Tema: El nuevo gobierno de Mariano Rajoy tendrá que reformular la política mediterránea española y adaptarla a las realidades de un vecindario norteafricano en profunda transformación.[1]

Resumen: Tanto si los procesos políticos que han desencadenado las revueltas árabes generan libertad y desarrollo como si acaban produciendo frustración y caos, la posición geoestratégica de España se verá afectada a medio y largo plazo. La inesperada y arrolladora ola contra el autoritarismo iniciada en 2011 muy probablemente seguirá recorriendo el Magreb y Oriente Medio durante años, y no es de esperar que esa tendencia se vaya a revertir. Eso debería llevar a una redefinición de la política exterior española hacia la región. Muy probablemente España sea el país de la UE que más tenga que ganar, en términos relativos, si las transiciones árabes conducen a una mayor prosperidad, más estabilidad y más democracia. Es el momento de que la política mediterránea española esté guiada por un enfoque realista, práctico y más coherente que el empleado durante los últimos años.

Análisis: El nuevo gobierno de Mariano Rajoy tendrá que reformular la política mediterránea española y adaptarla a las realidades de un vecindario norteafricano en profunda transformación. La inesperada y arrolladora ola contra el autoritarismo iniciada en 2011 muy probablemente seguirá recorriendo el Magreb y Oriente Próximo durante años, y no es de esperar que esa tendencia se vaya a revertir. Esta nueva etapa representa un gran desafío para los gobernantes a ambas orillas del Mediterráneo. Por un lado, las transiciones ya en curso en Túnez, Egipto y Libia –y aquellas que puedan sumarse en los próximos meses o años– se enfrentan a dificultades colosales, aunque no por ello imposibles de superar. Por otro lado, los diferentes ritmos de los cambios en función de cada país hace imposible diseñar una misma política para toda la región. Sin embargo, la llamada “primavera árabe” ha marcado un punto de inflexión que ofrece una oportunidad histórica para transformar el modelo de estabilidad en torno al Mediterráneo.

Frente a la crisis económica y a las incertidumbres políticas en las dos orillas del Mediterráneo, parece haberse instalado en el norte cierto pesimismo –en ocasiones rozando el fatalismo– sobre la inevitabilidad de que las transiciones árabes conduzcan al caos o al triunfo de opciones políticas contrarias a los intereses europeos. Sea ésa la estación final de la “primavera árabe” o no (y nada determina que tenga que serlo), ni el pesimismo ni la apatía son una opción para Europa si no se quiere que el peor escenario posible se convierta en una profecía autocumplida. Tampoco una actitud del tipo “esperar y ver qué pasa” contribuirá a construir una nueva estabilidad regional basada en el respecto a la dignidad de las personas y en la búsqueda de intereses comunes.

Es el momento de que la política mediterránea española esté guiada por un enfoque realista, práctico y más coherente que el empleado durante los últimos años. A pesar de los enormes esfuerzos realizados y de contar con excelentes profesionales de la diplomacia, la política mediterránea del gobierno socialista estuvo demasiada absorbida en dos ámbitos: los repetidos intentos de mediar en el conflicto de Oriente Medio y los esfuerzos por ubicar y conservar la Secretaría de la Unión para el Mediterráneo (UpM) en Barcelona. Siendo tan loables como legítimos ambos objetivos, ni España tenía la capacidad ni los medios para solucionar los conflictos israelo-árabes, ni la UpM ha generado resultados ni buena imagen en sus tres años y medio de existencia (sólo hay que recordar que su copresidente durante dos años y medio fue el depuesto Hosni Mubarak).

¿Qué está cambiando en los países árabes?

Un primer balance de lo ocurrido durante 2011 en los países árabes es, sin duda, sobrecogedor. Durante mucho tiempo, el mundo se había acostumbrado a la estabilidad que parecían garantizar unos Estados árabes fuertes y autoritarios. Sin embargo, en cuestión de un año cayeron tres dirigentes que llevaban décadas ejerciendo un poder casi absoluto; se iniciaron otras tantas transiciones políticas; se celebraron elecciones más democráticas de lo habitual y otras fueron programadas para los siguientes meses; se produjo una intensa pero corta guerra civil y se crearon las condiciones para que otras estallen; se llevaron a cabo una intervención militar extranjera y otra regional; dos revueltas sangrientas se alargaron sin visos de solución rápida; se realizaron reformas constitucionales de emergencia y otras se pusieron en marcha; se remodelaron algunos gobiernos impopulares; se celebraron dos referéndums constitucionales; y se tomaron medidas económicas para tratar de mitigar el descontento social. Todo eso en menos de un año.

A pesar de que esa primera oleada de cambios está acompañada de grandes incertidumbres y dudas sobre lo que pueda venir después, es evidente que se ha roto el statu quo que reinaba en el mundo árabe, y con él la apariencia de estabilidad de sus regímenes políticos y la imagen de apatía de sus poblaciones. Hubo quienes quisieron ver lo ocurrido en Túnez como un caso aislado, pero el tiempo se encargó de demostrar que era una consecuencia de fenómenos más profundos que harán insostenibles las actuales formas de gobernar en la región, basadas en el autoritarismo y la imposición. Un año después de que la sociedad tunecina forzara la caída del presidente Ben Ali el 14 de enero de 2011, ya no se puede vaticinar que cualquier otro país árabe pueda quedar al margen de la actual ola de cambios, por más que sus dirigentes anuncien reformas u ofrezcan subsidios a la población.

Cualquier diagnóstico que se haga sobre la evolución de las revueltas antiautoritarias árabes deberá tener en cuenta que los factores que han llevado a la profunda transformación social y política están ahí para quedarse y, en todo caso, para ir a más. Factores como la demografía, el papel más activo de las mujeres en la sociedad y la mayor conexión de los ciudadanos árabes con el mundo exterior gracias a las nuevas tecnologías de la información son una realidad incuestionable y tienen un gran poder de transformación estructural. En el fondo de las protestas está el malestar por una corrupción extendida y poco disimulada, por una clase gobernante depredadora de la riqueza nacional, por la ausencia de justicia social y por la falta de garantías para hacer respetar las libertades individuales y los derechos humanos.

Las movilizaciones prodemocráticas en los países árabes han demostrado la existencia de valores políticos comunes entre Europa y sus vecinos del sur más compartidos de lo que muchos creían. Eso debería dar paso a un mayor grado de confianza y cooperación del que existía con los regímenes autoritarios. Una vez perdido el miedo a pedir nuevos sistemas de gobierno más participativos y menos corruptos, las demandas de amplios sectores sociales árabes son claras y concretas: que las personas vivan con dignidad y tengan oportunidades para progresar y encontrar empleo, de modo que contribuyan al desarrollo de sus países y a su propia prosperidad personal y familiar. Los gobiernos que surjan de las actuales y futuras transiciones tendrán que responder a estas demandas con hechos concretos y resultados tangibles. De lo contrario, tendrán a las poblaciones en su contra.

¿Cómo pueden afectar esos cambios a España?

Tanto si los procesos políticos que han desencadenado las revueltas árabes generan libertad y desarrollo como si acaban produciendo frustración y caos, la posición geoestratégica de España se verá afectada a medio y largo plazo. Como puente de paso natural entre el norte de África y Europa y como único país de la UE que tiene frontera terrestre con el mundo árabe, ni puede ni debe abstraerse de las transformaciones en su vecindario meridional. Muy probablemente España sea el país de la UE que más tenga que ganar, en términos relativos, si las transiciones árabes conducen a una mayor prosperidad, más estabilidad y más democracia en la región. Contrariamente, también puede estar en la primera fila de los países europeos afectados en caso de estancamiento económico o de mayor represión en el sur, debido al aumento de la presión migratoria por razones económicas y políticas, así como de fenómenos asociados a la radicalización por la falta de expectativas.

En el actual contexto de dificultades para la economía española y la posición internacional del país, asumir un papel de liderazgo en la política euromediterránea puede ser vital para enganchar de nuevo a España al corazón de la UE y para recuperar peso internacional. En 1995 el gobierno de Felipe González tuvo un papel central en el diseño y lanzamiento del Proceso de Barcelona, la iniciativa más ambiciosa y mejor articulada hasta el momento para construir una región euromediterránea más próspera y estable. La conceptualización y el arranque del Proceso de Barcelona fueron posibles gracias a la coordinación de visiones y objetivos entre España y sus principales socios europeos, especialmente con la Alemania de Helmut Kohl. A partir de 1995, la combinación de un contexto regional cada vez más adverso y la falta de voluntad política a ambas orillas impidieron avanzar hacia el objetivo de crear una zona de paz, estabilidad y prosperidad en torno al Mediterráneo, tal como recogía la Declaración de Barcelona.

No obstante, a lo largo de 2011 se ha iniciado un cambio profundo en la relación entre los Estados y las sociedades del sur, desde el momento en que muchos árabes han pedido dejar de ser tratados como súbditos para convertirse en ciudadanos. El nuevo gobierno español presidido por Mariano Rajoy tiene una oportunidad como pocas para retomar el liderazgo español en el Mediterráneo con propuestas ambiciosas, valientes y acordes a las necesidades de una región cambiante. Semejante posición, bien coordinada con el resto de socios, redundaría en beneficio de los intereses españoles, de la UE y de la región mediterránea.

Definir objetivos, diseñar políticas

El gobierno español salido de las urnas a finales de 2011, junto con las fuerzas políticas y sociales que lo deseen, debería redefinir los objetivos de nuestro país en el entorno mediterráneo y, a partir de ahí, diseñar una nueva política de Estado hacia la región árabe. Las políticas aplicadas hasta la fecha por los anteriores gobiernos han mostrado sus limitaciones y su incapacidad de contribuir a un mayor grado de prosperidad y democracia en los países del sur, a pesar de los frecuentes discursos oficiales autocomplacientes en el sentido contrario.

Frente a los cambios históricos en un vecindario tan estratégico, cabe plantear algunas preguntas, de cuyas respuestas dependerá en buena medida si España será visto como un actor internacional fiable, eficaz y comprometido con valores universales como la libertad y la democracia en su entorno inmediato: ¿qué prioridad se debe conceder a las transiciones árabes dentro de la agenda internacional española?, ¿es suficiente adherirse a las propuestas que salgan de Bruselas o es necesario asumir un papel de líder para consensuar políticas europeas más ambiciosas que produzcan resultados?, ¿tiene España realmente interés en el éxito de transiciones genuinas hacia la democracia en el mundo árabe?, ¿cuáles deberían ser los objetivos a corto y medio plazo desde una perspectiva española?, y ¿qué hacer con iniciativas existentes como la UpM?

La posición geoestratégica de España adquirió mayor relevancia internacional desde la transición democrática con su incorporación a la Comunidad Europea y la adopción de la moneda única. Pocos acontecimientos en la historia moderna del país tienen el potencial de alterar esa posición como la ola de antiautoritarismo que se está extendiendo por el sur del Mediterráneo, tanto si se consolida como si fracasa. Durante el año transcurrido desde que se inició la “primavera árabe”, se han tomado algunas medidas simbólicas, como la visita del ex presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a Túnez, y se ha ofrecido asistencia –más voluntarista que eficaz, dadas las dimensiones de los retos– a algunos países del norte de África. Da la impresión de que aún no ha calado en el pensamiento político y estratégico de nuestro país una noción de los cambios que se avecinan, así como el vínculo existente entre la seguridad y el bienestar futuros de los españoles con lo que ocurra en las sociedades árabes cercanas.

Durante décadas, EEUU y Europa buscaron la estabilidad del Magreb y Oriente Medio mediante el apoyo a regímenes represivos y deslegitimados internamente. A cambio, esos regímenes debían garantizar la estabilidad de sus países, permitir el acceso a recursos (principalmente energéticos), mantener relaciones económicas y comerciales y no cuestionar las políticas de Israel. El problema de fondo es que ese apoyo, tanto europeo como estadounidense, no se tradujo en avances sustanciales hacia el buen gobierno y el Estado de derecho, ni contribuyó a generar oportunidades en unas sociedades repletas de jóvenes con muchas más aspiraciones que expectativas de una vida digna. Por ello, las nuevas realidades aconsejan revisar ese modelo de estabilidad cada vez más criticado y obsoleto. Sin duda, existe la tentación de buscar una versión más benévola de un autoritarismo menos feroz. Sin embargo, si se examinan bien las alternativas junto con las causas del profundo malestar, puede que unas democracias árabes no sean tan malas para los intereses occidentales, incluidos los de España.

Hay numerosos ejemplos de transiciones o revoluciones que empiezan con una agenda liberal y que luego tienen una deriva autoritaria como resultado de la gravedad de los retos políticos, económicos y de seguridad a los que se enfrentan las sociedades en transición. Ése es un escenario que desde España se debe evitar a toda costa que ocurra en su vecindario sur, con todas las medidas que estén a su alcance, tanto en sus relaciones bilaterales como a través de las políticas comunitarias. Para ello, es clave fijar una serie de objetivos, entre los que deberían figurar: la promoción de instituciones inclusivas y de la cultura democrática, donde los gobernantes sean responsables ante los ciudadanos; el diseño de políticas económicas viables y generadoras de prosperidad, mejorando su gobernanza económica y creando mecanismos de control y transparencia; impedir reveses antidemocráticos y prevenir la erupción de la violencia; y, en el corto plazo, evitar el colapso económico y el deterioro de las condiciones de vida.

Las economías de aquellos países árabes que han iniciado sus transiciones están sufriendo las consecuencias de la inestabilidad política, el frenazo en las inversiones, la caída del turismo y las movilizaciones laborales. Sin embargo, las actuales vacilaciones pueden dar lugar a un clima más beneficioso para una región cuyo rendimiento económico ha sido muy inferior al de otros mercados emergentes. En la mayoría de los países, los problemas económicos no proceden tanto de la falta de recursos como del mal reparto que se hace de los existentes. Hay una percepción generalizada de que sólo una minoría próxima al poder es la que se beneficia del crecimiento económico, mientras las clases medias se van reduciendo. La lucha contra la corrupción y el nepotismo serán aspectos clave para legitimar los gobiernos árabes. Los socios internacionales deben contribuir para que haya mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los asuntos públicos en esos países.

Para evitar el colapso de las economías de los países en transición, resulta imprescindible crear instrumentos de financiación específicos para la región. Entre otras cosas, urge facilitar créditos a los jóvenes y a las pequeñas y medianas empresas, que son las que pueden crear un mayor número de empleos. Ahí será importante el papel del Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Mundial y también la banca comercial y los fondos de inversión. Es cierto que existe un amplio escepticismo en las sociedades árabes en relación con el papel de las instituciones financieras internacionales y con las intenciones de los gobiernos occidentales. De ahí que los actores extranjeros deban actuar con cautela, construyendo nuevas relaciones de confianza a base de hechos.

Ha quedado patente que muchas de las reformas anunciadas por algunos regímenes árabes y alabadas por la UE fracasaron a la hora de crear sistemas políticos y económicos más inclusivos. Varios países árabes introdujeron medidas de liberalización económica desde principios de los años 90 que sólo sirvieron para favorecer a algunas elites y contribuyeron a aumentar la brecha entre ricos y pobres. El sector privado que surgió de esas medidas exhibe con frecuencia las peores facetas del “capitalismo amiguista”. Mientras los sistemas políticos árabes no ofrezcan más oportunidades y no garanticen más libertades a sus ciudadanos, habrá cada vez más contestación social. En ese caso se puede optar por reformar profundamente los sistemas políticos o por una mayor represión contra las poblaciones. Es cierto que las transiciones iniciadas se pueden truncar, pero no es realista pensar que, a la larga, la represión y la corrupción no conllevan un coste para los regímenes que las practican.

El delicado y complejo proceso de negociación de las Perspectivas Financieras de la UE para el período 2014-2020 será fundamental para la configuración de la política mediterránea de la UE. En este terreno, España debería tener un papel militante para que una importante cantidad de los recursos destinados a la Política Europea de Vecindad (PEV) se asignen de forma eficaz al norte de África. Esos fondos deben contribuir a que países como Egipto, Túnez y Libia tengan más opciones de éxito en sus transiciones hacia la democracia, pero también para que el resto de los países vean que existen incentivos serios para avanzar en la apertura política y transformar sus sistemas de gobierno. Más allá de los fondos que la UE pueda destinar a estos países, a la larga será mucho más importante intensificar las relaciones comerciales –incluida la revisión de los acuerdos agrícolas y la movilidad de las personas– que conceder ayudas.

Diseñar unas nuevas políticas hacia el Mediterráneo que sean realistas y orientadas a obtener resultados requiere replantearse seriamente la utilidad de la UpM con su actual estructura institucional –sumamente compleja y creadora de obstáculos y disfunciones–, así como el coste económico y político de mantenerla en el estado de cuasi hibernación en el que lleva desde sus inicios. Se hace necesario abrir un debate sobre qué puede aportar la UpM en el nuevo contexto regional y de crisis financiera, así como prever en qué condiciones empezaría a dar resultados concretos y a servir de marco útil para el diálogo político y la integración regional. En un momento como el actual, sería un desatino tratar de reactivar la UpM sin antes conocer la evolución de los nuevos sistemas políticos de la región. Si la Secretaría es capaz de encontrar socios para lanzar proyectos técnicos de cooperación que sean eficaces y viables, entonces debería contar con el apoyo necesario. De lo contrario, la UpM será un lastre para la política exterior española y un elemento distorsionador de las relaciones euromediterráneas, lo que requeriría “recomunitarizar” ese ámbito de la política exterior de la UE.

Hacia un mejor conocimiento de las sociedades árabes

Durante 2011 quedó en evidencia la limitación generalizada de los análisis y previsiones hechas sobre el mundo árabe, puesto que nadie fue capaz de prever la llamada “primavera árabe” ni de actuar con rapidez una vez que se había iniciado. Varios motivos pueden explicar esa incapacidad de previsión: el conocimiento incompleto y sesgado de las transformaciones ocurridas en las estructuras, preferencias y valores de esas sociedades durante los últimos años; los análisis basados en paradigmas obsoletos que ignoraban a las opiniones públicas de esos países; la corrección política que ha impedido plantear escenarios incómodos, aunque probables; y la confusión entre el deseo y la realidad en los procesos de toma de decisión. Está claro que cualquier política eficaz en el futuro tendrá que fundamentarse en un mejor conocimiento de las sociedades árabes, y no sólo en la información inmediata y en las ideas que transmitan sus elites. Sólo a partir del diálogo y del conocimiento se podrán analizar las oportunidades y riesgos y, de ese modo, será más fácil escoger las opciones políticas óptimas a corto plazo y que generen resultados a más largo plazo.

Nunca antes España había tenido tantos especialistas en el mundo árabe contemporáneo en los ámbitos de la administración, del mundo académico, de los think tanks, del periodismo, de las fuerzas armadas y de la cooperación, y nunca antes esos especialistas habían estado tan conectados a redes internacionales como ahora. Aún así, falta mucho por hacer para mejorar el conocimiento de las sociedades y de los sistemas políticos árabes a partir de un cuestionamiento crítico de lo que se da por hecho, basado en datos y en realidades concretas, y alejado de las visiones estereotipadas y de las explicaciones exclusivamente religiosas o culturales. Eso implica, entre otras cosas, que hace falta que muchos más españoles conozcan la lengua árabe y sus dialectos, así como los contextos sociales y culturales.

El nuevo gobierno del Partido Popular debería disponer de la experiencia que acumulan las instituciones españolas dedicadas al análisis de las relaciones internacionales y los instrumentos de diplomacia pública que trabajan con el mundo árabe. Los cambios regionales deben favorecer que desde el gobierno, las empresas y la sociedad civil española se apoyen las transiciones árabes, tanto por consideraciones morales como para defender mejor los intereses nacionales. A pesar de las dudas y de la complejidad de la situación actual, éste es el momento adecuado para que España se posicione y ofrezca asistencia a las sociedades árabes. Sólo mediante la búsqueda de intereses compartidos se podrá disipar la desconfianza y establecer nuevas relaciones más equitativas y mutuamente provechosas. El escenario contrario implica enfrentamiento y un terreno fértil para el radicalismo y la demagogia de quienes no desean el triunfo de las opciones democráticas.

Nuestro país cuenta con numerosos factores a su favor ante la nueva etapa, empezando por su propia experiencia de un rápido desarrollo económico y social tras una exitosa transición hacia la democracia. Haber pasado de un régimen autoritario a una monarquía parlamentaria le confiere un interés especial para los demócratas árabes, así como por demostrar que tener una monarquía y un gobierno responsables ante el pueblo no son realidades excluyentes. También cuenta con la experiencia de una eficaz reforma militar y del sector de seguridad, aspecto clave en el futuro de los países del Magreb y Oriente Medio. A eso hay que sumar que, en términos generales, España goza de buena imagen entre las sociedades árabes. En el plano económico, España cuenta con empresas altamente internacionalizadas en sectores vitales para dar respuesta a las demandas sociales en el sur del Mediterráneo, como son la construcción, las infraestructuras, el transporte, las manufacturas, las energías convencionales y renovables, el turismo, el sector bancario, la consultoría, entre otros. Las transformaciones regionales pueden traducirse en posibilidades de inversión, aumento de intercambios comerciales, transferencia de conocimiento, proyectos conjuntos y en otras ventajas económicas para nuestro país dentro del contexto europeo y mediante relaciones triangulares con otras regiones como América Latina.

Del mismo modo que las transiciones iniciadas en algunos países árabes requerirán muchos esfuerzos y aprender de los errores, Europa debe reflexionar sobre sus políticas del pasado para darse cuenta de que, cuanto más satisfechos vivan los habitantes del sur del Mediterráneo en sus propios países, mejor nos irá a un lado y al otro. Las transiciones políticas son períodos de inestabilidad, pero también ofrecen oportunidades. El año 2011 ha demostrado que algunos cambios antes impensables pueden ocurrir en el mundo árabe y que en ningún sitio está escrito de antemano que siempre tengan que ser a peor.

Conclusiones: Hay mucho en juego para el futuro de la sociedad y de la economía españolas, tanto si se truncan los procesos antiautoritarios en el mundo árabe, por la frustración y el radicalismo que eso necesariamente generaría entre sus poblaciones, como si avanzan gradualmente hacia sistemas participativos con separación de poderes y donde el desarrollo económico y social sea inclusivo. Contribuir al éxito de esas transiciones traerá grandes oportunidades para las economías europeas –y más si cabe para la española por su mayor exposición a los países árabes–. Por el contrario, permitir que dichas transiciones descarrilen hacia un autoritarismo renovado o hacia opciones políticas excluyentes o populistas sólo producirá inestabilidad y mayor malestar social. Si los acontecimientos van en esa dirección, en el peor de los casos España se encontraría en la frontera de una brecha más profunda entre el norte y el sur del Mediterráneo.

El nuevo gobierno español presidido por Mariano Rajoy tiene una oportunidad como pocas para retomar el liderazgo español en el Mediterráneo con propuestas ambiciosas, valientes y acordes a las necesidades de una región cambiante. Semejante posición, bien coordinada con el resto de socios, redundaría en beneficio de los intereses españoles, de la UE y de la región mediterránea. Cualquier política eficaz en el futuro tendrá que fundamentarse en un mejor conocimiento de las sociedades árabes. Sólo a partir del diálogo y del conocimiento se podrán analizar las oportunidades y riesgos y, de ese modo, será más fácil escoger las opciones políticas óptimas a corto plazo y que generen resultados a más largo plazo. Para ello, el nuevo gobierno debería disponer de la experiencia que acumulan las instituciones españolas dedicadas al análisis de las relaciones internacionales y los instrumentos de diplomacia pública que trabajan con el mundo árabe.

Los cambios regionales deben favorecer que desde el gobierno, las empresas y la sociedad civil española se apoyen las transiciones árabes, tanto por consideraciones morales como para defender mejor los intereses nacionales. A pesar de las dudas y de la complejidad de la situación actual, éste es el momento adecuado para que España se posicione y ofrezca asistencia a las sociedades árabes. Sólo mediante la búsqueda de intereses compartidos se podrá disipar la desconfianza y establecer nuevas relaciones más equitativas y mutuamente provechosas. El escenario contrario implica enfrentamiento y un terreno fértil para el radicalismo y la demagogia de quienes no desean el triunfo de las opciones democráticas.

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[1] Una versión anterior de este ARI fue publicada en la sección “Estudios Elcano”, Política Exterior, nº 145, enero-febrero 2012, pp. 142-152, véase http://www.politicaexterior.com.

Hace 12 años publiqué un artículo con el mismo título en las páginas de este periódico. En aquel entonces, traté de llamar la atención sobre el olvido de los problemas mediterráneos que fueron relegados por la caída del muro de Berlín, así como por la paradoja que supuso la cumbre soviético-norteamericana de 1989, celebrada en aguas mediterráneas, en Malta, que centró su atención en el futuro de las repúblicas de Europa central y oriental, así como en el final del sistema comunista, mientras que no planteó ni una mera alusión o reflexión sobre la situación de los países del sur del Mediterráneo y la inestabilidad de toda la zona.

En ese momento parecía lógico que la atención recayera en el escenario de la Mitteleuropa y que el alegato que intenté hacer en favor de una nueva mirada hacia el sur reflejase solo el interés de un país y de una diplomacia que, como la española, desveló entonces los enormes retos y desafíos que empezaban a vislumbrarse en los países del norte de África. Esa llamada de atención contribuyó a crear la nueva política mediterránea de nuestro país y de la Unión Europea, que culminaron en la Conferencia de Barcelona, en su declaración política y en el proceso que llevó el nombre de la capital catalana.

Frente al cataclismo político que supuso el derrumbe del modelo comunista, a trancas y barrancas se logró equilibrar el interés de los europeos en favor del escenario del sur y diseñar esa anhelada política mediterránea. Con sus luces y sombras se desarrolló hasta el nacimiento, en julio de 2008, de la Unión por el Mediterráneo. Los problemas de Oriente Próximo, el estancamiento del denominado proceso de paz y la falta de legitimidad política de muchos de los regímenes de los países árabes no permitieron desarrollar adecuadamente las distintas arquitecturas institucionales de la región euromediterránea.

En esta situación de impasse se produjo el tsunami revolucionario en el que está inmerso el mundo árabe y que comenzó con la inmolación del ciudadano tunecino Mohamed Bouazizi, hace ahora un año. Su muerte y la revuelta tunecina deberían haber sacado del sopor a la clase política europea y, al menos, haber reaccionado con la misma energía y visión que González, Kohl y Mitterrand manifestaron hacia la ampliación al Este en la declaración sobre la caída del muro de Berlín a finales de 1989 y comienzos de 1990. En 2012 no hay otra región o zona que compita políticamente con ese sur, en cuanto a búsqueda de dignidad, libertad y democracia. El norte de África y el mundo musulmán viven el momento estelar de su historia. Sin embargo, la respuesta europea, en mi opinión, ha sido tardía, silenciosa y sin el suficiente compromiso político, económico y financiero.

No se puede justificar esa actitud por la crisis internacional y endógena que están viviendo los países de la Unión Europea. Se me dirá que gracias a varios Estados europeos se evitó una nueva barbarie contra los ciudadanos de Bengasi y que la responsabilidad de proteger se puso en marcha por primera vez para detener la locura sangrienta del líder libio. Todo ello es cierto y seguroque podemos encontrar otras muchas razones para justificar la reacción europea, pero será difícil explicarla a los ciudadanos árabes que salieron a las calles de Túnez, El Cairo y Bengasi proclamando principios y valores que muchos europeos consideraban antitéticos con la cultura e idiosincrasia árabe-musulmana. Cuántas veces hemos escuchado en cenáculos y círculos políticos que árabes o musulmanes no casaban con la democracia y la libertad, que la umma no permitiría a los ciudadanos e individuos defender sus derechos y libertades. Pues bien, la nueva independencia árabe nos ha dado una lección de modernidad (redes sociales, Twitter, Facebook…), de participación y de civismo en sus primeras actuaciones. Todo ello necesitaba una respuesta más positiva y comprometida de sus vecinos más inmediatos: los europeos. La respuesta llegó tarde. Dos meses tardó el Consejo Europeo en pronunciarse sobre la primavera árabe; dos meses después de la caída de Ben Ali y por la intervención militar en Libia. Fue una respuesta ambigua sin propuestas políticas, económicas y financieras de envergadura.

La primera reacción podríamos haberla entendido y valorado positivamente, pues era el comienzo del proceso, aunque este tomó un ritmo y una intensidad cada vez mayores, tanto geográfica como estratégicamente. La Unión Europea tuvo el acierto de nombrar a un representante para la primavera árabe, y se designó para el puesto a una persona preparada y relevante como Bernardino León, pero su mandato es limitado y no se le han otorgado las capacidades necesarias para poder realizar su misión con mayores cotas de eficacia. Por lo tanto, la respuesta fue un tanto tardía e insuficiente.

Desde el Consejo Europeo de mayo de 2011 no ha habido una sola reunión que haya dedicado una línea o comentario breve a lo que está ocurriendo en toda la fachada sur del Mediterráneo. Ni tan siquiera en octubre, dos días después de la primeras elecciones democráticas de Túnez y tras cuatro días del final de la guerra de Libia. Los jefes de Estado y de Gobierno no saludaron y apoyaron estos procesos. El silencio fue también la tónica del último Consejo Europeo del pasado mes de diciembre, cuando se abordaron cuestiones como la ampliación y los problemas de los Balcanes. Pero del Mediterráneo nada; no se dijo nada. Sin embargo, ese mar olvidado sigue estando ahí y nos interpela cada día con mayor firmeza y decisión.

Hace 12 años decía en mi artículo que “lo que está viviendo la Europa del Este es sin duda el acontecimiento más relevante que el mundo europeo tiene planteado desde Yalta. Es por ello lógico que el monotema político de nuestros dirigentes, diplomáticos y analistas se dirija al teatro centroeuropeo. La seguridad de Europa, el futuro de nuestro continente y el nuevo orden político-económico están en juego”. Los acontecimientos que está viviendo hoy el mundo árabe son, a mi entender, de la trascendencia de Yalta o la caída del muro de Berlín… Espero que este llamamiento no llegue tarde y que, tras este año casi perdido, los europeos sepamos revaluar nuestra estrategia e interesarnos sinceramente por nuestra ineludible y antigua vecindad: el Mediterráneo.

La Unión por el Mediterráneo (UpM) tiene un nuevo secretario general, el diplomático marroquí Yusef Amrani, quien ha sido embajador en países latinoamericanos y por lo tanto es sensible a la cultura española. Barcelona tiene nuevo alcalde. Estas dos novedades deben suponer una nueva oportunidad para reactivar la UpM. Barcelona no puede desaprovechar esta capitalidad y tiene que invertir esfuerzos para mantenerse como referente internacional.

A menudo hablamos del Mediterráneo y de Europa presuponiendo dos realidades separadas, con intereses y objetivos divergentes, pero la UE ha visto la importancia geoestratégica de la región y en los últimos años ha orientado una buena parte de sus esfuerzos en construir nuevos puentes de diálogo y nuevas relaciones con los países de la ribera sur del Mediterráneo, convirtiéndose en una política exterior prioritaria.

La naturaleza de esta política exterior es paradigmática, ya que brega a la vez con países que forman parte de la UE y otros que no. Esta divisoria no solo distingue a los miembros de los no miembros, sino también a países con identidades culturales, niveles de desarrollo económico, sistemas políticos y estructuras sociales muy diferentes. Esto no invalida las razones para defender y sostener una política estratégica común: más allá de una historia compartida en torno a un espacio único, la vecindad impone intereses comunes que deben resolverse supranacionalmente -como sucede con los problemas medioambientales en el Mediterráneo-, pide la resolución de fricciones fronterizas ya sea por temas pesqueros o migratorios, y exige estrategias integrales económicas y políticas desde el momento en el que todo lo que sucede en un país siempre acaba teniendo consecuencias en su vecino.

Las iniciativas de la agenda de la UpM se estructuran en cuatro ejes principales: a) política y seguridad (promoción de un espacio común estable y democrático), b) desarrollo económico sostenible, c) cooperación sociocultural y educativa, y d) migración e integración social. Pero más allá de las cuestiones programadas, a menudo la realidad impone su propia agenda. Este es el caso de dos aspectos que hoy en día toman una relevancia capital: la estabilidad en la región y la inmigración, temas que, sin ser completamente nuevos, adquieren nuevas dimensiones en el marco de las revoluciones políticas del norte de África y Oriente Próximo y la crisis económica que también se extiende al sur de Europa.

En el primero de los campos, la estabilidad de la región, están las revueltas por una democracia efectiva y un conflicto de largo plazo y alcance, el que enfrenta a Israel y Palestina, que no se resolverá de un día para otro, pero en el que la UE aún debe desarrollar un papel único diferenciado del que ha llevado a cabo hasta hoy EEUU. Este conflicto, si bien idiosincrásico y específico, se verá modificado por las revoluciones que afectan a países del entorno cercano, muchas de ellas con un horizonte abierto. Se desconocen los futuros aliados, los colores de los gobiernos que acabarán liderando los procesos de transformación, la tónica de sus políticas exteriores, el peso que acabará teniendo el Ejército, el grado de libertades democráticas que serán al fin garantizadas… Las preguntas son más que las certezas.

Pero al mismo tiempo la UE, y específicamente a través de la UpM, tiene la oportunidad única de apoyar los procesos democratizadores impulsados por las sociedades civiles de esos países, al tiempo que incidir y trabajar conjuntamente con los nuevos gobiernos salientes de las revoluciones.

El segundo gran reto de la región es la inmigración. Por una parte, según las tendencias demográficas actuales, la población de la UE se mantendrá estable en los próximos años, mientras que la de los países meridionales seguirá aumentando. Este hecho, unido a la brecha existente entre las economías del norte y del sur del Mediterráneo, pide un marco de gestión de la inmigración unificado, acompañado al mismo tiempo de políticas de desarrollo económico y de educación. Los movimientos migratorios son cada vez más bidireccionales, de trabajadores, pero también de estudiantes, investigadores y empresarios. La gestión conjunta de la inmigración es aún más necesaria cuando muchos países de la UE, y especialmente los del sur, se ven inmersos en una crisis económica que no aminora y una movilización social creciente, y cuando, paralelamente, las revoluciones del norte de África y Oriente Próximo crean nuevos flujos de refugiados políticos. La situación no es trivial, e incluso lo que parecía uno de los puntales consolidados de la política europea, el espacio Schengen, se tambalea ante este nuevo escenario.

De nuevo, las soluciones solo pueden venir de los compromisos conjuntos de los países implicados en estas dinámicas. La UpM emerge así como un espacio de construcción y diálogo colectivo que trabaja, más allá de las urgencias diarias, por una política a medio y largo plazo. Y Barcelona, como sede de la UpM, no puede dejar escapar esta oportunidad para incidir en estos procesos y aprovechar la capitalidad para coordinar la acción política de la región.

Tema: La OTAN ha mantenido relaciones con varios países árabes dentro del marco del Diálogo Mediterráneo y de la Iniciativa de Cooperación de Estambul que ahora debe revisar tras las crisis de los últimos meses en muchos de esos países y después de la intervención militar de la OTAN en Libia.

Resumen: El Diálogo Mediterráneo y la Iniciativa de Cooperación de Estambul son la muestra más palpable de la preocupación de la Alianza por proyectar estabilidad en dos regiones de excepcional importancia estratégica: el Mediterráneo y la región del Golfo Pérsico. La cooperación tuvo comienzos difíciles y el progreso no ha sido fácil, pero ahora, tras los cambios que se están produciendo en los países árabes, la OTAN deberá replantearse la relación con nuevos interlocutores y en un contexto político diferente. Este ARI estudia los orígenes y el desarrollo de las iniciativas de cooperación en vigor, el impacto de las operaciones aliadas en Libia y la necesidad de que la OTAN preste más atención al Mediterráneo y al Golfo que lo que tenía previsto en su último Concepto Estratégico, así como cambiar un enfoque de la cooperación orientado a la estabilidad a uno que ayude a consolidar los cambios democráticos que se esperan.

Análisis: El Diálogo Mediterráneo hay que contemplarlo en el marco de la iniciativas de cooperación que lanzó la Alianza Atlántica poco después de terminada la Guerra Fría. El Consejo del Atlántico Norte siguió con especial atención la evolución de la situación en los países del centro y este de Europa y puso en marcha una intensa actividad diplomática y de intercambios para fomentar la cooperación de los miembros de la OTAN con los antiguos adversarios de la Organización del Pacto de Varsovia.[1] El 10 de enero de 1994, durante una cumbre en Bruselas, se creó la Asociación para la Paz para avanzar en la cooperación bilateral entre la OTAN y cada uno de los países socios. En la Declaración de esa cumbre se reconocía que la seguridad aliada estaba ligada íntimamente con la seguridad de sus vecinos y, por eso, el Consejo Atlántico del 1 de diciembre de 1994 acordó establecer contactos, caso por caso, con los países mediterráneos no aliados para contribuir al “fortalecimiento de la estabilidad regional”. Había nacido el Diálogo Mediterráneo que en sus comienzos era sólo un foro de diálogo y que luego ha ido aproximándose lentamente al modelo de la Asociación para la Paz. En la cumbre de Estambul, en junio de 2004, se relanzó la relación con los países árabes mediante, por un lado, el lanzamiento de la Iniciativa de Cooperación de Estambul dirigida a los países del Medio Oriente y el Golfo Pérsico y, por otro, se reforzó la cooperación con los socios de la Asociación para la Paz y especialmente con los del Diálogo Mediterráneo.

El Diálogo Mediterráneo permite a la OTAN tener una asociación con siete países de la zona: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Mauritania, Marruecos y Túnez (Libia quedó excluida). Sus objetivos principales son los de contribuir a la estabilidad y seguridad en la región, evitar malentendidos entre la Alianza y sus socios mediterráneos y promover unas relaciones cordiales entre los países participantes en el Diálogo. Éste se fundamente en los principios de no discriminación, la diferenciación según las necesidades específicas de cada socio, el interés mutuo y la complementariedad con otras organizaciones internacionales de seguridad. El Diálogo se impulsa desde el Grupo de Cooperación del Mediterráneo, creado en 1997 bajo la autoridad y supervisión del Consejo Atlántico, con un enfoque progresivo tanto en lo referido a la participación como a los contenidos.

Desde 1997, el Programa de Trabajo anual del Diálogo Mediterráneo indica las diferentes áreas de cooperación práctica en su dimensión civil y militar en las que pueden participar los países del Diálogo de forma bilateral (OTAN+1) y, desde 2002, trilateral (OTAN+2). Las actividades incluidas en el Programa son mayoritariamente militares (un 85%) pero las áreas de cooperación son muy variadas e incluyen: diplomacia pública, educación militar, doctrina y entrenamiento, política de defensa y estrategia, planeamiento de emergencia civil, manejo de crisis y armamento, entre otras actividades. En el campo militar se incluyen cursos en el Colegio de Defensa de la OTAN y diversas escuelas OTAN y la posibilidad de observar o participar en ejercicios militares. De esa forma se mejora la capacidad de las fuerzas de los países del Diálogo Mediterráneo para participar en operaciones lideradas por la Alianza, para lo que es imprescindible progresar hacia la interoperabilidad.

En la Cumbre de Estambul mencionada, los jefes de Estado y Gobierno aliados decidieron incrementar la dimensión política del Diálogo Mediterráneo, incluyendo reuniones de ministros de Asuntos Exteriores, de ministros de Defensa y de jefes de Estado y de Gobierno, en lugar de seguir manteniéndolas a nivel de embajadores, así como también celebrar celebran reuniones de los jefes de Estado Mayor de la Defensa. Además de las reuniones plenarias (OTAN+7), tras la reunión de Estambul se aumentó considerablemente el número de áreas del Programa de Trabajo anual y las actividades en cada una de las diferentes áreas (778 en 2008 y 794 en 2009). Además, la dimensión práctica del Diálogo se vio mejorada con la oferta de Programas de Cooperación Individual que señalan los objetivos de la cooperación de un determinado país con la OTAN a corto y medio plazo y sitúa esa cooperación en un marco estratégico e individualizado. Los primeros países en completar sus programas individuales fueron Israel y Egipto, mientras que Marruecos, Túnez, Argelia y Jordania han avanzado bastante en su preparación. Como regla general, las actividades del Diálogo Mediterráneo son autofinanciadas aunque la Alianza puede considerar caso por caso la posibilidad de facilitar ayuda financiera. No obstante, la OTAN ha permitido a los países del Diálogo Mediterráneo acceder al mecanismo de los Trust Fund de la Asociación para la Paz para que puedan cumplir, entre otras, las obligaciones contraídas bajo la Convención de Ottawa respecto a la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal así como su destrucción y la de la de munición caducada sin explotar.

La OTAN ofreció el año 2004 en la cumbre de Estambul elevar el nivel de cooperación del Diálogo al de una verdadera asociación (partnership en la terminología aliada). En esa línea se ofreció a los socios del DM la oportunidad de mejorar su interoperabilidad participando en determinados ejercicios militares y en algunas de las actividades de las iniciativas de la Asociación para la Paz como el Concepto de Capacidad Operativa. Igualmente se les ofreció colaborar en la lucha contra el terrorismo, compartiendo inteligencia y contribuyendo a las operaciones militares (por ejemplo, Marruecos e Israel han participado en la operación Active Endeavour y Marruecos ha contribuido con fuerzas a la estabilización de Kosovo).

En la Cumbre de Riga de noviembre de 2006 se lanzó la Iniciativa OTAN de Cooperación en Entrenamiento para favorecer la modernización de las estructuras de defensa, hacer a sus fuerzas militares más capaces e interoperables con las de los aliados. A los países interesados se les ha animado a aumentar su participación en las estructuras y actividades existentes, pero la respuesta ha sido desigual y no se han aprovechado las oportunidades ofrecidas. En la primera fase del entrenamiento ofrecido se creó un cuerpo docente sobre temas del Oriente Medio en el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma que pudo realizar en 2009, tras un período de pruebas en 2008, su primer Curso OTAN de Cooperación Regional con una duración de 10 semanas. En una segunda fase se preveía el establecimiento en la región de un Centro de Cooperación en Seguridad (SCC) bajo responsabilidad de los países participantes pero no ha llegado a materializarse.

La Iniciativa de Cooperación de Estambul: una iniciativa todavía joven

La Iniciativa de Cooperación de Estambul nació en la Cumbre de la OTAN que se celebró en la histórica ciudad turca los días 28 y 29 de junio de 2004. Su objetivo es contribuir a la seguridad global y regional, ofreciendo a los países de la región ampliada de Oriente Medio cooperación bilateral práctica con la OTAN en materia de lucha contra el terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Entre todos los países miembros del Consejo Cooperación del Golfo (CCG), hasta el momento sólo Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar han participado en la Iniciativa, mientras que Arabia Saudí y Omán permanecen fuera (el CCG propuso en junio de 2011 el ingreso a Marruecos y Jordania). La Iniciativa es la más joven de las iniciativas de cooperación de la OTAN y en apenas cinco años no ha encontrado una identidad propia. La OTAN ha aplicado a la Iniciativa los instrumentos empleados con éxito en el Diálogo Mediterráneo y, en su caso, podría usar instrumentos diseñados para la Asociación para la Paz. Entre otros, ha adoptado un Programa de Cooperación Individual para individualizar la cooperación con la OTAN similar al existente dentro del Diálogo Mediterráneo, además de abrir la Iniciativa de Cooperación en Entrenamiento mencionada anteriormente a los participantes del Consejo de Cooperación del Golfo. La cooperación práctica de la OTAN con los países miembros de la Iniciativa de Cooperación de Estambul se ha canalizado a través de los países de la OTAN como EEUU y el Reino Unido con mayor presencia en el Golfo, lo que ha reducido la visibilidad de la OTAN. Al igual que en el Diálogo Mediterráneo, la Iniciativa no se creó para facilitar el ingreso de sus miembros en la Asociación para la Paz ni tampoco se les dan garantías de seguridad frente a terceros.

La necesidad de revisar el enfoque del Diálogo Mediterráneo

La experiencia de los años de diálogo con los países árabes mostraba la necesidad de cambiar el enfoque de la cooperación si se querían superar los obstáculos estructurales que han limitado su progreso y conducido a su estancamiento.[2] Un primer elemento de dificultad has sido las difíciles relaciones de cooperación entre los propios países miembros, alguno de los cuales no desean ser tratados en pie de igualdad con el resto de los países árabes y prefiere la vía bilateral (OTAN+1) en lugar de la multilateral (OTAN+7). El segundo se refiere a que la presencia de Israel y las repercusiones del conflicto palestino-israelí en el Diálogo dificulta la relación porque todos los países árabes desean evitar verse asociados con Israel. La dificultad de conciliar las renuencias árabes a la cooperación con Israel contrasta con el deseo israelí de sacar todo el partido que pueda a la cooperación aprovechando el marco atlántico, lo que, a su vez, genera diferencias entre los miembros de la OTAN según sus posiciones frente al conflicto latente en Oriente Medio. En consecuencia, el diálogo ha funcionado mejor en los escalones inferiores, más discretos, que en los superiores que llamarían más la atención (hace más de tres años que no se llevan a cabo reuniones ministeriales del Diálogo Mediterráneo).

La experiencia también muestra que se ha progresado más en los instrumentos cuanto más flexibles y variados han sido estos. Si en el Diálogo la iniciativa estaba en manos de la OTAN y a los países árabes sólo podían aceptar o no la proposición, la aproximación de la cooperación a las posibilidades de una asociación (partenariado) facilita una mayor iniciativa, aunque sin llegar al grado de espontaneidad que se da en el Diálogo 5+5). De esta forma, algunos miembros del Diálogo se quejaban de que la OTAN ofrecía más posibilidades e instrumentos de cooperación en otros foros.

