La capacidad natural o competencia de una persona menor de edad para decidir en las intervenciones sanitarias que le afectan es un motivo actual de debate social. Si la edad a partir de la cual la mujer puede decidir la interrupción de su gestación ha sido el detonante, no es la única situación ni la más frecuente. A raíz de la polémica, no exenta de componentes ideológicos, convendría reflexionar sobre la cuestión y analizar el papel de los diferentes agentes implicados.

En primer lugar, la atención médica a la persona menor recae en una persona vulnerable, precisamente porque su personalidad se está formando. Pero, por ese mismo motivo, es una ocasión para abordar aspectos básicos de su salud, como son la educación sexual y reproductiva y la prevención y detección precoz de adicciones y hábitos insanos.

Por otro lado, es comprensible la lógica preocupación de los padres, con una mayor autoexigencia de responsabilidad en lo que concierne a la salud de los hijos. Ahora bien, uno de los objetivos de la educación es enseñar a decidir. Los padres deciden mientras los hijos son incapaces de hacerlo, para luego empezar a compartir las decisiones hasta que los hijos son capaces de decidir por ellos mismos.

Lo mismo ocurre con la intimidad que hay que aprender a respetar cuando los adolescentes manifiestan un celo especial en protegerla, actitud que responde a una mayor autonomía y madurez, pues sólo el adulto es capaz de discernir el ámbito de su intimidad y decidir con quién la comparte.

En el ordenamiento jurídico, el reconocimiento de la personalidad civil del menor es un proceso que viene de lejos, con la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en 1989, ratificado por el Estado español y presente de forma actualizada en el proyecto de ley del Codi Civil de Catalunya. No obstante, dicho ordenamiento no está exento de contradicciones a la mirada del profano, cuando, en el ámbito de la salud, aún se mantienen excepciones a la mayoría de edad a los 16 años, edad en la que, por otra parte, se puede trabajar, contraer matrimonio o mantener relaciones sexuales con un adulto.

El concepto jurídico del consentimiento regula la relación clínica y reconoce y protege el derecho del ciudadano a la información clínica y a decidir sobre las intervenciones médicas que le afectan. La legislación actual, inspirada en dicho concepto, garantiza dichos derechos así como el de acceso a la historia clínica y el de respeto a la confidencialidad del acto médico. Estos derechos también amparan a la persona menor cuando se la considera capaz de decidir, con las excepciones legislativas específicas.

La evaluación de la capacidad de la persona menor para decidir sobre una intervención es una competencia profesional médica. Y lo es por la naturaleza de la información necesaria para decidir, que se refiere a las características de la intervención, a sus riesgos y a los resultados y consecuencias más probables. Este tipo de valoración es circunstancial, es decir, lo es para una intervención concreta y en unas circunstancias determinadas. Por ello el nivel de competencia varía en función de la complejidad de la intervención. A mayor complejidad, mayor grado de competencia. No se trata tanto de emitir un juicio global sobre la madurez intelectual y emotiva de la persona menor, sino de su capacidad para decidir sobre algo concreto en un momento determinado.

Pero, además, el resultado de las intervenciones médicas se beneficia de una relación clínica basada en la confianza mutua. Esta empieza a forjarse con en el juicio que el paciente y el profesional establecen sobre sus respectivas competencias, de un lado, para intervenir y del otro, para decidir. Y se consolida compartiendo la decisión.

Appelbaum y Roth identificaron cuatro criterios que se han utilizado en la elaboración de cuestionarios estructurados para evaluar la capacidad de decidir de las personas y que son: la comprensión de la naturaleza del problema de salud, los beneficios y riesgos de la intervención y las posibles alternativas; la apreciación o tener consciencia de la situación, así como de las consecuencias de aceptar o rechazar la intervención; el razonamiento lógico y argumentado del porqué de la decisión de acuerdo con su escala de valores; y la expresión de la opción, participando activamente en la entrevista, interesándose por lo que le pasa y formulando y respondiendo a las preguntas del médico.

