic cleansing of Nepali-speaking people from Meghalaya in India.

In the last few years, the Indian role in Nepal has been controversial. India, which helped to bring Maoists into the peace process in 2006, now seems eager to exclude them. In the case of current Nepalese government, India wants to sustain it against the Maoists. Meanwhile, Kantipur publications’ editorials are demanding the formation of a new national unity government (which India believes would serve the Maoists’ agenda).

In the recent 1 May uprising the Maoists intensified their anti-Indian campaign – they are tactically using the anti-Indian sentiment for their own political purposes. Indian diplomats in Kathmandu mistakenly believe that Kantipur Publications is supporting the Maoists.

In fact, Kantipur has repeatedly proved itself to be a true ally of the Nepalese people in fighting for democracy, human rights and freedom of speech. In the past, it has been attacked by the king, the Maoists, and by radical forces. The media company that always fought for democracy and freedom in Nepal is now facing a threat from India.

This Indian intervention in the Nepalese press will leave a deep impression on the young urban generation in Nepal. India must explain to the citizens of Nepal and India about the reasons for its seizure of Nepal’s newsprint. If India is really concerned about the growing anti-Indian sentiment in Nepal, it should urgently change its bureaucratic and diplomatic attitudes – not attack the freedom of the Nepalese press.

En los últimos meses, los interesados en cómo las nuevas tecnologías pueden facilitar un desafío a las sociedades autoritarias hemos asistido a una interesante polémica entre los investigadores, escritores y, por supuesto, blogueros Evgueny Morozov y Clay Shirky. Diversos medios anglosajones (Prospect, The Wall Street Journal, Foreign Policy) han publicado argumentos del debate, que abarca fenómenos muy diferentes (las movilizaciones poselectorales bielorrusas, en 2006; las manifestaciones de los monjes birmanos, en 2007; la llamada revolución verde que sacudió Irán hace justo un año…), pero con un denominador común: el importante papel que han jugado las nuevas tecnologías en su organización y en la divulgación, casi instantánea, de la represión gubernamental.

Engrosadas por una amplia repercusión mediática, las expectativas de quienes vieron en las nuevas tecnologías la clave de una nueva y glamorosa forma de lucha política, capaz de emancipar a la sociedad civil por los caminos de la protesta masiva, han quedado un tanto defraudadas. El resultado a la vista es que ninguno de esos movimientos ha conseguido derrocar a régimen alguno, aunque sin duda los ha debilitado de cara a la opinión pública internacional. Morozov, pesimista hasta la exageración, llega incluso a culpar a los partidarios de la ciberdisidencia y al excesivo entusiasmo mediático de perjudicar las causas que trataban de promover y de provocar justo lo contrario de lo que pretendían: una mayor represión, una extensión de los límites de la vigilancia autoritaria.

Un artículo de Golnaz Esfandiari en el último número de Foreign Policy, dedicado a Irán, describía la “Revolución Twitter” del año pasado como “un meme irresistible” para demasiados analistas y periodistas, “una de esas historias que se escriben solas”. Todo parece indicar que, en efecto, la prensa occidental exageró el verdadero impacto de Twitter como medio de comunicación de los activistas que estaban sobre el terreno.

Cualquiera que sea nuestra posición ante esta polémica, bien aplaudamos el entusiasmo de Shirky a propósito de la “organización sin organizaciones”, la “nueva estructura cívica” o la “enfermedad tecnológica autoinmune”, o, en cambio, compartamos el pesimismo de Morozov y otros al sugerir que los Estados autoritarios son lo bastante fuertes como para resistir el descontento popular y reprimir a los ciberdisidentes, resulta evidente que el panorama de la contestación política en sociedades cerradas ha sufrido en estos últimos años una mutación importante, asociada al uso de nuevos medios tecnológicos. Uso el término “mutación” para dejar claro que no se trata solo de una nueva manera de transmitir el discurso de la disidencia clásica. No es solo cuestión de contar con “nuevas herramientas”, más ágiles y seguras que aquellas proclamas o samizdats que antes se pasaban de mano en mano. Esas “herramientas” han comenzado a generar nuevas y contagiosas formas de organización social que, además de traducirse o no en protestas masivas, pueden ayudar a reconstruir el tejido de la sociedad civil.

Tal vez en esa novedosa y atractiva condición de la ciberdisidencia estén también los gérmenes de su fracaso a corto plazo. Porque las sociedades autoritarias se han demostrado capaces de adecuar sus técnicas de represión a las nuevas tecnologías, y de aprovechar las ventajas de la democracia sin concedérselas a sus ciudadanos. Se puede, como en el caso de China, crear clones locales (censurados) de los sitios más famosos de la Web 2.0, al estilo de Facebook o YouTube, y seguir manteniendo una Gran Muralla cibernética argumentando motivos de seguridad. En otros casos, como ha hecho el régimen iraní, un gran ejército casi invisible de esbirros pagados y “verdaderos creyentes” se dedica a cazar disidentes y a distorsionar los debates en la Red -e, incluso, a fabricar “hechos” a conveniencia-. Lo triste es que todo esto sucede, muchas veces, con la complicidad de compañías occidentales como Nokia y Siemens, que han estado vendiendo a Irán la tecnología y el know-how necesario para vigilar Internet.

Desde el pasado septiembre, los Guardianes de la Revolución iraní son los dueños del emporio de las telecomunicaciones que controla todo el acceso a la Red, los teléfonos celulares y las redes sociales. “La historia de la ciberyihad iraní”, hacía notar hace poco Abbas Milani, “ha pasado casi inadvertida en los medios occidentales, a pesar de su gran escala”. Tiene razón. Hace unos meses yo mismo participé en un encuentro con ciberdisidentes auspiciado por el George Bush Institute, Freedom House y el Berkman Center de la Universidad de Harvard. La preocupación principal de todos los blogueros y expertos con los que pude conversar allí era la tecnología que personas inescrupulosas están vendiendo a Gobiernos censores como China, Siria o Irán, y el uso cada vez más activo que esos Gobiernos hacen de los nuevos medios.