España siempre ha sido un valedor del Diálogo Mediterráneo y durante el proceso de elaboración del nuevo Concepto Estratégico trató de resaltar la importancia del Mediterráneo como un espacio de riesgos y oportunidades diferenciado. Sin embargo, el Concepto Estratégico (CE) aprobado en la Cumbre de Lisboa de 2010 dedicó una atención limitada a las iniciativas de cooperación en general y al Diálogo Mediterráneo en particular. El nuevo Concepto reitera el firme compromiso de la Alianza con el Diálogo Mediterráneo y con el desarrollo de relaciones amigables y cooperativas con todos los países del Mediterráneo, para lo que se propone desarrollar aún más el Diálogo en los próximos años aunque sin concretar cómo. También reitera la importancia que conceden los aliados a la paz y la estabilidad en la región del Golfo y pretenden profundizar la asociación de seguridad con los socios de la Iniciativa de Cooperación de Estambul. El Concepto prevé profundizar la cooperación en ambos foros y abrir la puerta a nuevos miembros en ellos, desarrollando el concepto de seguridad cooperativa –incluida la posibilidad de consultas ante problemas de seguridad que afecten a los miembros del Dialogo–, y unificar los instrumentos de asociación para evitar agravios comparativos. De esta forma, y antes de que se iniciaran los cambios en los países árabes, la OTAN consideraba esenciales la paz y la estabilidad en la región. Mediterránea para la seguridad euro-atlántica y se proponía aprovechar la ampliación y profundización de la cooperación política y práctica para fomentar la confianza mutua y afrontar juntos los retos a la seguridad existentes en la región.

Tras la revisión del Concepto Estratégico de la OTAN, el secretario general Rasmussen, comenzó a relanzar la Iniciativa pero las crisis registradas en el mundo árabe desde los primeros meses de 2011 han dificultado su revisión. Tanto los cambios en los países árabes como los acontecimientos de Libia cogieron a la OTAN ensimismada en el desarrollo e implementación de los cambios acordados en Lisboa. La Organización no aprovechó sus relaciones para explorar la situación y, de pronto, se vio envuelta en la imposición del embargo autorizado en la resolución 1970 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas así como en la protección de civiles autorizada en la resolución 1973 del mismo Consejo. La OTAN se hizo cargo de las operaciones el 27 de marzo de 2011 y desde entonces desarrolla operaciones navales y aéreas –la resolución no autoriza la ocupación del territorio– en las que participan miembros de la OTAN junto a otros países árabes como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. En la operación Unified Protector no participa ninguno de los miembros del Diálogo Mediterráneo aunque la protección de la zona de no exclusión cuenta con el apoyo de la Liga Árabe.

Las condiciones de la OTAN para poner fin a las operaciones militare fijadas por los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN y de los países que participan en la operación Unified Protector el 14 de abril en Berlín son: (1) que el régimen libio cese en sus ataques a civiles; (2) que retire sus fuerzas a sus bases de forma verificable; y (3) que permita el acceso humanitario, inmediato y libre a todo el territorio.El secretario general Rasmussen, tras la reunión de los ministros de Defensa que participan en la operación Unified Protector de la OTAN el 8 de junio en Bruselas, anticipó que los ministros comenzaban a planificar el día siguiente a la caída del régimen de Gadafi. En la misma rueda de prensa y posteriormente en otras ocasiones, el secretario general Rasmussen ha descartado que la OTAN vaya a asumir su liderazgo aunque dispone de experiencia en el campo de la reforma del sector de la seguridad que podrían aprovecharse, en cooperación con otras organizaciones internacionales, para articular unas fuerzas armadas libias sujetas a un poder civil, una experiencia adquirida en los países del este de Europa gracias a las iniciativas de cooperación de la OTAN.

Conclusiones: El Diálogo Mediterráneo, y la Iniciativa de Cooperación de Estambul en menor medida, han conseguido notables desde su creación pero no han desarrollado todo su potencial. La progresiva flexibilización del Diálogo amplió los mecanismos disponibles pero los miembros árabes del Diálogo no llegaron a disponer de los mismos instrumentos que otras asociaciones de la OTAN. La Alianza Atlántica aprovechó el cambio de Concepto Estratégico para unificar los mecanismos y oportunidades de cooperación pero las crisis en los países árabes llegaron antes de que se pudieran poner en marcha las posibilidades que ofrecía la seguridad cooperativa para ampliar y profundizar la relación bilateral o multilateral.

Dada la magnitud de los cambios y la intervención militar en Libia, la OTAN deberá replantearse ahora las iniciativas de cooperación y ajustarlas a la nueva situación y, sobre todo, a los nuevos actores que no están socializados en el proceso del Diálogo Mediterráneo. Los cambios plantean retos y oportunidades. Retos como superar el recelo de los nuevos interlocutores a dialogar con quienes lo hacía con sus predecesores que carecían de legitimidad democrática, por lo que habrá que dedicar tiempo y esfuerzos para restablecer la confianza perdida. Oportunidades como la de recuperar a Libia para el diálogo, elevar el nivel del diálogo y fomentar el diálogo multilateral entre el norte y el sur y entre el sur y el sur del Mediterráneo.

Superada la inercia de preservar la estabilidad y el statu quo regional habrá que apoyar los desarrollos democráticos en esos países aunque las nuevas democracias árabes no sean reflejo exacto de los estándares europeos o norteamericanos. A diferencia de la Asociación para la Paz, en la que exigían ciertos estándares democráticos, ni el Diálogo ni la Iniciativa se diseñaron para cooperar a la democratización de los países árabes, un proceso al que las movilizaciones populares están obligando en algunos de ellos. El secretario general Rasmussen ha puesto en valor la experiencia de la OTAN en la transformación democrática de las fuerzas armadas de los países del este de Europa y ha ofrecido su posible aplicación a los gobiernos que deseen aprovechar esa experiencia. Esa voluntad estaba coartada en el pasado porque el Diálogo no pretendía fomentar procesos internos de democratización sino reforzar la estabilidad.

La cooperación en materia de seguridad no va a ser fácil. A pesar de los progresos señalados, las relaciones de la OTAN con los países árabes no han podido superar el obstáculo del conflicto palestino-israelí y la desconfianza entre ellos. No es algo que sólo le haya ocurrido a la OTAN porque tampoco han tenido mejor fortuna otras iniciativas multilaterales euro-mediterráneas como el Proceso de Barcelona, la (la Unión para el Mediterráneo no tenía ningún componente –“cesta”– de seguridad), el Foro Mediterráneo o el Diálogo 5+5 del Mediterráneo Occidental (Libia dejó de participar en él tras comenzar el conflicto en 2011). Ahora, tras los cambios, y con nuevos interlocutores, será necesario recomponer las iniciativas de cooperación con los países árabes, revisar la prioridad del espacio mediterráneo para la Alianza y velar cuidadosamente por la imagen de la OTAN en el mundo árabe, para lo que es importante el desarrollo de la intervención en Libia. Seguramente no es tan importante poner sobre la mesa nuevas iniciativas como agotar las posibilidades de las ya establecidas aprovechando las oportunidades abiertas por las crisis árabes.

NOTAS:

[1] Para una valoración de todas las iniciativas, véase Federico Yaniz Velasco (2010), “Las Iniciativas de Cooperación de la OTAN ante el nuevo Concepto Estratégico”, Documento de Trabajo nº 2/2010, Real Instituto Elcano.

[2] Un análisis de éstos previo a las crisis árabes puede encontrarse en Pierre Razoux (2010), “How to Revitalize the Dialogue between NATO and the Maghreb Countries”, Research Paper nº 46, diciembre, Colegio de Defensa de la OTAN, Roma.

Tema: La OTAN viene desarrollando operaciones navales en el Mediterráneo desde su creación, aunque en los últimos años han tenido mayor notoriedad sus actividades relacionadas con la lucha contra el terrorismo desde 2001 y para respaldar el embargo de armas a Libia en 2011.

Resumen: La OTAN siempre ha tenido interés por el Mediterráneo, por lo que ha mantenido en ese mar una estructura de mando, contado con agrupaciones navales, realizado ejercicios navales y llevado a cabo operaciones militares reales para imponer el embargo naval en los conflictos de Bosnia y Kosovo, luchar contra el terrorismo o la piratería y, ahora, llevar a cabo otro embargo marítimo frente a Libia. Este ARI describe la evolución de la estructura de mando y fuerzas, así como de las operaciones navales hasta llegar a la operación Unified Protector con la que se impone el embargo marítimo a Libia.

Análisis: Al crearse la OTAN en 1949 y nacer con vocación marítima, para unir la orilla occidental europea con la oriental norteamericana en caso de conflicto con la URSS, no olvidó la importancia del Mediterráneo, estableciendo uno de sus mandos operacionales principales en Nápoles, ciudad que también contaría con el Mando Componente Marítimo (MCM) en la isla de Nisida, en la amplia bahía napolitana. Prácticamente desde su creación, la OTAN dispuso de una serie de agrupaciones navales de buques de superficie tipo destructor/fragata y otro de buque de medidas contra minas tipo cazaminas. Estas agrupaciones en número de cuatro, fueron repartidas por igual en el Atlántico y en el Mediterráneo con la diferencia que las primeras eran permanentes y las segundas on call, es decir sobre aviso pasando a denominarse STANAVFORLANTla agrupación de escoltas del Atlántico y NAVOCFORMEDla del Mediterráneo. En 1992, y con ocasión del conflicto yugoslavo, la agrupación de escoltas del Mediterráneo pasó a ser también permanente denominándose STANAVFORMED. En la última reorganización de la Alianza, ambas agrupaciones cambiaron de nombre el 1 de enero de 2005 denominándose Standing NATO Maritime Groups 1 y 2 (STNMG1 y 2), respectivamente, mientras que los dos grupos de medidas contra minas se denominarían igualmente Standing NATO MCM Group 1 y 2 (SNMCMG1 y 2),refiriéndose siempre el 1 al Atlántico y el 2 al Mediterráneo.

El mando operativo de los Grupos del Atlántico radica en el Cuartel General Marítimo Aliado en Northwood (MCC Northwood), Reino Unido, bajo el mando del almirante británico Trevor Howard, y los del Mediterráneo en el Cuartel General Marítimo de Nápoles (MCC Naples) bajo el almirante italiano Rinaldo Veri. Ambos almirantes dependen, a su vez, del comandante del Mando de Fuerzas Conjunto de Brunssum, Países Bajos, en el caso de Northwood y del de Nápoles en el caso del MCC Naples. Elgeneral alemán Wolf Langheld tiene bajo su mando el Joint Forces Command Brunssum y el almirante norteamericano Samuel J. Locklear III manda el Joint Forces Command Naples. Tradicionalmente, el Mando Aliado de Nápoles ha estado siempre dirigido por un almirante norteamericano, mientras que el de Brunssum lo ha estado bajo un general del Ejército de Tierra. Ambos oficiales generales dependen a su vez del comandante supremo de Europa (SACEURen sus siglas de inglés) siendo, al contrario de Nápoles y por primera vez en su historia, el comandante del Mando de Operaciones un almirante norteamericano, a pesar de su apellido griego, James Stavridis, que depende en temas militares del Comité Militar y siempre bajo la dirección política del Consejo del Atlántico Norte (NAC), tal y como refleja la Figura 1.

Centrándonos en la Grupo Marítimo Permanente del Mediterráneo o SNMG2,hay que aclarar que es una fuerza marítima integrada multinacional, formada por navíos de las naciones miembros de la Alianza que operan conjuntamente como una sola unidad. El Grupo está permanentemente disponible para realizar una serie de cometidos al servicio de la Alianza, desde realizar ejercicios de adiestramiento hasta su participación en una respuesta de crisis y misiones reales de combate. Aunque su área normal de actuación es el Mediterráneo, puede ser desplazado allí donde la OTAN requiera su actuación, como es el caso del Océano Indico para luchar contra la piratería. La composición del Grupo varía de acuerdo con los navíos que aporten las naciones miembro, pero normalmente son siete u ocho escoltas tipo destructor o fragata, y su mando es rotatorio entre las naciones participantes que aporten buques. Actualmente el comandante del SNMG2 es el comodoro (OF 5) neerlandés Michiel B. Hijmans, que recibe órdenes directas del Mando Marítimo aliado de Nápoles, bajo el almirante Rinaldo Veri. Una de las actividades del SNMG1es la escala en puertos del Mediterráneo no sólo de los Estados miembros de la OTAN sino también de los que forman parte del Partenariado para la Paz, el Diálogo Mediterráneo o la Iniciativa de Cooperación de Estambul, siendo estas dos últimas los foros de cooperación de la OTAN con siete países árabes de la zona.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Consejo Atlántico movilizó la Agrupación Naval del Mediterráneo –todavía con las siglas de STANAVFORMED–, dentro de la operación Active Endeavour (OAE) para luchar contra el terrorismo internacional en aplicación del artículo 5 del Tratado de Washington. Desde el 6 de octubre de 2001, primero la STANAVFORMED y luego el SNMG2 han participado en apoyo de la operación Active Endeavour cuando han sido requeridos. En octubre de 2008 y a petición de las Naciones Unidas, el SNMG2 fue destacado a las aguas de Somalia para defender y proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentosde los ataques de los piratas dentro de la Operación Allied Provider, permitiendo a los navíos fletados por ese Programa llevar alimentos a la población somalí. El 12 de diciembre de 2008 la agrupación fue relevada por el SNMG1no sin antes haber asegurado la llegada de 30.000 toneladas de alimentos al puerto de Mogadiscio, habiendo participado en la operación 1.000 marinos de la SNMG2.Posteriormente en junio de 2009 la SNMG2 volvió a participar en la misma operación, esta vez con el nombre de Ocean Shield, hasta noviembre de 2009 en sustitución de la SNMG1.

En el ámbito de la guerra de minas, la Standing NATO MCM Group 2, es una fuerza marítima multinacional integrada, formada por buques de medidas contra minas que operan juntos como una sola unidad para realizar una serie de cometidos que van desde los simples ejercicios hasta una respuesta de crisis y operaciones reales. Normalmente el SNMCMG2 opera en el Mediterráneo, pero puede ser destacado allí donde la Alianza lo requiera. Este Grupo se forma con las aportaciones de cazaminas y buques de mando de la OTAN y su mando que rota entre las naciones que aportan buques. El comandante actual del Grupo es el capitán de navío griego Georgios Pelekanakis, que recibe órdenes directas del almirante Rinaldo Veri desde Nápoles.

La capacidad de medidas contra minas permanente de la OTAN en el Mediterráneo fue activada el 27 de mayo de 1999, con el nombre de Mine Counter Measures Force Mediterranean (MCMFM) y normalmente comprende unos ocho buques del tipo cazaminas y un buque de mando/apoyo. El 3 de septiembre de 2001, la Fuerza cambió su nombre por el de MCMFORSOUTH, al haber cambiado su nombre el Mando de Nápoles por el de AFSOUTH (Allied Forces South) para volverlo a cambiar de nuevo el 1 de enero de 2005 de forma acorde con la nueva organización, por el actual de SNMCMG2, haciendo a este Grupo parte de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF en sus siglas inglesas).

Tan sólo un mes después de su creación, el Grupo fue destacado al Mar Adriático para limpiarlo de las minas sembradas durante la Operación Allied Force. En ese momento la MCMFM estaba formada por 11 cazaminas de Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia, los Países Bajos, Turquía, el Reino Unido y EEUU. La Operación denominada Allied Harvest, comenzó el 9 de junio de 1999 y duró 73 días, inutilizando y eliminando un total de 93 minas en las 1.041 millas cuadradas asignadas a la OTAN. El Grupo también participa cuando es requerido, en la operación Active Endeavour contra el terrorismo.

Los ejercicios navales de la OTAN en el Mediterráneo

La eficacia de una fuerza o agrupación naval, depende de su grado de adiestramiento. Si además nos referimos a una fuerza combinada, es decir, formada por unidades de unidades de diferentes naciones, el adiestramiento de la unidad es vital para unificar procedimientos, métodos y capacidades para el combate, dado que cada uno de los buques del Grupo tendrá unas características diferentes. Como ejemplos más significativos del adiestramiento de la OTAN en el Mediterráneo en el 2011, cabe destacar los ejercicios Proud Manta, Noble Mariner y Bold Monarch en lo que se refiere a buques de superficie y submarinos y el ejercicio Italian Minex en lo referente a guerra de minas.

En el Proud Manta11, ejercicio antisubmarinorealizado en el Mar Jónico entre el 4 y el 17 de febrero de este año, participaron 10 naciones con un total de ocho buques de superficie y seis submarinos, uno de ellos español, además de aviones de patrulla marítima y helicópteros antisubmarinos. La serie de ejercicios Manta proporciona una oportunidad única para experimentar nuevas tácticas contra submarinos convencionales y nucleares. En esta ocasión participaron por primera vez helicópteros antisubmarinos Merlin británicos.

El ejercicio Noble Mariner 11, que tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 10 de marzo, sirvió para comprobar que el Componente Marítimo de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF 17),estaba preparado para realizar las operaciones que se le encomendasen en cualquier parte del mundo. Este ejercicio involucró a 3.500 personas de 11 países y 17 buques de guerra, de superficie, incluyendo al español Castilla, que actuó de buque de mando, junto con cuatro submarinos, cazaminas y cinco aviones de patrulla marítima.

El ejercicio Bold Monarch 11, de salvamento y rescate de submarinos, pertenece a la serie de LIVEX, es decir, ejercicios reales no simulados y que dado su costo se realiza cada tres años, alternando normalmente Atlántico y Mediterráneo. Así como el Bold Monarch 08 se realizó en aguas de Noruega, esta vez le tocaba al Mediterráneo, escogiéndose las tranquilas aguas y aplacerados fondos próximos a la costa de San Pedro del Pinatar en Murcia. El Bold Monarch 11 tenía la primicia además de contar con la presencia de un submarino ruso clase Kilo, el Alrosa, que tendría un papel destacado como submarino siniestrado o DISSUB, junto con el submarino español Galerna, un submarino portugués y otro turco. El ejercicio se desarrolló entre el 30 de mayo y el 11 de junio, participando unas 2.000 personas de 20 naciones, culminando con una fase de 48 horas en que se realizó la evacuación de 150 “supervivientes” de los cuatro submarinos, utilizando vehículos submarinos de rescate de Italia, EEUU, Rusia y Suecia, interviniendo equipos médicos con cámaras hiperbáricas de Francia, Grecia, Italia, los Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido. Especial énfasis se hizo en el mando y control de toda la operación de rescate utilizando procedimientos OTAN, pese a que alguno de los países participantes no pertenecían a la Alianza, como Rusia y Suecia. Con 40 naciones en posesión de submarinos, estos ejercicios Bold Monarch levantan una gran expectación en toda la comunidad submarina, incluyendo países como Australia, Brasil, Chile, China, Japón, Pakistán, Perú y Corea del Sur, por lo que muchas de estas naciones envían representantes para observar este extremadamente real ejercicio y sacar sus propias lecciones aprendidas.

En lo referente a guerra de minas, hay que tener en cuenta que cualquier ejercicio importante con buques de superficie, lleva implícito una fase en la que se dragan y limpian las canales de acceso a puertos y zonas de ejercicio, fase en la que intervienen de forma activa los buques de MCM. No obstante, entre el 23 de mayo y el 3 de junio se llevó a cabo en el Mar de Liguria un ejercicio específico de Guerra de Minas denominado Italian MInex 11, dirigido por la Marina Italiana y en la que participó el Standing NATO MCM Group 2 de la OTAN, agrupación que contaba con un buque de mando griego y cinco cazaminas, entre ellos el español Sella. Durante la fase de mar, los cazaminas realizaron operaciones de MCM en las áreas asignadas, levantando numerosas minas de ejercicio, mientras el buque de mando patrullaba la zona para protegerlos de cualquier ataque procedente de la amenaza asimétrica, tan en boga hoy en día.

Operaciones reales en el Mediterráneo

En la actualidad se están llevando a cabo dos operaciones reales en el teatro operacional del Mediterráneo, ambas dirigidas desde Nápoles: Active Endeavour y Unified Protector. La primera de ellas ya mencionada, se inició el 26 de octubre de 2001 y tiene como misión realizar operaciones marítimas en el Mar Mediterráneo para demostrar la resolución de la Alianza para disuadir, defender, interrumpir y proteger a las naciones contra el terrorismo. La OAE ha ido evolucionando desde un operación a pequeña escala hasta lo que es hoy en día, utilizando de forma rotacional los buques de los Standing NATO Maritime Group 1 y 2, en uno de los entornos geoestratégicos más importantes y por el que transitan en todo momento más de 7.000 buques. La Operación se manda en todo momento por el almirante Rinaldo Veri, desde su Cuartel General en la Isla de Nisida, para lo que tiene dos elementos navales a su disposición: la Task Force Endeavour patrullando el Mediterráneo Oriental y un segunda Task Force en el Estrecho de Gibraltar (STROG), que puede ser activada en caso necesario. En esta Operación participan, no sólo las naciones de la Alianza sino un total de 50 países y proporcionan información vital a la base de datos del Maritime Safety and Security Information System (MSSIS) del centro de operaciones del Cuartel General del almirante Veri. Desde el inicio de la OAE, más 100.000 buques mercantes han sido contactados en la mar, siendo abordados 160 por resultar sospechosos, mientras que un total de 488 buques de alto valor han sido escoltados a través del Estrecho de Gibraltar. Con la operación Active Endeavour se ha tratado de disuadir la comisión de atentados terroristas contra los intereses de los países aliados y, de paso, se ha obtenido información sobre tráfico de drogas, transporte ilegal de explosivos, movimientos ilegales de inmigrantes y se han desviado buques sospechosos a puertos aliados para su registro.

Operación “Unified Protector”

Desde que estallase la crisis de Libia y por la decisión del Consejo del Atlántico Norte de intervenir en el país africano, los buques de la Alianza Atlántica, en virtud de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tienen como misión reducir el tráfico de armas, material de guerra y mercenarios con destino a Libia. La participación de la OTAN en esta crisis no tiene otra finalidad que contribuir al esfuerzo internacional para proteger a los civiles en el país norteafricano de la violencia ejercida por las fuerzas del régimen de Gadafi.

La operación Unified Protector está dirigida desde el Cuartel General del Mando Conjunto de Fuerzas en Nápoles (Joint Forces Command Naples)por el teniente general canadiense Charles Bouchard, segundo comandante del JFC Naples y que informa directamente al almirante Stavridis, SACEUR. El embargo marítimo está dirigido por el almirante Rinaldo Veri, comandante del Maritime Command Naples, con su Cuartel General en tierra, en la Isla de Nisida. De él depende directamente el contralmirante italiano Filipo Foffi, que manda desde el 1 de junio la Task Force creada al efecto y que iza su insignia a bordo del portaviones Garibaldi. En el embargo marítimo de la operación Unified Protector (OUP) participan buques de Bélgica, Canadá, EEUU, España, Francia, Grecia, los Países Bajos, Italia, el Reino Unido, Rumanía y Turquía, que aportan una veintena de buques de superficie, entre ellos la fragata española Méndez Núñez, y dos submarinos, comprendido el español Mistral, además de varios aviones de patrulla marítima incluidos dos CN 235 españoles. El área de operaciones de la OUP, en el ámbito marítimo abarca toda la costa de Libia como límite sur, llegando hasta el paralelo de Nápoles como límite norte, extendiéndose al oeste hasta prácticamente la costa de Cerdeña y al este hasta la costra turca. En el curso de las operaciones realizadas hasta la fecha, han sido interrogados 1.119 buques en la mar, siendo abordados para su inspección 66 para ser finalmente enviados a puerto para ser registrados diez buques mercantes.

Pero la intervención de la Task Group aliada no se ha limitado a la interrogación y registro de buques mercantes para implementar el embargo marítimo. El 16 de mayo de 2011 los buques aliados detectaron dos embarcaciones neumáticasque salían de la vecindad de Zlintan con rumbo hacia el puerto de Misurata. Helicópteros de los buques que se encontraban vigilando el área se dirigieron hacia las lanchas, dándose a la fuga a gran velocidad una de ellas y siendo abandonada la otra. Inspeccionada, se encontró en ella una tonelada de explosivo y dos maniquíes a bordo, por lo que dedujeron que el objetivo de estas embarcaciones era realizar un ataque suicida contra algunos de los buques que transportaban ayuda humanitaria al puerto de Misurata. Los buques de la OTAN también han interceptado buques libios minando las aguas próximas a Misurata provenientes también de Zlintan y Yefren, dos localidades próximas a la frontera con Túnez y en las que se observaba una gran actividad por parte de las fuerzas de Gadafi. Estos hechos provocaron que la aviación de la Alianza hundiera ocho buques de la Marina libia atracados en los puertos de Trípoli, Al Khums y Surt, en la madrugada del 20 de mayo, destacando la destrucción de la corbeta Al Ghardabia, de la clase Nanuchka, atracada en el puerto de Trípoli.

Conclusión: A lo largo de de los 62 años de existencia de la OTAN, el Mediterráneo ha sido considerado como “un lago de la Alianza”, incluso durante el período de la Guerra Fría en que eran corrientes las incursiones de los submarinos soviéticos. Desde entonces los buques de la OTAN se hallan omnipresentes en este mar que tiene 2,5 millones de de kilómetros cuadrados y 3.860 km de longitud. La intervención de esos buques ha sido decisiva para que la OTAN alcanzara sus objetivos en las diferentes crisis sufridas en los países ribereños. Así en la guerra de Yugoslavia con la operación Sharp Guard, los buques aliados realizaron cometidos similares a los que están realizando en la operación Unified Protector, actualmente en vigor, y que está implementando un riguroso embargo marítimo para evitar la llegada de armas al régimen libio para debilitarle y acortar la prolongación de la guerra actual. Por su parte, la veterana operación Active Endeavour, ha contribuido a la seguridad marítima del Mediterráneo, un remanso de paz si se compara con otros entornos marítimos en que campan libremente piratas y salteadores de la mar. Tanto por los ejercicios navales como por las operaciones reales que se llevan en sus aguas, el Mar Mediterráneo seguirá necesitando la presencia naval de la OTAN, especialmente ahora que está cambiando su contexto estratégico y multiplicándose los retos de seguridad.

La crisis económica y financiera de 2008-2009 y sus consecuencias en materia de gobernanza económica mundial han dejado al descubierto la fragilidad del área mediterránea. La primavera árabe puede ofrecer una buena oportunidad para relanzar el pacto euromediterráneo en una perspectiva de renovación y progreso.

Por supuesto, lo que predomina a corto plazo son las distintas tensiones que han acompañado el proceso de revolución y oposición: el descenso del ritmo de la actividad económica (en especial del turismo), el desarrollo de flujos migratorios descontrolados de tunecinos, egipcios y libios hacia Europa, el sálvese quien pueda de inmigrantes y habitantes autóctonos que huyen de una Libia en guerra hacia los países vecinos.

A medio plazo, el triunfo deseado de la transición democrática en los países del sur debería engendrar un elemento positivo, unas condiciones políticas que permitan alcanzar un nuevo pacto entre las dos orillas del Mediterráneo en torno a los mismos valores, los de los derechos humanos y la democracia. El respeto a dichos valores debería incluso convertirse en condición indispensable para que un país pueda adherirse al pacto.

Está cambiando la imagen del mundo árabe, sobre todo la región al sur del Mediterráneo. Las nuevas democracias sustituirán poco a poco a los sistemas hegemónicos y despóticos. Unas sociedades jóvenes, abiertas a la modernidad, obligarán a los europeos a superar su islamofobia y esa percepción negativa que asocia el mundo árabe al estancamiento, el apego al pasado y el radicalismo terrorista.

La influencia del cambio democrático en los países de la ribera sur aportará una renovación muy saludable al Mediterráneo en su conjunto y, por consiguiente, al pacto euromediterráneo, a través de cuatro dinámicas:

1. La transición democrática de los países del sur se traducirá en cambios significativos en materia de gobernanza económica. Dará nuevo impulso a las economías: menos rentas del petróleo y más diversificación del tejido productivo, menos corrupción y más transparencia. La necesaria superación del predominio de los hidrocarburos permitirá que las economías de la zona sean más activas y dinámicas y que todos estos países adopten una lógica de trabajo, creación y competitividad que mejorará sus posibilidades de proyección.

2. La democratización de los sistemas políticos en el sur del Mediterráneo contribuirá a acabar con las pretensiones hegemónicas en la región, unas pretensiones que se plasmaban en latendencia de algunos regímenes a debilitar al vecino, atacar su integridad territorial y avivar las tendencias separatistas. En lugar de ello, ayudará a crear más sinergias, más cercanía, más proximidad entre las entidades nacionales.

Por lo tanto, favorecerá la cooperación sur-sur, necesaria para expandir los mercados interiores y para crear más oportunidades y más capacidad de atraer las inversiones, el empleo y, en definitiva, el desarrollo. Un nuevo sur-sur solidario debería derivar en la superación de las organizaciones regionales, que han mostrado sus límites y sus defectos, en especial la Liga Árabe. En el norte de África, la UMA (Unión del Magreb Árabe), estancada casi desde su creación, tendrá que ser sustituida por un proyecto magrebí dinámico e innovador.

3. La principal consecuencia de la llegada de la democracia a los países de la región se verá en las propias relaciones entre el norte y el sur en la cuenca del Mediterráneo. Surgirán unas nuevas relaciones de desarrollo conjunto e interdependencia solidaria que sustituirán a las experiencias de pacto euromediterráneo llevadas a cabo en los últimos decenios.

Eso implica la concepción y realización de un gran proyecto de solidaridad transmediterránea, un proyecto voluntarista, basado en acciones comunes, sinergias y complementariedades dinámicas y en el que, además de las fuerzas del mercado, se involucren la UE y los poderes públicos de las dos orillas del Mediterráneo; un proyecto global pero necesariamente plurisectorial, que abarque la agricultura (las cuestiones alimentarias), la industria, los servicios, el turismo, el transporte y los problemas ambientales; un proyecto de envergadura y de experimentación avanzada, que permita que la región mediterránea controle la transición energética y ponga en marcha una estrategia común para la explotación de las fuentes clásicas de energía (hidrocarburos) pero que integre cada vez más, con visión de futuro, la lógica de la economía verde y, por tanto, el aprovechamiento de las grandes posibilidades de los países del sur en materia de energía eólica y solar.

Por supuesto, un proyecto de codesarrollo innovador implica un movimiento de transferencias de tecnología y capitales mediante los instrumentos de vecindad, el BEI e incluso un banco mediterráneo que habría que crear. Se trata asimismo de reflexionar para lograr la mejor utilización posible de las posibilidades financieras de los países árabes que cuentan con excedentes en beneficio de la región mediterránea en su conjunto, dentro de un proceso triangular que vincule Europa, los países excedentarios del sur y los países deficitarios del sur.

La realización de este proyecto de codesarrollo solidario en el plano económico y basado en la adhesión del Mediterráneo a los valores democráticos contribuirá a la gestión, en una perspectiva de pacto, todos los aspectos de las relaciones humanas entre las sociedades del norte y del sur, y en especial:

- La cuestión de las migraciones, en la que hay que superar el punto de vista estéril de la seguridad para adoptar una estrategia de colaboración que respete la dignidad de los inmigrantes, incorpore una lógica de interdependencia y complementariedad y conceda interés a la formación.

- Las repercusiones de los contactos entre culturas e identidades: también en este aspecto, las fuerzas de progreso deben esforzarse en rechazar los antagonismos entre las culturas y favorecer el acercamiento entre sus respectivas aportaciones, sobre la base de los valores de la tolerancia y la aceptación del otro. Esta perspectiva no puede sino beneficiar al valor añadido de todas las aportaciones humanas que atraviesan el área mediterránea y el enriquecimiento de las sociedades mediterráneas en su conjunto mediante la profundización de las opciones democráticas y modernizadoras.

4. La ampliación del espacio democrático en el sur del Mediterráneo favorecerá sin duda la aparición de las condiciones necesarias para poder implantar una paz justa y duradera en Oriente Próximo, que permita al pueblo palestino recuperar sus derechos legítimos. La resolución de esa cuestión vital contribuirá a consolidar el avance del mundo árabe hacia la democracia y creará las condiciones de estabilidad en la región mediterránea. Sin paz, no habrá ni progreso económico, ni democracia, ni tolerancia en el conjunto de la región.

Por consiguiente, las fuerzas de progreso en el Mediterráneo tienen hoy el reto de sostener de verdad el proceso de despertar democrático en el mundo árabe, apoyar sus transiciones democráticas y participar en la renovación del pacto euromediterráneo para que la región del Mediterráneo pueda gestionar la salida de la crisis económica y financiera mundial y reforzar su posición en un mundo que hoy es multipolar.

El importante discurso del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sobre las consecuencias de la “primavera árabe” es también un desafío para Europa. Sólo si la asociación transatlántica resulta eficaz, como lo fue para afrontar las exigencias de la Guerra Fría y el fin de la división de Europa, podrá Occidente contribuir a hacer realidad las esperanzas despertadas por los levantamientos árabes.

La crisis entre los vecinos meridionales de Europa refleja un proceso de profunda transformación que tendrá consecuencias muy duraderas: para la región, para Europa y para el mundo. La región mediterránea es decisiva para la paz, la estabilidad y el crecimiento económico de Europa. Los vecinos mediterráneos del continente consideran a ésta su socio natural y los acontecimientos allí sucedidos, incluido el proceso de paz palestino-israelí, tienen repercusiones más amplias, que, naturalmente, entrañan la estrecha participación de socios mundiales: en primerísimo lugar, los Estados Unidos.

Los acontecimientos actuales, no sólo en Libia, sino también en Túnez, Egipto, Siria, Yemen y Baréin, reflejan la complejidad política de esos países. También se deben a diferentes factores, como, por ejemplo, la frustración por el aumento de los precios de los alimentos y la corrupción generalizada, junto con las exigencias de una mayor democratización, la reducción de las desigualdades económicas y sociales y la creación de puestos de trabajo.

La reacción de Europa ante ese proceso debe encarnar el objetivo de una transición rápida y ordenada. Quienes proponen algún tipo de “asociación por transformación”, basada en la reforma política y el respeto pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben tener presente que el paisaje político de la región seguirá siendo inestable y tenso en los próximos meses.

Así, pues, no es de extrañar que la estabilidad regional haya surgido como una máxima prioridad para los europeos. El caos, un resurgimiento del terrorismo, el ascenso del islamismo radical y las olas de inmigración en masa hacia Europa son sólo algunas de las posibles amenazas para la Unión Europea que ahora se están previendo. En vista de ello, la UE debe hacer todo lo posible para impedir un deterioro de la seguridad de la región.

Así como el Plan Marshal de después de 1945 consistió en una ayuda financiera encaminada a la reconstrucción y el relanzamiento de las economías de la Europa occidental para apoyar la transformación democrática y la estabilidad política, los países de la “primavera árabe” afrontan imperativos y necesidades similares. Tenemos que habilitar a países como Egipto y Túnez –y posiblemente a una Libia pacífica– para fortalecer su estabilidad política mediante la democratización.

El Plan Marshal fue acompañado de asociaciones para la reconstrucción en las que los EE.UU. y los países europeos beneficiarios participaban en plan de igualdad. El objetivo era el de fortalecer la cooperación como medio de crear una paz duradera. La situación en la región mediterránea está en una fase más avanzada. Ya hay una base, por lo que lo que ahora se necesita es aumentar la integración de Europa con sus vecinos meridionales.

Ésa es la razón por la que Italia ha propuesto un nuevo “Plan para el Mediterráneo” de la UE encaminado a apoyar el proceso de transición y partir de los instrumentos institucionales y financieros existentes para aportar recursos suplementarios a la región. Se debe revitalizar y reorientar la Unión por el Mediterráneo, lanzada por el Presidente francés Nicolas Sarkozy en 2008, hacia proyectos de desarrollo que vayan desde carreteras y puertos hasta el fomento de las pequeñas y medianas empresas.

Pero también hace falta una iniciativa económica más amplia para movilizar una masa crítica de recursos financieros europeos e internacionales a fin de atraer inversión a la región y modernizar sus infraestructuras y servicios. Debemos derribar, junto con los EE.UU., las barreras económicas y comerciales que están asfixiando esas economías. También debemos conceder a algunos países mediterráneos la condición de asociados, que les permitirá integrarse progresivamente en el mercado interior de la UE y participar en sus programas.

Para lograr todo eso, se necesita un conjunto claro de principios. Nosotros, los europeos, debemos favorecer la estabilidad, crear un auténtico espíritu de corresponsibilidad y fomentar la responsabilidad política. En ese nuevo marco, la UE debe evitar una excesiva condicionalidad, en particular durante el período de transición.

El fuerte apoyo de Europa al desarrollo económico de la región debe seguir siendo la prioridad máxima, a medida que los países árabes introduzcan reformas necesarias. Además, se debe crear una institución financiera especializada para que contribuya a esa tarea. Una propuesta digna de estudio es la de mejorar y fortalecer el Mecanismo para la Inversión y la Asociación Euromediterránea del Banco Europeo de Inversiones, que pasaría a ser una institución autónoma, tal vez con sede en Oriente Medio o en el norte de África y de cuyas acciones serían titulares los gobiernos (u otras instituciones) de la región y otras partes que así lo desearan.

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), con sede en Londres, podría unirse a esa empresa ampliando sus actividades a la región, que podrían ir acompañadas de la creación de servicios especializados para apoyar el aumento de las empresas creadoras de puestos de trabajo. El BERD hizo una importante contribución al proceso de transición democrática en la Europa oriental; existen razones poderosas para aprovechar su experiencias y conocimientos técnicos a fin de ayudar al Mediterráneo meridional.

Al mismo tiempo, la UE debe lanzar un “diálogo entre iguales” sobre asuntos políticos y de seguridad, encaminado a la creación de confianza en toda la región. Una Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo y Oriente Medio (CSCM) podría llegar a ser rápidamente un instrumento útil para fomentar ese planteamiento amplio de la seguridad y del desarrollo. En una palabra, tenemos que transformar los países mediterráneos en productores –en lugar de consumidores– de estabilidad regional.

Nosotros, los Europeos, no podemos permitirnos el lujo de dar la espalda a nuestros amigos árabes de allende el mare nostrum. Forman parte de nuestra historia colectiva y merecen el mejor futuro que podamos ayudarlos a construir.

El Mediterráneo está sufriendo una importante transformación política. Las revueltas de la ribera sur están en proceso de traer la anhelada democracia a esta región. Pero el Mediterráneo también está experimentando otro renacer, más silencioso pero geoeconómicamente muy relevante.

El cambio de poder de Occidente a Oriente, de Atlántico a Pacífico se vive con aprensión en USA y Europa. La pérdida de poder geopolítico y económico de éstos es evidente y la futura conducta geopolítica de los nuevos poderosos—Brasil, China e India—es aún incierta. Pero puede ser también una oportunidad para el Mediterráneo.

En un mundo centrado en Occidente, el Océano Atlántico es el mar principal. El Atlántico ha dominado los últimos tres siglos. En cambio, en un mundo centrado en Oriente, los mares principales son el Pacífico por un lado y el Mediterráneo y el Índico, por otro. En el mundo actual, la potente relación Asia-Europa pasa por el Mediterráneo.

Hoy en día, el flujo marítimo entre el Lejano Oriente y Europa alcanza 18 millones de TEU (unidades equivalentes a contenedores de 6 metros de largo) al año, el flujo transpacífico 20 millones de TEU, mientras que el flujo transatlántico Europa-América  es de solo 4,4 millones de TEU. El flujo marítimo Lejano Oriente–Europa utiliza la ruta que pasa por el Mediterráneo entrando por el Canal de Suez, mucho más rápida que las otras que pasan por el Canal de Panamá o que rodean  Suráfrica, e incluso que la hipotética ruta ártica (en el caso de que ésta, tristemente, se deshelara).

A pesar de la supremacía de la ruta mediterránea en cuanto a flujos marítimos de Europa con el Lejano Oriente, el 72% de las mercancías entra por los puertos del norte de Europa (p.ej. Le Havre, Amberes, Rotterdam, Bremen y Hamburgo), mientras que solo un 28% entra por los del sur, a saber, Barcelona, Marsella, Valencia o Génova. Más de la mitad de los containers destino Milán con origen en el Lejano Oriente desembarcan en los puertos del norte de Europa. Esto es así, a pesar de que los barcos con procedencia de Oriente destino Rotterdam o Hamburgo, entran en el Mediterráneo por el Canal de Suez y pasan por delante de Génova, Marsella, Barcelona y Valencia. Desembarcar en un puerto Atlántico en vez de un puerto del sur de Europa conlleva tres días más de trayecto, lo que implica unos importantes sobrecostes económicos, medioambientales y de oportunidad. Europa pierde competitividad relativa con esta prolongación que sufren las mercancías procedentes de y con destino Asia.

El desequilibrio en los flujos marítimos se da por varios motivos: el dinamismo económico del norte de Europa, la eficiencia de los puertos del norte, excelentes infraestructuras terrestres que los conectan por vía férrea a prácticamente toda Europa, y las economías de escala que se generan debido al volumen que gestionan los puertos del norte. Según un estudio del Puerto de Barcelona, teniendo en cuenta el destino final y el origen de los bienes importados y exportados, medioambiental y económicamente el reparto óptimo debería  ser que un 37% del flujo pasase por puertos del norte de Europa y un 63% por los del sur. Basado en parte en la metodología de la Agencia Ambiental Europea, el estudio determina que esta redistribución de los flujos reduciría en casi un 50% el CO2 producido por el transporte de origen a fin. Un reequilibrio de este tipo es impensable por motivos políticos, económicos y por falta de la necesaria infraestructura, pero, teniendo en cuenta que está previsto que el flujo absoluto se incremente un 164% hasta el 2020, los puertos del sur de Europa deberían poder aumentar su participación en los flujos Europa-Lejano Oriente hasta un 40% o 50%.

Pero para que el reequilibrio suceda, es necesario que los puertos de Europa del sur dispongan de una infraestructura terrestre adecuada. Concretamente, los puertos del sur necesitan una conexión ferroviaria que les conecte con la red principal europea. La política de la red trans-europea de transporte (TEN-T) que está revisando actualmente la Unión Europea, es fundamental en este sentido, porque es el plan director que guiará el desarrollo de las infraestructuras básicas europeas. Aunque estas infraestructuras las financian principalmente cada Estado miembro con fondos propios, el plan TEN-T es vinculante y marca a cada Estado miembro las infraestructuras prioritarias. Es absolutamente primordial, pues, que esta política europea recoja la importancia de las infraestructuras que conecten ferroviariamente los puertos del sur de Europa.

Para que el TEN-T priorice estas infraestructuras, este plan debe 1) dar prioridad al criterio de eficiencia y 2) tener en cuenta los costes medioambientales no solo del transporte terrestre si no también del marítimo. Para la competitividad de Europa y sus empresas y para poder alcanzar el objetivo estratégico de “Europa 2020”—Una Europa que utilice eficazmente los recursos—, la infraestructura de transportes ferroviario mediterránea es vital.

Obviamente, hay otra condición necesaria para que se dé este reequilibrio, una condición geopolítica: que el Canal de Suez siga siendo una vía marítima segura y fiable. Un hipotético cierre de este canal implicaría desviar la ruta Lejano Oriente-Europa por Suráfrica, hecho que abocaría al Mediterráneo al ostracismo.

El Mediterráneo—que jugó un papel crucial para las primeras civilizaciones egipcias y mesopotámicas, fue el mar de los Fenicios, Griegos y Romanos, y supuso el escenario de árabes y bárbaros primero, y otomanos y españoles después—perdió protagonismo con el avance de la navegación oceánica que abrió el comercio europeo a las Américas y Oriente. Ahora está ante una gran oportunidad para volver a recuperar el protagonismo perdido.

Tema: Las instituciones y gobiernos europeos deben decidir si estamos ante un cambio de paradigma en el norte de África y Oriente Medio, o si tan sólo se requiere un reajuste del enfoque y una revisión parcial de las políticas euromediterráneas desarrolladas hasta el momento.

Resumen: Las revueltas contra el autoritarismo en el vecindario sur de la UE cogieron por sorpresa a muchos dentro y fuera de la región, incluidas las instituciones y los gobiernos europeos. Las transiciones hacia una nueva relación entre Estado y sociedad y hacia nuevos modelos de gobierno ya están en marcha en los países árabes, tras décadas de aparente inmovilismo y engañosa estabilidad. Las relaciones euromediterráneas requieren una “revolución mental” desde el lado europeo para comprender y reaccionar ante esta ola de cambios. Las numerosas iniciativas de la UE hacia esa región transmiten un sentimiento de fatiga e incluso de frustración, por lo que se hace necesaria una definición clara de sus objetivos, así como una revisión profunda de las políticas y los medios para alcanzarlos. Es urgente propiciar una convergencia en términos políticos, económicos y sociales que impida que el Mediterráneo se convierta en el “telón de acero” del siglo XXI.

Análisis: Las sociedades árabes han fijado 2011 como el año de la caída del “muro del miedo” frente a unos regímenes cleptocráticos y brutales. Los países del norte de África y Oriente Medio se están transformando a un ritmo acelerado tras décadas de aparente inmovilismo y engañosa estabilidad. Bajo circunstancias diferentes, pero con el mismo sentir de fondo, millones de árabes han arriesgado su integridad física para pedir dignidad, oportunidades y buen gobierno. El mundo entero fue testigo de cómo los manifestantes en Túnez y Egipto fueron los primeros en forzar la caída de sus corruptos presidentes de forma pacífica, no ideologizada y con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información. Los resultados de las revueltas sociales difieren de un país a otro, pero las transiciones hacia una nueva relación entre Estado y sociedad y hacia nuevos modelos de gobierno ya están en marcha en todo el sur y este del Mediterráneo.

Las revueltas en el vecindario sur de la UE cogieron por sorpresa a muchos dentro y fuera de la región, incluidos los gobiernos e instituciones europeas. La rápida propagación de las movilizaciones sociales iniciadas en Túnez a comienzos de 2011 a la práctica totalidad de los países árabes ha sobrepasado la capacidad de previsión, análisis y reacción de las instituciones europeas y los gobiernos nacionales. Eso se ha traducido en respuestas vacilantes, tardías y descoordinadas –cuando no en declaraciones muy desafortunadas de políticos europeos– ante las demandas democráticas de las sociedades árabes. Las estrechas alianzas entre los gobiernos occidentales y los regímenes depuestos de Túnez, Egipto y otros regímenes autoritarios árabes aún en el poder han condicionado enormemente las posiciones europeas y han contribuido al deterioro de su imagen.

