Los españoles hemos estado desorientados durante siglos acerca de la expulsión de los moriscos en 1609, presentada como necesaria medida de protección, tanto política como religiosa, contra una minoría desleal y apóstata. Don Antonio Cánovas del Castillo la consideraba tan necesaria que, según decía, de no realizarse a comienzos del siglo XVII habría sido preciso hacerla en el siglo XIX, dando a entender que la habría hecho él.

Hoy sabemos que semejante concepto procede de una campaña lanzada desde el poder para contrarrestar el estupor suscitado en toda la Monarquía por el hecho sin precedente del desarraigo de todo un pueblo bautizado por un país católico.

La idea del gran exilio, lanzada desde muy atrás, venía siendo rechazada como moralmente condenable, además de ruinosa, y Felipe II se negó siempre a su ejecución. El duque de Lerma, don Francisco Gómez de Sandoval, valido todopoderoso de Felipe III, fracasó en su intento de recabar el apoyo de la Inquisición, así como el del pontífice Pablo V, a quien se mantuvo ignorante del decreto hasta el último instante.

El reino de Valencia, que en ello se jugaba su futuro económico y especialmente el de su nobleza territorial, tropezó contra una muralla en su protesta. Aunque con miras interesadas, los titulares de señoríos, actuando en complicidad, lograron evitar la salida de muchos, y la ley, decidida en 1602 por el Consejo de Estado, conoció una historia de intensos vaivenes políticos hasta su promulgación en 1609.

Los moriscos, forzados por medio de la violencia a la conversión al cristianismo y nunca adoctrinados de un modo viable, eran desde luego un serio problema, pero aun así conocían un proceso de asimilación y (lo más esencial) no podían ser privados, en cuanto nacidos españoles, a la habitación (como entonces decían) sin previa figura de juicio. Los moriscos no eran (como los judíos) mera propiedad privada de los reyes cristianos. Por el contrario, poseían estatuto de naturales o “ciudadanos”, según la doctrina de Pedro de Valencia.

Existía una franja de fanática inquina contra los moriscos, y el influyente patriarca de Valencia José de Ribera (hoy canonizado) abogó toda su vida por la expulsión. Pero se daba también una amplia gama de opinión moderada, favorable a la catequesis y la convivencia, que perduró hasta el último día. Su voz más autorizada fue el cronista real Pedro de Valencia, de inmenso y justificado prestigio, que escribía en 1608 para el confesor del soberano su Tratado acerca de los moriscos de España, sin duda la pieza más importante en torno a un siglo de debate. Su tesis de rechazo de toda violenta solución final del problema morisco (incluyendo la expulsión), que tal vez sorprenda hoy a muchos, es clara y tajante: lo que se halla en juego no es el destino de una minoría, sino la decisión acerca de si España podrá seguir llamándose una nación cristiana. El susodicho tratado, largamente leído en copias privadas, no ha visto la letra impresa hasta 1997.

Cervantes manifestó, conmovido, su condena con las maravillosas páginas dedicadas en El Quijote a la figura del morisco Ricote, verdadero monumento de patriotismo y de cristianos sentimientos. El gran desarraigo fue visto en todas partes como un acto bárbaro e impolítico y el destino de aquel pueblo no pudo ser más desdichado. Se calcula que costó la vida de un tercio de su demografía y lo más triste fue que en la mayor parte del mundo islámico fueron acogidos con desconfianza, en cuanto españoles y en cuanto bautizados. La relativa excepción fue la regencia turca de Túnez, donde su impronta de “andaluces” se reconoce hasta hoy detrás de cuanto suena a moderno, lo mismo que en los recuerdos materiales del valle del Guadalquivir o de la serranía de Ronda.

No tuvieron la misma suerte los expulsados moriscos de Hornachos en el dominio jerifiano-magrebí, donde llegaron a fundar una especie de republica independiente en Salé. Se ofrecieron incluso a negociar su vuelta a España “como cristianos” bajo la única garantía de no ser molestados por la Inquisición.

Si los valencianos aceptaron el traslado a Berbería, muchos de otras procedencias prefirieron acceder en privado al mundo cristiano por Francia, a través de un control situado en Burgos, que es lo que hizo el buen Ricote. Los de Castilla, Andalucía y Murcia fueron embarcados para Francia e Italia. Y al final resultó exacto el hosco vaticinio del patriarca Ribera: “Los moriscos se disolverán como la sal en el agua”. Así ha sido.

España tiene, ante el mundo y ante los actuales descendientes de aquella compatriota cepa, una deuda de honor y de justicia conculcada.

No se trata de un regalo, de una lisonja ni de ningún oportunismo. Es asumir una responsabilidad histórica en modesto reconocimiento de nada más que el cuique suum, en desfacimiento de un gran entuerto, cuya negativa sombra pesa aún sobre nosotros.

El Grupo Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley destinada a desagraviar a los descendientes actuales de los moriscos expulsados de España hace 400 años, en 1609. Los ponentes precisan que no se trata de ofrecer reparaciones económicas a los herederos de aquellas víctimas por los perjuicios de toda índole que padecieron sus antepasados, sino de un gesto simbólico y moral, algo así como una autocrítica pública del Estado español sobre un error histórico cometido hace cuatro siglos. La iniciativa tiene una apariencia bienintencionada y progresista que, en principio, sólo un cavernario retrógrado podría objetar. ¿No se repara de este modo una injusticia histórica perpetrada por la intolerancia religiosa y el prejuicio racista?

Sin embargo, analizada con la cabeza fría y de cerca, la propuesta, a mi juicio, es precipitada, inútil y, en última instancia, fuente de confusiones múltiples. El pasado histórico debe ser analizado con una perspectiva crítica en las sociedades democráticas, desde luego, pero esa función corresponde a la sociedad abierta en general, a los historiadores, investigadores y científicos independientes, no a los gobiernos ni a los políticos profesionales que carecen de la objetividad, la competencia técnica y viven y obran enfeudados a la lucha política y a la actualidad, pésimas consejeras a la hora de ponderar y explicar los hechos históricos.

