El pasado 5 de agosto, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Decisión (2011/491/UE) del Consejo, de 12/07/2011, relativa a la aplicación provisional del Protocolo sobre posibilidades de pesca, con su contrapartida financiera, previstas en el Acuerdo pesquero entre Europa y Marruecos, que expiró el 27/02/2011 y fue prorrogado hasta el próximo 27 febrero de 2012. De los 27 países, sólo Dinamarca, Suecia y los Países Bajos se opusieron a la prórroga. Austria, Chipre, Finlandia y el Reino Unido se abstuvieron.

Aparte de los detalles acerca de las modalidades de pesca, número de toneladas y de buques dedicado a cada modalidad, solicitud y expedición de licencias, especificidad de los buques atuneros y otros particulares, el Protocolo excluye las aguas marroquíes al este del Cabo Espartel, en Tánger, es decir, el Estrecho de Gibraltar y la costa mediterránea. Y respecto a la costa atlántica de Marruecos se establecen diversos límites en función de las especies a capturar; verbigracia, al sur del paralelo 30° 40′ N, para la pesca artesanal de corvina y espáridos; al sur del 29° N para la pesca demersal de merluza negra, etcétera. Ninguna limitación se establece para la pesca en aguas saharianas y saharauis.

Así las cosas, la pregunta obligada es ¿hasta dónde llega la zona atlántica de Marruecos? Porque ni las Naciones Unidas, ni ningún país del mundo, reconocen la ocupación por Marruecos de la antigua provincia española del Sáhara Occidental, abandonada unilateralmente en 1975 y de la que España es todavía formalmente potencia administradora, dada la nulidad, por inexistencia, de los llamados Acuerdos de Madrid, que ni han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado ni han sido registrados en las Naciones Unidas. Si ello es así, la ocupación resulta ilegal, puesto que desde el límite septentrional del paralelo 27o 40′ N hasta el límite meridional de la península del Cabo Blanco (21o 09′ N) y su respectiva prolongación en el mar hasta las 12 millas a partir de la línea de costa son aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental. Marruecos, por tanto, carece de títulos para hacer suya una riqueza pesquera perteneciente a un territorio no descolonizado e ilegalmente ocupado.

Dicho lo anterior, hay que destacar que el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos y Marruecos el 15/06/2004 excluye los productos obtenidos en territorio saharaui, como se encargó de precisar el 22/07/2004 el miembro de la Cámara de Representantes de EEUU, Joe Pitts, respaldado por el embajador Robert Zoellick, representante de Comercio de EEUU. En el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre la Asociación Europea de Libre Comercio (o EFTA) y Marruecos el 19/06/1997, también quedan excluidos los productos obtenidos en el Sáhara Occidental según precisaron dos importantes autoridades de países miembros de la EFTA, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Jonas Gahr Støre y el jefe de la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza, Martin Zbinden. Y es que, en efecto, se descubrieron importaciones ilegales de 20.000 toneladas de aceite de pescado en Noruega y de tomates en Suiza, ambos productos obtenidos en el Sáhara Occidental y falsamente etiquetados como productos de Marruecos.

Lo curioso es que la Unión Europea, que conoce la realidad de la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental, no ha querido introducir en el texto del Acuerdo pesquero ni del Protocolo una sola limitación y no parece que la labor de algunos europarlamentarios, como el español Raül Romeva y el británico Andrew Duff, que tratan de que en la posible renovación del Acuerdo se introduzcan cláusulas que excluyan las aguas saharianas o que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la legalidad del Acuerdo, esté teniendo éxito.

Pero, a decir verdad, tampoco el Gobierno español, hasta ahora, ha demostrado la menor preocupación por el expolio. Cuando el presidente Rodríguez Zapatero en el mitin que el 14/04/2007 ofreció en Canarias se refirió al Acuerdo pesquero y anunció que, por fin, los pesqueros canarios podrían volver a faenar en aguas marroquíes, Alberto Negrín, presidente de la Asociación Canaria de Amigos del Sáhara, alzó su voz para recordar que era aguas saharauis, no marroquíes, momento en el que fue detenido, llevado a comisaría y acusado de desórdenes públicos. Que Negrín fuera posteriormente absuelto nada modifica la postura gubernamental expresada por Zapatero.

Si la propia Unión Europea se preocupó de excluir del Acuerdo de asociación con Israel, de 20/11/1995, los productos etiquetados como israelíes pero originarios, en realidad, de la franja de Gaza y de Cisjordania y máxime cuando entre dicha Unión Europea y la Autoridad Nacional Palestina existe otro acuerdo euro mediterráneo de febrero de 1997, ¿por qué esa diferencia de trato con un pueblo, el saharaui, que lleva más de 35 años siendo objeto del despotismo colonial de Marruecos sin poder pronunciarse sobre su autodeterminación ni disfrutar de sus propias riquezas?

Se dice por algunos que el Sáhara Occidental no sería viable económicamente si alcanzara la independencia; argumento que obliga a la réplica en forma de interrogante: ¿por qué se explotan sus riquezas sin límite alguno?

Demos un par de vueltas a la vuelta a la pregunta: ¿es viable Marruecos sin los fosfatos que extrae de Bu Craa, yacimiento puesto en marcha por los españoles y que compran empresas españolas y norteamericanas, perfectamente identificadas? ¿Lo es sin el dinero que recibe de la Unión Europea por autorizar la pesca en unas aguas que no son suyas y donde pescan barcos marroquíes, españoles y del resto de Europa o sin el que recibe de los industriales españoles que se llevan las arenas de la costa sahariana para la construcción, o sin los cultivos extratempranos de los invernaderos de Villa Cisneros, la actual Dajla, que explotan empresas francesas, o sin el beneficio que reportan las tasas del Aeropuerto de El Aaiun, a donde llegan y de donde salen vuelos para España, o sin el beneficio que obtienen de las navieras españolas o extranjeras cuyos buques de carga o pasaje atracan en los puertos de la costa sahariana?

Ni por su población, ni por su extensión, ni por sus recursos económicos puede negarse a los habitantes del Sáhara Occidental -no se olvide que encuadrado en la República Árabe Saharaui Democrática- el derecho a su independencia, a la recuperación de los territorios -4/5 de la antigua provincia española están ilegalmente ocupadas por Marruecos-, sin que se les conceda siquiera salida alguna al mar y al disfrute de sus recursos naturales.

Mientras tanto, la represión del ejército, la policía y los colonos marroquíes continúa sin que la Misión de Naciones Unidas para el refrendo en el Sáhara Occidental -MINURSO- organice el referéndum para la que fue creada ni vigile el cumplimiento de los derechos humanos. Esto sin contar que los procedimientos judiciales abiertos por la muerte de españoles y saharauis a resultas de los marroquíes, en noviembre de 2010, al campamento pacífico en Gdeim Izik, en las afueras de El Aaiun, siguen paralizados, tanto en Marruecos como en España y que las condiciones de vida y trabajo impuestas en todo el Sáhara Occidental por las autoridades ilegítimamente ocupantes de dicho territorio siguen deteriorándose.

Si sorprendente fue que el Gobierno de España en su momento guardara silencio sobre las operaciones y las consecuencias de aquella represión, con un montón de muertos, heridos y desaparecidos -lo más seguro que enterrados en fosas comunes-, mujeres vejadas, jóvenes apaleados, niños sustraídos a sus familias, ciudadanos detenidos sin juicio, propiedades destruidas y robadas, acosos en las calles, allanamientos domiciliares, maltratos en dependencias policiales, desplazamientos forzosos, hasta el extremo de que nuestro Gobierno de entonces llegó a dar por zanjados los incidentes producidos con el argumento de que no se disponía de una información exacta e imparcial sobre lo sucedido, el actual Ejecutivo, a partir de las declaraciones de condena que, con los datos disponibles, emitieron el propio gobierno francés, el Parlamento Europeo y el Congreso y el Senado españoles, bien podría remediar la indolencia o incapacidad del anterior.

El constante expolio de los recursos naturales cuya propiedad corresponde sólo al pueblo saharaui es contrario al articulo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. Los intereses políticos, económicos, sociales y educativos de los territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado la plenitud del propio gobierno están por encima de todo en un sistema de paz y de seguridad internacionales. El artículo 1.2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 19/12/1966, declara que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin que en ningún caso pueda privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Y lo mismo proclama el artículo 16.2 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, según Resolución 3281 (XXIX), de 12/12/1974 de la misma Asamblea General, al decir que ningún Estado tiene el derecho de promover o fomentar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza.

El Sáhara Occidental se encuentra en un callejón sin salida. Una alternativa para conseguir una solución es el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática como han hecho ya muchos y muy importantes países -México, Sudáfrica, Nigeria-, dando a la misma incluso una salida al mar que habría de ser la zona ilegalmente ocupada por Mauritania hasta 1979. La solución pacífica del conflicto y la descolonización del Sáhara Occidental abriría nuevas perspectivas no sólo para el pueblo saharaui, sino también para el propio Marruecos y para el resto del Magreb que, sin duda, se beneficiaría del aumento de la estabilidad política y del comercio entre sus naciones. Seguir con la situación actual, privando a los saharauis del ejercicio de sus derechos básicos como pueblo, negándoles el derecho a la independencia, privándoles de sus recursos pesqueros y de sus fosfatos, impidiéndoles el ejercicio de los derechos humanos más básicos, puede dar lugar, tras más de 35 años de continua e ilegítima represión, a una reacción popular tan desesperada como explosiva y de consecuencias imprevisibles.

La MINURSO, Marruecos y el pueblo saharaui saben que el muro que divide el Sáhara Occidental no es impenetrable.

No es mal lema para la que está cayendo. Pero el eslogan es el nombre de una asociación de jóvenes que se han propuesto hacer realidad la utopía de revivir lo que se cae, en su caso, el Gran Teatro Cervantes de Tánger, para convertirlo en espacio de cultura y convivencia y, por qué no, de formación y de ocio de jóvenes y menos jóvenes de España y Marruecos y de intercambio con los de todo el mundo.

El Teatro Cervantes es todo un símbolo. De un pasado que naturalmente no podrá volver (aquel mítico Tánger internacional), pero también de un futuro de desarrollo compartido más necesario hoy que nunca.

La vecindad de Marruecos forma parte de la lógica natural de España. Así ha acabado por reconocerlo Mariano Rajoy realizando su primer viaje oficial a Marruecos. Los pescadores varados esperan resultados, mientras Arias Cañete avisa en Bruselas del enorme coste de la parada de los barcos.

Así lo espera también el buen sentido, la lógica natural tan galdosiana y también su propio partido para quitarse de encima esa imagen-herida que Perejil dejó en la opinión pública de Marruecos. Herida, tampoco puede olvidarse, mantenida abierta durante más años de la cuenta por un lobby dominante poco amante de lo hispano, bien instalado en Marruecos pero más visible hoy que nunca en algunos de los últimos nombramientos de Mohamed VI al frente de la agencia oficial MAP y en su propio consejo real.

Para conocer la visión de ese lobby es recomendable leer una reciente publicación de un periodista experto en las cuestiones españolas, Omar Dahbi: Maroc-Espagne. La guerre des ombres. 2000-2010. Prologado por el actual patrón de la agencia MAP, Khalil Hachimi Idrissi, director, hasta la víspera de su nombramiento, de Aujourd’hui le Maroc, uno de los diarios con la información más sesgada sobre España, se trata de un aviso para navegantes publicado en julio de 2011 ante la inminencia de la llegada del Partido Popular al poder en España. Partido que aparece tanto en el prólogo como en todo el libro, incluido el posfacio de Naim Kamal, como la reencarnación del franquismo, como la derecha “radical”, centrada en el odio a Marruecos. El libro es un repaso a los años del Gobierno Aznar, presentado como una suerte de D’Artagnan rodeado de sus tres mosqueteros, “Pío, Trillo y Piqué”, encargados no de deshacer entuertos sino de fomentar guerras y expandir el odio entre vecinos. Junto a esta tesis hay otra contenida en este libelo, la de que la diplomacia española está secuestrada por los servicios secretos. Aznar e incluso Zapatero no han sido más que marionetas en sus manos. La prensa en España está, por supuesto, según ellos, a su servicio. (¿Se han mirado al espejo Hachimi, Dahbi, Kamal?).

Pero el libro dice ofrecer otraalternativa para que España y Marruecos se lleven bien, pues hasta ahora “los marroquíes han hecho todo para que los españoles les amen. Mientras, los españoles han hecho todo para que los marroquíes los odien”. Se trata para nuestros dos países de un “porvenir cruzado” que no podrá prosperar, según se asegura, “más que si las relaciones entre los dos países se guardan, por hombres políticos responsables, de manipulaciones securitarias o políticas con fines electoralistas, a veces racistas, exacerbando una guerra de civilizaciones que no existe”.

Mariano Rajoy sabe que aunque los marroquíes no odian a España, ciertos lobbies se han empeñado en que así sea. Pero la realidad política del Marruecos de hoy es mucho más compleja que en los tiempos en que se perpetrara el disparate parabélico de Perejil, o que en diciembre de 2010 cuando aquel mismo lobby se empeñó en convertir al PP en su blanco privilegiado, convocando, con el Gobierno a la cabeza, una masiva manifestación en Casablanca acusándole de instigar la hostilidad antimarroquí en el Parlamento Europeo, en plena resaca de los acontecimientos de Gdym Izik.

El Marruecos de hoy, pos primavera árabe, es el de una difícil cohabitación entre Palacio y un nuevo Gobierno que solo cosechará legitimación si añade, a la obtenida en las urnas, una inteligente capacidad de mostrar su independencia, de contrarrestar la tutela de Palacio, bien pertrechado por una batería de consejeros reales, buena parte nombrada en la perspectiva de (o tras) la victoria islamista. En esa batería figuran con fuerza elementos de ese lobby, aunque también alguno de los firmes pero escasos valedores de España en nuestro país vecino.

Si hay algo que resaltar en el nuevo gabinete marroquí -del que se han excluido algunas “hispanistas” sospechosas- es que ha supuesto una cierta renovación de la élite. Aunque a través de la presencia de viejos partidos, bien rodados en anteriores Gobiernos y en muy diferentes momentos de la historia de Marruecos, perdurarán los reflejos de antaño, el PJD intentará jugar la carta de una actuación independiente, lo que podrá ser beneficioso para una buena entente con los también nuevos inquilinos de La Moncloa y de Santa Cruz. Saadeddin El Othmani no es un hombre mal dispuesto con España ni un demagogo. Sus intervenciones en nuestro país en víspera de las elecciones marroquíes de 2007, cuando era aún secretario general de su partido, así lo evidenciaban. También va a contar con un viceministro de Exteriores, Youssef Amrani, un diplomático que conoce bien nuestro país, con el que conserva excelentes lazos. Cierto que la tutela de su antiguo patrón, el anterior ministro de Exteriores, hoy ascendido al areópago real permanecerá omnipresente.

Saber jugar con habilidad por parte de nuestros gobernantes -con sinceridad o hipocresía, que de todo hay en la viña del señor- en este mar de contradicciones será sin duda la garantía de una legislatura en la que se evite la crispación entre vecinos y pueda hacerse realidad la alternativa que preconizaban -en ese juego de “te lo digo José María para que lo entiendas Mariano”- los redactores del panfleto-aviso para navegantes antes citado.

Muchos son los dosieres sobre la mesa. Mejor hablar de todos y no eludir ninguno. ¿Para qué sirve jugar al avestruz como hasta ahora, fingiendo que no se habla de lo que se debe hablar? ¿Qué trabajo cuesta admitir que contenciosos haylos, pero que se piensa ante ellos diferentemente? La lógica natural exige cooperación. Y más en el agujero de crisis en el que vivimos.

Volviendo a lo que fue el inicio de este artículo, los jóvenes que quieren “sostener lo que se cae” conocen lo difícil -por lo costoso- que siempre ha sido y será restaurar el Gran Teatro Cervantes de Tánger. De ahí que, propiedad del Estado español, esté cayéndose. Pero tienen en mente otros proyectos que se han hecho realidad, mucho más baratos, prácticos y por qué no, modernos, como la reutilización del Matadero de Madrid y los Abattoirs de Casablanca, convertidos en espacios de intervención ciudadana y de cultura. Aportan además con su idea una originalidad. Tienen el coraje y la fuerza de los jóvenes que han protagonizado el 2011, según consagró la revista Time. Y quieren desde el voluntariado ser los gestores de la restauración y los beneficiarios de la utilización de un espacio que puede ser el símbolo de una nueva relación entre nuestros dos países, recuperando todo lo positivo que en ambos países se ha construido juntos.

Se han cumplido ya 20 años desde que gracias a la mediación de la ONU, el Frente Polisario y Marruecos acordaran un alto el fuego que ponía fin a los enfrentamientos iniciados en 1975. Y ha pasado ya una década desde que el enviado personal del secretario general de la ONU, James Baker, presentara su primer plan de paz, que fue rechazado entonces por el Frente Polisario, que aceptó en cambio la segunda propuesta presentada dos años después, en 2003.

Por aquel entonces, cabe recordar, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba sus resoluciones sobre el Sáhara sin mencionar ya el referéndum prometido en el primer Plan de Arreglo de 2001, mientras que instaba a las partes a buscar una solución mutuamente aceptable.

Desde hace casi una década, pues, el Consejo de Seguridad se ha decantado porque las partes negocien una salida que no necesariamente ha de pasar por el referéndum, que ya no exige, mientras que se declara más bien favorable a explorar lo que podría dar de sí una fórmula de autogobierno dentro de un sistema de autonomía marroquí.

Entre junio de 2009 y julio de 2011 se han celebrado ocho rondas de negociación entre el Frente Polisario y Marruecos, sin que hayan avanzado lo más mínimo, hasta el punto de que Marruecos -que a partir de enero será miembro del Consejo de Seguridad por dos años- se ha negado a celebrar más reuniones por considerarlas estériles, dada la inamovilidad de las partes. Puede que al final se celebre una nueva ronda negociadora el próximo año, pero si no hay un cambio de posición de alguna de las partes, resultará también una ronda inútil, lo que nos lleva a un posible escenario de ruptura definitiva de las negociaciones. Mientras, la población saharaui refugiada en los campamentos de Argelia (llevan allí 36 años, más de una generación) ve perder su oportunidad de regreso a su tierra natal, por la falta de avances en la negociación. Así las cosas, convendría hacerse algunas preguntas en aras al realismo y con el ánimo de desbloquear la situación.

Hemos de partir del hecho incuestionable de que Marruecos no cederá bajo ninguna circunstancia a su propuesta de autonomía, y que el Consejo de Seguridad no impondrá nunca una solución distinta, guste o no. Simplemente es la realidad. Un reinicio de las negociaciones en 2012 debería partir de la propuesta marroquí de autonomía de 2007, que en un proceso negociador podría mejorarse. Pero es una negociación para conseguir un autogobierno que permita garantizar la identidad del pueblo saharaui, aunque sea dentro del Reino de Marruecos.

¿Significa esto que algunos saharauis han de renunciar a su deseo de independencia? La respuesta es que no, pero a partir de aceptar en primera instancia una fórmula de autogobierno. En España, hay sectores independentistas en el País Vasco y en Cataluña, pero expresan su proyecto de futuro aceptando una realidad autonómica, a la espera de que en un futuro se den unas mayorías y unas condiciones que hagan posible sus proyectos. En el Sáhara habría que partir de la misma base, con una población saharaui instalada en el territorio histórico, bajo soberanía marroquí, y con la libertad de expresión necesaria para que los sectores independentistas pudieran expresar sus anhelos, sin que las autoridades marroquíes ejercieran represión por ello. ¿Es esto viable? Nadie lo sabe con seguridad, pero las garantías de seguridad personal y de expresión son también un tema de negociación.

Para salir del atolladero hay que hacer nuevos movimientos y cambiar la perspectiva. En este sentido, sería interesante que el secretario general de la ONU convocara a Nueva York al rey de Marruecos y al líder del Polisario, Mohamed Abdelaziz, que por cierto lleva ya más de 35 años como secretario general del Frente Polisario. Necesitamos planteamientos nuevos y gente nueva. Al drama saharaui le falta renovación, y a los 20 años del alto el fuego, lo único que no es admisible es la vuelta a las armas. En los tiempos actuales nadie lo apoyaría y el Frente Polisario se quedaría solo y sin recursos. Sería suicida, y más dada la situación de inestabilidad que vive la región saheliana, con Al Qaeda de por medio.

Aceptar el autogobierno no es traicionar al pueblo saharaui. Pedir lo imposible y aceptar 30 años más de desierto es, en cambio, un mal favor a una población que tiene el derecho, después de tantos años, de retornar al Sáhara y ser protagonista de su destino, aunque inicialmente sea dentro del marco de una autonomía marroquí, eso sí, lo más avanzada posible. Quedará pendiente otro capítulo doloroso, que es el reconocimiento marroquí de que hace 36 años ocupó un territorio, desalojó por la fuerza a la mitad de su población y la bombardeó en su exilio. Una verdad histórica que será necesario admitir para empezar un lento pero necesario proceso de reconciliación.

Tema: Los territorios de España en la costa africana son objeto de cíclicas reivindicaciones por Marruecos que afectan negativamente a las relaciones bilaterales hispano-marroquíes.

Resumen: El estatuto de las ciudades, islas y peñones de España en África es problemático, particularmente por lo que hace a las islas y peñones. En general, la posición de España sobre las reivindicaciones territoriales marroquíes ha sido reactiva, por lo que ha cedido la iniciativa siempre a Marruecos. En este ARI se propone que España tome una doble iniciativa: (1) diferenciar los estatutos entre las ciudades, por una parte, y los peñones e islas, por otra, con un desarrollo normativo interno específico para este último bloque de territorios; y (2) involucrar a la UE y eventualmente a Marruecos en la gestión medioambiental de las islas y peñones. De esta forma, la UE podría actuar de factor externo dulcificador de los temas territoriales bilaterales, que son los potencialmente más peligrosos para las complejas relaciones hispano-marroquíes.

Análisis

Una relación bilateral conflictiva, condicionada por la UE

Los incidentes de Agosto de 2010 en la frontera de Melilla[1] –que, junto a otros sucesos, llevaron a la anormal situación de un año sin embajador de Marruecos en Madrid– volvieron a poner de relieve los cíclicos problemas que las posesiones de España en la costa africana provocan en las relaciones con nuestro vecino del sur. Es cierto que las relaciones entre España y Marruecos –dos sociedades muy diferentes culturalmente, con malentendidos y aprensiones colectivas–[2] han sido tradicionalmente conflictivas y complejas, desde la independencia de este país en 1956, con ciclos de mayor o menor cooperación y conflicto. Estos ciclos tendrían como hitos la retrocesión de Tarfaya (1958), el conflicto y retrocesión de Ifni (1969), la Marcha Verde, los Acuerdos de Madrid y retirada española del Sahara (1975-1976), los continuos conflictos de pesca, el Acuerdo de Amistad y Cooperación de 1991, la crisis de 2001-2003 y la normalización iniciada en 2004, que ha llevado a la existencia hoy de una intensa colaboración bilateral con múltiples grupos de trabajo y comisiones mixtas en muy diferentes ámbitos.

De hecho, la mayoría de los aspectos conflictivos de las relaciones bilaterales han sido mediatizados por la participación de España y Marruecos en la UE, España como miembro desde 1986, Marruecos con un estatuto particular o especial, actualmente “Avanzado”. Esta involucración de la UE en lo que anteriormente eran temas puramente bilaterales –como, por ejemplo, los acuerdos de pesca– ha llevado a una sensible reducción de la conflictividad y, por tanto, ha aportado una mayor estabilidad a las relaciones en muchas temáticas.

Con todo, los temas territoriales permanecen enquistados en lo más profundo de estas relaciones, y pueden provocar –como ocurrió en 2002 con el conflicto de Perejil– una súbita escalada de conflictividad bilateral.

Los territorios en África, diversidad y terminología

España posee títulos jurídicos de soberanía, de diversa naturaleza, sobre determinados territorios en África, y que son objeto de permanente reivindicación marroquí. Se trata de la Ciudad de Ceuta, la Ciudad de Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alhucemas y las Islas Chafarinas.

A estas plazas, islas y peñones se suele unir el cuestionado islote de Perejil/Toura o Leila, cercano a Ceuta. Sin embargo, Perejil debe ser dejado al margen de este análisis territorial, ya que no entra en el conjunto de territorios referidos reivindicados por Marruecos, por entender que la isla o islote forma parte desde 1956 de su territorio. Pero, sobre todo tras los penosos incidentes de 2002, tiene desde ese año un régimen especial de no ocupación, con un nuevo estatuto internacional, al ser ahora reconocido por ambos Estados como un “territorio en disputa”.[3]

Por otra parte, las pretensiones marroquíes repercuten en la ausencia de delimitación de espacios marítimos, en particular en el Estrecho de Gibraltar, al estar la delimitación de estos espacios directamente vinculada a la presencia de las plazas y peñones referidos.

Estos territorios son conocidos bajo categorías y denominaciones diferentes. En realidad, se trata de territorios de muy distinta condición, pues tenemos junto a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, un peñón integrado en la costa marroquí (Vélez), otro peñón (que en realidad son tres islas en una bahía, Alhucemas) y un conjunto de islas cerca de la costa mediterránea marroquí y argelina (Chafarinas).

Para estas áreas del territorio español, las denominaciones que se utilizan son muy variadas, en ocasiones para referirse indistintamente a todos los territorios. Evidentemente, el uso de una u otra denominación no es cuestión neutral, y algunas arrastran la carga histórica, sobre todo militar, de estos territorios; en particular el término “presidios”, en ocasiones diferenciando los presidios mayores de Ceuta y Melilla, y los presidios menores de Vélez, Alhucemas y Chafarinas; “presidio”, prácticamente en desuso, hacía referencia a fortaleza que cumplía entre otras la función de cumplimiento de penas o de confinamiento.

Una denominación muy extendida como denominación genérica, aunque improcedente, es la de “enclaves”; su uso no es correcto jurídicamente, ya que un enclave debe estar completamente rodeado por el territorio de otro Estado, sin otra comunicación exterior que a través de ese Estado: la apertura al mar de las ciudades, islas y peñones, contiguos al territorio español, las excluye de este calificativo, que es aún menos apropiado legalmente si se completa como “enclave colonial”. En fin, aunque hoy constituyen un pleonasmo, ha sido común –así la Constitución española de 1931– referirse a las plazas y territorios “de soberanía”, probablemente para referirse a estas ciudades con estatuto diferente al de otras plazas o ciudades del protectorado español que no formaban parte del territorio nacional.

Marruecos, por su parte, utiliza indistintamente una batería de términos que subrayan un componente negativo o de ocupación ilegítima –enclaves, enclaves coloniales, presidios y territorios marroquíes bajo dominación colonial– o refiriéndose a las ciudades marroquíes e islas usurpadas, ocupadas o expoliadas en el norte del reino.

Además, Marruecos reivindica la existencia de un “contencioso territorial” con España, pretendiendo la retrocesión o al menos la revisión del estatuto de estos territorios.

Denominar el conjunto de los territorios de España en África como “ciudades, islas y peñones de España en el norte de África”, permite visualizar las situaciones diferenciadas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, por una parte; y la de los peñones e islas de Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas, por otra parte.

La evolución de los planteamientos de España y de Marruecos

Para España la mayoría de estos territorios forman parte del Reino desde su constitución como Estado, con presencia efectiva y continuada, y aunque en algún período histórico se ha cuestionado internamente su españolidad o propuesto su abandono, el planteamiento constante es el de pertenencia plena al Reino, cuyo territorio no está definido en la Constitución de 1978. Mantienen por tanto el mismo estatuto desde su integración en la Corona (por diversos modos de adquisición del título de soberanía, de origen histórico, cesión, conquista y ocupación de estos territorios, entre los que no figura una previa cesión por la entidad soberana preestatal marroquí); razón por la cual esta condición de parte del territorio nacional no se vio afectada por la existencia del Protectorado.

Hay que señalar que, jurídicamente, la posición española con sus diversos títulos de adquisición de soberanía y tratados de límites fronterizos de los siglos XVIII, XIX y XX, es sólida en Derecho Internacional, y de hecho nunca han sido territorios considerados internacionalmente como colonias o territorios no autónomos. Pese a la diversidad de los títulos de soberanía y de la naturaleza de los diferentes territorios, España mantiene una posición idéntica sobre todos ellos.

Para Marruecos, la no aceptación de sus fronteras fundacionales de 1956 es la consecuencia de un nacionalismo con componentes de irredentismo territorial, en busca de la consecución de las fronteras “históricas” y su “unidad natural” en un “Gran Marruecos”; en este sentido, la Constitución marroquí de 2011 (art. 42) se refiere a las “fronteras auténticas” del Reino de Marruecos. Este planteamiento identitario conlleva una permanente reclamación territorial hacia España, en búsqueda de la integridad territorial (tras Tarfaya, Sidi Ifni y el Sáhara), lo que supone que estos territorios deban volver algún día a la “madre patria” marroquí. Para Marruecos los tratados firmados antes de su independencia son el resultado de una política de fuerza micro-imperialista, por lo que en Derecho interno ha adoptado normas que no reconocen la soberanía ni jurisdicción territorial o marítima española de los territorios en la costa africana; tenemos un ejemplo reciente en la Declaración efectuada al ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, recordando la marroquinidad de estos territorios y el no reconocimiento de la “ocupación” española de los mismos, lo que motivó una Comunicación española sobre esta Declaración.[4]

El planteamiento jurídico-político puramente descolonizador, reivindicando las “últimas colonias en África”[5] no parece hoy activo. Es cierto que recurrentemente Marruecos ha reivindicado desde 1960 en distintos foros de la ONU su reclamación sobre Ceuta, Melilla y otros territorios. Sin embargo, si Ifni y el Sáhara español fueron incluidos en la lista de territorios no autónomos y por descolonizar, en cambio, las ciudades, islas y peñones nunca han entrado en dicha lista. Marruecos lo intentó formalmente en 1975, aunque el Comité no respondió a esta solicitud, que quedó frustrada; y desde entonces no ha vuelto a plantear abiertamente una solicitud de descolonización ante el órgano competente de la ONU, aunque puede reactivarla en cualquier momento y recabar los apoyos internacionales obtenidos en su día (OUA/UA, Liga de Estados Árabes y Unión Parlamentaria Árabe). En cualquier caso, en el marco del Derecho Internacional, parece jugar más el principio de integridad territorial, reclamado por Marruecos y por España al mismo tiempo, que el principio de libre determinación de los pueblos coloniales.

Es interesante destacar que una línea estratégica de la política exterior marroquí ha consistido en comparar las situaciones de Gibraltar con las de Ceuta y Melilla; pero esta comparación parece ahora abandonada. Se trata probablemente de una consecuencia colateral del desarrollo del gobierno autónomo gibraltareño y de la constatación de la necesidad de la autodeterminación interna en las negociaciones hispano-británicas, problemática que probablemente no es de interés proyectar tal cual sobre Ceuta y Melilla.

La reivindicación marroquí reiteradamente ha manifestado que busca una solución por medios pacíficos y no por la fuerza, en negociación bilateral con España. Aunque esta línea se rompió con la ocupación militar de Perejil en julio de 2002, parece recuperada en la fase actual de las relaciones, en la que Maruecos apuesta por un “diálogo honesto, franco y abierto sobre el futuro” que “garantice nuestros derechos de soberanía y que tenga en cuenta los intereses de España”, como afirmó el Rey Mohamed VI en 2007. En cualquier caso, España siempre se ha opuesto a tratar bilateralmente la temática territorial con Marruecos en negociaciones directas sobre las ciudades y, en particular, rechazando la creación de la “célula de reflexión” propuesta por el rey Hassan II en enero de 1987 y reiterada en la ONU en 1995.

En la evolución histórica, la entrada de España en las Comunidades Europeas/UE y la aplicación del Derecho comunitario en Ceuta y Melilla, expresamente previstas en el Acta de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas (Arts. 25 y 155 del Acta de Adhesión y Protocolo nº 2), ha objetivamente reforzado la condición de estos territorios bajo soberanía española. Por lo que hace a las islas y peñones, aunque no se mencionaron en el Acta de Adhesión, forman parte de la UE desde el momento de la integración del “Reino de España”, por lo que al conjunto de los territorios se aplica el Derecho Comunitario, con especificidades. Además, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha determinado la aplicación al territorio del Reino de España (y por tanto también a todos sus territorios en el norte de África) de la cláusula de defensa mutua del Art. 42.7 TUE, lo que abre el paraguas de protección ya existente en el marco de la OTAN a Ceuta y Melilla. Igualmente, la adquisición del Estatuto de Autonomía de las ciudades en 1995 ha reforzado su particular condición en el seno de la organización territorial española.

Lo cierto es que Marruecos parece preferir ahora el término “anacronismo” para reclamar la finalización de la ocupación española, en lugar de “descolonización”, si bien en ocasiones utiliza mediáticamente el comparativo colonial: así en noviembre de 2007 con motivo de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, el primer ministro de Marruecos se refirió a la descolonización pendiente, comparando la Palestina ocupada con las ciudades de Ceuta y Melilla y las islas mediterráneas.

Por tanto, hay que contar con que siempre, dado el planteamiento territorial marroquí en el que la recuperación de Ceuta y Melilla es un “objetivo nacional”, se tratará de un tema abierto, y condicionado por factores internos e internacionales, abocado a provocar períodos de conflicto y cooperación en nuestras relaciones bilaterales con Marruecos, aparte de su utilización por Marruecos como medio de presión al hilo de otros asuntos. En este orden de ideas, hemos de asumir en la actualidad y previsible futuro un planteamiento marroquí que conjuga la reivindicación simbólica y, al mismo tiempo, la cooperación con España. Ejemplo de este planteamiento podríamos verlo en las protestas referidas por la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en 2007, seguidas a los pocos meses de la IX Reunión de Alto Nivel, con la celebración del calificado como mayor acuerdo financiero jamás suscrito por España.

Y aunque los planteamientos de Marruecos no van a alterarse, en el caso de España se puede introducir una dimensión diferente de acción exterior para incorporar estabilidad y seguridad en este decisivo componente de las relaciones bilaterales.

Separar el estatuto legal de las ciudades, del de las islas y peñones

La estabilidad hispano-marroquí en estos temas territoriales sólo puede venir de la mano de alternativas que exploren iniciativas, en un tema muy incómodo para España, pero que dada la reivindicación permanente marroquí, España puede y debe afrontar. En este campo se han barajado académica y políticamente muchas hipótesis.

La que en estas líneas se propone es la de diferenciar los territorios legalmente en dos bloques, y la de introducir en la gestión de uno de ellos a la UE, y, eventualmente, a Marruecos.

Así, se trataría en primer lugar de llevar a cabo unilateralmente un replanteamiento interno de nuestros territorios en África, diferenciando los estatutos internos, por una parte, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, que son ya entes territoriales sui generis con un estatuto particularizado –y que no es formalmente el de Comunidades Autónomas–, y, por otra parte, de los peñones e islas (Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas, Perejil excluido), sin estatuto legal evidente.

Este punto de partida obedece a la realidad jurídico-política diferente de ambos bloques de territorios y a una urgente necesidad de actuación española, pues el “bloque” de los peñones e islas tienen un estatuto internacional delicado y una muy endeble regulación en Derecho interno español.

En efecto, la posición española tiene un flanco discutible o polémico en el estatuto internacional de los peñones e islas. En particular, e independientemente de su manifiesta vulnerabilidad, plantean inconvenientes graves de delimitación terrestre –en el caso del Peñón de Vélez la creación de un istmo de arena en 1934 creó un problema de delimitación fronteriza por tierra con Marruecos– y marítima. A esto se añade una de por sí difícil explicación y justificación política, habida cuenta de su proximidad a la costa marroquí (Islas Chafarinas a dos millas de la costa, y Peñón de Alhucemas con sus dos islotes deshabitados a una distancia entre 200 y 800 metros de tierra firme), o incluso su integración en el mismo territorio terrestre (caso del Peñón de Vélez), aparte de la inexistencia de actividad económica ni población civil, y hoy única presencia militar. Aunque estas evidencias geográficas y militares tienen buena defensa desde el Derecho, la lógica de los medios de comunicación y de los foros intergubernamentales puede ir en contra de la lógica jurídica que España pueda esgrimir.

Pero, sobre todo, las islas y peñones son un caso único en España, pues tienen un indefinido estatuto jurídico interno. No sólo la Constitución no los menciona, sino que están completamente fuera de la organización territorial del Estado –autonómica, provincial, municipal y de las Ciudades Autónomas– con expresa exclusión en 1995 de las Leyes Orgánicas que aprobaron los Estatutos de Ceuta y de Melilla.[6] Así, el déficit regulador es aún más llamativo desde la entrada en vigor de los Estatutos de las dos ciudades, que han dejado a islas y peñones, por exclusión, dependiendo única y directamente del gobierno central. En realidad, se trata de territorios que no figuran explícitamente como “españoles” o “de España” en ningún texto relevante, siendo áreas del territorio que integran el Reino, administradas directamente por el gobierno/administración central.

Sin duda, la regulación más detallada es (o era) la militar, pero incluso aquí se observa un progresivo retraimiento normativo de Defensa en su regulación, que ya no contempla expresamente a las islas y peñones. No obstante, es cierto que las Islas Chafarinas tienen la especificidad normativa de constituir un Refugio Nacional de Caza,[7] que tras ser administrado por el ICONA, hoy lo es por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, quien gestiona la administración, conservación y uso público desde Madrid. Pero en la práctica es el Ministerio de Defensa la única administración efectiva y sobre el terreno sobre todos estos territorios.

Este vacío regulador en Derecho español de los peñones e islas provoca incertidumbre en muchos ámbitos: el reconocimiento y delimitación de espacios marinos y de aguas jurisdiccionales o de seguridad, la jurisdicción interna española aplicable –aparte de la militar– y la no previsión legal de actuación administrativa o de protección del medio ambiente en los peñones de Alhucemas y Vélez.

Así, para encarar estratégicamente el problema de los territorios de España en África, primero debería confirmarse claramente un estatuto jurídico diferenciado de los peñones, islas e islotes, con un nuevo régimen común regulador para Vélez, Alhucemas y Chafarinas; quedaría así contrapuesto a lo anterior, el estatuto diferente que de hecho actualmente poseen las dos Ciudades Autónomas.

Además, un diferente régimen jurídico interno para los peñones e islas tendría un efecto de compartimentación legal y política; ayudando, por ejemplo, a prevenir que, de entrada, un pequeño incidente, eventual crisis o cuestionamiento de estos territorios “menores” afecte directa y automáticamente a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, al no tener España claramente diferenciado el estatuto territorial interno de las islas y peñones en África.

La involucración de la UE

En segundo lugar, la separación de regímenes puede abrir la vía a la intervención de alguna forma de la UE en las islas y peñones, pues el marco interno diferenciado podría permitir una actuación de la UE específica, en particular en materia de medio ambiente. Incluso podría por hipótesis contemplarse una cierta asociación institucional de Marruecos en la gestión y aplicación transfronteriza de las normativas medioambientales de Marruecos, España y la UE a estas islas y peñones y su entorno –sin incluir a Ceuta y Melilla–.

De hecho, en materia medioambiental ya se aplica normativa europea en las Chafarinas, dado su altísimo valor ecológico, pues es un espacio natural protegido designado en 1989 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) al amparo de la Directiva 79/409/CEE. Además, desde 2006 es un Lugar de Interés Comunitario (LIC).[8]

Pero la temática territorial ya ha incidido negativamente en una mayor protección de Chafarinas, pues su constitución como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM-SPAMI), promovida en 2003, fue rechazada, argumentando la Secretaría del Convenio de Barcelona[9] que esta propuesta debía de ser formulada conjuntamente, por ser un área transfronteriza o sometida a una cuestión territorial; se trata de la evidencia de la necesidad de articular una cooperación con Marruecos, aunque sólo sea a efectos de protección medioambiental de estas islas. Igualmente nos encontramos con otro ejemplo de afectación negativa de la protección del medio ambiente en la decisión de excluir las Chafarinas del borrador de la Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente que establece la primera red de protección de aves marinas.[10]

Pero una estrategia de participación de la UE en la gestión compartida –sin afectar a la soberanía española– necesita, claro, un cierto acuerdo político con Marruecos. Sin embargo, éste no requiere forzosamente de tratados internacionales; tampoco es necesario acudir al instrumental de soft law que hemos desarrollado con el Reino Unido para el caso de Gibraltar, y con los que se ha tratado, mediante declaraciones y comunicados conjuntos, de establecer soluciones de cooperación práctica. Basta acudir a los medios que nos proporciona la Política Europea de Vecindad para desarrollar una cooperación transfronteriza en el marco de la acción exterior de la UE con el socio privilegiado que es Marruecos. De hecho, existe una tradición de cooperación transfronteriza en el marco europeo a través de varios Programas (MEDA, INTERREG, principalmente), en particular desde Andalucía.

El marco actual de la cooperación transfronteriza con Marruecos viene constituido por el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), que es el que permite encuadrar programas operativos conjuntos de cooperación. En este marco se nos ofrecen instrumentos y procedimientos de cooperación y gestión compartida, que de hecho están aplicándose en el Programa IEVA de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea 2007-2013, en el que participa España pero no Marruecos.[11] Este instrumental y estructura de gestión y administración común del IEVA son particularmente de interés para eventualmente localizar una cooperación hispano-marroquí medioambiental –materia que es prioritaria en el IEVA– en las islas y peñones.

Precisamente las cuestiones territoriales parecen ser las que han impedido que Marruecos acepte colaborar en los programas transfronterizos propuestos por España (Proyectos Andalucía-Área del Estrecho-Marruecos Norte y Costa Atlántica-Canarias-Marruecos Sur) en este marco de la IEVA. Los programas no fueron presentados en plazo, probablemente tanto por la inclusión de Ceuta y Melilla como zonas elegibles en el Norte, como por las salvedades de la Comisión respecto a las regiones del Sáhara en el proyecto del Sur de Marruecos. Las dotaciones fueron entonces reconducidas[12] al instrumento FEDER del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008-2013.[13]

Estas experiencias demuestran que Marruecos está dispuesto, por cuestiones territoriales, a renunciar a la cooperación con España y con Europa, ya en el marco internacional de protección del medio ambiente, ya en el marco UE de Vecindad y Cooperación transfronteriza. Igualmente que España renuncia a articular medidas internas de protección del medioambiente en “el territorio jurisdiccionalmente español en el Norte de África”[14] por razón de las reclamaciones marroquíes sobre estos territorios.

Precisamente, una mayor claridad de la posición legal interna sobre las islas y peñones y una abierta propuesta española de cooperación conjunta podría cambiar esta situación, y permitir una específica cooperación bajo normativa europea, iniciativa española que podría incluso llevar a crear un instrumento específico ad hoc para esta puntual cooperación transfronteriza hispano-marroquí. Esto podría permitir focalizar una actuación específica de cooperación y gestión común, por ejemplo, medioambiental, en las islas y peñones, lo que introduciría la novedad de un vector de intervención europea en lo que hasta ahora es una pura cuestión territorial bilateral. De esta forma, podría promoverse con Marruecos una específica cooperación en este grupo de territorios de las islas y peñones de España con estatuto interno español diferenciado y de alguna forma vinculado a la UE. Esta cooperación –no con las ciudades, sino con las islas y peñones– extraería de la dinámica puramente bilateral este aspecto de la cuestión territorial, incorporando así un cierto factor añadido de estabilidad para estos territorios.

Conclusión: Las pretensiones marroquíes otorgan a nuestros territorios en África un condicionante conflictivo único en nuestra política exterior. El caso de Perejil ilustra la sorprendente facilidad con que Marruecos y España asumieron tanto el empleo de fuerza armada como los consiguientes riesgos de escalada. La cuestión territorial confiere además una permanente inseguridad e inestabilidad al conjunto de las relaciones hispano-marroquíes. No obstante, la estrategia española –incluida la Estrategia Española de Seguridad–[15] no parece ser la de encarar explícitamente y sin complejos el problema.

En nuestra opinión, tomar la iniciativa legal de regular diferenciadamente nuestros territorios en África, y de involucrar a la UE –y en su caso a Marruecos– en el ejercicio de ciertas funciones en estos territorios, puede ofrecer un futuro marco de cooperación y estabilidad en las relaciones hispano-marroquíes.

La compartimentación normativa de las ciudades, islas y peñones en dos bloques con estatutos diferentes, podría ofrecer respuestas diferenciadas ante las reclamaciones marroquíes: si hoy por hoy la posición española sobre Ceuta, Melilla, islas y peñones es muy similar, un deslinde de territorios en la costa africana podría llevar a afrontar el espinoso pero inevitable aspecto de la reivindicación territorial marroquí, por una parte aislando la situación de las Ciudades Autónomas, plenamente integradas en la estructura autonómica, y, por otra parte, ofreciendo un marco de cooperación focalizado en islas y peñones, con intervención europea.

Esta propuesta permitiría a España tomar la iniciativa en estas cuestiones, en lugar de la política tradicionalmente seguida, que es reactiva: posición inmóvil a la espera de acontecimientos que luego obligan a una reacción y escalada. El tradicional planteamiento español no afronta la realidad de que se pueden producir cambios en la situación de las dos ciudades, por ejemplo, con la reconversión y modificación de sus respectivos Estatutos en Comunidades Autónomas (como prevé la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución) o con el traspaso de alguna competencia de gestión sobre las islas y peñones. Y que, de todas formas, dado el carácter esencial para la identidad marroquí de esta reclamación, el tema será objeto de reivindicaciones y escenificaciones constantes, con el riesgo de potenciales conflictos. Además, esta problemática territorial puede verse fácilmente contaminada por otros factores internos o internacionales, como la evolución de la situación del Sáhara o la puesta en marcha del nuevo proceso de “regionalización” en Marruecos, sin olvidar el impacto de la evolución de las controversias sobre Gibraltar, referente diferente pero inevitable.

La secuencia histórica de las relaciones bilaterales con Marruecos nos indica que la involucración de la UE en determinados temas dulcifica las asperezas bilaterales, haciendo descender la conflictividad hispano-marroquí allí donde entra el Derecho de la UE. Se trataría, por tanto, de introducir el aspecto territorial –que es el más conflictivo– en esta dinámica y, dentro de los temas territoriales, seleccionando los peñones e islas que ofrecen el flanco más problemático, planteando un marco nuevo y de futuro a estos fragmentos de Estado que cambie el sentido político y estratégico de su mantenimiento por España que, hoy por hoy, únicamente parece ser el de barbacana política de Ceuta y Melilla ante las reivindicaciones marroquíes. En suma, esta alternativa persigue una inteligencia de involucración de otros actores y de disminución de riegos, lo que puede plantear un futuro de mayor estabilidad al aspecto más problemático y voluble de nuestras complejas relaciones bilaterales con Marruecos.

[1] Comunicado 58-2010 del 2/VIII/2010 del MAEC en respuesta al comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos sobre un incidente ocurrido en el paso fronterizo de Tarhana en Melilla, http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Comunicados/Paginas/58comunicado20100802.aspx.

[2] Expresión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, del 4/VII/1991, BOE del 26/II/1993, Principio General 8, http://www.boe.es/boe/dias/1993/02/26/pdfs/A06311-06314.pdf.

[3] Comunicado de prensa conjunto hispano-marroquí del 22/VII/2002, hecho público por la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores.

[4] BOE nº 274 del 13/XI/2009, pp. 95491-95492, Comunicación de España del 10/IX/2008. relativa a la declaración formulada por Marruecos el 31/V/2007.

[5] Intervención del presidente de gobierno marroquí en la Asamblea General de la ONU, 29/IX/1995.

[6] Se suprimieron las referencias a Perejil y al Peñón de Vélez del Art. 2 del Estatuto de Ceuta, tras la Nota Verbal marroquí del 5/I/1987, que ya no aparecen en la Ley Orgánica 1/1995 de 13 de marzo (BOE nº 62 del 14/III/1995); también se suprimieron las referencias a las Islas Chafarinas y a Alhucemas en el Estatuto de Melilla (Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, BOE nº 62 del 14/III/1995).

[7] Creado por el RD 1115/82, BOE nº 130 del 1/VI/1982.

[8] Conforme a la Directiva 92/43/CEE, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, designándola la Comisión europea como LIC (ES6300001) en julio de 2006.

[9] Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, ratificado por España en Noviembre de 1998, BOE del 18/XII/1999.

[10] http://www.marm.es/es/biodiversidad/participacion-publica/PP_borrador_orden_zepa_marinas.aspx.

[11] Aunque está prevista su intervención, Programa Transfronterizo Cuenca Mediterránea aprobado por la Decisión de la Comisión C (2008) 4242, del 14/VIII/2008. Marruecos se ha adherido al Programa pero no ha firmado el Convenio de financiación (www.enpicbcmed.eu).