Se trata, en pocas palabras, de combatir la revuelta digital con sus propias armas, una estrategia atractiva, incluso para el presidente venezolano, Hugo Chávez, que en un mes pasó de censor de la Red a twittero célebre. Sin embargo, en Latinoamérica la balanza se inclina, por el momento, hacia quienes usan las nuevas tecnologías para incentivar la protesta social. Incluso una sociedad como la cubana, que participa de manera marginal en el auge de las nuevas tecnologías -no olvidemos que en la isla las estadísticas más optimistas de acceso a Internet rondan el 10% de su población, y que conectarse una hora cuesta la mitad del salario medio- se ha colocado en el mapa de la ciberdisidencia gracias a la acción de una élite decidida a explotar las ventajas democráticas de los nuevos medios.

Inspirados por Yoani Sánchez y otros blogueros, muchos jóvenes cubanos han perdido el temor a opinar. En la isla aumenta el uso de móviles para documentar la represión y son cada vez más numerosas las “filtraciones” de información vedada. Twitter sigue creciendo. El castrismo tiene serias razones para preocuparse si la disidencia tradicional y los blogueros deciden hacer causa común en varios frentes, aprovechando el mecanismo de las “cascadas de información”, descrito por Susanne Lohmann y aplicado por Shirky al activismo digital. Por eso ha comenzado a usar la misma estrategia de Irán: una contraofensiva cibernética que incluye la renovación de sus webs, mayor presencia en redes sociales, plataformas de blogs oficialistas dedicados a difamar y criticar a los blogueros independientes, cibercomandos de respuesta rápida formados por estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas… Por el momento, estos métodos no han bastado para limitar a los blogueros. Pero el Gobierno sigue postergando la conexión del cable de banda ancha desde Venezuela -previsto, ahora, para 2011-, así que la blogosfera cubana exhibe todavía, para desgracia de tirios y troyanos, una influencia limitada.

¿Bastan todos estos síntomas para confiarle a Internet un rol clave en la contestación política de nuestra época? La mutación propiciada por las nuevas tecnologías es un síntoma estimulante, pero corre el riesgo de quedarse estancada en acciones confusas y sin un público definido. En sociedades autoritarias, la confusión entre “medio” y “mensaje” no parece haber contribuido a una libertad que rebase las alternativas a la prensa oficial, y el uso político de la Red se ha demostrado más influyente en sistemas con altos índices de democracia y transparencia. Cada vez más analistas se preguntan hasta qué punto puede derrocarse a un régimen desde esa especie de ilusión democrática (y narcisista) que propicia Internet. A lo mejor en esos escenarios donde el espacio para los reclamos libertarios es por fuerza minoritario y demasiado susceptible de control, hay que volver a los viejos métodos del disidente tradicional: hacer huelgas, salir a las calles, arriesgar un desafío que dependa menos de la imagen mediática.

The story of WikiLeaks.org is the story of both the modern whistleblower and the structure of the modern media system. The site is now famous for embracing technology in order to protect sources behind material that might be damaging to institutions as varied as the Church of Scientology, Swiss banks and the US military. Yet despite shocking revelations and damaging material emerging from the site, very little has actually changed because of them. This ought to be troubling, but there is a way to explain it.

Julian Assange, the notoriously elusive Australian mastermind of WikiLeaks, has built the site like any good hacker would. WikiLeaks protects itself in a few cunningly simple ways. First, it receives information from sources via accredited journalists, thus protecting itself upfront behind various international press freedom laws. Then the information is routed through servers in Sweden, a nation with stringent whistleblower laws that assure the anonymity of sources in digital media. Finally, the information is also encrypted, and requires skilled volunteers to decode it before it appears online.

In a recent article in the New Yorker, Assange summed up the power of WikiLeaks. He told the magazine that “a government or company that wanted to remove content from WikiLeaks would have to practically dismantle the internet itself.”

In effect, WikiLeaks has managed to carve out a place at the edge of the media-industrial complex. It has revealed exactly the point where the accepted dichotomy of good versus evil begins to break down. Like the whistleblowers before them, those who contribute to WikiLeaks are essentially asking us to question the accepted narrative, suggesting that our concept of individual freedom inherently accepts a degree of coercion from those in power.

Though many lauded WikiLeaks’ release of the Collateral Murder video depicting two US Army helicopters firing on a group of men in Baghdad that included two Reuters journalists, others weren’t so kind. After the video’s release there was speculation about WikiLeaks’ agenda, and whether both the editing of the video itself and the title given to it unfairly contextualised the content. But that was never really a concern for WikiLeaks. After all, it doesn’t aim to tell the entire truth, just some of the details of the greater meta-narrative. Its agenda is to poke holes in what it perceives as the veil of the accepted version of democratic liberty, which hides secret tyrannies.

This is also why the setup WikiLeaks has perfected is virtually bulletproof. Assange’s assertion that to destroy the site, one would have to dismantle the very medium through which it operates, also speaks to WikiLeaks’ agenda. The internet is predicated upon the very same ideas of personal freedom and expression that WikiLeaks suggests are partially fabricated by authority. To destroy the site would be the ultimate exposition of the accepted system as exactly what Assange suggests it is: reactionary, violent, controlling and – above all – interested only in its own preservation.

As such, WikiLeaks’ goals are clear: it seeks to damage that framework by achieving maximum impact for any piece of information it releases. Why hasn’t it been more successful?