En la atención al menor se debe tener en cuenta el parecer de quienes mejor le conocen, los padres o tutores y en su defecto, de los educadores o personas que le cuidan y le acompañan. Pero cuando el menor competente demanda la confidencialidad, esta debe ser respetada para garantizar la continuidad de la asistencia.

Parece mentira pero es verdad, pese al calor y a las bondades que ofrece la madre Naturaleza en verano, algunos niños y adolescentes están deseando volver de la playa para conectarse a Internet, y sumergirse en su particular mundo virtual para chatear con amigos, o descargarse su vídeo o canción preferidos. Ante este panorama, los padres se cuestionan si los contenidos a los que accede su hijo en la red son los apropiados, o se inquietan por el tipo de personas con las que chatea el menor, o por la publicidad pornográfica que puede aparecer en las webs de intercambio de archivos P2P para descargarse música, o para hablar a través de Internet.

Para resolver estas cuestiones es conveniente, como en otros ámbitos de la vida, enseñar a los niños a discernir las posibilidades constructivas de esta herramienta de los riesgos de los que necesariamente deben protegerse.

En primer lugar, algunos adultos instalan filtros de seguridad que impiden que los menores accedan a webs con contenidos inadecuados, o bien incorporan un antivirus con una aplicación de control parental virtual que imposilita la entrada a determinadas páginas (sexo, violencia, anorexia…), y ofrece la posibilidad real de supervisar la actividad realizada.

En segundo lugar, los padres acompañan con una buena dosis de afecto a los menores en este proceso de aprendizaje para posibilitar que aprendan a navegar en condiciones seguras, y se interesan por compartir con ellos el motivo de la elección de sus páginas favoritas, o la inquietud que les ronda para chatear compulsivamente con amigos con los que acaban de compartir juego y diversión.

Pero, a veces, por motivos que no vienen al caso, los menores navegan solos por la red sin seguridad, o sin la supervisión de un adulto, y dan sus datos personales en determinadas páginas, o después de chatear con un supuesto igual que les ha parecido encantador, y se encuentran inmersos en situaciones problemáticas que no pueden resolver por sí mismos.

Según datos facilitados por la asociación Protégeles.com, el 30% de los menores ha dado su número de teléfono en alguna ocasión, y el 44% se ha sentido acosado-a sexualmente. Por ejemplo, los pederastas contactan con niños en chats de páginas infantiles o en juegos on-line y comienzan a hablar con ellos como si fueran otro menor, hasta que algún niño-a se engancha con su conversación y empiezan a utilizar sus tácticas de manipulación. Tras ganarse la confianza del menor se intercambian con él alguna fotografía hasta que el pederasta (simulando siempre que es un menor) logra entablar una relación más íntima, y consigue imágenes comprometedoras a través de la webcam. Posteriormente, chantajea al menor con la excusa de que, si no mantiene relaciones con él, el vídeo será colgado en Internet para que lo vean sus familiares y amigos.

Para evitar este tipo de riesgos, es necesario transmitir a los menores una serie de normas claras para navegar por la Red. La Asociación Española de Padres y Madres Internautas (AEMPI) ha publicado en su página web alguna de estas reglas: «No des nunca información personal sobre ti, tu colegio, o tu casa. No envíes fotografías sin el permiso de tus padres. Conoce a tus amigos de Internet, de la misma manera que conoces a los otros». En el aspecto práctico, lo mejor es «limitar las horas de acceso, supervisar los programas que se instalan y olvidar la webcam hasta que sean mayores».

Quizás, la mejor prevención para que los menores naveguen con seguridad por la red sea la sólida relación de confianza y comunicación que se haya establecido entre padres e hijos, y que ha otorgado al adulto la justa autoridad para transmitir desde el afecto unas normas que el menor ha interiorizado constructivamente. Aunque es predecible que el adolescente va a intentar transgredir alguna de estas normas cuando adquiera un pensamiento abstracto y crítico, también es verdad que el vínculo de confianza y aceptación incondicional que se ha ido tejiendo día a día, delicadamente, es una de las redes más seguras para utilizar a pesar de las inclemencias del tiempo.

