“Mirar lo que se tiene delante de los ojos requiere un constante esfuerzo”, George Orwell.

Millones de españoles, parados o a la espera de encontrar su primer empleo, tienen puestas sus esperanzas en las reformas del mercado laboral, pero tales reformas, aunque necesarias, no son y nunca serán una “panacea” para resolver el masivo y vergonzoso problema que supone para España el desempleo.

En la actualidad, Alemania, con 82 millones de habitantes, tiene alrededor de 2,7 millones de parados (menos del 7% de la población activa), el nivel más bajo desde 1991, mientras que España, con 46 millones de habitantes, tiene más de cinco en paro (el 23%), lo cual supone el nivel más alto de los últimos 15 años. La economía española se contrajo entre 2007 y 2011 en términos similares al promedio de las de los 17 países de la eurozona, pero el índice de paro español superó en más de dos veces su tasa anterior, mientras que el de la eurozona se deslizó desde el 7,5% al 10,3%.

Algo funciona muy mal. El FMI tiene razón al calificar de disfuncional el mercado de trabajo español, pero también hay que echarle la culpa a un descompensado modelo económico, excesivamente basado en la construcción y el turismo, y a un sistema educativo incapaz de crear los cimientos de un modelo productivo más pendiente del conocimiento que de los ladrillos y el mortero.

Una reciente visita a Las Palmas de Gran Canaria confirmó estas apreciaciones. En 2011, las islas Canarias, una reproducción a escala del conjunto de España, aunque de una forma extrema, disfrutaron de una temporada turística récord, recibiendo 12 millones de visitantes; es decir, 1,5 más que en 2010 (el 21% del total de España y seis veces la población del archipiélago). Hace mucho tiempo que el turismo constituye el puntal económico de las Canarias; sin embargo, su tasa de desempleo es del 30%, muy por encima de la media nacional y el segundo más elevado después del de Andalucía. ¿Por qué la tasa de paro es aquí tan elevada a pesar de haber tenido la mejor temporada turística de la última década? Principalmente, por el derrumbe del inflado sector inmobiliario, que ha hecho que las islas dependan todavía más de un único sector. Lo mismo puede decirse de gran parte de España.

En los hoteles de las islas cada vez hay más extranjeros en puestos directivos, porque los canarios no saben hablar los idiomas que utilizan sus millones de visitantes. De manera que, por ejemplo, un hotel con una numerosa clientela alemana, en su recepción coloca a alemanes o a personas de otras nacionalidades que hablan alemán. Aunque hace ya unos 50 años que el turismo es la base de la economía canaria, los colegios de las islas y de gran parte del resto de España han fracasado estrepitosamente en la enseñanza de lenguas extranjeras. No han ido más allá de un nivel elemental, y a veces ni siquiera eso.

Como en el resto de las regiones, que se volvieron locas con la construcción, en las Canarias la tasa de abandono escolar temprano, la de quienes dejan las aulas a los 16 años para trabajar en el turismo y la construcción, es elevada. Los trabajadores de este sector, ahora en paro, poco más saben hacer, y no tienen prácticamente más alternativa que volver a clase a retomar los estudios. Esto explica que el índice de abandono escolar esté comenzando a reducirse.

Entretanto, en el otro extremo del ciclo educativo, las universidades continúan produciendo ristras de licenciados que con frecuencia terminan en empleos para los que están sobrecualificados, porque hasta la fecha el modelo productivo ha sido incapaz de crear un número suficiente de empleos que demanden su preparación. No es sorprendente que en 2011 una cifra considerable de españoles (62.611, según el INE), muchos con títulos universitarios, haya comenzado a emigrar, por primera vez en 30 años. Mis propios hijos, de 30 y 29 años, trabajaron inicialmente en España y ahora lo hacen en Londres y Berlín.

Durante la campaña electoral de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero prometió crear dos millones de puestos de trabajo y alcanzar el pleno empleo. Sin embargo, en los últimos cuatro años se han perdido más de dos millones de empleos. ¿De dónde van a salir los nuevos puestos de trabajo estables? Evidentemente, no de la construcción (se calcula que hay alrededor de 750.000 viviendas nuevas sin vender) y tampoco de las Administraciones públicas, que están reduciendo la cantidad de puestos de trabajo.

España ha acometido innumerables reformas laborales desde 1984, cuando se introdujeron contratos temporales para tratar de fomentar la creación de empleo, aunque esa medida acabara creando un mercado laboral completamente dual, formado por integrados (los que tienen contratos indefinidos) y excluidos (los que tienen contratos temporales).

Por sí solas, las reformas laborales, al margen de lo liberalizadoras que sean, no crearán empleo. El desafío radica en establecer una economía más diversificada que, basada en el conocimiento, dependa más de las exportaciones. Para ello hará falta una década: España tendrá que soportar durante mucho tiempo un elevado índice de desempleo.

Es frecuente que se confunda el precio de un bien con su valor. Influyen prejuicios, un conocimiento superficial o un deseo aspiracional de emulación. También es habitual malvender lo que ha costado mucho lograr. Algo de esto es lo que ha sucedido en el Consejo Europeo del pasado 30 de enero. El presidente del Gobierno iba con un importante activo -son sus palabras y las de miembros de su Gobierno- y ha malvendido el acuerdo que sindicatos y patronales firmábamos días antes.

Ante los primeros ministros conservadores equivocó el precio -una huelga general que le parece inevitable- con el valor del consenso social y la responsabilidad. Solo faltaba el señor Van Rompuy, animando a coger de nuevo “el toro por los huevos”, tal y como hizo cuando celebró la valiente, por impopular, reforma laboral del anterior Gobierno.

Anoten un detalle y denle la importancia que consideren: el acuerdo de las pensiones se rubricó el día anterior a la llegada a Madrid de la canciller alemana, encuentro muy importante para nuestro país. El día anterior al encuentro en Berlín del presidente del Gobierno con la señora Merkel y en tiempo para su primer Consejo Europeo, actos no menos importantes, sindicatos y empresarios volvimos a cumplir con nuestra responsabilidad. Esperábamos que fuese una contribución que fortaleciese la posición de nuestro país para reclamar otras políticas que no arruinen a la sociedad española y le arrebaten derechos y bienestar. Pese a lo sucedido, no cejaremos en el empeño por lograrlo.

En nuestro país se ha producido un cambio político, un Gobierno conservador ha sustituido a uno socialista. Pero la severidad de la crisis pronto ha disipado las fábulas que precedieron al cambio y no ha tardado en aparecer el personaje del Torquato Tasso de Goethe lamentando que “de lo que uno es, son otros quienes tienen la culpa”.

Tras mi primera entrevista con el presidente del Gobierno -días antes de su investidura- afirmé que lo mejor era que, por la vía del diálogo, pudiéramos contribuir a resolver los problemas, y si no fuese así, deseaba que el presidente acertara. Esta afirmación, sincera, llamó la atención de alguna de las personas que más se han empleado en propagar el odio contra las organizaciones de trabajadores. Treinta y cinco años de democracia parecen no ser suficientes para que se entienda que UGT no es la oposición de ningún Gobierno. Como tampoco somos la oposición en las empresas.

Sindicatos y patronal hemos alcanzado un acuerdo difícil, como lo fue también el de las pensiones. Pero es una decisión que podemos explicar y los trabajadores la entenderán. La falta de acuerdo, cuando nuestro país se encamina hacia los seis millones de parados, es algo que difícilmente hubiéramos podido explicar.

El acuerdo solo tiene un propósito: que el despido sea la última opción en la empresa. La contención salarial, la flexibilidad, el compromiso de que una mayor parte de los márgenes empresariales se dediquen a inversión productiva, la vigilancia de los precios de los bienes y servicios esenciales, en particular de los que son competencia de las Administraciones públicas, solo tienen un objetivo: que no se siga destruyendo empleo.

Con su firma corroboramos algo sobre lo que se ha insistido: que deberían explorarse las posibilidades de mejora que ofrecen nuestras normas laborales, reformadas recientemente. Para asuntos como el convenio de empresa, la flexibilidad en la contratación o en las empresas -si son esos realmente los problemas que se quieren resolver-, nuestra regulación permite buscar soluciones por la vía del diálogo y el consenso social.

No obstante, se pueden preguntar por qué ahora ha sido posible lograrlo con prontitud. Es posible que las distancias antes fueran mayores porque, como ustedes y Borges saben, el espacio se mide por el tiempo y hoy el tiempo, al menos el tiempo político, no sé si es más o menos breve, pero sí es distinto. No ha sido así para nosotros.

También hemos intentado preservar algo vital: la negociación colectiva. Lo saben bien quienes quieren extirparla de las relaciones laborales, el ministro de Economía encabeza el pelotón: “El sistema de negociación colectiva ha sido la principal razón de la pérdida de competitividad que hemos sufrido en la última década”. Por ahora son solo sus palabras, esperemos que no se conviertan en decisiones.

Tras lo sucedido en el Consejo Europeo, tenemos el derecho a que el Gobierno acredite su voluntad de diálogo. Es su obligación tomar la iniciativa, convocar a sindicatos y patronales para esclarecer sus propósitos y, si esa es su voluntad, asentar el consenso social. Y quizás no estaría de más reflexionar sobre comportamientos recientes.

Resulta evidente que el modelo actual de nuestro mercado de trabajo ha fracasado de forma rotunda. Una crisis económica que dura cuatro años pero que sus principales efectos se han dejado sentir en el empleo, generando un 23% de parados de la población activa y más del 45% de paro entre los jóvenes menores de 30 años, son hechos incuestionables que confirman esta afirmación. El problema es que precisamente esta realidad no es nueva. La hemos ido constatando en cada una de las crisis económicas que hemos padecido en nuestro país, década tras década, convirtiéndose en una serie histórica desdichada que siempre acaba retornando, incluso como las enfermedades peligrosas, de forma más virulenta. Y de ahí que todas las miradas se vuelvan a la legislación laboral.

La ley laboral, durante todos estos años de trayectoria democrática, ha intentado reescribirse, a modo de reformas, de forma constante, siempre sin olvidar el código genético que la impregna, como es el de la protección del trabajador y la búsqueda del equilibrio para facilitar la llamada paz social, pero en buena medida, y más durante los últimos años, sus objetivos importantes perseguidos de eficiencia empresarial y de justicia laboral (Barbash) han ido inclinando más la balanza hacia el primero que hacia el segundo, con la idea de que una ley laboral más flexible contribuye a mejorar la competitividad empresarial, que a la postre redundará en un mejor y más saneado mercado de trabajo. Se trata de un nuevo paradigma donde las relaciones entre economía y empleo son estrechas, y las medidas adoptadas por unos inciden en las de los otros.

Ejemplo perfecto de esta nueva realidad lo tenemos en el reciente Acuerdo (II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) que se firmó la semana pasada por los agentes sociales. Los valores de dicho pacto han pasado, a mi juicio, y quizás por los antecedentes de otras negociaciones fallidas, con más pena que gloria en la opinión pública, cuando realmente estamos en presencia de un acuerdo tremendamente positivo para nuestro país, con contenido real y con elementos hasta el momento desconocidos en el ámbito de las relaciones laborales de España. Se enciende, sin duda, una luz muy potente para sentar las bases de un cambio de modelo tan demandado por prácticamente todo observador y conocedor del mismo. Y se constata que el Gobierno hizo bien en dar margen a dicha negociación.

La actitud de los agentes sociales y su implicación en la mejora de la economía resultan definitivas para configurar una realidad laboral favorable al empleo, en la que la solidaridad y el esfuerzo común de todos los ciudadanos resultan indispensables, pero donde la responsabilidad ejercida por los que están al frente en el día a día de las relaciones laborales es el epicentro para comenzar un cambio normativo laboral necesario. Un cambio que vaya más allá de la reforma, a saber, la búsqueda de un empleo sostenible.

Pues bien, para comenzar, las partes firmantes del acuerdo, sindicatos y organizaciones empresariales, firman un pacto de moderación salarial tremendamente efectivo, con un cierto valor taumatúrgico al tratar, por primera vez en este tipo de acuerdos interprofesionales, de revisión salarial ligada a productividad o resultados de la empresa, y olvidando la indexación automática al IPC de cada año, con valores inferiores al mismo. Ello por sí solo ya nos ha favorecido en nuestra imagen en el exterior, verdadero caballo de batalla económico en estos momentos que estamos atravesando. También es novedosa la llamada a los negociadores de los convenios colectivos futuros a incorporar cláusulas de flexibilidad ordinaria y extraordinaria en el tiempo de trabajo (distribución irregular de la jornada anual hasta un 10%; bolsa de horas a disponibilidad del empresario; y racionalización y flexibilidad de horarios); en la movilidad funcional (olvidando el concepto de categoría profesional y propiciando los grupos); y, finalmente, en materia salarial (donde por fin se generalizan los conceptos variables del salario y se habla abiertamente de incrementos salariales ligados a productividad y resultados de las empresas). Toda una declaración de principios, valiente, detallada. Y, en fin, igualmente importantes son las ideas que se plasman en el documento sobre inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales, si bien en este punto se requerirá de desarrollo legislativo para que sea realmente eficaz.

Sin duda queda mucho por hacer, sobre todo en materia de ordenación más ágil de la negociación colectiva (donde la regla de la ultraactividad de los convenios es clave); en materia de contratación (con búsqueda de una regulación más flexible del tiempo parcial, trascendental para nuestro sistema productivo); en terminación de contrato (dando más certidumbre al empresario que quiera acometer estos procesos) y en intermediación laboral (facilitando la cooperación entre empresas y Administración). Pero creo que el camino que acabamos de comenzar es ambicioso y arroja esperanzas a lo que se pueda ver pronto, dado que todos están asumiendo sus responsabilidades para finiquitar, de una vez por todas, esta situación perversa del desempleo.

Con la reforma laboral que el Gobierno ha de presentar en las próximas semanas, se abre una gran oportunidad para paliar algunas de las mayores disfuncionalidades que tiene el marco legal de nuestro mercado de trabajo. No es posible disminuir la importancia de esta reforma bajo el argumento de que no va a crear empleo inmediatamente. Además del efecto positivo que puede tener en la percepción de los sujetos económicos nacionales e internacionales sobre la seriedad con la que afrontamos nuestra senda hacia la recuperación, medidas firmes en aspectos tales como la mayor adaptabilidad de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviesa la empresa -moderación salarial, mejor distribución del tiempo de trabajo- pueden tener un impacto directo y rápido en su competitividad y repercutir de forma inmediata en el mantenimiento del empleo y de manera mediata en su incremento.

Ante una coyuntura tan grave, hay que desarrollar una reforma profunda y sistemática que frene dinámicas patológicas e inicie nuevas tendencias en nuestro mercado laboral, modificando la percepción empresarial generalizada de que la normativa actual es más un obstáculo que un elemento favorecedor de la gestión eficiente de los recursos humanos. Más concretamente, las materias a reformar han de ser, al menos, las referentes a contratación, flexibilidad interna, despido, negociación colectiva, intermediación y promoción del emprendedor.

En contratación, debe procederse tanto a la unificación del contrato indefinido -la dualidad actual entre ordinario y de fomento es disfuncional- como a su promoción a efectos de reducir la temporalidad, sin perjuicio de la eliminación de restricciones indebidas a la contratación temporal -que tiene un papel esencial en determinados sectores productivos-. Debe desarrollarse también una reformulación de la contratación formativa, especialmente simplificándola, y de la promoción de la contratación a tiempo parcial, eliminando restricciones innecesarias que la han venido limitando.

Respecto a la flexibilidad interna, debe fomentarse la adaptabilidad de la empresa a nuevas circunstancias, facilitando la ejecución rápida y efectiva de cambios necesarios en las condiciones de trabajo más esenciales y con relevancia organizacional directa (tiempo de trabajo, clasificación profesional y movilidad funcional, salarios, movilidad geográfica). Las situaciones de desacuerdo entre empresarios y trabajadores tras el correspondiente periodo de negociación han de resolverse mediante la ejecución de los cambios con posterior control arbitral o judicial.

En materia de despidos, y por los que respecta a los basados en causas empresariales, es necesario introducir una mayor claridad en el entendimiento de tales causas -especialmente la económica-, así como proceder a la eliminación de la autorización administrativa. Al mismo tiempo, hay que disminuir razonablemente el coste del despido y delimitar mejor la extensión del control judicial. También en el ámbito del despido, pero esta vez por ausencias injustificadas y repetitivas, el control del absentismo por la Seguridad Social o incluso por las Mutuas encuentra un claro límite en el absentismo de menor duración -inferior a tres días-, siendo el instrumento más adecuado para reducirlo el despido objetivo, al que hay que excluir para su aplicación el referente de ausencias colectivas.

Respecto a la negociación colectiva, y más allá de que los agentes sociales puedan seguir dialogando sobre posibles cambios en este ámbito, la norma estatal contiene reglas que deben ser redefinidas, en cuanto afectan directamente a la adaptabilidad de las condiciones de trabajo en la empresa. Así, es necesaria una reordenación de la estructura que favorezca una mínima articulación de niveles de negociación y que, al mismo tiempo y según las características de cada sector, promocione la descentralización de la negociación colectiva a nivel de empresa , incluyendo los denominados descuelgues. También ha de impulsarse la renovación efectiva de los contenidos de la negociación colectiva, limitando la continuidad automática de los convenios en caso de desacuerdo -la denominada ultractividad-.

En el ámbito de la intermediación en el mercado de trabajo, hay que potenciar más el papel de la iniciativa privada en colaboración con los servicios públicos de empleo, eliminando restricciones indebidas -como el principio de exclusividad de las Empresas de Trabajo Temporal- y fomentando el desarrollo de Agentes Globales del Mercado de Trabajo que realicen eficazmente las distintas actividades de intermediación, selección, cesión, recolocación y formación.

Finalmente, y respecto a la promoción del emprendedor, en la fase inicial de sus negocios se le debe facilitar la contratación y la gestión ágil de sus trabajadores, así como excluirlos de la normativa sobre despidos empresariales -despido sin causa, pero con respeto a los derechos fundamentales-, y establecer la inaplicación temporal de los convenios colectivos a aquellos trabajadores.

El desarrollo de estas y otras medidas no pueden aspirar a tener un efecto inmediato -en semanas o escasos meses- en la recuperación sustancial del empleo, pero sí pueden incidir rápidamente en la competitividad empresarial y en la percepción exterior e interior de la eficiencia de nuestro mercado de trabajo, situando al mismo en una línea de renovación y de mayor consonancia con las propuestas y objetivos de la Unión Europea.

Si hay un lugar común en la historia de nuestras reformas laborales durante el último tercio de siglo ha sido su instrumentación como respuesta -en ocasiones paranoica- a las situaciones de crisis experimentadas por la economía española. La introducción de la contratación temporal como medida de fomento del empleo fue la disposición con mayor carga efectiva -y, seguramente, también simbólica- entre las adoptadas en la reforma laboral de 1984. En aquel momento nuestra tasa de desempleo superaba el 21% y en los cinco años precedentes la destrucción de empleo había alcanzado 1,5 millones de puestos de trabajo perdidos. A partir de la segunda mitad de 1985 la ocupación comenzó a recuperarse. Obviamente, resultaría muy simplista imputar el cambio cíclico a aquella reforma laboral en una economía que ya empezaba a incorporar en sus expectativas las consecuencias enormemente positivas de nuestra inminente entrada en las instituciones europeas. Sin embargo, es muy importante subrayar que aquella política de estímulo al empleo temporal, diseñada con carácter coyuntural, se mantuvo durante todo el periodo expansivo que la siguió, y terminó originando un enorme crecimiento de nuestra dualidad laboral. Desconocemos la tasa de temporalidad existente en 1984, pero entre 1987 y 1994 se duplicó largamente a través de un significativo grado de sustitución de empleo fijo por temporal. Además, algo mucho más trascendente, se introdujo en nuestras relaciones laborales una cultura de la temporalidad que pronto se convirtió en una de las patologías más graves del mercado laboral español.

Ocho años más tarde, en 1992, una nueva crisis económica que destruyó alrededor de un millón de empleos y disparó el gasto en protección hasta un nivel incluso superior al actual en relación al PIB, obligó a impulsar nuevas reformas (entonces el gasto en prestaciones se elevó desde el 1,2% hasta alcanzar casi un 4% del PIB). La respuesta fue un importante paquete de medidas desarrollado entre 1992 y 1994 que contuvo, entre otras materias, una significativa reforma de la protección por desempleo que logró estabilizar rápidamente el gasto tras la recuperación iniciada en la segunda mitad de 1994.

A comienzos de la pasada década, la denominada crisis de las puntocom provocó un incremento del 24% en el volumen de desempleados a lo largo de los siete trimestres transcurridos entre el segundo de 2001 y el primero de 2003. La respuesta entonces fueron dos nuevas reformas laborales. Una de ellas, la reforma de la negociación colectiva, resultó fallida como consecuencia de la crítica sindical y, lo que terminaría siendo crucial, la oposición de los propios empresarios. La otra fue retirada en su mayor parte tras la huelga general con la que respondieron, como en 1992 y 1994, las organizaciones sindicales. Sin embargo, lo que sí mantuvo el Gobierno del PP, por encima de todo, originó el mayor impulso hasta entonces conocido en los despidos sin causa: la implantación del despido exprés. Al suprimir de hecho la tutela judicial efectiva y vaciarla de contenido material, al reducir de forma clara el coste efectivo de los despidos realizados sin causa alguna, el despido exprés produjo una gran conmoción en nuestras relaciones laborales. Para los que se preocupan por la excesiva rigidez de la institución del despido en España, convendría recordarles que desde el año 2002 en nuestro país se han realizado 7 millones de despidos, de los que 4,2 millones (el 60% del total) se han producido en 48 horas sin alegación de causa alguna. En términos europeos esto sí es una verdadera peculiaridad del modelo español de relaciones laborales y no nuestro diseño de negociación colectiva, en lo esencial muy similar al existente en Francia, Alemania o Italia.

Como las anteriores, las reformas de 2010 y 2011 tampoco concitaron respaldos significativos entre los interlocutores sociales, pero algunas cuestiones merecen ser subrayadas. La reforma basculó en su primera fase -2010- sobre el impulso de la contratación indefinida sobre todo en su modalidad de fomento del empleo y, tras el Acuerdo Social y Económico de enero de 2011, en el estímulo de los contratos a tiempo parcial. Cuando, en agosto de 2011, se suspendieron los límites al encadenamiento de la contratación temporal (una regla cuyo funcionamiento durante la crisis estaba destruyendo empleo temporal antes de convertirlo en estable) ello se realizó por dos años de forma estrictamente transitoria. Aprendiendo de la experiencia pasada se trataba de impedir que se produjeran efectos de naturaleza tan negativa como los que se derivaron de la reforma de 1984.

Por su parte, la reforma de la negociación colectiva exige que cuando no se produce el acuerdo se dé paso a la mediación y al arbitraje entre las partes. En nuestra opinión, esto es lo razonable en un marco moderno y flexible de relaciones laborales, ¿o es que alguien cree de verdad que el futuro en esta materia debe descansar sobre una flexibilidad impuesta unilateralmente por una de las partes? Eso sí sería una nueva vuelta al pasado para devolvernos a un modelo más propio de otros tiempos en España y en Europa. Si las condiciones laborales que provienen de un pacto colectivo pueden alterarse según el criterio de la parte empresarial, la negociación colectiva dejará de existir y los derechos laborales se regularán y concretarán en la ley. El resultado será más intervencionismo. Empresarios y trabajadores terminarán siguiendo caminos divergentes en lugar de buscar compromisos mutuos, cooperación. En suma, complicidad en el trabajo y en la empresa.

La pretensión de arreglar de un plumazo nuestras más profundas patologías laborales mediante la implantación de un contrato único vuelve de nuevo a formar parte del debate. Es verdad que ahora se matiza al plantear que también debe subsistir contrato interino; por supuesto, habría que añadir el de tiempo parcial; y el contrato temporal cuando existe causa objetiva, realizado por las ETT o desde la propia empresa; y el fijo discontinuo, imprescindible en buena parte de nuestros servicios de hostelería vinculados a la temporada turística o en ámbitos crecientes del sector agroalimentario. O sea, que de único, lo que se dice único, nada. Pero sobre todo hay que insistir en que una indemnización de despido creciente partiendo de niveles más reducidos al comienzo de la vida del contrato no solo no solventaría nuestros problemas de rotación laboral, sino que terminaría reduciendo la estabilidad global del empleo y nos dejaría irresueltos todos los problemas derivados de nuestras altas tasas de temporalidad: ausencia de estímulos a la formación en el empleo y freno al avance de la productividad. Dicho casi con la misma sencillez, ¿o habría que decir simpleza?, con la que se realiza la propuesta: para arreglar la dualidad dejar a todos iguales, esto es, todos acabarían siendo temporales.

Después de todo, algo hemos ganado en estas semanas si los mismos que le pedían resultados urgentes a las reformas laborales recientemente materializadas sugieren ahora que las para ellos imprescindibles reformas del mercado de trabajo no darán resultados inmediatos. Es decir, que para sus reformas hay que ser comprensivos y pacientes, y no así para las que ellos no son los proponentes. He aquí lo que popularmente se conoce como ley del embudo.

A fin de cuentas, lo más efectivo en este mundo laboral son los acuerdos que nacen de la libertad negociadora de las partes. Los agentes sociales ya han entregado un primer paquete de acuerdos (algunos imprescindibles y no poco importantes, como el de mediación y arbitraje que incorpora los nuevos instrumentos de flexibilidad aprobados en las reformas de 2010 y 2011). Y a los que deberían suceder acuerdos que extiendan la necesaria política de moderación salarial a los próximos años. También hay materias en el ámbito de la regulación de la contratación laboral: una mayor flexibilidad en el contrato a tiempo parcial, el desarrollo de los instrumentos de cualificación necesarios fuera de la empresa para los jóvenes contratados en formación, y el despliegue de las posibilidades de financiación del despido a través del Fogasa. Es mejor hacerlo así y dejar de darle vueltas, al menos durante una temporada, a la madeja de la regulación del coste del despido.

En una de las ingentes charlas informales con mi admirado Rafael Argullol, salió a relucir la recurrente temática de la actual forma de pensamiento que impera en la sociedad contemporánea. Para Argullol, como ha destacado en múltiples contextos y ocasiones, el actual imaginario colectivo se mueve por la pura finalidad, dejando de lado los aspectos culturales y humanistas. Expresado en sus propios términos, se ha sustituido la lógica del por qué para transitar exclusivamente por la del para qué.

Este fenómeno, en el que el individuo se ve impelido única y exclusivamente por la pura finalidad de los acontecimientos y el pragmatismo de sus acciones, no se observa simplemente en aspectos someros de la vida de los ciudadanos, sino que, más bien, se ha inoculado en su manera de ser, en su pura mismidad, tal y como diría Ortega y Gasset, hasta el punto de que hoy en día puede afirmarse sin ambages que el sujeto humano es un ser que se define, principalmente, por ser sujeto pragmático.

Si el individuo se define a la sazón por estos parámetros, es harto evidente que las relaciones que establece con los demás se hallarán mediatizadas por esta lógica pragmática y teleológica. Un ejemplo diáfano de este hecho puede observarse en la elocuente y magnífica obra de Manuel Cruz Amo, luego existo, en la que se exhuma el carácter productivo y competitivo que imbuye las actuales relaciones de pareja. Dicho en otros términos, la lógica del puro pragmatismo que, no lo escondamos más, provoca la asimilación de los patrones capitalistas, por parte del sujeto, y empapa todos sus ámbitos existenciales.

Y si las relaciones con el prójimo se forjan en la pura finalidad, la relación que el individuo mantiene consigo mismo tampoco escapa de esta problemática. Toda persona se caracteriza por tener una consideración de sí mismo -es lo que se conoce como autoconcepto-, la cual se ve influida por un ingente número de factores (reconocimiento por parte del prójimo, experiencias pasadas…). Pues bien, incluso el propio autoconcepto se halla mediatizado por los parámetros finalistas. Para dilucidar este punto, que podría parecer algo alambicado e intrincado, vamos a penetrar en la relación que el sujeto establece con su propia situación de desempleo.

Si dirigimos la atención a los diferentes estudios materializados a partir de la década de los 30, hallaremos que se pone de manifiesto el fuerte impacto negativo que tuvo el desempleo, sobre la salud mental de los sujetos. Por ejemplo, los estudios de Eisenberg y Lazarsfeld, en 1938, observaron, en sus muestras experimentales, cómo el desempleo hacía al sujeto más inestable emocionalmente (mayor ansiedad y nivel de sentimiento depresivo, menor grado de satisfacción con la vida y nivel de autoestima).

Para explicar cómo el desempleo genera dicha inestabilidad psíquica, Jahoda, en 1987, impulsó la tesis de que la ausencia de trabajo debía verse como la privación de las categorías de experiencia básicas que proporciona todo empleo (desaparición de la estructura temporal, contactos sociales, ausencia de participación en metas comunes, así como de los recursos económicos que proporciona el empleo asalariado).

Por consiguiente, lo esencial de estas conjeturas estriba en que el desempleo provoca malestar psicológico, al verse privada la persona de unas condiciones materiales, económicas y sociales que son básicas para garantizar una existencia digna en nuestro mundo actual. Sin embargo, tal y como se destacó con anterioridad, esta situación es algo propio de nuestra sociedad neocapitalista. Dicho en otros términos, la lógica del sistema capitalista ha penetrado de tal forma en el sujeto que, en el momento en que no es una pieza funcional para el engranaje del sistema, irrumpe un hondo malestar que lo embarga en toda su complejidad.

El desempleo, en la antigua Grecia, verbigracia, era visto como una oportunidad para poder dedicarse a las tareas más elevadas del sujeto: la dialéctica, la retórica, la lógica, la matemática… Por consiguiente, el empleo se consideraba como un lastre del que había que desprenderse, de la manera que fuese, para dar rienda suelta a las virtudes más elevadas del sujeto. Algo de esto se está produciendo hoy en día (con el auge de la formación de los desempleados), pero lo que ha cambiado es su consideración: al no tener más remedio, se inicia un grado medio, superior o una carrera universitaria que habilite a ser, de nuevo, funcional, para el sistema, y para nosotros mismos.

No se trata aquí de decir que el parado debe aceptar con estoicismo su lamentable situación, y gozar de las actividades formativas que inicie, sino que lo que se pretende es mostrar cómo la concepción que el sujeto tiene de su propia persona, y de sus actividades, ha variado a lo largo de la historia, y se halla empapada -por no decir determinada- por la lógica del sistema imperante.

Los múltiples y variados factores que inciden en la grave crisis que viene padeciendo España desde finales del año 2007 hacen que una reforma del mercado de trabajo, de por sí, resulte insuficiente para eliminar los efectos de la misma, pero no cabe duda que sin ella difícilmente se podrá reducir la enorme cifra de desempleo que nos viene singularizando a nivel mundial.

Es cierto que en el pasado año 2010, y también en el 2011, proliferó una actividad legislativa tendente a adecuar el mercado de trabajo, gravemente dañado, a las exigencias impuestas por la desbordada crisis económica-financiera que elevó la cifra del paro laboral a cotas desproporcionadas y muy alejadas de las existentes en otros países del entorno europeo. Pero la realidad ha demostrado que esas reformas legislativas han resultado muy poco operativas y que, a día de hoy, ni ha aumentado la contratación laboral, especialmente la de los jóvenes, ni se ha logrado detener la sangría del paro, que sigue en aumento y origina, a su vez, una disminución de afiliaciones a la Seguridad Social, con el consiguiente riesgo para el régimen de pensiones de los trabajadores jubilados.

En estos momentos, en los que se abre un nuevo y esperanzador ciclo político en España, resulta apremiante, pese a la muy difícil situación existente ya, el realizar un esfuerzo innovador en el que se ponga en juego no solo la actividad del nuevo equipo de gobierno, sino también la cooperante actuación de las asociaciones empresariales y los sindicatos, en orden a la consecución de una normativa laboral que conjugue la posible seguridad en el empleo con un margen de flexibilidad que permita atender las ineludibles exigencias de productividad y de competitividad de las empresas.

Se ha de ser consciente de que el Estatuto de los Trabajadores de 1980, que, con múltiples y muy importantes reformas, sigue siendo la norma básica de regulación del mercado laboral en nuestro país, ha quedado ya superado, porque no en vano han transcurrido más de treinta años desde su promulgación y los presupuestos socio-económicos que lo determinaron han cambiado manifiestamente.

El Derecho de Trabajo de nuestros días ha evolucionado desde entonces, por cuanto el contrato laboral en la actualidad tiene que experimentar un notable cambio en función de las nuevas coordenadas dentro de las que, inevitablemente, se desenvuelven las empresas en el marco de un mundo globalizado y tecnificado que oliga a diseñar fórmulas de contratación distintas de las tradicionales, pese al diferente plano en el que, inevitablemente, se sitúa el trabajador respecto al empleador. Paralelamente, es lo cierto que, a día de hoy, se constata la existencia de un número importantísimo de pequeñas y medianas empresas, que sustentan una parte muy considerable del empleo en nuestro país y que se hallan en una situación de lamentable posicionamiento económico y financiero.

Es, por tanto, el momento de abordar un cambio sustancial en la regulación del mercado de trabajo que permita un mayor margen de flexibilidad en el origen, en el desarrollo y en la finalización del contrato laboral. No se trata de dejar en manos de la empresa la configuración y el desenvolvimiento de la relación laboral, sino de propiciar un régimen regulador que permita una holgada contratación que se compagine con las exigencias de productividad y competitividad que la empresa requiere en cada caso y momento, y de modo muy singular en una etapa de crisis como la que se está viviendo.

Si no se proporciona a todo el entramado empresarial una adecuada y segura financiación y al propio tiempo no se le dota de un régimen laboral que le permita desenvolverse sin encorsetamientos ni estrecheces, es muy difícil que se llegue a salir de la crisis que se viene padeciendo y que el empleo vuelva a un ritmo normal de desenvolvimiento que nos aleje de la abrumadora tasa de paro actualmente existente. Desde esta perspectiva, habrá de insistirse en una renovación de la negociación colectiva que supere los niveles alcanzados en el vigente Real Decreto 7/2011 de 10 de junio, y que no tenga el menor reparo en acercarla a las concretas exigencias y necesidades de cada empresa en particular, adaptándola a las cambiantes circunstancias del mercado y procurando un mayor protagonismo en la misma de la representación unitaria de los trabajadores. En otro aspecto, la nueva regulación laboral, necesariamente, ha de contemplar medidas de flexibilización y ajuste de la jornada y del horario de trabajo, así como de moderación salarial, la suavización de las derivaciones inherentes a la extinción del contrato con una más proporcionada secuencia indemnizatoria en función de la antigüedad y una especial atención a la formación que posibilite la contratación de los jóvenes, que son, sin duda, el sector más castigado por la crisis.

Desde otro punto de vista, y dado el fracaso de algunas modalidades de contratación laboral de las que se esperaban óptimos resultados, tal vez ha llegado el momento de configurar un renovado modelo de contrato de trabajo que resulte ambivalente tanto para la creación de empleo como para conseguir un equilibrado coste por su extinción.

Por otra parte, el trabajador habrá de concienciarse de su implicación en un común proyecto empresarial del que depende, en definitiva, el mantenimiento de su relación laboral. De aquí que medidas como el incremento salarial en relación con la productividad, y no en función del índice de precios al consumo, deben ser acogidas en una futura regulación de la negociación colectiva, como así se ha hecho en otros países europeos, con resultados claramente positivos.

Estas breves reflexiones tal vez puedan parecer a algunos la expresión de un puro liberalismo en el marco laboral que desconoce conductas empresariales bien poco edificantes, por cierto —pese al posible marco de legalidad que llegue a ampararlas—, y que se pusieron de manifiesto con ocasión de las obligadas fusiones de entidades de ahorro, pero es hora de decir, también, a las empresas que habrán de establecer un severo recorte en sus legítimas aspiraciones de reparto de beneficios, dadas las circunstancias de extremada crisis que se atraviesa, por cuanto, si bien es cierto que el artículo 38 de la Constitución de 1978 proclama el principio de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, no lo es menos que el artículo 1 de dicho texto fundamental define al Estado como Social y Democrático de Derecho, y, por su parte, el artículo 40 prevé la promoción del progreso social y económico y, de manera especial, una política orientada al pleno empleo.

Hace unos días el presidente de la CEOE planteó la posibilidad de implantar en España los “empleos reducidos” que existen en Alemania como una fórmula para crear puestos de trabajo y reducir el paro. ¿Se trata de una buena idea o no? Examinemos primero cómo se regulan; después, qué nos dicen los datos; a continuación, qué efectos han producido; y, finalmente, si es recomendable importar esta modalidad de empleo.

¿Qué son los empleos reducidos? En Alemania, existen dos modalidades “precarias” de contrato a tiempo parcial: los miniempleos y los midiempleos. Aunque ya existían desde los años 1970, la regulación actual entró en vigor en 2003 modificando algunos aspectos de los primeros e introduciendo los segundos. Las características de los miniempleos son las siguientes: el importe salarial máximo son 400 euros/mes; no hay límite al número de horas por las que se puede contratar al trabajador (hasta 2003 había un máximo de 15 horas a la semana); el empleador paga una cantidad equivalente al 30% del salario (desde julio de 2006) en concepto de cuotas sociales e impuestos (este porcentaje fue del 25% en 2003-2006 y más bajo anteriormente); el trabajador no abona cuotas a la Seguridad Social ni impuestos, aunque de forma voluntaria puede pagar un 4,9% de su salario para adquirir o no perder derechos al seguro de pensiones; son compatibles con prestaciones no contributivas por desempleo y otras ayudas sociales; y pueden compatibilizarse varios miniempleos así como un empleo regular con un miniempleo.

Por lo que respecta a los midiempleos, su importe salarial oscila entre 400 y 800 euros/mes; los empleadores abonan cuotas a la Seguridad Social completas (20%) y los trabajadores, reducidas (positivas pero inferiores a las de los empleos regulares y proporcionales a los ingresos salariales: del 4% al 21%).

¿Qué nos dicen los datos? En cuanto al volumen, en 2011 más de siete millones de personas estaban ocupadas en empleos reducidos: más del 20% de los asalariados alemanes. La mayor parte de aquellas (casi el 90%) lo estaban en miniempleos (el resto en midiempleos) y, de los primeros, la mayoría (dos tercios) solamente trabajaban en un miniempleo (el otro tercio en uno como trabajo secundario de otro regular o en varios miniempleos). Además, los empleos reducidos han aumentado de forma relevante: entre 2003 y 2010 en casi 1,6 millones (un 27% de incremento frente a un 8% del empleo total). Como consecuencia, la proporción de trabajadores de bajos salarios (ingresos inferiores a 2/3 de los ingresos mensuales medianos) ha pasado del 15% en 1995 al 22% en 2005. Los empleos reducidos están más concentrados entre los trabajadores de 45-50 años, entre las mujeres (casi dos de cada tres ocupan un empleo reducido) y en Alemania Occidental: en algunos distritos más del 40% de los puestos ocupados por mujeres corresponden a esta modalidad contractual. Por ocupaciones y sectores, aunque se encuentran en todo tipo de puestos, empresas y ramas de actividad, se concentran más en trabajos de baja cualificación y en sectores como comercio minorista, restauración y hostelería, sanidad y limpieza y mantenimiento de edificios, en algunos de los cuales suponen casi la mitad de los puestos. Finalmente, la mayor parte de los empleos reducidos son marginales (menos de 15 horas), el ingreso salarial medio se sitúa en torno a los 200 euros al mes, la mayoría de los trabajadores optan por no pagar voluntariamente para tener derecho a pensión en el futuro y una parte de los mismos (el 10%) compatibilizan el empleo reducido con la percepción de una prestación no contributiva.