WikiLeaks is reportedly preparing to release another video, this time of an air strike in Afghanistan against what the US government says were mostly insurgents. Afghan authorities claim that the majority of the victims were innocent civilians. No doubt it will attract the same kind of attention that “collateral murder” did. So it might be prudent to examine why, despite making massive media waves initially, that video altered neither the US government’s approach to Iraq, nor the view of the general public overall.

For all the freedom that the internet grants users, we still ask that the kind of information in “collateral murder” be interpreted for us. That interpretation and contextualisation of the footage took place on a more traditional medium: TV news and opinion programmes. There it fell victim in the very system it tried to undermine. It became part of a homogeneous message of The Way Things Are.

The “collateral murder” video has been viewed almost 7m times on YouTube – that’s 128 times fewer than the video for Miley Cyrus’s Party in the USA. That comparison might seem silly, but it hints at a bigger problem. That is, the “collateral murder” video, as it became a part of the usual TV structure of message-advertisement-message, was reduced to an equivalent of all other parts of the usual pattern of disarticulation and abstraction of signs. In essence, “collateral murder” was overshadowed by a Miley Cyrus video because, in the end, it became part of a structure inherently designed to nullify its message by promoting the status quo of the culture industry.

So, as much as WikiLeaks thrives in its online setting, its information still falls prey to the sameness of modern media. Even if someone were to see the video on YouTube, the same mechanisms prevail, with all information – including web advertisements and other videos – being presented as equal. Effectively, the only way one can view a WikiLeaks video without that influence is on the site itself, where it lives within certain confines, and with less influence.

The reason even major leaks coming from WikiLeaks haven’t had a more profound effect isn’t due to the site: it’s thanks to us. Even though WikiLeaks has done an impressive job of ensuring its existence and safety, our endless adherence to the influence of the culture industry prevents us from truly internalising and acting upon the information the site presents. If we’re not aware of that, we’ll continue to fall victim to exactly the kind of censorship that WikiLeaks aims to destroy.

En los últimos meses, este diario ha publicado artículos de miembros del poder judicial opinando acerca del procesamiento por delito de prevaricación contra el hasta hace poco magistrado instructor del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. En uno de ellos una magistrada sostenía que su voto particular oponiéndose a la posición mayoritaria de la Sala de negar la competencia del juez instructor para investigar los delitos de lesa humanidad del franquismo no era prevaricar, sino simplemente discrepar. En otro, cinco magistrados se pronunciaban sobre el significado del procedimiento en democracia, en el que decían defender la independencia judicial frente a críticas externas dirigidas a algunos miembros del Tribunal Supremo favorables al procesamiento. Es evidente que en ambos casos estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Ahora bien, de ningún modo quedan protegidas por la libertad de expresión aquellas resoluciones judiciales que deslizan expresiones injuriosas o reflexiones políticas o morales sobre el contenido de la ley que aplican, como ha sido el caso del pintoresco juez Calamita y sus consideraciones sobre la homosexualidad.

La cuestión más relevante que plantea el ejercicio de la libre expresión es su alcance y límites. Porque no es lo mismo que el juez emita opinión en el ejercicio de la función jurisdiccional que fuera de ella. Y de cómo se ejerza este derecho depende la garantía de la responsabilidad judicial, que es una consecuencia del principio constitucional de la independencia judicial, que ha de asegurar la libertad del juez, en ausencia de presiones externas e internas, para interpretar el Derecho conforme a la Constitución y la ley. Se trata de un presupuesto previo para el ejercicio responsable de sus derechos y deberes. Y es por ello que los jueces han de ser responsables precisamente porque son independientes, razón por la cual su libertad de expresión ha de quedar modulada cuando no impedida en tanto que miembros que son de un poder del Estado. Porque los jueces son servidores públicos sometidos a un estatus especial que les exige responsabilidad jurídica -que no política- por sus actos. El control disciplinario de éstos no les sustrae independencia sino todo lo contrario, la refuerza.

En el ejercicio de la función jurisdiccional, la independencia y la responsabilidad del juez se manifiestan en las resoluciones que adopta. Así, todo lo que de su contenido no permita o no coadyuve a una fundamentación de su decisión acorde con las reglas de la interpretación jurídica, resulta accesorio. Los juicios de valor o la emisión de opiniones sobre la ley aplicada pueden ser merecedores de censura jurídica y, en su caso, de responsabilidad disciplinaria o incluso más grave. Ha de ser así, porque en el ámbito jurisdiccional el juez representa al Estado, y éste solo espera del mismo la exteriorización de los argumentos en los que se apoya su resolución de acuerdo con las reglas de la razón jurídica.

Es por ello que en ejercicio estricto de la potestad jurisdiccional a través de sus decisiones, el juez carece de libertad de expresión; lo que el juez ejerce es la garantía de la tutela judicial que el ciudadano demanda del Estado de acuerdo con la libertad intelectual de la que ha de disponer para interpretar las normas aplicables al caso concreto. Una libertad que es la base de su independencia, un principio constitucional tributario de la suma que aportan su cultura jurídica, formación personal y vinculación a los valores de una sociedad democrática, como sujeto social que es. Porque el juez es un actor social con ideología. La función que ejerce en nombre del Estado le exige permeabilidad al contexto social en el que actúa; el poder que ejerce sobre la libertad y el patrimonio de sus conciudadanos no es un sacerdocio. Pero sus legítimas convicciones, sus filias y fobias, nunca deberán alterar la lógica de sus razonamientos.

Ya al margen de la función jurisdiccional, el juez recupera el ejercicio de su libertad de expresión en su condición de ciudadano activo. Pero la ha de ejercer acorde con los límites que le afectan como servidor público sujeto a un régimen jurídico especial. Ello le exige un deber de lealtad institucional, alejamiento de la controversia política del momento (por ejemplo, no participar en tertulias) y deferencia hacia la ley que es expresión del principio democrático. Sentado este requisito, el juez puede desarrollar a plenitud, y es deseable que lo haga, su actividad científica como profesional del Derecho, a extramuros de la potestad jurisdiccional y emitir opiniones con la debida autocontención, siempre que no lo haga prevaliéndose de su cargo. El juez no puede ignorar que su condición trasciende a la función que ejerce y ha de ser consciente que con sus actuaciones externas no puede quebrantar la confianza que, como recuerda el Tribunal Supremo (sentencia 14/7/1999), la sociedad le reclama como representante del Estado.