Las relaciones euromediterráneas en una región cambiante

Las relaciones euromediterráneas requieren una “revolución mental” desde el lado europeo para comprender y reaccionar ante la ola de cambios que se está extendiendo por los países árabes y que está transformado la cultura política de sus poblaciones. Los motivos son múltiples. A los cambios socio-políticos en dichas sociedades, hay que sumar la constatación de la inoperancia de ciertas iniciativas europeas hacia el Mediterráneo diseñadas en los últimos años. La Unión para el Mediterráneo (UpM), lanzada pomposamente por el presidente Sarkozy en 2008, se encuentra atrapada en un estado de parálisis persistente, casi desde sus primeros pasos. Esta iniciativa intentaba colmar los déficit de resultados, visibilidad y coapropiación (co-ownership) de políticas europeas anteriores. Sin embargo, su puesta en marcha se ha traducido en un diálogo político lleno de obstáculos y boicots, unas estructuras institucionales muy poco funcionales y una confusión generalizada tanto en torno a los objetivos como a los medios para conseguirlos.

Aunque la imagen de la UE en el Mediterráneo no pase por su mejor momento, y a pesar de que la cooperación euromediterránea no genere tampoco demasiado entusiasmo en las cancillerías europeas desde hace años, es imposible desviar la vista y pasar por alto lo que sucede en la vecindad meridional de la UE. El espacio euromediterráneo es y ha sido siempre un área central en las relaciones exteriores y de proximidad de la Unión. Es un ámbito en el que se han ido sucediendo iniciativas, más o menos pilotadas desde las instituciones europeas. Destacan, en particular, el lanzamiento de la Asociación Euromediterránea, también conocida como Proceso de Barcelona, en 1995; la inclusión de los países mediterráneos en la Política Europea de Vecindad (PEV) a partir de 2004; y los intentos poco exitosos por el momento de convertir a la UpM en un instrumento de transformación regional. A pesar de contar con instrumentos y orientaciones distintas, todas las iniciativas antes mencionadas comparten como objetivo propiciar una convergencia en términos políticos, económicos y sociales que impida que el Mediterráneo se convierta en el “telón de acero” del siglo XXI.

Además de estas iniciativas genuinamente euromediterráneas, hay que añadir los repetidos intentos, más o menos discretos, para mantener en vida el diálogo euro-árabe, la puesta en marcha de un diálogo subregional en el Mediterráneo Occidental conocido como 5+5 y, en paralelo, las robustas políticas bilaterales de algunos Estados miembros de la UE con países mediterráneos terceros. Visto así, el Mediterráneo es una de las áreas en las que se han volcado más esfuerzos desde la UE y en las que ha habido más creatividad e imaginación para repensar los marcos de cooperación. Sin embargo, también es uno de los ámbitos en el que se han acumulado más frustraciones. Las transformaciones e incertidumbres por las que actualmente atraviesa la región invitan, por un lado, a una reflexión profunda sobre cómo se ha llegado a esta situación y, por otro lado, a realizar un esfuerzo compartido para escapar de un aparente callejón sin salida y aprovechar las oportunidades que se abren en la nueva etapa.

Necesidad de salir del estancamiento

Las personas que en las instituciones europeas o en las capitales nacionales han tenido que gestionar las relaciones euromediterráneas durante los últimos años no se han enfrentado a una tarea sencilla. El sentimiento de fatiga e incluso de frustración no ha invitado a movilizar esfuerzos. Esta sensación es la que también se fue extendiendo entre los países que han ejercido las presidencias rotatorias de la UE antes de que se iniciara la nueva etapa con el triunfo de la revolución tunecina en enero de 2011.

Del último trío de Presidencias, España fue el país que puso más esfuerzos tanto para conseguir dar impulso a la UpM como para dar un salto cualitativo en las relaciones bilaterales con algunos socios mediterráneos. De hecho, España ya había utilizado anteriores presidencias (1989, 1995 y 2002) para impulsar la agenda mediterránea de la UE. Sin embargo, ni la particular configuración institucional del año 2010 (entrada en vigor del Tratado de Lisboa e indefinición sobre el grado de “comunitarización” de la UpM), ni el contexto económico (crisis económica y financiera global) ni el contexto regional (tensión creciente en Oriente Medio y falta de avances en la integración regional entre los países del sur) posibilitaron que las intenciones iniciales pudieran convertirse en resultados tangibles.

Estos esfuerzos no dieron los frutos esperados. Aunque bajo la Presidencia española se hicieron algunos avances en la puesta en marcha de la Secretaría de la UpM, con sede en Barcelona, el balance general fue más bien decepcionante. La imposibilidad de celebrar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 43 miembros de la UpM (aplazada en dos ocasiones, una bajo Presidencia española y otra bajo Presidencia belga), así como la permanente contaminación de las tensiones regionales incluso en los trabajos de naturaleza técnica y sectorial han extendido la sensación de que la cooperación euromediterránea, al menos en su vertiente multilateral, ha quedado subordinada a los altibajos de los conflictos regionales, especialmente el israelo-palestino.

Tampoco en lo bilateral se apreciaron avances notables. Aunque se celebró la primera cumbre UE-Marruecos en marzo de 2010 en Granada –la primera con un país árabe y la primera con un país tercero tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa– el “estatuto avanzado” otorgado a Marruecos sigue sin concretarse en compromisos efectivos y sigue priorizando la dimensión simbólica por encima de los resultados tangibles. En cuanto al resto de relaciones bilaterales, se planteó conceder “estatutos avanzados” a Túnez y Egipto (meses antes de las revueltas) sobre fórmulas parecidas a las de Marruecos, pero que toparon con amplias resistencias, sobre todo por parte de organizaciones de derechos humanos que insistían en que ambos regímenes no merecían tal reconocimiento. En cuanto a Siria, tampoco pudo firmarse el Acuerdo de Asociación y la negociación del Acuerdo Marco con Libia se resintió de la crisis entre este país y Suiza. En el caso de Israel, las circunstancias políticas impedían también cualquier avance en las relaciones bilaterales y el Consejo de Asociación fue suspendido. Finalmente, el gobierno de Argelia expresó que no estaba satisfecho con la aplicación de algunas cláusulas de su Acuerdo de Asociación y que solicitaría su revisión.

La Presidencia belga heredó este panorama revuelto en el espacio mediterráneo. Sin embargo, su papel quedó en un discreto segundo plano, cediendo el protagonismo a las instituciones europeas, por un lado, y a Francia (que ostentaba la copresidencia norte de la UpM) y a España (como país anfitrión de la cumbre que no llegó a celebrarse). Hungría, por su lado, asumía la Presidencia rotatoria a comienzos de 2011 en idénticas circunstancias y con una atención todavía menor a la agenda mediterránea. No obstante, bajo esta Presidencia se prosiguió el proceso de revisión estratégica de la PEV y, más importante todavía, empezó a plantearse el delicado y complejo proceso de negociación de las Perspectivas Financieras para el período 2014-2020, una cuestión fundamental para la configuración de la política mediterránea de la UE.

La dimensión financiera se suma, pues, a la necesidad de desbloquear la dimensión regional de las relaciones euromediterráneas y de reaccionar a las nuevas realidades políticas y sociales tras la caída de Ben Ali en Túnez y de Mubarak en Egipto, así como el creciente clima de descontento que se visualiza en los países árabes del Mediterráneo. En un contexto en que todavía no se ha consolidado la recuperación económica y en que las tentaciones de “re-nacionalizar” ciertas políticas europeas siguen vivas en algunas capitales, la UE se enfrenta, colectivamente, al reto de volver a dar sentido a una política mediterránea cuestionada y cuestionable.

Este proceso de revisión empezó con una carta de la alta representante, Catherine Ashton, el 10 de febrero solicitando a sus homólogos europeos contribuciones sobre el futuro de la política de la UE hacia los países del sur del Mediterráneo. Varios países presentaron non-papers, y el 8 de marzo se presentó una Comunicación conjunta de la alta representante y del comisario para la Ampliación y la Política de Vecindad, Stefan Füle, esbozando pistas sobre la revisión de esta política y la creación de una “Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con el Sur del Mediterráneo”.[1] El 11 de marzo, en plena emergencia por la situación en Libia, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron una declaración de mínimos que da la bienvenida a este proceso de revisión y que deberá continuar con propuestas concretas sobre la necesaria reforma de la PEV.

Un Mediterráneo en transformación ofrece nuevas oportunidades

Polonia, Dinamarca y Chipre, los tres países que sucesivamente ocuparán las Presidencias de turno del Consejo de la UE en la segunda mitad de 2011 y en 2012, se encontrarán con un panorama complicado en el vecindario sur de la Unión. Es de prever que no tendrán la misma capacidad de actuación ni la misma influencia que los países que han ocupado este puesto con anterioridad a la plena aplicación del Tratado de Lisboa. No obstante, nada impide a estos países situar temas en la agenda y actuar constructivamente a través de las instituciones europeas para encontrar soluciones a algunos de los grandes problemas de las relaciones euromediterráneas. De hecho, ante el estancamiento actual se alzan voces pidiendo una mayor implicación de países europeos más allá del “trío Med” (Francia, España e Italia), cuyos enfoques hacia los países del sur han demostrado tener limitaciones o adolecen de altas dosis de voluntarismo que no producen resultados tangibles para reducir la brecha emocional y económica que aleja las sociedades del espacio euromediterráneo.

Las políticas impulsadas desde la UE hacia el Mediterráneo han sido criticadas durante décadas por no poner ni la voluntad política ni los medios necesarios para conseguir los objetivos anunciados, como era la creación de una zona de paz, estabilidad y prosperidad en torno al Mediterráneo, tal como recogía la Declaración de Barcelona de 1995. Sin embargo, el acuerdo tácito por el cual la UE brindaba un apoyo casi acrítico a regímenes detestados por sus poblaciones a cambio de estabilidad y acceso a recursos ha dejado de ser válido en el nuevo contexto. En ese sentido, no puede pasar por alto el reconocimiento implícito de esa realidad hecho en la Comunicación conjunta de la Comisión y la alta representante antes citada, en el que se dice que “la UE ha de elegir claramente la opción estratégica de apoyar la búsqueda de los principios y valores en los que se basa”.

Las transiciones iniciadas en algunos países árabes y las que se puedan emprender de aquí a 2013 serán un foco de atención para el trío formado por Polonia, Dinamarca y Chipre. Las incertidumbres y las dificultades propias de las transiciones de regímenes autoritarios a sistemas participativos marcarán buena parte de la agenda euromediterránea durante años. Esas incertidumbres están generando en Europa temores sobre las amenazas y riesgos que pueden aparecer como resultado de la transformación de los Estados policiales del sur. Muchas voces no ocultan su preocupación por la posible llegada de refugiados o de nuevos flujos de inmigración irregular provenientes del Magreb, por la posibilidad de que partidos radicales puedan alcanzar el poder en elecciones democráticas y por el riesgo de que se extiendan actividades de redes terroristas o criminales. No obstante, aun siendo conscientes de esos posibles –que no inevitables– riesgos, sería un error profundo que una UE indecisa y absorbida por sus problemas internos se guiara principalmente por esos temores.

Durante un período que puede durar años, será difícil aplicar un enfoque común desde la UE hacia su vecindario sur, pues los cambios en marcha pueden desembocar en escenarios muy distintos. Por el momento, se pueden prever tres escenarios base en los países árabes: (1) evolución mayoritaria hacia transiciones democráticas; (2) situaciones muy distintas de país en país que combinan democratización y represión; y (3) procesos contrarrevolucionarios desde fuerzas de las “viejas guardias” o por parte de sectores radicales que pongan en peligro la tendencia iniciada en 2011. Está por ver cuál será la evolución de los acontecimientos, pero el escenario que se materialice dependerá, en buena medida, de que la UE contribuya a crear un “sur del Mediterráneo democrático, estable, próspero y pacífico”, pues eso es lo que están pidiendo sus poblaciones.

¿Hacia un cambio de paradigma en las relaciones euromediterráneas?

Es evidente que la caída de Ben Ali y Mubarak han marcado un antes y un después en la evolución política y social de los países árabes. Esto requiere mucho más que un simple cambio de enfoque o pequeñas modificaciones en las relaciones euromediterráneas. De hecho, es muy probable que estemos ante el inicio de un “cambio de paradigma”, tal como sugirió el presidente de EEUU, Barack Obama, el 11 de febrero poco después de la renuncia forzada de Mubarak, cuando dijo que “los egipcios han cambiado su país y al hacerlo han cambiado el mundo”.[2]

La UE debe compensar la lentitud de su reacción frente a las demandas pro-democráticas con una implicación decidida y generosa (en fondos, pero sobre todo en voluntad política) a favor de las transiciones democrática. Para ello, es necesario abandonar un enfoque centrado, por un lado, en la “securitización” de las relaciones euromediterráneas y, por otro, en la confianza de que la liberalización comercial y económica resolverá todos los problemas y traerá la democracia y buen gobierno. La estabilidad y prosperidad en torno al Mediterráneo se pueden alcanzar mejor mediante el apoyo a “Estados fuertes” y no a “Estados feroces”, como se ha hecho hasta el momento. Favorecer activamente el buen gobierno en los países árabes necesariamente contribuirá a crear oportunidades para las sociedades y economías de las dos orillas. Para ello, se hace más necesario si cabe recuperar los objetivos y el “espíritu de Barcelona” de 1995, pues su diagnóstico era correcto, pero faltó la voluntad política, el contexto fue adverso y los medios no se ajustaron a los fines.

La UE y los vecinos del sur no pueden seguir instalados en la misma sensación de parálisis de los últimos años. Habrá que encontrar soluciones y evaluar la mejor forma de alcanzarlas: mediante la bilateralización, otro tipo de multilateralismo o a través de la “recomunitarización”, aprovechando y reformando aquello que haya demostrado su utilidad. En esta etapa, es necesario apostar por dotar a la PEV de una dimensión multilateral potente en el sur que avance en paralelo con la Asociación Oriental, pilotada por la Comisión en estrecho contacto con los gobiernos y las sociedades de los países vecinos. Se necesitan más recursos y, sobre todo, un mejor uso de los mismos para apoyar proyectos concretos de desarrollo económico y social que marquen una diferencia visible en la vida de los ciudadanos. Habrá mejores resultados si se simplifican los procedimientos administrativos para la gestión de proyectos y se agilizan los trámites y plazos de transferencia de fondos.

La condicionalidad bien empleada puede reforzar el sistema de incentivos/desincentivos necesario para promover el buen gobierno y el desarrollo equilibrado dentro de los países del sur del Mediterráneo. Es necesario imponer un proceso de sana competición reformista entre ellos. Con aquellos países que hayan demostrado que avanzan satisfactoriamente en su proceso de transición política (hay que fijar criterios de qué quiere decir esto) se ha de plantear un marco de asociación más ambicioso, con una nueva generación de acuerdos de asociación que vayan más allá de las vagas propuestas de los “estatutos avanzados”. Asimismo, hay que plantear una reflexión seria y realista sobre la liberalización agrícola. Aun cuando la liberalización en sí no es una solución para los desajustes existentes –es más, podría ser peligrosa para algunos agricultores del sur–, es imprescindible reforzar el peso de la agricultura en las relaciones euromediterráneas e ir más allá de la mera liberalización comercial para abarcar el desarrollo rural y la cohesión territorial. Además, los avances democráticos en países concretos deben ir acompañados de mayores facilidades para la circulación de sus ciudadanos dentro de la UE mediante la firma de acuerdos de movilidad (Mobility Partnerships), tal como ya se propone en la Comunicación del 8 de marzo.

Por otra parte, hay que aprovechar la ola de simpatía mutua que han despertado las revueltas árabes entre los ciudadanos de ambas orillas. La sociedad civil de ambas orillas será un vector fundamental para realizar el cambio de paradigma. Las relaciones deben superar el actual enfoque P2P –palace to palace o president to president– para complementarlo con un enfoque people to people. Esto también es responsabilidad de las organizaciones de las sociedades civiles de ambas orillas. Asimismo, hay que estar preparados para responder de forma rápida y contundente en caso de que un país decida optar por la represión o por una involución en el proceso de democratización, en contra de la voluntad de sus ciudadanos. La UE no ha de optar por el silencio, sino que necesita una política declarativa más valiente, unos criterios más objetivos para valorar el ímpetu reformista y una voz única para denunciar abusos contra las libertades de los ciudadanos de países vecinos.

La UpM quizá podrá ser, en un futuro, el ámbito que permita un diálogo político y una integración regional euromediterránea. Sin embargo, en un momento tan crítico, vulnerable y cambiante como el actual sería desacertado pensar que ése sea el marco más útil a través del cual canalizar las respuestas europeas a la nueva situación política y a las necesidades de desarrollo y cooperación de nuestros socios. Ahora bien, nada impide que la Secretaría de la UpM pueda buscar socios para lanzar proyectos técnicos de cooperación eficaces y viables. Si lo consiguiera, debería contar con el apoyo necesario por parte de los Estados miembros y las instituciones europeas.

Conclusión: Todo cambio de paradigma en las relaciones internacionales implica una revisión profunda de las políticas, objetivos y medios para alcanzarlos. La UE debe decidir cuanto antes si estamos ante un cambio de paradigma en el norte de África y Oriente Medio, o si tan sólo se requiere un cambio de enfoque y una revisión parcial de las políticas desarrolladas hasta el momento. Sea cual sea su elección –y nosotros consideramos que se debería optar por la primera– debe actuar en consecuencia poniendo los medios y la voluntad política durante los próximos años. De la capacidad de la UE de acompañar las transiciones democráticas en su vecindario sur y de contribuir al progreso de sus sociedades dependerá en buena medida la credibilidad de Europa como actor global, pero también su propia seguridad y bienestar en el futuro.

[1] “Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean”, COM(2011) 200 final.

Como Pirandello cuyos personajes buscaban a un autor, o como Proust que iba a la búsqueda del tiempo perdido, el Mediterráneo está a la búsqueda de un proyecto político.

Las revoluciones que cristalizaron el 14 y el 25 de enero de 2011 en Túnez y en Egipto suponen el fin de una época y con ella, la necesidad de redefinir las relaciones euromediterráneas. El mundo árabe no volverá a ser el mismo, y el hasta ahora difícil equilibrio entre una Europa que aportaba cooperación y comercio, unos EE UU que asumían la seguridad y unos países árabes que garantizaban estabilidad, se ha desbaratado. De pronto, es como si el mundo árabe hubiera entrado de lleno en la historia universal, como si los anhelos de democracia y de libertad que han sido el hilo conductor de la historia europea hubieran traspasado por fin el Mediterráneo. Pero el vuelo hacia la democracia está lleno de turbulencias. Libia vive una confrontación civil cuyo final es incierto. Egipto apenas ha empezado los deberes de una transición compleja. Túnez prepara elecciones para elegir un Parlamento que redactará una nueva Constitución, pero la crisis económica puede echar por tierra un consenso social frágil.

Se ha dicho que las revoluciones en África del Norte han sido tan imprevisibles como la caída del muro de Berlín. La cuestión ahora es saber si los acontecimientos que estamos viviendo supondrán la caída del muro invisible que separa los dos lados del Mediterráneo y si el proyecto de creación de un espacio euro-mediterráneo común es posible. Es sabido que la diferencia entre un proyecto y un sueño es que el primero cuenta con los medios para su realización. Nos jugamos buena parte de nuestro futuro si no somos capaces de convertir este sueño en un proyecto. Se trata de nuestros vecinos, nuestros mayores proveedores de energía, de quienes constituyen la mayor fuente de inmigración, con quienes compartimos un mismo mar y un mismo patrimonio cultural y natural de incalculable valor y, sobretodo, son con quienes compartimos un destino histórico.

La Declaración de Barcelona de 1995 puso las bases de una nueva forma de ver las relaciones de Europa con el Mediterráneo no europeo. Se ideó una estructura con tres columnas: un diálogo político que era el eufemismo para referirse a la necesidad de que los socios mediterráneos abordaran reformas democráticas. Una columna económica con la creación de una zona de libre cambio comercial acompañada de una cooperación financiera para ayudar la transición a una economía de mercado. La tercera columna era el diálogo social y cultural que reconocía la importancia de sobrepasar el mal llamado choque de civilizaciones. A pesar de las críticas, justificadas, el balance del proceso de Barcelona no es negativo. Se concluyeron acuerdos de asociación con todos los países del sur excepto con uno, Siria; la zona de libre cambio avanza aunque el comercio sur-sur sigue muy estancado; la Fundación Anna Lindh en Alejandría ponía la primera piedra institucional de un diálogo cultural cuyo objetivo es superar los estereotipos sobre culturas que se ignoran a pesar de que siguen fascinándose.

En 2008 nació la Unión para el Mediterráneo. Era la iniciativa del presidente Sarkozy para hacer una nueva política mediterránea. Estaba basada en la convicción de que no habría cambios políticos en los regímenes del sur. Pero a pesar de ese error de perspectiva, la iniciativa aportó algo muy importante: la institucionalización de las relaciones euromediterráneas. Por primera vez se creaba una organización común: la Secretaría de Barcelona; y una forma de gobierno paritaria: la copresidencia norte-sur. Son dos éxitos indiscutibles. Francia y la UE creen, y nosotros con ellos, que Europa se construyó con instituciones y que el Mediterráneo no puede avanzar sin ellas, incluso teniendo en cuenta el gran obstáculo del conflicto en Oriente Próximo. La determinación de Sarkozy y del entonces ministro Moratinos permitieron que la Cumbre de París en 2008 fuera un éxito. Barcelona se erigió en capital de la iniciativa y se inauguró la sede de la Secretaría en el Palacio de Pedralbes.

Ahora, la cuestión es la siguiente: ¿cuál debe ser el papel que debemos desempeñar para responder al reto mediterráneo? ¿Cómo podemos ayudar a crear un espacio euromediterráneo tan importante para nuestro futuro? ¿Pueden España, Cataluña y Barcelona ser el puente necesario?

El objetivo es la convergencia económica y política hacia Europa. Sin aproximación ni convergencia económica real nadie podrá decir que la cooperación euromediterránea ha sido un éxito. Los escalones de renta per cápita de 1 a 14 que separa España de Marruecos o de 1 a 20 como el que hay entre Gaza e Israel no son sostenibles ni para quienes están arriba ni para los de abajo. Para alcanzar esta convergencia debemos utilizar cinco herramientas.

Desde el punto de vista político, el surgimiento de la primavera árabe, los cambios políticos y las perspectivas de democratización, constituyen una gran oportunidad. La UpM debe ser el marco regional que debe promover la democratización. España, Portugal, Grecia y los países del Este pueden compartir sus experiencias de transición democrática. La UE, a través de la UpM, debe aportar su cooperación y apoyo político y financiero.

La segunda herramienta es la ayuda financiera. El sur del Mediterráneo necesita un plan de ayuda suficiente. Las transferencias financieras actuales de Europa son escasas, apenas cuatro euros por habitante y año. Esta ayuda será particularmente importante en los próximos años si la crisis alimentaria se agudiza.

El tercer instrumento es el comercio. Europa logró superar más de 75 años de guerras intestinas con la creación del proyecto económico europeo que nació de la Declaración de Schumann en 1950. El sur del Mediterráneo necesita su Schumann, una visión integradora; solo el 5% del comercio exterior de los países del sur del Mediterráneo es entre ellos. Los acuerdos de asociación firmados a raíz de la Declaración de Barcelona deben aplicarse en su totalidad y abrirse a la agricultura y servicios.

Las inversiones hacia el Mediterráneo sur deben despegar. En la región hay un déficit de inversión del 7% del PIB regional. Pero las inversiones exigen unos mínimos de seguridad. Se debe crear un instrumento de garantía de inversiones en el marco de la UpM.

La movilidad es otra gran prioridad. Sin movilidad de empresarios, estudiantes y profesionales los ciudadanos del sur van a sentirse discriminados y el potencial de interacción y crecimiento se resentirá. Un acuerdo para regular de forma apropiada la movilidad y la emigración es fundamental.

Francia y Egipto, copresidentes actuales de la UpM, buscan sucesores. Solo la UE está en condiciones de asumir esta función. Debe recomunitarizarse la política europea hacia el Mediterráneo, como era la tradición del Proceso de Barcelona, corrigiendo el principal defecto del primitivo planteamiento sarkoziano de la UpM, su excesivo planteamiento franco-francés y su empuje renacionalizador de la política euromediterránea. Al sur, Jordania, Túnez, Marruecos o, por qué no Turquía, podrían suceder a Egipto y trabajar codo con codo con la UE para que la Unión para el Mediterráneo produzca los proyectos que se exigen. La Secretaría de Barcelona debe trabajar para identificar y promover esos proyectos. Junto a los seis grandes proyectos UpM aprobados en la Cumbre de París debe lanzarse un gran programa de apoyo a la transición política, económica y social de esos países.

El gran historiador del Mediterráneo Fernand Braudel dijo que a lo largo de la historia las riberas sur y norte del Mediterráneo nunca han vivido momentos de desarrollo y progreso al mismo tiempo. Cuando el sur florecía en el punto álgido de la civilización árabe, Europa, al norte, vivía los años más oscuros de la Edad Media. En cambio, cuando Europa comenzó a expandirse y crecer, el sur desfallecía y entraba en decadencia. Es hora de que el norte y el sur sean capaces de trabajar juntos para compartir crecimiento y progreso. Sea cual sea el marco, Europa y nuestros socios del sur están felizmente condenados a cooperar. Tenemos los instrumentos, debemos acometer la tarea de concitar la voluntad política. Es hora de actuar para que el despertar del mundo árabe mediterráneo sea una oportunidad, porque democracia y progreso, por mucho que algunos lo duden, también hablan árabe.

Los países mediterráneos están experimentando turbulencias no se veían desde la época de la descolonización y la independencia. Las revoluciones populares en Túnez y Egipto han barrido con arraigadas autocracias. En Libia, Muammar Gadafi resiste con uñas y dientes, y líderes políticos de Argelia y Marruecos se esfuerzan por mantener la autoridad.

¿Puede surgir de esta vorágine un espacio mediterráneo que se nutra de valores democráticos , intereses y esperanzas en común?

Los países mediterráneos son el hogar de 475 millones de personas: 272 millones de europeos, entre ellos 20 millones de musulmanes, y 200 millones de árabes y judíos no europeos. Hoy parece posible que la Unión por el Mediterráneo (UPM), el mecanismo que el presidente francés Nicolas Sarkozy creara en 2008 para incrementar la cooperación regional, en realidad sirva de plataforma para acometer el reto de recuperar el pasado de la región como cuna la razón, la tolerancia y el humanismo. La UPM podría ofrecer un modelo de coexistencia a un mundo herido por las dictaduras y el temor al fundamentalismo islámico.

Las crecientes tensiones en Europa sobre lo que ominosamente se ha dado en llamar “la cuestión musulmana” hacen muy fácil olvidar que hubo un tiempo cuando el Islam – una civilización más tolerante e inclusiva de lo que parece ser el Occidente posterior al 9/11- formó plenamente parte de la vida europea.

Hoy en día, no menos que ayer, los pueblos del Mediterráneo – musulmanes, cristianos y judíos- comparten ineludibles realidades geopolíticas, demográficas y económicas. Deberían recordar que la demonización, la exclusión y la división no son las únicas opciones, y que no tienen por qué ser el destino de la región.

Entre los principales interlocutores de Sarkozy durante la creación de la UPM en 2008 estuvieron el presidente tunecino Zine El Abidine Ben Ali y el presidente egipcio Hosni Mubarak. Ahora que se han marchado, también lo ha hecho su enfoque limitado y limitante hacia el diálogo internacional, basado casi exclusivamente en las relaciones de estado a estado, sin ninguna aportación significativa de la sociedad civil.

Es triste observar que los líderes europeos a veces también adoptan posiciones estrechas, en respuesta a las demandas de corto plazo de la política electoral en lugar de enfrentar los retos del pensamiento estratégico de largo plazo. Sarkozy también ha caído presa de esta tendencia. De hecho en febrero declaró que el multiculturalismo era un “fracaso”, y agregó que “nuestros compatriotas musulmanes deben ser capaces de vivir y practicar su religión como cualquier otra persona … pero debe ser un Islam francés, no solo un Islam en Francia.”

Por supuesto, Sarkozy no definió lo que entiende por un “Islam francés.” Pero los comentarios fueron ampliamente interpretados como un eco de las declaraciones realizadas unos días antes por Jean-Marie Le Pen, ex líder del partido de extrema derecha Frente Nacional .

Las mentes menos apresuradas deberían dirigir la mirada a la España musulmana, Al Ándalus, que brilló en Europa desde el siglo VIII hasta el siglo XV – un fértil período de brillantez cultural que preparó el camino para el Renacimiento occidental y representó un inspirador paradigma de convivencia o coexistencia.

Integrar el mundo mediterráneo a una comunidad tolerante que garantice la paz y la prosperidad de todos sus pueblos es algo que puede suceder hoy porque ha sucedido antes. Un logro así ofrecería al mundo una alternativa necesaria al cada vez más cuestionable modelo de globalización económica.

Al mirar a Europa desde la distancia, es tentador ver un continente que pierde peso en la escena mundial y en conflicto consigo mismo y con su pasado. Sin embargo, la realidad tiene más matices. La Europa de hoy está llena de potencial, a condición de que la región del Mediterráneo aproveche la fuerza y la riqueza implícitas en iniciativas como la UPM.

Dos características importantes de las revoluciones de Túnez y Egipto serán significativas a la hora de evaluar las posibilidades de una Unión Mediterránea renovada.

En primer lugar, el amplio y eficaz uso de los medios de redes sociales en ambos países reveló un notable nivel de conocimientos tecnológicos y creatividad entre los jóvenes. Más importante aún, mostró el nivel sin precedentes de conciencia política y el activismo de esta generación. De hecho, la medida del éxito de cualquier nueva estructura del Mediterráneo será el grado en que satisfaga en toda la región las aspiraciones y el análisis de esta generación joven y dotada de conciencia política.

Por las mismas razones, una nueva unión mediterránea podría ser un marco para una nueva vitalidad moral, nutrida por los mismos valores universales que movilizaron a los jóvenes en Túnez, Egipto y más allá: la libertad, la responsabilidad individual y la rendición de cuentas, la transparencia, la tolerancia, la solidaridad con los débiles y los oprimidos, la igualdad de género y otros derechos humanos fundamentales y democráticos.

A la luz de esta tendencia esperanzadora, ¿cuánto tiempo puede seguir influyendo la obsesión de Europa con el fundamentalismo islámico? ¿Por cuánto tiempo puede la llamada “cuestión musulmana” ser utilizada como una herramienta para derrotar adversarios políticos? Probablemente muchos jóvenes votantes europeos, con mayor amplitud y agudeza de miras, no vean con buenos ojos estas tácticas oportunistas.

Por último, es de esperar que el concepto de pertenencia a la misma familia mediterránea pueda producir nuevas soluciones a viejos conflictos; por ejemplo, ofrecer a palestinos e israelíes por igual la sanación que ambos pueblos desean, pero que el moribundo y viejo orden árabe no pudo lograr.

Los grandes filósofos de la Ilustración no dudarían en hacer suya la conciencia moral que se expresó en los mensajes que inundaron el ciberespacio durante la revolución de Túnez. Tanto en las escarpadas calles de Sidi Bouzid como en el imponente refinamiento de la Avenida Habib Bourguiba de la ciudad de Túnez pudo verse el secularismo moral en su mejor expresión.

Este renovado sentido de pertenencia a la misma familia humana y al mismo universo moral resonó profundamente con los europeos del Mediterráneo, que en las demandas y expectativas que afloraron en la orilla opuesta encontraron ecos de sus propias demandas y las expectativas incumplidas.

Mañana, 28 de noviembre, se cumplirá el decimoquinto aniversario del lanzamiento del Proceso de Barcelona, también conocido como Asociación Euromediterránea. Sin embargo, lo que podía haber sido una celebración se tornará en un amargo recordatorio de los problemas que sacuden a esta región y que la Unión por el Mediterráneo (UpM), lanzada en 2008, no ha podido superar.

A pesar de grandes dosis de voluntarismo, no hubo más remedio que aplazar, por segunda vez en seis meses, una cumbre que debería haber reunido hace unos días en Barcelona a los líderes de los 43 miembros de la UpM. Las circunstancias políticas no permitían asegurar ni una presencia ni unos resultados satisfactorios. Haber convocado la cumbre no solo no habría servido para dar un impulso político a las relaciones euromediterráneas, sino que habría podido tener un desenlace contraproducente.

La situación es crítica. Lo es para la UpM en su aspiración de reforzar el diálogo político y la cooperación técnica y lo es, sobre todo, para un Mediterráneo atravesado por una profunda brecha económica y emocional. Por ello, creemos conveniente y urgente que se haga una reflexión rigurosa y sin hipotecas de cómo se ha llegado a la situación actual y qué escenarios de futuro se perfilan.

La puesta en marcha del Proceso de Barcelona en 1995 supuso un salto cualitativo en la política europea hacia el Mediterráneo. Combinando acciones bilaterales y multilaterales, se pretendía crear un espacio de diálogo, paz, estabilidad y prosperidad compartida. Fue una iniciativa innovadora y ambiciosa que se benefició de un contexto de optimismo tras los acuerdos de Oslo de 1993 entre israelíes y palestinos. Sin embargo, los avances en las relaciones euromediterráneas quedaron supeditados a la voluntad política de las partes de cumplir lo acordado y sometidos a las inclemencias del conflicto árabe-israelí. Se imponía la necesidad de revitalizar o incluso repensar las relaciones euromediterráneas.

Francia aprovechó este estado de ánimo para liderar la creación de la Unión por el Mediterráneo. No fue fácil. Detrás de la iniciativa de Sarkozy había consideraciones en clave de política interna y una voluntad de protagonismo nacional que generaba malestar e incertidumbre a ambos lados del Mediterráneo. Poco a poco, se fueron acomodando las distintas sensibilidades y, una vez alcanzado el consenso,se celebró una pomposa cumbre el 13 de julio de 2008 en París. Llevados por la euforia, se generaron unas expectativas que pronto se frustraron.

La UpM dio sus primeros pasos en un contexto de crisis financiera global y de recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo. Cabe recordar que cinco meses después de la Cumbre de París, Israel lanzaba la Operación Plomo Fundido sobre Gaza, dejando a la UpM en respiración asistida durante varios meses. Esta crisis y otras posteriores han imposibilitado por ahora el intento de trasponer al Mediterráneo el modelo funcionalista que tan buenos resultados ha dado en la construcción europea. Los conflictos todavía abiertos entre vecinos y las diferencias entre los regímenes políticos no eran la mejor combinación para lograrlo. Tras más de dos años de vida, enormes esfuerzos diplomáticos y una compleja arquitectura institucional, la UpM parece más un escaparate donde escenificar las desavenencias regionales que un instrumento para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región.

Aunque algunos no pierden la esperanza, queda lejos la retórica de una Unión que iba a superar la tediosa lógica del “proceso por el proceso” y, lo que aún es más grave, va calando una alarmante sensación de fatiga en los temas mediterráneos. Ante esta situación, caben dos opciones: o bien esperar a que vengan tiempos mejores o emprender un proceso de reflexión política e intelectual que aporte pistas para avanzar, incluso en circunstancias críticas como la actual. Creemos que la urgencia de esta reflexión es ampliamente compartida por expertos y observadores. Debe plantearse, de forma audaz e imaginativa, cómo mantener o reinventar la cooperación euromediterránea. Si persiste el bloqueo, habrá que revisar la UpM, sus medios y sus instituciones y, si con esto no es suficiente, deberán contemplarse marcos alternativos. No son pocas las voces que ya abogan por centrarse en el Magreb y, aunque más minoritarias, otras apuestan por resucitar el diálogo euro-árabe.

Este proceso de revisión ha de ir acompañado de un esfuerzo por aumentar la relevancia del marco euromediterráneo. En otras palabras, las decisiones que se tomen en estos foros han de tener trascendencia, visibilidad y beneficios tangibles para las poblaciones. A modo de ejemplo, mientras que para otros vecinos de la UE se habla de eliminación o facilitación de visados, esta sigue siendo una cuestión tabú en el Mediterráneo. Sin sustancia sobre lo que decidir, seguirá resultando fácil recurrir a la estrategia del bloqueo.

También deberá esclarecerse el papel que han de jugar la UE y sus instituciones en el Mediterráneo. ¿Qué función ha de desempeñar la Comisión Europea? ¿Cómo se vincula la UpM con la Política Europea de Vecindad? ¿Debe la Alta Representante, Catherine Ashton, asumir el liderazgo por parte europea tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa? ¿Cómo conseguir sinergias entre el incipiente Servicio Europeo de Acción Exterior y las diplomacias nacionales? Son decisiones que habrán de tomarse próximamente y ante las cuales es capital advertir del peligro que supone la parcelación y renacionalización de la política exterior europea. Lo que sucede en el Mediterráneo trasciende más allá de los países ribereños y no puede sino ser una apuesta común.

Los países del sur del Mediterráneo deberán reflexionar sobre los costes a medio y largo plazo de la actual situación. Hay un serio riesgo de que cunda la desafección entre muchos países europeos si no ven avances y resultados. ¿Seguirá siendo el Mediterráneo un ámbito prioritario para invertir recursos y esfuerzos? No hay que olvidar que la negociación de las perspectivas financieras de la UE está a la vuelta de la esquina y que la situación económica en el viejo continente no es la más esperanzadora.

El actual clima de parálisis no contribuye a reducir la brecha emocional y económica que aleja las sociedades del espacio euromediterráneo. España, país de indudable vocación europeísta y comprometido con el Mediterráneo, está llamado a jugar un papel decisivo, aglutinando voluntades, recabando nuevas propuestas y formulando soluciones constructivas. Si el aplazamiento de la cumbre de la UpM sirve para superar esta situación, replanteando los objetivos y los medios empleados para alcanzarlos, la actual decepción no habrá sido en vano.

A menudo, el encanto del Mediterráneo nos ha seducido, incluso a veces nos ha cegado. En más de una ocasión, los que lo despreciaban nos han humillado y ofendido. Esa es la razón por la que nosotros mismos hemos querido esconder algunas cosas sobre el Mare nostrum o evitar ciertos interrogantes implicados en su destino. Una poetización, a menudo discutible, nos ha servido de escudo o de pantalla. A nuestros libros, textos e intervenciones sobre ese asunto se han incorporado nuevas reflexiones que quizá nos permitirían insertar esa problemática en un nuevo contexto, un tanto insólito o inesperado. Por lo que respecta al que suscribe, autor de un Breviario, debo reconocer que semejante confesión resulta penosa y entristecedora.

Después de la caída del Muro de Berlín se ha construido una Europa separada de la “cuna de Europa”. Las decisiones relativas a la suerte del Mediterráneo se han tomado sin contar con él: eso ha generado frustraciones y fantasmas. En el horizonte se perfila un pesimismo histórico, un crepuscularismo literario. Quizá el único héroe resucitado tras la II Guerra Mundial haya sido Sísifo, y con él su mito.

En 2008 el presidente francés Nicolás Sarkozy propuso la institución de la Unión Mediterránea. De entrada, la propuesta no fue acogida con entusiasmo por la UE. Se produjo igualmente un cambio de la propia denominación: Proceso de Barcelona-Unión por el Mediterráneo y finalmente Unión por el Mediterráneo.

Las modificaciones antedichas reflejan no solo las diferencias de puntos de vista de las que se derivan, sino también una relativa resistencia al proyecto. Se trata de un programa que en sustancia es positivo, pero que llega en un momento poco oportuno: tras el fracaso de la Conferencia de Barcelona y la crisis en la que se ha precipitado el mundo entero.

¿Quién podía prever que el capitalismo financiero iba a golpear de modo tan grave al propio capitalismo? ¿Que el neoliberalismo iba a debilitar determinadas formas de libertad en las relaciones económicas, sociales y políticas? ¿Que el sistema bancario iba a volverse tan despiadado con los propios bancos? ¿Que del “marxismo ya sepultado” iba a retornar a la superficie la teoría marxista de la crisis cíclica? Y así sucesivamente. En una coyuntura de este tipo, la Unión por el Mediterráneo tendrá que contentarse con planes modestos y menos costosos. Lo cual no hará más felices a los socios de la ribera meridional del Mediterráneo, que sobre todo requiere ser ayudada. Algunas formas de cooperación podrán parecer más creíbles y reales, mientras que los procesos de integración parecen carecer de perspectivas. Ninguna tentativa de someter las normas y preceptos de la cultura religiosa y jurídica musulmana a las tradiciones europeas será nunca acogida positivamente. La crítica de determinados regímenes totalitarios, como por ejemplo el libio, seguirá siendo considerada una intolerable intromisión en los asuntos ajenos. La política de vecindad o al menos la de partenariado tendrá que hacerse más funcional y operativa.

En todo caso sería necesario desarrollar operaciones adecuadamente preparadas y establecer modalidades jerárquicas de intervención y de presencia. Distintas tentativas y exigencias hace tiempo que requieren ayuda: las cuestiones ambientales, desde la ecología a la contaminación; las intenciones de volver a dotar de agua a determinados espacios o de salvarlos de la desertización; y, junto a ello, también los modos de introducir normas relativas a la pesca y sus limitaciones; y no se pueden aplazar los acuerdos sobre emigración en el ámbito de la colaboración entre el sur y el norte del Mediterráneo. Se podría introducir igualmente, sin mayores gastos, un adecuado sistema de intercambios culturales (y no solo simposios circunstanciales). Así como sería bienvenida una red de televisión mediterránea común o al menos un determinado tipo de transmisiones.

Se ha dicho ya todo sobre este “mar primario”, sobre su unidad y su división, su homogeneidad y su disparidad. Concepciones históricas o políticas sustituyen a las concepciones sociales o culturales, sin llegar a coincidir o a armonizarse. Las categorías de civilización o las matrices de evolución propias del Norte y del Sur no se dejan reducir a denominadores comunes. “Elaborar una cultura intermediterránea alternativa”: la puesta en acción de un proyecto semejante, cuasi utópico, que hemos oído o leído tantas veces, no parece un objetivo inminente. “Compartir una visión diferenciada” resulta más realista, a pesar de no ser siempre de fácil realización. Tanto al abrigo de los puertos como en mar abierto, “las viejas maromas sumergidas”, que la poesía se proponía volver a encontrar y reanudar, muchas veces han quedado rotas o arrancadas por la intolerancia o la ignorancia. El vasto anfiteatro, al que se asemeja nuestro mar, ha visto sobre la escena durante demasiado tiempo el mismo repertorio, hasta el punto que los gestos de sus actores son a menudo previsibles. Sería necesario replantearse las nociones superadas de periferia y de centro, las viejas referencias de distancia y proximidad, los significados de las rupturas y de las integraciones, las relaciones de las simetrías frente a las asimetrías.

La “patria de los mitos” ha sufrido con las mitologías que ella misma ha generado o que otros han alimentado. Este espacio rico en historia ha sido víctima de los historicismos. La tendencia a confundir la representación de la realidad con la realidad misma se perpetúa: la imagen del Mediterráneo y el Mediterráneo real no se identifican en absoluto. En las ciudades de nuestro mar, una identidad del ser, fuerte y profunda, eclipsa o rechaza a una identidad del hacer, escasa e irregular.

El 11-S de 2001 emergió una crisis de desconfianza de dimensiones planetarias, con el consiguiente empeoramiento de las relaciones entre Occidente y el mundo árabe e islámico. La situación se precipitó y tocó fondo tras los sangrientos atentados de Madrid y Londres. Los acontecimientos de los tiempos recientes han acabado por incrementar el clima de tensión en la cuenca mediterránea, debilitando los ya frágiles vínculos entre Estados, entre culturas, reduciéndolos por lo general a acuerdos episódicos y formales, cada vez más difícilmente factibles. El Proceso de Barcelona, iniciado con entusiasmo tras los acuerdos de Oslo (1993) que prometían resolver pronto los conflictos en Oriente Próximo, fue víctima de esta trágica coyuntura.

La exhortación a la Alianza de Civilizaciones del jefe de Gobierno español, Zapatero, fue casi un grito. Frente a una situación casi desesperada, sabemos bien que cualquier alianza puede parecer hoy más o menos utópica. Sin embargo, no debemos olvidar que existen utopías productivas e incluso concretas. Algunas de ellas parecen a veces próximas a su realización, si bien con un ritmo irregular o ralentizado: incrementar la seguridad, disminuir la tensión, reducir o desbloquear las crisis, reglamentar los procesos de inmigración-emigración, imponer un sistema ecológico eficiente, suministrar mayor ayuda a los indigentes o a los enfermos.

Los proyectos para la Alianza de Civilizaciones representan una viva reacción al choque de civilizaciones, según la bien conocida fórmula utilizada por el profesor norteamericano Samuel Huntington en su libro El choque de civilizaciones y la transformación del orden mundial. Esta teoría requiere de una aproximación particularmente crítica. No se trata de un choque de los componentes culturales de una civilización, de culturas en cuanto tales. Lo que chocan son las expresiones de las culturas alienadas y transformadas en ideologías, las que operan no ya como contenidos culturales, sino como hechos ideológicos. El peligro se conoce desde hace tiempo: una parte de la cultura nacional se ha transformado, a lo largo de diversas épocas y en diversos lugares, en ideología de la nación.

Esperamos una nueva cultura que nos sostenga. Estamos esperándola impacientes. No sabemos si la literatura, si sus diversos modelos, géneros y discursos podrán realmente ayudarnos. Quizá con ella resulte al menos más fácil esperar. Entretanto seguimos escribiendo. A lo largo de 17 años transcurridos entre asilo y exilio, a causa de las guerras balcánicas, una pluma frágil y un tema evanescente, el del Mediterráneo, me han salvado.

The second biannual summit of Mediterranean heads of state and government, initially scheduled for last week, has not taken place. It was called off long before the serious incident off the Gaza Strip. It could theoretically be held in November but preparatory ministerial meetings cast doubt on that.

The “Barcelona Process” promoted by Nicolas Sarkozy to restart regional cooperation was bold. But the project is now reduced to a long series of hollow, self-referential conferences. Europe’s policy regarding the southern rim of the Mediterranean is again in stalemate.

With the euro and public finances under heavy pressure, this failure by comparison could be regarded as minor. But to underestimate it would be a mistake: The goal of developing, modernizing and integrating the southern Mediterranean countries is not a “post-colonial” mirage but a priority for Europe. Here’s why.