El periodo estival es un buen momento para el adulto, por su mayor disponibilidad emocional, para reconstruir ese espacio de comunicación que nos permite crear las condiciones de escucha adecuadas, para que un menor pueda plantear sin temor la inquietud que le crea una conversación en un chat con un extraño, o el archivo adjunto que ha recibido en su cuenta de correo, invitándole a entrar en páginas web que incitan a la anorexia (prometiendo recetas rápidas para adelgazar), o bien sugieren actos autodestructivos o violentos.

Lo que si está claro es que el afecto y el interés que el adulto muestra por establecer límites claros y normas significativas para que el menor navegue con seguridad por la red ejercerá un efecto positivo en la adquisición progresiva de una actitud reflexiva y de un criterio crítico y autónomo.

En el 2006, poco después de cumplir 18 años, Sina Paymard fue conducido a la horca para ser ejecutado. Cuando ya tenía la soga alrededor del cuello, le preguntaron cuál era su última voluntad. Respondió que le gustaría tocar el ney, una flauta típica de Oriente Medio. La música conmovió tanto a los familiares de la persona asesinada que se encontraban presentes que aceptaron el pago punitivo de la diyat (dinero de sangre) en lugar de la muerte, como permite la legislación iraní.

Irán es uno de los mayores ejecutores del mundo, y se encuentra además en la vergonzosa situación de ser el último país que mata a personas que han cometido delitos siendo menores de 18 años. Tiene el macabro honor de haber ejecutado desde 1990 a 24 – de las cuales once eran menores de edad-, más que cualquier otro país. Otras muchas se encuentran condenadas a muerte, pero las autoridades siguen negando estas ejecuciones. Esta práctica casi ha desaparecido en el resto del mundo. Gobiernos de todas las regiones han ratificado los tratados internacionales que prohíben estas ejecuciones y han introducido reformas en sus legislaciones nacionales para hacer efectiva dicha prohibición. Los últimos países en sumarse han sido Yemen, China, Pakistán y EE. UU.

Aunque escasas en comparación con la cifra total de ejecuciones en Irán – más de 170 en el 2007-, es preocupante la indiferencia del Gobierno iraní hacia los compromisos y obligaciones contraídos en virtud del derecho internacional en relación con la aplicación de la pena de muerte a menores y a la protección de la infancia. Se cree que algunos miembros del Gobierno y del poder judicial están a favor al menos de reducir, si no de abolir, la pena de muerte en estos casos, pero los progresos son muy lentos.

Afortunadamente, ha surgido en el país un movimiento contra esta práctica inhumana formado por gente diversa. Las autoridades han hostigado a muchos de estos activistas, pero el trabajo realizado tanto dentro como fuera de Irán ha tenido un impacto decisivo y puede seguir teniéndolo.

El caso de Leyla Mafi es un ejemplo. Fue detenida durante el registro de un burdel cuando tenía 17 años, tras una vida de prostitución forzada, abusos y violaciones desde los ocho años. Fue condenada a muerte en el 2004 por “actos contra la castidad”. En un proceso injusto, tampoco se tuvo en cuenta que tenía la edad mental de una niña de ocho años, según los asistentes sociales. Activistas de dentro y fuera de Irán se movilizaron por su caso, y una campaña de Amnistía Internacional encontró eco en los medios internacionales. A consecuencia de la presión, las autoridades iraníes anunciaron que se revisaría su causa. El 27 de marzo del 2005, el tribunal revocó la condena de muerte.

Una vez más, la acción coordinada y sostenida de gente corriente ha sido capaz de hacer que las cosas cambien. Y el Gobierno iraní debe saber que los activistas de derechos humanos vamos a redoblar la presión hasta conseguir la abolición total de la pena de muerte en la legislación de Irán.