Las injusticias del pasado no pueden ni deben ser seleccionadas en función de las necesidades del presente. Lo ocurrido a comienzos del siglo XVII con los moriscos fue bárbaro y brutal, sin duda alguna. ¿Lo fue menos la expulsión de los judíos de España en 1492? Llevaban tantos o acaso más siglos en la Península que aquellos y su desarraigo forzado, decidido por razones políticas y religiosas por los Reyes Católicos, acumuló todos los agravantes posibles: expropiación de sus bienes, maltratos, ser arrojados como perros sarnosos a un exilio incierto y, para muchos, mortal. ¿No merecen sus herederos un desagravio idéntico al de los moriscos? La lista de agraviados por el Estado español a lo largo de su vieja historia podría ser interminable. (Naturalmente, esto vale para todos los Estados, sin una sola excepción).

Los indios de América, por ejemplo. El próximo año comenzarán las celebraciones de los 200 años de la emancipación colonial y nacimiento de las repúblicas hispanoamericanas. La ocasión será propicia para que, encabezada por Evo Morales, quien ya ha tasado las reparaciones que debería pagar España a las “naciones indias” por las atrocidades de los conquistadores en una vertiginosa suma de billones de dólares, haya una verdadera traca, de un confín al otro de América Latina, de vituperios y condenas contra España por parte de politicastros tan oportunistas y demagógicos como el mandatario boliviano. (Se me hace agua la boca anticipando las efusiones fulminantes y las disquisiciones de Filosofía y Moral de la Historia que verterá al respecto el presidente Hugo Chávez en su programa Aló, Presidente). Si lo hace con los moriscos ¿no debería también arrepentirse, disculparse y hacer propósito de enmienda el Estado español con los indios de América?

¿Y qué de los protestantes, esos pobres luteranos, calvinistas, hugonotes, perseguidos como ratas apestosas, encarcelados y hasta quemados por no ser cristianos de buena ley? La primera víctima de la Inquisición en Lima se llamaba Mateo Salado, y, acusado, juzgado, sometido a tormento y condenado por pertenecer a “la maldita y diabólica secta luterana” fue quemado vivo en la Plaza de Armas de la Lima virreinal. ¿Cuántos pobres diablos como él sufrieron padecimientos parecidos por practicar el cristianismo reformado en todo el orbe hispánico? ¿No deberían ser también simbólicamente desagraviados por el Congreso de los Diputados? ¿Y los homosexuales? ¿Y los gitanos? ¿Y los esclavos africanos? ¿Y los brujos y brujas? ¿Y los ateos? Los días y las horas de muchos años no bastarían al Estado español para ponerse de rodillas y pedir perdón a Dios y los vivos por todas las injusticias cometidas por quienes gobernaron a lo largo de su antiquísima historia contra colectividades o individuos diversos. Y lo seguro es que nadie quedaría contento con lo que, por lo demás, no pasaría de ser una pantomima desprovista de contenido y seriedad.

La revisión crítica del pasado no es cometido del poder político sino de historiadores y estudiosos que, situando las ocurrencias del ayer en su contexto debido, y estableciendo las jerarquías y prelaciones indispensables, nos proporcionan las informaciones necesarias para poder juzgar nuestro pasado y nos ayudan a discernir, con un mínimo de objetividad, lo condenable, lo excusable, lo inevitable y lo admirable de los hechos y personajes que lo conforman. Este examen, para ser eficaz, debe ser individual, libre, independiente y plural. De más está recordar que en una sociedad abierta coexisten versiones e interpretaciones muy diversas del devenir histórico. Esa diversidad es la mejor manera de aproximarse y conseguir atrapar a esa escurridiza y protoplasmática materia que es la verdad histórica. Desde luego que semejante aproximación no excluye la crítica; por el contrario, es la única que la hace a la vez posible y justa. En cambio, cuando la verdad histórica es monopolio del poder político, como ocurre en las sociedades totalitarias, aquella posibilidad de llegar a conocer la verdad se eclipsa y torna inalcanzable, pues la reemplazan las mentiras que el dictador y la pandilla gobernante imponen por razones de propaganda, para distraer o para autojustificar sus desafueros.

En un luminoso ensayo titulado El recuerdo de nuestros muertos, Carmen Iglesias explicaba hace algún tiempo por qué no había que confundir memoria e historia y por qué era bueno y sano para una sociedad que los políticos no se entrometieran en el dominio de los historiadores. Desde luego, es imprescindible que los ciudadanos de una sociedad democrática tengan conciencia crítica y conserven vivo el recuerdo de dónde vienen, de lo bueno y lo malo que heredaron, para enfrentar con lucidez y determinación el futuro y no perseverar en el error. Pero el pasado no debe ser manipulado por razones políticas ni convertido en un comodín en el juego de malabares ideológicos en que se torna siempre la lucha por el poder. Estudiarlo, conocerlo e interpretarlo es una tarea intelectual que exige rigor, paciencia, probidad y talento, un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo por generaciones de investigadores de cuyo escrutinio va surgiendo una historia que nunca se está quieta, a la que los descubrimientos y análisis van todo el tiempo enriqueciendo con matices y a veces corrigiendo de manera radical.

Todos los países tienen muchas cosas que reprocharse cuando examinan su pasado. En todos hay una larguísima genealogía de víctimas. Pero semejante lastre no se borra con un decreto ley ni una moción parlamentaria, sino mediante una toma de conciencia de aquella realidad y unas instituciones, un sistema de valores, una cultura y una conducta ciudadana que sean, de por sí, una permanente corrección y superación de ese triste legado.

Ésa es la función de los museos de la memoria. No fomentar el masoquismo que suele producir una forma retorcida de placer a ciertos políticos e ideólogos cuando contemplan los horrores del pasado y tratan de explotarlos en provecho propio, sino educar a las nuevas generaciones de tal modo que todo aquello que abruma y avergüenza a una sociedad en su historia no vuelva a repetirse en el futuro. No hay mejor homenaje a esas víctimas de la intolerancia, el fanatismo, el prejuicio o la mera estupidez, que recordarlas, aprender de ellas e inculcar de este modo a la sociedad la cultura de la tolerancia, el respeto a la diversidad, al pluralismo político, religioso y cultural.

Así como la conducta humana es rara vez rectilínea y unívoca, los hechos históricos, por lo general, cambian de significado y, sobre todo, de matices según el cristal con el que se los mire. Por eso, sólo la perspectiva plural y totalizadora que permitan las sociedades abiertas autoriza un juicio crítico válido. Los matices no son excusas, sino factores que hay que tener en cuenta para entender cabalmente por qué ocurrieron las cosas como ocurrieron y menoscabarlos o prescindir de ellos puede significar a veces seguir matando a los muertos a los que aparentemente se quiere resucitar.