¿Qué efectos han generado? Aunque la idea original era afectar a la oferta de trabajo (incrementando los ingresos netos de los trabajadores poco cualificados e incentivando el tránsito hacia la ocupación de los parados), es probable que su influencia más relevante se haya producido sobre la demanda de trabajo (al hacer más atractiva la contratación para las empresas al reducir los costes laborales, y sobre todo, al eliminar la restricción sobre las horas de trabajo semanales). Los estudios realizados distinguen entre los efectos individuales y los efectos agregados. Los primeros se refieren a las consecuencias sobre las trayectorias de empleo de las personas, y los estudios sugieren que los efectos sobre la oferta de trabajo (participación) fueron moderados. Los incentivos para tener un segundo empleo secundario aumentaron entre los varones solteros, mientras que los incentivos para participar en el mercado y tener un solo empleo reducido se elevaron (a largo plazo) entre las mujeres casadas. Además, este tipo de empleo no sirve de puente para facilitar el acceso de los parados al empleo ordinario: el tipo impositivo marginal, cuando los ingresos aumentan por encima de 400 euros/mes, es tan elevado que desincentiva el incremento de la oferta de horas de trabajo. Por tanto, tiende a reducir el paro de los individuos en la medida en que aumenta la ocupación en empleos reducidos, pero no aumenta el tiempo de contratación en empleos regulares. Algunos estudios incluso encuentran que estos trabajadores sufren más paro a medio plazo que los desempleados que no ocupan empleos reducidos.

El segundo tipo de efectos tiene que ver con los resultados del mercado de trabajo. A corto plazo, el incremento observado en el empleo en los meses siguientes a la reforma de 2003 no pudo atribuirse completamente a la misma: una parte se debió a razones estacionales mientras que otra tuvo que ver con la afloración de empleos de la economía sumergida (en especial en los hogares privados que emplean personal) y redefiniciones de empleos de falsos autónomos. A medio y largo plazo, algunos estudios señalan que se produjeron importantes “efectos sustitución”, de modo que empleos regulares a tiempo parcial fueron reemplazados por empleos reducidos. Además, el uso de esta modalidad se extendió por todo tipo de actividades y ocupaciones, incluyendo las tareas altamente cualificadas: las empresas la integraron dentro de sus plantillas de forma permanente. Entre 2002 y 2005 la reducción del empleo regular fue mucho mayor (unas cuatro veces más) que el incremento del empleo reducido.

¿Hay que implantar estos contratos en España? Algunos aspectos de la realidad lo desaconsejan. Aunque no hay una modalidad contractual igual, los empleadores disponen de una variedad enorme de contratos (temporales de varios tipos, fijos discontinuos, a tiempo parcial -cuyas cuotas empresariales se encuentran bonificadas al 100%-, etcétera). Si bien el porcentaje de asalariados que trabajan a tiempo parcial en España es inferior al de Alemania (15% si se utiliza como fuente la EPA o 20% si se utiliza la encuesta de coyuntura laboral frente al 26%), la cantidad de contratos de este tipo que se firman es relevante: en un año recesivo como 2011, de los 13,3 millones firmados, 4,1 millones (un 31%) lo fueron a tiempo parcial. Además, la incidencia del empleo de bajos salarios es comparativamente elevada en el mercado de trabajo español: por dar un solo dato (procedente de la Estadística del mercado de trabajo y pensiones en fuentes tributarias de 2009), el número de personas que perciben unos ingresos anuales iguales o inferiores al SMI fue de 5,7 millones, el 31% de los ocupados.

Resumiendo, aunque los empleos reducidos pueden contribuir al ahorro de costes y a aumentar la flexibilidad para las empresas (siempre que el proceso productivo pueda ser distribuido fácilmente entre varios trabajadores), también pueden generar problemas de tipo económico y social que no deben desdeñarse, como el atrapamiento de los trabajadores en dichos puestos, la precarización de las relaciones laborales, el mantenimiento de la dependencia de las mujeres de los ingresos del cónyuge o de las transferencias públicas, el incremento de la desigualdad, la reducción de la base de cotización de la Seguridad Social o la disminución de la acumulación de derechos de pensiones de los trabajadores.

En España superamos los cinco millones de parados, una cifra inaceptable derivada de la crisis. Pero también en el problema del desempleo debemos mirar al campo, tanto en el análisis como en las propuestas. En Europa nos encontramos con un despoblamiento de las zonas rurales muy grave, y la agricultura o sector primario hace mucho que dejó de ser la base de la economía. Según el último censo de Eurostat, esta realidad es demasiado evidente: en solo ocho años, la UE ha perdido tres millones de explotaciones. Es decir, aproximadamente cada minuto ha supuesto la desaparición de una unidad agrícola y los puestos de trabajo que eso significa.

Y todo ello fruto de aplicar políticas productivistas que ya es hora de desterrar. La política agraria común (PAC) que ahora se está revisando ha sido responsable de ello al subvencionar durante mucho tiempo a las grandes unidades agrícolas, favorecer la intensificación y dejar que los precios los marque el libre mercado. Un modelo de potencias industriales que creyó que la agricultura también debería acomodarse a tal principio y que acabó con la economía rural y miles de puestos de trabajo.

Pero proveer de alimentos a la población, y a la vez cuidar bosques y paisajes, es un trabajo de lo más necesario. De hecho, es imprescindible. Y esa es la propuesta, porque hay espacio, posibilidades y mucho futuro: ruralizar la economía y recampesinizar el planeta obteniendo en el proceso muchos, pero muchos, puestos de trabajo dignos y rentables.

Aunque ni las condiciones de suelo, clima e historia son comparables, vale la pena recordar (como explican Albert Berry y Liisa L. North, profesores en la Universidad de York, en Toronto) «lo que hicieron los taiwaneses, los japoneses y los coreanos después de la segunda guerra mundial, cuando expropiaron las unidades agrarias de más de tres hectáreas y ejecutaron reformas agrarias radicales que formaron la base de la seguridad alimentaria de familias para el crecimiento y la diversificación económica posterior a nivel nacional». Con una cantidad de tierra suficiente como medio de vida para una familia (en Taiwán fue un poco más de una hectárea), con políticas fuertes de apoyo a este minifundio -aquí siempre despreciado- y servicios públicos apropiados, en los tres países la productividad agrícola creció, las condiciones de vida en el campo mejoraron rápidamente y -lo más importante- el empleo agrario aumentó considerablemente.

«Los tres países asiáticos mencionados -prosiguen Berry y North- no son los únicos cuyas experiencias han demostrado la relación positiva entre el desarrollo rural equitativo (basado en la pequeña y mediana agricultura) y el desarrollo económico nacional. En términos históricos podemos mencionar a Dinamarca, Finlandia o Noruega. (…) Las comparaciones latinoamericanas también nos prestan lecciones. Llama la atención el abismo entre, por un lado, las buenas condiciones de vida y la historia de paz social y política en la meseta central de Costa Rica, caracterizada por sus pequeñas y medianas propiedades cafeteras, y por otro la miseria, represión política y violencia que predominan en las zonas de plantaciones grandes de café en países vecinos como El Salvador y Guatemala».

Pensar e invertir en recuperar la pequeña agricultura no es un paso atrás, sino la base de una economía sostenible y equitativa, que además nos alimenta. Solo necesitamos atrevimiento (y poco presupuesto) para poner en marcha medidas de redistribución de la tierra frente a los grandes latifundios o monocultivos; ofrecer facilidades para acceder a tierras productivas; apoyar la desintensificación de tantas unidades agrarias sobredimensionadas; o evitar, cuando llega la jubilación de los actuales propietarios, el cese de actividades con la incorporación de jóvenes…

Estas medidas deberían venir acompañadas de políticas claras de protección de esta agricultura (promocionando los circuitos cortos de comercialización, precios remunerativos, aranceles en frontera, etcétera) y, lógicamente, con apoyos básicos de capacitación, asesoría técnica o irrigación. Pero siempre con claridad, sin fisuras, en favor de una agricultura basada en principios agroecológicos. Porque ya no hay dudas -tampoco científicas- de las bondades de esta forma de practicar la producción de alimentos. El Instituto Rodale, después de 30 años de investigación comparativa entre campos de cultivos convencionales y agroecológicos, concluye que estos últimos son (además de no perjudiciales para el medioambiente ni la salud de la población consumidora) más viables económica y energéticamente.

Si queremos salir de esta crisis y generar puestos de trabajo productivos en los países industrializados, si queremos combatir la situación de pobreza y hambre en muchos países del Sur, y si pretendemos dejar un futuro sostenible a nuestra descendencia habrá que replantearse la estructura socioeconómica en la que estamos, donde la ruralidad ha quedado trágicamente marginada en el fondo de una pirámide invertida que lógicamente se tambalea.

El debate sobre la política económica en España, como en el resto de Europa, se ha centrado en la reducción del déficit público mediante recortes en el gasto público, por ejemplo en prestaciones por desempleo. La premisa es que esos recortes darán confianza a los mercados financieros, lo cual alentará la inversión y el empleo. En algunos casos, las políticas de austeridad en el gasto público se ven acompañadas de recortes sociales en el sector privado -reducción de los salarios y de los costes del despido.

Es verdad que resulta indispensable reducir el déficit público a medio plazo y fomentar la creación de empleo mediante reformas adecuadas. Pero la estrategia de los recortes sociales no es la forma de conseguir el objetivo y no logrará crear los puestos de trabajo que necesita Europa para emprender la senda de la recuperación.

En el sector público, los recortes representan una reducción drástica de la demanda pública y afectan directamente al crecimiento, tal y como muestra el estancamiento económico observado durante el tercer trimestre de este año. Por otra parte, la caída de la demanda pública no se verá contrarrestada por un aumento de la demanda privada (sobre todo el consumo de las familias y la inversión de las empresas). En efecto, muchas familias y empresas se están desendeudando y no responderán a los recortes sociales gastando más. La reducción de la demanda pública tampoco podrá verse compensada por el aumento de las exportaciones. Es cierto que las exportaciones españolas han venido creciendo en torno a un 15% por año desde que se inició la austeridad -lo cual por otra parte demuestra que la economía española no tiene un problema fundamental de competitividad, ni tampoco sufre de salarios demasiado altos, como mantienen algunos analistas. Pero este resultado no es sostenible ya que los países importadores están emprendiendo la senda de los recortes sociales, y ello deprime las ventas españolas en el exterior.

En vez de recortes sociales en el sector público, es importante apoyar el empleo mediante políticas de apoyo a los desempleados. Según el Informe de la OIT sobre el mundo del trabajo, la combinación de prestaciones por desempleo y de medidas de apoyo a la colocación aumentaría el empleo en torno a un 0,7% -incluso teniendo en cuenta el impacto negativo ligado al aumento de recursos públicos para financiar esos gastos de apoyo al empleo-.

La estrategia de los recortes sociales tampoco facilitará la transición hacia sectores donde se sitúan los yacimientos de crecimiento y empleo. En países como Reino Unido y España, parte de la base productiva se perdió con el estallido de la burbuja financiera o inmobiliaria. La recuperación se producirá sobre otras bases. Por ello es fundamental que se reanude el crédito a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, y el apoyo a los emprendedores. De esta forma, y evitando recortes sociales que debilitan la demanda, se estimulará la inversión y la creación de empleo.

Existen soluciones como sistemas de garantías de crédito a nuevas empresas como en Alemania. O la puesta en marcha de un banco financiado por fondos públicos (en vez de que estos se inyecten en instituciones que no han funcionando adecuadamente) y que se dedique a la promoción industrial, como en Brasil. Los recortes sociales deprimirán los mercados y dificultarán la creación de nuevas empresas.

Para finalizar, y en relación a los recortes sociales en el ámbito privado, la mera reducción de los costes del despido no permitirá crear empleo por lo menos a corto plazo. Con estas políticas lo que se pretende es estimular la contratación. Pero esto no ocurrirá en el contexto recesivo actual cuando lo más importante es mantener efectivos en empresas sostenibles y facilitar la movilidad y la colocación de desempleados en sectores de futuro -aquellos que ya han empezado a crecer como, en el caso de España, los sectores orientados hacia la exportación, economía verde, etcétera.

Lo que sí es importante es atajar la temporalidad en el empleo, que es el principal problema que tienen los mercados laborales en varios países europeos. Ello requiere mejorar los servicios públicos de empleo y la equiparación gradual de la indemnización por despido entre los contratos temporales y los contratos indefinidos. Este es el sistema que adoptó exitosamente Austria mediante diálogo social en 2002.

A veces se piensa que los mercados son el principal escollo a la adopción de medidas favorables al empleo, por el coste que suponen para el erario público. En realidad, los accionistas e inversores deberían beneficiarse del crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Se trata de la mejor garantía para reducir el déficit público y recobrar la confianza de la ciudadanía.

Europa se recuperará si se dota de una visión de conjunto centrada en lo que de verdad importa, y se aleja de medidas contraproducentes como los recortes sociales.

“¿Sientes como chorrea la riqueza?” preguntan con ironía los manifestantes que ocupan Wall Street y partes de los distritos financieros de Londres a San Francisco. No son los únicos que están preocupados. La desigualdad de ingresos es un tema candente, tanto en los campamentos de protesta desperdigados por los Estados Unidos como también entre los manifestantes que han salido a las calles de Taipei, Tel Aviv, El Cairo, Atenas, Madrid, Santiago y otros lugares.

En casi todos los países, incluso en China, la desigualdad ha llegado a un punto tal que es imperioso reducirla. En esto coinciden los manifestantes, los expertos y los políticos de centroizquierda (es casi lo único en lo que están de acuerdo). Pero el debate sobre las causas de la desigualdad es complejo, a menudo caótico; y en cuanto al modo de resolver el problema, puede ser más complejo aún.

En los países ricos del norte globalizado, la brecha creciente entre los ricos y los pobres tiene sus orígenes en el cambio tecnológico, en la globalización y las fechorías de la banca de inversión. En los países no tan ricos del sur, la desigualdad es en gran medida consecuencia de un problema más tradicional: la falta de oportunidades de empleo para los pobres.

En un libro que saldrá publicado en breve, Cristóbal Huneeus (economista de la Universidad de Chile) y yo examinamos las raíces de la desigualdad en Chile y otras partes de América Latina y extraemos de ese examen tres recomendaciones de política: empleo, empleo, empleo. A lo largo del último cuarto de siglo, Chile supo consolidar la democracia, triplicar el ingreso per cápita y alcanzar los niveles de vida más altos de América Latina, incluyendo una cobertura casi universal en salud, educación y pensiones para la vejez. Sin embargo, la brecha entre los ingresos laborales de ricos y los pobres apenas se ha movido.

En Chile (y en otros países), el debate sobre la desigualdad suele girar en torno de cuánto dinero ganan quienes trabajan. Según las encuestas nacionales de hogares, un trabajador chileno que cobra el salario mínimo se lleva a casa 300 dólares por mes, mientras que un profesional en el 10% superior de la escala de ingresos suele obtener unos 2.400 dólares por mes. Pero esta diferencia de ocho veces es apenas la punta del iceberg de la desigualdad.

Porque resulta, además, que el trabajador pobre vive en un hogar donde, en promedio, sólo 0,5 personas tienen empleo; es decir, harían falta dos familias para asegurar una fuente de ingresos constante. Por el contrario, en el hogar del profesional más pudiente, el promedio de personas empleadas es cercana a dos.

Si a esto le sumamos algunas otras diferencias (la principal: las familias pobres tienen más hijos), el resultado será que el 10% más rico de los hogares gana en realidad 78 veces más (per cápita) que los del extremo inferior. Estas cifras explican por qué en las escalas internacionales de desigualdad Chile aparece siempre bastante arriba, a pesar de los logros alcanzados en otros ámbitos.

Dicho de otro modo: no sólo los salarios están mal distribuidos, sino también las oportunidades de empleo. Combínense ambos problemas y el resultado es una disparidad de ingresos de entre las mayores del mundo. Y no vaya a pensarse que Chile es un ejemplo aislado. Sudáfrica, otro país que se enorgullece por su ejemplar transición a la democracia, padece el mismo problema (aunque en su caso es aún peor). En América Latina, países como Colombia y Brasil (entre otros), también enfrentan una combinación similar: bajas tasas de empleo y altos niveles de desigualdad.

Las víctimas principales de este estado de cosas son las mujeres y los jóvenes, cuyos índices de desempleo son mucho peores que los de la población general. En muchas  familias pobres de Chile y otras partes de América Latina, la jefa de hogar es una mujer, que sólo cuenta con educación primaria y que tiene hijos pequeños, acceso limitado a servicios de guardería y pocas oportunidades laborales.

Éstas son las malas noticias (y son realmente malas). La buena noticia es que para reducir la desigualdad la única vía nos es modificar toda la estructura de salarios: podrían obtenerse resultados en menos tiempo creando puestos de trabajo para los pobres. En el mediano plazo, los salarios dependen de la productividad, que a su vez está íntimamente vinculada con la oferta de educación y formación de mejor calidad para los pobres (algo que sin duda los países latinoamericanos necesitan). Sin ir más lejos, Chile estuvo inmerso gran parte del año pasado en un acalorado debate nacional sobre cómo mejorar la educación.

Pero aunque las reformas educativas son urgentes e importantes, para ver sus frutos hay que tener mucha paciencia. Por contraste, las modificaciones en el empleo pueden reducir la desigualdad en menos tiempo (y el efecto puede ser grande). En nuestro libro mostramos que si los hogares pobres de Chile tuvieran el mismo acceso a puestos de trabajo que la clase media, la brecha entre ricos y pobres se reduciría a la mitad.

¿Cuál es, entonces, el mejor modo de crear oportunidades de empleo para los pobres? Una economía en crecimiento con poca inflación y financieramente estable es una condición necesaria, pero no suficiente. Se necesita también un marco laboral que favorezca la creación de empleos y lo que los países escandinavos denominan “políticas activas de mercado laboral”: una combinación de información, capacitación y subsidios que ayude a superar las fallas de mercado –a menudo muy profundas— que perjudican a los trabajadores jóvenes con habilidades y experiencia limitadas.

El problema es más político que económico. En la mayoría de los países latinoamericanos existe una larga tradición de desconfianza mutua entre los empresarios y los trabajadores; es sumamente difícil lograr que ambas partes consensúen cambios a las reglas del mercado laboral. Además, como muchos jóvenes desempleados no están registrados para votar, darles acceso al empleo está lejos de ser una de las prioridades del establishment político.

Igualdad a través del empleo: aunque como eslogan tal vez no sea el más llamativo, no sería mala idea pintarlo en banderas y lienzos y hacerlo ondear en las plazas y los parques ocupados, desde Wall Street hasta los más lejanos confines del planeta.

El pasado 5 de noviembre, Luis Martínez Noval (exministro de Trabajo) criticaba en la tribuna Contrato único y paro las conclusiones de un reciente trabajo de investigación en el que estudiamos si una menor segmentación contractual en nuestro mercado laboral habría ayudado a evitar parte del desmedido aumento de la tasa de paro durante la crisis. Vaya por delante que, como investigadores, estamos siempre abiertos a la crítica, si está bien fundamentada. Pensamos que este no es el caso.

Conviene repasar brevemente nuestro argumento sobre la necesidad de eliminar la dualidad del actual sistema de contratación laboral. Esta se explica por la gran brecha de indemnizaciones por despido entre indefinidos y temporales, responsable tanto de la fuerte creación de empleo temporal en las expansiones como de su masiva destrucción en las recesiones. Ha ocurrido ahora y ocurrió en 1994, con una tasa de paro similar a la actual (22%). Entonces, pese a la gran creación de empleo posterior, tardamos 13 años en converger a la media europea (8% en 2007). No existe ningún otro país europeo con un mercado laboral tan bulímico. Debido a dicha brecha, la tasa media de conversión de temporales en indefinidos es muy baja, alrededor del 5%, con independencia del rendimiento del trabajador temporal. El resultado es una exagerada e ineficiente rotación entre empleo y desempleo, que redunda en una tasa de paro media muy alta y volátil, baja productividad, escasa movilidad geográfica y la imposibilidad de un horizonte de carrera profesional para los jóvenes.

Tras el fracaso de las reformas a dos velocidades implementadas desde 1984, la introducción del contrato indefinido único parece inaplazable. Las indemnizaciones de dicho contrato deberían crecer lentamente con la antigüedad (por ejemplo, de 8 a 12 días de salario al principio hasta un máximo de 33 a 36, con aumentos anuales de 2 o 3 días). La razón es que la diferencia entre el coste social del despido (capital humano específico perdido, prestaciones por desempleo sufragadas por los cotizantes, etcétera) y el privado aumenta con la antigüedad del trabajador despedido. Con este perfil, el coste adicional para la empresa de prorrogar los contratos se reduciría radicalmente, mientras que la indemnización media por despido percibida por el trabajador seguramente aumentaría pues, pese a recibir una menor cuantía anual que la actual del despido improcedente, la duración de su contrato crecería más que proporcionalmente. Dicho contrato sería además compatible con una mínima gama de contratos temporales (por ejemplo, por sustitución en bajas por maternidad o enfermedad) y con el recurso legal frente al despido discriminatorio.

Pasemos ahora a rebatir las críticas de Martínez Noval. Nuestra investigación analiza cuánto habría aumentado la tasa de paro en España durante la Gran Recesión de haber tenido la brecha de costes de despido de Francia. Allí la tasa de paro también era del 8% en 2007 y sus instituciones laborales son parecidas a las nuestras, incluyendo el coste medio del despido, pero su brecha es la mitad de la nuestra. Martínez Noval afirma que ese efecto habría sido escaso pues, en su opinión, el gran responsable de nuestra hecatombe es el desplome del sector inmobiliario. España tiene un recurso natural (sol y playa) que normalmente implicará un mayor peso de la construcción en el empleo que en otras economías. Sin embargo, es la tercera vez en 35 años que superamos una tasa de paro del 20%, sin que las otras veces se culpara al “ladrillo”. Su conclusión ignora nuestro argumento de que la dualidad del mercado laboral afecta a la especialización productiva, siendo una de las principales causas de la burbuja inmobiliaria. Tras la fuerte caída de los tipos de interés reales durante el acceso al euro, las nuevas inversiones se centraron en sectores intensivos en mano de obra poco cualificada con contratos flexibles, como la construcción, en vez de en sectores con alto valor añadido pero mayor riesgo, como los de alta tecnología, incompatibles con el uso de rígidos contratos indefinidos. A diferencia de lo que afirma Martínez Noval, nuestras simulaciones tienen en cuenta este efecto indirecto y predicen que, con la brecha francesa, el aumento del paro habría sido bastante menor: del 8% al 15,5% en vez de al 21,5%.

El mismo razonamiento sirve para rebatir la falacia de que la regulación laboral no puede ser responsable del alto paro, porque es incompatible con la enorme diversidad de tasas de paro entre comunidades sujetas a iguales regulaciones -digamos Andalucía y Navarra-. En efecto, mientras que en 1995 el peso del empleo en la construcción era muy similar en ambas, alrededor del 10%, el boom inversor amplió la diferencia a más de 3 puntos en 2007. ¿Por qué? Posiblemente porque en 1995 la proporción de jóvenes que abandonaba la ESO en Andalucía era del 42% frente al 19% en Navarra y porque la tasa de temporalidad andaluza superaba en casi 20 puntos a la navarra. El exceso de trabajo no cualificado y el acceso a la temporalidad fomentaron en parte una especialización productiva diferente. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

Nearly all economic forecasts agree that high unemployment in much of the developed world will most likely persist for years to come. But could even this dire projection underestimate future unemployment rates?

As improvements in computers, robotic technologies, and other forms of job automation continue to accelerate, more workers are certain to be displaced, and job creation will become even more challenging. Most economists dismiss concern that this might lead to long-term structural unemployment. Indeed, the idea often elicits outright derision. The conservative media in the United States recently mocked President Barack Obama for suggesting that automation might hurt employment growth. But Obama was right to raise the question.

A very large percentage of jobs are, on some level, essentially routine and repetitive. It seems likely that, as computer hardware and software continue to improve, many of these job types will become susceptible to automation, particularly to machine learning.

This is not far-fetched science-fiction technology, but rather a simple extrapolation of the expert systems and specialized algorithms that currently land jet airplanes, trade autonomously on Wall Street, or beat nearly any human being at chess. IBM’s Watson – the computer that prevailed on the television game show Jeopardy! – suggests that machine-learning algorithms could soon be able to take on a number of cognitive tasks.

As this technology improves, the systems that it enables will begin to match or exceed the capability of human workers in many routine job categories – a group that includes many workers with college degrees or other significant training. Many service-sector workers also will be threatened by the continuing trend toward technologies that turn their jobs over to consumers.

One of the most extreme historical examples of technology-induced job loss is, of course, found in agriculture in developed countries. In the late 1800’s, roughly three-quarters of all workers in the US were employed in agriculture. Today, the number is around 2-3%. Advancing mechanization eliminated millions of jobs.

Clearly, when developed countries’ agricultural sectors shed workers, long-term structural unemployment did not result. Workers were eventually absorbed by other sectors, particularly with the growth of industrial manufacturing, and average wages and overall prosperity increased dramatically – an excellent illustration of the so-called “Luddite fallacy.” This is the idea – generally accepted by economists – that technological progress will never lead to significant rates of long-term unemployment.

The reasoning is roughly as follows: as labor-saving technologies improve, some workers lose their jobs in the short run, but production becomes more efficient. That leads to lower prices for the goods and services produced, which in turn leaves consumers with more money to spend on other things, boosting demand – and employment – across nearly all industries.

The problem today is that we are not talking about rapid automation of a single economic sector like agriculture. When agriculture became mechanized, there were other labor-intensive sectors that could absorb millions of workers. There is little evidence to suggest a similar outcome this time around.

As more workers are automated out of more employment sectors, there must come a “tipping point,” beyond which the overall economy simply is not sufficiently labor-intensive to continue absorbing workers who lose their jobs due to automation (or globalization). Beyond this point, businesses will be able to ramp up production primarily by employing machines and software. Structural unemployment will become inevitable.

But, if automation is relentless, the basic mechanism for putting purchasing power into the hands of consumers will break down. Imagine a fully automated economy. Virtually no one would have a job (or an income); machines would do everything. Long before we reached that point, mass-market business models would become unsustainable. Where would consumption come from? And, if it is still a market (rather than a planned) economy, why would production continue if there were no viable consumers to purchase the output?

In developed countries, the most disruptive impact to the job market would come from substantial automation of the service sector, which now employs the majority of workers. In developing countries, the impact will be greatest in manufacturing, and factories there already are rapidly putting in place labor-saving technology. For example, Taiwan-based Foxconn, a major electronics producer and employer in China, recently announced plans to introduce huge numbers of sophisticated manufacturing robots.

Unemployment resulting from automation in the Chinese manufacturing sector could ultimately complicate China’s efforts to rebalance its economy toward increased domestic consumption – an objective that most economists agree is critical for the country’s long-term prosperity. If consumers see only an economy in which jobs are relentlessly automated away, and if it appears that additional education or training provides little protection, they will adjust their discretionary spending accordingly. And, given their concerns about long-term income continuity, traditional policies like stimulus spending or tax cuts would be ineffective.

So, are we approaching the “tipping point” where automation fuels structural unemployment?

Most economists object that the very assumption that such a point exists is speculative. But when one considers today’s advanced-country malaise – years of stagnating or declining wages for average workers, growing income inequality, increasing productivity, and consumption supported by debt rather than income – there certainly seems to be ample reason to speculate. Let us hope that a rigorous analysis of historical economic data does not arrive after the tipping point has been reached.

Cómo explicar que Francia tuviera al inicio de la crisis una tasa de paro del 7,6% y ahora una del 9,7%, mientras que España, en las mismas fechas, pasó del 9,6% al 21,5%? La explicación de esta diferencia trataron de encontrarla Bentolila y Dolado comparando lo que habría ocurrido en España de haber tenido una normativa laboral similar a la francesa en este periodo de crisis inmobiliaria y financiera. Los resultados a los que llegaron son en buena medida muy limitados, puesto que su conclusión es que de haber sido así, nuestra tasa de paro sería unos 2,5 puntos menos de los que en realidad son.

Todo ello, además, después de analizar y comparar entre los dos países las tres instituciones fundamentales en el mercado de trabajo: protección del empleo (costes de extinción), negociación colectiva y protección por desempleo. De ellas concluyen que son básicamente similares y que las diferencias, si las hay, son mínimas.

Pese a todo, su trabajo les sirve para proponer de nuevo el contrato único como medio de escapar de esta lacra del mercado laboral español que es su intensa volatilidad (crece el empleo con idéntica potencia con la que decrece).

Lo sorprendente es que, a mi modo de ver, estos dos excelentes académicos menosprecien una de las razones fundamentales que explican la extremada volatilidad del empleo en nuestro país: la peculiar estructura de nuestro mercado de trabajo, tan dispar en términos de geografía nacional, y la estructura de la propiedad en España, en aquellas actividades más proclives a la estacionalidad, que no son otras que la construcción, la agricultura y la hostelería.

Consideremos esas razones y analicemos unos datos ilustrativos. En términos de empleo, en Francia no ha habido crisis inmobiliaria alguna, sino un leve crecimiento del sector de la construcción, toda vez que al inicio de la crisis (segundo trimestre de 2007) había en el país galo 1,73 millones de empleos en el sector, y en estos momentos cuenta con 1,87 millones de ocupados; qué distinta la realidad española que en las mismas fechas ha pasado de 2,70 millones de empleos a 1,37 millones. Únase a ello todo el arrastre que el sector de la construcción tiene en otros como los muebles, la cerámica, la gestión inmobiliaria, etcétera, y tendremos una primera explicación del interrogante con el que comenzaba estas líneas.

Si ponemos los ojos en el sector agrario volvemos a encontrar en la dualidad hispano-gala otra significativa diferencia. España cuenta en estos momentos, y ha contado siempre, con más asalariados en la agricultura que Francia (y más que Alemania e Italia), siendo así que la población total asalariada enFrancia supera en más de seis millones a la española.

Superamos al inicio de la crisis, y seguimos superando ahora, a los franceses en la cuantía de asalariados en el sector del turismo (bares, restaurantes y hoteles); lo hacemos, por lo demás, en casi medio millón de ocupados y eso que Francia nos supera con creces en número de turistas.

En definitiva, todos esos argumentos, que se basan en los datos de las EPAS europeas que proporciona Eurostat, son reveladores de una singularidad española en lo que se refiere a la estructura del empleo por actividades, en general, y, dentro de esta, a la estructura de la propiedad de los negocios o las actividades, en particular.

Pero trasladémonos a nuestra realidad y analicémosla desde el punto de vista autonómico. ¿Qué explicación tiene que mientras que Andalucía, en la crisis, ha pasado de una tasa de paro del 14,8% al 30,9%, Navarra lo haya hecho del 5,6% al 12,6%? La geografía del paro en España y su evolución en estos años, revela una cuestión elemental que no puede ser atribuida ni a los costes del despido, ni a la estructura de la negociación colectiva, ni a la generosidad de las prestaciones por desempleo porque, por fortuna, y por muchos años, las tres instituciones tienen idéntica regulación en todo el territorio nacional. ¿Qué diferencia entonces a las regiones españolas que tienen tasas de paro tan desiguales? Sin duda alguna la estructura productiva que incide en el empleo, y la estructura de la propiedad que es la determinante de la tasa de salarización de las actividades económicas.

Es por eso por lo que, por ejemplo, todas las regiones del Cantábrico han tenido, y tienen, una tasa de paro muy inferior a la media nacional. Entre otras cosas porque el País Vasco, por poner un caso paradigmático, tenía en la construcción un 9,7% del empleo al comienzo de la crisis y ahora un 6,65%, en tanto que Andalucía que tenía un 15,0%, lo ha visto reducido hasta un 7,5%. A ello hay que añadir una estructura muy distinta de la propiedad de la tierra (minifundio-latifundio) y una distinta, por más débil y menos salarizada, actividad en el sector turístico.

En la realidad nacional es por tanto sobradamente evidente que los costes de despido no determinan la tasa de desempleo porque de otro modo no habría manera de explicar las dispares tasas de paro que ofrece la geografía nacional; el remedio y corrección de esta realidad no puede ser el contrato único, a menos que de modo taumatúrgico se produjera una modificación del modelo de crecimiento de nuestro país. En la realidad internacional, por otra parte, cabe hacerse una pregunta: ¿en qué países de nuestro entorno está en vigor? En ninguno. ¿Existe evaluación de su vigencia en un periodo temporal razonable? Ni existe ni puede existir más que en las mentes de quienes lo proponen y defienden porque no se conoce evidencia empírica alguna. Llama la atención, entonces, que en torno a una cuestión de esta envergadura para millones de trabajadores se haya producido una conjunción de pareceres que trasciende lo político y pretende pertenecer a la esfera de lo científico, de lo que no se puede ni se debe discutir

En este ámbito, una reciente visita a nuestro país de Pissarides, profesor de la London School of Economics y Nobel de Economía en 2010, dejó constancia de su apoyo al contrato único y al significado que él encuentra asociado al mismo. Así, cuando se le inquiere en qué dirección debería de ir la reforma laboral de nuestro país, su respuesta es inequívoca y esclarecedora: “Debería existir solo un tipo de contrato. Antes que nada creo que los contratos de trabajo deberían dejarse en manos del sector privado. El Gobierno no debería interferir. Lo que sí es asunto del sector público es la prestación por desempleo”. (EL PAÍS, 29 de octubre de 2011).

Ahí lo tienen: contrato único y Gobierno ausente, a no ser que haya que pagar el desempleo. En suma, no llama en absoluto la atención que quienes desconfían de todo lo público, excepto cuando el lobo de la crisis enseña las orejas, sostengan con entusiasmo esta construcción intelectual del contrato único que la academia les ha servido en bandeja; es natural también que lo hayan asumido como propio y lo apoyen con entusiasmo; lo que sí extraña es que esta visión, aparentemente científica del papel del Gobierno, del que se predica y exige su neutralidad en lo relativo a normativa laboral, sea compartida por alguno de los que aquí han defendido el contrato único con denuedo desde la academia. Yo no creo que sea así. No me lo puedo creer.

El economista francés Daniel Cohen, nada sospechoso de derechismo, se preguntaba en un libro de hace unos años qué ocurriría si, esta noche, la policía hiciese una redada y se llevase a nuestros cinco millones de parados a una isla desierta. Dejando de lado traumas personales y familiares, ¡qué maravilla! ¡Mañana tendríamos una tasa de paro del cero por ciento! ¿Y dentro de un año? Cohen aventuraba que volveríamos a tener, más o menos, otro 21% de parados. ¿Por qué? Porque los desempleados también gastan y, con su marcha, la demanda agregada caería. Y porque los que conservarían su puesto de trabajo podrían presionar por salarios más altos, al haber desaparecido sus competidores, de modo que perderíamos capacidad competitiva.

Y en la isla desierta, ¿qué pasaría? Para empezar, el primer día, la tasa de paro nacional sería ¡del 100%! Pero al cabo de un rato un barbero se pondría a cortar el pelo a los recién llegados, otro contrataría a unos cuantos para construir una casa, un tercero se ofrecería a hacer la comida… Dentro de poco tiempo, la tasa de paro se habría reducido, e incluso es probable que fuese inferior al 21% del país del que provenían.

¿Cuentos de economistas? Cohen explica que en 1962, con la independencia de Argelia, volvieron 900.000 repatriados a Francia. Y después de 1989 medio millón de rusos marcharon a Israel, donde la población creció de golpe un 12%. Y con la independencia de las colonias portuguesas, regresaron 600.000 a Portugal, más 200.000 militares que se quedaron sin trabajo. ¿Qué pasó en todos esos países? Que la tasa de paro se disparó al principio, pero volvió a caer pronto. Los parados no robaron empleos a los que ya estaban, sino que crearon empleos nuevos, como en la isla desierta. Y Cohen concluía su historieta diciendo que el problema es la incapacidad para crear empleo.

Vale, profesor Cohen. Pero ¿cómo se crea empleo? Nos contestará que, que si no crece el producto interior bruto (PIB), nos costará mucho crear más puestos de trabajo. Pero nos dirá también que el crecimiento del PIB es tanto la causa como el efecto de la creación de empleo, como muestran los ejemplos anteriores. Tras la segunda guerra mundial, Japón y Alemania tenían graves crisis humanas, económicas y políticas, y su capacidad productiva destruida, pero se aplicaron no a dar generosos seguros de desempleo, sino a ahorrar para dotarse de capital, innovar y volver a crecer.

¿Cómo solucionaremos el problema del paro? No, desde luego, echando la culpa a la falta de iniciativa de Europa, como proponen los sindicatos: el problema es nuestro, y buscar chivos expiatorios fuera solo fomentará el victimismo y la inacción. Tampoco con parches como el cheque prácticas que el Gobierno aprobó el pasado viernes. Porque el 42% de parados que tenemos entre los jóvenes de 20 a 24 años no se debe a que resulte muy caro para las empresas contratarles en prácticas. Hemos dicho ya muchas veces que no volveremos a los años felices de antes de la burbuja inmobiliaria, entre otras razones, porque nuestro mercado de trabajo, tal como funciona hoy, no es capaz de encontrar puestos de trabajo para, digamos, cuatro de los cinco millones de parados que tenemos.

Lo primero es, pues, reconocer nuestro problema, no engañarnos con argumentos ideológicos o políticos. Aquí no hay soluciones de izquierdas o de derechas: este es un problema de todos. Afortunadamente, tenemos ya excelentes propuestas para la reforma laboral que necesitamos. ¿Para resolver el desempleo de aquí a fin de año? No: para ponernos en condiciones de crear empleo, como hicieron Alemania y Japón, en condiciones más difíciles que nosotros, lo mismo que Francia, Israel o Portugal. ¡Ah!: y podemos.

¿Qué habría que hacer, en concreto? Los expertos han sacado ya muchas listas de reformas que habría que emprender con rapidez. Donde me parece que hay un acuerdo casi unánime es en la reducción de la amplia gama de contratos que tenemos en España. Su origen no es un estudio sereno sobre los contratos que hacen falta, sino la respuesta urgente a la última presión política. Suprimamos todos ellos, o casi todos. Lo que diferencia a unos contratos de otros es, sobre todo, los costes de despido, que están también en la base de la elevada temporalidad que nos aqueja. Moraleja: reduzcamos los costes de despido, que no han impedido que los despidos se produzcan, y que obstaculizarán la creación de empleo, cuando haga falta.