[12] Para no perder las dotaciones financieras y permitir la continuidad de la cooperación anterior 2000-2006, principalmente del Programa INTERREG III-A España-Marruecos, que incluye el Proyecto de la Creación de la Reserva de la Biosfera Transcontinental CRBT Andalucía-Marruecos, presentada a la UNESCO como primera reserva transcontinental del mundo, www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web.

[13] www.poctefex.eu.

[14] Expresión del Consejo de Estado, “Informe sobre las competencias de las distintas administraciones territoriales y órganos de la administración general del Estado en materia de protección de hábitats y especies marinas y de declaración y gestión de áreas marinas protegida”, Informe nº E 2 /2005 del 19/VII/2006, p. 31.

[15] Estrategia española de Seguridad- una responsabilidad de todos, aprobada por el Consejo de Ministros el 24/VI/2011

Frente a la violencia extrema que ha envuelto la caída del régimen libio y que actualmente emplea el dictador sirio para garantizar su supervivencia, o frente a la incertidumbre sobre el puerto hacia el que se dirige el Estado egipcio, en Marruecos existe una hoja de ruta hacia la parlamentarización de su monarquía.

La reforma constitucional de julio ha supuesto un gran avance en la senda de la democratización. Con ella se ha producido una significativa transferencia de poderes del monarca al Parlamento. El rey ha perdido el derecho a nombrar jefe de Gobierno y está obligado a designar para el cargo a la persona que goce de más amplio respaldo en la cámara. Será la mayoría parlamentaria surgida de las elecciones de mañana la que decida quién será el jefe del Gobierno. Y será esa mayoría la que apruebe las leyes, estando el monarca obligado a promulgarlas. De esta forma, el Parlamento del Reino de Marruecos se configura como una asamblea representativa dotada de los poderes que le son propios desde la perspectiva del constitucionalismo democrático.

Constituiría un formidable ejercicio de falsificación de la realidad el pretender negar estos avances. Ahora bien, a pesar de ellos, es cierto que el modelo resultante no se corresponde plenamente con lo que entendemos por monarquía parlamentaria, esto es, un sistema en el que “el rey reina pero no gobierna”. Y ello porque tras la reforma el rey conserva todavía poderes importantes: es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el presidente del Consejo Nacional de Seguridad. La defensa del Estado, tanto frente a ataques provenientes del exterior como del interior, sigue siendo una prerrogativa regia exclusiva. En situaciones de “excepción”, el jefe del Estado puede incluso asumir la plenitud de poderes de manera transitoria de forma similar a lo previsto por la Constitución francesa. Por otro lado, en un Estado en el que el islam es la religión oficial, aunque se reconozca la libertad de cultos, el rey se configura como el Comendador de los Creyentes, el jefe espiritual de la comunidad religiosa. Finalmente, la propia institución monárquica está blindada.

La posición constitucional de Mohamed VI presenta, pues, diferencias notables respecto a los monarcas parlamentarios de Europa, pero la monarquía parlamentaria se configura como el horizonte último del proceso democratizador de Marruecos. Las reformas del último año son un paso notable en la dirección correcta. Resulta injusto condenarlas por no haber llegado a su meta final.

España debe apoyar activamente a Marruecos en su transición política a la democracia. Transición que permitirá además resolver el contencioso del Sáhara de la única forma realista posible, reconociendo a la población afectada una amplia autonomía política en el seno de un Estado marroquí democrático y descentralizado.

El origen del conflicto, como es sabido, se remonta a la Declaración del 14 de noviembre de 1975 por la que España -mientras Franco agonizaba-, puso fin unilateralmente al ejercicio de sus facultades como potencia administradora del territorio. Cuatro décadas después, las circunstancias políticas, sociales y económicas son muy distintas. En la España de hoy, el asunto del Sáhara debe ser abordado como una cuestión de Estado articulada en torno a dos principios, realismo y justicia, que no son incompatibles. Desde el punto de vista jurídico, los saharauis tienen reconocido por el ordenamiento internacional el derecho de autodeterminación, pero ese derecho puede ser satisfecho de diferentes modos. El objetivo del mismo no puede ser otro que mejorar el nivel de vida de las poblaciones afectadas. De lo que se trata es de garantizar unas condiciones de vida dignas y el respeto a los derechos fundamentales de los habitantes del Sáhara. Y desde esta óptica, es preciso reconocer que un ejercicio del derecho de autodeterminación que condujera a la formación de un nuevo Estado independiente no permitiría en modo alguno cumplir esos propósitos. Un Estado con un territorio de 250.000 kilómetros cuadrados y una población que no llegaría a los 300.000 habitantes estaría condenado a ser un Estado fallido que solo con la asistencia internacional podría garantizar su funcionamiento. El temor de que Al Qaeda encontrara en él una base de operaciones no es infundado y se ve confirmado por el lamentable secuestro de dos cooperantes españolas.

Por ello, es preciso subrayar que el derecho de autodeterminación también puede ejercerse mediante la aceptación de la integración en otro Estado con un régimen de autonomía política. Esta es la propuesta que Marruecos presentó en 2007 al secretario general de las Naciones Unidas y que fue calificada por el Consejo de Seguridad como una iniciativa “seria y creíble”. Desde la perspectiva del federalismo comparado, y cotejando el contenido de la propuesta con normas equivalentes de otros Estados (por ejemplo, estatutos de las comunidades autónomas españolas), el proyecto de Estatuto del Sáhara cumple los requisitos necesarios para articular funcionalmente la autonomía política de la región.

La fórmula es plausible y merece en líneas generales una valoración muy positiva. Marruecos está dispuesto a negociar el contenido de la propuesta con la otra parte, a mejorarla, y a integrar el acuerdo alcanzado en su Constitución, esto es, a dotar a la autonomía del Sáhara de las máximas garantías jurídico-políticas.

Les élections législatives du 25 novembre 2011 au Maroc ramènent l’attention sur ce pays qui bénéficie d’un statut avancé auprès de l’Union européenne. Cependant, son climat des affaires souffre encore de bien des insuffisances.

L’administration et le système judiciaire ne sont pas au niveau des attentes des investisseurs … et de la population. La situation politique reste incertaine.

Depuis le 13 octobre 2008, le Maroc est le premier pays du sud de la Méditerranée à bénéficier d’un statut avancé auprès de l’Union européenne. Trois ans après, il paraît opportun de faire un point de situation à propos du climat des affaires au Maroc. Puis nous aborderons la situation politique au seuil des élections législatives.

LE STATUT AVANCÉ DU MAROC : UNE BONNE AFFAIRE, MAIS POUR QUI ?

Outre la Politique européenne de voisinage (2004) et ses plans d’actions, le Maroc bénéficie depuis 2008 d’un statut avancé auprès de l’UE.

“A l’occasion du Conseil d’Association UE-Maroc du 23 juillet 2007, le Maroc et l’Union européenne ont décidé de lancer un processus de réflexion conjoint visant à renforcer les relations bilatérales. Des propositions concrètes visant à donner corps au statut avancé auquel le Maroc aspire dans ses relations avec l’UE ont été élaborées. Le 13 octobre 2008, lors du 7ème conseil d’association à Luxembourg, le statut avancé, premier dans la région du sud de la Méditerranée, a été accordé au Maroc en marquant une nouvelle phase de relations privilégiées. Un rapport conjoint traçant une feuille de route ambitieuse a été adopté. Le statut Avancé, dont la feuille de route a été adoptée le 13 octobre 2008, a comme objectifs de traduire le renforcement du dialogue politique, de la coopération économique et sociale, dans les domaines parlementaire, sécuritaire et judiciaire et dans différents secteurs, notamment l’agriculture, le transport, l’énergie et l’environnement ainsi que l’intégration progressive du Maroc dans le marché intérieur commun et la convergence législative et réglementaire.” Dans le cadre du statut avancé, le Maroc a engagé une forme de “jumelage institutionnel” qui s’inscrit dans une dynamique d’harmonisation mais non d’acquisition.

Cette dernière option imposerait, en effet, une reprise de l’acquis communautaire qui induirait une perspective d’adhésion à l’Union européenne. Or l’adhésion du Maroc à l’UE ne se trouve pas à l’ordre du jour. Sans le dire explicitement, la démarche de l’UE est de pousser les marocains à mesurer l’écart UE-Maroc afin de les inciter à s’interroger sur les différences et leurs causes.
En attendant, le Maroc est le premier bénéficiaire de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEPV).

La programmation indicative pour la période 2007-2013 lui accorde 1 234,50 millions d’euros. Le deuxième bénéficiaire est l’Autorité palestinienne (1 136 millions d’euros) et l’Egypte (1 007,29 millions d’euros). A titre de comparaison, la Tunisie devrait recevoir 540 millions d’euros et l’Algérie 392, sous réserve de modifications induites par l’évolution politique.

DES CLASSEMENTS ASSEZ PEU FLATTEURS

L’appréciation du climat des affaires au Maroc nécessite de dépasser le discours officiel pour approcher les réalités. Les investisseurs étrangers ne s’y trompent pas et regrettent le manque de visibilité à moyen et long termes.

Avant les évènements politiques de 2011 dans le monde arabe, les principaux rapports sur le climat des affaires classaient le Maroc loin derrière la Tunisie, particulièrement pour la protection des investisseurs, le respect des contrats et la fiscalité.

En 2009 comme en 2010, le Maroc a été classé par le Forum économique mondial au 73ème rang sur un total de 133 pays pour la compétitivité et le climat des affaires. En 2010, la Banque mondiale classe le Maroc au 128e rang sur 183 pays évalués. Certes, sur le plan formel, le cadre juridique marocain a été mis à jour et modernisé, mais l’application reste à mettre en oeuvre. C’est pourquoi la Banque mondiale recommande de poursuivre les efforts, notamment pour améliorer la transparence de l’information financière et renforcer la formation des administrateurs d’entreprises.
En 2010, l’Organisation non gouvernementale Tranparency International classe le Maroc au 85ème rang mondial en matière de corruption, soit au même niveau que le Malawi : 3,4 sur 104.
Sans prétendre à l’exhaustivité, présentons deux points majeurs d’achoppement : l’administration et la justice.

Supposée faciliter les affaires, l’administration pénalise lourdement l’activité économique du pays Les interlocuteurs reconnaissent unanimement que l’administration fait partie des pénalités majeures du climat des affaires au Maroc. Sans cesse reviennent les mots suivants : bureaucratie, incompétence, corruption et manque de respect du citoyen. Peu efficace, peu transparente dans ses procédures et souvent absurde dans ses demandes, l’administration pénalise lourdement l’activité économique du pays. Les collectivités locales souffrent le plus souvent d’une administration incompétente, corrompue et peu soucieuse de l’intérêt général. Un système archaïque de légalisation des signatures ralentie la moindre procédure. L’absence de législation sur le droit de grève ouvre la porte à tous les abus.

Sur le terrain, les praticiens notent que le tapage médiatique fait au sujet de l’assainissement des sociétés anonymes (ex. Maroc Telecom) ne doit pas faire illusion puisque moins de 5% des entreprises du pays ont cette forme.

Comparé à d’autres pays en développement, le Maroc affiche certes un dispositif juridique important. Il existe de nombreuses lois… mais leur rédaction et leur application font problèmes. Parce que les lois sont souvent mal rédigées, leur application varie d’un lieu à l’autre, ce qui génère de nouvelles sources de droit. Il arrive ainsi que la direction générale des impôts rédige une lettre pour redéfinir une loi. A son tour, le recadrage se trouve appliqué différemment d’une région à l’autre. Pour un même dossier, les pièces demandées ne sont pas toujours les mêmes à Tanger, Casablanca ou Agadir. Parce que les lois sont mal rédigées, leur interprétation change non seulement dans l’espace mais dans le temps. Ainsi, la cotisation minimale a longtemps été de 0,5% du chiffre d’affaire, donc propor tionnelle à l’activité. Les exportateurs ont été longtemps exemptés de 50% de cette cotisation. Voici quelques années, les règles du jeu ont été changées et appliquées à tous de manière uniforme. Les entreprises étrangères ne comprennent pas ces changements arbitraires des règles du jeu.

La fiscalité est devenue un instrument de collecte déconnecté de la situation économique. L’administration persiste à refuser la prééminence des conventions internationales sur le droit interne. Et le droit interne n’est pas lui-même respecté par l’administration fiscale, faute de sanctions. Ainsi, le remboursement de la TVA aux entreprises peut durer jusqu’à 3 ans au lieu des 3 mois prévus. De quoi asphyxier le tissu économique. Lorsque des sanctions sont prises, c’est de façon absurde et incohérente. L’Agence de promotion des petites et moyennes entreprises fonctionne… comme une machine à décourager les candidats.

LE SYSTÈME JUDICIAIRE NE PRÉSENTE PAS ENCORE LES GARANTIES NÉCESSAIRES AUX INVESTISSEURS

Le système judiciaire marocain constitue une véritable entrave au climat des affaires, alors que les investisseurs se préoccupent de plus en plus de sécurité juridique. Si le gouvernement tente d’agir depuis 2010, le problème de la justice est ancestral au Maroc. Dans la mentalité marocaine, un bon jugement s’obtient… en payant le juge. Une source informée admet : “Pour le dire d’une phrase : le corps de la justice est pourri jusqu’à la moelle”.

Les praticiens admettent qu’il existe ici une crise statutaire de la justice. Si dans la Constitution tous les ingrédients d’une bonne justice sont sagement alignés, dans les faits la justice n’est pas indépendante.

La justice marocaine est lente et les magistrats corrompus. Il s’agit en fait d’un résultat du ” contrat social “. Les juges sont nommés par le roi… et rendent la justice au nom du roi. Si le mode de nomination peut sembler prestigieux, le revers de la médaille est que l’autorité politique peut dire au juge : “Voilà ce que veut Sa Majesté, il ne vous reste qu’à l’appliquer”. Et pour que les magistrats soient aux ordres, le pouvoir ferme les yeux sur leurs malversations. Donnant, donnant. Les magistrats restent donc généralement impunis en dépit de leurs malversations avérées.

Baudouin Dupret et Jean-Noël Ferrié, Directeurs de recherche au CNRS, expliquent ainsi l’ampleur du défi : “Obtenir que la corruption cesse, c’est […] s’attaquer à un équilibre complexe et collaboratif. C’est prendre en compte à la fois la rémunération des fonctionnaires, le motif de leur dévouement au régime, les raisons de la crainte qu’ils inspirent, l’attitude des citoyens comme la conception qu’ils se font du rapport à l’administration, et plus largement, du civisme. En d’autres termes, il faut mobiliser durablement différentes catégories d’acteurs de l’action publique. Ce n’est jamais aisé parce que la stabilité des gouvernants est souvent tributaire d’immobilismes impliquant de ne pas malmener trop de monde, notamment parmi les agents de l’Etat, qui assurent, chacun à leur place, la stabilité du système, à défaut de nécessairement assurer le règne de l’Etat de droit. Dans un régime comportant une part d’autoritaire, il est difficile au souverain de prendre ce risque puisqu’il profite paradoxalement de l’immobilisme contre lequel il lutte.” En attendant, les moyens ne manquent pas pour se débarrasser d’un magistrat qui gênerait les “petits arrangements” : suspension, promotion, déplacement dans une juridiction crée spécialement… Faut-il alors s’étonner que la justice marocaine souffre d’une crise de crédibilité auprès des justiciables et plus largement de l’opinion ? “Le divorce est total. Les juges ne sont pas crédibles”, constate un Marocain.

Par ailleurs, il faut bien admettre que les juges sont de plus en plus submergés d’affaires. Formés à minima, en trois ans, ils se défaussent sur des experts dont ils se contentent ensuite d’entériner les avis. Et les experts ne sont pas les moins corrompus, bien au contraire.

Après les juges et les experts, il ne faut pas oublier de mentionner les avocats dont on ne parle généralement pas.

“Il s’agit d’un lobby très puissant, un vase clos de corruption et de malversations”, confie le représentant d’une organisation non gouvernementale. “Au Maroc, le client est à la merci de son avocat qui ne lui communique généralement pas son numéro d’affaire… pour qu’il ne change pas d’avocat.” Il semble cependant que des procédures d’arbitrage et de médiation forment depuis quelque temps un ilot de meilleures pratiques mais il s’agit d’un domaine confidentiel sur lequel les données manquent. En outre, il n’y a pas de recours une fois le jugement rendu, ce qui demeure une faiblesse.

Sans prétendre à l’exhaustivité tant le sujet est vaste, l’amélioration du climat des affaires au Maroc passe notamment par une lutte sérieuse contre la corruption, la fin de l’économie de rente liée aux phosphates, l’amélioration des rapports entreprise-administration, la mise en évidence d’un intérêt général et sa meilleure articulation avec les intérêts particuliers, la révision du code du commerce, l’implication du secteur informel, le respect des conventions internationales, une législation en matière de droit de grève, la démocratie dans les organisations professionnelles, l’amélioration du niveau de l’enseignement…

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Tema: La ola de cambio que recorre el Norte de África ha deteriorado las economías de los países más afectados. Marruecos es el único país de la región que sigue mostrando un importante dinamismo económico, lo que le proporciona una ventana de oportunidad para posicionarse en el nuevo mapa económico mediterráneo.

Resumen: El escenario económico norteafricano se ha visto profundamente alterado durante 2011. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Marruecos el crecimiento se ha visto afectado de manera relativamente menor pese a la fragilización de los equilibrios macroeconómicos. Para poder posicionarse favorablemente en el nuevo contexto regional, el país debe acelerar las reformas económicas e institucionales y consolidarlas endógenamente. La UE también debería acompañar e incentivar esas reformas con una visión estratégica a largo plazo, replanteándose los obstáculos a la integración de Marruecos en el mercado europeo. El nuevo posicionamiento de Marruecos no puede producirse sólo por defecto, debido a los problemas de sus vecinos norteafricanos, sino también por méritos propios. España y Marruecos deben valorar este nuevo horizonte estratégico y reconsiderar las trabas al aprovechamiento de las complementariedades productivas entre ambos países.

Análisis: El futuro de Marruecos depende de lo que ocurra en los próximos años en sus vecinos norteafricanos. Ni siquiera la relativa inmunidad geográfica que le procura Argelia puede desvincularle de lo que suceda en Túnez, Libia o Egipto, los tres muy afectados económicamente por los acontecimientos recientes. El escenario regional sencillamente ha cambiado por completo, aumentando su complejidad económica e introduciendo nuevos interrogantes sobre el futuro modelo económico de las transiciones políticas: ¿habrá una reorientación de los flujos comerciales, turísticos y de inversión?; ¿avanzarán unos países más que otros en la integración con la UE?; ¿serán todos ellos capaces de continuar el proceso de reformas económicas?; ¿y de mantener los equilibrios macroeconómicos y el crecimiento?

Pero una vez dado el contexto, lo relevante para Marruecos es decidir qué lugar quiere ocupar en el nuevo mapa mediterráneo y cómo responder a dichos interrogantes. Adaptarse a los cambios e intentar maximizar las oportunidades que ofrecen minimizando sus riesgos es, desde luego, más fácil de decir que de hacer, además de una obviedad. Pero definir las grandes tendencias de esos cambios, identificar sus oportunidades y sus riesgos, y cómo aprovechar los primeros y gestionar los segundos no es un ejercicio tan trivial, especialmente en un contexto complejo y volátil como el actual. Ese esfuerzo recaerá sobre los marroquíes, pero la UE y sus Estados miembros deben acompañarles para aumentar las posibilidades de que fructifique.

Una economía en transición

Con datos del PNUD, Marruecos se sitúa por debajo de la media de los países de desarrollo humano medio, cerrando el ránking norteafricano en la posición 130 del Índice de Desarrollo Humano 2011 (IDH), muy por detrás de Libia (64), Túnez (94) y Argelia (96), en gran parte debido a la alta incidencia del analfabetismo. La esperanza de vida en Marruecos es de casi 72 años, por encima de la media de los países de desarrollo humano medio pero un año más baja que en Argelia y dos años más baja que en Túnez y Libia. Las expectativas de escolarización apenas superan los 10 años, por debajo de la media de los países árabes o los países de desarrollo humano medio, frente a los 13 de Argelia, 14 de Túnez y 16 de Libia.

Los niveles de desigualdad en el ingreso medidos por el índice de Gini son moderados, similares a los de Túnez o EEUU, pero mayores que los de Argelia, que muestra niveles cercanos a los españoles. Aunque el porcentaje de población que padece desnutrición es relativamente reducido, muy inferior al de países de IDH mucho más alto como la mayoría de los latinoamericanos, y comparable al de Rumanía, en Marruecos es el más elevado de la región y está en ascenso: un 13% de la población en 2004-2006 frente al 11% en 1990-1992; para 2004-2006 el porcentaje para Túnez y Argelia era del 10%. Además, los índices de distribución en la ingesta de calorías muestran una situación de mayor desigualdad que en el ingreso. Algo semejante pasa con la pobreza: las tasas no son comparativamente elevadas para un país en desarrollo, pero no se consigue erradicarla y alcanza una gran profundidad, sobre todo en el mundo rural y en algunas zonas peri-urbanas, donde tiende a aumentar.

Estos datos no deben ocultar la situación de pobreza y desigualdad que padece el país, que muchas veces se manifiestan de manera más intensa en rentas no monetarias como la capacidad de acceder al empleo, a las concesiones y servicios públicos, y a la financiación. Pero pone en tela de juicio la interpretación de que las revueltas árabes tienen un origen exclusivamente económico por las malas condiciones de vida de la población. Ese parece ser también el caso marroquí, donde las protestas han sido eminentemente urbanas y las demandas sociales, aunque con contenido de justicia económica, han estado centradas en reclamaciones de carácter político, estrechamente vinculadas a las quejas por la corrupción y la actuación rentista de las elites.

Desde una perspectiva de largo plazo, los vectores de modernización social subyacentes pueden tener mayor peso que los problemas coyunturales o el contagio, en la medida en que son aquéllos los que proporcionan la base para que las demandas de cambio se consoliden. Esos vectores entrañan fenómenos como la urbanización, la transición demográfica y el dividendo económico y social que implica (familias mononucleares más reducidas que facilitan la autonomía y la auto-realización), la emergencia de una clase media formada por profesionales, pequeños y medianos empresarios, y técnicos intermedios, o la exposición internacional que genera el desarrollo de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.[1]

En el plano económico ese dinamismo se aprecia en los indicadores de espíritu empresarial, fuente de movilidad y de transformación social: Marruecos ha doblado la densidad de entrada de nuevas empresas en la segunda mitad de la década pasada, situándose a la cabeza de la región junto con Omán, Túnez y Jordania, y alcanzando los niveles de Turquía.[2] Aunque las elites económicas han capturado parte de las rentas de la liberalización, ésta ha creado nuevas oportunidades de diversificación empresarial conforme se reducían las barreras de entrada; donde éstas han permanecido, los sectores semi-formal e informal han generado multitud de micro-empresas, hasta el punto de que Marruecos ostenta el mayor porcentaje del sector informal sobre el PIB del conjunto de la región, estimado por el FMI en un 44%. Si las reformas en favor de mayor competencia y transparencia en los mercados permiten reducir las barreras de entrada y transvasar parte de la actividad del sector informal al formal, pueden ayudar a consolidar una transición política más ordenada.

Marruecos creció con fuerza en la década pasada, al 4,4% anual entre 2000 y 2005, y algunos años a tasas incluso superiores en su segunda mitad, incluso en un contexto internacional complicado. A diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores, la volatilidad del crecimiento ha remitido, hasta el punto de que incluso en años de malas cosechas, como 2007, siguió siendo positivo (2,7%). El crecimiento también ha favorecido la emergencia de empresarios, profesionales liberales y técnicos medios. En 2010 el crecimiento del PIB fue del 3,2% y el FMI tiene para 2011 una previsión del 4,6%, lo que supone un elemento diferencial frente a las peores perspectivas de crecimiento de Túnez y Egipto.[3] Ciertamente, la pluviometría ha soportado el crecimiento marroquí en las dos últimas campañas agrícolas, pero también ha evitado el hundimiento del tunecino.

La inflación se mantuvo en el 1% en 2009 y 2010, aunque los subsidios y los controles de precios mantienen la represión de los precios. El déficit público, en cambio, se ha deteriorado con rapidez, pasando de un superávit del 1,5% del PIB en 2008 a un déficit del 4,5% en 2010, volviendo a los niveles de la primera mitad de la década; el FMI prevé para 2011 un empeoramiento hasta el 5,8% del PIB. La balanza por cuenta corriente entró en déficit en 2008 por la conjugación de la crisis económica internacional y su impacto sobre los mercados europeos de Marruecos, y por el aumento de los precios de cereales y petróleo. En 2000-2005, la cuenta corriente registró un superávit medio del 2,2% del PIB, pero en 2008 entraba en déficit, alcanzando el 4,3% del PIB en 2010 y con previsiones de llegar al 5,2% en 2011. Este deterioro ha supuesto presiones sobre las reservas de divisas, que a finales de 2010 apenas suponían siete meses de importaciones y que el FMI prevé por debajo de seis meses para finales de 2011.

El principal impacto de las revueltas árabes en la economía marroquí puede ser la reducción de su espacio de política fiscal. El coste de financiar la deuda pública (que supuso en 2010 un 51% del PIB de Marruecos y que el FMI estima en un 54% para 2011) ha aumentado en toda la región, y los spreads de los bonos marroquíes no han sido una excepción. El desempleo sigue siendo de los más altos de la región y una gran rémora para la economía del país, afectando al 15% de la población activa y el 32% de los jóvenes. A esto debe añadirse un importante subempleo, buena parte del mismo en la agricultura y el sector informal. Como respuesta a las protestas, el gobierno ha subido los salarios a trabajadores públicos y militares, ha inyectado más de 2.000 millones de dólares para doblar los subsidios (que ya suponen cerca del 30% de los ingresos fiscales), incluido 18.000 nuevos empleos públicos en el último presupuesto y creado un programa de empleo público adicional para universitarios en paro. El esfuerzo fiscal para sostener estas medidas es importante y su sostenibilidad dependerá de que el país sea capaz de mantener niveles elevados de crecimiento.

En el plano exterior, el turismo seguía creciendo en el primer trimestre de 2011, pero ya se registraban indicios de retraimiento de la demanda europea, que supone más del 80% del turismo que recibe el país. El sector representó en 2010 más del 12% del empleo y más del 7% del PIB. En el segundo trimestre del año la aportación del sector turístico al PIB cayó casi un 4%. El atentado de Marrakech de abril de 20110 supuso un golpe más abrupto que las protestas, pero si se consolida una percepción de inestabilidad el impacto puede ser duradero y contrarrestar el desvío de turistas desde Túnez y Egipto. Por otro lado, el efecto de los mayores precios de energía y alimentos previstos para 2011 sobre las importaciones y el déficit fiscal (por el coste de los subsidios) ha sido calculado por el FMI en más del 2% del PIB. Sólo el aumento de precios de los fosfatos y una cosecha récord han permitido a Marruecos contener el déficit comercial. Las inversiones extranjeras, ya muy afectadas por la crisis, prácticamente han desaparecido en los últimos meses, si bien el mantenimiento del investment grade por las agencias de calificación permite cierto optimismo para el futuro.

El margen de maniobra económico del gobierno para afrontar las nuevas demandas sociales es ahora más estrecho. El crecimiento de los últimos meses se ha visto apoyado por una buena cosecha, los subsidios y otras políticas de demanda. Pero el impacto conjunto de la crisis económica en los clientes europeos de Marruecos y de la situación de incertidumbre regional, incrementará la restricción exterior con un deterioro de la balanza por cuenta corriente hasta alcanzar un déficit de casi el 6% del PIB en 2011. El FMI prevé como consecuencia una fuerte contracción en el nivel de reservas del país, pero una estabilización de la deuda externa en los niveles actuales, por debajo del 25% del PIB.

Las previsiones apuntan a un deterioro de las condiciones económicas a corto plazo, pero en menor medida que en Túnez y Egipto. Esto coloca al país en una situación de partida comparativamente favorable si sabe aprovechar sus oportunidades. Un Marruecos estable y abierto en lo político y lo económico, capaz de mejorar el entorno institucional y atraer inversiones, podría ser uno de los ganadores económicos de la ola de cambio que recorre la región. No obstante, esas oportunidades se ven condicionadas a las respuestas a sus retos económicos y políticos: mantener el crecimiento y los equilibrios macroeconómicos al tiempo que satisface las crecientes demandas sociales; y, en paralelo, aplicar los cambios políticos demandados manteniendo la estabilidad. En este contexto nacional, ¿cuál puede ser el lugar de la economía de Marruecos en el nuevo mapa regional?

Marruecos y la UE en un Mediterráneo diferente

El entusiasmo de la comunidad internacional por las transformaciones políticas en la ribera sur del Mediterráneo se ha ido enfriando conforme quedaba de manifiesto la complejidad del proceso. Pero es evidente que la consolidación de la democracia y la economía de mercado en un grupo amplio de países de la región implicaría un cambio que ha sido comparado con la caída del muro de Berlín. La comparación puede ser forzada, dadas las diferentes perspectivas de integración ofrecidas entonces a los países de la ampliación y ahora a los vecinos mediterráneos; y también por la cerrazón que el socialismo real imponía a las economías de aquellos países frente a la liberalización que han acometido los países del sur del Mediterráneo en los últimos años.

Algunas cifras pueden ayudar a poner la comparación en perspectiva. Por limitarla a las exportaciones, en 1989 la UE dirigía apenas un 0,8% de sus exportaciones a los países de la ampliación al este;[4] en 2010, éstos representaban casi el 8,5% de sus exportaciones. En 1989, la UE realizaba con el conjunto de Oriente Medio y el Norte de África el 4,7% de sus exportaciones; en 2010 apenas habían subido al 5,6%. Con los países socios mediterráneos (PSM), las exportaciones europeas pasaron del 2,7% en 1989 al 3,6% en 2010. Esos porcentajes varían mucho por Estado miembro. Por ejemplo, para España los PSM absorbieron en 2010 el 6,6% de sus exportaciones, frente al 3% de las exportaciones alemanas. En sentido contrario, el 11% de las exportaciones alemanas se dirigen hacia los 10 países del este de la UE, mientras que éstos representan el 4,2% de las exportaciones españolas. En suma, probablemente los flujos comerciales europeos no presentan el mismo grado de potencial con los PSM que con la Europa Oriental de 1989, precisamente porque ya son mucho más importantes de lo que entonces eran aquéllos, especialmente para los Estados miembros mediterráneos.

Pero además queda potencial para incrementar las relaciones económicas en un escenario de mayor integración y modernización más acelerada de las economías de la región, dentro de la cual Marruecos es actualmente la más dinámica. Su cercanía a Europa le proporciona una posición geo-económica privilegiada. Los esfuerzos de diversificación canalizados a través de grandes planes nacionales empiezan lentamente a dar sus frutos. En los últimos años el país se ha integrado en algunas redes industriales transnacionales, especialmente europeas, como la agroindustria, materiales de construcción, el textil, el automóvil y la electrónica. También se ha esforzado por mejorar la productividad de su agricultura, el atractivo de su sector turístico y el desarrollo de los servicios offshore. La geografía le convierte también en el país mejor posicionado para beneficiarse del despliegue a largo plazo de las energías renovables en la ribera sur del Mediterráneo para abastecer los mercados europeos.[5]

A esto debe añadirse su posición internacional. Aunque se trata de una economía pequeña, Marruecos es miembro de la OMC y la densidad de sus relaciones con la UE y EEUU tiende a ser más elevada que la de otros países de su entorno, quizá con la excepción de Egipto. La UE le ha otorgado un Estatuto Avanzado, sea ello lo que fuere, y siempre ha figurado entre el grupo de países mediterráneos más dispuesto a avanzar en la integración económica con la UE. Sus relaciones con EEUU también son privilegiadas: tiene un acuerdo de libre comercio que funciona satisfactoriamente; forma parte de las monarquías árabes cuya transición “tranquila” EEUU parece dispuesto a apoyar; y se encuentra en el eje atlántico que EEUU intenta tejer para equilibrar el peso creciente de China en el eje del Pacífico. Todos estos vectores, internos y externos, aunque no exentos de debilidades (bajo desarrollo humano relativo, productividad reducida, desempleo y problemas institucionales varios), colocan a Marruecos en una posición de salida ventajosa en el actual contexto mediterráneo.

Los cambios en las relaciones económicas euro-marroquíes son de orden cualitativo, pero las estadísticas aportan un orden de magnitud. Según Eurostat, en 2010 Marruecos supuso el 1% de las exportaciones de bienes de la UE-27 (en la posición nº 24 del ránking de importadores de la UE), y el 0,5% de sus importaciones (nº 35 en el ránking de exportadores a la UE), con un saldo comercial favorable a la UE de más de 5.000 millones de euros. En ese mismo año, la UE representó cerca del 60% de las exportaciones e importaciones de Marruecos, seguida por China (un 6,4%) y EEUU (5,7%). Las exportaciones marroquíes a la UE se han diversificado lentamente, y las manufacturas ya representan más del 60% de las mismas, sobre todo textiles, pero también manufacturas de mayor valor añadido. La diversificación también se plasma en los servicios: en 2009, Marruecos representó el 1% de las importaciones de servicios de la UE y el 0,5% de sus exportaciones. Y en las inversiones: en 2009, el stock de inversiones de la UE en Marruecos alcanzaba casi los 14.000 millones de euros, lejos de los 52.000 millones de Turquía y los 26.000 millones de Egipto, pero muy por encima de cualquier otro país mediterráneo.

En suma, las dinámicas de largo plazo parecen apuntar que Marruecos está maduro para avanzar en la integración económica con la UE a un ritmo más rápido que el resto de países de la región. Al mismo tiempo, en el corto plazo la incertidumbre regional y cómo puede afectar a la evolución del país permanece, y parece importante disiparla cuanto antes. El desafío para Marruecos es responder, política y económicamente, a los retos de la nueva situación. Para la UE, consiste en plantear un modelo creíble de integración a Marruecos que extienda las opciones de europeización adoptadas por el país hasta la fecha. Eso pasa por proveer incentivos para anclar las reformas realizadas o planeadas y ofrecer nuevas perspectivas que permitan avanzar en las pendientes. La cuestión es qué incentivos proveer, en qué magnitud, y cómo hacerlo.

Empezando por el final, uno de los riesgos que se perciben en las transiciones de Egipto y Túnez es que la captura de las reformas económicas por parte de las elites en el pasado desacredite esas reformas en el futuro. La concentración del poder económico es una constante de los regímenes de la ribera sur del mediterráneo, y la UE se ha percibido como muy cercana a esas elites. Por tanto, lo primero es asegurar la inclusividad de esos incentivos, que alcancen a los sectores de la población marroquí excluidos hasta la fecha de los esquemas euro-mediterráneos. Otro tema de discusión es la condicionalidad: si los incentivos crecen con la disposición a reformar, política y económicamente, pueden acompañar una transición más ordenada en lo económico. En todo caso, la primacía de lo político en la situación actual hace que el componente fundamental del cambio sea endógeno.

La magnitud de los incentivos es, junto con su distribución, el objeto subyacente a la polémica europea. De un lado se sabe que los incentivos han de ser importantes para estar a la altura de los desafíos. Por otro, se sabe que su provisión debe ser inmediata, porque en la actual situación de incertidumbre la tasa de descuento de los incentivos ha subido vertiginosamente. Más que antes de las revueltas, un incentivo hoy tiene un valor muy superior a ciento mañana. Los enfoques graduales han perdido su atractivo, y se requieren medidas inmediatas más que de gran magnitud. Esa magnitud de los incentivos será además en el período previsible muy limitada. La “primavera árabe” ha sorprendido a la economía europea en su situación más complicada en décadas, lo que plantea graves dificultades para realizar programas de cooperación financiera sustanciales o concesiones comerciales que entrañen amenazas a los niveles de empleo a corto plazo, aunque ambos presenten claras oportunidades a un plazo más largo.

El carácter de los incentivos ha sido tratado por la Comisión Europea y la alta representante en dos comunicaciones conjuntas: A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean[6] y A New Response to a Changing Neighbourhood.[7] El primer documento reconoce las dificultades económicas que afrontan las transiciones y la necesidad de acompañarlas con ayuda financiera, aunque de manera condicionada y diferenciada según sus avances en democratización y derechos humanos. Se reconoce también la necesidad de proveer incentivos para la sostenibilidad económica de las transiciones. Aparte de los incentivos financieros, se apuntan la liberalización del comercio agrícola y los servicios, el apoyo al desarrollo rural y a la modernización agrícola, la movilidad de los trabajadores, el apoyo a las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, a las PYMES, a las renovables y al transporte, y una Comunidad Euromediterránea de la energía.

El segundo documento aborda las prioridades del “Partenariado por la Democracia y la Prosperidad Compartidas”, en las que hay lugar para la convergencia de las preferencias marroquíes, y en alguna de ellas se menciona explícitamente al país, como en un eventual Partenariado de Movilidad de la mano de obra. La mejora de la cooperación industrial, el lanzamiento de proyectos piloto de desarrollo agrícola y rural, o focalizar la Unión para el Mediterráneo (UpM) en proyectos que beneficien a las poblaciones, son todos ellos procesos de los que Marruecos puede beneficiarse, si bien carecen para el país de la relevancia de vectores como la movilidad, la liberalización agrícola o el despliegue de las energías renovables.

El énfasis en la cooperación energética sigue la estela del Plan Solar Mediterráneo de la UpM para proponer un partenariado para las energías renovables y la eficiencia energética. A ello se añade la perspectiva a medio plazo de la integración en el Tratado de la Comunidad de la Energía o la creación de una Comunidad Euro-mediterránea de la Energía, que entrañaría la convergencia hacia el acquis energético comunitario. En un escenario euro-mediterráneo de despliegue de las energías renovables, Marruecos es uno de los principales beneficiarios potenciales: cuenta con la única interconexión eléctrica con la UE de la ribera sur del Mediterráneo; tiene experiencia en la cooperación eléctrica con la UE y en la sincronización del Maghreb con el sistema eléctrico europeo; cuenta, junto con Egipto, con el mix renovable más diversificado de la región, con un potencial importante en recursos solares, eólicos y, en menor medida, de hidroelectricidad y biomasa; y, finalmente, puede converger con mayor facilidad hacia un marco regulatorio basado en el acervo comunitario que países productores de hidrocarburos como Argelia y Libia.

El vector agrícola, en cambio, parece bloqueado. Las apelaciones a garantizar un mejor acceso a las exportaciones agrícolas marroquíes se limitan a acelerar la entrada en vigor del Acuerdo Agrícola UE-Marruecos de 2009, cuyas modestas concesiones comerciales por parte comunitaria se limitan a ampliar los contingentes de productos sensibles sin variar los precios de entrada ni los calendarios de importación. A pesar de ello, los agricultores europeos, especialmente (pero no sólo) los españoles, han mostrado su oposición al Acuerdo, que sigue bloqueado en el Parlamento Europeo. Este bloqueo obstaculiza la apertura de cauces de entendimiento a nuevos sectores y, dentro del propio sector agrícola y agroindustrial, la creación de dinámicas de complementariedad de las que tanto Marruecos como la UE (y España) podrían beneficiarse.

En resumen, el modelo de integración que la UE ofrece a Marruecos sigue siendo fragmentario y poco reconocible, y no proporciona incentivos claros. El camino hacia la creación de un Espacio Económico Euro-mediterráneo a imagen y semejanza del Espacio Económico Europeo que contenía implícitamente la Política de Vecindad ha ido perdiendo credibilidad, y con él las expectativas de integración profunda de Marruecos con la UE. Esto obliga a replantear los obstáculos a la integración de Marruecos en el mercado europeo desde una perspectiva menos cortoplacista, aunque de mayor exigencia política. Pese a sus dificultades económicas, la UE parece haber interiorizado que algo debe cambiar en sus relaciones con una ribera sur del Mediterráneo muy diferente a la de principios de 2011. Los cambios en la región pueden avanzar en muy diversos sentidos, estancarse o incluso retroceder en algunos países, pero será difícil restablecer los antiguos equilibrios. En cualquier escenario, la relación Marruecos-UE no puede permanecer ajena a estas transformaciones.

Conclusiones: En el actual contexto regional del Norte de África, Marruecos se encuentra en disposición de consolidarse, por delante de Egipto y Túnez, como el país con mayor capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo mapa geo-económico mediterráneo. El crecimiento económico no ha resultado tan dañado y las incertidumbres sobre el modelo económico son menores. Pero esa ventana de oportunidad puede ser estrecha y, para aprovechar estas ventajas relativas, es necesario que las reformas progresen y se consoliden endógenamente, proyectando un modelo político y económico consistente con lo que se ha denominado “el lado correcto de la Historia”.

Una de las lecciones aprendidas de las revoluciones de Túnez y Egipto (y por oposición de Libia y Siria) es que los regímenes más interdependientes con la economía internacional son más vulnerables a las revueltas: la pérdida de ingresos turísticos, la depreciación de la moneda y del rating de la deuda, la paralización de inversiones extranjeras y la salida de capitales, y las perturbaciones logísticas de las exportaciones elevan considerablemente el coste económico de la inestabilidad. Eso facilita la convergencia de intereses a favor del cambio político de actores económicos hasta entonces ajenos a las protestas, a menos que el propio régimen canalice las demandas sociales mediante reformas políticas y económicas. El gobierno marroquí que surja de las próximas elecciones afronta el doble reto de dar respuesta a esas demandas y a las expectativas internacionales en un contexto más exigente. Desde esa perspectiva, ganar tiempo distribuyendo rentas no es una opción óptima, sobre todo porque la ventana de oportunidad que proporciona una situación tan fluida como la actual puede ser de corta duración.

Por el lado europeo, es preciso que la UE y sus Estados miembros acompañen el proceso con una visión igualmente estratégica sobre el papel que Marruecos puede jugar en un Mediterráneo más próspero y democrático. Frente a las incertidumbres que plantea el rumbo de la política económica en Egipto o Túnez, por no hablar de Libia y Argelia, Marruecos puede posicionarse como el más sólido socio natural de la UE en la región a corto plazo. Y no sólo de la UE. Otros actores internacionales como EEUU, las monarquías del Golfo y países emergentes como Brasil y China también querrán revisar sus estrategias regionales y Marruecos ya forma parte de ellas, como revela la invitación del Consejo de Cooperación del Golfo a sumarse al club de las monarquías árabes, cortésmente declinada por Marruecos.

No obstante, ese nuevo posicionamiento del país no puede producirse exclusivamente por defecto como resultado de los problemas del resto. Como se apuntaba en el análisis precedente, un Marruecos estable y abierto en lo político y lo económico, capaz de mejorar el entorno institucional y atraer inversiones, podría ser uno de los ganadores económicos de la ola de cambio regional. Tanto Marruecos como la UE deben encontrar formas de señalar un nuevo compromiso económico que consolide las ventajas del primero por méritos propios, y no a expensas de sus vecinos norteafricanos. El resultado de semejante estrategia resulta fundamental para España, para la que Marruecos constituye un socio económico de primer orden. Parece importante que España incorpore esta nueva perspectiva y lidere el acompañamiento europeo de ese posicionamiento marroquí, reconsiderando los obstáculos que permanecen para la integración productiva de ambos países y para el aprovechamiento mutuo de sus complementariedades. Aunque eso sólo puede darse si Marruecos también percibe a España como elemento indisociable de su nuevo encaje en el escenario económico euro-mediterráneo.

Notas:

[1] Véase al respecto G. Escribano (2011), “Cambio político y economía en el mundo árabe: algunas implicaciones para España”, ARI nº 49/2011, Real Instituto Elcano; y G. Escribano (2011), “Economía del cambio en el mundo árabe”, Política Exterior, nº 141, mayo/junio.

[2] Número de sociedades limitadas registradas por cada 1.000 personas en edad de trabajar. En Marruecos la densidad de entrada pasó de 0,5 a 1,3 entre 2004 y 2009; en 2009 la tasa era de 4,5 en Israel, 1,2 en Túnez, 0,9 en Turquía, 0,7 en Jordania, 0,4 en Argelia y 0,1 en Egipto (2008). Datos del Entrepreneurship Database del Banco Mundial.

[3] En Túnez el FMI prevé para 2011 un crecimiento nulo en Túnez, del 1,2% en Egipto y del 2,9% en Argelia. FMI (2011), Regional Economic Outlook, Middle East and Central Asia, Washington DC, octubre.

[4] Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y  Eslovenia. Datos de Datacomext.

[5] Véase G. Escribano (2010) Marruecos y la internacionalización de la empresa española, Real Instituto Elcano-ICEX-ICO, Madrid.

[6] Bruselas, 8/3/2011 COM(2011) 200.

[7] Bruselas, 25/05 /2011 COM(2011) 303.

En el intervalo de pocos días hemos recibido dos impactos: uno en Libia, otro en Túnez. El islamismo se cierne sobre estos países en plena conmoción. Si por una parte Libia ha optado en adelante por la charia que ya instauró Gadafi en 1993, en Túnez, aunque el partido islamista Ennahda es la fuerza mayoritaria salida de las urnas el 23 de octubre, no puede decirse que el islamismo vaya a gobernar ahora esta república. Pero tampoco ha sido una victoria de la laicidad y la modernidad. En fin, la partida no ha terminado. En cambio, las circunstancias de la muerte de Gadafi el 20 de octubre en Libia no auguran nada bueno.

Indudablemente, Gadafi fue un dictador sanguinario, torturó y mató a miles de ciudadanos e hizo desaparecer a otros muchos. Era un enfermo mental emborrachado de poder, que no dudaba en ejercer por todos los medios a su alcance con tal de mantenerse en la cúspide. Era tan poderoso que se permitía arranques de humor y arrebatos de divismo folklórico. Era un personaje odioso, un hombre que ha mancillado durante mucho tiempo la imagen de los árabes y musulmanes al financiar el terrorismo aquí y allá en el planeta. Sin ninguna duda, un criminal. Sin embargo, las circunstancias de su muerte son inaceptables; la suya no fue una detención sino una ejecución rodeada de la misma violencia que caracterizó su forma de actuar y sus ideas sobre la tarea de gobernar.

Las imágenes en cadena en las televisiones del mundo entero y luego en internet no honran precisamente a quienes hacían frente a un dictador que, indudablemente, era menester detener y juzgar pero no matar al grito de “¡Dios es grande!”, como si Dios pudiera ordenar un comportamiento tan salvaje y brutal.

Cuando se intenta derribar una dictadura, lo primero que hay que hacer es no comportarse como ella sino al contrario; ya que se trataba de construir una nueva Libia, era menester actuar de forma ejemplar y hacer todo lo posible para que el antiguo dictador y sus hijos fueran detenidos y juzgados.

Pero la violencia sucede a la violencia y a nada bueno conduce tal fatalidad. El Consejo de Transición se felicitó del fin de Gadafi en la televisión. Nadie ha lamentado cómo han sucedido las cosas.

La democracia es una cultura que necesita tiempo para quedar impresa en las mentes. Libia es un país donde todo está por hacer: el Estado no existe, no hay tradición de partidos políticos ni de sindicatos; no hay oposición ni estructuras sobre las que pueda asentarse un país. Hay que crearlo todo. Pasar de un país de base tribal a un Estado moderno que tenga presente al individuo y esté dotado de una constitución que establezca valores y principios, de eso de trata. Y estamos lejos aún.

La lucha final contra Gadafi y su clan forma parte del cúmulo de fallos de una revuelta que no ha alcanzado el estadio de revolución. Sin embargo, la opinión árabe, de alguna forma, se siente vengada: después de la humillación suprema infligida a Sadam Husein, después de la desaparición de Osama bin Laden en el mar, después de la huída de Mubarak y de Ben Alí, las miradas se vuelven hacia Siria y Yemen. La primavera árabe está atrayendo a su paso una violencia inaudita que es eco de la violencia reinante en estos países durante décadas. Los ataques contra los coptos en Egipto han sido escandalosos, como también la intolerancia de ciertos tunecinos que no consienten una película o documental que se tome libertades con el dogma musulmán. Le costará ciertamente a la laicidad establecerse en estos países en ebullición cuyo porvenir inmediato suscita preocupación.

Muerto Gadafi, Libia debería renacer. Pero nadie sabe en qué condiciones ni con qué programa. El islamismo sigue atento y vigilante y no pierde ninguna ocasión de tomar el tren de la revuelta. Salvo que tras una dictadura tan prolongada el pueblo libio tiene derecho a conocer una vía libre en la que el triunfo democrático debería poder sentar sus reales, más aún si se considera que los recursos energéticos de este país son enormes y por una vez se confía en que puedan emplearse para mejorar la educación y la salud, para el desarrollo racional y justo, para el respeto a la persona y la apertura de este hermoso país al mundo.