Se cumple este año el cuarto centenario de uno de los episodios más oscuros y, a la vez, más desconocidos, de nuestra historia: la expulsión de los moriscos, decretada el 9 de abril de 1609 por el Rey Felipe III de Austria. Se trataba de un importante grupo humano que, tras la reconquista de los territorios peninsulares por reyes cristianos, permanecieron en ellos.

Su conversión forzosa al cristianismo no produjo la asimilación religiosa esperada. Y, de hecho, la mayoría de los moriscos mantuvo, a pesar de la persecución a la que se vieron sometidos por las autoridades, su credo y prácticas religiosas. Los procesos inquisitoriales abiertos por tal causa, antes que solucionar el problema, consiguieron enconar la enemistad entre las dos comunidades.

La expulsión ya había sido pretendida por el rey Felipe II, por razones religiosas y de seguridad nacional, pero bajo su reinado la decisión fue de imposible ejecución por los importantes conflictos que ataban al monarca en Europa y en el Mediterráneo. Así que fue a su hijo Felipe III a quien le correspondió abordar el problema heredado.

El levantamiento morisco de las Alpujarras, guardado por ambos monarcas en la memoria como hierro ardiente, tanto por las terribles brutalidades cometidas por ambos bandos como por las fuerzas empleadas para sofocarlo, fue el más remoto antecedente que vino a justificar la expulsión, a lo que se añadió, claro, la siempre presente intransigencia religiosa de la época.

La tregua alcanzada con Holanda, principal centro de conflicto entonces de la Monarquía española, y la ausencia de otros focos de conflicto exteriores, permitieron acometer la empresa. Las razones esgrimidas por Felipe II fueron ganando peso hasta conducir a su hijo, Felipe III, a tomar la terrible decisión de expulsar a los moriscos de todos los reinos de España. Afectó a unas 300.000 personas -el 5% de la población total existente en el país-, casi la mitad perteneciente al Reino de Valencia -principal foco morisco-, quedando el resto repartida por Aragón, ambas Castillas y Andalucía.

Saltaron así por los aires los acuerdos alcanzados por los Reyes Católicos con el último rey nazarí de Granada, Boabdil, de respeto a la religión y propiedades de la población musulmana que había quedado en España tras la Reconquista, así como al derecho de ésta a orientar su propia educación y la de sus hijos.

La expulsión representó un tremendo drama para los moriscos. Aunque ellos se consideraban españoles y contribuyeron, sobre todo en el reinado de Carlos V, con donaciones y hombres a la causa imperial, no fueron conscientes del peligro para sus vidas que representaba su único pecado: la conservación de sus costumbres y prácticas religiosas.

La expulsión supuso, además de la pérdida de todos sus bienes -que pasaron a propiedad de sus señores o de la Hacienda Real- el más absoluto de los desarraigos. Ni eran queridos en España ni tampoco en los lugares de acogida, Berbería o Francia, donde se les veía como extranjeros y posible foco de conflictos. Ni su lengua, ni tampoco su indumentaria, coincidían con la de las gentes de los nuevos lugares donde tuvieron que emigrar. Se vieron desahuciados por los españoles y vistos con recelo allí donde llegaron. Una inmensa pesadilla y un drama que hoy parecen haberse olvidado.

La muerte de 12.000 personas (según las estimaciones más moderadas), el rapto o la esclavitud fue el final de muchos de los que se vieron obligados a marchar de su patria. Otros, la gran mayoría, tuvieron que buscar acomodo en el norte de África, donde, a base de esfuerzo y tesón, se fueron abriendo el hueco que aquí, en España, se les negó.

La economía peninsular también se vio muy afectada por el vacío dejado. Los campos, especialmente los de Valencia y Aragón, se vieron privados de la especializada mano de obra morisca, quebrando la riqueza de esas prósperas tierras. Los cultivos fueron abandonados, las industrias y talleres cerrados y los pueblos quedaron sin gentes. El descenso de la producción extendió las hambrunas por grandes zonas de España y llevó a la ruina a muchos de los señores y propietarios. Y, lo que fue todavía más importante para la Monarquía, y no fue previsto por la misma: se perdieron fuentes de ingresos para afrontar los importantes retos que le estaban reservados.

Puede ser ahora, en el cuarto centenario de aquella expulsión, un buen momento para rememorar este lamentable pasaje de nuestra historia; la mayor limpieza de sangre jamás realizada. Y, a poder ser, para reflexionar no sólo sobre la dureza de la situación, sino sobre las consecuencias que aún hoy padecemos por aquella ruptura de los lazos que unían a muchos de los expulsados con la población cristiana.

Fue hace cuatrocientos años. En abril de 1609, durante el reinado de Felipe III, el Consejo de Estado acordaba la expulsión de los moriscos. A partir de septiembre de 1609 se expulsaron los moriscos valencianos y en enero de 1610 fueron desterrados los moriscos de Granada y Andalucía; desde mayo de 1610 lo fueron los de Aragón y Cataluña, y desde julio de 1610 salieron los castellanos y extremeños. En total, tuvieron que exiliarse de España algo más de 300.000 moriscos. La operación se prolongó hasta 1614.

La valoración de la expulsión ha sido siempre polémica y ha pasado por muchas fluctuaciones. En el siglo XVII se buscó, ante todo, legitimar la expulsión con argumentaciones xenófobas y racistas. Hubo que esperar al reinado de Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII, para ver emerger una cierta simpatía hacia los moriscos, a caballo de los renovadas ambiciones norteafricanas de algunos políticos ilustrados, lo que se pone de manifiesto en la encomiable empresa de catalogación de los manuscritos árabes de la Biblioteca de El Escorial que llevó a cabo Casiri. El romanticismo liberal, tan antiaustracista, considerará a los moriscos víctimas del absolutismo opresor. La fascinación por lo islámico arranca especialmente de los viajeros románticos franceses y anglosajones que sublimaron las huellas árabes en España y especialmente en Andalucía. La literatura romántica española estuvo muy influida por los tópicos europeos sobre el Islam. El drama Aben Humeya de Martínez de la Rosa y las novelas Cristianos y moriscos de Estébanez Calderón o Alpujarras de Pedro Antonio de Alarcón son feudatarias de esta maurofilia romántica. La generación de Cánovas volverá a defender y justificar la expulsión con la razón de Estado por bandera. Los primeros arabistas, con Gayangos y Saavedra a la cabeza, se deslizaron por su parte hacia la nostalgia de la brillante cultura musulmana.