Most children and young people can rely on the constant support of their parents while they are growing up. Parents who look after them, comfort them when things go wrong, praise them when they do something well, support them with their schoolwork, and encourage them to achieve their goals in life.But this is unfortunately not the case for every child. Across England there are over 60,000 children and young people in care whose families are, for a wide variety of reasons, unable to offer them all of this support. Two-thirds of these children live with foster families.

Yet the system that should be helping these children to achieve their potential is all too often letting them down.

A survey by the Fostering Network, released to coincide with this month’s Foster Care Fortnight, found that 47% of looked-after children in the UK had experienced at least one change of school, in addition to expected age-related moves, since coming into care.

One in five of those who responded had experienced two or more additional changes of school, with one in 20 moving schools at least four times.

Children coming into care have a hard enough time finding their feet without having to cope with a school move. And for those who get moved time and time again, it is hardly surprising that they fail to match the achievements of children from more stable backgrounds.

Only 11% of looked-after children in England achieved five GCSEs at grades A* to C in 2005, compared with 56% of all children, while less than 5% of care leavers go on to university. These poor outcomes are mirrored in Northern Ireland, Scotland and Wales.

The Fostering Network believes that the shortage of foster carers – more than 10,000 across the UK – is one of the key factors in these poor educational outcomes.

The shortage leads to children living miles away from their friends and families, being split up from their brothers and sisters, and, most worryingly, being moved between foster families – the latest figures show that 15% of looked-after children over 10 have had three or more placements in the past 12 months.

It is these frequent moves that all too often mean a change of school, making it hard for children to achieve academically, and also making it hard to make and maintain relationships.

In an attempt to tackle this damaging shortage of foster carers, the Fostering Network is once again co-ordinating Foster Care Fortnight.

The nationwide campaign aims to raise awareness of fostering and to recruit more foster carers.

A wider pool of carers would enable local authorities to find the right foster family for more children, meeting their needs in terms of culture, religion, language, location and interests.

And it is when good matches are made that foster carers are able to offer children stability, and to make a real and lasting difference in their lives.

But while Foster Care Fortnight helps to highlight the shortage of foster carers and encourage people to come forward, a two-week campaign once a year is not enough.

In order to transform outcomes for looked-after children, we need to see sustained investment in fostering from the government, and a commitment from local authorities to provide foster carers with the resources and support they need to do their jobs.

Fostering services that are prepared to pay and support their foster carers properly have shown that it is possible to recruit the number of foster carers needed, but unfortunately many still have to learn this lesson.

The Fostering Network is therefore calling on the governments of the UK to provide sufficient funding to allow local authorities to implement allowances that cover the full cost of fostering, a fee structure that pays foster carers for their work, a framework for training foster carers, and support systems that enable them to care for vulnerable children.

Being taken into care can be traumatic for a child, but this does not mean that their potential should be left unfulfilled.

Despite the depressing statistics, there are many success stories of children in foster care – indeed, with a theme of fostering brighter futures, this year’s Foster Care Fortnight also celebrates what many fostered children have achieved and continue to achieve.

And with the continued hard work and commitment of foster carers, and improvement of their fostering services, more and more of society’s most vulnerable children can look forward to brighter futures and a happier life.