El caso de Túnez es muy distinto. Debido a la ausencia de partidos políticos modernos y sólidos, los tunecinos han dirigido sus miradas al islam de forma natural porque es más que una religión; el islam se vive como una cultura, una moral y una identidad. El problema es que el factor religioso gana la mano a los demás elementos y es posible que veamos a los tunecinos exigir el restablecimiento de la poligamia y del repudio, la prohibición de locales donde se consuma alcohol; en suma, nos encaminamos a la imposición de trabas y cortapisas de las libertades individuales. Sin embargo, los partidos laicos no han permanecido con los brazos cruzados. De momento se ha elegido una asamblea constituyente que ha de redactar una nueva Constitución. En las próximas elecciones legislativas se comprobará si se confirma o cuestiona el triunfo de los islamistas.

Los marroquíes elegirán a sus nuevos diputados el próximo 25 de noviembre. También en este caso la amenaza islamista es auténtica. Los otros partidos se han constituido en grupo para cortar el paso al “partido de la involución”. Se sabe, por otra parte, que el establecimiento de las circunscripciones electorales se ha diseñado cuidadosamente para impedir la victoria del islamismo. La democracia es también un juego y una táctica para hacer triunfar principios y valores que acompañen la eclosión del individuo. Como nos decía un profesor de filosofía, “la democracia no es sólo el hecho de ir a votar, aunque es menester votar por quien representa valores de progreso”. La democracia es una cultura que precisa tiempo y experiencia. Esperemos que el Magreb no pierda tiempo y energías y rechace arrojar sus destinos en brazos de los preceptos religiosos, basados en la irracionalidad de la fe y la creencia. No obstante, la tradición islámica se halla mucho más inscrita y anclada en las mentalidades que la tradición de emancipación del individuo y de su libertad. La prueba: cada vez más mujeres militan a favor del islamismo que coarta sus derechos. Es difícil de entender.

Tras el triunfo del islamismo, viene la revancha del monolingüismo sobre el bilingüismo. Es el desquite de los formados únicamente en lengua árabe sobre los francófonos que el poder siempre ha favorecido en el Magreb. Esta dimensión cultural es un factor esencial. El problema lingüístico divide el Magreb de forma silenciosa y callada. Es una cuestión que no da que hablar, pero se sabe que las filas del islamismo están llenas de arabófonos desatendidos por el poder.

En Marruecos, la reciente reforma del texto constitucional refleja en múltiples ámbitos (identidad, lenguas, igualdad de género, Estado de derecho o gobernanza) que Mohamed VI tiene un proyecto de modernización de su país. No obstante, los cambios introducidos no modifican sustancialmente las relaciones de poder entre palacio y los dispositivos democráticos existentes (el Gobierno y el Parlamento). Lo que en un principio podría parecer como un golpe maestro (versión maquiavélica o lampedusiana) que mantiene la centralidad monárquica, refleja en realidad la debilidad de los dispositivos democráticos. Los partidos políticos no han sabido regenerarse y avanzan a remolque de las iniciativas reales, a sabiendas de que la popularidad de Mohamed VI erosiona la propia legitimidad de la actual estructura de partidos.

Ahora bien, el proyecto de modernización promovido desde palacio necesita ganar hegemonía en términos gramscianos. Dicho con otras palabras: para que pueda ser llevado a buen término sin generar riesgos de inestabilidad, el proyecto impulsado por Mohamed VI requiere ser asumido por unos partidos políticos renovados, que cuenten con respaldo popular y con capacidad de gestión cuando asuman responsabilidades de gobierno.

Si bien son diversas las evaluaciones que existen sobre la acción de Mohamed VI en los 12 años que lleva reinando, las que proceden de los sectores llamados “modernizadores” pueden reagruparse alrededor de dos grandes tendencias. Ambas comparten el temor ante los riesgos de involución violenta, pero discrepan entre ellas a la hora de valorar las convicciones democráticas del soberano.

En el contexto del referéndum constitucional, una primera corriente de opinión considera que el nuevo texto profundiza en la trayectoria de las reformas ya iniciadas en los últimos años con respecto a la lengua amazige, la promoción de la igualdad entre sexos, la reconciliación con distintos colectivos víctimas de la represión durante los años de plomo o la lucha contra la pobreza. La cooptación de figuras procedentes de la oposición izquierdista y de la sociedad civil refuerza su convicción de que el régimen puede reformarse desde dentro. Ante las insuficiencias y las dudas sobre los avances democráticos insisten, con cierto tono comprensivo, en los graves problemas sociales y económicos heredados, en el riesgo islamopopulista, en la amenaza terrorista, en la incertidumbre que pesa sobre el contencioso en el Sáhara o en la incógnita que representa el Ejército ante los distintos escenarios de cambio que podrían surgir.

Esta corriente de opinión considera que tales elementos justifican un proceso gradual de reformas que se enmarcaría dentro de una visión estratégica a largo plazo: la democratización como objeto final. Como consecuencia de esta valoración, definen una estrategia colaborativa respetando el ritmo y plazos marcados por palacio.

La segunda corriente de opinión, en cambio, rechaza la convergencia entre el relato democrático y la acción de Mohamed VI. Aun cuando reconocen que el texto constitucional contiene ciertos avances, insisten en que los progresos en materia de democratización parlamentaria de la monarquía alauí no son tales. Para ellos, es justamente en los ámbitos fundamentales de los sistemas democráticos (primer ministro, Gobierno, Parlamento, Poder Judicial) donde las reformas no se están dando con la celeridad debida. Ante el ansia de reformas que atraviesa el mundo árabe o por los cambios sociales que experimenta la propia sociedad marroquí, demandan una reforma que conduzca a una verdadera monarquía parlamentaria en Marruecos.

Esta corriente de opinión considera también que la metodología seguida para reformar la Constitución no es democrática, lo que hace que la califiquen de “Constitución otorgada”. Esta posición sintoniza con las críticas hacia el despotismo, la corrupción y las desigualdades sociales surgidas del movimiento del 20 de febrero.

Este movimiento, que actúa como la voz de la mayoría silenciosa, aglutina a un conjunto heterogéneo de jóvenes sin afiliación política, personalidades, asociaciones y fuerzas políticas fundamentalmente de la izquierda no gubernamental y del islamismo ilegal de Justicia y Espiritualidad.

A pesar de los resultados exitosos del referéndum constitucional del pasado 1 de julio, la realidad es que Mohamed VI se encuentra solo en el proceso de reforma. Por un lado, el aparente apoyo que recibe de la primera corriente modernizadora va acompañado de una buena dosis de conformismo que acaba asemejándose con demasiada frecuencia al servilismo voluntario y que no sirve para impulsar el proceso de reforma.

Los partidos oficialistas no han sido capaces de cumplir con su papel de correa de transmisión de la voluntad real, quedándose muy por debajo de las expectativas de reforma constitucional trazadas por la hoja de ruta del monarca. Por otro lado, la posición más crítica de la segunda corriente modernizadora, y por tanto poco proclive a la colaboración, genera una situación de “suma cero” que contribuye a deslegitimar el proceso de reforma ante ciertos sectores de la opinión pública nacional e internacional.

Los tres discursos que Mohamed VI ha pronunciado este año, así como las intervenciones de las fuerzas de seguridad, han demostrado que no está dispuesto a que se le imponga el contenido de la agenda política. Unos afirman que puede contar para su proyecto de reforma con el Ejército y las fuerzas de seguridad, así como con el personal religioso, la tecnocracia, las grandes familias vinculadas a la dinastía alauí, las organizaciones de la sociedad civil que colaboran en las instancias consultivas y, siempre está ahí, la reserva de apoyo del medio rural. Otros, en cambio, señalan que dicha lealtad es instrumental y que no es homogénea, al verse afectados estos grupos por los cambios que atraviesan al conjunto de la sociedad marroquí.

Ante este panorama, merece destacar la polémica levantada por el Partido Justicia y Desarrollo (PJD) sobre el lugar de la religión y las lenguas en los borradores de la Constitución. A pesar de que es sabido que el Rey no comulga con el proyecto de sociedad de los islamistas, estos últimos no se han visto contrarrestados por las demás fuerzas políticas. El PJD sale reforzado del pulso constitucional; en cambio, el Partido Autenticidad y Modernidad, creado por Fouad Ali el Himma, el amigo del rey, para frenar el avance islamista ha sido la principal víctima del movimiento del 20-F.

La obsolescencia del sistema de partidos políticos, anclado en unas prácticas que ya no encajan con las demandas de la ciudadanía y con las dinámicas del cambio social experimentado en Marruecos, podía haber empujado a la monarquía a apostar, como ocurrió en otros contextos de transición democrática (como el español), por un proceso de reforma política que ofreciese un verdadero papel protagonista a los partidos políticos en el edificio constitucional y, por tanto, les empujase a renovarse o morir.

En contraste, la desconfianza de palacio hacia la capacidad de los partidos para adaptarse al ritmo que sería necesario para que actúen de verdaderos impulsores de la hoja de ruta marcada por el propio Rey, ha vuelto a colocar al monarca como el eje alrededor del cual todo acabará por girar. Así lo deja entrever el hecho de que en víspera de las elecciones previstas para noviembre no se vean aún señales de reconfiguración del escenario partidista.

Huérfano de un sistema de partidos y un Parlamento legitimados por la población, cabe decir que el rey se encuentra solo ante su pueblo. En esta posición de soledad tiene que gestionar las presiones contradictorias de los adeptos del statu quo, de los partidarios de la reforma constitucional y de los díscolos que no se resignan a esperar la instauración de la democracia.

El pueblo marroquí ha aprobado mediante referéndum, por amplia mayoría, una nueva Constitución que supone un claro avance en el proceso de democratización del Reino de Marruecos. Las reivindicaciones del movimiento 20 de febrero exigiendo un cambio que instaurara un auténtico sistema democrático -exigencia que coincidía con las aspiraciones de los sectores sociales urbanos más avanzados de la sociedad marroquí- encontraron una respuesta positiva en el discurso dirigido por el Rey a la nación el 9 de marzo, al anunciar una modificación de la Constitución. Con esta decisión, el rey Mohamed VI contrajo expresamente ante el pueblo marroquí su compromiso de conducir un proceso de transición que permitiera adaptar el sistema político a las demandas de libertad y justicia de amplios sectores de la sociedad.

El nuevo texto constitucional introduce cambios sustanciales que permiten confirmar la existencia de una decidida voluntad de que Marruecos se constituya en la primera monarquía constitucional del mundo árabe. Esto no es así solo porque se contemple en su artículo primero, que proclama que Marruecos es una monarquía constitucional, democrática, parlamentaria y social, sino también porque a lo largo del texto se sientan las bases para ello, aunque con salvedades y cautelas, al regular equilibradamente el juego de contrapoderes institucionales. Un texto en el que sorprende la amplitud de las competencias del Rey, en comparación con las que tienen las monarquías europeas, en las que por lo general los reyes reinan pero no gobiernan, rasgo característico de las monarquías parlamentarias.

Antes de continuar me parece pertinente recordar a Ferdinand Lassalle cuando afirmaba que “los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder: la verdadera Constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen, y las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social”. Añadiendo que cuando no es así “corren el riesgo de ser arrolladas por esos poderes reales” (Constitución real versus constitución ‘de papel’).

Quisiera afirmar que un poder efectivo de primerísimo orden en Marruecos es la figura del Rey. Es de tal importancia que, en mi opinión, no será posible realizar un auténtico cambio político sin su decidido concurso, por lo cual resulta comprensible -añadiría que inclusonecesario- que el Rey, por razones históricas, religiosas y culturales, comparta competencias ejecutivas con el jefe de Gobierno.

En torno a la figura del Rey se ha fraguado la identidad de la nación marroquí. En términos históricos, alrededor del sultán, primeramente, y posteriormente del malik, se concretó la proclamación de las entidades soberanas islámicas tras la desaparición del califato, entidades, por tanto, no sometidas a ningún otro poder. La importancia de la figura del Rey en torno a la que se configura Marruecos como Estado soberano, su identidad nacional y la unidad del reino, está fuera de toda duda. Este es el marco en el que tenemos que valorar el papel que le otorga la Constitución aprobada en el referéndum del 1 de julio.

En el artículo 41 se proclama al Rey como el emir de los creyentes (Emir Al Mum’inim), que vela por el respeto del islam; sin embargo, ha perdido el “carácter sagrado” que le confería la anterior Constitución. El Rey, mediante dahires, ejerce las prerrogativas religiosas inherentes a la institución de Imarat Al Mum’inin. En coherencia con lo anterior, preside el Consejo Superior de Ulemas, que es la única instancia habilitada para pronunciarse sobre las consultas religiosas (fatuas) con base en los principios, preceptos y designios tolerantes del islam (según la tradición Maliki), la religión del Estado, el cual garantiza a todos el libre ejercicio de los cultos (artículo 3).

Teniendo en cuenta los rasgos históricos religiosos anteriormente expuestos, la nueva Constitución introduce unas relaciones del Rey con el jefe de Gobierno y con el Parlamento que se solapan y que nos pueden resultar difíciles de entender, al alejarse de las existentes en las democracias europeas, pero que, a mi modo de ver, son necesarias para el cumplimiento del compromiso contraído por Mohamed VI. Efectivamente, este solapamiento se manifiesta en la existencia de un Consejo de Gobierno presidido por el jefe de Gobierno y un Consejo de Ministros, cuando el Consejo de Gobierno está presidido por el Rey, aunque con capacidad para deliberar sobre cuestiones diferentes (artículos 49 y 92). Esta duplicidad entre las competencias del Rey y el jefe de Gobierno se reproduce en la capacidad que le otorga la Constitución al Rey para disolver por dahir las dos Cámaras del Parlamento o una de ellas (artículo 51) y la que otorga al jefe de Gobierno de disolver la Cámara de Representantes (artículo 104).

Otros poderes efectivos de la sociedad marroquí, siguiendo los términos utilizados por Lassalle, son sin duda los sectores urbanos avanzados que aspiran a que en Marruecos se instaure una auténtica democracia en torno a la figura del Rey, como también lo son los sectores conservadores e incluso los inmovilistas, sin excluir a los denominados poderes fácticos. Entre estos poderes efectivos, han surgido con una pujanza impensable hace pocos lustros los colectivos de mujeres.

La irrupción de las mujeres en la actividad política, económica, social y cultural (la presencia de las mujeres en la enseñanza superior pública se acerca al 50%) tiene una gran relevancia, como en su día la tuvo en España, ya que el nivel de formación intelectual e incorporación de las mujeres a la actividad laboral está influyendo decisivamente en la transformación de la estructura familiar, en las relaciones sociales, así como en la posición social que ocupan con respecto a los varones. Este nuevo papel de las mujeres en una sociedad musulmana incorpora un elemento enriquecedor de un valor extraordinario en la transformación de las estructuras sociopolíticas de Marruecos, que servirá de ejemplo al resto de los países del Magreb.

La complejidad de la actual sociedad marroquí, pese a los avances sociales que se han producido, obliga a que el proceso de transición requiera prudencia y acuerdo. El Rey tiene sin duda el papel predominante, sin menospreciar la influencia y la capacidad de movilización de los sectores sociales y políticos más activos. Muchos son los avances que recoge el texto constitucional, algunos de los cuales (demasiados, en mi opinión) se desarrollarán mediante leyes orgánicas. De los acuerdos y compromisos que sean capaces de alcanzar en ese desarrollo legislativo, dependerá que realmente la proclamación de derechos y principios del texto constitucional sea una realidad o que se reduzca a una mera declaración retórica.

La tarea en los próximos meses no será fácil. La escalera es muy pronunciada y tendrán que subirla escalón por escalón. Las dificultades serán enormes, pero la sociedad marroquí y sus instituciones están demostrando madurez y capacidad para superarlas. Existe una gran expectación por lo que podríamos denominar la “vía marroquí hacia la democracia”; ayudémosla con nuestras críticas pero también con nuestro apoyo y comprensión, entendiendo que el pecado del etnocentrismo, al que somos tan dados muchos europeos, puede ser una rémora. Dejemos que recorran su propio camino hacia la democracia para que no se trunque y deseémosles éxito, porque también será el de todos los demócratas.

It isn’t news anymore when an Arab ruler facing mass protests pledges sweeping reforms. But Morocco’s July 1 constitutional referendum may be the most significant development in the Arab world all summer. For the first time since the Arab Spring began, a population broadly embraced its leader’s reforms and scaled back antigovernment demonstrations. In the weeks before the referendum, over 100,000 people had taken to the streets; after the vote only about 10,000 did.

A sizable majority of Moroccans approved the new Constitution, which calls for King Mohammed VI to cede half his power to a prime minister appointed from the parliament’s majority party and ensures the rights of women and non-Arabs, including the country’s large Berber population.

Morocco appears to have found a new model for political transition. If the constitutional experiment succeeds, the country will have the opportunity — and responsibility — to take on the regional leadership role that has traditionally been played by Egypt.

The major parliamentary opposition parties, including the main Islamist party, endorsed the Constitution. Those rejecting it, including a radical Islamist group which aims to overthrow the king and install a caliph, had the chance to make their cases on public radio and television. Some officials believe this new openness is serving as a force for moderation. “The more the extremists go on TV, the more ridiculous they look,” said Nawfel Raghay, who manages the country’s broadcasting authority. “We should have done this 20 years ago.”

The Constitution’s power split provides a check against Islamists, if they were to win elections. In the event of an Islamist landslide, a new Shariah-minded prime minister would have the authority to appoint all senior civil servants and oversee domestic security. However, control over the army and foreign intelligence services would rest with the king. The monarch would also retain his traditional role as the country’s highest religious authority — meaning that he could block attempts to use mosques, the news media and religious education to impose chauvinist religious mores.

This novel arrangement also addresses the historic dilemma between values and interests the West has faced in its relationship with Morocco. The country has long been regarded as a constructive player in regional affairs, but its pro-Western authoritarian elite has a troubling human rights record and has constrained political and economic opportunity for the country’s impoverished majority. The Constitution could allow the emergence of new elites and open up the political arena.

It is important for America and its allies that Morocco achieve this balance at a time when Egypt is not in a position to serve as a regional powerbroker. Under its former president, Hosni Mubarak, Egypt served as a bridge between Arab monarchies like Saudi Arabia and Arab dictatorships like Syria and Libya. But today, there is a new Arab political divide — between autocracies and countries undergoing democratic transitions. Morocco, a transitioning government itself and a prospective member of the Saudi-led Gulf Cooperation Council, is uniquely positioned to bridge this divide.

Whereas Mr. Mubarak mediated between Israelis and Palestinians, the new Egyptian government has yet to form a coherent policy on that conflict, let alone earn the trust of both sides. Morocco, by contrast, has a history of doing so. Years before Egypt normalized diplomatic relations with Israel in 1980, the Moroccan king Hassan II was a liaison between Israel and its neighbors. The country’s distance from Israel was not a serious disadvantage then, and it is even less so today in the era of instant communication and intercontinental strategic partnerships.

Morocco also has a deep historical bond with the Jewish people: the king protected 200,000 Moroccan Jews from the Nazis during World War II, and nearly one million Israelis have Moroccan roots — including some senior political and military officials. Morocco can extract concessions from both parties to the conflict that Egypt never could.

The Moroccan constitutional model sets an obvious example for Jordan, whose king also claims some religious authority and remains relatively popular. For the more embattled Sunni kingdom of Bahrain, a similar pact of electoral power-sharing with the Shiite majority may be the only way, in the long run, for Bahrain’s dynasty to survive.

Before the referendum, scores of protesters were wounded by the police, and one was killed. While this violence is deplorable, it is a far cry from that of Egypt, where hundreds died, let alone Libya and Syria, where state security forces have killed thousands.

There is great optimism in Morocco today. Millions have signaled their desire for freedom and opportunity within a constitutional framework. If parliament is vigilant in ensuring that the reforms are swiftly applied, Morocco can set an example for peaceful political transitions across the Arab world.

Depuis le discours du roi du 9 mars, qui a lancé le projet de réforme de la constitution, notre pays s’est transformé en un théâtre ardent, en pleine effervescence. Poussés par les promesses d’ouverture et de liberté, les acteurs aux différents profils remontent sur scène, réajustent leurs costumes, et leurs propositions fusent de toutes parts en guise de participation à ce revirement extraordinaire.

Les jeunes et les progressistes s’y sont mis et ont vécu ces nouvelles décisions comme un réel “droit au retour” à la liberté. Quant aux conservateurs, fortement déstabilisés, ils sortent enfin de leurs cavernes politiques pour scander, par réflexe pavlovien, leurs mêmes vieilles litanies. La carte génétique du Maroc se réécrit. Les conditions ne sont pas idéales, puisque, à cause de la carence de représentativité institutionnelle, le projet est pris en charge par un comité technique à l’allure correcte, certes, mais sous tutelle de l’institution régalienne. A quelques jours de la présentation, la tension est à son comble, même si les conditions de préparation de notre cher palimpseste sont loin de faire l’unanimité des participants. Enfin, le texte est prêt, tout le monde est dans l’attente, le rideau se lève : Silence ! Vous êtes Libres !

Le débat s’ouvre sur la scène marocaine et chacun essaye de se retrouver dans le texte. Les “mais” des progressistes se noient sous les “oui à tout prix” des conservateurs. Ceux-ci ont du mal à partager la parole qu’ils pensaient auparavant leur revenir de droit. Il est vrai que cet échange relevait pendant longtemps du registre fantastique. Beaucoup de citoyens, écrasés en effet par la pensée unique, se sentaient plutôt inutiles sur scène. Aujourd’hui, à défaut de retrouver une réelle démocratie dans le texte, ils ont néanmoins retrouvé un certain droit à la parole. Mais le “oui malgré vous” braillé par certains vieux acteurs déphasés laisse perplexe sur la réelle volonté de démocratisation. La démocratie n’est pas en effet qu’un mot qu’il suffit de répéter pour en faire sortir la magie, c’est une attitude que beaucoup ont perdue, sinon jamais connue. A quoi bon continuer le jeu si certains expriment d’ores et déjà leur certitude quant au dénouement de la pièce ?

Cette situation est essentiellement due aux influences de l’ancien registre classique, où se mêlaient traditions farouches et autoritarisme implacable. Il va sans dire qu’à entendre certains acteurs s’exprimer, on se demande s’ils ont bien compris le nouveau but du jeu et s’il ne serait pas judicieux de leur organiser des ateliers pour leur apprendre les bases de la mise en scène. L’élément déterminant dans tout projet est le facteur humain. Sans être cultivé et formé, un acteur ne saurait appréhender le rôle qu’on lui demande de jouer dans les règles de l’art. Mais nous ne sommes qu’au premier acte, et il va falloir, au cours des suivants, tout mettre au service de l’élaboration d’un sérieux projet social qui puisse ajouter une touche d’espoir, ouvrir de nouveaux horizons devant ceux qui pensaient que la vie était ailleurs et mettre enfin notre beau pays au diapason du registre moderne.

DIALOGUE DE SOURDS

Mais la scène semble nous emporter dans un tramway nommé délire : chacun se braque derrière ses répliques, le dialogue de sourds s’installe et se prolonge. Les progressistes essayent d’expliquer tant bien que mal que ce nouveau texte a encore besoin de travail puisqu’il ne répond pas aux attentes du public. Il est vrai qu’il a effectué une réelle avancée en reconnaissant la langue berbère comme langue officielle du Maroc, à côté de l’arabe, en élargissant le champ des libertés civiles, en reconnaissant la liberté de conscience et en donnant plus d’autonomie à certains acteurs politiques. Il est resté cependant très timide et profondément ambigu sur la séparation des pouvoirs, les questions de l’identité et des droits de l’homme, alors que les critiques s’attendaient à une production plus audacieuse, à l’image du regard que porte le

Maroc sur son avenir.

Ces critiques sont cependant étouffées par d’autres acteurs qui, prisonniers de leur conservatisme, ressortent leur ancien discours, le seul à vrai dire qu’ils maîtrisent parfaitement. A défaut de donner la moindre explication logique susceptible de soutenir leur vision, ils affectent de puiser leur légitimité et leur crédibilité à la source religieuse, se protègent par l’ombre du trône et mettent la liberté sous conditions. Ils acceptent d’adopter les termes des droits de l’Homme, de la démocratie et de la liberté de conscience, mais à condition que ceux-là soient compatibles avec “nos” valeurs. Mais quelles sont ces valeurs qui empêcheraient les acteurs de puiser pleinement dans le répertoire humaniste ? Hamlet aurait volontiers répondu qu’il est “des coutumes qu’il est plus honorable d’enfreindre que de suivre”.

Ce sont ces valeurs mêmes qui mettent en suspens l’évolution du discours et l’audace du texte. Il est, par exemple, difficile d’aborder la question religieuse sans être boycotté par d’autres acteurs ou mis hors du jeu. Dans le pays de la tolérance, en effet, un seul “mais” lancé par désœuvrement peut causer la chute d’un homme. Il n’est pas difficile de remarquer les limites de la tolérance au Maroc. Depuis un moment, les défenseurs de la sécularisation sont stigmatisés et jetés volontiers dans le camp des indésirables. Voilà justement les limites d’un Etat de tolérance : il bascule forcément à un moment ou un autre vers un Etat d’exclusion. La cause fondamentale de ce revirement est que, dans le cadre d’un “pays religieux”, l’association politique est basée sur une confiance garantie par le discours religieux ; dans cette logique-là, comment peut-on accepter et croire quelqu’un qui refuse de passer par ce même référent ? L’islam politique est un de ces nœuds du spectacle qui mettent aux prises deux visions dissemblables et demandent au spectateur un effort de réflexion.

Ainsi, la scène se trouve tiraillée entre deux projets de société différents. Les acteurs, eux, sont pris dans un sérieux problème de maturité politique, avec, entre leurs mains, un projet de constitution dont le but majeur est finalement de refuser le conflit, sans trancher sur certaines questions de fond. Le public reste alors partagé, sceptique et incrédule, et le jury placé devant un choix cornélien. Ceci n’est pas un spectacle ! Nous ne sommes encore qu’au stade d’une première répétition, et ces scènes risqueront de se répéter longtemps au risque de noyer certains dans la déprime, car ils penseront, au même titre que Madame Bovary, avoir “l’expérience du chagrin avec la certitude qu’il ne finira jamais”. Le travail de maturation devra pourtant continuer, tout le monde devra y participer et les rideaux devront alors rester ouverts, mais cette fois-ci : Osons ! car nous sommes libres !

Mientras las revueltas sacudían el mundo árabe en el invierno de 2011, la clase política marroquí no se sintió afectada por el viento de libertad que barría la región.

La legitimidad dinástica del monarca y las reformas emprendidas desde el final de la década de los noventa le garantizaban que podía sentirse a salvo de la dinámica reivindicativa.

Cuando sucedió a su padre en julio de 1999, Mohamed VI adoptó, en principio, la continuidad de las reformas iniciadas por su padre. Este había modificado el terreno político al integrar a una oposición socialista que había vivido durante mucho tiempo ignorada por la monarquía y a los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD).

Este régimen de “alternancia” había permitido garantizar la rotación de las clases dirigentes y, al mismo tiempo, dar legitimidad al poder monárquico, al que confería, con unos retoques “modernizadores”, el aspecto de una monarquía constitucional.

La alternancia permitió a Hassan II redefinir la función monárquica y reafirmar su papel de pieza clave en un juego político cuyas reglas seguía definiendo él y en el que él servía de árbitro de los conflictos entre actores políticos rivales. El consenso superficial que había hecho posible la aprobación de la reforma constitucional de 1996 mostraba que el rey seguía siendo la única fuente real de poder en el país.

Mohamed VI aseguró la continuidad de este esquema de apertura política e intentó prolongarlo y darle el aspecto de una transición. Pero la imagen de un país en la vanguardia del mundo árabe, que todas las capitales occidentales aplaudían, no impidió que, en este invierno de 2011, la calle marroquí se manifestara para exigir “cambios políticos profundos” y el fin de la corrupción.

El rey se mostró dispuesto a escuchar a los manifestantes, que se movilizaron por primera vez el 20 de febrero, y el 9 de marzo anunció una “reforma constitucional global” elaborada por una comisión ad hoc, que se sometería al voto del pueblo el 1 de julio. El objetivo esencial del proyecto es restablecer el equilibrio en el reparto de poder dentro del Ejecutivo, reforzando al mismo tiempo el poder del jefe de Gobierno y el del Parlamento, lo que supone, como es lógico, una reducción de los poderes del rey.

La principal innovación de este nuevo texto constitucional está en la designación de un primer ministro que ya no estará nombrado por el rey sino que saldrá de la formación política que obtenga la “primera posición” en las elecciones legislativas. Mohamed VI explica que, con este cambio, “el poder ejecutivo emanará del pueblo”.Otro dato nuevo es la representación de los marroquíes que viven en el extranjero en el Parlamento. El objetivo es vincularlos a la vida política de su país.

Y, más allá de los aspectos institucionales, ahora figuran en el texto de la Constitución cuestiones importantes como los derechos humanos, la presunción de inocencia, la lucha contra la discriminación, la igualdad entre hombre y mujer, la libertad de opinión, el derecho al acceso a la información y la designación del bereber como segunda lengua oficial.

No obstante, pese a estos cambios anunciados, si nos fijamos en las prerrogativas del rey, resulta difícil de creer que su poder vaya a reducirse, porque, aunque ya no está definido en un artículo de la Constitución, está diluido entre varias disposiciones. El soberano sigue siendo la máxima autoridad en las competencias reales de la defensa, la diplomacia y la seguridad interior. Sigue siendo el jefe del Ejército y quien acredita a los diplomáticos.

En el plano religioso, a partir de ahora, un hecho sorprendente: el Consejo de los Ulemas está consagrado en la Constitución. El rey conserva su título de Comendador de los Creyentes y sigue siendo la primera autoridad religiosa del país. Su persona es inviolable, aunque el concepto de sagrado se sustituye por el del respeto que se le debe.

¿Hasta qué punto se puede hablar de “nuevo juego de equilibrios entre los poderes”, si se tiene en cuenta el papel fundamental de la monarquía en esta nueva ordenación constitucional? ¿Cómo podemos pensar que este nuevo texto consagra la soberanía nacional como única fuente del poder ejecutivo?

En realidad, si bien la idea de la modificación de la Constitución con el fin de reequilibrar los poderes es encomiable, lo que plantea problemas es la manera de hacerlo. Como en otras ocasiones, nos encontramos con una monarquía que “ofrece” reformas, que inicia el cambio, que pone en práctica la alternancia. Es decir, que decide el momento, el aspecto y el contenido de las reformas que otorga. Interviene incluso en la respuesta que desea obtener, a través de la consulta en referéndum del 1 de julio. ¿Acaso no recalcó Mohamed VI, al terminar su discurso, el sí con el que él pensaba pronunciarse?

De esa forma, el rey se presenta como un rey ciudadano, un ciudadano que vota, un rey reformador que propone reducir sus propias prerrogativas. Esta confusión de papeles se ha considerado durante mucho tiempo como un rasgo del particularismo marroquí, y es lo que ha ocultado el contenido de las reformas y su aplicación.

En su discurso del 17 de junio, en el que presentó el texto constitucional, estableció claramente el tono, al recordar que el proceso que conduce a la monarquía parlamentaria no es una concesión suya sino que se ha elaborado “en perfecta comunión con todas las fuerzas vivas de la nación”. Es decir, se trata, como en otras ocasiones, de un consenso renovado y un nuevo pacto entre el trono y el pueblo, que dejan de lado a todos los que no se adhieran a él.

Una vez más, estamos ante unos efectos publicitarios y una escenificación de la modernidad política sin fundamento real, dados los poderes del rey, las zonas de sombra, las imprecisiones y la dificultad de aplicar algunas de las medidas anunciadas, como pasa con la relativa a la igualdad entre hombres y mujeres.

Además, la principal modificación, que afecta al primer ministro salido de las elecciones, solo tiene sentido si la votación es libre y transparente y se desarrolla en un clima de competencia entre varias opciones políticas. En cuanto a las libertades individuales y los derechos humanos, lo que importa, más que el texto, es su aplicación. El cambio más profundo estará en el comportamiento político de las élites marroquíes, no en unas disposiciones incluidas en la Constitución.

Por ahora, tanto en la forma como en el contenido, la reforma constitucional propuesta se inscribe en la apertura concedida por la monarquía, una apertura dosificada y controlada, que parecía envidiable en un mundo árabe inmóvil, pero hoy se queda muy por debajo de las exigencias de una calle que ha comprendido que las libertades y el Estado de derecho se arrancan en una negociación entre una sociedad civil hoy llena de fuerza, y un poder que tiene problemas para reanimar un modo de gobierno envejecido y desfasado en el contexto árabe.

Tema: La gestión española de la migración temporal desde Marruecos se ha convertido en un modelo que las instituciones europeas y los organismos internacionales presentan como un éxito a imitar[1].

Resumen: La migración temporal con estancias repetidas a lo largo de los años es uno de los tipos de migración “circular” que la Comisión Europea propone impulsar hacia la UE, especialmente desde los países vecinos. En España, la gestión de esa migración procedente de Marruecos ha alcanzado un alto nivel de eficacia en su esfuerzo por adecuar los intereses de las partes implicadas y por ello está siendo puesta como ejemplo en variados foros internacionales. Sin embargo, otras formas de migración circular que se producen en otros países de la UE están ausentes en las relaciones entre España y Marruecos. En este ARI se proponen vías para ampliar el espectro de esa migración circular y para mejorar el impacto de la migración en las relaciones entre ambos países.

Análisis

La propuesta de la Comisión Europea

A principios de los años 90 los Estados europeos del centro descubrieron una nueva forma de migración procedente del Este de Europa, de los Estados ex comunistas que inauguraban libertad de movimientos hacia el Oeste. Se trataba, y sigue tratándose, de una migración de cortos períodos, en el que los inmigrantes se desplazaban sin familia, a veces durante los días laborales de la semana o durante los meses de verano, para pasar el resto del tiempo en su lugar de origen. Es una inmigración que afecta tanto a médicos como a obreros de la construcción, jornaleros agrícolas, camareros y cuidadoras de ancianos y niños, es decir, a inmigrantes de todos los niveles de cualificación. Y se trata de una migración espontánea, no gestionada por agencias estatales, que se mueve tanto en la legalidad como en la ilegalidad o la mezcla de ambas, con estancias legales pero trabajos ilegales. Esta experiencia de los años 90 continuó con variaciones en los 2000 en cuanto al origen y destino de esos flujos, mientras que los nuevos países miembros de la UE en el Este se convirtieron también en receptores de esa migración de ida y vuelta proveniente de países más orientales, como Ucrania y Moldavia, que venían a sustituir en algunos casos a los trabajadores emigrados hacia el oeste desde Polonia, Rumanía y Bulgaria.

En su búsqueda de nuevas fórmulas que permitan a la UE compaginar los intereses propios con los ajenos, la Comisión Europea presentó en el 2007 su Comunicación sobre Migración Circular y Acuerdos de Movilidad con Terceros Países (COM 2007-248 final) en la que planteaba la conveniencia de impulsar mecanismos legales y acuerdos internacionales para atraer una migración circular, o de ida y vuelta, con el objetivo expreso de luchar de esta forma contra la inmigración irregular y evitar la fuga de cerebros en los países de origen. La lógica implícita en la propuesta era la de que muchos inmigrantes se mantienen en el país europeo de destino incluso cuando ya no tienen trabajo o cuando su permiso se extingue, porque no pueden arriesgarse a volver al país de origen ante la incertidumbre de ser readmitidos más adelante. En las actuales circunstancias de rigidez en la concesión de permisos de estancia, el inmigrante que no puede arriesgarse a volver decide establecerse de forma definitiva, traer a su familia y romper los lazos profesionales con su país de origen. Con ello crea una presión sobre el mercado de trabajo y sobre el sistema de bienestar de los países europeos y a la vez causa una pérdida permanente de capacidad profesional en los países de origen. En buena parte, esta propuesta venía inspirada por la contemplación de esa migración circular de facto establecida desde el Este europeo y sus ventajas tanto para los países de destino, que conseguían una oferta flexible de mano de obra, como para los de origen, que conservaban su población y que obtenían a través de esa migración contactos profesionales, comerciales o empresariales, y mantenían vivas actividades económicas, como la agricultura, ejercidas por esos migrantes circulares.

Sin embargo, pese a estar proponiendo un mayor desarrollo de la migración circular, la propia Comunicación de la Comisión reconocía explícitamente que el concepto distaba de estar bien definido. Su definición de la migración circular como aquélla “gestionada de tal forma que permite movilidad legal de ida y vuelta entre dos países” deja demasiadas zonas de sombra, pero la serie de propuestas que la acompañan indican que la idea central es facilitar la “circulación” tanto en el sentido de la movilidad (de la misma forma en que se habla de la “circulación de vehículos”) como en el del movimiento circular de ida y vuelta. El nexo entre esto y la lucha contra la inmigración irregular es doble: el objetivo es ofrecer a los inmigrantes vías legales de entrada para estancias acotadas en el tiempo (ya sean meses para los trabajos de temporada o años para los que buscan una especialización profesional de alto nivel) con la garantía de que podrán volver a repetir su estancia, siempre y cuando cumplan la condición de regresar al país de origen al acabar el período del permiso.[2]

La experiencia española

España ha sido origen en el pasado de migrantes laborales circulares o de estancias temporales repetidas en otros países europeos: el caso más conocido es el de la vendimia francesa y las decenas de miles de españoles que participaban en ella (unas 80.000 personas al año), un número que se redujo hasta los 10.000 y que ahora, a consecuencia de la crisis laboral, vuelve a aumentar (a 14.000 en este año). Importante ha sido también en el pasado la migración temporal repetida a lo largo de los años desde España hacia Suiza en diversos sectores de actividad (turismo, construcción y agricultura). Como receptora de migración circular, España tiene una larga experiencia con la migración portuguesa en varias regiones del norte y oeste de la Península (Galicia, León, Asturias y Extremadura), una migración a la que se ha prestado poca atención por su carácter libre: como ciudadanos europeos, los emigrantes portugueses no requieren de ningún permiso para establecerse y trabajar en España. Tampoco se sabe mucho sobre la primera migración laboral marroquí de importancia hacia España, realizada en los años 80 y dirigida a las zonas agrícolas del Maresme catalán, en una época en que los ciudadanos marroquíes podían viajar a España sin necesidad de visado. Tanto en aquellos años como en los 90, tras la imposición del visado en 1991, cuando la migración irregular entre Marruecos y España era en la práctica una fácil elección, buena parte de los migrantes marroquíes que trabajaban a lo largo de la costa mediterránea en la agricultura, desde el Maresme a Almería, practicaban de hecho una migración circular, compaginando su trabajo y su estancia en España durante meses con el mantenimiento de su familia, su vivienda y su actividad agrícola en Marruecos. El marcado carácter masculino de la migración marroquí en España, compuesta durante muchos años por hombres jóvenes, está relacionado con esta práctica circular.

Cuando inmigrar irregularmente se hizo mucho más difícil debido a los cambios normativos y a la mayor vigilancia del Estrecho, básicamente desde el año 2002, este tipo de migración de ida y vuelta resultó imposible, especialmente para los inmigrantes que seguían siendo irregulares y que ya no querían arriesgarse a volver a Marruecos. A partir de entonces, la migración circular pasó a ser únicamente la que se regulaba a través de acuerdos internacionales y se canalizaba legalmente a través del contingente, excepto en el caso de los ciudadanos europeos. Rumanos, búlgaros, marroquíes, ecuatorianos o colombianos han nutrido el grueso de ese contingente hasta que los dos primeros pudieron migrar libremente desde enero de 2009, tras el fin de la moratoria a la libre circulación de trabajadores que varios países europeos, entre ellos España, impuso a Rumanía y Bulgaria en su entrada a la UE. En esencia, es una migración laboral agrícola de temporada, concentrada geográficamente en la costa mediterránea, más Huelva y Lérida. El número total de inmigrantes que utiliza este canal es muy pequeño en comparación con el flujo total de entradas aunque, tras las restricciones impuestas a la llegada de nuevos inmigrantes laborales a consecuencia de la crisis económica, se ha convertido en una de las escasas vías de inmigración legal.

Recientemente, el proyecto europeo de investigación Metoikos, cofinanciado por el Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales de Terceros Países, en el que ha participado el Real Instituto Elcano, ha estudiado la naturaleza y el impacto de la migración circular entre países limítrofes con la UE (Ucrania, Albania y Marruecos) y países periféricos de ésta, como Hungría, Polonia, Grecia, Italia y España (http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Home.aspx). La investigación ha encontrado varios tipos de circularidad que, en términos generales, corresponden a lo descrito al comienzo de este ARI respecto a Europa del Este: es decir, la migración circular afecta a todo tipo de categorías profesionales y se produce tanto en la legalidad como en la ilegalidad o la semilegalidad. Sin embargo, en el caso de la migración entre Marruecos y España, sólo existe un tipo de migración de ida y vuelta, la estacional agraria regulada estatalmente.

La inmigración circular marroquí hacia España

La primera peculiaridad que destaca del análisis del caso Marruecos-España es el muy pequeño tamaño en España de una migración de nivel educativo medio o alto procedente de Marruecos, un tipo de migrantes marroquíes que, sin embargo, sí se encuentra en otros países europeos y que nutren en buena parte la migración circular. De hecho, el nivel educativo de los migrantes marroquíes en España es el más bajo de entre los migrantes marroquíes en Europa,[3] incluyendo países donde esta migración es reciente, como Italia. Es difícil encontrar en España empresarios o profesionales marroquíes, lo que tiene un efecto negativo sobre la imagen de este colectivo y, por extensión, de Marruecos en España. También el número de estudiantes universitarios y de posgrado marroquíes en España es pequeño (2.590 en 2009) en buena parte porque el francés es el idioma culto en Marruecos, aprendido en la escuela, y el idioma vehicular en la Universidad de las carreras técnicas. Así, el licenciado en una ingeniería que desee preparar un posgrado o formarse profesionalmente en el extranjero, elegirá Francia en primer lugar, a la que de hecho se destinan gran parte de los graduados en carreras técnicas formados en Marruecos. Pero junto a la desventaja del idioma hay que señalar que la política de concesión de permisos de residencia para estudiantes no ha facilitado la presencia de estudiantes universitarios marroquíes en España. En cuanto a los empresarios o autónomos, la discrecionalidad en la concesión de permisos de residencia a los que desean emprender alguna actividad económica por su cuenta en España ha reducido a la nimiedad la entrada de inmigrantes por esa vía. La posibilidad de regularizarse arguyendo un trabajo como autónomo tampoco ha estado incluida entre los supuestos de la normalización del  2005, obviamente por el amplio margen al fraude que  habría abierto. Sólo en Ceuta y Melilla, por su vecindad a Marruecos y por la libertad de entrada en estas ciudades para los ciudadanos marroquíes de las provincias aledañas, se encuentran empresarios o trabajadores autónomos marroquíes. En cuanto a las profesiones universitarias, sólo muy recientemente han comenzado a contratarse médicos marroquíes en España, a raíz de su inclusión en el catálogo de profesiones de difícil cobertura, pero, en conjunto, los licenciados universitarios representan un escaso 10% de los inmigrantes marroquíes.

Las normas migratorias en España no favorecen que los inmigrantes puedan circular entre origen y destino de forma flexible de acuerdo con las oportunidades laborales o las necesidades vitales: en este momento, con un desempleo del 47% entre los inmigrantes marroquíes varones y del 51% entre las mujeres,[4] muchos de ellos optarían por volver a su país, donde la vida es más barata, si no fuera porque arriesgan perder su permiso de estancia en España si a lo largo de un año pasan más de seis meses fuera del país. Hay indicios de que puede estar produciéndose una salida de esa migración desempleada hacia otros países europeos del espacio Schengen, en los que la ausencia de controles fronterizos permitiría a los migrantes pasar tiempo fuera sin que se detectase en España. Incluso en el caso de los inmigrantes con un permiso permanente, ahora denominado de larga duración, las normas europeas les impiden pasar más de 12 meses seguidos fuera del espacio de la UE (directiva de 2003 sobre el estatus de los residentes de larga duración). La propia Comisión proponía en la citada Comunicación sobre migración circular que este período de 12 meses se alargara a dos ó tres años, pero no ha presentado una propuesta concreta para modificar la Directiva.

En este marco normativo y en el contexto de una eficaz política contra la llegada de inmigrantes irregulares desde Marruecos, la única migración de ida y vuelta que se produce entre ambos países es la gestionada desde las administraciones públicas, destinada a los trabajos agrícolas de temporada. Este tipo de inmigración está regulada por el Acuerdo sobre mano de obra firmado en 2001 entre España y Marruecos, que no fue activado hasta el año 2004. En ese año se produjo la primera experiencia importante: la contratación en origen de mujeres para la recogida de la fresa en Huelva, seleccionadas por la Agencia Nacional de Empleo marroquí, ANAPEC (la plantación y recogida de la fresa son tradicionalmente trabajos femeninos). Aquella experiencia fue un fracaso por varias razones: gran parte de las mujeres que recibieron su permiso de estancia temporal procedían de ciudades, no tenían experiencia agrícola y, sobre todo, no tenían intención de volver a Marruecos. Muchas de esas mujeres ni siquiera se presentaron a las fincas de fresas y un 60% de las contratadas no regresó a Marruecos. Este porcentaje de no retorno hacía insostenible el proyecto de contar con trabajadoras marroquíes de forma estable para las siguientes campañas. Por este motivo, en 2005, ANAPEC y las autoridades españolas implicadas adoptaron un acuerdo para revisar los criterios de selección: a partir de entonces sólo se seleccionó a mujeres rurales con experiencia agrícola y con hijos dependientes. También en ese año ANAPEC recibió importante ayuda europea, a través de los fondos MEDA, para su desarrollo institucional, que contribuyó de modo claro al perfeccionamiento de las capacidades de esta agencia y a la transparencia de sus procesos de selección. El resultado de los nuevos criterios de selección y de la mayor implicación de los empresarios españoles en ella ha sido un descenso hasta el 8% de los casos de no retorno, lo que ha hecho posible el mantenimiento del programa y el aumento del número de mujeres contratadas hasta un máximo de 16.000 en 2009. Junto a la zona fresera de Huelva, hay otras dos áreas, Almería y Lleida, que practican la contratación temporal en origen en Marruecos para labores agrícolas, pero con volúmenes muy menores. En Almería sólo 500 trabajadores, hombres y mujeres, fueron contratados de esta forma en Marruecos en 2009 y 120 lo fueron en Lleida.

La gestión de la migración marroquí de temporada desde Huelva, o, más exactamente, desde Cartaya, el centro de la zona fresera, se ha convertido en un modelo que la Comisión Europea, el Banco Mundial y la Organización Internacional de las Migraciones, junto a otras organizaciones internacionales, muestran a menudo como referencia de buena práctica que ha conseguido aunar los intereses de los empresarios agrícolas con la seguridad jurídica y los intereses de los trabajadores migrantes. El programa ha recibido ayudas europeas a través de dos proyectos sucesivos AENEAS de la Comisión Europea (Programme for Financial and Technical Assistance to Third Countries in the Area of Migration and Asylum) y recibe ahora apoyo a través de otro programa europeo, el M@res, dedicado a la gestión fronteriza. Uno de los resultados de estos proyectos ha sido la creación de un órgano estable de coordinación, FUTEH (Fundación para los trabajadores extranjeros en Huelva) en el que participan todas las instituciones locales y agentes privados o asociaciones interesados. La investigación realizada en el contexto del proyecto Metoikos ha encontrado un alto nivel de satisfacción entre todas las partes implicadas en esta experiencia, tanto en España como en Marruecos, incluidas las trabajadoras. Como media, éstas pasan 12 semanas en Huelva realizando un trabajo físicamente duro por el que reciben en conjunto, también como media, unos 2.800 euros, una cifra muy importante para una familia rural marroquí. La condición para la vuelta a Huelva en campañas sucesivas es el retorno a Marruecos al terminar el trabajo. Gran parte de las mujeres que participan son cabeza de familia, madres separadas o viudas con hijos dependientes, que quedan al cargo de otras mujeres durante su estancia en España. El predominio en Marruecos de la familia extensa facilita ese cuidado de los dependientes (sean niños o ancianos) por otros familiares.

La gestión de todo el proceso involucra a varias instituciones y organizaciones en España y a la Agencia Nacional de Empleo en Marruecos (ANAPEC). En España participan desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración al de Exteriores pasando por la Subdelegación del Gobierno en Huelva, los ayuntamientos de la zona fresera, los sindicatos y, claro está, los empresarios del sector. La coordinación de todas las partes implicadas es compleja y requiere funcionar de forma flexible y rápida para adaptarse al corto período en que la fresa debe ser recogida. Desde la perspectiva de las instituciones marroquíes, la principal demanda frente a una experiencia que, en conjunto, se percibe como muy positiva, es la de su ampliación hacia otros cultivos y otras áreas geográficas, de forma que más trabajadores y durante más tiempo puedan beneficiarse de ello. El predominio de la satisfacción no implica que no haya elementos negativos que podrían subsanarse, como la mejora de los alojamientos, una mayor oferta de clases de español o, como ya está estudiando el Ministerio junto con las empresas del sector y las instituciones locales, una mejor planificación de las campañas para dar más seguridad a las trabajadoras sobre su contrato futuro o la concatenación de campañas de diferentes cultivos para que puedan alargar su tiempo de contrato.