Y modifiquemos la negociación colectiva, que dificulta la adaptación de las empresas a las condiciones de la demanda y el crédito. No se trata, claro, de dar todo lo que las empresas pidan, pero sí permitir una flexibilidad razonable. Y pongamos más énfasis en las políticas activas de empleo, sobre todo en la formación. Y seamos más exigentes con los parados que no aceptan una oferta de empleo, que los recursos no abundan, y hay que administrarlos mejor. Bueno, eso no es todo. Pero, al menos, sirve para que el nuevo Gobierno vaya empezando a tomar medidas.

Que las relaciones laborales no pueden campar sin ordenación legal es algo admitido hoy en todos los países civilizados. Pero que hay una clara interrelación entre paro y restricciones legislativas, también. En un estudio de la OCDE de 2008 se apreciaba cómo los países anglosajones -con mayor libertad regulatoria- tenían menos paro que los continentales que, con distinta intensidad, bombardean el empleo con continuas e intensas regulaciones.

En un estudio del prestigioso Doing Business Project, se nos indica que España está en el puesto 38 en «regulación favorable a la actividad empresarial». Por debajo de los demás países europeos, de las economías más importantes del mundo e incluso de países en vías de desarrollo.

Para abrir un negocio estamos ¡en el puesto 147! El dato es muy preocupante, pues significa que nuestra legislación es un lastre importante en la creación de empleo y que para poner en marcha una empresa, para abrir un negocio, hay 146 países en los que es más fácil hacerlo.

He dicho en ocasiones que el Boletín Oficial del Estado no crea empleo, pero sí puede destruirlo por acción u omisión; por no poner en marcha mecanismos adecuados o por colocar obstáculos. Y en nuestra tradición laboral la cultura imperante ha sido más de muletas que de palancas.

El leitmotiv más usado ha sido la subvención, más que la eliminación de obstáculos para generar puestos de trabajo. Y eso ha producido una sangría financiera en las cuentas públicas sin resultados positivos. Lo que un emprendedor quiere es un entorno favorable a la creación de empresas: marco financiero, fiscal, administrativo y laboral adecuados al emprendimiento. Desgraciadamente no es así, de modo global, entre nosotros.

Siempre recuerdo, a efectos de la regulación laboral, el consejo de D’Artagnan a su alumno en el arte de la espada: «No la empuñes fuerte ni tampoco flojamente. Como si fuera un pájaro, al que si le aprietas mucho le ahogas y si aflojas se te escapa». Es lo que ahora llamamos técnicamente, flexiguridad.

Pero en esta ocasión no quería referirme a las normas reguladoras del contrato de trabajo, una vez iniciado, sino a su pórtico, a las facilidades o dificultades para que se formalicen contratos, es decir, se cree empleo. Ya puedo adelantar que en esa materia estamos mal. Tenemos muchas trabas administrativas, mucha y pesada regulación. Quizá haya sido Max Weber quien mejor ha estudiado la burocracia y afirma con razón que «es el medio formal más racional que se conoce para lograr un control efectivo sobre los seres humanos». Y también afirma que lo que persigue es la más completa y absoluta previsibilidad del comportamiento de los ciudadanos. Como afirma Gustavo Trelles, la burocracia tiene indudables ventajas como la racionalidad, la uniformidad de procedimientos, la eficiencia, la disciplina, el orden y la continuidad de la organización. Pero también tiene disfunciones, muy frecuentes, como la conversión de las normas y reglamentos en objetivos y no en medios; el formalismo y el papeleo; la despersonalización de las relaciones y la adherencia exagerada a las rutinas y procedimientos. Por ello, la burocracia, los burócratas, que tienen en general mala prensa, deben ser valorados en su justa medida. La burocracia no es mala, lo malo es la idolatría a la burocracia. ¡Dios te libre de un burócrata entusiasmado del reglamento!

Tres son los factores a tener en cuenta para medir la flexibilidad regulatoria en la apertura de un negocio: trámites, tiempo y coste. Pues bien, en un muy meritorio estudio de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL) de 2007, y que ha tenido, desgraciadamente, poca efectividad, se comienza señalando ese cáncer que padecemos sobre la eficiencia y que es la fragmentación de mercado, pues los trámites, el tiempo y el coste varían dependiendo de las comunidades autónomas, y dentro de ellas, en función de los ayuntamientos. Según un estudio de la Comisión Europea de 2007, el coste medio para crear una empresa en la UE es de 485 euros, con un plazo de entre 10 y 12 días. En España, ese coste se eleva a los 617 euros y el plazo a los 30-40 días. Un estudio de la OCDE sobre las pymes, también de 2007, analiza estas variables en países como Reino Unido, México, Austria, Australia y Nueva Zelanda. Los datos extremos son los siguientes: tiempo: un cuarto de hora en Austria y 35 días en México; coste: un euro en Austria y 332 en Australia; número de trámites administrativos a cumplimentar: cuatro en Australia y 11 en México. Como se aprecia, hay notables disparidades.

En lo que a España respecta, el estudio de AEVAL nos dice que la media en todas las comunidades autónomas es: trámites: entre 13 y 15; tiempo: entre 150 y 240 días; coste: entre 1.500 y 3.500 euros. En tiempo y coste, por tanto, estamos en el doble que la media de la UE.

Es evidente que hay que ponerse con urgencia a la tarea, pues lo que nos faltaba en la situación dramática que tenemos es que se pusieran pegas a la creación de empleo, con base en el control y la reglamentación. El artículo 105 de la Constitución obliga al Estado a proteger a los ciudadanos mediante la seguridad jurídica y el respeto a las normas, pero el 38 consagra la libertad de empresa. Hay que buscar un encuentro entre ambos.

La VUE (Ventana Única Empresarial) (1999) y la Sociedad Limitada Nueva Empresa (Ley 7/2003) no han tenido la eficacia debida y debemos seguir avanzando. Por ejemplo, en la licencia municipal única por comunidades autónomas, en la telemática, en las licencias provisionales y en el silencio positivo. Hay que sacudirse el miedo. Hay muchos modos de impulsar la actividad empresarial sin instaurar la ley de la selva. El ejemplo de la Comunidad de Madrid, respecto a las licencias, supone una ráfaga de aire fresco.

Over the past three decades, hundreds of millions of new workers have entered the global economy. They arrived with various levels of education and skill, and over time have generally gained in terms of “human capital” – and in terms of value added and income. This has brought a tremendous, and ongoing, growth in income levels, opportunities, and the size of the global economy. But these new workers have also brought more employment competition and significant shifts in relative wages and prices, which is having profound distributional effects.

These massive structural changes in the global economy present three great employment challenges worldwide, with different countries facing their own variants.

The first challenge is to generate enough jobs to accommodate the inflow of new entrants into the labor market. Clearly, a wide range of advanced and developing countries is failing to do so. Youth unemployment is high and rising. Even in fast-growth developing countries, surplus labor is awaiting inclusion in the modern economy, and the pressure is on to sustain job creation.

The second challenge is to match skills and capabilities to the supply of jobs – an adjustment that takes time. It is also a moving target. Globalization and major labor-saving technologies have thrown labor markets in many countries into disequilibrium. Skills mismatches abound. Moreover, with continuing rapid growth in developing countries, the global economy’s structure is far from static, and it seems clear that the pace of market adjustment is lagging that of structural change.

The third challenge is distributional. As the tradable part of the global economy (goods and services that can be produced in one country and consumed in another) expands, competition for economic activity and jobs broadens. That affects the price of labor and the range of employment opportunities within all globally integrated economies. Subsets of the population gain, and others lose, certainly relative to expectations – and often absolutely.

Many advanced countries – in fact, most of them – have experienced limited middle-income growth. In some European countries, where income inequality has remained in check, this has been a component of a deliberate strategy to maintain employment growth and competitiveness in the tradable part of the economy, with wage restraint partly shared across the income distribution. In the United States, income inequality has risen as the upper end of the income and education spectrum benefits from globalization, while the rest experience declining employment opportunities in the tradable sector.

For two decades prior to the 2008 crisis, employment levels were maintained – and downward pressure on incomes mitigated – by creating jobs in non-tradable sectors. In some cases, this took the form of rapid growth in government; in others, like the US, a pattern of excessive, debt-fueled consumption underpinned a large shift in employment to (non-tradable) services and construction. Indeed, government and health care (both largely non-tradable) accounted for almost 40% of net employment growth in the US between 1990 and 2008.

That pattern came to a sudden stop in the financial crisis of 2008. Private-sector leverage declined and public-sector leverage reached – and exceeded – sustainable limits, with Greece being only the most extreme example.

But expectations created by pre-crisis growth patterns adjust slowly. Because the dominant narrative still maintains that the pre-crisis period was normal, at least in terms of the growth pattern in the real economy, the perceived challenge is to restore growth according to the pre-crisis pattern. Unfortunately, this narrative cannot explain why, particularly in the advanced countries, growth is faltering and the employment engines have largely shut down.

Part of the answer consists in the long, lingering impact of financial crises and deleveraging, well documented by Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff in their book This Time is Different. At the same time, the financial imbalances and distortions that precede a crisis delay appropriate and necessary responses to technological and global market forces in the real economy as well. In short, economies and policies adjusted in an unsustainable fashion, to some extent obscuring the need for a more sustainable pattern of adaptation.

What does it mean – for individuals, businesses, and governments – that structural adjustment is falling further and further behind the global forces that are causing pressure for structural change?

Above all, it means that expectations are broadly inconsistent with reality, and need to adjust, in some cases downward. But distributional effects need to be taken seriously and addressed. The burden of weak or non-existent recoveries should not be borne by the unemployed, including the young. In the interest of social cohesion, market outcomes need to be modified to create a more even distribution of incomes and benefits, both now and in inter-temporal terms. After all, underinvestment now implies diminished opportunity in the future.

The imperative of structural adjustment also implies that individuals, governments, and other institutions (especially schools) need to focus on increasing the speed of adjustment to meet rapidly shifting market conditions. Attention to both the demand and supply sides of job markets is required. This means not only matching skills to jobs, but also expanding the range of jobs to match skills.

Finally, global economic-management institutions need to address whether the pace of globalization, and its implied structural change, is faster than the capacity of individuals, economies, and societies to adjust can withstand. If so, the next challenge will be to find non-destructive ways to moderate the pace in order to bring capacity to adjust and the need for adjustment into closer alignment.

None of this will be easy. We do not now have well developed frameworks for understanding structural change. Nevertheless, the unemployed and underemployed, especially younger people, expect their leaders and institutions to try.

Uno de los principales maestros del laboralismo europeo, el profesor italiano Romagnoli, dijo ya hace algún tiempo que el Derecho del Trabajo comienza a pensar a lo grande. ¡Qué buen augurio para nuestra realidad española! Es en estos momentos de crisis, cuando más acuciante se hace asumir la grandeza de la tarea que tenemos por delante y la necesidad de dar un papel protagonista a las leyes laborales. Ante el drama del paro en nuestro país, la tentación es sentirse impotente, pesimista si se quiere. Pero España nunca ha sido impotente en su historia. Ha sabido superar, en cada momento puntual, los retos a los que se ha enfrentando, ya fuera conquistando tierras extranjeras, luchando por su independencia, defendiendo su cultura, creando nuevos regímenes políticos o, cómo no, superando crisis económicas profundas. Todo ello se ha conseguido con liderazgo, unión, decisión, valentía y visión de futuro. Calificativos que deberían ser los pilares iniciales del comienzo de la recuperación de nuestro mercado laboral.

Nuestra disciplina laboral tiene unas funciones de gran altura dentro del sistema económico que no conviene menospreciar en absoluto. En primer lugar, la normativa del trabajo tiene tradicionalmente una primera función estabilizadora de las relaciones entre empresario y trabajador. Consigue encauzar el llamado conflicto social dando pautas de equilibrio entre derechos y obligaciones para ambas partes supuestamente con intereses contrapuestos. No cabe duda de que ello potencia claramente el progreso económico y empresarial de cualquier país.

En segundo término, la legislación laboral es impulsora del crecimiento en múltiples vertientes: económica, social, empresarial… El dictado de normas en el lugar de trabajo, donde se desarrollan relaciones personales, consigue no sólo mejorar el bienestar económico de las personas que participan de las mismas, sino su propia progresión personal con mayores conocimientos, formación y motivación ante las tareas que se les encomiendan. En este sentido, cabría afirmar que la norma laboral siempre nos acompaña en cada día, en cada empleo.

En tercer lugar, el Derecho del Trabajo es conformador de la personalidad del trabajador porque establece los límites de sus obligaciones y sus derechos, acotando la posible intromisión empresarial a sus derechos más fundamentales como la intimidad, el honor, y la dignidad personal, que son intrínsecos al ser humano.

Y, finalmente, una legislación laboral equilibrada y adaptable a las circunstancias es el instrumento esencial de una buena gestión de los recursos humanos de la empresa, que en definitiva hará, sin lugar a dudas, que ésta pueda crecer.

En definitiva, el Derecho del Trabajo es cada vez más el Derecho del Empleo.

Como vemos, debemos aprovechar esta vocación ilustre de la normativa de trabajo para tratar de salir del abismo laboral en el que en estos momentos nos encontramos. Bien es cierto que ahora no somos los más fuertes, ni los más altos, pero estamos llamados a un reto histórico de adaptarnos con rapidez a tomar medidas audaces, ambiciosas y precisas, para conseguir que España, de una vez por todas, ponga freno a la crisis brutal que estamos atravesando y podamos levantar la cabeza ante nosotros mismos y ante los demás por haber conseguido invertir la tendencia, siendo campeones del empleo, como en alguna época reciente.

Un lamento atontado ya no nos sirve. Debemos conseguir construir un nuevo modelo para nuestro país, no vaya a ser que en las siguientes crisis (que las habrá), volvamos a los rankings infames de desempleo, y ese problema no preocupa tanto porque seamos el contraejemplo sino por los dramas que encierran esas cifras. Y lo que es insostenible en un país es que haya miedo, literalmente, a contratar. Como la tarea es ingente, nos corresponde participar a todos pero evidentemente el papel protagonista, el guía de esta labor, va a descansar fundamentalmente en el Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales.

Para ello, en el ámbito del mercado de trabajo que nos ocupa en estos momentos, el Leitmotiv que debe presidir ese cambio se resume en una única palabra: estabilidad. No tanto la estabilidad del puesto de trabajo, sino la estabilidad de la empresa. La estabilidad del mercado de trabajo, es decir, del empleo. Ese debe ser, ni más ni menos, nuestro objetivo. Cierto es que en la realidad actual, donde la incertidumbre es la reina de los acontecimientos sociales y económicos, parece una contradicción propugnar como valor la certeza, pero tenemos todas las condiciones para conseguir esa estabilidad: somos conscientes del problema, siempre hemos tenido capacidad de reacción, estamos perfectamente preparados y, en definitiva, se pueden apuntar unas soluciones responsables que deben ser asumidas en nuestro entorno laboral.

Nadie quiere resignarse (salvo los de tendencia masoquista, y conozco a pocos) a dar por perdido el lugar que nos corresponde en el mundo, en general, y en Europa en particular. No conozco ningún cambio sustancial en mi disciplina laboral que haya sido fácil, que no esté exento de dificultades y que haya sido en muchas ocasiones contestado socialmente, pero precisamente el camino se ha recorrido para conseguir un mayor éxito a largo plazo. Y ahora que hay mucha frustración, es cuando ese cambio es más preciso que nunca, sin demasiadas vacilaciones. No parece ser el momento de medias tintas, sino de la búsqueda de una esperanza para nuestro país con decisiones firmes y audaces. En el área laboral se pueden adoptar todavía muchas iniciativas.

Sin ánimo exhaustivo y simplemente esbozando unas líneas generales, considero que el cambio de modelo laboral debería pivotar en torno a una serie de ejes. En primer lugar, una nueva cultura laboral. Frente a la confrontación, nuevos modos de cooperar. Frente al quietismo, innovar. Necesitamos un nuevo modelo normativo que debe estar sustentado en la empresa actual, en el mundo global del siglo XXI y no en un modelo de hace décadas. Se precisa un cambio de mentalidad, transmitiendo un nuevo mensaje laboral en todos los ámbitos: empresarial, político y sindical, con una clara vocación de espíritu Reformista (en mayúsculas).

En segundo término, nuevas formas de contratación laboral. Las viejas y numerosas fórmulas de contratos de trabajo han demostrado que se utilizan como verdaderos mecanismos de flexibilidad laboral externa, finalidad totalmente viciada. El contrato debe servir para asegurar la estabilidad mencionada anteriormente y, para ello, se precisan nuevos instrumentos de contratación. Todo el foco de atención debe estar en el contrato, no en el despido como hasta ahora.

Tercero: nueva formación. Estamos instalados en la Economía del Conocimiento, ése es nuestro futuro: trabajos con cualificación elevada que puedan entrar en competencia con otros países. Por ello, la formación debe emprenderse, de forma continua, como derecho básico del trabajador pero con la búsqueda de un objetivo país de futuro claro.

Cuarto: nueva flexibilidad. Todo es cambiante, la empresa también. El despido no debe ser el primer mecanismo a utilizar para la adaptación a ese cambio. La ley laboral tiene la responsabilidad (y ahí el convenio colectivo es pieza fundamental) de no obstaculizar esa ineludible necesidad.

Quinto: nueva productividad. Los mecanismos de estímulo de la productividad de nuestros trabajadores y de nuestras empresas deben ser el frontispicio de cualquier regulación o reforma que se adopte en el ámbito de las relaciones laborales. Ésa es la clave de la competitividad y de la mejora de nuestra maltrecha situación económica.

En definitiva, los retos son claros y numerosos pero no me cabe duda de que, como en otras ocasiones, existen las bases y los deseos para poder escribir una historia de éxito.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de junio la convalidación del Real Decreto Ley que regula la negociación colectiva. Esa decisión se produce en un momento en el que desde sectores empresariales, partidos de la oposición y expertos tertulianos, valga la contradicción, se viene atacando a la negociación colectiva como uno de los orígenes de la desaparición de puestos de trabajo y de la escasa competitividad empresarial en nuestro país.

Buena parte de esa crítica responde a la mezcla de un doctrinarismo ideológico que enaltece el mercado y la desregulación y quiere cargar sobre los trabajadores el coste de la crisis económica que ellos, gente muy poderosa, han provocado.

Por eso, lo primero que deberíamos recordar son los logros conseguidos a lo largo de todo este tiempo de negociación colectiva, y pensar en las consecuencias que probablemente tendría su imprudente desmantelamiento.

Porque si España ha crecido económicamente, si es más competitiva y goza del bienestar actual, también ha sido por la práctica de una negociación colectiva responsable; invisible a veces, pero que garantiza a más de 10 millones de trabajadores, salarios, jornada, turnos, vacaciones, formación, prevención de riesgos, promoción interna, pensiones. Todo ello a través de más de 5.000 convenios anuales. Durante las tres últimas décadas, sindicalistas y empresarios han sido capaces de superar una larga tradición de enfrentamiento y sustituirla por el diálogo y el acuerdo como mejor forma de establecer sus relaciones laborales. Gracias a la negociación colectiva se distribuye en términos de contabilidad nacional más de la mitad de la renta generada del país. Pocas dudas hay de que el rápido ensanchamiento de las clases medias en la España democrática tiene mucho que ver con esta práctica.

Es esta tradición de negociación colectiva la que preserva el real decreto que aprobamos el 22 de mayo, y los cambios que en él se recogen responden a buena parte de las demandas de los interlocutores sociales expresadas en los últimos años.

Es verdad que patronal y sindicatos no llegaron finalmente a un acuerdo, y también es cierto que ante esa situación el Gobierno debía proponer una solución. Es posible que esa solución no le guste a algunos, y no por su contenido, sino porque es una solución. Sin embargo lo es, y lo es porque el texto presentado es equilibrado y suficiente para hacer frente a los constantes cambios de la economía y el trabajo.

Actualmente más del 65% de la negociación colectiva se hace a través de los convenios provinciales, cuyos contenidos fundamentales son jornada y salarios.La experiencia ha demostrado que la atomización y su escasa vertebración, les convierte en incapaces para impulsar los cambios que muchas veces necesitan nuestras empresas y nuestros trabajadores; por eso el real decreto apuesta por una negociación colectiva más cercana a la empresa facilitando estos convenios que actualmente representan apenas el 10%, y los sectoriales de comunidad autónoma, que tan solo son el 8%.

Este desplazamiento del centro de la negociación hacia la empresa, va acompañado del reforzamiento de su estructura sectorial y autonómica que permitirá ordenar materias a negociar en cada ámbito articulándolas en los diferentes niveles de negociación. ¿Para qué todo ello? Para aumentar la flexibilidad en la organización de los recursos de la empresa (horario, salario, planificación de vacaciones, clasificación profesional, conciliación de la vida laboral y familiar, etcétera, etcétera), primándola frente a la opción de ajuste de plantillas como recurso más fácil.

Los patronos no tienen nuevas prerrogativas, todos los convenios son fruto del acuerdo entre partes, y como siempre, si la patronal realiza una propuesta poco razonable y regresiva la parte social no tendrá más remedio que rechazarla. El posible desequilibrio que este tipo de negociación puede suponer se compensa en parte con la modificación del artículo 87 del ET que refuerza el papel de las secciones sindicales sobre los comités y delegados de personal en esta negociación.

Frente a esta flexibilidad negociada que contempla el real decreto, los empresarios han defendido una flexibilidad impuesta que nada tiene que ver ni con lo recogido en la norma aprobada en el Congreso, ni con la filosofía que la sustenta; si a ello le unimos la no aceptación de la propuesta empresarial de suprimir la ultraactividad “limitando la prórroga de vigencia de los convenios y caso de no llegar acuerdo aplicar los acuerdos sectoriales de cobertura de vacíos”, podremos comprender que la ofensiva por desregular la negociación colectiva ha fracasado, por ahora. Porque hay marco de negociación democrática en las empresas y se garantiza la prórroga del contenido regulador del convenio en su totalidad hasta que se suscriba otro nuevo, sin que pueda existir riesgo de vacío de regulación. Pasado el tiempo, ocho meses cuando la vigencia del convenio anterior fuera inferior a dos años, o 14 en los restantes, el arbitraje resolverá la controversia.

Así pues, y frente a lo que se ha dicho, la negociación colectiva no sale descuartizada de esta regulación, ni de las lógicas tensiones parlamentarias que hubo en su convalidación el 22 de junio; que las hubo, ¡por supuesto!, amplificadas por la materia en discusión y por el cambio de voto de algunos grupos en el último momento. Sin embargo, ni el Gobierno ni el Grupo Socialista cedieron para modificar los dos ejes básicos que equilibran esta reforma: flexibilidad interna negociada y mantenimiento de la ultraactividad.

No se cerró tampoco la posibilidad de estudiar la jurisprudencia que puede hacer volver a la redacción anterior a la aprobación del real decreto el encaje de los convenios de comunidades autónomas, como ya se hizo en el año 1994 y, por cierto, desde entonces nunca se ha roto la unidad de mercado de trabajo.

El debate nos dejó algunas conclusiones: por un lado el PP no quiere descubrir sus propuestas, y a la pregunta del presidente del Gobierno en el debate del estado de la nación ¿qué piensa usted sobre la ultraactividad de los convenios?, Mariano Rajoy se mantuvo en un ominoso silencio. Por otro, quedó claro que la patronal canaliza a través de CiU su modelo de negociación colectiva. Y por último, para la izquierda testimonial “cualquier tiempo pasado fue mejor”, como siempre.

Estos son todos los “rotos y cambalaches” que la “impericia” del Gobierno realizó ese día, según han denunciado algunos desde estas mismas páginas.

La vida nos enseña a ser humildes, y la vida parlamentaria, cuando no se tiene mayoría absoluta, nos enseña a ser muy humildes. Conseguir los votos necesarios para aprobar una norma siempre nos exige ceder y transar, no hay otro camino. La cuestión es si después de hacerlo uno se sigue reconociendo en lo acordado.

Este veterano sindicalista y diputado socialista se reconoce en ello, y lo defiende con el orgullo y la conciencia serena del que sabe donde está.

Tenemos muchos problemas, pero uno de ellos es particularmente grave, humano, social, económico y político: el paro. Una sociedad mínimamente responsable no puede permitirse tener al 21% de su población que puede y desea trabajar sin una ocupación, viviendo de la escasa e insegura sopa boba del Estado del bienestar, sin desarrollar su capital humano, sin la autoestima que da saberse útil.

«No exageres -me dice el lector-. La tasa de paro es mucho menor». Sí, claro. Pero esto no hace sino añadir nuevos calificativos al problema. La economía sumergida es ineficiente e injusta; es muestra de la falta de calidad humana y profesional de algunos empresarios (los que están permanentemente sumergidos); es una prueba del fracaso de nuestro mercado de trabajo, que no es capaz de crear empleos eficientes para todos. Y es la evidencia del carácter cortoplacista de las soluciones que estamos adoptando y del carácter individualista de nuestra sociedad.

«Bien, pero ¿de quién es la culpa?», me pregunta el lector. Yo tengo mi lista de culpables, pero hace ya tiempo que decidí no entrar en una caza de brujas. Imagínense el Ejército que, en pleno ataque enemigo, dedica sus mejores efectivos a buscar los culpables de la última derrota: ¿sería esta una buena estrategia? Por supuesto, quien provoca un desaguisado debe pagar por él. Pero lo que nos interesa es buscar soluciones.

Y soluciones las hay. Algunas, falsas. Por ejemplo: un día de estos vendrá la recuperación, y entonces volveremos a crear empleo. Bien, pero ¿cuándo volveremos a encontrar empleo para digamos tres millones de nuestros parados? Otra: que cree empleos el sector público. Bien, pero ¿de dónde sacarán el dinero? ¿De unos impuestos que no queremos que nos suban? ¿De un crédito que los bancos deberían dedicar a la creación de empleo privado, o que los prestamistas internacionales no quieren darnos, porque temen que nuestros gobiernos sean insolventes?

Otra solución, no tan falsa, pero sí parcial: confiemos en las nuevas tecnologías. ¿Sí? ¿Es creíble que la biotecnología o la aeronáutica puedan crear esos millones de empleos en un plazo razonable? Me parece que no. A esos sectores les tocará ser la avanzadilla del progreso tecnológico del país, el motor que arrastrará a otras industrias, pero el grueso del empleo vendrá de los sectores «de toda la vida»: el turismo, la distribución, el comercio y otros servicios, la industria tradicional, la construcción (sí, que la construcción sigue ahí)¿

Tenemos muchos excelentes diagnósticos de los problemas de nuestro mercado de trabajo. Todos ellos incluyen los costes de despido, sobre todo porque frenan a las empresas a la hora de contratar nuevos trabajadores. Y la negociación colectiva, porque los criterios de fijación de salarios en convenio tienen muy poca racionalidad (son racionales para algunas grandes empresas y para los sindicatos, pero no para los parados). Y la maraña de contratos, que no están adaptados a las necesidades de los que, en definitiva, crean los puestos de trabajo, que son las empresas.

Y otros inconvenientes, relevantes también, pero probablemente menos graves: el fallo de los sistemas públicos de colocación, la estructura del seguro de desempleo, las dificultades administrativas para la creación de nuevas empresas, las cotizaciones sociales, la falta de competencia en sectores importantes¿

El problema no es técnico: los economistas sabemos qué hay que hacer, y nos pondríamos de acuerdo en, por lo menos, el 80% de las medidas. El problema tiene otras dos dimensiones. Una es la que podríamos llamar cultural, y tiene varias facetas. Una la han puesto de manifiesto los indignados, siguiendo la estela de los sindicatos: nosotros no hemos creado este problema, que lo resuelvan otros. No es verdad: todos hemos creado este problema, porque los males de nuestro mercado de trabajo son mucho más antiguos que la burbuja inmobiliaria. Y, en todo caso, todos hemos de aportar nuestra solución.

Otra faceta de este problema que he llamado cultural es una falta de confianza colectiva. Para unos, los empresarios son unos aprovechados, que solo quieren ganar más a costa de sus empleados, por ejemplo, aumentando su rentabilidad a costa de despidos masivos. Para otros, los trabajadores son unos frescos, que solo quieren trabajar menos y ganar más, como muestra el elevado absentismo. Los sindicatos van a su bola; los gobiernos solo piensan en las próximas elecciones¿ Decididamente, si no somos capaces de romper esa falta de confianza, nunca llegaremos a resolver nuestros problemas.

Y esto me lleva a la otra dimensión de nuestros problemas, que podemos llamar política, en sentido amplio (no solo de política del Gobierno, aunque también): la reforma laboral pisa muchos callos, y los afectados se resisten. Y una reforma, aunque la imponga el Gobierno, exige negociación. Y para eso hace falta buena voluntad, como ya he dicho, y mano izquierda. Y me parece que la sociedad debería involucrarse mucho más en este proceso.

El pasado 22 de junio se sometió a votación en el Congreso la convalidación del decreto sobre reforma de la negociación colectiva. Pero la impericia del Gobierno propició que con el voto se dilucidara otra cuestión: su propia supervivencia. Tanto el PP como los nacionalistas habían decidido el día anterior abstenerse respecto del decreto y promover su posterior tramitación como ley. Sin embargo, una vez hubieron percibido que el Gobierno mismo vinculaba su suerte a la aprobación del decreto, empezó el baile. Los tres grupos pasaron al voto negativo, pero vascos y catalanes, tras bailar con los populares la mayor parte de la sesión, terminaron cambiando de pareja en el último instante y retornaron a la abstención, previo pago por el Gobierno de un alto precio sin reparar en sus consecuencias; como los que se entregan cuando se está entre la bolsa o la vida.

El decreto aprobado en el Consejo de Ministros ya empeoró el borrador que unas horas antes se había comentado con los sindicatos, de tal forma que los patronos tendrán, entre otras prerrogativas, las de aplicar en sus empresas salarios por debajo del sueldo base fijado en el convenio sectorial de referencia, pagar menos por las horas extraordinarias, redistribuir la jornada laboral y las vacaciones, adaptar a su antojo el sistema de clasificación profesional y las modalidades de contratación; segmentar a las plantillas con convenios por franjas de empleados, lo que se traducirá en modificaciones regresivas de las condiciones de trabajo. Y si tenemos en cuenta que el 92% de las empresas españolas tienen menos de 50 trabajadores podemos imaginar el desequilibrio de fuerzas a favor del empresario que la reforma va a comportar.

Abaratando costes salariales y endureciendo las condiciones de trabajo, podrán algunas empresas elevar la productividad por cabeza ocupada, pero raramente optarán por crear ni un solo empleo más, y menos aún mejorarán la productividad por hora trabajada con nuevas inversiones de capital, que es la que a fin de cuentas nos procurará una competitividad más solvente y sostenible, ya que las ganancias de competencia en precios son un espejismo que se difumina cada vez más rápidamente en un mercado mundializado al que acceden países emergentes con precios y salarios más ventajosos. En definitiva, no es una reforma equilibrada que dota de mayor flexibilidad interna a las empresas a cambio de mayor participación de los trabajadores, sino una clara desregulación de las condiciones laborales, que descuartiza la negociación colectiva y fragiliza los derechos. Un nuevo destrozo que se suma al de la reforma laboral del año pasado, que en lugar de empleos sigue produciendo precariedad laboral, y basado también en falsos estereotipos sobre la rigidez de nuestras instituciones laborales machaconamente agitados.

El descuelgue salarial es posible en España desde hace 30 años, con más amparo legal en el Estatuto de los Trabajadores que las cláusulas de revisión salarial, basta con una mínima acreditación por parte del empresario sobre las dificultades económicas de su empresa, y que la Comisión de Seguimiento del Convenio en el que esté encuadrada lo avale, es decir, con elementales dosis de transparencia y participación de los afectados. Ni por el derecho laboral vigente ni por hechos constatables se puede presentar una sola empresa que haya tenido que cerrar porque le obligaran a pagar salarios inasumibles; sin embargo, sí son habituales los casos de plantillas enteras que aceptan congelación y/o reducciones de sus salarios durante uno o más ejercicios para evitar la quiebra de la empresa y pérdidas de empleo, aunque tales sacrificios hayan sido defraudados en más de una ocasión.

La racionalización de la estructura de la negociación colectiva para articularla mejor entre las empresas y los sectores la pactaron autónomamente las confederaciones patronales y sindicales en 1997; pero las propias cúpulas empresariales de la época reconocieron sus dificultades para sortear los intereses creados de sus sectoriales y territoriales en los viejos convenios provinciales. También entonces acordaron la Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos, dotándose de un Servicio de Mediación y Arbitraje y renovando sus criterios de funcionamiento puntualmente cada cuatro años, de forma tal que allí donde se aplica, más en empresas que en sectores, no hay que esperar 8 ni 14 meses para superar bloqueos negociales como impone la reforma recientemente decretada, sino cinco desde la constitución de las mesas de negociación.

Durante el reciente proceso de diálogo social abortado por la actual dirección de la CEOE han rechazado la propuesta de CC OO y UGT de darle eficacia directa a dicho acuerdo para que pudiera extenderse sin más dilación a todos los sectores y territorios, ya que son sus patronales afiliadas las que en importantes ramas de actividad se siguen negando a los procesos de mediación y arbitraje voluntarios.

Ahora el Gobierno le ha puesto a su alcance un arbitraje obligatorio (posiblemente inconstitucional), con tal de zafarse de su deber de negociar durante unos cuantos meses. Ese deber, esencial en unas relaciones laborales democráticas, se sustancia precisamente gracias a la ultractividad de los convenios, para que ni el empresario crea que puede hacer tabla rasa de las condiciones fundamentales de trabajo acordadas libremente cada vez que vence el convenio, ni los representantes sindicales se atrincheren en demandas desmedidas sin asumir la responsabilidad de la congelación salarial de sus representados.

Pero el colmo ha sido ceder ante los grupos nacionalistas que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los nacionales. De un plumazo se rompe la unidad de mercado, se introduce una considerable inseguridad para inversores propios y foráneos, pueden convertir en papel mojado los Acuerdos Interconfederales que tan decisivos han sido para moderar el crecimiento de los salarios y suponen un injustificable debilitamiento de la capacidad contractual de las grandes centrales sindicales más representativas y democráticas, UGT y CC OO, quienes por cierto siempre han sido y son vectores de primer orden en la vertebración social y económica de nuestro país.

De la magnitud del desaguisado nos ha dado una idea el portavoz del grupo nacionalista vasco cuando ha venido a decir que jamás había soñado con obtener una reivindicación tan histórica del nacionalismo tan fácilmente. El más difícil todavía le rebota al candidato socialista, ya que sin un serio y verificable compromiso de rectificar estos dislates no tendrá fácil recabar apoyos entre las afiliaciones de UGT y CC OO sin que parezca probable que pueda compensarlos con el de los sindicatos ELA-STV, próximo al PNV, y el abertzale LAB. Por otra parte, a quienes piden mejorar la democracia se les responde, más allá de algunas palabras complacientes, con su deterioro donde más les duele, en el espacio donde se ventilan sus condiciones de vida y de trabajo, en la negociación colectiva, que a fin de cuentas es el corolario de la democracia industrial.

Pactar para arrimar el hombro ante retos comunes engrandece a la política, pero urdir cambalaches que aprovechan a quienes siempre barren para casa la envilece. Por no hacerles el juego a estos últimos y por lealtad al Gobierno que apoyo, voté la convalidación del decreto aun estando en contra; pero a la vista del apaño final, que no conocí hasta después de la votación, y convencido de que no servirá para salir del bache económico y de que aún acentuará más el fracaso político, quiero dejar claro mi rotundo no.

Los políticos se ven obligados por su oficio a simplificar las ideas que les suministran los expertos. Es el precio que tienen que pagar para comunicarse eficazmente con la ciudadanía (y convencerla) o con esa audiencia más restringida y fiel formada por los incondicionales de los partidos.

El mecanismo funciona también, y quizás más que en otros terrenos, en el de la economía; un campo en el que, debido a la complejidad de los problemas y al elevado tecnicismo con el que gustan de expresarse los expertos, la labor de simplificación se hace aún más necesaria.

Una de las simplificaciones a las que más se recurre en estos momentos tiene que ver con el problema del desempleo, central para la economía española, y con la manera de hacerle frente. El discurso reza más o menos así: quienes crean empleo en una economía son las empresas (o los empresarios); por lo tanto, las recetas para salir de la actual situación tienen que ir encaminadas a animarles y facilitarles la tarea, eliminando trabas administrativas o las derivadas de la negociación colectiva, mejorando la financiación, conteniendo los salarios, bajándoles los impuestos, etcétera.

Ese repertorio de recetas tiene varias ventajas y un solo inconveniente. Las ventajas son claras: es fácil de comunicar, porque se corresponde con la visión intuitiva que tenemos de la realidad del mercado de trabajo (son las empresas y los empresarios los que, en último término, contratan a los trabajadores) y además tiene buena prensa, debido al predominio doctrinal de eso que se ha denominado como “economía de la oferta” y de lo bien que suena entre el influyente público formado por los empresarios y los aspirantes a serlo.

El inconveniente es que la idea misma que le sirve de fundamento es una burda simplificación que nos impide ver cómo funcionan las cosas en la realidad, dificultando así la aplicación de remedios eficaces.

¿Quién crea empleo en una economía? La respuesta, en las economías desarrolladas y especialmente en las europeas, debe incluir no solo a las empresas privadas, sino al Estado y otras Administraciones públicas que prestan servicios, como la sanidad, la educación o el orden público, que son importantes generadores de empleos; y de empleos que, en su mayoría, no pueden deslocalizarse, como ocurre con los del sector manufacturero. Según la Organización Internacional del Trabajo en 2004 el porcentaje de empleo público sobre el total de la fuerza de trabajo ocupada oscilaba entre el 14% de Turquía y el 34% de Suecia (España, el 16%, al igual que Estados Unidos; Francia, el 22%).

En todo caso, el Estado y las Administraciones públicas apa-recen en nuestros días como uno de los mayores empleadores. Lo que implica, dicho sea de paso, que un programa de lucha contra el desempleo que empiece por destruir empleo público, como a menudo se defiende, resulta, como poco, paradójico.

Como este punto es uno de los más polémicos no podemos dejarlo ahí sin más.

El argumento de los que favorecen ese tipo de estrategias es que el Estado, con el constante crecimiento de sus servicios expulsa o arrincona (entre otras cosas debido a la necesidad de financiar el creciente gasto público, compitiendo con las empresas por un crédito escaso) a los empresarios privados; con lo que se gana por un lado (creando empleo público), se pierde por el otro, con la destrucción de empleos en el sector privado. Sin embargo, como ya observó Keynes en relación con la crisis de los años treinta del siglo pasado, en periodos de dificultad, no es el crédito lo que escasea sino la confianza de banqueros y empresarios en la futura marcha de la economía. En la crisis actual los bancos centrales han ampliado enormemente las facilidades crediticias, pero los bancos las han utilizado en muchos casos para sanear sus balances y protegerse frente a futuras tempestades.