First, significant risks stem from persistent economic inequalities between the two sides of the Mediterranean. Per capita gross domestic product in the Middle East-North Africa region has decreased by 58 percent in real terms compared with peak levels during the oil boom of the 1980s. Measured in purchase price parity (G.D.P. adjusted to reflect the local cost of living), the income differential with Europe is 1 to 4 in Algeria and Tunisia, 1 to 6 in Egypt and Jordan, and 1 to 8 in Morocco and Syria. Reducing these disparities means defusing time bombs — clandestine immigration, the rise of Islamic fundamentalism and instability in a region one flying hour from Europe’s shores.

Second, great potential exists in Mediterranean co-development. By 2050, the European Union will still have approximately 500 million inhabitants. The south’s population will have grown by half to 320 million. Furthermore, the region’s annual G.D.P. is rising between 4 percent and 5 percent. Opportunities exist for those willing to seize them. China has gotten the message and is investing heavily in the region. Europeans, in turn, keep pretending not to hear, even though the Mediterranean region could help us strengthen our economic competitiveness with Asian and American companies. By mobilizing the potential synergies between southern labor, energy and raw materials and northern know-how, technical expertise and advanced technologies, Europe could lift its annual growth rate by a crucial 1 percent.

So why the hesitation? Why haven’t we been able to do in the southern Mediterranean what Germany has gotten the E.U. to do in Eastern Europe (with substantial gains for German industry)? We should not delude ourselves: Though the crisis between Palestine and Israel is often portrayed as the cause of all evils, it is rather the tree that hides the forest. The true causes are deep distrust, overly bureaucratic vision, pointless competition among E.U. member states and private-sector reticence.

Despite undeniable achievements, the European Neighborhood Policy will not be enough to face this challenge alone. Now that the institutional prospects are fading and public resources are evaporating due to the global economic crisis, there is only one way out: involve private companies. This requires creating the right conditions for private capital investment. There is no point in trying to force companies to endorse abstract ideas conceived by technocrats. Companies must be encouraged to propose projects that meet their own requirements. The much-needed expansion of private investment will not take place unless sufficient levels of security and profitability are guaranteed.

The president of the European Commission has asked me to promote this initiative in close cooperation with the E.U. commissioner in charge of the European Neighborhood Policy, Stefan Fulle. We are working with more than 200 large enterprises from the Mediterranean basin affiliated with the Mediterranean Business Council. The object is to develop a consistent set of projects that can be quickly implemented. We will try to identify initiatives to develop new financing sources, increase human capital, create jobs, develop logistics and improve land management. It is crucial to get a dozen feasible and emblematic private-public projects under way in 2011.

Working together on that objective is the only way to bring the 43-member countries of the Union for the Mediterranean back on track. Otherwise the dialogue will be dead for 10 more years.

La presentación oficial e institucional de la secretaría general de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y la presencia de su secretario general en Barcelona es un logro importante de la presidencia española de la UE de este semestre, que se culminará con la segunda cumbre de presidentes y jefes de Gobierno de los 43 países de la UpM que se celebrara el mes de junio, lo que impulsará la puesta en marcha de esta organización mediterránea continuadora del Proceso de Barcelona comenzado en 1995, que fijó objetivos ambiciosos para la cooperación entre Europa y el Mediterráneo.
Mucho se ha hablado de Barcelona, de su modelo, su imagen en el mundo, de su presente, pero sobre todo de su futuro. La ciudad que ha impresionado por su creatividad y crecimiento ahora tiene que continuar buscando nuevos caminos y quizá uno de estos horizontes sea volver la vista al Mediterráneo, un mar que a finales del siglo XIII acababa de descubrir a unos emprendedores comerciantes catalanes procedentes de Barcelona en una época de fuerte crecimiento económico y marítimo de la ciudad. Cuando se crearon consolats en 40 ciudades.
La elección de Barcelona es un paso muy importante, pero no definitivo. La capitalidad deberá ganarse día a día a través de sus actuaciones: de hecho otras ciudades llevan varios años remando en esta misma dirección y seguirán los planes para ser un centro decisivo en el Mediterráneo.
Los protagonistas juzgarán la idoneidad del escenario en función de los resultados y no dudarán en modificar sus preferencias si aparecen nuevos o viejos actores con propuestas más audaces u ofertas más atractivas. No se puede actuar como si el éxito dependiese de la historia o como si el futuro estuviese predeterminado por la actual ubicación de la sede
Potenciar la capitalidad de Barcelona es un reto para todos que tendrá sin duda un impacto directo sobre el conjunto de las actividades y en la proyección de la ciudad.
Barcelona está en condiciones de conseguir la capitalidad real, de ser la referencia de una gran área económica mediterránea, pero esto solo es factible aunando voluntades, recursos y una estrategia unificada, un trabajo del conjunto de las administraciones públicas y privadas orientadas hacia este objetivo, contando con el apoyo claro y determinante de la Administración española. Por otra parte, esta es la principal opción de España para la ejecución de su política mediterránea, ya que es prácticamente imposible reinventar alternativas dada la experiencia acumulada de Barcelona.

Es necesario iniciar actuaciones que permitan desarrollar un proyecto integrador para todo el Mediterráneo. Para ello será importante articular un bloque que defienda los intereses del Mediterráneo en el diseño, control y ejecución de los programas destinados a la zona, establecer en Barcelona la Secretaría para el Mediterráneo del Ministerio español de Asuntos Exteriores o potenciar el Institut Europeu de la Mediterrània y dotarle de los medios necesarios para perfilar este impulso estratégico del Gobierno de España, a la vez que su apuesta por Barcelona como ciudad referencia de su política mediterránea.
También es preciso crear una plataforma de coordinación de instituciones públicas y privadas interesadas en la consolidación de Barcelona como capital del Mediterráneo, impulsar el proyecto de Sant Pau como el centro de referencia para la integración mediterránea para acoger a instituciones, organizaciones internacionales o regionales, que trabajan en el Mediterráneo, impulsar nuevas iniciativas panmediterráneas en campos como la innovación, la salud, la biotecnología, el audiovisual, el turismo, entre otros, reforzar la coordinación entre instituciones y empresas para liderar proyectos de cooperación y promover programas sociales y culturales mediterráneos.

Disponer de infraestructuras como un gran aeropuerto, un puerto, recinto ferial, una gran oferta hotelera, distritos de innovación, son herramientas útiles para impulsar una política de promoción internacional capaz de desarrollar una oferta de servicios a las instituciones y empresas que sea a la vez cuantitativa y de calidad. En definitiva, promover en todo el mundo, de forma específica y selectiva el modelo económico de Barcelona en su totalidad y atraer inversiones, congresos, sedes para hacer frente a los retos de consolidar la capitalidad mediterránea. Esto le permitirá consolidar y rentabilizar aún más las infraestructuras y aumentar el interés de las grandes empresas e instituciones internacionales para ubicar sus centros de decisión en la ciudad de referencia de la futura área de integración mediterránea.
Para asegurar la capacidad de influencia se deberá tener una estrategia clara, un discurso sólido, conocimiento profundo de las realidades mediterráneas y la capacidad de creación de la cultura de intercambio que tiene Barcelona. Por eso no se puede dejar escapar esta oportunidad histórica que una vez más el Mare Nostrum brinda. Es el momento de apostar por el Mediterráneo y de trabajar todos para que Barcelona sea el referente de este nuevo sueño de unión.

Tema: La Presidencia española de la UE plantea serios retos para los intereses y el peso estratégico de España en el Mediterráneo en el nuevo contexto geopolítico regional tras la creación de la Unión para el Mediterráneo (UpM). [1]

Resumen: Más allá de la evolución de los conflictos en la región, sobre la que España tiene una capacidad de influencia muy limitada, a España “se la espera” para que reconduzca la Unión para el Mediterráneo (UpM) tras dos años de protagonismo, cuando no unilateralismo, francés y de un bloqueo político sin precedentes desde 1995. Su prestigio y su posición estratégica en la región están en juego: limitarse a afrontar el reto de “gestión” de la UpM durante la Presidencia sin darle un impulso político decidido mediante propuestas e iniciativas sustanciales concretas supondría perder una oportunidad seguramente única. Su contribución podría ser más eficaz en relación con aspectos institucionales o con la definición y el seguimiento de determinadas estrategias sectoriales prioritarias que en aspectos más puramente político-diplomáticos.

Análisis: “Le resultará difícil aceptar esto, pero a pesar de que el ministro Moratinos es uno de los grandes especialistas mundiales en el tema, le recomendamos que se olvide de Oriente Medio, del Proceso de Barcelona y de la Unión para el Mediterráneo”. Este era el consejo que dos destacados especialistas españoles en relaciones internacionales daban al presidente del Gobierno para esta región en junio de 2009.[2] Con esa frase despachaban el asunto, pasando a referirse al conflicto de Oriente Medio y la política bilateral hacia Marruecos y Argelia. Este tratamiento simplista y expeditivo refleja la falta de interés que muchos de nuestros expertos en relaciones internacionales tienen sobre los temas euromediterráneos y, en concreto, sobre sus aspectos multilaterales, que contrasta llamativamente con la especialización en la región de algunos de nuestros diplomáticos más relevantes. Otra postura relativamente extendida entre analistas y actores es la de que las dificultades políticas de la UpM han dado la puntilla al Proceso euromediterráneo.[3]

En cualquier caso, dicha recomendación y dicho diagnóstico contrastan con el compromiso histórico de la diplomacia española con el Proceso euromediterráneo desde su fundación en 1995,[4] y su actuación como adalid de los logros y la vigencia de la Asociación Euromediterránea durante todo el proceso de concepción de la UpM (2008). También cuestionan la consideración del Mediterráneo como uno de los ejes prioritarios de la Presidencia española de la UE.[5] Debido precisamente a ese protagonismo y a ese compromiso, al propio prestigio de Moratinos en el Mediterráneo, a la proyección en el espacio mediterráneo de instituciones españolas de diplomacia pública como el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), la Fundación Tres Culturas, Casa Árabe y la nueva Casa Mediterráneo, así como al malestar creado en muchos países y actores por el unilateralismo francés en el marco de la UpM durante los últimos dos años, a España “se la espera” en la región, en el mejor sentido de la palabra: se la espera para reconducir el proceso de creación de la UpM, para reorientarlo y corregir el sesgo excesivamente intergubernamental que ha tomado,[6] volviendo a involucrar más directamente a las instituciones de la UE y en particular a la Comisión Europea en el proceso, pero también para impulsarlo. Defraudar esas expectativas podría afectar gravemente al prestigio, a la posición estratégica y finalmente a los intereses de España en la región.

Sin embargo, hasta ahora no resulta evidente cuál es la estrategia mediterránea de España de cara a su semestre de Presidencia de la UE ni cuáles son sus prioridades concretas. ¿Cuál es, por ejemplo, la posición española ante la proliferación de iniciativas francesas, a menudo bajo la “etiqueta” de la UpM, como la Fundación de Mujeres por el Mediterráneo, el fondo de inversiones InfraMED, los siete “proyectos prioritarios” “seleccionados” en el sector del agua a propuesta de colectividades locales en el marco de una conferencia organizada por la Copresidencia francesa de la UpM y CGLU, el “Consejo Cultural de la Unión para el Mediterráneo” y el recién creado Centro de Marsella para la Integración Mediterránea? ¿Cuáles son las iniciativas españolas de contrapeso?[7]

Tampoco está claro si se están movilizando los recursos humanos e institucionales necesarios para hacer frente a esos desafíos y contrarrestar la relativa pérdida de protagonismo que está sufriendo España en el Mediterráneo como consecuencia del empuje francés desde 2008, pero también a otros factores objetivos anteriores como la ampliación de la UE,[8] es decir, para gestionar ese impulso político, tener una capacidad de propuesta y de iniciativa susceptibles de dinamizar el proceso y volver a liderar la política europea hacia la región para asegurar que se materialice ese escenario “mejor y aún posible, no sólo para España, sino para toda la UE”, tras la creación de la UpM, consistente en que ésta última se convierta en una dimensión exitosa de un Proceso de Barcelona mejorado.[9]

España podría aprovechar su Presidencia de la UE, por ejemplo, para iniciar al menos el debate, si no las negociaciones, sobre el incremento de los recursos financieros destinados a los países asociados mediterráneos de cara a las negociaciones de las Perspectivas Financieras de la UE 2014-2020, que deberían iniciarse a más tardar en 2011. La formulación de un objetivo ambicioso, como por ejemplo la duplicación de la asistencia financiera per cápita a la región, podría sentar las bases de una auténtica política de convergencia socioeconómica que el nivel de relaciones económicas actuales dista de estar produciendo, y demostrar el liderazgo y el compromiso de España con el desarrollo de sus vecinos del sur. Pero, más allá del volumen de recursos financieros, parece evidente que la región requiere otro tipo de instrumentos de financiación: a este respecto, España podría lanzar los estudios previos sobre la transferibilidad de la política regional europea a los países asociados mediterráneos más integrados, como se promete en el Documento Conjunto UE-Marruecos sobre el estatuto avanzado.

Tres ejes de actuación

En cualquier caso, tres serán los retos principales a los que España deberá hacer frente en el marco del Proceso euromediterráneo durante los seis meses de su Presidencia de la UE: (1) la puesta en marcha de la Secretaría de la UpM y de los proyectos de la UpM; (2) la II Cumbre de la Unión para el Mediterráneo; y (3) las Conferencias Ministeriales sectoriales.

(1) La puesta en marcha de la Secretaría de la UpM y de los proyectos de la UpM

La obtención de la sede de la Secretaría de la UpM para Barcelona en la Conferencia Ministerial de Asuntos Exteriores de noviembre de 2008 fue un éxito diplomático indiscutible para España. Ahora, tras el retraso en su puesta en funcionamiento y en la aprobación de sus estatutos y la designación de su secretario general, que siguen pendientes más de un año después, el reto está en que la Secretaría sea operativa lo más rápidamente posible, y España está interesada en facilitar al máximo ese proceso y en hacer todo lo posible para reforzar las funciones de dicha Secretaría (frente a otras iniciativas como el Centro de Marsella para la Integración en el Mediterráneo o la “capitalidad económica” euromediterránea reclamada por Milán, donde podía establecerse la Iniciativa Mediterránea de Desarrollo Empresarial, si llega a crearse). Sin embargo, no debe olvidarse que España no estará directamente presente en las estructuras políticas de la Secretaría (un secretario general y seis subsecretarios), y la única forma de mantener cierta capacidad de influencia una vez puesta en marcha es aprovechar la proximidad geográfica para generar análisis, debate, propuestas, capacidad técnica especializada e iniciativas que puedan ser asumidas por las estructuras de la Secretaría. En este contexto institucional, la capacidad propositiva especializada adquiere aún mayor trascendencia.

Por otro lado, durante la Presidencia española de la UE algunos de los proyectos seleccionados en la Cumbre de París –protección civil, autopistas marítimas y terrestres, descontaminación del Mediterráneo, plan solar, Iniciativa Mediterránea de Desarrollo Empresarial y Universidad Euromediterránea– deberían pasar a la fase operativa si se quiere mantener cierta credibilidad de la UpM. Salvo este último proyecto, que ha iniciado su andadura institucional, los demás proyectos están aún en la fase de estudio de viabilidad y de financiación. Pero deberá tenerse cuidado de que esta “unión de proyectos” no sea percibida como un enfoque meramente economicista alejado de los intereses inmediatos de los ciudadanos, y para eso deberá complementar los proyectos regionales con iniciativas sectoriales concretas en el ámbito socioeconómico y cultural.

(2) La II Cumbre de la Unión para el Mediterráneo

Desde el punto de vista político, no cabe duda de que una de las prioridades de la diplomacia española durante la Presidencia española será garantizar el éxito de la II Cumbre de la UpM, prevista en junio de 2010 en Barcelona, y que debe aprobar un Programa de Trabajo para 2010-2012. Y probablemente ese éxito se medirá ante todo, al menos en términos mediáticos, por: (a) la capacidad de convocatoria (el número de jefes de Estado y de Gobierno que asistan); y (b) el desarrollo sin incidentes políticos de la Cumbre, especialmente el grado de tolerancia mutua entre árabes e israelíes, y la adopción por unanimidad de una declaración política. Ahora bien, las experiencias de la Cumbre Euromediterránea de Barcelona de noviembre de 2005 y de la Cumbre de la UpM de París de julio de 2008 deberían hacer reflexionar: la primera, pese a que el Gobierno español, como anfitrión y coorganizador junto con la Presidencia británica de la UE, se concentró en los aspectos más políticos y diplomáticos, fue considerada un fracaso en la medida en que sólo asistió un pequeño número de jefes de Estado y de Gobierno de los países asociados mediterráneos, y en que fue imposible adoptar una declaración por consenso (de hecho, al final, sólo se publicaron unas “Conclusiones de la Presidencia” británica, aunque el Programa de Trabajo Quinquenal sí se aprobó por unanimidad). La Cumbre de la UpM se consideró en su momento un éxito clamoroso a causa de la presencia de 43 jefes de Estado y la aparente armonía con la que se desarrolló. Sin embargo, la Cumbre de París, eminentemente política, dio lugar a más de tres meses de bloqueo político a causa de las diferencias sobre la participación de la Liga Árabe y dejó abiertas un gran número de incógnitas políticas e institucionales (funcionamiento de la Copresidencia, estatuto de la Secretaría, financiación de los proyectos) que siguen gripando el funcionamiento de la UpM. Hubo que esperar a la Conferencia Ministerial de Marsella de noviembre de 2008 para que se adoptara un detallado “Plan de Trabajo para 2009” que permitió retomar las dinámicas sectoriales que se habían puesto en marcha precisamente mediante el Programa de Trabajo Quinquenal adoptado en 2005 en Barcelona (sobre la base de un sólido trabajo previo de la Presidencia británica de evaluación de los avances conseguidos en cada uno de los ámbitos prioritarios de la Asociación Euromediterránea). Ese Plan de Trabajo Quinquenal, adoptado en una Cumbre que, sin embargo, fue casi unánimemente considerada como un fracaso político, ha permitido en cambio realizar avances desde 2005 en sectores como el agua, el empleo y la dimensión social, la educación, el desarrollo sostenible y la promoción de la mujer.

Así pues, la lección que cabe extraer de estas experiencias es que la mejor manera de reforzar el proceso euromediterráneo y la UpM, garantizar el éxito de la Cumbre y, sobre todo, sentar las bases de un impulso de la Asociación Euromediterránea es combinar la puesta en marcha de los seis proyectos seleccionados por la UpM hasta ahora, más algunos nuevos que puedan seleccionarse, con una serie de estrategias sectoriales articuladas en programas de acción claros en un número reducido de áreas prioritarias, como empleo, agua, cultura, turismo o energía. En cada uno de esos ámbitos, España debería llegar a la Cumbre con una serie de propuestas concretas, a ser posibles aprobadas previamente en Conferencias Ministeriales sectoriales, que permitan aprobar un Programa de Trabajo 2010-2012 ambicioso y defendible desde el punto de vista de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. El ejercicio llevado a cabo por el IEMed durante el año 2009 de realizar una serie de seminarios temáticos de expertos y actores para formular propuestas en relación con cuatro de los seis grandes proyectos de la UpM es una primera experiencia sumamente pertinente a ese respecto, pero debería extenderse a otras áreas prioritarias sectoriales en las que, hasta ahora, España no ha mostrado una excesiva capacidad propositiva.

(3) Las Conferencias Ministeriales sectoriales

El Programa de Trabajo para 2009 aprobado en noviembre de 2008 preveía 16 conferencias ministeriales sectoriales durante 2009. De ellas, debido al bloqueo institucional de la UpM durante el primer semestre de 2009 causado por la guerra de Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009, sólo han podido celebrarse siete (agua, proyectos de desarrollo sostenible, economía y finanzas y FEMIP, mujer, comercio y medio ambiente), además de dos adicionales sobre empleo y salud. Lo normal sería que, ahora que el funcionamiento institucional de la UpM parece haberse normalizado relativamente (pese a las dificultades que han llevado a la suspensión de la Conferencia Ministerial de Asuntos Exteriores prevista en Estambul en noviembre de 2009), se recuperara ese plan de trabajo.

Para la Presidencia española de la UE, de momento España ha previsto ocho conferencias ministeriales, pero sólo dos en España como anfitrión, sobre agua y sobre turismo. Las otras seis previstas, sobre transportes, educación superior e investigación, energía, seguridad alimentaria y ECOFIN-FEMIP está previsto celebrarlas en otros países asociados, aunque el calendario aún no está cerrado. En todo caso, llama la atención que se haya renunciado a organizar cumbres previstas en ámbitos de interés estratégico para España como el “desarrollo humano” (pese al fuerte compromiso de España con este tema en el marco de Naciones Unidas) o la “justicia, seguridad y libertad” (en relación, por ejemplo, con temas como la migración, en los que España tiene un modelo de gestión migratoria propio). Igualmente, llama la atención la ausencia de una Conferencia Ministerial Euromediterránea sobre cultura, teniendo en cuenta que para el primer semestre de 2010 se había previsto la aprobación de la Estrategia Euromediterránea de la Cultura y que España ha apostado fuertemente por la colaboración en este ámbito (“Alianza de Civilizaciones”, apoyo a la Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas). En cualquier caso, no parece que el programa de conferencias ministeriales esté a la altura del compromiso expresado por España con la consolidación del proceso euromediterráneo ni de las expectativas despertadas por España en este ámbito, teniendo en cuenta que tras las Presidencias francesa, sueca y española de la UE se sucederán una serie de Presidencias a priori menos favorables a la cooperación euromediterránea (Bélgica en 2010, en 2011 Hungría y Polonia y en 2012 Dinamarca y Chipre, este último con una capacidad diplomática muy limitada y considerablemente mediatizada por el conflicto turco-chipriota).

En este sentido, además de las conferencias ministeriales que organice, será muy importante también la preparación de las conferencias ministeriales ulteriores o el seguimiento de las que se han celebrado durante 2008 y 2009. La prioridad que la Presidencia española otorgará a la Estrategia de Lisboa y al empleo, por ejemplo, apenas ha tenido reflejo en el ámbito euromediterráneo, donde la involucración del Ministerio de Trabajo español en el seguimiento del Marco de Acciones aprobado en la I Conferencia Ministerial Euromediterránea de Empleo y Trabajo de noviembre de 2008 en Marrakech ha sido muy limitada (la primera reunión del Grupo de Trabajo creado para dar seguimiento a ese Marco de Acciones ha tenido lugar a finales de noviembre de 2009). Incorporar a los países asociados mediterráneos a la respuesta europea a la crisis sería la mejor prueba concreta del compromiso con la creación de un área de seguridad y prosperidad compartidas; además, en este tema podrían convergir dos de las tres grandes prioridades de la Presidencia española de la UE, a saber, la creación de empleo con un crecimiento sostenible y un impulso hacia la Europa social y el desarrollo de Europa como actor global (véase la comparecencia del ministro Moratinos en el Congreso antes citada).

En cualquier caso, en los ámbitos donde ya se han definido planes de acción, marcos de acción o estrategias regionales (transporte, energía, cultura, estrategia marítima, empleo, agua y promoción de la mujer), es importante involucrarse en la aplicación concreta de esos planes y la puesta en funcionamiento de mecanismos de seguimiento y evaluación, pasando “de los planes de acción a la acción”.

A este respecto, no puede olvidarse que 2010 será el año del 15º aniversario de la Declaración de Barcelona, pero sobre todo el año emblemático para la constitución de una Zona de Libre Comercio Euromediterránea. Asegurar algún avance concreto en la aplicación de la hoja de ruta diseñada en 2005, por ejemplo en la liberalización del mercado agrícola europeo o en las negociaciones en curso sobre la liberalización del sector servicios (desbloqueando, por ejemplo, la liberalización del Modo 4 de prestación de servicios mediante el traslado temporal de trabajadores al país de prestación que tanto puede beneficiar a países abundantes en mano de obra como son los países árabes mediterráneos), parece necesario para mantener la credibilidad de la UE en el ámbito económico.

La organización de la primera Cumbre UE-Marruecos, que tendrá lugar igualmente bajo Presidencia española, también requiere de un liderazgo firme y cierta imaginación propositiva para dar contenido al “estatuto avanzado” de Marruecos, por el que España ha apostado decididamente en términos políticos. Sería preciso asegurar que se satisfacen algunas de las expectativas sustanciales de nuestro socio estratégico magrebí en un sentido acorde con las interdependencias que nos unen a él y evitar que el estatuto avanzado quede limitado a una mera “etiqueta”, una señal política sin mucho contenido, o se diluya entre una plétora de “relaciones especiales” con otros socios y vecinos europeos (Israel, Túnez, Egipto y Jordania, pero también los países de la Asociación Oriental).[10]

Finalmente, de la Presidencia española también cabría esperar alguna iniciativa de integración regional sur-sur, por ejemplo en el Magreb, más allá del bloqueo del conflicto del Sáhara Occidental (España tiene en su haber la puesta en funcionamiento del proyecto de integración subregional más exitoso en el Magreb hasta ahora, como es el gasoducto Europa-Magreb que une Argelia, Marruecos y España y transporta 9.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, el único producto que transita legal y directamente entre Argelia y Marruecos).

¿Una “misión UpM” en la Presidencia del Gobierno?

Pero los tres ejes estratégicos anteriores requieren una movilización de recursos humanos e institucionales que hasta ahora no se ha producido. No es posible hacer frente a un nuevo contexto y a nuevos retos con los mismos escasos recursos dedicados hasta ahora por la diplomacia española a la política mediterránea. Más allá de la valoración que se haga sobre la iniciativa de inspiración francesa de la UpM, hay que reconocer que, además de resituar la cuestión mediterránea en la agenda política europea, ha impulsado la activación de los diferentes ministerios sectoriales franceses, como lo demuestra la proliferación de iniciativas en diversas áreas (mujer, medio ambiente, cultura, desarrollo urbano y cooperación científica). Y si algo ha quedado claro en los dos últimos años es que el Proceso euromediterráneo ha adquirido tal envergadura y diversificación que escapa al alcance incluso de los expertos y de los servicios diplomáticos de los Ministerios de Asuntos Exteriores que hasta ahora se han ocupado de ellos de manera casi exclusiva. La Asociación Euromediterránea ha dejado de ser meramente un ejercicio político-diplomático y de creación de confianza para convertirse en una iniciativa de integración multisectorial que requiere de expertos sectoriales.[11]

Los retos que la UpM plantea a España durante la Presidencia española de la UE son considerables, y más aún si España pretende asumir la Copresidencia europea de la UpM a partir de julio de 2010 (aunque no existe ninguna decisión oficial al respecto, la misión UpM francesa da por hecho que España la sustituirá en la Copresidencia europea de la UpM, y así lo ha anunciado en varias ocasiones en público, mientras que España se ha limitado a manifestar su interés y la necesidad de consultar con los demás socios europeos). Y es más que dudoso que la actual configuración institucional, con un embajador en misión especial con un mínimo equipo de apoyo (un diplomático y tres asesores contratados temporalmente), esté en condiciones materiales de gestionarlos: de hecho, una de las quejas reiteradas por los miembros de la misión UpM francesa se refiere a su falta de interlocutores sectoriales claros, y es frecuente asistir a reuniones euromediterráneas de todo tipo donde la diplomacia española no está presente (frente a la omnipresencia francesa en estos dos últimos años). Por lo demás, las funciones de coordinación interministerial que la UpM requiere difícilmente pueden llevarse a cabo desde un ministerio, incluso con el peso del MAEC (cuya coordinación se limita hasta ahora más bien a cuestiones operativas, pero sin llevar a cabo una verdadera coordinación política).

Por ello, sería necesario reflexionar sobre la conveniencia de adaptar el modelo francés, que desde 2008 opera con una “misión UpM” directamente vinculada a la Presidencia de la República, dirigida por un consejero presidencial con gran influencia política, e integrada por entre una decena y una veintena (actualmente 12) de funcionarios y expertos de diversas procedencias, cada uno de ellos responsable de un área. En España, desde un punto de vista funcional parecería razonable plantear la creación de un “equipo UpM” de al menos seis o siete diplomáticos y expertos sectoriales dependiente de la Presidencia del Gobierno capaz de asegurar:

• La coordinación interministerial en todas las iniciativas sectoriales de la UpM, así como la interlocución sectorial con otros países en el ámbito euromediterráneo.
• Una presencia institucional adecuada a nuestros intereses en todos los foros internacionales euromediterráneos; la interlocución real con la sociedad civil, las colectividades locales, el mundo empresarial y los think tanks sobre sus prioridades y propuestas tiene un amplio margen de mejora, y en ella se juega la Presidencia una parte importante de su credibilidad.
• Una adecuada presencia y coordinación con los actores españoles en este proceso (sociedad civil y think tanks, pero también comunidades autónomas e instituciones públicas como el IEMed, la Fundación Tres Culturas y Casa Árabe y Casa Mediterráneo).
• Una adecuada preparación de las conferencias ministeriales sectoriales euromediterráneas, cada vez más importantes en la arquitectura institucional euromediterránea (actualmente, hay aproximadamente una al mes).
• Una adecuada capacidad de propuesta e iniciativa dinamizadoras que ahora mismo no se tiene; en este sentido, la gran cantidad de seminarios euromediterráneos que se organizan en España contrasta con la escasa investigación específica sobre temas euromediterráneos (análisis de impacto, prospectiva, estudios comparativos).
• Una coordinación entre los aspectos sectoriales de la UpM y los aspectos más estrictamente políticos y diplomáticos (que, naturalmente, deberían seguir siendo responsabilidad del MAEC, incluida la representación ante el Comité de Altos Funcionarios de la UpM).
• El desarrollo de una “cantera” de funcionarios especializados en asuntos euromediterráneos en los diversos ministerios.
• Elaborar un plan de trabajo propio para la Presidencia española de la UE en el ámbito euromediterráneo y la eventual futura Copresidencia de la UpM, que la creciente complejidad del proceso parece requerir pero que no existe hasta ahora. Ello permitiría asimismo impulsar en los ministerios sectoriales una definición clara de responsabilidades que, a menudo, ahora no existe y la identificación de responsables especializados en cuestiones euromediterráneas.

Conclusión: La Presidencia española de la UE otorga a España la oportunidad, pero también la responsabilidad, de reconducir e impulsar la UpM en el marco más amplio de la Asociación Euromediterránea. Las expectativas de otros países y actores a este respecto son enormes. Para estar a la altura de esas expectativas, España debería:

• Facilitar la puesta en funcionamiento y la asunción efectiva de funciones por parte de la Secretaría de la UpM con sede en Barcelona, así como la puesta en marcha de la fase operativa de los proyectos de la UpM.
• Desarrollar una capacidad propositiva y de impulso político en algunos de los ámbitos sectoriales fundamentales de la Asociación Euromediterránea (agua, empleo, cultura, libre comercio y recursos financieros), asegurando que en aquellos ámbitos donde se han adoptado planes de acción regionales se pasa “de los planes de acción a la acción”, con mecanismos apropiados de seguimiento y evaluación.
• Asegurar la movilización de los recursos humanos e institucionales apropiados. Seguramente, ello implique replantear su estructura institucional de gestión de los asuntos euromediterráneos, especialmente para garantizar una mejor movilización de recursos y coordinación interministerial. Una posible solución podría ser la creación de una unidad adscrita a Presidencia del Gobierno.

La Presidencia española de la UE, que irá seguida de las Presidencias de Bélgica, Hungría, Polonia y Dinamarca en 2011 y 2012 que deberán convivir con la aplicación del Tratado de Lisboa (con una alta representante para la Política Exterior británica y un presidente de la UE belga), es seguramente la última oportunidad para encarrilar el proceso euromediterráneo y asentar el peso estratégico de España en la política europea hacia la región. La dimensión del reto y los intereses estratégicos en juego requieren una estrategia proactiva y no meramente reactiva, centrada en limitar las expectativas suscitadas por la Presidencia española.

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Notas:

[1] El presente ARI tiene su origen en las presentaciones realizadas por el autor en dos seminarios organizados en junio de 2009 por la Fundació CIDOB en Barcelona y el Real Instituto Elcano en Madrid, en ambos casos conjuntamente con el British Council. Mi agradecimiento a todos los ponentes y participantes en ambos por su contribución a la discusión.

[2] José María de Areilza y José Ignacio Torreblanca (2009): “Diagnóstico diferencial, política exterior”, Foreign Policy (Edición española), nº 33, pp. 28-39.

[3] Véase Kristina Kausch y Richard Youngs (2009): “The End of the Euro-Mediterranean Vision”, en International Affairs, vol. 85.5, pp. 963-76.

[4] Véase Richard Gillespie (1997): “Spanish Protagonismo and the Euro-Med Partnership Initiative”, en Mediterranean Politics, Vol. 2.1, pp. 33-48.

[5] “Nuestra Presidencia tendrá un carácter eminentemente euromediterráneo”. Comparecencia del ministro de Exteriores y de Cooperación en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso, “La posición española respecto al ‘Proceso de Barcelona’, así como las líneas generales de la Presidencia española de la Unión Europea para el 2010”, Diario de Sesiones de las Cortes Generales, nº 64, 28/V/2009, pp. 2-22.

[6] “Descomunitarización de la política mediterránea”, por tomar el término de Esther Barbé (2009), “La Unión por el Mediterráneo: de la europeización de la política exterior a la descomunitarización de la política mediterránea”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, año 13,nº 32, pp. 9-46.

[7] “La política exterior mediterránea de Madrid ha caído en estos últimos años en una dinámica de reacción, más que de iniciativa”, sostiene Paula Cusi (2009), “La politique méditerranéenne de l’Espagne face à l’Union pour la Méditerranée”, Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), París, julio 2009.

[8] Véase Richard Gillespie (2009), “España y el Proceso euromediterráneo”, en Bernabé López García y Miguel Hernando de Larramendi (eds.), Las relaciones de España con el Mediterráneo y el mundo árabomusulmán. Una perspectiva histórica”, IEMed, Barcelona, pendiente de publicación.Véase también Jesús Núñez Villaverde (2009), “España en el Mediterráneo: una agenda recuperada ¿a tiempo?”, ARI nº 153/2009, Real Instituto Elcano, 4/XI/2009.

[9] Eduard Soler (2008), Barcelona Process: Union for the Mediterranean. Genesis, Evolution and Implications for the Spanish Mediterranean Policy, OPEX. Observatorio de Política Exterior Española, Documento de Trabajo 28/2008, Fundación Alternativas y Fundació CIDOB, pp. 38-44.

[10] Véase Iván Martín (2009), “EU-Morocco Relations: How Advanced is the ‘Advanced Status”, Mediterranean Politics, vol. 14.2, pp. 239-45.

[11] Para un análisis detallado a este respecto, véase Erwan Lannon e Iván Martín (2009), Informe de avance sobre la Asociación Euromediterránea, IEMed.

El terrorismo global, es decir el terrorismo relacionado directa o indirectamente con Al Qaeda, sigue siendo una amenaza común al Mediterráneo Occidental. Aunque su significado varía de una a otra orilla del mismo, oscilando entre la definición que de dicho fenómeno se hace como problema de seguridad interior en las democracias del sur de Europa y el factor de inestabilidad política en que puede llegar a convertirse para los regímenes del norte de África. Tampoco sus avatares son uniformes, ni siquiera en cada uno de esos ámbitos. En Argelia, los atentados son frecuentes y, en los últimos dos años y medio, una porción significativa de los mismos de carácter suicida y considerablemente letales. En Marruecos, Túnez y Libia no ocurre así, pero sus respectivos servicios de seguridad han desarticulado recientemente un buen número de células o redes terroristas, deteniendo a centenares de individuos. Mientras, el escenario del terrorismo global se amplia desde el Magreb hacia países situados en la franja del Sahel, como Mauritania, Mali o incluso Níger.

Al mismo tiempo, ese terrorismo relacionado con Al Qaeda que se encuentra establecido en la ribera sur del Mediterráneo occidental se proyecta hacia el norte. No sólo afecta a ciudadanos e intereses europeos en la región norteafricana. Implica una amenaza para países como Francia, España o Italia en el interior de sus respectivos territorios nacionales e incluso para otros más septentrionales, como Bélgica, Países Bajos o Dinamarca. Una mayoría de los individuos detenidos durante los últimos años en el sur de Europa por actividades relativas a aquel terrorismo tenía orígenes o conexiones magrebíes. Aun cuando estaban implicados sobre todo en la movilización de recursos humanos y económicos que trasladar al norte de África, los hay que preparaban atentados en suelo europeo. En unos casos se trata de marroquíes, argelinos, tunecinos o libios que son inmigrantes de primera generación. En otros, a quienes pertenecen a esa categoría se añaden individuos correspondientes a las llamadas segundas o terceras generaciones.

A uno y otro lado del Mediterráneo Occidental, entre los actores del terrorismo global que se desenvuelven por la demarcación sobresale Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Esta entidad surgió como tal a inicios de 2007, a partir del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), a su vez escindido hacia 1998 del Grupo Islámico Armado (GIA) que se había formado al comenzar la década de los noventa. Aquel primero terminó por fusionarse con Al Qaeda, tras haber internacionalizado de manera progresiva su agenda, hasta adoptar una panislámica. Esa trayectoria fue debida en buena medida a los estrechos vínculos mantenidos por el GSPC con la extensión iraquí de la estructura terrorista que lideran Osama Bin Laden y Ayman al Zawahiri, cuando su dirigente era el jordano Abu Musab al Zarqaui. Inmediatamente después de que aquel grupo se convirtiera en el cuerpo central de la nueva rama norteafricana de Al Qaeda se manifestaron alteraciones en la ejecución de sus atentados, entre las que destaca la introducción del terrorismo suicida.

En junio de 2007, tras los espectaculares atentados del 11 de abril en Argel, que evidenciaron el nuevo repertorio de violencia adoptado por Al Qaeda en el Magreb Islámico, su líder, Abu Musab Abdeluadud, dijo que dicha organización «fue creada para ensalzar la palabra de Dios y el Estado del Corán y para liberar a los pueblos del Magreb del puño de corruptos, tiranos y traidores, reconstruyendo la sociedad en base a la justicia, la religión y la moralidad, lo que llevará a la unidad espiritual, geográfica y política, acabando con la división y las diferencias». Enunciado islamista y panmagrebí al cual añadía: «la unidad de los muyahidín del Magreb Islámico junto con los de Oriente, bajo un mismo estandarte y un mismo emir, constituye una iniciativa histórica con la que los muyahidín consiguen algo de gran interés estratégico que teme Occidente, y sus consecuencias pueden ser determinantes para al porvenir del combate entre Occidente y el Islam». Al Qaeda en el Magreb Islámico enmarca pues su actuación regional en la estrategia global de Al Qaeda.

Ello supone, por una parte, que en su punto de mira están principalmente los regímenes norteafricanos, a cuyos mandatarios critica de manera implacable. Por otra, que las sociedades magrebíes constituyen su población de referencia. Ahora bien, en un comunicado de febrero de 2007, AQMI señalaba como sus «verdaderos enemigos» a «la alianza del mal de los judíos, los cruzados y sus esclavos los apóstatas y quienes les ayudan». En enero de 2009, su emir hablaba de golpear «los pilares de la alianza satánica, compuesta de judíos, cristianos y renegados», recordando la impronta a la vez takfir y antioccidental de su ideario. Esta segunda orientación tiene implicaciones para ciudadanos e intereses extranjeros, en especial europeos, norteamericanos e israelíes. Eso sí, la extensión norteafricana de Al Qaeda ha heredado del GSPC una especial hostilidad hacia Francia. Pero su declarada animadversión hacia España no es menos notable.

Sin embargo, Al Qaeda en el Magreb Islámico, pese a haber perpetrado alrededor de media docena de atentados al mes desde su constitución, no se ha convertido en la organización panmagrebí que pretendía. Su influjo se deja sentir en toda la región, pero es dentro de las fronteras argelinas donde han tenido lugar la inmensa mayoría de aquellos actos de terrorismo. El éxito de Abu Musab Abdeluadud y los suyos en amalgamar excedentes de otros grupos armados magrebíes de similar orientación ideológica, hoy extinguidos o en decadencia, ha sido limitado y su liderazgo es aún exclusivamente argelino. Además, las víctimas de Al Qaeda en el Magreb Islámico son sobre todo argelinas y por añadidura musulmanas, ocasionadas tanto en ataques contra policías o militares del país en que opera preferentemente como en atentados suicidas más indiscriminados cometidos en el mismo. Esta realidad parece haber incidido negativamente sobre su imagen social, tanto en Argelia como en el resto del Magreb.

Más allá de Argelia, los logros fundamentales de AQMI se refieren a unos pocos atentados cruentos en Mauritania, el mantenimiento de cierta infraestructura sahariana para el adiestramiento, la articulación de algunas células adscritas que incorporan súbditos de otros países de la región y el aprovechamiento de condiciones favorables al secuestro de transeúntes europeos o norteamericanos. Desde 2008, por sí misma o en colaboración con bandas criminales de la zona o rebeldes tuareg, ha secuestrado a más de una decena de occidentales. Cobrar dinero no es el único factor que determina la suerte de los rehenes -cuestión esta en la que por razones de prudencia no entraré ahora, dadas las circunstancias por las que atraviesan tres ciudadanos españoles-. Pero, hasta el mes pasado, Al Qaeda en el Magreb Islámico había recaudado, por liberar personas secuestradas, una cantidad que en millones de euros se contaría con dos dígitos. Estos dividendos del chantaje hacen posible que el terrorismo global se reproduzca en y desde el norte de África. Motivo suficiente de reflexión para nuestras sociedades y de acción colectiva por parte de los gobiernos occidentales, en particular de los europeos.

Tema: ¿Cuál es el papel de España en el Mediterráneo en vísperas de asumir la Presidencia rotatoria de la UE?

Resumen: España trata de regresar a una zona que define como una de sus principales prioridades de política exterior, tras un largo paréntesis de bajo perfil. La reciente visita del jefe del gobierno español a Oriente Próximo debe interpretarse tanto en clave nacional como comunitaria, dado que en breve se hará cargo de la Presidencia de la UE. Las condiciones objetivas en el sur y este del Mediterráneo no son nada halagüeñas y esto hace más difícil aún –pero igualmente necesaria– cualquier iniciativa para cerrar conflictos tan enmarañados como el saharaui y el árabe-israelí y para promover un verdadero espacio euromediterráneo de paz y prosperidad compartida. España debe seguir apostando, tanto en el marco bilateral como en los foros internacionales de los que forma parte, por impulsar los esfuerzos que permitan una mejora de la estabilidad de una región a la que estamos indisolublemente unidos.

Análisis: Dice el refranero español que “nunca es tarde si la dicha es buena”. En el caso que nos ocupa en estas páginas –la gira del presidente del gobierno español por algunos países de Oriente Próximo– se cumple ya de entrada la primera parte del aserto. Efectivamente, la visita se ha hecho esperar demasiado tiempo –recordemos que es la primera que realiza a la zona tras más de cinco años al frente del gobierno–. En cuanto a la dicha que propone la segunda parte, no parece que la situación regional permita la más mínima complacencia, aunque cabe alegrarse de un gesto que debe interpretarse como el intento por recuperar un espacio que se había ido perdiendo en estos últimos años. Tampoco puede esperarse que una visita cambie radicalmente las cosas o que seis meses de Presidencia comunitaria provoquen un vuelco substancial en el bajo perfil que la UE viene adoptando en relación con los temas mediterráneos. Lo importante, en todo caso, no es determinar si España (o cualquier otro país) aumenta su peso en la zona con estos movimientos sino si, como resultado de ellos, se incrementan las posibilidades de que la paz se asiente por fin entre los habitantes de esta castigada región. A día de hoy tampoco caben muchas alegrías en este sentido, aunque sea obligación de quienes, como España, están interesados en hacer realidad la idea de un espacio euromediterráneo de paz y prosperidad compartida intentarlo sin desmayo, aprovechando cualquier resquicio por pequeño que sea.

España es cualquier cosa menos un recién llegado al Mediterráneo. Por el contrario, es, por múltiples razones, un actor importante que ha desempeñado una magnífica labor hasta mediados de la década pasada. En muy pocos años –desde 1990 a 1995– el impulso español en el área fue muy apreciable en una doble vertiente: como voz de alarma sobre las amenazas y los desafíos que planteaba una orilla sur y este hundida en el subdesarrollo y la inestabilidad y, con la misma intensidad, como abogado defensor de nuestros vecinos del sur; todo ello con la intención de sensibilizar a nuestros socios y aliados de la necesidad de prestar una mayor atención y un mayor esfuerzo para remediar esa situación. Se logró de este modo no solo que el Mediterráneo no fuera arrinconado frente a otras prioridades –la Europa Central y Oriental–, sino que pasara a ser asumido realmente como un tema de notable interés común. En el haber español destaca el protagonismo adquirido, junto a la Italia de entonces, en el lanzamiento de propuestas como la Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo (1990) y el Diálogo 5+5 (1990), así como en la puesta en marcha del Diálogo OTAN-Mediterráneo (1994) y, sobre todo, en el arranque del Proceso de Barcelona (1995). En esa misma línea, ya en 1991 le fue reconocido ese positivo activismo con la designación de Madrid como sede de la Conferencia de Paz de Oriente Medio, en su calidad de interlocutor válido para la totalidad de las partes implicadas en el conflicto árabe-israelí.

Pero fue precisamente a partir de la consecución de ese hito de la Asociación Euromediterránea (AEM) cuando podemos identificar el comienzo del declive de España en la región. Se ha intentado argumentar, en defensa de ese cambio de tono, que era imposible hacer más y que la insistencia en seguir en primera línea acarrearía inevitablemente la envidia de otros socios europeos que también reclamaban su cuota de protagonismo mediterráneo. Puede añadirse a lo anterior que el asesinato de Isaac Rabin en 1995 provocó un efecto tan negativo que, desde entonces –y hasta hoy, por mucho que algunos se empeñen en sostener lo contrario–, el proceso de paz quedó tan dañado que ha invalidado cualquier esfuerzo por positivo que fuera en teoría. Con ser parcialmente ciertos estos argumentos, resultan insuficientes para explicar el desfallecimiento de España en una zona que identifica invariablemente como una de sus principales prioridades de acción exterior.