La crisis económica española ha tenido un impacto apreciable en el número de mujeres contratadas en Marruecos. Los trabajadores autóctonos abandonaron el sector a lo largo de los años 90 para incorporarse a otras actividades (construcción y servicios) pero la crisis iniciada en 2007 ha motivado la vuelta a la agricultura de muchos autóctonos o inmigrantes ya residentes en España, un proceso perceptible en 2009, coincidiendo con el agotamiento de las prestaciones por desempleo de los que perdieron su trabajo a lo largo de 2007 y 2008. En 2010 se contrataron en Huelva sólo 6.000 mujeres marroquíes, frente a las 16.000 del año anterior. En cualquier caso, hay que resaltar que desde la incorporación de Rumanía y Bulgaria a la UE, Marruecos es el único país no-UE en el que se sigue realizando esta contratación de inmigrantes para el sector fresero. Otro efecto de la crisis es la aparición de quejas entre autóctonos o inmigrantes residentes en España por la contratación de trabajadores extranjeros en origen y la insatisfacción de los que vuelven al sector por los bajos salarios que se pagan en él, en comparación con otras tareas agrícolas de temporada de las que no desaparecieron nunca del todo los autóctonos, como la recogida de la aceituna.

Conclusión: El español es un caso extraño en el contexto europeo de la recepción de migración circular desde países vecinos a la UE: por un lado, España cuenta con una experiencia bien gestionada, presentada como modélica en ámbitos internacionales y, en términos generales, satisfactoria para todas las partes implicadas.[5] Por otra parte, carece de la variedad y cantidad de migrantes de ida y vuelta o circulares que sí aparecen en otros países del borde exterior de la UE en sus relaciones con el Este o con el Sur. A pesar de la cercanía entre España y Marruecos, el movimiento circular es minoritario entre los migrantes porque las normas españolas lo dificultan. A su vez, las normas son el resultado de la recepción durante muchos años de flujos importantes de migrantes irregulares, lo que se ha traducido en una actitud de precaución tanto en el diseño legal como en la práctica administrativa. Quizá en este momento muchos de los inmigrantes desempleados (el 50% de los marroquíes) volverían a su país si las normas les permitieran retornar legalmente a España cuando aparecieran nuevas oportunidades laborales. El plan de retorno actual, incorporado al nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, exige un período mínimo de estancia fuera demasiado largo, tres años, lo que obliga al migrante a hacer una apuesta incierta a largo plazo.

Desde la perspectiva de las relaciones hispano-marroquíes es importante que España reciba también a otro tipo de migrantes del país vecino, imitando a Francia o a Canadá en su atracción de estudiantes universitarios y graduados marroquíes. Esto mejoraría la imagen de la sociedad marroquí en España, ahora asociada a un tipo de migrante rural de baja formación o analfabeto y a la vez la de España en Marruecos, ahora muy influida por las áreas de conflicto y también por la percepción de los propios inmigrantes marroquíes que se sienten minusvalorados. Los inmigrantes cualificados tienen menos dificultades de integración, sus experiencias laborales y vitales son más satisfactorias y, por ende, transmiten en origen una imagen más positiva del país de destino. Son además más influyentes como líderes de opinión.

Cuando España supere la crisis actual convendría diseñar una política de becas específica para estudiantes marroquíes, dirigida a carreras con buena salida en el mercado de trabajo (medicina, enfermería e ingenierías) y asociada a la apertura de ese mercado para los graduados o los posgraduados formados en España. Los permisos de trabajo en este caso podrían ser de un año, con la posibilidad, condicionada al regreso a Marruecos, de estancias laborales o formativas en años posteriores. De esta forma se evitaría la “fuga de cerebros” permanente, permitiendo a los profesionales que hicieran un grado o un posgrado en España adquirir en ella experiencia laboral y contactos útiles en Marruecos, dejando la puerta abierta a posteriores estancias en el país para actualizar la formación o establecer redes profesionales, comerciales o empresariales. El riesgo de que este esquema derivase en una nueva puerta de entrada a la irregularidad parece pequeño a la luz de la experiencia: los años de presencia de estudiantes universitarios marroquíes en España, con mayor concentración en Granada, no han producido un aumento de la inmigración irregular de ese origen. En la actualidad, la comunidad marroquí es, de entre todas las extracomunitarias procedentes de países más pobres, la que tiene menores porcentajes de irregularidad.[6]

Por último, cuando la situación económica y laboral española lo permita, convendría abrir el sector turístico a la inmigración de temporada desde Marruecos, diseñando un permiso de estancia temporal adaptado a las características de este sector. El permiso temporal actual está pensado para el sector agrícola y obliga al empresario a asumir obligaciones que están relacionadas con los bajos salarios de ese sector y con la ausencia de vivienda disponible en las zonas rurales, condiciones que no se dan en muchas de las ocupaciones turísticas.

Se trata, en definitiva, de lograr varios objetivos: utilizar la migración como un instrumento de avance en las relaciones hispano-marroquíes y de cooperación al desarrollo, atraer una inmigración cualificada evitando a la vez la fuga de cerebros en Marruecos y permitir a los migrantes en paro el retorno a su país con la posibilidad de volver a España, aunque hayan pasado fuera más de seis meses al año, cuando encuentren en ella oportunidades laborales. Sin duda, esto no permite dar satisfacción a la demanda migratoria que existe desde la juventud marroquí ni cancela de ninguna forma la necesidad de sostener y reforzar los esfuerzos en contra de la inmigración y el trabajo irregular, pero puede contribuir a mejorar el impacto en Marruecos y en España de la migración que España es capaz de absorber de forma ordenada.

NOTAS:

[1] Agradezco aquí las sugerencias recibidas de los asistentes al Seminario sobre migración circular entre Marruecos y España, organizado por el Real Instituto Elcano y celebrado en Madrid el pasado 13 de mayo, y especialmente las aportaciones de los participantes en la mesa redonda, D. Marcus González Beilfuss, director general de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, D. Abdelhalim El Fatihi, director de relaciones internacionales de la Agencia estatal de empleo marroquí, ANAPEC, y D. Manuel García Robles, gerente de la Fundación para los Trabajadores Extranjeros en Huelva (FUTEH) y responsable del proyecto AENEAS-Cartaya. La mesa fue moderada por el profesor y periodista Felipe Sahagún. Iván Martín realizó comentarios muy pertinentes a la presentación de los resultados del estudio Metoikos en España. En cualquier caso, las propuestas incluidas en este texto son sólo responsabilidad de la autora. El informe (en inglés) puede consultarse en http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Documents/CaseStudies/METOIKOScasestudySpainMorocco.pdf.

[2] Sobre la viabilidad de la migración circular y su impacto en origen y destino puede verse P. Fargues (2008), “Circular Migration: Is it Relevant for the South and East of the Mediterranean?”, CARIM Analytic and Synthetic Notes, 2008/40, www.carim.org; R. Skeldon (2009), “Managing Migration for Development: Is Circular Migration the Answer?”, The Whitehead Journal of Diplomacy, vol. XI, nº 1, pp. 21-33; A. Triandafyllidou (2010), “Towards a Better Understanding of Circular Migration”, METOIKOS concept paper, http://metoikos.eui.eu; y A. Venturini (2008), “Circular Migration as an Employment Strategy for Mediterranean Countries”, CARIM Analytic and Synthetic Notes, CARIM-AS 2008/39, www.carim.org.

[3] Sobre el nivel educativo de los migrantes marroquíes en España puede verse Héctor Cebolla y Miguel Requena (2010), “Marroquíes en España, los Países Bajos y Francia: Gestión de la Diversidad e Integración”, Documento de Trabajo nº 11/2010, Real Instituto Elcano, y, de los mismos autores (2009), “Los inmigrantes marroquíes en España”, en D.-S. Reher y M. Requena (eds.), Las múltiples caras de la inmigración en España, Alianza Editorial, Madrid, p. 251-287. Sobre el nivel educativo de los migrantes marroquíes en Europa véase Haut-Commissariat du Plan (2007), Les Marocains Residant à l’Etranger, Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques

[4] Colectivo IOÉ (2010), “El impacto de la crisis económica en la situación laboral de los inmigrantes marroquíes en España”, Notas Socioeconómicas de Casa Árabe, nº 11/2010, http://www.casaarabe-ieam.es.

[5] Esto no implica que esté exenta de críticas, formuladas desde ámbitos externos de observación. Algunos, por ejemplo, consideran inmoral la selección exclusiva de mujeres con hijos dependientes. Otros mencionan la debilidad de las mujeres ante los empresarios y señalan casos de acoso sexual o de incumplimiento del convenio. Véase, por ejemplo, F. Lmadani (2010), “ Migrations féminines marocaines. Pour un regard genrée”, http://codesria.org/IMG/pdf/Fatima_Ait_Ben_Lmadani.pdf; N. Messaoudi (2008), “12.000 mères marocaines pour la fraise espagnole”, http://www.rue89.com/2008/05/23/12-000-meres-marocaines-pour-la-fraise-espagnole; L`Observateur, 4-10/II/2011, “Le goût amere de la fraise espagnole”, http://www.ccme.org.ma/fr/images/stories/YMD/LObservateur_du_Maroc.pdf.

[6] También entre los inmigrantes chinos parece no existir irregularidad, pero en este caso hay indicios de menor fiabilidad de las cifras por la  tendencia entre ellos a no empadronarse, algo que no sucede entre los marroquíes.

No es solo por la proximidad, por las ventajas de tener como vecino inmediato a un país con instituciones acordes a las aspiraciones de sus ciudadanos, por lo que España está interesada en el referéndum constitucional del próximo 1 de julio en Marruecos. Lo está además por el artículo 30 del proyecto constitucional. Porque al permitir el voto de los extranjeros en las elecciones municipales marroquíes, está abriendo la puerta a la reciprocidad que establece el artículo 13.2 de nuestra Carta Magna y está permitiendo el voto a más de medio millón de marroquíes en nuestras elecciones locales, toda una fuerza electoral. ¿Podría ser el aleteo de mariposa en el sur lo que provoca un tornado unos kilómetros al norte? Bueno, no exageremos con eso del “tornado”, aunque sí tal vez podamos hablar de unos fuertes vientos racheados.

La incorporación del electorado marroquí, sobre todo en algunas ciudades de Cataluña, podría tener algunas consecuencias de cierta trascendencia.

La primera y más evidente es que reconoce el derecho de voto al grupo de inmigrantes extranjeros que más tiempo lleva en España, junto con argentinos, uruguayos o chilenos. Y el más numeroso de los ciudadanos no comunitarios, con 808.633 personas. El derecho a votar de este inmenso colectivo es la justa consecuencia de su larga historia de inmigrantes en España. A ellos España debe toneladas de frutas recogidas, miles de kilómetros de carreteras asfaltadas, cientos de miles de metros cuadrados de jardín regados, millones de euros generados y aportados a las arcas públicas.

La segunda consecuencia, y menos evidente, es que de haberse aprobado esta constitución meses antes, hubiera podido cambiar el signo de no pocos municipios en las pasadas elecciones del 22 de mayo. En L’Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, donde viven 5.621 marroquíes, el PSC podría haber captado unos 2.000 votantes, lo que hubiera podido procurarle la mayoría absoluta, asumiendo que votaran la mitad.

La tercera consecuencia, y esperanzadora, es que la balanza se equilibra algo. Hasta ahora, el discurso antimarroquí, la explotación del recelo hacia los colectivos arabo-musulmanes y especialmente los magrebíes, resultaba gratis para sus voceros (del PP o de PXC o de CiU): no había contrapeso porque el marroquí era solo objeto del debate. Pero ser elector lo convierte en sujeto del debate sobre la “cuestión extranjera”, que tantos dolores de cabeza parece causar en nuestro país. Es cierto que el eventual voto de los marroquíes en Badalona, por ejemplo, hubiera podido duplicar los votos de Plataforma por Catalunya. Pero a partir de ahora esta nueva componente del electorado obligará a las corporaciones a tener en cuenta sus demandas, tantas veces ignoradas porque carecían de peso electoral. Y les obligará a mantener un sofisticado -y sensato- equilibrio entre lo que dicen al local y lo que dicen al extranjero.

El cambio de la Constitución en Marruecos es sin duda una buena noticia para los marroquíes en España. Y, en buena medida, un dato clave para el futuro electoral en España, en la medida en que ese medio millón al menos de votos será capitalizado por acción o por reacción por los diferentes partidos, que a partir de ahora tendrán que hacer promesas también para ellos.

¿Se trata también, la proclamación de la nueva Constitución, de una buena noticia para los marroquíes en Marruecos? Deberemos esperar a los resultados del referéndum del próximo viernes 1 de julio para pronunciarnos sobre ello. Es un poco retórico decir esto, pues ya hemos visto que los defensores del sistema han reaccionado con euforia dispuestos a hacer frente a los opositores, como ocurrió en Rabat el domingo 19 de junio, lo que recuerda los tiempos de Basri y Hassan II en que los referéndos se convertían en plebiscitos en los que se imponía lograr la casi unanimidad. Son otros tiempos, sin duda, y Mohamed VI sabe que un resultado parecido restaría credibilidad a todo un proceso que ha gozado del respaldo de las principales cancillerías. Sarkozy, Clinton y las autoridades de Reino Unido, España y Bélgica se han apresurado a saludar las reformas introducidas en el texto, adelantándose a que el pueblo marroquí se pronuncie. Quizás hubiese sido más correcto esperar al voto para no parecer que con su “sí” a las reformas han decidido de antemano lo que le conviene al pueblo marroquí.

Marruecos se define en esta sexta Constitución como Estado musulmán soberano cuya unidad está forjada por la convergencia de sus componentes arabo-islámicos, amazig (convertida ahora en lengua cooficial) y saharo-hassaní, enriquecido por sus afluentes africano, andalusí, hebraico y mediterráneo. Guiño, sin duda, hacia los bereberes que consiguen cooficializar su lengua y hacia los saharauis que se ven reconocidos como parte del patrimonio cultural plural del país.

El texto ha crecido de 108 artículos a 180, y en ello hay retórica (constitucionalización de unas 15 comisiones consultivas, preexistentes o de nueva creación), pero también declaraciones de principios que insisten en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, en la tolerancia, moderación y apertura al exterior del país, incluyendo recomendaciones de la Instancia Equidad y Reconciliación, nunca tenidas en cuenta, como la primacía sobre el derecho interno del país de la legislación internacional suscrita por Marruecos o la condena de la tortura. Filosofía loable, pero que tendrá que hacerse realidad.

La reivindicación de los jóvenes del 20 de Febrero de una monarquía parlamentaria, en la que el rey reine pero no gobierne, se ha quedado a mitad de camino. El núcleo duro de la Constitución permanece casi intacto. Porque el rey, aunque pierde el carácter “sagrado”, sigue siendo eje central de todo el texto. Emir de los creyentes, máxima autoridad religiosa que preside el Consejo Superior de los Ulemas, es presidente además del Consejo de Ministros, del Consejo Superior de Seguridad y del Consejo Superior del Poder Judicial, y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas Reales. Cierto que la figura del jefe de Gobierno queda algo reforzada, al poder delegar en él la presidencia del Consejo de Ministros -aunque con instrucciones-, disponiendo de mayor autonomía al ampliarse las atribuciones del Consejo de Gobierno, institución que preside y puede enviar leyes al Parlamento y nombrar altos funcionarios. La práctica permitirá vislumbrar si este desglose del Ejecutivo consolidará a un jefe de Gobierno con control casi efectivo de la vida política o servirá solo para facilitar las prolongadas ausencias del soberano.

La regionalización sirvió de pretexto a Mohamed VI para no aparentar que sus promesas del 9 de marzo obedecían a presiones del Movimiento del 20 de Febrero. Aprovechó los cambios a introducir en la Constitución para hacer una revisión completa. En el nuevo texto hay todo un extenso Título IX dedicado a las regiones, en el que, si bien establece que dispondrán de Consejos elegidos democráticamente, atribuye amplios poderes a las figuras de los walis regionales, que reducirán sensiblemente el poder de los presidentes de región, impidiendo la aspiración a una autonomía efectiva de ciertas regiones. Una puerta demasiado cerrada para permitir una salida al problema del Sáhara. La prohibición expresa de los partidos regionales -así como otros de corte étnico o religioso- lo dificulta aún más.

Marruecos está hipotecado por la falta de salida en la cuestión sahariana. La Constitución brindaba la oportunidad de imprimir algunos gestos que entreabrieran alguna puerta. Cierto que la componente saharo-hassaní es reconocida en el preámbulo constitucional como básica del Estado marroquí, y que el artículo 5 considera la lengua hassanía como “parte integrante de la identidad cultural marroquí”. Pero más que estas expresiones de reconocimiento -que algunos pueden leer como provocaciones-, la verdadera puerta abierta para ofrecer una salida a ese problema hubiera sido consagrar en el texto las garantías de un verdadero Estado de derecho, con una efectiva separación de poderes, abandonando para siempre la tutela que la figura real ejerce sobre todas las instituciones del país. Parece que habrá que esperar al siguiente round.

Tema: La ola de cambios en el mundo árabe provocada por los recientes acontecimientos populares ha llegado también a Marruecos, donde está en marcha un proceso de transición política que se aventura largo y difícil y en el que la Justicia ocupa un lugar relevante. Es el momento para que la UE despliegue sus medios y capacidad de liderazgo para respaldar y acompañar a los vecinos del sur en su travesía hacia la democracia.

Resumen: En Marruecos se ha iniciado un interesante proceso de cambio político tras el reciente anuncio de la reforma de la Constitución realizado por el Rey Mohamed VI en una alocución dirigida al país. Se ha proclamado oficialmente el comienzo de una transición sin ruptura, pilotada desde el régimen político por el propio monarca, que parece haber tomado en serio las demandas populares de libertad, democracia y justicia social.

Todo sistema democrático precisa un Poder Judicial independiente que ejerza su función de controlar a los demás poderes del Estado y garantice la aplicación igualitaria de la ley y el respeto efectivo de los derechos y libertades cívicas. España ha adquirido una amplia experiencia de cooperación en el sector de la Justicia en Marruecos, a través del proyecto ADL (Fortalecimiento y Modernización de la Justicia en Marruecos), que puede resultar muy útil en estos momentos. Sin embargo, el reto de ayudar a crear un espacio de progreso y libertad no solo incluye a Marruecos, sino también a los vecinos europeos del Mediterráneo meridional que se encuentran inmersos en procesos transicionales. Es una labor de dimensión y alcance global, que necesita ser asumida por la UE como institución. Europa se encuentra en las mejores condiciones para ello, porque tiene la experiencia, los medios y la influencia que se necesitan. Se ha dado un paso muy importante con la propuesta de asociación para la democracia con los países del Mediterráneo, pero hay que seguir avanzando en esa línea. No podemos defraudar a nuestros vecinos cuando solicitan la ayuda europea para alcanzar los valores que comparte nuestra sociedad occidental. Es una oportunidad histórica que no debería perderse.

Análisis

Introducción

Las reivindicaciones ciudadanas que se están produciendo en el mundo árabe en general y en el Magreb en particular han afectado también a Marruecos. Una parte importante de la población marroquí, especialmente la más joven, ha salido a la calle para manifestar su disgusto con la situación actual y reclamar mayor libertad, democracia y justicia social. En estos nuevos tiempos de cambio, el movimiento popular llamado del “20 de febrero” reclama sus derechos cívicos. Europa es el ansiado modelo y se pide lo que los europeos tenemos: una sociedad libre, democrática e igualitaria. Los ciudadanos anhelan recuperar la esperanza en su país y quieren ser tratados como ciudadanos, no como súbditos. Han logrado desencadenar un proceso de dinámica irreversible, en el que no sería tolerable el desencanto de las personas que ya han adquirido la conciencia de sus derechos y exigen que se respete su dignidad, valor ligado a la Justicia y que no tiene que ver con lo material, sino con el respeto.

Marruecos es un país peculiar, con bastantes características diferentes a las de sus vecinos del Magreb, entre las que destaca la importancia de la monarquía. El Rey concentra casi todos los poderes según una constitución aprobada en 1996, en la etapa final del reinado de Hasan II, fallecido en 1999, que fue heredada por su sucesor. La accesión al trono del actual Rey, Mohamed VI, fue muy celebrada por la ciudadanía, ante los cambios que el monarca anunció para conseguir una sociedad más justa. Sin embargo, las reformas fueron bastante más tímidas de lo esperado y se fueron diluyendo con el paso del tiempo. Se consolidó un cierto inmovilismo político, sin un programa u hoja de ruta conocidas, lo que transmutó la ilusión inicial en un sentimiento de frustración, desesperanza y resignación, compartido por amplias capas de la población.

No obstante, el sistema político de Marruecos ha producido efectos positivos para la seguridad pública y también ha generado un clima de estabilidad, que ha favorecido un notable, aunque desigual, crecimiento económico, un progreso social un tanto desequilibrado y, sobre todo, la apertura al mundo occidental, especialmente a la UE y EEUU. No sería justo dejar de reconocer los avances de Marruecos en determinados ámbitos, en comparación con los restantes países del Magreb. Destacan las reformas del Código de Familia (Moudawana), la creación del IER (instancia para la equidad y la reconciliación, para la justicia transicional en los llamados “años de plomo” del período de Hassan II), la constitución del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el recién iniciado proceso de regionalización, una cierta apertura política con elecciones libres, una libertad de expresión estimable en el contexto magrebí, la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (INDH) y, ahora, la anunciada reforma de la Constitución.

El discurso del Rey

La monarquía en Marruecos es un elemento fundamental para la cohesión de una nación que tiene un gran apego a sus tradiciones, pero que a su vez es enormemente plural. Los marroquíes están muy ligados a la institución monárquica, como puso de manifiesto la encuesta realizada por un medio de comunicación independiente, que incomprensiblemente fue censurada. Hay un fuerte sentimiento de respeto y afecto hacia la persona del actual monarca, compartido por la inmensa mayoría de la sociedad marroquí, con independencia de su ideología o condición social, cuya legitimidad no es cuestionada.

El discurso dirigido por el Rey a la nación el 9 de marzo de 2011, en el que se anunció una profunda modificación de la Constitución, no ha sido ajeno al contexto actual y, en mi opinión, es doblemente positivo. Por un lado, se adapta a la realidad social que vive el país y, por otro, ha sorprendido favorablemente, al adelantar una respuesta inteligente a las demandas populares de reforma del texto constitucional para el establecimiento de una sociedad democrática avanzada. Si se lleva a cabo tal y como se indica, la reforma será global y estructural, pues está orientada a consolidar un Estado de Derecho que garantice la primacía de la ley como expresión de la voluntad popular, en el que las regiones gozarán de un régimen de autonomía que afectará a la organización política y territorial del país. Debería abocar también al establecimiento de una monarquía acorde con los tiempos modernos, que reine pero que no gobierne, como en las democracias occidentales.

La revisión de la Constitución ha sido encomendada por el Rey a una Comisión Consultiva, con la instrucción de “conducir a Marruecos a una nueva era constitucional y democrática, en cuyo seno se consolide el Estado de derecho”. El texto propuesto habrá de ser aprobado en un referéndum previsto para el mes de julio de 2011 y tendrá una importancia trascendental para encauzar un largo y complejo proceso de reforma política y de transición democrática, ya que el conjunto del ordenamiento jurídico habrá de adaptarse a esa nueva Carta Magna, haciéndose necesario posteriormente un amplio desarrollo legislativo de los principios constitucionales. La monarquía parece dispuesta a renunciar a su carácter ejecutivo para convertirse en una verdadera monarquía constitucional.

Subsiste, sin embargo, un justificado recelo sobre el verdadero alcance de los cambios prometidos, pues otras medidas que también fueron proclamadas anteriormente con gran solemnidad, como la reforma de la Justicia en agosto de 2009, fueron más retóricas que efectivas. Hay también un cierto escepticismo, basado en que el procedimiento seguido para modificar la Constitución es considerado por algunos excesivamente tutelado, y se han alzado críticas demandando que se abra un proceso constituyente más abierto y participativo. La composición de la Comisión designada por el monarca cuenta con una presencia mayoritaria de personalidades próximas al Makhzen (aparato del Estado del entorno real) y adolece de una escasa representatividad de la sociedad civil. No es fácil sacar adelante desde el propio régimen una reforma sustancial del sistema político que ha estado promovida por exigencias ciudadanas, sin un amplio consenso y sin la participación de sus protagonistas. No conviene olvidar que las protestas iniciales se han apaciguado en buena medida porque el Rey es muy respetado y ha dado a entender con su mensaje que ha tomado en serio las reivindicaciones populares, pero las movilizaciones continúan y denotan el descontento y la insatisfacción de una parte de la ciudadanía, que no aceptaría fácilmente la decepción de ver inatendidas lo que consideran sus legítimas aspiraciones de transición política hacia una sociedad más justa y libre. La denominada “reforma constitucional global” que acaba de iniciarse, si no se lleva a cabo con seriedad y con una voluntad política creíble que consiga ganarse el respeto de la ciudadanía, podría traer consecuencias indeseadas para la estabilidad del país.

La Justicia en Marruecos y su inacabado proceso de reforma

En Marruecos, como también en otros países de la región, el sistema de selección y formación de jueces y fiscales, así como las leyes que deben aplicar, se aproximan a los estándares internacionales. La Constitución actual garantiza la inamovilidad de los magistrados y la independencia de la Autoridad judicial respecto al poder legislativo y ejecutivo, pero en la realidad no existen los medios apropiados para su aseguramiento. La independencia queda muy debilitada en la práctica al no existir una verdadera separación entre el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Magistratura, presidido habitualmente por el ministro por delegación del Rey, que es el órgano competente para los nombramientos, ascensos y ejercer la facultad disciplinaria respecto a jueces y fiscales.

La reforma de la Justicia está identificada oficialmente como la prioridad de las prioridades y es la gran asignatura pendiente. Desde los años 90 se han sucedido diversas proclamaciones públicas del más alto nivel sobre la necesidad de emprenderla con carácter urgente, las cuales han quedado en la práctica en meras declaraciones retóricas de intenciones, traducidas en pequeñas reformas con escaso impacto y sin visión global, que han erosionado la credibilidad gubernamental.

En mi opinión, son dos los grandes males que aquejan a la Justicia marroquí: la corrupción y la falta de independencia, que socavan la imparcialidad en que debe asentarse todo sistema judicial confiable. Estos problemas estructurales, a los que se unen otros más leves de carácter funcional, son conocidos y reconocidos por los poderes públicos marroquíes y los observadores internacionales. No hay que olvidar que Marruecos está clasificado en el número 85 (comparte puesto con Malawi) de los países más corruptos del mundo, según el informe publicado por Transparency Internacional en 2010. El sistema judicial y el funcionariado se encuentran a la cabeza de la lista de instituciones más afectadas por la corrupción, por delante de la policía, según Transparency Morocco.

El paso más relevante para impulsar una verdadera reforma se dio el 20 de agosto de 2009 cuando el Rey pronunció un discurso, con motivo del 56ª aniversario de la revolución, dedicado íntegramente al lanzamiento de una iniciativa en la que daba un mandato al gobierno para que elaborase un proyecto de reforma en profundidad de la Administración de Justicia. En la alocución real se mencionan expresamente las claves imprescindibles: “reforzar las garantías de la independencia judicial y moralizar la Justicia, resguardándola de la corrupción y el abuso de poder”. La propuesta fue acogida con un cierto escepticismo sobre su virtualidad práctica, ya que la transformación que necesita la Justicia requiere necesariamente un cambio del modelo constitucional, en el que se establezca una nítida separación de los poderes del Estado y se instituya un verdadero poder Judicial fuerte e independiente. Este nuevo proceso de reforma continúa formalmente en marcha, pero adolece de resultados concretos de relevancia por el momento. Los sucesivos planes no han salido adelante, en mi criterio, por una serie de factores, tales como la falta de verdadera voluntad política, la ausencia de consenso e implicación de los colectivos profesionales afectados y de la sociedad civil y, especialmente, porque es necesaria una reforma previa de la Constitución.

El mayor problema a afrontar es sin duda la falta de credibilidad de los justiciables en la Justicia. Uno de los de los eslóganes más repetidos en las manifestaciones populares ha sido “más Justicia y menos corrupción”. El último refugio de la dignidad ciudadana reside en un sistema de justicia transparente, independiente e íntegro, que ampare sus derechos y haga cumplir las leyes. La falta de seguridad jurídica, de transparencia y el sentimiento de que la ley no es igual para todos, cercena la confianza de los ciudadanos y de los inversores extranjeros en el sistema judicial y, por extensión, en el Estado de Derecho. La moralización de la Justicia es además un elemento imprescindible para la buena gobernanza, la estabilidad social y el crecimiento económico. Un informe del Banco Mundial ya en 1995 ponía de manifiesto que el mal funcionamiento de la Justicia es un freno importante para el desarrollo del país y el fomento de la inversión extranjera.

Los verdaderos cambios de la Justicia, considerados por el propio Ministerio marroquí como una necesidad vital, han avanzado hasta ahora con una lentitud que no se corresponde con la voluntad política oficialmente proclamada. Esta situación tampoco ha favorecido un sentimiento positivo de los actores internacionales acerca de la efectiva puesta en marcha de las reformas y ha retraído en buena medida a los donantes internacionales que, estando interesados en cooperar en este importante sector, permanecen sin embargo expectantes hasta conocer las líneas maestras de la reforma y las concretas acciones para su desarrollo.

La revisión global de la Constitución prometida en el discurso real tiene que ser el factor determinante para acelerar y consolidar esa necesaria dinámica de cambio. La anunciada reforma del texto constitucional se funda en siete pilares, siendo la Justicia un elemento transversal que incide en la mayor parte de ellos. Destaca especialmente la mención que se hace por primera vez a la Justicia como un poder independiente del Estado. La nueva Constitución deberá garantizar el principio de separación de poderes, la consolidación del Estado de Derecho, el afianzamiento de los Derechos Humanos, la protección de las libertades, el reforzamiento de los mecanismos de moralización de la vida pública y la constitucionalización de los instrumentos de la buena gobernanza. En todos estos ámbitos resulta esencial el papel de una Justicia independiente y dotada de los medios necesarios para contribuir a la construcción de un sólido y sostenible Estado de Derecho.

Son muchas las instituciones y Estados que han prestado ayuda a Marruecos en el sector de la Justicia, especialmente aquellos países que tienen estrechos vínculos de cooperación, como España, Francia y EEUU. También otros importantes actores de la cooperación internacional, como el Banco Mundial y entidades y programas de Naciones Unidas como UNIFEM y el PNUD, han apoyado al Ministerio de Justicia marroquí. Ahora bien, el actor fundamental por su cualificación, experiencia, medios y mayor capacidad de influencia es sin duda la UE, que ha financiado con fondos MEDA un proyecto de modernización de las jurisdicciones dotado con un presupuesto de unos 300 millones de Dirhams (27.000.000 de euros) para mejorar el funcionamiento del sistema judicial mediante la informatización de 19 Cortes de Apelación y 21 Tribunales de Primera Instancia, la construcción y equipamiento de cinco archivos regionales y la puesta en marcha de un centro de información y documentación judicial que concluyó a mediados de 2009. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de los proyectos de cooperación en Justicia han consistido en ayudas más bien superficiales, vinculadas a los medios materiales que todo proceso de modernización necesita, pero sin incidir en aspectos estructurales de relevancia, a pesar de que el desarrollo del Estatuto avanzado requiere una profunda reforma de la Justicia y la garantía de los Derechos Humanos.

La cooperación entre España y Marruecos en el ámbito de la Justicia

España tiene una amplia experiencia de cooperación en el sector de la gobernanza democrática, en el que se incardina la Justicia, siendo uno de los países más activos de la UE en este ámbito. La experiencia adquirida en el tránsito pacífico desde la dictadura a un régimen de libertades, que culminó con la aprobación de la Constitución española en 1978, la descentralización del Estado y la confluencia con Europa, ha sido aprovechada por expertos españoles para prestar una importante asistencia técnica a países Iberoamericanos y de la Europa Central y Oriental (PECOS) en sus procesos de reforma democrática.

Buena parte de esta experiencia se volcó en el proyecto “ADL” de Fortalecimiento y Modernización de la Justicia en Marruecos (http://www.proyectoadl.com/), ejecutado entre 2005 y 2009, que ha sido el programa bilateral más importante de España en el sector de la Justicia, por importancia de las acciones, volumen de actividades, presupuesto, resultados y beneficiarios. La dotación económica fue de 3.500.000 de euros y se programaron más de 40 actividades en las que participaron 1.500 jueces y fiscales marroquíes y 100 de otros países árabes. El objetivo general del proyecto consistió en contribuir al desarrollo en Marruecos de un sistema de justicia más confiable e independiente, que sea eficiente y accesible, con dos objetivos específicos: (1) mejorar los mecanismos de cooperación internacional; y (2) dotar al sistema judicial de medios más eficaces para prestar asistencia jurídica a las personas que se encuentran en situaciones desfavorecidas: pobres, mujeres, menores y presos.

El primer objetivo se alcanzó esencialmente con la creación y puesta en marcha de la Red Marroquí de Cooperación Judicial Internacional (http://www.justice.gov.ma/rmcji/Default.aspx). Esta Red fue concebida como un instrumento tecnológico destinado a facilitar la cooperación judicial entre Marruecos y otros países, singularmente con los Estados de la UE y del Magreb, así como a favorecer el contacto directo entre autoridades judiciales. Con ello se pretendía implantar una estructura ligera y flexible, articulada como una red desplegada en todo el territorio nacional, integrada por un número de 50 jueces y fiscales, que actuasen como puntos de contacto de la Red, ubicados en el Ministerio de Justicia, en la Corte Suprema y en cada una de las Cortes de Apelación. En este marco, el proyecto aspiraba a que la RMCJI tuviera una vocación de equipararse en sus capacidades con la Red Judicial Europea, de asegurar la más estrecha conexión con sus miembros y, al mismo tiempo, de generar los insumos necesarios para la futura constitución de una Red del Magreb.

El segundo objetivo del programa, de contenido más amplio, se diversificó en cinco resultados: (1) se dotó al sistema judicial de información y modelos de derecho comparado para mejorar el acceso a la Justicia de las personas sin recursos económicos y para extender la defensa penal; (2) se compartió la experiencia legal y judicial sobre estatuto personal, para buscar una mejor solución de los conflictos familiares transfronterizos; (3) se mejoró la asistencia jurídica a las mujeres maltratadas, mediante el apoyo y puesta en marcha de una Red Nacional de Asistencia a Mujeres Víctimas de Delito, coordinando la asistencia integral de las perjudicadas a través de células especializadas constituidas en las Fiscalías de las diferentes Cortes de Apelación; (4) se llevó a cabo una campaña de concienciación y difusión de las posibilidades de asistencia por el sistema judicial a los menores en situación de desprotección; y (5) se intercambiaron experiencias entre jueces y fiscales especialistas en ejecución de penas.

Este proyecto ha posibilitado el trabajo con los responsables marroquíes de la Justicia, no solo a nivel político con el Ministerio, sino también operativo con jueces, fiscales, abogados y demás operadores jurídicos. Ha facilitado el contacto y la colaboración con la sociedad civil (asociaciones de mujeres, de derechos humanos, ONG) y ha permitido el intercambio de experiencias en un sector sensible y de difícil introducción. El Ministerio de Justicia español está en las mejores condiciones para seguir colaborando en este ámbito y ejerciendo su capacidad de ayuda e influencia en los momentos tan trascendentes que se avecinan.

Por último, el proyecto ADL ha tenido un enfoque regional, lo que ha propiciado que parte de sus acciones hayan sido conocidas y compartidas por otros países de la región. De hecho, han participado en algunas de sus actividades magistrados de Mauritania, Argelia, Libia y Kuwait, con los que se ha constituido una red hispano-árabe de centros de formación jurídica, coordinada por los directores de las escuelas judiciales. Ha sido una iniciativa muy útil que puede ser aprovechada y servir como referente para otros programas de cooperación en el sector de la gobernanza que puedan iniciarse ahora en otros países del Magreb.

Las relaciones Marruecos-UE: El papel de la Justicia en las reformas democráticas

Marruecos es un eje importante en la política europea de vecindad con los países del Mediterráneo. Ha habido una estrecha colaboración en las áreas políticas, económicas y de seguridad, destacando en este ámbito el control de la emigración y la cooperación antiterrorista. Por otra parte, el Estado marroquí ha sido el principal receptor de fondos MEDA y del Instrumento Europeo de Vecindad y Partenariado. La política exterior marroquí se ha caracterizado por su vocación europea. Tradicionalmente ha mantenido unas relaciones privilegiadas con la UE, desde el Acuerdo de Asociación firmado en 1996 hasta el establecimiento del Estatuto Avanzado en 2008, acordado por primera vez con un país árabe.

El Estatuto Avanzado permite la adopción de medidas tendentes a un acuerdo de libre comercio y a una progresiva integración de Marruecos en diversas políticas sectoriales de la UE. Su aspecto político más relevante, en mi opinión, es que surgió del compromiso del gobierno marroquí de solicitar el acompañamiento europeo para adoptar y desarrollar acciones que respalden el ya entonces iniciado proceso de reforma y transición democrática. Para conseguir ese objetivo integrador es necesario traducir esa voluntad de cambio en actuaciones concretas, que deberían derivarse de la reforma constitucional puesta en marcha. No es posible la integración verdadera sin democracia y sin una Justicia fuerte que garantice el respeto de los derechos políticos y libertades civiles.

Los acontecimientos que han precipitado las reformas políticas en Marruecos y en los países del Mediterráneo meridional, han venido a confirmar que la Unión para el Mediterráneo, que surgió por iniciativa francesa en la Cumbre de París en julio de 2008 y sucedió al proceso de Barcelona iniciado en 1995, tiene escasa viabilidad. Las dificultades iniciales que ha tenido que afrontar este macroprograma, debidas principalmente a la heterogeneidad de Estados que aglutina y a las distorsiones generadas en el seno de los países árabes por la presencia de Israel, le han impedido arrancar. Se encuentra en vía muerta desde su origen y con un incierto futuro. Baste recordar que esta institución estaba copresidida por el depuesto presidente egipcio Hosni Mubarak. El reciente nombramiento como secretario general del prestigioso diplomático marroquí Yousef Amrani abre una cierta esperanza para dinamizar esta organización.

El discurrir de la historia ha corroborado que los países del sur del Mediterráneo son muy desiguales, por lo que no resultan eficaces en estos momentos programas de cooperación política y económica generales, sino bilaterales y adaptados a las necesidades concretas de cada uno, sin descuidar la visión regional. El criterio no debería ser exclusivamente geográfico, como hasta ahora, sino mucho más selectivo y exigente, vinculando las ayudas a resultados concretos que mejoren la gobernanza. La prosperidad de la región solo puede construirse sobre una sólida base democrática que aproxime de verdad a las sociedades y a las personas de ambas orillas. Estas ayudas han de ser ofrecidas con generosidad, pero también con seriedad y control. No pueden ser impuestas, sino consecuencia de una petición de acompañamiento, fruto del diálogo sincero, en el que se respeten los contenidos y las velocidades de las reformas, sin ningún tipo de injerencia. En definitiva, una política europea más flexible de cooperación, adaptada a las necesidades de cada país, con diferente intensidad en función de la rapidez y el calado de los cambios democráticos emprendidos.

La Comisión Europea ha sido consciente de ello y ha reaccionado con prontitud, lanzando en marzo de 2011 una ambiciosa propuesta de Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con los países del Mediterráneo Meridional. Esta nueva Asociación incorpora una serie de acciones para apoyar el proceso transicional en la región, con una estrategia asimétrica orientada a una cooperación selectiva con los vecinos del sur, según el estado de avance y la intensidad de sus reformas políticas y económicas. Son medidas que responden al principio “más por más”. Justamente, el primer pilar en que se apoya este programa, consiste en prestar una ayuda a los países que lo demanden, orientada a la transformación democrática y la capacitación institucional, centrada especialmente en los derechos humanos, las reformas constitucionales y judiciales y la lucha contra la corrupción, lo que entronca directamente con la Justicia.

Es, por tanto, el momento propicio para reorientar selectivamente la política europea de cooperación con aquellos vecinos del Sur que tengan voluntad real de iniciar el camino hacia la democracia. La UE ha actuado con reflejos y sentido de la responsabilidad al ofrecerse para apoyar los cambios y acompañar en ese proceso de transición a quienes lo soliciten. Comienza ahora el difícil trabajo de desarrollar este programa europeo para la estabilidad en el Mediterráneo, el cual requiere un marco operativo muy flexible que permita utilizar instrumentos específicos, adaptados a las demandas y necesidades concretas de cada uno de los países de la ribera sur del Mediterráneo y basado en el respeto del modelo que cada uno haya elegido. La envergadura económica de este reto podría justificar que se retomara la idea de crear un Banco Mediterráneo para el Desarrollo que facilitara la necesaria financiación.

La transición democrática debe guiarse hacia la consolidación de un Poder Judicial fuerte que ejerza sus funciones con independencia, transparencia y eficacia. No es posible una democracia sin Justicia, ya que esta última forma parte indisociable del sistema democrático y es un pilar imprescindible para su constitución, consolidación y mantenimiento. También es un indicador importante para medir la dignidad de un país, pues una verdadera Justicia debe velar por el respecto de los derechos del individuo y garantizar la igualdad de todos ante la ley, poniendo freno a los abusos, la corrupción, la discriminación y los privilegios de los poderosos. La base de las reclamaciones ciudadanas en Marruecos y en los países de la región es la Justicia, pues se exige el respeto a la dignidad, los derechos humanos y las libertades; en definitiva, una sociedad más justa e igualitaria.

La Justicia es pieza clave de la arquitectura democrática, entre otras razones, porque:

• Garantiza la aplicación igualitaria de la ley y el ejercicio de los derechos y libertades cívicas.
• Ejerce una labor imprescindible de control de los poderes legislativo y ejecutivo, al verificar que su actuación se ajusta a lo previsto en la ley.
• Su actuación es necesaria para asegurar la moralización de la actividad pública y luchar eficazmente contra la corrupción, el abuso de poder, los privilegios y las desigualdades, velando por el riguroso cumplimiento de las leyes.
• Es un pilar esencial para la buena gobernanza y para la salvaguarda y amparo efectivo de los derechos humanos.
• Vela por la protección del sistema democrático, contribuyendo a la confianza del ciudadano en el mismo y reforzando a su vez la seguridad jurídica necesaria para el fomento de la inversión y el progreso económico.
• La existencia de un sistema judicial independiente, eficiente y accesible es requisito primordial para el desarrollo económico y social de un país.

La consolidación de un poder judicial fuerte e independiente es un objetivo complejo, que requiere una voluntad política firme y muchos medios técnicos y materiales. Se trata de una misión de envergadura, prolongada en el tiempo y necesitada de una adecuada planificación estratégica, pero que constituye también un desafío ilusionante y plenamente viable, como lo demuestra la reciente historia europea.

Creo que una actuación de esta dificultad y dimensión global solo puede ser abordada con eficacia por la UE, que suma a su fuerza de actor global, la de los países que la integran. Se necesita una estrategia clara y flexible para esta nueva etapa que se inicia en las relaciones entre Europa en su conjunto y el vecindario del Sur, que únicamente puede ser diseñada y desarrollada con coherencia y suficiencia de recursos por la propia UE. No debe obviarse también que las reformas en marcha van a requerir una importante asistencia técnica europea, pues la dirección que habrá de seguir el desarrollo legislativo del nuevo sistema democrático de los países del sur, estará orientada a la confluencia con el acervo normativo comunitario.

La UE debería liderar este proceso, sin perjuicio de la coordinación y complementación necesarias con otras cooperaciones bilaterales o con organismos e instituciones internacionales. No en vano, Europa es el espejo en que se miran los jóvenes protagonistas de la llamada “primavera árabe” y hacia donde se dirigen las reformas de modernidad que reclaman para aproximarse al mundo occidental. Europa ha de asumir su obligación ética de ayudar a los países del arco Mediterráneo en esta etapa crucial de la historia. El bienestar y el progreso de la región es vital para la estabilidad, la convivencia y los intereses recíprocos y solo puede alcanzarse con Justicia y democracia.

La colaboración específica con Marruecos por parte de Francia y España en el seno de la UE puede resultar también muy útil, ya que mantienen unas intensas relaciones de cooperación, así como una gran presencia, experiencia, interlocución y capacidad de influencia en el sector de la Justicia. Son los países europeos, junto con Bélgica, que han intercambiado magistrados de enlace para mejorar la cooperación judicial bilateral. Podían convertirse en la “locomotora” que, bajo el paraguas de la UE, guiara adecuadamente la ayuda europea en el proceso de transición marroquí y éste a su vez podría ser tomado como modelo por otros Estados de la región.

Algunas propuestas

Algunas ideas sobre las grandes líneas de cooperación entre la UE y Marruecos en el sector de la Justicia, podrían ser las siguientes.

El punto de partida ha de ser la inequívoca voluntad política de realizar reformas estructurales para el asentamiento de un sistema democrático, plasmada en una profunda modificación de la Constitución, en la que se consagre la división real de poderes y se garantice la independencia efectiva del Poder Judicial.

En segundo lugar, tendría que producirse un ofrecimiento sincero de ayuda por parte de la UE para acompañar a Marruecos en el proceso de cambio que haya decidido libremente emprender y su consiguiente aceptación, lo que daría paso a una negociación sobre los términos de la colaboración y a la ulterior elaboración conjunta de un plan de acción minucioso, con un calendario de actuaciones. Sobre esa hoja de ruta se podría formular un programa específico de cooperación, con el detalle de las acciones concretas a llevar a cabo y su correspondiente dotación presupuestaria. Esa actuación debería llevarse a cabo buscando la coherencia, coordinación y complementariedad con otros donantes de la cooperación. El contexto de la colaboración es la transición democrática. El marco jurídico estaría constituido por el Estatuto Avanzado y el instrumento por la nueva propuesta de Asociación con los países del Mediterráneo meridional, sin perjuicio del papel complementario que pudiera asumir la Unión para el Mediterráneo.

Las ayudas habrían de centrarse en aspectos más estructurales que materiales, comenzando por una amplia asistencia técnica para el desarrollo legislativo emanado de la nueva Constitución, en lo relativo a la Justicia, que debería abocar a la configuración de un órgano de Gobierno del Poder Judicial y a un estatuto del Ministerio Público, que regulen sus competencias y garanticen su imparcialidad, inamovilidad e independencia, vetando cualquier injerencia del poder político y asegurando también la autarquía económica.

La moralización de la Justicia es también una de las tareas más urgentes. Deberían aprobarse normas para asegurar la transparencia y sancionar eficazmente la corrupción de los funcionarios de la Administración de Justicia. Habría que profundizar en el control efectivo del desempeño de la función jurisdiccional, mediante un sistema eficaz de recursos procesales y una regulación precisa de la responsabilidad disciplinaria, que deberá estar encomendada al órgano de gobierno de los jueces, los cuales deberían percibir unas retribuciones suficientes para tener independencia económica y evitar las corruptelas.

Serían también necesarias actuaciones para facilitar el acceso igualitario a la Justicia de los ciudadanos y en especial de las personas sin recursos económicos, debiendo procurarse obligatoriamente la designación de un abogado defensor de oficio en el proceso penal y mejorar el sistema de asistencia jurídica gratuita.

Habría que asegurar la igualdad de derechos políticos, la protección de los derechos humanos y las libertades públicas para todas las personas sin distinción de raza, género, origen étnico, religión o lengua. En este sentido, la mujer sigue padeciendo una situación de discriminación en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, haciéndose necesarias medidas que garanticen la efectiva equidad de género y los derechos de la mujer.

Un aspecto importante es igualmente la formación específica para educar a los jueces y fiscales en los valores democráticos, debiéndose eliminar la dependencia del Instituto Superior de la Magistratura del Ministerio de Justicia. La formación de magistrados debería prestar especial atención a la preferente aplicación de los derechos humanos, al deber de moralidad, la importancia de su función, la imparcialidad y la garantía de su independencia.

A estas propuestas podrían sumarse otras de carácter y material y funcional, como el aumento de la planta judicial, la mejora de las infraestructuras, las reformas procesales para la simplificación de trámites, programas de modernización y uso de nuevas tecnologías, entre otras muchas.

Conclusión: Marruecos es un país que ha dado un paso importante hacia la democracia. No hay democracia sin Justicia. Una actuación de la UE en este sector tendría un gran impacto positivo, que podría servir de modelo para otros países de la región. El estatuto avanzado que posee Marruecos es lo primero que han reclamado Túnez y Egipto.