Pero para centrarnos en el núcleo de la argumentación que estamos considerando, imaginemos por un momento que todos los empleos públicos pasaran a manos privadas, cumpliendo así el sueño de los ultraliberales de nuestros días de dar marcha atrás al proceso que han conocido las economías desarrolladas a lo largo del siglo XX.

En un mundo en el que todos los empleos estuvieran en manos de las empresas y los empresarios privados es obvio que la creación de empleo dependería por completo de las decisiones de inversión de estos. Pero la decisión de invertir depende a su vez de las expectativas de beneficio; y estas, de que exista una demanda solvente (dotada de poder de compra) para los productos o servicios que producen las empresas: sin ella se interrumpe el ciclo productivo.

Aún debemos añadir un trazo más para completar la pintura del proceso de creación de empleo en nuestras economías. Estas, tras un largo periodo de cambios sociales y políticos, son economías basadas en el consumo de masas, y a esa realidad, y a la de mercados cada vez más amplios, se ha ido adaptando el aparato de producción y distribución; es decir, las empresas y los agentes económicos en general.

Si esto es así se deduce que el buen funcionamiento del sistema económico se verá seriamente amenazado si la capacidad adquisitiva de las amplias masas de población que son un elemento esencial de él se deteriora.

Y eso es justamente lo que está ocurriendo desde hace años.

Si consideramos la evolución de los salarios como un indicador válido de la capacidad de compra de la mayoría de la población, su deterioro, en relación con el volumen total de la producción, se viene reflejando en las estadísticas de la OCDE -la organización que agrupa a los países más industrializados- desde la década de los años ochenta del siglo pasado: la participación de los salarios en la renta nacional desciende sistemáticamente. Para algunos esa tendencia, y el incremento de las desigualdades de renta y riqueza que la ha acompañado, han sido una de las causas de la actual crisis (entre esos “algunos” se encuentra este modesto comentarista y Raghuram Rajan, de la Universidad de Chicago, que suscitó el debate en la última conferencia anual de la American Economic Association celebrada en Denver el pasado mes de enero).

Y si nos centramos solo en los dos últimos años, desde que empezaron a aplicarse las medidas de salvamento del sector financiero y de -tímido- estímulo económico, la revista The Economist ofrecía el mes de marzo pasado algunas cifras referidas a algunas de las economías más avanzadas: Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Los beneficios empresariales se han recuperado en ellas en mucha mayor medida que los salarios y en alguna, como la británica, estos han descendido en términos reales.

En cuanto a España, Ángel Laborda, de la Fundación de las Cajas de Ahorro, apuntaba hace poco (El País Negocios del 20 de marzo de 2011) en una dirección similar: en el 2010 los asalariados perdieron poder adquisitivo. Una observación que confirman a nivel agregado las cifras de la Contabilidad Nacional: en 2009 y 2010 la remuneración de los asalariados cayó, respectivamente, un 2,74% y un 1,54% (a precios corrientes; si incorporamos la inflación la caída en 2010 es mayor y solo un poco menor la de 2009). Lo que explica que el consumo de las familias cayera también fuertemente en 2009 y se mantuviera en ese (bajo) nivel en 2010 si se tiene en cuenta la inflación.

En el momento actual, la política económica en España está dominada por la necesidad de tranquilizar a nuestros socios del euro y a los prestamistas internacionales. Pero si no queremos adentrarnos en una senda peligrosa ese objetivo no debería perseguirse a costa de reducir el empleo público ni mediante el empobrecimiento de la mayoría de la población.

La sinfonía en Si menor, D. 759, de Franz Schubert, fue compuesta en 1822 y su nombre de Inacabada o Inconclusa es debido a que sólo consta de dos movimientos. Nada demuestra que Schubert pensara hacer el resto, con lo que la obra estaría completa, pero hay otros que piensan que la muerte prematura del genial compositor impidió su lógica conclusión. La misma incógnita tenemos con la reciente Reforma sobre negociación colectiva aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros.

Confieso que, quizá de forma ingenua, era uno de los que pensaban que por fin el Gobierno iba a afrontar esta reforma de manera profunda y convincente. Los resultados de la última enmienda de nuestra legislación laboral no han sido particularmente efectivos, y las esperanzas puestas en un malogrado acuerdo social podrían hacer presagiar que el Ejecutivo tenía una oportunidad de oro para propiciar una modificación seria de nuestra estructura de negociación colectiva. Me temo que no ha podido ser.

En nuestro sistema de relaciones laborales, la negociación colectiva es el epicentro para la fijación de las condiciones de trabajo, siendo la legislación simplemente la referencia; el convenio colectivo es el instrumento idóneo por el que las empresas se pueden adaptar ágil y eficazmente las situaciones económicas cambiantes; y, en fin, es el acuerdo colectivo el que establecerá las pautas de flexibilidad que toda empresa precisa para evitar destruir empleo en entornos difíciles. Es por ello que la Reforma (con mayúsculas) de la negociación colectiva era y es, ahora más que nunca, absolutamente necesaria y urgente.

Ya lo era antes de iniciarse la crisis, pero durante estos últimos tres años hemos podido comprobar que, frente a las aparentes virtudes de las cuales gozaba nuestra forma de estructurar los convenios colectivos, existen numerosos defectos que han eclipsado en gran medida logros del pasado. Por ello, la elección del Gobierno se nos antojaba clara: era el momento de actuar. Somos conscientes de la realidad a la cual nos enfrentamos. Ya no valen medidas tibias, superficiales o de trámite, si queremos de verdad apostar por un mercado de trabajo saludable, dinámico y de futuro. Hay momentos en la historia de un país que moldean su futuro para los próximos años o décadas. Todos los reconocemos cuando llegan o se han producido. En el ámbito laboral sucede lo mismo y éste era uno de ellos.

En España, la negociación colectiva, como fuente de derechos y obligaciones laborales, tiene una importancia capital en comparación con la de países de nuestro entorno, pero nuestro sistema es ciertamente peculiar. En primer término, los acuerdos colectivos españoles tienen una alta tasa de cobertura; nuestros convenios son de eficacia general (se aplican a todos los trabajadores afectados con independencia de su afiliación), frente a la regla de la eficacia limitada en otros países europeos; y los convenios provinciales son muy numerosos facilitando la dispersión normativa. Además, a todo ello hay que añadir la alta duración de los convenios, con lo que la petrificación de las condiciones laborales es una constante en nuestro modelo. Lo anterior, unido a nuestras altas tasas de desempleo, hacen que las partes implicadas (patronal, sindicatos y Gobierno) fueran absolutamente conscientes del cambio profundo que había que hacer. Cierto es que los unos -los sindicatos- con cierta desgana y los otros -la patronal- con mayor empuje.

Pues bien, nos encontramos con un decreto-ley aprobado el pasado viernes sobre Reforma de la Negociación Colectiva, al que bien se le podría añadir el adjetivo de inacabada. De un lado, en el plano meramente formal, como ya ocurriera con la reforma laboral del año pasado, se repite ahora con la reforma de la negociación colectiva la misma secuencia y resultado: aprobación de norma con efectos totalmente provisionales, para su posterior modificación o desarrollo con el trámite parlamentario como proyecto de ley, sometida a las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. Pero es que también en el contenido de lo aprobado, se destila que hay mucho por completar y que la eficacia legal va a quedar al albur del deseo de las partes, mayormente de la sindical, como luego veremos. Vayamos por partes analizando los temas más importantes del nuevo Decreto.

Respecto a la prioridad aplicativa del Convenio de empresa sobre el convenio del sector, se refuerza la posibilidad de que la empresa pueda pactar condiciones de trabajo distintas de las estipuladas en el sector en diversas materias (salario, horario, clasificación profesional, modalidades de contratación y medidas de conciliación). Ello evidentemente supone un avance respecto a la regulación anterior, si bien se encuentran tres reparos al nuevo diseño legal. Primero, que los propios convenios sectoriales pueden limitar esta prioridad aplicativa, con lo que el bloqueo es un riesgo importante; segundo, que la prioridad no juega sobre materias tan destacadas como jornada o funciones; y finalmente, que se requiere no ya de un acuerdo entre las partes si no de un verdadero convenio colectivo con las formalidades que ello conlleva. Eliminar estas tres dificultades en el trámite parlamentario sería consolidar el objetivo deseado de que la empresa pueda tener mayor adaptación a las circunstancias que atraviesa.

EN SEGUNDO lugar, la famosa ultraactividad. Se ha mejorado la redacción inicial del borrador y ahora se establecen los límites de la negociación en una horquilla de 8 a 14 meses, dependiendo de la duración del convenio. El intento de limitar la duración de los convenios y no petrificar la negociación es bienvenido, pero al igual que en el supuesto anterior, existe un exceso de prudencia que puede hacer ineficaz esa tentativa.

Existe una cierta valentía para hacer obligatorios los procedimientos de arbitraje o mediación ante el desacuerdo total o parcial, pero habrá que ver cómo responden los agentes sociales para su posterior inclusión en acuerdos supraempresariales y en qué medida se articulan esos procesos. Ante ello, la única forma de incentivar el acuerdo entre las partes, llegado el vencimiento de ese periodo de ultraactividad, hubiera sido que las condiciones del convenio decayeran y formaran parte del contrato de trabajo del trabajador, con lo que se conseguiría que no fueran de aplicación al de nuevo ingreso y que tuvieran el carácter de condiciones contractuales, hecho éste que facilitaría enormemente la deseada flexibilidad interna de las empresas.

Y, finalmente, como tercera línea de fuerza, presente en toda la reforma, y la que está provocando más debate, es el reforzamiento inequívoco de la capacidad de actuación de los sindicatos en el seno de la empresa. En efecto, se establecen mecanismos de claro favorecimiento de la negociación por las secciones sindicales en detrimento de los comités de Empresa y delegados de personal y se otorga representación por Ley a los sindicatos más representativos (en definitiva, CCOO y UGT) para la negociación de convenios colectivos en sectores sin órganos de representación de los trabajadores.

Reforma bienintencionada en aspectos significativos pero un tanto decepcionante en cierta medida por las esperanzas puestas en ella, con determinados desequilibrios y que esperemos sea mejorada en el trámite parlamentario.

Era probable, pese a que algunos negaban que acabara siendo posible. Los datos que ya en el 2005 analizábamos (Guillem López y Ana Mosterín, Nota d’Economia, 2006) así lo indicaban. Entre 1981 y el 2001 los jóvenes perdían bienestar relativo, al menos en la parte resultante de la distribución de rentas procedentes del mercado de trabajo. España iba bien, pero la contratación la marcaban a menudo contratos basura y unos sectores económicos de demanda de empleo poco cualificada. Se detectaba con claridad que las mejoras de ingresos iban mayoritariamente a adultos con contratos indefinidos y a jubilados, protegidos por un sistema de pensiones que seguía siendo generoso pese a la perspectiva demográfica. El boom de precios hinchados de la vivienda deflactaba aún más aquellas rentas de los jóvenes, incapacitándolos para emanciparse y formar un hogar. La idea de que las nuevas generaciones siempre acababan con mejor bienestar que las anteriores podía no ser ya evidente. Que las políticas públicas priorizasen implícitamente a la gente adulta era aceptado sobre la base de considerar que el resto de políticas económicas, de productividad, formativas de capital humano, etcétera, ya tenían un sesgo suficientemente projuvenil y que eso permitía que la política social los relegara. Pero eso empezaba a ser una falacia.

Sabíamos, además, por los trabajos de la OCDE que nuestro sistema productivo hacía muy sensibles las fluctuaciones del paro en los jóvenes, especialmente entre 16 y 25 años. De hecho, una desviación de un punto porcentual del output gap (es decir, fuera de la senda esperada de crecimiento) suponía un 0,65 de bajada en el empleo de adultos y más del doble en los jóvenes (1,4 puntos).

Sobre esta base, nuestro trabajo alertaba de la necesidad de velar para que no se rompieran los equilibrios intergeneracionales, entre el bienestar neto de unos y otros. Esto podría concretarse en que la ratio entre rentas finales de activos y pasivos, después de impuestos y prestaciones públicas monetarias y en especie, bastante distintas entre unos y otros, se mantuviera estable en el tiempo ante las diferentes coyunturas. Y esto, que se conoce como regla de Musgrave, era preciso que fuera validado tanto en épocas de ganancia de productividad -haciendo partícipes a nuestros pensionistas con mejoras por encima del IPC- como de vacas flacas, para que no recayeran sobre todo en las personas activas, ocupadas o no, con impuestos, deuda futura y cotizaciones en su caso, las consecuencias financieras del mantenimiento de las inercias presupuestarias.

La realidad confirma aquellos pronósticos. La política pública ha mantenido a pesar de la crisis el sesgo en las pensiones -un barco de maniobrabilidad muy escasa-, no se ha ralentizado el inicio de la cobertura de la dependencia moderada (cuando aún no se ha consolidado financieramente la cobertura de la grave) y el sistema sanitario no ha sido capaz de reorientar ni la exención del copago farmacéutico vinculado a la condición de pensionista. Mientras, las restantes políticas, encajonadas entre la restricción presupuestaria y la consolidación fiscal, se han visto postergadas en lo que se refiere a la mejora del acceso a vivienda, incluyendo la de alquiler, a las políticas activas de creación de empleo, a las acciones formativas ocupacionales, a las del ocio orientado a la educación, etcétera. Unas políticas propias de colectivos más jóvenes.

Eran sabidos también los datos de esta inercia, resultado de políticas poco flexibles, de piñón fijo, y que fácilmente llevan al absurdo si se extrapolan. No era difícil hacer una simulación de sus efectos: el impacto de no priorizar unas políticas sobre otras, el lastre de deuda que dejarían si no se cubrían con nuevos ingresos, la ratio de dependencia de rentas públicas por grupos de edad, etcétera.

Ahora ya no estamos en aquellos escenarios hipotéticos, sino que constatamos la realidad más cruda: el paro de los menores de 25 años está alcanzando el 44%, la cifra más alta de los países de la OCDE, y el castigo relativo contra la entrada en el mercado de trabajo al que condena la crisis a los más jóvenes no tiene parangón en ningún otro país. Indigna, por tanto, que, pese a la sensatez de las predicciones, la falta de adaptabilidad de las políticas sociales nos haya situado en el callejón sin salida actual. Todos los que los tienen, quieren proteger su renta y sus privilegios, nadie quiere pagar más impuestos, aumentan las reivindicaciones de prestaciones para los más débiles… Y el traslado de los problemas de financiación al futuro, goloso para los políticos, puede borrar un horizonte de esperanza de quien tiene que pagar años y años la hipoteca y se encontrará ante una política pública con unos costes financieros a sufragar antes que decidir en qué gastar los impuestos, asfixiantes.

La necesidad de que una institución, una agencia, un think tank no cooptado por los poderes vele por la sostenibilidad del bienestar intergeneracional, de forma que integre a la política pública, tanto la económica como la social de acompañamiento, es un clamor que no se puede acallar durante más tiempo.

Mientras el mundo se recupera de la Gran Recesión, se ha vuelto cada vez más difícil discernir la verdadera tendencia de los acontecimientos. Por un lado, medimos la recuperación según nuestro éxito en volver a los niveles de crecimiento, producción y empleo previos a la recesión. Por otro lado, existe la inquietante sensación de que la “nueva normalidad” de hoy puede ser un crecimiento más lento y mayores niveles de desempleo.

Así que el reto ahora es formular políticas para dar trabajo a todos quienes lo deseen en las economías que, tal como estás organizadas en la actualidad, pueden no ser capaces de hacerlo. Este problema es mucho más agudo en los países desarrollados que en los países en desarrollo, si bien la interdependencia hace que, en cierta medida, se trate de un problema común.

El problema tiene dos aspectos. A medida que los países se vuelven más prósperos, cabe esperar que sus tasas de crecimiento sean más lentas. En épocas anteriores, el crecimiento era impulsado por la escasez de capital: la inversión de capital atraía una alta tasa de retorno, y esto creaba un círculo virtuoso de ahorro e inversión.

Hoy, el capital en el mundo desarrollado es abundante; la tasa de ahorro disminuye a medida que la gente consume más, y la producción se centra cada vez más en los servicios, donde los aumentos de productividad son limitados. Por lo tanto el crecimiento económico  el aumento de los ingresos reales- se desacelera. Esto ya estaba ocurriendo antes de la Gran Recesión, por lo que la generación de empleos a tiempo completo que paguen salarios decentes se estaba volviendo cada vez más difícil. De ahí el crecimiento de empleos informales, discontinuos y a tiempo parcial.

El otro aspecto del problema es el aumento a largo plazo del desempleo impulsado por la tecnología, en gran parte debido a la automatización. En cierto modo, esto es un signo de progreso económico: la producción de cada unidad de trabajo está en constante aumento. Pero también significa que se necesitan menos unidades de trabajo para producir la misma cantidad de bienes.

La solución del mercado es redistribuir la mano de obra desplazada hacia el área de servicios. Sin embargo, muchas ramas del sector de servicios son un sumidero de puestos de trabajo sin proyecciones ni esperanza.

La inmigración exacerba ambos aspectos del problema. Gran parte de la migración, especialmente en la Unión Europea, es casual: hoy aquí, mañana no, con ninguno de los costos asociados con la contratación a tiempo completo. Esto la vuelve atractiva para los empleadores, pero se trata de un trabajo de baja productividad y aumenta la dificultad de encontrar un empleo estable para la mayoría de los trabajadores de un país.

Entonces, ¿estamos condenados a una recuperación sin empleo? ¿Es el futuro uno en el que los trabajos son tan escasos que muchos trabajadores tendrán que aceptar una miseria para encontrar un empleo, y volverse cada vez más dependientes de las transferencias sociales a medida que los salarios del mercado caen por debajo del nivel de subsistencia? ¿O deberían las sociedades occidentales esperar una nueva ronda de magia tecnológica, como la revolución de Internet, que produzca una nueva ola de creación de empleo y prosperidad?

Sería insensato descartar a priori la última posibilidad. El capitalismo tiene un gran talento para reinventarse a sí mismo. Ha visto desaparecer a todos sus rivales y no hay otros nuevos a la vista. Más aún, nadie puede predecir el descubrimiento de nuevos conocimientos; si se pudiera, ya habrían sido descubiertos. Pero también hay una posibilidad más inquietante: si, por proseguir nuestro actual camino de despilfarro, acabamos por hacer escasos  los recursos naturales, necesitaremos una nueva ola de la tecnología que, sin importar el coste,  nos rescate de la calamidad.

Pero hagamos a un lado estas sombrías perspectivas y reflexionemos sobre lo que sería una solución civilizada al problema del desempleo generado por la tecnología. La respuesta, sin duda, es compartir el trabajo. Para el economista anglo-estadounidense típico, cualquier propuesta de este tipo equivale a anatema, porque suena a la temida falacia de la “masa de trabajo”: la idea, una vez popular en los círculos sindicales, que existe sólo una cierta cantidad de trabajo que debe ser compartida de manera justa.

Por supuesto, esto es una falacia cuando los recursos son escasos, pero ni siquiera los economistas han pensado que el crecimiento prosiga por siempre. Los fundadores de la disciplina esperaban que, en algún momento en el futuro, la humanidad podría alcanzar un “estado estacionario” de crecimiento cero. Entonces sólo requeriríamos una cierta cantidad de trabajo -mucho menos de lo que se realiza ahora- para satisfacer todas las necesidades razonables. Las opciones serían un desempleo ilimitado impulsado por la tecnología o distribución del trabajo por hacer.

Sólo un adicto al trabajo preferiría la primera. Lamentablemente, personas así parecen estar a cargo de las políticas en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Muchos países europeos están adoptando la segunda solución. Los sistemas de trabajo compartido, en muchas formas diferentes, se están convirtiendo en la norma en Holanda y Dinamarca, y han hecho avances en Francia y Alemania.

El elemento clave en este enfoque es separar el trabajo de los ingresos. Una ley promulgada en 1993 en Dinamarca reconoce el derecho a trabajar de forma discontinua, al tiempo que reconoce el derecho de las personas a un ingreso continuo. Permite a los empleados elegir un “año sabático”, que se puede dividir en períodos más cortos, cada cuatro o siete años.

Las personas desempleadas tomarían el lugar de quienes están ausentes, que por su parte recibirían el 70% de la prestación por desempleo que obtendrían si perdieran sus puestos de trabajo (por lo general, el 90% de su salario). Los sindicatos daneses han logrado utilizar estos derechos individuales establecidos por ley para reducir las horas de trabajo de la plantilla de empresa enteras, y así aumentar el número de puestos de trabajo permanentes. La idea de una renta básica universal que reciben todos los ciudadanos, independientemente de su posición en el mercado de trabajo, es uno de los pasos que se derivan lógicamente de esto.

Esto no será del gusto de todos. Y, como ya he sugerido anteriormente, todos los planes destinados a aliviar la carga de trabajo y aumentar la cantidad del tiempo de ocio corren el riesgo de fracasar ante nuestra gran habilidad para conjurar nuevos desastres. Después de todo, tanto el capitalismo y la economía necesitan la escasez para justificar su existencia y no renunciarán a ella fácilmente.

Por más que venda libros y se multipliquen los programas de televisión que amparan el “pensamiento positivo” (en realidad, pensamiento mágico), es muy difícil observar la crisis económica como una opción superadora. La “destrucción creativa” lo será para los que sobrevivan, no para los millones de ciudadanos que van quedando por el camino. Lo cuenta la periodista Bárbara Ehrenreich, en su estupendo libro Sonríe o muere: hay gente “a la que habían echado del trabajo y que se dirigía cuesta abajo y sin frenos hacia la pobreza, a la que se decía que debía ver su situación como una oportunidad (…) La persona que pensaba en positivo no solo se sentiría mejor mientras buscaba trabajo, sino que para ella ese trámite acabaría antes y más felizmente”.

Esta descripción es contraria a la realidad. Empiezan a aparecer datos en España que permiten conocer las primeras huellas profundas de la Gran Recesión en los hogares, en términos de pobreza y de distribución de la renta. Este primer balance no es precisamente favorable para una buena parte de los ciudadanos españoles: a diferencia de otros momentos de crisis en los 30 años largos de democracia española, ahora hay más desigualdad porque los pobres son más pobres porque están perdiendo bienestar; los sectores más afectados son los más vulnerables al desempleo (y no los pensionistas y la gente mayor), dado que la composición del mercado de trabajo es clave para interpretar lo que está sucediendo. Y, lo que es peor, las políticas públicas no se adecuan a la nueva situación ni a los riesgos que ello implica.

Existen al menos dos trabajos que han analizado esta recomposición social en España, a la luz de varios fenómenos concatenados: la entrada exponencial y compulsiva de inmigrantes en la última década, atraídos por las posibilidades de trabajo y las condiciones de vida; sus expectativas limitadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, que había sido parte sustancial del modelo de crecimiento; y definitivamente truncadas -las expectativas de los inmigrantes y de una buena parte de la población activa autóctona- por la gran crisis económica en la que estamos instalados. Estos dos trabajos de la Fundación Alternativas son el Informe sobre la Democracia en España (IDE-2011), de próxima aparición, en el que los investigadores del equipo del profesor Ruiz-Huerta han profundizado en estos asuntos, y el texto titulado Pobreza y privación material en España en el periodo 2004-2008: del auge económico al inicio de la recesión, de la profesora Rosa Martínez.

Para entender lo ocurrido en España en las tres décadas largas de democracia, estas se pueden dividir en cinco etapas. La primera fase está representada por el largo periodo de estancamiento desde el inicio de la crisis del petróleo hasta la mitad de los años ochenta. Básicamente el periodo en que gobernó UCD y algo el PSOE. Entonces no hubo un empeoramiento de la desigualdad y de la pobreza, que incluso mejoraron levemente. La intensa destrucción del empleo y el tránsito de tasas de paro inferiores al 5% a registros superiores al 20% no se tradujeron en desigualdad y pobreza porque crecieron las remuneraciones, en un periodo altamente inflacionista, y porque se desarrollaron algunos de los componentes del Estado de bienestar al amparo del proceso democrático.

La segunda fase dura desde la mitad de los ochenta hasta el primer tercio de los noventa. Corresponde a los Gobiernos de Felipe González. En una coyuntura en la que la mayoría de los países de la OCDE, subordinados a la revolución conservadora -especialmente Estados Unidos y Reino Unido- registran espectaculares aumentos de la desigualdad, esta se reduce en España. ¿Causas?, la recuperación del empleo, aunque no se lograra reducir significativamente la tasa de paro y buena parte de los puestos de trabajo se sustentaran en el aumento de la temporalidad; y el incremento del gasto redistributivo con la puesta en marcha de nuevas prestaciones sociales y el fortalecimiento de programas que ya existían.

La tercera fase es el trienio recesivo 1992-1994, también con los socialistas en el poder. Breve pero intenso proceso de estancamiento, con tasas negativas de crecimiento del PIB. El paro aumentó 10 puntos (desde el 15% al 25%), y hubo un fuerte crecimiento de los indicadores de pobreza y desigualdad, rompiendo la tendencia de las décadas anteriores.

La cuarta fase va desde 1995 hasta el inicio de la actual crisis, en el verano de 2007. Final de los Ejecutivos socialistas, las dos legislaturas de Aznar y los primeros años de Zapatero. La prolongada etapa de crecimiento no compensa los aumentos de pobreza y de desigualdad del trienio anterior: un gran número de los puestos de trabajo creados son de bajos salarios y en buena medida temporales; hay un aumento muy moderado, durante los primeros años, del gasto social, con un cierto distanciamiento respecto a los niveles medios de la UE; pérdida de la capacidad distributiva de la imposición sobre la renta y disminución del efecto redistributivo de las prestaciones sociales monetarias debido al aumento del número de beneficiarios y al distanciamiento de las cuantías respecto a los niveles medios de renta, etcétera.

La fase actual de recesión y estancamiento tiene sus propias peculiaridades negativas. La más importante de ellas es el rápido crecimiento de la tasa de paro en los sustentadores principales de los hogares (al antiguo “padre de familia”) que asciende casi a un millón de personas. En anteriores crisis, los efectos negativos del desempleo de jóvenes y cónyuges se compensan con el empleo de los sustentadores principales y el sistema de protección del paro, que evitaron un intenso aumento tanto de la desigualdad y de la pobreza como de las tensiones sociales. En este contexto de crisis, el paro de los sustentadores principales ha crecido más y de forma más veloz que en cualquier otro momento de la historia. Igualmente revelador en este cambio sociológico es el número de hogares en los que todos los activos se encuentran desempleados (también más de un millón). Por último, es significativo observar el incremento de hogares que no reciben ni ingresos de trabajo, ni del sistema de pensiones, ni prestaciones por desempleo (por ser sus integrantes parados de larga duración); es una población cuyo único recurso es el acceso a los sistemas autonómicos de rentas mínimas, dada la reciente eliminación del programa temporal de prestación por desempleo e inserción.

Conclusión: el volumen de paro y su composición son la manifestación más tangible del empeoramiento de los indicadores sobre el estado de la distribución de la renta en relación con objetivos razonables de equidad. Aunque la crisis ha afectado a todos, la capacidad de defensa y recuperación es muy diferente según el lugar que cada cual ocupa en la distribución de la renta. Ha aumentado el riesgo de pobreza entre los parados, aunque ha mejorado ese mismo índice entre los pensionistas.

Dos notas finales: a pesar de los esfuerzos realizados desde las políticas públicas, la insuficiencia de medidas de protección al desempleo, la falta de articulación de las rentas mínimas autonómicas y las restricciones financieras de las Administraciones públicas suscitan serios interrogantes sobre el peligro de inestabilidad social. Por último, los analistas advierten contra un espejismo: la recuperación económica, a la luz de la experiencia, no implica una mejora inmediata de las variables distributivas, dada la segmentación del mercado de trabajo y la precariedad de muchos de los empleos creados.

No sé si quedan ya muchos ciudadanos que celebren la noble fiesta del Primero de Mayo, la que solía llamarse Fiesta del Trabajo. Soy poco amigo de conmemoraciones. Los apremios del presente se me antojan más interesantes. Pero me tomo la libertad de aprovechar que estos renglones saldrán un primer día de mayo para celebrarlo del único modo coherente con lo que digo. Con una reflexión sobre el presente y el porvenir del trabajo.

Nuestros tiempos han visto cómo el trabajo como castigo se transformaba en el mayor deseo posible para la inmensa mayoría. (La palabra trabajo viene del latín tripalium, la tortura de los tres palos, que se imponía a los esclavos díscolos en tiempos romanos; viene de la lengua popular; es como si currar, en el castellano o el catalán de hoy, se irguiera con el tiempo en palabra culta.) Con el aumento descomunal del paro en países como el nuestro, tener trabajo es lo esencial. A cualquier precio. Los mismos que hace un par de años se quejaban de ser mileuristas, ahora callan: lo más esencial es tener alguna ocupación remunerada, aunque sea por debajo del simbólico 1.000 y por encima de lo que ofrezca la Seguridad Social a los parados).

La dicotomía ricos/pobres ha sido sustituida hoy por la separación entre los que tienen ocupación y los que no la tienen, sin que hayan desaparecido, mientras, ni los ricos ni los pobres. Por eso sorprende que las frecuentes especulaciones sobre la mudanza muy seria que ha sufrido la naturaleza misma del trabajo humano en las sociedades capitalistas avanzadas olviden este hecho elemental. Hablan de la transformación del trabajo en nuestro tiempo, donde los ordenadores y las siempre nuevas tecnologías intervienen para darle una nueva textura a la tarea y exigen nuevas servidumbres a quienes la realizan. Constatan cómo hoy el acceso a ciertos bienes -vacaciones, sueldos elevados, servicios selectos de salud, educación superior- es más importante que la mera propiedad de bienes, a la antigua. Prestan atención a las enfermedades emergentes en la nueva vida laboral, sobre todo a las psíquicas. Y así sucesivamente. Todo esto está muy bien, y apunta hacia el advenimiento de una nueva concepción del trabajo humano.

Aunque no siempre ignoran el subproletariado de inmigrantes desesperados -ahora hacinados en la minúscula Lampedusa y desperdigados por todas partes, desde la frontera de Arizona y California con México hasta los suburbios de París-, el énfasis de estos presuntos expertos en el estudio del trabajo lo es en las tareas de la clase media o en aquellas propias de las clases obreras -algunas bastante prósperas- para ignorar casi siempre a los humillados y ofendidos, si me permiten una alusión oblicua a Fiodor Dostoievski. Es hacia ellos hacia quienes uno debería dirigir una mirada de infinito cariño el día Primero de Mayo.

Ahora está ferozmente de moda por toda Europa un buen panfleto. Remedando al Manifiesto comunista, que nadie lee, diríase que «un panfleto recorre Europa». El panfleto transformado en best-seller invita a la gente a indignarse contra las injusticias de este mundo. Bien está que alguien -un anciano impaciente, Stéphane Hessel, un antiguo luchador contra el fascismo- confíe tanto en una ciudadanía narcotizada como para esperar que se despierte y hasta se levante. Pero, aunque propone unos pocos objetivos, centra su atención en la indignación moral. Pues bien, esta no sirve, aunque sea esencial en un momento inicial. Lo que sirve de veras mucho más que la manifestación masiva de nuestro disgusto por lo mal que está el mundo, o lo canallas que son algunos -como los financieros sin escrúpulos que han originado esta recesión económica- es saber organizarse, y hacerlo precisamente en el campo al que hoy dedico atención desde este rincón: el del trabajo. Bien está que haya sindicatos y otros colectivos de protección

-aunque estén más interesados en mantener el sistema y continuar en él que otra cosa-, pero mejor estaría si nos esforzáramos por modificar lo que, junto al pensamiento, nos hace más humanos: el trabajo.

La promoción de la democracia industrial, la creación y desarrollo de cooperativas de producción, el control democrático del creciente peligro medioambiental, la promoción efectiva de la justicia en la distribución de tareas: esos son los objetivos que podrían permitirnos transformar nuestra vidas. Si en vez de ello, lo único que hacemos para celebrar o recordar vagamente lo que significa (o significaba) el Primero de Mayo es degradarlo a la condición de fiesta laica de guardar, a conmemoración inocua, la cosa tal vez no valga la pena. O la vale solo para ahorrarnos una jornada de trabajo, si tenemos la suerte de que no caiga en domingo. Que esta vez, ¡ay!, no es el caso.

El modelo español de negociación colectiva está en revisión. Una de las cuestiones sometidas a debate es si mantener la referencia a la inflación para los acuerdos sobre incrementos salariales, como se ha hecho en el pasado, o aceptar la propuesta que llega desde Europa, a través del Pacto por el Euro, de referenciar los incrementos salariales al crecimiento de la productividad. Abierto el debate sobre si los salarios deben ser más sensibles a la capacidad para competir de las empresas, resulta pertinente preguntarse si la productividad es la variable más adecuada para recoger la heterogeneidad del tejido productivo o, por el contrario, existen otras alternativas, como el beneficio empresarial, que merece la pena considerar.

Vincular el crecimiento salarial a la inflación ofrece algunas ventajas que los sindicatos recuerdan para justificar su posición a favor de mantenerla. Primero, se trata de una referencia medible, no manipulable y fácilmente verificable, atributos que son de gran ayuda para dar garantías de cumplimiento a quienes negocian. Segundo, asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores lo cual contribuye a sostener la demanda, la actividad y el empleo. Tercero, la rigidez a la baja del salario real presiona a las empresas a mejorar su productividad y ser innovadoras para mantenerse competitivas. Finalmente, la indexación salarial contribuye a una menor dispersión de salarios dentro de cada país y mantiene la cohesión social en el conjunto de la eurozona.

Sin embargo, alinear crecimientos salariales con inflación tiene inconvenientes. Primero, una regla única aplicable con carácter general a todos los trabajadores, independientemente de la empresa o sector de actividad, ignora la heterogeneidad del tejido empresarial y genera ineficiencias. Segundo, en una economía abierta la actividad y el empleo no dependen solo de la demanda interna, sino también de la capacidad de las empresas para vender en los mercados exteriores e interiores, en estos últimos compitiendo con las importaciones. Finalmente, en la actual situación cada empresa toma el salario como dado y decide sobre el empleo que maximiza su beneficio. El número de personas empleadas será aquel para el que se iguale salario con productividad del último trabajador contratado. Si el salario es relativamente alto, la empresa elige un nivel de empleo relativamente bajo, por las propiedades de la tecnología de producción de rendimientos decrecientes. En momentos depresivos del ciclo económico, el resultado final ha sido un bajo nivel de empleo agregado para el conjunto de la economía, en lugar de innovación generalizada y sostenida.

Si lo que se desea con la reforma es reducir el alto desempleo de la economía española, la negociación colectiva debe buscar acuerdos sobre el nivel de empleo y de salarios conjuntamente, es decir, negociar la masa salarial. Por otra parte, si lo que se desea es aumentar el empleo sin impedir que los trabajadores participen con más renta del progreso social, entonces la referencia debe ser el crecimiento de la productividad total de los factores y la participación de los trabajadores en su reparto. Esto significa establecer una doble vía para repartir la riqueza creada entre los recursos productivos: la de precios y cantidades sensibles a las condiciones del mercado, y la del reparto de las ganancias por el aumento en la productividad. Lo deseable para la eficiente asignación de recursos es que el reparto de estas ganancias se realice mediante mecanismos que interfieran lo mínimo posible en la formación de precios. Además, la distribución de las ganancias debe ser sencilla y fácil de comprender por los agentes negociadores. Teniendo en cuenta estas consideraciones, compartir con los trabajadores el beneficio económico de las empresas surge como solución operativa al reparto de las ganancias de productividad total.

El beneficio económico es igual a la diferencia entre los ingresos por las ventas menos los costes de oportunidad imputados a todos los recursos empleados en la producción, incluido el capital, coincidiendo así con la medida de resultados empresariales conocida como “valor económico añadido” (EVA). Aunque el beneficio económico no es parte habitual de la información pública de las empresas, está más relacionado con los indicadores de resultados habituales que la productividad total, de muy escasa difusión entre las empresas. Las diferencias de beneficio económico entre empresas responden a diferencias en la productividad total cuando los precios de venta de los bienes o servicios producidos se forman en mercados relativamente competitivos. Con poder de mercado, empresas con baja productividad pueden obtener beneficios elevados. Por tanto, la competencia que se pide para la formación de precios en los mercados de recursos se debe exigir también para los mercados de bienes y servicios.

Por otro lado, el beneficio económico, al igual que la productividad total, no es atribuible a ningún factor de producción concreto, excepto quizá en parte a la calidad y diligencia general del recurso emprendedor. Sin embargo, la empresa moderna está cambiando para dar más protagonismo al trabajo en equipo, con personas formadas, participativas, con capacidad de iniciativa y autonomía en su trabajo. Precisamente vinculando una parte de la retribución al beneficio económico, se crea un acicate para que los trabajadores se impliquen activamente en la mejora de la eficiencia. Un mayor compromiso de los trabajadores con los resultados de la empresa, por el efecto adicional de motivación que resulta de hacerlos partícipes de las ganancias, sería otro beneficio añadido de la nueva situación.

Llegados a este punto la propuesta de utilizar el beneficio económico en la negociación debe concretarse en su parte de aplicación práctica. Primero, para su viabilidad y aceptación entre los protagonistas de la negociación, requiere transparencia y credibilidad de la información que la empresa ofrece sobre sus resultados económicos. Hay que generar confianza sobre los contenidos de la negociación. Segundo, el beneficio económico difiere del contable en que su cálculo utiliza costes de oportunidad para todos los recursos productivos, incluido el capital, y no solamente costes explícitos. El coste del capital no es un dato habitual en la contabilidad financiera de las empresas. Cuando los mercados funcionan bien, los costes de oportunidad de los recursos coinciden con los precios de mercado, pero los precios corrientes de los recursos y de los bienes y servicios pueden estar distorsionados por la falta de competencia. La puesta en práctica del nuevo modelo requerirá un periodo de ajuste y transición.

Tercero, con esta propuesta los trabajadores, al depender una parte de su remuneración del beneficio, comparten el riesgo económico propio de la actividad empresarial porque el resultado de la misma no solo depende de factores controlados por ellos, sino que también se asocia a factores externos como la evolución de la demanda o la actuación de los competidores. Siendo así, es necesario que tengan información sobre la situación de la empresa y participen en el proceso de toma de decisiones más de lo que ha sido su compromiso, cuando el salario recibido era fijo. La puesta en marcha de este nuevo modelo requiere, por tanto, de una gestión empresarial más participativa y transparente.

Cambiar el modelo de negociación colectiva para que el centro focal de la misma sea la mejora de la productividad total y su reparto, ofrece oportunidades para conseguir beneficios añadidos en forma de mayor preocupación social por la existencia de competencia en los mercados, y sistemas de colaboración y gestión más participativos y flexibles en las empresas. Aunque las dificultades de aplicación sean elevadas merece la pena intentarlo.