Días atrás supimos del desmantelamiento de una banda organizada de pequeña y mediana delincuencia, auténtico azote de turistas –e indígenas– despistados o, simplemente, de buena fe. Hubiera sido noticia el descubrimiento de una banda criminal en esta zona. Pero ha constituido una sorpresa mayúscula el tipo de organización que se ha logrado desarticular. Esta banda presenta una peculiaridad: los padres instruyen a sus hijos, menores de edad penal, para que al descuido o con nimias intimidaciones desplumen a sus víctimas. Costosas cámaras digitales de vídeo, documentación y dinero en cualquiera de sus formas u objetos personales de todo tipo constituyen el botín.
La consecuencia es evidente: los menores de 14 años son por ley impunes y los mayores, en principio, y hasta ahora, quedaban igualmente impunes, pues eran desconocidos. Los Mossos han dado al traste con tan triste realidad. Para ello han partido de la mejor arma policial: la sagacidad, combinada con paciencia, dentro del más escrupuloso respeto de la legalidad; han desterrado la rutina y han asumido que en ninguna ley se establece que el trabajo policial ha de ser fácil.
Y es lo que aquí ha pasado. Se han invertido meses de trabajo a tiempo completo de una unidad policial íntegra ad hoc –16 agente– y de apoyos esporádicos de otras. Partiendo de una elemental constatación: la reiteración delictiva por los mismos sujetos e idénticos modus operandi, hubo que diseñar un dispositivo de observación, incluida la filmación y seguimiento de los niños hasta llegar a sus padres y verificar lo que éstos hacían una vez los precoces rateros les entregaban los objetos sustraídos. Así expuesto, parece simple, pero no lo es. Tampoco lo es lo que aún queda por hacer a la autoridad judicial y a la asistencial. Además del enjuiciamiento penal, la jurisdicción tutelar de menores tiene ante sí una tarea de calado.

LOS JUECES ahora procederán al castigo de los infractores; éstos son los padres que se han servido de sus hijos. Estamos ante una figura jurídica, perfectamente conocida en la teoría, pero poco aplicada en la práctica: la autoría mediata. A diferencia de la autoría directa, en la que el delincuente ejecuta por su propia mano un hecho punible, aquí el responsable penal se sirve de otras personas que, por las razones que fueren, no caen dentro del radio de acción del código criminal; el autor, en fin, se sirve de otra persona como si fuera un instrumento artificial. No siempre los tribunales aceptan estas construcciones. Recuerde el lector que en el caso de la Dulce Neus, ésta y sus otros hijos mayores de edad penal se sirvieron de la hermana pequeña, que fue la que, por encargo de todos, dio muerte con una pistola a su padre, en la casa de recreo de Barbastro, mientras dormía la siesta. Entonces se acudió a la figura de la inducción para castigar a la tal Neus y al resto de sus hijos. Se acuda a un mecanismo o a otro, queda claro que utilizar menores para cometer delitos no ha de quedar impune, pues tenemos medios legales para su castigo.
Los padres, pues, parece que recibirán su condena. Si, además, residían ilegalmente en España, podrían ser expulsados si la pena resultante fuera inferior a seis años de prisión. De todos modos, si se realiza esta previsión u otra más gravosa, aparece desde ahora un problema de primer orden: ¿qué debemos hacer con los menores, con esos instrumentos delictivos?
Dado que sus progenitores los han educado para el delito y ello es intolerable para la sociedad e incompatible con cualquier idea de educación y cuidado infantil y juvenil, aquéllos deben ser desposeídos de la patria potestad; cuando menos durante un tiempo y hasta su eventual reinserción. Estos niños habrán de quedar bajo la tutela de la Administración pública competente, debidamente controlada por la jurisdicción tutelar, siguiendo los cauces previstos en estos casos.

POR ELLO, no deben acompañar a sus padres, si éstos son expulsados de España. Estos menores, adecuado a lo que aconsejen sus circunstancias personales e individuales, deberán seguir un tratamiento que les permita vivir al margen del delito. Dar desde aquí una receta para cada niño resulta impropio, pues no todos habrán vivido e interiorizado con la misma profundidad la significación de los hechos a los que han contribuido, incluso los que tengan plena conciencia de los mismos.
Una última observación sí que debe hacerse: en ningún caso ese tratamiento ha de ser ni remotamente penal. En primer lugar, porque la ley lo prohíbe, lo que bastaría. En segundo, porque sería injusto hacerles pagar a ellos por las faltas de sus mayores. Para la injusticia tenemos una fina sensibilidad y los niños, más. Por lo tanto, si percibieran que se les trata injustamente, el esfuerzo por educarles sería un fracaso personal y social anunciado.