Marruecos tiene unas características de desarrollo institucional y unos lazos privilegiados con Europa que posibilitan la buena interlocución y un acompañamiento eficaz en su proceso de transición democrática. Para ello resulta imprescindible que exista una voluntad política sincera e inequívoca de llevar a cabo las reformas prometidas. Está en juego la propia credibilidad del monarca, que goza de un amplio apoyo popular y no puede permitirse defraudar la confianza depositada en él por la ciudadanía para instaurar un modelo original de desarrollo, justicia y democracia, que podría ser pionero en el mundo árabe.

Es el momento de pasar del realismo de la realpolitik al idealismo de una cooperación franca y abierta con el vecindario del sur. La UE debería liderar un compromiso de ayuda moral y material para que Marruecos y los demás países del arco mediterráneo puedan lograr el fin deseado por sus ciudadanos: conseguir el régimen de derechos, libertades y la equidad socioeconómica de la que disfrutamos los europeos y que tanto esfuerzo ha costado. Es urgente que en estos países primen los intereses generales sobre los particulares, que la gente, sobre todo la más joven, recupere la ilusión, la dignidad, crea en su país y trabaje para construir una sociedad mejor y más igualitaria, que se alcance en definitiva una mayor justicia social.

Para lograr esos objetivos es preciso contar con una Justicia independiente, transparente, honesta y dotada de autarquía funcional y económica. Los ciudadanos necesitan confiar en un sistema judicial fuerte, accesible y eficiente que aplique y haga cumplir la ley, que no haga depender la solución de los conflictos de las situaciones de predominio social o económico. Ahora es el momento de realizar las verdaderas reformas estructurales que demandan los justiciables, las cuales tienen que emanar de una nueva Constitución en la que se instituya un poder Judicial que goce de autonomía y credibilidad y han de llevarse a cabo tras la apertura de un debate participativo que genere el necesario consenso social.

Europa no debería desperdiciar esta oportunidad y Marruecos tampoco. La UE está mejor situada y más capacitada que cualquier otro actor internacional para prestar la ayuda que en estos momentos necesitan los países del Mediterráneo meridional. Hay intereses comunes, mucho que aportar y enormes posibilidades de cooperación, gracias a la experiencia que tienen algunos países europeos y la UE como institución. Esa suma confiere una doble fortaleza, siendo primordial la colaboración de España y Francia en este ámbito, en el seno de la UE, actuando como impulsores de esta iniciativa con Marruecos. Se trata de coordinar bien las estrategias de cooperación y actuar con decisión en este momento crucial de la historia. Una estabilidad duradera en el Magreb y en el Mediterráneo pasa por la creación de un espacio que, respetando las diferencias, comparta los valores comunes de la democracia, la justicia y los derechos humanos.

Del “nuevo tiempo árabe” no ha estado ausente el Sáhara Occidental. No lo ha estado porque tal vez haya protagonizado el primer brote de protesta con el campamento de Gdeym Izik en octubre-noviembre de 2010. Una protesta que ligaba las reivindicaciones sociales y económicas, derivadas de una crisis endémica de marginación, con otras más políticas que reclamaban el control de los recursos y el control de su destino por la población del territorio.

Como las revoluciones y revueltas árabes, dicha protesta estuvo protagonizada por la juventud, revelando su capacidad de organización y autogestión, hasta el punto de obligar al propio Estado marroquí a negociar con estos nuevos interlocutores y a realizar promesas, traicionadas con el levantamiento intempestivo del campamento cuando arrancaba otra ronda de negociaciones en Nueva York entre Marruecos y el Polisario.

Golpe de efecto del sector duro del régimen marroquí que temía que la negociación con el Polisario podría llevar algún día a concesiones que significasen el fin de sus intereses, enmascarado detrás de la defensa de la “integridad territorial”.

Entre las consecuencias de este acontecimiento está la emergencia de un nuevo liderazgo en el Sáhara. Aunque reprimidos y encarcelados los organizadores de la protesta, con ellos -o con su relevo- tendrá que vérselas, antes o después, el propio Estado marroquí, para dar una solución de fondo, junto con el Polisario, al problema. Está también la expresión de voces disidentes de la “unanimidad nacional”, como el informe crítico de la AMDH o la actitud decidida de una saharaui retornada a Marruecos, Gajmula Ebbi, hoy diputada del PPS, que contó la verdad de la traición de que fueron objeto los negociadores saharauis y ella misma, mediadora en la negociación, primero en los medios de comunicación españoles y finalmente también, tras muchas descalificaciones y acusaciones, en la prensa marroquí.

Hay que vincular la protesta de El Aaiún al inicio del “nuevo tiempo árabe”, porque han sido los jóvenes, con fórmulas imaginativas de convocatoria y organización, los protagonistas que han obligado a un poder autoritario a negociar. El “campamento juvenil” como fórmula de protesta lo vamos a ver reproducido poco más tarde en la Kasbah de Túnez o en la plaza del Tahrir de El Cairo, gracias a las imágenes difundidas por la cadena qatarí Al Yazira que se empleó a fondo en el desarrollo del conflicto sahariano como respuesta a la expulsión de Marruecos de la corresponsalía de esta televisión. Por ello, la protesta de Gdeym Izik es el primer levantamiento contra la hogra, contra la humillación de los pueblos árabes, que se encadenará cronológicamente con los de Túnez, Egipto, Yemen, Bahréin, Libia o Siria. Y también Marruecos, donde el Movimiento del 20 de Febrero inició una serie de manifestaciones por un cambio constitucional, contra la corrupción y por una monarquía parlamentaria, obligando al rey a prometer en su discurso del 9 de marzo una reforma en profundidad de la Constitución.

¿Dónde ha estado el Sáhara en todo este proceso? ¿Y los saharauis?

Puede decirse que bastante ausentes. Entre los presos liberados por el monarca como gesto de credibilización de sus promesas de cambio figuraban tres saharauis independentistas, del grupo de Ali Salem Tamek, pero en libertad provisional, en condiciones distintas a los demás. Siempre el Sáhara o los saharauis en condiciones de excepción. En las reivindicaciones de los jóvenes del 20 de febrero, el Sáhara no figuraba para nada, ignorantes de hasta qué punto encontrar una salida al problema sahariano es vital para la salud de Marruecos, “enfermo del Sáhara” como dijera el poeta marroquí Abdellatif Laâbi.

Pero tampoco han llegado las protestas por un cambio constitucional a las tierras del Sáhara. Los factores que han hecho que la región permanezca al margen del proceso han sido el desentendimiento, por parte de los sectores de la población oriunda partidarios de la independencia, de lo que consideran un asunto exclusivamente marroquí en el que no deben mezclarse, unido al clima de excepción que vive desde hace 35 años el territorio, al que no han llegado los aires de relativa apertura extendidos por las ciudades de Marruecos, así como la inexistencia de un sólido tejido asociativo que pueda animar y promover unas protestas similares a las que tuvieron lugar en las ciudades a las que llegó el Movimiento del 20 de Febrero.

Indirectamente, el problema del Sáhara sí está detrás de procesos en curso como el de la regionalización, a través del cual el Marruecos oficial trata de encontrar desde hace años una salida a la cuestión saharaui. En las conclusiones presentadas por la comisión encargada apenas se vislumbra la posibilidad de un verdadero autogobierno para las dos nuevas regiones en que se divide el Sáhara Occidental, lejos de las amplias competencias a un Gobierno regional de todo el territorio que planteaba la Iniciativa para la Autonomía en el Sáhara que Marruecos propuso en 2007.

El otro proceso en curso en Marruecos es el de la reforma constitucional. Solo un Marruecos democrático podrá hacer propuestas creíbles para lograr una solución negociada en el Sáhara como preconizan las Naciones Unidas. ¿Pero puede salir del actual proceso una nueva estructura democrática del régimen marroquí? Los más pesimistas auguran que no y los más realistas estiman que se dará algún paso positivo en la cesión de algunas de las prerrogativas del monarca, sin lograr una verdadera monarquía parlamentaria en la que el rey reine pero no gobierne.

Pero la verdad es que estamos ante un proceso que dependerá de la correlación de fuerzas. Y que sin duda no concluirá con el referéndum constitucional. Pues, si no se alcanzan los objetivos del Movimiento del 20 de Febrero, el proceso se prolongará mediante presiones, marchas y luchas hasta lograr sus objetivos. ¿Dónde estarán los saharauis en todo este proceso? ¿Al margen o intentando sensibilizar a ese movimiento de la justicia de las reivindicaciones saharauis de autodeterminación y de autogobierno? Una opinión marroquí que ha vivido bombardeada con la idea de que el Sáhara es marroquí y punto, no será fácil de sensibilizar sobre que hay una identidad saharaui que respetar, de que la política securitaria de Marruecos en la región ha sido nefasta, ignorando en todo momento a la población del territorio, marginada y excluida de los centros de decisión que le concernían.

Pero hay un camino común entre las aspiraciones de los saharauis y las del Movimiento del 20 de Febrero para acabar con la autocracia en Marruecos, que deben llevar al entendimiento y a la convergencia táctica. Sin democracia y sin solución definitiva, se mantendrá la política de violación sistemática de los derechos humanos que tanto denuncia el Polisario, permanecerá el imperio de la corrupción que deja el control de todos los asuntos en manos de unos cuantos caciques militares o civiles.

El “nuevo tiempo árabe” ha implicado un cambio decisivo y es que las poblaciones han revelado su politización, su interés por la cosa pública. Pero en Marruecos esas poblaciones jóvenes desconocen por completo la verdadera dimensión del problema del Sáhara, intoxicados con una visión chovinista que nunca les ha alertado de que allí viven unas poblaciones cuyas aspiraciones deben respetar y con las que deben concertarse.

Se hace imprescindible rehabilitar al saharaui ante el marroquí para evitar que este lo confunda con un enemigo de su país. Es necesario que los saharauis tiendan puentes hacia quienes representan una esperanza de cambio para Marruecos.

Tanto si la reforma constitucional lleva a buen puerto como si se queda a mitad de camino, los protagonistas del Marruecos de mañana deberán entenderse con los protagonistas del Sáhara de mañana para encontrar juntos una salida. Si esta es la de la autonomía o incluso la de un Estado libre asociado confederado con Marruecos, o la de la independencia, como ha sido el caso del Sudán del sur, harto de vivir en un Estado que no respeta sus derechos, dependerá de que Marruecos resuelva bien la ecuación de su reforma constitucional.

Para ello bueno será empezar por normalizar la legitimidad de todas las propuestas de salida al conflicto, así como el derecho de todos a defenderlas libremente, para que las personas como Ali Salem Tamek no vuelvan a encontrarse con su libertad restringida.

Hace 17 años, cuando tuvo lugar, también en Marraquech, un primer atentado contra turistas, en el que perecieron dos españoles, la pista fue inmediatamente dirigida hacia grupos extremos islamistas de una nebulosa por entonces mal definida, inexistente aún el fantasma yihadista.

Los autores fueron pronto capturados, pero resultó una evidencia que el atentado cumplió una función añadida: sirvió al todopoderoso ministro del interior marroquí Driss Basri para conservar su puesto, que le cuestionaban sus encarnizados enemigos, los partidos de la oposición, reclamados por Hassan II para integrarse en un gabinete de alternancia con el que el soberano buscaba preparar su sucesión. Poco tiempo después del atentado, el propio rey confirmaría a su ministro como uno de los pilares esenciales de la estabilidad de su régimen, y así se mantuvo hasta la muerte del monarca, forzando a la oposición, que accedería al Gobierno en 1998, a cohabitar con DrissBasri.

Tuvo aquel atentado un efecto secundario añadido: provocó el cierre por Argelia de su frontera con Marruecos, en plena guerra abierta entre islamistas radicales y militares, contribuyendo a elevar el tono de la ya vieja tensión argelo-marroquí, convirtiendo al vecino del este en enemigo irreductible al que se acusa de buena parte de los males de Marruecos. Hoy todavía la frontera sigue cerrada.

Hace ocho años, cuando Casablanca tembló con cinco atentados simultáneos en los que murieron más de 40 personas, muchos de ellos extranjeros, tampoco se tardó en identificar a sus autores, varios suicidas procedentes de los barrios más míseros de la ciudad. De nuevo la pista llevó al islamismo radical, dando lugar a una represión sin límites y acelerando la aprobación de una cuestionada ley antiterrorista bajo la cual se cometieron barbaridades sin control alguno. La “oportunidad” del atentado, cometido cuando se acababan de aplazar las elecciones municipales (que se celebrarían tres meses más tarde), contribuyó a impedir el control de varias grandes capitales por el partido islamista de la Justicia y el Desarrollo, al que se daba por ganador en localidades como Casablanca, Fez, Tánger, Mequínez o Kenitra tras sus excelentes resultados en las legislativas de un año antes. El PJD hubo de presentarse con perfil bajo (en tan solo la mitad de las circunscripciones urbanas) tras la dura prueba de ser acusado por algún partido de instigador último de los atentados.

El nuevo golpe de Marraquech del 28 de mayo, con un elevado número de víctimas, en su mayoría turistas extranjeros, ha hecho mirar de inmediato a todos los observadores hacia la órbitayihadista, resucitando el fantasma islamista pese a que todas las componentes de este movimiento en Marruecos, incluso las más insospechadas de la corriente salafista, se aprestaron a condenar con rotundidad el atentado.

Pero a pocos se les escapará la “oportunidad” del mismo para cortar en seco la demanda de cambio que cunde en toda la sociedad marroquí. De ahí que las especulaciones sobre su autoría anden desatadas. Los cuatro meses de revueltas árabes han cuajado en Marruecos en un crescendo que debe sin duda haber puesto nervioso a más de uno de los que tienen mucho que perder con la evolución (o reforma) del régimen: demandas crecientes de parlamentarización de la vida política, colaboradores íntimos del rey puestos en la picota, manifestaciones pacíficas continuas y crecientes con visibilización en las mismas de la oposición islamista más irreductible (y no digo radical, pues el movimiento del jeque Yassin, Justicia y Espiritualidad, nunca preconizó la violencia), culminando recientemente con la denuncia pública de uno de los centros de detención y tortura secreto de la DST, como el de Temara (identificado en Facebook con fotos de Google Earth) y ante el que se habían anunciado próximas protestas para pedir su eliminación, considerándolo la continuidad de las mazmorras de los años de plomo bajo Hassan II, como la tristemente célebre prisión de Tazmamart.

La reciente detención del más poderoso periodista de Marruecos, Rachid Nini, por atreverse a publicar documentos sensibles sobre los servicios de seguridad del país, forma parte del nerviosismo que cunde en sectores influyentes del poder.

El rey Mohamed VI reaccionó pronto a las demandas de los jóvenes del movimiento 20 de Febrero anunciando cambios constitucionales que se prometían importantes en su discurso del 9 de marzo.

Desde entonces el clamor popular no cesó, las lenguas se soltaron por todo el país hasta donde nunca lo habían estado, llegando -algo insólito- a cuestionar públicamente las declaraciones del propio monarca, cuya imagen se ha “desacralizado” profundamente pese a lo que proclama el artículo 23 de la actual Constitución.

La creación de una Comisión de Reforma Constitucional defraudó no obstante a los que desde el movimiento 20 de Febrero reclamaban una Asamblea Constituyente como en Túnez. Aunque la comisión ha auditado a todos los partidos que han querido presentar sus proposiciones, y se ha entrevistado con instituciones, con las ONG y hasta con un sector de los jóvenes del movimiento de protesta, se ha criticado la opacidad en la que trabaja sin dejar vislumbrar cómo resolverá los aspectos más controvertidos del texto, como el artículo 19, que convierte al rey en Emir de los Creyentes, una institución cuyas competencias exceden las del texto constitucional, situando al monarca por encima de este.

El tiempo para presentar sus conclusiones vence pronto (en el mes de junio) y se habla ya de un calendario apretadísimo para el refrendo constitucional, que se dice podría celebrarse antes de agosto, que coincide con el mes de Ramadán. Un tiempo imposible para presentar a debate público la Constitución resultante, que corre el riesgo de no ser más que una nueva ley otorgada.

Todo este proceso ha dividido a la élite del régimen. A nadie se le oculta que en Marruecos hay un búnker que siempre se resistió a la evolución del sistema y que había logrado bajo el nuevo reino ir reduciendo prácticamente a la nada la ya homeopática transición. En otro tiempo el Sáhara sirvió de coartada para cerrar el paso al cambio. Hoy es el terrorismo el que le sirve de coartada. Ese búnker no tardó en reapropiarse de las riendas del régimen tras la subida al trono de Mohamed VI, muchas veces, y no hay que olvidarlo, con el beneplácito -y hasta las condecoraciones- de Gobiernos occidentales, entre ellos el nuestro en 2005. En más de una década el rey se mostró incapaz de sustituir al frente de instituciones decisivas (Ejército, Gendarmería, Seguridad) a personajes identificados con lo más negro del anterior reinado, en cuyas manos estuvo el uso de la ley antiterrorista desde 2003.

El monarca, que ha reaccionado con agilidad al nuevo atentado, visitando el lugar de los hechos y exigiendo una investigación hasta el fondo, tiene ante sí el dilema de ceder a este búnker y su horror al cambio o desentenderse claramente de él, apostando abiertamente por las demandas de sectores significativos del país que miran hacia un futuro de Marruecos ligado indisolublemente a Europa, al progreso económico y social y a la democracia.

Quedarse a mitad de camino en las reformas, con el pretexto del chantaje del terrorismo -venga de donde venga, desde el interior o incluso del exterior del país-, no haría sino contribuir a la descomposición de la monarquía, sin duda en el momento más complicado de su historia. Sabiendo que, si pierde esta oportunidad de apostar por el parlamentarismo y la democracia, esta ocasión de oro para convertirse en símbolo y motor del cambio, cediendo el poder ejecutivo a los representantes electos del pueblo, el próximo dilema que podría planteársele en estos tiempos revueltos en el mundo árabe no sería ya otro que monarquía o república.

Tema: Desde hace varias semanas, las movilizaciones que miles de jóvenes protagonizan en Marruecos hacen que se pueda hablar de una nueva generación, la del “Movimiento del 20 de Febrero”.

Resumen: En posiciones desaventajadas, propias de una sociedad caracterizada por el peso del patriarcado y las desigualdades sociales y económicas, los jóvenes marroquíes son, al mismo tiempo, el producto del cambio social y uno de los principales actores de dicho cambio. En este análisis se presentan las representaciones y concepciones dominantes de estos jóvenes sobre las principales instituciones sociales, como son la familia y la religión, y sobre la política. Asimismo, se insiste en el factor educativo como motor del cambio social y, en particular, en la condición de las nuevas generaciones de mujeres. Por último, se resalta la participación de los jóvenes en el ámbito cultural como posible antesala de las movilizaciones actuales.

Análisis: Los jóvenes marroquíes de entre 18 y 29 años representan el mayor grupo de edad de la población marroquí (24%). Desde hace varias semanas, las movilizaciones que miles de ellos protagonizan hacen que se pueda hablar de una nueva generación, la del “Movimiento del 20 de Febrero”. Ésta se compone de los hermanos pequeños y los hijos de los adultos que tienen hoy entre 35 y 55 años y que en su momento fueron identificados con la generación del rey Mohamed VI. El contexto actual de efervescencia social y política se nos presenta como una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones de los jóvenes en el país vecino.

La familia: transformación de la morfología y los valores

La juventud se define a menudo como una fase transitoria en la que la persona se va desligando del hogar en el que ha crecido y del que terminará yéndose para fundar su propia familia. Esta dimensión transitoria hace que las relaciones en el seno de la familia se conviertan en un indicador para apreciar la existencia o no de cambio social por parte de una determinada generación de jóvenes. A lo largo del último cuarto de siglo, la familia en Marruecos está experimentando un doble cambio: en su dimensión, con la reducción del número de hijos; y en su composición, con el paso del hogar pluri-generacional (37,3%) al hogar nuclear (60,3%). La familia que el adulto funda actualmente es la mitad de numerosa (dos a tres hijos) de lo que fue la suya (cuatro a seis hijos). Con esta reducción, la dimensión afectiva de los niños en la familia se incrementa y la convicción de la necesaria escolarización y formación de los hijos tiende a generalizarse en detrimento de su temprana contribución a la economía doméstica.

Además de los cambios en su morfología, su composición y en la percepción del papel de los hijos, la familia se enfrenta a otro fenómeno como es la presencia cada vez más duradera de jóvenes adultos en su seno. Tanto la prolongación de los estudios de los jóvenes como la situación del mercado de trabajo, caracterizada por el paro de este grupo generacional, y en particular de los diplomados,[1] hacen que en su mayor parte éstos dependan de sus familias y aplacen su salida del hogar familiar. En las encuestas consultadas, la familia aparece como una institución fundamental con la que los jóvenes pueden contar, pero su permanencia en el hogar familiar no está exenta de conflictos entre las distintas generaciones. Las discrepancias entre unos padres, que desean inculcar valores de obediencia, y sus hijos, que buscan una mayor autonomía, se perciben en la resistencia de los varones a la hora de seguir las directivas de una figura paterna percibida como autoritaria según una encuesta del diario L’Économiste.[2]

Ante esta situación de dependencia, lógicamente, los jóvenes se casan más tarde y el número de adultos jóvenes solteros crece (el 54,1% de los jóvenes entre los 25 y los 29 años). El retraso de la edad del matrimonio (27 años para las chicas y 31 para los chicos), motivado por la escolarización de las chicas y la prolongación de los estudios, es una de las principales causas del aumento del celibato. Entran en juego también los cambios en los valores de los jóvenes, que en su mayoría desean elegir su cónyuge sin interferencias paternales. De ahí que las relaciones amorosas constituyan otra de las fuentes de tensión entre generaciones y hermanos en el seno de la familia marroquí. Independientemente de que el matrimonio se considere una norma universal, la condición de soltero ya no es siempre transitoria, como lo evidencia el hecho de que en 2004 había tres veces más mujeres que llegaban a los 49 años solteras que en 1994. Esta condición de los jóvenes modifica las antiguas certidumbres. Aunque para los adalides de la moral conservadora e islámica, el matrimonio temprano constituye la solución a la problemática presencia de las jóvenes fuera de la esfera doméstica, como son las instancias educativas y los lugares de trabajo o de ocio, lo cierto es que entre muchas solteras se encuentran voces que esperan encontrar en el matrimonio una mayor autonomía o que al estar disfrutando de cierta autonomía por haberse marchado del hogar familiar por motivos educativos o profesionales están poco dispuestas a renunciar a la libertad que disfrutan.

El acceso a la educación y la presencia de las mujeres en el espacio público

En las dinámicas analizadas hasta ahora, el factor educativo y la movilidad geográfica que supone la escolarización, al conllevar la salida del hogar e incluso de la localidad de origen, se imponen de forma acusada en las transformaciones que afectan a la posición de los jóvenes, y, sobre todo, de las mujeres. A pesar de las altas tasas de analfabetismo que siguen existiendo en Marruecos y de las dificultades que encuentran las chicas en el medio rural para mantenerse en el sistema escolar tras el primer ciclo (6-11 años), los progresos en materia de educación realizados desde la independencia son reales.[3] Hoy en día, la generalización de la escolarización en primaria está cerca de cumplirse y la enseñanza superior pública ha conocido un desarrollo exponencial del número de estudiantes, pasando de tener alrededor de 7.000 estudiantes en 1963 para alcanzar la cifra de 290.000 en 2003. Así, es importante señalar que las jóvenes representaban el 46,5% de los estudiantes de la enseñanza superior pública en 2007 (HCP, 2008) o que el número de diplomadas se ha triplicado entre 1990 y 2004, pasando de 46.000 a 146.000.

Tras haber logrado su presencia en los ciclos educativos, las nuevas generaciones de mujeres luchan ahora por incorporarse al mercado de trabajo formal y al espacio público, en particular en el campo político. En esta lucha cotidiana están acompañadas por las organizaciones en pro de los derechos de las mujeres y el impulso del rey Mohamed VI que, desde su entronización en 1999, considera una prioridad la reducción de las desigualdades por razón de género y el incremento de la presencia de las mujeres en la vida pública. La reforma del Código de la Familia en 2004 representa un cambio normativo al introducir la elevación de la edad mínima de las mujeres para contraer matrimonio de 15 a 18 años, equiparándola con la del varón (art. 19), la autonomía por parte de las mujeres mayores de edad a la hora de contraer matrimonio y el principio de igualdad entre los cónyuges (art. 4 y art. 51).

Con los resultados de las últimas elecciones de junio de 2009 se ha empezado a poner fin a la situación de extrema marginalización de la representación política de las mujeres en el ámbito local. En los comicios comunales de 2003, sólo fueron elegidas 127 mujeres de un total de 23.286 ediles. En 2009, 3.406 mujeres entraron en los consejos comunales (12,3%) y de las 20.458 candidatas que se presentaron entonces, más de la mitad tenía menos de 35 años (52,5%). Por tanto, la feminización del panorama político ha contribuido a rejuvenecer la militancia política. Evidentemente, se puede discutir la validez de la política de cuotas y el interés de las mujeres por la política, en particular, en el mundo rural.[4] No obstante, este escenario ha creado un precedente que ha permitido y legitimado la presencia de una nueva generación de mujeres que, tras haberse incorporado a la educación formal y al mercado de trabajo, ve legitimada su reivindicación de una representación política en términos de igualdad.

El rechazo del campo político actual

La falta de integración política de los jóvenes ha sido planteada de forma recurrente por el Rey como un problema público. La mayor parte de los jóvenes declara no confiar en la política y, de hecho, el porcentaje que menciona en las encuestas haber participado en las últimas elecciones comunales de junio de 2009 (30%) se sitúa por debajo de la tasa global de participación (51%).

El compromiso partidista de los jóvenes es un fenómeno minoritario y, por lo tanto, atípico (lo que en sí mismo no es exclusivo de Marruecos). Entre la veintena de partidos políticos existentes, solamente el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) y, en menor medida, la Unión Socialista de Fuerzas Populares y el Istiqlal, cuentan con juventudes lo suficientemente numerosas y vertebradas para poder pretender influir en la vida del partido. Estas secciones de juventud son a menudo una fuerza discrepante frente a la tibieza de las direcciones nacionales, a las que reprochan su acomodo poco glorioso con un régimen autoritario que quieren transformar o la falta de democracia que rige el funcionamiento interno de sus respectivos partidos.[5] En los partidos que cuestionan abiertamente la naturaleza del régimen, el factor miedo es otro obstáculo a la militancia ante la sombra de la represión.

En suma, el desinterés por la política marroquí y la abstención de muchos jóvenes son, a menudo, una muestra consciente de su inconformidad con la realidad política reinante en el país.

La religión: conformismo público y tolerancia privada

En contraposición con el desinterés expresado por la política, los jóvenes marroquíes entrevistados por los antropólogos El Ayadi, Rachik y Tozy valoran muy positivamente el islam.[6] Si bien son menos practicantes, menos ortodoxos y más tolerantes ante las desviaciones o el incumplimiento de algunas prescripciones que los grupos de mayor edad, cuando se compara con estudios anteriores, los jóvenes de hoy en día son más practicantes que los jóvenes de las generaciones precedentes.

Siguiendo con dicho estudio, los jóvenes encuestados parecen recelar de la transgresión explícita de los preceptos religiosos en público, pero se muestran más tolerantes con los comportamientos no-conformistas en el ámbito privado.[7] Ello evidencia una tendencia entre los jóvenes (45%) a concebir la relación hacia la religión como un asunto personal. En esta dirección se enmarcan las motivaciones que inducen a las jóvenes a llevar el velo. Para unas jóvenes, llevar velo supone la prolongación de un compromiso religioso, para otras, una militancia política, y, para un último grupo, el conformismo con el entorno familiar o social (amistades, vecindario, entorno profesional, etc.). Asimismo, la mayor parte de los analistas coincide en que la adopción del velo por parte de las mujeres de las nuevas generaciones parece mayor que unos decenios atrás, lo que estaría en sintonía con una mayor presencia de las mujeres en el ámbito público. En este sentido, el velo refleja el cambio social del que hablamos. Así lo confirma la funcionalidad del velo para que las jóvenes puedan existir de forma autónoma en el espacio público y contornar el acoso masculino o la dimensión sumamente estética del uso del hiyab en detrimento de los criterios de modestia que impone la moral islámica.[8]

La nueva ola cultural: ¿antesala de la contestación social y política?

En el ámbito cultural, la constitución de la juventud como categoría social se plasma en la efervescencia de Nayda,[9] un movimiento de cultura urbana que ha sido impulsado por la multiplicación de los festivales y el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Este movimiento ha sido portador de dos importantes cambios simbólicos: la apropiación del espacio público, de las plazas y las calles por los jóvenes con ocasión de concentraciones multitudinarias, y la legitimación de la cultura urbana juvenil.

Esta cultura ha importado aspectos propios de los grandes flujos globales al tiempo que los fusiona con elementos locales, por lo que el resultado es fundamentalmente marroquí, pero abierto al mundo. El hip hop es el estilo que ha calado con mayor fuerza, quizá por la sencillez de las formas musicales o el lugar privilegiado que este estilo otorga a la palabra, en una sociedad en la que la tradición oral sigue muy vigente. Si bien no todos los textos son portadores de mensajes o de protestas que denuncian el paro o la corrupción, sí que cuentan las vivencias de la juventud con sus problemas y esperanzas.

Este auge musical es también el reflejo y el producto de la transformación de los medios de comunicación. Con la introducción de las antenas parabólicas, al inicio de los años noventa, irrumpieron los video-clips, mientras que más tarde, a partir de 2000, con el acceso a Internet, la “blogósfera”, “Youtube” y “Daily Motion” tomaron el relevo y transformaron el horizonte de difusión, producción o acceso a la música u otro tipo de creación artística.

En paralelo a la música, el cine aparece estos últimos años como el testimonio visual de las experiencias vitales de los jóvenes, en particular de las generaciones urbanas, con películas que han suscitado polémicas y sufrido la amenaza de la censura, tanto por parte de conservadores e islamistas como de ciertos funcionarios del gremio. No obstante, la calidad de las realizaciones y la conexión con la realidad de muchos jóvenes ha garantizado cierto éxito comercial y el reconocimiento internacional a películas como Marock (2005), Casanegra (2008) y Amours voilés (2009).

Las acusaciones de satanismo a bandas de heavy metal,[10] de “anti-marroquinidad” y libertinaje a los participantes en macro-conciertos, o de injurias a la religión y pornografía a algunas películas,[11] no han conseguido mermar el entusiasmo de los miles de jóvenes que se sienten identificados con este movimiento, ciertamente más hedonista que revolucionario, pero más contestatario que resignado.

“El Movimiento del 20 de Febrero”: impertinentes y ciudadanos

En la senda de las manifestaciones que se produjeron en Túnez y Egipto a principios de 2011, el “Movimiento del 20 de Febrero” ha revelado algunos aspectos de las transformaciones sociales en curso en Marruecos desde hace algunos años. Algunos jóvenes se han dirigido al Rey vía Facebook para hablar de reformas democráticas, de la destitución del gobierno y la disolución del parlamento, de la independencia de la justicia, de la oficialización de la lengua tamazigh, de la liberación de los prisioneros políticos y de la lucha contra las desigualdades sociales y la garantía de una vida digna para todos. En consecuencia, los promotores de estas reivindicaciones se muestran impertinentes para los guardianes de la etiqueta majzení, al tiempo que evidencian una sensibilidad próxima a la izquierda con la que tienen que acomodarse los islamistas de al-Adl Wal Ihsan (Justicia y Espiritualidad).

El movimiento no tiene un centro de gravedad, sino que está deslocalizado y diseminado por todo el país. Se vertebra de forma horizontal y reticular, a medida que progresa la experimentación del día a día. En su seno, el individuo se convierte en actor y mantiene su centralidad dentro de la acción colectiva mediante la interconexión, casi continua, con las diversas redes involucradas en la movilización. Heterogéneo en su composición, las coordinaciones locales funcionan de un modo asambleario y deliberativo, por lo que se observa cierta autonomización de los activistas hacia las direcciones políticas de las distintas organizaciones sociales y políticas que les acompañan.

Si bien parece prematuro efectuar un balance de las movilizaciones iniciadas hace varias semanas, cabe resaltar, no obstante, que éstas han proporcionado voz en el espacio público a un colectivo desoído, los jóvenes, y que han publicitado una agenda reformista en ruptura con la confidencialidad y la tibieza a las que nos tenían acostumbrados los memorándums que los partidos políticos entregaban a Palacio. Asimismo, han transgredido las distancias ideológicas con el establecimiento del diálogo entre sectores laicos, islamistas, izquierdistas y amazigh. Teniendo en cuenta el contexto internacional, el riesgo de una inminente crisis gubernamental y el reinicio de las negociaciones con las partes implicadas en el contencioso del Sáhara Occidental, las movilizaciones han empujado a la Monarquía a abrir un proceso de revisión constitucional que, independientemente de su alcance definitivo, modificará la configuración del régimen en la dirección de una mayor democratización.

Estos apuntes sobre el éxito del “Movimiento del 20 de Febrero” no impiden que haya que reconocer que no ha conseguido –aún– arrastrar a la mayor parte de la población joven, la cual sigue resignada, a la expectativa o se pronuncia en contra. Así, llama la atención la escasa presencia de la militancia sindical y de los jóvenes de las clases populares.[12] Parece ser que los años de represión han permitido interiorizar los recelos hacia la política y la acción colectiva en amplias capas de la población. Esto lo han comprendido los adversarios del movimiento que han agitado el espectro de la manipulación (las acusaciones de servir a los intereses de Argelia y del Frente Polisario), la violencia (los destrozos de bienes por algunos elementos incontrolados y la represión de manifestaciones) y el extremismo (la presencia del islamismo ilegal de al-Adl wal Ihsan).

Conclusiones: Los límites del “Movimiento del 20 de Febrero”, desde un punto de vista cuantitativo, no deben hacernos perder de vista ni sus logros ni el hecho de que sus reivindicaciones representan la vanguardia de la agenda reformista y la punta del iceberg de unos cambios sociales que atraviesan la sociedad marroquí desde hace algunos años. En efecto, ese movimiento es revelador de una verdadera ruptura generacional que cuestiona las jerarquías tradicionales inspiradas en el modelo patriarcal.

Dicha ruptura se plasma a distintos niveles. En primer lugar, en el proceso de individualización que, si bien se entiende como la afirmación del individuo, muestra la posibilidad de su reconexión con la acción colectiva para la promoción y defensa de bienes públicos. Eso se diferencia del individualismo volcado en exclusiva hacia la búsqueda de la felicidad privada. En segundo lugar, en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por una generación que sabe aprovechar el poder de instrumentos disponibles en Internet, como Facebook, para crear redes sociales de autocomunicación en el ciberespacio, y sabe conectar estas redes con múltiples blogs y páginas web. En tercer lugar, la constitución de los jóvenes como grupo social y político autónomo con voz legítima ante unos mayores que han desistido, que poco les pueden enseñar y que poco tienen en su haber activista para glorificarse. En cuarto lugar, en el protagonismo y la visibilidad de las mujeres en las movilizaciones, aunque sean minoritarias, que se convierten así en un símbolo de la lucha inter e intrageneracional, por la redefinición de los papeles de varones y mujeres. En quinto y último lugar, el patriotismo como síntesis de una ciudadanía responsable, activa y altruista dentro del descubrimiento de renovadas afinidades panarabistas, conectada con los grandes flujos de la globalización, pero alérgica a cualquier rebufo neocolonial.

Cuando el ascensor social no funciona y se pone fin a la esperanza de un futuro mejor que el de los padres, cuando el destino social parece incierto, se impone la lucha por ser reconocido. Por ello, detrás de la reforma política global que moviliza a una parte de la juventud marroquí subyace una misma demanda: la recuperación de la dignidad inherente al estatus de ciudadano en un país de súbditos en el que las relaciones sociales siguen mediatizadas, con demasiada frecuencia, por la sumisión o por el conformismo de una parte de la relación a la otra. La recuperación de la autoestima va acompañada del derecho a participar, opinar y deliberar en pie de igualdad, ya que entre esta nueva generación de jóvenes nada se impone por sí mismo: ni la tradición, ni las normas del grupo de pertenencia. En la sociedad que desea esta nueva generación, todo puede someterse al debate, a la discusión y a la experimentación.

Theme: The establishment of a human rights monitoring mechanism in the Western Sahara, preferably through an expansion of MINURSO’s mandate, would change the underlying dynamics of the conflict and allow for progress in the negotiation process.

Summary: The focus on human rights in the Western Sahara has increased the visibility of the conflict and the pressure to resolve it, creating opportunities to break the current impasse that third parties should seize. A human rights monitoring mechanism, preferably as part of MINURSO, could serve as a confidence-building measure. Moreover, a firm position regarding the parties’ human rights obligations would set a precedent for an international mediation with more muscle, thus changing the conflict’s underlying dynamics. Close coordination between Spain and the UK to establish a human rights monitoring mechanism would neutralise French opposition to it, alter the balance of forces within the Group of Friends of the Secretary General on Western Sahara (the ‘Group of Friends’) and give rise to the conditions necessary to increase its efficiency. At the upcoming April session, a Security Council decision to set up a human rights monitoring mechanism would allow for progress in the negotiation process, bringing closer the resolution of the Western Sahara conflict.

Analysis: In the last two years,theneed to establish a human rights monitoring mechanism together with the possible expansion of the current mandate of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) were the primary focus of the Security Council debates on Western Sahara. Unless prior agreement on the matter is reached, the debate is likely to resume with even greater intensity at the upcoming Security Council meeting to be held in April 2011. At this meeting, the Council will convene to consider the next report of the Secretary-General on the situation in the Western Sahara and decide on the extension of MINURSO’s mandate.

This year Spain is not a Security Council member. However, as a member of the EU, and the ‘Group of Friends’ in particular, Spain will inevitably be drawn into the debate and will have to face demands for it to adopt a clear stance on the matter. As far as Spanish diplomacy is concerned, this is not only a challenge but also an opportunity to show leadership in multilateral settings by establishing alliances and launching initiatives that contribute to resolving a situation that is widely considered unsustainable. In Resolution 1920 of 30 April 2010, the Security Council also recognised that ‘the consolidation of the status quo is not acceptable in the long term’.

Human rights: A Stumbling Block on the Road to Peace?

There is concern that the increased focus on human rights might distract the attention of the Security Council from the political issues that are at stake in Western Sahara. Another criticism is that rather than being a demand driven by true concern, the Polisario Front’s insistence on the human rights issue is a tactical ploy to attack Morocco.

The focus on human rights in the Security Council debate on the Western Sahara must be seen in a wider context. Since the end of the Cold War, it has been the practice of the Security Council to link human rights to the maintenance of international peace and security. By way of example, Security Council Resolution 688 (1991) condemned ‘the repression of the Iraqi civilian population’, demanded that Iraq put an end to it ‘as a contribution to remove the threat to international peace and security in the region’ and expressed hope that a dialogue would ‘ensure that the human and political rights of all Iraqi citizens are respected’.

A more recent example is Security Council Resolution 1970 (2011).[1] After deploring ‘the gross and systematic violation of human rights, including the repression of peaceful demonstrators’, the resolution refers the situation in Libya since 15 February 2011 to the International Criminal Court (ICC) and underlines ‘the need to respect the freedoms of peaceful assembly and of expression, including freedom of the media’. Acting under Chapter VII of the UN Charter, Resolution 1970 calls for ‘steps to fulfil the legitimate demands of the population’ and urges the Libyan authorities ‘to allow immediate access for international human rights monitors’ and to ‘immediately lift restrictions on all forms of media’.

Ignoring the human rights situation in Western Sahara and failing to examine it by the standards applied to Libya at the upcoming April session would expose the Security Council to allegations of selectivity in the application of universally-recognised norms. This could seriously undermine its credibility and thus affect its capacity to maintain peace and security in the region.

Furthermore, by putting on the table of the Security Council the expansion of MINURSO’s mandate, the Polisario Front has integrated into its diplomatic strategy a recommendation made years earlier by international human-rights organisations (Amnesty International’s campaign goes back as far as 1992). Be that as it may, a Security Council decision to give a mandate to MINURSO to monitor human rights in Western Sahara and the Tindouf refugee camps (on Algerian territory) would require the consent of Morocco, the Polisario Front and Algeria, putting to the test the commitment to human rights of all three parties.

The Focus on Human Rights: Effect Rather than Cause of Conflict Irresolution

In 2006 the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) concluded in a confidential report leaked to the press[2] that almost all violations against the people of Western Sahara stemmed from the non-implementation of the right to self-determination. This suggests that rather than being the cause, the focus on human rights is an effect of the failure to find a political solution that allows self-determination. Against the background of broken promises to hold a referendum, the lack of viability of the armed struggle and a stalled diplomatic process, the right to self-determination has become a major campaign theme for Sahrawi activists on the basis of Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) adopted by the UN General Assembly in 1966.

In order to repress their activities and to intimidate the population of Western Sahara, the Moroccan authorities have used legislation prohibiting attacks on Morocco’s ‘territorial integrity’. In this context, violations of the rights of expression, association and assembly have occurred as well as unfair trials, ill-treatment, torture and police violence. Morocco has further restricted media access and expelled international observers. A 2008 Human Rights Watch (HRW) report[3] concluded that the ‘limits to Morocco’s progress on human rights are apparent in the way authorities suppress opposition to the officially held position that Western Sahara is part of Morocco’.

Human rights violations linked to the lack of a resolution of the conflict have also been documented in the Tindouf camps administered by the Polisario Front. For example, in September 2010, the police officer Mostafa Salma Sidi Mouloud was arbitrarily detained after publicly expressing support for the Moroccan autonomy proposal –which excludes a referendum with an independence option as advocated by the Polisario Front– and announcing that he would further promote it in the Tindouf camps.

Increasing the Visibility of a Forgotten Conflict

In a 2004 interview to the Public Broadcasting Service (PBS), the former US Secretary of State and Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara from 1997 to 2004, James Baker, pointed out that its low profile in the international order made the resolution of the Western Sahara conflict difficult to achieve. It would therefore seem fair to conclude that by raising its profile on the international agenda and making it more visible[4] the focus on human rights has added pressure to resolve the conflict, and thus the chances that it this might occur.

Three major events have strengthened international solidarity on the basis of the human rights discourse: the 2005 Sahrawi uprising (intifada), Aminetu Haidar’s defiance in resisting her expulsion from El-Ayoun through a hunger-strike in 2009 and the actions linked to the Gdeim Izik protest camp in November 2010. The challenge is to design diplomatic strategies that take advantage of the pressure and interest that the human rights issue has aroused to transform the relations between the stakeholders and break the impasse. In this endeavour, third parties play a key role.

The Need to Create New Dynamics to Make the Diplomatic Process Advance

The 2007 International Crisis Group (ICG) report, ‘Out of the Impasse’, anticipated that without a change in the underlying dynamics of the conflict, efforts to find a negotiated solution on the basis of the proposals submitted by Morocco and the Polisario Front were doomed to fail. Since then, several rounds of informal talks have not even yielded an agreement on the framework for negotiations: each party continues to reject the proposal of the other as the sole basis for future negotiations even though the Polisario Front has signalled its willingness to seriously engage with Morocco’s proposal if there is reciprocity.

In a letter addressed to the ‘Group of Friends’, dated 18 June 2010, that was subsequently leaked to the press[5] and which provided a glimpse of his frustration with Morocco’s attitude and lack of progress in the talks, the Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara, Christopher Ross, asked for support to overcome the current stalemate in the negotiations. Based on the assumption that in order to achieve this goal a change in the underlying dynamics of the conflict is required, three questions shall be briefly analysed: (1) the underlying dynamics of the conflict; (2) the potential role of third parties in changing these dynamics; and (3) the way in which human rights can fit into a strategy to break the impasse.

The Current Dynamics: The Same that Caused the Failure of the Baker II Plan

The failure of the Baker II Plan provides an insight into the dynamics that have undermined peacemaking efforts such as ‘the Security Council’s refusal to bring pressure to bear at crucial moments’.[6] As a matter of fact, in view of the Council’s lack of political will to back his peace plan with the determination needed to implement it, in June 2004 Baker resigned as Personal Envoy. Resolution 1541 gave stronger support to the search for ‘a mutually acceptable political solution’ than to the Envoy’s peace plan. Following a phase of autonomy, the Baker II Plan provided for a true referendum of self-determination –including an independence option– even though voter identification favoured Morocco’s political objectives. While acknowledging the power relations between the parties, the plan was a compromise proposal that sought to salvage basic principles of international law. Despite its initial reluctance, the Polisario Front accepted it but Morocco, the stronger party, flatly rejected the peace plan, stating that ‘the final nature of the autonomy solution is not negotiable’. Demonstrating a clear lack of impartiality, in 2007, the Security Council showed its preference for the Moroccan autonomy plan: Resolutions 1754 and 1783 welcome the ‘serious and credible Moroccan efforts to move the process forward towards resolution’ without referring, in a similar way, to the initiatives of the Polisario Front. In its statement on Resolution 1783, South Africa, a key diplomatic ally of the Polisario Front, warned that praising one proposal over the other would undermine negotiations.

By strongly supporting Morocco’s proposal in advance, the Security Council has ‘disincentivised’ its will to compromise and accentuated the power differential between the parties, transforming it into an asymmetric conflict with implications for the negotiating process: the Council has neither persuaded Morocco of the need to make concessions to achieve its objectives nor has it won the trust of the Polisario Front to engage in negotiations. In an interview published in March 2010,[7] Julian Harston, Special Representative of the Secretary-General for Western Sahara and head of the MINURSO from 2007 to 2009, confirmed that the international community had mainly put pressure on the Polisario Front. Against this backdrop, it seems fair to conclude that the Security Council and the ‘Group of Friends’ need to review their approach if they want to break the current stalemate.

Respect for Human Rights as a Confidence-building Measure

Security Council Resolution 1920 (2010) stresses the importance of ‘making progress on the human dimension of the conflict as a means to promote transparency and mutual confidence’. However, the confidence-building measures currently in place are aimed at facilitating exchanges between Sahrawis from the Tindouf camps and their relatives in the Western Sahara for humanitarian reasons and thus very limited in scope. In contrast, an effective human-rights monitoring mechanism that improves the well-being of the population could help build confidence between the parties to the conflict. Greater freedom of expression, association and assembly could open up spaces for a debate on the political options available without fear of reprisals, which could help build a climate of trust conducive to a more fruitful dialogue.

Albeit with different options, both the Moroccan peace plan and the one introduced by the Polisario Front foresee a referendum. However, without guarantees for the scrupulous respect for the rights of expression, association, assembly and movement, it is unlikely that a fair and free referendum can be held whose result will be accepted as legitimate by the population of Western Sahara. A human-rights monitoring mechanism could help restore confidence among the Sahrawi population in the UN-sponsored process, increasing the chances for a peaceful resolution of the conflict, easing tensions on the ground and creating hope in future opportunities. Moreover, the establishment of a human-rights monitoring mechanism could serve as a precedent to manage and negotiate other issues.

Supporting the establishment of a human-rights monitoring mechanism would be in Morocco’s interest, as well as in that of those partners, such as the US, France and Spain, who have strongly supported its autonomy proposal. While autonomy may be a valid option to fulfil the right to self-determination, it seems unrealistic to expect the Sahrawi people to accept any autonomy plan proposed by Morocco without ample, firm and credible guarantees of respect for human rights, power-sharing and democratic participation. As Bernabé López García pointed out in an article published last November,[8] without democracy, there will be no way out of the Western Sahara problem –and neither will it be solved without respect for human rights–.

The Human-rights Debate: A Turning Point for Change in Conflict Dynamics?

So far, the human-rights debate has followed the same dynamics that have driven the conflict. The positions between the parties are ‘quasi-irreconcilable’, as the Personal Envoy van Walsum used to say; the Security Council lacks the political will to impose solutions while advancing the goals of the stronger party in an asymmetric conflict; and the UN Secretariat lacks the courage and determination to assume its responsibilities and defend the principles it stands for, undermining, as a result, the otganisation’s credibility. As far as the Security Council is concerned, it has subjected the establishment of a human-rights mechanism to a consensus between the parties to the conflict. By taking this approach, the Security Council has provided Morocco with a veto power with regard to the protection of the human rights of a population living in a Non Self-Governing Territory that is under Morocco’s effective control without international legal recognition.

A more effective approach to protect the human rights of the Sahrawi population and to ensure progress in the diplomatic process would be to clarify that the defence of human rights is non-negotiable. The Council could create new dynamics that could mitigate the effects of the conflict’s asymmetric structure, set a precedent for a more forceful mediation and enhance the prospects of success in negotiations.

There is concern that Morocco might leave the negotiating table if pressured on the human-rights issue. But, so far, progress in the negotiation process has been dim anyway. Christopher Ross himself has warned that without greater political will, continuing the talks will only serve to discredit the UN. The protest actions at the Gdeim Izik camp and the forceful demands for economic, social, civil and political rights coming from Western Sahara and many parts of the Arab world suggest that any political solution must include respect for human rights if it is to achieve sustainable peace and regional stability.