Durante mis años de docencia en la universidad me encontraba a menudo con antiguos alumnos después de unos años de acabar sus estudios. Cuando me despedía de ellos, tras unos minutos de charla, siempre me sorprendía: ¡cuánto ha cambiado esta chica o este chico! Hace unos años era un chisgarabís, y ahora… se ha convertido en una mujer o en un hombre hecho y derecho. ¿Por qué ese cambio?

Mi respuesta era: es que lleva dos o tres años trabajando. O sea, dos o tres años en los que debe estar cada día, a las ocho de la mañana, en su puesto de trabajo; no cuando le venga en gana, como cuando iba a la universidad; dos o tres años diciendo «sí, jefe» 30 veces al día, trabajando codo con codo con unos compañeros que no ha elegido y con los que no siempre le resulta agradable colaborar; dos o tres años teniendo que presentar cada día los resultados de su trabajo…

La empresa es un buen instrumento de formación. No todas, claro, ni siempre. Pero sí, al menos, para la mayoría de estudiantes, poco acostumbrados a la disciplina de un horario, al rendimiento diario, al esfuerzo, a la cooperación, al trabajo en equipo.

¿Fallo de la universidad, del instituto o de la escuela, de la sociedad, de la familia? No quiero repartir culpas, en las que también yo estoy implicado. En todo caso, los alumnos que ahora llegan al parvulario son individualistas (a pesar de las redes sociales), emotivistas (se dejan llevar por las emociones más que por la razón), hedonistas (si la clase no es un juego, no hay quien los aguante), buscan protección (algo que los padres prodigan ahora, sobre todo frente a la escuela) y compensaciones inmediatas (eso de estudiar para el día de mañana, aunque sea al final del trimestre, no está en su radar mental). Y lo peor del caso es que, después de un 30% de fracaso escolar, al salir de la universidad, muchos de ellos siguen con esas mismas características. No me extraña, pues, que las empresas se desesperen por la falta de calidad profesional, y a veces también humana, de los que aspiran a trabajar en ellas. Pero… con esos bueyes hemos de arar, como dice el refrán castellano.

¿Qué piden las empresas al sistema educativo? No suelen pedir más conocimientos, salvo quizá en algunas carreras especializadas; en todo caso, todas desean mejor formación en idiomas. Quizá se conforman con lo que hay, pero les gustaría que los empleados potenciales viniesen con conocimientos más prácticos, que es una manera de decir que lo que falta son las capacidades necesarias en el puesto de trabajo, a las que ya me he referido antes: capacidad de pensar con iniciativa y relacionando cosas (hay demasiados compartimentos estancos en la universidad), de trabajar en equipo, de disciplina y autoexigencia (demasiado énfasis en los incentivos externos: ¿qué me das a cambio de un poco más de esfuerzo?)…

Por otro lado, cuando los candidatos a los escasos puestos de trabajo disponibles llegan a las empresas, están más interesados en preguntar a qué hora es la salida que cuáles son sus oportunidades de formación y carrera. Quizá los docentes no ayudan mucho a la hora de prepararles para lo que se van a encontrar porque no conocen el mundo de la empresa más allá de algunos clichés ideológicos que, eso sí, han inculcado muy bien a sus alumnos. O quizá las empresas no ayudan tampoco a ese encaje, porque están más preocupadas por sus relaciones con los sindicatos que por la formación de una plantilla eficiente y dedicada, a la que han de tratar con generosidad si quieren ganar su lealtad.

Se nos llena la boca cuando hablamos de la importancia de la educación para el futuro de la economía. Y tenemos razón. Lo que no tenemos tan claro es cómo vamos a mejorar la cantidad y calidad del capital humano que, decimos, va a ser la clave del nuevo modelo productivo español. El sector pide más dinero, pero no parece que nuestros problemas vayan por ahí. Los sindicatos protestan por las reducciones de presupuesto. Parece que los grandes problemas sean la sexta hora, la lengua curricular, el reparto de los inmigrantes, los criterios para asignar alumnos a los centros públicos y concertados, el uniforme… ¿De verdad creemos que estos son los grandes problemas de nuestro sistema educativo?

«Te ha salido un artículo muy ácido», me dirá el lector. Sí, es cierto. No refleja toda la verdad: hay muchas familias que se esfuerzan por formar a sus hijos, muchos alumnos que trabajan bien, muchos docentes que son modélicos en sus comportamientos. Pero con excepciones no se forja un país. Tenemos un conjunto de problemas educativos, más allá de lo que digan los resultados de los estudios comparativos entre países. Y esos problemas se proyectan luego en nuestro mercado de trabajo: absentismo (¿nos extraña que el lunes muchos jóvenes se pongan enfermos, después del fin de semana?), falta de incentivos (¿cuántos meses he de trabajar antes de tener derecho a tres meses de paro?, preguntan), un capital humano insuficiente… ¿Acaso es por casualidad que tenemos una tasa de paro del 20%?

Tema: Una variable fundamental de la función de estabilidad social a corto y medio plazo de los países árabes mediterráneos, de Marruecos a Siria, es la situación del empleo y las políticas de empleo. Y dicha variable dependerá mucho de la oferta que la UE haga a esos países.

Resumen: Existe un amplio consenso acerca de que una de las principales causas de las recientes revueltas contra los regímenes políticos en Túnez y en Egipto fue el malestar de la población ante el deterioro de las condiciones de vida y de las perspectivas económicas. La falta de perspectivas de empleo para los jóvenes, en particular, fue una de sus principales motivaciones para echarse a la calle en Túnez o en Egipto y exigir el cambio de régimen y, con él, el cambio de política económica. Sin embargo, en el nuevo escenario surgido tras la caída de los regímenes tunecino y egipcio, toda la atención se está poniendo en la reforma política y la transición democrática, sin un debate ni un análisis sobre las políticas económicas necesarias para garantizar la estabilidad. La UE, que por su proximidad y su fuerza de gravitación tiene una influencia determinante en las opciones económicas de estos países, debe elegir entre dos opciones. Por un lado, una simple reorientación de su asistencia hacia el acompañamiento del proceso de democratización y, por otro, el replanteamiento radical de su oferta a la región y, con ella, del modelo de sus relaciones económicas con el Mediterráneo.

Análisis

Revueltas y empleo

El viernes 14 de enero de 2011 pasará a la historia por ser el día en que Zine El-Abidine Ben Ali abandonó el país y se inició el proceso de transición a la democracia en Túnez, una auténtica segunda independencia. Pero entre el maremágnum de noticias que rodearon ese momento, los saqueos y los ataques a emblemas de la familia del presidente, pasó inadvertido que el día anterior, en el momento álgido de las revueltas, 24 oficinas públicas de empleo habían sido quemadas en todo el país y dos más ocupadas por jóvenes airados. Esta ira de los manifestantes contra las delegaciones físicas de la política de empleo del régimen evidencia una de las principales causas del descontento de la población y, sobre todo, de los jóvenes que protagonizaron las revueltas: la falta de empleo y de perspectivas económicas.

Un repaso rápido de algunas cifras justifica esa centralidad del empleo: sobre una población total de 180 millones de personas en los ocho países árabes mediterráneos (de Marruecos a Siria, excluida Libia), tan sólo 50 millones tienen un empleo, es decir, menos del 30% de la población total y menos del 45% de la población en edad de trabajar (en España, esa cifra es del 60%). Los salarios medios apenas superan los 100 euros mensuales en Egipto, no llegan a los 150 en Siria y están por debajo de los 300 euros en Marruecos y Argelia (en Túnez el salario mínimo legal, que actúa como techo salarial efectivo en el sector informal, es de 139 euros). Las tasas de desempleo, que no son muy significativas debido a la elevada tasa de inactividad, afectan sobre todo a los jóvenes y a las mujeres (sólo una de cada cinco mujeres en edad de trabajar forma parte de la población activa). Además, paradójicamente, aumentan con el nivel de educación, de modo que el desempleo de los licenciados universitarios se ha convertido en un gran problema político en casi todos los países de la región.

Las perspectivas a medio plazo son aún más inquietantes (véase la Tabla 1). En los próximos 10 años, simplemente para absorber el aumento de la población en edad de trabajar, es decir, la llegada al mercado laboral de las cohortes de jóvenes que ahora tienen entre cinco y 15 años, sin que aumente el número de desempleados actuales, será necesario crear más de 15 millones de empleos adicionales en la región. Eso supone entre un 30% y un 60% más que el empleo creado durante los años de elevado crecimiento económico registrado entre 2002 y 2007.

Tabla 1. Estimación de las necesidades anuales de creación de empleo hasta 2020 (1)

(1) Bajo los supuestos de mantenimiento de las tasas de participación en la población activa y del número de desempleados.

Fuente: Estudio “Labour Market Performance and Migration Flows in Arab Mediterranean Countries: Determinants and Effects”, Comisión Europea, 2010.

El diagnóstico está hecho. En el citado estudio de 2010 de la Comisión Europea se subrayaba que “es necesario actuar de inmediato, porque el statu quo en materia de empleo corre el riesgo de provocar daños irreparables a las perspectivas de desarrollo de estos países”, creando “tensiones en su tejido social que podrían afectar gravemente a la cohesión y la estabilidad social en la región, incrementando las presiones migratorias”. El propio Fondo Monetario Internacional asumía poco después el mismo lenguaje y en octubre de 2010 sostenía que “cada vez está más claro que la región no puede permitirse el statu quo” en relación con sus mercados de trabajo (Regional Economic Outlook. Middle East and Central Asia, p. 37). En la misma línea apunta la reciente Comunicación de la Comisión Europea del 8 de marzo de 2011 en la que se propone una “Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con el sur del Mediterráneo”.[1] En ella, la Comisión reconocía que “los disturbios en varios países del sur del Mediterráneo están claramente vinculados con las debilidades económicas. Muchas de estas economías se caracterizan por una distribución desigual de la riqueza, reformas económicas y sociales insuficientes, escasa creación de empleo, sistemas educativos y de formación profesional muy débiles que no producen las cualificaciones requeridas por el mercado de trabajo y un nivel muy bajo de integración comercial regional”.

Empeoramiento de las perspectivas económicas

Aunque ya preocupantes con anterioridad a la crisis actual, lo cierto es que a corto plazo las revueltas han deteriorado las perspectivas económicas de los países del Norte de África y, por tanto, su capacidad para acometer una política social y de empleo más consistente. Tanto el turismo como las inversiones extranjeras se están resintiendo gravemente del aumento de la inestabilidad y de la incertidumbre y tardarán en recuperarse. También las exportaciones han sufrido un severo retroceso. El nuevo ministro de Hacienda egipcio estimaba en dos puntos porcentuales la rebaja del crecimiento directamente causada por las revueltas en 2011, y las autoridades tunecinas estiman la caída del crecimiento en entre dos y tres puntos porcentuales. Las agencias de calificación crediticia no han tardado en revisar las “notas” de la deuda externa de Túnez y de Egipto: la agencia Moody’s rebajó la calificación de Túnez el 19 de enero y el 31 de enero las tres grandes agencias de calificación (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch) hicieron lo propio con Egipto “ante el aumento del riesgo político”. La apertura de la Bolsa de Valores de El Cairo tras 55 días de suspensión, el 23 de marzo, provocó la peor caída de su historia, un desplome del 8,9% que se acumula al 16% que ya había perdido en la semana anterior a su cierre. Otros países de la región, como Marruecos, Jordania y Argelia, ya se están resintiendo también.

Por otro lado, la presión sobre la política económica ha aumentado mucho. El éxito de las movilizaciones populares y la eclosión de unas reivindicaciones largamente reprimidas están provocando una proliferación de huelgas y movilizaciones reclamando mejoras salariales en ambos países, y muchas empresas se han visto obligadas ya a duplicar o triplicar los salarios. Los trabajadores y ciudadanos de esos países no sólo aspiran a “disfrutar de las mismas libertades que nosotros [los europeos] damos por sentadas”, como se señala en la Comunicación de la Comisión antes citada, sino que también aspiran a compartir nuestro nivel de vida y de desarrollo.

Ahora bien, objetivamente, dichas movilizaciones operan como factor de disuasión para la inversión extranjera y la iniciativa empresarial. Más aún, la falta de un liderazgo sólido y de una buena vertebración de las reivindicaciones por parte de sindicatos y otras organizaciones sociales se traduce en una falta de mecanismos de contención de las demandas corporativistas de los distintos sectores en el marco de un pacto económico y social más amplio a escala nacional. Tal marco permitiría acometer la reconstrucción económica sobre unas bases sólidas y equitativas.

Los gobiernos de la región son conscientes de la importancia del empleo en el nuevo contexto. Por ejemplo, en Marruecos, el gobierno no tardó ni una semana tras la caída del régimen tunecino en ceder a las movilizaciones de los licenciados en paro y anunciar que les reservaría 1.880 puestos de libre designación en la Administración, sin concurso ni oposición. El nuevo ministro de Empleo tunecino, pese a denunciar el intento de Ben Ali de congraciarse con la población anunciando por televisión la creación de 300.000 empleos en dos años sólo tres días antes de abandonar el país, tiene previsto habilitar a 14.000 nuevos funcionarios y se propone crear de inmediato la figura del contrato en prácticas en la Administración pública para 10.000 licenciados en paro, además de un amplio plan de obras públicas cuyo principal objetivo es mantener la actividad económica y crear empleo a corto plazo (Le Monde, 21/III/2011). Por su parte, Siria anunció el 20 de marzo la creación de 63.000 empleos más en el sector público, con un coste de 18.000 millones de dólares. Pero ninguna de esas medidas aporta una solución estructural al problema del desempleo ni conseguirá apaciguar las demandas sociales de mejoras salariales y acceso al empleo. Al contrario, tales medidas imponen de hecho una carga futura al presupuesto del Estado que puede acabar desviando recursos de las inversiones públicas y el gasto social o educativo.

También la UE es consciente del reto del empleo y de su interdependencia con los países mediterráneos. En su Declaración del 11 de marzo de 2011, el Consejo Europeo señalaba que “el desarrollo económico y las perspectivas de empleo, especialmente para los jóvenes, son de una importancia capital para estabilizar la democracia”.[2] La propia Comisión Europea, en su Comunicación del 8 de marzo de 2011, tras observar que los acontecimientos en curso en la vecindad sur “tendrán consecuencias duraderas no sólo para los pueblos y los países de la región, sino también para el resto del mundo, y en particular para la UE”, insistía en que todo lo realizado hasta ahora “debería ir acompañado por políticas sociales y de empleo integradas, que incluyan la articulación entre las iniciativas de formación profesional y las necesidades del mercado de trabajo, el diálogo social, la provisión de redes de seguridad social y la transformación del sector informal”. Lo que no indicaba es cómo se propone contribuir a esos objetivos.

Función de estabilidad social: la clave europea

El hecho es que la función de estabilidad social en el Norte de África parece estar infradeterminada: en las circunstancias actuales, no hay una fórmula que permita compatibilizar el trinomio formado por las reformas necesarias, la mejora de la competitividad en un entorno de globalización económica y la satisfacción de las expectativas legítimas de la población (trabajo decente, condiciones de vida dignas y convergencia progresiva con los niveles de vida de la UE). Los regímenes anteriores optaron, con el apoyo de la UE, por las dos primeras, obviando el umbral de sostenibilidad social y acumulando así la frustración de amplios segmentos de la población. Los riesgos de emergencia de opciones populistas son evidentes en un contexto que combine apertura económica con baja competitividad –y por tanto la exclusión de regiones y grupos sociales enteros– y elecciones democráticas.

En este contexto, la oferta económica que haga la UE a los países mediterráneos puede servir de clave para asegurar la cohesión y encontrar una solución a dicha ecuación que contribuya a reforzar la transición política y no la socave. Así sucedió en las sucesivas ampliaciones europeas, y en cierta medida está sucediendo en Turquía y en los Balcanes. Dicha oferta debe articularse en dos planos, uno genérico en relación con el modelo de relaciones económicas entre el norte y el sur del Mediterráneo y otro más específico sobre las políticas de empleo.

“Prosperidad compartida”

La rapidez de los cambios de régimen, al menos en Túnez y Egipto, junto con el protagonismo en las revueltas de los jóvenes –más que de los movimientos sindicales y sociales de oposición organizados– y las expectativas sociales ante el nuevo contexto político hacen muy improbable que los países árabes mediterráneos puedan superar por sí solos la espiral de demandas sociales y corporativas, la mayor inestabilidad que se deriva de ellas y el consiguiente deterioro de las perspectivas económicas. Ante este escenario, una de las pocas alternativas para estabilizar la situación y ofrecer un panorama de mejora que contenga las reclamaciones sociales a corto plazo puede venir de las perspectivas de integración en el espacio económico europeo. Curiosamente, sólo los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y de los Países Bajos han subrayado en las últimas semanas la importancia de esta vía (véase el artículo conjunto publicado en European Voice, 24/III/2011).

Esta alternativa requeriría que la UE ofreciera un paquete de medidas económicas a corto y medio plazo bien moduladas y ligadas a avances en el proceso democrático que fuera capaz de cambiar de manera determinante las perspectivas económicas de estos países, algo que ni la Unión para el Mediterráneo (UpM) ni la Política Europea de Vecindad (PEV) han conseguido hasta ahora. Un cambio así sólo puede conseguirse si la UE les ofrece un conjunto de incentivos económicos equiparable al que ofrece a los países candidatos a la adhesión, es decir:

1. Plena apertura del mercado interior europeo (incluida la liberalización agrícola, administrada hasta ahora en dosis homeopáticas), con perspectivas incluso de una integración a medio o largo plazo en los mecanismos de la Política Agrícola Común.
2. Un horizonte inequívoco de libre movilidad de personas como el que ofreció ya a los países del Este de Europa, de Ucrania a Georgia, en la Declaración del Consejo Europeo de mayo de 2009, en la que se creó la Asociación Oriental.
3. Un aumento sustancial de la asistencia financiera acorde con el objetivo de convergencia económica real, pero también una reorientación de la misma en función de dicho objetivo, algo que la UE tiene perfectamente ensayado mediante el instrumento de los fondos estructurales de la Política Regional, diseñados específicamente para promover la cohesión y el “desarrollo de las regiones más pobres” (otro de los objetivos enunciados por la Comisión en su nuevo enfoque hacia los países del Sur).[3]

Se trata, ni más ni menos, de retomar el modelo de integración que la UE ha utilizado con éxito como instrumento de modernización y transformación de sus vecinos. Es decir, de recuperar la filosofía original de la PEV (“todo menos las instituciones”), un modelo que evidentemente debería plantearse en un formato modulable y ser ofrecido también a los países de la vecindad Este. La aplicación de este modelo serviría, además, para acelerar el proceso histórico de ampliación de la esfera de influencia de la UE que la caracteriza desde su propia creación en 1958, y contribuir a la creación de un bloque económico regional potente que refuerce a Europa en el marco del proceso de globalización, integrando su periferia menos desarrollada.

Si la UE es capaz de sobreponerse a su propia parálisis política y de diseñar un paquete de estas características, no sólo estará ante un proyecto capaz de relanzar la propia integración europea, como lo fueron en su día el mercado interior, la moneda única o la ampliación, sino que convertiría las relaciones económicas con sus vecinos mediterráneos en un vector de superación de la crisis económica actual. Desde el punto de vista de los países mediterráneos y su proceso de transición, un horizonte claro de plena integración en el espacio económico europeo podría actuar como fuerza moderadora de las demandas sociales a corto plazo y contribuiría a centrar los esfuerzos de los agentes sociales en el diseño y la aplicación de las reformas políticas y económicas necesarias, y no en la obtención de réditos corporativistas a corto plazo. La propia condicionalidad inherente a una oferta de esta naturaleza contribuiría a responsabilizar a los agentes sociales, que tendrían fuertes incentivos para renunciar a conquistas individuales o corporativistas a corto plazo a cambio de avances colectivos significativos a medio y largo plazo, so pena de perder su legitimidad. En esencia, esa fue la ecuación de estabilidad, reforma y progreso social que impulsó el desarrollo de España en la segunda mitad de los años 70 (con los Pactos de la Moncloa, que presuponían una función de demandas sociales bien articulada por sindicatos y partidos políticos), los 80 (con la perspectiva de la entrada en la Comunidad Europea, que facilitó por ejemplo el difícil proceso de reconversión industrial) y los 90 (las transferencias recibidas del presupuesto comunitario permitieron acometer prácticamente sin oposición social la gigantesca operación de ajuste macroeconómico previa a la entrada en el euro, con unas consecuencias sociales sumamente duras).

La actual situación en Libia, con los costes de la operación militar (que superan ya a los compromisos europeos de ayuda adicional a la región) y la gestión de los flujos migratorios sobrevenidos ofrecen una pista sobre el coste de las alternativas a esta visión de integración euromediterránea.

“Políticas de empleo integradas”

La otra clave para impulsar un desarrollo económico y social compatible y simultáneo con el proceso de democratización en el Norte de África es el desarrollo de la dimensión social de la cooperación euromediterránea, tanto bilateral como multilateral.[4]

En el plano bilateral, es preciso impulsar en los países mediterráneos políticas nacionales de empleo bien definidas. Tales políticas nacionales deberían incluir políticas activas eficaces para facilitar la transición de los jóvenes entre el sistema educativo y la vida laboral y la integración de las mujeres en el mercado de trabajo. También son fundamentales unos servicios públicos de empleo concebidos desde la perspectiva de la cohesión territorial y la prestación de servicios de apoyo a los desempleados, y de intermediación tanto interna como internacional. Por último, dichas políticas deberían estar igualmente articuladas con unas políticas industriales activas que impulsen la creación de empleo cualificado en la región, uno de los eslabones débiles del proceso de modernización económica de estos países (cuyo nivel de industrialización se redujo entre 1970 y 2007, según el Informe sobre Desarrollo Humano Árabe 2009). En este sentido, la UE y los Estados miembros pueden prestar una preciosa asistencia técnica y financiera en ambos ámbitos, como han hecho en el ámbito de la política comercial o macroeconómica.

Igualmente, las políticas de empleo deberían cobrar protagonismo en el marco de la aplicación de la PEV y todos sus instrumentos (planes de acción, apoyo presupuestario, hermanamientos, cooperación transfronteriza, etc.). Para ello, habría que empezar por el reforzamiento institucional de los ministerios de Empleo y sus capacidades de definición de políticas. La reactivación de los acuerdos de migración legal entre la UE y los países mediterráneos contribuiría igualmente a mejorar las perspectivas de los mercados de trabajo en estos últimos y a visualizar la voluntad europea de integración efectiva de los países mediterráneos, con todas sus consecuencias.

En el plano multilateral, hasta el año 2007 el empleo, pese a ser ampliamente reconocido como el principal reto económico y social de la región, estuvo prácticamente ausente de la cooperación euromediterránea, salvo un pequeño programa regional de reforzamiento de los sistemas de formación profesional. Desde entonces la situación ha mejorado sensiblemente. En 2008 y 2010 se organizaron sendas conferencias ministeriales euromediterráneas de empleo (la más reciente, en Bruselas en noviembre de 2010, fue la última conferencia ministerial de la UpM hasta la fecha) y en ellas se acordó un “Marco de Acciones en materia de empleo, empleabilidad y trabajo decente” para el conjunto de la región.[5]

Pero, aunque “la aplicación del Marco de Acciones integrado aprobado en Marrakech [en la conferencia ministerial de 2008] se ha hecho aún más urgente ante la presión de la crisis del empleo y la necesidad de recuperación”, y cabría decir que aún más tras las recientes revueltas, lo cierto es que hasta ahora no ha pasado de la retórica voluntarista. Sin embargo, los nueve ejes de actuación contemplados en el Marco de Acciones constituyen la osatura de una auténtica Estrategia Euromediterránea de Empleo. Además, en términos de metodología, los ministros se inspiran claramente, a la hora de diseñar el “diálogo regional en materia de empleo”, en el Método Abierto de Coordinación de supervisión multilateral de políticas ampliamente ensayado ya en el seno de la UE. Se trata del mecanismo de coordinación previsto entre los Estados Miembros en aquellos casos en que las instituciones comunitarias no tienen competencias propias, como sucede en el ámbito de las políticas sociales y de empleo, y estaría implícitamente basado en el reconocimiento de que el empleo en la región mediterránea, y, por consiguiente, las políticas de empleo de todos los países mediterráneos, son una cuestión de interés común (interdependencia). Ello entrañaría lógicamente, de acuerdo con el método comunitario, un cierto “derecho de información” de todos los socios sobre dichas políticas, la definición de estrategias conjuntas y, en última instancia, la mutualización de los recursos para ponerlas en práctica.

Para ello, sería necesario operacionalizar dicho Marco de Acciones, estableciendo calendarios de aplicación y movilizando recursos específicos y otorgando un mayor protagonismo de supervisión técnica a la Comisión Europea para impulsar y gestionar el proceso, tarea hasta ahora encomendada a un Grupo de Trabajo de expertos que se reúne únicamente una vez al año. Por esta nueva fase, habría que convocar una nueva conferencia ministerial (la próxima no está prevista hasta finales de 2012) con aquellos países europeos y mediterráneos dispuestos a participar en una nueva “Estrategia Euromediterránea de Empleo”, que idealmente debería incluir también aspectos migratorios.

Otro vector complementario, aunque más exigente, sería ofrecer a los países asociados mediterráneos más avanzados (por ejemplo, en el marco del “estatuto avanzado”) la posibilidad de integrarse plenamente en la dinámica de la Estrategia Europa 2020 (“Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”),[6] aprobada por la UE en junio de 2010 y que articulará todas las acciones comunitarias en materia de crecimiento, competitividad y empleo durante los próximos 10 años, así como el uso de los fondos estructurales durante el próximo período presupuestario 2014-2020. La Estrategia Europa 2020 se propone como una hoja de ruta para aumentar a largo plazo la competitividad de las economías europeas y preservar el modelo social europeo (“¿Dónde queremos que esté Europa en 2020?”) en torno a los siguientes ejes: empleo, innovación y competitividad; cambio climático; y educación y lucha contra la pobreza. Un análisis detallado pone de manifiesto que en realidad existe un alto grado de solapamiento de objetivos entre la Estrategia Europa 2020 y las diferentes capas de la cooperación UE-Mediterráneo y, por consiguiente, que es perfectamente viable plantear una Estrategia Europa-Mediterráneo 2020 en el ámbito del crecimiento y del empleo.[7] La integración de los países del sur del Mediterráneo en su espacio económico haría a Europa más competitiva.

Eso sí, esta redefinición de las políticas de empleo y de las prioridades de la cooperación económica euromediterránea debe llevar aparejado un replanteamiento del modelo económico auspiciado por la UE y las instituciones financieras internacionales en la región. Dicho modelo se ha centrado hasta ahora en el ajuste macroeconómico, la liberalización y la competitividad (bajos salarios, bajos impuestos, baja regulación), sin tener en cuenta las consecuencias sociales de esas políticas ni la prioridad del empleo, no sólo como mecanismo de integración económica de la mayor generación de jóvenes de la historia de estos países, sino como condición necesaria para la estabilidad en una sociedad democrática.

Una oportunidad para España

En este contexto, España tiene un papel sumamente importante que desempeñar, no sólo por su implicación directa en la región como país mediterráneo y su mayor exposición comercial a los socios mediterráneos,[8] sino por su propia experiencia de transición democrática y desarrollo económico y, más recientemente, por la gestión de un modelo migratorio que ha conseguido integrar sin excesivas tensiones cuatro millones de inmigrantes laborales en una década.

La transición española está considerada como un modelo ejemplar, precisamente por la conjugación del proceso de democratización con la implantación del Estado de Bienestar (que sentó las bases de un reparto más equitativo de la riqueza y sobre todo de la reducción de la exclusión social) y el desarrollo del Estado de las autonomías (que acercó el proceso político a los ciudadanos y a los territorios). Pero ese proceso fue sin duda lubricado por las perspectivas de plena integración en la Comunidad Europea (con el consiguiente aflujo de inversión extranjera) y, en particular por los fondos estructurales europeos.

Ahora bien, la proyección de esa experiencia no debe limitarse a la organización de seminarios, las asesorías áulicas o la disolución pasiva de la acción española en las políticas de cooperación de la UE en la región. La política mediterránea de España no puede fiarse exclusivamente al soft power que le otorga su experiencia de modernización y democratización y la incondicionalidad que se le supone en la defensa de los intereses de los socios mediterráneos. España debe defender activamente en el seno de las instituciones comunitarias, empezando por la inminente negociación de las Perspectivas Financieras 2014-2020, un modelo de integración de los países mediterráneos en la órbita económica y política europea similar al modelo del que ella se benefició. Debe hacerlo, además, recurriendo a todos los instrumentos de una diplomacia moderna como la elaboración de marcos conceptuales, simulaciones y otros instrumentos de negociación y lobby que articulen y difundan sus posiciones, estrategias de diplomacia pública o articulación con la acción de los ministerios sectoriales (incluido el de Trabajo). Aunque España lleva al menos desde 2005 reconociendo la conveniencia de un horizonte de extensión de los fondos estructurales a los socios mediterráneos, por lo menos en el marco del estatuto avanzado (así lo recogieron tímidamente las Conclusiones de la Cumbre Euromediterránea de 2005 en Barcelona, y a ello alude también el documento conjunto sobre el estatuto avanzado UE-Marruecos de 2008), aún no conocemos cuáles son el concepto y las propuestas concretas españolas al respecto, como tampoco se ha conocido hasta ahora un plan alternativo al empantanamiento de la cooperación multilateral euromediterránea causado por el embrollo de la UpM.

Por otra parte, la problemática situación del empleo en la que se halla inmersa España en el frente interno no debe servir de excusa para que el Ministerio de Trabajo e Inmigración se desentienda de las dinámicas regionales en este ámbito en el Mediterráneo. España tiene, pese a la actual crisis del empleo, una valiosa experiencia en gestión de políticas de empleo, tanto a nivel nacional como a nivel regional o local, y los instrumentos y los recursos para compartirla con sus países vecinos mediterráneos (mediante hermanamientos, asistencia técnica, cooperación descentralizada, etc.). En el último lustro, la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID) ha financiado proyectos en materia de empleo o políticas de empleo en América Latina y en el Sahel; no hay razón para no hacerlo en el Magreb y todo el norte de África, donde las prioridades de la cooperación española han sido otras.

Conclusión

Millones o billones para la estabilidad en Europa

En la visita realizada a Túnez el 21 de febrero por la alta representante de la UE para la Política Exterior, Catherine Ashton, ésta anunció a sus interlocutores tunecinos la aprobación de una ayuda extraordinaria de 17 millones de euros como apoyo inmediato a corto plazo a la transición democrática y asistencia a las regiones más pobres del interior. La respuesta de un ministro tunecino fue muy elocuente: “¿ha dicho millones o billones?”. Más tarde, el ministro de Industria tunecino observó que Bruselas parecía no entender la escala de los cambios históricos que se están produciendo en el sur del Mediterráneo. En cualquier caso, en su oferta a los países mediterráneos, la UE no sólo se juega el alcance de sus ambiciones como actor global, en la medida en que sea capaz o no de anclar a los países de la ribera sur del Mediterráneo al área de influencia europea, sino que también se juega que el signo de una de las variables de su propia función de estabilidad sea positivo o sea negativo.

[1] http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf.

[2] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/119784.pdf.

[3] Sobre la lógica y las posibilidades de extensión de los fondos estructurales a los países mediterráneos, véase Iván Martín (2009), “Perspectives financières 2014-2020: Quels instruments financiers pour la Méditerranée?”, en: Europe-Méditerranée. Enjeux, Stratégies, Réformes, Monographies méditerranéennes nº 7, IEMed, Barcelona, p. 48-57.

[4] Véase Iván Martín (ed.), 20+10: 30 propuestas para desarrollar una verdadera dimensión social en la Asociación Euromediterránea, Casa Mediterráneo, Friedrich Ebert Stiftung y Plataforma No-Gubernamental Euromed, Alicante, 2010.

[5] http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/employment.pdf.

[6] Comunicación de la Comisión Europea COM(2010) 2020 final, 3/III/2010.

[7] Iván Martín (2010): “La Estrategia Europa 2020 y el Mediterráneo: retos y perspectivas para la cooperación territorial”, documento de trabajo, Proyecto Medgovernance, Junta de Andalucía.

[8] Véase Gonzalo Escribano (2011), “Cambio político y economía en el mundo árabe: algunas implicaciones para España”, ARI nº 49/2011, Real Instituto Elcano.

Sindicatos y patronal vienen discutiendo una reforma de la negociación colectiva, para adaptarla a la actual realidad empresarial y de los trabajadores. Ya el Acuerdo Social y Económico (ASE) del 2 de febrero pasado incluyó un primer acuerdo de bases sobre esta materia, que ahora se está desarrollando.

Paralelamente, sectores neoliberales con mucha audiencia, como FEDEA, el Grupo de 100 Economistas o el propio gobernador del Banco de España, vienen presionando con propuestas en una determinada línea, dirigidas a incrementar el poder de los empresarios, junto a un ajuste laboral vía pérdida de retribución de los trabajadores. Para este tipo de pensamiento la primacía está en la libertad de empresa frente a negociación colectiva y sindicatos, que serían un obstáculo para el desarrollo económico y para la mejor competitividad de las empresas.

Por eso cualquier reforma debe partir de una reflexión previa sobre el sentido de la negociación colectiva, su sentido histórico y su sentido actual. Porque la negociación colectiva no es una imposición, ni una práctica arbitraria, sino el resultado de la lucha contra la posición profundamente desigual entre empresario y trabajador en la determinación de las condiciones de trabajo.

Es una conquista histórica incorporada al modelo social europeo para, por una parte, intentar equilibrar la negociación limitando el poder del empresario frente al trabajador individual y fortaleciendo la posición de estos a través del sujeto colectivo, del sindicato, y por otra, mejorar sus condiciones de trabajo, y solo excepcionalmente y de forma coyuntural empeorarlas.

Y desde su implantación los empresarios han intentado permanentemente recuperar parte del poder en la determinación de las condiciones laborales, que ahora han de pactar, y volver a individualizar la negociación para devaluar o incluso romper los acuerdos colectivos.

Es evidente que la negociación colectiva ha de tener y generar capacidad de adaptarse a la evolución de los sectores productivos y de las empresas y que no siempre la realidad negocial ha facilitado esa adaptación o lo ha hecho insuficientemente. Por lo que el debate actual tiene que encontrar un punto de equilibrio entre esa necesidad y los derechos de los trabajadores en el marco de la propia negociación colectiva. Y que no debe ser una vía para devaluar los convenios colectivos y dejarlos sin eficacia, ni para que empresarios concretos se los puedan saltar e incumplir de forma arbitraria y sin negociación, desequilibrando lo pactado a favor de las empresas.

El primer aspecto importante de la reforma en marcha es el de la vertebración de la negociación colectiva, cuestión reclamada a lo largo de mucho tiempo por ambas partes. El ASE mantiene y potencia la primacía del convenio colectivo sectorial estatal, o en su defecto autonómico, en la regulación de la estructura de la negociación en cada sector, que deberá reenviar al ámbito de la empresa la regulación de determinadas materias. Frente a quien prima el convenio de empresa, el convenio estatal garantiza la homogeneidad básica en un sector de la producción, impidiendo también cierta tentación de dumping social por parte algunos empresarios.

La segunda cuestión es la de la flexibilidad interna en las empresas, su imprescindible adecuación a los cambios económicos y organizativos. El ASE establece que debe realizarse “con una mayor participación de los representantes de los trabajadores”, es decir, una apuesta por la flexiseguridad o flexibilidad negociada, frente a la imposición unilateral o las resistencias. Si el objetivo es que haya más negociación colectiva, siendo la estructura empresarial en España mayoritariamente de microempresas (el 79% tienen menos de seis trabajadores), sin representación de los trabajadores, es prácticamente imposible que en ellas se negocien acuerdos colectivos para flexibilizar, por lo que se debe potenciar el papel de los sindicatos como sujetos negociadores en esas empresas.

Por último, se viene planteando el problema de la dinami-zación de la negociación, especialmente cuando un convenio termina su vigencia pactada, frente al bloqueo de una parte que impida su renovación.

Las propuestas más liberales buscan eliminar la ultraactividad, es decir, la prórroga indefinida de un convenio una vez finalizada su vigencia, lo que ya intentó el ministro de Economía Rato, con el apoyo de algunos grandes despachos y no tuvo capacidad política de sacar adelante. Ni tampoco se incluye en el ASE.

La clave está en el profundo desequilibrio que se derivaría de que la ley estableciera plazos para que todo o parte del contenido normativo “decaiga” por el transcurso del tiempo. La posición empresarial se vería reforzada de forma absolutamente desproporcionada. El problema de la tardanza o el bloqueo en la renegociación de algún convenio debe abordarse potenciando la mediación, especialmente de las Comisiones Paritarias de ámbito superior, e incluso, en el límite, mediante el arbitraje pactado. La necesidad de negociar de buena fe y de acordar se relativizaría hasta psicológicamente si los empresarios supieran que una propuesta que plantearan y quisieran imponer incluso sin contrapartidas les sería mucho más fácil alcanzarla simplemente con que transcurra el tiempo, que jugaría siempre a favor del poder empresarial en detrimento de la posición de los trabajadores. Sería un triunfo que esta reforma no debe darles.

La última gran crisis del capitalismo, generada y aprovechada por banqueros, grandes empresarios y gobiernos conservadores, ha aumentado la desigualdad, la pobreza y el desempleo en el mundo, una gran parte de cuya población está desprotegida. De los más de 205 millones de parados, solo el 13% tiene protección social, y solo una de cada cinco personas accede a una pensión y a la protección de la salud. En España, unos pocos años de profunda crisis han empeorado dramática y desigualmente el desempleo, el más alto de los países ricos. Las cifras lo dicen casi todo: España ha generado uno de cada 20 nuevos parados en el mundo. Desde el 2007 se ha pasado de 1,7 a 4,7 millones de parados (del 8% a más del 20% de la población activa) afectando más a los jóvenes (43%), inmigrantes (más del 30%) y clases sociales pobres con menos educación (43% en analfabetos y 30% con educación primaria frente al 11,7% y al 2% en quienes tienen educación superior o doctorados). En 1,3 millones de hogares nadie tiene trabajo, hay un millón de parados de larga duración (más de dos años), y 1,5 millones de parados sin ingresos.

Aunque mucho menos visible que un terremoto o una inundación de grandes proporciones, el brutal impacto del paro sobre la vida y la salud de la población comporta una situación que cabe calificar como de emergencia nacional. El paro produce una incontable cascada de efectos que incide sobre muchos aspectos cotidianos. La inseguridad de parados y trabajadores incrementa la desesperanza y el miedo, la xenofobia y la violencia. La amenaza de quedar sin trabajo se convierte en un mecanismo disciplinario y de presión sobre la clase trabajadora, que aumenta a medida que crece el desempleo. El paro paraliza carreras profesionales, reduce la autoestima, genera estrés psicológico y numerosos riesgos que dañan la salud. Aumenta la probabilidad de enfermar, tener problemas de ansiedad o depresión (tres veces más que en quienes trabajan), engancharse a drogas como el alcohol o tabaco, morir prematuramente o suicidarse.