Dicho de otro modo, España no puede permitirse el lujo del descanso en una región que afecta de manera muy directa a sus intereses y en la que ya había logrado ser percibida como un referente sólido. El balance de estos últimos años, incluyendo la cumbre celebrada en Barcelona en 2005 para conmemorar los primeros 10 años de la AEM, es magro en extremo, sin que sirva de consuelo que lo mismo pueda decirse del resto de actores con intereses en la zona. Sea por la prioridad otorgada a otros asuntos como el ingreso en la Unión Económica y Monetaria o el notorio acercamiento a América Latina, o por errores de bulto como la desventura de Perejil (2002) y el alineamiento militarista con Washington en la invasión de Iraq (2003), el hecho es que España hace tiempo que no pone sobre la mesa una sola iniciativa euromediterránea de cierto peso.

Rumbo al futuro

Si se entiende que la mencionada gira por la región es una tentativa de cambiar esa tendencia, interesa analizar qué se ha encontrado el visitante, qué expectativas de evolución futura cabe imaginar y qué margen de maniobra le queda a un actor como España para poder influir positivamente en dicho futuro. Para ello resulta igualmente necesario ampliar el foco, procurando abarcar la totalidad del Mediterráneo –desde el Magreb a Oriente Próximo– dadas las evidentes interconexiones entre esas dos subregiones y la conveniencia de desarrollar una política integrada de conjunto.

Como ocurre en tantos otros casos, en relación con los dos primeros puntos de estudio es inmediato identificar una disonancia entre la visión de los actores políticos, obligatoriamente optimistas, y la de los académicos y analistas, aferrados a su escepticismo a ultranza y menos hipotecados por la necesidad de tomar decisiones. Así, frente a una realidad que nos muestra el bloqueo de todos los canales de resolución del conflicto del Sáhara Occidental y del que enfrenta a Israel con sus vecinos árabes –sin olvidar el trasfondo de episodios tan inquietantes como los de Iraq, Afganistán y hasta Pakistán–, volvemos a escuchar un discurso oficial según el cual estaríamos ante una nueva, y definitiva, oportunidad para la paz a la vuelta de la esquina. Siendo así, adquiriría pleno sentido la necesidad de realizar un último esfuerzo adicional para rematar una tarea que parece a punto de verse coronada por el éxito. Sin embargo, basta con recordar que el conflicto saharaui lleva abierto desde 1975 y el árabe-israelí al menos desde 1948, mientras que en el terreno socioeconómico las brechas de desigualdad entre el norte y el sur del Mediterráneo no han hecho más que aumentar imparablemente y, en el ámbito político, la emergencias de sociedades abiertas continúa siendo un sueño irrealizable para nuestros vecinos. Desde hace décadas, en resumen, venimos sucesivamente entusiasmándonos y, más frecuentemente, frustrándonos con innumerables ocasiones perdidas.

Si esto vale para los dos principales frentes de seguridad en el área euromediterránea, lo mismo puede decirse de la situación económica y sociopolítica. La práctica totalidad de los regímenes de la región son, con todos los matices que sea preciso considerar, manifiestamente mejorables en términos económicos, democráticos y de defensa de los derechos humanos. En este terreno es quizá donde con mayor claridad se percibe un generalizado sesgo hacia la contemporización, que nos lleva a aceptar como un mal menor la permanencia en el poder de líderes que garanticen a su modo la estabilidad regional, olvidando la defensa de valores y principios que entendemos formalmente como guías de nuestra actuación en el mundo. El temor a la emergencia del islamismo político al frente de esos países lleva, tanto a España como al resto de los países de la UE, a seguir apostando por interlocutores que han mostrado su incapacidad y su falta de voluntad para alumbrar modelos sociales, políticos y económicos que den satisfacción a las necesidades básicas de sus respectivas poblaciones y que aporten seguridad a sus vidas.

El islamismo, convertido ya en el actor más atractivo a los ojos de crecientes sectores de la población de la región, no puede seguir siendo demonizado por más tiempo, esperando que desaparezca como por ensalmo, cuando sigue germinando el caldo de cultivo que le ha dado alas. Sin atender a las causas profundas del subdesarrollo y de las desigualdades tan evidentes en esas sociedades no cabe esperar una mayor estabilidad estructural, sino todo lo contrario. En este sentido, sigue siendo muy timorata la implicación española (y comunitaria), al no activar medios suficientes para cerrar las enormes brechas de exclusión que caracterizan a cualquiera de esos países y, de igual manera, al no mostrar la voluntad política de marcar líneas rojas a nuestros interlocutores actuales, abriendo nuevos canales de diálogo con otros actores locales.

El Magreb, una asignatura pendiente

En cuanto al primero de los conflictos mencionados (el del Sáhara Occidental), a día de hoy se mantiene la parálisis tanto sobre el terreno como en el marco diplomático, sin que nadie parezca dispuesto a renunciar a sus enfrentadas posiciones de partida. Es cierto que Marruecos cuenta con mayores bazas en defensa de su aspiración por hacer ondear definitivamente su bandera en la totalidad del territorio en disputa. Pero no lo es menos que los saharauis tienen la legalidad internacional de su lado y, en lo que respecta a España, una amplia simpatía y apoyo por parte de una opinión pública menos preocupada por los intereses que por la defensa de valores y principios que nos definen como una sociedad democrática y desarrollada.

En esas circunstancias, la notoria inclinación del gobierno español hacia las tesis marroquíes puede interpretarse como una apuesta final por la estabilidad del Mediterráneo Occidental. De seguir en esa senda, y nada indica que vaya a producirse un cambio de rumbo, España parece dispuesta a abandonar abiertamente su postura de neutralidad activa en la resolución del contencioso (una posición cómoda por otra parte, en la medida en que le permitía aparecer como defensora de la legalidad internacional y, al mismo tiempo, tranquilizadora en tanto que la dedicación marroquí a esa zona reducía automáticamente su posible presión sobre otras más sensibles para España). Ahora, por el contrario, se prefiere que Marruecos resuelva a su favor el problema de sus “provincias del Sur”, si con eso se logra una mayor estabilidad de nuestro vecino y un mayor grado de colaboración en asuntos que nos afectan más directamente (sea el terrorismo, el narcotráfico o la presión migratoria sobre nuestras costas).

Se puede entender ese envite –que incluye premiar a Rabat con la celebración de la primera Cumbre UE-Marruecos durante la Presidencia comunitaria española– desde la óptica de la realpolitik, pero ni será fácil transmitir ese mensaje a la opinión pública ni, dado el alto grado de arbitrariedad de nuestro vecino del sur, es posible garantizar que este radical cambio de política vaya a garantizar nuestros intereses en la zona.

Esa preferencia por las relaciones con Marruecos sitúan de hecho al resto de los países magrebíes en un segundo plano dentro de la agenda bilateral española, aunque formalmente se hayan firmado Tratados de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Túnez (1995), Argelia (2002) y Mauritania (2008), a la espera de que las amistades peligrosas con Libia lleguen algún día a ese mismo nivel. No cabe esperar que haya cambios relevantes en las relaciones de Madrid con esos países, mientras que es en el marco comunitario en el que se apuntan ciertos avances de modo inminente. Así lo prevé el gobierno español cuando señala su intención de mejorar, durante su Presidencia semestral, el Acuerdo de Asociación UE-Túnez y apoyar las negociaciones para un acuerdo similar con Libia, al tiempo que considera posible cerrar la Asociación Energética UE-Argelia.

Oriente Próximo, sin horizonte claro

Por lo que respecta al segundo de los focos de conflicto, debemos partir de la convicción de que su resolución está aún muy lejana. No existe hoy ni negociación en marcha, ni siquiera diálogo directo entre las partes que esté produciendo resultados. Por el contrario, el gobierno israelí se aferra a posturas de fuerza, tan reiterada como inútilmente condenadas por la comunidad internacional, en un intento abocado al fracaso de doblegar la resistencia de los palestinos. Mientras tanto, estos últimos no hacen más que aumentar sus fracturas internas, en un contexto de creciente frustración de la población con sus propios representantes, sumidos en el descrédito por su ineficiencia y sus luchas internas. El resto de los países directamente implicados se sitúan entre el inmovilismo de Siria –consciente de que todavía maneja bazas (como su influencia en Líbano) de las que puede sacar buen partido sin ceder en sus posiciones de rechazo a Israel–, el creciente empantanamiento de Líbano –incapaz tan siquiera de constituir un gobierno creíble en un marco de acusado feudalismo político– y el obligado seguidismo de Jordania –producto de su propia debilidad estructural–. Ninguno de ellos, incluyendo el activismo de Egipto con sus esfuerzos mediadores, parece dispuesto (ni capaz) a alterar de momento el statu quo imperante. Todo apunta, en consecuencia, a más de lo mismo o incluso a un empeoramiento a corto plazo.

Capacidades limitadas bien empleadas

En esas condiciones, y centrándonos específicamente en Oriente Próximo, la capacidad de España –como la de cualquier otro país, salvo EEUU– es muy limitada para provocar cambios positivos de la situación actual. No cabe imaginar que, en solitario, pueda lograr algún resultado de alcance significativo en sus gestiones. Ante esa realidad la visita del mandatario español, incluso con el respaldo al menos implícito que le otorga el hecho de haber pasado primero por la Casa Blanca, puede imaginarse que se ha centrado en dos objetivos: el ya referido de recuperar una mayor presencia en la zona y, en clave comunitaria, el de repasar los asuntos pendientes que puedan ser incorporados con ciertas probabilidades de éxito en la agenda semestral de la UE. En ningún caso debe entenderse ese doble objetivo como un asunto menor; por el contrario, debe ser bienvenido si se traduce en un renovado activismo español en los asuntos euromediterráneos, por muy difíciles que sean las condiciones de partida.

Conscientes de ello –para algo contamos con un buen conocimiento de la situación (empezando por el propio ministro de Exteriores) y con buena interlocución con la práctica totalidad de las partes enfrentadas–, España debe orientar su esfuerzo actual y futuro en otras direcciones. Entre ellas, destacan las siguientes:

• Tratar de reflotar la agenda euromediterránea en el conjunto de la UE. Ésta es en sí misma una tarea que no tiene asegurado el éxito, si tenemos en cuenta que la UE se encuentra institucionalmente paralizada, a la espera de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Durante el próximo semestre –cuando España asuma la Presidencia– las prioridades fundamentales serán, por tanto, lograr el desbloqueo político y poner en marcha dicho Tratado, además de asentar una respuesta común a la crisis económica que afecta al conjunto de los Veintisiete. De ahí se deduce, sin duda, que cualquier otro asunto será de orden menor en la escala de preocupaciones comunitarias. Pero aún así, aunque solo se perciban los beneficios más adelante, la activación de la acción exterior de la UE y su vocación mediterránea son tareas imprescindibles para mejorar las posibilidades de contar con una Unión más eficaz en la búsqueda de soluciones a los problemas de la región.
• Lograr posturas comunes entre los Veintisiete sobre los asuntos euromediterráneos. Es bien conocida la fragmentación comunitaria en este campo, lo que se traduce en su consideración como un actor secundario a todos los efectos (salvo el de la ayuda al desarrollo). El temor actual es que lo máximo a lograr en común se circunscriba a validar la normalización en Palestina, sin aspirar a que se produzca una retirada israelí de los Territorios Ocupados en 1967. Sin esa ambición –que es la base de cualquier iniciativa real de paz–, estaremos únicamente realizando movimientos tácticos que no conducen más que a nuevas frustraciones.
• Mirar hacia Washington, aprovechando la llegada de Obama y la sintonía que parece consolidarse entre los inquilinos de la Moncloa y de la Casa Blanca, tras su encuentro de hace unos días. Si esa sintonía se mantiene en el tiempo, interesa establecer una división del trabajo entre Washington y Bruselas, de tal modo que, dejando el protagonismo a EEUU en el tratamiento del núcleo central del problema (el palestino-israelí), la UE enfoque sus fuerzas hacia los demás frentes del conflicto (sirio y libanés especialmente). Es realista aceptar que solo EEUU puede influir directamente en palestinos e israelíes y no hay menoscabo alguno en hacerse cargo de otras tareas no menos importantes, siempre que se logre crear un marco de coordinación en un asunto que interesa resolver a ambos lados del Atlántico. Por otro lado, ante el fracaso del acercamiento directo a Israel, resulta más aconsejable crear complicidades con el líder mundial, único interlocutor al que Tel Aviv reconoce cierta autoridad.
• Reconducir la todavía incipiente Unión para el Mediterráneo (UpM) hacia la AEM. La visión global que incorpora el Proceso de Barcelona corre el riesgo de verse sustituida por otra más mercantilista, en la que los asuntos de cooperación política y de seguridad, así como los del diálogo social, cultural y humanos queden definitivamente arrinconados. La paz y la prosperidad euromediterránea solo se lograrán si se avanza simultáneamente en todos los capítulos de cooperación establecidos en su día en Barcelona. No necesitamos nuevos instrumentos ni nuevos esquemas para mejorar la situación de la región: basta con la voluntad política de los actores en presencia para activar las potencialidades que Barcelona agrupó en torno a la Asociación Euromediterránea. Sin un renovado impulso en los otros dos capítulos de cooperación, la iniciativa de inspiración francesa de poner en marcha proyectos empresarialmente atractivos conducirá a una mayor frustración a corto plazo.
• Mantener el esfuerzo en Líbano, e incluso elevarlo en línea con la responsabilidad que le toca a España a partir del próximo mes de febrero. Asumir el mando de la operación de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) reforzada supone una responsabilidad añadida que a España le interesa aprobar con buena nota (intentando compensar de algún modo las repercusiones negativas de otras operaciones en las que ha quedado dañada su imagen de socio fiable). Lo que hacemos en Líbano está plenamente legitimado, sirve a los intereses de España en la región y contribuye a mantener la paz, al menos de momento.
• Dejar de hacerle el juego a Israel. La historia nos demuestra que la permanente contemporización con la potencia ocupante no ha rendido fruto alguno en términos de paz en la zona. Con la renuncia a nuestros propios principios (sea ahora con las limitaciones autoimpuestas a nuestra forma de entender la jurisdicción universal o antes con los productos fabricados en los asentamientos), solo logramos más desprecio y más prepotencia por parte de quien ha mostrado en innumerables ocasiones su desinterés por ajustarse a las normas internacionales. Ceder ante el empuje israelí no nos otorga en la práctica más bazas de negociación, ni más influencia, para promover un auténtico proceso de negociación que conduzca algún día a una paz justa, global y duradera.
• Abrir canales de diálogo con actores políticos palestinos más allá de la Autoridad Palestina (AP). Aun dentro de los escasos límites que Israel concede a los palestinos, es posible desarrollar una gestión más eficaz que la realizada hasta hoy por los gobernantes palestinos. Su fracaso es incontestable a los ojos de la mayoría de la población palestina, y ahí está la victoria de Hamas en 2006 para demostrarlo. Seguir negando esa realidad, aferrados a la defensa de unos líderes que apenas gozan de respaldo popular, y negar el pan y la sal a los del Movimiento de Resistencia Islámica, que cuentan con legitimidad y apoyo, resulta a todas luces una política ciega y equivocada. Mahmud Abbas no puede ser nuestra única baza, salvo que nos empeñemos en seguir arruinando nuestras posibilidades de influir positivamente en el desarrollo de los acontecimientos en Palestina.

No se agota aquí el listado de tareas a realizar para poner fin a un conflicto que, efectivamente, no es irresoluble. Desgraciadamente, el conflicto tiene razones muy poderosas para seguir abierto y solo procurando entenderlas (para eso sirve, por ejemplo, el viaje por tierra entre Jerusalén y Ammán del jefe de gobierno español, que le habrá permitido conocer mejor la racionalidad que impulsa la sistemática usurpación de tierra palestina para ampliar los ilegales asentamientos) será posible articular una estrategia que rompa las dinámicas violentas y las reconduzca hacia la paz.

Conclusiones: España es, por múltiples razones, un actor importante en el Mediterráneo que ha desempeñado una magnífica labor hasta mediados de la década pasada con el lanzamiento de relevantes propuestas. Diversos motivos han impedido que España mantuviera ese nivel de implicación y generación de iniciativas desde entonces. Sin embargo, los argumentos empleados con más frecuencia (clima regional adverso por la falta de perspectivas de paz entre israelíes y palestinos, o las dificultades que plantea el funcionamiento interno de la UE y la escasa prioridad que reciben los asuntos euromediterráneos) resultan insuficientes para explicar el desfallecimiento de España en una zona que identifica invariablemente como una de sus principales prioridades de acción exterior.

España no puede permitirse el lujo del descanso en una región que afecta de manera muy directa a sus intereses y en la que ya había logrado ser percibida como un referente sólido. Para lograr un renovado activismo español en los asuntos euromediterráneos de cara a la Presidencia semestral de la UE, España debería orientar sus esfuerzos actuales y futuros hacia el Mediterráneo en direcciones concretas, como por ejemplo: tratar de reflotar la agenda euromediterránea en el conjunto de la UE y buscar posturas comunes entre los Veintisiete sobre los asuntos euromediterráneos; colaborar con la Administración Obama y establecer una división del trabajo entre Washington y Bruselas durante la Presidencia española de la UE y más allá; reconducir la todavía incipiente Unión para el Mediterráneo hacia una visión más global que incorpore ámbitos de cooperación previstos en el Proceso de Barcelona, más allá de un enfoque predominantemente mercantilista; mantener y elevar el esfuerzo en Líbano en línea con la responsabilidad que implica asumir el mando de la operación de la FINUL reforzada; dejar de hacerle el juego a Israel, ya que ceder ante el empuje israelí no nos otorga en la práctica más bazas de negociación ni más influencia para promover un auténtico proceso de paz; y, por último, abrir canales de diálogo con actores políticos palestinos más allá de la Autoridad Palestina.

Tema: La cooperación en el Mediterráneo puede convertirse en una prueba clave para determinar la calidad de la colaboración entre EEUU y la UE durante los próximos pocos años[1].

Resumen: En la región mediterránea se concentran multitud de temas que preocupan a Washington y, a ambos lados del Atlántico, existe un interés real por aprovechar el “efecto Obama” y dar un nuevo impulso a la cooperación transatlántica. Las condiciones favorecen que se preste una mayor atención a la región y a los temas mediterráneos como parte de la estrategia de EEUU hacia Europa y Oriente Medio, así como de la relación transatlántica. La convergencia de los intereses estadounidenses y europeos hacia el sur y el hecho de que tanto EEUU como Europa puedan actuar con más o menos el mismo efecto en la región podría convertir la cooperación en materia de seguridad y desarrollo en el Mediterráneo en una prueba fundamental a corto plazo de la calidad de las relaciones transatlánticas renovadas.

Análisis: La llegada de la Administración Obama ha abierto el debate en torno a múltiples cuestiones de política exterior. No cabe duda de que el estilo de la nueva Administración estadounidense difiere manifiestamente del de su predecesora. En términos generales, el nuevo liderazgo hereda muchos de los mismos desafíos, a los que se suman algunos nuevos y dramáticos problemas derivados de la crisis económica mundial. Los años de Bush estuvieron marcados, entre otros aspectos, por un alejamiento de la política exterior tradicional, caracterizada por un enfoque regional, y un acercamiento a una estrategia más transformadora impulsada por desafíos funcionales y, sobre todo, por la guerra contra el terrorismo. Con frecuencia, esta política era difícilmente compatible con las estrategias europeas, planteadas más en términos regionales que globales.

En la región mediterránea se concentran multitud de temas que preocupan a Washington, desde el terrorismo en el Norte de África y la estabilidad de la región del Egeo, hasta la seguridad energética y el proceso de paz en Oriente Medio. A estos temas se suma la política hacia Turquía y la estrategia de la OTAN en su dimensión meridional. Es posible que los cambios recientemente producidos en Europa en relación con el escudo antimisiles conviertan el Mediterráneo en el centro de gravedad de este aspecto fundamental de la política de defensa transatlántica. A medida que Europa ha empezado a percibir el Mediterráneo como una zona de relevancia estratégica, motivada por la inmigración, la estabilidad y la seguridad energética, EEUU también ha adquirido un papel más preponderante en el futuro de la región. A ambos lados del Atlántico existe un interés real por aprovechar el “efecto Obama” y dar un nuevo impulso a la cooperación transatlántica. La cooperación en el Mediterráneo puede convertirse en una prueba clave para determinar la calidad de la colaboración entre EEUU y la UE durante los próximos pocos años.

Las fuentes del interés de EEUU

Pese a los dos siglos de presencia estadounidense en la región, EEUU nunca ha sentido la necesidad de desarrollar una estrategia explícita hacia el Mediterráneo. El enfoque estadounidense se ha visto motivado, más bien, por políticas diferenciadas hacia Europa y Oriente Medio. El interés de EEUU en el Mediterráneo –que rara vez se articula en términos específicos– viene determinado por varios elementos. En primer lugar, Washington se ha centrado en dicha región porque es un elemento que afecta a la seguridad de Europa (“nos importa porque a Europa le importa”); en segundo lugar, es un forma de proyectar el poder de EEUU más allá del Mediterráneo (“la ruta hacia el Golfo”); y, en tercer lugar, responde al hecho de que la región es un foco de crisis y de conflictos potenciales (“un lugar en el que la diplomacia y las estrategias de seguridad estadounidenses están directamente comprometidas”). Estas tres dimensiones siguen siendo relevantes, si bien el equilibrio entre estas fuentes de interés ha cambiado con el paso del tiempo. Durante la Guerra Fría, la primera dimensión –la política de seguridad europea– fue fundamental para la implicación estadounidense y estuvo estrechamente vinculada con la idea de contener el poder soviético en Oriente Medio y más allá. Durante las últimas dos décadas, esta fuente de interés para EEUU en el Mediterráneo ha perdido peso si lo comparamos con los intereses relativos a la proyección de poder y la gestión de crisis.

La política estadounidense se ha visto significativamente afectada por la progresiva “europeización” de las relaciones con los países del sur de Europa. Durante las últimas dos décadas, Portugal, España y Grecia han desarrollado una nueva base para las relaciones con EEUU (Italia siempre ha sido un caso especial, según Washington, pues ha estado más vinculada al núcleo de Europa). Estas relaciones se encuentran hoy firmemente ancladas en el territorio europeo, de ahí que resulte difícil prever acuerdos bilaterales en materia de defensa y demás ámbitos significativamente alejados de la normativa europea. Dichas relaciones están hoy basadas sobre todo en la naturaleza de las relaciones transatlánticas en su conjunto. Este fenómeno quedó patente durante la Guerra del Golfo de 1990-1991, cuando España y Grecia emergieron como colaboradores activos en las operaciones de la coalición en Iraq. Este enfoque proactivo fue posible porque existía un consenso en Europa para apoyar la campaña liderada por EEUU. Por el contrario, la Guerra de Iraq declarada en 2003 no gozó de apoyo popular en el sur de Europa, una postura muy semejante a la opinión generalizada en el resto de Europa. Las relaciones con España se deterioraron de forma significativa durante la era Bush y la dinámica entre Bush y Rodríguez Zapatero fue especialmente tortuosa. Sin embargo, este no fue un caso aislado. En definitiva, las relaciones de Washington con el sur de Europa, en su día marcadamente diferenciadas, pasaron a enmarcarse bajo el paraguas más amplio de las relaciones europeas y transatlánticas. Con Obama en la Casa Blanca, las relaciones diplomáticas han mejorado de forma sustancial a ojos de la opinión pública europea, y España no constituye una excepción en este sentido.[2]

En segundo lugar, el debate de la política exterior y de seguridad europea ha adquirido una importante dimensión meridional como consecuencia de las preocupaciones existentes en torno a temas como la inmigración, la seguridad energética, el terrorismo y las actividades criminales. La crisis económica actual ha agudizado los aspectos relativos a la prosperidad y la identidad. Estos aspectos del debate actual sobre la seguridad europea tienen visibilidad en Washington y pueden tener efectos importantes, si bien indirectos, en la política estadounidense. A nivel práctico, EEUU puede contribuir bien poco a la política de inmigración europea, actualmente en fase de desarrollo, y mucho menos a los debates europeos sobre la identidad y la integración de los inmigrantes. Sin embargo, en lo que respecta al debate intelectual, las implicaciones de una Europa multicultural, fuertemente vinculada a la inmigración en el Mediterráneo, están muy presentes en la escena política estadounidense.

En tercer lugar, la reciente mejora en las relaciones entre EEUU y Francia tiene implicaciones potencialmente significativas para la colaboración mediterránea. Son muy pocos los estadounidenses, incluso a nivel oficial y de expertos, que estén familiarizados con la Asociación Euromediterránea (Proceso de Barcelona). En cambio, el concepto de inspiración francesa de la Unión para el Mediterráneo (UpM) despertó un sorprendente grado de interés en Washington. En cierta medida, era una manifestación del creciente interés de EEUU hacia el Norte de África, un interés motivado por la seguridad energética y la guerra contra el terrorismo. El “efecto Sarkozy” también desempeñó un papel importante. La presencia de la Secretaría de la UpM en Barcelona puede crear nuevas oportunidades para el diálogo y la cooperación con España. Asimismo, el enfoque de la UpM, centrado en proyectos de carácter práctico, ha calado entre los observadores estadounidenses (puede observarse un fenómeno similar en el Diálogo Mediterráneo de la OTAN, donde la estrategia estadounidense ha consistido en promover la formación, los ejercicios y demás aspectos pragmáticos de la cooperación por encima del diálogo político). Con el retorno de Francia al mando militar integrado de la OTAN, es posible que se creen nuevas vías de cooperación con París en materia de seguridad y estrategia en torno al Mediterráneo.

En cuarto lugar, todo apunta a que el Mediterráneo se convertirá en una prueba clave para la cooperación transatlántica en materia de seguridad regional. La Administración Obama tiene muchos temas en su agenda internacional –además de los graves desafíos económicos y sociales a los que se enfrenta a nivel interno– y hay motivos para pensar que apostará por un multilateralismo eficaz y de “bajo coste de mantenimiento”. El espacio mediterráneo es una prueba perfecta para este enfoque, máxime teniendo en cuenta que se trata de una región donde las capacidades estadounidenses y europeas están relativamente equilibradas. A diferencia del Golfo o del Sur de Asia, el Mediterráneo es un lugar que se encuentra “al alcance” de Europa y los socios europeos ya están desempeñando un papel de liderazgo en la gestión de crisis en los Balcanes, Líbano y el Mar Rojo. En lo que respecta al comercio, las inversiones y el desarrollo económico, Europa se perfila como un actor dominante. A medida que la OTAN reformule su concepto estratégico, con miras a la cumbre de Lisboa de 2010 ó 2011, es probable que muchos de los nuevos conceptos y contingencias sujetos a debate emanen de la periferia europea, desde el Magreb hasta el Levante.

Gestión de crisis y escenarios futuros

Tal y como se ha comentado antes, no es habitual que EEUU articule una estrategia explícita hacia el Mediterráneo. Ahora bien, esto no significa que la región y las cuestiones mediterráneas se encuentren en lo más bajo de la lista de prioridades de la política exterior y de seguridad de EEUU. De hecho, los políticos estadounidenses dedican una gran cantidad de tiempo y energía a abordar las crisis y los posibles focos de conflicto en la cuenca mediterránea, incluso si estos no son descritos como problemas “mediterráneos”. Una lista abreviada de estos desafíos incluiría el conflicto del Sáhara Occidental, las amenazas a la estabilidad en Egipto, el conflicto palestino-israelí, Siria, Líbano, Chipre y las fricciones aún sin resolver en los Balcanes. Si sumamos los nuevos focos de conflicto en el Mar Negro y Rojo y posiblemente también Irán e Iraq –cuyas influencias son significativas en la escena mediterránea– la lista adquiere mayor complejidad y trascendencia.

El análisis exhaustivo de la evolución del enfoque estadounidense hacia el conflicto palestino-israelí va más allá del alcance de este texto, pero no cabe duda de que la naturaleza y la eficacia de la participación estadounidense en el proceso de paz tendrán implicaciones significativas para el clima estratégico en la región mediterránea. La política de EEUU respecto de esta cuestión también puede repercutir sobre la opinión pública en la región y determinar el curso de las relaciones en otras regiones del mundo. La política estadounidense hacia Israel y el pueblo palestino es un aspecto fundamental de las relaciones bilaterales con el Magreb, Egipto, Turquía y, en menor medida, aunque también de forma significativa, el sur de Europa. La temprana implicación de la Administración Obama en el proceso de paz y su firme compromiso con la solución de los dos estados han contribuido a crear un tono más positivo en torno al sur del Mediterráneo. Es probable que la política estadounidense hacia el conflicto continúe siendo un factor determinante para las perspectivas de colaboración de EEUU con sus socios mediterráneos.

Un cambio muy positivo producido durante la última década ha sido la distensión aparentemente duradera entre Grecia y Turquía. Durante décadas, la gestión de la crisis en el Egeo se tradujo en demandas extraordinarias para los políticos estadounidenses. La estrategia y las operaciones de la OTAN se vieron obstaculizadas por el conflicto. En ocasiones, las fricciones en torno a Chipre y el Egeo amenazaron con degenerar en un conflicto militar entre Atenas y Ankara, más concretamente sobre la isla de Imia (o Kardak) en 1996.

Hoy en día, el Egeo y Chipre son temas marginales en la agenda de la política exterior estadounidense, aunque la relevancia del problema chipriota como obstáculo para la candidatura de Turquía a la UE es ampliamente reconocida. En el discurso dirigido al Parlamento turco en abril de 2009, el presidente Obama destacó el apoyo continuado de EEUU a la adhesión turca a la UE. En cualquier caso, es evidente que la candidatura no está exenta de dificultades y se caracteriza por una creciente ambivalencia a ambos lados. La Administración Bush no estaba bien posicionada para defender la adhesión de Turquía, de ahí que un clima más favorable en las relaciones transatlánticas podría, en términos generales, convertir a EEUU en un defensor más creíble de la candidatura turca en Europa. No obstante, la oposición continuada de Francia y Alemania a la adhesión de Turquía como miembro de pleno derecho y el frágil apoyo cosechado en muchos otros lugares apuntan a que la Administración Obama deberá lidiar una dura batalla en este frente.

La candidatura de Turquía a la UE es un proyecto a largo plazo; conforme avanza, se ha adentrado en una fase jurídica y política más refinada en la que los argumentos generalistas expuestos por EEUU para defender el “anclaje” de Turquía en Occidente ya no tienen el mismo peso en Europa. A fin de cuentas, el interés principal de EEUU no es la adhesión de Turquía propiamente dicha –algo que, por otra parte, siempre acogerá positivamente–, sino más bien la convergencia continuada de Turquía con las normativas y políticas europeas en varios ámbitos, desde la economía hasta la política de seguridad. Dado que la problemática candidatura turca también impide una mayor cooperación en materia de defensa entre la UE y la OTAN, algo que Washington defiende con firmeza, los intereses de EEUU se verán inevitablemente afectados. Esto podría resultar especialmente patente en el Mediterráneo, donde se dan cita multitud de las posibles contingencias para una nueva cooperación transatlántica en materia de seguridad y gestión de crisis.

Más allá de las disputas actuales y de los conflictos abiertos que requieren de la atención de Washington, es posible vislumbrar una serie de crisis potenciales más allá del horizonte inmediato que podrían tener un efecto transformador en el clima estratégico del Mediterráneo. Tales convulsiones podrían incluir: la caída de uno o más regímenes en el Mediterráneo meridional, quizá bajo la presión de la oposición islamista; el caos en Gaza y Cisjordania; la inestabilidad social o violencia política en Europa sudoriental, posiblemente como resultado de la crisis económica; o una confrontación militar con Irán. Asimismo, es posible vislumbrar una serie de desarrollos inesperados y positivos, e igualmente transformadores para la región y los intereses estadounidenses, desde un acuerdo palestino-israelí de gran alcance hasta la resolución del conflicto chipriota. Escenarios de este tipo ponen de manifiesto hasta qué punto la política estadounidense en el Mediterráneo sigue estando motivada por cuestiones, acontecimientos y relaciones bilaterales y no por una estrategia regional de gran alcance.

Una agenda volcada en la seguridad

Durante la última década, la política internacional de EEUU ha sido impulsada en gran medida por una serie de preocupaciones de carácter más funcional que regional. Tras los atentados del 11-S, la lucha contra el terrorismo era el primer punto de la agenda de la Administración Bush, hasta el punto de que gran parte de la política exterior estadounidense podía describirse como una defensa nacional ampliada. La Administración Obama parece haber adoptado un enfoque distinto en el que la lucha contra el terrorismo es una parte más del programa estratégico y no lo contrario. Del mismo modo, la política estadounidense en el ámbito mediterráneo se mueve en función de una serie de preocupaciones de carácter más funcional que regional, entre las que se incluyen el terrorismo y la seguridad marítima, la seguridad energética, la proliferación y la defensa antimisiles. Estas preocupaciones tienen mucho en común con las preocupaciones europeas, pero no son idénticas.

Los interlocutores de EEUU en el Norte de África suelen quejarse de que la única manera de llamar la atención de los políticos de Washington es recurriendo a temas relacionados con la seguridad y, en particular, con la cuestión del terrorismo. Quizá se trate de una exageración, pero no deja de tener su ápice de verdad. Los analistas estudian las implicaciones de los conflictos de Iraq y Afganistán en las cuestiones del terrorismo en Europa y en todo el Mediterráneo. Se ha comprobado que un número considerable de magrebíes y egipcios lucharon como insurgentes en Iraq y posiblemente también en Afganistán. A los servicios de seguridad de la región les preocupa el retorno de estas personas durante los próximos años y el lugar donde podrían reunirse en el futuro. Estudios recientes de agentes de seguridad estadounidenses identifican el Norte de África como un foco emergente de actividades terroristas. Incluso en el contexto de una rediseñada estrategia estadounidense de lucha contra el terrorismo, cuyo peso específico es menor, lo más probable es que el terrorismo siga siendo una preocupación funcional de primer orden para la política estadounidense en todo el Mediterráneo, así como una cuestión de peso para la cooperación en el Norte de África y Oriente Medio.

EEUU prestará casi con toda probabilidad una mayor atención a la seguridad marítima en sus diversas dimensiones, incluyendo el terrorismo, el tráfico de mercancías y de personas, los riesgos medioambientales y la seguridad de los barcos. Todas estas preocupaciones estarán presentes en el Mediterráneo y formarán parte de la lógica de la cooperación bilateral y multilateral. La operación Active Endeavour de la OTAN ha tenido un gran respaldo por parte de Washington. Además, EEUU ha trabajado mano a mano con sus socios en la orilla sur del Mediterráneo para mejorar la capacidad de los países en las labores de vigilancia y de detención en el mar.

La energía es otro de los ámbitos de interés de EEUU en el Mediterráneo, un interés que ha cambiado con el paso del tiempo. A nivel energético, los intereses estadounidenses están comprometidos de distintas maneras: mediante la participación de Europa en el petróleo y el gas del Norte de África; como salvaguardia contra el predominio energético de Rusia; por el papel de EEUU como garante parcial de la seguridad física del transporte energético en la región; por medio de inversiones estadounidenses en el sector energético del Mediterráneo; y como gran importador de gas natural licuado de Argelia. La proliferación de las líneas de transmisión de gas, petróleo y electricidad en todo el Mediterráneo ha generado un mercado regional de la energía de creciente importancia en el que participa EEUU. A medida que la seguridad energética vaya convirtiéndose en un aspecto cada vez más relevante de las relaciones transatlánticas, la convergencia entre las perspectivas europeas y estadounidenses será cada vez mayor. Hasta la fecha el discurso de EEUU sobre la seguridad energética ha girado en gran medida en torno al petróleo del Golfo Pérsico, mientras que Europa se ha centrado en el gas euroasiático. En un momento dado deberá eliminarse esta brecha entre ambos.

La proliferación y la defensa antimisiles siguen centrando los debates estratégicos de EEUU. Directa o indirectamente, el Mediterráneo seguirá siendo parte de esta ecuación, tal y como se ve desde Washington. Libia es el ejemplo obvio donde la desinversión del país en su rudimentario programa nuclear (y en su no tan rudimentario programa de misiles) sirvió para abrir las puertas a la normalización de las relaciones con Washington. La posibilidad de un Irán con armamento nuclear podría remodelar el entorno estratégico de muchas maneras, con implicaciones directas e indirectas en la política estadounidense. Turquía, Israel, Egipto y el sur de Europa ya están expuestos a la capacidad cada vez más sofisticada de los misiles iraníes. Un Irán con armamento nuclear o a punto de tenerlo ejercería una influencia nada desdeñable sobre las percepciones de seguridad y los equilibrios en una zona muy amplia, no sólo en el Golfo. La posibilidad de tener varios Estados recién equipados con armamento nuclear en el Mediterráneo o en sus inmediaciones sería algo transformador y podría alterar de forma radical el carácter de los compromisos de seguridad de EEUU en Europa y en todo el Mediterráneo.

La reciente decisión por parte de la Administración Obama de cancelar las instalaciones de misiles de defensa previstas en Polonia y la República Checa y decantarse por un enfoque móvil y marítimo hará que el Mediterráneo se convierta en el centro de gravedad de EEUU y de la OTAN en la arquitectura balística de la defensa antimisiles. Esta decisión podría acabar teniendo inmensas consecuencias para la seguridad de la región, para el papel de los aliados en el sur de Europa y para la evolución de la agenda transatlántica. El nuevo enfoque exigirá una mejor coordinación con los aliados del sur de Europa, entre los que se incluye a Turquía. El nuevo enfoque también desplazará los debates clave sobre defensa y garantías estratégicas desde el centro y este de Europa hacia el sur.

Políticas para el Norte de África

Aunque el Norte de África fue uno de los primeros puntos focales de la diplomacia y de la intervención militar estadounidenses desde los primeros días de la república, el compromiso moderno de EEUU con la región se ha visto ensombrecido por demandas más apremiantes y por relaciones más sólidas con otros lugares de Oriente Medio. Desde tiempos lejanos, Washington ha tenido una sólida relación bilateral con Marruecos que se ha visto reforzada por la postura moderada adoptada por el reino alauí en las cuestiones árabe-israelíes y, más recientemente, gracias a un acuerdo de libre comercio. En el resto de la región, la política estadounidense ha tenido que afrontar desafíos mayores. Argelia ha expresado su deseo de establecer vínculos más íntimos con Washington para contrarrestar a París y Bruselas y se ha producido una importante cooperación bilateral en el sector energético y, en menor medida, en las cuestiones relativas a la seguridad. No obstante, los vínculos bilaterales aún no se recuperado del todo de la década de violencia sufrida por Argelia, de la tradición soberanista y del continuo apego de Argel a los conceptos de la no-alineación. En el caso de Libia, las relaciones comenzaron literalmente con una hoja en blanco tras el restablecimiento completo de relaciones a finales de 2008. La Administración Obama continuará con toda probabilidad el proceso de normalización con Trípoli, pero el recelo residual en el Congreso estadounidense y el comportamiento volátil del líder libio limitan el alcance de los resultados.

En general, el interés estadounidense en el Magreb ha aumentado en los últimos años. Esto se debe en parte a los intereses energéticos y a los intereses derivados de la lucha contra el terrorismo. Tal como se apuntó antes, la atención europea en la región ha desempeñado cierto papel. No obstante, parte del interés estadounidense se ha visto impulsado también por la búsqueda de nuevos enfoques y geometrías en las relaciones con los mundos árabe y musulmán. Se trata de una estrategia indirecta que pretende mejorar el clima sin resolver necesariamente disputas básicas en el Golfo Pérsico o en Oriente Medio. Es más que improbable que EEUU pueda desplazar la influencia de Europa en el Norte de África. Existen motivos estructurales e importantes para que Europa tenga una posición predominante en la región y no hay un interés por parte de EEUU por iniciar una competición política o comercial en el patio trasero de Europa. Por el contrario, lo más probable es que los políticos estadounidenses consideren que el Magreb, al igual que los Balcanes, es una zona en la que Washington no tiene por qué asumir un papel de liderazgo.

Existe una cuestión que ha adquirido una gran relevancia en el debate estadounidense y que también ha recibido mucha atención por parte de políticos y observadores europeos: la naturaleza considerablemente subdesarrollada de la cooperación sur-sur. Esta situación queda claramente reflejada en la expresión “el coste del no Magreb”.[3] La frontera cerrada entre Marruecos y Argelia es la culminación de este problema, junto con el perenne conflicto del Sáhara Occidental –un conflicto congelado en mitad del desierto– y el volumen extraordinariamente reducido de comercio e inversión intrarregional. Si hubiera que identificar un eje central en la política estadounidense actual hacia el Norte de África éste sería el deseo de promover una mayor integración económica y cooperación política sur-sur. El deseo estadounidense de potenciar la integración regional es plenamente compatible con los impulsos de la política euromediterránea más reciente y es un componente básico de los proyectos previstos en la Unión para el Mediterráneo.

Conclusión

Panorama para un enfoque transatlántico

Aunque asistamos a la emergencia de un nuevo enfoque estadounidense en muchos ámbitos de gran relevancia para la región, son escasas las probabilidades de que Washington formule una política explícita hacia el Mediterráneo. Europa y Oriente Medio han sido tradicionalmente considerados como espacios geopolíticos distintos y esta percepción está sólidamente asentada, por lo que la consciencia mediterránea no tiene suficiente campo de acción como para fomentar un enfoque transregional de este tipo. Todo apunta a que EEUU seguirá apartado de las políticas y partenariados mediterráneos más explícitos diseñados al otro lado del Atlántico.

Con todo, las condiciones actualmente existentes favorecen una mayor atención a las cuestiones mediterráneas en el marco de la estrategia estadounidense hacia Europa y Oriente Medio y también de las relaciones transatlánticas. De hecho, la convergencia de los intereses estadounidenses y europeos en el sur y el hecho de que tanto EEUU como Europa puedan actuar y lograr básicamente el mismo efecto en la región podrían hacer que la cooperación en materia de seguridad y de desarrollo en el Mediterráneo se convirtiera en una prueba clave a corto plazo de las relaciones transatlánticas mejoradas. El nuevo carácter de las relaciones con Francia y España, el interés compartido en la integración sur-sur, el desplazamiento hacia el sur de la arquitectura de defensa antimisiles y un escenario estratégico altamente multipolar son características que invitan a pensar que el Mediterráneo podría convertirse en un escenario de primer orden para nuevas formas de cooperación entre EEUU y Europa en los próximos años.

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Notas:

[1] El presente análisis recoge las opiniones del autor y no representa la visión del GMF, su personal o sus directivos.

[2] Véase Transatlantic Trends 2009: Key Findings, German Marshall Fund of the United States, Washington, 2009.

[3] Véase Gary Clyde Hufbauer y Claire Brunel (eds.), Maghreb Regional and Global Integration: A Dream to be Fulfilled, Peterson Institute for International Economics, Washington, 2008.

El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, tenía razón al plantear la cuestión del futuro de las relaciones euromediterráneas desde el mismo momento de la toma de posesión de su cargo. Lanzó, por razones confesables (aumento de las desigualdades comerciales y económicas entre las dos orillas) o inconfesables (adecuación de un espacio geoeconómico para ubicar a Turquía, a la que no quiere en Europa), la idea de una Unión por el Mediterráneo asociada y unida a Europa de forma original, es decir sin llegar a la integración.
Ya conocemos las vicisitudes que Francia ha tenido que vencer para que se entendiera esta idea: recelo legítimo de España, sorprendida por no haber sido consultada sobre un asunto que había asumido desde los Acuerdos de Barcelona (1995); recelos de Italia, que nunca ha apreciado que otros hicieran en el Mediterráneo lo que ella es incapaz de hacer por sí misma; oposición clara de Alemania, que prefiere financiar, y eso cuesta caro, la integración de los países del Este. En resumen, geopolítica y financieramente, el asunto se presentaba bastante mal. Y lo que es más grave todavía: el proyecto francés estaba mal concebido, sin una verdadera estructura estratégica, y parecía más una idea generosa que un programa elaborado. Finalmente, la idea fue aceptada, pero completamente reinterpretada en la dinámica europea bajo vigilancia alemana: creación de una copresidencia euromediterránea, ubicación de la sede del secretariado en Barcelona (excelente decisión) y una declaración de buenas intenciones durante la reunión, el mes de noviembre del 2008 en Marsella, de puesta en marcha en la práctica de esta nueva política.
Ahora bien, los proyectos de cooperación regional en torno al desarrollo sostenible precisan, según el Banco Europeo de Inversiones, de unos 200.000 millones de euros. Pero la reunión ministerial del 26 de junio solo ha previsto una dotación de 23.000 millones de euros y únicamente ha puesto en marcha cinco proyectos para los que solo se han destinado 1.000 millones. Es inútil precisar que todo esto está muy lejos de responder a las necesidades mediterráneas. Y el cuadro sería todavía más sombrío si añadiéramos los efectos que la crisis económica mundial va a tener en la ribera sur del Mediterráneo.
En resumidas cuentas, dos años después de haberse dado a conocer la propuesta francesa, todo parece acontecer como si la maquinaria europea la estuviera enterrando.

En realidad, esta situación recuerda curiosamente al pasado, con la puesta en marcha de una estructura burocrática suplementaria que sin duda proporcionará buenos dividendos a algunos de los estados implicados en el Proceso de Barcelona, pero el conjunto corre el riesgo de girar con monotonía en torno a proyectos muy técnicos y reuniones institucionales. En cualquier caso, no se percibe que aparezca ninguna actuación de envergadura. La política mediterránea se atasca.
Ahora bien, los retos siguen siendo igual de apremiantes: políticos (cuestión palestino-israelí y democratización de la orilla sur), económicos (desarrollo de los países del sur dificultado, entre otros motivos, por la dominación exclusiva de la zona euro y las dificultades de acceso al mercado agrícola), sociales (problema de la circulación de personas entre las dos riberas), culturales y religiosos (representaciones adversas que resucitan, en ambos lados, las oposiciones explosivas entre el islam, el cristianismo y el judaísmo).
¿Cómo salir de esta situación? De hecho, el principal bloqueo procede de los conflictos crecientes en el seno del eje franco-alemán. Para Berlín, el Mediterráneo no es una prioridad; para París, el Mediterráneo es un barril de pólvora. El resto de los países (esencialmente España e Italia) saben que no pueden impulsar una gran estrategia mediterránea sin el acuerdo de los franceses y los alemanes.