What Can Third Parties do in April at the UN?

There is little to lose and much to win. Two concrete examples of how third parties could show a firm attitude with regard to human rights in April are: (1) a recommendation by the Secretary-General to set up a human-rights monitoring mechanism; and (2) a specific proposal for its implementation by the ‘Group of Friends’.

(1) The Secretary-General’s report: perhaps to avoid taking a clear stance vis-à-vis a divided Security Council, to date the Secretary-General has not included in his reports the recommendation made in 2006 by the OHCHR –which is also part of the UN Secretariat– that the UN should explore ‘the best way to ensure adequate and continuous monitoring of the human rights situation in the region’. In a report with obvious gaps, in April 2010 the Secretary-General recognises the duty of the UN ‘to uphold human rights standards in all its operations’ but does not provide any details on how MINURSO is complying with this duty. He reports allegations of human rights violations by both sides, which he forwards to OHCHR, but does not inform on any follow-up action. Neither does he mention the existing legal controversy with regard to the exploitation of natural resources in Western Sahara. Finally, he points out that MINURSO does not have a specific human rights mandate, but fails to indicate whether the mission should have one.

Perhaps the intention of the Secretary-General is to provide a semblance of impartiality. However, as elucidated in the 2000 Brahimi Report, impartiality in UN peace operations does not mean neutrality, but rather an unbiased adherence to the principles of the UN Charter, which include the respect for human rights.

A stronger commitment to human rights would be consistent with the special responsibility of the UN towards the population of a Non Self-Governing Territory which has been effectively deprived of the protections afforded by Article 73 of the UN Charter since Spain unilaterally withdrew from there as the administering power in 1976. In a conference on Western Sahara organised in 2007 by several universities in Madrid, Francesco Bastagli, Special Representative of the Secretary-General and head of the MINURSO from 2005 to 2007, argued that until the right to self-determination of the Sahrawi people materialises, the UN should act as its ‘defence lawyer’ in matters such as human rights and the exploitation of natural resources. In line with this approach, the next report of the Secretary-General on Western Sahara should take up the recommendations brought forward by the OHCHR in 2006, making them in this way a point of reference at the upcoming Security Council meeting.

(2) Is the Group of Friends unable to fulfil its functions? During the last two years, by ignoring the human-rights issue, the drafts prepared by the ‘Group of Friends’, rather than facilitating the process, have been divisive and controversial. The resolutions were only unanimously passed after hours of intensive debate aimed at finding a compromise language that would make it possible to include a reference to human rights but without using the term as such. This state of affairs brings into question the ability of the ‘Group of Friends’ to fulfil its functions. As a matter of fact, in their explanations of the vote on Resolution 1920, Nigeria, Uganda, Mexico and Austria advocated a review of the drafting process to make it more inclusive and transparent.

The drafts prepared by the ‘Group of Friends’ in 2009 and 2010 had to be re-negotiated when they reached the Council. In 2009, pressure by Costa Rica, Mexico, Nigeria and Uganda, together with a favourable British position, led to the introduction of a paragraph in the preamble of Resolution 1971 that used the term ‘human dimension’ to refer to human rights –an anomaly within the UN system–. Following threats by Mexico, Uganda and Nigeria in 2010 to abstain from voting, 18 hours of negotiations at the ambassadorial level and US mediation were required to add three lines to Resolution 1920 that, under a ‘constructive ambiguity’, remind the parties of their human-rights and international cooperation obligations. Importantly enough, the persistent and active diplomacy used by these non-permanent Security Council members opened spaces to negotiate the establishment of a human-rights monitoring mechanism.

Outlook and Options

The events related to the Gdeim Izik protest camp and the revolts in the Maghreb region have increased the pressure on the Security Council to establish a human-rights monitoring mechanism. As far as the incidents related to the Gdeim Izik camp are concerned, the difficulty in verifying conflicting reports on the number of victims without access to the territory, the press restrictions imposed by the Moroccan authorities and the impact of the raid on the camp on the political process suggest that a permanent UN human-rights monitoring presence is needed to ensure that the Security Council receives timely and reliable first-hand information of developments on the ground. The case of Gdeim Izik shows that currently MINURSO is not in a position to fulfil that role mainly for two reasons: (1) the absence of a specific human-rights mandate authorising the mission to investigate and verify allegations of violations; and (2) the obstacles (eg, restrictions on access) the mission faces in the implementation of its operations.

There are indications that things might move forward. In its explanation of the vote on Resolution 1920 (2010), the US urged the parties ‘to work with the international community to ensure full respect for human rights in both Western Sahara and in the Tindouf camps’. Presumably, in order to avoid further divisions within the Security Council on the expansion of MINURSO’s mandate and to build consensus, the UK has circulated a non-paper outlining alternative options. With a toll of 12 members of the security forces killed in events related to the raid on the Gdeim Izik camp, Morocco might reconsider its opposition to the deployment of international human rights monitors. Given the ongoing revolts in the region, the French veto to the term ‘human rights’ only serves to discredit its government. Criticism of its silence and collusion towards the revolts in Tunisia and Egypt suggest that France might have to review its diplomatic strategy. As a matter of fact, in an article recently published in Le Monde, a group of French diplomats demanded a more coherent foreign policy that should be developed with due regard to values of democracy and solidarity.[9]

Also in Spain, increasingly more voices recommend a review of the current diplomatic strategy for the Maghreb region (see, for example, the op-ed “Bucle marroquí” published in El País, 7/XII/2010).[10] Clearly, there is a gap between the political strategy and public statements on Western Sahara, which is narrowing down the scope for manoeuvre of Spanish diplomacy.

According to diplomatic sources, in the Group of Friends ‘the silence of Spain is deafening’. However, at a session of the Foreign Affairs Commission of the Spanish Congress of Deputies (Congreso de los Diputados) held on 18 November 2010, the Foreign Minister Trinidad Jiménez stated that Spain had requested a year earlier the expansion of MINURSO’s mandate in the field of human rights.[11] In a different instance, at a press conference held in Bolivia on 8 November 2010, the Spanish Foreign Minister suggested, in relation to the Gdeim Izik events, that the UK Presidency could convene the Security Council. However, the informative meeting of the Security Council on the matter, which was held on 16 November, took place at the sole request of Mexico.

In order to develop a more coherent foreign policy and increase Spain’s leadership capacity in international forums, a two-pronged approach could be helpful: on the one hand, a serious debate should take place in Spanish society to build the necessary consensus to close the gap between public statements and political strategy; on the other hand, different ways should be explored to translate the stated political strategy into diplomatic action. Regarding the latter, a possible course of action could be joining forces with the UK in its efforts to establish a human-rights monitoring mechanism, thus neutralising any possible opposition to it (including by France) and changing the balance of forces within the ‘Group of Friends’. By taking such an approach, Spain could contribute to making the ‘Group of Friends’ more balanced and therefore more able to prepare a draft resolution in April that is acceptable to all Security Council members and to play a constructive and relevant role to help resolve the conflict.

Which Human-rights Monitoring Mechanism?

It appears that the expansion of MINURSO’s mandate is no longer the central issue, but one of the available options to set up a human-rights monitoring mechanism. Even though MINURSO continues to be the preferred option (eg, by the Polisario Front and civil society organisations), there is also a willingness to negotiate an alternative mechanism as long as it is established as a permanent field-presence under the mandate of the Security Council. One of the relevant options discussed in this context is the opening of a Regional Office by the OHCHR.

(1) Restoring the credibility and legitimacy of MINURSO: currently only a few UN peace operations with a traditional cease-fire monitoring mandate (eg, UNFICYP in Cyprus) lack a human-rights component. In contrast, in addition to a cease-fire monitoring mandate, MINURSO also has the mandate to organise a referendum in accordance with the 1990 Settlement Plan. Comparatively, the UN mission deployed in Southern Sudan (UNMIS), where a self-determination referendum took place in January 2011, has a human-rights component with a specific mandate. In fact, MINURSO’s mandate implicitly contains human-rights responsibilities, such as maintaining law and order to ensure the necessary conditions for a free and fair referendum during the transitional period. Providing the mission with an explicit human rights mandate would bring that approach to its logical conclusion. In addition, such a mandate could help MINURSO –a mission discredited for its inability to implement a major part of its mandate– to restore its credibility and legitimacy, which are considered success factors in any UN mission. In terms of the available resources and knowledge of the ground, MINURSO would still be seen as the best option for effective human-rights monitoring. As a matter of fact, the OHCHR strongly supports the integration of human-rights components in all UN peace operations without MINURSO being an exception.

(2) A OHCHR Regional Office: The advantage of this option is that it would allow the issue to be framed as a measure to improve the human-rights situation in the context of regional development and modernisation. In contrast to expanding MINURSO’s mandate, establishing a Regional Office would avoid the contentious issue of the special status of Western Sahara, and thus, presumably, be more appealing to Morocco. However, usually OHCHR’s Regional Offices do not monitor the human-rights situation, but focus on technical assistance. Another concern is that the OHCHR lacks the power and leverage of the Security Council to negotiate agreements and ensure appropriate political follow-up of the issues identified. In fact, the OHCHR has been unsuccessfully negotiating for over two years in order to open a Regional Office in Rabat that would undertake capacity-building activities. Obtaining consent for effective human-rights monitoring in the Western Sahara and the Tindouf camps would be much more difficult.

Protecting Human Rights Through a Wide Interpretation of MINURSO’s Mandate

Until a human-rights mechanism with a specific and explicit mandate is established, MINURSO should explore different ways to increase the protection of the population of Western Sahara under its current mandate. The third parties should also work to ensure that MINURSO can implement its operations without access restrictions.

An interesting precedent is the expansion of MINURSO’s activities to support UNHCR’s family-visits programme without a change in the mandate. Moreover, the question arises whether a UN mission really requires an explicit human-rights monitoring mandate in order to report to the Security Council on the violations it might witness during its operations. In a 1993 report,[12] the understanding of the Secretary-General was that ‘while MINURSO’s current military mandate is strictly limited to the monitoring and verification of the cease-fire, MINURSO, as a United Nations mission, could not be a silent witness to conduct that might infringe the human rights of the civilian population’.

Conclusions: The third parties should use the current focus on human rights to make progress towards a resolution of the Western Sahara conflict. Separating the human-rights issue from its political context bears the risk of the conflict again falling into oblivion once the ‘technical’ human-rights questions are dealt with as part of a conflict management rather than conflict resolution strategy.

This year, South Africa, a traditional ally of the Polisario Front, is on the Security Council and will likely take a firm position in the debate. If the Group of Friends wants to avoid further damage to its credibility and legitimacy, it will have to propose a human-rights monitoring mechanism in its draft resolution in April. The most effective option to monitor human rights and change the underlying dynamics of the conflict would be to provide MINURSO with a human-rights component. In order to produce a balanced and useful draft resolution, this point of view should be represented in the ‘Group of Friends’. Spain would be the member the best placed to take on that role. It could do it as part of an independent foreign policy that takes into consideration Spain’s historical responsibility with regard to the Western Sahara conflict, its interests and strategic priorities, as well as universally-recognised legal principles. In this endeavour, the Spanish government would not only have the backing of public opinion but also a democratic mandate from the Congress of Deputies and several Autonomous Parliaments.

Notas:

[1] See http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/58/PDF/N1124558.pdf?OpenElement.

[2] See http://www.arso.org/OHCHRrep2006en.pdf.

[3] See http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/19/human-rights-western-sahara-and-tindouf-refugee-camps-0.

[4] See Salka Barca & Stephen Zunes (2009), ‘The Nonviolent Struggle for Self-determination in Western Sahara’, in Maria Stephan (Ed.), Civilian Jihad, Nonviolent Struggle, Democratization, and Governance in the Middle East, Palgrave Macmillan, New York.

[5] See http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201008/20/espana/20100820elpepunac_1_Pes_PDF.tiff.

[6] Anna Theofilopoulou & Jacob Mundy (2010), ‘Why the UN Won’t Solve Western Sahara (Until it Becomes a Crisis)’, Middle East Channel of Foreign Policy, 12/VIII/2010.

[7] See http://www.elimparcial.es/mundo/espana-nunca-ha-mostrado-una-voluntad-real-para-solucionar-el-conflicto-del-sahara-58880.html.

[8] ‘El suicidio de Marruecos’, El País, 9/XI/2010.

[9] See ‘La voix de la France a disparu dans le monde’, Le Monde, 23/II/2011.

[10] See http://www.elpais.com/articulo/opinion/Bucle/marroqui/elpepiopi/20101207elpepiopi_1/Tes.

[11] See http://www.senado.es/legis9/publicaciones/html/maestro/index_CO_658.html.

[12] ‘The Situation Concerning Western Sahara’, Report by the Secretary-General, 26/I/1993 (S/25170).

Tema: El Estado marroquí se esfuerza desde hace años para mantener el vínculo y la identificación de sus emigrantes con el país de origen y por aumentar su influencia internacional a través de ellos.

Resumen: Un elemento esencial para entender las sociedades árabes del siglo XXI, y especialmente las magrebíes, es la existencia de importantes comunidades de emigrantes instalados en otros países de la región y fuera de ella, sobre todo en Europa. Estas migraciones constituyen la base de vínculos económicos y políticos entre los Estados implicados. El esfuerzo del Estado marroquí para garantizar la vinculación de sus emigrantes con el país plantea en los últimos años nuevos escenarios de participación y pretende modernizar los términos de debate. Frente a ello reaccionan las asociaciones ya existentes, generando a su vez nuevas iniciativas y discursos. Estas migraciones suponen a medio plazo la generación de dinámicas de construcción ciudadana transnacional que plantean numerosos retos no sólo para los individuos que las protagonizan y sus familias sino también para los Estados y sus sociedades civiles.

Análisis: La creación en 2007 del Consejo Consultivo de los Marroquíes Residentes en el Extranjero ha puesto de manifiesto la importancia otorgada por el régimen marroquí y por el monarca a la cuestión migratoria y a las condiciones de integración de los emigrantes. Los esfuerzos de Mohamed VI desde su llegada al trono se vienen dirigiendo a diseñar un marco institucional con el que asegurar una vinculación de los marroquíes residentes en el exterior con el país de nacimiento que no se reduzca a los lazos familiares, a la inversión de sus ahorros en la adquisición de inmuebles o la dinamización estacional de ciertas economías locales, sino que –como otros países emisores de emigración han hecho a lo largo del siglo XX– incluya el mantenimiento de vínculos estrechos con el país. Reconocer la autoridad religiosa y política del monarca o mostrar el compromiso con la integridad territorial del Reino son elementos constantes en los discursos referidos a los marroquíes en el exterior.

Como sucediera con iniciativas anteriores, la creación del Consejo no ha sido recibida con entusiasmo por las numerosas asociaciones de inmigrantes marroquíes de Europa, abriéndose con ello, una vez más, el debate sobre la compleja cuestión de la ciudadanía marroquí en la diáspora. Si bien la estructura del Consejo asegura la participación de los emigrantes y parte con amplitud de miras a la hora de definir su ámbito de interés, también es cierto que su creación resulta para muchos insuficiente en la medida en que no da respuesta a la cuestión de la participación política de los marroquíes que residen en el exterior en las dinámicas internas del país, tantas veces reclamada. Sobre todo, su creación ha sido un jarro de agua fría para los partidos políticos, sindicatos y asociaciones que esperaban algo más tras el discurso real de noviembre de 2006 en el que Mohamed VI había anunciado su intención de conceder derechos de plena ciudadanía a los ciudadanos marroquíes residentes en el exterior. Por decirlo de otro modo, pese a las novedades institucionales que suponía el nuevo órgano y la capacidad de los encargados de llevar adelante el proyecto –con larga trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y de la migración–, se perdía la ocasión que muchos esperaban de poner en funcionamiento los mecanismos que garantizaran la representación parlamentaria de los marroquíes residentes fuera del país por medio de elecciones.

La experiencia electoral con la que cuenta Marruecos en este ámbito es muy escasa pues las urnas sólo se han utilizado para elegir a los representantes de los marroquíes residentes en el extranjero entre 1984 y 1992. Durante esos años, cinco de los 204 diputados en el entonces Parlamento monocameral eran elegidos en las cinco grandes circunscripciones exteriores del Reino. La enorme extensión territorial de las circunscripciones (España quedaba integrada en una circunscripción junto con Italia, Portugal, el Reino Unido, EEUU y Canadá, América del Sur y el continente africano, salvo el mundo árabe), la imposibilidad de que los electos pudieran participar efectivamente en las tareas del Parlamento y en su circunscripción, lo magro de su aportación a los debates parlamentarios y, cabe señalarlo, el trasfuguismo entre partidos de algunos de ellos, no facilitaron en absoluto la continuación de la experiencia.

Con todo, hacer partícipes a los marroquíes del exterior de las experiencias de reforma y apertura política que Marruecos ha vivido “en dosis homeopáticas”, por emplear el término acuñado por Bernabé López García, no ha sido una tarea fácil. De hecho, no son pocos los que señalan que los emigrantes no están informados de lo que sucede en el interior del país ni de la dimensión real de las transformaciones sociales y políticas que vive.

Una larga historia de iniciativas

Si efectivamente el voto en el exterior no es una experiencia exitosa hasta la fecha, tampoco debe considerarse su inexistencia como resultado de una falta de interés o incompetencia por parte de Marruecos para gestionar la cuestión. Si hiciésemos un balance de las iniciativas del país referidas a la gestión de la emigración bien podríamos afirmar que son muchas las propuestas lanzadas, en las que se combinan a partes iguales la imaginación en el desarrollo institucional con la voluntad de controlar a los emigrantes desde Palacio.

El discurso de Hasán II de marzo de 1990 es quizá el primer momento en el que se plantea el nuevo modo de abordar la cuestión migratoria que viene durando hasta hoy. Es el inicio de la superación –todavía hoy no conseguida del todo– de una visión anticuada de la gestión de la emigración centrada exclusivamente en lo laboral y en lo asistencial y que restringía la participación de los marroquíes en la vida política o asociativa de los países de residencia. La creación de un Ministerio para ocuparse de esos asuntos y de la Fundación Hassan II para los marroquíes en el extranjero, nacida para ayudar a mantener la identidad cultural y religiosa de los marroquíes que vivían fuera del país, así lo ponían de manifiesto. Pese a que el Ministerio tuvo en esa ocasión una corta vida, la Fundación ha seguido funcionando hasta la fecha con propuestas estimables centradas en la atención educativa y cultural de las nuevas generaciones de marroquíes nacidos entre dos mundos, apoyando el mantenimiento de su identidad cultural y religiosa.

La vieja idea de “sed marroquíes” que Hasán II proponía a los emigrantes en el exterior necesitaba, sin duda, ser renovada por Mohamed VI. Reincorporada la competencia de la emigración al Ministerio de Exteriores, la ministra delegada publicaba en 2003 un documento de trabajo que recogía los objetivos de participación en los países de acogida. Sin duda, las dinámicas de integración de los marroquíes en el exterior y su capacidad creciente de generar asociaciones de interés general y su mayor visibilidad en la vida pública de los países de residencia aconsejaron reconocer desde Palacio el valor de tal participación, yendo incluso un paso más adelante al proponerles que se organizaran como grupo de presión con capacidad de influencia en las opciones estratégicas nacionales e internacionales de los países respectivos.

Para el rey Mohamed VI y su gabinete, no se trata sólo de garantizar el derecho a la ciudadanía plena por medio de la participación política en el interior –difícil de ejecutar hoy en día para los que residen en el exterior– sino que, bajo el nuevo reinado, se conmina a los emigrantes a tomar posiciones fuera del país y a participar en la defensa de las causas nacionales estratégicas también desde los países de instalación. En este sentido, la aparición de un discurso claro por parte de algunas asociaciones en torno a la regionalización como posible salida al conflicto del Sáhara Occidental es paradigmática y tiene especial relevancia en el caso de los marroquíes instalados en España.

Más allá de lo novedoso en el discurso y en las dinámicas de gobierno y participación en los primeros años de reinado de Mohamed VI, la gestión de la emigración se encuentra entre los temas controlados desde el entorno del rey y sus asesores, que centralizan propuestas y acciones en detrimento de una gestión desde el gobierno, los Ministerios y el Parlamento.

La creación del Consejo para la Comunidad Marroquí en el Extranjero

El Consejo, cuya creación ha generado intenso debate en el seno de la comunidad, es una institución consultiva con autonomía administrativa creada para garantizar el control y la evaluación de las políticas públicas del Reino de Marruecos hacia sus nacionales emigrantes e incluye en su composición miembros deliberantes y miembros observadores. Éstos últimos forman un álbum de familia de las instituciones que se han ido creando en tiempos pasados –incluyendo otras recién nacidas– para dinamizar la sociedad marroquí en el exterior y en el interior del país: la Fundación Hasán II ya mencionada, la Fundación Mohamed V para la solidaridad, el Consejo consultivo de los derechos humanos, el Diwan Al Madhalim o gabinete de reclamaciones (una suerte de Ombudsman o Defensor del Pueblo) y tres instituciones cuya inclusión es muestra de la importancia que la religión y las identidades culturales/lingüísticas tienen en un contexto migratorio: el Consejo superior de los Ulemas, el Consejo superior de los Ulemas de Europa y el Instituto Real de la Cultura Amazigh. Junto a ellos se sientan representantes de diez Ministerios o departamentos Ministeriales. Miembros deliberantes son el presidente y el secretario general (Driss El Yazami y Abdellah Boussouf, el primero de los cuales ha sido nombrado el pasado 4 de marzo presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos) y 50 marroquíes elegidos por el Rey y nombrados por él de entre los marroquíes residentes en el exterior.

Como era de esperar, el nombramiento de estos miembros propuesto desde Rabat ha herido susceptibilidades entre los marroquíes “de la diáspora” que, como sucede también en el interior del país, se muestran indecisos entre la colaboración con instituciones de tipo consultivo que no incorporan principios democráticos en la elección de sus miembros pero que cuentan con indudable capacidad de interlocución con las altas instancias gubernamentales y el apego a su independencia, en muchas ocasiones difícil de mantener y estéril en sus frutos por su alejamiento de los canales de participación existentes.

Los analistas dedicados a estudiar la lógica de creación de los Consejos como órganos consultivos que convocan a una sociedad civil cada vez más articulada y deseosa de transparencia democrática señalan a su favor que el Consejo es un órgano de consulta sin capacidad ejecutiva. Como sucede con otros consejos de reciente creación, cuenta con un elevado presupuesto y autonomía financiera al servicio –en apariencia– de un mejor análisis de la situación de los marroquíes en el exterior desde el que proponer líneas de actuación.

La andadura del Consejo no está siendo fácil. Su creación ha traído consigo también cambios en las estrategias de la comunidad marroquí en el exterior que podrían resumirse en crítica y resistencia, de un lado, y aceptación de la agenda propuesta de debate y participación, de otro.

Las respuestas de la comunidad y las dinámicas de organización

Como decíamos, no han sido pocos los líderes de asociaciones y sindicatos residentes en el exterior que han hecho pública su desconfianza ante la creación del Consejo, centrando sus críticas en el procedimiento de elección de sus miembros. Su creación ha desencadenado un proceso de reorganización de las asociaciones, cuyas líneas de acción actuales se están decantando por elevar el tono de las demandas de participación de los marroquíes residentes en el exterior y por mostrar su disposición para asumir en paralelo mayores compromisos con Marruecos y su futuro.

De entre todas las nuevas iniciativas de representación de los marroquíes residentes en el exterior podrían destacarse tres: (1) Daba 2012 pour tous; (2) el Movimiento de Demócratas Residentes en Europa; y (3) el Foro Civil de Marroquíes en Europa. Daba 2012, creada en agosto de 2009, articula sus reivindicaciones en torno a la idea de “compromiso de participación ciudadana” tantas veces enunciado por el Monarca, y se plantea, como objetivo compartido de las más de 450 asociaciones que lo constituyen, conseguir que las elecciones de 2012 sean “elecciones para todos”, incluyendo los marroquíes en el exterior, pidiendo mayor transparencia y democracia en la elección de representantes en el Consejo como primer paso. Tres meses después de constituirse la plataforma, sus peticiones fueron escuchadas en el Parlamento marroquí en una jornada de debate en la que denunciaron el cortocircuito que, a su juicio, suponía para los intereses de los marroquíes en el exterior la existencia del Consejo como único órgano de representación.

Daba 2012 apuesta por la parlamentarización de todo lo referido a la emigración y por una mayor implicación de los Ministerios. Su objetivo es conseguir las reformas necesarias para hacer posible el voto desde el exterior. La reforma de la ley electoral y del artículo 38 de la Constitución sobre la composición de la Cámara de Consejeros tiene que ser discutida en el Parlamento y ello precisa, sin duda, de la implicación de los partidos políticos allí representados. Sin embargo, cuando en octubre de 2010 se celebró una gran reunión de la plataforma en Casablanca –tras varias celebradas en las principales ciudades europeas– algunos de los Ministerios afectados no acudieron a la cita y, contrariamente a las previsiones de los promotores, tampoco todos los partidos se hicieron eco de la convocatoria, con significativas ausencias. En la reunión de Casablanca, Daba 2012 reivindicaba una mayor presencia de los representantes de los emigrantes en el resto de Consejos –el Consejo Económico y Social, el Consejo Superior de lo Audiovisual, el Consejo Consultivo de Asuntos Saharauis, el Consejo Consultivo de Derechos Humanos y el Instituto Real de Cultura Amazigh–. Daba 2012 insiste además en la necesidad de una mayor formación y conocimiento por parte de los emigrantes de los numerosos cambios institucionales y legislativos del país para que su participación política sea eficaz.

Por su parte, el Movimiento de los Demócratas Residentes en el Exterior, cuya rama española celebró su reunión constituyente en octubre de 2009, apuesta por la democratización de todo lo relacionado con los marroquíes residentes fuera del país. Lo más original de su propuesta es que no se ciñe sólo al futuro de Marruecos sino que reclaman para sí mayor capacidad de acción en los países de acogida. Así, cuando este Movimiento –al cual se adhieren individuos y no asociaciones– enumera sus principales preocupaciones, incluye cuestiones centrales en la vida de los emigrantes como son la trasparencia en las aduanas, la mejora de las reglas de inversión o la gestión consular y otras de carácter más amplio como la violencia contra la mujer, la revisión de los asuntos religiosos y educativos o la creación de centros culturales marroquíes en las principales ciudades de instalación.

Por último, en marzo de 2010, al tiempo que se celebraba en Granada la cumbre UE-Marruecos, se reunía en la ciudad el Primer Foro Civil de Marroquíes de Europa, con el objetivo de exigir el reconocimiento de su papel como ciudadanos de las dos orillas y con la voluntad de constituirse en movimiento capaz de influir en la política interior de los países de la UE y en los cambios deseables en Marruecos. El Foro se comprometía con la agenda propuesta desde Marruecos para cuestiones cruciales, como la resolución del conflicto del Sáhara, tema para el que insistían en la necesidad de que los marroquíes residentes en Europa difundiesen entre la opinión pública de sus países de acogida las propuestas marroquíes sobre la cuestión, haciendo suyas las propuestas de construcción de un Estado marroquí basado en la descentralización, la democracia local y la diversidad lingüística y cultural.

En estas iniciativas recientes, nacidas como respuesta a la actual política de Rabat, participan algunas de las asociaciones de inmigrantes marroquíes más antiguas a las que se unen actores recién llegados a escena, incluyendo un sector creciente de jóvenes marroquíes estudiantes universitarios o profesionales.

En el territorio español desarrolla sus actividades desde 1989 un sindicato de marroquíes –la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, ATIME–, que nació tras la publicación de la primera ley de extranjería en España de 1985. También funcionan, con capacidad de convocatoria limitada a día de hoy, algunos partidos políticos marroquíes, destacando la presencia del Partido Socialista Marroquí entre los jóvenes instalados en Andalucía. Estos partidos se preparan para el hipotético caso de que las reformas demandadas acaben haciendo posible el voto emigrante en una circunscripción en el exterior. También cabría destacar el papel reciente, pero muy activo, de la asociación ONDA, afín al movimiento Justicia y Espiritualidad, con presencia en buena parte del territorio español y centrada en la acción social, especialmente con mujeres, niños y jóvenes. El trabajo de este movimiento se desarrolla en las asociaciones, en los centros de culto y en las federaciones de entidades religiosas. Para completar el panorama asociativo de marroquíes en el exterior, hay que tener también en cuenta las numerosas asociaciones culturales –muchas de ellas de marcado carácter berberista– que, pese a centrar su trabajo en cuestiones culturales, no son ajenas a los debates sociales y políticos del interior del país y participan en los movimientos citados. Y, por último, hay que mencionar la presencia de marroquíes al frente de las numerosas entidades religiosas de musulmanes en España, incluida la dirección de la FEERI, una de las dos federaciones que componen la Comisión Islámica de España, órgano de interlocución del Estado con la comunidad musulmana a efectos de seguimiento del Acuerdo de Cooperación del Estado español con los musulmanes del país. Estas entidades constituyen auténticos centros de “marroquinidad” en el exterior, donde se demandan servicios y articulan discursos sobre buena parte de los temas que afectan a los marroquíes.

Conclusión: Los marroquíes que viven fuera de Marruecos han ido constituyendo a lo largo de las dos últimas décadas un buen número de asociaciones ciudadanas que participan tanto en las iniciativas propuestas por el régimen marroquí como en las generadas por las necesidades que surgen en los países de residencia.

La creación por Mohamed VI del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero, concebido como un órgano elaborador de propuestas para mejorar la situación de los emigrantes marroquíes, no dio respuesta a las demandas de participación en los asuntos del interior del país que los emigrantes venían formulando. No se trataba sólo del tipo de institución –miembros elegidos por el monarca– y de su funcionamiento –estrictamente consultivo– sino que, además, dejaba sin resolver las demandas de participación desde el exterior a través del voto.

Desde 2009 las asociaciones de los marroquíes en el exterior reclaman con mayor claridad el derecho a participar y a conseguir una ciudadanía que les permita participar en los procesos sociales, políticos y económicos del interior. Pese al descontento con las instituciones existentes en Marruecos, las diferentes iniciativas apuestan por la asunción de compromisos con el país al tiempo que demandan una parlamentarización efectiva de todo lo referido a la emigración.

El discurso de Mohamed VI del 8 de marzo ha demostrado una vez más la capacidad de reacción rápida que tiene la monarquía alauí para capear situaciones políticas complejas. Ha formado la Comisión Consultiva que se ocupará de la revisión de la Constitución, la cual dará otra vuelta de tuerca hacia la democracia. Esta Comisión está dirigida por Abdelatif Menuni, de Equidad y Reconciliación (IER), organismo que se creó para esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante el reinado de Hassan II. La delegación deberá trabajar con sindicatos, partidos políticos y asociaciones civiles para formular las propuestas en junio, fecha límite para llevar a cabo las reformas constitucionales, y que después serán aprobadas en referéndum. Según declaraciones a la agencia de noticias MAP, el monarca otorga especial importancia a “la participación de los partidos políticos en la óptima configuración y aplicación de una buena gobernanza constitucional”.

La comisión está formada por 19 políticos, profesores de derecho, investigadores e intelectuales, que en su mayoría no pertenecen a ningún partido. Entre ellos se encuentran el ex ministro Abdelah Saaf, el pensador Mohamed Tozy, el actual jefe del Comité de Derechos Humanos, Ahmed Hazni, y la universitaria Amina el Mesaoudi, bien conocidos en España por sus múltiples participaciones y estudios sobre sociedad civil y constitucionalismo.

En un anterior articulo en La Vanguardia recordaba cómo Mohamed V, abuelo del actual rey Mohamed VI, al regreso del exilio al que le habían enviado los franceses, consiguió con ello una mayor legitimidad. Pronto percibió la importancia de las élites locales para frenar la fuerza que estaba consiguiendo el Istiqlal, partido nacionalista y panarabista que había luchado duro para conseguir la independencia y que posiblemente se hubiera convertido en partido único, al igual que el RCD en Túnez o el FNL en Argelia. Por lo que relanzó las asambleas locales, haciendo de ellas un marco temporal en el que preservar las solidaridades étnicas sobre las cuales reposaba el régimen anterior. Por otro lado los técnicos de clase media que en otros lugares apoyaban a los partidos únicos o a los movimientos militares, aceptaron adherirse a la política regia, siguiendo el ejemplo de la burguesía entrenada desde largo tiempo en este género de compromisos con el Majzén. Esta palabra quiere decir almacén. Las tribus del bled majzen pagaban impuestos al sultán que representaba el Estado centralizado, cosa que no reconocían las tribus del bled siba.Abdel Krim, miembro de la tribu de los Beni Urriaguel, luchó contra la administración francesa y española en el Rif, consiguiendo presidir entre 1923 y 1926 la República confederada de las tribus bereberes del Rif. Mohamed V pudo heredar, todos los territorios del bled siba pacificados por los ejércitos coloniales. No obstante en 1956 el todavía príncipe Hassan II, padre de Mohamed VI, realizó contra las revueltas rifeñas una represión sangrienta , ayudado por el bereber del sur, general Uzquir.

Hassan II sufrió varios intentos de asesinato de los que salió ileso de forma casi milagrosa, esto le confirió un aura de baraka,o sea de estar protegido celestialmente. Entre los golpistas estaba su mano derecha, el general Uzquir, lo que le hizo desconfiar también del ejército. En los 90 la privatización y la regionalización permiten a las élites locales hacer prevalecer algunas de sus pretensiones en torno al liderazgo del Estado. En Casablanca y Agadir los empresarios de la zona berberófona del sur de Marruecos se van haciendo con las cámaras de comercio y con negocios que antes dominaban los fessis, dejándoles sólo las finanzas.

El discurso pronunciado por Mohamed VI en enero del 2010 sobre la descentralización tiene una base importante que va más allá del Sáhara Occidental. El mismo Hassan II, a pesar del centralismo cuando avistó el panorama de la Kabilia en Argelia, no dudó en 1996 en hacer un discurso reconociendo la diversidad marroquí, entre ella la bereber o amazig. Tema que se ha ido consolidando al punto que el último discurso de Mohamed VI da un valor constitucional a la lengua. Según el rey, la descentralización puede servir para una modernización del Estado y para conseguir un desarrollo integrado, teniendo en cuenta la diversidad y especializaciones locales y regionales. Siempre, claro, bajo la unidad del Estado del que la propia monarquía es la garante. Los marroquíes son muy nacionalistas y están contentos de haber sido un califato independiente desde el siglo VIII, de tener dinastías bereberes que han dado imperios y no haber sufrido el dominio otomano. El Magreb tiene una ventaja frente al Mashrek: el 99% son suníes por lo que no temen divisiones religiosas y además empiezan a apreciar su especificidad bereber frente al arabismo. La sociedad marroquí es una de las más activas y efectivas de los países mediterráneos.

En Argelia el 80% de los recursos están nacionalizados y los grandes negocios se hacen con los militares, y la burocracia inoperante no permite crear empleos ni riqueza a pesar del maná del gasy el petróleo. El monarca alauí ya ha oído las críticas. Pronto oiremos hablar de las comunidades locales y los recursos del Estado que hoy están en gran medida bajo compañías dominadas por el Majzen.

Oui, le discours prononcé par Mohammed VI le 9 mars est historique. Mais non, ce n’est pas parce qu’il annonce une réforme de la Constitution. Si ce discours doit faire date, c’est parce qu’en le prononçant le roi du Maroc a cédé à un rapport de forces. C’est la première fois que cela arrive depuis l’indépendance en 1956. Ne serait-ce qu’à cause de cela, le cours de l’histoire a déjà changé.

Le bras de fer avait été engagé le 20 février. Répondant à l’appel lancé sur Facebook par une poignée de jeunes activistes, 120 000 Marocains avaient investi les rues de 53 villes et localités du royaume pour réclamer – entre autres – une Constitution démocratique.

Craignant une contagion des révolutions arabes, le pouvoir avait laissé les manifestations se dérouler sans intervenir. Résultat : les manifestants ont pris conscience de leur nombre, et le mur de la peur est tombé. Depuis, à coups de sit-in spontanés aux quatre coins du royaume et de tribunes enflammées dans la presse et sur Internet, la pression démocratique n’a cessé d’augmenter. Considérable en février, elle est devenue insoutenable en mars. Le 9, le roi est donc apparu à la télévision pour annoncer une réforme spectaculaire de la Constitution. Au menu : “L’Etat de droit”, “l’indépendance de la justice” et un “gouvernement élu émanant de la volonté populaire exprimée par les urnes”. Victoire de la démocratie ? Pas si vite…

En relisant le discours, on réalise que le diable est dans les détails. Ainsi, quand le roi promet de “renforcer le statut du premier ministre”, ce n’est pas en tant que chef “du” pouvoir exécutif, mais “d’un” pouvoir exécutif. Comprenez : il y en aura un autre ailleurs – au palais royal, par exemple.

Réforme constitutionnelle ou pas, la “monarchie exécutive” (l’expression est de Mohammed VI) n’a pas fini d’empiéter sur les prérogatives du gouvernement élu. C’est un peu comme si vous marchiez sur le pied de quelqu’un et qu’au lieu de faire un pas de côté vous promettiez de lui acheter de nouvelles chaussures…

Il est évident que le problème, ce n’est pas les pouvoirs du premier ministre mais bel et bien ceux du roi – et plus particulièrement leur volet spirituel, sachant que l’islam est religion d’Etat au Maroc. Sur ces pouvoirs-là, Mohammed VI a annoncé d’emblée le 9 mars qu’il n’y aurait aucun débat. Selon l’article 19 de la Constitution, le monarque est “commandeur des croyants” et, selon l’article 23, sa personne est “sacrée”. Pour boucler la boucle, l’article 29 lui donne le droit de gouverner en produisant des dahirs, décrets royaux faisant loi et non susceptibles de recours.

En toute simplicité : au nom de l’islam, le roi du Maroc peut faire absolument tout ce qu’il veut sans que personne ne puisse s’y opposer. En 1994, feu Hassan II avait justifié cette imparable mécanique politico-religieuse (dont il est l’ingénieur) en citant le Prophète Mahomet : “Celui qui m’obéit obéit à Dieu et celui qui me désobéit désobéit à Dieu.” Difficile d’être plus clair…

C’est Mohammed VI qui le dit : la démocratie suppose que les responsables rendent des comptes. Sauf que cette disposition ne s’applique pas à lui. Allez demander des comptes au “représentant de Dieu sur terre”, comme le dit l’acte d’allégeance au roi du Maroc…

Autre élément qui devrait sérieusement limiter la portée de la réforme : l’identité de ceux qui sont censés la mettre en oeuvre. Au lendemain de son discours, le roi a désigné une commission de réforme de la Constitution formée, à une ou deux exceptions près (sur dix-huit membres), de hauts fonctionnaires et autres commis de l’Etat peu susceptibles d’indépendance.

Le président de la commission, Abdeltif Menouni, 67 ans, fait partie de cette génération de juristes recrutés dans les années 1980 par Driss Basri, l’ancien homme fort du régime, pour justifier le despotisme d’Hassan II. Expert en droit constitutionnel, l’homme s’était révélé doué dans cet exercice. Il expliquait ainsi la notion de prérogative royale comme “le pouvoir discrétionnaire du monarque d’agir pour le bien de l’Etat en l’absence d’une disposition constitutionnelle ou bien par une interprétation personnelle de celle-ci”. On l’imagine mal aujourd’hui, à l’apogée de sa carrière, déconstruire ces “prérogatives” autocratiques qu’il a lui même définies.

Malgré son discours à clés et sa commission peu crédible, Mohammed VI s’est mis en grande difficulté. Quel que soit le contenu du projet final de nouvelle Constitution, il devra être validé par référendum. Ne serait-ce que pour cela, le roi sera obligé d’ouvrir le système d’une manière ou d’une autre. Le simple fait d’accepter que les partisans du “non” puissent s’exprimer librement sur les médias publics consistera déjà à affaiblir le concept, censément intouchable, de sacralité royale. Comment admettre que les Marocains puissent refuser un texte proposé par le commandeur des croyants ? Mise sous pression par la rue, la monarchie est en train d’atteindre son ultime contradiction : entre la démocratie et la sacralité, elle devra choisir.

Pas forcément consciente de ces enjeux politiques profonds, la rue, elle, attend des signes tangibles de changement. Déjà, la répression d’un sit-in pacifique à Casablanca, le 13 mars, a fait naître le doute. Pourquoi cette violence, quelques jours à peine après que le roi eut promis la démocratie ? Et s’il n’était pas sincère ?

Tous les regards sont désormais braqués sur le dimanche 20 mars, date annoncée des prochaines manifestations de masse. L’Etat ne semble disposer d’aucune bonne option. S’il décide de tomber le masque en réprimant brutalement la foule, le risque d’escalade est élevé. Hantise des autorités, le roi lui-même risquerait de ne plus être épargné par les manifestants, ce qui ouvrirait le champ à un scénario à l’égyptienne.

Si, au contraire, l’Etat lève le pied et laisse les manifestations se dérouler sans encombre, cela encouragera les gens à descendre encore plus dans la rue et à intensifier la pression.

Tôt ou tard, Mohammed VI devra lâcher du lest à nouveau. Jusqu’à quand et jusqu’à quel point ? Difficile à prédire, tant la situation est mouvante et incertaine… Une chose est sûre : la boîte de Pandore démocratique est ouverte, et plus rien ne la refermera.

Una de las consecuencias más hermosas de las revoluciones tunecina y egipcia, y de la dinámica 20 de febrero que se ha puesto en marcha en Marruecos, es que la providencia, sea cual sea su naturaleza, ha quedado fuera de juego desde el comienzo. Ante unas sociedades encolerizadas y crispadas, ya no sirve remitirse a la autoridad divina para justificar la sumisión; ni esgrimir el pretexto de la interminable lucha contra el integrismo para justificar el Estado de no derecho; ni escudarse en el economicismo para seguir aplazando la distribución de la riqueza; ni invocar una supuesta “minoría” o “inmadurez” de los pueblos para justificar el autoritarismo. Ahora, la partida se juega entre humanos, entre adultos que tratan de tú a tú a sus jefes, a los que ayer mismo percibían como divinidades intocables.

La irrupción de los clientes de la libertad. Al superar la servidumbre voluntaria, los pueblos de la región han comprendido por fin que si aquel que detenta arbitrariamente el poder abusa de él, es solo porque ellos han aceptado claudicar, porque consienten sin convicción o protestan en petit comité, o incluso en silencio.

El día en que esos pueblos traspasaron el muro del silencio, en que se autorizaron a sí mismos a salir de su mutismo de conveniencia, cruzaron el umbral de la ciudadanía. Se declararon “clientes” de la libertad. Reclamaron su parte de dignidad y justicia ante un mundo que los creía sometidos para siempre, consintientes ante unas ofertas injuriosas de prosperidad sin democracia (en Túnez) o de miseria sin horizonte regulador (en Egipto). En Marruecos, empiezan a hacerlo contra una seudolibertad otorgada sin contrapoderes.

Repartir mejor la riqueza y el poder, promover el acceso equitativo a una escuela que garantiza el ascenso social, someter a todo el mundo a una justicia realmente independiente. Los eslóganes despegados el 20 de febrero en 53 localidades marroquíes recuerdan ciertas evidencias, pero en todo caso evidencias desoídas durante mucho tiempo, dado que los cálculos tácticos de la sociedad cortesana prevalecieron sobre las necesidades estratégicas de la sociedad a secas. Las sociedades civil y política, que vienen perdiendo autonomía desde comienzos de los años 2000, han sido cómplices por cooptación, clientelismo y connivencia de intereses. Y las poblaciones afectadas, a su vez, han carecido de antenas de transmisión y de espacios de concertación creíbles. A la larga, estos errores debilitaron la vigilancia ética y política de los marroquíes a sus espaldas. Hoy, mediante ese gesto de contestación civil, tres cosas vuelven a ser posibles de pronto.

Lo que el 20 de febrero rehabilita. La dinámica -nacida de la Red, pero de ningún modo virtual- rehabilita, en primer lugar, el derecho a la controversia y al debate libre en el espacio público sobre los fundamentos del proyecto político en Marruecos y la excesiva centralidad de la monarquía en el tablero político-económico. En etapas anteriores, esta posibilidad de expresar abiertamente unas divergencias legítimas sobre cuestiones de gobernanza capitales simplemente fue enterrada, pues era percibida como una fuente probable de discordia. Hoy, asistimos a una inversión de esa tendencia. Los foros de Internet lo prueban, los intercambios improvisados durante la marcha del pasado 20 de febrero lo confirman. La necesidad de expresarse libremente sobre la estructura y el funcionamiento del poder, la limitación de las prerrogativas reales, la necesidad de una élite política responsable y susceptible de rendir cuentas, ya no es un lujo que se permiten algunos iluminados en salones aterciopelados, sino un paso obligado para volver a conectar a los marroquíes con su destino. Los artífices del 20 de febrero no se engañan. Para ellos, la élite corrupta y sectaria que sostiene las riendas no está a la altura. Pues cuanto más pequeña es la apuesta, más pequeños son los jugadores que entran en liza y más pequeños son sus manejos, sus intereses y las causas a las que sirven.

En segundo lugar, el 20 de febrero permite restablecer el ejercicio de la política a través de la relación de fuerzas. Desde que la antigua oposición confundió participación gubernamental con abdicación política, aceptación de una constitución a la baja en 1996 y amordazamiento de la ambición de una separación de poderes, los partidos susceptibles de tener algún peso en la balanza política se han convertido en sombras de sí mismos. Hoy, al no poder contar con intermediarios políticos fiables para garantizar un contrapoder, la exigencia de la relación de fuerzas llega desde la base, espontáneamente. Eso permite disociar la persona del rey -plebiscitada-, su papel de árbitro por encima del área de juego -apreciado- y el alcance de su función -por reevaluar- para crear un Estado reformista, virtuoso y más justo.

Finalmente, todo esto deja caduco un pacto implícito, nacido de los escombros de los atentados del 16 de mayo de 2003, según el cual la élite política y social aceptaba la permanencia del autoritarismo en la medida en que este parecía servir de muralla contra el integrismo. Hoy, este dilema falsamente corneliano entre dos males (autoritarismo frente a integrismo) ya no está de actualidad. El contexto ha redefinido las jerarquías: antes que nada, son un mercantilismo y una injusticia social favorecidos por una gobernanza no democrática los que amenazan los fundamentos de la paz social. El resto forma parte de la gestión política de la pluralidad. No se trata de dejar de lado las divergencias entre ideologías o de cerrar los ojos al fundamentalismo (del Estado y de la sociedad) en nombre de un consenso invertido, sino de sanear las reglas del juego para que ninguna verdad, ya sea sagrada o considerada como tal, no prevalezca sobre otra.

Una oportunidad inesperada que no hay que dejar pasar. El “baraka” popular de los marroquíes -que no hay que confundir con “la” baraka jerifiana que opone a los rentistas del sistema con aquellos que cuestionan sus abusos- recuerda más al Kifaya egipcio de 2008 -movimiento de protesta impulsado por los ciberactivistas egipcios tras los motines de Mahalla- que a los derrocamientos de 2011. Con la diferencia de que la rueda de la historia se ha acelerado después. Es tanto como decir que Marruecos tiene ante sí una pequeña ventana de lanzamiento para recuperar su retraso. ¿Cuál? El retraso en cumplir la promesa de una reforma real de la gobernanza y de salir de esa zona gris, ni democrática ni autocrática, que solo beneficia a los notables, los cortesanos y los líderes de lenguaje estereotipado.

A grandes rasgos, Marruecos lleva una década seduciendo a proveedores de fondos e inversionistas con una imagen de primero de la clase ambicioso. Hoy, corre el riesgo de verse adelantado por un Túnez triunfante y un Egipto exultante. Porque no hay que equivocarse. Todo es cuestión de energía colectiva y de sentido del interés general. Ahora bien, en Marruecos, reconozcámoslo, las orientaciones excesivamente mercantilistas, la propensión de las personas cercanas al rey a colocarse por encima de las leyes y a pisotearlas, y la ausencia de asunción de riesgos políticos para contrarrestar esas tendencias abusivas han favorecido las estrategias individuales y han afectado a la vida en común.

Para volver a dar sentido a la promesa de despegue en la que los marroquíes de todas las clases sociales creen desde fines de los años noventa, será necesaria una verdadera reactivación del espíritu de apertura, de audacia, debate e iniciativa. Por el momento, en vez de eso asistimos a un celo patriótico que insulta la inteligencia de la mayoría, da alas al espíritu inquisitorial de algunos y deja muy poco margen para aquellos que piensan o actúan de otro modo. Es hora de combatir la inercia que se desprende de ello. Y de aprovechar la bocanada de aire fresco insuflada por los “clientes” de la libertad para repensar el Marruecos de mañana, lejos de las tácticas complacientes que mantienen un statu quo suicida.