Los problemas empeoran en las familias obreras, los pobres y las madres solas con hijos. En los parados sin subsidio, por ejemplo, los problemas de salud mental se multiplican por tres si son profesionales y por siete si son obreros, riesgos que se reducen mucho cuando hay ayudas. Tras cada dato, se esconde una invisible retahíla de historias vitales llenas de desesperación, lucha y dolor: «Estoy sin trabajo y pago un préstamo hipotecario, si dejo de cobrar me quitarán el piso, no quiero ni pensarlo»; «soy una madre de 35 años desesperada, en poco tiempo me veo en la calle y sin nada, tengo una hija de 13 años a la que no puedo ofrecer nada»; «en casa vivimos ocho personas, con tres niños, solo una trabaja y no entran ingresos, estoy dispuesto a robar si es necesario para sacar adelante a mi familia»; «voy a cometer alguna locura si esto no se arregla»…

Los efectos del desempleo sobre la sociedad y la salud pública son la punta del iceberg de otras condiciones de empleo. Junto a los desempleados oficiales hay parados encubiertos (quienes dejan de buscar trabajo), subempleados (quienes quieren trabajar más horas o buscan un trabajo más regular), múltiples formas de autoempleo marginal y empleo informal (actividades laborales remuneradas sin cotizar a la Seguridad Social de las que se benefician empresarios sin escrúpulos) y la precariedad laboral (asalariados inseguros con salarios bajos, alta vulnerabilidad, escasa protección y derechos e incapacidad de ejercerlos). A diferencia del paro, los indicadores de esos empleos son mucho menos precisos o no existen. Por ejemplo, la elevada cifra de contratos temporales (25%) no refleja la situación real de precariedad laboral que se distribuye desigualmente (90% en mujeres obreras inmigrantes jóvenes, por 20% en hombres profesionales españoles mayores de 30 años). La precariedad, o trabajar intermitentemente con periodos de paro y precariedad, daña la salud: a peor situación laboral, peor salud.

Las políticas neoliberales que flexibilizan una supuesta rigidez laboral, recortan servicios públicos y debilitan la negociación colectiva y la protección social crean inseguridad en los trabajadores forzándoles a ser sumisos y aceptar la explotación. Un Estado del bienestar merecedor de ese nombre debe tener políticas de protección social que permitan vivir dignamente y con buena salud. El devastador impacto del desempleo y la precariedad requieren realizar con urgencia políticas fiscales progresivas y redistributivas que permitan mejorar la protección social. Instaurar una renta básica universal no condicionada, por ejemplo, reduciría la pobreza (nueve millones de pobres; 650.000 de ellos con menos de 250 euros al mes), desmercantilizaría las relaciones laborales y aumentaría el poder de negociación de unos trabajadores que no tendrían que aceptar empleos degradantes, injustos y peligrosos. Sin políticas como esas, millones de personas seguirán pagando los efectos de la crisis con su salud y con su vida.

La competitividad se ha convertido en una de las palabras económicas de moda en nuestros tiempos. Barack Obama la pregonó a los cuatro vientos durante su discurso sobre el Estado de la Unión en enero, y los líderes europeos desde el conservador David Cameron en Gran Bretaña hasta el socialista José Luis Zapatero en España y el nuevo ministro de Economía de Japón Kaoru Yosano la abrazaron como una prioridad. Ahora bien, ¿qué tipo de competitividad tienen en mente?

Cuando se le preguntó durante una entrevista en septiembre de 2007 si los gobiernos europeos deberían liberalizar los códigos laborales de sus países, Alan Greenspan, el ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, respondió que las leyes de protección del empleo de Europa inhibían significativamente el desempeño económico y resultaban en un desempleo crónicamente alto en todo el continente. En Estados Unidos, a la gente se la puede despedir más fácilmente que en cualquier otro país, y la tasa de desempleo en aquel momento estaba entre las más bajas del mundo.

Pero ya no estamos en septiembre de 2007 y el desempleo estadounidense es del 9,4%, no del 4,5%. Y, según el sucesor de Greenspan, Ben Bernanke, no hay motivos para suponer que la tasa de desempleo alcance el 5% -normalmente considerada la tasa de desempleo natural- en el futuro cercano.

En los años 2000, Estados Unidos perdió dos millones de empleos en el sector privado en general -el total cayó de 110 millones en diciembre de 1999 a 108 millones en diciembre de 2009, a pesar del gasto masivo del consumidor-. Esa caída del 1,4% se produjo en una década en la que la población de Estados Unidos creció aproximadamente el 9,8%.

Para entender lo que está sucediendo, consideremos el caso de Evergreen Solar, el tercer fabricante más grande de paneles solares en Estados Unidos, que anunció en enero que cerraría su principal fábrica estadounidense, despediría a sus 800 empleados en el lapso de dos meses y trasladaría la producción a China. La gerencia de Evergreen mencionó el mayor respaldo gubernamental que existe en China como su razón para el traslado.

Evergreen es sólo uno de muchos casos que sugieren que Estados Unidos podría encontrarse en medio de lo que el economista de Princeton Alan Blinder en 2005 definió como la Tercera Revolución Industrial. Según Blinder, entre 42 y 56 millones de empleos estadounidenses –aproximadamente un tercio de todos los empleos en los sectores privado y público en el país- son vulnerables de terminar en el exterior. Blinder también predijo que el mercado laboral flexible y fluido de Estados Unidos se adaptaría mejor y más rápido a la globalización que los mercados laborales europeos.

En todo caso, recién estamos en las primeras etapas de esa revolución, y el resultado sigue siendo incierto. Pero una comparación preliminar entre Alemania, la mayor economía de Europa, y Estados Unidos sugiere que la primera está mejor equipada para arreglárselas en la era de la globalización.

Multinacionales alemanas como Siemens y Daimler están aumentando la inversión para satisfacer la demanda tanto de los mercados emergentes como del mercado interno. Las compañías planean incorporar cientos de miles de empleos en todo el mundo sólo este año. Mientras que muchos de estos empleos estarán en Asia, ambas compañías dicen que también sumarán empleos altamente calificados en Alemania.

¿Hay que agradecerle por esto a la rigidez del mercado laboral de Alemania? En realidad, podría ser parte de la explicación. Un estudio reciente de la Oficina de Planificación Central en Holanda muestra que los trabajadores con un contrato permanente reciben más capacitación financiada por el empleador que los trabajadores con un contrato temporario.

A los empleadores estadounidenses les resulta mucho más fácil eliminar trabajadores de su plantilla –o, como dice Robert Gordon de la Northwestern University, desechar todas las sillas de playa- que a los empleadores alemanes. El código laboral de Alemania prohíbe este tipo de despidos, pero los empleadores alemanes, a su vez, supuestamente son menos proclives que los empleadores estadounidenses a despedir empleados, porque han invertido más en el capital humano de sus compañías. Con menos capacidades específicas vinculadas a la empresa que sus pares alemanes, los trabajadores norteamericanos son más susceptibles a los despidos.

De hecho, Siemens, aparentemente consciente de los beneficios de la rigidez del mercado laboral, adoptó la medida inusual de prometerles a sus empleados un trabajo de por vida. El año pasado, la compañía selló un acuerdo con el sindicato IG Metall que incluye una promesa de no despido para su fuerza laboral alemana compuesta por 128.000 trabajadores.

Una explicación más importante para el actual éxito económico de Alemania tal vez sea el sustancial apoyo del gobierno que las industrias alemanas reciben sobre una base estructural, especialmente la industria automotriz. La economía estadounidense, por otra parte, está empantanada en el persistente énfasis que ponen sus responsables de políticas en el consumo y los recortes impositivos (muy notablemente para los súper ricos) por sobre la inversión.

Estados Unidos necesita cambiar el curso de su política económica. Una década de tasas de interés históricamente bajas derivó en desequilibrios económicos a favor de sectores que están altamente apalancados: el sector financiero, el mercado inmobiliario y el capital riesgo. Esto se produjo a expensas de sectores que son más dependientes de la financiación mediante la emisión de acciones. Ahora que la burbuja inmobiliaria estalló, Estados Unidos se encuentra falto de capacitación, falto de educación y falto de maniobra en la competencia global por empleo.

Ahora sabemos que la desregulación del mercado laboral no asegura una resiliencia económica y una rápida creación de empleos. Por el contrario, la mejor solución probablemente sea una diversidad de contratos laborales. Una cierta dosis de rigidez del mercado laboral puede tener sentido económico para aquellos empleos que requieren capacidades y capacitación específicas vinculadas a la empresa, junto con una mayor flexibilidad para los empleos que requieren menos capacidades.

La irrupción de la cancillera Angela Merkel en el debate abierto en relación con la negociación colectiva, reclamando un cambio en el mecanismo de fijación de salarios, ha abierto una discusión que de nuevo obvia los problemas reales de nuestra economía, que no radican en el coste del factor trabajo, sino en la estructura económica sectorialmente desequilibrada y en la débil dotación de capital físico y de conocimiento disponible.

De nuevo los grupos de presión que representan intereses de sectores importantes de la economía, por poderosos, que se proyectan bajo el título de expertos economistas, manifiesto de los 100, etcétera, aprovechan para satanizar la fijación del salario en la negociación colectiva en base a la referencia del IPC, y reclaman adaptar el incremento salarial a la evolución de la productividad de la empresa. Una posición que olvida el papel que juegan los salarios en la economía de mercado y desconoce las dificultades de usar la productividad como variable de referencia.

Los sueldos son la principal, y mayoritariamente única, fuente de ingresos de la población asalariada del país. Por lo tanto, el salario representa el nivel adquisitivo y de bienestar de la mayor parte de la población. Los incrementos anuales de los sueldos, y de la ocupación, son determinantes en la evolución del consumo y, por lo tanto, de la demanda interna del país, un factor decisivo en el crecimiento económico. Los salarios son un componente importante de la estructura de costes de la empresa y, si bien los costes de personal no pueden crecer de manera continuada por encima de los incrementos de productividad, aquellos no son la única variable que actúa en la estructura del gasto.

Por todas estas razones, en la negociación colectiva se pactan incrementos de los salarios nominales que garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo de la población asalariada. Y para hacerlo hasta ahora venimos utilizando la previsión de inflación, ajustando a posteriori las posibles desviaciones con las cláusulas automáticas de revisión salarial, que actúan cuando la inflación real supera la prevista. Y es también en la negociación colectiva donde se tienen que establecer los mecanismos para repartir parte de los incrementos de productividad para mejorar el poder adquisitivo de los salarios.

Esta secuencia permite mantener el potencial de compra de los trabajadores y, por lo tanto, el nivel de consumo agregado del sistema. También posibilita mejorar la capacidad adquisitiva del salario al aplicar una parte de los incrementos de la productividad, y otras partes a reinversión productiva o a retribución de los accionistas, lo que debe permitir el incremento de la demanda interna, vía consumo e inversión, contribuyendo así al crecimiento económico.

Este mecanismo funciona a nivel agregado, mientras que a escala de empresa puede necesitar de algún elemento corrector en función del contexto que hay que prever en la propia negociación colectiva. Pero pretender como única fórmula la adaptación salarial a la evolución de la productividad, como quieren determinados grupos de presión, comportará ineficiencias económicas y no mejorará la competitividad. A las dificultades para medir la productividad a nivel general, sectorial o de empresa, tenemos que añadir el carácter anticíclico del propio concepto de productividad, puesto que constatamos que en momentos de crisis hay incrementos de productividad y, por el contrario, en momentos de crecimiento la evolución de la productividad es más templada. Lo vemos estos últimos años en los que la crisis ha provocado una destrucción de ocupación proporcionalmente superior a la que ha representado la disminución del producto interior bruto (PIB), lo que da como resultado un crecimiento importante de la productividad aparente del trabajo: un 7,3% acumulado en tres años. Estos datos nos llevarían a la contradicción de fomentar un crecimiento mayor de los salarios en años recesivos y a bajar los salarios en la fase expansiva del ciclo.

Quizá sería más fácil hablar de beneficios que de productividad para medir la evolución de los sueldos. En cualquier caso, se necesitará mejorar los mecanismos de información y participación de los trabajadores si queremos que la negociación funcione, pero desgraciadamente la cultura empresarial de nuestro país es todavía reticente a abordar un aspecto que en la Unión Europea hace años que se ha superado.

Curiosamente, entre las propuestas de estos grupos ninguna hace referencia a limitar el abanico de remuneraciones salariales, que hoy llega a superar el múltiplo de 100, o a mejorar los mecanismos de cohesión social. Los estudios sobre las economías escandinavas demuestran que la competitividad más alta se registra en las sociedades más sindicalizadas, con menores desigualdades sociales y retributivas y con mayores prestaciones de servicios; garantizan la cohesión social, sin olvidar las inversiones en calificación, investigación e innovación.

“Vous savez, on a trop attendu que les choses aillent mieux. On nous a trop menti, on nous a trop humiliés. On comprend que tout ne va pas être résolu en un mois, mais on veut que ça change. On veut être sûrs qu’on n’est plus en train de nous mentir !” Depuis ma nomination, j’ai rencontré des centaines de demandeurs d’emploi, entendu des milliers de phrases aussi fortes, résolues et sensées que celle d’Ouissem, que vous venez de lire.

Or le double devoir de vérité et de dignité m’interdit de faire de vaines promesses ou d’adopter des mesures de court terme, mesures miracles qui n’en auraient que l’apparence. Nous sommes riches d’une jeunesse volontaire, curieuse et éduquée, qui n’attendait que la liberté et l’égalité des chances pour s’exprimer. Notre pays dispose de nombreux atouts pour que recule progressivement et durablement le chômage. Cela doit être une grande cause nationale, qui engage chacun d’entre nous, qui nous rassemble, sans défiance ni illusions de courte vue.

Nous venons de nous libérer d’un régime qui s’est attaché à brider les initiatives du plus grand nombre, à confisquer les ressources, les bénéfices et les projets, à faire régner l’arbitraire jusqu’à l’attribution d’un emploi, à jeter le soupçon sur celui qui créait un emploi ! Le martyre de Mohammed Bouazizi, acculé au désespoir alors qu’il ne demandait qu’à vivre de son travail, est symbolique de cette violence d’Etat qui doit appartenir au passé : notre jeunesse doit non seulement être libre de ses initiatives économiques mais également y être encouragée et aidée.

Mais la liberté est un chemin, y compris dans la tête, le coeur et les comportements de chacun. Et le temps qu’elle y prenne place, nous devons faire face aux urgences de la situation comme à l’impatience légitime de nombre de nos concitoyens. Le gouvernement de transition a une mission limitée dans le temps : préparer les élections et gérer ses urgences sans compromettre l’avenir. Vérité et dignité nous commandent de dire ce que nous ferons, ce que nous disons, sans céder à la facilité de mesures irréalistes.

Agir pour tous, et agir vite ! Dans l’immédiat, cette mission va s’articuler autour de quatre grands axes :

- l’aide aux demandeurs d’emploi sera renforcée, notamment à travers le projet “AMAL”, qui met en place une véritable recherche active d’emploi, et propose à 50 000 jeunes une activité de transition, une formation et un accompagnement vers l’obtention d’un emploi durable ;

- le soutien des entreprises sera consolidé, afin qu’elles puissent traverser la période cruciale de transition sans être amenée à supprimer des emplois et être, le plus rapidement possible, libre d’en créer de nouveaux ;

- le développement de nouveaux emplois sera initié. Ils seront accessibles aux différents niveaux de qualification, des plus modestes aux plus élevés, accessibles également dans toutes les régions de la Tunisie ;

- la création d’entreprise sera simplifiée, afin que tous ceux qui ont un projet puissent rapidement l’accomplir et lancer leur activité. Ayons à l’esprit le cas d’Imed, jeune diplômé, qui, faute d’un apport personnel suffisant, dut renoncer à créer une dizaine d’emplois : plus jamais ça !

Comme en témoignent ces choix politiques, nous assumons notre conviction qu’on ne s’attaque pas au chômage sans jeter les bases de la croissance. En créant artificiellement des emplois publics sous la pression de l’urgence, nous serions irresponsables, nous promettrions à la Tunisie de demain une situation plus critique encore. Les économistes nous disent qu’il faut un à deux ans pour relancer la croissance. Le meilleur moment pour soutenir la croissance, c’était donc il y a deux ans. Mais le deuxième meilleur moment, c’est tout de suite !

Pour autant, l’Etat prend sa part de ce renouveau. Outre les 14 000 postes dans la fonction publique et la création du statut de stagiaire de la fonction publique qui va permettre à 10 000 diplômés du supérieur en situation d’exclusion de se préparer à intégrer la fonction publique en 2012, nous lançons de nombreux projets. Nous allons lancer des ouvrages de travaux publics. Nous allons également initier d’autres projets, à l’image de la numérisation du patrimoine de la Bibliothèque nationale, un projet mené avec le ministère de la culture et le secrétariat d’Etat aux technologies de la communication qui va permettre de créer plus de 1 000 emplois, notamment à haute qualification, et de fournir de l’activité à des dizaines de PME.

Nous ne devons pas rester prisonniers des illusions passées, qui associaient fatalisme et promesses vaines d’un Etat qui veut tout contrôler. Nulle part dans le monde on n’a vu un gouvernement construire l’avenir en créant 300 000 emplois d’un trait de plume ou d’une annonce à la télévision.

La liberté est un chemin, vous ai-je dit plus tôt, il en est de même de la confiance. Nous avons trop longtemps subi le joug de la peur, de la suspicion et de leur corollaire le plus insidieux : la défiance. On a ainsi opposé les régions, les moins qualifiés aux plus diplômés, le secteur public au secteur privé. On a divisé pour mieux régner, on a blâmé ou réprimé les initiatives qui n’avaient pas la bénédiction d’une minorité puissante. Entretenir ou développer ces réflexes, cette société de défiance où rien de durable ne peut pousser, ce serait rendre hommage bien peu mérité au pouvoir d’hier !

La confiance est le moteur de toute société libre. C’est quand elles auront confiance et quand elles seront convaincues de cette confiance retrouvée par la Tunisie que nos entreprises convaincront à leur tour les investisseurs de croire en leurs projets. C’est quand on a confiance en l’avenir qu’on crée des emplois durables. C’est quand on a confiance qu’on choisit de renforcer ses connaissances et sa formation, qu’on s’investit, individuellement et pour le bien de la collectivité, dans sa carrière. Mais rien de tout cela ne pourra être réussi sans une large mobilisation : l’emploi, c’est désormais l’affaire de tous.

Le fonctionnement du marché du travail japonais a depuis longtemps nourri un débat entre deux interprétations, qui s’est ravivé depuis la stagnation des années 1990. D’un côté, les faits que les jeunes japonais soient moins nombreux que leurs aînés dans un contexte de baisse marquée de la natalité et aient une espérance de vie plus élevée que les générations antérieures augmentent leur valeur intrinsèque sur le marché du travail, du point de vue de l’économiste. D’un autre côté, depuis le début des années 1990, on constate que ce sont les jeunes qui supportent le plus le fardeau de l’ajustement, dans un contexte où les entreprises protègent de fait les salariés d’âge moyen. C’est un peu comme si les jeunes étaient sacrifiés pour protéger la forteresse de l’emploi à vie.

Dans ces conditions, la recommandation est simple : il suffirait de détruire cette forteresse et de mieux répartir le poids du fardeau de la récession entre les générations. Cependant, il est vrai qu’un jeune sans connaissance ni compétence est souvent “inutile” dans un environnement économique caractérisé par une concurrence de plus en plus intense. Ce constat est d’autant plus pertinent dans le contexte japonais, où la “formation sur le tas” (formation interne à l’entreprise) améliore la productivité des entreprises plus que ne le ferait n’importe quel manuel écrit par un prix Nobel.

Ainsi, le principal problème pour les jeunes n’est pas la lutte avec les générations plus âgées pour obtenir un poste mais le besoin d’une aide pour devenir un travailleur à part entière, à travers l’emploi : du point de vue des jeunes, ne pas accéder à l’emploi c’est équivalent à perdre une chance de se former.

Dans ces conditions, les mesures possibles sont au nombre de deux. L’une est de subventionner la formation à travers l’emploi, ce qui a été fait depuis 2004 dans le cadre du “système dual à la japonaise”, inspiré du modèle allemand. Si les employeurs sont réticents à payer les coûts de formation, cette subvention peut être une solution et ce, malgré des problèmes de coûts d’opportunité. La seconde solution peut être de transférer la responsabilité de la formation des entreprises à l’Etat, mais cela semble difficile étant données les pratiques japonaises et les échecs répétés de la promotion de la formation dans des écoles publiques.

Ainsi, il est intéressant d’analyser le temps qu’un jeune peut se permettre d’attendre avant de trouver l’emploi qui lui convienne. Comme la formation sur le tas est plus ou moins spécifique à chaque entreprise au Japon, changer d’emploi peut conduire à la perte du capital humain accumulé chez l’employeur précédent. Etant donnée cette caractéristique, quand une récession réduit les chances de trouver un emploi convenable pour les jeunes qui sortent du système éducatif, il peut être préférable pour eux de volontairement attendre une opportunité ultérieure plutôt que de saisir la première chance d’emploi qui se présente à eux. Dans ce cas, les phénomènes de queue sur le marché du travail devraient se manifester pendant les périodes de récession.

Cependant, une simple analyse de l’emploi des jeunes entre la fin des années 1980 (période de forte croissance au Japon) et des périodes de creux comme la fin des années 1990 ne confirme pas ce phénomène : le pourcentage de jeunes diplômés qui trouvent un emploi est plutôt stable, quel que soit le moment du cycle ; en revanche, les inégalités de salaires au sein d’une même génération ont tendance à augmenter en période de récession. Cela signifie qu’en fait les jeunes japonais ont très peu de marges de manœuvre pour choisir leur date d’entrée sur le marché du travail. Cela s’explique par le fait qu’il y a une grande simultanéité dans l’embauche des jeunes diplômés qui se déroule le 1er avril (début de l’année fiscale au Japon).

Par conséquent, sitôt qu’un jeune diplômé laisse passer une opportunité d’emploi, il est quasiment obligé d’attendre un an et d’être ainsi mis en concurrence avec les diplômés de l’année suivante dans sa recherche d’emploi. De plus, le fait d’avoir attendu avant d’entrer sur le marché du travail joue plutôt comme un signal négatif du point de vue des employeurs. En bref, cela décourage les jeunes diplômés de prendre le risque d’attendre un an de plus pour essayer de trouver un emploi. Dans ces conditions, ils sont prêts à saisir presque n’importe quelle opportunité, y compris celles qui sont très mal payées et ne correspondent ni à leur attente, ni à leur niveau de qualification.

Cette situation est sensiblement différente de ce qu’on observe dans les pays d’Europe continentale, où il y a plus de tolérance pour un processus long de recherche d’emploi. Dans le même temps, les conditions d’emploi des jeunes européens, caractérisées par des taux de chômage élevés, n’est par forcément un modèle pour les jeunes japonais. Quoiqu’il en soit, ce type de comparaison peut nous aider comprendre le vase de Rubin sur le marché du travail japonais.

Angela Merkel no es la única persona que ha propuesto que los aumentos salariales no dependan de la evolución de los precios, es decir, que se acaben las cláusulas de revisión automática de los convenios colectivos. Muchos economistas españoles, todas las organizaciones empresariales, el Banco de España y no pocos políticos, del PP, de CiU y también algunos del PSOE, vienen diciendo desde hace tiempo que eso es imprescindible para que las empresas y la economía española salgan del agujero. Pero las presiones de la cancillera alemana pueden ser el empujón definitivo, o la excusa, como en el caso de la edad de jubilación, para que el Gobierno español se decida a dar ese paso.

Y no hay que descartar que la incógnita se resuelva pronto. A favor de ello juega la inquietud que ha vuelto a los mercados de la deuda. Portugal sigue cerca del abismo, sus títulos a 10 años cotizan casi a un insostenible 7 % de interés y el fantasma de una intervención sobrevuela de nuevo sobre su economía. España sufre las consecuencias de esa incertidumbre porque nuestra banca está muy implicada en Portugal y porque las dudas de los inversores sobre nuestro sector financiero siguen sin despejarse: la agencia Moody’s acaba de decir que necesita 50.000 millones de euros de capital -y no 20.000, como asegura el Gobierno- y la prima de riesgo española sigue en torno a los 200 puntos. Además, el crecimiento de los precios podría provocar una subida de los tipos de interés.

Si las peores hipótesis se confirmaran, Europa podría acudir al rescate de Portugal sin necesidad de aprobar previamente el plan de competitividad que oficiosamente han propuesto Alemania y Francia y que contiene el conflictivo punto de que los salarios dejen de estar vinculados a la inflación. Pero aunque podría llevarse a cabo con los instrumentos de los que actualmente ya dispone la UE, Merkel no parece dispuesta a suscribir nuevas operaciones de salvamento, como las de Grecia e Irlanda, sin que antes se acepten sus condiciones para que, a medio y largo plazo, Alemania haga lo posible a fin de que el euro sobreviva de forma estable y duradera.

La cumbre europea del 11 de marzo en Bruselas debería ser el escenario y la ocasión para que la cancillera de hierro presente oficialmente su plan, que es también el de Sarkozy. Varios países se oponen frontalmente. Algunos rechazan la eventual supresión de las cláusulas de salvaguardia de los salarios frente a la inflación, Irlanda se niega a subir su impuesto de sociedades, y bastantes países temen que un gobierno económico de la UE basado en los duros criterios alemanes y franceses sea la confirmación definitiva de una Europa a dos o más velocidades, en la que los países menos rápidos terminarían por estar sometidos a los dictados de Berlín. Eso sí, el ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble, ha declarado: «Me parece que España está bastante de acuerdo con nuestro plan».

Frente a esa oposición, el argumento más fuerte de Merkel sería el de que, si no se aceptan sus condiciones, Alemania podría rebajar su apoyo al euro y, aun poniendo en riesgo la moneda única, limitarse a paliar los daños que las eventuales suspensiones de pagos de algunos miembros de la UE pudieran producir a su economía. Y a la vista de que esa alternativa es la que más gusta a la mayoría de la opinión pública alemana, que también la secundan, más o menos, buena parte de la prensa y muchos políticos de su partido y de otros, y que, justamente por eso, la popularidad de la cancillera no registra precisamente un buen momento, cabría concluir que la actual oposición europea a su plan no le va a llevar a renunciar al mismo.

Aunque lo más probable es que la iniciativa no sea aprobada sin más por la cumbre del 11 de marzo, es también posible que algunos de sus puntos, con matices más o menos gruesos, sean aceptados. Indexar los salarios con la productividad, y no con los precios, podría ser uno de ellos. Y bastaría con un mínimo acuerdo en esa dirección, aunque este dejara un margen de interpretación a cada uno de los países miembros, para que el Gobierno español contara con un argumento de peso para presionar a los sindicatos a fin de que estos cejaran en resistirse, como vienen haciendo desde hace años, a que se modifique la actual normativa de la contratación colectiva, es decir, de los convenios colectivos.

Para satisfacer el criterio en materia salarial de Merkel, y de tantos prohombres de la economía y de la política española -portavoces del PP acaban de reconocer que no se oponen al mismo-, nuestro Gobierno podría evitar impopulares declaraciones de principios en torno a la indexación y limitarse a reducir al mínimo, o a eliminar del todo, los convenios nacionales y provinciales cuyas cláusulas son obligatorias para todas las empresas de sus ámbitos. Es decir, a imponer la negociación empresa por empresa. Eso sí, permitiendo que en ese nivel se tuviera prioritariamente en cuenta la productividad y no la inflación a la hora de fijar los salarios. Es decir, para bajarlos.

Asian manufacturers have always migrated in search of cheaper labor. Until recently, China seemed their ultimate destination, claiming an ever larger share of investment by Asia’s huge production networks. But three developments in China – rising wage inflation, the coming of a new five-year plan that will seek to shift dramatically the Chinese economy’s focus from exports to domestic consumption, and a cut-off in the supply of rare earths to Japanese companies – may auger significant changes in how these networks invest and function in the years ahead.

Although China is now routinely seen as the workshop of the world, it is Asia’s vast and integrated production networks that are the beating heart not only of Chinese growth, but of economic growth across Asia. Indeed, not long ago, it was thought that many of the production networks that span Asia would move almost all of their manufacturing facilities into China. That trend now appears to be waning.

The key reason is that wages in China began rising much faster than in other low-wage Asian economies, and companies within Asia’s production networks are finding it difficult to retain their most talented Chinese staff, particularly in the country’s booming coastal regions. Indeed, today, average wages in manufacturing along China’s eastern seaboard are higher than in the Philippines and Thailand, countries that once had much higher wages in the export sectors.

China’s government responded to this by encouraging manufacturers to move into the country’s vast hinterland, where wages are much lower. Yet the farther inland producers went, the less skilled the employees and the higher the costs of transporting goods to market became. Some now argue that, in many sectors, the era of the “China price” – set by exporters who could offer the world’s cheapest goods – may be coming to a close.

Of course, no one should write off the strength of China’s export machine, even at the cheapest end of production. Like Japan 40 years ago, Chinese production is moving up the ladder to higher value-added products.

The consequences of rising Chinese wages for China’s neighbors are likely to be vast, depending on their current position in manufacturing networks. For those countries that are increasingly competing with China, the challenge is to make their manufacturing more sophisticated or their design more specialized.

Rising wages in China are also creating new opportunities for other regional exporters. Vietnam has already benefited from this, with annual growth exceeding 8% in recent years. On the plain between Hanoi and Haiphong, South Korean and Japanese assembly plants sit side-by-side with paddy fields. So potent has Vietnam’s growth been over the last decade that the country’s economy is overheating.

Bangladesh, too, is starting to join Asia’s production chains, which is one reason why it has experienced strong growth since the return to the premiership of Sheikh Hasina in 2009. There, the takeoff point for joining Asia’s great production chains was not just the country’s low wages, but a decision to redress past government omissions: trade liberalization, creation of a more favorable investment climate, and infrastructure improvements.

The spread of manufacturing, and hence greater prosperity, into the nooks and corners of Asia’s hinterlands through trade and investment flows, points to the need for Asian governments to begin to understand, and reckon with, increased economic integration. Yet, at present, most governments seem to be allergic to reaching agreement on enforceable rules and obligations.

Indeed, only crisis seems to concentrate official minds on the need for greater cooperation. In 1998, during the Asian financial crisis, instead of engaging in beggar-thy-neighbor devaluations and financial protectionism, countries found common ground to guard against future crises. The member nations of ASEAN, along with China, Japan, and South Korea, launched a multilateral arrangement of currency swaps, the Chiang Mai Initiative, which pooled members’ foreign-exchange reserves in order to help crisis-hit countries suffering liquidity crunches.

Regional and bilateral free-trade agreements have also multiplied since 1998, with even China establishing such an arrangement with ASEAN at the beginning of this year. Today, however, China’s go-it-alone renminbi policy is hitting Asian economies as hard as it is hitting the more vocal United States. Such narrowness of vision cannot continue if Asia’s economy is to continue to expand.

Were China to adopt an exchange-rate regime characterized by a multiple-currency, basket-based reference rate with a reasonably wide band, the huge surpluses generated within Asia’s production networks would cause the region’s currencies to appreciate together, instead of putting pressure on just one or two, as is happening today. Market forces could then allocate these appreciations across supply-chain countries based on their value-added in processing trade. This would not only reduce China’s surplus and its need to keep accumulating dollar reserves but also give Asian companies an incentive to reorient production towards domestic markets.

Asia’s leaders must move to better insure their countries against the risk of economic dislocation that comes with de facto regional integration. Discussion should start with greater coordination of monetary and fiscal policies, with leaders focusing as much on the regional good as well as individual national interests.

El acuerdo sobre pensiones y empleo firmado ayer entre el Gobierno y los agentes sociales nos deja un sabor agridulce. De un lado, las bondades de un pacto son siempre bienvenidas. Mejor entenderse que enfrentarse, máxime en estos tiempos de alta tensión económica. De otro, los vaivenes legales que comenzaron en los inicios del verano pasado nos llevan al desconcierto. Los cambios se suceden unos a otros de forma acelerada y no conocemos bien la hoja de ruta o el final de todas estas propuestas. Por ello se requiere un esfuerzo global para lograr un escenario positivo de las reformas que necesitamos. Insisto, una hoja de ruta.

Y es que con independencia del drama del desempleo en la que ya me he detenido en alguna ocasión, las cosas ya no son ni serán como eran. Para afrontar esos nuevos retos se precisa convicción y claridad de ideas. En el pasado, el trabajo permanente era el paradigma en la empresa tradicional y la rotación en la vida profesional no estaba vista positivamente siendo signo de inestabilidad incluso hasta emocional; el lugar de trabajo y su ubicación física se convertía en un derecho intensamente protegido; y, en fin, la organización fordista y jerarquizada del trabajo empresarial prevalecía sobre cualquier otro modelo. Pero todos estos esquemas laborales sobre los que se han basado legislaciones enteras de empleo en numerosos países, están quebrándose por varios frentes. El trabajo comienza a ser un bien escaso, pasando de ser una actividad laboral a desarrollar de una forma constante y uniforme, a una labor centrada en proyectos con vocación claramente temporal; el cambio de una empresa a otra, incluso en sectores de actividad distintos, está bien considerado como signo de madurez y flexibilidad profesional; y las organizaciones y trabajadores con nuevas habilidades profesionales, más autónomos, flexibles, apátridas y horizontales son el ejemplo a imitar.

La tendencia al cambio es una de las características principales del mercado de trabajo. Las relaciones laborales, las tasas de empleo, los índices del bienestar social, la evolución de la negociación colectiva, se desarrollan al compás de la actividad económica, del cambio en un país y, en gran medida, de la cultura laboral imperante en la práctica y su aplicación por los tribunales de Justicia. De ahí que a cualquier observador objetivo del devenir laboral, no debería de extrañarle que estos hechos se sucedan de forma rápida e incontrolable, si no se saben anticipar. Precisamente lo necesario es una ley despierta y adaptable a cada momento histórico y su circunstancia económica, social, política y cultural.

Sólo tratando de predecir las tendencias laborales del futuro se podrán construir y diseñar nuevas políticas, dar formación adecuada a los empleados, anticiparse a los cambios y dirigir de forma correcta las nuevas leyes y su interpretación judicial. Lo acontecido en la primera década del siglo XXI y en las postrimerías del siglo pasado, pueden darnos muchas pistas de los retos y predicciones que veremos próximamente. A mi juicio, estas serán las tendencias que darán forma a las relaciones laborales.

Primero. La digitalización del trabajo. La tecnología, y todo lo relacionado con el llamado mundo digital tendrán un crecimiento exponencial y estarán claramente inmersos en el lugar de trabajo. Las empresas que estén preparadas para aceptar y explotar los beneficios evidentes de la tecnología, al igual que eviten sus errores, tendrán una ventaja competitiva. De hecho, ya existen países donde el acceso a la banda ancha se configura como un verdadero derecho civil de los ciudadanos. Los teletrabajadores serán una realidad habitual, por las necesidades de mayor productividad y ahorro, siendo la norma general la flexibilidad laboral. Los blogs, las redes sociales, las videoconferencias serán herramientas habituales de trabajo. Inevitablemente todo ello llevará a un incremento de la litigiosidad derivado del uso de las nuevas tecnologías con una nueva forma de pleitos, como enseguida veremos.

Segundo. La privacidad y la no discriminación como derechos fundamentales en el ámbito del trabajo. La tecnología ha avanzado tanto invadiendo todos nuestros ámbitos vitales que se puede afirmar que en un futuro el derecho a la privacidad o intimidad está muerto (Froomkin). En los próximos años los empresarios verán un vasto desarrollo legislativo que regule de forma profunda el derecho a la intimidad en relación con las nuevas tecnologías. A la vez, el legislador se verá presionado por un deseo de las empresas de regular la seguridad informática. Finalmente, asistiremos a una auge de nuevas reclamaciones como pudieran ser el derecho de no discriminar en la contratación y en el despido por motivos ajenos al ámbito puramente laboral (rechazar a un candidato por su perfil on line de Facebook u otra red social de acceso público) o el derecho al pago de horas extraordinarias por la conexión permanente (en vacaciones y festivos, incluso) a dispositivos electrónicos.

Tercero. Otras formas de resolver conflictos y el juicio virtual. Desde los años 90, en la mayoría de los países de nuestro entorno se han desarrollado de forma explosiva mecanismos alternativos a la resolución de conflictos laborales, como son la mediación y el arbitraje. Cada vez más, tanto empresarios como empleados prefieren acudir a estos medios alternativos para resolver sus diferencias. Por otra parte, la tecnología impactará también en este ámbito, con juicios y testimonios grabados mediante vídeos y, sobre todo, la presentación de pruebas telemáticas o de contenido tecnológico que deberán ser sometidas a la interpretación judicial con todas las garantías procesales necesarias.

Cuarto. La ética corporativa, los códigos de conducta y el cumplimiento regulatorio como piedras angulares del desarrollo empresarial. Desde que la crisis internacional comenzara, la ética en el trabajo y el cumplimiento de las normas han adoptado un nuevo rol en el mundo de los negocios. De hecho, empieza a ser realmente imperativo para las empresas contar con un programa ético y de compliance robusto. Se requiere disciplina empresarial y un frente común para adaptarse no sólo a las demandas y regulaciones de los mercados, sino para conseguir la confianza de los inversores, accionistas y de los propios empleados. La reputación empresarial puede verse afectada incluso por ajenos a su entorno más directo (blogs y redes sociales) y solamente puede defenderse convenientemente por lo que se denomina sostenibilidad de la actuación empresarial, que estará en continua revisión en los próximos años.

Quinto. Nuevas formas de organizaciones sindicales. El movimiento sindical está claramente en un proceso de transición, sus retos son inmensos, y la forma de reaccionar ante los mismos marcará su continuidad exitosa o no. En parte, la ciberorganización de empleados a través de las nuevas tecnologías puede ser un obstáculo para el desarrollo de los sindicatos tradicionales, pero también puede suponer un instrumento muy útil, si está bien planificado, para alcanzar a nuevos trabajadores (jóvenes). Por otra parte asistiremos a organizaciones laborales, federaciones o sindicatos globales de carácter multinacional, dónde el cometido principal será conseguir acuerdos o códigos de conducta internacionales, que llevarán a una negociación colectiva internacional.

Y Sexto. Reformas necesarias en el Estado del Bienestar occidental. Las continuas tasas de desempleo que pudieran llegar a ser estructurales en muchos países en los próximos años, la fuerza de trabajo escasa y de carácter discontinuo o precario, y otros factores demográficos como el incremento de la esperanza de vida y el descenso de la tasa de natalidad, nos llevará inexorablemente a asistir a cambios en nuestros sistemas de pensiones, normalmente endureciendo sus condiciones de acceso y reduciendo ciertos beneficios, con nuevas fórmulas flexibles de cálculo de prestaciones.