El franquismo, en pleno aislamiento internacional, intentaría instrumentalizar el arabismo a favor de un pasado árabe a su manera. Ya que en Europa se rechazaba a España, España miraba a Africa. Eso sí, se consideraba a los musulmanes de Al-Andalus como españoles con vestimenta árabe, se hablaba de la «quintacolumna española en el Islam», se negaba la posibilidad del Islam de evolucionar desde dentro, sino sólo a través de las influencias cristianas… Se glosó el mozarabismo, concepto que había subrayado Simonet, a fines del siglo XIX, para subrayar la fuerza del cristianismo sobre la cultura musulmana. La obra de Ribera, Asín Palacios o García Gómez, demostrando las raíces árabes de la épica y la lírica española fue muy útil para conocer la imagen de una España, matriz de cristianos, musulmanes y judíos, que se ve obligada a desprenderse en 1609 de quienes no son capaces de asumir el «hechizo español». La maurofilia del primer franquismo, por influencia del «marroquismo», es patente. Como ha recordado Payne, el embajador británico en Madrid se quedó desconcertado cuando el ministro de Franco, Beigbeder, le dijo que los españoles y los moros son un mismo pueblo. Incluso Franco intentó hacerle entender a Hitler en Hendaya la singular identificación de los españoles con los árabes.

En definitiva, la valoración de la expulsión de los moriscos ha estado tradicionalmente marcada por la bipolaridad, más emocional que racional, de los maurófilos y los maurófobos. Los primeros consideran que fue posible la asimilación o integración de los moriscos, que eran posibles alternativas distintas a la expulsión (ya en 1609 el extremeño Pedro de Valencia sugirió siete alternativas distintas aparte de la expulsión). Y reconocen en los moriscos una plasticidad política y cultural, una capacidad de adaptación, que podía conjugarse con los cristianos en el marco de una España tolerante, que la hubo. Los segundos, han partido siempre de la inasimilabilidad de los moriscos por su estructural capacidad conspirativa y lanzan un diagnóstico fatalista: no fue posible otra solución. Contraponen a los sueños alternativos de la España que no pudo ser, el implacable pesimismo de la España que fue.

Me temo que no hemos avanzado mucho en estas posiciones. Los atentados terroristas islamistas de los comienzos de nuestro siglo han condicionado una radicalización de la actitud ideológica. Hoy unos defienden la alianza de civilizaciones, otros el choque de culturas. Unos se mecen en el idealismo de la España de las tres culturas. Otros se lanzan por la vía del apocalipticismo catastrofista. El sueño de la tolerancia, el mundo feliz de la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, impregna de buenismo banal muchos análisis que ya no sólo lamentan la expulsión sino que parecen subrayar que la legitimidad histórica se halla en el Al-Andalus medieval que tendría derecho a recuperar el territorio perdido a lo largo de la Reconquista. La mirada complacida y complaciente hacia la dominación musulmana en España lleva hasta extremos tan políticamente correctos como querer borrar todo signo de expresiones racistas o violentas antimusulmanas en España expurgando incluso iconos representativos de aquella violencia como el de Santiago Matamoros y, desde luego, a exaltar el andalucismo como un puro reflejo del legado cultural musulmán. La expulsión de los moriscos, desde esta óptica, sería una avanzadilla de las «soluciones finales» dramáticas tomadas en nuestro siglo contra comunidades culturales por imperativos racistas.

En el otro lado, no faltan los que parecen no haber superado la literatura de cruzada, deteniéndose en los contenidos más integristas del Corán y exaltando la yihad como el supuesto eje que marca la vocación expansionista del Islam.
La verdad es que la atribución de connotaciones progresistas sólo a la maurofília es absolutamente ingenua, si recordamos la flamante guardia mora de Franco o las connotaciones reaccionarias de muchos aspectos de la cultura islámica.

El nacionalismo andaluz, recogiendo la semilla sembrada por Blas Infante, ha reasumido el patrimonio histórico musulmán soñando con la identificación de Andalucía con el global Al-Andalus musulmán y dejándose llevar por la nostalgia de una presunta prosperidad andaluza cortada en seco por los Reyes Católicos y los «castellanos invasores» y definitivamente liquidada con la expulsión de 1609.

Es obvio que Andalucía no sería igual sin los árabes, pero es absurdo pretender explicar Andalucía sólo en clave musulmana. Nadie puede negar la trascendencia de las aportaciones culturales de los musulmanes en España y en Andalucía en particular, pero es delirante el simplismo maniqueo que ha llevado a la mitificación de lo musulmán como intrínsecamente bueno y lo cristiano como intrínsecamente malo.

Sinceramente confío que el aluvión de congresos y exposiciones que nos viene (al respecto, sobresale especialmente el Congreso de Granada, del 13 al 16 de mayo de este año) con motivo del centenario de la expulsión nos ayudará a recuperar la sensatez ante tanto desparrame ideológico.

En este mes de abril se cumplen exactamente 400 años del decreto de expulsión de los moriscos españoles firmado por Felipe III. Es éste un episodio trascendental en la historia de España, cuya realidad pasada no debe escapársenos para hacer una lectura actual. Aquella experiencia de intolerancia, fanatismo y racismo sociocultural y religioso está escasamente presente en nuestra memoria colectiva e histórica. Por ello, junto a la de los judíos, esta otra expulsión, cuantitativamente mayor pero menos divulgada, ha de ser recuperada para la memoria como algo que nunca debería volver a ocurrir. Este abril de 2009 en que se cumple su IV centenario brinda pues la ocasión para crear una nueva conciencia y sensibilidad sobre esas oscuras páginas de nuestro pasado.