Naturalmente, no hay solución mágica alguna. Pero Europa no conseguirá salir del atasco si no se dota de un marco estratégico para una política mediterránea elaborada de manera concertada con los países del sur. Este ambicioso proyecto depende de dos condiciones indispensables: en primer lugar, de una alianza según el principio previsto por el Tratado de Niza sobre la intensificación de la cooperación —entre Francia, España, Italia, Grecia y Portugal— para que la Europa mediterránea pueda ser un interlocutor coherente frente a los países del sur; seguidamente, last but not least, del nombramiento, en el seno de la Comisión de Bruselas, de un comisario a cargo de la política mediterránea. Recordemos que la presencia de Manuel Marín en este cargo, en 1995, contribuyó en gran medida a poner en marcha el Proceso de Barcelona. En la actualidad, es evidente que la creación de tal estructura tendría un impacto simbólico considerable: Europa enviaría así un mensaje claro de su voluntad de actuación. Y también sería una manera útil de apoyar la estrategia de paz que el presidente Obama intenta hacer prevalecer en Oriente Próximo.

Con la concesión de la sede de la Unión por el Mediterráneo a Barcelona, es tiempo de diagnósticos para conformar una nueva agenda relacionada con la movilidad humana. De momento, la movilidad se está interpretando en el marco de las relaciones internacionales como un instrumento de poder entre dos estados, usando a los ciudadanos como moneda de cambio. Esta situación es insostenible en tiempos de derechos humanos. Asimismo, los estados de recepción son los que tienen el control de la movilidad, fundamentada en los efectos que tiene sobre su sistema de bienestar, democrático y liberal, y su capacidad de gobernabilidad en términos no solo socioeconómicos, sino también de gestión de la diversidad cultural y religiosa. La movilidad se interpreta básicamente también como un acto individual (no familiar) y voluntario (no movido por la necesidad). Asimismo, no se puede tener un contexto de unión en un marco de unilateralidad política, que implica en términos conceptuales la unidimensionalidad con la que se definen los conflictos debidos a la movilidad. El principal reto es, pues, conseguir un contexto de interpretación que fomente una visión compartida mediterránea de la movilidad humana. Desde esta óptica, existen dos premisas que deben tenerse en cuenta.

EN PRIMER lugar, el movimiento de personas no es problemático en sí ni debería ser materia de discusión, salvo si tiene tres dimensiones que generalmente van juntas: una dimensión política (la mayoría de personas se mueven de estados no democráticos o con dificultades de consolidación democrática a democracias consolidadas), una económica (es un movimiento entre el tercer mundo y/o países en vías de desarrollo a países consolidados económicamente), y una social evidente (es un movimiento de personas atraídas por nuestros sistemas de bienestar y derechos sociales). Dicho de otro modo, el movimiento de personas entre democracias avanzadas, economías similares y derechos sociales mínimos, no forma parte de la problemática (pensemos en la movilidad humana dentro del espacio interior europeo o área Schengen).
Teniendo en cuenta esta primera premisa, nos podemos plantear una pregunta: ¿quién hace un problema del movimiento de personas? La respuesta nos invita a entrar en la segunda premisa: los países de acogida, que interpretan el movimiento en términos de efectos porque velan particularmente por mantener consolidadas las tres dimensiones: política, económica y social. Además, se añade en los argumentos de las consecuencias otra dimensión fundamental: la identitaria, que se vincula no ya tanto a temas de estabilidad como de cohesión social. Esto es, el hecho de que no solo se mueven personas, sino culturas y religiones, sirve a la mayoría de los estados de recepción como coartada para sus políticas de seguridad.
Estos dos puntos que forman parte del diagnóstico nos llevan a formular el siguiente argumento: hasta que no desaparezcan estas relaciones de poder claramente unilaterales (el norte controla el proceso político y tiene el monopolio de la interpretación de la movilidad humana), no se podrá tener un contexto adecuado apto para la innovación en la búsqueda de unión en el Mediterráneo. Esta unilateralidad tiene mucho que ver con el prefijo euro que se antepone siempre a mediterráneo y que debe desaparecer de una vez. En esta nueva etapa, unión implica corresponsabilidad e interdependencia, sobre todo en la interpretación de la movilidad humana. Como resultado de la unión se pueden llegar a compartir enfoques, preguntas, respuestas, conceptos. ¿Qué estrategias seguir para fomentar un contexto de unión?
Es un hecho cada vez más evidente que hasta que no se considere que la frontera de Europa empieza en el desierto sahariano y no en el Mediterráneo, algún engranaje del proceso de construcción de un enfoque mediterráneo compartido continuará sin funcionar. Esto también nos lleva a proponer el concepto de acervo mediterráneo en general, y en materia de inmigración en particular. Esto significa crear un directorio donde se engloben todos los vínculos creados y compromisos adquiridos hasta ahora a través de otros procesos anteriores, como el Proceso de Barcelona. ¿Hasta dónde se llegó en la etapa anterior? A la voluntad de cambiar el discurso de seguridad y estrictamente de control que existe por otro más centrado en el codesarrollo, en los derechos humanos, de cooperación y de corresponsabilidad entre países receptores y países de origen. Esta nueva orientación política debe convertirse en el signo de identidad de la Unión del Mediterráneo, que ha de desvincular de entrada la gestión de flujos y la gestión de fronteras.

EN DEFINITIVA, una visión mediterránea de la movilidad humana debe empezar a descargar a los países del sur de la presión que ejerce la UE del siglo XX. La UE del siglo XXI deber ser considerada un agente más que ayude a crear una red de interdependencia debido a la movilidad humana, donde nociones como inmigrante, situación irregular del inmigrante, tráfico, asentamiento, integración, codesarrollo, etcétera, se comparten y pierden todo significado que evoque fractura. Si la movilidad humana en el Mediterráneo forma parte de la fractura o de la solución es una asunto que también debe formar parte del enfoque compartido a construir. La forma como la Unión por el Mediterráneo comience a trabajar el tema de la movilidad humana decidirá el futuro de su éxito o fracaso.

Tema: Intervención de Carmen Buján, Directora General de Asuntos Estratégicos y Terrorismo, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en el seminario “El terrorismo islamista a través del Mediterráneo. ¿Qué riesgos y qué amenazas?”, organizado por el Real Instituto Elcano y la Fundación Ortega y Gasset, en Madrid, los días 17 al 19 de noviembre de 2008.

Intervención

Quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento a la Fundación Ortega y Gasset y el Real Instituto Elcano por esta oportunidad que me brindan de dirigirme a ustedes.

Como bien saben, desgraciadamente el terrorismo sigue siendo una de las principales amenazas a nuestra paz y libertad. Los grupos terroristas se han transformado en estructuras complejas que requieren de una cooperación entre los estados para luchar eficazmente para prevenir y neutralizar esta amenaza. El ámbito Mediterráneo constituye un buen ejemplo de cómo esta cooperación puede ayudar a los diferentes Estados en su lucha contra una amenaza común. Por ello, el análisis del fenómeno terrorista desde foros como éste nos ayuda a obtener una visión general  de cómo estamos avanzando en la lucha contra el terrorismo.

Ante todo, desearía destacar que la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo es una de las prioridades horizontales de la acción exterior del Gobierno y así ha sido recogido reiteradamente. Igualmente, debo destacar que el Mediterráneo y África son dos áreas geográficas declaradas como prioritarias para la acción exterior española. Basta con señalar la elección de Barcelona como sede de la futura Unión por el Mediterráneo o el proceso actual de elaboración de un nuevo Plan África. En consecuencia, y dentro de este marco, el Gobierno dedica un particular esfuerzo a la cooperación en la lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo y, sobre todo, en África del Norte y Occidental.

Para resumir las líneas principales de esta actuación exterior, me permitiré exponer, en primer lugar, las líneas estratégicas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. En segundo lugar, las principales líneas de acción en esta materia para África, en concreto para África del Norte y Occidental y, en tercer lugar, las propuestas para intensificar la cooperación en el marco euromediterráneo.

Líneas estratégicas de actuación de España en la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo

En primer lugar, como había anunciado, conviene insistir en las líneas estratégicas de actuación de España en la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, líneas con las que el Gobierno está firmemente comprometido en todas sus actuaciones y que también marcan la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el Mediterráneo y África.

Estas líneas estratégicas pueden resumirse en:

1. El refuerzo de Naciones Unidas como único medio eficaz y con plena legitimidad a largo plazo para dar respuesta a la amenaza del terrorismo: que condensa el principio rector de nuestra acción exterior de multilateralismo eficaz.

1. La defensa y promoción de una estrategia internacional de lucha contra el terrorismo que prime la legalidad internacional, el respeto por los derechos humanos, y la cooperación internacional.

1. La defensa de una planteamiento integral de las estrategias internacionales que aborde esta amenaza en todas sus dimensiones, incluyendo por tanto además de las necesarias medidas policiales y criminales, igualmente medidas políticas, económicas, culturales y sociales para actuar sobre los factores de radicalización y combatir la difusión de ideologías y discursos que pretenden actuar como legitimadores del terrorismo.

1. La construcción del consenso internacional en la lucha contra el terrorismo, que facilite una cooperación más estrecha entre todos los miembros de la comunidad internacional y evite que la lucha contra el terrorismo se convierta en un factor de discordia.

1. La promoción de políticas de cooperación y asistencia técnica, destacando su contribución y vinculación con los programas de ayuda al desarrollo, en particular en las áreas de la buena gobernanza y el refuerzo del Estado de Derecho, y como instrumento para mejorar la capacidad  de todos los Estados de asumir sus responsabilidades en a lucha internacional contra el terrorismo.

1. La actuación sobre la conexión entre el fenómeno terrorista y otras amenazas a la estabilidad internacional: crimen organizado transnacional, tráficos ilícitos, la proliferación de armas de destrucción masiva.

1. La promoción del papel de la sociedad civil y sus interlocutores (medios de comunicación, intelectuales, líderes religiosos…) con medidas de diálogo cultural, religioso, educativo frente a situaciones de intolerancia y extremismo, en un contexto en el que el nuevo terrorismo manipula culturas y religiones.

1. La promoción en toda estrategia antiterrorista una dimensión humana, que tenga en cuenta la necesaria solidaridad y protección de las víctimas del terrorismo. Las víctimas puede representar además un fuerte factor de deslegitimación del terrorismo y sus ideólogos y de movilización de la sociedad.

1. La promoción de una cultura de los derechos humanos, ampliando el debate sobre Derechos Humanos y Terrorismo, desde una nueva concepción integrada que considere la protección y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho como límite y fundamento de toda acción del Estado contra el terrorismo.

Estas líneas de actuación son las que han definido la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los últimos años y se han plasmado, en gran medida, en los principales documentos de estrategia internacional contra el terrorismo -en Naciones Unidas, en la Unión Europea (UE), en el ámbito euromediterráneo- gracias, entre otros, a los esfuerzos de España, por lo que una parte importante del trabajo a realizar en los próximos años consiste en la puesta en práctica y difusión internacional de los mismos.

Líneas de acción exterior en la cooperación en la lucha contra el terrorismo en África

En segundo lugar, desearía exponerles más en detalle nuestras líneas de acción exterior en la cooperación en la lucha contra el terrorismo en África y, en concreto, en África del Norte y África Occidental.

Es de todos conocido que África del Norte y Occidental, y más concretamente el área del Sahel, se ha convertido en una zona de creciente preocupación para todos en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. La constitución de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AL-QAEDAMI), sobre el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate argelino, pone en evidencia la estrategia de al-Qaeda de crear una estructura terrorista supranacional, con una agenda internacionalizada, que aglutina y supera los grupos terroristas que hasta ahora operaban localmente en cada país (Argelia, Túnez, Marruecos, Libia). AL-QAEDAMI ha llamado a la acción contra los intereses occidentales y, en particular, contra los españoles, por lo que nos sentimos concernidos expresamente por esta amenaza.

A resultas de la actividad antiterorrista de las autoridades argelinas entre 2001-2002, los movimientos terroristas del GSPC se han ido moviendo hacia el sur, al área del Sahel (Mauritania, Mali, Senegal, Níger, Norte de Nigeria), con una objetivo doble: buscar refugios seguros y buscar medios alternativos de financiación, convirtiendo a la región en base logística y de apoyo operativo, así como permitiendo crear campos de entrenamiento móviles.

Estos movimientos terroristas de origen yihadista han encontrado un terreno abonado en el Sahel, por la confluencia de una multiplicidad de factores: la existencia de redes de drogas por las costas de África occidental, el continuo tráfico de personas hasta nuestras fronteras, los desplazamientos de refugiados debido a los conflictos intraestatales, la existencia de amplias bolsas de pobreza, las situaciones de violencia política y de grupos armados –como los rebeldes Tuaregs-, el potencial de peligro derivado de la difusión de ideologías extremistas, la porosidad de las fronteras, y la misma falta de autoridad de los Estados, la inexistencia incluso de una capacidad institucional mínima de control sobre sus territorios y sus ciudadanos. Todo ello plantea, de por sí un reto global para la seguridad de la región, que trasciende la amenaza de al-Qaeda, y para la seguridad de España, en la que nuestra frontera sur ya no es sólo el Norte de África, sino el Sahel mismo.

Por ello, la acción exterior de España en la lucha contra el terrorismo en la región se engloba en un concepto más amplio de seguridad, en el que seguridad, desarrollo y derechos humanos están profundamente imbricados, y en el que las medidas de cooperación en la lucha contra el terrorismo buscan reforzar las capacidades institucionales de los Estados para que éstos se doten de sus medios propios. Este fue el objetivo perseguido cuando, de la mano de Naciones Unidas, en la primavera de 2006 llevamos a cabo un ambicioso programa de apoyo al desarrollo del marco normativo antiterrorista de los países de África Central y Occidental, que perseguía que éstos se dotasen de unas herramientas mínimas de tipificación penal del terrorismo y creación de mecanismos que permitiesen la cooperación internacional, programa que sigue en marcha.

Un factor importante, reseñado, entre otros, por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en su informe previo a la Mesa redonda ministerial de Madrid sobre el marco normativa internacional contra el terrorismo para los países de África Occidental, es el hecho de que la lucha contra el terrorismo no es percibida como una prioridad autóctona por los países de África, lo que, si bien, resulta comprensible debido a la existencia de otras prioridades nacionales más urgentes, no deja de exponer a estos países a riesgos reales contra su propia seguridad. También está el temor a que la incidencia en la lucha contra el terrorismo no haga sino detraer recursos al desarrollo social y económico de estos países. Como hemos mencionado, la visión de nuestra política en la región tiene una imprescindible visión global que aúne los principios de seguridad y desarrollo.

El Plan África, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, reconoce estas realidades e integra entre sus objetivos la lucha contra el terrorismo, señalando específicamente que “la inestabilidad en los países africanos afecta directamente a nuestra seguridad y pone en peligro el mantenimiento de los valores sobre los que se fundamenta nuestra sociedad. De este modo, cuestiones como la cooperación en materia de seguridad y defensa o en la lucha contra el terrorismo adquieren relevancia propia.” Uno de los cinco niveles de cumplimiento del objetivo general del Plan de contribuir al afianzamiento de la democracia, la paz y la seguridad en África es “atender a las prioridades de cooperación en materia de seguridad, lucha contra tráficos ilícitos y crimen organizado; y, por último, impulsar una mayor colaboración en materia de lucha contra el terrorismo.”

A estos efectos cabe apuntar que la visión que defiende España de la lucha contra el terrorismo es la que se articula en la Estrategia Global contra el terrorismo de Naciones Unidas, documento en el que las aportaciones conceptuales de España fueron ampliamente recogidas, y que contempla la lucha contra el terrorismo desde una perspectiva multidimensional, incluyendo, por tanto, no sólo los aspectos de mejora de capacidades en materia de prevención y represión, sino también en general de refuerzo del Estado de Derecho y de la legitimidad democrática de los Estados, así como la atención a las denominadas condiciones conducentes a la propagación del terrorismo, los caldos de cultivos de los que se nutren los procesos de radicalización y reclutamiento.

En el ámbito específico de la lucha contra el terrorismo, el Plan África enuncia una serie de líneas de actuación. Entre ellas, es de destacar que España continuará apoyando plenamente los objetivos del Plan de Acción de la Unión Africana (UA) para la prevención y la lucha contra el terrorismo adoptado en septiembre de 2002 y, en ese contexto, se compromete a implicarse en las actividades del Centro Africano de Estudios e Investigación sobre el Terrorismo de Argel (CAEIT/CAERT) con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus capacidades de formación, como se prevé en el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado con la Unión Africana en abril de 2006. El apoyo de España al CAEIT constituye una muestra del compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales propias de la Unión Africana y una apuesta por la creación de un centro regional africano de capacitación en la lucha contra el terrorismo, al estilo de los que ya existen en otras regiones del mundo.

España ya ha realizado en 2006 una contribución voluntaria por el montante de 100.000€ al CAEIT y otro tanto en 2007. Expertos españoles ya han participado puntualmente en algunas actividades del Centro, relacionadas con desactivación de explosivos. El ámbito de trabajo del CAEIT en materia de terrorismo se extiende en principio a todas las áreas relevantes, desde fortalecimiento del sistema judicial, seguridad aérea o capacitación de la policía, a la lucha contra la financiación del terrorismo, o una mayor atención a la realidad de las víctimas del terrorismo, situación sobre la que existe una gradual concienciación por parte de las autoridades argelinas y el germen de una cada vez más concienciada red de asociaciones civiles.

Por otra parte, España tiene interés en hacer un seguimiento y apoyar la labor desempeñada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en materia de lucha contra el terrorismo y potenciar su papel en sus funciones de seguimiento de los compromisos asumidos en la Mesa Redonda Ministerial de Madrid para países de África Occidental y Central sobre el fortalecimiento del régimen jurídico contra el terrorismo, de mayo de 2006, a la que me he referido.

España sigue prestando su apoyo al Directorio Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad en sus misiones en África, aspecto en el que el Directorio ya jugó un papel destacado cuando ocupaba el cargo directivo el Embajador Javier Rupérez. A este respecto cabe mencionar que España está valorando participar en un proyecto del CTAG, en colaboración con el CTC para asistencia técnica a África del Norte y África Occidental. Este proyecto se discutirá en una próxima reunión del CTAG en Kyoto.

España está prestando asistencia financiera y política a la ONUDD para el programa de fortalecimiento del régimen legal contra el terrorismo. En concreto se apoyará el seguimiento operativo del Plan de Acción adoptado con ocasión de la Mesa Redonda Ministerial de Madrid para países de África Occidental y Central sobre el fortalecimiento del régimen jurídico contra el terrorismo, de mayo de 2006. El objetivo básico es promover la ratificación, transposición y aplicación del marco jurídico internacional, e identificar áreas de asistencia técnica, particularmente en los ámbitos legal y judicial. A tal efecto, en 2007 el Gobierno ha autorizado una contribución voluntaria a la ONUDD -Viena, que irá destinada en gran parte a la financiación de actividades para el seguimiento de las recomendaciones incluidas en el Plan de acción de Madrid.

En esta labor de seguimiento y evaluación de la amenaza, y de puesta en pie de programas amplios de cooperación técnica, para España la colaboración con los demás miembros de la UE y con la Comisión Europea para desarrollar proyectos conjuntos en el Magreb y Sahel, es una dimensión prioritaria. Nuestra preocupación en el marco de la UE, entre las prioridades de la Estrategia antiterrorista de la UE se centra en ámbitos como la lucha contra la radicalización y el reclutamiento, mayor apertura de la sociedad civil y medios de comunicación de los países del Magreb, la mejora del intercambio de información, y el desarrollo del diálogo interreligioso.

Líneas de acción exterior en la cooperación en la lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo

En tercer lugar y como una línea de acción complementaria a la anteriormente expuesta para África del Norte y África Occidental, habría que considerar los esfuerzos de la acción exterior de España en el marco de las instituciones que engloban al mundo mediterráneo en su conjunto. En particular, está el Proceso de Barcelona, en el que uno de los puntos de colaboración más relevantes está siendo la cooperación en la lucha contra el terrorismo, a pesar de todas las dificultades para avanzar. También habría que mencionar la iniciativa Foromed.

En cuanto al Proceso de Barcelona, hay que hacer una inevitable referencia al éxito que supuso la aprobación del Código de Conducta Euromediterráneo contra el Terrorismo, en X aniversario de la Cumbre Euromediterránea de noviembre de 2005. El Código de Conducta adoptado por los Estados partes del Proceso de Barcelona tiene la incuestionable valía de ser el primer documento, de esta naturaleza, en éste ámbito geográfico, que fija una firme compromiso en la lucha contra el terrorismo, que contiene una declaración de principios irrenunciables frente al terrorismo, que traduce un consenso mínimo comúnmente compartido, y que fija  unas líneas de actuación.

El Código de Conducta es un documento novedoso: es el primer documento en materia de terrorismo consensuado entre la Unión Europea, los países árabes y musulmanes de la ribera mediterránea e Israel. Hasta la fecha sólo habían sido posibles pequeños consensos puntuales en ámbitos de diálogo euromediterráneo más restringidos (5+5), y en el marco de Conferencias antiterroristas ad hoc como la Conferencia de Riad de febrero de 2005.

El Código de Conducta revalida el consenso alcanzado por la comunidad internacional en materia de terrorismo en la Declaración Final de la Cumbre de Naciones Unidas de septiembre de 2005. En este sentido, el Código de Conducta no debe valorarse como un documento aislado en un ámbito geográfico específico, sino como una nueva contribución al debate internacional vigente, cuya línea de fractura se sitúa en distintas percepciones del fenómeno terrorista entre algunos países de la Conferencia Islámica, presentes en Barcelona, y el mundo Occidental. Para España y la UE era muy importante que en ningún caso se escenificase esa fractura ni que se debilitase el nivel de consenso internacional alcanzado en Naciones Unidas el pasado septiembre. Se reivindica un mensaje de unidad, compromiso y firmeza frente al terrorismo, en todas y cada una de sus manifestaciones, como amenaza a las vidas de los ciudadanos y al libre disfrute de sus derechos y libertades más fundamentales, directa y arbitrariamente conculcados por el terrorismo.

Se condena al terrorismo sin paliativos, y se desvincula de cualquier religión, país o cultura.

El Código de Conducta identifica las grandes prioridades en la lucha internacional contra el terrorismo, a saber: el fortalecimiento de la cooperación internacional para prevenir, perseguir, reprimir e enjuiciar a los responsables de los actos de terrorismo, sus apoyos y simpatizantes; el respeto y cumplimiento del marco jurídico internacional en materia de terrorismo, las resoluciones del Consejo de Seguridad, y las directrices y recomendaciones en la lucha contra la financiación del terrorismo; la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho al asilo y refugio en la lucha contra el terrorismo; el reconocimiento del papel central de las Naciones Unidas y del Secretario General para el desarrollo de una Estrategia Global contra el Terrorismo; el compromiso de aunar esfuerzos para concluir en la primavera de 2006 el Convenio Global sobre Terrorismo; la apertura de una vía a una futura conferencia internacional sobre terrorismo, asumiendo una de las reivindicaciones de buen número de países árabes, pero supeditada al éxito de la conclusión del Convenio Global; el reconocimiento de la necesidad de luchar contra las ideologías de odio que incitan al terrorismo, y a deslegitimar estas actitudes.

El Código de Conducta reconoce la necesidad de diseñar respuestas complejas frente a la amenaza terrorista, con las que hacer frente a los factores subyacentes de los que se nutre y en los que prospera el terrorismo, desde una nueva concepción de la seguridad colectiva, en la que las nociones de seguridad, desarrollo y derechos humanos están íntimamente relacionados y deben de ser tratados de modo conjunto. El desarrollo de políticas robustas para la resolución de conflictos, la promoción de la democracia, del buen gobierno, de la tolerancia y el diálogo interreligioso e intercultural cobran toda su dimensión en este contexto.

Un indudable éxito para nuestros esfuerzos fue el reconocimiento de la necesidad de prestar apoyos y  asistencia a las víctimas del terrorismo como los elementos más vulnerables frente al terrorismo.

No ha sido nunca el objetivo del Código de Conducta alcanzar una definición de terrorismo, ante el estado de bloqueo de la negociación del Convenio Global sobre el Terrorismo. Fue una gran preocupación de España y de la UE el evitar contaminar los debates sobre terrorismo, objeto del Código de Conducta, del debate de la lucha legítima de los pueblos frente a la ocupación extranjera, regulado por el derecho internacional humanitario.

En definitiva, el Código de Conducta, partiendo de una condena unánime y sin paliativos del terrorismo en un ámbito geográfico en el que hasta ahora no había sido posible, establece las líneas fundamentales de trabajo y los parámetros de referencia sobre los que debe asentarse el desarrollo futuro de la cooperación antiterrorista en el marco del Proceso de Barcelona, cooperación a la que se da carta de naturaleza. Se trata, por tanto, de un mensaje político de primer orden, así como de una contribución sustancial a la creación del consenso  internacional en esta materia.

La seguridad, la paz y la estabilidad de la cuenca mediterránea es una prioridad de nuestra política exterior, de ahí nuestro impulso y patrocinio de iniciativas que incidan en este objetivo, desde una visión global y complementaria (en el marco de la UE, de los foros informales entre ambas riberas, y también en la OTAN –diálogo mediterráneo-). La próxima actividad de Euromed va a ser el “Seminario Euromed sobre Terrorismo y Radicalización: ¿pueden los medios y los Gobiernos colaborar?”, que se va a celebrar precisamente en Granada, los próximos días 24 y 25 de noviembre, organizado por la Comisión Europea, con la colaboración de la Universidad de Granada.

Por último, debería hacerse una referencia a la iniciativa Foromed. Como es sabido, en 1994 se constituyó en Alejandría el Foro Mediterráneo, que agrupó inicialmente a España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, junto con Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Turquía, a los que luego se incorporó Malta. Se trata de un foro de diálogo y concertación entre los países que lo forman, promoviendo una cooperación más estrecha entre ellos, y actuando también como laboratorio de ideas para el Proceso de Barcelona.

En las últimas reuniones de Foromed se ha atendido a la necesidad de concertación y creación de confianza al establecer que las iniciativas en el sector de seguridad, deberían ser objeto de información y consulta previas entre los Estados, así como la necesidad de seguir promoviendo medidas para fomentar la confianza en los sectores económico y socio-cultural. La última reunión tuvo lugar en Alicante, en octubre de 2006.

España ha venido presidiendo el grupo ad hoc sobre terrorismo que llegó a acordar en la Reunión Ministerial de Delos en Junio 2002 un Código de Conducta. Este código de conducta sobre el terrorismo ha sido un punto de referencia para el Código que se aprobó en la Cumbre de Barcelona y al que antes nos hemos referido. La última reunión de este Grupo Foromed Terrorismo tuvo lugar en Madrid, en julio de 2007.

España mantiene su compromiso con esta iniciativa y espera poder organizar en breve un Seminario sobre gestión post-atentados y poner en marcha la prevista red electrónica de contacto entre los encargados Foromed Terrorismo de cada país. Igualmente, España espera poder organizar próximamente una nueva reunión de este Grupo Foromed Terrorismo.

Por último y a modo de conclusión me gustaría a exponer brevemente cuál es el estado de nuestras relaciones con algunos de nuestros vecinos mediterráneos más próximos. En primer lugar desearía referirme a Marruecos.

España y Marruecos son objetivo de una amenaza común por grupos inspirados en Al-Qaeda y entre los cuales existen contactos y relaciones conocidas. La conversión del GSPC en AL-QAEDAMI, la evidencia de la atracción que el mensaje de grupos que predican el terrorismo ejerce sobre una parte de la juventud marroquí y la existencia de campos de entrenamiento terrorista de este grupo en el Sahel son factores novedosos que agravan sensiblemente la amenaza para ambos países y para toda la región. A pesar de este agravamiento de la amenaza, las fuerzas de seguridad están mejorando mucho su eficacia en la lucha contra el terrorismo, sobre todo tras el desmantelamiento de las redes de Ansar-al-Mahdi y de Bellirai.

Existe interés por parte de ambos países de cuidar sus relaciones en materia de lucha contra el terrorismo y trabajar de forma constante para estrechar las ya excelentes relaciones operativas a nivel policial y judicial y asegurar una plena sintonía en todas las dimensiones de esta materia, identificando áreas en las que aún es posible intensificar el trabajo conjunto

Existe, además, una estrecha cooperación bilateral entre España y Marruecos en materia de lucha contra el terrorismo, de la que siempre se habla con satisfacción por parte de las autoridades españoles tanto del ámbito policial como judicial. Algunas de las últimas iniciativas de cooperación técnica son:

-El intercambio de magistrados de enlace para potenciar la cooperación judicial, en particular en el ámbito de lucha contra el terrorismo.

-El Proyecto de Fortalecimiento de la Administración de Justicia de Marruecos (2005-2008) encabezado por el Ministerio de Justicia español y financiado por la AECID, que llevó a la creación de la Red Marroquí de Cooperación Judicial Internacional (RMCJI).

-Los numerosos cursos de formación de la Guardia Civil y la Policía Nacional a las fuerzas de seguridad marroquíes en áreas como desactivación de explosivos, blanqueo de dinero, lucha contra la inmigración ilegal, etcétera.

-La ejecución del hermanamiento MEDA sobre blanqueo de dinero y financiación del terrorismo encabezado por Españay Francia cuyo objetivo es la asistencia a la administración marroquí para crear una unidad de información financiera (UIF) en la lucha contra el blanqueo de capitales. La labor de España incluiría la puesta en marcha de un programa de “Twinning” (2007-2009) con las autoridades marroquíes en materia de financiación de terrorismo. Sin embargo esta labor se ha visto ralentizada por los problemas existentes en la contraparte marroquí, especialmente con la cuestión de la creación de su UIF.

En cuanto a Argelia (con quien recientemente hemos suscrito un Convenio en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada), nuestra cooperación se centra en potenciar la labor del CAERT, cuya creación es ya de por sí un gesto político de primer orden. Y con el que hay que explorar todas sus posibilidades. A este respecto, sobre la realidad terrorista en Argelia, permítanme retomar unas recientes declaraciones del MAE argelino que afirmaba que “el terrorismo ha sido derrotado, pero ahora cuenta con apoyo del exterior: el terrorismo no es problema de Argelia, la reconciliación nacional le ha encontrado una solución interna, pero ahora es un mal internacional. Al-Qaeda no tiene en particular a Argelia en su punto de mira, sino que sus objetivos están por todo el mundo. La solución radical al terrorismo podría venir por la resolución de conflictos enquistados, que en su opinión, alimentan el terrorismo mundial (Oriente Medio, Irak, Afganistán).

En definitiva, espero que con mis palabras haya podido exponerles a ustedes la importancia que para España tiene una actuación global y no solamente orientada a aspectos estrictamente operativos de seguridad en la lucha contra el terrorismo. La región de África y, especialmente, la parte Mediterránea suponen una prioridad para España y las políticas que se llevan a cabo recogen el espíritu de colaboración y apoyo al desarrollo que mantiene este Ministerio.

Es, por lo tanto, la lucha contra el terrorismo una lucha con diversos frentes pero con un sólo objetivo poner fin a la amenaza que  estos grupos terroristas plantean a la seguridad, la paz y el desarrollo de nuestro país y de todo un continente.

La crisis económica y financiera mundial tiene ya efectos devastadores en las sociedades desarrolladas (crisis del sistema bancario, recesión, desempleo…), y sus consecuencias serán más duras todavía en los países africanos y mediterráneos del sur. El 13 de julio de 2008, al mismo tiempo que la recesión norteamericana se dejaba sentir sobre el resto del mundo, se anunciaba en París, coincidiendo con el inicio de la Presidencia francesa de la UE, el nacimiento oficial del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo. Dicho proyecto era el resultado de la voluntad, en principio francesa, pero más tarde asumida de manera conjunta por la UE, de inyectar un nuevo y vigoroso impulso al proceso iniciado en Barcelona en 1995.

Más allá del debate político y diplomático que suscitó en un principio su significado, la iniciativa francesa era necesaria por varias razones. En primer lugar, implicaba una toma de conciencia de la ralentización y el estancamiento del proyecto estratégico de Barcelona. Éste pretendía no solamente crear las condiciones para la puesta en marcha de una zona de libre comercio entre las dos riberas del Mediterráneo en el 2010, sino también desarrollar una cooperación estructural en los campos de la seguridad y de la paz, así como, last but not least, favorecer de manera significativa las relaciones entre las sociedades civiles de ambas riberas. La iniciativa francesa respondía también a la preocupación de que el Mediterráneo pasara a un segundo plano, en un momento en el que la UE se enfrentaba a los desafíos que conlleva su ampliación hacia el este. Más aún, Francia -al igual que España e Italia- era consciente de que había llegado el momento de pasar a una fase superior en las relaciones euromediterráneas, después de la creación de un espacio común de intercambios y de la conclusión de acuerdos de asociación con todos los países de la región de la ribera sur (salvo Libia y Siria).

La iniciativa francesa, sin duda debido a la confusión que generó cómo fue lanzada, fue recibida de varias maneras: con reticencia por ciertos países, con perplejidad por Bruselas, pero también con clarividencia y críticas positivas por algunos socios como España e Italia y algunos países árabes. En cualquier caso, ya está en la agenda política europea como una continuación del Proceso de Barcelona. Todos los países europeos y mediterráneos del sur han afirmado su voluntad de reorientar dicho proceso y profundizarlo.

¡Reorientar y profundizar! No es todavía posible definir de manera precisa el contenido exacto de estas palabras. Las propuestas avanzadas por la presidencia francesa están en fase de elaboración. Pero una cosa está clara: se seguirá trabajando dentro del marco estratégico establecido por el acuerdo de 1995.

Todos los participantes en la reunión de París se felicitaron por la excelencia del trabajo realizado desde 1995 por la ciudad de Barcelona. Efectivamente, esa ciudad se ha volcado en el proyecto y se ha convertido en un centro ineludible de las relaciones mediterráneas. Y ahora, después de que la copresidencia del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo haya recaído en los presidentes Nicolas Sarkozy y Hosni Mubarak, Barcelona presenta su candidatura para acoger la secretaría del nuevo proceso. No está de más insistir en el significado de esta candidatura.

¿Por qué debe Barcelona, en nuestra opinión, acoger esta institución? Por muchas razones, que se pueden resumir en tres: eficacia, coherencia política de la UE, simbolismo.

Para empezar, eficacia: no insistiremos nunca lo suficiente en la oferta material que supone la candidatura de Barcelona. Infraestructuras ya existentes, disponibilidad del magnífico Palacio de Pedralbes, asunción de los gastos de instalación y mantenimiento por las autoridades locales, capacidad comercial y económica en el campo de las relaciones entre las dos riberas, experiencia en los contactos euro-árabes, banco de datos para las redes de cooperación en el Mediterráneo, etc. Es difícil encontrar, en el Mediterráneo, un lugar dotado de tantos atributos a la vez.

En segundo lugar, por coherencia política de la UE. Todas las candidaturas son, desde luego, legítimas. Pero no se puede obviar que hablamos de una opción estratégica: si de lo que se trata es de profundizar en los Acuerdos de 1995 (y no hay otra aproximación posible dado que la UE se ha decantado claramente por esta vía), es preciso valerse de la experiencia histórica que posee Barcelona para liderar tal reorientación. Su amplia experiencia euromediterránea le permite entrever algunos de los obstáculos que aparecerán en el futuro. Así que, como sede de la secretaría, la elección de Barcelona se presenta como un asunto de coherencia estratégica, puesto que implica la continuidad del proyecto de 1995 y su renovación al mismo tiempo.

Ahora bien, tanto el Gobierno español como las autoridades catalanas deberán demostrar que no quieren la secretaría por el mero hecho de tenerla. Y trabajando en el marco conceptual de 1995, deberán aportar un plus. Barcelona puede ayudar a reorientar el contenido de los acuerdos de 1995 teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes retos: 1) rechazar la marginalización del sur a la hora de ampliar hacia el este: es necesario multiplicar las relaciones institucionales (hermanamientos, cooperación descentralizada, etc.); 2) crear un cuadro de reflexión y de propuestas para una gran política de cooperación económica entre las dos riberas, particularmente en los sectores industriales y de las pequeñas y medianas empresas; 3) ayudar a cambiar la mirada europea sobre las migraciones destacando el aspecto positivo de las mismas. Es preciso abogar por una gran política de codesarrollo ligada a las migraciones, especialmente mediante proyectos de inversión en las regiones con un fuerte potencial migratorio en los países del sur para estabilizar allí las poblaciones. Para ello, es necesario potenciar la reflexión sobre la movilidad de las personas entre las dos riberas, proponer estrategias flexibles de control de las fronteras y de gestión ordenada de los flujos migratorios (somos conscientes de que este punto es una demanda constante de los Gobiernos de los países del sur); 4) contribuir, finalmente, a acercar a las sociedades civiles: este reto, que es la asignatura pendiente de 1995, debe ser afrontado de manera imperativa. Es que no todo puede reducirse a la organización de reuniones rituales entre los actores socioculturales de las dos riberas. El encuentro de las sociedades civiles no puede limitarse a la organización de coloquios -que por muy interesantes que sean, también son fácilmente olvidables. Hace falta, sobre todo, favorecer proyectos comunes entre las poblaciones de los dos lados mediterráneos para conocerse mejor y afrontar conjuntamente los desafíos del futuro (intercambios de estudiantes, interuniversitarios, formaciones culturales, intercambios entre las Administraciones, voluntariados para el desarrollo, etc.). También la secretaría podrá beneficiarse de apoyos importantes por parte de las comunidades ya involucradas en el proyecto mediterráneo: Junta de Andalucía, Comunidad Valenciana…

¡Hay tantas cosas que se pueden hacer para acercar conciencias y enriquecer las mentes! Es aquí donde se encuentra el punto neurálgico de la batalla contra todos aquellos que pretenden alejar y oponer, en nombre de un eurocentrismo dominador o de un integrismo fanático, a los pueblos del Mediterráneo.

Finalmente, valor simbólico: más allá de su vinculación con el proceso inaugurado en 1995, Barcelona encarna también, por la presencia de una fuerte población inmigrante árabo-musulmana, la viva imagen de las grandes ciudades mediterráneas de hoy día. Al igual que Marsella o Nápoles, es una ciudad profundamente mestiza y que se acepta como tal. Simboliza una cultura de intercambios que permite a mujeres y hombres venidos de todas las partes del mundo asociarse, vivir juntos, mezclarse y tejer así esa unión de mediterráneos con la cual han soñado desde siempre los mejores espíritus.

Eficacia, coherencia estratégica, simbolismo humano y cultural. He aquí las razones a favor de que la secretaría de la política mediterránea se ubique en Barcelona. Y, por encima todo, no debemos perder de vista el objetivo final de todo el proceso: crear un espacio mediterráneo de paz y solidaridad.

Los motivos del presidente Sarkozy para querer que la Unión del Mediterráneo (UM) viera la luz el 13 de julio de 2008 son complejos. Se le puede achacar tanto una voluntad de poder personal como el deseo de que Europa sostenga a la orilla sur del mar común para que tenga más peso en el nuevo despliegue de fuerza inevitable tras la aparición de socios como China, India y Brasil.

Dicho esto, no cabe duda de que se trata de un proyecto que, si triunfa, sería un paso adelante gigantesco en la construcción de un mundo más estable y más justo. El problema es que no todos los buenos proyectos son posibles o realizables. La UM es una de esas buenas-malas ideas cuyo resplandor exterior oculta un interior hueco.

En todo matrimonio, de amor o de conveniencia, el consentimiento de las dos partes es la base fundamental. Lo mismo ocurre con las uniones políticas. Cuando se trata de estructuras de cooperación a gran escala y de larga duración histórica, estas uniones no pueden funcionar sin el consentimiento y la participación de los pueblos.

Pues bien, los pueblos de la orilla norte no han mostrado más que un gran desinterés por el proyecto de Sarkozy. Y los de la orilla sur parecen rechazarlo por completo. Los foros del sitio aljazeera.net, los debates en los periódicos y las cadenas por satélite muestran un rechazo unánime por motivos, a veces, contrarios.

La corriente de identidad islamo-nacionalista, hoy predominante en el mundo árabe, ve con malos ojos un proyecto al que se acusa de querer sustituir a los proyectos estancados -pero todavía ardientemente deseados- de una Unión del Magreb árabe, es decir, islámica. Todavía más criticable le parece el hecho de que obligaría a los árabes a vivir bajo el mismo techo que Israel y constituiría una forma de obtener el reconocimiento árabe del Estado judío sin que éste hubiera cedido nada respecto a los derechos inalienables del pueblo palestino.

La corriente laica y democrática tiene aún más reservas, pero por motivos totalmente diferentes. Sus reparos destacan varios puntos clave.

1. La historia nos enseña de forma irrefutable que sólo es posible fraguar uniones políticas viables entre democracias. El derrumbamiento de uniones creadas por dictaduras como la URSS y Yugoslavia, el dinamismo de la Unión India y la Unión Europea, para no hablar de Estados Unidos, son pruebas de la validez de esa ley. Sin embargo, la UM pretende unir las primeras democracias del planeta con sus últimas dictaduras. Peor aún, el proyecto, tal como está, no puede sino reforzar a las dictaduras de la orilla sur.

2. Dictadores corruptos sin ninguna legitimidad electoral y con un balance catastrófico, como Mubarak, Bel Ali y Assad, se han apresurado a acudir a París para encontrar allí la legitimidad internacional y un apoyo diplomático y en materia de seguridad contra sus adversarios, entre ellos, los demócratas y los activistas de los derechos humanos.

A los tunecinos no les gustaron la visita que Sarkozy hizo a Ben Ali en junio ni su discurso ditirámbico sobre los logros de la dictadura…, sobre todo en cuanto al progreso de las libertades. El presidente francés expresó en voz alta lo que piensan muchos líderes occidentales: a cambio de vuestra lucha contra el islamismo, se os perdona todo, incluida vuestra lucha contra la democracia.

En 2009, el dictador se dispone a ser “elegido” por quinta vez, con el 90% de los votos. El establecimiento de la secretaría de la UM en Túnez habría sido un regalo espléndido. Pero qué símbolo tan negativo habría sido la apertura de esa sede en una ciudad en la que han desaparecido todas las libertades públicas y privadas. Por lo visto, el intento era demasiado burdo y la resistencia demasiado firme, y Ben Ali tuvo que regresar de París de vacío y furioso.

3. Los jefes de Estado árabes firmantes no se han consultado más que a sí mismos al respecto, como en todas las demás cosas. Como son presidentes vitalicios, autoelegidos y, por tanto, ilegítimos, no cuentan más que consigo mismos, y no con nuestras poblaciones.

¿Qué posibilidades de sobrevivir tiene, en estas condiciones, esta nueva estructura, aparte de una serie de colaboraciones entre vagas burocracias policiales? En el mejor de los casos, pocas; en el peor, ninguna…, salvo si…

Si se recupera el espíritu de Barcelona, en el que la promoción de la democracia y los derechos humanos en la orilla sur eran las condiciones indispensables de la cooperación entre Estados… Si se convirtiera en un asunto de sociedades civiles que organicen sus propias relaciones internacionales y sus propias políticas de acercamiento, ¡eso sí que sería un logro!

Hay que ser muy conscientes de que una agrupación así sería la única unión política existente de tipo multicultural, y que ésa sería la mejor prueba de lo estúpida que es la teoría del choque “inevitable” de civilizaciones. Sólo por eso, ya valdría la pena que todos nos comprometamos a contribuir a hacerla realidad: un regalo maravilloso que podremos hacer a las generaciones futuras.

Somos muchos los convencidos de que la creación de un Estado palestino independiente que reconociese a Israel sería clave para resolver muchos de los conflictos entre los países ribereños del Mediterráneo. Por eso es positivo que este asunto estuviera muy presente en la reciente reunión organizada en París por Nicolas Sarkozy de casi todos los jefes de Estado y de Gobierno de los países mediterráneos y de la Unión Europea. Como también fue positiva la presencia de Turquía en esa cumbre, celebrada en la víspera del 14 de julio, y ello pese a todas las conocidas reticencias de Sarkozy sobre el ingreso futuro de ese país en la Unión Europea.

Sin embargo, es posible ir más allá. Hace varios años que palestinos e israelíes parecen estar a punto de encontrar una solución al conflicto, pero sus intentos fracasan una y otra vez, y, sin duda, el actual debilitamiento de la Autoridad Palestina y la fuerza electoral de Hamás complican aún más la situación. De modo que, sin llegar a pensar en sustituir a Estados Unidos en la búsqueda de una solución al conflicto israelo-palestino, la Unión Europea puede y debe hacer más en este asunto. Europa se ha visto reducida en el curso de los últimos años a una impotencia difícilmente compatible con el activo papel que ha desempeñado en la aportación de recursos financieros a la zona, en particular para paliar los sufrimientos de los palestinos. Por esta última y por otras razones, creo que Europa podría llegar a ser un garante colectivo de la formación de un Estado palestino independiente.

En el momento actual, la hegemonía y la influencia de Estados Unidos están, como consecuencia de la guerra de Irak, en claro retroceso en Oriente Próximo, lo que dificulta cualquier nuevo acuerdo entre Israel y los palestinos. Y por otro lado, cada día es más difícil saber lo que designa la palabra “palestinos”. ¿Hamás o la Autoridad Palestina?

Si es cierto que no resulta fácil imaginar qué podría empujar a los palestinos a unirse para defender una solución precisa y viable, no lo es menos que la intervención del conjunto de los países mediterráneos podría cambiar las cosas. Puede que ésta fuera la idea de varios de los participantes en la cumbre de París, entre ellos Nicolas Sarkozy y Hosni Mubarak. Y de ser así podría producirse una situación completamente nueva, en la que, mientras un Estados Unidos en plena transición presidencial se ocupa de elaborar su nueva política, se alcanzase un principio de acuerdo que reflejase lo que han venido anunciando diferentes interlocutores. Ese acuerdo podría dibujar dos etapas correspondientes a una duración de seis meses y otra de dos años a partir de hoy.