Hace unas cuantas noches, en Roma, Licio Gelli salía del Hotel Excelsior en plena Via Veneto. El Venerable Maestro de la logia masónica P-2 -empleado de una fábrica de colchones de Arezzo, voluntario con los fascistas italianos en la Guerra Civil española, agente de los Servicios Secretos en medio mundo, poeta en la estela de D’Annunzio, espía, factótum, protagonista de media docena de intentos de golpes de Estado en otros tantos países del globo, Italia incluida, naturalmente- cumplió 91 años de edad en abril.

Está algo frágil de salud, viaja a Roma con mucha menos frecuencia: no todos los miércoles, como tenía por costumbre para sus encuentros con políticos, empresarios, generales. Su “Plan de Renacimiento Democrático” -el vademécum para un golpe blanco, el manifiesto de la masonería manipulada por los Servicios Secretos- fue encontrado por error y requisado en las macetas de su casa de campo toscana hace 30 años. Contenía una lista parcial de nombres, casi 1.000 de un total de 3.000 afiliados. Entre esos 1.000, Silvio Berlusconi, carné masónico de la P-2 número 1.816, entonces un simple empresario de televisión embarcado en negocios con los bancos, y una decena de políticos que en los años sucesivos y hasta hoy han sido o siguen siendo ministros, subsecretarios, consejeros de confianza, hombres de enlace con el Vaticano, plenipotenciarios del IOR. A las puertas del IOR, el Istituto per le Opere di Religione [Instituto de Obras Religiosas, el banco vati-cano], corazón de las finanzas vaticanas, se detuvo la primera Tangentópolis, la de Manos Limpias. A las puertas del IOR, dicen los poderosos asiduos del Hotel Excelsior, se detendrá también este nuevo, enésimo escándalo.

¿Qué anda haciendo el viejo Gelli todavía por Roma? Para conseguir información hay que llamar sucesivamente a tres intermediarios entre Pistoia, Montecatini, Arezzo. Hay que preguntar por el Tío, así quieren que se le llame por teléfono, nada de nombres por teléfono, ya se sabe. Recibe en Villa Wanda, se acerca a Roma “solo para cuestiones delicadísimas y urgentes al máximo nivel”. ¿Cuál podrá ser esa cuestión tan delicadísima y urgente de estas semanas, con los titulares dominados por los últimos escándalos de corrupción y por la urgencia que el presidente del Gobierno parece sentir para promulgar una ley mordaza que enmudezca a los periódicos y televisiones, que impida las investigaciones de los jueces, que ayude a las mafias? Pues bien, podemos preguntar todo eso, desde luego, pero no nos está permitido saberlo. “¡Qué pregunta más impertinente!”. La misma respuesta que Licio Gelli me dio hace siete años, cuando fui a entrevistarlo un 28 de septiembre a Villa Wanda. ¿Sigue tratándose con Silvio Berlusconi, lo ve? “¡Qué pregunta más impertinente!”. En aquella larga conversación me dijo cosas que a la luz de los acontecimientos actuales -la privacidad, el decreto ley sobre las interceptaciones- conservan todo su interés: su “Plan de Renacimiento Democrático” sostenía que era

necesario elaborar “una nueva legislación sobre la prensa con una orientación protectora de la dignidad del ciudadano, siguiendo el modelo inglés”. La privacidad, como se dice hoy. Dijo: “Contemplo el país, leo los periódicos y pienso: veo que todo se va cumpliendo poco a poco, paso a paso. El control de las televisiones, el control de la magistratura, la división de los sindicatos. La verdad es que debería exigir derechos de autor. La justicia, la televisión, el orden público. Lo escribí ya todo hace 30 años, me corresponde el copyright”.

Más citas del “Plan de Renacimiento” de la logia masónica P-2: “En el caso de que las circunstancias permitieran contar con el acceso al Gobierno de un personaje político (o de un equipo) en sintonía con el espíritu del club, es evidente que los plazos del procedimiento recibirían una fuerte aceleración”. Las circunstancias lo permiten. El carné 1.816 es presidente del Gobierno, en las salas contiguas a su despacho pululan antiguos afiliados. Quienes compartieron aquel proyecto están en los más altos cargos del Gobierno del país. Y no solo en esas supremas posiciones. Están en los ganglios vitales de la burocracia, en las secretarías enmoquetadas, en los ministerios, en las antesalas. Es un club, como lo definía Gelli, cuyos miembros aparecen continuamente en los documentos de las investigaciones sobre la corrupción, nombres a veces anónimos para el gran público, pero sobradamente conocidos, por el contrario, entre la gente que cuenta.

De manera que el poder sigue siendo ocupado por los mismos, la historia no se entiende si no se arranca de ahí. Por decirlo con palabras del Venerable Maestro: “Si las raíces son buenas, la planta germinará”. Desde luego, ha germinado.