Como se ve, los retos a los que nos enfrentamos son muy importantes y variados, algunos de mayor calado y otros de menor impacto, pero ¿cómo una sociedad como la nuestra que se supone avanzada está reaccionando ante los mismos?

La economía española se enfrenta a la refinanciación de su elevada deuda (pública y privada) bajo la incertidumbre acerca de su creciente coste y de sus posibilidades de recuperación. En estas circunstancias, el logro de un amplio pacto social que consolide las bases del ya iniciado ajuste fiscal y acelere la puesta en marcha de las reformas imprescindibles para relanzar el crecimiento constituiría un avance muy importante. Primero, porque permitiría reducir la incertidumbre y recuperar la confianza. Segundo, porque cuanto mayor sea su credibilidad, menor será el impacto negativo del ajuste fiscal sobre el crecimiento a corto plazo. Finalmente, y lo más importante, porque estas reformas, que llevan pendientes desde hace mucho tiempo, son imprescindibles para lograr una rápida transición a una senda de crecimiento sostenible.

No obstante, si el logro de un amplio acuerdo implicara retroceder en algunas de las reformas en marcha y edulcorar otras necesarias, estaríamos ante una nueva oportunidad perdida de corregir los problemas de nuestro modelo productivo. En palabras del presidente del Gobierno: “Lo mejor es una reforma compartida… Lo peor es la no reforma por principio y, por tanto, la parálisis de la negociación o la falta de acuerdo insuperable” (Informe Económico del Presidente del Gobierno de 2010).

Por consiguiente, sin olvidar reformas de más largo alcance (sistema educativo o política energética), pensamos que el logro de un pacto social en los próximos meses debería articularse alrededor de tres pilares fundamentales: la reforma de las pensiones, la reforma de la negociación colectiva y la profundización de la reforma de la contratación laboral.

- La reforma de las pensiones. Una vez cumplido el objetivo de déficit público en 2010, y reiterado el compromiso de reducirlo al 3% en 2013, es imperativo dotar a las cuentas públicas de unas bases más sólidas a medio y largo plazo. Ante el imparable cambio demográfico, con trabajadores cada vez más longevos, el sistema público de pensiones no puede permanecer inalterado. La reforma de las pensiones debe dirigirse a controlar el aumento del gasto derivado de este cambio demográfico. Para lograrlo existen varias alternativas, entre ellas las medidas contempladas por el Gobierno para ampliar el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión y alargar la vida laboral. Pero no todas son igualmente deseables en términos de eficiencia y equidad. Las que cumplen estos requisitos son las que avanzan hacia la proporcionalidad entre las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de toda la vida laboral y la pensión, en línea con la recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo, y aquellas que consigan retrasar la edad efectiva de jubilación. Además, sería deseable mantener una cierta flexibilidad en la edad de jubilación, permitiendo el acceso a la jubilación a diferentes edades siempre y cuando se produzca el correspondiente ajuste actuarial de la pensión a percibir en función de las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral y de la esperanza de vida en el momento de la jubilación.

- La reforma de la negociación colectiva. Debe ir dirigida a configurar un marco institucional que permita incrementar la competitividad a corto plazo y el crecimiento de la productividad en el medio y largo plazo.

Lo primero se logra con un ajuste de precios y salarios (devaluación interna) que, sin reformas, será mucho más lento y doloroso. Lo segundo requiere favorecer la reasignación sectorial del empleo y la reorganización del trabajo en las empresas.

La actual regulación de la negociación colectiva produce una elevada inercia salarial que, de mantenerse, hará que la devaluación interna se produzca a un coste social muy alto. Dicha regulación también dificulta el recurso a la flexibilidad interna por parte de las empresas para limitar los efectos negativos sobre el empleo de cambios tecnológicos o variaciones en la demanda. Respecto al crecimiento de la productividad, la falta de flexibilidad interna retrasa la adopción de nuevas formas de organización del trabajo que, junto con la introducción de nuevas tecnologías, ha constituido la principal fuente de crecimiento de dicha variable recientemente en los países más avanzados.

Para superar estas deficiencias es necesaria una regulación que, respetando la autonomía negociadora de los agentes sociales, permita adaptar los convenios colectivos a la realidad económica. Para ello es necesario separar los aspectos más permanentes de las relaciones laborales, como por ejemplo las normas relativas a seguridad e higiene en el trabajo, que deberían negociarse en convenios de sector de ámbito estatal o autonómico con eficacia jurídica normativa, de aquellos que permiten a la empresa adaptarse a la situación externa, como salarios, funciones, horarios, etc. Estos deben tratarse en convenios de empresa o superior, pero en todo caso restringiendo su eficacia a las empresas representadas en la mesa negociadora y permitiendo a las empresas individuales y a sus trabajadores negociar acuerdos diferentes si lo desean. Con ello se alcanzaría una estructura y articulación de la negociación colectiva mucho más coherente con la nueva realidad económica.

- La profundización de la reforma de la contratación laboral. La reforma laboral aprobada recientemente se centró principalmente en introducir cambios en las condiciones de contratación laboral y en las causas y procedimientos de los despidos por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o productivas), a fin de reducir la segmentación entre trabajadores con contratos indefinidos y temporales. Aparte de que las medidas adoptadas fueron parciales e insuficientes, desde entonces se ha anunciado un proyecto de Real Decreto que, con el pretexto de aclarar los criterios de aplicación de los despidos colectivos y reforzar los ajustes vía suspensión temporal de empleo o reducción de jornada, da marcha atrás en algunos de los pocos aspectos positivos de esta reforma. Estos cambios apuntan a que la negociación del pacto social camina en dirección contraria a la de una verdadera reforma de la contratación que eliminara, de una vez por todas, la injusta segmentación de nuestro mercado laboral, sin afectar sustantivamente al nivel medio de protección al trabajador. En este sentido, reiteramos que solo con una reforma que promueva una indemnización por despido creciente con la antigüedad para todas las nuevas contrataciones se conseguirá eliminar la lacra, en términos económicos y sociales, que acarrea la dualidad en nuestro mercado de trabajo y la permanente precariedad a que se condena a determinados colectivos, especialmente a los jóvenes. La próxima regulación del Fondo de Capitalización (fondo austriaco), requerido por la Ley de Reforma Laboral de septiembre de 2010, constituye una oportunidad inmejorable para enderezar el rumbo y avanzar por el camino adecuado.

España ha emergido de la recesión con un impacto sobre su mercado de trabajo mucho más severo que el experimentado por otros países europeos. Los 4,6 millones de parados así lo certifican. Por ello, no es de extrañar que la supresión, por parte del Gobierno de Zapatero, de la prestación de 426 euros a algunos de los parados que han agotado el subsidio de paro haya reavivado el debate acerca de la vulnerabilidad de los hogares españoles en la presente coyuntura. ¿Hasta qué punto se encuentran en una situación distinta a la vivida en otras crisis anteriores? Las elevadas tasas de ahorro existentes, muy por encima de las de los años previos a la recesión, ¿indican una mayor vulnerabilidad familiar? O, por el contrario, ¿reflejan la incertidumbre sobre el futuro? Sin ánimo de ofrecer una visión distorsionada de la dureza de la situación actual, me parece que es preciso evaluar tanto la exposición de las familias españolas al deterioro del mercado de trabajo como el impacto de la supresión de aquella prestación de mínimos.

Para ello, vayan por delante algunos datos que a menudo se olvidan. En primer lugar, España contaba con cerca de 1,8 millones de desempleados antes del estallido de la crisis (casi el 8% de la población en edad de trabajar). La crisis ha añadido 2,7 millones, una cifra muy elevada, pero notablemente inferior a los 4,5 millones hoy existentes. Además del total de nuevos desempleados, hay que separar los cerca de 700.000 que no se encontraban en el mercado de trabajo al final de la expansión, que se incorporaron en el 2008 y que, por tanto, no han encontrado empleo.

El verdadero impacto de la crisis son, pues, los dos millones de puestos de trabajo destruidos, una cifra equivalente a cerca del 10% de los ocupados a finales del 2007. ¿Cómo hay que ubicar esta caída? Las experiencias de crisis anteriores sugieren que el ajuste laboral que hemos experimentado en esta recesión ha sido muy intenso y muy rápido. Y que las caídas de empleo, de mantenerse este en los actuales niveles, parece que se van a situar en valores similares a los observados entre 1978 y 1985 y por encima del ajuste de 1992-94. Así, en la crisis energética de la primera mitad de los 80, se perdieron cerca de 1,2 millones de empleos (alrededor del 10%). Y en la de los primeros 90, pasamos de 13 millones de ocupados en 1991 a los 12 de 1994 (un retroceso en torno al 8%).

La situación actual, por tanto, no es excepcional. Además, aun siendo cierto que hemos destruido unos dos millones de empleos, no lo es menos que partíamos de un nivel de ocupación jamás alcanzado, cercano a los 20 millones. La variable realmente relevante es el número de ocupados por hogar, y en esta ratio, a pesar de la crisis, hemos mejorado. Así, mientras que en 1995, al salir de la recesión anterior, teníamos 12 millones de empleados y 12 millones de familias, hoy aquella ratio ha mejorado, tanto porque hay más ocupados que hogares (más de 18 millones de empleados por 17 millones de familias), como porque el tamaño medio de estos es menor. Por tanto, mayor capacidad de aguante de nuestras familias.

Esa mayor resistencia se contrapone con la mayor vulnerabilidad de un colectivo en paro cuyas prestaciones van extinguiéndose. Y que muestra una preocupante tendencia a la cronificación: una parte creciente de los parados llevan en esta situación entre seis meses y un año (casi el 20%) y, en especial, entre uno y dos años (otro 30%). En este contexto, no parece muy adecuada la supresión de la prestación de los 426 euros a un colectivo que, de por sí, ya se había reducido al exigirse determinadas condiciones para su percepción. Por otra parte, la tesis que anida tras esta supresión, aunque permite reducir algo el gasto público, no parece cumplirse en la España actual: el problema del desempleo no es hoy, en lo fundamental, el resultado de la falta de voluntad de los parados para encontrar ocupación, sino de un aumento neto de empleo prácticamente nulo. Para agravar la situación, hay que recordar, como señalaba hace unos días el Banco de España, que una parte no menor de los parados, en torno al 40%, se encuentra en hogares donde no hay ningún activo ocupado.

Unas familias algo más resistentes a la crisis, con mayor empleo por hogar que en anteriores recesiones, y en hogares de menores dimensiones, y una cronificación del paro definen una de las más duras dualidades del mercado laboral español. Esa dualidad debe permitir no dejarnos llevar en exceso por el pesimismo, y recordar que situaciones como estas ya las hemos superado en el pasado, aunque ello nos llevó un cierto número de años. Pero también hay que destacar que el problema del paro estructural no va a desaparecer con la supresión de esa ayuda de subsistencia.

Esta medida va en contra del pacto que el país ha de vertebrar para abordar los próximos años. Dados los duros ajustes que estamos padeciendo, y los que sin duda deberemos abordar en el futuro, parece deseable forjar un amplio acuerdo que distribuya los costes. La supresión de los 426 euros no parece que vaya a ayudar a tejerlo. Es un error que deberíamos corregir.

Es imposible efectuar una reducción significativa de los déficit venideros de nuestro sistema de pensiones sin elevar cuanto antes la edad legal de jubilación. Esto es así, en primer lugar, porque esta variable afecta automáticamente tanto a los ingresos (aumentando el número de activos) como a los gastos (reduciendo el número de años de percepción de la pensión). En segundo lugar, porque una vez que se decrete dicho aumento su instrumentación se ha de hacer gradualmente, a fin de suavizar todo lo posible el impacto de esta medida sobre las personas de edades más cercanas a la jubilación legal. En tercer lugar, porque las imprescindibles modificaciones de los determinantes de la cuantía de la pensión para reducir el enorme déficit latente de la Seguridad Social han de ser también sustanciales y, por ende, se deben instrumentar también gradualmente, y sólo si se combinan con el gradual aumento de la edad legal de jubilación se conseguirá que dicha reducción sea suficientemente significativa. Por último, y más decisivo hoy que todo lo anterior, el aumento de la edad legal de jubilación es urgente e ineludible porque, tras el fiasco de la reforma laboral, tanto las instituciones internacionales como los mercados financieros consideran que este movimiento es quizá el único que puede impedir el derrumbe irremediable de la credibilidad de la política de ajuste del Gobierno.

Las objeciones al aumento de la edad legal de jubilación son difícilmente justificables. Así, por ejemplo, para cuestionar la eficacia de dicha medida se señala que la tasa de empleo en nuestro país de los trabajadores en el entorno de la edad de jubilación es mucho más baja que la de otros países (la tasa de empleo de las personas entre 50 y 64 años en España es algo superior al 30%, mientras que en la UE supera el 50% y en Estados Unidos se acerca al 70%). Esta baja tasa es, en parte, atribuible a los incentivos a la jubilación anticipada y, en parte, a la concentración de muchos ajustes de plantilla en trabajadores cercanos a la edad de jubilación, de manera que puedan combinar las indemnizaciones por despido con el subsidio de paro hasta alcanzar dicha edad. Pero sea cual sea la tasa de empleo y actividad en el entorno de la edad actual de jubilación, sigue siendo cierto que el aumento de dicha edad supone automáticamente aumentar los ingresos y reducir los gastos del sistema frente a los resultantes de mantener la situación vigente.

Los múltiples incentivos a la jubilación anticipada y otras distorsiones del mercado de trabajo son la causa fundamental de que la edad de jubilación efectiva se sitúe en España alrededor de tres años por debajo de la edad legal. Este hecho sirve de apoyo a otra objeción a la subida de la edad legal de jubilación: que antes de adoptar dicha medida habría que concentrarse en igualar la edad efectiva a la edad legal actual. Desafortunadamente, dada la magnitud de los desequilibrios de nuestro sistema de pensiones, ambas medidas, la eliminación de los incentivos a la prejubilación y el aumento de la edad legal, son necesarias. Otro pseudoargumento relacionado con el anterior es que dichas medidas afectarían negativamente al empleo de los trabajadores de menos edad. Las estadísticas laborales, sin embargo, muestran contundentemente que las variaciones de la tasa de empleo de los trabajadores de entre 16 y 49 años están positiva y altamente correlacionadas con la tasa de empleo de los trabajadores entre 60 y 64 años de manera que los aumentos (disminuciones) de esta última están sistemáticamente asociados con aumentos (disminuciones) de la primera.

Otra objeción que se aduce para no subir la edad legal de jubilación es que la modificación de los determinantes de la cuantía de la pensión, estableciendo una mayor proporcionalidad de la que hoy existe entre la pensión percibida y las cotizaciones efectuadas a lo largo de toda la vida laboral llevará de por sí a un aumento voluntario de la edad de jubilación por encima de la actual edad legal. Si esto es cierto, y si se modifican adecuadamente los citados determinantes de la cuantía de la pensión lo es, entonces, ¿por qué oponerse a subir la edad de jubilación si al final coincidiría con el aumento voluntario de dicha edad? Además, si como consecuencia de dicha modificación la jubilación efectiva de la mayoría de los trabajadores termina siendo superior a la edad legal de jubilación, sería una fuente de frustración mantener el referente de una edad a la que casi nadie se podrá jubilar. En cualquier caso, se ha de consignar de nuevo que la cuantía de los déficit venideros de las cuentas de nuestra Seguridad Social exige tanto el aumento de la contributividad del sistema como el de la edad legal de jubilación.

Otra medida que se propone para evadir el aumento de la edad legal de jubilación es permitir la coexistencia de la percepción de la pensión con seguir en activo. Esta medida no sólo no es una alternativa a subir la edad legal de jubilación, sino que puede incluso ser contraproducente para el sistema si al mismo tiempo no se aumenta sustancialmente dicha edad legal. En ausencia de dicho aumento, dicha medida no reduciría, de hecho podría incluso aumentar, el número de años de percepción de la pensión, con lo que se anularía el aumento de ingresos conseguidos con el incremento del número de activos. Esto es así porque incentivaría a que se acogieran a la jubilación a los 65 años un mayor número de personas que en la actualidad, ya que podrían compatibilizar la percepción de la pensión con seguir en activo.

Más estrambótico aún que los argumentos anteriores contra la subida de la edad legal de la jubilación es considerar que dicha medida sería injusta para los trabajadores. ¿Para qué trabajadores? Ciertamente no para los que tienen menos de 55 años, porque para todos ellos, tanto más cuanto más jóvenes sean, la cuantía de sus pensiones será tanto menor cuanto más tímida sea la reforma del sistema y más se tarde en instrumentarla. En cuanto a los trabajadores más cercanos a la edad de jubilación, tiene tanto sentido decir que la subida de la edad legal es una medida injusta para ellos como decir que es injusto que se jubilen en condiciones mucho más generosas que los trabajadores que lo harán en el futuro. Dicho esto, en ausencia de una reforma profunda del sistema de pensiones que reduzca sustancialmente los déficit latentes del mismo, todos los pensionistas están inexorablemente condenados a sufrir antes o después, como mínimo, un recorte real de sus pensiones, esto es, a periodos de congelación o de subida de las mismas por debajo de la inflación registrada en dichos periodos.

Quizá más importante que todo lo anterior, la edad legal de jubilación debe subir porque opera como una suerte de cronómetro que fragua las expectativas de vida laboral que albergan los trabajadores. Desgraciadamente, el recorrido de este reloj que debería actualizarse con los cambios biológicos de la esperanza de vida se ha parado marcando los tiempos de una edad pasada en la que la mayoría de los individuos empezaban a trabajar entre los 15 y los 20 años y fallecían con poco más de 65 años. Las vidas laborales de los que se están ya jubilando hoy y, sobre todo, las de los que se jubilarán en los próximos años, han empezado más tarde que las de quienes se jubilaron ayer. Además, la esperanza de vida después de los 65 años ha registrado un aumento descomunal sobre los promedios existentes cuando se creó el sistema y aumentará aún mucho más en los años venideros. No tiene sentido seguir enviando el mensaje a las personas por debajo de los 45 años, cuya esperanza de vida está cerca de los 90 años y previsiblemente será aún mayor cuando alcancen los 65 años, de que se jubilarán a una edad en la que tendrán por delante casi tantos años de vida como han trabajado.

Es la combinación de esta realidad biológica con la evolución pasada de la tasa de natalidad, y no las buenas intenciones del legislador de turno, lo que en un sistema de reparto determina en última instancia el montante de la renta que se puede extraer de quienes trabajan para cubrir las necesidades de quienes dejan de contribuir a la producción de bienes y servicios de la sociedad.

Los críticos de la reforma laboral en España, y entre ellos de modo especial los sindicatos, dan por supuesto que cualquier iniciativa que otorgue más poder de decisión discrecional al empresario será lesiva para los intereses de los trabajadores.

Sin embargo, la reforma laboral no predetermina las decisiones de empleo, organización del trabajo, políticas de recursos humanos…, de las empresas; solo ofrece un mayor margen para responder a contingencias que afectan a su actividad productiva y comercial. Aumentar el margen de ajuste ante lo imprevisto significa más flexibilidad y más capacidad de adaptación a entornos cambiantes. Eliminar restricciones y aumentar el conjunto de alternativas factibles no puede empeorar los resultados conjuntos para empresarios y trabajadores, en comparación con los que se consiguen en contextos de mayor rigidez. La desconfianza y el rechazo a la reforma laboral se explican solo a partir de la anticipación de cómo se repartirá la riqueza creada y, en particular, porque los sindicatos anticipan que el reparto perjudicará a los trabajadores.

Los defensores de la reforma laboral, en cambio, destacan las potenciales ventajas de una mayor flexibilidad en las empresas y afirman que la colaboración y negociación descentralizada entre empresarios y trabajadores, que promueve la reforma, redunde en mayor riqueza para todos. ¿Existen argumentos convincentes de que la mayor libertad negociadora que ofrece la ley, abre oportunidades para encontrar soluciones organizativas, salarios y condiciones de trabajo que no solo mejoren la rentabilidad del capital sino que también aumenten el bienestar de los trabajadores? En principio, la repuesta es afirmativa. Por un lado, la investigación académica en organización de empresas ha demostrado que un funcionamiento interno con más participación de los trabajadores hace a las empresas más productivas y rentables, a la vez que se favorece la autorrealización de los empleados. Entre los líderes empresariales y comentaristas es frecuente escuchar manifestaciones sobre el carácter estratégico de los recursos humanos y su valor para la empresa, algo que sería contradictorio con la predisposición a privar a los trabajadores de participar de las ganancias de un funcionamiento más eficiente.

Aceptando que existen fundamentos que avalan que una gestión empresarial más alineada con los intereses de los trabajadores es no solo una exigencia desde la equidad sino también una condición para reforzar la competitividad de las empresas, el debate social debería centrarse en identificar cuáles son los factores institucionales que emergen como obstáculos para pasar de la situación actual de desconfianza a otra de colaboración interesada.

La negociación entre empresarios y trabajadores en las empresas siempre está abierta, con o sin ley laboral. Sin embargo, que exista norma o no, resulta relevante para los términos del acuerdo final. Empresarios y trabajadores, cuando negocian, saben que si la negociación termina sin acuerdo y existe una norma que regula la relación laboral, entonces se aplicará lo que dice la norma. Por otra parte, si no hay una norma concreta que regule los términos de la relación, en caso de que la negociación se rompiera, en principio, le corresponderá al empresario tomar la decisión final. Una reforma liberalizadora y que fomenta la colaboración negociada entre empresarios y trabajadores, aumenta la autoridad del empresario en la medida en que si no hay acuerdo con los trabajadores, el empresario tiene más margen para tomar decisiones relativamente favorables a sus intereses. Y como es bien sabido, a partir de los modelos de negociación, si una de las partes mejora y otra empeora en el nuevo punto de ruptura de la negociación, en el acuerdo al que se llegará quien mejora en el punto de ruptura también mejora en el reparto final. Es en este sentido que resulta legítimo afirmar que la flexibilidad interna que resulta de eliminar normas y ampliar el margen de negociación entre empresarios y trabajadores, beneficia a los empresarios.

Consciente de esta realidad, el legislador ha tratado de limitar ese poder del empresario remitiendo a un tercero, el juez, la decisión sobre qué hacer en caso de no llegar a un acuerdo en la negociación dentro de la empresa. El problema está en que el juez desconocerá muchos aspectos de la empresa; y hasta que llegue a comprenderlos la decisión se retrasa, perdiéndose buena parte de las ventajas de la deseada flexibilidad. Idealmente, la limitación de la autoridad por el empresario cuando decide qué hacer si no hay acuerdo con los trabajadores, debería surgir de su propia iniciativa, ajustándose a las condiciones de cada empresa. Que eso ocurra no es impensable, y no por razones de altruismo o generosidad sino porque, en un entorno dinámico, renunciar hoy al ejercicio de la autoridad y a sus beneficios inmediatos, es una estrategia inteligente para conseguir mayores beneficios en el futuro a través de una mayor implicación de los trabajadores con la empresa. Por eso las iniciativas a considerar para facilitar la colaboración sindical en la empresa pasan no por debilitar sino por fortalecer la posición de los trabajadores.

Avanzar en la reforma laboral en España significa, por tanto, desarrollar mecanismos para la relación entre trabajadores y empresarios que equilibren las relaciones de poder entre ambos y gestionen mejor los intereses en conflicto. Hay experiencias internacionales interesantes. El modelo de “capitalismo compartido” ampliamente extendido entre las empresas de países como Suecia, Alemania, Japón y Estados Unidos, se ha construido sobre la base de la transparencia y participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa y vincular una parte de su retribución a los beneficios de la misma. El capitalismo compartido combina una cesión de poder de los empresarios hacia los trabajadores en la empresa, con la participación de todos en las decisiones y en sus resultados. Esta cesión limita los riesgos de un mal resultado en la negociación para los trabajadores; con la participación en las decisiones se aprovechan las competencias y capacidades y se acelera la respuesta ante los cambios. La participación en los beneficios refuerza la corresponsabilidad y el compromiso con la organización.

La penetración del capitalismo compartido en España requiere enriquecer la agenda de la negociación colectiva incorporando nuevas dimensiones al debate tradicional de salarios y reducción de jornada laboral. También ayudaría que desde el Gobierno se implantaran estímulos fiscales premiando a aquellas empresas que pongan en marcha sistemas de participación en beneficios para sus trabajadores. La participación en beneficios solo es viable desde la transparencia y la fiabilidad de las cuentas de resultados de las empresas y la transparencia es, por sí misma, un gran paso en la dirección adecuada.

En suma, el cambio de modelo productivo no es solo una cuestión de qué sectores productivos deben potenciarse como motores del crecimiento. Es preciso, además, avanzar hacia nuevas formas de organizar la producción y el trabajo que potencien la inversión en capital humano y permitan aprovechar el talento de todos los trabajadores. La posición del empresario se debe reforzar reconociéndole capacidad de decisión cuando está más informado y asume los riesgos de la actividad emprendedora. Pero está en el interés del propio empresario crear un marco de relaciones laborales que autolimite el ejercicio de ese poder para reforzar la confianza de los trabajadores. El empresario se beneficia con la liberalización del mercado laboral y por ello es razonable pedirle que dé los primeros pasos para convencer a la sociedad de que el ejercicio de esa autoridad redundará en beneficio para todos.

Vivimos en una época de mensajes simplificados y de problemas complejos. Simplificar es una de las maneras de no decir la verdad, de analizar solo la parte que nos interesa de una cuestión, es decir, en el fondo, una opción ideológica. Es lo contrario de sintetizar, cuando se tienen en cuenta el mayor número posible de elementos de la realidad. En el actual debate español -y europeo- se está simplificando en exceso, siempre en la dirección de concretos intereses.

Primera simplificación. El mayor paro español obedece a nuestro mercado laboral: despido caro, rigidez de la negociación colectiva, excesiva temporalidad; etcétera. Luego, modifiquemos las leyes que rigen el mercado laboral, es decir, abaratemos el despido, permitamos que las empresas se descuelguen de los convenios, etcétera y en el futuro se creará más empleo… cuando crezca la economía.

Me temo que nos vamos a llevar una desilusión porque la causa de nuestros males no está en el mercado laboral, que es siempre consecuencia y no causa, sino en nuestro sistema productivo. La prueba es que con este mercado laboral hemos estado cerca del pleno empleo y aun hoy hay comunidades autónomas con el mismo desempleo que en Europa. El problema lo tenemos en un modelo económico deficiente en aspectos relevantes que, con el desmadre del ladrillo, se ha desatinado aún más.

Lo que convendría preguntarse es por qué, con las mismas leyes laborales, en Canarias y Andalucía, hay cerca de un 30% de paro; en Extremadura, Murcia, Valencia, más de un 20%, y, sin embargo, en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Aragón y Asturias entre un 10% y un 14%, similar al desempleo europeo. Quizá esta diferencia radique en que en ciertas zonas de España hay un tejido productivo más sólido y en otras, en cambio, más volátil por el peso excesivo de la construcción o la hostelería.

La pérdida de empleo se ha debido al impacto de la crisis y a que era insostenible construir cerca de 900.000 viviendas al año. El exceso de temporalidad obedece a que por la naturaleza de esos sectores la mayor parte de la mano de obra es temporal: cuando la obra termina finiquita el trabajo; en temporada baja, escasea el empleo en la hostelería. Fenómeno que se acentúa, en nuestro caso, por el abuso de la subcontratación.

Y esto no es un problema del mercado de trabajo, sino que tenemos que cambiar nuestro modelo productivo. Tema más complejo que sacar una ley, más lento y, sobre todo, que afecta a nuestro tipo de empresarios, con un 95% de pymes. Afecta a nuestro retraso en I+D+i, a una mentalidad proclive a la ganancia rápida y a que habría exigido un gran acuerdo económico-social.

Segunda simplificación. El necesario aumento de la productividad española depende de que se trabaje más. Incluso algún empresario, con sus empresas en ruina, ha añadido: y que se gane menos.

¿Realmente sabemos de cuántos factores depende la productividad? Son múltiples y de gran complejidad. De entrada, los que influyen en el conjunto del sistema: nivel de formación y tecnológico, infraestructuras, eficacia de la administración, calidad del mercado, etcétera. Luego, los elementos propios del sector de la producción de que se trate -no son los mismos los que intervienen en la construcción que en la biotecnología, y, más adelante, conviene fijarse en los que inciden en la empresa en cuestión- aspectos organizativos, productivos, de diseño, calidad… También hay que tener en cuenta la sección o departamento de cada empresa y, por último, las habilidades, formación y estímulo -esto es muy importante- de cada trabajador en concreto.

Pues bien, en todo este recorrido, la parte de la productividad que depende del empleado es menor, aunque varía según el sector productivo. La mayor parte depende de las condiciones que creen los poderes públicos y, sobre todo, las empresas. La prueba de que el problema no radica en que los españoles trabajamos poco está en que en países donde se trabaja menos horas la productividad es superior. Que yo sepa, la responsabilidad de tener organizaciones altamente productivas es de los empresarios. ¿Por qué no se generalizan acuerdos sobre productividad con participación sindical?

Tercera simplificación. El futuro sostenimiento de las pensiones depende de aumentar la edad de jubilación y/o de ampliar los años de cotización. Es una obviedad que vivimos más y que, en consecuencia, cada vez habrá más pensionistas. También es cierto que el gasto en pensiones ha crecido. Pero esto es simplificar el problema. Hace unos días escuché a la ministra de Economía comparar el gasto actual con el de hace unos años y la diferencia era importante. Lo que se omitió es cuánto había crecido la riqueza del país en ese mismo periodo. Esta es la relación relevante. Por ejemplo, en 1993 -año depresivo- el gasto en pensiones era del 10,3% del PIB; para el 2011 (año bajo del ciclo) está previsto un gasto del 10,6% del PIB -un aumento del 0,3% en 18 años-. Sin embargo, en el año 2003 -año alto del ciclo- el gasto fue del 8,8% del PIB.

¿Qué nos indican estos datos? Pues que en la sostenibilidad del sistema influyen bastante más que la edad de jubilación asuntos como el crecimiento del PIB, la productividad, la tasa de actividad, el ciclo económico, el nivel de salarios, la tasa de natalidad. ¿Por qué Francia o Suecia tienen una tasa de natalidad superior a la española? No será porque protegen mejor a las familias. Este Gobierno ha hecho mucho en este sentido pero no es suficiente.

También tenemos que preguntarnos por qué el debate se sitúa en ampliar de 65 a 67 años la edad de jubilación, cuando la edad media efectiva es de 63 años. ¿Por qué no se toman medidas para que esta media aumente? Tomando disposiciones eficaces que impidan las jubilaciones anticipadas parciales (cerca de 40.000 al año): método de aligerar plantillas a costa del gasto en pensiones. ¿Se ha calculado el efecto sobre el empleo de los jóvenes del aumento de la edad de jubilación? Todos los años se jubilan unas 270.000 personas que, en principio, hay que reponer. ¿Qué pasaría si retrasamos su salida del mercado laboral? También es lícito cuestionarse por qué hay alarma cuando gastamos alrededor de un 10% en pensiones, cuando Francia gasta un 13%.

También se habla de aumentar de 15 a 20 o más años el periodo de cotización para el cálculo de la pensión. ¿Supone esto una rebaja o un aumento de la futura pensión? Depende de la vida laboral de cada uno. En una vida laboral normal, en que uno va ganando antigüedad, categoría profesional, y salario, es evidente que ampliar el periodo reduce la pensión. Pero puede suceder que sea al revés, que los mejores años profesionales sean los más alejados de la jubilación y, en ese caso, un aumento del periodo puede beneficiar al que se jubila. Intuyo que en el cómputo global, esa medida supondría una rebaja de las pensiones, pero reconozco que este planteamiento es poco científico. En mi opinión, no es prudente, en este momento, con más de cuatro millones de parados, pasar de 65 a 67 años en la jubilación.

Hay otras medidas que se pueden tomar, mientras la economía se recupera: introducir flexibilidad, es decir, voluntariedad más allá de los 65 años; eliminar al máximo las anticipadas parciales y totales; modular el crecimiento de la cuantía media de la pensión, y dejar lo de los 66/67 años para más adelante. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las pensiones.

Comprendo que hay un gran interés en deteriorar las pensiones públicas y fomentar las privadas. Estoy convencido de que no es esta la posición del Gobierno, aunque nunca entendí por qué se rebajaban las pensiones -menos las mínimas- en el 2011, cuando ello no afecta ni al déficit ni a la deuda y, además, supone una cantidad menor en el desmadre de la crisis.

Depuis très longtemps les économistes ont reconnu que le marché du travail n’est pas un marché comme les autres. Ce qui s’y vend est quelque chose de très spécial: le temps et l’effort d’individus qui pensent. Expliciter précisément comment cet aspect peut être pris en compte demandait une bonne dose d’imagination. C’est ce qu’ont fait Peter Diamond, Dale Mortensen et Chris Pissarides.

Peter Diamond a été l’un des premiers à s’intéresser à un phénomène très général. La fable des marchés dits parfaits, ceux où demande et offre sont confrontées de manière automatique, a toujours été perçue comme une simplification commode mais largement irréaliste. Dans de très nombreux cas, vendeurs et acheteurs manquent d’information les uns sur les autres; il leur faut alors consacrer du temps et de l’argent pour examiner le maximum d’opportunités, tout en sachant qu’il leur sera impossible de tout savoir. Au bout d’un moment, il faut bien passer à l’acte, au risque de se tromper. Diamond a décrit cette situation comme une source de «frictions» qui font que des transactions ont lieu sans que demande et offre ne s’équilibrent, et que des prix différents sont observés simultanément sur un même marché. Il a aussi montré que cette situation caractérise de nombreuses situations, aussi diverses que l’immobilier, les mariages et l’emploi.

Dale Mortensen et Chris Pissarides ont suivi un chemin en sens inverse. Tous deux ont cherché à comprendre comment employeurs et employés se rencontraient: comment un employeur décide d’embaucher un employé tout en sachant qu’il doit exister des dizaines ou des centaines de personnes qui correspondent tout autant ou mieux au poste en question, comment un employé choisit une offre d’emploi sachant qu’il y a sans doute d’autres postes autant, peut-être même plus intéressants, et comment employeur et employé se mettent d’accord sur un salaire et sur les conditions de travail. Mortensen et Pissarides ont rapidement reconnu, chacun de leur côté, que ces aspects peuvent être analysés au moyen de la théorie des frictions développée par Diamond.

D’après le Seco, il y avait au mois de septembre 18 457 places vacantes annoncées en Suisse et 140 040 chômeurs inscrits. Pourquoi peut-il y avoir tant de postes sans preneur alors que tant de gens sont au chômage et à la recherche d’un emploi? Cette question avait été posée par l’économiste William Beveridge au début du XXe siècle. La théorie des frictions apporte une réponse. Elle décrit un poste à la recherche d’un employé et un chômeur à la recherche d’un poste. Ces «gens» se rencontrent et s’examinent tout en rencontrant et examinant d’autres «partenaires». Ce processus est coûteux et long, il ne peut donc pas être poursuivi jusqu’à trouver l’accord parfait. Des contrats devront donc être rompus et la recherche recommencée. Un aspect intéressant est que poste et chômeur s’inquiètent de leurs propres concurrents et sont amenés à se décider plus ou moins vite en fonction de la pression qu’ils perçoivent. De là découlent plusieurs conclusions importantes.

Tout d’abord, à chaque instant il y a forcément des gens qui cherchent un emploi. Le chômage zéro n’existe donc pas. Toute la question est alors de comprendre ce qui détermine à un moment donné le taux de chômage observé.

La réponse reconnaît que les accords dépendent de la conjoncture économique. En période de croissance rapide, il y a beaucoup de postes à la recherche d’employés potentiels et peu de chômeurs. Les entreprises ne peuvent pas se payer le luxe d’être trop sélectives et embauchent rapidement. Les chômeurs, eux, peuvent se permettre de se montrer difficiles et de demander des salaires élevés. A l’inverse, en période de ralentissement économique, les postes vacants sont rares et les chômeurs sont nombreux. Bien évidemment les exigences des entreprises seront plus élevées et les salaires plus modestes. Le rapport entre chômeurs et postes vacants apparaît comme un indicateur important des conditions sur le marché de l’emploi. En septembre dernier, il était de 7,9 chômeurs par poste vacant, contre 7,6 en 2008.

Un résultat central est la notion, parfois perçue comme choquante, d’un niveau de chômage «naturel». C’est celui qui émerge dans les périodes «normales», quand il n’y a ni boom économique, ni récession. En Suisse, le taux naturel se situe sans doute aux alentours de 3,4%. Admettre qu’un tel taux est «naturel» ne signifie pas qu’il faille s’y résigner. C’est sur ce point que les travaux récompensés par le prix Nobel apportent les plus riches conclusions, qui se heurtent parfois à une forte hostilité de la part de ceux qui ont tout à y gagner. On ne peut qu’espérer que ce prix aura un effet pédagogique.

Si les frictions, et donc un taux de chômage naturel non nul, sont inévitables, elles peuvent être plus ou moins importantes. Les réduire est donc hautement désirable. C’est le thème de la fluidité du marché du travail. Une première solution, qui ne rebute personne, est d’améliorer l’information pour que postes et chômeurs soient mieux informés. Dans nos sociétés saturées d’information, cependant, cette source de frictions est probablement très secondaire. Une autre voie est d’encourager une conclusion plus rapide des contacts, même si l’adéquation n’est pas parfaite. Autrement dit, il faudrait réduire les hésitations des employeurs et des employés.

Côté employeurs, les entreprises hésitent d’autant plus à embaucher qu’il leur est difficile de corriger par la suite une erreur, si elles en ont commis une. Vu sous cet angle, les mesures de protection des emplois – les restrictions au licenciement et l’encadrement des contrats temporaires – se retournent contre leur objectif et deviennent une source d’augmentation du chômage. Non seulement ces mesures ont un effet négatif indirect sur l’emploi, mais l’effet direct escompté, réduire les licenciements durant une récession, n’est pas atteint car les entreprises hésitent alors à embaucher durant les périodes de croissance rapide. De nombreux travaux empiriques ont confirmé cette conjecture a priori paradoxale.

Côté employés, on peut espérer qu’en l’absence de frictions, chacun trouve un emploi qui correspond parfaitement à ses aspirations. Mais l’existence de frictions fait que ce ne sera pas toujours le cas et qu’il faudra s’y reprendre à plusieurs fois pour se rapprocher de cette situation idéale. Si le marché est fluide, un passage par la case chômage ne devrait être ni long, ni traumatisant. Pour cela, il faut que les contacts poste-chômeur, et leur concrétisation sous forme d’embauches, se produisent rapidement. Cela demande que ceux qui recherchent un emploi ne soient pas trop sélectifs, quitte à ce qu’ils reprennent leur recherche si leur nouvel emploi ne leur convient pas. Tout ce qui encourage la sélectivité est source de friction, et c’est en particulier le cas de la capacité à attendre l’emploi idéal en restant au chômage. Cette observation conduit inévitablement à considérer que des allocations de chômage élevées et durables, indispensables pour atténuer le choc d’une perte d’emploi, ont un effet secondaire négatif, et sont une source d’accroissement du chômage. C’est pour cette raison que de nombreux pays – la Suède offre un exemple abouti – ont raccourci la durée des allocations de chômage et ne permettent pas aux chômeurs de refuser plus de deux ou trois offres.