Si es evidente que las partes implicadas no pueden ponerse de acuerdo, si también lo es que Estados Unidos ya no tiene capacidad para imponer o promover una solución, ¿no le corresponde ahora no tanto a Europa como a un conjunto más amplio -formado por países miembros de la Unión Europea y por otros países mediterráneos- servir de garantía y apoyo a unas negociaciones cada vez más indispensables, en particular para los palestinos, divididos, hambrientos y sometidos a la presión siempre creciente de Israel?

Al menos, tenemos derecho a formular esta hipótesis. Y en este sentido, es a todas luces necesario incluir a Siria en una negociación de conjunto, aunque las opiniones sobre el dictador sirio sean muy negativas en todos los países.

Por otra parte, las señales que nos han llegado en los últimos tiempos sobre la posibilidad de que Estados Unidos cambie su política respecto a Irán pueden anunciar el comienzo de la solución de uno de los aspectos más peligrosos de la situación en Oriente Próximo. Dados los vínculos de Hamás y Hezbolá con Irán, un preacuerdo entre Washington y Teherán podría favorecer de modo decisivo la formación de un amplio grupo de apoyo a todos los intentos de acuerdo y de paz, es decir, los intentos que aspiran a la construcción de un Estado nacional palestino.

Si estas hipótesis fuesen confirmadas durante los próximos meses, habría que reconocer el éxito de la iniciativa impulsada por Nicolas Sarkozy, y cuyo primer logro, la realidad del encuentro en París entre países europeos y mediterráneos, ha demostrado que se pueden hacer más cosas de las que se pensaban.

En todo caso, es difícil negar que en un momento en el que hasta los más optimistas se desanimaban y en el que ya nadie osaba imaginar una solución al problema del que dependen todos los demás, el de las relaciones entre Israel y los palestinos, la situación ha vuelto a evolucionar.

Cuarenta y dos jefes de Estado y de Gobierno de toda la ribera mediterránea presentes en la cumbre de París; proclamación del nacimiento de la Unión por el Mediterráneo (UPM); propuesta de seis proyectos de cooperación concretos aprobados por unanimidad y de un acuerdo sobre el establecimiento en Oriente Próximo de “una zona exenta de armas de destrucción masiva, nucleares, químicas y biológicas” para lograr “un espacio de paz y estabilidad en el Mediterráneo” y condena del “terrorismo bajo todas sus formas y en todas sus manifestaciones”; compromiso de los presidentes de Siria y el Líbano de restablecer plenas relaciones diplomáticas, y, por fin, seguimiento de los contactos entre Israel y Siria a través de Turquía. ¡Éxito!
Lo dice sin vacilar uno de los principales comparsas del encuentro: para Hosni Mubarak, presidente democrático de Egipto y copresidente de la reunión, es un “paso de gigante” que abre “una nueva página en la cooperación euromediterránea”, y este nuevo marco llevará “más paz y más estabilidad”. Según Manuel Barroso, siempre contento, la UPM abre la vía a “una auténtica integración regional” y pone el Mediterráneo en el centro de la geopolítica europea. Nada menos. Y para el Sarkozy de siempre, cuya visión superlativa de lo que él mismo propone es legendaria y nunca desmentida, se trata de un éxito total: “Todos lo habíamos soñado. Ahora la UPM es una realidad”. Por favor.
Pero ahora que las trompetas mediáticas se han acallado, ¿qué hay más allá de esta retórica casi rococó sobre el pobre Mediterráneo? Primero, los proyectos: descontaminar el Mediterráneo; desarrollar las llamadas autopistas del mar para facilitar los intercambios comerciales e “incrementar el flujo y la libertad de circulación de las personas”; poner en marcha un programa común de protección civil en contra de las catástrofes naturales; un plan de desarrollo de la energía solar; crear una universidad euromediterránea en Portoroz (Eslovenia) y desarrollar los intercambios de estudiantes en la región (Erasmus euromediterráneo); finalmente, una iniciativa mediterránea de desarrollo de las empresas, abanderada por España e Italia, y que consiste en planes de ayuda a las pymes. Pero ¿no existe esto en los programas de la UE?

TODO ESO parece mucho, pero en la práctica es más complejo, pues los proyectos son vagos, limitados en su alcance y de poco efecto sobre los retos actuales de los países del sur del Mediterráneo. Hay una imprecisión total en cuanto a los medios de financiación. Aunque Sarkozy y Hosni Mubarak coinciden en decir que “no falta dinero” y que “el problema no es de financiación, sino de confianza y estabilidad”, la Unión Europea ha dejado claro que no financiará más que algunos de estos proyectos, iniciados hace años, como el plan solar, la lucha en contra de la contaminación y el plan de ayuda a las pymes, y solo de manera limitada.
¿Quién va a financiar estos proyectos en su conjunto? El sector privado, dice Sarkozy. Pero ¿por qué este sector no ha movido el dedo hasta la fecha y por qué va a cambiar de papel? Esperamos la repuesta, que, según los augurios, vendrá con la próxima reunión del secretariado permanente de la UPM.
En realidad, hemos asistido a una demostración diplomática en torno a un proyecto desgraciadamente confuso y vacío de contenido. La UPM evita con cautela los graves problemas que se plantean al Mediterráneo hoy en día. No contesta a los grandes retos, que son:
1) La paz en Oriente Próximo: a pesar de los compromisos retóricos, la UPM no lleva soluciones o adelantos, porque tanto los israelís como los árabes saben que todo depende de los Estados Unidos y nada se podrá hacer antes de la llegada de la nueva Administración.
2) La organización de la circulación migratoria, queja permanente del Sur y más estancada que nunca con la adopción por el Parlamento Europeo de la directiva de retorno.
3) Por fin, el desarrollo económico, social y democrático de los países de la ribera sur: todo el mundo sabe que la situación actual es muy crítica. Si las inversiones privadas, aunque ridículamente escasas, han aumentado estos últimos años es porque proceden de los países árabes del Golfo o de los países asiáticos. Además, se centran en Oriente Próximo y se relacionan con sectores poco creadores de empleo. De manera general, Europa invierte en los países del sur del Mediterráneo menos del 5% de sus inversiones directas en el extranjero (IDE) mundiales. La señora Merkel lo dijo: nada se cambiará en este marco. Y no hablemos de la situación social y política en el sur: sin democracia, no habrá desarrollo.

EN REALIDAD, esta demostración mediática aparece como el resultado forzado de una iniciativa improvisada, sin coherencia estratégica y que desemboca en una cortina de humo para esconder el fracaso de la primera versión de la iniciativa francesa, pues Sarkozy quería una UPM para arrinconar a Turquía en la esquina de la UE y, a la vez, dar a los países árabes la impresión de que Francia se ocupa de ellos en el contexto de la ampliación al este. Pero ni los alemanes, ni los españoles, ni los italianos aceptaron entrar en el juego. Es muy fácil decir que el proceso de Barcelona ha fallecido cuando los países más importantes de Europa –Francia, Alemania y el Reino Unido–, que nunca hicieron nada para que este proceso tuviera una proyección más amplia, dan finalmente el visto bueno para una ¡Unión por el Mediterráneo en el contexto de los Acuerdos de Barcelona! Y dejaron en el aire la articulación jurídica entre dicha unión y la UE. Esperemos que, sin embargo, se concrete en algo, pues lo necesita el Mediterráneo. Aun así, los escépticos pueden volver a leer la magnífica obra de teatro de Shakespeare Much ado for nothing (Mucho ruido y pocas nueces).

El empeño de Nicolas Sarkozy por revolucionar las relaciones con nuestros vecinos del sur y del este del Mediterráneo se ha convertido en uno de los temas estrella de este año. A lo largo de estos últimos meses se ha debatido mucho sobre las motivaciones del presidente francés al lanzar esta iniciativa, sobre los puntos fuertes y débiles de su propuesta, y sobre qué países acudían o se ausentaban de la cumbre celebrada en París el pasado domingo, 13 de julio.

A esa cumbre se llegó con la intención declarada de dar un nuevo aliento al Proceso de Barcelona, tan criticado al principio por el presidente francés y tan defendido por la diplomacia española y alemana. Ahora ha llegado el momento de preguntarnos si se consiguió este objetivo, en otras palabras, si la cumbre fue un éxito.

Lo fue en parte. Reunir a 43 líderes del espacio euromediterráneo constituye en sí un éxito y un claro golpe de efecto. Sin embargo, el documento aprobado en la cumbre de París no va mucho más lejos de lo que se ha venido adoptando en el marco del Proceso de Barcelona y, especialmente, de la declaración fundacional de 1995. La declaración de París no es ni más ambiciosa ni más detallada que la de Barcelona; simplemente, incorpora temas consolidados en años anteriores y añade algún aspecto nuevo en materia de flexibilidad y, sobre todo, de estructura institucional. Tal constatación no es una crítica a lo conseguido en 2008 -seguramente, era difícil avanzar más-, pero sí un elogioso reconocimiento de lo que se logró en 1995.

Los seis proyectos en ámbitos como infraestructuras, educación superior, medio ambiente, energía, inversiones o protección civil aprobados en París, tampoco suponen un salto cualitativo. Por un lado, porque algunos ya estaban en funcionamiento o se hubieran podido desarrollar en el marco tradicional del Proceso de Barcelona; por otro, porque no abordan aspectos mucho más fundamentales para el desarrollo humano como la educación primaria y secundaria, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria o la sanidad.

Finalmente, tenemos la dimensión institucional. Ahí sí que se han producido algunos avances sustanciales, aunque pendientes de concreción en la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores que se reunirá en Marsella el próximo noviembre. Los cambios introducidos (cumbres regulares, secretariado, co-presidencia y comité permanente de altos funcionarios) van en la dirección de alcanzar cuatro objetivos: más visibilidad, más impulso político, más igualdad entre norte y sur, y mayor agilidad en la toma de decisiones.

La puesta en marcha de estas estructuras no será sencilla -deberá vencer egoísmos nacionales y enemistades seculares-, pero supone un paso en la buena dirección. Con todo, tales innovaciones podrían haberse producido en el marco tradicional de Barcelona sin necesidad de cambiar el nombre del proyecto ni provocar el revuelo de estos meses.

Así pues, el principal fruto del encuentro parisiense del pasado domingo no son ni la declaración política, ni la renovada estructura institucional, ni los seis proyectos. El principal éxito son los encuentros que esta cumbre propició -entre los presidentes de Siria y el Líbano, entre Abbas y Olmert- y, sobre todo, las negociaciones que de manera indirecta prosiguen Tel Aviv y Damasco. Una vez más, se ha puesto de relieve que la principal contribución del diálogo euromediterráneo, también en la etapa que ahora empieza, es reunir a enemigos a priori irreconciliables. En este punto, cabe reconocer la dedicación y perseverancia de la diplomacia francesa, ayudada por el trabajo que Turquía lleva haciendo por acercar posiciones entre sirios e israelíes.

En suma, la cumbre de París tiene algo de déjà vu. Porque ni hay tantos cambios, ni los que se han realizado tendrán un impacto tan significativo. Porque se presentan como nuevos proyectos algunos que ya están en marcha. Porque hay grandes declaraciones, pero sin compromisos financieros firmes. Y, sobre todo, porque el mayor éxito de la cumbre de París es lo que el Proceso de Barcelona viene cosechando desde su creación: reunir de forma regular a Israel y a sus vecinos árabes alrededor de una misma mesa. Aunque sin duda el particular estilo de Sarkozy y la grandeur de la diplomacia francesa han conferido a esta cumbre un lustre especial.

Cabe esperar que en los próximos meses no se produzca otro déjà vu. Es decir, que tal y como sucedió en 1995, el entusiasmo inicial venga seguido de la frustración. En esta ocasión, sería especialmente grave, porque el revuelo causado por Sarkozy ha hecho que las expectativas generadas en ambas orillas del Mediterráneo sean hoy más elevadas todavía. Para romper ese círculo vicioso necesitaremos voluntad política, creatividad y generosidad.

En 2010 se celebrarán 15 años de la primera conferencia euromediterránea de Barcelona y España asumirá la presidencia de la UE. Qué mejor oportunidad para que nuestro país recupere protagonismo y capacidad de propuesta, para que se aprueben proyectos que incidan en el desarrollo humano y para que se consolide la estructura institucional que se ha adoptado en París.

El nacimiento en París de la Unión del Mediterráneo supone una importante noticia no sólo para los países ribereños de ese mar, sino también para Europa en su conjunto y para el resto del mundo. Atravesado por las turbulencias de la historia, teatro de numerosos conflictos pero, sobre todo, lugar de intercambios y encuentros entre culturas, el espacio mediterráneo está perdiendo velocidad, desgarrado por intereses que tienen dificultades para conciliarse. Sin embargo, su importancia geopolítica, económica y cultural no necesita demostración. Y para la Alianza de Civilizaciones es crucial.

Fundada bajo los auspicios de Naciones Unidas en 2005, gracias a la iniciativa de España y Turquía, la Alianza cuenta hoy con 89 miembros, entre países y organizaciones internacionales. Su vocación es reafirmar un paradigma de respeto mutuo entre pueblos de tradiciones culturales y religiosas distintas, e instar a que se emprenda una actuación coordinada en ese sentido. La Alianza refleja la voluntad de la gran mayoría de los pueblos de rechazar el extremismo y defender el respeto a la diversidad cultural y religiosa.

¿Cómo pueden vivir juntos pueblos diferentes, respetándose mutuamente en sus diferencias? Ésa es la pregunta a la que la Alianza pretende dar respuesta mediante la puesta en marcha de proyectos concretos en los ámbitos de la juventud, la educación, los medios de comunicación y las migraciones.

Si la Alianza otorga especial importancia a los países del Mediterráneo, es porque, en virtud de su mandato, debe centrar su acción en los lugares en los que las divisiones -en los terrenos de los principios y los valores, las religiones, las costumbres, las concepciones de vida y los niveles de desarrollo- se manifiestan de forma más acuciante, allí donde hay muchas disputas negociables que corren peligro de convertirse en conflictos irresolubles. Pero hay más. Porque esta región es asimismo donde las posibilidades de reconciliación y cooperación son más profundas, donde los intercambios constructivos han permitido a la humanidad dar verdaderos pasos adelante. Aquí, en el espacio mediterráneo, se desarrolla el diálogo entre dos mundos, un diálogo que puede unir o separar, alejar o aproximar.

Si este diálogo nos sale bien, habremos avanzado en el camino de la paz y la estabilidad. Al demostrar que es posible una cooperación económica beneficiosa para todos, al probar que unos proyectos comunes en materia de educación, medio ambiente y cultura pueden dar frutos, los países ribereños del Mediterráneo estarán en condiciones de erigir un muro contra la intolerancia, el integrismo y el extremismo, y demostrar al resto del mundo que se puede vencer al odio y la violencia.

El reto es inmenso. Para ganar esta apuesta, es preciso ir más allá de las declaraciones de intenciones. Las palabras tienen su peso, por supuesto. Pero su impacto sólo es duradero cuando se apoyan en acciones concretas. La Alianza puede actuar de manera complementaria con la Unión del Mediterráneo y puede proponerle el desarrollo conjunto de políticas de buen gobierno de la diversidad cultural.

La Alianza está asociada ya a varios proyectos dirigidos a fortalecer el diálogo y el desarrollo en los países del perímetro mediterráneo, como, por ejemplo, Silatech, cuyo objeto es fomentar el empleo de los jóvenes. Por otra parte, con el fin de animar a los medios a desempeñar su papel de transmisores de la interculturalidad, la Alianza ha puesto en funcionamiento un mecanismo que pone a su disposición nombres de expertos, para que hagan las aclaraciones y matizaciones necesarias sobre una serie de cuestiones sociales de orden cultural y religioso que caracterizan nuestra convivencia.

La Alianza de Civilizaciones asimismo trabaja con todos sus miembros para que desarrollen y pongan en práctica estrategias nacionales para el diálogo intercultural que incluyan medidas en las áreas de la educación, juventud, medios e integración de las minorías. Además, está en estudio un conjunto de iniciativas de cooperación entre ciudades.

“Si tuviera que volver a hacerlo, empezaría por la cultura”. Estas palabras suelen atribuirse a Jean Monnet, aunque son apócrifas. En cualquier caso, tienen una actualidad aplastante. El espacio mediterráneo es el lugar en el que está en juego el futuro del diálogo entre las culturas y las religiones. A todos nos beneficia que estos intercambios progresen sobre la base de la reciprocidad y la transparencia. Desde luego, los problemas de naturaleza política exigen soluciones políticas y la solución de los conflictos armados tampoco es competencia de la Alianza de Civilizaciones. La Alianza debe actuar antes y después de las situaciones de tensión, con una vocación de prevenir y sanar los conflictos, y es, en ese sentido, un instrumento de la paz.

La gran apuesta de la Unión del Mediterráneo es el multilateralismo y el desarrollo compartido. En mi opinión, es un objetivo que abre la vía del porvenir. Ése es el motivo por el que la Unión Mediterránea y la Alianza de Civilizaciones pueden reforzarse mutuamente y sus acciones deben desarrollarse de manera complementaria.

Mientras la inmigración ilegal sigue pagando su dramático tributo de muertos en nuestras costas, Sarkozy oficia en París el lanzamiento de la Unión para el Mediterráneo (UpM) que propuso en su programa presidencial y que engloba a 44 países, entre ellos Israel. Para llegar a reunirlos en el Grand Palais ha tenido que hacer muchas concesiones y vencer muchas reticencias. Ha sido decisiva la ayuda de España, que ha inflexionado el proyecto para convertirlo en una refundación del languideciente proceso de Barcelona lanzado en 1995 al calor de los acuerdos de paz de Oslo.
El Mediterráneo necesita ciertamente un nuevo impulso cooperativo, porque no hemos avanzado mucho desde entonces. El Mediterráneo es, hoy más que ayer, un condensado de todos los problemas de nuestro tiempo: emigración, contaminación, efectos del cambio climático, sobreexplotación de recursos pesqueros, amenazas terroristas… Es la frontera más desigual del mundo, con un creciente desequilibrio entre una ribera norte rica que envejece y un sur pobre muy joven.

PERO, AUNQUE sea muy necesaria, la cooperación en el área mediterránea se enfrenta a intereses divergentes, divisiones político-culturales y diferentes prioridades geoestratégicas. En realidad, el Mediterráneo sur no existe como un área geográfica estructurada.
Turquía puede ser el motor sur de la UpM. Con sus 73 millones de habitantes es casi tan grande como Alemania y su PIB per cápita, aunque 5 veces más pequeño que el francés, es equivalente al de Rumanía. Tiene importantes comunidades en Alemania, es destino preferido de los turistas y de las inversiones europeas y de ella provienen 1/3 de las exportaciones mediterráneas a la UE.
Pero es también una antigua potencia imperio/colonial, prácticamente no tiene relaciones comerciales (6 % de sus exportaciones) con el resto de los países del Mediterráneo sur y es culturalmente muy diferente. Por ello vio en la UpM una forma de esquivar su pertenencia a la UE, pero estará en París para no enemistarse con Sarkozy.
Egipto, Siria y Jordania miran más al Oriente Medio que a Europa. Egipto, gigante demográfico, apenas comercia con la UE, su inestable situación política no atrae inversiones y le interesa más lo que pase en Dubai que en Bruselas. Líbano está especialmente relacionado con Europa y, en particular, con Francia, pero su peso económico es muy débil. Israel sí importa; es el segundo destino de las exportaciones del norte. Pero su presencia en la UpM plantea problemas políticos graves. Mi experiencia como presidente del Parlamento Euromediterráneo me hace ser escéptico sobre la utilidad de estos marcos globales para avanzar en la solución del conflicto israelí-palestino.
Libia se mantiene voluntariamente aparte y, por la emigración, el turismo y por las relaciones comerciales, el Magreb es en realidad el gran vecino del sur. Más de la mitad de las importaciones y exportaciones de Argelia, Túnez y Marruecos son con Europa. Y no solo agrícolas o petróleo, cada vez más productos industriales intensivos en manos de obra y servicios deslocalizados como los call centers.
Pero estos países apenas mantienen relaciones económicas, y aún menos políticas, y ello dificulta un marco multilateral de sus relaciones con la UE. Además, cada uno por su lado ven con recelo una gran zona de libre cambio mediterránea, uno de los objetivos de Barcelona-95. Marruecos y Túnez han sufrido en el 2005 la debilidad de un modelo de desarrollo industrial subsidiario, cuando al final del acuerdo multifibras las compras de textiles europeos se dirigieron hacia China de la noche a la mañana, anulando años de esfuerzos y creando una grave crisis de empleo.
En la UE, el proyecto inicial de Sarkozy, que solo incluía a los países con costas mediterráneas, planteó también graves reticencias. La reacción alemana hacia un proyecto que tendía a resucitar las viejas áreas particulares de influencia y podía debilitar el compromiso europeo de Francia fue extremadamente dura.
El Reino Unido, voluntariamente ausente de Euromed, tampoco quería quedar fuera del nuevo invento por lo que pudiera dar de sí. Y los países del Este temían que fuesen los paganos de una mayor atención al Sur. Al final, se modificó substancialmente el proyecto de Sarkozy, convirtiéndolo en un impulso al proceso de Barcelona, que falta le hace, con la participación de todos y la garantía expresa de que los recursos que la UE destina actualmente a ese proceso no se desviaran a otras políticas de cohesión o vecindad.

Y ¿QUÉ HARÁ esta UpM? Trabajar en los cuatro objetivos de Barcelona-95: diálogo político, cooperación económica, diálogo social y cultural, emigración y seguridad. Pero, como me explicaba en Estrasburgo H. Guiaino, consejero de Sarkozy y verdadero padre intelectual de la UpM, acompañándolos de grandes proyectos muy visibles: una autopista del Magreb que una Libia con Mauritania, fomento del transporte marítimo, descontaminación marina, energía solar, protección civil y seguridad.
Los recursos habrá que encontrarlos en el sector privado, en la generosidad de los emires del petróleo o en nuevas aportaciones de los estados. No será fácil, pero si la UpM sirve realmente para relanzar la cooperación en ese Mediterráneo que va de Algeciras a Estambul, como en la inmortal canción de Serrat, bienvenida sea.

Mañana domingo la presidencia francesa de la Unión Europea organiza en París la cumbre de lanzamiento de la Unión por el Mediterráneo. Los franceses confían en convertir esta cumbre en el trampolín de un nuevo compromiso europeo en el espacio mediterráneo. Sin embargo, y aunque no lo exteriorizan para no incomodar a nadie, experimentan una gran decepción al ver el proyecto inicial de Nicolas Sarkozy recuperado por la Unión Europea y rebautizado Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo.

Nicolas Sarkozy mencionó por primera vez la idea de una Unión por el Mediterráneo en febrero del 2007, idea reiterada en varias ocasiones tras las elecciones presidenciales y presentada como la clave de bóveda de la diplomacia francesa en el Mediterráneo. Más de un año después, es menester admitir que este proyecto, presentado de entrada como una iniciativa francesa, se ha trastocado hasta tal punto que se ha vuelto casi irreconocible.

Hay que reconocer que la propuesta inicial de Sarkozy contaba con todos los ingredientes para incomodar. La Comisión Europea no ha acogido positivamente los rudos términos vertidos por el presidente francés sobre el proceso de Barcelona, considerado “un fracaso”. Los países miembros de la Unión Europea no ribereños se han sentido rechazados, Turquía ha apreciado en la iniciativa en cuestión un subterfugio y una alternativa a su proyecto de ingreso en la UEy los árabes, un sustitutivo de “la política árabe de Francia”, al tiempo que España e Italia han experimentado inquietud ante un activismo francés en solitario en una zona donde ambos países poseen asimismo intereses considerables.

Fueron, en consecuencia, estos dos países europeos y ribereños los que convencieron a Sarkozy de que procediera a “revisar su ejemplar” de la propuesta e introdujera las primeras modificaciones que constan en el llamamiento de Roma firmado el 20 de diciembre del 2007 por el presidente Sarkozy, el entonces primer ministro Romano Prodi y el presidente español Zapatero. Gracias a la insistencia de este último, la Unión Mediterránea se ha convertido en la Unión por el Mediterráneo. No es un cambio anodino, pues este deslizamiento semántico elimina una dificultad: no se trata de un proyecto de Unión, sino de una Unión de proyectos. Al proceder de esta forma, los signatarios del llamamiento intentan tranquilizar a las instituciones europeas y presentan el proyecto como un “complemento” de las demás políticas europeas en el Mediterráneo, dándoles un “impulso adicional”. Y, por último, el llamamiento de Roma transforma la Unión por el Mediterráneo en una iniciativa tripartita de los tres grandes países europeos del Mediterráneo.

Estas matizaciones no han mitigado sin embargo las sospechas y susceptibilidades de los países europeos no ribereños del Mediterráneo, sobre todo de Alemania. Alemania considera, en efecto, que es triplemente mediterránea: por su apoyo constante a las políticas mediterráneas de la Unión Europea, por el hecho de que es un importante socio comercial de los países del sur del Mediterráneo y por la presencia en su suelo de tres a cuatro millones de inmigrados de origen mediterráneo, sobre todo turcos. A fin de neutralizar una crisis que amenazaba con dañar las relaciones entre los dos países que constituyen los pilares de la Unión Europea, el presidente francés viajó a Hannover el 2 de marzo de este año para especificar su postura a la canciller alemana, y acabó incluso por aceptar lo que siempre había rehusado; a saber, una Unión por el Mediterráneo ampliada a todos los países de la Unión Europea.

Resuelto momentáneamente el desacuerdo, el Consejo Europeo del 13-14 de marzo aprobó pues el proyecto denominado en adelante Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo. La iniciativa francesa vuelve al regazo europeo: sencillamente, se ha comunitarizado. Ha pasado de concernir a los 24 países ribereños a englobar en lo sucesivo a 43 países. Constituirá una enésima política mediterránea de la Unión Europea. ¿Más eficaz, más igualitaria, más coherente que las anteriores? El porvenir nos lo dirá. De todos modos, una cosa es cierta: quienes habrían deseado un marco moderado, más pequeño que la política europea de vecindad con sus 43 vecinos, y más eficaz que el proceso de Barcelona con sus 39 socios (con la inclusión de Albania y Mauritania en el 2007) se sentirán sin duda decepcionados. Se tratará, pues, de una política de vecindad bis o bien de más Barcelona, pero sin garantía alguna de que el recién nacido sea más vigoroso que sus hermanos mayores.

La cumbre de París pone fin a las disensiones intraeuropeas. Pero la senda del futuro no será un camino de rosas. La distribución de la carga financiera, la presidencia bicéfala y las funciones del comité permanente y del secretariado, la selección de los proyectos prioritarios y, en suma, la implicación de países en constante conflicto constituirán los escollos capaces de volcar la embarcación.

El próximo 13 de julio tendrá lugar en París la primera cumbre de la Unión por el Mediterráneo. Todos los países interesados (los 27 de la Unión Europea y los 11 ribereños del sur de Mediterráneo y la Autoridad Nacional Palestina) estarán representados. Pende una incógnita sobre el nivel de tal representación. ¿Cuántos jefes de Estado y de Gobierno estarán presentes en la reunión?

El proyecto faro de Nicolas Sarkozy de la UPM ha suscitado reservas en Europa desde un principio. Berlín no quiere que los países del sur de Europa monopolicen las relaciones con sus vecinos mediterráneos.

En la actualidad, algunos países árabes lamentan una ampliación que a su juicio diluye en exceso el proyecto inicial. Se alegran, sin embargo, de que se consolide el carácter estratégico del Mediterráneo. Los países del sur, sin embargo, abrigan otros motivos de reticencia: temen que la cuestión de la seguridad se limite a la guerra contra el terrorismo y que el proyecto sea demasiado restrictivo en lo concerniente a los grupos migratorios. Además, muestran reservas sobre un proyecto que a su juicio favorece a Israel, ya que da paso a que este país se presente como socio con relaciones normales con los países árabes sin haber señales de solución del conflicto palestinoisraelí.

El proceso de Barcelona ha fracasado en parte debido al bloqueo del proceso de paz. Nicolas Sarkozy ha querido lanzar el proyecto de la UPM entre otras cosas para esquivar de alguna manera el conflicto. La idea consiste en impulsar proyectos de cooperación que no sean rehenes del conflicto. ¿Es menester aguardar el término del conflicto palestino-israelí para luchar contra la contaminación en el Mediterráneo? ¡No, sin duda! No obstante, ¿se puede impulsar la cooperación con Israel dejando de lado la cuestión palestina? Eso es imposible, piensa la mayoría de los países árabes.

La comparación que se ha hecho entre la Unión por el Mediterráneo y la Unión Europea no es adecuada. Si los países europeos han podido desarrollar históricamente juntos proyectos concretos, ello se debe a que antes habían decidido hacer las paces. Pero tal reafirmación de la paz no fue el requisito sino el resultado de la paz. Proyectos de similar importancia en la cooperación mediterránea tendrán alcance limitado mientras el conflicto palestino-israelí no se halle en vías de solución.

Por otra parte, Nicolas Sarkozy ha reconocido el carácter fundamental del conflicto, cosa que no hacía antes de lanzar el proyecto. Ahí radica, en efecto, la paradoja de la relación entre el conflicto palestino-israelí y la cooperación en el Mediterráneo. Su importancia estratégica de primer orden corre el riesgo de eclipsar todo lo demás. De ahí la tentación de disociar las dos cuestiones y ocultar la cuestión palestina a la hora de abordar los problemas de la cooperación en el Mediterráneo. Pero ¿no es hoy menos patente el conflicto? ¿No procede, entonces, acomodarse a un denominado conflicto de baja intensidad? Es una tentación en los países occidentales, Israel y algunos países árabes.

¿Por qué no disociar la solución del conflicto por una parte de las relaciones con Israel y por otra de las relaciones con los países árabes, de forma que el fracaso de las primeras no repercutiera negativamente en las segundas? Las opiniones públicas de los países del sur rechazarán la Unión por el Mediterráneo si advierten que su objetivo, o sus efectos, consistirán en confinar a un determinado marco el conflicto actual, ratificando su perpetuación. Los países árabes comparten tal sentimiento. Pero he aquí que, invitada a abandonar la mesa para no incomodar a los comensales, la cuestión palestina vuelve a solicitud de unos invitados imprescindibles para el éxito de la operación.

Algunos países árabes amenazan con boicotear esta primera cumbre a nivel de jefes de Estado y de Gobierno para no dar la impresión de reconocer implícitamente a Israel. Temen dar ventajas unilaterales al Estado israelí sin que medien esfuerzos suficientes para avanzar hacia el proceso de paz. No pueden aceptar una cooperación normal con Israel si la situación en los territorios palestinos sigue tan deteriorada y sin perspectivas de paz ni de mejora de la situación cotidiana de los palestinos, cuestión sobre la que son tan sensibles sus propios ciudadanos. Claro que podrían proceder de otro modo, decidiendo trasladarse colectivamente a París para poner sobre la mesa la cuestión palestinoisraelí.

Los países de la Liga Árabe ya han propuesto a París un plan de paz que prevé su reconocimiento y un compromiso relativo a su seguridad a cambio de la creación de un Estado palestino, con Jerusalén como capital de ambos estados. ¿Por qué los países mediterráneos de la Liga de los Estados Árabes no podrían decidir ir a París para proponer de forma solemne este plan el 13 de julio? La política de la silla vacía no es acaso la mejor actitud. La participación no equivale a la aquiescencia de la continuación del conflicto. Al contrario, una participación activa reconstituiría el lazo entre cooperación mediterránea y conflicto palestino-israelí, ya no en el sentido del bloqueo, sino en el de las iniciativas razonadas y argumentadas.

Those who believe Nicolas Sarkozy is a bit of a show-off may have their suspicions confirmed this weekend when the French president welcomes about 40 heads of government, including all the EU’s leaders, to the Arc de Triomphe in Paris for the extravagant launch of his pet project, the Union for the Mediterranean.

The idea is to create a permanent institutional link between Europe and all countries with Mediterranean coastlines, including such odd bedfellows as Israel, Palestine, Syria and Libya. The hope is that the union will boost economic and security cooperation. The party will continue into Bastille Day on Monday.

Critics – and there are many – say Sarkozy’s grand projet is a vainglorious attempt to increase French influence in a region it has manipulated and exploited since Napoleonic times. They say Sarkozy is merely trying to boost his own battered standing and France’s EU presidency — which got off to the worst possible start when Ireland rejected the Lisbon treaty — or build a virtual Maginot line across North Africa to repel illegal immigrants.

Algeria, which fought a bloody war to rid itself of French control, has been among the more sceptical participants. Like other Arab countries involved, it has warned that the new organisation should not be “a cover for a creeping normalisation of relations with Israel”.

Muammar Gadafy, Libya’s leader, is boycotting the summit, though he will send an observer. “This project is frightening, it is dangerous. I predict it will be a complete failure,” he said this week. Gadafy said Islamists in north Africa would view the union as a form of revived colonialism and use it to justify stepped-up jihadi attacks.

Given Sarkozy’s strong opposition to Turkey’s EU ambitions, politicians in Ankara worry that the project is yet another diversionary wheeze to fob them off with something less than full membership. If that did prove to be the case, it might appeal to Germany and Austria who fret about “Turks at the gate”.

But Berlin had its own problems with the union as first outlined by Sarkozy last year. He initially envisaged restricting membership to countries touching the Mediterranean. Germany and Britain would thus have been excluded, even though their EU budget contributions would have helped pay for it. Concern was also raised about its impact on the EU’s unity and identity.

Sarkozy’s officials deny sharp practice, boasting instead that France has “produced a complete reform of a major EU policy in only one year”. But they have shifted ground. The union will now include all 27 EU states and its lineal connection to an earlier, less grandiose Mediterranean initiative — the Spanish-led Barcelona process — has been more fully acknowledged.

“It’s now a much more modest project than Sarkozy expected and wanted. It has been watered down,” a Spanish diplomatic source said. “We support it. But making it work will be very difficult.”

That view is widely shared across northern Europe. Analysts suggest that trying to squeeze agreed, effective policies out of so large and disparate a grouping will be a Sisyphean task – and that Sarkozy risks being flattened under his own over-large rock.

“It’s true that these days people in Europe worry less about the east and more about the south,” said Michael Howard, the distinguished Oxford historian. “But it [the union] is a bit like trying to herd cats.”

Bassam Bounenni, a Tunisian journalist writing in the Carnegie Endowment’s Arab Reform Bulletin, wondered whether the union could produce “significant progress in economic, security and cultural relations or will end up being simply a public relations move by Sarkozy … The question remains: is it needed?” Arab opinion was divided over the answer, he said, with some saying it will undermine the African Union and the Arab League.

Yet even if the new organisation, which will have a secretariat and co-presidency, is destined to be largely a talking shop, that may not be wholly a bad thing. The inaugural meeting will provide an exceptional opportunity for bilateral discussions between leaders whose paths rarely cross. They include Syria’s Bashar Assad and Israel’s Ehud Olmert, both of whom are expected to attend. Mahmoud Abbas of Palestine and the Egyptian and Algerian presidents are also said to be coming.

Speculation is rife that the indirect peace talks between Israel and Syria mediated by Turkey could now be followed by a face-to-face meeting in Paris of the two countries’ leaders. That would be a symbolic first.
Needless to say, it would also be presented by the Elysée as a masterful diplomatic coup by France’s showman president.

Si hubiese que reconocer un mérito a la idea de Nicolas Sarkozy sobre la Unión Mediterránea -mencionada por primera vez en febrero de 2007 y reiterada en varias ocasiones desde su elección-, sería el de haber reactivado el debate sobre la centralidad del Mediterráneo en la geopolítica francesa y europea, así como el de la adecuación de las políticas europeas a los desafíos, de todos los órdenes, a los que están confrontados tanto los países ribereños como los demás.

Y, sin embargo, al principio esta idea suscitó cierto asombro y suspicacia, por no decir una oposición frontal. Lo cierto es que tanto el momento escogido para proclamarla como la imprecisión de su contenido, sus objetivos, sus vínculos con las políticas europeas en curso, su financiación, su valor añadido, su puesta en marcha y la delimitación del espacio que se suponía había de cubrir, así como el hecho de que se presentase como un sustituto de la adhesión de Turquía y una alternativa a la política árabe de Francia, constituyeron un problema.

Pero más allá de la oposición turca al proyecto -en su primera formulación- y de las reticencias árabes, fueron sobre todo los socios europeos los que se mostraron circunspectos o incluso hostiles. A españoles e italianos les preocupaba el activismo diplomático que Francia estaba desplegando por su cuenta en una zona en la que ellos también tienen intereses mayores. Polonia y ciertos países de Europa oriental temieron que la atención de la UE se apartase de otros problemas igual de acuciantes, especialmente los de Ucrania. Los alemanes vieron en esta idea un factor de división en el seno de Europa y una competencia desleal, en la medida en que Sarkozy limitaba el perímetro de su Unión Mediterránea a los países ribereños.

Fueron españoles e italianos los primeros en convencer al presidente francés de la necesidad de rectificar. En el Llamamiento de Roma, lanzado el 20 de diciembre de 2007, la denominación “Unión Mediterránea” fue sustituida por la de “Unión por el Mediterráneo”, que despejaba cierta ambigüedad: no se trataba de un proyecto de unión, sino de una unión de proyectos. Además, ya no era una iniciativa del Elíseo, sino una iniciativa tripartita -España, Italia y Francia- que no iba contra el Proceso de Barcelona, ni se inscribía en éste, sino que era un “complemento” de las políticas europeas, a las que se suponía habría de dar un nuevo impulso. El proyecto quedaba asimismo desvinculado del debate sobre la candidatura turca.

Esto no fue suficiente para apaciguar a los alemanes. Las relaciones franco-alemanas estaban al borde de una crisis abierta, que fue desactivada a principios de marzo pasado durante el encuentro de Hannover entre Sarkozy y Merkel. Eso sí, a costa de una importante concesión francesa: el proyecto pasaba a manos del conjunto de la UE y se integraba en el marco general del Proceso de Barcelona. Ésta era la modificación que avalaba el Consejo Europeo del 13 al 14 de marzo de 2008. En adelante, el proyecto de Sarkozy pasaba a ser un proyecto de la UE con el marbete “Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo”. Además, la Comisión Europea quedaba encargada de preparar la hoja de ruta. Su Comunicación de mayo de 2008 venía a confirmar rotundamente la validez del “marco de Barcelona”.

A decir verdad, la Comisión despojó a la iniciativa francesa de su “fuerza simbólica” y la redujo a una simple “actualización del Proceso de Barcelona”. Pese a que le reiteraron su apoyo formal, eso no gustó en absoluto a los franceses. Así, el nuevo proyecto implica a “todos los Estados de la UE y a los Estados ribereños”. En cuanto a Francia, podrá aspirar a la copresidencia, por la parte europea, pero sólo hasta el 1 de enero de 2009.

Sobre la cuestión de la financiación, la UE descarta destinar recursos a los nuevos proyectos en detrimento de sus compromisos con los programas indicativos regionales. Qué duda cabe que ciertos proyectos que “responden a los programas regionales de la UE” podrían ser tomados en consideración. Pero la UE no irá más allá. Por lo tanto, hay que buscar otras fuentes de financiación. Pero, si un proyecto disfruta de varios tipos de financiación, ¿quién garantiza su funcionamiento? ¿No existe el riesgo de una superposición de procedimientos?

Tal vez haya que pensar en una institución financiera. Pero las propuestas tropiezan con más dificultades que soluciones: ¿Un banco de desarrollo para el Mediterráneo? ¿Un BEI mediterráneo? ¿Simples agencias de asesoramiento, garantía y aporte de fondos propios (como sugería la propuesta italo-española)? Finalmente, si hay que recurrir al sector privado, a los fondos soberanos de los Estados del Golfo, a las contribuciones de los Estados mediterráneos, al BEI y a las instituciones internacionales para garantizar la financiación esencial de los proyectos suscritos, ¿cuál sería el papel de la UE? ¿Quién seleccionará los proyectos? ¿Quién se encargará de las auditorías financieras? Y, en otro orden de cosas, ¿sería posible impedir que norteamericanos, chinos, rusos y otros respondieran a la llamada a licitación?

Es demasiado pronto para responder estas preguntas. En realidad, a la Comisión le preocupa sobre todo evitar la división de la UE, por lo que ha desmochado y revisado a la baja el proyecto inicial. Lo que propone se parece muy poco a la idea que se hacía Sarkozy de la Unión Mediterránea. Así, a instigación de Alemania, la UE ha conseguido marcar su territorio magistralmente. José Manuel Durão Barroso no se anda por las ramas: “El Mediterráneo es sin duda la región más crítica para el futuro de Europa… Francia debe, pues, respetar las reglas del juego europeas, sin arrogancia y sin pretender la hegemonía. Éste es también su interés nacional”.

En lo que respecta a la arquitectura institucional, se comprende fácilmente que la copresidencia, en la parte meridional, se elija “por consenso”, pues, en el contexto actual de los países en conflicto, una copresidencia rotativa sería un rompecabezas infernal. Pero si Egipto asume la primera copresidencia (como está previsto), ¿dónde establecer la sede de la Secretaría? El Parlamento Europeo estima, en su resolución del 5 de junio de 2008, que la nueva secretaría “debería estar integrada en los servicios de la Comisión y estar compuesta por funcionarios procedentes de todos los países participantes en el Proceso”. En el Sur no parecen compartir esta opinión; no en vano, ciertos países del Magreb ya han propuesto su candidatura para acoger la sede. Si tal opción prosperase, ¿aceptarían Túnez, Marruecos o Argelia que los funcionarios israelíes fuesen a trabajar en una secretaría situada en uno de estos países? Aún no hay respuesta para esta pregunta, pero ya dice mucho sobre los problemas futuros.

Y no es el único problema sin respuesta: si se integra el proyecto de Unión por el Mediterráneo en el marco de Barcelona, ¿cómo tratar a los países ribereños del Mediterráneo invitados a la Cumbre de París pero que no son miembros del Proceso de Barcelona (Croacia, Montenegro, Bosnia y Libia)? La Comisión no responde a esta pregunta, pero el Parlamento Europeo lo hace en su resolución del 5 de junio de 2008. En efecto, el Parlamento Europeo “pide a los países que no forman parte del Proceso de Barcelona que den su apoyo al acervo de Barcelona para avanzar hacia las mismas metas”. Pero ¿se ha consultado a esos países y sondeado sus intenciones sobre la adopción del “acervo de Barcelona”? La reacción negativa de Libia es muy reveladora sobre la resistencia de ciertos países del Sur.

Quedan muchas cuestiones en suspenso, particularmente la presencia en la nueva estructura de miembros que no forman parte del Proceso de Barcelona, lo que no deja de plantear serios problemas institucionales y financieros. Pero existe una convicción común: hay que revisar las políticas europeas sobre el Mediterráneo sin tardanza, pues la acumulación de retos en esa región y su marginalización en la economía mundial no aconsejan ni las políticas de espera ni el adormecimiento. Necesitamos una utopía constructiva, oxígeno del futuro, sin la cual el Mediterráneo corre el riesgo de convertirse en un abismo que separa y no en un puente que une.

HAY que señalar que, justo ahora que Francia pretende reactivar el proceso de Barcelona a través del proyecto de Unión Mediterránea, que constituye una de las prioridades de su Presidencia de la Unión, las potencias mediterráneas de Europa atraviesan un preocupante bache. España, que era el principal polo de crecimiento, se enfrenta al fin del milagro económico de los años de la Movida. Francia e Italia, los enfermos de la zona euro, ven cómo los intentos de reforma se debilitan por la degradación de la coyuntura mundial.

La vulnerabilidad de la Europa Mediterránea, ante la crisis financiera contrasta con la resistencia de Europa del Norte, ya se trate de las socialdemocracias escandinavas o de Alemania, que se beneficia de una competitividad estructural reforzada, de un mercado laboral flexible (con un desempleo reducido al 7,8%), de la ausencia de una burbuja inmobiliaria y de una política fiscal que ha recuperado el equilibrio. Destaca una falta de productividad y competitividad que tiene su origen en el retraso acumulado en la economía del conocimiento.

España ha llegado al término del ciclo de recuperación pos franquista, que ha finalizado con un crecimiento del 3,8% anual, un desempleo que ha descendido del 24% al 8%, y un superávit presupuestario que representa un 2,2% del PIB. Actualmente, los cuatro motores de la reconquista económica están bloqueados.

La integración europea ha tenido repercusiones para este país, ya que el nivel de vida se incorporó al de la zona euro (21.000 euros anuales), lo que supuso la disminución de las transferencias de la Unión que llegaron a representar hasta un 1% del PIB. La inmigración (4,5 millones desde 1990) contribuye asimismo al aumento del desempleo (9,6%). La crisis inmobiliaria, alimentada por la bajada del precio de los activos y el endeudamiento excesivo de las familias (140% de los ingresos disponibles), desestabiliza un sector de actividad que alcanza un 16% del PIB y emplea a un 20% de la población activa. El turismo sufre como consecuencia de la revalorización del euro. De ahí el efecto tijera entre la reducción del crecimiento (la previsión es del 2,2% para 2008) y la intensificación de los desequilibrios (una inflación del 4,6%; un déficit comercial del 9,6% del PIB; y una tasa de paro que se prevé que superará el 10%, en lugar de los 2 millones de nuevos empleos en 4 años prometidos por José Luis Rodríguez Zapatero).

En Francia, la modernización a la que se comprometió Nicolás Sarkozy después de las elecciones presidenciales de 2007 ha chocado de frente con el debilitamiento de su legitimidad y con la crisis que ha subrayado el descenso de la competitividad del país. El año 2007 vio cómo se agravaba el doble déficit que resume el bajón económico francés: un déficit comercial de 39.000 millones de euros -frente a un excedente de 199.000 millones en el caso de Alemania-, relacionado con el descenso de las cuotas de mercado que se han reducido del 6,5% al 4% del mercado mundial desde 1990; un déficit público del 2,7% del PIB; y una deuda del 64,2% del PIB, todos los cuales demuestran la incapacidad para reestructurar el Estado. A pesar de las múltiples reformas prometidas (flexibilidad de los horarios y de los contratos de trabajo, apoyo a las pyme, normalización del régimen de excepción fiscal francés, adaptación de los regímenes especiales y autonomía de las Universidades), el descenso de la competitividad, así como el nivel excesivo (54% del PIB) y la improductividad de los gastos públicos ocasionarán una nueva disminución del rendimiento de la economía francesa en 2008, con un crecimiento reducido al 1,5%, una inflación del 3,2%, y un déficit y una deuda públicos en torno al 3% y al 65% del PIB, respectivamente.