Añadamos otros breves extractos del “Plan de Renacimiento Democrático”, pues es posible que quienes tengan menos de 30 años no lo recuerden o no lo hayan leído. A propósito de la prensa y de la televisión: “Comprar a dos o tres periodistas por cada diario o medio de prensa, de forma tal que ninguno esté al corriente de los demás. Esta iniciativa debe difundirse como una mancha de aceite, o mejor, mediante una cadena de no más de tres o cuatro elementos que conozcan bien el ambiente”. Gratificaciones económicas adecuadas. “Disolver la RAI, la televisión estatal”, “abolir el monopolio de la RAI”. Hasta aquí, ha germinado. Cuestión central: “Controlar la pública opinión media en el meollo del país”. La prosa no es especialmente feliz, pero su sentido no puede ser más preciso: la pública opinión media, la masa de los ciudadanos. En el meollo del país: un control minucioso. Domesticar a la opinión pública a través de las televisiones. Proceder a continuación a “algunos retoques de la Constitución”. Tampoco en cuestión de retoques vamos mal. Trabajar para dividir a los sindicatos, desarticular a la judicatura: esta es la parte más densa del plan. También la más meticulosamente perseguida. Sería interesante detenerse en otros detalles: en la “legislación que subordine el derecho de residencia a la demostración de que se posee un puesto de trabajo y el rédito suficiente”, por ejemplo, posición de la que es hoy paladín Bossi. Bossi, de quien Gelli decía: “Ha sabido crearse su propia fortaleza con la Padania, ha aportado muchos parlamentarios, excelente, sin duda. Pero tenía muchas deudas…”.

La prensa, para terminar. “Nueva legislación sobre la prensa con una orientación protectora de la dignidad del ciudadano, siguiendo el modelo inglés (la privacidad, que decimos hoy). Obligación de publicar cada año balances contables y retribuciones. Abolir todas las medidas estatales de apoyo”. Crear una Agencia central que controle las noticias locales. Adquirir algunos semanarios de batalla, semanarios populares. Revistas, diríamos hoy. De esas que venden miles de ejemplares y se encuentran en las salas de espera del dentista, del pediatra, de las peluquerías: esas que llegan más lejos que los semanarios de periodismo de investigación, por lo demás -con las nuevas leyes sobre la privacidad o dignidad del ciudadano, como se prefiera decir- destinados a desaparecer. De Berlusconi, aquel día de hace siete años, Gelli me dijo: “Berlusconi es un hombre fuera de lo común. Recuerdo bien que ya entonces, en la época de nuestros primeros encuentros, destacaba por una característica: sabía llevar a cabo sus proyectos. Un hombre de acción. De eso es de lo que estamos necesitados en Italia: no de palabras, sino de acciones”.

Sobre la corrupción, los sobornos, las contratas fraudulentas y el amiguismo: “En el fondo, Manos Limpias no deja de ser un asunto de cuernos. ¿O es que cree usted que la corrupción ha desaparecido? ¿No ve que está por todas partes, peor que antes, mucho más extendida que antes?”.

Connaissez-vous Biniam Simon ? En France, aucune chance. En Erythrée, en revanche, toute personne possédant un poste de télévision répondra par l’affirmative. Là-bas, Biniam Simon est un personnage public : le PPDA du pays. Tous les soirs, pendant quatorze ans, ce journaliste érythréen a présenté le journal sur la chaîne publique Eri-TV, la seule à diffuser des informations depuis la fermeture forcée des médias indépendants en 2001.

Sa situation était donc bien établie. Mais début 2007, Biniam Simon est brusquement contraint de laisser cette partie de sa vie derrière lui. Lors d’une formation au journalisme multimédia, au Japon, il apprend l’arrestation de treize de ses confrères à Asmara, la capitale de l’Erythrée. Devinant que son nom figure sur la liste, il décide de ne pas prendre le vol de retour pour demander l’asile à la France. A Tokyo, l’ambassade lui accorde sa protection. En quinze jours à peine, il rejoint le sol français et entame les procédures pour devenir officiellement réfugié.

Un changement de vie éprouvant, particulièrement lorsque l’on est habitué à exercer un rôle social. Il faut alors accepter de passer du statut de personnage reconnu à celui d’anonyme. “Lorsque vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez personne, vous n’existez pas. Vous devenez un numéro de dossier. Le quotidien tout entier représente alors un défi. Vous ne vivez pas, vous tentez de survivre”, se souvient Biniam Simon.

Comme lui, des centaines de journalistes quittent chaque année leur pays par crainte de représailles de leur gouvernement. La majeure partie des demandeurs d’asile vient d’Afrique et du Moyen-Orient, les journalistes ne font pas exception à la règle. “Nombre d’entre eux continuent à exercer leur profession depuis la France par l’intermédiaire de blogs ou de sites Internet, mais ceux qui réussissent à en vivre ici sont très rares. Ils se rabattent donc souvent sur des emplois précaires et non qualifiés”, explique Martial Tourneur, responsable du bureau d’assistance aux réfugiés de l’association Reporters sans frontières.

Pendant deux ans, Biniam Simon conserve l’obsession pour laquelle il a tout perdu : le besoin d’apporter une information libre chez lui, où une trentaine de journalistes sont emprisonnés.

Peur des représailles

En juillet 2009, son souhait se réalise. Avec l’aide de l’association, il ouvre une radio diffusée par satellite et sur Internet. Radio Erena (“Notre Erythrée”, dans la langue du pays, le tigrinya) propose chaque jour des bulletins d’information, ainsi que des émissions musicales et culturelles aux Erythréens restés au pays.

Dans son petit studio parisien, aux murs recouverts de boîtes d’oeufs en carton pour insonoriser les lieux, le petit bonhomme fier, au rire facile, laisse peu filtrer ses émotions. Lorsqu’il se confie, c’est le sentiment de responsabilité qu’il évoque, une obligation envers son pays : établir une connexion entre l’intérieur et l’extérieur pour enfin fournir de vraies informations à ses concitoyens.

Mais cette liberté a un prix. Dans ce petit pays de la Corne de l’Afrique, où la presse libre n’existe pas, s’exprimer contre le gouvernement n’est pas toujours chose aisée. Au moment du lancement de la radio, une campagne a bien été menée par le gouvernement pour la décrédibiliser. Le média a été accusé d’être un produit de la CIA visant à détruire la nation.