Au-delà de la séquence, qui permet de parler d’une contagion de la contestation dans les pays arabes et musulmans (mais sont-ce des qualificatifs bien pertinents pour désigner ces sociétés plurielles ?), il faut bien constater que les réalités politiques, économiques, sociales, culturelles, bref humaines, rendent tous ces pays du sud et de l’est de la Méditerranée, et au-delà, extrêmement différents les uns des autres.

Si l’on fait, au pas de charge, le tour de la “région”, on remarquera que le détonateur tunisien, où dominent les diplômés chômeurs de régions délaissés par l’Etat (plus que par le régime, comme on l’entend bien souvent) et où l’élite tunisoise travaille certainement à récupérer le train en marche, n’a que peu à voir avec le contexte égyptien, où la jeunesse cairote nantie et éduquée a réussi à fédérer une contestation qui a poussé ou aidé la colonne vertébrale du système politique, à savoir l’armée, à faire sauter un fusible devenu gênant. Que dire aussi de l’Irak, où la démocratie (si on limite ce mot l’existence d’élections libres et pluralistes) a été établie à la pointe de la baïonnette américaine.

Que dire du Yémen et de la Libye, où les clivages régionalistes, religieux et tribaux sont assurément plus prégnants que ne le sont les paradigmes de la démocratie. Que dire des monarchies du Golfe et, par exemple, de Bahreïn, où la contestation de la communauté chiite majoritaire est aussi ancienne que l’émirat-royaume, ou du Qatar, étrangement absent de la couverture d’Al-Jazira. Que dire de l’Iran, où la répression est assurément féroce, mais où les leaders de la contestation sont issus du sérail de la Révolution islamique. Que dire enfin de l’Algérie, où les années de guerre civile sont à coup sûr présentes à l’esprit de tous les protagonistes.

Il n’est donc ni raisonnable ni utile de penser que la contestation va s’étendre à l’ensemble de ces pays, de manière mécanique, au nom du fait qu’ils se ressembleraient tous, culturellement, religieusement et politiquement. Si contagion il y a, c’est principalement du fait des médias, d’une communauté de langue et d’une grande désespérance sociale. Au-delà, c’est le contexte propre à chaque pays qui s’impose et permet d’expliquer que la contestation y prend… ou n’y prend pas.

Au Maroc, un appel à manifester a été diffusé par différents mouvements de jeunes, via le réseau social Facebook entre autre. Ces appels n’ont pas été relayés par les partis politiques ou les syndicats, mais bien par différentes organisations de défense des droits humains. Le Parti pour la justice et le développement (PJD), islamo-conservateur, s’est dit non concerné par l’appel à la marche du 20 février. Le porte-parole du gouvernement s’est dit, pour sa part, serein, ajoutant que le gouvernement s’attachait à répondre aux revendications des jeunes. Comment analyser cette situation ?

A notre sens, il existe deux facteurs principaux à la stabilité actuelle du royaume. On pourrait parler de double désamorçage. D’un côté, le champ politique a fait, durant les années quatre-vingt-dix, l’objet d’une ouverture aussi indéniable que limitée, qui a vu les partis de l’ancienne opposition de gauche devenir des partis de gouvernement et des personnalité issues parfois de l’extrême gauche occuper des positions de pouvoir. Une véritable compétition électorale a été mise en place, dont témoignent notamment les élections de 2007 (ce qui ne veut pas dire que tout y soit transparent et exemplaire). En outre, la page des “années de plomb” a été tournée avec l’instauration d’un Conseil consultatif des droits de l’homme, dès le règne d’Hassan II, et la mise en place peu après de l’Instance équité et réconciliation. Le processus s’est prolongé dans le domaine de la presse, où le maintien de lignes rouges (notamment la personne du roi) et l’utilisation de procédés de pression indirects (l’assèchement publicitaire) n’empêchent pas l’adoption de positions très critiques.

L’autre désamorçage, on l’observe du côté social. Le Maroc est un pays de profondes inégalités économiques et sociales, avec des marges très largement délaissées. En se présentant comme le “roi des pauvres” et, plus encore, en multipliant les initiatives de type social (l’Initiative de développement humain, le Plan d’urgence pour l’enseignement supérieur, les divers chantiers urbains et de réforme), Mohammed VI réussi à se placer au-dessus de la mêlée, au point que l’hebdommadaire francophone le plus critique et son pendant arabophone pouvaient titrer, cet automne, “Faut-il qu’il fasse tout ?”.

LE RÉGIME N’EST PAS MIS EN CAUSE EN LUI-MÊME

La question n’était pas dénuée de critique mais montrait que le problème principal ne résidait pas tant dans la personne du chef de l’Etat lui-même que dans la répartition des responsabilités. Autrement dit, la critique la plus forte porte sur ce que fait ou ne fait pas le gouvernement et, derrière lui, les partis politiques, plutôt que sur le leadership royal lui-même. Le régime n’est pas mis en cause en lui-même. On remarquera d’ailleurs que les revendications sur Facebook touchent plutôt à la justice sociale et que, lorsqu’elles s’étendent au domaine politique, elles revendiquent l’avènement d’une monarchie parlementaire.

Il reste que les réformes politiques et sociales ont marqué, ces derniers temps, un certain ralentissement. Ce n’est pas tant le manque de volonté qui est en cause que l’ampleur des défis et l’inertie d’une partie du système à se réformer, dès lors que rien ne semble l’y contraindre. Ainsi en va-t-il de la réforme de la justice, véritable serpent de mer des gouvernements successifs. Toujours sur le métier, jamais réellement entreprise, sinon sur des questions périphériques, elle risque de rythmer la vie politique du pays dans les prochaines années. De ce point de vue, la question n’est pas tant de savoir s’il faut craindre une contagion du printemps arabe au Maroc que celle de savoir s’il ne représente pas une opportunité pour le pouvoir : celle de reprendre son souffle dans l’élan réformiste, en s’appuyant sur la contestation observable ailleurs pour, premièrement, souligner le succès du double désamorçage, qui permet au Maroc d’échapper à la crise et, deuxièmement, éviter les affres du temps en réactivant d’anciens dossiers et en en mettant de nouveaux sur la table.

En effet, de nombreux Marocains sont descendus dans la rue pour manifester. A Rabat, nombreux étaient aussi les badauds venus assister au spectacle de la manifestation. On pouvait croiser des vendeurs de sucreries. Alors que quelques partisans monarchistes étaient regroupés devant la gare, un cortège composite remontait l’avenue Mohammed V. On ne percevait pas de coordination générale, mais une succession de groupes représentant le pluralisme marocain, de la gauche, majoritairement, aux islamistes, en passant par les défenseurs de la marocanité du Sahara. Beaucoup de jeunes, mais pas seulement. Les slogans ne visaient pas la personne du roi, même quand il s’agissait de condamner la tyrannie.

En revanche, on pouvait observer de multiples mises en cause du gouvernement et, plus encore, de l’injustice sociale : confusion du pouvoir et de l’argent, corruption, holdings privés, telles étaient les cibles principales. Incontestablement, le régime dispose d’une large marge de manœuvre fondée sur le pluralisme même du mouvement et sur son absence de polarisation. Il paraîtrait raisonnable d’en profiter.

Tema: El establecimiento de un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, preferentemente mediante la ampliación del mandato de la MINURSO, cambiaría la dinámica subyacente del conflicto, permitiendo avances en el proceso negociador.

Resumen: El foco sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental ha aumentado la visibilidad del conflicto y la presión para resolverlo, abriendo oportunidades de superar el estancamiento actual que las terceras partes deberían aprovechar. Un mecanismo de supervisión de los derechos humanos, preferentemente por la MINURSO, serviría como medida de fomento de la confianza entre las partes del conflicto. Además, una posición firme respecto a las obligaciones de las partes en materia de derechos humanos sentaría un precedente para una mediación internacional más vigorosa, cambiando la dinámica subyacente del conflicto. Una estrecha coordinación de España con el Reino Unido para establecer un mecanismo de supervisión de los derechos humanos neutralizaría la oposición de Francia y equilibraría la relación de fuerzas dentro del “Grupo de Amigos del Secretario General para el Sáhara Occidental” (Grupo de Amigos), creando condiciones para aumentar su eficacia. Una decisión del Consejo de Seguridad a tal efecto en abril de 2011 permitiría avanzar en el proceso negociador para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.

Análisis: En los dos últimos años, el debate del Consejo de Seguridad sobre la situación en el Sáhara Occidental se ha centrado, por una parte, en la necesidad de establecer un mecanismo independiente para vigilar el respeto de los derechos humanos y, por otra, en la demanda de ampliar el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) a tal efecto. A no ser que se llegue a un acuerdo previo, todo apunta a que este debate se reanudará, con mayor intensidad si cabe, en la reunión que el Consejo de Seguridad celebrará en abril para considerar el próximo informe del Secretario General sobre la situación en el Sáhara Occidental y decidir sobre la renovación del mandato de la MINURSO.

Este año España no es miembros del Consejo de Seguridad. Sin embargo, como miembro de la UE y, en particular, del Grupo de Amigos, inevitablemente se verá implicada en este debate y se enfrentará a las exigencias de definir claramente su posición al respecto. Para la diplomacia española, esta situación supone, además de un reto, la oportunidad de mostrar su capacidad de liderazgo estableciendo alianzas e impulsando ideas en foros multilaterales que contribuyan a resolver una situación considerada por muchos como insostenible. En la Resolución 1920 del 30 de abril de 2010, el Consejo de Seguridad también reconoció que “la consolidación del statu quo no es aceptable a largo plazo”.

Los derechos humanos, ¿una piedra en el camino hacia la paz?

En vista de la importancia que está cobrando la defensa de los derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental, existe la preocupación de que la atención del Consejo de Seguridad se desvíe de las cuestiones políticas esenciales. También se critica que el énfasis sobre los derechos humanos no obedece a una preocupación sincera, sino que es una estratagema del Frente Polisario para atacar a Marruecos.

La atención a la cuestión de los derechos humanos ha de situarse en un contexto más amplio. Desde el final de la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad ha vinculado el respeto a los derechos humanos al mantenimiento de la paz y la seguridad. Un ejemplo es la Resolución 688 (1991) condenando “los actos de represión perpetrados contra la población civil iraquí”, exigiendo que Iraq pusiera fin a los mismos “a fin de contribuir a eliminar la amenaza a la paz y la seguridad internacionales”, y promoviendo el diálogo “con miras a garantizar que se respeten los derechos humanos y políticos de todos los ciudadanos iraquíes”.

Otro ejemplo más reciente es la Resolución 1970, que remite la situación imperante en Libia desde el 15 de febrero de 2011 a la Corte Penal Internacional e impone un embargo de armas tras deplorar “la grave y sistemática violación de los derechos humanos, incluida la represión de manifestantes pacíficos”.[1] Aprobada bajo el capítulo VII de la Carta de la ONU, esta resolución subraya “la necesidad de respetar las libertades de reunión pacífica y de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación”, pide que “se tomen medidas para satisfacer las demandas legítimas de la población” e insta a las autoridades libias a “permitir el acceso inmediato de veedores internacionales de derechos humanos” y “levantar inmediatamente las restricciones impuestas a los medios de comunicación de todo tipo”. Si en el próximo mes de abril el Consejo de Seguridad no abordara la situación de los derechos humanos en su debate sobre el Sáhara Occidental y no la examinara con el mismo baremo que ha aplicado en Libia, estaría haciendo una excepción que comprometería seriamente su credibilidad y, por tanto, su capacidad para mantener la paz y la seguridad en toda la región.

Por otra parte, al poner sobre la mesa del Consejo de Seguridad la ampliación del mandato de la MINURSO, el Frente Polisario ha integrado en su estrategia diplomática una recomendación formulada años antes por las organizaciones internacionales de derechos humanos. De hecho, la campaña de Amnistía Internacional (AI) se remonta a 1992. En todo caso, la decisión del Consejo de Seguridad de autorizar a la MINURSO a vigilar el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf (en territorio argelino) requeriría el consentimiento de Marruecos, del Frente Polisario y de Argelia, poniendo a prueba el compromiso con los derechos humanos de todas las partes.

El foco sobre los derechos humanos: efecto y no causa de la falta de resolución del conflicto

En 2006, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH) concluía en un informe confidencial filtrado a la prensa[2] que casi todas las violaciones de derechos humanos tenían su origen en la falta de realización del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. En vista de una promesa de referéndum incumplida, de la inviabilidad de la lucha armada y del escaso éxito de las iniciativas diplomáticas, la defensa del derecho a la autodeterminación se ha convertido en un eje importante de las campañas de los activistas saharauis sobre la base del Artículo 1 de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, adoptados por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1966.

Para reprimir sus actividades e intimidar a la población del Sáhara Occidental, las autoridades marroquíes han utilizado leyes que prohíben ataques contra la “integridad territorial” de Marruecos, lo que ha conllevado violaciones de los derechos de expresión, asociación y asamblea, además de procesos sin garantías judiciales, maltrato, torturas y violencia policial. Marruecos también ha impuesto restricciones a los medios de comunicación y expulsado a observadores internacionales. En un informe de 2008, Human Rights Watch (HRW) concluía que los límites a los avances que Marruecos ha realizado desde los años 90 en materia de derechos humanos se manifiestan en la represión de posiciones contrarias a la tesis de que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos.

También en los campos de refugiados de Tinduf en Argelia, administrados por el Frente Polisario, existen violaciones de derechos humanos vinculadas a la falta de resolución del conflicto. Por ejemplo, en septiembre de 2010, el policía Mostafa Salma Sidi Mouloud fue detenido arbitrariamente tras expresar públicamente su apoyo a la propuesta de autonomía marroquí –que excluye un referéndum con la opción de la independencia reclamada por el Frente Polisario– y anunciar que la promovería en los campos de Tinduf.

Aumentando la visibilidad de un conflicto olvidado

En una entrevista de 2004 ofrecida al Public Broadcasting Service (PBS), el antiguo secretario de Estado estadounidense y enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental de 1997 a 2004, James Baker, opinaba que una de las dificultades para resolver el conflicto provenía de la escasa importancia que se le atribuye en el orden internacional. El foco sobre los derechos humanos ha hecho el conflicto más visible y lo ha devuelto a la agenda internacional, aumentando así la presión para resolverlo.

Destacan tres acontecimientos que, sobre la base del discurso de los derechos humanos, han reforzado la solidaridad internacional: el levantamiento (intifada) saharaui de 2005, el desafío de Aminetu Haidar al oponer resistencia a su expulsión de El Aaiún mediante una huelga de hambre en 2009 y las acciones de protesta vinculadas al campamento de Gdaym Izzik en 2010. El reto estriba, pues, en diseñar estrategias diplomáticas que aprovechen la presión y el interés generados por las cuestiones de derechos humanos como revulsivo para transformar las relaciones y salir del estancamiento. En este cometido, el papel de las terceras partes es clave.

La necesidad de crear dinámicas nuevas para avanzar en el proceso diplomático

En un informe del International Crisis Group publicado en 2007 bajo el título Superar el Estancamiento, se vaticinaba que si la dinámica subyacente del conflicto no cambiaba, los esfuerzos por encontrar una solución negociada sobre las base de las propuestas presentadas por Marruecos y el Frente Polisario estaban abocados al fracaso. Desde entonces, sucesivas rondas de consultas informales bajo los auspicios de la ONU ni siquiera han logrado producir un acuerdo previo sobre el marco de las negociaciones: cada una de las partes continúa rechazando la propuesta de la otra como base de negociaciones futuras, aunque el Frente Polisario se ha mostrado más proclive a considerar la propuesta de la otra parte si hay reciprocidad.

En una carta al Grupo de Amigos, enviada en junio de 2010 y más tarde filtrada a la prensa,[3] el enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, dejaba entrever su frustración con la actitud de Marruecos y la falta de avances y pedía apoyo para salir del estancamiento. Si para lograr este objetivo resulta necesario crear dinámicas nuevas, cabe analizar, en primer lugar, las dinámicas existentes actualmente; en segundo lugar, el papel que podrían jugar las terceras partes para cambiarlas; y, por último, la manera de encajar la cuestión de los derechos humanos en una estrategia diseñada a tal efecto.

La dinámica actual: la misma que provocó el fracaso del Plan Baker II

El fracaso del Plan Baker II es un buen ejemplo de las dinámicas que bloquean los esfuerzos por resolver el conflicto. En junio de 2004, Baker dimitía de su cargo de enviado personal tras constatar la negativa del Consejo de Seguridad de respaldar su plan de paz con la fuerza necesaria para ponerlo en práctica: la Resolución 1541 daba mayor apoyo a la búsqueda de “una solución política mutuamente aceptable” que al plan de paz del enviado personal. Tras una fase de autonomía, el Plan Baker preveía un auténtico referéndum de libre determinación –incluida la opción de la independencia– con una identificación de votantes que favorecía los objetivos políticos de Marruecos. Si bien reconocía la relación de poder entre las partes, era una propuesta de compromiso que intentaba salvar principios básicos del Derecho Internacional. Con dificultades, el Frente Polisario la aceptó, pero Marruecos, la parte más fuerte, la rechazó tajantemente afirmando que “el carácter definitivo de la solución de autonomía no [era] negociable”. Dando claras muestras de parcialidad, en 2007 el Consejo de Seguridad ponía de manifiesto su preferencia por el plan de autonomía marroquí: las resoluciones 1754 y 1783 hacen referencia a “los esfuerzos serios y creíbles” de Marruecos –pero no del Frente Polisario– de encontrar una solución. En su declaración relativa a la Resolución 1783, Sudáfrica, gran aliado diplomático del Frente Polisario, advertía que elogiar una propuesta por encima de otra minaría las posibilidades de negociar un acuerdo.

Al apoyar la propuesta de Marruecos de antemano, el Consejo de Seguridad ha “desincentivado” su voluntad de compromiso y acentuado el diferencial de poder entre las partes en un conflicto asimétrico con implicaciones para el proceso negociador: ni ha persuadido a Marruecos de la necesidad de hacer concesiones para alcanzar sus objetivos, ni se ha ganado la confianza del Frente Polisario para negociar. En una entrevista publicada en marzo de 2010,[4] Julian Harston, representante especial del secretario general para el Sáhara Occidental y jefe de la MINURSO entre 2007 y 2009, confirmaba que la comunidad internacional había presionado principalmente al Frente Polisario. Ante esta perspectiva, si el Consejo de Seguridad y el Grupo de Amigos quieren ayudar a desbloquear la situación, tendrán que revisar sus planteamientos.

El respeto a los derechos humanos como medida de fomento de la confianza

En la Resolución 1920 (2010), el Consejo de Seguridad destaca “la importancia de lograr avances respecto de la dimensión humana como medio de promover la transparencia y la confianza mutua”. Sin embargo, las medidas que se aplican actualmente se limitan a facilitar reuniones entre saharauis de los campos de Tinduf y sus parientes en el Sáhara Occidental por razones humanitarias. Un mecanismo eficaz de supervisión de los derechos humanos podría contribuir a mejorar el bienestar de la población fomentando la confianza entre las partes del conflicto. Así, una mayor libertad de expresión, asociación y asamblea podría abrir espacios para un debate sereno sobre las diferentes opciones de futuro sin temor a represalias, creando un clima de confianza más propicio al diálogo.

Además, aunque con opciones diferentes, tanto el plan de paz de Marruecos como el del Frente Polisario proponen un referéndum. Sin una garantía de respeto escrupuloso a los derechos de expresión, asociación, asamblea y movimiento será imposible celebrar un referéndum libre y justo cuyo resultado sea aceptado por la población saharaui como legítimo. Por tanto, un mecanismo de supervisión de los derechos humanos ayudaría a restablecer la confianza del pueblo saharaui en el proceso auspiciado por la ONU, fomentando la posibilidad de una resolución del conflicto por la vía pacífica, relajando la tensión sobre el terreno y creando esperanza en las oportunidades de futuro. Por otra parte, un acuerdo sobre un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos serviría de precedente para negociar y gestionar otras cuestiones.

Marruecos y los socios que han apostado por su propuesta de autonomía, como EEUU, Francia y España, deberían, por su propio interés, apoyar el establecimiento de un mecanismo de supervisión de los derechos humanos Si bien la autonomía es una opción válida para realizar el derecho de autodeterminación, no es realista pensar que el pueblo saharaui la aceptará sin garantías amplias, firmes y creíbles de respeto a los derechos humanos, división de poderes y participación democrática. Como afirmaba Bernabé López García en un artículo el pasado noviembre,[5] “sin democracia, no habrá salida alguna al problema del Sáhara”; sin respeto a los derechos humanos, tampoco.

El contencioso en torno a los derechos humanos, ¿un punto de inflexión para cambiar la dinámica del conflicto?

El debate sobre los derechos humanos ha seguido la misma dinámica que ha marcado el conflicto. Las posiciones entre las partes son “cuasi-irreconciliables”, como decía el antiguo enviado personal van Walsum, el Consejo de Seguridad carece de voluntad política para imponer soluciones sobre la base del Derecho Internacional, favoreciendo los objetivos de la parte más fuerte en un conflicto asimétrico, y la Secretaría General de la ONU muestra excesiva timidez a la hora de asumir sus responsabilidades y hacer valer los principios que enarbola, minando la credibilidad de la organización. En lo que respecta al Consejo de Seguridad, éste ha supeditado el establecimiento de un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos al consenso entre las partes. Ha dado así poder de veto a Marruecos en cuestiones relativas a la protección de los derechos humanos de una población en un Territorio No Autónomo que, en gran parte, se halla bajo su control efectivo sin reconocimiento legal.

Un enfoque más eficaz para proteger los derechos humanos de la población saharaui y asegurar avances en el proceso diplomático consistiría en dejar claro que la defensa de los derechos humanos no es negociable. De este modo se crearían dinámicas nuevas que mitigarían los efectos de la estructura asimétrica del conflicto, se sentaría un precedente para una mediación más vigorosa y aumentarían las perspectivas de éxito en las negociaciones.

Existe la preocupación de que Marruecos abandone la mesa de negociaciones si recibe presiones pero, por otra parte, no hay grandes avances en el proceso diplomático. El propio Christopher Ross ha advertido que sin una mayor voluntad política, continuar las conversaciones sólo servirá para desacreditar a la ONU. Las protestas organizadas desde el campamento de Gdaym Izzik y las vehementes demandas de derechos económicos, sociales, civiles y políticos que provienen del Sáhara Occidental y gran parte del mundo árabe muestran que, para lograr una paz sostenible y estabilidad regional, cualquier solución política tendrá que incluir el respeto a los derechos humanos.

¿Qué se puede hacer en abril desde la ONU?

Hay poco que perder y mucho que ganar. Dos ejemplos concretos de cómo las terceras partes podrían mostrar una actitud firme en relación con los derechos humanos en el mes de abril serían: (1) una recomendación del secretario general de establecer un mecanismo de supervisión de los derechos humanos; y (2) una propuesta concreta del Grupo de Amigos para ponerla en práctica.

(1) El Informe del secretario general de la ONU: consciente de las divisiones en el Consejo de Seguridad, el secretario general todavía no ha recogido en sus informes la recomendación realizada en 2006 por la OACDH –que forma parte de su propia Secretaría– de que la ONU explore la mejor manera de establecer un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos en la región.En un informe con lagunas, en abril de 2010, el secretario general reconoce el deber de la ONU de promover las normas de derechos humanos en todas sus operaciones, pero no explica cómo la MINURSO está cumpliendo con ese deber. En dicho informe, el secretario general menciona denuncias de violaciones de derechos humanos por ambas partes y dice haberlas transmitido a la OACDH, pero no explica qué seguimiento se les ha dado desde allí. Tampoco menciona la controversia legal que existe en torno a la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental. Por último, señala que la MINURSO no dispone de un mandato en materia de derechos humanos, aunque no indica si lo debería de tener.

Quizá el secretario general pretenda proyectar una imagen de imparcialidad. Sin embargo, desde el Informe Brahimi (2000), la imparcialidad en las operaciones de paz no se entiende como neutralidad, sino como adhesión a los principios de la Carta de Naciones Unidas, lo cual incluye el respeto a los derechos humanos.

Un mayor compromiso con la defensa de los derechos humanos se correspondería con la responsabilidad especial de la ONU con la población de un Territorio No Autónomo que, tras la retirada unilateral de España como potencia administradora en 1976, se ha quedado de facto sin las protecciones que le confiere el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas. En una conferencia sobre el Sáhara Occidental organizada por las universidades públicas de Madrid en 2007, Francesco Bastagli, representante del secretario general y jefe de la MINURSO de 2005 a 2007, recomendaba que, hasta que se materialice el derecho a la autodeterminación, la ONU actúe como “abogado defensor” del pueblo saharaui en temas como los derechos humanos o la explotación de los recursos naturales. Siguiendo esta línea de pensamiento, el informe del secretario general de 2011 debería adoptar las recomendaciones de la OACDH, marcando pautas para el debate del Consejo de Seguridad.

(2) ¿Es incapaz el Grupo de Amigos de cumplir con sus funciones?: en los dos últimos años, en lugar de agilizar el proceso, los borradores del Grupo de Amigos han sido objeto de controversia por ignorar las cuestiones relativas a los derechos humanos Las resoluciones sólo pudieron ser aprobadas por unanimidad tras horas de intenso debate dedicado a acordar fórmulas de compromiso que hicieran referencia a los derechos humanos, pero sin mentarlos por su nombre. Esta controversia cuestiona la capacidad del Grupo de Amigos para cumplir con sus funciones. En sus intervenciones relativas a la Resolución 1920, Nigeria, Uganda, México y Austria abogaron por una revisión del proceso de redacción con el objetivo de hacerlo más inclusivo y transparente.

Tanto en 2009 como en 2010, los borradores preparados por el Grupo de Amigos tuvieron que ser renegociados a fondo en el Consejo. En 2009, la presión de Costa Rica, México, Nigeria y Uganda, junto con la posición favorable del Reino Unido, llevaron a la inclusión de un párrafo en el preámbulo de la Resolución 1871 que hace referencia a los derechos humanos por medio del término “dimensión humana”, lo cual no deja de ser una completa anomalía en el sistema de Naciones Unidas. En 2010, tras las amenazas de México, Uganda y Nigeria de abstenerse en el voto, fueron necesarias 18 horas de negociaciones a nivel de embajadores y la mediación de EEUU para añadir a la Resolución 1920 tres líneas en las que, con una fórmula de “ambigüedad constructiva”, se observa la necesidad de que las partes respeten los derechos humanos y cooperen con la OACDH. La diplomacia activa de algunos miembros no permanentes del Consejo lograba así abrir espacios para negociar el establecimiento de un mecanismo de supervisión de los derechos humanos.

Perspectivas y opciones

La ola de revueltas en el Magreb y los acontecimientos relativos al campamento de Gdaym Izzik han incrementado la presión sobre el Consejo de Seguridad de establecer un mecanismo de supervisión de los derechos humanos. Las dificultades de contrastar las cifras de víctimas sin acceso al territorio, el bloqueo informativo impuesto por Marruecos y las repercusiones políticas del desmantelamiento del campamento mostraron la necesidad de una presencia permanente de la ONU en el territorio que proporcione al Consejo información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos. Actualmente la MINURSO no está en condiciones de cumplir con esa función por dos razones: (1) la falta de un mandato explícito de protección de los derechos humanos para investigar y contrastar datos; y (2) los obstáculos a los que se enfrenta a la hora de llevar a cabo sus operaciones.

Todo parece indicar que las fichas se están moviendo. La explicación del voto de EEUU en la Resolución 1920 pide a las partes que cooperen con la comunidad internacional para garantizar el respeto a los derechos humanos. A fin de evitar que el contencioso sobre la ampliación del mandato de la MINURSO vuelva a dividir al Consejo en abril, el Reino Unido ha iniciado un proceso de consulta para explorar otras opciones. El balance de 12 agentes muertos tras el desalojo del campamento de Gdaym Izzik podría hacer recapacitar a Marruecos sobre la conveniencia de desplegar observadores internacionales. Y con los vientos de revuelta y libertad que soplan en el Magreb, el veto de Francia al término “derechos humanos” es una fuente de descrédito para su gobierno. Las críticas recibidas por el silencio y la connivencia ante las revueltas en Túnez y Egipto sugieren que Francia tendrá que revisar su estrategia diplomática. De hecho, en un reciente artículo publicado en Le Monde, un grupo de diplomáticos franceses planteaba la necesidad de desarrollar una política exterior más coherente, que tenga en cuenta valores democráticos y de solidaridad.[6]

También en España hay cada vez más voces que aconsejan una revisión de la estrategia diplomática para el Magreb (véase, por ejemplo, el editorial “Bucle marroquí”, publicado en El País, 7/XII/2010).[7] Claramente, con respecto al Sáhara Occidental, existe una brecha entre las declaraciones públicas y la estrategia política que limita el margen de maniobra de la diplomacia española.

Fuentes diplomáticas comentan que, en el Grupo de Amigos, “el silencio de España es ensordecedor”. Sin embargo, ante la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados, la ministra de Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, declaraba el 18 de noviembre de 2010 que “el gobierno pidió hace un año… que se ampliara la vigilancia y el componente de derechos humanos en… la MINURSO. Siempre hemos sido igualmente exigentes con la defensa de los derechos fundamentales, de las libertades; y lo seguimos siendo ahora y se lo hemos dicho al gobierno de Marruecos desde el primer día”.[8] Asimismo, en relación a los acontecimientos de Gdaym Izzik, el 8 de noviembre de 2010, la ministra opinaba en una rueda de prensa celebrada en Bolivia que la Presidencia británica podría convocar al Consejo de Seguridad. Sin embargo, la reunión informativa del Consejo, que tuvo lugar el 16 de noviembre, se celebró a petición de México.

Para proyectar la imagen de una política exterior más coherente y aumentar su capacidad de influencia y liderazgo en foros internacionales, España debería, por una parte, abrir un debate serio y profundo en la sociedad española para lograr un consenso que permita ajustar las declaraciones públicas a la estrategia política y, por otra parte, traducir la posición declarada del gobierno en acción diplomática. Una opción sería sumarse a los esfuerzos del Reino Unido por establecer un mecanismo de supervisión de los derechos humanos, neutralizando cualquier oposición (incluida una eventual oposición de Francia) y alterando el equilibro de fuerzas dentro del Grupo de Amigos. Con esta estrategia, España aumentaría la capacidad del Grupo de Amigos de presentar en abril un borrador apto para el consenso y, por tanto, de desempeñar un papel constructivo y relevante en la resolución del conflicto.

¿Qué mecanismo de vigilancia del respeto a los derechos humanos?

La ampliación del mandato de la MINURSO ha pasado de ser la demanda principal a constituir una de las opciones para establecer un mecanismo de supervisión de los derechos humanos A pesar de la preferencia por la MINURSO, existe también la voluntad de negociar un mecanismo alternativo, siempre que éste se establezca bajo la autoridad del Consejo Seguridad y tenga una presencia permanente sobre el terreno. Una de las alternativas más importantes que se barajan es una Oficina Regional de la OACDH.

(1) Restableciendo la credibilidad y legitimidad de la MINURSO: actualmente, las pocas operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU que no vigilan los derechos humanos tienen un mandato tradicional de supervisar el alto el fuego (como UNFICYP en Chipre). En cambio, la MINURSO se estableció además para organizar el referéndum previsto en el Plan de Arreglo (1990). En Sudán, donde se celebró un referéndum de autodeterminación en el sur en enero de 2011, UNMIS tiene observadores de derechos humanos. También el mandato de la MINURSO contiene implícitamente responsabilidades relativas a los derechos humanos, como la supervisión del orden público para garantizar las condiciones necesarias para un referéndum libre e imparcial durante el período de transición. Dotarla de un mandato explícito de derechos humanos sería la conclusión lógica de esta fórmula. Tal mandato ayudaría a la MINURSO –desprestigiada por no haber cumplido gran parte de su mandato– a restablecer su credibilidad y legitimidad, factores clave para el éxito de una misión de paz. Además, los generosos recursos de los que dispone y su excelente conocimiento del terreno la convierten en la mejor plataforma para vigilar eficazmente los derechos humanos De hecho, la OACDH apoya fuertemente la integración de observadores de derechos humanos en las misiones de paz de la ONU y considera que la MINURSO no debería constituir una excepción.

(2) Oficina Regional de la OACDH: una Oficina Regional permitiría situar la problemática en el contexto de los esfuerzos por mejorar la situación de los derechos humanos como parte del desarrollo y la modernización en la región. Se evitarían así los escollos del estatuto específico del Sáhara Occidental –que se plantea con la opción de la MINURSO– facilitando el consentimiento de Marruecos. Sin embargo, habitualmente las Oficinas Regionales no supervisan los derechos humanos sino que prestan asistencia técnica. Además, la OACDH carece del poder del Consejo de Seguridad para negociar acuerdos y garantizar un seguimiento político de los problemas. De hecho, la OACDH lleva negociando –sin éxito hasta la fecha– más de dos años para abrir una Oficina Regional que realice tareas de capacitación y cooperación en Rabat. Obtener el consentimiento para una supervisión eficaz de los derechos humanos en ambos lados, sería mucho más difícil.

Proteger los derechos humanos mediante una interpretación amplia del mandato de la MINURSO

Hasta que se establezca un mecanismo de derechos humanos especializado, la MINURSO debería explorar vías de proteger mejor a la población saharaui y las terceras partes deberían hacer gestiones para que la misión pueda llevar a cabo sus operaciones sin restricciones de movimiento.

Un precedente interesante es la ampliación de las actividades de la MINURSO para apoyar el programa de visitas del ACNUR sin cambiar el mandato. Por otra parte, cabe preguntarse si realmente es necesario un mandato explícito en materia de derechos humanos para que cualquier misión de paz transmita al Consejo de Seguridad las violaciones que observe durante sus operaciones, o si implícitamente dicha tarea de información forma parte de su mandato. En un informe de 1993,[9] el secretario general entendía que “si bien su actual mandato militar se limita estrictamente a la vigilancia y verificación de la cesación del fuego, la MINURSO, en su condición de misión de la ONU, no podría ser testigo mudo de conductas que pudieran violar los derechos humanos de la población civil”.

Conclusiones: Las terceras partes deberían aprovechar el foco sobre los derechos humanos para avanzar en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Separar la protección de los derechos humanos del contexto político encierra el peligro de que dentro de una estrategia de gestión –que no resolución– de conflicto, una vez arreglado el tema “técnico” de los derechos humanos y aminorada la presión de actuar, el conflicto del Sáhara Occidental vuelva a caer en el olvido.

Este año, Sudáfrica, tradicional aliado del Frente Polisario, es miembro no permanente del Consejo de Seguridad y es de esperar que tome cartas en el asunto. Por su parte, si quiere evitar más daños a su credibilidad y legitimidad, el Grupo de Amigos tendrá que proponer un mecanismo de supervisión de los derechos humanos. En este sentido, la opción más eficaz para proteger los derechos humanos de la población saharaui y crear nuevas dinámicas sería la ampliación del mandato de la MINURSO. Por otra parte, para presentar un proyecto de resolución útil al Consejo, es importante que este punto de vista esté representado en el Grupo de Amigos. España es el único miembro que podría hacerlo como parte de una política exterior con señas de identidad propia, que tenga en cuenta su responsabilidad histórica y responda tanto a intereses definidos por la realpolitik como a principios legales. Para ello contaría, además de con el apoyo de la opinión pública, con un mandato democrático que emana del Congreso de los Diputados y de varios parlamentos autonómicos.

Notas:

[1] Véase http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1970%20(2011).

[2] Véase http://www.arso.org/OHCHRrep2006en.pdf.

[3] Véase http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201008/20/espana/20100820elpepunac_1_Pes_PDF.tiff.

[4] Véase http://www.elimparcial.es/mundo/espana-nunca-ha-mostrado-una-voluntad-real-para-solucionar-el-conflicto-del-sahara-58880.html.

[5] “El suicidio de Marruecos”, El País, 9/XI/2010.

[6] “La voix de la France a disparu dans le monde”, Le Monde, 23/II/2011.

[7] http://www.elpais.com/articulo/opinion/Bucle/marroqui/elpepiopi/20101207elpepiopi_1/Tes.

[8] Véase http://www.senado.es/legis9/publicaciones/html/maestro/index_CO_658.html.

[9] “La situación en el Sáhara Occidental”, Informe del Secretario General, 26 de enero de 1993 (S/25170).

Les Marocains ont manifesté des deux côtés de la Méditerranée les 20 et et 21 février. Ils ont montré leur maturité civique et politique en suivant la voie pacifique. Au Maroc, il y a eu quelques incidents et débordements. Mais cela a été le fait de provocateurs aux motifs et commanditaires restant dans l’ombre. A Tanger, par exemple, les forces de police, efficaces en d’autres circonstances, auraient observé une attitude de spectateur, selon des témoignages concordants d’observateurs marocains et européens. Jeu dangereux s’il en est !

Certains milieux – les classes privilégiées en particulier – font valoir comme d’habitude les “risques d’aventure”. Cela exprime plutôt leur peur face a ce peuple immense de jeunes, répandus dans tout le pays, qui est laissé à lui-même, privé de travail d’avenir, bref dans une situation sans issue. Au lieu de faire quelque chose de concret pour cette jeunesse, on se contente d’agiter un épouvantail auto-justificateur.

Quoi qu’en disent ceux qui cherchent à discréditer le mouvement, une chose est claire : les actions urgentes et les réformes incontournables ont été inscrites, et de façon décisive, dans l’agenda public ; et plus jamais aucune force ne pourra les effacer. Ces actions urgentes se résument, sans prétendre à l’exhaustivité, dans les points suivants, avec en préalable la libération des prisonniers politiques innocents quelles que soient leurs idéologies.

La mise en route d’un plan de sauvetage pratique, contenant des mesures palpables avec des échéances précises, et des engagements pris publiquement, pour venir au secours des chômeurs diplômés et de tous les jeunes privés de ressources et de travail. Pour être lancé sur une base solide, une mesure indispensable doit accompagner ce plan : punir ceux et celles qui réservent les postes aux enfants des privilégiés et en privent la jeunesse pauvre et sans appui, les livrant ainsi à eux-mêmes, aux manques et à l’humiliation. La justice consiste à ouvrir les opportunités de façon équitable à tous. Quant on dit qu’il n’y a pas de travail au Maroc, c’est, dans un sens, faux. Car en réalité, quand les postes et emplois sont disponibles, ils sont en fait cachés pour être réservés aux familles influentes, ou bien obtenus par les moyens d’une corruption rampante.

Par ailleurs ces actions ne réussiront que si des mesures d’assainissement du secteur économique, politique et de la justice sont prises et appliquées. Cela concerne en tout premier lieu les trafics d’influence et pratiques de monopole. De ce point de vue, l’une des priorités doit consister à limiter l’engagement de l’institution monarchique dans le secteur économique et ses monopoles. Une première action serait le démantèlement de l’ONA (Omnium Nord Africain), et la fin de la gestion discrétionnaire de la première entreprise du pays : celle des phosphates. Cela libérera à coup sûr l’initiative de l’entreprise privée, saine et novatrice. Cela stimulera et élargira le marché du travail.

Justice sociale et politique, securité des personnes, du travail et du capital, cela signifie la nécessité de purger les hauts trafiquants du régime, mais également les hauts responsables impliqués dans les violations de la loi et des droits humains.

UNE RÉFORME DE LA CONSTITUTION

Venons-en maintenant à la revendication la plus fondamentale, qui va garantir la poursuite et le succèss de toutes les autres actions réformatrices : c’est la réforme sérieuse de la constitution. La mesure immédiate qui doit être prise par le régime, en gage de volonté d’agir, est la dissolution du parlement qui est sans pouvoir, en attendant la définition exacte des pouvoirs du roi, et des pouvoirs qui doivent revenir à un parlement et gouvernement issus du suffrage populaire.

Contrairement à certaines vues, le mouvement, pour une fois, ne manque pas d’idéologie. Elle est là, dans les revendications. Les sociétés civiles en Tunisie, Egypte et au Maroc sont anciennes et ancrées. Malgré les répressions longues, elles renaissent vite. Elles vont s’organiser pour une lutte pacifique qui va durer. Enfin le sécularisme, l’islamisme etc., c’est l’arbre qui cache la forêt. La masse des jeunes saura trouver les formules de conciliation entre démocratie et piété, et de l’intérieur, car il s’agit partout d’un mouvement né du fond intérieur de nos sociétés.

A en juger par l’expérience et premières réactions du régime, on nous servira encore les réponses habituelles et discréditées. Le mouvement ne manque pas de talents juridiques et autres, il ferait bien de constituer immédiatement sa commission d’étude et révision de la constitution sous la forme d’un groupe de réflexion, et de rendre publiques ses idées parallèlement aux autres actions. Les jeunes veulent mettre fin aux monopoles, et une révision de la constitution décidée exclusivement en haut lieu est un autre monopole qu’il s’agit précisément de dépasser par la participation démocratique. L’heure sonne la fin d’une époque.

En 1999, l’avènement de Mohammed VI augurait l’entrée dans une ère qui semblait résolument nouvelle puisqu’elle fut ponctuée de réformes de fond incontestables (à l’instar du nouveau code la famille ou des travaux de l’Instance équité et réconciliation) maintes fois saluées par la communauté internationale. D’aucuns de penser au début du nouveau XXI^e siècle que le régime marocain évoluerait irrémédiablement vers une monarchie profondément rénovée. Quelques années plus tard, le constat est amer et sans appel, le palais n’a pas cédé une once de pouvoir.

L’institution monarchique est ainsi toujours prééminente, elle se situe aux antipodes d’une monarchie constitutionnelle classique. Le gouvernement dépourvu de toute autonomie apparaît comme une instance consultative à compétence technique destinée à la préparation des décisions royales. Quant au parlement, il fonctionne comme une chambre d’enregistrement et s’avère ainsi un simple instrument de la volonté du roi. Les décisions royales ne peuvent faire l’objet de poursuites en justice et s’imposent à toutes les normes juridiques produites par l’Etat ; toute déclaration du souverain quel que soit son support à force de loi.

Si les scrutins sont désormais transparents, ils n’expriment néanmoins aucunement un choix d’avenir, c’est le roi qui trace le sillon, les programmes des partis politiques ne s’écartent pas de la matrice arrêtée par ce dernier dans chaque discours du trône. La prise de décision économique est également phagocytée par le Makhzen, WikiLeaks révélait dernièrement que celle-ci est concentrée entre les mains de quelques personnes proches du souverain. Depuis l’alternance politique de 1998, les traditionnels opposants (les socialistes) longtemps réfractaires à toute participation gouvernementale laquelle eût impliquée la pleine approbation des prérogatives du monarque se sont laissés allégrement apprivoisés et sont devenus de fidèles et ardents serviteurs de la monarchie chérifienne qu’ils avaient tant combattue.

Nadia Yassine du mouvement islamiste Justice et Bienfaisance (interdit mais toléré) est l’une des rares voix depuis plusieurs années qui s’est élevée pour plaider sans ambages pour une assemblée constituante et une limitation du pouvoir absolu du roi, opinion qui est depuis peu, ce qui est inédit, relayée et amplifiée par la rue. Le 20 septembre des milliers de manifestants ont revendiqué en autres, de nouvelles règles du jeu politique. Il s’agit d’un événement majeur dans le royaume lequel n’a cependant pas échappé ses dernières années à l’émergence de mouvements protestataires mais fragmentaires (tel, celui atypique des diplômés chômeurs sans omettre les luttes pour dénoncer le surenchérissement des denrées alimentaires, de l’électricité et de l’eau ou celles des habitants de régions marginalisée et précarisées) néanmoins sans jamais prôner aussi ostensiblement une nouvelle répartition des pouvoirs.

“LÉGITIMES REQUÊTES”

En septembre 2001, dans une interview qu’il avait accordé à un organe de presse français, Mohammed VI déclarait : “Les marocains veulent une monarchie forte, démocratique et exécutive…, chez nous le roi ne se contente pas de régner. Je règne et je travaille avec mon gouvernement.” C’est ce modèle qui est aujourd’hui stigmatisé et ainsi rejeté. Par ailleurs, le Maroc n’est aucunement préservé des maux qui affectent les autres pays du monde arabe : jeunesse privée d’avenir et de dignité, corruption endémique laquelle mine le quotidien des plus démunis, népotisme, territoires ruraux en déshérence, système éducatif sinistré, mépris des élites, silence complice et complaisance des chancelleries européennes, autant d’ingrédients qui constituent des sources de frustrations croissantes.

Les marocains attendent désormais que le roi qui jouit d’un aura et d’un capital sympathie considérable que doivent d’ailleurs lui envier nombre de dirigeants arabes soit l’artisan d’un véritable renouveau. Ceci suppose un gouvernement issu des urnes qui détermine la politique de la nation sous le contrôle du parlement conjugué à une indispensable redistribution des richesses. Le repli du roi sur un rôle symbolique (domaines religieux, sécuritaires ainsi que questions d’intérêt national) aurait le mérite de moins exposer ce dernier aux aléas de la gestion directe des affaires.

Il est patent que le monarque ne saurait rester sourd aux légitimes requêtes de son peuple sous peine à plus ou moins long terme de voir s’embraser le royaume, le temps des demi mesures est révolu. Il y va de la pérennité de la monarchie et de l’unité du pays dont Mohammed VI a été jusqu’à présent le précieux garant.

Une révolution populaire est également une “révolution mentale”. Qui imaginait avant 1979 l’avènement d’une révolution “islamique” ? Qui envisageait que des révolutions puissent se produire en Tunisie ou en Egypte à trois semaines d’intervalle ? Qui parmi les spécialistes des mouvements sociaux se serait aventuré à parier sur la force de mobilisation révolutionnaire de Facebook ? Qui aurait cru possible qu’une armée arabe ose refuser de tirer sur le peuple en révolution ?

Certes, on était nombreux à le clamer : il n’y a pas d’exceptionnalité culturelle du monde “arabe” ou “musulman” ; si exceptionnalité il y avait (osons l’imparfait), elle se déployait d’abord dans le traitement des affaires de la région par les diplomaties occidentales, animées par la peur des classes dangereuses, “islamistes” ou “terroristes”. On s’est focalisé jusqu’à l’aveuglement sur les acteurs les plus visibles, sur les mécanismes les plus évidents. Or les révolutions surgissent de manière imprévisible des espaces sociaux les moins touchés par la répression et la cooptation. Dans un processus d’accélération et d’inventivité, elles se déclenchent à la marge des sites déclarés du politique. Bien plus, la marge devient centre, le centre devient marge, bousculant les certitudes et les lectures formatées. Dans un tel contexte, le Maroc pourrait-il rester une “exception” ?

A l’inverse de l’histoire contemporaine de l’Egypte, un révélateur privilégié des mouvements de fonds qui travaillent les sociétés arabes, la monarchie marocaine donne le sentiment d’échapper aux vicissitudes du temps régional. Ne cessant de se réinventer, elle s’érige en “experte en survie”. A l’heure des partis uniques nationalistes et socialistes, elle prône le pluripartisme. Elle échappe miraculeusement aux tentatives de coups d’état militaires au début des années 1970. Elle mate les aspirations révolutionnaires de gauche, d’extrême-gauche, pendant les années 1970 et 1980. Elle réprime dans le sang les révoltes urbaines (1965, 1981, 1984, 1990). Depuis trois décennies, elle s’efforce de quadriller les mouvements islamistes.

La mobilisation du registre nationaliste, à travers l’affaire du Sahara (1975), amorce la stabilisation du régime et le processus dit démocratique. La reconnaissance de l’hégémonie du roi, de la marocanité du Sahara et de l’islam comme domaine réservé du commandeur des croyants trace les frontières entre “l’opposition de sa Majesté” et “l’opposition à Sa Majesté”.

Avec l’effondrement du mur de Berlin et les promesses de démocratisation du côté de la Tunisie (1987) et de l’Algérie (1988), la monarchie est à nouveau sous pression. La guerre du Golfe (1991) marque un moment intense de défi au roi. Depuis les tentatives putschistes des années 1970, jamais Hassan II n’a été aussi isolé. Cependant, à l’heure des désenchantements, les déboires du voisin algérien revalorisent la trajectoire marocaine. D’une conception du changement comme nécessairement positif, se diffuse une image du changement comme source potentielle d’instabilité, incitant les acteurs politiques marocains à l’autolimitation. Hassan II oppose sa démarche “modérée” et “évolutive” aux “doses de cheval” brutales, puis ouvre les négociations avec l’opposition légale.

AJUSTEMENTS

Comparativement aux régimes de Ben Ali et de Moubarak, la monarchie marocaine semble donc s’ajuster aux transformations de son environnement, observer ses voisins pour mieux anticiper, jouer de la répression sélective et de la cooptation.