Italia presenta una situación paradójica. A primera vista, es el farolillo rojo de la zona euro, con un crecimiento inferior al 1% desde el año 2000 y una deuda pública del 106% del PIB. Pero dispone también, igual que ocurre en Alemania y al contrario que en España y en Francia, de una gran especialización sectorial y geográfica, así como de una industria competitiva, unida a unas pymes dinámicas. Las exportaciones italianas aumentaron en un 9,7% en 2007, mientras que el crecimiento ascendía al 2,4% en la zona norte. El dualismo de la economía italiana se refuerza: la población del norte alcanza los 26.800 euros de renta per cápita, con una pobreza reducida al 5,2%, frente a los 14.400 euros per cápita y una pobreza que afecta a un 22,2% de la población en el sur. El norte experimenta una escasez de trabajo (con un desempleo del 3%), mientras que el sur está acorralado por un desempleo estructural (12,2%). En resumen, la impotencia del Estado, la coacción del crimen organizado, la fuerza del corporativismo y la división de la nación refrenan el desarrollo y hacen fracasar regularmente las tentativas de reforma de Italia, cuyo crecimiento se limitará al 0,5% en 2008.

Las tres principales potencias de la Europa Mediterránea conservan características específicas. La vitalidad demográfica de Francia (2,1 hijos por mujer) contrasta con la decadencia de España e Italia (1,2 y 1,3 hijos por mujer, respectivamente). La inestabilidad crónica de las instituciones y de la vida política italianas está muy lejos de la solidez de la monarquía constitucional española, o de la omnipresencia del Estado consustancial a la V República. La llegada a su fin de los treinta gloriosos años españoles difiere de la espiral descendiente en la que están sumidas Francia e Italia desde los años ochenta. Sin embargo, los tres países se enfrentan a un desafío común: modernizar su modelo económico y social volcándose en la economía del conocimiento. La educación y la innovación explican dos tercios del crecimiento de los países desarrollados. Constituyen el primer factor de competitividad de Estados Unidos, donde el 37% de la mano de obra es titulado en enseñanza superior, frente a un 23% en Europa; que dedica un 2,1% y un 3% del PIB a la enseñanza superior y a la investigación, frente a un 1,1% y un 1,9% en Europa (2,1% en el caso de Francia y 1,2% en España e Italia); y que invierte en la economía del conocimiento alrededor del 6,5% del PIB frente a un 4% en Europa (3,8% en Francia, 2,5% en España e Italia).

La Europa Mediterránea comparte el hecho de haber vivido a crédito durante los últimos veinte años, financiada por la deuda privada en España, y por la deuda pública en Francia e Italia. A partir de ahora, este modelo está caduco. De este modo, el parón de la Europa Mediterránea pesará sobre los resultados de la zona euro en 2008 y 2009, limitando su crecimiento al 1,5% y 1,2% del PIB, impulsando el aumento del desempleo en torno a un 8%, situando la inflación más allá del 3%, y consolidando al mismo tiempo el desajuste entre las economías europeas. Igualmente, hace augurar un mal principio de la Unión Mediterránea, puesto que será difícil impulsar una dinámica de cooperación en un contexto de estancamiento, de aumento del desempleo y de precaria movilidad social. Por esta razón, se debe conceder prioridad a una estrategia concertada de oferta competitiva en la globalización, lo que pasa por una política de la oferta que favorezca la economía del conocimiento y que se dirija a los talentos y a los cerebros, que constituyen la nueva riqueza de las naciones.

La impresión que quiere dar Nicolas Sarkozy es que Francia está de vuelta en todos los ámbitos tras el no en el referendo sobre el Tratado Constitucional europeo. De ahí las propuestas a Alemania sobre un minitratado, la estrategia de gesticulación en Darfur, las “propuestas para una nueva política mediterránea”. Sin embargo, y hasta que se demuestre lo contrario, no hemos visto nada particularmente original en todos estos dominios. Es una lástima, pues hay mucho que hacer, y en primer lugar reactivar de manera efectiva la construcción europea sobre nuevas bases. Sin embargo, la retórica de comunicación funciona y las cancillerías se plantean legítimamente la cuestión de saber cuál es el contenido de este activismo mediático-diplomático.
Es indiscutible que Nicolas Sarkozy realiza un diagnóstico preciso sobre la política mediterránea. Europa ha fallado cruelmente en esta cuestión por dos razones fundamentales. Por una parte, porque se orientó primero hacia el Norte, a partir de los años 70 del siglo XX y, aunque se abrió a Portugal, España y Grecia en los años 80, se ha vuelto a centrar esencialmente (obedeciendo así, dicho sea de paso, a los deseos anglo-norteamericanos) en los países del Este, tanto para conquistar nuevos mercados como para domeñar la influencia de Rusia. Digámoslo claramente: el Mediterráneo del sur era y sigue siendo el pariente pobre, falto de interés, de la Unión Europea. El Sur es percibido más bien como un peligro político, una amenaza identitaria, el foco de una potencial invasión migratoria. Ahora bien, el Mediterráneo sur ya está fuertemente integrado en la economía europea; su futuro, al igual que su presente, dependen del euro; sus poblaciones se perciben como pertenecientes objetivamente a la misma área de intereses.
Por otra parte, Europa ha agotado los encantos de las políticas derivadas del Acuerdo de Barcelona de 1995. Prácticamente todos los acuerdos han sido rubricados con los países del Sur (salvo con Siria y Libia); los mercados del Sur están abiertos a los productos europeos, mientras que los del Norte están cerrados a los países del sur del Mediterráneo. En resumen, con el Acuerdo de Barcelona, Europa ha instaurado un mecanismo de intercambios provechosos, en primer lugar, para sus intereses. De ahí el estrepitoso fracaso de la celebración, en la misma ciudad, del décimo aniversario de dicho acuerdo.

ASÍ PUES, ES necesario revisar esta estrategia y proponer una nueva visión. Volver a situar a Francia en una posición relevante, tras varios años de inmovilismo chiraquiano, reviste una importancia fundamental, puesto que se trata de volver a centrar la construcción europea en el Sur. ¿Dispone Francia de los medios que no tiene España para instaurar una nueva política e imponerla al resto de socios europeos? La propuesta de Sarkozy es, por el momento, puramente especulativa: no sabemos lo que quiere hacer, solo que quiere hacer algo nuevo. En cambio, podemos apreciar más o menos las cuestiones que preocupan a Sarkozy: la inmigración, Turquía y la estabilidad política de los países del Mediterráneo sur. Tres preocupaciones sobre las que tiene un punto de vista bastante personal.
En primer lugar, la inmigración: quiere instaurar su política, denominada “de inmigración selectiva”, para limitar los flujos a cambio de un acuerdo con los países del Sur, facilitando la libertad de circulación para algunas categorías de población (esencialmente, las bien formadas). El objetivo es que a Europa acudan los cuadros que aquí se necesitan y rechazar a los no cualificados. Se puede dudar de la eficacia de esta política: en efecto, su éxito es poco probable, aunque solo sea porque la demanda migratoria es incontrolable por los propios países de origen.
A continuación, Turquía: Sarkozy dijo claramente durante la campaña presidencial que no quiere que dicho país sea miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Pretende una asociación muy activa en el plano comercial, una cooperación intensificada, pero no la apertura de las fronteras a los trabajadores turcos. Más fundamentalmente, piensa que Turquía, potencia laica, pero musulmana, no puede entrar en la Unión porque la considera, más allá de la economía, un conjunto estructurado a partir de una identidad no cristiana. En este aspecto, también se puede apostar que tendrá dificultades para que prevalezca su punto de vista, pues muchos estados europeos quieren la entrada de Turquía, no solo por razones económicas, sino también porque Europa es laica y la identidad europea se define por la ciudadanía democrática y no por la confesión.

POR ÚLTIMO, la estabilidad política: es una preocupación compartida por todo el mundo en Europa. Pero no se sabe demasiado bien cómo alcanzarla si no se le confiere una verdadera base democrática. Ahora bien, los países mediterráneos del sur no han conseguido, por razones complejas, conciliar la búsqueda del desarrollo económico y social con la democracia pluralista. Existen bolsas importantes de pobreza que empujan a las categorías sociales más desposeídas hacia el extremismo religioso. El autoritarismo es la norma en todas partes. ¿Qué propone esta nueva visión mediterránea para resolver este dilema histórico? Por el momento, nada concreto.
Queda, finalmente, una realidad estructural que el presidente Sarkozy no debería olvidar, a riesgo de pagarlo muy caro: ninguna política mediterránea europea puede aspirar al éxito si no se apoya en el eje estratégico París-Madrid-Roma. Así pues, lo primero que debería hacer la diplomacia francesa es construir la estrategia de codesarrollo que necesita el Mediterráneo asociando estrechamente a España e Italia y, sobre todo, teniendo en cuenta las propuestas de los primeros interesados: los países árabes de la orilla sur.

La cumbre euromediterránea de Barcelona de noviembre de 2005 no respondió a las expectativas creadas por el Proceso de Barcelona (PB), abierto diez años antes con la participación de los países de la UE (15) y de doce países ribereños no comunitarios (hoy, Malta y Chipre forman parte de la UE y Turquía negocia su adhesión). Se podía haber avanzado más como se indicaba en estas páginas el 24 de noviembre de 2005: “Es necesario un nuevo impulso y un renovado compromiso si realmente se quiere llegar a alcanzar aquel espacio de desarrollo compartido, ‘sostenible y equilibrado’, y de ‘paz y estabilidad’ que se apuntaba hace diez años”. Se denunciaba la cicatería europea que, en una década, sólo había invertido 9.000 millones de euros en los objetivos de la Declaración de Barcelona de 1995 y que se concretaban en tres cestas: la económica, que, con el horizonte del 2010, quería convertir el espacio mediterráneo en una zona de libre comercio y lograr “un desarrollo socioeconómico sostenible y equilibrado”; la social y cultural, que impulsaría el diálogo intercultural, la lucha contra la pobreza y la intolerancia, el respeto entre culturas y religiones, la mejora de la salud, del bienestar y de la emigración; y la política y de seguridad, que velaría por los valores democráticos, las libertades, los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, el Proceso de Paz en Oriente Medio, la lucha contra la delincuencia internacional y la no proliferación de armas de destrucción masiva.

Se ha avanzado poco, es cierto, y, como evidenció la cumbre de 2005, las preocupaciones no son las mismas de hace doce años. La situación internacional ha ido a peor tras el 11-S y la invasión de Irak, el Proceso de Paz está muerto, los avances en libertades y derechos humanos en los países no comunitarios han sido escasos, los procesos de transición política están paralizados y las políticas del miedo señorean en ambas orillas, mientras se ensancha la brecha entre ricos y pobres. Así y todo, sería injusto no reconocer que hoy el espacio euromediterráneo es una realidad mucho más consolidada y que los intercambios comerciales y culturales se han incrementado notablemente, mientras la inversión y la cooperación europeas han posibilitado el desarrollo del sur, aunque en medida insuficiente, como atestigua el creciente flujo de inmigrantes que intenta alcanzar las costas europeas. Asimismo, se han creado instancias de deliberación conjunta -Asamblea Parlamentaria Euromediterránea- y de diálogo cultural -Fundación Anna Lindh- destinadas a promover la participación de la sociedad civil.

Y, sin embargo, el presidente francés Nicolas Sarkozy apuesta por articular una Unión Mediterránea (UM) que sólo comprometa a los países mediterráneos. Una iniciativa que parece un retorno a la política de los setenta y los ochenta cuando París lideraba la Política Mediterránea Global -acuerdos de primera generación con Israel (1975); Argelia, Marruecos y Túnez (1976); Egipto, Jordania, Líbano y Siria (1977)- o la denominada Política Mediterránea Renovada, que dio lugar a diversas iniciativas: Fórum Mediterráneo de 1988, Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en el Mediterráneo de 1990, Diálogo Euro-árabe entre la CEE y la Liga Árabe, Grupo 5+5, que desde 1990 estableció un fórum de reflexión conjunta entre los países del norte (Portugal, España, Francia, Italia y Malta) y los países de la Unión del Magreb Árabe.

El PB surge de la capacidad de Europa de definir sus políticas mediterráneas tras la desaparición del mundo bipolar. Es la culminación de las políticas anteriores y pretende ir mucho más allá. Su objetivo final es articular un espacio euromediterráneo con capacidad de cohesión social -gracias a un desarrollo compartido-, cultural y política de acuerdo con la tendencia, introducida por la globalización, hacia la consolidación de grandes espacios socioeconómicos. Por el contrario, la propuesta de Sarkozy tiende a limitar esta tendencia reduciéndola a espacios muy concretos (migraciones, seguridad, codesarrollo y medio ambiente), desvinculándola de la UE, dotando a la UM de instituciones propias y limitándola a una relación bilateral entre los países mediterráneos europeos y no europeos (Magreb, Egipto y Turquía).

La propuesta de Sarkozy ha sido acogida favorablemente por el presidente italiano Romano Prodi, por el Gobierno de Marruecos, que sería uno de los países más beneficiados, y, con matices, por José Luis Rodríguez Zapatero. Turquía, en cambio, ya ha manifestado que no aceptará una presencia privilegiada en la UM a cambio de no entrar en la UE. Y ahí es donde radica uno de los principales problemas de la propuesta, que no se sabe si responde a la necesidad de dar un nuevo impulso a las políticas mediterráneas europeas, en cuyo caso sería complementaria del PB tal como sugiere el Gobierno español, o si responde a las necesidades internas y europeas del presidente francés: retomar la iniciativa en las políticas mediterráneas en detrimento del liderazgo -no siempre bien aprovechado- que confirió a España el PB; relanzar el protagonismo de París en la UE de los 27, consolidando el eje Berlín-París con una clara división del trabajo (Europa del Este y Mediterráneo); e intentando compensar a Turquía por la negativa francesa a admitirla en la UE. Sarkozy sostiene que la UM representa para el Mediterráneo lo mismo que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero de 1951 para la actual UE. No hay duda de que, de ser así, complementaría e impulsaría el PB con una UM capaz de crear un primer núcleo fuerte de países de primera velocidad; pero, al mismo tiempo, surge la duda de si las intenciones de Sarkozy no responden fundamentalmente a la agenda de los intereses de la derecha francesa y es, en realidad, una propuesta en la que diluir el carácter multilateral y de desarrollo -económico, social y político- compartido que se fijó como objetivo el PB.

El flamante presidente de la República Francesa Nicolas Sarkozy, y toda la maquinaria de la diplomacia francesa, trabajan ya en la aparentemente innovadora propuesta de crear una Unión Mediterránea. Sarkozy, la misma noche en la que salió elegido, proclamó solemnemente: “Todo se juega en el Mediterráneo”, identificando las relaciones entre el mundo occidental y el mundo musulmán como una de las cuestiones claves en la agenda de la política internacional. Si bien la propuesta tiene de positivo que vuelve a situar a la región Mediterránea en el centro de la agenda de la política exterior europea, ésta -con los postulados hasta ahora anun-ciados- contiene inconsistencias y riesgos muy importantes para la articulación de una estrategia global, coherente y eficiente en el Mediterráneo.

La idea de una Unión Mediterránea fue ya apuntada por Sarkozy en su discurso del 7 de febrero de 2007 en la ciudad francesa de Tolón. Su propuesta de crear una Unión únicamente de países ribereños del norte, sur y este del Mediterráneo, va acompañada sin embargo de un ataque frontal al proceso de cooperación euromediterránea, conocido como el Proceso de Barcelona. La apuesta del presidente francés, constituye además una seria ruptura de la política exterior de Francia, tanto en el Mediterráneo como en el seno de la UE. Con sus ansias de protagonismo rupturista, Sarko dinamita el trabajo realizado por la UE desde 1995, que aunque con claroscuros, ha sentado las bases de una dinámica de diálogo y cooperación entre los 27 países miembros de la UE y los 10 países del sur y este del Mediterráneo.

El presidente francés cree encontrar, al mismo tiempo, la fórmula ideal para paralizar el proceso de negociación para la adhesión de Turquía a la UE, en un intento de matar dos pájaros de un tiro. En realidad, la propuesta de una Unión Mediterránea, está orientada a ofrecer una imagen -un tanto forzada- de un nuevo liderazgo de Francia en el Mediterráneo y el mundo, y está más destinada al consumo interno de la política francesa que a ofrecer una propuesta omnicomprensiva y coherente para la región.

Una de las primeras consecuencias negativas de la propuesta de creación de un club de países exclusivamente mediterráneos y al margen de la UE, sería la consolidación y legitimación del traslado del centro de gravedad político hacia el este de la política europea. La propuesta de Sarkozy tal como está formulada, mina sustancialmente el sentimiento de corresponsabilidad de muchos socios comunitarios hacia la región, ya que los temas y problemas asociados al Mediterráneo (como la inmigración ilegal o la resolución de ciertos conflictos) pasarían a ser problemas casi exclusivamente de los países del sur de la UE. Éstos deberían así afrontar en solitario la responsabilidad de liderar política y económicamente las iniciativas destinadas a la estabilidad y desarrollo de le región. Y es precisamente lo contrario de lo que necesitamos, pues la región requiere de una mayor atención y participación del conjunto de los países de la UE.

El Mediterráneo tiene concentrados hoy -como ninguna otra región en el mundo-, todos los grandes retos a los que se enfrenta el mundo globalizado e interdependiente. El Mare Nostrum necesita involucrar y comprometer al máximo número de actores políticos, sociales y económicos para trabajar juntos y encontrar la senda que nos lleve al círculo virtuoso de democratización, reformas y desarrollo en la región. Y es precisamente el multilateralismo cooperativo que la UE representa, la mejor fórmula para afrontar los grandes retos a los que se enfrenta la región. Ello no es óbice para que se reforme e innove en todo aquello que se ha mostrado ineficiente en los casi ya 12 años de partenariado euromediterráneo. Pero para construir una política sólida, coherente y eficaz en la región, hay que hacerlo sumando complicidades, experiencias y buenas prácticas.

Europa ha iniciado además una estrategia complementaria para con sus vecinos -la Política de Vecindad de la UE-, que viene precisamente a complementar y no a sustituir a la política euromediterránea. Su atractivo principal es que ofrece la posibilidad a los socios del sur del Mediterráneo de acceder progresivamente al mercado interior de la UE, ofreciendo nuevos instrumentos para adaptar las políticas, estrategias e instrumentos a la realidad y necesidades específicas de cada uno de los países vecinos. La UE ofrecerá incentivos a aquellos países que avancen más rápidamente por el camino de las reformas y la democratización.

El reto de Europa en la región no pasa solamente por ofrecer alternativas concretas, creíbles y eficaces a los socios y vecinos del sur de Europa; es también urgente y necesario que sea capaz de tener una política exterior común, para hablar y actuar de forma conjunta en una región extremadamente compleja. La tenacidad de Javier Solana marca el camino a seguir, pero necesita igualmente que otros líderes europeos se sumen con sus propuestas y acciones. La propuesta unilateral de Unión Mediterránea de Sarkozy contiene elementos de confusión que no aclaran el futuro del Mediterráneo.

La misma noche de su elección, Nicolas Sarkozy habló sobre el lanzamiento de una gran iniciativa francesa para el Mediterráneo. La Unión Mediterránea (UM), que hasta entonces no parecía más que un accesorio retórico de la campaña electoral, ha entrado a formar parte de la agenda oficial y podría convertirse en un eje de trabajo fundamental durante la presidencia francesa de la Unión Europea, en el segundo semestre de 2008. Por tanto, es importante valorar hasta qué punto son serias las intenciones francesas; nuestros socios europeos sienten una curiosidad legítima al respecto.

La iniciativa francesa, por ahora, no parece aún madura, pero sí es indirectamente reveladora de muchas cosas. En primer lugar, la UM ilustra los dos principios fundamentales de este comienzo de presidencia de Sarkozy: la ruptura y la apertura. Ruptura, porque la propuesta de Francia es hacer que la cooperación regional sea, por fin, más eficaz; apertura, porque, más allá de las discrepancias religiosas, culturales y políticas aireadas con regularidad durante la campaña, lo que el presidente pretende ahora es agrupar, y la idea mediterránea es lo bastante maleable y consensual como para ello. A primera vista, el Mediterráneo une; en el fondo, compartir el espacio significa compartir los problemas y las oportunidades. El proyecto ha sido bien recibido en Francia, porque a los observadores les ha satisfecho comprobar el compromiso presidencial con una región que corría peligro de pasar a segundo plano o de que se abordara de forma más conflictiva.

En cuanto al contenido del proyecto, por ahora debemos conformarnos con remitirnos a los discursos del presidente. En ellos se perfila una organización regional mediterránea, calcada del modelo de la Unión Europea, que agruparía a los Estados ribereños del Mediterráneo, europeos y no europeos, y entre ellos Turquía, generosamente calificado como “gran país mediterráneo”. La UM se apoyaría en unas instituciones comunes: un Consejo del Mediterráneo y un Banco del Mediterráneo. Se barajan varias líneas de trabajo: política común de inmigración escogida; codesarrollo; creación de un espacio judicial común para luchar contra la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo, e incluso una estrategia ambiental regional. Cuando era candidato, Sarkozy llegó a hablar de seguridad colectiva y resolución de conflictos. En resumen, la lista de asuntos es extensa y, sobre todo, en evolución.

Desde hace varios meses, en Francia se lleva a cabo una reflexión sobre estas prioridades y se intenta elaborar una metodología para transformar la visión del presidente en un golpe de efecto diplomático. Para comprender el grado de compromiso francés es preciso conocer bien las razones de fondo del proyecto. Recordemos que, cuando Francia habla del Mediterráneo, suele hacerlo para reafirmar su liderazgo. El presidente tiene la ambición de reactivar la diplomacia nacional; “hacer que el Mediterráneo emprenda la vía de la reunificación, tras doce siglos de desgarro”, parece una tarea de dimensiones respetables. Además, la política mediterránea es una alternativa a la política árabe; para combatir la percepción simplista del “choque de civilizaciones” es necesario escoger un marco que permita, en teoría, superar los antagonismos entre Occidente y Oriente, Europa y los árabes, cristianos y musulmanes. Francia pretende asimismo reequilibrar las opciones exteriores de Europa: la geopolítica “pan-euro-mediterránea” promovida por la Política de Vecindad no les sirve a los franceses, que, frente a la perspectiva centroeuropea, propugna la especificidad mediterránea. Otro asunto que también se ha incorporado a la agenda es la cuestión turca: Francia se opone a la entrada de Turquía en la UE, el partenariado privilegiado no está listo y la UM serviría para que los turcos comprendan que su lugar no está en Europa. Y, por último, desde el punto de vista interno, la propuesta de la UM tenía como objetivo seducir al electorado francés de origen mediterráneo y reinstaurar en el discurso una continuidad simpática entre integración, codesarrollo y cooperación regional.

Al margen de las promesas de la campaña, los obstáculos son conocidos y numerosos: la conflictividad creciente en la región y la falta de una cultura de seguridad común; la ambigüedad sobre los valores y las prácticas de la política regional, en un contexto cada vez más polarizado por el discurso estadounidense; las distintas representaciones en materia de inmigración, a pesar de unos modelos demográficos que acaban por completarse entre Norte y Sur; el bloqueo a las reformas económicas, en un contexto de endurecimiento político y auge del petróleo. Esta lista de dificultades, nada exhaustiva, entorpece el funcionamiento del partenariado euromediterráneo desde 1995. Desde luego, los problemas serían mucho más fáciles de afrontar si se desprendiera una voluntad política regional común; la apuesta francesa consiste precisamente en desempeñar el papel de fuerza de entrenamiento. Es decir, la nueva estrategia mediterránea simboliza la paradoja francesa a propósito de Europa: hay que reactivar el proyecto, pero de acuerdo con el ritmo y las condiciones que exige Francia. No está previsto cómo se articularán la UM, los instrumentos de actuación de la UE en el Mediterráneo y las políticas nacionales de los otros Estados miembros. De los demás foros regionales, como el 5 + 5 y el foro mediterráneo, en los que Francia tiene un papel muy activo, ni se habla. Henri Guaino, asesor del presidente, afirma que “la UM no está ni en contra de Barcelona ni dentro de Barcelona, es otra forma de enfocarlo”: el espectro de la tabla rasa y el deseo de librarse de los marcos de decisión integrados están muy presentes.

En otras palabras, Francia hace como que descubre un nuevo Mediterráneo en el que todo es fácil, basta con dedicarle un poco de energía. Pero el Mediterráneo de 2007 no es más fácil de abordar que el de 1995. Las dinámicas políticas, demográficas y culturales latentes en la región no facilitan la convergencia. El famoso “acervo de Barcelona” -socialización y normas compartidas, aunque no sean, en definitiva, más que normas económicas- parece más frágil que nunca. No corren verdaderamente buenos tiempos para la “comunidad mediterránea”, y es muy peligroso inventarse unas instituciones en las que sólo vaya a utilizarse un lenguaje estereotipado. Recitar el mantra del cambio no basta para desbloquear las condiciones del diálogo en el Mediterráneo; el voluntarismo francés es de agradecer, sin duda, pero trabajar hoy en el Mediterráneo significa un esfuerzo colectivo para reconciliar no sólo el Norte con el Sur, sino las sociedades civiles con sus gobiernos.

Limbo euromediterráneo. Xavier Bru de Sala (LA VANGUARDIA, 0512/05).

Las carencias de la Cumbre de Barcelona. Jesús A. Núñez Villaverde es director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (EL MUNDO, 01/12/05).

Olvidos de la Cumbre. Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción (EL PERIÓDICO, 01/12/05).

De cumbres y alianzas. Gustavo de Arístegui, diplomático y diputado del PP (ABC, 29/11/05).

Euromed : approfondir le processus de Barcelone. Andrea Canino, Président du Conseil de coopération économique (LE FIGARO, 29/11/05).

El Mediterráneo en los umbrales del nuevo milenio. Predrag Matvejevic es escritor y profesor de Estudios Eslavos en la Universidad de Roma. Autor de Breviario mediterráneo, su último libro publicado es La Méditerranée et l’Europe (EL PAÍS, 28/11/05).

Una cumbre para el futuro. Tony Blair es primer ministro británico. José Luis Rodríguez Zapatero es presidente del Gobierno español (EL PAÍS, 28/11/05)..

Más Mediterráneo, más Europa. Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat (LA VANGUARDIA, 28/11/05).

Articular el Mediterráneo. Antoni Segura, Catedrático de Historia Contemporánea y director del Centro de Estudios Históricos Internacionales de la UB (EL PERIÓDICO, 27/11/05).

Mare Nostrum: 10 años después. Fred Halliday, profesor visitante del Cidob (Barcelona) y profesor de la London School of Economics. Acaba de publicar El islam y el mito del enfrentamiento (LA VANGUARDIA, 25/11/05).

Barcelona, 10 años después. Josep Borrell, presidente del Parlamento Europeo (EL PERIÓDICO, 25/11/05).

El espacio euromediterráneo, 10 años después. Antoni Segura es catedrático de Historia Contemporánea y director del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universidad de Barcelona (EL PAÍS, 24/11/05).

La Unión Europea en el mundo: entre el poder de transformación y los límites de la Constitución. Esther Barbé, Catedrática de Relaciones Internacionales (REAL INSTITUTO ELCANO, 21/11/05).

Un callejón sin salida. Sami Naïr es profesor invitado de la Universidad Carlos III (EL PAÍS, 20/11/05).

Una nueva centralidad. Ricard Pérez Casado es doctor en Historia Contemporánea (EL PAÍS, 20/11/05).

Proceso de Barcelona: balance de una década de Asociación Euromediterránea. Haizam Amirah Fernández es investigador principal del Área de Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Richard Youngs es coordinador del Programa de Democratización en la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE (REAL INSTITUTO ELCANO, 11/11/05).

El 27 y el 28 de noviembre de 1995 se reunía en Barcelona, bajo presidencia española, la Conferencia Euromediterránea en la que participaron los ministros de Asuntos Exteriores de los 15 países comunitarios y de 12 países ribereños no comunitarios distribuidos en Países del Sur y del Este del Mediterráneo (PSE) -Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez y Autoridad Nacional Palestina- y Países Terceros Mediterráneos (PTM) -Turquía, Malta y Chipre-. La ausencia más notable fue la de Libia -bajo el embargo impuesto por Naciones Unidas en 1992 por sus responsabilidades en el atentado de Lockerbie (1988)-, que, sin embargo, es observador oficial del Proceso de Barcelona, y la de los países de los Balcanes, que una semana antes acababan de aceptar los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra que siguió a la descomposición de Yugoslavia.

La conferencia fue la culminación de un largo proceso iniciado a mediados de los sesenta que expresaba la voluntad europea de definir una política mediterránea propia más allá de los intereses de las grandes potencias del momento (EE UU y URSS). La Declaración de Barcelona fijó los principales objetivos de dicha política en tres ámbitos. El económico, que fijaba para el 2010 el establecimiento de “una zona de libre comercio” en el espacio mediterráneo y la coordinación de la cooperación económica y financiera para conseguir “un desarrollo socioeconómico sostenible y equilibrado”. El social y cultural, que pretendía impulsar el diálogo y los intercambios interculturales, la lucha contra la pobreza, la intolerancia y el racismo, el respeto entre las culturas y las religiones, la mejora de las condiciones de salud y bienestar y la regulación y protección de la emigración y de los derechos de los emigrantes. Y el de política y seguridad, que perseguía consolidar los valores democráticos y las libertades, el respeto a los derechos humanos y de autodeterminación de los pueblos, el Proceso de Paz en Oriente Medio, la lucha contra el tráfico de estupefacientes, la delincuencia internacional y la corrupción, y promover la seguridad regional impidiendo la proliferación de armas de destrucción masiva y adoptando medidas de confianza y seguridad destinadas a crear un “espacio de paz y estabilidad en el Mediterráneo”. El proceso de Barcelona tuvo su continuación en las distintas conferencias celebradas en Malta (abril de 1997), Stuttgart (abril de 1999), Marsella (noviembre de 2000), Valencia (abril de 2002), Nápoles (diciembre de 2003) y Luxemburgo (mayo de 2005).

En los 10 años transcurridos desde 1995, la UE ha desembolsado casi 9.000 millones de euros destinados a implementar los distintos objetivos fijados en Barcelona. No hay duda de que hoy el espacio euromediterráneo es una realidad mucho más consolidada que hace una década y que los intercambios culturales, universitarios y humanos se han incrementado de manera notable. Asimismo, la inversión y la cooperación europeas han posibilitado un desarrollo en los países mediterráneos no comunitarios sin precedentes (la diferencia en PIB por habitante entre la media de los países comunitarios y los no europeos se ha reducido, aunque persisten fuertes desigualdades entre estos últimos, lo que se traduce en una mayor diferencia entre los países comunitarios y los menos desarrollados). También se han dado pasos importantes hacia la implantación de un área de libre comercio, a pesar de la insensata Política Agraria Comunitaria (PAC), que sigue penalizando los productos procedentes del sur, que muchas veces son fruto de las inversiones europeas. Igualmente, la Asociación Euromediterránea (AE) ha promovido “la creación de instancias de deliberación, como la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, y ha puesto en marcha la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre las Culturas, inaugurada en 2005 en Alejandría”, destinada a promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los intercambios culturales en el Mediterráneo (Euromed: http://www.euromedbarcelona.org/).

En el balance deben incluirse también, sin embargo, evoluciones negativas como la todavía gran disparidad en los niveles de desarrollo entre el norte y el sur del Mediterráneo; la escasa o nula articulación comercial entre los países mediterráneos no europeos (en el Magreb el comercio interregional representa sólo en torno al 3% del total); la incapacidad para regular y absorber los crecientes flujos migratorios sur-norte; la lentitud -y en ocasiones retroceso- en las cuestiones relacionados con los derechos humanos y las libertades fundamentales en los países no comunitarios, y la creciente inestabilidad en el Mediterráneo Oriental. Obviamente, no todo ello es responsabilidad de las políticas mediterráneas europeas. En el último de los factores apuntados -sin olvidar las posiciones mantenidas en su momento por los gobiernos de Blair, Aznar y Berlusconi-, la responsabilidad corresponde a los que de manera unilateral iniciaron una guerra ilegal que, si bien tuvo como efecto acabar con la dictadura de Sadam Husein, ha propiciado la degradación violenta de Irak, ha demostrado su ineficacia dando alas y argumentos al terrorismo internacional -que de manera dramática hacía acto de presencia en Europa con los atentados de Madrid y Londres- y ha introducido en Oriente Medio un factor de inestabilidad política y militar de consecuencias imprevisibles para los países de la región (especialmente para Siria, Líbano e Irán). Tampoco la evolución política reciente de Egipto y los países del Magreb, especialmente por lo que respecta a las libertades fundamentales y el respeto a los derechos humanos, es motivo de esperanza. Por último, el conflicto del Sáhara Occidental sigue en el impasse en que se encontraba hace una década, eso sí, con 10 años más de sufrimiento y desesperación para la población afectada.

Así pues, la realidad queda todavía muy lejos de aquellos objetivos que se fijaron en Barcelona en 1995 y es necesario un nuevo impulso y un renovado compromiso si realmente se quiere llegar a alcanzar aquel espacio de desarrollo compartido, “sostenible y equilibrado”, y de “paz y estabilidad” que se apuntaba hace 10 años. Eso es lo que pretende, precisamente, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes de la AE, que, con motivo del 10º Aniversario de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, se reunirá en la capital catalana los próximos días 27 y 28 de noviembre, bajo presidencia británica de la UE e iniciativa española, iniciativa que lamentablemente se perdió durante los gobiernos del PP por su escaso sentido de Estado y su estrecha visión de las relaciones internacionales. En estos 10 años, los países comunitarios han pasado de 15 a 25, y entre los nuevos miembros figuran dos de los PTM de 1995 -Malta y Chipre-, mientras Turquía ha iniciado ya las negociaciones para fijar las condiciones y la fecha de su ingreso en la UE, a pesar de las resistencias y cicatería de algunos países europeos y de que la decisión queda en manos de la UE aun cuando Turquía cumpliera las condiciones impuestas. El marco de 2005 es, pues, mucho más amplio -implica a 35 países, mientras que en 1995 sólo eran 27- y abre unas posibilidades de actuación potencialmente mayores. De ahí la expectación levantada por la cumbre, que cuenta ya con una relación de países terceros que también van a estar presentes (Rumania, Bulgaria, Croacia), en algunos casos como observadores (Libia, Mauritania). Sería importante que, ante las incertidumbres que se abrieron en el escenario internacional tras el 11-S, la Cumbre de Barcelona sirviera para aproximar posiciones, consolidar un espacio de diálogo, fomentar el desarrollo compartido y las políticas de consenso (multilaterales) y solidarias, y avanzar hacia mayores cotas de libertad y respeto a los derechos humanos en el espacio mediterráneo. Sin duda, a medio plazo, todo ello resultaría mucho más efectivo para hacer frente a la amenaza del nuevo terrorismo internacional que las políticas erróneas propiciadas hasta ahora por las acciones unilaterales e irresponsables emanadas del ideario neoconservador.

La cumbre euromediterránea de Barcelona de los próximos 27 y 28 de noviembre permitirá que por primera vez los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en su medio siglo de existencia se reúnan con sus homólogos del sur y el este del Mediterráneo. Esta circunstancia ya confiere a la cita un carácter histórico, teniendo en cuenta que la UE celebra cumbres con casi todos los grandes países o bloques regionales, excepto con los del sur más cercano. Pero la trascendencia del encuentro deriva de la voluntad de abordar unos desafíos que preocupan a la ciudadanía en España y también en toda la región euromediterránea, que tiene en su vertiente meridional retos estratégicos que pueden derivar en problemas o en oportunidades de futuro, según cómo los afrontemos. La cumbre de Barcelona, convocada con ocasión de los diez años del proceso de Barcelona, aspira a ser mucho más que una celebración. Será un momento de reflexión sobre los logros y las carencias de este proceso en su primera década de existencia, pero también nacerá un compromiso de futuro. El Mediterráneo se presenta hoy con luces y sombras. Hablaremos de la amenaza común del terrorismo, que ha golpeado ambas riberas en Londres, Casablanca, Madrid, Estambul, Ammán…, pero también de la creación de un espacio común de bienestar, de progreso económico y educación. Trataremos de buscar fórmulas de gestión compartida, equilibrada y humana de los flujos migratorios y estudiaremos cómo transformar en oportunidades la complementariedad demográfica que se dibuja entre las dos riberas. Creemos que nuestros socios del sur deben profundizar en las reformas económicas y políticas de sus países, pero también pensamos que la Unión Europea debe ir más allá de los acuerdos de 1995. A quienes estén dispuestos a seguir avanzando por la senda de la modernización, debe ofrecerles un destino común, una asociación clara con el proyecto europeo a través de la nueva política de vecindad que complementará el proceso de Barcelona. España ha colaborado activamente en la convocatoria y organización de esta cita junto a la presidencia británica de la UE. Lo hemos hecho por convicción y por necesidad, sabedores de que nuestro destino se decide también en el desarrollo del Magreb y en la pacificación de Oriente Medio. A escasos días de la cita, podemos mostrarnos razonablemente optimistas y afirmar que existe un amplio acuerdo en lo que se refiere a la necesidad de ratificar la filosofía del partenariado euromediterráneo. Las dificultades del momento y la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos han confirmado la necesidad de un proceso multilateral, inclusivo, progresivo como el que nació en el año 1995, que permite avanzar paso a paso. Ha llegado el momento de pasar del proceso al proyecto. España está comprometida en este proyecto desde una vocación mediterránea que ha ido pareja, en los últimos 25 años, con nuestra condición de país democrático y de nación europea. Los antecedentes de lo que luego sería el proceso de Barcelona están en el sistema complementario que el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, formuló en 1980, con el objetivo de promover la paz y la estabilidad en el Mediterráneo. Nuestro ingreso en la Comunidad Europea, en 1986, supuso la incorporación de España al grupo de países más activos en la política mediterránea. En 1989, en un artículo publicado en un diario nacional, insistí en la necesidad de que Europa tuviese una verdadera política mediterránea más allá del ramillete de acuerdos comerciales que habían sido revisados tras la adhesión de España y Portugal. En aquel artículo, titulado “El Mediterráneo: un mar olvidado”, defendí un enfoque global que diseñara los grandes principios, pero también las acciones y los proyectos de carácter operativo para el Mediterráneo. Se iniciaba así la conceptualización de lo que luego fue el proceso Euromed. La conferencia de Madrid de 1991, para impulsar la paz entre Israel y los árabes, y la de Barcelona fueron los principales logros de una década de gran iniciativa. Ésta fue una verdadera política de Estado, impulsada desde los gobiernos de Felipe González y respaldada por la mayoría de las otras fuerzas políticas. España entendió pronto que sus intereses en la región se defienden mejor desde una política multilateral, sin excluir el desarrollo de sus propias relaciones bilaterales. La conferencia euromediterránea de 1995 fue la expresión más clara de esta voluntad de reequilibrar el centro de gravedad de la Vieja Europa. Se trataba de evitar que el muro de Berlín, felizmente derribado, fuera sustituido por otro muro que la desigualdad, los malentendidos y las tensiones de todo tipo amenazaban con levantar entre nosotros y el norte de África. El proceso de Barcelona vio la luz aprovechando los resquicios de una ventana de oportunidad entreabierta que pronto volvió a cerrarse. Vinieron tiempos más difíciles, marcados por el bloqueo de la paz en el Próximo Oriente, los atentados terroristas del 11-S y cierto ensimismamiento de una Europa que puso todas sus energías en preparar la ampliación. Sin embargo, pese a este contexto adverso, la presidencia española de la UE del 2002 fue aprovechada para activar el proceso en diversos campos, entre otros el del diálogo cultural. La iniciativa española fue decisiva para que se creara la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas, en la conferencia ministerial celebrada en Valencia. Es lógico que el Mediterráneo constituya uno de los vértices de nuestra proyección internacional, junto a Europa y América Latina. Como recordó Braudel en su magnífico estudio sobre el Mediterráneo en la época de Felipe II, la geografía propone, aunque luego son los pueblos quienes disponen. Ningún otro país europeo escucha de tan cerca los pálpitos y los anhelos del norte de África. Situados a catorce kilómetros de la costa marroquí, constatamos a diario que nuestro destino y el de los países del sur del Mediterráneo están unidos. Lo sabemos por la geografía, pero también por la historia, que ha sido prolija en conflictos, pero también en comercio, intercambios culturales, movimientos de personas y de ideas que han configurado una relación con el mundo árabe única en Europa. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está firmemente comprometido con potenciar y desarrollar su política mediterránea. Pronto cumpliremos veinte años fructíferos de relaciones diplomáticas con Israel. Compartimos con Turquía el liderazgo de uno de los proyectos más excitantes del momento político actual, la alianza de las civilizaciones. Son atributos reconocidos por nuestros socios europeos y por Estados Unidos, que España pondrá al servicio del relanzamiento del proceso de Barcelona en la cumbre de noviembre. Con el horizonte de un Mediterráneo en paz y próspero, capaz de aportar a los europeos la masa crítica que necesitamos para hacer frente a los desafíos de la globalización.

La unificación de Europa ha pasado, hasta completarse, por periodos en los que el Mediterráneo sólo podía ser una apuesta de segundo orden. Nuestro continente ha sido separado muchas veces, de formas diferentes, de su “cuna mediterránea”. Las explicaciones que se dan, la mayoría de las veces banales o repetitivas, no consiguen convencer a aquellos a quienes van dirigidas. Ni siquiera quienes las formulan están seguros de que estén bien fundadas. Las claves de lectura del Norte, a través de las cuales se observa el presente o el futuro mediterráneos, raras veces coinciden con las del Sur. La costa septentrional del mar Interior tiene otra percepción y una conciencia diferente a la de la costa que tiene enfrente. Parece que hoy día las dos orillas sólo tienen en común su insatisfacción. Las decisiones que conciernen a la suerte del Mediterráneo se toman a menudo fuera de él, o sin él. Esto engendra unas veces frustraciones, otras, fantasmas.

Como es sabido, la imagen que ofrece hoy el Mediterráneo está lejos de ser tranquilizadora. Las fragmentaciones prevalecen sobre las convergencias. La costa norte presenta un retraso considerable respecto a la Europa del norte, y la costa sur respecto a la del norte. Al conjunto de la cuenca mediterránea le cuesta mucho unirse al continente, tanto al norte como al sur. Entre Europa y sus orillas meridionales se ha abierto un foso cada vez más profundo. Entre las dos costas de nuestro mar, en algunos lugares, hay un abismo. Muchos convenios firmados, muchas conferencias internacionales organizadas, a semejanza de la última realizada en Barcelona en 1995, se han saldado con fracasos, a veces rotundos. Es difícil considerar el Mediterráneo un conjunto coherente sin tener en cuenta las fracturas que lo separan, los conflictos que lo desgarran: Palestina-Israel; Líbano, Chipre, los Balcanes, la ex Yugoslavia, Grecia-Turquía, Argelia, reflejos de otras guerras más lejanas, las de Afganistán o Irak, etc. El Mediterráneo se compone de varios subconjuntos que desafían o rechazan las ideas unificadoras. Las concepciones sociales o culturales son sustituidas por las concepciones históricas o políticas, que no logran coincidir ni corresponderse unas con otras. Además, las categorías de civilización o las matrices de evolución, al norte y al sur, no se dejan reducir a denominadores comunes.

El percibir el Mediterráneo sólo a través de su pasado sigue siendo una costumbre persistente. Este espacio histórico ha sido víctima de toda clase de historicismos. La patria de los mitos ha sufrido las mitologías que ella misma ha engendrado o que otros han alimentado. La tendencia a confundir la representación de la realidad con la realidad misma se perpetúa: la imagen del Mediterráneo y el Mediterráneo en sí pocas veces se identifican. Una identidad del ser, difícil de definir, eclipsa o rechaza a una identidad del hacer, mal sostenida. La retrospectiva sigue prevaleciendo sobre la perspectiva. La propia reflexión sigue siendo prisionera de los estereotipos. ¿De qué sirve enumerar, con resignación o exasperación, los atentados que sigue sufriendo el Mediterráneo? Sus mejores tradiciones -las que unían el arte y el arte de vivir- se han opuesto, a menudo inútilmente. Las nociones de solidaridad y de intercambio, de cohesión y “partenariado” (este neologismo se convierte en una llave maestra de las comisiones y los congresos internacionales) deben someterse a un examen crítico. El temor a una inmigración procedente de la costa sur no basta por sí solo para determinar una política apropiada y necesaria. Todo intento de ir hacia adelante exige liberarse de un lastre molesto, que depende del pasado y del presente. La mayoría de las veces, los tratos vagos sustituyen a un verdadero diálogo: Norte-Sur; Este-Oeste; Sur-Este; la brújula parece estar estropeada. El Mediterráneo se presenta como un estado de cosas, no llega a convertirse en un auténtico proyecto. Su costa norte aparece insuficientemente en los programas europeos, su costa sur está ausente la mayoría de las veces. Después de su experiencia de colonialismo, esta última se ha mostrado durante mucho tiempo reservada frente a toda política mediterránea. Hoy está, a pesar de todo, más dispuesta y más preparada de lo que estaba ayer para emprender un diálogo. Es una de las pocas tendencias alentadoras que hay que tener en cuenta.

El vasto anfiteatro mediterráneo va a representar durante mucho tiempo el mismo repertorio, hasta el punto de que los gestos o las palabras de sus actores son previsibles, o se conocen de antemano. Sin embargo, su genio ha sabido, en más de un sentido, reafirmar su creatividad y renovarse. Ahora bien, los propios mediterráneos están cansados de esperar este acontecimiento, que tarda en producirse. Mientras tanto, sería útil replantearse ciertas nociones caducadas de periferia y de centro, las antiguas relaciones de distancia y proximidad, los significados de los cortes y de las permanencias, las simetrías frente a las asimetrías. Algunos conceptos euclideos de la geometría requieren un cambio o una redefinición según las exigencias de las nuevas coordinaciones y de las perspectivas más amplias. Esta tarea se enfrenta a muchas pruebas y desafíos. Es de gran envergadura.