Desde la toma de Granada, la ideología oficial española se vio dominada por la contraposición entre el cristiano y el moro. Lo ajeno se definía como musulmán y extranjero de acuerdo con el concepto de unidad, es decir, homogeneidad cultural y religiosa, que la nueva España católica instauraba. El morisco antes de ser definitivamente expulsado en el siglo XVII fue discriminado y perseguido, o víctima propiciatoria de todos los males que afectaban al país. Como escribía Juan Goytisolo en sus Crónicas Sarracinas, “el enemigo musulmán se convirtió durante siglos en una suerte de revulsivo destinado a cohesionar los esfuerzos de una cristiandad que, en virtud de la cercanía y empuje de aquél, se sentía directamente amenazada”.

Descendientes de los andalusíes musulmanes que los Reyes Católicos forzaron a la conversión cristiana para poder seguir viviendo en su país, esta minoría siguió siendo vista con sospecha y definida como “inasimilable”. Los moriscos se consideraban a sí mismos españoles en un sentido amplio y profundo, pero la sociedad hizo de ellos una minoría marginada y perseguida porque se dudaba de su fidelidad hispana y sinceridad cristiana. La pervivencia de costumbres, tradiciones, modos lingüísticos y una literatura aljamiada (castellano escrito con grafía árabe), en lugar de considerarse como uno más de los ricos regionalismos culturales existentes en los diversos reinos españoles, se valoró como la expresión de una quinta columna amenazadora y extraña a una españolidad liderada por un aparato represor inquisitorial.

La expulsión no fue un hecho exigido por la dinámica interna de nuestra historia, ni ocurrió como consecuencia de una presunta fatalidad histórica. Fue un acto de odio civilizacional y religioso, liderado por la propia esposa del monarca, Margarita de Austria, algunos consejeros del rey que les consideraban un peligro militar y para la seguridad, por los fanáticos de la pureza de sangre y por ciertas personalidades eclesiásticas, como el arzobispo de Valencia Juan de Ribera, si bien el Papa, Paulo V, no aprobó la expulsión y aconsejó que se continuase su catequización.

Entre las exageraciones de la escuela minimalista y maximalista, la opinión historiográfica más consensuada habla de 300.000 expulsados, más unos 10.000 o 12.000 muertos en el proceso de destierro, lo que equivalía más o menos a un 4% de la población total española. Este porcentaje tenía, además, un gran valor cualitativo porque en su mayoría constituía una población activa muy laboriosa que dominaba como ninguna otra las artes agrícolas, el uso del agua y aportaba importantes dividendos a las arcas estatales y de los nobles terratenientes.

De ahí que las consecuencias demográficas y económicas de su expulsión fueran graves y en algunos casos catastróficas (como en los reinos de Valencia y Aragón, donde constituían la tercera y sexta parte de la población, respectivamente), y en general una pérdida sustancial de vitalidad económica y demográfica para España.

Fue, sin duda, un factor de peso, aunque no el único, en la aguda recesión española del siglo XVII. Esta preocupación material y práctica, junto a otras circunstancias de tipo humanitario, motivó resistencias y desacuerdos con la decisión de la expulsión, dándose intentos de evitarla o no cumplirla. Calcular cuántos se quedaron o incluso volvieron clandestinamente tras la expulsión ha sido muy difícil de evaluar. No obstante, existen fuentes documentales suficientes para considerar que el componente morisco no desapareció en España a consecuencia de la expulsión.

Los moriscos españoles se desperdigaron por el Mediterráneo, e incluso por el continente americano y el África subsahariana (como Yuder Pachá, originario de Almería, y cuya influencia política y cultural llegó hasta Tombuctú), pero donde sin duda se instaló la mayor parte fue en la costa magrebí (Marruecos, Argelia y Túnez). Allí llevaron su rico componente cultural español, su sabiduría agrícola y ganadera, su patrimonio artístico, sus apellidos hispanos, y sus huellas quedan hasta hoy día visibles.

Sin embargo, su adaptación no fue fácil. El desarraigo y las dificultades para acostumbrarse a un mundo muy distinto del que venían les llevó tiempo y esfuerzo. Y no siempre fueron bien recibidos. Ellos eran españoles, y su lengua, costumbres, modo de vida e incluso práctica religiosa (unos se habían convertido en verdaderos cristianos y los que habían conservado secretamente su vínculo con la fe islámica la practicaban de manera más simple o imperfecta) distaban mucho del medio norteafricano al que llegaban deportados.

Una experiencia que, en conclusión, nos muestra el sufrimiento humano que la intolerancia puede generar cuando se esencializa colectivamente, para demonizarlo, a todo un grupo social, étnico o religioso; cuando se le erige en un “otro” global amenazante y se le deshumaniza para poder desembarazarse de él sin preocupaciones éticas ni humanitarias.

Como decía recientemente el escritor José Manuel Fajardo, “el Cuarto Centenario de la expulsión de los moriscos debería jugar el mismo papel que desempeñó en 1992 la conmemoración de la expulsión de los judíos: una ocasión para reconciliar a la sociedad española con su propia Historia” (EL PAÍS, 2 de enero de 2009). Y, más aún, cuando en los momentos actuales se experimenta un proceso creciente de desencuentro entre lo islámico y lo occidental, reproduciéndose estereotipos y prejuicios que recuerdan cómo se construyen discursos en torno a la incompatibilidad, la inasimilación y la amenaza, que después pueden justificar discriminaciones, exclusiones e intolerancias colectivas.

En la actualidad, entre los “miedos sociales” que se han ido extendiendo en los países occidentales la figura del “musulmán” se encuentra como una de las más prominentes. En consecuencia, las opiniones públicas y el sentimiento social se han centrado en la necesidad de defenderse “preventivamente” de la presencia de musulmanes en nuestro suelo.

Así, desde 2002, y de manera creciente, todas las encuestas sociológicas, nacionales e internacionales, muestran un sentimiento de rechazo hacia los musulmanes y una estrecha vinculación entre terrorismo e inmigración musulmana. Un factor muy significativo es el hecho de que los partidos de extrema derecha que se van arraigando en los diferentes países europeos han evolucionado desde sus posiciones globales xenófobas a especializarse en un discurso explícitamente antimusulmán. Con ese discurso promueven los sentimientos islamófobos a la vez que, a diferencia de la xenofobia global, lo filtran con más legitimación social, apoyándose en los prejuicios e imaginarios negativos con respecto al islam y los musulmanes. Los riesgos, pues, de intolerancia colectiva contra la identidad musulmana por lo que es y no por lo que algunos de sus individuos hacen, sin que representen al todo, nos puede llevar a situaciones de exclusión, intolerancia y racismo.