En effet, au Maroc, de notoires “opposants à Sa Majesté” ont été promus “opposants de Sa Majesté”, mais aussi ministres, conseillers, voire “amis de Sa Majesté”. L’”alternance consensuelle” gouvernementale (1998) et la succession monarchique (1999) sont annonciatrices d’un printemps marocain : intégration partielle des islamistes au sein du parlement (1998), relative liberté de ton dans la presse, création de l’Instance équité et réconciliation (2004-2006) ayant pour objet de tourner la page des “années de plomb”. Cependant, les attentats du 16 mai 2003 donnent un nouvel élan aux pratiques répressives et au recadrage du champ médiatique. Les espérances éveillées ne tardent pas à s’évanouir.

Le jeu politique devient illisible. La prolifération assistée des partis politiques élargit les frontières de la scène politique légale, renouvelle les clientèles du régime, mais plus que jamais la classe politique est fragmentée. L’ingénierie électorale prend le relais du bourrage des urnes : aucun parti politique n’obtient plus de 11 % des voix pendant les législatives de 2007 et le taux d’abstention atteint le record de 63 %. Le principal perdant de ce scrutin est l’Union socialiste des forces populaires (USFP), ancien grand parti d’opposition de gauche, locomotive du gouvernement “d’alternance” de 1998. Tout en étant passé du 1^er au 5^e rang, il reste au gouvernement… à l’encontre de sa propre base militante. En effet, selon l’enquête que nous avons menée auprès des participants au congrès national de l’USFP de 2008, 74 % des répondants étaient contre l’entrée au gouvernement en 2007 ; ils étaient 60 % à être défavorables à cette participation en 2002, alors que 78 % d’entre eux avaient salué le gouvernement dit d’alternance en 1998… Ces chiffres ne prennent pas en compte tous les jeunes, les intellectuels et les syndicalistes qui ont claqué la porte du parti. Pour les uns et les autres, le compromis historique s’est mué en compromission, provoquant la “crise cardiaque” du ci-devant grand parti de gauche.

Au terme de ce processus, le bilan est le suivant. D’un côté, des gouvernements hétéroclites aux prérogatives floues, un parlement discrédité, des partis politiques brisés par la répression et/ou par la cooptation, des syndicats qui ont perdu leur capacité de mobilisation. De l’autre, un monarque aux domaines réservés extensibles, un affairisme royal qui entrave le dynamisme des entrepreneurs marocains, et un nouveau parti du roi perçu comme une menace y compris par les plus fidèles.

Les révolutions tunisienne et égyptienne ouvrent une nouvelle fenêtre d’opportunité. Le 20 février, des manifestations se déclenchent simultanément dans plusieurs villes du Maroc. Elles préfigurent des développements à suivre.

Premièrement, elles reflètent les accumulations réalisées ces deux dernières décennies. Protéiforme, l’espace marocain de la protestation a innové tout en se routinisant, tout en s’étendant à l’ensemble du pays : manifestations, sit-in, coordinations de lutte contre la vie chère, mises en réseaux ponctuelles, “camp de la révolte”, sans compter les diplômés-chômeurs qui manifestent devant le parlement depuis 1991. En dépit de quelques foyers émeutiers, le caractère pacifique et discipliné des mobilisations du mouvement du 20 février laisse transparaître un apprentissage de la manifestation par les protestataires, de même que la volonté des pouvoirs publics d’éviter de faire couler le sang.

UN SEUIL A ÉTÉ FRANCHI

Deuxièmement, la formule politique marocaine semble avoir atteint ses limites. L’appel lancé sur Facebook par de jeunes cybermilitants entraîne dans son sillage des militants associatifs et des droits humains, des journalistes, des entrepreneurs “citoyens”, des membres d’organisations d’extrême gauche et de gauche, des islamistes de tout bord. Justice et bienfaisance, un mouvement islamiste à peine toléré, participe sans déployer toute sa force de mobilisation. Malgré les résistances de leurs décideurs, des militants de la gauche gouvernementale et de l’opposition islamiste parlementaire sortent dans la rue, montrant à quel point les collectifs sont hétérogènes et susceptibles d’abriter des réseaux dormants, prompts à se dissocier de leur hiérarchie. Elément inédit : par delà les causes arabes, nationales, sectorielles, ces mobilisations se focalisent sur une revendication politique en particulier, la monarchie parlementaire. Les slogans ont conspué la “mascarade politique”, la corruption, mais également les “amis du roi” et la mainmise monarchique sur l’économie. Le mouvement du 20 février ne réclame pas la chute du régime marocain. Pourtant, un seuil a été franchi : la revendication d’une monarchie parlementaire, loin des “affaires”, n’est plus reléguée aux coulisses. De plus en plus, le respect de l’étiquette royale cède la place à l’admonestation publique du roi.

La scène politique marocaine serait-elle en train de se réorganiser à partir de ses marges ? Un défi de taille persiste. Par-delà les sentiments de frustration et d’indignation, un mouvement social a besoin d’une identité – un “nous” –, d’une cible – un “eux” – et du sentiment de pouvoir agir sur la situation. Or au Maroc, le “nous” et le “eux” se sont dilués, la figure de l’adversité est diffuse, l’”ennemi” est souvent intérieur. Le sens commun dissout la “classe politique” dans un magma informe de “corrompus”. Et rares sont les organisations partisanes, syndicales qui échappent aux divisions internes entre “dinosaures” et  “jeunes”, “opportunistes” et “radicaux”, etc. A tel point que certains s’imaginent que l’élan du changement ne peut être propulsé que par une jeunesse non “souillée”, “vierge” politiquement. C’est ignorer que les révolutions tunisienne et égyptienne ne sont par le fruit d’une “immaculée conception”, mais bien le résultat d’un large processus de ralliement autour d’une même cause : ne serait-ce que momentanément, leurs acteurs sont parvenus à surmonter méfiances mutuelles et luttes intestines. Rappelons une évidence : les ruptures historiques ne sont l’œuvre ni d’une seule génération ni d’un seul courant protestataire.

Tout en ayant une portée différenciée d’un pays à l’autre de la région, l’onde de choc des révolutions arabes n’en bouleverse pas moins les horizons du pensable et du faisable. Au Maroc, la dynamique protestataire peut observer des accélérations, des retournements de situation et/ou des prolongations. Des questions demeurent en suspens : Le mouvement de protestation parviendra-t-il à transcender la segmentation politique, sociale et régionaliste qui caractérise le Maroc ? Une nouvelle dynamique pourra-t-elle être impulsée au sein des partis politiques ? Par delà les mesures au coup par coup, la monarchie sera-t-elle capable encore une fois de s’ajuster à temps à son nouvel environnement, mais cette fois-ci en s’engageant dans une réforme politique de fond ?

Le Maroc traverse, au même titre que ses voisins, des difficultés socio-économiques indéniables qui pourraient l’exposer, à terme, à une montée en puissance des protestations et des manifestations. La rue marocaine pourrait gronder dans les semaines à venir. Le régime, dans sa configuration actuelle, est-il pour autant menacé ? Nous ne le pensons pas. Pour ce faire, il faut s’inscrire dans une perspective historique critique si nous voulons comprendre quelles sont les raisons qui nous poussent à aller dans ce sens.

Sans vouloir nous enfermer dans un schéma culturaliste et faire de la prospective à la petite semaine, il est possible néanmoins de rapporter la stabilité, réelle ou supposée, du régime marocain à des spécificités aussi fondamentales que solidaires. Celles-ci permettent d’expliquer comment le roi est parvenu à construire sa légitimité et conserver jusqu’à présent le monopole du pouvoir en jouant habilement sur la cooptation d’une grande partie de ses opposants d’hier en leur donnant certains gages et surtout, l’illusion de l’autonomie. Ces spécificités sont au moins de l’ordre de deux : des spécificités historiques et des spécificités politiques que nous ne trouvons certainement nulle part ailleurs dans le monde arabe.

Premièrement, les ressorts culturels séculaires de la société marocaine n’ont pas été dissous, contrairement à l’Algérie voisine par exemple, par les effets de démantèlement des solidarités traditionnelles (asabiyyat) successifs au travail de sape de l’administration coloniale. Le protectorat ne les a jamais mis en cause dans le cadre du Maroc. Cela a au contraire renforcé, à l’indépendance, la concentration du pouvoir par le roi (Mohamed V) qui a passé pour un des vecteurs principaux de stabilité et de résistance contre les ennemis intérieurs et extérieurs qu’ils soient réels ou supposés.

Deuxièmement, le sultan hier, le roi aujourd’hui, au moyen de récits hagiographiques cousus sur mesure qui se sont greffés sur ces spécificités historiques bel et bien réalistes, sont depuis toujours considérés, de façon quasi unanime dans la société marocaine, comme les héritiers de la dynastie idrisside qui a fait du Maroc un pays musulman à compter de 788. Ce qui explique le fait que le roi ait été auréolé, quelques siècles plus tard, de la couronne de Commandeur des croyants en 1962 sans opposition frontale de la classe politique et de la population.

Enfin, les spécificités politiques, sans doute les plus intéressantes, ont été de loin celles qui ont permis le plus à la monarchie de survivre sans trop de heurts dans le rapport aux administrés, aux représentants des partis politiques et de naviguer, de la sorte, en eaux troubles grâce à des réformes élaborées au bon moment.

UN PLURIPARTISME “CONTRÔLÉ”

En effet, dès l’indépendance, Mohamed V puis Hassan II ont instauré et approfondi un pluripartisme “contrôlé” qui existe toujours au demeurant, pour contrecarrer les velléités hégémoniques des nationalistes de l’Istiqlal (Parti de l’indépendance) d’abord puis d’un parti politique en particulier ensuite. Puis, confrontée à la montée en puissance de l’Union nationale des forces populaires (UNFP) produit d’une scission d’avec l’Istiqlal en 1959, la monarchie s’appuiera sur les islamistes de la Jeunesse islamique pour faire pièce à la gauche en général et aux marxistes-léninistes en particulier qui remettaient en cause à l’époque les pouvoirs temporels étendus du roi.

Au début des années 1990, alors que la Tunisie de Ben Ali réprime sévèrement ses islamistes en verrouillant par ailleurs le champ politique, que l’Algérie des généraux invalide les élections législatives de 1991 remportées alors par le Front islamique du salut (FIS) plongeant le pays dans la guerre civile, Hassan II entreprend, a contrario, d’ouvrir le système politique afin d’éviter de connaître potentiellement le même sort. Prenant le pari d’intégrer les opposants d’autrefois au premier rang desquels les islamistes, Hassan II a contribué, de cette façon, à désamorcer la crise politique majeure qui couvait notamment après les longues “années de plomb”. Celles-ci furent, on le rappelle, marquées par une forte restriction des libertés publiques, des emprisonnements arbitraires, la torture et la disparition physique des opposants exposant de plus en plus le régime à un retour du bâton.

Contrôlant étroitement les ressources symboliques de l’islam qui lui permettent de couper l’herbe sous le pied des islamistes, conservant, par ailleurs, le monopole sur les sources de production de l’autorité et du pouvoir politiques en émiettant le champ politique en plusieurs courants, la monarchie a su jouer, avec maestria, des illusions de la démocratisation en maintenant pourtant des dispositifs autoritaires redoutables.

C’est pourquoi les manifestants du 20 février réclamaient moins la mise à bas du régime, la tête du monarque que plus de considération sociale et aussi, parfois, une réforme institutionnelle qui donne encore davantage de marges de manœuvre aux partis politiques. Nul doute que cette stratégie continue de demeurer payante. Jusqu’à quand ? Seuls l’ampleur, la teneur et le contenu des prochaines mobilisations nous permettront de le savoir. A moins que le trône ait un nouveau tour dans son sac pour éviter le pire.

Tema: Marruecos no ha quedado al margen de las protestas que sacuden a los países del norte de África. A través de las redes sociales, un grupo de internautas ha logrado remover la atonía política del país que se jactaba de constituir una excepción en el mundo árabe.

Resumen: Los acontecimientos que han tenido lugar en enero y febrero en Túnez y Egipto han sido seguidos con interés desde Marruecos, si bien con inquietud desde determinados sectores del país. Mientras la prensa marroquí saludaba la caída de los dictadores y algunas organizaciones cívicas se acercaban en directo a los acontecimientos para expresar su solidaridad, las autoridades se movían con cautela para evitar concentraciones de apoyo a las revoluciones en curso que pudieran desestabilizar el país. Recientemente, el país se ha visto sumido en una oleada de protestas que ha cambiado de signo la apatía política de la población y ha obligado a todas las fuerzas políticas a apuntarse al discurso de la aceleración de las reformas.

Análisis

La solidaridad con los pueblos tunecino y egipcio

Desde el 10 de enero de 2011, días antes de la caída de Zine el Abidin Ben Alí, asociaciones marroquíes convocaron manifestaciones de solidaridad con el pueblo tunecino, prohibidas inicialmente por las autoridades, pero que dieron lugar a la creación de una Coordinadora Marroquí de Apoyo a los Demócratas Tunecinos (CMADT).[1] En días posteriores, tanto en Rabat como en Casablanca tuvieron lugar manifestaciones autorizadas en las que participaron algunos sindicatos (UMT) y partidos de izquierda (PSU), extendidos a otras ciudades tras la huida de Ben Alí.

El encadenamiento con los sucesos de Egipto llevó a centrar las acciones de estas asociaciones y movimientos marroquíes en la solidaridad con el pueblo egipcio, con concentraciones ante la embajada de ese país (31 de enero) y en distintas ciudades, en las que participaron todas las asociaciones de derechos humanos y otros grupos.[2] La CMADT se transformó entonces en la Red Democrática Marroquí de Solidaridad con los Pueblos (RDMSP).

Ciertas voces de intelectuales fueron explicitando la necesidad de un cambio de rumbo en la política de Marruecos. El poeta Abdellatif Laâbi, represaliado político en los años 70 y 80, publicó una tribuna en El País y en la prensa marroquí[3] en la que reclamaba “una reforma constitucional con vistas a un justo reequilibrio de poderes” que establezca la separación de éstos “según las normas democráticas universalmente establecidas”, y recordaba la vieja reivindicación desde el comienzo de la independencia de “una Asamblea Constituyente cuya misión fuera la de elaborar el contenido y las reglas de semejante reforma”.

Paralelamente, y a semejanza de lo ocurrido en Túnez y en Egipto, surgieron en los nuevos foros propiciados por las nuevas tecnologías como Facebook y Twitter grupos de internautas (“Libertad y Democracia, ahora”, “El pueblo quiere el cambio”) que trataban de movilizar a los jóvenes en torno a reivindicaciones de cambios en Marruecos.

El Movimiento 20 de febrero

Fueron ellos los que lanzaron la convocatoria de una jornada de lucha para el 20 de febrero centrada en la reivindicación de un cambio constitucional que transforme el país en una monarquía parlamentaria, en la que el rey reine pero no gobierne. Pedían también la dimisión del gobierno de Allal El Fassi, la disolución del Parlamento y la lucha contra la corrupción. A su llamamiento se fueron adhiriendo diversas entidades de la sociedad civil (como la citada Red Democrática Marroquí de Solidaridad con los Pueblos), asociaciones y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos (AMDH, LMDDH, FMVJ, Centro Marroquí de Derechos Humanos, Liga Marroquí para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Foro Dignidad para los Derechos Humanos, Asociación Marroquí de Mujeres Progresistas, Josur, Observatorio Marroquí de Prisiones, Asociación Democrática de las Mujeres de Marruecos, Encuentro de las Mujeres Marroquíes, Observatorio Marroquí de los Derechos Fundamentales, Asociación Marroquí de Defensa de la Autonomía de la Justicia, Asociación Justicia, Asociación Marroquí de Lucha contra la Corrupción, Instituto Marroquí de Derechos Humanos, Organización de la Libertad de Prensa y de Expresión, Foro de las Alternativas de Marruecos y Foro los Ciudadanos), secciones nacionales de organizaciones no gubernamentales internacionales (como Amnistía Internacional, Transparency International y ATTAC), partidos políticos de la izquierda no gubernamental (PSU, VD, Partido de la Vanguardia Democrática Socialista PADS y Congreso Nacional Ittihadi CNI), juventudes de partidos de izquierdas –tanto críticos con el sistema (VD, PADS) como integrados en la coalición de gobierno (USFP, PPS), e incluso del islamista PJD–, sindicatos (UMT, Confederación Democrática del Trabajo CDT, Sindicato Democrático de Enseñanza Superior y UNEM), grupos islamistas no legales –como las juventudes de al-Adl wal Ihsán (Justicia y Caridad), liderado por el jeque Yasin y al-Badil al Hadari–, movimientos amazig (Congreso Mundial Amazig, Red Amazig para la Ciudadanía Azetta, Frente Amyaway para la Acción Amazig) y una serie de coordinadoras locales (tansikiat) surgidas en las movilizaciones de los últimos años a raíz de la carestía de los productos básicos y de otras reivindicaciones socioeconómicas en diversas ciudades de todo Marruecos.

La reacción del sistema frente a esta movilización no se hizo esperar. Desde los órganos de la prensa oficialista se lanzó una campaña de desprestigio al movimiento conocido ya como “Movimiento del 20 de febrero”, tratando de presentarlo como una manipulación de ciertos elementos disconformes con el régimen que habían expresado su adhesión a la convocatoria y tratando de ponerlo en conexión con el Frente Polisario o Argelia. El diario Aujourd’hui le Maroc, conocido por sus posiciones erradicadoras y securitarias, denunciaba el 11 de febrero a los seis marroquíes “que quieren sumergir a Marruecos en el caos”: (1) Muley Hicham, primo hermano del rey Mohamed VI y número tres en la línea sucesoria a la muerte de Hassan II, presentado por el periódico como alguien movido por sus ambiciones personales a ocupar el trono; (2) el jeque Abdessalam Yssin, líder del movimiento islamista Justicia y Caridad, ridiculizado por el ilusionismo de sus visiones; (3) Abubakr Jamaï, antiguo director de Le Journal Hebdomadaire, semanario obligado a cerrar por su línea editorial crítica, acusado de resentimiento por no haber sido cooptado por el poder; (4) Mustafa Adib, un capitán del Ejército condenado al principio del reinado de Mohamed VI por denunciar la corrupción y exiliado tras cumplir una pena de prisión, deslegitimado por el periódico igualmente por su afán de protagonismo; y (5) y (6), otros dos ex militares, Hassan Bouchti y Abdelilah Issou, autores de una carta hecha pública en nombre de una supuesta Unión Marroquí de Opositores y Refugiados Políticos. Los dos últimos fueron acusados por el periódico de ser falsos espías exiliados en España, una manera indirecta de señalar al “enemigo exterior” como el responsable del movimiento contestatario que vive Marruecos. El hecho de que Muley Hicham haya usado las páginas de El País para hacer unas declaraciones en las que juzgaba que el eco de las movilizaciones en Túnez y Egipto habría de llegar a Marruecos, se sitúa también dentro de esta acusación genérica contra España, y muy particularmente contra su prensa, que viene prodigándose por Marruecos desde los acontecimientos de El Aaiún en noviembre de 2010.

Esta operación deslegitimadora, llevada a cabo también por la prensa del hoy poderoso grupo Al Masaa, pseudoindependiente, a cuyo frente se encuentra el periodista Rachid Niny, no ha parado en los días que han precedido a las manifestaciones del 20 de febrero de atacar a cuantos sostenían el llamamiento.

Por su parte, en los foros abiertos en Facebook subió en paralelo el tono de los participantes, en un debate que no ahorró insultos contra los protestatarios. La campaña de desprestigio ganó terreno incluso en estos foros. Un video llamando a la manifestación colgado en YouTube una semana antes,[4] en el que una sucesión de rostros de jóvenes explicaban las razones de su participación, encontró pronto su réplica en otro vídeo deslegitimador que trataba de implicar, por medio de fotomontajes trucados, a los participantes con el Frente Polisario, la Iglesia, el alcohol o las drogas.

La reacción del gobierno

Frente a esta reacción visceral de los defensores del sistema, nunca identificados de manera directa, el gobierno marroquí ha pretendido dar una imagen de calma en los días previos a la manifestación. Así lo hizo público por boca de su portavoz, Jalid Naciri, quien no cesó de insistir en que Marruecos cuenta con cauces para la expresión ciudadana. Un nuevo gesto en el panorama político marroquí fue protagonizado por el primer ministro, Abbas el Fassi, con la convocatoria, el lunes 14 de febrero, de una reunión de los líderes de los partidos de la mayoría (Istiqlal, USFP, RNI, MP, PPS) ampliada a los de la oposición (PJD, PAM y FFD), en la que anunció la inyección suplementaria de 15.000 millones de dirhams (casi 1.500 millones de euros) a la Caja de Compensación para hacer frente a la eventualidad de subidas de precios en los productos de primera necesidad. Cantidad que se suma a los otros 17.000 millones de dirhams ya previstos en los presupuestos de 2011. Es evidente que esta medida, así como la de reclutar a 2000 jóvenes diplomados en paro para puestos en la función pública a partir del 1 de marzo, guarda una estrecha relación con el clima de protesta provocado por las revueltas en los países del norte de África y con la convocatoria de la manifestación del 20 de febrero. Reacción que no dejará de crear problemas añadidos a la economía marroquí que, desde hace años, trata de aligerar las cargas del Estado. En el comunicado que siguió a esta reunión se insistiría en la voluntad común de gobierno y partidos de “preparar una nueva generación de reformas”, lema que se repetirá en los días sucesivos en los comunicados hechos públicos por los diferentes partidos para desolidarizarse con la manifestación, pero expresando la necesidad de intensificar las reformas.

El cambio en la agenda política

Pero si algo ha destacado de este movimiento que ha agitado las adormecidas aguas de la política marroquí, es que ha puesto en la agenda urgente reivindicaciones que ningún actor importante de la escena pública se había atrevido a reclamar. En primer lugar, la necesidad de una reforma constitucional que establezca una clara separación de poderes, que limite las atribuciones del rey y que refuerce la capacidad ejecutiva del primer ministro y del Parlamento. Y junto a ello, en segundo lugar, la necesidad de transparencia para acabar con la corrupción y la impunidad.

La constitución vigente, promulgada en 1996 aún en vida de Hassan II, aunque aprobada por todos los partidos legales en la época, con excepción de la OADP, dejó sin satisfacer algunas de las reclamaciones de la Kutla democrática[5] expresadas en un memorando. Todas las constituciones del reino (1962, 1970, 1972, 1992 y 1996) han sido elaboradas siempre en Palacio, desoyendo la reclamación de la oposición en los años 60 y 70 de una Asamblea Constituyente. Las dos últimas constituciones fueron precedidas de sendos memorandos presentados al rey por la Kutla, de los que Hassan II aceptó sólo algunos puntos.

Mucho más contundente que el de 1992, el memorando de 1996 proponía, en el plano de las reformas constitucionales, hacer mención expresa en el texto de la igualdad de derechos “civiles, económicos, sociales y religiosos” de la mujer y el hombre, de la prohibición de la tortura y tratamientos violentos, inhumanos o degradantes, o de la primacía sobre la ley nacional de los convenios internacionales ratificados por Marruecos. Defendía también la ampliación de las prerrogativas de la Cámara de Representantes, cuya supremacía sobre una segunda cámara debería quedar garantizada; el reforzamiento de los poderes del primer ministro y del gobierno, con capacidad para determinar y conducir la política general del país y para nombrar los altos funcionarios; el reconocimiento de la descentralización efectiva; y la transformación de la institución del gobernador civil (wali), que debería depender directamente del gobierno y no del rey, quien lo nombra por decreto real (dahir). En el plano de las reformas políticas imprescindibles para que las constitucionales pudiesen aplicarse, el memorando preveía también, entre otras medidas, el recorte de la hipertrofia del Ministerio del Interior, la creación de la figura del defensor del pueblo (denominado médiateur en la versión francesa del memorando) para recoger las quejas de los ciudadanos, la conversión del Consejo Económico y Social en una instancia de diálogo social y económico, la actualización y modificación de la carta comunal de 1976, el voto desde los 18 años y, finalmente, la creación de una institución constitucional encargada de supervisar las elecciones para asegurar su transparencia.[6]

Sin embargo, sólo algunas –pocas– de las medidas reclamadas fueron incorporadas parcialmente a la nueva Constitución: la legislatura pasó de seis a cinco años, la edad de voto descendió a los 20 años (la Constitución en realidad no hace mención de la edad de voto, que se establece en la Ley Electoral) y se estableció que la Cámara de Representantes sería elegida por sufragio universal, quedando implícito que el primer ministro dependerá de esta cámara ante la que será responsable y a la que deberá someterse para su investidura. Una segunda cámara, denominada Cámara de los Consejeros, se elegiría de manera indirecta a través de los consejeros municipales, de las cámaras corporativas empresariales y de los sindicatos, si bien ambas cámaras quedarán al mismo nivel, lo cual crea el riesgo de verdadero bloqueo en la vida parlamentaria.

A pesar de estas reformas, el desequilibrio de poderes siguió pues, de manifiesto, a favor del monarca, que siguió detentando todos los resortes del poder. La oposición aceptó votar favorablemente el texto de 1996 en el marco de las transacciones de lo que se llamó la “alternancia consensuada”, con la esperanza de que desde el gobierno se pudiera hacer un uso positivo del incremento moderado de los poderes atribuidos a la primatura. Pero no fue así.[7] La antigua oposición, en el gobierno desde abril de 1998, enmarcada en una heterogénea coalición de partidos dirigidos por el socialista Abderrahmán Yussufi, no tuvo capacidad para imponer otra forma de gobernar con autonomía respecto al rey, el cual tenía la última palabra y controlaba directamente los cuatro “ministerios de soberanía” (Interior, Exteriores, Justicia y Asuntos Religiosos). Prueba palpable fue que su gabinete no logró hacer realidad el nuevo código de la familia y hubo de ser Mohamed VI el que se atribuyera el mérito de sacarlo adelante en 2004. Los sucesores de Yussufi al frente del gobierno, Driss Jettu (2002-2007) y Abbas El Fassi (desde 2007), no han sido en realidad más que meros gestores, privados de los resortes claves del poder efectivo.

Mohamed VI reafirmó en varios de sus discursos la naturaleza de su forma de gobierno, a la que calificó unas veces de “monarquía ejecutiva” y otras de “monarquía ciudadana” en la que el rey reina y gobierna, sin límites a su acción ni competencias. Muy pocas voces se han alzado en los 11 años de su reinado para defender otra concepción de la monarquía. En el campo político, tan sólo en los extremos del sistema se ha reclamado una monarquía constitucional: entre dichas voces, aunque a título individual, la del islamista Mustafa Ramid, portavoz durante algún tiempo del PJD, y la de Mohamed Sassi, del PSU. Los discursos del rey han dejado claro que el monarca no estaba por un cambio en sus atribuciones y toda la clase política ha estado de acuerdo en considerar que esa cuestión no era prioritaria.

Corresponde pues reconocer al Movimiento del 20 de febrero el haber puesto de actualidad la cuestión del cambio de forma de gobernar. La caída de dos despotismos norteafricanos ha dejado al descubierto lo que el sistema marroquí tiene de autocrático. Y aunque la gran mayoría del pueblo marroquí, entre ellos los convocantes de las manifestaciones de protesta, así como todos los que las han apoyado, no han puesto en duda la monarquía como institución, ni la figura del monarca como tal, sí se ha generalizado la necesidad de su democratización. Publicaciones como Tel Quel han puesto el dedo en la yaga cuestionando el monopolio de la figura real en los planos político y económico.[8] Así, han planteado poner fin a la difícil competencia con los negocios del rey, “actor mayor de la economía nacional”,[9] suprimir los “ministerios de soberanía”, conceder al primer ministro capacidad plena para presidir el Consejo de Ministros y para nombrar los altos cargos, incluidos los gobernadores (walis), aligerar el protocolo real, acabar con el cáncer de las licencias o de las concesiones sin control alguno, etc.

Algunos guiños de complicidad con las reivindicaciones de la jornada de protesta llegaron incluso desde círculos cercanos al poder. Sirviéndose de la tribuna del diario Akhbar al-Yawm, el viernes anterior a la protesta se reunieron en un acto público en Rabat nueve personalidades de distinta orientación política para evaluar la situación: Mohamed Sassi, Ali Bouabid, Karim Tazi, Nouredine Ayouch, Jaafar Hassoun, Lahcen Haddad, Hassan Aourid, Mustafa Ramid y Samir Abdelmoula. Los observadores llamaron la atención sobre el tono desenvuelto de los participantes, que calificaron del “fin de la langue de bois”. Hassan Aourid, antiguo portavoz de Palacio, gobernador en Mequinez y cronista oficial del reino, entre otros puestos desempeñados recientemente, llegó a hablar de la necesidad de no perder la oportunidad de esta nueva transición, revelando la existencia de fisuras en el entorno real. Todos los participantes convinieron en la necesidad de eclipsar a ciertas figuras de dicho entorno demasiado hegemónicas. Por su parte, Noureddin Ayouch hizo pública en el mismo acto la voluntad de la retirada progresiva del holding real de la primera fila de los negocios, anuncio que pretende acallar una de las reivindicaciones de la protesta, esto es, la omnipresencia del monarca no sólo en las esferas política y religiosa, sino también en la económica.

La jornada del 20 de febrero

El domingo 20 de febrero amaneció lluvioso en buena parte de Marruecos. Sin embargo, pese a la lluvia, las concentraciones en lugares públicos de ciudades como Rabat o Casablanca comenzaron a producirse desde las 10 de la mañana. La convocatoria alcanzó todas las grandes ciudades como Fez, Marrakech, Tánger y Tetuán, pero también lugares recónditos como Zagora y Guelmim. A lo largo de la jornada, las concentraciones fueron cobrando importancia, si bien éstas fueron menores de lo que algunos de los convocantes esperaban. Junto a jóvenes estudiantes destacaban obreros y parados, profesionales, intelectuales y personalidades de distinta orientación política. Si bien los partidos de la coalición gubernamental o de la oposición (salvo las excepciones señaladas más arriba) no apoyaron la convocatoria, algunos miembros de partidos incluso en el gobierno participaron en las manifestaciones a título personal. Así, islamistas del PJD como Mustafa Ramid y Reda Benkhaldun, socialistas como Ali Buabid y comunistas como Said Saadi, participaron en la protesta junto con intelectuales como Nureddin Ayuch, dirigentes de partidos como Abdellah el Harif (de VD) y Ahmed Habschi (del PSU) y muchos otros.

Las concentraciones duraron varias horas de manera ordenada, si bien acabaron en disturbios de distinta envergadura y violencia, sobre todo en ciudades del norte del país como Tánger, Larache, Alhucemas y en otros lugares como Marrakech y Sefru. El comportamiento general de las fuerzas del orden se limitó a vigilar a distancia las concentraciones, interviniendo en los casos de alteración manifiesta del orden, no pudiendo evitar, sin embargo, desgastes notorios en edificios y vehículos en algunos de estos lugares.

El balance que el ministro del Interior realizó de los acontecimientos de la jornada del 20 de febrero, en rueda de prensa al día siguiente, constató protestas en 53 prefecturas y provincias del país, estimando en 37.000 personas la participación en las mismas. Una guerra de cifras se desencadenó en los días siguientes entre los organizadores, quienes elevaban la participación a cerca de un cuarto de millón de personas, y otros observadores, que incluso la duplicaban. En el cuadro siguiente, establecido por la web Mamfakinch, se arroja la cifra más realista de 122.730 asistentes y permite ver, sobre todo, cómo una protesta convocada por cauces tan novedosos y poco habituales como las redes sociales acabó por alcanzar a todo el reino.[10]

Figura 1. Participación en las manifestaciones del 20 de febrero de 2011

Asimismo, el ministro del Interior identificó destrozos producidos por los “saboteadores” en 33 edificios y establecimientos públicos, 24 agencias bancarias, 50 comercios y edificios privados y 66 vehículos. Unas 120 personas fueron arrestadas en relación con estos hechos (38 en Alhucemas, 69 en Tánger, 19 en Tetuán y Chauen) y trasladadas a los juzgados, siendo menores una buena parte de los detenidos. Hubo también heridos: 128 según la misma fuente, de los cuales 115 pertenecientes a las fuerzas del orden. En Alhucemas cinco jóvenes perdieron la vida en un incendio en una entidad bancaria y, entre los manifestantes de Sefrú, localidad cercana a Fez, se registró un fallecido a consecuencia de enfrentamientos con fuerzas del orden.

Primeras reacciones al 20 de febrero

La reacción inmediata a las manifestaciones del domingo 20 de febrero vino de la prensa. Si mayoritariamente se había mostrado reacia a la convocatoria, e incluso medios influyentes la habían saboteado tratando de deslegitimarla, prácticamente de manera unánime todos los periódicos señalaban que “todo el mundo está de acuerdo en Marruecos sobre la necesidad de acelerar las reformas”.[11] Reacciones similares manifestaron incluso los órganos de los partidos políticos de la coalición gubernamental que no habían querido sumarse a la protesta. El diario L’Opinion, órgano en lengua francesa del partido del primer ministro, el Istiqlal, destacó en portada los llamamientos “a la aceleración de la cadencia de las reformas políticas y constitucionales”, al tiempo que resaltaba la “adhesión entre débil y media a manifestaciones pacíficas en varias ciudades de Marruecos” y los incidentes registrados en Larache y Marrakech. Por su parte, Libération –de la USFP, también en el gobierno– titulaba “Reivindicación de reformas políticas sobre fondo de manifestaciones ciudadanas: el post 20 de febrero debe interpelar a los partidos” y concluía con la interrogante de si no habría sido “miopía política” la de los partidos que no se solidarizaron con esta protesta de la juventud “en busca de dignidad y democracia”. En la oposición, el diario Al Tachdid, ligado al islamista PJD, convenía también en la unanimidad de la demanda de reformas políticas profundas.

El discurso del monarca con motivo de la creación del Consejo Económico y Social, pronunciado la tarde del día 21 de febrero, fue considerado también como una primera respuesta a las manifestaciones del día anterior. Sin embargo, el nombramiento de este Consejo estaba previsto con anterioridad y, aunque no puede considerarse una reacción a la demanda de reformas, parece que se aprovechó la oportunidad para introducir algunas expresiones que fueron descodificadas en uno y otro extremo del espectro político.[12] La instauración del Consejo, una institución creada por la Constitución de 1992 y nunca establecida hasta 2011, se presentaba como muestra del constante rechazo “a ceder a la demagogia y a la improvisación” por parte del monarca. Estas dos palabras llamaron especialmente la atención y algunos quisieron ver en ellas una alusión a los acontecimientos del día anterior, mientras que otros se limitaron a contextualizarlas en el enorme retraso de su nacimiento.

El discurso hizo también alusión a la consolidación de nuevas “reformas estructurantes” e irreversibles, según un modelo propio marroquí, lo que fue interpretado a la luz del nuevo unanimismo en favor de las reformas mostrado por todos los actores tras la sacudida del 20 de febrero. Pero no hubo quien dejó de señalar que el Consejo no era más que una institución consultiva, de carácter puramente decorativo, que en numerosos países había comenzado ya a perder operatividad e interés. Por otra parte, el hecho de que a su frente se nombrara a un antiguo ministro del Interior, Chakib Benmoussa, responsable de las dos últimas operaciones electorales y dimitido tras el caso de Aminetu Haidar, ha privado, según ciertos observadores, de todo interés reformista a la institución del Consejo Económico y Social, del que Driss Guerraoui fue nombrado secretario general. Entre sus otros 98 miembros llaman la atención los nombres del escritor Tahar Benjelloun, de la antropóloga Fatima Mernissi, del banquero Othman Benjelloun y del dirigente del PJD Jamaa Moatassim, salido de la cárcel dos días antes en libertad provisional, y acusado de mala gestión en el ayuntamiento de Salé por miembros del PAM. Gesto éste del soberano abierto también a interpretaciones múltiples: acercamiento al PJD o distanciamiento del hegemonismo del PAM.

En los días sucesivos se han explicitado otras reacciones de diverso tipo que evidencian un clima nuevo. Por un lado, las tensiones en el seno de la dirección de ciertos partidos políticos en los que se aceleraron las contradicciones preexistentes (caso del PJD a causa de las dimisiones de los miembros del secretariado Ramid, Choubani y Hamieddin, de la USFP por el sostén a la protesta de miembros de la dirección como Hassan Tarij y Ali Buabid, o de las juventudes del partido). Por otro lado, insólitas expresiones de apoyo al movimiento del 20 de febrero, calificado por el Movimiento Popular (MP), partido conservador actualmente integrado en la coalición gubernamental, de “ocasión histórica” para afrontar “reformas constitucionales”. Por su parte, la dirección de la USFP, reunida en Rabat el fin de semana siguiente, hablaba también de “oportunidad histórica” para hacer avanzar las reformas planteadas desde hace 15 años, sintiéndose precursor del movimiento. Su secretario general, Abdeluahed Radi, hacía suya la necesidad de conceder prioridad a las reformas constitucionales, señalando que las reformas de las que tiene necesidad el país son de carácter global y no sectorial. Sin embargo, sus palabras no convencieron a un sector importante del Consejo Nacional de su partido, que reclamaba la salida de la USFP de la coalición gubernamental para permitir la recuperación de la credibilidad de una formación que ha sufrido un profundo desgaste desde su participación en la gestión gubernamental.

Todo ello ha venido combinado con rumores de todo tipo que hablan de una inminente reestructuración ministerial, incluso de un cambio de primer ministro, avanzándose incluso nombres como Driss Jettú y Mustafa Terrab –o incluso de algún dirigente más joven del Istiqlal– como sus sucesores. El retorno precipitado de Abbas el Fassi de Qatar, donde presidía una reunión de la comisión mixta Marruecos-Qatar, disparó estos rumores, si bien el diario Al Bayane se encargó de desmentirlos en la portada de su edición del 26-27 de febrero, justificando dicho retorno en la obligación de presidir el consejo de gobierno del jueves 24 en el que se evaluaron los acontecimientos del día 20 y se “reafirmó la aceleración de las reformas en curso”.

Conclusión: De la continuidad del Movimiento 20 de febrero poco puede aventurarse. Lo que es cierto es que ese Movimiento, con todo ese mar de fondo de las revoluciones en Túnez, Egipto y la coetánea de Libia, ha sido un auténtico terremoto político en Marruecos que ha agitado una escena política hasta ahora marcada por el escepticismo y el desinterés de la población por la cosa pública. Aunque la figura del rey y la monarquía no han sido cuestionadas por la protesta, sí lo ha sido la forma “ejecutiva” y absoluta en que ésta se ejerce. Ciertos signos han empezado a evidenciar que el mensaje ha sido escuchado.

Notas:

[1] Una buena cronología de los sucesos que han llevado a la convocatoria de una primera jornada de protestas el 20 de febrero en Marruecos por una democratización del sistema político puede encontrarse en el trabajo de Said Kirhlani e Irene Fernández Molina publicado en el Observatorio Electoral del TEIM. (http://www.observatorioelectoral.es/ImgBase/AE-Marruecos_2011_La_vispera_del_20_de_febrero.pdf).

[2] AMDH, OMDH, Liga Marroquí de Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH), Centro Marroquí de Derechos Humanos (CMDH), Foro Marroquí Verdad y Justicia (FMVJ), Asociación Adala, ATTAC, Transparency International, Azetta (Red Amazig para la Ciudadanía), sindicatos como la UMT y la CDT, entre otros, y partidos como PSU, Vía Democrática, Partido de la Vanguardia Democrática Socialista (PADS), Congreso Nacional Ittihadi (CNI).

[3] “¿Y Marruecos?”, El País, 31/I/2011. Reproducida en otros periódicos de Marruecos como Tel Quel.

[4] http://www.youtube.com/watch?v=A_LF0JqnMzw.

[5] Coalición de grupos opositores creada en 1991 e integrada por el Istiqlal, la USFP, el PPS, la UNFP y la OADP. La UNFP no era, en realidad, más que un partido virtual, sin presencia real fuera de la personalidad de su líder, Abdallah Ibrahim, primer ministro entre 1958 y 1960, que fallecería en 2005.

[6] El texto del memorando fue hecho público por los partidos de la Kutla en una rueda de prensa celebrada en junio de 1996 en la sede del Istiqlal, siendo publicado el texto en el diario Libération.

[7] Ciertamente algunas reivindicaciones más del memorando de la Kutla fueron adoptadas durante el reinado de Mohamed VI, como la edad de voto, que se redujo a los 18 años, o la carta comunal, que fue modificada en 2002.

[8] “La révolution… avec lui. 50 mesures pour rendre le Maroc meilleur”, Tel Quel, nº 461, 19-25/II/2011.

[9] Entre los manifestantes en Rabat el 20 de febrero se encontraba Milud Chaabi, importante constructor y empresario marroquí que lleva una lucha contra el casi monopolio ejercido por los holdings de la familia real, ONA/SNI.

[10] En esta web, subtitulada “Moroccan Independent News Portal”, pueden encontrarse no sólo noticias casi en tiempo real, sino incluso un mapa de videos de las manifestaciones en las diferencias localidades marroquíes.

[11] Titular del artículo de Rachid Niny, director de Al Masae, en el periódico del 21/II/2011.

[12] Véase el texto en http://www.map.ma/fr/sections/activites_roi/texte_integral_du_di/view.

Majesté ! J’aurais aimé ne pas avoir à vous écrire. Le printemps arabe qui secoue le monde me l’impose. J’aurais préféré faire l’apologie d’un Maroc moderne et démocratique au lieu de ressasser le mal qui le ronge. Que de regrets, de désillusions, de colère face au gâchis incité par tant de pouvoir et de vanité ! Le roi des pauvres a vite fait place à l’homme d’affaires, entouré de vils courtisans. Nous aurions aimé trouver en vous un chef d’Etat qui veille à l’application de la loi, avec un projet de société, pas un promoteur hôtelier ou un chef de chantier.

Nous espérions que vous seriez l’homme qui partage nos rêves et notre pain quotidien au lieu de museler nos libertés, de tuer l’espoir que nous avons placé en vous et de chasser les esprits probes pour ne conserver que les véreux. Le constat est simple, la monarchie se duplique de la même manière, avec les servitudes du makhzen (l’appareil tout-puissant de l’Etat marocain, basé sur l’allégeance au roi).

Le roi des Marocains a le devoir d’entendre un autre son de cloche qu’“Allah Ibarak fi Amar Sidi !” (Dieu bénisse la vie de notre Seigneur !) entonné à son intention par son entourage comme une fausse rengaine. Le destin aurait bien pu vous jouer un sale tour et vous faire naître à Sidi Moumen, par exemple. Alors, ces milliards accumulés, ces milliers de voitures, bateaux, palais, résidences, dépenses et luxe fastueux devraient avoir moins de valeur à vos yeux que l’amour du peuple à votre égard lors de votre avènement, en 1999.

En peu de temps, Fouad Ali El-Himma et Mohamed Mounir El-Majidi sont devenus les maîtres du pays grâce à leur proximité avec leur ami le roi. Ils ont phagocité tous les espaces, économie, finance, culture, sport, politique, nous écoeurant de tout, comme un jeu de sales gosses (la’b adrari), soumettant le monde à la lubie du gain rapide et des affaires faciles, dilapidant le capital sympathie que le peuple avait pour vous et transformant le Maroc en une cage aux folles où les pieds ont remplacé la tête. Ces commis sorciers ont étouffé le jeu politique, ruiné la concurrence économique, dilapidé les deniers publics dans des lubies et piétiné le contrat constitutionnel, celui de défendre les intérêts du peuple. Ils agissent en votre nom, vous êtes de fait garant de leurs actes. Ils doivent s’en aller ; ils constituent un danger pour vous et un obstacle à l’essor du pays.

Le clan El-Fassi fait sienne la spécificité marocaine qui engendre arbitraire et inégalité. Il s’est accaparé les meilleures fonctions et les plus hauts salaires. Soutenant les siens même dans l’erreur, le palais a gratifié Abbas du poste de premier ministre alors que l’affaire Annajat (énorme scandale dont plus de 30 000 jeunes chômeurs ont été victimes, en 2003, alors que M. El-Fassi était ministre de l’emploi) le poursuit. Dans l’Etat de droit, chacun est responsable et comptable de ses actes, même le roi.

Devant ce désir universel de liberté de plus en plus irréversible, comment pouvez-vous rester à l’écart, derrière vos rideaux opaques de l’Etat de non-droit ? La fuite des présidents tunisien et égyptien, MM. Ben Ali et Moubarak, la fin imminente du président yéménite Saleh, celle sûrement tragique du guide libyen Mouammar Kadhafi… montrent comment finissent les plus pitoyables des tyrans. Elisabeth et Juan Carlos existent en tant que réalité symbolique et historique. Leur peuple les respecte, mais leur impose des restrictions et leur demande des comptes. Ni la reine d’Angleterre ni le roi d’Espagne ne déméritent car ils consignent leur destin dans le cadre de la démocratie. L’heure n’est plus aux divertissements, aux voyages d’agrément, ni aux scènes d’éclat. Vous devez retrousser vos manches et travailler avec altruisme, dans la transparence, pour accomplir votre mission, sinon le Maroc devra cesser d’être la concession exclusive des Alaouites !

Au début, vous avez suscité des attentes et dessiné l’espoir dans le regard des petites gens. Le peuple vous a interpellé sur son drame et son refus de la tyrannie, des injustices. Sa maturité, sa grande retenue sont à saluer, une dernière chance à saisir. A vous d’anticiper les réformes et de proposer des élections transparentes. Un gouvernement d’union nationale avec une feuille de route conforme aux changements qu’il souhaite peut apaiser sa colère.

Votre responsabilité devant l’Histoire est de répondre favorablement à son appel, car le destin de votre monarchie constitutionnelle, garante de l’unité et de la stabilité du Maroc, en dépend. Soyez pour votre peuple ce guide qu’il espère. Rompu par le bruit des chaînes qui entravent ses pas, il crie pour retrouver sa dignité parmi les peuples et revendique l’Etat de droit.

La révolution est en marche. Viendra-t-elle de vous ou se fera-t-elle contre vous ? Si elle vient de vous, il faudra donner l’exemple et guider le peuple sur la voie de la liberté, la justice sociale et la démocratie. Si vous le faites, on se mobilisera tous derrière vous dans cette noble démarche. Si vous voulez continuer à faire de la simple figuration, la révolution se fera alors contre vous. Et dans ce cas la houle emportera tout sur son passage.

La colère des déshérités est sans nuances. Les actes terroristes du 16 mai 2003 (cinq attentats-suicides dans la ville de Casablanca) ont sonné le glas de l’état de grâce. Ce signal vous a été adressé par une jeunesse ravagée de désespoir et qui n’a plus d’issue que dans la drogue, la fuite ou la mort.

Inapte à décoder le message et à rectifier le tir, votre système a renoué avec les pratiques du passé dans ce qu’elles ont de plus inique, de plus barbare au nom de la lutte antiterroriste, sévissant contre nous pour un mot, une caricature, une nokta (plaisanterie) visant la famille royale ; signe pathologique du makhzen qui survit à Hassan II.

Aussi pénible que puisse être pour vous ce discours, je veux me convaincre que vous respectez les hommes sincères. Je n’ai jamais eu que mon franc-parler et mon intégrité à offrir au pays pour lequel nous avons dessiné de beaux rêves dans notre jeunesse. J’assume mon rôle d’intellectuel trublion jusqu’au bout, pour être en règle avec ma conscience. A vous d’être à présent en règle avec la vôtre.

Portés par l’élan des tunisiens et des égyptiens qui ont renversé leurs dirigeants dictateurs et autocrates et les systèmes mis en place par ces derniers, une certaine contestation populaire apparaît au Maroc (où tous les ingrédients sont réunis pour une contestation sérieuse : misère, inégalités sociales, chômage massif des jeunes, corruption, absence de démocratie, etc.) pour réclamer une modification en profondeur de la constitution et amorcer une nouvelle ère politique. Les autorités marocaines répondent que la situation y est différente car un processus “irréversible” de démocratisation est en cours et que la liberté d’expression existe à l’exception de trois sujets tabous : la monarchie, la religion et le Sahara. En réalité, derrière une apparence de démocratie, le système politique marocain correspond à une monarchie autocratique qui dirige et contrôle à peu près tout.

UNE DÉMOCRATIE DE FAÇADE

Pour affirmer que le Maroc est lancé dans un processus démocratique, plusieurs leurres sont mis en avant. Tout d’abord, la constitution de 1996 (adoptée par référendum avec un oui à plus de 99 % !) affirme que “le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale” et que les citoyens disposent des libertés d’opinion et d’expression, sous réserve de limitations apportées par la loi ! Ensuite, il est mis en avant que les dernières élections législatives ont été libres. Les résultats des scrutins correspondent globalement aux votes réellement exprimés et les partis ont présenté globalement les candidats qu’ils souhaitaient. D’ailleurs, il est invoqué que le Maroc connaît depuis l’indépendance le multipartisme. Enfin, de nomb