Ces tentatives n’ont pas empêché la population de l’écouter, mais Biniam Simon reçoit encore des courriels d’insultes chaque jour. C’est surtout la peur des représailles auxquelles il expose sa famille qui le tiraille et, parfois, le fait douter. Mais il a “fait son choix”. Si l’Erythrée lui manque ? Bien sûr. “J’adorerais rentrer, retrouver mes racines, mais c’est impossible ! Il est extrêmement difficile pour un journaliste de vivre là-bas, car nous y sommes considérés comme des terroristes”, explique-t-il.

En attendant ce jour, l’ancien PPDA de l’Erythrée travaille sans relâche, sept jours sur sept, sans compter ses heures. Biniam Simon a tourné le dos à sa vie sociale pour se consacrer entièrement à un projet qu’il porte à bout de bras, assisté par un compatriote qui travaille avec lui comme technicien.

Trois ans après son arrivée, il parle à peine français : une fois sa longue journée terminée, le journaliste ne trouve pas la force d’apprendre. “Et si nous ne trouvions pas les fonds pour continuer ?” s’interroge-t-il, angoissé. Si c’était le cas, il faudrait repartir de zéro et tenter de trouver un nouveau moyen de survivre dans un pays encore étranger. Que ferait-il ? Biniam ose à peine y songer. Ce projet, c’est toute sa vie. En tout cas, sa nouvelle vie de réfugié.

(*) L’auteure est la lauréate du concours organisé pour les étudiants des écoles de journalisme par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies, en partenariat avec “Le Monde”, à l’occasion de la Journée mondiale du réfugié, le 20 juin

He missed the Cannes film festival while in solitary confinement on hunger strike in Evin prison, Iran. Jafar Panahi, the internationally acclaimed Iranian film director, was released on bail today. He went on hunger strike on 16 May to protest at his treatment and the accusations against him. He was arrested in February for allegedly making a film about the contested presidential elections of last June, which brought Mahmoud Ahmadinejad back to power.

Panahi is known for his social realism films and has won awards at the Venice and Berlin film festivals. While on hunger strike in prison, he was due to be acting as a judge at the Cannes film festival last week. His chair was left empty throughout this year’s competition in protest at his incarceration.

Panahi’s mentor, the Iranian film director, Abbas Kiarostami, called his arrest a tragedy. Speaking last week at a press conference in Cannes for his own film, Certified Copy, Kiarostami said “art is in prison” in Iran and condemned the “continued pressure” on film-makers. Referring to accusations made against Panahi’s unfinished film, Kiarostami ridiculed the fact that in Iran “a film director has to go to prison for a film he has not made yet”. Last year a travel ban was imposed on Panahi, who was accused of wearing green at a rally in favour of the green movement.

Apart from Panahi, who has received continuous international support, another film-maker, Mohammad Nourizad, is reported by the opposition Jaras website to still be on hunger strike. Having spent 70 days in solitary confinement in Evin prison, Nourizad is reported as having lost the sight in one eye due to repeated beatings. His wife’s interviews demanding an explanation for the harsh treatment he has received in prison over the last five months have been reported by Jaras.

Nourizad supported the opposition leader, Mir Hossein Mousavi, but has spent most of his career as a documentary maker working with official media in the Islamic republic and supporting the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei.

He was a columnist in the hardline Keyhan newspaper and angered the regime by writing several letters to the supreme leader criticising the treatment of protesters. In his personal blog he asked the leader to side with the people and “renounce Ahmadinejad”. Iranian film-makers and art students have written separate letters to the head of the judiciary, Sadeq Larijani, protesting at the arrest and aggressive treatment of Nourizad.

Cinema has, in the last decade, played an increasingly active political role in Iran. Most film and documentary makers, as well as TV serial producers, have used the smallest loophole in Iran’s censorship to make socio-political protests. Panahi’s Offside, which won the 2006 Berlin film festival’s Silver Bear award, protested at women being unable to attend football matches; Circle, which won the Golden Lion as best film at the Venice film festival in 2000, was also highly critical of the treatment of women, and The White Balloon, which won a Camera d’Or at the Cannes film festival, circumvented the censor by speaking through children.

Bahman Ghobadi’s No One Knows About Persian Cats portrayed the pressures on young musicians and pop groups banned in Iran; Manijeh Hekmat showed the horrors of female prison cells; Rakhshan Bani-Etemad’s May Lady illustrated the difficulties for a woman in love in the Islamic Republic. She has pushed the limits of censorship in Iran by focusing on taboo subjects such as poverty, crime, prostitution, polygamy, divorce and illicit love.

Regarded as the leading contemporary female film director in Iran, Bani-Etemad was also a pioneer in supporting the green movement and putting her signature to most letters of complaint about the treatment of protesters in the months after the June presidential elections.

Another globally acclaimed film director, Mohsen Makhmalbaf, became the international spokesperson for Mousavi and has been actively speaking and writing in condemnation of the Islamic Republic’s brutal methods against protesters over the last year. Several leading film-makers signed letters in support of Panahi condemning the treatment of their colleagues in Evin prison.

The relatively more open cultural atmosphere of the reform era, led by the former president, Mohammad Khatami, which allowed some space for many of these film-makers, turned sour when Ahmadinejad came to power five years ago. His hardline policies had little respect for international fame and disowned creativity and free speech in cinema and the arts. The establishment became increasingly angered by the fact that film-makers dared to confront the regime directly. For them, cinema and the arts had to be revolutionary and committed to serving Islam and the Islamic Republic.

However, their attempts at silencing cinema and the arts have so far been in vain. Iranian film-makers are receiving international acclaim and at home they are holding a prominent position on the screen – as well in the political sphere. Despite government pressure, Iranian cinema, and documentaries reflecting those basic difficulties of social and political life have become the outspoken voice and vision of the educated and the young in Iran.