Por ello, nuestros moriscos, y su tragedia, pueden aún rendir un inapreciable servicio simbólico a favor de la recuperación de la memoria y la comprensión de las consecuencias humanas que representan las indeseables demonizaciones colectivas que ha vivido nuestra historia.

En abril del 2009 se conmemoran los 400 años del decreto de expulsión de los moriscos. Esta es una buena ocasión para recordarlos, pues son los grandes olvidados de nuestra historia. Desde la Junta Islàmica Catalana queremos pedir oficialmente a la Generalitat que haga un acto de homenaje a estos catalanes, expulsados de su tierra por orden de la monarquía española, en nombre de una concepción patológica del Estado, basada en lo que Jiménez Lozano ha calificado como “catolicismo biológico”.

Antes de la expulsión, los musulmanes sufrieron una persecución feroz, que incluía la prohibición del culto musulmán, el cierre de mezquitas, la quema de libros, la prohibición del sacrificio halal, la prohibición de la lengua árabe, la del entierro según el rito islámico, la de la circuncisión y la de utilizar determinadas vestimentas. También se les prohibió desplazarse sin permiso y llevar armas, y además se les obligó a cortarse el pelo de una forma determinada y a llevar el sambenito, un trapo amarillo en la manga que los distinguía y hacía blanco fácil del fanatismo.

Las consecuencias de la desobediencia no eran menos brutales: condenas a galeras de por vida, torturas, quema de personas por el mero hecho de ser musulmanas, robo de niños para que fueran criados como cristianos (una práctica validada por san Juan de Ribera). Una política de Estado que buscaba la erradicación del islam y la uniformidad religiosa de España. Una ideología dominante que se divulga a través de los púlpitos y de los escritos de los eclesiásticos, y que persigue transformar a los musulmanes en animales. Se les llama ratas, se les deshumaniza. Son considerados un cuerpo ajeno a la España católica y, por lo tanto, se convierten en un problema. Se plantean diversas soluciones: el exterminio, la castración de los varones, la deportación… La expulsión será la solución final que la España del Siglo de Oro dará a la turbadora presencia de aquellos que rompían la uniformidad religioso-racial del territorio.

En 1610, la práctica totalidad de los moriscos son expulsados por orden de Felipe III de Castilla. Es conocida la reticencia de muchos nobles y de parte del clero catalán a la expulsión. Las Cortes de Tortosa de 1495 habían obtenido el compromiso de Fernando el Católico de no expulsar a los moriscos de Catalunya, compromiso reeditado en 1503 por las Cortes de Barcelona. En el momento de la expulsión, gracias a la mediación del obispo de Tortosa se consiguió evitar la de 371 familias de moriscos de la Ribera d’Ebre, reputados como buenos cristianos.

FINALMENTE, la expulsión se llevó a cabo. Los moriscos catalanes fueron embarcados en el puerto de Els Alfacs, junto con una gran parte de los aragoneses. Algunos de los moriscos de este reino, sin embargo, fueron conducidos directamente a la frontera francesa. La cifra total de moriscos catalanes expulsados fue de cerca de 5.000. Muchos de ellos fueron a parar al norte de África, y se instalaron en poblaciones que después se convertirían en prósperas.

El profesor Mikel de Epalza (que en paz descanse) documentó la diáspora de los moriscos catalanes, especialmente a Túnez y Argelia, donde eran conocidos como tagarinos, por contraposición a los de Castilla, llamados granadinos. Argel todavía tiene el barrio de los Tagarinos, en la parte alta de la ciudad. Denise Brahimi ha estructurado, para la clase social de los andalusís en Argelia y Túnez, una explicación de su influjo social: eran burgueses, en el sentido europeo y moderno de la palabra, con gran capacidad de engendrar y acumular riqueza. Es posible que la comunidad de inmigrantes de Túnez fuera más compacta que la de Argel y menos asimilada, por estar constituida muy mayoritariamente por los expulsados de entre 1609 y 1614, mientras que en Argelia era fruto de emigraciones que se habían escalonado a lo largo de todo el siglo XVI, con diversos grados de asimilación. Pero el influjo de la diáspora de los musulmanes de los Países Catalanes va más allá. Hoy en día podemos encontrar topónimos y nombres de origen catalán incluso en países del África subsahariana como Malí o Benín, según las investigaciones del filólogo valenciano Robert Llorens Reig.

ESTOS expulsados no eran árabes ni sarracenos, como aún hoy se les designa. En realidad, árabes hubo muy pocos en la península Ibérica. Los musulmanes no vinieron solo de fuera, ni el islam fue una religión impuesta. Fueron los propios catalanes, andaluces o castellanos quienes abrazaron el islam. El historiador andalusí Al-Udhri dejó escrito que en el siglo XI no había en Huesca “ni un solo árabe puro que sea descendiente de árabes”, y eso que la población era mayoritariamente musulmana. No hay nada que permita afirmar que bajo el dominio musulmán la población fuera arabizada. El árabe fue la lengua culta y, por tanto, la lengua de los documentos que nos han llegado. Pero eso no quiere decir que estos musulmanes catalanes fueran árabes, que no lo eran, sino autóctonos que hablaban mayoritariamente un dialecto románico en su vida cotidiana. En el momento de la expulsión de los moriscos catalanes, la inmensa mayoría de ellos ni tan solo entendían el árabe. Eran musulmanes catalanes y hablaban catalán.

A Francisco Márquez Villanueva

En el pasado de todos los países alternan los episodios embarazosos y los que son motivo de patriótica exaltación. El cuarto centenario de la expulsión de los moriscos en el reinado de Felipe III se incluye, como es obvio, entre los mencionados en primer lugar. Fuera de la fundación El Legado Andalusí y de los historiadores convocados por éste el próximo mes de mayo, la España oficial y académica se ha encastillado en un precavido silencio que revela su manifiesta incomodidad.