Ces exemples, que l’on pourrait multiplier tant la matière est riche, illustrent l’importance pratique des travaux de Diamond, Mortensen et Pissarides. En fait, ces travaux ont déjà profondément affecté l’action des pouvoirs publics un peu partout dans le monde. Le reflux du chômage naturel ces vingt dernières années – donc en ignorant l’explosion actuelle du chômage due à la crise et non aux frictions du marché du travail – a déjà récompensé ces chercheurs.

La financiación autonómica es un laberinto. Y lo peor es que cada vez que se retoca por algún motivo, el cambio consiste en añadir un pasillo más al laberinto previo, haciéndolo más complicado e ininteligible aún para el común de los mortales. Esta observación del profesor Monasterio Escudero viene especialmente a cuento cuando se intenta analizar y explicar el reciente acuerdo de transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca de las políticas activas de empleo, según pacto arrancado por un PNV exultante a un Gobierno del PSOE en horas bajas. Porque tanto se ha escrito sobre el contenido y consecuencias de ese acuerdo que, ciertamente, nadie parece muy seguro de su alcance: ¿rompe la llamada caja única de la Seguridad Social? ¿Privilegia al desempleado vasco con respecto al español? ¿Es un chollo para Euskadi? ¿Tiene alguna lógica en un sistema autonómico federalizante como el hispano?

Si queremos orientarnos en el laberinto, lo más conveniente es empezar por el principio. Es sabido que el País Vasco (y Navarra) gozan de un sistema peculiar de contribución a las cargas comunes del Estado, el llamado sistema foral o de Concierto Económico (Convenio en Navarra). Un sistema típicamente confederal en su inspiración y que fiscalmente asemeja a estos territorios más a un Estado soberano que a uno integrado en una federación. Y que produce resultados muy concretos: el sistema de Concierto beneficia al País Vasco, puesto que es un sistema que proporciona en forma automática mayores recursos a la región que lo utilice si esta es una de elevado nivel comparativo de renta. Ello porque le permite apropiarse de buena parte de los beneficios recaudatorios derivados de la progresividad del sistema impositivo.

Ahora bien, además y aparte de esta primera característica del sistema de Concierto, sucede que la forma concreta en que se calculó en su día el “cupo”, es decir, la cantidad que el País Vasco abona al Estado como contraprestación por las competencias retenidas por este, fue groseramente desviada de la realidad. No tanto en el porcentaje de contribución que se asigna al País Vasco (el 6,24%) como en la valoración que se hizo en su día de las competencias transferidas/no transferidas. Esta desviación provoca que el rendimiento del sistema de concierto proporcione una increíble ventaja para la Administración vasca, que según estimaciones objetivas y fiables dispone de un nivel de financiación pública per cápita para iguales competencias que otras CC AA (sanidad y enseñanza) que es el 165 en relación al medio español de 100 (Ignacio Zubiri, datos de 2002).

Por esta razón, se produce el pasmoso hecho de que en las Balanzas Fiscales presentadas en 2009 por el Ministerio de Hacienda, Euskadi muestre un saldoequilibrado (ni contribuye ni recibe) a pesar de que dada su renta debería mostrar un saldo fuertemente negativo, como les sucede a las CC AA “ricas” (Madrid, Cataluña, Baleares). El privilegio vasco, en definitiva, es no tener que participar del coste de la solidaridad interpersonal e interregional en España.

Pues bien, en este marco general se ha producido el traspaso de las citadas PAE, que incluyen entre otras competencias y a lo que ahora nos interesa, las referentes a las bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social por contrataciones indefinidas y de cuotas de formación profesional. Y la valoración de esta transferencia se ha realizado, esto es lo importante, por el mecanismo concertado; es decir, el País Vasco recibirá el 6,24% del presupuesto español total para estas bonificaciones o descuentos (178 millones sobre el presupuesto total de 2010 que es de 2.850 millones) y reintegrará con ese dinero a la Seguridad Social el importe real de las bonificaciones concedidas a empresas radicadas en Euskadi, siempre de acuerdo con la legislación general al respecto. Lo llamativo del sistema adoptado (impuesto al Gobierno por el PNV) es que la transferencia se valora apriorísticamente en un porcentaje concreto (el 6,24%), a pesar de que ese porcentaje no guarda relación alguna con la materia de que se trata (el 6,24% representa el peso de la economía vasca en España). En efecto, el volumen de las bonificaciones otorgadas a empresas vascas depende solo del número de contratos bonificados que estas empresas realicen, el cual no coincide con toda seguridad con el 6,24% del total de contratos bonificados a nivel nacional. Puede ser más o menos, casi con seguridad más por ser una región dinámica en creación de empleo fijo, pero desde luego no es el 6,24%.

¿Supone ello una ruptura del principio llamado de caja única de la Seguridad Social? Ni por asomo. Para la Seguridad Social no cambia absolutamente nada, salvo que el reintegro de las bonificaciones otorgadas la efectuará la Comunidad en lugar del Estado. Sus flujos y cuentas no cambian. ¿Entraña un privilegio substantivo para el País Vasco o para el desempleado vasco? Tampoco, por lo menos en principio. Es más, probablemente supondrá un perjuicio para las arcas vascas puesto que con el 6,24% del presupuesto español total de bonificaciones y reducciones de cuota (unos 174 millones) no les llegará para financiar todas las que efectivamente se realizan en Euskadi (aunque la Seguridad Social se niega denodadamente a facilitar el dato, hay consenso en que se producen por valor de 200 millones como mínimo).

Solo en cuanto a ciertos servicios indirectos de apoyo al empleo puede hablarse de beneficio en forma de sobrefinanciación, puesto que con solo un 2,36% de los parados españoles, Euskadi recibe el 6,24% del coste de esos servicios. Pero son de escasa importancia.

Entonces, ¿quién es el perjudicado? Pues, en el fondo, lo son tanto el sentido común como el sentido federal. Por una sencilla razón: porque se entrega con criterios territoriales al País Vasco una competencia que por definición responde a criterios personales. Exactamente como si se estableciera en España un fondo de ayuda para madres solteras y se aceptase que al País Vasco le corresponde el 6,24% de ese fondo, con independencia de cuántas madres de esa condición existieran en Euskadi, fuese el 10% o el 2% del total, incluso si no existiera ninguna. Absurdo.

Se ha llegado a decir, conciliadoramente, que el sistema podría generalizarse a todas las CC AA. Sería ciertamente milagroso, porque generaría un caos total. Sería como repartir las ayudas para plantar manzanos en función del número de cerdos de cada Comunidad. Ríanse, pero algo así sería el sistema (?).

Pero entonces, si la transferencia va a suponer incluso un pequeño coste financiero para Euskadi, ¿por qué el PNV la ha exigido así? Opino que, en primer lugar, ha sido precisamente por lo que dicen sus portavoces: “por el fuero”. Y es que para los nacionalistas es de relevancia suma, simbólica y política, que todos los flujos financieros o económicos entre España y el País Vasco se sujeten al inflexible criterio numérico concertado. Porque es un criterio confederal, bilateral, propio de territorios cuasiseparados e independientes. Mantener ese peaje siempre y en todo asunto es importante porque graba a fuego la singularidad. En un sentido figurado, el hacer pasar todos los flujos por el criterio territorial del 6,24% es tan importante para los nacionalistas como lo fue durante toda la Edad Moderna el que hubiera unas aduanas entre Castilla y las provincias, y no en la costa como en el resto de territorios.

Pero hay una segunda razón, muy relevante para el PNV en su situación política actual en Euskadi: la de hacer morder el polvo al lehendakari socialista, la de poder señalarle como el presidente que estuvo dispuesto a aceptar la transferencia valorada en una cantidad inferior, puesto que no incluía los 170 millones de las cuotas y bonificaciones. La de presentarse ante sus fieles pavoneándose como el único partido capaz de conseguir los dineros que el País se merece. Aunque echando cuentas, después, esos millones no lleguen para pagar lo asumido.

Lo dicho: estamos en el laberinto. Y el rasgo característico del laberinto es que se pierde la orientación. Lo único que cuenta, para cada uno de los implicados, es doblar la próxima esquina. Así se va construyendo el sistema: a golpe de urgencias momentáneas. Y así nos sale.

Hace unos días se publicó en estas páginas un artículo de Rafael Ortiz, con el título La aplicación de la reforma laboral en el que se hacían una serie de consideraciones sobre el papel de los jueces en los cambios introducidos en la legislación laboral por la ley 35/2010 de medidas para la reforma del mercado de trabajo. Me sorprendió la ligereza de determinados planteamientos, por no decir falaz argumentario, ya que descargaba sobre los jueces la responsabilidad de la efectividad de la reforma laboral en materia de despidos y, por extensión, en otras materias, como la valoración de los contratos temporales, la movilidad y modificación de las condiciones de trabajo, o la no aplicabilidad de cláusulas de los convenios colectivos en determinados supuestos.

Fundamentaba su particular opinión en los que denominaba «elocuentes datos estadísticos» sobre despidos procedentes e improcedentes del año 2009, interpretados por el profesor Miguel Rodríguez-Piñero. Estos datos ciertamente indican el número de procedimientos por despido que han visto los juzgados de lo social, las sentencias dictadas, y el sentido del pronunciamiento, pero no es menos cierto que nada dicen sobre el nivel de aplicación del principio pro operario, o, más en concreto, sobre si han sido reclamaciones contra extinciones de contratos temporales celebrados fraudulentamente, si han sido por despidos verbales o por carta, ni tan siquiera si la empresa ha comparecido al acto del juicio, o si se trata de un despido reconocido en la misma carta como improcedente y en el que se discuten aspectos colaterales a la propia decisión extintiva. Si se tuviesen en cuenta estas variables, que conocemos los que diariamente tratamos la materia, habría sorpresas, o al menos el señor Ortiz tendría que cambiar de opinión.

Cualquier jurista que se dedique al derecho del trabajo conoce, y debe tener cuenta en la interpretación de las normas jurídicas, lo que ya nos enseñaron en la carrera de derecho sobre el principio pro operario o pro beneficiario, en el sentido de que es, o debe ser, uno de los pilares o principios fundamentales de esta rama del derecho. Este término indica que ante una duda de interpretación de una norma jurídica, hay que optar por la que más favorezca al trabajador (Manuel Alonso Olea y María Emilia Casas Baamonde, en su Tratado sobre Derecho del Trabajo, 14ª edición, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1995). No es un mecanismo de «dar siempre la razón al trabajador», sino la expresión y el reconocimiento de la situación jurídica que ostenta la parte más débil del contrato de trabajo. Así, en derecho laboral es usual utilizar términos como «derecho adquirido», «condición más beneficiosa», «norma más favorable», o «igualdad de armas procesales», para indicar principios que se encuentran en la esencia misma del derecho laboral.

No se trata de reiterar los argumentos por los que un buen número de expertos en relaciones laborales han dicho que esta reforma laboral no servirá para la creación de empleo, cuya muestra evidente son las estadísticas que demuestran que la destrucción de la mayoría de puestos de trabajo se ha producido en la contratación eventual y no en los fijos, y que aun así nuestro mercado laboral es uno de los que tiene la tasa más alta de temporalidad, perpetuando un empleo laboral precario, lo cual irá en detrimento de la productividad, objetivo que, paradójicamente, se erige como uno de los hitos que la economía española tiene que potenciar.

Pero no está de más recordar algunos aspectos muy significativos: se generaliza el contrato indefinido con una indemnización de 33 días por año trabajado en el supuesto de improcedencia, sea por declaración judicial sea por reconocimiento de la propia empresa (despido exprés); desaparece de facto el despido sin causa, ya que si no se cumplen los requisitos formales no se puede declarar la nulidad como hasta ahora, sino que tendrá que ser improcedente; la negociación colectiva retrocede frente a la decisión de la empresa (cláusula de inaplicación salarial, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo), de modo que no se concibe esta herramienta como un reforzamiento de los agentes sociales y un equilibrio de las partes ante un conflicto, sino como un lastre para la obtención de beneficios empresariales; extensión del contrato basura de formación; posibilidad de que las ETT actúen en sectores considerados peligrosos, con el riesgo para la seguridad que conlleva.

En resumen, quien provocó la crisis recibe dinero del Estado -que somos todos- para solucionar sus problemas de solvencia y tesorería y, así, sin las verdaderas reformas necesarias de la estructura y el funcionamiento del mercado financiero y especulativo, las corporaciones seguirán ganando más dinero y dando lecciones sobre lo que deben hacer los gobiernos para reducir a la mínima expresión el Estado del bienestar.

Zapatero pregunta a veces las cosas más inesperadas. A mí me preguntó un día que si creía en Dios. Este verano no llegó a tanto con uno de sus colaboradores pero casi, tratándose de un gobierno de izquierdas en España. «Oye, ¿tú te has leído el Estatuto de los Trabajadores?». El alto cargo se quedó perplejo e improvisó una respuesta: «Bueno… sí, hace tiempo, lo estudiábamos en la universidad…». Pero el presidente no se dio por satisfecho: «No, yo te pregunto si te lo has leído entero». El otro tuvo que rendirse: «Francamente no. Pero si crees que merece la pena lo haré hoy mismo».

Fue un día de mucho trabajo en La Moncloa y el alto cargo se tuvo que llevar los deberes a casa. Creía que aquello iba a ser coser y cantar, pero quia. Se encontró con un mamotreto de 96 artículos con ocho o 10 apartados cada uno, más 16 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias y cinco disposiciones finales. Además, su prosa no podía ser más árida, burocrática y premiosa. Poco a poco fue descubriendo que, comparado con aquello, hasta el Estatuto de Cataluña se quedaba corto en su pretensión de regularlo todo. Incluso las situaciones más improbables estaban contempladas: desde la evolución del permiso de maternidad en caso de parto múltiple, hasta la protección del empresario en el supuesto de que sea él quien sufra el acoso sexual de uno de sus trabajadores, pasando por el número exacto de días de antelación con que debe ser comunicado un cambio de destino o el porcentaje de la jornada laboral que debe dedicarse a la formación en los contratos en prácticas. ¿Qué queda pues para el libre acuerdo de las partes? ¿Dónde está el margen para buscar soluciones diferentes para situaciones diferentes?

El alto cargo imaginó que el presidente le iba a hacer reflexiones como éstas, pero cuando supo que ya estaban en igualdad de condiciones, Zapatero fue mucho más expeditivo y exhibiendo su mejor sonrisa transgresora le espetó: «Reconocerás que últimamente no has leído nada tan estalinista…».

Por mucho que crea tener un buen sentido de los tiempos políticos, lo cierto es que Zapatero llega tarde a todas sus citas con el realismo y la racionalidad. Se me dirá que por lo menos llega; sí, pero en qué condiciones. La situación de España, la de su partido y la suya propia serían mucho mejores si hubiera emprendido hace dos años el camino del control del gasto y las reformas estructurales. Es decir, si hubiera roto con las momias sindicales en mayo de 2008, en lugar de en mayo de 2010. Por otra parte, también es verdad que la catástrofe sería completa si todavía siguiera en el sostenella y no enmendalla.

No cabe menospreciar la ductilidad con que ha somatizado ahora las presiones de los mercados, de Obama y de la Unión Europea hasta hacer suyas perspectivas y prioridades que antes nunca había sentido. Su drama es haber llegado al poder con más fantasías que proyecto, pero al menos sus malos principios han resultado ser de quita y pon. Claro que a qué coste. Lo peor no es que haya terminado siendo el médico a palos, sino que para que reaccionara, la tunda ha tenido que ser cruenta. O sea, que se ha demostrado que en su caso la letra sólo con sangre entra. En relación con la política antiterrorista, por desgracia en el sentido más literal de la palabra: remember la T-4. En relación con la política económica, después de un destrozo enorme en el tejido productivo, el mercado laboral y el crédito exterior de España.

Quienes trabajan con él aseguran que hay pocas personas tan meticulosas y concienzudas a la hora de estudiarse los asuntos. Y que es este itinerario intelectual el que explica que alguien que durante años negó que hiciera falta una reforma laboral se haya implicado poco menos que en redactarla personalmente.

Para mí, Zapatero es, sin embargo, un tipo que ha entrado en una habitación a oscuras y busca con sincero ahínco la salida, pero teniendo que orientarse a tientas, tropezando con todos los muebles, rompiendo más de un jarrón de porcelana y sin saber ni dónde está la puerta ni a qué lugar quiere dirigirse. Puede que al cabo de tantos tumbos termine por encontrar la vía de escape, pero habrá dejado a sus espaldas un estropicio descomunal y él mismo llegará hecho unos zorros al momento de pasar revista.

Suele decirse que nadie nace aprendido, pero en su caso habría que añadir que nadie debería nacer políticamente tan errado como él. Ahora, después de todos estos batacazos, es cuando por primera vez tiene los elementos de juicio -las cicatrices, los moratones- para asumir muchas de las responsabilidades de gobierno que ha venido ejerciendo tan a la ligera. Sería el momento para quitarle la ‘L’ de conductor novato y permitirle circular sin restricciones. Pero, claro, es imposible dar marcha atrás en el túnel del tiempo y los españoles harán bien en no concederle una tercera oportunidad, si llega el caso, porque no podrán olvidar todo lo anterior.

Pero ya que vamos a seguir teniéndole en La Moncloa un mínimo de entre 12 y 18 meses más, es de desear que al menos, tal y como ocurrió cuando Solbes sustituyó a Solchaga al final del felipismo, estas postrimerías no sirvan para acentuar la crisis, sino para atenuarla. Si Zapatero cumple su palabra de anteponer ahora los intereses nacionales a cualquier agenda partidista o personal no creo que logre compensar lo que en conjunto será un balance negativo desde el punto de vista de la gestión, pero, al menos, podrá dejar el poder con un aura de mayor sentido del Estado del que a menudo ha demostrado en su ejercicio. Y eso no carecerá de importancia.

Su comentario irónico sobre el Estatuto de los Trabajadores -secuela legislativa del paternalismo laboral franquista- trasciende en este contexto a la mera anécdota, pues indica el modo estruendoso en que al presidente se le están cayendo algunos mitos por el camino. No de forma suficiente como para haber seguido los consejos de Sagardoy y, de perdidos al río, haber hecho la reforma laboral que necesitaba España, pero sí como para que podamos considerar irreversible su despegue de las rancias recetas sindicales con las que ha estado envenenando la economía hasta mayo. Zapatero podrá volver a tratar amablemente a Méndez y Toxo -seguro que lo hará- e incluso darles bazas en la concreción reglamentaria de los ERE o los descuelgues de convenio, pero ya nunca confiará de nuevo en ellos, pues ha comprobado en su propia carne la distancia sideral que media entre sus códigos arcaicos y los requisitos de eficiencia de la economía globalizada.

Para él, como para muchos españoles de izquierdas, el 29-S ha sido -en su génesis, cuenta atrás, despegue y clamoroso fracaso- la vacuna perfecta que les curará para siempre de su fragilidad inmunológica ante la demagogia de los burócratas del obrerismo. Aun sin equiparar la violencia sindical organizada con el golpismo militar, lo culminado el miércoles tendrá, de hecho, el mismo efecto beneficioso que a medio y largo plazo tuvo el 23-F. Al igual que entonces, un poder fáctico ha entrado en barrena para siempre, no porque haya tratado de imponerse por la fuerza a los demás -que también-, sino sobre todo porque, situado intensamente bajo los focos, se ha derretido por efecto del ridículo.

En cuestión de semanas a Comisiones y UGT se les ha visto demasiado el plumero. Primero al convocar una huelga general con mando a distancia; luego, al camuflar el objeto y destinatario de su protesta; después, al promoverla con unos vídeos garbanceros a la altura de sus modales; por fin, al intentar imponerla por las malas cual hampones de baja estofa y, como posdata, al mentir grotescamente, sin empacho alguno, sobre su nivel de seguimiento. El evento de los 17.000 liberados disfrutando de su asueto al mediodía de una jornada laborable, la escena del empresario rijoso diciéndole a la contratada eventual «si tuvieras alas, serías una compresa» o los mítines del propio 29-S con Méndez y Toxo al borde de la apoplejía, gritando como posesos que nadie podrá arrebatarles su «victoria» -así les hablaba Girón de Velasco a los ex combatientes en el ocaso del Régimen- se han convertido de repente en parte de nuestra cultura pop, de forma que, apenas sí han dejado de dar miedo, ya empiezan a dar risa.

A Comisiones y UGT sólo les queda volver a su cabaña del Tío Tom en la plantación de La Moncloa a cumplir con su papel como comparsas del diálogo social, viviendo, mientras dure, de la sopa boba de las subvenciones a costa del erario. Su debilidad va a facilitarle las cosas a Zapatero de cara a sus dos próximas reformas: la de las pensiones y la de las políticas activas de empleo. La primera debe implicar el aumento tanto de la edad de jubilación -sería un grave error renunciar a ello, atención a lo que dice hoy aquí Strauss-Kahn-, como del periodo de cálculo de la prestación; la segunda, una revisión a fondo del tinglado de los cursos de formación que se reparten patronal y sindicatos, y una mayor exigencia de requisitos para cobrar el subsidio. Es insostenible gastarse cerca de 40.000 millones al año -un 4% del PIB, se dice pronto- en el desempleo y no lograr reducirlo significativamente.

Tras haber tenido que elaborar unos presupuestos de zafarrancho de combate, Zapatero es consciente de que, atrofiado el consumo, bloqueada la obra pública, su única baza para reanimar la economía a corto plazo es la inversión extranjera. De ahí el sentido de su reciente viaje a Nueva York con encuentros tan importantes como su mano a mano con el presidente de Honeywell -grupo líder de la tecnología punta- David Cote, o el famoso desayuno con los grandes tiburones de la Bolsa, una de cuyas secuelas es una breve carta que el presidente lee y relee como si fuera una declaración de amor de Julia Roberts. Está firmada por John Paulson -uno de los cinco financieros a los que un congresista dijo aquello de «ustedes son más ricos que Dios»- y reza así: «Prime Minister Zapatero came across as a brilliant leader. I was very impressed with the speed and decisiveness of the reform measures to reduce the deficit, stabilize the debt, consolidate the banking sector and support growth. Spain has become a shining example for progressive economic policy».

Al presidente le gusta más contemplarla en versión original, pero también la tiene traducida: «El primer ministro Zapatero dio la impresión de ser un líder brillante. Me quedé muy impresionado con la rapidez y la determinación de las medidas de las reformas para reducir el déficit, estabilizar la deuda, consolidar el sector bancario y apoyar el crecimiento. España se ha convertido en un reluciente ejemplo de una política económica progresista». Sí, han leído bien: la medalla al mérito progresista se la han retirado a Zapatero en Rodiezmo, pero se la han devuelto en Wall Street, que es donde en realidad se cocina nuestro futuro.

Es verdad que el señor Paulson ha alcanzado fama universal por el dineral que ganó con operaciones bajistas vinculadas al derrumbe de las hipotecas y que la cadena ABC hizo una elocuente descripción de sus chanchullos con Goldman Sachs, recogida no hace mucho en el blog de nuestro corresponsal Pablo Pardo: «Es como si un concesionario de coches (Goldman) permite a un mecánico (Paulson) manipular los frenos de los automóviles que vende y luego el mecánico suscribe seguros de esos coches. Lo más probable es que los coches se estrellen y que él se forre». Pero si no les ponemos pegas a los chinos como inversores, menos aún se las vamos a poner a Paulson o Soros.

La rebaja de la calificación de Moody’s ha supuesto una contrariedad, pero, como se dice en el argot, ya estaba descontada y en el lado bueno de la balanza hay que poner un importante logro, conseguido estos días casi a la chita callando. Me refiero al preacuerdo de los llamados sherpas para que España se convierta en miembro de facto del G-20, mediante el estatus de invitado permanente único.

Este asunto tuvo hace dos años al flemático Zapatero al borde de un ataque de nervios cuando Bush tensó la cuerda del suspense hasta el último minuto. Si hubiera sido por él, nos habríamos quedado fuera del proceso que está institucionalizando el auténtico gobierno económico del mundo y Sarkozy nos lanzó un salvavidas que el presidente español no podía olvidar, por ejemplo, a la hora de definirse en la reciente crisis de las expulsiones de gitanos.

Durante estos dos años la pugna por obtener una silla fija en ese club ha sido la prioridad número uno de la diplomacia silenciosa que se urde desde La Moncloa en paralelo a la política exterior oficial. Ha sido una partida estratégica en un tablero global que culminará con éxito en la cumbre de Corea de noviembre si Holanda y otros damnificados no logran dinamitar in extremis lo pactado por los sherpas.

¿Con qué tarjeta de visita pretende presentarse Zapatero en ese foro? Con la de un gobernante dispuesto a tomar decisiones impopulares e incluso dañinas para su propio partido con tal de estabilizar la economía. En ese sentido, lo ocurrido el miércoles le dará un elemento de credibilidad inestimable. Por algo le dijo Botín antes del verano que uno de los aspectos más importantes de la reforma laboral era que le garantizara una huelga general. El diseño ha salido perfecto. Ha sido, como digo, nuestra penúltima vacuna. Ahora sólo falta que los nacionalistas catalanes hagan alguna tontería soberanista que también les desacredite para siempre.

Juego de suma negativa: nadie gana, pero los ciudadanos pierden. Día triste para una sociedad incómoda consigo misma. Síntomas de tristeza cívica: mirar para otro lado; eludir los conflictos; salir del paso con el menor coste posible. Consejos que suenan a épocas remotas: «perfil bajo»; evitar riesgos; confundirse con el paisaje. La gente se explaya con los amigos, y allí dice lo que piensa sobre la huelga y los sindicatos. Palabras gruesas y gestos a medio camino entre la indignación y la impotencia. Luego, en la fábrica y en la oficina, cada uno juega su papel y procura guardar las formas. Desbordado por la crisis económica, el socialismo posmoderno conduce a la impostura general. El Gobierno no gobierna, acaso porque no puede, pero casi seguro porque no sabe. Los sindicatos afines, tras largos años de complicidad y mansedumbre, despliegan banderas fuera del tiempo y del lugar. Trampas que no engañan a nadie para maquillar los datos: amenazas latentes y violencia efectiva; discurso de fondo contra el PP y los empresarios; retórica trasnochada y actuaciones irresponsables. Sí, ayer fue un día triste para el Estado social y democrático de Derecho que proclama —con orgullo legítimo— la Constitución de todos los españoles.

A corto plazo, empate a nada entre Gobierno y sindicatos. Los servicios funcionan, la industria se paraliza y la vida sigue. Perspectiva a medio plazo, al margen de banderías partidistas. El «Welfare State» ha sido protagonista indiscutible de la teoría política a partir de la segunda posguerra. También del pensamiento económico (keynesianos más o menos ortodoxos), jurídico (derechos sociales) y sociológico (interacción entre Estado y sociedad). Fue el punto de encuentro entre la derecha y la izquierda heridas por la catástrofe de 1939 y sus secuelas. El consenso socialdemócrata alcanzó a sectores muy amplios, incluidos los gaullistas franceses o los democristianos alemanes e italianos. Los «treinta años gloriosos» eran su aval ante liberales dogmáticos o escépticos. Después, el panorama se complica. Servidumbres del socialismo de todos los partidos: descontrol del gasto público, crisis fiscal, hipertrofia sindical y, sobre todo, desempleo, el peor de los males. El idilio deja paso al catastrofismo, sobre todo cuando la izquierda convencional muestra su incapacidad para gestionar la crisis. Marx hablaría del «nuevo lumpen»: los sin casa, sin empleo, sin derechos, sin papeles, sin afiliación política o sindical… En especial, los jóvenes sin expectativas, un drama generacional que exige soluciones urgentes. Se agota la ideología socialista: ya no sirven el «neocorporatismo», el republicanismo cívico o las «terceras vías» que se hunden una tras otra. Los partidos que se identifican con el Estado social no gobiernan ni siquiera en Suecia, viejo paradigma para nostálgicos. Así las cosas, las maniobras con el único afán de sobrevivir no sirven para nada. El sentido de la responsabilidad impone la convocatoria urgente de elecciones anticipadas. Pero ustedes y yo sabemos que no habrá tal cosa: las Cámaras se disolverán el último día y en el último minuto.

¿El futuro? Guardián del interés particular de ciertos trabajadores privilegiados, el «statu quo» sindical pervive por inercia a pesar de las vulgaridades y groserías en sus campañas de promoción. El déficit de representación es patente: nadie hace oír la voz de los parados, de los autónomos o de millones de jóvenes y mayores con empleos precarios. En términos objetivos, la huelga de ayer ha sido un rotundo fracaso, pero los promotores salvan el tipo porque el Gobierno los necesita y todavía aportan una apariencia de estabilidad al modelo de relaciones laborales. Recuerden, sin embargo, que vivimos en el siglo XXI. La sociedad del conocimiento desplaza sin remedio a las viejas centrales, controladas por una burocracia que actúa en beneficio de sectores poco productivos. El modelo sindical en toda Europa (también en España, por supuesto) funciona en forma de oligopolio que excluye a eventuales competidores y depende del dinero público. El poder político les garantiza esa posición prevalente a cambio de una estrategia pactista que contribuye más o menos a la mal llamada «paz social». Rodríguez Zapatero y sus socios de UGT y CC. OO. saben mucho de ese acuerdo poco confesable. Pero lo que funciona a trancas y barrancas en épocas de bonanza no resiste el embate de una situación de emergencia económica. A ello se añade, por razones de coyuntura, un agujero en la caja única de la Seguridad Social y la ceguera consciente acerca del derroche en las administraciones públicas. Hay soluciones realistas. Por ejemplo, plantear el fin de los grandes «consensos» con esa foto inútil para la galería, sustituyendo la retórica del pacto social por una negociación eficaz empresa por empresa. Vivimos en un contexto peligroso para la sociedad de clases medias y las instituciones representativas. Un teórico complaciente con el Estado de bienestar, N. Luhmann, decía en un arranque de lucidez que el «Welfare State» está desbordado por la política, incapaz ahora de resolver los problemas que él mismo ha contribuido a crear. Todos saldremos perdiendo si quiebra el modelo que ha producido la sociedad menos injusta de la historia. Esa quiebra —financiera, política y moral— puede ser consecuencia del egoísmo de unos y la ignorancia de otros. Por eso, frente a la crisis terminal del Estado social no bastan los lamentos ni las ocurrencias. Hacen falta rigor en los principios, eficacia en la gestión y espíritu de sacrificio personal y colectivo.

El mal trago ya pasó. La séptima huelga general de la democracia, acaso la última huelga con parámetros del siglo XIX, ha costado mucho dinero y nos deja un pésimo sabor de boca. Una vez más, el derecho al trabajo sale malparado, en perjuicio de los más vulnerables. Los piquetes, a lo suyo, y los líderes, a disfrazar la evidencia hablando de un «éxito» imaginario. La gran mayoría de los españoles que tienen la fortuna de disfrutar de un puesto de trabajo acudió por voluntad propia a cumplir con su obligación laboral. Alivio general, porque acabó una huelga plagada de imposturas. Para el Gobierno, un buen pretexto que tal vez le permita suavizar medidas que no le convienen a efectos electorales y hacerse fuerte ante Bruselas o ante ese enemigo invisible al que llaman «los mercados». Los sindicatos, terminada la función, vuelven a distribuir subvenciones desde su oficina blindada. No obstante, el deterioro de su imagen es irreparable: lo saben, aunque no lo confiesan. La gente de la calle esconde la rabia y la decepción, junto con una satisfacción mal disimulada porque la coacción ha sido un fracaso. A lo lejos, los parados miran con envidia a unos y a otros: la exclusión social es el gran reto para una sociedad abierta que no puede jugar impunemente con armas que ya solo existen en los libros de historia.

Las crisis obligan al gobernante a elegir.

La elección más difícil, si le inspiran valores de igualdad y progreso, es decidir cuál será la carga que soportarán los ciudadanos y cómo será distribuida. Dificultad que deviene de la conciencia de una injusticia como es la de hacer pagar a quien no es responsable.

En la decisión, tan importantes son los principios que inspiran la distribución del esfuerzo como el procedimiento para aplicarlo. Se puede hacer reforzando el consenso social u optar por medidas unilaterales e impuestas.

Somos conscientes de que ante una crisis tan virulenta y global los Estados se enfrentan a acontecimientos que escapan a su control, que los superan. Sabemos que, salvo excepciones, su capacidad de maniobra es limitada. España no es la excepción. No obstante, esto no exime, así lo creemos en UGT y es la guía de nuestro proceder, que las decisiones desatiendan o sean contrarias a los principios de justicia social que han de regir la conducta de todo buen gobernante. Cuando este se ve en la obligación de pedir sacrificios a los ciudadanos, debe hacerlo bajo el principio de la equidad. Dar una explicación coherente y ofrecer alternativas solventes, que contribuyan a la recuperación económica y del empleo y a mantener la solidaridad social.

De esta crisis tenemos que salir todos juntos y con más cohesión. Afirmaciones como esta figuraban en el frontispicio político del Gobierno hasta hace pocos meses. Un compromiso compartido, sustentado en la convicción de que los recortes de derechos no crean empleo, que la inseguridad laboral no produce más competitividad, que la reducción de la protección social castiga a los más débiles.

La UGT sigue convencida de ello. Nosotros, que damos valor a la memoria, participamos de una afirmación: tanto recuerdas, tanto vales.

Hemos asistido a un cambio radical. Las decisiones del Gobierno en materia de reforma laboral, de congelación de pensiones y de ajustes salariales son incomprensibles, injustas e ineficaces.

El consenso social expresa la voluntad de un esfuerzo común que busca alcanzar más progreso, más cohesión y bienestar. El diálogo entre trabajadores y empresarios es parte de él, tiene sus límites y en ocasiones no es posible el acuerdo. Pero no por ello se ha de romper el consenso, que resulta especialmente necesario para conducir la salida de la crisis. El Gobierno, que es quien lo modera, debe hacer todo lo necesario para garantizarlo.

Lo que está sucediendo es justo lo contrario. El Gobierno ha quebrado el delicado equilibrio que se mantenía con dificultad desde que se desató la crisis enEspaña. Lo ha roto de una manera unilateral. Actuando precipitadamente abraza un discurso diametralmente opuesto. Este viraje no refuerza su autoridad, al contrario, ahonda en el desconcierto y el rechazo de una gran mayoría de la población.

Con vanidosa indiscreción, algunos de los llamados “expertos” a los que se escuchó en los días previos a la ruptura relatan cómo el Gobierno, desdiciéndose de sus convicciones, fue preñado a la fuerza por los mercados financieros. No parece una actitud muy correcta para unos consejeros, aunque lo sean por horas. Asesores honestos y competentes son necesarios para un gobierno eficaz. En situaciones de crisis tener valores compartidos es inexcusable.

Quien los convocó duda ahora de los efectos que sobre la creación de empleo tendrá la reforma laboral. Dudas que están empezando a matizar el discurso gubernamental. Las medidas aprobadas y las previstas son, después de las de Grecia, las más duras de la Unión Europea. También las más desequilibradas en la carga del ajuste. Se hicieron, según han trasladado a la opinión pública, obligados por el pánico que produjo la especulación contra el euro y la solvencia de nuestro país.

Pero hay preguntas que no se acierta a responder: ¿en qué va a calmar a un especulador que a los trabajadores españoles les despidan con 20 días de indemnización en lugar de 45? ¿Qué efectos va a tener sobre el déficit debilitar la negociación colectiva? ¿Cómo se va a asegurar que alguien pueda cotizar 38 años y trabajar hasta los 67 si a la edad de 45 años no encuentra un puesto de trabajo?

España es el único país donde se ha impuesto una contrarreforma laboral que ha roto el equilibrio existente entre trabajo y capital, atacando principios básicos de las relaciones laborales. Lo hace un Gobierno que mantenía un discurso no ya distinto, sino opuesto.

Por eso convocamos una huelga general. Una huelga cargada de razón y de legitimidad, también de convicciones democráticas. No podemos resignarnos a que la ley de la selva del mercado se imponga y gobierne nuestro destino.

Cada vez son más las opiniones que avisan sobre las similitudes de esta crisis con lo sucedido en los años treinta. Alertan sobre los efectos de las reducciones drásticas del déficit presupuestario en momentos en los que el sistema bancario y la economía pueden no ser lo suficientemente firmes para aguantar sin estímulos fiscales y monetarios. Creemos que hay que reconducir decisiones precipitadas y evitar un escenario de retroceso de la incipiente recuperación económica.

El Gobierno tiene opciones. Nos preocupa su voluntad política, pero sabe que un aumento de impuestos es siempre menos contractivo que un recorte del gasto. Medidas de corto plazo deberían completarse con una revisión sustancial del sistema fiscal. Si se desea contar con una fiscalidad que haga frente a los retos del cambio de modelo productivo y el desarrollo del Estado de bienestar es necesario avanzar en equidad contributiva. Una piedra angular debe ser la reducción del fraude.

Las sociedades obreras que nos precedieron, los sindicatos hoy en el siglo XXI, son una alianza entre los que murieron y los que están por nacer. Una cadena biológica de solidaridad.

Para la derecha y sus libelistas somos un objetivo a batir. Otros respetables analistas anticipan nuestra extinción. Nada de ello es nuevo, baste leer lo que se escribía en 1988 o en 2002. Hace unos meses se nos criticaba por no convocar protestas contra el Gobierno y hoy los mismos nos difaman por hacerlo. De la actitud responsable y la contribución al desarrollo económico hemos derivado a lo contrario. Aceptamos las críticas, si bien las de ciertos eruditos a la violeta resultan de dudoso rigor. Nos preocupa un discurso extremista que, como una lluvia fina, deteriore la calidad de nuestra democracia y aliente la confrontación.

Los sindicatos no podemos tolerar que los trabajadores paguen con su empleo, con sus ahorros y ahora con sus derechos laborales y sociales los excesos y la irresponsabilidad de unos pocos.

Nosotros no chantajeamos, como hacen los especuladores financieros y sus voceros, a los Gobiernos soberanos. No tenemos la capacidad de presión que da disponer de miles de millones de euros apostados a romper el espinazo de la Unión Europea. A nosotros nos ampara la razón y la búsqueda de la justicia social. Fuerzas muy poderosas que son motor de la democracia y han transformado sociedades. Si las perdemos, con ellas se va nuestra razón de ser. En el tiempo que nos toca vivir quizás no estemos destinados a rehacer el mundo, pero vamos a hacer todo lo posible para impedir que se deshaga.

Después de la huelga general el Gobierno debe rectificar, será una muestra de inteligencia, responsabilidad y sensibilidad social.