Britons are again flocking to Sri Lanka. Tourist arrivals surged 47% last month from a year earlier and sun-seekers from the UK form the largest single group. That’s an astounding turnaround for a country that for more than a quarter of a century had been a case study in ethnic warfare, terrorism and brutal repression.

This week the government of President Mahinda Rajapaksa, buoyed by recent wins in presidential and parliamentary elections, marks the first anniversary of its military victory over the separatist Tamil Tigers.

In the past few months Sri Lanka has been trying to burnish its image as an Indian Ocean paradise. And with some success. In January, the influential travel section of The New York Times slapped a picture of Colombo’s colonial-era Galle Face hotel on its front page and put Sri Lanka at the top of its 31 Places To Go in 2010 list.

And a western tourist sipping palm wine on a white sand beach or Ceylon tea in a plantation hill station might agree. The weather’s balmy, the people smile, and the price is oh-so right.

What visitors might not notice is that broad swaths of the mainly Tamil north and east of the country are still effectively closed military zones, and tens of thousands of Tamil civilians displaced by last year’s army onslaught are still held in camps. Visitors would have a hard time finding independent reporting on these stories in the Sri Lankan media. But not to worry. So would Sri Lankans.

Peace may be bringing a dividend for tourism and other business, but not for free speech. The Tamil press has long been intimidated and is extremely wary of being the first to break news critical of the government or the military. But now the Sinhala and English language press based in Colombo is also under fire. The writing on the wall for those who report critically on Rajapaksa or his extended family, which occupies positions of power and influence throughout the island, came in January last year with the brutal beating to death in broad daylight of Lasantha Wickramatunga, editor in chief of the popular Sunday Leader newspaper.

That still unsolved murder sent a chill throughout the media. More attacks and harassment of reporters followed. Journalists, who already toned down or spiked critical stories, began to censor themselves even more. Several slipped out of the country fearing for their safety. The Committee to Protect Journalists (CPJ), in its latest report on Sri Lankan media, estimates that a total of 10 journalists have been killed for their work in the past decade, and that more than 25 have fled into exile. The authorities have not secured a single conviction in any of those 10 murders. This has earned Sri Lanka the dishonour of fourth place on the CPJ’s Global Impunity Index, which ranks countries that fail to bring the killers of journalists to justice.

Troublesome journalists sometimes just disappear. Once such is Prageeth Ekneligoda, a columnist and cartoonist whose wife and two sons have not seen him since he left to cover the presidential election campaign on 24 January. Police seem uninterested in investigating his disappearance. His editor at the online news site Lanka eNews, Sandaruwan Senadheera, has already fled the country.

Sri Lanka is used to having its poor human rights record under the spotlight. Western democracies have lost some of their leverage to effect change as the government in Colombo has turned to Asian countries for arms, aid and investment. China and Pakistan provided much of the weaponry for the final push against Tamil insurgents; Iran is financing the construction of a power station and supplying oil; and China is providing loans and labour for air, sea and rail transport projects.

But in addition to tourism, Sri Lanka still relies on Europe and the United States as export markets, particularly for apparel. Sri Lankan textiles entering the European Union enjoy low tariffs under the generalised system of preferences known as GSP+. Brussels has said it could suspend that privilege in August as part of a review of the island’s human rights performance. Colombo has sought to play down the importance of the GSP+ but the EU accounts for 35% of Sri Lanka textile exports. The loss of that market could jeopardise 200,000 jobs.

Those who care about freedom of expression and the safety of journalists in Sri Lanka have few opportunities to influence the new government in Sri Lanka. The prospect of suspending preferential tariffs gives the EU a powerful tool to extract human rights improvements from Sri Lanka. Brussels should use it.

Asesinatos, encarcelamientos, secuestros, exilios, amenazas, agresiones, cierres de medios de comunicación… Cifras penosas, y en aumento, que pesan sobre los periodistas en todo el mundo. En poco más de un mes, siete periodistas han sido asesinados en Honduras, convertido ya en el país más peligroso del mundo para estos profesionales; cuatro en México en lo que va de año. En las cárceles de Cuba permanecen presos 25 periodistas, y más de un centenar fueron encarcelados el año pasado en Irán, donde 26 continúan todavía entre rejas. Sin contar los 50 que han tenido que exiliarse a la carrera, prácticamente con lo puesto.

¿Qué está pasando con la libertad de prensa en el mundo? ¿Por qué tantos gobernantes, monarcas, militares, traficantes, policías, terroristas y organizaciones criminales de todo tipo, tienen patente de corso para cometer tropelías sin par? ¿Dónde ha quedado la defensa por los países democráticos, por sus líderes políticos, instituciones y ciudadanos, del sacrosanto derecho a la libertad de expresión e información promulgada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y recogida en sus Constituciones? Porque no es inusual que gobernantes demócratas sin tacha se fotografíen sonrientes, y sin que se les caiga la cara de vergüenza, con alguno de los protagonistas de la lista de Depredadores de la Libertad de Prensa que hoy publica Reporteros Sin Fronteras, coincidiendo con el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Se comprende que los intereses económicos pesan más que los derechos humanos que se han comprometido a defender, pero ¿puede un ministro español sonreír junto al dictador Teodoro Obiang, “el dios de Guinea Ecuatorial”, que mantiene un control férreo sobre la información -el país sólo cuenta con un corresponsal extranjero, estrechamente vigilado- y escuchar cómo ataca a los periodistas españoles sin que se le altere el gesto?