Lo acaecido de 1609 a 1614 es desde luego poco glorioso y constituye el primer precedente europeo de las limpiezas étnicas más o menos sangrientas del pasado siglo. Las medidas “profilácticas” recetadas por el duque de Lerma con el apoyo decisivo de la jerarquía eclesiástica encabezada por el patriarca Ribera, fueron objeto de un largo, incierto y controvertido debate político-religioso cuyas etapas, aunque sea a vuela pluma, conviene recordar: 1499, conversión forzosa de los granadinos por el cardenal Cisneros; 1501-02, pragmática del mismo dando a elegir a los musulmanes del reino de Castilla entre el exilio y la conversión: los mudéjares del Medioevo pasaron a ser así, pura, y simplemente, moriscos; 1516, se les fuerza a abandonar su vestimenta y costumbres, aunque la medida queda en suspenso por espacio de diez años; 1525-26, conversión por edicto de los de Aragón y Valencia; 1562, una junta compuesta de eclesiásticos, juristas y miembros del Santo Oficio prohíbe a los granadinos el uso de la lengua árabe; 1569-70, rebelión de la Alpujarra y guerras de Granada… A partir del aplastamiento de los moriscos y de la ejecución de Aben Humeya, la política de Felipe II consistió en dispersar a los granadinos y en reasentarlos en Castilla, Murcia y Extremadura, lejos de las costas meridionales y de las posibles incursiones turcas.

Tantas vacilaciones y cambios de rumbo reflejaban las contradicciones existentes entre una jerarquía eclesiástica muy poco respetuosa de la ética universal cristiana y los intereses de una parte de la nobleza peninsular, para la que la expulsión de quienes trabajaban sus tierras significaba la ruina de la agricultura. Como sabemos por la historiografía desde fines del siglo XIX, la cruzada político-religiosa fue objeto entre bastidores de una áspera controversia. Mientras algunos se oponían a la expulsión y predicaban el catecumenado y la asimilación gradual, los elementos más duros del episcopado se decantaban por propuestas más contundentes: la esclavitud, el exterminio colectivo o la castración de todos los, varones y su deportación a la isla de los Bacalaos, esto es, a Terranova. Al destierro a la más cercana orilla africana, sostenido por la mayoría de los miembros del Consejo de Estado, un santo obispo opuso una argumentación impecable: puesto que el llegar a Argel o a Marruecos, los moriscos renegarían de la fe cristiana, lo más caritativo sería embarcarles en naves desfondadas a fin de que naufragaran durante el trayecto y salvaran sus almas.

En el debate que enfrentó durante décadas a -perdóneseme el anacronismo- palomas y halcones, éstos contaron con la pluma elocuente de propagandistas como fray Jaime de Bleda, González de Cellorigo, fray Marcos de Guadalajara y, sobre todo, de Pedro Aznar de Cardona, para quien la expulsión cerraba definitivamente el largo e ignominioso paréntesis abierto por la invasión de 711: la católica España lo sería, por obra de Lerma y del Tercer Filipo, sin excepción alguna. Junto a los alegatos de índole religiosa, se esgrimían otros de orden demográfico: el peligro que suponía el gran crecimiento de la población morisca en abrupto contraste con el estancamiento o caída del de los cristianos viejos en razón del celibato eclesiástico, la enclaustración femenina en los conventos, las guerras de Flandes y la emigración a América. Dicha argumentación, resucitada hoy por los ultras de la identidad europea, fue irónicamente resumida por el Berganza cervantino en el Coloquio de los perros.

El problema morisco y la terapéutica radical del mismo han sido objeto de numerosos y bien documentados estudios en el último medio siglo por historiadores tan diversos como Américo Castro, Domínguez Ortiz, Julio Caro Baroja, Mercedes García-Arenal, Bernard Vincent, Louis Cardaillac, Márquez Villanueva y un largo etcétera. Gracias a ellos, conocemos las reflexiones que hoy denominaríamos cívicas de quienes se opusieron al bando de expulsión de hace cuatro siglos. Muy significativamente, la mayoría de ellos formaba parte de la, no por desdibujada menos visible, comunidad de cristianos nuevos de origen judío, cuya defensa de la asimilación de los moriscos era asimismo un alegato pro domo, en la medida en que contradecía e impugnaba los muy poco cristianos estatutos de limpieza de sangre. La reivindicación del comercio, del trabajo y del mérito frente a la “negra honra” de los cristianos viejos, apuntaba al objetivo de detener la ya perceptible decadencia española y las largas “vacaciones históricas” que se prolongarían por espacio de dos siglos, hasta las Cortes de Cádiz, pese a las políticas más sensatas de Olivares y de los ministros ilustrados del XVIII. González de Cellorigo, cuyo memorial dirigido al monarca -De la política necesaria y útil restauración de la república de España- condensa en el título su contenido regeneracionista, y la excelente Historia de la rebelión y castigo de los moriscos, de Luis de Mármol y Carvajal -evocadora de una tragedia humana que hubiera podido evitarse con planteamientos más pragmáticos-, se ajustan a la corriente del pensamiento erasmista al que se adscribían los partidarios de una modernización de la ensimismada sociedad hispana.

En una obra de próxima publicación y que acabo de leer por gentileza de su autor -Moros, moriscos y turcos en Cervantes-, Francisco Márquez Villanueva analiza con su habitual competencia los escritos, en su mayoría inéditos, del humanista Pedro de Valencia, discípulo y testamentario del hebraísta Benito Arias Montano. Su Tratado acerca de los moriscos de España, desconocido hasta su publicación en 1979, y que no llegó a mis manos sino en fecha reciente, quizá sea, visto con la perspectiva del tiempo, la defensa mejor razonada de la causa de los expulsos. Judeoconverso, como Arias Montano, y enemigo de la escolástica y de la ideología tridentina, denuncia con energía “el agravio que se les hace (a los moriscos) en privarlos de sus tierras y en no tratarlos con igualdad de honra y estimación con los demás ciudadanos y naturales”. Como fray Luis de León (recuérdese lo “de generaciones de afrenta que nunca se acaba”), Pedro de Valencia se alza contra los estatutos del cardenal Siliceo y propugna una política de matrimonios mixtos de moriscos y cristianos viejos para “persuadir a los ciudadanos de la república, que todos son hermanos de un linaje y de una sangre”.

El espectáculo de decenas de millares de mujeres y hombres bautizados a quienes se separaba de sus hijos mientras imploraban misericordia a Dios y al rey y proclamaban en vano su voluntad de permanecer en su patria, resultaba para algunos cristianos sinceros difícil de soportar. Las condiciones brutales de la expulsión y las matanzas llevadas a cabo de quienes huían de ella fueron acogidas con tristeza y compasión por una minoría pensante, y con clamores de odio y con vítores por aquellos que, como Gaspar de Aguilar, las convirtieron en cantares de gesta.

La mayoría de los moriscos se refugiaron, con muy diversa fortuna, en el Magreb, y los naturales de Hornachos crearon en Marruecos la llamada república de Salé, con la esperanza ilusoria de congraciarse con el rey y retornar algún día a España. Los del Valle de Ricote fueron autorizados a emigrar voluntariamente durante un lapso de cuatro años por la frontera francesa y a dirigir sus pasos a otros países europeos. Aunque totalmente asimilados, el favorito de Felipe III firmó, sin que le temblara el pulso, su orden de destierro colectivo en 1614. El episodio del morisco Ricote -el encuentro con su paisano Sancho Panza- en la Segunda Parte del Quijote, permitió a Cervantes, maestro en el arte de la astucia, recoger la voz de quienes fueron víctimas, de tan salvaje atropello.

“Salí -dice el morisco- de nuestro pueblo, entré en Francia y aunque allí nos hacían buen acogimiento, quise verlo todo. Pasé a Italia y llegué a Alemania y allí me pareció que se podía vivir con más libertad, porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas: cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia”.

¡Libertad de conciencia! De refilón, y como quien no quiere la cosa, el autor del Quijote pone el dedo en la llaga. Los despiertos centinelas del Santo Oficio eran todo oídos pero a buen relector sobran más palabras.

La llegada de la democracia a España, a finales de los setenta, supuso no sólo un profundo cambio político, sino también una oportunidad para realizar una reinterpretación y desmiti-ficación de los acontecimientos históricos que habían sido considerados como incuestionables durante siglos. Este proceso ha tenido, sin embargo, una triste excepción, la de los descendientes de los moriscos, que nunca han recibido la reparación moral que les corresponde.

Los moriscos, los musulmanes que quedaron en la Península Ibérica tras la caída de Granada, eran, al igual que los judíos sefardíes que fueron expulsados en 1492, miembros de la comunidad nacional diversa que entonces se conocía ya con el nombre de España. No obstante, su religión diferente les hizo partícipes de una cada vez mayor hostilidad por parte de las autoridades de la época, y sobre todo de la Iglesia Católica y la Inquisición, que desde el primer momento presionaron a los monarcas para que buscaran una “solución final” al problema, que en un primer momento pasó por la reducción de los moriscos a la esclavitud y su bautismo obligado, pero después, una vez que se comprobó su rechazo a abandonar sus creencias y costumbres, quedó circunscrita a una elección entre el exterminio y la expulsión. Cabe recordar en este sentido la bula emitida por el Papa Clemente VII en 1524 descargando al emperador Carlos V de todas las obligaciones resultantes de su juramento ante las Cortes de proteger la vida, la religión y las propiedades de los musulmanes. Por su parte, Fray Bleda, un dominico miembro del tribunal inquisitorial de Valencia, escribió un libro en el que afirmaba que el monarca podía ordenar que los moriscos andaluces fueran vendidos como esclavos o matados de una vez, si así lo deseaba. El mismo Fray Bleda era partidario de la matanza con preferencia a la expulsión. Sus escritos y puntos de vista fueron aprobados por la Iglesia oficial de España y el Rey pagó todos los gastos de imprenta de su obra.

Finalmente, Felipe III decidió la expulsión de los moriscos de Andalucía, Granada y Castilla en un decreto publicado el 22 de septiembre de 1609, y de Aragón y Cataluña en otro firmado el 2 de enero de 1610. Las condiciones de la expulsión fueron dramáticas. Sus propiedades y bienes fueron confiscados “excepto lo estrictamente necesario para afrontar los gastos del viaje por tierra y por mar”. Muchos moriscos fueron asesinados o asaltados durante su viaje hasta los puertos de embarque.

Es difícil saber cuántos moriscos fueron expulsados. Los cálculos fluctúan entre las 600.000 y 3.000.000 personas entre los años 1492 y 1610. Los más afortunados fueron los que fueron conducidos a Marruecos, que estaba a pocas millas cruzando el estrecho de Gibraltar, y donde había musulmanes dispuestos a ayudarles una vez desembarcados. Muchos de ellos se instalaron en Fez.

Hoy, varios siglos después, los descendientes de aquellos moriscos siguen conservando sus apellidos y muchas manifestaciones de su antigua cultura. Algunos de ellos crearon el pasado 17 de marzo en la ciudad marroquí de Xauen la primera Liga de Familias de Origen Andalusí. Su principal demanda es que se les otorgue un trato idéntico a otro colectivo que se encuentra en una situación similar: el de los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España. El conocido historiador tetuaní Mohammed Ibn Azuz Hakim, descendiente de una familia andalusí de Almería, dirigió ya en 2002 una carta abierta al Rey de España, Juan Carlos I, para pedirle, como cabeza visible del Estado español, una reparación moral por el agravio cometido a sus antepasados. El profesor Ibn Azuz recordó en su misiva que el Rey de España hizo una reparación similar a los judíos sefardíes, revocando el decreto de expulsión de los mismos de 1492 y presentando públicamente sus excusas al presidente de Israel, que actuaba en representación de los judíos expulsados.

Del mismo modo, la Ley de Extranjería de 1985 otorgó un tratamiento preferencial a los judíos sefardíes, equiparándolos a los portugueses, iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos y originarios de la ciudad de Gibraltar. Los andalusíes no fueron tenidos nunca en cuenta, cosa que, según el profesor Ibn Azuz, debería remediarse en un futuro, dado que los musulmanes andalusíes no eran menos españoles que los judíos sefardíes. Esta cuestión también fue el tema estrella durante el II Encuentro Internacional de Educación y Cultura sobre Alianza de Civilizaciones, celebrado en noviembre de 2006 en Xauen, que contó con la participación de representantes de España, Marruecos, EE UU, Libia, Argelia y la Unesco. En aquel encuentro se aprobó la denominada Declaración de Xauen, donde se pedía la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los moriscos expulsados de España, que dispongan de suficientes datos registrales que les permita probar tal condición. Su número podría alcanzar los varios miles y se encontrarían repartidos por Marruecos, Argelia y Túnez. El profesor Ibn Azuz espera que la derecha española no se oponga a esta propuesta y ha recordado en este sentido que el apellido Aznar, del ex presidente del Gobierno, es de origen morisco.