Se puede alegar que estas cosas no pasan en los países democráticos, que semejantes lindezas están reservadas a las dictaduras, a los países fallidos o en guerra. No se lo crean. Aunque evidentemente las dictaduras y sus conocidos déspotas se llevan la palma, en la lista de depredadores hay también países con el marchamo de demócratas donde los periodistas no pueden ejercer libremente su profesión sin arriesgar la vida o la libertad. Países como Italia, España, Israel o México. Sus depredadores son grupos terroristas, como ETA en España -todavía varias decenas de periodistas trabajan y viven con escolta-, o mafias, como en Italia, donde las denuncias del autor de Gomorra, Roberto Saviano, amenazado de muerte -igual que Lirio Abbate, autor de Los cómplices, y la periodista de Il Mattino de Nápoles, Rosaria Capacchione-, no han logrado inmutar al gran acaparador de la comunicación italiana, pública y privada, Silvio Berlusconi. El jefe de Gobierno italiano amenazaba en noviembre pasado con “estrangular” a los autores de películas y libros como Gomorra, porque colaboran a la popularidad de la mafia y dan una mala imagen de Italia.

¿Y qué decir del primer ministro ruso Vladímir Putin, firme partidario del “control” de los medios de comunicación -en 2009 asesinaron en Rusia a cinco periodistas-, o del todopoderoso presidente chino Hu Jintao, a quien cortejan los líderes de todos los países democráticos, porque los millones de consumidores chinos nublan la visión de sus cárceles que encierran, entre centenares de disidentes, a 30 periodistas y numerosos internautas, alguno tan famoso como Liu Xiabo?

No nos engañemos. Estas son sólo algunas de las cabezas más visibles, pero hay otros depredadores que amenazan la libertad de prensa. Menos cruentos pero también letales. Son los que con la disculpa de la crisis económica aprovechan para aligerar plantillas en los medios de comunicación, ¡y de qué forma!; para pagar salarios irrisorios; para utilizar “enviados especiales” a los sitios en conflicto, que en realidad son colaboradores mal equipados, mal pagados, y sin protección alguna; para acongojar a los periodistas hasta el punto de convertirles en sumisos y acríticos profesionales.

Los que pregonan y ensalzan la gratuidad de la información en Internet, como si el trabajo periodístico riguroso y de calidad surgiera por generación espontánea y no necesitara de grandes inversiones. Y no se puede negar que la crisis económica, que coincide con la tecnológica, está siendo dura con los medios de comunicación, en especial con los de papel impreso. Pero no la convirtamos en la gran coartada, porque acabaremos tirando piedras contra la libertad de prensa que necesita de profesionales críticos, además de honestos. Y un periodista acobardado es un periodista obediente, y una fácil presa de la autocensura.

En la lista de Depredadores de Reporteros Sin Fronteras, hay 40 nombres. La mayoría repiten de años anteriores, Ahmadinejad, Raúl Castro, Gaddafi, Hu Jintao, Teodoro Obiang, el mulá Omar… Son los contumaces, los que no quieren desertar del galardón de figura sin escrúpulos. Ya se sabe, ellos no tienen que dar, o no dan, cuentas a nadie. Y esa seguridad es no sólo una de las mayores amenazas que pesan contra la libertad de expresión, los periodistas y los medios de comunicación, sino también sobre la democracia. Porque sin una prensa libre, sin unos periodistas libres, no hay democracia posible.

Han Han is a 28-year-old bestselling author, racing driver and blogger who is a star of Chinese cyberspace. He is also one of the most outspoken critics of government censorship, and his blogposts are often deleted by censors. Nevertheless, his main blog has over 300m hits. In an online poll Han Han ran recently on his blog about a corrupt official, 210,000 people voted. Yet it is not just Han Han’s words that are so influential, but the internet technologies – searches, file-sharing, RSS, blogging, microblogging, image and video-sharing, social networking, etc – that allow them to spread freely, despite government censorship.

This week, Han Han blogged about Google’s closure of its China-based search engine and wrote: “China has 200 million internet users. If Google asked all of them if they want to see uncensored search results, I think this 200 million minus the number of [government paid] internet commentators will agree.” His post was soon deleted; however his words have been reposted by devoted readers. Just Google Han Han’s name: his supposedly censored words are still all over the Chinese cyberspace.

This is what China’s leaders most fear: the power of truth-telling among the Chinese population, which directly challenges their privilege, ideological control, and the legitimacy of the regime. The Chinese government has learned that it can’t merely target internet users, but must focus on information technologies, access to the network, and the companies that provide these tools.

That’s where Google enters the story. Google does not create content but makes information more accessible and organised, empowering users for connectivity and collaboration. The Chinese government, on the other hand, operates under a political agenda to control and dominate content and to keep oppositional voices fragmented. Surveillance of users and enforced self-censorship of companies is part of this overall strategy. This runs in direct contradiction to Google’s corporate ethic and business agenda, which includes protecting users’ privacy and gaining their trust.

Google’s decision to leave China rather than abide by intrusive government policies effectively marks the beginning of a cyberworld divided into the internet and the “Chinternet”, with the great firewall marking the boundary. Several top global websites, including Google, YouTube, Twitter, and Facebook, as well as thousands of other websites, are no longer easily accessible.

But just as Google’s China story is not yet over, the China chapter of the internet story is just beginning. The transformative power of a global, open and participatory communications network will only grow, even through the great firewall. Google already has a huge number of loyal users in China, many of whom are increasingly unhappy with internet censorship. Removal of Google’s Chinese search engine to Hong Kong will create stronger demand inside China for censorship circumvention tools. Potential retaliatory measures by the government to block other popular Google services such as Gmail, Google Docs, Google Buzz, Google Wave, and Google Talk will only heighten this demand.

As a leading technology giant with a strong commitment to internet freedom, Google has the capacity to make its services continually available to Chinese netizens. Other technology companies and governments should join in this struggle to create a single, open and free internet. The final story is written by people like Han Han, who represent the irrepressible desire for truth, dignity and freedom. This spirit is what will ultimately topple the great firewall – with the assistance of innovative and unblockable internet technologies.